En torno al Trienio Constitucional (1820-1823)\*.
Antoni MOLINER PRADA Universitat Autònoma de Barcelona.
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre diversas cuestiones principales referidas al Trienio Constitucional. En primer lugar, se define el concepto de nación y de representación en la Constitución gaditana y después se señalan los cauces y las dificultades existentes para extender la nueva cultura política constitucional durante el Trienio, con ejemplos sacados principalmente de los territorios de la antigua Corona de Aragón. En segundo lugar, se analiza el mecanismo jurídico previsto como garantía para la aplicación de la Constitución en el período gaditano y después la regulación del derecho de petición en 1822. Finalmente, se centra la atención en la recomposición administrativa del Trienio y el problema que supuso la inestabilidad política, y se hace una valoración global de este período.
Nación, representación política y cultura constitucional.
Hoy nadie duda de que la Constitución de Cádiz introdujo la modernidad política en las Españas, en las provincias y en los reinos de América. Podemos pensar que la Pepa podía haber abierto un espacio de libertad a las naciones indígenas, americanas, que hubiera conducido a un proceso de independencia diferente del que tuvieron. Lo mismo se puede decir de la forma como se determinó la representación política, que se podía haber configurado de una manera más acorde con la diversas tradiciones históricas y jurídicas de los territorios que configuraban la monarquía hispana, no solo la Corona de Castilla, sino también la Corona de Aragón y los territorios americanos. Pero esto es la historia contrafactual, lo que pudo ser y no lo fue.
La coyuntura gaditana se ha visto alternativamente como revolución burguesa, revolución liberal o revolución constitucional, incluso como revolución cultural o también revolución nacional1. Sin duda alguna, la Constitución de 1812 dio un aldabonazo a la construcción de la nación española y al nacionalismo español.
El concepto de nación no era nuevo, ya aparece con un sentido político moderno utilizado por los historiadores de la Ilustración, y se asocia al concepto de patria, ligada a la idea de ciudadanía y de participación política, principio muy alejado de la práctica política de la monarquía borbónica. El otro concepto de nación, también utilizado en esta época, se refiere al de identidad cultural y territorial, que deriva del sentido primigenio de la palabra, nascere en latín, lugar de procedencia.
La percepción de España en el siglo XVIII frente a las otras naciones de su entorno y el papel que tuvo en la Ilustración y el progreso de Europa, centrado en la pregunta que planteó Nicolas Masson de Morvillers en 1782, provocó una réplica furibunda en la obra de Juan Pablo Forner (Oración Apologética por la España y su mérito literario, 1786) y otros autores como Nicolás Fernández de Moratín y Gaspar Melchor de Jovellanos, que resaltaron los caracteres nacionales y su adecuación a la modernidad.
Los ilustrados reformistas más radicales, entre otros León de Arroyal, Ibáñez de Rentería, Foronda y Luis Gutiérrez, mostraron el camino a seguir para superar el atraso de España, que pasaba por introducir profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Miguel de Aguirre presentó un proyecto de constitución en 1787 y siete años después lo hizo León de Arroyal, que recoge los derechos naturales en consonancia con la Constitución francesa de $1 7 { \dot { 9 } } 1 ^ { 2 }$ .
Fue en 1808, con la ocupación francesa, cuando la crisis política provocó una reacción nacional, como ocurrió en otros pueblos de Europa ante el expansionismo napoleónico. El vacío de poder generado por la ausencia del monarca y las abdicaciones reales obligaron a plantear la cuestión de la soberanía nacional. El conde de Toreno señala que entonces era un clamor general la convocatoria de Cortes y la elaboración de una Constitución frente a las constituciones antiguas, para desterrar precisamente el poder arbitrario y asegurar la libertad civil y demás derechos de la nación3. Por su parte, Antonio de Capmany escribe en Centinela contra franceses (1808), obra de propaganda bélica por antonomasia contra la ocupación, que las convulsiones de las provincias dieron la salvación a la nación entera4.
Cada uno de los reinos y provincias vertebrados por la corona hispánica se dotó de una Junta Suprema provincial que asumió la titularidad soberana sobre su territorio y actuó en nombre del rey. Desde el principio, las Juntas se plantearon la necesidad de unir sus esfuerzos en la lucha contra Napoleón y organizar la soberanía nacional. La crisis de 1808 se convirtió de este modo en una crisis constitucional, que dio una respuesta precisa a esta cuestión, la afirmación de España como única nación de todos los españoles de ambos hemisferios, único sujeto jurídico de la soberanía5. La formación de la Junta Central en setiembre de 1808 y después el Consejo de Regencia (enero 1810), con muchas dificultades y divergencias, sin un guión preestablecido, abrieron el camino a la convocatoria de unas Cortes que se pueden considerar como el inicio de la modernidad en España, pues alumbraron un nuevo régimen político6.
Las ideas de libertad, igualdad o soberanía nacional tomaron contenido en el nuevo edificio social que levantaron las Cortes de Cádiz, cuyas paredes maestras fueron la Constitución7. La nación se convirtió en sinónimo de comunicad política libre, como alternativa a la soberanía de la monarquía8. El principio de la soberanía nacional constituyó el fundamento del nuevo sistema político en ciernes y se presentó como el baluarte que liquidó el modelo absolutista en el que la soberanía recaía en el rey, como queda reflejado en el Preámbulo de la Constitución y sobre todo en el artículo tercero: “La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”9. Hay que hacer notar que los diputados firmantes del Manifiesto de los Persas justificarían su ilegalidad por haber “sepultado la legislación, usos y costumbres de España”, y su injusticia por haber puesto trabas a la soberanía del monarca “que suponían en el pueblo”10.
