Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión de Armas en los Países Bajos católicos\*.
Alicia ESTEBAN ESTRÍNGANA Universidad de Alcalá.
RESUMEN.
El presente artículo se propone analizar los fundamentos de un proyecto emblemático de la década sustancialmente reformista de 1620: el proyecto de la Unión de Armas, tal y como fue formulado para el ámbito de los Países Bajos católicos. La estrategia negociadora que siguieron los representantes del soberano ha sido reconstruida con detenimiento para subrayar el éxito parcial de Bruselas en el contexto de 1627: la aceptación de las provincias obedientes a participar en la «confederación armada» contrasta con la ausencia de un compromiso formal que las obligara a crecer sus servicios extraordinarios para sufragar un porcentaje mayor de gastos militares generados en su propio territorio. Compromiso que Felipe IV y Olivares persiguieron desde el primer momento pese a la controversia que su plan generó en el entorno de la Infanta gobernadora.
Palabras clave: Siglo XVII, década de 1620, Monarquía Católica, Países Bajos católicos, ejército de Flandes, finanzas militares, costes de la guerra, redistribución del gasto militar.
ABSTRACT.
The purpose of this paper is to analyze the basis of one of the master projects at the reformism of the 1620s, the Unión de Armas, as it was formulated to the catholic Netherlands. The bargaining strategy employed by the sovereign’s representatives is reconstructed carefully in order to underline the partial success of the Brussels government in 1627: the loyal provinces’s acceptance to take part in the «armed confederation» contrasts with non-agreement directed to increase their contributions of an extraordinary kind and to finance a bigger rate of domestic military spending. This was the agreement that Philip IV and the count-duke of Olivares tried to obtain since the beginning, in spite of the differences with the Court of Isabel Clara Eugenia.
Key words: Seventeenth Century, 1620s, Catholic Monarchy, catholic Netherlands, army of Flanders, military finances, costs of warfare, military spending redistribution.
1. INTRODUCCIÓN.
En la década de 1620, los Países Bajos católicos formaban parte de una asociación política de naturaleza compuesta o múltiple cuyos componentes contribuían de manera desigual a la financiación de las cargas defensivas generales. Esta desigualdad contributiva se hacía especialmente patente en la defensa de las provincias obedientes que conformaban los propios Países Bajos cató- licos, donde los gastos militares se financiaban con recursos de una doble procedencia: extraprovincial en un caso, que equivale a decir origen preferente, cuando no exclusivamente, castellano; y provincial en el otro, es decir, en este segundo caso se trataba de recursos que se obtenían en el mismo territorio en el que eran consumidos.
A propósito de las cargas defensivas que se financiaban con uno u otro tipo de recursos, cabe señalar que su distribución o repartición, operada en la última etapa del gobierno de Alejandro Farnesio (1578-1592), no experimentó modificación alguna en el transcurso de la década de 1590, muy complicada para las provincias leales desde el punto de vista político y militar. Durante el período Archiducal (1599-1621), la posibilidad de acometer una redistribución de cargas entre las dos administraciones encargadas de gestionar ambas modalidades de recursos —la administración financiera propiamente militar, conformada por las oficinas encargadas de la recepción, depósito, distribución y contabilidad de las remesas dinerarias que el monarca católico transfería a Amberes mediante letras de cambio, y la administración financiera provincial, con el Consejo de Finanzas de Bruselas, la institución rectora del sistema fiscal de las provincias obedientes, a la cabeza—, no llegó a plantearse siquiera. Con independencia de la cuestionable viabilidad de tal redistribución, Felipe III fue, quizá, el principal interesado en no alterar la repartición de cargas vigente, pese a que, desde el punto de vista del volumen de recursos invertidos en la financiación del ejército de Flandes, el balance le era claramente desfavorable. En teoría, se había comprometido a costear la defensa de los estados patrimoniales de sus parientes, los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, amenazados por enemigos comunes. Y disponer de un ejército financiado, en gran medida, con recursos propios en un territorio que se hallaba exento de su jurisdicción, favorecía abiertamente sus intereses.
Desde el primer momento, la autonomía política del nuevo «principado» se halló condicionada y sensiblemente disminuida por la presencia de una poderosa maquinaria de guerra cuya conservación dependía de recursos que se obtenían en territorios remotos situados bajo la jurisdicción del monarca católico. Recursos que Felipe III giraba luego a los Países Bajos católicos con el concurso de diferentes agentes de intermediación financiera que, por regla general, solían imponer sus condiciones al comprometerse a colocar los fondos necesarios a disposición de los responsables del Tesoro militar de ejército de Flandes. Las repercusiones del uso endémico del crédito, imprescindible para disponer de esos fondos con la antelación requerida en el escenario en el que se precisaban, y de las costosas exigencias de los agentes que los adelantaban y transferían son de sobra conocidas. La suspensión general de consignaciones, decretada en Madrid cuando el sistema no daba más de sí, fue, tal vez, la única opción para seguir adelante, pero no siempre fue posible proseguir una política de gastos militares tan exorbitante, como se puso de manifiesto en 1607.
La Tregua de los Doce Años (1609-1621) redujo las cargas defensivas sufragadas mediante los dos tipos de recursos ya referidos y postergó el planteamiento de una eventual redistribución del gasto militar en el marco de los Países Bajos católicos, pero la presión de la guerra se hizo de nuevo patente en 1621. Los apuros financieros de Madrid, perceptibles en 1623 e incontestables a partir de 1625, llevaron a Felipe IV a decretar la primera suspensión general de consignaciones del reinado en enero de 1627 y a plantear una redistribución de cargas defensivas en el interior de la Monarquía Católica y en el escenario de los propios Países Bajos católicos, que de momento parecían sufragar las suyas sin dificultades aparentes y cuya jurisdicción había cambiado ya de titular.
A continuación se analizan algunos de los fundamentos de dicha redistribución, concretada en uno de los proyectos reformistas más ambiciosos de cuantos se elaboraron durante el reinado de Felipe IV y la privanza de Olivares: el proyecto de la Unión de Armas. Pero es la «versión flamenca» de dicho proyecto la que acapara toda la atención, centrada, como es lógico, en las peculiaridades que contenía y que se han pasado por alto hasta la fecha. En especial, la duplicidad de objetivos existente en la propuesta que el marqués de Leganés —el emisario regio encargado de exponer el proyecto ante las asambleas representativas de las distintas provincias leales—, llevó a Bruselas en septiembre de 1627. Y, consiguientemente, la estrategia de presentación y de negociación también dúplice que Leganés y el propio gobierno de Bruselas decidieron adoptar para mitigar el posible rechazo y lograr la aceptación y el consentimiento de los diferentes Estados Provinciales.
Es preciso aclarar, sin embargo, que, en los Países Bajos católicos, la desigualdad o, más precisamente, el desequilibrio contributivo al que antes se ha hecho referencia se hacía patente de dos maneras distintas. La primera: Castilla era el territorio de la Monarquía que más aportaba a la defensa de las provincias obedientes, pues ningún otro lo hacía en la misma medida y, en este sentido, el proyecto de la Unión de Armas parecía pensado para contener la sangría financiera de Castilla en la defensa de Flandes, el único territorio que se hallaba en guerra cuando el proyecto fue presentado a los Estados Provinciales. Y la segunda: el porcentaje de cargas defensivas sufragado en Flandes con recursos extraprovinciales era comparativamente mayor, o por mejor decir, incomparablemente mayor al sufragado con recursos provinciales, y fue este desequilibrio de financiación el que Felipe IV y Olivares se propusieron eliminar a finales de la década de 1620. Como es lógico, constatarlo era un requisito ineludible y previo a cualquier análisis centrado en su erradicación. Por eso, se ha tratado de reconstruir cómo se hallaban distribuidas las cargas defensivas entre las dos cajas existentes —la «caja del Ejército» (Tesoro militar) y la «caja del país» o «caja de Finanzas»—, para luego comprobar si su distribución permaneció inamovible, valorando el efecto del proyecto de redistribución ya referido.
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
Tras la expiración de la Tregua de los Doce Años, en abril de 1621, los ingresos ordinarios de la Pagaduría general del ejército de Flandes experimentaron un incremento sustancial y se situaron en torno a los 300.000 escudos mensuales, un techo financiero que ya había sido alcanzado en 1606, durante la campaña inmediatamente anterior al alto al fuego que dio paso al proceso negociador del tratado de tregua. Pero en los últimos meses de 1606, justo antes del inició de ese proceso, la Corona había estado proyectando una drástica reducción de costes y efectivos ante la imposibilidad de sostener envíos tan elevados. La idea era limitarlos a un nivel que permitiera mantener una guerra meramente defensiva para, así, poder rebajar las provisiones ordinarias que abastecían el Tesoro militar a la mitad de su valor: a unos 100.000-125.000 escudos mensuales, en lugar de los 200.000-250.000 escudos habituales entre 1600 y 1605, antes de que Madrid se comprometiera a remitir mesadas de 300.000 escudos1.
Mientras duraron las conversaciones de paz, las mesadas no bajaron de los 150.000 escudos2 y aunque el proceso negociador no fue todo lo favorable que cabía esperar para los intereses de la Monarquía Católica, Felipe III se vio obligado a admitir el tratado, en abril de 1609, por razones de carácter marcadamente financiero. La reanudación de las hostilidades exigía remesas de, por lo menos, 300.000 escudos mensuales, necesarios para conservar las numerosas plazas adquiridas durante las favorables campañas de 1605 y 1606 y para proseguir las acciones ofensivas, irrenunciables de cara a mejorar las condiciones de un futuro acuerdo; remesas que, por entonces, la Corona no estaba en condiciones de afrontar ni siquiera a corto plazo3.
Pese a todo, la Tregua resultó mucho más costosa de lo que se esperaba en un principio, porque el ejército no pudo ser desmovilizado por completo. Una parte sustancial de los efectivos se mantuvo en pie para guarnecer las plazas, si bien es cierto que los ingentes gastos de la maquinaria militar pudieron ser sensiblemente rebajados a medida que se fueron operando recortes y disminuyó el número de tropas en activo. Pero los 60.000 escudos de provisión ordinaria mensual que, según había reconocido el propio archiduque Alberto, bastaban para asegurar el sustento de los efectivos que quedaban en las diferentes guarniciones desde principios de $1 6 1 0 ^ { 4 }$ , se revelaron insuficientes. De hecho, las mesadas no bajaron de los 80.000 escudos en los años que siguieron a la conclusión de la Tregua y tampoco lo hicieron después de que la Corona intentara reducir, aún más, costes y efectivos con motivo de los apuros financieros de 1610-1612, que estuvieron a punto de provocar la segunda suspensión general de consignaciones del reinado de Felipe III5.
En abril de 1612, un hombre de confianza de Lerma, don Rodrigo Calderón, conde de la Oliva, se trasladó a Bruselas para valorar qué nuevas limitaciones podían ser aplicadas en el presupuesto del ejército de Flandes de cara a extinguir todos aquellos gastos que no mereciesen el calificativo de forzosos. A su regreso a Madrid, a principios de 1613, sus propuestas para reajustar el gasto total del aparato militar fueron muy elogiadas, pero no se aplicaron de manera rigurosa y su repercusión fue prácticamente nula6. Para colmo, las provisiones de Flandes experimentaron un ligero crecimiento en 1614, a raíz de la segunda crisis sucesoria de los ducados de Cleves-Jülich y a la penetración de Spinola con un cuerpo expedicionario en territorio ducal para asegurar las pretensiones del aspirante católico. A comienzos de 1615, los ingresos del Tesoro militar habían crecido en un $3 0 \%$ en relación con las cifras alcanzadas en la etapa 1610-1613 y, entre $1 6 1 5 \mathrm { ~ y ~ } 1 6 1 8$ , las provisiones remitidas anualmente rondaron 1.560.000 escudos, si bien no siempre se repartieron en doce mesadas de 130.000 escudos cada, sino que a veces el monto total fue repartido en diez plazos de desigual valor. En 1619, la provisión alcanzó 1.778.400 escudos y las mesadas no bajaron de 148.000 escudos. En 1620, el montante volvió a incrementarse con motivo del estallido de la crisis de Bohemia y de la invasión del Palatinado y, en vísperas de la expiración de la Tregua, las mesadas importaban ya, nada más y nada menos, que 200.000 escudos7.
