Precedentes andalusíes en la fiscalidad de las comunidades mudéjares.
Andalusian Precedents for the Taxation of Mudejar Communities.
Soha ABBOUD-HAGGAR.
Universidad Complutense. Madrid.
RESUMEN.
Los impuestos que exigieron los monarcas cristianos de sus súbditos mudéjares muestran que su economía estaba regulada por las leyes islámicas y los usos árabes que había implantado la familia omeya en el siglo VIII y que habían ido evolucionando de un modo similar al de muchas otras sociedades islámicas. El nexo establecido entre esta fiscalidad andalusí y la realidad mudéjar sirve para explicar la naturaleza de los múltiples impuestos que tuvieron que pagar los mudéjares y para arrojar una luz sobre la economía andalusí de la que las fuentes árabes revelan pocos datos. Se establece la relación entre ambos sistemas tributarios, definiendo el contenido de cada tributo.
Palabras clave: Fiscalidad andalusí. Fiscalidad mudéjar. Economía islámica medieval. Impuestos. Sociedad islámica. Mudéjares.
ABSTRACT.
The taxes that Christian Monarchs required of their Mudejar subjects reveal that their economies were governed by the Islamic laws and Arabic uses that the Ummayad family had implanted during the eighth century and that had evolved in a manner similar to many other Islamic societies. The nexus established between Andalusian finance and Mudejar reality serves to explain the nature of the multiple taxes that the Mudejars had to pay and to cast light on the Andalusian economy, for which the Arabic sources provide little information. The relation between both tributary systems is established, defining the content of each tax.
Key words: Andalusian finance. Mudejar finance. Medieval Islamic economy. Taxes. Islamic Society. Mudejars
1. INTRODUCCIÓN.
Los datos que arrojan las pocas fuentes que contienen referencias a la invasión árabe de la Península Ibérica en el siglo VIII muestran que, a pesar de los desórdenes de los primeros años, a la muerte del gobernador sirio al-Samh en el año 730d.C. se había llegado a establecer la base de la organización tributaria de alAndalus según las normas que venían dictadas desde la capital del califato Omeya en Damasco. El sistema implantado se vio afianzado y completado por la actuación de Abd al-Rahman b. Muawiya “al-Dajil”, Abderraman I, que instauró un gobierno y una administración al estilo árabo-musulmán, con sus principios ideológico-religiosos, sus instituciones y sus rasgos, políticos, sociales y económicos, entre ellos el tributario1. Partiendo de la situación que había encontrado in situ, logró aplicar todos los elementos de la fiscalidad de los primeros años de la expansión islámica según los usos que había dejado en Siria. Las fuentes orientales dejan constancia de estos usos: entre lo estipulado en el Corán y las indicaciones de los califas ortodoxos (que administran la umma entre los años 632 y 656), habían ido tomando forma a medida que avanzaban las conquistas en Siria, Iraq, Irán y Egipto y constituyeron siempre el baremo por el cual se definió un impuesto como legal / canónico –o sea estipulado por la sharia y dictado y aceptado desde los tiempos de los califas ortodoxos - o ilegal / injusto, es decir arbitrario, innecesario y exorbitante.
Así, desde un comienzo se impuso el azaque (impuesto de carácter especialmente religioso considerado como un acto de adoración), el impuesto sobre la tierra (que estableció el califa ‘Umar (m. 644) tanto a las poblaciones sometidas como a los musulmanes que se quedaron con el derecho del aprovechamiento de las tierras) y el impuesto sobre el paso de las mercancías de los no-musulmanes que entraban en los dominios árabes, que pronto gravó todo tipo de mercancía que transitaba por las fronteras a través de ciertos puestos de control2.
2. ABD AL-RAHMAN I.
El sistema fiscal que logró imponer Abd al-Rahman I desde Córdoba tanto a los árabes ya establecidos en al-Andalus, entre yund y baladíes, como entre los beréberes y las poblaciones conquistadas, se basó sobre todos los principios de una estructura árabe e islámica que había ido adquiriendo rasgos que podríamos llamar locales o andalusíes.
Impuso el concepto de que las tierras y los bienes inmuebles conquistados por la fuerza de las armas, son un bien común de toda la comunidad de creyentes, y su dominio y administración recaen en la autoridad del imam que realiza la conquista como único representante autorizado de toda la comunidad con derecho a imponer los tributos3. Que todo lo conquistado, después de seleccionar el imam alguna parte del botín para él mismo, se quintea, correspondiendo a los combatientes y a los que han participado en las batallas, las cuartas quintas partes de lo ganado –por lo cual tienen que pagar un impuesto que ingresa en el tesoro público en concepto de alquiler- mientras que el quinto de estas tierras le corresponde, indistintamente, al tesoro público de los creyentes, por un lado, y al tesoro privado del califa o del imam, por el otro, tesoro éste que queda a disposición del común en caso de necesidad4.
De hecho, los Omeyas, desde su capital siria tenían derechos adquiridos ya sobre las tierras de al-Andalus por haberlas conquistado con fuerzas organizadas –tanto las que entraron bajo el liderazgo de un mawla (cliente) bereber, Tariq, como y fundamentalmente por los que llegaron bajo el mando del sirio Musa b. Nusayr- y por haberlos protegido. Así que cuando Abd al-Rahman I impuso su autoridad sobre al-Andalus, gobernado por árabes que no pertenecían a su propia familia, lo hacía con conocimiento de causa y con plena autoridad adquirida desde el comienzo de la expansión5.
Por eso, procedió con suma decisión y rapidez. En cuanto pacificó el territorio y empezó la construcción de la Mezquita de Córdoba, emprendió la tarea de organizar el fisco aprovechando las infraestructuras existentes para imponer el reparto fiscal según los cánones. En las zonas rurales, las al-qarya o alquerías se convirtieron en el encuadramiento fiscal más extendido y fueron repartidas en concesiones territoriales “iqta‘ât” a favor de las fuerzas que formaban los contingentes militares de los yund6. Según este sistema de concesiones, admitido en los usos árabes desde los primeros años de la expansión, los yund se convertían en agentes fiscales de Córdoba, reservándose la tercera parte de lo recaudado en concepto de soldada y las dos terceras partes restantes las enviaban al tesoro, en una proporción acordada con el imam o califa. Estas fuerzas, según los cánones islámicos, estaban eximidas del pago del impuesto sobre la tierra al-‘ushr7. Aparte de las alquerías, existían también las grandes propiedades de los antiguos dueños “al-diyâ‘”, muchas de las cuales pertenecían a al-mustajlas, el tesoro privado del propio emir o a la aristocracia árabe que le rodeaba. Alquerías y aldeas se encuadraban en regiones o iqlim que servían de unidad administrativa8.
A la vez, y como había procedido su familia en su instalación en Siria, utilizó la antigua organización eclesiástica, con sus centros parroquiales y monasterios, para ser el instrumento de la recaudación de las rentas9. Estas poblaciones, con las que firmó pactos que seguían los modelos orientales, debían pagar a sus recaudadores dos impuestos: la capitación o al-yizya y el impuesto sobre la tierra o al-jarây fijado según el juicio del gobernante o de sus representantes los ‘ummâl (recaudadores).
A los baladíes, los árabes ya establecidos en al-Andalus antes de su llegada y dueños de parcelas de tierra que les había correspondido tras la conquista, Abd alRahman I aplicó el régimen de los impuestos sobre la tierra “al-‘ushr” que corresponde pagar a los musulmanes terratenientes, un impuesto cuya cuantía se fijaba según varios factores detallados en la jurisprudencia islámica y que se pagaba en metálico a la autoridad por medio de un recaudador10. Como era también preceptivo, los baladí- es no tenían la obligación de participar en las guerras, deber que correspondía a los yund, es decir a los soldados, aunque en caso de necesidad debían acudir como voluntarios, sin remuneración a cambio11 .
En cuanto a los bereberes, los datos muestran que recibieron el trato que había que dispensar a las poblaciones musulmanas no árabes en lo que se refiere a los impuestos. Así, los que se habían establecido en zonas rurales, tuvieron que pagar al-‘ushr sobre sus tierras12. Los que fueron incorporados al servicio de guardia personal del Emir y cuya relación con él era de istisnâ‘ o sea “trato de favor”, como en Oriente, podían haber recibido también concesiones territoriales como los yund puesto que se les ve ya “dueños” de algunas zonas en al-Andalus13.
Todos ellos, baladíes y beréberes relacionados con la tierra y su posesión, estaban obligados al pago de la limosna religiosa, al-zakât o al-sadaqa, sobre los cultivos, los animales, los bienes destinados al comercio y los metales y tesoros encontrados bajo tierra14.