La Constitución introdujo además otros principios políticos innovadores, modernos y en aquella época revolucionarios, como el sistema representativo, el estado de derecho, la división de poderes, el derecho de representación, los derechos individuales, la libertad personal, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, de prensa e imprenta, las garantías procesales y penales, etc. Ciertamente, no contiene una declaración completa de derechos, como recogen las constituciones francesas de 1791 y 1793 o la Declaración de Virginia de 1776, sin duda para evitar relacionarla con el proceso revolucionario francés o la acusación de afrancesamiento. Es posible que los legisladores españoles fuesen conscientes de que el problema de los derechos fundamentales no estaba en su formulación, sino en concebirlos como facultades jurídicamente formuladas y protegidas11. La identificación que hace la Constitución de la monarquía católica con la nación sorprendió entonces a propios y extraños y sigue sorprendiéndonos aún hoy12.
Si tenemos en cuenta los debates producidos en las Cortes, el principio de soberanía nacional fue invocado y defendido desde presupuestos ideológicos dispares e interpretados de forma diferente. Joaquín Varela Suanzes ha señalado tres posiciones principales13. Los diputados realistas defendieron una idea de nación de tipo dualista y organicista, la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, según la doctrina de Jovellanos que tanto influyó en el constitucionalismo conservador posterior (Constituciones de 1845 y de 1876). El rey como cabeza de la nación y el pueblo como cuerpo moral, siguiendo la doctrina escolástica de Suárez del corpus mysticum, concebido de una forma organicista, tanto desde el punto de vista estamental como territorial14. Algunos diputados realistas, como el catalán Aner y el valenciano Borrull, defendieron la mentalidad particularista o provincialista, en la polémica suscitada en torno al artículo primero de la Constitución. De las intervenciones de este último se deduce que su idea de nación española era equivalente a un agregado de reinos o provincias dotados de entidad propia. La representación nacional no era más que el resultado de las respectivas representaciones provinciales de los antiguos reinos, cada diputado representaba a su provincia o reino, no a la nación15.
Por su parte, los diputados americanos pensaron la nación como un agregado de individuos singulares, fundamentado en diversas doctrinas vinculadas al concepto de soberanía popular (Rousseau), al carácter territorial según las tradiciones y principios del derecho de Indias y el iusnaturalismo de raíz germánica (Pufendorf). Pensaban que por ser miembro de la nación cada individuo era ciudadano, sujeto de derechos políticos, y no podía existir ninguna contraposición entre español y ciudadano, como afirma la Constitución, restringiendo así los derechos. Como diputados americanos, cuatro de los que formaban parte de la Comisión constitucional (el mexicano Mariano Mendiola, el peruano Morales Duárez, el cubano Andrés Jaúregui y el chileno Joaquín Fernández de Leiva) defendieron el carácter imperativo de su mandato, debiendo ratificar sus pueblos respectivos el proyecto constitucional16.
Finalmente, los diputados liberales españoles concibieron la nación como un sujeto indivisible, compuesto exclusivamente de individuos iguales, al margen de cualquier consideración estamental y territorial. Solo en ella, la nación, de forma exclusiva e indivisible, recae la soberanía, a diferencia de lo postulado por los realistas (en el rey y las Cortes) o los diputados americanos (en el conjunto de individuos y pueblos de la monarquía). Tal idea de nación suponía suprimir los estamentos y los gremios, eliminando los privilegios y fueros y las diferencias territoriales que existían entre los españoles. La nación española no sería ya un agregado de reinos o provincias con códigos diferentes, aduanas y sistemas monetarios y fiscales propios, sino por el contrario un sujeto compuesto exclusivamente de individuos formalmente iguales, como soporte de la unidad territorial legal y económicamente unificada17.
Si bien todos los diputados aceptaban la unidad política de la nación española, de las intervenciones de los diputados realistas de la antigua Corona de Aragón, especialmente Borrull y Aner, y de los americanos se desprende que la entendían de manera diferente a la que tenían los liberales de la metrópoli. Los primeros querían organizar la unidad de las Españas respetando los intereses y peculiaridades de sus diferentes reinos y provincias, es decir, preservar la unidad de la nación política (del Estado o de la monarquía) sin lesionar su especificidad o autogobierno, e incluso los americanos al afirmar que la soberanía de la nación era producto de previas unidades soberanas y por ello podían desvincularse de aquélla. Era una perspectiva federal de la nación como conjunto de pueblos soberanos, aunque gobernados por un mismo Estado18. De las instrucciones que la Junta Superior del Principado de Cataluña había dado a sus diputados se desprende que, si bien era su deseo que las leyes fuesen uniformes en todo el reino, en caso de que la mayoría se opusiera a ello el Principado no solo debía de conservar todas las libertades de que gozaba sino también las antiguas que había perdido en $1 7 1 4 ^ { 1 9 }$ . Ramón Lázaro de Dou pensaba que se podía recuperar la legalidad anterior a la Guerra de Sucesión, con la formación de unas Cortes según el antiguo sistema observado en Cataluña, introduciendo las novedades que exigieran las circunstancias20.
Según el criterio que impusieron los diputados liberales, solo había una nación en el seno de un único Estado y una única nacionalidad. De ahí que en la Constitución de Cádiz triunfara la concepción de un Estado unitario y uniforme, fuertemente centralizado, ignorando las peculiaridades geográficas y culturales de los pueblos de España y de América y el carácter representativo y autónomo de las diputaciones y ayuntamientos establecidos21.
