EL PODER DE LA OLIGARQUÍA URBANA DE TERUEL DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA.
THE POWER OF THE TERUEL’S URBAN OLIGARCHY IN THE LATE MIDDLE AGES.
Aleja ndro Ríos Conej ero Universidad de Zaragoza.
Resumen: La sociedad turolense, impregnada del espíritu de frontera fue, desde sus orígenes, de corte castrense, por lo que se primó a los que mejor pertrechados estuviesen para la batalla: los caballeros. A lo largo de las siguientes páginas estudiaremos los diversos mecanismos que esta oligarquía de origen militar utilizó para lograr monopolizar todos los puestos de poder dentro de la primero villa y después ciudad de Teruel durante la Baja Edad Media.
Palabras clave: Teruel, oligarquía urbana, Baja Edad Media, poder.
Abstract: The turolean society was militarised since its beginning, so those who were better prepared for the combat were rewarded: the horsemen. Through these pages we will study the different ways that this military oligarchy used for monopolise the government of Teruel during the Late Middle Ages.
Key words: Teruel, urban oligarchy, Late Middle Age, power.
Hasta el momento la mayoría de estudios sobre el poder de las élites urbanas se ha basado en el análisis del monopolio que ejercían sobre las magistraturas municipales; sin embargo, tal y como veremos, en las ciudades y villas de realengo el poder estaba compartido por diversas instituciones. La novedad de este trabajo es que en él se pretende examinar cómo los miembros de la oligarquía urbana turolense no sólo lograron acaparar los puestos del concejo, sino cómo fueron capaces de ocupar los cargos de designación real y los pertenecientes a la Iglesia, lo cual les permitió un control de la población del Teruel bajomedieval.
Al mismo tiempo, se plantean varias hipótesis acerca de cómo lograron la aquiescencia del resto de pobladores quienes, salvo en casos extremos, no se opusieron a esta supremacía. En este sentido este análisis se separa de las líneas tradicionales de historia de las instituciones para abordar el estudio del poder desde un punto de vista más social, que se inserta dentro de las inquietudes y necesidades de la sociedad actual.
1. La oligarquía turolense: características y evolución.
Durante la segunda mitad del siglo xii el reino de Aragón realizó una política expansionista que le llevó a aumentar sus posesiones en el sur. Las sucesivas conquistas venían, además, acompañadas de un proceso repoblador que tenía como objetivo consolidar el dominio sobre el territorio recientemente sometido. Así mismo, se implementó un sistema organizativo muy próximo al que se venía realizando en la extremadura del vecino reino de Castilla, por el cual se reforzaban una serie de polos desde los cuales se dirigía el proceso expansionista.
En este sentido, se eligieron dos plazas fuertes, Daroca y Alcañiz, como punta de lanza desde donde continuar la conquista. No obstante, las exitosas campañas trajeron consigo el alejamiento de la frontera de estas poblaciones, por lo que se hizo necesaria la creación de un nuevo bastión que heredara la posición de la villa darocense como baluarte meridional frente a ataques ismaelitas, y desde donde poder centralizar el esfuerzo bélico con vistas a una nueva expansión sobre suelo valenciano.
En este escenario Alfonso II decide fundar Teruel en un lugar de indiscutible valor estratégico. Una villa destinada a concentrar gentes predispuestas para la batalla en todo momento y que hostigasen a los sarracenos del levante peninsular. La cercanía del enemigo condicionó la forma de vida del nuevo asentamiento, imponiendo una economía basada, al menos durante sus primeros momentos, en la ganadería y en la obtención de botín de guerra derivado del saqueo organizado. Estas características favorecieron la acumulación de riquezas por parte de quienes dispusieran de caballo y pertrechos militares adecuados y, por tanto, estuviesen mejor preparados para la batalla, lo que abrió una brecha en el tejido social turolense. Así mismo, se desarrollaron unas formas de dependencia que se mostraron más útiles para un conjunto de hombres de armas, quienes poseían sus propias fuentes de renta y buscaron alianzas que asegurasen su pertenencia a un grupo privilegiado (Asenjo, 2003: 35).
La diferenciación de estas gentes de otros grupos poblacionales y su ascenso dentro de la pirámide social se vio favorecida por la actuación de los sucesivos monarcas, quienes, de este modo, lograban asegurar la existencia de efectivos militares que defendieran las zonas más expuestas de sus dominios.
El principal privilegio otorgado a todo aquel turolense que tuviera un caballo valorado en 200 sueldos jaqueses y cierta panoplia militar —escudo, lanza y yelmo— era la exención de cualquier tipo de impuesto o tributo. A ello se sumaban una serie de estipendios con los cuales debían costear la compra y mantenimiento de la montura y el armamento exigidos. Los mejores ejemplos son las concesiones hechas por Jaime I, entre las que se encuentran la cesión de las primicias con el fin de que adquiriesen lorigas y arneses; igualmente dotó con una pensión de 50 sueldos jaqueses, a recibir sobre las rentas del peaje de la villa, a la cofradía de San Jorge, asociación fundada por él mismo para reunir a los caballeros turolenses (Ríos, 2016: 116-117).
Simultáneamente, la posesión de cabalgadura y armas, junto con una casa poblada en la villa, eran requisitos indispensables para poder postularse como candidato a las principales magistraturas del gobierno municipal. Exigencia que ocasionó, ya desde comienzos del siglo xiii, que esta élite ocupara reiteradamente los puestos de la administración de la urbe y su alfoz, lo cual se convirtió en una constante a lo largo del Medievo (Gargallo, 1996:529-530).
Estas disposiciones, creadas con el fin de privilegiar al grupo de los caballeros, no fueron algo privativo del entorno turolense, sino que encontramos preceptos de características similares en los códigos legales de otros municipios de la frontera aragonesa como Daroca o Tarazona, pero también en las familias forales de la extremadura castellano-leonesa (Pescador, 1961: 150; Powers, 1987: 72).
En cambio, el caso turolense posee ciertas peculiaridades, como la inexistencia de una normativa que exigiese a determinadas personas poseer caballo y armas, tal y como ocurría en Daroca o en diversas poblaciones del Maestrazgo. El mejor ejemplo, por ser el más específico, se encuentra en el código legal de Calatayud, puesto que en él se imponía la obligación de comprar un potro a todo aquel bilbilitano que tuviera una yunta de bueyes, asno, dos lechos, pan y vino y 30 sueldos jaqueses, o un buen caballo en caso de que sobrepasaran esa cantidad (Gargallo, 1991a: 26; Ledesma, 1993: 40). De igual forma, esta exigencia era común en las comunidades castellanas situadas en la frontera meridional, según se observa en la disposición emitida por Alfonso XI, en donde se especifica el número de monturas que una persona debía poseer en función de su hacienda: dos en el caso de tener 10.000 maravedís, tres si se tenían 30.000 maravedís, y cuatro si la persona tenía en su haber 50.000 maravedís o más (Pescador, 1961: 201-205). La ausencia de este requerimiento a los habitantes de Teruel es un indicio de la militarización de la urbe, la cual consiguió atraer a un importante contingente de caballería gracias a los numerosos privilegios, así como a la promesa de enriquecimiento producto del saqueo al enemigo cercano.
