Detectives del tiempo1 … Reflexiones sobre pasado, presente y futuro de la arqueología en España2.
Desiderio Vaquerizo Gil3.
Recibido 28 de julio de 2017 / Aceptado: 24 de octubre de 2018.
Resumen. La Arqueología como ciencia, pero también como profesión, ha conocido en las últimas décadas un fase vertiginosa, marcada por la eclosión y el posterior hundimiento de la denominada arqueología comercial por sus muchos errores, las infinitas pérdidas y su falta de recursos ante la crisis, pero también por una cierta redefinición conceptual de la disciplina, aún en proceso, de la que posiblemente lo más destacado ha sido la nueva importancia concedida a su vertiente social. Seguimos, no obstante, sin dar con las claves exactas, asfixiados por la falta de financiación; desconcertados ante el no reconocimiento oficial de la profesión; sumidos en continuos enfrentamientos que nos deslegitiman y que menoscaban nuestra imagen pública. Hemos de aprender a compartir el conocimiento que generamos con la sociedad que nos sostiene, potenciando desde la investigación el componente patrimonial y divulgativo de la disciplina, integrándola en el tejido productivo, y haciendo de ella fuente de empleo y de retorno económico. En todo este proceso han tenido, y tienen, mucho que decir la Universidad -no siempre inocente-, y las nuevas titulaciones en Arqueología, que siguen sin encontrar el necesario reflejo legal. Es, pues, tiempo de autocrítica, de reflexión y de análisis, en aras de un nuevo corporativismo que aleje fantasmas añejos y amplíe desde el rigor, la autoexigencia, la flexibilidad y la ética los límites de la disciplina.
Palabras clave: Arqueología; Universidad; hermenéutica; patrimonio; sociedad; divulgación; socialización; Planes de estudio
[en] Detectives of time…Reflections on the past, present and future of archaeology in Spain.
Abstract. Archaeology as a science, but also as a profession, has seen in the last decades a vertiginous phase, marked by the emergence and collapse of commercial archaeology caused by errors and losses, but also by a certain conceptual redefinition which is still in process and from which stands out the new importance given to its social aspect. We continue, however, without finding the exact keys, asphyxiated by the lack of funding; Disconcerted by the official non-recognition of the profession; Plunged into continuous confrontations that delegitimize and undermine our social image. We must learn to share the knowledge we generate with the society that sustains us, boosting from the research the patrimonial and divulgative component of the discipline, integrating it in the productive fabric, and making of it source of employment and economic return. In all this process have had, and have much to say the University -not always innocent- and the new degrees in Archaeology, which still do not find the necessary legal reflection. It is, therefore, a time of self-criticism, reflection and analysis, for the sake of a new corporatism that distances old ghosts and extends from the rigor the limits of discipline.
Key words: Archaeology; University; hermeneutics; heritage; society; outreach; socialization; study plans.
Sumario: Hacia una arqueología de vocación integral. Da ospiti indisiderati a gioielli di famiglia... Las contradicciones académicas. De un pasado conflictivo a un futuro incierto. Bibliografía.
Cómo citar: Vaquerizo Gil, D. (2018): Detectives del tiempo… Reflexiones sobre pasado, presente y futuro de la arqueología en España. Complutum, 29(1): 13-36.
La Arqueología como ciencia, pero también como profesión, ha cambiado de manera sustancial en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista epistemológico como puramente instrumental. Entre otros muchos aspectos se ha pasado del análisis estilístico en sentido estricto a la consideración de los repertorios materiales en su conjunto; del interés prioritario por el objeto, incluso descontextualizado, a considerar determinante el contexto de aparición conforme a los principios de la arqueología estratigráfica; de la tafonomía como un fin en sí misma a la interpretación social, ideológica, ambiental o incluso territorial de los datos obtenidos. Se ha reforzado así el papel de la arqueología como ciencia histórica capaz por sí sola de hacer avanzar con pulso firme el conocimiento sobre la Humanidad; una parte trascendente y no estática ni inmodificable de la herencia cultural colectiva (Recalcati 2013, 121 ss.) que pertenece a una comunidad determinada y tenemos la obligación ineludible de analizar, interpretar, conservar, enriquecer, transmitir, divulgar, debatir y rentabilizar, porque la arqueología “produce beneficios y puede ser rentable económicamente”; Criado 1996b, 20; vid. infra). También, por supuesto, de compartir, promoviendo y garantizando el acceso universal a ella de toda la ciudadanía (Palmieri 2008, 287) conforme a un espíritu de democratización o socialización de la misma como factor de cultura, simbólico, de formación en valores y cohesión identitaria capaz incluso de transformar la realidad, en el que inciden las Cartas y Convenciones internacionales, y que recoge bastante bien la legislación hispana y autonómica actualmente en vigor (otra cosa es que se materialice).
Estos aspectos patrimoniales de la arqueología, que deberían tener, pues, indefectiblemente, como destinatario último a la ciudadanía, sin cuyo concurso y aceptación no será posible siquiera la supervivencia de aquélla, no terminan, sin embargo, de dar con el rumbo adecuado, por pura obsolescencia normativa, de concepción, finalidad u organizativa, y también por falta de acuerdo en el reparto de competencias; de consenso en cuanto a criterios de intervención y tutela en el seno del colectivo; de sostenibilidad económica y social, por deficiencias graves de planificación y rentabilización (León Muñoz 2012, 349), de educación, que es siempre una labor colectiva (Santacana 2012, 142), y de compromiso, más allá de determinadas individualidades o iniciativas. Pero parece imposible cumplir con los objetivos de investigación, conservación y mejora de la calidad de vida -incluida la gestación de empleo-, si, de entrada, no los suscribe la comunidad en su conjunto. He ahí la paradoja.
Tras una primera época dorada que se inició en los años setenta del pasado siglo, la disciplina como profesión se vio desbordada hasta límites nunca antes conocidos con el boom urbanístico y el pelotazo de los noventa sin las correspondientes reflexión teórica, adecuación práctica y confrontación científica (Vaquerizo 2015, a-b, y 2018b), y estalló de manera estrepitosa e inmisericorde a finales de la década del dos mil con la llegada de la crisis (Rodríguez Temiño 2010, 18 ss.), que, no sólo económica sino también de valores, conceptual, incluso metodológica (Ribera 2015, 121; Volpe 2015, 13), “nos ha traído la quiebra de un modelo en el que estábamos muy cómodos y una bofetada de realidad” (Almansa 2014, 323). Todo ello ha hecho de la época que ahora vivimos un momento de radical transición y profundas transformaciones -estructurales, políticas, religiosas, demográficas, de equilibrios de poder y reajustes simbólicos e ideológicos-, cuyo resultado final resulta aventurado vislumbrar, y mucho menos predecir. Un contexto impreciso, que pone marco a la nueva, contradictoria y un tanto desconcertante realidad patrimonial que perseguimos, a pesar de tanta rémora y las resistencias de quienes, desde posiciones tan conservadoras como nostálgicas y excluyentes, miran con suspicacia y preocupación el futuro (Santacana, Masriera 2012, 77).
Inopinadamente, la realidad nos puso delante el más escalofriante de los espejos, nos mostró de forma cruda y descarnada que también nosotros, los arqueólogos, vivíamos en una burbuja (Almansa 2014, 323; Menga 2015, 9). De pronto, el mercado sobredimensionado de trabajo que en el marco de una economía marcadamente neoliberal habían supuesto la arqueología urbana y de gestión -profesiones que se fueron definiendo a la par que la realidad la exigía (Pérez-Juez 2010, 9), convertidas casi en simple y en buena medida inútil trámite administrativo-, se hundió hasta el fondo del más profundo de los abismos, llevándose por delante a tirios y troyanos, mientras la denominada en contraposición, y no siempre de manera inocente, Arqueología Académica se veía enfrentada a recortes y contubernios que han puesto en evidencia su extraordinaria fragilidad y multitud de tensiones internas, por más que sus fundamentos heurísticos sean incuestionables y su potencialidad infinita.
Se explica así el éxito casi fulminante de las tan denostadas por muchos (King et alii 2012) Arqueología Pública y Comunitaria (White et alii 2004, 26), loables por definición (Almansa 2011c, 104), pero objeto también de muchos excesos en su adaptación al ámbito hispano desde el anglosajón, en el que la realidad legal, institucional, profesional y social son muy diferentes. Como aspectos positivos, además de concebir la Arqueología con carácter integral, algo que suscribo (Marín Suárez et alii 2013, 431), estas nuevas formas de hacer arqueología parten, precisamente, de implicar a la ciudadanía en el proceso científico, entendido éste desde la fase de registro propiamente dicho -prospección, excavación, documentación o simple estudio de materiales-, hasta que las estructuras, los artefactos y los ecofactos obtenidos son interpretados, conservados si procede, difundidos y también rentabilizados en sentido amplio (Pulido 2008, 322); rentabilización entendida en sentido holístico y no sólo crematístico o económico, en el contexto de eso que podríamos denominar, a la manera anglosajona, gestión cultural (Cultural Resource Management; Galaz 1995, 23; Parga-Dans 2012, 90 ss., Fig. 2; Clews 2016).
Todo ello a partir de la premisa indiscutible, e incuestionable, de que la arqueología, como la herencia colectiva que es, une a su componente histórico otro patrimonial y, en consecuencia, dadas sus evidentes posibilidades de mercado, además de conocimiento y capacidad de formación incorpora a su esencia como ciencia histórica un componente emocional y estético, un valor simbólico destacado, y la posibilidad nada desdeñable en los tiempos que corren, como explícitamente reconocen de nuevo las Cartas internacionales al uso, caso por ejemplo de la Convención de Faro (art. 4a), de generar retorno económico, en una auténtica cadena de valor (Andreu, García 2013, 277) que un buen número de ciudades -entre las cuales Córdoba- no han sabido percibir, asumir, y mucho menos explotar, en su verdadera dimensión.
