Tres Seminarios españoles del Setecientos: Reformismo, Ilustración y Liberalismo.
Cayetano MAS GALVÁN Universidad de Alicante.
RESUMEN.
En este trabajo se efectúa una aproximación general a los Seminarios Conciliares españoles del siglo XVIII, centrada en el análisis de tres de los casos más significativos: los de Orihuela (como expresión del reformismo anterior a la introducción de las corrientes ilustradas), Murcia (como ejemplo de la difusión de tales corrientes) y Salamanca (como modelo normativo). Por este medio, se pone de manifiesto la importancia que los Seminarios tuvieron como vía de renovación de los estudios superiores (no sólo eclesiásticos), y sus vinculaciones con las estrategias adoptadas por la política regalista.
Palabras clave: Iglesia católica, España, Siglo XVIII, Seminarios Conciliares, Orihuela, Murcia, Salamanca, Regalismo, Ilustración, Liberalismo, Reformas, Educación superior.
Three Spanish Seminars in the Eighteenth Century: Reformism, Enlightenment and Liberalism.
ABSTRACT.
In this work a general approach is made to the Tridentins Spanish Seminars of the XVIII Century, focused in the analysis of three of the most significant cases: those of Orihuela (as expression of the reformism previous to the introduction of Enlightenment currents), Murcia (as an example of the diffusion of such a kind currents) and Salamanca (like a normative example). Under this perspective, it is shown the importance that Seminars had as a way of renovation of higher studies (not only the ecclesiastical ones), and their links with the strategies adopted by the regalism politic.
Key words: Catholic church, Spain, Eighteenth century, Tridentins Seminars, Orihuela, Murcia, Salamanca, Regalism, Enlightenment, Liberalism, Reforms, Higher education.
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Una visión general de los Seminarios conciliares españoles durante la Edad Moderna. 3. El reformismo anterior a Carlos III: el caso de Orihuela. 4. El Seminario de San Fulgencio de Murcia. 5. El Seminario de Salamanca.
1. INTRODUCCIÓN.
La realidad educativa del siglo XVIII (especialmente por lo que se refiere a las reformas ilustradas) ha constituido uno de los objetos preferentes de la investigación dedicada a este siglo durante las últimas décadas. Sin embargo, algunas parcelas aún nos resultan escasamente conocidas, ayunas de una mayor cantidad de estudios y de la necesaria revisión historiográfica. Es en buena medida el caso de la formación del clero, y en concreto de los Seminarios Tridentinos españoles.
La necesidad que acabamos de exponer precisa de escasa justificación, puesto que dichos Seminarios ya merecieron una muy especial atención por parte de los gobernantes de la época. Pero se hace más evidente tanto desde la consideración de la singularidad de la vía educativa que representaron, como por poder incluirlos en un plano equiparable (aunque extraacadémico) al de las instituciones universitarias; más aún, los Seminarios constituyeron una vía potenciada y hasta privilegiada por el poder en la consecución de sus objetivos político-culturales.
A la espera de nuevas publicaciones, los estudios de Francisco y José Martín Hernández continúan siendo los únicos de propósito general1. De incontrastable valor, su orientación hacia los aspectos eclesiales y pedagógicos deja al margen otros aspectos centrales para el historiador de la época. En el otro extremo, y por cuanto hace a trabajos monográficos, apenas un puñado de Seminarios (eso sí, entre los más significativos) han merecido estudios particulares, hallándose el resto a la espera de unos estudios que sin duda resultarían de excepcional interés2.
En este sentido, en el presente trabajo hemos optado —frente a la posibilidad de efectuar un estado de la cuestión al uso— por entrar con cierto detenimiento en el análisis de los casos más representativos de la época. El primero de ellos, seleccionado por su carácter exponente del reformismo eclesiástico de la primera mitad del siglo, por constituir una de las escasas fundaciones que tuvieron lugar en dicha etapa, y por su trascendencia normativa posterior, es el Seminario de Orihuela. El segundo, por constituir el caso más singular —y si se me permite, interesante— en la trayectoria de los Seminarios españoles de la época (e incluso del primer cuarto del siglo XIX), es el Seminario de Murcia. Finalmente, el tercero es el Seminario de Salamanca, como fundación prototípica de la época ilustrada y por el carácter modélico que se ha atribuido a su estructura normativa.
2. UNA VISIÓN GENERAL DE LOS SEMINARIOS CONCILIARES ESPAÑOLES DURANTE LA EDAD MODERNA.
Sin adentrarnos en las instituciones preexistentes dedicadas de un modo u otro a la formación del clero (escuelas episcopales y catedralicias, Universidades y colegios universitarios)3, el Concilio se ocupó de este asunto en una de sus últimas sesiones, la XXIII (15 de Julio de 1563). Contiene dicha sesión las disposiciones adoptadas sobre la doctrina del sacramento del Orden y el decreto sobre la Reforma. Se establece allí la jerarquía de las Órdenes y los requisitos para acceder al sacerdocio, subrayando siempre la potestad episcopal en su concesión. Pero destaca especialmente el Canon XVIII del decreto sobre la Reforma, donde se daba el «método para erigir Seminarios de clérigos, y educarlos en él».
Trento estableció un Seminario cuyos rasgos principales han sido reiteradamente analizados y que podríamos sintetizar como sigue4. En primer lugar, se trataría de centros específicamente destinados a la formación de los jóvenes aspirantes al sacerdocio. Desde este punto de vista, se consideraba lo más deseable un completo apartamiento del mundo en la edad razonablemente más temprana (los 12 años). En segundo lugar, a los seminaristas se proporcionaría no sólo una instrucción teórica o teórico-práctica (cuyos contenidos, por cierto, quedan escasamente definidos), sino que se les había de imprimir indeleblemente las virtudes y el modo de vida clerical. Y en tercer y muy especial lugar, el protagonismo exclusivo concedido a la figura del obispo (al estar concebidos como instituciones diocesanas) en todo lo referente a la organización y gobierno del Seminario. Eso sí, no se establecía —ni se hizo nunca— la menor vinculación entre los estudios del Seminario y la ordenación sacerdotal.
En cuanto a su implantación en España, podemos distinguir 3 grandes períodos. La primera etapa es la inmediatamente postconciliar: entre 1565 y 1600 se crearon en la Península 20 Seminarios. El Seiscientos marca, sin embargo, un periodo de clara ralentización en cuanto a fundaciones: sólo nueve en todo el siglo. El siglo XVIII marca netamente un tercer periodo, de nueva actividad en lo que se refiere a creaciones y reformas de los existentes (17 fundaciones)5. Podríamos realmente concretar aún más estos empujes fundacionales, limitándolos a las dos últimas décadas del siglo XVI, con la implantación en España de las directrices conciliares durante el reinado de Felipe II; y al reinado de Carlos III, con la intensificación de la política reformista en materia religiosa. Resulta lógico que el primer período registre un alto número de fundaciones, dada la inexistencia de tales instituciones y el interés por fomentar las medidas contrarreformistas, pero sin dejar de contar con la potencial demanda educativa aún existente en la España del momento. Sin embargo, pronto el dinamismo fundacional se detuvo, ante las dificultades econó- micas, el escaso interés episcopal, la competencia de otras instituciones que tradicionalmente cubrían la formación clerical (Universidades e instituciones de las Órdenes religiosas) y la estrategia restrictiva adoptada por la corona en lo relativo a la oferta educativa, bajo la que se esconde el interés por bloquear en la medida de lo posible el ascenso social por la vía de los estudios6. De modo que los Seminarios pronto pasaron a desempeñar un papel muy secundario en el panorama educativo peninsular. Papel que podemos definir por la generalmente extendida dependencia respecto de los cabildos catedralicios (que empleaban a los seminaristas para las funciones diarias de coro y atención a los oficios), el corto número de becas disponibles (sólo excepcionalmente podía pasarse de la docena), y por la inexistencia o la cortedad de los estudios con que estaban dotados estos Colegios7.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, la situación no varió notablemente. Muchas diócesis aún no contaban con Seminario, y los que existían, por múltiples razones (escasez de rentas, disputas por su control entre cabildos y obispos, abandono de sus estatutos, escasa ambición de sus planteamientos constitucionales…) no cumplían con sus principales cometidos: formar con solidez a los futuros eclesiásticos, tanto desde el punto de vista intelectual como espiritual. Aún eran muchos los aspirantes al sacerdocio que se ordenaban con unos pocos conocimientos de latín, algunas nociones de doctrina cristiana y canto llano, cierta práctica en la administración sacerdotal y probanza de buena vida y costumbres. El proceso formativo continuaba siendo heterogéneo: estudios en escuelas de gramática y cátedras conventuales y universitarias, que si en lo intelectual podían tener mayor o menor altura, en lo que se refiere a las piadosas costumbres requeridas, podían dejar mucho que desear.
Tal era la situación en la que surgió, en la primera mitad del Setecientos, la acción reformadora del Estado y del sector eclesiástico nacional más inquieto. Desde luego, interesaba a ambas instancias, y desde los mismos inicios del siglo, una reforma general del clero, tanto regular como secular. En cuanto al primero, su excesivo número, la escasa observancia de sus respectivas reglas, y el absentismo eran ya casi unos lugares comunes para la crítica del mal ejemplo y de la ociosidad. Pero no importaba menos la mejora de la calidad del clero secular, logrando no sólo pastores de almas sino también eficaces ciudadanos comprometidos en la tarea de elevar el nivel cultural de la sociedad. El Dictamen del obispo Solís o la encuesta que Felipe V hizo llegar a los prelados españoles en 1715 son muestra de cuanto decimos8. Estas inquietudes del regalismo y de los obispos reformistas fueron compartidas igualmente por prelados de signo decididamente ultramontano, deseosos de no dejar la iniciativa de las reformas en manos del monarca. Su mejor exponente fue el obispo de Cartagena y después cardenal, D. Luis Belluga y Moncada, quien pese a su furibundo antirregalismo, fue capaz de plantear la necesidad de convocar concilios provinciales y diocesanos como medio para la imprescindible reforma clerical, y —no contento con el estado de las cosas— solicitó y obtuvo de Inocencio XIII la bula Apostolici Ministerii (13 de Mayo de $1 7 2 3 ) ^ { 9 }$ . Entre sus distintas disposiciones, esta bula señalaba dos de los elementos que mayor trascendencia posterior tendrían en la cuestión que nos interesa, sin por ello salirse un ápice de lo dispuesto por Trento: la preeminencia episcopal, de modo general; y especialmente en todo cuanto se refiere a la formación del clero y el control de la actividad apostólica de los párrocos. No en vano, Belluga ya había llevado a cabo una importante reforma de su Seminario de Murcia, ampliando sus estudios y dotándole de nuevas rentas y constituciones. Bien es verdad que la Apostolici no contentó ni a tirios ni a troyanos, pero constituyó un conspicuo recordatorio de todo cuanto aún restaba por cumplir en lo ordenado por el Concilio, incluyendo la cuestión de los Seminarios. Cuestión que ya no se olvidaría y que estaría presente en algunos de los artículos del Concordato de 1737 y en un posterior Breve de Benedicto XIV (1740) exhortando a los obispos a ocuparse de la formación de la juventud que aspiraba al sacerdocio10.
En los años posteriores a la bula se registró un cierto eclipsamiento en la jerarquía eclesiástica española, pero la reforma tridendina pasó a constituirse en un ideal para prelados que —en palabras de A. Mestre— «cumplen con su obligación de residencia y ejercen un fecundo apostolado en sus respectivas diócesis». Entre ellos, el mismo autor destaca a obispos como Juan Elías Gómez de Terán (obispo de Orihuela), Murillo y Miranda (titulares sucesivos de la de Pamplona), Manuel Samaniego (Jaca), y Andrés Mayoral (Valencia). De ellos, retengamos el nombre del primero, el único que creó un Seminario en su diócesis11.
Junto a tales figuras y tendencias, se experimentó en la época una notable difusión de los movimientos de reforma de la formación clerical. Destacan en este terreno los Píos Operarios Evangélicos, volcados tanto en las misiones populares como en la formación y reciclaje de los clérigos. Fundados por un clérigo aragonés —Francisco Ferrer— en 1718, se trataba de sacerdotes seculares que se comprometían a vivir bajo la obediencia del obispo en cuya diócesis trabajasen, así como de la del presidente o superior de la casa en la que residiesen, y en sus constituciones (aprobadas en 1731 por Clemente XII) se preveía la posibilidad de asumir la dirección de Seminarios conciliares si los correspondientes obispos se lo pedían.
De modo que F. Martín Hernández ha podido calificar el período 1700-1756 como una época de transición para los Seminarios Conciliares, durante la cual la crisis arrastrada durante todo el siglo XVII comenzó a desvanecerse dando lugar a una nueva etapa caracterizada por los intentos de mejora de los centros más antiguos y por la fundación de nuevos institutos12. Insistamos, por nuestra parte, en el más que probable —aunque pendiente de acreditar estadísticamente— aumento de la demanda educativa en esta época.
