La condición del campesinado navarro-aragonés entre los siglos IX y XII: una revisión crítica.
The peasant condition in Navarre and Aragon between the $g t h$ and $I 2 ^ { t h }$ centuries: a critical assessment.
Juan José LARREA.
Universidad del País Vasco.
RESUMEN.
La historia social del campesinado en Navarra y Aragón inició una etapa renovadora hace veinte años. En este tiempo, algunas cuestiones básicas, como la servidumbre generalizada en la segunda mitad del s. XI y primera del XII, han quedado firmemente establecidas. En cambio, los orígenes de esta condición, sus mecanismos de expansión y su evolución siguen dando lugar a debates. En una perspectiva crítica y desde una postura concreta, este artículo presenta las principales aportaciones, las discrepancias, los acuerdos y los problemas de método. También se proponen y se recogen nuevas orientaciones de la investigación.
Palabras clave: Servidumbre. Navarra. Aragón. Historia social. Campesinado. Historiografía. Siglos IX a XII.
ABSTRACT.
The social history of peasantry in Navarre and Aragon entered a new stage twenty years ago. Since then some basic questions have been settled, including the well-established generalized serfdom during the second and first halves of the 11th and 12th centuries, respectively. In contrast, other matters remain controversial: the origins of the serfdom and the mechanisms by which it expanded and evolved. From a critical and personal perspective, this paper focuses on the main studies on the subject, the agreements, disagreements and methodological problems. New trends in this field are summarized and new directions are also proposed.
Key words: Serfdom. Navarre. Aragon. Social history. Peasantry. Historiography. 9th-12th centuries.
SUMARIO: $^ { 1 }$ Introducción. 1. Antes del año mil. 1.1. Problemas de caracterización de la sociedad. 1.2. Nuevas perspectivas. 1.3. ¿La servidumbre como condición general del campesinado de los siglos IX y X? 2. Del reinado de Sancho el Mayor a mediados del siglo XII. 2.1. Variaciones sobre un consenso. 2.2. Problemas de terminología. 2.3. ¿Evolución o inmovilidad? 2.4. Las causas de la condición campesina.
INTRODUCCIÓN.
Las historiografías de Navarra y de Aragón en la Alta y Plena Edad Media presentan una peculiaridad bien conocida. Sin que lleguen a solaparse, la comunicación entre ellas es constante, hasta el punto de que en numerosas cuestiones resultaría insólita una investigación que no tuviera muy en cuenta la problemática y la bibliografía vecinas. Las razones son múltiples, y van desde el propio objeto de estudio hasta el surco abierto por medievalistas cuya figura señera es José M. Lacarra. En la medida en que esto implica diálogo entre especialistas y trabajo comparado, no puede sino calificarse de fecundo.
Tal es el caso de las estructuras sociales, y en particular de la condición campesina, en el período que va de la primeras décadas del siglo IX a los tiempos de Pedro I y Alfonso el Batallador. El punto de partida viene condicionado evidentemente por la aparición de los primeros textos altomedievales. El de llegada se explica porque los reinados citados no sólo preceden la bifurcación de los caminos de navarros y aragoneses, sino que enmarcan una fase de cambios socioeconómicos muy profundos y desiguales en ambas sociedades. Durante largo tiempo, la referencia casi única sobre esta cuestión fue el artículo que E. Hinojosa había dedicado a mezquinos y exaricos en 1904. En unas pocas y apretadas páginas, este autor caracterizaba como siervos de la gleba a los mezquinos de los siglos XI y XII, describía prestaciones y formas de sometimiento, anotaba la diversidad de situaciones observable en los textos, comentaba la terminología y proponía un origen visigótico para su condición1. En la obra de J.M. Lacarra, o en las de pioneros de la historia rural de la región, como J.M. Jimeno Jurío o L.H. Nelson, la cuestión no se trata o se limita a someras alusiones. La excepción, modesta, está quizá en las páginas que S.A. García Larragueta dedica a explicar la “condición servil muy mitigada” de los cultivadores del dominio de los Hospitalarios en el estudio que precede la edición de sus documentos2. Hubo que esperar hasta los últimos ochenta para que hiciera eclosión una serie de investigaciones destinadas a renovar el conocimiento de la sociedad rural altomedieval en Navarra y Aragón. En 1986, 1987 y 1988 se sucedieron tres congresos de distinto ámbito en los que F. Miranda, E. Sarasa y C. Laliena presentaron sendos estudios sobre la población campesina navarra —el primero— y la sociedad aragonesa altomedieval, los otros dos3. En 1990, yo mismo publiqué una aproximación al crecimiento agrícola altomedieval en Aragón4. Al año siguiente apareció la visión de conjunto de las sociedades cristiana de Aragón y musulmana del valle medio del Ebro debida a C. Laliena y Ph. Sénac5.
Desde esos años, se ha publicado un volumen apreciable de páginas dedicadas a esta problemática. Páginas que se han escrito en general marcando contrastes, corroborando ideas y señalando desacuerdos con respecto a los trabajos ajenos, siempre por encima de los límites que separan Navarra de Aragón. Este diálogo y aquel volumen son los que justifican el presente artículo, en vísperas de que se cumplan veinte años del I Congreso General de Historia de Navarra. Su fin es ofrecer un estado de la cuestión crítico, obviamente desde mi punto de vista —lejos de mí cualquier pretensión de estar por encima de la mêlée. Se trata de señalar los encuentros y los desencuentros, así como la persistencia de algunos problemas que enmarañan el debate, y, quizá sobre todo, los movimientos de confluencia que se han producido y las nuevas vías de investigación que han aflorado, síntomas ambos de vitalidad historiográfica.
Desde una perspectiva más amplia, la cuestión de la condición campesina, y en particular la servidumbre, no han sido problemas de primer orden en la historiografía española reciente más allá de Navarra, Aragón y Cataluña. Sin embargo, en lo que se refiere a los métodos y las formas del debate, este artículo no es ajeno a una situación general. En mi opinión, dos lastres entorpecen hoy el diálogo en el seno del medievalismo. Por un lado, fruto sin duda comprensible de la reacción frente al positivismo que se despertó hace ya unas décadas, la teoría ha alcanzado un grado tal de autonomía que en ocasiones ha perdido contacto consistente con lo que los anglosajones llaman evidencias. Estamos así en aquello contra lo que, entre otros, G. Tabacco clamaba hace tiempo, a saber “la costumbre, que debe ser superada, de oponer una hipótesis a otra sobre la única base de las posibilidades lógicas internas de sus respectivas formulaciones”6. Por otro lado, el término fetiche de “modelo” se ha convertido entre nosotros en una suerte de caparazón que parece dispensar de la crí- tica rigurosa de los análisis históricos concretos, e impide por ende el debate. Así pues, este artículo no pretende limitarse a comparar diversos discursos, y huye conscientemente de enunciados generales y abstractos. Se propone valorarlos, naturalmente, repito, desde un punto de vista concreto, pero siempre en función de una ida y venida constante entre discursos y fuentes.
1. ANTES DEL AÑO MIL
1.1. PROBLEMAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Como se sabe, en el Pirineo occidental las fuentes son escasas y problemáticas antes de la segunda o tercera década del siglo XI. Pero existen. A este respecto, es difícil seguir el giro dado a lo largo de estos años por C. Laliena, desde el optimismo de 19927 a la “resignación ante la falta de información” de 2004, cuando viene a calificar lo que podemos sacar de las fuentes de “puñado de especulaciones” de cuya inconsistencia debe advertirse al lector8. Creo más bien que lo que ha de hacerse es exponer los límites de las fuentes y sobre todo, distinguir con claridad lo que permiten asegurar de lo que no, aquello para la que aportan indicios y aquello para lo que no. En otros términos, confrontado con ellas, qué son conjeturas, qué son deducciones, qué son hipótesis; qué está demostrado, qué se basa en indicios aislados o concordantes, qué es una mera especulación sobre la que no puede fundarse un razonamiento. Límites y transparencia, en suma.
