Campesinos en conflicto: la reforma agraria de la Unidad Popular en Colchagua (Chile)
Peasants in Conflict. The Agrarian Reform of the Popular Unity in Colchagua (Chile)
Resumen: A través de un estudio de caso en una provincia agrícola representativa de la sociedad rural de Chile Central, este trabajo examina el papel de los trabajadores rurales en el conflicto político asociado a la implementación de la reforma agraria en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-73). Enfocándose en una coyuntura crítica de la política local, y a la vez relevante en la política nacional, en lugar de un actor políticamente homogéneo, el artículo muestra a “campesinos en conflicto”, es decir, demuestra que distintos sectores de trabajadores agrícolas asumieron contradictorias estrategias políticas, en función de sus intereses y nociones acerca de la reforma agraria, así como producto de sus alianzas con otros actores sociales y políticos. Por ello, también se propone que la construcción de una pluralidad de historias políticas locales es necesaria para superar generalizaciones e idealizaciones sobre la política de los “campesinos”.
Palabras clave: Chile, reforma agraria, Unidad Popular, campesinos.
Abstract: Through a case study dealing with an agrarian province representative of Central Chile’s rural society, this article examines rural workers’ role in the political conflict produced by the implementation of the agrarian reform in Chile under the government of the Popular Unity (1970-73). Focusing on a critical juncture in local politics, which was also relevant in in the national political conflict, this article shows “peasants in conflict”. That is, it demonstrates that different sectors of agricultural workers adopted contradicting political strategies, which reflected their interests and notions of the agrarian reform, and were also the product of alliances with other social and political actors. In light of this, the article also suggests that constructing a plurality of political histories is in order to leave behind generalizations and idealizations about the politics of “peasants”.
Keywords: Chile, agrarian reform, Popular Unity, peasants.
Sumario: Introducción. 1. Campesinos reformistas y revolucionarios. 2. Los campesinos “apatronados” en el conflicto rural. 3. La derecha toma la iniciativa. 4. Una alianza agraria contra la UP. 5. “Democracia o marxismo”. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
Este trabajo examina el papel de los “campesinos” en el conflicto producido por la reforma agraria en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular (UP), a través de un estudio de caso, a nivel local, “desde abajo” y desde una perspectiva de análisis que, como señalo en otros trabajos, denomino “la política de la reforma agraria” (Robles, 2011). Así, en diálogo con estudios sobre la construcción del Estado en América Latina, considero que, al igual que otros “grandes conflictos rurales”, la reforma agraria chilena fue tanto una compleja “arena de disputa” por el poder (Purnell, 1999) y un proceso contingente y hegemónico (Mallon, 2005), como una inédita experiencia movilización y politización del conjunto de la sociedad rural (Robles-Ortiz, 2018). En Chile, ese fue particularmente el caso para los trabajadores rurales, quienes, como otros actores, enfrentaron el proyecto agrario del Estado de acuerdo a sus intereses y nociones, así como en función de alineamientos con las diferentes fuerzas políticas en conflicto en la “vía chilena al socialismo” de la $\mathrm { U P ^ { 1 } }$ .
Esta perspectiva también subraya la necesidad de considerar los rasgos distintivos de las sociedades rurales existentes en Chile para estudiar sus conflictos y la política de sus actores sociales y políticos. Al respecto, es relevante notar que el desarrollo del capitalismo agrario en Chile Central se tradujo en que, al implementarse la reforma agraria, prácticamente no existieran “campesinos” en el sistema de hacienda, sino diferentes tipos de trabajadores rurales, como los “inquilinos”, residentes en las grandes propiedades y cuya proletarización era avanzada hacia 1960, así como obreros agrícolas propiamente tales, tanto “voluntarios” residentes y “afuerinos” (Robles y Kay, 2018)2 . Al mismo tiempo, la noción de un “movimiento campesino” homogéneo es problemática, sino equivocada, especialmente para tratar coyunturas de intensa movilización, en las que emergieron con fuerza los distintos y contradictorios intereses de las diversas clases, estratos y grupos de la sociedad rural, expresados también por una diversidad de organizaciones, incluyendo partidos, sindicatos y asociaciones gremiales, entre otras. Por tanto, en lugar de asumir la experiencia política de los “campesinos” como un proceso homogéneo, el trabajo discute las contradictorias definiciones políticas al interior de un actor social heterogéneo, las cuales no se pueden comprender aisladas de las de los demás actores que intervinieron en el conflicto político en el que, en definitiva, consistió la reforma agraria. En consecuencia, este enfoque toma distancia de perspectivas generales y estructurales, así como de interpretaciones determinadas por la idealización y homogeneización acríticas de la política de los “campesinos” o del “movimiento campesino” 3 .
En contraste, propongo que la acción política de los “campesinos” chilenos reflejó las contradictorias nociones de reforma agraria de distintos sectores de trabajadores y que sus respuestas a la política agraria de la UP deben comprenderse en la trayectoria contingente del conflicto social y político, tanto a nivel local como nacional. Más específicamente, la movilización y politización de los trabajadores agrícolas expresó y fue parte de la creciente polarización política que se verificó en toda la sociedad chilena, especialmente durante el gobierno de la UP. Así, mientras trabajadores reformistas y revolucionarios, movilizados por sí mismos o con las distintas izquierdas, se enfrentaron con los terratenientes, otros “campesinos”, conservadores e incluso reaccionarios, se aliaron con los patrones o los partidos de centro y de derecha contra la reforma agraria de la UP. Más aun, podría argumentarse que, en buena medida, en las sociedades rurales locales el papel de los “campesinos” en la “lucha de clases” dependió de sus alianzas con otros actores sociales y organizaciones, ante todo los partidos políticos4 .
El trabajo se enfoca en el conflicto asociado a la reforma agraria en Colchagua, una provincia agrícola paradigmática del sistema de hacienda de Chile Central, la región agraria más importante del país y en la que la política de la reforma agraria ha sido insuficientemente estudiada. El análisis del conflicto local, en tanto, se centra en una coyuntura crítica, enmarcada por la intensificación de la movilización rural, al comienzo del Gobierno de la Unidad Popular, y las elecciones parlamentarias complementarias en las provincias de O’Higgins, Colchagua y Linares, en enero de 1972. Aunque acotadas a la elección de sólo dos parlamentarios, dichas elecciones constituyeron un conflicto relevante no sólo en la política local, sino también en el enfrentamiento en la política nacional entre el gobierno y la oposición; de hecho, su resultado, ampliamente favorable a la oposición, se puede considerar la primera derrota electoral significativa de la UP. Dada la centralidad que los asuntos agrarios tuvieron en este conflicto políticoelectoral, el caso de estudio es pertinente para examinar el papel de los “campesinos” en la política de la reforma agraria durante la UP y, en particular, su respuesta a una de las principales iniciativas del gobierno, esto es, la reorientación socialista de ese proceso mediante la implementación de los así llamados Centros de Reforma Agraria (CERA).
El artículo es una reconstrucción selectiva del conflicto político en Colchagua a partir de la lectura crítica de su cobertura en el principal diario local (La Región), por ser esta más detallada e inmediata que la de los periódicos nacionales. A través del análisis de los discursos políticos de los distintos actores, desde luego desigualmente representados en esta fuente, es posible examinar el conflicto local reconociendo los sesgos de la fuente, en lugar de adoptar su versión como una “caracterización objetiva” de los asuntos que trata, ni tampoco (salvo en un caso específico) contrastarla con las de otras fuentes para establecer la supuesta verdadera naturaleza de determinados hechos o circunstancias. En el caso de este diario local, un problema metodológico evidente deriva de su relegación deliberada de los trabajadores agrícolas partidarios de la UP, mientras que su comunicación elaborada del discurso político de la oposición es un “sesgo favorable” para estudiar ese tópico5 .
La primera sección presenta la intensificación de la movilización social, en la cual “campesinos” presumiblemente reformistas y revolucionarios buscaron acelerar la reforma agraria. A continuación, se trata el papel de los “campesinos apatronados” en la “toma” y posterior expropiación de la hacienda Nilahue, la que, por sus consecuencias políticas, quizás sea el conflicto específico más relevante en la sociedad local en el periodo de estudio. Las siguientes secciones muestran cómo la derecha política explotó ese conflicto para tomar la iniciativa en la oposición y los asuntos que, como la reorientación socialista de la reforma agraria, propiciaron la convergencia de distintos actores contrarios a la UP. Finalmente, se trata la campaña de la oposición para la elección complementaria en Colchagua, subrayando la participación de los “asentados”, devenidos en “campesinos conservadores”.
