“Una derrota que parece un triunfo”: Donoso Cortés y la tutela de Isabel II.
Luis GARRIDO MURO Universidad de Cantabria.
La batalla por la tutela de Isabel II, un asunto que se prolongó durante casi un año, ocupó la atención de la prensa y la tribuna y movilizó a los mejores hombres de ambos partidos, comenzó casi por casualidad. No formaba parte del programa de la revolución de septiembre de 1840, centrado en exclusiva en la retirada de la Ley de Ayuntamientos, la disolución de las Cortes y la ampliación de la Regencia1 . Tampoco era algo que preocupara a María Cristina a su salida de España, de ahí que ni se tratara en las negociaciones tenidas en Valencia con el Gobierno de Espartero. Pero un manifiesto del infante don Francisco de 25 de octubre en el que la reclamaba para sí mientras sus sobrinas fueran menores de edad, un movimiento que pretendía ser el primer paso para hacerse luego con la Regencia, sacó a la luz un asunto del que nadie se había ocupado hasta ese momento: ¿quién debía desempeñar la tutela de la reina Isabel II y la infanta María Luisa, ahora que su antiguo titular estaba fuera de España?2.
Para María Cristina de Borbón, tenía que ser ella y solo ella, en su condición de madre de Isabel II, así que rechazó de plano las aspiraciones de su cuñado en una carta dirigida al Gobierno desde París el cinco de diciembre: “me opongo del modo más formal y terminante a las injustas pretensiones del Infante”3 . Ella, como su círculo, como el grueso del partido moderado, consideraban que la Monarquía era una institución que precedía a la nación y eran tan soberana como esta, de manera que debía ser ella la que regulara su organización interna, no leyes ajenas por muy fundamentales que fueran como la Constitución. Ahí debían figurar los derechos del ciudadano y repartirse las competencias entre los distintos poderes del Estado, pero nunca crearlos y organizarlos. Y menos aún la Corona, que tenía en España una antigüedad de 14 siglos4 . “No; los diputados de la nación no pu[eden] alterar las bases de la Monarquía española; y no [son] ellos los que dieron los derechos al Trono a la augusta Reina nuestra Señora, a la hija de cien Reyes”, resumió Martínez de la Rosa con respecto a la Constitución de 1837, entonces vigente. Había una Constitución histórica por encima de la jurídicaformal en definitiva, y en ella la institución monárquica era intocable, por eso la demanda de María Cristina de que el asunto se resolviera de acuerdo con “las leyes de la Monarquía”5 . El testamento de Fernando VII, donde se establecía que ella sería la tutora de sus hijas en caso de minoría, debía ser la única legalidad vigente en este caso.
Los progresistas sostenían en cambio que eran las Cortes las que debían resolver el asunto como representantes de la nación. Al contrario que los moderados, defendían que la soberanía residía única y exclusivamente en ella, fuente de toda legitimidad y origen de todos los poderes públicos, así que esa era la única legalidad posible, no fantasmagóricas constituciones históricas6 . “Las Cortes antiguas no son ya [...] sino monumentos históricos que nutren la ciencia de los eruditos, no textos de autoridad para decidir por ella los casos prácticos que puedan ocurrir [...] al interés de la Nación. La Constitución de 1837 es nuestro derecho público, nuestro derecho político”, zanjó San Miguel7 . Por lo tanto, todos los poderes del Estado debían someterse a esa legalidad, la Monarquía incluida, un poder constituido en el fondo como quedara de manifiesto en las Constitución de 1837. Carecía de soberanía propia, sus competencias se consignaban después de las de las Cortes y su organización interna estaba sometida al dictado de aquellas, desde el matrimonio de su titular hasta una posible abdicación, pasando por el nombramiento de una Regencia o los permisos necesarios para ausentarse del reino, conceder una amnistía o enajenar parte del territorio nacional. “La Nación es antes que el Rey”, había adelantado Sancho durante el debate constitucional8 . La última de las facultades respecto a la Monarquía era precisamente el asunto que ahora se debatía, el nombramiento de un tutor en caso de ausencia del designado en el testamento del Rey difunto, el artículo 60, que tanto daría que hablar. La nación se reservaba esa competencia por tratarse de un asunto fundamental para sus intereses, la educación del heredero de la Corona, al que se debía formar con los principios políticos y constitucionales básicos que hicieran de él la persona apropiada para ceñir la Corona de España. El Rey se concebía en resumidas cuentas como una persona pública, porque públicos eran los intereses que estaban en juego, por eso reservar a la nación el nombramiento del tutor y apartar a la familia real, más interesada por lo general en sus propios intereses que en los generales. “La educación de un Rey no interesa solo a la familia, interesa al Estado; el cuidado que debe tenerse de su persona es de más importancia que la de un persona privada”, aclaró Vila durante el debate constitucional de 1837. A eso se reducía todo al final de acuerdo con el progresismo y la estricta aplicación del principio de la soberanía nacional: la Monarquía pertenecía a la nación y no al revés, o como dijera Díez, “el Rey es una propiedad preciosa de la Nación, es una alhaja por cuya conservación las naciones deben trabajar mucho”9 .
La partida se decantó en un principio a favor de María Cristina gracias al respaldo del Gobierno, que le prometió a comienzos de noviembre que seguiría siendo la tutora de sus hijas. “Este negocio no ofrece el menor cuidado en ningún sentido, ni [se] le da importancia alguna”, le tranquilizó Ferrer, ministro de Estado, que también le adelantó que se consultaría al Tribunal Supremo para darle la mayor legalidad al asunto10. Ella recibió la noticia con la mayor satisfacción a pesar de su mala relación con el Gobierno, porque siempre supo de la enorme importancia política de la tutela, más allá de las distintas concepciones de la Monarquía, la soberanía o la Constitución. Quien estuviera a cargo de la tutela y educación de Isabel II ahora que solo quedaban tres años para el comienzo de su reinado efectivo podría moldear a su gusto la nueva monarquía constitucional, así que no iba a dejar escapar un depósito de poder de esa magnitud para dejarlo en manos de la nueva situación política e institucional salida de la revolución11. Eso sí, dada la distancia que la separaba de sus hijas, propuso a Espartero el nombramiento de una junta de tres o cinco personas de “probidad sólida, instrucción, experiencia y fidelidad al trono” encargada de ejercer la tutela durante su ausencia, la cual sólo podría despachar con ella, una suerte de tutela sometida a su tutela por lo tanto. Quintana podría ser uno de sus miembros, “en quien reconozco todas las calidades que busco”12.
