Gestionar una Nueva Planta. Clientelismo ministerial y gobernanza epistolar de la Universal Administración del Tabaco: el caso de Ávila (1735) \*.
Managing a Nueva Planta. Ministerial clientelism and epistolary governance of the Universal Administración del Tabaco: the case of Ávila (1735)
Artículo de acceso abierto distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0). / Open access article under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Resumen: El presente artículo profundiza en un estudio de caso relativo a indagar en las dinámicas reformistas de la Corona de Castilla en la década de 1730 dentro de la conocida como Universal Administración del Tabaco, una "nueva planta" potenciada por el secretario Joseph Patiño y que llevaría al control monopolístico de la Real Hacienda respecto a la circulación y consumo de este producto ultramarino. Gracias al análisis del archivo inédito de uno de los administradores generales de Ávila, Juan Antonio Gómez Cervantes, se descenderá a un nivel microanalítico para conocer de primera mano las problemáticas surgidas de la implantación de la gestión regalista en el territorio, sus vínculos clientelares con la Dirección General madrileña y la resolución de los problemas fiscales y jurisdiccionales surgidos en la cotidianeidad de dicha renta tabaquera.
Palabras clave: Tabaco. Felipe V. Castilla. Fiscalidad. Clientelismo.
Abstract: This paper delves into a case study on the reformist dynamics of the Crown of Castile in the 1730s within the so-called Universal Administración del Tabaco, a "Nueva Planta" promoted by the secretary Joseph Patiño and which would lead to the monopolistic control of the Royal Treasury over the circulation and consumption of this overseas product. Thanks to the analysis of the unpublished archive of one of the general administrators of Ávila, Juan Antonio Gómez Cervantes, we will descend to a micro-analytical level to gain first-hand knowledge of the problems arising from the implementation of the royal administration in the territory, its clientelistic links with the Dirección General in Madrid and the resolution of the fiscal and jurisdictional problems that arose in the daily life of this tobacco revenue.
Keywords: Tobacco. Philip V. Castile. Taxation. Clientelism.
Sumario: 1. La génesis de la Universal Administración del Tabaco en la España de Felipe V: crónica de una negociación cortesana. 2. Madrid-Ávila, 1735: reconstrucción de un negociado tabaquero entre Corte y Provincia en los tiempos de la Nueva Planta. 3. Un epílogo invernal: de desfalcos y servidumbre ministerial. Notas conclusivas. Fuentes impresas y bibliografía.
1. LA GÉNESIS DE LA UNIVERSAL ADMINISTRACIÓN DEL TABACO EN LA ESPAÑA DE FELIPE V: CRÓNICA DE UNA NEGOCIACIÓN CORTESANA.
La historia del tabaco en la Monarquía de España hunde sus raíces en el siglo XVI, una vez que dicho producto ultramarino comenzó a comercializarse a través de la Carrera de Indias. Sin embargo, de cara a su vinculación con la Real Hacienda, fue el año 1636 el que supusiese un punto de no retorno en la mímesis consumo-fiscalidad. Las necesidades económicas de Felipe IV en plena guerra de los Treinta Años (1618-1648) haría que los ministros reales, bajo la supervisión del conde-duque de Olivares, iniciasen el estanco de los recursos tabaqueros llegados desde América. Ya desde sus orígenes fueron los comerciantes de origen judeoconverso portugués -los cristãos-novos- radicados en Sevilla los que monopolizasen la distribución tabaquera por toda la Corona de Castilla. Los arrendadores lusos se aprovecharon de sus propios canales mercantiles y familiares para copar los puestos de venta y subarriendos, merced a su conocimiento de la realidad local y, sobre todo, por los caudales procedentes de otros negocios paralelos que franqueaban la liquidez suficiente para el acopio y reventa de los tabacos llegados al puerto hispalense1 .
Con la llegada al trono de Madrid del duque de Anjou, Felipe de Borbón, una de las primeras resoluciones que adoptó en la primavera de 1701 fue una nueva reordenación de la renta estancada del tabaco. La medida clave de la reformación vendría dada con la elección de un superintendente general que negociaría los arrendamientos provinciales, lo que suponía la eliminación de un arrendador general que pudiese amparar fraudes contra la Real Hacienda en pro de su beneficio y el de sus hechuras e intermediarios2 . El estanco del tabaco aparecía en los albores del siglo XVIII como una regalía del monarca, capaz de disponer libremente sobre el uso, la prohibición o la cesión de su producto y consumo. Dentro de la “lógica del monopolio”, en palabras de Sergio Solbes Ferri, y pese a las abiertas censuras de parte de los ministros reales al considerarlo un mero vicio, el control regalista haría que no importase “lesionar los derechos de los consumidores, e incluso reducir las ventas”, siempre que con ello aumentasen los ingresos fiscales. Tras décadas de arriendos generales y una pequeña experiencia de administración directa, durante el primer cuarto del Setecientos se produjo un continuum de las experiencias de tiempos de Felipe IV y Carlos II con la exclusiva salvedad de la figura central del superintendente. De hecho, perduraron las formas de distribución y de venta del tabaco por parte de los arrendadores provinciales, incluso reforzando su papel durante la década de 1720 ante la incapacidad de la Real Hacienda para gestionar dicho sistema ya plenamente articulado3 .
Bajo la influencia del jenízaro hispano-lombardo Giuseppe/Joseph Patiño, uno de los más reputados ministros de Felipe V, no solo se trató de controlar por parte de la Corona la mejora del abastecimiento tabaquero para los nodos de distribución por toda la península Ibérica, sino también articular una Nueva Planta que pudiera reestructurar las jerarquías de la renta frente a la figura del superintendente4 . Durante el primer trienio de Patiño al frente de la secretaría del Despacho de Hacienda se sentaron los cimientos para tal política de reformación que cristalizaron con la creación de una Dirección General de la Renta del Tabaco (1726) en cabeza de tres ministros que se contrapesarían a la hora de regular el día a día de esta clave de bóveda de la fiscalidad hispana. Los elegidos fueron tres homines novi, fieles a la Casa de Borbón y bienquistos con el poderoso secretario del Despacho de Hacienda. Todos ellos fueron paradigmas de las oportunidades político-económico-sociales del cambio dinástico y del conflicto sucesorio, aunque con perfiles ciertamente divergentes5 .
Para el caso de Jacobo de Flon y Zurbarán (1677-1738), este ministro flamenco-vizcaíno se había iniciado en los negocios comerciales a fines del Seiscientos en colaboración con su hermanastro Bartolomé de Flon y Morales -futuro conde de la Cadena-. En plena guerra de Sucesión se hizo con la provisión del ejército de Galicia, donde sus formas ejecutivas provocaron numerosas tensiones con la población y las elites locales hasta sufrir el envite de diversos panfletos y motines. Pese a ello, en 1711 fue designado para asumir la superintendencia general de la Renta del Tabaco de Castilla, Aragón y Valencia. Si bien mantuvo el oficio hasta su cese en 1716, en pleno valimiento del abate Giulio Alberoni, un lustro más tarde volvería a ejercerlo para no abandonar un cargo directivo en torno al tabaco hasta su muerte, habiendo ya sido premiado en 1731 con la dignidad de consejero supernumerario de Hacienda6 .
Su compañero Ventura de Pinedo (1665-1745), de quien la Gaceta de Madrid diría a su muerte que “desempeñó con notorio zelo y amor al real servicio la confianza que debió a la piedad del rey”, constituye un magnífico ejemplo de los usos de la negociación cortesana y de la venalidad en la economía de la gracia de la corte borbónica7 . Desde unos hidalgos orígenes en su Burgos natal hasta su encumbramiento como conde de Villanueva de Perales de Milla y marqués consorte de Perales del Río, los medios en los que don Ventura transitara la mayor parte de su vida le llevaron de los cajones inferiores de la secretaría de Nueva España en el Consejo de Indias hasta las mayores dignidades consiliarias y hacendísticas de la Monarquía. Por ello, no era de extrañar que gustase de ocultar (o disimular) su progreso social y se difundiesen en letras de molde loas a la “antigua nobleza” del montañés, a supuestos antepasados ilustres en las armas y las letras e, incluso, a hacerse descender de “Lucio Pinamo, que en el segundo Belo Punico hizo immortal su nombre en la isla de Sicilia libertando las compañías romanas”8 . Más prosaicos fueron, sin embargo, los medios por los que se valió para ascender vertiginosamente en el ordo de los honores hispanos: la compra de un hábito de la Orden de Santiago a un militar irlandés en 1691; el ejercicio de la agencia venal en el seno del Consejo de Indias; la colaboración con mercaderes contrabandistas en la América de la guerra de Sucesión; el fraude en corruptelas ligadas a las pruebas para las Órdenes Militares, de las que solo se libró mediante la interposición del también advenedizo navarro Juan de.
Goyeneche pagando a su favor una cuantiosa multa de 100.000 escudos; o un proficuo matrimonio con Antonia de Velasco y Moreda, marquesa de Perales del Río, propietaria de una de las mayores cabañas ovinas de tierras de Segovia y de un fastuoso palacio de esquileo en El Espinar, y quien debió posibilitar la incorporación de su marido en los negocios tabaqueros, como ha expuesto Anne Dubet9 .
