Los gobiernos urbanos andaluces a finales de la Edad Media: élites caballerescas, concejo cerrado y mecanismos de representación del común1.
Enrique José Ruiz Pilares2.
Recibido: 19 de octubre de 2022 / Aceptado: 1 de febrero de 2023.
Resumen. En este trabajo se analizará la formación de los grupos dirigentes de las ciudades andaluzas entre los siglos XIII y XV durante el proceso de conquista castellana. El control del cabildo por un reducido grupo de familias de origen caballeresco desde mediados del siglo XIII quedó consolidado e instituido con la creación del regimiento o concejo cerrado a comienzos del siglo XIV por Alfonso XI. A partir de este momento, el acceso a los órganos de poder estuvo reducido a familias y personajes vinculados a la vida militar, el control de destacados patrimonios agropecuarios, y, sobre todo, el favor de la monarquía y la nobleza señorial. Aunque algunos individuos y familias enriquecidas a través del comercio y la artesanía consiguieron acceder al concejo, la mayor parte, al igual que familias caballerescas de segunda fila, intentaron ocupar ciertas cuotas de poder en la ciudad a través de los oficios representativos, especialmente durante el reinado de los Reyes Católicos (1474-1516) bajo la proclama de representar al común.
Palabras clave: Andalucía; siglo XV; ciudades; regimiento; común.
[en] Andalusian urban governments at the end of the Middle Ages: chivalric elites, concejo cerrado and mechanisms for common representation.
Abstract. This paper will analyse the formation of the leading groups in Andalusian cities between the 13th and 15th centuries during the process of the Castilian conquest of the territory. In the 14th century, the regimiento was created by Alfonso XI. This type of government allowed the consolidation of a leading oligarchy whose social origin was the cavalry. The control of the council by a small group of families linked to military life, the control of extensive agricultural estates and, above all, the favour of the monarchy and the High Nobility. Although some individuals enriched through trade and craftsmanship managed to gain access to the council, most of them tried to occupy certain quotas of power in the city representing the rights of the rest of the social group. This process was particularly remarkable under the Catholic Monarchs (1474-1504).
Keywords: Andalusia; 15th century; cities; regimiento; common.
Sumario. 1. Introducción: la élite caballeresca y el control de los concejos. 2. Los oficios representativos como mecanismo de regeneración y consolidación del grupo dirigente. 2.1. Los jurados parroquiales: la segunda vía de acceso al concejo. 2.2. Los personeros: mecanismos ficticios de la representación vecinal. 3. La singular representación del común en Jerez de la Frontera: los diputados de las collaciones. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.
Cómo citar: Ruiz Pilares, Enrique José (2023), Los gobiernos urbanos andaluces a finales de la Edad Media: élites caballerescas, concejo cerrado y mecanismos de representación del común, en En la España Medieval, 46, 147-167.
1. Introducción: la élite caballeresca y el control de los concejos3.
Cuando los castellanos conquistaron y repoblaron en el siglo XIII las ciudades andaluzas de la cuenca del Guadalquivir y el Guadalete, la consolidada jerarquización de las sociedades urbanas había dejado prácticamente en desuso el ejercicio del gobierno mediante la asamblea abierta y participativa de todos los integrantes de la comunidad, si es que alguna vez fue realmente efectiva en poblaciones de cierto tamaño en el centro y norte del reino4 . La asistencia en las primeras instituciones concejiles andaluzas estaba ya mediatizada por un puñado de familias, en su mayor parte procedente de la caballería villana e hidalga de los conquistadores y repobladores de la Meseta castellana5 . No extraña que fuera en estas ciudades andaluzas donde apareciese la figura de los llamados jurados parroquiales o de las collaciones, de los que hablaremos más adelante, para representar en la asamblea concejil al resto del vecindario, cuyo lugar, antes incluso de la instauración del regimiento o el concejo cerrado, estaba ya fuera del ayuntamiento6 .
Esta marcada división y fractura social en el seno de la asamblea concejil permite comprender que Andalucía fuese el primer espacio del reino castellano donde fraguase el concejo cerrado. Con precedentes documentados en Sevilla a finales del siglo XIII, la sanción definitiva de este sistema de gobierno tuvo lugar a mediados del siglo XIV (1345) por parte del monarca castellano Alfonso XI. Con esta institución, la toma de decisiones en los gobiernos urbanos quedó circunscrita a la figura de los regidores, los únicos con derecho a voto salvo escasas excepciones7 . Este proceso de cierre y concentración de los gobiernos urbanos fue un proceso que se ha documentado en todo Europa, aunque con sus matices institucionales y con diferencias en la estructura socioeconómica de sus componentes –caballeros, banqueros, mercaderes, artesanos, letrados, etc–8 .
Los regidores andaluces se caracterizaron por su carácter vitalicio y su rápido proceso de cuasi-patrimonialización en manos de pocas familias caballerescas9 . Se trataba de una realidad similar a la documentada en los concejos de otras partes del continente europeo, como ocurría en Aragón, aunque los oficiales al frente de los cargos se renovaran anualmente. El derecho a “la dedicación pública se heredaba, al igual que el apellido”10.
