La Constitución de 1812 en Barcelona, 1833-43\*.
Genís BARNOSELL.
Universitat de Girona.
En septiembre de 1833 moría Fernando VII. Las cortes proclamarían la mayoría de edad de su hija Isabel (nacida en 1830) el 10 de noviembre de 1843. En estos 10 años se sucederían dos regencias, la de la esposa de Fernando, María Cristina (1833-40), y la del general Espartero (1840-43), una cruenta guerra civil (la Primera Guerra Carlista, de 1833-40) y una auténtica revolución, en una lucha denodada por imponer una u otra forma de gobierno y, con ella, uno u otro modelo de sociedad. Así, por un lado, el liberalismo tendría que vencer al carlismo en el campo de batalla, pero, al mismo tiempo, las pugnas y enfrentamientos entre las distintas versiones del liberalismo se resolverían frecuentemente con formas no menos expeditivas –no en vano, ciudades como la Pamplona de 1841 en manos moderadas o la Barcelona de 1842 y 1843 en manos radicales serían asediadas y bombardeadas por el ejército como lo sería Bilbao por los carlistas.
En este contexto, y como ha destacado Joaquín Varela, la proclamación en 1837 de una nueva Constitución suponía un intento de transacción entre las corrientes mayoritarias del liberalismo español, moderados y progresistas, azuzados por la guerra carlista y la presión internacional pero también por una confluencia doctrinal que había llevado a buena parte del liberalismo a repensar la Constitución de 1812, fruto de la experiencia del exilio y, por tanto, el conocimiento de primera mano del liberalismo europeo; de la experiencia del Trienio Liberal –que había mostrado a muchos las rigideces de la estricta separación de poderes doceañista y su incapacidad para integrar tanto a los reformistas del Antiguo Régimen como a los antiguos afrancesados–; y de la breve vigencia del Estatuto Real –que introdujo en la práctica el bicameralismo y un sufragio muy restringido. Entre progresistas y moderados –partidos entonces en construcción– se mantuvieron importantes diferencias –las principales la defensa o no del principio de la soberanía nacional y de un catálogo de derechos individuales. Pero principios fundamentales como el bicameralismo, un mayor protagonismo para la corona y una menor “rigidez” en la división de poderes, y una mayor restricción del sufragio, pasaron a ser patrimonio común de la mayor parte del liberalismo1. Al mismo tiempo, sin embargo, “las mismas causas que habían propiciado un giro a la derecha en la mayoría de los liberales, habían llevado a una minoría de ellos a defender e incluso radicalizar la teoría constitucional del liberalismo doceañista”. Así, donde unos habían encontrado razones para moderarse, otros habían encontrado las razones para una casi definitiva desconfianza hacia la Corona y las clases privilegiadas, habían sido influidos por las corrientes democráticas europeas y habían acentuado la “veneración” por el código de 1812, “expresión señera, a su juicio, de la libertad y de la independencia nacional, del liberalismo auténtico y del patriotismo”2. Efectivamente, si el 10-4-1834 se proclamaba el Estatuto Real –una carta otorgada que establecía un régimen de soberanía compartida entre el rey y unas Cortes bicamerales sometidas a la monarquía sin otra prerrogativa que aprobar los presupuestos y votar las contribuciones bianualmente–, en los dos años siguientes, la oposición liberal, que consideraba al Estatuto totalmente insuficiente, enarbolaría frecuentemente la bandera de la Constitución de 1812 como emblema de libertad, frente al despotismo de los gobiernos. Desde la conspiración de la Isabelina de julio de 1834 al pronunciamiento de Cardero de enero de 1835, los hechos de Málaga de marzo y muchas de las juntas del verano del mismo año, la reivindicación de la Constitución aparece repetidamente (o le es atribuida a conspiradores e insurrectos). También entre finales de 1835 y el verano de 1836 la minoría parlamentaria, con el apoyo de El Eco del Comercio, intentaba ampliar el limitado RD electoral de 20-5-1834 inspirándose en la Constitución de 1812. No todos los partidarios de la Constitución de 1812, sin embargo, consideraban que ésta fuera de plena vigencia. Mientras que sí lo era para algunos, para otro era más bien un estandarte contra el moderantismo y el estatutismo y, por tanto, una vez proclamado el código gaditano debía reformarse para “adecuarlo a los tiempos”3.
En todo este período, en Barcelona se enfrentarían las diversas propuestas liberales en un contexto de crecientes conflictos laborales, al tiempo que toda Catalunya tenía hondas raíces carlistas4. Así, en Barcelona se producirían las revueltas contra los frailes y el asalto luddita al vapor Bonaplata con un total de siete bullangas entre julio de 1835 y octubre de 1837 según el publicista liberal Joaquín del Castillo. Se discutiría encarnizadamente sobre la reforma de la constitución de $1 8 1 2 \mathrm { ~ y ~ }$ sus partidarios (y después también los mismos progresistas) serían ahogados en la dictadura moderada del barón de Meer. Barcelona sería uno de los escenarios fundamentales de la subida la poder de Espartero, y este mismo general la bombardearía por dos veces, mientras entre sus murallas crecía el republicanismo, el asociacionismo de los trabajadores, la conflictividad laboral y un progresismo francamente más radical que el del resto de España. Finalmente, la década moderada se iniciaría de facto en Barcelona a mediados de noviembre de 1843, con la represión posterior a la derrota de la revuelta centralista. La experiencia en estas luchas, políticas y sociales, sería, al parecer de autores como.
Josep Fontana y Anna María García, elemento fundamental de evolución política y, especialmente, de la moderación de significativos liberales5.
