El estrangulamiento del mercado de cereales en Castilla La Vieja y León, 1803-1805 •.
The strangulation of the grain market in Old Castile and Leon, 1803-1805.
Resumen: El objetivo del artículo es mostrar si la contracción de la oferta de cereales por reiteradas malas cosechas puede explicar la fuerte subida de los precios en 1803 y 1804 o influyeron otros factores. La conclusión es que la escasez y carestía fue el resultado, más que de la adversa coyuntura agraria, de la inoperancia de los pósitos y del mal funcionamiento del mercado. Este quedó estrangulado porque los vecinos, amparados por los concejales, impidieron la extracción de granos y por la presión de la corte sobre los excedentes de producción de ambas Castillas para surtir a Madrid y a las fuerzas armadas.
Palabras clave: crisis cerealista, mercado, Castilla la Vieja y León, 1803-1805, movilizaciones populares.
Abstract: The objective of the article is to demonstrate if the contraction of the grains\` offer, due to reiterated bad harvests, may explain the strong price increase suffered in 1803 and 1804, or whether other factors were responsible. The conclusion is that the shortage and high price was the result of the ineffectiveness of the municipal grain stores and the bad function of the market, rather than the adverse agricultural situation. The market was restricted as the neighbours, under the protection of the councilors, impeded the extraction of grains and the Court applied pressure to the surplus production of both Castiles to supply Madrid and the armed forces.
Keywords: cereal crisis, market, old Castile and Leon, 1803-1805, popular mobilizations.
Sumario: Introducción. 1. Crisis de subsistencia, carestía y acentuación de las desigualdades sociales. 2. Las dificultades previas al año agrícola 1802/1803: tensiones sociales y medidas de las autoridades locales en relación a los abastos. 3. Medidas del gobierno relativas al abasto público. 4. El agravamiento de las dificultades en los años agrícolas de 1802/1803 a 1804/1805: presión popular y respuesta de las autoridades de los municipios. 5. Los costes de la crisis: quiebras y deudas. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
En algunos países de Europa occidental, las crisis de subsistencias y/o las crisis de mortalidad comenzaron a moderarse en la segunda mitad del siglo XVII. En España, ello no aconteció hasta un siglo después, al menos en el interior peninsular, y, además, las crisis agrarias y epidémicas volverían a repuntar a niveles del pasado en la década y media inicial del siglo $\mathrm { X I X } ^ { 1 }$ . Las fluctuaciones de las cosechas tenían una mayor incidencia sobre la mortalidad en los países y regiones con economías menos desarrolladas, con mayor desigualdad de renta y de nivel de vida, caso de España, sobre todo de la zona interior. En Inglaterra, en cambio, las carestías a partir de mediados del XVII ya no se traducían en elevados niveles de mortalidad2 . La diversificación del producto agrario y, por consiguiente, de la dieta contribuyó a reducir los efectos de las malas cosechas en la mortalidad3 . Los factores que pueden explicar estas diferencias son el resultado de la implantación o la ausencia de determinadas transformaciones económicas relacionadas, entre otras, con la propiedad y distribución del producto agrario, la disponibilidad de reservas y la diversificación de la dieta, la mejora de los transportes y redes de suministro (integración del mercado) y medidas de asistencia pública a los sectores más débiles de la población4 . Los historiadores tienden a subrayar el protagonismo de las epidemias en la mortalidad, ligadas unas a las malas cosechas y otras sin ninguna relación con la coyuntura agraria, como la peste, la malaria, el paludismo, aunque podían ocasionar una quiebra de la agricultura, de forma que se han preguntado si son causa o efecto de las malas cosechas, cuestión difícil de responder en crisis de naturaleza mixta5 .
Los primeros quince años del siglo XIX fueron decisivos en el derrumbe del Antiguo Régimen6 . Fue un periodo convulso en el que coincidieron una crisis generalizada: demográfica7 , económica, política, fiscal y conflictos bélicos8 , trastornos monetarios y el colapso de algunas instituciones del Antiguo Régimen.
Me voy a centrar en este artículo en el abasto de cereales durante la crisis de 1803-1805. La importancia de este producto reside en lo siguiente: su predominio en la estructura cultivada y su relevancia, sobre todo el trigo, en la dieta de las clases populares en ambas Castillas por lo que absorbía un elevado porcentaje de la renta de los modestos campesinos y de los consumidores. El objetivo del trabajo es mostrar si la contracción de la oferta de granos, por reiteradas malas cosechas, puede explicar la fuerte subida de los precios entre 1803-1805 o influyeron otros factores relacionados con las instituciones y con las acciones humanas más que con la adversa coyuntura agraria. El ámbito de observación es Castilla la Vieja y León.
(1793-1795), bien con Inglaterra (1796-1802, 1804-1808). Además, entre 1808 y 1814 tuvo lugar la guerra de independencia española. Conflictos que afectaron, sobre todo, al comercio hispano-colonial.
1. CRISIS DE SUBSISTENCIA, CARESTÍA Y ACENTUACIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES.
Para comprender la problemática de los abastos entre 1803-1805 es preciso examinar las causas de la crisis agraria y su repercusión en la carestía ya que en las economías preindustriales el volumen de las cosechas y las fluctuaciones de los precios condicionaban el nivel de vida y las posibilidades de subsistencia de buena parte de la población.
La producción de cereales se desplomó entre 1803-1805, según muestran las series de diezmos publicadas9 , sin que podamos conocer con precisión en qué cuantía por la defraudación en pagarlos los campesinos10. En muchas localidades fue precedida de cortas cosechas desde finales del siglo XVIII y/o los albores del XIX. La producción descendió por unas condiciones climáticas desfavorables (lluvias excesivas seguidas de sequías), porque se dejaron de cultivar tierras11 y por un posible descenso de los rendimientos12.
Los precios del trigo que habían iniciado una tendencia ascendente desde mediados de la década de 1780, alcanzaron una máxima intensidad en $1 8 0 3 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 0 4 ^ { 1 3 }$ , siendo la subida mayor en los mercados de la meseta septentrional que en los de la meridional14. Influyó la contracción de la oferta y el aumento de la demanda, pero también el mal funcionamiento de pósitos y mercados.
La oferta de cereales se redujo debido a los malos resultados agrícolas que precedieron a 1803, agravados por las pésimas cosechas de ese año agrícola y el siguiente. Ello provocó una apreciable caída de los stocks privados y públicos. Los pósitos resultaron insolventes para garantizar el abasto público. Las exacciones y deuda contraída por la monarquía con estas instituciones para financiar la crisis fiscal y la demora de los campesinos en el pago de los créditos contraídos con los pósitos redujeron apreciablemente sus fondos15.
La demanda de cereales aumentó por el notable incremento de la población en la década de 1790, porque los campesinos se convirtieron en compradores al no poder asegurar su reproducción con lo que cosechaban, la periferia necesitó abastecerse del interior porque las guerras con Francia e Inglaterra tornaron más irregulares y caras las importaciones16, la corte presionó sobre los excedentes de producción de ambas Castillas para abasto de Madrid y de las fuerzas armadas17 y los ayuntamientos para surtir a los vecinos. Incluso algunas instituciones benéficas, al perder sus bienes por la desamortización de 1798, tuvieron que acudir al mercado a comprar, al aumentar el número de enfermos que acogían18.