Esta manera de entender las tareas arqueológicas, que en algunos casos no hace sino racionalizar prácticas previas, o poner nuevas etiquetas que corren el riesgo de convertirse en banderías académicas o identitarias (Liverani 2016), ha despertado desde el primer momento las reticencias de muchos; ha llegado incluso a ser descalificada, o tildada, de pura -y duramercantilización, por otros (La Linde 2013, 20 ss; Díaz-Andreu 2016, 75; Ruiz Zapatero 2016, 67), acumulado críticas feroces fundamentalmente desde la propia Universidad, que obvia así, entre otros muchos aspectos, las directrices emanadas estos últimos años de los organismos nacionales responsables de la investigación; y no falta quien la considera una simple cortina de humo, un truco retórico que utilizamos para justificarnos, poniéndola sin más a nuestro propio servicio (Karl 2012, 26). Olvidan con ello que tutela y valorización, entendidos ambos conceptos $\mathbf { \ddot { a } }$ la italiana”, deben ineludiblemente ir de la mano (Volpe 2016a, 20 ss.).
Opiniones aparte, para que el trabajo científico alcance pleno sentido debe siempre revertir a la ciudadanía, que necesita entenderlo para suscribirlo, ponerlo a su servicio y financiarlo; más, si cabe, en tiempos de contracción económica, cuando en sociedades salvajemente capitalistas como la nuestra la cultura es lo primero que se sacrifica (Ordine 2013), por superflua, prescindible e “inútil” (Díaz-Andreu 2014, 24); porque “the public doesn’t see archaeology as valid research into serious problems” (Kelly 2015, 15). Así lo han entendido precisamente nuestras instituciones, que desde hace algunos años exigen en todas las convocatorias (incluidas las de $\mathrm { I + D + i }$ ) la incorporación de programas de transferencia de los resultados obtenidos, o han creado líneas específicas de trabajo al respecto, buscando la “alfabetización”, también arqueológica (Ruiz Zapatero 2014b, 299 ss.), de la sociedad. El problema de nuevo es que, en una contradictio in terminis cuando menos llamativa, la investigación derivada de estos temas sigue siendo tildada de “poco científica”, menospreciada por los evaluadores y negada por las agencias, los ránkings de calidad y los organismos de evaluación universitaria (Ruiz de Arbulo 2015, 354), con lo que ello supone habitualmente de “suicidio” académico para quienes la practican.
Tradicionalmente, la comunidad científica ha tendido a despreciar la divulgación (“… género difícil, que exige conocimientos, capacidad de comunicación y escritura atractiva y motivadora”; Ruiz Zapatero 2014a, 24), a desprestigiarla por entender la transferencia de conocimiento como arqueología menor y considerar que resta un tiempo valioso e insustituible a la investigación, verdadero leit motiv de la disciplina como ciencia histórica; premisa cierta, sin duda, pero con matices y sólo hasta cierto punto, entre otras cosas porque el papel de la Universidad es el de abrir caminos, servir de modelo. Entronca tal actitud con la indefinición del perfil profesional de esta última, que a pesar de la puesta en marcha de titulaciones específicas sigue sin ser reconocida como tal por el Ministerio de Trabajo; algo que ocurrió también, por ejemplo, en Italia hasta que la Ley 110 de 2014 modificó el Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incorporando por fin en su artículo 9b una larga lista de profesiones relacionadas con el patrimonio hasta entonces inexistentes desde el punto de vista legal, si bien el proceso normativo dista mucho de estar concluido (al respecto, Volpe 2016c, 48 ss.).
De entrada, arqueólogo es, por definición, aquél que hace arqueología, lo que implica un acercamiento activo al pasado a través de sus restos materiales; pero el espectro de tareas es tan amplio que parece absurdo, y desde luego anacrónico, adoptar de entrada posturas de clase o excluyentes (Ruiz Zapatero 2014b, 298) tan propias de algunos sectores especialmente conservadores de la Academia demasiado imbuidos de su condición -más pretendida que real, en muchos casos- de elite cultural. Viene siendo destacado, de hecho, en los últimos años el papel determinante de la Universidad en el fracaso de la arqueología comercial, que representó desde el principio para muchos una amenaza sobre el control académico del conocimiento arqueológico y la gestión patrimonial (Criado 2013, 103 y ss.). No conviene nunca generalizar, pero visto cómo han evolucionado las cosas está claro que parte de razón tienen quienes hacen tal valoración, aun cuando el resultado dependerá siempre de la intencionalidad que se ponga en el análisis o del número de víctimas que se haya dejado por el camino. Por eso, será necesaria una reflexión profunda sobre el tema en los próximos años desde todos los ámbitos, con humildad, objetividad y sentido crítico, supuesta la pérdida más que comprobada de hegemonía en cuestiones patrimoniales por parte de la Universidad -o, por lo menos, del poder absoluto que detentó en otras épocas, causa de muchos desmanes y abusos que ni niego ni justifico-, y la importancia imparable y creciente que, por fortuna, están cobrando otras formas de hacer arqueología.
Si estas otras maneras de ejercer la profesión podrían llegar en el futuro a inaugurar nuevas vías a través de las cuales reconducir la disciplina haciéndola ganar en versatilidad; adaptarse a la coyuntura histórica tan singular que vivimos mientras se abren campos inéditos o poco usuales de trabajo que complementen a la arqueología tradicional de investigación -hasta ahora, sostenida sólo con fondos públicos- como efectivamente viene ya haciéndose en otros países (Volpe 2015, 62); o “democratizar” el patrimonio evitando que la Administración y el colectivo de arqueólogos nos apropiemos en exclusiva de él (Almansa 2011c, 96), el tiempo se encargará de dilucidarlo. Por el momento, empiezan al menos a revelarse como un yacimiento de empleo de primera magnitud que, con base en el concepto más patrimonial de la disciplina, tratan -consiguen, incluso- de mantener el interés ciudadano por el pasado convirtiéndolo en factor de reactivación cultural, social y econó- mica con trascendentes componentes añadidos (Gómez Redondo 2012, 16): territorial, lúdico, pedagógico, simbólico y de futuro, admitido siempre el legado material como acervo potencial y oportunidad, no como rémora (Pérez-Juez 2010, 10; Volpe 2015, 15; Napolitano, Marino 2016).
La difusión bien entendida, además de completar el ciclo natural y obligado del trabajo arqueológico, representa un yacimiento formidable de empleo no sólo para los arqueó- logos, sino también para otros colectivos relacionados con el patrimonio, el turismo, la cultura, la hostelería, el arte…, con los que obvia, y naturalmente estamos llamados a colaborar (Moreno, Sariego 2017, 169). Quizá por eso, tras las críticas suelen venir las conversiones, algunas de ellas por cierto bastante farisaicas, en todos los frentes. Hoy, no paran de surgir empresas que buscan sin pudor ni reparos retorno económico en la divulgación histórica; como consecuencia, cada vez es más frecuente ver a gente “disfrazada” de romana, que, en un sentido maniqueo de la didáctica aplicada a la arqueología (Cardona 2015), intenta supuestamente educar al tiempo que vivir (Santacana, Masriera 2012, 173). Un objetivo digno y loable en sí mismo, de tintes paradójicos, no obstante, si nos detenemos a meditar sobre el hecho de que ese sesgo hacia la difusión olvida con frecuencia la investigación; y para poder divulgar es preciso generar conocimiento, formarse a diario. En caso contrario, el ciclo se cortocircuita.
La difusión es necesaria, sí, pero sólo si sirve para transferir a la sociedad los resultados de quienes investigan, en un crecimiento simbiótico que genere historia y dote a ciudades y pueblos de nuevos recursos patrimoniales. Para ello es imprescindible antes analizar, publicar, conservar, señalizar, programar, nutrirse; justo todo aquello que hoy apenas hacemos, rozando en efecto eventualmente el puro mercantilismo. Convertir nuestros escasos monumentos en escenarios para teatros, conciertos, catas de salmorejo, mercados, juegos o escenografías de más que dudosa justificación en algún caso, cuando hay tanto patrimonio exangüe, es invertir los términos, empezar la casa por el tejado, transformar en carnaval y fiesta lo que deberían ser rigor y cultura, en ningún caso sinónimo de aburrimiento o tedio. Hemos de corregir nuestra tendencia a trivializar, a dar por hecho que los ciudadanos no son capaces de entender mensajes más profundos que el puro disfraz. Existen vías intermedias, y a ellas debemos tender.
Antes o después llegará el momento de evaluar también lo que ahora estamos viviendo; de reajustar las piezas del puzzle y redefinir el panorama; de demostrar a quien corresponda que, además de histórica, somos una ciencia socialmente útil (Almansa 2014, 324), por más que para conseguirlo hayamos de “repensar el papel de los profesionales y el de la ciudadanía, así como el sentido mismo de la Arqueología” (Vizcaíno 2016, 52); de constatar que estamos en condiciones de revalorizar la producción de conocimiento y el papel social de las humanidades (Criado 2013, 106). Y para cuando eso llegue convendría que el cuerpo de arqueólogos hubiera ganado en unidad y corporativismo, que remara en la misma dirección con afanes consciente, y planificadamente inclusivos e integradores (Volpe 2016c, 53; Pérez-Juez 2016b, 96), sin soberbias, endiosamientos ni actitudes petulantes, desdeñosas, paternalistas o excluyentes por ninguna de las partes (engreimiento gremial, lo llaman algunos autores, atribuyéndolo no sólo a una posición de autodefensa, sino también de ignorancia; Vizcaíno 2016, 62), pero también sin pesos muertos u obligaciones impostadas y no procedentes a la espalda, como un colectivo único que pretende en último término los mismos fines: la formación sostenida, tan innegociable como imprescindible; el conocimiento sobre el pasado desde los más absolutos rigor y autoexigencia (Andreu, García 2013, 274), y la transferencia del saber generado, a través de la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico entendido éste en sentido global, integrador y polisémico (Ruiz Zapatero 2016, 60). Siempre, desde la más estricta ética, que jamás logrará imponerse por ley, sino por convicción.
Da ospiti indisiderati a gioielli di famiglia...
