Vidas cruzadas. Dispositivos y espacios de control en el Nuevo Estado franquista\*.
Crossed lives. Control through State Apparatus and Use of Spaces in the Francoist New State.
Claudio HERNÁNDEZ BURGOS Universidad de Granada.
Alejandro PÉREZ-OLIVARES Sciences Po Lyon.
RESUMEN.
El objetivo de este artículo es examinar el funcionamiento de los dispositivos de control social de la dictadura franquista en la vida cotidiana, prestando una atención preferente a la dimensión espacial. De una parte, el texto aborda las políticas estatales para el reordenamiento y la creación de nuevos espacios a través de los que controlar la existencia diaria de la población. De otra, evalúa el papel de los sujetos, poniendo de manifiesto su capacidad de agencia para implementar, obstaculizar, resignificar o negociar desde abajo dichas políticas. Con el fin de complejizar la misma noción de control social, el trabajo se basa en las aportaciones teóricas de la historia de la vida cotidiana y del giro espacial y se apoya en fuentes documentales de distinta naturaleza. De este modo, el trabajo explora los espacios en los que se produjo la relación entre los dispositivos y la población, evidenciando el dinamismo, las ambigüedades y la fluidez que caracterizaron tales interacciones.
PALABRAS CLAVE.
Franquismo; vida cotidiana; espacios; control social.
ABSTRACT.
This article addresses the functioning of the social control apparatus of the Francoist dictatorship in everyday life, paying special attention to the spatial dimension. On the one hand, the text deals with state policies aimed at reordering and creating new spaces through which the daily existence of the population was controlled. On the other, it evaluates the role of the subjects of this control themselves, highlighting their agency in implementing, obstructing, resignifying or negotiating these policies from below. In order to reveal the complexities of the notion of social control, this work builds on theoretical contributions from the history of everyday life and the spatial turn, mobilising a wide array of documentary sources. By doing so, this article explores the spaces where relations between the state apparatus and the population took place, revealing the dynamism, ambiguities and fluidity that characterised such interactions.
KEYWORDS.
Francoism; daily life; spaces; social control.
HERNÁNDEZ BURGOS/ PÉREZ OLIVARES.
Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome… Quique GONZÁLEZ.
Miguel estaba a punto de cumplir 34 años cuando decidió volver a España. Habían pasado más de trece desde que terminara la guerra que le había llevado al exilio en el sur de Francia, quizá tiempo suficiente para pensar en un posible retorno, aunque fuera transitorio. Desde allí, desde el Consulado español en Pau, suscribió una declaración jurada en la que reconoció que “con anterioridad al Movimiento residía en Peligros (Granada)”, que por aquel entonces estaba sindicado en la Unión General de Trabajadores, que “trabajaba en la propiedad de su padre” y que “durante la guerra prestó sus servicios” en varias unidades del Ejército Popular de la República, donde alcanzó el grado de teniente después de salir de la Escuela Popular de Guerra de Paterna (Valencia). Los recuerdos tomaron la forma de lugares diversos y responsabilidades concretas en aquel formulario, aquel 2 de diciembre de 1952 en que Miguel Bailón Gutiérrez, soltero, de profesión contable, hijo de Antonio y de Filomena, decidió volver al país del que había salido en febrero de 1939. Preguntado por el motivo de su viaje, respondió que iba “a visitar a su familia y a su novia”. Interpelado más concretamente acerca de su itinerario, afirmó que pretendía “visitar en España a todos sus hermanos con residencia ambos en Peligros (Granada) y su novia Srta. Felisa Tejada Rodríguez, domiciliada en San Sebastián”1 .
El funcionario que tomó declaración a Miguel dejó de teclear, pero cuando la máquina de escribir cesó de golpear esa cuartilla se activaron otros mecanismos. Tres días después, la comisaría de Repatriaciones recibió los antecedentes del “reseñado” desde la Brigada Político-Social y el Archivo Central de Salamanca. La Policía recordó una carta de Miguel a su hermano, fechada el 3 de marzo de 1939 y escrita en el campo de concentración de Prats de Molló, en los Pirineos Orientales franceses. En ese papel rescatado del olvido comentaba que los soldados presentes seguían organizados por unidades, y que había sido ascendido a capitán, “sin más datos”. No sabemos si Miguel pudo volver a Granada para ver a sus hermanos, tras detenerse en San Sebastián para visitar a su novia, pero quizá eso no sea lo más importante. Lo relevante es que más de una década después de que terminara la Guerra Civil, la dictadura siguiera preocupándose por el pasado de la población, buscando en él cualquier argumento para señalar lo que era posible y lo que no, definir lo que se podía permitir y lo que no. En los últimos años, la historiografía española ha demostrado que el nacimiento y la consolidación del régimen franquista no pueden explicarse únicamente desde su perfil represivo, y que es necesario atender también a las actitudes cotidianas para preguntarse por la construcción de la dictadura en el día a día de la población. Esta tendencia ha llevado a rastrear las múltiples formas que adoptó su imposición como régimen político, calibrar la eficacia de sus discursos y políticas e interrogarse por su capacidad para convencer a una parte de la población, o a preguntarse por qué y cómo fue posible que otra, simplemente, conviviera con la dictadura2 .
Parece, sin embargo, que hay una cierta desconexión entre la definición del franquismo como un sistema represivo, el estudio de sus herramientas e instituciones punitivas y la consideración de las actitudes cotidianas de la población. Parece que las vidas corrientes de muchas personas corrieron paralelas a las diferentes demostraciones del poder franquista y que sus actitudes apenas estuvieron moduladas por las decisiones de las autoridades, salvo cuando estas tuvieron un marcado carácter punitivo. La experiencia de Miguel encaja mal en este esquema explicativo, y sin embargo fue la de miles de españoles. Su encuentro con las incesantes preguntas de un funcionario, la petición de unos informes que dejaban su pasado al descubierto, hablan de las altas dosis de coacción que conllevaba marcar los umbrales de lo permitido y hacen posible trascender las imágenes tradicionales de la violencia. Un fenómeno complejo, cuyas explicaciones han ido abandonando progresivamente los esquemas binarios entre víctimas y verdugos para proyectarse sobre un caleidoscopio de actitudes diversas. Con la intención de comunicar el estudio de la violencia franquista con el de las actitudes cotidianas de la población, este texto se propone abordar algunas de las expresiones del control social que también definieron a la dictadura. A través de la consideración plural de un fenómeno como la violencia, las siguientes páginas sostienen la idea de que, bajo regímenes dictatoriales, “cualquier versión del control social pasa a pertenecer ya a otra categoría de acción desde el poder: la de represión”. 3 Por tanto, defendemos que el tradicional sintagma “violencia y control social” no posee un excesivo recorrido analítico, puesto que bajo una dictadura cualquier política de control revela la violencia inherente a estos regímenes.
