El movimiento obrero durante el franquismo. De la resistencia a la movilización (1940-1975)
Pere YSÀS (Universidad Autónoma de Barcelona) firstname.lastname@example.org.
RESUMEN.
La brutal represión franquista, sumada a los efectos de la movilización bélica y del exilio, tuvo efectos devastadores para el movimiento obrero. Sin embargo, socialistas, comunistas y libertarios se esforzaron en crear redes clandestinas que evitaran su completa desaparición. Por otra parte, junto con la inevitable sumisión al Estado y a los patronos, los trabajadores mostraron actitudes de rechazo y resistencia y, esporádicamente, de protesta ante las nuevas condiciones de vida y de trabajo impuestas, así como de aprovechamiento de la propia legalidad franquista para defender sus intereses. Desde el inicio de la década de los años 60, un movimiento obrero renovado, con las CC.OO. como principal expresión organizada y mediante una conflictividad creciente, se convirtió de nuevo en un actor importante en la vida socio-política española, contribuyendo de manera determinante a la crisis final de la dictadura.
Palabras clave: Movimiento obrero. Conflictividad social. Franquismo. Antifranquismo.
Workers’ movement during Francoism. From resistance to mobilization (1940-1975)
ABSTRACT.
The brutal francoist repression, together with the effects of war mobilisation and exile, had devastating effects on workers’ movement. However, socialists, communists and libertarians made an effort in order to create underground nets to prevent their complete disappearance. The workers, along with inevitable submission to the State and to employers, showed rejection and resistance attitudes as well as, sporadically, protest attitudes against imposed new life and work conditions. They also took advantage from francoist own legal system to defend their interests. From the beginning of the sixties a renewed workers’ movement, with CC.OO. as its main organized result and through growing social unrest, regained an important role in Spanish sociopolitical life, by which it contributed significantly to the dictatorship’s final crisis.
Key words: Workers’ movement. Social unrest. Francoism. Opposition to francoism.
En un artículo dedicado a la historiografía sobre la movilización social en el franquismo tardío, publicado hace un lustro en Historia del Presente, Ramón García Piñeiro constataba la disminución del interés por el movimiento obrero y lo atribuía al “declive de la clase obrera” como consecuencia de los profundos cambios que estaban operando en la sociedad desde los años 80 del pasado siglo1. En efecto, en los últimos años, las investigaciones y publicaciones sobre el movimiento obrero durante el franquismo no han sido muy numerosas, aunque han visto la luz trabajos con muy relevantes aportaciones analíticas e interpretativas. Además, algunas investigaciones con otros objetos de estudio se han ocupado colateralmente del movimiento obrero ampliando significativamente los conocimientos acumulados. En todo caso, es posible trazar una panorámica general y bien fundamentada de la trayectoria del movimiento obrero durante la larga dictadura.
1. Represión, resistencia, protesta.
Para ello es necesario fijar la atención, en primer lugar, en la represión franquista. Porque entre los objetivos de quienes se alzaron en armas contra la República y pronto empezaron la construcción de un “Nuevo Orden” figuraba en un lugar preeminente la destrucción completa del movimiento obrero, es decir del conjunto de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales vinculadas a los proyectos de transformación de la sociedad de raíz marxista y libertaria, que constituían una parte destacada y extensa de la denominada por los sediciosos “Anti-España”. Los numerosos estudios sobre la represión franquista durante la guerra civil han demostrado la voluntad “exterminadora” de los alzados, lo que la distingue nítidamente de otras represiones sufridas por el movimiento obrero en etapas anteriores. Allí donde triunfó el “alzamiento nacional”, independientemente del mayor o menor grado de conflictividad social existente en los años precedentes, se desató una ola de violencia extrema contra dirigentes, cuadros intermedios y simples afiliados e incluso simpatizantes de las organizaciones obreras, así como contra los de las organizaciones republicanas. La ola de violencia política acompañó al “Ejército Nacional” en su avance “liberador” hasta abril de 1939, y no cesó con la proclamación de la “victoria”, puesto que hasta 1943 continuaron las ejecuciones masivas y los centros penitenciarios estuvieron repletos con decenas de miles de presos.
Paralelamente a la violencia exterminadora, el “Nuevo Estado” en construcción fue elaborando las normas necesarias para dar forma legal a la institucionalización de la represión, considerada esencial para la consolidación y defensa del régimen. Así, leyes como la de Responsabilidades Políticas (1939), que ratificaba la ilegalización de todas las organizaciones obreras y republicanas, la de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), que perseguía a quines habían sido o eran miembros de asociaciones de tal carácter, entendido además en un sentido muy amplio y elástico, y a quienes difundieran “ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social”, y la de Rebelión Militar (1943), que pretendía “que en lo sucesivo nadie ose desviarse de una rígida disciplina social”, junto con las modificaciones del Código Penal y del de Justicia Militar, tejieron una tupida red normativa para castigar severamente las actitudes y los comportamientos, en el pasado y en el presente, considerados atentatorios a los valores, objetivos e intereses de la “Nueva España”2.
Los efectos de la represión franquista, sumados a los de la movilización bélica y el exilio, fueron devastadores para el movimiento obrero. En 1939, la inmensa mayoría de dirigentes y buena parte de los cuadros de las organizaciones obreras que habían sobrevivido a la represión y a la guerra y que no estaban recluidos en prisiones o campos de concentración iniciaron un largo exilio que para muchos sería irreversible. Un elevado números de activistas y de simples afiliados se hacinaba en las cárceles –donde muchos morirían víctimas de unas terribles condiciones de vida–, o trabajaba en condiciones igualmente muy duras en batallones de trabajadores o en colonias penitenciarias3. Cuando algunos empezaron a salir de los centros de reclusión, mediante indultos que pretendían disminuir la insostenible población penal y a la vez proyectar una imagen de clemencia del régimen, se encontraron con que toda España era “una inmensa presión”, además en una situación de escasez extrema de todo tipo de bienes, lo que comportaba que la más importante lucha cotidiana fuera para asegurar la subsistencia.
