LA BATALLA DE SANLURI: UN PRETEXTO PARA UNA NUEVA INTERPRETACIÓN NACIONALISTA E IDENTITARIA DE LA HISTORIA MEDIEVAL SARDA.
THE BATTLE OF SANLURI: A PRETENCE FOR A NEW NATIONALIST AND IDENTITARIAN INTERPRETATION OF SARDINIAN MEDIEVAL HISTORY.
Luciano Ga llina ri CNR – Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea email@example.com.
Resumen: Este artículo analiza el actual uso e interpretación en términos nacionalistas e identitarios de los efectos polí- ticos, económicos y socioculturales de la batalla de Sanluri entre aragoneses y sardos (30 de junio de 1409), que preparó el camino para la definitiva conquista ibé- rica de la isla. Uso e interpretación que confirman los principios de las Ciencias Sociales y de la persona, según los cuales la memoria y el pasado se reordenan y reconstruyen de acuerdo a las necesidades del presente de los que recuerdan y reconstruyen.
Palabras claves: Cerdeña aragonesa, Giudicato de Arborea, Batalla de Sanluri, siglos xiv-xv.
Abstract: This article analyses the current use and interpretation in nationalist and identitarian terms of the political, economic and socio-cultural effects of the battle of Sanluri between Aragonese and Sardinians (30 June 1409), which paved the way for the ultimate Iberian conquest of the island. Use and interpretation that confirm the principles of the Social and Personal Sciences, according to which memory and the past are reordered and reconstructed according to the needs of the present of those who remember and reconstruct.
Keywords: Aragonese Sardinia, Giudicato of Arborea, Battle of Sanluri, $1 4 ^ { \mathrm { t h } } 1 5 ^ { \mathrm { t h } }$ centuries.
1. Premisa.
Después de mucho tiempo vuelvo a ocuparme de la batalla de Sanluri que tuvo lugar en Cerdeña el 30 de junio de 1409 entre el ejército aragonés1 —bajo las órdenes del rey Martín de Sicilia, quien luchó en nombre de su padre, Martín el Humano, rey de Aragón y de Cerdeña y Córcega—, y el sardo dirigido por Guillermo II Vizconde de Narbona, el último juez de Arborea.2 Un acontecimiento que, junto con las Capitulaciones de San Martín del 29 de marzo de 1410 —que produjeron una secesión del núcleo histórico del Giudicato de Arborea— considero una especie de vertiente del largo camino institucional y social que, tras el asesinado del juez Hugo III (1375-1383) y su hija y heredera en un levantamiento en Oristano, comenzó la última fase de la multicentenaria vida del ‘estado’ sardo.3.
Fui impulsado a volver a este tema fundamentalmente por el uso y la interpretación en términos nacionalistas e identitarios de los efectos políticos, económicos y socioculturales de la batalla en la actual historia de Cerdeña. Este intento contemporáneo de reinterpretar la historia de la Edad Media sarda que no se limita a la batalla, por supuesto— confirma muy claramente los principios de las Ciencias Sociales y de la persona, según los cuales la memoria y el pasado se reordenan y reconstruyen de acuerdo a las necesidades del presente de los que recuerdan y reconstruyen4 . A menudo —y este es también el caso de la historia del Giudicato de Arborea y la batalla de Sanluri— estas necesidades operan a un nivel inconsciente en las mismas personas que tratan de reconstruir ese pasado y esa memoria.
No se puede decir que sea nada extraño, salvo que esta lectura de la historia medieval sarda tiene claros reflejos en el intento de construir una identidad de los sardos actuales, con finalidades políticas que van más allá del trabajo histórico, pero que no deberían ignorar lo que dicen las fuentes, ni sustituir el contenido de una fuente primaria —el documento— por lo que es su exégesis por parte del investigador. Esta actitud —desgraciadamente muy difundida en parte de la historiografía sobre Cerdeña— que ahora puede presumir de una larga y arraigada tradición— pudo basarse también en una relativa escasez de fuentes públicas y privadas producidas en la isla.5.
Una actitud que es aún menos justificable cuando las mismas fuentes documentales sobre el acontecimiento militar de la batalla atestiguan repetidamente que no hubo una nació sardesca unida, como se quiere presentar, sino que, por el contrario, los documentos certifican la coexistencia de diferentes ‘almas’ políticas —y quizás incluso ideológicas— dentro de la sociedad giudicale. Volveremos más tarde sobre este importante punto.
Además, otro elemento relevante que debe tenerse en cuenta en la evaluación de aquellas interpretaciones nacionalistas e identitarias del pasado es que sus autores no mencionan fuentes documentales ni narrativas y ni siquiera muchos trabajos científicos que han sido publicados incluso recientemente.6 Fuentes y textos que no permiten apoyar tal clave de interpretación de la historia de la isla y, específicamente, de la del Giudicato de Arborea que ha sido sobrecargada con ciertos significados a posteriori.
Una última consideración: volver a un tema que traté hace casi treinta años me permite ahora retomar algunas de mis interpretaciones historiográficas. El paso del tiempo me ha hecho cambiar de opinión sobre el estatus jurídico de los jueces y sus ‘estados’, que en aquel momento yo consideraba como reyes y reinos por mi pertenencia a una ‘escuela’ académica e historiográfica. Sólo unas investigaciones posteriores me permitieron acceder a nuevas fuentes y nuevas herramientas exegéticas, que me convencieron de que los jueces casi nunca fueron reyes —con unas pocas excepciones limitadas— y que los territorios gobernados por ellos nunca fueron reinos en el sentido jurídico tradicional del Occidente medieval cristiano (Gallinari, 2009).7 Si no, incluso en ese caso, con limitadas excepciones, cuando las dos autoridades universales occidentales los consideraron como tales para su beneficio personal.
Pero esta opinión mía no es una diminutio para los Giudicati sardos. Todo lo contrario: para mí es muy estimulante que los jueces fueran los últimos descendientes institucionales del antiguo gobernador romano de la provincia imperial de Cerdeña (Praeses o Iudex Sardiniae), creado a mediados del siglo vi por el emperador Justiniano al reincorporar la isla al Imperio romano. Desde este punto de vista, los jueces y los Giudicati son un ejemplo muy claro de la longue durée de instituciones romano-bizantinas, que llegaron hasta las dos primeras décadas del siglo xv.
Un unicum en la cuenca euromediterránea occidental de la baja Edad Media que, a cambio, estaba repleta de reyes y reinos.
2. La larga tradición de la lectura ‘nacionalista’ de la historia giudicale.
Como acabamos de subrayar, la historia medieval de la isla ha estado plagada de valores y referencias nacionalistas e identitarias, en el sentido contemporáneo de ambos términos. Pero esta tendencia interpretativa no se remonta al siglo xix, el periodo de las narraciones históricas con carácter nacional por excelencia. De hecho, ya a finales del siglo xvi y principios del xvii un sentido identitario sardo surgió en las clases altas y en algunos intelectuales isleños que, sin negar su componente hispano, trataron de reconocerse cada vez más como algo diferente de los nativos (naturales) de los demás reinos de la Corona de España.8.
Si damos un salto temporal hacia adelante, queremos enfatizar que la lectura identitaria y nacionalista de la historia de los Giudicati está también arraigada en parte de la historiografía de todo el siglo xx y de las primeras décadas del siglo xxi sobre Cerdeña, en la que ocupa un lugar privilegiado la antigua cuestión del estatus jurídico de los jueces sardos en general, y de los de Arborea en particular. Los historiadores siguen divididos sobre si considerarlos reyes o no y, por lo tanto, si considerar sus ‘estados’ como reinos o no.9.
Incluso uno de los dos estudiosos reconocidos como los (re)fundadores de la historia medieval sarda a principios del siglo xx tuvo actitudes interpretativas partidistas y pro-Arborea, aunque escribió tras la publicación a mediados del siglo anterior de unos pergaminos que reescribieron la historia giudicale, llenando los numerosos vacíos documentales (en su momento mucho mayores que los actuales) con revelaciones inesperadas e ingenuamente excesivas para ser auténticas. Documentos que fueron definitivamente declarados falsos por la Academia de las Ciencias de Berlín en 1870, desacreditando a los historiadores de la isla y a otros estudiosos que los habían considerado auténticos.10.
El mencionado académico fue el jurista Arrigo Solmi —el otro fue Enrico Besta—, quien sentó una base sólida para una línea de interpretación que no se quedaba anclada a lo que las fuentes afirmaban literalmente, sino que añadía, en el mismo nivel hermenéutico, también las consideraciones del historiador.
