La dimensión económica de la lucha antisubversiva de la última dictadura argentina: el lucro en la ESMA\*.
The economic dimension of the counterinsurgent struggle during the last Argentine dictatorship: financial profit within ESMA.
Hernán Eduardo CONFINO Marina FRANCO.
Universidad Nacional de San Martín.
RESUMEN.
El objetivo del siguiente artículo es reconstruir y analizar una trama económica específica del terrorismo de Estado de la última dictadura argentina (1976-1983): las operaciones de lucro que se produjeron dentro de los propios centros clandestinos de detención. A partir del caso del centro clandestino de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los más relevantes del dispositivo represivo dictatorial, este trabajo analiza el despliegue de grandes operaciones, como el robo de tierras y el vaciamiento de las cuentas bancarias en el exterior, junto con otras más modestas, como el robo regular de bienes en los momentos posteriores a los secuestros, en favor de los agentes represivos y a expensas de los secuestrados y secuestradas, y sus familias.
En concreto, el artículo se pregunta por el lugar que ocuparon estas actividades económicas en el conjunto más amplio de las actividades y lógicas represivas. Como principal hipótesis, el texto sostiene que esas actividades económicas formaron parte de una misma trama y concepción de la lucha antisubversiva y que la dimensión económica no puede entenderse escindida de las prácticas represivas en tanto proyecto político-militar.
PALABRAS CLAVE.
Terrorismo de Estado; Lucro; Escuela Mecánica de la Armada; represión; Lucha antisubversiva.
ABSTRACT.
The aim of this article is to reconstruct and analyze a specific economic dimension of State terrorism during the last Argentine dictatorship (1976-1983): the for-profit operations that took place in clandestine detention centres. Focusing on ESMA (the Navy Mechanics School), one of the main clandestine detention centres in the repressive system of the dictatorship, this work analyzes the deployment of large scale operations, such as land theft and the emptying of bank accounts abroad, along with other more modest ones, such as the frequent theft of property following kidnappings, which was to the benefit of the repressors and the detriment of the kidnapped men and women and their families.
Specifically, the article questions the place these economic activities occupied within the wider picture of repressive logic and activities. Our main hypothesis is that these economic activities were part of the general plot against and conception of the “counterinsurgent struggle”, and that the economic dimension cannot be understood separately from the repressive practices of the political-military project.
KEYWORDS.
State Terrorism; Profit; Escuela Mecánica de la Armada; Repression; Counterinsurgent Struggle.
En la Argentina, la memoria sobre el terrorismo de Estado y la última dictadura (1976- 1983) se construyó en torno a la condena de las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas sobre los cuerpos de hombres y mujeres. Secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y robos de bebés en los centros clandestinos de detención forman parte de la memoria social sobre los crímenes dictatoriales cometidos sobre sujetos perseguidos por su actividad política y sus ideas. En la última década, y al calor de diversos cambios políticos, judiciales, sociales y culturales, se ha comenzado a poner en evidencia la trama de operaciones e intereses económicos que se entretejieron con la represión y formaron parte de la alianza de poder que sostuvo el proyecto dictatorial. En la mayoría de los casos, el foco de la atención para pensar esta dimensión ha estado puesta en la condición civil de estos actores que acompañaron o participaron del proyecto militar y represivo, en tanto sujetos pasibles de responsabilidad penal al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas1 . De esta manera, se ha evidenciado la participación y acompañamiento represivo de un vasto conjunto de actores empresariales y económicos asociados a los actores militares y movidos por la intención de sojuzgar a sectores obreros y populares, tal como muestran los trabajos sobre complicidad patronal con la represión2 . En algunos casos, ello ha acentuado una interpretación que tiende a colocar el proyecto económico y/o el peso de estos actores civiles como motor y objetivo del golpe y de la dictadura, con cierto riesgo de autonomizar la variable económica del proyecto político refundacional del régimen3 . Es decir, se ha acentuado la idea de que la dictadura fue el intento de imponer un proyecto neoliberal. Con sus modulaciones, esta lectura circula en espacios académicos, judiciales, mediáticos, escolares y del activismo de los derechos humanos4 .
En la tensión entre estas dos claves de lectura –política o económica y su correspondencia con militares o civiles– que a veces se presentan como excluyentes, este trabajo intenta pensar otra trama económica del terrorismo de Estado: las operaciones de lucro dentro de los propios centros clandestinos y desarrolladas por los actores militares5 . Como explicaremos más adelante, esto no tuvo la envergadura o extrema sistematicidad que tuvieron otros aspectos represivos, pero sí alcanzó una alta regularidad en prácticas como el hurto de bienes en el momento de los secuestros. En el caso del centro clandestino de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que tomaremos aquí como caso de estudio, alcanzó, además, un despliegue inusitado en la realización de algunas grandes operaciones, como el robo de tierras y el vaciamiento de cuentas bancarias en el exterior. $\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ estatuto se le puede dar a esas actividades orientadas a obtener bienes y ganancias en favor de los agentes represivos? $\it { i } \mathrm { { C u a l } }$ fue la relación entre esas actividades y el resto de las acciones y lógicas represivas? En este trabajo intentaremos mostrar que esas actividades formaron parte de una misma trama y concepción de la lucha antisubversiva y que la dimensión económica no puede entenderse escindida de las prácticas represivas en tanto proyecto político-militar.
La ESMA fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes que funcionó en la Argentina durante la última dictadura, por la cantidad de víctimas –se calculan alrededor de 5.000–, por su emplazamiento en la ciudad de Buenos Aires y por la complejidad de las tramas represivas que allí se generaron. A diferencia de otros centros, se mantuvo en actividad durante toda la dictadura y estuvo fuertemente ligado a la cima del poder dictatorial a través de la figura de Emilio Massera, comandante de la Armada y miembro de la Junta Militar de gobierno.
En este trabajo focalizaremos en las actividades de lucro que se generaron en la ESMA. Para ello, analizaremos algunas operaciones desplegadas por el Grupo de Tareas (GT) 3.3, que actuó como grupo represivo en ese centro clandestino de la Armada, en particular en su composición y dinámicas durante el período entre mediados de 1976 y comienzos de 1979, marcado por el liderazgo de Jorge Tigre Acosta.6 Nos enfocaremos en tres ejes de análisis que, al mismo tiempo, condensan las dificultades halladas en el proceso de investigación. En primer lugar, mostraremos el carácter diferenciado y diverso de las actividades de lucro generadas dentro de la ESMA y la dificultad de englobarlas bajo una única lógica de “delitos económicos”7 . En segunda instancia, nos acercaremos al universo de actores involucrados en las operaciones económicas y reconstruiremos estas redes en relación con el enriquecimiento de los miembros del GT 3.3 y las jerarquías de la Marina. Por último, a partir de la comparación con otros casos donde se articularon represión y obtención de lucro, nos preguntaremos por el lugar de este tipo de operaciones en el universo de la ESMA.