Pese a que el crecimiento del gasto, indisociable del aumento progresivo de los efectivos, se había ido produciendo de manera paulatina desde 1614, el salto de los 200.000 a los 300.000 escudos de provisión ordinaria mensual que se produjo en el transcurso de 1621 representaba un importante desafío para la debilitada hacienda castellana. No estaba claro que entonces, a diferencia de lo que había sucedido en 1606, se pudieran sostener envíos tan elevados a corto y medio plazo, pero era evidente que, para renovar la Tregua en condiciones mejoradas, era necesario presionar y debilitar a las Provincias Unidas. Objetivo que Madrid se propuso llevar a cabo mediante una estrategia combinada que consistía en forzar a los holandeses a consumir recursos en la defensa de sus fronteras terrestres —eso implicaba guerra ofensiva en tierra, es decir, utilizar al ejército de Flandes para efectuar incursiones en territorio rebelde por medio de operaciones similares a las que Spinola había dirigido durante las campañas de $1 6 0 5 \mathrm { ~ y ~ } 1 6 0 6 .$ , aunque a escala mucho más limitada—, y en estrangular económicamente a la República a través de un programa de guerra económica, esencialmente marítima, que preveía el hundimiento del transporte comercial holandés8.
Para que esta segunda táctica resultara operativa, era necesario poner en práctica un programa de rearme y reactivación naval que permitiera disponer de una armada de guerra y de una escuadra corsaria, debidamente equipadas, para desestabilizar el mar del Norte operando desde los Países Bajos católicos. Pero también establecer una infraestructura administrativa y judicial adecuada en todos los puertos en los que se pretendiera aplicar la nueva regulación comercial de carácter restrictivo que la Corona acababa de promulgar contra barcos, bienes y mercancías holandesas, de cara a efectuar inspecciones, a ejecutar las oportunas confiscaciones y a luchar contra el contrabando y la entrada ilegal de productos procedentes de las Provincias Unidas en la Península y en los propios Países Bajos católicos. Todo ello requería preparativos e inversiones que no podían dar frutos inmediatamente. Por eso, durante los primeros años que siguieron a la ruptura de la Tregua no se pudo hacer un uso restringido o complementario del ejército de Flandes. Entre 1621 y 1625, el aparato militar terrestre desempeñó un papel protagonista en la ofensiva antiholandesa, aunque en la campaña de 1622 ya se hizo patente que los efectos prácticos de la guerra de tierra eran insignificantes. El fracaso del sitio de Bergen-op-Zoom, una plaza norbrabanzona que Spinola mantuvo cercada entre los meses de julio y octubre, puso de manifiesto el enorme desgaste económico que acarreaba la ofensiva terrestre, porque los densos complejos defensivos existentes imprimían un carácter estático a las operaciones y eso generaba gastos ingentes a cambio de nada, es decir, a cambio de avances de escasa o nula importancia estratégica.
Durante la campaña de 1623, los 300.000 escudos mensuales que ingresó el Tesoro militar se consideraron insuficientes en Bruselas9 y su rendimiento fue insignificante: las posiciones no experimentaron variación alguna y la posibilidad de prescindir por completo del ejército de Flandes para presionar a las Provincias Unidas, es decir, de mantener las fuerzas terrestres totalmente a la defensiva —algo que los incondicionales de la guerra económica habían sugerido desde el principio—, comenzó a ser seriamente considerada en Madrid. A finales de año, la Infanta recibió orden de reducir los gastos mensuales del ejército a 250.000 escudos y de crecer las asignaciones que recibía la nueva Armada de Flandes en una proporción equivalente al montante que ahora se detraía de los presupuestos del aparato militar terrestre10. Bruselas protestó vivamente la decisión de destinar un porcentaje tan elevado de cada mesada a la financiación de gastos navales, tratando de garantizar a la Armada un aprovisionamiento dinerario de cierta entidad a costa de las sumas consignadas para el ejército. Si se pretendía infundir mayor vigor al programa de reactivación naval, lo lógico era superar el techo financiero de los 300.000 escudos mensuales, porque con esta provisión no era posible financiar los gastos que generaba el aparato militar, costear la Armada y reservar, además, algunas sumas para sostener las fuerzas que se mantenían en el Palatinado11. Pero Felipe IV no estaba dispuesto a remitir ni un escudo más y aunque todavía no había enviado a Bruselas instrucciones específicas de mantener el ejército a la defensiva, era evidente que las recientes modificaciones que había experimentado el presupuesto militar no invitaban a programar acciones ofensivas de gran envergadura.
Dadas las circunstancias, no es extraño que la decisión de Spinola de asediar Breda, una de las plazas mejor fortificadas y guarnecidas de la franja fronteriza del norte de Brabante, en agosto de 1624, causara enorme perplejidad a casi todos. Quizá temeroso de que el ejército fuera definitivamente condenado a jugar un papel secundario en la contienda, relegando a su maestre de campo general a un segundo plano en el panorama político y militar de los Países Bajos católicos —el cargo de general de la Armada, que el marqués desempeñaba desde 1622 y que ostentó oficialmente desde 1624 o desde $1 6 2 5 ^ { 1 2 }$ , resultaba ser meramente honorífico y administrativo, pues era el almirante quien embarcaba, actuaba como jefe efectivo de la escuadra y podía adquirir prestigio, honor y reputación en la ofensiva marítima—, lo cierto es que Spinola eligió un objetivo que, por sus características, podía reportarle la misma gloria que la aparentemente inexpugnable fortaleza de Ostende le había reportado veinte años antes. Desde esta perspectiva, la iniciativa de sitiar Breda puede ser interpretada como un intento desesperado del marqués por reafirmar su liderazgo y por desengañar a Madrid sobre la conveniencia de minorar los fondos que se remitían a su disposición para financiar la guerra.
Pese a las reticencias manifestadas inicialmente, el Consejo de Estado se comprometió a rebasar el techo de los 300.000 escudos mensuales durante 1624 para garantizar el éxito de la empresa, pero el costosísimo sitio de Breda, que no se rindió hasta mayo de 1625, disparó el gasto de manera incontrolada sin proporcionar ningún beneficio estratégico evidente. Tras la toma de la plaza, el territorio de la República resultaba tan infranqueable como antes y los partidarios de hacer de la presión económica y de la guerra marítima el eje programático de la ofensiva antiholandesa acabaron ganando la batalla a mediados de 1625. En junio, se remitieron a Bruselas órdenes de operar a la defensiva en tierra durante los últimos meses de la campaña y durante la campaña venidera, y se notificó a la Infanta que, en adelante, el presupuesto mensual del ejército de Flandes en ningún caso superaría los 250.000 escudos, por lo que se debía proceder a la reducción progresiva e incondicional de sus fuerzas de choque móviles, con el fin de ir adecuando su tamaño a su nueva función operativa. Y los recortes comenzaron a ejecutarse ese mismo año13.
Lógicamente, la solución más razonable para paliar la enorme sangría financiera que planteaba el mantenimiento de un aparato militar cada vez menos indispensable era la disminución de su tamaño. Disminución que repercutía en «el modo de hazerse la guerra en Flandes», como habían preconizado algunos arbitrios de finales de 1623 que adquirieron una renovada actualidad en 1625. La hacienda real dejaría de consumirse en «empresas y sitios» y el Rey no haría «gasto por tierra para más que guardar lo que posee con una guerra defensiva lo más ahorrada y duradera que pueda ser, remitiéndose el fin de aquella rebelión a la execuçión de la proibiçión de sus comercios y de la Armada, usando bien de su inteligencia, por ser los medios con que viven los rebeldes»14. La mudanza de los planteamientos bélicos tradicionales formaba parte de un programa político coherente: la lucha contra una república marítima y comercial no podía ser exclusiva o básicamente terrestre. El nuevo modelo de guerra sería defensivo en tierra para, así, poder destinar mayores partidas presupuestarias a la ofensiva naval. Pero, por lo que a los Países Bajos católicos se refiere, la reducción de las fuerzas terrestres —sobre todo, y en un primer momento, de los efectivos móviles, pero más adelante también de los efectivos que permanecían acantonados en las diferentes guarniciones presidiando las numerosas plazas fuertes de las provincias—, era una de las premisas fundamentales de otro ambicioso proyecto de contenido político y militar que se iba a plantear en el conjunto de la Monarquía como una «Unión de Armas».
3. LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LAS PROVINCIAS OBEDIENTES.
La formulación de nuevos esquemas administrativos orientados a repartir efectivamente las cargas defensivas de la Monarquía entre las diferentes entidades jurídico-políticas que la componían fue, seguramente, la característica más destacable del régimen de Olivares. Las desigualdades contributivas existentes entre todas ellas requerían una repartición más equitativa del esfuerzo tributario y el objetivo último del proyecto de la Unión de Armas fue la redistribución global de las cargas militares del conjunto monárquico. Pero no es preciso insistir más sobre los fundamentos de la «confederación» o «correspondencia de armas», es decir, del programa de defensa compartida, de cooperación y asistencia mutua y solidaria entre todos los componentes territoriales de la Monarquía, que propugnaba el Conde-Duque y que fue examinado por primera vez en el Consejo de Estado en noviembre de 1625. El sistema de cuotas es de sobra conocido y también el cupo asignado a los Países Bajos católicos (12.000 soldados)15, aunque los pormenores de la negociación de la Unión de Armas en Flandes todavía permanecen oscuros. Con todo, son ciertos detalles de su planteamiento y presentación ante las asambleas representativas de las diferentes provincias los que han pasado completamente desapercibidos hasta la fecha. Ciertamente, los fundamentos del proyecto, tal y como fue concebido y formulado para y en el ámbito flamenco, apenas son conocidos y resulta imprescindible sacarlos a la luz, porque, por lo que a Flandes se refiere, el proyecto no contenía uno, sino dos objetivos diferentes, y porque Bruselas no siguió una, sino dos estrategias de negociación claramente diferenciadas ante los Estados Provinciales, con resultados completamente opuestos, favorable en un caso, desfavorable en el otro.
Cuando se enviaron a Bruselas las líneas generales del proyecto, en los meses centrales de 1626, eran dos los temas a discutir. Por un lado, estaba el asunto propiamente dicho de su participación en la Unión. Las provincias leales debían costear la recluta y el mantenimiento de un máximo de 12.000 soldados, que pasarían a formar parte de una reserva militar común disponible para toda la Monarquía, siempre que no estuvieran en guerra16. Soldados que, por esta razón, en ningún caso campearían en Flandes, sino en cualquier otro territorio de la Monarquía que se hallase amenazado. Mientras se efectuó la presentación del proyecto ante las diferentes asambleas provinciales, durante los meses de septiembre y octubre de 1627, los Países Bajos católicos se hallaban en guerra y era evidente que, casi recién expirada la Tregua, lo estarían durante mucho tiempo, porque durante las últimas campañas (1621-1627) no se habían realizado progresos significativos que permitieran mejorar las condiciones de una segunda suspensión, temporal o definitiva, de las hostilidades con los holandeses. Si se decidían a participar en el proyecto, nada indicaba que tuvieran que hacer frente a este compromiso a corto o medio plazo y las contrapartidas eran evidentes. Las rentas procedentes de otros territorios de la Monarquía se emplearían en el sostenimiento de 20.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería —la séptima parte de la fuerza militar de reserva que iba a ser sufragada por todos los participantes y que la nueva «confederación armada» aportaría a cada uno de los frentes de guerra abiertos en la Monarquía—, que campearían en Flandes mientras no se llegara a un acuerdo de paz con los holandeses. Por ser el único territorio que se hallaba en guerra en ese momento, las provincias obedientes eran, lógicamente, las más interesadas en que el proyecto de la Unión saliera adelante. La rapidez del breve proceso negociador que condujo a su aceptación en unas pocas semanas resulta, por eso, bastante comprensible y no merece la pena detenerse en la reconstrucción de sus avatares. Aceptación sin objeciones de parte de las provincias que la propia presión de la guerra podría explicar muy bien, aunque tal razonamiento pueda resultar, a primera vista, paradójico.