Desde su proclamación, el código gaditano fue idealizado y mitificado y se convirtió en el icono de la Revolución liberal, el instrumento legal para la configuración de un Estado de derecho moderno al estilo de los del siglo XIX europeos. Como proyecto utópico establece un nuevo gobierno pensado para transformar la sociedad, capaz de superar el reformismo ilustrado ensayado en el último tercio del siglo XVIII. Pero el triunfo del liberalismo no fue definitivo, al ser destruido de raíz tras el golpe de Estado de 1814, y no se consolidó hasta tres décadas después en medio de la guerra civil carlista. Para el pensamiento progresista español del siglo XIX la Pepa se convirtió en el símbolo de la defensa de las libertades y de las instituciones políticas, un potente mito político como expresión de los ideales democráticos.
El período de la restauración absolutista de 1814 a 1820 estuvo dirigido por una camarilla de ministros “ineptos, egoístas y perversos”, más atentos a intereses personales que a los de la nación, que se hallaba “sin erario, sin crédito y sin marina”. Así lo denuncia el Manifiesto del 3 de marzo de 1820 que dirigió a los gallegos y españoles de ambos mundos el presidente de la Junta de Gobierno del Reino de Galicia, Pedro de Agar22.
Los militares liberales que apoyaron el pronunciamiento del ejército expedicionario de la Isla en 1820, para purificar “su honor mancillado” en 1814, justificaron su adhesión al sagrado código legítimo por ser “monumento de sabiduría que siempre hará honor a la España, de ese baluarte de la libertad civil recibido y jurado con entusiasmo por el pueblo y por el Ejército“23.
El Trienio constitucional (1820-1823) se convirtió en el período apropiado para consolidar la revolución iniciada en Cádiz, rescatando la obra perdida tras el golpe de Estado de 1814. Una nueva experiencia parlamentaria iba a poner a prueba la viabilidad de la Constitución con un rey que la había aceptado por fuerza, sin ningún entusiasmo. También se puso en evidencia que no todos los liberales estaban de acuerdo con el texto constitucional, vista la facilidad con la que había sido derrotada la Pepa en 1814.
A lo largo de estos años, la sociedad española experimentó cambios profundos en su organización político-jurídica que fueron acompañados por un intento de transformación socioeconómica. Todo ello se hizo en nombre de la ideología liberal y de su instrumento garantizador, la Constitución de 1812, tan anhelada por unos como odiada por otros24.
De la euforia y optimismo por la proclamación del texto gaditano en pueblos y ciudades tras el triunfo del pronunciamiento de Riego, convertido en héroe y mito nacional, se pasó muy pronto a la confrontación interna y la amenaza de intervención de las potencias absolutistas europeas. Ciertamente, desde febrero a abril o en fechas posteriores, por distintos motivos, en muchos pueblos y ciudades se colocaron en las calles y plazas públicas la placa de la Constitución, acompañada por el escudo local y a veces con alguna inscripción alusiva al texto.
En el caso de Mallorca, estudiado por Valentí Valenciano, la instauración del liberalismo en 1820 se hizo de forma pacífica y se tomaron diversas medidas para hacer un cambio rápido sin problemas. El capitán general, marqués de Coupigny, que no quiso jurar la Constitución el 16 de marzo, fue desposeído de su cargo y recayó de forma interina en el segundo general Antonio María Peón, que fue ratificado aquella misma noche con el apoyo del sector liberal militar y de la Junta de Autoridades. Eso probaría que existía en la Isla un grupo importante de ciudadanos favorable a las reformas, dentro del ejército, entre las élites políticas y en el sector económico. Llama la atención este autor sobre la presencia en el último consistorio absolutista de Palma del conde de Amayans (José Sanglada de Togores) que había sido presidente de la Junta Superior de Mallorca en 1809, favorable al liberalismo25.
Con motivo de la apertura de las Cortes el 9 de julio de 1820, también se celebraron numerosos actos cívico-religiosos en todo el país y los mismos ayuntamientos, diputaciones, instituciones y sociedades patrióticas enviaron felicitaciones a dicha institución por haberse constituido. No obstante, en el otoño de 1820, tras los seis primeros meses del triunfo revolucionario, asistimos a un enfrentamiento tripolar entre liberales moderados y exaltados por un lado, y entre constitucionalistas y absolutistas por otro26.
Miguel Cortés, canónigo liberal de la catedral de Segorbe, elegido diputado a Cortes por Aragón en abril de 1820 y designado secretario suyo en el mes de octubre y miembro de la Comisión de Instrucción Pública, no dudó en señalar en su primera intervención el 10 de julio su extrañeza ante el discurso de la Corona en que se echaba un velo sobre la etapa anterior del sexenio absolutista. Su crítica al monarca se fundamentaba en su sospecha de que aquél se considerase superior al cuerpo legislativo. Había que estar atentos a las acciones del rey, cuyo papel delimitaba la Constitución y se adecuaba bien a lo que se podía entender como una monarquía republicana27.
El camino emprendido en 1820 se hizo difícil desde el principio por la división existente entre los partidarios y opuestos a la Constitución y a las ideas liberales. En la propaganda patriótica exaltada se denunció que era imposible el pacto o entendimiento político entre los dos grupos, que no cabían dentro de la nación. El Amante de la Constitución (1820), que firma con las iniciales A. R., propone seguir el ejemplo de los líderes revolucionarios militares que consiguieron el triunfo en 1820 y hace una reflexión en estos términos, “Constitución o Muerte”:
Ciudadanos.
