Vivir de la tierra. Organización, conflicto y cambio en la Cataluña agraria: la Unió de Pagesos, 1973-1979.
Live off the land. Organization, conflict, and change in the agrarian Catalonia: the Peasants Union, 1973-1979.
Resumen: La Unió de Pagesos (UP) se constituyó a finales del franquismo como una más de las experiencias sindicales unitarias del periodo. Pese a ser una organización apartidista, su dilatado proceso de construcción estuvo atravesado por las dinámicas centrífugas que afectaron al conjunto de fuerzas antifranquistas durante la transición a la democracia. Llegados a 1979, UP era una de los pocos sindicatos unitarios supervivientes. En este artículo exploramos los orígenes, construcción y consolidación del sindicato campesino en un contexto de cambio político del cual fue un agente imprescindible en el campo catalán.
Palabras clave: Antifranquismo; Movilización campesina; Sindicalismo; Cambio político.
Abstract: Founded during the late Franco’s dictatorship, the Unió de Pagesos (Peasants Union) was one among other experiences of unitary trade unions of the period. Despite its nonpartisan policy, its construction was mediated by the centrifuge dynamic which affected the anti-Francoist forces as a whole during the years of the transition to democracy. The union reached 1979 as one of the few surviving unitarian trade unions. This paper proposes to explore its origins, construction and consolidation in the political change context, of which it was a fundamental agent in the Catalan countryside.
Keywords: Anti-Francoism; Peasant Mobilization; Trade unionism; Political change.
Sumario: Introducción; 1. Organizar el malestar; 2. Unidad en la diversidad; 3.Un sindicato forjado en la lucha; 4. La construcción del sindicato del campo; 5. La batalla por la representatividad del campesinado; 6. Tensando las costuras de la organización; 7. Derrota política, consolidación organizativa; Conclusiones; Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
Este artículo abordará el papel del sindicalismo campesino y de la conflictividad agraria en la Cataluña del tardofranquismo y los primeros años del cambio político. Lo hará a través de la organización campesina cuya historia durante el período sintetiza la historia de las luchas de aquellos que vivían de la tierra: la Unió de Pagesos (UP). Sin embargo, conviene explicitar que la aproximación de este artículo a la historia del sindicato será indirecta, pues si bien han sido consultadas sus principales publicaciones — la primera época de La Terra (1975-1977) y el efímero Unió de Pagesos (1979) — y el material congresual del sindicato, el archivo histórico de UP, que habría permitido conocer mejor sus agitadas dinámicas internas en aquel periodo clave para su construcción organizativa, aún permanece cerrado a la investigación1 . Puesto que UP no fue ajena, más bien lo contrario, a las dinámicas políticas de las organizaciones antifranquistas —desde la colaboración a la competencia política; de la convergencia a la disgregación—, la propuesta de los autores es la de valorar el proceso de construcción de UP en el marco de la política unitaria de la oposición y en el contexto de democratización de la sociedad rural, de la que UP fue agente indiscutible en la Cataluña agraria.
La disponibilidad de las fuentes primarias sobre las que se sustenta esta investigación pueden haber contribuido a construir una visión interpretativa que haya priorizado en exceso las pugnas de los partidos políticos en su interior. Y aún no con todos, pues el acceso a los archivos históricos de las distintas fuerzas políticas catalanas con presencia en la UP ha sido desigual.2.
Confiamos que el profuso uso de prensa —tanto de partido como generalista— y la consulta de los archivos históricos de la administración central y los provinciales de Tarragona, Lleida y Girona, así como otros de carácter local y comarcal, hayan podido establecer el contrapeso necesario para ofrecer una visión equilibrada.
1. ORGANIZAR EL MALESTAR.
Desde los años cincuenta la agricultura española padeció profundos cambios estructurales. En Cataluña incrementó el número de payeses sin asalariados (el $6 3 \%$ de la población activa agraria en 1970), al tiempo que descendían quienes se dedicaban a faenas agrícolas: pasaron del $2 2 \%$ en 1950 al $6 { , } 5 \%$ en $1 9 7 5 ^ { 3 }$ . Eran la otra cara del proceso de urbanización y del crecimiento del trabajo industrial, cuyo máximo histórico se produjo, precisamente, en la primera mitad de los años setenta4 . La tecnificación y motorización de la agricultura —siempre condicionada por la escasez de crédito— devino una necesidad para unas economías campesinas plenamente mercantilizadas,5 mientras se extendía el pluriempleo agrícolaindustrial y la dedicación a tiempo parcial. Hacia 1970, las empresas que dominaban los canales de comercialización y de transformación, y que abastecían a los payeses de medios productivos, habían formado una red oligopólica que presionaba a la baja el precio de las cosechas y obligaba al incremento de la productividad de la tierra para mantener el poder adquisitivo. Las políticas públicas en apoyo al campesinado, así como un marco legislativo que limitase estas prácticas de virtual monopolio, brillaban por su ausencia6 Y no facilitaba la situación la política de importaciones practicada por el Gobierno, pese al discurso sobre la necesidad de equilibrar la balanza comercial. Ahí estaban algunos de los elementos de la politización campesina desde finales de la década de 1960.
Las concepciones del mundo agrario como un espacio socialmente armónico, han elevado el conservadurismo de dichas visiones a la categoría explicativa fundamental de las actitudes políticas campesinas. Cuando no se han podido más que certificar conductas disidentes de parte del campesinado, se ha tendido a despolitizar la protesta, aduciendo que se movilizaban por razones económicas y no políticas. Así lo interpretaron también algunos jerarcas del franquismo, que trataron de ponerse al frente de las protestas desarrolladas entre 1968 y 1969 contra la Seguridad Social Agraria7 . Sin embargo, esta visión contrastaba con los informes internos de Gobernación, que mostraban su preocupación ante la proliferación de “propaganda clandestina de la llamada «Comisión Nacional de Payeses de Cataluña», que de tinte sin duda separatista (dada su titulación) […] tiene a crear tensiones […] para explotar el aludido disgusto existente entre las clases campesinas”8 . Surgidas de la necesidad de coordinar distintos episodios de lucha en la desembocadura del Ebro y alrededor de la ciudad de Lleida entre 1963-1966, Comissions Pageses (CCPP) había logrado, desde que en 1968 se constituyera en la única organización agraria de ámbito catalán, crear un modelo organizativo des del que canalizar el malestar del campesinado9 .
