Europeísmo y oposición: Alianza Popular y la adhesión de España a la CEE (1976-1985)
Carlos LÓPEZ GÓMEZ Universidad Complutense de Madrid firstname.lastname@example.org.
RESUMEN.
En contra de la idea de que los partidos políticos españoles consensuaron la política europea durante la transición, este artículo muestra que el discurso público de los partidos al respecto, y en particular el de AP, fue inestable y dependiente de las circunstancias de cada momento, tratando de apropiarse tanto de una imagen europeísta poco definida pero bien valorada por el electorado, como, eventualmente, de la defensa de los intereses nacionales en las negociaciones con la Comunidad1.
Descriptores: Alianza Popular. España. Europeísmo. Transición. Comunidad Económica Europea.
Europeanism and Opposition: Alianza Popular and the Adhesion of Spain to the EEC (1976-1985)
ABSTRACT.
Against the assumption that Spanish political parties agreed on European policy during the Transition, this article shows that the parties’ public discourse on the matter, and AP’s in particular, was unstable and dependent on circumstances, trying to take advantage of a poorly defined but electoral valuable Europeanist image and eventually of the defense of national interests in the negotiations with the Community.
Key words: Alianza Popular. Spain. Europeanism. Transition. European Economic Community.
La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, formalizada el 12 de junio de 1985 por medio de un Tratado entrado en vigor el 1 de enero de 1986, puso término a un largo proceso de negociación diplomática y técnica que se había extendido desde febrero de $1 9 7 9 ^ { 2 }$ . Tal evento ha sido descrito como el más significativo de nuestra historia reciente, al culminar el progresivo acercamiento de España a su entorno comunitario europeo, que se había iniciado en los años sesen$\tan ^ { 3 ^ { \circ } }$ , hasta el extremo de que los historiadores de las Relaciones Internacionales lo han tomado como referencia para fijar en él el punto final de la transición democrática4.
La aspiración a acceder a la CEE fue un elemento común de los programas de los distintos partidos que pasaron a protagonizar la vida política a partir de 1977. A la vista de la reciente experiencia de la dictadura franquista, durante la cual España había estado excluida del proceso de integración europea por razones políticas –el rechazo que a la CEE inspiraba el régimen autoritario–, durante la transición la Comunidad fue concebida como el destino lógico y necesario que aguardaba a España una vez que hubiera concluido con éxito su proceso democratizador. Así, se ha hablado del europeísmo generalizado de esos años como una de las piezas elementales del consenso sobre el que se edificó el cambio político5.
Varios autores han tratado de explicar (o discutir) este consenso europeísta, que permitió que la solicitud española de adhesión a la CEE, planteada por el gobierno de Suárez el 28 de julio de 1977, ni siquiera fuera consultada con el Parlamento. Para Berta Álvarez-Miranda, el consenso (que no se dio en los otros dos países de la segunda y tercera ampliación de la CEE, Grecia y Portugal, por la disensión de los partidos comunistas y socialistas6), respondió a tres ingredientes específicos de la transición española. En primer lugar, habría existido en España una convicción, extendida a todo lo amplio del espectro político, de que las consecuencias econó- micas de la integración serían ventajosas para el país, gracias a una mayor homogeneidad estructural y una menor dependencia del crecimiento económico respecto del comercio exterior que en los casos griego y portugués. En segundo lugar, la entrada en la Comunidad habría representado un poderoso contrafuerte para la democracia española, frente a la amenaza de involución golpista, al exigir la moderación de los programas electorales de los partidos de izquierda. Por último, la entrada en la CEE habría sido igualmente entendida desde todas las tendencias como la superación del aislamiento internacional del franquismo, experiencia que no habían atravesado, al menos con esta intensidad y por tan larga duración, las otras dos recientes democracias del Mediterráneo7.
Para Miguel Ángel Quintanilla, por contra, más que un consenso propiamente dicho, se habría producido una mera coincidencia de intereses entre los diferentes partidos, intereses que en todos los casos pasaban por la entrada en la CEE. Así, para los partidos izquierdistas la CEE significaría un espacio para la coordinación de políticas sociales y la creación de un bloque estratégico independiente de las superpotencias; para los conservadores, el mercado común sería sinónimo de liberalismo y apertura económica; el europeísmo de los centristas habría respondido, por su parte, al influjo de la democracia cristiana; mientras que para nacionalistas y regionalistas el objetivo a lograr sería una “Europa de los pueblos” en la que se deslieran las estructuras estatales8. De ahí que Quintanilla compare el común apoyo de los partidos al ingreso de España en la CEE con una calle por la que transitan numerosos vehículos en un mismo sentido, pero que a largo plazo consagran rutas divergentes9.
Otros autores, en fin, han considerado el asunto en función del valor simbólico que Europa y lo europeo en general han ejercido sobre la política española no sólo durante la transición, sino a todo lo largo del siglo XX. Desde este punto de vista, la adhesión a la CEE habría significado, por encima de todo, la superación de un secular complejo de aislamiento, atraso y marginación frente al resto de Europa occidental, y habría resuelto el “dilema histórico” de la identidad española frente a Europa10. Por razones obvias, este simbolismo habría ejercido un grave peso sobre el europeísmo, más bien vago e indeterminado, de la opinión pública, que habría carecido, por lo general, de una noción más o menos precisa de las implicaciones de la integración en la CEE, y que, tanto en la transición como en la época actual, incurriría en notorias contradicciones en la valoración de la misma11.