Hasta el momento es incipiente lo que se ha reconstruido sobre la dimensión económica de la represión durante el terrorismo de Estado en la Argentina, y no hay ningún trabajo académico que la aborde en relación con lo sucedido dentro de los centros clandestinos. Como señalamos, los avances de los últimos años han estado enfocados en algunos actores económicos, los llamados cómplices civiles de la dictadura, y algunos casos emblemáticos, como los de Papel Prensa o la represión en empresas como Ford o Mercedes Benz8 . Dentro de las excepciones que abordan la trama económica en los centros clandestinos, existen algunos relatos de actores de la época que muestran el robo de bienes y otras operaciones, varios de ellos significativamente vinculados a la ESMA9 . Otro caso distinto ha sido estudiado por Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Walter Bosisio quienes pusieron en evidencia la relación entre la trama financiera y represiva a partir del caso de la Comisión Nacional de Valores10. Estos diversos ejemplos ofrecen elementos relevantes para un contrapunto con lo sucedido en nuestro caso de análisis.
Sobre la ESMA como centro clandestino existe una literatura más amplia y diversa, aunque este caudal también es reducido en el ámbito de la producción académica. La bibliografía existente se centra en algunos aspectos centrales de la dimensión represiva, algunas víctimas o episodios conocidos, la apropiación de niños y niñas o la vinculación entre el funcionamiento clandestino y la Armada11. Solo un texto, cuya línea argumentativa continuamos aquí, considera de manera exploratoria la dimensión económica12. Nuestro trabajo retoma aquellos aportes e indaga en un amplio abanico de fuentes entre las que se destacan las crónicas periodísticas, los documentos producidos en el ámbito judicial y entrevistas realizadas para esta investigación con algunos protagonistas de los hechos.
A la lógica opacidad de los procesos en la clandestinidad política propia de la década de 1970, se agregan en este caso dificultades específicas de nuestro objeto. En primer lugar, por la naturaleza de los hechos estudiados existen pocas evidencias que no sean los testimonios de las víctimas (respaldadas en alguna documentación, como escrituras inmobiliarias), pero eso no permite conocer todo el engranaje ni el destino del dinero o las grandes operaciones tejidas por los agentes de la represión. Algunas de esas dimensiones escapan a la posibilidad de una reconstrucción cabal dentro de los marcos y recursos de la investigación académica. En segundo lugar, muchos de los ilícitos cometidos en la ESMA continúan en el presente, pues las apropiaciones de bienes no han tenido resolución o se continúan en empresas y negocios existentes hasta el día de hoy y sus hilos son muy difíciles de seguir. Judicialmente, además, las causas instruidas en torno a los delitos económicos no se han consustanciado en un juicio oral y por tanto no hay sentencia ni mayor documentación consultable13. Esto también limita la investigación académica que, en el plano de las evidencias, es fuertemente deudora de los avances judiciales. A pesar de estas limitaciones, creemos que la investigación propiamente histórica puede iluminar algunas aristas del problema.
De la rapiña al tráfico de armas.
Hoy sabemos con certeza que el dispositivo represivo que se montó en la ESMA incluyó la desposesión de bienes de muchos secuestrados y secuestradas y, a partir de ello, el montaje de algunas grandes operaciones con réditos económicos14. Esta desposesión, no obstante, no se produjo sobre todas las víctimas ni de la misma manera, respondió a lógicas y mecanismos disímiles, involucró a distintos actores con predominio de los intereses de las jerarquías militares, y tuvo momentos bien diferenciados.
En este apartado pretendemos caracterizar estos distintos tipos y niveles de actividades, preguntándonos por las potencialidades y limitaciones de considerarlas a todas como parte de una misma dinámica orientada a la “apropiación sistemática de bienes”, o parte de una misma “organización delictiva” que actuaba de manera “sistemática, coordinada y permanente” bajo ese objetivo15. En esta línea suele ser pensado el tema en el ámbito judicial y en algunos discursos de circulación social16. Este enfoque y esa figura penal sin duda son productivos judicialmente o en las batallas memoriales, pero no tienen las mismas implicancias para el quehacer histórico. Nuestra hipótesis propone que en el marco de la ESMA intervinieron distintas racionalidades y diversos engranajes humanos y materiales vinculados a las operaciones económicas, y que estos deben diferenciarse para comprender el micromundo de dinámicas y relaciones que fue ese centro clandestino.
Los primeros robos, que se sucedieron durante los meses que siguieron al golpe de Estado de marzo de 1976, estuvieron vinculados a la rapiña. En efecto, los secuestros fueron desde el principio regularmente acompañados del robo de bienes; sin mayores elaboraciones, quienes eran secuestrados por el GT también eran despojados de sus pertenencias: objetos personales, dinero o bienes domésticos pasaban a manos de los secuestradores. Esta rapiña como forma de funcionamiento se inició con el comienzo del centro clandestino y persistió mientras hubo actividad represiva. Los dos espacios llamados Pañol grande y Pañol chico, en el Casino de Oficiales donde funcionó el centro clandestino de la ESMA, comenzaron a colmarse de ropa, vajilla o electrodomésticos que llenaban el espacio en elevadas pilas hasta el techo17. Pero los grupos represivos también se apropiaban de vehículos –como recuerda Daniel Tarnopolsky, cuya familia fue secuestrada en julio de 1976– o de una biblioteca que fue instalada en la ESMA –como evoca Mercedes Inés Carazo18.
Estos primeros robos fueron contingentes y totalmente subsidiarios del plan represivo, pero en ello existió la sistematicidad que implica una práctica y un modo de funcionamiento regulares. La pregunta es si esta actividad de hurto puede ser entendida con la lógica del lucro o más bien debe ser pensada como parte de la lógica bélica: los grupos represivos creían estar en una guerra y la apropiación de los recursos del enemigo era parte del acto victorioso. Así lo sugieren las declaraciones más tempranas de los marinos que operaron en la ESMA, donde describen abiertamente esos robos como operaciones de secuestro de bienes del enemigo en la lucha antisubversiva19.
