El nacimiento del teléfono en España. Las dificultades del crecimiento de un nuevo sistema de comunicaciones, 1880-1924.
Javier NADAL ARIÑO Fundación Telefónica email@example.com.
RESUMEN.
El artículo trata del proceso de implantación del servicio telefónico en España, desde su inicio hasta la concesión en monopolio a la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), en 1924. Se analiza el papel que jugaron las concesiones privadas, el Estado –a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCyT)– y las corporaciones locales (Municipios y Diputaciones provinciales) en el desarrollo del servicio, así como la influencia que los planteamientos ideológicos de conservadores y liberales tuvieron en las dificultades para encontrar un modelo viable que atendiera la demanda existente. La principal aportación del artículo es el análisis pormenorizado de la precaria situación del servicio en 1923, tanto por tipos de titulares del servicio como por regiones.
Descriptores: Historia de la Telefonía. Historia de las Telecomunicaciones. Mancomunidad de Cataluña. Compañía Peninsular. Diputación de Guipúzcoa. Telefónica ó CTNE. Servicio Telefónico. Dirección General de Correos y Telégrafos. Cuerpo de Telégrafos.
The Birth of Telephony in Spain. The Difficulties in the Growth of a New Communications System, 1880-1924.
ABSTRACT.
The article deals with the implantation of the telephone service in Spain, from its beginning until the monopoly of the Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), in 1924. It analyzes the role played by the private concessions, by the State –through the Post and Telegraph General Direction (DGCyT)– and by local governments (municipalities and county councils) in the development of the service, as well as the influence that ideological approaches of conservative and liberal governments had in the difficulties to find a feasible model that could meet the existing demand. The main contribution of the article is the detailed analysis of the precarious situation of the service in 1923, set out by types of the service owners as well as by regions.
Key Words: History of Telephony. History of Telecommunications. Mancomunitat of Catalonia. Compañía Peninsular. Diputación de Guipúzcoa. Telefónica or CTNE. Telephony service. Post and Telegraph General Direction. Cuerpo de Telégrafos.
1. Introducción.
El objeto de este artículo es profundizar en el análisis de las causas que motivaron la lenta implantación y extensión del servicio telefónico en España durante su primer medio siglo de existencia. Esta cuestión me ha llevado a publicar varios trabajos, a los que ahora añado nuevas aportaciones, derivadas del estudio de diversas fuentes que me parecen de gran interés para explicar las dificultades que enfrentaron los diferentes gobiernos en la definición del modelo de gestión de este servicio clave para el desarrollo del país.
El siglo XIX en España, y en buena parte también el XX, puede interpretarse como un permanente esfuerzo de modernización económica, política y cultural para recuperar nuestra posición perdida en el club de los grandes países europeos tras el desmantelamiento del modelo colonial. La sucesiva incorporación al entramado económico español de los avances tecnológicos que abundaron en ese siglo, se fue logrando con dificultad, en parte, por las tensiones ideológicas que enfrentaban a liberales y conservadores. Para los primeros, la iniciativa privada era la opción más eficiente para gestionar la incorporación de estos avances, mientras que los conservadores no creían, por ejemplo, que “la mano invisible del mercado” pudiera superar al Estado en la gestión de los nuevos servicios públicos.
Cuando gobernaban, los conservadores constataban que el estado del Tesoro y la limitada capacidad recaudadora del Gobierno les impedían disponer de los recursos necesarios para poner en práctica sus planes de dejar al Estado la responsabilidad exclusiva de poner en pie los servicios y las infraestructuras básicas. Cuando los liberales subían al poder, diseñaban los instrumentos jurídicos para que la iniciativa privada se hiciera cargo de los servicios, y comprobaban que los capitales nacionales que afloraban eran también insuficientes. Finalmente, tras una sucesión de ensayos y errores de distinto signo, se fueron hallando soluciones pragmáticas, que hoy llamaríamos de consenso, para cada caso.
Así ocurrió, por ejemplo, con el ferrocarril, cuya instalación pudo arrancar aceleradamente cuando la Ley de Bases de 1855 (25 años después de que circulara el primer ferrocarril en Gran Bretaña), encontró la fórmula para facilitar la entrada de capitales extranjeros1. El caso del teléfono y su solución es, en mi opinión, otro ejemplo de equilibrio entre ideología y pragmatismo, aunque en este caso se tardó medio siglo en encontrar un modelo adecuado a la magnitud del desafío. Es lo que espero demostrar en las páginas que siguen.
1. A la búsqueda de un modelo: La década experimental.
El hecho de que el teléfono se inventara en los Estados Unidos en 1876, indica que este país empezaba ya a competir con Inglaterra por el liderazgo en la tecnología y la innovación. De todas maneras, tampoco debemos magnificar un acontecimiento que, si bien alcanzó una cierta resonancia pública, no fue reconocido inmediatamente como algo ‘revolucionario’, sino que más bien se consideró como una curiosidad, una interesante aplicación de la ciencia que no dejaba de ser algo superfluo2, ya que las necesidades de telecomunicación existentes en la época se suponían suficientemente atendidas por el telégrafo que, ese sí, había revolucionado las comunicaciones veinte años antes. Aunque el primer servicio telefónico, que inició la operación en los EEUU en Mayo de 1877, instaló 778 aparatos en los tres primeros meses de operación, debió transcurrir bastante tiempo para que el teléfono fuera considerado un servicio más importante que el telégrafo. Incluso había quien no lo consideraba más que como una buena solución para complementar la red telegráfica en las zonas rurales.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico, el invento alcanzó inmediatamente un gran interés en todo el mundo y España no fue una excepción3. Nuestro país tenía unas condiciones de desarrollo económico y social bastante retrasadas respecto al resto de Europa continental y mucho más respecto al mundo anglosajón, y no disponía del caldo de cultivo que pudiese sostener una rápida implantación del servicio telefónico, pero sí existían las bases técnicas necesarias para su adopción: El interés científico y el personal técnico formado adecuadamente. Hay pruebas de la existencia de ambos, al menos, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, donde se realizó la primera comunicación telefónica de España4, y en el Taller del Cuerpo de Telégrafos de Madrid5.
A pesar de este interés científico, tuvieron que transcurrir varios años hasta que empezara a insinuarse, en España, la posibilidad de negocio. De hecho, las primeras evidencias de las que disponemos en este sentido, nos muestran sendas iniciativas privadas para instalar redes telefónicas públicas en Madrid y Barcelona en 1880, protagonizadas por Emilio Rotondo Nicolau, quien solicitó a los respectivos Ayuntamientos el permiso para instalar una red. Estas y otras solicitudes fueron finalmente denegadas porque el servicio era competencia del Cuerpo de Telégrafos6.
En Febrero de 1882 formaron Gobierno los liberales bajo la presidencia de Sagasta y seis meses más tarde le arrebataron esa competencia al Cuerpo de Telégrafos al publicar, el 12 de Agosto de 1882 en la Gaceta de Madrid, la primera norma reguladora del servicio telefónico, optando por la explotación por “particulares y compañías”. Se trataba de un Real Decreto que establecía un modelo liberal de concesión por concurso público, sin carácter de exclusividad, para la constitución de redes urbanas, dentro de un radio máximo de 10 kilómetros y con una duración máxima de 20 años. Las tarifas debían ser aprobadas por el Gobierno quien, además, recibiría un mínimo del $5 \%$ de la recaudación total, quedando exentas de cualquier contribución o impuesto general o local.
Las condiciones no debieron parecer muy atractivas a los potenciales inversores, pues cuando el mismo año se convocó el concurso público para otorgar las concesiones, hubo que declararlo “sin resultado aceptable” por falta de demanda solvente. A partir de este momento sólo se otorgaron concesiones de líneas particulares para uso exclusivo del titular.