El dictamen del Tribunal Supremo lo cambió todo, sin embargo. Renovado en su totalidad tras la revolución de septiembre, resolvió el 16 de noviembre que tendrían que ser las Cortes las que decidieran sobre el asunto, bien para establecer si la tutela estaba vacante, algo en lo que no se ponían de acuerdo; bien para nombrar a un nuevo tutor en caso afirmativo. Zumalacárregui, González, Landero, González Alonso o Fernández del Castillo, los fiscales progresistas más destacados, llevaban la cuestión a su terreno y establecían que “las augustas personas del Rey y de su inmediato sucesor han sido siempre consideradas como pertenecientes a la nación más que a sus propias familias”, la estricta aplicación del principio de la soberanía nacional por consiguiente. También rechazaban la petición del infante porque la tutela de los reyes no se regulaba por las leyes comunes a las que él apelaba, sino por las políticas con la Constitución a su frente, y en su artículo 60 se establecía que los tutores serían el padre o la madre mientras permanecieran viudos, no los tíos, pero eso era ya lo de menos. El Tribunal Supremo acababa de dar un golpe de timón y lo fiaba todo a las Cortes que salieran de las elecciones de febrero, las más radicales posibles casi con toda seguridad, habida cuenta que serían elegidas al calor de la revolución de 1840 y la mayoría del partido moderado estaba en el exilio. Que el Supremo sostuviera en su dictamen que la Reina madre “quiso romper y rompió en efecto todo lazo político con el Estado, y que echó de sí la tutela de sus hijas”, y recomendase una inspección a fondo de las alhajas y efectos de la Casa Real para reparar cualquier desfalco que resultase, era un buen indicativo de lo que podría suceder durante la discusión parlamentaria13.
A sabiendas de esa posibilidad, María Cristina se desdijo de lo anunciado solo un mes antes y anunció el 21 de enero que después de un maduro examen renunciaba a la tutela a cambio de la formación de una junta compuesta por Quintana, Montes de Oca, Sancho, Cabello y Donoso Cortés, “debiendo ser el primero presidente y el último secretario”14. Su nueva oferta era un paso atrás de primera magnitud con respecto a la anterior, al punto que incluía a tres reconocidos progresistas, Quintana, Sancho y Cabello, pero ya era tarde para detener la maquinaria puesta en marcha por el Tribunal Supremo tal y como le anunciara Espartero en una carta del 28 de febrero: “[a] V. M. no puede ocultarse que no le es dado una vez hecha la renuncia de la tutela designar las personas que deben desempeñarla. [...] A las Cortes corresponde exclusivamente nombrar tutores”. Él tenía las manos atadas por la Constitución y el dictamen del alto Tribunal. En definitiva, el sacrificio había sido en vano. Así las cosas, María Cristina decidió confiar la defensa de sus intereses a Juan Donoso Cortés, a quien citó en Lyon a mitad de marzo por medio de su secretario particular, Castillo y Ayensa. “La experiencia y disposiciones de V. y sus vastos conocimientos en los negocios y leyes de la Monarquía” eran ya su última esperanza15.
Donoso Cortés era entonces un actor secundario de la política española. Había comenzado su carrera pública con fuerza, primero como enviado de Mendizábal a Extremadura para apaciguar la revolución de 1835 y luego ayudando a fundar el partido moderado al año siguiente, pero todo fue una cuesta abajo a partir de ese momento16. Elegido diputado en las elecciones de septiembre de 1837, su única intervención parlamentaria fue recibida con risas y burlas, de manera que ya no volvió a pedir la palabra, lo mismo que en su siguiente comparecencia en el Congreso, en 1840. A esas alturas solo era miembro de la comisión electoral del partido, para la que fue elegido en último lugar además17. Mucho más que un político, Donoso era sobre todo un hombre de letras y un intelectual desde que ingresara en la Universidad de Sevilla a los 14 años para cursar leyes y prometiera leerse todas las bibliotecas de la ciudad, algo que cumplió18. Sus lugares fueron siempre, como consecuencia, la cátedra, el Ateneo, los folletos políticos o la prensa, donde escribió con profusión, no las Cortes y su estrecho juego de réplicas y contrarréplicas. Haber sido el bicho raro de la política española durante los años 30, alguien ajeno en lo fundamental a sus usos y costumbres, tampoco le ayudó a hacer carrera. Era un veinteañero cuando lo habitual era peinar canas para acceder a los cargos públicos; estudiaba diez “o más” horas al día en una ciudad cuyos habitantes desayunaban a las diez de la mañana por lo general y las Cortes abrían sus sesiones a las once porque antes era una hora “intempestiva”; estaba al tanto de todas las novedades intelectuales europeas a pesar del tradicional atraso español en ese campo, al punto que Gallardo lo llamaba “Guizotito”; tenía una prosa y una oratoria arrebatadora que no se parecía en nada al estilo entonces imperante; y era un apasionado del mundo de las ideas y su difusión cuando “en España no se quieren filosofías, sino hechos materiales como puños, y lo singular es que es quizás la única nación en el mundo que no ha tenido filósofo alguno en ningún tiempo”19. No se parecía a nadie de su época en definitiva y solo se pertenecía a sí mismo, “mi individualidad fiera y solitaria” que dijera él mismo, una soledad que se alimentaba mucho del romántico que siempre fue20.
Donde la mayoría sólo veía a un verso suelto algo extravagante, María Cristina y Fernando Muñoz, su segundo marido, supieron distinguir sin embargo a la persona que necesitaban para la cuestión de la tutela, alguien cuyos supuestos defectos eran virtudes en realidad. Haber estado en los márgenes del partido moderado le avalaba como ajeno a lo sucedido durante el ominoso verano de 1840, cuando ninguno de sus líderes respondió a las llamadas de auxilio de ella. Los cargos de Muñoz contra esos “imbéciles moderados [...] [que] la han dejado [...] aislada” no eran aplicables a él por lo tanto, un simple diputado durante todo ese tiempo que abandonó el país en julio. Sus conocimientos históricos, jurídicos y políticos, esa erudición de la que tantos se reían en el pasado, eran su mejor carta de presentación para encargarse de un pleito que exigiría un dominio amplio de esas materias. Y la confianza en sí mismo que le había permitido navegar en solitario durante esos años tras cortar con gente del peso de Mendizábal o Alcalá Galiano suponía la mejor carta de presentación para hacerse cargo de una misión no apta para espíritus débiles, ya que incluiría entrevistarse con las más altas instancias del Estado y viajar con frecuencia entre París y Madrid. Monárquico hasta el exceso, Donoso aceptó el encargo al instante, “porque sería yo el más ingrato de los hombres y el más indigno de los vasallos de S.M. si no acudiera a este generoso llamamiento”, así que se dirigió a Lyon para recibir las instrucciones oportunas. Celebrado el encuentro, María Cristina comunicó a Espartero el 23 de abril su oposición a renunciar a la tutela mientras no tuviera la garantía de que fuera a recaer en personas de su confianza, algo que nunca podría suceder mientras el asunto lo resolvieran las Cortes, “mis más implacables enemig[as]”. “Renunciar de ese modo sería renunciar sin condiciones, sería hacer una dejación absoluta y aventurada de todos mis derechos”, añadía, por eso el reclamar garantías mucho más sólidas que los vagos ofrecimientos que le hiciera en su carta del 28 de febrero. Obtenerlas sería la labor de Donoso de ahí en adelante, de cuyo nombramiento como su comisionado le informó tres días más tarde, el 29 de abril. “Confío mucho en el resultado de estas conferencias”, concluía21.
