Reseñas
prensa extranjera –estudiada por Josefina Cuesta–, que abandonó progresivamente la denuncia de los peligros que acechaban a la democracia postfranquista y comenzó a cantar las bondades de una transición calificada ya como «modélica».
Nos encontramos, en definitiva, ante una obra que puede considerarse referencial, punto de partida obligado para los estudios que sobre dichos años se emprendan en el futuro, no solo porque contribuye a un mejor conocimiento de una etapa clave para comprender la España actual, sino porque delimita claramente y compendia las líneas de investigación abiertas hoy en día sobre la cuestión.
Miguel Ángel Giménez Mar tínez Universidad de Castilla-La Mancha.
VARELA SUANZES–CARPEGNA, Joaquín, La monarquía doceañista (1810– 1837). Avatares, encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno, Madrid, Marcial Pons Historia, 2013, 479 pp.
Nadie diría que el último libro de Joaquín Varela, catedrático de Derecho constitucional en la Universidad de Oviedo, se compone en su mayor parte de trabajos publicados en su día como artículos o capítulos de obras colectivas. El autor no sólo ha corregido y ampliado significativamente cada uno de los textos originales recogidos en este libro, incluyendo en algún caso epígrafes enteramente nuevos, sino que ha conseguido trazar una monografía sólidamente articulada en torno a un sugerente hilo conductor: la trayectoria histórica de la llamada monarquía doceañista, entendida como el modelo constitucional creado por las Cortes de Cádiz y definitivamente abandonado por los liberales en 1837, tras su tercer y último periodo de vigencia.
Esta es, pues, la historia de un fracaso, desglosada a lo largo de los siete capítulos que, siguiendo un orden cronológico, abordan la creación, evolución y crisis de la monarquía doceañista, titulados “Modelos monárquicos ante las Cortes de Cádiz”, “El Rey en la Constitución de $1 8 1 2 ^ { \circ }$ , “La alternativa anglófila de Blanco–White en El Español”, “Retorno al absolutismo y primer exilio liberal”, “La monarquía doceañista durante el Trienio”, “El segundo exilio liberal y el debate sobre la monarquía” y “La difícil transición hacia la monarquía constitucional”. Pese a los diferentes momentos y enfoques a los que corresponden, cada uno de estos siete apartados plantea en mayor o menor medida un problema que atañe a la naturaleza misma de la monarquía constitucional, a saber: la relación entre los modelos teóricos que la inspiran y el marco histórico en el que se inscribe. El análisis jurídico–político prevalece en los tres primeros capítulos, relativos a la etapa constituyente y a la arquitectura interna de la propia Constitución, mientras que en los capítulos siguientes se estudian las vicisitudes del texto gaditano enfrentado con una realidad cambiante y a menudo adversa. Su derogación por el absolutismo restaurado dio lugar a una profunda reflexión, no exenta de autocrítica, en los medios liberales del exilio y a una cierta mitificación por parte del liberalismo más radical, que hizo de la defensa integral de la Constitución su principal seña de identidad. Esa tendencia de una parte del liberalismo a convertirla en una constitución de partido no es ajena a los problemas que se derivaron de su puesta en práctica, sobre todo entre $1 8 2 0 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 2 3$ , pues su restablecimiento en 1836 se puede considerar puramente testimonial. Hasta un liberal próximo al progresismo como Mariano José de Larra reclamó en 1836 un texto constitucional “más adecuado a la época” que el “viejo código” de 1812.