A lo largo de los dos años siguientes se instalaron redes militares en Valencia, Zaragoza, Cartagena y Madrid; una red civil en Madrid para uso exclusivo de los Ministerios, instalada y operada por la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCyT), además de sendas redes, en Bilbao y Valencia, para uso exclusivo de los respectivos Ayuntamientos y operadas por ellos mismos. Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona intentaron instalar redes abiertas al servicio público, desafiando a la autoridad del Gobierno, pero ambas iniciativas fueron abortadas. Entre tanto, aquellos ciudadanos particulares que tenían recursos para ello, solicitaban y obtení- an permiso para establecer líneas telefónicas entre sus domicilios y sus oficinas o entre sus casas de la ciudad y sus fincas en el campo. Estas instalaciones eran para el uso exclusivo de sus propietarios y ninguna superaba los 10 kilómetros de distancia. Pero la inexistencia de empresas o entidades que pudieran establecer la interconexión entre los distintos usuarios estaba creando un estado de desarrollo caótico y una situación insostenible.
En Enero de 1884 volvieron los conservadores, a las órdenes de Cánovas, y el Cuerpo de Telégrafos7 recibió, el 11 de Agosto de ese año, el esperado mandato de establecer y explotar el servicio telefónico público por medio de un nuevo Real Decreto. Ese mismo día se habilitaba un crédito extraordinario de 280.000 pesetas para financiar el establecimiento de redes telefónicas en las capitales de provincia. Los funcionarios se pusieron manos a la obra, pero en los dos años que duró el gobierno de Cánovas, la Administración de Telégrafos sólo llegó a establecer el servicio en tres ciudades (Madrid, Barcelona y Valencia), conectando a sus redes a 280 abonados8, lo que fue absolutamente insuficiente para calmar el malestar público existente por la ausencia de servicio.
Para valorar con objetividad si este estado de cosas era adecuado o no para la época, nada mejor que un análisis comparativo con otros países. Precisamente en 1886 el Journal Télégraphique (revista oficial de la Unión Telegráfica Internacional) publicó un informe, con datos de 1885, que es posiblemente el análisis comparativo del servicio telefónico más completo que se haya hecho hasta ese momento9. En el Cuadro 1 se han resumido algunos de los datos más relevantes del informe, que dan una interesante visión del estado del servicio telefónico en 1885: se extendía ya por los cinco continentes, estando identificados al menos 30 territorios en los que funcionaba con una relativa normalidad. De ellos sólo 20 eran Estados independientes (14 de Europa y 6 de América), mientras que el resto eran principalmente territorios bajo administración colonial británica.
El estado del servicio en España era incipiente y alejado del nivel de desarrollo de los países entonces centrales, pero no podemos olvidar que eran muchos más los que ni siquiera figuraban en la lista. A grandes trazos puede establecerse una división en tres grupos: los más avanzados (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Suiza y tal vez Suecia) donde ya era realidad tanto el servicio local como el interurbano; los intermedios (Francia, Bélgica, Holanda, Rusia y alguno más), en los que las redes locales habían alcanzado un cierto grado de desarrollo pero donde las comunicaciones interurbanas eran incipientes; y el resto de países, entre los que se encontraba España, en que el servicio local era incipiente y el interurbano inexistente.
Cuadro 1. Estado de la telefonía en Estados Unidos y Europa. Año 1885

Enlaces
Redes	Abonados	Interurbanos	Explotacion	Abono (Fr)
Alemania Austria-Hungria Belgica Dinamarca Espana Francia Gran Bretana Italia	81	14.000	26	Estado	187,50
12	3.092	1	Estado-2 CP	200-450
8	3.484	5	3 CP	150-250
2	1.370	1 CP	205-262
3	601	Estado	280-374
20	7.175	4	Estado-1 CP	200-600
90	15.465 8.340	55	7 CP	250-500 120-200
Luxemburgo	16 1	120	10 CP No consta	139
Holanda	8	2.493	1CP	248-252
Portugal	2	826	1 CP
Rusia	20	5.280	2 CP	334-449
Suecia	16	5.904	7	Estado-3 CP	150-575
Suiza	62	5.101	38	111-174
Estados Unidos	752	Estado	100
151.056	1.498	1 CP	220-976
CP= Compania Privada

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Fuente: Elaboración Javier Nadal del informe de M. Rothen. Journal Télégraphique (Berna,1877).
Respecto al modelo de explotación, parece que las dudas de nuestros políticos no eran una rareza ibérica, ya que entre los países independientes, tres habían optado por la gestión exclusivamente pública (Alemania, Suiza y España), otros tres tenían una situación mixta (Francia, Suecia y Austria-Hungría) y en el resto la explotación era sólo privada. En cuanto a las tarifas, es interesante observar que siendo notables las diferencias, no se pueden considerar exageradas, salvo el rango superior de los Estados Unidos.
2. La regulación liberal de 1886. Una solución para las grandes ciudades.
La prematura muerte del Rey, el 5 de Noviembre de 1885, condujo a un nuevo cambio de gobierno que devolvió el poder a los liberales de Sagasta, y con ellos volvieron las reformas liberales que habían sido suspendidas o rectificadas por Cánovas. El nuevo gobierno tenía prisa por resolver el problema del teléfono y también era consciente de su propio fracaso de 1882, lo que le llevó a preparar un nuevo modelo que resolviera los problemas sin contradecir la esencia de los principios liberales.
El trabajo se hizo transparente, con luz y taquígrafos, y los medios de comunicación lo registraron en una interesante polémica, durante la primera mitad de $1 8 8 6 ^ { 1 0 }$ . El argumento central de los conservadores era que ceder la explotación a empresas particulares suponía, en realidad, ‘entregar al público a la tiranía de las Empresas particulares, cuyos escandalosos abusos en España son la causa más eficaz de la ruina del país’. También se acusaba al Ministro de estar planeando secretamente la cesión del servicio, en monopolio, a una sola empresa para toda España, empresa que sólo podría ser extranjera, que importaría los materiales de sus propias fábricas, lo que haría perder “la última esperanza” de crear una industria nacional. El gobierno, en cambio, creía que “el Estado, como administrador de este servicio, será un obstáculo perpetuo para su desarrollo en las proporciones que exigen las necesidades de la vida moderna en todas las esferas”11.
Finalmente se publicó un nuevo Real Decreto el 13 de Junio de 1886 por el que se volvía a la explotación a través de compañías privadas, tanto para crear nuevas redes telefónicas como para hacerse cargo de las tres existentes. Las concesiones se otorgarían por subasta pública, eliminando así un importante argumento de la oposición. El único elemento de análisis en la subasta sería el porcentaje de los ingresos a percibir por el Estado, no pudiendo ser inferior al $10 \%$ ; las concesiones serían por veinte años, al término de los cuales las líneas pasarían a ser propiedad del Estado sin coste alguno para éste, no estando previsto el rescate anticipado de las concesiones. Las tarifas se rebajaban a 300 pesetas anuales.
Las subastas que se realizaron al amparo del Real Decreto de 1886 tuvieron un resultado bastante aceptable y permitieron recuperar parte del tiempo perdido y normalizar la prestación del servicio, al menos en las grandes ciudades. En efecto, las subastas se empezaron a realizar inmediatamente: la primera, en Madrid , se resolvió el 6 de Agosto de 1886, con un canon del $20 \%$ , a favor de la Compañía Madrileña de Teléfonos. El Real Decreto estuvo en vigor cinco años (los mismos que duró el “gobierno largo” de Sagasta), y en ese tiempo se subastaron las siguientes 35 redes locales:
1886: Madrid, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Sevilla, Barcelona y Valencia
1887: Alicante, Oviedo, Valladolid y Gijón
1888: Cádiz, Córdoba, Felanitx, Alcoy, Cartagena, Sabadell, Coruña, San Sebas
tián, Murcia, Santander, Jerez, Almería, Granada y Castellón
1889: Palma, Vigo, Manresa y Coca
1890: Vitoria, Motril, Pamplona, Las Palmas y Toledo
1891: Linares12.