No cabe duda de que en la Barcelona de estos años la Constitución de 1812 (o más en general, el sistema gaditano, o sea la Constitución con sus desarrollos legislativos tanto durante las Cortes de Cádiz como durante el Trienio Liberal) constituyó un modelo de liberalismo radical y avanzado, ya fuera para mal o para bien. Diversos eran los elementos en que se basaba tal consideración, entre los que cabe destacar un sufragio amplio (o, en todo caso, más amplio que el se concretaría en las constituciones de 1837 y 1845 y sus leyes electorales), la capacidad relativamente limitada de veto del monarca, el unicameralismo, la responsabilidad de los funcionarios públicos, y el carácter “representativo” de los municipios y diputaciones6. Ahora bien, si para el conjunto de las fuerzas políticas barcelonesas la Constitución de 1812 era una propuesta más avanzada que las entonces vigentes, algunas luchaban aún para recuperarla mientras que otras la consideraban felizmente superada. Así, el periódico $E l$ Corresponsal, órgano de la asociación de fabricantes y de tendencia moderada, afirmaba que la Constitución de 1837 al menos permitía gobernar, práctica que a su parecer era imposible con la de $1 8 1 2 ^ { 7 }$ . El Constitucional, principal periódico progresista, si bien defendía que no hacían falta más innovaciones en materia de constituciones, llegó a presentarla como un ideal que tuvo que plegarse a las exigencias extranjeras8. Opiniones como la del diario también progresista La Ley en el sentido que la Constitución de 1837 era de hecho más democrática que la de $1 8 \dot { 1 } 2 ^ { 9 }$ no tenían, en la época, credibilidad ninguna.
7. El Corresponsal, n. 1.065 y 1.100 (6-6-1842)
BARNOSELL Barcelona 1833-43.
Considerada un código avanzado, la Constitución de 1812 tuvo en la Barcelona de 1833-43 una presencia destacada.
Entre el Estatuto Real y la Constitución de 1837.
En Barcelona son muy numerosas las ocasiones en que aparecen reivindicaciones de más libertad o, explícitamente, de la Constitución de $\mathbf { \dot { \Phi } } _ { 1 8 1 2 } \mathbf { \Phi } _ { 1 0 } ^ { 1 0 }$ . El 13- 1-1834 se reunió un grupo en la plaza de Palacio para “proclamar la libertad” e impedir la toma de posesión del subdelegado de Fomento. El capitán general Llauder salió de Barcelona para no comprometerse y a su vuelta detuvo a los promotores que, según rumores, pertenecían a las sociedades secretas y querían proclamar la Constitución de $1 8 1 2 ^ { 1 1 }$ .
En el verano de 1835, un pasquín aparecido a comienzos de agosto titulado “Escudo tricolor” apostaba claramente por la Constitución de 1812. Una primera bullanga estalló el 25 de julio, dirigiéndose la multitud contra los conventos masculinos. El 26 se produjo un primer intento de asaltar una fábrica de vapor, hecho que se repitió, con éxito, el 5 de agosto12. Aquel día fue asesinado el general Bassa (segunda autoridad militar del Principado) y se asaltó la delegación principal de policía y sus distintas oficinas, los burots de la recaudación del derecho de puertas, las oficinas del Real Patrimonio y de la cobranza del derecho de cops (impuesto sobre granos, harina y trigo), las procuras, y los monopolios estatales y municipales –en lo que constituyó una verdadera revuelta antifiscal. Además, fue derribada la estatua de Fernando VII que presidía la Plaza de Palacio y sustituida por un retrato de Isabel II. Por la tarde fue asaltada también, en Gracia, una fábrica de blanqueos que tenía una máquina de vapor y por la noche se asaltó y quemó el vapor Bonaplata. A la mañana siguiente, pareció que los disturbios continuaban con el asalto a la casa y fábrica de un fabricante carlista y a la aduana de Atarazanas, pero el ejército y la milicia urbana controlaron la situación. En los días siguientes, el Gobierno pasó a ser criticado por su falta de voluntad reformista (se criticaba, por ejemplo, que no había reformado o suprimido a tiempo los regulares) e igualmente pasó a discutirse la cuestión constitucional. Las juntas que se instalarán sucesivamente en la ciudad –la Junta de Autoridades y Comisionados del Pueblo, la Junta Auxiliar Consultiva y, finalmente, la Junta Superior Gubernativa del Principado– parecerán dominadas por la intención de sus mayorías de evitar la proclamación de la Constitución de 1812. La noche del 14 al 15 de agosto fueron detenidas ocho personas acusadas de conspirar para proclamarla y el 18 una gran manifestación en su favor se disolvió gracias a un aguacero. El debate público, sin embargo, discutirá apasionadamente si debían convocarse Cortes constituyentes o bien si era mejor la Constitución de 1812 reformada. El periódico El Vapor, dirigido por Pedro Felipe Monlau, defenderá esta última opción, puesto que contenía todo el programa político defendido por el periódico: libertad y seguridad individual, libertad de imprenta, responsabilidad de los agentes del poder, Milicia Nacional, reconocimiento de la soberanía nacional, ley de Ayuntamientos, de Diputaciones provinciales y de elección de diputados a Cortes, y respeto al derecho de propiedad. Su reforma evitaría caer tanto en el peligros “ministerial” (o sea más moderados) como en otro “escesivamente democrático”, de manera que el grito de guerra del periódico será “Constitución con las reformas que la Nación haga en ella”. Sin embargo, el intento de proclamar la susodicha Constitución en la noche del 18 de septiembre y mañana del $1 \dot { 9 } ^ { 1 3 }$ fue ahogado por la Junta Superior Gubernativa del Principado, que desarmó a sus promotores y los encerró en la Ciudadela. Monlau consideró que con aquellos hechos $\mathrm { ^ { \circ } e l }$ gobierno provincial y gran parte del pueblo” habían rechazado la propuesta y pasó a contentarse con un “Estatuto ampliado” o “una carta análoga a la de Francia o Portugal”, a pesar de insistir en que la Constitución del año 12 era “parto nacional, obra de la España constituida, ídolo en otro tiempo de muchos de los mismos que ahora se ponen convulsos al oír pronunciar su nombre”14. La noche del 18, la Junta Superior Gubernativa del Principado había discutido con delegados de la Milicia Nacional la oportunidad de proclamar la Constitución del 12. Antonio de Gironella y Juan de Abascal se opusieron. Juan Vilaregut (fabricante y representante dela Comisión de Fábricas) defendió Cortes constituyentes. Pascual Madoz, el texto gaditano con las reformas que introducirían las Cortes, y Pedro Mata, la Constitución del 12 sin cambio alguno15.
