Virreyes interinos del Perú y la institucionalización de
un nuevo sistema de nombramiento en el siglo XVIII: los \*
pliegos de providencia.
Acting Viceroys of Peru and the institutionalization of a new appointment system in the 18th century: the pliegos de providencia.
Resumen: Durante los siglos XVI y XVII la Monarquía Hispánica encontró dificultades para desempeñar el gobierno de sus dominios americanos en los periodos de vacancia del virrey titular. Por esta razón, en los albores del siglo XVIII, implantó un sistema de nombramiento de vicesoberanos interinos conocido con el nombre de pliegos de providencia o de mortaja. Este mecanismo de designación, enmarcado dentro de una serie de reformas borbónicas aplicadas en la primera década de la centuria ilustrada, pretendía, entre otros cometidos, evitar que el poder virreinal durante los interinatos lo ejerciera la “Audiencia gobernadora”. Al respecto, en esta investigación, realizamos un estudio sobre este ambicioso sistema de nombramiento, centrado en el virreinato del Perú, desde su génesis y diseños iniciales hasta su implementación.
Palabras clave: Pliego de providencia o de mortaja; virreinatos americanos; reformas borbónicas, siglo XVIII.
Abstract: During the 16th and 17th centuries, the Hispanic Monarchy found it difficult to govern its American realms during periods of vacancy of the incumbent viceroy. For this reason, at the beginning of the 18th century the Monarchy implemented a system for appointing interim viceroys known as ‘pliego de providencia’ or ‘pliego de mortaja’. This appointment mechanism was part of a series of Bourbon reforms implemented in the first decade of the 18th century. It was intended, among other things, to prevent viceregal power during interim periods from being exercised by the ‘Audiencia gobernadora’. This article addresses this system of appointment, focusing on the viceroyalty of Peru, from its genesis and initial designs until its definitive incorporation.
Keywords: Pliego de providencia o de mortaja; american viceroyalties; Bourbon reforms; 18th century.
Sumario: Introducción; 1. La génesis del sistema de pliegos de providencia o mortaja; 2. El desarrollo del sistema de pliegos de providencia o mortaja y su implementación hasta el primer virrey interino americano designado por esta vía; 3. El pliego de providencia como garantía de “buen gobierno”, también durante los interinatos; 4. La tramitación y sus actores en la elaboración de los pliegos de providencia. El caso de 1713; 5. Conclusiones; 6. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
En la designación de quienes debían ejercer como virreyes en América se planteó desde el primer momento el problema de resolver el vacío de poder que se solía generar cada vez que un vicesoberano fallecía durante el ejercicio del cargo, enfermaba o era destituido. La distancia entre el corazón de la monarquía y las capitales virreinales, sumada a la irregularidad en las salidas de flotas y galeones, agravaba ese problema pues solía alargar el periodo de mandato de quienes ocupaban de forma interina el cargo de virrey.
Las soluciones planteadas inicialmente fueron que esos interinatos los ocuparan o bien las Audiencias o bien virreyes nombrados con carácter de interinos. Llama poderosamente la atención que se arbitraran formas diferenciales de nombramientos interinos entre el virreinato de Nueva España y el de Perú. En cualquier caso, hay que enfatizar el hecho de que los vicesoberanos interinos contaron con las mismas atribuciones y prerrogativas que los virreyes titulares, e incluso en determinadas coyunturas, y por circunstancias muy diversas, sus mandatos superaron en algunos casos el tiempo de desempeño de algunos virreyes titulares1 . Sin embargo, hasta ahora, en términos comparativos, la historiografía se ha ocupado menos de los interinos que de los titulares2 .
estudios generales que se han centrado en el gobierno tanto de titulares como interinos.
A pesar de su relevancia, muy poco sabemos acerca de la política y mecanismos adoptados por la Corona para prever y planificar qué instituciones o personas se debían hacer cargo de forma interina del gobierno central de los virreinatos de Indias. Es objetivo de esta investigación aportar luz sobre ambas cuestiones a través del análisis, centrado específicamente en el virreinato peruano3 , de un sistema de nombramiento de virreyes interinos conocido con el nombre de pliegos de providencia o de mortaja, que se puso en práctica en los primeros años del siglo XVIII, que iba a pervivir durante toda la centuria, y que tuvo como principal propósito –aunque no el único– evitar que el poder virreinal recayese durante esos tiempos de interinidad en una “Audiencia gobernadora”, la de Lima, que por entonces se encontraba dominada por magistrados criollos.
Desde el punto de vista de la estructura de la investigación, esta se articula en cuatro partes. En el primer apartado, nos centramos en los acontecimientos más relevantes que, desde la segunda mitad del siglo XVI, condujeron a la monarquía a buscar soluciones a diversos problemas surgidos en los periodos de interinato virreinal de Perú. El segundo está dedicado al análisis de la creación, en los inicios del siglo XVIII, del sistema de nombramiento de virreyes interinos de pliegos de providencia o de mortaja y cómo fue su aplicación. En los restantes apartados, se abordan dos estudios de caso que ponen de manifiesto los entresijos de este novedoso método, además de algunas de sus características y utilidades; uno de ellos centrado en la posibilidad de ser empleado, además de para contar con celeridad con un virrey interino, como herramienta preventiva para garantizar el “buen gobierno” tanto de virreyes titulares como de interinos y, en el último, el foco de atención es dirigido hacia los actores de su tramitación, clave para conocer, entre otras cuestiones, las motivaciones por las que la monarquía se decantó por unos candidatos frente a otros.
1. LA GÉNESIS DEL SISTEMA DE PLIEGOS DE PROVIDENCIA O MORTAJA.
En julio de 1549, Carlos V nombró, como segundo virrey del Perú, a Antonio de Mendoza, quien se encontraba desempeñando el virreinato de Nueva España desde $1 \dot { 5 } 3 5 ^ { 4 }$ . En marzo de 1550, cuando Mendoza aún no había llegado al Perú para tomar posesión de su nuevo cargo, se estableció que, tanto en Nueva España como en el Perú, el decano más antiguo de la Audiencia de la capital virreinal sería el encargado de asumir, de forma interina, las funciones propias del vicesoberano en caso de que el virrey titular falleciera, cayera enfermo o fuera destituido, siendo asesorado por el resto de los oidores5 .
Con esta medida se pretendía evitar la acefalía de gobierno y, con ello, posibles alteraciones y subversiones contra los intereses de la Corona, como acaeció en la rebelión de los encomenderos de 1544 encabezada por Gonzalo Pizarro6 . Además, esta disposición permitía a la Corona enviar una advertencia encubierta al virrey, a modo de espada de Damocles, pues podía ser destituido de inmediato, en caso de no cumplir adecuadamente con sus funciones, sin generar un vacío de poder. Así, en caso de ser depuesto, el gobierno quedaría de forma interina en manos de la Audiencia de Lima, en Perú, o México, en Nueva España.
