Frontera pionera, monarquía en expansión y formación de los concejos de villa y tierra. Relaciones de poder en el realengo concejil entre el Duero y el Tajo (c.1072 - c.1222)
J. Mª. Monsalvo Antón Universidad de Salamanca.
INTRODUCCIÓN.
Constituyeron los llamados concejos de villay-tierra durante los siglos $\times { }$ al XIII formas específicas de reclutar milicias guerreras, de conquistar territorios y de combatir a los musulmanes. Constituyeron asimismo una forma de apropiación del espacio y de creación de riqueza urbana y rural. Pero aquí no se va a tratar, por lo menos de forma directa -evidentemente todo ello está conectado-, de los concejos como formas de hacer la guerra, de colonizar espacios, de producir bienes materiales.
Aunque los aspectos relativos a las repoblaciones y el poblamiento de los territorios entre el Duero y Sierra Morena, normalmente también asociados a la organización social del espacio y la economía agraria, han sido con diferencia los aspectos más intensamente estudiados 1, más que la guerra en sí 2, o incluso también un intenso trabajo de historia de los fueros de la zona realizado sobre todo por historiadores del derecho 3, la prioridad aquí va a ser la de los concejos desde el punto de vista de las estructuras de poder.
En un trabajo nuestro publicado hace ahora casi diez años 4 se establecían tres etapas entre la época de Alfonso VI y la de Alfonso $\times ,$ aunque apuntando la flexibilidad inherente al empeño. Una primera etapa, desde finales del $\rtimes$ a mediados del XII, era calificada como de «irrupción del sistema político concejil en la sociedad de frontera», es decir, de surgimiento casi súbito de una forma de poder nueva en un contexto histórico que la noción de frontera dibuja mejor que cualquier otro parámetro. Una segunda etapa, que abarcaría la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII, que era calificada como de «quiebra progresiva de las estructuras unitarias en los concejos», expresión que enfatizaba fundamentalmente -presuponiendo que en el período anterior aún no se había consumado- la fractura social de las sociedades concejiles ya en ese segundo período, la progresiva discriminación política de algunos sectores y la intensificación del señorío concejil, apenas apuntada antes. Finalmente una tercera etapa, correspondiente a las décadas centrales del siglo XIII, donde destacábamos «el triunfo de las élites» como nota característica del período.
Al establecer tales etapas se procuraba huir de las clásicas descripciones jurídicas e institucionales, que hacían caso omiso de los procesos sociales, y se evitaba también ofrecer una imagen uniforme y plana de varios siglos de historia. Se trataba de definir el concejo como uno de los poderes existentes. Pero la palabra «concejo» no servía. Aparte de que también significaba la institución asamblearia vecinal como tal, había concejos en las aldeas, llamados así y que no eran la forma de poder que se trataba de estudiar. Incluso había -¿y hay?- toda una tradición iushistórica académica que hacía derivar el concejo urbano o el municipio urbano del concejo o «municipio» rural, una hipótesis de génesis que no se correspondía con lo que pensábamos. Pero además sólo a par tir de cier to momento histórico, nunca antes de fines del $\times 1 ,$ , se podía hablar del concejo como poder, como soberanía, como centro autónomo de toma de decisiones políticas. Algunas tradiciones historiográ- ficas además insistían en relacionar los concejos con el tema de la «democracia», o con lo «urbano», o identificaban sólo concejos con el «realengo». Todo esto podía, por supuesto, ser evaluado, pero además se trataba de saber cuándo, cómo y dónde habían aparecido unos centros de poder político en torno a los concejos, o algunos de ellos, con lo que esto implica. Habíamos utilizado para la baja Edad Media el concepto de «sistema político concejil», aplicando la metodología de sistemas y sus procesos de inputs, outpus y retroalimentación a un entramado político bajomedieval. Sin posibilidad de utilizar para los siglos de formación concejil tal metodología de sistemas nos pareció al menos que sí podía valer la expresión, como objeto no como método, de tal 'sistema político concejil' para referirse a un tipo de poder que, con independencia de otros ingredientes no definitorios -como el grado de democracia, o los factores formativos- cumplía unos requisitos mínimos, es decir podía singularizarse frente a otros poderes medievales monárquicos o nobiliarios, frente a los concejos de aldea y frente a las ciudades o núcleos habitados vistos como tales realidades materiales.
Así, podíamos establecer un primer baremo de los requisitos mínimos, o breve conjunto de condiciones sin las cuales tendríamos concejos inmaduros, todavía no verdaderos sistemas de poder. Estos requisitos eran la existencia de cargos locales, la autonomía funcional, la proyección del concejo sobre un territorio y un estatuto personal diferencialmente ventajoso de sus habitantes en comparación con el derecho territorial existente. Se trata de requisitos que se vieron tempranamente afirmados precisamente al sur del Duero 5, pero aun así hubo grados de esa afirmación que permiten también, incluso en esta zona, introducir criterios de periodización.
Hay otro segundo baremo que puede añadirse al de la aparición de los requisitos mínimos del sistema. Se trata del baremo de la participación de los grupos sociales en las instituciones, algo que nos dará idea del grado de “democratización” o de las bases sociales del poder concejil y que nos acerca al problema de las relaciones sociales en los medios histó- ricos analizados.
Partíamos en aquel trabajo citado de la existencia de una abundante literatura jurídica y de historia medieval agraria, y de precisos análisis de demografía retrospectiva, pero que coincidían con una debilidad de criterios de explicación causal y de influencia relativa de unos u otros fenómenos en el devenir de los concejos como estructuras de poder. Es decir, había tanto en las fuentes -sobre todo ya para fechas avanzadas- como en los estudios históricos bastante información empírica sobre los concejos de la zona, pero no tanto, por diversas razones 6, sobre las causas de los cambios, los factores que los impulsaban y los ritmos y niveles de su dinámica histórica. El objetivo de nuestro trabajo entonces fue intentar descubrir los mecanismos que impulsaban las transformaciones concejiles en cada momento, jerarquizando los elementos según su influencia en los cambios y apostando por una explicación causal en la que una historia social del poder no presentase como escindidas las realidades materiales y la morfología institucional del sistema concejil. Por otra parte, el establecimiento de etapas, incluso resaltando de ellas su elasticidad, es arriesgado, pero también necesario, pues en casi dos siglos de historia, de Alfonso VI a Alfonso $\times ,$ en tan vastas regiones acaecieron cambios muy importantes. Desde luego, resultan artificiales períodos muy cortos y locales -un reinado, un concejo-, porque no resultan significativos. Y tampoco sirve valorar todo el ciclo de los siglos XI-XIII como una época histórica unitaria. Establecer, pues, dentro de este ciclo histórico varios períodos de 60- 80 años, de apenas el lapso de unas pocas generaciones humanas, e intentar resaltar los motores y resultados principales en cada lapso, puede dar mejor medida de un tempo histórico más precisamente acotado y más realista.
Aquella propuesta de causalidad y de periodización 7 -que no lo era de la conquista y colonización de estos territorios, sino de las estructuras de poder concejiles- al cabo de casi una una década de ser formulada nos sigue pareciendo a grandes rasgos válida, por lo que lógicamente con pequeños retoques la seguimos aquí. Eso sí, sólo trataremos las dos primeras etapas, no la tercera. Hay otro aspecto más. Indirectamente, en el estudio del sistema concejil de villa y tierra en sus siglos iniciales, que era el objetivo directo de aquellas páginas, se encontraban también interpretaciones sobre la caracterización de las sociedades de la zona que entraban en el terreno de una tradición historiográfica polémica, sobre todo en relación con el feudalismo peninsular. Afirmar que éste existió en estas zonas chocaba, por supuesto, con ciertas ideas albornocianas de todos conocidas, aunque esta impugnación -relativa, por otra parte, como se verá- no era en modo alguno original o novedosa en España a finales de los ochenta. Nuestra propuesta, en cambio, sí venía a impugnar algunas ideas entonces más en boga, como la de una feudalización prácticamente inmediata y muy acusada de los territorios conquistados, que habían esgrimido en sus monografías autores como A. Barrios o L. M. Villar 8, pero también se cuestionaba la idea de que estas sociedades concejiles incipientes había sido formaciones "germánicas" y ajenas al feudalismo, ideas que habían sido formuladas por C. Astarita o más matizadamente por R. Pastor 9. Pero por otra parte, la interpretación que hacíamos para el período final, de pleno siglo XIII, cuestionaba otra idea más, entonces admitida: la que venía asimilando la caballería villana, sobre todo ya a mediados del XIII, con la nobleza o bloque social señorial -algo quizá especialmente patente en un trabajo de J. Mª. Mínguez 10-, idea extensible también a la asimilación que se venía haciendo en el medievalismo castellano-leonés -el propio Barrios, Villar, Estepa, este último con más matices-, entre los señoríos concejiles y las otras formas señoriales 11, algo con lo que también discrepábamos.
Ya en su momento, pues, la simple propuesta de periodización y examen crítico de los problemas históricos desde la perspectiva de las relaciones de poder en los concejos, con discrepancias importantes entre los citados y otros autores que escribieron algunos trabajos de interpretación también por entonces o poco después 12, se intuía como algo polé- mico. Ello nos indujo a escribir un trabajo de crítica historiográfica, incluyendo no sólo la zona sur del Duero, sino también problemas de la mitad norte de la región castellano-leonesa, aunque con especial referencia al problema del feudalismo concejil de villa y tierra 13.
Después, a lo largo de los noventa, han venido apareciendo algunos estudios sobre repoblación, régimen jurídico, señoríos en la zona 14. Aunque las nuevas aportaciones han ahondado en regiones al sur del Tajo y períodos posteriores a los que aquí nos interesesn, simplemente la perspectiva temporal llama, pues, a hacer una especie de puesta al día de aquella propuesta que hacíamos hace una década a la luz de las aportaciones más recientes, o de nuevas reflexiones propias. Eso sí, como decimos, de las tres etapas entonces contempladas, aludiremos aquí tan sólo a las dos primeras.
IRRUPCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO CONCEJIL EN LA SOCIEDAD DE FRONTERA, c.1072- c.1157.
Antecedentes: repoblación fronteriza en los siglos X y principios del XI.
La idea de frontera entendida como zona abierta y elástica de confrontación cambiante con los musulmanes, sin un dominador estable ni por parte de los musulmanes ni de los cristianos, puede decirse que nació bastante antes que el sistema concejil. Incluso la línea del Duero había sido alcanzada tempranamente. Lo había sido en el tramo portugués o en el leonés desde Alfonso III con la toma definitiva de Zamora o Toro en el del siglo $\times ^ { 1 5 }$ , convertidas desde entonces en baluartes en la línea del Duero y comenzadas a repoblar tanto con mozárabes como con gentes norteñas.
En el área de Castilla las menciones del 912 muestran la llegada de los cristianos al Duero en algunos núcleos sorianos: Osma, Ucero, Gormaz, San Esteban de Gormaz, incluso más hacia el oeste Roa o Aza. Seguramente toda esta línea, incluso la subregión castellana un poco más al norte, hasta tierras del Arlanzón y Tierra de Campos, estuvo sometida a la presión musulmana y no logró consolidarse. Coincidía además con el esplendor omeya y su califato. La secuencia de avance militar se reanudó tras las victorias cristianas en Simancas y Alhándiga, del 939. De entonces datan los intentos de Ramiro II de repoblar tierras en la cuenca del Tormes, en la vertiente sur del Duero, y quizá entonces llegaran los primeros pobladores a unas áreas que, según alguna fuente -no hay que interpretarlo literalmente- estaban "desiertas" 16. No parece que acabaran de cuajar plenamente estas repoblaciones, aunque Ledesma, la vega del Tormes en Salamanca y la Armuña, o quizá incluso la comarca de Alba de Tormes, debieron comenzar su andadura cristiana por entonces. Mientras que, en la zona castellana o limítrofe, tras 939, sus condes, con o sin la tutela regia leonesa, impulsarían los avances. Lo cierto es que incluso antes de la independencia condal castellana, y gracias a la iniciativa de los condes de Castilla y de Monzón -Fernán González y Asur Fernández respectivamente-, varios enclaves de la línea del Duero fueron tomados por los cristianos y posiblemente comenzara también en ellos una incipiente repoblación: Caracena, Roa, Aza, Iscar, Portillo, Cuéllar, Coca, Sepúlveda 17. Concretamente esta última, antiguo núcleo romano luego decaído e importante avanzadilla cerca de la Sierra de Guadarrama, era tomada en el 940 por Fernán González 18. Es posible que, al mencionar estos lugares, no estemos ante auténticos centros territoriales de la monarquía, sino tan sólo quizá plazas fuertes cristianas, aisladas, desde las que defenderse o atacar al enemigo. Para ello la acción de la aristocracia del entorno regio se complementaba o sustituía con la instalación de colonos-guerreros, defensores y pobladores a la vez.
Hay que tener en cuenta que desde poco antes del 980 la situación se complicó. Sobre todo con Almanzor, desde las campañas de 977 hasta su muerte en 1002, y su hijo Abd-alMalik, muerto en 1008, no sólo se perdieron muchas posiciones, las plazas del Duero y otras, sino que sus razzias o rápidas incursiones de saqueo pusieron en peligro no la dominación, pero sí la tranquilidad incluso del tercio norte del reino leonés. Los núcleos del Tormes, incluida Salamanca o Ledesma, fueron atacadas en el 977 y 980; ese año la Armuña, comarca situada al norte de Salamanca, fue objeto de incursiones amiríes, y los enclaves del Tormes, la propia ciudad y otros núcleos como Alba, fueron de nuevo atacados a partir de 980. Zamora fue víctima cuatro veces entre el 981 y el 988, Toro tres veces en esa misma década, Salamanca -aparte de serlo en 977- lo fue de nuevo en 983 y 986. Las aceifas de Almanzor acabaron por consumar el fracaso de las repoblaciones en la naciente Extremadura leonesa. La misma situación se dio en tierras castellanas, donde se perdieron los enclaves situados en la línea del Duero, desde Roa y Aza hasta los núcleos sorianos, pasando por Sepúlveda -ocupada momentáneamente por los musulmanes en 984-, Ayllón y otros núcleos de la zona. Estas campañas no suponían el desalojo de las poblaciones, pero sí un cambio transitorio de dominadores y, sobre todo, la imposibilidad de reorganización cristiana iniciada antes.
musulmanas, y otras torres en la zona de Caracena y Berlanga, pero quizá no tanto como polí- tica de avance hacia el sur sino dentro de unas relaciones fronterizas -frontera lineal en este caso- con la taifa zaragozana, sobre todo por problemas de pago de parias. En realidad, para el reino de León y Castilla hay que esperar a 1072 para ver la sustitución del confortable régimen de parias por el ambicioso pero arriesgado proyecto de avance conquistador.
Unos años después el conde Sancho García, hacia 1009-1112, recuperaba algunos enclaves castellanos del Duero: Montejo, Aza, Maderuelo, Ayllón, Sepúlveda, Osma, San Esteban de Gormaz. También algunos que se perdieron poco después, como Berlanga, o la importante fortaleza de Gormaz. Eran simples plazas fuertes, no necesariamente otra cosa. Poco después, al formarse reinos de taifas en AlAndalus, se creaba un statu quo que perduró décadas, cuando las conquistas fueron sustituidas por el régimen de parias.
Casi todo el reinado de Fernando I, hasta su muerte en 1065, estuvo marcado por la detención de las conquistas, con estancamiento en la línea del Duero y sin avances repobladores hasta el final. Las conquistas por Fernando I de Lamego, Viseu y Coimbra, en 1057, 1058 y 1064, respectivamente, rompieron está estabilización, pero sólo en el condado de Portugal. No es seguro que no se tratase apenas de un reajuste en relación con el pago de parias desde la taifa de Badajoz, y no del inicio de una política conquistadora. De hecho, en el flanco oriental del reino Fernando I tomó en 1060 la entonces estratégica fortaleza de Gozmaz, en manos
¿Por qué mencionamos estos antecedentes? Las reflexiones que nos interesa extraer de esta secuencia histórica de los cristianos en el siglo y medio anterior a la etapa concejil podrían resumirse en una consideración general. Esto es, que la intermitencia de los avances y retrocesos cristianos sobre las márgenes del Duero durante más de un siglo, del $\times$ al $\times 1 ,$ había generado y alimentado unas condiciones marcadas por la frontera. Por eso no pudieron ser más que repoblaciones incipientes, parciales, incompletas o simplemente fracasadas. Podría decirse que se fraguó la frontera, pero, a falta de soluciones nuevas y diferentes, las repoblaciones todavía se acomodaron a los modos tradicionales típicamente altomedievales: aparte del régimen de propiedad ya conocido al norte, se dio un protagonismo emprendedor regio, condal o eclesiástico; funcionalmente, predominó un sistema de torres 19 y castillos en orientación norte a sur para defender territorios desarticulados y, en el mejor de los casos encuadrados en alfoces o distritos regios gestionados directamente por los agentes del rey; socialmente, hubo traslación de cuadros sociales propios del norte de la Meseta 20. Este fue el modelo de incorporación hasta el siglo $\times 1 .$ . La idea de la monarquía era todavía, seguía siendo, integrar en la territorialidad monárquica directa las poblaciones existentes, ya fueran ancestrales, o bien las avanzadillas de cristianos que residían en las tierras del Duero, y colmatar los vacíos demográficos, donde los había, a veces con mozárabes y sobre todo con norteños. Unos y otros debían quedar encuadrados bajo las autoridades territoriales de la monarquía y los magnates. Es decir, entonces todavía se concebía la progresión espacial hacia el sur mediante fórmulas ensayadas más al nor te por la monarquía asturleonesa y leonesa, como era de esperar, reproduciendo con ello también en el Duero el régimen jurídico, el régimen dominial y la estructura social vigente más al norte. Desde el punto de vista de los poderes asociados a los territorios, nada nuevo, por tanto.
Únicamente encontramos indicios de una trama social -no política- algo diferente en el área castellana, y siempre según referencias que no son apodícticas -por la dudosa fiabilidad de las fuentes- y que quizá reflejan tan sólo la situación en áreas de riesgo -entonces- del reino, poco características. Sería el caso del Fuero de Castrojeriz y de las referencias posteriores a los pobladores sepulvedanos, que aparecen en su fuero latino, que pueden ser leídas en clave retrospectiva. El Fuero de Castrojeriz de 974, aunque situado en la Castilla del norte del Duero, refleja lo que había sido hacia el siglo $\times$ y antes frontera castellana y quizá también situación marginal respecto a la monarquía. El esquema sociojurídico que refleja este fuero burgalés 21, que no nos atreveríamos a generalizar para la Castilla de los primeros tiempos, sí era en cierto modo premonitorio, aunque quizá no propiamente seminal, de situaciones sociales posteriores en zonas más meridionales. Como tambiénlo serían, más al sur, los aguerridos pobladores que a mediados del siglo $\textsf { X y y a }$ en el $\rtimes$ habitaban, probablemente en difíciles condiciones de peligro e inseguridad, la villa extremadurana de Sepúlveda 22, bastante antes de que allí emergiera un concejo de villa y tierra.
21 Editado en numerosas ocasiones, la más reciente en M. Zabalza Duque, Colección Diplomática de los Condes de Castilla, Salamanca, 1998, doc. 49. El texto del fuero de 974 ofrece algunas dudas y no es descartable que contenga pasajes interpolados. Pero los especialistas en paleografía y diplomática lo consideran un texto razonablemente fiable. Por supuesto en el fuero no hay nada que apunte a lo que luego sería, ya en otras latitudes, la realidad política de los concejos de villa y tierra, o sea, no había aquí nada de autoridades propias, nada de territorio concejil, ninguna transferencia de justicia o fiscalidad, es decir , lo que entendemos como requisitos mínimos del sistema concejil. Pero sí interesan -aparte de la inclusión de las fazañas, o derecho judicial elaborado espontáneamente y fijado por la decisión de los jueces y condes- las referencias a los caballeros villanos, grupo guerrero que el texto asimila a la baja nobleza de sangre: "damus foros bonos ad illos caballeros ut sint infanzones et firmetur super infanzones de foros de Castro (...) et si occiderit caballerum de Castro pectet per illum D solidos", que era la pena estándar estipulada por matar infanzón. Asimismo se otorgaban exenciones fiscales y privilegios procesales a los pedones. De algún modo se entiende que estas situaciones sociales donde se enfatizaba la contraposición caballeros /peones -que complementaban la habitual de infanzones/villani- era resultado de la guerra fronteriza castellana y la periferización política de la Castilla del Duero entonces, en $\ F _ { \alpha } \mid \times ,$ frente a la nuclear Castilla del Ebro, y prefigura tal contenido del fuero una dicotomía social que ahora sólo se apunta y que se desplegará abundantemente en las Extremaduras un siglo más tarde, cuando de nuevo lleguen a converger -pero además con otros ingredientes totalmente innovadoresestas circunstancias. Sobre los aspectos territoriales de la Vieja Castilla del norte del Duero durante los ss. $\times . { \times } | |$ , sobre todo su parte meridional, interesan los trabajos de quien se ha ido convirtiendo en uno de sus mejores conocedores, J. Escalona. Vid., entre otros, su trabajo "Acerca de la territorialidad en la Castilla altomedieval: tres casos significativos", en M. I. Loring (ed.), Historia social, pensamiento historográfico y Edad Media. Homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 217-244.
Prerrequisitos de los concejos de villa y tierra: extensión y primacía de la lógica de frontera, de Alfonso VI a Alfonso VII.
La potencia del sistema concejil de villa y tierra al sur del Duero vino a derivarse, pensamos, de la coincidencia en el tiempo -y en una prolongación de éste lo suficientemente amplia para que se consolidasen determinadas situacionesde las condiciones de frontera, por un lado, y del surgimiento de las soberanías locales, por otro. Estas podían darse, y de hecho, comenzaron a hacerlo en otras partes y regiones más o menos también desde Alfonso VI y sus sucesores, sobre todo a partir de la territorialización del derecho de francos. Y las condiciones fronterizas del X se acaban de mencionar. Pues bien, al converger ambos fenómenos a finales del XI y principios del XII y hacerlo además en unos espacios muy extensos y organizativamente casi vírgenes, pensamos que generaron lo que venía a ser, según nuestro punto de vista, unas formas de poder municipal que pueden valorarse entre las más originales y de más alcance de toda Europa. Lógicamente por entonces estaban emergiendo en todo Occidente incipientes corrientes jurídicas y políticas estimulantes para la aparición de soberanías locales, de modo que hay un proceso secular detrás, pero casi nunca se daban las condiciones para una eclosión tan temprana y rotunda como la que se produjo en la cuenca meridional del Duero.
En 1072 los reinos de Castilla y León quedaron unificados bajo Alfonso VI, que ya reinaba en el segundo de ellos desde 1065. La unión política perduró hasta 1157 y transcurrió por los reinados de Alfonso VI, Urraca y Alfonso VII. El período fue clave para la historia de los sistemas concejiles, que arrancaron entonces. Pero la originalidad de éstos, que ya apuntamos, tuvo mucho que ver con la situación de guerra e inseguridad permanente que afectó a los territorios que entonces se incorporaron al reino castellanoleonés. Inseguridad y guerra que continuaron en otras partes más allá del período, pero que adquirieron un enorme protagonismo no por sí mismas -la actividad bélica considerada como tal- sino porque estuvieron unidas a la repoblación, colonización e integración territorial globales.
Hacia 1072 la Extremadura castellana y la leonesa, es decir los territorios entre el Duero y la Cordillera Central, los «extremos» o fronteras del Duero, Extrematura o Extrema Durii, constituían una subregión de incierta dominación, donde perduraba ese "desierto estraté- gico" que Sánchez Albornoz había sugerido para casi todo el valle del Duero durante varios siglos de reconquista cristiana. Convertido el territorio al norte del río en casi segura retaguardia ya cuando comenzó a reinar Alfonso VI, el problema de la frontera se daba hacia el sur. Vacío demográfico no había al sur del río, como hoy se sabe, aunque probablemente la población era escasa 23. Tampoco la variable es determinante, ya que, más allá de constatar si había o no vacío, lo más importante en la historia de los concejos es que las Extremaduras históricas carecían de dominadores claros, estaban lejos de las áreas prioritarias de los musulmanes y eran casi tierra de nadie. Los estudiosos de la frontera, la Marca Media y la historia territorial de Al-Andalus coinciden en afirmar que el verdadero territorio y hábitat de los musulmanes en el XI no comenzaba hasta el sur de la Cordillera Central, incluso ya cuando se había descendido de las estribaciones más serranas de la cordillera hacia el sur. En ese sentido puede en rigor decirse que había un 'vacío político' en la Extremadura histórica y en parte en la Transierra montana.
Desde 1072 se produjo un giro en la polí- tica regia, surgido al calor de la estimación de superioridad del entorno regio. Se decidió sustituir el sistema de 'paz y parias' -o tributos de los musulmanes a cambio de mantener sus territorios- por el de 'conquista y repoblación'. En consecuencia Alfonso VI impulsó el avance fronterizo. Ya se controlaban desde 1060 los castillos de Gormaz y Berlanga, y quizá Calatañazor, pero desde 1072 fue cayendo, ahora ya con deliberada voluntad repobladora, una auténtica línea de núcleos desde los que planear una expansión profunda hacia el sur. Es posible que se comenzase a presionar sobre las zonas de Olmedo, Iscar, Medina o Cuéllar, sin poder precisar momentos claros. Los datos de 1076 sobre Sepúlveda hablan ya de instalación de colonos previa a esta fecha y se mencionan otros núcleos como Ayllón.
Los avances cristianos debieron incrementar las ambiciones territoriales regias. No se había planteado hasta entonces la recuperación de una ciudad importante en manos musulmanas. Pronto cambiaron las circunstancias. La apuesta regia por la vía de conquista y repoblación fue tan consistente que desde Tierra de Campos se organizó un ejército lo suficientemente importante como para tomar la principal ciudad musulmana del centro peninsular y única ciudad propiamente en la frontera norte del por entonces mosaico político de Al-Andalus. En 1085 los cristianos conquistaron Toledo. Es uno de los grandes acontecimientos de la llamada Reconquista y en torno a él podrían hacerse múltiples consideraciones sobre la Edad Media.
Para la historia concejil, que es la cuestión que nos interesa, la conquista de Toledo también fue trascendental. La ciudad permaneció en manos de los cristianos y fue incorporándose por éstos el inmenso espacio abierto a las repoblaciones, nada menos que la franja entre el Duero y el Tajo, aunque algunos de los núcleos tomados entonces se perdieron poco después. A diferencia de la del Duero, la cuenca del Tajo sí contaba con comarcas de gran asentamiento musulmán, con lo que era inevitable que la región fuera no sólo una inmensa área para repoblar, que también lo fue, sino además una zona para la confrontación directa entre cristianos y musulmanes y donde era presumible que el avance cristiano se resintiera necesariamente, como así ocurrió. La conquista de Toledo fue la que permitió abrir un inmenso espacio de casi 100.000 kms2. La Crónica Latina, el Chronicon Mundi y la Historia de Rebus Hispanie dan cuenta de la importancia que históricamente se concedió a la toma de Toledo, gracias a la cual numerosí- simos núcleos entre el Duero y el Tajo fueron incorporados 24. No obstante, hay que decir que abrir el espacio, como se hizo en 1085, no fue sinónimo de dominarlo.
Puede pensarse que probablemente fueron las condiciones surgidas poco después, y no tanto la victoria de 1085, las que marcaron la historia de estas tierras y sus gentes. ¿Por qué? Sencillamente porque tuvieron el efecto de reproducir y ampliar un tipo de vida, de relaciones sociales y de organización del poder que coincidieron históricamente con el ciclo fundacional de los concejos como centros de soberanía y territoriales. En efecto, tras la conquista de Toledo, una conmoción para los musulmanes, se produjo el intento de reunificación de Al-Andalus por los almorávides, que rápidamente pusieron en peligro las conquistas cristianas: derrota cristiana en Zalaca en 1086, junto al Guadiana, refrendada por otras posteriores, como la de Uclés de 1108. Desde Zalaca hasta aproximadamente 1145, cuando se resquebrajó la unificación almorávide, creándose las segundas taifas, los cristianos lograron mantener o ampliar sus conquistas en muy difíciles circunstancias. En este inter valo se comenzaron a repoblar las villas y ciudades de la zona, teniendo en cuenta siempre que el momento de la conquista, o momento de la «población» oficial, no era más que el comienzo de un largo ciclo de ocupación que incluso trasciende la etapa que ahora contemplamos. Por primera vez se iba a tratar de repoblaciones no de carácter regio directo o magnaticio, sino de tipo concejil, bajo la dirección -cuyo contenido inmediatamente se explicará- de los concejos de villa y tierra. Y en un contexto, insistamos en ello, de inseguridad.