El resultado de todo ello fue el surgimiento de una élite basada en la superioridad militar. Ahora bien, no se trataba de un grupo oligárquico cerrado como podía ser la nobleza, sino que el acceso al mismo quedaba abierto a toda aquella persona que pudiera costearse los requisitos mínimos establecidos: caballo valorado en no menos de 200 sueldos jaqueses y el equipo militar propio de la caballería ligera —escudo, lanza y casco—. Estas condiciones no eran baladíes, puesto que únicamente una minoría podía invertir ese dinero inicial, más los costes de mantenimiento del animal; máxime cuando A. Gargallo estima que el precio de una oveja en 1262 era de 3 sueldos jaqueses (Gargallo, 1996: 548) o casi un siglo después, en 1342, la Crónica de los Jueces de Teruel nos informa que una fanega de trigo valía 2 sueldos jaqueses, una fanega de centeno 13 dineros y el cuartel de vino se vendía a 2 miajas (López, 1994: 143).
De la misma manera, la pérdida o enajenación de los distintivos de la caballería villana conllevaban la expulsión del grupo. Existía, empero, un plazo de tiempo durante el cual el afectado podía subsanar la pérdida sin mayores consecuencias. Tenemos conocimiento de que la prórroga era de treinta días para aquellos caballeros que estuviesen ejerciendo uno de los oficios concejiles, transcurridos los cuales el afectado perdía su cargo. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta el lapso de tiempo concedido al resto de caballeros, aunque Gargallo, basándose en la casuística de diversos ordenamientos forales del sur aragonés, estima que podría ser de un año (Gargallo, 1996: 554).
El carácter abierto del grupo permitió a gentes ajenas al mundo militar engrosar las filas de la élite turolense. Es el caso de los menestrales que aparecen ocupando alguna de las magistraturas de la villa: un zapatero, un cuchillero y un pellejero (López, 1994), o un interesante grupo de mercaderes catalanes afincados en la urbe durante la segunda mitad del siglo xiii (Gargallo, 1996: 568). A ellos se sumó un importante número de familias de cristianos nuevos a partir de las conversiones masivas de judíos de principios del siglo xv, lo que trajo la aparición de nuevos apellidos como Besant, Sánchez Exarch, Gracián, Ram, Toledo y Ruiz en los listados del concejo (Sánchez y Monasterio, 1972: 307-340; Sánchez y Monasterio, 1973: 111-153; Navarro, 2002: 751-766).
Como se puede inferir de la entrada de nuevas personas, la figura de los caballeros villanos evolucionó a lo largo de la Baja Edad Media y la oligarquía turolense se tuvo que adaptar a las nuevas coyunturas político-sociales, máxime tras la conquista de Valencia y el alejamiento definitivo de la frontera musulmana. A pesar de ello, Teruel siguió teniendo un importante valor estratégico y militar debido a los problemas que planteó Albarracín a finales del Doscientos y los conflictos con Castilla en la centuria siguiente. Esto hizo que los miembros de la élite turolense siguieran postulándose como los garantes de la seguridad de la comunidad frente a un enemigo exterior, idea utilizada para crear un marco simbólico que justificaba su superioridad social, política y económica, la cual era conseguida a través de la desigual distribución de las recompensas materiales y simbólicas (Crompton, 1994: 179).
De este modo su preeminencia no se basó en la coerción y la coacción, aunque en ocasiones recurrieran a la violencia para lograr sus objetivos, sino que buscaron el consentimiento del resto de la población. Gracias a esa aquiescencia pretendían asegurar la existencia de una serie de roles que de otra forma pronto causarían malestar entre los peor parados, quienes abandonarían el lugar que se les había asignado o buscarían subvertir el orden establecido. Con este fin mantenían al conjunto en continua tensión, a través de recursos como la negación o la legitimación de la misma en términos de valores superiores como la supervivencia del grupo y el bien común (Geertz, 1988: 177-187).
Para el caso turolense, paradigma de villa medieval de frontera bajo la constante amenaza de un ataque enemigo, la protección de los intereses comunes pasaba por la defensa armada de los habitantes de la urbe y sus propiedades. De esta forma los caballeros, al ser los que mejor preparados estaban para realizar ese cometido, adquirían un halo de autoridad imposible de alcanzar de otro modo, a la vez que les reportaba honor, cualidad necesaria para la progresión social.
Simultáneamente, con el fin de mantener unido a todo el grupo social y evitar que las tensiones desembocaran en estallidos de violencia, se creó una orientación ideológica compartida y se concibió un enemigo simbólico, objeto legítimo de violencia, contra el que descargar la tensión generada. Durante el periodo fronterizo esa némesis estuvo encarnada por los vecinos agarenos, si bien este papel recayó en los castellanos o en el pueblo judío tras la desaparición del contacto directo con territorio musulmán.
Más aún, aunque el enemigo exterior era el principal problema, esta no era la única fuerza que atentaba contra los intereses comunitarios. En este sentido, los oligarcas se arrogaron el papel de representación de la comunidad frente a otros poderes, tanto superiores —la monarquía— como ajenos e iguales, lo que les llevaba a hablar en nombre de la urbe, ya fuera en las cortes o en reuniones con otras universidades, para hacer valer sus derechos y proteger sus libertades.
La documentación conservada nos da cuenta de este hecho, en especial de los mandaderos, comisionados de la comunidad para representarla en algún negocio. Basten como muestra la embajada formada, entre otros, por Martínez de Marcilla, Fernández de Aranda y Sánchez de las Vacas, todos ellos miembros del estamento superior turolense, que en 1366 había de viajar a Zaragoza y Barcelona (Gargallo y Sánchez, 1984: 47-136). Papel que en 1373 volvió a recaer, en varias ocasiones, sobre Pedro Martínez de Marcilla, tanto de forma individual1 como acompañado por Pedro Pascual.2.
Sin embargo, era en las sesiones de Cortes donde la importancia de estas delegaciones era mayor, puesto que habían de hacerse oír y proteger sus fueros frente a poderes superiores como el soberano. Un rápido vistazo a las actas de cortes conservadas para el periodo bajomedieval es suficiente para observar que todos los representantes de Teruel tienen apellidos pertenecientes a las familias potentadas de la urbe, tal como se desprende de la elección hecha por el concejo en 1435 para acudir a las cortes convocadas en Monzón, presididas por la reina María. En esa ocasión se seleccionó a un conjunto de personas entre las cuales figuraban Pedro Martínez de Maenza, Miguel Pérez de Sadarnil, Gil Domínguez de Ocón y Francisco Domínguez de Mesado.3.
Gracias a conseguir identificarse como los mejores garantes del bien común, la oligarquía urbana adquirió importantes cotas de capital simbólico que los revistió de un simbolismo especial, lo que hacía que el resto de pobladores adquiriesen un conjunto de compromisos y deudas morales para con ellos. Obligaciones que arrancaban formas de sumisión imperceptibles, puesto que, merced a la ideología inculcada y a las expectativas comunales, esas relaciones de sometimiento eran transformadas en relaciones afectivas y de agradecimiento (Bourdieu, 2007: 189-191).
Nacer en un mundo social conlleva de forma intrínseca la aceptación de estos principios generadores de prácticas, por lo que las deudas adquiridas hacia la élite dominante y el agradecimiento posterior eran acumulados y transmitidos a las futuras generaciones. Ello no requería de una inculcación activa y constante, puesto que eran aprehendidos gracias a la interiorización de arbitrarios culturales capaces de perpetuar esos principios. El resultado era que el común únicamente podía pensar en el patriciado y su relación de dominación a través de instrumentos de conocimiento generados por la élite y compartidos por todos, lo cual hacía que la subyugación fuera el estado natural de las cosas (Fernández, 2005:15-17).