En efecto, la dictadura franquista, con las normas creadas y el despliegue policial y parapolicial efectuado, logró un efectivo control de la sociedad, y particularmente de las clases trabajadoras, sostenido además en la extensión del miedo –inoculado mediante la brutalidad ejercida desde sus primeros pasos– y en la desconfianza generalizada, fruto de la severa vigilancia y del estímulo a la delación efectuado desde las instituciones del régimen. Pero el franquismo no era una simple dictadura reaccionaria, no pretendía solamente destruir el movimiento obrero sino que, tal como proclamaba claramente, tenía el objetivo de crear un Nuevo Orden que resolviera definitivamente la “cuestión social” mediante la extirpación de la sociedad española de la “lucha de clases”, tal como afirmaba el undécimo punto de FET y de las JONS –“nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la producción constituyen en él una totalidad orgá- nica”–. Para ello, se creó la Organización Sindical Española (OSE) con el objetivo de encuadrar, vigilar, adoctrinar, asistir y, eventualmente, movilizar a los trabajadores y, al mismo tiempo, avanzar hacia la “armonía social”, que el Estado propiciaría, por otra parte, a través de la política laboral y, en general, social. La Ley de Reglamentaciones de Trabajo (1942) estableció que la fijación de los salarios y de las condiciones de trabajo era “función privativa del Estado” que ejercería “sin delegación posible” el Ministerio de Trabajo4. Los trabajadores –y formalmente los empresarios– se convirtieron así en sujetos pasivos en la determinación de las relaciones laborales; era el Estado a través de la legislación general y de las normas del.
Ministerio de Trabajo a quien correspondía dicha determinación. Pero la posición de trabajadores y patronos era radicalmente asimétrica: si los primeros quedaban privados de cualquier instrumento efectivo para hacer oír su voz y defender sus intereses, los segundos tuvieron siempre instrumentos y vías, tanto formales como informales, para asegurar que las decisiones gubernamentales los tuvieran muy en cuenta5.
En un escenario como el anteriormente descrito no puede extrañar la aparente desaparición del movimiento obrero. Sin embargo, la dictadura no logró su completa destrucción. Por una parte, en la estricta clandestinidad, aunque vulnerables a la constante presión represiva, las organizaciones obreras socialistas, comunistas y libertarias reconstruyeron, en especial en las grandes ciudades por la mayor protección que ofrecía el medio y en las zonas donde habían tenido una mayor implantación, pequeños grupos dedicados fundamentalmente a crear y consolidar una mínima organización, y a la acción propagandística contra el régimen, cuyo valor principal era el testimonial6. Para la dictadura, aunque dichos grupos no constituían ninguna amenaza, su simple existencia era un desafío que consideraba intolerable, puesto que mostraba el fracaso, por parcial que fuera, de su objetivo de erradicar cualquier forma de resistencia u oposición, por nimia que fuera.
El desenlace de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los fascismos, insufló esperanzas y apoyos materiales desde el exilio a los grupos clandestinos, que crecieron e incrementaron sus acciones propagandísticas. Pero la expectativa de la caída del franquismo pronto empezó a diluirse a la vista de la política adoptada por las potencias occidentales, que no contemplaba ni una intervención abierta para poner fin a la dictadura española, ni una presión severa combinada con un apoyo claro y firme al antifranquismo. En 1947, cuando la guerra fría empezó a dibujarse con claridad en Europa, el desánimo empezó a extenderse en la oposición obrera y en todo el antifranquismo: la dictadura de Franco estaba logrando sobrevivir, ignorando las condenas internacionales y las llamadas a la renuncia del Caudillo para que España pudiera reincorporase a la comunidad internacional.
La consolidación del régimen a finales de la década de 1940 supuso también el fin de la resistencia armada, inicialmente formada por los denominados “huidos” y, posteriormente, organizada en Agrupaciones Guerrilleras, impulsadas especialmente por el Partido Comunista de España (PCE) tras la liberación de Francia, aunque siempre con la presencia de militantes socialistas y libertarios, estos últimos además operando en grupos propios fundamentalmente en Cataluña7.
Obviamente, la estricta clandestinidad y la limitación del activismo a la propaganda tuvieron como consecuencia inevitable un notable aislamiento de las organizaciones obreras respecto a la mayoría de los trabajadores, aunque las tentativas de consolidar y extender una red organizada obtuvieran colaboraciones y complicidades más allá de la militancia estricta. Mayor colaboración entre sectores del campesinado exigió, y en una medida no desdeñable logró, la resistencia armada, hasta el punto de forzar a la dictadura a focalizar la acción contra la guerrilla en sus apoyos sociales. Por otra parte, las propuestas e iniciativas llevadas a cabo por las direcciones políticas y sindicales instaladas en el exilio eran prácticamente desconocidas por la mayoría de la población.
Sin embargo, ni la ausencia de organización obrera, en un contexto de vigilancia y represión a cargo tanto de las instituciones policiales, sindicales y políticas como de los patronos, con sus efectos en forma de un “inmenso miedo”, ni los procesos de “depuración”, que permitieron a los empresarios despedir a cuantos trabajadores consideran contrarios a la empresa y al Movimiento Nacional8, supuso la pasividad absoluta de los trabajadores, en especial de los ocupados en las grandes empresas industriales de las principales áreas urbanas, por las mayores oportunidades del medio y del entorno combinadas con la pervivencia de una identidad de clase y unas culturas políticas que el franquismo no había logrado aniquilar. Por ello, junto a una pasividad resignada, encontramos a lo largo de los años cuarenta actitudes de resistencia obrera a las condiciones laborales impuestas de relativamente poca peligrosidad, el inicio de la utilización instrumental de la propia legalidad franquista para defender los intereses obreros, y, puntual y excepcionalmente, la protesta abierta cuando se dieron condiciones especialmente favorables o cuando fueron percibidas de tal manera.
Aunque este es un terreno aún muy insuficientemente explorado, tenemos ya datos suficientes de actitudes de resistencia obrera. Ramón García Piñeiro explicó en su estudio sobre los mineros asturianos la disminución general del rendimiento, de manera que si en los años anteriores a la guerra civil un picador aportaba 3.000 toneladas anuales de mineral, en las décadas de 1940 y 1950 dicha cifra no sería nunca superada a pesar del aumento de la jornada, la militarización, y los incentivos establecidos, y si bien ello puede explicarse parcialmente por factores tales como el deterioro de las instalaciones o los problemas en los suministros, no duda en atribuir a los trabajadores una reducción relativamente deliberada como “rechazo de las relaciones laborales y de las condiciones de vida imperantes durante la postguerra”9. Por su parte, Jordi Ibarz, estudiando a los estibadores del puerto de Barcelona, ha identificado diversas formas de resistencia obrera, entre ellas también la disminución del rendimiento, así como otras transgresoras de la legalidad, como el hurto de mercancías para mejorar sus exiguos ingresos10. También conocemos episodios más puntuales de protesta obrera en los primeros años 40 en respuesta al empeoramiento de las condiciones de trabajo, tales como la prolongación de la jornada laboral. Todo ello en un clima de hostilidad hacia el Nuevo Estado y de malestar por las condiciones de vida imperantes del que dan buena cuenta los numerosos informes sobre las actitudes obreras elaborados por organismo policiales, sindicales y municipales. Como botón de muestra sirva un informe policial de Oviedo, fechado en abril de 1942, que afirmaba que, ante la situación de penuria que afectaba a los trabajadores, estaban afirmándose las “antiguas y arraigadas tendencias marxistas o de tipo sindical que luchaban por el imperio de la clase obrera”, y que las doctrinas “disolventes” y “antiespañolas” no encontraban otro obstáculo que “el temor a la represión”11. Para fechas más tardías, ya iniciada la década de 1950, José Babiano ha señalado un conjunto de actitudes obreras de rechazo pasivo de distintos colectivos de trabajadores madrileños, entre las que destaca también el bajo rendimiento, junto con el absentismo voluntario, o el hurto de material para poder revenderlo12.