El aprovisionamiento de los núcleos de población pasó a depender del mercado. Este funcionó de manera deficiente, entre otras razones, por las movilizaciones populares contra la saca de granos, como analizaremos.
Como es sabido, la estructura de la propiedad de la tierra, muy concentrada en manos de los estamentos privilegiados que, además, estaba amortizada y en buena medida vinculada, y el reparto del producto agrario condicionaba los niveles de producción y comercialización y daban lugar a una redistribución de la renta que venía a acentuar aún más la diferencia de ingresos existente entre unos pocos – los privilegiados, hacendados, burguesía – y la gran mayoría de la población19. Las crisis agrarias coadyuvaban también a la desigualdad social. Quienes se beneficiaban de la inflación eran quienes tenían excedentes de cereales que vendían en los mercados en los meses mayores, cuando los precios eran más altos, mientras que la escasez y carestía perjudicaba a buena parte de los campesinos que se convertían en demandantes durante la crisis y a los consumidores al descender la capacidad adquisitiva de los salarios20.
Aumentó el paro por la contracción de las actividades económicas durante la crisis. La disminución de los ingresos familiares y el desempleo arrojaban a la miseria a buena parte de la población hasta entonces a resguardo de la pobreza, como a pequeños y medianos labradores, artesanos y maestros, comerciantes de poca monta y a cuantos percibían salarios bajos, como jornaleros, modestos funcionarios, profesionales, y a la población más vulnerable y dependiente (viudas, huérfanos, enfermos)21. La crisis de principios del siglo XIX ensanchó la base de la sociedad constituida por los pobres, considerados por el gobierno y las autoridades locales como vagos, mendigos y delincuentes y, por tanto, como posibles subversivos del orden establecido. De aquí que los gobernantes y concejales apelaran a la caridad22 de quienes poseían la riqueza, clero y nobles, para aliviar la pobreza y salvaguardar la paz social. Pero estos sectores sociales se mostraron, salvo excepciones, poco dispuestos a colaborar en unos años en que sus ingresos en dinero disminuyeron por la inflación y por el descenso de las cantidades de granos vendidos en los mercados y los percibidos en especie por la defraudación del diezmo y moratoria en el pago de la renta territorial. Además, el gobierno estaba recurriendo a las rentas y patrimonio del clero para hacer frente a la crisis fiscal23.
El consumo de trigo por habitante tendía a reducirse cuando había malas cosechas reiteradas y su precio resultaba excesivo para quienes percibían salarios bajos o menos renta. Por ello, los más humildes recurrían, durante la crisis agraria, a alimentos sustitutivos del trigo de valor dudoso y hasta nocivo para la salud, como yerbas y salvados24, reemplazaban el trigo por la cebada en la fabricación del pan25 o diversificaban la dieta allí donde se había producido una mayor diversidad de productos26. Los vecinos pudieron afrontar mejor la crisis, al tener otras especies para sobrevivir, que en municipios donde había un monocultivo cerealista. La difusión de sopas económicas ayudó a incrementar el consumo de patatas entre los más humildes entre $1 8 0 3 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 0 5$ , al constituir uno de sus ingredientes. Suponía para las clases populares aumentar la posibilidad de resistencia ante las crisis agraria s27.
La escasez y carestía de los cereales afectaron más a los núcleos urbanos que a los rurales. La demanda de productos alimenticios era menor en estos al tener un mayor nivel de autoconsumo y al estar menos habitados y, además, aumentó la emigración de los que nada tenían o perdieron lo que poseían a las ciudades en busca de trabajo o simplemente para vivir a expensas de la caridad, lo que acentuó el descenso de la población. Las ciudades eran centros de consumo, el nivel de demanda de granos era mayor que en los pueblos al tener más habitantes y contar con una población flotante constituida por pobres, enfermos, transeúntes, tropas en tránsito por la guerra y la presencia de comerciantes y compradores foráneos de productos varios. El enrarecimiento de la oferta pudo ser mayor en los núcleos urbanos no sólo por el descenso de la producción agraria, sino porque parte de los cereales dejaban de afluir a sus mercados porque los campesinos estaban pagando menos renta territorial y diezmo28 y porque los vecinos de los pueblos, amparados por las autoridades, tendieron a evitar su salida. El impago de parte de esas exacciones, cuya cuantía ignoramos, muestra la resistencia de los campesinos ante la adversidad. Para los más modestos simplemente se trataba de asegurar su propia reproducción, pero para los que estaban en mejor posición económica pudo significar disponer de excedente que comercializar y beneficiarse de la inflación29.
2. LAS DIFICULTADES PREVIAS AL AÑO AGRÍCOLA 1802/1803: TENSIONES SOCIALES Y MEDIDAS DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN RELACIÓN A LOS ABASTOS.
Tuvo lugar desde finales del siglo XVIII un deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población por las malas cosechas consecutivas, el aumento de la presión fiscal por la introducción de los impuestos extraordinarios de 160 y 300 millones de reales30 en 1797 y 1799, respectivamente, la carestía de la vida, el descenso de los salarios reales31 y el aumento del paro. Este conjunto de factores produjo un creciente malestar entre los más desfavorecidos de la sociedad que cristalizó en motines de subsistencia y en un aumento de la delincuencia. Aunque en el origen de estas revueltas hay que tener en cuenta también la falta de previsión de las autoridades en el aprovisionamiento de cereales o en el abasto del pan y las extracciones de granos de ambas Castillas para aprovisionar a Madrid, que acentuaban la insuficiencia de la oferta producida por las malas cosechas y, consiguientemente, la carestía en los lugares de compra. Pero la chispa o causa inmediata de la revuelta era la subida de los precios de los alimentos básicos, como el pan, que no guardaba proporción con la cuantía de los salarios32. Su carestía era el motivo de que hubiese aparecido un pasquín anónimo en las puertas de la casa del procurador síndico general de Ávila, según decía el 24 de marzo de 1802, expresando que la quemarían si al tercer día no proyectaba la bajada de su precio para evitar que los pobres tuvieran que robar33. Era el preludio de un posible tumulto.
En los años 1801 y 1802 estallaron diversos motines de subsistencia: entre agosto y septiembre de 1801 en la Ribera Alta valenciana34, y en 1802, en marzo en Segovia35, en abril en la ciudad de Madrid36, en mayo en pueblos de Toledo (Tembleque, Madridejos, Villamuelas, Mora, Villanueva de Bogas) y Ciudad Real (Herencia y Manzanares)37. Figuraban entre los participantes jornaleros, artesanos y pequeños labradores. Pero también es destacada la presencia de mujeres en Toledo y Segovia. En esta última ciudad féminas de los arrabales impidieron que comisionados del pósito de Madrid sacaran el trigo que tenían contratado. Estos motines de subsistencia se caracterizan por su espontaneidad, desconexión entre sí y desorganización, salvo el que estalló en la Ribera Alta valenciana, que es una simbiosis entre motín de subsistencia y movimiento antiseñorial. Los campesinos acomodados luchaban contra los derechos señoriales, sobre todo las particiones de cosechas. Estas revueltas se apagaban una vez que las autoridades accedían a la demanda de quienes las protagonizaban y mediante la represión.