Cuatro meses más tarde, el 4 de enero de 1836, las cárceles barcelonesas fueron asaltadas y asesinados la mayoría de prisioneros carlistas16. Pero a la mañana siguiente, el 5 de enero17, algunos batallones de la Milicia Nacional proclamaron la Constitución. Entonces, diversos radicales fueron deportados a Canarias, produciéndose el primer intento del moderantismo para liquidar al bloque radical18. Comentando esta bullanga, Joaquin del Castillo consideraba en 1837 que la Constitución de 1812 era “símbolo de verdadera y preciosa libertad, escudo contra el negro despotismo, baluarte de los pueblos, áncora de salvación e inmutable sostén de los derechos de la nación y del trono” y “enseña de nuestras libertades en otra época de feliz recordación”, al tiempo que afirmaba que necesitaba “alguna variación o reforma”19.
Y es que, como he indicado, ya desde 1834 las alusiones a la Constitución de 1812 tenían significados bastante distintos. Entre los sectores más moderados o abiertamente defensores del Estatuto Real, la Constitución de 1812 era siempre un modelo extremo que debía evitarse y que no beneficiaba más que a los carlistas. Así, en enero de 1834, El Vapor barcelonés, controlado entonces por el Capitán General de Catalunya, la denunciaba como demasiado democrática, “plebeya” y “tabernaria”. En mayo de 1835, era el órgano político de los estatutarios, La Abeja, el que afirmaba que el aumento de rumores sobre la proclamación de la Constitución alimentaba al carlismo20. En segundo lugar, muy frecuentemente la Constitución de 1812 era un ariete contra el absolutismo y contra el Estatuto, pero para entonces la mayor parte del liberalismo ya había llegado a la conclusión que la Constitución de 1812 era inadecuada, de forma que ésta no era un fin en si mismo sino que debía ser reformada de inmediato, como era, por ejemplo, el objetivo de la Isabelina21.
Pero la reforma de la Constitución no tenía por qué significar necesariamente que debía hacerse en sentido moderado. Ramon Xaudaró, por ejemplo, loaba en 1832 lo que consideraba que eran las virtudes del texto gaditano y achacaba sus insuficiencias a las concesiones que debieron hacerse al fanatismo y al despotismo a causa de la situación en que fue promulgada:
Esta Constitución que tan bien ha sabido distinguir la prerrogativa del Príncipe de los derechos del pueblo; que concediendo al uno la fuerza necesaria para la ejecución de las leyes, deja al otro en plena libertad de hacerlas; que coloca al poder judicial en situación bastante independiente para desafiar los caprichos de los grandes y no ser el instrumento de tal ó cual partido; esta institución en fin que ha sabido igualar ante la ley al Duque, al Obispo y al último plebeyo, merece á no dudarlo indulgencia por sus defectos, debido á la época en que fue hecha. Encerrados los representantes de la nación española en el estrecho recinto de Cádiz, rodeados de enemigos, sin otra esperanza de apoyo que el fanático ardor del clero y el entusiasmo popular en favor de Fernando VII, debieron contemporizar por de pronto con todos los errores que en adelante se proponían combatir; no titubearon pues en transigir con el despotismo y el fanatismo renunciando momentáneamente á la mitad de sus mas interesantes libertades y derechos.
Había llegado la hora, pues, de enmendar tales errores. Dos de los cambios que debíanse realizar eran en sentido avanzado. En primer lugar, reconocer “el libre ejercicio” de las “ideas y sentimientos religiosos” en vez de afirmar a la religión católica como la única de la nación. En segundo lugar, establecer una República en la que el poder ejecutivo se limite efectivamente a hacer ejecutar las leyes, en vez de mantener a un monarca con derechos demasiado amplios. El tercer lugar, en cambio, se debía limitarse el amplio sufragio promulgado en Cádiz (de acuerdo con su desconfianza ante las capacidades del pueblo que, a medida que avanzaba la década de 1830 una parte de los escritores radicales atenuará progresivamente)22.
Así pues, si una parte del liberalismo consideraba que el código de Cádiz era demasiado radical, otros consideraban que no lo era suficiente –aunque lo hicieran, visto desde una perspectiva actual, desde una óptica poco democrática en cuanto a sufragio se refiere.