No obstante, durante el reinado de Carlos III y —en bastante menor medida— el de su sucesor, se producen las mayores reformas conocidas en materia de Seminarios durante la Edad Moderna. Ello se debe a diversos factores, que J. Vergara13 sintetizó en 4: a) la pretensión del regalismo «jansenista»14 —en el poder— por formar un clero ilustrado, b) afín a las regalías, c) dotado de una formación teológica más positiva y alejada de las banderías escolásticas, y d) formado del modo más uniforme posible respecto de los laicos. Ciertamente, la polí- tica regalista tenía como objetivo prioritario el de potenciar un clero secular adicto, formado a la vez como sacerdote y como agente gubernamental. Pero al indudable medro de los Seminarios en esta época su unió su contribución al mantenimiento de la demanda educativa —no sólo de la carrera eclesiástica, sino más generalmente, de los estudios superiores— y ciertas indudables ventajas constitucionales que poseían los Seminarios. Estas podemos situarlas en dos planos. En primer lugar, la referida dependencia episcopal: dado el control gubernamental sobre los nombramientos episcopales, quedaba también asegurado el de los Seminarios de un modo fácil y directo, frente a los tradicionales problemas que presentaban las instituciones conventuales y las Universidades, donde los iniciales proyectos centralizadores del gobierno terminaron embarrancando frente a los escollos representados por los grupos de poder que las controlaban en sus entornos inmediatos. De ahí que los Seminarios se convirtiesen en una más de las vías de reforma extraacadémica propias de la época. Papel que se acrecentó notablemente cuando en no pocos casos, el Seminario se convirtió en la única institución homologada que impartía educación superior en el territorio inmediato. Casos como el de Cádiz, mencionado por A. Morgado, resultan muy reveladores en este sentido: de los estudiantes en el Seminario de Cádiz durante la década de 1790, sólo el $1 7 { , } 8 \%$ recibió el presbiteriado, continuando la mayor parte de los restantes otro tipo de estudios15. En cuanto al segundo plano, nos estamos refiriendo a un tipo de ventaja educativa que no podemos despreciar: los Seminarios ofrecían un modelo de internado de coste relativamente barato (bien como becarios enteros, bien como porcionistas, o incluso como alumnos externos) que ofrecía a las familias una seguridad sobre la educación, la salubridad e incluso la integridad de sus hijos que la azarosa vida del estudiante universitario estaba lejos de garantizar.
Pero, insistimos, fue la acción gubernamental —y el apoyo decidido de los prelados— el más importante de los factores que jugó en materia de Seminarios durante el reinado de Carlos III. No se trata sólo de los que fueron creados (en esta época vieron la luz, por orden cronológico los de Barbastro, Astorga, Ciudad Rodrigo, Segorbe, Calahorra-Logroño, Canarias, Pamplona, Teruel, Salamanca, Segovia y Zaragoza), sino de aquellos que con menor o mayor profundidad se vieron reformados en cuanto a Constituciones, planes de estudios e instalaciones (Granada, Mondoñedo, Tarragona, Palencia, Cádiz, Murcia, Barcelona, Gerona, León, Vich, Badajoz y Lérida). Es decir, al menos 23 de los 42 Seminarios existentes hasta 1788 se vieron afectados por el reformismo gubernamental. Una parte significativa de ellos, por lo demás, se beneficiaron de la concesión por el gobierno de las casas y colegios pertenecientes a los jesuitas expulsos (8 en tiempos de Carlos III más el de Zamora, creado en 1797). En este y en otros muchos terrenos, la labor realizada en tiempos de Carlos IV aparece como meramente epigónica, pues sólo se crearon los Seminarios de Ibiza, Zamora y Orense16.
Destinar los edificios de la Compañía a las necesidades de los Seminarios fue una más de las disposiciones contenidas en el documento gubernamental que sirve de pórtico regulador a todas estas actuaciones. Analizada en múltiples ocasiones, nos referimos a la Real Cédula de 14 de agosto de 1768 sobre erección de Seminarios Conciliares17. Amén de contenerse en ella la orden expresa de crearlos en las diócesis donde no existiesen, se disponía —junto con la asignación indicada de los edificios jesuíticos— el apartamiento absoluto de los religiosos regulares de la enseñanza en los Seminarios, la introducción de un nuevo método de estudios basado en el retorno a las fuentes y apartado de las disputas escolásticas tradicionales, así como se establecían los mecanismos adecuados de centralización y control de los Seminarios.
Tales intenciones se vieron, finalmente, refrendadas por las autorizaciones gubernamentales de incorporación de los estudios cursados en determinados Seminarios (concretamente, 22) a las Universidades más cercanas para la obtención del grado de Bachiller, lo que significaba integrar estas instituciones plenamente en el sistema de educación superior de la época18. En algún caso excepcional, como veremos al hablar del de Murcia, llegó a concederse la facultad de otorgar grados en el interior del Seminario como si de una Universidad más se tratase.
3. EL REFORMISMO ANTERIOR A CARLOS III: EL CASO DE ORIHUELA.
Como avanzábamos, la creación del Seminario de Orihuela destaca por ser una de las pocas ocurridas en la primera mitad del siglo XVIII, y por constituir un excelente exponente de la convergencia entre el vivificado ideal tridentino (muy presente en la mente del obispo) y la influencia de los Píos Operarios Evangélicos.
Los propósitos de creación de Seminario en la diócesis de Orihuela no faltan casi desde el momento de su creación, en $1 5 6 4 ^ { 1 9 }$ : hasta 12 proyectos podemos contabilizar durante el Seiscientos en este mismo sentido, sin que ninguno de ellos aportase el menor fruto. La situación cambió a medida que avanzaba el siglo XVIII. Sin duda, la comarca oriolana se benefició de una mejor coyuntura económica, de la que es testimonio el magno proyecto de colonización agrícola que supusieron las Pías Fundaciones ideadas —desde Murcia— por el obispo Belluga, y que en estos mismos años estaban poniéndose en marcha. Pero junto a los posibles beneficios de esta coyuntura, es necesario aludir a la personalidad del obispo fundador para valorar en su justa medida la obra de erección de este Seminario.
D. Juan Elías Gómez de Terán había nacido en Madrid —de familia noble— en 1688. Su formación inicial (humanidades y Filosofía) la cursó con los jesuitas, y después ingresó en la Universidad de Alcalá, donde se graduó en Cánones y Sagrada Escritura. Miembro de la Congregación de San Pedro desde 1715, fue un predicador brillante, traductor de Fedro, Salustio y Vives, así como devoto de la Inmaculada y del Sagrado Corazón. Predicador del número de Felipe V, cura del Palacio Real de Valencia, examinador sinodal de su diócesis y calificador del Santo Oficio, accedió al obispado orcelitano en $1 7 3 8 ^ { 2 0 }$ , seguramente gracias a los buenos oficios del confesor real, P. Clarcke. Gómez de Terán se reveló pronto como un respetuoso y eficaz colaborador de la Monarquía, sin por ello renunciar a mantener un prudente equilibrio entre Madrid y la Santa Sede durante todo el tiempo de su prelatura (1738-1758); equilibrio sólo alterado cuando veía amenazados los derechos episcopales, de los que era un apasionado defensor. Sin duda, su pontificado marcó huella para la posteridad. Llevó a cabo una intensa labor tratando de someter al altivo clero de su catedral, vigiló estrechamente a los regulares y realizó pré- dicas y misiones para vivificar la piedad popular. Y no le faltó tiempo para realizar obras sociales como la creación de hospicios y casas de misericordia21.
Pero su mayor y más perdurable creación fue sin duda la del Seminario. Al poco de llegar a Orihuela, y teniendo noticia del éxito obtenido en la diócesis por un sacerdote pío operario que había realizado ejercicios espirituales a los eclesiásticos, decidió dar continuidad a estas tareas con el fin de apoyar el reciclaje espiritual e intelectual del clero comarcal. Ciertamente, como autor de un interesante librito titulado Infancia ilustrada $y$ niñez instruida22, imbuido por el ambiente a favor de la creación y reforma de los Seminarios, no debe extrañarnos que el obispo proyectase de inmediato la realización de uno de estos institutos nada más instalarse en la mitra oriolana23.
Proyecto que podemos considerar ambicioso y complejo: en realidad se trataba de un doble Seminario, en el que uno —bajo la advocación de San Miguel— atendería el reciclaje constante del clero comarcal (tanto espiritual, con ejercicios ignacianos; como cultural, ofreciendo la posibilidad de mejorar su formación en latinidad, filosofía y teología); mientras que el otro —bajo la protección de la Inmaculada— sería el propiamente conciliar, dedicado a la formación de los aspirantes al sacerdocio. El primero de ambos Seminarios fue fundado oficialmente el 2 de enero de 1740, y el segundo tenía su fábrica acabada en marzo de 1742, de modo que se puso en marcha en el inmediato curso escolar. Un breve pontificio de 7 de marzo de 1743 (ratificado por el rey en 28 de mayo) aprobó las dos fundaciones y sus estatutos, cuando ya convivían en la institución 24 escolares. Un nuevo e importante documento, la real provisión del Consejo de Castilla de 7 de noviembre de 1744, vinculaba los estudios del Seminario a la Universidad de Orihuela, pues desde ese momento los catedráticos y maestros del Seminario que hubiesen obtenido su titulación en cualquiera de las Universidades reconocidas por la Monarquía, pasarían a integrarse en el Claustro General de la Universidad, al tiempo que los estudios cursados por los colegiales seminaristas tendrían plena validez para obtener, previo examen en las aulas universitarias, los grados de bachiller y doctor24.
No parece que la nueva institución educativa generase grandes oposiciones en la ciudad que la acogía. Probablemente las buenas relaciones existentes entre el obispo y la Compañía de Jesús limaron cualquier posible aspereza; y lo mismo podemos decir de la Universidad —controlada por los Padres Predicadores junto a los canónigos y el ayuntamiento—, pues también probablemente la incorporación de los estudios del Seminario a la Universidad ofrecía a esta última un aumento de los actos de graduación y de los consiguientes ingresos percibidos por sus examinadores en concepto de propinas de grado. El inmediato refrendo gubernamental debió actuar, por lo demás, como eficaz silenciador de voces discordantes. Y en el caso del cabildo parece que, incluso, el proyecto fue inicialmente apoyado, dada la participación que se le dio en virtud de lo dispuesto por el Tridentino25.
Ahora bien, no tardaría en convertirse el cabildo catedralicio en el más firme opositor del Seminario, con unas relaciones crecientemente difíciles a medida que fueron aumentando las tensiones entre Gómez de Terán y sus canónigos. La clave de esta situación debe buscarse en la cuestión del sistema de financiación del Seminario y en la llamada a los sacerdotes Píos Operarios para dirigirlo. Por lo que hace a lo primero, la financiación debía correr a cargo del cuatro por ciento de las rentas decimales diocesanas, en detrimento precisamente de los ingresos catedralicios. Más aún, en lugar de ofrecer a los canónigos —como era común en el resto de los Seminarios— una mayor cuota de control sobre el Seminario, el obispo se preocupó de mantenerlos apartados en la medida de lo posible, lo que iba en claro perjuicio no sólo de los ingresos y el poder del cabildo, sino también de su prestigio, de la tradicional sujeción de los seminaristas para el servicio al coro y de la influencia sobre el futuro clero diocesano. Sobre la tan controvertida cuestión del servicio al coro, Gómez de Terán era un férreo partidario de mantenerla en sus justos límites, tal como fueron definidos por Trento y recordados por la bula Apostolici Ministerii, razón por la que hizo a todos los colegiales feligreses de la Iglesia del Seminario dirigida por los Píos Operarios. Estas actuaciones se vieron refrendadas por bula de Benedicto XIV, otorgada en 1748, que eximía —incluso en sede vacante— al cabildo eclesiástico de la tutela sobre el Seminario, al que ponía en manos del Nuncio en Madrid. Esta decisión desató definitivamente la polémica, en la que si Gómez de Terán fue acusado de ultramontano, los canónigos hicieron alarde de sus simpatías regalistas para invocar el exequatur y conseguir la retención de la bula. En honor a la verdad, este no fue más que uno de los diversos frentes en los que Gómez de Terán y el cabildo se enfrentaron durante la época26.
Al producirse el fallecimiento del obispo y abrirse el periodo de sede vacante en 1758, las desavenencias reverdecieron, y en grado sumo. En tal coyuntura, y con la bula retenida por un Consejo de Castilla que no era partidario de ceder un ápice de poder ante Roma y su Nuncio, el cabildo no dudó en abalanzarse sobre el Seminario. El canónigo D. Luis Santacruz declaró que «desharía él en una hora quanto se había adelantado a favor del Colegio». D. Luis, con el apoyo del vicario capitular y en contra de todo lo dispuesto por el difunto obispo, fue nombrado rector del Seminario. Notificada la noticia, el Seminario permaneció en principio día y medio sin abrir sus puertas a nadie, y cuando finalmente se decidieron a recibir al portavoz del cabildo, los nervios creados por la situación jugaron una mala pasada a los conferenciantes. El padre Ignacio Foncillas, vicerrector del centro, recibió con agrias maneras al doctor D. Isidro Hernández y se cruzaron algunos insultos en los que salió perjudicado el canónigo Santacruz, acusado de «traidor, usurpador y rector intruso». No se marcharía del encuentro el portavoz capitular sin escuchar del vicerrector que, si preciso fuere, el Seminario se defendería hasta por las armas ante cualquier violencia. Y un personaje como Santacruz no dejaría, por su parte, de recoger el guante: esa misma noche, D. Luis subió al cerro donde se aposentaba el Colegio y abrió fuego contra Foncillas y otros seminaristas, aunque sin tener que lamentar desgracias personales27.
El asunto se resolvió, no obstante, con gran rapidez, porque también el clero parroquial elevó sus quejas ante la Cámara de Castilla por el comportamiento y los manejos en la administración de la diócesis que estaba llevando a cabo el vicario capitular: por mucho que los fiscales del Consejo no quisieran favorecer al Nuncio con una concesión más, la situación era lo bastante grave para que se inclinasen a dar el pase a la bula de exención. Un mes después del incidente de los disparos, el Nuncio —que bastante tenía con sus tareas habituales— delegó sus atribuciones en el provisor del obispo de Cartagena, D. Nicolás de Amurrio, quien no tardó en informarse y confirmar a Foncillas en su puesto28.