Para la Extremadura histórica el reinado de Alfonso VI fue el decisivo. Aparte de las grandes ciudades, otros núcleos como Iscar, Olmedo, Coca, Medina, Cuéllar, Peñafiel, Maderuelo, Pedraza, la citada Sepúlveda, aunque tuvieran ya poblaciones significativas, no se organizaron hasta este reinado. De poco después de la toma de Toledo data el inicio de la repoblación de dos ciudades llamadas a ser centros de gigantescos alfoces concejiles, Segovia y Ávila. Asimismo ocurría lo propio con otra ciudad importante, Salamanca, coetánea de la repoblación de Ávila, y seguramente de Alba. Bien bajo Alfonso VI, o ya con sus sucesores, los citados y otros concejos comenzaron su andadura. Los portugueses, independientes desde 1143, llegaron a la línea del Tajo en 1147, con Santarem, que ya había sido conquistada en 1093, y Lisboa, pero las repoblaciones portuguesas entre este río y el Duero, o el equivalente portugués a lo que sería la Extremadura leonesa, distan de haber avanzado sensiblemente, al tiempo que siguieron expuestas a los ataques musulmanes 25. En la zona salmantina las repoblaciones no parecen haber ido mucho más al sur de la comarca de Alba -quizá precariamente repoblada, a pesar de que Alfonso VII le otorgó fuero en 1140-, y no llegarían a la Sierra con Alfonso VII. Más hacia el este, superados los importantes enclaves de Ávila y Segovia, que empezaban a extender su dominio más allá de los puertos del sistema central, tras Alfonso VI se fueron organizando los territorios más cercanos a las sierras, si es que aun no lo estaban 26. De todo este conjunto creado, tres grandes enclaves, los concejos de Salamanca, Ávila y Segovia 27, con expansión de sus inmensos alfoces hacia las montañas de la Cordillera Central, aseguraban para los cristianos el control -presente o futuro- de los diferentes tramos serranos, espacios aún sin repoblar y organizar, pero sí espacios para defender: todas las montañas entre la sierras de Gata y Guadarrama fueron objeto de estos intentos de control de los tres grandes concejos. Las milicias de estas tres ciudades serían las que ejercerían el control de los pasos montañosos entre las dos mesetas. En cuanto a la zona soriana -aparte de núcleos como San Pedro Manrique, Magaña o Yanguas, más asentados tempranamente en zona cristiana-, hubo pronto instalación cristiana en pleno espacio fronterizo, como en 1104 en Medinaceli. Y del reinado de Alfonso VI data la repoblación de Calatañazor, Andaluz o Almazán. Seguramente la propia Soria fue objeto de algún ensayo repoblador. Ahora bien, en esta parte oriental castellana fueron decisivas la conquista de Zaragoza -1118- y el reinado de Alfonso el Batallador de Aragón 28. Agreda no se incorporó hasta 1119, Soria tuvo su impulso principal desde entonces y fue también con Alfonso I cuando Almazán o Caracena recobraron un gran empuje repoblador respecto de sus primeros intentos.
Al sur de la Cordillera Central, desde las Transierras hasta la cuenca del Tajo, coexistieron áreas pobladas y con gran pasado musulmán - Toledo, riberas del Tajo, cuencas del Jarama o del Henares- con otras con muy débil población y organización -como ocurría en la Transierra leonesa, hoy norte de Cáceres, o en las sierras madrileñas, desde las comarcas de Somosierra, Buitrago y Lozoya hasta las del Guadarrama-, pero estas variantes poblacionales no impidieron que se implantara una repoblación concejil semejante a la de la Extremadura del Duero. Aunque el proceso comenzó con el propio Alfonso VI en 1085, el reinado decisivo aquí fue el de Alfonso VII 29. Aparte de Toledo, con Alfonso VI y Urraca se habrían conquistado algunas localidades, pero muchas se perderían otra vez y en general puede decirse que los territorios de sus alfoces no habrían sido empezados a repoblar hasta prácticamente las últimas décadas de Alfonso VII, que fue cuando se consolidaron los cursos bajos del Alberche y el Guadarrama, así como el tramo del Tajo entre Talavera y Toledo; lo mismo ocurrió en los valles del Jarama, el Henares y el Tajuña y el curso alto del Tajo, incluyendo también la comarca alcarreña. De modo que hasta casi el final de la unificación almorávide no puede considerarse que había arraigado ya de forma irreversible la colonización cristiana en villas como Talavera, Santa Olalla, Oreja -no conquistado hasta 1139-, Ocaña, Maqueda, Alamín, Escalona -conquistado en 1130-, la propia Atienza - 1124-, Buitrago -que ya tomara Alfonso VI y que incluso cita el fuero sepulvedano de 1076–, Alcalá -desde 1118-, Guadalajara, Madrid, Uceda, Hita, Molina -1127-1129-, Talamanca o Zorita. Incluso se llegó a tomar, ya al sur del Tajo, núcleos como Huete. En la Transierra leonesa, propiamente dicha, las dificultades fueron aún mayores. Coria, epicentro de la Transierra leonesa, fue conquistada en 1110, pero luego se perdió y no fue recuperada hasta 1142.
Todo el centro peninsular fue un escenario de guerra durante el período de 1086 a 1145- 47 aproximadamente, hasta que se disolvió el poder almorávide, sobre todo en estas latitudes 30. La Chronica Adefonsi Imperatoris relata minuciosamente las campañas de Alfonso VII contra los musulmanes en la zona del Tajo, sobre todo las de 1133, 1138-1139 y 1142 31.
En definitiva, los almorávides aportaron equilibrio bélico a la península durante medio siglo. Con sus incursiones militares en zona cristiana y con una presencia amenazante para los cristianos en la Meseta Sur, determinaron el clima de inseguridad en que se desenvolvieron las sociedades cristianas entre el Duero y el Tajo. Este fue el tipo de frontera que se configuró entonces, una frontera que no era una línea, un limes -como la frontera entre los reinos cristianos, por ejemplo-, sino una tierra abierta, de superficies cambiantes y espacios amplios, precariamente organizada, en peligro crónico, de dominio inestable, en suma, un espacio elástico para colonizar y defender paulatina y progresivamente en un contexto de guerra intermitente. Podríamos llamar a este tipo de espacio de contacto «frontera pionera», para distinguirlo de otros tipos de frontera. Es muy importante reconocer que existía ya entre los castellanos y leoneses un conocimiento y una práctica de repoblar tierras en zonas inseguras y difíciles, y ya en el siglo $\times$ se premiaba por ello -al menos en Castilla- a los grupos más activos, como lo revela, según vimos, el fuero de Castrojeriz. Un siglo después, la inseguridad provocada por la guerra con los almorávides marca el destino de los concejos entre el Duero y el Tajo, pero -insistimos- hay que achacarle a esta guerra fronteriza el alargamiento en el tiempo, no tanto el despegue, ya que los concejos de villa y tierra habían nacido algo antes de la toma de Toledo. Los acontecimientos derivados de la conquista de esta ciudad lo que hicieron fue multiplicar la vía concejil, aumentar su dimensión geográfica y temporal, intensificar un sistema concejil de frontera que había nacido un poco antes. Por ello, el punto de partida de este estudio se ha situado deliberadamente en 1072 y no en 1085, pese al emblemático significado de esta fecha.
cidos y ensayados previamente, pero al mismo tiempo sugieren algunos otros elementos de revolucionaria novedad. En su combinación, podríamos sugerir, radicó el éxito de los concejos de la zona. Había núcleos que ya existían de antemano, sobre todo al sur de la Cordillera central, y otros nuevos, entre los llamados a ser cabeceras concejiles. Pero a unos y otros se aplicó la oportuna combinación estimulante de recursos conocidos y recursos nuevos.
Entre lo ya conocido estaría, de entrada, la condición de regalengum que tenían los territorios incorporados por conquista, algo que a la larga resultó importante por su repercusión en la monarquía castellana. De hecho, el dispositivo de la incorporación contó con un primer plano de personajes de primera línea vinculados a los monarcas, que hemos de considerar como importante hilo de continuidad entre las conquistas del norte y las del sur del Duero. Se trataba de miembros de la aristocracia, a los que se encargó poblar o estar al frente de los concejos recién organizados. En esto puede decirse que la monarquía pisaba tierra firme. Hubo desde tenentes de un concejo, como seniores del palatium regio en él, hasta incluso, por encima o en sustitución de ellos, comites y dirigentes de primera fila, como Raimundo de Borgoña en Salamanca y Ávila, Gonzalo Núñez de Lara en la zona soriana, Pedro Ansúrez en la Extremadura castellanoleonesa central y su Transierra, Alvar Fáñez en Toledo, entre otros grandes aristócratas y autoridades territoriales, que muestran cómo el régimen de tenencias del norte se incorporaba a la conquista de las nuevas tierras 32.
Soluciones ensayadas, soluciones inéditas: espontaneidad organizativa, creación y territorialización del primer sistema concejil de frontera.
Las soluciones que se encontraron para controlar, integrar, colonizar y organizar estas tierras abiertas tenían algo de déjà vu, de recursos cono.
Normalmente, los concejos conservaron netamente la condición realenga bajo la autoridad delegada de estos personajes, simples dominantes de las villas, revocables, o, como mucho, en algún caso, dependieron de ellos en modalidades de mayor subordinación, pero que no es asimilable, aunque se parezca, al vínculo señorial convencional 33. Fueron, en todo caso, excepciones, ya que el realengo se desplegó por más de las nueve décimas partes del territorio entre el Duero y el Tajo a lo largo del XII, y todavía después.
Los señoríos entre el Duero y el Tajo se circunscribieron, al margen de esos casos singulares de concejos de Molina, Andaluz y Yanguas, a pequeños conjuntos de unas pocas aldeas, correspondientes a los señoríos eclesiásticos de las iglesias catedralicias, o a aldeas aisladas y a modestísimos señoríos, poco menos que testimoniales, de algún magnate, de la orden de San Juan y de algún monasterio, nada semejante, ni ahora ni en la etapa siguiente, a las dimensiones de los concejos de villa y tierra característicos. En esta época tan sólo el arzobispado de Toledo -que incorporó Alcalá o Brihuega- constituyó un conjunto territorial señorial de cierta entidad 34.
Por otro lado, y también como elemento ya conocido y ensayado, puede considerarse el mantenimiento de la aldea y su habitantes -normalmente un exiguo puñado de familiascomo la unidad de poblamiento básica y característica desde la que iniciar el control agrario y humano de los espacios naturales, no totalmente vacíos pero sí en gran medida vírgenes:
33 Andaluz, que fue convertido en concejo independiente de Osma por su repoblador, el conde Gonzalo Núñez de Lara, quedaba a modo de peculiar behetría dentro del linaje del conde y su sucesores, pero esto quizá no era más que una referencia a la titularidad de la tenencia, aunque normalmente la historiografía ha considerado que se trataba de un señorío propiamente dicho, vid. M. Lafuente, "La villa de Andaluz, su iglesia románica y su Fuero", Celtiberia, 42, 1971, pp. 191-210. También descendientes de la casa de Lara fueron los titulares de Yanguas, hacia 1145, cuando se otorgó su Fuero, en concreto doña María Beltrán y su marido Íñigo Jiménez, en cuyo linaje se mantuvo esta villa soriana. Yanguas había sido enajenada en 1144 por Alfonso VII a favor de Anaya Gonzalo Núñez, por permutó con otras posesiones suyas, en relación con los problemas de la frontera castellano-aragonesa, pero al año siguiente aparecen como sus titulares los citados Íñigo Jiménez y doña María; vid. el fuero y algunas vicisitudes de esta villa en M. Toledo Toledo, Historia de la villa y Tierra de Yanguas, Soria, 1995, Fuero de 1145, págs. 33-38; M.C. Delgado Martínez, Apuntes sobre la vila rural de la villa y tierra de Yanguas (Soria), siglos XII-XVI, Soria, 1981. El tercer caso de titularidad de una villa por un ocupante particular, o cierta modalidad de "señorío laico", es el de Molina, en manos de Alfonso el Batallador desde su conquista en 1128 hasta 1134, y ocupada en 1136 por el conde don Manrique Pérez de Lara, otro caso más del dominio de este linaje en la Extremadura castellano-aragonesa. Sobre su fuero de 1154 vid. M. Sancho Izquierdo, El Fuero de Molina de Aragón, Madrid, 1916. Según el fuero (p. 65) otorgado por don Manrique la villa siempre debería ser de sus hijos y nietos. En Andaluz, Yanguas y Molina, como se ve, se trata de casos que podrían presentar alguna afinidad con las fórmulas septentrionales de la behetría castellana, trasplantadas a tierras extremaduranas -serían las más meridionales de Castilla, ya que este tipo de señorío tiene su frontera sur en el Duero-, ya que la titularidad de las villas debía recaer en el seno de un determinado linaje. Serían formas extrañas ya que el régimen de propiedad y jurídico se asemeja en contenidos no al mundo de las behetrías sino al de los concejos de villa y tierra, ya que en los tres casos citados los titulares carecían de bases fundiarias de carácter territorial o dominical, existían libertades, derechos vecinales, una estructura de villa y aldeas como una unidad, al modo extremadurano, y además instituciones concejiles de este signo también. Poco que ver, pues, con la organización jurídica y territorial del norte del Duero.
34 Aparte de una presencia casi insignificante de dominios monásticos (vid. infra, nota 102) no despegaron todavía señoríos importantes en la zona. Podemos fijarnos concretamente en el área castellana. Las referencias sobre posesiones significativas -al margen de rentas, derechos y propiedades rústicas y urbanas- de entidades con jurisdicción o con valor militar y territorial que se incorporaron a señoríos eclesiásticos castellanos al sur de la Cordillera hay que reconocer que no son muchas, pero pueden mencionarse
roturaciones, desbroces del bosque, apertura de espacios silvopastoriles, delimitación de pasos de montaña y caminos, etc. La aldea siguió siendo unidad básica del mundo rural. Ya veremos que no era algo aislado, sino que formaba parte de una unidad superior, pero no dejaba de ser un recurso ya conocido antes, que era empleado también en la conquista de las nuevas tierras.
Finalmente, la presencia de instrumentos jurídicos y de cuadros de la Iglesia y la monarquía -aparte de las tenencias- existentes ya en el norte del Duero y luego transplantados al sur ha de considerarse también elemento de continuidad. Aunque sólo fuera algo simbólico, y de magnitudes insignificantes, el propio rey, cuando no sus tenentes, se solía reservar como dominio directo algunos pequeños espacios en torno a algunas ciudades: sernas, alcáceres, huertas, o edificios en la ciudad. El resto del dominio se trasfería al concejo, pero estas pequeñas posesiones, muchas veces insignificantes materialmente, daban fe de la procedencia de la soberanía originaria. Por otra parte, y por lo que respecta a la Iglesia, se crean o restauran sedes en las civitates reconquistadas. Salvo en el caso de la metrópoli de Toledo, de gran dotación patrimonial, las restantes sedes -Ávila, Segovia, Salamanca, Sigüenza y Osma- no cuentan con patrimonios importantes todavía en esta etapa inicial 35 y están lejos de constituir señoríos importantes. Las instalación de monasterios fue casi insignificante 36 y por supuesto lo mismo puede decirse de aldeas en manos aristocráticas 37. Todo ello se comenta más ade
35 Vid. infra, nota 34, sobre la Iglesia de Toledo. En cuanto a las Iglesias catedralicias de la actual Extremadura castellanoleonesa, vid. las monografías de Barrios, Villar o Martínez Llorente citadas supra. En Salamanca la primera mención a la sede es de 1102 cuando el conde don Raimundo de Borgoña y su esposa doña Urraca conceden al obispo Jerónimo, "propter amorem Dei et restaurationem ecclesie Sancte Marie, Salamantine Sedis", las iglesias y la autoridad sobre las aldeas que Raimundo había poblado, más un barrio extramuros para poblar, algunas huertas y aceñas, la tercera parte de rentas de la ciudad como portazgo, montazgo y caloñas, y el diezmo de todos los frutos, vid. J.L. Martín Martín, L.M. Villar García, F. Marcos, M. Sánchez Rodríguez, Documentos de los Archivos cateralicio y diocesano de Salamanca (siglos $X 1 1 - X I I I )$ ), Salamanca, 1977, doc. 3. La diócesis de Ávila se restauró hacia 1103, pero hasta 1130-1135, en época de Alfonso VII, no se documentan donaciones y mención a rentas eclesiásticas, A. Barrios, Documentación medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, 1981, docs. 1-5. La sede de Segovia es restituida hacia 1119; en 1123 recibía Turégano, en 1136 Calatalifa, si bien este último -que en la donación de 1136 se entregaba no sólo como castillo sino "cum omnibus terminis et redditubus", pasó al concejo segoviano en 1161, L. M. Villar, Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), Salamanca, 1990, docs. 9, 21, 62. En cuanto a Osma se restaura en 1088, pero no empieza a haber un número significativo de aldeas de la obispalía hasta la segunda mitad del $\times | |$ , y sobre todo con Alfonso VIII. En cuanto a las diócesis más meridionales de la zona de estudio se crearon también por entonces y sus dominios catedralicios fueron insignificantes al principio. La de Coria empieza muy lentamente a despegar desde 1142 (vid. nota 31). También hay que mencionar Sigüenza, que procede de una segregación hacia 1121 del alfoz de Medinaceli. En este caso su desarrollo patrimonial fue lento también: en 1138 se creaba un burgo junto a la catedral, en 1140 se otorgaba exenciones eclesiásticas frente a autoridades del rey, en 1143 se le entregaba la aldea desierta de Aragosa, y en 1146 se unían en un núcleo único episcopal el castillo con la antigua población y el burgo nuevo de la catedral, J. González, Repoblación de Castilla la Nueva, II, p. 24-25.
lante en relación con las polémicas historiográficas sobre las características de estas sociedades de frontera iniciales.
Frente a todo ello, lo conocido, esto es, tenencias realengas, aldeas, dominios del rey y de la Iglesia -mal representados como decimos-, lo novedoso o revolucionario fue la creación de un sistema político concejil de villa y tierra, que lógicamente es lo que interesa ahora observar. En una época desgraciadamente poco documentada, afortunadamente se cuenta con algunos textos que permiten conocer este sistema concejil. El Fuero Latino de Sepúlveda de 1076 es la principal referencia 38. Se considera el inicio del llamado «derecho de las Extremaduras» y es el más explícito, entendemos, para conocer el régimen concejil entre el Duero y el Tajo en este primer período. Pero no fue un texto aislado. Este tipo de derecho de algún modo se extendió a otros núcleos y los historiadores del derecho, pese a la dificultad de fijar en el tiempo los textos -algunos son confirmaciones posteriores, con añadidos y variantes-, han hablado de otros focos forales aparte del de Sepúlveda, sin que por el momento sea posible saber si hubo una expansión que podríamos llamar «difusionista» desde un único foco -el sepulvedano 39 u otro- o bien una proliferación foral «policéntrica», a través de varias cepas de fueros, que podría ser más probable.
Aparte del de 1076, se conocen varios textos forales de este primer derecho de frontera. Se trata de escuetos textos, de redacciones breves, pero que presentan ya las novedades ligadas a las nuevas estructuras. En la zona soriana hubo un texto desconocido de Soria de 1120 y quizá otro anterior o coetáneo de.
Medinaceli. No se descartan sus semejanzas con textos conocidos de la llamada Extremadura aragonesa, contigua a tierras sorianas, que estaba involucrada en el mismo proceso histórico: fueros de Calatayud de 1131 y de Daroca de 1142. En tierras toledanas regía una tradición jurídica sensiblemente distanciada del derecho sepulvedano. Se trata concretamente de los fueros de la ciudad de Toledo, de 1101 y 1118, concebidos para regular no espacios vírgenes sino una ciudad poblada y con peso propio en el momento de la conquista. Durante el reinado de Alfonso VII se fueron añadiendo privilegios a grupos -clérigos, mozárabes, francos-, que culminaron en 1166 con la recopilación de fueros, sobre todo a partir del texto de 1118. Este derecho foral urbano no dejó de influir, junto con el de tipo sepulvedano, en fueros de la zona, como lo demuestra el Fuero de Santa Olalla de 1124, Fuero de Escalona de 1130, de Oreja de 1139 o de Ocaña de 1156. El Fuero de Guadalajara de 1133, y el primero de Madrid, cuyo texto original no se conoce, responderían al derecho de frontera inicial, más en línea con Sepúlveda que con Toledo. En tierras abulenses debió existir otro foco foral autóctono, con un Fuero de Ávila que se conoce desde versiones portuguesas, como el Fuero de Évora. Naturalmente este derecho de frontera inicial se dio también en la Extremadura leonesa, en tierras de Salamanca y Alba, aunque el rastro documental aquí apenas se conoce. Está datado por ejemplo el primer Fuero de Alba en 1140, pero el texto de su fuero posterior, extenso y tardío, impide conocer aquella redacción primigenia. Debió también existir un fuero breve de Salamanca, de hacia 1102-1109, rastreable sólo en versiones de localidades portuguesas.
En todo caso, estos textos forales 40, que representan un primer estadio jurídico en las sociedades de frontera, y algunos documentos - pocos- y estudios sobre los reinados de Alfonso VI 41, Urraca y Alfonso VII -aunque en general con escasa o nula información sobre los concejos de la zona-, permiten conocer estas estructuras de poder recién inauguradas y su contexto histórico.
El paradigmático fuero sepulvedano de 1076 permite apreciar el alcance de las estructuras concejiles sobre el núcleo ya habitado 42. Todos los 'requisitos' del «sistema concejil» -autoridades propias, funciones políticas, proyección territorial sobre un alfoz, libertades vecinales- aparecen afirmados por primera vez en la historia peninsular en este texto. En el fuero se citan autoridades propias de la villa. Se exige que el juez sea natural de ella: "et iudex sit de villa et annal et per las collationes" 43. Se mencionan también los alcaldes "qui la uilla iudicauerint" 44, merinos y alcaides naturales de ella 45 y un sayón del concejo 46. Había, pues, cargos que de algún modo respondían a la comunidad vecinal de la villa. No habían desaparecido las autoridades tradicionales de las que el rey disponía para administrar sus territorios, en concreto los tenentes, figura ya conocida en enclaves más al norte. La institución del tenente estará presente tanto en Sepúlveda como en los demás concejos de villa y tierra. Se denominaba tenens, dominus villae o senior, expresión ésta que ha llamado a engaño a algunos historiadores que han visto erróneamente el rastro de una inexistente señorialización. El tenente o senior, que era un noble que servía al rey, era quien detentaba el palatium, o esfera política correspondiente al poder superior regio para administrar el territorio. Lo tradicional en los reinos de Castilla y León hasta entonces había sido que de la tenencia o palatium dependieran los oficiales administrativos encargados de regir la vida local en determinados distritos o áreas, oficiales que en otros ámbitos se denominaban ministeriales: los jueces y los merinos -gestores y recaudadores-, los alcaides -custodiaban las fortalezas en nombre de los tenentes-, apar te de otros auxiliares como sayones. Lo que vemos en el Fuero de Sepúlveda es que estaba cambiando sustancialmente la relación de autoridades. Al exigir que merinos y jueces fueran de la villa se rea
45 Vid. nota 43.
firmaba la personalidad de la comunidad local: aunque todavía fueran cargos vinculados a la presencia del senior en la villa, las atribuciones de éste quedaban limitadas, como también lo demuestran algunos preceptos del Fuero que ponían coto a las actuaciones del tenente 47. En el futuro en los concejos de la zona el juez -a pesar del nombre, era jefe militar y político, no era el que juzgaba- iba a ser el cargo concejil más destacado y primera autoridad comunitaria, desligado cada vez más del control del tenente, aunque quizá en los primeros tiempos todavía no estaba totalmente al margen de él, como revela el fuero sepulvedano. En cambio sí aparecían ya en este fuero como auténticas autoridades del concilium, contrapuestas a las del palatium, los alcaldes. Los alcaldes serían los auténticos "jueces" -los que administraban justicia- y hasta el siglo XIII su conexión con las comunidades concejiles fue clara.
Se aprecia, pues, en el Fuero de 1076 la aparición por primera vez en el reino de unas autoridades concejiles propias, ligadas en gran parte a la sociedad local y contrapuestas a los oficiales derivados del poder territorial, con el que, por otra parte, no se rompían los vínculos. Podría pensarse que en esta sabia combinación entre la autonomía política de los oficios concejiles y la presencia tibia de autoridades delegadas territoriales, que era la pauta en el régimen jurídico de las Extremaduras 48, radicó uno de los aciertos del sistema concejil y que explicaría en buena medida su alta funcionalidad como mecanismo de incorporación política de nuevos territorios al proyecto de expansión de la monarquía castellano-leonesa.
Sobre las funciones del concejo, que es otro de los requisitos, el fuero sepulvedano, primera referencia de este tipo de derecho, no es muy explícito, ya que es un texto breve. Pero se deducen ciertos rasgos de la autonomía política, además de la aludida dotación de autoridades. La mencionada justicia que los alcaldes de la villa administraban es sin duda el elemento más significativo. La gestión económica de los recursos del ámbito jurisdiccional correspondía también al concejo. Hay referencias explícitas a que la población concejil asumía la defensa militar del territorio y las acciones operativas de la guerra de frontera. El Fuero de 1076 resulta muy explícito a la hora de describir y distinguir la actividad militar concejil, algo lógico si se tiene en cuenta que era una indiscutible prioridad en aquellos tiempos 49. Hay, pese al laconismo del fuero, suficientes indicios para afirmar que se había producido una transferencia de funciones políticas desde el realengo directo al concejil, en lo judicial, administrativo, militar, etc. No aparecen en cambio atribuciones concejiles de carácter fiscal 50. Hay que tener en cuenta que las transferencias fiscales son, junto con las de la justicia, las más significativas en la definición de la soberanía concejil 51. El hecho de que las transferencias fiscales aparezcan poco desarrolladas en Sepúlveda puede interpretarse como simple silencio técnico de la fuente, o bien como prueba de que la fiscalidad en esos tiempos y espacios pioneros no era importante todavía en la determinación del régimen jurídico, o bien como falta de maduración en este punto de una autonomía concejil que no había tocado techo aún. Puede que haya algo de todo ello. Lo cierto es que, incluso con este “handicap”, puede afirmarse que la comunidad concejil ha asumido importantes funciones. Segundo requisito del sistema concejil afirmado, por tanto.
El tercer requisito para poder hablar de sistema concejil se refiere al ámbito territorial, de superación de la territorialidad de la aldea como marco. La noción del «alfoz», desarrollado en siglos anteriores como distrito regio, pudo emplearse desde fines del $\times { }$ y en el $\times | |$ como circunscripción ya concejil, aunque el «realengo directo» siguió estando encuadrado en alfoces regios o territoriales en buena parte del reino. Es ya conocido que la existencia de alfoces concejiles fue en las villas al norte del Duero un fenómeno enormemente dificultoso, limitado, tardío y a veces insular allí respecto al territorio circundante no avillazgado 52. Pues bien, en las Extremaduras no hubo ya alfoces regios directos. Como se estaba transfiriendo soberanía a los concejos, los alfoces que se desarrollaron en estas tierras fueron ya exclusivamente concejiles, es decir territorios correspondientes a lo que llamamos «realengo transferido». Este fue otro de esos grandes aciertos históricos en esa soberbia combinación histórica que se dio en estas tierras nuevas, es decir, la síntesis dialéctica, por una parte, entre componentes ya conocidos, en este asunto del modelo territorial el mecanismo de agrupar todo el dominio regio en una circunscripción administrativa operativa bajo el mando de un tenente: noción de alfoz, algo viejo pues, y por otra parte, elementos novedosos, en este caso atribuir la gestión de tales territorios a los propios habitantes de los concejos, creándose así el alfoz concejil. Así, en el Latino de Sepúlveda de 1076, también en esto texto seminal, nacía un inmenso espacio concejil: el fuero reconocía términos que los de Sepúlveda estaban ya ocupando, quizá incluso desde el siglo anterior, o bastante antes del Fuero 53, y los ampliaba con la concesión de otros nuevos términos que configuraban un importante alfoz concejil 54. Se definía así la fórmula de gran concejo de villa-y-tierra, con una capital, la villa o ciudad, y un alfoz concejil compuesto de numerosas aldeas adscritas a la capital. Es posible que Alfonso VI encontrara ya funcionando virtualmente la unidad de habitantes de villa y aldeas sepulvedanas. En cualquier caso, la formula quedó formalizada y se extendió por doquier. Toda la Extremadura castellana y leonesa quedaría organizada en estos concejos de villa y tierra según fueron pasando al dominio cristiano. Aunque, eso sí, no había todavía de forma universal una fijación precisa de términos, ni límites estables en muchos casos hasta la segunda etapa, ya más cerca de 1200 que de 1100 55.
El alfoz de Sepúlveda, en concreto, era de tamaño intermedio y se sabe que alcanzaría al completar la repoblación cerca de medio centenar de núcleos poblados. Pero algunos otros concejos como Salamanca, Avila o Segovia alcanzarían dimensiones extraordinarias, con varios centenares de aldeas cada uno y varios miles de kms2. cada uno. Teniendo en cuenta los de la Extremadura castellana, los de la leonesa y los de la Transierra y área toledana 56 podría decirse que cerca de una cincuentena de estos concejos-de-villa y tierra se formaron entre fines del $\rtimes$ y el siglo $\times 1 1 ~ 5 7$ . Los concejos de villa y tierra ocuparon así prácticamente todo el espacio, aunque incluyeran dentro de sus contornos algunos pequeños señoríos eclesiásticos, como se ha dicho, pero puede decirse que todo el territorio quedó avillazgado. En ninguna otra parte de la península se daba por entonces una territorialización tan acusadamente municipal. ¡Y tan pronto! Desde el punto de vista jurisdiccional, no ya sólo al principio sino todavía un siglo o siglo y medio después, esta inmensa región concejil comprendida entre Portugal y Aragón, y entre el Duero y el Tajo, se había convertido en el más importante, nutrido y continuo bastión geográfico del realengo de los reinos de Castilla y León.
Ahora bien, en esta primera fase lo que los fueros breves de frontera venían a reconocer en relación con los aspectos territoriales era la unidad villa y tierra. El tiempo iría anudando esta unidad y precisando los espacios progresivamente, casi diríamos un "embrión" tanto presente como futuro de interacciones entre villa y tierra sobre un determinado espacio. Este era entendido todavía como relativamente abierto, no definido del todo. No hemos de concebir la dotación inicial de términos como cerrada ni estática. En el mismo fuero sepulvedano se han visto claramente dos fases: aquella en la que ya se venían desenvolviendo sus habitantes, quizá colonos prematuros y aventureros, y aquella otra que con el otorgamiento del fuero el rey añadía al perímetro inicial, ampliando los términos a zonas serranas, pero con el propósito de reorganizarlas y repoblarlas.
Los términos, sobre todo los que eran áreas más alejadas y agrestes no siempre se consolidaron, o en todo caso, se fueron definiendo progresivamente. En la misma Sepúlveda se produjo la segregación de Fresno unos años después de crearse aquel concejo, formando un pequeño concejo propio. Madrid no obtuvo reconocimiento jurídico de sus términos hasta muy avanzado el siglo $\times | |$ y lo mismo se constata en Atienza, Buitrago y otros concejos 58. La dotación de términos de Roa, uno de los concejos de villa y tierra más septentrionales, al otorgársele fuero en 1143, muestra este sentido progresivo y dinámico de la dotación territorial concejil 59.