Los trabajadores aprendieron pronto a utilizar la propia legalidad franquista para intentar defender sus intereses. En este sentido, debe señalarse la participación ya en las primeras elecciones para nombrar “enlaces sindicales”, en 1944, de trabajadores no “adictos” que, a menudo empujados por sus compañeros, se presentaron para intentar disponer de algún instrumento efectivo de defensa de los intereses obreros. Puede sorprender esa presencia de trabajadores no adictos por dos motivos; en primer lugar, por el control sobre las elecciones ejercido por la OSE y Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET-JONS) y por la necesidad de los candidatos de disponer de la “confianza política” de las jerarquías sindicales y políticas. Sin embargo, como en tantas cosas, la realidad social no encajaba con la estricta normativa franquista, de manera que en muchas empresas, en particular en las principales zonas industriales, resultaba imposible contar con suficientes militantes falangistas, por lo que o no era posible la elección o debían aceptarse los candidatos presentados, aunque no cumplieran los requisitos políticos exigidos. Por otra parte, las organizaciones obreras rechazaron dichas elecciones y llamaron a no colaborar con ninguna institución del régimen. Pese a ello, y junto con actitudes de boicot o de voto de mofa, en algunas empresas resultaron elegidos antiguos afiliados a las organizaciones sindicales obreras, incluso militantes clandestinos comunistas13. La actitud de estos trabajadores no obedecía a una estrategia elaborada, como sucedería años después, sino a la simple utilización de un instrumento, sin “purismos” ideoló- gicos o políticos que debían antojárseles absurdos en tales circunstancias, o simplemente ajenos.
Un indicador de esa adaptación pragmática a la situación es el recurso a las Magistraturas de Trabajo para presentar reclamaciones, habitualmente motivadas por la vulneración por los patronos de la legalidad establecida –que les era, por otra parte, tan favorable–. Carmen Benito estudió hace unos años las magistraturas de Gijón y Mieres, observando un espectacular incremento de las demandas obreras presentadas, casi siempre denunciando incorrectas aplicaciones por parte de los empresarios de las normas reguladoras de las condiciones de trabajo, del régimen disciplinario o de la legislación socioasistencial14. También en Madrid se incrementaron muy notablemente las demandas obreras a lo largo de la década de 1940, en especial sobre despidos, salarios y accidentes laborales15. Y en Barcelona, se ha constatado un fenómeno similar, además algunas reclamaciones individuales podrí- an obedecer a una acción colectiva, como ha podido comprobar Antoni Ladín al menos en un caso protagonizado por los trabajadores de Hispano Suiza/ENASA en 194816. Parece claro, como apunto Carmen Benito, que la conflictividad individual “se presenta como única vía de manifestación del conflicto obrero respecto a las condiciones de trabajo”17.
A mitad de la década de 1940, cuando el final de la Guerra Mundial extendió la expectativa de un próximo final del franquismo, el rechazo al régimen en sectores significativos de la clase obrera y, sobre todo, el malestar por las condiciones de vida y de trabajo impuestas, se plasmó en una serie de protestas, habitualmente en forma de huelgas de “brazos caídos”, es decir parando la actividad laboral y permaneciendo en el interior de las empresas. Los dos escenarios principales de dichas protestas obreras fueron Cataluña y el País Vasco. Desde la segunda mitad de 1945 y especialmente a lo largo de 1946, en grandes empresas textiles y metalúrgicas de Barcelona y de otros enclaves industriales catalanes, se desarrollaron sucesivos paros que comportaban la transgresión de la legalidad franquista –que equiparaba la huelga a la sedición–, la descalificación de la OSE y la ruptura del orden armónico que el régimen presentaba como una de sus principales realizaciones. La reacción inicial de las autoridades franquistas mostró cierto desconcierto, y se combinaron las concesiones a los trabajadores –incremento de salarios y aumento de la distribución de bienes racionados– con la represión policial. Entre los episodios más destacados figura la huelga general de Manresa, en enero de 1946, la primera en España tras la guerra civil18. En el País Vasco, el malestar obrero se manifestó principalmente en las grandes industrias vizcaínas desde el verano de 1946 y especialmente durante los primeros meses de 1947, culminado en la huelga general del primero de mayo. A diferencia de las protestas obreras en Cataluña y en otros lugares de España, de carácter semiespontáneo y que por tanto no obedecieron a unas convocatorias efectuadas desde las organizaciones obreras clandestinas, aunque participaran en ellas militantes y simpatizantes, la huelga general de la ría bilbaína fue convocada por el Consejo de la Junta de la Resistencia, con el apoyo de todo el antifranquismo vasco, y pretendía mostrar al exterior su capacidad de movilización, aunque el amplio seguimiento fue posible por una conjunción de factores entre los que el malestar obrero tenía un papel determinante19. A finales de 1947, desaparecidas las esperanzas y con una represión endurecida, la protesta obrera abierta se extinguió, aunque sin desaparecer completamente, como no lo hicieron ni el malestar ni formas menos peligrosas de manifestarlo.
El final de la década de los años cuarenta y el inicio de los cincuenta, con la consolidación definitiva de la dictadura y su progresiva admisión internacional, comportó la crisis de las organizaciones obreras y del conjunto del antifranquismo. Desaparecidas las esperanzas de cambio, que la mayoría de fuerzas habían depositado en las democracias occidentales, tanto en el exilio como en el “interior” creció el desánimo, lo que junto a la continuada represión franquista llevó a la desarticulación de la mayoría de grupos clandestinos o a su casi absoluta parálisis. Únicamente el PCE se propuso seriamente mantener y hacer crecer la organización clandestina, divulgar su propaganda y buscar nuevas formas de actuación adecuadas a las condiciones existentes. En este sentido, el abandono de la lucha armada y la decisión de aprovechar la legalidad franquista, en particular las elecciones de enlaces sindicales –como habían hecho espontáneamente sectores obreros desde 1944–, la opción de impulsar o dar apoyo a reivindicaciones laborales, por pequeñas que fueran, y la resolución de poner a toda la organización del exilio al servicio de la actividad interior fueron determinantes para evitar el aislamiento y la progresiva consunción del partido –como les ocurriría a socialistas y libertarios–. Hay que señalar, sin embargo, que las nuevas directrices de la dirección comunista no se aplicaron de manera inmediata ni sin resistencias por parte de sectores de la militancia opuestos a la participación en la OSE, aunque otros, como hemos visto anteriormente, estaban ya siguiendo tales pautas al margen de la posición del partido20.
