DOSSIER. Prolegómenos del derrumbe: la crisis de 1804 en la Monarquía Hispánica ∗.
Coordinadores: ÁLVARO PARÍS MARTÍN / ANDONI ARTOLA RENEDO.
Cómo citar: PARÍS MARTÍN, Álvaro / ARTOLA RENEDO, Andoni, “Dossier. Prolegómenos del derrumbe: la crisis de 1804 en la Monarquía Hispánica”, en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 39 (2019), pp. 1-6.
DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.39.2019.1-6.
Durante los años 1803-1805 la economía española atravesó por una crisis económica y demográfica de consecuencias devastadoras. Aunque su epicentro estuvo en las dos Castillas –con la pérdida de casi un $1 5 \%$ de la población– sus efectos se hicieron sentir en el conjunto de los territorios peninsulares de la Monarquía. La mortalidad, las epidemias, el aumento de los precios del trigo, el estrangulamiento de los mercados y la conflictividad social dieron lugar a un escenario catastrófico sin precedentes en la centuria anterior.
Como ha demostrado Enrique Llopis, la crisis de 1803-1805 fue un fenómeno casi exclusivamente español, sin parangón en otros territorios europeos1 . Supuso, además, un brusco cambio en la tendencia alcista que mostraba la economía castellana durante la segunda mitad del siglo XVIII. No fue la culminación de un largo proceso de deterioro económico ni un síntoma del agotamiento del modelo de crecimiento, sino una “tormenta casi perfecta” en la que las malas cosechas se dieron la mano con una serie de respuestas institucionales y protestas sociales que contribuyeron al estrangulamiento de los mercados. Más allá de los factores macroeconómicos, la intervención de los actores sociales contribuyó a su agravamiento, en un contexto marcado por el colapso de las instituciones del Antiguo Régimen (Real Hacienda, pósitos y sistema benéfico-asistencial), la retención de los excedentes, las resistencias al pago del diezmo y las protestas contra la circulación de granos. Las causas de la particular intensidad de la crisis deben buscarse, por tanto, en la intervención de las instituciones y los propios actores.
El artículo de Felipa Sánchez Salazar pone de manifiesto que el impacto de la crisis no puede achacarse exclusivamente a las malas cosechas, sino que responde a factores de tipo humano. Ante los primeros síntomas de carestía, los consumidores de muchas localidades castellanas se movilizaron contra la saca de trigo y retrasaron el pago de la renta territorial y el diezmo. Por temor a un estallido de violencia, algunas autoridades locales ampararon estas medidas, impidiendo la salida de grano, embargando cargamentos o estableciendo el derecho de preferencia y tanteo para los vecinos. Para preservar el orden público, trataron de garantizar el abastecimiento de los núcleos de población, fijando los precios, requisando trigo y recurriendo a las importaciones. Pero el agotamiento de los pósitos y la crisis de las finanzas municipales redujeron la eficiencia de estas medidas.
La presión de los vecinos y las exigencias derivadas del abasto de Madrid contribuyeron a estrangular el mercado de granos, situación que se vio acentuada por las restricciones en los transportes resultantes de las medidas contra las epidemias. En definitiva, la crisis no solo fue motivada por la bajada en la producción sino también por las carencias en la distribución, atribuibles tanto al entramado institucional del Antiguo Régimen como a la actuación de los vecinos y las autoridades locales. La coyuntura crítica puso de manifiesto que la Corona era incapaz de garantizar el abasto de productos básicos, sacando a relucir tensiones sociales latentes en torno a la estructura de la propiedad, el reparto del excedente agrario o los mecanismos de redistribución y fijación de precios. El miedo a los motines de subsistencias y el bandolerismo condujo a las autoridades a tomar medidas excepcionales que supusieron un retroceso en los intentos de liberalización del comercio de granos. La crisis destapó las tensiones internas de la sociedad de Antiguo Régimen, dando lugar a un ciclo de movilizaciones que agudizó sus efectos, desvelando además los límites del propio sistema y poniendo en cuestión la eficacia de la Monarquía.