En cuanto a su política urbana, Abd al-Rahman I garantizó desde muy pronto el funcionamiento de las cinco grandes ciudades que encontró en al-Andalus, Córdoba, Sevilla, Mérida, Toledo y Zaragoza, aparte de los núcleos urbanos de segundo rango, que también eran fuente de recaudación fiscal por su actividad económica en los mercados y por su papel de cabecera controladora de todo el entorno rural que le pertenecía15. Estos pagarían, como mínimo, el azaque sobre sus bienes destinados al comercio.
Tal y como la familia lo había impuesto en Damasco y se había difundido en Oriente, Abd al-Rahman I habría gravado el traslado de las mercancías con el impuesto llamado al-‘ushûr, instituido por el segundo Califa ortodoxo en Medina. Pudo haber gravado también el uso de los mercados y las tiendas y habría recaudado un impuesto más, conocido con el nombre de “al-mu’an”, que era una especie de regalo a la autoridad y que pronto, en Oriente, se había convertido en un pago obligado más16.
Aparte de esto, y en aplicación del principio de que el responsable de las tierras, emir, imam o califa, tenía la facultad de decidir la recaudación de los impuestos necesarios para la buena marcha de la comunidad y siendo al-Andalus tierra de fronteras, Abd al-Rahman I quizás pudo haber implantado también el pago de “alhashd”, un impuesto que gravaba la tierra a cambio de la exención del servicio militar que tuvieron que satisfacer los terratenientes baladíes y bereberes17.
3. LA FISCALIDAD EN AL-ANDALUS.
Esta sería, en líneas generales, la base del sistema impositivo –llamado yibâ- ya, darâ’ib, wazîfa y también tabl, entre otros nombres genéricos utilizados para los tributos- en al-Andalus organizado por Abd al-Rahman I, que debió funcionar bien dada la elevada recaudación que, desde muy pronto, obtuvieron los omeyas18.
Ahora bien, en al-Andalus, como en otros lugares del mundo islámico alto medieval, este sistema estableció la base de las imposiciones aceptadas como legales pero que, por las circunstancias generales de cada momento histórico, fueron agravadas de manera exorbitante no acorde con lo que debía –o podía– pagar el contribuyente o, también, por impuestos paralelos considerados siempre como injustos y anticanónicos; esta dualidad se ve en multitud de fuentes andalusíes19.
A modo de ejemplo, por la crónica de Ibn Idhari, se sabe que los andalusíes solían pagar impuestos wazâ’if, exacciones magârim y çofra al-sujra20; Ibn Hazm al-Andalusi, en su famoso opúsculo, se queja de la situación de exacciones a la que estaban sometidos en la época de Taifas: “…y establezco distinción entre este tiempo nuestro y los anteriores… porque [antes] los tributos (magârim) que cobraban los sultanes cargaban exclusivamente sobre las tierras y eran por ellos muy parecidos a los que ‘Umar (el califa ortodoxo) impuso sobre la tierra también. En cambio, hoy, estos tributos son los siguientes: uno de capitación (al-yizya), impuesto sobre las cabezas de los musulmanes, que llaman al-qatî‘ y que se recauda mensualmente. Otro impuesto sobre los bienes, es decir sobre el ganado lanar y el vacuno, las bestias de carga y las abejas, que consiste en un tanto fijo por cabeza; y además, ciertas alcabalas (al-qabalât), que se pagan por todo lo que se vende en los mercados y por el permiso o licencia que en ciertos lugares se concede a los musulmanes para vender vino” (Asín, 37 y 42)21.
De hecho, el sistema tributario en al-Andalus, que se había ido organizando desde el momento de la conquista –con directrices emanadas del pensamiento y la jurisprudencia islámicos y con los usos que aportaron las primeras poblaciones árabes y beréberes, que se fundieron con los usos autóctonos–, tomó ya su forma definitiva especial con la madurez del Estado omeya convertido en Califato. El Califato significó la “homogeneización” de las poblaciones que coincidieron en tierras ibéricas, como dice María Jesús Viguera, y la “andalusidad” de las instituciones22.
Hasta la Granada nazarí, se observa, por tanto, la continuidad de muchas de las instituciones implicadas en el panorama de este sistema tributario andalusí. Tomemos un solo ejemplo, la institución del tesoro privado, al-mustajlas, del imam, emir o califa, de su familia y de su corte que tan claramente está estipulado en la jurisprudencia islámica23. La clase dominante de la sociedad de Abd al-Rahman I se había ido formando, desde los primeros años del emirato, por sus familiares omeyas llegados a Córdoba, acompañados por gente de la misma tribu del Profeta que formaron al-jâssa y por los altos cargos, encargados principalmente de las propiedades de la comunidad o de sus propiedades privadas (amwâl al-majzan o al-ashgâl almajzaniyya o al-majzan)24.
Siguiendo el sistema establecido por el fundador de la dinastía, Abd alRahman III, en el año 936, “ingresaba setecientos sesenta y cinco mil dinares por derechos de transacciones en los mercados y por rentas del Patrimonio de la Corona al-mustajlas”25. En la época de las taifas, los reyes dispusieron de grandes propiedades que, como en época califal, se llamaban mustajlas y que se otorgaban en concesiones territoriales de variadas extensiones26. Sabemos, por un testimonio de Ibn Hayyan, que entre 1011 y 1012, dos los primeros soberanos eslavones de la taifa de Valencia convirtieron unas alquerías en dominios privados diya‘ mustajlasa. Por otra crónica árabe, al-Bayân de Ibn Idhari al-Marrakushi, se sabe que un tal Ibn ‘Umar fue nombrado administrador del patrimonio del soberano al-mustajlas en el Aljarafe y Niebla y que unos años más tarde, fue encargado en Sevilla de ciertos asuntos del majzan (al-ashgâl al-majzaniyya) y de las propiedades que le correspondían al sultan (al-sihâm al-sultâniyya)27.
En la época almohade había todo un cargo de responsable de al-mustajlas28 y en la Granada nazarí la propiedad privada del monarca se llamaba mustajlas y “se había constituido mediante la confiscación de bienes inmobiliarios”. En este reino se conocen vastas aldeas y grandes explotaciones agrícolas de propiedad del soberano y de la casa real29.
Pero la realidad de al-mustajlas trasciende las épocas de gobierno islámico en al-Andalus. El impuesto de Almotaclacía que pagaban en concepto de renta los artesanos que tenían tiendas en la alcaicería de Córdoba en el año 1393, sólo puede ser la renta del zoco que anteriormente pagaban los comerciantes andalusíes al tesoro del emir o califa en concepto de alquiler, que ingresaba en al-mustajlas y que, sin lugar a dudas, se llamaría en árabe al-mustajlasiyya, o sea lo que ingresa en al-mustajlas30.
Podríamos por tanto sugerir que la estructura fiscal básica fundada por Abd al-Rahman I se perpetuó en al-Andalus a lo largo de los siglos del dominio árabemusulmán en la Península Ibérica. Esto invita a concluir que una “historia de los impuestos andalusíes” es posible aunque, obviamente, con lagunas en datos precisos y cifras exactas31. Los impuestos que las distintas autoridades cristianas fueron imponiendo a sus recién incorporados súbditos musulmanes sirven de confirmación y complemento a lo que falta en las fuentes andalusíes.
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS POR LOS CRISTIANOS CON SU ORIGEN MUSULMÁN.
De hecho, era habitual que la documentación cristiana de los primeros años de la conquista especificara que lo que querían cobrar los soberanos cristianos, tanto en el siglo XI, cuando conquistaron Toledo, como en los siglos XIII al XV, era lo mismo que estos súbditos venían pagando a las autoridades musulmanas. Conocido es el “supuesto” privilegio concedido por Alfonso VII a los pobladores cristianos de Toledo en el que les eximía del portazgo “nin entrada nin salida nin en toda mi tierra” y del “alessor” (versión latina) o “alexor” (versión romanceada) “al-‘ushr” musulmán que sobre el pan, el vino y otras cosas entregaban y, como asevera M.A. Ladero Quesada según la documentación toledana, las rentas e impuestos demandados en un primer momento por los monarcas castellanos fueron los mismos que se pagaban a la autoridad musulmana32. En la documentación de Alfonso VI de Castilla sobre sus campañas contra el Estado de los Banu Hud en Zaragoza, el rey hizo saber a las poblaciones que “non querie él otra cosa sinon el sennorío et aquellos derechos que solíen dar a sus moros segund su ley”33.
En la carta de los Reyes Católicos dirigida a Talavera, Tendilla y Calderón el 27 de febrero de 1496 se lee: “Et a nos es fecha relaçion que los dichos moros … han por bien e les plase de nos haser el dicho serviçio… sirviéndonos e pagándonos otro tanto quanto monta una almauna (al-ma‘ûna) e alaçer (al-‘ushr) segund que agora se coge e reçibe en ese reyno e así lo solían haser a los reyes moros quando tenían algunas nesçesidades”34.
