Populismo y memoria: el recuerdo de la última dictadura militar argentina durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015)\*.
Populism and memory: the memory of Argentina’s last dictatorship during the Kirchnerist governments (2003-2015)
Cinthia BALÉ Escuela IDAES-UNSAM/CONICET.
RESUMEN.
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) el recuerdo de la última dictadura militar se convirtió en objeto del quehacer estatal de un modo novedoso para la democracia argentina. En esos años se produjeron una multiplicidad de políticas de memoria que, en forma paralela al proceso de reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, colocaron al pasado reciente en el centro de la escena pública. $\it { i C o m o }$ explicar esta novedad? $\mathrm { \Omega } _ { i } \mathrm { D e }$ qué forma caracterizar el régimen de memoria propiciado por los gobiernos kirchneristas en relación con el pasado reciente? Este artículo analiza estas cuestiones a partir del entrecruzamiento entre la teoría del análisis del discurso político y los estudios de memoria. Desde ese punto de vista, mostraremos que el recuerdo del terrorismo de Estado funcionó como una práctica de trazado de fronteras políticas y que el sujeto privilegiado de dicha memoria era el pueblo. Argumentaremos que el régimen de memoria que se configuró desde los gobiernos kirchneristas, así como sus efectos polémicos, pueden ser adecuadamente comprendidos como consecuencia de la lógica populista de constitución de lo social.
PALABRAS CLAVE.
Memoria; populismo; derechos humanos; identidades políticas; Estado.
ABSTRACT.
During the governments of Néstor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), the memory of Argentina’s last military dictatorship became an object of public policy in way that was novel to Argentinian democracy. In the period of their governments, a multiplicity of memory policies were developed and, together with the reopening of trials for crimes against humanity, the recent past took centre stage in the public arena. How can this novelty be explained? How can we characterize the memory regime promoted by the Kirchnerist governments in relation to the recent past? This article offers an answer to these questions that builds on the intersection of political discourse analysis theory and memory studies. To this end, we will show that the memory of State terrorism functioned as a way to draw political borders and that the privileged subject of this memory was the people. In this sense, we will argue that the memory regime that was configured during the Kirchners’ governments, as well as its controversial effects, can be appropriately understood within the framework of the populist logic of the constitution of the social.
KEYWORDS.
Memory; Populism; Human Rights; Political Identities; State.
En marzo de 2018, en una entrevista para el diario La Nación, Estela de Carlotto, histórica dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, resumió en apenas una frase un proceso político que había estado en el epicentro del debate público en la Argentina contemporánea. El periodista le preguntó si los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2008-2015) se habían “apropiado de la causa de los derechos humanos”: “No” –respondió Carlotto de manera tajante– “Nosotros nos apropiamos de los Kirchner”1 . $\it { i C o m o }$ comprender este intercambio? $\it { i Q u e }$ vínculo se estableció entre los organismos de derechos humanos y los gobiernos kirchneristas? ¿Qué sentidos, polémicas y narrativas se tensionaban en este breve diálogo?
En el período 2003 a 2015, el recuerdo de la última dictadura militar (1976-1983) se había convertido en objeto del quehacer estatal de un modo profundamente novedoso para la democracia argentina. En esos años se produjeron una multiplicidad de políticas de memoria que, de forma paralela al proceso de reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, convirtieron el pasado reciente en un campo de acción por parte de las agencias estatales. Museos, sitios de memoria, archivos, conmemoraciones, materiales educativos y culturales comenzaron a formar parte de la agenda gubernamental en el marco de un proceso de creciente articulación con el movimiento de derechos humanos. Aunque no era la primera vez que los organismos trabajaban en conjunto con el Estado2 , tanto por la cantidad como por el contenido de sus intervenciones, los gobiernos kirchneristas fueron percibidos como un punto de clivaje3 .
¿Cómo explicar esta novedad? ¿De qué forma caracterizar el régimen de memoria propiciado por los gobiernos kirchneristas en relación con la última dictadura militar? Y a la inversa: ¿cómo explicar las profundas diferencias que surgieron en torno a su desarrollo?
Este artículo se propone iluminar estas preguntas en el entrecruzamiento entre la teoría del análisis del discurso político y los estudios de memoria4 . A partir de una relectura de un conjunto de investigaciones en torno a los procesos de institucionalización de la memoria, nos proponemos mostrar que el recuerdo del terrorismo de Estado funcionó como una práctica de trazado de fronteras políticas y que el sujeto privilegiado de dicha memoria era el “pueblo”. En este sentido, argumentaremos que el régimen de memoria que se configuró desde los gobiernos kirchneristas puede ser entendido como efecto de la lógica populista de constitución de lo social5 . Como veremos, este pueblo como sujeto de apelación de la memoria no constituye una entidad estable, sino que debe ser entendido como una construcción contingente, cuyos contornos eran el resultado de ese trazado de fronteras, que llamaremos político-memoriales.
