ALFONSO, Isabel, José M. ANDRADE y André Evangelista MARQUES. Records and Processes of Dispute Settlement in Early Medieval Societies. Iberia and Beyond. Leiden: Brill, 2023. 425pp. ISBN: 978-90-04-68295-5.
Reseña de acceso abierto distribuida bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0). / Open access review under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
DOI: https://doi.org/10.24197/em.26.2025.507-511.
Desde que se renovaran en los años ochenta bajo el influjo de la antropología, los estudios sobre la justicia y los procesos de resolución de disputas han contribuido de manera fundamental a nuestro conocimiento sobre las sociedades altomedievales. Esta línea de investigación se ha enriquecido en los últimos tiempos gracias a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de las fuentes de las que disponemos, sobre cómo se han conservado y sobre cómo podemos hacer a día de hoy para transmitirlas y hacer disponible la información que contienen. En este contexto se incardina el proyecto Procesos Judiciales en las sociedades medievales del norte peninsular (siglos IX-XI) (PRJ), de cuyos principales resultados da cuenta el libro que es objeto de esta reseña. Se trata de un volumen que va de la mano de una base de datos en línea (http://prj.csic.es/) que proporciona acceso a todos los registros de disputas conservados para el noroeste peninsular ‒salvo, por el momento, a los de Cataluña, que, no obstante, y hasta el siglo XII, han sido objeto de edición reciente en dos volúmenes disponibles en acceso abierto‒. Además, la base de datos permite hacer algunas comparaciones cuantitativas sobre la naturaleza de los registros conservados para cada región.
El libro lo abre una introducción que explica los criterios que guiaron a los editores en la confección del volumen y que, a su vez, sirven para entender mejor los fundamentos metodológicos sobre los que se asentó el proyecto PRJ. En ella se detallan los detalles técnicos del proceso de recopilación del corpus documental, que se analiza en la primera parte del libro. El capítulo 6, a cargo de Francesca Tinti, ofrece una descripción más detallada de la base de datos y de sus funcionalidades. Además, la pone en el contexto de otras iniciativas similares para otras regiones europeas, lo que permite evaluar mejor la aportación que representa PRJ como recurso digital.
La obra se divide en tres partes. La primera comprende varios capítulos en los que se analiza de manera minuciosa el corpus de registros de disputas compilado en el marco de PRJ para el norte de la península ibérica hasta el año 1100. Aunque cada capítulo aborda una región distinta, el conjunto ofrece una perspectiva comparativa que permite observar los rasgos que unas y otras comparten ‒fruto de una misma tradición legal y diplomática‒, así como las peculiaridades de cada una. Se sientan así unas bases que podrían propiciar el desarrollo de investigaciones que trasciendan los marcos historiográficos tradicionales, marcados por las divisiones regionales. El primer capítulo se dedica a la documentación gallega, en la que la proporción de registros de disputas es particularmente alta en comparación con otras zonas. En él, José M. Andrade llama la atención sobre la preponderancia de la documentación monástica transmitida a través de cartularios ‒como en el caso de la castellana, que aborda más adelante Isabel Alfonso‒. Andrade lo relaciona, en parte, con el poder judicial del que aparecen investidos algunos grandes monasterios, como Celanova. Destaca, además, los registros de impagos ‒que encuentran en la documentación catalana un claro paralelismo, como observa Josep M. Salrach‒, así como los pleitos por la condición social de personas calificadas como servi, reflejo de un trasfondo social que distinguía a la región de otras del noroeste peninsular. Para el caso de León, Isabel Alfonso, en el segundo capítulo, señala el elevado número de documentos originales que se conservan, pero, sobre todo, las grandes colecciones documentales de dos laicos, los condes Fruela Muñoz y Pedro Flaínez, reflejo de cómo estos aristócratas desplegaron su capacidad judicial en las montañas leonesas ‒ análoga a la que la autora observa en los rotuli de Ballabriga y Benasque para el caso aragonés. La revisión que la misma autora hace de la documentación castellana en el capítulo 3 se centra en los documentos de un gran centro monástico, San Pedro de Cardeña, para detallar los distintos tipos registros que se conservan. Importan de este capítulo, porque tienen un valor más general, las preguntas que se formulan a propósito de la relación entre la naturaleza de los conflictos y las decisiones que se adoptaron a la hora de representarlos por escrito, incluida la propia elección del formato documental. En el capítulo 4, dedicado a Navarra y Aragón, además de ofrecer una visión general del corpus documental, Alfonso se pregunta por otra cuestión fundamental: el vínculo entre la construcción de la memoria institucional de las instituciones eclesiásticas y la naturaleza de los registros que se han conservado ‒algo que desarrolla en más detalle Juan José Larrea más adelante en el volumen. Finalmente, en el capítulo 5, Salrach traza una panorámica sobre la rica documentación de disputas catalana. Además de describir las peculiaridades de este corpus, el autor aborda la transmisión de la cultura legal visigoda tal y como se manifiesta en las copias del Liber iudiciorum que se conservan de este periodo y de las citas y referencias que de él se contienen en los registros de disputas.