Puede parecer paradójico pero cuando la dictadura estaba logrando sus primeros éxitos internacionales y la mayoría de grupos obreros estaban desapareciendo de la escena, la protesta obrera se manifestó con una fuerza insospechada aunque no inexplicable. En la primavera de 1951 el franquismo se vio sorprendido por una serie de acciones obreras y populares que eran fruto, en primer lugar y fundamentalmente, de un malestar largamente acumulado por los bajos salarios, la escasez y el racionamiento, es decir, por una situación de penuria general a más de diez años del final de la guerra civil.
El boicot a los tranvías de Barcelona a principios del mes de marzo fue la primera expresión masiva de un intenso malestar social sobre el que los diversos organismos franquistas de vigilancia e información llevaban tempo advirtiendo. La protesta, desencadenada por el aumento de los precios de los billetes y por el agravio comparativo causado por unos precios inferiores en Madrid, tuvo un carácter semiespontáneo, popular y masivo y logró su principal objetivo, la anulación del incremento de las tarifas21. El éxito del boicot propició la convocatoria de una huelga general contra el incremento del coste de la vida y en demanda de la libertad de los detenidos durante el boicot, que se propagó de forma notablemente confusa a través de la propia de la OSE, alcanzando un notable seguimiento los días $1 2 \mathrm { ~ y ~ } 1 3$ de marzo, tanto en Barcelona como en los municipios industriales de su entorno, alarmando a los dirigentes franquistas, empezando por el gobernador civil, que, en un informe posterior, relataba que “la masa se había hecho dueña de la calle” por lo que ordenó al mando policial que salieran a la calle “con todas sus fuerzas y que tomara las medidas a su alcance, impusiera el orden y evitara una catástrofe que yo veía producirse”22. Naturalmente el orden fue restablecido y la protesta obrera, que a diferencia del boicot a los tranvías era transgresora de la legalidad, fue duramente reprimida, pero el daño en forma de “mal ejemplo” ya estaba hecho. Aunque la censura y la propaganda franquista hicieron su labor, las noticias de las huelgas de Barcelona se extendieron por el país. Como se decía en un informe sindical de Oviedo
“partiendo del “chispazo” de Barcelona se está creando un clima de solidaridad con aquel movimiento en cuanto se refiere a protesta por la carestía de artículos de primera necesidad. Este clima constituye una especie de psicosis de huelga y explotado con habilidad por elementos subversivos […] siembra intranquilidad en unos sectores y ocasiona satisfacción en otros. Los bulos se suceden constantemente, se habla de plantes, huelgas y revueltas en otras provincias y se vaticina para fechas fijas en ésta […]. Existe sí, una permanente protesta más o menos silenciada contra la carestía de la vida y un malestar evidente de los trabajadores por el extraordinario desnivel entre precios y salarios”23.
En el País Vasco, el Consejo Delegado del Gobierno, integrado por socialistas, nacionalistas y republicanos, lanzó una convocatoria de huelga para reivindicar aumentos salariales y en protesta por el encarecimiento del coste de la vida, que logró un amplio seguimiento en Vizcaya y Guipúzcoa los días 23 y 24 de abril24. Pocos días después, el malestar obrero se manifestó en Vitoria y en Pamplona, y a finales de mayo el PCE convocó en Madrid un boicot a los transportes, comercio, prensa y espectáculos, la denominada “huelga blanca”, que tuvo algún eco en los transportes pero que desencadenó una intensa campaña propagandística por parte del régimen así como una contundente acción policial. En todo caso, los efectos de las protestas fueron apreciables y contribuyeron sin duda al primer viraje de la polí- tica económica franquista decidido por el gobierno formado el 18 de julio de 1951.
Así pues, en una coyuntura de especial debilidad de los grupos obreros clandestinos, las protestas de 1951 mostraron los límites de la capacidad del franquismo en lograr la desaparición del conflicto social de la sociedad española, así como la disponibilidad para la acción colectiva reivindicativa de importantes sectores obreros en determinadas formas y condiciones. Ello reforzaría la política del PCE de centrar su actividad en la organización interior, la propaganda y, fundamentalmente, las movilizaciones de carácter laboral, aunque intentando movilizaciones políticas que se saldarían habitualmente con inapelables fracasos –como la Jornada de Reconciliación Nacional de mayo de 1958, o la Huelga Nacional Pacífica–, convocada también por varios grupos socialistas un año después. La dirección comunista, pero también las de otros grupos como el Frente de Liberación Popular (FLP) o el Moviment Socialista de Catalunya (MSC), no comprendieron que la mayoría de los trabajadores –incluso los más predispuestos a participar en acciones colectivas– rechazaba las convocatorias lanzadas por directorios políticos, al margen de reivindicaciones concretas sobre condiciones laborales y de vida, de dudoso éxito y de muy elevada peligrosidad por la previsible contundencia de la respuesta represiva. Tales convocatorias surgieron después de nuevas e importantes movilizaciones obreras desarrolladas en el trienio 1956-1958.
En efecto, en la primavera de 1956 hubo una notable movilización obrera que podía incluso legitimar sus demandas en las resoluciones del III Congreso Nacional de Trabajadores, organizado por la OSE un año antes, y que pedían un salario mínimo con escala móvil, jornada efectiva de trabajo de 8 horas, seguro de paro y aplicación del principio de igual salario por igual trabajo. El malestar obrero, nítidamente percibido desde las instituciones franquistas, no logró ser contenido con una alza general de los salarios, que más bien precipitó –por insuficiente– la protesta obrera. Las grandes empresas del País Vasco y de Cataluña fueron de nuevo el principal escenario de la acción reivindicativa de los trabajadores desarrollada en especial en el mes de abril, y que, tras la habitual respuesta represiva, dio lugar a una segunda alza general de los salarios, lo que significo que estos alcanzaran, por primera vez, el nivel anterior a la guerra civil.