Obsérvese cómo el jurista intentó responder a la pregunta básica de la verdadera naturaleza de la relación entre los reyes de Aragón y los jueces de Arborea:
[…] non erano tutti questi potenti [Doria, Malaspina, Gherardesca, Arborea e Sassari] ugualmente soggetti alla corona aragonese? […] è certo che il giuramento di fedeltà prestato, dagli altri antichi signori dell’isola, era identico, nella sostanza, a quello di qualunque altro signore feudale; […] Ben diverso doveva essere il punto di vista di quegli antichi signori [i giudici d’Arborea], rimasti in realtà autonomi […] Il fondamento del loro potere nell’isola aveva preceduto, nel suo nascere, lo stesso dominio aragonese; ed era quindi, per indole, diverso da quello che nasceva da una comune concessione feudale.11.
En estas líneas ya hay in nuce una serie de distorsiones en la visión de la relación entre los monarcas de Aragón y los gobernantes de Arborea a partir de Mariano IV (1347-1375). La primera de ellas es la yuxtaposición que Solmi hizo entre el juramento de fidelidad hecho por los jueces de Arborea —y descrito con precisión en el contrato jurídico-institucional de infeudación del Giudicato— y el personal punto de vista del mandatario sardo sobre esta relación, según la opinión del jurista, al menos: «[...] il giudice [...] chiese di citada. Una psiquiatra sarda Rudas (1997: 69-76), tras confirmar los objetivos económicos más evidentes, supuso que la ausencia de fuentes sobre la Edad Media «que negaba a los sardos una historia y una identidad» («che negava ai Sardi una storia e un’identità») causaría a los falsificadores y a las capas superiores de la sociedad isleña de la segunda mitad del siglo xix una herida narcisista que podría estimular «la invención de padres, según fantasías totipotentes» («l’invenzione di padri, secondo fantasie totipotenti»).
11 Solmi (1910): «[…] ¿no estaban todos estos poderosos [los Doria, Malaspina, Gherardesca, Arborea y la ciudad de Sassari] igualmente sujetos a la corona aragonesa? [...] es cierto que el juramento de lealtad prestado por los demás antiguos señores de la isla era idéntico, en sustancia, al de cualquier otro señor feudal; [...] El punto de vista de esos antiguos señores [los jueces de Arborea], que permanecieron en realidad autónomos, debe haber sido muy diferente [....] La fundación de su poder en la isla había precedido, en su nacimiento, al mismo dominio aragonés; y por lo tanto, era, por su carácter, diferente del que surgió de una concesión feudal común.»
essere considerato, come lo era, un potente sovrano, non un qualunque barone del regno [...]» mientras que «[a ciò] faceva contrasto la concezione feudale rigida del re, che tendeva a considerare il giudice alla stregua di ogni altro vassallo della Corona».12 Consideramos esta actitud sumamente indicativa de un modus operandi presente en otros estudiosos13 y nos detenemos todavía en las consideraciones historiográficas de este académico precisamente porque era un jurista y no un historiador de modo que, cuando hablaba de instituciones y derecho, algunas de sus afirmaciones tenían (teóricamente) más fundamento, y porque esta interpretación tuvo un gran éxito historiográ- fico y la encontramos como base de muchos otros textos sobre la historia de los jueces hasta hoy. Esto ha tenido efectos negativos para un conocimiento más exacto de la historia institucional y jurídica de los Giudicati sardos y de Arborea en particular.14.
Desde la misma perspectiva exegética, uno de los recientes estudios con una declarada matriz interpretativa nacionalista e identitaria de la historia sarda muestra numerosas desviaciones conceptuales del autor a propósito de los protagonistas políticos de la historia sarda. Es el caso de la interpretación de la acción política de la Nació sardesca que aparece mencionada en las actas del Parlamento celebrado en Cerdeña por Pedro IV en 1355, al mismo tiempo de la primera insurrección de Mariano IV. Según el autor de este trabajo, con ocasión de este levantamiento toda la Nació sardesca «”sceglie” il proprio sovrano, [… e] afferma se stessa come soggetto politico e non puramente linguistico-culturale, attraverso questa relazione con una sovranità propria.»15 Así que, de acuerdo con esta interpretación, el protagonista de la acción jurídico-política fue todo el pueblo sardo dotado de soberanía. Tal reconstrucción histórica, por muy sugerente que sea, choca con la realidad de numerosas fuentes, algunas de ellas incluso de origen giudicale, que —de momento— atestiguan que en sus dos levantamientos contra el rey aragonés (1353-1355 y 1363-1375), Mariano IV fue el único protagonista de la acción política y militar del Giudicato, a diferencia de lo que ocurrió con sus sucesores, que hubieron de enfrentarse a muchos intentos de limitación de sus poderes por parte de la oligarquía giudicale.
Además, el mismo Mariano tuvo que recurrir a medios de persuasión que contemplaban la violencia para reclutar nuevos soldados para su ejército y para que muchas aldeas del Regnum Sardinie et Corsice depositaran sus cereales en los almacenes arborenses y no lo entregaran a los oficiales reales16. Y hay que considerar también que hubo parte del pueblo sardo que permaneció sujeta a otras autoridades: como el Regnum y los señoríos de los Doria. Además, hablar de la univocidad de todo el pueblo sardo como si fuera un sujeto político unitario en apoyar una lucha nacionalista e identitaria desde la época de Mariano IV hasta la de su hija Leonor —1347-1392— no tiene en cuenta las divisiones e incluso los enfrentamientos sangrientos que se produjeron en la misma sociedad giudicale en ese período de tiempo, según atestiguan por numerosas fuentes. Basta con recordar el asesinato de dos jueces en un cuarto de siglo —Hugo III en 1383 y Mariano V en 1407— y la creación del Marquesado de Oristano en 1410, para entender que numerosas fuentes no se tienen en cuenta porque invalidarían esta clave de lectura, que quiere mostrar cómo ya en ese período histórico “el” pueblo sardo estaba unido y consciente de su identidad nacional, histórica y política.
3. ¿Hubo una sola nació sardesca desde Hugo III de Arborea hasta Guillermo II de Narbona (1375-1420), según las interpretaciones nacionalistas...?
Como dije en la premisa, para interpretar de manera más eficaz la batalla de Sanluri con todos los significados y las consecuencias que tuvo entonces y que podría tener hoy, es necesario tomar en consideración los últimos cuarenta y cinco años de existencia del Giudicato de Arborea. Las fuentes históricas de este intervalo cronológico muestran una sociedad giudicale repetidamente sacudida por fuertes tensiones sociales y por varios intentos de una oligarquía no identificada —a veces declaradamente de Oristano, a veces, en cambio, de todo el Giudicato— que trató de poner límites al poder de la dinastía de los jueces y, en algunos casos intentó, incluso, eliminarlos de la gestión del poder. Un acontecimiento que ocurrió, en parte, con la creación del Marquesado de Oristano en 1410. Examinemos con más detalle la presencia de estas fuertes tensiones en la sociedad giudicale, que dieron lugar a una verdadera implosión de la misma. Si es cierto que la batalla de Sanluri fue ganada militarmente por los aragoneses, es igualmente cierto que el Giudicato, que sobrevivió once años más, terminó implosionando desde el interior, como lo demuestran muy eficazmente también algunos documentos relativos a los preparativos de la batalla misma, que examinaremos más adelante, además de las mencionadas Capitulaciones de San Martín.17.
El primer ejemplo de un importante cambio institucional/dinástico y de la aparición de otros protagonistas en la vida política del Giudicato enfrentados a la dinastía es el asesinato del juez Hugo III junto con su hija Benedetta, ocurrido tal vez el 6 de marzo de 1383, a raíz de un levantamiento en la capital giudicale.18 Lo que nos interesa señalar aquí es que ya unos años antes de la muerte del gobernante, las fuertes tensiones sociales provocaron un conspicuo escape de exiliados arborenses hacia Castell de Càller, la capital del Regnum aragonés. Este fenómeno adquirió tales dimensiones que en 1379 —a mediados del gobierno de Hugo III— un tercio de los ingresos aduaneros de la ciudad se dedicó al mantenimiento de aquellos.19.
La confirmación de la extrema fragmentación de la sociedad arborense en esta coyuntura histórica se encuentra en un documento emitido el 17 de junio de 1383 por Leonor de Arborea, que sustituyó a su hermano en el trono giudicale en nombre de su hijo Federigo Doria Bas. El documento informa sobre la coexistencia de unos grupos políticos con objetivos muy diferentes, que en algunos casos ya no contemplaban la presencia de la dinastía al frente del Giudicato, es decir, que no estaban satisfechos con la eliminación de Hugo III.
Es interesante notar que en esta carta al rey Pedro IV de Aragón la nueva iudicissa emitió un juicio diferente sobre las dos facciones políticas mencionadas, lo que podría significar que tal vez los destinatarios del peor juicio fueron los responsables del asesinato de su hermano:
[...] Post mortem infelicis germani mei [...] ad meam devenit notitiam quod omnes Sardi insule Sardinie erant in pessimo constituti estamento, nam aliqui pretendebant se reddere Comuni Janue et aliqui nequissimi proditores pro se ipsos dominari querebant Civitates et Castra huius insule [...]20.