¿Por qué recurrir a la teoría del análisis del discurso político para comprender el desarrollo de las políticas de memoria? Las discusiones teóricas en torno a la definición de populismo, así como los usos y abusos que se hacen del término, parecerían presagiar pocas ventajas explicativas6 . Sin embargo, algunos elementos proporcionados por esta perspectiva nos permiten elaborar una interpretación con una serie de virtudes: ante todo, comprender la relación del kirchnerismo con los organismos de derechos humanos y el devenir institucional de las políticas de memoria como resultado de un proceso articulatorio antes que bajo la lógica cooptación/autonomía que suele dominar la discusión sobre el vínculo entre los movimientos sociales y el Estado.7 Como veremos, este proceso articulatorio se sostuvo sobre una determinada narrativa memorial que se desarrolló de manera simultánea con la incorporación de las demandas del movimiento de derechos humanos al Estado. En este sentido, la comprensión de las políticas de memoria durante el kirchnerismo bajo el ángulo de la teoría del discurso político ayuda a iluminar tanto el aspecto simbólico o narrativo como el político-institucional, mostrando su carácter interdependiente. A su vez, esta interpretación nos posibilitará comprender el efecto profundamente polémico de la intervención de los gobiernos kirchneristas sobre el pasado reciente, así como la configuración de un espacio discursivo que en los últimos años manifiesta un rechazo abroquelado frente al kirchnerismo y las políticas de memoria concebidas como un bloque único. En este sentido, este abordaje nos permitirá mostrar la lógica de constitución del conflicto por las memorias, desde una perspectiva que, justamente, considera el conflicto como algo constitutivo del orden social8 .
El artículo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, ofreceremos una síntesis de los elementos teóricos que resultan nodales para nuestra interpretación. Luego, trazaremos un breve panorama de la historia de las memorias del terrorismo de Estado y el vínculo de los organismos de derechos humanos con los sucesivos gobiernos. En el tercer apartado nos ocuparemos de describir las fronteras político-memoriales trazadas por el kirchnerismo y en el cuarto trabajaremos sobre las interpelaciones generacionales y afectivas que dieron forma a la constitución de una comunidad de recuerdo. Hacia el final, plantearemos algunas consideraciones en torno a los efectos polémicos generados por la forma populista que asumió el conflicto por las memorias en esta etapa.
Populismo y kirchnerismo.
En las últimas décadas, la cuestión de populismo ha resurgido tanto en América Latina como en Europa. En el primer caso, el término ha estado asociado al ascenso de los gobiernos de izquierda o centro-izquierda, también llamados gobiernos de marea rosa, mientras que en Europa, la mayor parte de la literatura académica ha tendido a identificar el populismo con partidos o movimientos de la derecha radical. En este trabajo, sin embargo, optamos por un abordaje formal del populismo que nos permitirá distanciarnos de ambas asociaciones para iluminar una lógica de articulación política cuyos contenidos ideológicos o sociales no pueden determinarse de antemano. Así, siguiendo la propuesta seminal de Laclau y los desarrollos posteriores de la teoría del discurso político entenderemos que esta lógica se caracteriza, en primer lugar, por la formación de una frontera antagónica interna que separa a la sociedad en dos campos: el pueblo y sus enemigos9 . Esta dicotomización del espacio político se produce a través de la emergencia de una cadena de equivalencia de demandas insatisfechas, debido a la incapacidad del sistema institucional para absorberlas. Así, según una definición mínima pero ampliamente operativa, el populismo como lógica política puede caracterizarse por estos dos elementos: la articulación de un discurso alrededor del punto nodal pueblo y la interpretación antagonista de la sociedad dividida en la dicotomía pueblo vs. elite10.
Un elemento adicional está dado por la importancia de la dimensión afectiva en el pasaje del carácter heterogéneo de las demandas a una demanda “global” necesaria para la formación de una frontera política11. Esta dimensión se encuentra íntimamente ligada a la noción psicoanalítica de “investidura radical” que –de manera sintética– puede entenderse como la tendencia a “hacer de un objeto la encarnación de una plenitud mítica”, en otros términos, el vano, pero necesario intento de instituir la “sociedad” como una totalidad auto-fundada. Según Laclau, este intento conduce a la “identificación de la unidad del grupo con el nombre del líder” que, como fue el caso del peronismo y luego del kirchnerismo, opera como un significante vacío y explica, en parte, la identificación afectiva con $\mathsf { \Pi } ^ { \mathsf { e l } ^ { 1 2 } }$ .
Teniendo en cuenta estos elementos, así como otros aportes del pensamiento político posfundacional, han sido varios los trabajos que han comprendido el proceso.
Recuerdo de la última dictadura militar durante los gobiernos kirchneristas
político kirchnerista como un proceso populista13. Con sus diferencias, estos trabajos coinciden en otorgar un papel preponderante a la dicotomización del espacio político producida por el kirchnerismo y a la irrupción o construcción del pueblo (plebs) como la parte relegada o plebeya que asume el lugar del todo (populus) 14.
A su vez, aunque no profundizan en ello, estas lecturas destacan el lugar central que tuvo la incorporación de la cuestión de los derechos humanos en el trazado de la frontera antagónica. Cantamutto, por ejemplo, señala que fue esta incorporación la que, a diferencia de sus antecesores en el Gobierno, le confirió al kirchnerismo una mayor legitimidad política y le permitió articular una nueva narrativa de la historia y del proceso político en curso. En ese sentido, si bien desde el inicio Kirchner se apoyó sobre una construcción discursiva que ya había sido anticipada por otros movimientos sociales –a favor del “Estado” y en contra del “neoliberalismo”– la articulación con el movimiento de derechos humanos habilitó una “doble ruptura histórico-política”15: una ruptura de corto plazo respecto de los gobiernos neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y las consecuencias sociales de las reformas pro-mercado, y otra de largo plazo con la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 y el desarrollo de un patrón socioeconómico regresivo que perduraba hasta el presente16.
