Mujeres afrentadas a partir de los pleitos del Archivo de la Universidad de Valladolid (1596-1600)\*.
Affronted women from the lawsuits in the University of Valladolid Archive (1596-1600)
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Palabras clave: Mujer; Pleitos criminales; Violencia; Universidad de Valladolid; Siglo XVI.
Abstract: This article analyses a series of lawsuits from the $1 6 ^ { \mathrm { t h } }$ century preserved nowadays at the Archive of the University of Valladolid in which women denounced before the rector's court the abuse and violent actions they had suffered at the hands of one or more students. By way of a material analysis of the lawsuits, it has been possible to analyze the content of the quarrel, thus examining their causes – the offences – and their development. It also examines the function and meaning of the terms used in the descriptions of the women throughout the legal process, as well as the figure of the accused students.
Keywords: Women; University of Valladolid; Violence; Lawsuits; $1 6 ^ { \mathrm { t h } }$ century.
Sumario: Introducción; 1. La jurisdicción de la Universidad de Valladolid; 2. El contenido de los pleitos: las causas de las querellas; 3. Las querellantes; 4. Los estudiantes acusados y las sentencias dictaminadas; Conclusiones; Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
En los últimos años, el estudio de las fuentes judiciales (ya sea de la justicia real ordinaria, eclesiástica o privada) ha sido objeto de interés por parte de la investigación histórica por su utilidad como fuentes de información sobre grupos que tradicionalmente habían sido ignorados por la historiografía, incluyendo así a las mujeres. De este modo, numerosos y fructíferos estudios han examinado la experiencia vital de las mujeres en la Edad Moderna1 , analizando, entre otras cuestiones, la manera en la que esa experiencia se asumió en la sociedad, las afrentas que sufrieron y los mecanismos de arbitraje que se desplegaron para su defensa. Partiendo de esa base, este trabajo analiza todos los pleitos criminales del siglo XVI conservados en el Archivo de la Universidad de Valladolid en los que una mujer denunció ante el tribunal del rector la afrenta y las acciones violentas que sufrió por parte de uno o varios estudiantes2 .
Tras el análisis de las fuentes judiciales, este trabajo combina en su desarrollo otros dos horizontes temáticos: la historia de las universidades y el estudio sobre el fenómeno de la violencia. En primer lugar, se parte de los estudios que, sobre la Universidad de Valladolid, proliferaron a partir de la década de los 80 del siglo pasado como contribución a la entonces en auge historia de las universidades. Aunque su enfoque inicial se centró en el análisis institucional y de las jerarquías de poder, en los últimos años se ha incluido una óptica más integradora con aportaciones desde la Historia de las mentalidades3 . Por otro lado, este trabajo también recurre al estudio del fenómeno de la violencia, cuya redefinición ha sido y es cuestión de especial interés para las autoridades y la opinión pública en la actualidad. Especialmente, se ha subrayado la percepción de la violencia como un problema de salud pública, siendo aquella definida por la OMS como
el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones4 .
Por lo tanto, esta idea se ha suscrito al juicio moral que considera que un comportamiento es violento cuando se pretende y es directamente perjudicial para la(s) víctima(s), lo cual viene resumido por la expresión “violencia como daño”5 . Esta redefinición ha permitido a la reciente investigación ampliar el concepto de violencia a un mayor rango de comportamientos y experiencias, los cuales pueden haber sido motivados por razones y en contextos diferentes.
Además, el planteamiento metodológico que se ha seguido contempla, en primer lugar, la justicia especial del fuero universitario vallisoletano y los actores encargados de velar por la justicia, comparando el modelo teórico con lo que encontramos en la praxis de nuestros pleitos. El siguiente apartado –verdadero núcleo del trabajo– se ocupa del contenido de los pleitos estudiados. Primero, nos acercamos a las razones –los delitos– por las que se presentan las querellas que originaron estos pleitos, comprendiendo así lo que se entendía en aquel momento por estupro, malos tratos, amancebamiento y lenocinio. Luego, se analizará la propia figura de las querellantes, estudiando la función y significado de los términos que más frecuentemente aparecen en las descripciones de las mujeres de los pleitos estudiados. Por último, se examina la figura de los estudiantes acusados y la culminación del proceso legal, mediante apartamientos o sentencias dictaminadas, para así llegar a comprender hasta qué punto se reflejó en los pleitos la experiencia vital de cada una de ellas y de ellos.
1. LA JURISDICCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
1. 1. Breve panorama histórico de la Universidad de Valladolid.
A finales del siglo XVI, la Universidad de Valladolid se convirtió en una institución que contó con jurisdicción propia plena. El punto culmen del reconocimiento y desarrollo de la jurisdicción escolástica vallisoletana llegó con la concesión por Felipe II en 1586 del privilegio de Conservatoria; no obstante, ello fue resultado de un largo proceso histórico a través del cual adquirió diversos privilegios e inmunidades.
La existencia de un estudio en Valladolid está probada documentalmente desde el reinado de Sancho $\mathrm { I V } ^ { 6 }$ ; no obstante, su elevación a Estudio general solo llegó con la concesión de la bula de confirmación de la universidad por parte del Papa Clemente VI en 1346, a instancias de Alfonso XI. Más tarde, a finales del siglo XIV, el rey Enrique III concedió las cátedras de Filosofía, Física y Teología, que se sumaron a las siete ya existentes: tres en la Facultad de Derecho Canónico, dos en la de Derecho Civil y dos en la preparatoria de artes. El reconocimiento final llegó en 1417 de la mano de Martín V, quien concedió el permiso para enseñar Teología7 .
Luego, el hito más relevante fue la concesión del privilegio de Conservatoria por Felipe II en 1586, en virtud del cual se reconoció y respetó la plena autonomía jurisdiccional de la Universidad de Valladolid. La doble dimensión de la institución, real y pontificia, se expresa en la propia documentación de la universidad, donde se evidencia la jurisdicción escolástica vallisoletana como «en virtud de la Real Conseruatoria del Rey Don Phelippe nuestro Señor y las demás conseruatorias Apostólicas que esta dicha Vniversidad tiene»8 .
La plena jurisdicción universitaria fue por lo tanto una prerrogativa de gran importancia que convirtió a los universitarios en población privilegiada9 : sus beneficiarios revindicaban tener derecho a «gozar de los prebilexios della»10. Así, el carácter sumario y no sujeto a formalidades del proceso penal escolástico11 resultó favorecedor, especialmente, en lo tocante a aspectos tales como la agilización y contracción del proceso o la aplicación de penas más transigentes y flexibles que aquellas a las que se verían sometidos por otros tribunales. De hecho, los estudiantes que se veían culpados y sentenciados por la justicia universitaria no solían recibir siquiera la sanción estipulada de ser borrados del libro de matrícula12.
