Regir el concejo, servir al señor: los regidores del concejo de Piedrahíta en el siglo XV.
Corina Luchía1.
Recibido: 11 de septiembre de 2018 / Aceptado: 05 de noviembre de 2018.
Resumen. En el presente trabajo nos proponemos comprender la dinámica sociopolítica de un concejo de jurisdicción señorial a partir del análisis de la actividad de sus oficiales principales. El estudio de la gestión municipal a través de los documentos del concejo de Piedrahíta en el siglo XV permite reconocer las cualidades sociológicas de los miembros de la elite dirigente, así como los atributos de los oficios locales. De este modo, la investigación considerará las relaciones de las autoridades urbanas con el poder señorial de la casa de Alba, tomando como escenario de análisis las actuaciones de sus regidores.
Palabras clave: Regidores; Elite dirigente; Señorío; Piedrahíta; Siglo XV.
[en] To Govern the Council, to Serve the Lord: the Regidores of the Council of Piedrahíta in the Fifteenth Century.
Abstract. In this work we intend to understand the sociopolitical dynamics in a manorial council based on the analysis of the activity of the main officials. The study of municipal management through the documents of the council of Piedrahíta of the fifteenth century allows recognizing the sociological qualities of the ruling elite and the characteristics of local offices. In this way, the research will take into account the relationships of the urban authorities with the manorial power of the House of Alba, from the performances of the leading figures.
Keywords: Regidores; Ruling elite; Manorial; Piedrahíta; fifteenth century.
Sumario. 1. Introducción. 2. Un concejo bajo señorío. 3. Integración del concejo y trayectoria de sus regidores. 4. Entre el señor y la comunidad. 5. Reflexiones finales. 6. Bibliografía.
Cómo citar: Luchía, C. (2019), Regir el concejo, servir al señor: los regidores del concejo de Piedrahíta en el siglo XV, en En la España Medieval, 42, 9-33.
1. Introducción.
Las sociedades concejiles castellanas constituyen un objeto de permanente interés para los medievalistas; especialmente, las comunidades de villa y tierra y su papel en el desarrollo de la centralización política han motivado una abundante producción historiográ- fica2 . Los diferentes trabajos en torno de los gobiernos municipales y sus contradictorios vínculos con los poderes superiores a finales de la Edad Media presentan un escenario histórico tan rico como problemático que nos aproxima a la actividad de las instancias locales de toma de decisiones, así como a los atributos de sus grupos dirigentes3 .
Para estos complejos siglos, las interpretaciones respecto del impacto sobre las estructuras comunitarias de los procesos de señorialización han sido disímiles. Si entre los institucionalistas se considera que el nuevo encuadramiento señorial modifica radicalmente las organizaciones concejiles, las contribuciones de la historia social introducen matices que permiten advertir la fortaleza de las comunidades, en el contexto del despliegue “hacia arriba” del poder regio4 . Numerosos estudios de caso describen las consecuencias del trasvase jurisdiccional sobre las condiciones de vida de la población. No obstante, la preocupación por el fenómeno señorial en su conjunto desplazó el análisis de la diná- mica que asumen los órganos políticos locales sometidos a señores privados5 . Por fuera de los aspectos estrictamente institucionales, referidos a las formas de nombramiento de los cargos concejiles y sus atribuciones, las prácticas sociales y políticas efectivas, y las relaciones de poder en las villas señorializadas siguen siendo cuestiones problemáticas6 .
En las páginas que siguen, nos proponemos analizar el funcionamiento del concejo de Piedrahíta en el siglo XV, perteneciente al señorío de Valdecorneja, otorgado al poderoso linaje nobiliario de los Álvarez de Toledo7 . La vasta documentación municipal y las disposiciones señoriales constituyen fuentes indispensables para el estudio de las actuaciones de los oficiales y de sus modalidades de gestión.
$\it { i Q u e }$ cualidades exhiben los oficios del concejo? $\it { i Q u e }$ características asume la relación entre los regidores y el poder señorial? $\it { i } \mathrm { { C u } \dot { a } \mathrm { { l } } }$ es el margen de autonomía que conservan las entidades comunitarias? $\dot { \zeta } ^ { \mathrm { Q u e } }$ atributos adquieren las oligarquías locales en este ámbito jurisdiccional? Estos son algunos de los interrogantes a partir de los cuales será posible un acercamiento al gobierno concejil en este marco particular, teniendo como objetivo prioritario reconocer las prácticas que expresan balances de fuerzas y definen campos de acción social.
2. Un concejo bajo señorío.
En el contexto de la compleja relación de competencia y colaboración entre los linajes nobiliarios y la monarquía castellana8 , los soberanos efectúan distintas concesiones señoriales a costa del amplio término del concejo de Ávila9 . Algunas de ellas, las más tempranas10, compensan el servicio prestado por los miembros de las oligarquías urbanas que se incorporan a las filas de la baja nobleza local11; otras, como las que benefician a la casa de Alba, resultan de la política frente a los grandes del reino que adoptan los soberanos a fines de la Edad Media12.
Los territorios que se incorporan a la unidad jurisdiccional de Valdecorneja ya habían sido detraídos del concejo abulense a mediados del siglo XIII por Alfonso X, en favor de su hermano el infante don Felipe13. Todo parece indicar que a comienzos del siglo XIV estas villas y lugares retornaron al realengo14, hasta su posterior entrega a García Álvarez de Toledo en 1369; momento en el que se constituye el primer señorío nobiliario del alfoz de Ávila15. No obstante, en las postrimerías del reinado de Juan II, las profundas disputas entre la casa de Alba y la Corona16, especialmente a partir de la ofensiva del príncipe de Asturias contra Fernán Álvarez de Toledo, provocan el encarcelamiento del conde y el secuestro de sus villas17.