Esta doble ruptura, además, habilitó una interpelación hacia organizaciones que no provenían del peronismo, como Madres de Plaza de Mayo (en sus dos líneas) y Abuelas de Plaza de Mayo. Como indica Retamozo, esta interpelación asumió una forma discursiva populista (o sea, aquella que opera una partición del campo político entre un “nosotros-pueblo” y un “ellos-poder”) en el marco de la cual el Gobierno se situaba como “representante legítimo de los perjudicados bajo el orden neoliberal en sus distintas temporalidades”17, es decir, incluyendo la dictadura militar como antecedente de las consecuencias sociales regresivas de aquel modelo. Ello ubicó al Gobierno en el mismo campo que los movimientos sociales y estableció unos enemigos comunes: el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), las empresas concesionarias de servicios públicos privatizados y –con más intensidad luego del conflicto desatado en 2008 por las retenciones agropecuarias–, las corporaciones mediáticas y del agro. Como veremos, la dictadura militar fue puesta en continuidad con esta cadena de equivalentes. De manera convergente, Biglieri destaca como “segundo blanco” de Néstor Kirchner a las Fuerzas Armadas desde los inicios de su Gobierno y por esa vía, a los militares comprometidos con delitos de lesa humanidad18.
De manera aún más específica, Barros y Morales han entendido la articulación con el movimiento de derechos humanos como una dimensión constitutiva del kirchnerismo. Las autoras destacan el carácter inédito de la participación de estas organizaciones en las instancias de decisión e implementación de las políticas de memoria y el modo en que, como resultado de dicha articulación, tanto el kirchnerismo como el movimiento de derechos humanos se vieron mutuamente transformados en sus identidades políticas. En este sentido, enfatizan el componente decisionista en la configuración de las alianzas del Gobierno –en especial, el rol de Néstor Kirchner como “garante de la lucha contra la impunidad”– y la identificación política que ello produjo por parte de las organizaciones con la figura presidencial19.
En lo que sigue, nos interesa mirar el problema desde una perspectiva colindante, aunque no necesariamente equivalente: ¿por qué la apelación a la memoria de la dictadura militar resultó ser tan central en la configuración política kirchnerista? $\it { i Q u e }$ efectos tuvo esta articulación política sobre el régimen de memoria que se configuró desde el Estado durante este período? ¿Cuáles fueron sus efectos polémicos?
Los organismos de derechos humanos: de Plaza de Mayo a Casa Rosada.
La última dictadura militar en Argentina llevó adelante una represión clandestina y sistemática que incluyó desapariciones forzadas y violaciones masivas de derechos humanos. De manera muy temprana se formaron diversas organizaciones de familiares que, junto con otras preexistentes, comenzaron a denunciar públicamente estas violaciones y exigir información sobre sus seres queridos. En el marco de estas búsquedas, estos organismos cuestionaron la narrativa oficial que presentaba a las Fuerzas Armadas como “salvadoras” de la Nación frente a la “amenaza subversiva” y fueron un actor clave en la construcción progresiva de una condena social a la represión. 20.
Sin embargo, no fue hasta después de la derrota en la Guerra de Malvinas y el colapso del Gobierno militar que la violencia estatal y las desapariciones forzadas comenzaron a convertirse en un problema público. 21 Durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), Argentina dio sus primeros pasos en el ámbito de la justicia transicional a través de la formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de.
Recuerdo de la última dictadura militar durante los gobiernos kirchneristas.
Personas (CONADEP) y la publicación de su informe final Nunca Más en 1984. Poco después, el país se convirtió en el primero del Cono Sur en procesar y condenar a líderes militares. El denominado Juicio a las Juntas, así como el informe de la CONADEP, fueron fundamentales para forjar un marco humanitario que reconoció la ilegitimidad de la represión estatal y comprendió a las víctimas no como terroristas o subversivos, sino como ciudadanos cuyos derechos humanos habían sido vulnerados. Más tarde, las rebeliones militares y la inestabilidad de fines de la década de 1980 obligaron a Alfonsín a limitar la persecución penal, sancionando la Ley de Punto Final (1986) y la Ley de Obediencia Debida (1987).
El Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) representó la consolidación de la impunidad. Durante él, se emitieron un conjunto de indultos presidenciales y la narrativa oficial invocaba la necesidad de “dar vuelta la página” en pos de la “reconciliación nacional”22. En este contexto, las principales iniciativas en torno a la memoria y la justicia fueron emprendidas por los organismos de derechos humanos, integrado, entre otros, por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la naciente organización Hijos e Hijas por la Identidad contra el Olvido y el Silencio, HIJOS. Como señala Alonso, durante toda la década de los noventa las acciones contenciosas del movimiento de derechos humanos se dirigieron contra el Estado nacional23. Más aún, en muchos sentidos, su persistencia en una demanda ética y legal al Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura estuvo en el centro de su identidad como movimiento.
Esta posición de confrontación con el Estado cambió con la llegada de Néstor Kirchner en 2003. En un contexto signado por su propia debilidad electoral y el descrédito generalizado de la élite política luego de la crisis del 2001, Kirchner generó una nueva dinámica de articulación política que incluyó no solo al movimiento de derechos humanos, sino a otras organizaciones que luego conformarían el “espacio militante kirchnerista”24. En este marco, el Gobierno respondió rápidamente a algunas de las demandas de larga data de los organismos de derechos humanos: entre otras medidas, estableció un mecanismo transparente para la formación de la Corte Suprema y depuró a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas. Además, nombró a Eduardo Luis Duhalde, una figura cercana a los organismos, como secretario de Derechos Humanos de la Nación.