1.1. Los conflictos entre Audiencias y la gestión de sus oidores cuestionada.
La aplicación de la referida orden, fechada en 19 de marzo de 1550, encontró una fuerte oposición en el virreinato del Perú. Sus tribunales de justicia, especialmente los de las Audiencias de Charcas y Quito, se mostraron contrarios a quedar subordinados a los oidores de Lima en materia de gobierno. Argumentaban que debían tener el control de sus demarcaciones territoriales cuando faltase el virrey del Perú7 , basándose en la legitimidad que les confería la división de competencias administrativas del sistema de gobierno desarrollado por la monarquía hispánica en América8 . Una muestra de ese enfrentamiento lo encontramos al morir en marzo de 1583 el virrey del Perú, Martín Enríquez de Almansa9 . En este caso, la Audiencia de Lima quedó al frente de su gobierno hasta la llegada del nuevo virrey en noviembre de 1585, Fernando Torres Portugal, conde del Villar10, pero las magistraturas de Charcas y Quito no reconocieron a la chancillería limeña y administraron sus territorios de manera independiente11.
En noviembre de 1585, cuando el conde del Villar tomó posesión de su cargo dio cuenta de lo ocurrido a Felipe II. El monarca, tras conocer los hechos, ordenó comunicar a todas las chancillerías del virreinato que, cuando muriese el virrey, gobernase solamente la Audiencia limeña precisando además que:
“Las de Charcas, Quito y Panamá le están sujetas, y así lo debieran estar, y excusar los inconvenientes que se causaron con sus pretensiones, y mi voluntad es que esta orden no se altere. He mandado despachar de nuevo cédulas en esta razón las cuales haréis que estén muy entendidas y llanas, para cualquier acaecimiento”12.
El conde del Villar cumplió lo ordenado. Sin embargo, la efectividad de dichas cédulas fue relativa ya que, en 1606, cuando la Audiencia de Lima asumió el gobierno tras la muerte del virrey del Perú conde de Monterrey, los oidores de Charcas se negaron nuevamente a reconocerla como gobernadora y volvieron a ejercer el mando en su circunscripción. Felipe III, tras tener conocimiento de esa negativa, envió una misiva a los oidores de Charcas, donde les reprochó su desacato, les obligó a jurar por escrito obediencia a la Audiencia de Lima cuando gobernase en ínterin, y mandó que dicho documento de fidelidad quedase registrado y depositado en la chancillería limeña13. A partir de este momento, parece que cesaron las desobediencias, y las chancillerías del virreinato peruano reconocieron a la Audiencia de Lima en los posteriores periodos en los que actuó como gobernadora en ínterin14.
No obstante, las críticas persistieron. Fueron numerosas las voces contrarias que, aunque no rechazaban ese sistema de gobierno durante los interinatos, sí que se oponían a la gestión de los oidores de Lima. Desde los primeros años del siglo XVII, se encuentran quejas dirigidas a la corte de Madrid contra los oidores limeños por sus malas prácticas y abusos15. Si bien estos “excesos” –término recurrente en las referidas denuncias– no fueron exclusivos de un determinado periodo, algunas fuentes de la época señalan que se producían con mayor intensidad cuando estos oidores gobernaban el virreinato peruano en ínterin, aunque las actividades ilícitas denunciadas eran similares a las cometidas por algunos virreyes16. Entre esas denuncias, se pueden reseñar las del obispo de Arequipa, Pedro de Perea, formuladas en 1618, el cual señalaba que en ningún lugar había visto “tan poca justicia y así se puede temer una gran ruina en este reino, causada de los gobernantes negligentes”17. Las objeciones del mitrado arequipeño hacían énfasis en las injusticias y tensiones sociales que se generaban cuando los miembros de la Audiencia de Lima encabezaban el gobierno del virreinato, fruto de las estrategias de los oidores para lucrarse ilícitamente al aprovechar las prerrogativas que se les concedían al ostentar las funciones del vicesoberano. Perea llegó incluso a solicitar al monarca que privara a la Audiencia de Lima de gobernar el virreinato del Perú en los periodos de interinato, y que esta función fuese desempeñada por algún mitrado18. No obstante, el Consejo de Indias no tuvo en cuenta sus argumentos19.
Tras la muerte en 1666 del Conde de Santisteban, virrey del Perú desde 1661, Pedro Antonio Fernández Castro, conde de Lemos, fue nombrado, gracias al patrocinio del padre Nithard, para ocupar dicho cargo sin atesorar experiencia alguna en cargos de gobierno20. Lemos, desde el inicio de su mandato, fue contrario al sistema de ínterin vigente por el que la Audiencia de Lima quedaba al frente del virreinato del Perú cuando faltaba el virrey titular21. Aludía a los continuos excesos e infracciones que sobrevenían al gobernar en ínterin los magistrados del tribunal limeño. Así, nada más ocupar el solio virreinal, en noviembre de $1 6 6 7 ^ { 2 2 }$ , envió al Consejo de Indias un informe en el que denunció los problemas que se generaban en esas coyunturas, entre los cuales hizo especial énfasis en la alteración de la paz social a consecuencia del desgobierno y las luchas internas entre los propios oidores, motivadas casi siempre por intereses particulares. Además, acusó de enriquecimiento ilícito a los miembros del tribunal limeño cuando ocupaban las funciones del virrey, en su calidad de responsables de actividades que generaban un perjuicio a la Real Hacienda23, calificándolos como “corruptos, ineficientes o incompetentes”24. Por ello, en marzo de 1669 el conde de Lemos elevó una misiva a la regente Mariana de Austria en los siguientes términos:
“Para en caso de vacante o que el virrey haga ausencia fuera del reino, convendría que en pliego cerrado tuviese dado nombramiento de tres sujetos con prelación de lugares, escogiendo de los arzobispos y presidentes, los que fuesen más a propósito, según su calidad, méritos y proceder, y que siempre lo sería más el arzobispo de la Iglesia Metropolitana de esa ciudad, si según su edad y salud tuviese fuerzas y talento para gobernar”25.
Con dicha iniciativa, Lemos proponía un sistema de nombramiento de virreyes interinos en el Perú a través de una terna de posibles aspirantes, expresando el orden de prelación. De esta manera, en caso de no poder contar con el primer propuesto, por la razón que fuese, habría hasta dos candidatos más para desempeñar el cargo de virrey interino, evitando así que gobernara la Audiencia de Lima26.
Sin embargo, Mariana de Austria, aconsejada por el Consejo de Indias, rechazó esa propuesta y conminó al virrey a respetar escrupulosamente la pragmática de 1550, ordenándole que no fuese alterada “en caso alguno con ningún pretexto por los graves inconvenientes que de ello pueden resultar”27. Además, el sínodo indiano defendió tanto la probidad de los oidores como las ventajas de que la Audiencia de Lima continuara gobernando en dichas vacantes, con el siguiente argumento:
“Antes bien ha hallado el Consejo que está más afianzado el acierto del gobierno en la audiencia, que no es persona particular, pues es constante y se debe creer que este tribunal siempre se compondrá de ministros de letras, canas y experiencias y celosos del servicio de SM, de quien esperan ser premiados y favorecidos, y que como tales miran con mayor atención por el acierto del gobierno y administración de la justicia que es el nervio de donde pende lo demás”28.