Si Leonor se limitó a informar al soberano de la existencia de quienes habrían querido someterse a la autoridad del Común de Génova,21 no hizo lo mismo con los exponentes de la otra facción que aspiraban a una autonomía autóctona del Giudicato, pero sin la presencia de la Casa de Arborea. Estos fueron marcados como nequissimi proditores.
Al final, entre las dos facciones que competían para obtener el poder y un tercer grupo político —ligado a la dinastía de los Bas Serra y liderado por.
Leonor— fue este último el que obtuvo el trono giudicale gracias quizás al apoyo de la Corona de Logu, esto es, de la Asamblea de los hombres libres del Giudicato. Tal vez se debió a los mayores contactos de Leonor dentro del Giudicato y fuera de él (piénsese, por ejemplo, en el Común de Génova).22 Pero quizás también porque los miembros de la Corona de Logu consideraron que Aimery de Narbona, hijo y heredero de su hermana mayor —Beatriz Bas Serra, fallecida en 1377— era un completo desconocido para los sardos, aunque fuese a él a quien le correspondiese el trono giudicale según lo dispuesto por el juez Mariano IV.23.
Si bien la situación en el Giudicato de Arborea parecía momentáneamente pacificada, en realidad las fuentes documentales muestran que las divisiones internas continuaron en los años inmediatamente posteriores. Ya en 1385 otro documento procedente de la isla muestra una vez más un grupo de poder activo en contra de la dinastía de los jueces. El documento no proporciona los nombres de sus autores, que se llamaban a sí mismos Sardinie populus. Ellos se declararon listos para volver «ardentius ad veram obedienciam dicti domini regis» y obtener el perdón real.24.
Hay otros puntos propuestos por este documento que son muy interesantes, ya que ofrecen más detalles sobre la fragmentación de la sociedad giudicale. Entre otros, los firmantes de estos capítulos propusieron al rey que diera el Condado del Goceano a la reina, y que incluso le pidiera que se convirtiese en «ipsius populi advocata.»25 Por si ello no fuera suficiente, los autores del texto propusieron al soberano de Aragón dividir el tesoro de los jueces de Arborea en tres partes iguales: dos para el rey y la tercera para los suscriptores sardos de este acuerdo.26 Todo esto dejaba entender que la dinastía giudicale no debía sobrevivir. Las peticiones de esta facción política pro-aragonesa no parecen muy diferentes de las presentadas ante el rey Martín el Humano por Leonardo Cubello, vicario giudicale, y que llevaron a la firma de las Capitulaciones de San Martín en 1410. En este caso también, se trató de una iniciativa de una parte de la oligarquía arborense, que deseaba reanudar relaciones pacíficas con los aragoneses sin la mediación institucional de los jueces. Lamentablemente, las fuentes no permiten saber con certeza si el grupo que se definió Sardinie populus y los oligarcas arborenses que apoyaron a Leonardo Cubello en 1410 eran las mismas personas o, al menos, miembros de las mismas familias ya que, como hemos dicho, el documento de 1385 no contiene ningún nombre, a diferencia de las mencionadas capitulaciones.
Asimismo, de momento las fuentes ni siquiera nos permiten relacionar directamente la propuesta del Sardinie populus con otro acontecimiento ocurrido el año siguiente, que aparentemente tenía como objetivo, una vez más, la eliminación de toda la familia giudicale.
Entre febrero y abril de 1386, dos documentos informaron al rey Pedro IV del intento de fuga de Brancaleone Doria de la torre de San Pancracio en Castell de Càller, donde estaba custodiado. La responsabilidad de este plan fue atribuida a Francisco Squinto —mayordomo de Leonor de Arborea— ya que pretendía convertirse en ‘señor’ de la isla tras matar al conde de Monteleone, a la misma iudicissa y a su hijo, el juez juramentado Federigo.27 Uno de los dos documentos contiene otros detalles interesantes para nuestro tema. El rey fue informado que, según un testigo ocular, el pueblo que acudió a la prisión de Oristano pareció estar del lado de la dinastía giudicale y de Brancaleone Doria, considerados defensores de la paz con los aragoneses. Y por esta razón los nombres de la iudicissa, de su esposo y de Federigo fueron aclamados por la gente de allí, que actuó contra los partidarios de la guerra, incluyendo entre ellos a Squinto y su familia.28 En este momento, por lo tanto, la familia giudicale podía contar con un apoyo (¿de una parte?) del pueblo de Oristano que le permitió permanecer al mando del “estado” sardo, a pesar de algunos conflictos internos.
Unos meses después, el 10 de septiembre de 1386, Pedro IV escribió a Brancaleone Doria una carta muy interesante pidiendole que proveyese lo necesario para la devolución de la dote de Sibil.la de Montcada —esposa de Juan de Arborea, hermano del juez Mariano IV († 1375)— ya que iba a suceder en la herencia («heretat»: bienes y títulos) del dicho juez, en nombre de su esposa Leonor, y tendría a su disposición los bienes de dicha noble mujer.29.
La heretat mencionada en el documento se refería al juez Mariano IV, ya que él había embargado por la fuerza la persona y los bienes de su hermano Juan de Arborea. Esto es correcto, pero Leonor no heredó directamente esa heretat de su padre, noticia de la que no hay rastro en las fuentes conocidas y que parece poco creíble. De hecho, esto habría supuesto un debilitamiento del Giudicato y posibles enfrentamientos entre Hugo III, que habría heredado un Giudicato mermado de zonas muy estratégicas, y su hermana Leonor, que según Mariano IV ni siquiera debía suceder en el trono giudicale que en cambio habría pertenecido a su hermana mayor Beatriz, en caso de muerte de Hugo III.30 Por lo tanto, a la muerte de Mariano, en 1375, la heretat, junto con el trono giudicale y todas las demás propiedades de la Casa de Arborea pasó a manos de su sucesor Hugo III hasta su muerte en 1383 y, tras la toma de poder por parte de Leonor, en nombre de Federigo, hijo suyo y de Brancaleone Doria, esa heretat estaba nominalmente a disposición de ella como se infiere del documento emanado por el rey Pedro IV.
Dicho esto, el elemento más importante del documento del rey aragonés quien conocía muy bien la Casa de Arborea— es que plantea muchas preguntas al historiador sobre la situación real de la dinastía giudicale. De hecho, el soberano afirma rotundamente que Brancaleone Doria iba a suceder en la herencia del juez —Mariano IV o Hugo III importa poco— y en su documento no hay la más mínima referencia al hijo Federigo, ya juramentado como juez por los arborenses y que teóricamente, como tal, había heredado los bienes de los jueces de Arborea anteriores.
Esto podría significar dos cosas para el propio rey: en primer lugar, que Federigo ya no era el juez legítimo (¿porque ya estaba muerto o por otra razón?) y, en segundo lugar, que no había otro hijo legítimo de la pareja Brancaleone/Leonor que pudiera heredar el título giudicale.
En realidad tres años antes, el 19 de diciembre de 1383, Pedro IV había informado a los representantes del Parlamento reunidos en Montsó que el conde de Monteleone le había prometido quedarse en la Península Ibérica hasta que los arborenses entregaran como rehén, —para asegurar el mantenimiento de la paz—, al joven Federigo, «fill unigènit comú al dit mossèn Brancha et a la noble dona Alienor d’Arborea, muller sua, lo qual Ffrederich és jurat, segons que.s diu, en jutge d’Arborea». Parece difícil creer que el rey aragonés se equivocase a propósito de un asunto de esa relevancia en una circunstancia histórica tan delicada.31Sólo en estas dos circunstancias el título giudicale podría pasar de Leonor a su marido.32.
Tal vez la fecha del documento dirigido a Brancaleone Doria —10 de septiembre de 1386— podría ser considerada como una referencia ante quem de la muerte del joven Federigo Doria Bas. A pesar de eso, el 6 de enero de 1388 en un documento emitido por la iudicissa aparece otro hijo suyo («nobili Mariano filio nostro carissimo») para quien ella pidió al gobernador general de Cerdeña que designara un tutor con el fin de deshacer el homenaje rendido a Mariano por las comunidades y los individuos que residían fuera del Giudicato.33.
Siempre con respecto a este tema, es igualmente interesante otro documento emitido el 20 de enero de 1388 por Leonor de Arborea. La iudicissa declaró —de manera explícita esta vez— que ella actuaba de acuerdo con las directivas claras de los representantes de las ciudades y Curadorias arborenses que eran llamadas a firmar el acuerdo de paz con el rey. En calidad de tutor fue indicado Giacomo de Vieri, miles y ciudadano de Oristano.34.