El 15-5-1836 la regente destituía al Gobierno Mendizábal y lo sustituía por otro presidido por Istúriz. El 23 las Cortes eran disueltas y se convocaban elecciones para el 13 ( $1 ^ { \mathfrak { a } }$ vuelta) y 15 $2 ^ { \mathrm { a } }$ vuelta) de julio. La segunda vuelta ya no pudo celebrarse a causa de los movimientos producidos en favor del restablecimiento de la Constitución de 1812, iniciados en Andalucía. El 12 de agosto, el Capitán General de Cataluña, Francisco Espoz y Mina, manifestaba su apoyo a la revuelta, el mismo día que tenía lugar en La Granja el motín de los sargentos que forzaba, finalmente, a María Cristina a restablecer el texto gaditano. Las cortes que abrían sus sesiones el 24-10-1836, sin embargo, se propusieron como primera tarea su reforma23. Antes de que Mina se pronunciara, la agitación se instaló en Barcelona. Un incidente producido en Figueres a mediados de julio en el que “sublevóse el pueblo”, con la Milicia Nacional de Mataró (estacionada en aquel punto a causa de la amenaza carlista) por en medio y que culminó con la muerte del gobernador militar de la plaza, provocó un alud de exposiciones de batallones de la Guardia Nacional de Barcelona en favor del “orden”, el “progreso” y la “verdadera libertad” contra los “estrangeros”, los “retrógados” o los que, desuniendo a los liberales, favorecerían a su parecer a los carlistas –en la línea del mismo ayuntamiento de Figueres que denunciaba a los que invocaban “a la libertad para arrastrar á la licencia á los incautos”24. Unos días después, El Vapor denunciaba las voces que corrían por la ciudad acerca “de inminentes disturbios populares”25. A inicios de agosto, llegaban las noticias de los pronunciamientos de Málaga y Zaragoza. En Barcelona, indicaba El Vapor del día 7, hay más movimiento de lo normal, pero no ha pasado nada. No habrá, continuaba el diario, bullangas si eso significa robos y asesinatos pero sí, tal vez, una “franca y solemne declaración”26. El 9, la Diputación pedía marchar “por la senda de las reformas” dentro de los límites de la ley y el periódico criticaba que los moderados tachaban de anarquistas a los que sólo defendían reformas necesarias. El 12, el mismo diario pedía un pronunciamiento controlado por las autoridades y propietarios que defendiera reformas y que impidiera al mismo tiempo las acciones de cualquier “caudillo de taberna” o “héroe zarrapastroso”27. Los deseos del periódico se hacían realidad con el manifiesto de ese mismo día $1 2 \ \mathrm { d e l }$ capitán general quien, firmando con el gobernador civil, la Real Audiencia, Ayuntamiento y Diputación, Junta de Comercio, Comisión de Fábricas, y Colegios y Gremios, denunciaba a los “malos consejeros de la Corona” y pedía la instalación de las Cortes en las fechas señaladas y un Gobierno de “ciudadanos sin tacha”28. El día 15 circuló en Barcelona un “breve impreso” que congregó en la Plaza del teatro a diversos grupos al grito de “viva la Constitución” a los que fue imposible acallar29. “Entre repetidos vítores al código de 1812 y al general Mina”, una “masa inmensa” se dirigió a la Plaza de Palacio, ante el edificio de la Capitanía General, sin producir altercado alguno. Ante tal multitud, Mina prometió la proclamación de dicha constitución, que tendría que realizarse al día siguiente, avisando al mismo tiempo que “la cuchilla de la ley caerá irremisiblemente sobre los autores o promovedores del más mínimo esceso”. A la mañana siguiente, efectivamente, la Constitución fue proclamada ante un “inmenso gentío”. Impresos con su texto se ponían a la venta a 4 reales y entre llamadas continuadas al orden El Vapor iniciaba también su publicación en días sucesivos mientras se congratulaba por el hecho de que “Barcelona sigue tranquila y satisfecha” con su proclamación y que no era una “facción anárquica y desorganizadora” la que se había levantado sino un “pueblo” entero el que “se ha levantado justamente en masa”. Con la misma satisfacción, el diario daba cuenta de la caída del ministerio Istúriz y de la decisión de la reina gobernadora de 13 de agosto según la cual “se publique la Constitución política del año 12, en el ínterin que reunida la Nación en Cortes, manifieste espresamente su voluntad o dé otra Constitución”. El diario se permitió incluso unas “tablas de la Ley Constitucional y mandamientos de la ley de Dios” que promulgaban que “El primero amar a Dios/ Con un corazón sincero/ Y de cada pastelero/ Hacer a lo menos dos/ El segundo no jurar/ Porque es acción necia y vana/ Pero en viendo una sotana/ Palo en ella sin chistar [...]”30.
Queda claro de esta descripción que las autoridades barcelonesas retrasaron todo lo posible su pronunciamiento contra el ministerio Istúriz y que sólo proclamaron la Constitución de 1812 cuando se vieron presionadas por una multitud. Parece razonable suponer, también, que dicha Constitución era, en cambio, capaz de movilizar aún a un buen número de ciudadanos. La aparente convergencia de unos y otros en los días posteriores a su proclamación encubría, sin embargo, proyectos bien distintos.
El Vapor de Monlau volvió a expresar el punto de vista de los que pretendían reformarla en un sentido avanzado: “la Constitución del año 12 es el guante echado á los retrógrados ó estacionarios; es el cartel en que declaramos guerra á muerte á cuantos intenten detenernos ú obligarnos á volver atrás”31. Desde esta perspectiva, no podían sustraerse a las comparaciones entre la “ley constitucional” y la “ley de Dios” que se habían establecido en el pasado –la iconografía, por ejemplo, había presentado frecuentemente a la constitución como unas nuevas tablas de la ley32. $\it { i } \mathrm { C o m o }$ reformarla, sin embargo?
La modificaremos legalmente, porque nadie ignora que ya no se halla en armonía con las luces del siglo y con los grandes adelantos de la filosofía y la razón; pero será para mejorarla, para ponerla a la altura de nuestras necesidades, al nivel de las exigencias del siglo y de ningún modo, como algunos pudieran imaginarse, para hacer concesiones a la vencida aristocracia33.
La cuestión que se debatirá será la soberanía nacional. Quienes la defendían, la fundamentaban en la teoría del contrato social de Rousseau, y la concretaban en un sufragio amplio (matizado por la frecuente creencia en la falta de madurez de una parte del pueblo), la oposición aristocracia y monarquía vs pueblo menudo, una creciente crítica a la monarquía y la defensa de la herencia de la Revolución Francesa. Podemos encontrar estos postulados, ha señalado Anna M. Garcia, en textos de Ramon Xaudaró en El Catalán (1834-1836), en los editoriales de Felipe Monlau en El Vapor (segunda mitad de 1835 y 1836 hasta septiembre) o en los folletos de Francisco Raüll y sus textos en El propagador de la libertad en la misma época, y en sociedades secretas como Derechos del Hombre de Ramon Xaudaró (1835?-1836?) y Los Vengadores de Alibaud de Rafael Degollada (1836?-1837?). Eran todos ellos republicanos, en el sentido no de los defensores de una forma concreta de gobierno –una jefatura de Estado no hereditaria– sino en el de un régimen parlamentario en el que la preponderancia correspondiera a una Cámara electiva –una definición paralela a la de muchos republicanos franceses de la misma época. A finales de 1836, Ramon Xaudaró publicaba El Corsario en Madrid (octubre-diciembre de 1836) y Antonio Martínez.