Los Países Bajos católicos financiaban entonces los gastos de entre el 20 y el $2 5 \%$ de los efectivos que formaban el ejército de Flandes. Cantidad que, si bien no solía sobrepasar los 14.000 o 15.000 soldados17, iba acompañada de otras muchas cargas. Por «vía de Finanzas», es decir, de las rentas administradas por el órgano supremo de gestión de los ingresos del fisco flamenco, el Consejo de Finanzas de Bruselas —incluido el producto de las ayudas (ordinarias y extraordinarias) y de los subsidios de las provincias, pese a ser gestionado directamente por los Estados Provinciales—, se sufragaban los salarios de diversas compañías de caballería y los salarios de la infantería de guarnición que presidiaba las plazas fuertes que «las Finanzas» tenían asignadas18, junto con los costes de aprovisionamiento de todos esos presidios. «Las Finanzas» también costeaban los gastos generados por la construcción de fuertes nuevos y por la reparación de galerías y de fortificaciones en las plazas fron
18 El mantenimiento y la dotación de los tres castillos —Amberes, Gante y Cambrai—, corrían a cargo del Tesoro militar, pero también los de un buen número de guarniciones permanentes. En 1623, en pleno debate sobre la necesidad de reducir el tamaño del ejército, se estimaba que, como mínimo, eran necesarios 10.000 soldados para presidiar «los tres castillos y guarniciones que corren por quenta del exército», BNM, Ms. 18.196, f. 11. No todas las guarniciones eran, por tanto, sostenidas por «vía de Finanzas». Existían fortalezas especiales, establecidas en puntos conflictivos o en zonas amenazadas, generalmente fronterizas, «a la cara del enemigo», que necesitaban «presidio grueso», es decir, guarnecerse con una dotación superior a 1.000 soldados, y se financiaban con recursos extraprovinciales. En un «Escrito [...] sobre el estado de las cosas de Flandes» de 1623, se reconocía que, en los Países Bajos católicos, había más de 50 plazas presidiadas, de las cuales, sólo 17 se hallaban consignadas en «Finanzas», AGS, GA, leg. 1439. A principios de la década de 1630, al menos 37 guarniciones permanentes se hallaban a cargo de la Pagaduría general, cf. ALCALÁ-ZAMORA, J., España, Flandes.., op. cit., p. 284 n. 244 y p. 285.
terizas y en las fortalezas que se ganaban al enemigo19. Afrontaban, además, una serie de obligaciones menores, como la de forrajear el ejército durante los alojamientos —financiaban las raciones de forraje que consumían las bestias y los caballos de tiro que transportaban el bagaje de los tercios de infantería, aunque no el coste de las raciones de forraje que consumía la caballería20— y la de sufragar determinados gastos asociados al Tren de Artillería, como, por ejemplo, la financiación de cierto número de carros (alrededor de $2 5 0 ) ^ { 2 1 }$ para el transporte de baterías y municiones. Por último, las provincias estaban obligadas, bien a soportar los odiosos alojamientos22, bien a hacer frente a las «redenciones» de alojamientos, es decir, a afrontar el pago de contribuciones de carácter extraordinario para ser exoneradas, a escala regional y local, de la obligación de alojar a los soldados, que se retiraban entonces hacia los territorios fronterizos de los Países Bajos católicos para pasar el invierno de manera mucho más incierta. Y cuando las tropas se replegaban hacia sus cuarteles, tras concluir la campaña, las provincias sufrían los tránsitos de tropas —los temibles pasajes y repasajes—, durante los cuales, no sólo estaban obligadas a aportar carros y barcazas para transportar a la milicia, bien por tierra, bien a través de ríos y canales, sino que padecían la extorsión de la soldadesca, generalmente mal pagada y con varios meses de retrasos en la percepción de sus salarios.
Considerando que las provincias leales tenían que afrontar todas estas obligaciones en tiempo de guerra, la cuota asignada en la Unión de Armas resultaba poco significativa, sobre todo teniendo en cuenta que los 12.000 soldados no se pedían de una vez. Si uno de los reinos o provincias de la Monarquía se hallaba en peligro, cada uno de los participantes en la Unión debía aportar la séptima parte del cupo que tuviera asignado y la aportación de los Países Bajos católicos se reducía a unos 1.700 soldados. Si eran dos los frentes abiertos, cada participante aportaría las dos séptimas partes —unos 3.500 soldados en el caso de las provincias obedientes—; si eran tres, las tres séptimas partes —alrededor de 5.000 soldados en el caso flamenco—, y así sucesivamente: las aportaciones serían proporcionalmente mayores hasta completar la cuota asignada en relación con el número de frentes de guerra abiertos en la Monarquía de manera simultanea. La contribución de hombres y de dinero fuera del territorio provincial que contemplaba el proyecto de la Unión de Armas, en caso de atravesar una etapa de paz las provincias leales, era «insignificante». Sorprende, por eso, que hasta ahora no se haya podido dar una explicación convincente de por qué los Estados Provinciales otorgaron tan rápidamente su beneplácito a la Unión, algo que no dejaba de resultar extraño siendo los Países Bajos católicos, junto con Castilla, uno de los territorios que sufrían la presión fiscal más elevada23. Paradójicamente, esa misma presión económica y bélica sostenida explica que la aceptación de la Unión fuera tan rápida y no planteara ningún problema a los encargados de negociar el proyecto con las diferentes asambleas. En diciembre de 1627, sus diputados se comprometieron, únicamente, a sufragar un máximo de 12.000 soldados destinados a campear fuera de las provincias obedientes, una vez alcanzado un acuerdo de paz o tregua duradera con los holandeses. Un compromiso que, por otra parte, tampoco resultaba irreversible, pues sólo era válido, es decir, sólo las comprometía, por espacio de quince años (hasta 1642 exactamente)24.
Pero el proyecto de la Unión no se sometió al dictamen de la Infanta de manera aislada y he aquí el segundo tema a discutir. Elliott ha referido cómo, a medidos de 1626, se remitieron a Bruselas las líneas generales del proyecto y cuáles eran las verdaderas intenciones de Olivares. El Conde-Duque consideraba que los 20.000 infantes y 4.000 caballos proporcionados por el conjunto de la Monarquía para defender las provincias obedientes, si éstas se decidían a participar en la Unión, bastarían como fuerza defensiva, siempre y cuando se complementaran con otros 20.000 soldados de infantería remunerados por los propios Países Bajos católicos para guarnecer sus presidios25. Supuesto que el sostenimiento de muchos de estos presidios corría a cargo del Tesoro militar, alimentado con recursos extraprovinciales —las llamadas «provisiones españolas»—, lo que se pretendía era efectuar una redistribución de cargas militares dentro de las propias provincias obedientes y que los Países Bajos católicos, además de participar en la Unión, se comprometieran a sustentar una porción mayor de efectivos, trasladando a «las Finanzas» parte de los salarios consignados en el Tesoro militar. Que las provincias leales aportaran más a sus propias necesidades defensivas, en definitiva, liberando a la Pagaduría general de la carga que representaba la financiación de un buen numero de guarniciones permanentes.
Los Países Bajos católicos no eran, ciertamente, el único territorio de la Monarquía que recibía dinero de Castilla para sostener sus presidios26. Sin embargo, que las provincias obedientes sustentaran todas sus guarniciones, a excepción de los castillos de Amberes, Gante y Cambrai27, era un objetivo que, si bien coincidía con el espíritu del proyecto de la Unión de Armas (redistribución del peso de la defensa de la Monarquía), no se contemplaba en el texto del proyecto propiamente dicho. Elliott no ha matizado esta distinción que se presenta confusa, pero inequívoca, en los documentos. Una cosa era el asunto de la Unión y otra bien distinta el asunto de los presidios y, precisamente por eso, se presentaron de manera separada a los Estados de las diferentes provincias en los últimos meses de 1627. Así lo confirmaba, en diciembre de ese mismo año, don Diego Mexía, marqués de Leganés y emisario de Madrid para la presentación de la Unión en Flandes:
«Quando se comenzó a tratar el negoçio de la Unión di quenta a Vuestra Majestad de cómo Su Alteza, la señora Infanta, tubo por conviniente que hasta acavarle no se hablase en el de los presidios por no embarazar el uno con el otro»28.
Como señala Elliott, nada más conocer el proyecto de Madrid, en agosto de 1626, la Infanta mostró bastante escepticismo acerca de su viabilidad, ya que no era más que un intento de obligar a las provincias leales a soportar una mayor responsabilidad en el esfuerzo bélico29. Pero tal valoración se refería sólo a ese otro «negocio», al objetivo de que las provincias llegaran a sufragar los salarios de toda la infantería de guarnición, es decir, «alcanzar de que llana y lisamente crezcan las ayudas para poder pagar más gente de la que se paga agora»30. Refiriéndose, pues, a esta parte del proyecto, la Infanta advirtió al monarca lo siguiente a finales de ese mismo mes:
«Es bien que Vuestra Majestad esté informado que con las liçentas que se han quitado, falta a las Finanzas de 700.000 a 800.000 florines al año, los quales, para acudir a lo necesario es fuerza sacar agora de los empeños que se van haziendo. Assí, se sirva V. M. de considerar si los del país no acuden a lo que falta a Finanzas, cómo se puede esperar que provean lo que toca al Exército y tanta carga como sería el tomar casi la guerra a su costa. Suplico a V. M. crea que si deste país no se ha sacado más hasta agora es porque no se ha podido más y [...] que el pensar que se haya de hazer la guerra, la más parte a costa destos países, aun en hablar en ello y publicarlo entre el pueblo podría ser harto inconveniente»31.
En los Países Bajos católicos, los intercambios comerciales con el enemigo se hallaban subordinados al pago de una tasa, o derecho de licente, desde la segunda mitad del siglo $\mathrm { X V I } ^ { 3 2 }$ . Los ingresos procedentes del cobro de licentes, o licenten, un impuesto sobre el comercio exterior de naturaleza arancelaria que gravaba la importación y la exportación de mercancías a su paso por determinados puntos de control situados en ciertas localidades portuarias y en los márgenes de las vías fluviales que registraban un tráfico mayor33, habían experimentado un recorte sustancial a raíz de la prohibición de comerciar con los rebeldes holandeses que siguió a la expiración de la Tregua y que Bruselas no decretó hasta febrero de $1 6 2 2 ^ { 3 4 }$ . «Cerrar las licentas», o poner fin a la expedición de los sustanciosos permisos y pasaportes que autorizaban a los súbditos obedientes y rebeldes a comerciar entre sí, era una medida que formaba parte de los procedimientos adoptados por la Corona para ejercer una presión económica a gran escala sobre las Provincias Unidas. Pero las llamadas «licentas de ribera» habían continuado proporcionando cuantiosos beneficios hasta el verano de 1625, porque el tráfico fluvial con el enemigo había seguido siendo tolerado tras la reanudación de las hostilidades.