Hay una cuestión de cronología que ha venido nublando el estudio de la servidumbre navarro-aragonesa, en la medida en que se daba por constatada la existencia de mezquinos —denominación habitual de las gentes de condición servil en Navarra y Aragón— en las fuentes de los siglos IX y X9. No hay tal, y éste es uno de los puntos sobre los que parece haberse ido formando un cierto consenso, con lo cual también queda establecido el límite entre lo que puede afirmarse con apoyo documental y las conjeturas. Que no hay menciones de mezquinos antes de 1025 ha sido en los últimos años tácitamente admitido por A.J. Martín Duque y C. Laliena, y explícitamente por Ph. Sénac10. Éste es el hecho establecido. A partir de aquí, se abre el espacio de las conjeturas. C. Laliena, Ph. Sénac, E. Sarasa y yo estamos de acuerdo en que hay espacio en esta sociedad para campesinos libres e incluso propietarios, si bien hemos discrepado en las proporciones11; en cambio, éste es un punto de profundo desacuerdo con A.J. Martín Duque y E. Ramírez Vaquero, como se verá algo más adelante.
Siendo pues conscientes de que para dilucidar este asunto carecemos no ya de la “pistola humeante”, sino ni siquiera de las últimas volutas de humo, podemos valorar las conjeturas y sobre todo, ver si por aquí podemos avanzar algo. C. Laliena entiende que quizá no existieran antes del año Mil los siervos que encontramos en el XI, pero tal cosa le resulta poco defendible. La única manera de explicar la estructura misma del armazón social es admitiendo su trabajo en explotaciones agrarias dominiales, dado que el estrato aristocrático que sin duda existe ha de obtener necesariamente renta de grupos de campesinos sometidos12. Yo he sostenido que las situaciones de no libertad antes del siglo XI debían de ser excepcionales, y que los ingresos de una aristocracia mucho menos rica que la mayor parte de sus homólogas ibéricas y occidentales en general dependía de rentas obtenidas del trabajo de campesinos mayoritariamente libres, de una ganadería aún reducida al ciclo corto de trashumancia y de concesiones beneficiarias del rey13, además naturalmente de los frutos del pillaje cuando la coyuntura bélica era favorable. Ambas conjeturas son coherentes. Además, creo hoy que mi negación de la posibilidad de un grupo de población servil antes del año Mil era excesivamente radical. Primero por la parquedad misma de las fuentes. Segundo, porque al fin y al cabo en la Álava vecina hay evidencias de casatos en un importante patrimonio señorial en 952; y los mismos textos de San Millán que documentan lo anterior, atestiguan la presencia de collazos en 97114. Mención aislada, pero mención.
No obstante, hay elementos externos a ambas conjeturas que apuntan hacia un peso muy menor de una hipotética servidumbre anterior al año Mil. En primer lugar, dejando a un lado los patrimonios de condes y reyes, las bases dominiales del círculo aristocrático navarro-aragonés antes del segundo tercio del siglo XI son reducidas, frágiles y dispersas. No ya comparadas con las aristocracias que se han repartido el patrimonio fiscal carolingio, sino con sus homólogos gallegos, catalanes, leoneses o castellanos. Y los mismo ocurre en lo que se refiere a los patrimonios de las “grandes” instituciones eclesiásticas: el de Leire el año Mil resulta irrisorio al lado del de Sahagún, Covarrubias o la catedral de Gerona, por ejemplo. En tales condiciones, la capacidad para generar tenencias orgánicas, o para ejercer presión a escala local, es muy reducida15. En segundo lugar, como veremos luego, hemos identificado y documentado mecanismos de generación o extensión de la servidumbre, muy activos desde fines del reino de Sancho el Mayor. Es decir, podemos explicar el origen de la masa de campesinos sometida a condición servil en la segunda mitad del siglo XI.
Pero insisto: nada de esto tiene valor de prueba. ¿Hemos pues de concluir que todo intento de profundización en las estructuras sociales altomedievales en la región es intento inútil que conduce a la melancolía? No, porque al socaire de estos esfuerzos, otras claves de caracterización de esta sociedad han ido aflorando.
1.2. NUEVAS PERSPECTIVAS.
En primer lugar, un punto de acuerdo con C. Laliena reside en la constatación de que la capacidad de extracción de excedentes por parte de la clase dirigente es muy reducida16. Algunas series de compras concentradas por un poderoso en una localidad o una comarca, muestran dimensiones globales muy modestas17. El único tipo de renta agraria documentada es el décimo, de origen tardoantiguo y extendido por Occidente altomedieval con nombres diversos18. A la fragilidad e inestabilidad de la propiedad aristocrática hicimos mención más arriba. El control de las áreas de colonización, sea en los valles pirenaicos, sea hacia el sur, escapa en gran medida a la aristocracia laica; y en lo que concierne a las abadías reales, poco más pueden hacer que ir a remolque de las iniciativas campesinas, si bien el papel de estas instituciones en el crecimiento agrario es un antiguo punto de discrepancia19.
En segundo lugar, C. Laliena ha vuelto recientemente a llamar la atención sobre un elemento que había venido siendo muy marginal en todos los análisis: la posesión de iglesias. Ha subrayado la ausencia del diezmo que sería después decisivo para los nobles locales constructores de iglesias20. En mi opinión, cabe enfocar esta cuestión desde tres ángulos. De entrada, y siendo evidente que una buena parte de las noticias antiguas sobre cesiones de diezmos proviene de falsificaciones de finales del siglo XI y posteriores, no hay por qué desechar toda posibilidad de percepción de diezmos, primicias y ofrendas antes de la segunda mitad del XI. La liturgia hispánica, la lex Toletana, según expresión de la región, contiene como se sabe la oración de los diezmos —lo que no implica su pago sistemático y universal, pero sí su existencia21. Hay también indicios de un diezmo distinto de la renta agraria en Aragón en torno al año Mil22. Y cabría preguntarse si en las iglesias surgidas al calor de la colonización en territorios previamente asignados a los monasterios pirenaicos, no es probable que se haya impuesto el cobro de un diezmo en que se confunden el dominio sobre la iglesia y la punción sobre el producto de la roturación en tierra ajena23. Por otro lado está el problema de la titularidad de las iglesias. Como consideración general, no hay motivo para pensar que el Pirineo occidental no participe del movimiento de construcción de iglesias por comunidades campesinas, al margen de toda autoridad episcopal o abacial, que cánones y reglas denuncian desde época visigoda24. Además, la más rica documentación del Pirineo oriental muestra todo un abanico de situaciones que van desde las iniciativas nobiliarias a las estrictamente comunitarias, pasando por aquellas que corresponden a familias de clérigos o grupos de familias destacados de las comunidades aldeanas25. Pienso con Ph. Sénac —y de acuerdo con la postura que en algún momento también ha sostenido C. Laliena26— que no puede excluirse la posibilidad de iglesias fundadas por comunidades rurales27. El registro arqueológico de numerosas iglesias rurales construidas en la región del Gállego a mediados del $\mathrm { X I } ^ { 2 8 }$ , puede, quizá en una perspectiva comparada con otras regiones, como Álava29, abrir un claro en el cruce de caminos entre arqueología y textos, comunidades y poderosos, rentas antiguas y rentas nuevas.