Aun con todo, cuando los principios que creaban los compromisos morales se olvidaban o las expectativas comunales no se cumplían, estos postulados podían ser puestos en duda. Lo cual obligaba a una continua reproducción de las condiciones inciertas de la dominación por lo que, disminuida la importancia militar de Teruel, la élite debió buscar otras formas de procurar el bien común.
En vista de que las amenazas físicas eran cada vez más infrecuentes, los miembros del patriciado urbano se erigieron como los únicos capaces de enfrentarse a un conjunto de enemigos intangibles que amedrentaban a sus convecinos: la criminalidad, el hambre, los miasmas y otros peligros más oscuros que atentaban contra la salvación del alma (Boucheron y otros, 2010: 268- 284). Gracias a la capacidad normativa de la que disfrutaban como miembros del concejo regularon cuestiones relativas a estos males, prestando especial importancia a evitar la escasez de alimentos mediante la salvaguardia del avituallamiento de la ciudad, e impedir la especulación en épocas de crisis o de aglomeraciones de personas como fiestas, ferias o momentos de peligro.
En consonancia con la idea de lograr el bienestar de la población, durante el siglo xiv se llevó a cabo una remodelación urbana que perseguía tres fines: asegurar la defensa de la localidad tras los desperfectos causados por la Guerra de los Dos Pedros, facilitar la circulación de transeúntes y embellecer la ciudad.
La situación de Teruel en una de las principales rutas de comercio entre los reinos de Valencia y Aragón hacía que fuera paso de un importante número de mercaderes, lo que sumado a un aumento de su población hacia finales del Doscientos colapsaba los accesos a la localidad. Fruto de este problema se decidió abrir dos nuevos portales al recinto, el de San Juan hacia el Sur (López, 1994: 139) y el de San Miguel, que conectaba con los barrios extramuros, con lo que se evitaba que sus moradores tuviesen que bordear la muralla (Abad, 2008: 35-43).
A su vez, personajes importantes dentro de la sociedad turolense del momento vieron una posibilidad de aumentar su popularidad y poder, o el de sus linajes, al costear obras menores que todos pudieran disfrutar. La documentación conservada deja clara constancia de algunos de estos actos de evergetismo, como la edificación del claustro de San Pedro llevada a cabo por Francisco Sánchez Muñoz (Martínez, M. y Latorre, J. M., 2014: 576). Otro ejemplo se encuentra en el testamento de García Martínez de Marcilla, fechado en 1357, en el cual hay una cláusula por la cual lega 30 sueldos jaqueses anuales al concejo con el fin de costear las reparaciones del puente del Vado.4.
En muchas ocasiones esta política mermaba las arcas municipales; sin embargo estos derroches encontraban su justificación en la idea de que lo hacían por el bien común, a la vez que se mostraba el poderío de la urbe frente a las aldeas bajo su dominio y al resto del reino. Ahora bien, lo que verdaderamente se ocultaba tras estas actuaciones era la construcción de un elaborado discurso que buscaba legitimar a la élite en los puestos de administración y gobierno, ya que la imagen saneada y bella de la villa era el reflejo directo del buen gobierno de la oligarquía dirigente (Geertz, 1988: 180-187; Guerrero, 2013, 88-92; Ríos, 2016: 123-124).
Hay que mencionar, además, otras actuaciones llevadas a cabo por el concejo que, aunque realizadas en pro del bien común, en realidad perseguían los intereses particulares de la élite dominante. Entre estas intervenciones se cuentan los pleitos en los que se entrometió el concejo turolense con el fin de aumentar los lugares de pasto para sus ganados. Aunque a priori esto favorecía a todos los turolenses, no podemos obviar que las mayores cabañas ganaderas se contaban entre las posesiones de los oligarcas, por lo que era a quienes más beneficiaba.
2. El monopolio del poder.
Obviando las decisiones tomadas únicamente en su propio beneficio, la asunción de la doctrina que asimilaba el bien común a la superioridad y el gobierno de la oligarquía permitieron a los caballeros villanos monopolizar el poder en Teruel. Potestad que no sólo residía en el concejo ya que, tal y como mantiene Bonachía (2003: 16-18), en el ámbito urbano el poder no es unilateral, sino que este se encuentra repartido entre el concejo, el poder real, el cabildo eclesiástico, los diferentes conventos y, en algunos casos, las minorías étnico-religiosas organizadas en aljamas. Esta fragmentación del poder es algo indiscutible que se detecta en todas las urbes bajomedievales. Empero, un análisis minucioso de las personas que formaban estas células de poder nos permite detectar una repetición constante de apellidos, lo cual es un indicio claro de que todos los puestos de importancia estaban copados por los miembros de unas pocas familias.
2.1. El clero.
Empezaremos nuestro análisis con el clero secular turolense. Desde la fundación de la villa a finales del siglo xii Teruel contó con nueve parroquias a efectos administrativos, número que se vio reducido a ocho en 1292 tras la unión de San Pedro y San Esteban. La principal de ellas era la iglesia de Santa María de Mediavilla, como le correspondía por ser la sede del arcediano, cargo eclesiástico que ejercía la jurisdicción eclesiástica en nombre del arzobispo de Zaragoza, diócesis a la que estaban adscritos estos territorios (Muñoz, 2007: 155). Por su labor de curar almas y realizar otras funciones espirituales todos los clérigos, sea cual fuere el grado que tuvieran dentro de la rígida jerarquía eclesiástica, gozaban de cierta distinción, lo que hacía que se situasen dentro del estamento privilegiado y, por lo tanto, gozasen de ciertas prerrogativas.
Junto a las tradicionales franquicias fiscales de la élite turolense, los clérigos también estaban exentos de cualquier servicio militar. En este sentido, no eran convocados para presentarse a hueste o apellido, ni debían pagar la fonsadera por no acudir a la llamada; lo cual no significaba que no pudiesen unirse a las tropas de forma voluntaria. Más aún, disfrutaban de inmunidad ante la justicia secular, por lo que debían ser juzgados por jueces de su misma condición y no podían ser obligados a comparecer ante su par en un duelo judicial.
Esta inviolabilidad no tardaría en ampliarse a sus bienes particulares, amenazando a los infractores con penas tan graves como la excomunión. Lo que se sumó, en el caso turolense, al privilegio otorgado en 1259 por Jaime I mediante el que eximía del pago del montazgo a todos los rebaños de su propiedad, circunstancia que propició que incrementaran el número de sus reses y figuraran dentro del círculo de grandes propietarios de ganado junto con los miembros de la oligarquía laica. Todo ello haría que muchos de ellos abandonaran las preocupaciones espirituales por otras mucho más terrenales, hecho del que nos da cuenta la amonestación enviada por el arzobispo de Zaragoza en 1377 a los canónigos del templo de Santa María de Mediavilla, quienes habían descuidado sus obligaciones pastorales (Gargallo, 1996, 569-573; Muñoz, 2007: 128).
Sin embargo, lo que aquí nos interesa es la ocupación de los cargos de mayor peso dentro del organigrama eclesiástico por personas que ostentaban los apellidos de las familias hegemónicas del Teruel bajomedieval; algo nada extraño si tenemos en cuenta el derecho de patronato que el prelado zaragozano había otorgado a la villa sobre sus iglesias y las de muchas de las aldeas de su alfoz. Concesión que se aumentaría en 1257 cuando el mitrado decretó que el acceso a los beneficios de las raciones de las iglesias turolenses quedaba reservado, únicamente, para quienes hubiesen nacido intramuros de la urbe y estuviesen iniciados en letras.5.
