Invasión francesa, gobierno intruso. Los fondos de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional\*.
María Jesús Álva rez-Coca González Archivo Histórico Nacional firstname.lastname@example.org.
Recibido: 15 de febrero 2012
Aceptado: 27 de abril de 2012.
RESUMEN.
La Guerra de la Independencia fue un periodo convulso cuya huella documental está diluida en los archivos bajo etiquetas tan genéricas como “Invasión francesa” o “Gobierno Intruso”. El Archivo Histó- rico Nacional ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de descripción y digitalización de documentos, disponible en la Web, en el Portal de Archivos Españoles (PARES), en el que la mayor aportación es la contextualización de la documentación en sus organismos productores. En este artículo se explican las manipulaciones políticas de los archivos de la Guerra de la Independencia como la causa del enmascaramiento actual de los documentos, y se realiza un análisis de las instituciones identificadas, tanto de la administración de José I como del “gobierno patriótico”.
Palabras clave: Guerra de la Independencia española (1808-1814), Guerras napoleónicas, Fernando VII, José I, Archivo Histórico Nacional, Portal de Archivos Españoles (PARES), Fuentes documentales, Historia de las instituciones, Historia de los archivos.
“French Invasion”, “Intruder Government”. The Peninsular War Fonds in the National Historic Archives.
ABSTRACT.
The Spanish Independence War was a convulsive period. Its documentary trace is difficult to follow but can be found in the archives with generic names such as “French invasion” or “Intruder Government”. The National Historic Archives has carried out an ambitious description and digital program which is available on the Spanish Archives Portal (PARES) website whose biggest contribution is to set documents in their institutional context. This article explains the political manipulation of the archives of The Independence War as the cause for the current concealment of documents. An analysis of identified institutions such as the administration of José I as well as the “patriotic government” is offered.
Key words: The Peninsular War (1808-1814), Fernando VII, José I, National Historic Archives (Madrid), Spanish Archives Portal (PARES), archives sources, institution history, archives history.
Referencia normalizada.
Álvarez-Coca González, M. J. (2012). “Invasión francesa, gobierno intruso. Los fondos de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional”. Cuadernos de Historia Moderna, Vol. 37.
Sumario: 1. INTRODUCCIÓN 2. LAS DOS ADMINISTRACIONES EN GUERRA. SUS ARCHIVOS 2.1 Los archivos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) 2.2 Los documentos de la Guerra de la Independencia a partir de 1814 2.3 Los documentos de la Guerra de la Independencia a partir 1834 2.4 Los documentos de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional 3. LAS DOS ADMINISTRACIONES EN GUERRA. LAS INSTITUCIONES EN EL ARCHIVO HISTÓ- RICO NACIONAL 3.1 La administración de José I 3.2. El gobierno “patriótico” 3.3 El retorno de Fernando VII. Entre la depuración y la exaltación 4. DOCUMENTANDO LA GUERRA. EL DEPÓSITO DE LA GUERRA 5. ARCHIVOS PRIVADOS 6. CONCLUSIÓN. ANEXO: Los fondos de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional. Portal de Archivos Españoles (PARES). Inventario Dinámico.
No hay remedio, franceses, ya no puedo tolerar más sonrojos de la España, dexadme ahorcar, descienda un rayo fiero que acabe con mi vida y con mi fama. Ya no soy Bonaparte, soy un monstruo, un cobarde embustero y un fantasma, que subiendo a los cuernos de la luna, pensé que al mundo entero dominaba DELIRIOS DE NAPOLEÓN1
1. INTRODUCCIÓN2
1808-1814: dos gobiernos en guerra, dos sistemas administrativos paralelos. $\it { i D o n } -$ de están los archivos de los ministerios de José I, o de los organismos creados por la Constitución de Cádiz? La huella documental de ambas administraciones parece haberse difuminado bajo etiquetas como “Gobierno Intruso”, “Dominación napoleónica”, “Guerra de la Independencia” o “Invasión francesa”, agrupaciones que se repiten en varios archivos3 .
En una visión de conjunto de las fuentes documentales sobre la Guerra de la Independencia son imprescindibles los archivos militares, que han realizado un gran esfuerzo historiográfico4 , el Archivo General de Palacio5 , el Archivo del Congreso de los Diputados6 , y dos archivos históricos con los fondos fragmentados: el Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico Nacional. La Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia transfirió a Simancas, en 1826, una gran remesa de documentos, entre los que figuraban algunos bajo la denominación “Gobierno Intruso” (años 1809-1813)7 mientras que al Archivo Histórico Nacional llegaron documentos de este periodo ya a fines del siglo XIX, entremezclados entre las transferencias masivas de los documentos de los consejos que permanecían en Madrid, bajo la custodia del Ministerio de Gracia y Justicia8 .
El Archivo Histórico Nacional ha realizado un gran esfuerzo para poder ofrecer a los investigadores un trabajo sistemático de identificación correcta de los organismos de la Guerra de la Independencia. Algunos ingresaron bien identificados como la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, las Juntas de Negocios Contenciosos, y el Consejo y Tribunal de España e Indias (Consejo Reunido), pero el resto estaba bajo las etiquetas Invasión francesa / Gobierno Intruso9 . A lo largo de este artículo se explicarán los condicionantes que llevaron al actual enmascaramiento de los documentos, a través de dos líneas de exposición: la historia de los archivos de la Guerra de la Independencia y el análisis documental de las instituciones de los gobiernos de José I y de Fernando VII que se han localizado. El objetivo es ofrecer a los investigadores la documentación correctamente situada en su contexto archivístico, lo que sin duda potencia su valor documental e histórico. Se incluye por ello un anexo final con la relación de todos los fondos y series documentales de la Guerra de la Independencia del Archivo Histórico Nacional.
8 Ya en 1847 se señalaba esta fragmentación de los fondos entre varios archivos. En el real decreto del 5 de noviembre de 1847, por el que se creaba la Junta Superior Directiva de Archivos, dependiente del Ministerio de Gracia y Justicia, se indicaba: “Para poner en cobro esta riqueza se dispusieron de tiempo en tiempo, según ya queda expresado, numerosas traslaciones a los archivos generales; pero sin el método y la diligencia necesarios, como lo comprueban la existencia de no pocos papeles, anteriores de muchos siglos a dichas traslaciones, en los archivos de esta corte, y la circunstancia de hallarse en los generales colecciones de mucha importancia descabaladas e interrumpidas en su serie y progresión”. Estos “archivos de esta corte” fueron los que se transfirieron al Archivo Histórico Nacional en 1898.
La difusión de este trabajo archivístico entre la comunidad internacional queda asegurada por hallarse las descripciones e imágenes digitales en la Web, por vía doble: el Portal de Archivos Españoles (PARES) (http://pares.mcu.es/), con un micrositio de carácter didáctico alojado en los Monográficos del Portal: La Guerra de la Independencia a través de los fondos del Archivo Histórico Nacional (http://pares. mcu.es/GuerraIndependencia/portal/), y el Portal Europeo de Archivos (APEnet) (http://www.apenet.eu/) un proyecto de la Comisión Europea que cuenta con la participación, en estos momentos, de diecisiete archivos nacionales europeos, en estrecha cooperación con Europeana10.
2. LAS DOS ADMINISTRACIONES EN GUERRA. SUS ARCHIVOS.
Junto a los problemas documentales que provocaron los cambios en los modelos de gestión política y administrativa y las condiciones inestables de la guerra, hay otro factor determinante para la actual opacidad de los documentos de la Guerra de la Independencia en los archivos: la manipulación política de los documentos, durante y después del conflicto, especialmente en fechas claves como 1814 y 1847. Por ello, es preciso conocer la historia de los archivos de estas instituciones para comprender, en la medida posible, el porqué de la actual disgregación de los documentos entre varios archivos, y valorar el trabajo de identificación de fondos del Archivo Histórico Nacional.
2.1. Los archivos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)
Los agitados meses que siguieron al dos de mayo de 1808 fueron determinantes para el sistema archivístico establecido. La llegada de José I y los decretos de Chamartín significaron el colapso del sistema tradicional de los consejos y secretarías del despacho y la pérdida de sus archivos, que quedaron en manos del “Gobierno Intruso”. En nombre de Fernando VII se fueron creando nuevas instituciones que siempre tuvieron un carácter itinerante, por los vaivenes de la guerra11, con un sistema de trabajo precario, sin antecedentes, y con empleados que llegaban, en oleadas, huyendo de Madrid para no jurar fidelidad al rey francés; precisamente, el conocimiento de los miembros de la nueva administración de José I fue uno de los primeros objetivos de la Junta Central, que abrió un expediente sobre los sujetos colaboracionistas con el gobierno intruso, que deben incluirse en un segundo decreto de declaración de traidores de la patria12.
Por su parte, los organismos creados por la Constitución de Bayona no pudieron llegar a consolidarse, ya que el gobierno de José I tuvo que huir precipitadamente de la capital en varias ocasiones.
¡A Francia! Todas las mañanas nos saluda la gente con el estribillo de que se marchan los franceses aburridos y cansados, y por las noches nos acostamos con la certidumbre de que los franceses no se aburren, ni se cansan, ni tampoco se van. […] Y así corren los meses y los años: la gente muere, el pan sube, los pleitos merman, el dinero se acaba y los franceses no se van sino para volver. Cuatro veces hemos visto salir al Sr. Pepe y cuatro veces le hemos visto entrar con más bríos. […] Los franceses salen por un lado y los ingleses entran por otro. Pero esto parece escenario de un teatro: el lord se va por la derecha y José se nos cuela por la izquierda...13.
Esta inestabilidad del gobierno en la capital, que queda tan bien plasmada en la documentación de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, tuvo sus consecuencias para los archivos, como se refleja elocuentemente en un impreso de 1808: Carta que un Español dirigió a Murat, lugarteniente que fue del Reyno, hallada entre varios papeles que dexaron en Madrid los Franceses, en su precipitada fuga14.
Más allá de los efectos de la guerra, fueron las reformas de José I las que realmente incidieron sobre los archivos de Madrid. Cuando suprimió la Junta de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de Extranjeros, se repartió la documentación entre los ministerios recién creados, pasando la de la Dependencia de Extranjeros al Ministerio de Negocios Extranjeros15.
La Regencia, demostró gran interés por la documentación que dejaba el “Gobierno Intruso” en sus huidas. Después de la batalla de Arapiles envió varios comisionados a Madrid para recoger e inventariar los objetos y documentos que podían haber sido objeto de la rapacidad de los franceses, y trasladarlos a un lugar seguro, pero el repentino regreso de los franceses provocó la marcha precipitada de estos comisionados, a los cuarenta días del inicio de su trabajo16. Será en 1813, con el retorno definitivo a la capital tras la batalla de Vitoria, cuando la Regencia pueda llevar adelante la política de control de los documentos del “gobierno intruso”, especialmente del Ministerio del Interior de José I. Para ello comisionó a Pedro Vicente Vázquez Ballesteros17, el cual, dado que encontró documentos de varias secretarías del despacho, los repartió entre las secretarías correspondientes18. Fue entonces, al regreso definitivo del gobierno a Madrid, cuando se evidenció las repercusiones de la guerra incluso sobre los archivos de las representaciones diplomáticas extranjeras en España19.
Esta manipulación de los archivos se superpone a un sistema administrativo que se nos presenta inestable y, a veces, caótico. Como ejemplo, veamos qué instituciones de la administración de Fernando VII fueron las responsables entre 1808 y 1814, de algunas de las competencias del Consejo y de la Cámara de Castilla:
A) El nombramiento y control de los jueces y magistrados, que había sido una función de la Cámara de Castilla (cuyo archivo se quedó en Madrid), fue asumida por el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, de 1809 a 1812, ya que el funcionamiento de la institución y la organización de la documentación revelan que la reposición del Consejo y Cámara de Castilla, en 1810, fue un cambio meramente legal. Tras ser abolidos los consejos por las Cortes, será el Consejo de Estado creado por la constitución gaditana (1812-1814) el organismo que se encargue de ello. A partir del regreso de Fernando VII, la repuesta Cámara de Castilla no sólo volverá a asumir sus competencias en este punto, sino que recogerá todos los documentos de estas instituciones sevillanas y gaditanas citadas, pero sin señalar su procedencia, indicando, únicamente “Invasión francesa. Personal” o “Invasión francesa. Indiferente”20.
B) Las competencias de gobierno, fueron gestionadas sucesivamente por el Consejo de Castilla (sus archivos se quedaron en el palacio de los consejos en Madrid), el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, la nueva Secretaría de la Gobernación de la Península que establecieron las Cortes gaditanas y, de nuevo, el Consejo de Castilla en 1814, donde fueron a parar todos los documentos anteriores, también sin señalar su procedencia.