Miseria y pobreza era lo que inducía también a sectores de la población, cuando no encontraban otras oportunidades de subsistir, a vivir al margen de la ley, como a marginados (vagabundos, maleantes) y bandoleros. Proliferaron las cuadrillas de asaltantes en ambas Castillas desde finales del siglo XVIII. Un caso singular es el de Casarrubios del Monte, donde un centenar de vecinos cometió unos cien asaltos en dieciocho lugares entre el NE de Toledo y SO de Madrid, en la carretera de Extremadura, entre 1796 y 1806. Contaron con capacidad organizativa, solidaridad y colaboración de los vecinos y la pasividad o tolerancia de los distintos poderes. El 82,4 por ciento de los asaltantes de los que existen cifras de ocupación eran jornaleros y pastores, la mitad del botín consistía en ganado y gallinas y el 58,5 de los asaltos tuvo lugar entre 1800 y 1803. Estos datos por sí solos evidencian que es la necesidad, cuando la crisis es inminente o ya se ha producido, la que lleva a los cabezas de familia de esta localidad a tratar de completar la subsistencia de sus casas mediante el hurto38. Cuadrillas de pocos hombres tenían saqueada la provincia de Valladolid en 1802 entrando en iglesias, centros de culto y en las casas de hacendados para robar. Por eso el alcalde mayor de Mayorga de Campos se preguntaba el 8 de abril de ese año:
$\it { i } \mathrm { C o m o }$ se podían evitar estos y otros atropellamientos de pueblos enteros y hambrientos y sin recurso, que en medio de su miseria miran con odio y abominación a los particulares que están algo sobrados o tienen una decente subsistencia según su estado?39.
Consideraba preciso remediar la causa del delito, de lo contrario, la persecución de los delincuentes de nada serviría.
En definitiva, nos encontramos ante la manifestación de tensiones sociales derivadas de la pobreza y la miseria generadas por el desigual reparto de la renta en el Antiguo Régimen, que estallan cuando la crisis convierte en pobres a los que antes tenían una ocupación. Pero también ponen de relieve la falta de operatividad de instituciones benéficas, pósitos y haciendas locales, cuando mayor era la necesidad, para preservar la paz social por falta de recursos. Su contribución a solventar la crisis va a ser escasa por dicho motivo40.
Los vecinos, ante el déficit de cereales, se consideraban con derecho a abastecerse con los recolectados en sus términos y aaaaaaaaaaaaqqcon la aquiescencia de los concejales, ante el temor a revueltas, impedían que se extrajeran fuera. Los labriegos de San Muñoz, con el apoyo del alcalde, necesitados de granos para sembrar, estaban impidiendo en 1800 el reparto del diezmo y reteniendo algo más de la mitad del mismo, pese a la oposición del cabildo de Salamanca41. Pretendían pagar a sus perceptores en agosto del siguiente año en trigo o a precios medianos. El alcalde mayor de Mayorga de Campos, ante las primeras manifestaciones de descontento popular, retenía en 1802 los pocos cereales que había en el pueblo por considerar que los vecinos tenían prioridad a su consumo. La justicia de Almazán, antes de 1802, había establecido el derecho de preferencia y tanteo de los habitantes a la compra de granos en la villa en detrimento de los que vivían en los pueblos de la jurisdicción42.
El corregidor de Palencia43, el 31 de marzo de 1802, embargó 12.000 fanegas de trigo adquiridas por tres agentes para el pósito de Madrid por haberle ocultado con qué permiso procedían. Estos declararon que las habían comprado en varios pueblos de la provincia y en la ciudad, después de la recolección de ese año, a 63 reales la fanega, por encargo de D. Francisco Durango e hijo, comisionado del pósito de Madrid en Valladolid, y por orden de D. Manuel Sixto Espinosa, juez protector de dicha institución. Este les había encomendado que procedieran con reserva para no alterar su precio y evitar “opiniones del populacho”. Pero estaban comprando más cantidad que la encargada para revender, bien ellos o D. Francisco Durango, vulnerando la real cédula de 16 de julio de 1790 que expresamente lo prohibía44. El corregidor de Palencia proponía al Consejo de Castilla el 1 de diciembre de 1802 que no se extrajeran de la provincia las cantidades de trigo embargadas y otras de las que no tenía noticia y que se obligara a los compradores a venderlas a los pueblos a precio de coste y costa45 en febrero y marzo, que sería mayor la carestía, según lo que precisaran.
Los vecinos de Villafrades (Palencia) en 1802 estaban a punto de hacer una “tropelía” por la gran necesidad que padecían por falta de cereales, según exponía el procurador síndico el 1 de abril de ese año. Por ello, este recurría al abad del Monasterio de Sahagún, señor de la villa, para que suministrara al ayuntamiento los precisos para distribuir a los vecinos, con calidad de reintegro de su valor. El abad se negó con el pretexto de que no podía disponer de los pocos granos existentes en las paneras del Monasterio, sin embargo, decía el procurador síndico, “hace acopio de ellos como poderoso que es en este pueblo para venderlos a excesivos precios, en tiempos de tanta necesidad”46.
En definitiva, los labriegos, jornaleros y artesanos se estaban movilizando antes de 1803. Reclamaban a los concejales granos para sembrar y el abaratamiento del pan. Las autoridades de algunos pueblos y ciudades se mostraron insensibles a sus demandas, según denunciaban diputados y síndico personero47, que proponían medidas para contener el malestar social y evitar alborotos. En otros, para prevenirlos, los concejales decidieron actuar, como hemos podido comprobar, para paliar los efectos que pudieran derivarse de la adversa coyuntura agraria, antes de que el gobierno lo hiciera.
3. MEDIDAS DEL GOBIERNO RELATIVAS AL ABASTO PÚBLICO48.
El objetivo prioritario de los gobernantes era asegurar el abasto de Madrid, principal centro de consumo de la España interior49, para evitar revueltas que hicieran peligrar las instituciones del Antiguo Régimen. Era básico mantener la calma de los madrileños subvencionando el pan, aunque fuera a costa de la Real Hacienda. El pósito desempeño un papel importante en el abasto de la capital, aunque también ésta se surtió en buena medida del mercado50, sobre todo de los excedentes de producción de ambas Castillas. Pero los gobernantes también tuvieron que garantizar el surtido de las poblaciones del reino, ante la gravedad de la crisis económica, como medida preventiva del orden público, y por una mayor corresponsabilidad con el bienestar de la población51. Lo acontecido en Francia en 1789 y los motines de 1801 y 1802 habían constituido una seria advertencia para los gobernantes en el sentido de dar prioridad a preservar la estabilidad social, al constatar que las clases populares no estaban dispuestas a resignarse ante una crisis de enorme magnitud. Las medidas que adoptaron respondían a las demandas de pueblos y ciudades que con tintes dramáticos manifestaban su deplorable estado. Sirva de ejemplo, entre otros muchos, la desgarradora situación de Burgos, según ponían de relieve los procuradores síndicos personeros de esta ciudad el 23 de junio de 1803:
este pueblo abunda de mendigos forasteros que estimulados de la grande caridad con que se franquean los corazones generosos de sus vecinos, y comunidades en todos tiempos, se han refugiado a conservar la vida que de otro modo hubieran de sacrificar indispensablemente en el recinto de sus Pueblos, como víctima de la necesidad, y de la hambre. Hay muchos enfermos: hay multitud de Artesanos a quienes el triste jornal del sudor de su rostro, no puede sufragar para el preciso alimento de sus propias personas, cuanto más el de sus mujeres y familias. La estación, y la falta de lluvia, promete muy corta cosecha: los granos entrojados (que no son muchos) tienen un precio subidísimo por consecuencia el pan cocido, escaso y caro. Un jornalero, cuando más gana cuatro, cinco, o seis reales, que aún no le alcanza para dos panes, ni éstos a alimentar su persona, mujer, dos, tres, o más hijos, sin contar con los demás utensilios indispensables. De aquí no puede resultar otra cosa que una decadencia total, de gran porción de brazos útiles al Estado, y a las Artes, y una necesaria corrupción de los miembros sanos, que con la vagancia, y la pobreza, declinen en robos, vicios, y otros males irremediables…52.
