Autonomía urbana y negociación política. La difícil articulación de una fiscalidad de Estado en el Reino de Sevilla (1474-1504)\*.
Urban Autonomy and Political Negotiation. The Difficult Articulation of a State Taxation in the Kingdom of Seville, 1474-1504.
Resumen: Tradicionalmente la historiografía ha centrado su interés en las libertades fiscales de las ciudades castellanas como una proyección del complejo debate en torno a cuál debía ser la estructura del Estado y cómo debían de articularse las relaciones entre el poder central y los poderes locales. Más allá de estas consideraciones, que en sus posturas extremas han venido a exaltar o negar dicha libertad, trataremos en este trabajo de aportar una visión más matizada de las relaciones entre rey y reino a través de la documentación conservada para el espacio del antiguo reino de Sevilla en tiempo de los Reyes Católicos. Unas relaciones marcadas por la creciente confluencia entre la fiscalidad real y municipal que propulsaron unas intensas negociaciones entre el trono y las ciudades.
Palabras clave: Ciudades; Monarquía; Libertad; Privilegios; Cortes.
Abstract: Historically, historiography has focused on the fiscal freedoms of the Castilian cities as a projection of the complex debate about what the structure of the State should be and how the relations between the central power and the local powers should be articulated. Beyond these considerations, which in their extreme positions have come to exalt or deny freedom, we will aim in this article to provide a more measured view of the relationships between king and kingdom through the documentation preserved for the space of the former kingdom of Seville at the time of the Catholic Monarchs. Our research shows that those relationships were marked by the growing confluence between the royal and municipal taxation and propelled intense negotiations between the throne and the cities.
Keywords: Municipalities; Monarchy; Freedom; Privileges; Cortes.
Sumario: 0. Introducción: Libertad urbana, libertad fiscal. Un campo abonado para el debate.
1. Injerencias reales y resistencia concejil. La compleja relación de la Corona con la fiscalidad municipal. 2. La conformación de un modelo tributario desde el observatorio hispalense.
3. Confluencia y negociación. El funcionamiento cotidiano de una fiscalidad articulada.
4. Conclusiones.
Summary: 0. Introduction: Urban freedom, fiscal freedom. A breeding ground for debate. 1. Royal interference and council resistance. The Crown’s complex relationship with municipal fiscality. 2. The formation of a tributary model as seen from the Seville observatory. 3. Confluence and negotiation. The ordinary working of an articulated fiscal system. 4. Conclusions.
0. INTRODUCCIÓN: LIBERTAD URBANA, LIBERTAD FISCAL. UN CAMPO \* ABONADO PARA EL DEBATE.
No resulta fácil abordar una cuestión como la de la libertad urbana en la Castilla bajomedieval. Pese a que a primera vista pudiera parecer un tema de estudio más, se coaligan en él importantes dificultades conceptuales junto con una intensa carga historiográfica que dificultan en gran medida su comprensión. En este sentido, el primer gran escollo que se nos presenta estriba en la importante distancia existente entre el concepto medieval y el actual. Las tan reseñadas libertades a las que hace referencia la documentación del período, más que a unos derechos fundamentales de carácter universal nos remiten a unos privilegios concretos1 . Unos privilegios cuya relevancia como concepto político fue más bien limitada, con una orientación claramente instrumentalizada hacia la consecución de otros valores considerados mucho más relevantes para la articulación la sociedad política en esta época como eran las nociones de justicia, paz o bien común2 . Pese a ello, los historiadores no han tenido siempre en cuenta estos aspectos, tendiendo a proyectar hacia el pasado sus propios anhelos y pretensiones políticas. Como resultado, cargaron ideológicamente el concepto, identificándolo con su propia idea de libertad, además de otorgarle una centralidad en el pensamiento político medieval del que nunca gozó. Para buena parte de la historiografía europea desde finales del siglo XVIII la conformación de valores burgueses y liberales por parte de las ciudades y su defensa frente a las pretensiones de otros cuerpos políticos se convirtieron en uno de los principales hilos argumentales del medievo3 . Muy especialmente, se prestó atención a las complejas relaciones entre los poderes locales y la autoridad central. Desde entonces y hasta bien entrado el siglo XX, este aspecto se convirtió en un modelo de aproximación prioritario al pasado medieval, ya fuera poniendo un mayor acento en la autonomía de las ciudades, ya fuera exaltando la autoridad y centralismo de la Corona, según el modelo estatal que se quisiera defender y legitimar4 .
En todo este campo de debate historiográfico la noción de impuesto ha gozado de un papel no menor. En las diversas interpretaciones aquí presentadas este se mostraba como uno de los principales elementos definidores del tipo de interrelación entre la Corona y las ciudades. Por tanto, suponía uno de los principales moduladores del grado de libertad de los municipios. En este sentido, ya los primeros estudios en materia hacendística pusieron el acento en el carácter pactista sobre el que se habría asentado el sistema fiscal castellano 5 . Las ciudades, a través de las Cortes, supusieron tanto un apoyo como una limitación del poder monárquico en materia tributaria. Esta idea desaparecería paulatinamente ante el modelo estatalista adoptado por buena parte de la historiografía española de la mano del liberalismo moderado imperante a partir de mediados del siglo XIX. Una nueva interpretación que defendía la existencia de un espacio fiscal en el que todo giraría en torno a la figura del monarca6 . En unos momentos en los que la racionalidad tributaria se presentaba como el ideal al que todo Estado moderno debía aspirar ‒como resultado de la influencia de la nueva economía política‒, se tendió a resaltar la continuidad de una historia fiscal interpretada como la lucha entre la centralización y los múltiples privilegios y derechos heredados del sistema feudal. La verdadera modernización únicamente podía lograrse con el triunfo definitivo del Estado. Solo con la ruptura de este paradigma surgirían nuevas visiones que expondrían una perspectiva más amplia, otorgando un mayor peso a otros cuerpos políticos en el funcionamiento de la estructura hacendística. Una imagen que se ha ido ampliando y volviendo cada vez más compleja conforme nuestros conocimientos se han ido desarrollando en las últimas décadas. Hoy la noción del impuesto como una mera realidad coercitiva aplicada por un poder central de carácter autoritario se encuentra en desuso y los especialistas suelen centrar sus apreciaciones en los procesos de negociación que permitieron generar los necesarios consensos para la existencia del impuesto7 .
Pese a toda esta problemática, la autonomía fiscal de los concejos sigue resultando relevante para la comprensión de algunos aspectos clave de la evolución de la Corona castellana en momentos clave de su historia. Más allá del conflicto ideológico en torno al origen de cierta noción de libertad, encontramos en ella una vía para alcanzar una mejor comprensión de las complejas relaciones entre el poder real y los concejos. Abordaremos esta cuestión aquí desde el privilegiado observatorio que supone el antiguo reino de Sevilla. Nos centraremos para ello en un período bien delimitado de su historia, tratando de desterrar algunos tópicos e imágenes asumidas frente a una realidad que se caracterizó por ser compleja y nada unívoca. Un período, coincidente con el reinado de los Reyes Católicos, que heredó buena parte de las experiencias acumuladas a lo largo de todo el siglo XV, pero en el que también se produjo una relevante transformación de las interrelaciones que habían dado forma a todo el sistema fiscal castellano.
