La clase propietaria durante la Dictadura de Primo de Rivera: una aproximación cuantitativa basada en la cédula personal.
The propertied class during the Primo de Rivera dictatorship: a quantitative approach based on personal ID card.
Roque HIDALGO ÁLVAREZ\* Universidad de Granada
Carmen MORENTE MUÑOZ Universidad de Cádiz Julio PÉREZ SERRANO Universidad de Cádiz.
RESUMEN.
La cuantificación de la clase propietaria en el largo proceso de la industrialización española es una tarea necesaria si se pretende describir históricamente la compleja estratificación social existente en un país que se estaba modernizando con rapidez. En este artículo se cuantifica a la clase propietaria española en régimen fiscal común en el ejercicio económico del año 1926. El Impuesto de Cédulas Personales reformado por el Estatuto Provincial de 1925 permite ponderar provincialmente y clasificar a los propietarios según su riqueza. Las provincias con cédulas más caras, propietarios más ricos y más desigualmente distribuidos eran Madrid, Barcelona, Cádiz y Sevilla. Las de cédulas más baratas, propietarios más pobres y más homogéneamente distribuidos eran Orense, Lugo, Soria y Teruel. Se estima que había dos millones de personas que pagaban contribuciones directas y que una mayor riqueza económica implicaba también mayor desigualdad social.
PALABRAS CLAVE.
Dictadura de Primo de Rivera; clase propietaria; cédulas personales.
ABSTRACT.
Quantifying the propertied class in the long process of Spanish industrialisation is a necessary task if we want to historically describe the complex social stratification that existed in a country that was modernizing rapidly. This article quantifies the Spanish propertied class under the common tax regime in the year 1926. The personal ID card tax, reformed by the Estatuto Provincial of 1925, allows for provincial weighting and classification of owners according to their wealth. The provinces with the most expensive ID cards, with the richest and most unequally distributed owners, were Madrid, Barcelona, Cadiz and Seville. Those with the cheapest ID cards, and the poorest and most homogeneously distributed owners were Orense, Lugo, Soria and Teruel. It is estimated that there were two million people who paid direct taxes, and that greater economic wealth also meant greater social inequality.
KEYWORDS.
Primo de Rivera’s dictatorship; propertied class; ID cards.
Los estudios que se han realizado sobre la clase propietaria española desde la Restauración borbónica de 1874 hasta la proclamación de la II República en 1931 son, por lo general, muy parciales y se han centrado en conocer las relaciones que la aristocracia tenía con el poder económico y en la actividad empresarial del rey Alfonso $\mathrm { X I I I ^ { 1 } }$ . Desde los años noventa del siglo XX, y como parte de la historia empresarial, se han estudiado las diferentes asociaciones que los propietarios crearon para defender sus intereses económicos o para influir como lobbies en la política económica de los diferentes gobiernos de la época2 . Son los grandes propietarios los que se han identificado en este tipo de estudios, sin que se haya analizado la composición interna de la clase propietaria en ese período histórico, que incluye a la dictadura con rey del general Primo de Rivera3 .
La cuantificación de la clase propietaria es una tarea necesaria si se pretende describir históricamente la compleja estratificación social existente en las sociedades modernas. Según la teoría de la estratificación social de Weber, “la clase propietaria sería aquella en que las diferencias de propiedad determinan de un modo primario la situación de clase”; aquí nos vamos a referir a las “clases propietarias positivamente privilegiadas”4 . De esta forma, integramos dentro de esa clase a los propietarios de fincas rústicas y urbanas, industriales, comerciantes y beneficiarios de licencias mineras; independientemente del valor de sus propiedades. La principal dificultad para cuantificar y, en la medida de lo posible, identificar a esa clase es que no existe un registro de esta ni de todas sus propiedades, por lo que se deben utilizar fuentes indirectas. El pago de impuestos al Estado por disponer del derecho o facultad de poseer algo y poder disponer de ello sería una manera indirecta de cuantificar a la clase propietaria. En concreto, el pago de una única contribución directa sobre la propiedad, es decir, un impuesto sobre el patrimonio sería una herramienta útil para alcanzar el objetivo de identificar, o cuando menos para cuantificar a la clase propietaria española en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, la primera contribución sobre la renta personal que se aplicó de forma efectiva a la clase propietaria es de 1932, aunque al contemplar un mínimo exento anual de 100.000 pesetas reducía el número de posibles contribuyentes a 5.000 de los que solo 3.000 declararon, y por esa razón tampoco resulta útil para describir a toda la clase propietaria. Todos los proyectos anteriores de 1910, 1913, 1919 y 1922, presentados por los ministros de Hacienda Cobián, Suárez Inclán, Bugallal y Bergamín, no llegaron nunca a aplicarse5 .
La opción que nos queda para alcanzar el objetivo de cuantificar a la clase propietaria existente antes de 1931 es la de indagar entre los pagadores de contribución territorial, industrial, de comercio y profesiones y el impuesto sobre el producto bruto de la minería. La tarea es harto difícil por diversas razones. La primera es que la única estadística sobre la contribución territorial rústica y pecuaria que está disponible en la Biblioteca Central del Ministerio de Hacienda es la Memoria de la Dirección General de Propiedades y Contribución de 1928, donde se puede observar cómo el avance catastral que se desarrolló desde 1903 hasta 1928, sustituyendo la riqueza amillarada sujeta a cupo por riqueza catastrada sujeta a cuota, implicó una duplicación de los líquidos imponibles6 . El proceso de ocultación de la riqueza rústica por parte de sus propietarios tenía una larga tradición y fue definido expresamente en el Reglamento de amillaramiento de 1878, a pesar de lo cual, los amillaramientos (listas de propiedades de los vecinos) continuaron siendo un instrumento muy eficiente de fraude institucionalizado7 , sin que exista unanimidad al valorar la fiabilidad de los amillaramientos como fuente estadística fiscal desde la reforma tributaria de $1 8 4 5 ^ { 8 }$ . En la citada memoria se indica que en 1928 había 1.455.432 propietarios de fincas rústicas, un número pequeño, porque solo estaba catastrada la mitad del territorio rural. Además, al contar el catastro a los contribuyentes a escala municipal, una misma persona podía aparecer contabilizada en tantos municipios como poseyera activos rústicos, por lo que ese dato no es fiable9 . El oscurantismo era mayor en lo relativo a la contribución urbana, ya que no figura en la memoria el número de contribuyentes, solo se indica el líquido imponible y la cuota, por lo que no sirve para cuantificar a la clase propietaria urbana. En cualquier caso, es llamativo que el registro fiscal de la riqueza urbana se triplicara de 1918 a 1928, al pasar de poco más de 158 millones a más de 475 millones de pts.10.
El resumen estadístico de la contribución industrial, de comercio y profesiones de
1928 sí indica que el número de contribuyentes fue ese año de 679.598, con lo que ese número se duplicó desde 1918 hasta 1928 y se triplicó la cantidad recaudada. La contribución media fue de 250 pts. por contribuyente11.
Para el impuesto del $3 \%$ sobre el producto bruto de minas no existe ni relación de contribuyentes ni base imponible, aunque se estima que el número de ellos debía de ser despreciable frente a los contribuyentes por contribución territorial.
La opción que nos permite caracterizar cuantitativamente de forma sencilla y directa a la clase propietaria es el Impuesto de Cédulas Personales (ICP). La cédula personal fue el medio de identificación personal que hubo en España hasta la aparición por Decreto de 2 de marzo de 1944 del Documento Nacional de Identidad, aunque no se puso en marcha hasta $1 9 5 1 ^ { 1 2 }$ . La Ley de supresión del ICP fue objeto de estudio desde una perspectiva histórica y fiscal por considerarlo un impuesto de clases o de capitación graduada (repartimiento de tributos y contribuciones por cabezas), semejante a los existentes hasta finales del siglo XIX en algunos Estados alemanes y en los municipios italianos que prepararon el terreno al verdadero impuesto personal sobre la renta13.
Para elaborar este texto se han utilizado fuentes documentales y hemerográficas. Como fuente principal, se ha empleado la memoria del Comité Central de Fondos Provinciales, dependiente del Ministerio de la Gobernación, sobre el resultado de la exacción durante el mismo año por las Diputaciones provinciales sujetas al régimen fiscal común14. Las fuentes hemerográficas son la Gaceta de Madrid y la principal cabecera de la prensa granadina de la época, de ideología conservadora y simpatizante monárquica, el Noticiero Granadino, para conocer el coste real de la cédula una vez superados todos los trámites municipales.
El campo de estudio en este trabajo es la cuantificación de la clase propietaria dentro del territorio fiscalmente común, destacando su distribución provincial y su estructura social y utilizando como criterio las trece clases en que se dividía la tarifa $2 ^ { \mathrm { a } }$ del ICP. Las hipótesis de trabajo son las siguientes: la tarifa segunda del impuesto reformado en 1925 de cédulas personales fue un instrumento capaz de describir a la clase propietaria de entonces, e incluso de definir las fracciones de clase existentes dentro del heterogéneo conjunto de los propietarios españoles. Esta herramienta historiográfica, muy poco utilizada hasta ahora, permite comprobar las desigualdades sociales dentro de los propietarios españoles, así como las grandes diferencias económicas que existían entre las diferentes regiones e incluso dentro de éstas entre unas provincias y sus vecinas. Además, la aplicación de esta herramienta a escala local demostró hace años su potencialidad para el análisis económico y sociológico15, máxime cuando para la primera mitad del siglo XX no existen estimaciones fiables de la distribución provincial de la renta española, pues la primera aportación estadística para el conocimiento de esta distribución fue elaborada por el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao en $1 9 5 5 ^ { 1 6 }$ .
El Impuesto de Cédulas Personales: tarifas y clases antes de 1926.
En 1854 aparece la cédula de vecindad como simple documento de identificación personal. Costaba 25 céntimos al cabeza de familia. Esta cédula sustituía a los pasaportes exigidos para viajar por el país. A principio de cada año, la autoridad competente facilitaba a los cabezas de familia una cédula para sí y otra para cada uno de los miembros de la unidad familiar, de acuerdo con el padrón. Todos los viajeros debían portarla y mostrarla cuando eran requeridos a hacerlo. Su falta era motivo de detención. Pronto la cédula de vecindad se transformó en instrumento fiscal. En 1871 pasó a denominarse cédula de empadronamiento, costaba de una a tres pts. y era necesaria para comparecer en juicios, otorgar documentos públicos, desempeñar cargos o empleos y ejercer profesión u oficio. Sobre su precio, los Ayuntamientos podían establecer recargos de hasta el $50 \%$ de su valor. Se suprimió en 1873, pero se restableció ya como cédula personal al año siguiente. Su carácter fiscal iría en aumento desde entonces. Desde 1881, era obligatoria para los españoles y extranjeros mayores de 14 años domiciliados en alguna de las provincias españolas. En 1874, su precio oscilaba entre $_ { 0 , 2 5 \mathrm { ~ y ~ 2 ~ } }$ pts.; en 1877 llegó a costar, en su máxima categoría, 100 pts. La Ley de 31 de diciembre de 1881 estableció dos tarifas: una por cuotas de contribución y sueldos o haberes y otra por alquileres de fincas no destinadas a industria fabril o comercial, con un precio que variaba de 0,50 a 100 pts., aunque los Ayuntamientos podían poner un recargo de hasta el $50 \%$ .
Ante la incapacidad del Estado para recaudar el ICP, se acordó en 1892 arrendar su cobro en 29 provincias, a pesar de lo cual lo recaudado siempre estuvo por debajo del $50 \%$ de lo previsto, con un promedio de 8,3 millones de pts. desde 1902 hasta 1912. Además, el hecho de que el ICP no tuviera materia propia de imposición, pues admitía como base la cuota de otros tributos (contribución, sueldo, alquileres, etc.), lo hacía económicamente poco viable17.
En ese proceso de reformas sucesivas, destaca la Ley de 31 de diciembre de 1881, que distinguía dos tarifas, cada una de ellas subdividida en once clases (ver Cuadro 1) 18.
Cuadro 1: Clases existentes para el ICP en 1884