Hay que subrayar que la generalización geográfica de este sistema concejil desde el punto de vista territorial y militar suponía un cambio profundo en las formas de integración territorial hasta entonces vigentes, sustituyéndose el viejo sistema de tenencias-fortalezas regias -al mando de nobles al servicio del rey 60-, típico de las repoblaciones altomedievales del norte meseteño, por el de ciudades-fortaleza concejiles, es decir la villa o ciudad for tificada sirviendo de defensa a un alfoz concejil. Aunque el tenente de la villa y ciudad existió en los concejos de villa y tierra -con su alcaide al frente del castillo o alcázar urbano-, la propia villa o ciudad convertida en ciudadela fortificada, con su cerca operativa, sirvió como baluarte defensivo en caso de peligro -cada vez menos tangible en tierras de la cuenca meridional del Duero- incluso eventualmente para los habitantes del alfoz. Esto suponía que los castillos y torres diseminados en lo que ahora era alfoz concejil, aunque hubiesen sido funcionales antes en las luchas fronterizas, perdían ya su sentido en el nuevo escenario concejil, quedaban condenados a su arruinamiento futuro y, por lo pronto, eran drásticamente disciplinados y sometidos a las demandas defensivas del concejo de villa y tierra. Al sur del Sistema Central muchas de las torres, atalayas y fortificaciones habían sido levantadas por los musulmanes antes de la conquista cristiana y fueron luego utilizadas por los cristianos, quedando semiabandonadas o apenas temporalmente funcionales durante las guerras entre cristianos y almorávides. Pero con la territorialización concejil de villa y tierra perdieron su antiguo protagonismo. Sólo quedaba éste a salvo, y relativamente, si le interesaba al concejo cabecero en cuyo territorio la vieja torre o castillo había quedado integrado. Si no era así, la ruina de los viejos castillos estaba asegurada 61. De algún modo podría decirse que se pasó de un sistema defensivo de fortalezas ubicadas en un espacio rural, campesino y militar, desarticulado respecto a ellas, a un nuevo y peculiar encastillamiento concejil concentrado en la capital de la villa y tierra. Es por eso que en la propia fisonomía de las ciudades o villas al sur del Duero destaque el elemento de su cerca o muralla, protección y eventual refugio, como decimos, de los habitantes de la villa o sus aldeas y símbolo pétreo de cómo la responsabilidad de la defensa militar se había desplazado desde la aristocracia de milites y tenentes hasta los concejos.
guerreros mediante ventajas jurídicas y exenciones fue el motivo de este estatuto vecinal tan avanzado y de este régimen de libertades tan palpable: acceso a la propiedad de la tierra así como a otros medios de producción, con escasas limitaciones a los derechos campesinos a la propiedad "particular" -de propiedad "privada" campesina sería mejor no hablar para estas épocas históricas-, con fácil transmisión hereditaria y con muy débiles o nulas cargas patrimoniales en el régimen sucesorio; libertad de movimiento individual; protección jurídica personal, derecho de asilo y ventajas penales y procesales; exenciones considerables. Hay que destacar que junto con este estatuto personal ventajoso, que aparece ya desde el Fuero de Sepúlveda -y que sustituía el derecho señorial y territorial típico del norte por otro más ventajoso 64-, el mismo texto reflejaba una situación social donde las categorías preponderantes eran distintas de las septentrionales, aunque partieran de ellas 65.
Ahora bien, la cerca medieval no respondió sólo a esta funcionalidad militar. A lo largo de los siglos XII y XIII, esto es, más allá de la primera etapa, la cerca, en especial en las ciudades más grandes, se vio condicionada, aunque no determinada, por la expansión de las urbes. Y con ello por la necesidad y voluntad política de acoger el crecimiento demográfico o de integración de los pobladores asentados en los arrabales 62.
El último requisito del sistema concejil, el del estatuto ventajoso de los vecinos, es el que más detalladamente se contempla no ya sólo en el fuero sepulvedano sino en todos. Se establecía en el derecho extremadurano la unidad de fuero para todos los habitantes. El habitante de los concejos de frontera, de villa o aldea, era el que mejor estatuto jurídico tenía en la época 63. La necesidad de mantener los asentamientos de vanguardia y atraer pobladores.
La afirmación de todos estos requisitos del sistema concejil -autoridades propias, autonomía, alfoz concejil y estatutos vecinales- en fechas tan tempranas como las que muestra el fuero sepulvedano -y en otros algo posteriores- resulta sin duda llamativa en el contexto de la época. Se tiene la sensación de que era un régimen demasiado autónomo, demasiado favorable el de este sistema concejil de frontera como para dudar de que surgiera realmente en fechas tan tempranas. Pero no hay por qué hacerlo. Aunque quizá no hay que tomar al pie de la letra todas las referencias del Fuero de 1076, según el cual el monarca se limitaba a confirmar el derecho consuetudinario que se encontró -con lo cual este sistema sería aún más antiguo-, sí es verosímil atribuir a la acción de Alfonso VI un papel de creación formal del sistema concejil de frontera, con todos los requisitos citados. De modo que, mientras no haya datos apodícticos en contra, demos por válido el Fuero de 1076 como fundacional de este régimen concejil 66. Los procesos formativos de este y otros fueros de la época, especialmente en los que reflejan el «derecho de las Extremaduras» y esa indudable espontaneidad de origen 67, tampoco deben restar valor histórico al protagonismo del poder regio, compatible con la fuerza concejil entendida como un poder que actuaba de abajo hacia arriba. El reconocimiento jurí- dico de unas normas que identificamos con los requisitos del sistema concejil, que acabamos de apuntar, prueba este sentido de apuesta regia por un determinado modelo político que ofrecía transferencias políticas y libertades a los habitantes de los concejos.
Y lo mismo podría decirse en lo referente al grado de participación de los habitantes en las instituciones concejiles, es decir, el baremo que afecta no tanto a la autonomía política –verificada en relación con el poder superior y del palatium, como hemos visto- sino al grado de democratización y la distribución de poder entre los diferentes grupos sociales.
Con respecto a esta cuestión la información es para esta época mucho menos concreta que la referida al estatuto vecinal o a los mismos cargos. Pero todo indica que las instituciones locales se hallaban en esta época todavía muy abiertas. No hay pruebas de que los caballeros -ahora se aclarará un poco más este aspecto- ocuparan en exclusiva los cargos municipales o portiellos del concejo. Esta discriminación se dará pero posteriormente 68. Por otro lado no hay motivo para cuestionar que los cauces de participación efectiva de los habitantes, de las villas y aldeas, no fueran consistentes en estas etapas iniciales. Pero, ¿cuáles eran?
Aparte de los cargos -sayones, alcaldes, juezhabía otras instancias con un componente de poder colectivo y comunitario que es característico de las primeras etapas de la historia concejil. Una sería el concilium o asamblea de vecinos. Desgraciadamente se carece de información sobre esta instancia para esta época inicial. Conjeturalmente, puede suponerse que las asambleas tuvieron relieve en estos primeros tiempos al menos por un par de indicios. Por un lado, el concejo de villa y tierra, apar te del nuevo marco territorial del alfoz, heredaba del pasado altomedieval la fisonomía y el propio nombre del concilium aldeano, pero entendido éste en el mejor escenario posible, es decir como comunidad de hombres libres, y es sabido que era acostumbrado en estas comunidades aldeanas la reunión por lo menos de los cabezas de familia y la toma de decisiones colectivamente, siquiera en asuntos de índole económico y material de la aldea. En la zona de estudio las aldeas de los primeros alfoces concejiles también tuvieron durante siglos desde el XI en adelante esta forma de reunión abierta de vecinos en su propio ámbito aldeano, hasta fechas que han desbordado la propia Edad Media. No hay motivo para suponer que con la implantación de autoridades concejiles villanas, como los alcaldes, y el desarrollo de la autonomía municipal, que trajo consigo el nuevo sistema concejil de villa y tierra, se suprimieran las formas asamblearias para tomar algunas decisiones que afectaban a la colectividad, y que incluso -aunque es algo más dudoso- se pudiesen incorporar a este proceso comunitario los habitantes de las aldeas. No en vano no eran pocos los asuntos de interés común que resolver colectivamente: puesta en cultivo de nuevas áreas, reglas locales de pastoreo... Además los campesinos repobladores traerían consigo esta mínima cultura política de la participación vecinal comunitaria. Todo ello empuja a sospechar de la existencia de asambleas de vecinos, ninguna norma conocida en la época las limitaba o anulaba y la demanda de toma de decisiones colectivas no era precisamente pequeña en aquellas sociedades con tantas exigencias agrarias, militares y de convivencia. Este sería uno de los argumentos, aunque no deja de ser hipotético. El otro hace referencia a vestigios documentales posteriores a esta etapa, de los que puede hacerse una lectura retrospectiva. Así, las redacciones de fueros posteriores a esta primera etapa, como se podrá comprobar, dejan ver el protagonismo de la asamblea de los habitantes de la villa o concilium en la aclamación, cuando menos, de los cargos locales. Lo veremos. Es presumible que en las etapas iniciales, visto el sentido histórico que tuvo la evolución de la base social de las instituciones, las asambleas concejiles jugaran un papel aún mayor, sobre todo las asambleas de la comunidad de vecinos o habitantes de la villa o ciudad cabecera. Es posible que existieran además de éstas, reuniones generales de habitantes de villa y tierra, pero no hay tampoco pruebas fehacientes de ello para el período.
Para los habitantes de cada pueblo del alfoz, aparte de su eventual participación en esas hipotéticas reuniones generales de villa y tierra, su propia asamblea del concejo aldeano era la vía más cercana de relación con sus vecinos y de relación también con el concejo cabecero. Para los habitantes de la villa o ciudad, aparte de la asamblea vecinal o concilium, existía el cauce de la participación a través de las collaciones. Para entender la funcionalidad de este encuadramiento hay que entender que las ciudades y villas de la Extremadura del Duero no tenían entonces plena consistencia urbana. Fuentes musulmanas de la época, entre ellas la del geógrafo Al Idrisi, dejan entrever la precariedad urbana de las ciudades de la zona, Avila, Segovia, Salamanca 69...Villas y ciudades extremaduranas debieron ser entonces poco más que núcleos fortificados, pero con vacíos y falta de colmatación en su interior. Los pocos habitantes y los recién llegados debieron agruparse por parroquias. Pero lo interesante para las estructuras de participación cívica es que el plano administrativo eclesiástico se sobrepasó y las collaciones urbanas adquirieron un perfil de solidaridades en el ámbito primario que duraría largo tiempo. De la actividad vecinal de las collaciones informa el citado fuero sepulvedano al establecer que el juez saliera -seguramente por rotación- de ellas 70 y lo mismo los fueros extensos de la siguiente etapa, clara prueba del mantenimiento de este ámbito.
Sería posible incluso precisar algo más el patrón de la cohesión parroquial o de las collaciones. Aunque es una suposición, podría otorgársele en esta primera etapa a las collaciones el efecto histórico de haber facilitado la vida social y vecinal de los repobladores agrupados al principio según la región de procedencia o su oriundez 71. En algunos casos, con mayor presencia al sur de la Cordillera Central, junto a los cristianos norteños recién llegados, cada uno con sus peculiaridades, existían también mozárabes, así como algunos contingentes de población autóctona. En Talavera, Alamín, Guadalajara, Maqueda, Madrid, por supuesto Toledo, los mozárabes debieron ser importantes 72.
Unos y otros, mozárabes o castellanos, población autóctona o norteños emigrados, debieron relacionarse sobre todo al principio con los de su propia procedencia, o si tenían afinidades entre sí, y de sus señas de identidad debieron surgir las solidaridades básicas en los primeros tiempos. Pues bien, estas solidaridades primarias se expresaban tanto en las collaciones como en las comunidades de origen étnico-cultural diferenciadas. El derecho local toledano reconocía sectores y grupos diferentes -castellanos, francos, mozárabes-, aunque a la larga se tiende al acercamiento estatutario. En el derecho extremadurano, en cambio, no se reconocían diferencias jurídicas entre los habitantes laicos cristianos, ya que imperaba la unidad del fuero. Pero, aun así, creemos que durante bastante tiempo sí hubo diferencias vir tuales de carácter cultural, de formas de vida e incluso, según entendemos también, cierta identidad reconocida políticamente, no como discriminaciones o diferencias estatutarias, pero sí como ámbitos de encuadramiento.
No se puede generalizar, pero datos de Salamanca sugieren una adscripción de los habitantes por collaciones, pero organizadas éstas además por «naturas». Las naturas, que reciben también otras denominaciones -«sesmos», «linages», «compañas»- aparecen en el Fuero de Salamanca, texto posterior pero que contiene referencias a los primeros tiempos del concejo, que se prestan a una lectura retrospectiva 73. Se trata de las naturas siguientes:
serranos 74, castellanos, toreses -zonas leonesas y zamoranas-, portugaleses, bregancianos -de la zona de Braganza o norte portugués, pero probablemente también gallegos-, francos 75 y mozá- rabes. Oficios concejiles como alcaldes o el propio juez parece que se adscribían o rotaban entre estas agrupaciones. Se ve en el Fuero salmantino 76 y también en otros documentos 77. Las referencias del Fuero son posteriores a la época que nos interesa ahora. Pero, ¿puede hacerse una lectura retrospectiva tanto de este fuero como de estas referencias ya tardías?
Ciertamente, las distinciones entre grupos de pobladores por su oriundez no tenían mucho sentido que nacieran ya en el $\times | |$ , dada la distancia temporal con los momentos históricos de la instalación. Por tanto, los datos del siglo XIII -fuero y otros documentos- que hablan de naturas sólo se pueden entender como vestigios -pero no todavía instituciones extinguidas entonces- de la repoblación inicial: al principio, los norteños recién llegados, o los habitantes que había en la ciudad o vinieron, se aglutinarían y distinguirían en la ciudad por su origen, de modo que se habrían instalado en barrios o áreas urbanas donde este componente habría sido significativo. Es posible incluso que los francos, que serían burgenses llegados con los primeros repobladores oficiales y sectores artesanales y mercantiles muy especializados, así como los serranos, esto es, los más aguerridos y precoces pobladores castellanos de la ciudad, quizá caballeros algunos de ellos, ocuparan el espacio de la vieja civitas, que era sobre todo la ciudadela catedralicia, mientras que los mozárabes o poblaciones residuales autóctonas ocuparían las áreas cercanas al río, y los grupos norteños llegados con posterioridad las áreas nuevas fuera de la civitas que, todavía entonces, hasta la construcción de la muralla nueva, serían «arrabales» 78. Esta distribución
78 Un artículo del Fuero permite fechar hacia 1147 (fecha de las campañas de Alfonso VII en Almería) el momento en que el concejo decidió empezar a reconstruir las murallas viejas, el «muro de la ciudat», la civitas o ciudadela episcopal, que podrían corresponderse con la traza de las murallas romanas, quizá destruidas, mientras que se menciona también otra muralla, la nueva o «muro del
concreta es discutible, pero no así la existencia de diferentes comunidades de pobladores o naturas. La hipotética distribución de naturas se habría perpetuado en el tiempo y en el siglo XIII no habría desaparecido aún, bien como tal o bien ya armonizada con un reparto de cargos locales entre collaciones urbanas, estructura con la que no es incompatible técnicamente el régimen de naturas. Porque parece, en efecto, que las numerosas parroquias salmantinas, muchas datadas ya sin duda desde el XII, podrían tener una adscripción a estos grupos repobladores, de modo que las 35 parroquias de la ciudad que se mencionan en el fuero se repartirían en diversas áreas espaciales del casco antiguo de la ciudad del Tormes, esto es la amplia superficie de lo que fue la muralla nueva. Cada natura tendría unas collaciones en determinadas áreas de la ciudad 79. Esta última posibilidad, de la que vendría a resultar una sociotopografía urbana de base casi étnico-linguística, no puede considerarse algo tan preciso ni necesariamente sería una distribución tan redonda, ya que no es posible determinar con exactitud la adjudicación de cada parroquia a cada grupo de repobladores. Pero sí es verosímil, como esquema, un cierto reparto inicial del espacio urbano entre grupos de recién llegados y bien distinguibles entonces, es de suponer, por su aspecto, sus costumbres, y sus peculiaridades lingüísticas. Se agruparían por collaciones, pero también por naturas.
La hipótesis que defendemos es que este tipo de solidaridades fundamentadas en la oriundez pudo tener, por lo menos en algunos sitios, un reflejo no ya sólo en la atribución del espacio urbano entre los grupos repobladores sino también en el sistema político concejil. El hecho de que el fuero salmantino, de redacción tardía, de muy avanzado el siglo XIII, aún mantuviera las naturas como instancias para que entre ellas fuera rotando el oficio de juez y los de alcaldes puede interpretarse como un vestigio arcaizante 80 que evocaba un momento histórico de sociedad incipiente 81. En él las solidaridades basadas en la oriundez, convergentes con la cada vez más consistente solidaridad vecinal de las collaciones - en otras partes simplemente éstas fueron las unidades básicas de solidaridades primarias-, eran todavía consistentes y tenían incluso reconocimiento político.
Sería, no ya en este caso, sino en general, otro signo más de la fragilidad aún, de contradicciones sociales verticales; y probablemente la situación se correspondería con un alto nivel participativo de la población en estos períodos iniciales. Entiéndase, no afirmamos que mecá- nicamente en los primeros tiempos, c. 1100, los alineamientos urbanos lo fueran estrictamente de comunidades étnico-culturales -gallegos, francos, mozárabes...- y más tarde, c. 1200, estos hubiesen sido barridos, ya en un contexto de mestizaje poblacional consumado, por contradicciones ver ticales y clasistas: ricos/pobres, caballeros rentistas/campesinos... No es que haya dos fases contrapuestas. Pero sí sugerimos que la gravitación de las solidaridades urbanas pudiera responder tendencialmente a esta secuencia histórica y que en la primera etapa destacasen más las solidaridades comunitarias, horizontales, de contenido cultural o base topográfica, mientras que más tarde se reforzasen las diferencias sociales, de riqueza, de poder y otras en sentido vertical.
Una cuestión para la controversia: caracterización de la sociedad concejil pionera, fines del XI- principios del XII.
Aunque recogiendo otras tradiciones que se remontan al siglo $\mathsf { X I X } ,$ corresponde a SánchezAlbornoz haber sido quien con mayor profesionalidad contribuyó a fijar el mito de las «libertades castellanas» medievales. Se trata de una completa concepción de la historia medieval hispana en muchas de cuyas ideas lógicamente no se puede ahora entrar. Digamos que el célebre historiador propugnaba la inmadurez o inexistencia del feudalismo hispánico -salvo en Cataluña-, la persistencia del campesinado propietario y libre en Castilla, la forja de un destino histórico en el que a una Castilla medieval libre , guer rer a y fronter iza habría correspondido la misión de representar la identidad profunda y permanente de una España que a aquélla correspondió liderar en su construcción esencialista. Sánchez-Albornoz había formado sus ideas estudiando el reino asturleonés y la sociedad de Castilla la Vieja, como lo prueban, entre otros muchos escritos, sus célebres páginas sobre las behetrías o su estudio de los "Pequeños propietarios libres en el reino asturleonés" dado a conocer en Spoleto en 1966. Mucho antes había desechado la pervivencia del municipio romano en su Ruina y extinción del municipio romano en España, de
1943, propugnado el carácter germanista y ligado a la vida de frontera que tuvieron los primeros concejos rurales de los hombres libres. Pero el autor había ampliado, podría decirse, su idea de la libertad castellana al aplicarla a los grandes concejos de los Extrema Durii, a partir de la idea de supuesto vacío demográfico que expresara en su conocida obra de 1966 Despoblación y repoblación del Valle del Duero. Los poderosos concejos de la zona y el mantenimiento de la situación fronteriza más al sur en los siglos siguientes habrían asegurado el mismo espíritu y unas inigualables condiciones de libertad concejil. Éstas, al repercutir en general en la situación de la monarquía, habrían sustraído a los castellanos de la inserción en los característicos cuadros feudales europeos. Sánchez-Albornoz defendió estas ideas en varios trabajos. Las referencias más rotundas pueden encontrarse en el emblemático libro España, un enigma histórico, de 1956, aunque hay un significativo breve trabajo, de 1963, en que se concretan con claridad estas nociones albornocianas, "La frontera y las libertades de los castellanos" 82. En este escueto trabajo se dice, por ejemplo: "las libertades que fueron otorgándose a los colonizadores de las tierras fronterizas hicieron primero a Castilla un islote de hombres libres en la Europa feudal, y la hicieron después el reino de esa Europa feudalizada donde los municipios desempeñaron el papel más decisivo". Citamos precisamente un párrafo que personalmente no nos importaría rubricar... Siempre que acordásemos circunscribirlo a un espacio y un tiempo más concretos.
Sin pretender hacer ahora una crítica exhaustiva del historiador abulense en el tema que nos ocupa, cabe reprochar un pernicioso esencialismo en sus interpretaciones, en este caso concreto al apreciar una continuidad entre los pequeños propietarios libres del norte de Castilla -tesis muy discutida por los especialistas en Alta Edad Media, por cierto- y los de los concejos del Sur del Duero, pero sobre todo al propugnar una permanencia en el tiempo. Como defendemos en estas mismas páginas la situación de 1100 no nos parece la misma que la de 1200 ni ésta tampoco sería la de 1250. El enfoque es radicalmente distinto cuando se persigue hallar la identidad y perduración histórica de "un pueblo con un alma fronteriza [el castellano]", como pretendía don Claudio, y cuando, por el contrario, se procuran rastrear las transformaciones en unas estructuras de poder cambiantes. Evidentemente, el contraste entre la Castilla libre y el León señorial y feudal que, con matices, esgrimía el autor, tampoco es defendible hoy día y ha sido claramente impugnado por el medievalismo de los últimos veinte años. Pero, en fin, también es preciso reconocer la certeza del sabio escritor al subrayar la novedad de la sociedad de frontera, la importancia de los concejos y el contraste con Europa que se dio en los Extrema Durii. Al menos para los primeros tiempos se puede estar de acuerdo con lo básico del diagnóstico sobre las libertades, pero sólo para este período inicial, breve, y sin compartir con el historiador abulense una metafísica del espí- ritu castellano como móvil histórico omnicomprensivo.
sin feudalismo, como las propugnadas en las obras de Luis y su hijo Anselmo Carretero, autor de Las nacionalidades españolas, editada por primera vez en México 1948, y de La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos. Unas interpretaciones que, lejos del rigor académico, llevaron el romanticismo castellanista nacido en el $^ { 1 9 8 }$ a la antesala de un nacionalismo castellano más prosaico y que incluso sirvió de estímulo a ciertos políticos de la transición española para propugnar sin éxito una pintoresca autonomía para Segovia sola, supuesta heredera de la Castilla libérrima de la Edad Media 83. Dentro del mundo académico la escuela albornociana realizó desde Buenos Aires estudios detallados de muchas instituciones sociales y políticas, algunas relacionadas con el mundo concejil de la zona, que aquí interesan, como los conocidos de Grassotti sobre Ávila, de Carlé sobre el concejo medieval, de Guglielmi sobre el dominus villae, de C. Pescador sobre la caballería villana, entre otros 84. Aunque sus monografías hayan podido sustentar algunas opiniones controvertidas -de algunos trabajos se hablará más tarde- no ampliaban, ni por supuesto modificaban, las ideas expuestas por el maestro sobre el significado de los concejos del sur del Duero. De modo que es el propio pensamiento albornociano sobre los concejos de frontera el que puede servir como una de las grandes referencias para caracterizar estas sociedades, la que defiende las libertades castellanas extremas y el no-feudalismo en estas sociedades.
Por no hablar ya de las polémicas que desató su pensamiento referente a la Alta Edad Media -ruptura entre los godos y la monarquía astur; pequeños propietarios libres; pensamiento de cuya crítica vive hoy el altomedievalismo español-, las concepciones albornocianas sobre la zona del Duero, que son las que interesan aquí, tuvieron hace décadas cierto eco -luego perdido-, porque además respondían a una imagen del pasado entonces arraigada. Hubo incluso corrientes de opinión defensoras de una Castilla medieval democrática, igualitaria y.
R. Pastor, autora que se apartó en buena medida del pensamiento del maestro y que ya había realizado importantes estudios sobre temas medievales hispanos, planteó en 1980 una ingeniosa teoría para intentar encajar la realidad histórica de los concejos dentro de una indudable formación "feudal", como pensaba que era la de los reinos de Castilla y León ya desde la alta Edad Media. Para valorar su argumento hay que entenderlo en el contexto de la teorización que sobre las transiciones y la articulación entre modos de producción se dio entre historiadores de los años 60 y 70. R. Pastor planteó que la comunidad de aldea del norte peninsular presentaba una analogía con las formas «germánicas» de apropiación del suelo y posesión de los medios de producción85, pero surgidas no por importación sino de la misma expansión colonizadora. R. Pastor apuntó que las comunidades rurales de forma germánica evolucionaron después hacia diferenciaciones socioeconómicas durante la expansión de los grandes concejos de villa y tierra, a los que habrían aportado ciertos rasgos "atí- picos", como la división funcional y la propiedad dual, con gran peso de los guerreros y de la trashumancia. A medida que la frontera se alejó el avance de la propiedad privada sobre la comunal, las diferencias sociales y el papel legalizador del rey de las relaciones feudales hicieron que se formara, según la autora, una "sociedad feudal atípica, en la que los concejos serían la expresión más atípica", "una sociedad en la que es hegemónico el modo de producción feudal y las relaciones sociales feudales de producción, pero en la que las comunidades de forma germánica primero y los concejos después representan modos subordinados, articulados con el modo hegemónico y finalmente incorporados a éste por distintos caminos" 86. Este triunfo final del feudalismo, a juicio de la historiadora argentina, se correspondería con la sociedad concejil evolucionada, ya en el XIII, lo que hace suponer que durante etapas anteriores la coexistencia entre ambos modos de producción sería más equilibrada.
Inmediatamente haremos una valoración de estas interpretaciones en contraste con otras opiniones. Pero digamos ahora que la teoría de los concejos como formas germánicas fue redondeada con un artículo que iba más allá de las ideas sugeridas por R. Pastor. Se trata del trabajo de C. Astarita en el que se sigue el esquema de formas germánicas, luego sustituidas por el dominante modo de producción feudal 87. El artículo se refería sobre todo a concejos de la zona segoviana y a temas bajomedievales, pero lo referente a las formas germánicas iniciales era lo más llamativo. Aunque era evidente la coincidencia con el esquema expuesto por R. Pastor, Astarita no hablaba tanto de una difusa evolución desde la comunidad germánica altomedieval al concejo del $\mathrm { \times 1 } ,$ , como aquélla, sino que atribuía directamente el carácter germánico al concejo extremadurano de frontera, lo cual, a nuestro entender, como comentaremos ahora, implicaba la adjudicación a los concejos de un grado extremo de alteridad respecto al modelo hasta entonces vigente de monarquía feudal, pues sustraía netamente el marco de villa y tierra del ámbito de ésta. Además, el artículo contenía otros elementos también muy polé- micos, al propugnar el carácter social igualitario y al afirmar el sentido democrático de los primeros concejos, lo que convertía la argumentación del argentino en un malabarismo teórico entre los tópicos liberales albornocianos y el puzzle marxiano de cómo encajar dos modos de producción diferentes.
Hay que decir, sin embargo, que por entonces, principios de los ochenta, no eran estas exó- ticas aplicaciones de los Grundisse a los concejos segovianos las que se imponían en el ámbito académico. El paradigma era subrayar el feudalismo por doquier. La generación inmediatamente anterior, y trabajos que salían por entonces, como un artículo de Mínguez que unía las nociones de «feudalismo» y «concejos» 88, o los trabajos inmediatamente anteriores de Martín o Estepa 89, impulsaron y coincidieron con la aparición de algunas monografías de cor te regional -estudio de paisajes agrarios, producción, demografía, cabildos...el mundo concejil formaba parte de los estudios globalizadores- que fijaron el paradigma preponderante desde los ochenta. Se trata de las obras de Barrios y Villar García sobre el obispado de Avila y sobre toda la Extremadura castellanoleonesa respectivamente 90. Las obras $\mathsf { e x c e - }$ dían el período que ahora nos ocupa y se centraban sobre todo en los problemas del poblamiento y los dominios capitulares, a partir de documentación sobre todo del XIII, pero las reflexiones que estos autores hicieron interesan también para conocerlo. En especial la obra de Barrios, por ser la primera formulación exhaustiva y centrarse en el emblemático caso abulense, definía el marco interpretativo de este paradigma, por otra parte desarrollado por el autor en otros trabajos posteriores 91. Aunque Barrios -al igual que Villar- aportaba para períodos posteriores a las etapas concejiles iniciales, ya incluso para el $\times | | |$ , referencias sobre el cierre de la caballería villana, por lo que sería en consecuencia un proceso no inmediato, el análisis de las estructuras sociales aplicable a las primeras décadas del $\times | |$ prácticamente en tiempos de Raimundo de Borgoña, propugnaba toda la batería de argumentos característica del paradigma del feudalismo omnímodo 92 aplicado a los concejos: la existencia de bloques de clases antagónicas; el monopolio de las instancias de poder concejil por los caballeros villanos, conver tidos ya a principios del $\times | |$ en una oligarquía ciudadana que era a la vez clase social dominante y clase política dirigente que acaparaba todos los cargos concejiles; la exclusión de los campesinos y los simples vecinos de los mecanismos del poder; la dependencia y explotación de las aldeas por parte de las villas y la generalización de unos precarios derechos de dominio útil sobre la tierra por parte de unos campesinos fiscalmente explotados 93. Los pocos datos aportados para avalar esta interpretación -para una época especialmente mal documentada- no impedían que la imagen que se presentaba para esta sociedad concejil de los primeros tiempos resultase equivalente a la de un feudalismo típico, homologado, temprano, profundo y prácticamente inmediato. El propio estudio de Barrios en otros pasajes hacía dudar 94 del diagnóstico que daba de estas primeras décadas tras la conquista, consistente en una sociedad tan tempranamente feudalizada y tan plagada de desigualdades sociales.