Este artículo propone que la dictadura franquista utilizó viejos espacios y creó otros nuevos para imponer un orden social mediante el cual censurar y perseguir actitudes pasadas, pero también promover comportamientos acordes a sus valores y códigos. Para desarrollar este argumento, el trabajo se divide en tres partes, que exploran la utilidad analítica de la noción de control social y completan su sentido historiográfico a partir del espacio. En la primera parte, se evalúa la potencialidad de considerar la dictadura franquista como un régimen de control, indagando en la relación que tienen las diferentes políticas de control con los espacios desde las que se ejercen y su influencia en las actitudes de la población. En la segunda parte, basándonos en algunas de las aportaciones del llamado giro espacial, exploramos las diversas formas de coacción con las que la dictadura trató de implantar sus códigos y valores en el conjunto de la sociedad, lo que definimos como una ocupación en un sentido sociológico. En la tercera parte, nos apoyamos en la noción de “dispositivo de control” para identificar las agencias y los sujetos que se vieron envueltos en este proceso durante el primer franquismo, situando la mirada sobre la vida cotidiana como espacio fundamental para definir el propio funcionamiento del régimen. Entendemos por dispositivo “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos”4 . A través de esta definición general, identificamos dos grandes dispositivos de control que describen el proceso de construcción de la dictadura. En primer lugar, las políticas públicas de señalamiento, es decir, las declaraciones, las denuncias o los informes de conducta estimulados por las autoridades, pero cuyo impacto no habría sido el mismo sin la colaboración de la población, lo que abolió la distancia entre el espacio público y el privado. En segundo lugar, las políticas públicas de identificación, esto es, diferentes actuaciones que tuvieron como lugar de expresión preferente la calle y formaron parte de la dimensión pública del Nuevo Estado con la pretensión de configurar nuevos espacios de cotidianeidad.
Como han planteado recientemente Richard Roger y Susanne Rau, en los últimos años se han multiplicado las técnicas de análisis espacial que exploran la densidad, la frecuencia y la proximidad como factores relevantes en las relaciones sociales. Aunque su reflexión se centra en los desafíos de la historia urbana, en nuestro caso hemos optado por seleccionar una amplitud de ejemplos que nos permitan explorar la diversidad existente en la relación entre espacio y control, tanto en el mundo rural como el urbano. Por supuesto, la vida cotidiana será un anclaje fundamental, pero también la descripción densa a partir de las fuentes judiciales o el mapping, es decir, la creación de una fuente cartográfica propia a partir de la espacialización de la información de archivo. De este modo, nuestra intención es trascender el análisis bidimensional para comprender el control franquista desde las redes formadas por las intenciones de las autoridades, los comportamientos que deseaban erradicar, la puesta en práctica de las políticas del Estado y las actitudes de la población ante las mismas5 . Se trata, en definitiva, de conocer qué espacios fueron controlados por el régimen, de qué manera se llevó esto a cabo, cómo se desplegaron los dispositivos de control de la dictadura y por qué esta noción es útil para entender el orden franquista.
La construcción de un régimen de control desde los espacios.
A pesar de que la noción de control social está ampliamente asentada en las ciencias sociales y ha formado parte fundamental de sus debates, es difícil encontrar una definición firme de esta. Quizá esto se deba a la distancia entre las consideraciones formalistas –que obvian el conflicto subyacente en las relaciones sociales– y el olvido, desde postulados más críticos, del carácter regulatorio y a veces informal del control. En perspectiva, el concepto ha hecho referencia a diversos fenómenos en diferentes momentos, se ha expresado bajo formas y contextos plurales y se han utilizado múltiples herramientas para imponerlo, sugerirlo, aceptarlo o negociarlo. En este sentido, es importante valorizar esta noción entendiéndola no como una categoría uniforme, sino como una realidad histórica, cambiante en sus expresiones, sus responsables y sus objetivos. Como ya recordara hace años Peter Spierenburg en un sentido similar, puede ser una noción válida si al clásico enfoque institucional (quién ejerce el control), se añaden otras preocupaciones, como su finalidad, sus herramientas y sus contextos. Tanto si se estudia la edificación de las sociedades a partir de las normas como si el interés radica en comprender qué se entiende por desviación, crimen o delito, la voluntad de controlar los comportamientos implica la comprensión de las bases del orden social en unas circunstancias concretas6 .
Ante estas perspectivas analíticas tan sugerentes, pero a la vez tan abiertas a la pluralidad, parece pertinente explicar qué se entiende en este trabajo por control social y qué puede aportar, en términos concretos, al estudio del franquismo. Aunque es importante adoptar una mirada no restrictiva a realidades que pueden tomar formas diversas, asumimos que el control se refiere a todas aquellas acciones y estrategias “que consiguen crear las bases de la gobernabilidad, la regulación y el funcionamiento de los sistemas sociales, a base de moldear voluntades, ofrecer o vetar oportunidades o marcar los umbrales de lo permitido”. Una cuestión, apostilló Horacio Capel, que no puede entenderse sin el control del espacio, sobre el que se proyectan las normas de cualquier orden social y desde el que quedan evidenciadas las pugnas por su imposición, mantenimiento, aceptación, rechazo o negociación7 . Reivindicamos, como ya lo hiciera Leif Jerram hace años, el espacio como una noción útil a partir del cual pensar históricamente, una noción que no es abstracta y que no puede serlo analíticamente, puesto que se refiere a un medio ambiente material, se experimenta como elemento relacional (lo que este autor denominó “the situation”) e incluso adquiere un sentido simbólico como significante8 .