1. INJERENCIAS REALES Y RESISTENCIA CONCEJIL. LA COMPLEJA RELACIÓN DE LA CORONA CON LA FISCALIDAD MUNICIPAL.
Tal y como hemos puesto de relieve, la historiografía ha centrado habitualmente su interés en las libertades fiscales de las ciudades castellanas como una proyección del complejo debate en torno a cuál debía ser la estructura del Estado y cómo debían de articularse las relaciones entre el poder central y los poderes locales. Pero más allá de imágenes arquetípicas, que en sus posturas extremas han tendido ora a exaltar esta libertad, ora a negarla completamente, el amplio desarrollo de los estudios fiscales en los últimos años nos hace comprender que la realidad huye de consideraciones que no son propias del período medieval sino distorsiones presentistas. En este sentido, la primera matización que habríamos de introducir se encuentra en la propia terminología, ya que no parece correcto utilizar el término “libertad” para definir la situación fiscal de estos municipios. Resulta mucho más adecuado hablar de cierta “autonomía” o, más bien, de “autonomía de gestión”8 . Porque, aunque las ciudades conformaron unas haciendas propias y lograron mantener amplias cotas de decisión a lo largo de todo el período medieval y aún más allá, nunca estuvieron exentas de procesos de confluencia con la fiscalidad real y, en ciertos aspectos, dependieron siempre de la Corona. Y aunque los concejos se mostraron muy celosos de su relativa independencia, la monarquía mostró un persistente interés en influir sobre el que era uno de los principales resortes de poder para lograr ejercer una capacidad de intervención mayor en el plano local y asegurar unos ingresos que fueron dependiendo cada vez más de los concejos. Como resultado se generó una intensa relación entre Corona y municipios en la que los gobiernos locales se presentaban como los defensores de unas libertades, privilegios, usos y costumbres que consideraban propios y se encontraban ratificados tanto por la tradición como por su confirmación por anteriores monarcas. Los reyes, por su parte, esgrimieron su condición de cabeza del cuerpo político y garantes del bien común para justificar su capacidad de intervención. Acción que sustentaron siempre en un discurso de carácter paternalista, que tenía en consideración la protección del contribuyente en base al mantenimiento de los principios legitimadores de la exacción fiscal9 .
Junto a estos discursos existieron una serie de elementos que marcaron esta compleja interrelación. Uno de los más relevantes fue la incapacidad de los concejos para generar nuevos ingresos. Las ciudades carecían de la capacidad jurídica para ello, siendo el trono el que debía otorgar permiso para el establecimiento de cualquier tipo de contribución extraordinaria10. El aumento del gasto municipal, que experimentó un espectacular desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XV, llevó a los concejos a depender más de unos ingresos para los que debían contar con la aprobación de la monarquía11 . Ello dotó a esta de un poderoso instrumento de intervención. A cambio de conceder dichos recursos pudo exigir, en no pocas ocasiones, importantes contraprestaciones que le hubieran sido muy difíciles de alcanzar de otra manera. El establecimiento de sisas, derramas y repartimientos también le otorgaba una excusa para demandar información de la situación financiera e intervenir en los mecanismos de recaudación. Así, cuando en 1488 la ciudad de Jerez de la Frontera solicitó a los monarcas establecer una sisa de cien mil maravedís para poder afrontar los gastos legales que generaban los pleitos que la ciudad había emprendido contra algunos caballeros que habían tomado ciertos términos de su pertenencia, estos exigieron a Juan de Torres, su corregidor, que hiciera una extensa relación de las condiciones financieras del concejo y de los pleitos en los que este estaba embarcado al Consejo Real12. De la misma manera, cuando Sevilla solicitó a los reyes en 1486 el establecimiento de una sisa para afrontar los gastos generados por las intensas riadas que había sufrido la ciudad, estos aceptaron a cambio de establecer una comisión que informara puntualmente de la condición de la hacienda hispalense13 .
Este aumento del gasto municipal seguiría creciendo durante toda esta etapa tanto por la multiplicación de las necesidades de los propios concejos como por las crecientes demandas de la Corona 14. Los municipios se vieron obligados a asumir no solo una parte del gasto en defensa, sino también la nueva fiscalidad extraordinaria generada por la Hermandad. Además, algunas de las nuevas instituciones establecidas por la Corona en el proceso de reorganización política y administrativa emprendida por los nuevos monarcas tuvieron que ser sustentadas también por las entidades locales. Baste recordar aquí como ejemplo de ello como el establecimiento de la Audiencia de Grados a comienzos del siglo XVI en Sevilla supuso el nada despreciable desembolso anual de 200.000 maravedís, lo que venía a sumarse al generado por otras instituciones como el Hospital Real15. También el deseo de la autoridad central de aumentar su conocimiento y capacidad de intervención hacendística tuvo un importante efecto en este sentido. La pretensión de subsanar buena parte de los problemas que se habían convertido en un hecho cotidiano durante los caóticos años finales del reinado de Enrique IV, llevaron a la multiplicación de pesquisas, visitas y juicios de residencia a lo largo de este período16. Para ello era necesario afrontar el alojamiento y sustento de unos agentes reales que podía llegar a motivar un importante descuadre de las sumas anuales de la hacienda concejil. Pero, sin duda el gasto más relevante lo generó el salario de los asistentes o corregidores17. Baste apuntar aquí cómo en la ciudad hispalense, su sueldo estuvo fijado en la astronómica suma de 400.000 maravedís desde el acceso al cargo de Diego de Merlo en $1 4 7 8 ^ { 1 8 }$ . A ello habría que sumar ciertos gastos complementarios asumidos por el concejo y los emolumentos de algunos de los letrados que venían a asistirle en su labor19. En total una suma que oscilaba en torno al $8 \%$ de los ingresos de esta ciudad20 . Indudablemente la relevancia de este salario venía determinada por la importancia del propio concejo y los amplios recursos del que, ya por aquel entonces, era el núcleo urbano que más contribuía a la Real Hacienda. Pero la presión ejercida sobre otros municipios debió de ser igualmente gravosa o, incluso, superior. No sorprende, por tanto, que aquellos con menor capacidad económica hubieran de buscar vías alternativas a sus ingresos habituales para lograr sostener esta importante carga y que se tratara de que todos los vecinos y moradores participaran en ella, ya fueran o no exentos21 .