Los incrementos salariales de 1956 agudizaron la espiral inflacionista de la economía española que estaba sufriendo un conjunto de desequilibrios, fruto de los efectos de la modificación parcial de la política económica efectuada en 1951, que la conducían a un callejón sin salida. En este contexto, el malestar obrero no desapareció; al contrario, a lo largo de 1957 se sucedieron los conflictos en algunas grandes industrias, así como boicots, de nuevo a los tranvías de Barcelona así como en Madrid. En los primeros meses de 1958 una ola de conflictos surgida en Asturias se extendió al País Vasco y Cataluña ante la que el gobierno franquista respondió con extrema dureza, suspendiendo incluso algunos artículos del Fuero de los Españoles en Asturias, en un “estado de excepción” “avant la lettre”25. Con ello logró enfriar un clima de tensión laboral que estaba derivando con creciente frecuencia en protestas abiertas.
2. Conflictividad obrera, movilización antifranquista.
Con el inicio de los años sesenta comenzó lo que se ha denominado a veces “el resurgir del movimiento obrero”, aunque, como hemos visto en las páginas anteriores, éste no había desaparecido durante el primer “ventennio” franquista. El proceso de transformaciones económicas, sociales y culturales acelerado en aquella década tuvo importantes efectos para el movimiento obrero, como lo tuvo el alejamiento temporal de la guerra civil y la llegada a la edad adulta de una generación nacida tras ella.
En la primavera de 1962, una ola huelguística, la más importante desde 1939, indicó con claridad que el éxito del régimen en la desarticulación de grupos clandestinos y en la contención de la conflictividad laboral en los años inmediatamente anteriores había sido solamente temporal. El epicentro del movimiento huelguístico de 1962 estuvo en la minería asturiana, pero se manifestó en todas las zonas mineras españolas y en los principales núcleos industriales, y, además, tuvo un gran impacto internacional26. El gobierno adoptó rápidamente medidas represivas extraordinarias –el “estado de excepción” en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa– pero también negoció con los huelguistas, enviando a Asturias a José Solís Ruiz, Ministro Secretario General del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos. La “normalidad” laboral no estuvo plenamente restablecida hasta el verano, por otra parte con el “estado de excepción” en vigor en toda España tras el –denominado por el régimen– “contubernio de Munich”. Para hacer frente a la profunda erosión sufrida, Franco decidió una modificación del gobierno en el mes de julio; se producía así, una vez más, un cambio de gabinete tras una serie de protestas obreras, como había sucedido en 1951 y en 1957.
Aunque hubo una nueva huelga minera en otoño de 1962, y otra en julio de 1963, en los años siguientes no se reprodujo una ola de conflictos, lo que ha sido interpretado como el fin de un modelo de acción obrera mediante la “conflictividad por oleada”27. En cambio, las expresiones más contundentes de conflictividad obrera, en especial la huelga, dejaron de ser excepcionales y se convirtieron en un fenómeno cada vez más habitual, a pesar del mantenimiento de la legislación represiva con sólo algunos pequeños cambios, de las tentativas del régimen para “canalizar” dentro de la legalidad los conflictos y de dotar de mayor representatividad a la $\mathrm { O S E ^ { 2 8 } }$ .
Desde 1963 el Ministerio de Trabajo, y desde 1966 la Organización Sindical, elaboraron informes anuales sobre la conflictividad laboral que permiten apreciar, a pesar de sus insuficiencias y sesgos, una tendencia continuada, aunque con algunas fluctuaciones, al crecimiento del número de conflictos, de los trabajadores que secundaban las huelgas y de las horas de trabajo perdidas, así como analizar la distribución sectorial y territorial de los conflictos, el tamaño de las empresas afectadas y, por último, sus causas29. Pero la conflictividad obrera no se manifestó solamente mediante el incremento de las huelgas, así como de otras formas de acción colectiva obrera de “baja intensidad”, como la recogida de firmas para apoyar demandas obreras ante el empresario o la OSE, sino que la movilización obrera incorporó un conjunto de instrumentos que, como las concentraciones y manifestaciones en las calles o los encierros en iglesias –de huelguistas o de familiares– comportaban una mayor visualización pública del conflicto, lo que agudizaba la confrontación política con el régimen30. Porque para éste, los conflictos sociales y su manifestación en el espacio público suponían una transgresión intolerable de la legalidad que comportaban un igualmente intolerable desafío y, a la vez, la plasmación del fracaso, al menos parcial, del orden franquista tal como había sido establecido y presentado.
La conflictividad de los años sesenta y setenta tuvo siempre un carácter esencialmente reivindicativo; es decir, las demandas de aumentos salariales y, secundariamente de mejoras en las condiciones laborales, fueron habitualmente los factores desencadenantes de la movilización obrera, era lo que, al decir de los propios activistas, “movía a los trabajadores”. Para sectores extensos de la clase obrera, que estaba creciendo y conformándose al calor del crecimiento económico y de los cambios estructurales, las demandas de mejoras de las condiciones de trabajo y de vida eran absolutamente legítimas, en especial en ese contexto de “desarrollo” económico que el régimen no se cansaba de publicitar con la indisimulada intención de capitalizarlo políticamente. Si la riqueza del país estaba creciendo ostensiblemente era lógico que los trabajadores mejoraran sustancialmente sus condiciones de vida, por una parte, teniendo en cuenta los bajos salarios existentes al inicio de la década de 1960, que apenas superaban el nivel de pre-guerra, y, por otra, el estímulo al consumo, fundamentalmente de los nuevos productos industriales que mejoraban la vida cotidiana –como el frigorífico, la lavadora, etc.–. Pero lo que los informes policiales describían como “el afán por un mejoramiento económico” en los trabajadores, y que calificaban como de “manifiesta impaciencia (…) por conseguir niveles de vida superiores”31, no explica por si solo la extensión de la conflictividad obrera, por lo que hay que recurrir a otros factores. Entre ellos, y destacadamente, el autoritarismo imperante en las relaciones laborales. En efecto, la legislación laboral franquista convirtió a los empresarios en “jefes de empresa”, y dejó en sus manos la elaboración de reglamentos interiores que con frecuencia establecieron severos regímenes disciplinarios, en muchos casos incluso empleando el característico lenguaje militar de jerarquía, disciplina y acatamiento de las órdenes, y sometiendo a los trabajadores a la autoridad de los mandos, una autoridad que podía ejercerse con grandes dosis de arbitrariedad. Tales relaciones imperantes en numerosas empresas y habitualmente en las grandes y medianas, alimentaron una confrontación latente permanentemente así como una identidad obrera fundamentada además en una culturas y unas tradiciones que el franquismo no había logrado erradicar en sus primeros veinte años de vida, como tampoco había logrado evitar su transmisión, al menos en parte, a las generaciones más jóvenes. El autoritarismo patronal, si bien por una parte contribuía a asegurar el sometimiento obrero, por otra parte alimentaba las actitudes de rechazo y rebeldía que crecieron y se manifestaron más abiertamente con el paso del tiempo.