CLASE	PRECIO DELA CEDULA (PTS.)	CLASE	PRECIO DELA CEDULA (PTS.)
1a	100,0	7a	10,0
2a	75,0	8a	5,0
3a	50.0	9a	2,5
4a	25,0	10a	1,0
5a	20,0	11a	0,5
6a	15,0

.
F.: Gaceta de Madrid, nº 158, 6-6-1884, pp. 629-630.
La tarifa primera se clasificaba por cuotas de contribución, sueldos o haberes, según se detalla en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Tarifa primera del IPC en 1884 (cantidades en pts.)
F: Ibidem.

CLASE	CONTRIBUCION DIRECTA	HABERES	CLASE	CONTRIBUCION DIRECTA	HABERES

1a	Mas de 5.000	30.000o mas	6a	1.001-1.500	3.501 a 4.000
2a	3.001-5.000	12.501- 29.999	7a	501-1.000	501 a 1.000
3a	2.501-3.000	10.001-12.500	8a	301-500	301-500
4a	2.001-2.500	6.501- 10.000	9a	25-300	25-300
5a	1.501-2.000	4.001 a 6.500	10a	Menos de 25	Menos de 25
11a	Jornaleros y sirvientes	Esposas e hijos

.
La tarifa segunda se aplicaba a quienes pagaban alquileres de fincas que no tuvieran un uso industrial fabril o comercial, teniendo en cuenta el número de habitantes de la población (ver Cuadro 3). La imposición, administración y cobranza del ICP tuvo lugar mediante una Instrucción del Ministerio de Hacienda el 27 de mayo de $1 8 8 4 ^ { 1 9 }$ .
Cuadro 3: Tarifa segunda del IPC en 1884 (cantidades en pts.)

MADRID	CAPITALES DE 1^ CLASE	CAPITALESY POBS.+DE 20.000 HABITANTES	12.000 -20.000 HABS.	5.000- 12.000 HABS.	5.000 HABS. O-
7.500 0 +	5.001o mas	4.500 o +	4.0010+	3.501 0 +	3.0010 +
5.001-7.499	4.001-5.000	3.001-4.500	2.501-4.000	2.501-3.500	2.001-3.000
3.501-5.000	3.001-4.000	2.001-3.000	1.501-2.500	1.501-2.500	1.001-2.000
2.501-3.500	2.001-3.000	1.501-2.000	1.251-1.500	1.001-1.500	751-1.000
2.001-2.500	1.501-2.000	1.001-1.500	1.001-1.250	751-1.000	501-750
1.501-2.000	1.001-1.500	751-1.000	751-1.000	501-750	301-500
1.001-1.500	501-1.000	251-750	251-750	151-500	251-300
751-1.000	301-500	201-250	151-250	126-150	126-250
501-750	251-300	151-200	101-150	101-125	76-125
251-500	126-250	101-150	76-100	76-100	51-75
2500 -	125 o menos	100 o menos	750-	750-	500-