¿Quiénes fueron esos héroes que en un día os restituyeron Patria, Libertad y Constitución?, diremos nosotros al instante: Riego, Arco Argüero, Quiroga, Ballesteros y Castrillo. Españoles, sigamos el laudable ejemplo de estas insignes columnas del Estado, confundamos a todo ser vil y despreciable que intente oponerse a la Constitución sagrada que los buenos han jurado en su corazón, que tiemblen en nuestra presencia; y vean en cada español un Ballesteros, en cada vecino un Riego, en cada ciudadano un Castrillo, tantos Arco Argüeros como liberales, y tantos Quirogas como españoles. Persigamos a estos perversos: ellos y nosotros no podemos a un tiempo caber en la Nación. O ser libres, o morir combatiendo en defensa de la ley. Vivir sin Constitución es vivir muriendo; y puesto que no hay remedio entre la muerte y la Constitución, clamemos todos con espíritu saguntino la Constitución o la muerte28.
El mismo eslogan “Constitución o Muerte” fue uno de los gritos de unidad lanzado por los liberales en los momentos cuando el régimen se vio amenazado. Fue utilizado por el pueblo zaragozano en las fiestas celebradas con motivo de la reunión de Cortes el 21, 22 y 23 de noviembre de 1820. En este caso, las manifestaciones de apoyo al régimen se visualizaron en los atuendos que llevaban sus ciudadanos: sombreros adornados primero con cintas verdes y poco después incorporaron el amarillo, el blanco y el rojo. La máxima que estaba escrita en ellas y fue paseada por toda la ciudad era unánime: “Constitución o Muerte”. El valor de la “Constitución” por ser la clave del proyecto político del liberalismo español y también icono de la transformación que se iniciaba en el país y de los partidarios de llevarla a cabo. Por otro lado, la alusión a la “Muerte”, pues eran conscientes de que podían producirse resistencias a la implantación de tales reformas, por lo que había que estar dispuesto a defenderlas con las armas, si fuera necesario dar la vida29.
En cambio, El Amante de la Paz, probablemente un eclesiástico que firma E.P.C., dirigiéndose al general Ballesteros, propone el camino de la concordia, toda vez que el rey había jurado la Constitución y se había establecido una Junta de gobierno:
Hermanos míos y valerosos españoles, ya tenemos al frente un Rey constitucional, y una Junta compuesta por hombres religiosos, sabios y doctos de la nación, que sabrán sostener todos los derechos y leyes que hemos jurado en la amada Constitución, ya se acabó el tiempo de las venganzas, dejémonos de rencores; no nos propasemos a tomarnos la justicia por nuestra mano, ni de palabra, pluma u de obra, mirémonos como hermanos, y acordémonos que somos cristianos, y que para defender nuestros derechos, tenemos un Rey que nos ama y unos verdaderos españoles por magistrados; que estos, como padres de toda esta Ilustre Nación, sabrán castigar y perseguir al que lo merezca; vivamos en una unión santa […]. Viva la religión, viva el Rey constitucional, viva el general Ballesteros, vivan los héroes del ejército y viva toda la nación y por siempre viva nuestra Constitución30.
El principal problema del nuevo régimen y del gobierno constitucional fue cómo extender entre la población urbana y campesina la nueva cultura política. Un joven estudiante publicó en el Diario constitucional de Valencia en marzo de 1820 un diálogo para excitar la de fe de los incrédulos, valorando de forma muy positiva la aportación de la Constitución gaditana. Además de garantizar el derecho de ciudadanía, la libertad civil, la seguridad personal, la representación política y la estabilidad de los funcionarios, el código sagrado garantizaba también a todos la felicidad:
por la Constitución vive el hombre, piensa, discurre, raciocina, por ella el labrador cultiva, el artesano trabaja, el marinero navega, el comerciante trafica, se instruye el literato, el sabio enseña y hasta el pobre come sin afrenta y sin mengua; y solo padece el pícaro, el holgazán, el hipócrita y el embustero, el egoísta, el intransigente, el avaro $\big [ \ldots \big ] ^ { 3 1 }$ .
Gérard Dufour ha señalado con acierto la importancia que tuvieron en el Trienio los sermones patrióticos de las iglesias para explicar la Constitución al pueblo llano que era analfabeto32. Es cierto que algunos obispos se negaron a escribir pastorales a favor de la Constitución y a obligar a sus párrocos a explicarla en las misas dominicales, entre ellos Pedro Inguanzo, obispo de Zamora; Alcalá Cañedo, de Málaga; Simón López, de Orihuela, que fue expulsado del país, y Simón Antonio de Rentería, de Lleida, que se vio obligado a abandonar esta ciudad33. Fueron acontecimientos que tuvieron hondas repercusiones en los distintos ámbitos. Jesús Millán ha estudiado los enfrentamientos que tuvieron lugar en Orihuela durante el Trienio tras la sustitución de su obispo, situación que condujo a una división de la opinión pública en la que surgieron dos significados contrapuestos de “el pueblo soberano” y “la ley y las normas”. Este autor muestra que los análisis teóricos de los discursos y prácticas políticas son inadecuados y se hace necesario comprender la forma en que se adaptaron y llevaron a la práctica en cada caso34.