1. CAMPESINOS REFORMISTAS Y REVOLUCIONARIOS.
La movilización social rural en Colchagua, como en el país, se radicalizó tempranamente en el gobierno de la UP. En 1970, las huelgas agrícolas prácticamente se duplicaron con respecto a 1969, aumentando de 129 a 251 casos; sólo en agosto de 1970, el mes previo al triunfo de Salvador Allende, hubo 137 huelgas (Klein, 1972). Colchagua era la segunda provincia con mayor número de huelgas en todo el país, tras la de O’Higgins, su vecina por el norte, donde se habían producido 399 de las 1580 huelgas rurales que tuvieron lugar en todo Chile. En 1971, el número de huelgas en Colchagua disminuyó a sólo 191, pero, al igual que el año anterior, la intensificación de las faenas agrícolas en primavera fue acompañada por una explosión de la movilización social, manifestada en las 164 huelgas que se produjeron sólo en el mes de septiembre.
La radicalización de la movilización social dio lugar a la irrupción de una forma más avanzada de acción colectiva: las “tomas de fundos”. Estas eran ocupaciones de predios agrícolas, generalmente con el propósito de forzar al gobierno a determinar su expropiación o acelerar dicho proceso. Mientras que en Colchagua se habían producido sólo siete “tomas de fundos” desde la aprobación de la Ley 16.640 de Reforma Agraria en julio de 1967 hasta agosto de 1970, desde septiembre de ese año y durante 1971 hubo 111 casos. Casi la mitad de esas ocupaciones tuvo lugar en el verano 1971, una coyuntura crítica en la que se agudizó el conflicto asociado a la reforma agraria. Si bien eran ilegales, las tomas no fueron acciones necesariamente violentas. No obstante, su recurrencia, la movilización de grandes grupos de trabajadores y la participación de activistas políticos las convirtieron desde el inicio del gobierno de la UP en uno de los motivos más importantes de conflicto político en Colchagua y otras provincias agrícolas.
A comienzos de 1971, en enero y febrero, una ola de tomas afectó a unos 48 fundos en Colchagua. Es plausible que, como en otras provincias, en algunas de esas tomas participaran partidarios de fuerzas políticas autodenominadas “revolucionarias”, situadas a la izquierda de los partidos a los que consideraban parte del “reformismo” que atribuían a la UP. No obstante, en el período examinado en este trabajo, en el periódico local no hay mención al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ni a su “frente campesino”, el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), los cuales, en contraste, eran responsables de las tomas que convirtieron en verdaderos epicentros de conflicto rural a la provincia de Cautín, en la región de la Frontera (Redondo-Cardeñoso, 2017) y, más al sur, el Departamento de Panguipulli, en la de Valdivia (Robles-Ortiz, 2018). Así, pareciera ser que en Colchagua las tempranas tomas de fundos fueron realizadas por trabajadores partidarios de la UP. Además, ocasionalmente, los trabajadores contaron con la participación de aliados políticos, tanto dirigentes de partidos y sindicatos, como funcionarios locales de las instituciones de reforma agraria. En la mayoría de los casos se trató de movilizaciones enfocadas en la tierra, pues 60 de las tomas realizadas en 1971 tuvieron como motivo principal conseguir o acelerar la expropiación de los predios ocupados. Así, por ejemplo, “para hacer presión de modo que se logre acelerar la expropiación por parte de la CORA [Corporación de la Reforma Agraria]”, trabajadores de varias propiedades ocuparon, en un solo día, 16 fundos ubicados en las comunas de Chépica y Nancagua, cuyos dueños pertenecían a familias poderosas de la oligarquía local, como las de Undurraga, Montes Cotapos, Montes Vial, Encina Barros, Ruiz Tagle, Valdés Ossa y Hurtado, entre otras6 . La movilización social inicial apuntaba, entonces, primariamente a los “grandes latifundistas”, como les señalaba de manera categórica el discurso político prevaleciente en las izquierdas.
Asimismo, las tomas fueron realizadas principalmente por trabajadores de los mismos predios, resueltos a poner fin a sus pobres, si no miserables, condiciones de vida y trabajo, y habiendo optado por esta acción radical luego de conflictos laborales sin obtener satisfacción a sus demandas. Por ejemplo, “entre los fundos tomados por sus inquilinos” (trabajadores residentes), en San Gregorio, un fundo en la comuna de Nancagua y de propiedad de Alfredo Hurtado, la toma fue realizada por “49 obreros”, quienes “procedieron a cerrar las puertas de acceso al predio” y no permitieron la salida del administrador ni de su esposa “hasta que no intervinieran las autoridades”. De acuerdo al periódico, el reporte de los carabineros (policía uniformada) consignó que los obreros “no portaban armas de fuego ni de otra clase” y que “tampoco levantaron barricadas ni se han registrado daños”. Los trabajadores declararon que “exigen se les conceda todo lo que piden en favor de un mejor trato”, presentando un petitorio de 14 puntos. Este incluía el cumplimiento de un acta de avenimiento por un conflicto laboral de hacía seis años “que solo ha quedado en promesas” y la instalación de luz eléctrica para sus casas, pero también señalaba que “muchos están viviendo en casas en las que habitan hasta cuatro familias” y que “carecen de letrinas”. Tampoco recibían “regalías” como “talajes, leña ni pan”, lo que revela que en estas propiedades el inquilinaje se encontraba en una avanzada proletarización. Por su parte, tanto la estrategia de los obreros agrícolas, que consistía en conseguir que “el Gobierno designe un interventor o que la parte patronal se comprometa a cumplir lo que solicita la parte asalariada”, como la declaración de que “en su movimiento no se encuentra ninguna persona extraña […] ni han sido instigados por elementos foráneos”, sugieren que la toma de San Gregorio no era producto de la intervención de activistas de la “izquierda revolucionaria”, como sería el caso en otras ocupaciones7 .
En algunas tomas de fundos los trabajadores rebasaban la política de la UP, pues 17 de los predios que habían sido ocupados tenían una extensión menor que la que establecía la ley para la expropiación. Sin embargo, la movilización rural todavía no provocaba una agudización del conflicto político y las autoridades locales tenían la capacidad para enfrentarlas sin recurrir a la represión, la cual, desde luego, no era parte de la política del gobierno. A mediados de febrero el gobierno provincial había logrado solucionar en negociación con los trabajadores 10 de los 38 casos de tomas, en los cuales los predios fueron devueltos a sus propietarios. En la última semana del mes, señaló el diario local, “los trabajadores estaban procediendo a entregar los predios que se mantienen ocupados desde el 6 de febrero”, como resultado de “conversaciones directas entre el gobernador [de la provincia], el secretario de conflictos del Ministerio del Interior y los obreros”8 . Incluso las tomas de los fundos San Gregorio y Las Araucarias, ambos en Nancagua, se solucionaron en menos de dos semanas. En negociaciones con representantes de los trabajadores, en la oficina central de la CORA en Santiago, Alfredo Jaramillo Ovalle, propietario del primer predio y administrador del segundo, accedió a ofrecerlos para su expropiación, una opción contemplada en la legislación de reforma agraria. El “acta de avenimiento” entre las partes consignó que, a la espera de que la CORA completase el proceso de expropiación, los predios serían restituidos de inmediato a sus propietarios, “volviendo a la normalidad los trabajos agrícolas” 9 .