El 6 de diciembre de 1672 el conde de Lemos falleció29. Dado que su propuesta para la designación de un virrey interino no fue considerada, tras su muerte, la Audiencia de Lima administró el virreinato hasta la llegada de un nuevo virrey. No obstante, la persona que encabezó el gobierno fue su asesor y hombre de confianza durante su gobierno, Álvaro de Ibarra, debido a que desde 1669 desempeñaba el cargo de oidor decano de la chancillería limeña, además de ejercer como visitador general del Perú30. Ibarra no cejó en su actividad reformadora ni en su lucha contra la corrupción en el virreinato del Perú que había iniciado, granjeándose la oposición de gran parte de los miembros de la Audiencia de Lima. Por ello, cuando tomó en ínterin las riendas del virreinato del Perú envió una carta a Pedro Portocarrero Aragón, conde de Medellín y presidente del Consejo de Indias31, donde denunciaba al resto de los miembros de esta Audiencia por negarse a dar noticias de la muerte del virrey, el conde de Lemos, retrasando el aviso “más de seis meses” para, de este modo, mantenerse durante más tiempo en el gobierno y, con ello, aprovechar el poder que tenían al frente del virreinato32.
Al poco de llegar a Madrid las reclamaciones de Álvaro de Ibarra, el conde de Medellín las presentó en el Consejo de Indias y, tras ser debatidas, se comunicó a la regente, el 31 de julio de 1674, que lo más conveniente para el Perú era nombrar a un virrey interino, al igual que se practicaba en Nueva España desde 1583 cuando los periodos de interinato eran ejercidos fundamentalmente por eclesiásticos33. En el caso del virreinato del Perú, la razón esgrimida para sustituir a los magistrados por un virrey interino era el grave perjuicio que se generaba cuando este cargo era ejercido por
“diferentes sujetos, por la poca unión que suelen tener en los dictámenes y porque de ordinario los oidores de la audiencia se hallan con muchas dependencias, unas de sangre y amistad, y otras de diversas pasiones, cuya ambición de predominar se reconoce bien en el caso presente […] con que no es bien se le deje a todos para que puedan obrar, llevándose de sus afectos en perjuicio de aquellos vasallos, estando el recurso de las partes tan remoto y distante de la persona de VM para poder ser amparados y reintegrados en justicia”34.
Por tanto, en el plazo de un año el Consejo de Indias había cambiado de parecer. Todo apunta a que dicho viraje fue consecuencia de los informes resultantes de la visita a la Audiencia de Lima que desde 1664 realizó Juan Cornejo para, especialmente, controlar los parentescos y dependencias de los oidores limeños, y que desde 1669 prosiguió Álvaro de Ibarra35. Las averiguaciones de ambos visitadores, como ha demostrado José de la Puente, pusieron de manifiesto en Madrid los diferentes vínculos existentes entre magistrados y criollos, a pesar de que la Corona pretendía que los responsables de impartir justicia en las Audiencias indianas no mantuvieran vínculos con la sociedad en la cual ejercían sus funciones, “en aras de lograr la mayor imparcialidad en el desempeño de sus tareas”36. Gracias a estas relaciones, los criollos vieron reforzada su “presencia” en los órganos de justicia a pesar de los obstáculos a los que se enfrentaron para acceder a estos cargos hasta 1683, fecha en que fueron puestos en almoneda los de justicia junto al resto de oficios37.
1.2. Hacia un nuevo método de nombramiento de virreyes interinos.
En consecuencia, para evitar que durante los interinatos en el gobierno virreinal pudieran prevalecer los intereses particulares de los criollos, a través de sus estrechos vínculos con los oidores de Lima, el Consejo de Indias consideró en 1674 que se debía privar a la Audiencia de Lima de gobernar el Perú, quedando relegada a un segundo plano, otorgando el gobierno a eclesiásticos, como era costumbre en Nueva España38. Mariana de Austria tuvo en consideración el nuevo dictamen del sínodo indiano, aprobando dicha propuesta el 20 agosto de 1674 y ordenando, como único requisito, que el interino fuera nombrado, a propuesta del Consejo de Indias, por votos secretos39. Sucesivamente a esta nueva pragmática, atendiendo a las comprobaciones resultantes de la visita a la chancillería limeña iniciada en 1664, la Cámara de Indias advirtió en 1676 la necesidad de proveer las magistraturas de “sujetos competentes para la buena administración de la justicia”40.
En enero de 1678, como consecuencia de las diversas denuncias que llegaron a la Corte contra el virrey del Perú Baltasar Cueva Enríquez, conde de Castellar41, se decidió destituirlo del cargo, sin ni siquiera comprobar la veracidad de las acusaciones42. Ante este acontecimiento, el conde de Medellín, presidente del Consejo de Indias, propuso al nuevo valido de Carlos II, Juan José de Austria, el nombramiento de un virrey interino que desempeñara el gobierno hasta la llegada de un nuevo vicesoberano43. Tras la consideración favorable del valido, se inició un proceso de designación por el cual el Consejo de Indias procedió a elaborar una lista con los nombres de diez eclesiásticos, atendiendo a cuatro criterios: el cargo que ostentaba, méritos, edad –y estado de salud– y, especialmente, que tuviera una formación académica en leyes, dado que ejercería como presidente de la Audiencia de Lima44. Una vez constituida la nómina, fue trasladada a la Cámara del Consejo de Indias, donde se elaboró una terna que quedó configurada de la siguiente manera: primeramente, Melchor Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima; en segunda posición, Antonio de León, obispo de Arequipa; y, por último, Fray Antonio de San Pedro, electo obispo de Guamanga45. Esta nómina fue elevada el 26 de enero de 1678 al monarca, quien, asistido por su hermanastro, respetó la decisión de la Cámara, siendo elegido el arzobispo de Lima Melchor Liñán y Cisneros. La cédula de nombramiento se despachó el 28 de febrero de 1678 y, en paralelo, Carlos II hizo saber a la Audiencia de Lima que Melchor Liñán quedaría como virrey interino46. De esta forma, en julio de 1678, cuando la cédula de nombramiento llegó al Perú, Castellar fue destituido y el arzobispo de Lima ocupó el solio virreinal hasta la llegada de Melchor de Navarra, duque de la Palata, el 7 de noviembre de $1 6 8 1 ^ { 4 7 }$ .