Donoso Cortés en Madrid.
Donoso llegó a Madrid la tarde del seis de mayo después de cruzar la frontera por Bayona el día dos. Esa misma noche se entrevistó con Espartero, un encuentro “franco y amistoso” en el que le presentó su plan para llevar el asunto a buen puerto a la.
GARRIDO Donoso Cortés y la tutela de Isabel II
vista de que él no había encontrado aún ninguna solución tal y como reconociera sin rebozo. Comprometerse a “influir con todo [mi] poder para que la persona o personas en quien recayese el cargo de la tutela fueran dignas de la confianza de V. M.”, lo único que le dijo al respecto, no sería garantía suficiente para convencer a las Cortes salidas de las elecciones de febrero, las más radicales en años. Así las cosas, Donoso le propuso que influyera en las comisiones del Congreso y el Senado para que el expediente sobre la tutela fuera devuelto al Gobierno con un voto de confianza, tras lo cual podría resolverlo por sí mismo o enviarlo de nuevo a las Cortes acompañado en esta ocasión de un proyecto de ley en el que dejara clara sus intenciones. Se trataba en definitiva de que el Gobierno le arrebatara la iniciativa a las Cortes, “una asamblea anárquica y tumultuosa”, cuya comisión para el dictamen sobre la tutela estaba formado por gentes como Caballero, Alonso y González Bravo, “revolucionario incorregible y sombrío” el primero, “redactores del Guirigay y conocidos por su republicanismo atrabiliario y demente” los segundos, en fin, “la peor [comisión] que pudiera imaginarse”. Espartero, sorprendido al escuchar la propuesta, consciente de que no podría resolver por sí mismo un asunto que sobrepasaba con mucho el campo de sus conocimientos, se limitó a contestar que lo mejor sería esperar al Gobierno que habría de salir tras la elección de la Regencia, un asunto que se decidiría en unos días22.
Donoso aprovechó ese tiempo para escribir varios artículos en El Correo Nacional en defensa de los derechos de María Cristina, verse con la minoría moderada del Congreso y el Senado y arrancar de González, Olózaga, Luzuriaga y Sancho la promesa de que harían lo posible para que la cuestión de la tutela llegara lo más tarde posible a las Cortes, compromiso al que se sumó después Seoane gracias a las gestiones de su cuñado, Juan José García Carrasco, Carrasco como lo llamaba él siempre23. De todos ellos el más valioso era Olózaga por pertenecer a la comisión sobre la tutela y haber anunciado ya en el Congreso por su cuenta y riesgo que “ningún asunto menos que este puede esperarse que se ocupe dentro de poco”, de ahí que se entrevistara con él en varias ocasiones, una de ellas en su propia casa. Fuera de eso, los trabajos de esos días le sirvieron para reafirmarse en su impresión inicial acerca de las Cortes: “no hay asamblea deliberante que se le asemeje en la historia”, o como le dijera un progresista como Sancho, “en el Congreso ha[y] cuatro o cinco docenas de diputados cuyo lugar e[s] un presidio”24.
Formado el Gobierno el 20 de mayo, Donoso volvió a verse con Espartero con el objeto de recordarle la necesidad de resolver el asunto cuanto antes, para lo cual le propuso retirar el expediente de las Cortes a la brava, “medio todavía más llano y expedito”, pero solo pudo sacar de él que el asunto se trataría en uno de los primeros consejos de ministros. El nuevo presidente del Gobierno, Antonio González, con quien se entrevistó a continuación, le prometió lo mismo en medio de “mil protestas” de respeto y amor a María Cristina. Las cosas no tenían buen aspecto así y todo. Espartero era una esfinge imposible de descifrar, “un misterio”, “un arcano”, a quien no había manera de sacar una promesa o saber al menos su pensamiento, a ese punto llegaba su silencio. “En la lucha que hay entre los dos, lucha en que él tiene por objeto ocultar y yo descubrir […], hasta ahora él es el vencedor y yo soy el vencido”, tuvo que reconocer a pesar de su orgullo, aunque “su profunda indiferencia y [...] su helada apatía” le hacían temerse lo peor. González, nombrado presidente después de dos semanas de crisis ministerial en las que él mismo, Olózaga y Sancho recibieron antes el encargo, no parecía que fuera a contar con la mayoría de las Cortes tras formar un Gobierno compuesto en exclusiva por partidarios de la regencia única, justo lo contrario a lo expresado por el grueso del Congreso durante la votación de la naturaleza de la Regencia. Su falta de carácter no hacía prever además que fuera a ejercer la misma presión de antes ahora que era Presidente para que el debate sobre la tutela se retrasara, “teniendo que obrar a la luz del mediodía y que echar sobre sí la responsabilidad de sus acciones”. Y el Gobierno, formado por Alonso Ruiz de Conejares, Surrá y Rull, Infante y San Miguel, no era más que un conjunto de medianías sin peso específico en las Cortes o el partido de las que dudaba que fueran a defender a María Cristina a la hora de la verdad. “[Son] personas que temen a la revolución y que temiéndola la halagan y la adulan; y que adulándola y halagándola obran siempre como si fueran revolucionarios sin serlo”, en fin, “el Ministerio [...] menos a propósito para llevar a buen término la cuestión de la tutela”25.