Este incidente, producido precisamente a caballo del cambio de reinado, puso fin al que pudiéramos considerar periodo fundacional del Seminario orcelitano. Los años de Carlos III fueron indudablemente favorables para la institución. Así, sus rentas pasaron de 3.000 pesos en 1742 a más de 5.000 en la década de 1780, mientras que el número de sus alumnos se incrementó desde los 24 iniciales a 124 en 1775. Un número a tener muy en cuenta, porque en este mismo año los libros de matrícula de la Universidad contabilizaban 165 alumnos entre sus 5 facultades, de los cuales 122 estaban inscritos en las facultades de Derecho y Medicina (enseñanzas que lógicamente no se impartían en el Seminario). Si a esto sumamos que en estos años el Seminario había ampliado notablemente el número de alumnos porcionistas, está claro que comenzaba a ganar la partida a la Universidad en lo tocante a los estudios de Teología y Filosofía, sin contar la atracción que ejercían sus aulas de cara a los más jóvenes estudiantes de gramática latina, especialmente desde la desaparición del Colegio jesuítico con la expulsión de la Compañía en $1 7 6 7 ^ { 2 9 }$ .
Este incremento en el número de escolares continuó hasta 1803-1804, y vino acompañado por una serie de disposiciones reales que contribuyeron a convertirlo en un centro de estudios más competitivo dentro del campo de la enseñanza superior y en relación directa con la Universidad. A ello hemos de sumar que las Constituciones de Gómez de Terán se hallaban lo suficientemente actualizadas como para no ser apenas necesarias reformas para la adecuación del centro al ideario reformista del equipo de Carlos III (respeto por el espíritu de Trento, dirección a cargo de clérigos seculares, prohibición de la asistencia diaria al coro…)30. Tanto es así que, como veremos, sirvieron de modelo a las elaboradas por Bertrán para su Seminario de Salamanca.
Eso sí, faltaba la adecuación de los contenidos de las enseñanzas y planes de estudios a las directrices gubernamentales. Esta tarea correspondió al episcopado de José Tormo y Juliá (1767-1790). Valenciano, tomista convencido y rigorista hasta el extremo, Tormo no debió sufrir lo más mínimo cuando al comienzo de su episcopado tuvo que desterrar las cátedras suaristas del Seminario. Bien relacionado en la Corte y de inclinaciones regalistas, fue —con todo— un hombre que supo dar un tinte moderado a la reforma del plan de estudios de su Seminario entre 1778 y
1782. E incluso cuando —por esos años— Campomanes concibió la idea de extinguir la Universidad de Orihuela para fundar —con las rentas municipales que la subvencionaban— un Colegio de lenguas Latina, Griega y Hebrea vinculado al Seminario, Tormo actuó en dirección coincidente al rechazo corporativo que la idea despertó en Orihuela, por entender que tal propósito desviaría al Seminario de su principal fin, que no era otro que el de la formación sacerdotal en un ambiente de retiro. La moderación de Tormo sería llevada, no obstante, por sus sucesores en la mitra hacia posiciones más conservadoras; unos obispos alejados ya de cualquier inquietud ilustrada e inmersos en un ambiente en el que el rechazo a los efectos de la Revolución francesa cierran todo un periodo en la historia del Seminario oriolano31.
La organización del Seminario en sus aspectos jerárquicos, disciplinares y académicos quedó fijada y ya sin apenas variación posterior en las Constituciones con que lo dotó el fundador, en 1742, lo que no deja de constituir un indudable mérito. En principio, se dotaron 30 becas de número. Quienes querían optar a ellas eran las condiciones habituales en cualquier Seminario— debían probar que eran hijos legítimos de cristianos viejos32, no mayores de 12 años, naturales del obispado y de padres «pobres» pero no mendigos. Pasarían un examen previo en el palacio episcopal en el que se valorarían los conocimientos previos de Lengua castellana y doctrina cristiana (para las 10 becas disponibles de gramática latina), Latinidad (para los 10 que se iniciarían en gramática latina), y Filosofía (para las 10 restantes, de estudiantes teólogos). Después, el futuro seminarista realizaría unos ejercicios espirituales durante 10 días antes de incorporarse a la vida comunitaria y escolar. Idénticos pasos, excepto la probanza de pobreza, seguirían quienes concurriesen en calidad de porcionistas, que pagarían su manutención a razón de 22 reales de plata y una fanega de trigo al mes. La carrera se prolongaría (en el caso más dilatado, el de los estudiantes que ingresaban para cursar la Gramática latina) durante 12 años: 3 de gramática latina, 3 de Filosofía, 4 de teología y 2 años para terminar de cursar la Moral, Sagrada Escritura, Rúbricas, Cómputos e Historia eclesiástica33.
La comunidad en la que se integraban los colegiales estaba jerárquicamente estructurada y a su cabeza se hallaba el rector como máxima autoridad sólo sometida a la del obispo, que era quien lo designaba, ayudado por un vicerrector también nombrado por el obispo, un mayordomo administrador y tesorero general, un mayordomo ecónomo y un secretario y archivero. En tiempos del obispo Tormo se añadiría un bibliotecario. A tales cargos hemos de sumar toda una serie de criados y sirvientes de la comunidad (sacristán, enfermero, portero, comprador auxiliar, despensero, refitolero, ropero, despertador, 2 mandaderos, un cocinero con su pinche y un panadero)34. Si bien este esquema resulta escasamente innovador, pues ya existía sin variaciones sustanciales en otras instituciones educativas anteriores (como los Colegios universitarios o los propios Seminarios), y continuará en los centros tridentinos posteriores, nunca destacaremos suficientemente la importancia que tuvo tan estrecha dependencia respecto del obispo y su representante (el rector), que tan escasas trabas ponían al despliegue de las directrices gubernamentales frente a lo habitual en otras instituciones (conventos y Universidades).
Junto a estos cargos, el Seminario contaba naturalmente con otros más directamente vinculados con su específica naturaleza formativa. Para la tutela espiritual, el obispo nombraría también a 2 padres confesores y a 2 capellanes, que asumirí- an la dirección espiritual y el aprendizaje de los oficios de culto. Y en cuanto a la formación intelectual se fundaron 9 cátedras en el interior del centro (1 de Escritura, 1 de Concilios e Historia Eclesiástica, 1 de Teología Moral, 1 de Sagrados Ritos, Rúbricas y Cómputos eclesiásticos, 2 de Teología escolástica, 2 de Filosofía y 1 de Gramática), y una plaza de maestro de canto llano. Hemos de apuntar que tanto para las cátedras de Filosofía como de Teología escolástica, Gómez de Terán dispuso una tomista y otra suarista (de ahí su dualidad), y que años después se añadirían otra más de Filosofía, 1 de Locis y otra de Lenguas Griega y Hebrea. El cargo de regente de estudios para revisar las conclusiones a defender y para presidir los actos públicos literarios completaba la plantilla docente. Cuadro profesoral al que, en cualquier caso, se le encomendaba especialmente no olvidar nunca que su labor no era meramente académica sino de formación espiritual y moral de los seminaristas. Fue el fundador, por otro lado, menos explícito en cuanto al modo de provisión de las cátedras (pues junto a la elección episcopal no se excluía el sistema de oposición), ni se hizo referencia explícita a las cuantías de los salarios. Quizá en ello pesó el «comunismo» inicial de los Píos Operarios, quienes vivían en régimen de comunidad de bienes, haciendo mensa común de sus ingresos y atribuyéndose tan sólo una cantidad anual cifrada en 40 pesos por individuo. Pero en tiempos de Tormo, las cátedras de Teología estaban dotadas con 80 libras cada una, mientras que la de lengua Griega y Hebrea poseía un salario de 150 libras anuales, lo que dice mucho del interés del obispo por esta enseñanza35.
Poco comentaremos sobre el sistema de vida al que se sometían los seminaristas. También podemos verlo en la mayor parte de los centros de su tipo anteriores y posteriores con escasas novedades, y consistía en un apretadísimo y sistemático programa repetido cotidianamente, un año tras otro, en el que se combinaban las actividades académicas con las espirituales, doctrinales y de urbanidad, con escasos descansos (domingos, festivos y algunas otras celebraciones), cortas vacaciones, pocas posibilidades de visita (incluso de los propios familiares), y —en esto aún se revela un cierto arcaísmo— un régimen disciplinario francamente duro y escasamente lúdico, en el que se permitían los azotes, disciplinas y encierros en cepo a pan y agua. Mejor que nadie, el propio Gómez de Terán expresó la idea principal que guiaba este sistema con su idea de que «el aprender, suele consistir en temer»36. En la práctica, por tanto, el Seminarista ingresaba en un sistema de vida quasiconventual, por mucho que ello resultara contradictorio con la finalidad de formar sacerdotes que iban a vivir con el siglo, pero de modo congruente con las directrices conciliares. Aspecto reforzado en Orihuela por la imponente ubicación del Seminario, encaramado sobre el cerro que preside la ciudad, y por tanto aislado —pero por encima y dominándolo— del casco urbano, como manifestación bien expresiva del poder episcopal, que se mostraba así tanto para quienes vivían en la ciudad como para quienes lo hacían en el interior del Seminario. No obstante, como venimos insistiendo, este sistema puede sin duda explicar el éxito de estas instituciones, por las ventajas pedagógicas y de seguridad para las familias que podía ofrecer.
En cuanto a los contenidos de los planes de estudios implantados por Gómez de Terán, M. Martínez37 los ha calificado acertadamente como dominados por una suerte de «eclecticismo», que se revelaba especialmente en los estudios de filosofía y teología, donde se establecían las 2 vías (tomista y suarista). Los texto, bastante arcaicos (las Súmulas de Froylan y el curso del P. Baiona para los filósofos tomistas, las Súmulas del P. Alfonso y el curso del P. Peinado para los suaristas), no excluyeron una cierta tolerancia con las obras más avanzadas de la época (incluyendo la filosofía cartesiana y las obras de Feijoo y Tosca). Respecto de este eclecticismo, el propio M. Martínez significa que si bien es cierto que la vía de las escuelas, criticada hasta la saciedad por los espíritus más críticos como fuente de hueras disquisiciones silogísticas y aferrada a una concepción aristotélica del mundo bastante caduca que daba la espalda a la experimentación, era el eje de las enseñanzas en el Seminario, no podemos olvidar dos cuestiones: en primer lugar, que se trataba cuando menos de una visión organizada del Universo, la imperante y oficializada por los sectores más conservadores, y que esta visión, aunque decadente era mejor que la ignorancia más absoluta en estos temas; en segundo lugar, que Gómez de Terán no se conformaba con ella y que mostraba una clara tolerancia, tal y como ponen de manifiesto los documentos, de cara a que sus alumnos pudieran acceder a posiciones más críticas y actualizadas con respecto a los conocimientos filosóficos38.
Idéntico eclecticismo podemos observar en los estudios teológicos, donde se imponía el P. Gonet para la vía tomista, y los PP. Gutiérrez de la Sal y Martín para la suarista. No obstante, la introducción de las cátedras de Sagrada Escritura y de Concilios e Historia Eclesiástica puede interpretarse como atisbo de la teología positiva que defenderían los ilustrados. Durante el posterior pontificado de D. Pedro Albornoz (1761-1767) es posible que no sólo se mantuviese el anterior eclecticismo, sino que podemos pensar, dada la personalidad del obispo y otros indicios, que las cosas experimentasen un cierto avance. Pero fue durante el periodo de Tormo cuando se produjeron las novedades más destacadas en el terreno de los contenidos de las enseñanzas. Tormo —un hombre procedente del círculo del arzobispo Mayoral, y uno de los primeros profesores del Seminario en tiempos del fundador— se hallaba relacionado (tanto en Valencia como en Madrid) con el grupo más característico de los eclesiásticos reformistas valencianos (Pérez Bayer, Bertrán, Climent, Pérez Esteve…). Ideológicamente, era un hombre de un fuerte regalismo, simpatías «jansenistas» y radical antijesuitismo, unido a un sólido episcopalismo y a un terco rigorismo moral que provocó nuevos enfrentamientos con el cabildo, donde ocupaban asiento gentes de los tiempos de Gómez de Terán, de simpatías jesuíticas39.
Fue en 1782 cuando Tormo abordó la reforma de los estudios del Seminario, dejando su doble impronta regalista y jansenista. Así, reforzó la cátedra de estudios bíblicos creando la de Lenguas Griega y Hebrea (clara herencia del programa ilustrado, que recuperaba el humanismo del XVI); y con la misma intención, fundaba la cátedra de Locis theologicis, imponiendo el texto de Gaspar Juenin (establecido en el cercano Seminario de Murcia en 1774). En el terreno de la moral, Tormo introdujo los cambios más sustanciales, tratando de erradicar cualquier cosa que oliera a laxismo, de modo que el Promptuario del P. Larraga fue sustituido por el Compendio del P. Concina, y el catecismo de Ripalda por el de Fleury. Fundamental fue también el establecimiento de la lectura obligatoria de Fr. Luis de Granada como fuente de inspiración para la oratoria sagrada. Sin embargo, Tormo se mostró bastante más cauto en lo tocante a las enseñanzas de teología y a los estudios filosóficos. Desaparecidas las cátedras jesuíticas, el autor se decantó por la obra del dominico Billuart para Teología y del también dominico Goudin para filosofía. Rechazaba de este modo la sugerencia hecha por el gobierno de implantar en todas las Universidades y Seminarios la filosofía del P. Jacquier. De nuevo para M. Martínez, la razón última se encuentra en que Tormo no deseaba disociar la Filosofía de la Teología, pudiendo la obra de Jacquier conducir a ello (aunque aceptaba que la manejasen los catedráticos). Esta actitud, lejos de resultar excepcional, resulta bastante común en las reformas emprendidas en los Seminarios de la época, y muestra bien a las claras los límites del espíritu reformador de hombres como Tormo40. De ahí las expresiones críticas de hombres como Joaquín Lorenzo Villanueva, profesor en Orihuela entre 1778 y 1780:
Goudin y Billuart eran la leche de aquellos alumnos […] de tal leche, ¿qué quilo podia esperarse? El que aparecia en casi todos los seminarios de España, á excepcion del de Barcelona, dirigido por el sabio obispo Climent, y el de Murcia reformado por el arcediano de Chinchilla don Joseph Pérez41.