López el Sancho Gobernador en Barcelona (octubre 1836-enero 1837). Enfrentados a la muy probable reforma de la Constitución de 1812 en sentido, entendían ellos, regresivo, ambos periódicos se convirtieron en sus más fervientes defensores, junto con una creciente deriva social que hacía afirmar al Sancho Gobernador que los gobiernos debían tener por primera preocupación a la “clase proletaria”. En la Constitución de 1812, escribía Xaudaró, se “encuentran las ventajas del mejor gobierno republicano y la mejor barrera de todos los inconvenientes de este” (20-11-1836). Ambos periódicos, sin embargo, no sobrevivieron al clima político que envolvió la discusión de la nueva Constitución de 1837. A finales de 1836, Xaudaró cerraba El Corsario por la presión de la censura y se trasladaba a Barcelona. En la ciudad condal participó en la bullanga del 13 de enero de 1837 y después en la del 4 de mayo34, razón por la cual fue preso y fusilado. El Sancho Gobernador ya había sido clausurado en enero y sus redactores se exiliaron. Antes de ello, en diciembre, ya había relacionado explícitamente la libertad con el sistema republicano, abandonando toda esperanza en la corona35. La reforma en sentido más conservador de la Constitución, en cambio, será expresada en Barcelona por $E l$ Vapor de J.Andrew de Covert-Spring, que lo dirigirá a partir de octubre de $\overline { { 1 8 3 6 } } ^ { 3 6 }$ .
El testimonio de un anónimo miliciano de Barcelona, que escribía entre $1 8 2 2 \ \mathrm { y }$ 1835, continúa siendo el mejor testimonio de la recepción en un medio popular liberal de las propuestas políticas del período. El miliciano, que se consideraba partidario de una libertad moderada, calificaba al Estatuto Real de “gran despotismo y absolutismo” y no muy “agradable al pueblo”. Consideraba que la libertad consistía en la igualdad de “todos” ante la ley –una “ley” sancionada por las Cortes que todas las autoridades y “hasta la reina” deberían jurar. Firme partidario de la Constitución de Cádiz durante el Trienio Liberal, en 1833 aún lamentaba que Fernando VII hubiera roto su palabra en cuanto a su observancia, y en 1835 parecía resignarse a su modificación a causa de un contexto internacional a su parecer opuesto a ella. Imposible saber qué actitud hubiera tenido ante la Constitución de 1837, pero en 1835 se lamentaba de forma continuada con el a su parecer poco rigor con que el gobierno perseguía a los carlistas y en las bullangas de finales de julio e inicios de agosto no sólo se alegró de la quema de los conventos, como la mayoría de liberales, sino que no puso grandes reparos a la quema del vapor Bonaplata37 –una moderación, por tanto, no muy acorde con los principios de 1837. Se trataba de una perspectiva del mundo basada en los derechos naturales en la que un Dios de la libertad permitiría en un día decisivo la implantación del liberalismo en España, en una formulación de reminiscencias apocalípticas38.
En octubre de 1837, el capitán general barón de Meer deportaba a Cuba a los radicales más significativos, en una oleada represiva que acabaría afectando a unos progresistas que en la crisis de mayo habían mirado para otro lado. Su dictadura se mantendría hasta la llegada a la Capitanía General de Cataluña de Gerónimo Valdés en 1839, hecho que permitirá el resurgir de los progresistas y, ya en 1841, de demócratas puros y republicanos39.
La Regencia de Espartero (1840-43)
Después de la tensión política creada por la publicación de la ley sobre municipios de 14 de julio de 1840, se produjo en septiembre la gloriosa revolución que acabó llevando al general Espartero a la regencia. Fue éste un período de enorme agitación política que permitió en Barcelona la expresión y el desarrollo de las propuestas políticas ahogadas en la dictadura del barón de Meer. Y fue, al mismo tiempo, un período de enorme actividad sindical40.
A lo largo de este período, los rumores de conspiraciones o de inminentes proclamaciones de la Constitución de 1812 (o de la República) fueron numerosos, aunque no siempre es posible discernir qué había de verdad y qué de simple rumorología, qué de voluntad de avanzar hacia un modelo más democrático que la Constitución de 1837 y qué de propaganda moderada para asustar a su clientela. En mayo de 1842, El Corresponsal afirmaba que en Barcelona “cada día van aumentando los murmullos de que antes de dos meses habrá un pronunciamiento, republicano según unos, y constitucional del año 12 según otros, pues dicen que aunque la república sea mejor que la Constitución, ésta es preferible porque la Francia y la Inglaterra derribaran a los republicanos”. El mismo periódico consideraba creíble el plan denunciado por el diario ministerial El Espectador, según el cual se publicaría la Constitución del 12 como primer paso hacia una “república federativa”. El progresista $E l$ Constitucional consideró que tales iniciativas eran obra de los moderados, de los ministeriales o de los “santones”41 para perpetuarse en el poder, coincidiendo en la apreciación con $E l$ Republicano de Abdón Terradas. En la segunda mitad de año, El Constitucional criticaba tanto a los moderados como a los radicales. Ante los primeros, afirmaba que si bien la situación no era “lisongera”, con Cristina no mejoraría. Contra los segundos, consideraba que los republicanos eran ilusos y agentes de moderados y extrangeros y consideró que la propaganda de El Republicano estaba formada solamente por “gritos desaforados, máximas funestas de destrucción y esterminio, palabras aterradoras vacías de principios” que proclamaban “el desorden, [...] el desgobierno en su máximo, [...] la anarquía con toda su horrible fealdad, [...] el caos, [...] la muerte, [...] la destrucción de la sociedad entera”. Los proyectos de proclamar la Constitución de 1812, por otro lado, no responderían sino a planes ministeriales para conservar el poder42. En 1843, los rumores acerca de su proclamación continuaron, al menos en abril y mayo, aunque $E l$ Constitucional no dejó de considerarlos “paparruchas”. El mismo periódico combatía el código de 1812 ante las elecciones de abril afirmando que mucho se había avanzado “en la senda de la libertad”, presentando a la Constitución de 1837 como una necesaria adaptación al contexto internacional –un tema, como se ve, bastante recurrente. Fue entonces cuando afirmó que “sabéis muy bien, trabajadores todos, que la Constitución que tenemos hoy en España se tuvo que acomodar a los códigos que rigen en los países representativos; que la Constitución del año 12 basada en la soberanía popular, en la que los derechos del pobre están al nivel de los del rico, tuvo que callar ante las ecsigencias estranjeras”43.