Por su parte, los dirigentes de los terratenientes locales parecían dispuestos a buscar una solución a las tomas a través de la negociación con el gobierno provincial. Esa era la forma en que también habían procedido hasta entonces las dirigencias nacionales de sus principales organizaciones con el gobierno de la UP, incluso con el propio presidente Salvador Allende. En Colchagua, la Confederación Nacional de Sindicatos de Empleadores Agrícolas (CONSEMACH) era la organización patronal más activa. De hecho, pese a que los dirigentes locales denunciaban que “existen muchas personas extrañas adheridas al movimiento campesino” y que “sus reclamos no son escuchados por las autoridades”, el presidente de CONSEMACH, el prominente dirigente de la derecha Manuel Valdés, se entrevistó con el Intendente, jefe del gobierno provincial, y “representantes de las federaciones campesinas” para buscar un arreglo que pusiera fin a las tomas, particularmente aquellas que se mantenían en el Departamento de Santa Cruz, en el cual se encontraba uno de los focos de conflicto en Colchagua, la comuna de Chépica. Esa aparente opción por la negociación respondía a que las tomas en el Departamento de Santa Cruz estaban coordinadas y tenían también como propósito conseguir que se aplicara un fallo judicial que, tras una masiva y prolongada huelga de inquilinos y “voluntarios” (asalariados residentes en las haciendas y fundos) en septiembre de 1970, favoreció a los trabajadores agrícolas del Departamento de San Fernando y se había traducido en un aumento de salarios10. La organización de terratenientes sostenía que la decisión judicial respecto de la huelga en San Fernando no era aplicable y con ello buscaba anular uno de los motivos por los que los trabajadores mantenían las tomas en el Departamento de Santa Cruz.
Sin embargo, como pronto quedó en evidencia, la supuesta disposición de las organizaciones de terratenientes a negociar con las autoridades locales era sólo un elemento secundario de una estrategia que, en realidad, apuntaba al enfrentamiento con el gobierno y a deslegitimar la implementación de la reforma agraria por parte de la UP. El discurso político de los terratenientes ya era agresivo y estaba articulado a partir de su movilización efectiva, aunque todavía en la forma de asambleas, declaraciones públicas y peticiones a las autoridades. Así, una asamblea de los integrantes locales de la CONSEMACH en Santa Cruz, a la que asistió el presidente nacional de esa organización, determinó, luego de “acalorados debates”, emplazar al propio Salvador Allende mediante una “declaración pública”. En esta, repudiaban las “tomas ilegales” de más de 30 fundos en la provincia y acusaron que en algunos casos los ocupantes habían mantenido como “prisioneros y rehenes a los propietarios o a sus familiares”; también denunciaron que “no se trata de conflictos laborales”, sino de “violación franca y descarnada de la ley”. Más significativamente, los agricultores de Colchagua atacaron abiertamente al gobierno. En efecto, aseguraron que “en cada uno de esos hechos”, las autoridades provinciales habían “facilitado la consumación de atentado” y “denegado la protección” que debían prestar a los propietarios afectados. Más grave incluso, acusaban que “esas mismas autoridades han llegado a instar a los dirigentes agrarios a facilitar el atropello a la propiedad y el derecho, pidiéndoles entregar sus predios a la administración de los usurpadores”. Así, los terratenientes iniciaron una ofensiva contra dos de los dirigentes políticos locales más importantes de la UP, el Intendente de la provincia, Juan Codelia, y el diputado del Partido Socialista (PS), Joel Marambio, acusándolos de graves faltas en un incidente que, como veremos más adelante, tendría consecuencias decisivas en el curso del conflicto político. Como principal demanda, en suma, la CONSEMACH de Colchagua solicitó que el Presidente de la República nombrase al jefe de la Plaza Militar en la Intendencia, lo que constituía una verdadera intervención militar en el gobierno provincial y que justificaron para “hacer posible el restablecimiento de la normalidad en la provincia” 11.
Si las autoridades locales tenían responsabilidad en las tomas, era indirecta. La radicalización de la movilización de los trabajadores agrícolas también se debía a que Colchagua no era prioritaria en la implementación de la reforma agraria. Los integrantes del Comando Provincial de la UP habían señalado que la provincia estaba “en cuarto lugar para su aplicación y que por esta razón no se puede acelerar la reforma [agraria]”, a lo cual se sumaba como obstáculo concreto “la carencia de los fondos necesarios que exige la expropiación de terrenos”12. Efectivamente, la primera expropiación de un predio agrícola en la provincia, la hacienda Nilahue, fue decidida a fines de ese mes, tras un enfrentamiento que resultó decisivo en el conflicto político en Colchagua13. Más aun, recién cuatro meses después del inicio del gobierno de la UP, la Comisión Provincial Agraria anunció que comenzaría los “estudios técnicos” para expropiar 70 fundos, “la primera etapa del programa de expropiación de alrededor de 250 fundos de Colchagua”. Este, señaló la Comisión, se realizaría con la Corporación de Reforma Agraria “y los consejos campesinos”, adoptando un “sistema proporcional, es decir, un determinado número más o menos igual en cada comuna [y] dentro de los marcos de la ley” 14.
La anunciada reactivación de las expropiaciones coincidió con una disminución de las tomas de fundos en Colchagua. Sólo hubo un número importante, 23 casos, en mayo de 1971. Aparentemente el periódico local sólo reportó uno, en la hacienda San José de Marchigüe, de 5000 hectáreas, en Santa Cruz, donde “118 obreros” protestaban porque la CORA no había tomado posesión del predio ni formado el correspondiente asentamiento en el plazo comprometido15. En los restantes meses, desde junio a agosto, hubo en total 22 casos; desde septiembre a diciembre, sólo se registraron 10. Así, tras la coyuntura inicial, las tomas dejaron de ser tan relevantes en el conflicto asociado a la reforma agraria como seguirían siendo en otras provincias. Hasta donde es posible apreciar en la cobertura del diario local, tampoco dieron lugar a enfrentamientos violentos entre trabajadores y terratenientes o las fuerzas policiales. No obstante, la reforma agraria continuó siendo el núcleo de la política local y conflictos específicos dieron lugar a la participación de otros actores sociales.
2. LOS CAMPESINOS “APATRONADOS” EN EL CONFLICTO RURAL.
Uno de los conflictos específicos relevantes producidos por la reforma agraria de la UP se desató con un incidente protagonizado por uno de los principales dirigentes políticos en Colchagua, el diputado del PS Joel Marambio. Era apodado “el Loco Marambio” por su peculiar y activa tarea de concientización entre los trabajadores agrícolas, la cual le valió el odio de la derecha y los terratenientes locales. En la noche del 7 de febrero, Marambio y otros cuatro individuos se dirigieron en el conocido jeep del parlamentario a Nilahue, una hacienda de 4500 hectáreas, de la conspicua familia Baraona Urzúa. Al llegar, habrían forzado a subir al vehículo al jardinero de la hacienda, quien hacía guardia en el acceso principal.
Mientras avanzaban por el camino, según indicó el afectado posteriormente, le interrogaron sobre el número de personas que permanecía en la casa patronal y si estas disponían armas de fuego. Alertados por un trabajador, dos hijos del propietario persiguieron en un automóvil. Según uno de los hermanos Baraona, al verles acercarse, Marambio hizo detener el jeep, huyó y les disparó en la oscuridad, a lo cual estos respondieron, dando así lugar a una intensa balacera. Luego de reducirlos, los Baraona llevaron a los acompañantes de Marambio a la casa patronal, para entregarlos en el retén policial en Pumanque. Mientras Pablo Baraona iba a buscar a los carabineros a dicho lugar, los acompañantes de Marambio estaban “muy asustados” porque, según refiere Juan Ignacio Baraona en una entrevista muy posterior a los hechos, realizada en 2012, “la gente quería lincharlos”16. Así, prosigue, “se llenó de gente: de las casas de todos inquilinos, de las casas de los vecinos, de toda la gente de Nilahue y hasta las viejas [sic] querían patearlos ahí en el suelo, en el corredor de la casa patronal” (Cousiño y Ovalle, 2013: 308). De este modo, la versión de Juan I. Baraona sugiere que hubo un decidido apoyo mayoritario de los trabajadores a sus patrones [.
Ese no fue el caso de las autoridades del gobierno local. Al día siguiente, un contingente policial encabezado por el propio Intendente, Juan Codelia, llegó a Nilahue, allanó la casa patronal y llevó detenidos a los tres hermanos a Santa Cruz. En el allanamiento incautaron las armas que los Baraona emplearon en la balacera, pero Juan dice que los llevaron detenidos sin “ningún argumento” (Cousiño y Ovalle, 2013: 309)18. De acuerdo con su versión, en la comisaría de Santa Cruz fueron sometidos “al primer tribunal popular de la época”, siendo interrogados por el Intendente y una profesora de escuela primaria, la “jefa del Partido Socialista”. Luego de estar presos unos cinco días, su excarcelación fue el resultado de la acción judicial iniciada por los Baraona, quienes también hicieron una demanda contra el diputado Marambio, al igual que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Esto último bien puede haber tenido relación con la prominencia política de la familia Baraona Urzúa, en particular del hijo mayor, Jorge, quien había sido dirigente del Partido Conservador y luego del Partido Nacional (PN), el principal partido de la derecha.