Se ha apuntado con frecuencia la importancia para el “resurgir” del movimiento obrero de la Ley de Convenios Colectivos Sindicales del 24 de abril de 1958. En efecto, la eliminación de la política laboral fundamentada en la fijación de los salarios y de las condiciones laborales por el Ministerio de Trabajo y su nueva determinación mediante la negociación entre representantes de los empresarios y de los trabajadores supuso un cambio de gran entidad. Pero la “negociación colectiva” establecida era muy peculiar puesto que se efectuaba en el marco de la OSE, lo que suponía que en los convenios de ámbito superior a la empresa, si bien los interlocutores empresariales eran en general los representantes de sus intereses, la representación obrera estaba en manos de jerarcas falangistas que ni habían sido elegidos por los trabajadores ni los representaban. En los convenios de empresa, frente a la representación patronal actuaban unos representantes obreros, designados a partir del “jurado de empresa”, sometidos al control de la OSE y muchas veces con actitudes de miedo y/o subordinación a la empresa. Además, la negociación debía ajustarse a las directrices y pautas establecidas por el gobierno y los acuerdos alcanzados estaban sujetos a la aprobación final del Ministerio de Trabajo. Con todo, la ley de 1958 supuso una oportunidad que los trabajadores no desaprovecharon.
En primer lugar, la negociación de las condiciones laborales dejaba al Estado en un segundo plano y establecía un momento que permitía a los trabajadores presentar sus demandas a los empresarios o a la OSE, aunque no fueran sus auténticos representantes quienes tuvieran la interlocución con la parte empresarial. En segundo lugar, la negociación del convenio ofrecía un momento favorable para la presión obrera mediante las diversas formas posibles, siempre condicionadas a la percepción de las posibilidades y de los riesgos. Una parte importante de las huelgas posteriores a 1962 tuvieron lugar en torno a la negociación de convenios colectivos, aunque, al no sentirse los trabajadores comprometidos con unos acuerdos alcanzados sin su participación, se produjeron también movilizaciones al margen de la negociación y de la vigencia de convenios. La negociación colectiva, por último, facilitó la organización obrera, ofreció oportunidades de actuación a los activistas y su propio crecimiento, y estimuló la utilización de las posibilidades de la legalidad franquista, en particular la participación en las elecciones sindicales. A partir de 1963 y sobre todo de 1966, la elección como enlaces sindicales o vocales de los jurados de empresa de activistas antifranquistas comportó que en algunas empresas la negociación colectiva tuviera lugar, por primera vez, entre representantes empresariales y auténticos representantes obreros, aunque bajo la vigilancia de autoridades sindicales y laborales; por otra parte, en la negociación de convenios de ámbito local, comarcal, provincial o nacional, los dirigentes verticalistas se encontraron con la presión de enlaces y vocales de jurados que además ponían en evidencia su subordinación a los patronos y al Estado. Y todo ello, extendiéndose entre los trabajadores la consideración de la plena legitimidad de reunirse para discutir libremente sobre los problemas que les afectaban y movilizarse para reivindicar mejoras en sus condiciones de vida y trabajo, aunque ello transgrediera la legalidad dictatorial. Justamente la legitimidad otorgada a la acción colectiva obrera y a sus reivindicaciones comportó el rechazo cada vez más firme a las actitudes y medidas patronales o políticas de carácter represivo –sanciones, despidos, detenciones– con la consiguiente extensión de la solidaridad, que estuvo muy presente en un número creciente de conflictos.
El intenso proceso industrializador, la política laboral franquista, el autoritarismo patronal, la extensión del activismo, las experiencias acumuladas en la acción colectiva, y la propia concentración de la población obrera en las periferias de las grandes ciudades y en municipios de sus entornos contribuyeron al asentamiento de una cultura comunitaria que contribuiría decisivamente al impulso del renovado movimiento obrero32.
Activismo y organización obrera fueron decisivos para la expansión de ese renovado movimiento obrero que tuvo como eje vertebrador a las Comisiones Obreras. La configuración del movimiento de CC.OO. tuvo lugar en la primera mitad de la década de los sesenta y fundamentalmente entre 1964 y 1966. Pero sus orígenes deben buscarse en las experiencias acumuladas en la década anterior33. Por una parte, la conflictividad de “baja intensidad”, es decir la presentación de peticiones o reclamaciones a la dirección de las empresas, habitualmente relacionadas con las condiciones de trabajo y con frecuencia debidas al incumplimiento de la legislación laboral –por ejemplo en relación a las condiciones de higiene y seguridad, a la clasificación profesional, etc.– dieron lugar a la formación de efímeras comisiones de obreros, delegados por sus compañeros para presentar las demandas colectivas. También deben señalarse las experiencias vinculadas a la utilización de la legalidad, en particular la participación en la elección de enlaces sindicales y vocales de los jurados de empresa. En ambas experiencias coincidieron activistas de procedencias diversas: comunistas, obviamente guardando en la estricta clandestinidad su condición militante, trabajadores simplemente predispuestos a la defensa de los intereses colectivos, y miembros de los movimientos católicos –las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Católica (JOC)– que habían iniciado una línea de “compromiso” con las condiciones de vida de los trabajadores, lo que derivó pronto en el impulso o el apoyo a denuncias y a reivindicaciones obreras34.
Las huelgas de 1962 dieron un impulso importante a la formación de Comisiones y en los años siguientes, desde las distintas zonas industriales, fue conformándose el movimiento en lo que serían sus rasgos característicos. En primer lugar, su condición justamente de movimiento y el rechazo de sus impulsores a la creación de una organización sindical incapaz de romper el aislamiento impuesto por la necesariamente estricta clandestinidad, lo que había llevado a la parálisis y a la progresiva desaparición de las históricas Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Movimiento “sociopolítico” se precisó cuando se elaboró la definición de las CC.OO.; es decir, se rechazó también el sindicalismo vinculado estrictamente al ámbito del centro de trabajo y a los problemas laborales para plantearse la defensa de los intereses obreros en toda su extensión. Unitario, democrático e independiente fueron otros de los rasgos del movimiento en formación. Unitario porque se trataba de agrupar a todos los trabajadores, independientemente de ideologías políticas y de creencias religiosas, a partir simplemente de la consideración de que todos los trabajadores compartían unos mismos intereses y del rechazo a la división sindical, mucho más en un contexto en el que la unidad obrera era una condición indispensable para poder llevar a cabo cualquier acción colectiva con mínimas expectativas de éxito. El movimiento unitario de los trabajadores debía ser democrático, y la asamblea obrera, al menos hasta donde las condiciones lo permitieran, el órgano central, tanto para lograr la movilización como para dotarse de la máxima protección posible. El movimiento, por último, debía ser independiente del Estado, de la patronal y de todo tipo de organización política35.