.
F.: Ibidem.
Como puede observarse, las principales características del ICP quedaron establecidas en esta Instrucción del Ministerio de Hacienda dirigido por Fernando CosGayón Pons. Se estableció la condición de obtener la cédula de clase superior entre las varias que pudieran corresponderle a un mismo contribuyente y se dio trato de favor a los militares y sus asimilados que no estuvieran retirados al concederles la cédula de clase novena, excepto a los que por otro concepto les correspondiera una de clase superior.
La exhibición de la cédula personal era indispensable para: desempeñar toda comisión o empleo público; ejercer cargos provinciales y municipales; otorgar contratos públicos o privados ejercitar acciones o derechos; la inscripción en las matrículas de la enseñanza; el ejercicio de cualquier actividad económica, profesión, arte u oficio; entablar cualquier reclamación o solicitud; acreditar la personalidad; realizar cualquier clase de crédito; ser cargo dirigente o empleado de cualquier clase de sociedad o empresa, y cualquier otro acto análogo a los anteriores20. La evasión del ICP resultaba difícil, porque se requería su presentación para casi todos los actos de la vida civil. La verdadera evasión fiscal se producía al no existir proporción entre la cuota y la renta. Quedaban exentos del pago de este impuesto las clases de tropa del Ejército y la Armada, los acogidos en los asilos de beneficencia y los mendigos, las religiosas que vivían en clausura y las Hermanas de la Caridad, así como los penados durante el tiempo de reclusión.
La cédula tenía una validez anual y su adquisición era obligatoria. La desproporción notable de sus clases generaba situaciones de injusticia contributiva muy evidentes. Así, por ejemplo, pagaba lo mismo el que cobraba un sueldo de 6.504 pts. que el que percibía 10.000, e igual cédula pagaba el que tenía unos haberes de 12.501 pts. que el que obtenía 29.999. La progresividad inversa que se aplicaba provocaba que el que pagaba más de 5.000 pts. de contribución tributara 100 pts. por su cédula, es decir, un $2 \%$ de la cuota, mientras que al que pagaba 25 pts. se le exigía una cédula de 2,50 pts., siendo gravado con un $10 \%$ . La falta de equidad y de proporcionalidad llevó en 1902 al diputado romanonista en Cortes por Guadalajara Juan de Ortueta y Murgoiti a proponer que sus escalas y clases fueran muchas más, procurar que la tributación se repartiese con arreglo a las fortunas de los contribuyentes, eliminar las exenciones y bajar la edad para exigir la cédula de los 14 a los 10 años. Así se aplicaría un sistema fiscal progresivo, con cuotas desde 10 céntimos hasta un máximo de 1.000 pts., lo cual permitiría recaudar hasta 50 millones de pts. Se insistía, además, en que, como documento de garantía y justificación de personalidad, el Estado podía disponer así del censo de la población mediante una adecuada organización de los actos preparatorios para determinar al contribuyente y realizar después, con escrupulosidad, el cobro21. Su proposición no pasó del Palacio de las Cortes y no tuvo efecto práctico alguno.
La Ley de 1907 sobre desgravación de los vinos cedió el ICP a las poblaciones con más de 30.000 habitantes y a los puertos de Cartagena, Gijón y Vigo, y estableció un recargo especial adicional del $30 \%$ del valor de las cédulas22. Las clases de cédulas sin recargos eran: una especial de 260 pts., creada por la Ley de presupuestos de 1906; 11 clases, cuyos precios variaban entre $1 3 0 { \mathrm { y } } 0 { , } 6 5$ pts., y para cónyuges, una especial de 65, y cuatro clases, la mayor de 32,50 y la menor de 8,12 pts.
Cuadro 4. Promedio provincial recaudado en el quinquenio 1921-1925 y líquido imponible en 1925-1926 (cantidades en pts.)

ORDEN	PROV.	PROMEDIO 1921-1925	LIQUIDO IMPONIBLE	%	%
1925-1926	VOLUNTARIO	EJECUTIVO
1a	Barcelona	405.590,20	455.048,63	85,08	11,17
2a	Guipuzcoa	394.517,58	469.342,01	90,76	9,73
3a	Vizcaya	375.193,88	459.772,06	98,39	0,72
4a	Valencia	336.826,76	390.980,11	51,21	0,31
5a	Coruna (La)	302.524,60	336.120,62	83,35
6a	Toledo	237.625,68	273.767,71	67,95	33,81
7a	Oviedo	227.327,99	275.103,10	80,69
8a	Badajoz	216.846,60	272.673,41	43,58	3,39
9a	León	215.715,62	244.673,11	94,25	0,22
10a	Madrid	211.215,22	247.438,28	77,48
11a	Jaén	209.108,89	256.444,92	51,67	1,78
12a	Gerona	206.912,57	245.643,07	89,31
13a	Zaragoza	203.513,45	231.913,62	68,29	12,29
14a	Salamanca	202.957,75	226.985,59	88,61	3,84
15a	Burgos	196.904,02	207.967,34	95,77	0,52
16a	Lugo	195.301,57	221.991,97	85,88
17a	Caceres	187.309,20	230.118,99	71,71	3,81
18a	Ciudad Real	184.413,63	205.226,75	80,99	0,49
19a	Pontevedra	183.867,37	207.410,45	91,21
20a	Castell6n	181.387,78	202.862,39	88,49
21a	Lerida	167.901,59	184.601,63	96,37	1,26
22a	Cuenca	167.750,67	187.915,98	82,94
23a	Teruel	167.273,90	179.156,44	93,07
24a	Zamora	165.297,58	164.074,91	96,19	0,84
25a	C6rdoba	162.501,63	194.504,61	45,20	0,61
26a	Orense	161.721,01	170.892,94	88,51	12,5
27a	Baleares	151.144,04	167.665,52	83,71	1,63
28a	Guadalajara	149.197,20	161.377,53	91,62	5,83
29a	Tarragona	145.369,82	159.980,17	64,94	1,93
30a	Sevilla	140.651,84	152.494,03	36,83
31a	Huesca	134.723,09	160.157,67	74,58
32a	Valladolid	134.108,81	158.142,34	87,98	6,55
33a	Avila	126.780,46	136.960,52	91,40	0,5
34a	Santander	123.775,53	139.462,78	92,76	2,58
35a	Logrono	123.058,61	120.577,57	70,19	18,39
36a	Palencia	121.021,71	131.236,36	93,75	8,5
37a	Soria	114.783,10	123.030,88	98,17	0,26
38a	Segovia	111.611,67	122.134,61	92,46	3,52
39a	Granada	109.321,10	131.761,71	32,20
40a 41a	Albacete	99.812,81	111.905,28	60,24	0,99
42a	Alicante	99.574,42	120.986,60	38,82	0,13
Canarias	93.963,42	120.829,73	63,00
43a	Cadiz	92.692,50	112.354,43	37,07
44a	Alava	87.668,60	98.606,47	99,84	100
45a	Navarra	82.106,75	100.630,46	69,09	0,69
46a	Huelva	61.682,18	80.071,83	27,27	0,42
47a	Malaga	57.241,93	70.254,81	12,84
48a	Almeria	56.903,94	50.330,03	24,37	0,01
49a	Murcia	44.594,54	50.890,11	20,46
TOTAL	8.329.294,81	9.524.472,08	68,38	7,55

