La configuración de la clase trabajadora navarra durante el tardofranquismo. Una visión desde el materialismo histórico.
Enrique González de Andrés1.
Recibido: 12 de octubre de 2022 / Aceptado: 13 de enero de 2023.
Resumen. A lo largo del franquismo, observamos una transformación tan significativa de la clase trabajadora navarra que justifica su estudio detallado. Se produce una extraordinaria evolución desde su escasa presencia pública en los cuarenta hasta su notoria irrupción en los setenta, siendo un elemento determinante en el devenir global de la región y coadyuvador de las mutaciones que se operaban en el conjunto del país. Las fuerzas económicas y materiales que se desarrollaron en aquel periodo histórico fueron palancas decisivas de su conformación como clase, en estrecha interrelación con factores cruciales como una presencia destacadísima del hecho religioso, sus raíces culturales ancestrales, sus específicas tradiciones organizativas, así como las dinámicas propias de las clases y grupos sociales de la zona, entre otros. Este alambicado y dialéctico entrelazamiento fue pergeñando un sugestivo escenario en el momento en que se estaba produciendo el tránsito de la dictadura franquista hacia un régimen democrático. Para una comprensión más cabal de este proceso, se emplearán herramientas analíticas procedentes del materialismo histórico.
Palabras clave: Trabajadores; franquismo; conflictividad; materialismo; Navarra.
[en] The configuration of the Navarran working class during the late Francoism. A view from historical materialism.
Abstract. Throughout the Franco regime, we observe such a significant transformation of the Navarrese working class that it justifies its detailed study. An extraordinary evolution took place from its scarce public presence in the 1940s to its notorious irruption in the 1970s, being a determining element in the global evolution of the region and contributing to the mutations that took place in the country as a whole. The economic and material forces that developed in that historical period were decisive levers for its conformation as a class, in close interrelation with crucial factors such as a very prominent presence of the religious fact, its ancestral cultural roots, its specific organizational traditions, as well as its own dynamics. of the classes and social groups of the area, among others. This convoluted and dialectical intertwining was drawing up a suggestive scenario at the time when the transition from the Franco dictatorship to a democratic regime was taking place. For a more thorough understanding of this process, analytical tools from historical materialism will be used.
Keywords: Workers; Francoism; conflict; materialism; Navarra.
Sumario: 1. Anotaciones históricas sobre Navarra. 2. Algunos apuntes metodológicos. 3. Un itinerario sucinto de la clase trabajadora navarra desde la guerra civil. 4. El movimiento obrero en Navarra: génesis y evolución. 5. Movilizaciones y procesos de toma de conciencia durante el tardofranquismo. 5.1. El caso de Potasas. 6. Reflexiones finales. 7. Referencias bibliográficas. 8. Listado de siglas.
Cómo citar: González de Andrés, E. (2023). La configuración de la clase trabajadora navarra durante el tardofranquismo. Una visión desde el materialismo histórico. Cuadernos de Historia Contemporánea, 45, 321-345.
1. Anotaciones históricas sobre Navarra.
En la Pamplona de 1936, se asistió a un apoyo popular masivo al alzamiento, “‘más que en Burgos’, precisa Salas Larrazábal… [En] Navarra… el sentimiento de que las armas se tomaban en defensa de la religión se manifestó tanto en los requetés como en los falangistas” (Tuñón de Lara y García-Nieto, 1989: 247 y 383; Sánchez Ekiza, 1988: 445-456; Ugarte, 1998; Arbeloa y Fuente, 2006: 214; Mikelarena, 2009; Aróstegui, 2013). Sin embargo, en los setenta, irrumpió una potente clase trabajadora que, unida a sectores políticos que formaron parte de los sublevados o provenían de ellos como, por ejemplo, el caso de nutridos grupos de cristianos, fueron engrosando un antifranquismo con brotes radicales (Larraza, 2006).
Las cifras sobre el empleo navarro avalarían dicha pujanza. Mientras que, en 1950, cerca del $53 \%$ se concentraba en el sector primario, el $21 \%$ en el secundario y el $2 6 \%$ en el terciario, en 1975, los porcentajes eran del 21, 43 (el 38 en España) y $3 6 \%$ , respectivamente. Asimismo, en los últimos tres lustros de la Dictadura, la población navarra aumentó considerablemente, producto de un notable crecimiento vegetativo y un incremento sustancial de las migraciones, sobresaliendo la urbana, que creció de manera vertiginosa, y disminuyendo la rural. De hecho, entre 1950- 1975, Pamplona pasó del 19 al $34 \%$ respecto del total regional, lo que fue ocasionando unas problemáticas muy concretas en los nuevos barrios que, más adelante, mencionaremos siquiera escuetamente.
Para comprender estas mutaciones, debemos señalar que un factor decisivo fue el avance de un capitalismo con tintes modernos, impulsado por las políticas económicas franquistas, que auspició una especialización e intensificación productiva, así como una mecanización e incorporación de nuevas tecnologías en la agricultura, sustituyéndose trabajo por capital y liberando cuantiosa mano de obra. El desarrollo capitalista fue de tal volumen que, desde mediados de los cincuenta, las fábricas con más de quinientos operarios, básicamente del metal, florecieron notablemente, aglutinando a la mayor parte del empleo. Por el contrario, la pequeña empresa – el $90 \%$ de las factorías – no alcanzará el $2 5 \%$ de aquél.
Sin duda, dicha expansión también fue estimulada por el ventajoso emplazamiento geográfico, la proximidad de las pujantes industrias vascas costeras, la existencia de una capa considerable de trabajadores cualificados y una oferta creciente de servicios y suelo para ubicaciones fabriles.Ayudado, para más inri, por el mantenimiento de gran parte de su autonomía económica y administrativa, además de su derecho foral. Se debe remarcar, en este sentido, que su baja presión fiscal supuso una de sus grandes ventajas comparativas para invertir respecto de otros lugares del territorio español, como se podía atestiguar ya en el Decreto-Ley de 23 de junio de 1937 (BOE, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } 2 4 7$ , de 24 de junio, p. 2.042), legalizando las peculiaridades del concierto navarro (Jimeno, 2009: 351-367).
Todo ello, en su conjunto, propició “unas circunstancias favorables al desarrollo económico iniciado en la década de 1960 que contribuyó a transformar la estructura social navarra” (Ugalde y Arana, 1989: 665). De hecho, los notables cambios en el control de las principales entidades financieras locales supusieron modificaciones en el seno de aquellas élites. Así, Vasconia, Crédito Navarro o San Adrián son absorbidas por bancos nacionales como el Popular o el Central, además de grupos inversores como el catalán MPI, respectivamente, forjándose una notable concentración financiera al final del periodo objeto de estudio, lo que no impidió la intervención de capital autóctono, con procedimientos típicos del capitalismo familiar, junto al foráneo, en el marco de un avance del comercio internacional sin precedentes. En realidad, se dio una apreciable conjunción de empresas internacionales y nacionales (Ortigosa, 2016: 269), bajo la protección de un Estado fuertemente intervencionista como era el franquista.
En todo caso, se debe resaltar que se asistía a una situación muy diferente de la industrialización que se llevó a cabo en torno a los inicios del siglo XX, ya que, en ésta, (…) Las actividades industriales que se habían implantado presentaban dos rasgos que suelen caracterizar una industria incipiente, muy poca diversificación de procesos y ramas -la mayor parte de la producción se centraba en dos de ellas: alimentación y siderometalurgia-, y además las plantas eran de un tamaño muy reducido (Martínez Chacón, 1993: 333-335; Mendiola, 2002: 348).
El imponente desarrollo que comenzó alrededor de la década de los cincuenta, y que se aceleró en la de los sesenta, conllevó una variación ostensible del mapa socioeconómico navarro. Así y por sectores, el primario languidecía a marchas forzadas, el secundario se erigió como el soporte principal y el terciario se fue agrandando al calor de esta evolución (Martínez Chacón, 1993: 336-339; De la Torre, 2006: 75- 103; González de Andrés, 2017a y 2017b).