La enumeración, muy detallada en ocasiones, de estos impuestos en la documentación cristiana corrobora el hecho de que aquella sociedad andalusí, en cualquier región de la Península Ibérica que hubiera estado, había organizado su vida según las leyes y los usos islámicos que había adaptado a su entorno. De hecho, estos impuestos exigidos a los mudéjares se comprenden si se les examina y se les encuadra en su origen andalusí. Por ello, seguiré en la exposición un orden acorde con la ideología islámica que los produjo: el deber religioso de al-zakât, los impuestos sobre la tierra, los impuestos sobre el paso de mercancías, los impuestos tolerados y las diversas exacciones35
5. LOS PAGOS QUE SE EXIGIERON A LOS MUDÉJARES Y SU RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS ISLÁMICOS.
Tal vez lo más visible en la documentación mudéjar sean los pagos que se efectuaban en cumplimiento de la obligación religiosa del azaque, considerada como acto de adoración hacia Allâh como la oración. Es la única medida fiscal establecida por el Corán. Grava los bienes, muebles e inmuebles, destinados a aumentar y a generar ganancias: los cultivos (ciertas especies están exentas), los animales, el oro y la plata, los bienes destinados al comercio, los minerales y los bienes que se encuentran bajo tierra. Existen precisas condiciones para su cumplimiento, entre ellas destaca, para el objetivo de nuestro estudio, que la riqueza rebase el tope mínimo establecido por la ley para cada artículo y que lleve en poder de su dueño un año entero salvo en lo que respecta a las cosechas. No existe diferencia entre el concepto de zakât y sadaqa, que significa también limosna36. Es interesante observar que en la limosna del oro y la plata el tope mínimo que obligaba a la limosna, si llevara en poder de su dueño un año completo era, para el oro, 20 meticales -el metical equivale ahora aproximadamente 4,4 gramos-, y para la plata 200 dirhames o sea 624 gramos; quien atesorara esta cantidad o más y no tenía deudas, pagaba por ella el $2 { , } 5 \%$ de su valor.
Igualmente interesante es observar que, según las leyes que regulan el azaque sobre los bienes destinados al comercio, que comprenden tanto los productos agrícolas y ganaderos como artesanales o industriales, oro, plata, tierras, etcétera, por este concepto el musulmán que tuviera la intención de comerciar con ellos, tendría que pagar el $2 { , } 5 \%$ de su valor total37, en un pago anual sobre todo el capital comercial y no un impuesto sobre las ganancias generadas por las transacciones y, por tanto, constituía un segundo gravamen sobre el producto en sí pero no sobre la misma persona. En cuanto a los bienes encontrados bajo tierra, es decir metales y tesoros, debía pagarse la quinta parte del valor de lo encontrado38.
Parejo al azaque anual, está zakât al-fitr (limosna de la ruptura del ayuno). Se paga al final del mes del ayuno, por tanto en distintas épocas respecto del calendario gregoriano y se calcula per capita. Es una donación en especie del cultivo más común en el lugar (arroz, trigo, cebada, dátiles, pasas) y su volumen tiene que ser un sâ‘ (3 litros) de cualquier producto, por cada una de las personas por la que se pague la limosna39.
Por esto concepto de al-zakât se recogía de los mudéjares los siguientes tributos:
El azaque sobre los cultivos.
Al-zakât sobre los frutos y los cereales será tratado en el apartado relativo al impuesto sobre la tierra por su relación directa con la forma de tasación.
El azaque sobre el ganado en la documentación mudéjar.
En la documentación mudéjar el azaque sobre el ganado deriva de los términos zakât o sadaqa y que, justo como establecían las normas islámicas, se entregaba en especie. En Aragón, la çadeca o azadeca consistía en el pago de un dinero por cabeza de oveja o cabra40. En Orihuela, el impuesto llamado atzaque recaía sobre el ganado menor, sólo el ovino y caprino, mientras que el asveig recaía sobre el ganado bovino41. En Valencia se pagaba el dret del azaque sobre el ganado menor, caprino, lanar y ovino42. En Málaga, Reino de Granada, se pagaba el açaque, saquí o zaquí, el derecho de ganado, que consistía en “la entrega de una cabeza por cada cuarenta o de dos por cada cuarenta si el rebaño pasaba de cien reses”43. En Cataluña se cobraba la çadega, cadegua o sadequa o açadaga sobre el ganado menor44.
El azaque sobre los bienes destinados al comercio.
La aplicación de la limosna sobre los bienes destinados al comercio y su efecto duplicador sobre todo tipo de productos se ve en la documentación mudéjar. Buena muestra de ello la encontramos en las Alpujarras, donde la actividad agrícola estaba gravada por una serie de impuestos45: a. el diezmo que pagaban los cereales (trigo, cebada, panizo, centeno y alcandia); es el diezmo del zakât; b. el tartîl (del árabe ratl, una medida de volumen), impuesto que se aplicaba a la exportación de la seda y de algunos cereales como el trigo, la cebada, el panizo y la alcandia; por tanto correspondiente al diezmo de la limosna sobre los bienes destinados al comercio y c. el tahamil -de la palabra árabe tajmîn, tasación, valoración- que se calculaba sobre el propio diezmo y que gravaba cada cadah en 5 dinares46, este último, como se expondrá más adelante, era la parte que había que pagar al tasador.
Mientras en Granada y en las Alpujarras el tartil, pagado en metálico, pesaba sobre los cereales como bienes destinados al comercio, el alacer, en la misma zona y época era la limosna que se pagaba por el mismo concepto sobre viñas y frutales. En las rentas de los mudéjares del obispado de Málaga del año 149747, el alacer era el “derecho que pagan los dichos moros [...] de los esquilmos o frutos... entiéndese de las viñas e árboles, de quarenta maravedís uno”. Según Pedro Hernández Benito48 “el diezmo de los olivos, viñas y frutales recibía el nombre de alacer (al-a‘shâr, plural de ‘ushr “diezmos”) y consistía en un $2 { , } 5 \%$ anual de todos sus frutos”, por tanto en metálico también. En conclusión, en el caso de Granada y las Alpujarras (y lo mismo ocurriría con toda probabilidad en otros lugares) se duplicaba el gravamen sobre el mismo producto: diezmos legales sobre el producto, correspondientes a la limosna y diezmos legales sobre las mercancías destinadas al comercio: en los cereales es al-tartil y en los frutos el alacer49.
De ahí, la gran variedad de tributos que se registraba en toda la geografía mudéjar. Por ejemplo, en las zonas de Orihuela o de Valencia, frutas como las uvas, estaban grabadas por el azaque canónico y, a la vez, dada su importancia en la economía regional, debían tributar también con el azaque como bien destinado al comercio50.
En los centros urbanos, este impuesto se refleja de forma distinta, pesando sobre el capital de los comerciantes o sobre cualquier tipo de bienes en los mercados. En Granada y en las Alpujarras está bien claro y es el impuesto llamado cequí. Según Lafuente en su Historia de Granada, el cequí es el azaque de oro, plata $y$ alhajas que se debía dar un cuarto de diezmo cuando la cantidad de oro llegaba a 20 doblas y la de plata a 20 adarmes, mas no se aplica cuando el oro y la plata se dedicaba a las guarniciones de espadas y a forros de manuscritos relativos a la ciencia y artes o anillos y a galas de mujeres”51, por tanto, en estricto cumplimiento de la ley musulmana, sólo cotizaban los destinados al comercio, con el tope mínimo bien especificado, mientras que no pagaban azaque los de uso personal. En las Alpujarras, el cequí lo pagaban los mercaderes, por un $2 { , } 5 \%$ del total de sus mercancías52. El mismo impuesto sería el registrado en Aragón como alherzes, por el rendimiento de industrias y oficios53.
El azaque sobre los metales y los tesoros encontrados bajo tierra.
Como se ha dicho, el quinto de los metales (minerales y tesoro) encontrados bajo tierra constituía uno de los ingresos del Estado. Las minas se entregaban en régimen de concesión para hacerlas rentables y el quinto de su producción le correspondía al Estado. En Persia, durante la Edad Media, el impuesto sobre las minas alcanzaba el quinto de lo encontrado, y lo mismo, presumiblemente, ocurría en al.
Andalus. En la documentación mudéjar de Valencia, la suma abonada a cambio de la concesión de una licencia para buscar tesoros o para realizar prospecciones mineras, conocida como el dret del tresor, correspondería a esta limosna54.
Zakât al-fitr en la documentación mudéjar.
La aplicación de zakât al-fitr se observa claramente en la alfatra, alfitra o l’alfatrà de los documentos mudéjares. Por su carácter personal, la documentación cristiana lo interpretó como un impuesto de capitación. En Orihuela está estipulado claramente que l’alfatrà se pagaba “per cada cabeza de moro o mora, çubay o çubaya, grands o petits” y su valor era de “un almud d’ordi”55. En Cataluña, se recogía la alfetra como una entrega fija de cereal -cebada o avena- hecha por los sarracenos de algunas localidades56. En la región andaluza medieval y Murcia “se pagaba alfitra, alfitrán o alfatra, impuesto de capitación al que estaban obligados todos los musulmanes, hombres, mujeres, niños y ancianos57. Hay que resaltar la diferencia que se registra en el caso de Granada y las Alpujarras, donde la alfitra tomó el sentido de un pago anual en metálico per capita58.