Durante los seis años que permanece Fernán en prisión, el ejercicio de la jurisdicción queda en manos del futuro rey Enrique IV, a través del nombramiento de un justicia mayor18. La actuación de este oficial en el marco de la “confiscación del señorío”19, nos acerca al papel que desempeña en este proceso la minoría privilegiada abulense. De allí que la primera designación corresponda a Gómez de Ávila, uno de los caballeros más prominentes del linaje que ostenta el señorío de San Román, de notable protagonismo tanto en el concejo como en la corte regia20.
Sin pretender abordar en detalle la evolución de este núcleo señorial, cuestión sobre la que existen notables trabajos, ni tampoco examinar de manera acabada las relaciones entre Ávila y los territorios segregados que se incorporan al señorío de Valdecorneja, algunos elementos nos permiten matizar la idea de los efectos de la señorialización en términos de una separación absoluta de la vida de las comunidades de ambos espacios21. Distintas circunstancias plantean vasos comunicantes entre la ciudad de realengo y el concejo señorial. Así entendemos la presencia del corregidor en tierra de Piedrahíta, cuyos gastos deben ser sufragados por la villa: “echaron de costa que fizo el corregidor de Ávila e otros con él, quando vino a fazer alarde de la dicha villa e su tierra, quatroçientos e tres maravedís e un cornado”22; del mismo modo que debe costearse el mantenimiento “quando vino aquí a Piedrafita Gonçalo Rrodríguez, alcalde de Ávila, con cartas del rrey en rrazón de las carretas de buéys que avían de yr maheridos”23. En el mismo sentido, la gestión de las obligaciones regias y de las correspondientes al obispado de Ávila motiva la presencia regular de oficiales abulenses en la villa24, que traban relación con las familias principales y los personajes destacados del común25.
La presión fiscal se intensifica durante el prolongado enfrentamiento entre los hijos del prisionero conde de Alba y el príncipe don Enrique. La inestabilidad política y el contexto bélico provocan un incremento de las exacciones con el consiguiente esfuerzo para las poblaciones que integran el señorío26. De este modo, las consecuencias del cambio jurisdiccional son indisociables de las circunstancias en que la misma se lleva a cabo.
Algunas visiones destacan el carácter disruptivo de la señorialización sobre “las bases jurídicas y territoriales del concejo de realengo”27; por el contrario, Monsalvo Antón, indudable autoridad en el tema, ha considerado que en el caso de los concejos de villa y tierra no se produce la anulación de la personalidad jurídica de estas entidades28, pese a las modificaciones que supone el encuadramiento bajo un titular privado.
En el plano de las propias organizaciones comunitarias, la privación “de los ofiçios que fasta aquí tenian los alcaldes e alguazil fasta que él ponga otros, a aqué- llos que él entendiere que cunple a serviçio del dicho señor rey e suyo”29, constituye una alteración significativa. El evidente rechazo inicial que este cambio genera30 es aplacado por una combinación de coerción y amenaza sobre la comunidad concejil31. Sin embargo, las condiciones concretas de la señorialización continúan siendo motivo de reclamos y de negociación por parte de los sectores encumbrados de la villa32. El nuevo marco implica para las familias que ya ocupaban posiciones de preeminencia en el concejo tanto una amenaza como una oportunidad.
Sin desconocer las restricciones que el traspaso jurisdiccional importa para la organización política local33, resulta indispensable estudiar la dinámica que asume el ayuntamiento sujeto a titularidad privada, avanzando en la posibilidad de pensarlo como un espacio a medio camino entre la mera agencia señorial y la afirmación de poderes oligárquicos relativamente independientes. Llegados a este punto, la comparación con la situación de los concejos que permanecen en el realengo es insoslayable34.
El cierre que experimentan las comunidades de villa y tierra de toda el área de la Extremadura35, mediante el cual la asamblea abierta de vecinos se transforma en un cuerpo exclusivo de oficiales, se verifica también en Piedrahíta, con la aparición de personajes encargados “de veer fazyenda del dicho conçeio”36. Los individuos que asumen las regidurías comparten sus tareas con una serie de agentes de diversa procedencia y función37. La minoría dirigente es seleccionada dentro del círculo de los caballeros38, estamento que defiende su prevalencia en la ocupación de los cargos principales, en detrimento de las capas inferiores de los privilegiados y del común39. Hasta aquí la condición señorial de la villa pareciera no incidir diferencialmente en los procesos de oligarquización comunes a todo el sistema concejil; sin embargo, algunas circunstancias permiten reconocer las singularidades de este desarrollo.
En el realengo, la responsabilidad de ejecutar la soberanía monárquica transferida y el intervencionismo regio plasmado en el envío de los jueces corregidores no modifica las cualidades de los grupos dirigentes ni tampoco altera de manera radical la capacidad decisional y la fortaleza de estas elites40. En el caso de Piedrahíta, el diseño del concejo cerrado se encuentra “mediatizado por la presencia señorial”41. La irrupción en la vida local de la figura del alcalde mayor42, oficial que encabeza las reuniones del ayuntamiento y entiende en la administración de “las cavsas e negoçios çeviles e criminales” de los vasallos del conde43, expresa un nuevo cuadro de situación44.
Las tensiones que se generan en torno de este oficio manifiestan la complejidad del vínculo entre el concejo y el titular jurisdiccional45, no susceptible de interpretarse en términos de pasivo reconocimiento del vasallaje. Veamos el siguiente incidente. Alfonso de Herrera46, quien ocupa este cargo al menos desde $1 4 6 2 ^ { 4 7 }$ , es requerido por el señor para cumplir otras funciones, motivo por el cual es reemplazado por el bachiller Juan Rodríguez de Cueto48. Los oficiales concejiles aprovechan esta circunstancia para cuestionar la apropiación por el delegado señorial de las competencias de los alcaldes ordinarios49. Frente a este malestar, el conde Fernando Álvarez de Toledo se ve obligado a ceder $- ^ { \mathrm { { \infty } } } \mathrm { { m i } }$ intençión nunca fue de vos agraviar”–, limitando las atribuciones de su oficial a las materias apelables50. Si las facultades de los alcaldes locales son defendidas celosamente por el concejo, su desempeño es censurado por el señor: “que a la verdad yo estoy enojado de los alcalldes pasados que tan relaxadamente se han avido en cunplir mis mandamientos”51.