Precisamente, corregidores y asistentes fueron uno de los principales instrumentos de intervención del monarca en materia fiscal a nivel local desde la nueva definición de competencias que experimentó esta figura en la década de los noventa del siglo $\mathrm { X V } ^ { 2 2 }$ . Papel al que se ha prestado escasa atención frente al interés que ha suscitado tradicionalmente su labor desde un punto de vista judicial y de orden público23. Esta actividad se realizó de tres formas complementarias. En primer lugar, actuando como representación del trono en aquellos asuntos que afectaban tanto a la fiscalidad municipal como a la gestión de los ingresos regios que eran gestionados por el regimiento24. En Sevilla vemos como este personaje presenta buena parte de las decisiones de la Corte a través de misivas que les son remitidas personalmente o por su apoyo a aquellos delegados enviados por la Real Hacienda. Aunque el asistente nunca mediatizó las decisiones de los regidores ‒al menos de manera visible‒, resulta indudable la mayor fuerza que concedió a la Corona el hecho de contar con un representante que defendiera directamente sus derechos y el nivel de agilización que ello pudo otorgar a los procesos de negociación del municipio con la autoridad central. En segundo lugar, esta figura actuó también como pesquisidor, encargándose de comprobar que los diversos procedimientos de tasación y recaudación funcionaran de forma correcta25. Y, por último, también fue un fiscalizador de las cuentas municipales, actividad que se convirtió en una de sus principales atribuciones a partir de los Capítulos Nuevos para Corregidores promulgados por los reyes en $\hat { 1 } 4 9 2 ^ { 2 6 }$ . Se lograba así alcanzar una pretensión largamente acariciada y que no se había podido llevar a efecto hasta entonces por la constante resistencia de unas ciudades y villas que habían venido considerando este tipo de acción una grave injerencia en sus derechos y libertades 27 .
Si bien el acceso a las cuentas de los concejos podía resultar de gran interés a la Corona a la hora de conocer la realidad financiera local y asegurar unos recursos regios que, como veremos, estaban experimentando un creciente proceso de confluencia con los ingresos municipales, la información valiosa que los municipios podían proporcionarle iba mucho más allá de una mera relación de sus ingresos y gastos. El conocimiento que las haciendas locales habían desarrollado sobre los contribuyentes bajo su control resultaba también de vital importancia para una fiscalidad de Estado en plena expansión. Las estimaciones de tasación de la riqueza, los célebres padrones, permitían no solo medir el número de pecheros de la circunscripción fiscal sino también establecer la importancia de sus patrimonios y, en consecuencia, su capacidad para soportar la punción fiscal 28. De su actualización dependía el funcionamiento del sistema fiscal y que este generara una menor tensión social, lo que permite explicar las constantes solicitudes de la monarquía para su actualización29. Además, gracias a su existencia parece que la Corona pudo emprender algunas grandes encuestas para tratar de conocer la verdadera capacidad hacendística de todos sus dominios a lo largo del siglo $\mathrm { X V } ^ { 3 0 }$ . No obstante, los concejos se mostraron un tanto reacios a ceder este tipo de documentación31. Algo comprensible si asumimos que estos padrones no solo suponían un mero recuento económico, sino que acabaron por transformarse en una de las principales referencias de la organización social existente a escala local32. Cederlos suponía ceder parte del poder que los regimientos habían logrado desarrollar sobre sus propias jurisdicciones. Sin embargo, con el paso del tiempo la Real Hacienda fue ejerciendo un control cada vez mayor sobre esta información, al tiempo que se produjo una creciente regulación en los mecanismos de tasación de la riqueza33.
También resultó fundamental para la Corona el recurso a la información manejada por los municipios en los procesos de control de las exenciones fiscales realmente existentes. El aumento inmoderado de francos o exentos, así como el de aquellos que decían serlo sin contar realmente con esta condición, se convirtió en un grave problema para la Real Hacienda lastrando alguno de sus ingresos más importantes a lo largo del período que media entre finales del siglo XIV y el siglo $\mathrm { X } \hat { \mathsf { V } } ^ { 3 4 }$ . Desde la década de los treinta de esta última centuria se inició un intenso proceso de regulación y restricción de estos privilegios, tratando de definir de manera más clara el cuerpo de contribuyentes y evitar los abusos que habían venido teniendo lugar durante los últimos años35. Para ello se ordenó a las distintas instituciones que colaboraran con los municipios en la redacción de unos listados que debían ser actualizados constantemente. Los individuos que quedaban recogidos en ellos no debían de pertenecer a las mayores cuantías y cumplir los requisitos específicos que se hubieran definido para disfrutar de la condición privilegiada. Una vez hecho esto, estas nóminas eran remitidas a la Real Hacienda y servían como base para la conformación de los libros de exentos (libros de lo salvado de excusados)36. Todo individuo fuera de estos libros no era reconocido como privilegiado por la Corona. Desafortunadamente, estos registros generales se han perdido con el paso del tiempo, aunque hemos podido conservar un elevado número de nóminas a nivel local que aún no han contado con una atención excesiva por parte de los investigadores más allá de su utilización para intentar definir el número general de francos existentes37 .
El mayor conocimiento de la realidad local permitió a la Corona reafirmarse en su papel como garante del correcto funcionamiento no solo de la fiscalidad real, sino también de la de los propios concejos. Algo que se produjo en consonancia con una creciente preocupación por la correcta gestión del dinero público 38. Para ello no se dudó en actuar contra ciertas malas praxis, lo que permitía reafirmar su autoridad sobre la capacidad hacendística de los municipios y, al mismo tiempo, consolidar la imagen del monarca como garante de los principios de justicia que debían regir el sistema fiscal. En lo referente al ingreso se trató de que las vías de recaudación no perjudicaran la actividad económica ni a la recaudación de otros impuestos39 . Pero aún más patente se hizo este intervencionismo en lo referente al gasto, intentando hacer respetar el teórico principio de moderación ante los excesos de períodos anteriores. Un ejemplo claro de ello lo tenemos en Sevilla, donde en 1501 se tomaron medidas para limitar las ganancias de los miembros del regimiento, restringiendo sus dietas y limitando sus ganancias a los emolumentos fijados desde tiempo atrás40. Situación parece que generó cierto quebranto en sus haciendas y una mal disimulada irritación41 .
Dentro de esta labor de salvaguarda del correcto funcionamiento del orden fiscal, el monarca también se erigió en árbitro ante las tensiones internas del municipio. En este sentido, el recurso a la Corona se fue convirtiendo en un medio cada vez más habitual de solventar las tensiones sociales y políticas que se dirimían en torno a la recaudación, gestión y gasto de las rentas reales y municipales. Esto se hizo especialmente patente en todo aquello que tuvo que ver con el funcionamiento y control de los aparatos económicos de los concejos, constante objeto de disputa. En Sevilla, el arriendo del mayordomazgo, práctica contraria a derecho, pero aprobada por la Corona en 1447, había nacido como un mecanismo para asegurar la viabilidad de su sistema financiero mediante la externalización de su gestión 42. Pero este arrendamiento conllevó también que el mayordomazgo se convirtiera en materia de conflicto entre diversos grupos financieros deseosos de alcanzar los amplios réditos económicos y políticos que el cargo conllevaba. La situación se volvió especialmente problemática en la segunda mitad de los años setenta, cuando las necesidades del concejo fueron explotadas por algunos grupos financieros para presentar diversas posturas y lograr controlar el mayordomazgo, aunque el cargo ya estuviera siendo desempeñado por Alemán Pocasangre y Tomás Sánchez de Jaén, que lo habían arrendado por diez años (1475-1485)43. Que tras este tipo de acciones había mucho más que una mera pugna entre agentes fiscales rivales lo demuestra la participación en todo este conflicto de algunos destacados regidores del concejo. Lo cierto es que solo la decisión de la monarquía logró solventar un problema que amenazó con colapsar el funcionamiento de la hacienda municipal y tensar hasta límites casi insoportables las relaciones dentro del propio regimiento44. En Carmona, aunque el cargo de mayordomo no se arrendó, sino que fue elegido entre los vecinos de mayor cuantía de las distintas parroquias por parte del regimiento, su designación acabó por convertirse también en objeto de instrumentalización por parte de ciertos sectores de la oligarquía. La Corona incluso llegó a ratificar dicha situación designando a Diego de Córdoba, hombre cercano al que de facto era el señor de esta villa de realengo, Luis de Godoy, mayordomo vitalicio. Situación que se mantuvo hasta 1491 cuando los monarcas emitieron una disposición que vino a reducir las desmedidas injerencias que había experimentado el cargo hasta ese momento45 .
