La producción documental de la Iglesia de Sevilla en la Edad Media: fuentes, normas y actores1.
Diego Belmonte Fernández2.
Recibido: 31 de enero de 2023 / Aceptado: 27 de marzo de 2023.
Resumen. En las siguientes líneas realizaremos un acercamiento a un tema poco explorado: la producción documental de la Iglesia sevillana, tanto la episcopal como la capitular, con especial atención a sus siglos medievales. Este trabajo, fruto de una larga labor de recopilación documental, demostrará cómo la Iglesia sevillana dispuso de un aparato sencillo, pero muy efectivo, para la emisión de los documentos con los que gobernó una de las sedes más ricas del reino castellano.
Palabras clave: Catedral de Sevilla; arzobispo; documento; cancillería; notario apostólico; escritura.
[en] The documentary production of the Sevillian Church during the Middle Ages: resources, norms and actors.
Abstract. In the following lines we make an approach to a not explored topic: the documentary production of the Sevillian Church, both episcopal and capitular, with special attention to its medieval centuries. This study, the result of a long work of documentary compilation, the way in which the Church of Seville had a simple but very effective apparatus for the issuance of the documents to govern one of the richest seats of the Castilian kingdom will be demonstrated.
Keywords: Cathedral of Seville; archbishop; document; chancellery; apostolic notary; script.
Sumario. 1. Objetivos, antecedentes y fechas. 2. Fuentes documentales y bases legales. 3. Actores y espacio físico. 4. A modo de conclusión: la cancillería. 5. Bibliografía.
Cómo citar: Belmonte Fernández, Diego (2023), La producción documental de la Iglesia de Sevilla en la Edad Media: fuentes, normas y actores, en En la España Medieval, 46, 169-189.
1. Objetivos, antecedentes y fechas3.
En las siguientes líneas nos acercaremos a un tema poco explorado, la producción documental de la Iglesia sevillana, tanto la episcopal como la capitular, con especial atención a sus siglos medievales. Hasta ahora esta cuestión solo ha sido mínimamente abordada por Pardo Rodríguez4 , en un trabajo donde dedicaba unas páginas a rastrear los primeros indicios de la existencia de una oficina de expedición documental, una cancillería, en la Iglesia hispalense desde los momentos posteriores a la reconquista cristiana de la ciudad. Otra aportación básica para entender este estudio es el análisis que Del Camino Martínez presentó en el XII Coloquio Internacional de Paleografía Latina, en el que, entre otros aspectos, señalaba los principales oficiales vinculados a la escritura que desarrollaron su actividad en la sede hispalense5 . Ambos textos nos sirvieron hace tiempo de base sobre las que acometer el estudio de diferentes prácticas escritas vinculadas al ámbito eclesiástico sevillano, aunque no tanto documental, sino de códices diplomáticos de tipo administrativo y de gestión6 . Esa experiencia previa nos facilitó esta nueva vía aún inexplorada de estudio.
Hasta tiempos muy recientes, esta falta de investigación no ha sido exclusiva de la archidiócesis hispalense, sino que ha venido de la mano de la escasa atención que en nuestro país han tenido los estudios dedicados a la Diplomática eclesiástica, sobre todo en Castilla. Es bien distinta la situación en Aragón, donde han sido numerosos los trabajos desarrollados por diferentes autores7 . Los propios investigadores eran conscientes de ello8 . Pueyo Colomina hizo un balance historiográfico completo a este respecto hace poco, llegando a la misma conclusión9 . Afortunadamente, la situación va cambiando y este ámbito va dando jugosos frutos por medio de nuevas generaciones de diplomatistas que han encontrado en la episcopal su campo de estudio predilecto10.
Desde un punto de vista cronológico, es bien conocido como la conquista de la ciudad de Sevilla se produjo en 1248, y con ella, la restauración del culto cristiano11 y la llegada del infante don Felipe, como primer arzobispo de la ciudad12. Este gobernaría en estrecha colaboración con el personaje clave en estos primeros años, Remondo o Raimundo de Losana o Losaña, según las fuentes, todavía entonces obispo de Segovia y notario mayor de la cancillería castellana13, arzobispo hispalense luego desde julio de 1259 hasta su muerte el 6 de agosto $1 2 8 6 ^ { 1 4 }$ . Fue él quien organizó la sede y la dotó de una normativa sobre la que levantar la institución, las Constituciones de 1261, en uso hasta el siglo $\mathrm { X I X ^ { 1 5 } }$ . Aquí estableció un aparato administrativo tan eficaz que apenas se modificó durante mucho tiempo, hasta finales del siglo XVI, en torno a 1588, cuando concluye este análisis, al llevarse a cabo una reforma institucional que termina con la realidad medieval16, a raíz del Concilio de Trento y la Contrarreforma17.
El hecho de que se comience a conservar testimonios escritos de la acción eclesiástica a partir de la segunda mitad del siglo XIII es determinante, pues nos encontramos en un momento en el que nuevas realidades, como el notariado público o la consolidación de las cancillerías regias, se desarrollan en paralelo18.