Los acontecimientos le dieron la razón muy pronto. Dos días después de sus entrevistas, González le confesó en un encuentro en su secretaría de despacho que era “imposible” sacar el expediente de las Cortes debido a la minoría del Gobierno en su seno, lo que Donoso se había temido desde el primer día. No cabía además arreglo posible, ya que la mayoría le había abordado esa misma mañana de manera amenazante para comunicarle que el asunto de la tutela había sido elegido la noche anterior para atacar y derribar al Gobierno en caso de que no discurriera conforme a sus intereses. “V. no sabe con qué gentes nos las tenemos que haber”, le reveló con el miedo reflejado en la cara. Lo único que podía prometerle a esas alturas era dilatar un poco el asunto mientras la comisión elaboraba su dictamen, a la que había enviado ya el testamento de Fernando VII “para que se entreteng[a]”. Superado ese trámite, el Congreso comenzaría la discusión de forma irremisible, así que lo mejor sería que María Cristina renunciara antes a la tutela para evitar “discusiones escandalosas”. El Gobierno, a cambio, se comprometía a que fueran elegidos tutores “Quintana, Sancho y otro”, que todo apuntaba a que sería Argüelles. Donoso le replicó de la misma forma que lo hizo con Espartero en su primera entrevista: si el Gobierno no tenía mayoría en las Cortes, tampoco podía garantizar la elección de Quintana, Sancho o quien fuera, “porque estando V. seguro de lo primero, mal puede prometerme lo segundo”; “V. no reflexiona que está en contradicción consigo mismo”, añadió. Espartero, con quien se vio a continuación, tampoco supo resolver ese nudo gordiano, aterrado también él ante una situación que “temía más que a un cañón de a veinte y cuatro”. Infante y Camba, los ministros de Gobernación y Marina, a los que sondeó a través de su cuñado, se expresaron en los mismos términos, señal de que todo se había acordado en el Consejo de Ministros. Y Olózaga, su contacto en la comisión del Congreso, solo se comprometió a presentar un voto particular contrario al de la mayoría, aunque no descartaba usar la licencia que ya tenía pedida para regresar a la embajada de París, su destino desde la revolución de $1 8 4 0 ^ { 2 6 }$ .
En definitiva, nadie de los que podían hacer algo por María Cristina quería enfrentarse a las Cortes, presa todos del miedo más atroz, “la enfermedad reinante hoy”. González se hallaba “como combatido por encontrados temores”, Espartero parecía “una flaca mujer [con] un ataque de nervios” y Olózaga estaba “también sobrecogido del miedo”, la causa de no haber admitido la presidencia del Gobierno en su día. La suerte de la tutela estaba sellada, por mucho que doliera admitirlo: “es una cuestión perdida, sin que haya amigo o enemigo que lo dude”, “la revolución será tutora de la Monarquía”. Lo único que cabía intentar era dilatar la discusión por todos los medios, estrategia que tal vez diera sus frutos. Un debate largo podría provocar un conflicto entre las Cortes y el Gobierno del que quizá resultara la disolución de las primeras o la caída del último, “y en cualquiera de los dos casos, V. M. puede ganar mucho y no puede perder nada”. O, sin llegar a tanto, podría alcanzarse el habitual cierre de la legislatura de julio y en ese caso María Cristina seguiría conservando la tutela hasta su reapertura en otoño, un tiempo en que tal vez se produjera algún suceso favorable. Donoso se comprometía a trabajar en esa línea a partir de ese momento con todas sus fuerzas, “a costa de mi vida”, aunque reconocía al mismo tiempo sentirse agotado después de un mes de trabajos, “mis fuerzas se agotan [...], no puedo más, abandonado de todo el mundo”. Hacerlo todo en solitario, “porque llevo siempre por regla de conducta no valerme de los demás para lo que yo mismo puedo hacer” como le confesara a Muñoz, comenzaba a pasarle factura. No pensaba cambiar de táctica pese a ello, ya que “un necio solo sabe más que muchos sabios [...] [y] un Rey absoluto imbécil gobierna mejor un Estado que las Cortes más sabias y profundas”27.
Las negociaciones entre González y Donoso se repitieron a continuación al más alto nivel. A finales de mayo, Espartero escribió a María Cristina para pedirle formalmente su renuncia a la tutela bajo la amenaza de que la discusión parlamentaria tendría graves e inevitables consecuencias para su honor, nombre y reputación, es decir, saldría a la luz que estaba casada con Muñoz y tenía varios hijos de su segundo matrimonio, “una discusión pública que ha de envolver los actos de la vida privada”. A cambio, le prometía que haría cuantos esfuerzos estuvieran a su alcance para que fueran nombradas algunas de las personas propuestas por ella en su día, Quintana y Sancho “y un tercero de la clase particular que se uniese a estos”. La oferta era la misma que le hiciera González a Donoso días antes, así que la respuesta de María Cristina fue también la misma. No renunciaría a la tutela sin tener las mínimas garantías, y menos aún después de “algunas insinuaciones ambiguas [...] y que en sí mismas son tan injustas y ofensivas para mí que mal puedo considerarlas como medios de persuasión, sino como medios de coacción e intimidación”. El choque entre ambos dio lugar a un nuevo cruce de cartas en el que Espartero reculó un tanto al asegurar que sus palabras estaban muy distantes de la idea que ella se había formado, y María Cristina elevó aún más el tono acusándole a él y a su Gobierno de haber forzado su salida de España “a fuerza de insultos, calumnias y bárbaras exigencias”, para pretender ahora arrancarle la tutela y separarle definitivamente de sus hijas. El fondo de la cuestión permaneció inalterable sin embargo. Espartero siguió remitiéndose al dictado de las Cortes pese a reconocer que si de él hubiera dependido “V. M. hubiera sido complacida en cuantas insinuaciones se hubiera dignado hacerme sobre este delicado asunto”, mientras que María Cristina continuó encastillada en su propuesta de enero, una junta de regencia formada por Quintana, Montes de Oca, Sancho, Cabello y Donoso Cortés28.