Entre octubre de 1976 y enero de 1977, con la extensión e intensificación de la represión al interior de la ESMA, las actividades orientadas al lucro cobraron mayor envergadura y adquirieron márgenes de independencia. Desde entonces se realizaron algunas grandes operaciones que, si bien fueron excepcionales, muestran una intención de lucro persistente y sofisticada en sus dispositivos. Esto fue posible en el marco de una serie de cambios del funcionamiento del centro clandestino que generaron una interdependencia entre los objetivos represivos, el trabajo forzado de las y los secuestrados, las operaciones económicas y los proyectos políticos de Massera20. Algunas de estas cuestiones serán desarrolladas más adelante, por ahora señalemos que estos cambios estuvieron fuertemente ligados a una renovación en la dirección del GT: en julio de 1976, Jorge Tigre Acosta reemplazó a Salvio Menéndez, que había sido herido en un operativo, como jefe del área de inteligencia de la Unidad de Tareas (UT) $3 . 3 . 2 ^ { 2 1 }$ . Esto generó modificaciones en la actividad represiva y en las dinámicas internas del centro clandestino: la más significativa es que, bajo el mando de Acosta, un grupo de detenidos y detenidas comenzó a ser utilizada como mano de obra para distintas tareas manuales e intelectuales. Muchos de ellos fueron considerados parte de un proceso de recuperación que suponía que podían rehabilitarse de su condición subversiva y militante y ser útiles a los fines de sus captores. Para las víctimas, esto se transformó en una forma de prolongar la sobrevivencia –siempre incierta en la ESMA–, incluso involucrando a otras y otros compañeros en esas tareas como modo de protegerlos. Esto aportó recursos humanos muy capacitados y saberes muy específicos, adquiridos durante y para las actividades clandestinas de las organizaciones revolucionarias y luego aprovechados para las actividades del $\mathrm { G T } ^ { 2 2 }$ . Por su parte, Acosta respondía directamente a Massera en todas sus acciones e iniciativas, aun saltando jerarquías intermedias, como la de su superior el vicealmirante Rubén Chamorro, director de la ESMA y comandante del GT $\bar { 3 . 3 } ^ { 2 3 }$ .
El segundo elemento que intensificó las dinámicas internas vinculadas a las operaciones económicas fue consecuencia de un salto cualitativo en la acción represiva a partir de octubre de 1976 y en los meses siguientes. En octubre se produjeron los secuestros de las llamadas citas nacionales, tras la captura de una militante de Montoneros que tenía en su poder el detalle de las reuniones que se llevarían adelante en los días siguientes entre los distintos niveles de conducción de la organización. Así lo plantea el alegato de la megacausa ESMA II:
A partir de estas numerosas caídas, los integrantes del GT 3.3 de la ESMA comenzaron a comprender más acabadamente la estructura de la organización “Montoneros” volviéndose más eficaces en su eliminación […] cayeron miembros de las distintas columnas que lo conformaban, lo que ocasionó una expansión hacia todos los sectores de la Organización política que querían desarticular24.
Como parte de esta expansión represiva, podemos señalar algunos hechos que son centrales para asomarse a la profundidad que adquirieron las operaciones de lucro durante el transcurso de 1977. Uno de ellos fue, el 10 de enero, el secuestro de Pablo González Langarica, integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Montoneros25. De acuerdo con su testimonio, luego de los primeros interrogatorios bajo tortura dedicados a extraer información sobre otros militantes, los victimarios comenzaron a interesarse por los bienes y contactos de la organización que conociera el secuestrado26. González Langarica mencionó la existencia de una caja fuerte en un banco de Suiza cuyo contenido desconocía, aunque suponía que había dinero. Los miembros del GT secuestraron entonces a su esposa y a sus dos hijas de 2 y 4 años, que quedaron como rehenes por si Langarica no cumplía con lo dicho. A él, le enyesaron una pierna para que no pudiera escapar y los agentes Miguel Ángel Benazzi, Alberto.
Eduardo González y Frimón Weber se lo llevaron a Suiza. En la caja de seguridad había casi un millón y medio de dólares de Montoneros que fueron apropiados por los represores, quienes además le exigieron a Langarica que les diera los datos de los proveedores de armas que la organización tenía en Europa27. Después de siete meses, Langarica pudo reencontrarse con su familia, que fue llevada a París por el GT. Allí se quedaron bajo la vigilancia esporádica de sus victimarios28.
Los represores también diseñaron otros mecanismos sofisticados para acumular recursos de Montoneros, y de un modo sostenido en el tiempo. Por la misma época, en enero de 1977 capturaron a varios militantes de la sección finanzas de Montoneros: en el estudio jurídico del abogado Conrado Higinio Gómez, en la Avenida Santa Fe entre Rodríguez Peña y Callao, la patota de la ESMA capturó al propio Gómez, a Marcelo Camilo Hernández y a Juan Gasparini29. Días después, el operativo se extendió a la provincia de Mendoza, donde fueron secuestrados Horacio Palma, Victorio Cerutti y Omar Masera Pincolini. De todos ellos, solo sobrevivieron Hernández y Gasparini. En el estudio de Gómez, los miembros del GT encontraron muchos elementos de valor, en particular, una caja fuerte de grandes dimensiones que trasladaron a la ESMA. Según Lisandro Cubas, militante montonero también secuestrado, se vivió entonces “un clima de euforia entre los oficiales de la Marina […]. Tuvieron acceso a la información sobre cómo se manejaban las inversiones montoneras. Los marinos pasaban por la oficina contando detalles de la caída ‘de la mosca de la monta’, como despectivamente se referían a esa acción represiva”30. Emilio Dellasoppa, cautivo en la ESMA entre fines de 1976 y principios de 1979, recuerda que fue obligado a traducir los documentos que le habían sacado al grupo de finanzas y que contenían información sobre inversiones montoneras por 26 millones de dólares en cuentas radicadas en Bélgica, Andorra y Liechtenstein31. Tres años antes, Montoneros había cobrado el secuestro extorsivo más caro de la historia, luego de mantener cautivos a los hermanos Jorge y Juan Born32. En enero de 1977, entonces, los integrantes del GT se hicieron de información sensible y cuantiosos recursos que estaban relacionados con las inversiones de la organización peronista. El mismo Dellasoppa considera que fue a partir de ese momento cuando “se monta el esquema de la privatización de la represión en beneficio económico del grupo liderado por Massera” y del cual formaban parte Chamorro, director de la ESMA, y los miembros del GT de ese momento: Jorge Rádice, Jorge Acosta y Francis Whamond, entre otros33.
El operativo de enero de 1977 comenzó en el estudio de Conrado Gómez y extendió sus tentáculos hasta la localidad de Luján de Cuyo, en Mendoza. Allí los marinos diseñaron complejos mecanismos para hacerse con las propiedades del empresario vitivinícola Victorio Cerutti en Chacras de Coria. Gómez era asesor profesional de Cerro Largo S. A., la empresa que dirigía Cerutti de la que participaba su yerno Omar Masera Pincolini y que administraba Horacio Palma. Los cuatro fueron secuestrados y conducidos a la ESMA. Según surge de diversas fuentes, Massera y Acosta creyeron que, detrás de Cerro Largo S. A. y los Cerutti, habían encontrado la punta del ovillo para dar con los sesenta millones de dólares que Montoneros había cobrado por los hermanos Born34. Para hacerse de los terrenos de Chacras de Coria, 25 hectáreas dedicadas a la producción de olivares y viñedos, y del patrimonio de Cerro Largo S.A. y Bodegas Calise, las dos firmas regenteadas por Cerutti 35, los miembros del GT montaron una sociedad llamada Will-Ri, con sede legal en Buenos Aires, en un inmueble apropiado a otro secuestrado, en la calle Besares.
