SUPER FACTO CREDITORUM CAMERAE IN ARAGONIA LAS CONSECUENCIAS DEL ENDEUDAMIENTO CENSAL DE BENEDICTO XIII A LO LARGO DEL SIGLO XV.
SUP ER FACTO CR EDITORU M CA MERA E IN ARAGONIA . THE CONSEQUENCES OF THE INDEBTEDNESS OF BENEDICT XIII IN THE COURSE OF THE 15TH CENTURY.
Jordi Morell ó Bage t Institución Milà i Fontanals, CSIC (Barcelona)
Resumen: Como continuación de un anterior trabajo en el que se abordó el origen de la deuda censal de Benedicto XIII, el autor realiza ahora un seguimiento del problema planteado en torno a los llamados censales de la Cámara Apostólica a lo largo del siglo xv. Tal seguimiento concierne a las dificultades para pagar las pensiones y a los pactos suscritos con los representantes de los acreedores con vistas a utilizar el producto de diferentes subsidios autorizados por el papado al pago de los atrasos y a la amortización integral de esas rentas. Así, un problema afectando en primera instancia a una serie de beneficios eclesiásticos acabó repercutiendo fiscalmente sobre todo el clero de la Corona de Aragón. A lo largo del proceso vemos intervenir a varios actores, tanto eclesiásticos como laicos, que tuvieron a su cargo diferentes cometidos de gestión.
Palabras clave: Corona de Aragón, Benedicto XIII, censalistas de la Cámara Apostólica, subsidios, beneficios eclesiásticos.
Abstract: As a continuation of a previous work that addressed the origin of the indebtedness via «censal» of Benedict XIII, this time the author tracks the problem posed by the so-called «censales of the Apostolic Camera» throughout the $1 5 ^ { \mathrm { t h } }$ century. This concerns the difficulties in paying the annuities and the agreements signed with the representatives of the creditors so as to use various subsidies authorized by the papacy to pay the arrears, also in order to achieve the full amortization of those rents. Thus, a problem in the first instance affecting a number of ecclesiastical benefices ended up having an impact on all the clergy of the Crown of Aragon. We find several actors, both lay and ecclesiastical, involved throughout the proccess developing different management tasks.
Key words: Crown of Aragon, Benedict XIII, Apostolic Chamber creditors, subsidies, ecclesiastical benefices.
1. Preámbulo1.
El problema suscitado en torno a los llamados censalistas de la Cámara Apostólica es un tema sobre el que hasta ahora casi nadie había prestado atención.2 De hecho, uno de los principales referentes historiográficos de la época que aquí nos interesa, como es el libro de Küchler, no contiene ninguna alusión al respecto, y ello pese a llevar a cabo una reconstrucción de la cronología de los subsidios eclesiásticos durante el extenso reinado de Alfonso V o de haber abordado la cuestión de la apropiación de las rentas de la Cámara Apostólica.3 Pese a todo, no es un tema que hubiera pasado del todo desapercibido. Rius Serra, en su recopilación de datos sobre personajes vinculados con la corte del primer papa Borja, dejaba constancia, al menos, de que el problema venía de la época de Benedicto XIII.4 Baucells, en su artículo dedicado al subsidio eclesiástico de 1451, hacía alusión a otra exacción impuesta por Nicolás V un año antes para hacer frente a la deuda contraída por ese papa. Por su parte, Navarro Sorní, en la serie de trabajos por él realizados en torno a las relaciones entre Calixto III y Alfonso V da alguna referencia puntual, por ejemplo, cuando alude a la misma contribución, cuyo objetivo, según ese autor, fue redimir los beneficios arrendados a prestamistas por la Cámara Apostólica en tiempos de Benedicto XIII.5 Y como pusiera de manifiesto Madurell, tal cuestión fue aflorando en las sucesivas reuniones celebradas por el clero de la provincia Tarraconense durante el periodo comprendido entre 1455 y 1469.
A excepción del último trabajo mencionado, esas referencias solían ser demasiado breves para poder hacerse una idea cabal de cuál fue el problema planteado en torno a la deuda censal de Benedicto XIII, de ahí que me propusiera comenzar una línea de investigación encaminada a sacar a la luz todo lo que el tema pudiera dar de sí. De entrada, era primordial abordarlo en su origen —en la misma época de Benedicto XIII—, como así hice en un artículo aparecido hace ya algunos años,6 pero una vez hecho esto quedaba por ver toda la historia posterior. Así pues, en este momento me propongo retomar el tema de los censales de la Cámara Apostólica para ver cuál fue su evolución a lo largo del siglo xv, qué implicaciones tuvo para el clero de la Corona de Aragón, cómo se intentó solucionar y hasta cuándo perduró en el tiempo. En suma, el trabajo que presento enlaza con la primera parte ya publicada, que necesariamente, y para mejor comprensión de lo que se va explicar aquí, será necesario resumir previamente.
A mi modo de ver, el tema objeto aquí de estudio presenta tres facetas distintas. En primer lugar, se trata de una cuestión crediticia por cuanto tiene su punto de partida en una operación orquestada en tiempos del papa Benedicto XIII que desembocó en una masiva emisión de deuda en el marco de la colectoría de Aragón, esto es, mediante la venta de una serie de «censals morts» con vistas a obtener prontamente un capital con el que poder afrontar el elevado gasto que dicho pontífice necesitaba para defender su causa en la época del Cisma. Como es sabido, esta forma de crédito conllevaba el pago de una pensión anual mientras no se efectuase la devolución íntegra de la suma prestada, momento en el que se cancelaría el contrato y demás obligaciones anexas; y dado que no había fijado un determinado plazo para tal devolución, el tiempo de vigencia de esas rentas podía alargarse durante años, a veces incluso durante más de un siglo, mientras la titularidad de la renta en cuestión iba cambiando de manos.
En segundo lugar, se trata de una cuestión beneficial, ya que los censales a la sazón emitidos estuvieron garantizados sobre todos los derechos y rentas que la Cámara Apostólica (a saber, el organismo gestor de las finanzas papales)7 percibía en la Corona de Aragón —stricto sensu, la ya citada colectoría— y, más en particular, sobre una serie de beneficios que eran detentados por dicho pontífice aragonés como titular de los mismos.
En tercer lugar, también es un tema que concierne a la fiscalidad, dado que acabó repercutiendo sobre todo el clero de la Corona de Aragón cuando éste se vio obligado, a mediados del siglo xv, a hacer frente a una serie de contribuciones encaminadas a conseguir la total extinción de esa deuda censal. En toda esta problemática encontramos implicados, pues, diferentes actores.
En primer lugar el papado, comenzando por el propio Benedicto XIII, que fue el inductor del endeudamiento, y siguiendo por otros pontífices del Cuatrocientos, sobre todo Nicolás V (1447-1455) y Calixto III (1455-1458), que tomaron una serie de disposiciones para intentar zanjar el problema. No en balde, era una cuestión que también era de la incumbencia del papado, como el primer papa Borja se avino a reconocer: «Nos qui prefatum debitum necnon Camere Apostolice et cleri pertinet».8.
En segundo lugar, también los monarcas de Aragón se ocuparon del tema, sobre todo durante la época en la que pasó a funcionar una Cámara Apostólica Real como resultado de la apropiación llevada a cabo por Fernando I a raíz de la sustracción de obediencia a Benedicto XIII en 1416, situación que fue mantenida por su hijo Alfonso el Magnánimo hasta 1429. Como veremos, esa situación supuso un inconveniente para la percepción regular de los censales de la Cámara Apostólica.
En tercer lugar, la denominación «acreedores de la Cámara Apostólica» aludía inicialmente a aquellas personas que invirtieron en la compra de las rentas emitidas en tiempos de Benedicto XIII y a las que más tarde fueron adquiriendo la propiedad de esos títulos de deuda, ya fuera por herencia, compra o por otras vías.
Y finalmente, tenemos como actor al clero de la Corona de Aragón, que tuvo que asumir el coste de la extinción de esa deuda censal en su faceta de contribuyente de diferentes subsidios impuestos por tal motivo.
A todos ellos los vemos actuar a través de sus respectivos representantes: desde los nuncios u otros comisarios apostólicos destinados a la Corona de Aragón, pasando por algunos funcionarios de la Administración Real, los procuradores de los acreedores y los síndicos del clero —escogidos en las asambleas eclesiásticas—, hasta los recaudadores de la colectoría de Aragón, e incluso los arrendatarios y administradores de aquellos beneficios que habían quedado asignados al pago de las pensiones. Cronológicamente, el tema estuvo latente durante largo tiempo, pues se fue prolongando más allá de la guerra civil catalana, y a nivel documental aún puede rastrearse a lo largo de la primera mitad del siglo xvi.
Para saber cuál fue la evolución ulterior del problema planteado por los censales de Benedicto XIII, ha sido necesario revisar, en primera instancia, distintas fuentes publicadas —como algunas vaticanas— a la vez que me he ido nutriendo de información totalmente inédita tomada de diferentes archivos, no solo eclesiásticos. Así, por ejemplo, el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona tiene inventariados varios libros de negocios referidos de forma exclusiva al tema que nos ocupa, todos ellos pertenecientes al mismo notario, Bartomeu del Bosc, que también se ocupó de la redacción del libro de actas conciliares utilizado por Madurell en el trabajo ya aludido. Para llevar a cabo mi investigación, ha sido necesario vaciar gran parte de la documentación notarial aludida, además de poder hacer acopio de mucha otra información dispersa en tanto que localizada en distintos fondos archivísticos.
2. Al comienzo de todo: el endeudamiento censal de Benedicto XIII.
Como ya se ha indicado, el máximo responsable de la génesis de esa deuda fue el papa Benedicto XIII (1394-1423). De entrada, no debería sorprender que fuera, precisamente, un papa aragonés (natural de la provincia eclesiástica de Zaragoza, como alguna vez se indica) quién optó por recurrir a esta fuente de financiación, pues se trata de una modalidad de crédito ya por aquel entonces muy extendida en la Corona de Aragón (en Cataluña, como en Mallorca y Valencia, algo menos en Aragón), y convertida en la principal forma de endeudamiento de los municipios y otros organismos públicos como las Diputaciones del General.9.
Y es que tampoco la Iglesia, a pesar de sus reticencias iniciales, pudo quedar al margen de la expansión del censal, ya fuera como beneficiaria y perceptora de pensiones, ya fuera, otras veces, endeudándose a través de esa vía para subvenir a sus necesidades más perentorias. La legitimización del censal por parte del papado (en particular, la bula de Martín V de $1 4 2 6 ) ^ { 1 0 }$ sirvió para confirmar lo que era ya una realidad en el ámbito eclesiástico. Sin duda, el endeudamiento censal del papa Benedicto XIII habría podido contribuir, en buena medida, a esa posterior legitimización, como punto de partida a partir del cual otras instituciones religiosas (por ej., cabildos catedralicios) pudieron recurrir al mismo expediente para satisfacer algunos subsidios u otras obligaciones pecuniarias.
Situémonos, de todas formas, en la época de ese papa. A principios del siglo xv, en plena lucha por conseguir el reconocimiento internacional de su designación como único papa legítimo, las arcas del pontífice aviñonés se encontraban completamente exhaustas; así lo reconocía el propio Benedicto en noviembre de 1405 a propósito de una orden dada a su tesorero para tomar a crédito importantes sumas de dinero. La situación financiera fue de mal en peor a raíz de la desafección de Francia y el hecho de tan solo poder contar con el apoyo de la monarquía aragonesa y del clero súbdito de ésta. La defensa de la legitimidad de este papa exigía un nivel de gasto muy elevado para seguir moviendo todos los hilos de la diplomacia, incluido el mantenimiento de una fuerza militar para protegerse de sus enemigos. Ante esa situación de extrema necesidad, Benedicto XIII facultó a su tesorero, Francesc Climent Sapera, para poder contraer un importante crédito (200.000 fl.) de cualquier persona, fuera seglar o eclesiástica, pudiendo hipotecar, para ello, los bienes del papa y de la Iglesia, más en concreto, pudiendo vender o tomar en prenda todas las joyas u otros objetos de valor que pertenecían al papa y a la Cámara. Al mismo tiempo, nombró a diversos comisarios con el encargo de proceder a la emisión de deuda censal en todo el ámbito de la Corona de Aragón.
Así pues, la contratación de crédito censal no la hizo el papa en persona, sino sus comisarios actuando en nombre de la Cámara Apostólica. Los principios básicos de la emisión de esas rentas se encuentran expuestas en una constitución papal publicada el 1 de agosto de 1407, en la que, entre otras cosas, se aumentaba la suma inicial a 250.000 fl.a. De esta manera, Benedicto XIII pasó a ser el primer pontífice $- \mathtt { y }$ probablemente el único— en hacer uso de esa modalidad de crédito.
Como he dicho, la operación de venta de censales fue llevada a cabo por distintos comisarios nombrados por dicho pontífice.11 De todas las cláusulas recogidas en los correspondientes contratos podemos resaltar las siguientes:
a) Se trataba de ventas de carácter perpetuo (el propio Benedicto XIII ya advirtió del hecho de que seguirían en vigor incluso después de su muerte) y como era de rigor, se acompañaban de una carta de gracia, por la cual se procedería a la cancelación del contrato cuando el prestatario devolviese a la otra parte el capital recibido en préstamo.
b) Los comisarios encargados de contratar los censales renunciaban a todo privilegio papal y clerical (esto es, a cualquier derecho que pudiera esgrimir el papado o la Cámara Apostólica) y se sometían, para cualquier cuestión que pudiera surgir entre las dos partes implicadas, al fuero civil, en concreto, al de la curia del veguer de Barcelona mediante la correspondiente escriptura de terç que sería registrada en el libro de «la cort del veguer». Además, cada transacción se acompañó de una advertencia de excomunión —o sentencia de veto— dictada por la autoridad eclesiástica competente en cada diócesis, a saber, los oficiales episcopales.
c) Y como garantía del pago de las pensiones, se ofrecían, en primera instancia, las rentas que dicho pontífice percibía sobre una serie de beneficios de los que aún seguía siendo titular, esto es, de beneficios que el cardenal Pedro de Luna se había retenido cuando fue proclamado papa; y, en segunda instancia, todas las rentas que pudiera percibir la Cámara Apostólica en el ámbito de la Corona de Aragón, incluyendo en ello cualquier tipo de prestación que pudiera ser reclamada al clero de las diócesis existentes en ese ámbito.12 A partir de entonces, se acostumbró a establecer una distinción entre una obligación especial —sobre los beneficios del papa— y otra general, que podía extenderse a todos los derechos y rentas que la Cámara Apostólica percibía en los territorios del monarca aragonés que habían sido proaviñoneses, lo que dejaba abierta una vía que acabaría materializándose en una serie de subsidios.
En mi primer trabajo sobre la cuestión había documentado cerca de un centenar de censales vendidos, los cuales habrían podido reportar la mitad, más o menos, de la cuantía que se pretendía conseguir $( = 2 5 0 . 0 0 0$ fl.a.). La mayoría de estas emisiones fueron realizadas a un tipo de interés del $7 , 1 4 \%$ . El total de las pensiones que tendrían que ser satisfechas a partir de entonces se puede situar entre 83-86.000 sueldos. Sin duda, se trataba de una importante carga para los beneficios directamente consignados a pagar esas pensiones, y en cierto modo también para la Cámara Apostólica como institución avaladora de ese endeudamiento; ya en 1410 se tenía conciencia de la carga que todo ello suponía al reconocer «que Camera ad diversa censualia mortua ac multa expensarum onera obligata penitus est exhausta».13.
La gran mayoría de las personas que tuvieron parte en este «negocio» eran de Barcelona, y ello seguiría siendo así a pesar de la progresiva dispersión de esas rentas a manos de otros propietarios titulares, en función, pues, de la dinámica del mercado secundario. Entre los principales inversores de esos censales había varios mercaderes; al respecto, destaca Bertran Nicolau con una pensión de 250 lb.14 También había nueve juristas y dieciséis miembros de la nobleza de bajo rango (caballeros y donceles), algunos de ellos identificados también como funcionarios regios. De hecho, aunque fueran los mercaderes los que acaparaban un mayor número de rentas, quienes habrían invertido más capital en esos censales eran, precisamente, esos pequeños nobles. Entre los primeros perceptores de esas pensiones de censal, también había clérigos (canónigos y presbíteros) y algunas instituciones eclesiásticas, sobre todo conventos femeninos. No en balde, se había dejado abierta la posibilidad para que también los eclesiásticos pudieran invertir en la compra de esas rentas; la mayoría de ellos lo habría hecho, además, a título privado. Parece que con ello se ponía fin a cualquier restricción que hubiera existido hasta entonces en el sentido de impedir la concurrencia en este tipo de negocio crediticio de las personas eclesiásticas, esto es, como compradores y ya no como meros beneficiarios de traspasos realizados a su favor por anteriores titulares laicos.
Super facto creditorum camerae in Aragonia. Las consecuencias del endeudamiento censal…
2.1. Beneficios hipotecados.
Después de las ventas realizadas, y en base a las garantías estipuladas en cada contrato, se procedió a la toma de posesión, por parte de los acreedores de la Cámara Apostólica, de los distintos beneficios consignados al pago de las correspondientes pensiones. A quiénes a partir de entonces fuesen arrendatarios o administradores de esos beneficios se les advertía para que respondieran a los representantes de los acreedores de la Cámara Apostólica de todas las rentas que debían al titular del beneficio, al tiempo que se notificaba a los distintos enfiteutas para que pagaran sus censos de acuerdo con esas nuevas circunstancias.
Ya desde un principio, se procedió a una redistribución de las pensiones de censales entre los diferentes beneficios consignados, en función de la valoración de sus rentas. De esta manera, los beneficios mayores habrían pasado a tener un mayor número de pensiones asignadas. Al respecto, tenemos documentado, aunque solo para un cierto número de pensiones, qué beneficios tenían asignados.
Cuadro 1. Pensiones consignadas a cada beneficio, 1418. (Recapitulación del cuadro 1 del Apéndice)