1. 2. Actores de la justicia.
Dentro de las figuras implicadas en la administración de la justicia universitaria destacó, por encima de todas, el rector, juez único y primera instancia del tribunal escolástico. Todos los escolares, ante cualquier causa civil o criminal, debían comparecer ante el rector por ser el máximo representante, director y titular, entera y exclusivamente, de la jurisdicción escolástica13. Aunque la plenitud de la jurisdicción rectoral fue fijada con el privilegio de Conservatoria de Felipe II, la figura del rector fue resultado de un largo proceso histórico paralelo al de configuración y asentamiento de la jurisdicción universitaria, en el que destacaron normativas como las Partidas o los Estatutos en latín del reinado de Carlos V. Así, terminó por establecerse la elección del rector cada dos años y la posibilidad del nombramiento de la figura de un lugarteniente que asumiera su representación en el tribunal14. En los pleitos objeto de estudio encontraremos a los rectores León de Miranda (1595-1596), Diego López de Salcedo (1596-1597), Juan García Coronel (1597-1598) y Sebastián de Villafañe (1598-1599)15.
A continuación, la segunda instancia a la que se podía apelar en la jurisdicción universitaria correspondió al claustro, formado por el claustro ordinario del rector, canciller y diputados, el cual designaba jueces de apelación para ello. Además, las apelaciones se presentaban siempre como apartado final de las sesiones16. Finalmente, como último recurso, se podía apelar a un tribunal no universitario, aunque hubo discrepancias sobre si debía ser de tipo escolástico o real17.
Por debajo, y al servicio del rector y claustro, encontramos otras figuras que formaron un aparato auxiliar y colaborador: fiscales, alguaciles, alcaides y escribanos-notarios.
2. EL CONTENIDO DE LOS PLEITOS. LAS CAUSAS DE LAS QUERELLAS.
Las querellantes se presentaron ante el juez rector por diversos motivos. No obstante, las formulaciones de las denuncias que encontramos en los documentos no siempre comprendieron lo que en la actualidad entendemos por tales delitos. Además, como apunta el historiador del derecho Sánchez-Arcilla Bernal, se debe tener en cuenta que uno de los grandes problemas de la documentación criminal de la Edad Moderna radica en su imprecisión a la hora de calificar las conductas delictivas que se registraron18. A grandes rasgos, entre los cinco pleitos estudiados encontramos dos relacionados con la palabra de casamiento (Leg. 1/8 y.
Leg. 2/19) y tres con malos tratos o tratamientos (Leg. 2/6, 2/11 y 2/18), incluyendo uno de ellos motivos de amancebamiento y lenocinio19.
2.1. El estupro. La palabra de casamiento.
En 1596, Inés Martínez denunció a Miguel de Brizuela porque el estudiante hacía ya dos años que le había hecho promesas de casamiento y no las había cumplido. Bajo estas promesas, el estudiante «se aprovechó della teniendo açesso y copula carnal y la llevó su birjinidad debajo de las dichas promesas y del dicho ayuntamiento quedó preñada y parió un hijo»20. La querellante declaró que ya no sabía nada del hijo que parió hacía dos años porque su cuñado se lo llevó; más tarde en el pleito se especificó que falleció. El acusado mantuvo durante dos años las promesas de casamiento y la querellante quedó embarazada de nuevo en 1596, describiéndose como preñada en ese momento. Como Miguel de Brizuela siguió sin cumplir su palabra y quería irse a Salamanca, la querellante le denunció porque quedaría «estrupada, preñada y afrentada y sin tener satisfaçión alguna de que [Miguel de Brizuela] cumpliría lo dicho y no allaría quien se casase con ella»21.
De manera similar, en 1599, el padre de María de Ayala, Francisco de Mongelos, denunció al estudiante Andrés González porque desde hacía más de un año que había dado palabra de casamiento ante provisor a su hija. Andrés fue acusado de haberla solicitado para tener copula carnal con ella y, por fuerza y en contra de la voluntad de la querellante, el estudiante la estupró y llevó su virginidad. La querellante y el acusado siguieron teniendo trato hasta que él se marchó de la ciudad; hacía dos meses desde la fecha de la denuncia que Andrés González había vuelto y cuando fue a casa de María de Ayala fue detenido por el alguacil por orden de Francisco Mongelos, su padre. Por la parte querellante se reclamó que «María de Ayala, por la ynfamia que se la seguido le ha venido de daño más de mil ducados que ha menester más para casarsse de lo que ubiera menester si no sucediera el dicho estupro e ynfamia y con ello más de lo que tiene no se puede casar como se pudiera casar de otra manera»22.
En los dos casos expuestos, las acusaciones que presentaron las partes querellantes denunciaron a los respectivos estudiantes con la justificación de que les habían dado palabra de casamiento y no la habían cumplido. A causa de ello, se les acusó de un delito de estupro por afrenta contra la víctima, en el sentido de ofensa o causa de vergüenza y deshonra por engaño.
El estupro fue uno de los delitos más cometidos en materia criminal sexual en la sociedad del Antiguo Régimen23 y, según Margarita Torremocha, se entendía como
trato ilícito en el que es necesario que se dé por parte del varón una seducción, entendida como engaño y plasmada mayoritariamente en la palabra de casamiento, y por parte de la mujer, que sea doncella o si es viuda honesta, puesto que no hay estupro con mujer casada sino adulterio24.
El objeto que se debía probar en la acusación de este delito por lo tanto se producía en el ámbito de las mentalidades de los hombres y las mujeres de la época: la imagen de una mujer víctima por engaño25.
La clara distinción entre engaño y fuerza quedó establecida ya en las Partidas de Alfonso $\mathrm { X } ^ { 2 6 }$ , cuerpo legislativo en el que el delito estupro se formuló por primera vez de manera individualizada y exacta. Así, la legislación alfonsí ya recalcó la importancia de que la acusación de delito de estupro debía implicar que la víctima debía haber accedido a mantener relaciones sexuales con el estuprador «por falago o por engaño»27, quien habría formulado una serie de prometidos vanos que condujeron a la víctima a creer algo que en realidad no era verdad. De este modo, la utilización del engaño por parte del estuprador para conseguir su fin último –esto es, el acceso carnal– invalidaría el consentimiento expresado en un principio por la víctima28.