Donoso se dedicó mientras tanto a preparar el debate en el Senado ya que era allí donde más posibilidades tenía la causa de María Cristina. La Cámara solo se había renovado en un tercio en las anteriores elecciones, lo que establecía la Constitución en su artículo 19, y de ganar la votación, el asunto quedaría desechado, por más que sí se hubiera aprobado en el Congreso, que ya no podría volver a presentarlo mientras durase la legislatura. Para ello, para “hacer tablas” como dijera gráficamente, reunió a todos los senadores moderados en casa del duque de Castroterreño a fin de que comprometieran su voto, solicitó a los que aún estaban en provincias y no habían tomado posesión de su escaño a hacerlo cuanto antes, y acordó en una nueva reunión que la defensa de María Cristina se aglutinara en torno a un voto particular que presentarían el conde de Pinofiel y Álvarez Pestaña, miembros ambos de la comisión de tutela. La discusión en el Congreso se daba en cambio por perdida a tenor de la composición de la Cámara, “una facción enemiga de V. M. y otra indiferente”. Y más después de saber por medio de Espartero que el Gobierno no pensaba ni intervenir en la misma, la demostración definitiva de que “todo lo que sea ponerse en contradicción con las Cortes espanta a estos hombres de Estado que arrastran penosamente su efímera vida ministerial a fuerza de ser cortesanos de la revolución de septiembre”. El comienzo del debate estaba además al caer, tal y como le revelara Olózaga el 12 de junio. En contra de lo prometido en un principio, sus compañeros de comisión no iban a esperar a reunirse con la del Senado para acordar los trámites que debían seguirse y querían presentar su dictamen “inmediatamente”, así que lo único que podía hacer ya por retrasar el debate era incluir un voto particular. El dictamen se presentó al día siguiente y en él se incluyó todo lo que Donoso venía temiéndose desde que fuera nombrado comisionado por María Cristina. Además de establecer la primacía de leyes constitucionales sobre el derecho común y rechazar las pretensiones del infante don Francisco, lo que ya decidiera el Tribunal Supremo en noviembre, establecía que la tutela estaba vacante porque la Reina madre no podía ejercerla desde un “Reino extraño” y se había puesto en desacuerdo con la causa nacional, de tal forma que correspondía nombrar un nuevo tutor de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución. El momento de verse las caras con las Cortes había llegado. “Puedo asegurar a V. M. que ha[ré] todos los esfuerzos de que soy capaz y que no abandonaré el terreno sino palmo a palmo”, prometió Donoso29.
El debate parlamentario.
La discusión comenzó al final el 22 de junio. De acuerdo con el reglamento del Congreso30, la primera intervención correspondió a Olózaga como autor del voto particular en el que reclamaba enviar un mensaje al Senado antes de nada para acordar los trámites que debía seguir la cuestión, lo que prometiera en su día a Donoso.
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También aprovechó su turno para criticar “el deseo de brevedad”, “cierta precipitación”, pero fue desechado por la mayoría y ahí murió el último intento por retrasar la discusión31. Después de una enmienda de Luzuriaga, también rechazada, comenzó la discusión del dictamen como tal con un discurso en su contra de Pacheco, el único de los partidarios de María Cristina que “está acostumbrado a hablar en la tribuna”, como le adelantara Donoso días antes. Ambos, amigos desde su época de estudiantes en la Universidad de Sevilla, prepararon juntos la intervención. La cuestión era muy simple a su juicio: la tutela no estaba vacante, como sostenía el dictamen, porque María Cristina no había renunciado a ella en octubre de 1840, cuando hizo dimisión de la regencia y solo de la regencia. Estaba ausente de España, cierto, pero podía regresar en cualquier momento gracias al pasaporte que le expidiera en su día el Gobierno a nombre de duquesa de Vista Alegre, documento con el que viajaba por toda Europa y era recibida por el cuerpo diplomático español. “Su Majestad puede volver; nadie puede decir que S. M. estará el mes próximo fuera de España”, advertía. No había caso en definitiva, y que la comisión intentara crearlo de la nada en su dictamen era un atentado contra el ya famoso artículo 60 de la Constitución. Al cabo, ¿había un Rey menor sin un tutor nombrado por el Rey difunto o sin la presencia de su padre o su madre en caso de no haberse realizado ese nombramiento, los dos supuestos que ahí se contemplaban para que intervinieran las Cortes? Era evidente que no, porque Fernando VII había nombrado a María Cristina tutora de sus hijas en su testamento, así que el Gobierno no debió dar curso a este negocio, ni mucho menos traerlo a las Cortes. Aplicar el artículo 60 como reclamaba el dictamen era por tanto contrario a la Constitución, “porque las Cortes, por ninguna ley del mundo, sino por la de la revolución, que no es ley para las Cortes, pueden quitar esta tutela a la persona que la desempeña para dársela a otra”. De aprobarse el dictamen de la comisión, a la que acusó de “ligereza”, las Cortes cometerían el crimen de ir más allá que la propia revolución de 1840, que en ningún momento puso en duda el derecho de María Cristina a ejercer la tutela de sus hijas. “¿Haremos nosotros lo que la revolución no hizo? ¿Seremos más revolucionarios que la misma revolución?”, se preguntó para acabar con cierto aire teatral32.
A Pacheco le contestaron Alonso y Caballero en nombre de la comisión los días sucesivos. Para ellos, la cuestión también era muy sencilla: la tutela estaba vacante desde que María Cristina renunciara a ella en octubre de 1840 por la vía de los hechos, “porque quien abandona el país, quien deja la defensa de intereses especiales que no pueden desempeñarse por delegación de ninguna persona, claro es que no quiere desempeñarlo”. Cierto era que el artículo 60 solo incluía dos casos para declararla vacante, pero tampoco recogía otros como una posible demencia del tutor y era claro que entonces también habría que aplicarlo. La ausencia del tutor era otro de esos casos no escritos, algo que había reconocido el propio Pacheco durante su intervención, en una de cuyas partes reclamó señalar un plazo para el regreso de María Cristina, y en caso de no ajustarse a él, hacer oficial su renuncia”. “S. S. ha convenido en que si la ausencia de la Reina madre fuese perpetua o duradera, se debía considerar vacante la tutela”, le recordó Caballero en su turno de réplica. La conclusión era obvia, así las cosas. Si María Cristina se había abstenido de ejercer sus obligaciones como tutor durante los anteriores seis meses, ya no podía denominarse como tal, como tampoco reclamar el cargo para sí, porque la fuerza de los hechos contradecía sus protestas de ahora33. El resto del debate fue repetir por unos y otros los argumentos utilizados en las intervenciones iniciales, aunque en el caso de los contrarios al dictamen resultaron de mucha menos calidad que la de Pacheco, lo que siempre se temió Donoso del resto de partidarios de María Cristina, diputados por las provincias vascas y Navarra en su totalidad. Y es que como dijera uno de ellos, Aldecoa, diputado por Vizcaya, “los habitantes de las provincias del norte no tenemos la facilidad de producirnos que otros señores tienen, y que ejercen con tanta habilidad y maestría. Nosotros concebimos con esterilidad y nos expresamos con suma dificultad; no tenemos el arte de hablar en grandes reuniones, porque solo acostumbramos a hacerlo en reuniones de familia”. El asunto se declaró suficientemente discutido el 28 de junio después de solo cuatro sesiones, una de ellas nocturna34.