Ha habido dos argumentaciones básicas para explicar el “fracaso” de aquel primer modelo organizativo. Conviene desmentirlas de entrada para entender mejor el paso dado hacia UP como sindicato unitario del campo. Una de las explicaciones aducidas tiene que ver con la hegemonía comunista en el seno de CCPP y la otra —derivada de la primera— con su composición social, que no habría sido representativa del conjunto del campesinado en Cataluña. Según el primer coordinador nacional de CCPP, el comunista Vicenç Ximenis que, tras abandonar el partido viraría hacia la socialdemocracia, a inicios de los setenta existió una pulsión de parte de los comunistas por hegemonizar el movimiento, algo que habría polarizado CCPP y provocado su división10. Es cierto que la necesidad de superar las diferencias ideológicas entre estos grupos —que existían, aunque bajo otras coordenadas menos maniqueas— allanó el camino hacia la Unió de Pagesos, pero es falso que UP fuera socialmente más “representativa” del conjunto del campesinado catalán. Sus filas las integraron payeses pequeños y medios, arrendatarios, asalariados agrícolas y técnicos agrónomos. Exactamente igual que en CCPP. Fue con posterioridad que se identificó a CCPP como una organización “jornalera”, achacando a ello su fracaso para erigirse en el embrión del sindicalismo unitario del campo en Cataluña11. El supuesto carácter “de clase” de CCPP era atribuido a la hegemonía comunista en su seno, como si la propuesta de éstos para el campo fuera de “frente obrero” en lugar de antimonopolística y desconociendo por completo el papel jugado por los comunistas en el campo desde la Guerra Civil12. Y aunque a veces esta explicación ha sido esgrimida por el espacio político del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 13, los motivos por los que se pudo llegar a un punto de encuentro que inició el proceso de construcción de UP son algo más complejos y difíciles de comprender sin atender al marco de la política de alianzas del antifranquismo.
2. UNIDAD EN LA DIVERSIDAD.
Hasta 1973 los comunistas habían sido los únicos que habían conseguido organizar al movimiento campesino en el conjunto del territorio catalán en las CCPP. Contaron con la complicidad de las Juventudes de Acción Rural y Católica, el sector que lideraba Joan Reventós, en el interior, del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) y otros grupos menores como el Front Nacional de Catalunya. A medida que se extendía la politización campesina, surgieron distintos movimientos de payeses que tenían un ámbito de actuación local o comarcal14, en los que también empezaron a participar colectivos católicos y socialistas organizados al margen de CCPP. La situación política de crisis de la dictadura invitaba a plantear actuaciones más amplias que sólo una mayor coordinación de los grupos campesinos existentes, con vistas a su ampliación, podía garantizar. Los socialistas entendían la necesidad de trabajar junto al PSUC en el campo, estableciendo una política de alianzas afín a la del marco general de la oposición catalana al franquismo, como la expresada por la Assemblea de Catalunya15. En su elaboración, decían, “se han tenido en consideración los trabajos hechos en el intento de organizar las comisiones de payeses, las aportaciones de diferentes grupos comarcales de orientación socialista, y muy especialmente las experiencias vinculadas a las luchas campesinas de los últimos años”16. Los socialistas catalanes comprendieron la necesidad de reconocer las diferentes realidades existentes en el campo: había una única organización de ámbito nacional y ésta era CCPP; pero nadie podía llamar a engaño, pues ésta no había conseguido aglutinar cuanto se movía en la Cataluña rural. Los socialistas propugnaron una aproximación a los grupos leridanos “de orientación socialista” —en clara referencia al socialdemócrata Bloc Popular de Terres de Lleida (BPTL), liderado por Joaquim Arana y en el que se había integrado Ximenis— para recoger las “experiencias vinculadas a las luchas campesinas de los últimos años” y que permitiese abrir una nueva fase de contestación en el campo.
El acercamiento no se preveía sencillo, pues un abismo separaba a grupos fervientemente anticomunistas como el BPTL y el principal partido del antifranquismo, el PSUC. Los socialistas, que habían iniciado el proceso de confluencia entre distintas corrientes de izquierda en la llamada Convergencia Socialista de Cataluña $\mathrm { ( C S C ) } ^ { 1 7 }$ , eran los que estaban mejor situados para impulsar un espacio ideológicamente más amplio que aglutinara desde socialistas y comunistas de distintas tendencias, a católicos, carlistas disidentes, nacionalistas, republicanos y socialdemócratas mientras que la presencia de la izquierda radical se reducía al PCE (internacional)18. Los contactos personales fueron clave en el acercamiento del BPTL al nuevo espacio de convergencia campesina. Particularmente importante fue el papel del socialista Josep Vidal Riembau, más conocido como Pep Jai, un antiguo militante rabasaire del Vendrell (Baix Penedés, Tarragona) que había impulsado las CCPP en la zona19.
Fuera como fuere, el 4 de noviembre de 1974 se reunían en una casa de colonias en Pontons (Alt Penedés, Barcelona) una veintena de personas vinculadas al movimiento campesino catalán. Una buena parte militaba en organizaciones de la oposición, aunque había también líderes locales sin (aún) adscripción partidista. El manifiesto consensuado en Pontons es una buena muestra tanto de los equilibrios internos que caracterizarían la naciente UP como de los motivos que habían llevado a su creación: “es preciso superar nuestras diferencias políticas […] para llegar a un auténtico Organismo Unitario”, se decía. La práctica desarrollada por comunistas y católicos de obtener espacios en el sindicalismo vertical despertaba la contrariedad de socialistas y socialdemócratas, pero el manifiesto lo contemplaba como posibilidad “siempre en cuanto su utilización no ponga en peligro nuestra propia Organización”, en clara referencia a la experiencia de Comisiones Obreras (CCOO) a finales de los sesenta20. Puesto que algunos de los grupos políticos impulsores no formaban parte de una Assemblea de Catalunya que, alegaban, estaba hegemonizada por los comunistas, el manifiesto se limitaba a señalar que la lucha de los payeses estaba “vinculada a la de los trabajadores industriales y otros sectores del pueblo para la obtención de las libertades democráticas y nacionales de Catalunya y la del resto del Estado español”21. Decir eso en 1974 equivalía a ponerse a la estela de la Assemblea.