La actuación del Consejo de Castilla en los primeros meses de la Guerra de la Independencia se hallaba bajo denominaciones diversas. Por ejemplo el Expediente general de la entrada en España y en Madrid de 50.000 soldados franceses en 1808 estaba etiquetado simplemente como “Documentos curiosos”, el Expediente general sobre alborotos en 1808, como “Documentos curiosos. Dos de mayo y antecedentes”, y los Expedientes relativos a la actuación del Consejo de Castilla en 1808, bajo la denominación genérica “Invasión francesa”.
La documentación reunida bajo la etiqueta “Consejo Reunido”, fue integrada en el archivo de la Secretaría de Gobernación de la Península como antecedente para su propia gestión. Finalmente, el conjunto de estos documentos, tanto los del Consejo Reunido como los de la Secretaría de la Gobernación de la Península, fueron entregados por el Ministro de Gracia y Justicia al Consejo de Castilla, en cuyo archivo se integraron. Se ha identificado más documentación de la Secretaría de la Gobernación de la Península, bajo la denominación “Indiferente general”.
C) Para completar esta visión de conjunto sobre la relación entre la diversidad de organismos que fueron asumiendo una misma competencia a lo largo de la guerra, y las incidencias archivísticas que dificultan la localización de sus papeles, sigamos con la administración de justicia. Se siguió un esquema semejante al descrito: hasta 1808 la ejercían los Consejos de Castilla, Hacienda e Indias (y cada escribano de cámara tenía su propio archivo repartido por las calles de Madrid); posteriormente, el Consejo Reunido, el Tribunal Supremo creado por la Constitución en 1812 y en 1814, otra vez los repuestos consejos de Castilla, Indias, Hacienda. Los escribanos de cámara de estos consejos recogieron todos los procesos de los organismos de la Guerra de la Independencia y los integraron en sus series documentales, sin indicar esta circunstancia. Además, hay que tener en cuenta que, paralelamente, José I había creado las Juntas de Negocios Contenciosos (1809-1813) para finalizar los procesos abiertos en el Consejo de Castilla, por lo que parte de los procesos de este consejo se hallan entre la documentación de las Juntas.
2.2. Los documentos de la Guerra de la Independencia a partir de 1814.
El regreso de Fernando VII supuso el retorno al sistema administrativo anterior a 1808. $\it { i Q u e }$ repercusiones tuvo para los documentos generados por estas dos administraciones entre 1808 y 1814? Ya se ha indicado que fueron fragmentados y agrupados bajo denominaciones genéricas, o integrados en las propias series documentales de los repuestos consejos o de las secretarías del despacho, como si no hubieran existido jamás ciertos organismos. Por ejemplo, en 1824, tras examinar la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia los papeles venidos de Cádiz y Sevilla, se entregó al Consejo de Castilla la documentación correspondiente a las Cortes y a las secretarías de Gobernación de la Península y de Ultramar.
Pero las instituciones creadas por José I sufrieron una manipulación mayor que denota cierto interés por hacerlas desaparecer. Salvo en el caso de las Juntas de Negocios Contenciosos, que mantuvieron una integridad casi total, la documentación de los ministerios josefinos se ha localizado bajo los epígrafes “Gobierno Intruso” y “Guerra de la Independencia” de la sección de Estado, o “Sucesos políticos” de la sección de Consejos. Corresponden también a la administración de José I los documentos interceptados por la Secretaría del Despacho de Estado, donde se creó un Negociado de Interceptación; estos documentos se localizaron en la sección de Estado, bajo los epígrafes “Gobierno Intruso” y “Afrancesados”.
Otro factor coadyuvó al presente enmascaramiento de las instituciones de este periodo y fue la creación de nuevos órganos represores, que en su afán por encontrar pruebas acusatorias, tomaron documentos de varios organismos anteriores, lo que supuso el definitivo desorden y pérdida de la documentación de la Guerra de la Independencia. Es el caso de la Junta Suprema de Reintegros o de la Comisión de Causas de Estado. Desdevises du Dezert al analizar los documentos que se hallaban bajo la rúbrica “Gobierno Intruso” fue bien preciso:
Nous espérions y trouver quelques renseignements sur notre période, nous n’y avons rencontré que des indications relatives aux confiscations prononcées par le gouvernement de Joseph contre ses adversaires. Au mois d’août e d’octobre 1813, après la retraite de Joseph, les autorités espagnoles mirent la main sur tous ces papiers et les confièrent á l’administration générale des rentes et biens nationaux. En mai 1814 fut établie á Madrid une Junte du Crédit Public, et un peu plus tard une Junte suprême de réintégrance (Junta Suprema de Reintegros) qui essayèrent de classer cette masse énorme de documents. On dressa des inventaires partiels d’après les provenances diverses et d’après la nature des pièces inventoriées, on disloqua les fonds, on dépeça les liasses, on changea leurs numéros, et tout ce travail, conduite sans suite e sans méthode, n’aurait eu pour résultat que de rendre infiniment plus difficile l’étude des documents, si cette étude n’était devenue out à fait impossible par suite des déménagements successifs de toutes ces collections 21.
Por todo ello, se han incluido en el proyecto los documentos de los consejos de años posteriores que pueden resultar de interés para los historiadores de la Guerra de la Independencia, como los expedientes afrancesados que emigraron a Francia, tramitados por el Consejo de Castilla.
2.3. Los documentos de la Guerra de la Independencia a partir 1834.
Los decretos del 24 de marzo de 1834 representaron el final de unas instituciones que habían encarnado durante siglos la esencia del Antiguo Régimen. Con la llegada de los nuevos tiempos, se crearon nuevos organismos (el Tribunal Supremo y el Consejo Real de España e Indias), que ocuparon el palacio de los consejos, donde se hallaba una documentación que ya no se necesitaba22.
La custodia de los archivos de los extinguidos consejos fue una pesada carga para el gobierno, que ensayó varias fórmulas a lo largo de más de sesenta años hasta dar con la solución definitiva: el Archivo Histórico Nacional. El Consejo Real recibió la custodia de esos archivos, como se refleja en el Reglamento de 20 de diciembre de 1834, por lo que nombró un “archivero de los consejos suprimidos”, pero la situación debía ser tan deficiente que el Consejo Real de España e Indias, junto con el Tribunal Supremo, nombraron una comisión en el archivo del suprimido Consejo de Castilla para la separación de los expedientes gubernativos de los contenciosos23. Este intento de aplicar a la documentación de los consejos unos criterios de organización tan ajenos como la separación de funciones, se repetirá en el Archivo Histórico Nacional en 1898 y en ambos casos fracasó24.
La inmediata supresión del Consejo Real de España e Indias, el 28 de septiembre de 1836, hizo que, finalmente, el Tribunal Supremo tuviera la tutela de todos estos archivos, por lo que emprendió una política de recuperación de documentos dispersos que estaban en el palacio de los consejos y en los archivos de las escribanías de cámara de los extintos consejos de Castilla, Hacienda e Indias, que se hallaban repartidos por Madrid en locales arrendados25. Esta preocupación por los documentos del Antiguo Régimen llegó incluso a las propias Cortes, que celebraron una sesión secreta el 27 de julio del 1837 sobre cómo afrontar la custodia de estos archivos26.
Será en las décadas de los 40 y 50 cuando se comience a diseñar una política archivística que contemple, no sólo los grandes archivos como los de la Corona de Aragón, Simancas o Indias, sino también la custodia de estos archivos del Antiguo Régimen, cuestión que no se había resuelto en su conjunto. Y esta responsabilidad la asumió el Ministerio de Gracia y Justicia. El punto culminante fue la creación por real decreto de 5 de noviembre de 1847, de una Junta Superior Directiva para la conservación y arreglo de los archivos del Reino dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia27. Organizando la documentación de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional, se ha comprobado que es en este momento, el año 1847, cuando Lesmes Hernando, archivero de la Secretaría de Gracia y Justicia de Castilla de la extinta Cámara de Castilla28, formó e inventarió la colección denominada “Invasión Francesa. Personal” e “Invasión Francesa. Indiferente”, donde reunió los documentos relativos al control de los jueces y magistrados durante los años 1808-1814 (Cámara Castilla / Consejo Reunido / Consejo de Estado). Esta Junta Superior duró poco; fue sustituida al año siguiente por una Dirección General de Archivos de España y Ultramar del Ministerio de Gracia y Justicia (real decreto de 1 de diciembre de 1848)29, a cuyo frente nombraron a Pedro Sainz de Andino, vicepresidente de la anterior Junta. A partir de ese momento el Ministerio de Gracia y Justicia inició una política de reunificación y traslado de estos archivos al edificio del Ministerio de Gracia y Justicia, de manera que cuando se creó formalmente el archivo general del Ministerio en 1873, ya formaban parte de $\mathrm { e l } ^ { 3 0 }$ .
En el diseño de una auténtica política archivística durante el reinado de Isabel II, se abordaron aspectos fundamentales, como la formación de profesionales especializados (Escuela de Diplomática) o la ampliación de la red de archivos. El 17 de julio de 1858 se creó un nuevo archivo (el Archivo General Central de Alcalá de Henares), entre cuyos objetivos estaba la salvaguarda de estos archivos del Antiguo Régimen, pero en este punto únicamente se llevó a cabo la transferencia de la documentación del archivo de Gracia y Justicia de Castilla de la Cámara de Castilla; el resto permaneció bajo la custodia del Ministerio de Gracia y Justicia.
2.4. Los documentos de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional.
Realmente, la solución definitiva para los archivos que se hallaban en Madrid fue la creación, a petición de la Real Academia de la Historia, de un Archivo Histórico Nacional en Madrid, aunque esta documentación no ingresó hasta 1897, treinta años después de su creación, cuando se trasladó a una nueva sede en el Palacio de Biblioteca y Museos. Al disponer de espacio suficiente, el Ministerio de Gracia y Justicia pudo transferir, entre otros, los documentos que todavía estaban a su cargo del archivo del Consejo de Castilla, aproximadamente 2.000 libros y más de 85.000 legajos, donde figuraban las agrupaciones “Invasión francesa” y “Consejo Reunido”, así como los del Real Patronato de Castilla, además del archivo de Gracia y Justicia y Real Patronato de Aragón, de la Cámara de Castilla. El Archivo General Central de Alcalá transfirió los documentos de la Secretaría de Gracia y Justicia de la Cámara de Castilla, con las agrupaciones “Invasión francesa. Personal e Indiferente”, y el Tribunal Supremo los archivos de las escribanías de cámara de los Consejos de Castilla, Hacienda e Indias, entre los que se hallaban los del propio Tribunal Supremo creado por las Cortes de Cádiz.
Años después ingresaron más documentos de la Guerra de la Independencia: los de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, así como los del Consejo de Estado creado en 1812, y los del Ministerio josefino de Negocios Extranjeros, mezclados con los del Consejo de Estado del Antiguo Régimen y los de la Secretaría del Despacho de Estado, transferidos, parte por el Archivo General Central, y parte directamente desde el Ministerio de Estado, o los de un agonizante Consejo de la Inquisición, producto de un trueque de fondos con el Archivo de Simancas a comienzos del s. XX.
3. LAS DOS ADMINISTRACIONES EN GUERRA. LAS INSTITUCIONES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
3.1. La administración de José I.
Una de las mayores aportaciones del proyecto es la localización de los documentos de varios de los órganos de la Administración del “Intruso”, algunos parcialmente conocidos y otros inéditos. Como señala Martínez Navas, “se ha prestado escasa atención a las instituciones propias de la España josefina. El entramado institucional pergeñado en el Estatuto de Bayona, ha interesado raramente a la doctrina constitucionalista y algo similar ha ocurrido desde el punto de vista de la historia institucional”, y continúa “la escasa documentación conservada, así como el no funcionamiento efectivo de algunas de esas instituciones, dificulta, cuando no empece su estudio”31.
La actual dispersión de los documentos del “Intruso” en varios archivos avala esta afirmación. En el Archivo de la Corona de Aragón existen setenta cajas de documentos de los organismos de la administración francesa en Cataluña, transferidas en 1922 por la Delegación de Hacienda de Barcelona, con la etiqueta “Dominación napoleónica”, y una amplia documentación de la Casa de la Moneda de Barcelona durante la Guerra de la Independencia, que remitió la Intendencia militar de Cataluña en 1838; asimismo en el fondo de la Real Audiencia de Cataluña, se conservan “acordadas” de este periodo32. Sin embargo destacan tres archivos por tener documentos del “Gobierno Intruso” con carácter complementario: el General de Palacio, en el que se conserva los documentos del Ministerio Secretaría de Estado de José $\mathrm { I } ^ { 3 3 }$ y, especialmente el Archivo de Simancas y el Histórico Nacional. Como ya se ha señalado en el apartado de la historia de los archivos, con motivo del traslado de las secretarías del despacho del Palacio Real a la casa del marqués de Grimaldi, la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia hizo en 1826 una transferencia masiva de documentación al Archivo de Simancas, en la que se integraban 196 legajos y 16 libros registros bajo la denominación “gobierno intruso” (años 1809-1813). A través de las investigaciones de los profesores Scotti y Hernández Enviz34 se aprecia que son documentos en su mayor parte complementarios con los fondos del Archivo Histórico Nacional, donde, además de los ya conocidos de las Juntas de Negocios Contenciosos y la Comisaría Regia General de Andalucía, hemos identificado, descrito y digitalizado los documentos de los Ministerios del Interior, de Hacienda, de Negocios Extranjeros, de Negocios Eclesiásticos y de Policía General, en las secciones de Estado, Consejos e Inquisición.