De momento desconocemos si se había propagado en Cerdeña el eco de las declaraciones de Pedro IV sobre el conde de Monteleone y sobre su designación como nuevo juez de Arborea en lugar de su esposa. Sin embargo, si el juez Federigo había muerto realmente antes del 10 de septiembre de 1386, entonces incluso en Arborea habrían sabido que, en ausencia de otro heredero legítimo de la pareja Brancaleone/Leonor, el conde de Monteleone iba a ascender al trono giudicale en nombre de su esposa.
A estas alturas —quizás porque no confiaba en el Doria, quizás porque no estaba segura que podría controlarlo, o quizás también porque en ese momento el conde era prisionero de los aragoneses en Castell de Càller— la oligarquía arborense decidió jurar como juez a Mariano, tal vez hijo natural de un miembro de la pareja. Este hipotético estatus de Mariano V lo habría convertido en un gobernante institucionalmente más débil que otro heredero legítimo. Esta decisión podría explicar la razón por la que Brancaleone gobernó el Giudicato de manera sumamente centralizada desde que fue liberado el 2 de marzo de 1390 hasta la muerte de Mariano V en 1407, tras otro levantamiento en Oristano que le privó del vínculo formal con el poder sobre el Giudicato (Gallinari, 1996).
Estas fuentes y también otras que se remontan al 1388, cuando se firmó la Ultima Pax Sardinie, atestiguan que la situación en Cerdeña continuó siendo fluida en aquel periodo. Además, aunque la familia giudicale había superado estos difíciles momentos, la documentación muestra una vez más su debilidad política e institucional y los repetidos intentos de la oligarquía arborense de tenerla bajo control.
Una doble debilidad: una externa a la familia, según la cual —aunque Brancaleone Doria fuera un hombre mucho más temido que amado, y con importantes contactos personales con el Común de Génova y otros sujetos políticos fuera de la isla— los arborenses y los sardos en general no se unieron incondicionalmente a la lucha contra los aragoneses que planeó tras su liberación. La otra debilidad, la interna a la dinastía, fue la oposición de la misma iudicissa Leonor al enfrentamiento deseado por el marido (Gallinari, 2013: 267). Y eso habría impulsado al Doria a aliarse «cum nonnullis [...] satellitibus et hominibus male vite insule prelibate» para recuperar todas las localidades y fortalezas del Regnum conquistadas por los jueces en las décadas anteriores, que habían sido devueltas al soberano aragonés con la paz de 1388.35.
En el discurso que vamos haciendo sobre la fragmentación de la sociedad giudicale, no nos parece una coincidencia que precisamente por parte del conde de Monteleone empiece a ser utilizada ampliamente —a lo mejor por primera vez de manera tan explícita— la expresión nació sardesca con un significado más político que etnocultural en unos discursos que confiaron a la Casa de Arborea la protección de los derechos de todo el pueblo sardo, y no sólo de los súbditos del Giudicato. Reivindicaciones hechas por el Doria y algunos de sus seguidores para desconocer los derechos del soberano aragonés sobre Cerdeña y presentarse como los defensores de todos los “sardos” unidos, aunque ya hemos demostrado que, al menos en las dos últimas décadas del siglo xiv, esa unidad no exitió en absoluto.
Y aquí profundizamos aún más en el discurso que subyace a algunas de las más recientes interpretaciones nacionalistas de la Batalla de Sanluri y de la historia final del Giudicato.
4. ¿Una nació sardesca o más nacions sardesques (según las interpretaciones nacionalistas)?
El 17 de junio de 1390, en una carta al gobernador aragonés Joan de Montbuy, Brancaleone Doria declaró que la Casa de Arborea se sentía investida con la representación política no sólo de sus súbditos sino de toda la nació sardescha, en cuyo nombre había firmado la paz de 1388 con el rey Juan I de Aragón. Asumía, por lo tanto, la tarea de defenderla y hacer justicia en caso de que fuera víctima de los aragoneses.36 El conde de Monteleone utilizó un fuerte argumento nacionalista con un tono más ideológico que jurídico, ya que reivindicó para la Casa de Arborea el derecho a defender también a los sardos que vivían en el Regnum, aunque estuvieran directamente sometidos a la autoridad soberana.
En mi opinión, este ‘discurso foucaultiano’ de Brancaleone Doria mostraría que para él en ese preciso momento histórico los sardos del Giudicato serían sólo una parte de la más amplia nació sardescha. De hecho, esta no indica un único sujeto político. Este último es el objetivo del Conde de Monteleone, quien, para lograrlo utilizó las arriba mencionadas argumentaciones, forjando al mismo tiempo una identidad étnica —antropológicamente hablando— pero también política para la nació sarda en agudo contraste con los aragoneses.37 La fictio legal del Doria volcó la relación jurídica establecida por la investidura feudal, que hacía del monarca ibérico el señor natural de todos los sardos de la isla. Y lo hizo yuxtaponiendo una naturalitas natural —disculpen el juego de palabras— porque era original (de todos los sardos que habían nacido y vivían en la isla) con una naturalitas “artificial” que procedía del Derecho —es decir, de la investidura pontificia del Regnum— que él no reconocía.
Sin embargo, unos meses más tarde, el 11 de agosto de 1390, el propio Brancaleone Doria pareció negar sus anteriores declaraciones al informar a Joan de Montbuy que no podía devolver al rey unas aldeas en el marco del tratado de paz de 1388, porque ni siquiera la Casa de Arborea había nunca ejercido su autoridad en el territorio de aquellas. Y esto porque sus habitantes (los Barbaricini) querían autogobernarse y no obedecer a ningún señor.38 En un tono que podría parecer irónico y casi provocador, el Doria invitó al gobernador aragonés a intentar someterlos. Una hazaña que ya había costado caro a los jueces de Arborea, que varias veces trataron de extender su autoridad sobre las diversas aldeas que teóricamente poseían en esa parte de la isla. Si no era una mentira para no devolver los territorios en disputa a los aragoneses, estas declaraciones —junto con otras pruebas documentales de la época de los jueces Hugo II y Mariano IV—,39 parecerían llamar la atención del historiador sobre el estatus jurídico real de las regiones más interiores de la isla: ¿estaban sujetas a la autoridad del Giudicato o a la del Regnum o, finalmente, eran independientes de ambos? Una pregunta a la que no es fácil responder con precisión.
De otro lado, los Barbaricini que residían en las regiones montañosas de la isla, en un área mucho más extensa que el territorio conocido hoy en día como Barbagie, parecen una minoría política etnocultural auto-marginada, con una fuerza perturbadora incluso antes de la presencia ibérica en Cerdeña, ya que se había mostrado, igualmente, independientes del Común de Pisa (Gallinari, 2019b: 352). Estos datos parecen mostrar una situación insular de fluidez institucional e identitaria que no encaja bien con la interpretación nacionalista que tiende a incluir a todos los isleños en la categoría de una única nació sardescha en el sentido político que se quiere dar a esta expresión.
Sin embargo, a pesar del posible bando político de los Barbaricini, el duro enfrentamiento entre aragoneses y sardos con un trasfondo nacionalista continuó en los años inmediatamente posteriores alimentado por los discursos del Conde de Monteleone y no sólo. Así lo demuestra una carta que Pietro Marongio, podestà de la ciudad de Sassari, escribió el 6 de enero de 1392 al Gobernador General Joan de Montbuy; en ella formuló un “discurso” nacionalista cargado de un fuerte sentimiento de oposición étnica e identitaria que se percibe en el uso de los pronombres personales «nosaltres / vos». Un discurso en el que también se puede captar un componente identitario urbano muy fuerte en Sassari, que estaba vinculado a sus antiguas prerrogativas comunales. Sin mencionar la referencia hecha al concepto legal de naturalitas de los sardos en su propia isla y, específicamente, en la ciudad de Sassari, y que resulta muy similar a la analizada anteriormente en el documento de Brancaleone Doria al mismo oficial aragonés, y que contrastaba con el uso hecho por los soberanos aragoneses. Y esta similitud no es sorprendente porque el podestà de Sassari formaba parte del Consejo que apoyaba al conde de Monteleone en su lucha ideológica, política y militar contra los aragoneses.40.
Brancaleone Doria enfatizó aún más estas declaraciones políticas —con gran energía y determinación, así como con desvergüenza— en una carta dirigida al Gobernador General del Regnum Sardinie que debe datarse entre junio de 1392 y junio de 1393. Un documento que, por sus características, suele ser citado por los historiadores que quieren hacer hincapié en la independencia del Giudicato de Arborea. El texto aparece como una especie de manifiesto jurídico y político de las reivindicaciones que el conde declaró llevar a cabo en nombre del Giudicato. En síntesis, el conde afirmaba haber obtenido «senyoria i domini» en el Giudicato gracias a su esposa, la iudicissa Leonor, hija y heredera de su padre, Mariano IV, y que la Casa de Arborea tuvo el señorío en Cerdeña durante quinientos años. Otro elemento muy importante que Brancaleone destacó fue que su señorío sobre el Giudicato y toda la Nació Sardesca no se debía a ninguna autoridad externa. Ni siquiera a la Sede Apostólica que, en cambio, había confiado ese señorío al rey de Aragón.41.
