El consenso en el pensamiento político castellano del siglo xv\*.
José Manuel Nieto Soria Universidad Complutense De Madrid.
Resumen: Las actividades de negociación y actividad de pacto tuvieron una gran importancia en los confl ictos políticos de la Castilla del siglo xv. La búsqueda de consenso inspiró esas prácticas políticas. El aristotelismo medieval, el conciliarismo y el denominado humanismo cívico consideraron el consenso político desde diferentes puntos de vista. Este concepto de consenso puede ser rastreado en alguno de los principales autores castellanos de teoría política. Este trabajo estudia la presencia de la idea de consenso en alguno de los principales autores políticos del siglo xv en Castilla. Además, se consideran los diferentes signifi cados políticos de este concepto en los principales textos de estos autores.
Palabras clave: pensamiento político, consenso, castilla, aristotelismo, conciliarismo, humanismo.
Abstract: Th e negotiation and the pact activity had great importance in the political confl icts of the xvth century Castile. Th e search of consensus inspired those political practices. Th e medieval aristotelism, the conciliarism and the denominated civic humanism considered the political consensus from diff erent points of view. Th is concept of consensus can be found in some of the main Castilian authors of political theory. Th is article studies the presence of the idea of consensus in some of the main political authors of xvth century Castile. In addition, this work considers the diff erent political meanings of this concept of consensus in the mean texts of those authors.
Keyworks: Political thought, Consensus, Castile, Aristotelism, Conciliarism, Humanism.
La aplicación del pacto y del contrato en el marco de las relaciones políticas está ampliamente extendida en la evolución del Occidente bajomedieval,12 3 considerado la posibilidad de interpretar distintas prácticas desde una perspectiva de posible aplicación de una cierta idea de consenso que suponía en muchos casos la implicación de la monarquía como instancia negociadora. Esto podría a veces signifi car que de la utilización de tales iniciativas cabría deducir alguna manera de reforma o de redefi nición del propio concepto monárquico en el marco de la dinámica política en curso. Sin embargo, en este caso se va a adoptar una perspectiva más bien inserta en el terreno del debate y del cambio intelectual, en lugar del análisis de las situaciones políticas concretas, mostrando en qué medida cabe rastrear una cierta conciencia intelectual de la necesidad del consenso político, tanto desde la óptica de la introducción de las nuevas ideas humanistas, como de aquéllas otras que, en algunos casos, representaban una visión mucho menos innovadora y vinculada a interpretaciones bastante tradicionales de lo que debía ser la comunidad política y sus relaciones internas.
. Algunas precisiones conceptuales.
Se habla de consenso en el marco de los conceptos políticos para referirse a la existencia de un acuerdo entre los miembros de una unidad social o política respecto a principios, valores, normas, o bien con respecto a objetivos de la comunidad, y a los medios aceptables para alcanzarlos.4 Esta acepción conceptual nos sitúa, por tanto, en un plano muy general de caracterización de un modelo socio-político planteado principalmente en clave de realidades contemporáneas y, en especial, de perfi l democrático.5 Sin embargo, la aplicación del concepto de consenso también puede plantearse con relación a casuísticas más inmediatas y coyunturales. En tal caso, hablaríamos de los acuerdos alcanzados para la resolución de alguna forma de confl icto o de confrontación, que se pretende superar mediante un procedimiento de negociación encaminada a la consecución de un pacto por el que se quiere alcanzar un efecto pacifi cador.
En este segundo caso que se acaba de enunciar, tal como se ve, el consenso estaría asociado muy directamente a la propia existencia de una dinámica de confl icto. Ni que decir tiene que la aplicación del consenso bajo esta segunda perspectiva ofrece múltiples problemas desde el punto de vista de su interpretación política concreta, pudiendo estar tan relacionada con la búsqueda efectiva de una solución equilibrada al confl icto, como con la voluntad de ganar tiempo por la parte más débil; o de crear un contexto más conveniente para el replanteamiento de ese confl icto bajo unas circunstancias más favorables para alguno de los elementos implicados en el proceso conducente a la consecución de ese consenso. De este modo, el consenso también podría actuar en muchos casos como un instrumento de simulación o, en otros, de una manera más neutra, como una forma de representación al servicio de la construcción de ciertas apariencias, no exentas de posibilidades efectivas de infl uir en la evolución de un determinado proceso político. Habrá de ser en este sentido coyuntural e inmediato, al que se acaba de hacer referencia, en el que se habrá de aplicar la idea de consenso más frecuentemente en el contexto de la evolución política bajomedieval, pero sin olvidar que una reiterada utilización del consenso, aunque sólo sea con el objetivo de producir apariencias o representaciones, puede acabar generando formas de caracterización duraderas de las propias relaciones políticas.
Siguiendo algunas de las refl exiones que forman parte del modelo de análisis de los sistemas políticos expuesto en su día por Jean-William Lapierre,6 cuya toma en consideración me parece especialmente pertinente al caso, cabe observar cómo en el desarrollo de los antagonismos políticos resulta decisiva la intervención de los denominados representantes-solución. 7 En la dinámica bajomedieval, esos representantes-solución formarán parte signifi cativa de la sociedad política, actuando desde la perspectiva reivindicativa de distintas facciones nobiliarias, de las ciudades del reino, del alto clero, bajo el ejercicio de alguna forma de privanza, o de la salvaguarda de los intereses políticos de la propia monarquía. El proceso de solución en el que intervendrán supondrá una reiteración de actos de comunicación y de competición, siendo de cualquier manera decisiva la calidad de la información de la que puedan disponer.
Entre los distintos tipos de soluciones a que pueden llegar, junto a la destrucción, a la dominación o al equilibrio con respecto a la fuerza antagónica, resulta especialmente relevante en el caso bajomedieval, sobre todo por lo que se refi ere a los antagonismos con relevante protagonismo regio, el que se produzcan episodios de mutuo debilitamiento como consecuencia de concesiones y compromisos que originan nuevas condiciones de insatisfacción. En otras ocasiones, cabrá destacar el que se origine un proceso de transformación mutua que acabe generando nuevas condiciones de relación que propicien la compatibilidad de demandas, posibilitando opciones de superación de la confrontación como nuevo marco estructural. Así sucederá, por ejemplo, en Castilla con relación a la expansión del modelo absolutista y a la, fi nalmente, cómoda integración que en el mismo se acabó produciendo por parte de extensos sectores nobiliarios que contribuyeron a generar una cierta forma de consenso en torno a ese modelo.