En 1688, Melchor Portocarrero, conde de la Monclova, fue designado sucesor del duque de la Palata como virrey del Perú, ocupando el cargo de manera efectiva en $1 6 8 9 ^ { 4 8 }$ . En 1701, el conde de la Monclova solicitó licencia para dejar el gobierno del virreinato y regresar a España –al igual que lo hiciera ese mismo año el conde de Moctezuma en el virreinato de Nueva España–49, obteniendo el plácet de Felipe V a dicha petición, pero con la obligación de mantenerse en el cargo hasta la llegada de su sustituto50. El deseo del conde de la Monclova de dejar el cargo provocó que se iniciara un proceso para designar a un interino que quedara al frente del virreinato hasta la llegada del futuro virrey titular. En esta ocasión, Felipe V comunicó al Consejo de Indias que había designado como virrey interino51, mediante decreto ejecutivo, a Pedro Luis Enríquez Sevilla, conde de Canillas, a la sazón gobernador y capitán general de Panamá52. No obstante, la principal diferencia respecto a lo practicado con anterioridad fue que el monarca solicitó al Consejo que “propusiera luego por votos secretos dos sujetos” para este empleo53, es decir, que junto con el nombramiento del conde de Canillas como interino se propusiesen a otros dos candidatos más para así, en caso de existir algún contratiempo, evitar un periodo de vacancia. A tal fin, se ordenó que se enviaran títulos en blanco –tres de virrey interino del Perú, tres de capitán general interino del Perú y tres de presidente interino de la Audiencia de Lima–, como también ocurrió en Nueva España54. Estos títulos en blanco, junto con los nombres de los propuestos, pasarían a manos del monarca, a través del secretario del Despacho Universal, por entonces Antonio de Ubilla55.
Como se puede apreciar, en el desarrollo de este nuevo método de nombramiento de interinos, se aprecian grandes similitudes con lo propuesto por el Conde de Lemos a la reina regente en 1669, pues consideraba que “en caso de vacante o que el virrey haga ausencia fuera del reino, convendría que en pliego cerrado tuviese dado nombramiento de tres sujetos con prelación de lugares, escogiendo de los arzobispos y presidentes”56.
Una vez cumplimentados todos los títulos, el nombramiento de virrey interino del Perú fue remitido al conde de Canillas, quien debía presentarse en Lima y tomar posesión del gobierno hasta la llegada del nuevo virrey titular. De este modo, cuando Canillas quedara oficialmente como vicesoberano interino, el conde de la Monclova podría abandonar la ciudad de los Reyes.
Los nombramientos de los hipotéticos sucesores del conde de Canillas, propuestos por el Consejo de Indias y sujetos a la orden de prelación otorgada por el monarca, quedaron incorporados en un pliego y fueron enviados a la Audiencia de Lima, por medio de la vía reservada, donde debían quedar custodiados. Con este nuevo sistema de nombramiento de virreyes interinos, si fallecía el conde de Canillas antes de llegar a Lima o durante su mandato, los miembros de la chancillería limeña debían reunirse y abrir el pliego donde se encontraban los nombramientos de los dos interinos restantes. Por consiguiente, la persona a la que el monarca hubiera dado preferencia quedaría como virrey interino y, en caso de que el primer propuesto no pudiera hacerse cargo del virreinato, su lugar sería ocupado por el segundo.
En el caso de Nueva España, se actuó de la misma manera depositando el pliego en la Audiencia de la capital virreinal, México. Sin embargo, para sustituir a Moctezuma allí no hizo falta utilizar el pliego de providencia o de mortaja con los nombramientos de los interinos, dado que los títulos de virrey interino del arzobispo de México llegaron a la capital novohispana y, por ende, Juan Ortega Montañés tomó posesión del cargo, hasta el 26 de noviembre de 1702 cuando arribó a las costas novohispanas el nuevo virrey Francisco Fernández Cueva, duque de Albuquerque57.
2. EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE PLIEGOS DE PROVIDENCIA O MORTAJA Y SU IMPLEMENTACIÓN HASTA EL PRIMER VIRREY INTERINO AMERICANO DESIGNADO POR ESTA VÍA.
El plan diseñado para relevar al conde de la Monclova, sin embargo, se vio truncado. En octubre de 1701, antes de salir de Panamá en dirección a.
Lima, el conde de Canillas murió58. Esta circunstancia, según el procedimiento trazado, no debía suponer un obstáculo para que Monclova dejara el gobierno al haberse creado un pliego con los nombramientos de otros dos posibles interinos: solo se debían reunir los oidores de Lima, abrir el pliego y nombrar al primero de los interinos propuestos, o el segundo en caso de que este hubiera fallecido o no pudiera hacerse cargo del virreinato. Sin embargo, el pliego con los nombramientos de los interinos no había llegado aún, lo cual obligó a Monclova a permanecer en Lima59, a pesar de que siguió reiterando sus deseos de regresar a España, esgrimiendo su avanzada edad y la posibilidad de morir60. Obviamente, en caso de fallecer, provocaría que el gobierno del virreinato quedara en manos de la Audiencia de Lima. El rey, tras consultar al Consejo de Indias, nombró a Manuel de Oms Sentmenat de Lanuza, marqués de Castelldosrius, para suceder a Monclova como virrey del Perú en $1 7 0 2 ^ { 6 1 }$ . Mientras tanto, el conde de la Monclova falleció en el mes de agosto de 1705, quedando la Audiencia de Lima al frente del virreinato hasta que en el mes de julio de 1707 arribó Castelldosrius a Lima62. De este modo, como enunció Jorge Tovar, se produjo un periodo de “dos años de Gobierno criollo en el Perú”, dado que la mayoría de los oidores, en concreto tres de sus cinco miembros, habían nacido en América63.
Si el monarca pretendía evitar que el gobierno del virreinato peruano estuviera controlado por la Audiencia de Lima durante los periodos de interinato, en 1705, tras la muerte del conde de la Monclova, no logró su objetivo. Para tratar de solucionar los inconvenientes surgidos en el sistema inicialmente diseñado, se buscaron formas de perfeccionarlo incorporando una serie de cambios. La principal novedad fue designar a los potenciales interinos y elaborar el conocido como “pliego de providencia o de mortaja” inmediatamente tras el nombramiento del virrey titular. De esta forma, una vez que el virrey nominado se dirigía a su destino de gobierno, le seguían los pliegos de providencia para que, en caso de que este falleciera o fuera destituido, se dispusiera con celeridad de sustitutos. En consecuencia, cuando en 1706 el marqués de Castelldosrius se embarcó hacia el Perú para tomar posesión del virreinato, Felipe V consultó al Consejo de Indias para que propusiera una lista con los nombres de los mitrados más apropiados para conformar el pliego de providencia o de mortaja. De igual modo, como aconteció en 1701, se elaboraron los títulos de nombramiento para estos interinos por triplicado64. El propósito era, según explicaba el marqués de Mejorada, Secretario del Despacho en lo relativo a los asuntos que no eran de Guerra ni de Hacienda65, al presidente del Consejo de Indias, que:
“si sucediera el caso de practicarse y hubiere muerto o se excusare el primero nombrado haya despachos en que otro esté nombrado, y si sucediese lo mismo con el segundo los haya para un tercero, de suerte que los segundos despachos tengan uso en defecto de no tenerle los primeros […]. Me manda SM prevenga de ello a VE para que, en su inteligencia, luego dé la orden conveniente para que en la misma forma por principal, duplicado y triplicado se formen despachos para el segundo y tercer sujeto que el rey nombrara tanto para el ínterin del virreinato del Perú como para el de Nueva España, y estando ejecutados me los enviará VE inmediatamente”66.