Los mismos argumentos fueron utilizados por el Doria para (re)fundar también la senyoria de su familia, presente en la isla desde hacía trescientos años, según él, y también independiente de reyes y reinas.42.
Hay que destacar otro elemento significativo en la economía del discurso nacionalista e identitario. Ni siquiera Brancaleone Doria en los momentos de máximo enfrentamiento con los ibéricos habló de Arborea como de un reino, y de su esposa —su conexión al poder giudicale-—como de una reina.
El hecho de que en estos años de finales del siglo xiv se produjeron muchí- simos cambios en la sociedad sarda es confirmado también por la probable promulgación en los últimos años de la década de los $8 0 \mathrm { y }$ los primeros de los 90 del siglo XIV de una versión renovada de la Carta de Logu (CdL), un có- digo de leyes civiles y criminales del Giudicato de Arborea que fue reeditada por la iudicissa Leonor.43 Esto se afirma explícitamente en el preámbulo de este importante documento jurídico:
Sa Carta de Logu (...) fata per issa bona memoria de juigui Mariani padri nostru (...) non sendo correpta per ispacio de annos VI passados, como per multas variedadis de tempus bisognando sa veridadi de necessidadi corregire.la, et emendari, considerando sa variedadi, e mutacioni dessos tempos (...) et issa condicioni dessos hominis, qui est istada (...) multu permutada.44.
De estas declaraciones se desprende que «para preservar la justicia y la condición pacífica, tranquila y buena del pueblo» y por el «buen hacer de la Republica sardisca», la iudicissa se había visto en la necesidad de en
43 Lupinu (2010:54). El glotólogo explica bien las dificultades para llegar a una datación más precisa de la Carta, que se deben a las divergencias textuales entre el manuscrito y el incunable y las demás impresiones. El primero de ellos afirma que la Carta no fue corregida durante más de seis años, mientras que en el incunable el texto habla de más de dieciséis años (p. 3).
Tal vez debe haber habido ediciones de la CdL anteriores a la de Mariano IV, que forma la base de la nueva reedición de Leonor. A este respecto Soddu (2019: 95) recuerda que Hugo III reclamó renovar la legislación e ir en contra de la CdL —que establecía que un asesino podía escapar de la pena de muerte pagando una sanción de mil liras— al decretar que el asesino debía ser colgado. En realidad, la legislación conocida no incluye tal sanción pecuniaria sustitutiva; por lo tanto, esta sería una referencia indirecta a una CdL más antigua y desconocida.
44 Lupinu (2010:54): «La Carta de Logu (...) hecha por la buena memoria del juez Mariano, nuestro padre (...), al no haber sido corregida durante más de séis años, ahora es necesario corregirla y enmendarla, considerando las muchas variaciones y el cambio de los tiempos (...) y la condición de los hombres, que (...) ha cambiado mucho (...).» La fecha de la muerte de Mariano IV (1375) plantea otros problemas de datación. De hecho, si añadimos a 1375 al menos seis años la nueva edición de la Carta sería reeditada en 1381, o sea durante el gobierno de Hugo III; en cambio, si añadimos a 1375 al menos dieciséis años, según el texto del incunable, la Carta sería reeditada por Leonor, en 1391. $\therefore \mathrm { Y }$ si la referencia al período de más de seis años en el texto del manuscrito es una parte superviviente de una versión anterior de la Carta pensada por Hugo III, que también parece evocada por Soddu (2019: 95)?
mendar y adaptar el Código redactado por su padre más de dieciséis años antes.45.
La iudicissa citó como razón de su acción precisamente el considerable cambio de tiempos y costumbres: un indicio de una sociedad en rápida evolución tal vez, incluso, bajo la presión del continuo enfrentamiento militar, económico y político con los aragonenses. Sin olvidar, por supuesto, todas las tensiones internas del Giudicato que ya mencionamos.46.
En la CdL de Leonor se reivindica la prerrogativa más importante de los gobernantes medievales, el poder legislativo. Los juristas de la CdL parecen haber querido proponer la imagen de un rex iustus (o regina iusta, en nuestro caso) impulsado a actuar por la necesidad de restablecer una relación más equilibrada entre las dos realidades, la trascendente y la inminente, cuyo balance se vio comprometido por los cambios de los tiempos y la propia condición de los hombres, cada uno de los cuales estaba más inclinado a hacer el mal.47.
Una interpretación reciente del preámbulo de la CdL desarrolla un discurso totalmente diferente, que muestra algunos deslices conceptuales que, desde cierto punto de vista, recuerdan a los de Arrigo Solmi que ya comentamos.
Il proemio della CdL rende infatti evidente il tentativo di tenere insieme un soggetto istituzionale che non può parlare e agire istituzionalmente a nome della Sardegna, dato che il titolo di “Regno di Sardegna” è nelle mani
45 Lupinu (2010:54): «pro conservare sa justicia e pacifichu, tranquillu et bonu istadu dessu pobulu»; «bonu operari dessa Republica sardischa».
46 Olla Repetto (1979: 137-138 y 170-172) señaló que el orden institucional del Giudicato que surge de este importantísimo documento atestigua cómo el “estado” sardo de finales del siglo xiv se encontraba en una fase evolutiva, rica en elementos contradictorios, con estructuras arcaicas en las que se basaban otros derivados de las experiencias municipales italianas.
47 En las afirmaciones de la CdL encontramos —quizás— ecos del pensamiento de Juan de Salisbury y de la producción de Santo Tomás de Aquino, utilizados por los juristas arborenses para construir una imagen real de Leonor, basándola en el deber de justicia que recaía sobre el rey por las causas naturales de su institución. Por lo tanto, su rectitud se identificó con la función de gobierno. Ver Senellart (1995: 128, 135-136 y 165); y para más detalles, Gallinari (2009: 367-370). En cuanto a las influencias jurídicas de la CdL y la presencia de juristas en la corte de los jueces, remito a las consideraciones de Soddu (2019: 97) para quien surge claramente la aportación de personalidades procedentes del mundo pisano, que ya actuaban en Castel di Castro y Villa di Chiesa (hoy Cagliari e Iglesias) y que, tras la conquista aragonesa de esos territorios, encontraron a menudo refugio en Oristano.
del sovrano della Corona d’Aragona a cui lo ha conferito la chiesa romana, e tuttavia parla e agisce moralmente a nome della Sardegna, o ancor meglio, di quel soggetto che nella pace del 1390 appare sotto il nome di nació sardesca schierato totalmente a fianco di Eleonora. (Sedda, 2019a: 24-25)48.
De nuevo, como hace un siglo con Solmi, vemos un estudio que se desvía de un nivel de análisis jurídico —la existencia de un rey y un reino de Cerdeña que incluye a todos los habitantes e instituciones de la isla, pero en manos de un soberano “extranjero”— a otro nivel de naturaleza moral, que permite al Giudicato de Arborea hablar en nombre de la Nació sardesca. Una nació sarda que a veces Sedda interpreta como el pueblo del Giudicato de Arborea y otras veces como todo el pueblo sardo, incluyendo también a los súbditos directos del rey de Aragón o de los Doria.
En realidad, si leemos el texto del proemio con atención, resulta que la iudicissa cuando utiliza la expresión republicha sardischa se dirige explícitamente al pueblo del Giudicato de Arborea, es decir, a sus súbditos. Ya que en el preámbulo se refiere a «su rennu nostru» o al «Iuighadu nostru» de Arborea, como ella lo definió, es decir, al territorio que ella gobernaba como iudicissa y para cuyos súbditos estaba promulgando la actualización de un código de leyes y normas. No hay ninguna parte en la que se pueda entender que el concepto de la republicha sardischa deba extenderse automáticamente a todo el pueblo sardo, incluyendo a los habitantes del Regnum o de los señoríos de los Doria, porque estas dos realidades institucionales tenían sus propias leyes y autoridades de referencia. Esta extensión sólo podría ser admitida si el Giudicato hubiera conquistado toda la isla y, por lo tanto, si todos los isleños se hubieran convertido en súbditos del mismo. El proemio se dirige al Giudicato de Arborea y a sus habitantes, que son la republica sardisca.
El deslizamiento de los conceptos jurídicos a los que aludíamos anteriormente se encuentra en el análisis de Sedda entre tres términos y tres planteamientos. De hecho, después de referirse a la “relación sintagmática” en el Proemio de la CdL entre los conceptos de respublica y pobulu, ya destacada por anteriores juristas, ambos atribuibles a los sujetos del Giudicato de Arbó- rea, el estudioso introduce la tercera noción, la de nació (sardesca), en cuyo nombre Leonor de Arborea «habla y actúa moralmente», pero que nunca se mencionó en el Proemio.