6. IMPUESTOS SOBRE LA TIERRA.
Hablar de los impuestos sobre la tierra en el Islam es complejo por la diversidad de las prácticas que se aplicaron en cada región después de las conquistas musulmanas en los siglos VII y VIII y por las discrepancias entre las distintas escuelas jurídicas sobre una multitud de temas como qué tierras fueron conquistadas por la fuerza y cuáles por tratado o qué tierras pertenecían a la comunidad, cuáles le tocaban al jefe militar a título personal, cuáles a sus soldados, entre otros temas59. Según la escuela maliquí, que imperó en al-Andalus, todas las tierras conquistadas –es decir todo el mundo islámico salvo Meca, Medina y la región de al-Hiyaz, cunas del Islam– pertenecen a la comunidad musulmana como botín de guerra o fay’; son, por tanto, tierras de la comunidad o del Estado. Ahora bien, no todas pertenecen al Estado de la misma forma ni en el mismo grado60. Se diferencian esencialmente por si fueron incorporadas a Dâr al-Islâm por capitulación o por conquista violenta y se clasifican según dos criterios fundamentales: la religión del poseedor de la tierra y la modalidad de posesión que son, en el fondo, dos factores interrelacionados.
Según el criterio de la religión, las tierras que habían quedado en manos de sus propietarios originales no-musulmanes pagaban el impuesto de al-jarây en reconocimiento de la dominación musulmana así como el tributo de capitación, cuya cuantía decidía el imam. Las tierras que habían pasado a manos musulmanas pagaban al-‘ushr en concepto de alquiler, menos gravoso que las tierras “jarâyiyya”61. Tanto lo recaudado como al-jarây como lo recaudado en concepto de ‘ushr ingresaba en el tesoro público para ser invertido, según criterio del imam, en favor de la comunidad; el imam era quien tenía también la facultad de aumentar o disminuir el impuesto, según las necesidades del gobierno y la capacidad del que pagaba, y de decidir si se pagaba en metálico o en especie. Con el tiempo y en diversos lugares y circunstancias, y sobre todo por lo abusivo que fueron estos impuestos sobre la tierra que tenían que pagar los musulmanes, se confundieron en el tipo y en la terminología con al-jarây, de allí que siempre fuese considerado abusivo y por tanto extra-canónico62. En cuanto a la posesión, las únicas tierras que, según la jurisprudencia, motivan la “propiedad privada” reconocida son las tierras mawât, los agri deserti que la persona, con su esfuerzo, trabaja y revivifica; por ellas se tenía que pagar al-‘ushr63. Distintas son las tierras waqf o hubûs, tierras res extra comercium, que se quedaban en manos del agricultor (musulmán o no musulmán) por las cuales pagaban el impuesto en concepto de alquiler64.
La labranza de todas estas tierras la regula la jurisprudencia poniendo el marco legal contractual entre el terrateniente y los que labraban sus tierras llamados ‘âmir (el que hace habitable), munâsif (mediero), sharîk (asociado), por medio de seis modalidades de contratos de aparcería que determinaron la vida de los que llegaron a llamarse exaricos entre los mudéjares como se observa en la documentación cristiana65. Estos tipos de contratos eran conocidos en al-Andalus como lo atestiguan la multitud de dictámenes jurídicos emitidos y conservados en las recopilaciones de fatwas, entre otras fuentes 66.
63 Las tierras mawât, los agri deserti comprenden varios tipos. Por un lado, las tierras que se dejaban sin cultivo para el uso común y que no pertenecían a un individuo sino a la comunidad de un pueblo situado generalmente en las proximidades; estos habitantes debían permitir el libre acceso a cualquiera para el disfrute de sus pastos, agua y leña, mientras no dañara el interés de los particulares, conservando ellos siempre la prioridad; por el otro, las tierras no labradas, cuyo cultivo estaba recomendado; cualquier individuo o grupo de personas podía trabajarlas tras obtener licencia del imam. La tierra revivificada por el cultivo, por la construcción de una casa o la apertura de un pozo, se concedía en propiedad al que había trabajado en ella y, además, recibía un trato especial desde el punto de vista impositivo. El fiqh da una importancia especial a las tierras yermas porque su cultivo representa el esfuerzo recompensado por la propiedad y todas las escuelas jurí- dicas detallaban sus normas (LOKKEGAARD, F., Islamic taxation, pg. 50 y 51; LAMBTON, “Kharâdj” en E.I. , $2 ^ { \circ }$ edición, Leiden 1975; BAQIR AL-SADR, M., Iqtisâdunâ 466-67; QARADAWI, Fiqh al-zakât.405-419).
64 Las tierras waqf son aquellas inmovilizadas o retenidas en beneficio de la comunidad, parecida a la institución bizantina piae causae. El agricultor tenía el derecho de usufructo, pagando por él un arriendo al Estado. Por tanto, la detentio era del agricultor mientras la possesio era del Estado. El gobierno y la administración los ostentaba el imam o su representante, generalmente el cadí, en su calidad de tutor o wâli de estas tierras. Habitualmente, las tierras waqf fueron favorecidas desde el punto de vista fiscal y, aunque teóricamente, eran intransferibles -ni por venta, ni por herencia- en la práctica fueron objeto de confiscaciones y de posterior venta o alquiler, como cualquier otro tipo de terrenos (LOKKEGAARD, F., Islamic taxation, pg. 53 al 55 y LAMBTON, A., Landlord and peasants, pg. 27). Las tierras waqf o habus fueron abundantes en al-Andalus, según se desprende de al-Ahkâm de Ibn Sahl; véase JALLÂF, A. M., Târîj al-qadâ’ fî-l-andalus min al-fath al-islâmi ila nihâyat al-qarn al-jâmis al-hiyrî, al-hâdi cashr al-mîlâdî (Historia de la institución judicial en al-Andalus. Desde la conquista musulmana hasta final del siglo Vhg/XI d.c.), El Cairo, 1992, pgs. 571 - 610 y AT-TÂHIRI, ‘Ammat qurtuba fi ‘asr al-jilâfa, Rabat, 1988. pg. 74.
65 Estos son: al-muzâra‘a, al-musâqât, al-mugârasa, al-mujâbara, al-mubâdara y al-kirâ’ (véase ABBOUD-HAGGAR, S., “Leyes musulmanas y fiscalidad mudéjar”, pgs. 184-186.
7. MODALIDADES DE VALORACIÓN Y CÁLCULO DE AL-JARÂY Y DEL AZAQUE SOBRE LOS CULTIVOS.
El impuesto sobre la tierra se calculaba según una de las tres modalidades que a continuación se detallan por su claro reflejo en la documentación mudéjar: por unidad de tierra (al-misâha) que se cobraba en metálico y a plazos; por el volumen de la cosecha (al-muqâsama), en principio pagando en especie parte de lo recolectado, pero también podía pagarse en metálico; por estimación global del cultivo (almuqâta‘a), prescindiendo de la extensión de la tierra y de la posible cosecha y que también se pagaba en dinero o en especie.
Al- misâha o Jarây al-wazîfa.
En esta forma de cálculo del impuesto sobre la unidad de superficie cultivada, se daban dos posibilidades67. Por un lado, pagar una suma fija por la unidad fiscal de tierra llamada yarîb (alrededor de 1.600 metros cuadrados). Como era un impuesto independiente del rendimiento de la tierra y de sus fluctuaciones, se calculaba por año lunar islámico y se podía recaudar en metálico y en varios plazos (generalmente tres). Por el otro, se calcula la unidad de tierra arable o aprovechable, tomando siempre en consideración todos los condicionantes: la ubicación de la unidad tasable respecto a las fuentes de irrigación; la calidad del suelo y su fertilidad; la clase y densidad del cultivo; su situación respecto de los mercados o los puertos marítimos o fluviales que facilitan el transporte y respecto de las vías terrestres de comunicación que les unía con los mercados. Se tenían, también, en consideración los períodos de cultivo y de barbecho, en cuyo caso se cobraba la mitad del impuesto. Por lo cual, la proporción que se pagaba por el mismo cultivo variaba de un lugar a otro dentro de la misma región. Era un sistema de evaluación que el imam tenía que realizar todos los años para calcular el rendimiento de la unidad de tierra, en un proceso periódico llamado tatrîz al-jarây.
Al- muqâsama.