4. EL SEMINARIO DE SAN FULGENCIO DE MURCIA.
El texto anterior nos sirve para poner en valor el caso del Seminario de Murcia42. Quizá el más destacado de los Seminarios españoles, por múltiples razones, ha sido también el mejor estudiado. Dejando al margen aproximaciones anteriores, los trabajos de A. Viñao y los míos propios43 han contribuido a clarificar en gran medida la singular evolución de este centro educativo, especialmente durante todo el siglo XVIII y el primer tercio del XIX.
El Seminario fulgentino fue fundado por el obispo de Cartagena, D. Sancho Dávila, en 1592. Pertenece, así pues, a la primera generación de nuestros Seminarios conciliares. Sin embargo, y participando de la misma dinámica que el resto de las instituciones españolas de su género, durante todo el siglo XVIII arrastró una apática existencia44, mostrando todas las características propias del estado de postración en que se hallaban los Seminarios: escaso número de colegiales, control capitular ante el general absentismo episcopal —plasmado en la servidumbre cotidiana del coro en la catedral—, enseñanzas reducidas a la gramática latina, moral y canto llano….
La situación cambiaría de manera drástica durante el siglo XVIII. Al acabar este siglo, el Seminario contaba con casi medio millar de alumnos, en su interior existían cátedras de todas las facultades universitarias (excepto Medicina), había recibido autorización para conceder grados universitarios como si de un Estudio General se tratase, y en sus aulas circulaban las doctrinas más avanzadas de la época. Más adelante, el Seminario fue uno de los pocos focos de catolicismo liberal que podemos identificar en España en instituciones de este género. Eso sí, en tal evolución el Colegio murciano hubo de pagar un duro peaje, que le llevó al aislamiento del contexto local, a la persecución de sus individuos y de las ideas que defendían, y al cercenamiento de la vía que representó al acabar el Trienio liberal.
La comprensión de esta evolución setecentista exige establecer una clara separación cronológica, con el año 1774 —momento en que se produjo la reforma ilustrada de sus planes de estudios— como marcado hito separador.
Durante el primer periodo, el Seminario fue creciendo de manera muy notable en el número de sus alumnos, que se multiplicó por $^ { 1 2 3 }$ , pues de 20 alumnos al comenzar el siglo, pasó a 254 en 1773. La base de este aumento fueron los colegiales porcionistas y manteístas (o externos) frente al de las becas numerales o de gracia. La razón última de este hecho se encuentra, desde luego, en el aumento de la demanda educativa y pastoral experimentado en la Murcia de la época, que conoció una buena coyuntura económica. Tal demanda resultó canalizada —e incluso potenciada— por las instituciones eclesiásticas; y a falta de Universidad, fueron fundamentalmente las aulas de los conventos quienes durante esa época coparon la oferta educativa superior en Murcia45. Ahora bien, el progresivo reforzamiento del poder episcopal —con una mitra que dejó de ser de mero paso para convertirse en destino final de los obispos, debido sobre todo al incremento de las rentas decimales— constituirá un rasgo distintivo del siglo. La actuación de estos obispos en materia educativa se centró precisamente en torno al Seminario de San Fulgencio.
La figura más destacada en este terreno durante la primera mitad del siglo fue la del obispo Belluga46. Él y sus sucesores dotaron al Seminario de nuevas constituciones, incrementaron sus rentas y alumnos, y terminaron —primera piedra en el largo proceso de emancipación de la institución— con el anterior control capitular. Del mismo modo, aumentaron la oferta docente a las enseñanzas de filosofía y teología (aunque por el expediente de enviar a los seminaristas a las aulas de los conventos dominico, franciscano y jesuita), y crearon otros dos nuevos colegios, uno para los infantes de coro (el de San Leandro), y otro para el perfeccionamiento de los teólogos (el de San Isidoro)47. Yendo aún más allá, crearon en el interior del Colegio una cátedra de Derecho civil y otra de Canónico. Y, en fin, colocaron al Seminario bajo el exclusivo y directo control episcopal, guiados del interés por hacer cumplir efectivamente las disposiciones tridentinas en esta materia y por afirmar el poder y el prestigio de la Iglesia diocesana de Murcia. Eso sí, podemos decir que este crecimiento —por destacado que fuera—, no significó la introducción de cambio ideológico alguno, ni el menor conflicto con el resto de instituciones eclesiásticas (aparte del cabildo), pues el envío de los seminaristas filósofos y teólogos a los conventos contribuyó al mantenimiento de la paz y las buenas relaciones intraclericales48.
En este punto, las reformas ilustradas tuvieron su prólogo con la expulsión de los jesuitas. En efecto, con la marcha de los expulsos y la consiguiente desaparición de la escuela suarista, se desencadenó en la ciudad una fuerte pugna por la captación de dicho alumnado entre las dos escuelas subsistentes, la tomista y la escotista. Según todos los indicios, los antiguos suaristas se pasaron en masa a las aulas de los franciscanos, quedando los dominicos en una clara situación de inferioridad. Por dicha razón, estos elevaron una queja al Consejo de Castilla en la que manifestaban hallarse perseguidos y dejaban caer veladamente la acusación de que el obispo D. Diego de Roxas Contreras (antiguo gobernador del Consejo de Castilla antes de la expulsión) no era ajeno a la situación por sus simpatías projesuíticas49.
El expediente promovido en el Consejo no se resolvió. En realidad, con la inmediata promulgación de la Real Cédula sobre Seminarios conciliares y el fallecimiento de Roxas en 1773, el colegio murciano iba a convertirse prácticamente en el primero de los Seminarios españoles que sufrirían una profunda reforma de acuerdo con las nuevas directrices. En dichas reformas, la mano del nuevo obispo designado para la mitra murciana fue esencial. Se trataba de D. Manuel Rubín de Celis y Primo, un hidalgo montañés que se graduó en ambos derechos en la Universidad de Valladolid y que después de una larga carrera eclesiástica (incluidos cargos en la Inquisición), había logrado la mitra vallisoletana en 1771. La confianza que había logrado en las esferas gubernamentales resulta obvia, hasta el punto de que apenas tomada posesión de la sede, se le comisionó para efectuar la visita del Colegio Mayor de Santa Cruz, tarea que terminó en un par de meses. De su actuación en Murcia, donde falleció en 1784, podemos decir que fue la característica de lo que se esperaba de un obispo de su tiempo: culto, benefactor y limosnero, no defraudó las expectativas que como agente gubernamental podían esperarse de él, especialmente a través de las reformas del Seminario y por el continuo apoyo proporcionado a la recién nacida Real Sociedad Económica de Amigos del País50.
Ahora bien, la reforma del Seminario no puede entenderse sólo a través de Rubín de Celis. Centrada en la promulgación de nuevos planes de estudios, en realidad fueron estos dos: el del Filosofía y Teología (1774) y el de Derecho Civil y Canónico (1778), respondiendo ambos a dos grupos de influencia diferentes. El primer plan fue en realidad obra de un personaje que se hallaba al frente del Seminario —como rector— desde 1772 (es decir, antes de la llegada de Rubín). Se trata del ya mencionado (por Villanueva) D. José Pérez Esteve, arcediano de Chinchilla en la catedral de Murcia. Pérez había sido uno de los más destacados introductores de la filosofía moderna en sus tiempos de profesor en la Universidad de Valencia (1748-1757), y después segundo de a bordo de Pérez Bayer en su grupo cortesano, donde intrigó en busca de un alto beneficio eclesiástico hasta que obtuvo el de Murcia en 1767. Por lo demás, fue tío del filósofo Ramón Campos, de quien después nos ocuparemos51.
Las principales novedades del plan de estudios de 1774 se desplegaban en un doble plano. Por una parte, se cortaba radicalmente con la dependencia docente e ideológica con respecto a los religiosos regulares, creándose a tal efecto las cátedras necesarias en el interior del Colegio y poniéndolas a cargo de eclesiásticos seculares. Por otra parte, se introducían nuevos textos y métodos. El plan establecía 3 cátedras de Filosofía que enseñarían —en otros tantos años— lógica, metafí- sica, física general, física particular y filosofía moral por las Institutiones philosophicae del P. Francisco Jacquier. En cuanto a la Teología, se creaban 4 cátedras para los 4 años en que se cursaba esta materia, de los cuales el primer curso era de Locis theologicis, por el tratado de Gaspar Juenin, y los restantes por el Compendio que el P. Jerónimo María Buzi compuso del De theologicis disciplinis del P. Juan Lorenzo Berti. Finalmente, se instituyó una cátedra de Teología Moral con dos años de enseñanza por el también Compedio de la Theologia christiana dogmatico-moralis del P. Daniel Concina. Este cuadro de autores es suficientemente significativo en cuanto a la orientación ideológica del plan de 1774. La obra de Juenin introducía a un estudio filosófico apartado de los antiguos textos empleados en las Escuelas, y pese a un cierto eclecticismo, se trataba de forma bastante libre sobre aritmética, álgebra, geometría, física, geografía y filosofía moral. En adelante, proporcionar a sus estudiantes una nociones lo más actualizadas posible en esta materias «filosóficas» (con una amplia apertura a la lógica y epistemología modernas, y a la física experimental), sin dependencia estricta y directa con los posteriores estudios teológicos o jurídicos, constituiría un rasgo de la docencia impartida en el Seminario —al contrario de lo que veíamos en Orihuela—. En cuanto a los textos teológicos, rompen también claramente con lo habitual hasta entonces e incluso con el general triunfo del tomismo subsiguiente a la expulsión de los jesuitas. Haciendo honor a la fama que cayó sobre el colegio murciano, se trata del plan más «jansenista» que podemos hallar entre los Seminarios españoles: Juenin era ante todo un antiprobabilista próximo al agustinismo, Berti entraba claramente en este terreno, y Concina —aunque dominico— hacía gala de un extremado rigorismo. No podemos dejar de ver en este triunfo agustinista el claro influjo de Pérez y de la ilustración valenciana.
Las innovaciones en el campo pedagógico se centraron en la elección de compendios, bajo el que subyacía la idea ilustrada de proporcionar con brevedad y concisión los conocimientos esenciales a los estudiantes, y de separar el estudio del dogma respecto de las distintas elaboraciones y fundamentaciones escolásticas, ahora contempladas como mero producto de la evolución histórica. Lo cual no deja de resultar en un claro distanciamiento de los planteamientos tradicionales escolásticos, basados en el principio de autoridad magisterial, aunque el plan mantuvo sin duda por criterios pragmáticos— la mayor parte de los actos típicos de las Escuelas, que seguían rigiendo en las oposiciones a cualquier destino eclesiástico.
Sin duda, el plan no cubría todos los huecos. Nada se decía del estudio de la Gramática o de las lenguas bíblicas, ni se creaban cátedras de Escritura, Historia eclesiástica o Concilios. Bien es cierto que, en cuanto a las primeras, Rubín (o Pérez) trajeron nuevos profesores, y que más tarde se instituyó una pasantía de griego y dos cátedras de latinidad. En cuanto a las segundas, sus enseñanzas quedaban distribuidas a lo largo del estudio de la teología. Por lo demás, todas las nuevas cátedras se cubrieron —en su mayoría— por miembros del clero secular murciano, aunque cabe notar la presencia de elementos valencianos (como Antonio Josef Cavanilles, que tuvo aquí uno de sus primeros destinos; y Tomás Fuentes, un acreditado profesor de latinidad en Valencia)52.
Por su parte, las corrientes regalistas aparecerán con enorme fuerza en el plan de estudios de 1778, de Derecho Civil y Canónico. Continuación y hasta culminación del anterior, en este caso su autoría hemos de imputarla más directamente al obispo (que era titulado en la materia) y al notable grupo de familiares eclesiásticos que había traído consigo. Se trata del denominado por A. Viñao «grupo cantá- brico», aunque formado en su mayor parte —siempre al calor de su mentor— en la Universidad de Valladolid. Significativamente, en 1774 el fiscal de la Inquisición de Murcia había abierto una investigación en torno a D. Ramón y D. Francisco Rubín de Celis por retención de libros prohibidos, como continuación de la sumaria abierta en Valladolid por posesión de las obras de Van Espen, Gibert, Fleury y Royamon, todos autores tachados de jansenistas. La cosa no pasó —no podía pasar— a mayores, pero estas son las tendencias que afloraron en el plan de 1778. Así, para la enseñanza del Derecho Canónico se creaban 3 cátedras para 3 cursos, con 2 asignaturas (disciplina antigua y disciplina nueva), tomándose simultáneamente lectura diaria del Concilio de Trento. El texto para la primera materia serí- an las Antiquitatum christianarum institutiones de Lorenzo Selvagio, tenido como jansenista por su inclinación galicana. En cuanto a la segunda (decretales), Rubín mantuvo la Suma latina de Andrés del Vaulx —ya utilizada en las cátedras creadas por Belluga y en la generalidad de las Universidades hispánicas—, pero este criterio pragmático iba matizado por la indicación de que los profesores pudieran corregir las «equivocaciones» que se notaban en el Valense. En cuanto al Derecho civil, el mantenimiento y aumento de esta enseñanza en el interior del seminario responde a la continuidad de la tarea iniciada por los predecesores de Rubín en aras de satisfacer la creciente demanda que de ella se experimentaba en la diócesis. Se crearon 2 cátedras, explicándose el Derecho Romano al tiempo que el Patrio, según un método comparativo. En un tercer año, a cargo de un pasante, se trataba de la Historia de la jurisprudencia y del Derecho Natural y de Gentes. En un cuarto y último año, también mediante un regente, se explicaría la legislación española. En punto a textos, para el Romano se mantenía el antiguo y comunísimo texto de Arnold Vinnen Iustiniani Institutiones libriquatuor, que seguía siendo apreciado por los ilustrados. En el tercer año se emplearía la Historiae Iurisprudentiae de Juan Augusto Bachii (o Backio, erudito Brunquelio), pero el profesor usaría como guía propia el Originum iuris civilis de Gian Vicenzo Gravina, de sobra conocido por sus polé- micas contra los jesuitas del lado de los planteamientos jansenistas. Y para el Derecho Natural, se señalaba el texto de Heinecke Elementa iuris naturae et gentium, según la edición española de D. Joaquín Marín y Mendoza, admirador de los Puffendorf, Grocio y Montesquieu. En cuarto, por último, se usaban las Instituciones del Derecho Civil de Castilla, publicadas en 1771 por D. Ignacio Jordán de Asso y D. Miguel de Manuel y Rodríguez.