El cierre de los puertos flamencos a los mercantes neerlandeses y el bloqueo naval de la costa flamenca, reimplantado por los holandeses en abril de 1621, habían desviado el transporte comercial hacia los ríos y canales que comunicaban las Provincias Unidas con los Países Bajos católicos. Desde el punto de vista estrictamente fiscal, tal desviación había favorecido a la Repú- blica, que había elevado las tarifas arancelarias que gravaban el tráfico fluvial35, tanto como al propio gobierno de Bruselas, pues la rentabilidad de las licentas de ribera había sido mucho más elevada después de 1621. Sin embargo, Madrid aspiraba a despojar a los holandeses de sus mercados centroeuropeos estableciendo un bloqueo total en las principales arterias fluviales que desembocaban en el mar del Norte y comunicaban la República con los Paí- ses Bajos católicos, el interior de Alemania y Europa central: ningún barco o mercancía de procedencia holandesa debía adentrarse en el continente y ningún barco o mercancía, cualquiera que fuera su procedencia, debía llegar a las Provincias Unidas desde el interior de Europa.
La Infanta tardó algún tiempo en decidirse a prescindir de una partida presupuestaria tan importante por razones que Spinola comunicó a Felipe IV en mayo de 1624. «En quanto a cerrar las riveras —admitía el marqués—, se me offrece qué representar a Vuestra Majestad, que en el ínter que no se buscare forma de poder rembolsar las Finanças el daño que recibirían en las liçentas, no se halla camino para poderlo poner en execución»36. Queda claro, pues, que Bruselas no se avino enseguida a «cerrar las riberas». De hecho, el bloqueo fluvial sólo fue completamente efectivo desde mediados de $1 6 2 5 ^ { 3 7 }$ y sus repercusiones sobre las finanzas de Bruselas fueron tan negativas como se esperaba. Los ingresos del gobierno experimentaron una pérdida anual de varios cientos de miles de florines que ni la Corona se había comprometido a compensar con «provisiones españolas» ni los Estados Provinciales habían aceptado cubrir mediante un incremento de subsidios y ayudas extraordinarias. La Infanta se vio obligada a enajenar parte de las rentas, jurisdicciones y bienes inmuebles de carácter patrimonial que constituían el llamado domaine royale para hacer frente a las consignaciones que pesaban sobre los diferentes receptores de licentes38 y cuando, a finales de agosto de 1626, se pronunció sobre el proyecto de exonerar al Tesoro militar del pago de las guarniciones ordinarias que se hallaban a su cargo, reconoció que eso sólo sería posible si las provincias se avenían a crecer sus aportaciones anuales. Es decir, si los Estados Provinciales daban su beneplácito al proyecto, algo altamente improbable, pues Madrid pretendía instarles a afrontar cargas que ni siquiera formaban parte de las obligaciones propias del Consejo de Finanzas de Bruselas.
Pero Olivares estaba convencido de que su plan tenía bastantes probabilidades de salir adelante, porque la infantería de guarnición iba a experimentar recortes que harían la carga más llevadera para las provincias. En octubre de 1626, Felipe IV remitió a la Infanta un «Papel del señor Conde-Duque» en el que el propio Olivares exponía todos los pormenores del proyecto de la Unión de Armas y del plan de autofinanciación de los presidios. Si se conseguía que las provincias aportaran más a sus gastos de defensa, la Corona podría afrontar la guerra antiholandesa de forma más desahogada, porque la aportación anual de Madrid a las necesidades financieras del ejército de Flandes se reduciría al mantenimiento de sus fuerzas de choque móviles. Fuerzas que, una vez adecuado el tamaño del ejército a su nueva función operativa, exclusivamente defensiva, no tenían por qué sobrepasar los 20.000 soldados de infantería y los 4.000 de caballería, equivalentes a la séptima parte del contingente de reserva previsto por la Unión de Armas, cifra bastante alejada de la que, por entonces, estaba prestando servicio fuera de las guarniciones: alrededor de 37.000 soldados, 31.000 infantes y 6.000 caballos.
Efectivamente, en 1627, el ejército de Flandes contaba con casi 70.000 hombres efectivos: alrededor del $8 0 \%$ (unos $5 4 . 0 0 0 = 5 0 . 0 0 0$ infantes y 4.000 caballos) dependía del Tesoro militar y en torno al $2 0 \%$ (unos $1 4 . 0 0 0 = 1 2 . 0 0 0$ infantes y 2.000 caballos) dependía de «Finanzas»39. Cerca de 31.000 de esos casi 70.000 hombres prestaban servicio en guarniciones40. Teniendo en cuenta que la infantería de guarnición retribuida por «vía de Finanzas» no pasaba de los 12.000 hombres en los últimos meses de $1 6 2 6 ^ { 4 1 }$ , alrededor de 19.000 infantes, de los 31.000 presidiados, debían de estar siendo retribuidos vía Pagaduría general en esas mismas fechas y, aunque estaba previsto licenciar a toda la caballería remunerada por «vía de Finanzas», resultaba inimaginable que las provincias se comprometieran a sustentar de golpe 19.000 infantes más de los que ya sustentaban. Pero Olivares tenía su particular visión del problema:
«En esto [dotación de las guarniciones] se considera que serán necesarios tener hasta número de 20.000 o 24.000 hombres. Los más se inclinan a que serán suficientes 20.000, que se considera que no es necesario tener tan llenos los presidios que confinan con Francia mientras no ay guerra con ella, ni tampoco los de Alemania mientras no la huviere o se hallara la tierra adentro y los confines de Flandes libres como lo están oy, por ser estados de amigos los que son vezinos de los obedientes»42.
Supuesto que, según Olivares, las tropas de guarnición debían experimentar una reducción equivalente a la tercera parte de su tamaño, pasando de
31.000 a 20.000 infantes efectivos, las provincias únicamente tendrían que proporcionar lo necesario para mantener 8.000 infantes más de los que mantenían en ese momento $( 1 2 . 0 0 0 + 8 . 0 0 0 = 2 0 . 0 0 0 )$ ), un número que a Madrid se le antojaba razonable (el $4 5 \%$ del nuevo pie de ejército que se pretendía establecer, frente al $2 0 \%$ del pie vigente que sustentaban entonces).
Pero, en Bruselas, las cosas se veían de distinta forma. De entrada, la negociación con sus diferentes asambleas representativas iba a resultar muy complicada, porque los Estados Provinciales no solían consentir ayudas duraderas. La ayuda ordinaria estaba sujeta a confirmación anual y, aunque su renovación era prácticamente automática desde principios del siglo XVII, su cuantía no era negociable, sino fija, mejor dicho, podía ser negociada, pero sólo a la baja, como se verá más adelante. La ayuda extraordinaria, entendida como incremento circunstancial de la ayuda ordinaria, era, como el subsidio —la tercera modalidad de servicio que concedían los Estados—, objeto de arduas negociaciones, pero, en ambos casos, las asambleas se comprometían a proporcionar una suma específica, con una u otra finalidad, durante un número concreto de meses que, en el caso de los subsidios, no pasaba de seis y, en el de las ayudas extraordinarias, nunca superaba los doce. Era poco probable, por tanto, que los Estados Provinciales —siempre atentos a ser convocados, como mínimo, dos veces al año—, se comprometieran a mantener a largo plazo una aportación tan elevada como la que se les reclamaría para financiar sus guarniciones ordinarias, y así lo advirtió la Infanta a finales de diciembre de 1626. Con todo, Isabel admitía que si Bruselas, con el consentimiento del monarca, se comprometía a ofrecer a sus diputados que «la gente de guerra, el tiempo que está en los alojamientos, y no de otra manera, pagasse las maltotas $^ { , 4 3 }$ [...], porque con esto, escussándose también muchos fraudes que se hazen devaxo de la franqueza de los soldados, no hay duda de que las provincias darían más». Es decir, si Felipe IV proporcionaba a las ciudades la posibilidad de aumentar sus ingresos a costa de la milicia, los Estados Provinciales mostrarían mayor disposición a crecer sus servicios extraordinarios y a sopesar las nuevas peticiones del soberano, en lugar de rechazarlas de plano. No obstante, Olivares y Felipe IV debían formarse una idea clara de la situación antes de seguir adelante con el proyecto y la Infanta optó por enviar a Madrid un emisario personal, don Juan de Benavides y de la Cerda, administrador general del Hospital Real de Malinas44, para ponerlos al corriente de todo.
Uno de los principales cometidos de Benavides, que llegó a la Corte en enero de 1627, fue convencer a Olivares de la imposibilidad de compaginar la eficacia defensiva con una reducción tan drástica de la fuerza fija que llenaba las guarniciones cuando Madrid pensaba mantener indefinidamente tan pocos efectivos móviles. Pero también de los rigores que iba a padecer la soldadesca, dada la falta de puntualidad con la que solía recibir sus pagas, si quedaba exenta de una franqueza tan emblemática como la de la maltôte, que le permitía adquirir vino y cerveza a precio tasado. Y, cómo no, de la escasa conveniencia de negociar las condiciones de la Unión de Armas y el asunto de los presidios de manera conjunta con los diputados provinciales.
Durante los meses de enero y febrero de 1627, Benavides tuvo varias audiencias con el Conde-Duque, algunas en presencia de don Diego Mexía, futuro marqués de Leganés y futuro delegado de Madrid para la presentación del proyecto en los Países Bajos45. Pero Olivares admitió que no estaba dispuesto a mudar sus planes y se pronunció a favor de utilizar la maltôte, es decir, la posibilidad de extender la tasa de las bebidas, fundamentalmente la cerveza, a la milicia, como baza negociadora frente a los Estados, tal y como se había sugerido desde Bruselas. El propio Benavides había reconocido que ésta era la única contrapartida que se podía ofrecer a sus diputados cuando fueran convocados a crecer sus servicios extraordinarios para financiar sus guarniciones ordinarias y el Conde-Duque no se lo pensó dos veces. A finales de febrero de 1627, Felipe IV comunicó oficialmente a la Infanta su nuevo dictamen, aunque los términos en los que se habrían de conducir las conversaciones con las distintas asambleas se dejaron al arbitrio de Bruselas, que podía separar la propuesta de participar en la Unión de la propuesta de autofinanciación de los presidios, si lo consideraba conveniente:
«Lo que desseo y se pide es que esos payses suplan sobre la renta que yo tengo en ellos las cantidades que fueren necesarias para pagar con puntualidad los presidios con su pie entero [...] y el pagar los presidios esos payses [...] es obligación natural según toda ley divina y humana a que se deve juntar que todo quanto se da a los soldados de los presidios se queda en las mismas villas, con que no sólo [no] les caussa daño, sino que con pagar con puntualidad se escusan de las vejaciones, importunaciones y socorros que hazen a los soldados y esta paga de presidios se tomará condicionalmente con las provisiones que de acá se han de embiar para la paga de los 20.000 infantes y 4.000 caballos que se presupone ha de tener esse exército y se vendrá en que no se paguen los presidos quando de acá no se hagan las provisiones para el exército dicho, con que en esta proposición no se pide nada a esos payses y se les viene a dar mucho, porque el pagar los presidios en la parte que no alcanzaren las rentas de esoss payses es obligación natural e innegable y de que por razón ninguna se deven escusar y biniendo en lo de la Unión, como se pide, y también en la paga de los presidios, se conçederá que paguen las maltotas la gente de guerra en la forma que Vuestra Alteza lo propone, porque si bien se considera que es reçia cosa obligar a la gente de guerra a esto, se pasará por este inconveniente por conseguir lo que es tan importante como lo de la Unión y paga de los presidios»46.
La determinación regia de llegar a un compromiso condicional de estas características demuestra una voluntad indudable de consenso. Pero la Infanta reiteró una vez más la escasa viabilidad del proyecto, si bien es cierto que, en ningún momento, transmitió la idea de que las provincias pudieran negarse a participar en la Unión de Armas. Tan sólo cuestionó su capacidad para sufragar el mantenimiento de todas las guarniciones de los Países Bajos cató- licos47. Su pesimismo hizo dudar a Madrid de la resolución con la que Bruselas iba a abordar la presentación de esa segunda propuesta en las asambleas provinciales y Olivares decidió enviar un delegado del monarca para supervisar y dirigir el proceso negociador. El elegido fue un pariente y hombre de confianza del Conde-Duque que había pasado más de veinte años en Flandes, don Diego Mexía, recientemente agraciado con el marquesado de Leganés (abril 1627)48. Su entrada en Bruselas tuvo lugar a principios de septiembre de 1627 y enseguida notificó al Rey sus primeras impresiones: la Infanta no había cambiado de parecer, pero estaba dispuesta a asistirle y a respaldarle en el ejercicio de su comisión.