La política económica aplicada tuvo un carácter bastante heterogéneo al combinar medidas tradicionales fuertemente intervencionistas, ensayadas en crisis anteriores, con otras innovadoras y radicales para los parámetros políticos del Antiguo Régimen, tras la pésima cosecha de 1803. Entre las primeras, las más importantes relativas al abasto de cereales son las siguientes: la prioridad de surtir a los pueblos con los granos excedentarios de cosecheros y rentistas, el control de precios, el reparto de alimentos entre los más necesitados y el recurso a las importaciones53. Entre las segundas, la retención, hasta un máximo, de la $5 ^ { \mathrm { a } }$ parte del diezmo cerealista y de la renta de la tierra54.
La finalidad de estas medidas era, por una parte, surtir de granos a los pueblos para el consumo y la sementera y frenar la carestía y, por otra, que el clero y los terratenientes renunciaran temporalmente a una parte del producto agrario. De esta forma los costes de la crisis se repartían de una manera menos desigual. El gobierno pretendía que cosecheros y rentistas no estancaran los granos en cada localidad esperando la ocasión de venderlos cuando los precios eran más altos, sino que les dieran salida en el mercado. Trataba así de evitar el hambre de los que no cosechaban lo suficiente para la subsistencia familiar y de los consumidores. Convertía en ley lo que era un hecho, la defraudación del diezmo e impago de parte de la renta territorial55, que se intensificó durante la crisis, pero tratando de encauzar la resistencia de los labriegos dentro de unos límites tolerables para evitar un virulento conflicto social.
Las leyes promulgadas suponían un nuevo retroceso en la política de libre comercio interior de granos –adoptada por la pragmática de 11 de julio de 1765- que ya había sido limitada anteriormente por la real cédula de 16 de julio de 1790. Estas medidas restringían los beneficios obtenidos por los grandes propietarios laicos y eclesiásticos, por lo que estos grupos opusieron resistencia en algunas localidades. La puesta en vigor de la legislación dependía de quienes componían los ayuntamientos que la interpretaron según convenía a sus propios intereses, con frecuencia la transgredieron o desnaturalizaron.
4. EL AGRAVAMIENTO DE LAS DIFICULTADES EN LOS AÑOS AGRÍCOLAS DE 1802/1803 A 1804/1805: PRESIÓN POPULAR Y RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES DE LOS MUNICIPIOS.
El pan constituía el alimento básico de las clases populares en el Antiguo Régimen, equivalía “al concepto de comer”56. Se generalizó el consumo popular del elaborado con trigo en la Europa del Setecientos. Ello justifica, según Palop, que se le considere como “agente inductor de la acción de las masas trabajadoras”57. Estas eran tremendamente sensibles a la elevación del precio del pan, que determinaba un descenso de su capacidad adquisitiva y de sus posibilidades de supervivencia. Su carestía era motivo frecuente de alteraciones del orden público. Por ello, consideraba el corregidor de Palencia en 1802 que se necesitaba mucha prudencia y mucho cuidado en este ramo de abastos del que dependía “la subsistencia y quietud de los pueblos”58.
Al estar los excedentes de producción cerealista concentrados en menos manos, quienes poseían más de los precisos trataban de venderlos a precios altos, incluso por encima de los vigentes en los mercados. En definitiva, intentaban sacar provecho de la contracción de la oferta de granos y de la rigidez de la demanda. La ciudad de Toro opinaba el 23 de marzo de 1802 que los stocks privados eran bastantes para remediar el hambre, por tanto, la carestía no se debía a que faltaran estos productos sino al deseo de lucro de los perceptores del excedente agrario, tanto laicos como eclesiásticos. Decía:
como la codicia del hombre es insaciable se experimenta por días y horas alterar los precios vendiéndose la fanega de trigo aún no de calidad a 64 reales sin hallar los panaderos donde acudir para el surtimiento de forma que no habiendo freno llegarán los precios a los de su antojo59.
Solicitaba al Consejo de Castilla permiso para comprar trigo para abasto público a quienes lo tenían en exceso pagándoles un precio fijo.
El precio del pan subió por la carestía del trigo y el aumento de los portes, pero también por la avidez de los abastecedores. En Salamanca los tahoneros y panaderos exigían en 1800 por el pan el doble que les había costado la compra del trigo y vendían a los jornaleros pan de más peso para obtener mayor ganancia, en lugar de media libra que era lo que podían pagar60. El ayuntamiento de Soria en 1803 había elevado el precio del pan de 32 a 34 cuartos por haber vendido el trigo a los panaderos a 66 reales la fanega habiéndolo comprado al intendente del granero de tercias reales a 60. Estaba, por tanto, obteniendo beneficios, con una pérdida para la Hacienda Real de 18.000 reales. El intendente expresaba el 12 de junio de ese año:
Es voz, es proverbio en esta ciudad, que ni habrá pan bien acondicionado, ni a precio equitativo ínterin tengan graneros los regidores… triunfa la codicia, no se ejecutan las Rls piadosas intenciones. Gime, se sacrifica el infeliz61.
Los panaderos forasteros monopolizaban la venta del pan en la ciudad de Segovia y cuando había malas cosechas, como en 1804, lo escaseaban para encarecerlo. Posiblemente, el precio del pan subió porque, por la escasez y carestía del trigo, fabricaban menos pan para vender a la ciudad mientras que la demanda seguía siendo elevada.
Eran los representantes del pueblo en los ayuntamientos los que denunciaban los abusos en los abastos y demandaban o planteaban soluciones. El diputado y síndico personero de Salamanca en 1800 y el procurador síndico del común de Soria el 21 de junio de 1803, reclamaban que el precio del pan se ajustara al del trigo en ambos mercados, sobre todo en Soria al de tercias reales y al de la mitra episcopal que valía 64 reales la fanega. Proposición difícil de cumplir cuando dos diputados y un regidor del ayuntamiento estaban vendiendo en la misma fecha ese árido a 68 y 70 reales la fanega, respectivamente.