La cuestión sobre la sociedad concejil extremadurana de los primeros tiempos venía, pues, a plantearse hace una década con una acusada polarización entre los historiadores. Por un lado, el polo que postulaba una prematura y casi automática feudalización, con el énfasis puesto en la continuidad de la vigencia del feudalismo -aunque con algunas peculiaridades consideradas secundarias-; y el otro polo, que propugnaba una máxima alteridad de los primeros concejos del sur del Duero respecto de las sociedades feudales conocidas, bien fuera por constituir tales concejos la versión más elaborada y radical del alma libre y guerrera de los castellanos, bien por acomodarse a modos de producción prefeudales como las comunidades germánicas 95.
Por nuestra parte, al analizar la base social del sistema concejil naciente concebíamos para estos primeros tiempos una sociedad que no encajaba con ninguno de los esquemas vigentes, pues entendíamos que la fase inicial de la sociedad concejil de frontera había sido 'móvil, abierta, participativa y unitaria, aunque no igualitaria' 96; en otro trabajo hacíamos explícito que nos parecían inexactas tanto la versión de unas sociedades desgarradas tan pronto por divisiones clasistas y explotación del trabajo campesino como la contraria de comunidades libres germánicas ajenas al feudalismo. Sobre estas últimas concretamente indicábamos que no se podían asimilar las milicias concejiles extremaduranas con los guerreros germánicos, que la existencia ya desde el principio de la repoblación de un marco de villa-y-tierra no tenía equivalente en esas sociedades, que hubo desde el principio un ejercicio de la autoridad integrado en los cuadros de la monarquía, una monarquía feudal. Nos parecía, pues, que la ausencia de un feudalismo plenamente implantado en las tierras extremaduranas podía defenderse para sus primeros tiempos- finales del $\times 1 ,$ primera mitad del XII-, pero sólo transitoriamente, afianzándose después el proceso, facilitado al existir ya desde el principio elementos de feudalización que procedían del norte y quedar además automáticamente integrados los concejos en una monarquía feudal que estimuló la formación de concejos en sus fronteras. Por esto no entendíamos que se tratase de sociedades ajenas absolutamente al feudalismo, sino más bien sociedades aún no feudalizadas, pero desenvueltas ya en un contexto de monarquía y de sociedad feudales ya existentes y en expansión sobre las nuevas tierras de frontera 97.
De igual modo que rechazábamos la feudalización convencional automática, volveríamos hoy día a rechazar también la asimilación a las sociedades germánicas, todo ello a partir más o menos de los mismos argumentos que exponíamos entonces, que, buscando ser sintéticos, expondríamos en los siguientes puntos. Lo primero a destacar es que los colonos extremaduranos, asentados en algunos sitios desde ${ \mathsf { e l } } \times { \mathsf { o } }$ recién llegados con las repoblaciones concejiles de Alfonso VI y sus sucesores, no procedían ya de remotos valles arcaicos pirenaicos o cantábricos, aún cercanos en cierto modo a anteriores comunidades gentilicias, sino que procedían de áreas ya organizadas de Galicia, León, Navarra, Castilla la Vieja, etc., zonas hacia esas épocas, c. 1100, ya feudalizadas -como también J. Mª. Mínguez ha subrayado-; es cierto que en el período de instalación, el estatuto ventajoso otorgado -obsérvese, por otra parte: otorgado, no producto de una evolución interna- suponía de facto una suspensión de las típicas cargas feudales del norte, pero la experiencia de vida de las comunidades asentadas, aparte de agentes externos, era la de unas relaciones sociales rurales que aquellas gentes nunca conocieron como igualitarias: el que emigró al sur del Duero nunca había sido un campesinado «germánico» o gentilicio. Lo segundo es que a tierras extremaduranas llegó la Iglesia, con todo lo que esto implica desde el punto de vista de la aculturación y del refuerzo a un ideario de jerarquías sociales y sistemas de valores feudales; es cierto que la Iglesia durante la primera mitad del XII todavía no pudo desplegar su potencia "dominial" y que tampoco quedó la región sembrada de potentes señoríos monásticos, como hemos dicho, pero sin embargo la red parroquial diocesana, la erección inmediata de iglesias en cada aldea o en las villas o ciudades, que aseguraba que nadie quedase al margen de su influjo, siquiera espiritual o mental, impiden ver estas sociedades pioneras como $\mathsf { e x }$ óticas formaciones prefeudales; hoy se sabe que la Iglesia está muy unida a la definición de valores y pautas feudales, y la región en cuestión no tiene por qué ser excepción en ello. El tercer argumento es que la monarquía integró las sociedades concejiles extremaduranas en sus cuadros: el dominio concejil transferido a las comunidades concejiles lo fue parcialmente, ya que quedaba como pieza del realengo; las mismas bases jurídicas forales, aunque reconocieran espontáneas costumbres de los habitantes, estaban construidas a partir del derecho altomedieval renovado y reflejan aspectos totalmente ajenos a sociedades germánicas tales como el tributo -aunque hubiera exención transitoria en la frontera-, el servicio militar, etc., en definitiva, toda una cultura feudalizante medieval, por no hablar ya de los propios tenentes o el palatium, que, aunque perdió atribuciones en estos territorios, no dejó de ser una institución presente en la Extremadura histórica, una institución genuinamente derivada y funcional dentro de la monarquía feudal de la época.
Todos estos elementos necesitaban su tiempo para impregnar las relaciones sociales, pero estaban desde el comienzo también en estas tierras, algo impensable en unas presuntas «comunidades germánicas». Por tanto, los agentes de feudalización previos o trasladados con la conquista impiden ver estas sociedades como una regresión a estadios anteriores al feudalismo. Ahora bien, las condiciones históricas de la vida de frontera centrifugaron los elementos de base y crearon realidades no más antiguas que el feudalismo sino precisamente 'nuevas' en la evolución histórica de éste. Crearon, por un lado, un original sistema social articulado en los grupos caballeros/peones, que no era, pese a las apariencias, una división entre categorías de guerreros gentilicios, sino adaptación práctica a una sociedad en expansión, sobre tierras no organizadas y bajo presión, como la hemos descrito antes. Y crearon además, y esto debe también ser subrayado, un marco de 'villa y tierra', absolutamente desconocido, por supuesto sin parangón en las sociedades germánicas. Es más, otras analogías aparentes con sociedades germánicas, como la importancia del pastoreo o los bienes comunales, estratégicos en las Extremaduras histó- ricas y luego en la Meseta sur, entendemos que fueron respuesta a problemas concretos de la época, como la guerra contra los musulmanes, la escasez demográfica en extensas comarcas, la abundancia de espacios vírgenes, etc., y no pueden considerarse como vestigios de un pasado prefuedal. Los concejos de villa y tierra de fines del XI no eran fósiles de estadios germánicos o gentilicios, sino insólitas y novedosas formas de convivencia humana y política. Así lo vemos nosotros. La posible explicación de su éxito, en concreto del sistema político concejil de frontera, se ha comentado antes y podría estar en relación con la feliz combinación, que hemos subrayado más arriba, de elementos contrastados ya conocidos -aldeas, realengo, monarquía, Iglesia- y de otros nuevos -autogobierno, libertades, territorio de villa y tierra, ausencia de concesiones feudales- en un contexto muy singular de dificultades que resultó muy alargado en el tiempo.
No se pretende negar la validez de ninguna interpretación. Además es seguro que cualquiera de los especialistas en estos temas ofrecería hoy día una opinión muy matizada, donde serían compatibles, cuando menos, la defensa de una indudable originalidad de las sociedades extremaduranas 98 y al mismo tiempo la integración feudal 99. Pero, puestos a subrayar una u otra, me parece que lo que resulta más llamativo para la historia comparada es lo primero, es decir la creación de una sociedad de frontera inédita -por sus dimensiones y por estar asociada al sistema concejil- y el hecho de que hubiera un corte o una inflexión en el proceso de feudalización, que además fue luego, cuando verdaderamente se pueda hablar de él, un feudalismo muy diferente al conocido para otras latitudes. Aunque sobre este feudalismo tan diferente no nos vamos a ocupar en estas páginas 100, en particular sobre la sociedad de frontera inicial de las Extremaduras del Duero, y para acabar de exponer la propuesta que venimos defendiendo, pensamos que no se pueden pasar por alto ciertos fenómenos que tuvieron lugar en ella y que no ocurrieron en ningún otro sitio.
Resaltando lo original y no lo común, lo más sorprendente y revolucionario fue quizá que apareciera la soberanía concejil en el último cuarto del siglo $\times 1 ,$ , pero además con un grado alto de autogobierno, con alta participación de los vecinos en la vida política local y con una proyección de la capital concejil sobre un espacio rural amplio salpicado de aldeas -decenas, centenares- integradas en la unidad territorial concejil, elementos que resultan insó- litos en la época. Es decir, el sistema concejil naciente sería, de entrada, la gran novedad. Como dijimos, todo el territorio quedaba organizado en concejos con soberanía. Ninguna región peninsular conocía esto. Además se extendió a toda la frontera al sur del Duero, no a sitios concretos y limitados. El éxito de la territorialización concejil de villa y tierra fue tal que entre el Duero y el Tajo envolvió realidades topográficas, poblacionales y situaciones previas diferentes, aunque lógicamente éstas influyeran en la configuración concreta y desenvolvimiento de los concejos de villa y tierra. El hecho precisamente de que el sistema concejil de villa y tierra arropara muchas situaciones diferentes sugiere una reflexión sobre la ecuación entre modalidades de poblamiento y sistema político y sobre ciertos determinismos del medievalismo actual, pero no es éste el lugar para comentar esto. Dejemos únicamente constatada la evidencia de que el patrón territorial del concejo de villa y tierra sirvió para organizar comarcas serranas y llanas, ganaderas y cerealistas, estepas y vegas de ríos, áreas pobladas y áreas vacías, poblamientos concentrados y dispersos, mosaicos de aldeas en páramo y cuencas fluviales, áreas con mozárabes y áreas con colonos norteños. Insistamos, pues, en la gran novedad del sistema concejil de villa y tierra como sistema de poder y territorial que no habría sido determinado por unos modelos concretos de poblamiento, pues, sino por la combinación de factores causales en la línea de los que aquí venimos exponiendo.
Pero además, al analizar las relaciones sociales vigentes, se comprueba algo tan sobresaliente como que los sectores feudales, de los magnates laicos y eclesiásticos convencionales, que dominaban el tercio norte de los reinos de Castilla y León, tuvieron presencia, sí 101, pero fueron estructuralmente desplazados. Resaltamos no la presencia, sino el desplazamiento de estos elementos feudales, su desubicación en la nueva realidad.
tauradas, tuvo cierta presencia señorial la sede de Toledo 103 y mucho menos al principio las otras sedes restauradas 104. Con el tiempo los señoríos episcopales llegarían a ser importantes y dispondrían de campesinado dependiente en cierta magnitud en algunas aldeas y comarcas, nunca en la medida de los habitantes no señorializados de los alfoces concejiles. Los señoríos eclesiásticos fueron, de hecho, los únicos que pueden homologarse a las formas señoriales septentrionales, aun con particularidades. Pero a la altura de mediados del $\times | |$ cuando cerramos la etapa de los concejos pioneros, aun tenían una precaria presencia y se pueden considerar prácticamente marginales en el conjunto de la región.
En el caso de la Iglesia, aunque fue, como se ha indicado, claro ejemplo de feudalización cultural, hay que hacer alguna matización sobre el grado de su presencia material. La implantación monástica fue inicialmente muy escasa y lo importante es destacar que no pudieron extender sus típicos dominios y formas de explotación a contingentes importantes de campesinos al sur Duero 102. En cuanto a la Iglesia secular, cuyas sedes fueron tempranamente res.
En cuanto a la nobleza laica estuvo presente en los concejos. La institución del palatium, con el dominus villae o senior y sus agentes, representa la adaptación del régimen de tenencias de castillos y capitales de alfoces regios - típicos del norte del Duero- a la realidad nueva de los concejos de villa y tierra. Pero adaptación no es trasplante sin más. Los concejos y los alfoces concejiles eran ahora los distritos operativos del realengo. Las tenencias, como sis
103 Vid. supra, nota 34. Aumentarán las incorporaciones desde Alfonso VIII, vid. infra, nota 161.
tema de gestión directa del realengo, se vieron afectadas. Los concejos asumían responsabilidades antes reservadas sólo a los tenentes. Lo hemos visto antes. En esa remodelación territorial los nobles conservaron el rol de instancia-puente entre las comunidades concejiles y el rey, así como la continuidad básica en la zona de lo que puede considerarse vínculo vasallá- tico rey/nobles, de indudable efecto en la estabilidad política 105. Este aspecto es interesante porque se afirmó la inserción administrativa y política de los concejos en la monarquía, impidiendo para siempre un régimen de ciudadesestado. El dominus, tenens, senior o mandante, que de todas estas maneras era identificado, aseguraba la existencia de nobles en la zona, sí. Ahora bien, su presencia fue puramente superestructural, aparte de tener contrarrestado su peso político por el del concejo, y no se trasladó al terreno de las relaciones sociales. En este sentido, nos parece sobresaliente para la historia comparada que en la inmensa región entre el Duero y el Tajo estuviese prácticamente ausente la aristocracia magnaticia no como individuos investidos de un cierta misión política sino en calidad de nobleza señorial, la llamada clase feudal por antonomasia, que no pudo cuajar en estas zonas. De modo que, no pudieron trasladarse ni el régimen dominical basado en la gran propiedad aristocrática ni el señorío directo sobre aldeas -ya que no existió prácticamente 106- ni por tanto las cargas señoriales que los magnates solían imponer a su campesinado en el norte 107. De manera que las formas de señorío solariego o magnaticio, tan características no ya sólo del norte peninsular sino de la Europa feudal de la época, estuvieron poco o nada representadas en la mayor parte de las comarcas de la Extremadura del Duero, en sentido general, y de forma enfática, para este período inicial y para el tramo entre el Duero y el Tajo.
También existieron en los primeros concejos de villa y tierra otros grupos sociales que en el norte venían siendo sujetos de la feudalización. Ocurría con los infanzones o baja nobleza de sangre 108. Los infanzones aparecían por ejemplo en el Fuero de Sepúlveda, cuando se menciona que "Totas las uillas [aquí con significado de aldeas] que sunt in termino de Sepuluega, sic de rege quomodo de infanzones, sedeant populatas ad uso de Sepuluega" 109. ¿Qué eran estas uillae de infanzones? Aunque haya otras posibles interpretaciones, pensamos que se trataba de aldeas de la comarca sepulvedana que venían controlando, antes del otorgamiento del fuero, los infanzones instalados allí, como los elementos más destacados de las comunidades rurales, o sea, lo mismo que ocurría en las aldeas de las tierras castellanas al norte del Duero, donde precisamente de la 'normalidad' de estas posesiones rurales se derivarían las célebres behetrías, como uno de los fenómenos asociados a la extensión allí de la baja nobleza o infanzonía. Al sur del Duero este protagonismo de los infanzones ya no se dio. El revulsivo del régimen concejil de frontera implicaba que quedara disuelta esta vía de dependencia aldeana y que tales aldeas quedasen asimiladas -"sedeant populatas ad uso de Sepulvega”- a las restantes aldeas, esto es, las que no dependí- an de estos elementos sociales, las que pertenecían al realengo -villae de rege-, y que unas y otras, de infanzones o de rege, quedasen ya integradas en el mismo, el único, realengo concejil bajo un único fuero, el del concejo de villa y sus aldeas. Los infanzones pudieron existir en estas tierras, en Sepúlveda y en otras partes, como natural prolongación de la zona septentrional, que se expandía hacia el sur, pero sólo tuvieron sentido al sur del Duero como sector rural mientras vivieron en tierra de nadie, o en el momento inmediato a la conquista, ya que la dinámica de la sociedad de frontera hizo que acabasen fagocitados por ella.
Lo mismo que con los infanzones habría ocurrido, si se habían asentado en estas tierras, con otras categorías tradicionales. Desde luego parece cierto que en el entorno de Toledo, y ciertamente en Toledo ciudad en concreto, hubo caballeros nobles e infanzones de corte tradicional, lo que no puede decirse sistemáticamente para las Extremaduras, aunque no falte aquí tampoco una presencia de estas categorí- as existentes al norte y no sea descartable que bajo los viejos muros de las ruinosas ciudades del sur del Duero se instalaran guerreros-pobladores o caballeros de cierto rango que formaban parte de los séquitos de los tenentes y que se quedaron. No hay que olvidar que cuando se conquistaron estas tierras y comenzaron las repoblaciones, o viceversa, que de todo hubo, se tendieron por inercia a trasladar los cuadros existentes. El problema es si perduraron o no. Pensamos que lo que propició la sociedad de frontera en los primeros tiempos, y esto no tuvo parangón en ningún sitio, fue generar una polarización social nueva; basada no en una división social del trabajo y en un contraste entre los dueños de los medios de producción y sus trabajadores sino en diferencias prácticas. Se trata de la contraposición entre caballeros y peones. No eran categorías como tal surgidas $\mathsf { e x }$ novo, ya que pueden rastrearse en tierras burgalesas del $\times ,$ como se ha dicho a propósito de Castrojeriz -en aquel tiempo, frontera también-, pero en aquella época coexistían en términos de 'periferia social' con otros grupos y dicotomías, como los sectores magnaticios señoriales y el binomio aldeano, característico de la alta Edad Media norteña, villani/infanzones. Mientras que al sur del Duero desde fines del $\times \lvert$ el despliegue de la contraposición caballeros concejiles/peones concejiles fue tal que los demás sectores sociales tendieron a ser inexistentes o fueron desnaturalizados y todo el sistema social, que la propia conciencia de la época refleja 110, empezó a girar y a estructurarse en torno a estos grupos esenciales 111. A la larga la brecha dará lugar a divisiones clasistas y relaciones de explotación. Pero sin embargo en los primeros tiempos hay indicios de que se trataba apenas de diferencias funcionales, derivadas de las formas de hacer la guerra y defenderse 112, indicios de que se estimulaba desde el poder el acceso a la caballería, socialmente abierta entonces. E incluso no es seguro que los caballeros que residiesen en las villas cabeceras, y no en las aldeas, fuesen aún recompensados o considerados privilegiados por ello 113, al tiempo que improbable que hubiesen ya abandonado de forma universal el mundo del trabajo, aunque hicieran la guerra a caballo. En estos primeros tiempos las urgencias de la guerra y la defensa exigían que salieran caballeros del seno de los mismos pobladores, y muchos de ellos eran habitantes de las aldeas. En esta época, de hecho, los caballeros que llamamos «villanos» lo eran todavía en el sentido latino, como algo asociado a lo aldeano y lo campesino 114. Sobre lo accesible que resultaba ser caballero podrían aportarse testimonios más que suficientes. Varios fueros, como el otorgado por Alfonso VI a Santarem, en Portugal, en 1095, el fuero refundido de Toledo, el de Escalona de 1130 y el primero de Guadalajara de 1133 mencionan caballos y equipamientos prestados por el rey, "ex parte nostra" -del rey- o por emprestado del rey, a cualquier hombre, sin cualificación aparente, incluso con el aliciente de poder trasmitir las armas y el animal a sus parientes 115. Aparte de éstas, la fórmula más conocida de fomento de la caballería entre los pobladores fue la exigencia de que cualquier habitante, a partir de un mínimo de bienes, una magnitud, por cierto, más bien estándar, estaba obligado a adquirir caballo. Adquirir caballo en algunos sitios era, pues, una obligación más que un privilegio. El Fuero de Yanguas, de 1145, especificaba que quien tuviese un par de bueyes, un asno y veinte ovejas o más debía comprar un caballo. Y el de Molina de 1152-54, aunque contenía otras exigencias quizá derivadas de adiciones posteriores, exigía también una yunta de bueyes, heredad y cincuenta ovejas para disponer del caballo, "qual quisiere". Por su parte, el Fuero de Avila, conocido a través del de Évora, indicaba algo semejante: "et qui habuierit aldea uno jugo de boves et $X X$ oves et uno asino et duos lectos comparet cavalo" 116.
La ausencia de severas desigualdades sociales no equivale a decir que la sociedad concejil fuese igualitaria ni homogénea. No lo era porque había diversos grupos sociales y porque el acceso a la caballería estaba condicionado por grados de fortuna, por mínimas que fueran las diferencias, modesta la fortuna y similares las bases agrarias: un par de bueyes, una heredad, un rebaño de cría.... Pero lo interesante es afirmar que tales diferencias, o estratificación material y funcional, no pueden considerarse relaciones de explotación de unos habitantes por otros -entre la estratificación interna de los grupos sociales y la explotación de unos por otros hay una gran diferencia conceptual que resulta innecesario explicar ahora-, ni cierre oligárquico caballeresco ni extracción de renta por parte de éstos del plustrabajo campesino. Respecto a los campesinos precisamente cabe resaltar, tuvieran o no riqueza para poseer caballo, que se desenvolvieron en un medio rural singular en el que se combinaban la propiedad alodial agraria y la comunal silvopastoril sin injerencias señoriales. Por otra parte, sobre estas formas de propiedad campesina, en especial la comunal, ya hemos resaltado que no nos parece que fueran tanto un vestigio del comunalismo germánico o gentilicio importado desde el norte, o resto fósil de formas ancestrales, sino que respondían a la racionalidad económica, reciente y vigorosa, de un tipo de repoblación y colonización concejil que se estaba poniendo en marcha. El acceso campesino a tales medios de producción, los alodios y los comunales, sin renta feudal y en un marco de villa y tierra, coincidiría en los primeros tiempos, y también hay que subrayarlo, con el hecho de que las villas o capitales concejiles no explotaban fiscalmente a las aldeas, algo ligado también a la débil diferenciación administrativa de la unidad villa/tierra, y quizá paralelo a la posible participación política en las instituciones concejiles por parte de los aldeanos, siquiera en el plano de ciertas actividades comunitarias, lo que, como hipótesis, no está del todo descartado, como dijimos.
En definitiva nos encontraríamos en los primeros tiempos con una sociedad nueva, articulada en cuadros sociales originales, de cariz popular y gran movilidad social, sin dominios nobiliarios más que testimoniales y apenas eclesiásticos, con unas libertades y derechos de propiedad sorprendentes en el contexto de la época. Una sociedad además que se correspondería con una superestructura igualmente original y única en Europa, basada en un 'sistema político concejil de frontera', que gozaba de una alta autonomía, que había logrado territorializar el espacio íntegramente y que se apoyaba en unas formas de poder abiertas, vecinales y participativas. Estas tierras del sur del Duero eran sin duda entonces, por todo ello, unas de las más singulares de Europa y quizá también unas de las más libres.
QUIEBRA DE LAS ESTRUCTURAS UNITARIAS EN LOS CONCEJOS, c. 1157- c. 1222.
La frontera no se extingue.
En la segunda mitad del siglo XII y primeras décadas del siglo XIII el sistema concejil experimentó cambios importantes 117. Los límites cronológicos de este segundo período son naturalmente elásticos. El inicial se hace coincidir con el final del reinado de Alfonso VII, después del cual los reinos de León y Castilla volvieron a separarse hasta 1230, con los siguientes reinados: Sancho III (1157-58), Alfonso VIII (1158-1214), Enrique I (1214-1217) y Fernando III (1217-1230) para Castilla; y Fernando II (1157-1188) y Alfonso $\big | \big >$ (1188-1230) para León. Desde esta fecha Fernando III fue rey de Castilla y León. Las fechas ad quem no son algo rígido. Podría establecerse el tope de 1230, de unión de reinos, o la de c. 1222, que responde a transformaciones en los concejos de Castilla. Pero por situar el final de esta segunda etapa -primeras décadas del XIII- en un intervalo cronológico realista y con fechas emblemáticas podríamos decir que el final del segundo período estaría en el lapso situado entre la batalla de Las Navas, 1212, que daba a los cristianos la hegemonía militar en la península, y la conquista de Córdoba, 1236, primera de las importantísimas conquistas andaluzas. Ahora bien, tales fechas son entelequias, puesto que precisamente lo que propugnamos es que las estructuras de poder en los concejos fueron evolucionando a partir de sus propias transformaciones y contexto histórico y esto, lógicamente, no puede circunscribirse a unos acontecimientos concretos. Los acontecimientos, especialmente las vicisitudes de la guerra contra los musulmanes -expansión cristiana por la Meseta Sur a mediados del $\times | |$ , freno almohade y derrota cristiana en Alarcos en 1195, recomposición hasta la victoria de Las Navas en 1212-, cuestiones en las que no podemos entrar, sin duda condicionaron las transformaciones en el mundo concejil, pero éstas han de verse prioritariamente como evolución de procesos estructurales.
¿Qué ocurrió en la zona de estudio en este período? Hay que distinguir entre lo acaecido en las áreas entre el Duero y el Tajo, ya organizadas en la etapa anterior y en las que el sistema concejil pudo evolucionar a partir de aquella realidad anterior, y las tierras recién conquistadas en la cuenca meridional del Tajo.
ENTRE EL DUERO Y EL TAJO, EL DINAMISMO DE UNA RETAGUARDIA VIRTUAL.
Respecto a la Extremadura histórica, que ahora iba quedando ya en la retaguardia -aunque con capacidad de sus hombres para realizar incursiones militares en tierras al sur- hubo algunas remodelaciones territoriales. Hubo algunos retoques jurisdiccionales cerca de la línea del Duero, incluso en algún caso con incorporación de algunas aldeas a la vera norte del río por parte de concejos de villa y tierra. La aldea de Quintanilla, próxima a Peñafiel, un concejo con más de una veintena de núcleos, fue comprada por él en la primera década del siglo XIII por 1000 mrs. 118. Los concejos de la zona soriana y segoviana reestructuraron también sus límites jurisdiccionales. Cuéllar concretaba los límites de su alfoz concejil en 1207 y 1208. Pero además antes el concejo había redondeado su dominio sobre la zona adquiriendo algunos lugares en la zona de Pedrosillo -con Adrados y Hontalvilla- en 1184, por compra -por 2.000 mrs 119. El poblamiento del sur de Atienza no se acabará de remodelar hasta las primeras décadas del XIII, surgiendo la importante macroaldea de Cifuentes, que además décadas después, ya pasado el ecuador de mediados del XIII, acabará segregándose de la capital. El caso más llamativo fue el de Segovia, cuyo extenso alfoz, delimitados en 1208 los términos de Madrid por Boadilla, Pozuelo y Alcobendas, favoreció que los segovianos durante un tiempo controlaran los territorios de las comarcas de Manzanares, sur de Casarrubios y Valdemoro y incluso con un añadido territorial al oriente de esta comarca de Valdemoro, que detentaron hasta bastante tarde, hasta
1214 120. Hubo otras modificaciones territoriales en otros concejos. Algunos alfoces, espacios abiertos y difusos en la época fundacional, habían resultado tan extensos que en ellos los monarcas delimitaron nuevos concejos de villa y tierra. Aparte del de Segovia, los casos más sobresalientes fueron los de Plasencia hacia 1186-1189 y Béjar hacia 1205-1209, segregados del hasta entonces inmenso alfoz abulense y convertidos, ellos mismos, en nuevos y amplios concejos de villa y tierra 121.
En la Transierra leonesa, en un área que a mediados del XII estaba muy poco poblada y con muy endeble organización territorial, la situación fue evolucionando desde el punto de vista jurisdiccional. Coria, ciudad conquistada en 1142 llegó a depender del señorío de la Iglesia compostelana y pasó a los Templarios con Fernando II, aunque fue recuperada para el realengo por Alfonso $\mathbb { X }$ Galisteo fue fruto de una puebla real -con una decena de núcleos aldeanos- fundada por Alfonso IX hacia 1217, seguramente con vistas a proteger la línea defensiva frente a Castilla. Antes formaba parte del alfoz de Coria. A pesar de estos concejos realengos, la Transierra leonesa fue una de las pocas subregiones al norte del Tajo donde se desplegaron con fuerza señoríos de Orden Militar o eclesiásticos. Así, Trevejo, originariamente en término de Coria, fue de San Juan, luego pasó por la Orden de Santiago en 1186 y volvió a San Juan unos años después. Más importante, Granadilla había sido fundada por Fernando II hacia 1185-1186 -El Tudense dice que el rey populavit Granadilla in Transerram, la única que cita para esta región-, pero desde 1191 Granadilla pasó a la Orden de Santiago, en cuya jurisdicción se mantuvo hasta principios del siglo $\mathrm { \times N . }$ Granadilla más adelante llegó a incluir una veintena de núcleos, casi todos cacereños, aunque tuvo en la actual provincia salmantina el lugar de La Alberca, que en la Baja Edad Media era más importante que Granadilla misma, y durante unos años también incluyó Sotoserrano, hasta 1192, tambien en Salamanca actual. Aparte de Granadilla y Coria, la otra gran jurisdicción de la actual zona norte cacereña, o Transierra leonesa, fue la Orden de Alcántara. El protagonismo de la Orden de Alcántara se entiende relacionado con el fuerte apoyo que Alfonso $| \times ,$ en su afán de controlar el suroreste del reino de León, había otorgado a la Orden de San Julián del Pereiro, fundada en la periferia occidental de la diócesis mirobrigense hacia 1175-1176, o poco antes. La villa de Alcántara -esta indudable puerta de entrada al control del Tajo sólo pudo ser tomada definitivamente en 1213, tras Las Navas- fue donada por Alfonso IX a Calatrava en 1217, pero en 1218 Calatrava, a cambio de una cierta subordinación genérica y relativa del Pereiro a los calatravos, concedió la villa al Pereiro. Desde entonces esta Orden, considerada ya de Alcántara desde ese momento, se expandió considerablemente por un territorio con numerosos núcleos -aquí no siempre organizados en concejos de villa y tierra, sino también con áreas rurales más desagregadas- conquistados entre fines del XII y principios del XIII a ambos lados del Tajo 122. Es evidente que también se iba a remodelar sustancialmente a principios del XIII el área fronteriza del reino de León con Portugal, en el tramo de la raya entre Portugal y Salamanca y norte de Cáceres actuales, en virtud de las repoblaciones de Alfonso IX en la zona 123.