Fijaba la cuantía del impuesto sobre el volumen de la cosecha, teniendo siempre en cuenta la facilidad o dificultad de acceso al agua. Por medio de este sistema se fijaba el monto del azaque sobre los cultivos. Si la irrigación se efectuaba de forma natural, es decir, si el cultivo recibía el agua necesaria por medio de la lluvia, pozos, canales o aguas subterráneas sin intervención del labrador, se pagaba el diezmo entero; si, al contrario, el labrador necesitaba desplegar esfuerzos para extraer el agua de los canales por medio de artilugios, pagaba la mitad del diezmo. Si se combinaban ambos sistemas de irrigación, se pagaba las tres cuartas partes del diezmo. Los distintos tipos de tierras, según este criterio de irrigación, están muy bien especificados en la jurisprudencia porque determina el monto de la limosna legal del labrador sobre lo que producen sus tierras.
Este método de cálculo se aplicaba, principalmente, a los cereales por la relativa facilidad de su transporte hasta las eras donde se trillaba, se pesaba y se repartía entre el Estado y el labrador68. El impuesto sobre el fruto de los árboles y plantas ofrecía más problemas por la dificultad de almacenaje y transporte. Algunos juristas recomendaban su cálculo sobre una unidad de tierra fija, otros según el método de al-muqâsama (después de recoger los frutos) y otros, contando el número de árboles69.
En la práctica y sin que haya unanimidad respecto de la legalidad de este sistema, en las plantaciones extensas se seguía el sistema de evaluación aproximada de la cosecha llamado al-jirs, que a veces se efectuaba antes de la maduración de los frutos –se llamaba entonces tajmîn para los frutos y hazr para los cereales–, y que dependía totalmente del criterio del tasador. Sin embargo, quedaba siempre el recurso, acorde a la ley, de calcular el impuesto después de la venta de los frutos70.
Al- muqâta‘a.
Esta era la tercera modalidad de cálculo del impuesto sobre la tierra. Indicaba, a la vez, una forma de tasación y de recaudación. Se trataba de que un individuo o grupo de personas se encargaran de recaudar y entregar por adelantado a la administración una suma de dinero, estimada según una operación llamada cibra, que calculaba los beneficios más bajos registrados en un año y los más altos obtenidos en otro y se tomaba la media. También se consideraban las circunstancias de cada año y los precios71. Al- muqâta‘a, como sistema de recaudación-tasación, enlaza con dos prácticas islámicas más que se han reflejado en la documentación mudéjar:
Al-qabâla: sistema de recaudación más antiguo que al-muqâta‘a, paralelo a la locatio romana y que consistía en la recaudación de los impuestos por una persona o grupo de personas que garantizaban el aporte de una cantidad fija como impuesto de la colectividad que luego se encargaban de cobrarlo; desempeñaban también la tarea de recaudar los derechos de mercados, de puertos y de prostíbulos y con frecuencia, eran nombrados por las autoridades72.
Al-hawâla: Literalmente “giro” o “letra de cambio”, se refiere a la subrogación de un crédito. En el ámbito fiscal islámico se aplicaba a la orden dada por un gobernante sobre cualquier tipo de concesión “muqâta‘a” en la ciudad o en el campo -por ejemplo, sobre un horno, un molino, un producto agrícola específico, cierto tipo de tierras o fincas- para que sus beneficios, es decir sus impuestos, fueran pagados en metálico a terceros73. En el ámbito islámico, al- muqâta‘a y al-hawâla fueron la base del sistema financiero y lo debieron ser, también, en al-Andalus donde, a escala individual, se halla en formularios notariales de Córdoba, en el siglo X, y de Granada, en el XIV74.
8. IMPUESTOS MUDÉJARES SOBRE LA TIERRA Y LOS CULTIVOS.
A continuación, se expondrán los impuestos sobre la tierra que tuvieron que desembolsar los mudéjares a las autoridades cristianas y su relación con el sistema islámico que acaba de describirse, al-misâha, al-muqâsama y al muqâta‘a; estos tres sistemas de cálculo explican la diferencia entre las distintas tasas que se pagaban por el mismo producto en la misma región.
Al- misâha (método de cálculo de los impuestos sobre unidad de tierra cultivada)
En Valencia y Orihuela, el impuesto sobre la tierra según este método islá- mico de cálculo se llamaba el almagram. Para probar que el almagram era el impuesto sobre la tierra, calculado según el sistema de al-misâha en esta región, basten las siguientes anotaciones extraídas de la documentación cristiana: El almagram equivalía a las “rentas agrícolas que gravaban secciones o unidades de tierra”75, en clara referencia a la medida por unidad. En la región de Orihuela, el almagram se calculaba sobre la alfaba que “era la unidad fiscal en la que se podía tener en cuenta tanto la extensión de la tierra como el rendimiento de los árboles plantados”76. En Pego (Valencia), “la contabilidad fiscal revela la naturaleza del almagram [con la tierra] indicando que las sumas de …besantes pagados… corresponden a la posesión de otras tantas alfabas, término que designa una especie de unidad de medida del valor de la tierra irrigada”77. En el Valle de Ayora “se pagaba anualmente 18 sueldos por alfaba de acuerdo con la estimación realizada previamente por el cadí, siendo inspeccionadas cada siete años para ponerlas al día”78, es decir, había una revisión cada siete años, y el pago se hacía en metálico, después de la inspección del cadí que actuaba como máxima autoridad dentro de la aljama.
Recojo varias indicaciones más recogidas de la documentación cristiana sobre zonas del Levante. El almagram “era un impuesto global y no diferenciaba productos ni cosechas buenas ni malas”79. El almagram era un “impuesto ligado a la propiedad de la tierra. No se pagaba de una manera uniforme, sino según el valor de las tierras que poseía cada uno, y en cuya valoración se tomaba en cuenta la extensión, la calidad de la tierra, los árboles plantados. $\boldsymbol { \mathfrak { s } } \mathbf { 8 0 }$ . “En el año 1375, se mandó hacer una revisión de las tierras de la huerta del señorío de Elche sujetas al impuesto para que no paguen no mas para los árboles y las viñas ya que habían quedado mermadas después de la guerra entre las dos Castillas. Siete años después, en 1382, se hizo otra revisión... “; “.. El infant Martí autorizó a los moros de Elche a elegir un hombre que tendría que medir y valorar sus tierras a fin de que cada uno pagara almagram correspondiente ya que algunos trozos se habían deteriorado y otros mejorado... $\boldsymbol { ? 2 1 }$ en clara referencia a la medición por unidad cultivada y a la revisión del rendimiento de las tierras cada siete años. “El almagram valenciano [...] recaía sólo sobre la tierra [..] sobre secciones o unidades de tierra $[ . . ] ^ { 7 ^ { 5 } 8 2 }$ .
En Murcia, al contrario, la alfaba era la renta global de la que “el rey Sabio hizo donación de distintas porciones […] a caballeros castellanos que cobraban de los arrendatarios musulmanes tanto los derechos de propiedad como las rentas pertenecientes a la realeza”, mientras que la tahulla era la medida general de superficie en toda la tierra de riego83.
En la Andalucía medieval, el impuesto sobre la tierra era el almarjal, de la unidad de superficie islámica al-marya‘ que equivalía a 25 codos cuadrados. Según la documentación mudéjar “El almarjal era el impuesto sobre la propiedad de la tierra... Había un almarjal de regadío y otro de secano que tributaban de forma distinta”84; o sea, siguiendo la norma islámica de valoración según la superficie cultivada, teniendo siempre en cuenta la cercanía del agua, la facilidad de riego y el tipo de producto.
En la Alpujarra nazarí, el impuesto sobre la tierra era el llamado derecho de los marjales. Según la documentación, este derecho “parece recaer sobre la extensión de la superficie cultivada tanto en verano como en otoño […] había marjales de regadío y marjales de secano”85. Por tanto, el marjal era la unidad fiscal de superficie que tenía en cuenta la calidad del cultivo según la estación y las condiciones de la tierra respecto al agua.
Al-muqâsama (el sistema de cálculo de los impuestos sobre la cosecha)
El sistema impositivo sobre la cosecha (al-muqâsama), que gravaba, sobre todo, los cereales, determinaba la cuantía de los diezmos canónicos en especie y en metálico que pagaba el musulmán. La al-muqâsama aparece claramente en la documentación mudéjar y explica la diferencia de lo cobrado sobre el mismo cultivo dentro de la misma área. En Toledo, se cobró “aloxor”, en referencia a “al‘ushr” que gravaba determinados productos agrarios como el pan y el vino86. En la región levantina se cobraba, entre otras cosas, el delme del forment, delme de la civada, delme de les faves, delme de l’oli...87. En Aragón, “la forma más extendida como impuesto de terraje siguió siendo la tasa proporcional a la cosecha […] los panes tributaban el tercio, cuarto o quinto, el azafrán pagaba menos, por ser más trabajoso”88. En la aljama de Huesca, se valoraban los impuestos a la manera islámica: los cereales y los productos de almacenar por cahíz89 “cahíz de trigo 6 dineros, cahíz de habas 6 dineros”90, etcétera, mientras que para las uvas se calculaban los impuestos después de su venta, como establecía la norma, al menos teórica, del sistema de al-muqâsama: los granos en especie, después de llevarlos a la era, y las frutas frescas después de su venta, para establecer el gravamen sobre su precio. En la Andalucía medieval se cobraba el diezmo del pan, del trigo, de la cebada y de todas las otras simientes91. En el reino de Granada, y según viene especificado en Las rentas de mudéjares en el obispado de Málaga del año 1497, “el diezmo de todo el pan e panizo e sayna e garvanços e havas e lino e miel e çera e todo otro qualquier semilla que cojan an de pagar el diezmo […] (que) se cobraba a menudo en especie”92.