Aunque los diálogos entre la Historia y la Geografía tienen una importante tradición, la revalorización del espacio como variable analítica es una tendencia creciente en las ciencias sociales y las Humanidades. Entre las aportaciones más relevantes del llamado giro espacial está la de trascender la comprensión del espacio como un mero contexto más, un añadido quizá necesario al tiempo. Permite entenderlo como un condicionante relevante, reconstruir la espacialidad como experiencia y analizar cómo las diferentes relaciones sociales están atravesadas por esta realidad. En términos historiográficos, pensar espacialmente permite reinsertar el acontecimiento desde una nueva perspectiva; en términos metodológicos, construir una interpretación de las fuentes a partir de herramientas diversas. Por tanto, dónde es una pregunta inseparable de cómo y por qué9 . Ya contamos con importantes ejemplos de una renovación inseparable de otras hibridaciones que han permitido reconsiderar temas antiguos como el movimiento obrero o la protesta popular a través de la barrialidad, perpetuar las posibilidades empíricas de las fuentes orales a partir de la relación entre memoria y espacio o ir más allá de los enfoques tradicionales en historia cultural10.
Es posible incorporar este nuevo caudal de preguntas y metodologías a otros ámbitos historiográficos. Desde la teoría de la arquitectura se ha empleado el concepto de violencia espacial para comprender los diversos modos en que la arquitectura y el urbanismo –más allá de sus fines estéticos– han sido utilizados intencionadamente por los Estados como un mecanismo de violencia más o menos sutil. Un concepto que también ha servido para calibrar el impacto de la violencia sobre el espacio urbano y evaluar hasta qué punto este se vio alterado por la primera11. Como todo concepto, el de violencia espacial supone una simplificación de una realidad mucho más compleja, pero aun así no deberíamos despreciar su potencial analítico. Para el caso del franquismo, nos permite explorar en qué medida la dictadura creó discursos y políticas específicas destinadas a redefinir y dominar los espacios por los que discurrían las vidas de la población y excluir de estos a determinados segmentos sociales o sujetos particulares12. Al mismo tiempo, pone de manifiesto cómo el control social y los proyectos de renacionalización y recatolización de la sociedad fueron paralelos y complementarios.
Adoptar una perspectiva espacial para acercarnos a la construcción de la dictadura franquista desde el control social permite incluir otros agentes, actitudes y acciones en nuestro análisis. En primer lugar, contribuye a situar la mirada más allá del Estado, observando las dinámicas internas de las comunidades13. En segundo lugar, permite situar a otros actores en el escenario y explorar sus heterogéneas, ambiguas y, a veces, contradictorias respuestas ante realidades diversas: la imposición de los códigos del Nuevo Estado de manera violenta, su aceptación o indiferencia; la propia definición de las conductas disidentes, los comportamientos no normativos o, simplemente, los delitos; y la reacción de la población ante las iniciativas estatales para mantener el orden14. En tercer lugar, nos permite flexibilizar nuestra concepción de la violencia y sus efectos, evitando restringirla a sus aspectos físicos y cuantitativos y profundizando de este modo en las más sutiles formas de coerción que recorrieron la vida cotidiana. Por último, hace posible que observemos el constante proceso de redefinición y resignificación de los espacios donde ésta tuvo lugar, poniendo de relieve la fluidez y el dinamismo de sus contornos15.
Por otra parte, la perspectiva espacial aporta múltiples dimensiones para incorporar la historia de la vida cotidiana a nuestro análisis. Aunque originariamente los impulsores de este enfoque no prestaran una atención específica a las dimensiones espaciales, localizaciones concretas tales como la fábrica, el sindicato, la plaza o los bares siempre estuvieron presentes en sus estudios. Además, desde hace una década la revalorización de estos postulados sí que ha llevado aparejado un mayor interés por los lugares cotidianos en los que se desenvolvió la vida de la población, al entenderlos como escenarios de interacciones entre la sociedad y el Estado. De esta forma, desde la perspectiva de la historia de la vida cotidiana también se ha refutado la concepción del espacio como un telón de fondo, defendiendo por el contrario tanto la capacidad de los sujetos particulares para transformarlo, como su influencia sobre la agencia individual, sobre las prácticas de quienes lo habitan y lo experimentan de manera diaria16. Analizar los primeros pasos de la dictadura franquista como la construcción de un régimen de control no puede equivaler nunca al mero estudio de las disposiciones oficiales o las intenciones desde arriba, sino que es necesario preguntarse por los múltiples puntos de contacto entre la voluntad de las autoridades y las actitudes de la población. Para concretar todos estos vínculos, es importante considerar tanto las políticas sobre el espacio desarrolladas por el Nuevo Estado como los dispositivos de control desplegados.
Reordenar el espacio: la ocupación (y el control) de la sociedad.
La voluntad totalizadora que mostraron las dictaduras nacidas en la Europa de entreguerras tuvo una de sus manifestaciones fundamentales en la pretensión por ocupar el espacio público, redefinirlo y adaptarlo a los nuevos parámetros sobre los que debería asentarse su proyecto político, social y cultural. La vocación de regímenes como la Italia de Mussolini, la Alemania nazi o la Rusia estalinista por colonizar la calle quedó evidenciada en los multitudinarios desfiles de masas plagados de sus rituales y símbolos, en su preocupación por los aspectos estéticos o en la voluntad de intervenir en la arquitectura que trataba de tornar el espacio en un “teatro de lo político”17. Aunque quizás no con la misma profundidad, el régimen franquista construyó una retórica específica respecto a la espacialidad y elaboró políticas dirigidas a la alteración del paisaje, las calles, las ceremonias públicas y otros elementos que daban forma a lo público en ciudades y pueblos18.
En realidad, los discursos y políticas sobre el espacio resultaron ya visibles en los mismos comienzos del régimen franquista, con la perpetración del golpe de Estado en julio de 1936. Controlar la calle y alterar el espacio, entendido en un sentido amplio, constituía una prioridad para las nuevas autoridades en la medida en que se pretendía erradicar la experiencia republicana en su conjunto, lo que implicaba la eliminación de sus representantes, sus instituciones, sus políticas, sus símbolos y su memoria19. Por ello, junto a la represión física, la dictadura elaboró políticas concretas para controlar y resignificar el espacio y así escrutar las actitudes y comportamientos de quienes lo habitaban. En este sentido, destrucción y construcción fueron dos caras de una misma moneda y, por consiguiente, procesos que actuaron de manera paralela en el espacio.
La conquista de las primeras poblaciones por parte de los sublevados puso pronto de manifiesto esa doble vertiente. Por ejemplo, para la ocupación de la provincia de Sevilla las tropas rebeldes siguieron las precisas disposiciones aprobadas por el general Queipo de Llano, que establecían el modus operandi de las columnas bajo su mando y la especial “energía en la represión” que requería la toma de determinadas áreas20. Aquella dinámica se repitió en la toma de otras ciudades bajo dominio republicano, como la de Málaga en febrero de 1937, con intervención de tropas italianas; la de Bilbao ese mismo verano, o la de Teruel, doblemente ocupada por los rebeldes21. Los lugares de ejecución y enterramiento transformaron el espacio y sus significados para la población. El sonido de las descargas de fusilería, la aparición de cadáveres en cunetas o barrancos o las advertencias radiadas por las autoridades insurgentes hicieron que el miedo envolviera determinadas localizaciones22. En.