En palabras de Quintanilla Raso, en los gobiernos andaluces la alta nobleza compartía el control del gobierno junto con los caballeros de premia o cuantía, los cuales ocupaban “la posición intermedia (…) entre el estrato nobiliario y el de los hombres buenos pecheros”11. Esta afirmación es válida para los grandes concejos andaluces –Sevilla, Córdoba o Écija–, aunque no para Carmona o Jerez, donde no se asentaron grandes familias de la nobleza señorial12. En el caso de esta última, que ha sido la que ha recibido mayor atención por parte de la historiografía en los últimos años, la cúspide de la sociedad política estaba compuesta por una veintena de familias o linajes familiares durante el reinado de los Reyes Católicos, que Enrique Ruiz ha denominado como élite concejil13. Su procedencia debemos buscarla tanto en la caballería –ya remontase sus orígenes hidalgos al siglo XIII o fuese reconocida socialmente en base a la riqueza y posición política ganada en el transcurso de los siglos– y, en algunos casos, de mercaderes enriquecidos. El linaje genovés de los Adorno no dudó en pagar la cantidad que fuese oportuna para comprar un asiento en el órgano rector de la vida municipal14 –aunque la Corona lo prohíba taxativamente hasta bien entrado el siglo XVI–15. En el centro-norte de Castilla fue un proceso menos rígido y abierto a más personas mediante mecanismos de distribución de oficios entre bandos-linajes y repartos anuales. No obstante, en el transcurso del siglo XV en la mayor parte del reino el control del regimiento fue cristalizando en un gobierno oligárquico similar al andaluz16.
Si bien es cierto que el regimiento tenía una serie de limitaciones, especialmente en justicia, y necesitaba la aquiescencia regia en algunos asuntos, no existía campo de actuación de la vida urbana de la ciudad y su término que escapase a su control, ya fuese en materia legislativa, judicial, económica, financiera, urbanística, o de higiene y orden público. Incluso los mandatos directos de los monarcas debían de pasar el filtro –simbólico en la mayor parte de los casos– de la asamblea concejil antes de ser puestos en ejecución17. Sin embargo, vivieron siempre bajo la presión constante y las continuas injerencias de la Corona y la nobleza territorial. Una realidad no muy diferente a lo ocurrido en buena parte de Europa18. Mientras que el poder de la nobleza señorial se reforzó en el ámbito urbano durante los reinados de Juan II (1406-1454) y Enrique IV (1454-1474), la situación revirtió tras hacerse con el trono Isabel la Católica (1474-1504), cuando se hizo patente la fortaleza de la monarquía encarnada en las ciudades en la figura de los corregidores. Estos oficiales, que la Corona situó definitivamente al frente de las principales ciudades castellanas a partir de la década de 1480, presidían la asamblea concejil y ostentaban grandes facultades judiciales en la ciudad. En este artículo no se profundizará en el análisis de estos oficios, muy bien conocidos por la historiografía, que eran proveídos directamente por la monarquía –y por los señores en sus posesiones– y ajenos a las dinámicas sociales internas de las ciudades y villas andaluzas19. Nos interesa mucho más, y será el objetivo principal de este trabajo, conocer los mecanismos utilizados por aquellos grupos sociales no integrados en la institución concejil para intentar ocupar cierto espacio de poder en la gobernanza de las ciudades.
2. Los oficios representativos como mecanismo de regeneración y consolidación del grupo dirigente.
Tras la conquista de las principales ciudades andaluzas a lo largo del siglo XIII, las incipientes instituciones concejiles mantuvieron un sistema de ayuntamiento abierto que permitía la participación espontánea del conjunto de las sociedades urbanas, aunque en la práctica solo se redujo a la participación a los grupos sociales más influyentes. El paulatino proceso de cierre y reducción de los gobiernos urbanos quedó patente en la pronta aparición de oficios electivos anuales que sirviesen como vehí- culo de representación y canalización de las demandas de las diferentes collaciones de estas ciudades. Estos oficios representativos, que en el caso andaluz recibieron el nombre de jurados, persistieron con la certificación del cierre de estas instituciones con la instauración del regimiento o concejo cerrado en 1345. A partir de este momento, fueron el único mecanismo legal con el que contaron los vecinos para intervenir en el día a día de las sesiones concejiles, convirtiéndose en el objetivo y ambición de aquellas familias influyentes que habían quedado fuera del reparto de oficios del regimiento. Ello explica que a inicios del siglo XV ya hubiesen perdido su carácter representativo, al dejar de ser cargo de elección anual y verse envueltos en el proceso de patrimonialización que ya había experimentado el regimiento en las décadas anteriores.
La representatividad de la comunidad, término que en este contexto político y según la documentación consultada se circunscribe a aquellos grupos sin acceso al gobierno urbano, intentó recuperarse en la segunda mitad del siglo XV, especialmente desde la subida al trono de los Reyes Católicos (1474-1504)20. La necesidad del regimiento de contar con el respaldo de los vecinos en asuntos transcendentes, al menos de los más preeminentes, unido a ciertas alianzas entre las familias caballerescas y de artesanos y comerciantes enriquecidas con otros sectores del común contra las exenciones fiscales de la élite concejil, motivó la creación de los procuradores o síndicos del común, y en el caso particular de Jerez de la Frontera, de los diputados de las collaciones. Aunque pertenecían, en su mayor parte, al estamento caballeresco, y en algunos casos, incluso a las mismas familias dirigentes, no puede dejar de considerarse como un triunfo de los pecheros frente al grupo oligárquico que controlaba los resortes del poder urbano. A ello debemos de sumar el hecho de que no podría entenderse la aparición de estos oficios representativos sin las mencionadas alianzas entre los diferentes grupos sin espacios reservados en el concejo.
2.1. Los jurados parroquiales: la segunda vía de acceso al concejo.
Aunque el concejo cerrado no se implantó institucionalmente hasta 1345, ya se ha descrito que las asambleas concejiles eran poco representativas prácticamente desde su creación durante el avance de la conquista castellana por todo el valle del Guadalquivir y el Guadalete en el transcurso del siglo XIII. Esta realidad explica el nacimiento de los llamados jurados parroquiales o de las collaciones21. Se documentan en.