Aquí aparece la voluntad del estudioso de homologar esta última noción a las de pobulu y respublicha extendidas por él a todos los habitantes de Cerdeña, una interpretación que parece tener más una finalidad política actual que la reconstrucción de los acontecimientos de finales del siglo xiv. Puede observarse también la referencia en el Proemio al «pobulu totu dessa dicta terra nostra et dessu rennu de Arbaree» («todo el pueblo de dicha nuestra tierra y del reino de Arborea»), que ha sido interpretada como una clara alusión a todos los isleños que no residían en el Giudicato.49 En realidad, esta referencia plantea más de una dificultad de interpretación: el término dicta (dicha) parece referirse a algo que ya se ha mencionado (la tierra), pero del que no hay rastro, y por lo tanto no está claro a qué se atribuye.50 Tal vez sea una parte sobreviviente del texto de ediciones anteriores de la CdL.
Creo que una confirmación más de la identificación de la nació sardesca con los súbditos del Giudicato de Arborea, —y por lo tanto con el pobulu y la respublicha sardischa, y no con todos los sardos de la isla—, se puede encontrar también en las cartas en las que el rey de Aragón, Martín el Humano, comunicó la victoria en la batalla de Sanluri a los principales soberanos europeos. En ellas, como dice Sedda, el rey definió como traidora y rebelde a su autoridad la nació sardesca, indicada «al singular, toda junta» («al singolare, tutta insieme»). Pero quien se rebelaba era el Giudicato de Arborea o, mejor dicho, la dinastía al mando de aquel que seguía con su voluntad de oposición a los aragoneses, teniendo que enfrentarse varias veces por esta razón con algunos súbditos que a lo largo del tiempo habían mostrado actitudes pro-aragonesas. Igualmente, no se rebelaban todos los sardos que vivían en las zonas aún sujetas a la autoridad del rey.
Una afirmación —esta de la compacidad de la nació sarda— que Sedda basa en el documento de Leonor del 17 de junio de 1383, en el cual comunicaba a Pedro IV su asunción del poder sobre el Giudicato con la ayuda de todos sus buenos sardos y la buena voluntad de todo el pueblo sardo. Pero estas eran declaraciones políticas, que debían mostrar la validez de las reivindicaciones hereditarias de Leonor, la cual sabía bien que debía obtener el reconocimiento del rey de Aragón. Y que fueron “discursos” de propaganda política y que el pueblo sardo no era compacto también se demuestra por la mención que la misma iudicissa hizo de varios grupos “políticos” que se disputaban el poder en Arborea en ese momento.
Ninguna de estas contradicciones emerge en la interpretación nacionalista, aunque, sin embargo, aparezcan incluso en fuentes posteriores procedentes del Giudicato.
Ni siquiera una sola vez, el académico plantea el problema de que la dinastía giudicale y, en concreto, Leonor y sus juristas, hubieran recurrido a los conceptos de pobulu, respublicha sardischa y nació sardescha para consolidar la dinastía y el “estado” sardo que fueron sacudidos repetidamente por conspiraciones, ataques personales e intentos de pacificación con los soberanos aragoneses ajenos a los mandatarios del Giudicato.
Ni una sola vez se ha planteado la hipótesis de que los recursos a aquellos conceptos fueran deseos o planes de la iudicissa y de la dinastía del Giudicato, que querían completar el proyecto de Mariano IV de conquista de toda Cerdeña. Una dinastía que ejerció su poder en Arborea durante más de veinticinco años después de la promulgación de la CdL, llegando a dominar casi toda la isla justo antes de la batalla de Sanluri.
Por el contrario, según Sedda, gracias a la transferencia de poder del Rennu d’Arbarée «alla republica sardisca ovvero una comunità depositaria di un bene comune e unita da un “dovere” [la legge che essa stessa liberamente si dà]», aquel Rennu se presenta como un «soggetto che vuole parlare istituzionalmente a nome della Sardegna (…) e si auto-costituisce in quanto (…) soggetto politico sardo che oggi diremmo statuale» (Sedda, 2019b: 33).51.
Si esta transformación del Giudicato en un “estado” político ocurrió con la publicación de la CdL en 1391/1392 ¿cuál era la naturaleza jurídica del Rennu d’Arbarée antes de esas fechas, a pesar de todas las leyes que los jueces habían (libremente) promulgado, entre otras, las diferentes versiones de las CdL y el Código Rural promulgado por Mariano IV a mediados del siglo xiv?
Si quisiéramos salvar este intento de leer la historia del Giudicato entre finales del siglo xiv y principios del xv, habría que subrayar que, una vez más, la protagonista fue la dinastía gobernante, que intentaba hacer frente a las crisis internas y externas tratando de compactar el Giudicato a través de la inclusión en la republica sardisca —es decir, en sí mismo— de los sardos sometidos a otras autoridades. Una inclusión que podía lograrse mediante la conquista armada de los territorios externos o la adhesión voluntaria de los “otros” sardos al proyecto político de la dinastía de los jueces.
Un proyecto de unificación de toda la isla bajo su propia autoridad que más de dos siglos antes, en 1164, la Casa de Arborea había logrado con la concesión del título de Rex Sardiniae al juez Barisone I, por parte del emperador Federico I Barbarroja. Y ello sin ningún protagonismo —al menos en las fuentes conocidas— del pueblo de Arborea o de Cerdeña.52.
Por razones de espacio, no podemos detenernos en todas las fuentes que muestran las fracturas políticas de la sociedad arborense, así que damos un pequeño salto adelante en el tiempo con el análisis de dos documentos muy estimulantes de la época del rey Juan I de Aragón y posteriormente continuaremos con una rápida reseña de los años inmediatamente anteriores a la Batalla de Sanluri.
El 22 de mayo de 1393 Juan I de Aragón respondió a una carta de los prohombres y cónsules de Oristano, fechada el 5 de diciembre de 1392, declarándose feliz de que hubieran decidido reconocerlo como su legítimo señor y dispuesto a aceptar que volvieran a su obediencia. Cuidadosamente, el soberano atribuyó la responsabilidad de la revuelta a Brancaleone Doria, contra quien él preparaba un poderoso ejército.
La invitación del rey dio sus frutos. El 1 de julio de 1393 señalaba que muchos miembros de la nació sardesca y otros sujetos no identificados querían someterse a su autoridad y que, sobre todo, querían inducir a comunidades enteras y a otros individuos a hacer lo mismo, a pesar de que temían la reacción de Brancaleone Doria y sus partidarios.53.
Pese al entusiasmo del rey aragonés, la situación de hostilidad continuó durante mucho tiempo. En el verano de 1405 el rey Martín el Humano envió directamente al juez Mariano V unas propuestas de paz elaboradas por la Corte ibérica, a través de su embajador Joan de Vallterra. Esta misión contribuyó a aumentar las tensiones entre el juez, a favor de un acuerdo con los aragoneses, y su padre Brancaleone Doria, tenazmente hostil a esta opción. El fracaso de la misión de Vallterra puso de manifiesto para la Corona de Aragón la necesidad de recurrir a las armas para defender los derechos del rey, como afirmó en su momento Martín el Joven, rey de Sicilia e hijo del soberano de Aragón.
Este clima de profunda división política —que encaja muy bien con lo que hemos estado viendo desde la época de Hugo III— se materializó en dos acontecimientos violentos: el 9 de octubre de 1408 el rey Martín de Aragón informó al concejo de Mallorca que el juez Mariano V de Arborea había sido asesinado y que, tras su muerte, los habitantes de Oristano y de toda Arborea se habían rebelado contra Brancaleone y lo habían sitiado en su castillo de Monteleone.54.
Hace muchos años planteamos la hipótesis de que el culpable del asesinato de joven juez fuera un grupo de poder, cuyos integrantes nos son desconocidos. Un grupo que podría estar relacionado con la eliminación de Hugo III en 1383, con la propuesta del Sardinie populus en 1385 y quizás también, de alguna manera, con el intento de Squinto de matar a la familia giudicale en 1386. Una posible causa del asesinato de Mariano V podría ser que este grupo político creyó que esta acción era la única manera de eliminar a Brancaleone.
Doria de la escena política giudicale —ya que el juez no lograba imponer al padre su voluntad de paz con los aragoneses— y, al mismo tiempo, eliminar la dinastía Bas Serra que había iniciado el estado de beligerancia contra los aragoneses más de medio siglo antes.
Seguimos creyendo que el principal sospechoso del asesinato de Mariano V pudo haber sido el grupo político de oligarcas y funcionarios giudicali liderados por Leonardo Cubello, que en 1410 tomó realmente el poder sobre un tercio del territorio del Giudicato, justo en la zona de la capital Oristano —siempre protagonista de todos los levantamientos contra los jueces— y de las curadorías que la rodeaban.