Por último, Mateo Pablo Díaz de Lavandero (1681-1746) había nacido en la población toledana de Pelahustán como hijo de un emigrante oriundo de la villa abulense de Las Navas del Marqués. En torno al cambio de siglo, don Mateo Pablo dirigió sus pasos hacia la decadente Sevilla, al igual que habían hecho tiempo atrás sus paisanos García de Segovia, encumbrados socialmente gracias al comercio con América. Por su parte, Díaz de Lavandero casó en 1709 con la hija de un indiano vizcaíno, Manuela Petronila de Urtusáustegui, lo que le abrió las puertas de los principales cosecheros hispalenses y cargadores hacia el Nuevo Mundo. Tras invertir sus caudales en propiedades fundiarias cercanas a la antigua Hispalis, entró como veinticuatro de la ciudad y fue reconocido su supuesto origen nobiliario tanto en Sevilla como en La Rinconada y Valdemaqueda, en este último caso, al no lograr que la justicia de Las Navas se aviniese a aceptarle como tal por la vigencia de behetría en la villa. Con los honores de la Contaduría Mayor de Cuentas (1712) y una ejecutoria de hidalguía librada en Valladolid (1714), los siguientes pasos le condujeron a hacer efectiva su inclusión en dicho órgano hacendístico y a promocionarse ante la elite sevillana como alguacil mayor del Santo Oficio (1720), mayordomo de la Universidad de Mareantes y administrador general de sus Aduanas. Hechura de Patiño, don Mateo Pablo no solo consiguió erigirse en uno de los tres directores generales de la Renta del Tabaco, sino ya en la nueva década exaltado al Consejo de Hacienda, a marqués de Torrenueva (1732) y a caballero de la Orden de.
Santiago (1734), logrando sustituir en 1736 a su difunto patrón en la secretaría del Despacho de Hacienda10.
Junto con la construcción de la Dirección General de la Renta, Patiño prosiguió auspiciando innovaciones en la forma de la gestión de la fiscalidad tabaquera. Entre el decreto real de 20 de diciembre de 1730, que preludiaba el cambio radical que suponía la supresión de los arrendamientos y su conversión en administraciones directamente dependientes de la Real Hacienda, y la implantación efectiva de la misma el 1 de septiembre de 1731 no serían pocos los problemas a los que se enfrentó el secretario Patiño y sus hechuras en la renta. Como revela el mencionado Sergio Solbes Ferri, existió “un complejo proceso de negociación a varias bandas” plasmado en la correspondencia entre el antiguo superintendente (y ahora director general) Flon con Joseph Patiño. En sus misivas no dudó en demostrar la búsqueda del apoyo de Díaz de Lavandero, mientras acusaba abiertamente a Pinedo (y a su criatura, el contador Joseph Ventura de Bilbao la Vieja) de bloquear el proceso de reformación para resituar a los ex-arrendadores como nuevos administradores, incluso insinuando comportamientos corruptos y de nepotismo a dichos ministros superiores. Los intereses de Pinedo en los partidos de Segovia, Ávila y Salamanca, controlados por un prácticamente desconocido hombre de negocios, Matías Fernández Trujillo, o su voluntad de promocionar a clientes suyos en otros tantos demostrarían, a los ojos de Patiño, las divergentes prácticas entre unos y otros directores y el posible fracaso de la nonnata Universal Administración prefigurada por el jenízaro. Gracias a la intermediación del conde de Villanueva de Perales de Milla, la transición de los arrendadores a administradores provinciales fue “con certeza casi absoluta” tranquila y la mayor parte de los antiguos gestores privados del tabaco conformaron la nueva base humana del control regalista sobre dicho producto11.
La Renta del Tabaco logró emerger del papel a la praxis administrativa el 1 de septiembre de 1731, en un marco de incertidumbre generalizada. Si bien se contaba con una Instrucción general firmada por Patiño en 24 de diciembre de 1726, todavía era difícil discernir la puesta en marcha de una nueva jurisdicción dentro del marco normativo de la compleja monarquía borbónica. La voluntad escrita del secretario de Hacienda pasaba por prevenir el fraude y disponer de unos métodos que posibilitaran la supervisión permanente y regular de la situación de la renta. Estos medios iban desde el celo de los ministros y oficiales reales hasta el establecimiento de los libros a disposición de los fieles de los almacenes, muy similares de los que se disponía en la Tesorería Mayor; la obligatoriedad de la entrega mensual del caudal líquido de las administraciones a la Tesorería General de la Renta; o la imposición de un arca de tres llaves en la misma para “reforzar el control de su caja”12.
A la altura de 1731, el tabaco se erigía en una de las porciones de mayor fiabilidad de la Real Hacienda de Felipe V, “una de las rentas más regulares y menos gravadas por previas consignaciones”. Por este motivo, Patiño lo consideró un laboratorio de experimentación para mayores reformas fiscales y orgánicas13. Sin embargo, la muerte del milanés en 1736 y la promoción del director Torrenueva a su secretaría, sumando a estas contingencias la caída drástica del consumo de tabacos por mor de la creciente presión impositiva, la irresolución de aspectos legales o jurídicos vinculados a la renta y los efectos de la guerra de Sucesión polaca en la maltrecha economía española, coparon los primeros años de vida de la Universal Administración del Tabaco.
Los esfuerzos militares destinados no solo a mantener al infante Carlos de Borbón en sus herencias de Parma y Toscana, sino a la reconquista de los reinos perdidos de Nápoles y Sicilia de manos del emperador Carlos VI de Habsburgo en los tiempos de la guerra de Sucesión y la de la Cuádruple Alianza pusieron a la renta en el punto de mira del ministerio borbónico y, con ello, vincularon estrechamente su rendimiento a la gestión de los caudales reservados a sufragar la milicia. Para entonces, la estrecha correlación de las reformas proyectadas en la Tesorería Mayor y la Renta del Tabaco de mano Patiño había demostrado, como ya acaeciere en tiempos del marqués de Campoflorido o del malogrado Fernando Verdes Montenegro, que “la mejor forma de controlar el crédito bancario es prescindir de los préstamos formales”. Bajo esta premisa y desde la Tesorería Mayor, se intentaría progresivamente limitar la influencia de los arrendadores de Rentas Provinciales -no meros recaudadores subcontratados, sino también reinversores de su caudal mediante asientos militares- y la reducción del crédito formal “a su más mínima expresión”, es decir, solo salvaguardando las anticipaciones de dichos negociantes14. Las reflexiones de Anne Dubet denotan cómo el control directo de Patiño y de su sucesor, Mateo Pablo Díaz de Lavandero (futuro marqués de Torrenueva), sobre la Tesorería Mayor permitió que nuevos financieros convirtiesen sus efectos en dinero por la mera orden del secretario de Hacienda. Así, no sería de extrañar que a mediados de la década de 1730 diferentes sujetos vinculados tanto a dicha oficina hacendística como a la Dirección General del Tabaco reconvirtiesen sus anticipos en dinero líquido recaudado de los consumos de dicho producto, pero también a letras y créditos. Uno de sus artífices o facilitadores sería Martín de Herce, quien compaginó la agencia de la Tesorería Mayor, un cargo más bien oficioso, con el de tesorero principal de la renta mediante un uso sutil de la venalidad15.
Finalizada la guerra con Carlos VI por el Tratado de Viena (1738) y puesto en los tronos de Nápoles y Palermo el primogénito de Isabel de Farnesio, Carlos de Borbón, las exhaustas arcas españolas terminaron por revivir experiencias de tiempos pretéritos. La suspensión de pagos de 1739, consecuencia del vertiginoso aumento de los gastos desde comienzos de la centuria, de la reconquista de Orán en 1732 y de las repercusiones derivadas de las campañas italianas de 1733-1735, llevó a un punto crítico a la viabilidad de la hacienda de Felipe V. Pese a las medidas racionalizadoras del difunto Patiño, la financiación de los esfuerzos bélicos a través de medios extraordinarios, pero sin un correspondiente aumento de las rentas generales y provinciales obligó al baztanés Juan Bautista de Iturralde, nuevo secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, a intervenir en el sistema de retribuciones de los asentistas de la Monarquía. Las medidas drásticas tomadas por el navarro -antigua hechura de Juan de Goyeneche y en el mismo año 1739 ennoblecido con el título de marqués de Murillo- ya habían venido preludiadas, como demostró Francisco Andújar Castillo, en las propuestas reformadoras de su antecesor Torrenueva tanto en 1737 al presidir la Junta de Medios para limitar el gasto militar, de las casas reales y el ministerio madrileño, como en 1738 al elaborar un memorial para paliar la situación deficitaria del balance hacendístico borbónico16.