Salamanca, por ejemplo, el propio gobernador civil debía reconocer que recibía a diario numerosas comunicaciones informándole de la aparición de cuerpos sin vida a las afueras de los pueblos de la provincia.23 Testimonios del terror caliente que marcó las primeras semanas tras el golpe aluden de manera habitual al impacto emocional y, a veces, al pavor que les generaba la visualización o el simple conocimiento de actos violentos en las inmediaciones de sus domicilios. Aunque ferviente partidaria de los insurgentes, el relato de la escritora estadounidense Helen Nicholson sobre lo ocurrido en la ciudad de Granada durante el verano de 1936 es bastante esclarecedor al respecto:
I was awaken around two o’clock in the morning by the sound of a lorry and several cars going up the hill towards the cemetery. I heard a fusillade shortly after that and then the same vehicles returned. Later, those sounds became very familiar to me, and I learned to fear them every morning, not only because it was the enemy’s favourite time to drop us his bombs, but also because it was when the people executed were counted24.
Esa violencia no puede ser desligada de las políticas de reordenamiento y resignificación social y simbólica, ni podemos pasar por alto las huellas que dejaron en el mapa de los pueblos y ciudades conquistados por los rebeldes. En el espacio también se definían –muchas veces mediante la violencia– nuevas relaciones de poder, identidades, actores y prácticas fundamentales para entender el control estatal y el propio funcionamiento de la dictadura.25 Poner el foco sobre la manera en que se produjo la ocupación de algunas localidades por parte de las tropas rebeldes nos puede ayudar a explorar las complejas interacciones que se establecieron entre el nuevo orden y el espacio. La pacificación de Sevilla incluyó un proyecto de regeneración en todos los planos. Barrios como San Marcos, La Macarena o San Julián, pertenecientes al denominado como Moscú sevillano, o Triana la roja fueron especialmente castigados por la violencia rebelde por considerarlos bastión de las izquierdas y haber sido escenario de episodios anticlericales. El barrio de San Julián fue completamente masacrado y quedó hundido en la más absoluta de las miserias, quedando gran número de niños en el mayor de los desamparos. En opinión de Ramón de Carranza, alcalde de la ciudad, lo sucedido era el resultado inevitable de la “obcecación de sus moradores” y, un año más tarde, José María Pemán justificó jactanciosamente la violencia empleada, afirmando que la ciudad necesitaba ser gobernada “con más justicia que ley”, la justicia de Queipo26.
La ocupación de Granada en los primeros días tras el levantamiento militar discurrió por patrones similares. Tras tomarse los principales centros de poder y posiciones claves como las comunicaciones o la fábrica de pólvoras situada en las inmediaciones de la capital, la violencia se dirigió contra el último bastión de la resistencia: el barrio del Albaicín. Este era considerado un semillero de elementos izquierdistas y en los años anteriores había sido escenario de episodios iconoclastas, incluida la quema de varios templos. La resistencia encarnizada de sus vecinos, favorecida por la propia fisonomía del barrio, terminó por sucumbir ante los ataques de la artillería rebelde. Una vez incorporado a la zona nacional, la violencia se desplegó sobre los moradores de este bastión rojo27. De modo similar, la conquista de Málaga en febrero de 1937 llevó aparejada una gran represión, que fue especialmente intensa en barriadas obreras28.
Sin embargo, la actuación del incipiente Estado franquista sobre estas áreas se complementó con otras políticas destinadas a la purificación del espacio y al control de la población que las recorría. La conquista del Albaicín requería, en palabras del arzobispo de Granada, la redención del barrio “del marxismo sin Dios y de su obra nefasta”. Sus calles fueron purificadas mediante incienso, recorridas por procesiones religiosas y “descontaminadas” por rituales de desagravio y otros actos de reconstrucción de los templos, cruces y símbolos católicos que años atrás jalonaban el espacio29. En la vecina Málaga, el obispo Balbino Santos Olivera purificó con agua bendita algunas zonas para “lavar la faz de la ciudad” tras su conquista por los insurgentes. Un año después, en la Semana Santa de 1938, el “Perchel Comunista” veía recatolizadas sus calles con la llegada de la Virgen de los Dolores, ante el “loco frenesí” de un vecindario “avergonzado” de su “pasado marxista”30.
La regeneración del espacio que inspiraba este tipo de actos y rituales mostraba claramente la imbricación de los procesos renacionalizadores y recatolizadores dirigidos por las autoridades franquistas. Desde las ruinas de la iglesia de la Concepción inició su estación de penitencia la hermandad del Nazareno de Huelva en el año 1937. El trono no llevaba la imagen del Cristo –desaparecida en el incendio del templo durante la etapa republicana–, sino una reproducción pictórica del mismo rodeada por la bandera rojigualda, que representaba el resurgimiento de la patria y del catolicismo sobre las cenizas generadas por la “furia satánica” del “marxismo sin Dios”31. La descontaminación del espacio y su renacionalización impulsó también las medidas adoptadas en el casco urbano de la “ciudad mártir” de Teruel, convertida en “ruina gloriosa” sobre la que poner en práctica políticas que transformaran el horizonte visual y cotidiano de la comunidad, eliminando el “hedor marxista agarrado a todas las cosas”32.
El diseño de una nueva geografía cotidiana por parte de la dictadura franquista, mostraba la voluntad oficial por saturar de nuevos símbolos, instituciones y referentes habituales la vida de los españoles, fiscalizando sus comportamientos y redefiniendo los parámetros de su día a día. El orden buscado por la dictadura se construía, así, a partir de definir ciertas actitudes como disidentes que, en realidad, habían operado en el día a día de numerosos lugares. Si bien las intenciones, los discursos y las primeras realizaciones del Nuevo Estado llenaron de nuevas normas el ámbito de la vida cotidiana, muchas de sus manifestaciones pasaron a ser parte de lo extraordinario33. Las políticas oficiales sobre el espacio no iban únicamente dirigidas a controlar a los desafectos o a neutralizar enemigos potenciales, sino a escrutar las vidas de la población en su conjunto, adecuando sus vidas a nuevas normas y regulaciones. No debería sorprender, por consiguiente, que el Estado franquista dedicara un lugar relevante en sus discursos, políticas y legislación a la reordenación de espacios públicos, semipúblicos y privados como vía preferente para la destrucción del entramado cultural, simbólico y social de la República y su reemplazamiento por un modelo de nación alternativo. Sobre todo ello pesaba la identificación de los años republicanos con el desorden, una visión que formó parte del propio golpe de Estado de 1936 y que se expresó en las políticas de las nuevas autoridades para ocupar la sociedad en un sentido sociológico: reorientar las relaciones sociales34. El espacio resultaba, en este sentido, una plataforma esencial desde la que construir el orden franquista.