Por lo tanto, el delito de estupro se fundamentaba sobre tres principios: la seducción, el trato carnal y la virginidad de la mujer29. A pesar de que el estupro fue cometido de forma frecuente a lo largo de la Edad Moderna, tal y como constatan los documentos, la formulación de esta práctica criminal fue de gran complejidad; los marcos y escenarios sobre los que se produjo fueron frecuentemente muy variados, así como los arquetipos de estupradores y estupradas30, por lo que la probanza de los tres principios ya mencionados resultaba una ardua tarea. A continuación, se estudiará de manera específica la formulación de los tres elementos conformadores del estupro en los pleitos que se han estudiado.
En cuanto al primer componente, la seducción o engaño se presentó tanto en el caso de Inés Martínez como de María de Ayala como palabra de futuro casamiento. Bajo esta fórmula, la mujer permitía la cópula con el supuesto futuro marido debido a que sus promesas de matrimonio no supondrían que se viera deshonrada. Esta idea se inserta en el contexto de un período en el que todavía seguía vigente la práctica de desposorio como simplemente aquella promesa matrimonial que se reforzaba con el trato sexual31. Como consecuencia, se generaban numerosos conflictos matrimoniales que se denunciaban ante los tribunales.
Aunque el Concilio de Trento (1545-1563) dispuso la necesidad de celebrar una unión sacramental, solemne y pública para contraer matrimonio católico a fin de evitar conflictos familiares y disturbios morales, la escasa penetración de las reglas tridentinas en este territorio a finales del siglo XVI produjo que los afectados siguieran considerando los verba de futuro como vínculo matrimonial consistente, el cual se veía reforzado por la commitio sexus32. Esto se evidencia en los procesos estudiados: en 1599 la parte querellante presentó como prueba ante el juez una requisitoria por la cual el provisor del obispado daba constancia de que el estudiante Andrés González había dado palabra de futuro matrimonio a María de Ayala ante su persona. El juez y su asesor en audiencia pública fallaron «aceptando como aceptamos la requisitoria ante nos presentada del provisor de este obispado y conforme a ella y al proceso matrimonial de que se a hecho demonstraçión, mandamos recomendar en la cárcel y prisión en que está el dicho Andrés»33. A pesar de que esta sentencia luego no fue aplicada y se permitió la liberación del acusado bajo fianza, sus palabras demuestran que incluso las autoridades respetaban la palabra de matrimonio como vínculo matrimonial válido del que los prometidos difícilmente podían huir34. El conocimiento de las reglas tridentinas también se evidenció en este litigio cuando se especificó que «[el acusado] prometió que se casaría con ella conforme al Sancto Concilio de Trento y ella aceptó y le prometió lo mismo y de consentimiento de ambos fueron ante el provisor de esta ciudad»35, pero también dejó patente la falta de esclarecimiento que el Concilio estableció en cuanto a las promesas matrimoniales, así como la confusión resultante de la identificación establecida entre las promesas matrimoniales y el supuestamente matrimonio contraído por los desposados al mantener relaciones sexuales para casarse36.
No obstante, no siempre se tenía constancia de la palabra de matrimonio dada que probara el elemento esencial del engaño –al contrario que en el caso de María Ayala en 1599, quien tenía prueba ante provisor de ello–, por lo que el juez en ocasiones se debía conformar con las declaraciones de los testigos presentados tanto por la parte querellante como por la acusada. Para ello, se realizaban interrogatorios buscando que los testigos informasen sobre situaciones en las que los prometidos hubiesen mantenido trato íntimo. La intimidad fue, por lo tanto, un ingrediente clave que se debía contener en sus declaraciones, puesto que la sociedad del momento estimaba la existencia de relaciones cercanas y privadas como “actitudes propias de quienes habían de convertirse en marido y mujer”37 y, así, como muestra de la falsa promesa de matrimonio dada.
De ahí que en los pleitos encontremos que las partes querellantes recurrían a la narración de conversaciones públicas, intercambio de regalos o visitas frecuentes, entre otros, que probaran el vínculo supuestamente desarrollado a raíz de la promesa. Así lo hizo en 1596 Pedro Escalada, quien trabajaba como criado en la misma casa que la querellante Inés Martínez. En su información, testificó que «bio que el dicho Miguel de Brizuela, estudiante, yba y estaua muy a menudo en casa de la dicha su ama de hordinario y parlaba con la dicha Ynés Martínez»38; además, así lo hizo Inés otras muchas veces, por lo que era de carácter recíproco. El trato íntimo que mantuvieron ambas partes fue constantemente referido en las distintas declaraciones: Felipe de Vallejo atestiguó que «los bio juntos parlando en casa de Juan de Oteo (…) y en otras partes públicamente»39 y que les escuchó reñir; Juan Ruigómez dijo que «les a bisto tratar e comunicar en público en casa de Juan de Oteo y en la taberna de Gilimón de la Mota»40; Inés de la Torre confesó que ella y su marido arrendaron al estudiante un aposento en el que se alojó la querellante durante un tiempo41; e incluso Felipa de Gobantes dijo que un día vio a Miguel de Brizuela salir del aposento y «devía de aber dormido con la dicha Ynés Martínez porque la susodicha se lo dixo a esta testigo»42.
Por parte del acusado se solía alegar la inexistencia de trato íntimo con la querellante y, por lo tanto, la ausencia de cualquier prueba sospechosa contra su acusación. Así pasó en 1599, cuando Juan Moral de Ortega, curador de Andrés González, declaró que su parte «jamás [tuvo] tracto con ella ni estubo a solas ni en ninguna parte sospechosa de donde se pudiesse presumir contra él cosa alguna de las que se le imputan»43.
El segundo elemento que se debía tener en cuenta para la probanza del delito por estupro, como ya se ha mencionado, era la existencia del trato carnal entre la querellante y el acusado. Volviendo al caso de 1596, el hecho de que Inés Martínez ya hubiese parido un hijo en el momento de la denuncia eximió de dificultad a la averiguación sobre la existencia de trato carnal. El reconocimiento del hijo por parte del acusado lo encontramos tanto en las declaraciones de testigos, como sobre todo –y más importante– en la propia confesión del acusado: «dixo que confiesa que sí en la primera bez tubo otras muchas exçeso carnal con la dicha Ynés Martínez e ques verdad quella se hiço preñada deste confesante e parió dél el dicho niño, el qual este confesante rreconoçiendo como hijo le tomó a su cargo e le dio a criar en esta dicha ciudad y murió dentro de nueve días después de baptiçado»44.