En forma paralela, a lo largo de 1977, otras operaciones destinadas a la obtención de lucro clandestino comenzaron a tener mayor sistematicidad en base a una actividad menos espectacular pero amparada en dispositivos muy aceitados. De esta época data la mayoría de las apropiaciones de bienes inmuebles de las y los secuestrados. Esta actividad se prolongó al menos hasta 1980, cuando ya la ESMA estaba muy reducida en sus acciones represivas y la mayoría del intenso funcionamiento de los años 1977-1978 había sido desmontado. Al menos existe constancia de una decena de inmuebles apropiados, la mayoría de ellos en la zona norte de la ciudad y provincia de Buenos Aires, es decir, dentro del radio de acción regular del $\mathrm { G T } ^ { 3 6 }$ . Durante los años de mayor actividad, el grupo represivo creó tres inmobiliarias para otorgar visos de legalidad a estas apropiaciones37 y conformaron una empresa encargada de refaccionar los inmuebles robados y saqueados, el Servicio Integral en Decoración, Reformas y Construcción (Sidercforma S. A.).
Pero no fue solo en el rubro inmobiliario que se crearon estructuras tendientes a organizar y sistematizar la obtención de lucro ilegal. Los represores también montaron una productora audiovisual, Chroma S. A., que funcionó en la misma casa de la calle Besares, e incluyó en el negocio a los hijos de Chamorro y a un hijo de Massera.38 Esta productora se consagró a hacer publicidades y trabajos audiovisuales de distinto tipo, además de algunas tareas para propaganda política que ya se realizaban dentro de la ESMA39.
La profesionalización y complejización de los mecanismos del robo incidieron en la modalidad de la tarea represiva: como lo atestigua el caso de González Langarica, a partir de 1977, los interrogatorios bajo tortura comenzaron a exigir información no solo de las actividades políticas, sino también de los bienes inmuebles de los secuestrados40. Algunos testimonios afirman que esta segunda parte del interrogatorio se producía una vez agotadas las preguntas iniciales sobre las actividades militantes orientadas a generar nuevas caídas y operativos41.
A su vez, debemos considerar otra dinámica específica e importante en la historia de la ESMA. Al mismo tiempo que el GT liderado por Acosta desde mediados de 1976 proseguía en la desarticulación de áreas relevantes de Montoneros, avanzó en la construcción de su propia estructura de inteligencia ad hoc. La estructura formal de la Marina encargada de esa tarea, y que también operaba dentro de la ESMA, era el Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Los agentes del GT y del SIN entraron rápidamente en conflicto y la tensión llegó al punto de que en 1977 el SIN fue desplazado de la ESMA y obligado a operar en otras locaciones. A partir de entonces, el GT logró cierta autonomía relativa en la obtención y procesamiento de la información obtenida bajo tortura y también mayor independencia en su financiamiento operativo, al menos en relación con otras estructuras de la Armada. En ese sentido, los beneficios obtenidos por las operaciones económicas fueron un resorte fundamental para sostener esa autonomía operativa, y la vez contribuyeron al enriquecimiento personal de los jefes del GT y de Massera42.
Como miembro de la primera Junta Militar (1976-1978), desde muy temprano Massera manifestó sus diferencias con sus pares de las otras armas y sus ambiciones de construir una carrea política personal como candidato a presidente, ya fuera dentro del mismo régimen o en un futuro e hipotético escenario electoral43. Esto se profundizó desde su pase a retiro en 1978, cuando se consagró a construir su imagen política dentro y fuera del país, con extensas giras, publicidad internacional, la creación del diario Convicción, y también del Partido para la Democracia Social44. Numerosos indicios – testimonios, escrituras y documentación empresarial– señalan que varias de las grandes operaciones económicas tuvieron como eslabón final a Massera y sus entornos personales.
La diversidad de operaciones y situaciones mencionadas hasta aquí hace difícil unificar a todas ellas en motivaciones, prácticas y dispositivos similares y orientados por el mero objetivo de enriquecimiento. Las diferencias de escala indican distintos destinos y destinatarios de lo apropiado, que van desde los integrantes de los grupos operativos, el mantenimiento de la actividad operativa dentro de la ESMA hasta los jefes del GT y el propio Massera, su proyecto político y su círculo familiar. En todos los casos, es complejo definir las líneas que demarcan las motivaciones políticas de las económicas, es decir, no hay elementos para considerar el objetivo de lucro como escindido de los designios de la lucha antisubversiva. Esta hipótesis no implica que la motivación de lucro no estuviera en primer plano una vez que era percibida la posibilidad de una operación de ese tipo, ni que su armado y ejecución no cobrara luego independencia propia en sucesivas acciones y dispositivos ad hoc para continuar con la obtención de rédito económico.
Las tramas de relaciones.
La regularidad y sistematicidad en las actividades de lucro que se dieron en y desde la ESMA a partir de 1977 dependieron de la realización de diversas tareas a las que fueron obligados numerosos detenidos y detenidas en ese centro clandestino. Su explotación como mano de obra cautiva se desarrolló bajo amenaza permanente de muerte, en tareas dentro o fuera de la ESMA y hasta el final de la dictadura. Como señalamos, en muchos casos las víctimas eran consideradas como parte de un proceso de recuperación en el que debían demostrar que habían abandonado sus concepciones ideológicas previas y ser útiles a sus captores. De hecho, en algunas declaraciones los represores consideraron a las víctimas en esa situación como agentes de inteligencia propios45.
Los victimarios se sirvieron sistemáticamente de los saberes de las y los militantes secuestrados, que fueron forzados a realizar todo tipo de labores: falsificación de documentación, revelado de fotografías, análisis y traducción de prensa internacional, preparación de informes políticos, realización de audiovisuales, administración y refacción de viviendas apropiadas, mantenimiento de las instalaciones del centro clandestino, entre las más frecuentes46. En general, estas tareas se dieron en el marco de las necesidades de producir material de propaganda e informes políticos para sostener la imagen de la dictadura, la carrera política de Massera y también las operaciones económicas.
La organización de estos trabajos dentro del centro clandestino llevó incluso a realizar cambios edilicios. Ya desde fines de 1976, los miembros del GT 3.3 habían montado laboratorios de fotografía y de fotomecánica y una oficina de falsificación de documentación en el sótano. Esto comenzó a desarrollarse cuando se agotaron los documentos en blanco para falsificar cédulas de identidad, pasaportes y otras identificaciones que el GT había robado a Montoneros durante las operaciones represivas47. En ese momento decidieron empezar a fabricar y falsificar documentos enteramente dentro de la ESMA48. Durante 1977, construyeron la huevera, espacio pensado para la producción audiovisual y utilizado también para la tortura, y la pecera, oficinas destinadas al trabajo intelectual exigido a algunas víctimas49. De esta manera, un sinnúmero de actividades necesarias para la apropiación de bienes fue posible porque los detenidos y detenidas fueron obligados a realizar las diversas tareas que requerían los emprendimientos de tipo empresarial iniciados por los miembros del GT 3.3.