Dentro de la actividad de esos representantes-solución, ocuparán un lugar muy destacado las satisfacciones simbólicas, mediante las que se facilitará el camino hacia la resolución del antagonismo y que, en muchas ocasiones, toma la forma de un acto de consenso que, por lo común, tendrá bastante relieve dentro de la memoria del confl icto, en cuyo seno, esas satisfacciones simbólicas dirigidas a procurar consenso, frecuentemente estarán sujetas a plasmaciones e interpretaciones bien diversas, según la ubicación particular que con respecto al confl icto desarrollado ocupe el agente de la memoria.8.
En esta aproximación conceptual a las prácticas de consenso resulta también relevante la distinción entre poder formal y poder efectivo, 9 teniendo en cuenta que si, a veces, coinciden, no siempre sucede así. La importancia de esta eventual no coincidencia proviene de que no resulta nada extraño que el poder formal se muestre especialmente propicio al consenso, precisamente cuando no es poder efectivo o, al menos, no es poder sufi cientemente efectivo, por lo que el consenso es interpretado desde ese poder formal, tal como pudo suceder en muchas ocasiones en el caso de la monarquía castellana, como una opción para representar la apariencia de ser también poder efectivo, o bien para tener mayores opciones de volver a serlo, no tanto por las condiciones del consenso, sino porque la propia existencia de éste pudiera contribuir a ello.
Un rasgo característico de las prácticas de consenso político en el contexto bajomedieval es la función central que en su consecución suele jugar el juramento. Tal como puso de relieve Paolo Prodi,10 el apogeo de la denominada por el mismo autor sociedad jurada se sitúa entre mediados de los siglos xiii y xv. Según este autor, y creo que en perfecta aplicación al caso castellano, la multipolaridad de los cuerpos, tanto políticos como sociales, así como de las relaciones personales de fi delidad y de asociación en que está fragmentada la gestión del poder, con ausencia de una separación precisa entre la esfera de lo público y de lo privado, permite que el juramento actúe como el instrumento fundamental para la transformación en derecho de realidades de hecho, comportándose como el centro de gravedad imprescindible para asegurar el equilibrio general de un sistema sometido a continuas alteraciones. Podría afi rmarse que en el periodo considerado no hay consenso político relevante en el que el juramento no ocupe un lugar signifi cativo.11.
Cabe pensar que muchos de los actos legislativos o de gobierno se alcanzaron gracias a negociaciones previas, que fueron resultado de una cierta forma de acuerdo, que otorgarían a la búsqueda de consenso un lugar central en la gestión política del reino. Esto, ciertamente, pudo ser compatible con que tales actos legislativos o de gobierno tomasen la formalidad de una concesión graciosa por parte del rey.12 Sin embargo, tampoco se puede descartar con carácter general el que en otras ocasiones en las que tales actos parecen afi rmar la presencia de una dimensión negociadora como fundamento de una cierta decisión, presentándola como el resultado de un pacto, en realidad fueran la consecuencia de una imposición unilateral a la que se pretende dotar de nueva legitimidad mediante la representación del pacto, sobre todo a efectos de fi jar su memoria. De este modo, las prácticas de consenso asociadas a la monarquía castellana durante la época trastámara resultan interpretables tanto desde la valoración de unos contextos históricos particularmente favorables a recurrir al pacto por distintas razones e intereses, como desde la constatación de su utilidad como instrumentos efi caces para generar un efecto de modifi cación del propio contexto histórico en el que se han elaborado.
Desde este punto de vista, tal como señalase García-Gallo, «en un tiempo en que los reyes apoyados en el Derecho romano tienden a convertir en ley su voluntad, se percibe la presión del reino y se adivina la existencia en el fondo de una transacción». 13 Lo cierto es que esa transacción, real o aparente, frecuentemente careció a corto plazo de efi cacia constatable. Los consensos se muestran las más de las veces muy inestables y transitorios; los pactos experimentan modifi caciones en cuanto a los compromisos y, en cuanto a sus integrantes, con extraordinaria celeridad. Ello no impedirá, sin embargo, que el pacto y la búsqueda de consensos acabe por afi rmarse a largo plazo como un instrumento efi caz a la hora de propiciar una integración más cómoda y estable de los distintos elementos de la sociedad política dentro de una monarquía que se había ido dotando de unos perfi les absolutistas en compatibilidad, sin embargo, con una reiterada representación de prácticas de consenso.14
. Decir consenso: alternativas terminológicas.
El vocablo consenso resulta de lo más infrecuente en los textos de la Castilla bajomedieval, no teniendo apenas presencia en el ámbito concreto del léxico relacionado con la práctica política. A partir de la consulta de la base de datos del Corpus diacrónico del Español de la Real Academia Española, ya podemos obtener como indicio sintomático el dato signifi cativo de una constatación de tan sólo cinco casos de su uso para el conjunto del periodo comprendido entre 1200 y 1500, lo que, por tanto, sitúa a nuestro vocablo en un nivel de utilización prácticamente despreciable.15 Además, esos cinco casos se remiten tan sólo a tres documentos; una concordia de la villa de Laredo, de 1409,16 otra del monasterio de Oña, de 1240,17 tratándose de un documento latino, y tres referencias procedentes de un mismo diccionario eclesiástico, datado hacia $1 4 5 0 ^ { 1 8 }$ . A la vista de estos ejemplos habría que pensar, ya no sólo desde el punto de vista lingüístico, como se acaba de indicar, que su uso carece de toda relevancia, sino que, además, se circunscribe sobre todo al ámbito de las instituciones eclesiásticas, más dependientes de los vocablos latinos en su versión original, correspondiendo su signifi cado al que se deriva del término eclesiástico consensu, con el que se alude al consentimiento de una autoridad eclesiástica superior para autorizar una determinada iniciativa. En defi nitiva, lo que predominó no es la idea de pacto y negociación, sino, más bien, la de concesión, autorización o consentimiento por parte de una instancia jerárquica superior hacia la petición de un solicitante inferior.