Nuestra hipótesis al respecto es que esta percepción popular del valor simbólico de Europa tuvo una considerable influencia a la hora de que los partidos políticos –que a partir de 1977 contendieron entre sí en la pugna por el espacio electoral, en un régimen de marcado carácter partitocrático– elaboraran sus respectivos discursos públicos en relación con la política europea de España. Los principales partidos manifestaron unánimemente su europeísmo, pero sin concretar una visión propia y coherente con sus fundamentos ideológicos de la política europea. Se produjo así lo que Trouvé denomina el “consenso a la española”, cuya “dimensión casi mítica” impidió toda discusión real en el seno de la sociedad y trivializó, en consecuencia, la cuestión europea12. Las propuestas electorales sobre el tema se basaron en prometer una pronta adhesión, y la oposición, tanto de un signo como de otro, denunció sistemáticamente la incuria con que, a su juicio, el gobierno defendía los intereses de los sectores más directamente afectados. El gobierno del PSOE cayó en los mismos vicios (insuficiente información pública, falta de ecuanimidad entre los sectores implicados, negociación con fecha fija, etc.) que desde la oposición había reprochado a la UCD. Otros partidos, como AP y el PCE, pese a mostrarse altamente críticos con el texto finalmente acordado para el Tratado de Adhesión, no dudaron en votar entusiastamente a favor del mismo en el Congreso de los Diputados.
El objeto de este artículo es examinar el discurso público que una de las principales fuerzas del arco parlamentario, Alianza Popular, proyectó en relación con la adhesión de España a la CEE desde su fundación en 1976 hasta la firma del Tratado en 1985. Con ello no se pretende tanto realizar una contribución a la historia de este partido y de su evolución ideológica, como estudiar sus posiciones como una pieza de ese debate político en torno a la adhesión. Así, a través de fuentes como los debates parlamentarios, la prensa de partido, las comunicaciones emitidas por sus órganos dirigentes, y conferencias y publicaciones en prensa general de sus figuras más representativas, se tratará de dilucidar qué líneas prevalecieron en el discurso del partido de cara al electorado y cuáles variaron en función de las circunstancias.
Es necesario señalar, de entrada, que todo estudio referido a los primeros años de existencia de AP debe tener en cuenta, al igual que en los casos de UCD y otras fuerzas políticas, la forma pragmática y casi apresurada en que partidos y coaliciones se constituyeron para la competición electoral antes de junio de 1977, y que en ocasiones dio lugar a que sus líneas ideológicas quedaran sólo deficientemente definidas, tal como se evidenciaría en la recomposición del sistema de partidos en la primera mitad de la década de los ochenta. Por otra parte, también las estructuras institucionales de Alianza Popular estuvieron sujetas a variaciones en función de las relaciones establecidas con otras fuerzas del espectro conservador, cristalizando en coaliciones diversas y pasando por una primera “refundación” en 1979.
No resulta fácil, por ello, identificar al conjunto de AP con un espectro preciso del electorado para todos estos años, ni tampoco con una ubicación ideológica concreta más allá de su relativo conservadurismo en comparación con las otras fuerzas del arco parlamentario. Tres son, a nuestro juicio, los rasgos definitorios de la trayectoria de AP entre 1976 y 1985. En primer lugar, la dependencia programática y organizativa de la figura de su creador y muñidor, el ex-ministro franquista Manuel Fraga Iribarne13. En segundo lugar, la vacilación, en el plano ideológico, entre las diversas tendencias contenidas en su seno a todo lo largo de este período, y que abarcarían desde nostálgicos puros del franquismo con escaso espíritu reformista (Licinio de la Fuente, Fernández de la Mora) hasta centristas y democristianos (Félix Pastor, Isabel Barroso), pasando por liberales extremos en el sentido econó- mico (Pérez Escolar, José Antonio Segurado) y adeptos personales de Fraga (Jorge Verstrynge, José María Ruiz Gallardón). En tercer lugar, y relacionado con el aspecto anterior, la difícil consolidación de su estructura como partido y eventualmente como cabeza de coaliciones electorales. AP nació en octubre de 1976 como una federación de siete partidos capitaneados por diferentes personalidades que habían ocupado puestos de responsabilidad en el régimen anterior14, y entre los que destacaba el partido Reforma Democrática, que Fraga había creado en febrero de 1976 a partir de los trabajos del llamado Gabinete de Orientación y Documentación (GODSA), grupo de inspiración democristiana instituido en 1973 bajo la forma de una sociedad mercantil. En 1978 cinco de estos partidos se integraron en el Partido Unido de Alianza Popular (PUAP), quedando fuera Unión Nacional Española y Unión Democrática Española, en lo que se consideró un primer intento de romper con el pasado y orientar AP hacia el centro. Seguidamente AP concurrió a las elecciones como Coalición Democrática (CD) con la Acción Ciudadana Liberal (ACL) de José María de Areilza y el Partido Demócrata Progresista de Alfonso Osorio. En su III Congreso (diciembre de 1979), el partido adoptó un carácter más presidencialista, incrementando la autoridad de los órganos centrales sobre las estructuras regionales, y Fraga retornó a la presidencia después de haber dimitido por los malos resultados electorales de marzo. A partir de 1981, la progresiva degradación de la UCD reforzaría los cuadros centristas en AP, y propiciaría la formación de una nueva coalición (Coalición Popular) con el Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga, junto a otras fuerzas menores como el Partido Aragonés Regionalista, Unión del Pueblo Navarro, Unidad Valenciana o Unión Liberal; los resultados electorales de 1982 la convertirían en la segunda fuerza del Parlamento, con 106 diputados. El PDP abandonaría AP en julio de 1986, y poco después lo haría el Partido Liberal (antigua Unión Liberal). La tendencia a la concentración organizativa y a la búsqueda del “centro” político culminaría en el IX Congreso de 1989, en el que nacía el Partido Popular15.