Es interesante observar los valores del canon en que se fallaron las diferentes concesiones, pues es un buen indicador del potencial económico que el mercado atribuía a cada una de las ciudades afectadas. Solamente tres ciudades alcanzaron valores superiores al $30 \%$ : Bilbao $( 3 4 \% )$ , Barcelona $( 3 3 , 7 5 \% )$ y Valencia $( 3 1 , 3 0 \% )$ ). Diez se concedieron entre 20 y 30 por ciento: Murcia $( 2 5 \% )$ ; Sabadell $( 2 2 , 5 0 \% )$ ; Jerez $( 2 2 \% )$ ; Málaga, San Sebastián y Almería $( 2 1 \% )$ ; Cartagena y Linares $( 2 0 , 5 0 \% )$ ; Madrid y Zaragoza $( 2 0 \% )$ . El resto se concedieron en cifras que oscilan entre 10 y 17 por ciento. Precisamente el alto valor del canon dificultó, en los años sucesivos, la realización de las inversiones necesarias para atender la demanda en las principales ciudades, al reducir los recursos disponibles para este fin.
Tanto el Real Decreto de 1886, como sus antecesores de 1882 y 1884, se referían exclusivamente al servicio telefónico urbano, dentro de un radio máximo de $1 0 \mathrm { \ k i l { \acute { o } } - }$ metros. El servicio interurbano no era todavía técnicamente muy seguro en España, aunque en los principales países europeos era ya una realidad consolidada. Éste demostró ser uno de los mayores problemas del servicio en España. Según los datos de que disponemos, se puede afirmar que, entre 1885 y 1890, las únicas comunicaciones interurbanas que se realizaban en España eran las que se hacían desde algunas estaciones telefónicas conectadas a la red telegráfica como telégrafos auxiliares. El número de estaciones conectadas en estas condiciones era de 9 en los años 1886-87, ascendiendo a 12 en los años $1 8 8 8 – 8 9 ^ { 1 3 }$ . El número de llamadas interurbanas establecidas desde estos terminales se limitó a 1.702 en 1886 y a 3.542 en 1889, cifra que el último año fue equivalente a un raquítico $0 { , } 1 \%$ del número de llamadas locales. En esos mismos años los países más avanzados habían resuelto ya la prestación del servicio interurbano y, así por ejemplo, el año 1889 se produjeron en Alemania casi 27 millones de llamadas interurbanas ( $12 \%$ de las llamadas locales) y en Suiza 600.000.
España no era el único país con dificultades para disponer de una buena red de transmisión de larga distancia: Italia o Bélgica estaban en una situación muy similar a la española, lo que prueba que las causas de nuestro retraso no eran autóctonas ni exclusivas.
3. La reforma conservadora de Francisco Silvela. Buscando una solución para el servicio interurbano.
En julio de 1890, vuelve Cánovas al poder, tras la dimisión de Sagasta, nombrando a Francisco Silvela Ministro de la Gobernación. El nuevo responsable político de la organización del servicio telefónico acometió rápidamente la tarea de revisar el modelo de explotación existente, lo que se plasmó en un nuevo Real Decreto que se publicó en la Gaceta de Madrid el 11 de Noviembre de 1890, completado por el Reglamento que se publicó en Enero de 1891. La voluntad era volver a la gestión directa del Estado, pero Silvela era un hombre realista y sabía perfectamente que revertir la situación era impensable, e inabordable económicamente. Por ello se limitó a crear un sistema mixto en el que podían coexistir la explotación privada y la pública. Para facilitar esta última se preveía la posibilidad de que el Estado se incautara del servicio en cualquier momento. El canon pasaba a ser fijo, del $10 \%$ de los ingresos, y las subastas se resolverían a favor de quien solicitara menor número de años de concesión, lo que acortaba el lapso de tiempo teórico para la reversión al Estado del servicio.
A pesar de todo, los resultados de los concursos de los años sucesivos no fueron muy espectaculares, pues el siglo terminó con sólo 49 redes locales en funcionamiento, llegando a 60 en 1905. Si señaláramos en un mapa de España las poblaciones que disponían de servicio telefónico urbano a finales de siglo, veríamos que dibujan con bastante precisión las regiones que disfrutaban de una prosperidad por encima de la media. La industria de Barcelona con cuatro importantes núcleos, el triángulo ReusTarragona-Valls, el Levante desde Castellón hasta Murcia, las comarcas mineras (Asturias, Linares, Almería), el País Vasco, Navarra, el Valle del Guadalquivir, Madrid y poco más.
No cabe duda de que la situación de España seguía siendo de retraso respecto a los principales países de Europa, pero si se compara con otros países como Italia, Bélgica, Holanda o Austria, la imagen se recompone. Por ejemplo, en 1895 en España había 41 redes urbanas operativas con 11.235 abonados, mientras que en Italia, país más densamente poblado que España, se habían alcanzado los 11.768 abonados en 54 redes urbanas.
Por fin se convocó a pública subasta la construcción y explotación de las líneas interurbanas, que como hemos visto, era uno de los agujeros del servicio, optándose por un modelo similar al que se había seguido en la concesión de líneas ferroviarias: dividir la Península en cuatro regiones, para ser concedidas a cuatro compañí- as diferentes, manteniéndose como objetivo utópico la reversión de las redes al Estado. Se trató de una solución pragmática pero que tampoco alcanzó las metas esperadas, pues la diferente riqueza y dinamismo de las regiones diseñadas, motivó que sólo se desarrollase la red y el servicio de la Región Noreste que comprendía desde Bilbao hasta Valencia, situación que perduraría hasta 1908.
El pragmatismo resultó insuficiente para resolver todas las carencias que, en materia de telecomunicaciones, el país tenía que salvar. El ritmo de creación de nuevas redes urbanas fue claramente inferior al de los años anteriores y el servicio interurbano sólo se desarrolló en una parte del territorio, con lo que amplias zonas del país continuaron sin servicio de ningún tipo. Además, el servicio internacional ni siquiera llegó a implantarse, a pesar de que en las concesiones interurbanas se había previsto la obligación de establecer líneas internacionales con Francia y Portugal. La red del Noroeste era la única de las concesiones que funcionaba de manera regular, pero incompleta. El país estaba aislado telefónicamente del exterior y muchas ciudades del interior, del Sur y del Oeste principalmente, veían afectada su actividad económica por las persistentes dificultades para comunicarse con el resto del país.
En el Cuadro 2 se muestra la evolución, entre 1895 y 1934, de los dos principales servicios de telecomunicación de la época: el telégrafo y el teléfono. El cuadro ha sido obtenido a partir de los datos, no siempre completos, publicados por la DGCyT como “Estadística Telegráfica y Telefónica Oficial de España” de cada año, lo que nos permitirá seguir la evolución de los principales hitos que marcaron la evolución del servicio14.
4. Hacia una nueva reforma. La primera Ley del servicio telefónico en 1907.
El modelo diseñado por Francisco Silvela no acababa de encontrar el ritmo esperado. El número de abonados a las redes locales sólo creció en 5.500 en una década, hasta alcanzar los 16.615 en 1905, por lo que las instalaciones particulares no dejaron de crecer a ritmos incluso superiores, hasta las 2.511 estaciones en ese mismo año, prueba de que muchos buscaban la solución a sus necesidades de comunicación por sus propios medios (Cuadro 2). Este escaso nivel de implantación del servicio resulta llamativo no sólo si se compara con los países de nuestro entorno, sino que tampoco resiste la comparación con el servicio telegráfico español, en esas mismas fechas consolidado en todas las localidades importantes, a través de una oferta mixta en la que el Estado mantenía la titularidad del servicio, la responsabilidad de su organización y de la inversión necesaria para crear y mantener las principales arterias, mientras que el sector privado completaba la oferta manteniendo abiertas oficinas en aquellos lugares en los que le resultaba más fácil que al sector público. Hacia 1900, esta segunda modalidad se ofrecía principalmente en las oficinas de las compañías ferroviarias, que disponían de 479 oficinas en todo el territorio nacional, frente a las 807 del Estado, explotadas por el Cuerpo de Telégrafos, lo que junto con las oficinas Municipales, hacían que el servicio telegráfico estuviera presente en 1479 puntos en toda España. Por otra parte, resulta llamativo que el valor económico generado por el servicio telefónico en España en 1900 representara sólo el 37 por ciento del telegráfico15.
