La adaptación territorial de las diócesis españolas tradicionales a las provincias civiles: el caso del obispado de Cartagena (1851-1957)
María José VILAR.
Universidad de Murcia.
La adaptación territorial de las diócesis españolas a las provincias civiles era una necesidad en aras de una mayor operatividad y eficacia. Tanto por el rápido incremento de la población desde el siglo XVIII como por el excesivo territorio de algunos obispados, la necesidad de eliminar absurdos enclaves heredados del pasado, y para evitar innecesarias complicaciones administrativas. Pero también, y sobre todo para lograr una más eficaz atención pastoral de los creyentes. Tal reajuste territorial venía siendo planteado desde antiguo y por ello fue previsto en el artículo 7.° del Concordato de España con la Santa Sede de 16 de marzo de 1851. Pero las resistencias por causa de los intereses creados fueron tan tenaces, que su aplicación, salvo excepciones, se dejó esperar un siglo. El presente artículo analiza el caso de la diócesis de Cartagena, una de las más extensas del país por cubrir en todo o en parte cuatro provincias (Murcia, Albacete, Alicante y Almería). Aquí el reajuste territorial no concluiría hasta 1957.
PALABRAS CLAVE.
Ordenación
del territorio, reforma
eclesiástica, diócesis de Cartagena, relaciones IglesiaEstado, España,
Santa Sede,
siglos XIX y XX.
KEY WORDS.
The territorial adaptation of the Spanish dioceses to the civil provinces was regarded as a efficiency measure. This was due to the quick increase of the population from the XVIIIth c., the too vast territories of some bishoprics and the necessity of eliminating absurd enclaves from the past. Not only to avoid unnecessary administrative problems but also to achieve a far more efficient ecclesiastical concern on the part of the parishioners. Such an old territorial reorganization was included in the 7th article of the Concordat of Spain with the Vatican of march 16,1851. But the difficulties were so numerous that it took a century to be carried out. The present paper touches upon the case of the diocese of Cartagena, one of the most extensive of the country (Murcia, Albacete, Alicante and Almería). Here the territorial reorganization did not end until 1957.
Territory
organization, religious reform, diocese of Cartagena,
Church-State relations, Spain, the
Vatican, the
XIXth c. and
the XXth c.
SUMARIO La diócesis de Cartagena, el modelo pre-concordatario. Primeros intentos de reajustes territoriales: Lorca y Chinchilla aspiran a constituirse en obispados segregados y la ciudad de Cartagena pretende sustituir a Murcia como sede de la diócesis. El Concordato de 1851 y la reordenación del territorio diocesano. Abreviaturas utilizadas.
La diócesis de Cartagena, el modelo pre-concordatario.
Circunscripción eclesiástica básica en la Iglesia católica es la diócesis, a la cual hacen referencia todas las demás. En la actualidad son de rango superior las provincias eclesiásticas, las regiones eclesiásticas y las conferencias episcopales (en este caso la española), institución esta última que vino a sustituir desde el Vaticano II $( \mathbf { 1 9 6 2 - 1 9 6 5 } )$ a las antiguas juntas de metropolitanos. Como unidades infradiocesanas fundamentales cabe mencionar los arciprestazgos y las parroquias. Todo ello de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, cánones $2 1 5 \mathrm { y } 2 1 6 ^ { \mathrm { \scriptscriptstyle 1 } }$ , y restante legislación derivada del mismo en el marco postconciliar.
En términos eclesiales se entiende por diócesis la porción de pueblo de Dios colocada bajo la jurisdicción ordinaria de un obispo, que la orienta, gobierna y administra con la ayuda del presbiterio diocesano, en comunión con los otros obispos y bajo la autoridad jurisdiccional del papa2 . La diócesis de Cartagena (Carthago Nova) es una de las más antiguas de España. Fue sede y cabeza de la provincia eclesiástica de su nombre (Carthaginense), hasta el siglo VI en que, sin variar tal denominación, cede la capitalidad a Toledo (Toletum), a su vez centro administrativo del reino visigótico3 .
A comienzos del siglo XIX la acomodación de las diócesis a las provincias civiles con la subsiguiente refundición, y en su caso desdoblamiento de aquellas, era ya una necesidad manifiesta en aras de una mayor operatividad y eficacia. Tanto por el rápido incremento de la población a partir de la centuria precedente, como por el desmedido territorio de algunos obispados. También por la necesidad de prestar a los creyentes atención pastoral más eficiente, sobre todo en comarcas de intensa vida religiosa o bien en las desasistidas.
A corregir esos defectos apuntará el Concordato de $\mathbf { 1 8 5 1 }$ , que normalizó las relaciones entre España y la Santa Sede desde la muerte de Fernando VII, posibilitó el entendimiento y convivencia de la Iglesia católica con un liberalismo de signo conservador en el marco de un Estado confesional, resolvió la mayor parte de los contenciosos pendientes (el más relevante la desamortización de los bienes eclesiásticos, realidad de hecho aceptada por Roma con las correspondientes contrapartidas), en tanto eran buscadas soluciones a las restantes diferencias. Pero en no pocos aspectos el Concordato tuvo un carácter más voluntarista que real. Por ejemplo, en cuanto concierne a la reordenación del territorio sobre la base de hacer coincidir las diócesis con las provincias civiles introducidas por la reforma liberal, objetivo solo alcanzado en parte, y aplazado sine die en lo que al obispado de Cartagena se refiere, según se verá después.
Esa diócesis había sido establecida por Alfonso X, al ocupar la expresada ciudad a mediados del siglo XIII, sobre el extenso territorio (gran parte del sureste peninsular) controlado hasta el momento por el reino musulmán hudita, reconquistado por el mencionado monarca castellano. Un espacio sobre el cual se habían asentado en la antigüedad los obispados de Ilici, Eliocroca, Begastri y Carthago Nova, sede esta última que en cierto modo venía a ser ahora restaurada4 . Sufrió diferentes reajustes en los tres siglos siguientes, el más importante de los cuales en $1 5 6 4$ al segregarse la gobernación valenciana de Orihuela para erigir en la misma una diócesis, con lo cual concluyó un largo y porfiado pleito de casi trescientos años5 .