Un primer dato relevante para nuestro estudio viene dado por el hecho de que, pese a la relativa heterogeneidad y, en muchos casos, indefinición ideológica de los siete partidos que constituyeron AP en 1976, casi todos ellos coincidían en destacar en sus textos fundacionales la integración de España en la Comunidad Económica Europea como un objetivo primordial de sus programas en política exterior. En la definición de ese objetivo, sin embargo, intervenía menos el cálculo de las ventajas económicas que para el país habían de derivarse de una integración comercial con su entorno geográfico, que las consideraciones históricas y emocionales en torno a la pertenencia de España a la civilización europea. Así, por ejemplo, los Estatutos de Unión del Pueblo Español propiciaban “una relación intensa y solidaria con los paí- ses integrados por los valores de nuestra común civilización”, “una actitud que partiendo de la radical europeidad de España nos lleve a sumarnos en la difícil empresa de la construcción política de Europa”16. Según el programa de Acción Regional, “nuestra condición europea es incuestionable y, con ella, la voluntad de integración en las instituciones comunitarias existentes”17. Las motivaciones económicas podí- an, en el mejor de los casos, aparecer junto a las razones “geográficas y culturales” para propugnar la entrada en la CEE, como en el programa de Unión Democrática Española18. Era, pues, la necesidad de obtener un reconocimiento exterior de –y una satisfacción interior en relación con– esa “europeidad” el motor principal que impulsaba el europeísmo como opción de política exterior, y como tal se presentaba en manifiestos y declaraciones a una opinión pública que había atravesado la experiencia de la relegación frente al Mercado Común durante los años de la dictadura.
Tal punto de vista era, desde luego, compartido por el partido de Fraga, Reforma Democrática19, y aparecería reflejado igualmente en el manifiesto fundacional de Alianza Popular, que prometía trabajar “por que España ocupe un lugar en Europa y coopere a su destino común desde su propia personalidad, rechazando toda injerencia en nuestros asuntos internos”20. En este sentido, el programa electoral con que AP concurrió a las elecciones de 1977 interpretaba la entrada en la CEE como una política “digna y prestigiosa para España”, que debía servir también para definir “su propia identidad en el concierto de las naciones y velar por sus intereses en el complejo mundo actual”21.
Así pues, en los años en que el régimen español procedía a su reforma y democratización, bajo la atenta y vigilante mirada de las Comunidades Europeas, y en que tanto desde Madrid como desde Bruselas –especialmente desde el Parlamento Europeo ${ 2 2 } _ { - }$ se insistía en que la adopción de un sistema democrático abriría las puertas de la CEE, AP proyectaba una imagen de europeísmo basado en razones históricas, culturales y, en general, políticas bastante abstractas. Sin embargo, después de las elecciones de junio de 1977 las relaciones hispano-comunitarias pasaron, como consecuencia de la solicitud española de adhesión, a una nueva etapa en la que los aspectos técnicos y económicos fueron poco a poco desplazando a los políticos, y tanto los países miembros como las instituciones de la Comunidad comenzaron a tomar posturas oficiales ante la candidatura española. En 1978 la Comisión Europea aprobó el llamado “Fresco” o conjunto de reflexiones sobre la ampliación de la CEE, y más tarde el dictamen sobre la adhesión de España, que contenía ya algunas suspicacias sobre las perturbaciones que los productos agrarios españoles podrían producir en el mercado comunitario, y planteaban exigencias como la adopción por España del Impuesto sobre el Valor Añadido desde el momento de la adhesión, o la aceptación de un período transitorio breve para la eliminación de los aranceles en las exportaciones industriales. Al mismo tiempo, desde Francia comenzaban a alzarse las voces de varios representantes políticos en contra de la adhesión española, que supuestamente iba a perjudicar los intereses agrarios del Midi. Otros contenciosos aparecieron entre Madrid y Bruselas, en relación con las exportaciones siderúrgicas y, sobre todo, con la actividad pesquera española en el Mar del Norte, drásticamente reducida tras la asunción por la CEE de las doscientas millas como área de explotación económica exclusiva23.
En esta tesitura, los representantes de AP empezaron a mostrar opiniones críticas con las actitudes de la Comunidad para con España, atribuyendo éstas a la deriva que el proyecto integrador europeo había tomado en los últimos años, al traicionar el ideal y la altura de miras de sus padres fundadores y adoptar una estrategia meramente economicista en la que cada país trataba de obtener el máximo beneficio a costa de los demás. Las exigencias de rápido desarme industrial a España o las restricciones a su agricultura se explicarían en ese sentido, y llevarían a Fraga a manifestar “nostalgia” por la generación de Adenauer, Schuman, Monnet y De Gasperi, fautores de una Comunidad nacida “como el fin de la guerra civil europea”, que ahora, pasados los años, recibía con recelo y frialdad a los candidatos a la adhesión24. José María Ruiz Gallardón, columnista de ABC que había llegado a AP a través de la Acción Regional de López Rodó, y que durante varios años sería uno de los más firmes apoyos de Fraga en el partido, ejerciendo como secretario general y como vicepresidente del partido, condenaba este supuesto egoísmo de la Comunidad, esa “Europa de mercaderes, de intereses electoralistas prioritarios, de subordinación [...] de las grandes ideas de sus ilustres precursores a la triste y codiciosa realidad del tanto me das, tanto te admito”. En su lugar, él proponía una Europa en que cristalizara “la esencia de la civilización y los valores de Occidente [...], la supeditación al bien común europeo –de todos y cada uno de los países europeos– del bien particular y pequeñito de cada uno de ellos”25. Por su parte, Federico Silva Muñoz (que abandonaría AP tras votar en contra de la Constitución en 1978) entendía que, en contra del discurso enarbolado por la oposición democrática durante la dictadura, esto es, la de que España estaba excluida de la CEE únicamente por razones políticas, el principal obstáculo que nos había mantenido al margen habían sido los inconvenientes económicos planteados por los países de la Comunidad. Así, el pregonado europeísmo de la oposición democrática en los años sesenta y setenta no era para Silva más que una estrategia de imagen y propaganda que hubiera “sonado a sánscrito” en Bruselas, puesto que allí, según él, no se hablaba de política sino de economía. En 1977, Silva, preguntado sobre el programa de política exterior de AP, llegó al extremo de poner en duda la utilidad de que España siguiera llamando a las puertas del Mercado Común, ante el riesgo de que las transformaciones políticas exigidas por la CEE condujeran a la pérdida de firmeza de las instituciones españolas e incluso periclitaran la paz pública, y todo ello “sin haber conseguido aquel objetivo lejano y eminente que se nos ofrecía como empresa común de los españoles y que se nos antoja, a medida que avanzamos, como los espejismos en el desierto”26.