Es por ello que para situarnos en el terreno del signifi cado de lo que vendría a ser contemporáneamente la idea de consenso, en el contexto castellano bajomedieval habría que remitirse a otros vocablos alternativos, tales como consentimiento, o bien, como concertar o concordar.
En el caso de consentimiento, si se recurre al mismo procedimiento de consulta arriba señalado, puede comprobarse cómo entre 1200 y 1300 encontramos 113 casos, contenidos en 50 documentos; entre 1300 y 1400, 176 casos, procedentes de 71 documentos, y entre 1400 y 1500, 875 casos, recogidos en 270 documentos, observándose, además, como aspecto especialmente relevante, que es en el transcurso del siglo xv cuando comienza a ser frecuente la referencia al consentimiento como acto realizado en el marco de las relaciones políticas, mientras que con anterioridad predominaba el sentido de acuerdo entre particulares.
Por lo que se refi ere a concertar19 y concordar,20 ambos vocablos experimentan una rápida expansión a partir del siglo xiv, tomando uno de sus sentidos principales precisamente en el marco de la disputa política, sobre todo, según avanzamos en el siglo xv, presuponiendo una relación de confl icto previa entre posturas enfrentadas que se reconduce hacia la búsqueda de un compromiso de acuerdo. Es así que, desde el punto de vista terminológico, son seguramente estos dos vocablos los que en Castilla acaso mejor permitan identifi car en el universo lexicográfi co de la época considerada la voluntad de consenso llevada al terreno político. Sin embargo, su aplicación, especialmente presente en los textos de carácter cronístico, parece situarse en el plano de la descripción fáctica de desenvolvimiento de confl ictos, para cuya resolución se acude al acuerdo y la negociación, no tratándose, por tanto, en la mayor parte de los casos, de un concepto que se aplique a la articulación global de las relaciones políticas.
Suele valorarse preferentemente la infl uencia política del derecho romano en la evolución bajomedieval desde la perspectiva de su contribución a la afi rmación de los derechos políticos del príncipe, tal como se manifi esta en la expresión imperator in regno suo, en cuanto a caracterización global de su posición de poder o, por lo que se refi ere a su faceta como legislador, mediante la expresión princeps legibus solutus, 21 facilitando su evolución hacia la expansión de la potestas absoluta o, como se conoció en Castilla, del poderío real absoluto, frecuentemente reivindicado como necesidad para la salvaguarda de otro principio romanista, ampliamente valorado desde la escolástica, el de la res publica, el bien común.22 Sin embargo, la recepción del romanismo también contribuyó a propiciar el conocimiento de otros principios políticos que podían interpretarse como antitéticos de los que se acaban de señalar. Este es el caso de aquéllos que daban fundamento a la reclamación de mayor participación política, que se ha identifi cado en términos de corriente democrática medieval, y que simbólicamente se expresaba en la conocida fórmula del Codex Justiniani, en la que se afi rmaba quod omnes tangit, omnes debet approbari, 23 cuya presencia en el pensamiento y en la práctica política de la Castilla bajomedieval ya han sido ampliamente constatadas.24.
Por otro lado, la recepción aristotélica va a tener una fuerte infl uencia en la defi nición de los principios conciliaristas, apenas éstos comiencen a abrirse paso ya en las primeras décadas del siglo xiv, lo que contribuirá a que el concepto aristotélico de democracia sirva para dar mayor peso a prácticas políticas en las que la negociación, el consentimiento y el consenso tengan una presencia aumentativa, favoreciendo las posibilidades de interpretación en clave republicana de las refl exiones de algunos señalados conciliaristas, tal como será el caso de los dos que más nos interesen por su atención hacia las iniciativas de consenso, como Marsilio de Padua y, más tardíamente, Nicolás de Cusa.25.
Cuando Marsilio de Padua enumera los distintos tipos de gobierno, el criterio básico sobre el que asienta su caracterización se refi ere a si quien gobierna lo hace en función del bien común y si tiene en cuenta la voluntad y el consentimiento de los súbditos, de modo que la presencia de alguna forma de consenso juega un papel determinante en la caracterización de la teoría política marsiliana.26 Del mismo modo, Marsilio de Padua reivindicará la participación política de la comunidad civil, que estaría integrada por todos los ciudadanos, con exclusión de los niños, los esclavos, las mujeres y los extranjeros, siendo esta comunidad civil o su parte preponderante la que ejercería la atribución de hacer leyes.27.
La crisis conciliar y la ampliación de las teorías conciliaristas supusieron un importante factor de impulso de la reivindicación de la práctica del consenso ya comenzado el siglo xv. En tal sentido, probablemente fue Nicolás de Cusa el que, a través de su De concordantia católica, llevó a cabo una iniciativa argumentativa en la que la referencia al consenso alcanzaba una presencia más relevante.28 Desde esta perspectiva de Nicolás de Cusa, la necesidad de consenso y las posibilidades objetivas de alcanzarlo nacen de que la consecución de acuerdos debe ser el resultado del libre asentimiento de todos, lo que precisa de la libre sumisión de todos o de la mayor parte a lo acordado.29 Aunque planteado desde la problemática concreta de los debates eclesiásticos, este enfoque lo traslada a la comunidad política en su conjunto. Así, tal como ha puesto de relieve algún autor,30 la doctrina del consenso se convierte en uno de los motivos más importantes de su obra. Su fundamentación, además, se presenta como múltiple, siendo de índole jurídico-canónica, mediante la referencia a la máxima ya aludida quod omnes tangit…; de índole histórica, para lo que se apela a los antiguos concilios y a sus relaciones con el poder temporal; de índole fi losófi ca, al entender que el consenso se basa en el derecho natural, por el que todos los hombres son libres por naturaleza, por lo que el dominio de uno sobre otro exige de una justifi cación, y, fi nalmente, de índole teológicoescrituraria, que supone la consideración de la igualdad entre los apóstoles, y que le llevará a negar la plenitudo potestatis pontifi cia, considerándola causa principal de difi cultad para alcanzar su ideal de concordancia entre todos los católicos.31.