.
F: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN. SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA, Anuario Estadístico de España. Año XIII. 1927, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1929, p. 353.
Hasta la promulgación del Estatuto Provincial en 1925, el ICP era aplicable a todas las provincias españolas y su ejecución nos permite conocer la posición relativa ocupada por cada una, según el promedio recaudado en el quinquenio 1921-1925, y el líquido imponible en el ejercicio 1925-1926. El Cuadro 4 muestra el porcentaje de las cédulas reclamadas en los períodos voluntario y ejecutivo de pago en el quinquenio 1921-1925. Como puede verse, el porcentaje era muy variable de unas provincias a otras y especialmente bajo en las andaluzas y en Murcia, donde existía un alto porcentaje de población marginada que no necesitaba cédula de identificación personal. Se observa que el porcentaje medio de cédulas no reclamadas, y por tanto no pagadas, era del $2 4 { , } 0 7 \%$ .
El Impuesto de Cédulas Personales: tarifas y clases después de 1925.
La reforma del ICP de 1925, como parte del Estatuto Provincial23, desagregaba las rentas del trabajo de las del capital, y en ese sentido se puede considerar que acercó el ICP a un impuesto sobre la renta personal de los mayores de 14 años con un tipo variable en torno al $\bar { 0 } { , } 7 \% ^ { 2 4 }$ . Esta reforma pretendía atender las necesidades económicas de las Diputaciones Provinciales y también de los Ayuntamientos, históricamente deficitarios, que se beneficiarían de la reforma al recaer en sus manos la realización del padrón y el cobro de las cédulas25. Reforzaba la autonomía provincial frente a la estatal y abría el debate jurídico sobre la doble imposición y la soberanía fiscal de ambas administraciones. Aunque la confección de la cédula personal costaba solo 19,5 pts., algunos ayuntamientos, como el de Granada, lo elevaron aplicando recargos municipales hasta las 35,10 pts., que eran un evidente auxilio financiero26. Los detalles de la reforma se han descrito en artículos anteriores, en los que se ha identificado a los contribuyentes con cédula personal de las dos primeras clases en las tres tarifas existentes, es decir, a la elite económica, y a los que disponían de rentas salariales (tarifa 1ª) residentes en la ciudad de Granada27.
Las declaraciones juradas y firmadas por el cabeza de familia eran presentadas en los ayuntamientos y revisadas por estos. Los ayuntamientos contarían con el trabajo de sus jefes de negociado de Estadística, quienes tendrían la autoridad de señalar errores involuntarios o voluntarios por parte del declarante. Contarían con la información del cobro de otros impuestos, cuya cuantía podrían cruzar para detectar dichos errores; el resultado dependería de los datos de que dispusieran, especialmente de los procedentes de Hacienda. Contarían también con una base social confiada en la necesidad de renovar y sanear la política municipal28, así como con una coyuntura muy favorable al proyecto de modernización autoritaria de la Dictadura de Primo de Rivera29.
En este marco, utilizaremos los datos objetivos aportados en las declaraciones del ICP reformado en 1925 para cuantificar a la clase propietaria de las provincias sujetas a un régimen fiscal común. En el caso de que se pudieran encontrar en los archivos históricos municipales y/o provinciales las declaraciones juradas de todos los cabezas de familia, se podría no solo cuantificar, sino también identificar a los miembros de la clase propietaria de cada localidad.
Estaban sujetos a tributar por la tarifa primera todos aquellos que percibían sueldo, haberes, emolumentos, gratificaciones o dietas del Estado, la provincia, el municipio, entidades públicas o privadas y particulares. El importe de cada clase se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 5: Tarifa primera, por rentas del trabajo
F.: Estatuto Provincial, pp. 88-90.

BASE (PTS.ANUALES)	CLASE	IMPORTE (PTS.)	RECARGO DE SOLTERIA (%)
Mas de 60.000	1a	1.000,00	60
50.001 a 60.000	2a	750,00	60
40.001 a 50.000	3a	500,00	55
30.001 a 40.000	4a	350,00	50
20.001 a 30.000	5a	250,00	45
15.001 a 20.000	6a	210,00	45
12.000 a 15.000	7a	190,00	40
10.001a 12.000	8a	120,00	40
6.001 a 10.000	9a	63,00	35
5.001 a 6.000	10a	50,00	35
3.501 a 5.000	11a	40,00	30
2.501 a 3.500	12a	25,00	30
2.001 a 2.500	13a	15,00	25
1.501 a 2.000	14a	11,00	25
701 a 1.500	15a	7,50	20
1 a 750	16a	3,00	20

.
Los contribuyentes con cédula de la tarifa $2 ^ { \mathrm { a } }$ eran todos aquellos que pagaban contribuciones directas. Para fijar la clase de cédula exigible se acumulaban “todas las cuotas de contribución territorial (rústica y urbana), industrial y de minería que cada uno pagaba en el Municipio de su residencia o en cualquier otro de la Nación”30.
Lamentablemente, no es posible comparar los datos estadísticos del ICP con los existentes por el pago de otro tipo de impuesto, como la contribución territorial, porque la cédula de la tarifa $2 ^ { \mathrm { a } }$ expresaba la suma de todas las contribuciones directas sin distinguir el origen de estas. Las cédulas de esta tarifa tendrían el coste mostrado en el siguiente cuadro.
Propietarios y cédula personal en la Dictadura de Primo de Rivera.
Cuadro 6. Tarifa segunda, por contribuciones directas

BASE (PTS.ANUALES)	CLASE	IMPORTE (PTS.)	RECARGO SOLTERIA (%)
Mas de 15.000	1a	1.000	60
10.001 a 15.000	860	60
7.501 a 10.000	430	55
5.001 a 7.500	398	50
3.001 a 5.000	G	280	45
2.501 a 3.000	175	40
2.001 a 2.500	7a	97	35
1.501 a 2.000	8a	73	35
1.001 a 1.500	9a	55	35
501 a 1.000	10a	35	30
301 a 500	11a	17	25
26 a 300	12a	8	20
1a25	13a	3	20

.
F.: Ibidem.
La tarifa tercera se aplicaba a las fincas alquiladas que no se destinaban a industria fabril o comercial. La tarifa dependía de la población de la ciudad. Los datos mostrados en el Cuadro 7 se refieren a las poblaciones con más de 50.000 y menos de 300.000 habitantes. La mayoría de las Diputaciones provinciales decidieron rebajar el importe de las cédulas más baratas hasta en un $50 \%$ ; las únicas que no introdujeron ninguna rebaja fueron Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Guadalajara, Jaén, Murcia, Pontevedra y Segovia31.
Cuadro 7. Tarifa tercera, por alquileres
F.: Ibidem.

BASE (PTS.ANUALES)	CLASE (PTS.)	IMPORTE (PTS.)	RECARGO SOLTERIA (%)
Mas de 18.000	1.000	60
8001 a 18.000	750	60
5.001 a 8.000	400	55
4.001 a 5.000	300	50
3.001 a 4.000	200	45
2.001 a 3.000	6a	100	40
1.501 a 2.000	7a	70	35
1.001 a 1.500	8a	50	35
501 a 1.000	9a	30	35
301 a 500	10a	15	30
251 a 300	11a	7	25
126 a250	12a	3	20
125 o menos	13a	1,50	20