«Que para su buena dirección me asistirá Su Alteza con su autoridad y consejo y usará de los medios posibles para que se consiga quanto se pueda, si bien conoçe que son grandísimas las dificultades que se han de ofreçer en lo que toca a la materia de presidios y a que estos vasallos crezcan lo que para ellos se les ha de pedir y en lo que se ha de asentar de pie de exérçito juzga por pequeño el de los 20.000 hombres y por el más tratable de todo tiene lo de la Unión y así me da liçençia para començar por $\operatorname { e l } \gg ^ { 4 9 }$ .
La primera propuesta que los Estados de las diferentes provincias iban a recibir era la de participar en la Unión de Armas, pero la Infanta y sus colaboradores militares habían reconocido que un ejército permanente de 40.000 infantes (20.000 guarneciendo las plazas y otros 20.000 en campaña) y 4.000 caballos —generalmente, se pensaba que la fuerza fija debía constituir la mitad de todo el ejército, de ahí que el número de 20.000 fuera considerado como pie o planta del mismo—, era demasiado pequeño para defender las provincias. Sin embargo, no era la dimensión de sus fuerzas de choque móviles o la de su fuerza fija las que resultaban, en sí mismas, y por separado, controvertibles. Un ejército de campaña de 24.000 hombres efectivos podía proporcionar las debidas garantías defensivas si las plazas fuertes se hallaban suficientemente dotadas, y viceversa, una dotación deficitaria en las distintas plazas fuertes podía ser compensada por un potente ejército de campaña capaz de dividirse y de operar en varios cuerpos independientes, acudiendo a las zonas amenazas, por distantes que se hallaran unas de otras, al producirse la mínima señal de alarma. Dadas las circunstancias, es decir, con 24.000 efectivos móviles, ni siquiera 31.000 infantes bastaban para guarnecer los presidios, algo de lo que el propio marqués de Leganés se convenció algún tiempo después de llegar a Bruselas. Eran necesarios, por lo menos, 35.000 infantes de guarnición para asegurar los Países Bajos católicos, es decir, 15.000 infantes más de los que Olivares pretendía mantener, y era evidente que las provincias nunca podrí- an sustentar 23.000 infantes más ( $1 5 . 0 0 0 + 8 . 0 0 0$ de partida) de los que sustentaban en ese momento (12.000), tomando a su cargo alrededor del $6 0 \%$ del nuevo pie de ejército (59.000 hombres $= 2 4 . 0 0 0$ efectivos móviles $+ ~ 3 5 . 0 0 0$ infantes guarnicionados).
4. EL PLAN DE AUTOFINANCIACIÓN DE LOS PRESIDIOS.
Cuando Leganés llegó a Bruselas, en septiembre de 1627, se hallaban en los Países Bajos católicos dos miembros del tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas castellana que habían llegado a la Corte de Isabel a principios de julio de ese mismo año para ejecutar un complejo programa de reformas encaminado a reducir los costes de la vasta superestructura militar que operaba en el territorio. Los contadores mayores Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres estaban desempeñando una comisión oficial50 que, pese a no estar relacionada con el asunto de la Unión de Armas ni con el de los presidios, sí los trataban tangencialmente. Así, el capítulo 43 de su instrucción hacía referencia a la necesidad de «proseguir la plática de la Unión» y de reiterar a la Infanta la conveniencia de que las provincias se esforzaran por tomar a su cargo el pago de toda la gente de guerra que guarnecía sus plazas fuertes51; eventualidad que permitiría a Madrid financiar con plenas garantías, es decir, con plena solvencia y total puntualidad, un ejército de campaña de 24.000 hombres efectivos y una Armada de cincuenta navíos —veinte más de los que en ese momento se hallaban en activo52—, para guardar las costas de los Países Bajos católicos.
A comienzos de septiembre de 1627, unos días antes de que Leganés entrara oficialmente en Bruselas, Escobar y Porres habían consultado a la Infanta sobre el contenido de dicho capítulo, exponiendo nuevamente los fundamentos generales del proyecto y solicitando el inicio de conversaciones con los diputados provinciales a través de interlocutores concienzudamente seleccionados que contaran con la suficiente autoridad y credibilidad ante cada una de las asambleas. Como los Estados solían reunirse en los últimos meses del año para acordar las ayudas y subsidios que concederían durante la campaña venidera, era preciso organizar todos los detalles de la presentación sin pérdida de tiempo. En su respuesta a boca, Isabel confesó haber iniciado ya algunas diligencias al respecto, pero prefería aguardar al marqués de Leganés, «que savía venía encargado de acudir a lo mismo y traya instrución particular [...] de cómo se ha de governar y lo que para ello havía de offrezer y haçer», para continuarlas53. Y en efecto, cuatro días después de su llegada, se reunió una Junta especial para tratar la materia en casa del embajador real, el marqués de Bedmar, cardenal de la Cueva desde 1622.
La integraban el propio cardenal; el marqués de Leganés; el marqués Ambrogio Spinola; don Juan de Benavides y de la Cerda, que debía de haber regresado a Bruselas acompañando a Leganés; los contadores Escobar y Porres; y «otros ministros que tienen la mano en las cosas del gobierno destos estados» (el chefprésident del Consejo Privado, Engelbert Maes; el canciller de Brabante, Ferdinand de Boisschot; Guillaume de Steenhuys, uno de los miembros más antiguos del Consejo Privado; el tesorero general de Finanzas, François Kinschot; y el chef de Finanzas René de Renesse, conde de Warfusé). En esta Junta, Leganés «propuso sola la materia de la Unión» y se acordó que el marqués visitase todas las provincias y villas principales para efectuar la proposición personalmente, siguiendo un itinerario preciso elaborado por la misma Junta54.
Con la llegada de Leganés, el asunto de la Unión quedó, pues, completamente al margen de los cometidos específicos de los dos contadores. Pero no el de los presidios, pues, según refirieron en una carta de mediados de noviembre de 1627,
«para en caso de encargarse aquellas provincias de la paga del sueldo de los presidios, yvan juntando y recogiendo algunos papeles y relaçiones que serán neçesarios para apoyarlo y fortificarlo, como son el monto de lo que oy se paga por Finanças, así a compañías de caballos, como de infantería, y a las de algunos presidios y guarniciones que montan 1.090.000 escudos cada año para gastos de guerra».
Y desde Madrid se les instó a seguir ocupándose «en el resumen de las quentas que dizen están aún pendientes para saber lo que oy contribuyen los estados en la caballería y presidios y otros gastos de guerra»55. Es decir, Escobar y Porres estaban llevando a cabo una investigación de cuentas sobre ámbitos de gestión y esferas de administración exclusivamente flamencas, con el propósito de clarificar datos relativos a las aportaciones reales de los Países Bajos católicos en materia de gastos militares. Según la información que habí- an podido reunir hasta entonces, a partir de las noticias que les proporcionaba el personal del Consejo de Finanzas, las provincias leales invertían al año poco más de 1.000.000 de escudos de 57 placas (en torno a 3.000.000 millones de florines anuales) en gastos de defensa56. Pero el resumen o tanteo de cuentas que estaban elaborando aún no estaba terminado. Al parecer, no sólo debía contener datos relativos a las consignaciones militares que pesaban sobre la «caja de Finanzas», sino también a las sumas que ingresaban anualmente en dicha caja, de cara a valorar el incremento que debían experimentar los subsidios y ayudas extraordinarios que concedían los Estados para sostener todas las guarniciones permanentes de los Países Bajos católicos. Dadas las circunstancias, no es extraño que Escobar y Porres participaran en todas las Juntas que se convocaron en Bruselas para estudiar la viabilidad del plan de autofinanciación de los presidios, una vez realizada la presentación de las condiciones de la Unión de Armas a los diputados de todas las asambleas provinciales57.
En una de esas Juntas, en la que, además de los contadores, asistieron el marqués Leganés, Spinola, el cardenal de la Cueva, don Juan de Benavides y de la Cerda, algunos maestres de campo de infantería española e italiana (el castellano de Gante Gaspar de Valdés, Felipe de Silva y Tomás de Vingardi), el superintendente de la justicia militar don Juan Díaz de Letona, varios militares flamencos (los gobernadores de las plazas fuertes de Bois-le-Duc y Maastricht, Antoine Schetz, barón de Grobbendonck, y Claude de Lannoy, conde de La Motterie); y dos chefs del Consejo de Finanzas (Claude d’Oignies, conde de Coupigny, y el conde de Warfusé), se calculó el número de soldados de guarnición que resultaban imprescindibles para asegurar la defensa de las provincias y el dinero necesario para su mantenimiento.
$\ll \mathbf { Y }$ ajustando plaza por plaza con toda la limitación posible —reconocía Leganés en diciembre de 1627—, se ha hecho y acordado una relaçión de la gente que es menester en todos los presidios y llega a número de 35.511 soldados, que tanteada la paga uno con otro [...] importa 5.332.200 florines al año y las consignaciones y gastos de Finanças [...] 2.666.421 florines, que hazen 7.998.621 florines, para los quales, del dominio, ayudas y contribuciones se tienen tan solamente 3.739.000 florines al año, y se tendrá sobre esto lo demás que yo pudiere ajustar con las provincias, pero lo que faltare es neçesario que V.M. se sirva de mandar ver de donde se ha de sacar y proveer si por el daño grande que de tener cerradas las licentas reçiven estas provincias, se hallare por conveniente abrirlas, se sacará un buen pedazo»58.
Leganés admitía que, en cuestión de efectivos, Olivares se había quedado corto, pues eran necesarios alrededor de 35.000 infantes para guarnecer los presidios y eso dificultaba enormemente las cosas en materia de financiación. En su cálculo, la Junta había tenido presente el rendimiento del domaine royale (unos pocos cientos de miles de florines anuales) y, por lo que a aportaciones de los Estados Provinciales se refiere, el producto de la ayuda ordinaria y el producto de la ayuda y del subsidio extraordinarios, pese a que su montante no era fijo, sino variable y negociable cada año. La cuantía de la primera modalidad contributiva, estipulada en 3.600.000 florines anuales hacía casi tres décadas, podía variar en función de las posibilidades tributarias de las diferentes provincias, una vez efectuadas las oportunas negociaciones a la baja59, y por esas fechas —probablemente en el último ejercicio contributivo, el de 1627, sobre cuyos datos a buen seguro estaba trabajando la Junta—, no debía de superar los 2.400.000 florines anuales. En relación con los ingresos obtenidos a través de las dos últimas modalidades de servicio extraordinario, cabe señalar que, por regla general, representaban como máximo 1.000.000 de florines anuales. Por tanto, aunque «las Finanzas» pudieran disponer de una suma cercana a los 5.000.000 de florines en cada ejercicio financiero —claro está, en el hipotético caso de que la cuantía real y la teórica de la ayuda ordinaria coincidieran— , sus gastos, una vez asumido el pago de los 35.000 infantes de guarnición, representarían una suma de casi 8.000.000 de florines anuales y, en el mejor de los casos, registrarían un déficit de alrededor de 3.000.000 de florines anuales.
