Política y Arqueología : ¿dependencia?
Manuel Acién Almansa\*.
En los pocos años que han transcurrido de esta década he tenido ocasión de plantear en dos lugares algunos de los problemas y perspectivas de la arqueología medieval andaluza. La primera de esas ocasiones fue con motivo del Coloquio HispanoItaliano de Arqueología Medieval, celebrado en Granada el mes de abril de 19901, mientras que la segunda fue un año después, en el Primer Seminario de Historia Medieval, organizado por la Universidad de Zaragoza, bajo el título de “Avances recientes en la historia de al-Andalus: arqueología y sociedad”2.
En el primer caso, tras una revisión histórica, trataba de encontrar las causas de lo que consideraba como una situación de marginalidad a nivel académico, y, por otra parte, exponía los posibles errores en los que podía incurrir una práctica que estaba saliendo de esa marginalidad pero que se encontraba en una etapa incial, y por ello los errores podían estar justificados, aunque era el momento adecuado para intentar atajarlos.
Esos peligros los concretaba, por lo que respecta a la arqueología de urgencia, en la falta de control arqueológico sobre las restauraciones que se venían haciendo en edificios y yacimientos medievales, y en especial, la proliferación que se estaba dando de las denominadas “escuelas-taller” dedicadas a la restauración. Por lo que toca a la arqueología sistemática, centraba las amenazas en una posible disociación entre teoría y técnicas, por una parte, y por otra, en el traspaso científicamente inaceptable de un medievalismo oficial, con una práctica exclusivamente castellana y textual, a una arqueología fundamentalmente islámica.
En el Seminario de Zaragoza, tras exponer el esquema administrativo que se había elaborado para la arqueología andaluza, tenía que admitir que esa estrategia, desde mi punto de vista bien planteada, no recaía sobre un medio idílico, sino que los problemas eran reales y constantes, pero que, pese a ello, su validez residía en estar planteada, y, por tanto, en que se sabía el camino a seguir.
Hoy en día creo que me he de desdecir de las afirmaciones anteriores, pues la evidencia de los pocos años que han pasado hace considerarlas como enormemente ingenuas, y, por otra parte, la existencia de una estrategia debidamente planteada no ha sido suficiente para evitar el deterioro, sino que más bien, si nos atenemos a los hechos, se puede considerar como contraproducente.
Pues, en efecto, en la actualidad, las restauraciones, que se efectúan cada vez en mayor número, siguen estando totalmente incontroladas, dependiendo exclusivamente del interés o voluntad del arquitecto de turno el contar con una información arqueológica. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la reciente intervención en la Alcazaba de Málaga, para la cual, pese a la entidad del edificio y del yacimiento, no se consideró necesario ningún tipo de estudio arqueológico. Se debió sólo a la voluntad del arquitecto director de las obras, y a su habilidad para conseguirlo de la empresa constructora, que se pudiera realizar un estudio de medición y estratigrafía muraria en la complejísima Torre del Homenaje, cuya restauración estaba prevista obviando esos datos. Dicho proyecto se limitaba a la consolidación y restauración de los muros y torres de la Alcazaba, pero está en marcha un segundo de remodelación del Museo, ubicado en la zona palaciega, y restauración del resto de los edificios del interior, en las mismas condiciones. Es sólo un ejemplo, pero se trata del monumento más señero y conocido de Málaga, encontrándose en el primer lugar del itinerario de la última visita de los monarcas a la ciudad.
Intentando evitar ejemplos que desbordarían esta comunicación, y siguiendo con la arqueología de urgencia, nos encontramos con que la arqueología urbana se halla totalmente desarticulada; pues si bien es verdad que se realizan buen número de sondeos en cumplimiento de las normativas vigentes, no existen proyectos globales de intervención para cada núcleo urbano, hay una total descoordinación entre los diversos arqueólogos que realizan los sondeos y una incapacidad de control de los resultados, con lo cual se llega a la situación actual de importantes inversiones, como nunca han existido, generalmente de origen privado, que dan lugar a buen número de actuaciones, pero de las cuales no se ven los frutos ni a nivel científico ni social, y en consecuencia lo que se consigue es el deterioro de la imagen en los distintos niveles de la profesión.