El impago de las deudas contraídas hasta finales de diciembre de 1736, que recientemente ha sido revisado por Anne Dubet, Sergio Solbes y José Ramón Cruz Mundet17, afectó directamente a la gestión de la Universal Administración del Tabaco. Con vistas a reordenar las máximas del crédito de la Real Hacienda, Iturralde no cejó en el empeño de desplegar un mayor control de los caudales y de los medios de trato y contrato con los financieros reales. A decir de Dubet, las medidas del navarro irían directamente en contra de las dinámicas de Patiño y del cesado marqués de Torrenueva. Así, uno de los pilares abatidos con los impagos fue el arrendador de las Rentas Generales, el milanés Giovanni Evangelista Giraldelli, testaferro del banquero luqués Ambrogio Maria Andriani y colaborador del afamado cambista florentino Rodolfo Firidolfi, uno de los principales interesados en el negocio del tabaco durante la década de 1730. El hundimiento económico de Giraldelli, cifrado en unos 11.000.000 reales de vellón, afectó a otro de los etéreos testaferros del asentista: Martín de Herce. El riojano, encargado de entregar al tesorero mayor Francisco Lobato enormes sumas de montante para cubrir las necesidades de la Monarquía consiguió que el italiano lograse diferentes cartas de pago sobre la segura Renta del Tabaco y otras entradas indianas. Sin embargo, pasado el año 1740, no lograría verse restablecido en ninguna de tales sumas. Otro de los grandes damnificados por la bancarrota de 1739 fue Ventura de Pinedo, quien había contratado un asiento por más de 1.000.000 reales en 1738, máxime teniendo el soporte del control del tabaco desde su atalaya de director general y de su red de amistades y clientelas en la misma: su colega de Dirección Joseph Gómez de Terán, el tesorero principal del Tabaco Martín de Herce (a la sazón, agente de la Tesorería Mayor) y, posiblemente, el marqués de Torrenueva18.
El caso de Herce no solo le convertía en un daño colateral de la suspensión de pagos, en tanto broker de Giraldelli o criatura de Pinedo, sino en uno de los objetivos directos de las medidas punitivas desplegadas por Iturralde. Si bien este no consiguió reorganizar la iurisdictio real en torno a la Renta del Tabaco, al no despegar su reformación de la Junta privativa del ramo, sí se decidió a actuar en contra del tesorero principal y sus manejos. Herce, quien había sucedido a Gómez de Terán el 21 de abril de 1738 tras anticipar 3.000.000 reales -sin intereses- por la merced, trató de verse reembolsado en dicha suma venal mediante doce cartas de pago en las mesadas tabaqueras de 1739. Este seguro de cara a los intereses personales del ministro real no escapaba de la crítica de sus émulos o de sus propios compañeros, a decir del propio tesorero mayor Lobato y sus informes en torno a los vínculos entre los grandes acreedores de la Corona y los caudales provenientes del tabaco, algo que suscitó una abierta crítica de los arrendadores de las Rentas Provinciales, que veían cómo quienes anticipaban su dinero en consignaciones de la Universal Administración lograban un interés y conducción al $4 \%$ y “un mes más para cobrar el dinero en distritos distantes”. Conocedor de los manejos de Herce, para sí o en pro de terceros, Juan Bautista de Iturralde apartó al tesorero principal mediante un proceso ad hoc y se le apresó, encausado por desvíos ilícitos del dinero de la renta. En el mes de octubre, Felipe V privó al riojano de su cargo, siendo sustituido por el navarro Bartolomé de Garay, hechura del secretario del Despacho de Hacienda. Los bienes del inculpado fueron enajenados, mientras que las mencionadas cartas de pago fueron canceladas a favor de la Real Hacienda. Con este castigo ejemplar se ponía punto final a una consolidada forma de gestión tabaquera, máxime al apartarse de sus direcciones generales a Pinedo -a cambio de los honores de consejero de Indias y con la retención de la Tesorería de la Santa Cruzada- y Gómez de Terán -ahora, consejero supernumerario en la Contaduría Mayor de Cuentas, paso previo a su futuro encumbramiento como marqués de Portago-. En su lugar entraron dos hombres de confianza del marqués de Murillo: Juan Francisco de Luján, proveniente del Consejo de Hacienda, y Juan Francisco de Goyeneche e Irigoyen, marqués de Ugena y sobrino del antiguo patrón de Iturralde19.
Las medidas punitivas y, a la vez, reformistas del marqués de Murillo sentaron las bases de una nueva mutación en la Universal Administración del Tabaco, esta vez no mediante el cambio de titularidades en los puestos esenciales de la renta, sino con la publicación de una nueva instrucción destinada a sintetizar y glosar las necesidades, los límites y los privilegios de esta parcela de la Real Hacienda. Realizada por un profundo conocedor de la realidad tabaquera, Martín de Loynaz, en 26 de enero de 1740, este corpus jurídico era la prueba fehaciente “de la experiencia acumulada durante los difíciles comienzos” de la administración ante el marco incompleto de órdenes y medios de actuación jurisdiccional surgido en 1731. Así, para autores como Rafael Escobedo, no solo se registrarían los beneficios individuales y corporativos de los ministros tabaqueros, sino también los márgenes de actuación de los mismos, pues “ningún dependiente debía tener otro empleo que no fuese el Tabaco, lo cual cerraba en teoría la puerta a los negocios diversificados (aunque siempre se podían continuar bajo cabeza de otro)”, mientras se dejaba al arbitrio de la Dirección General o de los administradores provinciales tomar (o no) las fianzas de los oficiales y subalternos, “lo cual nos lleva a pensar que unas parcelas de la Renta se empezaron a administrar como algo más parecido a un ramo verdaderamente burocrático”20.
2. MADRID-ÁVILA, 1735: RECONSTRUCCIÓN DE UN NEGOCIADO TABAQUERO ENTRE CORTE Y PROVINCIA EN LOS TIEMPOS DE LA NUEVA PLANTA.
El análisis concreto de una jurisdicción tabaquera en la Castilla de Felipe V, como es el caso de Ávila, tratará de aportar informaciones y reconstruir prácticas ejecutivas derivadas de la administración directa del estanco regio y, a su vez, comprender el impacto de las estrategias desplegadas por Patiño y Torrenueva en la gestión de esta Nueva Planta. El interés del ejemplo abulense, por tanto, se denota en la posibilidad de ahondar en aspectos no siempre reflejados en las correspondencias oficiales, en las circulares de la Dirección General del Tabaco o en las órdenes y consultas de sus superiores. Máxime, a través de este case study sobre una ciudad (y su provincia) en recesión económica y demográfica desde hacía siglo y medio atrás, se pueden cotejar numerosas tesis expuestas por una rica tradición historiográfica que, desde hace más de tres décadas, ha profundizado en la teorización y la puesta en marcha de una de las fincas más dinámicas de la Real Hacienda de Austrias y Borbones, en los mecanismos de la administración centralizada de la renta y en los horizontes de circulación de sus réditos pecuniarios.
Esta reconstrucción se ha afrontado a través de un análisis complementario entre fuentes provenientes de las diferentes instituciones cortesanas, el intercambio epistolar entre los oficiales superiores de la Universal Administración y sus subordinados por todos los reinos de España y, por último, los registros, contabilidades y misivas emanadas de los mismos administradores provinciales distribuidos por las ciudades cabeza de la gestión tabaquera. Ante esta necesidad comparativa, las secciones Dirección General de Rentas y Secretaría y Superintendencia de Hacienda del Archivo General de Simancas aportan los informes y consultas destinados a la articulación in situ de la Universal Administración del Tabaco en 1730 y 1731, así como la serie completa de la contabilidad abulense de su gestión entre los años 1731 y 1741. Este material -rico en valores generales, cifras de consumos, almacenamientos y quiebras, o datos concretos para fiscalizar los caudales remitidos desde todas las administraciones castellanas hasta las Arcas Generales de su ramo en la Villa y Corte- posibilita el conocimiento de las libras de tabaco y los caudales provenientes de su venta en la iurisdictio centralizada en la ciudad de Ávila, así como las dinámicas de provisión de oficios y cajas a lo largo de dicho primer decenio del estanco real de la renta21.
Por su parte, los fondos del Archivo Histórico Nacional (Madrid) incorporan un material de particular trascendencia a la hora de conocer la cotidianeidad de la administración general abulense para un periodo concreto de dicha década reformista, el año 1735, que constituye el epicentro documental de las siguientes páginas. En su sección DiversosColecciones se encuentran las minutas de respuesta de la correspondencia del administrador Juan Antonio Gómez Cervantes -también registrado en la documentación tabaquera como “Gómez de Cervantes”- con el director general Ventura de Pinedo, el contador Joseph Ventura de Bilbao la Vieja y el tesorero del ejército de Castilla, el asturiano Francisco de Candás Inclán. Asimismo, se agregan traslados de escrituras para afianzar oficios subalternos y pleitos ante el juez subdelegado de la renta, el corregidor Francisco de Quintanadueñas. Por último, se conservan en dichos legajos una serie de anotaciones de las cuentas del partido de Cebreros remitidas por su administrador local, Sancho González Grajera, y recibos cruzados entre el responsable de Candeleda con su superior, el riojano Diego Bretón del Río, titular de la administración del partido de Arenas de San Pedro22.