Córdoba desde 1240 y en Sevilla desde su conquista en 1248. Desde esta última ciudad se introdujeron en Jerez en 1268. También se institucionalizaron en las principales ciudades de la Andalucía oriental –Jaén, Baeza, Úbeda– y al sur de la Meseta –Ciudad Real, Murcia o Toledo–. A fines del XV se expandieron por los núcleos conquistados del reino de Granada (Mapa 1)22.

Mapa 1. Principales ciudades de realengo andaluzas a finales del siglo XV. Fuente: elaboración propia.
Los fueros y privilegios repobladores del siglo XIII concedían la elección a los vecinos de un jurado por parroquia, renovables anualmente. En el reinado de Alfonso XI (1312-1350) ya había comenzado a desvirtuarse ese carácter representativo de las juradurías, al empezar a concederse con duración vitalicia23. En ese contexto comenzó a implantarse el traspaso cuasi patrimonial del oficio que hemos destacado al analizar el regimiento. Al gozar de derecho de asistencia –aunque solo con voz– a la asamblea concejil, fueron codiciados entre las principales familias de la ciudad. Además de prestigio, ofrecía las ventajas económicas propias de participar en la institución concejil –especialmente la franqueza de imposiciones directas–. En el marco de las collaciones, entre otras funciones, destacaba la de empadronadores, que les otorgaba gran influencia en sus circunscripciones24.
En palabras de Monsalvo Antón, “su conversión en organismo burocratizado aristocratizado y permeable a las injerencias exteriores, acabó contaminando el oficio de jurado parroquial de los mismos vicios que afectaban a los regidores: patrimonialización del oficio, ocupación por privilegiados, venalidad, juradurías acrecentadas”25. Solo en el caso de que el jurado falleciese sin ejercer el traspaso efectivo entre parientes era elegido por los vecinos –en muchos casos beneficiando a algún familiar del fallecido–; si perdía el oficio por delitos, como la herejía o la desobediencia regia, era escogido por la Corona26. Entre mediados del siglo XIV y el siglo XV se acrecentó de un jurado a dos, incluso a tres para poder repartirse más asientos, especialmente por Juan II y Enrique IV para recompensar a sus más allegados en las ciudades27. Otra medida utilizada por esos monarcas fue la creación de collaciones ficticias, sin feligreses, documentadas en Jerez, Écija y Carmona28.
El caso de Jerez puede servirnos de ejemplo29. Solo cuatro jurados pudieron ser elegidos por los vecinos durante el reinado de los Reyes Católicos: un $1 1 { , } 5 \%$ de las 35 renovaciones que se produjeron en esos años. Por su parte, los monarcas pudieron designar a estos oficiales en nueve ocasiones. No obstante, la mayoría, 22 casos, fueron renuncias, la mayor parte entre parientes $- 7 7 \% - 3 0$ . El resto fueron ventas encubiertas. En este sentido, hemos detectado siete compras en esos años, número similares a los detectados en otros concejos andaluces, que contrasta con los datos conocidos para otros concejos de Castilla31.
El hecho de que el oficio de jurado hubiese sido patrimonializado y hubiera recaído prácticamente en las mismas familias que componían la élite concejil le restó representatividad ante los vecinos de sus collaciones $- \mathrm { s i }$ es que alguna vez la hubo–, ya que en muchos casos no habitaban ni conocían la realidad diaria de parroquia a la que representaban32. Contradicciones que no evitaron que siguiesen ejerciendo sus funciones, denunciando las decisiones del concejo que perjudicaban a sus parroquianos. Como bien ha señalado recientemente Rafael Oliva, la defensa de su espacio político frente al regimiento, así como su legitimación ante el común, “requería también en parte del cumplimiento de la función” que tenían encomendada33. En el siglo XV siguen apareciendo frecuentemente en la documentación con cierta posición de defensa de sus convecinos, como se ha puesto de manifiesto para el caso hispalense, donde presentaban protestas –llamados requerimientos– sobre asuntos varios como la elección de oficios, administración de justicia, exenciones tributarias, orden pú- blico y abastecimiento de la ciudad34. No obstante, la denuncia social, si alguna vez formó parte de las atribuciones de los jurados, se había desvanecido prácticamente en el siglo XV, cuando el oficio estuvo copado por las familias que controlaban el regimiento. No extraña que fuesen habituales las denuncias de los vecinos a los propios jurados que le representaban por los abusos cometidos durante los empadronamientos o los repartos de imposiciones y tropas. Esta realidad explica, en buena parte, la aparición de otros oficios representativos a finales del siglo XV, como ahora veremos. En la propia ciudad de Loja, en el reino de Granada, el fuero otorgado en 1495 ni tan siquiera aparecen los jurados, sino un personero y dos procuradores del común35.