Ya he destacado en algunos de mis trabajos más recientes (Vaquerizo 2013, 2014; 2015, a-b; 2016, a-e; 2017, a-b, o 2018, a-b; Vaquerizo, Ruiz 2013, 2014 y 2017; o Ruiz Osuna, Vaquerizo 2014) la dinámica tan particular y dramática seguida por la Arqueología en Córdoba desde que tuvo lugar la transferencia de competencias en materia de patrimonio arqueoló- gico por parte del Gobierno central a la Comunidad Autónoma andaluza de acuerdo con lo establecido en los artículos 148 y 149 de la Constitución, y la posterior delegación parcial de funciones de esta última en el Ayuntamiento de la ciudad (Murillo, Ventura, Hidalgo 1998- 1999 y 1999), que, a su vez, tuvo el acierto de contar con la Universidad local. Dicha colaboración, tan oportuna como necesaria y fructí- fera, acabaría por cristalizar en un estado de cosas inédito, de enorme trascendencia para el discurso cotidiano de la disciplina: consideración de la ciudad como yacimiento único -el yacimiento ciudad, del que hablan algunos autores (Castillo 2013, 192)-, diseño de una nueva normativa en el marco del PGOU, introducción de parámetros metodológicos novedosos y uniformes, o creación de una herramienta informática capaz de gestionar toda la información generada. Más tarde, tras imprimir un poco de orden en el caos (lo que no implica en absoluto haber puesto fin a los problemas), alcanzaría su expresión más exitosa en el Convenio desarrollado desde 2001 a 2011 entre el Grupo de Investigación que dirijo y la Gerencia Municipal de Urbanismo (León Muñoz 2008 y 2012; León Muñoz, Vaquerizo 2012), a pesar de sus errores, sus muchas limitaciones y las críticas posteriores, despiadadas, tendenciosas, interesadas y muy poco objetivas (CNT Córdoba 2010 y 2011).
La crisis del Pelotazo trajo consigo no sólo el hundimiento de la arqueología de urgencia, profesional, autónoma, de empresa, comercial o como queramos denominarla (Almansa 2008; Parga-Dans 2012, 95 ss.; Berrocal 2014, 99 ss.), y una escasez flagrante de recursos públicos, con los consiguientes recortes, especialmente drásticos en los campos de la investigación y de la cultura, sino también un replanteamiento de actitudes, incluso epistemológico, que continúa en plena ebullición, moviéndose entre extremos, cayendo en clamorosas contradicciones y sin dar con un modelo que contente a todo el colectivo, desestructurado e incapaz, casi por definición, de adoptar una postura unitaria ante nada que tenga que ver con nuestra disciplina, de suscribir acuerdos mayoritarios que nos vinculen a todos con independencia de nuestro ámbito de trabajo, a la manera de tantos otros colegios profesionales (La Linde 2015, 190).
Todas las “arqueologías” apenas citadas se engloban de alguna manera en el concepto de arqueología preventiva, habitualmente planteada al margen de proyectos generales de investigación y de las exigencias interpretativas de éstos (Benet, Rigo 2015, 128); una modalidad de intervención -también de planeamiento- que, además de no limitarse ni conceptual ni empíricamente a la excavación arqueológica, debería haber incorporado desde el primer momento y sin excepción labores especificas de protección, conservación y difusión en sentido amplio, pues “la verdadera corrección del impacto consiste en modificar el proyecto para conseguir que la obra no afecte al bien o lo haga de forma mínima” (Martínez, Querol 2013, 175). Tales exigencias se revelan particularmente imperativas e imprescindibles en el marco de la ciudad histórica (Salvatierra 2013): en las urbes superpuestas todo movimiento de tierras, por pequeño, parcial o limitado que sea, ha de ser abordado y entendido en el marco de un proyecto de carácter integral que las enfrente como yacimiento único en el tiempo y en el espacio, procurando evitar siempre que sea posible las remociones y las pérdidas, y asegurando la protección con independencia de que los restos puedan o no ser conservados. En este planteamiento, como es lógico, resulta determinante el papel de las instituciones responsables del patrimonio (Cultura, Planeamiento y Medio Ambiente); también, de las Universidades y los centros de investigación, que antes o después tendrán que incorporar la arqueología preventiva en sus curricula formativos.
En la Comunidad Autónoma Andaluza la consolidación de dicha tendencia ha supuesto de facto un recorte importantísimo de los proyectos sistemáticos y académicos de investigación, pero no en cambio reducción alguna de las intervenciones preventivas, puntuales o de urgencia, limitadas sólo por el estallido de la burbuja inmobiliaria y posterior hundimiento de la demanda; es decir, por la fuerza de los hechos y no por política o voluntad planificadora alguna (León Muñoz 2012, 353). Ahí, pues, radica el reto, más importante si cabe por cuanto la arqueología comercial podría encontrar en las facetas más patrimoniales, ambientales y de investigación de la arqueología preventiva -en particular, sobre el ingente volumen de información arqueológica ya acumulada en museos y almacenes de todo tipo- una nueva vía de desarrollo profesional y también un nuevo y poderoso mercado, centrados ambos fundamentalmente en la catalogación y el análisis, el estudio e interpretación de los paisajes culturales antiguos, las cautelas, las reservas y las integraciones (Martínez, Querol 2013, 175; Orejas, Ruiz del Árbol 2013).
En el año 2004, que marca el cenit del boom arqueológico ligado al desarrollismo urbanístico de las últimas décadas, se autorizaron en Andalucía aproximadamente 3.000 intervenciones arqueológicas de urgencia; cifra que se redujo poco después hasta las 1.500 por año, y bajó a 1.023 en 2008 (Parga-Dans 2011, 167). Tras esta frenética vorágine de movimientos de tierra, errores mayúsculos, pérdidas irreversibles (Ribera 2015, 123), ocasiones desperdiciadas, destrucciones y menoscabo sin precedentes de la ya maltrecha e idealizada imagen social del colectivo, deberíamos estar en condiciones de afirmar que dicha situación no podrá nunca volver a repetirse; sin embargo, como ya antes avanzaba, el escepticismo ante nuestra incapacidad para aprender de las equivocaciones, la conciencia del peso descomunal de los intereses creados sobre cualquier tipo de objetividad científica (por más que no exista la interpretación neutra; Santacana, Masriera 2012, 172), la servidumbre de las vanidades y el chanchulleo…, le pueden a cualquier tipo de esperanza.
En efecto, según datos ofrecidos por la Consejera de Cultura a la sazón, Rosa Aguilar, en su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Patrimonio de Andalucía el 17 de febrero de 2016, la Administración de la que ella era en aquel momento eventual responsable habría autorizado 3.240 actividades arqueoló- gicas entre 2011 y 2015; una cifra a todas luces desorbitada, reveladora por sí misma de que si volviéramos a conocer otro boom inmobiliario es muy posible que reprodujéramos uno tras otro los mismos errores incluso acrecentados, por cuanto los niveles de responsabilidad y eficacia institucionales parecen cifrarse también para este aspecto en el número y no en la calidad, los filtros o la existencia de planes adecuados de investigación, tutela, conservación y rentabilización de lo excavado (Hernando, Tejerizo 2011, 67); siempre, por supuesto, desde los más estrictos vigilancia y rigor.
Confirma mi pesimismo al respecto el hecho de que, aun cuando la nueva formulación de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007 establece claramente en sus artículos 29- 32 firmes cautelas arqueológicas por parte de la Administración autonómica de Cultura sobre los instrumentos municipales de planeamiento urbanístico y los planes de control ambiental (Ortiz Sánchez 2015, 397 ss.), por el momento no se hayan corregido sesgos. Tampoco, sobre algunos proyectos sistemáticos de largo recorrido que priman la excavación sobre el análisis profundo de estratigrafías y secuencias, la exhumación de restos sobre el estudio de materiales y la publicación de resultados. Así lo han detectado también otros autores (Menga 2015, 7).
No suscribo en este sentido la idea de que en el futuro la Universidad pudiera capitalizar como coordinadora la “arqueología científica”, reservando la parte comercial y administrativa a los servicios autonómicos y municipales; o de que éstos participen de la investigación sin el amparo de aquélla, supuesta la experiencia acumulada en los últimos treinta años (León Muñoz 2012, 357). Participo más de la opinión expresada por J. Ruiz de Arbulo hace dos décadas (1997, 664) sobre una Universidad capaz de ejercer un papel de tutela y apoyo de la actividad profesional, garante en alguna manera del rol investigador que también debería desempeñar esta última. Lo cierto es que tampoco la Universidad ha estado (en realidad, sigue sin estar) a la altura, por lo que no parece que ninguna de dichas alternativas pueda ser entendida como panacea; más bien producen escalofríos, si se piensa en determinadas actitudes o formas de proceder.
La imposibilidad secular que venimos demostrando para vertebrarnos en un discurso común, para sancionar de paso la función social del trabajo que realizamos ante una ciudadanía cada vez más culta, informada, observadora y crítica que, conforme aumenta su nivel cultural pero también su necesidad de referentes y recursos, empieza a entender el patrimonio -herencia, propiedad y responsabilidad común- de forma progresivamente mayoritaria como elemento reforzador de la identidad propia frente la alteridad (Volpe 2015, 104), motivo de orgullo y reserva económica, al tiempo que actúa en él con afanes recíprocos (Vizcaíno 2015, 201), nos ha provocado un cierto complejo de inferioridad, que nos lleva permanentemente a la autojustificación, en la búsqueda infructuosa de un sitio que no terminamos de encontrar (Quirós 2013, 11).
Desde posiciones no siempre éticas, ajenos por completo a cualquier tipo de debate, y muy lejos de actitudes reflexivas, autocríticas o militantes -imprescindibles para diagnosticar el mal que nos aqueja y (re)diseñar el futuro-, hemos combatido insensatamente dicha psicosis mediante la apropiación con afanes de exclusividad por parte de la Administración y los profesionales de la misma (Almansa 2011a, 94) de la arqueología y el patrimonio en tanto que construcción social generadora de identidades (Criado 2011; Gómez Redondo 2012, 17). Dicha requisa se ha venido materializando en unos muy poco justificables hermetismo y falta de transparencia, achacables no sólo a la arqueología “académica” (Azkárate 2011, 9), sino también a la comercial y, por supuesto, a las instituciones encargadas por ley del patrimonio (Ayán 2014, 129; Vizcaíno 2015). Todo esto, sumado a la fragmentación tradicional del sector (Almansa 2012, 221), al individualismo y la insolidaridad que como ya he dicho caracterizan al colectivo (Hornos 2001, 42), han restado a éste credibilidad social, nos ha deslegitimado como profesión y también como ciencia (Criado, Barreiro, Amado 2006, 1710-1711) justo cuando más lo necesitábamos (Cau 2015, 82-83); algo que, como tantos otros aspectos, no es prerrogativa exclusiva nuestra, detectándose dinámicas muy similares en países de nuestro entorno inmediato (Volpe 2016b, 336 ss.).