Al-muqâta‘a y al-hawâla.
Como se ha expuesto anteriormente, el sistema financiero de al-muqâtaca y al-hawâla se refleja en la documentación mudéjar relativa al reino de Granada, con los términos al-hagüela, al-haguela, almahaguala, alvalá y alvalaes y se aplicaba a todo tipo de concesiones (muqâtacat). Así, el almahaguala se definía como “un derecho que los reyes moros arrendavan de esta manera: que ningun moro fuese osado de vender almendra ni pasa de sol a ninguna persona açebto a las personas que los dichos reyes moros le mandasen arrendar”93; por tanto, se trataba de una concesión sobre la venta de almendras y uvas pasas. La hagüela se refería a “las rentas de los molinos de pan e aceyte e frutas e tiendas e baños e huertas e otras cosas ... que se llama la haguela que era posesión de los reyes y reinas moros y que ningún otro los podía tener”94, por tanto, era una orden de transferencia o el dinero mismo que se transfería a las arcas de los reyes nazaríes o a terceros en su nombre. No se trataba, por tanto, de un impuesto sino del resultado del sistema financiero islámico.
Para terminar hay que apuntar a que, según la tradición islámica, existía la posibilidad de cobrar los impuestos sobre la tierra a plazos que, cuando acumulaban atrasos -en árabe baqiyya-, se pagaban más tarde e, incluso, se heredaban95.
9. IMPUESTOS COMERCIALES.
Ya se ha visto que, según el precepto de al-zakât, los productos destinados al comercio tributaban anualmente con el $2 { , } 5 \%$ de su valor total. Aparte de esto, la actividad comercial estaba gravada por varios derechos e imposiciones.
Aduanas y peajes.
Así, se pagaba al-‘ushûr, el diezmo anual sobre la entrada y salida de mercancías de cualquier país o localidad islámica, un impuesto aceptado por ser una práctica originada en la época de los califas ortodoxos. A pesar de que, teóricamente, las fronteras se tenían que establecer entre tierras islámicas y no islámicas, se alzaron fielatos entre las localidades musulmanas o a las puertas de los pueblos y ciudades para garantizar el pago de “al-‘ushûr”. En las grandes rutas fluviales se colocaban cadenas para controlar el paso de los barcos, mientras que, en los caminos, se abrieron oficinas de vigilancia al-diwân (aduana) o marâsid, que supervisaban los al-mushrif (supervisor) o al-amîn (encargado)96. Se cobraban, además, tasas en contraprestación por los servicios prestados por el Estado, máximo dueño de todos los espacios públicos y responsable de su mantenimiento y protección97.
Lo mismo ocurría en al-Andalus donde el impuesto comercial sobre la entrada y salida de mercancía era uno de los ingresos más importantes del tesoro público(98). En reflejo de esta realidad está en la documentación mudéjar. En Valencia, se pagaba el quirat (de la moneda árabe qirât), un “dret de duanes que gravaba la entrada y salida de mercaderías de las ciudades del reino de Valencia; era el derecho que pagaban los moros para las cosas que compraban y vendían”99. También había que pagar por los distintos derechos de lleuda y peatge, tasas sobre la venta y paso de mercancías y era aplicable sobre los artículos que venían de lejos y también sobre los de consumo cotidiano100.
En el reino nazarí, el impuesto sobre el movimiento mercantil, terrestre y marítimo, se llamaba magram -de la misma raíz que el almagram valenciano-, una especie de derecho de aduana101. Lo mismo ocurría en las Alpujarras, donde el magram era el “derecho de las mercadurías que entraren y salieren por mar o por tierra”102. En las rentas de Granada de 1496, se gravó el paso del lino, de la seda y de la pasa, además de un impuesto adicional sobre la seda103.
Arrendamiento de tierras y edificios del Estado.
Como se dijo anteriormente, en la tradición islámica, por el principio del botín de guerra, el Estado se convertía en el dueño de tierras y ciudades enteras, sobre todo las murallas y las grandes rutas, con lo cual se atribuía el derecho de exigir el arrendamiento de los edificios construidos sobre el suelo que le pertenecía; así ocurría, por ejemplo, con las tasas pagadas sobre los mercados y las tiendas104. Esto no quería decir, sin embargo, que el Estado no reconociera la propiedad individual del dueño, ya que éste tenía derecho a disponer de sus propiedades para venderlas, alquilarlas, inmovilizarlas o dejarlas en herencia. Una propiedad más directa se atribuía el Estado sobre los jan o funduq (alhóndiga) y alcaicerías, puntos comerciales característicos de las ciudades islámicas y por los que recaudaba un derecho de entrada de los mercaderes.
En la época mudéjar se observan varios tipos de impuestos de este género:
En Orihuela, los sarracenos pagaban a la corona los derechos por los baños, los hornos, los molinos, las carnicerías y las pescaderías, las alhóndigas y las tabernas. En Andalucía se pagaban impuestos, como el pepión, por el uso de determinados monopolios como hornos, baños y alhóndigas. En Córdoba, en concepto de renta de las tierras del Estado o del imam, los artesanos que tenían tiendas en la alcaicería de Córdoba en el año 1393, pagaban almotaclacía, que ingresaba en el tesoro privado del emir105. En Aragón, se cobraban alquileres sobre casas y tiendas de las morerías.
Protección y vigilancia.
Además de los derechos recaudados como alquiler de sus instalaciones, el Estado cobraba tasas de las alhóndigas en concepto de protección y vigilancia y lo mismo hacía con el servicio de correo, con el servicio de pesos y medidas y, sobre todo, con las acuñaciones. Estos derechos de acuñación están ampliamente registrados en al-Andalus y suponían grandes ingresos para las arcas del Estado o del califa. En la época califal, Ibn Hawqal afirmaba que el arriendo de los derechos de acuñación de dinares y dirhames ascendía anualmente a 200.000 dinares”106.
En la época mudéjar este tipo de cargas está bien documentado:
En Valencia el morabetí era un impuesto regular que se pagaba cada siete años al rey para que no alterara el peso de la moneda107. Se pagaba, también, el mesuratge y el pes o pesatge, tasa para las medidas y pesos públicos108. En Aragón y Cataluña, los mudéjares pagaban el monedaje.
Impuestos sobre la actividad ganadera.
Había dos tipos de impuestos sobre la actividad ganadera aparte del azaque, que también existían en otras comunidades musulmanas como al-Andalus.
Por el uso de pastos (marâ‘i)
En la tradición islámica, los habitantes del pueblo que aprovechaba los pastos de los terrenos circundantes, pagaban un canon o un arrendamiento por su uso; en teoría, cualquiera podía usar estos pastos mientras sobraran pero, en la realidad, se cobró su aprovechamiento como ocurría en Persia109 y en Egipto110; en ambos casos se pagaba en dinero.
En época mudéjar, en Valencia, se registra el herbatge, que “permitía la utilización de los pastos de un término incluso a los forasteros”111. En Granada y la Alpujarra el talbix recaía sobre los ganados que permanecían algún tiempo en determinadas dehesas del reino granadino112.
Sobre las cabezas de ganado (al-mawâshi o al-kasab113):
En la tradición islámica, se pagaba un impuesto adicional en metálico por los animales domésticos, los no gravados por los impuestos canónicos, práctica que se hacía también en Egipto y en Persia donde, además, se entregaba leche, mantequilla y otros productos lácteos como parte de lo debido al fisco. En la documentación mudéjar, vemos los mismos casos. En el reino de Granada, en el año 1496, respondiendo a una petición real, las autoridades mudéjares consintieron entregar un queçeb, que gravaba el ganado y se pagaba en metálico una vez al año en primavera; se les exigió además, que lo pagaran junto con su afiça o afisa (del árabe qafîz medida de volumen de cereales) que llenarían de cereales, probablemente. También en Granada se les pide a los mudéjares el pago del impuesto llamado manfa o mafa114, por cada cabeza de ganado menor y ganado mayor y, además, un día cada año lunar, se entregaba toda la leche y el queso que produjeran cabras, ovejas y vacas. Su cuantía variaba según el número de cabezas y la calidad del ganado115. En Valencia se pagaba el dret del bestiar.