En tercer lugar, la cuestión de la apropiación de espacios incultos merece una relectura de las fuentes. Fue el objeto de mi primer trabajo sobre la región, que enfocaba sobre todo la dinámica social desencadenada por la iniciativa campesina en el proceso de crecimiento agrario30. Sin embargo, el tratamiento de la apropiación misma fue tangencial, del mismo modo que de la existencia de la comunidad campesina me limitaba a levantar acta. C. Laliena llamó la atención sobre situaciones análogas a la aprisión o presura de otras regiones31. Según una concepción de la villa altomedieval compartida con E. Sarasa32, Laliena veía en el control de espacios incultos un instrumento aristocrático para crear villas-explotación mediante la instalación de campesinos dependientes, villas que luego evolucionarían hacia villasaldea. Esto sin embargo planteaba muchos problemas, no siendo el menor el que los documentos más antiguos disponibles y utilizados por este autor mostraban ya villas-aldea, mientras que las del otro tipo dependían de lecturas más discutibles de los textos33. Ph. Sénac considera injusto, y posiblemente tiene razón, el calificativo de “dominialista” que yo apliqué a las propuestas de C. Laliena, y entiende que encuadramiento aristocrático e iniciativas campesinas conviven en el proceso de conquista agraria34. Por su parte, E. Sarasa sigue concibiendo la villa como fundamentalmente una unidad de explotación aristocrática35. Más allá, otra vez, de valoraciones en las que la contundencia casa mal con la escasez de las pruebas, pienso que C. Laliena apuntaba en una dirección interesante cuando al control de los yermos le daba el rango de “correlación básica” en el juego dialéctico entre grupos sociales, y apuntaba su función en la cristalización de solidaridades campesinas36.
A veces se da la paradoja de que dedicamos nuestro esfuerzo a lo que sólo se entrevé, y damos un espacio secundario en el análisis a lo que las fuentes muestran con más seguridad. En el Aragón altomedieval, el juego de relaciones y conflictos que se anudan en torno a los espacios incultos es un capítulo mayor del corpus documental disponible. Veamos algunos de los planos en que éste se despliega, siguiendo en principio el discurso propuesto por los textos mismos.
De entrada, está la apropiación de estos terrenos. Hay tanto noticias directas como indicios plausibles de la ocupación de espacios por familias y quizá pequeños grupos de pioneros, según una dinámica que recuerda la creación de villares en el otro extremo del Pirineo por medio de la aprisión37. Hay también mecanismos por los que reyes y condes atribuyen vastos territorios cuya puesta en valor no es inmediata ni evidente, a las grandes abadías. El principio del dominio real y condal sobre los yermos parece haber sido uno de los instrumentos de supremacía realmente utilizados en las fases primeras de reino y condado. Ahora bien, si el dominio no existe hasta que se ejerce, la delimitación de extensos territorios de montaña, de una línea de crestas a la otra, para atribuirlos a monasterios de tutela real o condal desde mediados del IX, ha sido una de sus formas de materialización y legitimación38. Hay, en fin, apropiación de yermos por parte de miembros de la aristocracia que no disponen de medios humanos para roturarlos directamente; es el caso del alodio de Gausa —posiblemente Guasa, en las cercanías de Jaca— que posee la familia del obispo Fortún de Sasabe al menos desde inicios del siglo $\mathrm { X } ^ { 3 9 }$ .
A continuación, estos espacios son cedidos a grupos de campesinos para su roturación a cambio —allí donde queda constancia documental de esto— del diezmo de las cosechas: el conde Galindo Aznar cede el término de Asún a los pobladores de Hecho; el obispo Fortún da a labrar su término de Guasa a los hombres de las villas que lo rodean; los monjes de Cillas ceden tierras en Ansó a la comunidad de Beralevilla a petición de ésta y a los vecinos de Cabañas en virtud de un acuerdo con varios personajes de un cierto rango en el lugar… Algo similar ocurre probablemente en el territorio de Santa María de Fuenfría y de otras abadías pirenaicas40.
En fin, tensiones latentes o conflicto abierto saltan a la documentación. No parece que la gestión de estos pactos haya resultado fácil para los titulares del terreno. Las precauciones contra la violación de los límites impuestos a los roturadores son perceptibles en Asún y ofrecen signos manifiestos de preocupación en Ansó; los hombres del bicinato del entorno de Guasa niegan los derechos del obispado y se mantienen firmes durante años en un pleito largo y complejo. Pleito cuyo devenir refuerza algunos interrogantes inevitables en dinámicas de este tipo. Sorprende en efecto que en determinado momento del proceso, los barones y abad en funciones judiciales hayan preferido no ya repartir el término en litigio, sino incluso evitar que presten juramento los testigos aportados por el obispo Atón. Uno se pregunta en qué medida estos pactos han tenido lugar realmente según la sucesión de hechos que establecen los redactores de los textos, o bien si no habrán venido a ordenar un conflicto previo, surgido de la colonización sin permiso de estos terrenos, o de la delimitación real o condal y atribución de territorios que ya estaban ocupados de alguna manera. Pero éste es otro problema.
No sólo todo apunta otra vez a la débil capacidad de extracción de excedentes de que se habló más arriba, sino que pone en evidencia el papel decisivo de la comunidad campesina, sobre la que recae la organización de la explotación y ordenación de estos territorios. Y esto enlaza coherentemente con los testimonios provenientes de otro tipo de conflicto documentado en los siglos IX y X: el que opone, a veces contundentemente, a comunidades entre sí por los límites de los términos de sus villas, y que muestra, entre otras cosas, el protagonismo comunitario en la construcción de los terrazgos aldeanos y en el control de los yermos41.
El dominio y la apropiación de los espacios incultos aparece pues como una pieza importante en la articulación de formas de superioridad social42; y traduce en términos de pacto o concesión —y lleva al pergamino, lo que es vital para nosotros— ejemplos de la correlación de fuerzas entre la clase aristocrática y el campesinado. Desde esta perspectiva, podemos también entrever en filigrana elementos de la dinámica interna de las comunidades, más allá de la constatación banal de que éstas no son grupos de iguales. La primera aparición en Navarra de lo que más tarde se conocerá como infanzones data de 997 y se refiere a todos los “hijos de buenos padres” del valle de Salazar que actúan como testigos en una donación real a Leire que incluye un amplio espacio ganadero43. En la medida en que este grupo destacado parece tener una relevancia particular en lo que concierne la organización del espacio a escala supralocal, cabe preguntarse si el control de baldíos, montes y pastos no es un campo de juego decisivo en la estratificación interna de las comunidades. Lo que, naturalmente, no haría sino proponer vías de comparación con, por ejemplo, los “infanzones diviseros” de Castilla44. Y en fin, en una perspectiva más amplia, induce a profundizar en la problemática de aprisiones, presuras y control del espacio45.
En cualquier caso, repetimos, documentos, hechos constatados e indicios muestran un contexto en que la capacidad para generar mecanismos de renta eficaces por parte de los grupos dominantes es muy limitada. C. Laliena lo achaca a la penuria de la economía y a las limitadas posibilidades coercitivas, más que a la libertad campesina46. Yo no veo por qué la penuria se contrapone a la libertad, me parece observar una cierta coherencia entre ésta y la poca capacidad de coerción, y sobre todo pienso que la generación de excedentes es un elemento de explicación más, pero no el único ni el fundamental, en una determinada correlación de fuerzas $\mathtt { j L a }$ economía aragonesa del siglo X es más pobre, pongo por caso, que la de las numerosas aldeas de Tierra de Campos absorbidas, corte a corte o de un solo golpe, por Sahagún y por diversos magnates en esa centuria?