5. Intentos de una lectura ‘nacionalista’ de Sa Battalla de Sanluri.
Antes de comenzar a examinar la reciente historiografía sobre la Batalla de Sanluri, hay que subrayar que, como ocurre para muchas otras partes de la historia bajomedieval de la isla, este importante acontecimiento militar sólo se conoce a través de fuentes ibéricas. Esta documentación ofrece unos elementos interesantes de reflexión, no sólo sobre el evento militar, sino también sobre los preparativos y las expectativas de ambas partes. Por supuesto, no es un pequeño problema historiográfico no tener ningún documento del lado sardo que ofrezca una versión de acontecimientos tan importantes y llenos de implicaciones para la historia sarda: las fuentes isleñas permitirían al historiador contrarrestar la narración de los vencedores. Por lo tanto, es necesario proceder con gran cautela en la reconstrucción de los acontecimientos y sus protagonistas, sobre todo a la luz de recientes lecturas ‘nacionalistas’ de este evento bélico.
Sin embargo, las pocas fuentes a disposición del historiador, leídas con detenimiento, contribuyen a cuestionar décadas de reconstrucciones historiográficas no sólo sobre la batalla en sí, sino también sobre toda la relación político-institucional entre el Giudicato de Arborea y los reyes de Aragón.
Otro elemento importante que hay que tener en cuenta al abordar la batalla de Sanluri es la gran visibilidad que ha tenido este acontecimiento en las últimas décadas en Cerdeña, tanto en el ámbito de la investigación profesional como en el de la divulgación histórica, especialmente desde 1997, cuando se organizó su primera recreación histórica, concebida por el estudioso de Sanluri, Gianni Mereu. Este acontecimiento ha alimentado sin duda alguna el florecimiento de nuevas interpretaciones nacionalistas e identitarias de Sa Battalla —en lengua sarda— y, más en general, de toda la historia de los últimos dos siglos de la Edad Media de Cerdeña.
A pesar de la lectura de esta batalla realizada por cronistas y analistas medievales y modernos, así como por los historiadores del siglo xix —que no podemos examinar aquí—, a partir de la década de 1980 aparece una marcada interpretación nacionalista del enfrentamiento militar.55 Hubo quien en esa derrota vio solo el principio del fin de un sueño de autonomía sarda frente a autoridades externas, y la desaparición del sujeto político que había tratado de encarnar ese sueño: el Giudicato de Arborea y sus gobernantes. También en este caso, la evaluación del evento militar muestra una participación emocional que afecta el discurso realizado. Veamos un ejemplo:
Malgrado la sonante sconfitta, Il regno di Arborea —nucleo e lievito della “Nazione Sarda”— rimaneva inviolato con tutti i suoi territori storici intatti, compresi gli ultra giudicali del settentrione. (...) le istituzioni statali erano ancora tutte valide. L’esercito, non incalzato dal nemico, pur ridotto della metà e demoralizzato era —volendo— facilmente riorganizzabile. Quindi, Sanluri non fu l’ultimo atto della nostra statualità, la fine del sogno di una Sardegna dei Sardi; la quale —se si vuole— deve essere ricercata meglio nel periodo successivo insieme alle ragioni del rapido declino e crollo dell’antico e glorioso “giudicato” sardo.56.
La participación personal del historiador en estas declaraciones es evidente en el uso de expresiones como «nuestra independencia» (nostra statualità) o como «el fin del sueño de una Cerdeña de los Sardos», que en realidad era una Cerdeña bajo la dinastía de los jueces y no de un gobierno asambleario. Sin mencionar la valoración que realiza el autor sobre que el Giudicato de Arborea había permanecido inviolado en su núcleo histórico, obviando señalar que, en los nueve meses siguientes a la batalla, las partes meridional y oriental de la isla regresaron bajo la autoridad aragonesa, lo que hizo que se volviera a la situación de la primera revuelta del juez Mariano IV a mediados del siglo xiv.
El autor de estas consideraciones ha insistido mucho en los últimos decenios en su relectura nacionalista de la historia de Cerdeña, en la que se incluye también la batalla de Sanluri, que se considera como uno de los principales acontecimientos de la historia de la actual República Italiana, ya que ésta procede del Reino de Italia que a su vez deriva del Reino de Cerdeña y Córcega (Casula, 1997 y 2012).
En esta perspectiva historiográfica llegamos a una situación paradójica, porque para dar a la historia de Cerdeña el brillo, la dignidad y la relevancia que, según el historiador, probablemente no tenía, se atribuye la representación de la “sardidad” política, cultural, etc.... a una institución —el Reino de Cerdeña y Córcega— que durante los siglos tuvo básicamente solo el título “de Cerdeña”, como indicación geográfica. Una institución que desde la Edad Media hasta la llegada de los Saboya a principios del siglo xviii nunca fue gobernada por un mandatario insular y en cuya sociedad las clases dirigentes locales, tanto civiles como religiosas, tuvieron dificultades para alcanzar posiciones apicales incluso en la edad moderna.
Y, al parecer, no se considera en cambio que esta institución —el Reino— causó la desaparición de Arborea, el último representante de los cuatro Giudicati de la isla, evoluciones sardas de una institución de antiguo origen bizantino, gobernadas por dinastías locales durante siglos, con leyes escritas en lengua sarda y costumbres desarrolladas localmente.
A propósito de la participación personal de los estudiosos en su investigación, hay otro ejemplo de una interpretación más reciente de la batalla y del papel del ‘pueblo’ sardo en ella, que se revela muy interesante. Su autor afirma explícitamente que no fingirá «di non avere una posizione rispetto al passato» («no tener una posición respecto al pasado»); y añade que la derrota en Sanluri es todavía «il segno di una lunga lotta di liberazione e il germe di un valore di libertà per i sardi e per la Sardegna che ancora ci interpella.»57 Un valor de libertad perseguido por la Nació sardesca que «”sceglie” il proprio sovrano [el juez de Arborea en lugar del rey de Aragón], [e] che afferma se stessa come soggetto politico.»58.
Para corroborar este discurso sobre la voluntad de libertad —perseguido según el estudioso a veces por la nació sardesca y a veces por la republicha sardischa— se mencionan dos ‘discursos’ políticos de carácter libertario e identitario realizados por dos jueces: Mariano IV y su hijo Hugo III. Sedda recuerda que el primero se llamaba a sí mismo rey de los sardos, sin señalar, sin embargo, que las fuentes que lo decían son los procesos por rebelión y lesa majestad instruidos contra él por oficiales aragoneses. La esencia de este ‘discurso’ también flotaría en la campana que alababa a la «patria liberacionem», y que fue fundida por orden del juez Hugo III (Sedda, 2019a: 22).
Sin embargo, ambos ejemplos, una vez más, se refieren a dos miembros de la dinastía de los jueces que se enfrentaron a ultranza con los aragoneses y no se pueden atribuir a otros sujetos políticos del Giudicato, de la republica sardisca o de la nació sardesca. Dos jueces que necesitaban compactar y animar a sus súbditos —los tradicionales del Giudicato y especialmente los de las regiones insulares arrebatadas a los ibéricos— para sostener un enfrentamiento contra un enemigo más poderoso.
Este largo excursus se debe siempre al mismo académico, quien asumió que es difícil pensar que al menos una parte de esas aspiraciones y valores no estuviera presente en la batalla de Sanluri.59 Por ello le parece difícil «sottostimare l’impatto che l’assenza di un sovrano sardo, legittimato da un’appartenenza “naturale” alla nazione Sarda, poté avere sull’esito della Battaglia e sui destini del regno di Arborê.»60.
Sin embargo, las fuentes ofrecen un cuadro muy diferente, caracterizado una vez más por una profunda laceración en la sociedad giudicale que contribuyó en gran medida a la derrota y desaparición de Arborea.
Una carta del rey de Sicilia, Martín el Joven, del 29 de enero de 1409 informa de la existencia de algunos oficiales sardos que gobernaron junto con el vizconde de Narbona Guillermo II («officiali di li Sardi li quali règinu»). En la misma carta se afirma, asimismo, que unos oficiales del Giudicato no bien definidos y el propio vizconde estaban dispuestos a reconocerse como vasallos del rey de Aragón pagando 300.000 florines y otro tributo al rey siciliano. En ese documento hay otra declaración de Martín el Joven que destaca perfectamente la precaria situación del frente sardo: según el monarca, los sardos estaban muy indecisos y ni siquiera sabían si habrían mantenido o abandonado la villa de Sanluri. Para reiterar el estado de ánimo de los arborenses, añadió que su última y desesperada elección se debatió entre aceptar la batalla o confiar en el aire pestilente (palúdico) de la capital giudicale que les habría liberado del peligro que tenían encima («adesperats abandonar-se a la battalla o al aire d’Oristany qui’ls deliure») (Fois, 2019: 106-108).