2. Algunos apuntes metodológicos.
Pensamos que la concepción materialista de la historia posibilita comprender estos vertiginosos cambios, interpretándola, según Engels, como “un hilo conductor para el estudio de la historia… [y no] como patrón de medida con el que se manipulan los hechos históricos” (Mehring, 1976: 17; Marx, 1859). Por tanto y en estrecha interrelación con los datos y cifras aportados, ¿sería vacuo y estéril ahondar en las dinámicas sociales, ideológicas, culturales, religiosas, tejidas durante aquellos años, para una atinada comprensión global? Consideramos esta pregunta muy pertinente porque se suele argumentar que este marco conceptual encorseta el devenir de las sociedades humanas según las fuerzas económicas y otorga a los seres humanos un rol predeterminado, ocultando, o relegando al mínimo, su relevancia individual y/o colectiva (Mehring, 1976: 21-118; Petruccelli, 2010; Torre Giménez, 2012; VV.AA., 2018). Es más, seguimos encontrando en no pocas investigaciones referencias explí- citas acerca del “pensamiento socialista” o “el leninismo”, incluyendo el materialismo histórico naturalmente, en las que se validan dichas diatribas sin que figuren expresamente ni una sola idea de sus patrocinadores (Cobo Romero, 2018: 39-46). Asimismo, se publican estudios que, con textos de los promotores del materialismo histórico, se utilizan para validar tesis totalmente ajenas al “espíritu” de los mismos (Pérez Garzón, 2018: 55-57).
Por otra parte, un empleo extemporáneo no probaría su inaplicabilidad. En efecto, a lo largo de la historia, ha habido praxis científicas que han infringido los más elementales códigos deontológicos, incluso deliberadamente, sin que ello haya supuesto su desistimiento per se. Éste, en todo caso, debiera provenir de demostrar su inutilidad como método científico de análisis a la hora de explicar los elementos fundamentales del desarrollo de las sociedades humanas.
Pese a su extensión, reproducimos la siguiente cita de uno de sus fundadores porque ayuda a clarificar sus posicionamientos, al esbozar que
nosotros… insistíamos – y no podíamos por menos de hacerlo así –… en derivar de los hechos económicos básicos las ideas políticas, jurídicas, etc., y los actos condicionados por ellas. Y al proceder de esta manera, el contenido nos hacía olvidar la forma, es decir, el proceso de génesis de estas ideas, etc. Con ello proporcionamos a nuestros adversarios un buen pretexto para sus errores y tergiversaciones… como negamos un desarrollo histórico independiente a las distintas esferas ideológicas, que desempeñan un papel en la historia, les negamos también todo efecto histórico. Este modo de ver se basa en una representación vulgar antidialéctica de la causa y el efecto como dos polos fijamente opuestos, en un olvido absoluto del juego de acciones y reacciones. Que un factor histórico, una vez alumbrado por otros hechos, que son en última instancia hechos económicos, repercute a su vez sobre lo que le rodea, e incluso sobre sus propias causas, es cosa que olvidan, a veces muy intencionadamente (Engels, 1974: 523-525; 1968: 308).
En este sentido, se ha afirmado que “la historia en general… es siempre más rica de contenido, más variada de formas y aspectos, más viva, más ‘astuta’ de lo que se imaginan los mejores partidos, las vanguardias más conscientes de las clases más adelantadas” (Lenin, 1975: 103), asumiendo que los debates históricos tienden a nuclearse sobre la prelación de las causas (Carr, 1984: 121). Podríamos compartir que el mayor logro del materialismo histórico consista en “una tensión permanente entre las condiciones objetivas y la acción subjetiva. La anulación de cualquiera de estos dos polos destruye la esencia del pensamiento de Marx” (Petruccelli, 2010: 168-169), expulsando sin ambages el recurrente eclecticismo académico. Cuestión apuntada en los trabajos del sociólogo mexicano Carlos Antonio Aguirre Rojas:
Pues no queremos seguir haciendo, enseñando y aprendiendo esa historia positivista, tradicional y oficial que está todavía muy difundida y que incluso es a veces aún dominante en muchas naciones de nuestro cada vez más pequeño globo terrá- queo. Queremos, en cambio, hacer… historia crítica, científica, global y dialéctica (2007, p. 125).
Por todo ello, valoramos aquellas investigaciones que apuestan por lo que se podría definir como una “reconstrucción del materialismo histórico”. Ahora bien, ese empeño no se logrará sin mencionar adecuadamente tanto los estudios de sus impulsores sobre los momentos históricos que presenciaron (Herreros, 1997) como el perjuicio ocasionado por “la escolástica estalinista” y “el marxismo vulgar”, al haber casi “eviscerado el pensamiento marxista serio” (Martínez Shaw, 2018: 28; Aguirre, 2018: 93 y Palmer, 2018: 48), bases de partida insoslayables para cualquier empeño “reconstructor”. Al mismo tiempo, no nos parece adecuado apostar por un “frentepopulismo historiográfico”, uno de cuyos máximos exponentes ha sido el historiador británico Eric Hobsbawn (2005), con el fin de evitar el aislamiento de los postulados marxistas respecto de los posicionamientos más renovadores de la Historia, por cuanto se asemeja en exceso al ya aludido eclecticismo esgrimiendo, eso sí, otra terminología2 .
En nuestra opinión, para el análisis de uno de los componentes esenciales de la sociedad navarra durante el franquismo, su clase trabajadora, el materialismo histó- rico nos ha permitido disponer de una perspectiva ciertamente aproximada de su singular trayectoria. Hemos intentado recoger aquellas aportaciones que, desde la misma, se han ido aplicando sobre el estudio de la clase trabajadora durante la Dictadura y que, de forma resumida, se encuentran bien recogidas en los trabajos contenidos en Gómez Alén especialmente (2018: 223-250), además de en su extensa bibliografía, en el que se subraya esa crítica presuntamente “apolítica” que continua presentando al materialismo histórico como una visión “de cartón piedra, estrictamente económica y estructuralista”, trasladándonos unos relatos que desarrollan una mayor riqueza temática, teórica y metodológica.
Para la elaboración del presente artículo, nos hemos valido de instrumentos metodológicos de naturaleza cuantitativa, cualitativa y comparativa (Sánchez Molina y Murillo Garza, 2021), además de algunos provenientes de la historia oral. Este instrumental historiográfico ya ha sido empleado para explicar las principales tendencias que jalonaron el desarrollo de aquella clase trabajadora a lo largo del periodo objeto de estudio (especialmente en las publicaciones de Iriarte, 1995 y de Pérez Ibarrola, 2012-2013, 2019 y 2020). Sin embargo y como objetivo, nos hemos propuesto escrutarlos con una mayor interconexión interna y externa, teniendo en cuenta que un trabajo histórico solo alcanza esa dimensión si los hechos y las actividades realizadas por los seres humanos que han participado en los mismos están relatados atendiendo a su ineludible naturalidad. Entendemos que esas personas hicieron su propia historia, si bien no eligieron las circunstancias que les tocó vivir, deudoras de un pasado no solo inmediato sino también de largo plazo, lo que condicionó en sumo grado sus pensamientos, sus actitudes, sus movimientos: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (Marx, 2003: 13).
3. Un itinerario sucinto de la clase trabajadora navarra desde la guerra civil.
Tras la finalización de la contienda, los asalariados navarros padecieron jornadas laborales maratonianas, bajos emolumentos, una seguridad e higiene muy deficiente, etc. La mayoría de los líderes obreros estaban encarcelados, exiliados o habían muerto, y sus organizaciones habían sido clausuradas y prohibidas (VV.AA., 1986), en una tónica análoga a lo que acontecía en el resto del Estado español3 . De esta guisa, era extraordinariamente difícil que se pudiera exteriorizar algún tipo de malestar. De hecho, las protestas de 1947 no tuvieron apenas incidencia en Navarra, si bien las de
1951 y 1956 mostraron un tenue resurgimiento, localizado en Pamplona y en la industria primordialmente. No por casualidad, en los inicios de esta década, comenzará la quiebra entre el mundo carlista y el régimen (Capistegui, 1997).
Las características de este repunte podemos sintetizarlas en que coexistían aún tímidos trazos de los años treinta en clara extinción, especialmente el nítido declive de las organizaciones sindicales tradicionales como la UGT y la CNT, con la consolidación de las instituciones franquistas, especialmente el SV, cuyo fin cardinal era impedir la conflictividad social (San Sebastián, 1985: 28-49; Ibarra y García Marroquín, 1993: 114; Iriarte, 1995: 47; Díaz Monreal, 1997: 101-121; Majuelo, 2002: 308; De Pablo, 2002: 101; López Adán, 2008: 131; Villa, 2009: 135; Giménez Gil, 2012: 113 y ss.). El surgimiento de esporádicas y contadísimas comisiones de productores al calor de ciertas luchas irá respondiendo a esta específica realidad.