Ramon Arnabat ha mostrado en sus trabajos los numerosos folletos, catecismos, coloquios e instrucciones divulgados esos años, algunos escritos en catalán, con un claro contenido pedagógico para defender los nuevos valores que aportaba el liberalismo. Los medios de difusión, visuales, orales y escritos, tenían como objetivo principal ganar espacios ideológicos a la contrarrevolución difundiendo los principios liberales35. Uno de los reclamos de la Constitución respecto al pueblo era la idea de derechos y sobre todo la igualdad, concebida de manera distinta por moderados (igualdad civil que acaba con los privilegios) y exaltados, con un contenido más político al resaltar el valor movilizador36. Ante todo, la propaganda política liberal aporta una crítica sin piedad del Antiguo Régimen, que se sustentaba en los privilegios de unos pocos y el poder absoluto del monarca. Por ello la Pepa se mitifica y se convierte en el remedio de todos los males que aquejaban al país, tanto económicos como políticos y sociales.
Las cátedras sobre la Constitución que se crearon en el Trienio en las principales ciudades españolas tenían como objetivo la difusión de sus contenidos fundamentales entre los ciudadanos, cuestión central para el asentamiento del régimen. La de Zaragoza se inauguró el 12 de junio, según lo dispuesto por la Junta Suprema General de Aragón de 14 de abril37. Valentín Solanot, miembro de la Junta, y el canónigo Antonio Marco, elaboraron un pequeño texto donde destacan sus virtudes, señalando que el código era respaldado por un rey católico que respetaba la religión, rescataba los derechos antiguos y traía la prosperidad:
La Constitución allana los caminos de la industria y al comercio, anima las artes desembarazándolas de trabas, pone al propietario en el pleno goce de hacer lo que mejor le parezca de su propiedad, anima la agricultura aboliendo tantas leyes prohibitivas […], en una palabra abre los fecundos canales de la prosperidad, para que todos y cada uno [...] recojan el fruto de sus afanes y los disfruten en la calma dichosa que proporciona un sistema de Gobierno encaminado a proteger y ayudar a los buenos, y perseguir y exterminar a los malos38.
Jordi Roca ha estudiado las cátedras creadas en Cataluña. La principal fue la de la Universidad de Cervera que se integró el 20 de septiembre de 1820 en el plan de estudios de la Facultad bajo la dirección de Ramón Torra. La de Barcelona se inauguró el 3 de noviembre de 1820, radicada en el Seminario Episcopal. En 1821 se crearon otras en los municipios de Vic, Solsona, Manresa y Gerona, y en 1822 en Tarragona. Se debe señalar que fueron las Escuelas Pías de primeras letras establecidas en Barcelona, Balaguer, Calella, Igualada, Mataró, Moià, Oliana, Puigcerdà, Sabadell y Solsona las únicas a las que se confió la educción de los niños en los principios constitucionales39.
La Constitución gaditana respondía también a las aspiraciones de la Europa de 1820 más avanzada frente a la Restauración. Tanto los liberales españoles como los vintistas portugueses, napolitanos y piamonteses asumieron que estaban realizando una obra europea al recuperar los principios políticos despreciados durante el dominio napoleónico. El principio de la soberanía nacional, la división de poderes, el parlamento unicameral y el recorte de facultades al rey fueron los principios del liberalismo revolucionario. Ciertamente la Constitución portuguesa de 1822 era más explícita que la española al precisar que la autoridad del rey proviene de la nación40. Sin duda, la revolución española también tuvo una repercusión importante en las colonias americanas y dio un gran impulso a los procesos de independencia41.
La garantía de la Constitución y la legislación del Trienio
$\it { i } \mathrm { C o m o }$ garantizaba la Constitución su aplicación por unos funcionarios y autoridades en muchos casos renuentes a ello? $\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ mecanismo jurídico protegía la Constitución? No hay duda del celo político de los diputados gaditanos a favor de la aplicación del texto, si bien el mismo autor de la Constitución se erige en su guardián, no existiendo una jurisdicción constitucional ni verdaderos procesos42.
El artículo 373 declara que todo español tiene derecho a “representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución”, y el 374 la obligación de toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, de prestarle juramento al tomar posesión de su destino. Las mismas Cortes se constituyen en órgano para resolver todas las infracciones cometidas por funcionarios y autoridades, poner el remedio pertinente y hacer efectiva la responsabilidad del contraventor según contempla el artículo 372. En todo caso, no se recoge el derecho de petición, como lo hace la normativa europea contemporánea.
El Reglamento de régimen interior de 4 de septiembre de 1813 creó una comisión específica para el “examen de los casos en que haya responsabilidad de los empleados públicos por denuncia hecha a las Cortes de infracción de Constitución”. Los reiterados ataques a la Constitución al inicio del Trienio motivaron la promulgación de la ley de 17 de abril de 1821 sobre responsabilidad de sus infractores, que seguía la normativa del proyecto gaditano de 13 de julio de 1813. Cuando se denunciase a las Cortes alguna infracción de la Constitución, eran ellas mismas quienes debían de declarar si había o no verdadera infracción en el hecho denunciado43. Puesto que los delitos eran nuevos ante la nueva legalidad vigente, había que fijar las penas correspondientes y los diferentes procedimientos para la resolución de las causas, que quedaron fijados en dicha ley.
La comunicación entre los ciudadanos y los poderes públicos no fue fácil y tranquila en estos años. Los nombramientos hechos por el rey y la falta de voluntad depuradora del aparato estatal por parte del gobierno, deponiendo a los empleados vinculados al Antiguo Régimen, provocó el envío de numerosas peticiones de protesta a las Cortes. Los movimientos de desobediencia cívica contra las autoridades promovidos en numerosas ciudades (Cádiz, La Coruña, Zaragoza, Barcelona, Cartagena, Málaga, etc.), que se iniciaron en octubre 1821 y prosiguieron en los primeros meses de 1822, provocaron la caída del gobierno Feliu-Bardají. Las reivindicaciones de ayuntamientos, sociedades patrióticas y milicianos eran fundamentalmente de tipo político, conectadas muchas veces con movimientos populares de protesta y tenían una finalidad propagandística al presentarse como expresión de la opinión pública. Para el gobierno moderado había que regular el derecho de petición y por eso la Comisión presentó a las Cortes el 9 de febrero de 1822 un proyecto restrictivo para regular ese derecho y contener abusos.