Generado el elenco de posibles candidatos, el pliego de providencia o de mortaja era elaborado, así como los títulos en blanco, por el secretario de la Secretaría del Perú. A continuación, el presidente del Consejo de Indias remitía estos documentos al secretario del Despacho, y este, a su vez, los trasladaba a manos del monarca. En línea con el reformismo administrativo que el gobierno borbónico aplicó en el siglo XVIII y la implantación del sistema ministerial67, las tres personas que conformaron los pliegos de providencia eran elegidos por el rey, con el asesoramiento de terceras personas, en especial, valiéndose de sus secretarios, sin consultar al sínodo indiano. De esta forma, en la designación de los virreyes interinos y la elaboración de los pliegos de providencia, al igual que ocurrió en las distintas concesiones de cargos y honores en el siglo XVIII, el Consejo de.
Indias quedó con una función meramente administrativa frente a la vía ejecutiva que encarnaba la Secretaría del Despacho de Indias.
Así pues, seleccionados los tres candidatos, se procedía a rellenar los nueve títulos en blanco, distribuidos posteriormente en tres pliegos. En cada uno de ellos se incluía un título de virrey y gobernador, uno de capitán general y otro de presidente de la Audiencia de la capital virreinal. A continuación, eran cerrados y rotulados numéricamente atendiendo a la prelación dada por el monarca. Una vez elaborados, se enviaban de nuevo al Consejo de Indias para que fueran refrendados y sellados tanto por su secretario como por su presidente. Por último, desde el Consejo de Indias se enviaban a la Audiencia de la capital virreinal, quien tenía la responsabilidad de custodiarlos en un arca de tres llaves. En caso de fallecer el virrey titular, la Audiencia de Lima debía romper el sello y abrir el pliego que estaba rotulado con el número uno y, en caso de que hubiese fallecido, operar del mismo modo por orden con los sucesivos68.
Este sistema, conocido como de pliegos de providencia o de mortaja, se desarrolló plenamente, tal como ha sido descrito, en 1706 con el fin de mejorar otros métodos anteriormente ideados y superar así posibles adversidades como las surgidas en los años precedentes. Dicho procedimiento se mantuvo implementándose durante todo el siglo XVIII, como puso de manifiesto Calderón Quijano69, y al menos durante los inicios del siglo $\mathrm { X I X } ^ { 7 0 }$ .
Entre 1706 y 1707 se elaboraron y enviaron a Lima los pliegos de providencia para que, en caso de fallecer o ser destituido el marqués de Castelldosrius, se dispusiesen de sustitutos para ejercer el virreinato del Perú. Por tanto, cuando en marzo de 1710 murió el citado virrey71, siguiendo las órdenes dictadas desde Madrid, la Audiencia de Lima procedió a abrir el arca de tres llaves donde se guardaban los pliegos de providencia elaborados72. Al abrir el primer pliego, apareció el nombre de Antonio de León, quien había muerto en 1709 cuando se encontraba ejerciendo como mitrado de Arequipa73. En consecuencia, se procedió a abrir el segundo, donde se nominaba a Juan González de Santiago, obispo de Cuzco entre 1705 y 1707, quien también había fallecido74. Por último, en el tercer pliego aparecía nombrado Diego Ladrón de Guevara, obispo de Quito desde $1 7 0 6 ^ { 7 5 }$ . Puesto que aún vivía, fue el encargado de coger las riendas del virreinato peruano, tomando posesión del gobierno en 1710, convirtiéndose, como señaló Vargas Ugarte76, en el primer virrey interino de América que accedió al cargo a través del pliego de providencia o de mortaja77. Ladrón de Guevara gozaría de un amplio periodo de interinato pues permaneció en el cargo hasta 1716 a causa de la demora en partir hacia Lima del príncipe de Santo Buono, quien había sido nombrado virrey del Perú en diciembre de $1 7 1 1 ^ { 7 8 }$ .
Pero el intento de establecer el sistema de pliegos de providencia o de mortaja en América en 1701, inicialmente fallido, y su consolidación entre 1706 y 1707, no fue un hecho azaroso, sino que respondió a las dinámicas políticas y sociales del momento. En 1701, se inició una reforma encaminada a apartar de sus oficios a quienes lo hubieran obtenido a través del mérito del dinero79, haciendo especial énfasis en los oficios de justicia80. Sin embargo, la inestabilidad provocada por la Guerra de Sucesión –y las urgentes necesidades financieras de la Corona para sufragarla– provocó que no fructificaran dichas transformaciones, sino que, por el contrario, se produjese “la etapa principal de la venalidad”, donde se pusieron en almoneda los “altos puestos de gobierno político, de hacienda y de justicia”, entre ellos los asientos de las chancillerías indianas81. La intensificación de la enajenación de cargos, como medida para obtener recursos con los que financiar la contienda sucesoria, llevó a que a principios del siglo XVIII algunas de las Audiencias americanas, como las de Lima o México, se encontraran conformadas por un amplio número de criollos82.
En paralelo a esta situación, en la metrópoli se mantenía vigente un debate, iniciado tiempo atrás, sobre la mala praxis de aquellos criollos que habían comprado cargos, especialmente dirigido sobre los de justicia, y su idoneidad para ejercerlos, prevaleciendo la postura, defendida sobre todo por el Consejo de Indias, de que era necesario apartarlos de sus oficios83. Atendiendo a estas discusiones, el sistema de pliegos de providencia significaba una respuesta parcial a este problema ya que con su aplicación se podría evitar que el gobierno de los virreinatos americanos quedara en manos de la Audiencia de Lima –al igual que en la Audiencia de México, en el caso de Nueva España– que estaba compuesta por un importante número de criollos e individuos que habían obtenido el cargo mediante “servicios pecuniarios” a los cuales no se les debía dar más poder durante los periodos en que la Audiencia tuviera en ínterin el control del virreinato.