Al hilo de la referida modernización capitalista, se dio un acrecentamiento cuantitativo y cualitativo de la clase trabajadora, así como un descenso formidable del campesinado y otras capas sociales que vivían del campo. Así, se observa que, en 1960, cerca del $4 8 \%$ de la población activa eran agricultores y ganaderos, y poco más del $2 7 \%$ oficios diversos de la industria y transporte, junto a peones no agrarios. En 1970, en cambio, los primeros habían bajado al $2 5 \%$ y los segundos crecían hasta casi un $48 \%$ (Echeverría, 1994: 65). En su mayoría, se trataban de personas expulsadas del campo por las carencias existentes, si bien esta caracterización no es del todo compartida por otras investigadoras (Martínez Chacón, 1993: 335). A nuestro juicio y de forma tentativa, nos inclinamos a pensar que ese éxodo estaba muy condicionado porque vislumbraban una posible mejora en sus condiciones de vida si obtenían uno de los empleos que ofertaban las “florecientes” industrias urbanas. Así, para el caso de la empresa minera Potasas (INI), se ha planteado que sus empleados “eran de procedencia diversa… mineros experimentados procedentes de otras provincias del [E]estado y trabajadores jóvenes que habían estudiado en la Escuela Profesional de la empresa, pamploneses o hijos de emigrantes navarros la mayoría” (Pérez Ibarrola, 2019: 397). Es más, en lo concerniente a la composición de los mineros que llevaron a cabo un encierro en 1975, al que más adelante aludiremos brevemente, se afirmaba que “la mayoría la constituyen los navarros” (Organización Revolucionaria de Trabajadores, 1975b: 14).
Una gran parte de las ocupaciones creadas se caracterizaban por su dureza y su sobreexplotación, ora en la minería, en donde Potasas será la gran acaparadora, ora en el metal, en grandes fábricas como Agni, Torfinasa, Inasa, Laminaciones de Lesaca, Eaton Ibérica, etc., reflejándose en las cifras de accidentes graves. En Potasas, precisamente, entre 1963-1979, fallecieron treinta y ocho trabajadores (nueve en 1963) y once en empresas subcontratadas, quedando otros doscientos “disminuidos” (Consejo de Delegados de Potasas de Navarra, 1979: 11-13), y, en el conjunto de Navarra, entre 1969-1971, se produjeron casi noventa muertos y cerca de mil heridos graves, muchos de ellos con secuelas permanentes4 . En 1971, la provincia estaba por encima de la media nacional.
La inserción de esta numerosa población en aquel marco laboral tuvo un discurrir sinuoso y febril, ya que se acumularon vivencias que entremezclaban contenidos y formas pasados con los procedentes del nuevo escenario urbano e industrial, interiorizando, no sin traumas personales, que su medio de vida ancestral y el peso de sus tradiciones se iba esfumando. En una entrevista a R.U., operario de Authi, señalaba que “(…) Esa gente que en su pueblo era alguien, aunque muy pobres era alguien, luego vienen aquí y no son nadie” (Pérez Ibarrola, 2012-2013: 128).
Debemos recordar que, en la propaganda de los sublevados, especialmente entre los falangistas y carlistas, antes y después del golpe de estado de 1936, mitificaban “este componente ruralista” (un modus vivendi) para ganarse su apoyo, achacando la crisis del campo a la ciudad, a las industrias y, por ende, a sus habitantes, léase “al burgués y a su réplica el proletario” (Fontana, 1981: 206-210).
Este colectivo procedente del campo no solo carecía de tradiciones de lucha y de militancia en organizaciones de clase, sino que, además, una parte considerable del mismo había colaborado en el bando sedicioso y/o pertenecido a familias en donde algunos de sus miembros participaron activamente en él. Señalaremos que las constantes vitales de este colectivo se daban de bruces con las dinámicas que imponía la urbe. La clase trabajadora está sometida a una férrea disciplina laboral y bascula hacia la cooperación entre sí por mor de la organización productiva, moviéndose en un espacio fluctuante. El campesinado, por el contrario, suele tender hacia la dispersión y a la individualidad, en lugares más estáticos, menos cambiantes.
Fuera de la fábrica, por si fuera poco, su cotidianidad parecía ir en consonancia con las adversidades que padecían en aquélla. Tanto es así que, en Potasas, las primeras viviendas para su plantilla se iniciaron en 1961, siendo su organización absolutamente jerarquizada y clasista, dado que “los mandos superiores, … en chalets; los… intermedios [aparte]; y el resto del personal vivía en los Bloques, lo que lo convertía en un auténtico ‘ghetto’ donde llegaron a vivir 2.189 personas, entre trabajadores y familiares” (Lizarraga, 2014: 9). Asimismo, numerosos barrios de Pamplona fueron construidos “a partir de pequeños núcleos de población preexistentes en zonas extramurales de la ciudad y a través del fomento de vivienda barata” (Pérez Ibarrola, 2020: 221). En estas aglomeraciones, convivían conductas rurales y urbanas, aunque las graves deficiencias existentes fueron impulsando una homogeneización no exenta de sinuosidades, que marcará el nacimiento de las asociaciones de vecinos frente al “urbanismo hostil” (Capistegui, 2018: 17). La diferenciación geográfica y urbanística revelaba el sello clasista desde su misma constitución, presentando, a su vez, una problemática común, al primar escandalosos déficits en servicios básicos esenciales para las comunidades que allí se establecían tales como centros de salud y de enseñanza, alumbrado, alcantarillado, asfaltado, etc.
Esta mezcolanza se fue traduciendo en una acumulación latente de insatisfacciones. La producción crecía vigorosamente gracias a unos ritmos de trabajo extenuantes y a unos novedosos sistemas de organización empresarial, exigiendo unos esfuerzos extenuantes. Este embrionario malestar se fue canalizando sin tradiciones organizativas o militancias de clase, sin un acervo de conclusiones sobre movimientos huelguísticos pretéritos, aderezado con un bagaje colmado de elementos de clara filiación católica y, en no pocas ocasiones, repleto de mentalidades unidas a la pérdida de sus bienes rurales, materiales e inmateriales.
El puente que ensamblará esta incipiente clase obrera con la que protagonizará una enérgica conflictividad se fue construyendo con unas trayectorias vitales que habían sido engendradas por sus condiciones de vida y de trabajo, dentro de una economía en la que cohabitaban tecnología puntera y avances modernos con enseres y técnicas atávicas, en una franja de reducidas dimensiones. Tanto fue así que, durante no poco tiempo, muchas familias compatibilizaron sus labores rurales con su ocupación urbana (Echeverría, 1999; Garde Etayo, 2002: 326; Majuelo, 2002: 309). Desde un enfoque globalizador, entendemos que el modo de vida “es la suma de las experiencias desorganizadas de los individuos; se transforma de manera espontánea bajo la influencia de la técnica o de las luchas revolucionarias y, en conjunto, refleja mucho más el pasado de la sociedad que su presente” (Trotsky, 1977: 45).
4. El movimiento obrero en Navarra: génesis y evolución.
Podemos afirmar que la principal organización fue CCOO, aunque su aparición será tardía (1968), siendo impulsada por la AST, en cuya declaración de principios de 1966 apostaba por un sindicalismo democrático, unitario, anticapitalista y revolucionario, junto a un reducido número de militantes-simpatizantes del PCE. La AST nacerá a principios de los sesenta espoleada por sectores de VO, impulsada por los jesuitas desde sus escuelas profesionales y emparentada con las Congregaciones Marianas. También, debemos incluir el empuje de la HOAC, inmersa en un sindicalismo unitario y aconfesional (Domínguez, 1985 y 1993: 63-72; Santamaría Blasco, 1992: 699-724; Laiz, 1993: 40-52; Ferrando, 2000; Díaz-Salazar, 2001; O’Neill, 2001: 1302; Berzal de la Rosa, 2007; Corrales, 2008).