Suscitar interés por el pasado resulta difícil en una sociedad globalizada y horizontal, en la que se han diluido hasta prácticamente desaparecer algunos de sus segmentos culturales o económicos a los que la arqueología ha atraído de manera tradicional, en beneficio de nuevas clases dirigentes que, por ignorancia o desinterés, miran hacia otro lado (Brogiolo 2014, 332 ss.). Y se fracasa, de hecho, con todas las de la ley, “cuando se emite un mensaje que no interesa al receptor” (Lasheras, Hernández 2005, 135). Ahí radica el milagro siempre inexplicable de la comunicación, vital para estrechar la relación entre patrimonio y sociedad, al tiempo que generar nuevas vías de desarrollo, motivación y empleo (al respecto, Volpe 2015, 71 ss.), ya sea en sentido unidireccional -los investigadores difunden a un público pasivo-, circular -los investigadores comparten información con el público-, o participativo -se intenta involucrar a este último en la propia investigación (Martín Civantos, Delgado 2016, 75-76). Quizá por eso existe cada vez mayor unanimidad en considerar que gestión y divulgación deben formar parte indisoluble de los planteamientos y objetivos de todo proyecto de investigación arqueológica (Pérez-Juez 2006, 11); premisa que las Administraciones parecen haber asumido antes incluso que los propios profesionales, más reacios a percibir que la arqueología entendida a la manera tradicional, pura y dura, interesa cada vez a menos gente a no ser que vaya enriquecida por ciertos atractivos históricos, monumentales, legendarios, didácticos, transversales, inclusivos, o simplemente exóticos, sin que ello implique bajo ningún concepto devaluarla. Si bien la inclinación general hacia ella existe, el problema es que una buena parte de la sociedad desconoce en su plena dimensión qué son la arqueología y qué el patrimonio -en absoluto sinónimos, y mucho menos equivalentes-, o cuáles el ámbito y el alcance reales y exactos de ambos (Ibáñez Alfonso 2016, 421). Pero, ¿se lo hemos explicado…?
No cabe dudar, aun así, de las potencialidades de nuestra disciplina (Criado 1996, a y b; Azkárate 2008, 232 ss.; Andreu, García 2013, 277; Barreiro 2013, 19, o Criado, Barreiro, Varela-Pousa 2015), que, al margen de sus connotaciones estrictamente investigadoras, nacionalistas, políticas e incluso econó- micas (Ruiz Zapatero 2009b, 17 ss., y 2013, 190; Tejerizo 2011, 390), debería ser abordada por definición y sin excepción de manera integral, holística, sinérgica y simbiótica por parte de todos los colectivos implicados en ella (Pérez-Juez 2016b, 94 ss.): instituciones, investigadores, técnicos de la Administración y de los museos, arqueólogos (académicos, profesionales libres o de cualquier otro ámbito), asociaciones, emprendedores privados y público (Pastor, Ruiz 2016), en un nuevo escenario y conforme a otras fórmulas en las que habrán de desempeñar un papel determinante las nuevas tecnologías de la información y el mundo digital.
Conviene no olvidar en este sentido el salto cualitativo de estas últimas décadas en el concepto de bienes culturales, que, además de los materiales y los inmateriales, incluye cualquier manifestación de la inteligencia o la habilidad humana no necesariamente de tipo monumental o artístico, y se extiende también al contexto social y al paisaje cultural, al espacio antropizado (Orejas, Ruiz del Árbol 2013; Pérez-Juez 2016a, 319), según recomiendan todos los textos legales, Cartas y recomendaciones nacionales e internacionales al respecto. Es así como se puede llegar a cambiar su consideración “da ospiti indisiderati a gioielli di famiglia” (Volpe 2016c, 163).
Habremos, por otra parte, de enfrentar nuestro trabajo adaptándolo siempre a la heterogeneidad de sus destinatarios últimos, comprendidos políticos, empresarios y gestores del patrimonio a los que, en función de los segmentos de edad, cultura y audiencia, será necesario ofrecer diferentes niveles de lectura, multiplicidad de formatos y una amplia, dinámica y flexible gama de recursos para la comunicación susceptibles de ser desplegados de manera flexible en función de su grado individual de formación, interés, tiempo disponible, o incluso curiosidad (outreach approach vs. multivocal approach; Brogiolo 2014, 338 ss.); también, de los objetivos que se persigan, diferentes en cada caso. La pregunta, me temo -cuya respuesta dependerá en todos los casos del punto de vista conceptual, metodológico y personal, en el sentido ideológico y de compromiso con el carácter integral de la disciplina-, será siempre la de si esta labor le corresponde al arqueólogo investigador sensu stricto o bien a otro tipo de técnicos; incluso, tal vez, a arqueólogos reconvertidos en otra cosa (vid. infra).
Dado que los profesionales de nuestra disciplina somos bastante propensos a mostrar paisajes y ambientes arqueológicos en los que conviven de manera diacrónica elementos de muy diferentes épocas, a la manera de palimpsestos poco menos que indescifrables para el profano que necesitan ineludiblemente ser interpretados (Santacana, Masriera 2012, 91), además de asumir de entrada que será imposible contentar a todo el mundo, a la hora de abordar esta tarea habremos de ser conscientes de que hablar de puesta en valor del patrimonio es poner sobre la mesa el tema de su relación con la ciudadanía (Volpe 2015, 65). Por una cuestión de desconocimiento, ininteligibilidad, simple pasividad y/o también extrañeza, por más que le atraiga de él su carácter evocador de culturas pasadas, exóticas y preñadas de misterios, ésta, en su conjunto, lo suele considerar algo decididamente ajeno, lejano, improductivo y no digno de percibir sus escasos recursos, sobre todo cuando éstos son limitados.
Comparto, en este sentido, el principio esencial de que “no todo lo que es objeto de la disciplina arqueológica es susceptible de ser vulgarizado” (Galaz 1995, 27); si bien soy consciente de que no lograremos jamás hacer entender nuestro mensaje a sus potenciales destinatarios sin la habilidad de empatizar con ellos, de ponernos en su lugar para intentar comprender qué esperan, y adaptar la información a sus diversos requerimientos, fines, necesidades o simplemente nivel de conocimientos; sin ejercer, al fin y a la postre, como “arqueó- logos para los demás” (Almansa 2016, 116).
En este objetivo desempeñan a día de hoy un papel fundamental las TICs (al respecto, vid. por ejemplo Pérez-Juez 2010, 18 ss., o Atienza Fuente 2015); también, los recursos y soportes didácticos y pedagógicos, imprescindibles para garantizar la adaptabilidad del discurso, el aprendizaje individual y la posibilidad de experimentar. A través del conocimiento debemos facilitar al hombre del presente, receptor final de nuestro trabajo, aproximaciones diversas al patrimonio arqueológico y a todo lo que él representa que le hagan posible experiencias vitales de carácter estrictamente personal, irrepetibles y siempre renovadas, sin dar nunca por agotado un discurso que le puede servir además para construir el futuro (Ábalos et alii 2017, 395). Un futuro mejor, si se sabe aprender del pasado, porque para que éste alcance todo su valor no sólo tiene que ser vivido, sino también sentido (Ruiz Zapatero 2014b, 297), y por supuesto disfrutado. En palabras de J.A. Barceló (1999, 12 ss.), dada nuestra capacidad para analizar los procesos históricos, políticos, sociales, económicos, sociales, ideológicos o incluso tecnológicos que nos han llevado al momento actual, los arqueólogos, como los historiadores, deberíamos formar parte de la conciencia crítica de toda sociedad.
Hablo de escenarios inéditos, que persiguen una arqueología estratégicamente adaptada a un entorno sostenible y consecuente, ofrecen educación como el medio más eficaz para lograr una gestión patrimonial de carácter preventivo, generan pensamiento crítico, y requieren de nuevas fórmulas de investigación, gestión, transferencia, transmisión y comunicación (Parga-Dans 2011; Vives-Ferrándiz, Ferrer 2012, 177; González Reyero 2015) capaces de ampliar el espectro receptor del conocimiento, limitado tradicionalmente a la comunidad científica, poniéndolo por completo al servicio de la ciudadanía. También, de dinamizar los mercados y hacer crecer la economía; de incrementar el tejido productivo, potenciar el bienestar social, favorecer la integración, desarrollar principios éticos en relación con el respeto al pasado, y cohesionar la sociedad (Volpe, De Felice 2014, 402 y 408 ss.; vid. también Volpe 2015, 72). Sirva para ilustrar este argumento la Guía APPEAR de buenas prácticas sobre la gestión arqueológica en ciudades y pueblos de Europa, emanada de un proyecto europeo dirigido hace unos años por Mikel Asensio, que plantea de manera accesible las preguntas y respuestas más habituales sobre el tema (Asensio et alii 2005, 228).
Las contradicciones académicas.
Acabamos de verlo y argumentarlo: en los tiempos que corren son más necesarios que nunca proyectos de investigación bien planificados que contemplen todas las fases del trabajo arqueológico, sin olvidar la protección, la conservación, la puesta en valor y la difusión, ni descartar en ningún caso la integración de la arqueología y todo lo que la envuelve en el tejido social y productivo. Sin embargo, esta realidad es cada vez más esquiva, particularmente en España, donde el Estado de las Autonomías ha introducido una considerable dispersión de recursos, una multiplicación de variables y un porcentaje intolerable de improvisación que, con frecuencia, van de la mano de intereses creados, propiciando el divorcio frecuente entre Administración pública y Universidad, agotada ésta ante los mil y un obstáculos que pone aquélla para el desarrollo de su trabajo, y no siempre conforme -ni mucho menos cómplicecon los criterios adoptados en la concesión de proyectos y los escasos fondos existentes.