El universo de actores necesarios para llevar adelante las actividades trascendió a las víctimas y su trabajo forzado dado que el centro clandestino funcionó proyectándose hacia el exterior en varios sentidos. Espacialmente, extendió sus actividades más allá de las paredes de la ESMA y en el caso de las operaciones económicas ello se materializó en la constitución de empresas, agencias inmobiliarias y diverso tipo de emprendimientos. Ello se prolongó, a su vez, en los círculos de sujetos participantes, que incluyó redes de actores civiles involucrados en la trama represiva en un sentido amplio, aunque ajenos a la dinámica interna del centro clandestino. En esta lista se incluyen profesionales del derecho, de los medios de comunicación y empresarios. Como lo ha señalado Claudia Feld, estas diversas proyecciones, incluyendo el trabajo obligado de detenidos y detenidas fuera de la ESMA, dificultan pensar el dispositivo concentracionario a partir de una diferencia taxativa entre el adentro y el afuera, o el centro clandestino como un espacio clausurado hacia el exterior50.
En la mayoría de las operaciones económicas en torno a la ESMA, las tramas de acciones se iniciaron, primero, dentro del centro clandestino y en relación con operaciones represivas, pero luego lo trascendieron, alcanzando en algunos casos cierta autonomía con respecto a ese origen. Este es el caso de la productora audiovisual Chroma. El emprendimiento, iniciado en la ESMA y luego trasladado fuera de allí, fue posible, entre otras cosas, por el cautiverio y explotación del trabajo de Carlos Bartolomé, un militante de la Juventud Peronista y productor de medios audiovisuales, secuestrado en septiembre de $1 9 7 7 ^ { 5 1 }$ . Bartolomé estuvo cautivo dos meses hasta que lo condujeron al sótano y lo obligaron a trabajar en el laboratorio fotográfico que habían montado los miembros del GT. Allí ya estaban otros dos cautivos, Marcelo Heredia y Emilio Dellasoppa. Según Bartolomé, los victimarios se enteraron de su profesión de audiovisualista y de que había trabajado con el conocido humorista argentino Luis Landriscina, y eso llevó al “descubrimiento de lo audiovisual” por parte del $\mathrm { G T } ^ { 5 2 }$ . En ese momento montaron también la mencionada huevera.
A lo largo de 1978, Bartolomé fue compelido a realizar materiales audiovisuales con fines turísticos para el Ministerio de Relaciones Exteriores (dependiente de la Armada). A instancias de Acosta, Rádice y González, conoció dentro de la ESMA al jefe de noticias del Canal de TV 11 Héctor Agulleiro, asiduo visitante del centro clandestino53. Ese mismo año fue trasladado a Madrid con documentos falsos elaborados por otro detenido, Miguel Ángel Lauletta, para supervisar la proyección del audiovisual que había realizado en la ESMA. Al volver, Bartolomé fue llevado nuevamente al centro clandestino y participó de una reunión con Acosta, Rádice y Agulleiro, durante la cual éste último se dedicó a jugar con un revólver. Evidentemente, sabía perfectamente cuál era la situación de Bartolomé. Ese mismo año, Bartolomé también fue trasladado a Mar del Plata para hacer tomas sobre los partidos del Mundial de Fútbol de 1978. En ello trabajó con camarógrafos de canal 11 que, probablemente, desconocían su situación real de cautiverio54. En el último trimestre de 1978, la huevera fue desarmada y los marinos trasladaron la empresa audiovisual a la casa de la calle Besares. Esta decisión probablemente haya estado ligada a los trabajos de refacción y desmantelamiento de algunas instalaciones que se hicieron en la ESMA en los primeros meses de 1979 de cara a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de ese año55.
A fines de 1978 comenzó la experiencia de Bartolomé en Chroma. La casa de Besares donde funcionó había sido previamente refaccionada por Sidercforma, la empresa de reformas montada por los marinos56. Chroma estaba a nombre de Juan Héctor Ríos, el alias de Rádice, y funcionó como empresa de producción y posproducción de comerciales y otros videos. Allí trabajaron regularmente algunas víctimas que eran llevadas y traídas diariamente de la ESMA y que nunca dejaron de estar controladas y bajo amenaza de muerte mientras desarrollaban las tareas. Entre otros estuvieron Silvia Labayrú, Marta Álvarez, Marisa Murgier y el propio Bartolomé.
Labayrú había sido llevada a trabajar a Besares ya a fines de 1977 y se dedicó a acondicionar el lugar donde funcionaría Chroma. Según su testimonio, el Capitán Pazo estaba a cargo del emprendimiento y ella fue llevada como secretaria y terminó “llevando los papeles de la casa” para “intentar legalizar” la situación del inmueble57. Labayrú realizaba esas gestiones en la oficina de la calle Cerrito donde, cada vez que iba, veía al hijo de Massera y a su socio, quienes conocían su situación y le indicaban los trámites a realizar58.
En Chroma, además de los secuestrados, trabajaban técnicos de Canal 11. Según Bartolomé, el negocio consistía en alquilar los equipos para la posproducción de diversos contenidos audiovisuales. En este punto habría que diferenciar analíticamente aquellas tareas de propaganda del régimen, como las realizadas con motivo del Mundial de Fútbol de 1978, de aquellas que respondían a motivos puramente económicos, como indica el alquiler regular de los equipos técnicos. Estos últimos motivos parecen explicar el cambio en la gerencia de Chroma, ya avanzado 1978. Según el recuerdo de Bartolomé, los miembros del GT dejaron de frecuentar el local de la calle Besares y en su lugar comenzó a desempeñarse un hombre de apellido Cabrera:
Cabrera evidentemente provenía del mundo empresario por su manera de hablar, su manera de conocer, además porque lo dijo literalmente. Y toma contacto a ver si puede ordenar esto como un negocio. Que es lo que era. Un negocio. No había ningún objetivo militar ni estratégico: era un negocio para cobrar por el alquiler de esos equipos.
Efectivamente Cabrera nos conoce a cada uno, nos pregunta qué hacemos, nos llama a la oficina. Y sé que también llama a Silvia Labayrú por otra parte. Y dice que él ya sabía todo lo que pasaba. Que sabía de dónde venía y que no teníamos que tener más preocupaciones por el futuro porque él nos había visto. Este señor era gerente de Chroma59.
A partir del tercer trimestre de 1978, Chroma pasó a tener fines exclusivamente comerciales y estuvo dirigida por este empresario del ramo. Labayrú fue reemplazada en agosto de $1 9 7 8 ^ { 6 0 }$ por otra ex secuestrada, Marta Álvarez, que trabajó forzadamente hasta enero de 1984 en esa empresa61. La continuidad de este emprendimiento, que trascendió temporal y espacialmente el funcionamiento represivo de la ESMA, indica los márgenes de independencia que alcanzaron ciertas operaciones económicas iniciadas con el marco del accionar represivo.