Sin duda, la AST será el grupo cristiano más influyente hasta que, en 1970, se trasmute en la ORT, de inspiración marxista-leninista-maoísta. En 1974, su comité provincial estaba compuesto por militantes de la HOAC y de las VO a partes iguales (GOES, 1976; De Miguel, 1986: 67; Laiz, 1993: 107-137; Treglia, 2010: 131-149 y 2013: 248-270)5 . Es más, tras las elecciones sindicales de 1966 y recién constituido el CT del SV, éste será presidido por Tomás Caballero, simpatizante de la HOAC, al obtener más votos que los candidatos oficialistas. Este conjunto de componentes condicionó el programa, el discurso y las acciones de CCOO. Por ejemplo, las desigualdades socioeconómicas existentes se achacaban tanto al capitalismo como al régimen político, a diferencia de lo preconizado en otros territorios de España, en donde se hacía muchísimo más hincapié en el último factor. Como consecuencia de este tipo de argumentación y de su significativo eco social, la preocupación se fue extendiendo entre las jerarquías políticas, eclesiásticas y patronales. El arzobispo de Pamplona, a instancias del régimen, se involucró activamente para seccionar este tipo de veleidades, aunque intentando aparecer como una personalidad próxima a las inquietudes del pueblo. De hecho, a principios de los sesenta, ya se planteaba en informes internos del SV que era necesario “deshacer el ambiente funesto de unas organizaciones que, amparándose en su carácter de apostolado, al menos aquí, su actividad es puramente política”6 . En cuanto a los comunistas navarros, sus efectivos eran muy escasos, mediatizando su proselitismo. A comienzos de los setenta, llegarán a influir en bastantes empresas avivando la oposición al franquismo, aunque su militancia seguía siendo parca y su incidencia social menor respecto de otras organizaciones de izquierdas como la ORT (Martorell, 2001: 127-154; Herrera, 2007: 124, 128 y 131). En conclusión, estábamos ante unas CCOO que “se caracterizaron enseguida por un predominio de la extrema izquierda y una mínima presencia comunista, que las hizo diferentes de las del resto de España y que influyó en la radicalización de los conflictos laborales” (De Pablo, 2002: 107; Majuelo, 2002: 311), si bien las definiciones expuestas no son correctas, puesto que gran parte de esa “extrema izquierda” se consideraba “comunista”. Un ejemplo de praxis diferente por parte de las CCOO navarras respecto a otras, en torno a las postrimerías de 1969, lo podemos apreciar en la dimisión de más de doscientos jurados de empresa y enlaces de más de veinte empresas, particularmente del metal y de químicas, que apostaban por otras plataformas al margen del SV, pese a que éste intentó evitar esas renuncias sin obtener resultados satisfactorios, y que el CT, liderado por Caballero, era también contrario a esa medida. Con todo, en el Diario de Navarra, de 20 de enero de 1970, aparecieron ciento treinta y dos jurados y enlaces ratificándose en su decisión.
Este comportamiento, opuesto al preconizado por el PCE, pudo obedecer a que los activistas entendían que, para conseguir las principales reivindicaciones laborales y políticas, había que utilizar otras vías que no pasaran por el SV, aunque tal planteamiento no alcanzara aún al grueso de la clase trabajadora. Todo parece apuntar a que el fortalecimiento relativo de CCOO ayudaba a su potenciación, relegando la intervención en el SV, aunque no tuviera una ruta lineal. Remarcamos el calificativo de “relativo” porque la espontaneidad en las movilizaciones y la debilidad de las organizaciones obreras tenían todavía un peso sobresaliente en aquel contexto.
En las elecciones de 1971, precisamente, el abstencionismo avanzó aupado por la ORT y el MCE (partido de orientación también maoísta), máxime después de la elección asamblearia de representantes obreros –comisiones de empresa- en los conflictos de Potasas (Lizarraga, 2014: 13), Imenasa, entre 1968-1969, y Super Ser, en 1969 (Iriarte, 1995: 71; Pérez Pérez, 2006: 86; Pérez Ibarrola, 2012-2013: 140 y 149). En esa última empresa, se ha planteado que, “por primera vez[,] fueron los trabajadores los que, al margen de su representación legal, eligieron a las personas que estimaron más aptas para defender sus intereses” (Arbeloa y Fuente, 2006: 118).
Este intenso fermento social que se estaba gestando ya venía percutiendo en colectivos que parecían encontrarse muy alejados. Así, se pudo percibir incluso en el seno de unas bases carlistas cada vez más enfrentadas al régimen. En efecto, en el Congreso del Pueblo Carlista, en 1971, se definieron como partido de clase, democrático, socialista, antifranquista y monárquico federal, y las juventudes carlistas impulsaron actividades muy radicalizadas contra la Dictadura en ciertos momentos a través de los GAC (De Borbón-Parma, 1977; Capistegui, 1997; López Sánchez y Gil Piqueras, 2016). Al mismo tiempo, las élites dominantes no ocultaban su nerviosismo. El Consejo Económico de Navarra, en un escrito al almirante Luis Carrero Blanco en 1971, enfatizaba “la extremada tensión social de Navarra, superior a la del Estado, [que] tiene un carácter netamente revolucionario”7 . Asimismo, en el precitado año, se produjo la famosa homilía de monseñor Larrauri, en presencia del gobernador civil de Navarra, en la que,
en nombre de la Iglesia, no tengo más remedio que denunciar las torturas sometidas a detenidos, torturas que he visto yo, en sus efectos, con mis propios ojos; torturas físicas y síquicas, interrogatorios crueles, por la forma y el tiempo en que se realizan, detenciones poco explicables o de las que no se da razón suficiente (Equiza, 1983: 29-31).
A nuestro juicio, esta peculiar atmósfera explicaba más certeramente las dificultades que tuvo el PCE, al emplear un discurso moderado y unas actuaciones que ellos calificaban de “responsables”, para captar más audiencia que su escasa “presencia organizativa” y su frágil arraigo “antes de la guerra”, como sostiene Pérez Ibarrola (2012-2013: 138), ya que esas características estaban más agudizadas en la “extrema izquierda” y, en cambio, su influencia fue in crescendo.
En 1974, el SV navarro punteaba a los causantes de la profunda quiebra de la paz social franquista. La oposición obrera por “intentar imponer a las empresas una negociación al margen de toda representación sindical”, el clero por hacer “suyos desde el primer momento los planteamientos conflictivos de los trabajadores”, los abogados izquierdistas por desbancar a los servicios jurídicos legales, la prensa como el Diario de Navarra por manipular las noticias y algunos empresarios por concertar ilegales “pactos de empresa”8 .
En las elecciones de 1975, con un contexto diferente, la actitud de los trabajadores varió considerablemente. Pese a que la represión no había cejado ni un ápice, la legalidad se transgredía habitualmente debido al auge de la conflictividad sociolaboral. Las reuniones se habían transformado de ser un foro de activistas a un ágora de debate y actuación político-sindical frecuentado por un número creciente y abundante de productores (Ibarra, 1987: 384-399; Iriarte, 1995: 186-192). Esta entrada masiva contribuirá a que la valorización de la experiencia activa en el interior del SV se vaya convirtiendo en un componente trascendental del aprendizaje de cada vez más capas de trabajadores en su conformación como sujeto colectivo. Esta participación será asumida como una especie de fotograma de una película en la que ellos se veían como los auténticos protagonistas en todo momento. Así, irán elaborando su propio relato, compuesto tanto de tareas plenamente lícitas como de actuaciones que conculcaban la legitimidad impuesta de arriba abajo.
El abstencionismo en dichas elecciones tuvo muy poco eco, mediatizando las posiciones de los grupos boicoteadores, que llegarán a asumir la posición del PCE o, al menos, no harán campaña en contra de ella. Es más, lideres ugetistas como Máximo Láinez Serrano (Tudela), pese a reconocer que “(…) No queríamos entrar en un mismo cajón con los falangistas, ni que ellos nos representaran”, salió elegido como enlace sindical (Giganto, 1992: 760). En consecuencia, tras las citadas elecciones, el CT se dividió en tres tercios según el SV, “los extremistas” (PCE, ORT, CCOO), “los socialistas” (USO, HOAC) y “los integrados”9 , quedando la institución franquista totalmente quebrada y en descomposición.
En esos instantes, existía una cierta unanimidad en que el principal vehículo de expresión de las reivindicaciones y aspiraciones de la fracción más cuantiosa de la clase trabajadora era CCOO, centrándose las discrepancias en el programa a defender, qué orientación aplicar y qué modo de organización adoptar (Ibarra, 1987; Iriarte, 1995; González de Andrés, 2017a). En efecto, la incidencia social de la “extrema izquierda” era digna de mención pese a su reducido número. La clave parecía estribar en que nutridas y cualificadas capas sociales eran paulatinamente más permeables a la asunción y defensa de propuestas rupturistas y a su implementación, retroalimentándose con el empuje de las citadas agrupaciones. No fue casual, pues, que Pamplona se convirtiera en el primer consistorio donde triunfara una candidatura progresista (Cambio 16, 2 de febrero de 1976).