En cambio, el trato carnal entre María de Ayala y Andrés González fue más difícil de probar; mientras que el acusado reclamaba que no habían tenido trato carnal ni otro acto deshonesto, María de Ayala afirmaba que el estudiante «tubo con ella açeso y cópula carnal y aquella noche la estrupó y llevó su birginidad»45. La parte querellante argumentó de manera iterativa el hecho de que Andrés González fue detenido por el alguacil en la casa del padre de María de Ayala, para así mostrar una situación que connotaba un mayor grado de intimidad y, por lo tanto, evidenciar la culpabilidad del estudiante. Así lo testificó Lázaro de Rueda, el propio alguacil de la universidad, quien «en la sala de arriba alló solos e a oscuras al dicho Andrés González, estudiante, y a María de Ayala»46. Pero el acusado alegaba que su arresto había sido una confabulación efectuada por los familiares y amigos de la querellante contra él. Leemos en su confesión:
Pasando este confesante por la puerta del dicho Monxelos a boca de noche y con él dos estudiantes amigos, la dicha María de Ayala por una puerta falsa le llamó y persuadió a que entrase porque vna hermana suya le quería hablar vna palabra; (…) subió a la sala donde avía luz y allí estubo ablando con la dicha María de Ayala con luz de vn candil, y estando ablando con ella llegó el dicho Rrueda, alguazil, y llebó preso a este confesante47.
Tales ejemplos demuestran, tal y como sostienen Ruiz Sastre y Candau Chacón en sus estudios sobre la palabra de casamiento, que los tribunales sirvieron de espacios en los que presentar, estratégicamente, los argumentos que favorecieran el triunfo de los propios intereses48 y que consiguieran el favor de los jueces y una sentencia favorable. Esto ocurrió tanto por parte de los estudiantes acusados, conocedores de las ventajas brindadas por la sociedad patriarcal y de las estrategias para dar satisfacción a sus deseos49, como de las mujeres querellantes, quienes en ocasiones empleaban distintos mecanismos que pudieran paliar las consecuencias de la vergüenza que les había seguido. Al fin y al cabo, la publicidad de aquellos actos resultaba perjuiciosa para ambas partes, pero sobre todo para ellas, en el caso de que se hiciese pública su deshonra.
El tercer elemento y más importante que se debía probar en el delito de estupro era la existencia de corrupción en la mujer. Su inexistencia sería suficiente para anular la denuncia por estupro; por lo tanto, la mujer que fuese incapaz de probar que había sido doncella virgen y honesta antes de tratar con el estuprador no podía denunciar por delito de estupro. Resulta significativo resaltar la doble dimensión que contenía la idea de corrupción de la mujer: lo concerniente a lo físico –es decir, si no era virgen– y a lo moral –si no tenía fama de mujer honrada50–. Por lo tanto, para que la denuncia por estupro fuera válida, la querellante debía demostrar que su condición de mujer virgen y honrada se frustró a raíz del trato carnal mantenido con el acusado.
En 1596, Inés Martínez ya estaba corrompida; no obstante, esto no significaba que el seductor hubiese sido el primero en haberle hecho perder su virginidad. En estos casos se pasaba a probar la buena fama y honradez de la estuprada, elementos que solo se podían hallar en declaraciones de testigos y del acusado. Así, en su confesión, el estudiante optó por desacreditarla para no tener que casarse con ella ni recompensar a la otra parte de ninguna forma: dijo que «quando la prentendió no la pretendió como a donzella, sino como a muger que con facilidad podía alcançalla como lo hizo»51 y que «sintió en ella que andaba desasosegada y ablando con honbres que no le estaban bien a su honrra»52.
Se podía dar el caso también de que no se supiese si había habido corrupción. Para su verificación se recurrió de forma usual a las matronas53. Así se podría haber procedido para el caso para María de.
Ayala de 1599, pero es probable que la carta que presentó el acusado como prueba al rector demostrase que la querellante no había sido corrompida (ver Anexo). En esta carta se puede observar la afectividad que supuestamente expresó la querellante a Andrés González y, por lo tanto, el trato afectivo que los involucrados mantuvieron en su momento; no obstante, es razonable pensar que también evidenció la inexistencia de trato carnal entre las partes y por lo tanto la ausencia de corrupción en la mujer.
2.2. Malos tratos.
Tres de los pleitos estudiados incluyeron querellas de mujeres que denunciaron haber sufrido malos tratos cometidos por diferentes estudiantes de la universidad.
Este fue el caso de María López, la querellante que acusó ante el rector en julio de 1597 a Domingo Andrés porque «la perseguía y quería que fuese su amiga y la quería llebar desta ciudad y porque ella no lo auía querido consentir»54. Además, el acusado recurrió a la fuerza para alcanzar su fin: «la auía querido matar con una hespada y la auía dado muchos mojicones y coçes y échola otros malos tratamientos»55.
A pesar de la reducida extensión del pleito de 1597, algunas deposiciones pusieron de manifiesto los episodios de violencia que sufrió la querellante, como la de Elvira Rodríguez, quien el día anterior al de su declaración escuchó ruido en la calle y encontró a Domingo Andrés, y «echada en el suelo a la querellante y la daba muchas coçes e mojicones diçiéndola: “puta probada, boto a Dios que os tengo de matar si tratáis con otros”, y acudió jente y se la quitó»56. También Catalina Gómez testificó que la querellante «se a quejado muchas beçes que el susodicho no la quiere dexar, aunque se lo a dicho muchas beçes»57.
Al final, María López terminó apartándose del pleito con la condición de que la dejara quieta y no le pidiese nada; por ello, el rector no dictó sentencia, pero sí que consintió el apartamiento de la querellante y la liberación de Domingo Andrés siempre y cuando «la deje quieta y pazíficamente vivir y morar dondequiera que estubiere sirviendo o en otra manera ni la maltrate de obras ni de palabras so pena de seis mill maravedíes»58.
Por otro lado, en el pleito de julio de 1599, María Álvarez acusó al estudiante Pedro Pérez, de quien se había quedado embarazada y parido un niño hace un año. La querellante denunció que el estudiante la traía desasosegada e inquieta, además de que se había aprovechado de ella porque desde hacía dos o tres años «la abía consumido y gastado muchos byenes, bestidos e maravedíes que la susodicha había ganado sirbiendo de doncella a personas honrradas y principales»59. Además, a causa del parto, la querellante había quedado tullida y el estudiante «luego que nació la criatura, se la tomó e no a dado ni da qüenta della»60.