La provisión y confirmación señorial de los oficios que completan la administración local son acompañadas de un acto de indudable significación simbólica: el regalo que el concejo entrega al conde de 42 pares de perdices, en manifiesta aceptación del vasallaje52. Ahora bien, ¿de todo esto se desprende la completa anulación de las fuerzas concejiles por parte del poder señorial del que serían estas sus simples agentes? Todo el episodio pone en evidencia la dialéctica entre el encuadramiento jurisdiccional y los márgenes reales de autonomía comunitaria, en una villa como Piedrahíta.
3. Integración del concejo y trayectoria de sus regidores.
La selección de los oficiales, si bien supeditada a la voluntad del señor53, involucra activamente a la oligarquía local que incide en las designaciones y, fundamentalmente, conserva el control sobre el ejercicio efectivo de los cargos54. La provisión de regidurías nos permite reconocer los mecanismos de acceso a los puestos y los intereses detrás de ellos, dentro de una lógica transaccional que depende de la relación de fuerzas55. El origen –señorial o local– de los nombramientos constituye un criterio de diferenciación básica entre las dos fuentes de toma de decisiones que operan en el ámbito concejil56.
Si bien desde 1372 habitualmente es el titular jurisdiccional quien concede los oficios para cubrir la vacancia producida por el fallecimiento de su anterior ocupante57, las elites concejiles conservan un margen de actuación para nada desdeñable. En todos los casos, la exigencia del juramento de servicio al señor actualiza el lazo de vasallaje al que todo el colectivo se encuentra sujeto. Así se advierte en la requisitoria del conde de 1464:
al tienpo que vos confirmé vuestros ofiçios de rregimiento non fezystes el juramento que en tal caso hérades obligados de guardar mi serviçio e conplir mis cartas e mandamientos (…) mando que fagades el dicho juramento, ayuntados en vuestros conçejos (…) satisfagas a lo que soys obligados por razón de los dichos ofiçios58.
La conformación del cuerpo colegiado de gobierno no es tampoco un mero procedimiento administrativo, sino que sirve de recordatorio de la subordinación señorial de la comunidad toda, pero especialmente de sus elites.
Por otra parte, el fenómeno difundido en Castilla de los “regimientos acrecentados” adquiere también en Piedrahíta rasgos particulares. La ampliación del número de los oficiales asalariados no pareciera ser expresión del incremento del poder de la elite villana; por el contrario, es la propia voluntad señorial la que provee de estos nuevos puestos, aún contrariando sus propias disposiciones.
En 1447, don Fernando Álvarez de Toledo afirma: “yo tengo ordenado que en la dicha villa non aya sino quatro regidores salariados e yo fize merçed nuevamente de otro rregimiento de la dicha villa con salario, yendo contra la ordenanza por mí fecha en la dicha razón”59; motivo por el cual ordena a su recaudador, Pedro de Guerra, que entregue al concejo “quatroçientos maravedíes para enmienda del salario de que yo proveý con el dicho rregimiento, fasta quel dicho rregimiento se consuma en uno de los dichos quatro rregimientos salariados”60. Si en el realengo los soberanos tienden a combatir el aumento de los oficiales concejiles61, en el caso estudiado pareciera ser incentivado por el titular jurisdiccional62, que encuentra en esta estrategia un modo de consolidar sus apoyos locales.
Esta política, emanada desde el poder superior y contestada por algunos sectores de la oligarquía concejil desata un proceso de negociación en el que ambas partes deben ceder algo. En 1488, en los capítulos otorgados a petición de la villa de Piedrahíta, el duque de Alba “a lo que dezís que de costunbre antigua tenéys de aver seys regidores (…) me suplicáys que no mande acreçentar el dicho numero e que mande que los dichos seys regidores rregidan los dichos ofiçios por sus vidas”63, responde “que se consuman los regimientos acresçentados, quando acaeciere vacar, fasta que queden en el número antiguo”64. No obstante, don Fadrique Álvarez de Toledo se reserva la potestad de “mandar proveer de algund rregimiento (…) e los que no se ovieren de consumir”, aunque contemplando “que la merçed e provisión dél se faga a persona ábile e perteneciente para ello”65.
En otras circunstancias, las fórmulas de traspasos y renuncias, tan habituales en todo el reino, servirán para que los regidores transmitan los puestos a sus allegados. Este es el caso de Alonso Álvarez de Vergas, quien cede la regiduría a su hijo, García de Vergas, con la correspondiente provisión del señor66. De este modo, la cada vez más firme disposición a perpetuidad de los oficios tiende a convertirlos en beneficios patrimonializados67, de acuerdo a la potencia de las familias que los ostentan68.
A lo largo del siglo XV se afianza el control de los regimientos por los grupos de parientes que se valen de ellos para la construcción y fortalecimiento de su supremacía69. Los estrechos lazos interpersonales de alguaciles, fieles, escribanos, alcaldes y regidores70, entre los que sobresale la presencia de hermanos, hijos y padres, suegros y yernos, así como las relaciones de afinidad y de clientela expresan las formas en que la oligarquía urbana distribuye las cuotas de poder. La acumulación de cargos y la alternancia de los mismos personajes entre distintas funciones caracterizan a la elite política del concejo. Si la permanencia durante décadas de algunos regidores pone de manifiesto su sólida posición institucional, la ocupación temporal y variable de las magistraturas también señala el papel destacado, aunque no excluyente, de las instancias políticas locales dentro de las estrategias de proyección social, económica y jurídica71.