La falta de respuesta adecuada, desde la iniciativa privada, para responder a la demanda de mayor oferta de telefonía, debería haber sido cubierta por el Estado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto vigente, pero la DGCyT no generaba suficientes recursos, dado el déficit que había empezado a marcar sus resultados económicos y que alcanzó su valor máximo en 1920, y el gobierno no tenía margen en los Presupuestos del Estado para permitirse alegrías inversoras. Como consecuencia, aquellos Ayuntamientos que disponían de recursos empezaron a organizar la instalación y mantenimiento, a su costa, de Oficinas Telegráficas públicas que poco a poco se fueron habilitando también como oficinas telefónicas desde las que se podían hacer las comunicaciones interurbanas que no ofrecían ni las concesionarias privadas ni el Estado. En 1900 había ya 176 de estas oficinas (Cuadro 2), de las que no consta cuántas estaban también preparadas para dar comunicaciones telefó- nicas, aunque es de suponer que serían la mayoría. De hecho el número de estas oficinas no dejará de crecer en los años siguientes hasta alcanzar las 254 en 1915. A partir del año siguiente las estadísticas de la DGCyT distinguen entre las Oficinas Municipales Telegráficas y las Telefónicas, de manera que se pone en evidencia que la mayoría de estas estaciones estaban dedicadas a este último servicio.
Las redes locales operadas por el sector privado siguieron creciendo lentamente hasta 60 en 1905, mientras que el Estado empezó a instalar también redes locales y estaciones interurbanas en las principales ciudades desatendidas. En 1905 había logrado llegar a 30 ciudades, 9 con redes locales con servicio urbano y 21 sólo con servicio interurbano, aunque la cantidad de abonados en servicio era muy reducida. El número total de estaciones telefónicas llegó ese año a 19.669, con un incremento anual, en el último quinquenio, del $5 , 8 \%$ , que aunque significativo no era suficiente para cubrir las necesidades del país. España estaba realizando un gran esfuerzo modernizador en muchos aspectos que no se veía acompañado por el teléfono, y se corría el riesgo de que la carencia de telecomunicaciones adecuadas frenase el desarrollo económico. La muestra evidente de que el modelo de prestación del servicio no daba respuesta a la demanda real, es que casi el $13 \%$ de los teléfonos operativos en aquellas fechas correspondían a instalaciones particulares, la mayoría de las cuales eran conexiones punto a punto desconectadas de la red pública conmutada.
Pero a medida que la DGCyT tuvo que asumir la gestión del servicio telefónico local en algunos lugares, además del interurbano, el déficit de sus resultados empezó a crecer y, a partir de 1904 fue imposible presentar saldos positivos, ni siquiera con el añadido de la valoración del servicio oficial.
Mientras que el servicio telefónico no acababa de encontrar su modelo de crecimiento, el telégrafo era un servicio consolidado y maduro que seguía extendiéndose a un ritmo de $3 0 ~ 6 ~ 4 0$ poblaciones atendidas más cada año, entre las oficinas del Estado, de las compañías ferroviarias, de los Ayuntamientos y de particulares con servicio público: en 1905 había 1.652 oficinas telegráficas (Cuadro 2) .
El sistema estaba bloqueado y no incentivaba la inversión necesaria para atender la demanda insatisfecha. La iniciativa privada estaba interesada sólo en las grandes ciudades mientras el Estado se veía incapaz de asignar los recursos necesarios para atender al resto del país. Por ello, en 1907, se promovió una nueva regulación que pretendía dar entrada a nuevos actores en el desarrollo del servicio telefónico. El autor fue Juan de la Cierva, Ministro de la Gobernación del llamado “Gobierno largo” de Antonio Maura, y los nuevos actores eran los Ayuntamientos y Diputaciones que, a partir de entonces, podrían ser titulares del servicio telefónico en sus territorios, cosa que ya estaban haciendo como hemos visto, aunque con dudosa cobertura legal. La reforma de 1907 tuvo, por fin, rango de ley y legitimó el papel de las Corporaciones Locales como actores activos en el desarrollo de las telecomunicaciones, rol que, de un modo u otro, no han dejado de jugar hasta nuestros días.
En los años siguientes, esta posibilidad fue aprovechada por Ayuntamientos como los de San Sebastián, Santander, Pamplona y Las Palmas que pusieron en pie un servicio urbano muy completo; por Diputaciones como las de Guipúzcoa, el Cabildo Insular de Tenerife y, de manera muy destacada, por la Mancomunidad de Cataluña, que establecieron redes regionales de larga distancia (además del servicio urbano en las principales ciudades de su territorio no atendidas por otros). Otras Diputaciones Provinciales, como las de Ciudad Real y Vizcaya, optaron por financiar las inversiones para crear la red que luego cedieron a la DGCyT para su explotación por el Cuerpo de Telégrafos16. Muchos Ayuntamientos convirtieron por su cuenta las Oficinas Telegráficas Municipales en locutorios públicos telefónicos, mientras seguían prestando el servicio telegráfico propiamente dicho o lo atendían por teléfono, servicio llamado de Telefonemas.
Cuadro 2. Expansión Telegráfica y Telefónica en España. Años 1895-1934

1895	1900	1905	1910	1915	1920	1923	1930	1934
ESTACIONES TELEGRAFICAS
Estatales
Ferroviarias	804 615	807 479	909 582	972 664	1.205 684	1.322 721	1.445 722	1.436 711	1.430 681
Municipales	176	142	223	254	15	13	10
Particulares	17	19	32	70	1	0	0	0
TOTAL	1.419	1.479	1.652	1.891	2.213	2.059	2.180	2.157	2.111
ESTACIONES TELEFONICAS
Concesiones	11.173	12.926	16.615	22.406	39.621	67.736	63.592218.736 303.766
Redes del Estado	0	0	378	403	996	8.135	26.878	0	0
Mun. y Dip	0	0	0	0	86	639	1.112	664	533
Particulares	1.527	1.724	2.511	2.935	3.517	4.252	3.601	58	51
Oficiales	147	193	165	283	289	332	340	347	47
TOTAL	12.747	14.843	19.669	26.027	44.509	81.094	95.523	219.805	311.491
REDES LOCALES
Concesionadas	41	49	60	75	90	98	88	9	2
DGCyT	0	0	9	9	18	110	147	0	0
Est.Interurbanas	0	0	21	80	256	644	693	0	0
Fuente: Javier Nadal sobre datos de la ‘Estadistica Telegrafica y Telefónica Oficial de Espaia&x27;. DGCyT.

5. De 1907 hasta la Dictadura de Primo de Rivera.
A partir de la promulgación de la Ley de 1907 se puede observar un significativo esfuerzo para modernizar el servicio telefónico. La aportación de las Corporaciones locales y la mayor dedicación de recursos del Estado, permitió que el número de teléfonos operativos creciera a un ritmo desconocido hasta entonces, alcanzando tasas anuales medias del $12 \%$ entre 1910 y 1920 (Cuadro 2). El volumen de negocio del servicio interurbano, que en 1906 no aportaba ni el $5 \%$ del valor del mercado telefónico, en 1920 se había alzado hasta el $31 \%$ del mismo17, lo que indica que su uso empezó a normalizarse, al menos en las grandes ciudades. Por fin se puso en marcha el servicio internacional en 1912, aunque con un grado de utilización muy bajo. De hecho, aunque el volumen económico del mercado telefónico se fue consolidando en esos años, su hegemonía frente al telégrafo no llega a afirmarse claramente hasta el final de la década de los años 20.