Por estas razones la carrera eclesiástica fue una importante salida para los vástagos menores de las familias más adineradas e importantes, quienes, además de asegurar un puesto privilegiado para sus hijos, conseguían introducir a un miembro de su estirpe en uno de los principales resortes del poder en la vida turolense. Como no podía ser de otro modo, los Marcilla, uno de los principales linajes en Teruel durante todo el periodo medieval, contaron con varios de sus miembros en puestos de relevancia dentro de la Iglesia. Hecho más que evidente a principios del siglo xiv cuando el racionero de la iglesia de San Martín —Pedro Martínez de Marcilla—,6 dos de los canónigos de Santa María —Martín Martínez de Marcilla y Martín Garcés de Marcilla—7 y el propio arcipreste —Miguel Pérez de Marcilla—8 compartían este apellido.
Otra de las dinastías con miembros dentro del clero turolense son los Ladrón, con Pedro Ladrón como vicario de la parroquia de Santa María entre 1332 y $1 3 4 0 ^ { 9 }$ y Pascual de Ladrón, canónigo en el mismo templo en 1356.10 Así mismo, tenemos constancia de que los Camañas también lograron introducirse en estos puestos, aunque de forma algo más tardía, puesto que no será hasta 1395 cuando encontremos al primero de ellos, Pedro Camañas, como racionero de San Pedro.11 Sin embargo, esta familia ya será una constante dentro del clero turolense, testimonio de lo cual hallamos a Jaime de Camañas ocupando ese mismo puesto años más tarde, mientras que su pariente Luis Camañas figuraba como procurador de la ahora colegiata de Santa María. Igualmente, los Sánchez Muñoz, linaje que junto con los Marcilla protagonizaron los conflictos por el dominio de Teruel durante todo el siglo xv, militaron entre las filas de los eclesiásticos. El miembro de mayor renombre con este apellido fue Gil Sánchez Muñoz, quien ocupó el arciprestazgo a finales del siglo xiv, 12 ministerio que no fue sino la antesala de un cursus honorum que le llevaría a ser canónigo de Barcelona y posteriormente elevado a la dignidad obispal por Benedicto XIII, a quien sustituiría en sus pretensiones a la cátedra de San Pedro hasta 1429, año en el que reconoció la autoridad de Roma y fue nombrado obispo de Mallorca (Navarro y Villanueva, 2006-2008).
La gran mayoría de estos religiosos no permanecieron ajenos a los conflictos internos de la villa, sino que en muchas ocasiones los lazos de sangre eran mucho más poderosos que la parentela espiritual propia de su oficio. Estas relaciones familiares no fueron bien vistas por la monarquía, máxime cuando desde su posición disponían de influencia y un contacto directo con el pueblo llano, por lo que intentaron acabar con ellas mediante la promulgación de una serie de edictos que privaban a los miembros de la Iglesia de mantener los derechos de sus padres o de poder recibir parte de la herencia (Muñoz, 2007: 127).
A pesar de todo, estas prohibiciones no fueron óbice para que los clérigos dispusieran a su antojo de sus bienes y de los beneficios que sus cargos les conferían. Algo que queda manifiesto en los legados testamentarios que muchos eclesiásticos hicieron a favor de sus familiares más cercanos, tal y como hizo Sebastián de Visiedo, canónigo de Santa María, en 1260.13 De forma similar actuó mosén Francés de Aranda dos siglos después, quien en 1402 nombró heredero universal de sus cuantiosas propiedades a su sobrino Martín Martínez de Marcilla.14 Otro ejemplo de la unión entre los sacerdotes y sus linajes de sangre es el del arcipreste de Teruel Gil Sánchez Muñoz, quien en 1404 costeó la dote de su hermano Pedro, valorada en 20.000 sueldos jaqueses, suma que se entregaría en cinco anualidades de 4.000 sueldos jaqueses y se obtendría de las rentas del arciprestazgo.15
2.2. Los puestos de designación real.
Otro de los resortes, junto con la Iglesia, sobre el que recaía parte del poder en las villas de realengo eran aquellos puestos que representaban al monarca y velaban por sus intereses.
En un primer momento esta función recaía sobre el tenente de la villa, delegado real que personificaba al monarca y a su autoridad superior, quien ejercía como una instancia de poder intermedia entre el concejo de la urbe y el rey. A pesar de que la figura del senior o dominus villae es común en muchas poblaciones de este periodo sus atribuciones fueron mucho menores en Teruel, ya que se ceñían a los ámbitos militar y fiscal, resultado de las amplias concesiones otorgadas a los nuevos pobladores. Igualmente, parece que pudo tener cierto papel en la administración de justicia, aunque únicamente como un tribunal de apelación en los supuestos recogidos en el código legal.
Así mismo, como encarnación de la figura soberana, todos los habitantes de la villa le debían obediencia absoluta, al mismo tiempo que su persona y su hacienda disfrutaban de inmunidad frente a la jurisdicción concejil. Razón por la que en el fuero turolense hay varios puntos dedicados a coartar su poder con el fin de evitar posibles abusos, y otros específicos para impedir que, merced a su superioridad social, pudiera controlar cualquiera de las magistraturas municipales o apoyar a alguien para alcanzarlas (Gargallo, 1996: 658-668).
Al tratarse de un puesto de designación real, el monarca podía disponer de él a voluntad, entregando el señorío sobre Teruel a la persona de su elección y por el tiempo que creyese conveniente. Por ello la duración no fue una constante, sino que encontramos personas que disfrutaron de este título durante un breve periodo, mientras que otros, como Pedro Fernández de Azagra, lo fueron de forma vitalicia.
No cabe duda alguna de que los diferentes soberanos entregaron la honor turolense siguiendo una estrategia política compleja y que no podemos entender en toda su amplitud, resultado de lo cual siempre recayó en gentes de la nobleza aragonesa cercana al rey, caso de Pedro Cornel o Blasco de Aragón (Caruana, 1957: 64). Sin embargo, su cesión podía ser una forma de premiar y recompensar a ciertas personas por su ayuda o, como en el caso de los Azagra de Albarracín, el precio para comprar su fidelidad; lo cual cobra sentido si consideramos que en la tenencia turolense es el senior quien percibe, para sí mismo, todas las rentas y prestaciones que debían la villa y su alfoz hacia el monarca.
Simultáneamente, disfrutar de tal puesto era un trampolín perfecto desde el cual poder aumentar su poder en la zona meridional del reino, pero en especial su hacienda. El mejor ejemplo es el de Miguel de Santa Cruz, tenente durante los primeros años de repoblación y consolidación de la villa —entre 1176 y 1182— quien, gracias a su puesto, logró amasar una fortuna considerable. Al margen de ello, este personaje aprovecharía su posición para construir una acequia que moviera unos molinos de su propiedad; esta canalización, que extraía el agua del Guadalaviar y la devolvía a su curso natural tras bordear la urbe, es una de las primeras documentadas y seguramente tuvo una importancia crucial a la hora de diseñar el sistema de regadíos medieval turolense, lo que le reportaría un aumento de su influencia en la villa (Ríos, en prensa).