El 24 de marzo de $2 0 0 4 - 2 8 ^ { \circ }$ aniversario del golpe militar– Kirchner realizó dos gestos conmemorativos que se convirtieron en un símbolo del reposicionamiento oficial hacia el pasado dictatorial. Durante un acto en el Colegio Militar de la Nación, el entonces presidente ordenó al jefe del Ejército retirar los retratos de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que aún permanecían colgados en la institución25. Más tarde, Kirchner presidió un acto público para anunciar la recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sede del Centro Clandestino de Detención (CCD) más grande del país, para convertirla en un “sitio para la memoria y los derechos humanos”.
En esta ocasión, Kirchner pidió perdón en nombre del Estado nacional “por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia ante tantas atrocidades”26.
Este hecho constituyó un hito en la reivindicación fundacional del kirchnerismo sobre el pasado y marcó la pauta de su relación con los organismos de derechos humanos. Con el apoyo de casi todas las regionales de HIJOS, las Madres de Plaza de Mayo (para entonces divididas en Asociación y la Línea Fundadora) y Abuelas de Plaza de Mayo, la memoria y los derechos humanos fueron incorporados en la agenda de gobierno de un modo inédito para la democracia argentina. Hebe de Bonafini, histórica dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, explicaba este cambio al poner fin a sus históricas Marchas de Resistencia: “Nuestro enemigo ya no está en la Casa Rosada”27. Esta declaración evidenciaba el fin del enfrentamiento entre el Estado y una parte importante del movimiento de derechos humanos, así como el inicio de un proceso en el marco del cual la memoria se volvería un elemento clave en el trazado de fronteras políticoidentitarias. Poco después, Kirchner se hacía cargo de este acercamiento presentándose ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como “hijo de las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo”.
Fronteras político-memoriales.
Como sucede con todo proceso político, la identidad kirchnerista se fue constituyendo en torno a una cronopolítica28 o una narrativa temporal destinada a dotar de un sentido histórico la inscripción política en el presente. Ello implica una determinada selección del pasado –esto es, una memoria– y una promesa de futuro.
En relación con el pasado, ya hemos señalado que el kirchnerismo se caracterizó por inaugurar una doble ruptura histórico-política, tanto con la dictadura militar como con los gobiernos neoliberales. Como indica Montero, el discurso kirchnerista se preocupó por establecer una continuidad económica, simbólica e ideológica entre ambos períodos, de modo tal que la última dictadura militar y el neoliberalismo se conciben como parte un “bloque temporal unificado” que va de 1976 al 2001 y que el kirchnerismo habría venido a clausurar29.
El trazado de esta continuidad, sin embargo, no constituye una novedad plena del kirchnerismo, sino que encuentra sus antecedentes en líneas de interpretación forjadas por sectores del movimiento de derechos humanos en el marco de la resistencia a la dictadura. Así, por ejemplo, en el informe de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) de marzo de 1977 se proponía una visión socioeconómica y clasista de la represión, según la cual la clase obrera era el blanco predilecto del terrorismo de Estado30.
Recuerdo de la última dictadura militar durante los gobiernos kirchneristas.
En igual sentido, Rodolfo Walsh señalaba en su célebre “Carta Abierta a la Junta Militar”, que era en la política económica de la dictadura –que “castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”– donde debía buscarse la explicación de sus crímenes. Así, según una clave que se mostraría perdurable, la naturaleza de la política represiva implementada por las Fuerzas Armadas se explicaba por las necesidades de disciplinamiento del plan económico31.
Esta misma idea tuvo su reemergencia en el ciclo de protestas antineoliberal, a lo largo del cual las organizaciones de derechos humanos se constituyeron en superficie de inscripción de diversas demandas populares32. Así, en ocasión del vigésimo aniversario del golpe de Estado, “a las conocidas consignas de repudio a las leyes del perdón y al reclamo de verdad y justicia se sumó una resignificación del golpe de Estado, visualizado desde entonces como el detonante no sólo del terrorismo ilegal sino también de políticas devastadoras que se extendían hasta aquel momento”. 33 Desde entonces, esta narrativa se constituyó en un “mainstream de sentidos”34 comunes sobre la dictadura que el kirchnerismo retomó y resignificó para plantearse a la vez como ruptura y como inauguración de un nuevo ciclo.
Así, en el marco de un proceso de “institucionalización” o “estatización”35 de las memorias que durante los noventa habían permanecido en los márgenes de la esfera pública, se consolidaron una variedad de sitios, archivos, programas y planes dedicados al terrorismo de Estado que desplegaron un conjunto de significaciones centrales sostenidas por los organismos de derechos humanos36, aunque atravesadas –como veremos a continuación– por los clivajes específicos que le imprimió el kirchnerismo.
Uno de esos clivajes fue precisamente la narrativa “instrumental” o “economicista” de la dictadura37. Tanto en el ámbito archivístico y conmemorativo como en el plano de la regulación financiera y mediática, esa clave memorial se constituyó como un recurso que permitió identificar víctimas y victimarios, beneficiarios y
37. CANELO, La política secreta de la última dictadura argentina, p. 15.
cómplices y coadyuvó en el trazado antagónico pueblo versus elite. Esta narrativa estaba en la base del tipo de comprensión histórica y del ejercicio de memoria propuesto por el kirchnerismo y fue especialmente amplificada en el contexto de enfrentamientos puntuales que el gobierno de Cristina Fernández sostuvo con ciertos grupos económicos. Así, si durante el gobierno de Néstor Kirchner la apelación a la memoria de la dictadura había ocupado un lugar refundacional en su configuración identitaria, desde 2008 en adelante esa apelación se vio reactualizada con mayor intensidad en el marco de conflictos políticos concretos. En esos contextos, la dictadura militar fue caracterizada como instrumento de los grupos de poder civiles para llevar a cabo las transformaciones económicas estructurales requeridas por las necesidades del capital financiero internacional y los intereses de las élites locales que se expresaban en el presente.