La Estadística Oficial de la DGCyT empieza a registrar la presencia de los nuevos actores durante estos años. La Red Interurbana de la Diputación de Guipúzcoa aparece citada a partir de 1912 y sus datos estadísticos empiezan a figurar en 1914, registrándose ese año 80 estaciones telefónicas que irán evolucionando al alza hasta las 157 en 1923 y 245 en 1932, año de máxima expansión antes del final del periodo republicano. La primera referencia a la Mancomunitat de Catalunya aparece en 1917 con 37 estaciones. Por su parte el servicio telefónico interurbano de la Compañía Peninsular se constata, en dichas publicaciones, a partir de 1915.
En 1920 coexistían en el servicio telefónico cuatro tipos de iniciativas: los concesionarios, que eran ya 98 y atendían 67.736 teléfonos y la mayor parte del negocio ligado a la larga distancia; el Estado, que atendía 110 Redes locales con 8.135 teléfonos operativos así como el servicio interurbano en otras 644 localidades; las Corporaciones Locales, que atendían a un número creciente de poblaciones con 639 teléfonos en 1920, que llegarían a 1.191 en 1925, y finalmente, las instalaciones particulares, que no habían dejado de crecer desde que se inventara el teléfono y que en 1920 alcanzan su cénit (4.252), prueba evidente de la insuficiente madurez alcanzada por el servicio telefónico en España (Cuadro 2).
La demanda crecía de forma imparable y la solución híbrida de explotación público/privada era un compromiso forzado por la penuria de recursos del Estado. Las dos partes de la ecuación encontraban dificultades para financiar las inversiones requeridas. En el ámbito de las concesiones privadas se fue dando un proceso natural de concentración, de modo que las compañías más activas fueron adquiriendo las menos eficientes para ir ganando economía de escala y mejorar sus cuentas de explotación. De entre ellas destacó la Compañía Peninsular de Teléfonos, que hizo la primera explotación a gran escala e incorporó métodos de una gran empresa, con el objetivo de convertirse en una compañía telefónica nacional. Además la Peninsular integró las concesiones de larga distancia y se constituyó, sin duda, en el principal operador privado; de hecho en las ‘Estadísticas’ de la DGCyT aparece citado regularmente este servicio telefónico interurbano a partir de 1915. Sin embargo, sea porque le faltaran los recursos, por su escasa vocación de liderazgo, porque la regulación era inadecuada para incentivar la expansión de los servicios o por todas estas razones juntas, el sector privado no fue capaz de resolver el problema en su integridad.
Si los concesionarios no veían incentivos suficientes en las condiciones de sus contratos, la situación del Estado era aún más precaria. El número medio de teléfonos por cada red atendida por el Estado era de 74 mientras que las redes del sector privado tenían 691 de media, porque las concesiones cubrían las grandes ciudades y el Estado tenía que atender a ciudades medianas. Entre 1906 y 1923, la DGCyT hizo un gran esfuerzo inversor y de servicio. En esos años se crearon 535 nuevas oficinas telegráficas, se instalaron 147 nuevas redes telefónicas locales y se abrió el servicio telefónico interurbano en otras 693 ciudades (Cuadro 2). Aún así, las tarifas aplicadas y el reducido número de abonados no fueron suficientes para hacer viable la explotación del servicio y el Estado no podía mantener los números rojos de la explotación. Puede entenderse la preocupación de los gobernantes de la época.
A partir de 1920 empezaron a vencer algunas concesiones y el Estado se fue incautando de ellas. Era el momento esperado por los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos para hacerse cargo del servicio, pero a las autoridades políticas les asustaba la perspectiva de asumir una responsabilidad para la que podían estar técnicamente preparados, pero para la que sabían que no podrían disponer de los recursos económicos necesarios, vista la experiencia de los últimos años. El Cuadro 2 es muy explícito en este sentido: entre 1920 y 1923, el número de teléfonos atendidos por el sector privado se reduce en 4.144 mientras que los atendidos por el Estado aumentan en 18.743, en parte por los abonados de 27 nuevas redes implantadas por la DGCyT, pero principalmente por los de las redes incautadas. Mantener estas últimas en funcionamiento, junto a las dificultades financieras para explotar los servicios crecientes de la DGCyT, se presentaba como una tarea titánica para la Dirección General.
Sólo las Corporaciones Locales de las regiones más ricas podían plantearse la posibilidad de atender los servicios públicos con carácter universal en sus territorios. La capacidad recaudadora de estas instituciones era superior a la del Estado en su ámbito propio y su menor dimensión geográfica, junto con la mayor cohesión social derivada del mayor nivel de riqueza del que disfrutaban, las hacían más adecuadas para suplir o sustituir al Estado en algunas tareas esenciales. La Ley de 1907 legitimó la presencia de las Corporaciones Locales en la atención de los servicios telefó- nicos, situación que fue aprovechada por las Diputaciones Provinciales vascas y, cuando más tarde se creó la Mancomunidad de Cataluña, también esta institución tomó de su mano el desarrollo y expansión del servicio en todo el territorio catalán. El Cuadro 2 muestra cómo en el año 1923, los teléfonos atendidos por Municipios y Diputaciones habían alcanzado la cifra de 1.112. Esta cifra siguió creciendo hasta que se produjo la transferencia a Telefónica y se mantiene en valores significativos hasta que caduca su concesión.
Entre tanto, los grupos de interés que se habían ido creando alrededor del negocio de los teléfonos tenían cada vez mayor fuerza y hacían casi imposible arbitrar soluciones de consenso. Los concesionarios actuaban conjuntamente, frente al Gobierno, reivindicando incrementos de tarifas o prórrogas del plazo de concesión, más allá de lo previsto en los contratos. Algunos Ayuntamientos, que poseían sus propias redes, presionaban en el Parlamento para lograr que sus concesiones no revirtieran al Estado. La Mancomunidad de Cataluña trataba, por todos los medios, de consolidar su red y de conseguir que la reversión de las concesiones que caducaran en Cataluña, lo hicieran en su favor en lugar de a favor del Estado, incluida la de Barcelona. Los partidos políticos que se enfrentaban al nacionalismo catalán poní- an toda clase de trabas al Gobierno, en el Parlamento, para impedir que se cediera a la presión de la Mancomunidad. El Cuerpo de Telégrafos esperaba recibir las concesiones que vencían, mientras el Gobierno se mostraba remiso a aceptar las reversiones, por el estado calamitoso en que se recibían y por la falta de recursos econó- micos con que hacer frente a la continuidad del servicio. Y todos eran conscientes de que el servicio distaba de los niveles de calidad que ya eran normales en todo el mundo civilizado.
6. La concesión a la Compañía Telefónica Nacional de España.
En 1923, el clima político crispado de los últimos años culminó con un golpe de Estado, consentido por el Rey, y que llevó al poder al general Primo de Rivera. El nuevo gobierno tuvo como Ministro de Hacienda y como ideólogo económico a José Calvo Sotelo, que orientó la política hacia las nacionalizaciones y la creación de fuertes monopolios en un modelo de intensa intervención económica. Es la época de la creación de Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), entre otras.
En este entorno apareció un proyecto para crear una red telefónica nacional. La ITT (International Telegraph and Telephone), que se había hecho cargo de todos los activos en el extranjero de la mayor compañía de teléfonos del mundo en ese momento, la AT&T, y que ya explotaba redes en Puerto Rico y Cuba, pone sus ojos en España y comienza su acercamiento con la redacción de un informe, “Memoria sobre el Desarrollo de la Telefonía en España” que hizo llegar al nuevo gobierno. En dicho informe se realizaba un diagnóstico severo de la situación del servicio telefó- nico y de la demanda latente no atendida, proponiendo un ambicioso plan para resolver el retraso histórico.