De este modo, a pesar de que ocasionalmente Nicolás de Cusa se presente como partidario de la monarquía absoluta, la apelación al consenso acabará teniendo un lugar decisivo en su pensamiento político: «todo régimen presupone el consenso de los súbditos y no puede ser introducido de otra manera, porque eso signifi caría contradecir el derecho natural que exige el consenso». 32.
Animado por las mismas inquietudes de consenso en el seno de la Iglesia, algunos de los planteamientos ya señalados para Nicolás de Cusa serían extrapolables a la eclesiología del cardenal Juan de Segovia, como destacado representante hispano del pensamiento conciliarista.33 Precisamente Juan de Segovia coincidiría con Nicolás de Cusa en dotar de argumentos a favor de la nueva preocupación nacida en el entorno pontifi cio de algunos papas de especial inclinación humanista, como Nicolás V, por buscar vías para un diálogo interreligioso, pensando en un acercamiento al ámbito islámico tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Esa aspiración de diálogo entre religiones exigía de una búsqueda de consenso y concordia como actitudes vitales imprescindibles en el seno del ambiente humanista que respaldaba tal iniciativa.34.
En esta misma línea de concepción conciliarista se movería también Alonso de Madrigal, al que luego se prestará más amplia atención en función de sus ideas políticas, dando ejemplo de la conexión entre pensamiento conciliarista y renovación del pensamiento político.35.
La labor de traducción de Leonardo Bruni (1370-1444)36 sobre las tres obras aristotélicas que más interés y creatividad generaron entre los autores castellanos de la segunda mitad del siglo xv, la Etica, la Política y la Económica, viene a suponer, junto con el pensamiento conciliarista al que se acaba de hacer referencia y el incremento de textos de autores grecolatinos más ampliamente accesibles,37 el otro ingrediente decisivo que contribuya a que en Castilla comience a tener algún relieve la refl exión sobre la importancia del consenso político como argumento de refl exión.38 Es bien conocido el extenso debate abierto por las nuevas formas de traducción que aportaba Bruni en su acercamiento a Aristóteles, en discordancia con criterios más tradicionales que sujetaban el mundo conceptual aristotélico a los límites de la interpretación escolástica.39 En cualquier caso, y en gran medida gracias a lo que pronto fue una especie de redescubrimiento de ciertos autores clásicos ahora bajo la luz de las nuevas traducciones, sería, en efecto, a partir del comentario de estos textos aristotélicos, así como de algunos ciceronianos, cómo se articularían aquellas ideas que más podían contribuir a buscar formas de organización de la sociedad en que se hicieran posibles nuevas formas de participación desde una exigencia de mayor protagonismo de prácticas de consenso. Sin embargo, más allá de la tradicional caracterización republicana, con frecuencia excesivamente idealizada, aplicada a la perspectiva de Bruni, éste, tal como se ha puesto de relieve,40 planteaba sobre todo las cuestiones desde el prisma de la retórica argumentativa, siendo esta óptica la que predominaba por encima de aquella otra que pudiera entenderse como un verdadero modelo político alternativo que implicase un cambio efectivo en cuanto a los protagonismos políticos.
Por otro lado, tras ese republicanismo participativo de los comienzos del humanismo político, el propio cambio de escenario político en la península italiana haría que el humanismo republicano fuera tomando un perfi l más monárquico, abandonándose o, cuando menos, relativizándose el protagonismo de los ciudadanos por el de los príncipes, de nuevo, lo que, seguramente, contribuyó a que asuntos como el del consensus populi se reinterpretasen bajo un perfi l más de conveniencia política y de interés del príncipe y desde la perspectiva del ejercicio de su poder y afi rmación de su autoridad que en función de los derechos ciudadanos y de la capacidad de limitación del poder.41 Este cambio, desde el punto de vista las fuentes del pensamiento político entre los autores castellanos tendría su importancia ya que, tal como se ha señalado en alguna ocasión, favorecería un paulatino postergamiento de Aristóteles por Platón.42.
Basta con lo señalado para poner de relieve la existencia de distintas corrientes de pensamiento en donde se concede un lugar central a las iniciativas de consenso en las relaciones políticas y que experimentó una apreciable infl uencia según avanzamos en el siglo xiv y penetramos en el xv. Pero tal tendencia no fue un fenómeno ajeno al ámbito castellano, en donde también se advierte una preocupación intelectual sobre el lugar que la negociación, el pacto y el consenso deben ir ocupando en el devenir político, en general, y castellano, en particular.
. Atisbos del consenso en el monarquismo castellano tradicional.
Volviendo la mirada al ámbito castellano, resulta curioso comprobar cómo un observador directo de la realidad política castellana, el cronista Alvar García de Santa María, mero narrador de los acontecimientos políticos y habitualmente nada tentado de elaborar forma alguna de refl exión teórica sobre el sentido de las relaciones políticas que describía, racionaliza la importancia de la negociación y del acuerdo en el marco de las tensiones políticas castellanas, aludiendo en concreto a las negociaciones que tuvieron lugar en el seno de la corte a fi nes de 1427 con relación a la privanza de Don Alvaro de Luna y que acabarían dando lugar a un acuerdo para la salida de éste de la escena cortesana por un breve tiempo. García de Santa María partirá de una refl exión conceptual sobre la búsqueda de consensos, para introducir el desarrollo de las negociaciones referidas al hecho que se acaba de mencionar, al afi rmar que
grave cosa es traer muchos entendimientos á una opinión, aunque sean de una voluntad, é mucho más grave, cuando son de contrarias é diversas voluntades, é que non tienden á un fi n; é por ende el mejor remedio de que en esto tal por la mayor parte se usa, es trabajar por sacar las cosas de muchos entendimientos é voluntades, é traerlas á los menos que ser pueda. Los que á buen fi n lo facen, buscan los menos é más sanos; los que á otros, buscan otro. É porque en estos debates non solamente había muchos é diversos entendimientos, mas contrarios, ca principalmente dos partes contrarias, una de los que estaban con el Rey, é otra de los que estaban en Valladolid; é si bien se escudriñara, en cada una de estas partes se fallaran contrarias voluntades; é por ende es de creer que esta consideración hobieron los que trataron que estos fechos se dejasen en pequeño número de personas.43.