Si bien este cargo quedaba lejos de las aspiraciones de los caballeros villanos turolenses, la ausencia generalizada de los tenentes de la urbe, causada por sus numerosas posesiones y su integración en las comitivas que acompañaban a los monarcas, obligó a la creación de un cargo que se ocupara de gestionar la honor de Teruel: el alcaide. Como delegado directo del tenente, recaía sobre este su designación durante un tiempo indefinido pero, al contrario que él mismo, se solía elegir a uno de los propios vecinos de Teruel y, a juzgar por los escasos legajos conservados, perteneciente a la oligarquía.
No obstante, este ministerio quedaba bajo una mayor vigilancia que el de su superior directo, porque en el fuero se incluyeron una serie de cláusulas que buscaban controlar sus actuaciones y evitar que estas pudieran perjudicar a algún vecino. En este sentido, en el momento de ser nombrado, se le exigía entregar su casa al concejo como fianza, bajo amenaza de no poder percibir ninguna renta asociada a la honor hasta que lo hiciera (Gargallo, 1996: 665).
Quienes ocuparon este cargo se vieron en una situación inmejorable para consolidar su posición dentro del estamento dominante de la sociedad turolense, valga como ejemplo el caso de algunos miembros de la familia Varea, en especial Lope de Varea. Este personaje debió de tener una estrecha relación con Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín y tenente de Teruel, quien entre otras mercedes lo nombraría alcaide entre 1187 y 1196, periodo que aprovechó para aumentar sus posesiones en las inmediaciones de la urbe como parte de lo que Anna Mur entiende como un proyecto encaminado a reforzar su posición en la villa (Mur, 1988: 37-41). De forma similar ocurrió con Domingo Escolar medio siglo después, cuyo nombre aparecerá con mayor asiduidad en la documentación a partir de 1248, lo que denota la importancia de su posición social en la jerarquía turolense (Gargallo 1996: 665).
A pesar de que la dignidad de dominus ville desapareció durante el reinado de Jaime I esto no ocurrió con la alcaidía, cargo que persistió hasta, al menos, finales del siglo xiv, aunque convertido ahora en un mero gestor del patrimonio real del lugar. La pérdida de sus atribuciones militares tradicionales también vino marcada por la asunción de la administración de los espacios fortificados turolenses por las autoridades locales, al contrario que en otras plazas fuertes como Calatayud o Daroca donde continuó el sistema de alcaidías. Ello no obstó para que durante los periodos de guerra, momentos en los que el monarca volvía a disponer de los baluartes, se delegara el gobierno de las mismas en un alcaide (Lafuente, 2013: 215-216), ocasiones que podían causar problemas jurisdiccionales, tal y como previó Pedro IV en 1368 al nombrar un nuevo alcaide para la fortaleza de Teruel, custodiada por Juan Fernández de Heredia.16.
Fue también durante las primeras décadas de existencia de la villa —1208— cuando Pedro II decidió crear el cuerpo de jurados, formado por un total de catorce personas elegidas directamente por el monarca de entre los boni homines que la habitaban. Pese a que únicamente podemos conjeturar acerca del motivo que llevó a la inserción de este nuevo órgano dentro del entramado institucional turolense, la opción más probable parece ser la de disminuir y controlar el poder otorgado al concejo, monopolizado y usado en su propio beneficio por los caballeros villanos. Para lo cual aprovechó un momento de disensión y conflicto entre la oligarquía turolense y los sectores menos agraciados.
De ahí que una de sus principales atribuciones fuera la de supervisar y controlar a los funcionarios concejiles y las acciones que estos llevaban a cabo para después informar al rey. Con este fin se les dotó de la capacidad de vetar las decisiones de los magistrados, en especial aquellas que tenían que ver con la administración de justicia si entendían que eran fruto de alguna irregularidad. Igualmente, con vistas a mantener el orden público, dentro de sus competencias estaba el asegurarse que los daños entre los vecinos fueran reparados y que estos cumplieran las treguas firmadas entre el rey y otros gobernantes, fueran estos musulmanes o cristianos (Gargallo, 1991b: 14).
Más allá de estas amplias facultades, no parece que el cuerpo de jurados interfiriera con frecuencia con las decisiones tomadas desde el concejo, ni supusiera un problema para la posición dominante de la caballería villana, puesto que la gran mayoría de quienes figuraron en las listas de jurados se inscribían dentro del grupo oligárquico. Lo cual no es óbice para que en algunos momentos, obligados por las responsabilidades que conllevaba su título, actuaran en contra de sus intereses de clase en favor del compromiso contraído con el soberano al cual rendían cuentas.
Intromisiones que seguramente no serían bien recibidas por el resto de la élite turolense y causarían el rechazo de las clases más acomodadas, hecho que debió de tener relación con la diferente evolución que tuvo esta institución en Teruel de la producida en otras ciudades y villas aragonesas del mismo periodo. Mientras que en otros municipios llegarían a asumir el poder que antes pertenecía al concejo, en Teruel no sólo verían disminuido su número a ocho, sino que fueron degradados a colaboradores del juez y los alcaldes, aunque nunca perdieron su cometido como garantes del buen gobierno al evitar los abusos del resto de funcionarios. Más aún, en 1256 Jaime I otorgó a los turolenses el privilegio de que estos oficiales fueran elegidos igual que el resto de cargos concejiles, por sorteo entre los caballeros inscritos en cada una de las parroquias, y dejasen de ser designados por él mismo (Gargallo, 1991b: 23-24).
Coincidente en el tiempo con la reforma del cuerpo de jurados es la desaparición de la figura del tenente, con lo que tanto la villa de Teruel como su alfoz pasaban a estar bajo dominio directo del soberano, circunstancia que se mantendría ya durante todo el periodo medieval. La disolución del dominus ville y su sustitución por un conjunto de oficios de designación real se encuadra dentro de una serie de transformaciones políticas que afectaron al reino de Aragón, y cuya consecuencia más visible es el alejamiento de la nobleza del gobierno de las ciudades y villas. Sin embargo, estos cambios llegarían a Teruel medio siglo más tarde de la fecha propuesta por Ubieto para el resto del territorio Aragonés (Ubieto, 1983: 89-90) lo que se debe, probablemente, al valor estratégico y militar de esta población en la guerra contra los musulmanes del levante peninsular.
En el estado actual de las investigaciones no podemos saber si las oligarquías urbanas tuvieron que ver con estos cambios, aunque es cierto que una de sus consecuencias directas es el aumento de poder de estos círculos privilegiados, quienes monopolizarían los puestos de un gobierno municipal cada vez más autónomo. No obstante, estas circunstancias no se prolongarían durante un lapso de tiempo importante, ya que a mediados del Doscientos surgieron una serie de nuevos funcionarios reales que asumieron algunas de las competencias propias de la administración señorial.
Para el caso objeto de este análisis, el primero de estos oficiales era el justicia, quien, como lugarteniente del rey en la primero villa y después ciudad de Teruel,17 llegaría a concentrar un importante poder procedente de sus amplias competencias en el plano judicial.