No sería “políticamente correcto” llegar más allá en esta sede; mucho menos cuando el lector es inteligente, cuenta con otras fuentes de información y sabe leer entre líneas, pero sí conviene recordar que estas dificultades alcanzan desde hace años dimensión de verdadero problema en Andalucía, donde muchos profesores universitarios llevan décadas sin dirigir una intervención de campo, disuadidos ante el muro impenetrable que representa para algunos la Administración autonómica de Cultura. Una Administración que, en cambio, ha autorizado sin ningún pudor y con pleno amparo legal miles de intervenciones puntuales, preventivas y de urgencia, en muchos casos a arqueólogos insuficientemente formados y sin las suficientes garantías de control, ética y rigor exigibles en intervenciones, memorias y publicaciones (Roig 2013, 182 ss.; León Muñoz 2012, 356). Eso, por no hablar del cuestionable papel que ha desempeñado en relación con la conservación y difusión de los restos. Basta observar lo ocurrido en Córdoba para entender el problema en toda su dimensión.
Así las cosas, a la Universidad no le quedan otras vías -con algunas singularidades, que las hay, en más de un caso matizables- que los proyectos de investigación “teóricos” financiados desde organismos nacionales e internacionales, sobre temas de cierto alcance que pocas veces implican intervenciones de campo, lo que limita de manera muy considerable la producción de conocimiento, el proceso formativo de nuevos alumnos y profesionales, y la retroalimentación que requieren la institución, la ciencia y la dinámica habitual de las cosas (vid. al respecto los trabajos contenidos en Aavv 2017). Todo un despropósito agravado con la crisis, al quedar la Universidad en una sangrante orfandad de fondos públicos que la mantiene -y la mantendrá todavía durante bastante más tiempo- inoperativa, o por lo menos renqueante.
De manera simultánea, la derivación hacia la transferencia del conocimiento y la divulgación de resultados, siempre como complemento imprescindible y final de la investigación aplicada, encuentra las resistencias más acérrimas en el marco de la propia comunidad universitaria, sumida desde hace décadas en una dialéctica estéril entre áreas de conocimiento y repartos de poder (Capella 2009, 11), entre “castas” y “subalternos”, entre investigación básica y aplicada, que tiende a conceder un valor de excelsitud a la primera y desprecia la segunda por considerarla inferior, marginal o “de tercera”, asumida por investigadores que, supuestamente, según la versión de los primeros, no alcanzan, o no consiguen acceder a otro tipo de proyectos considerados de manera tradicional de más enjundia o prestigio por falta de méritos, capacidad o competencias.
Es, por desgracia, el sentir general, con muy pocas, aunque honrosas, excepciones que otorgan a ambas formas de trabajar idénticos peso y categoría, como las dos caras que son de una misma moneda (Azkárate 2008, 221). En último término hacer arqueología es hacer historia con un trascendente componente patrimonial y social añadido (Ruiz Zapatero 2009b, 12), y entre los amplios límites de esos tres parámetros cabe casi una infinidad de aproximaciones, todas necesarias y complementarias entre sí. Lo que importa, pues, no es lo que se haga, sino cómo se haga. En esa arqueología integral o aplicada (Barreiro 2013, 19) que muchos preconizamos cabemos todos.
En efecto, los investigadores académicos se vienen preocupando más de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento -especialmente en el campo de las Humanidades (Moreno, Sariego 2017, 166), y con vocación casi militante en el de la Arqueología-, que por asumir la transferencia a la sociedad de la información generada como parte definitoria de sus obligaciones y de su producción, que entienden con frecuencia degradante y llegan a asumir en algún caso a fin sólo de cubrir las apariencias (Volpe 2015, 110). Sacralizan con ello su actividad y su concepto quizá un tanto trasnochado -o cuando menos anacrónico, si bien respetable- de la arqueología como ciencia elitista y exclusiva, al tiempo que alimentan la tradicional oposición entre ciencias “experimentales” y “humanísticas” y actúan en contra de:
– las directrices más recientes al respecto emanadas de los organismos internacionales y las Administraciones responsables de la investigación, la educación, la ciencia y la cultura como instrumentos reales de democracia y participación ciudadana, capaces de mejorar las condiciones de vida (Volpe 2016c, 14); el peso de la legislación vigente; la vocación de servicio público y su prioridad sobre los intereses personales; la ética por encima de los valores puramente epistémicos, la orientación explícita y fuertemente comprometida de las últimas convocatorias de $\mathrm { I } { + } \mathrm { D } { + } \mathrm { i }$ (Vaquerizo 2015a; González Reyero 2015, 45); la propia definición conceptual de la disciplina como ciencia histórica, social y responsable.
A día de hoy, la mayor parte de las Universidades españolas (incluidas las privadas) ostentan un perfil prioritariamente científico, y son las Áreas de las denominadas “Ciencias puras”, que no suelen tener problema alguno con incorporar a sus tareas las labores de divulgación, las que de alguna manera diseñan el discurrir de aquéllas, entre otras razones porque suelen gobernarlas. El problema es que dicha premisa incorpora efectos que trascienden lo estrictamente local para condicionar incluso la carrera universitaria entendida en sentido amplio: los organismos de evaluación suelen también estar controlados por científicos “puros”, que establecen perfiles de excelencia adaptados a los suyos propios. Tales circunstancias acarrean efectos importantes, directos y a veces nada positivos, sobre el cursus profesional de muchos profesores de Humanidades -entre los cuales quienes hacemos Arqueología-, objeto a nuestro pesar de acusados agravios comparativos. El caso es que mientras los primeros aprovechan la coyuntura para adecuar el reparto a sus propias potencialidades, el resto lo permitimos, renuentes siempre a asumir de forma global el espectro de responsabilidades sociales de nuestro trabajo, bajo el amparo de una cuestionable reivindicación de ortodoxia que no es sino simple pasividad. Como resultado, la situación adopta con frecuencia tintes kafkianos; termina por menoscabar el entusiasmo de quienes, a pesar de trabajar en Áreas de “Letras”, desarrollan labores de investigación y transferencia tan interdisciplinares, activas, transversales e intensas como las de las Áreas más competitivas y rentables de la Universidad, incapaces sin embargo de convertir en laicismo aquella sacralización. Es cierto: los arqueólogos no producimos patentes, ni vacunas, pero generamos conocimiento y urdimbre patrimonial, que la sociedad necesita para su recreo intelectual y reforzar sus señas de identidad, y que puede además -he ahí la clave- transformar en tejido productivo.
En la Universidad, imbuida hasta cierto punto de la idea -errónea, por cuanto la generación de conocimiento es resultado siempre de la acción, y tiene lugar en un contexto físico, social y temporal determinado- de que es posible hacer investigación con criterios exclusivamente científicos, neutrales y objetivos, al margen de cualquier posicionamiento social o ideológico (Vizcaíno 2015, 195 y 203 ss.), lo que prima, de entrada, es aquélla; a continuación -a gran distancia- la docencia, y finalmente, de manera tangencial y con frecuencia denostada, no sólo en España (Volpe, De Felice 2014, 402 ss.; Volpe 2015, 75), la divulgación. La prueba está en que a día de hoy los resultados de la misma no son tenidos en cuenta a la hora de evaluar la productividad del profesorado, que toma forma en sexenios y complementos de diferente calado y alcance, en una flagrante falta de apoyo institucional a las actividades de cultura científica (Ayán et alii 2010; Castro Martínez et alii 2008, 632) que sería necesario modificar de manera perentoria, incorporándolas de paso, con todas las consecuencias, a los Planes de Estudio y los curricula académicos (Ruiz Zapatero 1996, 98; Aavv 2017).
Se entiende así que sean pocos los que deciden militar en ellas de forma abierta y con convicción, dado que asiduamente las críticas más feroces y destructivas llegan desde las propias filas. Esto no es óbice para que de manera mayoritaria, y con todos los matices que se quiera, tengamos claro todos desde hace años el carácter marcadamente transversal de la disciplina, su honda implicación con la denominada Sociedad del Conocimiento -que utiliza éste para entender su presente y construir su futuro; recurso legítimo, privilegiado, estraté- gico y capaz de singularizarla por sí mismo-, y su enorme e ilimitado potencial de comunicación (Bianchi Bandinelli 1961; Himmelmann 1981; León Alonso 2001; Settis 2005; Carandini 2012, 25; Volpe 2015, 71 ss.). Como consecuencia, las tareas de divulgación están poco a poco siendo incorporadas por los grupos de investigación españoles; si bien más en algunos casos por imposición oficial y estrategia oportunista que por verdadera coherencia (muchos, de hecho, lo hacen sobre el papel y en público, mientras reniegan de ello en privado; Azkárate 2011, 8).
Ahora bien, ¿sabemos los arqueólogos transmitir el resultado de nuestras investigaciones?; ¿cuidamos nuestras narrativas sobre el pasado?; ¿dejamos clara la subjetividad de nuestras apreciaciones últimas? Hablo no sólo del lenguaje científico, sino también del divulgativo, consciente de que en ambos ostentamos importantes carencias que limitan de forma importantísima nuestra capacidad para comunicar, en fondo y forma (“la escritura es la que crea el saber. Pero esa escritura no es inocente”, Ruiz Zapatero 2014a, 12). $\dot { \zeta }$ Cuántas Universidades hay en España que, más allá de contenidos y, con suerte, algunas habilidades instrumentales, doten a sus alumnos de las competencias necesarias para que, tras terminar su formación, puedan realizar una labor de comunicación solvente, pasional, holística, versátil y comprensible, capaz de adaptarse a los más diversos sectores de público sin caer jamás en la simplificación, o la aún peor trivialización, hasta transformar “l’attività di conoscenza e di tutela in una operazione culturale collettiva…”? (Volpe, De Felice 2014, 408). Ya lo indicaba hace años N. Himmelmann (1981, 76): la cultura burguesa suele destruir, al banalizarlos, los mismos valores que pretende exaltar; de ahí el peligro de caer en los estereotipos, de ofrecer únicamente lugares comunes carentes de fondo, valores emocionales y capacidad de estímulo, cuando no puras aberraciones. Sirvan como ejemplo y metáfora desafortunada las escenografías posmodernas de carácter pretendidamente arqueológico e identitario creadas hace unos años sin lugar a complejos por los empresarios vinateros de la Ribeira Sacra, en Galicia (Ayán 2014, 158).