Recientemente se ha distribuido un proyecto de normativa para las actuaciones en arqueología urbana, elaborado por técnicos de la Dirección General, donde se observa un claro objetivo de atajar la situación, para lo cual se ha realizado un enorme esfuerzo en unificar la metodología de las intervenciones, así como en establecer las normas administrativas de carácter interno. Supone una iniciativa loable, pero aún así dudo de su efectividad en la práctica, debido a dos razones fundamentales. La primera de ellas es el olvido del proyecto científico global para cada ciudad-yacimiento, en el cual deberían figurar las estrategias concretas, distintas de una ciudad a otra, a partir de las cuales se articularían los resultados, evitando el marasmo de una multitud de datos indiscriminados, pese a que su registro se haya realizado con una metodología adecuada. La segunda razón obedece a que ese excelente esfuerzo se limita a una normativa interna de la Consejería de Cultura, pero no tiene en cuenta el resto de instituciones y colectivos que confluyen en la arqueología urbana. Así pues, del mismo modo que lo metodológico no es suficiente, aunque imprescindible, para conseguir resultados científicos, lo administrativo es inoperante sin la decisión política.
En cuanto al resto de las actividades de urgencia, las que no entran en apoyo a la restauración o arqueología urbana, lo primero que se ha de observar es la dificultad para conseguir la información, incluso de su mera existencia, ya que no suele trascender salvo en fugaces artículos periodísticos, o con posterioridad a los hechos consumados, en los breves, a veces brevísimos, informes de los Anuarios. Por tanto, esta práctica no es fácil de juzgar, con la salvedad de la consecuencia general de pérdida de la mayor parte de la información que generan dichas actuaciones. Pero, por esas escasas noticias, da la impresión de que se enmarcan en una oficiosa distribución comarcal, actuando, por regla general, miembros de equipos con proyecto de investigación en la zona, por ejemplo, de protohistoria o romano, cuando no recaen en la “escuelataller” más próxima.
Dejando a un lado esta última posibilidad, lo que podemos considerar como norma general, o sea, los proyectos comarcalizados, se justifica como una extensión beneficiosa para el proyecto, al mismo tiempo que se asegura su tratamiento científico. Pero la realidad es que no hay más resultados que los que aparecen en los informes de los Anuarios, cuando lo hacen. Pues, como se puede comprobar en los resú- menes publicados con motivo de las últimas Jornadas de Arqueología Andaluza3, en los proyectos comarcalizados de protohistoria o romano, por ejemplo, no se alude a las actuaciones realizadas por miembros de esos equipos en el ámbito medieval. En consecuencia, una interpretación apresurada se basaría, más que en la beneficiosa extensión de los proyectos o en la garantía científica de las actuaciones, en considerar dichas urgencias como un procedimiento para dar ocupación a investigadores dudosamente interesados en el tema.
Pero no se trata de insistir sobre un panorama que cualquier iniciado puede conocer y que, además, lo anteriormente expresado es una simple opinión personal, pues como es sabido, y así se dijo en las Jornadas de Huelva, la arqueología urbana gozaba de buena salud, y el resto de las urgencias, es de suponer que mejor. Pero lo que no se trata ya de una opinión personal es que si hace poco ese tipo de actuaciones venían a representar, con un cálculo rápido, el 90 o $9 5 \%$ de las actuaciones en arqueología medieval, en la actualidad estamos muy próximos a alcanzar el $100 \%$.
En las siguientes líneas se trata de ver las causas que han llevado a esta situación, que se puede entender como contradictoria, pues, según se dijo con anterioridad, el esquema está planteado y se sabe qué camino seguir.
En un principio tenemos a los que podemos denominar como técnicos inmediatos, es decir, los que en una primera instancia realizan los trabajos, arquitectos y arqueólogos, para los cuales, como es lógico, entra dentro de sus obligaciones el conseguir la mayor cantidad posible de encargos de trabajo. No es éste el lugar ni el momento para hablar de la práctica de los arquitectos, por lo que me limitaré tan sólo a los segundos profesionales citados, los arqueólogos, colectivo que, de acuerdo con las condiciones actuales, se ha convertido en auténticamente profesional, a diferencia de los amateurs que pululaban no hace muchos años.