Además de la ITT, otras tres compañías18, Ericsson, New Antwerp Telephone and Electric Works y Siemens & Halske, presentaron propuestas a la comisión constituida al efecto. Sin embargo la ITT ofrecía una línea de financiación para los trabajos que había que acometer y alrededor de su proyecto, y por primera vez en España, se congregó dinero a mayor escala de lo que había ocurrido nunca hasta entonces en el sector de las telecomunicaciones. Se agruparon banqueros españoles encabezados por Estanislao de Urquijo, que acabaría siendo el primer presidente de la recién nacida Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Por fin había un proyecto, con un plan ambicioso y realista y con suficientes recursos para afrontarlo. Así, en agosto de 1924, tras un polémico proceso concesional, juzgado poco transparente por la oposición política, el Rey firmaba en Santander un Real Decreto por el que se autorizaba al gobierno a contratar con la CTNE (creada en abril) la ‘reorganización, reforma y ampliación’ de la red telefónica nacional. Unos días después se firmaba el contrato citado entre el Estado y la CTNE.
Por este acuerdo la CTNE tomaba posesión de las líneas telefónicas explotadas por el Estado (que apenas eran el $28 \%$ del total en esa época), y las del resto de concesionarios (incluyendo las de la Compañía Peninsular). También absorbió las redes territoriales como las de la Mancomunidad de Cataluña (de hecho, la dictadura disolvió la propia Mancomunidad como entidad política). El proceso fue tan rápido que a finales de 1924 la nueva compañía ya tenía el control de 70.000 teléfonos y del $9 5 \%$ de las líneas interurbanas.
El contrato, con una duración de 20 años, implicaba una serie de obligaciones para CTNE, entre las que destacan: crear un sistema telefónico homogéneo en todo el país, utilizar cables subterráneos en zonas céntricas de diecisiete poblaciones principales e instalar en ese tiempo los nuevos equipos automáticos. Además, al menos el $80 \%$ de los trabajadores debían ser españoles. A partir del sexto año la CTNE debería atender cualquier petición de abono en los centros urbanos establecidos, en el plazo máximo de tres meses. No se fijaban las tarifas pero se establecía que “debían ser equitativas para el público para no impedir el desarrollo telefónico”. La compañía, por su parte, se comprometía a instalar aparatos de abonado del tipo más moderno. Los ingresos del Estado provendrían de un canon del $10 \%$ de los beneficios (pero la cantidad había de ser siempre superior al $4 \%$ de los ingresos brutos).
Por primera vez había un plan de expansión con objetivos ambiciosos para sacar al país del retraso tecnológico, e impedir lo que hoy definiríamos como ‘brecha telefónica’ entre las ciudades y el interior. En el contrato, la CTNE se comprometía a extender en cuatro años el servicio telefónico a todas las capitales de provincia y capitales de partidos judiciales de más de ocho mil habitantes. En siete años tenía que llegar las que tuvieran más de siete mil habitantes. Un año más tarde, a todas las de más de seis mil y en el décimo a las que superasen los cuatro mil.
Finalmente, el modelo que se había impuesto desde el poder no era ninguno de los dos que se habían probado durante las cuatro décadas anteriores y, al mismo tiempo, tenía algo de ambos. La explotación la iba a hacer la empresa privada, pero sólo una. Se trataba de un monopolio de titularidad pública cedido a una compañía privada a cambio de unas obligaciones de servicio y la participación en los ingresos. Algo muy parecido al modelo, ya conocido, de explotación de los monopolios fiscales a través de Compañías Arrendatarias del monopolio. Además, se contaría con la aportación tecnológica de un importante socio extranjero que ayudaría a crear la industria nacional, inexistente hasta ese momento.
En el acuerdo del Estado con la CTNE, el Cuerpo de Telégrafos, que esperaba haber sido protagonista en la solución del problema, quedaba fuera. Sin embargo, la atracción personal por participar en el proyecto fue tal, que tuvo que cerrar la concesión de excedencias durante algún tiempo para no perder a sus mejores técnicos, que abandonaban el Morse por la telefonía, que representaba el futuro tecnológico y estaba mejor remunerada. De hecho los telegrafistas que se incorporaron en los primeros momentos demostraron gran capacidad y preparación y fueron muy útiles para la naciente compañía.
Una solución así, nacida en medio de una Dictadura, con una considerable polé- mica y con tantos enemigos y afectados cuyas expectativas se habían frustrado (concesionarios privados, diputaciones, políticos regionales, Cuerpo de Telégrafos), iba a tener que hacerlo muy bien, porque de partida nacía con una especie de “pecado original”. Esta marca de partida tuvo su importancia más adelante, en el nuevo cambio de régimen de 1931 a la República, y sería el argumento para que el Parlamento republicano debatiese, en su primer año de vida, un proyecto de ley con objeto de declarar nulo el contrato y expropiar a la Compañía Telefónica previa “justa indemnización”. El debate no sólo involucró a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y al Gobierno, sino que tuvo algún alcance diplomático, por el origen norteamericano de la empresa operadora. La propia compañía elaboró un documento con el que trató de dar a conocer a la opinión pública su postura y sobre todo, el impacto positivo que su actuación había tenido para la recuperación del atraso que España tenía cuando recibió la concesión. El debate concluyó en el Parlamento en diciembre de 1932, con una votación a favor de “no ha lugar a deliberar” por 184 votos contra 11. El contrato de 1924 fue sustituido por otro, muy similar, en 1946, ambos con fuerza de ley. Pero la polémica no se extinguió del todo hasta que, en 1992, el contrato se adaptó a la Constitución de 1978.
7. La expansión del teléfono en España cuando Telefónica asumió el servicio.
El análisis más original de este trabajo se ha centrado en determinar la dinámica de expansión del teléfono en España cuando la CTNE asumió el servicio. Para tener una mejor comprensión del estado en el que se encontraba el servicio telefónico justo antes del traspaso del grueso de la actividad a la Compañía Telefónica, vamos a hacer un análisis combinado de las dos fuentes de información más completas que existen sobre la materia (las memorias anuales de la DGCyT denominadas ‘Estadística Telegráfica y Telefónica Oficial’ y las Memorias de la Compañía Telefónica Nacional de España) de sus primeros años de existencia complementados por otras fuentes adicionales19.
Como resultado podemos observar, en el Cuadro 3, que en 1923 había 1.292 poblaciones con servicio telefónico. De ellas 226 lo tenían a través de empresas privadas que eran concesionarias (189 de la Compañía Peninsular), 286 eran atendidas por el Estado (DGCyT), 623 por las Corporaciones Locales (148 de Municipios, 440 Mancomunidad de Cataluña y 35 Red de Guipúzcoa) y restan 157 de las que no sabemos su titular original. Del cuadro se extrae que 735 localidades disfrutaban sólo de teléfono interurbano, mientras que 557 tenían servicio urbano e interurbano. En el Cuadro se da también el número de teléfonos atendidos por cada categoría, pero hay que tener en cuenta que esta cifra sólo da una medida relativa ya que en este caso se trata de los datos de 1926, porque es el único año del que tenemos ese nivel de desagregación.
Cuadro 3. Poblaciones con servicio telefónico según categoría del titular, en 1923 y tamaño medio de las redes urbanas

Titular del Servicio	<4 Telef.	>3 Telef.	Total	Telefonos	N° medio detelefonos
ConcesionesEstadoMunicipios y DiputacionesDesconocidos	4892467128	17819415629	226286623157	81.99437.7444.3232.839	460.5194,124,587,4
Total	735	557	1.292	126.900	226,5
Notas: Se considera que las redes con menos de 4 teléfonos solo tienen servicio Interurbano.El numero de teléfonos es de 1926.Concesiones incluye tambien ‘Peninsular&x27;.Municipios y Diputaciones incluye también ‘Mancomunidad de Cataluna&x27;.Fuente: Javier Nadal sobre datos de Memorias de CTNE,DGCyTyRed Telef6nica de Guipuzcoa.