En este mismo sentido, no veo motivos para minimizar, como hacen C. Laliena y Ph. Sénac, el papel y la estructuración interna de las comunidades campesinas. El primero otorga un “valor muy genérico” a la expresión comunidad campesina, materializado en “algunas actuaciones colectivas ligadas a comunales y, a mediados del XI, en resistencias” y sin otra estructuración interna que relaciones informales; el segundo habla de reacciones colectivas, pero evoca la idea de “multitud desorganizada”47. Visto su papel clave en la gestión de los espacios no permanentemente cultivados —que es atributo fundamental y elemento de cohesión de primer orden en las comunidades campesinas del siglo X y de los siglos siguientes48—, su capacidad de negociar y pleitear, su arraigo territorial, la proliferación misma de pequeñas iglesias locales… es pertinente, creo, hablar de comunidades dinámicas y de marcos socioeconómicos básicos. Otra cosa es que se las compare con los concejos de los grandes pueblos y burgos de los siglos XII y XIII49. Pero no sé si ésta es una perspectiva muy útil para comprender la realidad social del X. Y en cualquier caso, esto nos llevaría lejos del objeto de este artículo.
1.3. ¿LA SERVIDUMBRE COMO CONDICIÓN GENERAL DEL CAMPESINADO DE LOS SIGLOS IX Y X?
Existe una visión de la sociedad rural navarra contrapuesta a la que, con matices entre los diferentes autores, venimos presentando. Entre 1999 y 2002, A.J. Martín Duque y E. Ramírez Vaquero han expuesto en sendas aportaciones50 una visión común y complementaria de la sociedad rural navarra de la Alta y la Plena Edad Media que hasta entonces sólo había sido brevemente enunciada51. Su enfoque, su planteamiento y su argumentación son muy distintos de los que hemos puesto en práctica C. Laliena, Ph. Sénac, E. Sarasa o yo mismo. Su razonamiento pivota sobre un hecho incontestable, a saber, la existencia en el territorio pamplonés de una elite aristocrática que es capaz de hacerse con sus riendas en la debacle del reino visigodo y que se muestra lo suficientemente articulada, jerarquizada y vigorosa como para construir un principado y luego un reino en los siglos IX y X. De aquí se infieren diversos hechos de hondo calado que se consideran lógicamente necesarios para comprender tal realidad. En lo que aquí nos interesa, hemos de destacar fundamentalmente dos de estas deducciones: la continuidad de la ordenación territorial tardorromana e hispanogoda hasta la red de villas altomedieval, que no serían sino el resultado evolucionado de los antiguos fundi privados y dominios fiscales, de un lado, y la continuidad también sustancial del entramado social tardoantiguo, del otro. El campesinado se concibe así como una clase servil, cuya condición es fruto de la amalgama de antiguas formas de esclavitud y dependencia ocurrida en época tardoantigua en los fundi a que estaba adscrito. Adscripción y condición servil que perviven en las villas de la Alta y Plena Edad Media. Fuera de esta clase servil, sólo hay población noble en una gradación que va de los “pequeños propietarios nobles”, el “nivel más modesto de la aristocracia fundiaria”52, a los miembros de la elite gobernante.
El problema es que por ahora estas tesis sólo se han presentado en unas pocas páginas, por densas que sean. Es pues difícil valorarlas hasta disponer de una argumentación por extenso. De momento, lo que se refiere a la continuidad del poblamiento tardoantiguo, que E. Ramírez considera clave interpretativa del modelo social altomedieval53, se limita a su enunciado54. Y algo similar ocurre con la concepción del campesinado de época visigoda como masivamente sometido a servidumbre55. Asimismo, el examen de las fuentes de los siglos IX y X es aún esporádico, y a menudo difícil de compartir. Que la célebre frase de la crónica de Alfonso III referida, entre otros territorios, a Álava y Pamplona, a suis reperitur semper esse possessas, dé a entender la ausencia de cambios en los linajes de antiguos possessores por causa de la invasión musulmana56, es cosa que reclama mayor justificación que su mera propuesta. También habría que confirmar por otra vía la realidad señorial o dominial que estos autores entienden se refleja en el uso en el siglo X de sobrenombres locativos en la onomástica de algunos de los personajes de las Genealogías de Roda57. En fin, a pesar de que A.J. Martín Duque observa que las posesión de villas enteras por seniores en tierras pamplonesas antes del año 1000 no tiene suficiente soporte documental58, ni siquiera el reducido corpus de textos disponible ha sido objeto de examen completo. Sólo se han analizado algunos documentos que se engarzan en el discurso a título ilustrativo59.
Incluso en la misma lógica interna de estas tesis hay inferencias y postulados que parecen ir de suyo, cuando en realidad exigirían argumentaciones muy desarrolladas. Por ejemplo, se presenta como incompatible la quiebra de la organización territorial y del poblamiento tardoantiguo con la construcción ulterior de un reino, o parece darse por antitética la libertad de cuando menos una porción de la población campesina en los siglos IX y X con la existencia de una formación política compleja y por ende jerarquizada. Sin embargo, ni siquiera son inferencias directas y por tanto exigen encadenar conjeturas. En lo que se refiere a la libertad campesina, ¿por qué habría de admitirse su imposibilidad histórica en Navarra, siendo así que convive con estructuras políticas de desarrollo muy vario y diverso en, por ejemplo, León, Cataluña, Toscana, los Abruzos, Bretaña, el Medio Rin o Provenza? Otra cosa es, y muy distinta, que en este asunto, A.J. Martín Duque, E. Ramírez Vaquero, y quizás F. Miranda, inscriban su concepción de la sociedad navarra en la vieja cuestión de la relación entre libertad y nobleza en la Alta Edad Media, y se unan a quienes sostienen la quasi equivalencia entre ambas nociones. Si con P. Dollinger o L. Verriest entienden que los libres propietarios del siglo X constituyen, cuando menos de facto, una auténtica aristocracia, entonces nuestras posiciones estarían quizás más cerca unas de otras que lo que los respectivos discursos parecen mostrar, en el sentido de que la divergencia afectaría más a la noción misma de libertad que a la descripción de los rasgos concretos de la sociedad rural. Ahora bien, si tal es su referente historiográfico, seguiría planteando problemas la caracterización de todo el campesinado no noble como siervos stricto sensu. Habrían de aclarar, pienso, por qué para la condición de una gran parte de la población rural navarra no cabe más bien pensar como referencia en el campesinado dependiente post-carolingio de estatuto no servil. Si se quiere, más específicamente, en las situaciones que tradicionalmente se han englobado, valga el concepto gastado, en la Rodungsfreiheit, tanto en el sentido de que ésta correspondería a campesinos que viven con un muy amplio margen de autonomía en las tierras del rey, a quien pagan censos y deben servicios y de quien dependen exclusivamente en materia de justicia, como desde el punto de vista de la inestabilidad de un estatus que tiende a degenerar60.
2. DEL REINADO DE SANCHO EL MAYOR A MEDIADOS DEL SIGLO XII
2.1. VARIACIONES SOBRE UN CONSENSO.
Para el tiempo que va desde la muerte de Sancho el Mayor hasta mediados del siglo XII, el consenso es total en lo que se refiere al carácter generalizado de la condición servil en el campesinado navarro-aragonés. Por debajo de la cesura que le separa de la infanzonía, y con la excepción de los habitantes de núcleos dotados de un estatuto especial, todo campesino navarro, y según parece aragonés, llámese mezquino o collazo, labrador o villano, es el hombre de otro. Puede ser, con su familia y su tierra, donado, vendido o legado en testamento; sus hijos pueden ser repartidos entre diferentes señores; ni el fruto de su trabajo, ni su trabajo mismo, ni la decisión de dónde vivir o a quién legar sus bienes escapan al dominio señorial.
