Presentación del Dossier «La Constitución de Cádiz»
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA Departamento de Historia Contemporánea Universidad Complutense de Madrid.
El 19 de marzo de 1812 era proclamada en Cádiz la primera Constitución española, cuyo texto había sido objeto de debate por los diputados a lo largo de seis meses en una situación extrema, con el ejército francés apostado en el exterior de la ciudad y la fiebre amarilla enseñoreada del caserío. En estas heroicas condiciones de parto nacía un código que abocetaba una sociedad más avanzada, rebasando las propuestas afrancesadas del Estatuto de Bayona. Con su aplicación se desmontaba el Antiguo Régimen, calificado por el absolutismo real y la estructura estamental de la sociedad, y se iniciaba el régimen liberal. Un acontecimiento de tal magnitud merece ser rememorado, y en tal entendimiento la Universidad de Cádiz ha comenzado ya los prolegó- menos, mediante cursos y congresos, de lo que se pretende sea una magna celebración en el año 2012, al cumplirse el segundo centenario. Aunque a la Universidad Complutense le corresponderá probablemente recordar antes el bicentenario de otro acontecimiento histórico, el que abre el proceso en 1808, nuestra revista departamental se incorpora en esta ocasión a la línea acadé- mica de preparar el estudio de la Carta inaugural del liberalismo español.
Con la redacción, debate y proclamación de este documento trascendental se daba respuesta a la vieja cuestión del fundamento y reparto del poder. A partir de los siglos medievales múltiples pensadores habían coincidido en la creencia de que el poder debe estar limitado por el derecho y en consecuencia es aconsejable su división. Desde Santo Tomás en la Summa Theologica, y en los tiempos modernos desde Thomas Smith en De Republica Anglorum (1583) o Richard Hocker en su monumental Laws of Eclesiastical Polity (1593-1597), pasando por el Pacto del Pueblo defendido por los seguidores más radicales de Cronwell y los Dos Tratados de gobierno de Locke hasta desembocar en las teorías políticas de los filósofos ilustrados franceses, el principio de la división de poderes recibió diversos fundamentos filosóficos y politológicos que nutrirían el constitucionalismo contemporáneo. En el primer episodio de las revoluciones atlánticas, la independencia de las 13 colonias de Nueva Inglaterra, los padres fundadores de los Estados Unidos articularon estas nociones teóricas en documentos que al mismo tiempo que resolvían la distribución del poder sentaban de manera solemne derechos sagrados del individuo. Con la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson se iniciaba una saga que tuvo su continuación en la Declaración de Derechos de Virginia, la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano realizada por la Asamblea Nacional francesa y los sucesivos códigos constitucionales galos. En esta línea se inscribe la Constitución gaditana, que se convirtió en faro para el primer constitucionalismo europeo, como acreditan sus réplicas o repercusiones en el reino de las Dos Sicilias, Luca, isla de Elba, Piamonte, Portugal, Bélgica y varias jóvenes repúblicas americanas.
Más allá de su condición de norma legal suprema, la Constitución plasmó, en nuestra opinión, un programa de gobierno a largo plazo que se proponía la transformación de la sociedad española. Porque en estos Códigos se acometía la ordenación de todos los aspectos de la vida colectiva, desde la organización del territorio hasta los tributos, las obras públicas, el servicio en armas o la educación. En este primer gran proyecto de modernización del país culminaban de forma articulada propuestas de los ilustrados. En el plano político se sentaba la soberanía de la nación y la división del poder, en el social se introducía el objetivo de la educación popular —siguiendo la estela de Campomanes y Jovellanos—, en el penal se prohibía la tortura y propugnaba la dignificación del trato a los presos, en el económico se procedía a la implantación de un sistema impositivo de contribución universal y a la formación de un mercado nacional. Son sólo ejemplos de un programa más amplio —abolición de señoríos, extinción del Santo Oficio— que se acometió con la panoplia legal de decretos salidos de las Cortes de Cádiz. Quizás se tratara de una utopía, seguramente cayeron los doceañistas en un espejismo de anticipación a su tiempo. En cualquier caso ahí se encuentra el orto del liberalismo hispano, y con él el arranque de la modernización del país.
El dossier de este número contribuye a un mejor conocimiento de la primera Carta Magna española y al contexto de su nacimiento. En el primer artículo Emilio de Diego nos introduce en la mecánica del primer parlamento elegido por sufragio universal indirecto. El firmado por el coordinador del.
Dossier explora el tema de la soberanía, eje de la Constitución y bandera ideológica de la publicística de guerra. Leandro Higueruela se enfrenta a la actitud de una institución definitoria del antiguo régimen, la Iglesia, en la circunstancia de un cambio tan profundo. Celso Almuiña analiza lo que los contemporáneos consideraron pilar del nuevo orden, la libertad de la imprenta. Cierra el dossier el estudio de José Sánchez-Arcilla, en el que se compara con sutileza y clarividencia el texto gaditano y el portugués de 1822. Cuadernos de Historia Contemporánea agradece estas colaboraciones, por su interés científico y también por su generosidad, puesto que no reciben otra retribución que la de nuestro reconocimiento.