En la discusión, un grupo de diputados capitaneado por Juan Romero Alpuente vio en el artículo 373 un derecho de petición universal extendido a todos los españoles y a todas las materias, por lo que vieron en el proyecto presentado por la Comisión una infracción a la norma constitucional. Una segunda opinión, apoyada por Andrés Navarro, creía que el citado derecho no necesitaba concederse por estar ya consignado en los cuerpos legales y porque no estaba prohibido por la Constitución. La tercera opinión afirmó que el citado derecho nada tenía que ver con el artículo $3 7 3 ^ { 4 4 }$ .
En realidad, las limitaciones de este derecho estaban dirigidas a reducirlo en aquellas peticiones que eran vistas como molestas para el sistema por ser revolucionarias, por miedo a la subversión social. Detrás de todo, aparece el fantasma de las sociedades patrióticas más radicales, la milicia nacional y los ayuntamientos dominados por los liberales exaltados. Es el elemento popular, el populacho, al que se teme y se le limita su derecho a hablar. A los moderados les asustaba su irrupción en el debate público, y las peticiones colectivas surgidas de los clubs, cafés y sociedades patrióticas les parecían un primer paso hacia una organización colectiva de base popular que podía resultar peligrosa para el orden establecido45. Del mismo modo que la ley Chapelier en la Francia de 1791 había prohibido el derecho de asociación de obreros y artesanos, el proyecto de la Comisión de las sociedades patrióticas de 1820 y la ley de febrero de 1822 prohibieron hacer peticiones colectivas. Fue la Constitución de 1837 la que contempla por primera vez en la historia de España el derecho de petición.
La recomposición administrativa del Trienio y la inestabilidad política.
En la memoria biográfica escrita por el cura liberal Juan Antonio Pose, insinúa su desconfianza, falta de luces y buena fe en muchos de los que tomaron el poder en 1820 con la pretensión de sacar a la nación de la sima en que yacía. Pronto dieron pruebas de su falta de energía y patriotismo. Se refiere a los Argüelles, Torenos y otros, “que eran unos pasteleros que no pensaban sino en sus colocaciones y en las de sus amigos, para lo cual aumentaban los sueldos”46.
El diputado radical Juan Romero Alpuente expresó con claridad en las Cortes el 26 de abril de 1821 que era necesario exigir en los empleos públicos, tanto civiles como eclesiásticos, no solo su aptitud para desempeñar sus cargos respectivos, sino pruebas positivas de su adhesión al sistema constitucional, la independencia y libertad de la nación, no solo en aquella legislatura, sino en las anteriores de 1811, 1812 y 1813. Y propuso que se apartaran de sus cargos a cuantos empleados públicos maquinaran su ruina47.
Tras el triunfo de la revolución, un decreto de 19 de abril de 1820 comunicado por el ministerio de la Gobernación ordenaba que fueran repuestos en sus cargos los empleos públicos que habían sido destituidos en mayo de 1814 por su adhesión al régimen constitucional. Algunos miembros de los consejos y tribunales fueron declarados jubilados o cesantes, y solo 7 de los 20 consejeros de Castilla continuaron en sus cargos.
En el Consejo de Estado, fue restaurado el de 1812 y se incorporaron entre otros miembros el duque de Frías, Antonio Porcel, Ballesteros y Vigodet (generales constitucionalistas). También formó parte el mítico héroe de Bailen, el general Francisco Javier Castaños, a pesar de que fue arrestado y expulsado de la ciudad de Barcelona cuando el pueblo obligó a la autoridad militar a proclamar la Constitución el 10 de marzo de 1820. Con fecha 20 de abril de 1822 renunció a dicho cargo48.
En 1821, se unieron al Consejo de Estado Tomás González Carvajal (ministro de Hacienda en 1813), Vázquez Figueroa y el militar príncipe de Anglona, hermano del duque de Osuna. Se concedió título de consejero de Estado honorario a Antonio Cano Manuel y al octogenario José Colón de Larreátegui. Conservaban el título de jubilados numerosos políticos de los últimos 20 años, nombrados por Carlos IV, como el duque de San Carlos, Lardizábal, Gómez Labrador, Pérez Villamil, Eguía, García de León y Pizarro, los duques del Infantado, de Montemar y de San Fernando, entre otros. En 1821 se ordenó que dimitieran los que habían participado en la persecución de los liberales, perdiendo sus honores y dignidades 59 de los firmantes del Manifiesto de los Persas que aún vivían 49.
En el Tribunal Supremo, la impronta de la magistratura antigua es evidente, pues entre sus miembros encontramos al diputado Miguel Alonso Vilagómez, que no creía necesaria la Constitución, y a José Navarro Vidal, que había sido declarado jubilado en $1 8 1 4 ^ { 5 0 }$ . El cargo de jefe político recayó en su mayoría en manos de militares de tendencia liberal.