CSC valoró muy positivamente la asamblea de Pontons, pues había establecido las bases “cara a la construcción de un organismo que represente los intereses de los payeses de toda Cataluña”22. Más prudente se mostró el PSUC, que si por un lado elogiaba la acogida del movimiento, de otro recelaba del método de elección de la Comisión Permanente. La designación de un solo representante por comarca podía dejar al PSUC en minoría en los órganos de dirección, pese a la presencia destacada de sus cuadros en las asambleas campesinas de todo el país. En el fondo, la desconfianza comunista venía de la actitud dubitativa que mostraban CDC y el Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC), que lideraba Josep Pallach y al que se había integrado el BPTL, respeto a las instancias unitarias del antifranquismo. Los comunistas de Lleida, donde RSDC empezaba a contar con cuadros de relevancia, creían que éstos “no tienen unas intenciones honestas”. Temían, no sin razón, que UP pudiera ser instrumentalizada por “gente como Pallach, Arana en Lleida y sectores de […] católicos avanzados” con el fin de impulsar una “red en distintos lugares de Catalunya para el momento de ir a unas elecciones”23, amparándose en la propuesta gubernamental de la Ley de Asociaciones Políticas, en la que RSDC había puesto ciertas esperanzas 24. Pese a estas reticencias, el PSUC asumió el llamamiento y prosiguió la labor de “promover cuadros payeses y su formación […] además, [de] extender por toda Cataluña una red de organizaciones campesinas, como apoyo y base de la movilización campesina”25.
3. UN SINDICATO FORJADO EN LA LUCHA.
Pese a los recelos hacia RSDC, quienes contaban con mayores bases para canalizar la agitación campesina seguían siendo los comunistas, por lo que el PSUC prosiguió su trabajo en el campo a través de movilizaciones de base, sin demasiada consternación sobre si a esos grupos se les llamaba CCPP —que mantenía su estructura organizativa y sus medios de difusión— o UP. A partir de aquellas fechas, los planteamientos del nuevo movimiento campesino empezaron a ir más allá de las cuestiones económicas, asistenciales y políticas e incorporaron propuestas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo rural, muy particularmente en torno al ocio y a la educación26.
Ello facilitó el encuentro entre aquel espacio de UP en construcción y organizaciones sociopolíticas de carácter juvenil como la Juventud Comunista (JCC), que en aquellos años vivieron un notable despliegue territorial en la Cataluña rural. Entre sus demandas empezaron a incluir la de los jóvenes payeses y en sus actos lúdico-recreativos organizarían presentaciones públicas del nuevo sindicato campesino Lo cierto es que esta juventud inquieta —que en las comarcas de Tarragona propiciaría la coordinación de más de una veintena de entidades juveniles que servirían de base para extender grupos locales de la Assemblea de Catalunya— contribuyó decisivamente a dar a conocer y propiciar el arraigo de UP en el territorio27.
Sobre bases como estas, desplegadas sobre el territorio de manera laboriosa, en enero de 1976 se celebró la II Asamblea de UP. Allí se empezó a dotar de contenido lo que anteriormente no era más que un “nombre” y un espacio de encuentro poco reglado llamado Unió de Pagesos. A diferencia de la reunión de Pontons, esta nueva asamblea fue bastante más nutrida, con
60 delegados que representaban a 25 comarcas diferentes, y en la que se decidió, entre otras cuestiones, la adhesión de UP a la Assemblea de Catalunya. Tras la reunión, cuatro dirigentes de UP —dos socialistas y dos comunistas— presentaron la organización en una rueda de prensa pública e hicieron un llamamiento al campesinado catalán a que se sumaran al congreso fundacional de UP, que fue difundido masivamente por los medios28. Sin lugar a dudas, la integración al Consell de Forces Polítiques de Catalunya del RSDC y de CDC, grupo que empezaba a contar con presencia en zonas rurales de Cataluña a través de la cooptación de independientes de las Asambleas Democráticas de ámbito local29, contribuyo tanto a atenuar la desconfianza mostrada por algunos sectores del PSUC hacia estos pequeños partidos como a lubricar el proceso unitario del campesinado catalán iniciado en 1974. Pero aunque ello fuera relevante, lo que realmente marcó la suerte de UP en aquella coyuntura clave fue su capacidad para movilizar y aglutinar a cuanto se movía en el campo y darle un nuevo impulso para ir más allá de ser el “frente agrario” de un puñado de partidos clandestinos.
Las movilizaciones campesinas que encauzó UP entre 1974 y 1976 contribuyeron a su expansión, tanto social como geográfica. Las elecciones sindicales de 1975 tuvieron una importancia en el campo que no cabe menospreciar. Ya desde 1971, grupos campesinos sin organización reglada habían conseguido una presencia notables en algunas Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos; estos grupos antifranquistas habían sido objeto de una versión rural de la “operación rastrillo”30, que propició la extensión territorial de UP. Las elecciones de 1975 se daban en un contexto nuevo, marcado por una gran movilización social, en el que dio la sensación que el sindicalismo vertical en la industria habría quedado “poblado de comunistas [… en] sus niveles inferiores”. 31 Nadie pensaba que existieran las condiciones para desarrollar una actuación similar en las Hermandades, pero la presencia de opositores en su seno se estimaba como imprescindible para poder actuar lo más abierta y legalmente posible. Sin embargo, la mayoría de grupos políticos con presencia en UP consideraban que participar en las elecciones sindicales era una acción que legitimaba a la dictadura y, por consiguiente, los comunistas se quedaron prácticamente solos en la consigna de copar las Hermandades32. Pese a ello, resulta sencillo constatar un incremento en el número de Hermandades que quedaron en manos de candidaturas democráticas y otras tantas en las que la oposición logró posiciones relevantes33.