5. Movilizaciones y procesos de toma de conciencia durante el tardofranquismo.
Producto del nítido auge de la indisciplina social en Navarra a lo largo del tardofranquismo, que podemos comprobar, incluso, a través de los informes sobre los conflictos colectivos de trabajo de los precitados años, elaborados por instituciones franquistas (Archivo del Ministerio de Trabajo y Economía Social), nos centraremos en particularizar determinados aspectos de su trayectoria. Así, en 1970, ocupaba ya la octava plaza en huelgas, despuntando por “un fuerte crecimiento que porcentualmente casi es el doble que la media española” (Organización Sindical de Navarra, 1971: 53), en un año en que la conflictividad en España fue una de las más altas del periodo dictatorial (Molinero e Ysàs, 1998: 96). En 1971 y 1972, continuando esta línea ascendente, se encontraba en el sexto y séptimo puesto respectivamente, con unas protestas muy centradas en la negociación colectiva, aunque con una clara presencia de la solidaridad de clase en multitud de ellas.
En 1973, asciende al cuarto lugar y todo gravita en torno al extraordinario apoyo ciudadano a los despedidos de MI. Conflicto que desembocó, en junio, en una huelga general masiva en Pamplona y en otras localidades navarras. Tuvo tantas y tan importantes repercusiones sociopolíticas y económicas en el conjunto del país que llegó a galvanizar no solo a las fuerzas antifranquistas de izquierdas en pos del derrocamiento de la Dictadura, sino que también supuso una seria advertencia y una demostración del peligro que encerraban actos de esa naturaleza para el mantenimiento de los privilegios que acumulaban tanto la casta franquista como las clases dominantes. A ello contribuyó su duración, más de diez días, y su extensa radicalización por mor de una patronal que no dudó en aplicar contundentemente todo tipo de acciones represivas y de una durísima respuesta por parte del régimen, si bien tuvo el hándicap de contar con organizaciones ciertamente debilitadas y con liderazgos que no parecieron estar a la altura del esfuerzo y sacrifico mostrado por los trabajadores y otras capas sociales desfavorecidas (Iriarte, 1995; González de Andrés, 2017a y 2017b).
Finalmente, en 1974, se situó en quinta posición, pese a sufrir sanciones patronales en el $47 \%$ de los conflictos registrados (Organización Sindical de Navarra, 1975: 46-85), y, en 1975, repitió puesto sin que la represión aminorase un ápice, especialmente acusada sobre los líderes más prominentes, y sobresaliendo la solidaridad. De hecho, según datos oficiales, entre 1971 y 1975 ambos inclusive, la secuencia de las huelgas solidarias fue de cinco, diecinueve, trece, cincuenta y seis, y ciento veinticinco. La progresión de conflictos motivados por peticiones salariales fue de veintiséis, veintiuno, treinta y dos, ciento uno y veintiocho. Dicho de otra manera, en 1975, por cada huelga salarial hubo casi cinco de solidaridad (Organización Sindical de Navarra, 1976).
¿Qué ambiente social se venía gestando más allá de la contundencia de estas cifras? Una apreciación que merece la pena ser reproducida fue la de Tomás Caballero en noviembre de 1969, al señalar que el CT “hoy está desbordado. Viene una vanguardia que va mucho más en la lucha obrera” (Arbeloa y Fuente, 2006: 120). A lo que debemos añadir que la protesta contra el juicio de Burgos, en 1970, significó que, “por primera vez los trabajadores navarros habían politizado su lucha” (Iriarte, 1986: 275).
En este orden de cosas, hemos escogido casos concretos para ilustrar dicha atmósfera con el máximo detalle posible. En el último año citado, un expediente de crisis en la empresa Chalmeta concitó el rechazo de sus cuatrocientos sesenta trabajadores. Generaron tal flujo de solidaridad que se recogieron cientos de miles de pesetas en unas pocas semanas, acordando los propios receptores compartirlas con los obreros de otras empresas en conflicto (Arbeloa y Fuente, 2006: 124-127). Es más. Entre enero y febrero de 1970, Industrias Esteban, con doscientos sesenta y tres productores, logró, a través de una potente movilización, mil pesetas mensuales de aumento, ningún despedido, un reajuste de la ley de primas y la posibilidad de cobrar los quince días de huelga (Arbeloa y Fuente, 2006: 121-122). Estos síntomas descritos visibilizaban un nuevo ciclo en el enfrentamiento entre las clases sociales.
En 1971, conviene detenerse en Industrias Metálicas de Navarra, con más de mil operarios, puesto que, pese a no lograr sus reivindicaciones, se opusieron mayoritariamente a una subida salarial de veinte mil pesetas en el primer año y treinta mil en los dos siguientes con revisiones semestrales, y a ciertas mejoras laborales, negociado por una “comisión ilegal… desbordada por la asamblea” que la empresa finalmente aceptó, “lo cual era un caso sin precedentes” (Iriarte, 1995: 122). En ese mismo año, se asistió a una huelga que duraría cerca de cincuenta días en Eaton Ibérica, convocada por el rechazo empresarial a negociar demandas salariales y condiciones de trabajo. Tras una concurrida protesta inicial, las sanciones no se hicieron de rogar. Así, cuatrocientos noventa y cinco obreros son despedidos el 17 de enero, lo que originó una fuerte oleada de solidaridad de clase y huelguística que se saldó con la retirada de las sanciones y los despidos, así como la consecución de mil quinientas pesetas de aumento y no trabajar los sábados (Iriarte, 1995: 118-119; Echeverría Mariñelarena, 2015: pp. 19-22).
En 1972, pese a un cierto reflujo huelguístico, descolló nuevamente la solidaridad de clase, que se generalizó todavía más. De los trece registros oficiales, nueve se debieron al apoyo a la lucha de la Bazán ferrolana y contra los asesinatos cometidos por las fuerzas policiales (Organización Sindical de Navarra, 1973). Un año después y sin reseñar la mencionada huelga general de junio, despuntaron los actos de Pamplona en repulsa al enjuiciamiento de los líderes de CCOO (Proceso 1001), alcanzando una mayor amplitud que en otros territorios, a pesar de que no había encausados dirigentes locales. En Vizcaya, por ejemplo, pese al procesamiento de Santisteban, líder del PCE y de CCOO, el seguimiento fue exiguo (Ibarra, 1987: 263-264). Durante el precitado paro generalizado, se distinguió el enérgico y decidido involucramiento de una pyme como Industrias Mocholí, posibilitándonos captar cómo se fueron fraguando estos procesos de toma de conciencia social (Petruccelli, 2010: 218). En un acercamiento superficial, la primera vez que una empresa protesta masivamente, con una nula tradición en estas lides, debiera ser por motivos laborales y/o económicos que les atañan directamente, catalizadores habituales de este primario descontento. Se continúa este esquematismo enfatizándose que la lucha económica es el factor primigenio para, posteriormente y por injerencias del Estado franquista básicamente, trocarse en política. En nuestra opinión, estas elucidaciones son absolutamente insuficientes. En este centro de trabajo, su puesta de largo contestataria nació de una activa solidaridad de clase, que acarrearía a sus trabajadores fuertes descuentos salariales. Entendemos que unos componentes determinantes que auparon a estos operarios a implicarse de esa guisa fueron la asunción de la unidad obrera como un instrumento preciadísimo, la creencia generalizada en que la movilización servía para optimizar el nivel de vida, la percepción de que la quiebra del régimen se aproximaba a marchas forzadas y de que el funcionamiento “normal” de la economía obstaculizaba la consecución de sus demandas, todo ello bajo el influjo de la radicalización de las plantillas de MI y de gran parte de las empresas limítrofes. Esta impresionante solidaridad embadurnada de brotes espontáneos pasó a formar parte intrínseca del comportamiento de numerosos trabajadores, amplificándose a otras capas sociales, y convivía con los llamamientos y las propuestas de las organizaciones obreras10.
En 1974, se convocó un paro general el 11 de diciembre de 1974 en Navarra y el País Vasco, secundado de forma mayoritaria. Así, se paralizaron cuantiosas empresas de Pamplona, Estella, Tudela, Tafalla, Alsasua, Vera de Bidasoa, Lumbier, etc., y se sumaron empleados de banca, del comercio, de la hostelería, grupos de estudiantes, entre otros, en un conflicto que se extendió más allá de la precitada fecha:
El total de empresas participantes en la zona de Pamplona fue de 70, con unos 18.000 trabajadores, además de unos 5.000 de los pueblos arriba citados… Las manifestaciones fueron constantes a lo largo de la jornada… Pasado el día 11, bastantes empresas continuaban en huelga y registraron numerosas sanciones al no volver los obreros al trabajo. Tras la tregua navideña, más de 5.000 trabajadores continuaban en conflicto (Iriarte, 1995: 206-207; Pérez Ochoa, 1999: 37-38; Giménez Gil, 2012: 128; González de Andrés, 2017a: 188-217).