.
Como puede observarse, existía en las tres tarifas un recargo por soltería, cuyo porcentaje disminuía conforme se bajaba de clase dentro de una misma tarifa.
La “reforma silenciosa”, tal y como la denomina Fuentes Quintana32, de este impuesto no levantó fuertes reacciones por parte de la oligarquía española, lo cual llevó a Calvo Sotelo y a su equipo a plantear una reforma más profunda sobre rentas y ganancias, con poco éxito33. Los estudios sobre el sistema impositivo español desde 1845 señalan la autoría de Antonio Flores de Lemus sobre dicha reforma34. Se intentó no alarmar a la oligarquía española, siempre reacia y beligerante ante cualquier intento de contribuir más a las arcas del Estado35; de aquí la dificultad para abordar proyectos en dicha dirección y del fracaso de estos36.
Estos condicionamientos explican que, incluso en el redactado del Estatuto Provincial de 1925, los objetivos de la reforma aparezcan más que discretos, planteando que el objetivo no es otro que “corregir algunas de sus injusticias y ampliar sus bases”37. Uno de los elementos más novedosos de la reforma de 1925 es que separa, por primera vez, la tarifa primera al diferenciar rentas del trabajo, contribuciones directas y alquileres, de modo que crea tarifa propia para cada uno de estos conceptos, con sus respectivas clases: por la tarifa segunda, todos los que satisfacían al Estado contribuciones territorial, industrial o del $3 \%$ sobre el producto bruto de las minas, salvo cuando por razón de sueldos o alquileres tuvieran que tributar por cualquiera de las otras dos tarifas. Por último, quedarían adscritos a la tarifa tercera todos los que no tributaran por ninguna de las otras dos tarifas. Las personas que no eran clasificables por rentas, contribuciones ni alquileres pagaban cédula de $1 3 ^ { \mathrm { a } }$ , tarifa tercera. En esta situación se encontraban todos los trabajadores que cobraban un jornal diario, jornaleros y sirvientes de ambos sexos.
Para fijar la clase de la cédula exigible a los contribuyentes incluidos en la tarifa segunda se acumulaban todas las cuotas de contribución territorial (rústica y urbana), industrial y minera que cada uno pagaba en el municipio de su residencia o en cualquiera dentro del territorio nacional. También eran acumulables las cuotas de contribución directa por la esposa del contribuyente, salvo que existiese entre ambos separación de bienes, lo cual no eximía a la cónyuge a la exacción de la cédula especial de cónyuge exigible en ciertos casos. Esta cédula especial implicaba una reducción al quinto de la del marido, y se suprimía cuando la mujer era madre y convivía con cuatro o más hijos “legítimos”, y se pagaba entonces la cédula de clase $1 3 ^ { \mathrm { a } }$ , tarifa tercera, en consonancia con el modelo patriarcal que la Dictadura apoyó y ayudó a mantener.
La cédula especial de cónyuge sería obligatoria, salvo excepciones, para las esposas de los contribuyentes de las primeras clases de cada tarifa. Estas eran las clases sociales altas de esta reforma fiscal según el legislador. La cédula personal era en realidad un sistema de clasificación y jerarquización social al asignar la clase dentro de cada una de las tres tarifas en función de la renta salarial cobrada, las contribuciones directas pagadas o el alquiler de la vivienda satisfecho por cada contribuyente.
El Estatuto Provincial hizo posible la transferencia del ICP a las tres diputaciones vascas dentro del régimen foral. La disposición transitoria decimotercera les permitía conservar su régimen especial de concierto económico con el Estado. Algo semejante ocurrió con la Diputación de Navarra que, a través de la disposición decimosegunda, conservó el régimen y la organización que estableció la ley de 16 de agosto de 1841. También se constituyó la Mancomunidad interinsular de Canarias según la disposición transitoria sexta. A petición de las diputaciones vascas, el nuevo concierto económico se comenzó a discutir en junio de 1925, con el nombramiento de una comisión mixta formada por el subsecretario del Ministerio de Hacienda y los presidentes de las tres diputaciones provinciales. Por R.D., y con independencia del concierto, se aprobó que a partir del 1 de enero de 1927 se aplicaría a esas tres provincias el artículo 226 del Estatuto Provincial, que establecía que a partir del 1 de julio de 1925 la percepción del ICP correspondería a las diputaciones provinciales de acuerdo con las disposiciones que hemos comentado con anterioridad38. La renovación del cupo con Navarra se fijó por R.D. en 1927, cuando se elevó de dos a seis millones de pesetas.
El ICP fue cedido a la Diputación de Navarra en virtud con lo autorizado por el Estatuto Provincial39. Desde el 1 de abril de 1928, fue esa Diputación la responsable del ICP, y estableció mediante un reglamento sus propias tarifas, que fueron significativamente diferentes a las establecidas por el Directorio en 1925. En la tarifa primera, la clase primera fijaba el límite superior en más de 50.000 pts. de renta anual con un importe de 600 pts., y la clase decimosexta correspondía a aquellos que tuvieran unos ingresos de entre 1 y 750 pts., con un coste de 1 pts.; en la tarifa segunda, la clase primera correspondía a los que pagaban más de 8.000 pts. por contribuciones directas y el coste de esa cédula era de 600 pts., y la última, la decimosexta a los que pagaban entre 1 y 75 pts., con un coste de 1 pts.; por último, la tarifa tercera situaba el límite superior en alquileres de más de 5.000 pts. para la clase primera con un coste de 600 pts. y la decimosexta en alquileres de 180 pts. o menos con un coste de 1 pts. En Navarra se introdujeron rebajas importantes en función del número de miembros de la unidad familiar, del $40 \%$ para más de 7 miembros40. La negociación con las Diputaciones vascas se prolongó hasta la entrada en vigor del Jurado Mixto de Utilidades en $1 9 2 7 ^ { 4 1 }$ .
Por esta razón, el Comité Central de Fondos Provinciales incluyó solo a las provincias sujetas al régimen fiscal común en su resumen de las listas cobratorias del ICP para 1926 y el resultado de su exacción durante ese año, excluyendo a las Provincias Vascongadas y a Navarra por su régimen foral y a Canarias por el intento de formación de una mancomunidad insular que no dio el resultado esperado42. Hasta la fecha, nos ha resultado imposible conocer los datos de esas seis provincias.
Los datos provinciales que contabilizan las tres tarifas, ordenados de mayor a menor coste medio de la cédula, se muestran en el Cuadro 8. Si comparamos los datos mostrados en los Cuadros 4 y 8, podemos observar el efecto causado por la reforma del ICP en el nuevo contexto político impuesto por la dictadura militar encabezada por el general Primo de Rivera. El líquido imponible subió desde 8.275.291,35 pts., (las tres provincias vascas, Navarra y Canarias sumaban 1.249.180,73) hasta 42.742.822,30, es decir, se quintuplicó con creces. Dos factores explican este aumento: el porcentaje medio de cédulas reclamadas pasó del 72 al $8 5 \%$ y el coste de estas fue mucho mayor. El incremento en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid, y en especial en esta última, fue espectacular43. Huelva fue la única provincia en la que el porcentaje de cédulas reclamadas continuó siendo muy bajo, el $3 7 \%$ . En caso de defraudación, la penalidad exigible no excedía nunca el importe de la cédula44.
El grado de cumplimiento en la reclamación de cédulas personales subió significativamente, con un valor promedio del $8 5 \%$ . La provincia con un mayor porcentaje fue Cuenca, con el $9 9 , 6 \%$ y la que muestra uno menor, Huelva, con un $3 7 \%$ . La cantidad total del ICP rozaba los 43 millones de pts. En cuanto a la capacidad recaudatoria, a 31 de diciembre de 1926, se había cobrado el $72 \%$ del total, es decir, casi 31 millones de pts. El porcentaje recaudado era muy variable de unas provincias a otras: por ejemplo, Orense solo había pagado el $7 \%$ , mientras que Barcelona había pagado el $9 7 \%$ . La capacidad recaudatoria y la eficacia de la administración del Directorio CívicoMilitar había mejorado respecto de las anteriores.
A la vista de los datos mostrados en los Cuadros $4 \ : \mathrm { y } \ : \delta$ , no debe extrañar que en las biografías breves de 100 destacados empresarios españoles, el mayor número de representantes los aporten, por este orden, Madrid, Cataluña, el País Vasco, Andalucía y la Valencia45.
Cuadro 8. Datos provinciales correspondientes al ICP en el territorio común fiscalmente en el año 1926