Sin embargo, la defensa de la Constitución de 1812 no se producía solamente en las calles o en las conspiraciones, sino que el diario El Popular, publicado a lo largo de 1841, basó su programa político en el sistema gaditano. El Popular se presentó como partidario de la “democracia pura” y defendió la igualdad de derechos políticos y civiles, un congreso unicameral y un trono “barato” desarmado de la capacidad de veto y de otorgar cargos y “empleos”, una ley de responsabilidad de todos los funcionarios públicos, la reforma de la administración, diputaciones y ayuntamientos como “congresos provinciales y locales” con atribuciones políticas e, idealmente, el sufragio universal –si bien se contentaba en el corto plazo con otorgar el sufragio a los milicianos u hombres mayores de 25 años que supieran leer y escribir y tuvieran profesión o modo de vivir conocido. Se trataba de un modelo político basado en los derechos naturales, con una justificación última en la divinidad. A inicios de diciembre de 1841, el diario explicitó su apoyo a la Constitución de 1812. Sin embargo, a lo largo del año ya habían dado muestras crecientes de preferencia por la república –una idea templada por el convencimiento que no había llegado el momento histórico de su implantación y templada igualmente por el mito de la unidad liberal. Desencantado con la regencia, a finales de diciembre identificó, en cambio, claramente democracia y república. La suya sería, a diferencia del proyecto de Abdón Terradas, una propuesta de república unitaria44. Debe recordarse, al mismo tiempo, que en octubre de 1836 se restableció la legislación municipal gaditana, que estuvo vigente hasta finales de 1843. Este hecho constituyó, durante todo el Trienio Esparterista un ejemplo práctico de sufragio mucho más lato que el vigente para las elecciones a Cortes fruto de ley electoral de 1837, y, por tanto, un ejemplo práctico de “democracia”45.
El año 1842 significó el auge del grupo republicano del figuerense Abdón Terradas, que significaba una propuesta de cambio rápida y radical hacia la república, planteado en términos claramente milenaristas. Desde esta perspectiva, la Constitución de 1812 no era más que otra manera de mantener en el poder a “hombres falsos y astutos”, a “santones” a quienes sólo interesan empleos lucrativos. La Constitución del año 12, afirman, no es sino la bandera de los “setembristas descalzos”, de aquellos que dieron su apoyo a Espartero pero que no han recogido ningún provecho material. Dicen estos hombres que la Constitución de 1812
es más libre [que la de 1837] y que presta mas garantías al pueblo que la actual, y en ello no van desacertados; pero ocultan, que con gobernantes de mala fe, las mismas infamias pueden cometerse a la sombra de la una que de la otra, y ocultan también que si abogan por la del 12, es porque si llegara á entronizarse, saltarían de sus destinos los empleados actuales y las vacantes que estos dejarían serian ocupadas por ellos”.
Con la Constitución del año 12, continuaban, la regencia de Espartero se mantendría igual y nada ganaría el pueblo. Dicho en los versos del poema “La Constitución del año $1 2 ^ { \circ }$ :
Bonita Constitución Muy libre muy popular ¡Pero dueño el Duquesito Algunos años más! […] Cuando tengan los del Doce Por el mango la sartén. No haya miedo que ellos den Al pueblo ningún buen goce; Pues son hombres, Que solo mudan los nombres Al despótico gobierno Para hundirte en el averno Pueblo bueno por demás; $_ { j Y }$ ser dueño el Duquesito Algunos años más!
La Constitución del año 12, en definitiva, es criticada porque deja indemne a la monarquía y porque a su sombra los hombres infames pueden cometer las mismas tropelías que bajo la Constitución de 1837. Sólo la República acaba con la monarquía y la perfección de sus instituciones y la virtud de sus servidores permite un gobierno del pueblo para el pueblo. A pesar de la rotundidad del rechazo de la Constitución, sin embargo, el proyecto terradista no dejaba de incorporar elementos fundamentales de la tradición liberal gaditana como el proyecto de la contribución única o la utopía insurreccional del liberalismo46. En su conjunto, el radicalismo barcelonés constituía un complejo mundo donde frecuentemente coincidían partidarios de la Constitución de 1812, republicanos y progresistas radicalizados47.
La Constitución de 1812 y la Revolución Liberal en Barcelona.
Como hemos visto, hasta 1837 la Constitución de 1812 fue una reivindicación bastante amplia entre el liberalismo barcelonés. Lo era en tanto que arma de choque ante el Estatuto Real y como fuente de legitimidad. Ante los que se conformaban con la carta otorgada y con reformas mínimas, la Constitución de 1812 ofrecía un modelo que afirmaba con rotundidad la soberanía nacional, un margen más amplio de libertad y un entramado institucional fruto, se consideraba, de la voluntad nacional y no del capricho del monarca. Para este liberalismo, el Estatuto Real significaba la continuidad con el absolutismo.
No solía considerarse, sin embargo, que la Constitución de 1812 debiera regir sin cambio alguno (aunque también hemos visto que se la defendía sin cambios). Para algunos, que hemos analizado con más detalle, las reformas que debían hacerse en ella eran para adaptarla a los tiempos actuales en sentido avanzado. Para otros, en cambio, era demasiado radical. Como escribiera J. Andrew de Covert-Spring en El Nuevo Vapor, el pueblo de la Barcelona del año 36 “no puede entusiasmarse locamente por vanas teorías del siglo pasado, teorías que fueron buenas para derrocar un poder opresor, que se creía emanado de Dios y que, […] se persuadió que su misión era esclavizar á los hombres”. Por esto, proclamarla el 16 de agosto de 1836 había sido “una enérjica protesta” contra “ministerios ineptos o retrógrados” y contra la “traición infame de los Istúriz y Galianos”. Pero aquel medio peligroso “ningún hombre sensato se propuso continuar en todos tiempos sino en tanto que durase aquella espantosa crisis”. La Constitución era atrasada y “nosotros no somos ni del año 93 del siglo pasado, ni del 12, ni aun del 20 de este; pertenecemos al 36 y no queremos quedarnos atrás”4 8. La misma Constitución del año 37, como rezaba su preámbulo49, se consideraba justificada por la del 12, pero había dejado atrás las “vanas teorías del siglo pasado”.