Las negociaciones de adhesión se iniciaron formalmente el 5 de febrero de 1979, y se desarrollarían, con periódicas reuniones a nivel de ministros y de suplentes, a lo largo de los cinco años y medio siguientes. Divididas en 14 capítulos, que llegarían a ser 21, las negociaciones se referían esencialmente a los períodos transitorios que se habían de conceder a España para la plena asunción y aplicación de determinados aspectos del derecho comunitario, sobre todo en lo referido a la política comercial. Así, los capítulos clave fueron la política pesquera (en la que España buscaba proteger la actividad de su extensa pero anticuada flota obteniendo los mayores derechos de pesca posibles), la agricultura (para cuya comercialización España deseaba períodos transitorios breves), la unión aduanera industrial (que el gobierno español, fuertemente presionado por la patronal, quería retrasar lo máximo posible), la fiscalidad (al aspirar España a un período transitorio para la aplicación del Impuesto sobre el.
Valor Añadido) y la movilidad de los trabajadores. Todos los partidos compartían, en esencia, los objetivos del gobierno, pero, una vez que las negociaciones se pusieron en marcha, se hizo obvio que sería inevitable realizar ciertas concesiones en principio no deseadas para lograr la adhesión, y el estilo negociador y las prioridades que la administración definiera en cada momento –entre los diferentes sectores implicados– caracterizarían necesariamente la forma, más o menos satisfactoria, en que España entraría en la CEE. Además, el acercamiento a la CEE era sin duda el aspecto más atractivo, de cara a la rentabilización electoral, de una política exterior que pasaba entonces por la normalización de las relaciones con nuestro entorno, y que, precisamente por ello, poseía para el estadista de turno una valiosa componente de imagen y prestigio de cara al interior. Así, aunque en el debate político nacional los asuntos de la política exterior –con la excepción del tema de la OTAN– estuvieron relegados a un segundo plano, las negociaciones con la CEE se hicieron susceptibles de rentabilización electoral tanto por parte del gobierno como de la oposición, y cada partido tomó posiciones al respecto, identificándose con aquellos intereses más caros a su espectro ideológico, pero sobre todo, con los sectores que en cada momento se vieran en peligro de resultar sacrificados en el juego negociador.
En lo que se refiere a AP, ese abstracto europeísmo antes mencionado, basado en los valores culturales de la civilización europea, se vio rápidamente desplazado por una visión estatocéntrica de la integración europea como una disputa de intereses entre sus participantes, y en la que los respectivos gobiernos tenían, por consiguiente, la obligación de defender a ultranza sus intereses nacionales. Fraga no situaría ya el origen de la CEE en un ideal cultural y civilizatorio, sino en la confluencia de una serie de intereses nacionales compatibles entre sí: la recuperación del liderazgo por parte de Francia; la expansión industrial de una Alemania condenada a la debilidad militar; la exportación del desempleo y el freno del comunismo en una Italia depauperada27. También en el general De Gaulle, por su contumaz defensa de la “Europa de las patrias”, vería Fraga a uno de los padres de Europa28. En los años ochenta, el principal valedor de este enfoque en AP sería el portavoz Parlamentario Miguel Herrero de Miñón, ponente de la Constitución, que abandonó la UCD a fines de 1981. Para Herrero los objetivos históricos de la integración europea consistirían en la creación de un mercado unitario, un espacio jurídico unificado y una comunidad educativa, científica y tecnológica, logros que no pasaban por el diseño de una utó- pica unión política supranacional, sino por la cooperación interestatal; así, Herrero estaba en contra de la desaparición de los Estados nacionales o de la creación de un “supergobierno parlamentario europeo”, y defendía el mantenimiento del derecho de veto29. Tras la adhesión, también Fraga diría que la CEE era una “Europa de las patrias y de los Estados”, en la que cada país “hace su juego” y en la que España debía diseñar su propia estrategia30, y Abel Matutes, primer miembro de la Comisión Europea designado por AP, definiría el reto comunitario de España como una cuestión de competitividad31.
En este contexto, las actitudes más o menos intransigentes que los interlocutores comunitarios mostraron en determinados capítulos de las negociaciones, sobre todo por parte de Francia en lo relativo a la agricultura, fueron criticadas con dureza, pero asumiendo que formaban parte de un juego de intereses en el que nada se cedía a cambio de nada, y en el que la proclamada “europeidad histórica” de España no constituía un argumento de peso. Cuando en 1980 Giscard d’Estaing declaró ante una asamblea de agricultores franceses que no admitiría la adhesión de España en la CEE mientras ésta no reformara sus reglamentos agrícolas en sentido favorable para Francia, deteniendo con ello las negociaciones y desatando una ola de indignación en toda España, tanto Fraga como el secretario de Relaciones Internacionales de AP, Guillermo Kirkpatrick, señalaron que sorprenderse por la actitud del presidente francés sería propio de ingenuos32. José María de Areilza, presidente de Acción Ciudadana Liberal, partido coaligado con AP entre 1979 y 1982, interpretó el giscardazo como una lección de realismo:
La política exterior española se tendrá que ir acostumbrando a esa clase de tropiezos y accidentes que forman parte de la vida internacional cotidiana. La imagen de un país que reparte sonrisas y abrazos en los aeropuertos está bien para el “show” televisivo interior, pero no responde al duro mundo de las realidades en el que vivimos, donde se entrelazan egoísmos, amenazas, violencias, riesgos de guerra e intereses que trata de anular al menos poderoso. Menos achuchones internacionales y más realismos prácticos es lo que nos hace falta 33.