La división de la sociedad arborense se percibe también en otros significativos episodios. Por ejemplo, en la clara negativa a reparar las murallas de Sanluri expresada por la gente de la villa a Guillermo II durante una asamblea que tuvo lugar entre finales de febrero y principios de marzo de 1409 (Fois, 2019: 113). Y más significativo, si cabe, es otro acontecimiento relatado por el rey de Sicilia en una carta a su padre fechada el 5 de mayo de 1409. El joven soberano declaró que sabía que los sardos habían ordenado a los habitantes de las granjas de la Curadoria de Marmilla y otros distritos cercanos que se refugiaran en las fortalezas del territorio; a esta orden los habitantes respondieron negativamente, añadiendo que no querían morir y que querían darse a quien iba a ganar (Fois, 2019: 115).
Esta falta de cohesión social arborense se refleja muy bien en el comportamiento del ejército giudicale durante la batalla.61 Una batalla que fue buscada y obtenida por Martín de Sicilia, quien entendió bien el nivel de disolución del Giudicato y, por lo tanto, la posibilidad de no “contentarse” con las ofertas sardas y aprovechar la posibilidad de realizar una hazaña bélica y caballeresca digna de sus antepasados.
Sin embargo, ni siquiera todos estos elementos son suficientes para evitar otra lectura nacionalista de este acontecimiento y del período inmediatamente anterior que es proporcionada por otro académico que enfatizó el pobre e inexacto conocimiento de la sociedad giudicale por parte del vizconde de Narbona, malinterpretando el importante papel de la Corona de Logu, que él entendía «non come un fattore di coesione delle strutture dell’Antico giudicato, ma come uno strumento di controllo del suo operato.»62 Una situación que habría afectado la capacidad defensiva de Arborea en un momento tan delicado y que, por lo tanto, habría causado la derrota militar y política del Giudicato cuya responsabilidad fue de Guillermo II. Pero en la misma página y en una posterior, el filólogo afirma que Martín el Joven hizo referencia explícita al hecho de que los sardos tenían el control de las finanzas arborenses («los sarts senyoregen et han la moneda en lur poder»). Una situación que no debería haber complacido al vizconde de Narbona.63 Y, sobre todo, una situación que las fuentes conocidas hasta ahora no atestiguan para los anteriores jueces de Arborea.
El académico continúa en esta clave de lectura que favorece la legitimidad de la acción política de los protagonistas sardos —según él, de la Corona de Logu y Leonardo Cubello— sobre la de Guillermo II quien, sin embargo, era el legítimo juez. De hecho, afirmó que el Cubello, bajo el mandato de la Corona, habría determinado el fin de Arborea, aunque, sin embargo, estaba convencido «di salvare il potere, la memoria e la storia della terra».64 En realidad, esta interpretación de los hechos choca con algunos elementos. En primer lugar, actualmente no tenemos ningún documento que atestigüe que la Corona de Logu hubiese tomado las decisiones que le atribuye este estudioso. Y, en segundo lugar, cuando Leonardo Cubello firmó las Capitulaciones de San Martín en 1410, sólo un tercio del territorio giudicale le siguió en el acuerdo con los aragoneses: esto significa que la Corona de Logu se dividió en dos partes, y que la parte que decidió volver a la obediencia real fue la minoritaria, al menos a juzgar por la extensión del territorio giudicale que permaneció bajo la autoridad del vizconde durante otros diez años.
Esta interpretación pro-sarda nos parece que se manifieste aún más con declaraciones como la que sigue:
La corona salvò Oristano e sacrificò il giudicato; […] Mentre il visconte vendeva i diritti, i Cubello tenevano viva la memoria degli Arborea, giungendo nel 1437 a legare il Marchesato all’antica infeudazione del giudicato da parte di Alfonso come procuratore di Giacomo il giusto.65.
Atribuir la responsabilidad de esas decisiones a toda la Corona significa no considerar los numerosos documentos que hemos mencionado anteriormente, que muestran que incluso la oligarquía arborense era todo menos monolítica en torno a la política de la dinastía giudicale. Significa, sin embargo, hacer un discurso identitario y nacionalista que quiere mostrar una compacidad arborense que no existió, ni siquiera en 1410, en un momento tan crucial, así como no existió ni siquiera antes de la Batalla de Sanluri. Y tampoco se puede afirmar que Cubello quisiera mantener vivo el recuerdo de los Arborea, ya que, por el contrario, fue él quien propuso al lugarteniente real Pere de Torrelles la supresión del nombre de Arborea porque era indeseable para el rey de Aragón.66 Se puede plantear la hipótesis de que esta actitud de Cubello fuera dictada también por la conveniencia para él de que el nombre de Arborea desapareciera —al menos oficialmente— del territorio ahora sometido a su autoridad personal y a la de la nueva dinastía que se iniciaba con su persona, la de los Marqueses de Oristano.67.
Pero la culminación del discurso nacionalista se alcanza con la declaración de que las iniciativas de la Corona de Logu se debieron al hecho de que «la perfezione dell’aderenza del giudice-visconte all’istituzione giudicale fosse stata pari a zero e che viceversa sia stato avvertito come prevalente in lui l’animus di cavaliere e barone francese.»68 Básicamente, la derrota en Sanluri y la desaparición del Giudicato de Arborea fue culpa del vizconde que, en menos de un año, no se adhirió «perfectamente» a la sociedad arborense y a sus ideales.
Esta es una interpretación mucho más fácil y evocadora, que sin embargo es desmentida por otra, mucho más concreta, propuesta por numerosas fuentes contemporáneas, algunas de las cuales han sido destacadas en este trabajo: al menos desde la época de Hugo III la sociedad giudicale estaba profundamente dividida en su interior respecto a la gestión del poder y a las relaciones políticas con los reyes de Aragón.
5. Conclusiones.
La batalla de Sanluri ha sido un excelente pretexto para hacer algunas reflexiones sobre diversas tendencias historiográficas recientes que tratan de re-proponer una imagen de la historia giudicale del final de la Edad Media con fuertes connotaciones identitarias y nacionalistas de tipo demasiado moderno, que no se encuentra reflejada en las fuentes disponibles.
Hemos intentado mostrar los vínculos entre estas recientes relecturas y una tradición historiográfica sarda que tiene más de un siglo de existencia, confirmando una necesidad muy arraigada —a veces inconsciente, a veces no— en unos intelectuales isleños de reconstruir de esta manera un pasado considerado glorioso, para que sirva como base cultural y política de la sociedad sarda actual.
Base que, sin embargo, muestra más de una grieta, ya que los estudiosos que actualmente defienden esas nuevas lecturas identitarias y nacionalistas no tienen en cuenta partes relevantes no sólo de la historiografía italiana sino también de las diversas fuentes sobre los argumentos que utilizan como base de sus afirmaciones. Documentos que no apoyan sus hipótesis reconstructivas de una Cerdeña de los sardos, todos unidos bajo una común bandera nacionalista.
Al contrario, en nuestra opinión, las fuentes muestran una sociedad giudicale con muchas divisiones, pero que era vital y dinámica con diferentes actores y sus distintas exigencias: la de la centenaria dinastía de los jueces de Arborea, que vio su papel considerablemente reducido tras la llegada de los aragoneses a Cerdeña; pero también la de la oligarquía giudicale que, desgraciadamente, sólo en contadas ocasiones hasta ahora aparece en los documentos, y que nos revela proyectos políticos para una sociedad diferente de la deseada por los jueces y que estuviera en paz con los ibéricos.
Visiones distintas que condujeron a violentos enfrentamientos que en los años 80 del siglo xiv sentaron las bases del asesinato de dos jueces y de varios intentos de separar el destino del “estado” isleño del de los jueces, causando la implosión política e institucional del Giudicato de Arborea hacia 1410/1420.
Además, al examinar las fuentes inmediatamente anteriores a la batalla de Sanluri, parecen evidentes las profundas laceraciones de la sociedad giudicale, incluso en las diversas capas de la oligarquía. Comunidades enteras se negaron a colaborar en la defensa del territorio y se declararon dispuestas a darse al vencedor del enfrentamiento militar.
A estas divisiones internas del pueblo arborense hay que añadir los contrastes entre él y los demás sardos habitantes en el Regnum respecto a la beligerancia casi continua con los ibéricos desde la época de Mariano IV.
Como puede observarse, son muchos los estímulos para una lectura de la historia de Cerdeña en los siglos xiv y xv que coloca a la isla y a sus protagonistas institucionales y políticos en el amplio debate jurídico y filosófico sobre el poder y el orden social en toda Europa Occidental en aquel período histórico.
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