Pero ante la perspectiva de que el proceso de reforma produjera una Constitución más moderada, una parte del liberalismo continuó defendiendo el texto del año 12. Lo hizo el Sancho Gobernador durante el proceso constituyente de 1837 y lo hizo El Popular, proclamada ya la nueva Constitución, durante el Trienio Esparterista. En los dos, el punto de partida fundamental es la defensa de la soberanía nacional ante unas propuestas de revisión de la Constitución o ante una ya proclamada Constitución de 1837 que ampliaba las prerrogativas de la corona y que establecía que “la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey” (art. 12), componiéndose las Cortes “de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de Diputados” (art. 13). Se trata de propuestas, la del Sancho Gobernador y El Popular, que pueden ser consideradas republicanas en el sentido, no de una forma concreta de gobierno, sino en el sentido de la defensa de un sistema parlamentario donde el predominio correspondiera a una Cámara electiva. Sin embargo, en ambos casos, tanto en el Sancho Gobernador como en El Popular, es claramente perceptible una evolución que, partiendo de la defensa de la soberanía nacional, continuó con críticas crecientes al trono (o a la Regencia) como obstáculo para ella, culminando en la defensa del sistema republicano por considerar que la monarquía era incompatible con la soberanía nacional. Lo hizo el Sancho Gobernador a finales de 1837 y El Popular a finales de 1841. La Constitución mantenía aún en los años 40 el áurea de código popular, con todo lo de positivo o negativo, según el punto de vista, que implicaba dicha denominación. Era el código “ideal”, que establecía la igualdad entre todos los ciudadanos –tal vez también la igualdad social. En la medida que la cultura política liberal tendía a considerar que todos los males sociales tenían orígenes políticos, se le atribuía un carácter taumatúrgico de reminiscencias apocalípticas que fue heredado por el republicanismo de Abdón Terradas en los años cuarenta. Éste reivindicó la República como forma de gobierno y rechazó de forma rotunda a la Constitución de 1812, pero no dejó de integrar en su proyecto político a diversos inputs procedentes de la tradición liberal.
Es difícil precisar cuál era la repercusión popular de la Constitución de Cádiz. Hemos visto como el miliciano liberal la defendía en la primera mitad de los 30, limando sus aspectos más radicales a causa del contexto internacional. Un Sebastián Miñano que lamentaba como la “exagération des principes” profundizaba la división liberal, consideraba a la Constitución de 1812 como portadora de un principio democrático y como el “dieu inconnu des passions populaires”50 –o sea, como un ídolo poco conocido en sus detalles pero reivindicado como bandera de transformación política. Detrás de las bullangas de mediados de los años treinta Anna M. Garcia ha situado al “pueblo menudo”, un conglomerado formado por pequeños artesanos independientes y trabajadores domiciliarios que podría tener como norte una “utopía artesanal” de pequeños productores independientes que al mismo tiempo se reconocía en las demandas de “más libertad” que agitaban la Barcelona de esos años –unas demandas que fácilmente podían identificarse con el mito de la constitución gaditana. Las acciones de este pueblo menudo podían encontrar una amplia aprobación social cuando el objetivo eran los conventos e incluso mayor de lo que acostumbramos a creer cuando se dirigía contra las fábricas de vapor, puesto que muchos pequeños artesanos o empresarios no mecanizados podían ver con no malos ojos la destrucción de las formas modernas de producción –pero podía encontrarse, como según todos los indicios se encontró, con la oposición de los nuevos trabajadores, y debe tenerse en cuenta que no puede postularse una identidad de intereses entre maestros y oficiales en el seno de los oficios barceloneses. Si el objetivo era el “despotismo” político, este pueblo menudo podía coincidir con el liberalismo de periodistas y dirigentes radicales como el Raüll que a posteriori lamentaba los “excesos” del “pueblo”51. Desde esta perspectiva, el “pueblo menudo” tanto podía evolucionar hacia una política claramente interclasista como fraccionarse por los distintos intereses laborales que albergaba en su seno.
Los movimientos radicales de los años cuarenta, para los que disponemos de estimaciones de su composición social bastante adecuadas, muestran un interclasismo mucho mayor del que a primera vista se pudiera suponer. Los resultados de las elecciones de 1841, cuando el democratismo que El Popular intentaba organizar se enfrentó con bastante buenos resultados al progresismo oficial, muestran que no existía una diferenciación social clara entre ambos movimientos sociales. El democratismo erosionó el apoyo social al progresismo tanto en las áreas centrales de la ciudad (de residencia burguesa, área monumental, y núcleo económico y artesano) como en la periferia (industrial, obrera, pobre y densificada) y no se produjo, pues, una diferenciación clara entre el comportamiento electoral entre los barrios periféricos y los más acomodados. Si comparamos a los miembros de los ayuntamientos progresistas de Trienio Esparterista con los miembros de la Sociedad Patriótica Constitucional de la Provincia de Barcelona (progresista y demócrata) y con refugiados en Francia de las revueltas de 1842 (con participación republicana con oposición del progresismo) y 1843 (con participación radical y de un sector del progresismo), el resultado es que los progresistas que formaban el ayuntamiento eran en su mayor parte relativamente acomodados como puede esperarse de las fracciones dirigentes del progresismo, pero los datos en su conjunto se niegan a establecer diferencias sociales entre el progresismo y el radicalismo.