Aunque en otras fechas, en otras sedes se perciben diferentes fases en el proceso de formación y consolidación de la institución que podrían encontrar su parangón en la sevillana. De nuevo Pueyo Colomina establece que en la evolución de las prácticas escriturarias de la sede cesaraugustana ve dos épocas bien diferenciadas. Una primera, en los siglos XII y XIII, cuya documentación plantea interesantes y enormes interrogantes, de la que solo estudia la intitulada conjuntamente por cabildo y obispo, dada la incardinación de ambas realidades. Y una segunda, que abarca los siglos XIV y XV, donde se ven diferenciadas las dos y sus productos escritos19.
Efectivamente, algo parecido se observa en la capital andaluza. Durante los casi trescientos años que abarca nuestro estudio, la situación escrituraria va evolucionando en la institución. Así, se pasa de un primer momento confuso de conformación en las primeras décadas tras la conquista de la ciudad que culmina con el establecimiento de la reglamentación que va a regir en toda la segunda etapa, hasta mediados del siglo XIV. Otra fase, desde finales del XIV hasta principios del XVI, en el que la sede está plenamente consolidada al calor de esa misma normativa, y una etapa final, a partir de mitad del siglo XVI, cuando las cosas empiezan a cambiar en consonancia con la realidad moderna y las novedades tridentinas.
En un primer momento, arzobispo y cabildo parecen ser las dos caras de una misma moneda. No en vano, las mencionadas Constituciones de 1261 constituyen las bases legales de la Iglesia de Sevilla como única institución que englobaba a ambos y fueron dadas por el arzobispo y por el cabildo de manera conjunta, poniendo cada uno su propio sello20. Así lo seguirían siendo, al menos en teoría, hasta mayo de 1285, cuando tiene lugar la concordia firmada entre el arzobispo y el cabildo para la separación de los bienes que repartieron entre las dos mesas, la episcopal y la capitular21. A partir de ese momento, ambas entidades comienzan supuestamente a separarse. Sin embargo, en la práctica documental, seguirán compartiendo usos y actores, pues todos los indicios nos mueven a pensar que nunca se consideraron elementos antagónicos, sino como miembros de un mismo todo.
2. Fuentes documentales y bases legales.
El principal escollo que el análisis de las estructuras y personajes vinculados a la escritura y lo escrito, especialmente documental, del arzobispado y capítulo catedralicio de Sevilla plantea es la falta de fuentes. Las principales con las que contamos para su estudio pueden consultarse en los inventarios publicados de su archivo22. Un rápido vistazo nos revela la carencia de, entre otros, cualquier tipo de registro de cancillería23. Por otro lado, los principales testimonios de libros administrativos conservados, en los que hallar al menos referencias indirectas, datan del siglo XV, en tanto las actas capitulares más antiguas conservadas son de 1478. A partir de ahí solo contamos con cuatro libros de estas hasta final de siglo.
La única opción viable pasa por un rastreo sistemático de los documentos que pudiese haber emitido la Iglesia sevillana, los cuales se encontrarán sobre todo en aquellos archivos que custodien los fondos de las antiguas instituciones destinatarias de los mismos. Tras esta larga búsqueda24, en el momento en que redactamos estas líneas, se han podido localizar un total de 277 documentos susceptibles de ser analizados. De ellos, solo 34 se datan el siglo XIII, aunque se debe tener en cuenta el propio proceso de formación de la institución y la fecha de conquista de la ciudad. Del resto, aunque algunos carecen de fecha expresa, su número va aumentando a lo largo de las tres centurias siguientes, siendo del siglo XVI del que más ejemplos se han preservado.
A nuestro juicio, estos números parecen reflejar una no muy elevada producción documental para casi tres siglos y medio. La razón exacta de esta situación puede deberse a desde una mala conservación de las piezas a lo largo del tiempo a causas más vinculadas al uso real que de la escritura se hacía en el gobierno de la Iglesia de Sevilla. Como se verá, mucho de los documentos conservados son misivas, comunicaciones de los arzobispos a otras entidades25. Asimismo, cabe mencionar cómo, la mayor parte de piezas documentales corresponden a ciertos gobiernos arzobispales, los que han recibido más atención por parte de la historiografía, mientras que de otros no se conserva nada.
En esta recopilación nos hemos valido esencialmente de documentos originales, aunque también hemos incluido ciertas copias certificadas o traslados, más o menos contemporáneos en el tiempo a los primeros, en donde se mencionan los elementos formales de aquellos, como por ejemplo licencias concedidas por el arzobispo para la venta de propiedades a parroquias o conventos. De estos originales, nuestro objetivo era centrarnos en lo relativo a lo que se podría considerar documentación episcopal y capitular. Establecer una definición al respecto resulta esencial.
Pueyo Colomina, basándose en Riesco Terrero y Marsilla de Pascual26, establece que documento episcopal es todo aquel emitido en forma pública por la oficina de expedición, con intervención directa del obispo o arzobispo, y también el emitido en forma pública o privada –de tipo administrativo, judicial o pastoral– por otras personas en su nombre y por su mandado27. En tanto para el documento capitular, determina que es el emitido en forma pública por el capítulo eclesiástico con la intervención directa de su titular, el deán y cabildo e igualmente por sus delegados28.