Tras la supresión del Consejo de Castilla por los decretos de Chamartín de 4 de diciembre de 1808, se produjo una situación de colapso en la administración, con la huida de muchos empleados. Con los que quedaron en Madrid, José I puso en marcha el nuevo sistema administrativo marcado en la Constitución de Bayona, que no había sido posible establecer antes porque los acontecimientos bélicos habían provocado la huída del rey de la capital. A su regreso, José I pudo abordar esta cuestión con aquellos individuos que juraron fidelidad al nuevo rey35. La Junta Central abrió en mayo de 1809 un expediente sobre los sujetos, colaboracionistas con el gobierno intruso, que deben incluirse en un segundo decreto de declaración de traidores de la patria, donde se incluyó un listado con los nombres de los individuos que estaban a las órdenes del rey intruso36. El odio popular hacia estos afrancesados queda reflejado en un impreso de 1808, Al viage de los mochuelos con los franceses:
Ya echó a volar la vandada de los malditos mochuelos, Moratín, Melón, Estala, el Turquillo Raguseo y otros del mismo calibre elogiadores y rateros de Godoy y Napoleón, los monstruos del Universo. Hacia Francia se encaminan pues sólo en aquél terreno podrán hallar protección aves de tan baxo vuelo. […] Siguiendo van a Josepe, a quien llaman el primero los zafios ameladores, franceses y sarteneros […] Pero haciendo aún alarde de su grande valimiento, a todos los va premiando por su lealtad y su afecto. A Estala ya le hizo Obispo, Sumiller a Caballero, a Llorente Patriarca, a Oferri gran Panetero, a Frías, de su cocina le nombró Gefe supremo; Archidapicero a Azanza, Escanciador Mazarredo, a Mariano Secretario, Refrendador de embelecos; a Melón gran catacaldos, al Turquillo gran Perrero, gran Monago a Campo Alange y a su hijo Pertiguero; Gobernador a Marquina, aquél arriero manchego tan adorado en Madrid, en la Plaza y en el Peso37.
La Constitución de Bayona marcaba la existencia de un Tribunal de Reposición en la cúspide del sistema judicial, pero esto no fue posible hasta la reforma general de los órganos de la administración de justicia de junio de 1812. Para solucionar de forma provisional la situación de carencia de un órgano supremo de justicia, y con el fin de resolver los asuntos contenciosos pendientes en el Consejo de Castilla, un decreto de 6 de febrero de 1809, creó las Juntas de Negocios Contenciosos38 cuyas competencias fueron ampliadas a los asuntos contenciosos en tramitación en los demás consejos, tras ser estos suprimidos en los decretos de 18 de agosto de $1 8 0 9 ^ { 3 9 }$ . En la fase actual del proyecto, se han localizado únicamente los documentos correspondientes al escribano Bartolomé Muñoz, antiguo escribano de gobierno del Consejo de Castilla: registros de acuerdos, consultas, registros de juramentos, de reales decretos $y$ órdenes, de títulos de abogados examinados, etc. La actuación de Bartolomé Muñoz, como responsable de la custodia del archivo del Consejo de Castilla fue crucial, desde el momento del establecimiento de estas Juntas de Negocios Contenciosos hasta su supresión, aunque queda por determinar cuál fue el alcance real de lo establecido en el propio decreto de creación de las Juntas sobre el resto de los expedientes en trámite del Consejo de Castilla: “Los asuntos administrativos y de gobierno que pendían en aquél tribunal se remitirán a los ministerios correspondientes por dichas Juntas, a las que les darán cuenta de los que son las escribanías de gobierno y relatores del citado Consejo Real”. Se han identificado más legajos de los conocidos hasta ahora, que aportan alguna luz sobre la instalación y funcionamiento de las Juntas y sus relaciones con los ministerios josefinos40. Legalmente, las Juntas fueron abolidas al establecerse el Tribunal de Reposición, en junio de 1812, aunque en la práctica siguieron reuniéndose hasta la entrada de las tropas españolas y aliadas en Madrid el 10 de agosto de $1 8 1 2 ^ { 4 1 }$ . Tras la reposición de los consejos en 1814, los pleitos de las Juntas se integrarían en los archivos de los escribanos de cámara de cada consejo; los nombres de los escribanos de cámara del Consejo de Castilla que lo fueron también de las Juntas de Negocios Contenciosos, pueden ser una pista sobre dónde pueden estar hoy esos documentos42.
De los ministerios contemplados en la Constitución de Bayona, el Ministerio del Interior es del que más documentación se ha identificado43, un organismo heredero de las amplias competencias que había tenido el Consejo de Castilla, excepto las judiciales: gobierno de los pueblos, agricultura, obras públicas, instrucción pública, etc. El cuadro de clasificación se ha adecuado a lo establecido en los reglamentos del Ministerio44. La documentación más interesante es la de la sección tercera (Agricultura, Artes y Comercio), ya que, además de unos pocos expedientes sobre el Banco Nacional de San Carlos, se ha identificado el expediente general sobre la formación de varias colecciones artísticas a partir de la requisa y reunión de bienes incorporados al Estado procedentes de las órdenes religiosas suprimidas, de particulares y del Patrimonio Real. Aunque es una documentación consultada por los historiadores del arte45, ahora se ha sistematizado este expediente general, formado a raíz de real decreto de 20 de diciembre de 1809, por el que José I mandó fundar un museo de carácter público. Incluye las comisiones de Frédéric Quilliet como agregado artístico del Cuerpo expedicionario francés en Andalucía, comisario de Bellas Artes del Ministerio del Interior y conservador de pinturas del Museo Público (1809-1810), además de las comisiones encargadas a Manuel Napoli46, Francisco de Goya y Mariano.
Salvador Maella, una vez Quilliet cayó en desgracia. En ellas se puede estudiar la formación de las colecciones para el Museo Público, el Salón de Cortes y el Senado, y la selección de las cincuenta obras de la escuela española para regalar a Napoleón y su museo de París, así como los regalos de pinturas requisadas para los generales franceses Soult, Dessolles y Sebastiani47.
A la primera sección (Administración civil y obras públicas), corresponden las series de los expedientes de bienes y contribuciones de los pueblos, de indemnización a pueblos y personas por gastos extraordinarios y confiscaciones, de suministros a los ejércitos, de concesión de títulos nobiliarios, de condecoración de la Real Orden de España, de disposiciones para el funcionamiento y organización de la administración del Reino, etc. A la sección cuarta (Contabilidad), los expedientes contables de la administración de Bienes Nacionales y de los Portazgos, los de la Biblioteca Real, así como los de las Contadurías Generales de Pósitos y de la de Caminos y Canales del Reino, los expedientes de la Real Fábrica de loza de la China, los de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y de otras múltiples instituciones como los Reales Estudios de San Isidro, el Museo del Prado, el Real Gabinete de Historia Natural, etc. Falta por identificar la documentación del resto de las secciones del ministerio48, aunque puede ser que el grueso de la documentación se halle en el Archivo de Simancas49.
48 Se tiene alguna indicación sobre las licencias de impresión concedidas, véase Bertom eu Sánchez, J. R.: op. cit. (nota 31). Cita los expedientes del Archivo Histórico Nacional: CONSEJOS, 11289- 11291. Realmente estos legajos están incluidos en una de las agrupaciones de documentos relativos a impresiones, en concreto a la denominada tradicionalmente “Imprentas y sus agregados”, años 1729- 1834 (CONSEJOS, 11275-11312). Estos 38 legajos están sin describir en PARES, donde, por ahora sólo se hallan las impresiones del siglo XVIII, pero entre la documentación del periodo 1808-1814, hay censuras del Ministerio del Interior y del Ministerio de Negocios Extranjeros de Jose I, así como de la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península creada por las Cortes de Cádiz, de las Secretarías del Despacho de Estado y de la de Gracia y Justicia.
Del Ministerio de Hacienda50, se han localizado documentos de una de sus direcciones generales, la Comisaría General de la Cruzada, a cuyo frente estuvo Juan Antonio Llorente, y cuya función principal fue la administración de las bulas, ya que la Colecturía de Espolios, que hasta 1783 había dependido del ramo de la Cruzada, pasó a depender directamente de las oficinas centrales del Ministerio. Se han descrito los expedientes de varias administraciones de cruzada, como Alcalá de Henares, Ciudad Real, Madrid, Ronda, etc., además de nombramientos de comisarios subdelegados de Cruzada, varios expedientes de empleados y liquidaciones de cuentas, relaciones de bulas y sumarios de indulto. Mercader Riba aporta una noticia archivística interesante al señalar que “Llorente se quedó todos los expedientes y papeles de la escribanía de cámara de los antiguos tribunales de cruzada, subsidio y excusado y los acopló en su archivo comisarial”51. Ello explicaría los documentos elaborados por la Comisaría de Cruzada de Llorente sobre los empleados y sueldos de las oficinas, suprimidas a raíz del decreto del 18 de agosto de 1809, o los estadillos de las cantidades liquidas, de años anteriores52. No se han encontrado aún los documentos del resto de las direcciones generales de este ministerio53, que estarán con la documentación del Consejo de Hacienda repuesto en $1 8 1 4 ^ { 5 4 }$ .
Del resto de los ministerios hay documentación a menor escala. Del Ministerio de Negocios Extranjeros55, la correspondencia, las cuentas de embajadas y consulados españoles, la correspondencia con las embajadas extranjeras en España, o los presupuestos, los registros copiadores del ministerio y los expedientes personales de sus empleados. De carácter totalmente residual es la documentación localizada del Ministerio de Negocios Eclesiásticos56 y del Ministerio de Policía General57; la mayor parte de los documentos de este ministerio, dirigido por Pablo Arribas, se remitió a Simancas58 y lo que se halla en el Archivo Histórico Nacional son registros de pasaportes59 y de cuentas de expedición de documentos oficiales, una de las competencias asignadas a la policía en el decreto de 6 de febrero de 1809 sobre organización de los ministerios de José I. Estos documentos del Ministerio de Policía josefino se conservan en la sección de Inquisición, lo cual está en relación con el intercambio de documentación que se produjo en 1914 entre los archivos de Simancas y el Histórico Nacional: Simancas recibió los documentos del Consejo Real de España e Indias creado en 1834, y el Archivo Histórico Nacional, a cambio, los documentos del Consejo de Inquisición, entre los que se entremezclaron éstos del ministerio de policía josefino.
Mención aparte merece la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, institución que siguió vigente y a la que se le añadieron incluso nuevas funciones. Su documentación refleja la vida agitada de un organismo radicado en Madrid. La serie de los libros de gobierno, realmente expedientes cosidos y encuadernados, es la más interesante y variada ya que refleja, a través de las circulares del Consejo de Castilla o los decretos de José I, la vida de una institución que fue tanto “patriota”, como afrancesada60.
En el diseño del nuevo aparato administrativo, José I necesitaba hacerse con el control de las zonas en manos de los mariscales napoleónicos, y para ello dividió España en Comisarías regias61, por el decreto de 6 de febrero de 1809, asignándoles amplias facultades en fomento, gobierno y orden público, guerra, y gracia y justicia, de forma que los comisarios regios sirvieron de puente entre la administración central y la territorial. De la Comisaría Regia de Andalucía, del conde de Montarco, se conservan varios registros de decretos $y$ órdenes a prefecturas y subprefecturas de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera, entre 1810-181262, documentación que se complementa con los expedientes del Ministerio del Interior63.
Es indudable que la administración josefina nunca podrá ser reconstruida en su totalidad por varios factores. El primero, sin duda fue la reposición del sistema administrativo anterior a 1808, que supuso, como se explicó, la integración y ocultación de estos documentos, en este caso, bajo agrupaciones denominadas “Sucesos políticos” o “Gobierno Intruso”. A ello hay que añadir la personalidad del propio rey que se refleja en los denominados “Papeles reservados de Fernando VII”, una colección que fue el resultado de una selección de documentos realizada, a instancia real, con clara intencionalidad política, que mantuvo su carácter secreto hasta su descubrimiento en el Palacio Real, el año 1842; tras varias vicisitudes, que marcaron su traslado en 1873 al archivo de la Asamblea Nacional, es finalmente dividida en 1875, entre el archivo del Congreso de los Diputados y el Archivo General de Palacio64.