Hace falta, pues, un replanteamiento oficial de las cosas que coloque a cada uno en su sitio; impulsar nuevos Planes de Estudio (los actuales “cerraron en falso”; Criado 1996b, 31) que tengan de verdad en cuenta las exigencias del mercado y la realidad que vivimos, especialmente en el marco de los grandes yacimientos urbanos como son la mayor parte de nuestras ciudades históricas; favorecer la industria cultural desde una gestación de conocimiento “adaptable, flexible y aplicable a los diferentes contextos” (Parga-Dans 2011, 278): porque la investigación tradicional no está reñida con la difusión científica, antes al contrario la nutre y la sostiene. De hecho, se puede incluso, perfectamente, hacer investigación desde la transferencia. Es quizás uno de los campos más novedosos, prometedores y rentables de los últimos tiempos, que deberán abrir caminos a nuevas experiencias e iniciativas (La Linde 2014, 14).
La insolidaridad imperante en nuestra profesión (Morín, Barroso 2014, 320; La Linde 2015), las actitudes soberbias o despreciativas, ayudan muy poco a la imagen social de la arqueología; a que además de ciencia histórica se nos considere una ciencia útil, social y por tanto necesaria (Tejerizo 2011, 406); a reducir las distancias entre el saber generado -cada vez más frágil y plural-, nuestras flagrantes carencias a la hora de construir y comunicar el conocimiento, y el gran público, por más que éste pueda no sentir la necesidad de aquél (Castro Martínez et alii 2008, 631) si no es educado primero al respecto; en un proceso que se retroalimenta a sí mismo. Todos ellos son motivos más que suficientes para la reflexión (González Reyero 2015, 51) y la autocrítica que, sin embargo, temerariamente no acaban de llegar.
Nuevas titulaciones para una profesión que no existe.
En los últimos años se han puesto en marcha en España los primeros Grados en Arqueología, impartidos por el momento en la Universidad Autónoma de Barcelona (desde el curso 2009-2010), la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid (curso 2010-2011), y las de Granada-Sevilla (curso 2013-2014), a las que se incorporó en 2014-2015 la de Jaén, con un total aproximado de 200 estudiantes por cada nuevo ingreso (Ruiz Zapatero 2009a, 227 ss., y 2016, 62 ss., Fig. 8; Hernando, Tejerizo 2011, 60 ss.). Son Planes de Estudio diferentes en contenidos y niveles de formación, sin la menor uniformidad entre ellos, lo que dificulta el intercambio no sólo a nivel de Grado, sino también de Postgrado y de Doctorado; loables, sin duda, si bien resulta difícil sustraerse a la impresión de que han llegado demasiado tarde.
No hay que olvidar, por otra parte, que, dada la tolerancia al respecto de la legislación vigente, sigue siendo posible de pleno derecho acceder a la carrera arqueológica también desde, por ejemplo, los Grados de Humanidades, Historia e Historia del Arte, a pesar de que los últimos planes de estudio hayan limitado la presencia de nuestra materia en sus respectivas programaciones a puramente testimonial. Tal circunstancia no tiene por qué ser negativa, cuando se acredita la debida formación (que nunca, en cualquier caso, resultará comparable), pero abre la puerta a laxitudes formales que por regla general no favorecen la unidad ni benefician a la credibilidad social de la profesión (vid. un análisis reciente sobre esta misma problemática para el caso de Italia en Volpe 2016c, 213 ss. Para España, Aavv 2017).
Es perentorio, pues, clarificar el panorama a partir de la nueva realidad académica, la desigualdad evidente entre Universidades grandes y pequeñas, los desequilibrios territoriales y la múltiple casuística de nuestros egresados, a los que o bien se les permite ejercer sin la debida cualificación, como ha sido habitual hasta ahora (León Muñoz 2012, 356), o bien se les obliga -cuando no han podido cursar el.
Grado específico y tienen el pundonor necesario para ello, por cuanto no existen exigencias oficiales al respecto- a completar su formación arqueológica a través de Postgrados de especialización extremadamente costosos y en consecuencia no siempre accesibles, con el riesgo que esto supone de caer en desigualdades sociales flagrantes y muy poco éticas (González Álvarez 2013b, 214 ss.; Ruiz Zapatero 2015a, 351); una situación caótica en la que sería preciso poner orden cuanto antes.
En esto, como en tantas otras cosas, la realidad, la calle, van mucho más deprisa que las aulas, y posiblemente porque en ningún momento se abordó con carácter previo la “cartografía” académica y profesional de la arqueología y los arqueólogos en España que invocaba hace una década G. Ruiz Zapatero (2009a 227), los últimos planes de estudio han nacido muertos (se esperan desde hace algún tiempo cambios estructurales importantes al respecto), incapaces, en su raquitismo, de adaptarse sobre la marcha a un mercado laboral que les es esquivo, entre otras razones porque -¿cabría imaginar mayor paradoja?- ¡no los reconoce…! Conviene no obstante relativizar mi tajante afirmación, que tiene más que ver con la dura y contradictoria realidad que con cuestionar la necesidad de tales títulos. De hecho, hay ya quien ha destacado que la nota de corte de los mismos en las Universidades catalanas y la Complutense de Madrid está muy por encima de la media requerida para el resto de titulaciones de Humanidades, lo que da idea de su tirón entre los estudiantes (Ruiz Zapatero 2016, 63). Otra cosa muy distinta, y aquí está el origen de mi reflexión, es el nivel de inserción laboral en facetas profesionales relacionadas sensu stricto con la arqueología que lleven aparejado.
Los problemas y limitaciones señalados son el mejor indicativo de que debemos cuestionar con urgencia la Arqueología tal como la hemos venido concibiendo estas últimas décadas (Aavv 2017); adaptarla, potenciando siempre su carácter transversal, a las nuevas exigencias de la ciencia, la empresa y el mercado; orientarla en la misma medida, con altruismo, pero también carácter estratégico, a la comunidad científica, la sociedad y el entorno, si no queremos verla limitada otra vez a los despachos universitarios y la excelsitud presumida de una ciencia inútil e insostenible, por prescindible, para una ciudadanía obligada sin más remedio a priorizar en qué gasta sus escasos fondos (Almansa 2011c, 100). España ratificó en 2011 su adscripción al Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico firmado originalmente en La Valetta (1992). Su propio preámbulo reconocía hace quince años largos que “el patrimonio arqueológico europeo… está gravemente amenazado de deterioro a causa de la multiplicación del número de obras públicas, riesgos naturales, excavaciones clandestinas o escasamente científicas y la insuficiente conciencia pública”; sin embargo, no parece que haya existido -ni tampoco exista- voluntad oficial alguna de enmendar tal estado de cosas, mucho menos desde la Academia.
La argumentación se hace extensiva al campo de los Másteres y Postgrados, que, aun cuando nacidos en origen con vocación de panacea generalista y quizás poco adaptada a las necesidades reales del colectivo y de la sociedad (Ruiz Zapatero 2009a, 232 ss.; Hernando, Tejerizo 2011 y 2013), en medio de la improvisación, la competencia feroz, la proliferación con afán estratégico y las prisas, vienen -o han venido, porque más de uno ha perecido ya por el camino, de inanición o por asfixia institucional- tratando de corregir ciertos sesgos docentes, y han puesto el acento en la capacitación profesional. Las últimas directrices académicas emanadas del Ministerio de Educación en el momento de escribir estas lí- neas, cuya tardanza en hacerse efectivas podría augurar nuevos cambios, parecen confirmarlos de hecho como complemento obligado de los Grados, que, a su vez, verían reducida su duración a tres años; en una fórmula de $3 + 2$ que suena a vieja receta gatopardiana, con afanes añadidos de tipo recaudatorio. Con todo, vistos los derroteros políticos de nuestro país en los últimos tiempos, así como la costumbre inveterada de todos sus Gobiernos -centrales y autonómicos; pasados, presentes y futurosde intervenir de manera drástica en educación, buscando por encima de cualesquiera lógica, criterio y pragmatismo deshacer lo hecho por otros sin dar jamás con la clave, cabe esperar cualquier cosa.
A día de hoy se trata de un objetivo conseguido sólo a medias, por cuanto los alumnos que concurren a los Posgrados no siempre cuentan con el bagaje necesario para aprovechar adecuadamente el nivel de especialización que el programa de estudios les ofrece, ni tampoco saben muy bien por qué y para qué los cursan; más allá, entre otras razones, de que están muy bien puntuados en los baremos de las oposiciones a profesores de Secundaria (Pérez-Juez 2016b, 95 ss.), o son conditio sine qua non para concurrir a determinadas convocatorias de becas y ayudas oficiales. Pocos, de hecho, saben utilizarlos como plataforma efectiva para emprender nuevas vías de desarrollo profesional, relacionadas ya no sólo con la investigación, la gestión o la transferencia del conocimiento, sino también, por ejemplo, con la cooperación internacional (Galaz 1995, 26). Por el contrario, suelen usarlos como una forma de prolongar su formación universitaria y acumular méritos mientras esperan que el mercado laboral les ofrezca alguna oportunidad, diseñan un futuro diferente al margen de la arqueología, o encuentran el modo de alejarse de España para hacer valer sus estudios al otro lado del mundo. Algo que afecta también a otros países de nuestro entorno con casuísticas universitarias y patrimoniales relativamente parecidas (Volpe 2015, 47; vid. además los trabajos contenidos en De Martino et alii 2014, en particular Gamba 2014).