La trayectoria de Alonso Álvarez de Vergas –es alcalde ordinario en $1 4 4 3 ^ { 7 2 }$ y obtiene el regimiento en $1 4 4 7 ^ { 7 3 } -$ expresa muchas de las tendencias señaladas. Alfonso encabeza uno de los linajes que logra consolidar su posición en la villa a lo largo del siglo XV a partir de la potencia de sus actividades económicas y de la habilidad para vincularse al servicio de la casa nobiliaria74. El pleito que mantiene por la herencia de su padre, también regidor y agente del conde, es ilustrativo de las relaciones no siempre armoniosas que establecen estas figuras con los señores. En las distintas circunstancias políticas por las que atravesó el señorío de Valdecorneja, las lealtades de los oficiales locales son permeables a un sentido de la oportunidad que podía llevarlos a quebrarlas.
En 1488, Alonso de Vergas reclama al duque de Alba don Fadrique la indemnización por “unas alcayçerías, que son tiendas de paños, en la feria”75, que hiciera su padre Alonso Álvarez, y que “su señoría el duque, nuestro señor, por enojo que ovo del dicho Alonso Álvarez ge las mandó tomar”76. Si bien el proceso se sigue ante el consejo del duque, se instruye a las distintas justicias de los concejos del señorío para que reciban testimonios y probanzas sobre este asunto; de allí la serie de testigos, todos ellos individuos notables del común, presentados por el demandante.
Los años de inestabilidad que provocan la confiscación de las villas y su recuperación por García Álvarez de Toledo, aún en tiempos de la prisión de su padre, dañaron el vínculo con Alonso Álvarez. Así consta en el testimonio de Pedro Ruiz “que el duque don Garçía, nuestro señor (…) tomó las dichas alcayçerías al dicho Alonso Álvarez, porque se puso fuera de la villa contra el dicho señor duque”77. También el zapatero Caçime afirma que “conosçió ser señores desta villa e los vezinos e moradores della ser vasallos destos señores, e que a Alonso Álvarez que le conosçió en esta villa ser rregidor e onbre de mucha onrra”78. En favor de los querellantes, Caçime sostiene que “en tiempo de la prisión del señor conde (…) dos años antes que el señor don Garçía veniese a tomar la tierra le vio al dicho Alonso Álvarez tener e poseer las dichas alcayçerias”79.
El objeto del reclamo, que se remonta al pasado, y las situaciones que rodean la inicial desavenencia permiten apreciar la capacidad de las familias dirigentes de la villa de elaborar sus propias estrategias en defensa de sus intereses patrimoniales, aún cuando ello implique aprovechar coyunturas favorables en perjuicio de sus superiores80.
Sin embargo, el enfrentamiento original y el incidente judicial posterior no afectan la trayectoria de los Vergas, que no solo mantienen sus posiciones en el concejo sino que refuerzan el servicio a la casa señorial81. A lo largo del litigio, el esmerado empleo del lenguaje vasallático pone en evidencia el cuidado con que Álvarez de Vergas pretende dirimir la cuestión sin poner en riesgo sus relaciones con el duque. Sus hijos, como veremos, tienen un derrotero político similar. Por caso, Pedro de Vergas es alcalde en $1 4 4 8 ^ { 8 2 }$ , regidor junto a su padre en $1 4 4 9 ^ { 8 3 }$ , lugarteniente del corregidor un año después84; se oscurece su presencia documental entre 1461 y 1465, reapareciendo luego como alcalde ordinario85, oficio que deja temporalmente por orden del conde dos años más tarde86, para retornar a él en $1 4 7 0 ^ { 8 7 }$ y actuar nuevamente como regidor entre 1472 y $1 4 7 8 ^ { 8 8 }$ .
No son estos ejemplos aislados; así vemos a Pedro de Bárcena desempeñarse como alguacil en $1 4 5 7 ^ { 8 9 }$ , alcalde ordinario entre 1467 y $1 4 7 0 ^ { 9 0 }$ y durante casi dos décadas como regidor de la villa, entre 1471 y 1499 por lo menos91; o a Fernando Valdenegro, que también oficia como alcalde en $1 4 7 7 ^ { 9 2 }$ y como regidor desde $1 4 8 4 ^ { 9 3 }$ .
La regularidad que adquiere la concentración de los cargos por las mismas personas señala una diferencia significativa respecto de la explícita prohibición regia de estas prácticas en los concejos de realengo94. El desempeño de múltiples funciones da cuenta de las modalidades que asume en Piedrahíta el control exclusivo por la minoría privilegiada del órgano municipal. La pluriactividad de los oficiales principales puede ser indicio de una organización política local más simple y de una diferenciación menos sistemática de las tareas técnicas de gestión respecto de aquellas consideradas estrictamente políticas95. En este sentido y como veremos en el siguiente apartado, muchos regidores, que exhiben un exhaustivo conocimiento de las responsabilidades y procedimientos administrativos96, se comprometen personalmente en la ejecución de las medidas adoptadas por el ayuntamiento, en detrimento del desarrollo de una estructura especializada más amplia de oficios subalternos, sujetos a su autoridad97.
Por otra parte, si bien el carácter privilegiado de quienes integran el cuerpo concejil los proyecta como una elite claramente diferenciada, las funciones que ejercen no actúan como factor exclusivo de jerarquización98. En la medida en que las resoluciones se encuentran sujetas a la aprobación del conde, de quien en muchas oportunidades los oficiales actúan como sus voceros, la instancia política local no constituye el escenario excluyente de elaboración de los flujos decisionales. Como hemos señalado, con esto no queremos afirmar que la oligarquía piedrahitense es impotente ni despreciar su papel en la dinámica de la comunidad. De lo que se trata es de precisar la incidencia efectiva de la institución municipal en la dirección de los asuntos colectivos e identificar los factores que configuran la preeminencia de los regidores. Respecto de esta cuestión, Monsalvo Antón afirma que era “tan difícil alcanzar una regiduría, un cargo para toda la vida, y recaía tanto poder e influencia en el organismo de gobierno” que por ello “ser o no ser regidor marcaba el éxito o el fracaso en la carrera política de un caballero urbano”99.