Resulta interesante recalcar que dos de los testigos presentados para declarar en 1599 resaltaron el hecho de que María Álvarez y Pedro Pérez habían estado juntos, tratando y hablando, desde hacía más de tres años. Al igual que en los casos de estupro, la vecindad quiso evidenciar en sus testificaciones el grado de intimidad que habían mantenido, puesto que «se entendió siempre que [Pedro Pérez] auía de casarse con ella»61. No obstante, la querellante no mencionó la palabra de casamiento en ningún momento y las reparaciones que exigió se limitaron a que el acusado diese cuenta del niño que había parido y pagase los daños sufridos. Las declaraciones también demostraron la gravedad de la situación en la que la querellante se encontraba: la testigo María Salazar dijo de María Álvarez que «de muchos meses a esta parte está la susodicha hecha una pobre mendiga y desarropada»62. Al final, María Álvarez presentó su apartamiento y le concedieron la libertad al estudiante.
Por último, en la querella presentada por Ana Gutiérrez en 1597 se denunció a los estudiantes Juan López de Barrueco y Juan Navarro del Río «en rrazón de ziertos golpes, bofetadas y otros malos tratamientos»63. En su declaración, la querellante especificó que esa misma noche, en las calles del barrio Santa María, «con sus espadas desnudas la dieron muchos espaldarazos y la rompieron un manto de valor de siete ducados»64. Por ello, pidió que se castigase a los estudiantes conforme al delito y que le restituyesen y devolviesen el valor del manto que le rompieron. Más tarde, las declaraciones de los testigos hicieron que el proceso tuviera un devenir distinto a los anteriores; a pesar de que la querellante presentó su apartamiento, el fiscal de la universidad Lope Mantilla asumió la causa en solitario y los estudiantes fueron acusados del delito de lenocinio y amancebamiento.
2.3. Amancebamiento y lenocinio: trato con «mujeres públicas»
Como ya se ha mencionado, en el pleito de 1597 Ana Gutiérrez fue atacada en la calle de los Moriscos por los estudiantes Juan López de Barrueco y Juan Navarro del Río. Según las distintas declaraciones, el ataque se había producido debido a que Francisca Rodríguez, esclava amancebada con Juan López de Barrueco, motivó a los estudiantes para que arremetiesen contra Ana Gutiérrez a causa de una riña que ambas habían tenido. Además, testigos como Ana Núñez aseguraron que tenían «para así por cossa zierta que el dicho Rríos y el dicho Juan López son rufianes y jente de la ampa»65, refiriéndose así a que eran hombres dedicados al tráfico de la prostitución, puesto que, según el diccionario de Covarrubias de 1611, por rufián se entendía “el que trae mujeres para ganar con ellas y riñe sus dependencias”66.
Aún más, la testigo Ana Núñez declaró que hacía un año que un criado del duque de Osuna llevó a la casa donde ella servía a una mujer pública llamada Gerónima; el criado le dijo que quería proteger a esta del estudiante Juan Navarro del Río, quien la quería matar y le había ya quitado algunos vestidos por haber querido dejar la putería e irse al buen vivir de la mano del duque de Osuna. No obstante, unos días después, el estudiante se llevó a Gerónima fuera de la casa y de la ciudad; cuando volvió, la testigo vio que se había puesto a ganar públicamente en el cantón de la calle «Tressaxil»67 (actual Teresa Gil).
En efecto, según el Manual histórico y descriptivo de Valladolid68, en 1618 la localización de la mancebía vallisoletana se situaba inmediatamente a la puerta de Teresa Gil. Al parecer, el prostíbulo se había trasladado a este lugar en 1553 tras el apoderamiento del establecimiento por sorpresa por parte del ayuntamiento y la necesidad de situarse en un lugar más escondido69. Cabe destacar que, según Bartolomé Bennassar, la ciudad de Valladolid se caracterizó a finales del siglo XVI por ser un centro donde se concentró la picaresca y, en particular, el meretricio, a causa de su considerable población religiosa y estudiantil, tal y como ocurrió en otros centros como Madrid o Toledo70.
En el pleito, las diferentes declaraciones de los testigos hicieron al fiscal de la universidad personarse en la causa en solitario tras el apartamiento de la querellante Ana Gutiérrez. Así, Lope Mantilla acusó a los estudiantes por diferentes delitos: primeramente, por los malos tratamientos, golpes y bofetadas que habían dado a Ana Gutiérrez, pero más específicamente a Juan López de Barrueco porque «a estado y está amancebado de más de dos años a esta parte con Francisca Rodríguez […] comiendo y bebiendo y durmiendo juntos como marido y muger con grandísimo escándalo de todos»71. También por «lenocinio, que se le acussa de aver tenido y tener […] en la casa púbica y en otros barrios desta ciudad mugeres públicas a ganar»72.
La prostitución en la Edad Moderna era asumida como un “mal menor” o un “mal necesario”, puesto que se consideraba que evitaba problemas de mayor envergadura. Así pues, las mancebías estaban permitidas y su administración y organización fue competencia del poder municipal. De hecho, una Pragmática real dada por Felipe II en 1571 estableció que las casas públicas de Castilla debían ser reguladas según las Ordenanzas dictadas en 1536 para Sevilla73. Por lo tanto, y según Maza Zorrilla, la normativa que se desarrolló en torno a la prostitución fue tendente a su control, aislamiento (mancebías) y diferenciación74.
Las mancebías solo vivieron un momento de recesión en Castilla en torno a 1580, cuando nuevas tendencias contrarias a las mancebías se impulsaron desde la recientemente creada orden jesuítica. Parte de la preocupación creciente de los poderes modernos sobre la prostitución se debió a las consecuencias que este fenómeno producía; su práctica no solo se traducía en una proliferación de las enfermedades venéreas, sino que también generaba un ambiente de continua violencia75: así lo evidenciaron los testigos del pleito de 1597, quienes declararon que los estudiantes acusados andan «muy hordinario y continuamente […] en compañía de jente de mala vida y rufianes con ábitos indecentes y harmas ofensivas y defensivas, defendiendo y guardando a mugeres de la casa pública»76. Otras anécdotas contenidas en el pleito demostraron el entorno de violencia en el que los vecinos se veían sumergidos, como la escena presenciada por Francisca Cortijo, quien vio a los estudiantes acusados ir a buscar a una mujer pública (la anteriormente mencionada Gerónima) recogida en una casa de la calle de las Comedias y, cuando la encontraron, «el dicho Ríos dixo, con mucha cólera y malos ademanes contra la dicha muger, “de semexantes putas no se espera mexor pago”, amenazándola, y dixo asimismo al criado del dicho señor duque que la quitase el manto y vestidos y la diese mill azotes»77.