En algunas ciudades, por lo tanto, el precio del pan no era proporcionado ni al coste y costa del trigo ni a la cuantía de los salarios, sobre todo cuando eran cosecheros o rentistas los concejales. En otras, estos pretendían abaratar el pan porque resultaba muy caro para quienes percibían salarios bajos. En la ciudad de Ávila valía 3 reales el de 2,5 libras de mala calidad que, según confirmaba el intendente en 1802, no era “para la gente pobre de que abunda el pueblo que empieza a mostrar su descontento”. El procurador síndico pedía al ayuntamiento el 24 de marzo de ese año que pusiera a disposición del intendente las existencias de grano de la alhóndiga para repartir pan exclusivamente a artesanos y jornaleros a precios por debajo de los vigentes en el mercado. El procurador síndico general y personero de la ciudad de Segovia demandaban al consistorio el 10 de julio de 1804 la adopción de dos medidas. En primer lugar, el establecimiento de obligados62 para surtir de pan a la ciudad a precio fijo que no podía subir, pero sí bajar si las circunstancias lo permitían, es decir, si las cosechas eran abundantes y los precios del trigo descendían. No habría de admitir otros vendedores, salvo que suministraran el pan dos cuartos más barato. En segundo lugar, la instalación de hornos públicos donde los vecinos llevaran a moler el trigo. Sus propuestas fueron rechazadas por los consistorios de ambas ciudades, porque según decían estos funcionarios de Segovia:
rara vez Sr se hermana y combina el interés particular y el de la Patria, en los constituidos en el Gobierno del pueblo, cuando tienen frutos que vender, y se ve cuasi siempre con dolor que prevalece el primero al segundo63.
La situación de los vecinos se agravó en 1803 y 1804 porque las cosechas fueron pésimas y por las escasas reservas públicas y privadas debido a que lo recolectado en los años previos fue insuficiente. Se generalizó el temor al hambre y a alborotos, aunque no hay constancia en los documentos consultados que se produjeran, salvo en Benavente el 22 de enero de 1804 por la carestía del pan. Pero aumentó la alarma y el malestar por la subida de su precio y de los granos. Sirvan de ejemplo los siguientes testimonios. El teniente de alcalde mayor de Rueda exponía el 29 de noviembre de 1803 que el pan tenía un precio que no podían pagar los vecinos lo que originaría “los excesos que son consiguientes a haber de sostener la vida a todo trance”. La Junta de Beneficencia de Valladolid aludía el 11 de enero de 1804 a la subida del precio del pan de 2,5 libras desde 26 y 27 cuartos a 35 y 36 “con perjuicio de la tranquilidad y subsistencia de un vecindario numeroso y de una condición, en mucha parte la más necesitada y miserable”. Efectivamente, habían aparecido pasquines repetidos en la ciudad contra los tenedores de granos “llenos de amenazas y de avisos de movimientos figurados sin duda para el logro del remedio o socorro del hambre”64.
CUADRO 1. PRECIOS DEL PAN

Ciudad	Precio del pan encuartos*	Peso delpan enlibras	Preciosubvencionadoen cuartos	Agraciados
Burgos	28	二	23 a 25	Pobres
Palencia	30 a 32	:	23	Pobres
Valladolid	34 a 36	2.5	28 a 30	Necesitados ypanaderos
Medina deRioseco	34 6 mas	2.5	24	Jornaleros ymenestrales

\*un cuarto $= 4$ maravedis. Fuente: AHN, Consejos, legajos 2342, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } 3 1$ ; 2391, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } 2 1$ ; 2564, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } 3 2 \boldsymbol { \mathrm { y } }$ 2376, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } 4 0$ , respectivamente65.
La política de los ayuntamientos sobre abastos no fue uniforme, como hemos tenido ocasión de comprobar. Allí donde los concejales eran grandes hacendados o administradores de diezmos y renta territorial su principal interés residía en beneficiarse de la inflación. Fijaban el precio del pan sin tener en cuenta lo que valía el trigo en sus respectivos mercados o rechazaban las propuestas que les formulaban diputados y procuradores síndicos para que costara menos. Pero en otras ciudades intentaron lograr un abasto regular de esta especie para surtir de pan barato, mediante su subvención, a los sectores sociales más humildes, como medida preventiva del orden público. Es posible que esta providencia contribuyera a frenar cualquier posible revuelta.
Son continuas las referencias desde 1802 en los documentos consultados a la falta de granos antes de finalizar el año agrícola por el descenso de la producción agraria y porque los pósitos no disponían de suficientes stocks y recursos financieros para paliar el hambre. Por ello, las autoridades recurrieron a hacer acopios mediante las siguientes medidas: $1 ^ { \circ }$ , la compra de cereales en la localidad correspondiente a los grandes cosecheros y rentistas; $2 ^ { \circ }$ , la retención de diezmo y renta de la tierra; $3 ^ { \circ }$ , la adquisición en otros municipios; 4, las importaciones.
Respecto a la primera medida, los concejales desconocían las existencias de cereales en paneras privadas. Trataron de averiguarlo requiriendo a sus dueños que les suministraran noticias al respecto o registrándolas, para comprarlos para abasto público. Procuraban hacer acopios entre julio y septiembre cuando los precios eran más bajos mediante la puesta en vigor de la circular de 11 de noviembre de 1802. Los cosecheros y rentistas accedieron a venderles los granos en algunos municipios, sobre todo cuando las autoridades se los abonaban a precio de mercado, por temor a tanteo, requisa y embargo. En otros, los capitulares intentaban pagarles a un precio moderado, como en Villamañán (León) y Cervillego de la Cruz (Valladolid), o fijo de 100 reales la fanega o lo que por sus compras mereciesen en Valladolid, contraviniendo dicha circular que determinaba que lo hicieran a precios corrientes. Los grandes cosecheros y rentistas no vieron con agrado una ley que les privaba de maximizar sus beneficios. En Villafáfila y Benavente (Zamora) opusieron resistencia a vender los cereales. Posiblemente por este motivo, las autoridades recurrieron a medidas coercitivas en este último pueblo y en Salamanca66 el 5 de enero y el 13 de abril de 1804, respectivamente, como a inspeccionar las paneras de particulares y a requisar granos, sin beneplácito de sus dueños.
Las autoridades, presionadas por los vecinos, estaban impidiendo la extracción de cereales en Benavente y Villafáfila y decretando en estos pueblos y en Villamañán el embargo de las porciones que ocultaran los perceptores del excedente agrario porque, como decían en este último pueblo, tal vez así “circularían los granos y llegaría a los mercados y habría suficiente para alivio de los pobres”. En definitiva, los concejales pretendían la salida de stocks privados para vender en la localidad, pero no en otras. Por consiguiente, el flujo de mercancías entre distintas zonas quedaba obstaculizado con las disposiciones adoptadas, lo que acentuaría la escasez y carestía en las deficitarias. Incluso el ayuntamiento de Villafáfila acordó el 20 de febrero de 1804 prohibir la saca de granos percibidos en concepto de renta territorial por la mitra de Astorga y 60 cargas de trigo compradas en la villa para el pósito de Madrid con el fin de destinarlos a surtido de pan.