Dentro de estos elencos documentales inéditos, cabe centrar la atención en el mencionado epistolario del administrador provincial Gómez Cervantes con sus corresponsales madrileños y salmantinos, verdadero nervio de la gestión fiscal y económica de la Renta del Tabaco ante la multiplicidad de temas tratados en las misivas. Si bien el número de borradores de cartas del administrador superan con creces las respuestas y órdenes encaminadas hacia Ávila, no por ello se dificulta el seguimiento de los negociados entablados entre todas las partes. Por todo ello, ante los escasos matices que emergen de la contabilidad simanquina de cara a reconstruir el día a día de esta crucial partida de la Real Hacienda borbónica, el archivo personal del mencionado administrador provincial para el año 1735 se convierte un extraordinario recurso para indagar en las problemáticas concretas de los estancos abulenses en los albores de la Nueva Planta instaurada el 1 de septiembre de 1731 (Mapa 1).
Mapa 1. Distribución de las jurisdicciones de la Renta del Tabaco de la provincia de Ávila (1731)
Leyenda: Casco de Ávila (negro), Vereda de Villatoro y Grajos (gris claro), Vereda de La Moraña y Campo de Pajares (marrón), Administración de Olmedo (verde claro), Administración de Arévalo (morado), Administración de Martín Muñoz de las Posadas (rosa), Administración de Arenas de San Pedro (naranja), Administración de Mombeltrán (amarillo), Administración de Navamorcuende (gris oscuro), Administración de Candeleda (verde oscuro), Administración de Cebreros (azul), Administración de Las Navas del Marqués (rojo).
Fuente: Elaboración propia.
Frente a los minuciosos datos hacendísticos que aportase Juan Antonio Gómez Cervantes en su correspondencia, pocos son los personales que se conservan entre sus papeles sobre este oscuro oficial de Hacienda. Frente a otros administradores precedentes y algunos de sus propios subordinados, no emerge ninguna referencia personal sobre la proveniencia del ministro u otros elementos prosopográficos más allá de registrarse cómo ejerció su cargo entre el 1 de octubre de 1733 y el 31 de agosto de 1741, que en 1740 fue comisionado para la administración de la Renta de Nieve de Ávila y su partido y que, pese a no haber sido alcanzado en prácticamente ninguna de sus cuentas, desapareció de Ávila sin dejar rastro en dicho verano de 1741.
Volviendo a los inicios de su encargo en la Universal Administración del Tabaco, el primer asunto perentorio gestionado por Juan Antonio Gómez Cervantes fue el reconocimiento de los efectos consignados para “satisfazer las obligaziones de este exército”, es decir, de los regimientos borbónicos radicados en la frontera con el Portugal de João V de Bragança. Aunque ya en tiempos del primer administrador de la Universal Administración, Matías Fernández Trujillo, se habían encaminado varias partidas por la vía del responsable salmantino, sería solo en el otoño de 1734 cuando se concentrase la circulación del capital líquido a manos del tesorero militar Francisco de Candás Inclán, el cual quedó encargado de notificar expresamente a Madrid del estado de lo producido de tales partidas23. Para ello, este oficial asturiano reclamó insistentemente el balance, pero solo en 5 de febrero de 1735 logró del estanquero abulense las cifras al haberse excusado con motivo de “tirar la quenta de todo” lo generado el año anterior. Solo con ello pudo expedirse carta de pago por el valor de 34.689 reales de vellón, siendo su beneficiario final el habilitado del regimiento de caballería de Montesa24. Junto a este destino militar, y tal y como apuntan los registros encaminados a la Contaduría de la Dirección General madrileña, la mayor parte de las sumas de lo procedido de la venta de los tabacos de Ávila, un $53 \%$ del total para el primer decenio del monopolio regalista (1731-1741) se encaminaron a la corte de Madrid, a las Arcas Generales que la Renta tenía encomendadas al tesorero principal. Es preciso tomar en consideración cómo no fueron pocas las veces en que el dinero fue entregado en efectivo por parte de los ministros subordinados al administrador provincial. Así, los principales responsables de dicho tránsito fueron los guardas mayores de la ronda abulense. Su titular, Salvador de los Cobos, y sus subordinados recalaron en febrero de 1735 en la Villa y Corte con las entradas del mes de enero, aunque en dicha ocasión no se condujo la relación de consumos “por el motivo de que ayer ha venido el último administrador agregado, por cuia razón no se ha podido formar (sólo un tanteo para sacar el líquido a punto fixo)”25.
Otra de las comisiones subdelegadas por Gómez Cervantes al guarda mayor Cobos fue una visita realizada a la conflictiva administración de Arévalo. Si bien sería frecuente durante toda la década de 1730 un constante cambio de titularidades en la cúspide de su gestión, en la primera ocasión que Nicolás Ibáñez se hizo cargo de la misma se detectaron diferentes irregularidades en el peso de las boletas -es decir, los “papelitos pequeños que se hacen y cortan en los quales se embuelve una porción corta de tabaco que valga un quarto y se van minorando conforme se puja y sube la renta”, destinadas a la venta al por menor26- para servir el consumo de sus lugares agregados. En el invierno de 1735 se observó cómo
“salieron a más de los 33 reales en libra, dos onzas y media, por donde se berifica que puede dimanar de medirlo mal, pues haziendo aquí el cotexo con las que se bolete[a]ron en fin de el passado, que fueron 131 libras para las veredas de Villatoro y La Moraña, solo salieron de más 6 libras $\%$ y esto midiéndolo con cuidado”27.
La solución que Juan Antonio Gómez Cervantes propuso a la Dirección General del Tabaco para resolver los fraudes arevalenses podía ser que las más de 350 libras medidas mensualmente en la tercena mayor de Ávila “todo se boletee en esta capital para los agregados y que se recoxan, y que si sobrase, se quede a venefizio de la Renta”28. Esta posibilidad, para la que se necesitaba de dos trabajadores a disposición completa, sería recurrente durante los siguientes meses de trato epistolar con Pinedo.
Mientras se dilucidaba la forma de solventar los problemas crónicos del boleteo de Arévalo, Gómez Cervantes prosiguió su labor fiscalizadora de la herencia recibida de su antecesor en el cargo, el interventor Miguel Márquez, un oficial oriundo de Ronda. En este caso, el negociado no se siguió con el director general de la Renta, sino con el contador Joseph Ventura de Bilbao la Vieja, para fenecer las cuentas abiertas de dicho oficial cesante29. Los problemas planteados desde la Contaduría madrileña pasaban, en primer lugar, por conseguir los recibos del quebrado administrador de Arenas de San Pedro, Diego Sánchez de Mijares, necesarios para fenecer la primera cuenta del ya difunto Diego Montero; y, en segundo lugar, por reconocer los sacos y corachas de las administraciones agregadas y las resmas de papel “que para las ventas de tavaco dejó [Márquez] a vuestra merced” en los almacenes de Ávila, “pues es recado lexítimo para la data de su quenta y cargo de la de vuestra merced”30.
Las respuestas dadas a los dos requerimientos de Bilbao la Vieja movilizaron todos los esfuerzos del estanquero provincial en pro de satisfacer tales obligaciones para con la Dirección General del Tabaco. En primer lugar, sabedor que Sánchez de Mijares “se halla en essa corte a solizitud de sus combenienzias”, informó que, una vez este volviera a su casa en Navamorcuende, se le incitaría a responder a sus obligaciones. Por otro lado, afirmó que la contabilidad formal de los sacos existentes en los partidos dependientes de la administración abulense era inexistente hasta que se hizo cargo de la misma en el último trimestre de 1733, pues para ello quedó encomendado al año siguiente el nuevo oficial de libros, el navarro Pedro de Óriz. A falta de tales referencias fehacientes, como sí se podría saber -paradójicamente- del papel, don Juan Antonio reconoció como dificultoso saber dichas sumas, máxime “por no haverse echo repesso en dichas administraciones quando yo tomé posesión, a causa de no haver llegado a tiempo quando se me despachó de esa Dirección”31.
Ante las evidentes lagunas de información veraz tanto de las cuentas del ex-administrador de Arenas como de los registros de tabacos y papel de las cajas agregadas en tiempos del interventor Márquez, la Contaduría determinó dar salida a las cuentas del cargo de los dos anteriores ministros abulenses, “quedando al de vuestra merced los que expresa la razón que acompaña, arreglada a lo que consta del zitado testimonio”32. Dicha resolución sobre las cantidades situadas bajo responsabilidad de Gómez Cervantes le llevó a cotejar la contabilidad de Óriz y, con ello, reconoció haber en contra suya cuatro sacos sencillos, uno de lavado fino en Arenas y tres de Monte Redondo en Cebreros, “que en dicho testimonio se dejaron de nombrar por equibocazión”. Junto a este intento para minimizar el impacto del cargo, don Juan Antonio recurrió al ya citado Miguel Márquez para lograr lo antes posible los documentos requeridos sobre las resmas papeleras, e igualmente prosiguió presionando a Sánchez de Mijares, ya restituido desde Madrid, a fin de contentar a Bilbao la Vieja33.