La penetración de antifranquistas en las Hermandades contribuyó a situar en posiciones estratégicas a miembros de UP en un momento en que el primer gobierno de la monarquía debía regular el precio de dieciocho productos agrarios, lo que se ha definido como un auténtico “convenio colectivo del campo”34. En efecto, la obtención de puestos de dirección en diversas Hermandades locales hizo que en las nutridas asambleas provinciales de la COSA en Lleida y Tarragona, a comienzos de 1976, hubiese un buen número de miembros de la oposición35. UP espoleó la movilización social en aquella coyuntura clave apelando a la negociación de los precios de campaña, pero también a la necesidad de abrir un nuevo curso democrático; planteándolo tanto dentro como fuera de los canales de representación verticalista. En efecto, las protestas contra la carestía de la vida estimuladas por UP a primeros de 1976 intentaban acompasar los tempos de las movilizaciones campesinas con el intenso ciclo de conflictividad general36. En paralelo, diversos militantes de UP lograron que la asamblea provincial de la COSA de Tarragona aprobase su propuesta de bloquear las carreteras con tractores37, un nuevo repertorio de protesta que tomó fuerza tras las “guerras del pimiento” en Navarra y la Rioja en $1 9 7 3 { \mathrm { ~ y ~ } }$ la coetánea “guerra del maíz” en Aragón38. Sin embargo, el Gobernador Civil no la autorizó y, en su lugar, propuso una manifestación pública por el centro de Tarragona. Ésta podría haber pasado desapercibida, pero la detención de tres militantes de UP en Borges Blanques (Garrigues, Lleida) propiciaría una afluencia masiva a las manifestaciones convocadas — gracias a la presión de UP en los organismos verticales— en las ciudades de Tarragona y Lleida para el 11 y 25 de mayo, respectivamente39. Los jerarcas trataron de ponerse al frente de las marchas, teniendo que ver como algunos concurrentes sostenían pancartas donde se leía “basta sindicato vertical”, en Tarragona, y que una parte de los manifestantes dirigidos por UP se desviaran del trazado de la marcha previsto en Lleida40.
4. LA CONSTRUCCIÓN DEL SINDICATO DEL CAMPO.
En noviembre de 1976 se celebraría finalmente el I Congreso de UP, después de dos años de su fundación clandestina y tras un largo proceso participativo desplegado por todo el territorio, que había arrancado a primeros de año. Celebrado en la Espluga de Francolí (Conca de Barberà, Tarragona), el encuentro se desarrolló en un ambiente de franca tolerancia hacia el naciente sindicato por parte de las autoridades. La actitud gubernamental puede atribuirse a la identificación de UP con los socialistas, espacio político que contó a finales de 1976 con una situación de práctica legalidad41. Sin embargo, resulta difícil concebir que las autoridades ignoraran la presencia de reconocidos comunistas en su seno, amén de nacionalistas y católicos progresistas muy significados en sus zonas42. Puede que hubiese también un componente de clase, pues UP se alejaba de la imagen de sindicato obrero que las autoridades combatían, hasta el punto que en un documento elaborado por el Gobierno Civil de Girona se califica a UP como a organización “patronal”43. Lo más probable era que las autoridades no contemplaran UP como una “amenaza”, principalmente por un cierto menosprecio hacia la limitada capacidad de contestación que podía ofrecer el campo. Los payeses antifranquistas también eran conscientes de sus dificultades para organizar protestas de gran envergadura. Estimaban que el proceso de construcción del sindicato sería largo y que aquel mes de noviembre solamente ponían una primera piedra en el muro de la democratización del campo.
Como decíamos, la preparación del congreso fue larga. En febrero de 1976 el Secretariado Nacional de UP había iniciado la elaboración de ponencias. Este proceso se alargaría hasta octubre, cuando en una previa al congreso celebrada en Montblanc (Conca de Barberà, Tarragona), con la presencia de 70 militantes de UP de toda Cataluña, se discutieron los textos elaborados por las organizaciones comarcales. El congreso celebrado en la Espluga el mes siguiente se entendía como un congreso-marco que debía culminar en otro antes de que acabara 1977. Los delegados realmente representativos de todo el país deberían aprobar un programa consensuado y capaz de aunar a todos los payeses de Cataluña44. Esta hoja de ruta acabó finalmente modificada, cosa que daría al encuentro de la Espluga un perfil finalista.
Las cuestiones organizativas estuvieron muy presentes en aquella ocasión, y no era extraño que así fuera. Era necesario que UP se dotara de un modelo organizativo flexible, con el fin de minimizar los enfrentamientos políticos en su seno. Así, se estableció un sistema de representación radicado en la comarca, en el que cada organización comarcal elaboraría su propio programa de acción y, además, sería soberana para participar o no en las movilizaciones generales. Aquel modelo organizativo era funcional para limitar las discrepancias internas, pero generaba un sesgo representativo en los órganos de dirección del sindicato. Los doce miembros que formaban el Secretariado Nacional eran nominados por las organizaciones locales de UP y luego votados por las comarcas, según su número de afiliados. Las comarcas con mayor número de militantes tenían tres votos, las de un rango intermedio dos, y el resto un voto. De ese modo, las comarcas con baja afiliación, que eran la mayoría, tenían un gran peso en la designación de los miembros del Secretariado. Éstos, a su vez, elegían a cinco de sus miembros para formar la Comisión Permanente45. Las consecuencias de aquel sistema, concebido para equilibrar territorialmente la representación, prescindiendo de la proporcionalidad, dejó al descubierto tanto sus carencias como su ductilidad durante el complejo año 1978.