PROVINCIA	POB.+14 ANOS	CEDULAS RECLAMADAS	COSTE MEDIO (PTS./CEDULA)
N°	%	VALOR (PTS.)
Madrid	792.713	710.864	90	6.345.658,08	8,9
Barcelona	1.045.214	853.206	82	5.819.618,40	6,8
Cadiz	401.625	288.038	72	1,280.806,05	4,5
Sevilla	500.426	457.941	92	1.992.621,06	4,4
Huelva	236.158	87.229	37	377.941,45	4,3
Valladolid	193.788	185.905	96	759.987,75	4,1
Badajoz	446.509	323.894	73	1.285.020,35	4,0
Oviedo	474.066	318.181	67	1.188.719,21	3,7
Guadalajara	137.338	132.510	96	483.478,10	3,6
Jaén	397.238	343.044	86	1.229.089,50	3,6
Segovia	111.116	105.179	95	377.984,80	3,6
Baleares	248.984	195.082	78	684.011,45	3,5
Granada	385.004	349.892	91	1,239.507,65	3,5
Logrono	132.574	106.650	80	371.244,00	3,5
Valencia	673.769	666.877	99	2.247.787,51	3,4
Salamanca	218.945	213.416	97	692.062,60	3,2
Santander	214.591	175.620	82	549.485,55	3,1
Murcia	435.532	363.128	83	1.084.298,80	3,0
Burgos	226.293	198.374	88	594.193,20	3,0
Zaragoza	347.542	325.575	94	964.072,80	3,0
La Coruna	484.455	378.414	78	1.107.956,05	2,9
Lerida	225.555	185.484	82	544.376,80	2,9
Malaga	380.427	335.959	88	951.683,05	2,8
Alicante	369.661	303.975	82	841.420,97	2,8
Caceres	278.191	263.667	95	746.780,39	2,8
Huesca	179.906	154.646	86	419.676,20	2,7
Cuenca	191.108	190.208	100	509.512,25	2,7
Palencia	134.084	126.900	95	330.597,50	2,6
Pontevedra	365.152	239.783	66	616.482,15	2,6
Toledo	300.398	283.513	94	742.608,60	2,6
C6rdoba	390.119	375.339	96	954.731,79	2,5
Ciudad Real	286.967	273.626	95	680.002,81	2,5
León	281.185	232.388	83	574.008,37	2,5
Tarragona	267.563	252.117	94	617.959,03	2,5
Zamora	185.401	173.450	94	413.416,75	2,4
Almeria	238.480	190.727	80	443.792,98	2,3
Gerona	240.217	217.095	90	494.397,89	2,3
Castellon	223.950	211.016	94	464.887,82	2,2
Avila	140.306	135.311	96	297.186,00	2,2
Teruel	173.813	162.916	94	309.723,54	1,9
Soria	100.947	100.235	99	187.092,05	1,9
Albacete	197.699	191.596	97	333.761,40	1,7
Lugo	324.647	196.017	60	296.288,08	1,5
Orense	281.777	208.520	74	296.891,52	1,4
TOTAL	13.861.433	11.783.507	85	42.742.822,30	3,6

.
F.: Anuario Estadístico, 1927.
La tarifa segunda del ICP como herramienta para cuantificar a la clase propietaria.
En el territorio común de aplicación fiscal de la reforma del ICP, se concedieron 2.005.762 cédulas de la tarifa segunda, de las que 1.925.828 eran cédulas corrientes, 73.990 eran de soltería y 5.944 eran cédulas especiales de cónyuge. Las cédulas especiales de cónyuge eran en realidad un recargo sobre los contribuyentes de mayor renta, un indicador de su riqueza. Las cédulas de la tarifa segunda representaban un $22 \%$ del número total de cédulas. Se muestran en el siguiente cuadro las provincias según el coste medio de la cédula de tarifa segunda para el año 1926, de mayor a menor.
Cuadro 9. Datos provinciales correspondientes a la tarifa segunda en el territorio común fiscalmente en el año 1926 (nombres provinciales vigentes y redondeo a pts.)

PROV.	CORRIENTES	SOLTERIA	CONYUGE	TOTAL	IMP. TOTAL	COSTE MEDIO
Madrid	43.975	4.075	1.425	49.475	(pts.) 1.638.918	(pts./cedula) 33,13
Barcelona	70.057	3.926	1.059	75.042	1.571.146	20,94
Cadiz	20.032	1.607	242	21.881	370.212	16,92
Sevilla	45.685	3.303	463	49.451	774.635	15,66
Huelva	14.502	1.029	54	15.585	184.183	11,82
Badajoz	53.005	2.843	243	56.091	579.643	10,33
Valencia	78.967	3.211	133	82.311	783.182	9,51
Murcia	34.269	1.482	135	35.886	335.881	9,36
Malaga	34.320	1.219	143	35.682	328.713	9,21
Valladolid	34.632	383	118	35.133	298.586	8,50
C6rdoba	43.420	1.955	184	45.559	372.857	8,18
Jaén	51.704	1.550	108	53.362	420.023	7,87
Granada	41.609	1.353	130	43.092	337.836	7,84
Logrono	23.796	837	34	24.667	183.054	7,42
Salamanca	49.938	1.708	85	51.731	364.002	7,04
Almeria	22.299	154	46	22.499	157.722	7,01
Segovia	25.601	684	20	26.305	176.941	6,73
Baleares	42.740	1.735	68	44.543	296.680	6,66
Caceres	48.227	1.473	107	49.807	330.570	6,64
Ciudad Real	46.650	1.417	64	48.131	319.246	6,63
Alicante	47.832	686	57	48.575	304.319	6,26
Guadalajara	36.216	1.668	17	37.901	237.172	6,26
Lerida	46.692	1.188	29	47.909	294.507	6,15
Zaragoza	51.158	1.571	154	52.883	324.300	6,13
Cuenca	46.489	1.405	43	47.937	290.140	6,05
La Coruna	68.517	1.553	81	70.151	420.917	6,00
Gerona	29.813	1.355	58	31.226	177.490	5,68
León	58.863	1.332	9	60.204	334.763	5,56
Oviedo	65.579	4.475	145	70.199	382.858	5,45
Toledo	64.411	3.901	94	68.406	372.080	5,44
Palencia	31.077	1.566	30	32.673	174.588	5,34
Santander	25.248	1.136	52	26.436	132.987	5,03
Huesca	39.877	1.130	28	41.035	205.653	5,01
Pontevedra	61.809	1.643	25	63.477	317.354	5,00
Tarragona	49.175	1.722	63	50.960	250.321	4,91
Burgos	49.561	1.115	28	50.704	245.171	4,83
Castell6n	52.344	1.660	23	54.027	236.357	4,37
Zamora	44.606	1.343	48	45.997	188.161	4,09
Avila	33.782	1.072	17	34.871	138.212	3,96
Albacete	26.703	1.101	39	27.843	103.879	3,73
Teruel	45.835	1.622	14	47.471	169.123	3,56
Soria	27.544	58	5	27.607	80.233	2,91
Lugo	50.738	2.234	13	52.985	146.573	2,77
Orense	46.531	1.510	11	48.052	115.952	2,41
TOTAL	1.925.828	73.990	5.944	2.005.762	15.467.142	7,71

.
F.: Gaceta de Madrid, $\mathrm { n } ^ { \mathrm { o } } ~ 1 4 1$ , 20-5-1928, anexo único, p. 488.
El número de cédulas personales con tarifa segunda superaba ligeramente los dos millones de propietarios. El coste medio de las cédulas de tarifa segunda, 7,71 pts./cédula era superior al coste medio de las tres tarifas, 3,6 pts./cédula. La condición de propietario conllevaba obviamente un mayor nivel económico.
Mientras que el coste medio nos da una idea del nivel económico de los miembros de la clase propietaria, el número total de cédulas reclamadas nos indica dónde había más propietarios. Ambas variables no estaban correlacionadas. Por ejemplo, las tres provincias donde la clase propietaria era más numerosa fueron Valencia, Barcelona y Oviedo, mientras que las provincias con propietarios más ricos eran Madrid, Barcelona y Cádiz. Por la parte baja de esta clasificación, observamos que los propietarios más pobres estaban en Orense, Lugo y Soria, y las provincias con una clase propietaria menos numerosa eran Huelva, Cádiz y Almería. Si normalizamos el número de propietarios por la población mayor de 14 años encontramos que las cinco primeras provincias eran: Guadalajara (0,276), Soria (0,2735), Teruel (0,2731), Cuenca (0,2508) y Ávila (0,2492), que eran provincias con un coste de cédula bajo, es decir, las provincias con un mayor número de propietarios eran las que tenían a los más pobres. Las cinco últimas eran Murcia (0,0824), Barcelona (0,0718), Huelva (0,066), Madrid (0,0624), y Cádiz (0,0545). Destacan Madrid, Barcelona y Cádiz, que eran las provincias con un coste de cédula mayor y propietarios más ricos.