Una de esas disputas se desarrolló en torno a la intervención del Gobierno en torno a la empresa Papel Prensa S.A. La propiedad de la empresa, única productora de pasta celulosa en el país– y la venta de sus acciones en plena dictadura militar a manos del Grupo Clarín y el diario La Nación fue uno de los arietes de la disputa que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo con ambos medios38. En el año 2010, el Gobierno ordenó a los directores en representación del Estado (socio minoritario en la compañía) que investigaran la presunta “apropiación ilegal” de las acciones por parte de esos diarios en el marco del terrorismo de Estado39. Unos meses más tarde, el Gobierno presentó públicamente el informe “Papel Prensa: la verdad”, elaborado por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía. El informe tuvo amplia repercusión y según su titular podía “aportar pruebas con valor judicial suficiente para expropiar Papel Prensa y arrestar a Héctor Magnetto [CEO del Grupo Clarín] y Bartolomé Mitre [propietario del diario La Nación] por delitos de lesa humanidad”40.
Más allá de la vía judicial, la presentación del informe fue realizada por la propia Cristina Fernández de Kirchner en un acto público. Allí, la presidenta encuadró el sentido de la investigación a partir del recurso a un tópico común al discurso populista, de acuerdo con el cual las elites operan en contra de los intereses populares. Se refirió a la existencia de un poder que “está por sobre quien ejerce la primera magistratura” y que subordina a los tres poderes del Estado “hacia determinados intereses o presiones”41. Según la lectura del Gobierno, esos intereses se mantenían ocultos, pero estables desde el retorno a la democracia. La Nación y Clarín eran así presentados como socios civiles de la dictadura, en la medida en que se habían beneficiado de la represión ilegal para adquirir Papel Prensa. Desde entonces, ambas corporaciones mediáticas se habían constituido como un poder que excedía a la vez que buscaba dominar la voluntad popular.
Recuerdo de la última dictadura militar durante los gobiernos kirchneristas.
Como consecuencia del informe, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para declarar de interés nacional la producción de papel de celulosa y en el plano penal la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció efectivamente a los gerentes y/o dueños de ambos diarios, junto con importantes figuras del Proceso, por delitos de lesa humanidad cometidos contra la familia Graiver (entonces propietaria de un porcentaje del paquete accionario)42.
En concordancia con esa versión, a pesar de los reveses judiciales y las desmentidas de ambos conglomerados de medios43, algunos años más tarde el ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó el potencial valor jurídico que las recientemente halladas Actas Secretas de la Junta Militar podían tener en el caso Papel Prensa44. Si bien las Actas se referían a una amplia variedad de temas cuyo centro era justamente la acción de la Junta Militar, la difusión del hallazgo documental estuvo permeada por la necesidad de presentar evidencia a favor de la versión sostenida públicamente por el Gobierno, según una disputa que se inscribía en la propia construcción de poder del kirchnerismo y su relación con los medios de comunicación. Así, la selección del pasado era el resultado –y contribuía a consolidar– el trazado de una frontera antagónica entre quienes se identifican con las víctimas y quienes se identifican con los victimarios y sus herederos o beneficiaros actuales, o entre pueblo y elite45.
En términos institucionales, esa narrativa se materializó también en la ley de creación de la “Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico militar”, que fue sancionada a pocos días
42. SIVAK, Clarín, el gran diario argentino, p. 382. La querella presentada por la Secretaría de Derechos Humanos puede verse en http://www.jus.gob.ar/media/1155886/papel_prensa_querellaysintesis.pdf; véase especialmente el apartado II.1.5 “El bloque civil del Estado terrorista: los grandes beneficiarios”, y el siguiente “El papel de los grandes medios de prensa asociados con la dictadura: el caso de La Nación y Clarín”.
43. Según señala SIVAK, el Grupo Clarín había argumentado en defensa de Magnetto que la Junta Militar “no estaba al tanto de las conversaciones con los Graiver por la venta de Papel Prensa” (ibidem, p. 380).
44. Como hemos trabajado en otro lugar, las actas secretas se refieren a un conjunto documental hallado el 31 de octubre de 2013 en el subsuelo del edificio Cóndor, sede central del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Entre ellas, se destaca una serie compuesta por doscientos ochenta actas de las reuniones secretas que la Junta Militar celebró periódicamente desde julio de 1976 hasta noviembre de 1983, y en las cuales se aborda una gran diversidad de temas que hacían al interés de la Junta. A pocos días de producirse el hallazgo, el ministro Rossi destacó especialmente las actas referidas a Papel Prensa. Véase Discurso del ministro de Defensa, Agustín Rossi, 4 de noviembre de 2015, en Cinthia BALÉ, “Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de ‘apertura’ de los archivos militares en Argentina (2003-2015)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, (2018), https://doi.org/10.4000/nuevomundo.73860.