Desde E. Hinojosa se han descrito los elementos que caracterizan la condición servil del campesinado de la región. En general, las diferencias de un autor a otro no suelen deberse sino al énfasis puesto en determinados aspectos o a veces simplemente al volumen de documentos utilizados. En una síntesis muy apretada, se trataría de lo siguiente: existe un ámbito exclusivamente señorial, al que pertenecen las relaciones en torno a la tierra, rentas y corveas, así como el control de la transmisión del patrimonio dentro y fuera de la familia campesina y el dominio personal sobre sus miembros, que incluye el derecho a retenerlos físicamente en el señorío y a enajenarlos. En este ámbito, el señor dispone de autoridad jurisdiccional. Para las causas mayores, los campesinos dependen de la justicia real. Pero ha de tenerse en cuenta que ésta funciona de manera muy diversa según se trate de infanzones o de labradores. Para los primeros el sistema prevé numerosas garantías; para los segundos se trata de una justicia fundamentalmente represiva, dotada entre otros del recurso a la ordalía, que viene a asegurar de modo coherente el dominio señorial. Como se ve, el sistema recuerda el régimen de los villanos ingleses. En este marco se plasma una abundante serie de cargas y controles concretos: censos de reconocimiento, pagos regulares y requisiciones arbitrarias en el variado capítulo de las rentas; corveas señoriales y servicios en trabajo de origen público —hueste, caminos, castillos…— exigidos en ocasiones por el rey y sus oficiales, en otras por el señor, y a veces alternativamente, en el apartado de prestaciones en trabajo; malos usos y monopolios señoriales; restricciones a la libertad de movimientos y a la capacidad de enajenar el patrimonio; control de la herencia. En cada uno de estos apartados, el catálogo de imposiciones concretas suele ser largo y variopinto.
Ahora bien, cualquier cuadro general de la condición del campesinado de esta región y esta época no hace sino ordenar y hacer visible lo que en la práctica era una amplísima variedad de situaciones. Las fuentes no dejan dudas a este respecto. Pero además, es algo consubstancial al régimen señorial. En Navarra conviven el señorío real, cedido o gestionado en diversas formas, con dispersos dominios eclesiásticos y con una maraña de pequeños y medianos señoríos, ínfimos y dispersos en ocasiones, en constante disgregación y reagrupación por el juego de herencias. Las relaciones de fuerzas varían —y obsérvese que es en el estricto ámbito señor-mezquino donde se juega la partida— de un lugar a otro, y varían en el tiempo. Ni la capacidad de coerción de todos los señores, ni la capacidad de resistencia de los mezquinos son similares o estables. Hay lugares donde los mezquinos pueden incluso jugar con la competencia entre señores, existe siempre la amenaza de la fuga; pero también hay quien instituye entre sus campesinos nuevos pagos sin más justificación que su voluntad, o aumenta de un año para otro las corveas, y a la inversa, quien negocia con sus hombres una simplificación de las cargas. Del mismo modo, por ejemplo, la noción de dominio personal es una pieza importante en la panoplia de poderes señoriales, pero su funcionalidad es completamente distinta para el dueño de un puñado de familias establecidas aquí y allá que para el dueño de una villa entera, o para el rey, que gozan de una serie más amplia de canales de renta. El grado y las circunstancias precisas de las formas de alienación son tan diversas como los señoríos. Esta diversidad de hecho ha venido siendo subrayada desde el trabajo de E. Hinojosa hasta los de A.J. Martín Duque y quien esto escribe, y más recientemente, hasta los de C. Laliena61.
2.2. PROBLEMAS DE TERMINOLOGÍA.
Justamente, esta diversidad en el grado y en las formas de la dominación, así como el hecho de que sólo la infanzonía protege de verse sometido a ellas, tiene que ver con la manera de nombrar esto de que estamos hablando: ¿son o no son siervos?
Tal como lo hiciera Hinojosa, varios autores se han referido natural y regularmente a estos campesinos como siervos; es el caso por ejemplo de F. Miranda, A.J. Martín Duque o Ph. Sénac. También lo ha hecho C. Laliena, quien además insiste sobre la conveniencia de denominarlos así, basándose en los mismos rasgos generales que ya destacara Hinojosa para identificarlos como siervos de la gleba, tales como el hecho de ser cedidos con tierras y familias62. Mi postura ha sido y es distinta63. Yo he sostenido que no hay que dudar en calificar al campesinado navarro de este período como “clase servil” y he tratado de explicar el proceso de asservissement generalizado. Pero el término “siervo” planteaba y plantea a mi entender más problemas de los que resuelve. En efecto, las fuentes muestran tanto hombres cuyo cuerpo se dice explícitamente que pertenece a su señor y cuyo vínculo de dependencia se transmite por la sangre, como campesinos del dominio real sin más señor que el monarca. $\it \Omega _ { j } \mathrm { S o n }$ siervos ambos?¿Habría que hablar de siervos y villanos?64 Cuando un campesino del rey es enajenado a favor de un señor, ¿pasa a convertirse en siervo? No estoy seguro de la operatividad de este concepto, ni en la sociedad navarra del XI ni en otras contemporáneas, porque implica circunscribir la servidumbre feudal a la definición de una serie de rasgos cuya aplicación delimita una clase de siervos tan variable como puede serlo la selección de criterios. Sigo pensando, en el contexto de diversidad que acabamos de ver, que lo definitorio es que todo hombre situado por debajo de la infanzonía o no protegido por un fuero, es sin más susceptible de sufrir el agravamiento de las cargas, prestaciones y controles personales y familiares que pesan sobre él, en función de intereses y decisiones señoriales. Lo cual me parece llevar a un par de consecuencias inmediatas: en primer lugar, y a diferencia de algunas otras regiones europeas contemporáneas, no hay en Navarra y Aragón, en el seno del campesinado, una categoría de siervos cuya mácula se transmita hereditariamente y cuyas formas de sumisión dependan de un régimen distinto del de sus vecinos, llámense estos hôtes, villanos o de otra manera. La sangre sólo transmite la infanzonía o la no infanzonía. En segundo lugar, estas disquisiciones no están muy lejos de largos debates que en otras historiografías —recordemos a Verriest versus Bloch, por limitarnos a un caso clásico— se han originado a la hora de manejar estas categorías en el análisis de la sociedad post-carolingia; por lo que haríamos todos bien en no darlas por despachadas en unas pocas líneas. Lamentablemente, es éste uno de los puntos en los que el diálogo se ha embarullado un poco65.
Sobre terminología, aunque de modo bien distinto, versa otra de las variaciones sobre el acuerdo. El vocabulario relativo al campesinado navarro ha sido objeto de varios ejercicios sistemáticos de investigación. S. Guijarro lo hizo dentro de su aná- lisis general de los términos definitorios de grupos sociales presentes en la documentación legerense; se interesó por su cronología y por la información que cabía deducir de cada variante66. De modo prácticamente simultáneo, pero en un trabajo mucho más amplio para lo que aquí nos ocupa, F. Miranda estudió los términos referidos a la población campesina navarra en el siglo XI, organizando el conjunto en función de su especificidad y cronología, y poniendo énfasis en los matices que cada vocablo aporta al conocimiento del objeto de estudio67. Por mi parte, extraje y ordené este vocabulario según un sistema de concordancias similar al habitualmente utilizado en filología, en dos tramos cronológicos: 1000-1076 y 1076-1150. Añadí a esto un registro de concordancias exclusivo para los términos “siervo”, “servir” y derivados entre 1000 y 107668. Salvo discrepancias menores —como la que atañe a los coliberti—, en lo que se refiere al significado de estos términos —mezquinos, homines, collazos, debitores, peitarii, laboratores…— coincidimos los tres en que la mayor parte de los vocablos son intercambiables y se refieren a una misma realidad, según exponía F. Miranda en el propio título de su trabajo: “variantes léxicas y ecuación conceptual”. Otra cosa es que S. Guijarro veía en la utilización como sinónimos de algunos vocablos que apuntan matices diversos en su etimología, el posible resultado del avance de la dependencia campesina con el consiguiente difuminado de diferencias anteriores en los estatus. Por mi parte, creo que se pueden advertir tendencias en el uso de determinados términos que reflejan el proceso general de degradación de la condición campesina, como es la progresiva preponderancia de “mezquino”, evocador de una situación de inferioridad social, frente al más neutro “hombre” que venía siendo el más habitual hasta ser espectacularmente desbancado en el último cuarto del siglo XI. Seguramente en esto no convenimos F. Miranda y yo, según se desprende de otros trabajos de este autor69, pero anotemos que las pruebas a favor de una u otra tesis son finalmente externas al estudio del vocabulario. Por último cabe recordar que C. Laliena y Ph. Sénac vienen afirmando desde hace tiempo que la difusión del término “villano” está ligada a la progresión de la servidumbre en el dominio real70. Es sin embargo una propuesta pendiente de confirmación documental sistemática, que plantea problemas al menos en Navarra, donde “villano” está lejos de ser un vocablo utilizado exclusivamente para los hombres de señorío real.