La reconstrucción de la situación que siguió a la excarcelación, desde la perspectiva de Juan Ignacio Baraona, enfatiza que los trabajadores apoyaron a sus patrones, pero también revela el papel de viejas prácticas de dominación paternalista en el sistema de hacienda de Chile Central. Así, refirió que “volvimos a Nilahue con gran pompa, gran fiesta” y que, como el incidente había causado “revuelo en Santa Cruz”, su salida en libertad de la cárcel “era como haber ganado la final del campeonato, porque fue mucha gente esa noche [a la casa patronal]”. Más aun, “El papá ordenó matar una vaquilla”, para hacer “un asado gigante con la gente del fundo”, esto es, con “los empleados, los obreros, los inquilinos” (Cousiño y Ovalle, 2017: 309). Esta era una de varias prácticas por medio de las cuales los grandes terratenientes, como los propietarios de Nilahue, construían la deferencia y, en circunstancias de conflicto, como en la reforma agraria, el apoyo de los trabajadores. En la memoria de la hermana menor también fue importante que su padre fuera “un agricultor muy progresista [con] gran sensibilidad social”, expresada en el pago de “una asignación familiar en bienes”, antes de que se estableciera por ley en Chile. Asimismo, era relevante la participación de miembros de la familia patronal en tareas productivas y en festividades religiosas con los trabajadores (Cousiño y Ovalle, 2017: 324-5). En consecuencia, la posibilidad de experimentar un proceso de politización en la reforma agraria que les condujera a superar la dominación paternalista simplemente no sería una opción para muchos trabajadores, cuyos sus enemigos políticos podían llamar “apatronados” y carentes de consciencia de clase. Por lo mismo, no es de extrañar que, en instancias de conflicto, defendieran los intereses patronales, como en Nilahue tras el incidente con el diputado Marambio.
El enfrentamiento entre los Baraona y los actores políticos locales de la UP, como el diputado Marambio, no dio lugar a situaciones graves de violencia, pero tuvo consecuencias políticas. El Poder Judicial inició una investigación con un “ministro en visita” de la Corte de Apelaciones, lo que es indicativo del impacto político del caso. Asimismo, la reconstitución judicial del incidente suscitó gran interés, por las “versiones contradictorias de ambas partes”, como porque se había producido una “verdadera polémica” en la prensa y en el Congreso Nacional19. Las consecuencias inmediatas más importantes fueron el intento de toma de Nilahue y, luego, su conflictiva expropiación. El intento de toma fue realizado por 30 “obreros afuerinos”, quienes “durante varios días habían estado apostados en las puertas principales del fundo, manteniendo una protesta de apoyo para la reincorporación a los trabajos del mismo de 14 personas”; entre estos, había 11 “trabajadores temporales” y los demás eran “personas extrañas al fundo”. En la mañana del 18 de febrero, el grupo se dirigió a la casa de Pedro Barraza, dentro del predio y distante sólo 500 metros de las casas patronales, “con lo que se temió un posible enfrentamiento de serias consecuencias”. En Nilahue había alrededor de 60 inquilinos (trabajadores residentes) apostados en la entrada “con el propósito de evitar que los obreros invasores llegaran hasta las casas patronales o que un grupo determinado se incorporara a los trabajos del predio, especialmente los integrantes de la familia Barraza”. En el transcurso de la mañana, “representantes de los obreros leales a la parte patronal” y un dirigente local de la CONSEMACH “parlamentaron” con los trabajadores del “grupo invasor” para disuadirlos y advertirles que “serían desalojados”. Al lugar llegaron 80 carabineros “para evitar cualquier enfrentamiento entre los campesinos y restablecer el orden”, mientras un avión policial sobrevoló el área “atento a cualquier disturbio”. El Intendente provincial llegó en la tarde y trató con los dos grupos de trabajadores, asegurándoles que todo quedaría solucionado en una reunión en la Intendencia. Agregó que “evitaría todo enfrentamiento”, aunque “había deseos de algunos sectores de derramar sangre campesina”, y señaló que su papel era “defender a los campesinos pues en la provincia había 11.000 campesinos cesantes”. Luego de una reunión por 4 horas en la que participaron obreros de ambas partes, se firmó un “acta de arreglo”, que puso fin al intento de toma de Nilahue20. Aunque no provocó incidentes de violencia, el conflicto dejó en evidencia la contradicción de intereses entre los inquilinos “apatronados”, en este caso los de Nilahue, y los asalariados, ya sea habituales o “afuerinos”, así como obreros agrícolas desempleados, que presionaban por la expropiación de fundos y así conseguir trabajo. En suma, la polarización política que la reforma agraria producía en la sociedad local también avanzaba entre los propios “campesinos”.
Asimismo, es indicativo de la importancia del conflicto entre los terratenientes y la dirigencia local de la UP, que la hacienda Nilahue fuese el primer predio que la CORA acordó expropiar en Colchagua, menos de una semana después del fallido intento de toma. La decisión se anunció en una reunión del Consejo de la CORA realizada en Los Ángeles, capital de otra provincia agrícola, más al sur en Chile Central. El acuerdo del Consejo incluía 60 propiedades de distintas provincias, pero todas con una superficie en exceso de las 80 hectáreas de riego básico que la ley de reforma agraria establecía como criterio de expropiación. Así, la noticia sobre Nilahue se conoció en San Fernando, la capital de Colchagua, de manera indirecta y, ante consultas de la prensa, debió ser “confirmada por personeros del Comando Provincial de la Unidad Popular”21. Esta decisión fue clave en la intensificación del conflicto político local.
3. LA DERECHA TOMA LA INICIATIVA.
El incidente con los Baraona en Nilahue permitió al PN, el principal partido de derecha tomar la iniciativa, esto es, imponer su política de agresiva contra la UP entre las demás fuerzas de oposición y pasar a la ofensiva, movilizando a otros actores de la sociedad rural local. Entre estos, a “campesinos” ya beneficiados con la reforma agraria durante el gobierno de Frei y a pequeños y medianos propietarios, explotando su temor a ser expropiados. Los Baraona eran participantes activos en el PN, de manera que contaban con apoyo político significativo, suficiente para iniciar una demanda contra el diputado Joel Marambio y para que esta fuera replicada por una comisión del Senado en la que la oposición era mayoría. El propio presidente del PN, Sergio Onofre Jarpa, uno de los más virulentos dirigentes políticos de la derecha, hizo del caso una de las bases de su discurso político. Jarpa presentó el incidente en su conocido discurso anticomunista extremo como “una nueva etapa del atropello totalitario a los hombres de trabajo” y obra de “los secuaces del comunismo”, contra los propietarios de un “fundo modelo” por su buena explotación y “especialmente por la solidaridad y armonía que ha reinado siempre entre los propietarios y sus colaboradores”.
Jarpa atribuyó el intento de toma a los “agitadores de CORA y el INDAP”22, quienes, al no tener éxito, intentaron “la ocupación con elementos extraños”; tal era la acción del diputado Marambio “con un grupo de extremistas”23. Sin embargo, más importante que la caracterización del incidente, eran sus implicancias políticas, según Jarpa.