Uno de los principales caballos de batalla de la crisis fue el abastecimiento de Madrid. Las medidas coactivas para garantizar el suministro de la Corte y prevenir alborotos suscitaron resistencias en las regiones productoras. Pero, al mismo tiempo, la carestía tuvo un profundo impacto en la vida de las clases populares madrileñas. El punto crítico se alcanzó en el año 1804, cuando fallecieron en la capital más de 11.300 personas, doblando la cifra del año anterior y conformando un pico de mortalidad que no se superaría en todo el siglo.
Victoria López Barahona y Jesús Agua de la Roza muestran que la crisis golpeó en una coyuntura ya marcada por el deterioro de las condiciones de vida en la Corte y el descenso de los salarios reales durante la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque Madrid fuese una ciudad privilegiada donde el suministro de pan estaba garantizado por las autoridades, las economías familiares – con un $4 0 \%$ de los madrileños viviendo en el umbral de la pobreza – se mostraban extremadamente sensibles a los cambios en los precios. La crisis provocó el colapso del sistema benéfico-asistencial, previamente mermado por el endeudamiento y la crisis financiera. El Hospicio se vio desbordado y las Diputaciones de Caridad faltas de fondos, mientras se improvisaban espacios para albergar a los mendigos y se generalizaban las medidas represivas. Las rondas de la Sala de Alcaldes intensificaron la captura de vagos y malentretenidos –esto es, de trabajadores desempleados– que se veían obligados a pernoctar en las calles o en los tejares de las afueras. El culmen de esta estrategia represiva se alcanzó con la recolección general de mendigos de 1805, financiada a través de una colecta pública y la contribución del propio Godoy, que controló personalmente la operación. El denominado Príncipe de la beneficencia obligó a los conventos a entregar las limosnas y raciones, centralizando el sistema asistencial en el Hospicio. La recolección se saldó con la captura de
3.468 pobres, destinados al ejército y la marina o devueltos a sus poblaciones de origen.
La crisis puso al descubierno la incapacidad de la red asistencial tradicional para hacer frente a las adversidades propias de las oscilaciones económicas de este final del Antiguo Regimen. La respuesta de las instituciones, incapaces de garantizar la subsistencia, pasó por la militarización, la reclusión, el alistamiento forzoso y el destierro. Pero, al mismo tiempo, la coyuntura fue aprovechada por Godoy para impulsar una fallida reforma del modelo asistencial, relegando el papel del clero en favor del Estado, a quien le correspondía la “obligación de mantener a sus pobres”2 . El principio de la caridad cristiana resultaba caduco y debía ser sustituído por la “beneficencia pública”. El desvío de fondos para la guerra contra Inglaterra y la desamortización erosionaron los pilares del sistema tradicional de beneficencia, desarticulando las obras piadosas que lo financiaban y obligando a recurrir a suscripciones públicas para mantener el Hospicio. El fracaso de la reforma y el desmantelamiento del sistema eclesiástico dejarán a los trabajadores pobres desprovistos de un recurso vital para garantizar su subsistencia. El papel desempeñado por Godoy en la gestión de la crisis nos ayuda a entender su creciente impopularidad y el telón de fondo sobre el que se desarrollarían los acontecimientos de 1808.
Pero la cuestión de las subsistencias no fue la única causa de malestar durante este año crítico. La guerra con Inglaterra, el bloqueo comercial, las reformas introducidas por Godoy y la creciente necesidad de fondos por parte de la Monarquía, dieron lugar a tensiones en el seno de las élites que propiciaron la irrupción de los sectores populares. El artículo de Andoni Artola y Daniel Bermejo trata de insertar los alborotos que tuvieron lugar en Vizcaya en agosto de 1804 en el contexto global de la crisis de la Monarquía. La conocida como Zamacolada ha sido tradicionalmente interpretada como el resultado de un conflicto entre las facciones del grupo dominante, responsables directas de inducir la movilización popular. Una relectura de las fuentes permite constatar que este episodio responde a una multiplicidad de causas, vinculadas a la emergencia de nuevos grupos que pugnaron por el favor cortesano, reformulando el pacto con una Corona necesitada de recursos económicos y militares. La posibilidad de que, en virtud de ese nuevo pacto, se introdujeran modificaciones en el sistema tradicional de gobierno y, en particular, en la exención militar de que gozaban los vizcaínos, provocó la ira de los grupos populares, que persiguieron a los apoderados responsables de aprobar el nuevo proyecto de servicio militar en las Juntas Generales de Vizcaya. Contrariamente a lo que se ha podido sostener, los sectores populares impusieron frecuentemente sus propias condiciones a los cabecillas del alboroto. En el caso vizcaíno, el desencadenante de la revuelta no fue el deterioro de las condiciones materiales, sino la emergencia de las tensiones larvadas entre las élites y la necesidad de replantear la relación fiscal y militar del territorio con la Monarquía.