Gráfico 1. Grado de desigualdad en la clase propietaria por provincias en 1926
F.: MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, Comité Central de Fondos Provinciales, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1928, pp. 4-90.
La estructura interna de la clase propietaria mostraba una profunda desigualdad económica. Los propietarios pobres tenían rentas inferiores al salario medio (2.071 pts., o 2.300 pts. anuales si se corrige el beneficio fiscal de los militares)46, pero tenían algo que defender frente a los partidarios de las teorías colectivistas de los medios de producción o capital físico. Su diferencia con los trabajadores era más social que económica, más de mentalidad que de poder económico. El índice de Gini mostrado en el Gráfico 1 nos indica cómo era la distribución de la clase propietaria dentro de las diferentes provincias47.
El valor medio del índice de Gini era 0,45. Conforme el coste medio de la cédula era más alto, las diferencias socioeconómicas dentro de la clase propietaria eran mayores. Las provincias con una clase propietaria más heterogénea eran Madrid, Sevilla, Barcelona, Cádiz y Valencia, mientras que las más homogéneas eran Orense, Teruel, Lugo, Pontevedra y Guadalajara. Por lo general, las provincias con menos diferencias económicas dentro de la clase propietaria eran aquellas en que sus propietarios eran más pobres. Por ejemplo, en Albacete, Castellón de la Plana, Guadalajara, Huesca, León, Lérida, Lugo, Orense, Palencia, Pontevedra, Segovia, Soria y Zamora no se reclamó ninguna cédula de las dos primeras clases. El impacto de la industrialización y la urbanización fue muy desigual en el centro, con la excepción de Madrid, respecto a la periferia del país.
Los propietarios con cédulas de las dos últimas clases, cuyas rentas eran inferiores al salario medio, aportaron 7.468.833 pts. ( $53 \%$ del total de la tarifa segunda); mientras que los que pertenecían a las dos primeras clases aportaron solo 901.040 pts. $( 6 , 4 \% )$ . Estos datos avalarían la idea de que el hundimiento del régimen pretoriano impuesto por Primo de Rivera en 1923 en defensa de la oligarquía española, y con ella del sistema monárquico, no se produjo por razones macroeconómicas, sino por el malestar social que fue generando en amplios sectores sociales, entre otras razones por la injusticia de su política tributaria48. La presión tributaría desde 1923 hasta 1930 subió un $3 8 { , } 4 \%$ (índice $1 9 1 3 { = } 1 0 0$ ); mientras que el índice de los salarios reales bajó un $2 5 { , } 2 \%$ desde 1920 a 1930 (índice $1 9 1 4 { = } 1 0 0 ) ^ { 4 9 }$ . Menor salario real y mayor presión tributaria explican que los trabajadores y las clases medias urbanas fueran adoptando posiciones cada vez menos favorables al régimen dictatorial. El descenso en los salarios fue mayor en el campo que en la industria. La extensión desde Cataluña al resto de España del cuerpo paramilitar denominado somatén hizo posible que el jornal de los trabajadores del campo bajara significativamente50. Por poner un ejemplo, en Granada el jornal bajó desde 6 pts. en 1923 a 4,5 pts. en 1925, hasta tocar fondo en 1929 a 4,0 pts.51.
Los agravios comparativos en la confección de las cédulas personales fueron múltiples. Desde la introducción del ICP, los militares y sus asimilados en activo tenían un trato de favor. En 1925 se proveían de cédulas de clase $1 5 ^ { \mathrm { a } }$ , tarifa primera, con un coste de 7,50 pts. Los salarios anuales de los militares en 1928 se movían entre las 1.700 y las 25.000 pts. de los generales, hasta superar las 40.000 pts.52; en base a su renta salarial, sus cédulas costarían entre $1 5 \mathrm { ~ y ~ } 2 5 0$ , pudiendo llegar hasta las 350 pts. El ahorro era apreciable por el hecho de ser militares, tanto mayor cuanto más alto era el rango militar.
En ocasiones, los jefes militares formaban parte de las elites económicas provinciales y disponían de lujosos palacetes para vivir. Sin embargo, en lugar de tener cédula de la clase primera de la tarifa $3 ^ { \mathrm { a } }$ con un coste de 1.000 pts., pagaban 7,50. Este era el caso del comandante de Artillería, José Müller Pérez y de su esposa Francisca Rodríguez-Acosta Lillo, dueños del palacete construido en 1915 en la Gran Vía $\boldsymbol { \mathrm { n ^ { o } 4 8 } }$ de Granada, y que tenía en 1925 un alquiler estimado en 18.500 pts. anuales, el más elevado de esa capital.
El ICP reformado en 1925 mostró que la crítica formulada en 1902 por el diputado romanonista Ortueta continuaba vigente dos décadas después.
Cuadro 10. Cuota media, renta y tipo medio aplicado a las diferentes clases de la tarifa $2 ^ { \mathrm { a } }$

CLASE	CUOTA MEDIA(PTS.)	RENTA (PTS.)	IMPORTEDELA CEDULA (PTS.)	TIPO APLICADO (%)
1a	22.500	173.475	1.000	0,58
2a	12.500	96.375	860	0,89
3a	8.750	67.462	430	0,64
4a	6.250	48.187	398	0,83
5a	4.000	30.840	280	0,91
6a	2.750	21.202	175	0,82
7a	2.250	17.347	97	0,56
8a	1.750	13.492	73	0,54
9a	1.250	9.637	55	0,57
10a	750	5.782	35	0,60
11a	400	3.084	17	0,55
12a	163	1.257	8	0,64
13a	13	100	3	3,00

.
F.: Gaceta de Madrid, $ { \mathrm { ~ n ~ } } ^ { \mathrm { ~ o ~ } } 8 0$ , 21-03-1925, p. 1.474. La renta se ha estimado multiplicando la cuota por el valor medio de la cédula personal, 7,71 pts. Se ha calculado suponiendo que la cuota mínima era 15.000 y la máxima 30.000 pts.
Como muestra el Cuadro 10, mientras que el tipo aplicado para los propietarios con clase primera disminuía conforme su base imponible (suma de sus contribuciones directas) superaba las 15.000 pts., para los propietarios de clase decimotercera el efecto era el contrario. El tipo medio aplicado a la base imponible de los grandes propietarios era del $0 { , } 5 8 \%$ , para los propietarios más pobres era del $3 , 0 0 \%$ . A las consideradas clases altas, las siete primeras, se les aplicaba un tipo medio de $0 , 7 4 \%$ ; a las clases intermedias, de la clase octava a la decimosegunda el $0 { , } 5 8 \%$ ; a la clase baja, clase decimotercera, $3 \%$ . La condición de pechero, o pagador de impuestos, del Antiguo Régimen no había cambiado demasiado en cinco siglos53.
Intentos de ampliación de la clase propietaria.
Las provincias con mayor número de propietarios con cédulas de las dos primeras clases (C-1 y C-2), que eran parte de su elite económica, se muestran en el Cuadro 11.
El peso de la contribución territorial rústica en las provincias andaluzas y extremeñas se hacía notar en su número de propietarios que eran, en su mayoría, grandes terratenientes. A partir de 1917, catorce países europeos llevaron a cabo reformas agrarias radicales, que afectaron al $3 6 \%$ de la población del continente (excluida Rusia) y al $2 8 \%$ de la superficie total de Europa. En orden cronológico, estas reformas tuvieron lugar en Rusia en 1917, en Rumania en 1918, en Checoeslovaquia, Austria, Polonia, Alemania, Estonia y Serbia en 1919; en Grecia, Letonia y Hungría en 1920; en Bulgaria en 1921, y en Lituania y Finlandia en 1922. Los factores determinantes inmediatos, además de la consecuencia económica de la Gran Guerra, fueron los siguientes: la concentración de la propiedad rústica, la densidad de población en relación con la tierra libre, el régimen jurídico de la tierra, el miedo al bolchevismo y los compromisos de la Gran Guerra. La mayoría de esos factores estaban presentes en amplias zonas de Andalucía, Extremadura y las dos Castillas. Sin embargo, todos los intentos reformadores en el agro fueron bloqueados por los grandes propietarios de tierras en esas y otras regiones españolas54.
Cuadro 11. Provincias con mayor número de cédulas de las dos primeras clases
F.: Comité Central de Fondos Provinciales, pp. 12-84. Se han considerado las cédulas simples más las de soltería