En efecto, aunque el incidente en Nilahue tenía lugar apenas en el cuarto mes del gobierno de la UP y, como se señaló, dicho predio era el primero que la CORA acordaba expropiar en Colchagua, el dirigente del PN aprovechó el caso para elaborar un discurso de deslegitimación de la reforma agraria como tal. Omitiendo que la causal aducida era el exceso de superficie, la expropiación era, según Jarpa, no sólo injustificada en atención que Nilahue era un “fundo modelo”, sino “un nuevo acto canallesco de venganza y persecución”, por parte de la CORA. Así, el dirigente de derecha atacaba a la propia institución por desvirtuar la reforma agraria con su actuar abusivo y movido por motivos políticos. Más todavía, atacó la ley de Reforma Agraria por “injusta y arbitraria”, a la cual, subrayó, “el Partido Nacional se opuso porque contiene disposiciones que permiten el atropello, la venganza y la persecución”, como “se demuestra ahora en el caso de Nilahue”. Al mismo tiempo, Jarpa repudió estos “viles procedimientos” y acusó que el propio Gobierno “los ampara o los ejecuta”. Finalmente, la declaración de Jarpa era, ante todo, un llamado a ampliar la oposición a la UP, porque los “vejámenes” a la familia Baraona eran “una advertencia para todos los agricultores y campesinos de Chile” y su actitud, en tanto, era “un ejemplo para muchos que se acobardan y someten en esta hora de decisiones”24. Así, entonces, a través de la grosera intervención de Jarpa, la derecha profundizaba la instalación del “clima de violencia” contra la Unidad Poular (Winn, 2010).
Pese a la oposición de la derecha, las autoridades locales de la UP siguieron adelante con la expropiación de Nilahue. La implementación de esa decisión, la “toma de posesión” del predio, fue un grave incidente que tuvo un impacto clave en el conflicto político y, por ello, es pertinente presentar en forma sumaria. De acuerdo con la versión de los “campesinos apatronados”, es decir, los inquilinos del fundo organizados en el sindicato “Los valientes de Nilahue” [sic], parece haber sido muy irregular, porque, por razones que no se puede apreciar en la cobertura del diario, en ella participó el diputado Marambio, actuando junto con los funcionarios de la CORA. Marambio habría anunciado por la radio de Santa Cruz “un nuevo asalto” a Nilahue para el 29 de abril, por lo que el sindicato de inquilinos había dispuesto “una ronda nocturna”, de la que, precisaron, “los patrones también participaron”. La precaución demostró ser tan justificada como inútil. Según esta versión, a primera hora de la mañana llegaron 3 microbuses “con carabineros armados de metralletas y otras armas, 3 camionetas de la CORA con funcionarios y […] periodistas extranjeros”. Unos 15 carabineros entraron de inmediato al jardín y luego a los corredores de la casa patronal, buscando al propietario; al salir este, le informaron que la CORA venía a tomar posesión del predio e “inmediatamente, detrás de los funcionarios entraron más de 70 carabineros armados”, algunos “rodearon al patrón y a los funcionarios, siguiéndolos por donde don Jorge iba”. Otros, en tanto, se apostaron cerrando el acceso al jardín y la puerta de entrada al fundo. Luego de una hora de, aparentemente, fuertes discusiones con los funcionarios, el propietario salió “con el rostro muy pálido y marcadas señales de fatiga” y comunicó a los inquilinos que “le venían a dar la orden de abandonar su casa antes de doce o mediodía”. Ante esto, los trabajadores señalaron al funcionario de CORA “que para echar al patrón a la calle tendrían que pasar por encima de nuestros cadáveres”. Acto seguido, uno de los funcionarios, de apellido Maluenda, dijo que debía pedir órdenes desde San Fernando y fue a llamar por el teléfono más cercano, en el pueblo de Peralillo, a unos $5 0 ~ \mathrm { k m s }$ . Mientras eso ocurría, otro funcionario de CORA, Abarca, “le dijo al patrón que tenía que desalojar […] a más tardar al regreso del Sr. Maluenda” y que “una vez que cumpliera con esta orden, podría recurrir al Tribunal Agrario a discutir la posibilidad de reserva”. Esto provocó un “violento cambio de palabras entre don Jorge Baraona Urzúa”, el hijo mayor, mientras los trabajadores repetían que defenderían al patrón, pero “al funcionario no le importó e insistió en su idea, delante del patrón”. Más tarde, regresó el funcionario Maluenda, indicando que el plazo de desalojo se ampliaría a 5 días, aunque “después de las reiteradas peticiones de don Jorge, por su propia responsabilidad lo amplió a 15”. La declaración del sindicato de inquilinos concluía solicitando “que las tierras expropiadas nos sean entregadas, a fin de continuar laborando en ellas con el mismo esfuerzo y dedicación que lo hacía don Jorge”25. Esto sugiere que el propietario no había cedido ni vendido de manera real o pretendida parte de su propiedad a los inquilinos, una estrategia empleada por algunos terratenientes para evitar la expropiación. Además, el sindicato pedía que se le reconociera a Baraona el derecho de reserva, pero también señalaba que la expropiación había sido el “golpe mortal” para el propietario. En efecto, en la tarde Baraona Puelma se sintió mal y se retiró a descansar; al anochecer sufrió un alza de presión que, finalmente, provocó que se rompiera el aneurisma de que padecía; falleció de madrugada en el automóvil en el que sus familiares le llevaban a Santiago26.
La muerte de Baraona Puelma y las aparentes irregularidades en la toma de posesión de Nilahue agudizaron el conflicto político local, en buena medida porque se trataba de un conspicuo miembro de la derecha en Colchagua27. La familia Baraona tenía respaldo político. De hecho, durante la toma de posesión de Nilahue, el presidente de la Federación de Agricultores de Colchagua se comunicó con el ministro del Interior para tratar de impedirla porque Baraona estaba enfermo28. Tras su muerte, el PN acusó que se trataba de un ataque de la UP a la familia Baraona, una “operación despojo” de la que formaban parte el secuestro del jardinero, la detención e interrogatorio ilegal de los hermanos Baraona, el fallido intento de toma, la inmediata decisión de expropiación y la irregular toma de posesión de Nilahue, todas acciones orquestadas por el diputado Marambio y el Intendente Codelia, secundados por funcionarios locales de las instituciones de reforma agraria. Más aún, la derecha articuló el caso con su política de deslegitimación de la reforma agraria, pues, en palabras del presidente del PN, Fernando Maturana, esta “operación despojo” resumía la situación del país bajo el gobierno de la UP: “En este caso está todo el drama actual de Chile […] La norma legal se emplea como instrumento de odio y persecución política”29. En tanto, los Baraona presentaron una querella contra el intendente, que el tribunal derivó Senado, cuya Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con mayoría opositora, determinó recomendar al Senado declarar que “ha lugar la formación de causa criminal” en contra del intendente por los delitos de “detención ilegal y arbitraria, allanamiento abusivo, perturbación de posesión y vejación injusta”, a que se referían los cuatro primeros cargos de la petición de desafuero30.
El inminente desafuero del Intendente, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), profundizó el conflicto entre la oposición y la UP, cuya respuesta inmediata fue la movilización social de la izquierda. Esta tuvo lugar por medio de varias acciones de protesta en San Fernando, como el bloqueo de los caminos de acceso a la ciudad, incluso de la carretera Panamericana31. Asimismo, una multitud se congregó en la Plaza de Armas, frente a la Intendencia, y comenzó un desfile luego de que se supiera que el Senado había postergado la votación sobre el desafuero del Intendente. En ese contexto, el Partido Comunista (PC) atacó duramente al PN, acusándolo de “vengarse políticamente en la persona del compañero Intendente” ante la aceleración de la reforma agraria. Al mismo tiempo, el PC denunció a “la mayoría transitoria del corrompido parlamento burgués”, la cual era “una trinchera reaccionaria para entorpecer sucia y politiqueramente la labor del Gobierno de los trabajadores por medio de acusaciones constitucionales”32. Efectivamente, el PC apuntaba a un hecho político relevante que tenía lugar no sólo en el Congreso: la creciente convergencia de la oposición hacia la posición del PN, proceso en el que la Democracia Cristiana desempeñó un papel significativo, profundizando la postura de derecha que había adoptado desde el comienzo del gobierno de la UP. Una serie de problemas en la implementación de la reforma agraria y otras decisiones por parte de la UP dieron lugar a una situación que los partidos opositores explotaron para facilitar tanto esa unidad de la oposición, como la incorporación de otros actores sociales y organizaciones a un amplio bloque agrario contra el gobierno y “su” reforma agraria.