Básicamente, a todo lo largo del período negociador los diversos portavoces de AP insistirían en lo que Fraga más tarde denominaría “el arma de la negociación”, esto es: “paciencia infinita, nervios templados, olvido de fanfarronadas aldeanas y actuaciones cautas y frías” 34. Ese debía ser el bagaje de que se pertrecharan los negociadores españoles en Bruselas, y AP se mantendría vigilante para que así fuera, especialmente sobre los capítulos de agricultura e industria, entendiendo que toda concesión que se realizara en la primera debía obtener contrapartidas en la segunda. En su gran libro programático de 1981, AP instaba al gobierno español a administrar sus mejores bazas ante la Comunidad: el margen de crecimiento potencial español, superior al comunitario, y, sobre todo, la necesidad de la CEE de compaginar ampliación y remodelación interna. Al mismo tiempo, lo exhortaba a mantener una actitud dura en el terreno industrial, prescindiendo de una fecha precisa de adhesión –objetivo que tanto los gobiernos de UCD como el del PSOE se propusieron– y concentrándose en la adecuada preparación de la economía española en el sentido de la liberalización, la modernización y la competencia con el exterior35. La conveniencia de la adhesión no fue, sin embargo, puesta en cuestión, aunque hubo al respecto algún episodio excepcional, como la ponencia de política exterior del III Congreso del partido, celebrado en 1980. En ella, su autor, Guillermo Kirkpatrick, daba cuenta de los aspectos más preocupantes de las negociaciones: su incidencia sobre el comercio de España con otras áreas geográficas; la necesaria transformación de las estructuras agrarias, la protección de la industria, e incluso las inconveniencias derivadas del naciente sistema autonómico36, para concluir que:
de no conseguirse las salvaguardias necesarias, habría que pensar en favor de un simple tratado de asociación con la CEE, postergando la integración, para evitar los impactos negativos en el sector industrial si la integración se produce a corto plazo [...].
Si finalmente se firma durante estas Cortes Generales una adhesión de España que no satisfaga todas estas necesidades, no sólo no será posible calificar a este período legislativo como el de las Cortes de nuestra incorporación al Mercado Común, sino que habrá que ir pensando en una renegociación posterior. Alianza Popular considera que no se pone en duda el principio mismo de nuestra entrada en Europa, pero que, tal como van las cosas, pudieran ser discutibles las condiciones en que finalmente se logre esa incorporación y que, al igual que sucedió en Gran Bretaña, tendría que convocarse a referéndum la entrada de España. Sería de desear que no hubiese necesidad de una renegociación, pero sólo el tiempo lo dirá37.
A medida que las negociaciones fueron avanzando, la preocupación de AP por el contenido de las mismas fue en aumento, junto con la frecuencia de su planteamiento en comunicados, declaraciones e intervenciones parlamentarias. Ello respondió, por un lado, al temor a que el gobierno socialista incurriera en serias irresponsabilidades en la gestión de las negociaciones, admitiendo unas condiciones de adhesión demasiado onerosas, pero fue, asimismo, producto de la progresiva identificación entre la posición de AP y la de la patronal CEOE, que desde 1979 había seguido con atención el curso de las negociaciones y había trazado una serie de líneas que el gobierno español no debía sobrepasar. El discurso de la CEOE se resumía en el principio de “sí a la adhesión pero no a cualquier precio”, que su presidente, Carlos Ferrer Salat, había enunciado en Bruselas en diciembre de 1980 (aunque la frase la había dicho primero Calvo Sotelo, ministro para las relaciones con la CEE, en la apertura de las negociaciones en 1979). En 1981 la CEOE publicó su libro blanco La empresa española ante la adhesión al Mercado Común, y en 1984 hizo pública una declaración de “objetivos mínimos” para las negociaciones: en industria, un período transitorio de siete años para el desarme arancelario, que no se limitaran gravemente las exportaciones siderúrgicas, que se permitiera el empleo de ayudas públicas para la reconversión industrial; en agricultura, la protección de determinados sectores sensibles mediante contingentes, un mejor tratamiento de las frutas y hortalizas que el de cualquier país tercero, y mejora de las condiciones para el vino y el aceite de oliva38. Pocas semanas después, el grupo Popular presentó en el Congreso y en el Senado una propuesta de moción en que recogía las mismas inquietudes prácticamente en los mismos términos, y que sería ampliamente respaldada por ambas Cámaras39.
Los boletines y medios internos del partido, como Alianza, serían otro cauce en el que exponer los objetivos irrenunciables de las negociaciones. Además de los antes mencionados, éstos incluían la obtención de la preferencia comunitaria y la libre circulación de la mano de obra desde la adhesión. Por otra parte, los períodos transitorios no deberían impedir una integración plena en las instituciones. Miguel Ramírez, secretario general adjunto y responsable de cuestiones agrarias, publicó varios artículos rechazando las posiciones negociadoras de la CEE en materias como el vino y el sector hortofrutícola, pero el verdadero destinatario de tales críticas era el gobierno español por aceptar las imposiciones comunitarias, como cuando la CEE otorgó a frutas y hortalizas la categoría de “productos sensibles” pese a ser deficitaria en su producción, y ser excedentaria España40.
Un nuevo libro blanco de AP reclamaba, en 1984, que el gobierno negociara “defendiendo a ultranza el interés nacional” y siguiendo una “fórmula de mutuas concesiones respecto a cada caso concreto”. En este sentido, se interpretaba la admisión unilateral de la aplicación del IVA tras la adhesión, que el gobierno de Calvo Sotelo había aceptado en marzo de 1982 y que fue confirmada más tarde por los socialistas, como una concesión gratuita y contraproducente, que incidiría negativamente sobre la inflación. Dado que la agricultura española suponía una alta tasa de ocupación (un $1 7 { , } 4 \%$ de la población activa), pero con una productividad baja (sólo el $8 \%$ del PIB), era responsabilidad del gobierno modernizar las industrias agrarias regionales mediante ayudas financieras, y lograr la autosuficiencia nacional de productos agrícolas, ganaderos y madereros, adecuando los costes a los de la $\mathrm { C E E ^ { \hat { 4 } 1 } }$ .