Originalmente, la definición dada por Marsilla de Pascual29 diferenciaba entre los documentos de primer y segundo grado, aquellos emitidos directamente por los titulares, cabildo o arzobispo, y otros emitidos por autoridades delegadas en su nombre. Pareciera que este matiz se ajusta mejor la realidad, sin embargo, las pruebas nos llevarían a poder hablar incluso de un tercer grado, cuando las autoridades delegadas no actúan en nombre de la institución, sino como particulares, aunque usando los modos de validación que les aporta su posición. En ese caso, bien es cierto, podría rozarse más el ámbito de la diplomática notarial que eclesiástica.
Recopiladas las fuentes documentales, el primer obstáculo a salvar es precisamente establecer cuáles, de todas ellas, encajan en dicha definición. Y más aún, qué hacer con otras que no parecen poder encuadrarse en ella, que en el caso sevillano son abundantes. $i ^ { \mathrm { E s } }$ una misiva escrita por un miembro del cabildo, a título personal y con su sello, un documento capitular? $\Dot { \langle z ^ { \mathrm { L O } } \rangle }$ es un contrato de compraventa de uno de los capitulares, en el que vende una propiedad personal, y suscrito por un escribano público de la ciudad? $\therefore \mathrm { Y }$ si quién lo suscribe es el notario apostólico que hace las veces de secretario del cabildo? $\it { i } \mathrm { C o m o }$ calificar un documento con formulario notarial, suscrito por un notario apostólico que hace de secretario del arzobispo, pero sellado con el sello de este?
En un intento por comenzar a discriminar fuentes, intentamos excluir aquellos documentos que habían sido claramente emanados de un escribano público de la ciudad, signando un contrato tradicionalmente vinculado a su propio ámbito, como compras, arrendamientos o tomas de posesión. En el Archivo Catedral de Sevilla se conserva un altísimo número de este tipo protagonizados por miembros del cabil$\mathrm { d o } ^ { 3 0 }$ . Muchos de los siglos XIII y XIV han sido editados31. En ellos, las autoridades eclesiásticas, de manera individual o como procuradores de la institución, realizan transacciones propias de la documentación privada notarial.
A nuestro entender, parece claro que pertenece al ámbito de lo privado una compraventa hecha por un capitular de un bien particular, pero qué pasa si la hace en nombre del cabildo. Más aún, en ocasiones, estos contratos no se firman ante notario público, sino ante uno apostólico, presentes en la ciudad desde mitad del siglo $\mathrm { X I V } ^ { 3 2 }$ , quien muchas veces ejerce también otra función dentro del aparato eclesiástico33. $\ d _ { i } \mathrm { N o s }$ encontramos ante un documento privado sin más? $\dot { \zeta }$ Existe alguna distinción entre los negocios suscritos por un notario de uno u otro género? $\it { i } \mathrm { { S e } }$ acudía a uno u otro en función del tipo de negocio? $ { \dot { \iota } } _ { 0 }$ solo por estar más cerca o tener mejores relaciones con $\mathrm { é l } ? ^ { 3 4 }$ .
Para Cárcel Ortí estos documentos forman parte del ámbito episcopal, sobre todo si están datados en el siglo XIII. De hecho, considera estrictamente como tales todos aquellos intitulados por el obispo, con o sin el cabildo, además de aquellos otros en que se requiere la suscripción autógrafa del obispo o su sello. Pero dice que, y esta es la clave, para esta cronología son muy semejantes a los documentos privados por estar escritos por escribanos públicos o porque los asuntos que se redactan todavía no son, como sucederá más tarde, los propios de gobierno o la acción pastoral de los obispos35.
Durante este periodo de formación, en la capital andaluza asistimos a la consolidación de la Iglesia en la ciudad, pero también de otras instituciones con implicaciones en el proceso de escritura. Es también ahora cuando la institución notarial se consolida en Castilla, a raíz de la promulgación de las Partidas y la asunción del derecho romano36. En Sevilla, el proceso de implantación se observa claramente en los documentos más antiguos, aunque aún los notarios no se autodenominan públicos ni pongan signo, cosa que no se generalizará hasta finales de los años 70 del siglo $\mathrm { X I I I } ^ { 3 7 }$ .
Así, además de aquellos documentos en los que es evidente que el arzobispo aplica su jurisdicción, existen otros, los más antiguos en los que interviene poniendo en algunos su sello arzobispal, que a priori no calificaríamos de documentos de gobierno, sino de carácter notarial. De este modo, vemos cómo el arzobispo dona diferentes propiedades de la Iglesia acudiendo a escribanos públicos de la ciudad que suscriben dichos textos38.
Esta falta de elementos de validación plenamente consolidados es lo que provoca que en muchos casos se recurra a modos alternativos de sumar autenticidad a estos primeros textos de ámbito notarial, cosa que en ocasiones se expresa claramente en su discurso diplomático39. Esta parece ser la causa de que, cuando interviene alguna autoridad con jurisdicción, añada su propio sello, dotando así de mayor fiabilidad al contrato. A veces, incluso, se trata de quirógrafos, en auge en los siglos bajomedievales para contratos entre particulares40. Pese a ello, parecen ser más bien documentos de carácter privado que textos en los que el arzobispo ejerza su jurisdicción.