Los límites del obispado quedaron desde entonces así: $\ll . . .$ desde el Mediterráneo [parte la línea divisoria], cerca de una torre sita en el Pilar de la Horadada y por el Cabezo Gordo y el monte del Alcor, a través del campo de Murcia, algo a Levante de esta última y de Beniel, contorneando por sus términos orientales a Abanilla para continuar por Salinas y Sax, incluyendo a Villena y Almansa, y dando sobre unos despoblados en el río Júcar, cerca de Cofrentes»6 , es decir, coincidiendo exactamente con la línea limítrofe entre los reinos de Valencia y Murcia. $\ll$ El resto –añade la misma fuente7 – seguía, como antes, por Villa Toya y Villa Malea, por Navas de Xorquera y Motilleja, a separar los pueblos de la Gineta y de la Roda (éste en Cuenca), y desde aquí a dar vista a Balazote (de Toledo), comprendiendo luego lo de Peñas de San Pedro y Liétor, para dejar fuera Ayna y Elche de la Sierra (también de Toledo) e incorporar, en cambio, Yeste con la ribera del Tus, tomando en Jaén el actual partido de Orcera, Beas y Chiclana. Después, por Hornillos (Santiago de la Espada), iba a buscar la sierra de.
Topares y el confín occidental de Lorca (con Huércal) y descendía al mar por el mojón de los Reinos, entre Águilas y los Terreros blancos».
Puede decirse que el espacio eclesiástico que comprendía esos límites fue, entre todas las circunscripciones territoriales-administrativas murcianas, la que se correspondió mejor y por más tiempo con el reino histórico. De hecho por el norte y noroeste llegó a sobrepasarlo, sobre todo tras los recortes sufridos por el mismo en el siglo XVIII. Desde 1291-93 (aproximadamente) su sede estuvo en la ciudad de Murcia, para ponerla a cubierto de las frecuentes incursiones del corso musulmán granadino y norteafricano, traslado realizado por el obispo Diego Martínez Magaz, con aprobación del papa Nicolás IV, pero conservando el título de Cartagena8 .
Hacia 1800, inmediatamente antes de la reforma liberal, la conformación territorial y organización interna de la diócesis era la misma de cien años atrás, tal cual la dejase el cardenal Luis Belluga, titular de la misma entre 1705 y 1724, y acaso su prelado más relevante en su casi milenaria andadura. Sufragánea de la archidiócesis de Toledo, ocupaba un vasto territorio que se corresponde con la actual región de Murcia, gran parte de la provincia de Albacete y diferentes comarcas de las de Alicante, Jaén y Almería. Siendo una de las más extensas de España (superada solamente por los arzobispados de Toledo y Sevilla), en cuanto a rentas figuraba también entre las primeras, por delante de arzobispados como Granada, Zaragoza y Burgos9 .
Dos tercios de ese extenso territorio se hallaba bajo la directa jurisdicción del mitrado cartaginense, con sede en Murcia, a su vez capital del reino de igual nombre, algo más reducido que la diócesis. El resto, formado por varias encomiendas-vicariatos de Santiago y San Juan de Jerusalén, dependía del Consejo de Órdenes. El territorio aparecía organizado en seis arcedianatos, que englobaban otras once circunscripciones más pequeñas (un oficialato, seis vicarías y cuatro arciprestazgos), aparte otras siete vicarías militares.
Los arcedianatos eran los de Murcia, Cartagena, Lorca, Villena, Hellín y Chinchilla. El primero incluía la vicaría de Mula, el segundo, tercero, cuarto y quinto coincidía con las también vicarías del mismo nombre, a las que se sumaba la de Almansa y el arciprestazgo de Yecla en el caso del arcedianato de Villena. El de Chinchilla, por su parte, comprendía los arciprestazgos de Chinchilla, Albacete y Jorquera. En cuanto a los territorios de Órdenes militares, las diferentes encomiendas y lenguas existentes aparecían organizadas eclesiásticamente en siete vicarías: seis santiaguistas (Segura, Beas, Yeste, Caravaca, Cieza y Totana) y la sanjuanista de Calasparra-Archena.
Las circunscripciones apuntadas se desglosaban en parroquias, entonces como ahora unidad básica en la organización diocesana. Así el oficialato de Murcia, que aparte varias pequeñas villas (Alcantarilla, Beniel, etc.) coincidía con el extenso término de esta ciudad, el cual constaba de 11 parroquias: Santa María (catedral), Santa Catalina, San Bartolomé, San Pedro, San Antolín, San Andrés, San Nicolás, San Miguel, Santa Eulalia, San Juan y San Lorenzo. Exceptuado el anejo o ayuda de parroquia de Santiago, dependiente de San Miguel, los restantes, distribuidos en huerta y campo, lo eran de Santa María. Los más alejados o periféricos (Molina la Seca, Librilla, San Pedro del Pinatar, San Xavier, Torre-Pacheco, entre otros) eran parroquias propiamente tales, y en algún caso con anejos.
El cabildo catedralicio constaba de 10 dignidades (deán, chantre, maestrescuela, tesorero y los titulares de los seis arcedianatos), 14 canónigos, 12 racioneros, 15 mediorracioneros, y un número de beneficiados variable según las épocas, pero que no bajaba de ${ 2 9 } ^ { 1 0 }$ . De esos beneficios, 14 instituidos sobre capillas asignadas a titulares fijos, y otros 15 asignados a 24 colegiales. Todo ello de acuerdo con las modificaciones introducidas por Belluga y la reforma en profundidad abordada después, en $\mathbf { 1 7 5 6 }$ , por el mitrado Diego de Rojas y Contreras, según puede constatarse en el manual normativo rotulado Nuevo Establecimiento o Fundamento de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, que el expresado obispo hizo imprimir en Madrid en $\mathbf { 1 7 6 1 } ^ { \mathrm { n } }$ , llamado a regular la composición y funcionamiento de esa corporación en los cien años siguientes. Inmediatamente a continuación del cabildo catedralicio se situaba el de la colegiata de San Patricio, en Lorca, existente desde $1 4 5 ^ { 2 }$ , si bien se regía por las Constituciones que le diera Belluga al reformarla en 172012, llamadas a perdurar hasta la supresión de aquella por la revolución liberal. El abad lorquino tenía privilegio de ser considerado segunda dignidad en la diócesis después del obispo y por delante del deán de la catedral.