Naturalmente tales rasgos definidores se materializaron con limitaciones e incluso contradicciones. Una cosa era querer convertir la asamblea de trabajadores en el eje del movimiento y otra que pudieran celebrarse efectivamente asambleas en las empresas, aunque fueron imponiéndose paulatinamente en muchas, especialmente en situaciones conflictivas. Tampoco era posible asegurar la existencia de comisiones elegidas por los trabajadores, lo que implicaba de hecho que estaban formadas por los activistas. La proclamada voluntad de independencia se conjugaba, por otra parte, con la presencia de militantes de las organizaciones políticas que, obviamente, actuaban más o menos siguiendo las directrices de sus respectivos grupos e intentando que sus posiciones y propuestas fueran las predominantes.
Junto con sus rasgos proclamados, que además pronto se trasladaron a los que debería tener el futuro sindicato que podría formarse en una situación de recuperación de la democracia –de clase, unitario, democrático e independiente– las CC.OO. adoptaron formas de organización y acción que se mostraron adecuadas a las condiciones existentes y capaces de impulsar la movilización obrera y, al mismo tiempo, de alimentarse de dicha movilización mediante un claro círculo virtuoso. En primer lugar, la combinación de legalidad e ilegalidad en distintos planos. Por una parte, en el ámbito organizativo; los activistas de Comisiones actuaban siempre que era posible abiertamente, públicamente, convocaban e intervenían en las asambleas, algunos ocupaban cargos sindicales electivos, fundamentalmente enlaces y jurados, e incluso algunos empezaron a participar en las negociaciones de convenios colectivos en las empresas donde disponían de una presencia mayoritaria. Pero, por otra parte, era indispensable una mínima organización clandestina, para preparar determinadas acciones, para asegurar la coordinación –más allá del ámbito de la empresa los órganos formados fueron denominados precisamente “coordinadoras”–, para disponer de un mínimo aparato de propaganda, para proteger a activistas “quemados” que no podían actuar públicamente. La misma combinación legalidad/ilegalidad se desarrolló en el ámbito de la acción. Las reivindicaciones obreras se canalizaban hasta donde era posible dentro de la legalidad o en sus límites. Se presentaban escritos con demandas avaladas por firmas de trabajadores, se recurría a denuncias ante la autoridad laboral cuando se trataba de hacer frente a vulneraciones patronales de la legalidad, y se acudía a las Magistraturas de Trabajo, cuando se consideraba oportuno. Igualmente, los enlaces y vocales de los jurados, así como los más escasos miembros de organismos sindicales superiores, en especial tras la creación en 1964 de las Uniones de Trabajadores y Técnicos, paralelas a las Uniones de Empresarios, desarrollaron una acción permanente de denuncia y reivindicación en la propia OSE. Pero, al mismo tiempo, cuando era necesario y posible, se recurría a la movilización transgresora de la legalidad, es decir al paro de la actividad, la huelga, y la manifestación en los espacios públicos.
El movimiento de Comisiones combinó también las reivindicaciones estrictamente laborales, que actuaron de desencadenantes de buena parte de los conflictos obreros, con reivindicaciones de naturaleza política, aunque debe tenerse muy en cuenta que aunque “solamente” se reivindicaran aumentos de salarios u otras mejoras en las condiciones de trabajo, la transgresión de la legalidad convertía el conflicto en político. Así de claro lo expresaba un informe del Ministerio de Trabajo en 1971: un conflicto laboral “es siempre un problema de orden público, incluso cuando aparentemente tiene una naturaleza estrictamente laboral”36. En una intervención en marzo de 1972 ante el Consejo Nacional del Movimiento, el vicepresidente del gobierno Luis Carrero Blanco afirmó que “con las huelgas hay que terminar a rajatabla”, porque “no hacen más que frenar el progreso social” y porque era “el comunismo” quien “propugna las huelgas y mueve a sus agentes para que las provoquen”37. Y como conflictos políticos eran vistos efectivamente por los activistas antifranquistas, para quienes la lucha contra el régimen era el objetivo fundamental38; para muchos trabajadores, en cambio, las mejoras laborales eran el objetivo a alcanzar, aunque no puede pensarse que ignoraran la dimensión política de las acciones colectivas que vulneraban la legalidad dictatorial, entre otras cosas por los riesgos que ello comportaba. En cualquier caso, las movilizaciones solidarias crecieron continuadamente, en especial desde el inicio de la década de 1970, así como la presencia de reivindicaciones políticas explícitas en las movilizaciones obreras, en especial las relativas a la libertad sindical y a los derechos de reunión, manifestación y huelga, aunque habitualmente la forma más contundente de exigir tales derechos fue ejerciéndolos.
Los grupos obreros antifranquistas más activos, en primer lugar y en especial el PCE, tuvieron un papel decisivo en la extensión de las CC.OO. y en algunos lugares y momentos pugnaron por su liderazgo. Para el PCE constituía la primera concreción exitosa de su política de movilización social contra la dictadura, de acción unitaria y de “reconciliación nacional”. En efecto, para los comunistas, desde el denominado “cambio táctico” de 1948, las luchas sociales reivindicativas constituí- an el eje de la acción contra la dictadura, una acción que debería culminar en una movilización general, en una huelga general que provocara el colapso del régimen. El voluntarismo en los análisis llevaron, como hemos visto, a convocatorias de acciones generales a finales de los años cincuenta que, a pesar de permitir una notable agitación, se saldaron siempre en fracasos; los comunistas también propugnaron en el seno de CC.OO., a veces junto a otros grupos, convocatorias generales de carácter abiertamente político que tampoco lograron seguimientos masivos, lo que determinó que tales convocatorias fueran descartándose. Por otra parte, las CC.OO. fueron efectivamente un movimiento unitario, en el que colaboraban militantes de distintos grupos políticos, y además fue un espacio privilegiado de captación de activistas entre los trabajadores más predispuestos a la adopción de un compromiso político. Y por su carácter unitario y por su capacidad de movilizar a sectores crecientes de la clase obrera, las CC.OO. contaron con colaboraciones y complicidades que, a la vez, fortalecían la política del PCE, plasmada en 1969 con la formula de “Pacto por la Libertad”. Sectores católicos más allá de los movimientos apostólicos, y en especial algunos clérigos, colaboraron en formas diversas con los activistas; a la vez un número considerable de profesionales, en especial abogados laboralistas, se implicaron también, contribuyendo al fortalecimiento y expansión del movimiento –y también del partido–.