Por el uso del agua:
En la tradición islámica, lo mismo que ocurría con los pastos, los que aprovechaban el agua de un río o de un pozo, pagaban una tasa por su uso. El agua en sí misma era un bien no vendible, pero su uso estaba muy regulado116.
Durante la época mudéjar, en Valencia se ha documentado el pago del sequiatge que, más que un derecho pagado por regar, era una tasa por el uso del agua y el mantenimiento de los canales117. En Aragón, la farda era el derecho que se pagaba por las aguas de riego118.
10. IMPUESTOS TOLERADOS: AL-MA‘ÛNA.
En la tradición islámica, efectuar un pago adicional en concepto de mantenimiento de los militares que cobraban su soldadas de la hacienda pública, era tolerado y aceptado; solía hacerse gravabando los bienes raíces119. En al-Andalus, tierras de frontera, los impuestos para la defensa y el ejército eran totalmente justificables desde la época Omeya de Córdoba y suponían grandes cantidades de dinero120. Apoya esta necesidad el razonamiento del alfaquí granadino Ibn Manzur en su dictamen jurídico recogido por al-Wansharisi en el que sentenció que sufragar los gastos militares era una obligación del contribuyente si el tesoro público se encontrara incapaz de hacerlo; reconocía así la legalidad del impuesto conocido con el nombre de al-ma‘ûna, que se satisfacía en metálico gravando la tierra121. Sin embargo, el abuso y su instauración como impuesto fijo lo convirtió en uno de los más onerosos.
Varias razones inducen a relacionar este tributo con el impuesto registrado en la documentación mudéjar como almauna o almaguana aparte del posible desarrollo lingüístico. En una alquería como Gaucín, los moros reclamaron estar exentos del pago de la almaguana por su condición de fronteros, exención ésta que se concedía tanto en la época islámica como en otras por estar estos habitantes siempre en estado de alerta ante el enemigo122. En Granada, almauna o almaguana era el principal impuesto y consistía en el pago del $2 { , } 5 \%$ anual del valor de todos los bienes raíces123. En Aragón, se registra un impuesto llamado almauna, pero cuyas características no están del todo claras pero que podría estar en relación con lo anterior.
11. EXACCIONES “MUKÛS, ITÂWA, O MAGÂRIM”
En este apartado se tratará de los impuestos extra-canónicos, en el sentido de que eran tributos que gravaban actividades que la jurisprudencia no reconocía como gravables. Al ser considerados irregulares, raramente aparecían en las listas fiscales oficiales y menos aún en los tratados de fiqh aunque sí en las recopilaciones de fatwa. Algunos era comunes en todo el ámbito islámico por una evolución de los mismos principios124. Aquí se expondrán varios de los impuestos mudéjares que tuvieron paralelos en Egipto, Iraq y Persia. Su exigencia de las comunidades mudéjares es un indicio más de que de hecho habían existido en al-Andalus estos magram / magarim que tantas veces aparecen en las fuentes sin explicación de su naturaleza 125.
Al-yizya, el tributo de capitación126.
Ya se quejaba Ibn Hazm es su opúsculo diciendo que tenían que pagar “… la capitación (al-yizya), impuesto sobre las cabezas de los musulmanes, que llaman al-qatî‘ y que se recauda mensualmente”127. Considerado por todas las fuentes como el impuesto más intolerable, humillante y extra-canónico que existía en al-Andalus se podría calificar como característico de la sociedad andalusí. Al contrario de lo ocurrido en otras comunidades islámicas que siguieron bajo dominio musulmán, los andalusíes, sometidos a partir del siglo XI a una progresiva presión cristiana, se vieron forzados, a partir de las taifas, a pagar las parias en señal de sometimiento al nuevo dueño de las tierras128. El emir cAbd Allah b. Buluggîn de Granada escribió, en el siglo XI, en su libro at-Tibyân: “[…] Fernando I no cesaba de fortalecerse mientras los musulmanes se iban debilitando en igual medida, con el pago de la yizya para satisfacer las parias”(129). Aunque el término de al-yizya era el más corriente, la documentación muestra que en época del emir almorávide Yûsuf b. Tashufîn se usaba el término al-fard (farada, imponer), para designar el tributo de capitación impuesto por él a los judíos en el año 1071130, con lo cual no extraña su existencia en la documentación mudéjar.
La documentación cristiana muestra que lo que se les exigió a los mudéjares en concepto de capitación era la continuidad de al-yizya musulmana. Así, en Aragón, los sarracenos pagaban la pecha “... generalmente en dinero, impuesta en forma colectiva a la aljama, que se encargaba de repartir la carga según las posibilidades de sus miembros131. En la aljama de Huesca, en el siglo XIV, “la pecha era un impuesto fijo..., que no era una cantidad igual para todos, y que dependía de la situación económica de cada uno”132.
En la gobernación de Orihuela, “la alfarda era el impuesto más importante... se designaba también con los nombres cristianos de peita, pedido o questia... Consistía en una suma fija anual que cada comunidad tenía que pagar al rey y que la misma comunidad repartía entre sus miembros... según sus posibilidades económicas...”. En Elche “se encargaba el cadí, máximo responsable de la aljama, de distribuirla”133.
En el valle de Ayora, la alfarda “equivalía al pecho de los cristianos, y consistía en una cantidad fija anual que cada aljama abonaba al monarca o a su señor”134. En Andalucía, se pagaba el pecho de los moros, en metálico, estando obligados a él sólo los moros adultos o la aljama en su conjunto135. En Ávila, hasta el año 1501, cada mudéjar cabeza de familia tenía que pagar la pecha136.
En el reino nazarí de Granada, la farda era “la contribución y cuota de capitación que habían de satisfacer los cristianos y los judíos que vivían bajo el dominio musulmán como más tarde se aplicó a las que satisfacían los musulmanes que viví- an en territorio cristiano”137. Después de la conquista, en la Granada mudéjar, el término de farda se aplicaba “para designar la contribución de los moriscos al pago de la vigilancia costera”138.
Así se conectan la capitación islámica y andalusí (“al-yizya” y al-farda nazarí) con la alfarda en Valencia, pecha o peyta en Aragón, questia en Cataluña, pecho de los moros en Andalucía. Su recaudación en el interior de las aljamas, llevada a cabo por los cadíes o por el consejo de ancianos, se haría siguiendo las normas islámicas que se especificaban en los tratados de jurisprudencia.
Existió también en la tradición islámica una forma, no muy común, de cobrar al-yizya, por familia o por fuego que, en un primer momento se registró en el Norte de Siria139 y que en el siglo XV se practicaba también en Persia como un impuesto sobre fuegos o sobre cabezas de familia140. A ello se debe tal vez el impuesto mudéjar que se documenta en la región levantina como cabeçatge o dret de les cabeces que se pagaba en cada hogar por los varones mayores de edad y por las viudas141.
12. EXACCIONES SOBRE CIERTOS PRODUCTOS DEL MERCADO Y DE LAS TIENDAS.
La queja de Ibn Hazm en su opúsculo antes mencionado: “y además, ciertas alcabalas (al-qabalât), que se pagan por todo lo que se vende en los mercados…”, refleja otra realidad de la fiscalidad andalusí que también se registra en otros ámbitos islámicos142 y en los impuestos exigidos a los mudéjares. Estas alcabalas o derechos de mercados gravaban ciertos productos que se vendían en los mercados y fueron considerados desde un principio una exacción gravosa e intolerable. En la documentación mudéjar, las alcabalas sobre los mercados y las sisas son muy abundantes. Sirva como ejemplo las alcabalas que se cobraban en Málaga sobre los higos, las pasas y las almendras, sobre hierbas, corcho, turma, carbón, alcaparras y esparto143.
13. EXACCIONES EN ESPECIE: AL-SUJRA O ÇOFRA Y EL APORTE EN ESPECIE.
Estas prácticas no eran privativas de al-Andalus, sino que se registraban a escala general de las comunidades musulmanas. Está documentada en Iraq, Persia y Damasco, y hasta hoy se registra en algunas zonas de Persia144. En la España musulmana también se practicó. Lévi-Provençal recogió su existencia en Córdoba. Los labradores más pobres hacían trabajos obligatorios en los campos durante la época de la siembra y de la cosecha, bajo vigilancia de soldados y guardias145. En época emiral y califal se aplicó a gran escala en la construcción y en los trabajos de reparación de puentes, conducciones de agua y mezquitas146.
La çofra, arabismo formado de la práctica de al-sujra, pervivió a lo largo de toda la presencia histórica del Islam en la Península y está ampliamente registrada y su empleo en época mudéjar ha sido muy estudiado147. Aparte de la çofra, existía también la práctica del aporte de pollos y leña que está documentada en muchos ámbitos islámicos148. En la España mudéjar abundan los ejemplos sobre el aporte de gallinas y leña.