El verano de 1735 supuso un punto de inflexión en la vida de la Universal Administración del Tabaco abulense. Aunque no se modificó en punto alguno la cotidianeidad de la circulación de bienes y caudales, caso de los requerimientos de lavado fino “de la mejor calidad” para nutrir las tercenas y estanquillos, a comienzos del mes de agosto recaló en Ávila el visitador general de la renta Juan Gutiérrez de Olivares por orden expresa de la Dirección madrileña34. Desde que llegase a la ciudad castellana este comisionado, Gómez Cervantes se puso a “sus órdenes” en beneficio de las diligencias que tenía encargadas para el servicio de la renta, si bien pronto los vínculos entre ambos oficiales reales se resintieron35.
El motivo que llevó a la realización de tales diligencias tabaqueras no se dio a conocer al inicio de su arribo. Estas pesquisas privativas fueron tachadas de “yrregulares a la práctica por ser mui ruidosas y estrañas”, como se quejara abiertamente el administrador al director Pinedo. Sus primeros pasos fueron poner una llave adicional a las dos ya existentes en la tercena mayor de Ávila, donde se centralizaba toda la circulación de productos para la provincia, y que quedó en manos del propio Gutiérrez de Olivares. Esta sensible disposición chocaba directamente con la presunción de honorabilidad del estanquero, pues en el principio de la visita judicial se había hecho repeso y reconocimiento de los tabacos y del estado económico de la jurisdicción. Junto a ello, don Juan sacó los tabacos de depósito y se encerraron en un cuarto de la casa de la administración bajo dos llaves, manteniéndose una de ellas en propiedad del visitador general. Dicha medida no pareció negativa a Gómez Cervantes, pues esto permitiría “quitar qualquiera escrúpulo que pueda haver”, pero en verdad atendía a una minuciosa fiscalización de todas las existencias, ventas y precios de las remesas encaminadas desde Madrid los meses precedentes36.
Los problemas surgidos al administrador provincial se incrementaron en paralelo a las labores del visitador general. La nueva incidencia provino del papel consumido en la provincia de Ávila y su naturaleza “yndeble”, dado que prácticamente ninguno de los remitidos a los almacenes “llegó al pesso de las diez libras que deve tener cada resma”. Las quejas constantes de los tercenistas abulenses y de los administradores agregados obligaron a solicitar a fray Joseph de Medina, el religioso jerónimo que se encargaba de la administración de las fábricas de La Adrada, a que sirviese el papel acorde a la normativa. Sin embargo, como observó el visitador Gutiérrez de Olivares, con los nuevos envíos veraniegos “cotejadas y pesadas [sesenta resmas] se hallaron algunas de diez libras, diez y media, onze y media y doze, que es el único que ha eszedido desde que estoy aquí”37.
Las órdenes que en 17 de agosto remitiese el director Pinedo a la administración de Ávila sobre el papel de uso para los ministros y estanqueros subalternos tocaron nuevamente la conflictiva situación de las resmas de La Adrada. El mandato de la Dirección General obligaba ahora a que el guarda mayor y visitador provincial de las administraciones formase una factura de las resmas, su número y papel. Para hacer valer su buen hacer, Gómez Cervantes afirmó cómo toda la distribución papelera para la provincia partía de la propia capital, “sin que ellos tengan que comprarlo”. Manteniendo el control de todo el flujo en sus manos, don Juan Antonio y su oficial de libros solo tendrían que atender a que no se excediese el mencionado peso de diez libras por resma y que cuando llegase una remesa de La Adrada “se pesse, remitiendo testimonio a essa Direzión zertificado del menzionado ofizial de libros de haverse executado con su asistenzia”, so pena de 200 ducados por auto del visitador Gutiérrez de Olivares38.
El papel de uso tabaquero, a tenor de las precedentes referencias del administrador provincial, provenía en exclusividad de los dos molinos que el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial poseía en la villa del Tiétar. Pese a que la propiedad había sido recientemente adquirida por los jerónimos, su existencia se remonta a finales de la guerra de Sucesión española. Así, en 1713, la Junta de Comercio consultó favorablemente a Diego Ramírez de Loaísa, vecino de Cadalso de los Vidrios y natural de Torrelaguna, para lograr diferentes privilegios para sus dos molinos papeleros a imitación del realizado por genoveses y neerlandeses gracias a la llegada de oficiales desde Francia y la propia república ligur. El privilegio que concediese Felipe V en 23 de mayo de 1714 provocó, en primera instancia, la ruina de los otros ingenios existentes en la localidad y, a su vez, el estanco de los trapos de las villas vecinas pertenecientes al ducado de Escalona, en particular, Cadalso y Almorox. Pese a su situación de poder, Ramírez de Loaísa y su mujer Ana Lucas Piñas vendieron al monasterio escurialense sus posesiones por valor de 30.000 reales de vellón al contado y pingües sumas anuales para sus antiguos poseedores (800 ducados anuales durante la vida de Loaísa, 400 durante la viudez de su esposa y el sufragio de 3.000 misas con aniversario perpetuo por su memoria). Sin embargo, los monjes tuvieron que esperar otros dos años para que el monarca reconociese tales patentes monopolísticas. Dotados con las innovaciones técnicas que no gozaban los otros molinos de La Adrada -encaminados a la producción de papel para las bulas del arzobispado de Toledo-, en 1731 produjeron resmas similares a la “segunda suerte de Génova”, mientras en 1733 fueron 4.500 piezas de “imprenta, marquilla y fino”. Esto no parece que impidiera que se contratara con la administración provincial del Tabaco abulense el envío destinado a las boletas de la Universal Administración. Aun con la fulgurante fama de dicho papel de La Adrada, ya en 1734 se observó un marcado deterioro del que serviría para escritura y las propias quejas, un año después, de los ministros tabaqueros parece que también se trasladase al de fumar39.
Durante el transcurso de la visita particular a los almacenes y oficiales de la provincia de Ávila, Juan Gutiérrez de Olivares prosiguió sus medidas punitivas al remover de su cargo al fiel de la tercena menor, Francisco Gregorio de Quirós, poniendo en su lugar interinamente a Lorenzo Blázquez. En la carta que remitiese a Pinedo el administrador Gómez Cervantes solo apuntó dicha información, aunque en la minuta conservada en su archivo personal se tachó la expresión “de cuia novedad no he sido notizioso hasta haora que le quitaron”, lo que permite dilucidar el temor de don Juan Antonio por su propio futuro. Esto le llevaría a borrar de su misiva tal coda, afirmando cómo “estoy pronto a obedezer las órdenes de essa Direción en todo lo que sea de venefizio y aumento de la Renta” y añadiendo cómo se había de prevenir a los ministros del resguardo “a descubrir si hubiese algún plantío de tavaco en este partido, para que se arranque y prozeda con los dueños”40.
Mientras se cernía la incomodidad de las pesquisas judiciales, el administrador provincial también trasladaba a Madrid otros asuntos de complicada resolución. Por un lado, intentaría ganar tiempo para remitir a la Dirección General del Tabaco la respuesta al pliego de reparos efectuado por Bilbao la Vieja por las cuentas del último trimestre de 1733, “por no dar tiempo sufiziente el correo de este día y ocurrir vastantes ocupaziones”; y, por el otro, se notificaron las cartas de pago provisionales al florentino Rodolfo Firidolfi y compañía sobre los caudales cargados en el producto tabaquero abulense para el siguiente mes de septiembre de cara a abonarse los anticipos y letras giradas a Italia para sufragar los esfuerzos del infante Carlos de Borbón en la guerra de Sucesión polaca41. En la minuta al conde de Villanueva de Perales de Milla, don Juan Antonio daba buena cuenta de sus preocupaciones al respecto:
“No pudiendo escusar de bolver a reyterar a Vuestra Señoría que dichas cartas de pago eszede su importe al valor líquido que mensualmente da este partido, por lo que será preziso que en casso de continuar en librarse los caudales, el dejar en hueco el último mes de diciembre del presente año, para satisfazer enteramente los consignados hasta noviembre de él, y si huviese algún resto, remitirlo a esa Thessorería [General de la Renta] o librarlo; pues de lo contrario será prezisso que para pagar lo destinado hasta fin de diciembre se aya de valer del producto de enero del año próximo viniente”42.
El recurso creciente a las anticipaciones para sufragar los abultados costes de la guerra de Sucesión polaca estaba cambiando drásticamente el funcionamiento original de la Universal Administración del Tabaco en lo relativo a las remisiones pecuniarias y cargos de deuda ya no sobre los valores caídos, sino en previsión de futuras mesadas. No serían los posibles desfalcos y fraudes de los estancos subordinados, sino otros factores económicos los que llevara a Gómez Cervantes a requerir la ayuda de la Dirección madrileña. En particular, se trataba del temor a no ser capaz de cuadrar las cuentas si pasasen los adeudos consignados a los asentistas reales, como el florentino Firidolfi, al año 1736, lo que no fue atendido por sus superiores. En 7 de septiembre se le informó de haberse dado la correspondiente carta de pago por la mesada de octubre “de la misma cantidad que las antezedentes, la que recojeré a su tiempo”43.