Desde la perspectiva, ya no del orden político, sino del marco legal superior a los diversos principados, no falta algún testimonio castellano en el que se reclama lo que bien puede interpretarse en clave de consenso con relación al establecimiento de un derecho de gentes universalmente compartido. Así lo plantea Alfonso de la Torre en su Visión deleytable44 cuando afi rma:
E la segunda cosa que entr’ellos estableçieron los sabios fueron las leyes, ca vieron que razonable era allende del derecho natural, que era común a todos los animales, aver entre los omnes derecho que se llamase derecho de las gentes, en el qual casy todas las gentes concordasen e los más de aquéllos, en el qual se contuviesen las divisyones de las heredades, la seguridad e posesyón de las cosas propias, fábricas e murallas, e de hedefi çios e de armas defensyvas e ofensyvas, batallas, cabtividades, servitudes, juramentos, pazes e treguas, casamientos e otras senblantes cosas. E en aquesta consideraçión los truxo el disçernir de las cosas».45.
De este modo, reclamaba una especie de consenso originario y fundacional de un derecho de gentes en el que quedasen regulados los aspectos más básicos de las relaciones humanas y que superase los límites de las fronteras, para lo que contaba con una extensa tradición erudita al respecto.46 Esta fue una idea que no pasó desapercibida a Alonso de Madrigal que se interesó también por el ius gentium, interpretado como una parte del derecho natural, extendiendo su infl uencia en este punto a la escuela salmantina del xvi, tal como comprueba Francisco de Vitoria.47 Así, a pesar de que el pensamiento de Madrigal sobre la guerra y sus implicaciones jurídicas y éticas resulta todavía bastante limitado y poco elaborado, no llegando a elaborar una doctrina coherente «resulta innegable el mérito de Madrigal en iniciar la construcción de un concepto de guerra justa que con el tiempo irá adquiriendo contornos más precisos». 48 En cualquier caso, resulta evidente la consciencia de Madrigal con respecto a un ius gentium en torno al cual debe producirse la más amplia de las aceptaciones y, por ello, el máximo de los consensos para que pueda alcanzar alguna forma de efi cacia.
Ya por esas fechas, inmediatamente previas a mediados del xv, ha situado algún autor los primeros indicios del «triunfo» de Cicerón en el medio castellano,49 habiendo sido uno de los autores clásicos de amplio reconocimiento entre el humanismo emergente, tal como sucederá también entre los humanistas hispanos,50 que había abordado con mayor detalle y afán de conceptualización el problema del consenso y su diversa interpretación, tal como se refl eja en su De re publica.51 En esta obra distinguía entre el consensus bonorum, interpretado como el consenso de los buenos y sabios; la concordia ordinarum, que representaría el equilibrio entre los distintos estamentos, y el consensus populi, o pacto natural entre todos los ciudadanos,52 siendo esta última acepción la que, en tanto que coincidente con la herencia aristotélica, tuvo más presencia entre los humanistas italianos, puesto que era la que ofrecía mayores posibilidades a los nuevos ideales de participación política. Sin embargo, el interés en Castilla por los escritos de Cicerón no se encauzó precisamente hacia su obra política, sino que fueron sus aportaciones a la ética y, sobre todo, a la retórica y a la elocuencia las que mejor prendieron.53 Así, lo que podría haber sido una fuente de introducción del consenso como referente de interés en el debate político, tal posibilidad quedó menos aprovechada de lo que hubiera sido posible. De ello nos ofrece buen ejemplo el obispo Alonso de Cartagena, atento traductor y comentarista de la obra ciceroniana, con la que tomó contacto durante su actividad como embajador en Portugal, reino al que cursaría repetidas misiones en el transcurso de la década de los años veinte, que le ofrecerían la oportunidad de contactar con distintas obras adquiridas por eruditos lusos en Italia. Sin embargo, de esa labor traductora y de comentario estará ausente la política ciceroniana, que quedaba bien lejos del concepto político de Cartagena, bien distante de las innovaciones humanistas para lo que se refería a la interpretación de los conceptos políticos con los que se manejaba, mientras que para otras cuestiones se manifestaba como un humanista convencido.54.
En efecto, las ideas políticas que va desgranando de manera más o menos dispersa y esporádica a lo largo de sus distintas obras, en muchas de las cuales la refl exión política tiene alguna presencia,55 aunque no se producen al margen de las lecturas de autores como Cicerón, Aristóteles o Platón, no rebasan la perspectiva interpretativa propia del pensamiento político escolástico.56 A pesar del predominio de un concepto de monarquía autocrática y de origen divino, es en el contexto de su participación basiliense donde, como consecuencia seguramente del ambiente conciliarista, se detecta una mayor proximidad a lo que podría interpretarse como criterios políticos más populistas que implicasen como origen del poder regio la transferencia del poder del pueblo al príncipe.57 Cuando reivindica la importancia de la paz como ideal político señalará como condición necesaria para su consecución la unanimidad en las creencias.58 Probablemente, sea en este punto en el que se sitúa más próximo a alguna forma de reivindicación de alguna forma de consenso que, en cualquier caso, no parece formar parte relevante de sus ideales políticos.