Beneficio	n.de pensionesadscritas	Cuantias alcanzadas	Valoracion fiscalde cada beneficio
Camareriade Zaragoza	32	1.597 lb.1 s.2 d.b.	468 1b.
Pabordias (abril/mayo) deValencia	18	827 1b.8 s.10 d.b.	451 1b.
Sacristia de Tortosa	6	276 lb.7 s.6 d.b.	200 1b.
Enfermeria de Segorbe	2	90 1b.b.	48 1b.

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La valoración fiscal de esos beneficios —de acuerdo con los registros decimales de la época— asciende a 1.167 libras,15 frente a las sumas adscritas al pago de las pensiones, que dan un total de poco más de 2.812 libras. Como se ve, la valoración fiscal solo cubre un $4 1 { , } 5 \%$ de la cantidad que debía ser satisfecha cada año en el pago de esas pensiones, y desde este punto de vista no parece tener correspondencia con el valor beneficial real que, sin duda, sería mayor y más acorde con las cantidades que quedaron consignadas a cada beneficio.16 Ahora bien, si las rentas de esos beneficios iban destinadas en buena medida al pago de las pensiones, además de tener que cubrir los gastos corrientes de administración, ¿quién habría estado dispuesto, a partir de entonces, a entrar en posesión de alguno de estos beneficios de los que apenas podría esperar obtener ningún rédito para sí mismo? Esta circunstancia explicaría por qué algunos de estos beneficios, sino todos, pasaron a ser administrados en régimen de encomienda, esto es, a través de eclesiásticos comendatarios.17.
Más allá de las cuestiones que afectaban directamente a esos beneficios, el endeudamiento censal de Benedicto XIII también tuvo repercusiones sobre el propio clero de la Corona de Aragón, a partir de cuando éste fue obligado a contribuir en la amortización de esa deuda censal. Ya el propio Benedicto XIII pensó utilizar con ese fin una décima que había concedido a Martín $\boldsymbol { \mathrm { I } } - \boldsymbol { \mathrm { y } }$ que éste no pudo acabar de disfrutar al sobrevenirle la muerte— mediante una prórroga de siete años más. Con todo, las circunstancias de entonces dieron al traste con ese plan, y la décima en cuestión tuvo que ser revocada, por lo que no se habría conseguido gran cosa de cara a la amortización de esa deuda.18.
Por otra parte, las obligaciones creadas por el endeudamiento censal de Benedicto XIII no se vieron afectadas por la retirada de la obediencia. Así, mientras otras actuaciones llevadas a cabo por este pontífice, en especial por lo que respecta a la colación de beneficios, fueron anuladas tras su defenestración,19 no ocurrió lo mismo con la deuda que había sido contraída vía censal. En efecto, como ya se ha indicado antes, puesto que la cuestión concernía al fuero civil, las pensiones debían seguir siendo satisfechas a quié- nes siguieran siendo sus legítimos titulares. No obstante, y como veremos a continuación, la prolongación del Cisma en la Corona de Aragón resultó ser un inconveniente para que los diferentes acreedores concernidos en este asunto —en torno a setenta— pudieran cobrar sus rentas con normalidad.
3. Las dificultades hasta la concordia de 1456.
A partir de la sustracción de obediencia de Fernando I al papa Benedicto XIII (1416), y de la consiguiente confiscación de los derechos de la Cámara Apostólica, mantenida durante los primeros años del reinado de Alfonso el Magnánimo, los perceptores de censales asignados sobre los beneficios que ya conocemos se quedaron sin poder percibir sus pensiones.20 En efecto, durante este periodo ciertamente anómalo, que había de durar hasta 1429, los derechos y rentas de la colectoría de Aragón fueron empleados por el fisco real para fines propios, ya fuera directamente o más bien como garantía de nuevas deudas contraídas por dicho fisco, en los gastos que la monarquía estaba sosteniendo a favor de la unidad de la Iglesia y siguiendo por las negociaciones mantenidas a lo largo de estos años en torno a la restitución de la obediencia al nuevo sucesor romano de San Pedro (Martín V), mientras se mantenía al papa Luna recluido en Peñíscola.21.
Ya en 1416, Alfonso el Magnánimo emitió disposiciones a favor de los acreedores.22 A fines del mismo año, el rey volvía a dirigirse a los colectores de la Cámara Apostólica intervenida para que prestaran el juramento que los acreedores les pedían —según la forma de los contratos— como garantía para poder cobrar sus pensiones atrasadas junto con ciertos gastos ocasionados.23 En la práctica no se debieron pagar, razón por la cual los acreedores recurrieron al legado apostólico Alamán Adimaro para que intercediera a su favor. $^ { 2 4 } \mathrm { E n } 1 4 1 8$ el monarca volvía a tomar cartas en el asunto dando órdenes expresas a quienes pagaban rentas a cuenta de algunos de los beneficios asignados para que respondieran de todo ello al procurador designado por los acreedores de la Cámara Apostólica.25 Y como tal procurador se cita a Climent del Vall, el primero que tenemos documentado en representación de ese colectivo. El hecho, por otra parte, que muchos de esos acreedores fueran barceloneses, está en buena lógica con el intento de mediación realizada por el municipio de la ciudad condal en las cortes que a la sazón se estaban celebrando en Sant Cugat del Vallés.26 El propio monarca optó por trasladar la cuestión, a través de sus embajadores, a la corte romana, a la espera de un pronunciamiento papal.27 Al principio de la carta se nos recuerda brevemente cuál era el origen del problema:
...quod ad annis pluribus olim dominus Benedictus, pro supplendo sumptibus et expensis quos et quas eum subire opportebat necessario pro direccione et prosecucione negotiorum unionis ecclesie sacrosancte, ut promptius et festinancius peccunias haberet, nonnullis nostris subditis omnes et singulos redditus, proventus et jura Camera Apostolice obediencie sue generaliter et nonnulla beneficia per viam censualium mortuorum cum certo annuo onere pensionis specialiter obligavit, ypothecavit et intra manus creditorum eorumdem posuit et inmisit, prout in publicis documentis hinc inde confectis hec et alia plenius continentur.
Con todo, fue la reina María quién, haciéndose eco de la problemática planteada por los acreedores de la Cámara Apostólica, dio curso a una orden dirigida a todos los colectores para que cumplieran con el pago de las pensiones debidas cuando así fueran requeridos por miembros de dicho colectivo. Esos pagos debían ser hechos «de emolumentis dicte Camere», esto es, de todos los ingresos que percibía la colectoría de Aragón.28 Lo cierto es que seguimos registrando quejas a lo largo de todo el periodo, aunque parece que en
1425 se llegó a algún tipo de acuerdo —en alusión a la firma de cierto contrato—, por el cual se facultó a Pere Pujades, canónigo de Barcelona, a pagar todas las deudas pendientes a partir de las rentas que iría percibiendo de los subcolectores que él mismo podría designar al frente de cada diócesis.29 Por el momento, a falta de poder profundizar en otros aspectos de la documentación conservada, no voy a detenerme a analizar cómo se llevó a cabo esa gestión.30.
Tras el concilio de Tortosa de 1429 y de la consiguiente restitución de la Cámara Apostólica al papa romano, los acreedores seguían persistiendo en sus reclamaciones. Así, según se declara en 1430,31 éstos estaban dispuestos a recurrir a la corte del veguer para recuperar las muchas cantidades que se les debían. Para evitar que esto sucediera, los oficiales del rey recibieron orden de ejecutar los bienes de la Cámara Apostólica a cuenta de las sumas debidas, toda vez que se daba aviso a los arrendatarios de los beneficios afectados para que respondieran de sus arrendamientos a las demandas formuladas por los acreedores. Asimismo, se dio orden a los respectivos maestres racionales de Valencia y Aragón —donde estaba al frente del cargo Pedro de la Cavallería— de inspeccionar las cuentas concernientes a las pabordías de Valencia, la sacristía de Tortosa y la camarería de Zaragoza, para el periodo comprendido entre 1415 y 1418; y, una vez hecho esto, deberían entregar esas cuentas al procurador de los acreedores.32 Todo ello estaba encaminado a facilitar el retorno a la normalidad y para asegurar a los acreedores la percepción de sus pensiones.
Así pues, la deuda contraída por Benedicto XIII, pese a la defenestración de este papa y a los problemas planteados en la época de la apropiación regia de las rentas de la Cámara Apostólica, continuaba estando plenamente vigente. Nada ni nadie podía arrebatar un derecho que una serie de particulares habían adquirido legalmente en base a las condiciones estipuladas en los correspondientes contratos de sus censales.
Sea como fuere, es a lo largo de estos años cuando vemos actuar a diferentes representantes de los acreedores. Ya he hecho alusión a Climent del Vall, que tenemos documentado a partir de 1418. De él tan solo sabemos que era ciudadano de Barcelona y, en principio, no figura en la nómina de censalistas de esos años. Esta persona tenía por misión ocuparse de la administración de las rentas de los beneficios consignados: «pro habendo et apprehendo ad manus ipsorum creditorum census, redditus, decimas [diezmos]» y otros derechos especialmente obligados, y también intervenir en los arrendamientos que fueran realizados sobre esas rentas.33.
En 1430, junto al propio Climent del Vall, aparece actuando otro procurador, el doncel Antic Almugàver, que luego fue sustituido por el ciudadano barcelonés Joan Llull.34 De ese año, justamente, tenemos disponible una lista parcial de los acreedores en la que están incluidos estos dos.35 A partir de entonces, parece que dicho colectivo estuvo representado por miembros pertenecientes a dos sectores distintos —el ciudadano y el militar—, lo cual no implicaría dejar al margen a los eclesiásticos que también formaban parte del mismo colectivo.
A pesar de las medidas instadas por la monarquía en 1430, los atrasos en el pago de las pensiones debieron de persistir bastantes años más, de manera que no había otra solución que establecer algún tipo de acuerdo. Fue el papa Nicolás V quién tomó cartas en el asunto, mandando como nuncio a un hombre de su máxima confianza, el cartujano Joan de Nea (o Enea),36 con amplios poderes para tratar con los censalistas lo que fuera más conveniente para la Cámara Apostólica. Dicho nuncio, de conformidad con el clero de las dos provincias eclesiásticas, habría tenido un papel fundamental en el establecimiento de la concordia suscrita en Barcelona el 23 de marzo de 1450, que meses más tarde se avino a ratificar el mismo pontífice romano, considerando que era de utilidad.37.
Como no hemos podido localizar esa concordia, todo lo que sabemos de ella es a partir de referencias indirectas. Su principal cometido era ocuparse de liquidar los denominados «darreratges» o «pensions cessades». Previamente, se calculó el volumen de toda la deuda, tanto de las pensiones como de otros gastos ocasionados, por un total de 27.362 lb. 11 s. 1 d. A partir de ahí, se llegó a una composición por la que la parte deudora se comprometía a librar 12.000 libras en el plazo de dos años. Ahora bien, dado que los beneficios consignados no alcanzaban a pagar tal cantidad (de hecho, solo rendían para el pago de las pensiones anuales), se pensó recurrir a otro expediente, concretamente, al establecimiento de un subsidio que debería ser satisfecho por todo el clero de la Corona de Aragón. De tal subsidio se encargaría el propio Joan de Nea, que fue nombrado colector general de la Cámara Apostólica en las dos provincias eclesiásticas (Tarragona y Zaragoza), junto con las dos diócesis agregadas de Elna y Mallorca.38
3.1. Los subsidios de la década de 1450: una forma de «socialización» de la deuda censal de la Cámara Apostólica a todo el estamento eclesiástico.
Nicolás V fue el primer papa romano en autorizar un subsidio en relación al tema que nos ocupa. En bula fechada el 23 de agosto39 dicho pontífice otorgaba un subsidio caritativo —de acuerdo con la tradicional nomenclatura cancilleresca papal— afectando a todos los beneficios eclesiásticos existentes en los dominios occidentales de Alfonso el Magnánimo, aquellos, justamente, que habían sido de la obediencia de Benedicto XIII. Dicha exacción fue tasada a razón de 2 sueldos por libra «juxta taxacionem veri valoris», esto es, de acuerdo con la actualización llevada a cabo unos años antes sobre las tasas beneficiales,40 y tendría una validez de dos años, comenzando en la Navidad de 1450. Su principal destino era el pago de las indicadas $1 2 ~ \mathrm { m i l }$ libras, sin descartar posibles luiciones de censales, para poder exonerar a los beneficios que estaban especialmente obligados a esa carga censal. En todo caso, se advertía que tales luiciones debían ser realizadas a provecho de dichos beneficios y no de sus titulares. Asimismo, si alguno de esos beneficios tenía superávit, también eso se destinaría a las operaciones de luición.
La bula en cuestión se acompañaba de otras disposiciones concernientes a algunas de las sedes en las que se localizaban los beneficios directamente afectados por esa deuda. En concreto, se daba licencia al obispo y al capítulo de canónigos de Tortosa para vender censales a mejor «for» con los que poder amortizar aquellos otros que estaban consignados sobre la sacristía, todo ello con vistas a conseguir el rescate («in liberacionem dicte sacristie et suorum censualium») en un corto plazo de tiempo.41 Una disposición similar fue establecida por lo que respecta a la camarería de Zaragoza.42 Ciertamente, no era la primera vez que los cabildos recurrían a la emisión de ese tipo de rentas para hacer frente a determinados gastos, como sabemos a propósito del pago de anteriores subsidios eclesiásticos; como ya he indicado antes, las censuras y demás restricciones que pesaban sobre las entidades eclesiásticas en el sentido de no poder contraer obligaciones crediticias de esa índole habían dejado de tener efecto hacía tiempo.
Ahora bien, por lo que respecta a la provincia de Zaragoza, se consideró que el establecimiento de aquel subsidio podía provocar disturbios entre el clero, motivo por el cual se optó por otra modalidad impositiva (medios frutos) que, teóricamente, supondría gravar a la mitad las rentas eclesiásticas, pero solo durante un año, según se anota en otra bula expedida el 25 de agosto del mismo año (1450).43 En cualquier caso, el objetivo seguía siendo el mismo: el pago de las indicadas $1 2 \mathrm { m i l }$ libras por la parte que correspondiese a esa provincia. De su gestión, tanto del subsidio de la Tarraconense como de esta otra exacción, se encargaría el recién nombrado colector Joan de Nea.
En la Tarraconense quizás no hubo disturbios, pero la recaudación del subsidio no pudo llevarse a cabo por las dos razones alegadas más tarde por el propio clero: por una parte, por considerar que la tasa de 2 sueldos era excesiva; y, por otra, por coincidir con otras exacciones que tenían que satisfacer a la monarquía (más que nada, en relación con el nuevo subsidio impuesto en 1451).44 Desde el punto de vista del clero, todos esos subsidios eran «intolerables» y excesivos.45.
Ciertamente, la confluencia de ambas exacciones pudo suponer el solapamiento de algunas pagas a lo largo del mismo año de 1451. En febrero, el obispo y cabildo de Girona escribían una carta a las otras sedes episcopales de la provincia (Vic, Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Urgel y Elna, menos la de Valencia, que no se menciona) y en ella se decía lo siguiente: ante los rumores que corrían de que fray Joan de Nea, comisario «in factis creditorum Camerae Apostolicae», había impuesto una talla de 12 dineros por libra que debía pagarse en mayo, y acto seguido ya estaba pidiendo otra contribución para pagar el subsidio al rey, se hacía necesario convocar una asamblea del clero en Barcelona —o bien instar al arzobispo a convocarla—, para poder tratar de este asunto. Merece la pena transcribir un fragmento de esa carta:46.
Ffra Iohan de Neya, entés havem que vos novament [...] havets imposat tall de XII drs. per llra. e sabets bé que vos assò no podets fer per lo decret de Constança, e més no que ignorats lo subsidi attorgat novament al senyor rey de CLXXXm ducats47 una tant gran somada no poran portar aquestes dues províncies, d’ont nosaltres merevellants-nos molt de la novitat per vos feta, no consultats nos e contra la concòrdia com dit és maiorment ésser pessant asse(re)nt-vos que·ns apar ésser ben rahonable haguessets dades altra rahó de vos matex que no havets, havem delliberat de appellar-nos e de recórrer a tots los remeiis que puxam, plaurie’ns molt vos reposassets a qualque bon mijà per dar repòs a nos e a vos, e pregam-vos-ne hajam vostra intensió.
La invocación al concilio de Constanza no era banal, por cuanto al comisario apostólico se le recriminaba de haber actuado de forma unilateral, sin contar con el consentimiento del clero.48 A pesar de todo, la recaudación de este subsidio se intentó reactivar unos años más tarde. Tenemos constancia de que el subcolector del obispado de Girona, el paborde Berenguer Guerau de Cruïlles, fue el encargado de cobrar las dos pagas establecidas a razón, cada una, de 1 sueldo («pro unaquaque libra verorum valorum»), la primera en octubre de 1454 y la segunda justo un año después.49 Pero nada más sabemos al respecto.
En julio de 1455, el setabense Calixto III, sucesor de Nicolás V, redujo la tasa a 18 dineros por libra en lugar de los 2 sueldos iniciales.50 Tal medida no habría servido para gran cosa, pues ya en agosto, el mismo papa mandó paralizar el subsidio en razón de que no se estaban llevando de forma rigurosa las cuentas de los atrasos sobrevenidos desde el año 1450; tal paralización debía durar hasta cuando se pudiera acordar con los acreedores una suma razonable a cuenta de esos atrasos. Solo cuando se hubiera dado satisfacción a las tres sumas indicadas, esto es, a las $1 2 ~ \mathrm { m i l }$ libras pendientes de la concordia con Joan de Nea, junto con las 5.000 destinadas a exonerar las dos pabordías de.
Valencia —este dato es nuevo— y la suma que pudiera ser acordada por los atrasos de los últimos años (hasta 1455), tanto el clero como la Cámara Apostólica podrían quedar por fin libres.51 El hecho es que no se estaba dando cumplimiento a lo acordado en 1450, por lo que los acreedores volvieron a amenazar con recurrir al veguer de Barcelona para que tomase medidas de tipo coercitivo, como así parece que sucedió.
Ahora bien, si inicialmente el subsidio de Calixto III tan solo era un reposición del que había establecido su predecesor para liquidar los «arreratges», luego se postuló como solución final al problema, esto es, de cara a conseguir la total extinción de los censales con vistas al «deslliurament de la Cambra Apostòlica» y del clero de la Corona de Aragón, y más concretamente, para conseguir la liberación de los beneficios especialmente obligados a esa deuda, de ahí la invocación, una vez más, a los dos tipos de obligación (general y especial) que tenía contraída esa deuda censal: «vist la Cambre Apostòlica ésser per virtut dels contractes en certa forma als dits crehedors obligade, haguda consideració com en temps de pape Benet […] foren les obligacions e impigneracions axí specials com generals fetes». Así aparece expuesto en una asamblea del clero de la Tarraconense, que no fue reseñada por Madurell, pero que resulta especialmente ilustrativa de la situación previa al establecimiento del nuevo subsidio, ya que en ella se hace un repaso general a las discusiones y negociaciones habidas hasta entonces.52.
La asamblea en cuestión se celebró en la casa del capítulo de Barcelona el 25 de febrero de 1456 («són stats convocats e congregats a parlament los prelats e capítols qui en semblants actes han acustumat e deuen entrevenir, e congregats los bisbes, abbats e síndichs dels capítols de la dita província de Terragona e diòcesi de Elna»), coincidiendo con la celebración de las cortes en la misma capital catalana, a las que también debían asistir los representantes del estamento eclesiástico.53.
En la misma acta tomada por el notario Bartomeu del Bosc,54 se incide, de entrada, en las vejaciones que había tenido que soportar el clero a raíz de las ejecuciones llevadas a cabo por el veguer de Barcelona: «...com per causa e occasió de les exequcions fetes en lo clero de les províncies de Terragona e Seragoça, diòcesis de Mallorques e Elna, per lo veguer de Barchinona a instància dels crehedors de la Cambra Apostòlica... lo dit clero [estaba] opprés, congoxat e molt vexat». Acto seguido se aludía a la concordia suscrita en 1450 por mediación de Joan de Nea sobre las pensiones cesadas y al subsiguiente subsidio impuesto por el papa Nicolás para el pago de las $1 2 \mathrm { m i l }$ libras.
Por las razones ya apuntadas más arriba, se reconocía que tal subsidio no había servido al propósito que tenía señalado: «la dita imposició de dos sous per llra. no hage hagut effecte ne exequció ne los dits crehedors no sien stats satisfets de les dites XIIm llres. juxta forma dels dits capítols». De ahí, pues, la ofensiva de los acreedores recurriendo a la vía más expedita (y vejatoria para el clero), pero que era la que estaba contemplada en sus contratos, esto es, mandando confiscar por medio del veguer las rentas de los eclesiásticos de la diócesis de Barcelona y otras diócesis vecinas, y haciendo depositar «totes les peccúnies» en la Taula de la ciudad. El clero no se quedó de brazos cruzados, sino que contraatacó de la forma que tenía acostumbrada cada vez que los laicos intervenían sus bienes o rentas, o sea, invocando la constitución De invasoribus, pretendiendo con ello que los acreedores habían incurrido en las penas contempladas en tal constitución55. Así estaban las cosas, y aún podrían ir empeorando si no se encontraba una pronta solución.
El posible acuerdo pasó a girar en torno a la imposición de un nuevo subsidio. En el curso de las negociaciones entabladas entre ambas partes, el clero se mostraba conforme a pagar el subsidio establecido por el papa (a razón de 18 dineros por libra y a lo largo de tres años), si con ello se conseguía liberar a la Cámara Apostólica y al clero de la general obligación que recaía sobre ellos. Con todo, los acreedores eran de la opinión que la posible suma que pudiera ser obtenida a partir de esa tasa no sería suficiente para el pago de las $1 2 \mathrm { m i l }$ libras y de todas las restas pendientes.56 A cambio, sin embargo, de recibir cierta cantidad por libra (en relación, pues, con la imposición de un subsidio), estaban dispuestos a aceptar que la Cámara Apostólica y el clero quedasen exonerados de su obligación general. Aun así, querían que se les pagase los «róssechs pactats», y que los beneficios especialmente obligados «fossen en tanta part descarragats, que les rendes de aquells bastasen d’aquíavant (a) paguar los dits crehedors e que róssechs alguns no s. i poguessen fer». Por todo ello, consideraban, en base al examen de las cuentas generadas por una y otra parte, que serían necesarias ni más ni menos que $5 5 ~ \mathrm { m i l }$ libras barcelonesas, lo que implicaría elevar la susodicha tasa a 3 sueldos por libra (1 sueldo/año). Los eclesiásticos, por su parte, estaban dispuestos a consentir algún tipo de exacción en tiempo y pagas que fueran soportables para ellos, pero sin barajar ninguna suma en concreto. Sin embargo, como aún no se había alcanzado ningún acuerdo, esas negociaciones estaban a punto de romperse.
Fue entonces cuando se optó por recurrir a personas particulares que «emprenguessen acceptar del clero la quantitat rahonable de certa cosa per lliura e fer delliurar aquell en quant necessari sia e la Cambre apostòlica de la general obligació dels dits crehedors». Las personas que aceptaron responsabilizarse de este arduo negocio fueron estas tres: Francesc Desplà, miles domiciliado en Barcelona, Luis de la Cavallería, ciudadano de Zaragoza, y Joan Francesc Boscà, ciudadano de Barcelona. Se trata de la primera aparición en escena de unos personajes que a partir de entonces iban a tener un gran protagonismo en el tema que nos ocupa.
Según se indica en el documento que estamos siguiendo en este momento, estos tres acreedores mantenían la demanda de 3 sueldos por libra (1 sueldo/ año) y que una vez satisfecha tal exacción, liberarían a la Cámara Apostólica y al clero de su obligación general, y aún «quitarien los benifficis specialment obligats, essent aquesta la final e darrera intenció dels dits tres crehedors». En cambio, entre el clero había diferentes opiniones: unos postulaban pagar 2 sueldos por libra, tal y como ya se había estipulado en la época del papa Nicolás; otros abogaban por 2 sueldos y medio, a pagar en cinco años a razón de 6 dineros/año, siempre que se obtuviera la aprobación del papa. En el intento de convencer a los tres acreedores, también se barajó la posibilidad de poner una tasa de 2 sueldos y medio, pero reduciendo el periodo a tres años en lugar de a cinco (a razón de 10 dineros/año) junto con todas las restas que pudieran ser recuperadas de manos de los subcolectores de anteriores subsidios. Como sobre esto no había consenso, el clero reunido en Barcelona optó, finalmente, por elevar una demanda al papa Calixto III (como se indica al respecto: «deliberadament fan la dita remissió no podent-se altrament concordar») para que dictara un pronunciamiento final.
Los acreedores, por su parte, también se comprometerían a cancelar a su cargo todas las prendas («empares») que habían hecho depositar en la Taula de la ciudad sobre los bienes y rentas de los eclesiásticos, hasta el mes de mayo, cuando se preveía que el papa ya habría tomado una decisión concluyente. El clero congregado les asignaba todas las restas pendientes de los subsidios pretéritos a objeto de poder servir de ayuda a los gastos soportados para llevar a efecto esa concordia; en caso contrario, tendrían que restituir tales restas sin poder volver a usar de la general obligación. Esto último era un punto fundamental sobre el cual se quería incidir una y otra vez, ya que implicaría liberar al clero de cualquier acción de represalia contra sus bienes y rentas, como las que habían sufrido hacía poco.
Así pues, todos esos pactos fueron suscritos, como se indica en el mismo documento, «ab efecte que tots los creadors faran la renunciació de la general obligació». 57 El clero se comprometía a no poner ningún impedimento al subsidio que comenzaría a recaudarse a tenor de la concordia que sería suscrita por el papa o su comisario con los acreedores; en caso contrario, éstos podrían recuperar todos los derechos que tenían antes de la renuncia que habrían hecho. En el caso también de que los acreedores ya hubieran recibido alguna cantidad de subsidio, tendrían que restituirla al clero «en peccúnia nombrant o en les luycions que hauran fetes» hasta un monto de 6.000 libras, que sería descontado de las $1 2 \mathrm { m i l }$ estipuladas en la anterior transacción —en relación, pues, al pacto suscrito en $1 4 5 0 -$ . Por su parte, los tres acreedores (Desplà- Boscà-Cavallería) se obligaban a que, medio año después de la última tanda del subsidio, tendrían que haber amortizado («quitats e luïts») todos aquellos beneficios que estaban especialmente consignados a esa deuda. Todo esto fue acordado en febrero de 1456 en el marco de la susodicha asamblea de la Tarraconense, por el momento al margen de lo que pudiera decidir el clero de Zaragoza y su provincia.
A finales del mismo mes y año, concretamente, el 26 de febrero, se firmaron unos capítulos con los tres acreedores, por los cuales el clero de la Tarraconense consentía a la exacción del subsidio destinado a la luición de los censales y a cambio de que los demás acreedores renunciasen, en un plazo de seis meses «post publicationem dicti subsidii», a sus generales obligaciones; y si alguno de ellos no quisiera hacerlo, se llevaría a cabo la luición de sus censales, como si de una medida de castigo se tratara. Para proceder a la ejecución de lo acordado, dicha provincia eligió a nueve personas, entre las cuales había Joan Andreu Sorts.58 Esta comisión y los tres acreedores establecieron otros acuerdos acerca de la administración de algunos de los beneficios especialmente consignados sobre esa deuda censal.59.
Entre tanto, fue necesario establecer la forma definitiva del subsidio: la tasa a 2 sueldos y medio por libra, y el periodo de tiempo a tres años (y tres pagas de 10 dineros cada una, que hacen un total de 30 dineros), comenzando en julio.60 En otra bula del 7 de junio, el papa Borja adjuntó como colector del subsidio al propio Joan Andreu Sorts, a la sazón canónigo sacristán de Urgel, junto con los restantes eclesiásticos que ya habían sido designados previamente.61.
Pese a lo dispuesto en la bula papal, la fecha de inicio para la recaudación de este subsidio tuvo que retrasarse hasta el mes de octubre.62 De ello tenemos constancia en el obispado de Vic, donde aparece actuando como subcolector fray Ferrer Joan de Marimon, prior de Santa María de Meiá (diócesis de Urgel). Así, con fecha del 27 de septiembre de 1456, dicho subcolector se presentó a la hora de vísperas en el coro de la catedral en presencia de un escribano y mandó colgar en las puertas del templo un cartel en donde se informaba por extenso del establecimiento del subsidio que había impuesto el papa. Más en concreto, se instaba a los eclesiásticos de ese obispado a satisfacer la primera tanda a razón de 10 dineros por libra de los veros valores de sus rentas, dándoles de plazo todo el mes de octubre. El pago se haría en casa de mossèn Joan Saconomina, monje mayor de la sede vigatense, que fue nombrado por Marimon como receptor y exactor del subsidio en su lugar. Quien no se aviniese a pagar, incurriría en las preceptivas penas de excomunión y entredicho lanzadas por los comisarios, los cuales también tenían potestad de invocar al brazo secular, lo que supondría privar a los recalcitrantes de sus oficios y beneficios.
El mismo día, fray Marimon nombró como nuncio a su servicio a un tal Ramon Armanyagues, quién hizo juramento de regir bien su oficio y hacer verídica relación de todo lo que iba a gestionar. Asimismo, nombró a otros nuncios —también laicos— para cubrir distintas zonas del obispado.63 Todos ellos quedaban encargados de difundir la noticia de la imposición del subsidio por toda la diócesis y de poner carteles en cada iglesia, que debían dar personalmente a quién encontrasen en el lugar o fijar ellos mismos a las puertas de los templos en caso de no poder localizar al párroco.64.
Cuadro 2. Cronología de exacciones vinculadas a la cuestión de los censales de la Cámara Apostólica