Lorca contaba en su casco urbano con otros seis templos entre parroquias y ayudas de parroquia (San Mateo, Santa María, San Pedro, San Juan, Santiago y San Cristóbal), aparte los conventuales de franciscanos observantes, clarisas y mercedarias, y las parroquias rurales de Almazarrón, Fuensanta, Nogalte y Campo Coy con sus ayudas respectivas. Un panorama más halagüeño que el de Cartagena, asiento de la diócesis en épocas tardorroma y bizantina, reducida ahora a una sola parroquia (Santa María de Gracia) y su anejo de San Ginés de la Jara, aparte otras tres en el campo inmediato: Alumbres, Pozo Estrecho y La Palma.
Entre las restantes vicarías diocesanas la más notoria era la de Villena. Constaba de dos parroquias, la mayor o arcedianal bajo la advocación de Santiago Apóstol, con cabildo propio formado por arcediano y diez beneficiados, y la del arrabal o de Santa María, dotada con siete capellanías aparte de los cargos de gobierno. Una tercera parroquia se situaba en la villa de Sax, y de las tres dependían varias ermitas distribuidas por ambos términos.
En cuanto a las vicarías de Mula, Hellín y Almansa, se componían de cuatro parroquias la primera (San Miguel de Mula, Alhama, Puebla y Albudeite –ésta con su anejo de Campos–), cinco la segunda (Ntra. Sra. de la Asunción de Hellín, Jumilla, Ontur, Santiago y Peñas de San Pedro –con su anejo de Pozuelo–) y tres la tercera (Ntra. Sra. de la Asunción de Almansa, Alpera y Montealegre). En cuanto a los cuatro arciprestazgos, existentes ya a comienzos del XVIII, los más notorios eran los de Albacete y Jorquera, entre los más pingües de la diócesis por sus abundantes rentas, en tanto los de Chinchilla y Yecla, históricamente más importantes (el primero contaba con colegiata) proporcionalmente a su extensión y población se hallaban peor dotados13.
Casi todas las localidades mencionadas contaban con hospitales y con institutos religiosos de ambos sexos, más de la mitad de los cuales eran franciscanos pertenecientes a las diferentes ramas y obediencias de esa orden. Los restantes: dominicos, mercedarios, trinitarios, jerónimos, carmelitas, agustinos, capuchinos, jesuitas, hermanos de San Juan de Dios, Congregación del Oratorio para clérigos seculares, y eremitorios y beaterios diversos para hombres y mujeres seglares, aparte otros institutos o fundaciones masculinos y femeninos de proyección puramente local, comarcal o, cuando mucho, diocesana (justinianas, hermanos de San Antón, etc.).
Bastante peor atendidas pastoralmente se hallaban las siete vicarías militares, dependientes del Consejo de Órdenes y en lo eclesiástico del obispo-prior de Uclés, mitrado de esos institutos, y que Belluga, y los obispos que vinieron después, quisieron reducir a su jurisdicción ante el miserable abandono eclesial en que yacían, y por hallarse dentro de su diócesis y del reino de Murcia. Como refiere J. B. Vilar14, no se trataba de un asunto puramente espiritual o religioso (aunque fuera presentado como tal) sino también económico: absorber los 90.000 ducados que producían a la Iglesia esos territorios dentro del ámbito murciano, casi tanto como la mitad de las rentas diocesanas en su conjunto.
La batalla legal entablada fue larga y porfiada, y sus resultados en modo alguno proporcionados a la atención y esfuerzo desplegados por la mayoría de los prelados, dado que la vinculación de esas encomiendas a los Borbones en sus diferentes ramas familiares hizo que la Corona no mostrara interés alguno en variar el estatus existente, ni siquiera en el plano puramente eclesial15. En 1800 tan solo las vicarías de Totana, Cieza, y en parte la de Calasparra-Archena habían sido reducidas a la jurisdicción del ordinario diocesano. No así la de Caravaca (encomiendas de Caravaca-Cehegín-Bullas y de Moratalla), y las de Segura, Beas y Yeste, cuyos vicarios y curas continuaban siendo nombrados por el obispo de Uclés, del cual dependían. Lo seguirían siendo hasta su plena integración en la diócesis en virtud del Concordato de $\mathbf { 1 8 5 1 }$ y subsiguiente abolición de vicarías y encomiendas en $1 8 5 6$ .
Ya en 1809 el obispo José Jiménez en su respuesta a la consulta hecha al país por la Comisión de Cortes sobre las reformas convenientes a abordar por el futuro parlamento, no se olvida de las Órdenes militares, a las que enjuicia muy severamente, proponiendo su reforma, aunque no su abolición, siempre y cuando quedase asegurada la jurisdicción del ordinario en los respectivos territorios. «Las Ordenes militares –refiere en su alegato $^ { 1 6 } -$ forman otro cuerpo de jurisdicción separada de la ordinaria, que también causa efectos lastimosos por la dificultad de discernir sus límites y por la ninguna intervención que, por lo común, se advierte en todos aquellos que deben cuidar que se mantenga el buen orden, disciplina eclesiástica y administración oportuna de pasto espiritual».
Unas quejas reiteradas de continuo antes y después. Sobre todo por los propios perjudicados, según hicieron en noviembre de $_ { 1 8 2 0 }$ los vecinos de Caravaca cerca de la Diputación provincial, en la esperanza de que las autoridades civiles, tras el tiempo de la revolución liberal, pusiera un poco de orden allí donde los obispos fracasaban. En tal sentido denunciarían $\ll . . .$ las faltas que experimentan en el pasto espiritual, sin embargo de su exactitud en el pago de sus diezmos y primicias». La Diputación acordó oficiar al vicario eclesiástico de Caravaca $\ll . . .$ para que en su vista informe de cuanto se le ofrezca y parezca, devolviéndolo original [el escrito de los vecinos] a esta corporación para lo demás que corresponda»17.
Todo en vano por la casi imposibilidad de reformar un sistema profundamente viciado, y por la oposición de la Corona a variar el estatus existente, por cuanto las rentas de las encomiendas, con los derechos y privilegios que conllevaban (designación de administradores, vicarios y curas, etc.), recaían exclusivamente en miembros de la Real familia. Habría que esperar a que los progresistas descuajaran tan vetustas instituciones en $1 8 5 6$ a su paso por el poder durante el Bienio reformador.