2.2. Los personeros: mecanismos ficticios de la representación vecinal.
En el caso de Andalucía, la mención más antigua que hemos documentado sobre este tipo de oficiales con funciones de representación del común es la del “personero del concejo” de Jaén, instaurado por el monarca Fernando III en 1246, con anterioridad al cierre institucional del concejo en el siglo $\mathrm { X I V } ^ { 3 6 }$ . A pesar de su denominación “del concejo”, no tiene nada que ver con los mencionados procuradores del concejo o del cabildo con los que contaban muchas ciudades castellanas y andaluzas para defender los derechos de la ciudad ante la monarquía y otros poderes. Se trataba de un oficio de carácter representativo, con competencias para representar a los vecinos con voz ante la asamblea concejil, aunque sin derecho a voto. De elección anual y unipersonal, en el siglo XVI aún seguía vigente el sistema instaurado en el siglo XIII de sortearlo el día de San Juan entre los caballeros cuantiosos, rotando cada año entre las once collaciones de la ciudad. A finales del siglo XV la persona que disfrutaba este oficio no podía ejercer ningún otro de los que se repartían anualmente dada la importancia y exclusividad necesaria del cargo, cobrando una remuneración de 1.000 maravedíes. Sus funciones de representación popular parecen difíciles de delimitar respecto a la de los jurados la de los jurados parroquiales, hasta que en el tránsito del siglo XIV al XV estos últimos terminan terminan convirtiéndose en oficios vitalicios y caen en los procesos mencionados de patrimonialización37. Según Ramos Vázquez:
cuantos más se separaban los jurados de sus parroquias, mayor fue la influencia del personero en el concejo y más esclarecidas aparecieron sus funciones con respecto a las de aquellos, convirtiéndose en el único cauce fiable que le quedaba a la comunidad para hacer oír su voz dentro y fuera del cabildo38.
En las cercanas ciudades de Baeza y Úbeda, las dos más importantes del reino de Jaén después de la capital, también debieron implantarse poco después de la conquista, y, con total seguridad, estaban operando tras la creación del regimiento. Con funciones y prerrogativas similares, sus vicisitudes fueron similares a las del caso jienense, manteniéndose el oficio en manos pecheras, no sin problemas, en el siglo $\mathrm { \dot { X } V I } ^ { 3 9 }$ .
Retomando el caso de Jaén, en época de los Reyes Católicos la élite concejil intentó controlar la elección del oficio de personero solicitando a los monarcas en 1489 que la elección del oficial recayese entre los integrantes del concejo. Aunque en primera instancia consiguieron la aprobación real, la oposición de la comunidad –entendida aquí como los pecheros–, liderado por los cuantiosos, permitió mantener el sistema tradicional esgrimiendo esa innovación transgredía los privilegios concedidos por Fernando III. La mejor constatación de su victoria es el hecho de que en 1533 Carlos I les confirmase sus prerrogativas, además de permitirles dos modificaciones en el sistema de provisión: duplicar la duración del cargo aumentándola a dos años, y sortearse anualmente entre la totalidad de los caballeros cuantiosos. Esta última reforma se explicaba por un lado porque con el crecimiento urbano había quedado obsoleto la distribución por collaciones, y, especialmente, porque así escapaban del control de los jurados, que fiscalizaban la insaculación de los oficios en sus parroquias. El nuevo sorteo se trasladó a septiembre o noviembre sin presencia de capitulares en la elección, salvo el oficial cesante y un escribano público40.
Es muy probable que el concejo de Córdoba gozase desde el siglo XIII de un personero similar al jiennense. Así parece desprenderse de la queja elevada por los caballeros de premia “de la çibdad, su tierra e comunidad”, fechada en 1497, en la que esgrimían que era costumbre “inmemorial” que ellos eligiesen a un personero que les representase ante el cabildo. Sin embargo, a tenor de la petición dirigida al Consejo Real y a los monarcas, este oficio debía haberse perdido con anterioridad del ascenso de los Reyes Católicos al trono en 1474. A causa de ello, y probablemente a raíz de las noticias de la concesión de oficios similares en ciudades cercanas como ahora veremos, también quisieron que los monarcas les concediesen $^ { - 0 }$ confirmasen en el caso de su antigua costumbre– un procurador para los vecinos no representados en el concejo41.
Como se puede observar, el reinado de los Reyes Católicos fue clave para la recuperación y nueva implantación de este tipo de oficios representativos. La paulatina patrimonialización de las juradurías entre las principales familias urbanas les había restado “credibilidad como portavoces y garantes de los intereses de los vecinos de su collación”42. Esta realidad, unida a la política de estos monarcas por conseguir apaciguar la vida política de unas ciudades que vivían en conflicto interno a causa de luchas banderizas crónicas –que llegaron a su culmen durante el reinado de Enrique $\mathrm { I V - } .$ , explica la aparición en Andalucía a finales del siglo XV de otras vías de representación por parte de la común en la vida urbana43.
La primera de las ciudades en los que hemos documentado referencias a estos procuradores es Écija. Según una misiva regia datada en 1477, parece que “la comunidad e omes buenos pecheros” de la ciudad elevaron una queja a los monarcas solicitándose que se les otorgase la capacidad para nombrar un oficial que fiscalizase el “repartimiento de pechos”, dados los continuos fraudes que habían tenido en la distribución y recaudación de las imposiciones directas sobre el vecindario astigitano. La respuesta de los monarca, similar a la que dieron años después a los vecinos de otros concejos andaluces fue la creación del “procurador de los pecheros”44.
Habrá que esperar casi dos décadas para volver a encontrarnos con noticias similares en otro gran concejo andaluz. En 1494 los vecinos de Cádiz solicitaron a los monarcas que les concediesen la potestad para elegir entre la población pechera un procurador para supervisar “los repartimientos (…) e estar presente al arrendamiento de propios e otras cosas convenientes al dicho común”. También solicitaron, y se les concedió, el derecho de asistir regularmente a la asamblea. Si bien, para no entrar en conflicto con el grupo dirigente, especialmente teniendo en cuenta que la ciudad acababa de pasar a manos de la Corona un año antes –entre 1467 y 1493 estaba integrada en el señorío de la Casa Ducal de Arcos de la Frontera y el linaje de los Ponce de León–, los vecinos gaditanos podían disfrutar de este procurador “con tanto que no tenga voto”45.