Otro ámbito delimitable es el judicial, la audiencia del arzobispo o el consisto$\mathrm { r i o ^ { 4 1 } }$ . Este se manifestaba a través de documentos emitidos por personajes con poderes delegados del arzobispo, que aplicaban la justicia eclesial en su nombre. Aunque en su expedición compartirán elementos comunes con los estrictamente de gobierno, de momento los mantenemos aparte42.
Así las cosas, el objetivo es el estudio de la documentación episcopal y capitular en la que, juntos el arzobispo y el cabildo o por separado, ejerzan sus atribuciones de gobierno, para dentro o fuera de la sede, intentando, en la medida de lo posible, determinar qué se entiende por tal en el caso sevillano.
Junto a los documentos emitidos, y ahora recopilados, la otra fuente esencial del trabajo lo compone la normativa que reguló la actividad escrituraria en la institución y que ha llegado hasta nosotros. En este sentido, la única norma con la que contamos a día de hoy para las dos primeras etapas referidas son las mencionadas Constituciones de 1261 dadas por don Remondo.
La única noticia a la escritura documental que se recoge en estas tiene que ver con el sello y con las personas que aseguran su custodia. Pese a lo escueto de la información, nos revela dos datos clave. Por una parte, nos confirma algo evidente, y es la existencia misma del sello como modo de validación desde los inicios mismos de la restauración de la sede43. Como se ha indicado las propias constituciones estaban autenticadas con los sellos del arzobispo y el cabildo, lo mismo que los documentos más antiguos conservados pertenecientes al ámbito episcopal, de 1262 el primero, que también debió poseer ambos44.
Por otro lado, nos informa acerca de una constante posterior: el hecho de ser este el modo de validación por excelencia de la Iglesia sevillana, el propio de toda cancillería, tanto para la documentación episcopal como para la capitular. Algo que no resultaría extraño a tenor del pasado del arzobispo en la cancillería real, buen conocedor de la importancia que este instrumento tenía ya para el rey.
Encontramos dos referencias al sello en ellas. En concreto, en el apartado dedicado a las tareas que tienen que desempeñar dos de las dignidades que componen el cabildo, el deán y el maestrescuela. Aquí se indica que es este último oficial el encargado de escribir y corregir los documentos ordenados por el capítulo catedralicio, a modo de secretario capitular, así como de sellarlos, además de recibir y leer en la reunión aquellas cartas que hubiesen llegado desde el exterior. Del mismo modo, se especifica que solo debe sellar aquellos textos que hayan sido aprobados en el cabildo, y custodiar, junto con el deán, la tabla de los sellos de la institución45. Al no haberse conservado las actas capitulares para este periodo ni documentos capitulares con rogatario expreso, nos es imposible comprobar este punto.
Como se ha dicho, en 1285 se produjo la separación de mesas. A partir de aquí, cada una se regulará, en teoría, de manera más o menos independiente, a través de las constituciones sinodales el arzobispo y de su propia normativa el cabildo. Aunque no siempre fue así, como se constata al inicio del siglo XV. En este momento, la Iglesia de Sevilla se hallaba inmersa en la sustitución de la mezquita cristianizada que había servido de templo cristiano por el actual edificio gótico. Fruto de este proyecto se inicia otro, de carácter escriturario, de dimensiones igualmente colosales, destinado a organizar y perfilar parte de los recursos económicos disponibles para que el cabildo pudiera acometer la mencionada obra. Resultado de ello, nace una nueva promulgación de las constituciones46, una versión en lengua romance y puesta al día contenida en el Libro Blanco, uno de los productos escritos resultantes de dicho proyecto, finalizado en $1 4 1 1 ^ { 4 7 }$ .
En esta nueva versión se matizan, corrigen o añaden nuevas disposiciones que el devenir de los tiempos hacía necesario actualizar, aunque otras no varían. Así, el deán, el primero en el capítulo, era el encargado de “tener la vna llaue del sello del cabildo”48. La siguiente dignidad con obligaciones vinculadas a la conservación de lo escrito fue el tesorero49. Se especifica ahora que este debía proveer los medios humanos necesarios, concretamente dos sacristanes, que custodiasen el Sagrario y dotar este lugar de las velas u otros elementos necesarios para el buen desarrollo del culto, así como rendir cuentas al deán de lo custodiado ahí. Y junto a reliquias y otros bienes preciosos aquí depositados se encontraban los documentos, el Archivo, que se sabe fue situado en este espacio en el siglo $\mathrm { X V ^ { 5 0 } }$ . En esta sala, había una gran arca, dividida en cajones, donde descansaban los privilegios de la sede51. Además, de nuevo una figura clave resulta ser el maestrescuela. De este se dice que era el encargado de llevar a cabo la corrección de los libros que se usaban para la liturgia, pero también la redacción de documentos, o de encargar dicha tarea a otro, junto con la custodia del sello con el que validarlos52.
Las pruebas documentales recopiladas nos llevan a pensar que, en efecto, el maestrescuela delegaba prácticamente todas sus funciones en otros oficiales. Ello se constata al comprobar cómo en el propio proyecto escriturario representado por el Libro Blanco todas sus tareas fueron desempeñadas por el prior Diego Martínez. Más aún, también las labores del tesorero fueron delegadas en este personaje, a quién se le menciona como “guarda de los privilegios”53. Esta descarga de responsabilidades viene a asimilarlo con el papel que tradicionalmente ha encarnado el canciller en el ámbito regio, más como un cargo honorífico que efectivo.