2.3. ¿EVOLUCIÓN O INMOVILIDAD?
El desacuerdo fundamental se refiere a la evolución de la condición campesina en los siglos XI y XII. C. Laliena, Ph. Sénac y yo mismo creemos que a lo largo del XI se da un proceso de degradación e intensificación cuantitativa y cualitativa de la servidumbre tanto en el dominio real como en los señoríos laicos y eclesiásticos. E. Ramírez Vaquero y A.J. Martín Duque la conciben en términos de estabilidad y prolongación de una situación heredada de la Alta Edad Media.
En lo que se refiere a esta problemática, el discurso de E. Ramírez Vaquero se sustenta en dos pilares. El primero, que comparte con A.J. Martín Duque, es que los contextos sociales, económicos y culturales de la sociedad rural se mueven lentamente y sólo son perceptibles en la larga duración. No hay modificaciones bruscas en dos generaciones, sino fijeza plurisecular de grupos71. Pero esto es una convicción, no una prueba. Para que sea admisible como argumento, ha de mostrarse su validez en el espacio y el tiempo en que se postulan. De hecho, los cambios en la sociedad rural han tenido ritmos e intensidades muy diversos en el milenio medieval. Puestos a evitar ejemplos sospechosos de “mutacionismo”, ¿puede sostenerse que los efectos del orden carolingio sobre la libertad de los grupos no aristocráticos han sido lentos y casi imperceptibles72?
El otro pilar es la expresión de su escepticismo hacia las tesis que sostienen la existencia de cambios profundos, que en el caso de Navarra son fundamentalmente de quien esto escribe. Ocurre sin embargo que tal escepticismo se manifiesta de un modo esencialmente retórico73, en forma de preguntas. Esto plantea un problema de método, porque conduce a la pérdida de vista de las fuentes. Pondré un par de ejemplos. E. Ramírez Vaquero ve una contradicción entre la radicalidad de los cambios sociales por un lado y la incapacidad de modificar la organización del poblamiento rural en la Vieja Navarra por parte de los señores, por el otro74. $\it { i } \mathrm { C o m o }$ hacemos? Una respuesta posible nos devuelve a la casilla de salida: puedo señalar, por ejemplo, que la autora está poniendo en paralelo dos fenómenos que en realidad ocurren, en mi explicación al menos, en tramos cronológicos distintos, con lo que habría de proceder a repetir los argumentos que di y documenté en su momento. Otra respuesta posible es aún más estéril: puedo contestar con otra pregunta, como por ejemplo, ¿si la clase señorial es débil, cómo es posible el régimen de servidumbre sólido y plurisecular que Ramírez Vaquero o Martín Duque plantean? Mientras nos movamos en este registro retórico, una misma observación genérica suele valer para sostener una cosa y su contraria. En este mismo sentido, pregunta E. Ramírez Vaquero qué diferencia conceptual existe entre los célebres registros de censos y prestaciones de los campesinos de Apardués y Adoáin, que en mi opinión afectan a población libre, y cualquier texto de cargas y prestaciones personales del siglo XII, cuando creo que cabe hablar de clase servil75. Evidentemente, la respuesta está implícita en la pregunta: en los dos casos no habrá sino pagos y servicios debidos por los campesinos. Ocurre que con un planteamiento similar, y si se me permite una reducción al absurdo, también se podrá sostener la ausencia de cambios en la condición campesina en Rusia entre el antes y el después de la abolición de la servidumbre por Alejandro II. La condición servil se concreta en diversas formas de sumisión, control y explotación, personales, familiares, económicas, ideológicas… que suelen exigir un estudio global de la sociedad rural. No en vano, enfocar las relaciones de dependencia en términos quasi contractuales es lo que llevó en su momento a algunos antropólogos a negar la noción misma de explotación76.
La cuestión, creo yo, es que convicciones y espíritu crítico son indispensables, pero no suficientes. No excusan a nadie de aportar pruebas, en una cantidad, consistencia y exhaustividad proporcionadas a la amplitud de la tesis que se sostiene. Este es, por otro lado, el único camino posible para dar respuestas concretas a algunas interrogantes que genera el propio discurso de A.J. Martín Duque y E. Ramírez Vaquero. Conciben el régimen señorial no de un modo monolítico, sino con numerosas variantes, con abundantes diferencias locales y con modificaciones en el régimen de pagos y prestaciones en función de las circunstancias de cada señorío en cada momento –modificaciones para mejor y para peor en la situación de los siervos. Siendo esto así, y en un tiempo de grandes transformaciones, como son la expansión territorial al sur o el surgimiento de núcleos urbanos, una de dos: o los cambios en uno y otro sentido se anulan mutuamente en una especie de mecanismo de autocorrección, de modo que el régimen señorial no varía en términos generales, o tienden a producirse preferente y acumulativamente en alguna dirección, con lo que entre 1000 y 1150 la condición campesina ha tenido que modificarse. Sea cual sea su propuesta, habrá que explicar cómo funciona el sistema.
2.4. LAS CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DE LA CONDICIÓN CAMPESINA.
Como he señalado algo más arriba, C. Laliena, Ph. Sénac y yo mismo coincidimos en sostener la existencia de un proceso de degradación de la condición campesina a lo largo del siglo XI. Las discrepancias se refieren al papel mayor o menor de unos u otros mecanismos de reducción en servidumbre, y naturalmente, tienen que ver con la coherencia interna de cada discurso, dado que también para el período anterior al año mil hay algunos desacuerdos entre nosotros.
C. Laliena ha venido haciendo hincapié en este proceso de degradación desde sus primeros trabajos sobre Aragón altomedieval. De hecho, ha sido el primero en afirmarlo con claridad77. También desde sus primeros trabajos, ha venido ligando el aumento del volumen de siervos a su instalación en tierras incultas, a la vez que se producía el deterioro de la condición de los villanos del dominio real por el incremento de las exigencias fiscales78. En su formulación más reciente, C. Laliena insiste en el papel fundamental del crecimiento agrario en la difusión del estatuto servil. Controlado en buena medida el proceso de roturaciones y densificación del poblamiento por los grandes propietarios, y en mucha mayor medida, por el rey, se produce el asentamiento de grupos y familias en tierras de unos y de otro, en condiciones de servidumbre. Al mismo tiempo, la propiedad campesina se ve erosionada, lo que conduce a una dinámica de sumisión individualizada. Añade además recientemente este autor otra pieza a su explicación, a saber la comprensión de los “malos fueros” como un empeoramiento de las exigencias asociadas al estatuto servil. La otra cara de la moneda es la asimilación en la categoría de infanzones de la capa de campesinos libres y propietarios que escapan a la servidumbre. En estos dos últimos puntos, coincidimos79.