El marcado carácter político de este tipo de conflicto se reprodujo también en otros niveles. En este sentido, cabe destacar el uso que hizo un grupo cada vez más consciente de su fuerza y con un alto grado de cohesión, como fueron los jurados hispalenses, de su facultad de fiscalización en materia hacendística. Gracias a su conocimiento directo de la realidad fiscal en las diversas collaciones de la ciudad y su necesaria intervención en diversos procesos de tasación y recaudación de buena parte de los ingresos municipales y reales su visión de los problemas del sistema hacendístico podía llegar a ser mucho más completo que el de las autoridades financieras locales46. Sus requerimientos tanto al concejo como, sobre todo, a la Corona, tendieron a presentarse como la defensa de los contribuyentes y de las necesidades del bien común frente a los intereses privados que solían prevalecer entre los regidores47. Pero lo cierto es que detrás de este discurso muchas veces subyacían los intereses de este grupo más que el beneficio público o la teórica defensa del Común. El creciente proceso de elitización que experimentaron estos jurados y su cercanía a las propias familias de los caballeros veinticuatro acabaron acercando más sus posiciones a aquellos que debían fiscalizar que a aquellos a los que teóricamente debían de proteger. Esto llevó a que los contribuyentes tendieran a identificar a estos jurados con los regidores y hacerlos objeto de sus protestas. Así se observa en las denuncias referentes a la tendencia de ambos grupos a sustraerse de la contribución de cargas tanto reales como municipales de manera completamente ilegal48. Precisamente este distanciamiento entre los contribuyentes y sus representantes favorecería la consolidación de nuevos mecanismos institucionales para la defensa de sus intereses a partir de los años noventa, caso de los procuradores o personeros del común49 .
Más allá de estas élites de gobierno, es posible observar otros sectores sociales que contaron con el recurso a la Corona como un medio de aliviar los agravios que padecían como resultado de las demandas municipales. Este es el caso de los comerciantes foráneos establecidos en este territorio. A lo largo de todo este período los regimientos trataron de desviar parte de la creciente punción fiscal desviándola hacia estos colectivos. Su capacidad económica y el hecho de ser una vía para reducir las tensiones entre los vecinos y moradores del municipio motivaron esta práctica. Pero estos contaban con una serie de privilegios que, junto a su creciente ascendiente financiero sobre la Corona, les permitió defenderse y mantener su beneficiosa condición 50 . También los numerosos exentos ratificados por la Real Hacienda, perjudicados por la creciente pretensión de los municipios de ampliar el número de contribuyentes, buscaron amparo en la monarquía como vía para defender unos privilegios puestos en cuestión51. De la misma manera, la revalorización de la condición hidalga llevó a una mayor conflictividad en torno a la consecución de este estatus y los privilegios fiscales que tenía aparejados. Y nuevamente la Corona se convirtió en el último recurso para muchos afectados52. Por último, más allá de estos sectores privilegiados se encontraba el Común. Aunque este no pareció mostrar en Andalucía una identidad tan fuerte como para impulsar muchas iniciativas políticas propias, por lo que las acciones colectivas en materia fiscal quedan un tanto en segundo plano frente a las individuales o aquellas impulsadas por ciertos sectores socioprofesionales53 .
El aumento de estos recursos a la Corona como árbitro de las relaciones fiscales a nivel local se articuló en buena medida a través del creciente proceso de judicialización que se vivió en estas fechas 54. Aunque los municipios siguieron teniendo la capacidad de actuar como tribunales en primera instancia, las vías de recurso ante los órganos judiciales estatales fueron aumentando en importancia. Todo ello en paralelo a un proceso de jerarquización y mayor complejidad de la alta justicia mediante el establecimiento de nuevos tribunales que ya no se encontraban directamente vinculados a la Corte. Gracias a ello la Corona no solo lograba canalizar de manera mucho más efectiva este tipo de recursos, sino que también dotaba a las decisiones judiciales de cierta imagen de independencia y otorgaba al sistema una mayor seguridad jurídica55. En definitiva, la monarquía alcanzaba un nivel de intervención mucho mayor sobre las haciendas municipales, pero esta no estaría reñida con el mantenimiento de cierta autonomía, como explicaremos a continuación.
2. LA CONFORMACIÓN DE UN MODELO TRIBUTARIO DESDE EL OBSERVATORIO HISPALENSE.
Como hemos tenido ocasión de observar, la capacidad de intervención de la monarquía sobre las haciendas municipales aumentó sensiblemente a lo largo de este período frente a los deseos de autonomía de las ciudades. Pero esta tendencia no debe ser entendida en modo alguno como un simple proceso de dominación.
Esta resultaba inviable para un poder central limitado en su capacidad para aplicar la coerción a escala local y cada vez más necesitado de la labor que los concejos estaban desempeñando en la maquinaria tributaria del Estado. De hecho, los aspectos analizados en el apartado anterior únicamente pueden ser entendidos como el resultado de la creciente confluencia que venían experimentando la hacienda real y las haciendas concejiles, en nuestra opinión. Una confluencia motivada por la cesión que la Corona fue haciendo de la recaudación y gestión de parte de sus recursos a los municipios y que, si bien inicialmente afectó a una parte muy reducida de sus ingresos, acabó siendo el modelo predominante en la época que aquí estudiamos. Todo ello se sostuvo sobre la confluencia de intereses y el beneficio mutuo, en la que la Corona aseguraba cierto nivel de ingresos, ponía a su servicio unas estructuras hacendísticas que gozaban de un amplio nivel de madurez y un mayor control del contribuyente y lograba la integración e identificación de las élites municipales en la estructura del Estado. Por su parte, los gobiernos de las ciudades encontraban canales complementarios de financiación con los que afrontar su creciente necesidad de gasto y lograban una nueva herramienta con la que reafirmar su autoridad en los espacios bajo su jurisdicción. Pero, para que todo ello funcionase, fue necesaria la búsqueda de cierto equilibrio entre el deseo de la Real Hacienda de fiscalizar y asegurar que sus recursos afluyeran debidamente a sus manos y la pretensión de los municipios de mantener un elevado grado de autonomía a la hora de gestionar sus propios recursos y los del monarca56. Y aunque la búsqueda de una fórmula que permitiera conciliar todas estas pretensiones no estuvo exenta de esas tensiones que ya hemos apuntado, lo cierto es que en el período aquí analizado se dieron algunos pasos importantes hacia la conformación de una verdadera “fiscalidad articulada”57 .