La fiscalización de la labor estanquera de Juan Antonio Gómez Cervantes prosiguió durante el mes de septiembre. El visitador general, tras haber requerido la mencionada entrega del tabaco en depósito en las tercenas abulenses “antes de mojarse”, mantuvo su auctoritas indeleble sin dejar a su investigado capacidad para gestionar, “pues solo estoy suxeto a las órdenes que diere dicho visitador como Vuestra Señoría me tiene ordenado”, reconocía en carta al director general Pinedo. Otra de sus acciones se centró en la revisión de los libros de cuentas de Pedro de Óriz, ordenando a este último a cargar 114 libras $y \%$ de Monte Redondo “por razón de venefizio y aumento que se considera haver dejado” 2.869 libras boleteadas hechas en Ávila y consumidas en las dos veredas de Villatoro y La Moraña entre 1 de octubre de $1 7 3 3 \mathrm { y } 3 1$ de julio de 1735 “al respecto de un quatro por ziento”. El administrador provincial trató de atajar dicho castigo, aduciendo que las sobras del boleteo de ciertos meses se habían devuelto a la tercena y que la falta de tabacos en la cuenta de 1734 provenía de la mala conservación veraniega en sus almacenes. A falta de conocer “qué motivo abrá para hazerme este cargo”, Gómez Cervantes solicitó al conde de Villanueva de Perales de Milla su exención, haciendo valer la existencia de tabacos de sobra en la tercena para los primeros siete meses de 1735, como el propio visitador validó, y sobre todo porque
“no me he podido interesar en nada respecto de haver sobrellave y ser público que las sobras que pudo haver avido las han visto entrar en el almazén los dependientes de la Renta, por lo que espero de la gran justificazión de Vuestra Señoría mande no se me haga semejante cargo por el agravio que en esto se me haze”44.
La visita de Juan Gutiérrez de Olivares finalizó, para sosiego de los ministros del Tabaco, a finales del mes de septiembre, habiendo durado dos meses en los que “no hubo lugar para emparte [sic] dar bado a lo corriente, maiormente a lo atrasado”45. De inmediato, se prosiguió dando cuenta de los valores consumidos durante dicho lapso estival y se retomó una de las propuestas lanzadas por Gómez Cervantes antes del inicio de las pesquisas: la reformación del boleteo. La manufactura de los papelillos de un cuarto vendidos al por menor en los estanquillos de Ávila y las poblaciones de su jurisdicción había generado diversas irregularidades contables en el partido de Arévalo a comienzos de 1735 y el remedio augurado por el administrador provincial fueron motivo de consultas por parte de la Dirección General del Tabaco. En primer lugar, el supuesto rechazo de don Juan Antonio de dar el $2 , 5 \%$ del restante del boleteo a beneficio de la tenta fue negado por éste expresando “que esta proposizión no ha llegado a mi notizia (de que me acuerde) hasta aora”. Gómez Cervantes solo aducía tener constancia del cargo hecho en su contra por el visitador general sobre el $4 \%$ de los consumos de las veredas de la ronda de Ávila, como ya avisase a Pinedo tiempo atrás, siendo dicho cargo sobre el que ahora se pedía una rebaja al $2 \%$ como a los administradores agregados en dinero y no en especie. Por otro lado, la nueva planta de dicho boleteo requerida desde la corte madrileña supuso un coste adicional al tener que adquirir una artesa, estopa para sacos y tres cubiertas de encerado “para cubrir las cargas de donde ban las boletas a fin de resguardarlas del agua”, lo que podía tasarse en unos 400 reales y no en 1.000 o 2.000 “de pérdida”. Finalmente, Gómez Cervantes volvió a hacer presente su arbitrio para preparar los papelillos de tabacos para el casco y el resto de la provincia abulense. El proceso de envoltorio del producto en papelillos requería dos personas a tiempo completo mientras no estuviesen ociosos los dos guardas de la renta en la ciudad o pudiesen colaborar los dos verederos de Villatoro y La Moraña. Si bien se había nombrado un medidor ad hoc para la tarea, solo podía recurrir al tercenista menor “que los rratos que no pesa tavaco, embuelbe las boletas”. Por todo ello, era conveniente para el beneficio de la Real Hacienda la contratación de un nuevo subalterno capacitado para esta misión, algo que al parecer no solo había sido observado por el estanquero provincial, sino incluso por el visitador Gutiérrez de Olivares46.
La respuesta de la Dirección General no se hizo esperar. Para evitar desfalcos o arbitrariedades en los estanquillos y cajas agregadas de los diferentes partidos abulenses, se determinó que ni el guarda mayorvisitador provincial ni sus dos guardas a caballo asistiesen a la preparación de los papelillos de tabaco. Respecto al boleteador elegido por don Juan Antonio, se consideró que durante la primera mitad de cada mes “tenga cortado el papel, zernido el tavaco y echas las boletas que pueda” con ayuda del fiel de la tercena menor de Ávila, mientras que le sustituirían en dicha comisión durante la segunda quincena ambos verederos de la ronda con apoyo de dicho tercenista. De esta forma, al inicio de la mensualidad estarían los productos tabaqueros ya compuestos en manos de los administradores agregados y listas para su distribución. Con ello, quedaba irremediablemente bloqueada la proposición del administrador provincial y fijada de forma definitiva la nómina de ministros y subalternos de la Universal Administración47.
Con el inicio del otoño, Juan Antonio Gómez Cervantes solicitó al conde de Villanueva de Perales de Milla una nueva remesa de tabacos de lavado fino, Monte Redondo y de hoja de Brasil para el consumo abulense, reiterando la necesidad “de que sea de la mejor calidad que aya, pues el que vino últimamente no ha gustado a los consumidores, y en expezial la oxa, y esta aora empieza el tiempo de su consumo”48. A la espera de dichos productos y en el momento mismo de la entrega por el arriero Pedro Conde arribarían también diferentes órdenes desde Madrid. Por un lado, el responsable provincial comunicaba el aumento de 50 ducados de sueldo al administrador de Olmedo, Toribio Grajera, y por el otro, el nombramiento del administrador de Martín Muñoz de las Posadas, Juan de Rojas, a la jurisdicción de Arévalo a la par que dejaba interinamente un sujeto que hiciera la transición al elegido por la Dirección General del Tabaco “prezediendo la avilitazión de sus fianzas”49.
En las mismas fechas, el contador Bilbao la Vieja retomó sus indagaciones relativas al fenecimiento de las cuentas de los tres primeros administradores de la renta abulense. Por un lado, el rondeño Miguel Márquez no satisfizo los requerimientos hechos por mano de Gómez Cervantes sobre su interinidad a fines del verano de 1733, ni tampoco los recibos de resmas de papel dejados a su sucesor. La comisión remitida a don Juan Antonio para estrechar al antiguo interventor -que se solventó con una conversación entre ambos a comienzos de noviembre- se completó con una noticia satisfactoria para el administrador, pues finalmente Diego Sánchez de Mijares presentó en la Contaduría General los papeles correspondientes a la jurisdicción arenense en tiempos del finado Montero50.
Mayores problemas provinieron de la recurrente querella de boletar el tabaco. Ordenando Ventura de Pinedo que el responsable abulense de su manufactura pudiese elegir los mejores tabacos de Monte Redondo y que no fuese ayudado por el mozo de almacenes, Gómez Cervantes trató de justificar sus acciones previas justificando que “yo no he estorbado ni tal me ha pasado por la ymaginazión de que se haga lo contrario” en relación a la selección tabaquera para los papelillos. Máxime, reconocía cómo él mismo, junto con el oficial de libros Óriz y el fiel de almacenes, el caballero valenciano Jordi Boïl de Arenós, elegían los mejores productos siempre con la atención de su manufacturero51. El “siniestro ymforme” que pudiera haber dado el boleteador no debía ser atendido en Madrid y, sobre todo, era preciso que
“siempre que a los dependientes de ymferior grado se les consienta la Direzión el que tengan correspondenzia en essa corte, es darles a entender no haver satisfazión de mí, como ni tampoco el que les pueda mandar lo que sea justo en servizio de la Renta, y suele redundar en quentezillos y chismes, que según los imformes que me tienen dados, lo acostumbra el dicho boleteador”52.