En las ciudades repobladas tras la conquista definitiva del reino nazarí (1482- 1492), también tenemos noticias de la implantación de estos procuradores o personeros del común, en el sentido de representantes pecheros, en Loja, Baza o Málaga, aunque debieron implantarse en todas las ciudades del reino granadino tras la implantación del llamado Fuero Nuevo en estos territorios en $1 4 9 5 ^ { 4 6 }$ . No parece que su vigencia fuese muy larga –realidad similar a lo ocurrido en los territorios occidentales– si tenemos en cuenta que con la implantación de un nuevo sistema de oficios vitalicios en 1508 empieza a desaparecer de poblaciones como Baza47.
La última de las grandes ciudades andaluzas de las que tenemos noticias de la instauración de este tipo de oficiales durante el reinado de los mencionados monarcas fue Carmona, cuya concesión regia se remonta a 1503. En esta localidad sevillana, como en los anteriores casos estudiados, un representante de “la comunidad desa dicha villa”, Gabriel de Rueda, elevó una petición a los monarcas notificando “la nescesydad de vn personero que entrase en los conçejos e ayuntamientos que en ella se fase, e quando viese que algo se hordenava e mandava en agravio e perjuysio de la dicha comunidad lo contradixese”. Aunque solo contaba con voz, su presencia fiscalizadora fue constante en la asamblea concejil, como hemos podido documentar en el caso de Cádiz. Más frecuente era la segunda de las atribuciones solicitadas: “e asymismo estouiese presente en los repartymientos que en esta dicha villa se fasen e al tomar las cuentas e sysas e propios porque no oviese fraude” 48. Los monarcas accedieron a su solicitud y les permitieron su elección anual en las siguientes condiciones:
se puedan juntar con el corregidor de la dicha villa e su alcalde por el día de año nuevo, e asy juntos eligan de cada collación dos personas para eletores del dicho presonero, los quales dichos eletores asy nonbrados y elegidos se vayan a juntar e junten con el docho corregidor o su alcalde en vna de las yglesias desa dicha villa y ay fagan juramento que elygirán e nombrarán para el dicho ofiçio de presonero buena persona49.
La elección, que solo podía extenderse “por otro año y no por más”, beneficiada a los personajes más poderosos de cada collación, como veremos detalladamente para el caso de Jerez de la Frontera, en muchos casos pertenecientes a las mismas que ocupaban el regimiento y las juradurías. El propio Gabriel de Rueda, responsable de defender los derechos de la comunidad ante los monarcas, formaba parte de una de las familias más influyentes de la ciudad –un pariente cercano era el jurado Luis de Rueda-. No obstante, como otros muchos personajes de cierta posición en la ciudad, no gozaban de un puesto en el concejo y de los beneficios –ya mencionados como la exención de impuestos– anejos a estos oficios. Por ello, no dudó en demandar no solo el oficio de personero del común, sino justicia para la comunidad acusando a los capitulares, según palabras de González Jiménez, “de malversación de fondos, de percibir salarios excesivos o de cobrarlos sin residir en sus oficios, de convertirse en arrendadores de las rentas municipales”. Aunque en un primer momento el concejo rechazó la misiva regia alegando “que los jurados eran por naturaleza los verdaderos personeros de las collaciones”, además de que buena parte de los capitulares se ausentaron durante los siguientes días de la lectura de las cartas regias, el cabildo termino viéndose obligado a aceptar el nuevo oficio50.
En Carmona, como en el resto de ciudades mencionadas con anterioridad, su vigencia en el tiempo fue muy reducida, ante la oposición del grupo dirigente a que un oficial elegido anualmente por los vecinos –aunque formase parte de su mismo círculo de influencia– se inmiscuyese en el control del gobierno urbano, por limitada que fuesen sus atribuciones51. En síntesis, en Andalucía el papel de estos oficiales era muy limitado. Principalmente se dedicaron a vigilancia de los repartimientos de impuestos, arrendamientos de rentas o repartos de oficios para evitar fraudes, y, en algunos casos, asistieron con derecho a voz a la asamblea52. En resumidas cuentas, las funciones concejiles que los jurados habían desdeñado.
Solo en dos grandes ciudades de realengo andaluzas de las repobladas en el siglo XIII, Sevilla y Jerez de la Frontera, no hemos documentado la aparición de estos procuradores del común. Si bien, los motivos son bastante diferentes. En Sevilla, como ya se ha mencionado, el regimiento y las juradurías estaban controladas por la alta nobleza y la élite caballeresca local. Ello no impidió que los Reyes Católicos consiguiesen controlar la toma de decisiones en el concejo con la consolidación de la figura del asistente. Allí, como el resto de ciudades andaluzas, existían varios procuradores –el principal de ellos el llamado procurador mayor de Sevilla– que representaban jurídicamente al concejo ante diferentes estancias, pero en ningún momento, ni en su sistema de elección ni en sus atribuciones se pueden asimilar a la figuras que estamos analizando53. Fueron los jurados, con todas las limitaciones y problemáticas señaladas, los que seguirán manteniendo oficialmente esa representación del común54. No hay constancia de otro canal alternativo, por precario que fuese, como en Écija, Cádiz o Carmona. El caso de Jerez de la Frontera es una situación diametralmente diferente, ya que se canalizará a través de otra institución, como se verá en el siguiente apartado: los diputados de las collaciones.