Por otro lado, la inestabilidad política que se experimentó en los inicios del reinado de Felipe V favoreció la implantación de este sistema de nombramientos de virreyes interinos, especialmente tras los sucesos acontecidos entre 1705 y 1706. En agosto de 1704 se iba a producir la toma de Gibraltar por los ingleses. A la par, las tropas aliadas avanzaban por los frentes de Aragón, Valencia, Mallorca y Portugal, y estalló el conflicto en Cataluña. En 1705, tuvo lugar en Madrid la conocida como “causa del banquillo”, donde los grandes de España se rebelaron contra Felipe $\mathrm { V } ^ { 8 4 }$ . A este conflicto con la nobleza, se sumaron las disputas con Clemente XI por no aceptar al candidato Borbón como rey de Nápoles85, la traición de los consejos en 1706 tras la toma de Madrid por parte del archiduque Carlos86 y las noticias de conspiraciones contra Felipe V en Nueva España87. En este marco de inestabilidad política, el sistema de pliegos de providencia permitía que, en caso de fallecer el virrey titular, hubiese tres individuos designados únicamente por Felipe V y, por ende, afines a la causa borbónica, que de inmediato podían quedar al frente del gobierno del virreinato. Por otro lado, si el virrey titular optaba por apoyar al bando austracista, el monarca podía destituirle y ordenar que se abrieran los pliegos, quedando de inmediato un virrey interino “proborbónico” al frente del gobierno. Por tanto, la implantación de este sistema de nombramiento de interinos se enmarcaría en el contexto de las reformas de la monarquía que se produjeron a lo largo de 1705, y que junto a la instauración de la Junta o Consejo de Gabinete y posteriormente los decretos de la Nueva Planta88, tuvieron como fin colocar al frente de los principales oficios de la Corona a personas fieles a la causa borbónica y, en última instancia, a Luis XIV89.
3. EL PLIEGO DE PROVIDENCIA COMO GARANTÍA DE “BUEN GOBIERNO”, TAMBIÉN DURANTE LOS INTERINATOS.
El 20 de diciembre de 1711, un año después de asumir Diego Ladrón de Guevara el virreinato del Perú, Nicolás Caracciolo, príncipe de Santo Buono, fue elegido para ocupar el cargo de virrey titular90. No obstante, tardaría en partir hacia Perú para desempeñar el cargo. Se negaba a embarcar en los navíos de Antonio de Echevers, alegando, entre otros motivos, que el barco se encontraba en un estado insalubre, con una deficiente infraestructura, y aprovisionado con escasos y malos víveres para el viaje. Pero no fue esta la única razón por la que se retrasaba su partida hacia Lima. También se encontraba inmerso en una negociación con la Corona por la que se comprometía a “no robar demasiado” –supuestamente, no tanto como lo habían hecho sus antecesores en el cargo–, a cambio de percibir 600.000 pesos durante el trienio de mandato, además de su asignación habitual como virrey91. Santo Buono, ante las deficiencias de los navíos, solicitó que se reemplazaran los barcos de Echevers por otros más acomodados para el viaje92, circunstancia por la que en abril de 1714 Felipe V propuso unos barcos de la flota real para su marcha hacia Perú, aunque su partida se demoró nuevamente año y medio93.
De manera paralela a esa negociación, puesto que Santo Buono había sido designado a finales de 1711, se había iniciado, en febrero de 1713, la tramitación para elaborar el pliego de providencia que debía efectuarse tras el nombramiento del virrey. Una vez finalizada su diligencia, en el pliego se establecía que, en caso de necesitarse un sustituto para gobernar el virreinato fuese nombrado, primeramente, el arzobispo de Charcas, Diego Morcillo, en segundo lugar, el arzobispo de Santa Fe, Francisco Cossío Otero y, por último, el obispo de Cuzco, Melchor Nava Moreno94.
Entretanto, a finales de diciembre de 1713 habían llegado a Madrid una serie de denuncias contra el obispo-virrey interino Diego Ladrón de Guevara y sus allegados en las que se afirmaba que solo “los excesos de pagos de libranza y sueldos atrasados hechos por el obispo de Quito virrey interino del Perú, y colusiones de su secretario, asesor y mayordomo, […] resultan más de 1.200.000 pesos en perjuicio de la Real Hacienda”. Se aludía, además, a las decisiones abusivas tomadas por el virrey, sin tener en cuenta el parecer del Real Acuerdo95. Dichas acusaciones ponían de manifiesto que, además de perjudicar a los intereses del fisco regio, estaba atentando contra el fundamento de “la cultura política vicerregia”, en la que el virrey, por un lado, debía consensuar y negociar las decisiones con las instituciones gubernativas y, por otro, garantizar la paz social en el virreinato y los privilegios y derechos de sus miembros, gobernando, de este modo, con justicia96.
Estas denuncias pasaron a manos de una Junta conformada por el fiscal del Consejo de Indias, José Agustín de los Ríos97, y los consejeros de Castilla, Miguel Francisco Guerra y Francisco de León Luna98. Tras examinar las acusaciones que se vertían contra Diego Ladrón de Guevara, los miembros de la Junta manifestaron a José Grimaldo que, teniendo en cuenta
“que el Príncipe [de Santo Buono] no se iba ni se iría tan brevemente como se suponía por falta de embarcación […] y que siendo los excesos del obispo virrey de la calidad que se suponían y los fraudes de su familia y allegados los que se ponderaban, uno y otros, con el riesgo de que aquel reino o se pierda absolutamente o se acabe de aniquilar, me parecería que nada convenía tanto como el atajar cuanto antes estos excesos y remediar tan graves daños”99.
Por ello, la Junta planteó la necesidad de que Diego Ladrón de Guevara fuera cesado a la mayor brevedad como virrey interino y obligado a volver a España, además de ser expulsados de Lima sus allegados y familia. Lógicamente, de aplicarse esta propuesta, el cargo de virrey quedaría vacante. Asimismo, la citada Junta propuso dos alternativas a Grimaldo. La primera, enviar y utilizar los pliegos de providencia o de mortaja que se habían creado para el caso de fallecer el príncipe de Santo Buono. La segunda, permitir que la Audiencia de Lima tuviese “a su cuidado el Gobierno en ínterin de aquel reino”, entendiéndose, “que cualquiera de estas dos providencias es solo para el pronto remedio de atajar estos excesos y de que cese en el gobierno el obispo”100.
Atendiendo al parecer de la Junta, José Grimaldo se decantó por la primera opción, es decir, la de utilizar los pliegos de providencia que se habían creado en 1713. No obstante, hizo algunos reparos, señalando que existía la posibilidad de que, al abrir los pliegos, los designados hubieran fallecido. De darse esta hipotética situación, podría ocurrir, según explicaba Grimaldo, que Diego Ladrón de Guevara se perpetuara en el gobierno hasta el envío de nuevos pliegos de providencia o la llegada del príncipe de Santo Buono. Por otro lado, si Diego Ladrón de Guevara abandonaba la ciudad de los Reyes, el gobierno quedaría en manos de la Audiencia de Lima. Para anticiparse y tratar de evitar que se produjera alguna de estas situaciones, Grimaldo ordenó conocer si los mitrados que conformaban los pliegos de providencia elaborados habían fallecido y, en caso de que estos hubieran muerto, elaborar otros pliegos “con aquellos mismos (si vivieren algunos) u otros eclesiásticos”101. Al mismo tiempo, Grimaldo sugirió añadir una nueva función al sistema de pliegos de providencia o de mortaja. Empleando el caso de la mala experiencia del gobierno de Diego Ladrón de Guevara como virrey interino, planteó a Felipe V la posibilidad de que, si el primer nombrado en el pliego de providencia no ejercía su labor acorde con los intereses de la Corona, el rey pudiese cesarle y nombrar al segundo propuesto, en lugar de elaborar nuevos pliegos de providencia102.