Por otro lado, para estas mismas fechas, comenzamos a tener referencias, y desde los últimos años del siglo XV fuentes directas, acerca del papel que los notarios apostólicos habían asumido en el entorno capitular, siendo ellos para entonces quienes ejercían de secretarios del cabildo, ocupación que antes, en teoría, desempeñaba también el maestrescuela.
Todos los indicios llevan a pensar que, en efecto, las obligaciones propias de las denominadas dignidades del cabildo habían pasado a estar delegadas en otros personajes, quedando ellas como meras menciones honoríficas y estando, por tanto, a nivel práctico, casi desvinculadas del ámbito de la escritura. Esto se confirma en las actas capitulares conservadas, donde se plasman ciertos acuerdos en los que el cabildo conmina al maestrescuela del momento a llevar a cabo el trabajo para el que en teoría estaba siendo pagado54.
Aún más, en la nueva promulgación de las constituciones de 1411 nos encontramos con otra referencia a la producción documental que no se mencionaba en las originales del siglo XIII. Según esto, la suscripción de dos canónigos era el medio de validación imprescindible de todo documento que expidiese el Cabildo, necesario incluso antes del sellado del mismo55:
Qualesquier cartas mensajeras o de rentas que se fagan en nombre del deán e del cabildo siempre se deuen firmar de los nombres de dos canónigos o de dos personas que tengan prebendas e non de otri (…). E nunca han nin deuen sellar carta en nombre del deán e del cabildo si non fue firmada de dos canónigos commo suso se contiene56.
Esta norma no hacía sino codificar una realidad anterior, una práctica que se estaba ya llevando a cabo y que es constatable en numerosos documentos expedidos por la autoridad capitular anteriores a esa fecha57, además de en muchos de los libros de estatutos que también se nos han conservado58.
Otra fuente legal con la que contamos, la constituyen precisamente los estatutos capitulares. Desde muy pronto el cabildo irá creando normas nuevas, individualizadas, que se promulgarán para hacer frente a necesidades concretas, no previstas en las constituciones. Ante tal circunstancia, el cabildo en solitario o con la presencia del arzobispo decretará ciertas medidas para solventarlas. El propio cabildo los llama estatuto y serán el origen de los denominados Libros de Estatutos.
En aquellos datables en los siglos XIV y XV no hay referencias al mundo de lo escrito, aunque sí la mencionada práctica de validación por medio de la suscrición de dos canónigos, a las que se une, en ocasiones, la firma del secretario59. Sin embargo, conforme avanza el siglo XVI y en fechas inmediatamente posteriores a Trento, comienzan las menciones expresas a lo escrito y sus oficiales. En 1551 se redacta una de las recopilaciones de estatutos más completas de las llevadas a cabo60, bajo el gobierno del poderoso Fernando Valdés61. En uno de los libros que las copia, de $1 5 \bar { 6 } 9 ^ { 6 2 }$ , esto es trescientos años después de la restauración de la sede, se añadió un listado que relaciona las obligaciones de los oficiales que trabajaban para el cabildo. Son muchas las referencias a lo escrito en este documento, pero muy pocas relativas a la expedición documental. En él se nos menciona que el secretario capitular, además de tener un libro en el que levantar acta de todas las reuniones del cabildo, debía firmar todas las cartas que por parte del cabildo se escriuieren y dexar traslado dellas para quando sea menester y que no passe cabildo sin que se lea lo que a la sazón se hallare en su poder por petiçiones o en otra qualquier manera.
Así se constata, por ejemplo, durante la secretaría de Fernando Ruiz de Hojeda, al comparar documentos autógrafos del personaje con las escrituras del libro de actas que conservamos perteneciente a su labor como secretario capitular, datado en $1 5 2 5 ^ { 6 3 }$ .
Para el ámbito arzobispal, la principal normativa la constituyen los sínodos celebrados en la época estudiada. De los más antiguos tan solo conservamos noticias indirectas, sin poderse consultar las actas íntegras de sus reuniones. Estos son del arzobispo Nuño de Fuentes en 1352, de Alonso de Egea en 1412 y de Pedro González de Mendoza en $1 4 7 8 ^ { 6 4 }$ .
Por el contrario, sí han llegado hasta nosotros los textos de las actas de otros tantos celebrados después. Se trata de los sínodos de Diego Hurtado de Mendoza de 1490, Diego de Deza de 1512 y Cristóbal de Rojas de 1572. En ellos, tan solo se hace alguna mención a la necesidad de examen de los notarios apostólicos65. Hay que esperar a inicios del siglo XVII, a las constituciones del cardenal Fernando Niño de Guevara de 1604-1609, para encontrar cierto contenido detallado, también referido a estos mismos profesionales de la escritura, pero solo para los que ejercían su labor en la audiencia episcopal66.
3. Actores y espacio físico.
También escasas son las noticias directas de rogatarios que hayan dejado su huella en los documentos con que hoy contamos, y con los que podamos ayudarnos a reconstruir este organigrama.