Aparte de reconocer un enfrentamiento directo entre administrador y boleteador, don Juan Antonio respondía a la orden de liberar de su encargo al mozo de almacenes con el mismo tenor de sus anteriores requerimientos a don Ventura y al visitador Gutiérrez de Olivares, “por el motibo de que no hay quién lo haga”, es decir, por la falta crónica de un trabajador para los cometidos manufactureros. Según la planta del estanco de la ciudad de Ávila, no era justo que el fiel de la tercena mayor colaborase en dicho boleteo. Sus argumentos eran dos. Por un lado, Boïl de Arenós “es ombre de distinzión y no parezería vien cargase con los sacos y demás que hay que hazer”; y, por el otro, la avanzada edad de dicho ministro “y no estar para ello”. Máxime, la provisión de la plaza de boleteador se había creado con la extinción de la de guarda de a pie, y era precisa la ejecución de la formación de los papelillos antes de que arrancase el envío tabaquero a las administraciones locales. La vanidad del quejoso subalterno no habría eclosionado antes, sino que solamente venía auspiciada por las providencias judiciales del visitador general del reino53. En palabras de Gómez Cervantes, ya habría advertido a Juan Gutiérrez de Olivares de las dificultades de
“que este individuo cumpliese lo que havía ofrezido, pero no se me dio asenso, antes vien, me pareze que dicho visitador ha tirado a cumplir lo que dejó dicho en cassa del cavallero correxidor y en otras partes, que los dependientes de la Renta los havía encontrado en el purgatorio, pero que los dejava en el ymfierno; por lo que ynfiero que su visita más fue ynclinada a quimeras que a mirar el venefizio y aumento de la Renta”54.
La hostilidad del administrador abulense contra su trabajador y contra el poderoso visitador Gutiérrez de Olivares no empañaba que los deseos de don Juan Antonio, siempre en carta a Pinedo, fuesen servir y aumentar la Renta del Tabaco “y que aya paz y quietud entre los dependientes, y que no se dé asenso a los que no tienen práctica ni han savido qué cosa es la Renta”55. Retórica garantista, la del estanquero, que debió ser bien tomada a consideración, pues no volvería -al menos, durante el año 1735- a reiterarse ninguna cuestión vinculada a este enfrentamiento abierto en el seno de la Universal Administración de Ávila.
La convulsa realidad abulense viviría un tiempo de distensión a lo largo del mes de noviembre y durante los primeros días de diciembre. Reseñables son la elección por la Dirección General del Tabaco del antiguo administrador arevalense, Nicolás Ibáñez, como guarda mayor y visitador de los estancos de la provincia. Aunque el título fue remitido directamente al corregidor Quintanadueñas, Pinedo no dudó en dar cuenta de ello al administrador Gómez Cervantes para que le instruyese en las materias que, hasta 7 de noviembre, habían sido encomendadas al cesante Salvador de los Cobos y Noriega56. La remisión de informes sobre visitas a los partidos de Olmedo y Martín Muñoz de las Posadas, de testimonios sobre el arribo de tabacos desde los almacenes madrileños (que, en este momento, sería signado por Diego Gabriel de Villalba, regidor perpetuo de Ávila y corregidor interino ante la ausencia de su titular), de certificados sobre el peso de las resmas del papel de La Adrada, o de noticias sobre las prevenciones de entrega de caudales a favor de los asentistas reales, caso de la Casa Firidolfi, coparon las misivas remitidas a Ventura de Pinedo57.
3. UN EPÍLOGO INVERNAL: DE DESFALCOS Y SERVIDUMBRE MINISTERIAL.
La llegada de una orden del conde de Villanueva de Perales de Milla, fechada en Madrid el 3 de diciembre, preludió un nuevo periodo de tensión en la administración abulense. Según su tenor, la Dirección determinó el fin de la intervención y sobrellave puesta al fiel del boleteo, “respecto de ser este responsable a los tavacos que se le entregan y tener dadas sus fianzas”, aparte de liberarse al fiel de la tercena mayor, Jordi Boïl de Arenós, de dicha gestión58. Con ello, tras meses de conflicto, parecía alcanzarse un cierto acuerdo sobre los procedimientos de salvaguarda de los almacenes abulenses. Sin embargo, otro frente de problemas se avecinaba de las administraciones de “puertos abajo”, es decir, desde la de Arenas de San Pedro.
En plena temporada de nieves, el responsable de dicho estanco agregado, Diego Bretón del Río, no había todavía pasado a Ávila para entregar los caudales y la relación de consumos del mes de noviembre. La causa de su detención provenía de lo acaecido en la caja de Navamorcuende, pues su delegado, Luis Álvarez, “no havía acudido con su quenta”. Aunque Gómez Cervantes había vuelto a insistir a don Diego para que tomase premura en sus obligaciones, el verdadero motivo de la incidencia no había sido previsto por ninguno de los oficiales del Tabaco59. De hecho, nulo impacto tendría en don Juan Antonio una nueva notificación desde Madrid sobre la medida usada por el boleteador -33 reales al precio de la libra de tabaco “passadas por tamiz”- y que había sido elegida por el visitador Gutiérrez de Olivares60.
El silencio del estanquero Álvarez había causado preocupación en su superior y, por ello, Bretón del Río decidió pasar a la villa de.
Navamorcuende para recibir de manos del primero sus valores y cuentas. En el breve camino entre una y otra localidad se encontró un mensajero remitido por la esposa de don Luis “en que le dezía que fuese a entregarse de aquella administración y de los caudales por estar su marido ausente”. Vuelto a Arenas, don Diego informó de inmediato al administrador provincial, quien le encargó a los ministros del resguardo pasar al sur de Gredos. En el ínterin, el agregado arenense tomó en su poder los tabacos y caudales de Álvarez al reconocer “haverse escapado sin saver a dónde” tras desfalcar cerca de 3.000 reales de vellón “lo que no se puede saver a punto fijo hasta que venga con todos los papeles”. La huida de Luis Álvarez obligó a retardar la relación general del año 1735 y, paralelamente, cubrir temporalmente la caja de Navamorcuende con un criado de Bretón del Río
“hasta que Vuestra Señoría delivere embiar persona de la satisfazión que la sirva, pues tiene que hazer lo vastante y lo más del tiempo andar a recorrer a cavallo los lugares agregados, como otros, y que esto sea com [sic] brevedad, por ser administrazión que no puede estar sin administrador por la vereda de lugares que tiene. Y si Vuestra Señoría no tubiese persona pronta que enviar allí, me lo avisará para ponerla”61.
Las novedades transmitidas la Nochebuena de 1735, que incluían también una petición para cubrir necesariamente la administración de Martín Muñoz de las Posadas, prosiguieron en la postrera carta dirigida por Gómez Cervantes a la Dirección General del Tabaco el último día del año. Por un lado, no había sido posible liquidar las cuentas del administrador fugitivo de Navamorcuende, lo que se trataría de solventar una vez el de Arenas mandase todo el archivo a Ávila y el oficial Óriz finalizara la relación del pasado noviembre. De nada había servido mientras la misión de los ministros del resguardo, más allá de que se había puesto un cajero interino para vender el tabaco a cuenta de la administración de Arenas, máxime al no haberse encontrado ningún bien de Luis Álvarez para ser embargado. Por suerte, la renta -más allá del mencionado alcance- no perdería grandes valores, al estar bien afianzado el huido y, con ello, pagarse los débitos en que hubiera incurrido a su marcha. Quienes habían fiado a Álvarez no eran otros sino el veredero de Villatoro, Joseph Jiménez, y el propio administrador de Arenas. Dada la seguridad de ambos sujetos, Pinedo encargó que Jiménez sustituyese a su beneficiario en Navamorcuende y determinó que el sufragio del alcance fuese cubierto por Bretón del Río. A pesar de que para Gómez Cervantes no había inconveniente en que se sustituyese a Álvarez con Jiménez, sí que era problemático promocionar a uno de los guardas de la ronda de Ávila para la vereda vacante, para la que “se nezesita hombre más que para una administración por los muchos lugares y mala tierra”: el uno, “por no ser capaz para ella”; y el otro, al haber sido veredero de La Moraña en los albores de la Universal Administración y haber quebrado. El miedo a que sucediese un incidente similar en una de las más extensas jurisdicciones agregadas de la renta abulense motivó una reflexión en torno a dicha nómina. Una posibilidad pasaba porque el hijo del administrador de Cebreros, el mozo y hábil boleteador Antonio González Grajera, pudiera hacerse cargo interino de los 81 lugares dependientes de Villatoro. No obstante, a decir de don Juan Antonio, Pinedo “hará lo que gustase, pues a mí solo me toca el proponer los incombenientes y obedezer lo que se me mandase”62. A fin de cuentas, la elección no pasaba por un irrelevante administrador provincial, sino por la voluntad de un consolidado ministro montañés que llevaba décadas medrando en la Villa y Corte bajo el amparo de la gracia del soberano de las Españas.
NOTAS CONCLUSIVAS.
A través de las informaciones registradas en los papeles pertenecientes al administrador tabaquero de Ávila para el año 1735 se abren diferentes perspectivas sectoriales que posibilitan ahondar historiográficamente en el ejercicio práctico de una de las nuevas plantas más destacadas en la Corona de Castilla durante el Setecientos. La labor que proyectase el secretario Patiño a la hora de fiscalizar los recursos derivados de la pingüe Renta del Tabaco solo podía tener éxito con una correcta aplicación de sus reglamentos y dinámicas de optimización de beneficios sobre las diferentes jurisdicciones provinciales.