del cambio de Gobierno, en noviembre de $2 0 1 5 ^ { 4 6 }$ . El objetivo de dicha Comisión era presentar un informe de las “consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera” adoptadas por la Junta Militar y la “identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”47. El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista en ambas cámaras con la abstención del PRO (partido que encabezaría la coalición gobernante a partir de diciembre de 2015) y disidencias parciales de la Unión Cívica Radical, entre otros. Estas disidencias se referían a los artículos centrales de la ley y cuestionaban la periodización establecida proponiendo ampliar el período de investigación de 1976 hasta 2014. En línea con ese cuestionamiento, el diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica) proponía crear una nueva comisión bicameral que tuviera facultades investigativas para identificar “Casos Paradigmáticos de Corrupción durante el período comprendido entre 1976 y 2014”, es decir, que incluyera a los gobiernos kirchneristas. En este sentido, aunque de manera retórica la oposición se pronunciaba a favor de la ley, en la disidencia buscaba modificar su sentido de modo que ya no se tratara de “complicidades económicas” con la dictadura militar sino de investigar hechos de corrupción acaecidos de manera indistinta en democracia y dictadura. Por su parte, en la Cámara de Senadores, el senador Morales y la senadora Morandini cuestionaron que se excluyera del ámbito de incumbencia de la Comisión la identificación de responsabilidades gremiales. Señalaba el Senador Morales (UCR): “Además de las complicidades económicas y financieras, habría que agregar las complicidades gremiales, porque las empresas no hubieran podido hacer lo que hicieron si no había una complicidad de algunos factores de poder que también tenían que ver con la política”.
De esta forma, la oposición pretendía desplazar el eje de las complicidades económicas, al tiempo que incluía como potenciales cómplices a las entidades gremiales, lo cual iba en un sentido contrario al que pretendía darle el kirchnerismo. En este sentido, y a pesar de que luego del cambio de Gobierno la Comisión no fue conformada, el debate revela que la ampliación del eje temporal que proponía la oposición, así como la inclusión de los gremios como potenciales cómplices iba en contra del trazado de fronteras políticomemoriales propuestas por el kirchnerismo. Según estas, eran las elites económicas, financieras y mediáticas las que debían ser identificadas como responsables, mientras que los trabajadores organizados (el pueblo) quedaban del otro lado de la frontera antagónica como objeto privilegiado de la escalada represiva desatada a partir de 1976.
Interpelaciones militantes, generacionales y afectivas.
Todo proceso de articulación política populista implica no solo el trazado de una frontera antagónica (en lo cual, como vimos, la interpretación instrumental de la dictadura representó un papel central), sino también la constitución de identidades políticas en un sentido positivo. Así, la cronopolítica del kirchnerismo incluyó también múltiples.
Recuerdo de la última dictadura militar durante los gobiernos kirchneristas
interpelaciones asociadas al pasado en clave generacional, afectiva y político partidaria. Como señala Althusser y recupera parcialmente De Ípola en su revisión de la teoría laclausiana, todo individuo es constituido como sujeto a través del juego de múltiples interpelaciones48. El carácter interpelativo de un discurso ideológico es particularmente visible en los discursos políticos públicos, a través de las figuras retóricas por medio de las cuales el emisor “nombra” a sus auditores y al mismo tiempo procura establecer una determinada relación con ellos (por ejemplo “compañeros” o “compatriotas”). En los discursos populistas –anota De Ípola– predominan las interpelaciones inclusivas, en las cuales el emisor se autodefine como miembro del mismo grupo que sus interlocutores. En este marco puede comprenderse la reivindicación de la militancia setentista que tuvo a Néstor y Cristina Kirchner como principales enunciadores49.
Esta reivindicación recuperó públicamente algunos tópicos caros a la militancia peronista de izquierda, según “un registro que acentúa más el carácter fraternal, afectivo, heroico y voluntarista de esa tradición que su aspecto más trágico”50. En ese contexto, se reivindicaba a la generación de los setenta como ligada a una “praxis ético-moral, animada por la esperanza de cambio”51. Así, si es cierto que las memorias militantes tenían sus orígenes varios años antes de la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno, el kirchnerismo retomó ese discurso y lo puso a funcionar en el marco de la configuración de su propia identidad política. Esta articulación habilitó un nuevo horizonte de inscripción política para el kirchnerismo y otorgó un nuevo lugar para el peronismo. En ese sentido, la interpelación militante de Néstor y Cristina permitía redimir en una línea imaginaria pero igualmente efectiva un pasado truncado por la violencia represiva.
Así, si en 2003 Néstor Kirchner se había identificado como parte de una “generación diezmada”52, en su asunción en 2011, Cristina precisaba que “30 años antes de ese 25 de mayo [de 2003], había estado junto a cientos de miles en esta misma Plaza de Mayo vitoreando y festejando también la llegada de otro Gobierno popular luego de 18 años de proscripciones”, es decir, apoyando el retorno de Juan Domingo Perón en su tercera presidencia. En ese mismo discurso ante la Asamblea Legislativa, Cristina Fernández se refirió a Ana Teresa Diego, una joven estudiante de la Universidad de La Plata (UNLP) que fue víctima de desaparición forzada. A través de una asociación con la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (presa política durante la dictadura brasileña), Fernández de Kirchner trazó un paralelismo entre sí misma y Diego, apelando a una nostalgia por un pasado que no fue: “A lo mejor, esta joven podría haber estado sentada en este mismo lugar en donde estoy sentada yo”. En su reverso, la frase también quería decir que ella misma (también estudiante de la UNLP y militante setentista) podría haber estado en el lugar de Diego, lo que la inscribía de forma inapelable del lado de las víctimas.