La primera y más antigua de estas menciones es la referida a Alvar García, escribano del arzobispo don Remondo, más allá de esos primeros documentos mencionados redactados por escribanos públicos67. De él conservamos tres referencias68, pero ninguna otra información suya. Ni siquiera se autodenomina escribano. Su nombre tampoco aparece en los documentos que del mismo arzobispo se conservan del tiempo en que fue obispo de Segovia. Sin embargo, sí conservamos otra mención en una copia inserta, donde se habla de la presencia de otro personaje que escribe por orden suya trasmitiendo la iussio del arzobispo al escribano que trabajaba a su servicio69, de lo que se deduce cierta delegación del trabajo70. Junto a este, conocemos también el nombre de otro escribano de don Remondo, Diego González, gracias a una venta realizada por su viuda en 1294, donde se le menciona como tal, sin otro apelativo.
Años más tarde, en 1341, Esteban Pérez, escribano del arzobispo Juan Sánchez, trasmite la iussio a otro oficial que escribe dos documentos que luego serían trasladados por un escribano público de Jerez71. Misma situación que se recoge en 1355, cuando Esteban Sánchez, escribano del arzobispo, hace escribir un documento de Nuño de Fuentes72.
Todas estas menciones muestran cómo, en esencia, la oficina episcopal consta de uno o, como máximo dos, oficiales. El rogatario anónimo que escribe el texto y recibe la iussio del autodenominado escribano del arzobispo, un personaje que sospechamos debía ser también el que controlara la matriz del sello. En ocasiones se indica que es en las casas o palacios arzobispales donde se emiten los documentos73.
La cosa cambia a finales de siglo. Para entonces, los notarios apostólicos ya han hecho su aparición en la ciudad, desde mitad del XIV. Es durante el gobierno de Pedro Gómez Barroso cuando encontramos por primera vez que el escribano del arzobispo es ahora el secretario, un notario apostólico, en concreto, Pedro Estéfano/ Esteban, clérigo beneficiado en la iglesia de Santa María y Santiago de Medina Sidonia74, quien además escribe autógrafamente en algunas ocasiones75.
La situación se repite de manera sistemática con los sucesivos arzobispos. Así, por ejemplo, con Alonso Fonseca y su secretario Juan Sánchez de Arévalo, clérigo del obispado de Ávila76, o Petrus de Entrada77; igualmente con Pedro González de Mendoza y Diego de Muros78; o el arzobispo Diego de Deza y Diego de Macías, clé- rigo de Salamanca y notario apostólico, que escribe también autógrafamente ciertos documentos79, y años más tarde, Diego de Madrid80, quien al morir el arzobispo en 1523 continuó siendo el secretario de su sucesor, Alonso Manrique81.
Poco a poco estos personajes empiezan a involucrarse en la producción documental de la Iglesia, como escribanos profesionales, sabedores del arte de la escritura. La fehaciencia con la que pueden dotar sus escritos será útil, pero solo se evidenciará cuando desempeñen tareas que así lo requieran, por ejemplo, una visita, en las actas del cabildo82 o escrituren determinadas tipologías documentales. Para el resto de situaciones, la validación principal parece venir dada por el sello, del arzobispo o del cabildo y las firmas de aquel o de los dos capitulares. El notario secretario no suscribe con su signo, tan solo firma indicando, cuando depende del prelado, hacerlo por mandado del señor arzobispo.
Un ejemplo de cómo la presencia de los notarios suma veracidad a un documento correctamente autenticado la vemos en un estatuto del año 1400 hecho por el arzobispo y el cabildo para que no se contradigan ni estorben los diezmos so pena de excomunión83. En su anuncio de validación podemos leer:
Nos, el dicho arçobispo, firmámoslo de nuestro nonbre e mandámoslo sellar con nuestro sello pendiente, e el deán e cabildo de la dicha nuestra Eglesia mandáronlo firmar de los nonbres de dos canónigos, segund que lo han de costumbre en los tales fechos. E otrosí mandáronlo sellar con las tablas de su sello. E otrosí mandamos en testimonio a Nicolás Rodríguez, notario, canónigo, e a Antón Martínez, notario, compañeros en la dicha Eglesia que, commo notarios, lo firmen de sus nombres.
Algo parecido los vemos en el Libro Blanco, cuando el 21 de febrero de 1481 se anota la dotación de Diego Fernández Marmolejo, arcediano de Écija y canónigo de la catedral. Como es costumbre también en ciertos libros84, aparece la firma de dos canónigos y la del secretario del cabildo Diego de Capilla85, notario apostólico. Al final del texto se incluye: “Estando presentes los venerables señores Gabriel Martí- nez, canónigo, e Diego Alfonso de Jaén, racionero, notarios apostólicos”86. Incluso la mera presencia física de estos personajes aporta garantías.
Cabe mencionar que no suelen ser la misma persona los dos secretarios a los que aludimos. Aunque sí puede darse que el mismo notario ocupe sucesivamente ambos cargos, como sucede con Juan González de Piñera87. No sucede como en Zaragoza, donde en ocasiones es el mimo notario quien elabora los documentos del obispo y del cabildo88.