Los orígenes de todo este proceso se encontraban mucho tiempo atrás. La carencia de una estructura burocrática había hecho depender tradicionalmente a la Real Hacienda de agentes externos a su propia estructura. Como resultado, se había vuelto habitual el recurso al arrendamiento de rentas por parte de unos personajes que se movían en el difuso margen entre lo público y lo privado, buscando los beneficios que pudiera proporcionarles el negocio fiscal 58 . A cambio estos arrendadores se hacían responsables de aportar todo el entramado necesario para la extracción y gestión de los recursos. Pero lo cierto es que su labor hubiera resultado completamente imposible sin la ayuda que le brindaban a nivel local los gobiernos municipales. Estos eran los únicos que podían otorgarles el apoyo necesario en la recaudación, además de dotarlos de la protección y seguridad jurídica que requerían para poder ejercer su actividad con garantías. Conscientes de ello, las autoridades emitieron constantes requerimientos demandando el amparo de los concejos a este tipo de agentes fiscales59 . La labor de los municipios resultaba, por tanto, fundamental para el correcto funcionamiento de la actividad de los arrendadores de la Corona.
Hay que tener en consideración que los concejos también venían haciéndose cargo de la gestión de algunos ingresos del trono de forma directa desde mucho tiempo atrás 60. Estos no suponían la parte más relevante de los ingresos de la Corona, pero con el paso del tiempo diversas causas llevaron a explorar más intensamente esta vía. Los constantes problemas derivados del arrendamiento de rentas, la negativa imagen con la que contaban los arrendadores, la madurez alcanzada por las haciendas municipales y la pretensión de reforzar la vinculación de las élites municipales al trono pudieron ser algunas de las principales motivaciones que impulsaron esta decisión61. En este sentido, el nuevo servicio de Cortes establecido a comienzos del siglo XV supuso un hito de especial relevancia, al ceder la gestión una de sus vías de ingreso, el pedido regio, a los concejos bajo la atenta mirada de algunos agentes fiscales designados por la Corona62. Pero cabe destacar que esta no fue la única vía por la que se trató de potenciar el papel de las ciudades en la fiscalidad real. Se tiende a pasar por alto que las contribuciones aprobadas en Cortes eran la parte más visible y destacada de los ingresos extraordinarios, pero una parte, al fin y al cabo. Junto a ellos existieron otros recursos como repartimientos militares ‒que englobaban tanto la leva como el mantenimiento de las fuerzas‒ y empréstitos que también quedaron, en buena medida, en manos de los concejos. Los primeros han sido objeto de una amplia atención en el espacio del antiguo reino de Sevilla, pero su análisis se ha realizado de manera fragmentaria y no en un sentido global63. No obstante, resulta patente la necesidad de estudiar en conjunto unos ingresos que tuvieron una cuantía que llegó a superar eventualmente las de aquellas cantidades otorgadas por las Cortes y cuyo proceso de recaudación y gestión llegó a afectar a otros recursos del Estado. De la misma forma, los empréstitos han despertado por lo general escasa atención64 . Y aunque fueron un expediente utilizado solo de manera eventual hasta tiempos de la Guerra de Granada, cuando sustentaron el sistema crediticio de la Corona, no es menos cierto que resultaron un complemento indispensable a los recursos de la Real Hacienda en algunos momentos críticos y que también tuvieron un importante impacto social sobre el conjunto de los contribuyentes65 .
Aunque el ensayo de esta cesión de la capacidad de la gestión de parte de los ingresos extraordinarios de la Corona generó amplios beneficios tanto a la monarquía como a las élites municipales, lo cierto es que el sistema no estaba exento de problemas. La paulatina disociación de los principios legitimadores del ingreso con la realidad fiscal, en estrecha interconexión con la creciente tensión de las relaciones rey y reino, acabaron conllevando la práctica quiebra tanto del pedido como de las monedas, las dos vías de recaudación de los servicios de Cortes 66. Agobiados por sus amplias necesidades y lo inestable de su posición política, poco después de su subida al trono Fernando e Isabel decidieron intentar buscar una solución a este problema aplicando una amplia reforma a los recursos extraordinarios. Para ello se valieron de una fórmula largamente acariciada por otros miembros de la dinastía Trastámara: la instrumentalización de una Hermandad General al servicio del trono. Esta institución habría de funcionar como germen de un primer ejército permanente en Castilla y como la estructura fiscal y financiera que le diera sostén67. Tras un amplio debate, en los que se trataron diversos aspectos vinculados a la extracción de estos recursos, se acabó optando por un sistema que venía a ceder completamente la gestión de los ingresos hermandinos a los concejos68. Frente a lo que había ocurrido con el pedido, la imbricación entre la fiscalidad real y la fiscalidad municipal fue ahora mucho más profunda. Ya no se trataba de solicitar repartimientos de determinadas sumas mediante un proceso supervisado por algunos agentes fiscales de la Corona, sino de un sistema de encabezamiento que asignaba una suma a pagar a cada concejo, cediendo a este una amplia capacidad de decisión en todo lo tocante a cómo conseguir estos recursos. Como consecuencia de ello, los mecanismos de recaudación, la gestión e, incluso, la planificación financiera de estos ingresos reales tendió a mimetizarse con los recursos concejiles. Claro ejemplo de ello lo tenemos en la completa asimilación que experimentaron los recursos de la Hermandad en registros contables municipales, como los del mayordomazgo hispalense69 . El resultado fue el reforzamiento de estas haciendas locales, ya que, aunque tradicionalmente se ha puesto la atención en el papel que esta situación tuvo en ese sensible crecimiento del gasto del que hablábamos anteriormente, este supuso un importante motor de dinamización al obligarlas a buscar vías para aumentar su capacidad de ingreso, lograr ciertas concesiones por parte de la Corona y potenciar la exploración de nuevos mecanismos crediticios. El ejemplo más claro de ello lo tenemos nuevamente en Sevilla, donde el concejo logró la cesión de importantes rentas como la del correaje, el mayordomo se vio obligado a desarrollar una planificación financiera mucho más meticulosa y el recurso a préstamos particulares y otras formas complementarias de lograr liquidez se volvieron más habituales70 .