No obstante, la ocupación de posiciones institucionales no configura la única fuente de poder social de los caballeros100. El servicio al señor, con sus consecuentes beneficios simbólicos y patrimoniales, no solo está al alcance de los personajes destacados sino que resulta crucial en muchas de las trayectorias observadas101. Especialmente aquí, como señala Jara Fuente, pareciera que “ser regidor no basta…”102.
4. Entre el señor y la comunidad.
En su labor cotidiana, los oficiales abordan diversas cuestiones de la vida comunitaria, desde la elevación de peticiones al señor, la regulación de los aprovechamientos agrarios, la administración del patrimonio concejil, hasta los asuntos fiscales que concentran la atención prioritaria del ayuntamiento. Las formas de intervención de los regidores en el tratamiento de estos temas y las tareas que se les confían conducen la reflexión hacia las cualidades de la gestión municipal dentro del marco señorial.
En tiempos de la confiscación del señorío, Alonso de Cáceres, hijo de uno de los oficiales más prominentes de Piedrahíta, Fernando Martínez de Cáceres, es nombrado regidor por el príncipe don Enrique: “presentó el dicho Alonso una carta de nuestro señor, el prínçipe, de merçed que le fizo del rregimiento que vacó por muerte de Diego del Alameda”103. Sin embargo, la resolución del grave conflicto en las altas esferas del reino, con la consiguiente ratificación del señorío de los Álvarez de Toledo sobre sus villas104, no afecta negativamente a este personaje; por el contrario, su desempeño en la regiduría se constata hasta 1460, momento en el cual comienza una diligente carrera al servicio del señor que afianza su preeminencia. Ejemplos como este dan cuenta del margen de autonomía relativo de la elite concejil respecto del poder superior al que deben responder.
Dentro de las diversas tareas que cumple Alonso como regidor, en 1459 Fernando Álvarez de Toledo lo designa su recaudador de las “alcabalas e terçias et pechos et derechos de la dicha mi villa”105. Cuatro años más tarde, lo nombra oficial de su casa106, siendo alcaide de la fortaleza desde 1464, en reemplazo del ahora regidor Pedro de Aranda107; desde este momento y hasta comienzos de la década de 1490 ocupa el regimiento y la alcaidía, respectivamente108. La tarea fiscal encomendada es clave para la realización de los intereses señoriales, a la vez que supone beneficios anexos para quien la lleva a cabo.
En ocasión del cobro del pedido correspondiente al año $1 4 6 4 ^ { 1 0 9 }$ , el conde ordena al concejo que realice un repartimiento para “tasar e derramar los çinquenta e syete mill e quinientos e cuarenta e tres maravedís que copo a la dicha villa e su tierra”110, incluyendo el pago de “los salarios de los dichos alcalldes e regidores”111, por los gastos generados “en ganar çiertos capítulos del dicho señor conde para la dicha villa e su tierra”112, por la suma de “seteçientos e doze maravedís”113. Los oficiales facultados para ejecutar las cargas señoriales también demandan el esfuerzo de los contribuyentes para solventar su actividad como representantes de la comunidad114; de allí las tensiones que se producen fundamentalmente con los concejos de la tierra, cuyos procuradores negocian limitar los derechos que llevaban.
Los excesos de los agentes encargados de la recaudación provocan un malestar que exige la búsqueda de acuerdos. Así vemos en 1473 las quejas por la actuación del regidor Pedro de Vergas, responsable de la recolección de los tributos señoriales, por cuanto “demandava derechos de entrega a la tierra de los maravedís de los repartimientos”115, más allá de los acostumbrados. El conflicto se salda con una concordia entre las partes, en la cual se establece que:
el dicho rrecabdador que agora es e el que por tienpo fuere que non pueda llevar de derechos de todo el rrepartimiento (…) salvo treynta maravedís al millar de yantar e chapines e alcavala del pan e mostrenco; e que, non pueda llevar nin lleve derechos algunos de las otras cosas que se rreparten con ellos116.
Además de la regulación de las retribuciones de los alguaciles que enviare el recaudador, se reprime una práctica informal, pero indudablemente difundida que expresa el agrietamiento del colectivo comunitario. Dado que “algunos malasines de la tierra se entremeten a avisar e ayudar a los serviçiadores e a causa dellos viene grandes dapños a la tierra”117, el concejo sanciona que “ninguno nin algunos de la villa nin de la tierra non sean osados de malsinar nin andar con los serviçiadores (…) so pena de IIU maravedís (…) para el conçejo del logar donde fuere el tal malasino o que lo troxere preso e más que reciba acá en la villa sesenta açotes”118. Los procuradores de las aldeas alcanzan el éxito en la protección de los tributarios, comprometiendo en esta empresa a toda la villa119.
La actuación en el terreno fiscal del ya conocido García de Vergas permite comprender la posición de los oficiales concejiles dentro del marco señorial120. Desde mediados del siglo XV, los registros municipales lo muestran como alcalde, empadronador, recaudador y receptor de los tributos señoriales121. Como contador del conde, suscribe en 1465 una iguala con los representantes de la villa y de su tierra por la alcabala del pan122. La dualidad funcional que dota de autoridad a este personaje puede apreciarse en la descripción de la reunión del concejo “a canpana rrepicada”, en la que participa como “contador e rregidor”123. En el desarrollo de las deliberaciones, en su calidad de agente señorial defiende la suba del tributo, pues “la dicha alcavala, que estava baxa, de lo qual su merçed açerca dello avía dado cargo al dicho Garçia de Vergas, su contador”124, logrando finalmente el acuerdo para aumentar de quince mil a diecisiete mil maravedís la suma obligada125.