Por su parte, Rodrigo Sánchez de Arévalo, también desde una perspectiva expresamente aristotélica, pero enfocada desde un concepto de monarquía rotundamente tradicional, en donde todo arranca del origen divino del poder real, a pesar de la falta de alusión expresa al consenso dentro de sus refl exiones sobre teoría política, no deja de hacer referencia como término equivalente al vocablo concordar, al que sitúa con toda rotundidad en el mismo centro de la práctica gubernativa cotidiana:
pues todo buen político debe concordar a los cibdadanos y a los poderosos discordantes, de guisa que todos sean conformes al bien común, tomando enxemplo en el cuerpo humano, en el que son diversos miembros, pero todos son conformes para el bien del cuerpo, y ayúdanse y sirven unos a otros y son muy solícitos a defenderse […] Assí deven fazer los miembros de toda cibdad e de todo reino, pues es un cuerpo místico, e, por tanto, dévese ayudar porqu’el bien común se augmente por su concordia y unidad.59.
Además, este ideal de concordia colectiva lo ve amenazado por la presencia de la diversidad de costumbres, tal como sucede cuando se produce la afl uencia de extranjeros,60 con lo cual establece de hecho una condición previa para cualquier aspiración de consenso que se convierte así, en la práctica, en dif ícilmente viable.
Como se ve, el punto de partida de su argumentación permanece aún muy alejada de las nuevas vías interpretativas vinculadas al humanismo político, pues sigue todavía moviéndole en los límites de la concepción corporativa, en donde el cuerpo que representa la comunidad política debe permanecer sometido a las exigencias del príncipe que, como corazón, cabeza y alma, habrá de estimar lo conveniente a la salud de ese cuerpo, lo que, por tanto, nos remonta a conceptos que llevaban varios siglos en circulación,61 aludiendo expresamente el propio autor a cómo se inspira en el Policraticus de Juan de Salisbury. Y continuará bajo la inspiración de este autor cuando Sánchez de Arévalo establece el símil musical para explicar su idea de consenso político: «De lo qual resulta que al offi cio de todo buen político pertenece trabajar con prudencia y arte, a enxemplo del buen músico, por manera que de todos los miembros de la cibdad, aunque parezcan diversos en opiniones, faga una concordia y unidad y dulce consonancia de paz con sagacidad y prudencia musical». 62 En cualquier caso, se comprueba cómo aborda la cuestión desde la perspectiva de lo que conviene al buen gobierno del príncipe, y no, en cambio, desde la reivindicación de lo que pudieran ser derechos de participación de los gobernados. Es en esta misma línea argumentativa en la que se mueve su tratadito Exhortación de la paz (Exortación de la pas),63 en el que, a pesar de la importante acumulación de referencias de autores grecolatinos, se muestra muy dependiente de una visión predominantemente agustinista en su forma de ver la política, siendo precisamente las referencias a San Agustín las que actúan como punto de arranque de este texto,64 con el que busca mostrar a Juan II la importancia de los esfuerzos dirigidos a la búsqueda de concordia como principio esencial de gobierno.
Es precisamente este tradicionalismo, en riguroso contraste con la retórica política humanística, el que se revela cuando afi rma con notable rotundidad la necesidad en toda circunstancia del sometimiento al príncipe, tal como explica en una epístola a Jorge de Trebisonda, quien se hallaba preso en el castillo de Sant’ Angelo, bajo su alcaidía.65 Así, en esta carta, y en respuesta al interés de aquél por saber el origen de la decisión del papa Paulo II de encarcelarlo bajo la vigilancia del obispo castellano, éste le responderá cómo el sólo pensamiento contrario al príncipe ya merece castigo, elevando además tal idea a algo querido por Dios, afi rmando también que cuando se desacredita a un príncipe es como si se quisiera desacreditar a Dios mismo, en aplicación de la idea del origen divino del poder.66 La compatibilidad entre una forma de ver la relación entre gobernantes y gobernados tan tradicional y, a la vez, el reconocimiento del valor político de la práctica del acuerdo como necesidad ofrece, cuando menos, lo que bien podría considerarse como una curiosa impostura que, en realidad, no es tal si se tiene en cuenta el variado arco interpretativo desde el que cabe abordar el propio concepto de consenso.
. La recepción del humanismo cívico en Castilla y sus límites.
La introducción de la infl uencia del pensamiento propiamente humanista en Castilla se hace particularmente intensa en el transcurso del reinado de Juan II. Tal como ha sido repetidamente puesto de relieve por distintos autores, durante ese reinado se constatan tres manifestaciones claramente favorables a tal proceso: el intercambio epistolar de Alfonso de Cartagena con los humanistas italianos, actividad que tendrá continuidad con algunos de sus discípulos, como es el caso, sobre todo, de Rodrigo Sánchez de Arévalo; la intensifi cación del contacto personal de distintos autores castellanos con reputados humanistas italianos, como consecuencia de la venida de algunos de estos a España, como es el caso de Pizzolpasso o de Aurispa; la presencia más o menos prolongada de algunos castellanos en Italia, siendo el ejemplo más destacado el del ya mencionado Sánchez de Arévalo, o bien como consecuencia de las relaciones personales trabadas durante el concilio de Basilea y, fi nalmente, por la adquisición de numerosas obras compradas en Italia, entre las que se contaban tanto las resultantes de la labor de algunos de los más destacados humanistas, entre los que tiene lugar señalado Bruni, entre otros, como aquellas otras en forma de textos de autores clásicos griegos y latinos.67.
Fue sobre todo el reforzado interés en la Castilla del siglo xv por el pensamiento político aristotélico lo que situó en el centro del interés de algunos de los pensadores castellanos más relevantes del momento el problema de la participación política, cuya viabilidad arrancaba del establecimiento de un consenso sobre la bondad de tal aspiración como óptimo político. Esa conexión entre aristotelismo renovado y derechos de participación política nos pone sobre las huellas de lo que fue el proceso de penetración de las inquietudes propias del humanismo cívico en Castilla.