La ocupación de Madrid se antoja un observatorio privilegiado para ponderar la influencia del espacio en las políticas de control urbano de la dictadura, donde la movilidad de la población, asociada a la posibilidad de múltiples interacciones e intercambios, fue una de las principales preocupaciones de las autoridades. De manera concreta, el distrito de Chamberí era uno de los lugares que resumían la complejidad de la capital en las décadas previas, donde la diversidad sociológica entre jornaleros proletarizados, obreros de cuello blanco, profesionales liberales y alta burguesía se unía a la conciliación de amplias avenidas con calles más intrincadas, grandes plazas, edificios de fachada humilde y algún que otro palacete de la aristocracia35. A finales de marzo de 1939, la actuación de las autoridades militares se basó en hacer sentir el control como una realidad más, de modo que disciplinar el espacio fue la forma de representar el orden del nuevo tiempo (Imagen 1).
Imagen 1: “Barrios de control social” como propuesta analítica.
F: AGMAV, M-215, 5; AGMAV, c. 4.130, 13, 17 y 18; CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (en adelante, CDMH), DNSD, Correspondencia, exps. 56, 107, 242, 276, 291, 333, 377, 415, 422, 517, 585, 479, 771, 776, 777, 789, 844, 846, 850, 1.051, 1.529, 1.870.
En primer lugar, las ametralladoras protegidas por sacos terreros y los francotiradores desplegados en los tejados de las casas visibilizaron la cuarentena impuesta en la ciudad. Estas zonas de contención se repartieron a lo largo de cruces de calles y en puntos de especial relevancia, avisando de la intención de reprimir cualquier resistencia a la ocupación y funcionando como una metáfora de la misma en la ciudad, al hacer visible la producción de un espacio de excepción en los propios barrios. Las alambradas que reconducían el tráfico hacia las avenidas más amplias, más controlables, y la prohibición directa de caminar por ciertas calles reservaban ciertos lugares al tránsito. Madrid se llenó de zonas de supresión que pretendían hacer sentir a la población que habitaban un espacio cerrado a partir de entonces, una percepción que se materializaba en la necesidad de presentar un salvoconducto ante el propio jefe del sector para salir de la ciudad. El objetivo de esta estrategia era facilitar la búsqueda de responsabilidades entre la población, juzgarlas y condenarlas. Por último, las calles se llenaron de comisarías, prisiones habilitadas y juzgados militares que canalizaron la represión en la capital y extendieron la amenaza como forma de gobierno de la ciudad. En estas zonas de aumento el castigo representaba la dimensión pública del orden impuesto por la dictadura36.
Quizá uno de los principales desafíos al analizar las diferentes expresiones del control franquista sea el de ir más allá de visiones desde arriba, en dos dimensiones, y evitar conformarse únicamente con las intenciones de los dominadores y sus colaboradores sin ponderar, al mismo tiempo, otro tipo de agencias: las resistentes, las coaccionadas, las resignadas, las colaboradoras y las actitudes contradictorias, ambivalentes o incluso las expectantes y silenciadas. Preguntarse desde el espacio por el orden que caracterizó la retaguardia sublevada, primero, y el Nuevo Estado, después, puede ofrecer una imagen demasiado totalizante. En este sentido, sin dejar de poner de manifiesto la capacidad de dictaduras como la franquista para colonizar espacios y controlar la vida de la sociedad, debemos tener presente la capacidad de actuación de los sujetos en sus vidas cotidianas y prestar atención a las “interacciones microsociales” que nos pueden ofrecer pistas sobre la manera en que las personas reciben, ejercen, coproducen o rechazan las propuestas procedentes del poder37. Examinarlas desde esta perspectiva nos permite profundizar en los espacios concretos concebidos, percibidos o vividos en que se expresan las relaciones sociales, y que no siempre son producto de la imposición directa desde arriba38. También podemos comprender la forma en que los espacios facilitaron el control social, aunque esto no quiere decir, desde luego, que estos tengan agencia propia. Dorothee Brantz explicó el conjunto de posibilidades que abrió la ciudad para la expresión de múltiples comportamientos distintos, planteando una apertura a nuevos sujetos y problemáticas en la historia urbana39. Esto mismo podría aseverarse para los habitantes de las localidades rurales que, aunque a priori férreamente controlados por las autoridades del régimen, ofrecieron también actitudes muy diversas y heterogéneas frente a las políticas de control de la dictadura40.
Dispositivos de control: agencias, sujetos y vida cotidiana.
La cada vez más asumida naturaleza construida de los regímenes dictatoriales ha arrinconado concepciones estructuralistas donde los sujetos eran meras marionetas, sin capacidad de actuación alguna sobre las actuaciones de Estados impuestos únicamente mediante el uso de la violencia, la coacción y el miedo. El retorno de la agencia individual al primer plano de la investigación así lo demuestra. Cada vez hay más interés por las experiencias de quienes no solo vivieron bajo regímenes dictatoriales, sino que convivieron con ellos, y por las interacciones, las negociaciones y los realineamientos que esto supuso en términos de actitudes y comportamientos. Al hacerlo ha quedado de manifiesto la necesidad de interrogarse no solo por la configuración de los discursos y políticas desde el poder, sino por la difusa cuestión de la recepción por parte de la sociedad y las ambivalentes y heterogéneas respuestas que sus componentes dieron a las demandas del Estado. Quizás por ello, una parte significativa de quienes se han interesado por estas cuestiones ha apostado por utilizar enfoques que tienen en las escalas micro, en lo local o en la vida cotidiana su principal campo de análisis. De este modo, han puesto nuevamente el foco en la agencia, enfatizando como los actores fueron al mismo tiempo objetos y sujetos históricos y explorando el hueco entre las directrices estatales y las prácticas cotidianas de la población, entendiendo siempre que se trata de realidades de contornos borrosos y fluidos41.