En este año, entre otros conflictos, emergió el de la pyme Villanueva, en Burlada, iniciado con paros parciales el 25 y 26 de abril. Era una empresa de embutidos, con apenas cincuenta trabajadores, muy precarizados y con nulas experiencias de disentimiento. Al continuar la protesta, el 14 de mayo despidieron al $80 \%$ de la plantilla. Como coincidieron con las movilizaciones que se estaban dando en Authi de más de un mes de duración, realizaron asambleas conjuntas, a la vez que su sector se solidarizaba con los despedidos. Aunque en Authi no se doblegaría totalmente al empresario, Villanueva logrará la readmisión de sus despedidos en julio sin que ello paralizara sus reivindicaciones salariales. La empresa ofrecía un $1 8 \%$ de aumento que se juzgó insuficiente, exigiéndose que se añadieran dos mil pesetas lineales más. En agosto, arrancaron dichas peticiones (Iriarte, 1995: 197-200).
En 1975, proliferaron huelgas generales con un claro contenido político que fueron seguidas masivamente. Desde la de solidaridad con Potasas, por el rechazo al estado de excepción y a los consejos de guerra a militantes de ETA y FRAP hasta por la exigencia de la “ruptura democrática”, entre otras, lo que nos indicaba la ascendente politización de la clase trabajadora. A lo largo de este periplo histórico, observamos que las formas de repulsa más individuales fueron dejando paso a expresiones colectivas, adquiriendo un repertorio más amplio, como que trabajadores en solitario o en grupo propusieran manifestaciones, encierros, etc. (Pérez Ibarrola, 2012-2013). Asimismo, se eligieron democráticamente a personas sin militancia para la negociación por ser capaces de decirle al jefe “las cosas a la cara”. Si no era algo excepcionalmente ocasional, estos dirigentes “naturales” terminaban organizándose, lo que solía derivar en que su activismo traspasara las fronteras de su empresa.
Ahora bien, decir que esta clase trabajadora era virgen por mor de la carencia de culturas políticas obreras e ideologías de clase resulta inadecuado. No responde siempre a una mecánica de inoculación de fuera hacia dentro. Hay actuaciones de la propia clase que, precisamente, han sido las causantes de su inclusión en ciertas ideologías y culturas. En 1967, Tomás Caballero describía que muchos de aquellos activistas eran “jóvenes desconocidos, de gran combatividad, no adscritos a ninguna disciplina, pero de fuerte tendencia socialista” (Arbeloa y Fuente, 2006: 75).
5.1. El caso de Potasas.
De las múltiples empresas a escoger en esos años por su continuada conflictividad y los efectos que se estaban produciendo en la toma de conciencia social de sus operarios, nos hemos decantado por Potasas. Era la más grande de Navarra y, entre 1970 y 1977, estuvo ciento sesenta y nueve días de huelga y tuvo sesenta y dos despedidos (Consejo de Delegados de Potasas de Navarra, 1979: 11-13; Remón, 1994; Díaz Monreal, 2012). Su génesis data de 1949, en que se publica una disposición ministerial sobre la zona potásica de Navarra y el comienzo de su explotación a favor del INI, por medio de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras. El 29 de mayo de 1957, se constituyó por Decreto del Gobierno la empresa minera Potasas de Navarra, con sede en Beriain, estando su capital social mayoritariamente en manos del INI, lo que constituía otra muestra evidente de la fusión que se fue produciendo durante el franquismo entre su personal político y los grandes empresarios (Díaz Monreal, 2012; González de Andrés, 2017a). En este sentido y como muy bien se ha expuesto, los conflictos de Potasas tuvieron una evidente relevancia porque “hacerle una huelga a la empresa significaba… hacerle una huelga al propio gobierno… los conflictos… adquirían otra dimensión, ya que podían considerarse en sí mismos como un desafío al régimen” (Pérez Ibarrola, 2019: 398).
En 1970, se paró durante varios días por demandas económicas y solidarias con notable participación. Posteriormente, en una asamblea celebrada el 24 de febrero de 1971 con el fin de conseguir una serie de reivindicaciones laborales, entre las que destacaban las salariales y no trabajar los sábados por la noche, se debatieron dos posturas que convergían en un mismo fin, obligar a la empresa a negociar, aunque con diferentes medios. Una era partidaria de un paro limitado, mientras que la otra abogaba por la lucha total y una huelga indefinida, siendo esta última la aprobada. En marzo, el respaldo a la lucha era mayoritario, generalizándose aún más porque la empresa no quería la negociación con la representación elegida democráticamente en asamblea y presionaba con dureza para que fuera sustituida por la “legal”. A finales del precitado mes, los trabajadores retornarán a sus puestos sin lograr sus peticiones y con varios despedidos y sancionados. Este conflicto se extendió a lo largo de veinte días, a pesar de una fortísima represión empresarial y estatal, y su trascendencia estribó en que fue la primera vez que se vieron implicados prácticamente todos los centros de trabajo de Potasas y en que los huelguistas superaron los mil trescientos (Lizarraga, 2014: 14-16).
Debemos anotar que, en las elecciones sindicales de 1971, votaron solamente el $3 5 { \cdot } 4 0 \%$ de los dos mil operarios que había en plantilla, cuestionando la apuesta por el trabajo legal que se hacía desde determinadas fuerzas políticas antifranquistas, a la vez que, en 1972, se registraban oficialmente paros de escaso alcance (Iriarte, 1995: 111, 137 y 141). A principios de 1973 y en un ambiente que seguía siendo reacio a la movilización por las conclusiones negativas que se extrajeron de la anterior huelga, se descartó llevar a cabo protestas pese a la posición empresarial de no dialogar. Sin embargo, en abril, esta aparente pasividad se quebrantó de arriba abajo por la sanción a varios barrenistas del pozo Esparza. Como ha sucedido en múltiples situaciones conflictivas a lo largo de la historia (Van der Linden, 2006; Womack, 2007), la necesidad se expresaba a través de un accidente. El malestar reinante con sus condiciones de trabajo venía creciendo nítidamente, pero a trompicones, ya que su demostración inmediata no emergía públicamente. Estaba germinando una especie de concentración molecular de toma de conciencia que, en un momento u otro, tendría que salir a la superficie. En efecto, grupos de mineros no trabajarían si se mantenían las mencionadas sanciones, a la vez que seguía habiendo otros obreros renuentes al paro convocado. Para no variar, la empresa castigó a cerca de novecientos empleados, lo que facilitó, que no determinó, la incorporación a la lucha de los dubitativos. Transcurrido un mes, con una sentencia que reducía cuantiosamente las sanciones y con el $8 1 \%$ de la plantilla favorable a la continuación de la huelga, además de conseguir la solidaridad de varias empresas, la compañía aceptó negociar su retirada y el cobro de los días parados. Este desarrollo no pasó desapercibido para una capa importante de la plantilla porque comprendieron que el sacrosanto principio de autoridad se había resquebrajado ostensiblemente. Es más, se produjeron huelgas parciales de solidaridad con los despedidos de MI.
En febrero de 1974, se despidió a dos trabajadores, generándose luchas seguidas por una fracción importante de la plantilla, que prosiguieron al despedirse a otros dos más. A mediados de mes y pese a no lograrse la eliminación de los expedientes, volverán al trabajo, abandonado progresivamente el encierro que habían iniciado como medida de presión. No obstante, calificarlas de absoluto fracaso no se ajustaría a la realidad porque supusieron una reflexión sobre cómo extraer un rendimiento mayor a ese tipo de acciones. Como tendremos ocasión de comprobar, estas valoraciones no pasaron en balde. La espontaneidad siguió siendo un componente esencial a la hora de encerrarse, por lo que la impremeditación mantuvo su preeminencia. Ahora bien, si no se hubieran extraído algunas conclusiones tendentes a remediar estos “desajustes”, para que en las inevitables próximas luchas no se volvieran a repetir, sería imposible entender lo que ocurriría solo unos meses después.