Poco más tarde, cuando las negociaciones entraron en su fase final y la Comunidad planteó sus posiciones en materias delicadas de la cuestión agraria, el Comité Ejecutivo del partido hizo pública una declaración expresando su disconformidad con las exigencias comunitarias en materias como los lácteos, la carne de vacuno y porcino, el azúcar y los cereales, así como rechazando el tratamiento propuesto por la CEE para las frutas, las hortalizas y los cítricos (sin acceso directo al mercado comunitario tras la adhesión), o para el aceite de oliva, discriminado frente al de otros países en cuanto a las ayudas a la producción y al consumo. Por estas y otras razones, AP se reservaba “su plena libertad de juicio y de acción” sobre el resultado final de las negociaciones42. El cierre del capítulo industrial antes de culminar los acuerdos en agricultura y en libre circulación de trabajadores arrojaría un cierto desequilibrio entre las concesiones obtenidas y las otorgadas en perjuicio de España, lo que AP atribuiría a la “debilidad” del gobierno socialista en la negociación43. Herrero llegó a decir que, de no obtener unas condiciones aceptables en el Tratado, España debería negarse a firmar la adhesión, y optar por retrasarla de forma indefinida, a la espera de un momento más favorable en la propia Comunidad44. Incluso afirmaba que la entrada en la CEE podía convertirse en un producto “de dudosa utilidad” por el que España pagara más de lo debido, empujada a ello por la ingenuidad y la mala conciencia adquirida en las décadas anteriores45.
Que semejantes ideas y propuestas no podían ser asumidas en la práctica por un partido que se postulaba como alternativa de gobierno lo demuestra –lo veremos más adelante– la aprobación final por AP del Tratado de adhesión, a pesar de las dañosas implicaciones atribuidas al mismo, a corto plazo, para la agricultura española, en contradicción con la advertencia lanzada por el propio Herrero de que la adhesión únicamente sería beneficiosa para España “si la agricultura se integra en la Europa verde [...] al menos durante el mismo período transitorio en el que se eliminen los aranceles que protegen nuestra industria”46 (lo cual finalmente no se consiguió).
Más allá de la exigencia de una mayor dureza negociadora, lo cierto es que AP no llegó a proponer una estrategia negociadora alternativa a la del gobierno de turno. En este sentido, las críticas tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación se atuvieron a los resultados parciales obtenidos en cada momento, y, sobre todo, a las deficiencias de éstos, pero sin definir un modelo diferente. Por ejemplo, a la altura de 1978, ante la evidencia de las dificultades planteadas por Francia, según AP España debía apostar por una “globalización” de los problemas en las relaciones con Francia y con la Comunidad, discutiendo paralelamente con Bruselas y con París47. Sin embargo, cuando, a partir de 1983, el gobierno de Felipe González apostó precisamente por esta estrategia para tratar de superar los contenciosos hispano-franceses, iniciando las cumbres anuales y los seminarios interministeriales entre los dos países, AP rechazó en el Congreso esta táctica como una sumisión de España al Partido Socialista Francés en un nuevo y aberrante “pacto de familia”48. Algo similar sucedió cuando el gobierno de González puso en práctica su estrategia de “ambigüedad calculada” en relación con la permanencia de España en la OTAN y ofreció al canciller alemán Helmut Kohl su solidaridad con el despliegue de los euromisiles, a cambio del apoyo alemán a la entrada española en la CEE49. Fraga, convencido partidario de la Alianza Atlántica, planteó entonces la vinculación entre ambas organizaciones de forma exactamente inversa a como lo hacía el gobierno, afirmando que “el único modo de conjurar el desastre que supondría para todos la retirada de España de la OTAN [...] es la aceleración de las negociaciones para la accesión de España a las Comunidades”50, lo que implícitamente subordinaba el ritmo de las negociaciones con la CEE a los intereses de la política de defensa. Sin embargo, y como veremos en seguida, AP no tardaría en pronunciarse por una ralentización de las negociaciones con la CEE, para evitar que éstas no se vieran perjudicadas por el interés del gobierno de concluirlas durante la legislatura. La cuestión, en todo caso, se enredaba aún más en la versión de Guillermo Perinat, el diplomático responsable de relaciones exteriores del partido desde enero de 1984, para quien la adhesión a la CEE justificaba la adhesión a la OTAN y viceversa:
España no puede pretender la entrada en el Mercado Común sin incorporarse plenamente a la defensa occidental a través de la OTAN, y viceversa, ya que difícilmente puede explicarse al pueblo español una plena asunción de responsabilidades bélicas, si por otra parte se ve rechazado por la CEE, que nos discrimina mediante desarmes arancelarios inaceptables, reglamentos a nuestro juicio perjudiciales, y nos priva de derechos históricos de pesca51.
Dado que las negociaciones necesariamente habían de implicar la cesión de algunas posiciones frente a los interlocutores comunitarios, AP no dejó escapar la oportunidad de denunciar el “secretismo” con que se incurría en tales claudicaciones, sacrificando los intereses de importantes sectores económicos sin su acuerdo ni su conocimiento. Ante el escaso éxito de las campañas de información sobre la CEE dirigidas a la ciudadanía, AP exigía un auténtico debate nacional sobre la cuestión, así como la consulta permanente con los sectores afectados52. En 1984 un opúsculo propagandístico rechazaba las “presiones y manipulaciones” para la entrada en la CEE, y pedía “negociaciones abiertas y planificadas, en las que el pueblo español conozca en cada momento su desarrollo”53. Incluso un constitucionalista de la talla de Miguel Herrero, que no ignoraba la importancia de la discreción en las negociaciones internacionales, denunciaba en este caso el secreto de Estado como “una vieja ciudadela del absolutismo que poco a poco los Parlamentos democráticos tienen el derecho de ir desvelando, y no estaría mal que en esta Cámara de una vez supiéramos en qué condiciones se va a entrar en la Comunidad”54. Erigiéndose en adalid de los intereses agrarios, AP urgía al gobierno a desarrollar una política de información general, sobre todo a través de las organizaciones profesionales agrarias, acerca del significado y las consecuencias de la adhesión a la $\mathrm { \hat { C } E E ^ { 5 5 } }$ .