La clara ubicación privilegiada que ostenta este caballero dentro de la minoría dirigente local se inscribe dentro de la potencia de su linaje. En la sesión del 22 de diciembre de 1465, García de Vergas presenta la carta de don García Álvarez de Toledo en la cual le concede a su hermano, Alonso, el puesto de alférez de los peones de la villa126. La fortaleza de la familia y la preponderancia de este regidor en particular dan cuenta de la jerarquización de la oligarquía urbana, estrechamente ligada a los vínculos que algunos de sus miembros establecen con el titular señorial.
La figura de Ferrand Blázquez Guerra también es representativa de las características de los grupos oligárquicos. Procedente de un linaje prominente, es hijo del regidor Alonso Guerra y hermano de Pedro, quien fuera por más de una década alcalde de la villa; su extensa trayectoria en el concejo abarca su intervención en la gestión fiscal como receptor de los pedidos y monedas solicitados por el rey127 y recaudador del titular jurisdiccional128. En 1454 se le encomienda la recolección del servicio extraordinario impuesto sobre la villa y su tierra, en su condición de secretario129 y criado del conde130. Aparece ocupando la alcaldía ocasionalmente en 1412 y $1 4 5 6 ^ { 1 3 1 }$ , mientras sigue activamente comprometido con las tareas fiscales132, en las que continúa involucrado por más de una década133.
El estatus desigual de los caballeros que ocupan las regidurías tiene una expresión simbólica en torno de la tenencia de las llaves de las cinco puertas de la muralla de la villa134. El menor número de llaves que de regidores actúa como factor de decantación elitista dentro de la propia oligarquía; de allí que solo los mejor posicionados, como es el caso de Blázquez Guerra, accedan a este privilegio135. La cercanía con la casa nobiliaria constituye un eficiente estímulo para la promoción social y política. Francisco Girón, criado del conde, es favorecido con la regiduría y la llave correspondiente que dejara vacantes tras su fallecimiento Fernando Martínez de Cáceres136, yerno de García de Vergas137. En este caso, aunque Girón pertenece a una familia bien emparentada y con una ubicación favorable dentro de la oligarquía local, la provisión del oficio responde directamente a la decisión señorial, al igual que la designación de su hermano, Rodrigo Girón, primero como alcalde y luego como alguacil de la villa; cargo este último que debe delegar para prestar servicio al duque de Alba en el castillo de Montalbán138.
Personajes como estos encarnan la referida dualidad de la minoría dirigente concejil, en tanto agentes señoriales y oficiales locales. Este aspecto sustancial no resulta exclusivamente del origen de sus designaciones sino fundamentalmente de sus prácticas. La gestión de regidores y alcaldes se encuentra condicionada por la necesidad de garantizar el dominio señorial, preservar la estabilidad de la comunidad a la cual rigen, así como por la defensa de sus propios intereses como segmento privilegiado.
La lógica servicial que enlaza a los miembros del concejo con el titular jurisdiccional se expresa particularmente en la administración de la fiscalidad; pero también, en este plano, deben evitar el menoscabo de las bases sociales de la villa, pese a que muchas veces son ellos quienes las dañan. En este sentido, las constantes negociaciones con los representantes de la tierra en torno de las diferentes imposiciones tributarias dan cuenta de la ineludible lógica transaccional que atraviesa la actividad regimental139. Al mismo tiempo, la pertenencia a las familias más poderosas de Piedrahíta y dentro de ellas a las que ostentan la autoridad política orienta las acciones de estas figuras hacia la consolidación de su estatus, motivando en ocasiones el rechazo de los pecheros y la ulterior intervención del conde para remediarlo140.
Si el doble papel funcional como dirigentes concejiles y agentes señoriales constituye un rasgo distintivo de estos oficiales, la búsqueda de beneficios particulares, valiéndose de sus posiciones dentro de la administración local, también merece señalarse. Los miembros de la elite no solo gozan de autoridad institucional para gestionar la tributación, sino que a su vez intervienen en ella como actores privados con evidente solidez patrimonial. Así, el regidor García de Vergas obtiene el remate de la renta de la alcabala del pan, en condiciones indudablemente favorables: “dio Garçía de Vergas, rregidor, por ella tres mill maravedís, en el qual rremató por los dichos tres mill maravedís, por quanto no ovo quién tanto nin más diese por ella”141. La situación privilegiada de este oficial sobre la que hemos insistido en estas páginas se combina con su activa participación en los negocios más lucrativos. No obstante, en algunas circunstancias prevalece en sus conductas su carácter de oficial concejil, en tanto la instancia colectiva debe procurar mantener los equilibrios locales, evitando confrontar con los grupos económicamente más pujantes del común. Así interpretamos la decisión de García de Vergas de abstenerse de participar de la puja de la carnicería de la villa142.
Del mismo modo, resulta significativa la política de tierras del concejo. La regulación de los aprovechamientos individuales y la protección de los recursos comunales aparecen desde temprano en la normativa municipal. El ordenamiento sobre montes y pinares de $1 4 0 5 ^ { 1 4 3 }$ pretende defender estos espacios de las acciones lesivas que emprenden muchos de sus vecinos144, entre los cuales sobresalen
algunos rregidores e escuderos, vecinos de la dicha villa e su tierra, [que] echan en la dicha dehesa, poderosamente, non temiendo a Dios nin al señor nin a la justiçia, sus bestias, así cavallos conmo mulas e potros, a paçer en la dicha dehesa syn pastor que los guarde, e comen los panes e prados agenos145.
El margen de autonomía del concejo respecto del titular jurisdiccional se advierte en la capacidad de privar de sus cargos a quienes no hicieran cumplir las disposiciones sobre asuntos vitales como estos146. Sin embargo, el control del aparato político local por la elite de caballeros no solo está condicionado por el poder superior, sino que debe sortear los desafíos que recibe desde abajo. El creciente protagonismo de los sectores enriquecidos del común que aspiran a acceder a ciertos puestos concejiles actualiza la rivalidad con la minoría regimental, tal como sucede en 1464 a propósito de las peticiones elevadas al conde de Alba respecto de los usos, libertades y franquezas de la villa147.