PROVINCIA NUMERODEPROPIETARIOSC-1YC-2
Madrid 392
Barcelona 221
Sevilla 136
Badajoz 36
Cadiz 28
Cordoba 27
Granada 26
Malaga 20
Valencia 20
Oviedo 13
Caceres 11
TOTAL 930

.
En diciembre de 1925, ya durante el Directorio Civil, José Calvo Sotelo sería nombrado ministro de Hacienda55. En su nuevo cargo, intentó reformar el sistema tributario mediante tres decretos ley en enero de 1926 que creaban el “Registro de arrendamiento de fincas rústicas”56 y las “Declaraciones del valor en venta y del valor en renta”57. En estos decretos se contemplaba la expropiación si la ocultación era muy grande, lo que llevó a “ciertas encopetadas señoronas” a acusar al ministro de “bolchevique”58. En ese contexto se iniciaba el proceso de una Reforma Social Agraria que tenía como objetivo generar un gran número de pequeños propietarios rurales que indudablemente serían un freno a la “revolución de los de abajo”59. La oposición frontal de la Asociación de Agricultores de España a cualquier intento de reforma se saldó con un Real Decreto de Hacienda del 9 de noviembre de 1926 que imponía un recargo en la contribución territorial del $20 \%$ , y la nulidad de hecho de los decretos anteriores60. José Calvo Sotelo afirmaría en 1931 que ˝ninguna de las lógicas reacciones defensivas de las clases sociales heridas en sus intereses fue tan aguda, nerviosa y virulenta como la de los propietarios […] entre estos descollaron en grado sumo los grandes terratenientes”. Un miembro de la clase ociosa andaluza en carta dirigida al ministro le manifestaba que “todo lo que no sea respetar el derecho de usar y abusar, el jus abutere del Derecho Romano, es asfixiar y estrangular la propiedad privada”61. La vía agraria de creación de nuevos propietarios era bloqueada por la clase ociosa62.
Sin embargo, para los reformadores sociales del liberalismo económico fue cada vez más evidente que la estabilidad del sistema requería ampliar la base social de la clase propietaria. Generar una sociedad de propietarios era la mejor estrategia social que podían emplear las clases dominantes para evitar que la agudización de la lucha de clases condujera a un proceso revolucionario que terminara con el statu quo social propio de un régimen económico capitalista, sustentado en una economía de mercado y que defendía el derecho a la propiedad privada como un derecho natural. La construcción y venta de viviendas baratas se planteó como la mejor opción para ampliar la base de esa futura sociedad de propietarios.
Se puso en marcha el primer proyecto de construcción de casas baratas con la ley de 1911, que tenía por objeto la construcción de casas por particulares o colectividades para el alojamiento exclusivo de cuantos percibían “emolumentos modestos como remuneración de trabajo”63. Esa ley fue modificada en 1921, y en ella se enumeró a los beneficiarios de esta medida: obreros en general, jornaleros del campo, pequeños labradores, empleados, dependientes de comercio y pensionistas. Entre 1923 y 1924, ya en plena dictadura de Primo de Rivera, se ampliaron por Real Decreto los beneficios de estas leyes a la denominada clase media, al fijar el ingreso máximo en 4.000 pts. anuales, aunque estos máximos tenían una dependencia geográfica64. No era la falta de leyes y reglamentos lo que impedía la construcción de casas baratas: lo urgente era incrementar la financiación público-privada y reducir los complejos mecanismos de expropiación forzosa de los predios. Para suplir estas deficiencias, el Directorio Militar autorizó a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas a emitir deuda perpetua inferior al $4 \%$ por valor de 180 millones de pts. y permitir a los Ayuntamientos de las poblaciones menores de 30.000 habitantes la emisión de empréstitos con el aval del Estado65.
La necesidad de construir casas baratas fue entendida por empresarios que, como el abogado Fernando F. Kely Suárez, crearon empresas constructoras especializadas en ese tipo de viviendas. Después de realizar un viaje a Inglaterra, donde visitó las ciudadesjardín de Letchworth y Welwyn, decidió convertirse en constructor de casas baratas. Su libro titulado, Todos propietarios (normas y soluciones para el problema de la vivienda) explicaba a los Ayuntamientos, capitalistas, cooperativas de casas baratas, así como a cualquier ciudadano que quisiera poseer una casa barata sus soluciones prácticas y financieras. Su planteamiento quedaba claro desde el prólogo:
Sin hogar donde albergarse, y sin manera de ganarse el pan de cada día para el sustento de la familia, la desesperación nace en el pecho del ciudadano necesitado, arraiga en su alma y en su cerebro el deseo de venganza, el odio al propietario y al burgués, y se recrudece la lucha de clase […].
Por eso, con la solución del problema de la vivienda, fomentando la construcción de “casas baratas”, FACILITANDO SU POSESIÓN Y PROPIEDAD A LAS CLASES NECESITADAS y proporcionado con su construcción trabajo remunerador a los obreros, no solo dejará de sentirse la escasez de viviendas, sino que la lucha de clases cesará en gran parte por haber aumentado considerablemente el número de propietarios humildes; habrá más ahorro entre la clase obrera y media de la sociedad66.
A partir de 1924 se construyó la mayoría de las 15.000 viviendas que en veinticinco años de legislación de casas baratas se edificaron en España. Destacó Barcelona, donde se edificaron 4.000 viviendas en colaboración con la empresa Fomento de la vivienda popular S.A.67.
Conclusión.
A falta de un registro de propietarios que nos permita conocer, cuantificar e incluso identificar a la clase propietaria española de hace un siglo, el recurso más utilizado ha sido el fiscal. Las lagunas existentes en los registros y memorias de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial durante los años veinte del siglo XX nos ha llevado a buscar nuevas fuentes que puedan servir de base historiográfica para cuantificar y analizar la composición de la clase propietaria española. La reforma del ICP llevada a cabo por el ministro de Hacienda José Calvo Sotelo y sus asesores a través del Estatuto Provincial nos proporciona una potente herramienta para cuantificar a la clase propietaria del territorio español que en 1926-1927 tenía una fiscalidad común. Eran poco más de dos millones de personas. El resumen de las listas cobratorias del ICP para 1926 contiene la información necesaria para llevar a cabo la cuantificación y análisis estructural de la clase propietaria, lo cual nos permite tener un mapa detallado de las provincias con más ricos y más propietarios, o en el caso opuesto nos permite conocer las provincias con menos y más pobres propietarios.
La capacidad intimidatoria del régimen pretoriano impuesto por el general Primo de Rivera y Orbaneja hizo que el número de cédulas reclamadas por los cabezas de familia se incrementara significativamente y que tanto el líquido imponible como lo cobrado por la administración provincial antes de finales de 1926 superara ampliamente a las cifras del ejercicio anterior. La carga impositiva resultó excesiva para los pequeños propietarios (clases duodécima y decimotercera), que en su conjunto tributaron ocho veces más que los grandes propietarios (clases primera y segunda). Esta reforma tributaria es una razón más para explicar el malestar social que contribuyó al final de la dictadura y a la implosión del régimen monárquico.
Los intentos que desde el Directorio se hicieron para ampliar la base de la clase propietaria tuvieron en el programa de casas baratas su expresión más definida. Este programa experimentó un fuerte impulso durante la modernización autoritaria, pero no llegó a ser decisivo en la construcción de una sociedad de propietarios. El estudio sobre la clase propietaria se podrá completar para el conjunto del territorio español cuando los datos del cobro del ICP del año 1926 de las diputaciones del País Vasco68, Navarra y Canarias se encuentren disponibles en los correspondientes archivos.