Ano	Exaccion	Ambitoterritorial	Duracion	Tasa	Colectoresgenerales
1450	Subsidio deNicolas V	Provincia deTarragona,ademas de losobispados deElna y Mallorca	2 anos	2 s. por lb.(10%)	Joan de Nea
1450	Mediosfrutos	Provincia deZaragozad	1ano	？	Joan de Nea
1455-1456	Subsidio deCalixto III	Provincias deTarragona yZaragoza juntocon Elna yMallorca.	3anos	1,5 s. por Ib.(7,5%),aumentado a2.5 s. por lb.(12,5%)	(entre otros)Guillem Pong deFonollet, Jaumed&x27;Eixarc,y JoanAndreu Sorts.d

$a$ Exceptuando el obispado de Segorbe, que no sabemos si quedaría liberado de esa contribución o si estaría incluido en la otra provincia.
$b$ Guillem Ponç de Fonollet era hijo del mercader Guillem de Fonollet (o Fenollet), que administró fondos camerales en la época de Benedicto XIII (al respecto, véase Morelló 2012); y también fue censalista de la Cámara Apostólica. Guillem Ponç aparece en la lista de acreedores de 1456 respecto de un censal que habría heredado de su padre, asignado sobre la camarería de Zaragoza, tal como se recoge en el cuadro I del Apéndice. Su carrera beneficial comenzó en 1427 como sacristán en la sede de Barcelona, un año después fue nombrado por Alfonso V como promotor de sus negocios en la curia romana; ya en tiempos de Calixto III, ejerció como vicario general del obispo de Barcelona; en 1456 (24.X) obtuvo permiso para poder actuar como protonotario por la Santa Sede fuera de Roma, y acabó siendo promovido a la dignidad episcopal en 1458, cuando se le asignó la iglesia de Huesca. Junto con Joan Soler, fue nombrado colector de la décima contra el turco de Calixto III (1455) (Rius Serra, 1927: 251-252) (Navarro Sorní, 2003: 183). Así pues, ya contaba con una experiencia previa cuando se le encargó la colecta del subsidio que ahora nos ocupa.
$c$ La mención a este eclesiástico figura en AEV, Cambra Apostòlica (1456-60), s.f., Sign. ACF 4426. Como Guillem Ponç de Fonollet, también era doctor en decretos. Canónigo de la catedral (para ser más precisos, paborde, según Pons Alós y Cárcel Ortí), ejerció como oficial y vicario general del obispado de Valencia (Pons Alós-Cárcel Ortí, 2001: 106). Fue rector de Albaida; a fines de 1457 también se le confirió la parroquia de Torrent (Rius Serra, 1927: 250). Nos consta, por otra parte, que intervino en la recaudación de la décima calixtina en los obispados de Valencia y Orihuela; ARV, MR, Cambra Apostòlica, n.º 9812, f. 189r. Asimismo, actuó como síndico en varias de las asambleas provinciales de este periodo, por lo menos a partir del concilio de Lérida de 1460, y siempre en representación del obispo de Valencia (Madurell, 1947: 134-135, 137 y 146).
d Inicialmente citado como canónigo de la Seo de Urgel, pasó luego a serlo de la catedral de Barcelona. Al decir de Julia Conesa, fue uno de los canónigos más influentes del cabildo; véase un extracto biográ- fico en Conesa (2017) v.2: 70 (agradezco a la autora la consulta de su tesis). A pesar de los diferentes cargos y las muchas ocupaciones que tuvo a lo largo de su extensa vida, también fue promotor de obras artísticas como el retablo de San Sebastián y Santa Tecla, donde aparece representado como figura donante; véanse más datos en Jardí (2009): 472-474. Aquí me propongo incidir en otras actividades menos conocidas de este personaje.
Además de dar a conocer la cronología de los subsidios que hemos estado comentando, también es necesario incidir en algunas cuestiones acerca de los contribuyentes concernidos: de entrada, eran exacciones que afectaban a todos los beneficios eclesiásticos de la Corona de Aragón, esto es, a todo el clero, estuviera exento o no de la jurisdicción episcopal, fuera secular o regular, sin hacer salvedades con ninguna orden, fuera masculina o femenina, religiosa o militar (así figura, por ejemplo, en el cartel mandado publicar por el subcolector de Vic), de tal modo que también se incluían las órdenes mendicantes.65 En general, debían contribuir todos aquellos que percibían rentas eclesiásticas en los dominios occidentales del rey de Aragón, por lo que también podía alcanzar, en principio, a los administradores de limosnas, misas de aniversarios y demás causas pías. Los únicos eximidos serían, como de costumbre, los cardenales,66 así como los beneficios que tuviera adscritos el propio papa, como era el caso de la mensa episcopal de Valencia, que Alfonso de Borja ya poseía antes de ser investido como papa con el nombre de Calixto III.
Por otra parte, los beneficios que estaban empeñados a los acreedores quedaban exonerados de cualquier contribución, tanto por razón de subsidios como por décimas (no en balde, la época coincide con la exacción impuesta con motivo de la cruzada contra el turco), siendo esta exoneración válida por un periodo de veinte años, en virtud de una bula papal de 1456.67.
Concerniente al subsidio consignado a la luición de los censales de la Cá- mara Apostólica conocemos algunos datos globales sobre la recaudación prevista en la diócesis de Valencia, en donde actuó el canónigo Jaume Eixarc.68 La cantidad con la que debía contribuir el clero de la diócesis valentina daba 6.845 libras, esto es, aplicando la tasa establecida (2 sueldos y medio por libra) a la base imponible, que sumaba un total de 54.761 lb. 4 s. 10 d. Esas cuentas fueron enviadas a uno de los acreedores de la Cámara Apostólica en Barcelona.69
3.2. La concordia de 1456 (a propósito del subsidio)
Según las bulas de Calixto III, toda la recaudación del subsidio debía ser puesta a disposición del trío Desplà-Boscà-Cavallería; a ellos debían rendir cuentas todos los colectores, incluyendo en esto tanto los comisarios principales como los subcolectores de las diferentes diócesis. Así pues, para llevar a cabo su misión principal (recordemos: la total extinción de la deuda censal de Benedicto XIII), esos tres individuos tuvieron que operar estrechamente con los comisarios eclesiásticos encargados de la percepción del subsidio —comisarios que pudieron ser designados por aquellos tres—, pues, a partir de las cantidades que les fueran transferidas, irían realizando las luiciones.
Según la información de que disponemos, primero tuvo lugar un acuerdo entre los tres acreedores y los diferentes nuncios pontificios que tenían potestad para gestionar este asunto (en principio, Jaume Girard, obispo de Barcelona, y Guillem Ponç de Fonollet, a los que luego se incorporarían Joan Andreu Sorts y Jaume Eixarc, oficial de Valencia).70 Este acuerdo obtuvo la aprobación del papa el 8 de septiembre de 1456, considerando, como se indica en la misma bula, que redundaba «in evidentem utilitatem nostram sedis et camerae, necnon cleri beneficiorum, personarum et ecclesiarum praedictarum».71 Más tarde, en virtud de la concordia establecida el 23 de octubre entre, de una parte, los representantes de la Tarraconense y la diócesis de Elna,72 y, de otra, los comisarios/colectores del subsidio (Guillem Ponç de Fonollet y Joan Andreu Sorts, estos dos teniendo el consentimiento de los tres acreedores), los primeros aceptaban contribuir en el subsidio impuesto por dicho pontífice a razón de 2 sueldos y medio por libra «per luïció dels benifficis per la Cambra Apostòlica specialment obligats», esto es, lo aceptaban sin ninguna condición y prometiendo retirar cualquier apelación interpuesta por este motivo. Por su parte, los dos citados comisarios renunciaban a ejercer toda acción de fuerza contra el clero de la Tarraconense («prometen de sospendre les censures per ells fulminades per rahó del dit subsidi o la primera tanda de aquell»); mientras tanto, se esperaría que también el clero de la provincia de Zaragoza se pronunciase a favor del pago del subsidio; por tal motivo, debía ser elegida una persona que visitaría la provincia vecina para tratar de conseguir su adhesión.
El dinero recaudado en el ámbito de la Tarraconense se depositaría en el sagrario de la catedral de Barcelona, concretamente, dentro de una caja que estaría guardada con tres llaves repartidas entre el deán de la catedral (mossèn Bernat de Casasaja), el comisario Fonollet y los tres acreedores. En función del numerario disponible, se irían realizando las luiciones respecto de aquellos censales que percibían los censalistas de Barcelona; en cambio, en aquellas diócesis donde también había algún censalista, se utilizaría en primera instancia el dinero que pudiera ser recaudado en la misma diócesis, y sólo si quedaba un sobrante, se enviaría a Barcelona para usarlo con el mismo propósito.
Llegados hasta este punto, y antes de proseguir con otras cuestiones, veamos quiénes conformaban el colectivo de acreedores en esa época.
4. Los acreedores de la Cámara Apostólica a mediados del siglo xv.
Hasta ahora, como ya expuse en mi anterior trabajo sobre la etapa inicial, teníamos identificados los censalistas que comenzaron a percibir pensiones de censales en los años inmediatamente posteriores a las primeras emisiones realizadas. Para la etapa que estoy analizando aquí, contamos con una lista parcial de 1430 (cf. nota 35), y otra de 1456.73 Esta otra parece estar completa; no en balde, la anotación de los nombres de todas las personas que formaban parte de ese colectivo tenía una finalidad precisa: expresar la renuncia a las generales obligaciones que tenían adquiridas en razón de sus contratos, como así fue aceptado por la mayoría de ellos.74.
Cuadro 3. Lista de acreedores de la Cámara Apostólica (v.1456)