Antes de describir el caso de Jerez, se debe realizar una serie de reflexiones sobre la aparición de los síndicos y procuradores del común y las motivaciones de la mayor parte del común, y especialmente sus élites de mercaderes, artesanos y labradores, para aliarse con poderosos personajes, en su mayor parte de linajes caballerescos de segunda fila que no gozaban de representación en la asamblea, en manos de la élite concejil55. El principal motivo de esta unión de esfuerzos, como así lo mencionan igualmente los textos, era el descontento popular por el exceso de tributos que gravaban a los pecheros. En esta región, a diferencia de otros espacios de la corona de Castilla, los caballeros, ni tan siquiera los hidalgos, estaban exentos de pagar impuestos, según el conocido como Fuero de Andalucía. De esta realidad fiscal, que debe explicarse por las necesidades propias de un mundo de frontera que duró más de dos siglos, solo se eximían un reducido grupo de francos –eclesiásticos, oficiales de los alcázares, cómitres, etc.–, y especialmente, motivo de grandes discordias a finales del siglo XV, los principales oficios concejiles –entre los que destacaban los regidores y los jurados–56.
Esta situación, retomando el caso de Carmona, explica que los grupos caballerescos sin representación capitular uniesen fuerzas con el resto de la comunidad –liderada por los sectores más dinámicos de artesanos y mercaderes– para elevar sus quejas ante los monarcas. En Jerez se experimentó una situación similar en 1511, cuando “los cavalleros y personas de la comunidad de la çibdad de Xeres” solicitaron que los impuestos se pagasen mediante sisas y no se repartiese por familia, para así evitar que se eximiesen los capitulares. El principal líder “de la comunidad” era el caballero Diego de Mirabal de Villavicencio el Viejo, pariente de la mayor parte de los oficiales del concejo e integrante del linaje más poderoso de la ciudad, los Villavicencio. Además, fue diputado de su collación durante algún tiempo. Realidad que descarta un enfrentamiento entre grupos sociales y que sustenta el conflicto en la desigualdad fiscal entre capitulares –francos– y pecheros57.
Al hecho fiscal, que afectaba a toda la comunidad, debemos sumar, el descontento que provocaba el uso discrecional de los fondos y recursos concejiles por parte de los capitulares. Uno de los muchos ejemplos de esta realidad son los repartos del solar urbano de los arrabales entre los oficiales concejiles en pleno proceso de crecimiento y desarrollo urbano desde la segunda mitad del siglo $\mathrm { X V ^ { 5 8 } }$ . No obstante, parece que detrás de todos estos argumentos legítimos para la unión de intereses entre estos diferentes colectivos debemos sumar motivaciones mucho más crematísticas por parte los grupos menos privilegiados. Al menos para el caso de Carmona, sabemos que Gabriel de Rueda y otros caballeros repartieron dinero y trigo para conseguir el apoyo colectivo necesario que respaldase su posición ante el concejo59.
La alianza entre los diferentes segmentos de la sociedad urbana no representados en el concejo permitió ciertos éxitos, como la imposición de tributos indirectos como las mencionadas sisas –que se retraían del consumo y afectaban a toda la población–, frente a los impuestos directos de los que se eximían los capitulares60. Esta victoria beneficiaba realmente al grupo caballeresco y a las familias más enriquecidas del común, que de esta manera conseguían limitar el agravio frente a la élite regimental. El resto de la población seguiría sufriendo la presión fiscal en su cotidianeidad debido a que, a diferencia de los sectores más acomodados que contaban con sus propios recursos agropecuarios, debían acudir diariamente al mercado para adquirir los productos necesarios para su abastecimiento61.
No cabe duda de que los más beneficiados en este tipo de estrategias colectivas fueron aquellos individuos pertenecientes a las familias más poderosas. Si repasamos rápidamente algunos de los personajes que accedieron a las procuradurías confirmamos esta realidad. En Carmona, ocuparon el oficio hasta su pronta desaparición en 1506 los vecinos Francisco de la Milla (1503) y Juan de la Barrera (1504-1505), los cuales pertenecían a destacadas familias carmonenses –especialmente los de la Milla, que ocuparon puestos en el regimiento y el cuerpo de jurados–62. A las mismas conclusiones podemos llegar para Cádiz. Dos de los tres síndicos del común de los que conocemos sus nombres –Juan de Ayllón (1501) y Cristóbal Cherino $( 1 5 1 7 ) - ,$ pertenecían a ricas familias asentadas en la comarca. En el caso de los Cherino, de origen genovés, estaban plenamente integrados en la élite concejil de la ciudad, la cual, debido a la insularidad y su posición estratégica en las rutas marítimas, explica su singularidad respecto a los concejos de la zona de corte caballeresco63.
3. La singular representación del común en Jerez de la Frontera: los diputados de las collaciones.
A tenor de los estudios realizados en los principales concejos andaluces, Jerez de la Frontera fue la única ciudad que mantuvo canales alternativos de participación vecinal diferenciada de los jurados parroquiales desde finales del siglo XIV, lo que explica que no fuese necesario la existencia de los procuradores o síndicos del común. El 4 de mayo de 1404 podemos constatar documentalmente por primera vez la participación en una reunión concejil de una serie de vecinos para asesorar en diferentes cuestiones a los capitulares. Aunque la pérdida de las actas capitulares nos impide conocer la dinámica de décadas atrás, lo más probable es que este tipo de consultas puedan remontarse a la propia instauración del regimiento en 1345 y la imposibilidad de la asistencia regular de todos los vecinos notables al concejo. El mencionado día de 1404 participaron en la sesión una treintena de vecinos, un número nada desdeñable. La mayor parte de estos asistentes ocasiones eran caballeros parientes de los oficiales concejiles, aunque también había algún integrante de la élite del común –artesanos–, “omes buenos”, como los califica la documentación64.