El segundo factor es la pérdida de documentos sufrida por el gobierno de José I, por haber sido interceptados por fuerzas enemigas65, aspecto tan importante en una guerra que en la Secretaría del Despacho de Estado de Fernando VII se llegó a crear un Negociado de Interceptación. Por su carácter simbólico, en este punto destaca la pérdida del equipaje del rey sufrida en la batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813:
Une attaque inopinée de l’ennemi porta le désordre à son comble. Le roi n’eut que le temps de sauter à cheval, abandonnant dans sa voiture son épée, ses portefeuilles avec le chiffre, et le bâton du maréchal Jourdan […] quant aux fourgons royaux contenant vêtements, tableaux de maître, bijoux, vaisselle, solde de l’armée et les archives, ils furent abandonnés et tombèrent aux mains de l’ennemi66.
Estos archivos permanecieron en el archivo familiar del duque de Wellington, en Apsley House, durante 160 años, hasta que en 1977 fueron vendidos al Estado francés y hoy se pueden consultar en los Archives Nationales de París. Unos años antes, la familia había donado al Institut de France cuatro volúmenes de correspondencia del rey José, a los que habría que añadir los que les compró el Gobierno español, que hoy se hallan en la Colección Wellington del Archivo Histórico Nacional67. Sin embargo José I logró salvar algunos documentos que conservó en su archivo personal hasta su muerte, documentos que tras haber pertenecido a Napoleón III, acabaron en los Archives Nationales y en el Service Historique de la Défense de París68.
3.2. El gobierno “patriótico ”
Los acontecimientos vividos en los primeros meses de 1808 provocaron una inmediata reacción patriótica que se plasmó en multitud de folletos, algunos tan poéticos como Mis desahogos a las ninfas del Betis, por la sensible e inesperada situación de nuestro amable y deseado soberano, el Sr. D. Fernando VII en que se ha puesto su real persona la felonía ó iniqüa traycion del vil emperador de los franceses69.
Si los órganos de la administración bonapartista carecieron del tiempo y recursos suficientes para su estabilidad, las instituciones de Fernando VII tuvieron que administrar los asuntos públicos en situación de emergencia, ante la amenaza de las tropas enemigas, y sin disponer de antecedentes por el abandono de la documentación en Madrid:
Hallándose la secretaría general del Consejo Supremo de España e Indias de mi cargo, sin las noticias que necesita para el desempeño de su instituto por la falta de sus archivos, ocupados por los franceses; y deseando este supremo tribunal tener noticias exactas en el interesante ramo de corregimientos y alcaldías mayores, ha acordado se comunique orden a todos los ayuntamientos de las ciudades y villas donde se hallan establecidos, para que con toda brevedad remitan por mi mano un testimonio que acredite el día en que tomó posesión el corregidor o alcalde mayor actual; en quanto está regulado el valor de la vara, con distinción de lo que sea por sueldo efectivo, o por emolumentos; y si está reputada por de primera, segunda o tercera clase… Sevilla, 3 de noviembre de $1 8 0 9 ^ { 7 0 }$ .
A esta precaria situación, que obligó a tomar medidas excepcionales71, se sumaron las tensiones políticas entre los partidarios de dos concepciones políticas opuestas en la forma de gobernar España72.
Se ha identificado y descrito la documentación generada por la Junta Suprema de Gobierno, el Consejo de Castilla y la Sala de Alcaldes en 1808, la Junta del Reino de Galicia, la Suprema Gubernativa de Cádiz, la Junta Central Suprema Gubernativa, la Regencia, la relativa a gobierno y a gracia y justicia del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, los documentos de las Secretarías del Despacho de Estado y de Gracia y Justicia, el Registro del Sello, y algún testimonio del Consejo de la Inquisición y de sus tribunales de distrito. De las instituciones creadas por la Constitución, el Consejo de Estado es el organismo del que hemos localizado más testimonios documentales, mientras que de las dos Secretarías del Despacho de la Gobernación de la Península y de la de Ultramar el proceso está resultando más complicado, como sucede con el Tribunal Supremo, cuya documentación se halla inserta entre la amplia documentación de las escribanías de cámara del Consejo de Castilla. Se ha incluido un último apartado a partir del regreso de Fernando VII, con la gestión realizada por el Consejo de Castilla para el control de los emigrados y, especialmente, con aquellos órganos creados para controlar o depurar la actuación durante los años anteriores, como la Comisión de Causas de Estado o la Junta Suprema de Reintegros.
Dos instituciones sintetizan la difícil situación que se vivió en España en la transición entre el gobierno de Fernando VII y el inicio del de José I: la Junta Suprema de Gobierno y el Consejo de Castilla. Antes de partir hacia su encuentro con Napoleón, Fernando VII nombró una Junta Suprema de Gobierno, presidida inicialmente por su tío el infante Antonio Pascual de Borbón. Se ha localizado la documentación de la secretaría de la Junta, a cargo del Conde de Casa-Valencia, con las Minutas de la sesiones de la Junta entre el 4 de mayo y el 2 de julio, los Decretos de Carlos $I V$ expedidos en Bayona, las Minutas de las cartas a Carlos IV, al Príncipe de Asturias y al mismo Napoleón, o la Correspondencia y notas interiores con los miembros de la Junta73. Estos documentos, algunos de los cuales tienen comentarios marginales de fecha posterior, se hallaban junto con documentación de la Secretaría del Despacho de Estado, de los meses de abril a noviembre de $1 8 0 8 ^ { 7 4 }$ .
El Consejo de Castilla, que había constituido el pilar de la monarquía durante siglos, es el símbolo de la imposibilidad de adaptación de las instituciones del Antiguo Régimen a la nueva situación, como se refleja en esta canción popular sobre la Constitución de Bayona:
El Consejo de Castilla palladium de la nación a esta gran carta no quiso nunca dar su aprobación ¡Al jaleo, jaleo, muchachos! Dijo Pepe a sus Ministros: hágase lo que yo quiero; los demás no tocan pito. ¡Ay, ay! ordena y dispone a pesar de este Consejo, ¡Ay, ay! la impriman, publiquen y circulen al momento. ¡Ay, ay!75.
Queda testimonio de la actuación del Consejo en los meses previos a las revueltas del 2 de mayo cuando, de acuerdo con el tratado de Fontainebleau, entraron tropas francesas en la península y el Consejo se preocupaba por el abastecimiento (Expediente general de la entrada en España y en Madrid de 50.000 soldados franceses76), o de su actuación frente a los alborotos de marzo a mayo de 1808 (Expediente general sobre los alborotos de 1808)77, pero la serie fundamental es la de los Expedientes relativos a la actuación del Consejo de Castilla en 1808, 363 expedientes78 donde se refleja la actuación del Consejo, desde marzo hasta su abolición por Napoleón79. Estos expedientes fueron extraídos del archivo del Consejo de Castilla por las Juntas de Negocios Contenciosos en $1 8 1 2 ^ { 8 0 }$ , pero fueron posteriormente devueltos, gracias al celo del escribano de las Juntas, Bartolomé Muñoz, responsable también de este archivo, como antiguo escribano de gobierno del Consejo de Castilla81. Finalmente se han identificado otras series, como las de registros de consultas y resoluciones del Consejo y la de órdenes $y$ decretos del rey del año 1808, así como los expedientes de arresto, embargo $y$ secuestro de bienes de franceses en 1808, con el traslado de ciudadanos franceses al Real Sitio de El Escorial y el embargo de sus bienes, o los expedientes relativos a la Administración Local en $I \delta 0 \delta ^ { 8 2 }$ .
Para completar el estudio de la actuación del Consejo de Castilla, es preciso recurrir a los Libros de Gobierno $^ { \mathbf { \delta } _ { 8 3 } }$ de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, donde cada orden o circular del Consejo originaba la apertura de un expediente, lo mismo que sucederá con los decretos de José $\mathrm { I } ^ { 8 4 }$ , de forma que esta serie refleja a la perfección las incidencias de la guerra en la vida y las instituciones madrileñas. Una orden del Consejo de Castilla es también el inicio de las Causas criminales de 1808 contra afrancesados85, con los expedientes de embargo y secuestro de bienes de personajes como Eugenio Izquierdo, director del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid y hombre de confianza de Godoy, o Juan Antonio Llorente y Pablo Arribas, ministros José I.
De todas las instituciones de la Guerra de la Independencia, la más conocida es la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. Los 84 legajos hasta ahora conocidos, ingresaron en el Archivo Histórico Nacional en 1897, procedente del Archivo General Central de Alcalá, siendo inventariados al poco tiempo, por lo que este fondo era el más consultado del Archivo Histórico Nacional86. Al estar los documentos encuadernados, y dada la premura por digitalizar y describir este fondo en PARES, no se ha podido reconstruir las secciones que tenía la institución, ni las series documentales, como se ha realizado en otros fondos, aunque sí se han corregido errores del antiguo inventario y se han descrito documentos que no estaban reseñados en él. Posteriormente, se ha identificado más documentación de la Junta Central en otros legajos de la sección Estado87.
Con respecto al entramado de Juntas que se constituyeron en España, hay testimonios de su relación con otros organismos88. Por ejemplo, de la Junta Superior de Cataluña, cuyo fondo documental está en el Archivo de la Corona de Aragón, hay testimonios en el Histórico Nacional, en los fondos del Consejo de Castilla, Junta Central, Secretaría del Despacho de Estado, Consejo Reunido y, especialmente, de la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península, donde se tramitó el expediente general de disolución de la Junta.
El caso de la Junta de Asturias es más llamativo, pues la tramitación del expediente general de disolución fue conflictiva y larga, de manera que se halla entre los fondos del Consejo Reunido y de la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península. Sin embargo, sí llegó al archivo la documentación producida por dos juntas: la Junta Superior Gubernativa de Cádiz89, cuyas actas ingresaron en 1917 procedentes de la Delegación de Hacienda de Cádiz, y la Junta Suprema de Galicia90, documentación que el secretario de la Junta, refugiado en la Isla de León, había llevado consigo; sin embargo de esta Junta únicamente se han localizado los 11 legajos entregados a la Secretaría del Despacho de Estado, a raíz de una disposición del Consejo de Regencia de 15 de marzo de $1 8 1 0 ^ { 9 1 }$ .
Por el real decreto de 29 de enero de 1810, la Junta Central fue sustituida por el Consejo de Regencia, un órgano que fue el espejo de las tensiones políticas del momento (cuatro regencias, cuatro reglamentos), pero gracias al cual fueron convocadas las Cortes que hicieron posible la Constitución de 1812. Para estudiar el establecimiento de esta institución y sus incidencias, es preciso recurrir a la documentación de la Junta Central92, mientras que en las secretarías del despacho se hallan los testimonios de su comunicación con la Regencia93, como el Registro de órdenes de la Regencia comunicadas a través del Secretario del Despacho de Justicia94. Esta relación se acentuará a partir de 1812, al establecerse en el reglamento de la Regencia del 26 de enero de 1812 que cada secretaría del despacho debía tener un libro donde constara lo despachado con la Regencia, con las resoluciones rubricadas de los regentes. Estos libros, en los que se resume la actuación de la Secretaría del Despacho, los debía presentar en las Cortes el secretario correspondiente, junto con una exposición de lo concerniente a la Secretaría, por lo que los Registros de resoluciones de la Regencia constituyen una serie fundamental. Se han localizado los correspondientes a las Secretarías del Despacho de Estado95, de Justicia96 y a las dos creadas en 1812, la.
Secretaría de la Gobernación de la Península e Islas Adyacentes97 y la de la Gobernación de Ultramar98.
En el archivo hay una “Colección de documentos históricos”, remitida por el Ministerio del Interior en 1991, que completa la visión de este periodo, ya que entre estos documentos se hallan unos escritos relacionados con Juan Lorenzo Calvo de Rozas, miembro de la Junta Central que, ante su persecución por el Consejo de Regencia, escribió varios alegatos en defensa de su actuación en la Junta. Son cinco manuscritos de $1 8 0 9 - 1 8 1 0 ^ { 9 9 }$ , como Malo $y$ bueno de la Junta Central, Proposición hecha a la Junta Central sobre la libertad de imprenta, que quizás se incluyese como antecedente del expediente que se formó en el Ministerio de la Gobernación para elaborar el proyecto de ley de imprenta de $1 8 8 3 ^ { 1 0 0 }$ , o el Reglamento del Consejo interino de Regencia que propuso en 1810. Este último manuscrito se adjunta a una petición de su publicación, lo cual explica la existencia de estos manuscritos en el fondo del Ministerio del Interior. La colección se completa con el Reglamento para el gobierno interior de las Cortes, del 24 de noviembre de 1810 y un manuscrito sobre el Estado de la España a finales de octubre de 1810, folleto que fue publicado en Cádiz por la Imprenta Real en 1810, del que hay un borrador incompleto entre la documentación de la Secretaría del Despacho de Estado101.