Este humanismo cívico, cuya constatación histórica debe mucho a los estudios de Hans Baron, publicados a partir de 1955, sobre la actividad intelectual y el pensamiento político en la Florencia del siglo xv,68 suponía que, a partir de la nueva lectura que en el ambiente humanista fl orentino se llevó a cabo de las obras de Aristóteles y de Cicerón, se podía afi rmar que la maduración de la personalidad del individuo implicaba necesariamente la participación activa en la vida de la ciudad. La actividad política formaría así parte esencial del ser individual. Es por eso que, bajo su infl uencia, el consenso como exigencia de la participación política y como fundamento de la existencia propia de la comunidad política, se convierten en ingrediente necesario de la actividad política de la ciudad.69 Sin embargo, a pesar de todos estos indicios de renovación, no conviene perder de vista que en ningún caso estamos ante verdaderas rupturas con la tradición escolástica que seguiría manteniendo un peso bastante considerable, incluso en aquéllos más entusiastas por los mensajes del republicanismo italiano.
Según nos acercamos a los años centrales del siglo xv adquiere impulso en la universidad de Salamanca un cierto aristotelismo apoyado y fortalecido por los nuevos planteamientos humanistas al que harán aportaciones muy apreciables autores como Alonso de Madrigal «El Tostado», Pedro Martínez de Osma, o Fernando de Roa.70 En la formación de esta línea interpretativa tendría un papel decisivo la disponibilidad de los resultados de la labor traductora de Leonardo Bruni, a la que ya se aludió antes. El republicanismo desde el que han sido interpretados buena parte de sus escritos parece implicar, además, una exigencia de mayor participación en los asuntos públicos, un fundamento consensuado del propio concepto de comunidad política. Son, así, estos maestros salmantinos recién citados los que nos ponen sobre la pista de una primera forma de humanismo cívico castellano en el que parece que se dan circunstancias intelectuales idóneas para rastrear alguna forma de incorporación signifi cativa del consenso al universo de los conceptos políticos.
El análisis de las ideas políticas de Aristóteles, sin olvidar las de Cicerón, realizado por Alonso de Madrigal (1401-1455) ejerció una considerable infl uencia en estos medios académicos.71 Suponiendo, sobre todo a través de su De optima politia, una clarifi cación conceptual que favorecería la aproximación de otros autores castellanos posteriores a las mismas fuentes.72 Así, Alonso de Madrigal, a partir de Aristóteles, situará la piedra angular de la comunidad política ideal en la communi deliberatione, siendo de ésta de donde debe salir el contrato político que garantice la estabilidad de la convivencia pacífi ca. La necesidad de esa común deliberación sería aplicable para cualquier régimen político, fuera éste, siguiendo la clasifi cación aristotélica, aristocrático, monárquico, oligárquico, timocrático o democrático, y vendría dada por el hecho de que toda ciudad precisaría de leyes mediante las que se resuelvan las pendencias resultantes de la propia participación de los ciudadanos. En consecuencia, la participación de los ciudadanos, a la que no puede renunciar la ciudad, exige de leyes, pero para que éstas sean capaces de resolver los confl ictos originados por la participación política se precisa también que esas leyes estén lo sufi cientemente aceptadas, lo que sólo se puede alcanzar si ha existido una común deliberación que, en este caso, vendría a expresar el consenso imprescindible sobre el que se asienta el conjunto de la comunidad política.73 Esta necesidad de consenso se vería reforzada por la consideración de la elección, frente a la herencia, como el procedimiento más adecuado para la designación del príncipe como mandatario de la monarquía a la valora como el mejor de los regímenes políticos,74 aunque no exento de peligros, lo que hace que nuestro autor pase de mostrarse, en unas ocasiones, como defensor del modelo monárquico, como, en otras, claro detractor del mismo. Con ello, estaría retomando argumentos aristotélicos procedentes del libro tercero de La política, que, a su vez, habían recibido una extensa atención por parte de Marsilio Padua.75.
Además, Madrigal, como luego también Roa, aunque acepta la posibilidad de un gobierno monárquico, no deja de hacer un planteamiento crítico de dicho modelo que interpreta como basado en una forma de ejercicio del poder más propia del padre sobre el hijo o del amo sobre el siervo, prefi riendo, en cambio, un modelo de gobierno que responda más bien al que sería propio de aquel que se produce entre hermanos,76 es decir, entre iguales, lo que exige necesariamente del acuerdo ampliamente compartido y que presupone como origen de la acción político y como fi n último el consenso. La politia ocupa el lugar central, en cuanto que concepto clave, en el pensamiento político de Madrigal. La politia viene a representar el orden bajo el que deben agruparse los ciudadanos para constituirse en comunidad política.77 Pero se trata, sin duda, de orden un acordado, lo que debería convertir a la politica en el efecto de un consenso previo.
Con el aumento del peso académico de las ideas políticas de Aristóteles,78 se constataría el incremento de la atención hacia todo lo que se relacionaba con las formas de participación política en el gobierno de la ciudad y hacia las distintas formas de compromiso político colectivo.79 Esto es, precisamente, lo que se observa en algunos autores especialmente activos ya en la segunda mitad del siglo xv, como sería el caso de Pedro Martínez de Osma (1424-1480)80 o de Fernando de Roa († antes de 1502). Tanto en un caso como en otro podría valorarse hasta qué punto estaría presente una cierta forma de humanismo cívico, proyectándose su infl uencia en el ámbito castellano más allá del propio siglo xv. Así, con las aportaciones, muy estrechamente conectadas, a veces incluso indistintamente atribuidas a uno o a otro, de Pedro Martínez de Osma81 y Fernando de $\mathrm { R o a } ^ { 8 2 }$ se plantearían desde el aristotelismo refl exiones sobre asuntos que tocaban de lleno a la caracterización institucional de la monarquía de su tiempo como los siguientes, en donde la exigencia de alguna forma de consenso parece estar siempre presente como condición necesaria: la pertenencia originaria del principado al pueblo quien, por elección, podría delegarlo en un rey; los inconvenientes del carácter perpetuo y hereditario del poder monárquico, los benefi cios del sistema electivo, los peligros de los cargos perpetuos, la mayor exigencia de virtud en el gobernante (vir optimus).