Aquí la cuestión radica en que esa reciente “profesionalidad” se sobreentiende como lo contrario a científico, reservando para este último concepto el sentido de especialista. Es decir, se trata de profresionales cuya profesionalidad les obliga a aceptar trabajos y ejecutarlos con las mejores técnicas posibles y la metodología adecuada o exigida, lo que normalmente se traduce en un registro lo más meticuloso posible, que queda así a disposición del especialista.
En esta disociación entre profesionalidad y ciencia juegan un importante papel las normativas, más o menos explícitas, que los obligan a limitar sus actuaciones con carácter temporal, el consabido mes de excavación, independiente de los medios y de las características del sondeo, o con carácter espacial: se rebajará tan sólo hasta la cota X, a la que afecta la construcción, pero no las inferiores, que quedan como teórica reserva arqueológica para no se sabe qué siglos venideros. O, abundando en este criterio, sólo serán objeto de excavación los determinados metros cuadrados que tendrá que destruir la cimentación mediante zapatas de tal edificio.
No cabe duda de que imposiciones de tal género fomentan el sentido de “profesionalidad” aludido y su disociación cada vez mayor con una arqueología de investigación. O, lo que es lo mismo, se promueve una arqueología profesional contrapuesta a la científica.
Pero no todo procede de normativas impuestas desde el exterior al arqueólogo, ya que ese mismo carácter de arqueólogo profesional no especialista es incompatible con otras actuaciones arqueológicas que no sean la excavación. Difícilmente se aceptaría a un profesional de tal tipo, dedicado a dejar constancia precisa de estratigrafías y materiales asociados, en campañas de prospección con criterios actuales, con escasa o nula recogida de materiales, o, sería totalmente imposible su participación en estudios de materiales, ya que por definición la profesionalidad deja esos ámbitos a los especialistas.
Quizás fuera conveniente, para empezar a clarificar cuestiones, que se denominaran no arqueó- logos, sino excavadores profesionales ¿pues, no estaba ya más que asumida la no identificación entre arqueología y excavación?
Pero además, en la práctica la profesionalidad adquiere otras connotaciones, habiendo saltado en algún caso a la prensa la contradicción entre honorarios y la materialidad del trabajo realizado, mientras que a nivel interno hace su aparición la competencia desleal e incluso la picaresca de connivencia con el propietario o promotor, que se traduce en informes negativos redactados por el profesional con la consecuente liberación de solares, a cambio de determinados honorarios y mínima inversión.
Parece indudable que, independientemente de la disociación entre profesionalidad e investigación, se hacen totalmente necesarias unas normas deontológicas, y éstas no podrán venir de ninguna instancia exterior, teniendo que surgir del propio seno de la profesión, y mientras no existan y se consigan ejecutar, nuestros técnicos inmediatos seguirán siendo excavadores, pero no podrán optar a la profesionalidad.
En un segundo nivel se encuentran otros profesionales que son los que se pueden agrupar bajo la designación de responsables inmediatos: arqueó- logos provinciales, municipales e integrantes de comisiones provinciales, los cuales, por su proximidad a los hechos, no pueden alegar desconocimiento, si bien, como se ha visto, la información no siempre trasciende este nivel.
Resulta evidente la presión a que pueden verse sometidos, debido a la responsabilidad que recae sobre estos cargos unipersonales, generalmente conjugada con la acumulación de problemas de lo más variopinto, que crean una clara situación de desbordamiento. A la precariedad que resulta de ello se suele unir, de manera casi absoluta, la provisionalidad con que desempeñan los cargos; circunstancia ésta que no parece ser casual, ya que a través de los diversos regímenes de carácter laboral es como se consigue la dependencia del político de turno, delegado, gerente o concejal. Se constituye así un primer filtro formado por el político local o provincial y el técnico dependiente, que se mueve en un difícil equilibrio entre la ética profesional y la provisionalidad.
La posible solución de trasladar responsabilidad e información a una instancia superior puede ser abortada por la parte política del tándem, con lo cual la parte técnica se encuentra además desasistida. Quizás se deba a ello que el difícil equilibrio comience a romperse en beneficio del reforzamiento del tándem, incrementando de nuevo los aspectos técnicos de la profesión frente a los puramente científicos.