Desde una posición simétrica a la de C. Laliena —conozco mucho mejor las fuentes navarras que las aragonesas—, creo que la instalación de cultivadores en tierras roturables de grandes propietarios ha jugado un papel mínimo en el desarrollo de la condición servil. En el reino de Pamplona no se documenta sino en unos pocos terrazgos marginales, y no es evidente que implique a gentes cuyas familias no estén ya sometidas al régimen señorial80. Los dos casos que aduce C. Laliena muestran la fragilidad de esta hipótesis. El primero se refiere al intento de San Juan de la Peña de crear un núcleo de población en torno a un pequeño monasterio situado en término de Aibar. C. Laliena subraya un elemento de la concesión abacial de 1056, hecha con permiso del rey. En virtud de ésta, un grupo de campesinos emigrados del valle pirenaico de Aezcoa recibían espacio para construir casas y el término del monasterio para labrar y explotar, a cambio del pago de la décima y de entrar ellos y su descendencia a formar parte de la población servil de San Juan de la Peña81. Sin embargo, la comunidad de Aibar consideraba esos terrenos como de su dependencia, no sólo por estar en su término, sino porque ya en torno a fines del X había ocupado y puesto en explotación las tierras del monasterio altomedieval que los monjes habían dejado arruinar. Incapaz la abadía de imponer su voluntad a los de Aibar, infanzones y villanos, los colonos nunca llegaron siquiera a habitar fuera de los edificios del pequeño monasterio. A finales del XI, la empresa desaparece de la documentación sin dejar rastro. La historia de Santiago de Aibar no es otra que la del fracaso de una modesta tentativa monástica de crear una villa en el territorio que una comunidad considera suyo desde varias generaciones antes82. El otro caso concierne la instalación de mezquinos en torno al monasterio de Lisave, lo cual se estimula con el ofrecimiento de un paúl donde plantar viñas en régimen de complant. Esto se recoge en dos documentos legerenses de 108483. En el primero, dado exclusivamente por el abad, la concesión se hace a nostris meschinis de Lisave. En el segundo, dado conjuntamente por el abad y el rey, éste hace istam genuationem illis hominibus qui uolunt populari circa monasterium quod uocatur Lisaue, et sint meschini Sancti Saluatoris et non cognoscant alium dominum nisi abbatem. Parece razonable no ver en esta “ingenuación” sino la “liberación” de ataduras señoriales previas para que puedan pasar a la dependencia de Leire hombres del dominio real —y quizá de otros señoríos. Habría cambio de señor, no entrada en servidumbre84.
Naturalmente, plantea aún mayor problema el prolongar está dinámica al siglo XII. En esta centuria, la población servil navarra aumentaría por dos razones, según C. Laliena: expansión demográfica y control masivo de los nobles del acceso a las zonas de roturación85. Lo primero habría que constatarlo en términos relativos al conjunto de la población, cosa que no se ha hecho. Para lo segundo, este autor arguye que se trata de un fenómeno difícil de documentar, porque los acuerdos de este tipo serían siempre verbales. Sin embargo sí existen en Navarra contratos escritos por los que se acepta una forma de dependencia servil a cambio de la instalación en una tenencia. Ocurre que son poco numerosos, si bien empiezan a hacerse algo más corrientes en la segunda mitad del XII, y desde luego es dudoso que puedan verse en ellos empresas de roturación. Se trata más bien de explotaciones en cuyas condiciones de acceso se perciben los primeros síntomas de la subida del valor de la tierra correlativa a la disponibilidad cada vez menor de espacios colonizables86. Otra cosa es, en fin, que cuando habla del acceso a zonas de roturación como mecanismo de entrada en servidumbre, C. Laliena tenga en mente —cosa que ignoro— la colonización de la Navarra meridional, en cuyo caso difícilmente podría sostenerse un deterioro de la condición campesina con respecto a la situación de origen.
Mi explicación ha sido y es otra. Creo que determinados rasgos estructurales del asunto que nos ocupa, cuales son el carácter de la infanzonía como línea de cesura, el hormiguero de señoríos de la Vieja Navarra o el papel de la monarquía en el régimen señorial, sólo son comprensibles en una perspectiva global del proceso feudalizador. Entre los años 20 y 70 del siglo XI, se constata tanto el aumento de imposiciones o “malos usos” en las tierras gobernadas en nombre del rey, como un proceso de enajenación de derechos de origen público —o real si se prefiere—, que pasan a manos de una aristocracia económica, política y militarmente cada vez más poderosa. La patrimonialización de derechos fiscales y judiciales —limitados, pero eficaces—, y el juego de herencias, donaciones y compraventas, da lugar tanto a la intensificación del dominio señorial como a la fragmentación de éste, de modo que se llega rápidamente a la cesión de derechos sobre familias campesinas, y de ahí a la cesión de las personas mismas. Esto se produce de modo coherente con el asalto al poder real por parte de los barones. Un asalto que da lugar a años críticos, pero no tiene lugar en un clima de desencadenamiento de violencias. La corona, en ningún momento despojada de su preeminencia y siempre presente en todo el reino como estructura de gobierno y administración, es tomada y transformada por quienes la sostenían. Se trata de someter al rey a un régimen político de naturaleza feudal en el que su poder esté atado y restringido por obligaciones mutuas con sus barones. El asesinato de Sancho de Peñalén y el paso de la parte propiamente navarra del reino a Sancho Ramírez de Aragón marcan el triunfo del proyecto aristocrático, que precede inmediatamente la expansión al sur.
De este modo, en las generaciones siguientes se pone en pie una sociedad feudal cuya originalidad reside en la yuxtaposición de dos paisajes señoriales. En la Navarra meridional, el imponente dominio real generado por la conquista encuadra el impulso colonizador por medio de grandes núcleos de población, fortificados y subordinados por lo general a castillos, y dotados de amplios términos. La nueva villa de la Navarra meridional es una pieza clave del dominio real cuya función es servir de base material, compacta y rica al feudo. En la Vieja Navarra, la patrimonialización de derechos ha dado lugar a un hormiguero de pequeños señoríos laicos muy inestables y arcaizantes, y señoríos eclesiásticos diseminados, entrelazados todos con lo que queda de dominio real. En manos de segundones, vasallos de abades y oficiales de un rey cuyos intereses miran más al sur, la pulverización, debilidad y competencia de señoríos hacen impensable una modificación sensible de los marcos de vida del año Mil.
La clave de arco que asegura la coherencia de esta sociedad feudal con dos caras es la monarquía. No sólo porque el rey está en la cúspide de la red feudal de poderes, sino porque asegura el funcionamiento de todo el sistema. La corona proporciona un aparato judicial sostenedor del poder señorial87 y, quizá sobre todo, garantiza la solidez de un régimen independiente de los lazos feudo-vasalláticos, la infanzonía, que agrupa bajo el manto de la corona a todos aquellos que se benefician del señorío o que escapan a él, sean feudatarios directos del rey, milites sin feudo, o amos de minúsculos señoríos. He aquí cómo puede entenderse la infanzonía como polo de referencia fundamental en la sociedad navarra del siglo XII.
Sin la comprensión de estos dos tiempos, dos fases en la estructuración del régimen señorial y feudal, con proyección territorial distinta, no es comprensible en mi opinión la coexistencia de los señoríos de aire arcaizante del norte con el panorama del sur, más familiar en el conjunto de la Europa meridional. También es fundamental para entender el papel de la corona en la comprensión del estatus campesino. En numerosas regiones de Europa, sea Languedoc o Lombardía, por ejemplo, el criterio definitorio de la posición de cada uno a un lado y otro del foso mayor que divide la sociedad se funda en si es juzgado por su señor o por sus pares. En Navarra, la cuestión es si se es o no infanzón, si se tiene derecho a acudir a la justicia del rey armada de garantías de todo tipo, o si se es juzgado por el señor en las causas menores, y por un aparato real dotado de instrumentos coactivos y represivos en las demás88.