Conforme indica Gargallo, lo más probable es que fuera instituido por Jaime I durante los primeros años de la segunda mitad del siglo xiii y no fuera fruto de la evolución de un cargo preexistente. En esa línea, el justicia venía a ser un órgano de segunda instancia encargado de resolver, en nombre del rey, las apelaciones que llegaran a él sobre sentencias emitidas por los tribunales formados por las magistraturas concejiles. A pesar de que esto se traducía en una disminución considerable de la capacidad judicial que la élite tenía sobre sus convecinos, no parece que estos se opusieran de forma tenaz, al menos durante los reinados de Jaime I y Pedro III, al nuevo cargo. La ausencia de conflictos parece estar relacionada con que los soberanos escogieran de entre los miembros del patriciado a las personas que ostentaron este título, ejemplo de Gil Sánchez y García Rodríguez de Varea (Gargallo, 1996: 677-682).
Ahora bien, el estallido violento de las tensiones existentes entre los caballeros villanos y el común, y la villa de Teruel y sus aldeas, hicieron que el monarca se decantara por individuos de la baja nobleza aragonesa, ajenos a la sociedad turolense, para que ocuparan el justiciazgo e intervinieran en la resolución de estos conflictos internos de forma imparcial. Al mismo tiempo, las atribuciones del justicia se fueron aumentando y sobrepasaron la esfera judicial, lo que causó malestar entre los miembros de la aristocracia turolense y desembocó en un enfrentamiento abierto entre la élite y Pedro III, quien no dudo en suspender los cargos concejiles y sustituirlos por oficiales nombrados directamente por él. De forma simultánea se inició una inspección acerca de la elección de los miembros del concejo, en torno a la que sospechaba que podían existir irregularidades, de lo que resultó el procesamiento de medio centenar de caballeros (López, 1994: 111; Caruana, 1971:254-258).
Sin embargo, un giro inesperado en la política del momento vino a favorecer a la oligarquía turolense. El deterioro de las relaciones con el señorío de Albarracín hizo que Teruel recuperase la importancia estratégica y militar como lugar de frontera, más aún, resurgieron las necesidades de un contingente armado que vigilase y protegiese este territorio. Todo ello no pasaría desapercibido a los hombres de caballo turolenses, quienes aprovecharían esta ventajosa situación para recuperar todos los derechos que el soberano les había sustraído.
El monarca, necesitado de apoyos tras el conflicto de la Unión y previendo las hostilidades con Albarracín, no dudó en ganarse el favor de los caballeros villanos turolenses mediante la devolución de las prerrogativas que les había enajenado. Lo primero fue desistir del intervencionismo real en el gobierno de la villa, que fue devuelto a los cargos electos del concejo, y la suspensión del justiciazgo. Igualmente perdonó a los caballeros encausados durante la investigación acerca de corrupción en la elección de las magistraturas municipales. El resultado de todo ello fue una vuelta a la situación anterior a la entronización de Pedro III, incluso con una mayor monopolización del gobierno urbano, si tenemos en cuenta la desaparición de la figura del justicia.
Mas esto no iba a durar mucho tiempo, ya que una nueva disputa entre la mano mayor —los vecinos con mayor capacidad pecuniaria— y la menor —el común— hizo que Jaime II, recién elevado al trono aragonés, restaurara el justiciazgo en la persona de Pedro Jiménez de Iranzo, quien ostentaría simultáneamente este título y el de sobrejuntero. Poseer este segundo cargo, para el cual era requisito indispensable ser un noble aragonés entendido en asuntos de guerra (Lacarra, 1972: 114), otorgaba a la persona atribuciones ejecutivas y un contingente armado para mantener la paz y apresar a los delincuentes; lo que sumadas a las facultades judiciales propias del justiciazgo le reportaba una autoridad poco habitual en otras partes del reino. De modo que se convirtió en un obstáculo continuo para las aspiraciones de los caballeros villanos de monopolizar el poder.
Desde este momento la figura del justicia será una constante durante el resto del periodo medieval, y es que a pesar de los intentos de la oligarquía de su abolición, lo único que lograron fue que se impusiese el consentimiento por parte del concejo para su nombramiento y que este fuera durante un periodo de tiempo concreto (Gargallo, 1996: 686). Así, cada vez que la conflictividad entre Teruel y las aldeas o entre las familias oligárquicas —Marcillas y Muñoces— ponía en peligro la paz social, el rey nombraba a un nuevo justicia para que solucionara los problemas, según expone Jaime Caruana en su estudio sobre los distintos justicias y sus actuaciones entre 1277 y 1500 (Caruana, 1971).
El último de los cargos que figuraba dentro de la nómina de oficiales reales era el baile.18 Aunque más centrado en la administración del patrimonio real en Teruel —recaudación de impuestos ordinarios y extraordinarios, administración de las rentas de la bailía o pago de salarios y asignaciones otorgados por los monarcas entre otras misiones— su designación no suponía un aumento del espacio de poder tradicional del soberano. Mas no por ello su existencia estuvo exenta de enfrentamientos con el concejo, pues este también era el encargado de investigar y supervisar sus cuentas y asegurarse que determinadas partidas presupuestarias se invirtieran en aquellos servicios para los cuales estaban destinados (Gargallo, 1996: 704-714).
2.3. Las magistraturas municipales.
Pero sin lugar a dudas, la oligarquía turolense buscó dominar los órganos encargados de regular la vida social, gestionar la autonomía interna y detraer la recaudación fiscal a través de la cual sufragaban las necesidades comunales.
Del mismo modo que el acceso al estrato privilegiado de los caballeros villanos no era algo cerrado, tampoco lo estaba la entrada a las magistraturas municipales para todos aquellos que disfrutaran del estatus de caballero villano. Circunstancia que disgustaba a las familias de rancio abolengo, quienes buscaron diversos métodos para impedir la llegada de estas nuevas gentes a los puestos de mayor relevancia.
La primera de estas medidas la encontramos en 1250 cuando Jaime I, seguramente instigado por la oligarquía, instituyó el consejo. Este órgano, al contrario que el concejo que estaba integrado por todos los vecinos y al cual vendría a sustituir en diversas funciones, únicamente estaba formado por el juez y los alcaldes de la villa, los tres hombres del concejo y un número indeterminado de probos homine como consejeros. Su monopolización por parte de la élite es manifiesta cuando Alfonso IV, ochenta años después de su creación, concedió a los menestrales y agricultores que pudieran elegir a dos o tres personas para que asistiesen a sus reuniones, quienes no debían ser estorbados ni impedida su asistencia. El control del consejo fue una de las formas utilizadas por los clanes familiares más importantes de los municipios aragoneses para asegurar su presencia de forma continuada en los aledaños del poder municipal (Gargallo, 1996: 727-730; Iranzo, 2005:157-160).
Otro de los puntos que nos ilustran sobre el acaparamiento del poder por esta casta guerrera está en los llamados tres del concejo. Al igual que el consejo, esta institución fue creada por Jaime I en 1259, año en el que permitió al concejo turolense escoger a tres hombres y asignarles un número indeterminado de asesores, al mismo tiempo que se comprometía a validar todo lo que ellos hicieran en beneficio de la urbe.19 Que Alfonso IV disminuyera su número a dos personas y estableciera que uno debía pertenecer a los caballeros y otro al conjunto formado por menestrales y labradores parece indicar que originariamente estaba compuesto, exclusivamente, por tres caballeros.
Sin embargo, la mayor victoria frente al común vino dada por la ampliación del fuero que realizó el Ceremonioso en 1350, por la que se obligaba a los menestrales que quisieran acceder a un cargo municipal a renunciar a su trabajo al menos un año antes de presentar su candidatura. A través de privarles de la actividad manual que les daba su sustento se aseguraba que estos dispusieran de la capacidad económica suficiente para vivir holgadamente varios años. Además, también se exigía que este mantuviese caballo y armas durante, al menos, el año de su mandato y los diez subsiguientes (Caruana, 1956: 246).