Si las disputas internas nos permiten advertir la capacidad de acción de los diferentes grupos sociales, los litigios con los vecinos señoriales ponen en evidencia la subordinación de la estructura comunitaria a la casa dominante. En este plano, el conde interviene en el juego político que involucra a otros señores, con los que coopera tanto como compite. El pleito que Valdecorneja sostiene con el obispo de Ávila Juan de Guzmán a comienzos del siglo XV, por razón de las respectivas ordenanzas que afectaban la preeminencia jurisdiccional, se desarrolla en los distintos niveles de la organización señorial. Por un lado, los concejos de ambos señoríos individualmente consienten la designación de jueces árbitros; por otro, son los propios titulares señoriales quienes firman el compromiso para otorgar poder al bachiller Pero Gonzá- lez de Bonilla, vecino de Salamanca y al bachiller García Martínez, vecino de Ávila “por nuestros alcalldes, amigos, actores, arbitradores, conponedores, conprometedores, para que libren entre las dichas partes los dichos pleitos”148.
El alcance de esta disputa entre señoríos está dado por la relevancia de sus protagonistas; sin embargo, más allá de su resolución concreta luego de la sentencia otorgada con notable premura un par de días después de iniciadas las demandas149, interesa destacar la figura de Gonzalo García, quien oficia a la vez como procurador de la viuda del duque de Alba, doña Constanza Sarmiento, y de cada uno de los concejos que integran Valdecorneja150. La anulación práctica de la capacidad de actuación de las distintas villas en las instancias judiciales más elevadas se torna evidente. No obstante, si bien el nombramiento del procurador por parte de los oficiales locales, en armonía con la estrategia del señor, pareciera ser una mera formalidad, la permanencia de ese procedimiento no deja de ser significativa, en la medida en que, desde el punto de vista institucional, no cancela la potestad decisional del concejo.
Pero volvamos al ámbito de la comunidad y a la sistemática conflictividad por la tierra. El concejo de Piedrahíta interviene tanto en las normas generales sobre el usufructo de los términos comunes como en las numerosas operaciones de transferencia de suelos que efectúa con particulares151; en ambos casos, se trata de mantener un equilibrio entre la instancia de regulación colectiva y los intereses de los propietarios más importantes de la villa, que ocupan a su vez posiciones institucionales. En 1401, Miguel Sánchez, hijo del regidor Gonzalo Sánchez y padre del también regidor Martín Fernández152, vende al concejo de Piedrahíta unas tierras de pan lindantes con la dehesa concejil de Navacavera153. El pago que obtiene Sánchez es muy beneficioso, pues se le otorga el usufructo de toda la dehesa por un período de seis años: “damos a vos, el dicho Miguell Sánchez, la rrenta que rendiese la dicha Navacabera por seys años (…) para que lo ayades para vos e para vuestros herederos”154, aunque se establece la limitación de “que non derronpades en la dicha defesa e heredat para labor por pan más de lo que agora está derroto”155.
Los distintos actos de compraventa y de traspaso de tierras permiten observar las estrategias patrimoniales de la villa y de las familias que ocupan las magistraturas principales156. En 1445, Rodrigo Álvarez de Montoya157, regidor de Piedrahíta y alcaide del castillo del Barco, vende al concejo una huerta por valor de $2 . 0 0 0 \ \mathrm { m r s ^ { 1 5 8 } }$ . En 1460, es el ayuntamiento el que resuelve otorgar al regidor Fernando González de Montenegro la suma de 350 maravedís en compensación por haberle tomado parte de su tierra para abrir un camino159. También Francisco Girón a los pocos años de asumir la regiduría vende “un pedaço de tierra para camino e entrada desta dicha villa”160, apreciada en un valor de $3 5 0 0 \mathrm { m r s }$ . En todos los casos, tanto la villa como los propietarios privilegiados parecen favorecerse.
Por su parte, la superioridad patrimonial del regidor García de Vergas se observa en los montos de la operación realizada con el vecino de Alba de Tormes, Gonzalo Brochero, quien le vende las diversas propiedades y recursos que tenía por herencia en el término de Piedrahíta, más la mitad de unas casas situadas en la villa, por un total de $3 4 . 0 0 0 \mathrm { m r s }$ . libres de alcabala161. La activa política de acumulación fundiaria, común a todos los miembros de las oligarquías castellanas, se apoya en este caso en la doble condición de servidor del conde y oficial concejil162; dualidad de la que se deriva un diferencial de poder respecto de sus pares regimentales163.
Si todos los regidores disponen de fortuna, gozan de privilegios y de una ubicación preferencial en la dinámica de toma de decisiones comunitarias164, la situación de García de Vergas como delegado señorial lo eleva por encima de la minoría urbana165. Su designación para tomar el juramento de fidelidad al conde166, en ocasión de la confirmación de los oficios municipales, pone de manifiesto una vez más la relevancia de este personaje y su papel articulador entre el concejo y la jurisdicción superior: “ayuntados a conçejo (…) Garçía de Vergas les tomó en la señal de la cruz, en forma devida, que bien e leal e verdaderamente conplirían las cartas e mandamientos del dicho señor conde e guardarían el pro e bien de la rrepública”167. El ascenso social y político resultante del servicio al señor se expresa de manera modélica en el recorrido de esta figura168.
El estudio de los oficiales concejiles permite advertir la existencia de individuos que trascienden el ámbito local para desplegar sus actuaciones dentro de un espacio social más amplio. De este modo, junto a aquellos que se destacan como un segmento encumbrado de la elite de la villa, aparecen otros que proyectan su influencia sobre los demás concejos del señorío169 o bien que alcanzan posiciones en las esferas más altas del reino170. Como hemos señalado, la riqueza, el acceso a los cargos municipales y la cercanía a la familia ducal son factores claves en la consolidación de esta minoría, pero la promoción de los integrantes de cada linaje está dada por el empleo inteligente de los distintos recursos de poder con los que cuentan. En este sentido, la diferenciación interna de la elite responde a las diversas combinaciones de estas variables.