Además, las prostitutas fueron esencialmente mujeres que se relacionaron con el mundo de la marginalidad. Al igual que Gerónima, las prostitutas solían ser “pobres, solas en muchos casos, que hacen su trabajo en las permitidas mancebías o en cualquier hora y lugar, lejos del mundo regulado y vigilado que estas permitían”78. De hecho, el auge de la prostitución femenina se ha relacionado directamente con la agravación del pauperismo que se produjo en la última década del siglo XVI, causado por una acumulación de cosechas desastrosas, epidemias y catástrofes de todo tipo7 9.
En general, desde la baja Edad Media hasta 1623, la prostitución fue un fenómeno que no se consideró delito –de hecho, vivió un proceso de institucionalización– y las mancebías estuvieron abiertas al público; solo existieron algunos arrebatos en los que se declaró la tajante prohibición y clausura de mancebías, tal $\mathsf { y }$ como estableció la Pragmática del 10 de febrero de 1623 de Felipe $\mathrm { I V } ^ { 8 0 }$ .
La tolerancia general con la que se contempló la prostitución a finales del siglo XVI contrastó con la gravedad que suponía la infracción del delito de amancebamiento. Frente al fenómeno de la prostitución, el cual conllevaba relaciones esporádicas cuyas consecuencias se consideraban de poco alcance, el amancebamiento suponía el mantenimiento de relaciones de forma reiterada y al margen del matrimonio81. Este fenómeno se recogió en los ordenamientos jurídicos altomedievales bajo el nombre de barraganía, término que cayó en desuso ya a finales del siglo XV. Ya en las Partidas, se estableció la consideración de este tipo de relaciones como aquellas que implicaban un carácter estable o una cierta permanencia, fidelidad, monogamia y ausencia de parentesco82. También en un inicio, se estimaba que se debía establecer entre personas solteras, circunstancia que luego se fue modificando con el tiempo hasta incluir también a los casados. Además, cabe destacar que la intolerancia hacia el amancebamiento y su consideración como conducta punible solo ocurría en el caso de que se cumplieran dos condiciones, esto es, la de tener a la propia manceba en casa y la de la publicidad de ello83. Es decir, en el caso de que el amancebamiento se llevase con discreción, esta situación era socialmente aceptada.
Por lo tanto, el amancebamiento público y notorio era considerado por la doctrina moderna como un delito punible; en el caso del poder civil como causa de gran escándalo público y por el poder eclesiástico como grave pecado, puesto que la práctica del amancebamiento suponía admitir la vinculación ilegítima de la pareja ante la sociedad84. De hecho, el amancebamiento fue la causa única y más grave por la cual Juan López fue condenado en el proceso de 1597. La sentencia final del tribunal escolástico falló que «al dicho Juan López de Barrueco, estudiante, que de aquí adelantre biba onesta y rrecoxidamente y no hable, trate ni contrate con la dicha Francisca Rodríguez»85 y estableció la pena pecuniaria de seiscientos maravedíes, junto a siete reales por las costas procesales de la causa.
3. LAS QUERELLANTES.
El análisis de la terminología empleada en las descripciones de las mujeres en los pleitos resulta revelador a la hora de estudiar la situación de las mujeres a finales del siglo XVI; su estudio no solo arroja información en cuanto a las actitudes sociales del momento –es decir, cuáles eran las características más importantes las por cuales las mujeres se veían definidas en su comunidad–, sino que resulta también relevante para conocer la función y significado de los términos empleados en el desarrollo del proceso legal.
Una de las particularidades de las mujeres que más frecuentemente se mencionó en los pleitos fue su estado civil: soltera, casada o viuda. Estas situaciones en las que las mujeres se podían encuadrar fueron de gran importancia para su experiencia vital porque las habilitaban –o, llegada la ocasión, incapacitaban– para su incorporación a la vida social de su entorno86. Además, todas ellas comparten la característica de que están definidas en relación a la presencia o ausencia de un varón. Cabe destacar que los preceptos morales de la época defendieron como modelo ideal de mujer adulta aquella que era esposa y madre; fuera de este modelo quedaron las solteras o «doncellas en cabello», aquellas que por decisión propia o circunstancias personales no contrajeron nupcias87. La denominación de «doncellas en cabello» aparece significativa y específicamente en los casos de estupro, tanto en el caso de Inés Martínez, «doncella en cabello onesta y recojida»88, como de María de Ayala, «birjen y doncella en cabello»89. Mientras, para el resto de las alusiones a mujeres que no habían contraído matrimonio se recurre al término de «solteras», tanto en el caso del resto de querellantes como de testigos. Entre las testigos también encontramos mujeres viudas como Isabel González (testigo en 1599), una condición que en los pleitos estudiados comprendió a mujeres de rangos de edad tan amplios como desde los 30 hasta los 70 años.
Además, los diferentes estados civiles estaban íntimamente ligados a la virginidad de la mujer. A la condición de virginidad se refirieron en los pleitos con diferentes términos: virgen, doncella u honesta, así como a la condición física se denominó en ocasiones “la flor”. La virginidad de las mujeres fue especialmente importante para los casos de estupro donde, como se ha visto, se contemplaba como requisito fundamental que la mujer hubiese sido corrompida por primera vez por el estuprador.
Cabe destacar que la exigencia de la virginidad a las mujeres, según Pérez Molina, “va ligada al contrato sexual por el cual los hombres se reparten el poder reproductivo de las mismas, lo cual hace necesario el control de la sexualidad femenina”90. Es decir, la virginidad estaba vinculada a la asunción de la paternidad legítima por parte de los hombres. Esta idea derivaba en parte del ius commune de la cristiandad, el cual contemplaba a las mujeres como débiles y depositarias últimas del honor familiar al recaer en ellas la reproducción futura del linaje91, considerando así su control y protección como esenciales. De hecho, a finales del siglo XVI la abstinencia sexual se asociaba directamente con la dignidad y el decoro femenino en particular92, lo cual evidenció el hecho de que la legislación moderna encuadraba a las mujeres en una categoría social específica con particularidades propias y subordinadas93.
Por lo tanto, la virginidad de las mujeres se vinculaba con el honor, el cual era un concepto social más que moral: dependía de la opinión de los demás. Es por ello por lo que en los pleitos se recurrió a interrogar a los testigos sobre cuestiones relacionadas con la honestidad y la fama de las víctimas. Por ejemplo, los testigos presentados por Francisco Mongelos en 1599 fueron preguntados sobre si sabían que la querellante había sido «virgen doncella en cabello y por tal havida y tenida y comúnmente reputada, viviendo como vivía honesta y recogidamente»94. La importancia de la comunidad también se reflejó en la declaración de María.
Méndez, madrastra de la querellante, quien testificó que siempre «la tubo por donçella y en cabello e tal es dello la pública boz e ffama»95.