Finalmente, se decidió adelantar la aplicación de los pliegos de providencia elaborados inicialmente para el caso de fallecer el príncipe de Santo Buono y con ello se ordenó el cese del gobierno en ínterin del obispo de Quito Diego Ladrón de Guevara, que no se produciría hasta el mes de marzo de $1 7 1 \overline { { 6 } } ^ { 1 0 3 }$ . Tras este cese, se abrió el primer pliego en el que aparecía el nombre de Diego Morcillo, arzobispo de Charcas, quien asumiría el mando del virreinato hasta la llegada del virrey titular, el príncipe de Santo Buono, en octubre de $1 7 1 6 ^ { 1 0 4 }$ . Por ende, el sistema de pliego de providencia fue, además de un instrumento para contar con celeridad con un virrey interino ante la muerte o incapacidad para gobernar del titular, una herramienta preventiva para garantizar el buen gobierno de virreyes, tanto titulares como interinos. En este sentido, estos pliegos de mortaja funcionarían como elementos complementarios a otros mecanismos de control con los que contaba la monarquía, como fueron los juicios de residencia, buscando un efecto disuasorio y preventivo que permitiera poner coto o reducir las actividades ilícitas de unos y otros virreyes.
4. LA TRAMITACIÓN Y SUS ACTORES EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PROVIDENCIA. EL CASO DE 1713.
El 8 de febrero de 1713, tras haber sido nombrado virrey del Perú el príncipe de Santo Buono a finales de 1711, se procedió a buscar a los posibles interinos que conformarían el pliego de providencia para el caso de que este falleciera o fuera destituido antes de completar su mandato. Para ello, Felipe V solicitó al Consejo de Indias que propusiera personas para el cargo105. La nómina, siguiendo un orden de preferencia, quedó constituida de la siguiente forma: “el arzobispo de Lima; el arzobispo de las Charcas o la Plata; el arzobispo de Santa Fe; el obispo del Cuzco; el obispo de Guamanga; el obispo de la Concepción de Chile; y el obispo de Quito”106.
Una semana más tarde, ese listado pasó a manos del monarca a través del Secretario del Despacho Universal. El rey, de entre los siete propuestos, debía seleccionar a los tres que conformarían el pliego de providencia. Para ello, se valió del consejo del marqués de Mejorada, Secretario del Despacho107. Los parámetros seguidos por Mejorada para seleccionar a los tres interinos pivotaron en torno a dos elementos: por un lado, se valoraba la experiencia y los méritos obtenidos durante el desarrollo de las carreras eclesiásticas y, por otro lado, se estimaba su acción de gobierno en sus respectivas diócesis, destacando que se hubiera producido sin conflictos con otras instituciones. Al respecto, Mejorada propuso, en primer lugar, a Melchor de la Nava, obispo de Cuzco, en segundo lugar, a Diego Morcillo Rubio, arzobispo de Charcas y, en tercer lugar, a Francisco Cossío Otero, arzobispo de Santa $\mathrm { F e } ^ { 1 0 8 }$ . No obstante, al final de sus observaciones, Mejorada aclaró al monarca los motivos por los que proponía a los tres citados, “por ser naturales de estos reinos”, y los criterios para excluir a los restantes propuestos por el Consejo de Indias:
“En el estado presente no se tiene por conveniente fiar aquel gobierno a la Audiencia por componerse la mayor parte de ella de criollos. Los demás obispos, el mayor número de ellos lo son también y otros no a propósito para fiarles este gobierno”109.
Los fundamentos de Mejorada para hacer esa selección ponen de manifiesto los motivos por los que se acabaron imponiendo los pliegos de providencia o de mortaja: evitar que los criollos administraran el virreinato en caso de faltar el virrey titular. Aunque casi siempre lo tratado por los Secretarios del Despacho con el monarca se resolvía “a boca”, las de.
Mejorada se han conservado porque Felipe V las envió a José Grimaldo, en esos momentos Secretario del Despacho Universal110, para que diera su parecer sobre el particular y solicitara un segundo informe. Era esta una práctica habitual empleada desde la Secretaría del Despacho cuando se trataba de conceder empleos de gran relevancia y suponía una muestra más de la pérdida de poder del sistema de gobierno polisinodial “en favor de la vía ministerial y de los nuevos espacios de poder instituidos en la Corte”111. En este caso, fue la influyente figura del confesor del rey, Pedro Robinet, la elegida para la elaboración del segundo informe112.
De este modo, Grimaldo requirió a Robinet, el 21 de febrero de 1713, “que diera su valoración respecto de las noticias que tuviere de cada uno de estos prelados u de otros de aquellos reinos”, para señalar al candidato “más a propósito para que pueda recaer en este ínterin”113. Para tal fin, se le envió la nómina con los nombres de los prelados elaborada por el Consejo de Indias, así como las valoraciones que había hecho Mejorada sobre cada uno de los propuestos. Una semana más tarde, el confesor real respondió a Grimaldo, emitiendo su valoración, supuestamente en base a tres factores: la experiencia de gobierno, los méritos eclesiásticos y la edad. Nominó, en primer lugar, a Diego Morcillo Rubio –declarado regalista y “arropado” por generosos donativos remitidos a la Corte–114, arzobispo de Charcas; en segundo lugar, propuso a Francisco Cossío Otero, arzobispo de Santa Fe; y, finalmente, a Melchor de la Nava, obispo de Cuzco115. La apreciación individual que hizo sobre el arzobispo Morcillo resulta relevante, pues destacó los donativos con los que sirvió desde su obispado a la hacienda regia y, especialmente, los regalos que hizo al monarca, a la reina y al infante don Luis en agradecimiento por su promoción al obispado de Charcas, cuestiones que el propio Robinet trasmitió al rey116.