Observando todos estos datos se comprende que, aunque estaban ya prefigurados los territorios concejiles, la realidad distaba mucho de ser estática o inmóvil. A veces se ha querido ver un momento concreto, un Privilegio Fundacional de las llamadas "Comunidades de Villa y Tierra". Sobre todo en los libros de Martínez Llorente y de Martínez Díez 124 acerca de la Extremadura castellana se busca y defiende ese momento. Pero, siendo rigurosos, y aunque siempre utilicemos fechas concretas, y esto puede ser perfectamente válido, no hubo en sentido estricto tal momento: hubo procesos de transferencias -transferencias de dominio, de soberanía, de términos...del rey a los concejos-, y dinamismo en los territorios, situaciones cambiantes, consolidaciones, no tanto un privilegio concreto y fundacional. Además, las situaciones fueron diferentes, por otro lado, entre unos casos y otros 125.
Veamos en este sentido, y a título de ejemplo significativo, la evolución un poco más detallada de la actual provincia de Salamanca 126, buen ejemplo de estas remodelaciones, modestas y no tan modestas, que se producían superados los primeros pasos de la repoblación 127.
En el actual territorio de Salamanca a mediados del $\times | |$ apenas existían dos concejos de villa y tierra, el de Salamanca y el de Alba. El con
125 Por ejemplo, desde el punto de vista territorial y dentro de la Extremadura histórica, mientras los concejos más próximos a la línea del Duero en las llanuras y penillanuras de esta cuenca tendieron a tener pronto fijados sus alfoces concejiles, con sus aldeas -serí- an los casos de Alba, Arévalo, Coca, Peñafiel, Olmedo, Iscar, etc.- , los concejos con proyección hacia las sierras tuvieron un área de expansión abierta durante décadas, y con límites imprecisos y a expensas de modificaciones a veces importantes: Salamanca, caso del que se hablará ahora; Ávila, que atravesaba con creces Gredos hacia el sur; Sepúlveda y Ayllón, que atravesaban Somosierra; Segovia, de la que ya se ha citado su choque con Madrid, extendía su área de expansión por el valle del Lozoya y Guadarrama. Otros concejos, no tanto por razones de orografía sino de poblamiento, mantuvieron una proyección hacia el sur abierta durante mucho tiempo, como Atienza y Medinaceli. En definitiva, vemos procesos, no momentos fundacionales claros y rotundos en la atribución de los espacios a los concejos. Y lo mismo habría que decir del resto de las transferencias políticas, fiscales, etc. desde el rey a los concejos.
126 Para los datos más concretos, remitimos a varias partes de los capítulos de Mínguez Fernández, Martín Martín, Martín Rodríguez y Barrios García contenidos en la Historia de Salamanca. II. Edad Media, caps. I, III, IV, así como a algunas partes de I Congreso de Historia de Salamanca (1989), Salamanca, 1992, vol. I. Vid. asimismo algunos datos sobre pequeños señoríos de la zona en nuestro trabajo "Las dos escalas de la señorialización nobiliaria al sur del Duero: concejos de villa-y-tierra frente a señorialización «menor» (estudio a partir de casos del sector occidental: señoríos abulenses y salmantinos)", Revista d'Historia Medieval, 8, 1997, pp. 275-335.
127 Para ver plasmada la evolución, remitimos a los mapas adjuntos de las Figs. 3, 4 y 5. El plano de la Fig. 2 es el del recinto de la ciudad.
cejo de la ciudad de Salamanca había iniciado una expansión hacia el oeste y el sur que lo convertían en uno de los más extensos. Apenas pequeñas jurisdicciones señoriales se habían formado al norte: al este del obispado de Salamanca, límite con el de Ávila, desde 1113 Paradinas era de la Orden de San Juan 128; en 1136 se produjo otra concesión, que incluía Cantalapiedra, al noreste de la actual provincia, y, hacia el norte, las aldeas de San Cristóbal del Monte y de Topas, en el límite con el obispado de Zamora, y unos lugares entre Salamanca y Ledesma, San Pelayo de Cañedo, los dos Zamayones, el Arco, los dos Espinos, media Aldearrodrigo y Carrascal. En definitiva, con esta concesión de 1136 129 -y con la concesión del pueblo de Tejares en 1148, contiguo a la ciudad- un puñado de lugares habían sido exceptuados del realengo en fecha tan temprana, en medio de un inmenso territorio realengo todavía en expansión, con centenares de núcleos rurales poblados bajo el impulso del concejo salmantino. Esta era la situación hacia 1140, momento en que hay constancia de que se organizaba, o confirmaba la organización, dentro del obispado salmantino del otro concejo, mucho más pequeño, el de Alba de Tormes.
Con posterioridad el mapa concejil del obispado salmantino cambio sensiblemente. Fernando II, desde el reino leonés, separado de Castilla desde 1157, intentaba reorganizar el flanco occidental de su reino, ante los estrechos límites que hacia el este imponían los castellanos -la Vía de la Plata o antigua Guinea separaba los reinos desde el piedemonte de la Cordillera antes de la Sierra de Béjar hasta el Tajo, estrechando en consecuencia el reino leonés-, y ante la presión de los portugueses por el oeste. Salamanca y su concejo quedaban demasiado lejos de Portugal y por eso el rey quiso reforzar sus plazas fronterizas. En 1161- 1162 Fernando II decidía segregar dos nuevos grandes concejos de villa y tierra a costa del de Salamanca. Se trata de los concejos de Ciudad Rodrigo y de Ledesma, dotados cada uno de considerables alfoces y que servirían de glacis defensivo frente a Portugal, al estar, sobre todo Ciudad Rodrigo, más próximo a este reino que Salamanca. En Ciudad Rodrigo además se instauraba en 1161 la sede episcopal junto con el concejo urbano 130. Fracasado en 1162 el intento del concejo de Salamanca de evitar la amputación de estos dos importantes alfoces -Ledesma y Ciudad Rodrigo- en lo que antes había sido su área occidental de expansión 131, ambos se consolidaron, quedando por entonces en el territorio de la actual provincia unos pocos grandes espacios concejiles, que se mantendrán en los siglos siguientes: Ledesma, Ciudad Rodrigo, Alba y Salamanca, que todavía hacia 1162 era la ciudad que tenía aún margen de expansión por el sur 132.
El oeste del reino leonés no quedaba todavía cerrado en la zona meridional del Duero con las pueblas de Ledesma o Ciudad Rodrigo, ya que Alfonso IX ensayó repoblaciones en la comarca de Riba Côa, que no obstante no acabaron integradas en el reino leonés 133.
Por otra parte, las posibilidades de expansión de la ciudad de Salamanca hacia el sur se fueron extinguiendo desde principios del siglo XIII, a medida que se formaron otros concejos de villa y tierra en lo que fue inicialmente área de influencia de los salmantinos. Así, Monleón, dotado a fines del $\times | |$ con un alfoz pequeño, que no acabó consolidándose -a mediados del XIII se acabó integrando en la Tierra de Salamanca- y otros que sí perduraron: Salvatierra
131 Es muy destacable el hecho de que, según las referencias cronísticas, se entablara nada menos que un enfrentamiento bélico entre el concejo de Salamanca -ayudado por abulenses (liderados por Muño Rabia, según Rada, Nuño Serrano según el Tudense)- y el rey Fernando II de León. Hubo una batalla decisiva en el arroyo de La Valmuza, a unos kilómetros de Salamanca, en junio de 1162. El texto de Tuy insiste en los factores atmosféricos que causaron la providencial derrota salmantina -el cambio inesperado del viento-, mientras que Rada, que además destaca que Salamanca era la principal ciudad del reino y la de términos más extensos, hace una distinción entre la gente más baja que apoyó la sublevación y los maiores o principales de la ciudad, más dispuestos a aceptar la iniciativa del rey. Así, "Salmanticenses autem eo quod rex Fernandus in eorum termino civitatem Roderici populaverat, coeperunt rebellare contra regem Fernandum, et elegerunt sibi regem nomine Nunnum Serranum, et pugnaverunt cum rege Fernando in valle de Muza. Siquidem incenderunt quendam montem, eo quod ventus veniebat ex parte ipsorum contra exercitum regis Fernandi, ut fumo et vento leonenses fatigati ad bellum accederent. Sed misericordia Dei non defuit regi Fernando. Nam ventus et fumus, qui contra suum exercitum veniebant, contra salmanticenses et abulenses conversus est, et illorum obtenebravit aspectus. Rex autem Fernandus irruit super eos, et cum victoria magna cepit regem Nunnum Serranum, et occidit eum, atque subdidit sibi Salmanticam.", según Lucas de Tuy, Crónica de España, p. 403. En Rada: "Cumque Salamantina ciuitas ceteras regni urbes et habitatoribus et terminis superaret, indignati ciues eo quod rex eorum terminos decurtabat, contra regem fauentibus sibi Abulensibus sedicionem mouerunt; et in Valle Muze pariter congregati cum duce quodam, qui Munio Rauia dicebatur, cum rege Fernando prelium inierunt et preter spem omnium uictoria regi prouenit, et ducem quem sibi prefecerant Munionem Rauiam uiuum cepit, quem capitali sentencia condempnauit; et sic maioribus sibi fauentibus, quorum sentencia in principio non potuit preualere uim uulgi multitudine faciente, demum experti presumptionis flagellum et potencia minorati, nunc suis maioribus et suo principi pro uenia supplicabant; et sic rex uictor ciuitatem, ut noluit, subiugauit maioribus, qui sibi fauerant, honoratis", Historia de Rebus Hispanie, ed. Valverde, lib. VII, cap. $\times \times ,$ p. 242. Aunque no tendría nada de especial, ya que la repoblación concejil al fin y al cabo no es más que la llegada de gentes de otras partes, en concreto el hecho de la participación de abulenses en la repoblación de Ciudad Rodrigo está también recogido en el texto de la Crónica de la población de Ávila, cit., págs. 23-24. Y, por su parte, el abulense Muño Rabia, que destaca Rada en su descripción de la seditio salmantina contra su rey, aparece como personaje real e histórico en la documentación abulense, como testigo en un diploma de 1150, Documentación medieval de la Catedral de Ávila, ed. A. Barrios, cit., doc. 8. Es probable también que la revuelta salmantina contra Fernando II estuviese alentada por los portugueses, a quienes lógicamente podía interesar perjudicar a Fernando II. Así podría interpretarse una mención de 1163, al año siguiente a la rebelión, según la cual el monarca portugués controlaba militarmente Salamanca, Documentos de los Archivos catedralicio y diocesano de Salamanca, cit., doc. 24. En cualquier caso, no se frenó ya la puebla de Ciudad Rodrigo. En 1165 aparecen mencionados alcaldes en un documento, Libro de privilegios de la Orden de San Juan, ed. C. Ayala y otros, cit., doc. 94. Las primeras referencias de Ledesma son su fuero, cuya data exacta se desconoce, pero que debió tener pronto, como revela la citada carta zamorana de 1161; cfr. supra, nota anterior.
132 Se trata de concejos con alfoces que tenían numerosas aldeas. Según datos de poblamiento utilizados por A. Barrios y L. M. Villar, de mediados del XIII o posteriores- el poblamiento por entonces estaba ya muy estabilizado- el alfoz de Salamanca tenía cerca de 300 lugares, el de Ledesma 148 y el de Alba 96 lugares. Vid. A. Barrios, " El poblamiento medieval salmantino", en Historia de Salamanca. II. Edad Media, pp. 219-327. No hay datos precisos de número de lugares para el de Ciudad Rodrigo, aunque acabó siendo un territorio enormemente extenso, coincidiendo su alfoz en líneas generales con los límites de su diócesis. Ya avanzado el siglo XIII los límites de Ciudad Rodrigo servían de frontera con Portugal. Pero no había sido así poco antes. Ciudad Rodrigo vio limitado su flanco occidental por los concejos de la comarca de Riba Côa (vid. nota siguiente); asimismo, J. J. Sánchez-Oro Rosa, Orígenes de la Iglesia en la diócesis de Ciudad Rodrigo, cit. Hay que decir que Ciudad Rodrigo tendrá durante toda la Edad Media un papel importante en relación con Portugal, como desde la fundación. Muestra este protagonismo el interesante estudio de J. I. Martín Benito, El alcázar de Ciudad Rodrigo. Poder y control militar en la frontera de Portugal (siglos ${ \big . } X I I { \big . } - X V I ,$ ), Ciudad Rodrigo, 1999.
133 Sin entrar en detalles, digamos que coincidiendo con el reinado de Alfonso $\ltimes$ de León fueron muy importantes las remodelaciones territoriales en las comarcas entre el río Águeda y el río Côa, en la comarca de Riba Côa de Portugal. Desde mediados del
de Tormes, en los primeros años del XIII, constatado en 1217, y Miranda del Castañar, en 1213-1215. De este último se segregará en la tercera década del siglo XIII el concejo de villa y tierra de Montemayor del Río 134. Si a ello se añade Béjar, segregado de Ávila entre 1205 y 1209, como se ha dicho, se ve cómo quedaba el mapa jurisdiccional de la actual provincia salmantina en el primer tercio del $\times | | |$ , cuando existían los siguientes concejos de villa y tierra: Ciudad Rodrigo, Ledesma, Salamanca, Alba, Salvatierra, Monleón, Miranda-Montemayor y Béjar.
Esto en lo referente a los concejos de villa y tierra de esa zona salmantina. Pero aparte de esto, desde 1162 hasta 1225 aproximadamente, junto a ellos, habían surgido algunos otros pequeños señoríos de escala aldeana. Por lo pronto, desde mediados del $\times | |$ , y a una decena de kilómetros al norte de la ciudad de Salamanca, a partir de la concentración de propiedades territoriales de la Iglesia y el obispo, se había ido formando el llamado Abandengo de La Armuña, que incluía parte de Arcediano, Palencia de Negrilla, Negrilla de Palencia, La Mata de la Armuña, Mozodiel, Arcediano, La Vellés, Carbajosa de la Armuña, próximos a algunos lugares de la concesión de 1136 a la Iglesia salmantina, aunque más cercanos a la ciudad. Sobre todo el cabildo extraía de ellos derechos dominiales, pero de alguna forma se había ido configurando como territorio señorializado catedralicio. La Iglesia salmantina se expandió además por algunos otros lugares fuera de esta comarca: en 1169 recibía la aldea de Vitigudino; unos años antes, en 1164, Almenara -que no se consolidaría-, Baños y Juzbado, cerca de Ledesma; en 1225, el lugar de San.
Martín del Castañar, segregado del alfoz de Miranda del Castañar. Otros señoríos eclesiásticos se formaron en tierras salmantinas en esos reinados: Palacios del Arzobispo era de la sede compostelana desde los años 70 del siglo $\times | |$ y en 1188 Alfonso IX otorgaba a esta Iglesia de Santiago los lugares de Yecla de Yeltes, en la tierra de Ledesma -junto a Vitigudino-, y la mitad del lugar de la Herguijuela de la Sierra, en la Sierra de Francia, en el límite con Cáceres, que caería ya en la parte de lo que fue obispado de Coria; en 1192 pasaban al citado arzobispo los lugares de Vilvestre, al oeste de la Tierra de Ledesma, el resto de Herguijuela y Sotoserrano, lugar que pasó en 1192 al arzobispo de Santiago, en la Sierra de Francia 135. Por otra parte, en 1195, y tras pasar el lugar por otras vicisitudes -desde una primera concesión señorial en 1177-, la Orden de Santiago se hacía con Barruecopardo, en los Arribes, Orden que ya tenía Villoruela desde 1184 136. Mientras que poco después de erigirse la sede de Ciudad Rodrigo se fue formando, de fines del XII y principios del XIII en adelante, su Abadengo, con los lugares de La Hinojosa, Lumbrales y La Fregeneda, al norte de la diócesis y alfoz mirobrigense, y el pequeño lugar de Sepúlveda, a unos kms. al noroeste de la capital, según datos de 1175. El monasterio portugués de Santa María de Aguiar tenía en 1211 el lugar de La Bouza, cerca del Abadengo mirobrigense y junto a la frontera con el país vecino. Aparte de ellos, también al sur del alfoz y dentro de la diócesis de Ciudad Rodrigo, Villasrubias pasó a la Orden de Santiago en 1191 por donación de Alfonso $| \times ,$ aunque también perteneció antes a la orden de San Juan, como lo prueba la donación hecha a esta Orden por Fernando II diez años antes 137. La Orden de San Juan, por otra parte, se había hecho con los lugares de Zamayón, Zamoncino -antes vinculados a la Iglesia salmantina- y Valdelosa, entre Salamanca y Ledesma, en 1209 138.
Hemos expuesto con cierto detalle la evolución del mapa jurisdiccional de la zona salmantina porque, observándolo en tres momentos de su historia -1140, 1162, 1225-, se aprecia con claridad el sentido de dinamismo en la evolución territorial. Pero ni siquiera entonces estaba todo cerrado aquí. Otro dato lo demuestra en esta misma zona salmantina de la que hemos hablado. En 1224, más de un siglo después de la conquista y 84 años después de la concesión del primer fuero por Alfonso VII, las deficiencias del poblamiento del alfoz de Alba de Tormes eran aún tales -pese a su casi centenar de aldeas- que Alfonso IX se vio obligado a realizar una instalación nueva de pobladores en las aldeas de su alfoz, otorgando "hereditates quas dominus noster Adefonsus Legionensis dedit populatoribus suis quibus venerunt populare in Albam"139. Y sirva finalmente otro dato para reforzar la idea de que el proceso de instalación distaba mucho de haberse cerrado pronto: en le seno de la misma ciudad de Salamanca, cuyo perímetro amurallado nuevo, que estaría en construcción por entonces, y que no estaba ni mucho menos colmatado en su interior, todavía en el siglo XIII tuvieron lugar «pueblas urbanas», o sea instalación de pobladores no ya en el área periurbana -que era lo habitual- sino en la misma área intramuros de la ciudad 140.
LA CUENCA MERIDIONAL DEL TAJO, DIFICULTADES Y NUEVAS INCORPORACIONES.
Fuera de esta subregión meridional del Duero y las Transierras, los cambios territoriales fundamentales desde la segunda mitad del XII vinieron de la mano de las guerras y asentamientos nuevos ya hacia el Tajo mismo y más al sur. Sin entrar en detalles sobre aspectos de conquista y repoblación 141 corresponde apuntar, ya que afectan a los concejos, algunos rasgos estraté- gicos de estas últimas regiones recién incorporadas a las monarquías castellana o leonesa.
La incorporación por pacto o capitulación, así como el hecho de que se quedasen algunos habitantes tras la conquista cristiana, no impidió el gran vacío demográfico de muchas zonas, como el Valle del Guadiana o el alto Júcar. Esto garantizaba la misma demanda cualitativa de pobladores que en las zonas extremaduranas y homologaba estas zonas a aqué- llas en el modelo repoblador, a diferencia de lo ocurrido en Toledo ciudad. Por otra parte, estos territorios de la Meseta Sur al sur del Tajo se incorporaron con bastantes dificultades y tuvieron que hacer frente -como un siglo antes los extremaduranos y toledanos con los almorávides- a la recomposición almohade de Al-Andalus al sur del Tajo. Por ello a los cristianos es costó incorporar estas regiones.
Así, la presión cristiana sobre la región manchega existía desde 1158, sobre todo gracias a la orden de Calatrava, pero tanto esta región como la cuenca sudoriental del Tajo tuvieron dificultades serias para ser conquistadas y repobladas por los cristianos. La villa de Huete era ya cristiana décadas atrás, y había sido objeto de primeros intentos repobladores en la época de Alfonso VII, pero no se logró consolidar hasta 1172, tras defenderla militarmente en una batalla contra los musulmanes. Uclés pasaba a manos cristianas en 1174. Cuenca era incorporada en 1177. En 1184 se conquistaba Alarcón. Sin embargo, la presión almohade no era pequeña. Existieron reveses importantes para los cristianos, como la batalla de Alarcos en 1195. Y puede decirse que hasta después de las Navas o, sobre todo, hasta que en los años 20 del siglo XIII se resquebrajó el poder almohade, los cristianos no llegaron a controlar el curso medio del Guadiana y la zona al sur del Tajo, con la incorporación de Alcaraz en 1213, Montiel en 1227, mientras que dentro de la actual región extremeña, si bien al norte estaban Coria y Plasencia, ésta desde su segregación de Ávila en 1189, al sur del Tajo la frontera no avanzó realmente hasta que se tomó Alcántara en 1213 y hasta las más tardías y definitivas incorporaciones de Cáceres en 1229, Badajoz en 1230, Trujillo en 1232 y Medellín en 1234, si bien todos estos enclaves habían sido provisionalmente cristianos en algunos años, concretamente antes de que los almohades reconquistaran muchos sitios en el momento de la mayor fortaleza del estado andalusí-norteafricano, concretamente en el difícil intervalo de 1195 a 1212.
Otra importante característica de las áreas recién incorporadas ya al sur del Tajo es que tan sólo unas pocas villas y ciudades fueron realengas: de todos los territorios incorporados desde la segunda mitad del XII hasta la conquista de Córdoba tan sólo unos pocos concejos de villa y tierra fueron realengos entre el Tajo y Sierra Morena: Cuenca -la única civitas episcopal en la cuenca sur del Tajo-, Iniesta, Moya, Alarcón, Huete, Alcaraz, Cáceres, Trujillo y Badajoz, lo que contrasta con las cuarenta y tantas villas y ciudades realengas que había entre el Duero y el Tajo. Al sur de este río, el realengo ya no predominó con claridad. Este realengo más endeble del sur extremeño actual y del histórico reino de Toledo, aparte de deberse también a la importante expansión del arzobispado homónimo, no era resultado, sin embargo, de la proliferación de señoríos nobiliarios, que fueron marginales en la región 142, sino que derivaba fundamentalmente del protagonismo que como avanzadillas militares y como fórmula de repoblación y colonización tuvieron en estas tierras las órdenes militares, Calatrava, Santiago y Pereiro-Alcántara, fundadas en 1158, 1170 y 1175 respectivamente. Se trataba de peculiares instituciones señoriales, leales y colaboradoras de la monarquía, de la que eran su vanguardia en la Meseta Sur, en las tareas de defensa de estos territorios. La colaboración se detecta por ejemplo en el plano militar. Los habitantes encuadrados en dominios de Órdenes Militares 143 participaban, por ejemplo, en el fonsato de rege, como los realengos. A veces, las casas, castillos y heredades de las Órdenes Militares no estaban encuadradas en concejos de villa y tierra y eran bienes a escala aldeana. Otra diferencia es que los castillos que las Órdenes detentaron tuvieron un papel territorial que, en cambio, tendió a perderse en los concejos de villa y tierra. Incluso se crearon encomiendas en torno a castillos. Los castillos que construyó la Orden del Pereiro-Alcántara en el reino de León, o los de Olmos o Paracuellos en la Transierra castellana por las órdenes sanjuanista y santiaguista respectivamente, daban a las fortalezas un papel que no existía en los concejos de realengo típicos del Duero al Tajo. Hay diferencias, pues. Pero los concejos de villa y tierra, o conjuntos concejiles superiores al nivel territorial aldeano, fueron compatibles con el señorío de Orden: la Orden de Calatrava tenía Zorita desde 1174 y Maqueda, desde 1201; la Orden de Santiago había incorporado Oreja y Mora en 1171, Uclés en 1174, Ocaña entre 1174-1176, y Dos Barrios, en 1201.
Pero dejando al margen estas zonas al sur del Tajo de predominio de las Ordenes Militares, que no son objeto de estudio aquí, puede decirse que los nuevos concejos realengos de la Extremadura actual - aunque éstas ya muy tarde en el tiempo: Cáceres, Trujillo- o del territorio castellanomanchego -Huete, Alarcón, Cuenca...-, pese al handicap de su tardía incorporación, pueden interpretarse también bajo los mismos esquemas que los de los concejos de la Extremadura castellano-leonesa y sus Transierras, no tanto en lo referente a sus modalidades de asentamiento agrario y poblamiento quizá, pero sí en lo referente a la organización del espacio y a las estructuras sociales y de poder, comparables en lo esencial a las de la Extremadura histórica: un territorio muy amplio y por organizar o colonizar, al que era necesario aportar pobladores; un mismo esquema de atribución del espacio -unos donadíos casi insignificantes a nobles, una simbólica reserva de dominio directo para el rey, dotaciones a la Iglesia diocesana y el resto, la gran mayoría del espacio, para los concejos-; una progresiva aunque más rápida fijación de términos 144; un territorio difícil de defender y con amplísimas áreas de pasto y forestales, aptas para aprovechamientos pecuarios y extensivos; unos grupos sociales semejantes muy conectados a una sociedad guerrera todavía o heredera inmediata de los guerreros activos; un sistema concejil que al extenderse a las villas de la Meseta Sur lo hacía asimilando la experiencia de los concejos extremaduranos pero en el mismo estadio en que se iban encontrando ya éstos, por tanto “saltándose” -si se puede decir así- la etapa de la primera sociedad de frontera... A priori, no hay por qué cuestionar que los mismos fenó- menos permitan unificar en el análisis las realidades históricas esenciales en los concejos de realengo del norte y del sur del Tajo. No es casual que Béjar, Soria o Sepúlveda acabaran adoptando el Fuero de Cuenca, el emblemático texto foral de los concejos de la Meseta Sur.
El progreso de las desigualdades y las discriminaciones.
De modo que la segunda etapa sería válida, a nuestro entender, para todo el centro peninsular y no sólo para las Extremaduras y Transierras, que cada vez eran más retaguardia. La existencia de un nutrido conjunto de fueros extensos atestigua no sólo la afinidad geográfica entre el régimen jurídico de los concejos castellano-manchegos, extremeños y extremaduranos, sino el nexo temporal entre los primerizos fueros de frontera y las redacciones más tardías y extensas, un nexo bien conocido por textos-puente o referencias explícitas. Sobre los fueros extensos hay que reseñar que su complejo proceso de formación hace que contengan disposiciones de etapas diferentes -algunas de la etapa posterior a la que examinamos ahora-, pero en buena medida puede decirse que el contenido básico de los fueros extensos refleja la situación de los concejos y sus habitantes una vez superado el primer estadio de frontera, cuando la guerra se había ido alejando como preocupación cotidiana y sobre todo se trataba ya de regular la vida material y los recursos de las villas y sus alfoces, la administración de justicia, los estatutos personales de los habitantes. Esto hizo más amplios y detallados los textos que los de la etapa anterior, aunque hay que decir que las versiones finales conocidas de muchos de ellos recogen la aportación romanista de bien entrado el siglo $\times | | |$ incluso pasado su ecuador, por lo que reflejan también la situación de la tercera etapa, ya con contenidos del reinado de Alfonso $\times ,$ que no analizamos en esta ponencia.
Es posible situar a finales del $\times | |$ las primeras redacciones extensas. La intervención de los monarcas en la elaboración, confirmación o extensión a otros núcleos de estos fueros fue muy marcada, pero no hubo unificación jurídica -en todo caso, armonización de derechos locales-, sino que se conocen varias familias de fueros bien estudiadas por los especialistas. Así, parece que unos textos castellanos de concejos de señorío, sobre todo de orden militar, fueron puente entre el primer derecho extremadurano de frontera -el de Sepúlveda o el de Soria-Medinaceli- y las futuras redacciones: Fuero de Belinchón, del arzobispado de Toledo, de 1171; Fuero de Uclés de 1179, de la Orden de Santiago; Fuero de Zorita de 1180, de la de Calatrava; y en la Extremadura aragonesa el fuero inicial de Teruel de 1177. En estos textos de transición estaría uno de los componentes - otro lo constituían disposiciones diversas contrastadas incluso por juristas en contacto con la monarquía- del que fue el principal fuero extenso de la Meseta, el Fuero de Cuenca. La redacción de este fuero, textualmente del $\times | | |$ pero que recoge realidades algo anteriores, tuvo un éxito considerable sobre todo en el área castellanomanchega -Alarcón, Alcaraz, Huete, etc.- , y albaceteña -tardíamente, Almansa, Chinchilla...- pero también tendrá ramificaciones en tierras jienenses -Iznatoraf, Úbeda, Baeza- y por otra parte, en versiones muy tardías, en tierras de la Extremadura castellana, Béjar, Soria y Extenso de Sepúlveda. Estos últimos precisamente, otorgados ya a fines del $\times | | |$ -el Extenso de Sepúlveda hacia 1300-, fueron no sólo los más septentrionales sino también los últimos vestigios de un Fuero de enorme difusión. Y las versiones conquenses tardías son como mínimo de los años 30 del XIII y se correponderían con períodos incluso posteriores a esta etapa segunda de los concejos de frontera, sobre todo al ser aplicados a núcleos manchegos y del Alto Guadalquivir. Pero, sin embargo, la génesis y el cuerpo jurídico inicial de Cuenca estaría ya elaborado hacia 1200 o poco antes y se correspondería con esta etapa intermedia, c. 1157-c.1222. Aparte del de Cuenca, sin duda el de más interés, otras familias de fueros se expandieron en la Meseta Sur castellana desde finales del XII: el Fuero de Madrid, en torno a 1200, o el de Guadalajara de 1219 se encuentran entre ellos. Por su parte, el peculiar fuero urbano de Toledo, que arranca de cartas de principios del XII y que había sido retocado con privilegios y añadidos, demuestra su vigencia en esta etapa intermedia al ser confirmados por Fernando III en 1222 los fueros y privilegios de Alfonso VI y Alfonso VIII 145. Debieron existir en el reino de Castilla otros fueros, de menor difusión que los señalados, y que se han perdido 146, aunque el texto conquense sobrevuela sobre la foralidad municipal castellana muy por encima de cualquier otra referencia.