La manutención de la montura y la panoplia militar, de acuerdo a las especificaciones del fuero, era puesta a prueba durante los alardes. A pesar de que las únicas pruebas documentales que se conservan están fechadas a principios del siglo xv, 20 la fórmula con la que se acompañan estos documentos «segunt costumbre antigament usada en la dita ciudat» hace pensar que esta es muy anterior, como observa Carmela Pescador en la Castilla del siglo xiii (Pescador, 1964: 190-197).
Estas muestras de caballos que se celebraban tres veces al año —día de San Juan, día de San Esteban, y el lunes de Pascua, víspera de la elección de los miembros del concejo— reunían en la plaza frente al templo de Santa María de Mediavilla a todos los hombres de caballo de Teruel, quienes eran examinados por un tribunal formado por el juez y dos miembros de la cofradía de caballeros de San Jorge, encargados de decretar si cumplían los mínimos exigidos en la normativa foral (Terrado, 1985: 79-81). No cabe duda de que dejar esta decisión en manos de tres caballeros, dos de los cuales seguramente pertenecían a las familias más poderosas al ser cofrades de San Jorge, no era algo al azar, sino que con ello se perseguía poner más trabas a las personas menos pudientes e influyentes.
Aun con todo, vemos que el número de caballeros que son declarados no aptos por no cumplir los requisitos es mínimo. De las diecisiete muestras documentadas entre 1412 y 1418 sólo en dos de ellas se pone en duda el valor de alguna de las monturas presentadas. En concreto, en el alarde celebrado en abril de 1415, de los treinta y seis caballos examinados cinco son considerados con un valor inferior a los 200 sueldos jaqueses marcados en el fuero; no obstante, en la muestra celebrada unos meses después, cuatro de los rechazados juraron que sus monturas sí estaban estimadas en esa cantidad y fueron aceptados. Mientras que en el alarde celebrado el día de San Esteban el número es todavía menor, únicamente cuatro caballeros de los cuarenta y seis que habían acudido son descartados (Terrado, 1991: 418-450).
Como resultado de este conjunto de medidas, los mercaderes y burgueses enriquecidos no llegaron a alcanzar los puestos del gobierno local de Teruel, frente a lo que sí sucedió en las ciudades catalanas (Sabaté, 1998: 128-132), circunstancia que no se daría por un veto directo, sino porque para poder postularse como candidato a una de las magistraturas municipales debían asimilarse al grupo dominante, únicas personas posibilitadas para ostentar determinados cargos. De ahí que no encontremos menestrales entre las listas de miembros del concejo, lo que no quita para que sí aparezcan personas que se asimilen con un trabajo manual. En ese sentido hallamos apelativos que hacen referencia al oficio que desempeñaron con anterioridad a su integración en las filas de los dirigentes, como Juan Benedito, alcalde en 1340-1341, del cual se especifica que «en tiempo pasado era peraire» (López, 1994: 239). Estos recordatorios aparentar ser una maniobra de los linajes más influyentes dentro de la élite, quienes procuraban que no se olvidara el pasado humilde de estos advenedizos, con objeto de remarcar las diferencias entre unas familias y otras.
En contraste con lo que acabamos de ver, se observa que durante el Cuatrocientos tuvo lugar la entrada de un conjunto de apellidos, desconocidos hasta el momento, en los listados de magistrados concejiles y que desde entonces se convertirán en una variable perdurable. Se trata de las familias de origen judaico que, debido al recrudecimiento de la violencia contra ellos y a las estrictas normas dictadas por Benedicto XIII a principios de la centuria, decidieron convertirse al cristianismo. Gracias a las fortunas que habían logrado amasar y a sus contactos e influencia no les resultó difícil integrarse en la oligarquía urbana, y así se detecta también en otros municipios aragoneses.
Esto no significa que todas las familias de cristianos nuevos existentes en el Teruel del siglo xv ocuparan cargos en la administración urbana, pero sí una gran mayoría entre los que se cuentan las familias Besant, Sánchez Exarch —o Xiarch—, Gracián, Puigmiga, Ram, Toledo y Ruiz (Navarro, 2002: 751-766; Sánchez y Monasterio, 1972; Sánchez y Monasterio, 1973). Todos estos linajes llegaron a contar con miembros con el estatus de caballero villano que desempeñaron un papel importante dentro de la administración local. Una prueba del poder que alcanzaron es la negativa de la ciudad a la instauración de la Inquisición, cuando en 1484 el concejo ordenó cerrar las puertas e impedir la entrada de los componentes del Santo Oficio enviados a Teruel (Sánchez, 1962: 107-110).
A pesar de que estos cristianos nuevos se insertaron en el tejido social cristiano, el resto de la población conocía su pasado hebreo y los trataban con ciertas reticencias. Fueron pocas las estirpes del patriciado que superaron sus reservas y tuvieron tratos cordiales con ellos, algo que queda manifiesto en las relaciones matrimoniales: la mayoría de linajes de conversos prefirieron emparentar con otros de su misma categoría, mientras que únicamente dos apellidos de cristianos viejos, los Galve y los Marcilla, se atrevieron a desposar a sus descendientes con ellos (Navarro, 2002; Muñoz, 2003). Que los Marcilla se emparejasen con algunas de estas familias —Ram, Ruiz y Santángel— no es algo fortuito, ya que estos matrimonios les dieron acceso a las riquezas de las anteriores familias judías y a sus numerosos contactos, en un momento en el que toda la sociedad turolense se hallaba polarizada entre este linaje y el de los Sánchez Muñoz, quienes se enfrentaron por tener una posición hegemónica en Teruel.
3. Los conflictos verticales.
Como se ha podido comprobar, existía un consenso en la sociedad de la época acerca de que el gobierno debía recaer en las manos de la élite, por lo que la monopolización de los resortes de la administración municipal no suponía mayores inconvenientes. Los problemas surgían cuando los miembros del estamento privilegiado contravenían las normas de su propio juego en busca de mayores cotas de poder.
Los preceptos que se rompían con mayor frecuencia eran aquellos dirigidos a evitar la reiteración de un mismo individuo en diversos cargos, algo que el fuero de Teruel prohibía tajantemente al especificar claramente que las personas que acababan su mandato no podían presentar candidatura a ningún otro cargo durante el año siguiente (Castañé, 1989: 87). Normativa que encontramos en muchas otras poblaciones de toda la península, y en las cuales también tenemos indicios de que era infringida continuamente (Sabaté, 1998: 138; Iranzo, 2005: 295; Pescador, 1964: 204-208).
La primera noticia que tenemos de estas corruptelas en el consistorio turolense procede de la ya mencionada inquisición que llevó a cabo Pedro III en 1279, lo cual sugiere que debían de ser flagrantes y venir ocurriendo durante cierto tiempo cuando atrajeron la atención del soberano. La actuación real y sus consecuencias —suspensión de la elección de cargos, múltiples multas, penas corporales y la pena capital para un reducido número de personas (Gargallo, 1996: 550)— caerían en el olvido, ya que la repetición de nombres en los listados del concejo era algo que ocurría con cierta asiduidad. Es el caso de Pero Navarro, notario, quien fue alcalde en 1452, consejero en 1453 y otra vez alcalde en 1454, cargo que repetiría al año siguiente.21 Un ejemplo semejante es el de Pero Besant, quien aparece en las listas de forma ininterrumpida desde 1454 a 1465, año en el que figuran dos personas homónimas, lo cual podría indicar que hasta esa fecha habían sido dos personas que compartían nombre turnándose en el cargo.22.