Todas estas cuestiones resultan igualmente pertinentes a la hora de analizar en términos espaciales los dispositivos de control social y la compleja relación que las personas establecieron con ellos. La reordenación del espacio, la destrucción de los viejos referentes y su sustitución por otros nuevos no podían llevarse a cabo sin la participación de actores que los impulsaran desde las instituciones del nuevo Estado franquista, pero tampoco, sin la colaboración de otros individuos que respaldaron o, simplemente, facilitaron estos procesos. Primero, borrando física y simbólicamente del espacio todo cuanto no sintonizaba con la nueva geografía que se estaba definiendo. Luego, a través del control de la calle, que se volvió una prioridad durante el proceso de institucionalización del orden franquista. Esta intención corrió paralela a los retos afrontados durante el conflicto y las experiencias previas de las autoridades a cargo del orden público, en un debate que ocupó el ecuador central de la guerra. La consideración de los espacios a controlar fue igual o más importante que lo anterior, en un proceso progresivo de adaptación al mundo urbano a medida que fue apareciendo en las experiencias de conquista por parte del Nuevo Estado. En abril de 1938, las instrucciones de la Columna de Orden y Policía de Ocupación, el organismo encargado de gestionar la entrada en las grandes capitales republicanas, evidenciaban la importancia del espacio a efectos punitivos para el caso de Madrid:
Dependientes del Jefe de Sector se nombrará en cada barrio una persona de reconocida solvencia, a la cual quedarán subordinados los Jefes de Casa (uno debidamente garantizado por cada edificio), siendo la única misión de unos y otros suministrar datos para confeccionar con toda rapidez el fichero policial de la capital42.
Sin nombrarlo directamente, las autoridades franquistas identificaban el anonimato como un enemigo más en la persecución de los comportamientos proscritos y la averiguación de responsabilidades punibles. Identificaban también los espacios primordiales de control en el mundo urbano, aquellos que permitían abolir las distancias: los barrios y las casas, lugares privilegiados para el despliegue de las políticas públicas de señalamiento. Las instrucciones primigenias se fueron complejizando hasta integrar múltiples agencias de control, con el objetivo dotar de densidad a las redes de información necesarias para tomar el pulso a la vida urbana. Después de que Madrid fuera ocupada militarmente, los agentes del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), el espionaje franquista, se desplegaron por los barrios bajo dos aspectos: en descubierto y de modo “absolutamente secreto” para introducirse “en todas partes”. El objetivo era identificar cualquier conducta sospechosa, también en hoteles, cafés, estaciones de tren e incluso hospitales, en contacto con el jefe de Policía de la capital, tomando como base de actuación el distrito asignado43.
Integrar el espacio como variable analítica permite, en este sentido, preguntarse por la necesaria participación social para asegurar el orden. Por supuesto, la colaboración entre las agencias, en este caso, entre el SIPM y una policía franquista en formación, pero también de la población civil. Con el paso del tiempo, el diseño militarizado de jefes de sector, barrio y casa se simplificó en la práctica, y las labores de jefe de casa fueron ejercidas por miembros del partido único, FET-JONS, o por los propios porteros de finca, que en ocasiones poseían un carnet falangista después de la depuración de este colectivo. Pero antes de que ese proceso depurador comenzara, los porteros de finca, junto a los propios inquilinos de la comunidad de vecinos, fueron reclamados por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, la máxima expresión de la justicia franquista tras la entrada en la ciudad. “La serenidad de nuestro triunfo nos permite medir exactamente las culpas de nuestros enemigos”, rezaba el preámbulo del edicto con el que la Auditoría llamaba a la colaboración en la identificación de conductas delictivas. El anonimato volvía a sobrevolar la dificultad de definir las actitudes que ya no iban a estar permitidas, pero en este caso el proceso estuvo protagonizado por un juego de denuncias cruzadas entre porteros y vecinos. De este modo, las tensiones de la retaguardia de una ciudad en guerra, las diferentes expresiones de la violencia contra la propiedad y las propias personas o las diversas actitudes frente a la justicia franquista de ocupación (colaboración, conformidad, protección, resignación, silencio) formaron parte de la maquinaria punitiva franquista. Es importante añadir, finalmente, que tanto las declaraciones de porteros como las de inquilinos fueron extendidas bajo el formato de declaración jurada, por lo que cualquier información podía ser comprobada por las autoridades y los testimonios falsos, perseguidos. Por tanto, conviene no perder de vista que el fomento de la colaboración con la justicia estuvo marcado por la coacción, una realidad que es importante recordar para evaluar las actitudes de la población44.
Es difícil calibrar el impacto de esta política de control a través del señalamiento, aunque cabe resaltar que esta arquitectura coactiva nunca se impuso totalmente, por supuesto: de las 1.905 declaraciones extendidas en el distrito de Chamberí, 573 (el $3 0 \%$ ) expresaron una denuncia. Quizá lo más interesante sea transitar los caminos cualitativos de estas prácticas. Los formularios de porteros e inquilinos demostraron ser un dispositivo muy participado por las clases medias y propietarias, sobrerrepresentadas en la denuncia en relación al conjunto de la población. Otros factores, como la densidad de habitación de los barrios, el tiempo de residencia en la misma comunidad de vecinos o la edad se mostraron elementos decisivos en el éxito de este dispositivo45. Por otro lado, las denuncias podían ser el inicio de procesos judiciales y depurativos o incorporarse a otros en curso, demostrando una gran flexibilidad en la captura de conductas sospechosas. En perspectiva, y como ha demostrado Daniel Oviedo, el recurso a los porteros durante la ocupación franquista no fue una práctica novedosa, pues tenía una larga tradición en el mundo urbano como procedimiento policial. El objetivo era obtener cualquier información que permitiera ampliar el perfil de los sospechosos a partir de un lugar a medio camino entre el espacio público y el privado46. Sin embargo, en el marco de la ocupación, las denuncias expresaban una cualidad específica de las políticas de control franquistas: la extensión de la sospecha al conjunto de la población.