C. Laliena comparte piezas fundamentales de este modelo de “dos tiempos” para Aragón89, así como la visión de la infanzonía en tanto que categoría que acoge a una parte de la población campesina que ha conseguido escapar al señorío y es susceptible de beneficiarse de éste y de la integración en redes vasalláticas90. Asimismo ambos hemos otorgado a lo que él llama Estado feudal y yo monarquía feudal un papel de primer orden en la configuración de la sociedad feudal.
Sin embargo, C. Laliena ha planteado su desacuerdo en la relación entre los “avances servilizadores” (según expresión de este autor) y los avatares del poder político. No sería honesto plantear mi punto de vista sobre ambas posturas sin tener también en cuenta dónde sitúan los otros el ámbito del debate. C. Laliena niega tajantemente que haya desintegración del poder real91; cosa en la que, repito, estamos de acuerdo con toda evidencia y no merece más desarrollo que el envío a las páginas correspondientes92. Dicho lo cual, creo que hay un primer problema en la elección de términos: la única alternativa posible no es desintegración o no desintegración. Entre el nombramiento de L. Carrero Blanco como presidente del gobierno y la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, nunca se ha desintegrado el Estado, y sin embargo, su legitimidad, su marco jurídico, sus reglas de funcionamiento, su financiación, su organización territorial, su eficacia y la extracción política y social de sus gobernantes, se han transformado, yo diría que radicalmente. La cuestión ha de plantearse en otros términos.
No cabe duda de que Aragón goza tras 1035 de una estabilidad interna notable. Pero de ahí no se sigue que haya que minimizar las tensiones ocurridas en otros ámbitos. Sin ánimo de descripción exhaustiva, que la paz entre el rey y sus barones haya de establecerse mediante acuerdos escritos y juramentos mutuos, que el rey acabe siendo despeñado como fruto de una conspiración y que sus herederos sean apartados del trono, que acto seguido el reino se parta en dos no por conquista sino porque los barones toman como señores a los reyes vecinos, sí parecen síntomas de crisis política. Cierto, no hay guerras privadas y castellanías independientes. La modalidad del asalto al poder real tiene que ver con el equilibrio de fuerzas y con el tipo de estructura de gobierno de que se parte —en la que, por ejemplo, ningún señor había llegado a controlar duraderamente, ni de facto ni de iure, ninguna fortaleza93. Como señala C. Laliena, la aristocracia aragonesa cierra filas en torno a su rey desde Ramiro I94. También la aristocracia navarra cierra filas en torno a un proyecto polí- tico que aúna el reparto de poder en el interior y las aspiraciones en el gran tablero peninsular de las parias y la conquista. Pero si el rey no se pliega a esto, las tensiones se disparan y el conflicto acaba resolviéndose a las bravas.
Naturalmente que los “avances servilizadores” no se explican en una relación causa efecto con la crisis política. Basta ver la cronología que propongo para ambos fenómenos para comprobarlo. Lo que sí sostengo, es que forman parte coherente de un mismo movimiento por el que, en una coyuntura nueva y dinámica, como es la de la España cristiana en las décadas que siguen a 1009, una aristocracia más rica que sus predecesores, y por ende con más capacidad militar vía clientelas, con perspectivas de expansión excepcionales, a la vista además de los frutos cada vez más visibles del crecimiento interno, hace saltar los mecanismos sociales y políticos heredados del período anterior que bloqueaban sus aspiraciones. La instauración del régimen señorial y la degradación de la libertad campesina es una de las caras de este movimiento, y desde luego no la que más preocupaba a la monarquía navarra, ni mucho menos. En esta perspectiva, puede perfectamente entenderse de qué manera un mismo proceso de reducción en servidumbre puede darse en coyunturas políticas distintas cuales son las de Navarra y Aragón entre 1035 y 1076, sin que esto signifique que una y otra cosa estén desligadas.
En mi opinión, aquí se ha producido un doble problema de método. En primer lugar, cuando se argumenta contra la existencia de una crisis del poder público señalando la ausencia de fenómenos de violencia que caracterizan esta misma crisis en otros ámbitos —Cataluña en la argumentación de C. Laliena—, se desvía la vista del análisis de la lógica interna y el sustento de las fuentes de aquello que se critica, para limitarse a verificar si se da o no algo cuya condición de elemento indispensable y casi fósil director no se ha justificado previamente.
En segundo lugar, y con unos efectos más generales, C. Laliena insiste en subrayar la trascendencia de las transformaciones de todo tipo sufridas por la sociedad aragonesa a raíz de su espectacular expansión territorial y la captura y explotación de la riqueza musulmana. Parte de una premisa plausible: “ninguna sociedad como la que constituían las gentes del reino aragonés del siglo XI podía asimilar la ocupación de un territorio que cuadriplicaba el originario sin experimentar una verdadera ruptura social interna”95. Tampoco son discutibles la enorme magnitud y el carácter estructural de los cambios ocurridos: concentración de la población en grandes núcleos fortificados o subordinados a fortificaciones, introducción de las ciudades en el sistema social, afirmación del Estado feudal, señoríos jurisdiccionales, subordinación de campesinos libres…. El problema surge del hecho de considerarlos la “verdadera ‘revolución feudal’”96. No por la denominación en sí, sino porque, una vez identificado lo que para este autor es el período de ruptura social a gran escala, las transformaciones producidas con anterioridad tienden por contraste a palidecer en su discurso.
La insistencia en restar importancia a los cambios en la estructura de poder habidos en el siglo XI se inscriben dentro de una paradoja mucho mayor a la que ya hicimos alusión más arriba: antes del año Mil —y utilizo exclusivamente el punto de vista de C. Laliena97— nos encontramos con una sociedad cuya aristocracia dispone de mecanismos de extracción de rentas muy débiles y limitadas posibilidades coercitivas, con comunidades sin parroquias y sin señores; durante el primer tercio del siglo XI se implanta un sistema de honores que impregna de feudalidad las relaciones de la clase dirigente, se agrava la posición de muchas familias campesinas, se generaliza (subrayémoslo) la servidumbre. Pues bien, a pesar de esto y de considerarlos cambios significativos, se trataría sólo de “ajustes fruto de la evolución progresiva en las líneas maestras de la arquitectura social definida tiempo atrás”98. Yo creo que la generalización de la servidumbre es algo más que un ajuste. Y sobre todo, no veo por qué las transformaciones del siglo XI han de entenderse en función de las del XII, o por qué la ruptura del “Viejo Orden” ha de coincidir con el momento en que las transformaciones en otros ámbitos son más espectaculares. Por poner un ejemplo cercano, la ruina de las instituciones públicas en Languedoc se produjo no en una crisis breve y violenta, sino “en una tormenta general de conflictos horizontales entre poderes del mismo nivel, que duró más de un siglo”99 y que en absoluto es contemporánea de otras innovaciones, como por ejemplo la ola de fundaciones de bastidas.
Como se puede ver, tras dos décadas de trabajos, hay consensos importantes y hay discrepancias radicales. En unos y otras, como no podía ser menos, se reflejan dificultades de método y de diálogo que afectan al conjunto del medievalismo ibé- rico. La cuestión de la servidumbre en Navarra y Aragón es un problema vivo. Vivo porque el debate está abierto, y vivo porque su desarrollo deja al descubierto nuevos campos de trabajo de trascendencia no desdeñable. Aquí se han señalado algunos, incluso en períodos cuyas fuentes tienden a considerarse agotadas con cierta precipitación. Sería injusto no señalar otros que han de ponerse fundamentalmente en el activo de C. Laliena. Así la propuesta de un ejercicio de comparación entre la evolución de la servidumbre navarra y la aragonesa a partir de mediados del siglo XII100. Así también, y quizá sobre todo, el esbozo del estudio de los componentes simbólicos del estatuto servil101. Con esto último, se introduce además en aspectos de la familia infanzona y villana en los que confluye, si bien en perspectivas diferentes, con propuestas de F. Miranda102.