Grupos	Listado de nombres
Militares (9)	Guerau Gilabert de Cruilles noble,mossen Franci Despla caballero,Jaume Pere Janer(y Bernat Miquel de Juia),FranciMarc donzell,JoanyJaume Antoni de Palou,y Francesc Sassala,además de Ginebra, viudade Jaume Bertran.
Ciudadanos deBarcelona (33)(foraneos)	Francesc,Joan [Francesc] y Joan Brigid Bosca,Ramon Despla y Eleo-nor,mujer de Francesc Despla,Berenguer,Joan,Pere y Romeu Llull,Pere Joan Conesa,Galceran Dusai,Joan Galceran Dusai?,Felip Foixalias de Ferrera,Joan de Marimon,Ramon Marquet?,Ramon Merles,Galceran Benetd&x27;Ortal,Pere Sestrada y Berenguer Seiol.Otros (presuntamente ciudadanos barceloneses):Bertran Desvall, Ber-nat y Pong de Gualbes,Bernat de Marimon,Mateu de Soler, JaumeGenis de Vallseca y Joan Benet Viceng.Mercaderes (4): Jaume Desquer alias Despuig,Lloreng Martina,RafaelOller y Joan de Torralba,además de Joana,mujer de Pere Doy,patrónde nave.Luis y Pedro de la Cavalleria,ciudadanos de Zaragoza.
Eclesiasticos (5)(conventos yotras institucionesreligiosas)	El precentor de la sede de Barcelona [seria Francesc Despla] y GuillemPong de Fonollet, sacristán; ademäs de tres presbiteros vinculados a lamisma sede:Pere Siurana,Rafael Uruga y Francesc Totesaus.La Mercé,Valldonzella (Nicolau Lor, procurador),Jonqueres y SantaAnna,ademas del monasterio de Montalegre.La iglesia de Santa Maria del Mar y el hospital de la Santa Creu deBarcelona.
Institucioneslaicas	Diputados del General de Cataluna.