Los acontecimientos de 1804 supusieron un hito fundamental en la crisis final del Antiguo Régimen, que nos permite contextualizar los episodios de malestar social y ruptura política que se sucedieron durante los años siguientes. Álvaro París y José Nieto se proponen revisitar los acontecimientos de la primavera de 1808 en Madrid, partiendo del impacto que tuvo la crisis de 1804 en la deslegitimación de la figura de Godoy y la erosión de los vínculos tradicionales que regulaban la relación entre la Corona y los súbditos. El motín de Aranjuez y su impacto en Madrid durante las jornadas del 19 al 21 de marzo, ha sido tradicionalmente interpretado como el resultado de una maniobra cortesana en la que los sectores populares jugaron un papel de comparsa. El análisis de la documentación de las rondas de la Sala de Alcaldes permite comprobar que los madrileños desplegaron sus propios lenguajes y objetivos durante el motín, atacando no solo a la figura de Godoy y sus colaboradores, sino también al sistema fiscal, asistencial y policial. Los amotinados desplegaron los repertorios propios de la política popular, apedreando las residencias de los godoyistas, quemando sus muebles y formando cuadrillas que atacaron los símbolos del poder del Príncipe de la Paz en el espacio urbano. Si en un primer momento los ataques fueron contemplados con una cierta indulgencia por parte de las autoridades, la preocupación aumentó cuando se generalizaron los saqueos de tiendas y puestos de alimentos, desbordando a unos alcaldes incapaces de mantener el orden.
Los alborotos cambiaron de forma tras la entrada de Fernando VII en Madrid, cuando comenzaron los choques de los paisanos contra las tropas francesas llegadas a la capital. La documentación de abril de 1808 demuestra que el 2 de mayo no fue un estallido de ira súbito, sino la culminación de una hostilidad contra los soldados que se manifestó de forma cotidiana en los espacios de sociabilidad madrileños. La guerra por la información establecida entre las autoridades francesas y españolas, generó un estado de efervescencia entre una población ávida de noticias, que se afanaba por interpretar los rumores y las noticias llegadas de Francia.
Finalmente, el levantamiento del 2 de mayo estuvo dominado por la lógica de la justicia punitiva, respondiendo a los tiempos, espacios y repertorios de movilización característicos de los episodios de protesta popular en la Corte.
El objetivo del presente dossier consiste en repensar de manera conjunta episodios que tradicionalmente se han abordado por separado, explorando las conexiones entre la crisis de subsistencias, la desarticulación de los mecanismos asistenciales, la pugna entre las facciones de las élites y la quiebra política de la Monarquía. El impacto del trienio 1803-1805 ha quedado a menudo eclipsado por la atención historiográfica prestada a los acontecimientos de 1808, dificultando el diálogo entre los trabajos de historia económica y los enfoques de carácter político. Como trataremos de mostrar en las siguientes páginas, la crisis de 1804 contribuyó a la deslegitimación política e institucional del Antiguo Régimen, atizando las protestas contra Godoy y condicionando la respuesta a la invasión napoleónica. El descrédito que atravesó al conjunto del sistema contribuyó, a la postre, a articular un nuevo tipo de vínculo entre la población y el monarca Deseado, proyectando sobre su imagen idealizada la resolución de los desafíos a los que había sido incapaz de responder Carlos IV.