En paralelo este proceso congresual, UP participó del IV Encuentro de Organizaciones Campesinas de España, en la que apostó por avanzar hacia la constitución de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG). La articulación de los diversos movimientos campesinos derivaba de la necesidad de ofrecer resistencia a los intentos gubernamentales por mantener las estructuras del verticalismo agrario en el nuevo marco político que se estaba dibujando, y del que hablaremos más adelante.
Pero aunque la Espluga cimentara unas bases sólidas para el desarrollo sindical, el verdadero “nacimiento” de UP se produjo en 1977. El malestar acumulado, las experiencias de movilizaciones de gran envergadura en 1976 y el hecho de contar con un instrumento como UP, son algunos de los elementos que ayudan a comprender el estallido en forma de huelga general agraria de febrero-marzo de 1977. Durante el primer trimestre del año venían produciéndose distintos conflictos en el agro español. El 20 de febrero de 1977 el Gobierno Civil de La Rioja prohibió una asamblea campesina en la región, por lo que los campesinos respondieron bloqueando las carreteras con tractores. Unos días más tarde, la protesta abarcaba casi todo el norte peninsular y, a finales de mes, la mayoría de organizaciones campesinas, entre ellas UP, se habían sumado a la protesta46. Después de la tractorada de 1977, el gobierno reconoció el derecho de libertad sindical también en el campo.
Este hecho no era, en sí mismo, algo que dificultara los planes del ejecutivo. Desde 1976 los dirigentes de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos, particularmente su presidente, Luis Mombiedro de la Torre, habían comprendido la necesidad de renovar las estructuras sindicales en el campo. Que los jerarcas intentaran encabezar las manifestaciones de mayo de 1976 en Tarragona y Lleida cabe inscribirlo en una estrategia para recuperar el prestigio de las anquilosadas estructuras sindicales franquistas entre el campesinado47. Los verticalistas siguieron intentando apropiarse del malestar campesino, de sus luchas, e incluso de su sindicato. Los falangistas acusaban a las fuerzas políticas de la oposición de haber instrumentalizado la desazón de los payeses, “intentando manipularles y cambiar la orientación de su organización, puesto que estas personas [de la oposición] han convocado reuniones a lo largo de la geografía catalana empleando como bandera el nombre de la Unió de Pagesos”48. Esta estrategia por despolitizar la protesta se complementaba con el despliegue represivo por parte de Gobernación, que advertía a los Gobernadores Civiles afectados por la tractorada de la actuación de “piquetes dirigidos a mantener por medio de la coacción la situación actual de estacionamiento de los tractores en las carreteras y otras vías públicas”, por lo que se les exhortaba: “deberá proceder enérgicamente contra todos los integrantes de los piquetes y en particular contra los promotores”49. El mayor problema del continuismo que representaban unas y otras actuaciones no era su desprestigio social, sino que sus propuestas chocaban con las reivindicaciones últimas del movimiento campesino, que no eran meramente económicas, sino centralmente políticas. Los sindicatos reclamaban la libertad sindical, la seguridad social equiparada con otros oficios y la revisión de los precios de los productos agrarios. Pero por encima de todo, en la carretera, lo que se exigía era el reconocimiento de los sindicatos democráticos como mediadores para resolver las demandas de los agricultores.
En cinco días de protestas se contabilizaron cerca de 18.000 tractores en toda Cataluña. A nivel español, la tractorada había afectado a 28 provincias y movilizado más de 108.000 tractores, según publicara la COAG. Sin embargo, el impacto territorial de la tractorada fue muy desigual. Las tierras de Lleida aportaron hasta el $7 5 \%$ de los tractores y, junto a las de Tarragona, representaban el $9 5 \%$ de los vehículos movilizados en Cataluña50. La tractorada de 1977 tuvo el indudable efecto de contribuir a la consolidación de las organizaciones campesinas democráticas como UP. Sin embargo, también favoreció el efecto contrario, el de propiciar la configuración de alternativas sindicales a cuanto representaba el sindicato unitario. Y es que, como escribiera el presidente provincial de la COSA de Valencia a su homólogo tarraconense, más valía “ir pensando en el futuro, antes de que otros nos tomen la delantera”51.
5. LA BATALLA POR LA REPRESENTATIVIDAD DEL CAMPESINADO.
En el agitado contexto de 1976, la Hermandad Nacional realizó una encuesta a todas las Hermandades locales, que debían someter a votación entre sus miembros. En ella se preguntaba sobre la reforma sindical en el campo. La Hermandad Nacional plateaba la posibilidad de votar a favor de la constitución de organizaciones independientes para trabajadores y empresarios, así como para que se reconociera la libertad sindical campesina. La cuestión más peliaguda era la tercera y última del cuestionario, en la que se planteaba el mantenimiento de Hermandades —en sus tres niveles: local, provincial y estatal— como órganos de “representación genérica de los intereses agrarios / comunes, y como organismos unitarios y dialogantes con la Administración del Estado”52. Que la representación recayera sobre las nuevas Hermandades y no sobre el sindicalismo democrático no era una cuestión menor. Ciertamente, una interlocución como la propuesta en el proyecto de Mombiedro podía permitir una representación más directa de algunas agriculturas, pero no los intereses de los segmentos más vulnerables en ella. La formulación de la pregunta, con muchas subordinadas y supuestos, debió contribuir al desconcierto, a juzgar por los resultados que conocemos en la provincia de Tarragona. De las 193 Hermandades locales, hasta el $6 9 \%$ votó a favor de la separación de sindicatos de trabajadores y empresarios y el $7 9 \%$ se pronunció por la libre sindicación. En cuanto a la representación por vía de las Hermandades, un nada menospreciable $9 5 { , } 3 \%$ votó a favor; es decir, se mostró de acuerdo en mantener un sistema de representación corporativa en el campo. Pero resulta interesante atender al sentido del voto del resto, entre los que se registraron abstenciones, votos en contra y blancos. Más significativo fue el boicot a la encuesta en la Hermandad de Amposta (Montsià, Tarragona), donde la UP había conseguido una aplastante mayoría en las elecciones sindicales de $1 9 7 5 ^ { 5 3 }$ .