Como en el caso de la Columna de Orden Público y Policía de Ocupación, el control de los espacios cotidianos por los que discurrían las vidas de los españoles se apoyaba en la labor de las difusas –pero efectivas– “comunidades de castigo” que, con sus miradas, decisiones y actos contribuían a la persecución de actitudes y comportamientos “peligrosos”47. Un análisis en clave espacial permite discriminar entre los sujetos, instituciones y escenarios que colaboraron en la obtención de información sobre las conductas (lo que se suele entender como vigilancia), y aquellos que formaron parte del castigo de las mismas o de la extensión de la amenaza del castigo. Asimismo, permite interrogarse por esas conductas fuera de la norma, qué las podía definir y cómo o quién tenía la capacidad de procesarlas. Las fuentes judiciales son en este sentido bastante esclarecedoras y desvelan las diferentes agencias que confluyeron y, de algún modo, dieron forma al espacio. Juana García Lago llevaba diez años siendo portera en el $\mathbf { n ^ { o } } 7$ de la calle Viriato, en Madrid, cuando tuvo que enfrentarse a los formularios de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. A principios de abril de 1939, dos de sus vecinos destacaron su “conducta intachable” con el conjunto de los inquilinos, aunque también decidieron referir que defendía “la causa roja en sus conversaciones”48.
Aquellas palabras remarcadas no tuvieron repercusiones hasta que cuatro meses después dos vecinos diferentes denunciaron al marido de Juana, Leoncio, por ser afiliado al Partido Comunista, colgar “carteles de propaganda a favor de dicho partido” y haber sido responsable de “robos de ropas de todas las clases”. Juana heredó las acusaciones contra su marido, y las sospechas sobre su comportamiento pronto pasaron a ser compartidas: “dicho matrimonio son encubridores de un sujeto de profesión peluquero que fue policía rojo y el cual se encuentra escondido”. La portería fue identificada como lugar de autoridad en el conocimiento de la comunidad de vecinos, puesto que la declaración terminaba afirmando que Juana “tenía una lista de las personas de derechas de la casa a las cuales decía que había que matar”49. Después de que ambos cónyuges ingresaran en prisión, la Auditoría volvió a preguntar en el barrio y los denunciantes ampliaron su declaración. Resaltaron tratos inadecuados, como cuando Leoncio le amenazó “en el portal de la casa, tuteándole como lo hacía con todos los vecinos”, y la manifestación de sus ideas en el espacio público: “Vio poner personalmente un cartel muy grande, de acera a acera, que decía VIVA RUSIA o ARRIBA RUSIA Y MUERA EL FASCIO y cosas por el estilo”, algo que “vieron todos los vecinos de la casa”.
El juez instructor no llamó a declarar al resto de vecinos del inmueble para comprobar el último extremo. A pesar de ello, el proceso judicial no había terminado un año después de la ocupación de Madrid, cuando Juana fue definida negativamente por vez primera. Fue entonces cuando el comisario de policía del distrito emitió un informe de conducta, a petición del juez, en el que definía a la portera “por su actuación en contra de las personas de derechas y en favor de la Causa Roja, a cuyas personas amenazaba e insultaba”. Juana era “la clásica portera roja que tenía acobardados y atemorizados a casi toda la vecindad”, una imagen que se apresuró a concretar: “siempre decía las barbaridades que había que hacer con los fascistas en tonos y ademanes exagerados”. La investigación contra ella y su marido apela a la importancia del rumor en la ciudad, un contexto marcado por el anonimato, a su uso punitivo y a la estrecha conexión entre los hechos atribuidos y los probados como parte de la “creación” de los delitos por parte de la justicia franquista. Pero, al mismo tiempo, nos muestra quién tenía el poder de decidir si su conducta se desviaba de los umbrales de lo permitido: puede que sus vecinos fueran colaboradores necesarios, pero no eran, desde luego, “policías cotidianas”50.
El papel activo de los heterogéneos apoyos del régimen $- \mathbf { y }$ no solo de quienes ocupaban cargos institucionales– resultó esencial para definir geografías cotidianas que se adaptaran a los parámetros ideológicos de la Nueva España. Así ocurrió por ejemplo, en la localidad salmantina de Topas, donde las firmas de varios habitantes de “reconocida solvencia moral” fueron suficientes para que el alcalde del municipio dedicara una de sus calles a los “Héroes del Alcázar de Toledo”51. Este tipo de políticas públicas de identificación con el régimen, como la modificación del callejero, la reposición de símbolos religiosos, el izado de banderas y los ritos y ceremonias que los rodearon recibieron con frecuencia el respaldo de parte de la población. El levantamiento de los monumentos a los caídos y mártires es buena prueba de ello. Su construcción, aunque diseñada desde arriba recibió muchas veces el impulso de los apoyos sociales de la dictadura, los damnificados por la violencia revolucionaria o los parientes de quienes habían fallecido defendiendo la causa rebelde. En Quart de Poblet (Valencia) fueron “los familiares y vecinos de los caídos” quienes financiaron la cruz de la localidad; y en Lagartera (Toledo), fue “un grupo de vecinos”, el que sufragó la construcción del monumento52. Emplazados en un lugar visible y de paso diario para la comunidad –normalmente en la plaza del pueblo o en la fachada de la iglesia principal– las cruces de los caídos ponen de manifiesto cómo las políticas de reordenamiento espacial pretendidas por el régimen franquista, necesitaban la colaboración necesaria de individuos que la promovieran a nivel local.
Sin evaluar la capacidad de agencia individual y colectiva de los sujetos tendríamos una visión incompleta del despliegue y funcionamiento de los dispositivos de control social, así como de las políticas destinadas a reordenar el espacio cotidiano. Pero integrar la agencia en la ecuación es también la manera de explorar la capacidad que tienen las personas de utilizar tácticas y estrategias destinadas a apropiarse, negociar, resistir o resignificar los parámetros y reglas establecidos por el régimen53. Por ejemplo, la implantación de nuevos símbolos en el espacio público se encontró con actitudes indiferentes, poco colaborativas o directamente resistentes. En plena guerra, un informe relativo a la vida en la retaguardia insurgente señalaba que “diariamente” se imponían multas por producirse “incidentes por negarse la población civil a saludar, ponerse en pie o cubrirse en la calle, cafés, cines, etc., cuando se tocan los himnos nacionales”54. En julio de 1942, varios jóvenes madrileños fueron denunciados por saludar “de forma burlesca” desde sus balcones el arriamiento de una bandera en el edificio de la Secretaría de Falange situado en la céntrica calle de Alcalá55.