Para hacer frente al desorden organizativo que estaba provocando la guerra en la administración y, tras un intento fallido de restablecimiento del Consejo Real en mar${ \mathsf { Z } } { \mathsf { O } } ^ { 1 0 2 }$ , el 25 de junio de 1809 la Junta Central estableció un nuevo Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, declarando extinguidos los antiguos consejos que permanecían en Madrid y anulando todas sus actuaciones desde la entrada de Napoleón103. El nuevo organismo fue un exponente de lo que significó una administración en guerra: se reunieron las competencias de los antiguos consejos de Castilla, Indias, Órdenes Militares y Hacienda, de ahí su nombre de “Consejo Reunido”, la tramitación de los asuntos se simplificó, como lo demuestra la documentación conservada, y tuvieron su sede primero en Sevilla y luego en Cádiz, donde se trasladaron en enero de 1810, junto con las secretarías del despacho, siempre con la amenaza de la llegada de las tropas enemigas. Este consejo sólo funcionó, teóricamente, poco más de un año, ya que el 3 de marzo de 1810 la Junta Central tomó la decisión de “que se restablezca el real y supremo Consejo de Castilla, y que en él se reasuman por ahora todas las funciones que tanto por lo respectivo a España, como por lo tocante a las Indias, han ejercido hasta el presente los demás consejos”. Sin embargo, la documentación hasta ahora identificada, que corresponde a las competencias de gobierno y de gracia y justicia, nos indica que este cambio únicamente fue nominal, ya que los expedientes se siguieron tramitando de la misma forma, y las series documentales, que se inician en 1809, no finalizan hasta 1812. No sólo las competencias y la gestión de los asuntos fueron idénticas de 1809 a 1812, sino que apenas cambiaron sus miembros; en el nuevo Consejo y Cámara de Castilla, continuaron el mismo decano, José Joaquín Colón de Larreátegui, el mismo fiscal, ahora del Consejo y Cámara de Castilla: Antonio Cano Manuel, y el mismo secretario, Esteban Varea. De los trece ministros, siete habían pertenecido al Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias: Manuel de Lardizábal, el Conde del Pinar, Sebastián de Torres, Ignacio Martínez de Villela, Miguel Alfonso de Villagómez, Tomás Moyano y Pascual Quílez y Talón. De todo ello se deduce que la reposición legal del Consejo y Cámara de Castilla en 1810 no implicó un cambio real, por lo que respetamos la organización del fondo y lo consideramos, de hecho, un fondo documental único104.
Hasta ahora únicamente se conocían los documentos que, bajo el epígrafe “Consejo Reunido”105, figuraban en un libro matrícula del año 1815, cuando estos legajos, que habían permanecido entre 1812 y 1814 en el archivo de la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península, fueron entregados al Consejo de Castilla106. Hemos respetado la ordenación que tenían estos documentos, que corresponden a cuestiones de gobierno y, en menor medida, a gracia y justicia, de modo que junto con series como las de habilitación a abogados, escribanos, médicos y cirujanos emigrados para ejercer en los Consejos y tribunales establecidos en Cádiz y Sevilla, o el control de los bienes de propios, otras series parecen responder al modo de tramitación y están ordenadas en base a una organización territorial, a diferencia de las series tradicionales del Consejo de Castilla. Uno de los expedientes generales asentado en el libro matrícula, y que se había perdido, el Expediente general para la elaboración de un reglamento para las causas por delitos de Infidencias (1809-1811)107, fue integrado como antecedente en el Expediente general de prófugos y emigrados que se formó en el Consejo de Castilla entre 1824 y $1 8 2 9 ^ { 1 0 8 }$.
Recientemente se han localizado nuevos expedientes bajo la denominación “Invasión francesa”. Son documentos de gracia y justicia, que se hallaban en el archivo de la Cámara de Castilla, junto con los del Consejo de Estado creado en 1812, ya que fueron entregados a la Cámara de Castilla cuando fue repuesta y allí se formó esta agrupación109. Las series, nuevamente, abarcan de 1809 a 1812, sin solución de continuidad, y en ellas se refleja la actuación de la “Comisión de consultas” establecida en el decreto de 1809 para “despachar las consultas de los demás empleos seculares y provisiones eclesiásticas de España e Indias”, así como la actuación de los “señores de la Cámara” entre 1810 y $1 8 1 2 ^ { 1 1 0 }$ , incluida la comisión creada a raíz de la suspensión de 14 ministros del Consejo111. Se han localizado las series de expedientes de concesión de cartas de naturaleza, de dispensas de ley y gracias, de facultad para negociar con bienes vinculados, censos y mayorazgos, de concesión de licencia para ejercer la tutela de menores de edad, de habilitación para ejercer el oficio de notario, o de escribano, de legitimación de hijos naturales, de asignación de viudedades, así como los de concesión de títulos de Castilla, notarías de reinos, de expedición del título de escribano, de notario, la provisión de oficios municipales, de plazas de escribano, de ampliación de jurisdicción de notarías o de nombramientos y concesión de honores. En cuanto a las series de justicia, con respecto a las audiencias y chancillerías, así como a las alcaldías y corregimientos, se han establecido las series relativas a las expediciones de los títulos, notificaciones de plazas vacantes, solicitudes y recomendaciones para plazas, provisión de las plazas togadas (jueces, magistrados y fiscales), además de los escribanos de cámara y relatores, y concesiones de prórrogas, licencias y dispensas. En conclusión se han identificado los documentos correspondientes a las competencias del Consejo de Castilla (gobierno) y a la Cámara de Castilla (falta por localizar lo relativo a Real Patronato). Los documentos del Consejo Reunido respecto a Indias, Hacienda y Órdenes Militares, se supone que fueron incorporados a los archivos de los consejos correspondientes cuando fueron repuestos por el decreto del 16 de septiembre de 1810.
Sobre el Consejo de Inquisición, abolido también por las Cortes de Cádiz, hay algún testimonio de este periodo en la Contaduría general, en las dos Secretarías (Aragón y Castilla) y en la del propio Inquisidor General, aunque resulta especialmente interesante la documentación a partir de su reposición en 1814, por cuanto se comienza a perseguir los delitos de fe cometidos durante la Guerra de la Independencia. Destacan las series de Registros de cartas del Consejo a los Tribunales112, las Cuentas de receptoría, las Alegaciones fiscales, o la documentación de Tribunales del distrito como los de Valencia, Zaragoza y Logroño113.
Las secretarías del despacho siguieron funcionando, pero la mayor parte de sus documentos deben hallarse en el Archivo de Simancas. La excepción es la Secretaría de Estado y del Despacho de Estado, de la que se conservan testimonios interesantes para este periodo, como la Correspondencia entre Carlos IV y Napoleón114, y los Tratados de San Idelfonso, Aranjuez y Fontainebleau, esenciales para estudiar las relaciones con Napoleón previas al inicio de las hostilidades, en los que España llegó a formar parte de sus proyectos imperiales115, lo mismo que la documentación relativa al Congreso de Viena para comprender el nuevo orden europeo establecido tras las derrotas napoleónicas. Cuando se describan en PARES los despachos diplomáticos que las embajadas y legaciones remitían al Secretario de Estado, se completará la parte esencial de las relaciones internacionales en la Guerra de la Independencia. Actualmente están descritos los despachos diplomáticos de los Encargados de Negocios en Rusia, Antonio Colombí, Eusebio Bardají Azara, Francisco Cea Bermúdez e Ignacio Pérez de Lema116.
Bajo el epígrafe “Gobierno Intruso” se han localizado los documentos interceptados por las partidas guerrilleras o por el ejército, que recogía los documentos abandonados por los militares o por el gobierno de José I en su huida. Para centralizar esta cuestión tan importante en periodo de guerra, esta Secretaría de Estado organizará un Negociado de Interceptación117, que fue una continuación del creado en la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península118. Se han establecido varias series con la documentación interceptada al ejército francés, al gobierno de José Bonaparte, y a particulares, además de los propios expedientes sobre la interceptación de documentos (oficios remitiendo documentos interceptados, extractos de las cartas o peticiones de gratificación). Son más de quinientos expedientes, que abarcan de 1792 (ya que se interceptó documentación de fecha anterior) a 1817, cuando la Comisión Central de Reclamaciones contra Francia solicitó documentos a este Negociado, que le fueron devueltos en 1824. Finalmente se ha localizado la documentación del Secretario de Estado entre 1808 a 1814, donde se refleja la actuación de Eusebio Bardají Azara, José García de León Pizarro, Ignacio de la Pezuela y de Heras y Pedro Gómez Labrador119; esta documentación resulta especialmente interesante para estudiar la obra de las Cortes de Cádiz a través, por ejemplo, de los informes de Gómez Labrador sobre las atribuciones y funciones de la Regencia y de los secretarios del despacho en $1 8 1 3 ^ { 1 2 0 }$ .
Del resto de las secretarías del despacho no hay mucha documentación para este periodo, a excepción de las series de los Expedientes de clasificación de jubilaciones y cesantías y las Hojas de servicio de funcionarios, del Ministerio de Hacienda121y de los Expedientes personales de jueces y magistrados del Ministerio de Justicia, una serie complementaria de la de provisión de plazas de la Cámara de Castilla, del Consejo y Tribunal de España e Indias, así como de las del Consejo de Estado creado por las Cortes de Cádiz. La Secretaría de las Órdenes Civiles, aunque pocos, siguió tramitando los expedientes de pruebas de la Orden de Carlos $\mathrm { I I I } ^ { 1 2 2 }$.
La celebración de las Cortes Generales y Extraordinarias fue un hito que marcó el cambio a un nuevo sistema político y administrativo. Por el decreto de 22 de mayo de 1810 la Junta Central ordenó la celebración de unas Cortes extraordinarias y constituyentes, que celebraron su primera sesión en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810. Se ha localizado el proceso electivo, en Cádiz y en la Isla de León, del diputado suplente de la provincia de Madrid por estar esta provincia ocupada por las tropas francesas, según disponía la real orden del Consejo de Regencia del 8 de agosto123; de la Junta electoral provincial de Madrid en Cádiz y la Isla de San Fernando124, disponemos del acta de la votación para designar a los electores del diputado suplente de Madrid en la Isla de San Fernando así como de las listas de electores (23 en la Isla de San Fernando y 419 en Cádiz) y de las papeletas electorales. Correspondiente al periodo 1810-1812, se dispone de las Órdenes de las Cortes generales y Extraordinarias de la Nación sobre el arreglo de provincias125, con anotaciones marginales de haber pasado por sesión pública o secreta de las Cortes y en algunas ocasiones, el informe de la Comisión de arreglo de provincias o de la Comisión de Justicia.
También se puede localizar en otros fondos del Archivo Histórico Nacional las huellas de su actuación, como en el Expediente general sobre la celebración de las Cortes de Cádiz con todas sus incidencias del Consejo Reunido126, o el Expediente general sobre el establecimiento de la libertad de imprenta y los límites de su ejercicio 1809-1811, que se trató en el Consejo Reunido127, que fue a parar al Consejo de Castilla, ya que el 25 de junio de 1814 Fernando VII ordenó que todos los papeles de las Juntas de Censura, tanto suprema como provinciales, fueran remitidos al Consejo de Castilla128. A la Secretaría del Despacho de Estado pertenecen los Decretos, resoluciones y oficios de las Cortes Generales y Extraordinarias dirigidas al secretario del despacho de Estado sobre varios asuntos, de 1810 a $1 8 1 2 ^ { 1 2 9 }$ y al Tribunal Especial de Órdenes los Decretos de las Cortes remitidos por orden de la Regencia al Tribunal Especial de Órdenes, para su publicación, de los años $1 8 1 0 – 1 8 1 3 ^ { 1 3 0 }$ . Finalmente, en la Colección de Objetos del archivo, existe un ejemplar impreso de la Constitución gaditana, en un pequeño estuche circular conocido como “la polvera”, con el busto de Fernando VII y la leyenda “Fernando VII. Rey de España y de las Indias”131.
Pero la obra de las Cortes de Cádiz se mide especialmente a través de las instituciones creadas por la Constitución, unos organismos que tuvieron una vida efímera por ser contrarios a las ideas absolutistas de Fernando VII. El interés del monarca por borrar toda huella de la Constitución gaditana se extendió a sus documentos, que se integraron entre los repuestos consejos sin indicar su pertenencia a estas instituciones, por lo cual resulta muy difícil y fragmentaria su localización. De la Secretaría del Despacho de la Gobernación de Ultramar, únicamente se han identificado dos registros de Resoluciones de la Regencia (1812-1814), ya señalados, además de una memoria presentado por el Secretario a las Cortes, donde resume su actividad:
El secretario interino de la Gobernación del Reyno para Ultramar […] tiene el honor de presentar a las Cortes el libro en que están escritas las resoluciones de S. A. sobre los diferentes asuntos, que desde la instalación de la Secretaría de mi interino cargo, y según la clasificación hecha en decreto de seis de abril del año próximo pasado deben tener su curso por la misma: Erigida para entender en todo lo perteneciente al gobierno político y económico de las provincias de América y Asia; a la instrucción pública, conforme al plan y reglamento que las cortes tengan a bien establecer; a obras públicas de utilidad u ornato; al ramo de sanidad, y en lo que por las leyes pueda tocar al gobierno para promover y fomentar la agricultura e industria nacional en todos sus ramos, en lo respectivo a minas y canteras de todas clases que pertenezcan al estado; a la navegación y comercio del interior; a hospitales, cárceles, casas de misericordia y de beneficencia; a la fijación de límites de las provincias y pueblos; a la estadística y economía pública; por último en la economía orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles y en el establecimiento y fomento del comercio con los mismos indios…132.