El proyecto de Mombiedro era extemporáneo. El movimiento campesino en España reclamaba a las alturas de 1977 una mejor política de precios y una seguridad social equiparable a la general, pero sobre todo reivindicaba libertad sindical como vía de representación de sus intereses como clase o grupo social. Es decir, particularmente rechazaba la representación mediada por organismos de tipo corporativo como en tiempos de la dictadura. Este hecho provocaba tensiones en la cultura política de quienes estaban en el gobierno. Un ejemplo representativo de la actitud del ejecutivo ante la emergencia de las demandas de intermediación directa por parte del campesinado es la anécdota del fugaz Ministro de Agricultura, Fernando Abril Martorell, quién se negó entrevistarse con un grupo de campesinos del Almendralejo tras unas heladas en Extremadura: “Ellos no pueden dictar mi agenda y presentarse aquí cuando les plazca. Se puede llamar, se pueden escribir cartas, se pueden pedir visitas… ¡No voy a recibirles!”54.
En definitiva, existían unos canales oficiales de representación campesina y poco o nada importaba que no fueran democráticos. Bajo estos moldes, se publicó el Real Decreto 1336/77 por el cual se creaban las Cámaras Agrarias (CCAA) como corporaciones de derecho público en sustitución de las Hermandades55. El proyecto de Mombiedro entraba en vigor el mismo día que se celebraban las primeras elecciones libres desde la Segunda República. El movimiento campesino mostró su contrariedad al decreto, pues las CCAA asumían funciones representativas, reivindicativas y de negociación con la administración, lo que entraba en competencia —si no en abierta contradicción— con la función de los sindicatos agrarios ya legalizados. La publicación del decreto levantó un gran revuelo, con acusaciones al gobierno de intentar perpetuar el sindicalismo vertical en el campo.
Pese a que UP no estimaba deseable que sus cuadros dirigentes ocuparan también cargos públicos56, la vinculación estrecha entre la organización y los partidos antifranquistas propició que éstos incorporasen a caras visibles de UP en sus listas electorales para el 15-J. Dirigentes como Conrad Rebull, que iba en las listas del PSUC de Tarragona, o Josep Pané, que comparecía por Lleida en la candidatura conjunta entre el PSC(c) y el PSOE, eran algunos de los nombres propios que los partidos incorporaron para intentar hacer llegar la voz de los payeses al Congreso. Sin embargo, solamente fueron elegidos dos: Pep Jai, que encabezaba la lista de los socialistas por Tarragona, y Josep Pau, militante del Partido Socialista de Cataluña impulsado por el Reagrupament —PSC(r)—, que comparecía como número dos del nacionalista Pacte Democràtic. Ambos candidatos participarían como vocales en la Comisión de Agricultura durante la Legislatura Constituyente, lo que les otorgaría una gran visibilidad pública entre el campesinado catalán y, además, les erigiría en los interlocutores preferentes entre UP y el Congreso.
Durante la labor constituyente, gobierno y oposición negociaron un conjunto de medidas de carácter jurídico, político y económico que culminaron en los denominados Pactos de la Moncloa, suscritos en octubre de 1977 por el gobierno, su grupo político, los socialistas, comunistas y nacionalistas vascos y catalanes, mientras que Alianza Popular se desmarcaba de los acuerdos políticos y firmaba solamente los económicos. El capítulo primero del título octavo se refería a la “política agrícola”, en cuyo acuerdo trataron de mediar los diputados de la UP. En una entrevista televisiva que Pep Jai concedió a Montserrat Roig un año después de promulgarse el acuerdo, el sindicalista del Vendrell se mostraba profundamente decepcionado con lo conseguido:
Se ha hablado de una serie de proyectos, de medio término; ninguno de aquello que en aquel momento son esenciales, fundamentales, para la salvación, para la subsistencia del campo […] en estos momentos, pese a la elección, no hemos conseguido nada positivo.57.
A pesar del planteamiento pesimista, los acuerdos fijaban medidas a desarrollar en posteriores acciones legislativas. En lo referido a los derechos sociales de los agricultores, se estableció que las organizaciones patronales y sindicales agrarias participaran en la ordenación de cultivos y en la política de precios. Se confeccionarían, también, índices de renta agrarios para establecerlos sobre baremos fiables. Como conquista sindical significativa, se establecieron las bases para el desarrollo de una Ley de Arrendamientos Rústicos, una medida complementaria a la política de precios que las resistencias patronales hicieron que no fuera aprobada hasta el último día de $1 9 8 0 ^ { 5 8 }$ . Otra de las grandes demandas del sector era la Seguridad Social. En los Pactos de la Moncloa no se establece plazo de ejecución y fue muy vaga su formulación, lo que daría pie a que siguieran las campañas de impago de la cuota empresarial59. La Ley de Seguros Agrarios Combinados, que sería aprobada poco antes de terminar la primera legislatura, otorgaría su gestión a las CCAA y no al Instituto Nacional de la Seguridad Social60.
Esta era, sin duda, la cuestión más espinosa en materia agraria: $\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ papel debían desarrollar las Cámaras en el nuevo marco democrático? La UP lo tenía claro: consideraba ilegal el tránsito de las Hermandades a las CCAA61, exigían su disolución y planteaban que la auténtica libertad sindical pasara por “el reconocimiento de todas aquellas organizaciones payesas nacidas al margen del «gremio de la faja» como únicas interlocutoras válidas a la hora de negociar con el gobierno las reivindicaciones payesas o elaborar una política agraria, el día que se quiera hacer sin darnos la espalda”62. Las reticencias de la oposición de intentar democratizar un ente en el que sus funcionarios seguían determinando cuestiones tan fundamentales como el censo, hizo plantear la elaboración de un Decreto adicional, que sería promulgado en febrero de $1 9 7 8 ^ { 6 3 }$ . Venía a modificar el del proyecto Mombiedro con la finalidad de regular “las elecciones en estos organismos y en el que se contemplen las necesarias garantías electorales de modo que se asegure la plena democratización de estos órganos de consulta y colaboración”, haciendo explícito “el reconocimiento del principio de libertad o asociación sindical en el terreno agrario”64.