Primeros intentos de reajustes territoriales: Lorca y Chinchilla aspiran a constituirse en obispados segregados y la ciudad de Cartagena pretende sustituir a Murcia como sede de la diócesis.
Ha quedado referido cómo en torno al año 1291, durante el pontificado de Diego Martínez Magaz, la sede episcopal de Cartagena fue trasladada a Murcia, al poco de haber sido restablecida aquella por Alfonso el Sabio. El motivo aducido fue los riesgos corridos por obispo y cabildo en una plaza expuesta a frecuentes incursiones y sorpresas del corso marítimo granadino y magrebí. Aunque en la memoria histórica quedó recuerdo de un cierto asentimiento de la Santa Sede a ese traslado, la tal bula nunca apareció. Por tanto Cartagena, en diferentes momentos de su historia, se afanaría en esclarecer el asunto y, en su caso, rescatar la sede episcopal de la diócesis.
A comienzos del siglo XIX fue replanteada una vez más la cuestión. La corporación concejil asumió oficialmente la tesis de no existir bula alguna pontificia que autorizare la traslación de la sede episcopal de Cartagena a Murcia, reclamando por tanto su regreso a aquella por reputar aquel traslado de mera situación de hecho. Como quiera que tales pretensiones fueron rechazadas por el entonces obispo José Jiménez, y obviamente también por ambos cabildos eclesiástico y civil de la ciudad de Murcia18, al tiempo que tampoco halló acogida en la Nunciatura19, los ediles de Cartagena acordaron encargar una investigación en los archivos pontificios al objeto de poder demostrar documentalmente la fundamentación histórica de su tesis.
A tal efecto, en $\boldsymbol { \mathbf { \rho } } _ { 1 } 8 \boldsymbol { \circ } _ { \boldsymbol { \zeta } }$ los regidores cartageneros entraron en comunicación con un oficial de la marina pontificia (Ottavio Falsacapa) para que, de regreso en Roma, encomendase a un experto la comprobación in situ de la existencia o no de la famosa bula. De la investigación se encargó cierto Camilo Boccacci, quien al término de «vivas y repetidas averiguaciones $\gg$ en archivos y bibliotecas, y de consultar a reconocidos documentalistas, no dudó en certificar $\ll . . .$ que no se encuentra en ningún lugar documento alguno que trate de traslación efectuada con Autoridad Pontificia de la Silla Episcopal de Cartagena a Murcia …, antes al contrario, en todas las Bulas Pontificias que existen y se encuentran en los Bularios, así impresos como manuscritos existentes en las Bibliotecas y Archivos, así públicos como privados que he podido encontrar, no se hace mención alguna de Silla Episcopal de Murcia, pero sí siempre de la de Cartagena»20.
En otra certificación librada por un monseñor Piero María Negroni, secretario de la Congregación Consistorial, en 25 de junio de $1 8 0 7 ^ { 2 1 }$ , se llegaría a igual conclusión. Negroni añadía además que, examinada la documentación pontificia referida a la dió- cesis de Cartagena a partir de 1420, esta era denominada invariablemente como Iglesia Cartaginense, e igual su silla episcopal y catedral, no obstante $\ll . . .$ la residencia de los obispos pro tempore [en la ciudad de Murcia], y de la catedral, transferida [también] a la ciudad de Murcia, atendidas las circunstancias de las invasiones de los moros en la ciudad episcopal de Cartagena, y por otras causas que resultan de los Procesos formados sobre el estado de dicha Iglesia y su Diócesis». Negroni adjuntaba copias de varias bulas de Nicolás III y Nicolás IV, así como otros documentos referidos a la diócesis de $\ll$ Carthaginen in Spagna», todos ellos transcritos en 1806 por el licenciado Miguel de Blesa y Vilar, catedrático de latinidad, retórica y gramática, debidamente autorizados por el prefecto del Archivo y Biblioteca Vaticanos, y verificados ante notario.
Esa documentación no incluía la buscada bula, que no pudo ser hallada en parte alguna. Y confirmó algo que ya se sabía: el traslado de la sede en tiempos de don Diego Martínez Magaz, quinto obispo de Cartagena desde la restauración de la diócesis por san Fernando y su hijo el infante don Alfonso (futuro Alfonso X) en la persona de fray Pedro Gallego. Magaz pasó a residir en el «Alcázar» de Murcia. Pudo saberse también que las peticiones de restitución a Cartagena se remontaban, cuando menos, a 1555. Y también que, si bien dotada de facto esa ciudad de parroquia tras la marcha del obispo, la cual fue instalada en la antigua catedral de Santa María, no le fue adscrito cura propio hasta 14 de junio de 1622 por hallarse sub iudice el posible retorno del prelado a su antigua sede.
Durante la guerra de la Independencia, y sobre todo al término de la misma, la corporación concejil de Cartagena solicitó en varias ocasiones el apoyo de los poderes establecidos para que fuese devuelta la sede episcopal a su ciudad. Se pedía además la urgente restauración del edificio de la antigua catedral de Santa María, que amenazaba ruina. Ante la indiferencia de obispo y cabildo por esas demandas, y a la vista de las reiteradas quejas del vecindario, temeroso de una catástrofe en el caso de venirse abajo el templo, los ediles plantearon la cuestión por derecho en la Chancillería de Granada y en el Consejo de Castilla, sin perjuicio de acudir una vez más a la Nunciatura y al propio rey. Que la cosa venía de atrás lo prueba que ya en $\yen 80$ el obispo Manuel Rubín de Celis, percatándose por sí mismo de la situación con ocasión de su pastoral visita del año anterior, autorizó trasladar el culto desde la vetusta y casi ruinosa catedral a la iglesia de Santa María de Gracia.
Siendo inminente el riesgo de derrumbamiento, en 12 de octubre de 1818 la corporación civil cartagenera dirigió a Fernando VII un largo memorial22. En el mismo se le ponía en antecedentes del caso, y al tiempo que denunciaba la indiferencia de obispo y cabildo ante sus súplicas. En consecuencia, y ante la posibilidad inminente de una catástrofe, según acreditaban con los testimonios periciales oportunos, solicitaban del monarca, «… digno imitador de las virtudes del St. Rey D. Fernando» –!– un remedio justo e inmediato.