En cuanto al reino leonés al sur del Duero se conocen varias familias de fueros cuya redacción esencialmente se correspondería con los reinados de Fernando II y Alfonso IX, aunque, como ocurre con los derechos locales castellanos, se contengan también disposiciones más tardías: los fueros de Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes se consideran fueros de la Extremadura leonesa bastante afines -lo son sobre todo Salamanca y Ledesma- y no parecen corresponderse con primitivas redacciones de fueros breves anteriores, aunque los fueros breves de Salamanca y Alba puedan haber constituido el más antiguo substrato jurí- dico. Por su parte otra familia de fueros extensos la constituye la del Fuero Extenso de Ciudad Rodrigo, de finales del XII, texto perdido pero que se conoce por su extensión a varios concejos portugueses de la zona del Côa - Alfaiates, Castelo Rodrigo, Castelo Bom, entre otros, que son de principios del XIII- y por los algo más tardíos fueros extensos de Coria, Cáceres -aunque en este caso hay un breve Fuero Latino de abril de 1229 147, quizá inmediatamente anterior al extenso- y Usagre, en la actual Extremadura 148.
Tanto los fueros como otros documentos149 permiten conocer la situación del mundo concejil en esta segunda etapa que establecemos.
Textos y documentos revelan cambios importantes en las sociedades concejiles de esta época, que parece preciso siquiera apuntar antes de referirse al sistema concejil y sus transformaciones: ruptura de la unitariedad social anterior, paso de las diferencias funcionales a antagonismos clasistas, explotación del campo por la ciudad, entre los más destacados. Todo ello refrendado por una monarquía que otorgaba o confirmaba fueros municipales, concedía privilegios de forma desigual, sancionaba y promovía medidas en esa dirección. Se trata de cambios importantes sin cuyo concurso no se entenderían las transformaciones en la vida política concejil 150.
fueros extensos dan cuenta ya de la proliferación de artesanos y comerciantes, cuyas actividades eran reguladas minuciosamente. Era evidente que nuevas fuentes de ingresos, con otra lógica de desarrollo diferente ya a la de frontera, despegaban en las economías urbanas. Esto complejizó y diversificó las sociedades extremaduranas, haciéndolas hacia 1200 menos diferentes a las del norte del Duero de como habían sido hacia 1100. Estos cambios se debieron dejar sentir en dos o tres generaciones.
Uno de los grandes cambios estructurales, silencioso pero de efecto importante tendencialmente, fue el crecimiento económico general, que afectó también a las villas y ciudades de la Extremadura histórica. El siglo XII fue un siglo de expansión económica 151. No sólo llegaron inmigrantes burgueses o ruanos -la tardía Cró- nica de la Población de Ávila los sitúa en contraste con los serranos o primigenios repobladores de la ciudad-, sino que la propia dinámica del crecimiento generó -sin necesidad de recurrir para explicarlo a la existencia de nuevas migracionessectores económicos ligados a la transformación y actividades secundarias nacidos de la propia vida urbana. Muchos se enriquecieron, al tiempo que el mercado comenzó a ser un importante complemento de las actividades militares y ganaderas. La centralidad concejil del mercado en la villa o ciudad facilitaba las cosas. Los.
Ahora bien, nos parece importante destacar que el crecimiento económico tuvo lugar en estos medios con posterioridad a haber sido definidos, ya anteriormente, los grupos sociales esenciales, por lo que éstos siguieron estructurando prioritariamente 152 el tejido social -caballeros y pecheros, continuadores éstos de los peones- y sin que hubiese desaparecido la funcionalidad básica de su origen, por lo que el crecimiento económico se acopló a la propia adaptabilidad de estos grupos. Es más, la creación de riqueza apuntaló los circuitos económicos urbanos, pero fue sobre todo una riqueza generada en el medio rural, muy ligada al aumento de la producción agraria y ganadera, como antes lo había estado a la guerra, o al binomio botín/guerra, que sin embargo no desapareció del todo ahora.
Para los efectos que aquí interesan, digamos que el despegue económico del siglo $\times | |$ , y parte del XIII, favoreció sobre todo a los núcleos capitalinos frente a sus aldeas, porque la actividad de mercado y la creación de valor añadido se concentró en aquellos. Permitió que se jerarquizaran las fortunas, que se sustantivaran procesos de acumulación diferencial de riqueza, que se ahondara la brecha material entre campo y ciudad y que se densificaran los mecanismos de extracción de renta. Para la propia monarquía los pechos de los concejos de villa y tierra empezarían a ser una fuente notable de recursos. Es posible que corresponda a la monarquía el impulso por entonces del XIII a las primeras clasificaciones entre contribuyentes o posteros, al menos con la diferenciación entre posteros y medios posteros, así como la fijación de los umbrales mínimos para no ser excusados de otros 153. Todo ello según se avanzaba hacia una normalización de unos cuerpos de contribuyentes y un régimen fiscal concejil que serían ya los característicos de los reinados de Fernando III y Alfonso $\times \colon$ importancia cuantitativa de las rentas fiscales para la monarquía; exención de los caballeros; disponibilidad por éstos de sirvientes y criados excusados, salvo cuando alcanzasen alta valía o según el tipo de bienes que tuvieran; excusados militares de los caballeros, según la calidad del servicio prestado; contribución según valía, con dos o tres escalas como mínimo. A todo ello se fue llegando ya a lo largo del $\times | | |$ , en fechas avanzadas del siglo, pero es seguro que los procesos de clarificación y escalonamientos fiscales se habían iniciado antes 154. Es lógico pensar que todas estas posibilidades de recaudación fiscal y elasticidad de grupos contribuyentes no habían existido en la primera etapa de frontera. Pero ahora, hacia 1200, ya no sólo eran posibles o viables, sino que eran tan prioritarias que requerían concreciones y precisiones. Finalmente, la creación de riqueza, que subrayamos como característica del período, fue también importante para la expansión de las rentas de los grupos destacados de la sociedad local, lo que , si duda, tenía claras repercusiones sociales, que ahora se comentarán.
Las condiciones materiales de esta segunda etapa venían, en definitiva, a ser más favorables para el aumento de los excedentes, la extracción de renta y el desarrollo de una sociedad con diferencias sociales verticales. Sobre estas últimas, es presumible que cada vez fueran más marcadas, desplazando sus antagonismos a otro tipo de tensiones propias de los momentos iniciales. Así por ejemplo, es cierto que todavía pudo haber conflictos entre miembros de distintas naturas o regiones de procedencia de los pobladores o colonos, o problemas de asimilación de minorías, como por ejemplo los mozárabes toledanos 155, pero la dinámica social, por el paso del tiempo y el crecimiento material, tendía ya a borrar diferencias de origen y en cambio subrayar las diferencias en el reparto de la renta.
Mencionemos otros cambios. Así, el aumento paulatino de propiedades privilegiadas y expansión de los dominios, eclesiásticos en particular, que se produjo ya en esta segunda etapa, contribuyó a acentuar las diferencias sociales y generó cada vez más sectores de campesinos por cuenta ajena, bien dependientes de dominios, de cabildos e Iglesia, o bien simplemente criados rurales de grandes propietarios. Es bien conocida, por ejemplo, la expansión de los señoríos capitulares de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila y Segovia desde mediados del XII en adelante, alcanzando ya en la primera mitad del siglo XIII un despliegue respetable en el espacio. Ciudad Rodrigo y Salamanca redondeaban sus respectivos Abadengos en las zonas antes citadas, en especial en el caso de Salamanca con el llamado Abadengo de la Armuña 156, que proporcionó importantes rentas agrarias y señoriales al cabildo catedralicio salmantino. Ávila se expandió a principios del XIII sobre todo por la zona oeste del obispado, en la comarca de Bonilla de la Sierra, con varios lugares. La sede segoviana expandió sus dominios en la confluencia entre los límites de los concejos de Sepulveda, Pedraza, Cuéllar y el norte del de Segovia, alcanzando en este notable espacio intersticial un gran despliegue de su episcopalía. Todo esto suponía paralelamente un incremento notable del campesinado dependiente en estas áreas de dominios catedralicios 157. Lo mismo ocurría en los territorios de la Meseta Sur. Aunque no hubo sustitución del preponderante régimen de propiedad familiar típico de las repoblaciones concejiles 158, la expansión de los señoríos eclesiásticos fue también estimable aquí en esta etapa. Así, el obispo e Iglesia de Cuenca recibieron entre 1183- 1198 importantes concesiones de aldeas y derechos 159, mientras que el señorío episcopal de Sigüenza recibió en 1166 y 1170 Beteta, Tena y otros lugares 160. Sin embargo, en la.
Meseta Sur destaca sobre todo la expansión del señorío de la Iglesia de Toledo por la cuenca del Tajo. No sólo se desplegó sobre aldeas y pequeños núcleos aislados -aunque algunos notables como La Guardia-, sino que consiguió dominar pequeños concejos de villa y tierra: Alcalá, Brihuega o Belinchón, que eran más antiguos; Illescas, desde 1176; Alamín, en 1180; Talamanca, desde 1188; incluso logró recuperar en 1214 el conjunto de 19 aldeas otorgadas por Alfonso VIII a Segovia en 1190 161. Sin lugar a dudas, el señorío eclesiástico de la sede arzobispal era la gran potencia de la subregión toledana, con miles de campesinos dependientes de su señorío 162.
Todos los señoríos de las Iglesias entre el Duero y la cuenca del Tajo se desarrollaron, pues, considerablemente, en esta etapa, a lo que hay que añadir que se perfeccionó también la percepción del diezmo a lo largo y ancho de los territorios diocesanos, por mejoras en la gestión y por mor del crecimiento material general que se ha apuntado antes. La expansión de estos señoríos episcopales -y de órdenes militares al sur del Tajo- deja en muy segundo plano otras concesiones que fueron a parar a manos de monasterios 163 o magnates 164, aunque también hay que dejar constancia de ellas, ya que contribuyeron a incrementar las desigualdades agrarias y sociales en estas regiones.
De todos modos, tales concesiones a órdenes militares, iglesias o particulares, incluso en los casos de señorío episcopal sobre concejos, en el conjunto de la región analizada apenas pueden considerarse insulares y marginales, pues en los siglos XII y XIII estimamos que no debían alcanzar los dos centenares de aldeas entre el Duero y el Tajo, aumentando a partir de éste hacia el sur. Los señoríos entre el Duero y el Tajo contribuyeron, sobre todo los dominios catedralicios, a aumentar el campesinado dependiente de algunas comarcas -incluso aunque viviese en alfoces concejiles en parte-, extrajeron renta señorial y acentuaron las desigualdades en la región. Pero básicamente no alteraron la hegemonía rotunda del preponderante realengo de la cincuentena de concejos de villa y tierra de la región, que en conjunto contenían algunos millares de aldeas y núcleos poblados del realengo concejil. Aquí las desigualdades se desarrollaron también, entre otras razones por el crecimiento económico antes aludido, pero hay que decir que no respondían a la señorialización sino sobre todo a claves de desigualdad interna, en concreto la profundización de la contraposición campo/ciudad y el despegue de los caballeros villanos, importantes acumuladores de propiedades y riqueza en esta etapa.
En efecto, otra de las grandes transformaciones del período consistió en la formación del llamado 'señorío concejil' y la discriminación de las aldeas del alfoz. Los datos que avalan esto pueden rastrearse en las fuentes y en múltiples estudios 165. El marco de la villa-y-tierra estaba creado antes, con los primeros concejos de frontera extremaduranos, pero ahora se fue llenando de contenidos. Hay unos fenómenos que no se daban en la primera sociedad pionera, pero que comenzaron a aparecer desde la segunda mitad del XII y que continuaron en el siglo siguiente. Presumiblemente una morfología de término concejil difuso, elástico y abierto que rigió en los primeros tiempos, al menos en la Extremadura del Duero -la zona de Toledo fue en esto diferente- fue siendo sustituida por una delimitación del espacio más precisa.
Se detecta desde finales del siglo XII una mejor definición de la calificación económica de los alfoces y los términos aldeanos. La fijación de los espacios de pasto y sus usuarios, de áreas de labranza y otras en las que no estaba prohibida, la distinción jurídica entre bienes comunales de los pueblos y de todos los habitantes del concejo de villa y tierra -bienes de la comunidad de villa y tierra- son, entre otros, aspectos que aparecen en las fuentes y que indican que se estaba pasando de una economía de guerra, apoyada en espacios concejiles de naturaleza pastoril y difusa, a una verdadera política económica concejil, con términos concretos, y respaldada por la monarquía. El alejamiento de la frontera y el protagonismo que tenían desde fines del $\times | |$ las órdenes militares en la vanguardia bélica liberaron a los concejos de una implicación militar permanente. Siguieron existiendo cabalgadas o algaras, esto es, incursiones rápidas en tierras almohades, y eran fuente de botín pecuario, como lo habían sido en tiempos anteriores. Pero en general y cada vez más los concejos se volcaron sobre sus alfoces y los recursos de la región más que sobre la guerra exterior. En toda esta reconversión se ha resaltado la ganadería extensiva -vacuna y ovina-, por su dimensión e incluso como leit motiv de la propia expansión cristiana hacia el sur, como subrayara J. Mª. Mínguez hace unos años. También debería resaltarse el pastoreo extensivo en el propio término y los limítrofes. Lo ordinario era que cada concejo de villa y tierra distribuía sus espacios de pastoreo interiores. Pero a veces no era suficiente. Es sintomático de estas prioridades ganaderas, por ejemplo, que en torno a 1200 proliferaran tanto concesiones de términos como pactos entre concejos para regular el aprovechamiento de pastos en los extremos y en las sierras cercanas. En 1181 y 1193 Alfonso VIII concedía a Ávila pastos comunes en Campo Azálvaro, colindantes con Segovia, y delimitaba el alfoz concejil de Ávila por el sur. Los concejos de Sepúlveda y Fresno se ponían por ejemplo de acuerdo en 1207 para compartir "de comuni" los extremos a ambos comarcanos, prohibiendo labrar en ellos. El mismo año Cuéllar y Peñafiel establecían un acuerdo similar. En 1210 Alfonso VIII confirmaba la avenencia sobre términos entre el concejo de Escalona y el de Talavera. Otro acuerdo semejante tenían por entonces Buitrago, Uceda, Hita y Guadalajara 166.
La prohibición de labrar en los extremos y comunales extraaldeanos o comuniegos -los que eran de todo el concejo de villa y tierra, no sólo de cada aldea-, que se encuentra en alguna de estas avenencias, aparece frecuentemente también en los fueros extensos. Estaban también relacionadas con estas medidas los célebres pactos o cartas de "fraternitatis", acuerdos éstos -se conocen varios de ellos entre 1190-1214, cuatro de ellos firmados por Escalona- que regulaban mancomunadamente los derechos de pasto de varios concejos próximos, la protección de rebaños, los pasos de ganado y los arbitrajes entre concejos. Las fraternitates de Escalona con Avila, Segovia y Plasencia son bien conocidas, mejor que los acuerdos que la villa toledana llevó a cabo con Maqueda y Talavera 167. Todo ello revela la importancia de las cuestiones de términos y aprovechamientos agrícolas y ganaderos en este período.
Es posible que la concreción material de los términos concejiles empezase a ser complementada además con una mayor regulación administrativa. En el concejo de villa y tierra había recaído desde siempre la responsabilidad del reparto de heredamientos y el asentamiento de pobladores, con la participación del concejo de aldea o, si se trataba de solares urbanos, de la reunión de la collación correspondiente168. Es lógico pensar que a lo largo del XII o después los concejos de villa y tierra delegaran estas funciones en manos de autoridades y oficiales como quadrilleros, quiñoneros -el quiñón era la heredad de carácter familiar entregada en el reparto- o sexmeros... Es decir, encargados en nombre del concejo del reparto de heredades y solares, según distritos o divisiones territoriales del alfoz -sexmos. Los sexmeros o quiñoneros asignarían heredades, yugadas o quiñones a los vecinos . Quizá es posterior, sin embargo, la reconversión de estos sexmos en distritos de carácter fiscal y, aún más, por supuesto, la evolución de los sexmeros desde su primigenio rol de 'locatores concejiles', podríamos decir, al de representantes políticos de los pecheros encargados de tareas de recaudación o control tributario, que pensamos que es algo relacionado con las demandas fiscales de la monarquía y por ello probablemente potenciado por ella. A principios del XIII aparecen menciones a los sexmos rurales como circunscripciones con un papel de administración fiscal, como un célebre acuerdo entre Aré- valo y sus aldeas de 1219, donde se habla incluso de sexmeros como receptores de tributos169. Pero la funcionalidad fiscal, a pleno rendimiento, de estos distritos la vemos sobre todo como uno de los desarrollos más evolucionados en la vida concejil, más propia de la tercera etapa que de la segunda y derivada de una estrategia regia determinada. En todo caso, que en los concejos de villa y tierra pudiesen haberse estructurado los sexmos al filo de 1200, o antes, emancipándose de una primera conexión topográfica con las collaciones urbanas o, en todo caso, como efecto de la profundización de los desequilibrios territoriales entre concejo cabecero y alfoz subordinado 170, también formaría parte de esta lógica. Lo mismo el hecho de que los concejos capitalinos hiciesen valer su influjo jurisdiccional, donde aún no lo tenían, así como algunas cargas fiscales, sobre habitantes que, incluso perteneciendo a señores particulares, vivían bajo el perímetro del alfoz. Una carta regia de 1207, por ejemplo, establecía que todas las aldeas del término de Toledo sirviesen al concejo de la ciudad, aunque perteneciesen a otros señores 171.
El concejo urbano reafirmaba su influencia sobre el territorio de su alfoz, aunque en este punto cabe hablar, más que de tendencias redondas, de tensiones y conflictos jurisdiccionales entre el concejo de villa y tierra y los señoríos particulares que disponían de bienes, heredades y aldeas dentro del área del alfoz. La competencia entre concejos de villa y tierra y señoríos salpicaba al propio rey, titular indirecto del realengo concejil y perceptor de pechos regios. Por eso es quizá más achacable al rey que al concejo mismo una medida que aparece en algunos fueros y que representa un condicionamiento al uso libre de la propiedad: la prohibición a particulares y concejos de aldea de enajenar o permitir enajenar bienes a personas e instituciones que no fueran pecheros del concejo y por tanto vasallos o contribuyentes regios, penalizando también en consecuencia a los que se pasasen a señorío, aunque la norma distó mucho de aplicarse rigurosamente 172.
Pero al margen de la competencia concejo/señoríos no había tantas incertidumbres en la relación entre el concejo capitalino y los concejos aldeanos integrados en su alfoz. En este período se materializó una subordinación que se tradujo jurídicamente. Los concilia aldearum quedaban supeditados a las decisiones del centro principal, como ejemplifica bien el fuero conquense 173 o los de la Extremadura leonesa 174, al tiempo que los habitantes de los pueblos fueron discriminados fiscalmente, pagando tributos más onerosos que los de la villa y gozando de menores exenciones. Aparte de la inferioridad fiscal y en los procesos judiciales o en su estatuto penal, procesal o de pignoración 175, al aldeano se le coartaba en términos diferenciales la capacidad de excusar a criados, o se le limitaba el derecho a adehesar prados en comparación con los de la villa, vecinos o caballeros de ella 176. El estatuto inferior del aldeano, y del concejo de aldea respecto al capitalino, se traduciría también en el plano de la participación política, como se indicará posteriormente.
Junto a esta nueva correlación villa/tierra de carácter discriminatorio, el ultimo gran cambio a reseñar en el período fue la reconversión del papel social de los caballeros villanos. Los caballeros, aunque siguieran realizando algunas incursiones en búsqueda del botín de guerra -adquiriendo con ello ganado- sobre todo hicieron depender sus economías de la gestión de sus propiedades y de los efectos a su favor de las relaciones campo-ciudad. Se especializaron en las tareas de vigilancia de términos o de rebaños -sculca, rafala- y obtuvieron a veces la percepción del montazgo, o derecho de paso por el término concejil de ganados de fuera que iban a los extremos. Hay que tener en cuenta que para estas tareas de vigilancia, que eran estratégicas en aquellos espacios abiertos, las disposiciones forales solían exigir un mínimo de cabezas de ganado -un mínimo de cien ovejas, según algunos textos, para poder realizar sculca o servicio de vigilancia- y la posesión de caballo adecuado, debiendo retribuir el resto de los dueños del ganado a los caballeros por su actividad, tal como establecían entre otros los fueros de la familia de Riba Côa, y de Cuenca, así como Molina, que establecía cien mrs. de soldada por la tarea. La caballería ligera se fue reorientando hacia la vida pastoril local, la conducción de rebaños por las sierras y cañadas, las expediciones rápidas dirigidas por jueces y adalides y la organización de la defensa o apellido en situaciones difíciles, pero con la prioridad en la protección de los propios términos más que en la guerra exterior. Otra de las transformaciones relativas a los caballeros se refiere a la mayor rigurosidad para disfrutar de la condición, de modo que si en la primera etapa de frontera el sesgo normativo era el estímulo de la caballería casi indiscriminado, o a partir de una mínima base de supervivencia doméstica, ahora, desaparecidas las premuras de los tiempos pioneros, se prefería exigir requisitos sin cuyo cumplimiento no se reconocía la condición de caballero. Al identificarse ésta ya con un estatuto privilegiado, se fueron exigiendo ciertos niveles de riqueza para poder disfrutar de las máximas exenciones: aparte de un equipamiento de calidad, se exigía una capacidad económica; "el cavallero que cavallo tovier de $X$ maravedís non peche", especificaba el Fuero de Salamanca; y un documento de Ocaña de 1210 situaba el valor del caballo en un mínimo $1 2 \ m r s$ . para gozar de la exención 177. En las referencias de la primera mitad del siglo XIII el valor del caballo era de 15-30 mrs.
Los caballeros no eran contemplados ya como simples jinetes funcionales, como en la etapa anterior, sino que empezaban a ser concebidos como un grupo socialmente destacado. Se les daban privilegios diferenciales -mejor estatuto personal, procesal o fiscal, en comparación con el resto de los vecinos-, pero se les exigía una distinción como grupo alto de la sociedad concejil. Los caballeros obtuvieron la exención personal, aunque se les exigían requisitos 178. Habían ido obteniendo además la capacidad de $\mathsf { e x }$ cusar a sus criados. Referencias de Ledesma, por ejemplo, sitúan en la época de Fernando II esta facultad 179, aunque probablemente la generalización y las concreciones correspondan más bien al reinado siguiente 180. El Fuero de Ledesma hacía depender además la cantidad de criados o excusados del caballero, en un margen que oscilaba entre dos y ocho -un margen con el que ningún simple vecino postero podía competir-, del precio y calidad del equipamiento de éste 181. En otros casos no había limitación al número de ${ \mathsf { e x c u - } }$ sados. De hecho, aunque los fueros no solían impedir a los simples vecinos la capacidad de excusación, se identificaba cada vez más, eso sí, a estos grupos de excusados con los privilegios de los caballeros villanos 182. Es posible que también fraguase por entonces en algunos sitios una mayor capacidad de adehesamientos privados por parte de los caballeros, o incluso práctica exclusividad en ello, aunque esto último más bien parece -no estamos seguros- una conquista jurídica posterior del grupo.
Faltaba aún el espaldarazo regio definitivo a los caballeros villanos como estamento jurídico, pero era claro que todas las tendencias indican que se despegaban del resto de la sociedad concejil. Es probable además que fuera en este período cuando se produjera la identificación estable de los caballeros con la residencia capitalina, «villana», en el nuevo sentido, esto es, en la cabeza del concejo, abandonando las aldeas. No es que no hubiera algunos caballeros en las aldeas. De hecho, fueros tardíos como el de Baeza, y los de la familia de Ciudad Rodrigo-Cima $\mathsf { C } \mathsf { \hat { o } a } ^ { 1 8 3 }$ y otros, como Alarcón 184, los mencionan, incluso parte de ellos nutrirá, junto con los de la villa, la "caballería de cuantía" 185. Pero es posible que no sólo la cercanía al poder de los cargos de la villa -que ahora se comentará- sino el hecho mismo de que la residencia en la villa fuera ya un aliciente importante en sí mismo 186, estimularían sin duda la progresiva identificación virtual de los caballeros con las capitales concejiles. Es presumible que en esta etapa los caballeros, privilegiados y enriquecidos ya, residentes no exclusiva pero sí preferentemente en las villas y ciudades, se alejasen del mundo del trabajo y constituyeran ya una élite social.
Fueron convirtiéndose también en una élite política, aunque, como veremos en el epígrafe siguiente, no cerrada ni exclusiva.
¿Concejos participativos u oligárquicos?
Teniendo en cuenta el telón de fondo de estas transformaciones puede entenderse la evolución de las estructuras de poder concejiles en esta etapa. Para analizarlas, el baremo de los requisitos del sistema concejil no es el más significativo ya en esta segunda etapa, puesto que se habían afirmado con anterioridad. Aun así, apuntemos que la autonomía concejil, ya considerable antes, se robusteció aún más. La propia inercia llevaba a ello. Pero hay que considerar que la creciente importancia económica -tributación a la monarquía- y política -juego de alianzas entre fuerzas del reino- de las villas y ciudades de la zona se vieron traducidas en la segunda mitad del XII y primeras décadas del XIII en refuerzo de su autonomía. Desde este punto de vista, el ciclo de expansión y crecimiento general de la época convergió con la propia lógica de la frontera como estímulo político.
Los indicadores de tal autonomía municipal son numerosos. El hecho mismo de que las propias comunidades concejiles hayan participado en la elaboración de la principal fuente de derecho local por la que se regían, esto es, las cartas forales, es reveladora de esta autonomía. Es cierto que no siempre era así, ya que el monarca otorgó fueros casi de oficio, que siempre era obligada la confirmación formal por el rey y que en muchas redacciones, sobre todo tardías, se nota la mano de los legistas de la corte. Aun así, hay indicios de que un cierto papel de los propios concejos no es descartable y merece ser enfatizado, pues denota una participación de las poblaciones en la elaboración de normativas complejas que resulta cuando menos llamativa en una sociedad feudal 187. Otro indicador se refiere al significativo deterioro de la figura del tenente o senior, autoridad del realengo, que al principio tutelaba la organización concejil, pero que ahora estaba muy controlado por el concejo, lo mismo que sus agentes. El dominus villae o senior, que tenía el honor o tenencia de la villa en nombre del rey, vio prácticamente anuladas sus ya limitadas funciones de puente de unión con el poder superior regio. El concejo mismo era ahora el interlocutor del rey. El cargo de senior se fue concibiendo cada vez más como una vía de obtener rentas y cada vez más importaba la condición nobiliar del titular -aparte de senior, llamado desde el XIII ricohombre más que tenens o dominus- que la función, ya innecesaria y totalmente alejada del gobierno municipal, aunque respetada. Tanto los fueros castellanos como los de la Extremadura leonesa recalcan la anulación política de esta figura, sobre la que hay indicios de que apenas acudía a la villa o ciudad poco menos que de visita 188. Los agentes u oficiales delegados de la institución del senior -juez de palacio, si existía, merino- desaparecieron o quedaron subordinados a las autoridades locales 189. Aunque en la primera mitad del XIII existía en algunas ciudades un juez regio, distinto del juez local o juez de la enseña, puede decirse que el gobierno local recaía ya esencialmente en los cargos locales.
El esquema de autoridades concejiles locales, que en el realengo eran elegidas por los convecinos 190, venía a ser semejante: un juez local, máxima autoridad concejil, que portaba la enseña del concejo y eventualmente dirigía la milicia local, pero de poder cotidiano menos sustantivo; varios alcaldes locales 191, u oficios afines 192; alcaldes que eran escogidos por collaciones normalmente 193, con atribuciones judi
189 Sobre los merinos y otros agentes del palatium, que apenas tenían funciones en los concejos de villa y tierra, si es que existían, Fuero de Cuenca, cap. I; cap. $\times { \times } | | |$ , $\times \times$ El merino podía estar en el corral de los viernes porque tenía que fiscalizar los intereses del palatium. El cargo de merino estaba tan mal considerado que los fueros de Ledesma, Alba y Salamanca castigaban a cualquiera de sus vecinos -derribarían la casa y considerarían alevoso y traidor- que ocupase el cargo de merino, Fuero de Ledesma, tít. 142; Fuero de Alba, tít. 43; Fuero de Salamanca, tít. 231. Es algo simbólico, pero representativo. En este último concejo de Salamanca Alfonso $\big | \big >$ suprimió en 1218 un cargo un tanto extraño, el de «alcalde perpetuo» - o alcaldiam in perpetuum-, que seguramente era un agente del tenente, encargado de recaudar los derechos de éste, que el concejo directamente pagaría al suprimirse aquél: "quod mihi sepe fecit concilium de Salamanca, tollo inde alcaldiam in perpetuum, ita tamen quod concilium singulis annis det illi qui terram de me tenuerit [es decir, el senior o tenente] quingentos morabetinos", Alfonso $| X ,$ ed. J. González, doc. 367.
190 Quizá esto difiera algo en los concejos de señorío. En los concejos de las Órdenes Militares había varias fórmulas, aunque era habitual (Alhóndiga, 1170), que participaran a medias el concejo y el señor en la designación. El maestre de Santiago en Uclés dio al concejo fuero en 1210 por el que era el comendador de esta villa el que designaba los cargos anuales: "Et comendator qui ibi fuerit habet mitere unoquoque anno iudicem de una collatione et alcaldes de alia", Alfonso VIII, ed. J. González, III, doc. 868. En Trevejo, una encomienda y concejo al norte de Cáceres perteneciente a la Orden de San Juan, cuando recibe fuero en 1228 se establece que el concejo escoja varios hombres que presentarían al comendador de Trevejo para que éste escogiera alcaldes y juez, Libro de los Privilegios de la Orden de San Juan, ed. C. Ayala y otros, doc. 248. En los señoríos eclesiásticos la situación era la más inclinada hacia el titular del señorío. En Brihuega era el señor, arzobispo de Toledo, el que cada año daba los alcaldes. En San Martín de Valdeiglesias, según el Fuero de 1205, "et abbas ponet ibi iudicem et alcaldes suos singulis annis, quos uoluerit", Alfonso VIII, ed. J. González, III, doc. 772.