Se ha argumentado que el gobierno Suárez —tanto el electo como el de la dictadura— debía salvaguardar los intereses de los sectores agrícolas beneficiados por la política agraria franquista que no habrían admitido el derrumbe de las estructuras de regulación e intervención estatal y que, en el nuevo contexto, representaban las CCAA65. El interés por mantener tal estructura era, pues, fundamentalmente político. Las cerca de 8.500 CCAA existentes en España, con sus funcionarios y sus redes clientelares66, eran un espacio de poder que, en gran medida beneficiaba a la gubernamental Unión de Centro Democrático (UCD), y que no estaba dispuesta a abandonar. El movimiento campesino consideraba que ni lo acordado en los Pactos de la Moncloa ni la promulgación del decreto adicional sobre las CCAA, que aquellos establecían, habían dado satisfacción a sus demandas. El PSUC acordaba aceptar “lo que decida la U. de P.”, pero añadía:
[…] a pesar de que no nos gusta el decreto, a pesar de que estamos en contra de estas Cámaras, [la posición del PSUC] debe ser la de propiciar la de ir a elecciones a Cámaras, convencidos de que [los payeses demócratas] podemos ganar y entendiendo que [este] es el único camino para superar la secular marginación del campo en el proceso político español67.
Las elecciones se fijaron inicialmente para abril. En el Senado, la Entesa dels Catalans solicitó su anulación y la convocatoria de elecciones al margen de las CCAA68. CDC, por su parte, planteó acelerar la transferencia de las competencias en materia agraria a la Generalitat, y que fuera el gobierno catalán quien convocase las elecciones según la legislación autonómica69. Las propuestas cayeron en saco roto. La UP venía discutiendo sobre el tema desde que se publicara el decreto, y Cámaras locales en.
Martorell y Vilafranca del Penedès, en Barcelona; o Amposta, Tortosa, Reus o Riudoms, en Tarragona, fueron objeto de ocupaciones como protesta. La COAG llamó a bloquear las carreteras el 12 de marzo. Los campesinos de la Rioja, Navarra, Murcia, León, Valencia o Málaga salieron a las carreteras y, de igual modo, lo hicieron en Cataluña. El seguimiento de la participación catalana fue del $3 5 \%$ , un $3 \%$ inferior a la de 1977 y de manera mucho más concentrada en algunas comarcas. Como en la anterior tractorada, destacaron las comarcas de Lleida y Tarragona, agrupando más del $8 0 \%$ de la movilización con cerca de 13.800 tractores, el $7 0 \%$ de los cuales aportado por las comarcas leridanas.70
6. TENSANDO LAS COSTURAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Las elecciones a CCAA fueron pospuestas hasta el 21 de mayo. La convocatoria fue una realidad sobrevenida para el movimiento campesino, que confió hasta último momento en poder pararlas. La dirección de la UP apostó por boicotear las elecciones por “los elementos antidemocráticos que la legislación mantiene”71. Los partidarios del verticalismo, organizados bajo fórmulas diversas de carácter regional, recordaban a los adeptos al boicot de las consecuencias para aquellas CCAA “donde no se celebren elecciones”72. Según establecía el decreto, de no ser elegidos delegados sindicales a las CCAA, éstas serían clausuradas y sus atribuciones transferidas y gestionadas desde otro municipio73. Pese a ello, la mayoría de los partidos catalanes, a excepción de Alianza Popular y UCD, dieron apoyo al boicot propuesto por UP74.
Sin embargo, había voces discrepantes en UP sobre esta estrategia. Los comunistas consideraban el boicot un error para la consolidación sindical de UP y para la democratización del campo. El responsable de organización de las comarcas tarraconenses señalaba la importancia del momento para que UP afirmara su hegemonía “enfrente al resto de entidades agrícolas” y de los “intereses privados o sectoriales” que representaban, a la vez que resaltaba la importancia de que los comunistas disputaran “unas determinadas formas de entender las cosas, dentro de la misma U. de P.”75. La base de la crítica comunista era la ingenuidad con la que se asumía que la Conselleria de Agricultura de la Generalitat disolvería las CCAA. Ante esto, el PSUC sostenía que era legítimo que militantes campesinos acudieran a las urnas “en aquellas comarcas donde, por la presencia organizada de los partidos democráticos bajo la dictadura […] se ha creado la conciencia de que es necesario ir a las elecciones, convencidos de que ganarán, que podrán reventar las Cámaras desde dentro, y que no pueden dejar espacios a los sindicatos reaccionarios”. Se apelaba a la soberanía de las asambleas locales y comarcales de UP, que habían repudiado en el pasado, mientras se respetaba el acuerdo marco del Secretariado Nacional: “nadie puede tirarse del pelo si, bajo el amparo de candidaturas independientes, campesinos de idiosincrasia democrática, afiliados o no a la Unió [de Pagesos], participan en las elecciones, y colocan las Cámaras Agrarias conquistadas al servicio de la Unió de Pagesos […] para frenar a los sindicatos amarillos y para dar un nuevo impulso de afiliación de la Unión”76.
Antes de las elecciones, el boicot de UP se dejó sentir en zonas donde el sindicato contaba con grandes bases de apoyo, muy particularmente en las comarcas de Lleida. En las Garrigues, por ejemplo, de 31 municipios solamente se presentaron candidaturas en seis. En el Pallars, UP proclamó candidaturas en ocho CCAA para después retirarlas. El sistema de elección por consejo abierto para censos inferiores a 250 personas, en el que no se presentaban candidaturas, dificulta valorar el impacto del boicot de UP. En la provincia de Lleida poco más del $4 0 \%$ de las CCAA quedaron sin candidatura, el $3 5 { , } 8 \%$ en la provincia de Barcelona y el $3 1 \%$ en la de Tarragona. Aunque ello debe ser achacado, en parte, a la existencia de pequeños municipios que no proclamaban candidaturas, sino candidatos. Pero que solamente el $2 { , } 6 \%$ de CCAA quedara sin candidatura en la provincia de Girona, donde hemos visto que UP tenía un peso escaso, llama poderosamente la atención77.