El punto más álgido de la conflictividad en este periplo histórico se alcanzará con una huelga que durará desde mediados de noviembre de 1974 hasta finales de marzo de 1975, más de cien días. Inicialmente y entre otras peticiones, demandaban el sueldo íntegro por enfermedad y accidente, la readmisión de despedidos y una subida lineal mensual de seis mil pesetas, libertad de asociación y reunión, reconocimiento del derecho a la huelga y la abolición de los contratos temporales. Reivindicaciones debatidas y aprobadas en asambleas que se celebraron con frecuencia y sin una presencia digna de mención por parte del jurado de empresa. Dichos puntos reflejaban una cierta conjunción entre lo que se decidía en aquellos “espacios de libertad” y las propuestas que enarbolaban las CCOO navarras. En consecuencia, se llevaron a cabo paros para presionar a los directivos en pos de una negociación directa. La réplica de éstos fue la imposición de sanciones, lo que provocó una huelga en la plantilla que se extendió hasta principios de enero de 1975. Ante el enconamiento existente, se decidió reeditar un acto de presión ya efectuado con anterioridad. Desde el 7 de enero y durante unos quince días, se encerraron cuarenta y siete trabajadores, aunque uno más se incorporó posteriormente (Pérez Ibarrola, 2019: 400 y 405), después de haber burlado a la Guardia Civil.
En el pozo, había una gran humedad, un frío extremo y se encontraba fatalmente incomunicado. La estancia fue extremadamente adversa si nos atenemos al relato de sus protagonistas: “Hemos estado bebiendo agua contaminada, en el fondo del depó- sito hay una rata muerta” (Organización Revolucionaria de Trabajadores, 1975b: 14). Con posterioridad y tras un acto de apoyo masivo a los encerrados, se producirán múltiples heridos y contusionados por la intervención policial, impulsando una solidaridad que recorrerá todos los intersticios de la sociedad, hasta el punto de que hubo unos veinte mil huelguistas en la provincia el 15 de enero y de que unos treinta sacerdotes se encerraron un día y una noche en el palacio arzobispal en apoyo de la lucha de Potasas en concreto y de la clase trabajadora navarra en general (Arbeloa y Fuente, 2006: 274). De hecho, fue una huelga general provincial con ciertas dosis de espontaneidad nuevamente y con un elemento determinante que condicionó su génesis, al igual que ocurrió en la otra huelga de 1973 por los despedidos de MI: la presión llegó desde abajo y las fuerzas de la oposición obrera la asumieron, teniendo en cuenta, además, que las que se autoubicaban a la izquierda del PCE eran mayoritarias (González de Andrés, 2020):
cabe destacar que, a pesar de que la oleada conflictiva de otoño de 1974 había dejado muchos conflictos sin resolver y una gran cantidad de trabajadores despedidos, no se planteó una huelga general como ofensiva contra esta situación y no se articuló una respuesta unitaria y generalizada hasta que los sentimientos de solidaridad con los encerrados en la mina empujaron en esta dirección (Pérez Ibarrola, 2019: 407).
El encierro perdurará alrededor de una semana más, prevaleciendo una solidaridad extensa e intensa con los expulsados y un profundo rechazo a la represión. Aunque finalizó en torno al 21 de enero con medio centenar de despedidos, se convertirá, junto a la ya precitada de 1973, en un hito en la memoria de los trabajadores (Pérez Ibarrola, 2019). En un ambiente no muy diferente al que existía fuera del pozo, la última asamblea del encierro acordó “no tomar ningún cigarrillo si nos [lo] ofrecen, los guardias o los jefes. Ante todo, mantener la dignidad. Salimos porque nos es imposible aguantar más, aunque nos nieguen las peticiones justas, pero la dignidad la podemos mantener intacta y firme” (Organización Revolucionaria de Trabajadores, 1975b: 23; Iriarte, 1995: 120-121, 148, 195 y 223-234; Arbeloa y Fuente, 2006: 135-138; Díaz Monreal, 2012; Lizarraga, 2014; Pérez Ibarrola, 2019)11.
En aquella coyuntura histórica, este conflicto contuvo una naturaleza claramente política. Lo interpretó de esta manera tanto un amplio número de trabajadores, las organizaciones obreras opositoras como el gobierno y el empresariado (Díaz Monreal, 2012: 141-143 y 152). Muy probablemente, la gran mayoría de los “contendientes” atisbaron que la disputa franqueaba Potasas, colisionando directamente contra el statu quo vigente.
6. Reflexiones finales.
Desde un punto de vista sociológico, entendemos que la clase trabajadora es la más homogénea de la sociedad, sin que eso obvie que, en su seno, conviven personas con vinculaciones divergentes y orígenes disímiles, diversas condiciones de vida y de trabajo, diferenciaciones ideológicas, psicosociales, etc., que la pueden fracturar, aderezado por las especificidades históricas de cada momento. De ahí, que consideremos que la pródiga implicación de los trabajadores navarros en aquella conflictividad y su extensión a otras capas sociales como las antaño denominadas “amas de casa”, estudiantes, comerciantes, profesionales, etc., muy delimitados por sus aspiraciones de lograr una sociedad más justa, prefiguraron una actitud colectiva que contribuyó al fortalecimiento de unos vínculos fundamentados en la conjunción de intereses sociales y económicos comunes, además de exigencias políticas convergentes. A su vez, las numerosísimas asambleas coadyuvaron a contornear esa identidad de clase social, homogeneizando a los propios trabajadores, en un escenario político extraordinariamente hostil y frente a un empresariado que obtenía pingües beneficios debido, entre otras razones, al marco institucional dictatorial. No fue casual que esas prácticas coincidieran con los mayores picos de movilización.
La clase obrera navarra se radicalizó a golpe de experiencias propias, acompañada por una dirigencia que decía apostar por la revolución, sometida tanto a una modernización capitalista que trajo consigo graves y muy visibles injusticias socioeconómicas como a una fuerte represión dentro y fuera de los centros de trabajo. Ciertamente, si cotejaban su situación material con su reciente pasado rural, podían apreciar determinadas mejoras en su nivel de vida. De hecho, los salarios de los obreros navarros superaron la media española a lo largo de los setenta (Sartorius y Sabio, 2007: 83), partiendo de que, en 1955, Navarra ya ocupaba el décimo lugar en ingresos por habitante. No obstante, sus inquietudes parecían detenerse en sus coetáneas vivencias fundamentalmente, en donde prevalecía una lacerante desigualdad socioeconómica y un clima político asfixiante para las clases populares (Iriarte, 1995: 352-354; Pérez Ibarrola, 2012-2013). En consecuencia, “explotación y opresión política no tardarían en ser percibidas y denunciadas como dos caras de la misma moneda” (Aoiz, 2005: 160), asumiendo así una de las señas de identidad más emblemáticas de aquel movimiento obrero al que se le suele calificar como novedoso.
Definirlo como “nuevo” sin agregar gruesas matizaciones arroja escasa luz sobre su gestación y desarrollo porque, aunque contuvo rasgos específicos, a los que nos referiremos a continuación, también albergó características comunes. Inicialmente, la clase trabajadora navarra se fue desplegando de forma similar a como lo hicieran otras en contextos históricos en donde la industria era un oasis en medio de un desierto de sector primario. En aquellos momentos, su conformación, nutriéndose de población rural básicamente, debía ser novedosa a la fuerza, pero también análoga a lo que acontecía, y ya había ocurrido a su vez, en otros lugares con una evolución socioeconómica semejante (Palazuelos, 1988). Las similitudes, pues, con otras clases trabajadoras parecería ser un hecho contrastado. Ahora bien, una guerra civil que aniquiló sus no muy pujantes organizaciones obreras, una extensa población católica practicante y conservadora, y una longeva dictadura que reprimió cualquier disidencia contando con la aquiescencia de amplios sectores sociales, si bien fueron disminuyendo acusadamente durante el tardofranquismo, propiciará divergencias respecto de otros incipientes movimientos obreros, impulsando sus especificidades. Estos elementos inducirán una peculiar relación, de gradación diferente, con sus organizaciones tradicionales (PSOE, PCE, UGT, CNT), una vinculación procelosa con los grupos católicos, una ligazón sinuosa con las nuevas formaciones de izquierdas y una conexión zigzagueante con el SV, por cuanto se trataba de derribarlo desde dentro y desde fuera.
Este rosario de particularidades, sobre todo a partir de los años sesenta, coexistirá con un contexto mundial atravesado por un ciclo económico alcista sin precedentes históricos en los principales países desarrollados, que repercutirá de manera contundente en las fases española y navarra, afectando considerablemente al devenir de ambas sociedades. También, tenemos que subrayar que dicho crecimiento no implicó una eliminación de las tensiones laborales y, por ello, un acrecentamiento de la paz social. Tras la cruenta derrota de la guerra civil y sus terribles efectos, una ligera mejora material y/o un descenso de ciertas carencias esenciales (fin de las cartillas de racionamiento, por ejemplo), fue contribuyendo a la cicatrización de las heridas que provocaron aquel mayúsculo descalabro, lo que fue estimulando las luchas sociolaborales, inicialmente en territorios con mayor bagaje histórico que Navarra. A sensu contrario, no siempre un empeoramiento conllevaría actuaciones combativas y tumultuosas ipso facto, tal y como pudimos observar en la inmediata posguerra, en donde la galopante miseria favoreció que las repercusiones de la victoria fascista fueran todavía más dramáticas para las clases y sectores sociales más desfavorecidas, en una cruenta batalla por sobrevivir. Esta conjunción de factores, entre otros, presenta un escenario poliédrico que debe ser sopesado y escrutado con detenimiento.