La concurrencia de actores muy diversos en este tipo de operaciones no fue privativa de Chroma. Esta situación también se dio en el otro emprendimiento económico a gran escala de los integrantes del GT, relacionado con la apropiación de la empresa Cerro Largo S. A. en Mendoza. La complejidad de la operación realizada amerita su reconstrucción aquí. Recordemos que los secuestrados Gómez, Palma y Masera Pincolini, junto con Victorio Cerutti, eran los accionistas de esta firma y este último era, además, dueño de las tierras de Chacras de Coria62. Con la información obtenida en la tortura de los cuatro secuestrados, los integrantes del GT vehiculizaron la desposesión de las tierras de Cerutti, quien fue obligado a firmar la cesión estando cautivo en la ESMA. También se lo desplazó del directorio de Cerro Largo, junto con Palma, y en favor de Felipe Pagés y Mario Rodríguez, alias de dos integrantes del GT, Alejandro Spinelli y Francis Whamond.63 Luego, Spinelli apoderó a Pascual Gómez, nombre falso de otro integrante del GT, Hugo Berrone, para vender las propiedades inmuebles de la sociedad. Esta maniobra fue convalidada por el escribano Ariel Sosa Moliné, amigo de Massera64. En mayo, en nombre de Cerro Largo, Berrone le vendió las 25 hectáreas de Chacras de Coria a Whamond por un valor de 40 millones de pesos. En julio, los marinos constituyeron la sociedad Will-Ri (por Federico Williams, otra identidad falsa de Francis Whamond y Héctor Ríos, alias de Jorge Rádice). Radicaron la sociedad en el inmueble de Besares, donde un año más tarde terminaría de instalarse Chroma. De acuerdo con las actuaciones judiciales, al conformar la sociedad los integrantes del GT designaron como “síndico titular al contador público nacional Mario Cédola y como síndico suplente a Emilia Martha García, operación que se llevó a cabo ante el escribano Sosa Moliné”65. Emilia era hermana de Graciela, secuestrada en la.
ESMA, y acababa de recibirse de abogada, y fue amenazada y coaccionada por los integrantes del GT para que convalidara legalmente las transacciones66. La trama de actores de la apropiación contó además con la participación de otro abogado, Manuel Andrés Campoy, apoderado de los miembros del GT que presidían Will-Ri. Otro secuestrado dentro de la ESMA, Dellasoppa, fue obligado a ejercer de nexo entre Cédola –quien conocía su situación de secuestrado– y Campoy, con el fin de agilizar la venta de las propiedades. Para ello, fue enviado a Mendoza varias veces, y el GT le hizo llevar a esa provincia a su familia que estaba en Brasil67. Finalmente, en octubre de 1977 Campoy aceptó “la compra” de inmuebles de Chacra de Coria en favor de Will-Ri. En junio de 1981, Campoy vendió “nueve hectáreas y treinta y un lotes”68 de tierras ubicadas en Chacras de Coria a la empresa Misa Chico S.A, representada por Pedro Añon, presidente del Partido por la Democracia Social que sostenía las ambiciones de Massera. Misa Chico constituyó su domicilio en las oficinas de la calle Cerrito, también sede del partido. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de estas transacciones? Al momento de adquirir las tierras de Chacras de Coria, el paquete accionario de Misa Chico era en un $9 0 \%$ propiedad de Eduardo Massera, hijo del almirante. Su tío Carlos también tenía participación en la empresa. El dinero, aparentemente, tuvo como fin el enriquecimiento privado de Massera y su entorno familiar, como seguramente el financiamiento de los gastos producidos por su tarea política69.
Como adelantamos, otra de las operaciones de lucro más sistemáticas fue la apropiación de bienes inmuebles a secuestrados y secuestradas. Esta tarea involucró, por un lado, una trama de agentes para convalidar las operaciones ilegales –escribanos y abogados–, y por el otro, el uso regular de mano de obra de los propios detenidos y detenidas para la administración, refacción y mantenimiento de las viviendas apropiadas. En una distribución de género tradicional, las tareas administrativas eran realizadas por varias secuestradas mientras que las actividades de albañilería y remodelación fueron efectuadas por un grupo relativamente estable de secuestrados entre los cuales se contaban Fermín Sena, Leonardo Martínez, Alfredo Ayala y Elvo Vasallo. Algunos de ellos se encontraban ya en situación de libertad vigilada mientras trabajaban en las refacciones de casas robadas. Así lo recuerda Alfredo Ayala:
Por ejemplo, se montaba como una agencia de construcción ficticia, porque servía para ir a reparar las casas que ellos habían bombardeado, bien roto, invadido, eran casas de compañeros que habían secuestrado en los operativos […]. Entonces armaron esta empresa, como para ir y repararlos. Entonces esta empresa estaba por Florida creo. Entonces nosotros dormíamos en la ESMA pero de día íbamos a trabajar en la empresa70.
De esta manera, los negocios relevados hasta aquí fueron posibles por la estructuración de una densa trama de relaciones constituida por los miembros del GT, las jerarquías máximas de la Armada y por actores que no participaban de las tareas represivas al interior de la ESMA. Estas redes de empresarios, profesionales técnicos, abogados, contadores y escribanos, en sus círculos más cercanos a la ESMA, conocían el origen espurio de los bienes objeto de las operaciones y en muchos casos, pero no en todos, sabían que los emprendimientos se sostenían en base al trabajo de las y los desaparecidos cautivos dentro la ESMA.
Las lógicas tras de la apropiación de bienes.
En este apartado intentaremos aproximarnos al análisis de las lógicas y motivaciones subyacentes a las distintas actividades analizadas hasta aquí. Partimos de la hipótesis de que el margen de independencia alcanzado por algunas de las operaciones económicas del GT y el interés de lucro no implicaron el borrado de las lógicas y motivaciones del proyecto político-represivo. Para el caso de la ESMA parecería imposible pensar en la autonomía de la dimensión económica para explicar las operaciones de ese tipo.
Esto último es prístino para el caso de la rapiña efectuada en el momento de los secuestros de militantes y en el marco de la guerra interna que creían estar librando los militares. Así, cual “botín de guerra” –como lo interpretaron muchas veces los sobrevivientes–71, se fueron acumulando en la ESMA pertenencias de los detenidos, y lo mismo sucedió en otros centros clandestinos de manera más o menos regular, incluyendo desde vehículos hasta prendas de vestir72-.
Como sostuvimos, los emprendimientos y operaciones económicas a gran escala deben ser pensadas de manera diferenciada de este otro robo menor y más sistemático, sin embargo, ¿implica ello que las motivaciones fueron ajenas a las lógicas del universo político-represivo? Desde enero de 1977 las exacciones económicas tuvieron una transformación cualitativa vinculada a operaciones sobre Montoneros y el usufructo del trabajo forzado de las víctimas. Estos procedimientos permitieron un lucro cuantioso y sostenido en el tiempo, pero ¿se puede considerar que la lógica de lucro de los victimarios fue el motor de los actos represivos?