Más allá de la pugna parlamentaria, lo que estaba detrás del debate sobre la tutela de Isabel II era de nuevo la naturaleza última de la Monarquía. Para Pacheco y los moderados se trataba de una institución plena de soberanía, por eso el apelar al testamento de Fernando VII para regular su organización interna, lo mismo que el recordar los logros de María Cristina durante su regencia como la amnistía de los liberales exiliados o la apertura de las Cortes, medidas de las que fueron beneficiarios cuatro de los miembros del Gobierno, “todos cuatro emigrados, todos cuatro proscritos, y todos cuatro vueltos a su Patria por la amnistía de S. M.”, un golpe bajo responsabilidad de Donoso, para quien el Gobierno debía sufrir “las congojas de la agonía y los trasudores de la muerte” por su pasividad desde el comienzo del asunto35. Y para la comisión y los progresistas era una institución que debía estar supeditada a la nación, la única titular de soberanía posible, “pues, señores, las Naciones son superiores a todo en el hecho y el ejercicio de su soberanía”, de ahí el reivindicar las Cortes y la Constitución como única fuente de derecho. Los méritos dignos de reseña eran en consecuencia los acumulados por la nación durante los años de la guerra civil, “tantas lágrimas, tantos infortunios, tanta sangre vertida en los campos de batalla, tantos cadáveres hacinados donde quiera, tantos incendios que han arruinado la fortuna de millares de familias”, en suma, la conquista de la libertad por los españoles entre 1833 y $1 8 4 0 ^ { 3 6 }$ . Los de María Cristina eran en cambio muy menores por comparación: una amnistía interesada, porque de no haber mediado una guerra civil que combatía su legitimidad nunca la hubiera aprobado; un Estatuto Real “raquítico” y unos principios de moralidad más que dudosos, aunque sólo Pascual se atrevió a decir lo que todos estaban pensando: “Su Majestad se encuentra casada; y estándolo, claro es que ha caducado su tutela según la letra de la Constitución”37.
GARRIDO Donoso Cortés y la tutela de Isabel II.
Fuera de esto, una demasía criticada incluso por la misma comisión, el debate discurrió por los cauces de la más absoluta cortesía parlamentaria, al extremo que ni se hizo alusión a la supuesta malversación del Patrimonio Real por parte de María Cristina, uno de los temores de Donoso, que acordó reunirse con el consultor, el contador y el alcaide de Palacio al término de cada sesión por si era necesario preparar una réplica para el día siguiente38. Fue también Donoso el que escribió a María Cristina a final de junio para informarle del resultado de la discusión en el Congreso, el que se preveía desde un principio habida cuenta de la relación de fuerzas en su seno. Como los moderados, también él se rebelaba contra “estos tiempos en [que] [las Cortes] tienen más fuerza que todos los testamentos de los Reyes”, “el absurdo principio de las Cortes haciéndolo todo”. Acompaño su carta de una minuta de protesta por si María Cristina quería publicarla con su firma, el mejor medio para hacer público su rechazo a lo sucedido y dejar claro que no consentía que nadie le arrebatara sus derechos por muy Cortes que fueran. “V. M. [debe] levant[ar] su voz Augusta para protestar contra el inicuo despojo”, le recomendaba39.
Las cosas fueron muy distintas en el Senado. Como en el Congreso, la comisión también declaró vacante la tutela de “las excelsas Pupilas” en su dictamen, pero luego el debate parlamentario discurrió por cauces bien diferentes. Si Donoso no pudo reunir en el Congreso más que a dos diputados partidarios de María Cristina, Pacheco y Aldecoa, por eso el ventilarse el debate en cuatro sesiones, en el Senado pidieron la palabra el conde de Pinofiel, Álvarez Pestaña, García Carrasco, el obispo de Córdoba, Ruiz de la Vega y San Miguel solo el primer día, lo que propició un debate de siete sesiones, algunas de ellas prorrogadas, la primera vez que un asunto se discutía más tiempo en la Cámara Alta que en la Baja40. A lo prolongado del debate se sumó además un tono bronco inédito en el Senado, de natural calmo y sereno dado el perfil de sus miembros, “hombres templados por la madurez de los años y amaestrados con las lecciones del infortunio y de la experiencia”, como los definiera Ruiz de la Vega, senador él mismo41. Tras una primera sesión de guante blanco, la habitual cortesía parlamentaria se rompió a raíz de la intervención del cuñado de Donoso, García Carrasco, que utilizó toda la pirotecnia verbal marca de la casa para defender la posición de la minoría: la discusión era un “escándalo social”, el Gobierno “más revolucionario que la revolución misma”, la declaración de vacante “un criminal despojo” y la conveniencia pública “[una] traducció[n] de aquella vaga aunque tremenda idea a que siempre apelaron los tiranos para legitimar sus crímenes”. No contento con eso, al final de su discurso entró de lleno en la supuesta malversación del Patrimonio Real, “asunto [...] falso y calumnioso”, para reclamar que la comisión de inventario nombrada por el Gobierno incorporase a personas designadas por María Cristina que protegieran sus intereses, “porque, señores, lo que aquí pasa es inaudito: aquí se acusa, y no se permite la defensa”. “Ya que se arrojó este guante aquí, aunque está sucio yo lo recojo”, anunció desafiante poco antes de ser interrumpido por una lluvia de insultos desde la tribuna, lo que obligó al Presidente a llamar al orden. Todo se envenenó a partir de entonces, a tal extremo que en esa misma sesión, tras la intervención del obispo de Córdoba, el marqués de.
Castelldosrius sufrió una congestión cerebral y en el delirio posterior sólo acertó a decir, “yo quiero votar por mi Reina, quiero que Carrasco me escriba mi voto”42.