La cuestión de fondo, sin embargo, no era tanto su inviabilidad un cuarto de siglo después, en lo que estaban de acuerdo muchos de sus antiguos partidarios, como los graves problemas que, desde su origen, planteaban aspectos esenciales de su articulado y, en última instancia, sus fundamentos doctrinales, hasta conformar un modelo que Joaquín Varela califica de “singular” y “extraño”. Ese defecto originario se explica en parte por la obsesión de sus artífices por contrarrestar los peligros potenciales a los que se enfrentaba el Estado constitucional en España, principalmente el riesgo de que la corona y, en general, el poder ejecutivo degeneraran en un despotismo de nuevo cuño. De ahí el protagonismo de las Cortes como pivote del sistema y, a la vez, una larga serie de limitaciones y cautelas frente a los demás poderes, todo lo cual configuró un régimen político difícilmente reconocible desde la perspectiva de aquello que pretendía ser: una monarquía constitucional “moderada”, según la definición que figura en el artículo 14. Como explica el autor al analizar los distintos modelos en presencia al elaborarse la Constitución de Cádiz, los liberales españoles se decantaron en su mayoría por el tipo de monarquía constitucional plasmado en el código francés de 1791 frente a la opción inglesa defendida por Jovellanos y Blanco–White. Las razones que ofrece Varela –el mejor conocimiento de la historia constitucional francesa, la analogía entre los dos países, la mala prensa del parlamentarismo británico como fuente de corrupción– son sin duda convincentes, pero no deja de extrañar que en un país en guerra con Francia aquellos que dirigían la lucha contra el invasor optaran por un modelo que sus adversarios tacharon inmediatamente de afrancesado, cuando no de jacobino. Una equiparación esta última que, más allá de su intención derogatoria, parece en parte justificada por el tratamiento que la Constitución otorga a la corona, tema fundamental del que Joaquín Varela se ocupa en el capítulo titulado “El rey en la Constitución de $1 8 1 2 ^ { \circ }$ . La paradoja de este rasgo criptojacobino de la Constitución es mayor si se tiene en cuenta la sobreactuación monárquica de los constituyentes gaditanos en relación con El Deseado, al que Fernández Sardino, autor de El Robespierre español, calificó, sin asomo de ironía, de “héroe rey”. Apenas unos años después –nos recuerda Varela–, el propio Fernández Sardino llegó a lamentar que en 1820 no se hubiera llevado a cabo “el exterminio de la familia reinante”.
Ya en el primer exilio (1814–1820), no pocos liberales consideraron un error el marco constitucional establecido en Cádiz. Joaquín Varela destaca entre ellos a un personaje nada sospechoso de conservadurismo, como Álvaro Flórez Estrada, que abogó por unas Cortes bicamerales, y a los autores del llamado “Plan Beitia” de 1819, plasmado en el “Acta constitucional” redactada probablemente por Juan Olavarría y conocida recientemente gracias a Ignacio Fernández Sarasola y Claude Morange. Sin llegar a la revisión general del modelo gaditano que plantearon los autores del “Plan.
Beitia” –“la Revolución de España debe rehacerse”–, Fernández Sardino se mostró igualmente partidario de corregir los defectos, no especificados, de una Constitución a la que, no obstante, conceptuó como “la mejor de la Europa”.
La defensa a ultranza del texto constitucional por los exaltados durante el Trienio tuvo mucho que ver con los planes de sus adversarios moderados para reformarla a través del plan de Cámaras. Pero su cuestionamiento en las filas liberales fue ya entonces muy amplio, como pone de manifiesto Varela en el capítulo dedicado al Trienio liberal. La pregunta inevitable es hasta qué punto su reforma en el sentido deseado por los moderados, en particular con la introducción de una segunda cámara parlamentaria, hubiera bastado para “comprar” la lealtad constitucional del rey y evitar la intervención extranjera. Así lo creían, efectivamente, algunas personalidades del liberalismo español, pero sobre la disposición de Fernando VII a aceptar una transacción de ese tipo hay que ser forzosamente escépticos, si recordamos sus palabras a Martínez de la Rosa: “¡Dos cámaras cuando no podemos con una…! ¡Jamás!”.
Aunque algunas de las intentonas y rompimientos liberales de la Década Ominosa se hicieron todavía en nombre de la Constitución de Cádiz, queda la sensación de que buena parte del exilio la había dado ya por amortizada. Joaquín Varela subraya la importancia que tuvo la presencia de muchos emigrados españoles en Inglaterra y, a partir de 1830, en Francia para orientar su liberalismo hacia postulados más acordes con lo que él llama el “cosmopolitismo constitucional”, contrario al historicismo que había impregnado decisivamente el discurso doceañista. El resultado de todo ello –la influencia exterior, la sensación de fracaso colectivo, la revisión crítica del modelo gaditano– fue el abandono de la Constitución de Cádiz como marco de referencia de la nueva etapa política iniciada tras la muerte de Fernando VII, aunque en 1836, en circunstancias muy especiales, se pusiera por tercera y última vez en vigor por espacio de unos meses.