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Como vemos, el colectivo en cuestión estaba configurado por una cincuentena de personas, además de varios entes eclesiásticos, sobre todo conventos. La principal novedad sería la incorporación de la Diputación del General de Cataluña, cuyo censal le habría sido transferido por algún particular. Por otra parte, la mayoría de ellos continuaban siendo instituciones y personas domiciliadas en Barcelona.75.
A partir de entonces, como ya se ha visto, la representación del colectivo de censalistas de la Cámara Apostólica estuvo conformada por mossèn Francesc Desplà, Joan Francesc Boscà y Luis de la Cavallería. Los tres figuran en la lista de acreedores que acabo de dar, donde también encontramos a otros miembros de sus respectivas familias.76 Dado el protagonismo que pasaron a tener en la gestión de este asunto, no está de más indagar, en la medida de lo posible, sobre sus orígenes familiares.
4.1. Las familias Desplà, Boscà y Cavallería.
Los Desplà representan a una familia de «ciutadans honrats», una de cuyas ramas fue ennoblecida. El tal Francesc era descendiente de Joan Desplà «dit major», que fue tesorero de los reyes Martín I y Fernando I (y «conseller en cap» de Barcelona durante la época del Interregno). Se trata de la rama nobiliaria de los Desplà. Francesc o Francí Desplà, alias de Conomines, pertenece a la oleada de nueva nobleza promocionada por la monarquía Trastá- mara, ya que fue investido como caballero por el propio Alfonso el Magnánimo.77 El representante de los acreedores de la Cámara Apostólica pudo ser tanto este primer Francesc Desplà (muerto después de 1462) como su hijo homónimo, que debió de suceder a su padre al frente del mismo cargo o responsabilidad. Este otro también ejerció como Maestre Racional del rey, por lo menos hasta 1488.
Por su parte, Joan F. Boscà pertenecía a otra familia de «ciutadans honrats» de Barcelona y señores, por lo menos desde 1459, de la villa de Cubelles. Este personaje es conocido por sus inclinaciones literarias, ya que es autor de unos anales o Memorial històric de la época que le tocó vivir, sobre todo del periodo de la guerra civil catalana. Hijo de Joan Brígid, que fue clavario de Barcelona, también ocupó diferentes cargos de tipo económico en la ciudad: fue, según Morales, cónsul de la Lonja de Mar y guardián de monedas. Como toda su familia, perteneció al ala moderada de la Biga —el partido de la oligarquía barcelonesa—, de manera que, al estallar la guerra, se posicionó a favor del rey e incluso participó en la organización de la Diputación Realista de Tarragona, motivo por el cual sufrió represalias sobre sus propiedades. Después de la guerra —cuando, según el registro del notario Ginebret, aparece inscrito como consejero del rey—, fue recompensado con el cargo de Racional de la Diputación. A su muerte, en 1480, uno de sus hijos pasó a ocupar sus mismas funciones, siendo también continuador del Memorial.78.
Así pues, ambos personajes procedían del mismo medio social.79 Según parece, el propio Joan F. Boscà tenía vínculos familiares con los Desplà.80 Por otra parte, cabe destacar sus actividades profesionales como interventores de distintos organismos públicos, lo que tendría mucho que ver también con el papel que ambos desempeñaron al frente del colectivo de acreedores de la Cámara Apostólica.
Tan o más interesante es el caso de Luis de la Cavallería, que siempre aparece registrado como ciudadano de Zaragoza, aunque estuviera actuando en Barcelona. Como es sabido, los Cavallería/Caballería eran una importante familia zaragozana de origen judío.81 Algunos ocuparon importantes cargos al servicio de la nueva monarquía. El jefe del clan, Bonafós (cristianizado, tras su conversión, como Fernando), fue tesorero de Fernando I; uno de sus hijos, Pedro, famoso jurista, fue Maestre Racional de Aragón (como se ha visto, en
1430 se le encargó revisar las cuentas de los censales de la Cámara Apostólica); y otro descendiente (Alfonso) llegó a ser primer presidente del Consejo Supremo de Aragón, y amigo personal de Fernando II.82 Durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, algunos miembros de esta familia despuntaron como prestamistas de la corona.83.
Los Cavallería se expandieron por otras ciudades de la Corona de Aragón, estableciendo enlaces con algunas poderosas familias conversas: en el caso de Barcelona, con los Bertran.84 Uno de ellos (Felipe) ya se documenta como ciudadano barcelonés a mediados del siglo xv, siendo su profesión la de mercader y cambista.85 No sabemos cuál sería la conexión familiar de Luis, siempre citado como ciudadano de Zaragoza,86 con los Cavallería barceloneses. Como otros miembros del linaje zaragozano, también estuvo al servicio de la monarquía, pues en alguna de la documentación que manejamos se lo cita como tesorero de Juan II; en relación con otros Cavallería, lo encontramos vinculado a un Alfonso, cuyo grado de parentesco con él desconocemos, y a un hijo homónimo, que devino clérigo.87.
Ahora bien, ¿qué llevó a un representante de esta familia de conversos a tener parte en la cuestión de los censales de la Cámara Apostólica? Sin duda, habría que considerar factores diversos: la proximidad de esta familia con los Trastámaras y el hecho de ostentar importantes puestos en la administración real; también teniendo en cuenta la implicación en todo este asunto de la camarería de Zaragoza, que era una canonjía importante por lo que a percepción de rentas se refiere, y el hecho de poder operar a partir de las redes comerciales establecidas entre Cataluña y Aragón por miembros de la propia familia junto con otros mercaderes relacionados con ellos. Sea como fuere, Luis de la Cavallería asumía, en cierto modo, la representación aragonesa frente a los otros dos acreedores barceloneses.
En todo caso, estas tres personas desempeñaron un rol diferente del que habían tenido, hasta entonces, otros representantes de aquel colectivo, por cuanto su misión principal era la de llevar a cabo la amortización de los censales de la Cámara Apostólica, de ahí que se les pusiese la etiqueta de «dominos jus luendi». Además, también pasaron a actuar sobre los beneficios especialmente consignados sobre esa deuda censal de la forma que veremos acto seguido.
4.2. Beneficios «intervenidos»
Ya sea a causa de problemas de tipo contable o por otros motivos que desconocemos, entre los tres encargados de liquidar la deuda censal surgieron algunas fricciones, lo que desembocó en una sentencia arbitral dictada el 1 de julio de 1458 por los ya conocidos fray Joan de Nea y el canónigo Joan Andreu Sorts.88 En ella se alude al repartimiento que habían hecho sobre los beneficios de Benedicto XIII, a saber: Francesc Desplà se había adjudicado la pabordía de abril de Valencia; Joan F. Boscà hizo lo propio con la pabordía de mayo de Valencia; finalmente, Luis de la Cavallería tuvo asignada la camarería de Zaragoza. Tal reparto se hizo a condición de poder proponer como titulares de esos beneficios a sus hijos segundones: así, Luis de la Cavallería júnior pasó a ser camarero de la sede zaragozana;89 la pabordía de abril de Valencia quedó en posesión de Lluís Desplà,90 mientras que Pere Boscà, hijo de Joan Francesc, pasó a ocupar la otra pabordía (la de mayo).91 Los demás beneficios implicados (enfermería de Segorbe, sacristía de Tortosa, camarería de Tarragona) debían quedar a disposición común del consorcio Desplà- Boscà-Cavallería, de manera que serían éstos los que decidirían qué personas podrían ocupar tales beneficios. Ello traduce un cierto grado de patrimonialización de esos beneficios, sobre todo de los tres que fueron objeto de la repartición, que a partir de entonces quedaron «a disposició particular de quiscú d’ells». Ahora bien, si ésta era una forma de asegurar un porvenir a algunos miembros de esas familias y de promocionar sus respectivas carreras eclesiásticas, el principal objetivo seguía siendo el mismo: el de utilizar las rentas de esos beneficios para ayudar a pagar los gastos de la luición de los censales, junto con el dinero procedente del subsidio.92 Todo lo que no bastara al pago de las luiciones y demás gastos tendría que ser suplido de los bienes propios de los tres citados acreedores, proporcionalmente al valor dado a cada beneficio. Para ello, se señalan las siguientes valoraciones convenientemente actualizadas: la pabordía de abril era valorada en 12.500 sueldos, la de mayo en 7.000 sueldos y la camarería de Zaragoza en 21.000 sueldos («les quals quantitats declaram ésser los vers valors dels dits tres beneficis»). Realizando la correspondiente conversión monetaria: 975 lb. las dos pabordías juntas y 1.050 lb. la camarería. [compárense estas cifras con las expuestas en el cuadro 1]
Asimismo, tras esa sentencia, el mismo Joan Andreu Sorts, esta vez junto con Guillem Ponç de Fonollet,93 daban potestad a los nuevos titulares de aquellos tres beneficios para que, de acuerdo con lo dispuesto por el papa, pudieran proceder a arrendar sus rentas «en aquelles persones ecclesiàstiques o laiques ab les quals lur condició poran fer millor» por un período de veinte años (como ya se ha dicho, era el periodo durante el cual esos beneficios quedaron exonerados del pago de cualquier subsidio), y ello debía mantenerse en vigor independientemente de los cambios que pudieran darse en la titularidad o de si quedaban vacantes. Así pues, tal era el periodo de tiempo que se estimaba necesario para lograr la total extinción de la deuda censal, lo que nos llevaría hasta 1478.94.
Por otra parte, los contratos de aquellos censales que fueran redimidos, se harían llegar a manos de Fonollet y Sorts para pasar a ser custodiados en el archivo de la provincia de Tarragona, pero quedando a disposición de los arrendatarios toda vez que tuvieran necesidad de obtener alguna copia con la que poder defenderse frente a posibles reclamaciones, y siempre a condición de devolver al archivo todos los documentos sustraídos.
A propósito de Joan Andreu Sorts, podemos destacar su papel omnipresente en todo este proceso, pues también pasó a ser administrador de los derechos de la camarería de Zaragoza y las pabordías de Valencia, una tarea que debió alternar con la recaudación del subsidio impuesto a todo el clero de la Corona de Aragón. Se trata, por otra parte, del mismo personaje que fue vicario general del arzobispado de Tarragona, y como tal participó en algunas de las asambleas de la Tarraconense de este periodo.95.
Justamente, en las asambleas reseñadas por Madurell se trató en diferentes ocasiones del tema que nos ocupa, ya desde el concilio celebrado en Cervera en 1457. Más tarde se hace referencia al subsidio consignado a los tres acreedores que ya conocemos y a la concordia firmada con ellos por parte de los comisarios de la provincia. Llegados a 1460, se da cuenta, aún en el marco de la asamblea celebrada en Barcelona, de cierta comisión constituida por el clero de la provincia para estudiar la cuestión de la luición de los censales de la Cámara Apostólica.96 La subsiguiente asamblea o parlamento de Lérida del mismo año se convocó, en principio, para seguir gestionando este asunto.97 Y como queda recogido en ciertos capítulos emanados de esa reunión, el propó- sito era actuar con la máxima diligencia para no dar ocasión a alegaciones de estar incumpliendo la concordia firmada entre la provincia y los tres acreedores. Asimismo, se advertía que si estos no cumplían su misión en el plazo que tenían prefijado de seis meses, que a la sazón ya prácticamente estaría a punto de vencer (como se recordará, era el plazo marcado luego de la finalización de la recaudación del subsidio para llevar a cabo la luición de los beneficios consignados a esa deuda), se procedería a saldar las cuentas pendientes.98
5. La amortización de los censales de la Cámara Apostólica en la segunda mitad del siglo xv.
Aunque ya anteriormente se habría podido realizar la amortización de algún censal (a propósito del subsidio establecido en 1450), fue después de la mencionada concordia con los tres acreedores cuando se pudo avanzar de forma más decidida en ese objetivo.
Al parecer, estaba establecido que la segunda tanda del subsidio no podía ser ejecutada si antes no se habían realizado ya algunas luiciones.99 Pues bien, según una de las fuentes consultadas, sabemos la cantidad que, procedente de la primera tanda, fue empleada en tal menester por parte del consorcio Desplà- Boscà-Cavallería: «Han pagat e convertit los dits tres creedós en luïció e quitament dels censals de la Cambra segons se mostra per àpoques e cauteles fermades e dites fetes en la taula de la ciutat de Barcelona»: 8.990 libras respecto del total recaudado, que era de 9.100 libras.100 No sabemos qué censales habrían sido redimidos en esa primera fase del proceso, pero sí estamos informados de las amortizaciones —totales o parciales— realizadas en 1460-1461.
El hecho es que todo se iba ejecutando a partir de las cantidades libradas directamente por algunos de los subcolectores que operaban en las diferentes diócesis,101 cuando no eran cantidades depositadas en la Taula de Canvi de Barcelona mediante dites mandadas escribir por Joan Andreu Sorts, como colector y principal comisario, y satisfechas a través de diversos mercaderes, entre los cuales se hace mención, por ejemplo, a Felip de la Cavallería, ciudadano de Barcelona.102.
Entre los beneficiarios de esas luiciones, figuran Nicolau Carroç de Arborea, noble domiciliado en Cerdeña, y algunos eclesiásticos, como la abadesa (sor Elionor de Rajadell) y demás monjas clarisas del convento de San Antonio de Barcelona, o sea, tanto de censalistas que ya teníamos incluidos en la lista de 1456 como de otros que no.103 En algún caso, también se optó por pactar reducciones, esto es, mediante rebajas del tipo de interés, lo que suponía pagar una pensión menor.104 Otra de las tareas encomendadas al trío Desplà-Boscà-Cavallería fue la de hacer frente a las sumas adeudadas, de acuerdo aún con la transacción que suscribiera en su día el comisario Joan de Nea.105.
Por encima de todo, destaca la suma satisfecha a Joan Almugàver, caballero domiciliado en Barcelona, hijo del ya difunto Antic Almugàver, de $4 0 \ \mathrm { m i l }$ sueldos (2.000 lbs.) en concepto de «arreratges». 106.
A lo largo de todo este proceso, se dejan traslucir problemas de orden técnico-contable, ya que las cuentas realizadas hasta entonces no estaban muy claras y fue necesario ir calculando una por una para proceder luego en consecuencia: un buen ejemplo de ello serían las cuentas finiquitadas con el caballero Joan de Palou. No voy a detenerme a comentarlas (véase el cuadro 2 del Apéndice y las correspondientes cifras allí expuestas); tan solo me interesa destacar la magnitud de las cantidades debidas a todo el colectivo en concepto de atrasos, pues se llegan a contabilizar más de 23.000 libras, la mitad de las cuales adjudicadas a la camarería de Zaragoza.
El hecho es que había muchos censales que no pudieron ser redimidos en el plazo marcado. Además, no todos los censalistas habían hecho la renuncia que se les pedía, mientras otros volvieron a interponer recursos ante el veguer de Barcelona.107 En definitiva, las expectativas habrían quedado frustradas de cara a conseguir la completa liberación de la Cámara Apostólica y de los beneficios especialmente consignados; mientras tanto, el clero de la Corona de Aragón seguía estando expuesto a las acciones legales de los acreedores.
Para acabar de complicar la situación, la guerra civil de 1462-1472 iba a traer otros problemas afectando a la recaudación del subsidio: al parecer, los subcolectores no pudieron rendir cuentas con los tres acreedores del dinero que habían recaudado, el comisario Joan Andreu Sorts perdió parte de sus libros contables (más tarde se alude a la sustracción, en septiembre de 1462, de las cuentas que tenía este comisario en su casa, correspondientes a los años 1460, 1461 y 1462) y, por otra parte, estaba el tema de las confiscaciones llevadas a cabo por el rey sobre los censales que percibían los rebeldes de Barcelona, liderados por el General de Cataluña. Al respecto, existió una sentencia emitida por Joan Andreu Sorts en 1477 sobre deudas pendientes del tiempo de la guerra,108 toda vez que se hace alusión, por otra parte, a cierto pacto suscrito por los tres acreedores con los diputados del General ya antes de la guerra, en 1458.
Naturalmente, las pensiones de aquellos censales que no pudieron ser redimidos debían seguir siendo satisfechas en las fechas asignadas. En el marco del concilio celebrado en Barcelona en 1469, se da cuenta del establecimiento de un gravamen semanal a fin de atender a varias necesidades, incluyendo el pago de los censales de la Cámara Apostólica.109.
El hecho es que, no sólo durante la guerra sino también durante los años subsiguientes, muchos de los censalistas barceloneses que percibían censales sobre la Cámara Apostólica no pudieron cobrar sus pensiones a causa de las consiguientes donaciones realizadas por el rey a favor de sus leales. Entre los perjudicados encontramos a Bernat (o Bernardí) Rossa, clérigo de Vic obtentor de un beneficio en la iglesia del monasterio de Pedralbes, que a la sazón tenía adscrita una pensión de censal sobre las rentas de la camarería de Zaragoza con un tipo de interés del $6 { , } 6 \%$ . El trío Desplà-Boscà-Cavallería le hizo una oferta en 1478, por la cual podría recuperar la posesión de dicho censal junto con el cobro de las futuras pensiones, pero a condición de rebajar el tipo de interés al $5 \%$ , como ya habían hecho otros acreedores; en caso contrario, seguiría sin poder cobrar su pensión.110 El interpelado habría acabado aceptando la oferta, de acuerdo con la «reductio» que se registra en el volumen del notario Ginebret con fecha algo posterior.111.
Después del citado conflicto bélico, siguió recaudándose, si es que se había interrumpido, el subsidio destinado a la luición de estos censales en todas las diócesis de la Corona de Aragón. Durante todo este tiempo, Joan Andreu Sorts no sólo continuó actuando como uno de los dos comisarios eclesiásticos situados al frente de esa recaudación, sino también como administrador de las rentas de las pabordías de Valencia y la camarería de Zaragoza, de ahí que tuviera distintos procuradores operando en una y otra ciudad para gestionar las consiguientes rentas beneficiales.
A propósito de la camarería zaragozana, se señalan ciertas dificultades a causa de la dispersión de sus rentas por todo el reino de Aragón y por inconvenientes interpuestos por parte de los señores temporales de los lugares de donde debían extraerse, todo lo cual iba en detrimento de los propios arrendatarios, «e axí moltes rendes de la dita cameraria se perden e van a mal per aquests respectes e molts altres». Ello motivó la revocación del procurador Bartomeu Gascó, ciudadano de Zaragoza,112 y su sustitución por el propio camarero (mossèn Luis de la Cavallería), creyendo que de esta manera las cosas irían a mejor.