Al día siguiente, Ruiz de la Vega acusó a la comisión de haber obligado a todos los senadores “a meternos en una cambronera en que nos vemos llenos de espinas” en alusión a la “espinosa confianza” de que hablaba en su dictamen, una burla que provocó las risas de la Cámara y la movilización de la mayoría progresista para acabar con el debate cuanto antes, y cuyo primer paso fue la presentación de una proposición para declarar el asunto discutido a pesar de haberse acordado a su inicio que no concluiría hasta que no interviniesen todos los que habían pedido la palabra43. La proposición no se aprobó al final, pero la sesión se prorrogó una hora y al día siguiente, sábado 3 de julio, se acordó celebrar dos sesiones, una ordinaria y otra nocturna por primera vez en la historia del Senado, sesión que fue prorrogada a su vez, de manera que los senadores no abandonaron sus escaños hasta pasada la una de la madrugada44. No había precedentes de nada similar en la historia parlamentaria española, o como dijera uno de sus miembros, “circunstancias nunca antes vistas ni imaginadas en este respetable Cuerpo”45. Toda la atención pública giró entonces hacia la discusión del Senado, de la que se hizo amplio eco la prensa, la tribuna o las conversaciones privadas, la consecuencia de estar asistiendo a una verdadera revolución en las formas tras años de corrección parlamentaria. “No hay nadie que no hable de ella”, resumió un senador. Presenciar a hombres de tanta edad y dignidad echándose los trastos a la cabeza, “como fuera de sí mismos, como olvidados de lo que se deben y a sus compañeros, y sobre todo de lo que deben a este sagrado recinto”, no era algo a lo que estuviera acostumbrado el liberalismo español. Tan anómalo era todo que Landero, antiguo ministro de Gracia y Justicia, tuvo que hacer un llamamiento a la calma para rebajar el “acaloramiento”, la “confusión”, “la palabrería” y “la desmedida licencia con que se han pronunciado algunos señores”, lo contrario a lo sucedido en el Congreso, cuyas formas reclamó imitar para lo que quedaba de debate cuando lo habitual era lo contrario46. Casos como el del marqués de Castelldosrius no podían volver a repetirse, como tampoco el de Ruiz de la Vega, un senador de 52 años que reconoció estar al borde del colapso tras no haberse cambiado de ropa en 37 horas y llevar 62 sin dormir. “Y no ha sido esto por causa de ningún pasatiempo mío voluntario, sino por ocupaciones urgentes y dependientes todas de trabajos del Senado”, aclaró. La discusión se calmó a partir de ese momento y concluyó al final el cinco de julio tras una nueva sesión nocturna, que se levantó esta vez a las doce media de la noche47.
Lo que no varió fueron los argumentos de unos y otros. Los contrarios al dictamen volvieron a sostener que la tutela no estaba vacante porque no había renunciado a ella su legítimo titular, María Cristina, la cual sólo estaba ausente de.
GARRIDO Donoso Cortés y la tutela de Isabel II.
España de forma temporal, nada más. Convenían en que la situación era algo anómala, pero no lo suficiente como para hacer una declaración de vacante de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución, “porque la ausencia temporal de S. M. no es causa de remoción y no produce vacante”48. ¿La conclusión? No había lugar a deliberar el asunto, que en verdad no debía haber llegado siquiera al Senado al carecer de toda base constitucional, un argumento utilizado por todos los senadores moderados en algún momento de su intervención tal y como les dictara Donoso en una de sus reuniones49. Continuar con el debate y declarar vacante la tutela sería por tanto una violación de la Constitución, “una infracción manifiesta, clara y terminante del art. 60 [...]: atentado en sí grande, y acompañado de gravísimas circunstancias”, ya que ahí sólo se contemplaban dos casos para ello, la falta de un tutor testamentario o la ausencia del padre o de la madre, y ninguno de los dos se daba en ese momento. “Los casos marcados en la Constitución para el nombramiento de tutor no han llegado todavía”, resumió un senador moderado50. Otra cosa era apelar a razones políticas y no constitucionales para dar un paso de esas características, la repetida “conveniencia pública”, argumento que apenas se esbozó en el Congreso y que ahora apareció con toda su fuerza como consecuencia de la bronca parlamentaria. La mayoría del Senado podría declarar vacante la tutela de Isabel II por una cuestión de número, “porque sois más que nosotros”, pero que no se apelara a palabras huecas que nada decían: la conveniencia pública era en última instancia un derecho cuya autoridad era la fuerza y nada más que la fuerza, no la Constitución o cualquiera de las leyes emanadas de ella. Y como hoy estaba del lado progresista, mañana podría estar del moderado, porque como recordara Díaz Caneja en nombre de la minoría, un recordatorio que resultó al final toda una premonición, “ese bien de la Patria, esa conveniencia pública que tanto se decanta [...] [es] [un] arma de dos cortes que sirve para todos los casos”51.
Los defensores del dictamen se limitaron por su parte a repetir las razones ya esgrimidas en el Congreso. La tutela estaba vacante porque nadie podía ejercerla a una distancia de $\mathbf { \tilde { \Sigma } } ^ { 6 6 } 8 0 0$ leguas”, “200 leguas”, “200 ó 300 leguas”, una cifra en la que nadie se ponía de acuerdo, pero que era el argumento definitivo pese a no estar recogido en la Constitución52. Tampoco se contemplaba la ausencia, muerte, incapacidad por imbecilidad o enfermedad, mala administración de los bienes, maltrato o cualquier otra contingencia que ocurriera con el tutor, y era claro que en esos supuestos también se declararía vacante. “No era posible que la Constitución abrazara todos los casos”, justificó Landero, ministro de Gracia y Justicia durante su tramitación en 1837. Era una cuestión de pura lógica en definitiva como establecieran varios senadores a lo largo del debate. Si María Cristina llevaba seis meses ausente de España, si estaba además a una distancia de 200 lenguas, no podía velar por la educación, la salud y los intereses de sus augustas hijas como cualquier madre y tutora que se preciara. La pregunta era al final tan simple con definitiva: ¿ejercía de verdad la tutela de Isabel II y Luisa Fernanda?
“Me parece que no”, respondió Landero por él mismo y todos sus compañeros. Y no ejercer la tutela era lo mismo que renunciar a ella en resumidas cuentas, al margen de que no hubiera habido una declaración oficial al respecto, o como dijera Abargues, “dando a entender que no volvería, tácitamente ha renunciado a la tutela”53. Eso era todo. En lo único que coincidieron contrarios y partidarios del dictamen fue en admitir que el debate estaba ya agotado tras cuatro sesiones en el Congreso y siete en el Senado. “Cien vueltas han llevado las leyes de Partida, otras tantas el art. 60 de la Constitución; de manera que no sé cómo ya existe a fuerza de tormento”, reconoció Sánchez Fernández el penúltimo día, palabras que recogió Lasaña desde la otra orilla: “este es un asunto que se ha ventilado hasta la saciedad, y que todos deseamos ver concluido”54.
Concluida la discusión en el Senado, ambas Cámaras se reunieron el 10 de julio en sesión conjunta y declararon vacante la tutela por 206 votos contra 36. Argüelles fue elegido nuevo titular de la misma a continuación con 180 votos de los 239 emitidos, el final de una polémica que había comenzado casi un año antes, cuando el infante Don Francisco reclamó la tutela para sí en un manifiesto fechado el 25 de octubre de $1 8 4 0 ^ { 5 5 }$ . “El crimen se ha consumado”, sentenció Donoso al conocer el resultado de la votación, “este día será tristemente célebre en los fastos de la Monarquía Española”56.