Si los pueblos prohibían la extracción de cereales, las ciudades procedían de igual manera al encontrar dificultad para adquirirlos en otros municipios. Las autoridades de Palencia y Toro en 1802, de Medina de Rioseco, Salamanca y Ciudad Rodrigo en 1803 estaban impidiendo la saca de estos productos. La Junta de Beneficencia de Valladolid que asumió el abasto de la ciudad, ante la inacción del ayuntamiento, adoptó el 24 de noviembre de 1804 diversas medidas, entre otras, la preferencia de ésta a la compra de cereales y la prohibición de su salida no sólo en la ciudad, sino también en un circuito de $4 4 ~ \mathrm { k m }$ , y estableció que las justicias pudieran retenerlos en los pasos del Duero y en los pueblos por donde se transportaban, salvo los destinados al pósito de Madrid y los importados.
El gobernador de Salamanca, para calmar a cosecheros y rentistas que estaban inquietos por las medidas coercitivas adoptadas por los concejales, publicó un bando el 16 de abril de 1804 en el que declaraba la libertad de compraventa de los alimentos en la ciudad y mantener la prohibición de la saca de trigo sólo hasta que se realizaran los acopios. Había transcurrido prácticamente un mes, cuando este funcionario informaba, el 19 de mayo de dicho año, que los diputados y síndico personero le habían solicitado, “por el bien público”, que disminuyera dicha libertad. En cabildo celebrado el 12 de enero de 1805 se decidió si mantenían la libre compraventa o las posturas de los comestibles. Siete concejales votaron a favor de la primera opción, aunque dos de ellos con la salvedad que los vecinos tuvieran prelación sobre los regatones en la compra de productos en la ciudad hasta las 11 de la mañana. Sólo uno votó a favor de la segunda opción, pero pidiendo que las posturas se arreglaran a las “circunstancias de los tiempos”67.
En relación a la segunda medida, la retención de diezmo y renta de la tierra, los vecinos consideraban que si pagar estas exacciones les impedía subsistir, era prioritario lo segundo a lo primero. Estimaban que tenían derecho a retener lo que se cosechaba en sus municipios, que era fruto de su trabajo, y salía fuera por dicho concepto. Contaban con el respaldo de la legislación promulgada por el gobierno y con el apoyo de las autoridades de los municipios, que la interpretaban en un sentido amplio. El intendente de Toro opinaba el 15 de diciembre de 1804 que con 342 fanegas de trigo de esa procedencia bastaba para que los vecinos de Castrejón (Valladolid) subsistieran hasta la cosecha de 1805, si se impedía que los administradores las extrajeran a Alaejos, Medina del Campo y otros pueblos. No obstante, sólo ordenó que el alcalde de dicho pueblo, entretanto lo consultaba al Consejo de Castilla, pudiera retener 152 fanegas de dicha especie, de las cuales 82 eran de diezmo y rentas de un beneficio vacante y las 70 restantes del canon percibido por un propietario vizcaíno y por la casa de misericordia de Valladolid.
Las justicias de Lumbrales, Hinojosa del Duero, Fregeneda, Bermellar y otros pueblos donde el obispo de Ciudad Rodrigo percibía granos en concepto de diezmo y renta territorial estaban prohibiendo su extracción a dicha ciudad, según denunciaba el administrador de las rentas del obispo en 1803. La escasez y carestía de los cereales, por malas cosechas reiteradas, se agravó por este motivo en Ciudad Rodrigo. Por ello, las autoridades prohibieron su extracción, presionadas por los vecinos, y racionaron el consumo de pan a una libra por persona al día68. Los sexmeros procuradores de la tierra de Ciudad Rodrigo reclamaban el 30 de mayo de 1804 que la justicia de la ciudad no impidiese a los vecinos de la jurisdicción comprar en ella el trigo que precisasen teniendo en cuenta:
el estado miserable de los pueblos y los clamores de los vecinos, que necesitados del primero, principal, y aún único alimento que es el pan en cuyo fruto libran comúnmente la propia manutención y la de sus familias, carecen enteramente de este auxilio, y les ven perecer por su falta, llegando hasta el apurado extremo de comer yerbas69.
Pedían también que no se extrajera de los lugares para la ciudad lo percibido por diezmo, renta de la tierra y préstamos hasta la próxima cosecha, garantizando a sus perceptores su importe. La Junta de Beneficencia, a petición del Consejo de Castilla, informaba que si los cereales se dejaban a disposición de los colonos y de quienes los adeudaban los dueños “carecerían de su libre aplicación que por derecho les corresponde y de su valor o producto”, como sucedió con los que no pagaron o dejaron de contribuir en agosto de 1803. Se preguntaba:
por más seguridad que ofrezcan $\it { i } \mathrm { C o m o }$ habían de pagar, en medio de la escasez y apuros, las cuantiosas sumas del valor de sus rentas, consumidas en el sustento de familias y sirvientes, si aún no han pagado ni hay esperanzas de que paguen los atrasos del año pasado $\it { i } \mathrm { C o m o }$ han de pagar en éste los incomparablemente mayores que verificada la solicitud de los sexmeros contraerían indispensablemente70.
La Junta de Beneficencia consideraba que los granos que hubiera en la ciudad se debían vender sólo en ésta y en los pueblos de la jurisdicción, pero no en otros. En definitiva, la prohibición de su saca fuera de Ciudad Rodrigo estaba provocando una reacción en cadena por parte de los lugares, que adoptaban la misma medida, por lo que el flujo de cereales entre estos y la ciudad se frenó, lo que tuvo que acentuar la escasez y carestía.
En lo referente a la tercera medida, la adquisición de cereales en otros municipios, los ayuntamientos y los vecinos trataron de proveerse de áridos preferentemente en sus propias localidades por el riesgo de que en otras las justicias ejercieran derecho a tantearlos, los embargaran o simplemente impidieran su salida y porque aumentaron los costes del transporte. No obstante, cuando era patente el déficit de granos y el riesgo a padecer hambre, no renunciaron a comprarlos en otros territorios. Así, por ejemplo, las cortas cosechas de cereales en la provincia de Palencia desde 1800 y las extracciones realizadas ese año y el siguiente para el pósito de Madrid y por los puertos de Santander y la Requejada para abastecer a Asturias y a las fuerzas armadas habían ocasionado un desabastecimiento en la provincia y una subida de precios. Los vecinos se vieron obligados a surtirse en Arévalo,
Toro, Zamora y Salamanca. La Junta de Beneficencia de Valladolid adquirió en 1804, con los préstamos proporcionados por particulares, 5.681 fanegas de trigo, $5 4 { , } 6 \%$ en la ciudad y otros municipios y $4 5 \mathrm { , 6 \% }$ y varios barriles de harina en los puertos del Cantábrico para surtir de pan a los vecinos. La falta de granos, hasta la recolección de 1804, precisó al ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ese año a tratar de proveerse en los pueblos de Abadengo y de la Ribera donde recolectaban antes que en otros del partido. Pero las justicias impidieron su extracción por la insuficiente cosecha de 1803, que esperaban peor en 1804, y por no haber podido conseguir los cereales que precisaban en esa ciudad y en otros lugares.