Para hacer posible el funcionamiento de todo este sistema se requería de un amplio consenso. Las bases del mismo se encontraron en la renovación del pacto fiscal que había sustentado la percepción de los ingresos extraordinarios otorgados por el pueblo, mediante la actualización y adaptación a la nueva situación del discurso legitimador de estos ingresos y la conformación de unos marcos de negociación mucho más amplios 71. En este sentido, tradicionalmente se ha puesto el acento en el papel que jugaron las Juntas Generales de la institución. Estas actuaban como la base representativa de las diversas ciudades que conformaban la Hermandad y tuvieron un destacado papel en el proceso que llevó a vencer las resistencias a su implantación72. Pero lo cierto es que en este sentido las autoridades hermandinas también recurrieron a otras vías de negociación que resultaron claves para el establecimiento de la institución a nivel local. Especialmente a unas relaciones bilaterales con los concejos a las que no se ha prestado apenas atención hasta fechas relativamente recientes. Así, para el espacio del reino de Sevilla sabemos que se fijaron una serie de asientos en los que se establecieron las bases del funcionamiento de la estructura tributaria de la Hermandad73 . Aspecto que evidencia la capacidad de estas ciudades para erigirse como interlocutoras y negociar con los órganos centrales del Estado. De esta forma, la tradicional visión de esta institución como un instrumento de la monarquía para expandir su autoridad sobre unas ciudades con una capacidad de contestación cada vez menor debe de ser matizada, ya que la necesidad de consenso entre ambos sujetos políticos se hizo patente desde el mismo momento de su implantación.
La reforma del sistema de ingresos de la Hermandad vino acompañada de otra serie de medidas que permitieron que el extraordinario, que hasta ahora había sido poco más que un concepto para definir aquellos ingresos cuya concesión requería de la negociación con otros cuerpos políticos, iniciara un camino que lo acabaría convirtiendo en una verdadera categoría hacendística 74 . El nuevo sistema mostró su solidez y cierta capacidad de adaptación a circunstancias complejas, superando la prueba de estrés que supuso el conflicto con Granada, en el que las ciudades del espacio que aquí estudiamos tuvieron un claro protagonismo. Sin embargo, el intenso nivel de gasto que había presentado esta guerra había mostrado algunas fallas que debían de ser solventadas75. Especialmente, se había hecho evidente la necesidad de una mayor agilidad y un mecanismo que permitiera dotar al sistema de los instrumentos necesarios para conseguir liquidez y amortizar el crédito recibido. La primera guerra de Nápoles y el contexto internacional en el que se vino a desarrollar haría aún más patente estos problemas, favoreciendo el planteamiento de una importante batería de reformas que transformaría la realidad fiscal castellana durante los años siguientes. Entre otras cuestiones, se homogeneizaron y optimizaron las fuentes de ingreso existentes, se buscaron otras nuevas que permitieran complementar la creciente necesidad de recursos, se revisó y restringió el gasto con la promulgación de las célebres Declaratorias y se delimitaron las funciones de los órganos centrales de la Real Hacienda (contadurías) al tiempo que se desarrollaban algunos instrumentos de gestión mucho más ágiles al margen de esta (receptorías y tesorerías)76 .
Algunas de las principales decisiones sobre la modificación del sistema fiscal castellano partieron de las Juntas Generales de la Hermandad. Estas habían venido a sustituir en buena medida a las Cortes y proporcionaron el espacio de negociación necesario para conseguir tomar el pulso a las ciudades en lo referente a las nuevas medidas que se querían implementar 77. Si bien buena parte de ellas acabaron cayendo en saco roto, otras tuvieron más recorrido. Una de las más representativas y la que más nos interesa en este estudio de esa creciente confluencia entre la fiscalidad real y concejil y la definición de las relaciones hacendísticas entre estas estructuras políticas fue el encabezamiento de alcabalas y tercias. Pocas reformas fiscales han hecho correr tantos ríos de tinta78 . Sin embargo, la visión sobre esta cuestión ha quedado, a nuestro modo de ver, un tanto distorsionada por la historiografía tradicional. Una visión que únicamente se ha empezado a romper en los últimos años con la aparición de una serie de estudios que han dado un vuelco a la interpretación de esta reforma. En esta línea, nos limitaremos aquí a señalar algunos aspectos que creemos son particularmente relevantes para la cuestión que venimos estudiando.
En primer lugar, la “novedad” de la medida, tantas veces reseñada, no es tal. Resulta evidente que esta práctica cuenta con algunos precedentes, entre las que sobresale ese modelo de la Hermandad que señalábamos anteriormente. De hecho, que la decisión partiera de las propias autoridades hermandinas nos ha llevado a plantear la posibilidad de que la gestión de este ingreso extraordinario acabara por convertirse en una suerte de modelo de esta reforma.
También cabe matizar un tanto la interpretación política que se ha dado del encabezamiento. Desde la clásica obra de R. Carande sobre la hacienda de Carlos V, este fue habitualmente presentado como un éxito de las ciudades sobre una monarquía necesitada de un apoyo financiero sólido79. Se tendía a pasar por alto que la medida había partido desde el poder real y que había sido mirada con un elevado de grado de desconfianza por el conjunto de las ciudades en un primer momento. Frente a esta imagen, cierta reacción historiográfica posterior presentó el encabezamiento como un triunfo más de la creciente autoridad monárquica. Deseosos de aplicar unos parámetros de racionalidad y planificación financiera más propios de la actualidad que del período medieval al reinado de los Reyes Católicos, en una tendencia perfectamente coherente con la idealización y el carácter presentista que se ha dotado a este período histórico, algunos autores interpretaron el encabezamiento como una decisión cuidadosamente meditada. Sin embargo, en los últimos tiempos diversos investigadores han tendido a plantear el encabezamiento no cómo la victoria de uno de los principales actores políticos implicados, sino como un proceso mucho más complejo y únicamente comprensible en un contexto histórico muy concreto80. Así lo ha señalado Pablo Ortego, que recientemente ha mostrado como la decisión de aplicar este modelo para la extracción de las alcabalas y tercias fue adoptada como una medida de urgencia en la Junta General de Santa María del Campo en 1495 para afrontar los problemas de liquidez de la Corona tras la quiebra de la Receptoría y Pagaduría General de Rentas a finales del año anterior81. En esta misma línea, cabe matizar sensiblemente la identificación que se ha venido a presentar entre este modelo de recaudación y gestión y la emergencia de un sistema de deuda pública consolidada a partir de la emisión de los primeros juros al quitar en ese mismo año de 149582. Aunque es indudable que existieron conexiones entre ambas realidades y que estas acabaron confluyendo con el paso del tiempo, establecer una relación de causalidad entre ellas es un error. Y lo es porque, aunque ambos elementos coincidieron en su aparición, su consolidación no se produjo al mismo tiempo y porque este nuevo recurso tuvo más que ver con la necesidad de afrontar el creciente desgaste de un modelo crediticio sustentado en el empréstito que con la pretensión consciente de la monarquía por implantar una deuda pública consolidada mediante la emisión de activos 83.