4. UNA ALIANZA AGRARIA CONTRA LA UP.
En efecto, una serie de asuntos se conjugaron para configurar un escenario propicio para la convergencia de distintos actores disconformes o abiertamente contrarios a la UP. Como en Nilahue, en casos concretos las expropiaciones o las tomas de posesión contradecían la política del Gobierno, en orden a aplicar la reforma agraria en apego a la legislación. Esta situación era producto de la acción políticamente informada de funcionarios de reforma agraria que, siendo militantes o no de los partidos de izquierda, tomaban parte activa en la movilización rural. Una forma recurrente fue su participación en conflictos laborales, para producir la “intervención” de un predio, aún no expropiado o sin calificar para ello, por parte de un “interventor” del gobierno, quien disponía de amplias facultades, mientras el propietario seguía siendo responsable de las obligaciones económicas que ese funcionario contrajera. Según Brian Loveman (1976: 282), esta práctica fue tan extendida que la UP se quedó sin funcionarios afines en las instituciones de reforma agraria, de cuyo personal se debía designar los interventores.
Otras prácticas de los funcionarios de reforma agraria incidieron en la ampliación de la base social de la oposición a la UP en la sociedad rural. Una de ellas parece haber sido la de “ofrecer” a los agricultores expropiados “reservas” de una extensión inferior a la establecida por ley. Esta práctica puede haber sido la expresión de las posiciones contradictorias entre los partidos de la UP, o entre sectores de estos, respecto de la profundidad que debía tener la reforma agraria en la “vía chilena al socialismo”. De hecho, tempranamente sectores del PS y el MAPU, este último el partido del primer Ministro de Agricultura de la UP, Jacques Chonchol, promovían la reducción de las “reservas” a sólo 40 hectáreas de riego básico en lugar de las 80 establecidas en la legislación. En las provincias agrícolas del sur, por ejemplo, en enero de 1971 el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), una de las organizaciones patronales, exigía al gobierno un proyecto de ley para proteger de “expropiaciones arbitrarias” los predios de superficie menor a 80 hectáreas de riego básico (Robles-Ortiz, 2018: 12). En Colchagua, como en otras provincias de Chile Central, una preocupación semejante movilizó a pequeños y medianos agricultores. A mediados de 1971, participaron en la representación que dirigentes de las organizaciones patronales hicieran al Consejo Nacional de Desarrollo, un organismo de planificación económica, solicitando una garantía de seguridad para aquellas propiedades agrícolas de superficie menor al límite de expropiación y que las evaluaciones técnicas de los predios fueran hechas por sólo por ingenieros agrónomos “y no funcionarios administrativos que no tienen título universitario”33.
La reforma agraria de la UP también enfrentó un serio problema político derivado de la presión de los trabajadores agrícolas para obtener aumentos de salarios. Esa movilización desató otro conflicto con los agricultores de Colchagua, al igual que en las provincias vecinas, como Curicó y Talca. A fines de agosto, el gobierno decretó la reanudación de faenas en los aproximadamente 100 predios paralizados por huelgas legales en las tres provincias, pero los trabajadores no acataron esa medida obligatoria y, según las declaraciones de los agricultores, exigían aumentos de salarios a los que les era imposible acceder. En una asamblea de la Federación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas, sus dirigentes señalaban que, junto con las tomas de fundos, que eran producto de la acción “elementos perturbadores de los campos”, las huelgas y demandas salariales hacían que “la situación no puede ser más crítica”. Un hecho político significativo de esa asamblea fue la participación de Benjamín Matte, presidente nacional de la SNA, porque revela que esa organización de grandes terratenientes extendía su acción política en busca de ganar apoyo entre medianos agricultores. De hecho, Matte fue instado a improvisar un discurso, en el que señaló que “el agro estaba enfrentado a un problema de sobrevivencia”, porque “se está confundiendo revolución con destrucción”, en clara alusión a la política de la $\mathrm { U P } ^ { 3 4 }$ .
A mediados de septiembre, cuando había unos 600 fundos en huelga, 317 de ellos en la provincia de Colchagua, los agricultores recibieron como una pésima noticia el fallo del tribunal arbitral sobre conflictos laborales, determinando que procedía un aumento de salarios. Esta medida, señalaban los dirigentes agrícolas, no sólo se traduciría en una importante alza del costo de la vida, sino también en “una situación de quiebra a corto plazo”35.
En ese contexto, la decisión más relevante y problemática fue, sin duda, la reorientación socialista que la UP pretendió imprimir a la reforma agraria. En mayo de 1971, el gobierno había anunciado que no crearía más “asentamientos”, las cooperativas que debían formarse en los predios expropiados por la CORA (Loveman, 1976: 283). Sin embargo, dado que no existía ni un proyecto definido, ni consenso entre los partidos de la UP acerca de las nuevas formas de organización en el sector agrícola, recién en agosto de 1971 el ministro Chonchol dió a conocer la creación de los llamados Centros de Reforma Agraria (CERA), decisión que diversos actores interpretaron como la imposición de “haciendas estatales”, una noción ciertamente conflictiva36. Esta iniciativa fue objeto de un creciente rechazo de los partidos de oposición y de las organizaciones sindicales en las que estos tenían influencia; así, ambos pudieron sumar a diversos estratos y sectores de la sociedad rural local contra el “estatismo”. En el caso del PDC, su capacidad para movilizar a ex-inquilinos beneficiados con la reforma agraria en el gobierno de Frei Montalva y que ahora formaban parte de los “asentamientos”, se fortaleció con la creación de una nueva organización sindical, la Central Única Campesina (CUC). Esta organización agrupaba a la principal confederación sindical vinculada a dicho partido, El Triunfo Campesino, así como a la derechista Provincias Agrarias Unidas y la Confederación de Asentamientos37. Asimismo, otras organizaciones, más independientes en términos políticos, se pronunciaron categóricamente contra los CERA. La Confederación Campesina Libertad, con presencia en varias provincias de Chile Central, concluyó su conferencia nacional en septiembre de 1971 señalando que “los campesinos no queremos ser asalariados de nadie, ni del patrón, que nos ha explotado durante generaciones, ni del Estado, cuyo único rostro es el de los burócratas y los funcionarios políticos”38. Como sintetiza esta declaración, para diversos sectores los CERA representaban la negación del propósito fundamental de la reforma agraria, como era transformar a los campesinos en propietarios, no en empleados del “patrón Estado”. Adoptando ese discurso, el PDC centró su plataforma política en la oposición a los CERA y movilizó a los “asentados” en la defensa de la “verdadera” reforma agraria.
5. “DEMOCRACIA O MARXISMO”
La campaña del PDC contra los CERA fue mucho más que la movilización de rechazo a una controversial política agraria de la UP. El sector derechista de ese partido convirtió el asunto en una lucha contra la imposición de un “régimen comunista” en el campo y, por circunstancias políticas, la elección parlamentaria complementaria a celebrarse en enero de 1972, transformó a Colchagua en uno de los escenarios principales de su “defensa” de la democracia contra el comunismo. El PDC designó como candidato a Rafael Moreno, un democratacristiano de derecha, quien había sido la máxima autoridad de la CORA en el gobierno de Frei Montalva y podía explotar la noción de que esa administración había logrado la “emancipación” del campesinado gracias a la reforma agraria. Su campaña senatorial por las provincias de O’Higgins y Colchagua catalizó el rechazo a los CERA y a la reforma agraria de la UP. El inicio de la campaña fue la Junta Provincial del PDC de Colchagua, realizada en San Fernando a comienzos de octubre, con participación de $^ { 6 6 } 4 0$ delegados de organizaciones campesinas”, quienes convocaron a una concentración de masas para proclamar a Rafael Moreno. En adelante, la campaña se desplegó especialmente en localidades rurales y se enfocó en presentar a Moreno como el “candidato que durante seis años tuvo a su cargo la «verdadera reforma agraria» en el Gobierno de Frei”. Más aún, Moreno asumió un discurso fuertemente crítico de la implementación de la reforma agraria. Por ejemplo, en una concentración pública en la ciudad de Chimbarongo, denunció no sólo “la burla que hace el Gobierno de la UP al no entregar la tierra en propiedad a los campesinos”, sino también que este no entregaba asistencia técnica, créditos, tractores ni maquinaria a los asentamientos, y que “en cambio, hay persecución, politiquería y traición a los campesinos”39.