También participaron en las CC.OO. los nuevos grupos izquierdistas formados a lo largo de la década de 1960, en especial en su segunda mitad, muy activos aunque con una implantación muy desigual, como el PCE (internacional) transformado después en Partido del Trabajo (PTE), el Movimiento Comunista (MCE), Bandera Roja, o la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Fueron frecuentes las divergencias políticas con el PCE, e incluso hubo en algunos momentos y lugares “coordinadoras” de CC.OO. separadas en función del predominio de grupos distintos, aunque en la movilización debía confluirse casi inevitablemente, puesto que los condicionantes de lo posible eran iguales para todos.
Las elecciones sindicales de 1966 fueron un momento decisivo en la consolidación de las CC.OO., aunque también fueron el punto de arranque de una represión mucho más dura que la inicialmente sufrida, entre otras cosas porque la dictadura percibió con claridad su peligrosidad. Casi 10 años después, las elecciones sindicales de 1975 constituyeron un éxito inapelable de Comisiones, que, en algunos lugares junto con otras grupos como la Unión Sindical Obrera (USO), propiciaron candidaturas “unitarias y democráticas” que llevaron a la OSE a una situación crí- tica.
Las CC.OO. y el PCE, con la colaboración de otros grupos menores, fueron las piezas esenciales de las plataformas unitarias que, tardíamente y con muchos esfuerzos, fueron formándose con el objetivo de aglutinar a todas las fuerzas que se proponían acabar con el franquismo y establecer en España un régimen democrático. Cataluña fue sin duda el escenario más importante de la articulación unitaria contra la dictadura. En 1971 se formó la Asamblea de Cataluña, con un abanico de fuerzas que iba desde la democracia cristiana catalanista de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) a los comunistas del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), la fuerza hegemónica de la izquierda y del antifranquismo, y con CC.OO. y otras fuerzas sindicales. En los años siguientes se incorporaron a la Asamblea otros grupos obreros, hasta reunir a prácticamente todo en antifranquismo catalán. El peso del movimiento obrero queda reflejado en los cuatro puntos programáticos, sintetizados más tarde en el lema “libertad, amnistía, estatuto de autonomía”; el segundo punto reclamaba “el ejercicio de las libertades democráticas fundamentales: libertad de reunión, de expresión, de asociación –incluida la sindical–, de manifestación y derecho de huelga, que garanticen el acceso definitivo del pueblo al poder económico y político”39. En 1974, el PCE y CC.OO. fueron igualmente las fuerzas esenciales de la Junta Democrática de España, en la que también se integraron el Partido Socialista Popular (PSP) y el PTE. El manifiesto de la Junta fijaba el programa de un gobierno provisional que restableciera la democracia en el que figuraba la legalización de todos los partidos políticos y la libertad sindical con la “restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical, y el reconocimiento del derecho de huelga”40.
En aquel momento, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la UGT estaban en pleno proceso de reorganización tras una década en la que, aparte de las actividades en el exilio, habían estado al margen del “resurgimiento” y de la movilización obrera, y como expresión de su retorno a la acción antifranquista promovieron la formación en junio de 1975 de la Plataforma de Convergencia Democrática, junto con otros pequeños grupos democratacristianos, socialdemócratas, nacionalistas y los marxista-leninistas ORT y MCE. Sus propuestas programáticas no diferían sustancialmente de las de la Junta, lo cual facilitó su fusión meses más tarde en Coordinación Democrática.
3. Consideración final.
A lo largo de la década de 1960 y en la primera mitad de los setenta, el movimiento obrero fue un actor esencial en la vida socio-política española. La movilización obrera comportó una continuada y profunda erosión del franquismo; por una parte, éste fue incapaz de evitar la extensión de la conflictividad y la vulneración constante de la legalidad –huelgas, asambleas, concentraciones y manifestaciones–, lo que constituía la ruptura de la “paz” identificada con el orden público dictatorial y la ausencia de conflictividad social. Además, la represión aplicada, aunque lograra mantener en la pasividad a sectores extensos de trabajadores, en especial en las empresas pequeñas y en las zonas de menor concentración industrial, tuvo también el efecto de reforzar y extender la solidaridad obrera y la hostilidad hacia el régimen lo que, cuando existían condiciones favorables, se traducía en una conflictividad más extensa y radical. El franquismo no pudo evitar tampoco el crecimiento de un activismo que utilizaba la propia legalidad y que era el motor de la conflictividad, y vio así como se desarrollaba un movimiento como las CC.OO., que ya en 1967 el gobernador civil de Asturias, José Manuel Mateu de Ros, denunciaba ante el secretario general del Movimiento como “la base más amplia y peligrosa de la oposición al Régimen Español” cuyo objetivo era “la huelga general política, como instrumento para derribar al Régimen”41. Y ello a pesar de una acción represiva constante que en 1972 logró la detención en Pozuelo de Alarcón de la mayor parte de miembros de la Coordinadora General, posteriormente condenados a largos años de cárcel en el conocido Proceso 1001 del Tribunal de Orden Público (TOP). Para erradicar ese renovado movimiento obrero, el franquismo no tenía otra alternativa que aplicar una represión extrema que comportaba riesgos difícilmente asumibles, entre ellos las condenas e incluso el aislamiento internacional y el incremento de las disidencias internas.
La dictadura vio también cómo las organizaciones obreras, y en particular el PCE, se convertían en las fuerzas determinantes de la oposición, y que además lograban complicidades, apoyos y colaboraciones incluso en sectores de la sociedad que se habían identificado con el orden franquista y lo habían apoyado. En realidad, si el movimiento obrero se benefició de complicidades y apoyos procedentes de otros sectores de la sociedad, también fue quien impulsó alejamientos de la dictadura y la extensión de actitudes favorables a la democracia en sectores pasivos o incluso que se habían alineado con el régimen, contribuyendo de esta forma a debilitar sus apoyos sociales. El movimiento obrero contribuyó también a las tensiones internas de la dictadura al generar y agravar problemas ante los cuales el personal polí- tico franquista defendía posiciones no coincidentes.
En definitiva, si durante el primer franquismo el movimiento obrero sufrió una política que pretendía ni más ni menos que su exterminio, tras los denominados $^ { * } 2 5$ años de paz” se convirtió en el actor fundamental de la erosión de la dictadura y de la lucha por el restablecimiento de la democracia.