Después de 1982, las invectivas de la ya principal fuerza de la oposición se dirigieron preferentemente contra el electoralismo con que los socialistas abordaban la adhesión. En enero de 1983, y ante la promesa de Felipe González de culminarla en el curso de esa misma legislatura, el VI Congreso de AP declaró que, más que atender a la fecha de ingreso, lo que había que lograr era que el Tratado mejorara las condiciones obtenidas por España en el acuerdo de $1 9 7 0 ^ { 5 6 }$ . Para AP, la vinculación entre CEE y OTAN, tal como fue insinuada por el PSOE, era perjudicial para España, porque transmitía una “imagen de necesidad político-electoral” a las cancillerías de los Estados miembros, disminuyendo el margen de maniobra y la capacidad negociado$\mathrm { \ r a } ^ { 5 7 }$ . Miguel Herrero explicó en el Parlamento que la obsesión por la adhesión en una fecha fija debilitaba la posición española, porque:
ha dado lugar a que la Comunidad Económica Europea sepa que la baza principal que tiene que forzar la política española en la materia es simplemente adelantar o retrasar, antes de las elecciones generales, la fecha de la adhesión formal. Esta política, que yo me atrevo a considerar muy débil, muy ingenua y muy indecisa, ha supuesto que la Comunidad refuerce su posición, que la Comunidad fortalezca sus exigencias y que la Comunidad nos ponga ahora –y ponga, sobre todo, al Gobierno socialista– entre la espada y la pared58.
De hecho, la propia inoperancia de la CEE en la resolución su crisis interna –principal fuente de dificultades para la candidatura española– podía llegar a ser celebrada por AP, por cuanto, en palabras de Perinat, permitía “evitar el ritmo desmesuradamente rápido y verdaderamente peligroso” de las negociaciones59. Así, el Comité Ejecutivo valoró positivamente la nota emitida por el gobierno en mayo de 1984, en la que descartaba la posibilidad de cerrar las negociaciones antes del 30 de septiembre, porque “una entrada precipitada sería, de hecho, un fraude de consecuencias irreversibles para nuestro desarrollo”60.
El Tratado de adhesión sería firmado en el Palacio de Oriente el 12 de junio de 1985. El texto final incluía varias cláusulas que frustraban las aspiraciones de algunos sectores económicos. Los trabajadores españoles no tendrían derecho de establecimiento en igualdad con los europeos hasta pasados siete años (diez en Luxemburgo). El período transitorio básico para la eliminación de los aranceles industriales (siete años) era más corto que el de los agrarios (diez), y muchos productos hortofrutícolas y ganaderos españoles quedaban sujetos a restricciones y excluidos de ventajas, y España tardaría diez años en sumarse con pleno derecho a la política pesquera común.
Precisamente el mismo día en que tuvo lugar la firma del Tratado, algunos miles de agricultores y ganaderos se manifestaron en Madrid, Hernani y otras ciudades, convocados por la Unión de Federaciones Agrarias y por varias asociaciones regionales de agricultores, para protestar por los términos del Tratado e incluso exigir las dimisiones del secretario de Estado para las relaciones con la CEE, Manuel Marín, y del ministro de Agricultura y Pesca, Carlos Romero61. En un libro programático editado por entonces, AP consideraba fundadas estas reacciones, porque “no se habría debido admitir el cierre del capítulo industrial, en el que teníamos mucho que ofrecer, sin cerrar también el capítulo agrícola, en el que estábamos más obligados a pedir”62. El Tratado fue sometido a ratificación en las Cortes a fines de junio, y con ocasión de ese debate Miguel Herrero expuso las numerosas lacras que el grupo Popular encontraba en el texto del acuerdo, y que atribuía a la excesiva premura con que el gobierno socialista se había avenido a aceptar determinadas condiciones impuestas por la CEE. Así, Miguel Herrero exhortó al presidente a que explicara:
a los pequeños ganaderos de la cornisa cantábrica [...] por qué les va a ir peor a sus producciones lácteas y de ganado vacuno [...], por qué a los pescadores gallegos se les van a cercenar su cuotas de pesca en las aguas portuguesas; por qué a los navarros, a los riojanos, a los aragoneses, a los catalanes, su producción de frutas y hortalizas les va a ser perjudicada durante el período transitorio, [...] a los cultivadores de remolacha en la cuenca del Duero, o de cereales en grandes partes de Castilla la Vieja, por qué sus explotaciones van a ser muy maltratadas en el futuro; a los manchegos, por qué las cuotas van a suponerles tantos problemas en la producción de vino y de girasol; a los andaluces [...] por qué, siendo deficitaria Europa en algodón, se han puesto contingentaciones a la producción algodonera en esta región; [...] es necesario que explique a valencianos y murcianos la solución dada al problema de los cítricos, que [...] van a tener realmente una mala situación temporal y muy dura comparada con terceros países como Israel y Marruecos63.