Son también, por duro que resulte decirlo, un nuevo procedimiento para sanear las maltrechas arcas de nuestras Universidades, y de paso completar la carga docente de los diferentes Departamentos en tiempos marcados trágicamente por Bolonia (Hernando, Tejerizo 2011, 63 ss.), la crisis y las tasas de reposición demasiado restrictivas que están llevando a la pérdida irreparable de numerosas plazas, con la consecuente, y en ocasiones irreversible, contracción. “La estancaneidad del modelo universitario español tiene que terminar o la relevancia de los estudios de arqueología se verá muy afectada $y$ proliferarán -como ya existen- alternativas formativas en arqueología extrauniversitarias” (Ruiz Zapatero 2016, 67). Es llamativo en este sentido que la nueva normativa de la Aneca para la acreditación como Profesor Titular exija un altísimo número de horas de docencia en Postgrado y Másteres que resultan difíciles, incluso imposibles, de conseguir en un buen número de Universidades.
La responsabilidad institucional al respecto es evidente; pero también la de quienes nos dedicamos a la docencia, la gestión y la investigación universitaria, cómplices aun cuando pasivos -en mayor o menor medida- de un estado de cosas muy poco ejemplar, que se comprende difícilmente. Por el momento los números mandan, y las Universidades necesitan alumnos si no se quieren ver cuestionadas o perder su financiación; lo que implica, a su vez, graves riesgos de desaparición.
Así las cosas, es llegado el momento de realizar un balance profundo y honesto de la realidad universitaria española, al menos por lo que afecta al campo de la Arqueología; de preguntarse si de verdad no caben otras alternativas. A tal efecto existen fórmulas formativas y de promoción profesional similares a la Residencia (MIRs) tan característica del sector sanitario -los policlinici dei beni culturali, de los que ya se empieza a hablar en Italia, donde se integrarían en una potencial Scuola Nazionale del Patrimonio aún por definir en sus últimos extremos (Volpe 2015, 44 ss.; 2016c, 213 ss.)-, que ofrecen un enorme interés como posible vía de futuro, por lo que supondrían de unificación teórico-práctica para nuestros postgraduados, de incremento notabilísimo en la calidad de su formación -mucho más completa, transversal, multidisciplinar, holística y efectiva que la recibida hasta ahora-, y de apertura a nuevas vías de acceso al mercado laboral, menos precarias, humillantes y excluyentes.
El desarrollismo español de los años 80/90 afectó también al campo académico, dando lugar a una proliferación irracional y poco estratégica de Universidades que hoy resulta de todo punto insostenible. Buena parte de su financiación deriva de las respectivas nóminas de estudiantes, con independencia de su cualificación o de su rendimiento, que tampoco se exigen o se auditan como sería conveniente entre el profesorado, más preocupado a veces por su propia carrera o el beneficio económico que por el componente público, vocacional y académico de su trabajo, sumido a su vez en un marasmo de evaluaciones y contraevaluaciones que le roba el tiempo para lo de verdad importante: pensar, investigar, crear conocimiento… Todo ello, sumado a una devaluación importante de la enseñanza, en todos sus niveles (Ruiz Zapatero 2016, 62 ss.), ha deteriorado de tal manera a la institución que resulta difícil reconocerla. Detrás, pues, de los recortes subyace la necesidad ineludible y subliminal de reducir la red universitaria española, muy sobredimensionada, de devolverle su credibilidad.
Cabe dentro de lo probable que la muerte por simple consunción de las más débiles o descentralizadas sea la forma menos traumática de conseguirlo, o la que menor contestación social y académica vaya a recibir, convencidos unos y otros en el fondo de que no queda más remedio; pero, ¿qué ocurrirá con el relevo generacional…?; ¿qué con la calidad y el sentido del compromiso de los que vienen detrás…? Hay autores que cifran precisamente en ellos el final del “inmovilismo” de la Academia provocado por la entrada masiva de profesorado en aquellos mismos años 80/90, la renovación en la docencia y los Planes de Estudio, y el paso a primer plano del debate sobre las relaciones entre patrimonio y público (Díaz-Andreu 2016, 81). Tal vez sea así en algunos casos -o, mejor dicho, debería ser así (personalmente albergo serias dudas)-, pero más le vale a la Universidad española que, para cuando eso llegue, quienes protagonicen el citado relevo se hayan preocupado antes de asumir el pertinente bagaje y lo hagan desde la más exhaustiva formación y un sentido riguroso de la ética que les permita actuar por convencimiento objetivo estricto, y no por efecto pendular, endogamia, nepotismo o ansias de revancha, tan instalados en medio universitario. De lo contrario, acabarán cometiendo nuestros mismos errores, quizá incluso acrecentados.
Tal vez como efecto colateral y secundario de lo anterior -el desgobierno, el caos y la falta de corporativismo son siempre malas cartas de presentación-, y a pesar del proceso intensivo, aunque vano, de profesionalización de la Arqueología que se produce en España desde los años ochenta del pasado siglo de la mano en buena medida del boom inmobiliario (Salvatierra 2013, 265), lo cierto es que hasta el mismo día de hoy la profesión de Arqueólogo sigue sin ser incluida en el Catálogo específico del Ministerio de Trabajo, y no existe en España un Colegio de Arqueólogos (Licenciados o de Doctores) que ofrezca a sus miembros el marco normativo habitual de derechos y obligaciones, como ocurre, por ejemplo, con Arquitectos, Ingenieros, Veterinarios o Médicos, por citar sólo algunas de las profesiones con más prestigio y reconocimiento social. Los arqueólogos formamos simplemente una sección dentro de los Colegios de Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras que en muchos casos mantienen una labor intensa de reivindicación y lucha, pero que con frecuencia sólo han conseguido fijar una tabla de tarifas y ofrecer sus servicios técnicos y jurídicos. Como consecuencia de todo ello han convivido por ejemplo sueldos astronómicos con otros muy limitados, sometidos siempre, por otra parte, al imponderable de la eventualidad.
La mayor parte de las asociaciones de arqueólogos nacidas en España estas últimas décadas, tan importantes en principio para ese proceso de profesionalización de la arqueología que sigue -y seguirá, me temo, durante bastante tiempo- sin cuajar, se han desinflado casi por completo (Almansa 2014, 323 ss.); sólo quedan más o menos activas algunas de las antiguas, entre ellas la Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, hoy re-convertido en Colegio de Arqueólogos de Madrid (CArMa), o la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA) (Moya 2010), que desde su puesta en marcha en 2007 ha generado iniciativas tan novedosas como la plataforma $E n$ Defensa de la Cultura (Almansa, 2016, 111 ss.). Entre las de nueva creación destaca la labor de la Asociación de Jóvenes Investigadores del Patrimonio Arqueológico (AJIPA), de orientación teórico-práctica novedosa, basada en objetivos y fundamentos de un fuerte compromiso con la disciplina y la sociedad, que en principio resultan encomiables (Monsalve et alii 2014).
Del mismo modo, que me conste, únicamente se han firmado cuatro convenios colectivos de carácter sectorial, en Cataluña, Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana (Moya 2010, 17 ss.; González Álvarez 2013a, 160; Roig 2013, 187 ss.), imprescindibles en teoría para garantizar la dignidad en el trabajo y los ítems necesarios para regular la práctica laboral; y digo “en teoría” porque pasaron a puro papel mojado tras la promulgación en 2012 de la nueva legislación laboral (RD-Ley 3/2012).
Este estado de cosas ha tomado derroteros de auténtico drama en la Comunidad de Madrid, donde la Ley 3/13 de Patrimonio Histó- rico representa un importante menoscabo para la arqueología comercial -y, de rechazo, cientí- fica-, al considerar que sólo será necesario intervenir en aquellas zonas o lugares donde ya exista constancia previa de algún yacimiento (Yáñez 2013; Muñoz Llinas 2014). Se observa, pues, la paradoja de que, justo cuando más desarrollado está el marco legal para la planificación y la arqueología preventiva (Escolá et alii 2005), las Administraciones dan un paso hacia atrás realmente injustificable, cediendo a las presiones de empresarios y constructores (Criado 2016, 79), que con demasiada frecuencia han demostrado estar tras la financiación de los partidos políticos.
Visto lo ocurrido en Madrid, y después en Galicia, donde una ley similar fue aprobada en mayo de 2016 (Incipit-Csic 2015; cfr. Criado 2016, 79), muchos temen que estas regiones sirvan como campo de pruebas para extender progresivamente dicha reducción de criterios a otras Comunidades Autónomas, lo que sin duda implicaría un retroceso sin precedentes que exigiría respuesta inmediata y contundente por parte del colectivo. Otra cosa es que sea siquiera imaginable una acción conjunta, superadas aun cuando coyunturalmente las diferencias (Cau 2015, 87); desunión y displicencia que constituyen de entrada caldo de cultivo inmejorable para tales recortes y varapalos (Morín, Barroso 2014, 321). En el contexto de deterioro generalizado que vivimos, “la principal problemática a la que se enfrentan los trabajadores de la Arqueología comercial no es particular sino colectiva: de clase” (Gonzá- lez Álvarez 2013a, 165).
De un pasado conflictivo a un futuro incierto.
Las numerosas cuestiones traídas a colación más arriba, aun cuando apenas esbozadas y por supuesto matizables bajo mil puntos de vista, son, no obstante, a mi modesto entender, sólo un síntoma más de la precariedad a todos los niveles (inestabilidad, sueldos por debajo del mercado, falta de seguridad en el trabajo, etc.) que ha afectado desde su aparición, afecta, y posiblemente afectará en el futuro inmediato a quienes se vienen calificando de “arqueólogos comerciales”, en contra del criterio explícito de algunos (Benet, Rigo 2015, 125). Más complicado sería evaluar hasta qué punto ellos -sin eludir bajo ningún concepto la responsabilidad que nos puede competer al resto- han sido o no los primeros y principales responsables de tan lamentable estado de cosas (Almansa 2011b, 276; Morín, Barroso 2014, 319). Somos una ciencia demasiado joven, y la fuerza se nos ha ido en desmadres, enfrentamientos y rifirrafes que, sumados a la locura de estas últimas dé- cadas, nos han conculcado en gran medida el apoyo y la credibilidad frente a las Administraciones, la clase política y la sociedad en su conjunto, mientras desaparecían sin remedio los archivos del suelo. Muy distinto es que hayamos aprendido algo de ello, porque, como ya antes comentaba, seguimos sin reaccionar, como si en realidad el tema no fuera con nosotros.