Conclusiones.
A pesar de la derrota, el debate sobre la tutela de Isabel II proporcionó a María Cristina y el partido moderado el altavoz ideal para exponer sus ideas acerca de la naturaleza y organización de la Monarquía, el que no habían podido tener durante las Constituyentes de 1837. La revolución del verano anterior los barrió del poder y muchos de sus líderes estaban en el exilio cuando se celebraron las elecciones. Esta vez contaron, sin embargo, con varios periódicos a su servicio, con El Correo Nacional a la cabeza, distintos semanario de peso como la Revista de Madrid, algún folleto publicado por autores afines y el extenso debate en el Congreso y el Senado, todo lo cual propició que el asunto estuviera en el centro de la agenda política durante meses57. La votación se perdió al final, sí, pero se consiguió hacer tanto ruido durante tanto tiempo que quedó en el ambiente cierto regusto a victoria, o como dijera Donoso, “esta derrota se parece más que a una derrota a un triunfo. La Europa atónita se llenará de estupor”58.
El debate acerca de la tutela de Isabel II tuvo asimismo mucho de ensayo general para lo que vendría solo cuatro años después, la Constitución de 1845. El nuevo Texto consignó en su preámbulo la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, “máxima de nuestros padres”, “vencedora de los tiempos y las revoluciones”, “fuente de todas las cosas legítimas”, justo la misma idea que ya se esbozara en los debates parlamentarios de $1 8 4 1 ^ { \overline { { 5 9 } } }$ . El cambio fue aprobado durante el trámite parlamentario sin discusión, hasta ese punto llegaba el consenso en el partido moderado60. La Corona recuperó como consecuencia muchas de las competencias que en la Constitución de 1837 estaban mediatizadas por la intervención de las Cortes. Ahora solo necesitaría estar autorizado por ellas para cuatro cuestiones, no seis como en el texto anterior, y, sobre todo, recobró el control de su organización interna, lo mismo que se reclamara en 1841: su titular podría casarse sin autorización alguna de las Cortes, a las que solo debería informar, y la regencia la asumiría por defecto el padre, la madre o el pariente más próximo del Rey menor. Las Cortes solo intervendrían en caso de que no hubiera ninguna de esas tres personas, lo contrario de lo que sucedía antes61. La Corona se reservó por último el nombramiento en exclusiva del Senado sin restricción de número alguna, Cámara que se igualó además en facultades al Congreso62. La institución dio así un giro radical con respecto a 1837 por más que la soberanía estuviera compartida, convirtiéndose en el poder principal del Estado. Ya advirtió uno de los padres de la Constitución, Pidal, que “el Trono está sobre las instituciones”63.
El debate sobre la tutela también tuvo mucho de campo de pruebas para Donoso Cortés. No consiguió su objetivo inicial, pero se ganó el respeto y la confianza de María Cristina gracias a su trabajo e inteligencia, “la destreza, cordura y acierto con que ha procedido V. S.”, como le reconoció en la correspondencia iniciada a su llegada a Madrid a través de su secretario, Castillo y Ayensa64. Haber defendido sus derechos en solitario durante tres meses contra viento y marea, cuyo punto culminante fue animar a un grupo de ancianos a dar una batalla en el Senado que sabían perdida de antemano, le avalaba como alguien de una valía y fidelidad extraordinarias. “V. S. puede estar satisfecho de haber alcanzado cumplidamente su noble objeto”, le confesó María Cristina el 16 de julio, fecha para la que ya había decidido adoptar la mayor parte de la minuta de protesta que le enviara días antes65. Donoso lamentó que los cambios introducidos restaran vuelo literario a la versión original, “[y] a los ojos de los buenos sastres se conocen esos remiendos”, pero todo fuera por añadir algo más de pimienta y complacer a María Cristina66. Ambos seguían en contacto por lo tanto a pesar de haber concluido ya el asunto de la tutela, señal de que Donoso había superado con creces las expectativas depositadas en él y formaba ya parte del círculo mágico de sus incondicionales67. Los encargos ya no cesaron de ahí en adelante.
Una vez acabada la minuta, Donoso empezó a escribir una memoria histórica de lo sucedido por encargo de María Cristina tras renunciar a su proyecto original, una recopilación de toda la documentación generada en un año de polémica para que España y Europa pudieran juzgar lo ocurrido de un solo golpe de vista. “Una memoria histórica trabajada con el esmero que V. S. acostumbra [...] alcanzar[á] tal vez mejor [...] el laudable objeto que su incansable celo se propone”, le reconvino entre finales de junio y comienzos de julio, consejo al que se plegó sin rechistar68. Terminó el trabajo a comienzos de septiembre bajo el título de Relación histórica del origen, progreso y definitivo resultado de la cuestión de la tutela de S. M. Doña Isabel II, y de la Serenísima Señora Infanta Doña María Fernanda, dos meses en los que retomó también su proyecto original gracias a los dineros de otro devoto de María Cristina, el comerciante cubano Miguel de Silva, que se comprometió a correr con todos los gastos “aunque el libro se haga de oro”. “Mis ojos se arrasaron en lágrimas, [...] lágrimas de agradecimiento que corrieron por mis mejillas dulces y apacibles”, le reconoció a María Cristina, que dio su visto bueno a la publicación a la vista de que no se suponía coste alguno69. La recopilación recibió al final el nombre de Discusión de las Cortes sobre la tutela de S. M. la Reina Doña Isabel II y su Augusta Hermana con otros discursos y documentos que la esclarecen, 334 páginas que iban desde el testamento de Fernando VII hasta un artículo de El Vascongado de Bilbao pasando por las principales intervenciones parlamentarias70.
Conocer a María Cristina y defender su derecho a la tutela de sus hijas fue en definitiva el punto de inflexión de la vida política de Donoso Cortés, el arranque de una intensa colaboración que se prolongaría durante los siguientes cinco años. Intimar además con Muñoz, con quien hizo gran amistad en estos meses y también tuvo correspondencia, supuso el broche final. Fue él precisamente el que le encargó su siguiente trabajo, una historia de la regencia de María Cristina. No podría comenzarla, de todas formas, hasta su definitiva instalación en París, adonde marchó a finales de septiembre para ponerse al servicio de sus nuevos patronos. Sus días de verso suelto habían terminado. Ahora estaría a las órdenes de “la más grande y la más generosa de todas las Reinas”71.