Esta interpelación generacional y militante disparó un proceso de identificación afectiva que resultó clave en el cambio de posición de los organismos de derechos humanos y en posicionar a Néstor y Cristina Kirchner como legítimos portadores de memoria53. Al mismo tiempo, esta validación se sostuvo sobre la incorporación de amplios sectores del movimiento de derechos humanos al Estado. Como lo hemos indicado en otro trabajo, esta incorporación adoptó formas diversas e incluyó el ingreso de militantes de organismos de derechos humanos como funcionarios, trabajadores e incluso como representantes del sistema político54. En ese sentido, estas organizaciones no fueron meros receptores pasivos de la narrativa kirchnerista, sino que contribuyeron a su configuración y consolidación como parte de las políticas públicas.
Este proceso de incorporación generó una suerte de solapamiento e identificación entre políticos, funcionarios, activistas de derechos humanos, exmilitantes, sobrevivientes y familiares de víctimas, entendidos no como atributos esenciales sino como identidades sociales en muchos casos superpuestas. Ello provocó diferentes cuestionamientos externos en el desarrollo de las políticas de memoria que referiremos en el próximo apartado, pero también fue clave en el proceso de homogeneización interna, es decir, en la configuración de un nosotros con legitimidad para recordar. Así, en los diferentes actos conmemorativos y político partidarios las “luchas de los setenta” podían ser identificadas con las “luchas del presente” en una relación de continuidad. Bajo esa lógica, tanto los funcionarios como los activistas de derechos humanos se percibían a sí mismos como “compañeros” de los desaparecidos y herederos de sus compromisos políticos55.
Efectos polémicos.
En el frente externo, esta superposición entre agentes estatales y activistas de derechos humanos, así como el trazado de las fronteras político-memoriales que describimos arriba, desencadenaron diferentes cuestionamientos. Aunque las críticas al ingreso de militantes a la burocracia estatal se dirigieron también a otros movimientos sociales como el movimiento piquetero56, en este caso el proceso de incorporación desató una demanda al Estado de tener un compromiso apolítico o neutral con el pasado. A eso se sumaba un debate acerca del nivel de autonomía que los organismos de derechos.
Recuerdo de la última dictadura militar durante los gobiernos kirchneristas
humanos debían tener respecto del Gobierno y también acerca de la capacidad de quienes habían sido “afectados directos” de la represión de formular políticas de la memoria que estuvieran “abiertas” a otros sectores de la sociedad57. De manera más general, a estos cuestionamientos se les sumó uno más extendido según el cual las políticas de memoria impulsadas desde los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se caracterizaban por una selección sesgada del pasado que ignoraba las intervenciones de gobiernos anteriores en la temática (especialmente del alfonsinismo), pero sobre todo excluían a todo aquél que no se identificara con ese signo político58. En esta línea, una de las principales críticas consistía en afirmar que el “kirchnerismo” se había “apropiado” de la memoria para “fines políticos” y había hecho un “uso espurio” de eventos que trascendían (o debían trascender) la identificación político-partidaria59.
Especialmente durante el Gobierno de Cristina Fernández, y con más fuerza luego del conflicto con las patronales agropecuarias60, diversos actores sostuvieron que la narrativa del Gobierno constituía una versión facciosa o parcial del pasado que pretendía imponerse como memoria oficial. Bajo ese paraguas, se pronunciaron algunos trabajos académicos que entendían que dichas políticas proponían una interpretación “mitológica” y/o “heroica” de la militancia revolucionaria, de un modo que resultaba incompatible con la verdad histórica61.
Este tipo de críticas se sobreimprimieron y en ocasiones alimentaron las voces de otras figuras del campo político y cultural que rechazaron el involucramiento del Estado en la producción de memorias bajo el argumento más general de que el kirchnerismo manipulaba el pasado para obtener rédito político. En esa línea, diversos comunicadores de medios masivos argumentaron que la preocupación de los expresidentes por los “derechos humanos” constituía una “impostura” derivada de la necesidad de ampliar su base de sustentación política y sus ansias de construir un “relato” hegemónico62.
Al mismo tiempo, es interesante notar que, si la oposición cuestionaba la legitimidad de los Kirchner para pronunciarse sobre el pasado y hasta cierto punto, la semblanza de la militancia setentista, no ocurría lo mismo con la narrativa económica o instrumental de la dictadura. Como vimos en el caso de la creación de la Comisión Bicameral, la estrategia opositora no rechazaba la existencia de responsabilidades empresariales en la represión, sino que apuntaba a diluirlas en un relato en el cual el propio kirchnerismo también era responsable de “actos de corrupción”. Solo de manera más tardía, el PRO se pronunció en contra de las políticas de memoria del kirchnerismo asociándolas también a la noción de “fraude”. Así, el entonces candidato a presidente, Mauricio Macri, declaró en 2014 que con él se acababan “los curros en derechos humanos”63 y más tarde, ya en el Gobierno, los diputados de su partido difundieron una foto en la que sostenían la consigna “Nunca más a los negocios de los derechos humanos”, el día del $4 1 ^ { \circ }$ aniversario del golpe militar64. Por contrapartida, para quienes se ubicaban en una línea afín con el kirchnerismo, el conjunto de políticas de memoria fue identificado como la consagración de las demandas de “memoria, verdad y justicia” y, de hecho, continuaron siendo apoyadas por sectores importantes del movimiento de derechos humanos hasta la finalización del segundo mandato presidencial de Fernández de Kirchner.