El encabezamiento no gozó de ese éxito inmediato generalizado que han venido a apuntar algunos especialistas 84 . Como ya hemos mencionado en el antiguo reino de Sevilla las principales ciudades se negaron, por lo general, a asumir este nuevo mecanismo. La medida solo pareció triunfar de manera amplia entre aquellas poblaciones de mediano y pequeño tamaño que vieron en el encabezamiento una forma de potenciar su autonomía frente a la cabeza de partido85. Pero esto no se logró sin importantes conflictos internos ni sin ciertas dificultades financieras que acabaron llevando a que a la altura de 1498 la implantación del encabezamiento hubiera fracasado en la mayor parte de las villas situadas en el alfoz de la capital hispalense. Así lo demuestra el hecho de que la mayor parte de estas poblaciones designaran a figuras para negociar con la Real Hacienda para lograr desencabezarse86. Otro aspecto destacable es la escasa atención que, por lo general, han prestado los investigadores a las interioridades de estos procesos de negociación, que evidencian la existencia de fuertes tensiones entre los partidarios de este nuevo modelo y aquellos otros apegados al tradicional negocio del arrendamiento87. Sobre esta cuestión tienden a solaparse también ciertas tensiones entre unas élites municipales que buscaban reafirmar su control social y un común que trató de defender sus intereses frente a las oligarquías urbanas88. En estrecha conexión con este aspecto, otro problema frecuente ha sido el de presentar el encabezamiento como una realidad estática, en el que las cifras negociadas entre concejos y Corona permanecieron fosilizadas. Nuevamente la documentación del antiguo reino de Sevilla nos permite observar la falsedad de esta aseveración. Aunque resulta indudable que la intención inicial era establecer cifras estables, no lo es menos que estas pudieron ser sometidas a revisión y que se pudieron aplicar sobre ellas rebajas y acrecentamientos de carácter puntual o permanente89 . Una movilidad que se percibe también en su carácter revocable, como hemos apuntado.
En definitiva, el encabezamiento se presenta como una realidad mucho más compleja de lo que tradicionalmente se viene defendiendo, mediatizada por el contexto económico y político tanto del conjunto de la Corona como de cada una de las realidades locales que decidieron asumirlo y muy marcada por las complejas relaciones entre el poder central y los municipios. Su triunfo solo sería posible como consecuencia de las transformaciones que experimentarían todos estos campos durante los años siguientes90. En el reino de Sevilla este se desarrollaría de manera paulatina: Carmona lo asumiría en 1502, Jerez de la Frontera en 1515 y la propia Sevilla no empezaría a implantarlo hasta $1 5 1 4 ^ { 9 1 }$ .
Estas reformas a las que aludíamos anteriormente no se limitaron a lo ordinario. El extraordinario también experimentó una clara transformación en este nuevo período. El servicio de Cortes moderno, que se comienza a recaudar a partir de 1500, intentó introducir un mayor nivel de flexibilidad y propició una creciente imbricación entre la fiscalidad extraordinaria y los asientos con financieros locales y foráneos que la Corona estaba utilizando para dotarse de liquidez 92. Sin embargo, como ha puesto de relieve el profesor Carretero Zamora en diversos momentos, estos nuevos servicios eran los herederos claros de la experiencia hermandina en todo aquello que tenía que ver con el avance hacia una fiscalidad articulada entre municipios y Real Hacienda. Los concejos gozaban ya de una dilatada experiencia en todo lo referente a la extracción y gestión de los ingresos extraordinarios de la Corona y el sistema extractivo de los servicios fue interpretado como una prolongación de lo anterior93. Como consecuencia, se consolidó el modelo de la cesión de la gestión a los municipios. A finales de este período, tanto la fiscalidad ordinaria como la extraordinaria se asentaban en buena medida sobre la labor de los concejos, que se habían convertido en un pilar fundamental de la estructura hacendística del Estado. Ello era el resultado de la particular evolución que había experimentado Castilla y de sus necesidades hacendísticas y políticas más que de un plan premeditado, orientado a la construcción de cierto modelo de Estado. El resultado era una compleja estructura que solo podía mantenerse mediante un constante diálogo entre los diversos sujetos políticos que le daban forma.
3. CONFLUENCIA Y NEGOCIACIÓN. EL FUNCIONAMIENTO COTIDIANO DE UNA FISCALIDAD ARTICULADA.
Como hemos mostrado, la Real Hacienda inició una paulatina cesión de sus principales ingresos a los municipios, que se encargaron de su recaudación y gestión. Se fue conformando así un complejo modelo sustentado en el equilibrio entre el deseo de la Corona de asegurar sus ingresos y la pretensión de los concejos de mantener cierto grado de autonomía. Así, se llegó a una suerte de acuerdo en el que la primera se contentó con fiscalizar la actividad de las haciendas municipales y presentarse como árbitro ante las situaciones de conflicto, mientras los segundos mantenían una elevada capacidad de decisión en todo aquello que tenía que ver con la gestión de sus propios recursos y los de la monarquía. Pero para que este complejo sistema funcionara de manera efectiva se hacía necesaria la existencia de unos elevados niveles de consenso y la coordinación entre los diversos niveles de la estructura hacendística mediante el permanente flujo de información entre las entidades que la componían. Por todo ello se requería de vías de comunicación ágiles y eficaces que permitieran afrontar los problemas y tensiones que necesariamente debía generar todo este sistema.
Tradicionalmente, la historiografía especializada ha venido a poner el acento en el papel central que tuvieron los grandes espacios de representación política en este sentido. Fascinados por el destacado papel que estas instituciones tuvieron en la conformación de los emergentes sistemas fiscales europeos y estableciendo una clara línea de evolución entre ellos y nuestros actuales modelos parlamentarios, la mayor parte de las investigaciones han tendido a presentar Cortes y Juntas como si fueran la única vía de relación entre rey y reino94. Sin embargo, creemos que todo ello ha conllevado cierta distorsión en el caso castellano. Se ha tendido a olvidar algunas de sus principales limitaciones, como que su representatividad siempre estuvo restringida a un número limitado de ciudades y villas y la limitación temporal que marcaba su actividad95. Estos aspectos, junto con cierta falta de agilidad, obligaron a la búsqueda de otros canales informales para articular las negociaciones sobre las que se sustentaba el funcionamiento cotidiano de la fiscalidad96. Así, en paralelo y de forma complementaria a las decisiones adoptadas entre rey y reino se establecieron unas relaciones bilaterales entre las haciendas locales y la Real Hacienda que han dejado una amplísima documentación a escala local97 . Gracias a ella sabemos que los concejos lograron modular o, incluso, alterar muchas de las condiciones inicialmente establecidas en Cortes o en Juntas. Prácticamente ningún aspecto del establecimiento de los recursos gestionados por los concejos dejó de ser tratado. Por tanto, la negación de la capacidad de interlocución política que tradicionalmente se le ha atribuido a aquellas ciudades y villas que no contaban con representación parlamentaria queda un tanto diluida si atendemos a este aspecto, mientras que la capacidad de negociación de aquellas que sí contaban con asiento en Cortes adquiere una nueva dimensión. Nuestra visión de las relaciones entre rey y reino en Castilla se enriquece así enormemente, mostrando una dimensión mucho más compleja del panorama político de este período y matizando sensiblemente las tradicionales interpretaciones que han venido a cargar las tintas en un autoritarismo regio que se ha tendido a exagerar al confundir el plano puramente teórico con el de la praxis cotidiana del ejercicio del poder.