Las competencias de la Secretaría del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes quedaron fijadas en el decreto de las Cortes de 6 de abril de 1812:
Entenderá en todo lo perteneciente al gobierno político y económico del Reyno, como es la policía municipal de todos los pueblos sin distinción alguna, entendiéndose por ella la salubridad de los abastecimientos y mercados, limpieza y adorno de las poblaciones; en todo lo respectivo a la instrucción pública, como escuelas, colegios y universidades, academias y demás establecimientos de ciencias y bellas artes, conforme al plan y reglamento que establezcan las Cortes; en lo correspondiente a caminos, canales, puentes, acequias, disecaciones de lagunas y pantanos y toda obra pública de utilidad u ornato; en el ramo de la sanidad; en todo lo que por las leyes pueda tocar al Gobierno para promover y fomentar la agricultura e industria nacional en todos sus ramos, y en los establecimientos públicos de ambas. Tendrá a su cuidado las minas y canteras de todas clases que pertenezcan al Estado; la navegación y comercio del interior; los hospitales, cárceles, casas de misericordia y de beneficencia; la fijación de límites de las provincias y pueblos, y todo lo correspondiente a la estadística y economía pública; el ramo general de correos y postas de toda la Monarquía; la estampilla del Rey y del Presidente de la Regencia (quedando por ahora la Secretaría de la misma estampilla en la forma que actualmente tiene), y la provisión de todos los empleos que sean correspondientes a los diversos ramos que comprehende este Ministerio133.
Se ha localizado, además de un registro de Resoluciones de la Regencia del año 1814, 28 Expedientes generales sobre la disolución de las Juntas superiores provinciales de observación $y$ defensa, tramitados a consecuencia de haber establecido la Constitución que todas las Juntas cesasen en sus funciones y que las provinciales fuesen sustituidas por diputaciones provinciales134; y bajo la denominación “Indiferente general”, se localizaron los Expedientes generales sobre el establecimiento en las provincias del gobierno y administración constitucionales, y los Expedientes generales sobre los traslados del gobierno constitucional y el regreso de Fernando VII, con los informes y comunicaciones de las autoridades locales cuando se trasladó el Gobierno a la Isla de León y a Madrid, así como durante el paso de la comitiva real, puesto que esta Secretaría coordinó estos traslados; entre la documentación de la sección de Estado se han localizado, pertenecientes a esta Secretaría de la Gobernación de la Península, los Oficios remitidos por las Secretarías del Despacho de Guerra, Marina, Gobernación de Ultramar, Hacienda, Gracia y Justicia y las Cortes Generales y Extraordinarias135.
Dos organismos resultan novedosos en la estructura de la administración constitucional: el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo. La Constitución de Cádiz, en su artículo 259, asentó las bases de una organización judicial nueva. En la cúspide figuraba un Tribunal Supremo136, que fue establecido por el decreto de la Regencia del 18 de abril de 1812, en el que se determinaba que debía terminar los negocios contenciosos de los consejos extinguidos de Castilla, Indias y Hacienda137. Dispuso incluso de un reglamento de funcionamiento interno138, pero se dilató tanto su publicación (decreto de 13 de marzo de 1814) que no tuvo vigencia efectiva, ya que la reposición del Consejo de Castilla, el 27 de mayo, supuso la supresión de este Tribunal creado por las Cortes gaditanas. Reconstruir los procesos vistos en el nuevo Tribunal Supremo es tarea difícil, ya que fueron integrados en los papeles judiciales del Consejo de Castilla y únicamente será posible detectarlos a través de las fechas. Se han localizado los libros de régimen interior de la escribanía de cámara, como los Libros de conocimiento de los expedientes, pleitos y causas que se pasan a los fiscales, a los relatores y a los procuradores139.
El Consejo de Estado fue establecido antes de aprobarse la propia Constitución, e incluso cinco días antes de ser disuelto el Consejo de Estado del Antiguo Régimen, un consejo que había seguido funcionando en Cádiz con una relación, en origen, fluida con el de Regencia140.
El nuevo Consejo de Estado, creado el 21 de enero de $1 8 1 2 ^ { 1 4 1 }$ , fue una institución esencial en el diseño del nuevo sistema político, de forma que ya a los tres meses disponía de un reglamento de funcionamiento interno142. El cuadro de clasificación del fondo en PARES, refleja la estructura organizativa señalada en este reglamento, con dos secretarías, la de “Estado, Guerra, Marina y Hacienda” y la secretaría de “Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación”, de la que se ha identificado más documentación. Las series fundamentales son los Expedientes para la emisión de dictámenes, ya que la Constitución indicaba que era “el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra, y hacer tratados”143. Se sometieron a su dictamen, entre otras cuestiones, la rehabilitación de los empleados, el proyecto de ley de extinción de mayorazgos y vinculaciones, lo que debía ser considerado como Patrimonio Real para establecer un sistema para la conservación y administración de las posesiones pertenecientes al rey, o lo que se debía hacer con los papeles del archivo del extinguido Consejo de Castilla y con los de las escribanías de gobierno y de cámara; en este último caso se resolvió formar una comisión que dictaminó que “los fuesen separando y remitiendo al Tribunal Supremo, dexando los que fueren contenciosos y, a las secretarías del despacho y el Consejo de Estado, los correspondientes a las respectivas atribuciones”144.
Otras series interesantes son las Actas y los Registros de consultas145, así como los Informes reservados para la provisión de plazas de la judicatura y magistratura, ya que el Consejo de Estado tenía que formar y presentar al Rey o a la Regencia las ternas para la presentación de todos los obispados y dignidades y beneficios eclesiásticos, y para la provisión de plazas de judicatura. A raíz de la orden de octubre de 1812, el Consejo de Estado inició una política de control de los jueces y magistrados, al solicitar a las autoridades informes reservados sobre “el mérito, inteligencia, patriotismo y demás prendas que concurren en los sujetos”146. Múltiples son las series en las que se refleja esta política de depuración y control del personal de justicia: Informes reservados para la provisión de plazas de la judicatura y magistratura, Comunicaciones al Consejo de Estado de las rehabilitaciones de corregidores y alcaldes mayores, Solicitudes y recomendaciones para plazas de judicatura y magistratura, además de la Expedición de los títulos de plazas, de oficios municipales, de escribano y de notario de reinos, de los Expedientes para la provisión de plazas de judicatura y de magistratura, etc.
Para ello contaron, como antecedentes, con los expedientes de provisión de plazas y los informes secretos de las audiencias del Consejo Reunido. La historia se repetirá con el regreso de Fernando VII: los documentos de este Consejo de Estado servirán para llevar adelante su propia política de depuración de los jueces y magistrados, ya que la documentación de la “Secretaría de Gracia y Justicia, Propuesta y Gobernación” se integró en el archivo de la Cámara de Castilla; el proceso equivalente, con respecto al Consejo de Estado repuesto por Fernando VII, correrá la documentación de la “Secretaría de Estado, Guerra, Marina y Hacienda”. Esta historia archivística explica que este fondo esté fragmentado entre las secciones de Estado y Consejos del Archivo Histórico Nacional.
Aunque has sido grande el esfuerzo por identificar los documentos de las instituciones del periodo de la Guerra de la Independencia, es seguro que el proyecto no ha finalizado, por las manipulaciones de sus archivos a que se ha hecho referencia. De cualquier forma resta un fondo, el Registro del Sello147, que guarda los testimonios fieles de todas ellas, tanto del Consejo de Hacienda, o del Consejo de Regencia, como del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado constitucional, etc. Estos documentos son, por tanto, esenciales para completar el conocimiento del gobierno de Fernando VII, al no conservarse algunos de los expedientes a los que hace referencia.
3.3 El retorno de Fernando VII. Entre la depuración y la exaltación.
La persecución de los liberales que impulsaron la Constitución fue una de las obsesiones del Rey tras su regreso, y ya a los tres días de entrar en Madrid emitió un real decreto nombrando una Comisión de Policía para castigar a los responsables de los procedimientos de las Cortes contra la soberanía del monarca. Esta comisión renunció pronto a llevar adelante su cometido ante la premura del Rey, que chocaba con los plazos que demandan los requisitos procesales de las causas, y remitieron la relación de los cargos al soberano, quien creó el 14 de septiembre de 1814 la Comisión de Causas de Estado148 para determinar las causas contra exdiputados y regentes, aunque los procedimientos se extendieron a otras personas por adhesión a las ideas constitucionales. Benito Pérez Galdós relata, en boca de D. Buenaventura, cómo se puso en marcha esta maquinaria:
La pesquería no fue mala, y si bien se nos escaparon Toreno, Antillón, Gallego y otros, cogimos a Argüelles (a quien no le valió su divinidad) en la calle de la Reina; a Gallardo, en la del Príncipe; a Canga Argüelles, en la misma calle y casa de San Ignacio; a Page, en la de Hita; a Cepero y a Martínez de la Rosa, en la calle de San José; a Larrazábal, en la de Jacometrezo; a García Herreros, en la plazuela de Celenque, y en diversos sitios que no recuerdo, a Quintana el Seminarista, a Feliú, Villanueva, Muñoz Torrero, Cano Manuel, Álvarez Guerra, O-Donojú, Capaz, Cuartero, a los cómicos Máiquez y Bernardo Gil, sin omitir al célebre cojo de Málaga.[…] A medida que iban cayendo los llevábamos a la cárcel de la Corona y al cuartel de Guardias de Corps o a San Martín, donde quedaban encerrados. No se les dejó papel que no se guardase para dar luz sobre los procesos que se les iban a formar, porque habría sido en verdad lastimoso que las picardías de tanto malsín no tuviesen comprobación cumplida en los autos, para que a nadie quedase duda de sus maldades. Pues digo... si no se hubiera tenido mucho cuidado de cogerles los papeles, la justicia habría tenido que romperse los cascos para inventarlos después, lo cual es tarea larga y que da larga fatiga y quita mucho tiempo a los señores de la Comisión de Estado149.
La presión de Fernando VII para que la Comisión finalizase las causas rápidamente fue tal que, usando su poder, condenó a 51 encausados a penas de prisión o destierro. Galdós lo relata así:
Entre tanto, mi D. Buenaventura seguía enredado con los procesos, sin acertar a despacharlos. Las causas eran un embrollo estúpido, y en ellas no constaba nada positivo ni terminante, por lo cual los tontainas de la Comisión de Estado no acertaban a condenar a muerte a ningún diputadillo. Lleno de ansiedad el Rey porque se hiciera pronta justicia, nombró una segunda Comisión de Estado, y como esta se atascara también, fue preciso designar la tercera, hasta que el gobierno se cansó de comisiones que nada hacían, y supo dictar por sí aquella saludable medida que cortó de plano la cuestión. Hízolo, si se quiere, por humanidad, pues a los infelices diputados que se estaban pudriendo en las fétidas mazmorras de Madrid, les venía bien tomar los salutíferos aires de Melilla y el Peñón por ocho o diez años150.
El 26 de enero de 1816 se suprimió la Comisión151, pasando las causas pendientes a los tribunales ordinarios, por lo que entre la documentación del Consejo de Castilla se localizarán las que estaban en tramitación en el momento de su disolución. En 1821 el Consejo de Estado abrió un expediente para investigar a los magistrados que entendieron en las causas de estado152.
La persecución de los afrancesados fue otro de los objetivos de Fernando VII. Ya el 3 de febrero de 1814 promulgó un decreto relativo al retorno de los que habían seguido a José I; este decreto significó la apertura de causas y expedientes por varios organismos judiciales y administrativos. La normativa contra los afrancesados continuó con el decreto de 30 de mayo de 1814, por el que se cerraba las puertas a la mayoría de los emigrados que querían volver, y el decreto de 1816, sobre confiscación de bienes de afrancesados. Estos decretos originaron tal acumulación de expedientes, que en febrero de 1818 se determinó que la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia se hiciese cargo del asunto, pero la real cédula de marzo de ese año, por la que se ampliaba la amnistía y se ordenaba el levantamiento de los secuestros de bienes, hizo que se viese desbordada, por lo que en 1819 esta Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia envió toda la documentación al Consejo de Castilla, para que resolviese los casos pendientes153. Allí se formó la agrupación que denominaron “partidarios del intruso”, que corresponde a la serie de los $E x .$ - pedientes de afrancesados que emigraron a Francia, serie que hemos completado con los expedientes localizados en las agrupaciones “Sucesos políticos” y “Documentos curiosos”154. El decreto de 26 de abril de 1821, por el que se les permitía el regreso a España, marca el final de la serie155.