Si nos atenemos a la composición social de las Cortes, las diferencias entre el período gaditano y el del Trienio son ostensibles. La disminución del porcentaje de clérigos, del $3 1 \%$ en Cádiz al $2 3 \%$ en el Trienio, mientras aumentaron el número de funcionarios y militares (del $3 3 \%$ al $4 6 \ \%$ ) y el de profesiones liberales y propietarios (del $7 { , } 5 \%$ al $3 2 \%$ ), respectivamente51. Como ha señalado Ramon Arnabat en el caso de Cataluña, las diferencias son significativas respecto al resto de España en cuanto al porcentaje de comerciantes, catedráticos, médicos y propietarios, que representan el $5 9 \%$ frente al $2 2 \%$ , y el de eclesiásticos, funcionarios y militares, $2 4 \%$ frente al $5 1 \%$ , respectivamente52. Si nos atenemos a la segunda legislatura de 1822-1823, las diferencias son importantes: en Cataluña los comerciantes, catedráticos y médicos y propietarios suman el $6 6 \%$ y en el resto de España solo $2 4 \%$ , mientras que los eclesiásticos y militares tienen una representación menor en Cataluña $( 1 6 \% )$ frente al $3 7 \% ^ { 5 3 }$ .
En el estudio realizado por J. F. Fuentes sobre los cargos públicos durante el Trienio (diputados de Cortes, miembros de las diputaciones y ayuntamientos) se observa un predominio del ejército (en torno a un $^ { 2 7 , 8 \% }$ ), el peso significativo de la Iglesia $( 1 3 , 9 \% )$ , de las profesiones liberales $( 1 8 \% )$ y de los propietarios y comerciantes $( 1 7 \% )$ . En torno al $4 7 \%$ del personal corresponde a militares y funcionarios del Estado, lo que ratifica la idea de Franco Venturi referida a la Ilustración española, que la suerte del liberalismo en España estaba en la práctica en manos de funcionarios54. Un problema añadido para llevar a cabo un cambio revolucionario en el país.
El régimen constitucional de 1820 nunca funcionó de manera satisfactoria, por la falta de confianza existente entre los liberales y el rey. El marqués de las Amarillas, que era el único ministro de la Guerra del primer gobierno de los presidiarios que duró hasta marzo de 1821, se vio obligado a dejar el ministerio en la segunda mitad de 1820 por presión de los exaltados, al no tener la confianza de sus compañeros liberales55. La inestabilidad política se refleja en los gobiernos sucesivos de Feliu-Bardají (de marzo de 1821 a febrero de 1822), Martínez de la Rosa (febrero-julio de 1822) y Evaristo San Miguel (de agosto de 1822 hasta abril de 1823).
MOLINER En torno al Trienio.
La influencia de las nuevas ideas de Benjamin Constant y del liberalismo doctrinario francés y del positivismo benthamita hizo mella en los liberales que habían estado en el exilio en Francia e Inglaterra tras el sexenio absolutista. La división de la familia liberal fue un obstáculo para el entendimiento político. El grupo moderado, los doceañistas, seguidores del modelo británico, apoyaban una monarquía constitucional con equilibrio de poderes. Eran antiguos diputados de las Cortes gaditanas, entre ellos el Conde de Toreno, Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa, Garelly y Moscoso. Los exaltados, fieles al modelo francés de 1791 y partidarios de un sistema de gobierno asambleario tipo Convención56, englobaban a los sectores más radicales del liberalismo, entre ellos Romero Alpuente (el Marat español), Moreno Guerra, Díez Morales, Calatrava, Istúriz, Flórez Estrada y Sancho. Fervientes defensores del modelo gaditano, promovieron la interpretación democrática que dicho modelo permitía, en muchos casos con una buena dosis de demagogia y provocación57. Articularon una práctica y un discurso político basado en la recreación permanente de la insurrección ante la amenaza que representaba los gobiernos moderados para los ciudadanos, que eran los verdaderos sujetos de la soberanía.
El excelente estudio de Jordi Roca sobre el movimiento revolucionario de Barcelona nos muestra cómo en torno a la Tertulia Patriótica de Lacy se agrupaban las diversas facciones del liberalismo revolucionario ligado a las sociedades secretas y a la Milicia Nacional Voluntaria que encuadraba la movilización popular. Ante la “patria amenazada” se imponía medias excepcionales, de emergencia nacional, contra los eclesiásticos, el monarca, los especuladores, contrabandistas y moderados, todos ellos contrarrevolucionarios. Erigidos en intérpretes de la Constitución, sancionaron la preeminencia del espíritu revolucionario de la norma constitucional en detrimento de su letra58.
Los moderados deseaban llegar a un acuerdo con el rey y reformar la Constitución para reforzar las atribuciones del poder ejecutivo, dotar al monarca de derecho de veto a las leyes e introducir una segunda cámara y sustituir el sufragio universal por otro censitario59. Por su parte, los exaltados querían aplicarla en su integridad y extender el liberalismo entre las capas urbanas de las que recibían su apoyo. Si bien el proyecto económico-social de ambos grupos era coincidente, las diferencias eran muy grandes respecto al modelo de Estado y sobre la participación popular en el proceso político. Los exaltados eran proclives a una estrategia de entendimiento con los grupos populares, en cambio para los moderados eran éstos los responsables de las tensiones y desórdenes urbanos.
Los desencuentros entre doceañistas y exaltados se sucedieron a partir del verano de 1820, por el papel que debía de ejercer Riego y la disolución del ejército de la Isla, el debate parlamentario sobre el control de las sociedades patrióticas y la prensa. Aparte de los debates en Cortes y las Sociedades Patrióticas, los ámbitos principales de confrontación entre ambos grupos fueron la prensa y las sociedades secretas60. Entre las Sociedades destacan los Cafés de Lorencini y San Sebastián y la Fontana de Oro, y entre los periódicos el Robespierre Español, El Conciso y El Zurriago.