En lo relativo a la cuarta medida, importaciones, para aumentar las existencias de granos y frenar la subida de precios, los ayuntamientos de las ciudades de Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Medina de Ríoseco recurrieron a adquirir trigo extranjero arribado a los puertos de Santander, Vizcaya y Cantabria. Sólo algunos indicaban la cantidad que precisaban. Así, Burgos pretendía comprar 1.000 fanegas de trigo y 6 barriles de harina en 1803; Valladolid y Ciudad Rodrigo $6 0 . 0 0 0 \textrm { y } 6 . 0 0 0$ fanegas en 1804, respectivamente, pero la última ciudad en Oporto, por ser el puerto más cercano. Los concejales de Palencia y el corregidor tenían en cuenta, según indicaban el 4 de febrero de 1804, que si trataban de adquirirlos
en su propio país sería enorme la subida de precios, y tal vez se retraerían los dueños de venderlos con la esperanza de mayor ganancia y creyó también que sólo la voz de acopios influiría notablemente en alterar las demás provincias necesitadas, aumentándose en la aprensión otra nueva calamidad71.
La distribución de los cereales importados72 se vio obstaculizada por el deficiente y costoso sistema de transporte terrestre, el rebrote de la malaria en el sur y sureste español, el estallido de la guerra con Inglaterra que complicaba y encarecía el traslado por mar y la falta de fondos de los ayuntamientos que les impidió adquirir los precisos.
Los consistorios tenían serias dificultades para comprar los granos y subvencionar el precio del pan por la falta de recursos financieros de haciendas locales y pósitos. Los capitulares de algunos pueblos pretendían pagar a quienes les habían vendido los cereales con el importe de la venta de estos o del pan. En otros proponían al Consejo de Castilla los siguientes arbitrios para obtener fondos: el reparto y/o venta de tierras de propios y comunales (Villacorta, Nava de la Asunción, Rueda, Mayorga de Campos y Ciudad Rodrigo), suscripciones y empréstitos (Ledesma, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Rueda), emplear vales reales reducidos a dinero (Piña de Campos) y el recurso a los fondos sobrantes de las fábricas de las Iglesias y de propios donde los hubiese, sin tener que reintegrarlos porque los jornaleros no podrían pagar en muchos años (Mayorga de Campos).
La ciudad de Burgos solicitaba el 30 de junio de 1803 poder pagar el crédito o suscripción subrogando los arbitrios que gravaban en dos reales la cántara de vino blanco y tinto consumido en la ciudad, hasta que, pagada la deuda, volvieran a aplicarse a los fines para los que fueron concedidos y que se la exonerarse de pagar el 17,5 de su importe total. La Junta de Caridad de Rueda pretendía el 17 de diciembre de 1803 abonar el empréstito gravando con un uno por ciento los frutos de todas las especies que se cogieran desde 1804 en adelante y lo que regulase que debían contribuir quienes tuvieran “tratos u oficios”. Otro fondo, para saldar el crédito, se formaría con los siguientes recursos: igual que el anterior pero por lo tocante al año 1803, el dinero que sobrara de propios y arbitrios, el caudal del pósito y la venta del solar de una panera arruinada y de unos ejidos. En definitiva, suponía gravar a propietarios y a quienes tenían una profesión, privatizar tierras comunales y fincas urbanas de propios y comprometer en el futuro los ingresos del municipio y del pósito.
El Consejo de Castilla tuvo que pronunciarse sobre las propuestas y acuerdos de los concejales referentes a abastos. Era contrario en 1802 a la tasación del trigo en Toro por considerarlo injusto y a la venta de este árido a panaderos más caro que el coste de su compra en Soria. Un año después, cuando la crisis se agudizó, tuvo que implantar la tasa en las inmediaciones de Madrid para frenar la carestía. Aprobaba el 8 de junio de 1805, durante seis meses, la libre compraventa de comestibles en la ciudad de Salamanca.
Este tribunal recomendaba a las autoridades el estricto cumplimiento de la real cédula de 16 de julio de 1790 y de la circular de 11 de noviembre de 1802, transgredida la primera por quieres revendían los granos y la segunda por las autoridades de algunos municipios que pagaban o pretendían pagar los comprados por debajo de los precios de mercado.
Era opuesto a la retención de diezmo y renta territorial, sin anuencia de sus dueños, por considerarlo un agravio al derecho que estos tenían a su percepción, y al embargo de cereales comprados para el pósito de Madrid. Aunque, por la gravedad de la crisis, condescendía el 6 de diciembre de 1802 a que las 12.000 fanegas embargadas por el corregidor de Palencia se vendieran a los pueblos de la provincia que las necesitaran a 80 reales, precio corriente en la ciudad. Su postura sobre estas cuestiones quedó recogida en las circulares de 22 de febrero y 28 de julio de 1804. En esta última recomendaba a los concejales que no realizaran repuestos de granos para todo el año, sino que los fraccionaran estacionalmente para evitar la subida de precios.
En ningún caso el Consejo de Castilla condenó los obstáculos por parte de los vecinos, con el beneplácito de las autoridades, al libre comercio de cereales. Por el contrario, los fiscales del Consejo de Castilla consideraban el 11 de julio de 1804 que la Junta de Beneficencia de Valladolid, con las disposiciones adoptadas, había evitado “el hambre, la escasez y miseria” en la ciudad, por lo que este tribunal le daba las gracias. Aprobaba el 18 de octubre de ese año las providencias del gobernador de Salamanca, entre ellas, mantener la prohibición de la saca de cereales. Esas medidas podían paliar la escasez donde se planteaban, en función de sus existencias de granos y necesidades de consumo, pero la acentuaban en municipios donde hubiese déficit de cereales.
Respecto a la petición de arbitrios, este tribunal aprobaba los propuestos por Mayorga de Campos, Piña de Campos y Burgos, excepto en esta ciudad la exoneración de la contribución del $1 7 { , } 5 \%$ . Denegaba los pedidos por Ledesma, por estar próxima la recolección, por Villacorta, sin duda por la importancia de la pradera para el sustento de los ganados estantes, por ciudad Rodrigo al estar abastecida de granos y a Rueda le concedía lo que no había solicitado, gravar la cántara de vino con un cuarto por un año para invertir su importe en obras públicas para ocupar a los jornaleros y necesitados y no en el surtido de pan73.
5. LOS COSTES DE LA CRISIS: QUIEBRAS Y DEUDAS.
Las medidas del gobierno y de las autoridades de los municipios relativas a abastos pudieron mitigar la grave situación de la población más depauperada. No bastaron, en cambio, salvo excepciones, para acabar con la escasez y carestía de áridos. La salida de la crisis tuvo lugar a partir del cambio de coyuntura agraria en 1805. Pero incluso antes, los mercados empezaron a verse provistos de granos a raíz de que comenzaron a distribuirse los importados en 1804, por la esperanza de una buena cosecha ese año, dado el estado que presentaban los sembrados en la primavera, y por la salida de los stocks de particulares y pósitos, al descender los precios. A los ayuntamientos o a quienes habían asumido el abasto de la población se les presentaba la disyuntiva de vender los cereales más baratos de lo que los habían adquirido, asumiendo las pérdidas, o tratar de eludirlas. Algunos optaron por la segunda opción. Recurrieron a traspasar parte de las quiebras a quienes les habían vendido los granos, devolviéndoles la porción comprada pero pagándola a menor precio, en Salamanca; a gravar el consumo del vino y al capital de la casa de comedias en Valladolid; a la venta de parte de los baldíos en Ciudad Rodrigo; y al reparto o compra forzosa a los vecinos en Castrejón. Su proceder generó la oposición de los vendedores en la primera ciudad; de los sexmeros de los pueblos de la jurisdicción de Ciudad Rodrigo, que representaban los intereses de los vecinos; y de los habitantes y la justicia de Castrejón.