Este tipo de participaciones vecinales, pervivencia de las asambleas de libre asistencia anteriores a la instauración del regimiento, también se han constatado en otros espacios de Castilla, como Murcia65 y, especialmente en el centro de la Península Ibérica, como es el caso de Madrid66. Como ha señalado Jara Fuente, el regimiento no acabó con estos concejos cerrados ampliados, una costumbre habitual a la hora de abordar asuntos de relevancia.67. En todos estos, como ocurría en Jerez, los vecinos participantes no representaban a sus convecinos, sino como las personas más influyentes de su circunscripción urbana sin representación en el concejo. Eso no significa que no buscasen el mayor interés posible para la parroquia o collación a la que pertenecían. En el citado concejo de Murcia, estos concejos par paroisses, como los denominó Denis Menjot, fueron muy numerosos en tiempos de crisis ya que los oficiales concejiles se apoyaban en estos notables para tomar las decisiones más importantes68.
La escasez de ejemplos documentados en el caso castellano contrasta con lo que ocurría en otros espacios de Europa, donde era más frecuente que los vecinos más influyentes de la ciudad participasen anualmente en reuniones extraordinarias para aportar su consejo aunque no contasen en ese momento con un oficio de gobierno – sirva el ejemplo de Valencia en Aragón69, Milán en Italia70, Dijón en Francia71 o Évora en Portugal–72.
En Jerez ese tipo de asambleas extraordinarias con la participación de los notables se mantuvo durante la primera mitad del siglo XV, aunque no quedará sancionada formalmente hasta la creación en 1460 de los conocidos en la documentación como “diputados de las collaciones” o “diputados del pueblo”. Como indicó Monsalvo Antón, se trataba de “la progresiva sustitución de las asistencias espontáneas por la de personas delegadas, como los diputados de las collaciones”73. En contraste, llama la atención como en el resto de Andalucía, especialmente en otros importantes concejos del reino de Sevilla cercanos a Jerez, no se ha podido constatar órganos de representación vecinal semejantes. Ello puede deberse, como se ha analizado con anterioridad, a la singularidad de Jerez, al tratarse prácticamente de la única ciudad andaluza sin la presencia de la alta nobleza en el seno de su gobierno urbano. Los jurados siguieron oficialmente representando la voz de los vecinos, hasta la tardía y poco relevante, instauración del procurador del común. Ello explica que su análisis y estudio detallado sea indispensable para el objetivo que nos hemos marcado, dada la ausencia de referencias a figuras similares en otras ciudades de la región74.
La transformación de esos órganos consultivos en representativos tuvo lugar en Jerez en la primavera de 1460. Mientras se debatía en el concejo el 12 de mayo cómo debía organizarse la defensa de la villa costera de Estepona, que le había sido encargada a Jerez, se acordó que se llamase a una asamblea extraordinaria “algunos cavalleros çibdadanos (…) pues a todos redunda el pro e danno”. El corregidor de la ciudad, Gonzalo Dávila, aprobó la propuesta, siempre y cuando fuesen elegidos entre los vecinos “dos omes buenos, los más suficientes” por cada collación. Esta propuesta regulaba el acceso de los notables de la ciudad al cabildo, a la vez que otorgaba un carácter representativo del que carecía el anterior mecanismo de asistencia personal y privada, aunque se tratase de los mismos personajes75.
A partir de este momento la participación consultiva de esos “omes buenos” relevantes de la ciudad quedará sustituida exitosamente por los representantes electivos de las diferentes collaciones de la ciudad, único canal válido para participar en estas reuniones extraordinarias. En esta ciudad, como ocurría en muchas de la corona castellana, las collaciones fueron claves para que toda una serie de personajes y familias que no gozaban de un puesto en la asamblea consiguieran cierta visibilidad política76. Así ocurría también en el caso de los artesanos, que a semejanza de lo que se ha documentado en la mayor parte del reino, consiguieron a título personal ascender políticamente a través de estas circunscripciones, dada la escasa fuerza y organización política de los oficios, a diferencia de lo que la historiografía ha venido señalando para otros espacios europeos como Flandes o Italia77.
La denominación de diputados de las parroquias o de las collaciones no es una innovación del corregidor Dávila en Jerez de la Frontera. La historiografía ha puesto de manifiesto su existencia en diferentes ciudades de todo el reino de Castilla. Entre los principales concejos de los que se conoce su funcionamiento y sistema de elección, cuatro de ellos se encuentran separados por menos de 250 kilómetros en la Submeseta Norte castellana (Astorga, Burgos, Palencia y Valladolid) 78. Gonzalo Dávila no debía ser ajeno a este tipo de participación vecinal, ya que era originario de esa zona –Ávila–. La única ciudad de cierta relevancia que se sitúa algo más al sur es Cáceres79.
Veinte años después de su instauración, en la década de 1480, este cargo representativo había quedado plenamente consolidado en la vida urbana jerezana, aunque empezó a debilitarse, al menos en lo que respecta a su participación en la asamblea, a finales de la centuria. Su reconocimiento en la vida política de Jerez no significó que se convirtiese en un oficio municipal. Las minuciosas ordenanzas redactadas en esos años no hacen ninguna referencia a ellos, a pesar de regular aspectos menos transcendentes, como el lugar donde debía sentarse el portero del concejo. Es decir, era un cargo creado de facto, pero no de iure. Sin embargo, tenemos noticias suficientes para conocer sus principales atribuciones y su sistema de elección, según la costumbre que se fue instaurando desde 1460. Dentro del concejo, su principal función era ser la voz de sus respectivos parroquianos. Sus opiniones en la sala capitular debían ser previamente consensuadas con los vecinos de la collación correspondiente, como quedó de manifiesto en varias ocasiones cuando indicaban que tal o cual asunto daban su opinión como particulares y no como representantes de sus vecinos. Su elección correspondía a los parroquianos, supervisados por los jurados de cada distrito. Lo habitual es que fuesen elegidos por parejas, salvo cuando se solicitaba a un diputado por “cada una de las tres pechas”. Su participación en el concejo fue siempre muy limitada –una o dos veces al año–, ya que solo podían asistir por invitación previa de los capitulares. Su opinión fue especialmente necesaria, como ya se ha mencionado y documentado en otros concejos al hablar de los procuradores o síndicos del común, para asesorar en cuestiones fiscales o el reparto de tropas, las cuestiones que más rechazo y oposición causaban entre los vecinos pecheros, lo que provocaba la necesidad de contar con su apoyo para evitar alborotos o tumultos en la ciudad80.