En los demás aspectos, el plan era prácticamente un calco del de 1774. Si acaso, se concedía una mayor libertad a los profesores para el empleo del tiempo dedicado a las prácticas escolástico-silogísticas, y se dejaba ver un empleo a fondo del método histórico-comparativo. En cuanto al profesorado, se seleccionó igualmente a clérigos seculares murcianos, aunque aparece también un vallisoletano53.
Si su orientación ideológica es clara, hemos de subrayar algunas cuestiones por lo que hace a estos planes y su implantación. Ante todo, advertir que —gracias a sus peculiares características institucionales— había bastado la iniciativa del obispo y sus colaboradores para que un Colegio tridentino se convirtiese en terreno privilegiado de experimentación para los proyectos culturales, educativos y religiosos de los ilustrados; en suma, en uno de los cauces de reforma extraacadémica propios de la época. No faltan los testimonios de admiración llegados desde múltiples ámbitos, e incluso la Universidad de Valencia intentaría poco después poner en vigencia íntegramente el plan de 1774, aunque sin resultado54.
Estas adhesiones contaron durante largo tiempo con un claro e inequívoco refrendo gubernamental. Así, entre 1777 y 1783 una serie de gracias concedidas por el Consejo de Castilla colocaron al Seminario murciano en una situación única entre sus hermanos españoles. En virtud de la última de estas gracias, el Seminario obtuvo el privilegio de colación de grados menores (bachiller) como si de una Universidad se tratase55. Tales gracias aún se verían prolongadas —aunque podemos considerar que de manera epigónica— durante el reinado de Carlos IV. Así, en 1799 era reformado, con aprobación del Consejo, el plan de Cánones —obra de Antonio de Posada Rubín de Celis, sobrino del obispo, educado en el Seminario, entonces canónigo en la Colegial de San Isidro de Madrid, y más tarde obispo liberal de Murcia durante el Trienio—, substituyéndose el vetusto Valense y el Selvagio por un único texto: las Institutiones Iuris Canonici de Domingo Cabalario, un autor de muy marcado sesgo jansenista, tanto por su rigorismo moral como por sus opiniones jurisdiccionalistas. Poco después, en las Constituciones redactadas hacia 1800 por el obispo Victoriano López Gonzalo, se introducían dos nuevos textos: el Catecismo del obispo de Soissons, Francisco Fitz-James (también jansenista), y el Compendium elementorum mathesae universiae de Christian Wolf, como complemento del texto de Jacquier (aunque ya venía utilizándose en el Seminario desde al menos 1778)56.
Sin embargo, dichas Constituciones —como veremos— fueron detenidas y dejadas sin aprobar en su parte literaria por el propio Consejo de Castilla. Lo que nos lleva a referirnos a la enorme oposición a la que las reformas del Seminario se tuvieron que enfrentar en el medio local, y a la debilidad de sus apoyos externos, porque si el Colegio murciano basó su apoyo en el brazo más poderoso posible (el del gobierno), bastó que este cambiase de signo para verse desamparado y sin respaldo.
La oposición local hizo su aparición nada más producirse la primera reforma. Los dominicos fueron sus principales actores, aunque no les faltó la connivencia del ayuntamiento y la colaboración de la Inquisición. Así, el 24 de octubre de 1774 (apenas un mes después de la entrada en vigor del primer plan), los regulares elevaban una representación al Consejo de Castilla denunciándolo por sus «peligrosas novedades» jansenistas y antirregalistas (sic). Sin entrar en más detalles sobre las acusaciones, el obispo se tuvo que emplear a fondo, tanto en los argumentos del memorial de respuesta que tuvo que escribir (donde protestaba su fidelidad a las reales órdenes y la ortodoxia de los autores para volver contra los dominicos el argumento antirregalista, al adjuntar unas conclusiones leídas en el convento murciano en 1765, en las que se defendía la potestas indirecta papal), como en pulsar posibles apoyos en la Corte. No se equivocaba el obispo cuando tras la denuncia creía ver «un vivo resentimiento (aunque disimulado con sagacidad) por verse privados de aquella autoridad, y predominio, que les granjeaba la enseñanza pública de los Seminaristas, con otras ventajas consiguientes a ella»57. Pues si el enfrentamiento que ahora se iniciaba y que no terminaría hasta 1824 siempre tuvo una dimensión ideológico-teológica, tras ella se escondía la pugna por el control de la formación del clero y de las élites murcianas; en ello estaban los dominicos ya desde la misma expulsión de los jesuitas, como poco. La «inesperada» reforma del Seminario hacía presagiar una catástrofe cuyas verdaderas e inmensas proporciones nos confirman los expedientes de los alumnos murcianos que en los años posteriores a las reformas acudieron a graduarse en la cercana Universidad de Orihuela. Y es que si entre 1756 y 1774 el Seminario sólo aportó un $3 5 \%$ de tales estudiantes (porcentaje que podemos reducir al $1 3 \%$ porque, como hemos dicho, los seminaristas tenían que acudir a las aulas conventuales a menos que fueran estudiantes de Derecho), repartiéndose los conventos el resto; entre 1775 y 1807, el $8 5 \%$ de dichos estudiantes murcianos en Orihuela había cursado sus estudios superiores única y exclusivamente en el Seminario, quedando dominicos y franciscanos con un modesto $1 5 \%$ $8 \%$ y $7 \%$ , respectivamente). El asunto, en efecto, adquiría las proporciones de verdadero casus belli y basta para explicar, más allá de los argumentos ideológicos y de prestigio, la intensidad y continuidad de la enemiga conventual contra el Seminario58.
Por el momento, sus logros fueron pocos. La denuncia contra el obispo terminó con un claro espaldarazo a sus actuaciones y una severa advertencia contra los regulares. Cerrada esta vía, lo intentaron por la del Santo Oficio, que abrió distintas sumarias (aparte la ya mencionada contra el grupo cantábrico) al rector Pérez en 1773, 1774 y sobre todo 1777, cuando se le acusó de ser secuaz de Quesnel y Jansenio. D. José llegó a estar calificado como hereje formal, pero salió completamente airoso merced al apoyo que en todo momento halló en la Corte y en especial por parte de la Suprema y del Inquisidor General, a la sazón su bien conocido D. Felipe Bertrán, también valenciano y creador —como veremos— del Seminario de Salamanca59.
Realmente, el primer éxito que pudieron anotarse los adversarios del Seminario tuvo que esperar a 1781. En ese momento, Campomanes presentó su plan para reducir la Universidad de Orihuela a mero Colegio de Lenguas, Artes y Teología. Al mismo tiempo, el Seminario murciano presentaba su solicitud para que los nuevos estudios de Derecho, cursados tanto por colegiales como por externos, pudiesen ser incorporados para obtener los grados en las Universidades del reino. Cuando el Consejo pidió informes sobre este particular al ayuntamiento de Murcia, se suscitó su seno una discusión que puso bien a las claras las ideas de sus integrantes en relación con las reformas. Los alcaldes mayores no acudieron, pretextando enfermedad. El síndico personero significó la «mala mezcla» que hacían los legistas externos en un Seminario conciliar (aunque los datos que poseemos nos indican que estos representaban una escasa proporción del total del alumnado, habiendo también legistas internos y distribuyéndose por su parte los externos en importante porcentaje entre el resto de los estudios), y se pronunció directamente por la idea de establecer una Universidad en Murcia, pero sacando las cátedras del Seminario y dando entrada en ellas a profesores religiosos regulares, al tiempo que manifestaba las escasas simpatías que le inspiraban las reformas de San Fulgencio. Un regidor fue más allá y clamó por la erradicación de las cátedras de Derecho del Seminario y —reflejando lo que realmente sucedía y sucedería— dijo que si en algún momento se le concedía al Seminario la gracia solicitada «todos los estudiantes del pueblo y su reino se irían a estudiar a las aulas del Seminario, quedando abandonadas las de Santo Domingo, y del Colegio de la Purísima Concepción». El ayuntamiento hizo suyas estas opiniones, y el triunfo fue notable, porque dejó bien claro que el Seminario no contaba en adelante con más apoyos oficiales que los del obispado y el gobierno. Por lo demás, Orihuela salvó durante unas décadas más su Estudio General, pero Murcia quizá perdió la ocasión de ver nacer una Universidad que debió esperar hasta el siglo $\mathrm { X X ^ { 6 0 } }$ . Ciertamente, el argumento de la irregularidad de los estudios de Derecho en un Seminario conciliar —máxime si estaban abiertos a alumnos externos— puede admitirse, y seguramente en abstracto podrían haberlo suscrito la mayor parte de los pensadores reformistas de su siglo y aun de otros anteriores (pensemos, sin ir más lejos, en el origen de la Universidad Complutense). Pero bajo este debate teó- rico, en el caso concreto de Murcia y en ese momento, poco más había que el intento por defender los intereses de los conventos locales, gravísimamente perjudicados: las cátedras de Leyes funcionaban desde mucho antes (Floridablanca fue su primer catedrático) y nadie dijo realmente nada contra ellas. En cuanto al gobierno, sin duda tampoco debió a estar dispuesto a poner la zorra a cuidar del gallinero, dejando de contar con un centro de difusión de las doctrinas regalistas que las impartía con plena fidelidad y sin tutelas conventuales.
La oposición al Seminario y sus individuos se mantendría latente en los años posteriores, con ciertos episodios más o menos llamativos, pero en todo caso aislados (abandono de la asistencia de los regulares a los actos de conclusiones del Colegio; ataques de algunos religiosos a los nuevos planes, por cierto duramente castigados por el obispo61; sumaria inquisitorial contra Ramón Campos, profesor del Seminario y sobrino del rector Pérez…)62. Pese a todo, los años de Rubín de.
Celis (muerto en 1784) y de Carlos III terminaron con un centro en plena pujanza, sin duda el más relevante de su época.
Y en cierto modo así pareció que seguirían las cosas en los tiempos posteriores, al menos al principio. Tras el breve pontificado de D. Luis Felipe Mirallas (1784-1788), accedió a la mitra murciana D. Victoriano López Gonzalo, un hombre formado a la sombra del arzobispo Fabián y Fuero, de quien era paisano, y que por sus pastorales y por su actitud ante el Seminario, no sólo no retrocedió un ápice en la senda iniciada por Rubín, sino que no dudó en ahondar en ella. En este sentido, el Seminario continuó creciendo en número de alumnos y D. Victoriano llevó adelante la referida reforma del plan de estudios de Cánones. Eso sí, en 1794 tuvo que proceder —en virtud de orden gubernativa— a suprimir la cátedra de Derecho Natural y de Gentes63.
Esta última disposición era un signo evidente del cambio de los tiempos. Cambio que sacudiría a no mucho tardar al Seminario con una dureza que sin duda D. Victoriano no podía sospechar cuando en 1799 reformó el plan de estudios de Cánones. Pues al año siguiente, seguramente en la confianza de que —como siempre anteriormente— sería apoyado por el Consejo de Castilla, redactó y envió a Madrid unas nuevas Constituciones para el Seminario. En ellas realmente se innovaba sólo en la parte económica y gubernativa, puesto que las anteriores —redactadas por Belluga— eran ya difícilmente aplicables a una institución que había experimentado tan hondas transformaciones. Respecto de la parte literaria, D. Victoriano se limitó a poner, palabra por palabra, los autores y textos que reiteradamente habían sido aprobados y hasta celebrados por el Consejo de Castilla. Y en efecto, en un primer momento los fiscales aprobaron el texto con todos los pronunciamientos favorables y el Consejo facilitó un primer dictamen aprobatorio. Sin embargo, el 10 de diciembre de 1800 se daba la orden de publicación en España de la bula Auctorem fidei, tan largamente retenida, y el 27 del mismo mes, el rey mandaba enviar el texto de las Constituciones a un individuo —que permaneció anónimo—, para que las sometiese a censura64.