Relacionado con el control de los afrancesados, está el Expediente general sobre las comunicaciones entre personas de Francia y España, formado a partir de una serie de reales órdenes sobre cuestiones relacionadas con este asunto, de los años 1814- 1816, que fue integrado como antecedente en el Expediente general de prófugos y emigrados que se formó en 1824 en el Consejo de Castilla156.
Otro fondo interesante es la Junta Suprema de Reintegros157, creada en mayo de 1814 para devolver los bienes confiscados por el Gobierno intruso a las órdenes religiosas, y encargada también de incoar expedientes a los compradores de estos bienes para que, en caso de derivarse acciones judiciales, pasasen los implicados a la competencia de los juzgados y tribunales ordinarios. Esta Junta Suprema, también denominada Junta de Confiscos y Junta Suprema de Bienes Confiscados, ejercía sus competencias en Madrid, además de ser el órgano consultivo y de control de las juntas territoriales establecidas en las capitales con Audiencia. Junto con la documentación propia de esta Junta, que fue suprimida por el decreto de 7 de marzo de 1820, se halla la documentación de la administración de José I, tanto de la Dirección General de Bienes Nacionales como de la Prefectura e Intendencia de Madrid, que fue recogida por la Junta en 1817; destacan las series de los Expedientes de venta de bienes nacionales o las Posturas, remates y cesiones de las subastas. Esta duplicidad de fondos se aprecia en el libro matrícula realizado en 1850 en el Ministerio de Gracia y Justicia por el archivero encargado de la documentación de los consejos, y como tal se respeta la división en el cuadro de clasificación del fondo de PARES.
No se dejó de lado la exaltación de lo patriótico. A raíz de una real orden de 28 de octubre de 1815, se abrió un expediente en el Consejo de Castilla sobre las Gracias y demás premios que se debían conceder a los hijos, viudas y parientes más cercanos de las víctimas del dos de mayo de 1808, en el que se incluye una Relación de víctimas del 2 de mayo de $I \delta O \delta y$ sus familiares elaborada por el Ayuntamiento de Madrid para la concesión por el Consejo de Castilla de una condecoración y varias gracias establecidas por el Rey158. Este reconocimiento a las víctimas, tanto del 2 de mayo de 1808 como “a los que han perecido después en los ejércitos”, lo había iniciado la Junta Central en el primer aniversario159.
Sobre la actividad posterior de liberales, afrancesados y patriotas, conviene consultar las Relaciones de mérito de la Cámara de Castilla, y, de nuevo, los $E x .$ - pedientes personales de Jueces y Magistrados del Ministerio de Justicia y los Expedientes de clasificación de jubilación y cesantías de funcionarios públicos o las Hojas de servicio del Ministerio de Hacienda160. Un caso representativo puede ser la hoja de servicio de un oficial de la Administración de Rentas Provinciales de Córdoba, Salvador Massuco de Echazarri, del año 1835, ya que en el apartado de “servicios particulares extraordinarios” se hace referencias a méritos anteriores, en esta ocasión a la guerra:
Durante la guerra de la independencia tuvo importantes comisiones de los generales Cuesta, Echevarri, Zayas y Ballesteros para observar al enemigo, sus movimientos, etc., de cuyos servicios le franquearon certificaciones. En fines del año 1814, por su decidida adhesión al sistema de gobierno que rigiera hasta mayo del mismo año, fue envuelto, con toda su familia, en la inicua y escandalosa causa que se formó contra diferentes señores Secretarios del Despacho y Diputados de las Cortes; sufrió diez meses y medio de prisión, los ocho y medio incomunicado, y sin embargo de que sobreseyó en la causa, fue desterrado de Madrid en el término del tercero día… 161.
No se agotan aquí los testimonios que hacen referencia a hechos y personas durante la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, el registro de Resoluciones del.
Juzgado de Seguridad Pública162, un organismo que fue establecido por Fernando VII en marzo de 1815 para encargarse del orden público en la corte, pero que apenas duró unos meses, finalizando sus papeles en el Consejo de Castilla163.
4. DOCUMENTANDO LA GUERRA. EL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
La necesidad de documentar un periodo histórico considerado esencial en la historia de una nación, ha determinado la recopilación de documentos e, incluso, la creación de archivos, como había sucedido con el Archivo de Indias en el siglo XVIII. En plena guerra se creó el Cuerpo de Estado Mayor, y con él el germen del denominado “Depósito de la Guerra”, para recopilar los documentos de carácter militar de ese periodo. Ni el nombre ni la idea eran nuevos, ya que en Francia existía un Dépôt de la Guerre desde el año $1 6 8 8 ^ { 1 6 4 }$ . Aunque el Cuerpo del Estado Mayor se disolvió en 1814, una nueva Comisión de Jefes, agregada a la Secretaría de Guerra, siguió con el proyecto. A fin de preparar la publicación de la historia de la Guerra de la Independencia, emitió una real orden el 14 de mayo de 1816 solicitando datos a las capitanías generales, lo cual originó un conjunto de informes sobre la actuación de importantes militares165, con lo que se pudo afrontar finalmente la publicación del primer tomo de la “Historia de la guerra de España contra Bonaparte”. El reglamento de 1847 significó la consolidación del Depósito de la Guerra, con dos secciones166: la Topográfica y militar, actualmente en el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, y la sección de Historia y estadística militar, a la que estaba anejo el archivo del Depósito; esta sección es la que está fragmentada entre el Archivo General Militar de Madrid167 y el Archivo Histórico Nacional168. Se siguió documentando las guerras sucesivas y precedentes, pero nunca se abandonó la idea de ampliar la documentación de la Guerra de la Independencia, por lo que en 1850 aún se creó una comisión de indagación de la batalla de Bailén169. El Depósito de la Guerra fue suprimido por decreto de 28 de julio de 1931.
En el Archivo Histórico Nacional, partiendo de lo que se conocía como “Colección del gobierno político- militar”, se ha identificado gran parte del Depósito de la Guerra. La “sección Topográfica y Militar” se halla casi íntegra en Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, como se ha indicado. Sin embargo de la “sección de Historia y Estadística Militar”, se han localizado en el Archivo Histórico Nacional los estudios históricos, que eran el objetivo de creación del Depósito y, especialmente, el Archivo del propio Depósito de la Guerra, lo que ha constituido una de las aportaciones más novedosas del proyecto global del Archivo Histórico Nacional. Este archivo del Depósito documenta esencialmente la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas, pero también las guerras de Italia, la de los Pirineos, la de Sucesión, la de la Restauración portuguesa, la de África, etc. El cuadro de clasificación de la Guerra de la Independencia en PARES, que refleja el orden original, resulta tan complejo y extenso que no ha sido posible reproducirlo completo en este artículo170.
5. ARCHIVOS PRIVADOS.
Algunos archivos privados presentan cierta relación con este periodo. Se conservan documentos del archivo personal de José de Palafox y Melci171, que quizás esté en relación con el Depósito de la Guerra y completan el archivo del general Palafox que se halla en el Municipal de Zaragoza. El archivo de la Familia Cabarrús172, con documentos de Francisco Cabarrús, ministro de Hacienda de José I, interesante preferentemente para el periodo anterior (Canal de Cabarrús, Banco de San Carlos, etc.), y de su hijo Domingo Cabarrús Galavert, destacado afrancesado. El archivo de la Familia Caballero173, contiene el archivo personal de Fernando Montoya y Solís, militar que participó en la guerra. Y finalmente el de Juana María de la Vega Martínez174, esposa del general Francisco Espoz y Mina, que llegaría a ser aya de Isabel II y de su hermana, aunque en este fondo son escasos los documentos de este periodo.
En otros fondos y colecciones del archivo se pueden localizar documentos sueltos, como los informes del Seminario de Nobles de Madrid sobre los hechos ocurridos durante ese periodo175, un autógrafo del guerrillero Eulogio Enríquez176, la matriz del sello de Juan Martín Díaz, El Empecinado177, o la proclama de un profesor de la Universidad de Alcalá, en noviembre de $1 8 0 8 ^ { 1 7 8 }$ . Incluso hay noticias en fondos insospechados como un expediente que se abrió en el Ministerio de Ultramar en 1832, ante las sospechas que levantaba el establecimiento en La Habana de Manuel Torrens, ex comandante de las tropas francesas durante la guerra de la Independencia, que había abierto allí una academia de lengua francesa e infundía ideas revolucionarias179.
6. CONCLUSIÓN.
Aunque nunca se pueda considerar el proyecto de la Guerra de la Independencia cerrado, por las circunstancias archivísticas citadas, sí se han cubierto la mayoría de los planteamientos iniciales. Se han descrito y digitalizado una gran masa de documentos, y se ha logrado contextualizarlos en su organismo productor. En total 29 instituciones de las dos administraciones en guerra, además del archivo del Depósito de la Guerra, complementario del existente en el Archivo General Militar de Madrid.
A lo largo de este trabajo se han explicado las circunstancias históricas y archivísticas que han rodeado la custodia y organización de los documentos. Por todo ello se puede considerar que el objetivo inicial, contribuir al conocimiento y difusión de la historia de España de ese periodo, está cumplido.
ANEXO.
LOS FONDOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES (PARES). INVENTARIO DINÁMICO $1 8 0$
(http://pares.mcu.es/)
1. INSTITUCIONES DEL ANTIGUO RÉGIMEN 1.1. INSTITUCIONES DE LA MONARQUÍA.
CANCILLERÍA.
Sello de Castilla. Civil Sello de Castilla. Eclesiástico COMISIÓN DE CAUSAS DE ESTADO Causas CONSEJO DE CASTILLA Escribanía de gobierno Expedientes de afrancesados que emigraron a Francia Expedientes relativos a la actuación del Consejo de Castilla en 1808 Expedientes relativos a la Administración Local en 1808 Expedientes relativos a la causa del Escorial y secuestro de bienes de Godoy Registro de consultas y resoluciones Registro de órdenes y decretos Secretaría de la Presidencia del Consejo [de Castilla] y de la Cámara de Castilla Expediente general de la entrada en España y en Madrid de 50.000 soldados franceses Expediente general sobre los alborotos de 1808 Expedientes de arresto, embargo y secuestro de bienes de franceses en 1808 Expedientes reservados Escribanías de cámara Pleitos CONSEJO DE INQUISICIÓN CONSEJO Y TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA E INDIAS (CONSEJO REUNIDO)
Gracia y Justicia Gracia.
Expedientes de concesión de cartas de naturaleza
Expedientes de concesión de dispensas de ley y gracias
Expedientes de concesión de facultad para negociar con bienes vinculados, censos
y mayorazgos
Expedientes de concesión de licencia para ejercer la tutela de menores de edad
Expedientes de habilitación para ejercer el oficio de notario
Expedientes de habilitación para ocupar plazas de escribano
Expedientes de legitimación de hijos naturales
Expedientes de solicitud de asignación de viudedades
Expedientes de Títulos de Castilla
Expedientes para la concesión de notarías de reinos
Expedientes para la expedición del título de escribano
Expedientes para la expedición del título de notario
Expedientes para la provisión de oficios municipales
Expedientes para la provisión de plazas de escribano
Nombramientos y concesión de honores
Solicitudes de ampliación de jurisdicción de notarías
Solicitudes de plazas de escribano
Solicitudes de plazas de notarías de reinos.
Justicia Alcaldías y Corregimientos Expedientes para la concesión de prórrogas, licencias y dispensas de alcaldes mayores y corregidores Expedientes para la expedición de títulos de oficios de Alcaldías Mayores y Corregimientos Expedientes para la provisión de plazas de Alcaldías Mayores y Corregimientos Solicitudes y recomendaciones para plazas de Alcaldías Mayores y Corregimientos Audiencias y Chancillerías Expedientes para la concesión de prórrogas, licencias y dispensas de magistrados y oficiales de audiencias y chancillerías.