Asimismo, el honor se relacionaba con el nivel de riqueza, siendo entonces mucho más estricto el control de la sexualidad de las mujeres que pertenecían a familias con mayor poder adquisitivo. Así fue el caso de María de Ayala en 1599 –quien sabía incluso leer, escribir y firmar, a diferencia del resto de mujeres en los pleitos–, cuya familia se esforzó por enfatizar cómo la querellante era «donçella onesta y recogida»96 y cuán grave sería el hecho de que el acusado no cumpliese la promesa matrimonial, puesto que María de Ayala quedaría sin esperanza «de cassar con persona conforme a la calidad de su persona»97 por la corrupción y deshonra que le había seguido. Incluso la propia querellante se quejó, según el testigo Alonso de Mérida, de que, «si no fuera por el dicho de las gentes, ella le soltara la palavra [a Andrés González] porque no quería marido por fuerça»98, lo cual demuestra la trascendencia de la opinión pública como elemento conformador de la experiencia de las mujeres en los pleitos estudiados.
La pérdida de la fama pública a la que se ha hecho referencia también fue designada en el proceso como «infamia»: «la dicha María de Ayala a perdido mucho e a quedado ynfamada»99. Sin embargo, existía una diferencia significativa entre infamia social y legal; mientras que la mala fama suponía una condición social, la infamia era una consecuencia legal100. De este modo, la condición de infamada no era permanente y se podía reparar mediante la recuperación de los derechos legales perdidos. Por ello, las denuncias ante el tribunal fueron de gran importancia para las mujeres. Así, la querellante María de Ayala exigió una recompensa pecuniaria que pudiera reparar el daño sufrido y le permitiera casarse de manera apropiada: «que a la dicha María de Ayala por la ynfamia que la seguido le ha venido de daño más de mil ducados que ha menester más para casar»101.
De este modo, los términos utilizados en los pleitos no solo pusieron de manifiesto el pensamiento y los valores sociales imperantes del momento en torno a la concepción de la mujer, sino que el lenguaje jurídico repetitivo tuvo como propósito definir y reforzar la naturaleza del delito cometido, así como enfatizar o disminuir la culpabilidad de los acusados en el proceso legal102.
4. LOS ESTUDIANTES ACUSADOS Y LAS SENTENCIAS DICTAMINADAS.
Se calcula que, a mediados del siglo XVI, había en Valladolid unos 700 estudiantes103 y su presencia intensificó el clima habitual de violencia que caracterizaba a las poblaciones castellanas del Antiguo Régimen104. Resulta dificultoso adentrarse en el estudio de los estudiantes acusados, pues lo que nos ha llegado sobre ellos, en los mejores casos, se remite únicamente a su matrícula; aun así, en los pleitos estudiados, los acusados encajan en el modelo de estudiante del Antiguo Régimen descrito por Torremocha: jóvenes de una media de edad comprendida entre los 17 y 25 años, varones y cultos, pues sabían leer y escribir en castellano y conocían el latín105. Muchos de ellos llegaban de lugares distintos a la ciudad y no vivían con sus padres ni tutores, por lo que debían buscarse su propio mantenimiento. De hecho, ninguno de los estudiantes acusados era natural de la ciudad de Valladolid: Miguel de Brizuela (25 años), estudiante canonista, era natural de Castrobarto (Burgos); Domingo Andrés (30 años) de Úrbel del Castillo (Burgos); Juan López de Barrueco (22 años) venía de Santo Asensio (diócesis de Calahorra); Juan Navarro del Río, canonista, de Ágreda (diócesis de Tarazona); Pedro Pérez, de Burgos; y Andrés González (21 años), también canonista, de Villavellid (Valladolid).
En lo tocante al proceso judicial, en los pleitos encontramos reflejadas las medidas preventivas y punitivas más frecuentes a las que los estudiantes se podían ver sometidos. En todos los casos, el juez rector ordenó a los acusados la medida preventiva de privación de libertad o la cárcel. La habitualidad de esta medida derivaba en parte de la sencillez del procedimiento procesal: bastaba con un auto de prisión contra el acusado y un mandamiento al alguacil y/o alcaide de la cárcel para que lo encarcelasen106. Cabe destacar que los presos permanecían en la cárcel durante todo el proceso y debían costear su manutención. Además, según Torres Sanz, la cárcel de la universidad se caracterizó por la falta de higiene, la humedad, la insalubridad y el uso de cadenas y grillos107. Estas duras condiciones fueron plasmadas en una petición que Miguel de Brizuela presentó para que se le concediese la libertad: «si no fuera por algunas personas que me an faborecido, entiendo fuera muerto […]. Los días que estoy en la cárcel siempre e tenido y tengo frío […] y el alguazil me puso unos grillos y una cadena»108. Por ello, muchos de los presos solicitaban la libertad bajo fianza, como lo hizo Andrés González en 1599, a quien se le permitió que «guardara esta ciudad y sus harrabales por cárcel»109 a cambio de presentar fianza llana y abonada.
Aparte de esto, las penas a las que se vieron sometidos los estudiantes fueron especialmente suaves. Es más, como ya se ha mencionado, muchos de los procesos culminaron con la presentación del apartamiento de las querellantes. Las razones de su retirada son desconocidas en muchos casos; solo Ana Gutiérrez especificó que «no le haze por miedo ni temor que no avía de alcanzar justicia, sino por servicio de Dios nuestro señor»110 y porque los acusados pagaron las costas que ella exigió. En el caso de María López, su apartamiento no registró ningún tipo de indemnización, sino que consintió la liberación del acusado con una condición: «que [Domingo Andrés] no se atrabesara con ella en manera alguna y la dejara quieta y sosegada en qualquier parte»111. También se ha sugerido que es probable que esta repentina interrupción del proceso ocurriera como resultado de un convenio de conciliación mutuo112.
Finalmente, el resto de los pleitos en los que el tribunal falló la culpabilidad de los estudiantes, el castigo aplicado fue, en efecto, leve. Las penas más frecuentes fueron el destierro, la prohibición de visitar determinados lugares y pagar indemnizaciones113; por lo tanto, la jurisdicción universitaria, como jurisdicción privativa, fue privilegio de comunidades masculinas por el diferente trato que ofreció a los estudiantes114 frente al resto de la población, especialmente frente a las mujeres.
CONCLUSIONES.