En este contexto general, las dificultades sociales y económicas que atravesó la Renta del Tabaco abulense durante la anualidad reflejada en los papeles de Gómez Cervantes conducen hacia realidades que, si bien pudieran parecer menores, evocan el dinamismo y la conflictividad inherentes a una naciente finca estancada: por un lado, a la necesidad de controlar el correcto desempeño del boleteo en tercenas y estancos subsidiarios, tanto para prevenir fraudes por los delegados locales, como para evitar disensiones entre los dependientes de la Renta y el menoscabo en la honra de los ministros reales a su cargo; por el otro, a reflexionar en torno a las innovaciones en la contabilidad provincial, el fenecimiento de las cuentas atrasadas o la distribución -hacia Madrid u otros destinos, eminentemente militares- de las anticipaciones de letras de cambio, que no hicieron sino crecer desmesuradamente durante los años de la guerra de Sucesión polaca.
De igual manera, el ejercicio de gestión de Juan Antonio Gómez Cervantes y las minutas de su correspondencia que quedaron en manos de las autoridades reales denotan la progresiva adaptación de las órdenes de la Dirección General del Tabaco a la realidad territorial bajo su cargo directo. También, sin obviarse las reglas de urbanidad que obligaban las jerarquías, tales cartas recogen las propuestas de reformación sugeridas desde Ávila hacia la corte de Madrid, no siempre tenidas en cuenta pese al celo con que las idease don Juan Antonio. Además, las tensiones generadas durante la estancia estival del visitador general Juan Gutiérrez de Olivares o los episodios derivados de la huida del estanquero de Navamorcuende vienen a demostrar la incipiente aplicación de elementos de control, en pro de los intereses de la Real Hacienda, sobre una renta tradicionalmente gestionada de forma privativa por arrendadores y sus criaturas, la búsqueda continua de medios para reprimir desfalcos y, por último, la férrea defensa de la praxis desplegada por el administrador provincial en su iurisdictio delegada en nombre de Felipe V.
FUENTES IMPRESAS Y BIBLIOGRAFÍA.
ALLOZA APARICIO, Ángel, “La renta del tabaco en Castilla, 1636-1700”, en Alloza Aparicio, Ángel, Fernández Izquierdo, Francisco y García Guerra, Elena María (eds.), A la sombra de la fiscalidad. Estudios sobre la apropiación y gestión de rentas y patrimonios en Castilla, siglos XVI-XVII, Madrid, Sílex, 2019, pp. 367-384.
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “La Hacienda Real en tiempos de crisis, 1739-1741”, en Varios autores, Estudios en homenaje al profesor José.
Szmolka Clares, Granada, Universidad de Granada. Servicio de Publicaciones, 2005, pp. 537-546.
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
CRUZ MUNDET, José Ramón, “Juan Bautista de Iturralde y el decreto de suspensión de pagos de 1739”, en Varios autores, Historia en fragmentos. Estudios en homenaje a Pablo Fernández Albaladejo, Madrid, UAM Ediciones, 2017, pp. 637-645.
Diccionario de la Lengua Castellana, tomo I, Madrid, en la Imprenta de Francisco del Hierro, impressor de la Real Academia Española, 1726.
DUBET, Anne, “Control y negocio de la deuda real en el primer siglo XVIII: la Tesorería Mayor”, en Obradoiro de Historia Moderna, 23 (2014), pp. 94-138.
DUBET, Anne, La Hacienda Real de la Nueva Planta (1713-1726), entre fraude y buen gobierno. El caso Verdes Montenegro, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2015.
DUBET, Anne, “La suspensión de pagos de 1739, ¿una medida de “buen gobierno” de la Hacienda?”, en Espacio, tiempo y forma. Serie IV. Historia Moderna, 30 (2017), pp. 19-56.
DUBET, Anne, “José Patiño y el crédito de Felipe V. ¿Un proyecto global?”, en Obradoiro de Historia Moderna, 29 (2020), pp. 17-50.
DUBET, Anne y SOLBES FERRI, Sergio, El rey, el ministro y el tesorero. El gobierno de la Real Hacienda en el siglo XVIII español, Madrid, Marcial Pons Historia, 2019.
ESCOBEDO, Rafael, “La desprivatización de la hacienda española durante el siglo XVIII: el ejemplo del monopolio de tabacos”, en Revista Empresa y Humanismo, 8/2 (2005), pp. 35-66.
ESCOBEDO, Rafael, “Los empleados de la Renta del Tabaco durante los siglos XVII y XVIII: el imán del privilegio”, en Hispania, 227 (2007), pp. 1025-1040.
ESCOBEDO, Rafael, “Finanzas, política y honor. Los superintendentes y directores generales de la renta del tabaco durante la primera mitad del siglo XVIII”, en Obradoiro de Historia Moderna, 18 (2009), pp. 263- 280.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, “La suspensión de pagos de 1739: análisis e implicaciones”, en Moneda y crédito, 142 (1977), pp. 51-85.
Gaceta de Madrid, 4, Madrid, por Juan de Ariztía, 1731.
Gaceta de Madrid, 12, Madrid, en la Imprenta de la Gaceta, 1745.
GIMÉNEZ CARRILLO, Domingo Marcos, “Redes de poder y corrupción: Ventura de Pinedo (1668-1745)”, en Andújar Castillo, Francisco y Ponce Leiva, Pilar (coords.), Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018, pp. 253-267.
GONZÁLEZ ENCISO, Agustín, “La hacienda castellana y la economía en el siglo XVIII”, en Estudis, 29 (2003), pp. 21-41.
GONZÁLEZ ENCISO, Agustín, “Pagar la batalla. Campillo y el dinero para el ejército de Nápoles y Lombardía, 1734-1735”, en Memoria $y$ civilización, 23 (2020), pp. 603-632.
IÑURRITEGUI, José María, Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Planta de 1707, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
LARRUGA, Eugenio, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España, Madrid, por don Antonio Espinosa, 1792, tomo XX.
LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago y BERGASA PERDOMO, Óscar, “La institucionalización del modelo tabaquero español, 1580-1636: la creación del estanco del tabaco en España. Nota y discusión”, en Vegueta, 7 (2003), pp. 135-154.
LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de, FIGUEIRÔA-RÊGO, João de y SANZ, Vicent (eds.), Tabaco e Escravos nos Impérios Ibéricos, Lisboa, CHAM-Universidade Nova de Lisboa-Universidade dos Açores, 2015.
MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Don Bartolomé de Flon y Morales; I conde de la Cadena, finanzas y ascenso social: su participación en la creación y desarrollo del Monte de Piedad de Madrid (s. XVIII)”, en Hidalguía, 331 (2008), pp. 729-770.
QUIRÓS ROSADO, Roberto, “Mateo Pablo Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (1681-1746)”, en Identidad e imagen de Andalucía en la Edad Moderna, 2016 [ISSN 2605-0315]. URL: http://www2.ual.es/ideimand/mateo-pablo-diaz-de-lavandero-ymartin-i-marques-de-torrenueva-1681-1746/. Consultado el 1 de diciembre de 2022.
QUIRÓS ROSADO, Roberto, “La implantación de la Universal Administración del Tabaco en la provincia de Ávila: jurisdicción, ministerio, consumo (1731-1741)”, en Cuadernos Abulenses, 53 (2024) [en prensa].
QUIRÓS ROSADO, Roberto, “Los horizontes fiscal-militares de la Universal Administración del Tabaco de Ávila en los tiempos de la Nueva Planta (1731-1741)”, en González Mezquita, María Luz (coord.), Actas del XV Coloquio Internacional de Historiografía Europea y XII Jornadas de Estudios sobre la Modernidad Clásica, Buenos Aires, Editorial Teseo, en prensa [previsión de publicación, 2024].
QUIRÓS ROSADO, Roberto y ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio, “Nación, dinastía e identidad nobiliaria. Los jenízaros y el Estado de Milán (1706-1761)”, en León Sanz, Virginia (ed.), Europa y la Monarquía de Felipe V, Madrid, Sílex, 2019, pp. 101-131.
RAMÍREZ ALTOZANO, José Javier, Historia de los bosques reales de San Lorenzo del Escorial, Madrid, Visión Libros, 2009.
RODRÍGUEZ GORDILLO, José Manuel, La difusión del tabaco en España. Diez estudios, Sevilla, Universidad de Sevilla-Fundación Altadis, 2002.
SAN ANTONIO, Juan de (OFM), Chrónica de la santa provincia de San Pablo, de la más estrecha regular observancia de Nuestro Seráphico Padre San Francisco, Madrid, en la oficina de la viuda de Juan García Infanzón, 1729, tomo II.
SANZ AYÁN, Carmen, “Holandeses en las finanzas de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Carlos II”, en Sanz Ayán, Carmen (ed.), Estado, monarquía y finanzas. Estudios de Historia financiera en tiempos de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, pp. 151-164.
SOLBES FERRI, Sergio, “Estrategias de gestión de la Renta del Tabaco, 1726-1736. El gobierno de Patiño y la introducción de la administración directa”, en González Enciso, Agustín (ed.), Política económica $y$ gestión de la renta del Tabaco en la España del siglo XVIII, Madrid, Fundación Altadis, 2008, pp. 121-173.