No obstante, otras acciones iban directamente dirigidas a obstaculizar el proceso de redefinición simbólica del espacio que perseguían las autoridades. La aparición de letreros subversivos o símbolos republicanos, muchas veces promovida por organizaciones antifranquistas clandestinas fue algo relativamente habitual. Por ejemplo, en el cine Ideal de Alicante se produjo en mayo de 1946 un lanzamiento de banderas tricolores al patio de butacas56. Estos actos podían generar menor impacto en las grandes ciudades, pero en las pequeñas localidades causaban una gran impresión. El 17 de enero de 1938, todavía en plena guerra, las calles del pequeño pueblo salmantino de Barruecopardo aparecieron marcadas con varias pintadas en tiza a favor del comunismo, lo que originó “comentarios diversos y gran estupor”. Estas mismas reacciones debieron producirse en la aldea de Venta de Agramaderos (Jaén), cuando en abril de 1945 dos mujeres tiraron al suelo la bandera rojigualda que ondeaba en el portal de la escuela del pueblo. En esta ocasión, una de las implicadas admitió la autoría de los hechos esgrimiendo que aquel edificio era “de su propiedad” y que ello le daba derecho a quitarla57. Pero en otros las motivaciones que impulsaban estos actos resultan menos nítidas y los rostros de sus protagonistas se difuminan. Y es que, pese a la capacidad de las autoridades para coaccionar comportamientos y fiscalizar la vida de la población, siempre existían resistencias larvadas, ambigüedades, dobles lecturas y disimulos que otorgaban a los individuos margen de actuación. Por ejemplo, las autoridades de Láncara (Lugo) se mostraban terriblemente preocupadas por los “comentarios, murmuraciones y difamaciones” que recorrían las calles, cafés o tabernas del pueblo58. El sonido, en este caso el de los bulos y rumores –que tan útiles resultaban para que el régimen desplegara sus prácticas represivas– obstaculizaba la voluntad oficial por controlar los comportamientos cotidianos y gobernar las vidas de los españoles.
Como podemos ver, la arquitectura de control que definió la construcción de la dictadura fue realmente compleja. Esa complejidad queda al descubierto si analizamos el control franquista en relación a los espacios desde los que se ejerció (o se intentó ejercer). Las políticas públicas de señalamiento e identificación expresaban una relación ambivalente entre lo excepcional y lo normal: por un lado, entraban de lleno en el ámbito de lo cotidiano; por otro, trataban de regularlo. Esta interpretación del nacimiento de la dictadura supone apostar por una relación fluida entre las nuevas autoridades y la población, entre las intenciones de unas y las actitudes de otros, lo que no oculta la naturaleza represiva del franquismo, sino que permite seguir profundizando en los fundamentos del orden fundado a partir de 1936. Como sostiene Salvatore Palidda, las diversas formas de coacción tienen efectos directos en la degradación del espacio público y construyen una privacidad mediada por el miedo, erosionando también la posibilidad de la acción política59. Esa fue una característica fundamental en la dimensión pública del franquismo, entendiendo que cualquier régimen político también se define desde sus realidades sociológicas, más allá de sus instituciones.
Conclusiones.
El Estado está construido sobre la vida diaria; está basado en lo cotidiano. […] La gente en la vida cotidiana percibe el edificio institucional del Estado sobre sus cabezas. En la vida cotidiana, la gente no se da cuenta de que son el cimiento sobre el que descansa el edificio y sobre el que hace presión. Con todos sus gestos, palabras y hábitos, preservan y apoyan dicho edificio60.
No por casualidad, Henri Lefebvre, uno de los máximos defensores de que el espacio sea concebido simultáneamente como producto y productor de relaciones, prestó atención destacada a la vida cotidiana como un ámbito desde el que estudiar el funcionamiento del poder. Aunque su concepción estructuralista, como también la de Foucault, concedía poca capacidad de acción a los sujetos individuales, Lefebvre evidenciaba que las raíces más profundas del Estado se hundían en el plano cotidiano, en el día a día de una población que presenciaba, convivía y se relacionaba con sus símbolos, sus instituciones, sus disposiciones y sus espacios.
En esa línea, este trabajo ha tratado de contribuir al estudio de la construcción de la dictadura franquista a través de una perspectiva centrada en el análisis de los espacios y de la vida cotidiana. En concreto, se ha ocupado de examinar las diferentes políticas implementadas por el régimen para el reordenamiento de las geografías cotidianas de la población y de explorar los dispositivos de control social que se desplegaron en estas. Pero, al mismo tiempo, se ha prestado atención al papel de los sujetos, evidenciando su capacidad para coproducir, negociar, rechazar o resignificar la reordenación espacial propuesta por la dictadura. Al hacerlo, ha quedado constatada la capacidad de la dictadura franquista para desarticular desde símbolos hasta formas de organización, pasando por redes de sociabilidad e incluso reglas comunitarias que regían la vida cotidiana durante la etapa republicana. Pero, paralelamente, se han explorado los heterogéneos mecanismos de control social y las políticas impulsadas por el régimen para confeccionar una nueva geografía cotidiana disciplinada y regulada. No obstante, frente a una visión dicotómica de controladores y controlados, este trabajo ha puesto de manifiesto que definir el franquismo como un régimen de control también debe incluir la capacidad de actuación de los sujetos, una agencia que lejos de ser monocorde, estuvo caracterizada por las ambigüedades, los vaivenes y las contradicciones, que caracterizan las actitudes y comportamientos sociales, las relaciones con el poder y la propia vida cotidiana.
Estudiar la manera en que el control se filtró por los rincones de la vida cotidiana y calibrar la capacidad que tuvieron los individuos para resistir, inhibirse o facilitar su funcionamiento es una cuestión compleja que requiere, a nuestro juicio, de miradas también complejas. Explorar de manera conjunta el papel del Estado en el desarrollo de las políticas de control y la diversidad de actuaciones sociales frente a aquéllas es una vía fructífera, especialmente si lo hacemos prestando atención a la vida cotidiana, donde las personas entran en contacto con los dispositivos, las disposiciones y las regulaciones del poder. Pero conviene no olvidar que esta relación no se produjo exclusivamente de arriba abajo y de abajo arriba, sino que tuvo también trayectorias horizontales, cruzadas y no siempre lineales. Ni el Estado ni la sociedad eran compartimentos amorfos y estancos. Eran los individuos los que definían sus contornos, los que formaron parte de las instituciones de manera más o menos prolongada, los que, con sus actitudes, contradictorias y dinámicas, podían –en coyunturas diversas o de manera paralela– apoyar y oponerse, consentir y resistir, facilitar y dificultar.