El nuevo arrendatario (un mercader zaragozano llamado, en nuestras fuentes, Lleonard Eli)113 se comprometió a satisfacer cada año —a lo largo de los cuatro que debía durar el arrendamiento— todos los gastos de vestuario y demás cargos ordinarios a los que estaba obligada la camarería para con la sede de Zaragoza; hecho esto, entregaría al comisario Sorts 9.000 s.j. para pagar las pensiones a las cuales estaban adscritas las rentas de este beneficio; todo lo que sobrara sería empleado, al parecer, en la luición de esos censales. En cuanto a la cantidad destinada al pago de las pensiones, también fue acordado crear un depósito anual de 200 lb.b. a favor de Sorts, a cuenta de las pensiones confiscadas a los rebeldes.114 Justamente, uno de los beneficiarios de esas confiscaciones había sido Gonçalvo de la Cavallería, a quién el rey le había hecho donación de algunas pensiones.115.
Por lo que respecta a las pabordías de Valencia, después de las cuentas gestionadas durante el periodo 1455-1467, que dieron superávit, vinieron otras cuentas para el periodo 1468-1476 que fueron deficitarias a causa de «róssechs diffícils de exigir». Para intentar recuperar esas rentas fue acordado que se recurriría tanto al vicario general del obispo de Barcelona como al veguer de la misma ciudad. El comisario Sorts recibiría de los albaceas de quien administró esas rentas (se alude a mossèn Joan Pedró, presbítero beneficiado en la Sede de Valencia) hasta 47.000 reales de Valencia, en diversos plazos. Esta concordia fue suscrita con la intervención, y aprobación, de los procuradores de los tres acreedores que detentaban el «jus luendi», así como también de los procuradores de los dos pabordes de Valencia (Lluís Desplà y Pere Boscà) y del camarero de Zaragoza (Luis de la Cavallería).116.
La administración de Joan Andreu Sorts fue contabilizada por un total de dieciséis años, concretamente, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1462 y el 30 de abril de 1478. El propio Sorts pidió presentar la rendición de cuentas al término de ese periodo —en fecha posterior, pues, al mes de abril de $1 4 7 8 -$ , ya que aún no tenía disponibles las cuentas de su procurador de Zaragoza.117 Ya a principios de 1479, Francesc Desplà, Joan Francesc Boscà y Alfonso de la Cavallería, éste último como sucesor de Luis, emplazaron a dicho canónigo a rendir cuentas de todo lo que había administrado del subsidio hasta la fecha,118 pero al respecto se planteaban ciertos problemas: primero, porque pedía un salario muy elevado y, por otra parte, sólo daba razón de sumas percibidas por él y no por las que había percibido junto con el otro comisario (Fonollet), entonces ya difunto. Asimismo, Sorts entregó un libro que decía haber confeccionado con mucho trabajo (de ahí seguramente la postulación de sus honorarios) donde se mostraba «lo procehit del dit subsidi, quals personas ho han rebut e en poder de qui per vosaltres, als quals consignat era, és pervengut». Sin embargo, se trataba de una recomposición a posteriori de esa contabilidad, ya que a causa del tiempo transcurrido (y que la mayor parte de los subcolectores ya habían fallecido), también a causa de los disturbios de 1462 (otra vez en alusión a la dispersión, al inicio de la guerra, de las cuentas que tenía en su casa) y de otros motivos de índole administrativa, mucha de esa documentación se había perdido o extraviado. El libro en cuestión no se ha conservado, pero disponemos de otras fuentes documentales que nos indican el balance final de esa contabilidad.
En mayo del mismo año (1479), Joan Andreu Sorts dió aviso a todos los subcolectores del subsidio, como también a sus herederos o albaceas (en relación aún con el subsidio establecido por Calixto III en 1456), para que rindieran cuentas de sus colectas no a él sino a una persona designada por el consorcio Desplà-Boscà-Cavallería.119 No en balde, al canónigo Sorts se le recriminaba que había sido negligente y no había recaudado todo lo que podía exigir al respecto.120 En concreto, de la recaudación del subsidio había recibido casi $1 4 ~ \mathrm { m i l }$ libras (exactamente 13.953 lb. 18 s. 4 d.), aunque esa suma, una vez hechas determinadas correcciones sobre algunas partidas, sería algo menor a tenor de la sentencia dictada en 1482 a propósito de la serie de reclamaciones postuladas por los Desplà y los Boscà sobre la gestión llevada a cabo por Sorts.121 En cumplimiento de dicha sentencia, éste tuvo que transferir a la.
Taula de Canvi de Barcelona las algo más de 2.000 libras anotadas como resta de saldo.122.
Después de todo lo expuesto, no hay duda de que Joan Andreu Sorts tuvo un papel central en todo este asunto. Como se verá después, él mismo se convirtió en acreedor al adquirir uno de los censales de la Cámara Apostólica que luego traspasó a un familiar en virtud del testamento que realizó en 1503.
5.1. Pervivencia del problema de los censales de la Cámara Apostólica en época posterior.
Parece evidente que la total extinción de la deuda censal de Benedicto XIII no se consiguió, sino de manera muy parcial. Entre 1478-1480 tenemos registradas algunas luiciones más, pero aún quedarían muchos censales sin amortizar. Por otra parte, no tenemos constancia del establecimiento de otros subsidios sobre el clero más allá de los anotados para la década de 1450, aunque habría que seguir investigando al respecto.
Sea como fuere, la cuestión de la amortización de los censales de la Cámara Apostólica pasó a ser gestionada por otros tres acreedores descendientes de los primeros titulares, esto es, por Alfonso de la Cavallería (la sustitución parece coincidir con el hecho de que Luis de la Cavallería pasara a desempeñar el cargo de tesorero real) y Joan Valentí Boscà, hijo de Joan Francesc, en este caso a partir de 1480.123.
Lo cierto es que, aún durante la primera mitad del siglo xvi, subsistían pensiones percibidas sobre la camarería de Zaragoza y las pabordías de Valencia. En un registro notarial conservado en el ACB aparecen recogidos diversos instrumentos relacionados con el pago, por parte de los titulares de esos beneficios, de algunas pensiones a favor de diferentes personas; en ocasiones se trata de pagas satisfechas por comendadores o bien por mercaderes actuando como arrendatarios de las rentas de esos beneficios. Por el momento, no podemos evaluar cuántos censales quedarían por rescatar, cuando, por otra parte, aún se estaban realizando luiciones de manera más o menos puntual.124 Muy probablemente, estas amortizaciones serían hechas a partir de los ingresos obtenidos de los propios beneficios, que por aquel entonces debían estar gravados por un número menor de pensiones o, en todo caso, estarían supeditados a un volumen de transferencia más llevadero.
He escogido, un poco al azar, dos ejemplos de luición: uno de 1505, correspondiente al censal que a la sazón percibía un caballero barcelonés, y otro de 1514, respecto del censal que tenía adjudicado un pariente del canónigo Sorts. Ambos casos son interesantes por el hecho de contener la cronología de los sucesivos traspasos de esas pensiones de censal, desde la fecha de creación hasta su amortización o final cancelación.
En el primer caso, Pere Berenguer Barutell, miles domiciliado en Barcelona confiesa recibir de Lluís Desplà, paborde de abril, y Llorenç Basset, paborde de mayo (en la sede de Valencia) 23.325 s.b. por la luición de la pensión que satisfacía el 25 de julio sobre los bienes, derechos y emolumentos de la Cámara Apostólica, y especialmente sobre los réditos de las indicadas pabordías. Además del precio de la luición, también se le pagaba la pensión íntegra de 1503 (77 lb. 15 s.) y una prorrata de la de 1504 (54 lb. 12 s.). Dicho censal se remontaba en su mayor parte al que vendió el comisario Francesc de Blanes a Nicolau Bassa, apotecario de Barcelona, según instrumento suscrito en Tarragona por el notario Pere Granyana con fecha del 30 de agosto de 1407. Este censal fue tasado a un interés del $6 { , } 6 \%$ (2.000 sueldos de pensión y 30.000 sueldos de precio). Pocos años después, el comprador hizo cesión de su censal a favor de Guerau de Palou, ciudadano de Barcelona, según quedó anotado por el notario Francesc de Manresa en la misma ciudad el 24 de septiembre de 1407. Éste lo traspasó a su vez a su único hijo y heredero Jaume Antoni, doncel, según constaba en su testamento realizado el 18 de diciembre de 1434, recogido por el notario barcelonés Pere Andreu. Posteriormente, fue objeto de una luición parcial, por un capital de 333 lb. 15 s., según fue escriturado por el notario que ya conocemos, Bartomeu del Bosc, el 23 de febrero de 1459. El hijo de Jaume Antoni de Palou, de nombre Jaume Guerau, era quién debía haber adquirido el censal si las circunstancias lo hubieran permitido; sin embargo, como rebelde y afecto a la causa contra la monarquía, el traspaso de padre a hijo no se llevó a cabo. Juan II, hallándose a la sazón en Tortosa, lo adjudicó a fecha de 27 de agosto de 1466 al citado Pere Berenguer Barutell, aunque al parecer éste ya había recibido previamente cierta cantidad de ese censal. Y finalmente llegamos a fecha 24 de enero de 1505, cuando se realizó la luición completa del censal (después de casi un siglo de vida) con un tipo de interés que se había mantenido igual que al principio. Como de costumbre, todas las escrituras generadas a propósito de esa renta, comenzando por el instrumento de venta y la escriptura de terç suscrita en la curia del veguer de Barcelona, fueron debidamente canceladas.
En el segundo caso fue Joan Sorts, mercader y Maestre Racional del rey, quién reconocía al arzobispo de Zaragoza, aunque ausente (lo era Alfonso de Castilla y de Aragón), como administrador o comendador de la camarería, y a su procurador, Joan Sacirera, miles «familiar» del prelado, de haber sido satisfecho con 1.000 libras correspondientes al precio de una pensión de 1.000 sueldos que percibía anualmente el 24 de octubre sobre los derechos de la Cámara Apostólica, y más especialmente sobre las rentas de la indicada camarería. Al precio de la luición se le adjuntaba otra cantidad (21 lb. 12 s. 3 d.) correspondiente a la prorrata de la pensión.
Dicho censal fue vendido por Vicenç Sagarra, abad de Áger y canónigo de Tortosa, en tanto que comisario de Benedicto XIII, a favor del mercader barcelonés Bertran Nicolau, a fecha de 24 de octubre de 1409 y con intervención del notario de Barcelona Bernat d’Esplugues. La pensión era de 5.000 s.b. y se vendió por 3.000 libras a un tipo de interés, por tanto, del $8 { , } 3 3 \%$ . Recordemos que este censal se situaba en el primer puesto del ranking —en cuanto a la cuantía consignada— de todos los vinculados a la Cámara Apostólica. Como es sabido, dicho mercader repartió toda su fortuna entre diversas instituciones religiosas; la renta en cuestión fue a parar, a título de donación, al prior y convento de predicadores de Barcelona, recibiéndolo en nombre de cierto oratorio que luego fue trasladado a dicho establecimiento mendicante; así quedó registrado por el notario barcelonés Arnau Lledó con fecha del 4 de mayo de 1419.
Años más tarde (1434), los 5.000 sueldos de la pensión fueron transferidos en dos partes: una mitad (2.500 s.) pasó al mercader de Barcelona Joan de Torralba, que la compró por 30.000 sueldos (correspondiente a la mitad del capital inicial);125 y la parte restante a Francesc Desplà, ciudadano barcelonés (diferente, pues, de su homónimo militar), en dos instrumentos que fueron expedidos el mismo día $- 1 5$ de marzo—, pero por dos notarios diferentes: Antoni Brocat y Antoni Vinyes. Sin embargo, el segundo comprador no llegó a satisfacer la cuantía y dicha parte de censal tuvo que ser restituida a los frailes dominicos, según sentencia dictada por dos jueces en la escribanía de la corte del veguer, ya en 1466. De manera que este censal estuvo más de treinta años en manos de F. Desplà126 sin haber dado cumplimiento a la transacción econó- mica (entre tanto, no sabemos quién estuvo percibiendo la pensión, si es que se pagó), pero el caso expuesto no deja de ser sorprendente por la tardanza en la resolución judicial. Finalmente, dicha parte volvió a ser vendida por el mismo convento a un canónigo de Barcelona, ni más ni menos que Joan Andreu Sorts. Efectivamente, éste adquirió la correspondiente pensión (2.500 s.) al mismo precio (30.000 s.) que había satisfecho el comprador de la otra parte, según instrumento notarial del ya citado Antoni Vinyes con fecha del 10 de junio de 1478.127 Como vemos, los dominicos habrían hecho un buen negocio vendiendo el censal que recibieron a título de donación, en principio sin desembolsar nada, por un total de $6 0 ~ \mathrm { m i l }$ sueldos. Naturalmente, esta parte de la pensión que ahora nos ocupa continuaría estando adscrita a la camarería de Zaragoza. En 1482 el entonces camarero Llorenç de la Cavallería llegó a un acuerdo con el canónigo Sorts, en calidad de administrador de las rentas de ese beneficio, para reducir la pensión a 1.000 sueldos (y el capital a $2 0 \mathrm { m i l }$ ), según quedó registrado por el notario Bartomeu Costa, sénior, el 17 de septiembre. Más tarde, en el testamento fechado el 20 de junio de 1503, nuestro canónigo legó este censal a su sobrino Joan Sorts.128.
Ambas operaciones de luición fueron convenidas a través de la Taula de Canvi de Barcelona. Ni qué decir tiene, habría otras muchas operaciones realizadas a lo largo de esa época que podrían ser sacadas a la luz a partir de un vaciado exhaustivo del correspondiente registro notarial, en el cual también se documenta el pago de todas aquellas pensiones que aún no habían sido redimidas.129.
Por otra parte, ya nada sabemos en relación con los demás beneficios consignados a los censales de la Cámara Apostólica, si es que habían podido ser liberados más tempranamente de tal obligación, pues la mayoría tenían un menor número de pensiones asignadas, o si cabría pensar en una gestión al margen de la que he venido exponiendo hasta aquí.130.
En suma, no todos los censales emitidos a cuenta de la Cámara Apostó- lica pudieron ser rescatados, aunque, por el momento, no estamos en condiciones de hacer una evaluación global al respecto. Con todo, en el supuesto de que se hubiera destinado un mínimo de $2 3 \mathrm { \ m i l }$ libras a las operaciones de amortización a partir de lo recaudado del subsidio (a las 9.000 libras destinadas a tal menester de la primera tanda sumamos las 14.000 indicadas en el balance final del canónigo Sorts), aún estaríamos lejos de la cifra barajada como volumen total de capital tomado inicialmente en préstamo (en torno a $6 0 ~ \mathrm { { m i l } }$ lb.). Si no se pudo hacer más, sería por culpa de los cuantiosos «darreratges» que también debían ser satisfechos del subsidio. Sea como fuere, el problema creado por Benedicto XIII a principios del siglo xv había quedado más o menos resuelto en la década de 1480 y a partir de entonces ya no sería una cuestión considerada preocupante ni para el papado, cuya última disposición al respecto, por lo que sabemos, data de 1472 (cf. nota 98), ni tampoco para el clero de la Corona de Aragón, que, según parece, ya no se vio obligado a tener que satisfacer ningún otro subsidio por este motivo. De persistir el problema, éste quedó circunscrito al reducido ámbito beneficial que aún se mantenía vinculado a la obligación crediticia.
6. Conclusión.
La situación de la Cámara Apostólica, o para ser más precisos, de la colectoría de Aragón, es un exponente más —en el contexto de la Corona de Ara$\mathrm { { g o n - } }$ de una serie de instituciones que se endeudaron a tal punto que tuvieron que poner en práctica parecidas estrategias para intentar aminorar el impacto de esa deuda pactando con sus acreedores algún tipo de modificación o renegociación de las condiciones inicialmente establecidas. En el caso abordado aquí, el problema trasciende el ámbito estricto de la Corona de Aragón por cuanto también afectó, aunque fuera de soslayo, al papado, de ahí también el interés de determinados pontífices por intentar dejar el asunto, de algún modo, zanjado. Asimismo, fue una cuestión que involucraba a la Iglesia en dos facetas digamos contrapuestas: como parte obligada en esa deuda y a la vez como parte acreedora, dada la inclusión de algunos eclesiásticos e instituciones religiosas entre aquellos que adquirieron el derecho a percibir esas rentas.
Más allá de relacionarse con la gestión de algunos beneficios eclesiásticos, el tema tuvo repercusiones fiscales sobre el clero en su conjunto, pues sobre éste recayeron diversas contribuciones destinadas a liberar a la Cámara Apostólica y al propio clero de los problemas creados por esa deuda censal frente a las legítimas reclamaciones esgrimidas por el colectivo de acreedores. La recaudación de los sucesivos subsidios autorizados por Nicolás V y Calixto III fue dificultosa, primero por coincidir con otras contribuciones que debía percibir la monarquía.131 Más tarde, los desbarajustes provocados por la contienda civil del Principado llevaron a posponer la liquidación final del último subsidio hasta principios de la década de 1480.
Con todo, la década 1450 fue una etapa crucial para intentar solucionar el problema. Aunque hubo diferentes agentes eclesiásticos interviniendo en esta cuestión, los más destacados fueron Joan de Nea, Guillem Ponç de Fonollet y sobre todo Joan Andreu Sorts. Además del rol que tuvieron como comisarios de algunos subsidios, estos eclesiásticos ejercieron como mediadores en distintas concordias o sentencias arbitrales, y en el caso del canónigo Sorts, también como administrador principal de tres de los principales beneficios de cuantos estaban hipotecados a esa deuda.
Y por lo que respecta a los representantes del colectivo de los acreedores, destaca, por encima de todo, el trío Desplà-Boscà-Cavallería, que jugó un papel de primer orden a raíz de la constitución de su consorcio en 1456. Aparentemente, estos tres individuos fueron meros gestores dedicados a la amortización de los censales de la Cámara Apostólica, pero no sabemos muy bien si utilizarían esta situación para obtener ganancias de tipo crematístico, ya sea anticipando sumas o especulando sobre las rentas de los beneficios, cuya administración pudieron controlar en parte. Todo esto estaría al margen de otro tipo de contraprestaciones, como fue la adjudicación —a favor de sus respectivos hijos, seguramente como forma de asegurarles una carrera eclesiástica— de la camarería de Zaragoza y las dos pabordías de Valencia. Esos beneficios quedaron temporalmente eximidos de contribuir en ningún tipo de contribución eclesiástica, esto es, en la medida en la que sus rentas siguieron estando consignadas en buena parte al pago de las numerosas pensiones que no pudieron ser rescatadas, cuyo pago aún seguía estando vigente en la primera mitad del siglo xvi. Sea como fuere, aquí he intentado aportar algo de luz a una administración que, a fin de cuentas, no debió de ser un mal negocio para los tres acreedores, pues de otro modo habrían renunciado a seguir al frente de aquélla ni tampoco hubieran permitido que otros miembros de sus familias ocuparan sus puestos.
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APÉNDICE 1.
Pensiones consignadas a cada beneficio (1418) — ACA, C, reg. 2921, ff. 43v-45r (Zaragoza); ff. 47r-48r (Tortosa-Segorbe); ff. 48r-49v (Valencia)
Camarería de Zaragoza