El objeto de estudio de este trabajo ha abarcado el análisis de todos los pleitos del siglo XVI en los que una mujer denunció ante el tribunal del rector de la Universidad de Valladolid la afrenta y las acciones violentas que sufrió por parte de uno o varios estudiantes. Gracias a ello, se han podido estudiar con detalle las diferentes causas de las querellas y la probanza de los delitos, especialmente ahondando en los delitos de estupro, malos tratos, amancebamiento y lenocinio. Así, se ha visto que no solo los motivos fueron variados, sino también los contextos y los arquetipos de querellantes y acusados.
Además, siguiendo la noción de “violencia como daño”, se ha considerado detalladamente los comportamientos y experiencias, motivados por razones y contextos diferentes, que supusieron una afrenta para mujeres del momento, ya fuese por violencia física –como fueron los casos de María López, Ana Gutiérrez o María Álvarez– o por detrimento de su honor –así ocurrió en los pleitos de Inés Martínez y María de Ayala– . Del mismo modo, se han tratado de averiguar las razones por las cuales las mujeres se vieron impulsadas a presentar la querella y las consecuencias que esa afrenta produciría en su experiencia vital, incluyendo tanto su identidad personal como social.
A pesar de las limitaciones que presenta la documentación estudiada por su exigüidad, su estudio ha permitido analizar los primeros pleitos conservados en el Archivo de la Universidad de Valladolid con respecto al objeto de estudio mencionado y, por lo tanto, los fundamentales e iniciales rastros que se preservan respecto a la forma de proceder de esta justicia especial y especializada ante la violencia ejercida por los estudiantes contra las mujeres, cuya presencia en Valladolid fue de tanta importancia. De esta forma, se ha llegado a la conclusión de que la ley fue de singular importancia para las mujeres a finales del siglo XVI; solo ante la justicia podían exigir compensación por la afrenta que habían sufrido, llegando incluso a compensar reputaciones perdidas. No obstante, las dificultades para probar la existencia del engaño o de la condición de virgen pudieron llevar a muchas mujeres a no acudir a la justicia. Este hecho se vincula a la constatación de que el fuero escolástico vallisoletano, de origen pontificio y real, confirió a sus estudiantes una garantía de impunidad, privilegio que se reflejó esencialmente en las condenas que fueron asignadas a los acusados: en el caso de que se considerasen culpables, las medidas no fueron más allá de las penas pecuniarias.
Al mismo tiempo, se ha observado cómo la legislación moderna fue heredera de concepciones del ius commune de la cristiandad y del orden socio-simbólico patriarcal115. De este modo, las mujeres fueron percibidas como depositarias últimas del honor familiar y con características propias y subordinadas, como se ha evidenciado con los conceptos de virginidad y honor. Además, se ha analizado la importancia de la opinión pública para la determinación de estas ideas y, por lo tanto, como elemento conformador de la experiencia de las mujeres en los pleitos estudiados.
Por último, el estudio de los pleitos también ha permitido acercarse a los sectores más pobres y marginados de la población, desde criados hasta prostitutas. Su estudio, junto a la población que basaba su situación privilegiada en razones jurídico-políticas, como los estudiantes, completa la imagen de la ciudad de Valladolid como sinónimo de comunidad, aquella que describe Alberto Marcos Martín como un “complejo orgánico de distintas clases sociales”116. Asimismo, se ha visto cómo Valladolid fue escenario de creciente delincuencia y picaresca117, la cual en parte vino protagonizada por los estudiantes, y se ha estudiado la creciente preocupación por parte de las autoridades por su control. Esta inquietud, como se ha visto, la asumen los poderes también hoy en día; así se ha ilustrado con la definición de violencia de la OMS, la cual es concebida como un problema de salud pública prevenible que requiere acción política118.
Por encima de todo, en los documentos estudiados se ha patentado la paradoja que representa el fenómeno de la violencia, la cual “es más una expresión de quienes atestiguan o son víctimas de ciertos actos que de aquellos que la ejecutan”119. En efecto, las mujeres fueron quienes presentaron las querellas ante el rector de la Universidad de Valladolid y, por lo tanto, fueron en parte responsables de que se generaran los documentos que se han conservado en el Archivo de la Universidad hasta la actualidad. En definitiva, se ha puesto en relieve el valor de la presencia de las mujeres ante el tribunal, ya sea como querellantes o como testigos, y la importancia de que su estudio contribuye a una mejor comprensión de las concepciones sociales del momento y su reflejo en el lenguaje jurídico moderno.
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ANEXO.
Anexo. Carta de María Ayala a Andrés González (1598). AUVa, PC, Leg. 2/19, f. 59r-v.
Dos cartas tuyas e recibido –la una por mano de Juan Jimeno, tu pariente, y la otra por mano de Matinillo, criado de mi cuñado–, por las quales me abisas tienes salud. Détela Dios como la as menester. Por ellas me dices tu padre y parientes te an aborecido y no te quieren ber por lo que dejaste echo ant’el probisor. A mí me pesa que por mi causa te ayan aborecido, que si yo tal pensara, no lo iciera. Dices en las tuyas que bien sé yo que no me as llebado mi honrra. Yo no te la pido ni te la pediré aora ni nunca porque no ssé si eres honbre o muger para en tal caso, y si te pesa de lo que dejaste echo ante el probisor, desde aquí te digo que lo doi por ninguno. Y bien parece que eres hombre y tenías amor fingido. Dícesme en las tuyas que te querías meter fraile y que por mi ocasión lo dejabas de ser; desde aquí digo que yo no te lo perturbaré, sino que busques cosas para tu provecho, que yo las buscaré para el mío. Y esto ago por corresponder al amor que te tengo, y mal aya la muger que en hombres fía, pero como no me llebas sino un bien querer eso, mañana mudaré de propósito y se me olbidará. Lo que te encargo, por amor de Dios, rompas luego la carta, porque la escribo a urtadillas y no lo sabe más de quien la escribe $/ ^ { 5 9 \mathrm { v } }$ y yo, porque para escribirla salí de casa diciendo yba a torcer seda. Y arasme placer de me abisar, donde quiera que estubieres, el estado que tienes, que me olgaré de tu bien. Y escríbeme de manera que lo que ycimos ante el probisor tú lo des por ninguno de tu parte como yo de la mía, que aora ni nunca no te pediré nada, sino que te balga tu ventura. Y, por amor de Dios, te ruego que, si esta fuere a tus manos, en biéndola la agas pedaços, porque no tengan notiçia della mis parientes, porque, a saber que t’e escrito, me matarían. Y con esto no te quiero cansar, bisto que tu amor era fingido, sino que busques tú tu remedio, que yo buscaré el mío y con tanto Nuestro Señor te guarde, y espero respuesta. De Valladolid, y abril 24 de 1598 años. (cruz) María de Ayalla (rúbrica).