A estas ilegalidades se sumaba el uso del poder de las instituciones en su propio beneficio, tal como hemos visto. Todo ello generaba cierto malestar entre los miembros del común, quienes hastiados de estos comportamientos incívicos y de su nula representación se levantaron en armas contra la élite dirigente. La Crónica de los Jueces de Teruel da cuenta de la primera de estas revueltas, cuando en la entrada dedicada a la judicatura de Pedro Zaragozano —1265-1266— especifica que «levantaronse los menudos contra los mayores en la villa de Teruel» (López, 1994: 104). Como ya se ha dicho, este enfrentamiento se saldaría con la intervención real y el suspenso de las elecciones de cargos durante un breve lapso de tiempo.
A pesar de que Alfonso IV aseguró la asistencia de miembros del común en las sesiones del consejo, y de ordenar que uno de los miembros de los tres del concejo debía ser menestral o labrador de forma alterna, el acceso a los cargos volvería a ser motivo de disputa. Así en 1367 Pedro IV dispuso que junto al procurador por el brazo mayor hubiese otro por el menor.23.
Con todo, estas disputas dentro de la urbe no tenían comparación con las generadas por los habitantes de las aldeas dependientes de Teruel, sobre las cuales la cabecera ejercía un poder abusivo. Además de estar obligados a entregar a la villa una serie de impuestos dirigidos a suplir la exención fiscal de los vecinos, esta poseía toda la jurisdicción civil y criminal, siendo el juez de Teruel la única autoridad capaz de juzgar y castigar delitos (Gargallo, 1996: 44-46; Caruana, 1971: 246).
El origen de todas las revueltas parece radicar en esta última causa, puesto que resultaba excesivamente gravoso para los aldeanos tener que desplazarse hasta la urbe para solucionar sus pleitos, más si tenemos en cuenta la distancia y la dificultad de las comunicaciones en esa época. Si bien la Sentencia de Escorihuela —1277— venía a disminuir este inconveniente al permitir al resto de poblaciones tener dos jurados, quienes estaban facultados para emitir sentencia en pleitos de hasta 5 sueldos jaqueses, con el tiempo lo agravó, puesto que las aldeas buscaron aumentar sus atribuciones (Caruana, 1971: 246-248).
La primera rebelión documentada es la de 1331 (López, 1994: 136), pero a partir de esa fecha los levantamientos se convirtieron en un mal endémico, más si cabe tras 1366, año en el que Pedro IV restringió la jurisdicción que Teruel tenía sobre las aldeas. Tras la defunción de Martín I las discordias aumentaron considerablemente, hasta tal punto que en 1441 se organizaron cabalgadas desde la ciudad hacia las poblaciones sublevadas como Villel, Libros, Tramacastiel o Cascante (Navarro y Villanueva, 2003: 215).
Ese mismo año la libertad de estos municipios aumentó cuando Alfonso V les entregó la jurisdicción civil y criminal, privando de ella a la ciudad. La élite turolense buscó por todos los medios recuperar sus privilegios perdidos; pidieron al monarca que revocara su disposición y, ante su negativa, lo presentaron como greuge en las cortes de Zaragoza de 1447. Simultáneamente, el juez electo de Teruel reunió a un grupo de caballeros con el que se dirigió hacia algunas aldeas —Cella, Caudé, Celadas y Villalba— en las cuales se habían levantado horcas, símbolo de la jurisdicción recién adquirida, y las destruyeron, además de liberar a Antón Camañas, que se encontraba preso en una de ellas (López, 1994: 245-250).
Estos acontecimientos llevaron al soberano a intervenir. Este obligó a las dos partes a firmar una concordia por la que se hacía un reparto equitativo de la magistratura superior, pues desde ese momento el cargo de juez sería ocupado por un ciudadano o un aldeano de forma alterna (López, 1994: 251). El pacto no sería respetado por parte de los turolenses, quienes de nuevo organizaron una algarada con el fin de destruir la horca que se había erigido en la vecina localidad de Caudé. Sin embargo, estos no salieron indemnes de la tropelía, puesto que fueron encausados por los delegados reales y sentenciados todos ellos a la pena capital.24.
A pesar de la dureza del castigo, los turolenses no acataron las disposiciones reales hasta que el baile del reino, Martín de Lanuza, se personó a las puertas de la ciudad con un ejército, dispuesto a hacer cumplir las órdenes del monarca por la fuerza. Aun con todo, una vez alejado el ejército, estos tomaron represalias contra los habitantes del alfoz, apresando al juez e incendiando la horca levantada en La Puebla (López, 1994: 254-270).
Los conflictos continuarían hasta 1460, cuando Juan II devolvió la justicia civil y criminal, el mero y mixto imperio, al concejo turolense. No sin antes permitir que los casos que no superasen los 100 sueldos jaqueses —200 sueldos jaqueses en el caso de Sarrión, Rubielos y La Foz— fueran juzgados en las propias aldeas. Cuantías que meses después aumentaría a 200 y 300 sueldos jaqueses respectivamente, a la vez que dotaba a los aldeanos de la capacidad de incautar armas y arrestar a los alborotadores, siempre y cuando los presentaran ante el juez en la capital en un máximo de cinco días (Caruana, 1971: 299-300; López, 1994: 271).
4. Consideraciones finales.
Me gustaría finalizar este análisis resaltando una serie de ideas que se han ido desgranando a lo largo de las páginas precedentes. El primero de estos aspectos es que, a pesar de que la élite turolense siempre se encontró en una situación de superioridad sociopolítica frente al común, esta no siempre fue igual a lo largo de los siglos, sino que este grupo vivió periodos de esplendor y otros en los que su autoridad se puso en entredicho.
Aun con todo, la oligarquía turolense logró una dominación indiscutida no gracias a la violencia, sino al consentimiento por parte de la población. Aquiescencia que consiguieron mediante la imposición de una ideología capaz de mantener unida a toda la población, y asegurar el rol del patriciado como el único capaz de garantizar el bien común. Al mismo tiempo, la defensa de los intereses comunes hacía que el resto de pobladores adquiriese unas deudas morales que generaban unas formas de sumisión, casi imperceptibles, basadas en el agradecimiento. Formas de dominación que se autoperpetuaban al heredar las nuevas generaciones los arbitrarios culturales sobre los que se sustentaban.
Gracias a todo ello, la oligarquía turolense logró monopolizar el poder en la primero villa y después ciudad, ya que sus miembros coparon los puestos de la mayoría de los resortes de poder de Teruel. No obstante, el consenso era muy frágil y no tardó en romperse cuando los dominadores abusaron de su posición privilegiada en su propio beneficio de forma evidente, lo que trajo consigo el alzamiento en armas de los menos afortunados. Fue en esos momentos cuando los caballeros villanos no dudaron en recurrir a instancias superiores, como el monarca, o al uso de la violencia para defender su posición preeminente. Algo que no interfería para que diversas familias adineradas lograran entrar a formar parte de la oligarquía y desempeñaran cargos en el concejo, como fue el caso de algunos menestrales o de varios linajes de conversos durante el siglo xv.
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