En la segunda parte, la atención se vuelca sobre la manera en la que se registraban los procesos de resolución de disputas. En el capítulo 7, Warren C. Brown se apoya en su conocimiento de los formularios francos para ofrecer un análisis de las cinco fórmulas relativas al ejercicio de la justicia contenidas en las Formulae Visigothicae y los motivos que pudieron determinar que se hayan conservado, así como para esbozar algunas ideas sobre cómo este tipo de fórmulas habrían circulado entre los escribas de época posterior y el uso que se habría hecho de ellas. Brown observa que esas cinco fórmulas nos muestran, entre otras cosas, que en época visigoda se podían generar documentos a lo largo de las distintas etapas de los procesos judiciales, lo cual enlaza con el capítulo 8, que Wendy Davies dedica a la confección de registros de disputas en el noroeste ibérico antes del año 1000. En él, la autora demuestra, a través de la deconstrucción de textos compuestos de distintos registros, que a lo largo de un mismo proceso se podían generar documentos de distinta naturaleza, lo cual se lee como un interesante contrapunto a la noción de que la elección de uno u otro tipo de registro para representar y transmitir la memoria de un determinado conflicto pudiera obedecer a distintos criterios en función de la naturaleza del proceso, de las partes involucradas y de las estrategias desplegadas para legitimar su resultado y preservar su memoria. También François Bougard, en el capítulo 9, reconstruye la cadena documental que se podía generar en el curso de un proceso judicial en el caso italiano y lo contrasta con los cambios que se produjeron a partir de finales del siglo IX, cuando se observa una tendencia a favorecer la elaboración de un único registro centrado en la resolución del proceso y no en las sucesivas etapas del mismo. Destaca el papel que juegan en esta transformación los jueces y los notarios de Pavía, así como la relación que se aprecia entre ese cambio y los esfuerzos por controlar el uso de los documentos y sus consecuencias jurídicas. De vuelta a la península ibérica mediante una aproximación comparada entre la Toscana y Castilla-Álava, en el capítulo 9 Igor Santos Salazar profundiza en el estudio de las constelaciones de lo escrito que se articulaban en torno a los procesos judiciales. El autor considera ya no solo los registros de disputas en sí mismos, sino las referencias que se contienen en ellos a otros documentos esgrimidos como pruebas en esos conflictos; y a la vez reflexiona sobre cómo ello contribuyó a configurar el corpus documental que se nos ha transmitido. Con su análisis, Santos Salazar demuestra que la conciencia del valor de lo escrito era ampliamente compartida por el conjunto de la sociedad ‒también por las comunidades locales‒ y llama la atención, en particular, sobre el papel de las mujeres tanto en los procesos judiciales como en la preservación de los documentos que se presentaron en los mismos.