Al propio tiempo, alcaldes y regidores procedieron a insistir en una denuncia en igual sentido presentada en el Consejo de Castilla en abril del año anterior, referida también al abandono pastoral en que decían hallarse Cartagena y su extenso término por causa de la «indolencia» del prelado Jiménez, al parecer demasiado ocupado en derramar sus favores y caridades en la ciudad que le servía de residencia (fastuoso edificio para Casa de Misericordia por un importe de 1.800.000 reales, consagración del nuevo templo parroquial de San Lorenzo, hermoseamiento de la catedral, etc.) como para atender necesidades no menos urgentes en otros puntos de la diócesis23. Estas y otras iniciativas de la corporación concejil cartagenera fueron encajadas muy mal por el obispo, anciano enérgico y ordenancista, acostumbrado a mandar y ser obedecido, de talante e ideas muy conservadoras, y entre cuyas preferencias no figuraba precisamente la pro-liberal Cartagena.
Ciertamente a Jiménez podía tildársele de varias cosas pero no de indolencia. Por eso llevaría tan a mal el reproche. Conocedor del memorial, del que no dejaron de remitirle copia desde Madrid, escribió de inmediato a la corporación concejil24, acusándola por su parte de ingerencia en los asuntos eclesiásticos, de saltarse el procedimiento establecido, y rechazó por infundadas las quejas de los de Cartagena, sin perjuicio de reservarse las actuaciones legales oportunas ante el rey y los tribunales, así como de imponer las penas espirituales a que hubiera lugar, entendiendo que esa corporación civil de Cartagena pretendía enfrentar al pueblo con su obispo, y con el clero en general: «... mi jurisdicción ha sido ultrajada, atropellada la inmunidad eclesiástica, [y regidores y peritos] propasándose a tomar conocimiento de las cosas sagradas dentro de una Iglesia...», recriminó irascible y amenazador el anciano, intentando amedrentar a tan díscola grey.
Como quiera que ni obispo ni cabildo tomaron iniciativa alguna para resolver o paliar la situación de abandono en que se hallaba el templo de ellos dependiente, a instancias del concejo tomó cartas en el asunto el gobernador de la plaza, Juan de Dios Topete, a quien además el Consejo de Castilla dirigió una consulta fechada en 31 de enero de $1 8 2 0 ^ { 2 5 }$ . En marzo siguiente Topete remitió su informe, avalado por estudios periciales de los arquitectos y maestros de obras que habían reconocido el ruinoso edificio26, reclamando alguna solución ante la posibilidad de un derrumbamiento general de aquél con pérdida de numerosas vidas entre el vecindario del entorno. La muerte del mitrado Jiménez en diciembre del mismo año; la actitud dialogante de su sucesor Antonio Posada, con quien se vislumbraba posibilidad de entendimiento en estas y otras cuestiones, pero sobre todo el triunfo de la revolución liberal, que sumió a Cartagena en un auténtico delirio colectivo durante los tres siguientes años, hizo que los afanes secularizadores del momento restasen interés al asunto de la catedral, como también al del rescate de la sede del obispado, quedando ambos en suspenso por tiempo indefinido.
La cuestión no se replantearía hasta medio siglo después, aunque ahora no institucionalmente sino como debate periodístico, eso sí largo, intenso y fecundo. Fue suscitado por Manuel González Huárquez, cronista de Cartagena, desde las páginas de El Eco cartagenero, al propugnar a su ciudad como capital de provincia civil, pero también del obispado. Respondido inicialmente por José Martínez Tornel desde las páginas de La Paz y El Diario, no tardaron en sumarse, entre otros, Andrés Baquero desde el Semanario Murciano y Felipe Blanco desde El Noticiero.
Como quiera que Huárquez reputaba de ilegal y anticanónica la residencia del obispo en Murcia, preguntándose donde se hallaba la famosa bula que autorizaba tal traslado, que por cierto nadie había visto, ello estimuló febriles indagaciones, que dieron por resultado el hallazgo por Javier Fuentes y Ponte de la carta de Sancho IV al obispo Martínez Magaz, de 1293, autorizándole a trasladar su sede de Cartagena a Murcia, y por el canónigo Félix Martínez Espinosa, la bula de Nicolás IV en igual sentido, hallada en el Archivo Vaticano y publicada por Martínez en el Boletín de la Real Academia de la Historia de noviembre de 1883. No obstante todo ello, por razones diversas la sede episcopal de Cartagena continuó en Murcia.
No fueron más afortunadas las pretensiones de Lorca (antigua Eliocroca) de restaurar el obispado que tuviera en la antigüedad tardía, así como parecidas aspiraciones planteadas más tarde, aunque con menor fundamento y convicción, por la ciudad de Chinchilla. En cuanto a la urbe del Guadalentín, a finales de $\mathbf { 1 7 } 8 2$ el asunto se hallaba ya en los tribunales (Chancillería de Granada y Consejo de Castilla), constando el expediente de 26 piezas con $3 . 1 4 7$ hojas, $\ll . . .$ con dos planos del Palacio Episcopal e Iglesia Colegial de la mencionada ciudad [de Lorca] $\gg$ , según declaran los abogados de la parte contradicente, es decir $\ll . . .$ el Reverendo Obispo de Cartagena y Murcia ${ \gg } ^ { 2 7 }$ , si bien la ciudad de Cartagena no tardó en emprender acción separada al considerarse especialmente perjudicada con tal pretensión en momentos en que ella misma aspiraba a rescatar la sede episcopal que perdiera en el medievo. Por su parte, Murcia y Chinchilla emprendieron acciones legales contradiciendo las pretensiones de Lorca. La primera –auto de $3 \circ$ de julio de $^ { 1 7 7 9 - }$ como parte directamente afectada por las pretendidas segregaciones, y la segunda, también ciudad de realengo, cabeza de arciprestazgo, con colegiata dotada, aspiraba –auto de 29 de mayo de $^ { 1 7 7 9 - }$ a obtener silla episcopal, «... agregándola para territorio propio los quarenta y quatro pueblos más inmediatos con sus diezmos para la competente dotación de la mitra».