La comparación con otros procesos de desposesión de bienes y operaciones económicas vinculadas a la represión en los centros clandestinos puede permitirnos afinar el análisis sobre lo sucedido en la ESMA. Ello posibilita una primera constatación básica: este tipo de acciones no fueron privativas de este centro clandestino, si bien allí se dieron con sensibles diferencias con respecto a otros casos.
Un ejemplo relevante para la comparación es el desapoderamiento de la familia Graiver, en 1978. David Graiver era banquero y financista y tenía sociedades en la Argentina, Bélgica y Estados Unidos. Había recibido para invertir parte del dinero que Montoneros había cobrado por el rescate de los hermanos $\mathrm { B o r n } ^ { 7 3 }$ . Luego de su muerte en un accidente aéreo el 7 de agosto de 1976, que algunos catalogan más bien como un atentado, la dictadura buscó hacerse con el dinero familiar incluyendo el de la organización guerrillera. Para ello, utilizaron estructuras legales como la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y otras clandestinas, toda vez que las víctimas que habían comprado parte de los bienes de Graiver fueron secuestradas y torturadas en el circuito de represión ilegal de Campo de Mayo74.
Otros casos comparables surgen de la investigación del equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la CNV. Según ella, 146 financistas y empresarios fueron secuestrados y desapoderados de sus bienes por distintas razones y mecanismos75. Entre 1978 y 1979, la CNV concentró su accionar en cinco casos: el Banco de Hurlingham (propiedad de Graiver), Siderúrgicas Grassi, La Agrícola Cía. de Seguros, Celulosa y Canale y, finalmente, la Bolsa de Comercio de Tucumán. Los integrantes de las empresas fueron perseguidos por vías legales e ilegales, incluyendo la persecución bajo la Ley 20.840 que estipulaba la figura de la “subversión económica”76. Como vimos, en el caso de la ESMA no se recurrió a figuras legales para enmarcar secuestros y desapoderamientos, la operatoria fue allí totalmente clandestina.
La articulación de mecanismos legales e ilegales es particularmente visible en la relación entre la CNV y el circuito represivo de Campo de Mayo, como muestra el caso de Siderúrgicas Grassi-Grupo Chavanne. René Grassi, director de una siderúrgica, había participado en la compra del Banco de Hurlingham a través de Marcelo Chavanne, compañero de negocios y titular del Grupo Chavanne. Luego del fallecimiento de Graiver, el banco se encontraba en sucesión y el BCRA lo había intervenido. Grassi y Chavanne acordaron la transferencia con la viuda de Graiver en septiembre de 1978 pero cuando ésta se hizo pública, el Ejército secuestró a Grassi, a Chavanne y a otros directivos. Cuando Chavanne recuperó su libertad, el BCRA liquidó su banco77. Desde antes del comienzo de los secuestros, el director de la CNV Juan Etchebarne había solicitado la intervención del BCRA y había denunciado penalmente a ambos compradores78. La denuncia de la CNV llegó al escritorio del represor Guillermo Suárez Mason, a cargo del Primer Cuerpo de Ejército, quien instrumentó un Equipo de Trabajo para hacer los secuestros y solicitó peritos al BCRA y a la CNV para interrogar a la víctimas79. Por ello, el informe sobre la actuación de la CNV pone el acento en la centralidad de esta institución “en la articulación de la llamada ‘lucha antisubversiva’ en su matiz económico”80. La hipótesis de Nápoli, Bosisio y Perosino es que las acciones contra el sector empresario, cuyo apogeo localizan entre 1978 y 1979, se desarrollaron luego del triunfo en la lucha contra la subversión: “El hecho de que la lucha contra la ‘subversión’ en gran parte estuviera cumplida dejaba una estructura libre, tanto represores como dependencias, para ser utilizada para otros fines”81.
Este esquema interpretativo no tiene la misma efectividad para pensar lo sucedido al interior de la ESMA. Allí, el clímax de las acciones de lucro se inició tempranamente, a principios de 1977. Al mismo tiempo, estas actividades se dieron en simultáneo e imbricadas con la persecución política: no fue una tecnología aplicada, primero, a luchar contra la subversión y, luego, a hacerse de los bienes, como si se trataran de etapas represivas distintas. A su vez, una gran mayoría de las operaciones aparecen vinculadas u originadas en bienes de la organización Montoneros.
No obstante, entre los empresarios víctimas de la represión en la Argentina, no todos los casos tuvieron como destino la apropiación de las supuestas inversiones montoneras. Uno de los desapoderamientos más trascendentes fue el de la familia Iaccarino, conducido por el Ejército en connivencia con las autoridades del BNA. Los hermanos Iaccarino, propietarios de varias firmas de capital productivo, fueron secuestrados en noviembre de $1 9 7 6 ^ { 8 2 }$ . Según surge de la causa judicial,
los Iaccarino no militaban en ninguna organización, por lo que se concluye que el accionar de la dictadura militar corporativa también tuvo como objetivo el aprovechamiento de la maquina represiva ilegal para favorecer intereses políticos y económicos vinculados a la dictadura a expensas de hombres de negocios83.
El proceso de desapoderamiento del grupo Iaccarino se dio a lo largo de dos años en el centro clandestino El Infierno, en la localidad bonaerense de Avellaneda. Allí, los hermanos Iaccarino fueron obligados a firmar la cesión de una gran extensión de tierras en favor del grupo Chezzi. El BNA facilitó la desposesión84.
Los casos reseñados presentan algunas diferencias entre sí, pero contienen, a su vez, ciertas regularidades. Los ejemplos de Graiver, Iaccarino y Grassi-Chavanne dan cuenta de la articulación que se dio entre las instituciones bancarias y financieras y el sistema represivo dictatorial. Si bien no debiera descartarse el móvil político de acceder a la fortuna de Montoneros manejada por Graiver, la participación de la CNV, el BNA o el BCRA en los desapoderamientos insinúa una autonomización de la dimensión económica y un interés de las burocracias financieras que no existió en el caso de la ESMA. Es decir, las operaciones allí generadas no parecen haber tenido articulación con otras agencias y todo indica que fueron pensadas, conducidas y destinadas por y para núcleo de miembros del GT –especialmente en el período liderado por Acosta– y la línea jerárquica que los vinculaba a Massera, quedando así dentro de una lógica concentracionaria y clandestina dentro del propio sistema clandestino.
Sumado a ello, las evidencias indican que incluso en las acciones más sofisticadas y espectaculares, como la apropiación de la empresa Cerro Largo y las hectáreas en Luján de Cuyo, el motivo político de obtener las ganancias de Montoneros parece haber estado presente en los victimarios de la ESMA. En este caso, el hijo de Victorio Cerutti, Juan Carlos, había estado ligado a la tendencia revolucionaria del peronismo en Mendoza y había participado del gobierno de Alberto Martínez Baca durante el trienio peronista (1973-1976)85. Hacerse de esos bienes era, también, quitárselos a la organización enemiga. La misma impresión tiene Josefina Cerutti, hija de Victorio y hermana de Juan Carlos. Frente a la pregunta sobre el motivo del operativo de secuestro, Cerutti no duda: “Los agarraron porque tenían guita y eran de Montoneros”86. El GT no fue a secuestrar empresarios strictu sensu, como los hermanos Iaccarino, sino empresarios estrechamente ligados a Montoneros y a sus inversiones en Mendoza.