Censalista	Condicion	Cuantia de la pension	Fechade cobroa
Bertran Nicolau, mercader	Ciudadano	250 1b.	[24.X]
precentor de la Sede de Barcelona	Eclesiastico	121 1b. 8 s. 6 d.	[8.X / 8.IV]
Francesc de Vilanova	Noble	100 1b.b	[28.VII]
Ramon Pallares, Joan Sesavaces,menor, Bartomeu Gras,Sibila, viuda deArnau Ferrer, y Miquel de (Seud)	Ciudadanos	100 1b.e	[28.VI]
herederos de Ramon de Blanesd	Noble	78 1b. 13 s. 10 d.	[1.IX]
Francisca, viuda de Arnau de Blanese	Noble	[61 Ib. 2 s. 6 d.]	[1.IX]
Roger de Pinós y Caterina, hija deBertran de Pinos	Noble	57 1b. 17 s. 2 d.	[29.1X]
Andreu Merles, sucesor de Pere Merles	Noble	57 1b. 3 s.	[22.IX]
Joana, mujer de Galceran de Sentmenat	Noble	56 1b. 19 s. 10 d.	[9 0 10.IV]
Ferrer y Lluis de Gualbes,Marc Turell,Ramon de Pla, Simó de Marimon,Antoni Bussot, Gines Almugaver, PereMarquet y herederos de Francesc Terreé	Ciudadanos	50 1b!	[28.VI1]
Alamanda, viuda de Bernat de Juiag	Noble	[50 1b.]	[3.V /3.X1]
Guillem de Fonollet, mercader	Ciudadano	50 1b.
Nicolau Bassa	Ciudadano	50 1b.	[4.X]
Margarita, mujer de Bartomeu de Palou	Ciudadano	50 1b.	[27.VII 07.X]
Pere Muntsoleres, presbitero beneficia-do en la Sede de Barcelona	Eclesiastico	47 1b. 10 s.	[24.IX]
Ferrer de Gualbes	Ciudadano	40 1b.	[3.X]
Blanca, viuda de Ramon Botella	Ciudadano	35 1b.15 s.	[14.X]
Pere Regacol, canónigo de Barcelonah	Eclesiastico	32 1b. 15 s.	[8.IX]
Andreu Bosquet	Ciudadano	30 1b.	[14.X]
Pere Sacalm	Ciudadano	30 1b.	[3.X]
Caterina, viuda de Pere Girgós	Ciudadano	25 1b.	[28.IX]
Convento de Jonqueres	Eclesiastico	25 1b.	[8.IX]
Bonanat Pere, licenciado en leyes	Ciudadano	25 1b.	[26.IX]
Nicolau Cosc6, mercader	Ciudadano	25 1b.	[28.IX]
Francesc Formós,del oficio de MaestreRacional	Ciudadano	25 1b.	[11.X]
Joan Bosca	Ciudadano	25 1b.	[12.X]
Joana, mujer de Bernat de Puigi	Ciudadano	25 1b.	[31.X]
Pere Pujada, canónigo de Barcelona	Eclesiastico	22 1b.	[30.1X]
Pere de Pla,presbitero	Eclesiastico	15 1b.	[18.1X]
Guillem de Pla, presbitero beneficiadoen la Sede de Barcelona	Eclesiastico	12 1b.17 s. 3 d.	[11.X]
Isabel, viuda de Pere Bosca	Ciudadano	11 1b. 13 s. 4 d.	[30.IX]
sor Graida,monja clarisa	Eclesiastico	11 1b. 5 s. 9 d.	[26.IX]