En contraste, su participación fue muy activa en el seno de sus collaciones. Como personas de reconocido prestigio, conocían perfectamente a los vecinos, sus oficios, negocios y el valor aproximado de su patrimonio, por lo que supervisaban y auxiliaban a los jurados –ya que debido a la patrimonialización y a la venta de oficios muchos no pertenecían ni conocían a la parroquia que representaban–, tanto a la hora de elegir oficios menores, confeccionar los padrones, o de orden cívico, especialmente evitando que se portasen armas, la delincuencia, o controlando la circulación de personas en épocas de pestilencias81.
Tras esta breve síntesis de sus atribuciones y su participación en la vida política, creemos necesario profundizar en las personas que accedieron a estos oficios. Su procedencia socioeconómica es similar a la de los procuradores de Carmona o Cádiz: caballeros o ricos mercaderes sin asiento capitular. En Jerez, dada la mayor representatividad –de 16 a 24 diputados anuales teniendo en cuenta sus ocho collaciones– el elenco es algo más amplio en su realidad social, apareciendo en ocasiones como representantes de la llamada “pecha menor” destacados miembros del artesanado local. Realidad que nos retrotrae a esos concejos ampliados antecesores de las diputaciones82.
La conquista definitiva del reino nazarí a comienzos de 1492 trajo aparejado un cierto descenso en las contribuciones extraordinarias durante unos años, especialmente en lo que respecta a las tropas, cuya consecuencia fue la desaparición de los diputados de las reuniones concejiles83. Habrá que esperar a 1505, cuando se planteó el debate sobre el encabezamiento de las rentas de la Corona, para documentarlos de nuevo sentados junto a los capitulares en el concejo. Era un asunto vital que hacía necesaria la consulta y aquiescencia del común84. Su rápida aparición cuando fueron requeridos, deja de manifiesto que analmente seguían siendo elegidos y mantenían su protagonismo a través de las atribuciones dentro de la vida de sus respectivas collaciones ya mencionadas85.
4. Conclusiones.
Desde la consolidación definitiva del concejo cerrado con la instauración del regimiento a mediados del siglo XIV, el cuerpo de regidores se convirtió de manera efectiva en el detentor de la toma de decisiones y gobierno de las ciudades y villas andaluzas. Este modelo se trasladará a las localidades del reino de Granada tras su conquista a finales del siglo XV. El regimiento quedó controlado rápidamente por un grupo de familias caballerescas cuyo ascenso social estuvo marcado por la participación en la frontera de Granada, el control y la inversión en propiedades agropecuarias, y el servicio a la alta nobleza señorial y a la monarquía.
La existencia de oficios de representación parroquial como contrapeso al regimiento apenas tuvo efectividad. Los jurados de las collaciones, el oficio representativo más importante al contar con derecho a voz permanente en el concejo, ya estaba en el siglo XV en manos de familias caballerescas que se lo traspasaban hereditariamente. La presencia esporádica de vecinos como consultores del concejo, la aparición de los procuradores o síndicos del común, o los denominados diputados de las collaciones de Jerez de la Frontera en el siglo XV, dieron cierto margen de participación a otros grupos al concejo. Sin embargo, estuvieron controlados y mediatizados por familias caballerescas de segunda fila o artesanos o mercaderes enriquecidos. El análisis de la aparición de este tipo de oficios –procuradores o síndicos y diputados– y las personas que lo ocuparon, nos ayuda a comprender la inexistente fractura social entre ellos y el grupo dirigente. No existía una gran contraposición de intereses entre ambos. En Loja, por ejemplo, se quejaban en 1502 de que “en lugar de tomar boz por el común quando fase el cabildo algo en su perjuisio, no fase más de los que ellos le mandan”86. En palabras de José Antonio Jara, eran “segmentos de una misma clase, la dominante”87. Aunque hay una causa común, la desigualdad fiscal, que forja la alianza entre caballeros de segunda fila y la élite del común, no hemos constatado un ideario común de los vecinos pecheros. Puede que la singularidad del Fuero de Andalucía explique que no se hayan documentado discursos o valores propios del grupo menos favorecido, frente a los últimos estudios llevados a cabo en esta línea de investigación en el centro y norte del reino de Castilla88.
No obstante, y a pesar de que este tipo de oficios fueron utilizados como instrumentos personales de ascenso social por algunos individuos y familias, no debemos olvidar que el apoyo del resto de la comunidad fue clave para presionar al concejo y a la monarquía para conseguir su institucionalización, aunque en algunos casos su vigencia fuese muy breve. Además, en sus labores de representación vecinal defendieron a sus convecinos, a los que estaban ligados por lazos económicos y de parentesco –familiar o espiritual–, como hemos podido constatar en el caso de los diputados de Jerez de la Frontera89. Era sin duda un vehículo de cohesión y comunicación con otros segmentos de la sociedad mucho más efectivo que las juradurías90. Esta alianza de intereses en los asuntos fiscales no debe desdeñarse y debe ser objeto de futuras investigaciones, a tenor de ejemplos como los de Carmona en 1503 o Jerez de la Frontera en 1511-1514 que hemos incluido en este estudio.
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