Lo mismo sucedía cuando sea solo el cabildo el que emita un documento. El cargo que antes debía desempeñar el maestrescuela pasará a ser ocupado por un notario apostólico, secretario capitular, que redactará, él mismo o por otro, los documentos que los beneficiados le ordenen escribir y a veces firme89. Esta suscripción sin signo suma validez a un texto suficientemente autenticado con la firma de los dos canónigos y el sello que estipulan las Constituciones90.
Sin embargo, esta presencia de notarios apostólicos, personajes dotados de fe pública, implicados en la producción de documentos tradicionalmente considerados como propios de una cancillería, siendo además miembros de la propia institución donde se inserta el órgano de expedición documental, dará lugar a esas situaciones complejas a las que aludíamos más arriba, y que se pondrán de manifiesto por medio de una praxis diplomática muy variada. Los documentos demuestran cómo el hecho de que estos profesionales formen parte del órgano emisor documental de la Iglesia, estando además insertos en su organigrama, provoca que la institución recurra a ellos cuando los necesite, no solo para la emisión de ciertos contratos de tipo privado, sino también para la expedición de documentos de gobierno, emitidos con sello, pero sujetos a un formulario típicamente notarial. Esto se da sobre todo en el caso del arzobispo, al tener este las facultades que le otorgan su jurisdicción, y menos en el caso del cabildo, que los usa sobre todo para el gobierno interno de la propia sede. Así encontramos casos como el de Diego de Deza emitiendo una carta de poder con sello y suscripción notarial91.
Creemos que el recurso a unas u otras estrategias diplomáticas, de validación, vendrá dado por diferentes circunstancias, algunas veces externas a la propia institución. Una de ellas, tal vez la más importante, sea el destinatario del documento. No solo su categoría, sino la importancia que le dé al contrato que se está suscribiendo y las garantías que reclame para asegurar su validez, así como el precio, la tasa, que esté dispuesto a abonar.
Como se ve, su praxis es también muy similar a la de los escribanos púbicos que trabajan en la ciudad tanto en las tiendas de escribanía como para el concejo92. La única gran diferencia es aquella que alude a de quién depende, si de los veinticuatros o del arzobispo. Otra cuestión además es la forma de los documentos, que van a inspirarse cuando trabajen en un ámbito cancilleresco, como en el caso del concejo, en los reyes, pero también, evidentemente, en los documentos papales93.
La similitud, en cuanto a sus tareas, con los escribanos públicos, es bastante notoria. Mientras esos trabajan en los ámbitos de lo privado, lo judicial y el concejo laico, estos actúan igual, exactamente en los mismos contextos y de manera muy parecida, pero en el ámbito eclesiástico, estableciendo contratos entre eclesiásticos, en la audiencia arzobispal y el cabildo catedral. En el caso sevillano concretamente, además, incluso ambos espacios están físicamente relacionados, al situarse tanto el cabildo de la Iglesia como el concejil en el mismo lugar, anejo al templo catedralicio, en el denominado Corral de los Olmos.
Las fuentes son muy parcas respecto al espacio físico donde desarrollarían su trabajo estos oficiales. Nos hablan de manera reiterada de un único lugar, dentro de la órbita de la Iglesia sevillana, con nombre propio: la Casa de las Cuentas. De las salas que imaginamos dentro del Corral de los Olmos en la Edad Media, cuyo plano más antiguo es de fines del $\mathrm { X V I I I ^ { 9 4 } }$ , destacaría el rol que ejerció esta oficina, como el espacio principal en el que se acometieron todas las tareas vinculadas al mundo de lo escrito.
La Contaduría, como se denominará desde finales del siglo XVI, fue el centro más importante para la administración de la institución durante toda la Edad Media. Allí desempeñaban su labor los contadores, que fiscalizaban el gasto y controlaban que la gestión del dinero hecha por los mayordomos fuese la correcta95.
Fue en ella donde se llevó a cabo la confección material del Libro Blanco y el Libro de Dotaciones a comienzos del siglo $\mathrm { X V ^ { 9 6 } }$ y donde se custodió luego el primero de estos, tal como lo atestiguan los estatutos de época moderna, dentro de una de las arcas con tres llaves que tenían los contadores y su notario97. Se sabe, por ejemplo, que en 1441, el mayordomo del Comunal pagó a un carpintero por fabricar otras dos para su uso por parte de los contadores98.
Allí se conservaron y usaron también otros libros de estatutos, como el denominado Libro de Cuentas o Colorado, cuyo uso estuvo ligado igualmente a estos oficiales económicos99:
En este offiçio y Casa de Quentas ay muchas escripturas y diuersas materias y algunos libros enquadernados y otros sueltos antiguos y modernos que cada día se acreçientan, e ymporta mucho la guarda dellos, y algunos se an perdido, que no pareçen, por tanto conuiene distinguir las materias y darles caxones con puertas y llaues, pues los ay de sobra y vazíos y otros lugares donde estén las escripturas sueltas100.