14. IMPUESTOS ADICIONALES (ESPECIE O METÁLICO) PARA EL IMAM, FUNCIONARIOS Y ALTOS CARGOS.
Alojar y mantener a los soldados, al imam, a su séquito y sus mensajeros.
En la tradición islámica, los tratados de fiqh estipulaban el alojamiento de los soldados durante tres días y tres noches, período, sin embargo, que solía alargarse mucho más. Además, se obligaba a los habitantes de las zonas rurales a cargar con la manutención de los mensajeros del gobernante149. En al-Andalus la práctica de acoger y mantener al califa y su séquito, conocida con el nombre de nazîla, se convirtió en una obligación anual, que se satisfacía en metálico150.
Los mudéjares de Valencia pagaban el impuesto llamado la cena: “hospitalidad debida por el vasallo al señor que se sustituía por una cantidad de dinero hasta convertirse en impuesto fijo y permanente”151. En Huesca, la cena consistía en que “los moros tenían el deber de alojar y sustentar al rey y su séquito. Se distinguía entre la cena de presencia y la cena de ausencia, esta última se convirtió en un impuesto fijo”152.
Mantenimiento de los altos funcionarios.
En la tradición islámica, los funcionarios y los altos cargos recibían su salario de la hacienda pública; sin embargo, se recaudaban impuestos especiales, llamados en árabe mu’na o mu’an “provisión” para su mantenimiento personal153 . En la documentación mudéjar, se encuentran los siguientes pagos herederos de aquellos que se efectuaban en el ámbito islámico:
El salmadinatge: un impuesto derivado del cargo de sâhib al-madîna (prefecto de la ciudad), ampliamente estudiado y registrado en al-Andalus. Cobraba su sueldo de la hacienda pública, como todos los altos funcionarios154,ostentaba atribuciones recaudatorias y podía tener competencia en materia de delitos públicos y, como dice Lévi-Provençal, “era la más alta autoridad urbana”. Por tanto, se pagaba este impuesto a nombre de tal autoridad, que reunía atribuciones fiscales y de policía.
La alquieda: Etimológicamente, procede de la palabra árabe al-qiyâda “jefatura militar”. El cargo de qâ’id se registra en la época de las taifas155. Está emparentada con el salmadinatge en la documentación mudéjar, pero tal vez el primero representaba la autoridad urbana y el otro, la militar. En las Alpujarras, el impuesto de las alcaydias se describe como probable “impuesto que se refiere a cierta contribución que los vecinos hacían para el mantenimiento del alcaide”156.
Almoxarifazgo: Del cargo de al-mushrif (supervisor) que, en la época andalusí, cobraba las aduanas a las puertas de las grandes ciudades y puertos; también hacía este trabajo el al-amîn (encargado), de ahí el alaminatge157.
Los recaudadores de impuestos.
En la tradición islámica, la shari‘a establecía que el pago al recaudador de impuestos se efectuara de la suma recaudada por el azaque. Sin embargo, no tardó en ser una tasa adicional, abusiva. Se añadía a los pagos para el tasador y sus múltiples acompañantes y a su manutención. Este tipo de contribución está ampliamente registrado en la época medieval en Egipto, Persia y Iraq.
Por el mismo concepto, los mudéjares pagaban lo siguiente: en Orihuela, el dret del obedre o bedre, de la palabra árabe al-baydar “la era”, donde se extendían los granos para su tasación y reparto158. El dret de ogera, un recargo por el salario del recaudador de impuestos.
En el reino de Granada, el tributo de la garfa se cobraba en las eras al hacerse cargo el encargado del diezmo. En Málaga tenían que dar de comer a todos los tasadores de los impuestos sobre el ganado “... a todos los que fueren e contaren dicho ganado”159. En las Alpujarras, el llamado tahanil, tahynil o tahamil, etimológicamente de la palabra árabe tajmîn, podía ser la parte reservada para el tasador160.
Probablemente, podría incluirse aquí el impuesto llamado alguaquela, cuyas características exactas no se conocen, pero que parece relacionado con el pago de los derechos sobre algunos cultivos161. En Aragón era un impuesto adicional sobre los granos o los panes y en Cataluña era una doble imposición que afectaba a los cereales162.
Alhabeç o waqf.
Un impuesto de marcado carácter islámico por su relación directa con la palabra habîs, bienes inmovilizados para fines caritativos. Se registraba claramente en Egipto donde era cobrado únicamente en metálico163 y, probablemente, estaba destinado al mantenimiento de las fundaciones públicas vinculadas con la actividad religiosa.
En la documentación mudéjar, se observa en Crevillente donde se recogía cada año de las rentas de la aljama para las obras de la mezquita164.
Las herencias intestadas.
A pesar del acuerdo general entre las escuelas jurídicas islámicas de condenar la apropiación por parte del Estado de los bienes del fallecido sin descendencia directa, fue una práctica muy común desde la época omeya y abbasí en Oriente, como había existido, por otro lado, en época romana y sasánida165. Los libros de fiqh medievales regulaban escrupulosamente las relaciones familiares para determinar su herencia y la parte que correspondía al Estado.
En la época mudéjar, en Valencia se pagaba el dret de herencia, percibido por el señor del vasallo mudéjar, cuando éste recibía una herencia y no era pariente directo del difunto. En Huesca, cuando un sarraceno moría sin descendencia ni parientes cercanos, el monarca confiscaba todos los bienes del fallecido166. En el reino de Granada, los derechos de sucesión y de herencia estaban ampliamente recogidos. Basta ver las “Rentas de mudéjares en el obispado de Málaga”, en las que se explicitan con todo detalle las leyes musulmanas sobre la herencia y la parte que tocaba al rey167.
Impuesto sobre las zambras nupciales.
En la tradición islámica: Sólo he hallado este tipo de cargas en las comunidades musulmanas de la Península Ibérica. Dozy recogió la palabra tarqûn de algunos textos andalusíes y la explicó refiriéndose al recaudador de este impuesto específico que se pagaba por las fiestas de boda168. No se recoge en otros documentos sobre fiscalidad islámica que yo haya consultado.
En la época mudéjar, en el reino de Granada se recogía el tarcón169; en Cataluña el tarquo y en Valencia, el dret de noces o de almeria que el señor percibía del moro o mora que contraía matrimonio.
15. CONCLUSIONES.
El establecimiento de un enlace entre los impuestos andalusíes y los que luego exigieron los reyes cristianos de sus súbditos mudéjares tiene el propósito de confirmar dos hipótesis.
1.- Que la gran variedad de impuestos aparecidos en la documentación cristiana después de la conquista sólo se comprende en el marco de la fiscalidad andalusí, una fiscalidad estructurada según los cánones musulmanes y los usos árabes con múltiples similitudes con otras sociedades musulmanas orientales. Únicamente dentro de este marco se pueden relacionar, por ejemplo, los impuestos sobre la tierra que se pagaban en Valencia y los que gravaban a los campesinos en Andalucía o en Aragón. Impuestos que luego aparecen –y lo siguen haciendo- en diversa documentación cristiana –vg. la almotaclacía de la documentación sobre los señoríos de Córdoba del XIV o el “queçeb e afisa” de la Granada del siglo XV– no se comprendería a qué corresponden si no se aclarasen dentro de este marco islámico-andalusí. Dentro de este ámbito se entiende el verdadero alcance de la clasificación de las tierras según el criterio andalusí y su efecto sobre los diversos pagos exigidos, entre arriendos, derechos emirales o califales o de al-majzan e impuestos regulares.
2.- Que la documentación mudéjar así comprendida es el verdadero reflejo de la fiscalidad andalusí que había regido la vida de estas comunidades hasta el momento de la conquista y cuyo comienzo se sitúa claramente en la época Omeya como se ha demostrado. A la luz de los datos que ésta arroja, se pueden conocer multitud de detalles sobre la vida económica de al-Andalus tanto en lo que respecta a los impuestos “oficiales y justos”, relativos, por ejemplo, a la comercialización de productos agrícolas y su importancia en la economía de la pequeña localidad en las que se cultivaban, como en lo que concierne a los tributos no oficiales, las exacciones y los derechos de los mercados, de las tiendas, etcétera, que apenas se intuyen en las fuentes andalusíes.
El análisis de la fiscalidad mudéjar invita a investigar más sobre impuestos que debieron ser importantes en al-Andalus, como al-ma‘ûna, como el azaque en cuanto que es un indicador de la importancia de ciertos cultivos, y como las aduanas, y a retomar la lectura de fuentes andalusíes, como los dictamenes jurídicos, para reinterpretar las cargas fiscales a la luz de los ya conocidos en al-Andalus. El conocimiento de la fiscalidad andalusí y de la mudéjar, que avanza gracias a las investigaciones, a la aparición de nuevas fuentes y al estudio de especialidades complementarias –la numismática, por ejemplo, está arrojando un torrente de luz sobre el tema- contribuirá decisivamente a configurar una nueva visión histórica de la economía social andalusí.