Incluso en el robo de grandes sumas de dinero en el exterior o el tráfico de armas, la motivación económica de los integrantes del GT convivió entrelazada con motivaciones y lógicas políticas. Más allá de que las operaciones redundaron en un enriquecimiento personal y del grupo de los miembros del GT de la ESMA y de Massera, el hecho de que las víctimas de las operaciones fueran principalmente militantes de Montoneros cautivos y los recursos apropiados fueran, en mayor medida, inversiones de la organización plantea la pregunta de hasta qué punto podrían diferenciarse taxativamente las lógicas políticas de la guerra contrainsurgente de las económicas de las apropiaciones de bienes. Más aún cuando no participaron otras instituciones públicas y las instancias de fraguada legalidad recayeron en circuitos de relaciones personales de Massera.
Ciertamente, las apropiaciones de bienes motorizadas en y desde la ESMA se diferencian en este punto de la mayoría de las desposesiones y de las operaciones económicas realizadas en cualquier otro centro clandestino. Si, tal como plantean Nápoli, Bosisio y Perosino, los desapoderamientos analizados implicaron una continuación de la dinámica represiva por otros medios y con otros fines, en el caso de la ESMA ambas se dieron en simultáneo, e imbricadas en un mismo período; y, a la vez, se extendieron por varios años con independencia de otros procesos nacionales o de cambios específicos dentro de ese centro clandestino.
Una última diferencia sustantiva que impide considerar para el caso de la ESMA la autonomía del factor económico por sobre los designios de la guerra contra la subversión tiene que ver con el grado de desarrollo y sofisticación que alcanzó el trabajo forzado de los militantes de Montoneros secuestrados en el centro clandestino y su relevancia, no sólo para montar y regularizar los emprendimientos económicos, sino también para aportar al funcionamiento del GT y el proyecto político Massera. Si bien en muchos casos el trabajo de las víctimas estuvo al servicio de la obtención de lucro de los marinos, su base fue la dominación y el aprovechamiento político de los montoneros en tanto combatientes secuestrados y sometidos en el marco de una supuesta guerra. En ese sentido, la noción de proceso de recuperación, que suponía que las víctimas debían abandonar sus concepciones militantes y trabajar para ser útiles a los victimarios, que los concebían como agentes de inteligencia propios, indica la importancia de los marcos de sentido con los cuales los miembros del GT operaron dentro de la ESMA. Así, los datos dejan pensar que la exacción de recursos de Montoneros pudo haber sido vista también como parte de su destrucción como fuerza política.
Por ese motivo, la existencia de un margen de autonomía y la complejización progresiva de las operaciones económicas no alcanza para quitarle a éstas su politicidad original ni tampoco su encuadre dentro de la guerra antisubversiva entendida como hecho político-militar. Si bien analíticamente pueden diferenciarse sus lógicas, para el caso de la ESMA, las motivaciones políticas y económicas constituyeron una trama indivisible.
Conclusión.
Los distintos tipos de operaciones económicas y actividades de lucro analizadas formaron parte del dispositivo represivo clandestino montado en la ESMA. Estas actividades tuvieron como condición necesaria la extracción de información y la apropiación de los bienes de las víctimas secuestradas y el uso y la explotación del trabajo de muchas de ellas. Ese entramado de operaciones, en toda su diversidad, da cuenta de cómo las lógicas de la lucha antisubversiva pudieron combinar y dar espacio a una gran variedad de actividades ilícitas con motivaciones variables. Tal como hemos analizado, ello no implica que la actividad de lucro o las operaciones económicas se escindieran de los designios de la acción político-represiva, sino que la lógica delictiva y la omnipotencia de la práctica represiva permitió su despliegue en múltiples direcciones. En ese sentido, la motivación de lucro –aun con su especificidad como motor de la acción– es inescindible del proyecto represivo.
Las acciones analizadas fueron posibles por la relativa autonomía de funcionamiento de los grupos operativos en el marco de la represión clandestina a partir de las órdenes de las jerarquías militares. A su vez, esa autonomía fue resultado de las condiciones de clandestinidad con que se llevó a cabo la represión87. De esta manera, fue el espacio de funcionamiento abierto por el principio de la ejecución descentralizada de la represión y su forma clandestina lo que permitió el desarrollo de estas numerosas actividades y lógicas88.
Si esto es una condición general válida para todo el sistema, el caso de la ESMA plantea algunas singularidades, pues parece haber sido el único centro clandestino donde se desarrollaron grandes operaciones económicas sin vinculaciones con otros entramados institucionales o burocráticos que pusieran ese espacio al servicio de sus necesidades. Las grandes operaciones se gestaron dentro de la ESMA y parecen haber estado alimentadas por la relación directa entre el funcionamiento del GT 3.3, sus jefes y las más altas jerarquía de la Marina. La presencia de Massera aporta una segunda singularidad: sus motivaciones propias y personales lo llevaron a utilizar los recursos humanos y económicos de la ESMA. Sin que podamos comprobarlo con certeza, seguramente eso también fue un motor de la particularidad con que se dieron allí las dinámicas del trabajo de prisioneros y prisioneras. Al mismo tiempo, las grandes operaciones brindaron recursos para sus campañas políticas tanto como para el enriquecimiento privado de sus círculos familiares y el de los jefes del GT. Por lo tanto, la relativa autonomía del grupo represivo se articuló para permitir acciones que, en su actividad clandestina, también respetaron y obedecieron las escalas jerárquicas y de poder institucional de la Armada.
Un último dato significativo que surge de los diferentes casos observados es que todas las tramas se sostuvieron y se extendieron involucrando redes familiares y círculos de relaciones personales. Esto fue así incluso en el caso de las víctimas, donde los victimarios introdujeron a los círculos familiares en la trama de la sujeción física y psicológica. Esto nos coloca frente a una paradoja: las prolongaciones de la ESMA se generaron en múltiples espacios y tramas de relaciones externas al ámbito físico del centro clandestino, pero, a la vez, su condición de posibilidad y funcionamiento permaneció cerrado sobre sí mismo y descansó en la lógica clandestina y su micromundo de interacciones.
El caso de la ESMA tiene, sin dudas, características muy singulares. A pesar de ello, permite observar con profundidad algunas de las formas más complejas en las que se enlazaron motivaciones y operaciones diversas en la trama de la lucha antisubversiva. Esa trama debe ser entendida como un proyecto represivo que se desplegó en múltiples dimensiones, todas ellas regidas por la lógica político-militar que estructuró el terrorismo de Estado en la Argentina.