Expedientes para la expedición de títulos de magistrados y oficiales de Audiencias y Chancillerías Expedientes para la provisión de plazas togadas y oficios subalternos de audiencias y chancillerías Notificaciones de las Audiencias y Chancillerías de plazas vacantes Solicitudes y recomendaciones para plazas de Audiencias y Chancillerías Libros de conocimiento de los expedientes remitidos a la Secretaría y a otras oficinas del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias Libros matrícula Libros de recibos de los expedientes entregados a las partes Libros registro de reales cédulas Memoriales sin curso
JUNTA CENTRAL SUPREMA GUBERNATIVA DEL REINO
JUNTA SUPREMA DE GALICIA
JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO Minutas de sesiones Correspondencia
JUNTA SUPERIOR DE GOBIERNO DE CÁDIZ Actas
JUNTA SUPREMA DE REINTEGROS Libros de Matrícula Escribanía de cámara de la Junta Suprema de Reintegros Apuntamientos Consultas Cuentas Expedientes consultivos Expedientes de dudas elevadas por las juntas territoriales Expedientes de solicitudes y reclamaciones Expedientes entre partes Expedientes generales Expedientes promovidos por el fiscal Libros de conocimiento de los expedientes que pasan al fiscal Libros de conocimiento de los expedientes que pasan al relator Libros de conocimiento de los expedientes remitidos a los tenientes de corregidor de Madrid, al tasador general de pleitos y a otras oficinas Libros de recibos de expedientes entregados a las partes Oficios cursados entre la Junta Suprema de Reintegros y otras instituciones Bienes Nacionales Expedientes de venta de bienes nacionales Posturas, remates y cesiones de las subastas de bienes nacionales Registros de valimientos
JUZGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Resoluciones
SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE Libros de gobierno Causas Criminales
SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE ESTADO Actuaciones de la Secretaría de estado y del despacho de Estado durante la Guerra de la Independencia.
Negociado de Interceptación Correspondencia interceptada de particulares Documentación interceptada del ejército francés Documentación interceptada del gobierno de José Bonaparte Expedientes sobre la interceptación de documentos Documentos solicitados por la Comisión Central de Reclamaciones contra la Francia.
Negociados de países extranjeros Negociado de Rusia Tratados internacionales
SECRETARÍA DE LAS ÓRDENES CIVILES Orden de Carlos III
TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN DE VALENCIA
TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN DE ZARAGOZA
TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN DE LOGROÑO
2. INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS 2.1. PODER LEGISLATIVO.
CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS DE LA NACIÓN.
Junta electoral provincial de Madrid en Cádiz y la Isla de san Fernando. Cortes generales y extraordinarias de 24 de septiembre de 1810.
Actas electorales Listas de electores Papeletas electorales.
Órdenes de las Cortes generales y Extraordinarias de la Nación sobre el arreglo de provincias
2.2. PODER JUDICIAL.
JUNTAS DE NEGOCIOS CONTENCIOSOS (José I) Escribanía de gobierno de las Juntas de Negocios Contenciosos.
Consultas
Cuentas
Decretero
Documentación de trámite de la escribanía de gobierno de Bartolomé Muñoz
Libros de matrícula
Normativa sobre instalación y funcionamiento de las Juntas de Negocios
Contenciosos
Órdenes de los Ministerios. General
Órdenes y solicitudes de certificación
Organización del personal y régimen interno
Precedentes jurídicos usados por las Juntas de Negocios Contenciosos
Registro de expedientes remitidos al Ministerio de Justicia
Registros de juramentos
Registro de oficios de los Ministerios remitidos a las Juntas de Negocios
Contenciosos
Registro de Reales Decretos y Órdenes remitidos a las Juntas de Negocios
Contenciosos Registro de reparto de expedientes Registro de títulos de abogados examinados por las Juntas de Negocios Contenciosos Relación de actuaciones de las Juntas de Negocios Contenciosos sujetas a registro
TRIBUNAL ESPECIAL DE ÓRDENES Decretos de las Cortes remitidos por orden de la Regencia para su publicación
TRIBUNAL SUPREMO Escribanía de cámara del Tribunal Supremo (1812-1814) Libros de conocimiento de los expedientes, pleitos y causas que se pasan a los fiscales Libros de conocimiento de los expedientes, pleitos y causas que se pasan a los relatores Libros de recibos de los expedientes, pleitos y causas entregados a los procuradores de las partes
2.3. PODER EJECUTIVO 2.3.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Administración Central.
CONSEJO DE REGENCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Dirección General de Clases Pasivas Expedientes de clasificación de jubilación y cesantías de funcionarios públicos
MINISTERIO DE HACIENDA (José I) Comisaría General de Cruzada Expedientes de empleados Expedientes de la Administración de Cruzada de Alcalá de Henares Expedientes de la Administración de Cruzada de Ciudad Real Expedientes de la Administración de Cruzada de Cuenca Expedientes de la Administración de Cruzada de Guadalajara Expedientes de la Administración de Cruzada de Jaén Expedientes de la Administración de Cruzada de Jerez de la Frontera Expedientes de la Administración de Cruzada de Madrid Expedientes de la Administración de Cruzada de Medina del Campo Expedientes de la Administración de Cruzada de Ronda Expedientes de la Administración de Cruzada de Segovia Expedientes de liquidación de cuentas, relaciones de bulas y sumarios de indulto Expedientes de nombramientos de comisarios subdelegados de Cruzada Expedientes de oficios y comunicaciones de otros organismos públicos Expedientes de organización y funcionamiento interno Registro de órdenes de la Regencia. Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia Registro de resoluciones de la Regencia. Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia Expedientes personales de Jueces y Magistrados
MINISTERIO DE NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS (José I)
MINISTERIO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS (José I) Correspondencia con los consulados de España en Corfú, Hamburgo, Nápoles y Holanda
Expedientes contables de la Prefectura de Madrid y Contaduría General de
propios y arbitrios
Expedientes contables de la Real Escuela Veterinaria
Expedientes contables de Real Fábrica de loza de la China
Expedientes contables de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País
Expedientes contables de libramientos
Expedientes contables de los hospitales civiles de Madrid
Expedientes contables de los Reales Estudios de San Isidro
Expedientes contables de peticiones de nombramientos para cargos y empleos
públicos
Expedientes contables del Colegio de Farmacia
Expedientes contables del colegio de Sordomudos
Expedientes contables del Conservatorio de Artes y Oficios
Expedientes contables del Museo del Prado
Expedientes contables del Real Colegio de Lavapiés
Expedientes contables del Real Colegio de San Antonio Abad
Expedientes contables del Real Colegio de Santa Isabel
Expedientes contables del Real Estudio de Medicina Práctica
Expedientes contables del Real Estudio de Mineralogía y Zoología
Expedientes contables del Real Gabinete de Historia Natural
Expedientes contables del Real Hospicio de Madrid
Expedientes contables del Real Jardín Botánico
Expedientes contables del Seminario de Nobles de Madrid
Expedientes de exámenes e informes contables.
SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN DEL REINO PARA LA PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES.
Expedientes generales sobre la disolución de las Juntas superiores provinciales de
observación y defensa
Registro de resoluciones de la Regencia
Expedientes generales sobre el establecimiento en las provincias del gobierno y
administración constitucionales
Expedientes generales sobre los traslados del gobierno constitucional y el regreso
de Fernando VII
Oficios remitidos a la Secretaría de la Gobernación por las distintas secretarías de
Estado.
SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN DE ULTRAMAR Registro de resoluciones de la Regencia
2.3.2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Administración Central Periférica.
COMISARÍA REGIA DE ANDALUCÍA (José I) Decretos del comisario Montarco Órdenes del comisario Montarco
2.3.3. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Administración Consultiva.
CONSEJO DE ESTADO (1812-1814) Secretaría de Estado, Guerra, Marina y Hacienda.
Actas del Consejo de Estado. Secretaría de Estado, Guerra, Marina y Hacienda Registro de consultas del Consejo de Estado. Secretaría de Estado, Guerra, Marina y Hacienda ecretaría de Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación Actas del Consejo de Estado. Secretaría de Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación Certificaciones de pago por expedición del título de magistrado Colección de Reales Órdenes comunicadas al Consejo de Estado por los secretarios de Estado y del Despacho Comunicaciones la consejo de Estado de las rehabilitaciones de corregidores y alcaldes mayores Documentación relativa al funcionamiento y organización interna del consejo de Estado Expedientes de concesión de prórrogas, licencias y dispensas de personal de judicatura Expedientes de concesión de prórrogas, licencias y dispensas de personal de magistratura Expedientes para la emisión de dictámenes Expedientes para la expedición de cartas de ciudadanía Expedientes para la expedición de los títulos de plazas de Audiencias Territoriales y Tribunales superiores Expedientes para la expedición de los títulos de plazas de Juzgados de Primera Instancia Expedientes para la expedición de títulos de oficios municipales Expedientes para la expedición del título de escribano Expedientes para la expedición del título de notario de reinos Expedientes para la provisión de plazas de judicatura Expedientes para la provisión de plazas de magistratura Expedientes sobre la instalación de Audiencias Informes reservados para la provisión de plazas de la judicatura y magistratura Libros de repartimiento de expedientes entre los oficiales del Consejo de Estado Registro de consultas del Consejo de Estado. Secretaría de Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación Relaciones de méritos de aspirantes a empleos públicos Solicitudes y relaciones de méritos de pretendientes a plazas de justicia cuyos expedientes fueron retirados por los interesados Solicitudes y recomendaciones para plazas de judicatura Solicitudes y recomendaciones para plazas de magistratura
3. ARCHIVOS PRIVADOS 3.2 ARCHIVOS PERSONALES Y FAMILIARES.
CABALLERO, FAMILIA
CABARRÚS, FAMILIA
PALAFOX Y MELCI, JOSÉ DE
VEGA MARTÍNEZ, JUANA MARÍA DE LA
5. COLECCIONES
5.1. DOCUMENTOS TEXTUALES.
UE DE WELLINGTON
GUERRA181
HISTÓRICA Y ESTADÍSTICA MILITAR
Histórico del Depósito de la Guerra
uerra de la Independencia española (1808-1814) Archivo del conde de Ezpeleta Asuntos Generales Artillería Bandos Confidencias Correspondencia Disposiciones generales Estados de Fuerza Gacetas Guerrillas Hacienda Organización Personal Premios Prisioneros Proyectos y memorias sobre organización militar Reglamentos Resúmenes históricos de operaciones Tratados Colección sobre El Empecinado Consejo de Navarra Ejército Anglo lusitano Asuntos generales Correspondencia Operaciones Organización Ejército de Francia Acciones de guerra Alocuciones, bandos y proclamas Artillería Asuntos generales Caudales Convoyes Confidencias Contribuciones Correspondencia Desertores Diarios de operaciones
Edictos
Embargos
Estados de Fuerza
Fortificaciones
Hacienda
Hospitales
Ingenieros
Operaciones y movimientos
Órdenes
Organización
Personal
Provisiones y subsistencias
Recompensas
Reconocimientos
Sitios
Topografía
Ejército francés de Portugal
Ejército Español. Primera época. Antecedentes y comienzos de la guerra hasta 26 de
octubre de 1808
Ejército Español. Segunda época. De 26 de octubre de 1808 a 16 de diciembre de 1810 Ejército de Centro Ejército de Reserva Ejército de la Izquierda Ejército de la Derecha, de Cataluña o de los Pirineos Orientales Acciones Administración Alocuciones Asuntos generales Auxilios Ayuntamientos Caballería Caudales Confidencias Convenios Correspondencia Destinos Disposiciones generales Estados de Fuerza Festejos públicos Fortificaciones Justicia militar Municiones Nombramientos Operaciones Organización Partes Presupuestos.
Prisioneros Recompensas Reemplazos Resúmenes históricos y Diarios de operaciones Servicios Sitios Subsistencias Partes de tranquilidad Vestuario Ejército Español. Tercera época. 16 de diciembre de 1810-4 de diciembre de 1812 Ejército de Reserva $1 ^ { \circ }$ Ejército de Cataluña $2 ^ { \circ }$ Ejército de Aragón Valencia $2 ^ { \circ }$ y $3 ^ { \circ }$ Ejército reunidos $3 ^ { \circ }$ Ejército de Murcia $4 ^ { \circ }$ Ejército de Andalucía y Castilla la Nueva $5 ^ { \circ }$ Ejército de Extremadura y Castilla $6 ^ { \circ }$ Ejército de Galicia y Asturias $5 ^ { \circ }$ y $6 ^ { \circ }$ Ejército de Castilla y Galicia $5 ^ { \circ }$ , $6 ^ { \circ } \ : \mathrm { y } \ : 7 ^ { \circ }$ Ejército de Asturias, Galicia y Asturias $7 ^ { \circ }$ Ejército de las Provincias Vascongadas, Navarra y Castilla La Vieja Ejército Español. Cuarta época. Del 4 de diciembre de 1812 hasta el final de la guerra Ejército de reserva de Andalucía Ejército de reserva de Galicia $1 ^ { \circ }$ Ejército de Cataluña 1º, 2º, $3 ^ { \circ }$ y $4 ^ { \circ }$ Ejército $2 ^ { \circ }$ Ejército de Aragón, Valencia y Murcia $3 ^ { \circ }$ Ejército de Andalucía $4 ^ { \circ }$ Ejército de Extremadura, Castilla, Galicia, Asturias, Provincias Vascongadas y Navarra Ejército portugués os Históricos del Depósito de la Guerra TOPOGRÁFICA Y MILITAR DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
5.2. DOCUMENTOS FIGURATIVOS.
COLECCIÓN DE OBJETOS