El tenor de la censura no pudo ser más negativo para el Seminario. Su anónimo autor consideraba del todo inconvenientes los textos de Juenin (por su galicanismo), de Berti (por sectario agustiniano), y muy especialmente los de Cabalario (a quien tachaba de confundirse con los mismísimos calvinistas, de antirromano y de adversario de la Inquisición). La solución debería ser, lisa y llanamente el cambio de los autores y el regreso a las autoridades (así, Berti debía sustituirse por Santo Tomás). López Gonzalo efectuó una apasionada defensa del plan tan sorprendentemente rechazado, demostrando la ortodoxia y pertinencia de los autores, pero de nada sirvió, de modo que las nuevas Constituciones nacieron en 1803 mutiladas, con sólo las partes económica y gubernativa y con la literaria en suspenso65. Mientras tanto, en Murcia los adversarios del Seminario no habían perdido el tiempo. Si la actividad inquisitorial se reactivó en torno a 1793-1794, arreció justo en torno a 1801, hasta adquirir proporciones de verdadera tormenta: prácticamente 40 profesores y alumnos vieron abierta sumaria ante el Santo Oficio murciano, de forma paralela a la represión de los «jansenistas» en el resto de España66. Para colmo de males, la publicación de las mutiladas Constituciones produjo una algarada estudiantil que si bien —y según todos los indicios— carecía de todo sesgo ideoló- gico, llegó a preocupar seriamente a las autoridades y terminó por provocar un informe reservado de Floridablanca, entonces retirado en Murcia. Moñino, tan convencional como siempre, quitó importancia al suceso, pero no dudó en arrimar el ascua a la sardina de sus propias convicciones, mostrándose partidario de cortar con los «excesos» en los que el Seminario había caído y favorable a una reorientación más eclesiástica y conservadora del centro67. Y efectivamente estos años fueron de claro retroceso en todos los órdenes. Suspendidos, como hemos dicho, los planes de estudios en 1803, con la promulgación del plan del ministro Caballero en 1807 terminó en San Fulgencio la vigencia oficial de todos los planes de estudios aprobados desde 1774. Con la misma fecha y por la misma causa cesó el Colegio en la facultad de colación de grados menores de que disfrutaba. Y aprovechando la coyuntura, el nuevo obispo D. José Jiménez, hombre de sesgo muy distinto a sus predecesores, suprimió las cátedras de Derecho Civil y Canónico alegando la excesiva carga económica que suponían. De este modo, y en brevísimo plazo, todas las reformas, incluidas las de la primera mitad del siglo que nada tenían que ver con el ideario ilustrado, habían sido borradas de un plumazo. En el mismo sentido, la pérdida de alumnos se advirtió dramáticamente: de 486 alumnos en el curso 1799- 1800, se había pasado a 250 en el de 1807-1808. Las consecuencias de la reconducción ideológica no se notaron únicamente en el plano de los estudios de Derecho (en el mejor momento, el máximo de alumnos asistentes fue de 74), sino que se acusó también en el de los filósofos (de 225 a 137) y en el de los teólogos (de 156 a 100). Eso sí, las pérdidas se concentraron especialmente en los externos, pues si en el primero de los cursos citados más que duplicaba al de internos (216 de estos últimos frente a 270 manteístas), en el segundo los internos eran 191 frente a los solos 59 externos68.
En esta situación, el Seminario llegó a la guerra de la Independencia, y tras ella, a la represión posterior: a su regreso, «El Deseado» ordenó que se efectuase una visita de depuración (junto con las Universidades de Salamanca, Oviedo y Santiago, y los Reales Estudios de San Isidro de Madrid) tanto de los maestros como de los textos que regían en el Seminario. El informe del visitador apuntaba a que los «males» databan desde los tiempos de la Revolución francesa, exculpaba a los obispos, y cargaba las tintas sobre los catedráticos y el sistema de provisión del profesorado. La solución, pues, pasaría por el despido de todos los catedráticos y su substitución por lectores de las Órdenes religiosas. Por supuesto, también habrí- an de cambiarse los textos, no ya por los del plan Caballero —entonces vigentes— sino por los de Roselli (para Filosofía), Melchor Cano (para Locis) y la Suma de Santo Tomás (para Teología): un retorno en todos los aspectos al más puro escolasticismo. Que sepamos, nada cambió —sin embargo— hasta 1820, quizá por la protección que pudieron brindarle tanto el obispo como los rectores (si no por causas ideológicas, al menos por razones prácticas, de control sobre la institución y de prestigio). De modo que el expediente de depuración languideció en Madrid sin despacharse hasta que el nuevo gobierno constitucional lo archivó en marzo de $1 8 2 0 ^ { 6 9 }$ .
Con el Trienio liberal, asistiremos a una reproducción de la dinámica anterior a 1808, pero en la que las anteriores posiciones ilustradas son ahora de carácter abiertamente liberal. El grupo liberal de los fulgentinos emergió con fuerza después de la muerte del obispo Ximénez (diciembre de 1820) y el nombramiento de Mariano García Zamora como gobernador de la sede vacante. De ese período son las Proposiciones sobre la armonía de la Constitución española con la religión católica, defendidas públicamente en el Seminario en 1821 por los propios seminaristas, bajo la dirección de D. Nicomedes Vergara, doctor en teología y catedrá- tico de Constitución del Seminario. Documento que podemos complementar con otros, como la exposición enviada a las Cortes el 11 de abril de 1823 por el clero de Murcia en contra de los falsos derechos pontificios (firmada por nueve profesores y alumnos del Seminario) y el plan de estudios que entró en vigor en San Fulgencio en 1822. El plan fue obra del nuevo obispo, D. Antonio Posada Rubín de Celis, un claro «jansenista», sobrino del obispo D. Manuel, educado en el Seminario, después canónigo de San Isidro y conocido miembro del círculo de la condesa del Montijo. Como antes hemos indicado, había sido autor de la reforma del plan de estudios de cánones de 1799. Sus posiciones liberales —bastante moderadas— le costaron la renuncia de la diócesis y el exilio en Francia en 1824. Este plan de 1822 compaginaba claramente las posiciones jansenistas con las liberales. Por una parte, establecía 4 cátedras de teología cuyos textos serían el Lugdunense y el Aparato bíblico de Lamy. Además, se reintroducían los estudios de Derecho. En cánones (3 cátedras) los autores serían Lackis y Cabalario, mientras que en Derecho Civil (4 Cátedras) se empleaban los textos de Schmidt (traducido por Garrido), Heinecio y las Lecciones de Derecho público constitucional de D. Ramón de Salas. Por otra parte, la docencia se completaba con la ahora ya denominada «segunda enseñanza», con materias como gramática, retórica, castellano, latín, geografía, cronología, literatura e historia, matemáticas, física, lógica y gramática general, economía política y estadística, moral y Derecho natural, Derecho público y constitucional. Este plan culmina, en el puerto del liberalismo, la evolución iniciada en 1774. Del eclecticismo inicial en filosofía, se ha pasado al empirismo, el sensismo y el utilitarismo, dando entidad separada a las ciencias; y en el plano eclesiástico, del regalismo episcopalista se desemboca en la doctrina de la plena autonomía del Estado y de la Iglesia en sus respectivos ámbitos, sujetándose los miembros de esta última —en tanto que ciudadanos— a la esfera del primero, según los conceptos de soberanía nacional y de libertad individual. Por lo demás, la elaboración del plan de 1822 es indesligable, una vez más, del reverdecer del proyecto universitario murciano, centrado de nuevo en el Seminario, pues se apuntaba que el nuevo plan estaría en vigencia «hasta que se constituya en esta Ciudad la Universidad proyectada de segunda enseñanza», pues parece que la Dirección General de Estudios había decidido que el Seminario sirviese de base para tal Universidad. Pero de nuevo el proyecto terminó en aborto, pues apenas puestas en marcha las nuevas cátedras en octubre de 1822, al mes siguiente se comunicaba desde Madrid que el Seminario tan sólo podía albergar estudios de teología, por no estar comprendidos los seminarios en el artículo 40 del Reglamento General de Instrucción pública. Las protestas del obispo Posada sólo sirvieron para poder mantener las cátedras de cánones como más afines y necesarias a los estudios eclesiásticos70. El fin del Trienio y el exilio del obispo Posada sí marcaron definitivamente el fin del ciclo que hemos seguido: en 1824 el Seminario estaba cerrado —utilizado como cuartel para tropas—, y con el Ayuntamiento murciano solicitando al Gobierno la adopción, antes de reabrirlo, de «una medida radical que cree contribuirá sobremanera para extinguir las semillas revolucionarias que en esta Provincia han tenido un grande apoyo con la instrucción que se da a la juventud en el citado Seminario». Comentaban los munícipes que lo ideal sería su supresión definitiva; pero como tal cosa implicaría contravenir el decreto tridentino, al menos debería excluirse del Seminario a «quantos en él se hayan educado de cuarenta años a esta parte», devolviendo al centro al estado en que se hallaba «antes de la venida a esa diócesis del Ilmo. Sr. Rubín de Celis»71, es decir, echando abajo absolutamente todas las medidas adoptadas de 1774 en adelante.
En estos últimos párrafos, los opositores al Seminario habían identificado claramente la raíz del «problema» —o una de las principales claves explicativas de la continuidad ideológica que podemos apreciar en la institución murciana. Y es que después de sus reformas, salvo el primer contingente de profesores que comenzaron a impartir docencia según los planes de 1774-1778, los restantes profesores hasta los tiempos del Trienio habían sido alumnos del propio centro, que vivió en una especie de endogamia —voluntaria o forzada, ante el aislamiento respecto del contexto local—, que por lo demás garantizó la continuidad ideológica que apreciamos en la institución. Este hecho, sin embargo, no debe hacernos presuponer que profesores y alumnos constituyeran un bloque monolítico y sin fisuras, de una absoluta homogeneidad de pensamiento. En los 50 años que median entre 1774 y 1824, podemos hallar distintos grupos, derivaciones más radicales (tanto hacia el absolutismo como hacia el liberalismo), e incluso cambios notables en los propios individuos del Seminario. Ya vimos cómo la implantación de los nuevos planes de estudios fue deudora de una doble influencia (el grupo valenciano y el grupo «cantábrico»). Posteriormente, a finales de los años de 1780 y durante los de 1790, podemos observar la aparición de individuos de mayor radicalismo, claros defensores de las tesis pistoyenses o incluso de las de la Revolución Francesa, a los que A. Viñao no dudó en calificar de libertinos y republicanos72. Más tarde, aunque seguramente con exageración, algunos testimonios nos dicen que «de los firmantes de la Constitución del año 1812 más de la mitad eran o habían sido alumnos, Pasantes o Catedráticos» del Seminario, mientras que 40 diputados de las Cortes de 1820 habían pasado por dicho centro educativo73. Ciertamente, no todos los individuos comulgaron con estas doctrinas ni completaron esta evolución, como por ejemplo el rector Ramón Rubín de Celis, impulsor de la reforma en 1774 y claro denigrador de sus «excesos» al comenzar el siglo XIX, máxime al ser objeto de las burlas de los estudiantes y de la algarada estudiantil que forzó su cese al publicarse las Constituciones de López Gonzalo. Pero sin duda, muy pocas instituciones educativas de la época pueden presentar un elenco tan extenso de personajes en la tradición ilustrada y liberal. Por citar algunos de los más destacados, mencionaremos al citado Ramón Campos (sobrino de Pérez y filósofo sensista y liberal), Diego Clemencín (posterior ministro liberal y conocido por obras como el Elogio de Isabel la Católica o por su celebérrimo comentario de El Quijote)74, y el propio Antonio de Posada, que si bien tuvo que dimitir de su diócesis, terminaría sus días como Patriarca de las Indias75. Añadamos que estos tres fueron condiscípulos. En torno al grupo que surge en los tiempos de la Revolución francesa, los cabecillas más destacados fueron Manuel González Narganes, Juan Andújar o Manuel María Gutiérrez, junto con otros muchos. Figuras éstas que después — con hombres como Cristóbal Cladera, que también cursó íntegramente sus estudios en San Fulgencio— veremos aparecer, por lo común, en las filas de los afrancesados. Relacionados con las Cortes de Cádiz y su preparación hallamos —junto a Clemencín— a Gregorio Gisbert, Mariano García Zamora (ambos miembros de la Junta de materias eclesiásticas), Nicasio Tomás (secretario del cardenal Borbón), Leonardo Hidalgo, Antonio Quartero y otros. Y en los años inmediatamente posteriores a la Guerra de Independencia y durante el Trienio, no podemos dejar de mencionar a Bonifacio Sotos Ochando, Nicasio Tomás, José Arroniz, Pedro Andrés, Jorge Gisbert, Joaquín María López (que también accedería al ministerio),y a los ya mencionados Posadas y García Zamora76.
5. EL SEMINARIO DE SALAMANCA.
En el extenso trabajo que dedicó a la fundación del Seminario salmantino, L. Sala Balust destacó, ya desde el propio título77, el papel absolutamente esencial que el entonces obispo de Salamanca, D. Felipe Bertrán y Casanova, tuvo en la gestación del Seminario de dicha ciudad. Nacido en Sierra de En Garcerán (Castellón) en 1704, se educó en la Universidad de Valencia, donde se graduó en Artes y Teología, para más tarde obtener la cátedra de filosofía tomista entre 1735 y 1738. Pasó después a desempeñar diversos curatos en poblaciones de Valencia, hasta que en 1759 consiguió ganar la canonjía lectoral de la metropolitana de Valencia. En Julio de 1763 fue preconizado obispo de Salamanca, y en diciembre de 1774 se le nombró Inquisidor General. Este cargo le obligaría a residir en Madrid hasta su muerte, ocurrida el 1.° de diciembre de 1783, aunque siempre se mantuvo interesado en los asuntos de su diócesis.