De esta forma surge la tendencia independentista de los técnicos, no con respecto a la dependencia real de los políticos, sino curiosamente contra un control científico superior. Para ello se ha creado la figura de los científicos distorsionadores, con extraños intereses particulares en la investigación, frente a los intereses sociales monopolizados por técnicos y políticos. Y, una vez conseguida esta dicotomía, ya se pueden sustentar propuestas como la conocida por todos de una Comisión de Arqueología formada exclusivamente por profesionales y técnicos del interior de la Consejería.
Pero en realidad la fórmula no es nueva, pues de hecho ya viene funcionando con éxito en el nivel que llamábamos de los responsables inmediatos, ya que, como se advirtió, no sólo se incluían en éstos los cargos unipersonales de arqueólogos municipales o provinciales, sino que también existí- an las comisiones provinciales. Por tratarse de órganos colegiados no deberían verse afectados por el exceso de responsabilidad y trabajo que caracteriza a los unipersonales, así como la independencia debería ser la garantía de su eficacia.
Sin embargo, en su composición predominan los elementos internos, y en cuanto a los externos son frecuentes los “especialistas”, arquitectos e historiadores del arte, por lo general muy alejados de los temas arqueológicos, con lo cual resulta que el único profesional vuelve a ser el técnico interno, aquí acorralado por funcionarios de administración y especialistas en otros campos y supeditado orgá- nicamente al político presidente.
Aún así, la responsabilidad de la comisión sigue intacta, y aunque su ámbito sea más amplio que el de la arqueología, puesto que los reúnen temas como el urbanismo o los monumentos, resulta inaudita su incapacidad de pronunciamiento incluso en las destrucciones o atentados más flagrantes. Quizás sea exagerado considerarlas como comisiones “ad hoc” del político local, puesto que sus miembros suelen permanecer inalterables pese a la movilidad de los políticos, pero de todas formas resulta inexplicable la connivencia, al menos de los elementos externos. Los aparentes acuerdos se pueden entender por el carácter colegiado y la representación minoritaria de estos especialistas; pero ¿cómo se explica la aceptación de la responsabilidad que les incumbe y la continuidad en el puesto en el caso de desacuerdo con la opinión mayoritaria? Indudablemente hay que pensar en intereses distintos a los monumentos o al patrimonio.
En definitiva, los responsables inmediatos, en situación de precariedad y provisionalidad e inmersos en comisiones conniventes, optan por aferrarse a lo político, para lo cual se separan y diferencian los aspectos técnicos de los científicos en la profesión. Las circunstancias pueden ser comprensibles, pero la argumentación es espúrea, puesto que no puede existir disociación entre intereses científicos y sociales, y menos aún monopolizadores de estos últimos.
Pero existe también otra responsabilidad, ésta más difusa, que es la que comparten profesores de universidades y funcionarios como los conservadores de museos o conservadores del patrimonio en general, los cuales sólo en muy contadas ocasiones son capaces de alzar la voz. Los nombrados en segundo lugar de este grupo, los conservadores, participan del carácter de interioridad que veíamos en los responsables inmediatos, pero no así de la provisionalidad que afectaba también a éstos. Sin embargo, ese carácter funcionarial da la impresión que no se aplica nada más que a la parcela concreta que tienen asignada, dejando el resto de lo patrimonial a los que consideran responsables directos: técnicos y políticos locales, con lo que se refuerza la autonomía de éstos, con las consecuencias ya advertidas.
Por lo que respecta a los profesores universitarios, son reconocidos por el resto de la profesión como “los especialistas”, con lo cual a la imagen del científico distorsionador se une ahora la del particularismo desproporcionado y casi egoísta. En realidad, esa imagen se nutre ya con bastantes ingredientes en el seno mismo de las universidades, donde resulta bastante frecuente la obtención de una parcela-refugio lo más al margen posible de problemas extraacadémicos, con lo cual lo que llamaba una responsabilidad difusa termina por difuminarse totalmente.