El cierre de las licentes había privado al fisco flamenco de una partida de ingresos que, al año, rondaba el millón de florines y Leganés sugería poner fin al bloqueo fluvial para incrementar la recaudación del gobierno de Bruselas. Pero también con vistas a favorecer a las provincias, que sufrían carestías, precios elevados y multitud de trastornos comerciales y, en semejantes circunstancias —admitía el marqués—, no sería fácil que crecieran sus aportaciones anuales «por lo que les falta el tráfico, que ha menguado muchísimo después que se han çerrado las liçentas de lo que yba y venía de holandeses»60. Si se decretaba el fin del bloqueo fluvial, el gobierno de Bruselas podría ingresar, en efecto, cerca de un millón de florines más por la expedición de licentes, aunque seguirían faltando alrededor de 2.000.000 de florines para cubrir gastos. Una suma astronómica que sólo se podía obtener por una vía, la de la negociación con los diputados provinciales, tal y como reconocieron los ministros «del país» que asistieron a las sesiones de la Junta cuando se les instó a proponer expedientes alternativos válidos para aumentar los ingresos de la «caja de Finanzas».
Ciertamente, para que el proyecto de autofinanciación de los presidios saliera adelante, los subsidios y las ayudas extraordinarias debían registrar un crecimiento espectacular. Eso implicaba dos cosas. En primer lugar, que sería preciso poner a disposición de los Estados Provinciales una serie de arbitrios que les permitieran recaudar lo necesario para reunir una suma tan elevada. Y en segundo, que sería preciso ofrecerles algunas contrapartidas de diversa naturaleza que les resultaran difíciles de rechazar.
«Pareció a todos generalmente que sería dificultosso sacar cossa de consideración si las provincias no lo davan creciéndolo en las ayudas con que al presente sirven y aunque algunos tuvieron opinión que dándoles las graçias y franqueças en que otras vezes havían ablado y conçediendoles nuebos arbitrios y impuestos de donde lo sacar lo cumplirían, no se pasó adelante en la plática, porque estando en este stado partieron a Spaña dichos marqueses de los Balbases y Leganés, llevando savido y entendido de la calidad y forma que eran, con lo qual, no se hizo Junta sobre ello»61.
Debemos entender, por tanto, que durante su estancia en los Países Bajos católicos, entre septiembre de 1627 y enero de 1628, el marqués de Leganés no realizó ninguna propuesta formal relacionada con el plan de autofinanciación de los presidios, mejor dicho, no llegó a exponer sus fundamentos a las asambleas. Únicamente se preocupó de sondear las condiciones en las que los Estados estaban dispuestos a incrementar sus servicios extraordinarios y trató de concretar las sumas que podrían conceder por esta vía, si la Corona accedía a satisfacer sus demandas. En realidad, una vez aceptado el hecho de que las plazas fuertes debían ser guarnecidas con 35.000 infantes, si el ejército de campaña no superaba los 24.000 hombres efectivos, el objetivo de Leganés se modificó sustancialmente. Supuesto que se necesitaban 4.000 infantes de guarnición más de los que, en ese momento, presidiaban las plazas (31.000, como ya vimos) todos sus esfuerzos se encaminaron a lograr que fueran las provincias las que se hicieran cargo de su mantenimiento, dando por sentado que el Tesoro militar habría de seguir sustentando las guarniciones y fuerzas fijas que, por entonces, se hallaban a su cargo. El marqués se resolvió a intentar que las provincias se avinieran a sustentar poco más del $2 7 \%$ ( $1 2 . 0 0 0 + 4 . 0 0 0$ infantes de guarnición) del nuevo pie de ejército (59.000 hombres efectivos) —ni siquiera un $1 0 \%$ más de lo que financiaban en ese momento—, mientras el Tesoro se hacía cargo del $7 3 \%$ restante (los 24.000 efectivos móviles $^ +$ los 19.000 infantes de guarnición que ya sustentaba). Y sus impresiones acerca de la acogida que las provincias podían hacer a una propuesta formal en este sentido fue relativamente esperanzadora.
En diciembre de 1627, Leganés comunicó al Rey que los prelados y nobles de algunas provincias se habían mostrado proclives a hacer algún esfuerzo contributivo «a trueque de tener tres terçios de infantería pagados por Vuestra Majestad con ofiçiales deste país que tanto desean» —el ejército de campaña contaba entonces con dos tercios de infantería valona de 15 compañías cada uno, aunque había 46 compañías de infantería «del país» que prestaban servicio fuera de tercio62—, pero las ciudades se habían negado a respaldar el ofrecimiento. Por lo general, la nobleza y el clero solían consentir los servicios en primer lugar y a condición de que el «tercer estado», integrado por los diversos cuerpos que asumían la representación de la Comuna de las ciudades más principales de cada demarcación provincial, diera su consentimiento más adelante, por carecer sus diputados de voto decisivo. Y lógicamente, la mejora de las posibilidades de promoción de la nobleza no se hallaba entre las prioridades de las corporaciones municipales, que argüían la falta de tráfico comercial sobrevenida tras el cierre de las licentes para justificar su negativa a crecer los servicios extraordinarios. No obstante, el estamento ciudadano había dado a entender que cambiaría de parecer si se le daban las contrapartidas adecuadas: si la milicia pagaba la maltôte cuando se hallara dentro de las plazas —las tropas de guarnición de manera habitual y las de campaña mientras permanecieran alojadas—, y si Bruselas se decidía a «redimir» parcialmente a las provincias de los alojamientos y a establecer controles efectivos que evitaran la generalización de desórdenes cuando las tropas se replegaban hacia sus cuarteles después de la campaña. Sin embargo,
«estas son cosas —afirmaba Leganés—, que difícilmente se pueden publicar ni poner en execuçión en tiempo que la gente está tan mal pagada como agora, porque demás del ruydo que correría entre ellos [soldados], y conseguientemente peligro de desórdenes, también los del pays no creeran que por parte de Vuestra Majestad se aya de cumplir lo que se les prometiese de no alojar, pues tendrán entendido entre si que con quantas promesas se les hagan, llegando al punto, se querrá dar satisfaçión a la gente de guerra y se alojará, de manera que estas cosas son para executarlas quando se aya ajustado la Unión con todos los reynos de V. M. o que por otra vía se pueda pagar la gente por entero, pues entonçes el país se asigurará de lo que V. M. le prometiere y los soldados estarán contentos a trueque de ser pagados, y así lo que se puede hazer por aora con el mayor secreto posible es procurar ajustar con los diputados de las provincias más principales, la suma que darán a su tiempo con estas condiciones, lo qual boy haziendo con los de Flandes y los de Brabante, que aunque no den al presente consentimiento formal las provincias, lo que se ajustare con los dichos diputados se puede tener por çierto que lo consentirán a su tiempo y las otras [provincias] a proporción, y tengo esperança que será una suma considerable»63.
La financiación del ejército de campaña, que entonces se sostenía prácticamente a través de «provisiones españolas» y, en el futuro, se sostendría exclusivamente con ellas, era un problema mayor que debía quedar resuelto antes de proponer abiertamente a los Estados Provinciales el sostenimiento de 4.000 nuevos infantes para crecer la dotación de los presidios. Entre 1621 y 1627, el Tesoro militar había acumulado importantes deudas en concepto de sueldos atrasados, bien porque las soldadas no habían podido ser distribuidas de manera regular entre la generalidad de las tropas y amplios sectores del ejército se habían visto privados de sus salarios durante largos períodos; bien porque no había sido posible distribuir pagas enteras, únicamente socorros que mitigaban la insatisfacción de la soldadesca y evitaban deserciones masivas. En una y otra circunstancia, la población civil acababa siendo extorsionada por la gente de guerra y sus posibilidades de tributar quedaban considerablemente mermadas. Por otra parte, era evidente que no se podía privar, a una milicia deficientemente remunerada, de las pocas franquezas que disfrutaba, porque eso mermaría aún más su poder adquisitivo y la llevaría a acrecentar su presión sobre burgueses, villanos y campesinos; y tampoco se podía privar de alojamientos a las tropas, porque eso favorecería la deserción al concluir las campañas y obligaría a consumir parte de las provisiones en rehenchir unidades semivacías mediante costosas reclutas.
Por tanto, antes de entablar una negociación formal con las asambleas provinciales, con vistas al crecimiento de sus servicios extraordinarios, Felipe IV debía tener asegurada una vía de financiación sólida, exenta de las incertidumbres del crédito y de la arbitrariedad de sus agentes (asentistas y paguistas), para el ejército de campaña. El éxito del «plan unionista» era una de esas vías, pero, en la Corona de Aragón, las negociaciones con las Cortes de los diferentes reinos no habían dado los frutos deseados y eso había retrasado la exposición del plan en Portugal y en los territorios italianos. Dadas las circunstancias, no parecía probable que Madrid consiguiera movilizar, a corto y medio plazo, recursos dinerarios, y mucho menos humanos, de los reinos no castellanos para la Unión de Armas. Eso significaba que debía ir pensando en una fórmula nueva para financiar las fuerzas de choque móviles que campeaban en Flandes, si pretendía instar a las provincias obedientes a aportar lo necesario para sustentar otros 4.000 soldados. De ahí que el marqués de Leganés regresara a España antes de concluir la segunda parte de la comisión que le había llevado a los Países Bajos: mientras la Corona no pudiera garantizar que las tropas remuneradas vía Pagaduría general iban a percibir 12 pagas enteras anuales, con total certidumbre y absoluta puntualidad, Bruselas no tenía nada que ofrecer a los Estados Provinciales.
Con todo, las perspectivas de colaboración de las provincias eran relativamente halagüeñas a comienzos de enero de 1628. La provincia de Flandes había reconocido estar dispuesta a conceder una ayuda extraordinaria de 720.000 florines anuales, si el soberano daba su conformidad en «lo de las maltotas, aloxamientos, pasajes y repasajes», y la de Brabante, de 360.000 florines anuales en idénticas condiciones, «y es çierto que las demás provinçias siguirán a estas dos, que son las de la mayor importançia en todo. Su Alteza tiene esta negociación por muy grande —había reconocido Leganés unas semanas antes de abandonar los Países Bajos católicos en compañía de Spinola—, pues lo será el efecto della y buen pedazo lo que se aumentan las ayudas»64.
Por lo que a la primera parte de su comisión se refiere, la de la participación de los Países Bajos en la Unión de Armas, cabe señalar que la negociación con los Estados Provinciales fue rápida, poco conflictiva y previa a cualquier compromiso de crecer el volumen de sus aportaciones anuales. En realidad, los Estados no realizaron más que una petición «por vía de suplicación y no por condición expresa, para venir en dicha Unión», como reconoció el Consejo de Estado de Madrid al examinarla. Efectivamente no llegó a ser una contrapartida para la aceptación del proyecto, pues las provincias dieron su consentimiento a la Unión a principios de diciembre de 1627, seis meses antes de que el monarca accediera a respetar su aspiración de conservar los dos tercios de infantería valona y las doce compañías de caballería «del país» que, por entonces, formaban parte del ejército de campaña, «para que la nobleza y otros del pays se empleen y exerciten en las armas y que se les continúen las honras y acrecentamientos que hasta aquí». Es decir, las provincias trataron de garantizar la presencia de elementos nativos entre las fuerzas móviles —«ora sea en el exército de la Unión, ora sea en otra gente demás del», esto es, entre los 20.000 infantes y 4.000 caballos que la Corona pretendía mantener con fondos extraprovinciales, o además de ellos65—, y por tanto, la posibilidad de que también los vasallos naturales de los Países Bajos católicos pudieran promocionarse y ganar reputación en el ejercicio de las armas. Una contrapartida, la promoción de naturales flamencos, que, como es lógico, no podría ser utilizada como moneda de cambio para la aceptación del plan de autofinanciación de los presidios, si acababa siendo formalmente propuesto a los Estados Provinciales66.