La tercera parte del libro contiene cuatro estudios aparentemente más centrados en los contextos sociales del ejercicio de la justicia y en los efectos que estos procesos tenían en el propio orden social, pero que mantienen, como componente fundamental, la reflexión sobre el vínculo entre la producción de los registros, la resolución de las disputas y la construcción de la memoria de las instituciones eclesiásticas en cuyos archivos se conservaron estos documentos. En el capítulo 11, Adam J. Kosto, haciendo uso de la rica documentación catalana, se pregunta si es posible detectar la aparición reiterada de las mismas personas en el ejercicio de distintos roles judiciales. Se centra, en particular, en el caso de escribas, jueces, sayones y mandatarii. La conclusión negativa que alcanza —pues son relativamente pocos los casos en los que se produce tal fenómeno— le permite sostener que la cultura legal y el conocimiento sobre los procesos judiciales eran ampliamente compartidos por un conjunto amplio de la población, y no por un limitado número de expertos. En el capítulo 12, Larrea arranca con la presentación de un pequeño dossier compuesto por los documentos más tempranos de un grupo de monasterios de la zona de los Pirineos, en el que hay una preponderancia de textos narrativos. En ellos ocupan un lugar destacado las descripciones de los conflictos que esos monasterios mantuvieron con las comunidades locales de su entorno por la apropiación de tierras, que se acompañan de detalladas descripciones de los límites de los espacios en disputa. Larrea demuestra cómo estos textos estaban destinados a legitimar la apropiación de esos espacios por parte de los monasterios; y, más allá de eso, reflexiona sobre cómo la lógica de apropiación del espacio que exhiben estas delimitaciones contrasta con otra, también documentada en esta época, fundamentada en el uso de los espacios productivos. El capítulo 13, cuyo autor es Julio Escalona, ilumina, por un lado, la compleja relación que existe entre los registros judiciales y otro tipo de documentos; y, por otro, cómo desentrañar esos vínculos nos puede ayudar a comprender mejor la propia naturaleza de los conflictos de los que emanaron. A partir de una breve y vaga noticia judicial añadida a un diploma regio conservado en el monasterio de Sahagún, el autor desarrolla una labor detectivesca que le permite desentrañar el caso de un homicidio que les ofreció a los monjes una oportunidad para afirmar el control que reclamaban sobre un territorio rico en recursos, así como el dominio sobre las comunidades que lo habitaban. Finalmente, en el capítulo 14, Kim Esmark analiza uno de los casos judiciales más tempranamente documentados en Dinamarca, que data ya de finales del siglo XII. La extrañeza que pudiera generar la inclusión de un contexto tan distante, tanto geográfica como cronológicamente, se ve ampliamente compensada por el interés que tiene el caso, y es que sobre el mismo se conservan dos registros judiciales diferentes, cada uno de los cuales parecería representar la voz de cada una de las partes en disputa. Nos permiten así profundizar en cómo se construían los discursos que resultaban de esos procesos.
En conjunto, este volumen ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la multitud de actores, voces, iniciativas e intereses que se conjugaban en la confección de los registros judiciales, que determinaron cómo se representaron y cómo se transmitió la memoria de esos conflictos y que condicionaron, a su vez, el efecto que la producción de estos documentos pudo tener en los contextos sociales en los que se redactaron. Desde esta perspectiva, el libro se lee como una invitación a avanzar en el estudio de los procesos de resolución de disputas de la mano de la historia social de la cultura escrita, para lo que la ingente labor de recopilación documental realizada en el marco de proyecto PRJ representa una piedra de toque fundamental.
Cabe volver, para terminar, al capítulo de Tinti y a sus reflexiones sobre el impacto y la continuidad que cabe esperar de estos proyectos de Humanidades Digitales, así como sobre las dificultades a las que se enfrentan. Sería deseable que proyectos como PRJ fueran objeto de una apuesta estratégica ‒tanto profesional, por parte de personas dispuestas a asumir la labor de continuar con esta línea de investigación, como institucional‒ para que iniciativas de este tipo se sostuvieran en el tiempo. Es difícil que se dé algo así en estos tiempos en los que las carreras investigadoras se construyen a golpe de convocatorias con estrechos márgenes temporales; y, sin embargo, sería muy importante. Proyectos como este no solo contribuyen, como muchos otros, a la generación de conocimiento sobre las sociedades del pasado. Sientan, además, las bases sobre las que en el futuro se podrían desarrollar nuevas y fructíferas líneas de investigación, sobre una comprensión más profunda de las evidencias empíricas disponibles, y gracias al acceso que proporcionan a grandes masas de documentación y al tratamiento que ofrecen de los datos que estas contienen.