Los progresistas que formaron parte del ayuntamiento de Barcelona entre $1 8 3 9 \mathrm { y }$ 1843 eran, en su mayor parte, relativamente acomodados, puesto que el $8 0 \%$ eran miembros de categorías burguesas52 (aunque no de las más acaudaladas), y la mayoría de la gente de oficio eran maestros con tienda o pequeños empresarios antes que trabajadores. Para el conjunto del período, pues, estos dirigentes progresistas se reclutaban entre los sectores medios de la sociedad barcelonesa, desde los maestros con pequeñas unidades productivas hasta profesionales liberales, fabricantes y comerciantes más acomodados, aunque con el tiempo los sectores populares fueron ganando importancia. En comparación, los miembros burgueses de la SPCPB eran sólo aproximadamente un tercio, mientras que la gente de oficio representaba la mitad. Entre éstos los oficios del textil reunían 81 individuos, en su mayoría trabajadores, mientras que en los demás oficios la presencia de contribuyentes (que podemos identificar como maestros o empresarios) oscilaba entre el 10 y el $6 0 \%$ . Se encontraba ahí, por tanto, una notable participación popular compuesta por trabajadores del textil, oficiales de diversos oficios y maestros de pequeñas unidades productivas. Una aproximación a los sectores radicales más comprometidos con las insurrecciones de $1 8 4 2 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 4 3$ no da una imagen substancialmente distinta. La insurrección de 1842 fue interclasista, pero el sector que reunía des de los trabajadores no especializados hasta los maestros de las pequeñas unidades productivas era el más numeroso y suponía cerca de dos tercios de todos los refugiados, mientras que el grupo burgués, con mayores facilidades para emigrar, sólo representaba un tercio, y ninguno de los fabricantes y negociantes que lo componía era demasiado conocido. Las mismas cifras para 1843 muestran que esta insurrección no fue, en su base social, más popular que la de 1842. En definitiva, la base social susceptible de ser movilizada por el progresismo y el radicalismo “era claramente interclasista y comprendía desde fabricantes, comerciantes y profesiones liberales, a maestros de las pequeñas unidades productivas, oficiales y trabajadores de la industria”53.
En definitiva, el radicalismo barcelonés (y con él los partidarios de la Constitución de 1812) formaba un sector social que luchaba por un modelo político con una participación popular significativamente más amplia que la que acabó por imponerse. No había, sin embargo, diferencias significativas entre las bases sociales de este radicalismo y las bases sociales del progresismo, hegemónico en la ciudad. No era, por tanto, una lucha de clases lo que oponía a los partidarios de la Constitución de 1812 con otros proyectos sino una lucha política que era interclasista por definición.
No quiere decir esto que tal lucha no tuviera componentes sociales. Como ha destacado Anna M. García, los escritores del Sancho Gobernador insistieron ya que el bienestar de la “clase proletaria” debía ser el primer objetivo de todo gobernante. De hecho, una de las cuestiones que se discute en la Barcelona de 1833-43 es hasta qué punto el “liberalismo utópico” que lo fiaba todo a la libertad política sería suficiente para dar respuesta a las consecuencias sociales (negativas) del proceso de industrialización y a la creciente tensión laboral. De forma creciente, la respuesta a esta pregunta fue respondida de manera negativa y los proyectos políticos barceloneses construyeron proyectos de reformas sociales para hacer frente a los nuevos retos. Quien primero se inició en este camino fue Joseph Andrew de Covert-Spring en los años 36- 37, precisamente porque la libertad política que estaba dispuesto a conceder era muy poca. Su proyecto, sin embargo, fue heredado en los años 40 por El Corresponsal –el órgano de la Comisión de Fábricas, la patronal algodonera– y constituyó la base de un proyecto reformista que aunaba una concepción organicista de la nación, limitados derechos políticos para la mayoría y determinadas reformas sociales. En los espacios de encuentro entre el sindicalismo y los grupos progresistas y demócratas, en cambio, se laboró un proyecto de reformismo democrático que aunaba una concepción política de la nación, reformas sociales y (ciertos) derechos políticos para la mayoría, que constituía en su conjunto un modelo de integración relativamente activa de los sectores populares en la nueva sociedad del liberalismo. Este proyecto saltó a la primera página de la vida política barcelonesa durante el Trienio Esparterista, cuando las asociaciones de trabajadores impusieron su presencia en la ciudad. Sin embargo, el grupo político que más apoyo prestó al proyecto fueron los progresistas, mientras que demócratas y republicanos, aún dándole su apoyo, continuaron confiando mucho más en la sola revolución política –al menos hasta finales de 1843. Era porque, entre otras razones, el progresismo estaba mucho menos dispuesto a avanzar hacia soluciones políticas radicales y al mismo tiempo era mucho menos optimista sobre sus capacidades taumatúrgicas, que este grupo dio su apoyo al reformismo democrático. Convencidos, en cambio, que todas las injusticias sociales tenían orígenes y soluciones políticas, los demócratas de 1841 y los republicanos de Abdón Terradas durante buena parte del Trienio Esparterista, aún dando su apoyo a este proyecto reformista confiaron mucho más en la revolución que en la reforma social. Desde esta perspectiva, el sindicalismo era un instrumento necesario en la sociedad imperfecta de la monarquía constitucional pero, al mismo tiempo, irrelevante para la revolución y en la sociedad perfecta que nacería con ella. Si esto puede afirmarse de los republicanos de Abdón Terradas, mucho más puede afirmarse de los demócratas de El Popular –partidarios como hemos visto durante buena parte de 1841 de la Constitución de 1812– y de los radicales de los años treinta, cuando el proyecto reformista democrático no había sido aún elaborado54.
De ahí también el escaso eco que entre los sectores demócratas encontró el lenguaje de clases que se enseñoreó de la política barcelonesa en 1840-43. Efectivamente, un lenguaje de clases que aceptaba la existencia de contradicciones sociales en el seno del pueblo, que situaba a los “trabajadores” como objetivamente contrapuestos a “fabricantes” y “maestros”, y que hacía depender la política de este binomio (afirmando que progresistas y demócratas apoyaban a los trabajadores y los moderados a los fabricantes y maestros), fue aceptada y usada por todos los grupos políticos barceloneses, aunque ni de lejos respondía a los auténticos apoyos sociales de cada grupo. Pero una vez más, quienes más profundizaron en este lenguaje fueron sindicatos y progresistas. Con la Constitución de 1812 como base, los énfasis se situaban en el “pueblo” y en la revolución política55.