Layana Ilundain, César: Expolio y castigo: La represión económica en Navarra, 1936-1945…1966. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2021. 702 pp.
«Recuperar, contextualizar y explicar las historias» (p. 19) de decenas de personas anónimas que sufrieron los amplios efectos de la represión económica en Navarra es uno de los objetivos esenciales de Expolio y Castigo, una obra extensa y voluminosa que, de la mano de la pluma y los desvelos del profesor Layana Ilundain, propone realizar un recorrido por el específico panorama represivo desatado en la provincia de Navarra tras el triunfo inmediato de la sublevación militar que dio origen a la guerra civil española. Tal y como demuestra brillantemente el autor, el terror caliente de los primeros días fue acompañado de una simultánea violencia económica que se materializó en la apropiación de los bienes de los represaliados a fin de sumar todos los instrumentos posibles a la viabilidad de la insurrección y posterior campaña; pero, ante todo, a asegurar el castigo. Especialmente ejemplar debía ser el sufrido por los más destacados y comprometidos con la Anti-España, extensible a sus familias en caso de que los responsables hubiesen sido liquidados o condenados a purgar sus culpas dentro de los resortes del sistema penitenciario; paralizador en el caso de los sectores menos relevantes, quienes sufrieron el peso del embargo y la inmovilización de sus bienes, o bien sintieron demasiado cerca el gélido aliento de las nuevas autoridades. La legislación, elaborada primero como principio rector que asegurara el mando único de la retaguardia, y adaptada a conveniencia para garantizar que «los bienes de los vencidos fuesen destinados a levantar el nuevo Estado» (p. 187), sirvió como base legitimadora y de sometimiento; pues «cuanto mayor fuera el número de los represaliados y sus supuestos delitos, más justificada estaría la sublevación» (p. 33) y mayor culpa habrían de asumir los vencidos.
Desde este prisma, y a partir del análisis exhaustivo de los expedientes de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Navarra (CPIBN), desarmada en favor del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra (TRRPN) tras la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas, se da forma a un libro básico que se suma a un todavía incipiente campo historiográfico que, dentro del mejor nutrido panorama de estudios dedicado a la exploración y análisis de la represión franquista, se centra en el esclarecimiento de la dimensión económica de la misma en la provincia de Navarra sin renunciar a un esfuerzo de síntesis global que aporte una necesaria visión de conjunto. Para ello se recurre a una exposición cronológica de los hechos y a una estructura única, articulada a partir de seis desiguales capítulos fundamentalmente centrados en el período 1936-1941, pero que acaban abordando la continuidad de los expedientes analizados hasta 1972: seis años después de que se dieran oficialmente por canceladas las responsabilidades políticas de los derrotados.
De esta forma, en el primer capítulo se asiste a un esfuerzo de contextualización de la represión económica que muestra, entre otras cuestiones, cómo los desmanes, saqueos y pillajes de primera hora fueron posteriormente legalizados e invisibilizados a posteriori por las autoridades. El desalojo de las viviendas, la requisa de locales, los asesinatos tras la firma de un crédito o la privación a las familias campesinas de la posibilidad de recoger la cosecha son solo algunos de los ejemplos que permiten comenzar a vislumbrar la dimensión de la violencia económica aquí analizada. No obstante, este primer capítulo es mucho más ambicioso, y se adentra en el aná- lisis de las necesidades financieras de los sublevados a través de las suscripciones, la imposición de nuevos gravámenes impositivos y, por supuesto, las sanciones: un universo punitivo marcado por la coerción, la violencia y el miedo, pero también por la división interna de las nuevas autoridades por mantener su poder en el tiempo. La depuración del personal de las administraciones supone el broche a este primer bloque de la obra.