Durante 1628, con Leganés en Madrid, las gestiones relativas al crecimiento de los servicios extraordinarios de las provincias permanecieron en suspenso, pero Olivares decidió aprovechar la reunión que los Estados iban a celebrar en los últimos meses del año, es decir, la negociación de las ayudas y subsidios de 1629, para proseguir los tratos que el marqués había dejado pendientes con sus diputados. Los contadores Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres recibieron orden de recordar a la Infanta la importancia de semejante negociación y la necesidad de insistir sobre la materia en las diferentes asambleas67. Y efectivamente, aparte de solicitar a Isabel y al cardenal de la Cueva, «como a persona por cuyas manos passan las cossas del gobierno destas provincias y del exército que en ellas se sustenta», la prosecución de las conferencias, poco podían hacer los contadores. Como ellos mismos reconocieron, toda la documentación relacionada con los sondeos realizados por Leganés para ajustar un crecimiento tangible de los servicios extraordinarios y evaluar las probabilidades existentes de sustentar 4.000 nuevos infantes de guarnición con fondos provinciales, se hallaba en poder del secretario Juan de Necolalde, que había asistido y acompañado al marqués en todas sus gestiones y desplazamientos y había regresado con él a la Península. Y ni la Infanta ni el cardenal de la Cueva parecían interesados en reanudar las conversaciones con los diputados provinciales. A su modo de ver, la materia era «dificultossísima», dictamen que, en realidad, también compartían los dos contadores:
«Reconoçemos también la mucha dificultad que abrá en que estas provinçias se encarguen dello por ser la suma grande y no estar acostumbradas a semejantes servicios, como lo están las de los Reynos de Spaña [...] y no es de poca importancia para el servicio de V. M. lo que se discurre çerca del inconviniente que podía resultar de que tanta gente fuesse pagada por mano de las mismas provinçias y de sus ministros y officiales, y cassi toda valona y natural destos payses por ser la spañola y ytaliana en su comparación poquíssima y al presente menos que jamás ha sido»68.
El incremento de las tropas nativas de los Países Bajos católicos sobre el total del ejército, notorio ya en la segunda década del siglo XVII, no se había traducido en un incremento equivalente de su contribución a la financiación de la guerra. Las dos administraciones financiero-militares que se distinguí- an en Flandes, según el doble origen del dinero que se destinaba al sostenimiento de las tropas, no asumían el pago de soldados diferenciados por su procedencia. «Las Finanzas» no mantenían al conjunto de tropas no españolas (soldados «del país» y extranjeros, excluidos los de origen español) y el Tesoro militar únicamente a las españolas, como sostienen algunos autores69; tampoco eran responsables, a título exclusivo, de las tropas nacionales, mientras que la Pagaduría general lo era del conjunto de tropas extranjeras, como sostienen otros70. Al menos hasta finales de la década de 1630, el Tesoro militar, alimentado con fondos extaprovinciales, sustentaba el ejército de campaña, del que formaban parte varios tercios de valones, compuestos por infantería reclutada en los propios Países Bajos católicos, y algunas compañías sueltas («fuera de tercio») de infantería nativa; los tres castillos (Amberes, Gante y Cambrai) y determinadas guarniciones situadas en zonas de gran importancia estratégica, cuya dotación presentaba un elevado porcentaje de extranjeros, porque se concedía escaso valor militar a los soldados reclutados en la región donde debían prestar servicio71. «Las Finanzas», por su parte, sufragaban un conjunto amplio, pero específico, de guarniciones permanentes que solían estar ocupadas por infantería nativa, aunque también podían incluir infantería extranjera, junto con un número variable, pero reducido, de compañías de infantería (generalmente «fuera de tercio», aunque, en ocasiones, podían hallarse incluidas en tercios remunerados vía Pagaduría general) y de caballería de diferentes naciones, que formaban parte del ejército de campaña, entendiéndose, por eso, que «servían» en el «Ejército» y se hallaban a su «cargo»72, pues eran los Oficios del Sueldo del ejército (Contaduría del Sueldo y Veeduría general) quienes guardaban los pliegos de asiento, tomaban las muestras y recomponían las listas. Sin embargo, era en el Consejo de Finanzas donde se elaboraban las nóminas y libranzas que prescribían su pago, a partir de las relaciones de efectivos que les remitían los oficiales del Sueldo, y eran los comisarios dependientes de dicho Consejo los encargados de distribuir las soldadas73; soldadas que, en el caso de la infantería, representaban un coste relativamente bajo para «el país», supuesto que no se distribuían íntegras: el Tesoro sufragaba los gastos derivados de la remuneración en especie (pan, viandas y vestidos de munición) que estas compañías, como el resto de la infantería de campaña, recibían a cuenta de aproximadamente el $5 0 \%$ de su salario74.
El hecho de que el grueso de las tropas sostenidas por «vía de Finanzas» sirviera en guarniciones tenía mucho que ver con la responsabilidad adquirida por los Estados Provinciales, en el último tercio del siglo XVI, de aplicar el producto de los impuestos que recaudasen al sostenimiento de los contingentes destacados en sus respectivas circunscripciones —las tropas de campaña eran efectivos móviles que circulaban de una parte a otra de los Países Bajos y hubiera resultado imposible adscribirlas a una u otra asamblea—. Durante el gobierno de Alejandro Farnesio (1578-1592), cada asamblea había obtenido competencias específicas para gestionar sus aportaciones a condición de sustentar los efectivos que prestaban servicio en su propio territorio75 y, en el trascurso de la última reunión de Estados Generales, la convocada por el archiduque Alberto en 1600, a cambió de votar una ayuda ordinaria de 300.000 florines mensuales, prorrateados entre las distintas provincias (95.000 para Flandes, 60.000 para Brabante, 30.000 para Hainaut, etc.)76, el soberano había autorizado a cada asamblea provincial a deducir el pago de las tropas establecidas en sus correspondientes guarniciones, de las cantidades que debían poner a disposición de los receptores de ayudas y subsidios. De esta forma, sólo los saldos positivos o rendimientos netos de sus aportaciones entraban en poder de los oficiales del Consejo de Finanzas de Bruselas. Es decir, desde entonces, sólo este «sobrante» o superávit se hallaba a libre disposición del soberano, y supuesto que el grueso del dinero recaudado por los Estados Provinciales era empleado directamente por ellos sin pasar por los funcionarios regios, los Estados habían desarrollado diputaciones permanentes que acabaron generalizándose en torno a 1600. Como es lógico, el empleo directo de los fondos que recaudaban, la gestión y el control que ejercían sobre ellos, proporcionaron a las diputaciones una influencia y un peso político extraordinario. La autoridad y la credibilidad de los Estados, de cara a las tropas que recibían las pagas regularmente de manos de sus propios comisarios tenía que ser, forzosamente, muy grande. Muchas veces en detrimento de la credibilidad política y financiera del propio soberano, ya que las tropas remuneradas con los recursos de las provincias solían percibir sus salarios con mayor puntualidad que las remuneradas por el Tesoro militar mediante «provisiones españolas», debido a los problemas de liquidez que padecía la Pagaduría general como consecuencia de la incertidumbre que rodeaban a la contratación, transferencia y abono de los créditos suscritos por la Corona para asegurar su abastecimiento77.
Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres habían tenido ocasión de comprobar sobre el terreno la debilidad del propio aparato hacendístico del Ejército y la pretensión de Madrid de aumentar la porción de tropas que debían ser financiadas directamente por las provincias iba a acrecentar el peso polí- tico de sus representantes por cuanto significaba mayor dependencia respecto a los Estados y a las instituciones «del país» —«del reino», si se prefiere—, cuyo fortalecimiento era inversamente proporcional al de las instituciones del soberano.
Puesto que el peso de las tropas nativas era cada vez mayor en el ejército, desde el punto de vista de su composición, el hecho de que las provincias financiaran mayores efectivos significaba que la porción de soldados «del país» sostenidos por los propios Estados se incrementaría. En primer lugar, porque convenía remunerar puntualmente a los contingentes nativos para prevenir la deserción y asegurar su permanencia en servicio, y eso favorecía el desplazamiento progresivo de las soldadas de los valones a «las Finanzas». Y en segundo, porque las asambleas provinciales se mostraban más inclinadas a sustentar soldados «del país» que tropas extranjeras. Quizá porque las tropas nativas presentaban una actitud más respetuosa y, por tanto, menos violenta y rigurosa hacia la población en situaciones desesperadas, o quizá, porque, en caso de producirse una eventual ruptura del consenso político entre las provincias y el soberano podían manifestar, por razones de afinidad geográfica y constitucional, cierta empatía hacia las reivindicaciones de los Estados e, incluso, abandonar la «causa real» y abrazar la «causa provincial», si llegaba el caso. No obstante, y pese a existir desconfianza y recelo hacia el reclutamiento masivo de valones para campear en los Países Bajos católicos, por el peligro que entrañaba «poner tantas armas en manos de gente del pays»78, la capitanía general del ejército de Flandes se había visto obligada a emplear más efectivos reclutados en las propias provincias a medida que la leva y el transporte de tropas españolas o italianas a los Países Bajos católicos se hicieron más difí- ciles. Además, el inicio de la Guerra de los Treinta Años puso fin a las levas masivas en la Alta Alemania y la infantería alemana se reclutaba más cerca de las provincias obedientes, en los principados católicos fronterizos (Baja Alemania) e, incluso, dentro del territorio provincial, en las regiones donde se hablaba alemán, como Limburgo, Luxemburgo o Güeldres. De hecho, en la década de 1620, la nación valona era la más numerosa del ejército de Flandes79, porque cada vez había más infantería nativa entre las fuerzas de choque móviles y porque los regimientos de infantería alemana se rehacían o rehenchían con «gente del pays»80.
Pero no era el incremento de las fuerzas nativas lo que más preocupaba a la Corona, sino el hecho de que un porcentaje cada vez mayor de estas fuerzas tuviera que ser pagado por las instituciones dependientes «del país», en lugar de por las instituciones dependientes del soberano, y estaba claro que si los Estados Provinciales se avenían a crecer sus contribuciones extraordinarias para sustentar a 4.000 nuevos infantes, el Consejo de Finanzas de Bruselas no iba a administrar mayores caudales. Además, era evidente que, en caso de acceder a semejante propuesta, los diputados de las provincias iban a exigir que tales infantes fueran reclutados dentro de los Países Bajos o que, de los efectivos móviles que habrían de ser licenciados (7.000 infantes y 2.000 caballos) para acomodar el ejército de campaña al nuevo pie que se pretendía implantar, pasando de los 37.000 (31.000 infantes y 6.000 caballos) a los 24.000 hombres efectivos (20.000 infantes y 4.000 caballos), 4.000 soldados de infantería valona fueran destinados a crecer la dotación de los presidios y destacados en diferentes guarniciones.
Pese a todo, no es probable que fuera esta contraindicación política, debidamente sopesada por los contadores mayores Juan Muñoz de Escobar y por Felipe de Porres en los últimos meses de 1628, la que impulsó a Madrid a enterrar temporalmente sus planes de instar a los Estados Provinciales a incrementar sus servicios extraordinarias. Antes de abandonar los Países Bajos cató- licos, el marqués de Leganés había dejado bien claro que las provincias sólo estarían dispuestas a hacer un esfuerzo contributivo mayor cuando el Tesoro militar fuera capaz de hacer frente a todas sus obligaciones con la puntualidad necesaria, y Felipe IV y Olivares pospusieron la negociación de los 4.000 infantes para más adelante, hasta ver si el programa general de reformas contenido en las instrucciones de los contadores mayores se ejecutaba con éxito.
5. CONCLUSIONES: LA FRUSTRACIÓN DEL PLAN Y EL FRACASO DE LAS REFORMAS.
El programa reformista que Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres trataron de poner en ejecución conforme avanzaba 1628 —ejecución que se dio por concluida a mediados de1629, aunque los contadores no regresaron a Madrid hasta 1630—, tenía un doble objetivo. El primero, la reducción de costes del aparato militar, y el segundo, la introducción de ciertas modificaciones de naturaleza administrativa encaminadas a mejorar la gestión de los recursos extraprovinciales que se hallaban a disposición del Tesoro militar. Una vez probada la efectividad de las reformas, habría más probabilidades de afrontar los gastos consignados en la «caja del Ejército» con la solvencia requerida, sin necesidad de crecer el montante anual de los envíos transferidos a Amberes mediante letras de cambio. De hecho, la incapacidad de sostener envíos tan elevados como los que Bruselas había estado reclamando insistentemente después de 1621 había impulsado la génesis del programa de reformas y la génesis del propio proyecto de redistribución general de cargas defensivas tildado de «Unión de Armas», inseparable de su «versión» específicamente flamenca de redistribución local del gasto militar, formulada en el anejo plan de autofinanciación de la fuerza fija de guarnición que conformaba el ejército de Flandes.