El primer elemento que vemos sometido a negociación en el ámbito local fue la propia cuantía demandada del ingreso. Utilizando el recurso a lo que el profesor Jara ha denominado la narrativa de la despoblación y el empobrecimiento, las ciudades y villas tendieron habitualmente a tratar de que se les aplicara una punción fiscal más suave a la que inicialmente se había fijado98. Así había ocurrido sobre las sumas repartidas en el pedido regio, sometidas a variación en cada concesión de las Cortes, pero también con las contribuciones de la Hermandad y las sumas encabezadas de alcabalas y tercias pese a su teórica fosilización99. Las necesidades financieras de la monarquía se hicieron evidentes a unos concejos que trataron de aprovechar esta situación no pocas veces en su propio beneficio. El ofrecimiento de ciertas sumas podía ser un argumento sumamente valioso a la hora de conseguir importantes contraprestaciones del poder real. Ejemplo de ello lo tenemos en la ciudad de Carmona, que en 1478 ofrecería a la reina 150.000 maravedís a cambio de su permiso para derribar el alcázar de la Puerta de la Reina100 .
Los plazos de contribución se convirtieron también en un objeto constante de disputa y negociación 101. Las necesidades de gasto solían urgir y los tiempos de la fiscalidad no siempre coincidían con las necesidades de la Corona. De hecho, su dilatación pudo convertirse en fuente de especulación y beneficio, como hemos resaltado ya en otro lugar102. Además, la ralentización también podía convertirse en un poderoso instrumento para negociar con el poder central, aunque este no dudó en recurrir a todo tipo de medios coercitivos para evitar estas “luengas y dilaciones” que tan habituales se hicieron con el paso del tiempo103 .
El medio de punción fue también un objeto de disputa. Si bien inicialmente la Corona mantuvo la capacidad de decisión sobre este aspecto, con el paso del tiempo se hizo más habitual dejar que los municipios decidieran sobre la cuestión y que aseguraran solo la cantidad a entregar. Ello no quiere decir que la monarquía perdiera cualquier capacidad para decidir sobre este asunto, ya que siempre se arrogó la posibilidad de intervenir si consideraba que la decisión era excesivamente lesiva para los contribuyentes o podía perjudicar alguno de sus intereses 104 . En el caso de los ingresos extraordinarios, este cambio se hace patente durante los últimos años de recaudación del pedido regio en el reino de Sevilla para implantarse plenamente patente con las contribuciones de la Santa Hermandad. La disputa en torno a la aplicación de contribuciones de tipo directo o indirecto se convertiría a partir de este momento en uno de los principales caballos de batalla entre las élites municipales y el común105 .
Todas estas negociaciones bilaterales entre los concejos y la Real Hacienda se llevaron a efecto mediante diversas vías. Ya hemos puesto la atención en la importancia de corregidores y asistentes en este sentido, poniendo el acento en sus funciones tanto en su papel como representantes del trono como en su apoyo de las figuras designadas por la Corona para ello. Los agentes fiscales también ejercieron esta labor de manera continua. Para ello la Corona los dotó de una amplia capacidad de decisión y negociación en todo lo referente a su labor 106. Pero la creciente complejidad de este tipo de relaciones potenció también la comunicación y negociación mediante otras vías. El envío de misivas entre la Corte y las ciudades no dejó de aumentar a lo largo de este período. Si bien eventualmente estas fueron remitidas mediante simples troteros, lo más habitual fue el envío de personas directamente designadas para defender la postura en ella establecida107. Así, es sumamente habitual la presentación de continos, vasallos reales o, incluso, miembros del Consejo Real ante algunos de los más destacados municipios a la hora de plantear las exigencias del rey108. De la misma forma, las ciudades tendieron a remitir comisiones de expertos para tratar algunos asuntos concretos. Un análisis de las enviadas por Sevilla nos ha permitido comprobar cómo, al igual que había venido ocurriendo con los procuradores de Cortes, la ciudad intentó que estuvieran siempre conformados por un regidor y un jurado109 . Si bien por lo general el nombre de las personas designadas para ello no tiende a repetirse en un primer momento, para las cuestiones más estrictamente fiscales es posible observar cierta especialización con el paso del tiempo. Individuos con gran ascendiente en la Corte y una indudable capacitación para tratar sobre asuntos financieros, como es el caso de Francisco Pinelo, se convirtieron en habituales de este tipo de cuestiones110. También cabe reseñar que inicialmente todo parece apuntar a una clara falta de jerarquización a la hora de negociar directamente con la Corte. No solo las cabezas de partido, sino incluso los pequeños municipios podían ponerse en contacto con las autoridades de la Contaduría. También los representantes de distintos sectores sociales, grupos profesionales, cofradías o incluso individuos a título particular podían presentarse ante los órganos competentes y defender sus intereses y parece que lo hicieron con cierta asiduidad111. No obstante, con el paso del tiempo todo apunta a que desde la Corona y aun desde los propios municipios se intentó establecer un mayor nivel de jerarquización e institucionalización en este tipo de relaciones. Ello se hace especialmente patente en el caso de los encabezamientos en los que, como ya hemos señalado, inicialmente las ciudades dentro del alfoz hispalense encuentran una vía de negociación directa con la Corona, pero en las que finalmente Sevilla acaba actuando como mediadora. De la misma forma, se trató de que los problemas que afectaban a grupos de contribuyentes o diversos sectores socioprofesionales fueran tratados por el concejo o por los representantes correspondientes a estos grupos. La propia ciudad acabará estableciendo una serie de representantes permanentes ante la Corte y los diversos tribunales de la Corona que se encargarán de velar por sus intereses y que supondrán otro gasto importante a las arcas municipales a lo largo de este período112. De esta manera se avanzó hacia una mayor definición de estas relaciones entre los municipios y la Corona.
4. CONCLUSIONES.
Más allá de meras disquisiciones teóricas que han venido a exaltar o negar la libertad de los municipios castellanos en período bajomedieval, la observación desde la privilegiada plataforma que nos proporcionan las relaciones fiscales nos ayuda a aportar una imagen mucho más matizada. Buena parte de las reformas que vinieron a reestructurar toda la maquinaria hacendística de este espacio durante los años del reinado de los Reyes Católicos se sostuvieron sobre la cesión de la gestión de los ingresos regios a los municipios. Como resultado, estas entidades se fueron convirtiendo en parte del engranaje de la maquinaria fiscal del Estado. Ello conllevó un aumento de la capacidad de la monarquía para intervenir a escala local, aunque en modo alguno puede considerarse que su actitud fuera un simple ejercicio de dominación. La creciente fiscalización de las cuentas de los concejos y el papel cada vez más destacado del trono como árbitro ante las tensiones suscitadas por el funcionamiento cotidiano de la fiscalidad vino acompañado también de un elevado grado de autonomía por parte de los concejos a la hora de recaudar y gestionar los recursos de la Corona. Esta autonomía les dotó de una amplia capacidad de negociación que, aunque desarrollada siempre en términos desiguales con el poder central, permitió reafirmar el papel de estas entidades como un interlocutor relevante en el panorama político del período. Ninguna de las grandes reformas hacendísticas aquí tratadas pudo implantarse sin buscar vías de consenso. De la misma manera, el funcionamiento cotidiano de la fiscalidad de estado conllevó el desarrollo de una serie de canales, tanto formales como informales, en los que las ciudades siempre tuvieron voz y en el que lograron hacer valer su posición en numerosas ocasiones frente al teórico autoritarismo regio.
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