Como es sabido, la de Bertrán es una personalidad señera en el episcopado reformista español de la segunda mitad del Setecientos. En aras de la brevedad destacaremos, teniendo en cuenta su origen valenciano como hecho fundamental (pues D. Felipe surgió del grupo existente en torno al arzobispo Mayoral, como sus amigos Climent y Tormo), dos aspectos. En primer lugar, una honda preocupación por la pastoral y la predicación —con claras influencias erasmianas, demostradas por A. Mestre78—, ya desde sus primeros tiempos como cura. Lógicamente, aquí se encuentra la raíz de su empeño en la fundación del Seminario salmantino. Y en segundo lugar sus contactos con los ilustrados y sus apoyos políticos. En este sentido, de nuevo vemos aparecer la importancia del círculo valenciano en la Corte, dada la amistad que le unió con Francisco Pérez Bayer79, por cuyo medio obtuvo el favor que le dispensaron el ministro Manuel de Roda y el propio rey. En estas relaciones reside, por tanto, la explicación de su ascenso político, de su papel como agente de la reforma de los Colegios Mayores de Salamanca y —como veremos más detenidamente— del éxito final de su proyecto de creación de un Seminario conciliar en dicha ciudad, pese a las dilatadas dificultades con las que tropezó. Por lo demás, su severidad y rigor moral, su antijesuitismo, su comunión con el regalismo, o la protección brindada ya siendo obispo a personajes como el P. Bernardo de Zamora, Tavira o Joaquín Lorenzo Villanueva terminan de perfilar una figura en la que anida, tras la «punta de jansenista» que en él viera Menéndez Pelayo, un carácter marcadamente humanista.
Los motivos del interés de Bertrán en la fundación del Seminario resultan, por tanto, evidentes. Sin embargo, la falta de fondos suficientes y de un edificio acomodado impedía que la idea pudiera tomar cuerpo. La expulsión de los jesuitas proporcionó la ocasión propicia para que el proyecto se considerara factible, habiendo quedado desocupado el Colegio del Espíritu Santo. De modo que, apenas tres meses después de la expulsión, Bertrán enviaba al Consejo su primera representación (7 julio 1767). En esencia, solicitaba dicho edificio para Seminario y proponía que a éste se le incorporasen los Colegios menores, en estado de franca decadencia, con sus respectivas dotaciones económicas. Esta petición se precisó en algunos puntos con la que le siguió el 1.° de Septiembre del mismo año, especialmente en lo referido a las rentas necesarias, entre las que se incluían las de los Colegios menores de la Universidad de Salamanca, aunque «unidos todos en un cuerpo, sin concepto de Seminarios conciliares». En una tercera carta, de 20 de Agosto de 1768 (apenas 6 días después de la Real Cédula sobre Seminarios conciliares) insistía en que el mejor destino para el edificio de los jesuitas era sin duda el de albergar el Seminario. Para justificar esta postura, expresaba ya una de las ideas que constantemente argüiría en defensa de su proyecto, cual era la de resultar lamentable y doloroso que, manteniendo la ciudad y el obispado tantos Colegios, en los cuatro mayores no hubiera ningún salmantino, y muy pocos en los menores.
Entre la primera y la última de estas cartas media un año largo, en el que Bertrán expuso claramente su proyecto sin que aflorase —lo que no quiere decir que no la hubiera— contradicción u oposición. Sin embargo, la fundación del Seminario salmantino no tendría lugar hasta 10 años más tarde, tras un largo proceso en el que se produciría un enfrentamiento político al más alto nivel entre el propio obispo y el fiscal del Consejo, Campomanes.
El problema es bien conocido desde los estudios de Sala Balust y se produjo a propósito del «contraproyecto» que D. Pedro formuló respecto del destino del antiguo Colegio jesuítico. Lo que el fiscal proponía (dictamen de 1.° de Marzo de 1769) era la creación de un Real Convictorio Carolino, en un proyecto que nos recuerda aunque lo antecede— al mencionado respecto de la Universidad de Orihuela, quizá incluso inspirándose en la sugerencia del propio Bertrán acerca del agrupamiento de los Colegios menores. Para justificar su postura, Campomanes partía de dos supuestos: que los medios destinados a la enseñanza no debían hacerse privativos de una provincia, y que los estudios que pudieran establecerse en el Seminario (aunque no lo mencionase explícitamente) ya existían en la Universidad. Por el contrario, el Convictorio ejercería un papel dinamizador del nivel académico de Salamanca, alojando 58 plazas de provisión real para estudiantes de griego, hebreo, medicina, matemáticas y teología, y admitiendo a los pensionistas que se mantuvieran por su cuenta.
El proyecto del fiscal llenó a Bertrán (según confesión propia) de «dolor y sentimiento», e incluso de perplejidad, pues confiaba en que su proyecto sería bien recibido teniendo a la vista la R. Cédula de 1768. Bertrán evacuó su parecer ante el Consejo mediante dos informes, que no fueron del agrado del fiscal, el 25 de Abril, expresando su oposición «con todas mis fuerzas». Sus argumentos, repetidos continuamente a lo largo de esos años en múltiples memoriales y representaciones, se basaban precisamente en refutar los dos puntos básicos en que se apoyaba Campomanes. En primer lugar, como había dicho desde el primer momento, no era justo que de las generosas contribuciones del obispado «para mantener maestros de todas las ciencias y facultades, destinados a instrucción de todos los reinos de España [...] se proyecte hacer beneficio común y trascendental a todos los reinos de la nación, lo que los regulares de la Compañía poseían en él», pues esto sería «pretender que, por lo mismo que esta diócesis es tan benéfica para los extraños, no lo sea para sus hijos». Resultaba, pues, vergonzoso que una diócesis que se había empobrecido y reducido a la condición de colonia de toda España, no cubriese más que unas 20 becas entre todos los Colegios (y ninguna en los Mayores y de las Órdenes militares); y que de los 148 curas propios que existían en Salamanca, sesenta fuesen forasteros.
Pero quizá más importante aún, desde el punto de vista conceptual, es la refutación que Bertrán efectúa de la idea de Campomanes respecto de ser superfluas las enseñanzas del Seminario en una ciudad como Salamanca. Pues no se trataba de abrir una institución donde sólo se impartiesen contenidos académicos, sino de proporcionar una educación esencialmente destinada a la formación teórica, moral y práctica del futuro clero diocesano. Todo un conjunto de cosas, en definitiva, que no se enseñaban ni aun en las Universidades más célebres, pues
sobran personas que sepan la gravedad de los pecados... pero no sobran, sino faltan, con sumo sentimiento de la Iglesia y con gran perjuicio de la religión, confesores que sepan aplicar a su curación y preservación los remedios convenientes y su proporcionada dosis, y averiguar las raíces adonde dimanan y cortarlas; y sobre todo, que sepan examinar el camino por donde Dios quiere llevar a cada una de las almas que dirige a sus pies. Sobran predicadores; pero faltan oradores evangélicos revestidos de aquel espíritu y adornados de aquellas prendas que pide tan sublime ministerio, y que anuncien la divina palabra con aquel método, gravedad, energía y pureza de intención que pide una de las más sublimes funciones de la jerarquía eclesiástica. Pues todo esto, que no se enseña ni aprende en las Universidades, se enseña y se aprende en los Seminarios erigidos según el espíritu de los Concilios80.
El enfrentamiento, pues, estaba servido, y se prolongó en una sucesión de ataques y contraataques cuya relación sería excesivamente prolija —amén de que ya la hemos efectuado en ocasión anterior81—, pero que culminó con un verdadero golpe de efecto dado por Bertrán presentándose ante el rey el de 13 de octubre de 1778. Diez días en la Corte le fueron necesarios para lograr el triunfo de su proyecto: un Carlos III que no ocultó su enfado por algunas actuaciones favorables al proyecto del fiscal, suspendió todas las diligencias en ese sentido y mandó que se diese prioridad absoluta a la creación del Seminario. Una carta de Roda de 30 de Octubre confirmaba estos extremos. De modo que el 28 de mayo de 1779 firmaba D. Felipe el decreto de erección del Seminario y el 21 de septiembre tuvo lugar el acto de apertura e imposición de becas a los primeros seminaristas. El 19 de Septiembre de 1779 era incorporado el Colegio de niños de la doctrina, del que el obispo era patrono, y en 10 de septiembre de 1780 se le incorporaban también los tres colegios menores; a saber el más antiguo de Oviedo o de Pan y Carbón, el de Santo Tomás y el de Santa Catalina.
Así pues, el proyecto de Bertrán se había impuesto sobre el del Convictorio (que quedó nonato). Sin duda, el favor real con que contaba el obispo había sido fundamental, y en su obtención por supuesto que fue determinante el papel jugado por Roda, y más aún por Pérez Bayer, unido a Bertrán por una antigua y larga amistad. De hecho, no se trató de una pugna aislada, sino que estamos ante un conflicto de más hondo calado entre la Secretaría de Gracia y Justicia y el Consejo, apreciable en otros episodios como el de la elección del director de los Reales Estudios de San Isidro (1770), también antiguo Colegio jesuítico, y que se sustanciaría con la retirada de Campomanes a un segundo plano en todo lo concerniente a la visita y reforma de los Colegios mayores, asunto éste en el que Bertrán —destaquémoslo— fue el agente principal en Salamanca. El fiscal, no obstante, no abandonaría este tipo de proyectos, como es de ver en la creación de los Convictorios Carolinos de Santiago de Chile y Buenos Aires.
Fue precisamente en el intervalo entre el respaldo real y la apertura del nuevo Seminario cuando Bertrán tuvo ocasión de exponer detalladamente sus ideas respecto de la formación clerical en este tipo de centros. Y lo hizo mediante una carta pastoral fechada en Madrid el 5 de febrero de 1778 y publicada a modo de prólogo de la traducción de la obra Historia de los Seminarios clericales que el obispo mandó traducir al castellano al P. Bernardo de Zamora (e impresa en ese mismo año)82. En dicha pastoral, D. Felipe recordaba las gestiones realizadas para la creación del Seminario, resumía la obra de Giovanni, y retomaba extensamente algunos de los puntos ya argüidos en sus polémicas con el fiscal, como el de la réplica a la ausencia de necesidad de creación de un Seminario en una ciudad universitaria como Salamanca, o el de la escasa reversión que la diócesis recibía de las aportaciones económicas que realizaba para enseñanza y las pésimas consecuencias que esto tenía en el debido orden pastoral. Vale la pena detenerse aun a costa de resultar redundante— en alguno de los aspectos que trata el Inquisidor General, pues revelan con toda claridad las bases de su defensa de los Seminarios. Bertrán parte de la confianza ilustrada en la capacidad transformadora de la educación, pues —citando a Palavicino— es «regla cierta, que en todas las Repúblicas, los ciudadanos son comúnmente tales, qual ha sido su educación» (pp. XI-XII). Por otra parte, resulta absolutamente necesario que los aspirantes al sacerdocio se críen bajo los ojos de sus obispos el mayor tiempo posible, como medio para que éstos tengan un conocimiento cierto de sus facultades y capacidades, y para que se les imbuyan las virtudes específicamente clericales. En este terreno, D. Felipe no escatima las críticas a la vida muelle adoptada por muchos clérigos una vez alcanzadas las dignidades que pretendían, o a la que llevan los futuros sacerdotes «en algunas Universidades, mezclados con otros de genios, inclinaciones y costumbres tan varias como estragadas y agenas de toda circunspección y modestia» (p. XVIII). Tampoco los padres, por buenos que fueran, no bastaban para dar la seguridad suficiente en la educación de los hijos destinados al sacerdocio, pues «si fuese así, más florecientes estarían las costumbres de nuestros Pueblos», al margen de que los niños se juntarían «con sus iguales en las calles, en las escuelas y en los campos» (p. XXIII), expuestos por tanto a todo género de vicios y corrupciones. Metido en este terreno, Bertrán no puede dejar de atacar a las «falsas doctrinas» de los filósofos del siglo, que defienden como conveniente «que a los niños se los dexe en total libertad, sin inspirarles máxima alguna que preocupe su juicio y deliberación hacia la Religión que deberán elegir quando sean adultos. Ni tampoco las de otros menos impíos, aunque no menos engañados, que pretenden persuadir que es contra los mismos, y aún contra el Público, el que en la edad tierna se les permita entregarse a un estado en que deban permanecer toda la vida, hasta que dueños de sí y de sus acciones, hayan adquirido suficientes experiencias de sí mismos, de su libertad y del Siglo» (pp. XXIV-XXV).
Contra todo ello, en la opinión de Bertrán, clamaban las Escrituras, la razón natural y la sana filosofía. Una frase, quizá algo retórica, pero cargada de contenido, pone sobre la mesa los recelos profundos de Bertrán acerca de la adquisición del conocimiento sin la adecuada guía moral. Pues frente al sapere aude (eso sí, aún sin publicar la exhortación kantiana), el Inquisidor General lamenta que nuestros Primeros Padres comieran el fruto del árbol de la ciencia: «¡Quán felices hubieran sido aquellos, y con ellos nosotros, si jamás hubiesen logrado semejante conocimiento!» (p. XXVIII). El artificio está, en todo caso, destinado a justificar la conveniencia de apartar del mundo cuanto antes a los jóvenes aspirantes al sacerdocio. Pues éstos, como decía el apóstol Juan «han de negar constantemente al mundo, como agenos de su facción y bando, sin comunicar con sus obras malignas; y se han de gloriar de que el mundo los persiga y aborrezca» (p. XXIX). Frente a tales peligros, la mejor solución pedagógica es la ofrecida por los Seminarios, en los que el «retiro, la modestia, la frugalidad, la aplicación al estudio, el profundo respeto a las verdades de la religión y a sus Misterios, la freqüencia de los sacramentos, la devoción al recibirlos, y el exercicio de la Oración, forman la tarea propia, y toda la ocupación de un Seminarista» (p. XIV). Argumento que remata Bertrán al insistir en las diferencias existentes respecto de las Universidades. Así, «en las Universidades se proponen seca y abstractamente los principios y conclusiones de las ciencias [...] porque es imposible otra cosa, atendidas todas las circunstancias de un General Estudio, a que por serlo, concurren tantos, tan varios profesores, y con tan diferentes intenciones y pensamientos» (pp. XXXIII-XXXIV); mientras que «en el Seminario no debe proponerse materia o asunto que desde su primera línea no sea encaminado al santo fin del seminarista» (p. XXXIII), por mucho que todos los contenidos que se enseñen en el Seminario se impartan —desde otro punto de vista— también en la Universidad. Es decir, que Bertrán contrapone la enseñanza universitaria (dirigida sólo a la instrucción y al entendimiento) frente a la del Seminario, dirigida al corazón y específicamente destinada a formar sacerdotes. La creación del Seminario era por tanto tan necesaria en Salamanca como en cualquier otra parte.