Si todo el libro de Joaquín Varela sigue una línea argumental clara, fácilmente reconocible de un capítulo a otro, el último apartado –“La difícil transición a la monarquía constitucional”– se lee como el colofón inevitable del proceso histórico emprendido en Cádiz en 1810. La Constitución de 1837 puso fin a la experiencia fallida de la monarquía doceañista y sancionó un –llamémoslo– cambio de paradigma en la historia de nuestro constitucionalismo, fruto, por un lado, de una voluntad de transacción y pacto que hasta entonces había brillado por su ausencia y, por otro, de la “confluencia doctrinal”, como la llama el autor, a la que llegaron finalmente las dos grandes corrientes del liberalismo español. El ciclo histórico inaugurado en 1837 no fue, sin embargo, todo lo fructífero que cabía esperar, por más que la nueva Constitución generara un consenso superior al respaldo que tuvieron en su día la de 1812 y el Estatuto Real de 1834. Si el nuevo modelo constitucional, mucho más equilibrado y funcional, según Varela, tampoco alcanzó la estabilidad deseada, es inevitable pensar que el fracaso de la monarquía doceañista se debió no sólo a los errores de concepción y diseño de la Constitución gaditana, sino en parte a un contexto francamente hostil. De ahí una suerte de aporía histórica que en alguna medida condicionó la fortuna de las constituciones del 12 y del 37: fueron el resultado de un estado de necesidad sin el cual tal vez no hubieran existido, pero las dificultades extremas del momento en el que surgieron limitaron dramáticamente, sobre todo en el caso de la primera, el margen de maniobra para su aplicación y consolidación.
Varela subraya los graves defectos de la Constitución de 1812 como causa fundamental de su fracaso. La solvencia de su argumentación no debe llevar, sin embargo, a subestimar la influencia de factores exógenos, entre ellos, y de manera decisiva, el papel obstruccionista de Fernando VII. Es dudoso que otra constitución menos extemporánea y más pragmática hubiera contado, al menos, con la neutralidad de los enemigos del liberalismo, empezando por el propio rey. Comoquiera que sea, su inviabilidad resultó manifiesta mucho antes de 1837, y no sólo porque el país hubiera cambiado notablemente desde 1812. La Pepa suscitaba desde el principio serias dudas sobre su adecuación a la realidad nacional, tal como, ya entonces, señaló Blanco–White en las páginas de El Español con argumentos que el autor de este libro hace suyos, hasta el punto de considerar su alternativa a la Constitución de Cádiz como “quizá la más inteligente de todas cuantas se defendieron en aquellos críticos años”. Es significativo que formulara su propuesta en Inglaterra, lejos de la vorágine de la España patriota, una circunstancia que, como se ha visto, se repitió luego en otros muchos liberales españoles cuya opinión sobre la experiencia histórica iniciada en 1808 cambió sustancialmente en el exilio.
Joaquín Varela deja pocos cabos sueltos sobre la importante materia que trata, pero, como toda obra de calidad, La monarquía doceañista plantea también cuestiones que forzosamente deberán quedar para otra ocasión. Una de ellas es la influencia soterrada que alcanzó el lobby afrancesado en la historia de España mucho después de su derrota militar en 1814, especialmente en los años finales del reinado de Fernando VII y los primeros de la etapa posterior. $\it { i } \mathrm { { S e } }$ podría decir que el abandono del modelo doceañista le acabó dando la razón a esta poderosa élite político–administrativa en sus críticas a la Constitución gaditana? Esta última no dejó de inspirar durante mucho tiempo un cierto legitimismo revolucionario, más sentimental que doctrinal, en el liberalismo progresista, también en las Cortes constituyentes de 1837. El hecho de que los antiguos afrancesados descubrieran antes que sus adversarios las bondades del doctrinarismo tal vez debería provocar una reflexión sobre su influencia intelectual en los grandes debates políticos de los años treinta. Sea como fuere, y viniera de donde viniera, la Constitución de 1837 abrió una etapa histórica en el constitucionalismo español que, como afirma el autor de este excelente libro, de una u otra forma se prolongó hasta el fin de la Restauración canovista en 1923.