Con esto no aludo, puesto que se hará después, al tema de las compartimentaciones cronoló- gicas que fija la Academia, sino que me limito al estricto de la arqueología medieval que nos reúne en este Coloquio. En la actualidad existe ya en las universidades andaluzas un número considerable de profesores que imparten la materia, dan cursos de doctorado o publican en revistas y congresos, que supone un salto muy considerable con respecto a lo que ocurría no hace tantos años. Sin embargo, este grupo de profesores especialistas tampoco se hace oir. Una buena coartada para ello la proporciona el control de la información inmediata, que ejercen los técnicos responsables como ya se ha dicho, pero no deja de ser una coartada, puesto que en realidad lo que esconde es una buena dosis de docilidad, al igual que la superespecialización en parcelas-refugio ya denunciada.
Pues dicha superespecialización tampoco es real. La prueba de ello la tenemos cuando no se alega dicha causa para emitir informes periciales a petición del político de turno, sobre temas muy distintos al de la parcela-refugio que cultivaba, o para redactar o actualizar corpus bibliográficos, o de cualquier otro tipo, siempre que hagan su aparición emolumentos adecuados. El tema se debe tener en cuenta, pues demuestra que la pretendida superespecialización no es la causa de la docilidad. Más pró- ximo a esa causa se puede entender el deseo de mantener o conseguir determinado proyecto de investigación, si bien esta opción implica un alto grado de cicatería en el demandante así como el suponerla del otorgante, por lo que se aleja de la realidad. Se debe entender que el especialista universitario tiene más altos vuelos, o... aspira a volar más alto.
En definitiva, la responsabilidad difusa de conservadores y profesores, pese a su teórica independencia, se convierte en un dócil silencio al amparo de la especialización, pero el objetivo de la docilidad no es otro que convertirla en mérito para acceder a más altos cargos.
Éstos, en nuestra Comunidad, como es bien sabido, son los de miembros de las comisiones asesoras de la Dirección General de Bienes Culturales, que, en la práctica, han quedado reducidas, para nuestro campo, a la Comisión de Arqueología, tras la desaparición de la de Monumentos. El carácter asesor de dicha Comisión la libera de responsabilidad política, pero no así de la científica y ética en el planteamiento y desarrollo de la arqueología en la Comunidad, de la cual se puede considerar como la responsable en última instancia.
Ahora bien, la cuestión reside en explicar la aceptación de una responsabilidad directa, cuando antes se ha obviado la tranquila responsabilidad difusa con difíciles argumentos que acababan en el silencio.
Digamos que, en principio, la contradicción queda rota mediante el mecanismo ya establecido de diferenciación entre arqueología sistemática y de urgencias, y esta última, por su propia naturaleza, se engloba en las competencias puramente administrativas de la Consejería, y por tanto en la red de dependencias ya vista, pese a que esa vía suponga, como también se dijo, una cifra cada vez más cercana al $100 \%$ de las actuaciones en arqueología medieval.
Pero resulta además que ese porcentaje abrumador, englobado en las interioridades de la administración y, por tanto, al margen de lo científico, presupone a su vez una altísima proporción de la arqueología directamente relacionable con lo patrimonial. Ya se ha hablado de la supresión en la práctica de la Comisión de Monumentos y, en consecuencia, se puede entender que la porción de responsabilidad compartida no ha sido asumida por la de Arqueología, sino por la propia administración, identificando, como tal ocurre en la práctica, lo monumental como otro tipo de urgencias.
Resta, por tanto, un escaso margen, que por lo demás se trata de soslayar con la intencionada y ambigua diferenciación, pero que en la práctica resulta efectiva, entre monumento y yacimiento.
Pero antes de entrar en esa ambigüedad creada, se ha de decir que el mecanismo fundamental que aquí funciona a pleno rendimiento, junto con el envío a control administrativo de las urgencias, es el del esquema de la especialización, antes insinuado como coartada en los conservadores y universitarios. En efecto, aquí con todo derecho el especialista en paleontología, paleolítico o protohistoria se abstiene asépticamente de intervenir en cualquier debate sobre algo previamente rodeado de la ambigüedad entre yacimiento y monumento.
Es así como se explica que un tema tan aireado en la prensa durante bastantes años, como el de la Buhayra de Sevilla, no pase siquiera por la Comisión de Arqueología, o que otro de la trascendencia del de Cercadillas en Córdoba, no merezca ni una línea escrita por la Comisión ni el más mínimo debate en unas Jornadas.