La crisis supuso, además, que los ayuntamientos quedaran endeudados con quienes les habían proporcionado dinero por empréstito o por suscripción para comprar granos a fin de surtir de pan a los vecinos o proporcionar simiente a los labriegos para sembrar, aunque en los expedientes consultados no hay constancia del importe total de las deudas. Por ejemplo, el corregidor estimaba que Ciudad Rodrigo estaba debiendo 17.000 reales por los acopios realizados en 1804. La Junta de Beneficencia había hecho un empréstito de 36.000 reales y las obras pías de 97.000 reales para abasto de pan, no consta su reintegro. Las pérdidas podían ascender, según el síndico personero, a 80.000 ó 100.000 reales. Por tanto, la política de abasto de áridos contribuyó a agudizar la crisis financiera de estas instituciones.
CONCLUSIONES
¿Fue la escasez de cereales más aparente que real74? El gobierno consideraba en 1802 que era aparente porque quienes poseían excedentes de producción los retiraban de los mercados para vender cuando los precios eran más altos. Sin duda se refería a los almacenamientos. Estos contribuían a suavizar las oscilaciones de precios en el espacio y en el tiempo. Pero los vecinos y las autoridades locales estaban obstaculizando esa función.
El déficit de granos fue real. Desde 1800, o incluso antes, las cosechas estaban resultando insuficientes. La crisis agraria resultó amplificada por el deficiente funcionamiento de pósitos y mercados. La monarquía había recurrido a los fondos de los primeros para financiar las guerras con Francia e Inglaterra y los campesinos demoraban el pago de los créditos contraídos con estos. Los pósitos resultaron insolventes para atender al abasto de las poblaciones, salvo el de Madrid. Los mercados quedaron estrangulados porque los vecinos, apoyados por las autoridades, impedían la salida de cereales y por la presión ejercida por la corte sobre los excedentes de producción de ambas Castillas para abasto del pósito y de las fuerzas armadas. También influyó el aislamiento de zonas afectadas por la malaria para evitar el contagio y los conflictos bélicos que dificultaban y encarecían el transporte por mar de los cereales importados. En casi todas las localidades faltaban los granos no tanto por la adversa coyuntura agraria sino porque se ocultaban, se retenían, no circulaban con fluidez. Pudo ser mayor la contracción de su oferta en los mercados que el descenso evidente de las cosechas, por ello la carestía alcanzó unos niveles tan altos en $1 8 0 3 { \mathrm { ~ y ~ } }$ 1804. En definitiva, no sólo falló la producción sino también la distribución.
La crisis ahondó las desigualdades sociales ya existentes entre quienes disponían de productos que vender en los mercados y los que tenían que comprarlos. La ira del pueblo estallaba contra concejales, grandes cosecheros e instituciones eclesiásticas que sacaban provecho de la escasez, al vender los cereales a precios elevados, así resarcían en parte la caída de sus ingresos, y también contra panaderos por la subida del coste del pan. Mientras que las clases populares encontraban dificultades para adquirirlos.
El malestar de jornaleros, artesanos y pequeños labriegos, a los que la crisis condenaba a la pobreza, cristalizó en motines de subsistencia por la carestía del pan y en un aumento del bandolerismo. El temor a tumultos, agrandado por el estallido de la Revolución francesa, indujo al gobierno a promulgar medidas para paliar el desabastecimiento de la población, algunas radicales, como la retención de hasta la quinta parte del diezmo y de la renta territorial. Pero los vecinos, con el respaldo de las autoridades de los municipios, adelantándose a la acción gubernamental, ya estaban reteniendo parte del producto agrario e impidiendo su salida.
Afloraron tensiones sociales de distinta naturaleza, que no siempre estallaron en alborotos: entre autoridades, vecinos y clero por el control del diezmo; entre los habitantes de pueblos y ciudades que pretendían comprar los granos excedentarios de grandes cosecheros a precios fijos o moderados y estos que no veían con agrado una legislación que les impedía obtener un mayor beneficio de la venta de sus cosechas. También surgieron conflictos en comunidades de villa y tierra entre los concejales de la ciudad que impedían la saca de áridos y establecían el derecho de preferencia de sus habitantes a adquirirlos y los vecinos de los pueblos de la jurisdicción que presionaban para seguir comprándolos en la ciudad, mientras que retenían lo que se producía en ellos; y entre lugares con excedentes de producción y otros deficitarios.
La crisis afectó a distintos sectores sociales y a diversos establecimientos: pósitos, instituciones benéficas, eclesiásticas y ayuntamientos. Estos quedaron endeudados para hacer frente a la crisis fiscal y a la política de abastos. Además, tuvieron que asumir en algunas localidades las quiebras al vender barato los granos adquiridos caros cuando los precios descendieron. Aunque las pérdidas fueron bastante generales, las soportaron en mayor medida las ciudades y las clases populares.
La crisis de 1803-1805 puso de manifiesto para buena parte de la población castellana que la monarquía era incapaz de resolver el problema de abasto de alimentos básicos, en tiempos de aguda escasez y carestía. Las medidas adoptadas resultaban insuficientes. Era necesario otras más radicales, como cambios en la propiedad y reparto del producto agrario y una mayor integración del mercado. Pero las primeras resultaban impensables en el Antiguo Régimen. Los vecinos ya estaban cuestionando la distribución del excedente agrario al dejar de pagar o abonar en menor cuantía diezmo y renta territorial o al impedir su reparto, con la connivencia en este caso de quienes integraban los consistorios. Estos estaban planteando liberalizar parte de la propiedad amortizada, las tierras de propios y comunales, con el pretexto de obtener dinero a fin de comprar cereales o subvenir a las pérdidas en los acopios realizados cuando los precios descendieron, pese a la resistencia de quienes las usufructuaban, vecinos, sobre todo grandes ganaderos. La pugna por la tierra abrió otro frente de tensión en algunas localidades.
APÉNDICE.
MAPA CON LA UBICACIÓN DE LOCALIDADES DE CASTILLA LA VIEJA Y LEÓN CITADAS EN EL TEXTO.
Provincia León: 1. Villamañán.
Provincia Ávila:
1. Arévalo
2. Ávila.
Provincia Zamora:
1. Benavente
2. Toro
3. Villafáfila
4. Zamora.
Provincia Salamanca:
1. Bermellar
2. Ciudad Rodrigo
3. Fregeneda
4. Hinojosa del Duero
5. Ledesma
6. Lumbrales
7. Salamanca
8. San Muñoz.
Provincia Valladolid:
1. Alaejos
2. Castrejón
3. Cervillego de la Cruz
4. Mayorga de Campos
5. Medina del Campo
6. Medina de Ríoseco
7. Rueda
8. Valladolid
9. Villafrades (de Campos)
Provincia Palencia:
1. Palencia
2. Piña de Campos.
Provincia Burgos:
1. Burgos.
Provincia Soria:
1. Almazán
2. Soria.
Provincia Segovia:
1. Hontanares (de Eresma)
2. Nava de la Asunción
3. Segovia.
Mapa 1. Localidades de Castilla y León citadas en el texto.
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