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Por tipo de actores puede decirse que el sector privado se orientó principalmente a crear redes locales en las grandes ciudades, complementándose con una licencia general de servicio interurbano operada por la Compañía Peninsular. El Estado siguió una estrategia similar pero con un criterio de subsidiariedad, de manera que sólo se crearon redes urbanas en aquellos lugares en los que no se generó una oferta solvente desde el sector privado. Ésta es la razón de que el número de teléfonos atendidos por el Estado (37.744) fuera bastante menor que el de las empresas concesionarias (81.994) y que el tamaño medio de las redes estatales fuera de 194 teléfonos frente a 460 de las concesionadas. En realidad la diferencia era mayor que la reflejada por estas cifras, ya que entre 1921 y 1923 se habían incorporado al Estado 8 redes, por incautación de las mismas, entre ellas las de Barcelona y Sevilla. Sólo estas dos redes sumaban 21.917 abonados en 1926, por lo que si se corrigieran los datos del cuadro con esta cifra, considerando estas redes en la categoría ‘Concesiones’, en lugar de ‘Estado’, el número de los abonados de cada categoría sería alrededor de 15.827 y 103.911 para el Estado y Concesiones, mientras que el tamaño medio de ambas categorías pasaría a ser de 82 y 577 abonados respectivamente.
En el caso de los Municipios y Diputaciones, su principal preocupación era garantizar que sus ciudades estuvieran conectadas al resto del país y del mundo, cuando ni la iniciativa privada ni el Estado habían sido capaces de establecer el servicio, por lo que, en general, se trata de instalaciones de un solo teléfono, es decir, de locutorios públicos. En los 156 casos de esta categoría que, según el Cuadro 3, se pueden considerar redes urbanas, éstas tienen sólo 24 teléfonos de media, lo que confirma la hipó- tesis expuesta. Aunque el Cuadro 5 no lo refleje, es interesante confirmar que las iniciativas de los Ayuntamientos en solitario son las más modestas, pues las instalaciones de categoría puramente Municipal son 148 y de ellas sólo 5 tienen más de un teléfono.
Las instalaciones de titular ‘Desconocido’ resultan algo más complicadas de explicar. Algunas son redes en proceso de incautación, como la de Las Palmas, y seguramente sobre alguna más como ella es posible que se optara por hacer una transferencia directa sin que el Estado llegara a tomar formalmente el control. Del resto, en la mayoría de los casos parece tratarse de instalaciones apoyadas o directamente financiadas por los Municipios, pero que no habrían sido ‘dadas de alta’ en la DGCyT por diferentes razones (por descuido, por no pagar tasas, por tolerancia de la DGCyT, etc).
Para identificar mejor a los principales protagonistas en cada territorio, en el Cuadro 4 se hace un desglose de las poblaciones con servicio telefónico por categorí- as del titular y por territorios. Como territorios se han usado las actuales Comunidades Autónomas porque los datos disponibles lo permiten sin poner en riesgo el rigor del análisis y porque la actual división territorial no es contradictoria con la existente hace cien años, mientras que, por el contrario, puede tener mayor interés hacer el análisis con la configuración territorial de hoy. Del Cuadro se deduce la concentración de las concesiones privadas en las regiones más ricas. Así por ejemplo, Cataluña tiene más de un tercio de las concesiones totales. Importante es también su presencia en la Comunidad Valenciana, Murcia y, en parte, Andalucía. El Estado se encuentra presente en todos los territorios cubriendo las carencias del sector privado. La presencia del Estado es determinante en bastantes territorios como las dos Castillas, Extremadura, Aragón, Madrid, Galicia y una buena parte de Andalucía y Asturias. Es muy significativa en el País Vasco, Navarra, la Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña, pero muy escasa en las Islas Baleares, Canarias y Murcia.
Cuadro 4. Poblaciones españolas con servicio Telefónico por CCAA y según el titular

Concesion	Estado	Mun/Dip	Descon.	Total
Andalucia	30	50	32	8	120
Aragón	2	13	10	0	25
Asturias	4	13	7	8	32
Canarias	3	1	0	11	15
Cantabria	8	4	1	2	15
Castilla León	10	39	20	4	73
Castilla-La Mancha	3	43	23	7	76
Cataluna	84	14	441	75	614
Comunidad Valenciana	33	22	1	18	74
Extremadura	5	10	3	1	19
Galicia	11	22	3	1	37
Islas BalearesLa Rioja	3	2	0	3	8
1	3	0	0	4
Madrid	3	17	22	1	43
Navarra	5	7	10	8	30
Pais Vasco	8	23	50	10	91
Region de MurciaCeuta-Melilla	11	3	0	0	142
2	0	0	0
TOTAL	226	286	623	157	1292
Fuente: Javier Nadal sobre datos de Memorias de CTNE,DGCyT y Red Telef6nica de Guipuzcoa.

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Respecto a la actividad Municipal, resulta curioso observar la casi total ausencia de este tipo de iniciativas en siete Comunidades, pero merecen una mención especial los casos de la Mancomunidad de Cataluña y la Diputación de Guipúzcoa20, que desarrollaron sendas redes de gran calidad. En el caso de Cataluña, la buena gestión realizada permitió que en el corto espacio de tiempo en que existió la Mancomunidad, se alcanzara una cobertura espectacular, como puede verse en el Cuadro 4. De hecho, en 1923, de acuerdo con nuestros datos, la Mancomunidad estaba presente en 453 poblaciones (compárese con las 1.292 de toda España)21. De ellas 47 tenían 10 ó más teléfonos, siendo la red de Vic la más grande, con 212 abonados. No es que faltara voluntad de crecer o de llegar a poblaciones mayores, sino que éstas ya estaban cubiertas por la iniciativa privada o por la DGCyT, de hecho la Mancomunidad también gestionaba tres redes urbanas de ciudades importantes (Lérida, Figueras y La Garriga) de las que figuran en la lista de concesiones en nuestros cuadros, porque recibieron la gestión por transferencia legal de su concesionario. La Red de Guipúzcoa, aunque con un despliegue menos capilar, en 1922 cubría
35 localidades, con 1.814 abonados, siendo la mayor red la de Irún, con 255, y la menor Ormaiztegui, con $6 ^ { 2 2 }$ .
Cuadro 5. Poblaciones con teléfono en 1923 comparadas con el número de los Municipios españoles

Ciudades con Tfn.	Ayunt. (Nota 1)	Cobertura(%)
Andalucia	120	770	15,6
Aragón	25	731	3.4
Asturias	32	78	41,0
Canarias	15	87	17,2
Cantabria	15	102	14,7
Castilla LeónCastilla-La ManchaCataluna	73	2.248	3,2
Castilla-La Mancha	76	919	8.3
614	946	64,9
Comunidad Valenciana	74	542	13,7
Extremadura	19	384	4,9
Galicia	37	315	11,7
Islas Baleares	8	67	11,9
La RiojaMadrid	4	174	2.3
43	179	24,0
Navarra	30	272	11,0
Pais Vasco	58	251	23,1
Region de MurciaCeuta-Melilla	14	45	31,1
2	2	100,0
1.259	8.112	15,5
Nota: el numero de Municipios es del censo de 2000.Fuente: Javier Nadal sobre datos de Memorias de CTNE,DGCyT y Red Telefónica de Guipuzcoa.

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En la categoría de ‘Desconocidos’, llama la atención el alto número que hay en Cataluña. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de ellas (68) eran de un sólo teléfono, podemos pensar que se trataba de instalaciones municipales que no habían sido notificadas a la autoridad central. Lo mismo puede decirse de las 18 de la Comu-nidad Valenciana (todas ellas de un teléfono). En el caso de Canarias, todas las redes son grandes y cubren una porción altísima de todas las existentes, por lo que es muy probable que se trate de una red que el Cabildo Insular de Tenerife instaló en su momento siguiendo pautas similares a las de Guipúzcoa. Algo similar es posible que ocurriera en Asturias por el tamaño medio de 7 de las 8 redes de titular desconocido. El resto de los casos se trata casi exclusivamente de instalaciones de un teléfono, por lo que me inclino a atribuirles también un origen municipal no notificado.