Así pues, entre ambigüedad y especialización se permite la destrucción de un patrimonio consolidado, caso de la Buhayra, o las posibilidades monumentales y de investigación irrepetibles que suponía Cercadillas. Como se puede observar, aquí los argumentos utilizados consisten en el traspaso de las urgencias a la parte administrativa, ambigüedad en la calificación y la asepsia lógica de la especialización, con los cuales desaparece la responsabilidad colegiada que se suponía en un principio.
No obstante, en dicha Comisión existen, o deberían existir, especialistas en arqueología medieval, cuya función es fácil de reconocer por todos que se ha de desempeñar en minoría, gracias a la consabida distribución por áreas de los asesores. Pero si el criterio de minoría es admisible, no lo es tanto el esfuerzo por mantener la ambigüedad entre monumento y yacimiento, y la consecuencia de sacar de lo científico, de la sistemática y de las propias competencias el amplio abanico que ambiguamente se puede encuadrar en lo primero, en los monumentos.
Tal es la conclusión que se puede extraer de la opinión expresada por el coordinador de la mesa de arqueología medieval en las últimas Jornadas, donde se oponía a la demanda de la simple caracterización de yacimiento para los castillos andaluces con el argumento de que el valor simbólico de tales edificios castrales impedía tan pedestre clasificación y, en consecuencia, que debían seguir al margen de las atenciones de la Comisión y, posiblemente también, de la arqueología.
En las mismas Jornadas, como ya se ha recordado, se dictaminó que la arqueología urbana estaba bajo control, con lo cual debió desaparecer cualquier resquemor, si es que éste existía, de los miembros de la Comisión para con el tema. De esta forma, mediante la conversión de yacimientos en monumentos, la primacía del valor simbólico de las fortificaciones y una arqueología urbana controlada, lo medieval, con la mayor naturalidad, sale del amparo de la sistemática, o queda reducida a escasísimos trabajos de campo, entre los cuales se puede contar alguno que ha recibido la denominación de yacimiento.
Pero, de nuevo esa naturalidad no es tal, sino un medio artificioso para reducir responsabilidades. Pues de hecho, la mínima parte englobada en actuaciones sistemáticas tampoco goza del amparo que supuestamente le incumbe, como lo demuestra que tras la destrucción de una significativa porción del yacimiento de Bayyana, no se haya intentado una evaluación de los daños, ni planteado una emergencia para rescatar los datos posibles, pese a que la parte afectada se puede considerar, por lo que conocemos hasta ahora, como la zona industrial de mayores proporciones de al-Andalus.
El ejemplo se puede entender como un desamparo técnico-administrativo, puesto que revela la incapacidad de reacción ante sucesos de esas características. Sin embargo, en otros casos el desamparo es exclusivamente de carácter científico, sin ninguna otra connotación, ya que no se puede entender de otra manera que se imposibilite la realización de un proyecto, cuyo objetivo consistía en aclarar la fiscalidad y recursos hacendísticos del.
Estado omeya califal. Existen los medios para conseguirlo, aunque el material permanece abandonado, y en cuanto a importancia de los resultados, los conseguidos por los restantes proyectos palidecen ante éste.
No cabe duda de que en este ejemplo no hay ningún problema social, ni tampoco de tipo simbólico, por lo cual se ha de pensar en otras razones. De una primera impresión se podría extraer que la arqueología medieval resulta molesta, y hay algo de razón en esto, puesto que reivindica parcelas que hasta hace unos pocos años han estado al margen de la arqueología. Sobre esto, es de sobra conocido que los castillos han recibido un uso variado, que va desde cementerios hasta paradores de turismo, a raíz de lo cual alcaldes y arquitectos han interpretado que podían transformarlos en alhambras particulares o diseños postmodernos, mientras que nosotros exigimos, no sólo el reconocimiento del yacimiento del subsuelo, sino también el respeto y la conservación de la estratigrafía muraria.