191 También existían en los concejos de señorío, vid. nota anterior. Los fueros de señorío de Belinchón, de 1171, y Uclés, de 1179, establecían que el senior o su tenente no interfiriera en las deliberaciones de los alcaldes en sus sesiones de los viernes, y esto se daba también en el realengo: "senior de villa non vedeat cum alcaldes in die veneris", Fuero de Cuenca, cap. XXIII, rúb. XIX, XX.
192 El nombre ordinario de los oficiales encargados de la administración de justicia era el de alcaldes, alcaldes concejiles. En cuanto a otros oficiales afines a los alcaldes, en Salamanca por ejemplo los justicias, elegidos de la misma manera que los alcaldes, colaboraban con ellos. En otras partes auxiliaban a los alcaldes los jurados municipales, asimilables a los justicias salmantinos. De todos modos, jurado tenía otros significados: cualquier oficial que hubiese «jurado» su cargo en el concejo lo era; y genuinamente, había jurados, uno o dos, en las aldeas, con una misión de gestión de término y de servir de enlace de cada aldea con el concejo capitalino. Por otra parte en la primera mitad del $\times | | |$ se documentan alcaldes de germanitate, o alcaldes de hermandad, que parecen relacionados con litigios entre grupos internos de la ciudad y forasteros, o bien con asuntos jurisdiccionales especiales referidos al mercado y materias afines.
193 Según el modelo de Cuenca y su extensa familia foral, cada collación escogía anualmente su alcalde -en Cuenca concretamente eran 12-, Fuero de Cuenca, cap. $\mathsf { X V I } ,$ , rúb. III, IV y V. Otra variante es la del Fuero de Salamanca, donde el número de alcaldes, también renovables anualmente, se correspondía con las 7 naturas o comunidades de habitantes de la ciudad, Fuero de Salamanca, tít. 297. Cada uno ponía un alcalde y un justicia -o jurado- cada año, algo que la propia documentación corrobora, vid. supra nota 78. Otra situación la reflejan los fueros de la familia Coria-Ciudad Rodrigo-Cima Coa, que pasa también a Cáceres-Usagre. El Fuero de Alfaiates menciona la forma de elegir alcaldes: "Et alcaldes sint de unaquoque scismo duo, et totos per cismos et per suas directuras", Fuero de Alfaiates, p. 813. Unos parágrafos más adelante se especifica que los alcaldes eran 12. Según esto habría seis scismos, cada uno con dos alcaldes. El problema es saber que son los scismos. Aparentemente podrían traducirse por "sexmos". Pero no es seguro que se trate de la acepción habitual de la palabra sino de algo semejante más bien a agrupamientos vecinales amplios, al modo de las naturas salmantinas, aunque respondieran a otro tipo de alineamientos, no necesariamente de base aparentemente étnica como estas naturas salmantinas -llamadas por cierto sesmos en algunas versiones de su fuero. Cada sesmo o natura, comunidad de habitantes, elegirían sus alcaldes, tanto en Salamanca como en los fueros de Coria-Cima Coa. Estaría en relación con los Sex, elegidos por los scismos, que aparecen en esta familia de fueros de Cima Coa (cfr. infra, nota 221). Sin embargo, otro precepto del Fuero de Alfaiates sugiere que los alcaldes de la villa salían de las collaciones: "et las collationes de la uilla dent suo alcayde $^ { \prime } =$ alcalde)", Fuero de Alfaiates, p. 844. O sea, la misma situación que se daba en Salamanca en relación con el juzgado, que por un lado se relacionaba con las naturas y por otro con las collaciones (cfr. nota 76), lo que nos sugería por un lado que una y otra base electoral -la de las collaciones es la pauta habitual en otros concejos- no fueron del todo incompatibles, o no siempre, en la ciudad del Tormes y además que podrían representar dos momentos diferentes de la historia concejil. Quizá esta dualidad para elegir alcaldes -sesmos para elegir sex y alcaldes; collaciones para elegir alcaldes- es lo que refleje también este fuero portugués.
ciales e incluso normativas 194, y una variada gama de oficios concejiles menores, como sayones, alguaciles, fieles, jurados, etc., en cuyas atribuciones no entraremos, pero que, a los efectos que aquí interesa destacar, completaban el cuadro de la administración concejil en un contexto de altísima autonomía municipal prácticamente general.
En cuanto a los otros requisitos mínimos del sistema concejil, afirmado ya en la etapa anterior el marco de villa y tierra, interesa sobre esto apuntar que se iba a producir una profundización de las desigualdades entre una y otra. En relación al estatuto vecinal, la época de los fueros extensos es sin duda la que más desarrolla estos aspectos, con prolijas y detalladas precisiones. Ahora se mencionará la importancia del estatuto personal en la vida concejil. En general, por sintetizar el perfil de este requisito, el del estatuto personal, se vislumbra en esta etapa evolucionada la extinción de los derechos de asilo extremos y las exenciones generalizadas a los recién llegados, propios del primer derecho de frontera; ahora se mantenían las ventajas jurídicas básicas de la población, sus derechos de propiedad y movilidad, sus privilegios judiciales, etc., pero lo novedoso fueron las diferenciaciones y discriminaciones concretas entre las categorías de habitantes.
El baremo de la 'participación' de los grupos sociales en las instituciones del concejo resulta mucho más revelador que el de los 'requisitos mínimos del sistema concejil' para ponderar las transformaciones de este segundo período. Es el baremo más adecuado para valorar el grado de democratización del régimen concejil, problema distinto al del grado de autonomía. En este sentido, cabe hablar como gran tendencia en esta segunda etapa del surgimiento de una división técnica y social del trabajo institucional concejil, con discriminaciones explícitas y elevación al poder de algunos sectores minoritarios; y, junto a ello, el estrechamiento de la comunidad política, con el deter ioro de los antiguos mecanismos más asamblearios, abiertos y participativos. Nuestra interpretación viene a defender para este período la idea de marginación política de los aldeanos y las ventajas diferenciales de los caballeros, pero al mismo tiempo el todavía consistente poder político vecinal urbano y la ausencia de monopolio o patrimonialización de los cargos por los caballeros villanos, como se ha sugerido en ocasiones. Veamos en qué medida se dieron estas tendencias.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el estatuto jurídico personal funcionaba como un filtro de la participación política. El estatuto jurídico se concretaba en diversos tratos relativos a la capacidad procesal, penal, de exención, etc. 195, que difería de unos a otros habitantes o vecinos, en el sentido impreciso y coloquial de la palabra. Los fueros extensos, estudiados por diversos autores desde este punto de vista, permiten concretar esto. Es asombrosa la cantidad de matices y reglamentación que le dedican los fueros extensos. El problema es que las reglas rara vez conectan esta cuestión del estatuto con la estructura del poder. La ecuación debe hacerla el historiador, teniendo también en cuenta lógicamente el marco institucional y las relaciones de poder.
Pues bien, podríamos decir que el estatuto personal, que reflejaba diferentes situaciones de la posición social, operaba además -y es lo que a nosotros nos interesa aquí- como criterio de discriminación política. Se puede comprobar al analizar el alcance diferencial del derecho municipal sobre los grupos sociojurídicos y ver la jerarquía entre ellos en cuanto a derechos. Excluyendo situaciones excepcionales - como la ocupación de un cargo por un vecino, que le haría ser "vecino privilegiado" temporalmente, por ejemplo -mientras ocupase el cargo-, excluyendo también a clérigos y minorías étnicas, por otra parte ajenas a la organización concejil, la población cristiana y laica, que los derechos locales contemplan, sintéticamente puede verse clasificada desde el punto de vista estatutario en los grupos reflejados en la Figura 6.
En las villas o ciudades, capitales de los alfoces, se distinguía jurídicamente un sector de vecinos privilegiados. Los caballeros villanos se encuadraban en él y -junto a los eclesiásticosgozaban del mejor estatuto. Existían también vecinos de pleno derecho, llamados «vecinos posteros», que pechaban -la posta es la pecha-, con casa, bienes imponibles y una mínima antigüedad en la ciudad o villa, que eran normalmente los típicos requisitos de la «vecindad» en sentido estricto, con muchos matices y detalles en los que no entraremos aquí. En tercer lugar, los moradores y similares estaban carentes de alguna condición de vecino, o eran recién llegados sin plenos derechos aún. En los pueblos del alfoz los aldeanos eran propietarios o arrendatarios que gozaban de independencia económica. Aunque es posible que en muchos sitios se les reconociese la misma condición que a los posteros de la villa, la tendencia, como se ha apuntado más arriba, iba en la línea de que tuvieran peor condición jurídica que los vecinos de las villas o ciudades. Estas cuatro categorías eran regladas por el derecho municipal y el régimen concejil, su personalidad jurídica básica estaba reconocida expresamente y se pueden considerar en cierto modo vecinos 196 en sentido amplio (A).
Una quinta categoría la constituían apaniguados, sirvientes y criados rurales -llamados a veces aportellados de vecino-, en una amplia gama de oficios: yugueros, hortelanos, pastores de ganado ajeno, etc., siempre que no tuvieran independencia económica. A veces se les llamaba a estos criados "solariegos" o "collazos", pero no deben ser confundidos con el campesinado dependiente señorial, que podía recibir también estos nombres. Estos criados rurales que eran aportellados de vecino dependían también del derecho municipal o concejil (B), cuyas normas les afectaban directamente, y sus instancias de gobierno y judiciales, pero, a diferencia de los primeros, los criados estaban mediatizados por aquellos para quien trabajaban, ya que los dueños -de las casas, heredades o ganados- para los que trabajaban tení- an, en tanto que vecinos, bien simples vecinos o caballeros, el privilegio de poder excusar fiscalmente, siquiera de forma parcial, a sus criados y por ello estos últimos eran también conocidos como excusados de vecino, o excusados de caballero, si tenía el dueño esta condición. Estaban ligados a sus empleadores por contratos de servicios 197. A los integrantes de esta quinta categoría les alcanzaba el régimen concejil y el gobierno municipal.
En sexto lugar, bajo dependencia dominial de señoríos dentro de un alfoz, cabe hablar de los «campesinos-vasallos», insignificantes en los concejos pioneros, pero más consistentes en esta segunda etapa. Las fuentes hablan de solariegos, que, estos sí, eran "campesinos-vasallos" -como los denominara J.L. Martín para referirse a campesinos encuadrados bajo señoríos territoriales. Los señoríos eclesiásticos tenían sus excusados, pero estos trabajadores de tales señoríos, que trabajaban en aldeas o heredades de cabildos y obispos, por ejemplo, dependían de la jurisdicción señorial, a diferencia de los criados o excusados de un vecino, quienes dependían del concejo. En realidad, dado que los "campesinos-vasallos", aunque trabajando hereditates señoriales, convivían en aldeas y comarcas con otros campesinos que sí dependían del concejo y el fuero, por estar encuadrados unos y otros en el alfoz concejil, por disfrutar de bienes en común e incluso a veces -aunque trabajasen también heredades de señores- por tener sus tierras propias en lo concejil, lo normal es que muchos de estos campesinos-vasallos tuvieran dualidad estatutaria, dependiendo de sus señores, por ser vasallos de su dominio, pero también del concejo de villa y tierra y el derecho local, según casos, por tener intereses y relaciones en el alfoz concejil (C).
Todas las categorías citadas hasta ahora pueden considerarse dentro del alfoz del concejo de villa y tierra, o cuando menos afectadas por lo que en él existía, y por eso a todas, aunque en grado diverso, les afectaba el gobierno del concejo, el derecho y la justicia municipales y los aprovechamientos de los recursos del alfoz (D), aunque a la última categoría, sobre todo vasallos de dominios catedralicios, les afectaría lo concejil sólo muy indirecta y levemente, en algunas circunstancias. Se señala aquí una séptima categoría, de campesinos bajo señoríos jurisdiccionales o inmunidades que quedaron totalmente al margen de alfoces concejiles, sin contacto con éstos y ajenos a cualquier derecho municipal. De todos modos, se menciona esta última categoría, que es muy abundante en el norte de los reinos de Castilla y León, casi a título de inventario referida a territorios del sur del Duero. Se trata de habitantes a los que afectaría sólo el derecho de sus señores (E), el de lo que se llama en otras latitudes Tierra Llana, que quedaban fuera de cualquier derecho concejil. En el sur del Duero como decimos, apenas hay comarcas no avillazgadas, ya que incluso los concejos señoriales de Órdenes militares solían estar organizados también en concejos de villa y tierra, pero este estatuto sí podría aplicarse a la situación de algunos campesinos que constituyen islotes totalmente inmunes de otras jurisdicciones al margen de las concejiles: pequeños cotos monásticos, algunas encomiendas no organizadas en concejos de villa y tierra, esto es, casos quizá como los de los campesinos no avillazgados del "Partido de Alcántara" o los campesinos señoriales del coto de Valdeiglesias...
Pues bien, de las siete categorías que se citan sólo las cuatro primeras estaban en condiciones que participar en las instituciones concejiles. Los campesinos dependientes y los mismos excusados de vecino tenían anulada su personalidad política. De los cuatro grupos polí- ticamente vivos, digámoslo así, el de morador era poco importante desde el punto de vista social, por su inestabilidad o transitoriedad, mientras que el más numeroso y consistente, el de los aldeanos independientes, es, según entendemos, el gran perdedor en esta segunda etapa. Los vecinos urbanos, en cambio, no habrían sido $\mathsf { e x }$ cluidos de las instituciones todavía. Eclipsados por el auge caballeresco, todavía mantendrían resortes de poder estimables. Se puede deducir esto observando los diferentes ámbitos en que se concretaba la vida política concejil: concejos aldeanos y collaciones urbanas; asambleas concejiles; juntas; cargos u oficios municipales.
En la ciudad, que también incluiría el anillo periurbano, no sólo los espacios intramuros, la collación era la instancia más cercana. Como se ve en los fueros de la Extremadura leonesa, en ellas están encuadrados -y era obligado que así fuera 198-, los vecinos urbanos, tanto los privilegiados como los simples vecinos. La collación funcionaba como base administrativa primera 199, era una unidad de empadronamiento y a ella se había trasladado la solidaridad colectiva ante el impuesto. Pero no era tanto unidad de detracción como ámbito administrativo de gestión y recaudación 200. En la collación se tomaban pequeñas decisiones sobre gestión tributaria, o vigilancia de los bienes de los vecinos 201. Era también un ámbito operativo en lo relativo a los pleitos de avenencia y justicia de paz, aquella en la que participaban «hombres buenos» en pequeños litigios 202, así como en la colaboración de la persecución del delito, las mismas funciones subalternas más o menos que tenía el concejo de aldea, con el que en su respectivo ámbito rural se puede asimilar la collación urbana 203. El concejo de aldea, por su parte, gestionaba comunales de aldea, si los tenía, establecía controles y vigilancia de términos, resolvía litigios civiles de poca cuantía y avenencias. Ahora bien, al habitante de la collación urbana -no así al del concejo de aldea- le correspondía una función política no desdeñable, como era cierto papel en la designación de cargos concejiles. En su seno se escogían los alcaldes y juez, por sorteo, rotación o elección. Esta fue la regla en todas partes. Es verdad que en algunos fueros de la Extremadura leonesa, como Salamanca o Ledesma, estos oficiales rotaban por naturas 204, pero fuera de esta especificidad, no incompatible con la rotación entre collaciones, puede asegurarse que la collación era la base del cuerpo electoral para escoger jueces y alcaldes, las principales autoridades locales, aparte de oficios menores. El Fuero de Cuenca y su familia permiten constatarlo y se desprende además que no era siempre un mero trámite 205.
La asamblea concejil o concejo, en que se reunían los vecinos de la villa o ciudad, no es fácil percibirla en los textos. La palabra «concejo» puede ser simplemente equivalente a la referencia de la localidad o a las decisiones tomadas pero no necesariamente por la asamblea 206. Cuando sí se trataba de una instancia concreta, su toma de decisiones se diferenciaba de las que tomaban oficiales específicos, como jueces y alcaldes, o juntas. Y aunque solían converger las iniciativas de unos y otros 207, y se daba la colaboración con los oficiales, como por ejemplo cuando el concejo desempeñaba algunas fun
200Ibid., Fuero de Salamanca, tít. 310, 125.
205Fuero de Cuenca, cap. $\times \veebar$ , rúbs. I, III, IV, entre otras. Cfr. infra, sobre elección de jueces y alcaldes. Concretamente en la rúb. II se dice que la collación a la que correspondiera ese año el juez, que iba rotando, lo escogiera, si cumplía los requisitos (cfr. infra), se supone que poniéndose de acuerdo. Y esto se desprende porque el Fuero ha previsto la posibilidad de discordia en el seno de la collación, en ese caso solventada por la decisión de cargos salientes y la suerte; no importa tanto esta solución como el hecho de que se supone que los vecinos de la collaciones ejercían algo así como una discusión política para designar al candidato: "Verumptamen si aliqua collatio supredicta die in iudice dando discors fuerit, iudex et alcaldes preteriti anni eligant eum iactando sortes super quinque homines illius collationis unde iudicatus esse debuerit..", cap. $\times \vee$ , rúb. IIII, y lo mismo para el alcalde de aquella collación que no lograba ponerse de acuerdo, ibid., rúb. V.
206La escribimos en cursiva en el texto principal si la palabra se refiere a la instancia asamblearia específicamente y no es una denominación genérica del municipio, que es como suele aparecer. Vid. un ejemplo del doble significado en este artículo del fuero salmantino: "Toda cosa que vieren los alcaldes e las justicias que derecha es por proy de conceio [significado genérico, como entidad municipal], por la iura que an fecha (sic) el concejo [institución concreta, la asamblea] e los alcaldes e las iustitias", Fuero de Salamanca, tít.174.
207"Plogó al conceio de Salamanca e a los alcaldes...", Fuero de Salamanca, tít. 194. Quiere decir que tanto la asamblea como los alcaldes en este caso tomaron esa decisión.
ciones judiciales 208, no debe olvidarse que el concejo, depositario último de la soberanía del concejo, era una institución efectiva y sustantiva a la que se podía apelar incluso para protegerse de las acciones de los oficiales municipales 209. Aunque el concejo tenía limitadas las atribuciones judiciales, ya que la justicia local era responsabilidad de los alcaldes 210 y tampoco era una instancia que impusiera ordinariamente cargas o tributos, el concejo sí tomaba decisiones sobre el gobierno de la comunidad, sobre los recursos económicos y, muy especialmente, estaba directamente implicado en el reclutamiento de los cargos. Este último aspecto merece ser destacado. Los cargos o portiellos municipales, renovados cada año, debían ser aclamados en concejo y sólo este podía prorrogar a algunos en sus cargos: "Sequenti die dominica post festum Sancti Micahelis concilium ponat iudicem et alcaldes, notarium et questores (andadores), sagionem (sayón del concejo) et almutazaf (almotacén), "Quolibet anno ideo dicimus, quia nullus debet tenere officium concilii, siue portellum, nisi per annun, nisi totum concilium acclamauerit pro eo", indica el Fuero de Cuenca y era regla generalizada 211. Las atribuciones de la asamblea concejil alcanzaban incluso a la revocación de cargos electos 212.
Salvo que las fuentes sean pura ficción, hay que valorar el gran significado político de las asambleas o concejos. El poder residía, también -podríamos decir- en ellas, no había sido sustraído por otras instancias. Ahora bien, socialmente, ¿a quién servían? Los participantes eran los vecinos urbanos, pero todos los que cumplían los requisitos de la vecindad, no sólo un puñado de vecinos privilegiados. El carácter abierto y todavía unitario -pero no ya en el plano de la villa-y-tierra sino sólo entre los vecinos urbanos- debe ser valorado. El concejo venía a ser un ámbito de sociabilidad y de toma de decisiones que los caballeros y los demás vecinos compartían. En este sentido, el concejo de vecinos de los siglos XII y XIII no es asimilable a los ayuntamientos -también se pueden llamar concejos- o asambleas que celebrarán los pecheros bajomedievales en algunos sitios. En el concejo plenomedieval - el de 1200, por tanto no los ayuntamientos o concejos pecheros de 1400 213-, la asamblea incluía tanto a caballeros como a vecinos. Representaba una forma de poder vecinal y de control de los cargos, una fórmula que mientras tuvo existencia nos impide calificar a los simples vecinos urbanos como políticamente anulados o derrotados.
Desde el punto de vista morfológico apenas se sabe nada del funcionamiento concreto de estas asambleas o concejos de los vecinos. Se presupone que actuaban más por aclamación que mediante recuentos de votos, práctica ésta extraña al mundo asambleario de la época, aunque válida en órganos más restringidos. El concejo tendría un lugar de reunión establecido y consuetudinario, pero hay referencias según las cuales las autoridades podían convocarlo en sitio distinto 214. Quizá esto se refiera a reuniones extraordinarias. En realidad, aunque es algo un tanto oscuro, parece que pudo haber en una misma villa o ciudad más de un tipo de asamblea. A veces se habla del concejo mayor, que podía ser la típica reunión general celebrada los domingos al salir de misa, y al mismo tiempo de otro tipo de reunión o concejo celebrado por los vecinos otros días. Pero esta periodicidad no parece que fuera regla fija. No puede afirmarse que la expresión concejo mayor se reservase sólo para ocasiones excepcionales o solemnes y el resto fueran simplemente concejos. Las fuentes no permiten saberlo, sin embargo, con precisión. Pero, aunque no necesariamente se darían en todas partes, sí podríamos decir que hay constancia de ambos tipos de reuniones, una más amplia, ya fuera excepcional o sencillamente la reunión dominical ordinaria, y otra quizá más reducida y celebrada en otros días215. El Fuero de Alba es uno de los más explícitos al mencionar dos tipos de reuniones semanales del concejo 216.
Es posible que la duplicidad o variedad de asambleas o concejos pueda explicarse dentro de una tendencia secular de deterioro o reconducción de la participación vecinal directa. Los textos forales ofrecen desgraciadamente una imagen tardía, plana y estática, no captan diacrónicamente los procesos habidos. Quizá en los primeros momentos se recurriera a realizar asambleas masivas de los pobladores para resolver los asuntos de la comunidad. Incluso no es descartable que acudieran aldeanos. Con el tiempo, en la etapa que estamos analizando, en el horizonte de c. 1200, la situación sería ya estable, se habrían desarrollado las atribuciones de otros segmentos institucionales, que resolvían los asuntos diarios -alcaldes y oficios menores- y la asamblea masiva, al tiempo que exclusivamente del núcleo capitalino, habría ido quedando como una pieza del sistema polí- tico concejil, todavía válida, pero no siempre ya operativa. Los vecinos más destacados probablemente preferirían hacer recaer la toma de decisiones colectivas en instancias más pragmáticas. Todo ello quizá explique que el concejo se desdoblase en algunos sitios entre un concejo mayor amplio y solemne, pero reunido con mayor raridad o protocolariamente, y un concejo más funcional, abierto por supuesto, pero en el que se resolviesen asuntos con mayor fluidez. Pero estaríamos hablando no de una escisión formal del concejo en dos clases de reuniones orgánicamente distintas, sino de una misma institución colectiva con proyecciones institucionales diferenciadas.
Todo esto no deja de ser hipotético, porque en realidad poco sabemos de las asambleas vecinales. Ahora bien, la tendencia a crear instancias más operativas y, vir tualmente, más reducidas, si no pudiera corroborarse con ese hipotético desdoblamiento del concejo, tiene al menos otras posibles evidencias. Una es, sin duda, el despliegue de los cargos y oficios concejiles especializados. Pero otra nos parece que es la proliferación -seguramente típica de esta segunda etapa de la historia concejil- de instancias-puente, intermedias entre el concejo y los cargos, a las que la comunidad habría cedido algunas competencias que ejercían en su nombre. Se trata de juntas, comisiones de hombres buenos, Setenta, etc. Las formas son variadas. Englobaríamos este tipo de instancias bajo la calificación de 'juntas y delegados vecinales', aunque es una reducción semántica. Se trataría de instancias que solían estar institucionalizadas y se parecerían a los cargos, pero no lo eran en rigor.
Una de las más frecuentes era la de los hombres buenos. El término tiene varios significados. Generalmente, se ha querido ver en la expresión una categoría social. Sin embargo, analizando en el léxico foral su aparición, se comprueba que los significados más sugerentes pertenecen más al vocabulario político que al social puro: comisiones de vecinos para colaborar con los alcaldes, para elaborar algunas normas -sin ir más lejos, alguna carta foral fue redactada por hombres buenos-, para resolver algunos asuntos financieros. Elegidos por el concejo o designados por las autoridades concejiles, a veces para resolver asuntos ad hoc, estos delegados o comisionados concejiles cumplían un papel activo en la vida concejil 217. En ocasiones formaban juntas, por sí solos o con cargos concejiles, y llegaban a acuerdos 218. Entre las misiones que desempeñaron estos delegados o personeros concejiles estaban las relaciones de unos concejos con otros. Una de las instituciones en las que participaban delegaciones de hombres buenos era la de las juntas de medianedo, reuniones entre dos o más concejos comarcanos para resolver sus diferencias -cuestiones de términos, ganados, jurisdicciones, etc.- y que deben su nombre a la ubicación, «a medio camino», en que se celebraban. De la regulación de las juntas de medianedo de los concejos de la Extremadura leonesa han dejado huella sus fueros, y por ellos se sabe que participaban alcaldes y delegaciones de omes buenos 220. Es más, seguramente muchas de las decisiones, en asuntos exteriores o no, que tomaba un determinado concejo, y que como tal aparece en la documentación, eran de hecho decisiones donde participaron emisarios o delegados del concejo, esto es, hombres buenos.
Además de estas juntas y delegaciones de hombres buenos, aunque quizá también como algo intermedio entre el concejo y los alcaldes, podrían detectarse algunas otras instancias. Quizá ocurra con los Sex o Seis que aparecen en los fueros de la familia de Cima Coa y en el Fuero de Cáceres, que no eran sexmeros, como a veces se ha dicho, sino que eran elegidos por los vecinos de las collaciones o distritos 221, pero que tampoco pueden asimilarse a los portillos o magistraturas concejiles características -como los alcaldes, por ejemplo-, aunque en un sentido amplio lo eran, sobre todo si se considera que actuaban en el corral 222 o cámara judicial semanal en la que los Sex participaban, junto con los alcaldes o bien independientemente.
En Salamanca existió la institución de los Setenta 223, institución de difícil ubicación en el organigrama municipal. Es probable que se tratase de una junta vecinal compuesta por hombres buenos de la ciudad. La institución no aparece en el Fuero salmantino, pero hacia 1218 era uno de los componentes del corral o reunión judicial de los alcaldes en viernes 224. Probablemente constituía una representación o delegación de vecinos de la ciudad a la que se dotaba de capacidades de colaboración judicial 225, al igual que ocurría con los Sex.
Parece, en todo caso, que juntas, setenta, sex, homes buenos, serían instancias a medio camino entre las asambleas puras o concejos y los portiellos o cargos oficiales propiamente dichos. Serían ámbitos de participación más estables que los concejos, pero más restringidos que éstos, mientras que no alcanzarían la especialización judicial y de gobierno, y el estatuto administrativo de la función, que eran propios de los oficiales, sobre todo los alcaldes.
Precisamente, si ascendemos de lo más asambleario y abierto a lo más restringido y administrativo, el último ámbito de participación de la sociedad política local con que nos encontramos sería el constituido por los cargos municipales, o portiellos del concejo en sentido riguroso. No hay duda de la proliferación de oficios concejiles. Muchos de ellos estaban
222 Vid. nota anterior. El fuero de Alfaiates considera en sentido amplio como aportellados del concejo a todos los que ocupan responsabilidades municipales: "Nvllos aportellados del concilio, adsi de $L X ^ { \alpha }$ quomodo alcaydes $\mathbf { \bar { \Psi } } = \mathbf { \Psi }$ alcaldes) de concilio quomodo iunteros quomodo alcaydes ( $\underline { { \underline { { \mathbf { \Pi } } } } }$ alcaldes) de germanidade, non intrent in almoneda...", Fuero de Alfaiates, p. 832; Fuero de Castelo Rodrigo, p. 890.
223 Quizá también en los fueros de la familia de Cima Coa (cfr. nota anterior) donde se mencionan los $\mathsf { L } \mathsf { X } ^ { \mathsf { a } }$ , institución que podría estar relacionada con los VI, aunque no sabemos en qué sentido.
224 El rey establecía en 1218 "quod nullus homo faciat currale uel capitulum sine alcaldibus uel sine iuratis uel sine Septuaginta", Alfonso IX, ed. J. González, doc. 367. Significativamente en la confirmación que Fernando III hizo de esta carta de alfonso $\big | \big >$ en 1231 la institución se ha esfumado: "defendo quod nullus homo faciat cartale $\mathbf { \sigma } _ { . } =$ corral) uel capitulum sine alcaldibus uel sine iuratis", J. González, Fernando III, doc. 307, p. 352. Con estas referencias podría considerarse que entre 1218-1231 la institución habría dejado de existir. La redacción final del fuero ya no recogería la institución desaparecida, y que quizá había respondido a la necesidad de una representación más directa que los cargos de los diferentes grupos o comunidades de habitantes urbanos.