En el Cuadro 5 se muestra un resumen del número de poblaciones con servicio telefónico en 1923 en cada una de las actuales CCAA, y se compara con el número de municipios existentes a día de hoy en cada una de ellas, para dar una muestra aproximada de la cobertura alcanzada. Llama la atención una vez más el caso de Cataluña, no sólo por su alto grado de cobertura interior sino porque en ella sola se encuentra casi la mitad de las poblaciones con teléfono de toda España. Por último, en el Cuadro 6 se puede ver el número de teléfonos en servicio en España a final de 1926, su distribución regional y su densidad o penetración, medida ésta como número de teléfonos por 1000 habitantes. La cifra de habitantes utilizada es la del Censo de 1920.
A modo de resumen del análisis, me gustaría extractar algunas conclusiones:
— Las concesiones se dedicaron principalmente a atender el servicio de las grandes ciudades donde la demanda potencial era mayor. En 1923 sólo había 88 concesiones registradas oficialmente (Cuadro 2). El resto, hasta las 226 detectadas (Cuadro 3), se trata básicamente de las poblaciones atendidas con el servicio interurbano de la Peninsular que fue instalando también teléfonos urbanos cuando la demanda era suficiente y el retorno garantizado. El Estado empezó atendiendo redes interurbanas entre las grandes ciudades, siguiendo las instalaciones telegráficas ya existentes y poniendo un teléfono en las poblaciones que ya atendía el servicio de Telégrafos. Atendió las capitales de Provincia y las ciudades importantes no servidas por las concesiones. Luego, al igual que la Peninsular, fue creando redes locales donde la demanda y sus disponibilidades presupuestarias se lo permitían. Los Municipios y algunas Diputaciones sustituyeron al Estado en su función de universalizar el servicio, siendo de destacar los casos de la Mancomunitat de Catalunya y la Diputación de Guipúzcoa. Cataluña era el territorio que había logrado la mejor penetración y cobertura territorial del servicio y, junto con el País Vasco y Madrid, los territorios más avanzados, con diferencia, en materia telefónica. El modelo vigente estaba en crisis, por la incapacidad del Estado de asumir las responsabilidades que se derivaban de la incautación de las redes cuyas concesiones caducaban y del crecimiento de la demanda.
8. Conclusión.
Aunque el espacio temporal de este artículo termina en 1924, dada la importancia de esta fecha para la historia de las telecomunicaciones por el cambio de modelo que acarreó la concesión a Telefónica, vamos a dar una mirada a la evolución del sector durante los años que siguieron a este evento, hasta 1934, último año anterior a la Guerra Civil del que tenemos cifras significativas del conjunto.
Lo primero que se advierte es que, a partir de 1923, el servicio telegráfico dejó de ser el servicio de referencia. Los teléfonos recuperan tasas de crecimiento anual superiores al $12 \%$ durante 7 años y al $7 \%$ durante los últimos 4. Así, se termina el año 1934 con 311.491 teléfonos, un $21 \%$ más que en 1923, siendo el $44 \%$ automáticos. También es significativo el hecho de que los teléfonos particulares, que no habían dejado de crecer en los últimos 50 años, prácticamente desaparecen en un quinquenio.
Cuadro 6. Teléfonos en servicio y densidad. Distribución por CCAA . Año 1926

Abonados	Abs/1000h
Andalucia Aragon Asturias Canarias Cantabria Castilla León Castilla-La Mancha Cataluna Comunidad Valenciana Extremadura Galicia	13.531 4.187 4.530 1.965 2.324 5.724 4.185 36.045 9.121 2.109 4.106 609	3,3 4,6 6,1 4,5 7,1 2,7 2,7 16,0 5,2 2,0 2,0
La Rioja Madrid Navarra Pais Vasco Region de Murcia Ceuta-Melilla	719 20.662 1.471 13.647 2.818	1,8 3,8 21,3 4,5 19,6 4,4
815 128.568	16,2
Fuente: JavierNadal sobre datos de Telefónica,DGCyTy Red Telefónica	6,3

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Si en 1925 el mercado telefónico era apenas un $14 \%$ mayor que el telegráfico, en 1934 la relación entre ambos era de 3,57. Definitivamente la era del teléfono había empezado en España. Las comunicaciones telefónicas interurbanas representan en 1934 un volumen económico equivalente al $6 2 { , } 4 \%$ del urbano, mientras que el servicio internacional, a pesar de su importante crecimiento, todavía equivale sólo al $2 8 { , } 8 \%$ del servicio telegráfico internacional.
Para terminar me parece oportuno rescatar las cifras publicadas en otro trabajo23 relativas al peso del “sector teleco”, respecto al conjunto de la economía española, a lo largo del periodo estudiado en este artículo, según las cuales, este peso se multiplicó por cinco, lo que es plenamente consistente con los esfuerzos de modernización que España vivió tras “el Desastre” de 1898. En 1900 el “sector teleco” pesaba un $0 { , } 1 \%$ en la Renta Nacional, pasó a ser el $0 , 1 4 \%$ en 1910; el $0 \%$ en 1920; el $0 { , } 2 4 6 \%$ en 1925; el $0 { , } 4 1 6 \%$ en 1930 para alcanzar el $0 { , } 4 9 7 \%$ en 1934. El ritmo de crecimiento fue bastante uniforme a lo largo de todo el periodo, con la excepción del quinquenio de 1925 a 1930, años que justifican más del $40 \%$ del crecimiento de todo el periodo. Mucho tuvo que ver el hecho de que, por fin, después de casi cincuenta años de dificultades, se había encontrado una fórmula que permitía desbloquear el desarrollo del servicio telefónico.
9. Nota sobre las fuentes.
Este artículo es una ampliación de otros trabajos realizados anteriormente al que se ha añadido un conjunto de datos inéditos extraídos, elaborados a partir de varias fuentes documentales de gran calidad que hasta el momento no se han usado apenas en los análisis históricos. A partir de esos datos se ha realizado un análisis pormenorizado del estado del servicio telefónico cuando se produjo la transferencia de las redes a la CTNE. En los párrafos que siguen pretendo aclarar la metodología de cálculo de los datos que se exponen en los Cuadros 3 a 6.
Una fuente fundamental ha sido ‘Estadística Telegráfica y Telefónica Oficial de España’, publicación anual de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Esta publicación se realizó casi todos los años aunque a veces de manera incompleta. En estos casos se han cubierto los huecos por los datos publicados en años posteriores aunque determinados datos de varios años han sido imposibles de completar. La otra fuente fundamental han sido las Memorias de los primeros años de existencia de la Compañía Telefónica Nacional de España. Se han usado también otras fuentes que se citan a lo largo del artículo. En todo caso casi todos los datos de los Cuadros han necesitado una elaboración adicional de algoritmos e interpretaciones de los conceptos contenidos en las publicaciones citadas.
En particular, contamos con una relación exhaustiva de las localidades que disponí- an de servicio telefónico a finales de 1926, bajo la jurisdicción de Telefónica, con indicación del número de teléfonos en servicio y de quién era el titular originario que transfirió la red a la Compañía. Las categorías de titulares registradas son: Estado, Peninsular, Concesión, Mancomunidad (de Cataluña), Municipal, Compañía y Desconocido.
Estos datos los he depurado y cruzado con los de la “Estadística” y los de la Red de Guipúzcoa, lo que me ha llevado a una relación de 1.292 poblaciones, cifra que considero una estimación muy precisa de la realidad del servicio telefónico en España a finales de 1923.
Agradecimientos.
A Juan Muñoz García, Catedrático de Economía, por animarme a investigar; a Gaspar Martínez Lorente, por su apoyo y valiosas aportaciones; a Jaime Gutiérrez por la documentación sobre la Red de Guipúzcoa; a Fernando Arribas por ayudarme en la ardua labor de identificar pueblos y municipios; a José de la Peña y Pau Nadal por la paciencia de leer sucesivas versiones y hacer sugerencias inteligentes; a Carmen de la Serna por leer y sugerir no menos inteligentemente y corregir el texto sin descanso; y a Lola Salazar y Luis Nadal por sacrificar la tranquilidad de los fines de semana por culpa de mi afán investigador.