Más sólido resultaba ser el alegato lorquino. La urbe meridional esgrimía en su favor haber sido en otro tiempo cabecera de obispado, y ser en el presente ciudad populosa (9.000 vecinos, es decir unos 45.000 habitantes) y floreciente, dotada de colegiata, palacio episcopal, 10 parroquias en la ciudad y entorno, siete conventos de frailes y dos de monjas, dos hospitales y un millar de buenos edificios, así como un extenso término regido por corporación concejil formada por 38 regidores, ocho jurados, dos escribanos de cabildo y catorce numerarios. Contaba también con 82 ministros del culto, y pretendía que en la nueva diócesis, amen de su dilatado término concejil, fueran comprendidos $\ll . . .$ los quarenta y quatro pueblos más inmediatos con sus diezmos, para la competente dotación de la mitra». En tal sentido se manifestaría en un memorial28 dirigido al rey en su condición de patrono de todas las iglesias de la Monarquía para que mediase cerca de Roma.
La curia diocesana murciana resistió las pretensiones de Lorca, Chinchilla y Cartagena tanto en Roma como en la Chancillería de Granada y el Consejo de Castilla, instancias donde se vieron esas reivindicaciones, movilizando las partes ejércitos de abogados y alcanzando los sumarios millares de páginas. La táctica seguida por la mitra y cabildo de Murcia, que en esto contó con el decidido apoyo del concejo murciano, fue la dilación, la obstrucción legal y el recurso a cuantas posibilidades le brindaban el derecho canónico y el civil para proteger mejor sus intereses. No bastando con esto, se recurrió a la compra de voluntades en Roma, Granada y Madrid, y a enfrentar a sus contrincantes: $\ll . . .$ son imponderables –referiría la ciudad de Lorca al rey en el expresado memorial29– las astucias con que los abogados del Reverendo Obispo, y su Venerable Deán y Cavildo, han procurado ofuscar la verdad, [y] las trampas que injustamente llaman legales con que han solicitado el retraso del proceso por doce años que van corridos ya...».
Alegatos, contra-alegatos, sentencias y recursos se arrastraron por los tribunales eclesiásticos y civiles durante décadas sin que Lorca o Cartagena obtuvieran nada en firme. En resistir unas y otras pretensiones fueron acordes los sucesivos obispos de Murcia: Diego de Rojas y Contreras, en cuyo tiempo se suscitaron estos pleitos; Manuel Rubín de Celis, y Manuel Felipe Miralles, que los resistieron con firmeza, y Victoriano López Gonzalo y José Jiménez, en cuya época concluyeron pasado ya el año 1800. Los argumentos de Cartagena contra la segregación de Lorca servían obviamente a los intereses de Murcia, y neutralizaba en parte los argumentos de aquella contra ésta, fundamentados sobre todo en títulos históricos y consideraciones éticas.
La entrada de Chinchilla en la lid con similares pretensiones debilitó más las de Lorca e indirectamente la posibilidad de introducir cualquier novedad, como el traslado a Cartagena de la sede episcopal, con lo que se incrementaría la lejanía (y desasistencia) de territorios periféricos. De otro lado, como refería el fiscal del consejo de Castilla en un informe de enero de ${ \mathsf { 1 7 9 9 } } ^ { 3 \circ }$ , los recursos disponibles no debían malbaratarse en la dotación de nuevos, pequeños y míseros obispados y cabildos, sino en crear parroquias y socorrer a los pobres; $\ll . . .$ el fiscal –se lee en su dictamen– piensa más útil mantener los rebaños que aumentar los grandes pastores. Son muchos los pobres, y quantos más administradores se multipliquen y doten de su haber, más debe crecer su miseria ..., por lo que es de parecer que por a[h]ora no hay razón para hacer novedad en la integridad de la [diócesis] de Murcia, como ni en su traslación a Cartagena, plaza de armas expuesta a las contingencias de un asedio, más difícil de defenderse cuanto más crezca su vecindario y su recinto ..., al propio tiempo que su temple y aire menos saludable, y más expuesto a calenturas que el de Murcia, daría a esta ciudad según las reglas canónicas una conocida preferencia sobre Cartagena...».
Pese a todo, recursos y contrarrecursos se prolongaron todavía por espacio de un lustro largo, hasta que en $1 8 0 6$ las partes recurrentes cesaron en sus pretensiones a la vista de los fuertes desembolsos que conllevaban y de la inutilidad de sus esfuerzos. En $1 8 0 5$ , al fallecer el obispo López Gonzalo, el concejo lorquino hizo un último esfuerzo aprovechando la sede vacante para intentar sacar adelante sus pretensiones. A tal efecto dirigió un memorial a Carlos IV en enero del siguiente año31, recabando un fallo definitivo en el pleito, demorado desde tiempo atrás no obstante hallarse cumplidos todos los plazos legales, dictamen que esperaba favorable en razón de los irrecusables argumentos esgrimidos tanto en lo espiritual como en lo temporal, y en honor de la justicia $\ll . . .$ después de tan inmensos gastos y demoras, [y] para ver terminadas las imponderables extorsiones, incomodidades y faltas que padecen» en daño de la Iglesia y del propio Estado. El memorial no mereció otra respuesta que el silencio administrativo.
Entre tanto era provista la vacante en la persona de José Jiménez, canónigo de Toledo, doctor en ambos derechos, y catedrático de cánones en la Universidad de esa ciudad. La designación de un abogado para regir la sede de san Fulgencio no auguraba nada bueno para las pretensiones de los lorquinos, como no tardaría en ponerse de manifiesto. Aunque la designación se produjo en diciembre de $1 8 0 5$ , el nuevo obispo no tomó posesión hasta agosto del siguiente año. Ello dio margen a los de Lorca a remitir un segundo memorial al rey32, que tampoco mereció respuesta alguna. Como quiera que el nuevo obispo no quiso ni oír hablar del asunto y tampoco hubo sentencia definitiva siendo archivado el caso, se esfumaron las últimas esperanzas de los demandantes. Lorca no disfrutaría otro obispo que el gallego Francisco Landeira, escapado de Murcia en febrero de $1 8 7 0$ durante las agitaciones del Sexenio revolucionario, para permanecer en la urbe del Guadalentín hasta su muerte en septiembre de $\boldsymbol { \mathbf { \rho } } _ { 1 } 8 \boldsymbol { \mathbf { \rho } } _ { 7 } 6$ , iniciada ya la Restauración borbónica33.