Contamos incluso con menciones expresas en ciertos documentos en que se indica que es ahí, en este espacio de escritura, donde se está llevando a cabo su redacción:
(…) en la muy noble çibdat de Seuilla, dentro en la eglesia cathedral de la dicha çibdat, en la casa de las cuentas, estando capitularmente ayuntados los onrrados e discretos sennores deán e cabilldo de la dicha eglesia de Seuilla e, otrosí, estando ay personalmente, de consuno con los dichos sennores deán e cabilldo el onrrado e discreto religioso varón fray Alfonso de Sant Saluador, frayle profeso de la orden de Sant Francisco $( . . . ) ^ { 1 0 1 }$ .
Pero aún más, en el siglo XV, momento en el que empiezan a conservarse de manera casi seriada la mayor parte de libros de cuentas que recogen las partidas de gastos e ingresos ejecutadas por los mayordomos de la institución102, tenemos evidencias que apuntan a que es aquí donde se lleva a cabo el sellado de los documentos. Eso se deduce de ciertos pagos realizados por el mayordomo del Comunal para la compra de materiales que se usaron en ella: “Costó çera e filo e cannones para la Casa de las Cuentas, XXV maravedís”103. Tan específicos fueron en sus anotaciones, que incluso mencionan cuánto dinero gastaba el cabildo para la compra de la materia prima con la que hacer el sello de cera colorada con que validó los documentos que expedía y que en 1419 fue de seis maravedís104.

Gráfico 1. Actores y modos de validación de la Iglesia de Sevilla (XIII-XVI)
4. A modo de conclusión: la cancillería.
La Commission internationale de Diplomatique define la cancillería como un órgano de gobierno, una institución de administración pública que se encarga de la redacción, puesta por escrito y validación de los documentos que son emanados por la autoridad de quien depende105. Es el órgano que emite los documentos del poder. Toda institución que tiene poder tiene su cancillería.
Son muchos los investigadores que han reflexionado sobre este concepto. ¿Implica pues la definición la presencia de todo un aparato burocrático trabajando para la elaboración de documentos o basta con que existan muy pocos requisitos? $ { \ i } ^ { \mathrm { C } }$ uáles son esos requisitos mínimos para poder hablar de cancillería? $\therefore \mathrm { Y }$ qué término debemos utilizar para referirnos a la oficina de expedición documental sino se dieran esos requisitos? $\displaystyle \langle \mathrm { E s }$ un escribano al servicio del obispo una cancillería?
Sanz Fuentes estableció dos requisitos mínimos para hablar de la presencia de una cancillería en el periodo medieval: el sello y la trasmisión de una iussio106. En el extremo opuesto nos encontramos a García Díaz, que cree necesarios muchos más elementos para poder usar esta denominación, a saber: la presencia de un local propio, una estructura de oficiales jerarquizada e incluso el control y difusión cultural sobre otras instituciones similares107.
Calleja Puerta, en un análisis de las prácticas documentales de la aristocracia altomedieval del reino castellano-leonés, demuestra cómo, en esa época, estos personajes eran capaces perfectamente de gobernar sus territorios pese a valerse de un lenguaje diplomático poco desarrollado y acierta al definir la situación de los señores como carente de una estructura burocrática estable y consciente de sí misma108.
A nuestro entender, todas estas versiones tienen algo de cierto. Si bien, tal y como demuestra Calleja Puerta, no es necesaria la existencia de toda una estructura burocrática para gobernar por escrito un señorío, se hace necesaria la presencia de ciertos modos de validación estables, propios del lenguaje documental cancilleresco, para poderse usar dicha denominación. Ciertamente, parece plenamente justificable referirse a una institución como la que presenta García Díaz con este término, pese a lo poco probable que parece, al menos a priori, encontrar tal realidad en la mayoría de situaciones de época medieval.
Si Pardo Rodríguez se valía de la interpretación de la normativa vigente en la sede sevillana, la presencia del sello arzobispal y capitular y la mención a amanuenses para hablar, desde mediados del siglo XIII, de una cancillería109, nosotros creemos que esta debería ser entendida más como una organización del trabajo documental que como un espacio físico calificado así. Según nos permiten intuir las fuentes, en la Iglesia sevillana había una cancillería que, si bien nunca se autodenominó así, a pesar de sus inicios vinculados a un personaje como don Remondo que procedía de la real, sí desarrolló unas prácticas muy concretas y bastante sencillas vinculadas al mundo de lo escrito.
No se observa aquí algo parecido a lo estudiado en el caso de Oviedo110, ni tampoco como en Zaragoza, donde desde finales del siglo XIII existía un beneficio destinado a cubrir los gastos de la cancillería episcopal. Allí el canónigo que lo ostentaba recibía el nombre de “cancellarius episcopi”111.
Sin embargo, como demostraba Cunha112, sí se constata la existencia de: para el arzobispo, un secretario a su servicio con un amanuense que redacta en ocasiones los documentos y un sello; y para el cabildo un canciller-maestrescuela ausente, un secretario capitular con atribuciones concretas y, en ocasiones, un redactor que trabajaba para él, así como un sello y un lugar de trabajo físico concreto. Si bien no se pensaron como un órgano concreto, al estilo de las mayordomías o los contadores, no cabe duda de que su trabajo estaba claro y era el de satisfacer las necesidades escriturarias para el gobierno de la Iglesia de Sevilla.
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