Mientras, desde la Academia se sigue viviendo en buena medida ajenos al discurrir de la calle, manchándose los pies de tierra sólo en el contexto de proyectos de investigación al servicio del expediente y la gloria personales, obviando de forma temeraria los problemas que afectan a la educación, y sin terminar de asumir la necesidad perentoria de redefinir como colectivo la profesión de arqueólogo en beneficio de aquellos titulados y técnicos que puedan no dedicarse a la investigación y la generación de conocimiento en sentido estricto. Todo un reto, sin duda, que sólo parece interesar a algunas voces críticas, mayoritariamente tachadas de heterodoxas.
Urgen, por tanto, entre otras exigencias, las siguientes:
clarificar el panorama, desde la reflexión, la autocrítica, la flexibilidad y la generosidad de carácter, sin ambages ni paños calientes; conseguir cuanto antes el reconocimiento oficial de la profesión de arqueólogo por parte del Ministerio de Trabajo;
adaptar los diferentes marcos legales y normativos a la nueva coyuntura académica, social y laboral (creando, por ejemplo, un Colegio Profesional de Arqueólogos), con perfiles más restrictivos que garanticen sin matices el control y la solvencia;
corregir comportamientos y situaciones poco éticos (desde todos los ámbitos y en múltiples aspectos), que en nada vienen beneficiando a la imagen social de la Arqueología;
reducir las excavaciones, rentabilizar lo ya excavado y primar el estudio y el análisis de materiales sobre el movimiento de tierras;
hacer fácilmente accesible la información acumulada y corregir desequilibrios entre investigación en sentido estricto y otras formas de hacer arqueología, regulando de ser necesario la profesión con criterios competenciales rigurosos y consensuados;
favorecer el uso social del patrimonio arqueológico, que permita hacerlo productivo desde los puntos de vista del conocimiento, la educación, el empleo y el enriquecimiento colectivo, pero sin caer nunca, bajo ningún concepto, en la instrumentalización, la trivialidad ni la mercantilización, por más que recurramos a conceptos o figuras bien conocidas por el público a fin de hacerle nuestros mensajes más accesibles (Bruner 2012: 28) (vid. infra).
La clave está en la profesionalidad sin fisuras, en una adecuada planificación atenida siempre a las características del yacimiento o de los restos, el contexto y la disponibilidad de recursos (Pérez-Juez 2016a, 324), y, por supuesto, en la asunción como punto de partida de un principio definidor e irrenunciable: nuestra condición común de investigadores, cuyo fin último es convertir el resultado de su trabajo en conocimiento, en historia.
En ese futuro que quizás tarde en llegar, dadas las resistencias que provocan este tipo de planteamientos entre el sector más intransigente y mejor posicionado de la Academia, habrán de jugar un papel determinante los nuevos Grados y Postgrados, que pese a sus múltiples limitaciones están lanzando por fin al mercado laboral egresados con perfil y titulación específicos en Arqueología, y perspectiva suficiente como para no cometer errores añejos y afrontar su nueva realidad laboral con conocimiento de causa. A partir de ahí depende de todos regular adecuadamente la profesión de arqueólogo, reclamar de inmediato su reconocimiento oficial, organizar con criterios comunes el colectivo sin renunciar en ningún caso a la diversidad -antes al contrario, potenciándola- o la igualdad de género, corregir nuestra falta de cohesión (Almansa 2011b, 276 y 286; Zarco 2011, 252; Ruiz Zapatero 2012, 56), poner en marcha un Colegio propio con autonomía y poder suficientes para asegurar nuestra defensa, expulsar del templo a quienes lo profanan y desprestigian, y terminar de paso con la no siempre aséptica “arqueología de resistencia” (Morín, Barroso 2014, 321). Modelos no faltan.
Soy bien consciente de que tales desiderata podrán parecer a muchos arqueología ficción, pero, aun cuando escéptico y siempre cauto, por una simple cuestión de profilaxis mental intento, en esto, ser más optimista que otros autores, para quienes la huida de los veteranos y el desembarco de los más jóvenes redundará, paradójicamente, en un agravamiento considerable de los problemas y una pérdida irreparable de calidad (González Álvarez 2013a, 162 ss.). Está en juego la supervivencia de la disciplina; y cuanto más tiempo tardemos en entenderlo, “arrinconados y polvorientos…, oscuros y callados” (Almansa 2011b, 264), mayor será el riesgo de descomposición, incluso de desintegración. Conviene no olvidarlo.
Notas
1. Expresión tomada de Bardavio, Mañé 2017, 332. Todos los aspectos tratados a continuación los desarrollo también, con mayor profundidad y más aparato crítico, en Vaquerizo 2018a. 2. Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de $\mathrm { I } { + } \mathrm { D } { + } \mathrm { i }$ PATTERN: (P)atrimonio (A)rqueológico, Nuevas (T)ecnologías, (T)urismo, (E)ducación y (R)entabilización social: un (n)exo necesario para la ciudad histórica, concedido para el periodo 2016-2019 por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, enmarcado a su vez en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, convocatoria de 2015 (Ref. HAR2015- 68059-C2-1-R). Gracias a Jorge Hernández Alcaraz por su ayuda a la hora de darle el formato definitivo. 3. Ni en España, ni en otros países de su entorno, como bien viene señalando G. Volpe (2016b, 248-249). 4. En esta ausencia de planes estratégicos y proyectos globales regidos por criterios prioritariamente arqueológicos radica, a mi juicio, la causa más importante de la terrible situación vivida. 5. Este es el espíritu de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (12 de mayo de 2011), que en su Título III aboga decididamente por un “impulso de la investigación científica y técnica, la innovación, la transferencia del conocimiento, la difusión y la cultura científica, tecnológica e innovadora”. 6. Vid. además al respecto la original iniciativa recogida en Dal Maso, Ripanti 2015, con treinta y dos historias de arqueólogos “poco convencionales”. 7. Sobre el significado y la evolución del término, vid. Pérez-Juez 2006, 59 ss., et infra.
8. Definida como la “oferta de servicios vinculados a la gestión del patrimonio arqueológico” (Parga-Dans 2012, 94). No faltaron durante los años del boom inmobiliario voces que avisaron de los peligros (Acién 1994, 68).
9. Obviamente, no todo se hizo mal (Berrocal 2014, 102).
10. Con el consiguiente y legítimo beneficio económico, en las empresas de arqueología habrían debido prevalecer, por definición y extensión del propio marco conceptual de la disciplina, “aspectes com la recerca, la protecció del patrimoni arqueològic, el desenvolupament professional i l’estabilitat dels arqueòlegs, el manteniment de grups de treball o la difusió dels treballs” (Benet, Rigo 2015, 133).
11. Es decir, años después de iniciada la crisis (http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-junta-andalucia-autoriza-3240-actuaciones-arqueologicas-ultimos-anos-20160217155645.html; fecha de consulta: 20 de febrero de 2016).
12. Por supuesto, procurando no caer en el error de muchas actividades de divulgación -incluida cierta literatura-, empeñadas en no exigir esfuerzo intelectual alguno a los destinatarios de las mismas (Himmelmann 1981, 50-51; también, Pérez-Juez 2006, 161 ss.).
13. No tan nuevos en realidad, si tenemos en cuenta las reflexiones en este mismo sentido de autores como R. Bianchi Bandinelli (1974, 23) hace más de cuarenta años.
14. Sobre las diferencias entre transferencia y transmisión de conocimientos, vid. Castro Martínez et alii
2008, 629.
15. Hay colegas que no tienen empacho alguno en calificar a quien hace divulgación de “esibizionismo narcisistico e di presenzialismo mediatico” (Volpe, De Felice 2014, 402).
16. Circunstancia que provoca en ocasiones efectos no deseados (Ayán 2014a, 112; vid. también 125).
17. “…. hay tantos tipos de públicos como personas se acerquen” al patrimonio arqueológico (Lasheras, Hernández 2005, 133).
18. “Nuestras Universidades ya no colaboran. Ahora deben competir. Literalmente. Y estas son las normas tenidas hoy por las más oportunas a efectos de justificar ante los ciudadanos las inversiones públicas en la investigación. ¿Pero han de ser realmente el único criterio válido?” (Ruiz de Arbulo 2015, 354).
19. Así lo reclamaban los propios arqueólogos profesionales, poco antes de que la crisis acabara llevándoselos por delante (Lorenzo 2009, 28).
1. 20. BOE núm. 173, de 20 de julio de 2011, pp. 80110-80119.
21. Para el Doctorado, vid. los trabajos incluidos en el debate coordinado por G. Ruiz Zapatero en Revista d’Arqueologia de Ponent 25 (2015), pp. 349-369. 2015 b
22. Existen ejemplos, no obstante, que destacan por su carácter emprendedor, su creatividad y su capacidad de supervivencia. Sirva como muestra la empresa Vestigia. Patrimonio y turismo, ubicada en Cortegana, Huelva (https://vestigia.net/), que dirige José Francisco González Vázquez.
23. Mientras, siguen sin corregirse problemas endémicos y de enorme trascendencia como la baja productividad o los agravios comparativos.
24. Sobre el impacto de la burbuja inmobiliaria en la región vid. Brandis 2012.
25. La arqueología del futuro pasa necesariamente por la creación de equipos estables y con financiación sostenida (al margen, pues, de veleidades políticas o coyunturas concretas), en el marco de estructuras bien diseñadas y con capacidad para insertar su actividad en grandes proyectos de investigación que abarquen la globalidad del yacimiento urbano -en el espacio y en el tiempo-, o de los territorios en los que se actúa (al respecto, vid. por ejemplo León Muñoz 2012, 355 ss.).
26. En buena medida, según parecen indicar los escasos estudios al respecto, el futuro de la arqueología comercial en España estará en manos de las mujeres, dada su altísima representación porcentual en los estudios sobre arqueología (de Grado y de Postgrado) y, más particularmente, en los diversos sectores de la profesión en sentido estricto (Sánchez, Alarcón 2016, 52 ss.).
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