En las semanas siguientes, la revista de AP se dedicó a resaltar los perjuicios que cada una de las regiones más afectadas sufriría en los diferentes sectores económicos. AP preveía un “desastre en la cornisa cantábrica”, con la disminución de producción de leche y la contingentación de la carne de vacuno en Asturias, y daba cuenta de la preocupación de la Xunta de Galicia y de la Diputación regional de Cantabria por las condiciones en que quedaban sus respectivas economías agrícolas y pesqueras, además de, en el caso de Galicia, la situación de los trabajadores emigrados64. El partido auguraba, asimismo, la desaparición de 75.000 puestos de trabajo en las islas Canarias, y se hacía eco del negativo balance hecho público por la Comisión Regional de Agricultura del archipiélago (que coordinaba a los agricultores en sus reivindicaciones), según la cual la adhesión no beneficiaría a ningún sector agrario65. El futuro de la siderurgia vasca se ennegrecía por la libre entrada de productos europeos en España, mientras que las limitaciones de acceso a los mercados exteriores condenaban a menguar el volumen de comercio de los navieros españoles66. Además de todo esto, las perspectivas a largo plazo en materia agraria tampoco eran especialmente halagüeñas, dado que ya en 1985 la Comunidad estaba trabajando con vistas a una reforma de la Política Agraria Común en el sentido de restringir las subvenciones y reducir los excedentes agrícolas, lo que limitaría los beneficios de los agricultores españoles aun después de cumplirse los períodos transitorios67. A todo esto se sumaba la cuestión del IVA, que para José María Aznar, a la sazón diputado especializado en temas fiscales y próximo candidato a la presidencia de Castilla y León, ejemplificaba que el ingreso en la CEE era “bueno en el fondo, pero no en la forma”68.
Es significativo, sin embargo, que, a pesar de este esfuerzo por atraer la atención pública sobre las debilidades y carencias del Tratado de adhesión, Alianza Popular no dudara en sumarse, sin que en su fueron interno se esbozaran dudas al respecto, al unánime voto parlamentario en su ratificación, bien que Miguel Herrero lo defendiera no como un $s \acute { \iota }$ acrítico o resignado, sino como un $s \acute { \iota }$ instrumental, de cara al futuro69. Así, después de haber descrito todo un panorama apocalíptico para la economía española como consecuencia del Tratado, en el contexto de la adhesión AP recuperó para su discurso los viejos tópicos europeístas de inspiración federalista, felicitándose y congratulándose de la adhesión y asumiendo incluso el triunfalismo –eventualmente criticado– que al respecto mostraba el gobierno socialista. Los líderes de AP no se privarían de lanzar grandilocuentes afirmaciones, equiparables a las de los miembros del gobierno. Antonio Navarro, secretario del consejo político de AP y portavoz en temas comunitarios, reconoció que la adhesión era un “acontecimiento histórico”70, y Jorge Verstrynge, secretario general de AP, dijo que significaba nada menos que “la entrada plena de nuevo en la historia en lugar de la marginación”71. Fraga, por su parte, se reenganchó a un utopismo europeísta que parecía haber quedado arrumbado con el comienzo de las negociaciones en 1979, invocando ahora los “altos objetivos políticos”, más allá de las necesidades económicas, de la integración europea, y saludando “con fe profunda” a esa futura Europa. “unidad espiritual de un continente” 72.
En conclusión, entre 1976 y 1985 el discurso europeo de AP pasó por una serie de etapas que, más que por la evolución de la ideología, estructuras y representatividad del partido, o por la existencia de una determinada concepción teórica de la integración europea, fueron dictadas por las sucesivas coyunturas en las relaciones hispano-comunitarias y, sobre todo, por aquellos aspectos de la gestión gubernamental que dejaron margen para la crítica de cara al interior. En una primera fase, correspondiendo con la transformación del régimen y con las primeras gestiones tras la solicitud de adhesión, el discurso hizo gala de un europeísmo abstracto e indefinido, basado en razones de prestigio e incluso de justicia (el derecho de España de ser reconocida entre las naciones europeas) y no en datos técnicos o económicos. A continuación, ya durante las negociaciones, AP adoptó una perspectiva utilitarista, según la cual la adhesión sólo podía justificarse si servía a la obtención de determinados beneficios económicos, y debía vigilarse al gobierno español para que no sacrificara los intereses nacionales a la obtención de una adhesión a cualquier precio. En este sentido, AP se identificó con los intereses sectoriales expresados a través de las confederaciones empresariales. Por último, ante la firma del Tratado AP mantuvo una actitud ambigua, o, por mejor decir, contradictoria: por un lado presentó el acuerdo como una catástrofe que conduciría a la ruina a varios sectores econó- micos, fruto de la irresponsabilidad y la precipitación del gobierno socialista; por otro, se respaldaba su ratificación en las Cortes y se saludaba como un hito histórico que devolvía a España a su lugar en Europa, retomando en el discurso ese europeísmo vago e ingenuo, nada utilitarista, de diez años atrás.
Estas vacilaciones, incoherencias y –en relación con la OTAN– contradicciones obedecieron primordialmente al hecho de que la política exterior jugó un papel menor en el debate político de la transición y los inicios del régimen democrático. La importancia histórica acordada a la entrada en la CEE dio pie a que, en lugar de articular diferentes propuestas y proyectos de política europea (ya fuera desde ópticas federalistas, funcionalistas, etc.), los partidos asumieran la visión popular de la adhesión como un éxito incontestable que no necesitaba explicarse ni justificarse –ni, por tanto, debatirse–, por cuanto comportaba la superación de un complejo secular de marginación.
Así pues, la conveniencia de la adhesión no fue discutida en ningún momento, pero la forma en que ésta fue negociada sí se hizo susceptible de crítica interna, aspecto que AP aprovechó en profundidad. En muchos casos, las invectivas de AP contra los gobiernos no se basaron en datos reales sino que meramente buscaron la apropiación de una imagen, la de la defensa de los intereses nacionales, que se hizo especialmente atractiva a partir de que en 1983 el gobierno del PSOE acelerara los contactos con Francia para concluir la adhesión en la legislatura. Ahora bien, mantener la imagen europeísta era primordial para un partido que, después de sufrir severas derrotas en las primeras elecciones, pugnaba ahora por acaparar al electorado de centro. Por eso, la estrategia de oposición no podía, en ningún caso, superar la el límite del euroescepticismo; el coste electoral –por ejemplo si, en consonancia con sus posiciones de 1984, AP no hubiera ratificado el Tratado en $1 9 8 5 -$ habría sido demoledor.