5. Reflexiones finales.
La investigación de las instancias concejiles sometidas al dominio señorial, lejos de ser una cuestión saldada, constituye un problema abierto a nuevas elaboraciones. La profundización de estudios de caso, así como el esfuerzo por comprender en un plano conceptual la relación del poder jurisdiccional privado con las estructuras sociopolíticas locales, forman parte de la agenda de trabajo. En esta colaboración, hemos priorizado el análisis de las prácticas efectivas por sobre el de las características institucionales del nuevo encuadramiento jurisdiccional171; prácticas que implican relaciones de fuerzas tanto hacia el interior de la organización comunitaria, como entre esta y su señor. Si “la iniciativa política estaba en manos de la nobleza territorial y no en las del regimiento”172, también es cierto que el poder superior debía establecer un diálogo eficaz con los sectores en los que se apoyaba el ejercicio de su dominación173.
La condición dual de los oficiales a la que nos hemos referido señala tanto las cualidades del gobierno concejil como de sus grupos dirigentes. Esta modalidad singular de articulación entre la comunidad y el poder noble condiciona la actividad del concejo y de sus elites174. La oligarquía villana se encuentra fuertemente atravesada por los lazos de sus miembros con la jurisdicción señorial, dentro de un juego de flujos políticos multidireccionales175. Sin embargo, los señores de Valdecorneja no imponen su dominio sobre estructuras sociales inertes; por el contrario, construyen un vínculo transaccional, no exento de conflictos, con una comunidad desigual, contradictoria y fundamentalmente dinámica. De este modo, podemos comprender el esfuerzo que la casa de Alba despliega para ganar la lealtad y sujetar a la minoría dirigente comunitaria.
La caracterización de las elites concejiles es indisociable tanto de los procesos de diferenciación social interna como de la inscripción de sus sectores privilegiados en las distintas esferas de toma de decisiones. En otras palabras, la formación y consolidación de la oligarquía villana se encuentran estrechamente ligadas a los respectivos márgenes de acción de la instancia política local y de la jurisdicción superior. La dialéctica entre ambas agencias es clave para reconocer no solo las cualidades de la organización municipal y de sus oficiales, sino las posibilidades de reproducción de la propia comunidad. Esta reorientación del análisis nos permite ensayar una serie de respuestas provisorias a los interrogantes planteados inicialmente.
Los oficiales de Piedrahíta comparten con sus pares de los concejos de realengo de la Extremadura su condición de propietarios privilegiados. La obtención de los puestos principales da cuenta de la capacidad para obtener el favor de los titulares del dominio, a través de distintos vínculos clientelares y de servicio, y del éxito en el proceso de promoción intracomunitaria176. Sin embargo, el acceso a las regidurías no determina un punto de llegada; las presiones que desde abajo generan los sectores pecheros más activos y el intento desde arriba de los sucesivos señores de subordinar a la oligarquía, interfieren en este desarrollo.
A su vez, la asimilación a los escalones inferiores de la nobleza de muchos miembros de los linajes urbanos imprime a su actuación como oficiales concejiles un rasgo diferenciado. Sánchez Benito sostiene que a comienzos del siglo XV “tanto la influencia social como la actividad política” de estos grupos “se basaban en vinculaciones de naturaleza privada, escapando por completo al funcionamiento institucional”177. Pese a que la potencia de esa trama de relaciones interpersonales por fuera del escenario formal del gobierno comunitario es insoslayable, nos permitimos matizar el carácter taxativo de esta afirmación. El concejo de Piedrahíta es tanto un espacio de elaboración de decisiones como de procesamiento de aquellas que son adoptadas por el poder superior. Sus autoridades son al mismo tiempo correa de transmisión de las políticas del titular señorial y artífices de sus propias disposiciones; todo ello en un contexto en el cual la preservación del orden social exige contener las demandas del común tributario.
Si la caracterización de la instancia de gestión local debe tener en cuenta todos los elementos que hemos desarrollado en estas páginas, la identificación de las cualidades de los oficiales exige el estudio tanto de los factores estrictamente jurídicopolíticos como de aquellos de orden sociológico. La solidez patrimonial, la cohesión y resguardo que ofrecen los lazos de parentesco y de afinidad, el servicio al señor y a su casa son rasgos siempre presentes en las trayectorias de los personajes prominentes. El control de los distintos oficios, con la consiguiente ubicación preferencial respecto de los procedimientos jurídicos, administrativos y financieros favorece la consolidación de ciertos individuos y de sus familias. Sin embargo, la suerte de estas figuras no está excluyentemente determinada por la disposición de las magistraturas concejiles.
Más que ante una verdadera elite política como las que se han estudiado profusamente en los municipios del realengo, estamos frente a una minoría privilegiada que encuentra en las relaciones personales con la casa dominante un medio significativo para su proyección social. No obstante, esta elite de servicio no puede reducirse a la condición de meros agentes señoriales, en tanto la lógica servicial que orienta muchas de sus prácticas no constituye un fin en sí mismo. Por el contrario, servir al señor configura un medio para el desarrollo y la satisfacción de sus propios intereses.
En rasgos generales, la conformación del grupo dirigente no parece sufrir un cambio sustancial a partir de la señorialización del concejo, en la medida en que la estrategia de los Álvarez de Toledo consiste en una cuidadosa selección de individuos pertenecientes a los linajes que ya ostentan su supremacía para ponerlos a su servicio. Esta dinámica conduce a la segregación y promoción de algunas familias, cuyo poder deviene cualitativamente superior. En este sentido, podríamos decir que son los mismos, pero no son lo mismo. El encuadramiento señorial no desconoce al conjunto de los privilegiados de Piedrahíta178, se basa en ellos para dotarlos de una nueva y doble función: regir el concejo y servir al señor.
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