El segundo capítulo gira en torno al desarrollo y a la aplicación de la legislación represiva a nivel económico, centrándose concretamente en el decreto 108, el decreto-ley de 10 de enero de 1937 y en la Ley de Responsabilidades Políticas, aunque la reforma de esta última en 1942 se deja para el final. Además, se analizan aquí también los inicios dubitativos del nuevo orden, así como el descontrol generalizado de la CPIBN y las irregularidades de su funcionamiento, las cuales impidieron al organismo facilitar siquiera un balance de su actividad. A partir de la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas y la configuración del TRRPN, se detecta la continuidad en las disfunciones de la burocracia franquista, una realidad que obligó al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas en octubre de 1940 a dictar órdenes que modificarían la estrategia seguida hasta el momento y que no perseguían otra cosa que depurar a todos aquellos enemigos «solventes» a fin de frenar el colapso de la jurisdicción. De igual forma, al contrario que la violencia física, se percibe que la represión económica tuvo un reparto geográficamente equilibrado que permite al autor concluir que este tipo de represión no solo tenía un carácter complementario, sino que «buscaba castigar a aquellos que por diferentes razones habían escapado al primer escarmiento desatado en julio de 1936» (p. 217).
El tercer capítulo, el más extenso con diferencia, se dedica al análisis de las personas represaliadas y los motivos que los llevaron a serlo; indagando crucialmente en las motivaciones alegadas para la denuncia, pero también en el papel de los informes como elementos de cohesión entre los vencedores y en la voluntad de quienes, en última instancia, dictaron sentencia. Se concluye así que la amplia mayoría de los represaliados lo fueron por su identidad y no por sus actos, bastando el hecho de ser un mero simpatizante de alguna de las opciones políticas que cuestionasen el orden tradicional para ser encausado. Tan estrechos acabaron siendo los contornos ideológicos, morales y religiosos de la comunidad que defendía el nuevo Estado que las sanciones llegaron a alcanzar a individuos que compartían los mismos principios derechistas, de forma que el miedo generalizado acabaría por potenciar los efectos de la represión.
El cuarto capítulo da continuidad a una de las cuestiones cruciales ya apuntadas como fueron los citados informes que sirvieron de base acusatoria contra las personas expedientadas, demostrando con ello que una buena parte de los mismos resultaron absolutamente irrelevantes para la resolución de los expedientes. Se defiende, por tanto, la idea de que estos informes funcionaron como un mecanismo de control social de todos los sectores, incluidos los miles de subordinados que daban forma al poder local. Asimismo, se trata de demostrar que los informes fueron un espacio idó- neo para la difusión y generalización entre los adictos de un nuevo lenguaje acorde con los principios de la nueva España, así como probar que las reticencias mostradas por algunos de los actores esenciales implicados, como en el caso del clero, no respondían a su cuestionamiento del conjunto de valores defendidos por los sublevados.
El quinto bloque se centra en las estrategias de defensa empleadas por las víctimas de la represión económica, partiendo de la base de que ninguna de ellas aceptó con resignación su suerte. De esta forma, se muestra cómo los encausados trataron de negar su pasado y plegarse a las exigencias político-sociales de las nuevas autoridades, pero también recurrieron a todo tipo de resquicios legales para evitar la condena. El desamparo, la alusión al castigo familiar y la defensa del papel tradicional atribuido a las mujeres supusieron los principales ejes de defensa utilizados específicamente por estas, lo cual no fue óbice para que muchas aprovechasen los procesos para reivindicar la memoria de sus familiares.
Finalmente, el sexto capítulo aborda los costes, incluyendo los «no cuantificables», de la represión económica, una dimensión escasamente estudiada y que pone el foco sobre cuestiones tales como la inmovilización del patrimonio durante un largo tiempo o la degradación de los bienes embargados. Por último, se realiza un somero recorrido por los pagos y reclamaciones más allá de 1945 hasta alcanzar el simbólico año de 1966 ya señalado.
Mención aparte merece el ímprobo esfuerzo realizado por el profesor Layana en la elaboración de más de medio centenar de cuadros, tablas, gráficos y mapas, los cuales resultan un instrumento verdaderamente útil y necesario que no solo acompaña al texto, sino que lo refuerza, y a menudo aporta una información complementaria de gran relevancia para el lector. Dicho lo anterior, nos encontramos ante una obra de indudable valor que si bien podría haber sacado un mayor partido de los enfoques teóricos que cita, como la Alltagsgeschichte alemana, y haber realizado un mayor esfuerzo de síntesis que hubiera condensado más tanto la inédita información como las importantes conclusiones alcanzadas, supone un estudio pionero para el caso navarro y una clara demostración del enorme potencial de un tema aún hoy poco explorado como es de la represión económica durante el franquismo.