El Concordato de $\mathbf { 1 8 5 1 }$ y la reordenación del territorio diocesano.
El Concordato del Reino de España con la Santa Sede de 16 de marzo de $\mathbf { 1 8 5 1 }$ , que puso fin a las relaciones tensas y difíciles entre ambas partes desde la muerte de Fernando VII, resolvió la mayor parte de los contenciosos pendientes (el más grave, el de la desamortización de los bienes eclesiásticos sin las adecuadas contrapartidas), en tanto situó los restantes en vías de solución34.
Uno de ellos, que conectaba con la necesaria reforma eclesiástica, era el de la reordenación territorial de las diócesis para adecuarlas a las circunscripciones civiles introducidas por la revolución liberal. El Gobierno español, invocando varios precedentes en concordatos con Francia y las Dos Sicilias, pretendió hacer coincidir aquellas exactamente con las provincias civiles, objetivo resistido por el nuncio Giovanni Brunelli, negociador pontificio, por entender que tal cosa era competencia exclusiva de Roma.
La firmeza del negociador español marqués de Pidal determinó que se optara en esto, como en otras varias cuestiones, por la vía media. En lo fundamental prevalecieron las tesis españolas, pero con las excepciones que fueron consideradas oportunas, de acuerdo con las normas canónicas y para que fueran atendidos los intereses básicos de la Iglesia. En especial los relacionados con la confesionalidad del Estado, los tradicionales privilegios en materia de enseñanza y las compensaciones económicas por las desamortizaciones.
Finalmente el texto –art. 7.° del Concordato35 quedó así: $\ll$ Los nuevos límites y demarcación particular de las mencionadas Diócesis se determinarán con la necesaria brevedad y del modo debido (servatis servandi) por la Santa Sede, a cuyo efecto delegará en el Nuncio Apostólico en estos Reinos las facultades necesarias para llevar a cabo la expresada demarcación, entendiéndose para ello (collatis consiliis) con el Gobierno de S.M.». Salvo la adscripción de la diócesis de Cartagena, que pasó a llamarse oficialmente de Cartagena-Murcia, a la circunscripción metropolitana de Granada (así como los obispados de Guadix, Málaga, Almería y Jaén) después de haberlo sido hasta el momento de la de Toledo, los restantes cambios introducidos de forma expresa no le afectaron, y sí solamente un anunciado reajuste de límites, cuya aplicación se dejaría esperar un siglo. Hasta el siguiente Concordato de 1953.
Entre las nuevas diócesis erigidas, apenas tres (Madrid, Ciudad Real y Vitoria), no figura la de Albacete. Ello pone de manifiesto falta de voluntad por parte pontificia de cumplir uno de los objetivos prioritarios anunciados: adaptar los territorios diocesanos a las provincias civiles, y ello pese a «la posible brevedad» manifestada en el propio texto del Concordato para abordar tal reforma. En este terreno no se fue más allá de introducir una cierta racionalización en el diseño de las circunscripciones eclesiales, siempre que fuesen acordes con los intereses de la Iglesia y no chocaran con fuertes resistencias. En tal sentido hay que entender la conservación de diócesis como las de Astorga, Calahorra, Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, Urgel y Vich, si bien se dio un primer paso para la armonización «provincial» del mapa diocesano, uniéndose las dió- cesis de Albarracín, Barbastro, Ceuta, Ciudad Rodrigo, Ibiza, Solsona, Tenerife y Tudela a las de Teruel, Huesca, Cádiz, Salamanca, Mallorca, Vich, Canarias y Pamplona respectivamente. Se dispuso el traslado de las sedes episcopales de Calahorra-La Calzada, Orihuela y Segorbe a Logroño, Alicante y Castellón, acuerdo que por el momento quedó en papel mojado ante la resistencia de los respectivos cabildos catedralicios (cuando no de los propios obispos) y la no menos tenaz de las corporaciones concejiles de las hasta entonces localidades titulares.
No tuvo lugar la anunciada «provincialización ${ \gg }$ de la diócesis de Cartagena, que para ésta hubiera representado la pérdida de casi el $4 0 \%$ de su territorio, anexionable a los obispados/provincias limítrofes, incluido el de Albacete, no previsto por el momento. Tampoco la supresión, o en todo caso reforma, de la jurisdicción eclesiástica exenta reservada a las Órdenes militares, por más que se pusiera bastante énfasis en anunciarla a lo largo de la negociación del Concordato. Una reforma, que en el caso de ser aplicada, hubiera afectado a vastos territorios de la diócesis cartaginense, incluso en el espacio comprendido en la actual región / provincia de Murcia.
El art. 9.° del Concordato36 denuncia desde luego y sin paliativos $\ll . . .$ los graves inconvenientes que produce en la administración eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro Órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa». Incluso reconoce la conveniencia de reducirlos a la jurisdicción del diocesano correspondiente. Ahora bien, en atención $\ll . . .$ a los gloriosos recuerdos de una institución que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al Estado $\gg$ , fue previsto crear un $\ll$ Priorato de las Órdenes militares», a cargo de un obispo-prior con título episcopal de Iglesia «in partibus $\gg$ , que tendría jurisdicción sobre $\ll . . .$ un determinado número de pueblos que formen coto redondo $\gg$ , de forma que las restantes localidades y territorios de Órdenes $\ll . . .$ se incorporarán a las Diócesis respectivas». Dada la ubicación periférica de las vicarías murcianas respecto al núcleo castellano de los territorios de Órdenes, incluida la de Caravaca, la de superior arraigo, tradición e importancia, era presumible que quedasen fuera del expresado «coto».