En algún caso, como el de Fernando de Roa, esa necesidad de consenso dirigido a la consecución de una monarquía más participativa conducía a proponer un «gobierno de las clases medias, mediocres, procurando reducir los gobiernos reales o monárquicos ad mediocrem modum repartiendo el poder del rey». De este modo, Fernando de Roa sostendría que el gobierno real «se mantiene mejor cuanto más se acerca a este gobierno de las clases medias en el que la soberbia y la envidia son menores». Al reclamar con esta propuesta una radical limitación del poder regio para favorecer un modelo político más participativo,83 también quedaba implícita la búsqueda de lo que podría interpretarse como el consenso social más amplio en torno a un determinado tipo de régimen político.
En efecto, el maestro salmantino Fernando de Roa será uno de los que mayor interés muestre por la argumentación a favor de una teoría política basada en el protagonismo de la participación ciudadana, si bien, en este contexto, no parece conceder especial relieve a la búsqueda misma de consenso, aunque pueda percibirse como implícita en su propuesta teórica. Su modelo de principado civil, basado en la sujeción del príncipe a la ley en el marco de una comunidad de individuos libres e iguales, comporta el respeto del poder civil hacia la voluntad popular, a la vez que, dado que en el civile imperium de Roa los mandatarios no tienen un carácter perpetuo, sino que sus mandatos son temporales, debiendo, además, asegurar la participación política de los gobernados, parece inevitable pensar que la continua búsqueda de consenso no puede estar ausente en su utopía.84.
Es también en esta línea de recepción del infl ujo humanista que da lugar a que la viabilidad de la comunidad política exija como instrumento fundacional el consenso de todos. Esto es algo que ya se refl eja como principio político asumido por Alonso de Palencia en 1490 en su Universal Vocabulario, cuando al defi nir la palabra populus afi rma que «est humane multitudinis iuris consensu, concordie communione sociatus». 85 En tal defi nición estaría resonando con toda nitidez el proceso de recepción al que se había visto sometido el pensamiento aristotélico en las últimas décadas, tal como ya había enunciado El Tostado en su De optima politia, comprobándose ahora esta idea de consenso convertida en lugar común que actúa como principio fundacional de la propia idea de comunidad política.
En consecuencia, bien podría plantearse que desde que el aristotelismo, bajo la interpretación del humanismo cívico, comienza a tener alguna presencia en Castilla, se aplica cada vez más a la reivindicación de la mayor participación política del ciudadano, apostando por la preferencia por la vida activa frente a la contemplativa con relación a los asuntos públicos. Así, el consensus populi se haya cada vez más implícito en el cualquier desarrollo argumentativo relacionado con este tipo de planteamientos.
En defi nitiva, a partir de los autores considerados, no parece dudoso que, a partir de las corrientes de origen romanista, aristotélico o conciliarista, tanto en el marco europeo como específi camente castellano, la afi rmación de las relaciones políticas sobre la búsqueda constante del consenso parece convertirse en una preocupación principal para algunos de los intelectuales más atentos a los debates políticos de su tiempo.
. Conclusiones.
Poseedor de un perfi l teórico concreto en el marco de la moderna teoría política que ha sido puesto de relieve al comienzo de estas páginas, la aplicación a la época bajomedieval del concepto de consenso no deja de tener implicaciones problemáticas, sobre todo, si se tienen en cuenta los diversos matices que conlleva en su enunciación desde la perspectiva de la teoría del análisis de los sistemas políticos.
De hecho, se comprueba una rarísima utilización en los textos bajomedievales castellanos de la palabra consenso, estando sobre todo aplicada a asuntos de índole eclesiástica, lo que no impide, sin embargo, la presencia de otros vocablos, tales como concordar, acordar o concertar, que se prestan a una extensísima utilización como indicio del relieve político de tales tipos de iniciativas.
Resulta evidente, no obstante, que, a partir sobre todo de la incorporación de las corrientes de pensamiento vinculadas a la expansión experimentada por el humanismo cívico, y que también alcanzan al ambiente intelectual castellano, la idea de consenso, asociada a los ideales de mayor participación política vinculados a ese humanismo cívico, parece adquirir un papel ineludible. Sin embargo, la dimensión retórica de ese consenso, como del propio republicanismo que se reclama en el marco de esas líneas de pensamiento, relativiza y problematiza la verdadera dimensión política que se le pueda otorgar a ese consenso retórico a la hora de convertirlo en una verdadera opción de mayor participación política que suponga una diversifi cación tangible de protagonismos colectivos.
Esta valoración de la idea de consenso en el marco del pensamiento político de fi nes del medievo en Castilla se hace mucho más necesaria si se tiene en cuenta que el objetivo de la concordia como centro y razón de ser de la vida política estuvo presente en algunos de los principales y más innovadores marcos de refl exión política del momento, como sucedió en el caso del aristotelismo, del romanismo o del conciliarismo. En cualquier caso, en un sentido genérico, el consenso nos remite a contextos de acuerdo y negociación de gran relevancia en el desarrollo de las dinámicas políticas concretas, tal como se observa, en otros en el caso castellano, lo que por sí mismo justifi ca la necesidad de una indagación de su fundamentación intelectual.
De este modo, la toma en consideración de un cierto concepto de consenso aplicado a los ideales políticos y al emergente interés por los temas de pensamiento político en el marco del incipiente humanismo y la reinterpetación y ampliación del aristotelismo parece imprescindible. En efecto, su consideración en el marco cronológico considerado nos sitúa en los primeros pasos de un camino que acabará conduciendo, ya en una fase más avanzada del humanismo político, a la afi rmación de un concepto imprescindible en la construcción de la comunidad política ideal y que acabará siendo asumido como lugar común por los autores interesados en tal asunto en el tránsito del medievo a la modernidad. A ello se añade cómo, a veces, también estuvo presente en los procesos confl ictivos en curso, acaso no del todo al margen del análisis intelectual que podía desprenderse de ciertos autores clásicos, cuyas traducciones iban abundando, y cuya lectura comenzaba a interesar a algunos de los principales protagonistas políticos de aquel tiempo. Todo ello convierte la idea de consenso en referente de análisis obligado con relación específi camente a una época como fue la propia de la dinastía Trastámara en Castilla, ofreciendo una perspectiva de refl exión a tener en cuenta.