Los duros argumentos empleados por el confesor para excluir al resto de candidatos evidencian su decidida voluntad de patrocinar a Morcillo. En primer lugar, alegó la escasa experiencia del arzobispo de Lima, así como la poca habilidad del obispo de Huamanga, de quien advertía tenía “solamente la reputación de buen hombre, pero de genio corto y de poca fortaleza”117. El obispo de Quito, Diego Ladrón de Guevara, que por entonces ejercía el virreinato del Perú en ínterin, fue descartado por las denuncias que llegaron a la Corte contra él, su avanzada edad y, sobre todo, por la fuerte enemistad que, al parecer, mantenían. Finalmente, las palabras que Robinet dedicó al obispo de la Concepción dejan ver cómo el confesor del rey intentó colocar en los pliegos de providencia o de mortaja a personas favorables a la causa de Felipe V y, sobre todo, afines a sus ideas. Así, se excluyó a aquellos mitrados que se opusieron al proyecto regalista desarrollado por Macanaz –y apoyado por el propio Robinet– en 1709, cuando el papa Clemente XI reconoció como rey de España al archiduque118. Este hecho quedó recogido en las informaciones expuestas acerca del obispo de Concepción, quien, según el confesor,
“se ha mostrado preocupado de máximas opuestas a las regalías del rey y caviloso en esta materia, hasta imprimir papeles contra ellas cuando era canónigo de Lima […], ni aun es de profesión para esto, siendo teólogo y no jurista […]. También sé que han venido quejas con pruebas contra la conducta de este sujeto poco edificativa”119.
Con tales argumentos, Felipe V se decantó por la selección de su confesor y así quedaron constituidos los pliegos de providencia de 1713, los cuales permitieron a Diego Morcillo120 sustituir en marzo de 1716 al cesado virrey interino del Perú, Diego Ladrón de Guevara.
CONCLUSIONES.
La estructura de poder establecida en América por la monarquía hispánica se basó en una distribución de jurisdicciones entre diversos cuerpos, cuyas atribuciones debían ser respetadas entre unos y otros121. El virrey, como representante del monarca y cabeza de la estructura administrativa y de gobierno indiana, debía garantizar esta articulación considerada la esencia de la cultura política vicerregia en Indias. La preservación de este sistema de gobierno permitía evitar conflictos institucionales o sociales, gobernando, de este modo el virreinato, en paz y justicia122. La Corona fue consciente de la relevancia de mantener constantemente las funciones del virrey y, especialmente, el sistema de contrapesos. De este modo, para que un virreinato no quedara acéfalo en caso de faltar el virrey titular, en 1550 se tomó la decisión de delegar sus funciones en favor de las Audiencias de las capitales virreinales hasta la llegada de uno nuevo. En consecuencia, las funciones propias del virrey quedarían en todo momento vigentes.
A pesar de que dicha norma se estableció para los dos virreinatos americanos, los interinatos de gobierno se desarrollaron de forma diferente en ambos espacios. En el novohispano, a partir de 1583, se tomó la decisión de que los interinatos de gobierno recayesen en eclesiásticos, de forma similar a lo practicado en los territorios italianos. En cambio, en el virreinato del Perú, la Audiencia de Lima gobernó los periodos de interinato hasta 1674, cuando se decidió establecer un modelo similar al de Nueva España, Italia o Navarra, donde los eclesiásticos encabezaban el gobierno cuando faltaba el virrey titular. Esto se produjo a raíz de la visita a la Audiencia de Lima que se estaba llevando a cabo desde 1664, a través de la cual se pusieron de manifiesto las actividades corruptas y los abusos de los oidores del tribunal limeño, además de la existencia de vínculos e intereses comunes entre magistrados y criollos que distaban de los principios de buen gobierno. Con esta modificación, el gobierno virreinal quedaría controlado por la Audiencia de Lima solo si el virrey interino eclesiástico fallecía mientras regentaba el cargo.
Sin embargo, a principios del siglo XVIII, con el fin de abordar diferentes problemas surgidos en el pasado en los periodos de transición entre un virrey titular y su sucesor, cuando se producían situaciones de interinidad, se arbitró un procedimiento de nombramiento de virreyes interinos, parcialmente inspirado en propuestas hechas en el pasado, denominado sistema de pliegos de providencia o de mortaja, que quedó fijado en 1706 y se utilizó por primera vez en los dominios americanos en 1710, manteniéndose vigente, como mínimo, durante toda la centuria ilustrada.
Con la implantación de este sistema se conseguían varios objetivos. El primero de ellos era disponer de un virrey interino con celeridad ante la muerte o la incapacidad del virrey titular para gobernar e impedir así una posible acefalía en el poder o, al menos, limitar los conflictos competenciales que ya se habían experimentado en el pasado entre diferentes instituciones. Además, de esta manera se lograba evitar que los oidores de la Audiencia limeña, controlada en gran medida por criollos, aumentasen su poder en los periodos de interinato, impidiendo así que gozaran de mayor facilidad para cometer abusos y excesos de todo orden. En este sentido, al hilo de las prácticas corruptas, el sistema de pliegos de providencia se convertía, en cierta manera, en otro mecanismo de control más de la monarquía, pues funcionaría, al menos teóricamente, como elemento de carácter disuasorio ante posibles prácticas ilícitas, pues un virrey podía ser cesado al disponer de sustitutos de manera inmediata. Y todo ello, sin suponer ninguna obligación para la monarquía, pues la existencia de estos pliegos no comportaba necesariamente ningún efecto vinculante ni relacional, ya que en caso de no producirse un interinato no sería necesario acudir a ellos y, por tanto, tampoco se desvelarían los nombres de los nominados123.
Junto a las soluciones que este sistema aportaba de manera general a muchos problemas legados del pasado en los virreinatos indianos, también ofrecía otra serie de ventajas para superar nuevos obstáculos específicos que habían ido surgiendo ya desde las postrimerías del siglo XVII y primeros años de la nueva centuria. Las urgencias de la guerra no permitieron aplicar las reformas encaminadas a apartar de los cargos a quienes los habían logrado a través del dinero, sino que se intensificaron las operaciones venales, por lo que, en el caso de la Audiencia de Lima, que estaba compuesta principalmente por criollos apoyados en el mérito del dinero, el sistema de pliego de providencia era una manera de garantizar que estos cargos no asumieran, en caso de interinato, el poder en el virreinato peruano. Desde el punto de vista de la inestabilidad política que experimentó Felipe V al llegar al trono, la utilización de este nuevo procedimiento, controlado en última instancia por los Secretarios del Despacho, significaba disponer de una medida adicional para garantizar que al frente de los virreinatos hubiera en todo momento personas fieles a la causa borbónica, cuestión especialmente importante en un contexto tan complejo como era el de la Guerra de Sucesión.
En definitiva, con este sistema de los pliegos de providencia o de mortaja se trataba de dar respuesta de manera eficaz a toda una serie de dificultades que la monarquía había encontrado a la hora de gestionar los periodos de interinidad de los virreinatos indianos. En este sentido, su diseño y aplicación en las fechas señaladas estuvo influido por la inestabilidad que provocó el conflicto sucesorio, pero se puede encuadrar también en el marco de las reformas emprendidas por el equipo de gobernantes franceses que acompañaron los primeros pasos de Felipe V. Reformas, que iban dirigidas a centralizar la administración en torno a las figuras de los secretarios del Despacho y a situar al frente de los principales cargos de gobierno a personas fieles a la causa borbónica.
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