Y, de la misma manera, la arqueología urbana practicada con anterioridad ha servido para llenar los museos de capiteles de todo tipo y esculturas romanas, así como para posteriores trabajos eruditos a partir de la musivaria. Sin embargo, ahora solicitamos el estudio de la red urbana y sus sucesivas transformaciones, sus causas y consecuencias, para lo que se necesita una información de otro tipo.
Parece ser, por tanto, que lo que hay que cambiar, no son tanto unas estructuras administrativas, sino una arqueología complaciente. Es más, a nivel administrativo ya se ha operado el cambio, registrado en todo tipo de documentos, desde el Plan General de Bienes Culturales a las ordenanzas municipales, y de ahí venía mi optimismo de hace unos años, de que ya se sabía lo que había que hacer.
No obstante, lo que no ha cambiado es la arqueología complaciente que se refugia en especializaciones, vías de urgencia al margen de su responsabilidad, supuestos valores simbólicos o problemas sociales que no se dice a quiénes afectan, para asumir unos destrozos que administrativa y legalmente son imposibles de realizar. Indudablemente, el tema no es exclusivo de la arqueología medieval, aunque se utilicen las molestias promovidas por ésta, pues el caso de Cercadillas demuestra hasta la saciedad que los arqueólogos del mundo clásico están tan implicados en el problema, como complacientes también los de medieval.
No se trata, por tanto, de un tumor reciente achacable a la joven arqueología medieval, sino de un cáncer generalizado a toda la arqueología. Si la normativa existe y el planteamiento está asumido, ¿cómo se permiten las actuales circunstancias?
Aclararemos, antes de responder a la cuestión, que por circunstancias actuales entendemos la paradoja de un número de profesionales mayor que el que ha existido nunca y una inversión igualmente muy superior a la de otras épocas, pero, sin embargo, ello tiene como resultado una destrucción también mayor que la de etapas precedentes.
Sería absurdo buscar una relación directa entre una cosa y otra, puesto que existen demasiados elementos externos que favorecen la destrucción, pero, no obstante, la complacencia sí es de orden interno.
Diremos que, al máximo nivel, la Comisión de Arqueología ha dejado de ser asesora para convertirse en consultiva, o sea, para informar tan sólo de las cuestiones que se le plantean, entendiendo el resto como ajeno a sus competencias. En la práctica las cuestiones de su competencia se reducen a la formalidad de aprobar o rechazar las actuaciones y proyectos que se presentan anualmente, lo cual, con las salvedades antedichas, es de suponer que se basan en criterios científicos. También se debe basar en los mismos criterios la actuación, paralela a la anterior, de concesión de becas para ayuda a la investigación, si bien, debido a su número limitado, corren el riesgo de poder interpretarse como premios a determinados proyectos.
Más difícil de distinguir de ese último carácter viene a ser la ingrata tarea, que también comparten, de constitución de tribunales para otorgar las plazas de los técnicos internos, con lo cual se puede dar la impresión de cerrar un círculo vicioso de responsables complacientes que promueven técnicos dependientes.
Y, para terminar, diré que indudablemente de los expuesto hasta aquí no se ha de inferir que no existan buenos proyectos en funcionamiento, ni de que la gestión se haga mal a todos los niveles, siendo evidente que se llevan a cabo excelentes proyectos científicos y que en algún lugar la gestión se realiza de manera casi modélica. Ahora bien, la cuestión reside en si esos excelentes proyectos y esa gestión modélica sólo son posibles si se acata y acepta la destrucción del resto, o, más en concreto, si una cosa depende de la otra.
En fin, ¿dependencia de la arqueología? Pueden Uds mantener o quitar los signos de interrogación.
NOTAS
1 "Arqueología medieval en Andalucía", en Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología Medieval. Colloquio Hispano-Italiano di Archeologia Medievale, Granada, 1992, pp. 27-33.
2 "Recientes estudios sobre Arqueología andalusí en el sur de al-Andalus" Aragón en la Edad Media, $\boldsymbol { \cal \vert X }$ (1991), pp. 355-369
3 Investigaciones Arqueológicas en Andalucía 1985-1992. Proyectos. Comunicaciones que se presentan a las VI Jornadas de Arqueología Andaluza a celebrar en Huelva, del 25 al 29 de enero de 1993, Huelva, 1993.