Tales ideas se reflejaron perfectamente en el plano normativo. F. Martín Hernández ya destacó la importancia de las Constituciones83 del Seminario entre las otorgadas en el siglo XVIII a las instituciones de su género, por ejemplificar el modelo de formación clerical propio de su época, lo que haría que muchos de los Seminarios españoles las siguiesen de cerca84. No obstante, lo cierto es que no estuvieron dispuestas hasta el 1.° de Marzo de 1783, por lo que previamente se utilizaron, adaptadas al caso, las redactadas en su momento por el obispo de Orihuela Juan Elías Gómez de Terán para su Seminario, de $1 7 4 3 ^ { 8 5 }$ . Además, como indica Sala Balust86, el verdadero redactor de las Constituciones salmantinas no fue Bertrán, sino el P. Magí, un mercedario de Vinaroz que también formó parte del grupo valenciano en la Corte en torno a Pérez Bayer, y que terminaría de obispo de Guadix87. Lo que no quiere decir, antes al contrario, que las Constituciones no reflejen el ideario de Bertrán. Indiquemos, por lo demás, que este tipo de colaboraciones no eran raras; como hemos visto, años antes ya se había producido en la reforma de los estudios del Seminario de San Fulgencio de Murcia, entre el obispo Manuel Rubín de Celis y el rector del Seminario, D. José Pérez, igualmente relacionado con el grupo de Pérez Bayer y el propio Magí88.
Por encima de sus disposiciones concretas, algunos aspectos llaman poderosamente la atención en estas Constituciones. Ante todo, el ideal de constituir un centro de formación puramente clerical, claramente necesitado —en este caso— de evidenciar su peculiaridad frente a la Universidad; como se ha dicho, éste fue uno de los pilares en los que Bertrán apoyó la defensa a ultranza de su proyecto. Conceptualmente no menos importante nos parece otra idea que también formó parte desde el primer momento de los designios del obispo. Se trataba de concebir el.
Seminario no sólo como centro de formación de los seminaristas, sino como institución en la que deberían pasar cierto tiempo todos aquellos que aspirasen a recibir las órdenes sagradas en la diócesis (2 meses para el subdiaconado). Estamos ante un claro intento de poner orden en una cuestión tan fundamental como la de las ordenaciones, estableciendo un nexo entre el Seminario y los ordenandos que ni tan siquiera había esbozado el propio Concilio. Más aún, los sacerdotes no debían desvincularse del Seminario una vez ordenados, sino que tanto los que lo deseasen como los que necesitasen corrección, pasarían en él temporadas dedicadas a la meditación y a los ejercicios espirituales (idea que también presidió el doble Seminario de Orihuela). En fin, en el ideal de sacerdote que Bertrán va dibujando no sólo aparece como fin esencial del Seminario el de formar sacerdotes, valorando en ellos la «vocación y virtud» por encima de los solos talentos; complementariamente a su dedicación pastoral, el futuro eclesiástico también debía constituir un perfecto modelo de ciudadano. Por eso debía educarse a los seminaristas para que «desempeñen plenamente el honroso carácter de padres de los pueblos, que es lo que deseamos, si al aprovechamiento en virtud acompañase igual progreso en la crianza civil, urbanidad y cultura». Lo cierto es que cualquiera que lea este texto no puede dejar de reparar en otra nota que lo caracteriza y que lo conecta con las corrientes culturales del momento. Nos referimos al humanismo que rezuma, plasmado desde la suavidad de la prosa en que están redactadas hasta la propia concepción del Seminario como una comunidad familiar, regida de acuerdo con unos principios paternalistas que todo lo impregnan, aunque quizá en determinados aspectos se muestren excesivamente reglamentistas.
El modelo de Seminario presente en las Constituciones sigue siendo, naturalmente, el de un Colegio-internado: entre las regulaciones más detalladas se encuentran las destinadas a conseguir asegurar el aislamiento de los colegiales respecto del exterior, y la pérdida de toda privacidad en el interior. Desde este planteamiento se comprende el escaso agrado con el que Bertrán podía ver el uso simultáneo por otras instituciones del gran edificio dejado por los jesuitas, y el celo que puso en lograr una adecuada división de las dependencias. En cuanto a los seminaristas, pese a los 50 autorizados en las Reales Cédulas, de acuerdo con las rentas disponibles por el momento se fijó en 24 de número, más aquellos pensionistas o porcionistas que contribuyesen a su propio mantenimiento; no se hablaba de manteístas, frecuentes —como hemos visto— en otros Seminarios. Cabría añadir que se recomendaba que los criados permitidos fuesen estudiantes pobres en la Universidad, y que se mostrasen inclinados a los estudios eclesiásticos. En cuanto a las condiciones para el ingreso, eran las comunes: contar entre 11 y 15 años de edad, ser naturales del obispado (para las becas de número), e hijos legítimos y de familias pobres, aunque no mendigos; no obstante, no se excluía absolutamente ni a los muy pobres ni a los ricos, con tal de que éstos se mantuviesen a sus expensas y en nada se diferenciasen de los demás. Por descontado, debían dar esperanzas de aprovechar para los estudios eclesiásticos, y aportar los correspondientes certificados de sus párrocos. Destaquemos también que, por fin, deja de mencionarse la exigencia de la limpieza de sangre como requisito de ingreso. Reunidas estas condiciones, la provisión de beca se obtenía previa celebración de un concurso y examen público.
El seminarista vivía en una estricta vida de internado, marcada con una intensa sucesión de ejercicios académicos y de piedad estrictamente regulados según un horario que comenzaba en un día común a las $5 3 0$ de la mañana y terminaba pasadas las 9 de la noche (eso sí, solares). El objetivo de esta regulación era coincidente con el del aislamiento: apartar al seminarista de todo influjo perjudicial, bien exterior, bien por exceso de ocio. En este sentido, Bertrán redujo en lo posible los feriados y vacaciones, no siendo éstas nunca entendidas como norma sino como excepción. Por lo demás, las condiciones de vida resultaban realmente aceptables, con 4 comidas a razón de una libra de carne diaria y alimentos variados, más diversas asistencias (médico y cirujano, lavandera, misa y entierro en la catedral...) y un régimen disciplinario muy suave, en que se prohibía expresamente que jamás se le pusiera la mano encima a un seminarista.
En lo referente a la vida académica, Bertrán instituyó estudios de Humanidades (cátedras de rudimentos y sintaxis; propiedad latina; y retórica y poética); Filosofía (lógica y metafísica; aritmética, geometría, álgebra y física; y filosofía moral), Teología, Sagrada Escritura, Moral y Retórica eclesiástica, así como estudios complementarios de griego y hebreo, caligrafía y canto llano. Se trata de un plan de estudios ciertamente completo y de signo plenamente adaptado al reformismo eclesiástico de su tiempo. Por su naturaleza, se encuentra plenamente orientado a los estudios religiosos, entendidos bajo el signo de la depuración de lo accesorio y del conocimiento y recurso constante a las fuentes de cada materia como medio para terminar con las inútiles polémicas surgidas en los dos últimos siglos de la Iglesia; en particular por el uso excesivo e independiente de la razón en disciplinas, como la teología, que no pueden deducir sus verdades de la razón, sino de las fuentes reveladas. Quiénes puedan ser los causantes de esta situación queda claro, del mismo modo que cuáles son las consecuencias: parco en acusaciones, Bertrán cita explícitamente la Concordia de Molina, el probabilismo y el atricionismo. Este mismo sentido de depuración y conocimiento de las fuentes y de servicio a los estudios eclesiásticos lo encontramos en la importancia y dignidad concedida a las Humanidades (a cuyos catedráticos remunera con igual paga que a los restantes), con el complemento del griego para los humanistas y del hebreo para los teólogos, así como el carácter de meras instituciones que se reconoce deben tener los cursos de Filosofía. Lo mismo podemos decir en cuanto a los estudios de Teología, materia en la que Bertrán no piensa en formar superespecialistas, sino futuros sacerdotes que posean seriamente afirmados sus principales fundamentos y verdades. De ahí la insistencia en la teología dogmática respecto de una escolástica que en último término podría reputarse como innecesaria, aunque alguno de sus instrumentos (como el arte silogístico) puede ser aprovechable en cuanto tal. Y de ahí también que la Teología se acompañe y culmine con el estudio de la Sagrada Escritura y de una Teología moral dignificada frente las concepciones tradicionales. En cuanto a las enseñanzas de «escritura» (caligrafía) y de canto llano, forman parte de la dimensión práctica de la formación sacerdotal; en particular en lo que se refiere a la primera, como medio de conseguir disponer en el futuro de unos libros parroquiales adecuadamente compuestos.
El plan de estudios, no obstante, se aparta en algunos aspectos de lo que sería esperable. Por una parte, es muy parco en la designación de los textos a utilizar, salvo alguna mención concreta a autores clásicos latinos, a Fr. Luis de Granada para el estudio de la oratoria sagrada, así como sobre todo una cordial defensa de Santo Tomás acompañada de la formal adopción de la Suma como texto para el estudio teológico. Se trata de dos aspectos, el del influjo de Granada y el de la deuda con el tomismo en el que se formó, que estaban firmemente arraigados en la mente de Bertrán y a los que nunca renunció. De todos modos, el que en las demás materias no designase autores particulares nos parece una decisión inteligente de cara a lograr una mayor perduración de las Constituciones frente a los lógicos cambios que podían irse produciendo en los planes de estudios. Quizá esa pueda ser también la causa de otra característica que apreciamos en este sentido. Y es que para los estudios superiores, una vez superados los tres años de Humanidades y los tres de Filosofía, Bertrán no fija una duración determinada, aunque estima que debería ser suficiente con cuatro para teología y otros cuatro para Sagrada Escritura y Moral.
Estos estudios se complementaban con toda una serie de ejercicios literarios, desde el estudio privado en los cuartos, pasando por los que se tenían en las aulas (conferencias), hasta los más solemnes actos de conclusiones públicas. Las Constituciones, por lo demás, obligaban a que los seminaristas más destacados en las distintas materias se graduasen en la Universidad, a la cual los estudios del Seminario habían sido incorporados en 1780. No por ello olvidaba Bertrán a los demás seminaristas, ni aun a los menos capaces, insistiendo constantemente en la obligación de los profesores de dar a cada uno la atención necesaria.
Idéntica o mayor importancia que a los aspectos académicos concedía D. Felipe a los de gobierno espiritual y vida piadosa. En cuanto a gobierno espiritual, se remite y manda que tengan a mano lo superiores la referida Historia de los Seminarios clericales, así como las Instrucciones de San Carlos Borromeo para sus Seminarios. No obstante, deja establecidos los principales objetivos que deberán tener presentes los superiores en la educación de los seminaristas: ante todo, deben hacerles entender «quan sublime destino es en la Iglesia de Dios el ser Cura de almas»; formarles para ser capaces de llevar una vida ejemplar en comunidad como sacerdotes y ciudadanos, tal como hemos indicado antes; prepararles para saber acabar con las falsas ideas de devoción que generan supersticiones en los pueblos; erradicar de los seminaristas la ambición por lograr dignidades, prebendas y beneficios pingües... A conseguir tales fines van dirigidos los múltiples ejercicios de piedad que se establecen y que constituyen el objeto más encarecido por Bertrán. A los ejercicios cotidianos, singularmente la oración mental dos veces al día, hemos de añadir los ejercicios espirituales que se celebraban a comienzos de curso, la comunión quincenal y en las festividades, y las pláticas impartidas por los superiores en tiempos de Adviento y Cuaresma.
El gobierno del Seminario, en fin, estaba ejercido por un rector y un vicerrector, dos directores o píos operarios, un mayordomo, un maestro de ceremonias o rúbricas, y los catedráticos —incluido el maestro de escribir—. Todos percibían 2.250 reales, salvo el rector, que cobraba 3.000. Sin duda, el personaje fundamental es este último, nombrado por el obispo, de quien ostenta plenos poderes, y con quien está obligado a mantener un frecuente y estrecho contacto. Se le concibe como padre de toda la comunidad, y se le exige que como tal se comporte. Deberá mantener también una continua relación con los demás superiores, incluidos los docentes, a quienes se asigna responsabilidad no sólo en la formación académica, sino en la plena educación de los seminaristas. A estos cargos hemos de añadir el bibliotecario, cinco criados, el portero y su ayudante, el cocinero y su ayudante, y un mozo para limpieza de la cocina.
Por último, las rentas del Seminario —al margen de las propias de los Colegios incorporados— consistían en los préstamos que los jesuitas poseían en la dió- cesis; una pensión perpetua de 30.000 reales de vellón, que Bertrán ofreció pagar de por vida; y las pensiones y anualidades con que el rey mantenía a los expulsos dotadas sobre los bienes situados sobre la diócesis—, a medida que fueran vacando. Se trataba de los medios que ya Bertrán propuso prácticamente al idear su proyecto y que también terminaron por serle enteramente concedidos.