225 Aunque no deja de ser una conjetura, el número de setenta puede proceder de dos criterios: cada una de las treinta y cinco collaciones de la ciudad escogería dos hombres buenos, o bien cada una de las siete naturas escogería diez. De ser lo primero, hay referencias en el fuero a estas designaciones, aunque no en relación directa con los Setenta: se sabe que en cada collación los alcaldes y justicias escogían dos hombres buenos con el objeto de descubrir y prender a los ladrones, Fuero de Salamanca, tít. 176. Pues bien, este era un típico asunto de los que se resolvían en el corral de alcaldes, justamente la institución en la que la carta de Alfonso $\ltimes$ obligaba a que estuvieran los Setenta. No obstante, no puede descartarse que los Setenta sean una institución estándar, sin relación con los parámetros citados.
especializados en tareas burocráticas y auxiliares. Eran oficios menores como mayordomos del concejo, sayones, pregoneros, escribanos, porteros, etc. Interesa más lo referente a los oficiales «mayores» o jurisdiccionales, es decir, los que tenían responsabilidades políticas o judiciales, y no sólo ejecutaban sino que tomaban decisiones terminales. De estos en los concejos de villa y tierra la figura del juez único y los alcaldes ordinarios son los principales. No entraremos aquí en sus atribuciones 226, aunque sí convendría resaltar el estratégico papel político de los alcaldes, que resolvían múltiples asuntos diariamente y que constituían el núcleo de una de las formas más elaboradas ya entonces de administración judicial: la curia alcaldum 227, llamada también corral, capítulo o cabildo, una cámara judicial donde los alcaldes -en algunos sitios con presencia de otros oficiales y quizá delegaciones vecinales, como las que se han citado antes- resolvían entre otros, aunque no únicamente, asuntos de carácter penal. Quizá sea expresivo lo que dice al respecto el fuero salmantino: "Los alcalles non iulguen en el día del viernes (día del corral) otro iuyzio si non fuere muerte de omnes o de ladrones; e si estos dos iuyzios non ovieren iulguen de sus calonnas" 228.
Pero más que las funciones concretas de los aportellados del concejo, o magistraturas municipales, nos interesa valorar el significado político. Se ha relacionado el fenómeno de fortalecimiento de los oficios municipales con el auge de los caballeros villanos y se ha resaltado que éstos copaban los cargos o portiellos del concejo, en concreto los principales de jueces y alcaldes. Tanto juristas como medievalistas al comentar fueros extensos han apuntado esta asociación y a menudo se da por sentado que, por ejemplo, durante los siglos XII y XIII -para algunos historiadores prácticamente desde el principio de la repoblación- y, a juzgar por las cartas forales, los caballeros villanos vendrían a constituir una minoría elitista que copaba los cargos locales. Esta es la imagen que se tiene normalmente y que podría fácilmente rastrearse en la literatura historiográfica, especializada 229 o no, que sin embargo no ha sido muy cuidadosa en las precisiones cronológicas, en gran parte por imperativos de las fuentes 230. Sugerimos que la cuestión de la reserva de los cargos a los caballeros debe englobarse en un planteamiento más general que incluya no ya sólo una preocupación por la cronología conocida sino también una visión global de todo el sistema concejil, incluyendo otras piezas del mismo que se han ido analizando hasta aquí. Nos parece que puede defenderse para esta segunda etapa una tendencia hacia la elitización política concretada en la reserva de cargos para los caballeros, es cierto, pero sería una tendencia no consumada formalmente hasta bastante tarde, además no sería generalizable y estaría fuertemente contrarrestada por un consistente poder vecinal urbano, que serviría de garante de estructuras relativamente abiertas y participativas, todavía vivas. Demos algunos argumentos sobre ello.
Una primera observación se refiere a los requisitos para ser aportellado o cargo concejil. Los fueros, muy especialmente los de la gran familia del de Cuenca, siguen la disposición de éste, considerada clásica, esto es, la exigencia para ocupar un portiello de tener casa poblada en la ciudad o villa y caballo: "Quia quicumque casam in ciuitate populatam non tenuerit, et equm per annun precedentem, non sit iudex (..) Similiter quolibet collatio supredicta die det suum alcaldem talem qualem iudicen assignauimos, habentem equm, et in uilla domum populatam habentem ab anno precedenti" 231. Esta disposición, a partir de Cuenca, se ha extendido a las localidades de su fuero, hasta el final 232. De modo que puede decirse que ya permaneció desde entonces. Pero la pregunta es: ¿desde cuándo existía?. Hagamos un esfuerzo de precisión cronológica. Hay un documento de 1222, al que luego se aludirá, en que la condición de caballero parecía imponerse en Castilla de modo general: "Qui uero non tenuerit domum populatam in villa et non habuerit equm et arma non habeat portellum" 233, luego no es extraño que, desde entonces al menos, todas las redacciones forales contemplasen esta exigencia. Es más, el impulso vendría de antes porque la carta de Fernando III no parece que imponía una norma inexistente, sino que reforzaba una tendencia. Pero, ¿de cuándo?. Es difícil saberlo, pero fijé- monos en que un documento de Cuenca, precisamente de Cuenca, no impedía a cualquier vecino ocupar cualquier cargo: se refería al caso concreto de vecinos pecheros o posteros que, a pesar de contribuir por heredades de otros, incluidas heredades de la iglesia, no tenían vedado el acceso a los cargos: "postquam fuerit pechero possit esse alcaldus, aut iuratus, aut possit tenere portellum sicut alius uicinus de Concha" 234. El documento es de 1207. Aunque la interpretación no es segura, todo sugiere que tan sólo se exigía la condición de vecino postero para ocupar cualquier cargo, que no estaría por entonces sólo reservado a los caballeros. Pero hay otras referencias en la misma línea. El Fuero de Ledesma contiene la misma disposición: bastaba con ser postero, o sea, vecino de pleno derecho, con antigüedad de dos años y que viviera la mayor parte del año en la villa, para poder ocupar un cargo: "quien non fur postero non demande portiello", "todo omne que non morar ante en Ledesma las dos partes del anno non saque solariegos (excusados de vecino) nin prenda alcaldía nin portiello de conceyo" 235. ¿Qué época representa este fuero? Refleja la reglamentación de la villa desde
1161 hasta las primeras décadas del XIII. Pero, además, en otros fueros de la Extremadura leonesa, Alba y Salamanca, no aparece tampoco la exigencia de que los oficiales municipales fueran caballeros. Es posible que de hecho esta categoría social los ocupase, pero la ausencia de requisitos formales no puede ser obviada. Así pues, hay indicios que permiten suponer que hacia 1200, por poner una fecha redonda, la condición de ser caballero, que seguramente ya era costumbre en algunos sitios236, aún no se exigía formal y universalmente para ocupar un oficio municipal.
Pero tenemos otros argumentos que relativizan también el papel de los caballeros en relación con los cargos. Así, incluso allí donde ya se exigía tener caballo y vivir en la villa o ciudad, como se recoge ya en la típica regulación del Fuero de Cuenca, no debe confundirse, y esto nos parece esencial, la condición de «elegibles» con la de «electores», esto es, el cuerpo electoral del que salían. Aquí hay que recordar simplemente lo dicho anteriormente sobre concejo y collaciones: la asamblea había de ratificar los cargos, e incluso tenía capacidad de revocación; los vecinos empadronados en las collaciones, aunque no todos pudieran ser elegidos -si no eran caballeros, en el régimen foral conquense- sí participaban en la designación. Lo dicho sobre las collaciones valdría para las naturas o compañas de ciudades como Salamanca o Ledesma, ya que los alcaldes rotaban entre ellas en estas localidades, como se ha dicho. En unos y otros casos cabe formular la siguiente hipótesis: durante una fase de la sociedad y el régimen concejil, y no sólo al principio, habrían perdurado las solidaridades primarias anudadas en las collaciones o las naturas, unas solidaridades nacidas de la residencia, la procedencia o la convivencia vecinal. Con el tiempo estas solidaridades de carácter horizontal serían rasgadas y abierta una brecha entre los caballeros y el resto del vecindario. Pero todavía un régimen concejil en el que las rotaciones, sorteos o designaciones de los cargos principales en el seno de estos ámbitos primarios era algo vigente, como se ha dicho, puede considerarse un régimen concejil con un alto grado de apertura, donde no era posible el cierre oligárquico.
Esto se complementa además con el vigor que, se supone, todavía tenían en esta etapa las otras instancias citadas, a la hora de tomar decisiones terminales. Tal ocurría, como hemos visto antes, con el propio concejo y con las juntas de hombres buenos y similares, que impiden en toda regla considerar que el poder era acaparado, "monopolizado" como dirían algunos historiadores, por los caballeros, incluso en el caso, que no sería universal ni se habría generalizado, de que sólo ellos ocuparan los cargos.
Finalmente, todo el régimen electoral y la normativa tendía a facilitar la renovación de cargos anualmente, así como un régimen de incompatibilidades y cautelar que prevenía contra abusos y prácticas ilegales por parte de los oficiales. Las disposiciones en este sentido variaban algo, pero respondían al mismo espíritu: no se podía repetir en el cargo, que debía cambiar cada año; si alguien se cambiaba de collación debía esperar unos años para entrar en los turnos; se prohibía que los aportellados del concejo recibieran soldadas de otros, así como la compra de los cargos; se castigaba el que los oficiales se aprovechasen personalmente durante el ejercicio del cargo; se exigía dar cuenta de su gestión al dejar el oficio 237, etc. Eran mecanismos de garantía y control. Se establecían porque las prácticas abusivas existían, es posible. Pero también deben valorarse como tales garantías, en positivo, siendo improbable que fueran mera ficción o retórica jurídica. El diseño formal del régimen concejil, si bien no impedía que sólo un sector estrecho de caballeros ocupase los cargos, al menos procuraba evitar que fuesen acaparados formal y sistemáticamente, que unos pocos se perpetuaran en ellos sin aquiescencia de sus convecinos, que cometieran fraudes desde ellos, o que prescindiesen absolutamente de la comunidad política local de la que salían.
Al hacer una valoración global del sistema concejil en esta etapa -poco antes, poco después de 1200- en lo referente al grado de democratización del régimen, o nivel de participación social en las instituciones, nos inclinamos a expresarlo mediante una figura imaginaria de círculos concéntricos según la cercanía de los grupos sociales al poder 238.
Así, en el círculo más cercano al poder concejil los caballeros villanos disponían de todas las posibilidades para ocupar los cargos, pero no habían obtenido este privilegio en todas partes, no funcionaban como oligarquía ni eran un sector cerrado, estaban sometidos a rígidos mecanismos de reparto equitativo de los cargos entre ellos y estaban además contrarrestados por el poder vecinal de las collaciones, las asambleas y el fuero.
En un segundo círculo se movería la comunidad local de vecinos de pleno derecho de los centros cabeceros, villas o ciudades. Cumplían en algunos sitios todavía los requisitos técnicos para ocupar cargos municipales. Pero, aunque no fuese así, aún participaban en la designación de los mismos y disponían del concejo general y de las juntas vecinales, e instituciones afines, para poder ser considerados todavía un sector no excluido del poder concejil.
Finalmente, el círculo más alejado era el de los excluidos políticos. Obviamente, aquí se puede hacer una referencia al género y afirmar la discriminación de la mujer en relación con los cargos y con la participación en las instituciones. Pero, haciendo abstracción de esta categoría de análisis que es el género -no deberí- amos permitirnos nunca olvidarlo, aunque no lo hagamos explícito- pueden sin duda identificarse los grupos sociales que quedaban fuera de la toma de decisiones. En efecto, además de los sirvientes y criados, que tenían anulada su personalidad política, y de los recién llegados a la ciudad, fueron los aldeanos independientes, que eran la mayoría de la población de los concejos de villa-y-tierra, en la medida en que carecían de algunos requisitos de la vecindad plena, tales como el empadronamiento villano, quienes estaban inhabilitados no ya sólo para ocupar los cargos sino también para participar en el régimen electoral municipal e incluso en el régimen asambleario del concejo urbano que, sin embargo, decidía por ellos en muchos asuntos, les aplicaba la justicia desde la ciudad y mantenía subordinados los concejos aldeanos al de la capital. Los aldeanos, pero no todavía los vecinos urbanos, fueron los grandes excluidos del sistema concejil de villa y tierra en esta etapa de su historia.
CONSIDERACIONES FINALES.
Apuntes sobre el final de una etapa. Hacia la implantación dirigida de pautas concejiles uniformes y elitistas.
No pretendemos abordar aquí la etapa histórica que, dentro del ciclo de los concejos de frontera entre Alfonso VI y Alfonso $\times ,$ consideramos que sucedió a las dos anteriores en los concejos entre el Duero y el Tajo, que hemos analizado en páginas precedentes. Si la primera (c.1072-c.1157) estuvo caracterizada por la espontaneidad de la sociedad de frontera, con su fuer te unitariedad social y sentido participativo, y la segunda (c. 1157-c. 1222) por la quiebra de las estructuras unitarias y el aumento de las discriminaciones, la tercera etapa (c. 1222-c. 1264) la podríamos caracterizar por las notas que se mencionan en el epígrafe. "Dirigismo regio", "uniformización concejil" y "elitismo social" definen bastante bien el período 239. Sólo unas breves notas al respecto.
Hay que decir que las circunstancias de la repoblación experimentaron una solución de continuidad bien entrado el siglo XIII. Los concejos extremaduranos y de la Transierra fueron ya entonces plenamente retaguardia. El factor 'frontera', que tanto juego interpretativo nos ha dado, dejó de ser importante en estas tierras. Hubo en ellos algunos reajustes espaciales y algo parecido a lo que podría denominarse "colonización interior tardía" 240, pero se puede considerar bastante estabilizado el territorio y mapa de los concejos entre el Duero y el Tajo.
quivir y Murcia, otro modelo de repoblación bien distinto. En efecto, las repoblaciones de Córdoba (conquistada en 1236), Murcia (1243), Jaén (1246), Sevilla (1248), Niebla (1262), Arcos, Cádiz o Jerez (1264), entre otras muchas plazas, conquistas acaecidas ya sobre zonas muy pobladas, exigieron otras pautas forales y concejiles. El sistema concejil de villa y tierra del centro peninsular, aplicado a tierras vírgenes y con vacíos de poder notables, se había desplegado, al fin y al cabo, en lo que había sido periferia de Al-Andalus, con pocas excepciones, como la ciudad de Toledo y poco más. Ahora, en cambio, en las conquistas andaluzas, servía precisamente el modelo foral toledano y los Repartimientos sobre áreas pobladas, y no la repoblación concejil sobre tierras vacías. La nueva realidad supuso el freno de los típicos derechos de frontera en el Sur -con la excepción de algún concejo del Alto Guadalquivir-, languideciendo ya definitivamente el derecho conquense en las ciudades andaluzas, circunscrito apenas a esas citadas concesiones tardías en áreas ya por entonces de gran solera como zonas cristianas.
Por otra parte, la frontera existente ya en pleno siglo XIII más al sur fue diferente. Aunque las últimas conquistas en el sur de la Meseta sobre regiones poco pobladas dieron lugar a las últimas extensiones de los fueros de frontera -familia Cáceres-Usagre en Extremadura, o las repoblaciones a fuero de Cuenca: Baeza, Úbeda, Iznatoraf, Almansa, Chinchilla, Requena-, últimos coletazos de las repoblaciones fronterizas, destacaba y se imponía en cambio ya desde los años treinta, en el valle del Guadal.
Otra de las circunstancias que cambiaron en los años 30-50 del XIII fue la derivada de las exigencias fiscales de la monarquía, entre otras cosas para realizar las citadas conquistas andaluzas, pero también por otros motivos. Esto repercutió en el ya antes predispuesto dispositivo fiscal de los concejos, los concejos de todo el reino, aumentándose la presión fiscal y perfeccionándose los mecanismos de recaudación y tributación, que se habían empezado a perfilar en la etapa anterior.
Internamente, la vida concejil experimentó, desde un intervencionismo regio cada vez más destacado, una "uniformización" jurídico-política que favoreció sobre todo a los grupos altos. Se dio ya en el reinado de Fernando III. Las cartas regias de 1222 -sólo para Castilla- y de 1250- 51 se otorgaron a muchos concejos, a modo de cartas circulares 241. Estas cartas -así como otros documentos de la época 242- venían a ratificar las tendencias apuntadas en la etapa anterior. Podemos suponer que se tomaban ahora tales disposiciones como pautas generalizadas para todo el mundo concejil situado entre el Duero y Sierra Morena: se consolidaba la autonomía concejil; se reforzaba la reserva de cargos a los caballeros, que seguramente ya se venía dando en muchos concejos; se excluía a los menestrales de la ocupación de cargos, al tiempo que se prohibían cofradías y ayuntamientos malos, en definitiva, formas de poder ajenas a los cauces ordinarios del concejo; se reforzaba la disciplina de las aldeas hacia las capitales de los alfoces; y finalmente, se establecían controles fiscales, otorgando a los pecheros y los sexmeros un papel en ello, concretándose también mucho más lo relativo a criados excusados y nivel de bienes para ser caballeros exentos. Esta normativa, hay que decirlo, sobre todo en lo referente a fiscalidad, se estaba dando tanto al sur como al norte del Duero, en un período ya en el que -según hemos defendido en alguna otra ocasión- percibimos que se estaban difuminando las diferencias en las sociedades concejiles del norte y del sur del Duero, tan marcadas en cambio en siglos anteriores.
Con Alfonso $\times$ se puede considerar cerrado el ciclo de los concejos de frontera. Intentó en 1255, con el Fuero Real, sustituir los derechos locales y crear un derecho unificado, eso sí con acusado intervencionismo regio: "Ningún omne non sea osado de iudgar pleytos sinon fuere alcalde puesto por el rey(...) e los alcaldes que fueren puestos por el rey non metan otros en su lugar que iudguen", decía el Fuero Real 243. El proyecto intervencionista fracasó por la rebeldía de los concejos del reino en 1272, por lo que sobrevivieron al monarca los fueros locales existentes.
El monarca tuvo también una decisiva polí- tica de privilegiar a los caballeros villanos, convirtiéndolos en élite política y asimilados jurídicamente a la baja nobleza, como lo revelan los privilegios otorgados, desde 1255-1256, y en los años siguientes, a los caballeros de numerosas villas y ciudades, entre ellas algunas al norte del Duero -las diferencias se estaban borrando, como decimos- y numerosas al sur: Atienza, Avila, Cuéllar, Peñafiel, Buitrago, Trujillo, Talavera, Escalona, Béjar, Plasencia, Cuenca, etc., entre las varias decenas que han conservado estas cartas de privilegio o «fuero de los excusados» de los caballeros, como a veces se denominan, y no en vano se centraban en la concreción de las condiciones y magnitudes de esta capacidad de excusar a terceros que tení- an los caballeros de las villas y ciudades, el minoritario sector social que dominaba estos medios concejiles 244. Tales privilegios generales a los caballeros villanos, incluyendo los retoques jurí- dicos y aclaraciones referidas a los concejos de las Extremaduras, como las cartas de 1264 -conservadas para Ávila, Cuéllar, Peñafiel-, refrendaban la integración de la caballería concejil en los proyectos políticos de la monarquía, estamentalizaban el sector social reafirmando su condición bajonobiliar y provocaban la ruptura jurídica y social entre ellos y los pecheros.
En definitiva, al tiempo que se cerraba el ciclo histórico de los concejos de frontera, nos parece que emergía un marco sociopolítico que es ya de un perfil típicamente bajomedieval, bien distinto de la realidad que se ha descrito en estas páginas, que se han centrado en la época en la que el impulso de la 'frontera' tenía un importante sentido articulador.
El significado político del realengo concejil en los concejos de villa y tierra. Una cuestión para la historia comparada.
Queremos reservar el final de este trabajo para referirnos, siquiera sucintamente, al significado histórico de los concejos de villa y tierra como expresión especial dentro del realengo castellano. La cuestión afectaría no sólo a esta segunda etapa que acabamos de describir páginas atrás, entre mediados del XII y primeras décadas del XIII, o a la posterior, que acabamos de apuntar, sino a todo el ciclo histórico de formación de los concejos, y sobre todo desde el surgimiento inicial de las soberanías concejiles en el último tercio del XI, en la Extremadura castellano-leonesa, hasta la formación de los concejos en la cuenca sur del Tajo un siglo después. Se trata de hacer unas breves consideraciones sobre la importancia de los concejos entre el Duero y el Tajo de los siglos XI-XIII como expresión de unas forma de poder genuinas y como decisivo escenario, además, para el propio desenvolvimiento de la monarquía, incluso para su desarrollo en tiempos posteriores. Es por esto por lo que cerramos nuestra ponencia situando este epígrafe en último lugar.
Para entender el significado de los concejos de villa y tierra en el contexto de la evolución monárquica hemos de partir de la teoría de la doble dimensión del poder regio. Sin entrar ahora en detalles sobre este planteamiento 245 digamos que se trata de valorar cómo transcurrieron los itinerarios por separado, pero interactuando, de las dos dimensiones del poder regio durante los siglos medievales. En una de sus dimensiones el poder regio era vértice del sistema monárquico, era el poder político situado por encima de las jurisdicciones concretas, era el poder de esos elementos imprescriptibles de la monarquía que a la larga condujeron a la cristalización del llamado 'Estado Moderno' -superioridad sobre las fuerzas del reino, liderazgo del rey en el reino, fiscalidad de estado, legislación del reino, mayoría de justicia...-, pero que todavía en los siglos $\rtimes \lor \times \lparallel$ estaban lejos de haberse desarrollado con cierta magnitud. La otra dimensión entendemos que era la del regalengum, una forma más de jurisdicción señorial, alienable y prescriptible, en la que el rey, el rey en calidad de "señor", era su titular. Dada la evolución de la "Reconquista", que desde los tiempos altomedievales permitía como regla general incorporar todas las tierras conquistadas al realengo, éste había sido, particularmente en los reinos de Castilla y León, un territorio de una magnitud y extensión geográfica considerables.
Pues bien, a la forma concreta de gestionar el regalengum, o "su" señorío, del que el rey disponía, le atribuimos una importante potencialidad histórica. Fundamentalmente, la idea es que el rey, o el polo monárquico si se prefiere, podía gestionar o disponer de ese regalengum de varias maneras: una forma era la enajenación mediante concesiones e inmunidades señoriales -de las que nacían las otras modalidades señoriales, como abadengo, solariego, etc.-, práctica que fue frecuente desde los primeros tiempos de la feudalización, de la que tales concesiones eran el emblemático elemento; otra forma era la gestión directa, el 'realengo directo': en este caso, los agentes del rey -merinos, sayones, jueces, luego los tenentes- gestionaban ese señorío del rey en los alfoces o distritos territoriales regios, que abarcaban todo el realengo de una determinada área, exceptuado en ella lo que estaba enajenado ya en favor de magnates, catedrales, monasterios, etc. Bien, hasta finales del $\times { }$ estas dos formas habían sido el único destino posible del regalengum y, de hecho a esas alturas, los territorios de la monarquía castellano-leonesa al nor te del Duero, tras dos o tres siglos de historia cristiana, conservaban de forma equilibrada la presencia de ambas modalidades, siempre creciendo cada vez más las concesiones señoriales particulares a costa del magma realengo, que se reducía por tanto progresivamente. Hay que decir que, a nuestro juicio, la reducción del realengo mediante concesiones feudales no debilitaba estructuralmente el poder regio, como pudiera parecer a simple vista, sino que más bien fortalecía el papel del rey-vértice del sistema, ya que tales enajenaciones restaban dominio pero le aportaban al rey fidelidad vasallática de Iglesia y magnates, liderazgo en el reino y solvencia política, por lo que, digámoslo utilizando un símil, tales enajenaciones eran el combustible que permitía elevarse al globo de la monarquía feudal a un posición por encima de los demás poderes del reino, aunque todavía a esas alturas el proceso estaba lejos de consumarse. En este tráfico con su regalengum radica una buena parte de la maniobrabilidad de los reyes castellano-leoneses y era una fuente del dinamismo de la monarquía.
La potencialidad de este esquema citado se acaba completando precisamente con los concejos. Damos mucha importancia a esta contribución de los concejos a la evolución de la monarquía. A partir de un cierto momento - hubo procesos afines en otras partes de Europa, pero con circunstancias diferentes en cada caso- a las dos formas conocidas de disponer de su señorío, los reyes añadieron otra más: se trataba de transferir a comunidades vecinales una parte del dominio, de términos, de autoridades, etc., sin perder la titularidad, es decir, sin conceder una inmunidad completa. El secreto del éxito era la extraordinaria elasticidad de las soberanías en el feudalismo. El gran hallazgo fue transferir sin enajenar. Y esto es lo que ocurrió con los sistemas concejiles formados en el realengo. Tales concejos fueron así 'realengo transferido'. La fórmula se desplegó en los siglos $\times 1 . \times 1 1 1$ y entendemos que, como complemento y como contrapeso además a las concesiones señoriales -que siguieron dándose-, contribuyó a afianzar el papel del rey y la monarquía política con aliados y apoyos nuevos: las ciudades y villas, las capas urbanas, caballerescas, una fresca fiscalidad aplicada a estos medios, todo ello contribuyendo a robustecer la autonomía del poder regio por encima de las fuerzas y jurisdicciones tradicionales del reino, hasta el punto de que siglos después, ya en período bajomedieval, el rey debía su poder a los nuevos elementos imprescriptibles de la monarquía y no tanto a la magnitud de "su" señorío. El globo aerostático de la monarquía polí- tica, siguiendo con el símil, pudo elevarse más deprisa con el nuevo combustible concejil y la suelta del lastre que representaba el señorío directo del rey.
De ahí que los sistemas concejiles fueran pieza clave en la evolución de la monarquía. Hay que decir que la creación de estos sistemas concejiles se dio también al norte del Duero: alcanzó a la dotación de términos y soberanía a viejas ciudades desde finales del XI -desde los fueros de Logroño o Nájera-, aunque hay que decir que algunas ciudades tan importantes como León o Burgos tardaron en alcanzar algunos requisitos; pero sobre todo consistió en la fundación de villas reales, villas, nuevas polas o pueblas en Asturias, Costa Cantábrica y País Vasco, valle del Ebro, áreas interiores de León y Galicia, en fin, un proceso sobre todo de los siglos $\mathsf { X I I } \ \mathsf { y } \times \mathsf { X I I I }$ , incluso en el siguiente. En el norte del Duero todos estos sistemas concejiles, tanto las ciudades como las villas fundadas por el rey, constituían un importante apoyo a los reyes como 'realengo transferido', si bien solían estar rodeadas, excepto en la costa, por amplios territorios enajenados consistentes en señoríos particulares.
Hay que preguntarse qué significaron en particular en este proceso los concejos de villa y tierra surgidos al sur del Duero y cuyas características y evolución se han visto en páginas precedentes. Pues bien, lo más llamativo, podrí- amos decir sintéticamente, es que en los concejos de frontera el paso del realengo directo al transferido se produjo más pronto que en ningún otro sitio 246; fue más generalizado, de modo que los concejos de villa y tierra no fueron islotes, sino que hubo una auténtica territorialización concejil 247 prácticamente completa del espacio regional; y fue más intenso dicho traspaso que en ningún otro sitio, de modo que los habitantes de los concejos de villa y tierra gozaron en las primeras etapas de su historia –finales del siglo XI-principios del XIII– de mayores libertades, de más control del dominio, de mayor autonomía política.
Esto refuerza la idea de que la lógica de la frontera, en comparación con las otras lógicas históricas -el predominio de los elementos burgueses y mercantiles; el deseo de reestructuración comarcal del realengo como glacis territorial frente a los señores particulares...- que han impulsado históricamente la creación de sistemas concejiles en el norte del Duero, ha resultado ser la más estimulante para el desarrollo del proceso, el extraordinario proceso por el que la monarquía supo transferir sin enajenar, que es, como decimos, la clave de la formación de los sistemas concejiles surgidos en el realengo. Si hemos de achacar a la frontera y su lógica el enorme éxito y extensión de los sistemas concejiles ligados a ella no es sólo en comparación con los concejos del norte del Duero, cuyos requisitos se afirmaron más tarde y con menor intensidad. Una comparación con las realidades concejiles de otros reinos y países resulta ahora imposible de hacer, pero no está de más resaltar que en ninguna otra monarquía europea -evidentemente el modelo comunal italiano es diferente- se llegó tan pronto y de forma tan intensa y extensa a la autonomía y a los territorios municipales como en los territorios de los reinos de Castilla y León entre el Duero y el Tajo. Desde este punto de vista, cabe resaltar que los concejos de villa y tierra, cuyos habitantes gozaron durante doscientos años de altísimas cotas de libertades y autogobierno, fueron una de las más avanzadas, sobresalientes y singulares formas de poder de la Europa medieval.
Para finalizar, cabe apuntar, ya como proyección más allá del período analizado en estas páginas, que las consecuencias históricas a largo plazo de la gran extensión de los concejos de villa y tierra fueron importantes. Si se tiene en cuenta que entre el Duero y, no ya el Tajo, sino entre el Duero y Sierra Morena, esto es, un inmenso espacio de 150- 200.000 kms2.- que suponía la mitad del territorio de la corona de Castilla a mediados del XIII- el realengo concejil puede decirse que predominaba claramente, se comprenderá que los monarcas encontraron aquí un importantísimo aval de su autonomía frente a las fuerzas señoriales. También contribuyeron los concejos de villas y ciudades del norte, claro está: aunque no dominaban superficialmente allí sí lo hacían en términos de riqueza y desarrollo. A todo ello pronto se unió el importantísimo realengo andaluz urbano, organizado también en concejos en una buena parte del territorio.
Resultó de todo ello que la monarquía castellana pudo afrontar con gran solvencia los problemas de hegemonía frente a las sociedad política aristocrática y, quizá por ello, avanzar más rápidamente en una dirección de centralización política. Una posibilidad que se nos antoja mucho más difícil de no haber sido tan consistente el mundo concejil en Castilla, fuente de apoyos políticos, de recursos fiscales, de dinamismo económico y de autonomía del rey frente a los estamentos oligárquicos.
Todos los concejos castellanos y sus habitantes contribuyeron a ello, de todas partes de la corona, como indicamos. Pero, de algún modo, el mosaico de concejos de villa y tierra formados y consolidados en el centro peninsular durante ${ \sf l o s } { \sf s i g } { \sf l o s } { \sf X } { \sf y } { \sf X } { \sf I I } ,$ , que respaldaron la más eficaz forma de gestión del realengo en zonas de frontera y que bloquearon drásticamente la prolongación dominial de la nobleza señorial en las tierras nuevas, tuvo en ese proceso de fortalecimiento monárquico un papel singularmente destacable.

Fig. 2. Salamanca en los siglos XII-XIII (a partir de J. González, M. González García, V. Matín Hernández)

Fig. 3. Salamanca hacia 1140.
Fig. 4. Salamanca hacia 1161-1162.
Fig. 5. Salamanca hacia 1225