De acuerdo con la perspectiva que venimos sosteniendo, el carácter polarizado de esta polémica debe pensarse como resultado del modo en que la memoria operó en el trazado de la frontera antagónica kirchnerista. Como efecto de este trazado, las banderas de los organismos de derechos humanos fueron puestas en equivalencia con las reivindicaciones del kirchnerismo y estuvieron sujetas a los efectos de la operación hegemónica que es propia del armado populista. Esta operación, por medio de la cual la parte asume la representación del todo, es justamente el reverso de la acusación al Gobierno de apropiarse de los derechos humanos: desde la perspectiva opositora, el Gobierno –la parte– asumía de manera fraudulenta la representación del universal (los derechos humanos), mientras que desde la perspectiva del Gobierno, esta asunción permitía dar un contenido concreto e institucional a estos derechos a través del desarrollo de políticas de memoria y del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, para el Gobierno la enunciación del sujeto de memoria ingresaba en el terreno difuso en el que se superponen la plebs y el populus, o mejor dicho la plebs como el populus. En efecto, si bien la referencia al pueblo puede encontrarse en otros discursos, lo que caracteriza al populismo es su “pretensión plebeya de representar a los perjudicados de la comunidad”65. Entre esa interpelación a la plebs –que en términos memoriales refería a la generación militante setentista y las clases populares por ella invocadas– y la representación del populus, entendido como el conjunto de la ciudadanía, se tensionaba el régimen de memoria kirchnerista. Señalaba Cristina Kirchner al inaugurar el sitio de memoria en la ex ESMA:
Recuerdo de la última dictadura militar durante los gobiernos kirchneristas
quiero decirles a los cuarenta millones de compatriotas que ya no tenemos que esperar que nos proteja un presidente o una presidenta, tenemos ante la humanidad la inmensa responsabilidad de saber que en este país los cuarenta millones tienen que garantizar el respeto de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, no pueden quedar en manos de un presidente, ni de un parlamento, ni de un poder judicial. Es el pueblo el que se tiene que empoderar de su propia historia. Es el pueblo el que se tiene que hacer cargo de las cosas que nos pasaron, de las tragedias y de las victorias, porque hoy aquí hay una victoria de la vida sobre la muerte, de la memoria sobre el olvido, de la patria sobre la antipatria. Hoy aquí finalmente ellos, inmortalizados jóvenes, están más vivos y presentes que nunca, en todos ustedes y en la historia66.
Si, por un lado, la interpelación es a los “compatriotas” (los “cuarenta millones de argentinos”) o el populus, a fin de cuentas es el pueblo –la plebs– el que resulta interpelado como verdadero sujeto de la memoria. Es el pueblo en su acepción plebeya el que debe hacerse cargo del pasado, porque sólo él (y no sus enemigos, es decir, la “antipatria”) puede redimir en el presente a aquellos “jóvenes militantes inmortalizados”. El pueblo, constituido como sujeto de memoria más acá de la frontera antagónica, es el hilo de continuidad entre el pasado y el presente.
A modo de cierre.
El recorrido propuesto nos ha permitido delinear la lógica de interpretación del pasado que resultó dominante durante los gobiernos kirchneristas, así como la forma que asumió el conflicto por las memorias en el período. Según hemos intentado mostrar, dentro del espacio político kirchnerista la recurrencia al pasado setentista –y en particular a la interpretación instrumental de la dictadura– proporcionó una clave de lectura potente que permitió situar algunos conflictos sectoriales que atravesaron el Gobierno, así como ubicar históricamente el propio proyecto político como un proyecto de redención del pasado. En este marco y según una lógica afín al armado populista, la dictadura militar funcionó como un modo de distinguir entre víctimas y victimarios, pueblo y elite o patria y antipatria, a la vez que como un dispositivo de interpelación y homogeneización interna o, en resumidas cuentas, un nosotros con legitimidad para recordar. En este sentido, es interesante destacar que la reconfiguración del régimen de memoria propiciada por el kirchnerismo implicó una lógica donde el sujeto que recuerda no es el ciudadano concebido en su condición individual, sino un sujeto colectivo cuyos contornos son lábiles y resultan del trazado de fronteras políticas. A esto último nos hemos referido al hablar del pueblo –en el sentido de plebs– como sujeto de memoria.
A su vez, hemos visto cómo para las organizaciones de derechos humanos el kirchnerismo funcionó como principio articulador de sus propias demandas, a partir de un conjunto de interpelaciones generacionales y afectivas, y también de la incorporación de activistas de distintas organizaciones al Estado. En ese sentido, las torsiones que esta articulación imprimió sobre los modos de recordar el pasado no implicaron el abandono del lenguaje de los derechos humanos, sino su atravesamiento por nuevas fronteras político memoriales. El caso Papel Prensa, así como la creación de la Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras, son ejemplos del modo en que estas fronteras encontraron, además de su enunciación discursiva, una plasmación institucional.
Por último, en lo que refiere al conflicto por las memorias hemos mostrado cómo los efectos polémicos generados por la intervención gubernamental sobre el pasado son derivados de la operación hegemónica que es propia del armado populista. Es decir, de la identificación de un nosotros que se asume, desde el Estado, como representación del todo. Esta operación inscribe en la identidad del sujeto de la memoria las tensiones subyacentes a un pasado de alta conflictividad política.