Por su enorme cuantía, los envíos resultaban muy difíciles de obtener y reunir, pero también su adelanto, transferencia y abono resultaban enormemente costosos para la debilitada hacienda castellana, y es lógico que Madrid se propusiera constreñir las cargas defensivas que estaban siendo sufragadas con recursos extraprovinciales dentro de los Países Bajos católicos. Se propuso hacerlo de dos maneras: cercenándolas mediante reformas y traspasándolas de caja, es decir, costeándolas con recursos obtenidos en los propios Países Bajos católicos. Y por lo que se refiere a la tentativa de traspaso, el propósito era de lo más realista, ya que Madrid había llegado a la conclusión de que las provincias leales podían afrontar mayores cargas por diferentes vías.
Tras la muerte del archiduque Alberto, el monarca había solicitado a Bruselas un estado de cuentas interanual para hacerse una idea de la situación financiera de la «caja de Finanzas». La extensa relación que el personal del Consejo elaboró para satisfacer la curiosidad real proporcionó datos correspondientes a varios ejercicios financieros, concretamente los siete últimos (1615-1621), junto con estimaciones de carácter prospectivo para 1622 y años sucesivos. Pero su fiabilidad fue cuestionada en un informe remitido a Madrid, de manera casi simultanea, por un «celoso anónimo» que denunciaba la poca credibilidad que merecía. Según el informe, las cifras no eran reales y contenían errores de variada índole: en la enumeración de los ingresos se obviaban especificaciones y desgloses y algunas partidas quedaban sin contabilizar, mientras que, en la enumeración de los gastos, las partidas se abultaban y se recurría a redondear las cifras81. Estas objeciones, provocaron una desconfianza comprensible y las deficiencias y la falta de orden que presentaba la contabilidad de Finanzas alertaron a Madrid sobre la posibilidad de que determinados círculos cortesanos de Bruselas pudieran estar interesados en subrayar la excesiva dependencia financiera que las provincias mantenían, para todo lo estrictamente militar, respecto a las sumas remitidas por el monarca desde el exterior82.
Se comprende, así, por qué los contadores mayores Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres recibieron el encargo de cerciorarse de las cantidades que, supuestamente, la Pagaduría general del ejército había entregado al personal del Consejo de Finanzas antes de 1627 para afrontar gastos y obligaciones militares propias. Según rezaba el capítulo 44 de su instrucción, se presumía que podía existir una alcance favorable al Tesoro militar de aproximadamente 500.000 escudos y la intención de Madrid era reclamarlo para, una vez satisfecho, aplicar su valor al pago de las deudas que el Tesoro había acumulado con las tropas en concepto de pagas atrasadas durante la etapa 1621-1627. El remate de cuentas era el paso preceptivo y previo de toda reformación general de efectivos y tanto su conclusión, como la ejecución de misma reformación, habían sido encomendadas a los dos contadores para implantar en Flandes un nuevo pie militar cifrado por Olivares, en un primer momento, en los 24.000 efectivos móviles y los 20.000 infantes guarnicionados ya referidos. De la reformación y del licenciamiento frustrado de los efectivos se hablará más adelante y, en cuanto al alcance, la averiguación realizada por los contadores dio algunas sorpresas. En octubre de 1627, Escobar y Porres notificaron a Felipe IV con notable desconcierto que, «las Finanzas» podían estar siendo acreedoras de alrededor de 1.000.000 escudos que la Pagaduría general del ejército había precisado en el transcurso de los años 1621-1627 para hacer frente a obligaciones propias. Y los contadores fueron muy claros: no había posibilidad alguna de restituirlos, pero tampoco había obligación de hacerlo, supuesto que «la hazienda ordinaria que se administra por Finanças es de Vuestra Majestad, de la misma manera que la que se remite y envía de Spaña»83.
Cuando le tocó pronunciarse sobre la el asunto, el Consejo de Estado de Madrid admitió que la constatación del alcance, supuestamente favorable al Tesoro militar, no había sido encomendada a los dos contadores porque se tuvieran evidencias de que existía efectivamente, sino porque, «pareció conveniente saber si [aquella «hacienda», la de «Finanzas»] realmente se gastava en aquellos estados en las obligaciones que están consignadas en Finanzas, o si se valían de las provisiones que de acá van para satisfazer lo que allí está consignado»84. Curiosidad plenamente justificada, pues Felipe IV y Olivares necesitaban cerciorarse de si «las Finanzas» (léase provincias) precisaban el auxilio de la Pagaduría general para satisfacer sus cargas defensivas o si, por el contrario, eran capaces de afrontarlas holgadamente. Si lo hacían con relativo desahogo, era evidente que podrían soportar mayores cargas y sus sospechas se confirmaron: «las Finanzas» no sólo hacían frente a sus gastos militares, sino que, en ocasiones, auxiliaban a la propia Pagaduría general, como demostraba la deuda acumulada en el transcurso de los últimos años.
La redistribución de cargas defensivas entre la «caja del Ejército» y la «caja Finanzas» parecía razonable, o por mejor decir, justificable a finales de la década de 1620. Sobre todo, teniendo en cuenta dos cosas. La primera, que el archiduque Alberto se había preocupado de afianzar las bases de financiación de las cargas defensivas asignadas a esta última caja y había logrado arrancar un compromiso contributivo sólido y duradero a los diputados provinciales convocados en Estados Generales durante 1600. Compromiso que parecía tener bastante que ver con el aparente superávit que presentaba la «caja de Finanzas» en determinados momentos y que ya no tenía sentido mantener, porque la situación jurí- dico política de los Países Bajos católicos era bien distinta. Entonces, a finales de la década de 1620, formaban parte de una asociación política compuesta y justo era que todos sus componentes contribuyeran a sustentar las cargas defensivas que pesaban sobre el conjunto de la manera más equitativa. Precisamente, la financiación de cargas militares no se planteaba sólo como un problema de disponibilidad de los recursos necesarios para costearlas, sino también como un problema político encuadrado en el ámbito de la justicia: ¿era lícito, justo o legítimo afrontar mayores cargas?85 Felipe IV y Olivares pensaban que sí y aquí entra en juego la segunda consideración. Si algo quedó claro en los últimos años de la década de 1620 fue que el compromiso establecido por el soberano y las provincias de los Países Bajos católicos en 1600 debía ser ampliado, pues de otra manera no sería posible que las provincias leales soportaran mayores cargas defensivas de manera sostenida.
El compromiso requería aceptación y consentimiento, impensables si los compromisarios no se hallaban convencidos sobre la legitimidad, la justicia y la licitud de las mutuas obligaciones que fundamentaban su pacto. Y, a las provincias, el crecimiento de sus servicios extraordinarios les pareció apropiado y proporcionado, mediando ciertas contrapartidas. Pero hacerlas efectivas dependía, como se ha visto, de la capacidad que, en lo sucesivo, mostrara el Tesoro militar para afrontar sus propias cargas defensivas. Cargas que, sobre el terreno, Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres apenas pudieron recortar, porque los gastos considerados superfluos, improductivos y excusables en la coyuntura de 1627 —los asociados al pago de mercedes económicas, de asignaciones graciosas e, incluso, de asignaciones benéficas entre el personal militar con cargo a los fondos extraprovinciales—, se redujeron en una pequeña medida para causar el menor traumatismo posible y mitigar la oposición al desarrollo de la propia comisión reformadora; y porque el espectacular recorte del gasto, asociado a la radical reducción de efectivos prevista por Olivares en un primer momento, pronto se consideró inviable.
Desde luego, en tiempo de guerra parecía disparatado reducir el ejército de Flandes en más de un $3 5 \%$ , pasando de los casi 70.000 hombres en activo (37.000 de campaña y 31.000 de guarnición) existentes en 1627, a los 44.000 (24.000 de campaña y 20.000 de guarnición) previstos en el primer pie militar. De acuerdo con él, la Pagaduría general podía ahorrarse los gastos generados por 11.000 efectivos móviles de infantería que debían ser reformados y por 19.000 infantes de guarnición adscritos al Tesoro militar (11.000 de los cuales también serían reformados y los 8.000 restantes transferidos a Finanzas para ser sostenidos por los propios Países Bajos católicos). Desde Bruselas, el marqués de Leganés admitió que las plazas fuertes de las provincias obedientes debían ser presidiadas con, al menos, 4.000 infantes más de los 31.000 que, por entonces, conformaban la fuerza fija de guarnición, si las fuerzas de choque móviles experimentaban recortes tan drásticos como estaba previsto. Y a efectos de financiación y de reformación, eso conllevaba un cambio radical de planteamientos. El ejército ni siquiera podía perder el $1 4 \%$ de sus efectivos y la reducción sólo afectaba al ejército de campaña. Eso significaba que el Tesoro militar tendría que seguir costeando los gastos generados por los 19.000 infantes que prestaban servicio en las guarniciones dependientes de la Pagaduría general y, en lo tocante a licenciamiento, que únicamente se reformarían 7.000 de los 11.000 infantes de campaña que se había previsto eliminar de las listas de los Oficios del Sueldo del ejército. Los 4.000 restante habrían de ser introducidos en los presidios para aumentar la dotación de las guarniciones y su sustento habría de correr por cuenta de las provincias, que tan sólo financiarían la mitad de la infantería prevista en un principio (4.000 en lugar de 8.000 infantes). Por lo que se refiere a la caballería, el nuevo pie no contemplaba ninguna variación ni a efectos de financiación ni de ahorro: sólo permanecerían en activo 4.000 de los 6.000 caballos con que contaba el ejército de campaña. Los otros 2.000, que estaban siendo remunerados por «vía de Finanzas», serían reformados y, en el futuro, toda la caballería se sustentaría con «provisiones españolas».
Como es lógico, y de acuerdo con el capítulo 43 de su instrucción, los encargados de acometer la reformación de los efectivos, licenciando unas unidades y reordenando otras —aquellas que permanecieran a sueldo, en realidad—, fueron Juan Muñoz de Escobar y Felipe de Porres. Pero, para licenciar tropas había que finiquitar cuentas y satisfacer alcances y es aquí donde las cosas volvieron a fallar: los atrasos que acumulaban eran mucho más elevados de lo que Madrid imaginaba y el Tesoro militar no disponía de fondos suficientes para afrontar su pago y afrontar, al mismo tiempo, los gastos ordinarios del ejército. Los contadores propusieron prescindir del licenciamiento, renunciar a las reclutas para rehenchir unidades durante varias campañas y optar por la fusión progresiva de las unidades existentes hasta conseguir una fuerza de choque de la extensión deseada. Y su propuesta fue bien acogida en Madrid, que se avino enseguida —antes, incluso, de que la cifra total de licencias se concretara en 7.000 infantes y en 2.000 caballos— a suspender indefinidamente el remate de cuentas con la milicia y a conservar los efectivos86.
Los gastos militares adscritos a la «caja del Ejército» no experimentaron, pues, recortes significativos entre 1628 y 1629 y la distribución o repartición de cargas defensivas permaneció sustancialmente inalterada en el interior de los Países Bajos católicos, porque Bruselas perdió cualquier opción de negociar un nuevo compromiso con los Estados Provinciales. La crisis militar y política que las provincias atravesaron entre 1629 y $1 6 3 2 ^ { 8 7 }$ frustró cualquier otra tentativa de negociación y fue al concluir la década de 1630 cuando se comenzó a vislumbrar una tímida redistribución de cargas militares en el marco de las provincias leales. Redistribución planteada ya en una situación y en unas condiciones completamente distintas que no es posible analizar aquí.