Rafael Moreno era un candidato apropiado para enfrentar a la UP. Habiendo sido vicepresidente de la CORA, podía atribuir a su gestión la formación de asentamientos y la entrega de títulos de dominio a campesinos, es decir, haber hecho realidad el lema “¡la tierra para el que la trabaja!”. Por lo mismo, podía conseguir el apoyo de las dirigencias partidarias locales en las comunas rurales. Su campaña canalizó la que puede calificarse como “politización de descontento” en las bases partidarias, especialmente los asentamientos y sindicatos agrícolas, frente a la que consideraban una distorsión totalitaria de la reforma agraria por parte de la UP. Es ilustrativo, por ejemplo, el discurso de un “dirigente campesino”, señalando que “estamos con Moreno para salvarnos de la tiranía, seguir libres y tener derecho a ser dueños de nuestra tierra”40. Moreno, además, al pertenecer a la facción de derecha al interior del PDC, aseguró el apoyo de los dirigentes nacionales del partido, también integrantes de esa “corriente”, como el presidente nacional, el senador Narciso Irureta, y el propio ex-Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, quienes participaron activamente en su campaña. Finalmente, como otros democratacristianos de derecha, Moreno era abiertamente anticomunista, un elemento de su discurso político que acentuó en la campaña senatorial, al presentarse como defensor de la “democracia y libertad” frente al “odio y el sectarismo de la Unidad Popular”41. Este discurso anticomunista facilitó el hecho político más relevante de su campaña: la alianza entre el PDC y el PN para enfrentar unidos a la UP y apoyar mutuamente a sus candidatos en las elecciones complementarias de enero de 1972. A cambio de los votos de la derecha para la candidatura de Moreno a senador en O’Higgins y Colchagua, el PDC apoyaría al candidato del PN, Sergio Diez, en la elección complementaria de un diputado en Linares42.
En las comunas rurales la campaña de Moreno se articuló a la movilización de la CUC. En ese proceso, la acción más relevante fue el “paro nacional campesino”, en realidad sólo una huelga de trabajadores agrícolas que dicha organización realizó a fines de octubre de 1971. Así, se definió como una acción de rechazo a “la equivocada política del actual Gobierno [...] que desea instalar haciendas estatales”, pero también contra la falta de “participación real” de los campesinos en el proceso de reforma agraria y los errores cometidos por la UP en su implementación. La CUC exigió la renuncia del Ministro de Agricultura y “la enmienda de los errores cometidos”. Al mismo tiempo, el “paro nacional campesino” fue una activa movilización de masas que, según sus organizadores, involucró a unos 300.000 campesinos, y desafió a las autoridades con organizadas acciones de protesta en todas las provincias agrícolas. En Colchagua, los manifestantes provocaron enfrentamientos con la policía en Chimbarongo y Polonia. En la primera, unos “600 campesinos se tomaron la ruta [Panamericana] impidiendo el tránsito” con tractores “y rodeados por los trabajadores, que tenían banderas y vestían ropas de labranza”, hasta que un “piquete de cuarenta policías con metralletas consiguió apartar a un grupo”. El presidente nacional de la CUC declaró que la protesta era “para que Chile supiera que no deseamos las haciendas del Estado, ni dictadura sindical, ni traición ni fracaso”43. En suma, se trataba de la irrupción en el conflicto político de un sector del “campesinado”, aquel creado por medio de una instancia de “campesinización conservadora” como era el asentamiento (Robles y Kay, 2018), y que ahora devenía en una fuerza contraria a la profundización socialista de la reforma agraria.
En el ámbito local, los dirigentes de las organizaciones “campesinas” afines al PDC, tanto asentamientos como sindicatos, sostuvieron la campaña de Rafael Moreno con numerosas acciones en la base social. En una gira por Colchagua, por ejemplo, Moreno participó en una sola tarde en un acto en el asentamiento Santa Catalina, después visitó el asentamiento Santa Isabel en Polonia y luego asistió a una concentración en la vecina localidad de Roma donde, además, tomaron parte varios “comités de fundos”. En estas actividades de campaña se movilizó el discurso político contra los CERA, en tanto principal expresión de la reformulación que la UP buscó imprimir a la reforma agraria. Como señaló el presidente de Santa Catalina, “proclamamos a Moreno […] porque queremos libertad, una reforma agraria como pedimos los campesinos y no para el Estado, como ahora desea hacerla el gobierno”. Asimismo, emergieron otros elementos que, en conjunto, formaban un discurso más complejo y, sobre todo, agresivo. En la campaña de Moreno se acusaba al vice-presidente de CORA, refiriéndole despectivamente como “el gringo Baytelman”, de ejercer presiones para que un cargo de importancia en esa institución “fuera llenado por un marxista”. También se denunció que un abogado del PS y jefe de la Quinta Zona de la CORA, correspondiente precisamente a las provincias de O’Higgins y Colchagua, había declarado en un reciente congreso de los funcionarios de dicha institución que “nosotros los socialistas somos contrarios a que la tierra sea entregada con títulos de dominio a los campesinos”. Ante esta “nueva traición a los campesinos chilenos”, los dirigentes de la campaña de Moreno llamaban a darle “en el traste una sonora patada a los marxistas” en las ya próximas elecciones parlamentarias complementarias44.
Al mismo tiempo, una dimensión relevante de su campaña electoral fue la descalificación que Rafael Moreno dirigió contra el ministro Jacques Chonchol. El elemento clave en este ataque era la “traición” de Chonchol a la reforma agraria, es decir, su conversión en una política estatista por medio de los CERA. Chonchol era, en esta lógica, “traidor” porque, habiendo sido responsable de “una Reforma Agraria hecha con respeto a la ley y para entregarle la tierra al campesino”, ahora, como parte del gobierno de la UP, “respalda otra Reforma que se hace torciendo la ley, con toma de los predios a puertas cerradas, sin pagar la justa indemnización” y, lo más grave, “entregándole la tierra al Estado”45. Además, Moreno acusó al ministro de “patrocinar” la política de su partido, la Izquierda Cristiana, el cual atentaba contra los intereses de los campesinos “junto con el MIR [Movimiento de Izquierda Revolucionaria], a través de su correligionaria en Linares”46. Moreno aludía al pacto electoral que el MIR había hecho con el Comité Provincial de la UP en la provincia de Linares para apoyar a María Elena Mery, de Izquierda Cristiana, al igual que Chonchol, pero sobre todo para impulsar un programa de reforma agraria radical. El PC aclaró que su Comité Regional de Linares no había suscrito ese pacto y rechazó el programa de reforma agraria radical porque contradecía el Programa de Gobierno de la UP; de hecho, este fue un conflicto decisivo en la conflictiva relación entre el MIR y el PC (Roxborough et al, 1977: 164-5). La imputación de Moreno era grave porque, efectivamente, el MIR, no siendo parte de la UP, desde el comienzo del gobierno de Allende había adoptado como estrategia la movilización social radical, impulsando con otros actores olas de “tomas” de fundos en varias provincias, especialmente en el sur del país. Asimismo, Moreno pretendía descalificar a Chonchol porque, para entonces, había cambiado nuevamente de partido político (en contraste con su “invariable línea política”), a la vez que lo acusó de impedir la “participación campesina” en el Consejo Nacional Campesino (CNC) “que él mismo creó y que ha escuchado tan poco”47. En definitiva, según Moreno, era por esos motivos que “los campesinos realizan paros nacionales para exigir su salida y escriben en los caminos con sus propias manos: «Chonchol Traidor»”48.
La campaña electoral en Colchagua se cerró en un clima de tensión, debido a la polarización imperante y a varios incidentes. Entre estos, un violento enfrentamiento entre brigadas de propaganda del PDC y de la UP, en el cual Joel Marambio habría disparado a unos brigadistas democratacristianos. El diputado había sido privado de su fuero y tenía orden de detención por el incidente en la hacienda Nilahue, siendo detenido pocos días después. El PDC presentó una querella criminal por asalto a su brigada de propaganda, en tanto que el ex-Presidente Frei viajaba a San Fernando para proclamar personalmente a Rafael Moreno. Así concluía una campaña en la que, según La Región, “democracia y marxismo deberán enfrentarse el domingo en las provincias de O’Higgins, Colchagua y Linares”49. Los partidos de oposición a la UP obtuvieron una contundente victoria50. No sólo ganaron dos representantes más en el Congreso, sino también forjaron un pacto electoral exitoso que se transformaría en una alianza electoral nacional, la Confederación Democrática (CODE), para enfrentar a la UP en las elecciones parlamentarias generales de marzo de $1 9 7 3 ^ { 5 1 }$ .