Históricamente, han primado más las derrotas que las victorias en la conflictividad protagonizada por los trabajadores, pero, ciñéndonos a este periodo y a esta área geográfica, destacaríamos los siguientes rasgos que se fueron concitando con ambos resultados: la imponente solidaridad de clase, el amplio rechazo a la represión -incluida la económica que no suele mencionarse (Layana, 2021)-, la significativa participación y combatividad sociopolítica, la enconada disputa por los espacios públicos hasta hacía bien poco monopolizados por las élites, el extendido cuestionamiento de la autoridad y sus derivaciones legales, y la creciente radicalización y politización.
En la Navarra franquista, al igual que en el resto del Estado, los obreros encauzaban sus demandas a través de los cargos sindicales del SV, lo que no excluía un uso cada vez más creciente de comisiones ad hoc elegidas en las asambleas para conseguir el mismo fin. Ante el rechazo empresarial a sus reivindicaciones, fueron multiplicándose las protestas que, tras su no consecución, tendían a extenderse y prolongarse, transgrediendo la legalidad en no pocas ocasiones. La respuesta que obtenían se basaba en duras sanciones patronales y en una intervención clasista del Estado, como la eliminación de los billetes reducidos en el transporte de Pamplona entre otras medidas (Arbeloa y Fuente, 2006: 60-62), lo que zarandeaba la conciencia de los trabajadores, azuzada por la propaganda oral y escrita de las organizaciones obreras opositoras. Sin duda, el ingrediente de la represión persistió a lo largo de todo el franquismo en España, y Navarra no fue una excepción obviamente, si bien se dio con diferentes gradaciones y ritmos. Aún con todo, su metabolización por capas de la clase trabajadora no dependió exclusivamente de su puesta en práctica sino de la interrelación con otros condicionantes, tales como el contexto económico, acontecimientos políticos, sociales y culturales de naturaleza puntual, conflictos individuales y/o generalizados en los centros de trabajo y en los barrios, entre otros. Todo ello, deparaba unas reacciones en las que prevalecía un creciente rechazo al statu quo vigente que, ya en el tardofranquismo, tendía a homogeneizarse en una mayor y más comprometida contribución en todo lo relativo a la res publica (González de Andrés, 2017: 63-110).
Una elucidación que se basara en un discurrir meramente progresivo y lineal invalidaría la comprensión de etapas históricas con una proliferación de mutaciones rápidas y súbitas como la que estamos analizando, en donde la implicación directa de vastos sectores de obreros fue condicionando el conjunto de la vida sociopolítica y ésta, a su vez, mediatizaba aquel proceder, intercambiándose causas y efectos. Amplias capas de la clase trabajadora navarra, especialmente en los setenta, asumieron buena parte de las posiciones rupturistas respecto del régimen político existente, aunque, en lo concerniente a la transmutación del sistema económico, esa asunción fuera minoritaria. Defendieron activamente la consecución de una sociedad que fuera más igualitaria como acreditaba su presencia activa en cuantiosas asambleas y en la calle, interiorizando la relevancia de estar organizados, siquiera espasmódicamente. Se movilizaron por aspirar a un futuro digno y pujaron por comprender una realidad necesitada de profundos cambios, lo que los llevó a saltar los muros “ideológicos” de sus empresas y catapultar sus planteamientos hacia la disputa de esferas de poder.
Se ha podido atestiguar que, en el tardofranquismo navarro, hubo varias huelgas generalizadas y locales muy importantes que estuvieron desvinculadas de la negociación colectiva. Entendemos que éstas se produjeron, entre otros mecanismos, porque el proyecto de CCOO “iba más allá de la acción inmediata en la fábrica para constituirse en el agente necesario para la transformación social”. En efecto, como decía un activista, “[p]ensamos que podíamos cambiar el mundo y que podíamos cambiar la sociedad” (Pérez Ibarrola, 2012-2013: 140 y 145). En este contexto, por tanto, las iniciativas de sus líderes, y su valoración a posteriori, podían acelerar o frenar el movimiento, fruto de un determinado diagnóstico y, por ende, de la aplicación de una praxis u otra. Tanto es así que se ha evidenciado que hubo serios desajustes entre la dirigencia del movimiento obrero y “la capacidad reivindicativa del mismo” (Iriarte, 1995: 312), llegando ésta “a poner en peligro el liderazgo de las organizaciones de clase” (Pérez Pérez, 2006: 83). En este sentido, conviene precisar que, si bien la radicalización lingüística de las formaciones de la izquierda radical, predominantemente maoístas, atrajo más y mejor que el PCE a una capa amplia de obreros navarros que aspiraban a una ruptura radical con el franquismo -ambiente que se daba también en el País Vasco-, en lo concerniente a sus prácticas, todo parece apuntar a que esas diferencias discursivas no tuvieron una plasmación muy distinta respecto a las practicadas por el PCE. Cuestión crucial a tener en cuenta porque las fuerzas “izquierdistas” tenían una autoridad e influencia mayoritarias en Navarra (González de Andrés, 2020).
Unas lacerantes penurias económicas, unas relaciones sociales que traban la verdadera emancipación humana, unos fundamentos cognoscentes y materiales escasos, entre otros componentes, suelen propiciar que una parte extensísima de los seres humanos más que autores sean los sufridores del desenvolvimiento histórico. Asimismo, por una condición inherente a la naturaleza del asalariado, la necesidad de laborar para poder vivir, la mayoría de esta clase social cuando un conflicto finaliza suele volver a la cotidiana lucha individual por la resolución de sus problemas mundanos. Por todo ello, los pensamientos de aquella clase trabajadora navarra no fueron el big bang de su metamorfosis, sino las transformaciones materiales en las que se vieron envueltos acompañado, indisolublemente, por las conclusiones y reflexiones extraídas de sus trayectorias, interactuando, a su vez, con aquéllas, sin olvidarnos de la influencia de las organizaciones obreras opositoras en grados disímiles según su ascendiente social y político.
Entendemos que aquellas movilizaciones contenían una indudable carga de oposición a la Dictadura. Inclusive, las reivindicaciones laborales más elementales tendían a superar su primigenio estadio porque, en numerosas ocasiones, era la única forma de poder conseguir su satisfacción, máxime cuando estaba prohibido organizarse colectivamente. Esta peculiar asociación estimulaba a los obreros a elegir el camino de la confrontación con el régimen, sumándose al que ya habían emprendido contra la patronal si estaban ocupados en el sector privado. Qué duda cabe que el antifranquismo emergía y se desarrolló a gran velocidad, lo que ponía el foco en la consecución de derechos y libertades básicos de los que se carecía. Ahora bien, dada la interacción existente entre el Estado franquista y la patronal, también afloraban planteamientos cuyo eje pasaba porque la conquista de aquéllos era inviable sin implementar una sustitución radical del capitalismo, si bien esta última consideración solo llegó a calar en capas minoritarias. En todo caso, se fue consumando una especie de simbiosis dialéctica entre huelgas laborales y huelgas políticas que dejaron su huella indeleble en aquel periodo histórico (Pérez Ibarrola, 2012-2013: 124; Gonzá- lez de Andrés, 2017a).
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CCOO Comisiones Obreras
CNT Confederación Nacional del Trabajo
CE Consejo de Empresarios
CT Consejo de Trabajadores
ETA Euskadi Ta Askatasuna
FRAP Frente Revolucionario Antifascista y Patriota GAC Grupos de Acción Carlistas
GOES Grupos Obreros de Estudios Sociales
HOAC Hermandad Obrera de Acción Católica INI Instituto Nacional de Industria
MCE Movimiento Comunista de España
MI Motor Ibérica
MPI Motion Pictures Investments Co.
ORT Organización Revolucionaria de Trabajadores PCE Partido Comunista de España
PSOE Partido Socialista Obrero Español
SV Sindicato Vertical
UGT Unión General de Trabajadores
USO Unión Sindical Obrera
VO Vanguardias Obreras