La política liberal se centró en la restauración de la legislación liberal, los ayuntamientos, diputaciones constitucionales y jefes políticos y la milicia nacional, y en la profundización de otras reformas iniciadas en las Cortes de Cádiz. Entre ellas cabe señalar el problema agrario derivado del régimen señorial, la desvinculación de los bienes eclesiásticos, la supresión del diezmo y sobre las congregaciones religiosas. Estas medidas tenían como objetivo acabar con la economía señorial y fomentar el desarrollo de la economía capitalista y apoyaban todos los liberales. La supresión de los jesuitas y de numerosos conventos y la oposición del rey plantearon graves problemas que obligaron al Gobierno a recurrir a la presión popular para doblegar la resistencia del monarca.
El rey boicoteó de forma sistemática las reformas liberales, tanto en la primera legislatura (9 de julio de 1820 a 9 de noviembre de 1821), como en la segunda de 1822- 1823. Por ejemplo, vetó la ley de abolición del régimen señorial en 1821 y 1822, aprobándose muy tarde en mayo de 1823, de manera que no tuvo ningún efecto para el campesinado. De hecho, el nombramiento en el mes de noviembre de 1820 del nuevo capitán general de Castilla la Nueva, José de Carvajal, sin el refrendo del Secretario de Despacho, como era preceptivo, significó la primera infracción del monarca a la Constitución.
60. Juan Francisco FUENTES, El fin del Antiguo Régimen (1808.18168). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, p. 60.
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El enfrentamiento con el Gobierno culminó con motivo del discurso de la corona (1 de marzo de 1821), al que Fernando VII añadió la famosa coletilla en la que se quejaba del trato que recibía y de la limitación de sus prerrogativas constitucionales. Ello provocó la dimisión del Gobierno y la formación del segundo gabinete liberal. La destitución de Riego de la Capitanía General de Aragón (septiembre de 1821) provocó la conocida batalla de las Platerías en Madrid, que no fue más que la dispersión por las fuerzas del orden de una manifestación exaltada en el centro de la ciudad. Hubo después los movimientos de desobediencia cívica en las provincias citadas anteriormente, donde los exaltados destituyeron a las autoridades gubernamentales y deportaron a los políticos molestos. La contrarrevolución se puso en marcha en 1821 en dos frentes: la conspiración en Palacio y el incremento de las partidas realistas en las provincias.
Es sintomático que en la apertura de la segunda legislatura las felicitaciones a las Cortes disminuyeron en gran manera y los enfrentamientos entre la mayoría exaltada de diputados y el gobierno moderado se incrementaron aún más. En medio de la división del liberalismo, se desató una guerra civil en el verano de 1822 con los levantamientos realistas de Cataluña, Navarra y el País Vasco. Una vez se cerraron las Cortes, con el apoyo del rey debía de desarrollarse una revuelta en Madrid protagonizada por la Guardia Real, que se inició el 30 de junio y acabó en un fracaso total el 7 de julio, como consecuencia de la actuación de la milicia y pueblo madrileño, de su ayuntamiento y de la Diputación permanente. Este golpe de Estado radicalizó aún más la posición de los constitucionalistas y el rey se vio obligado a nombrar el 5 de agosto un nuevo gobierno encabezado por Evaristo San Miguel.
¿Fue un fracaso político el Trienio? Más que una revolución frustrada, en palabras de Ramon Arnabat, ésta fue derrotada militarmente y reprimida políticamente. La no consolidación del régimen se debió, más que a las diferencias de los constitucionales, al desarrollo de contrarrevolución interna, apoyada por sectores proclives al Antiguo Régimen y los campesinos perjudicados por las medidas liberales, y a la intervención militar externa apoyada por la Santa Alianza61. La fractura en la base del régimen constitucional se debió en gran parte a la desconfianza entre las clases propietarias que nutrían el poder liberal y las clases populares principalmente campesinas, y a la escasa penetración del mensaje liberal en éstas62. La falta de una Administración efectiva, en manos de funcionarios poco preparados, contribuyó también al escaso resultado obtenido.
Se ha dicho que el carácter efímero de la Constitución de 1812 radica en su carácter excesivamente teórico y por su racionalismo utopista63. Sin duda el articulado del texto es farragoso e incluso contiene contradicciones y no recoge una declaración completa de derechos, entre otros el derecho de reunión y de asociación, que fueron objeto de debate en las Cortes del Trienio y en la prensa. Pero no se puede cuestionar que en los años veinte se convirtió en el símbolo del liberalismo europeo por haber vencido al absolutismo y ser el referente de las libertades para todos los pueblos oprimidos64. El caso de Barcelona es un buen exponente de ello. La capital del.
Principado sirvió de foco de atracción a los liberales y revolucionarios principalmente italianos y franceses, que soñaron en liderar la revolución en sus países de origen. La vida política y cultural de la ciudad fue muy intensa y diferente a épocas anteriores, de manera que se puede hablar de que se introdujo entonces la modernidad política en Cataluña. Las asociaciones, clubs y tertulias creadas fueron instrumentos de sociabilidad política y la lectura pública de los diarios realizada en los cafés estimuló sin duda la popularización de la política y la movilización popular65.
La actividad propagandística de los constitucionales durante el Trienio contribuyó a la difusión de la cultura política del liberalismo, impidiendo la plena restauración de la monarquía absoluta del Antiguo Régimen. Por ello se puede afirmar que después del Trienio Liberal ya nada fue igual en la política española66.