La cuestión fundamental en la elección fue el conflicto en torno de los CERA, en el que el PDC pudo movilizar a los campesinos de los asentamientos y a pequeños y medianos agricultores, convenciéndoles de que enfrentaban el peligro cierto de la imposición del comunismo en el campo. Como señaló un columnista en La Región, para los partidarios de la oposición la victoria de Rafael Moreno se debió a que “los campesinos” habían “hecho pesar su masa organizada y su planteamiento de fondo: no a la tierra estatal, sí a la tierra en propiedad comunitaria”. Así, un sector de “campesinos conservadores” de los asentamientos, al que sectores de la izquierda incluso habían calificado exageradamente como una versión local de los kulaks, habían asociado los CERA con la amenaza del totalitarismo en el proyecto de la UP. Por esto, el día del triunfo, tras despedir a Moreno y su esposa, en San Fernando “proseguía hasta altas horas de la madrugada la improvisada fiesta celebratoria al grito de «Chile es y será un país en libertad»”52.
CONCLUSIONES.
Como se ha expuesto en este estudio de caso sobre el conflicto político asociado a la reforma agraria en la provincia de Colchagua, este proceso implicó la movilización y la politización, aunque con sentidos distintos, del conjunto de los actores de la sociedad rural local. Las respuestas de los “campesinos”, esto es, los distintos sectores de trabajadores agrícolas, fueron diversas en función de sus contradictorias nociones sobre la reforma agraria e intereses respecto de su implementación por parte de la UP. Aquellos trabajadores que recurrieron a las “tomas de fundos” al comienzo del gobierno de la UP buscaron presionar a las autoridades locales para acelerar o ampliar el proceso de expropiaciones y atacaron los intereses de los grandes terratenientes locales. En contraste, conflictos específicos que es posible examinar en detalle, como el de la hacienda Nilahue, ponen en evidencia que la reforma agraria también encontró un obstáculo en aquellos “campesinos apatronados”, aún sujetos a las relaciones de dependencia paternalista características del sistema de hacienda. Así, su participación política no fue ni autónoma ni rupturista, sino funcional a los intereses patronales, los cuales defendieron, en el caso citado, enfrentándose a quienes pretendieron ocupar la hacienda. Por su parte, los ex-inquilinos que habían sido beneficiados por la reforma agraria en el gobierno de Frei Montalva y eran socios de los “asentamientos”, las cooperativas transitorias de las que luego de tres a cinco años debían convertirse en propietarios individuales, reaccionaron contra la UP y su política de instauración de nuevas formas de organización de la tierra, los CERA. Para muchos “asentados” esa política no era la reforma agraria que convenía a sus intereses, porque no conduciría a conseguir “la tierra para el que la trabaja”, como señalaba el lema más distintivo de la reforma agraria y que sintetizaba su sentido original. En suma, la reforma agraria también significó “campesinos en conflicto”.
Al mismo tiempo, el rol de los distintos sectores de trabajadores agrícolas en la reforma agraria debe comprenderse en el curso del conflicto social y político asociado a ese proceso. Así, la política que los trabajadores desarrollaron fue, en mayor o menor grado según las coyunturas, asociada a la de diversos actores políticos, ante todo, los partidos, pero también organizaciones que se constituyeron en actores políticos, como las orgánicas locales de las confederaciones sindicales campesinas y de las asociaciones patronales. Por lo mismo, un análisis centrado en “la política de la reforma agraria” sugiere que las alianzas en las que los trabajadores participaron, ya fueran implícitas o subordinados a otros actores, fueron un elemento clave en la definición de la trayectoria y el desenlace del conflicto sobre la reforma agraria. En el caso de Colchagua, la alianza de “campesinos conservadores”, integrantes de los asentamientos, con los partidos de oposición, particularmente el PDC, fue crucial en el resultado del conflicto político en la coyuntura que se cierra con la elección parlamentaria complementaria de enero de 1972, como sugiere el amplio triunfo de los candidatos opositores a la UP. Desde luego, la especificidad de este caso no es pertinente para establecer tendencias en el conflicto sobre la reforma agraria en otras sociedades rurales chilenas durante el gobierno de la UP, pero sí sugiere que la construcción de historias políticas rurales locales es una estrategia útil para producir respuestas que superen las generalizaciones e idealizaciones a priori sobre la política de los “campesinos”.
BIBLIOGRAFÍA.
BENGOA, J. (2016), Reforma Agraria y revuelta campesina, Santiago, LOM.
CARTER, D. (2019), “Violence, Ideology and Counterrevolution: Landowners and Agrarian Reform in Cautín Province, Chile, 1967-73”, Journal of Latin American Studies, 51 (1), pp. 109-135.
CHILE. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (1955), III Censo Nacional Agrícola Ganadero, Santiago.
CHILE. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (1965), IV Censo Nacional Agropecuario. Año agrícola 1964-1965, Santiago.
COUSIÑO, A. y OVALLE, M. A. (2013), Reforma agraria chilena. Testimonios de sus protagonistas, Santiago, Memoriter.
FOSS, S. (2020), “Land and Labor Relations in Guatemala’s 1952 Agrarian Reform: Rethinking Rural Identities”, Historia Agraria de América Latina (HAAL), 1 (1): pp. 1-21.
GRIFFIN, C. J. (2014), Protest, Politics and Work in Rural England, 1700- 1850, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
KLEIN, E. (1972), Antecedentes para el Estudio de Conflictos Colectivos en el Campo, 1967-1971, Santiago, ICIRA.
KLUBOCK, T. (2014), La Frontera. Forests and Ecological Conflict in Chile’s Frontier Territory, Durham and London, Duke University Press.
LOVEMAN, B. (1976), Struggle in the Countryside. Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973, Bloomington, Indiana University Press.
MALLON, F. (1994), “The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American History”, The American Historical Review, 99 (5): 1491-1515.
MALLON, F. (2005), Courage Tastes of Blood. The Mapuche Community of Nicolás Ailío and the Chilean State, 1906–2001, Durham, Duke University Press.
MORENO, R. (2013), Sin Reforma Agraria no habría sido posible. Memorias de la Reforma Agraria chilena, 1958-1970, Santiago, Copygraph.
PURNELL, J. (1999), Popular movements and state formation in revolutionary Mexico: the agraristas and cristeros of Michoacán, Durham, Duke University Press.
REDONDO-CARDEÑOSO, J. (2017), Tierra, trabajo y libertad. Conflictos campesinos e indígenas en la provincia de Cautín (1967-1973), Santiago, Lom.
ROBLES ORTIZ, C. (2011), “Movilización rural y reforma agraria en Chile: huelgas y tomas en la provincia de Valdivia en el ‘verano caliente’ del ’71”, en II Jornadas Interdisciplinarias de Investigaciones Regionales “Enfoques para la Historia”, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
ROBLES ORTIZ, C. (2017), “Sociedad rural y política nacional en Chile Central, 1850-1973”, en J. L. Ossa (ed.), Historia de las prácticas políticas, Santiago, Fondo de Cultura Económica, pp. 423-451.
ROBLES-ORTIZ, C. (2018), “Revolution from below in Panguipulli. Agrarian Reform and Political Conflict under the Popular Unity in Chile”, Journal of Agrarian Change, 18 (3), pp. 606-631.
ROBLES ORTIZ, C. y KAY, C. (2018), “La transición del sistema de hacienda al capitalismo agrario en Chile Central”, en A. Estefane y C. Robles (Eds.), Problemas Económicos, Santiago, Fondo de Cultura Económica, pp. 107-139.
ROXBOROUGH, I., O’BRIEN, P., & RODDICK, J. (1977), Chile. The state and revolution. London, Palgrave Macmillan.
WINN, P. (2010), “The Furies of the Andes. Violence and Terror in the Chilean Revolution and Counterrevolution”, en G. Grandin, & G. Joseph (Eds.), A Century of Revolution. Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America’s Long Cold War, Durham, Duke University Press, pp. 239-275.