$a$ En la fuente de referencia, la fecha de cobro no se indica, pero podemos incorporarla, en la mayoría de casos, a partir de la información contenida en los libros de ápocas de unos años antes. Por ello ponemos esas fechas entre corchetes.
$b$ Respecto de una pensión que totalizaba 250 libras, redistribuida por la parte restante (150 lb.) entre otras personas, no sabemos si de forma temporal o definitiva.
$c$ Como parte de la pensión que tenía el noble Francesc de Vilanova.
$d$ Serían Arnau y Francina, según tenemos registrado en el libro de ápocas.
$e$ En nuestra fuente, las pensiones de las viudas de Bernat de Juià y Ramon de Blanes aparecen intercambiadas, probablemente por un lapsus del escribano del registro.
$f$ Como parte de la pensión que tenía el noble Francesc de Vilanova.
$g$ En nuestra fuente, a esta viuda se le adjudican 61 lb. 2 s. 6 d., que no obstante era la pensión que debía percibir la viuda de Arnau de Blanes, anotada a continuación.
$h$ Respecto de un censal que inicialmente había sido del convento de Junqueres, luego de Nicolau Pujalt, patrón de nave, y finalmente de dicho canónigo.
$i$ Sucedió a su madre Pasquala, viuda de Joan Navarro.
Pabordías de Valencia

Censalista	Condicion	Cuantia de la pension	Fechade cobro
Antic Almugaver	Ciudadano	235 1b.14 s.	1.XI
Joan de Conomines	Ciudadano	75 1b.	28.VII
Pere Mates,formenter	Ciudadano	55 1b.	25.X
Margarita, viuda de Bartomeu de Palou	Ciudadano	501b.	27.VII
Blanca, viuda de Bernat Lunes, jurispe-rito,y demas herederos de Pere Lunes	Ciudadano	501b.	28.VII
Convento de la Mercéa	Eclesiastico	50 1b.	20.IX
Guillem Martina, panero	Ciudadano	50 1b.b	15.X
Joan Llull	Ciudadano	50 1b.	25.X
Agnes, viuda de Joan Llull, tutora deJoanet, hijo de Romeu Llull	Ciudadano	44 1b. 6 s.	25.X
Guillem de Soler	Ciudadano	38 1b. 6 s. 8 d.	27.VII
Joaneta, viuda de Francesc Foix,del ofi-cio de Maestre Racional	Ciudadano	25 1b.	26.IX
Miquel de Palou	Ciudadano	23 1b. 6 s.8 d.	28.VII
Violant,viuda de Pere de Puigverd,cambista	Ciudadano	18 1b. 11 s. 6 d.	21.XI
Bartomeu Castlar, presbitero beneficia-do en la sede de Barcelona	Eclesiastico	17 1b. 4 s.	4.XI
Francesc Serra, presbitero beneficiadoen la sede de Barcelonae	Eclesiastico	15 1b.	4.XI
Lluis Marc	Noble	12 1b.	[27.X]
Caterina, mujer de Pere Serra	Ciudadano	10 1b.	27.X
Violant, mujer de Pere Serra	Ciudadano	8 1b.	[27.X]

$a$ Censal comprado por fray Gabriel Mas, como procurador y ecónomo de dicho convento, y Bartomeu Saifores, residente allí mismo. $b$ Anteriormente percibía una pensión de 105 libras, a veces desglosada en dos pagas de 50 y 55 lb. $c$ Tanto éste como el clérigo anotado antes compraron su parte del censal como personas laicas.
Sacristía de Tortosa

Censalista	Condicion	Cuantia de la pension	Fechade cobro
Francesc d&x27;Ortals,doctor en leyes	Ciudadano	125 1b.	1.1
Pere de Puig	Ciudadano	50 1b.	29.XI
Bartomeu Castlar, presbitero de la sedede Barcelona	Eclesiastico	30 1b.	21.VIII
Bartomeu de Palou	Ciudadano	27 1b.19 s.	28.XI
Fray Mateu Ferran,del convento deSanta Ana	Eclesiastico	27 1b.10 s.	31.I
Guillem de Soler y su mujer Leonor	Ciudadano	25 1b.14 s. 6 d.	28.XI

.
Enfermería de Segorbe

Censalista	Condicion	Cuantia de la pension	Fechade cobro
Margarita, mujer de Manuel de Rajadell	Noble	50 1b.	23.XI
Alamanda, mujer de Bernat de Juiaa	Noble	40 1b.	3.V /3.XI

a Arnau de Blanes era un pequeño noble (donzell) de la Bisbal d’Empordà. La misma viuda aparece indicada como perceptora de otra pensión asignada sobre la camarería de Zaragoza.
Deudas contabilizadas al caballero Joan de Palou a raíz de la concordia establecida con Desplà-Boscà-Cavallería (1458).
— AHPB, Primus liber negotiorum (1457-1460), s.f., sign. 199/40 a Esta cifra viene a coincidir más o menos con la suma de las cantidades debidas por la camarería de Zaragoza, las pabordías de Valencia y la sacristía de Tortosa, pero dejando al margen los restantes beneficios consignados a la deuda censal de Benedicto XIII.

Bloque A	Pensiones	Capital(tipo de interés)	Observaciones
Camareria deZaragoza	501b.	700 1b. (7,14%)	Aparte pension de 121 Ib.8 s.6d. que percibia su tio “cabiscolde la Seu> ya difunto.
Pabordias deValencia	50 1b.23 1b.6 s.8 d.	750 1b. (6.6%)326 1b.13 s.4 d.(7,14%)
Sacristia deTortosa	7 1b.16 s.2 d.	109 11.6 s. (7,14%)	Aparte de otra pension,quizás yaextinguida,de 27 lb.9 s.
Suma:	131 lb.2 s.10 d.	1.885 lb. 19 s.4 d.

Bloque B	Debito de laspensiones	Parte adjudicadaa Joan Palou
Camareria deZaragoza	11.554 lb. 15 s.2d.	361 lb.12 s.4 d.50 1b.50 1b.163 lb.4 s. 7 d.878 1b.3 s.7 d.	Por el censal de 50 lb.;pension de 1449;apensión de 1450;《darreratges> de 1450 《enca>;por el censal de su tio.
Pabordias deValencia	7.716 1b. 13 s.3 d.	373 lb.12 s.4 d.50 1b.109 1b.18 s.251b.174 lb.7 s.23 1b.6 s.8 d.55 lb.1s.11 d.80 lb.-4 d.	Por el censal de 50 lb.;《per los menyscaps de fruits> de1446 a 1450;《darreratges> de 1450 《enca>;prorrata de 4 meses fins a la jornade>:Del otro censal;《per los menyscaps de fruits> de1446 a 1450;《darreratges>de 1450 《enca>《per lo que ha falgut> de 1446a 1450
Sacristia deTortosa	2.951 lb.9 s. 4 d.	273 lb.14 s.41 lb.18 s.6d.12 1b.3 lb.8 s.11 d.	Por el censal de 27 lb.9 s.[no especifica mas]《darreratges> de 1450 《enca>[no especifica mäs]
Restantesbeneficiosb	1.000 1b.	73 1b. 16 s.7 d.	《per sos censals e de la cabis-colia>
Suma:	23.221 1b.17 s.9d.	2.799 1b.4 s.9 d.

$a$ «Que s’aturà lo cardinal de Foix». Con respecto a lo que también se indica más abajo acerca de la recuperación de la camarería, me remito a la nota 55. $b$ Se indican los siguientes: los prioratos de Palera y Sant Pere de Riudebitlles, la camarería de Tarragona, la canonjía/enfermería de Segorbe, el arcedianato de Andorra y las capellanías de Vic.

Bloque C	Cuantias debidasa los acreedorespor otros gastos	Parte adjudicadaa Joan Palou	Observaciones
2.000 1b.	186 lb.- 10 d.	Gastos realizados hasta 1450
220 1b.	7 1b.10 s.	Por recobrar la posesion de lacamareria de Zaragoza
49 1b.14 s.	4 lb.12 s.2 d.	Por un error de cälculo sobre eltotal calculado de 22.222 lb.11s.9d.
Suma:	2.269 1b. 14 s.	198 1b.3 s.

Deuda total A+B+C	4.883 lb. 6 s. 11 d.	Segun el documento: 4.884 Ib.7 s. 11 d.