Por último, el art. 31 fijaba las dotaciones del clero. Comenzando por las correspondientes a los ordinarios diocesanos. Al de Cartagena 100.000 reales anuales, la misma que la establecida para los de Cádiz-Ceuta, Córdoba y Málaga, y máxima señalada a los obispos, exceptuados los de Barcelona y Madrid, a quienes eran asignados 110.000. La mayor dotación correspondió al arzobispo-primado de Toledo (160.000) y la mínima al de Orihuela (y otros 18 más) con 80.000, de acuerdo con un canon proporcional a la extensión y población de la respectiva diócesis. Aparte eran consignadas sendas cantidades para el mantenimiento del culto y gastos de administración y extraordinarios de visitas pastorales, que en el caso de Cartagena fueron cifradas en 80.000 y 18.000 respectivamente. Los prelados con rango de cardenales recibían otros 20.000 reales adicionales.
Esas asignaciones se hallaban libres de todo gravamen, pudiendo conservar y disfrutar de las restantes rentas episcopales existentes en las respectivas diócesis, incluido el patrimonio inmobiliario (palacios, residencias veraniegas, etc.) que no hubiese sido enajenado en las pasadas desamortizaciones, o bien devuelto o de posterior adquisición. También podrían transmitir a sus herederos legítimos sus bienes personales. Y en el caso de fallecer sin testar, estos entrarían en posesión de los mismos, que no la diócesis. Por tanto era derogada la tradicional, y hasta el momento vigente, normativa sobre espolios o bienes de prelados difuntos.
En cuanto al Cabildo catedral murciano, el Concordato –arts. 13 y $3 \imath -$ reforma, reglamenta y homologa su composición, funcionamiento y retribución de acuerdo con la normativa general establecida para cabildos catedrales, cuyas competencias y atribuciones eran ahora cercenadas para reforzar las del obispo respectivo. En adelante todos los cabildos se compondrían de un deán, lo mismo que antes, primera autoridad post pontificalem, cuatro dignidades (arcipreste, arcediano, chantre y maestrescuela $^ { - } \mathrm { e n }$ las iglesias metropolitanas además un tesorero–) y cuatro canónigos de oficio (magistral, doctoral, lectoral y penitenciario). En cuanto al número de canónigos de gracia y beneficiados, lo precisa el art. 17 con referencia a la respectiva sede. La de Cartagena tendría canónigos de gracia hasta completar la cifra de 20 capitulares, y además 17 beneficiados37.
En lo que se refiere a la retribución de esos capitulares, el deán percibiría 18.000 reales anuales, las restantes dignidades y canónigos de oficio, 14.000, y los otros canó- nigos 12.000. Aproximadamente un tercio, la mitad y el $80 \%$ de los ingresos de que disfrutaran en Murcia hasta $\boldsymbol { \mathbf { \rho } } _ { 1 8 4 0 }$ . A los beneficiados o capellanes asistentes les fueron señalados 6.000 reales. El Concordato preveía también una tabla salarial para el restante clero: la dotación de los curas titulares de parroquias urbanas fluctuaba entre 10.000 y 3.000 reales anuales, y de las rurales, a partir de 2.200, aparte un mínimo de 1.000 reales para afrontar los gastos del culto parroquial. De otro lado este clero tendría a su disposición y disfrute las casas, huertos y demás bienes parroquiales cuando existieran, sin perjuicio de la parte que le correspondiera en los derechos de estola y pie de altar.
Finalmente el Concordato prevé y de hecho establece –art. 21– la definitiva desaparición de la Iglesia colegial de San Patricio de Lorca, y su consiguiente reducción a parroquia, por cuanto no es incluida entre las siete excepciones mencionadas expresamente: Covadonga, Roncesvalles, San Isidoro de León, Sacromonte de Granada, San Ildefonso de Toledo, Alcalá de Henares y Jerez de la Frontera. Bien es cierto que se preveía alguna otra posible excepción en el caso de que «circunstancias locales $\gg$ aconsejaran su conservación. Tal circunstancia no se dio en Lorca. Tampoco fue propugnada la potenciación de Santa María de Cartagena (antigua catedral), ya en 1819 «... desierta y desamparada de rentas como de ministros», según se lee en cierto memorial al que ya nos hemos referido, y en $\mathbf { 1 8 5 1 }$ cerrada al culto desde años atrás por amenazar ruina el edificio.
La diócesis de Cartagena, no obstante las previsiones e incluso mandatos concordatarios, permanecería indivisa hasta 1949 en que fue erigida la de Albacete sobre la provincia de igual nombre de acuerdo con criterios diseñados en el Concordato del siglo anterior. En cualquier caso la conveniencia de hacer ese y similares reajustes territoriales venía muy de atrás. Nada menos que de la época visigoda en que el Concilio IV de Toledo apunta ya en esa dirección al recomendar una reordenación del territorio eclesial por considerar que las necesidades de orden pastoral deberían primar sobre las demás, que a menudo no pasaban de ser puramente de prestigio.
Al crearse la diócesis albacetense fueron segregados de la de Cartagena para su incorporación a aquella los arciprestazgos de Albacete, Almansa, Casas Ibáñez, Chinchilla, Hellín, Jorquera y Yeste38. Poco después, dando cumplimiento con lo dispuesto por el nuevo Concordato de $1 9 5 ^ { 3 }$ (en esto reiteraba disposiciones incumplidas del de $\mathbf { 1 8 5 1 }$ ), en el sentido de eliminar enclaves de otras provincias existentes en algunas diócesis, el arciprestazgo de Villena pasó a la diócesis de OrihuelaAlicante en 25 de junio de 1954, y el de Huércal-Overa a la de Almería en 10 de junio de 1957.
En adelante la diócesis de Cartagena, organizada en cinco zonas pastorales39, 28 arciprestazgos y ${ } _ { 2 8 0 }$ parroquias40, pasó a coincidir exactamente con el territorio ocupado por la entonces provincia de Murcia y hoy región uniprovincial. En la actualidad41 continúa siendo una de las seis diócesis (con las de Granada, Guadix, Almería, Málaga y Jaén) adscrita a la provincia eclesiástica granadina.
Abreviaturas utilizadas.
ACD : Archivo del Congreso de los Diputados (Madrid) ACM : Archivo Catedral de Murcia.
AMC : Archivo Municipal de Cartagena AMM: Archivo Municipal de Murcia AOC : Archivo del Obispado de Cartagena ASV : Archivo Secreto Vaticano BAV : Biblioteca Apostólica Vaticana