No disponemos de información detallada sobre los resultados electorales a nivel catalán, pero el caso de la comarca del Montsià (Tarragona) indica algunas tendencias que pueden contribuir a clarificar el panorama. La oposición al franquismo había sido muy fuerte en su cabecera comarcal, Amposta, pero virtualmente inexistente en el resto antes de 1976. Infiltrados en la Hermandad Sindical desde 1963, los antifranquistas de Amposta lograrían desplazar a los verticalistas en las elecciones sindicales de 1975, tanto en la sección social como en la económica78. El Montsià fue de las comarcas en que UP apostó por participar en las elecciones a CCAA aquel 1978, pues no estaban dispuestos a perder posiciones ante los representantes del verticalismo reagrupados en la zona bajo el Sindicat de la Pagesia i la Ramaderia (SPR). Esta organización presentó listas únicas en cinco de los doce municipios de la comarca, mientras que en seis poblaciones comparecieron candidaturas únicas de carácter “independiente”. Algo que no debe extrañar, pues existía un pacto entre quienes comparecieran de propiciar listas únicas —véase el caso de la provincia de Lleida, donde había tantas listas como CCAA79. Quizá ayude a la clarificación general sobre el perfil de estas candidaturas resaltar que en 1979 algunas listas municipales de centro-derecha y de extrema derecha incorporarían a miembros de las CCAA locales, tanto de donde se presentaron bajo las siglas del SPR como de “independientes”80. Solamente en Amposta se produjo competencia entre dos candidaturas, la del verticalista SPR y una “independiente” vinculada a UP, que obtuvo el $6 6 \%$ de los representantes en la Cámara Agraria local81. Debido a su pequeño tamaño, la población restante elegía a los vocales de la Cámara en una sola lista abierta entre los candidatos proclamados, entre los cuales había miembros de $\mathrm { U P } ^ { 8 2 }$ . Según publicara La Vanguardia, UP habría conseguido 48 vocalías en la provincia de Lleida —lo cual equivaldría entre cuatro y seis CCAA, dependiendo del número de electores—, pese a ser la zona más abstencionista del país83.
7. DERROTA POLÍTICA, CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA.
En torno al boicot a las CCAA existió un indudable elemento de competencia política, no tanto por el control de UP, sino por marcar el ritmo político en la Cataluña rural, particularmente entre socialistas y comunistas. A principios de 1978 se habían producido las elecciones sindicales en las que CCOO se granjeó más del $5 6 \%$ de los delegados en Catalunya, mientras que la central socialista UGT solamente obtuvo el $2 1 { , } 2 \% ^ { 8 4 }$ . Existía el temor entre los socialistas que presentarse a CCAA podía suponer que los postulados del PSUC dominasen entre los vocales electos. Claro está que había una cuestión de cultura política en ese planteamiento: los socialistas habían rechazado de origen la infiltración en los organismos del sindicalismo vertical durante la dictadura, por lo que el boicot a las elecciones a CCAA conectaba con su tradición “abstencionista”. El elemento clave que justificaba dicha abstención era, sin embargo, la confianza depositada en el traspaso de competencias des del Ministerio de Agricultura a la Generalitat de Catalunya, por lo que era, a su entender, cuestión de tiempo que la CCAA fueran disueltas. Sin duda, fue un planteamiento ingenuo, pues el Conseller de Agricultura, el republicano Joan Roig, había propiciado el encuentro entre el conjunto de organizaciones campesinas, incluida UP, para que se presentaran en listas unitarias a las Cámaras, como medida provisional antes de la disolución o transformación profunda de dichos organismos. UP rechazó la propuesta, pero el resto de organizaciones no.
Según Peix, la posición de boicot de UP significó la única política rupturista exitosa durante la transición85, pero la decisión tensionó sobremanera a la organización, por lo que la que podría haber llegado al punto de ruptura fue la UP. Tal como advirtió el PSUC, la convocatoria de elecciones a CCAA dio un impulso a las organizaciones agrarias vinculadas al continuismo vertical, como el Sindicato Agrícola de Catalunya o el Sindicato Agrario de Lleida, impulsados por los contornos de UCD y, en el que confluyeron elementos locales de Fuerza Nueva86. La permeabilidad entre administración del Estado, CCAA, y partido se había evidenciado ya en las elecciones de junio de 1977, como atestigua documentación en la que candidatos de UCD utilizan las Hermandades-CCAA como altavoz partidista87. Sin embargo, en otras zonas del Estado, donde la COAG decidió participar finalmente en los comicios, las candidaturas democráticas obtuvieron hasta el $2 4 \%$ de representación, con una presencia destacada en Aragón, León, La Rioja, Navarra, Castellón, Mallorca y Málaga. También en las zonas de Cataluña que decidieron participar, en contra de la posición del Secretariat Nacional, como las comarcas del Tarragonès, la Conca de Barberà y el Montsià Con todo, la abstención alcanzó el $7 7 \%$ en el conjunto catalán manifestándose, así, el descredito de los payeses hacia dichos organismos, así como la ductilidad del sindicato mediante la autonomía de sus organismos comarcales. Sin embargo, las Cámaras habían quedado constituidas y no existían nuevos mecanismos de participación sindical a la vista, lo que marcaría el desarrollo ulterior de la UP.
CONCLUSIONES.
La Unió de Pagesos no fue ajena a las dinámicas centrífugas que afectaron al conjunto de organizaciones antifranquistas y, con ellas, a la mayoría de experiencias unitarias, como CCOO o la Assemblea de Catalunya. Las contradicciones que generaban el cambio político y las posturas adaptativas de cada partido, en un contexto de libre concurrencia, hicieron mella en el proceso de construcción del sindicato campesino. Sin embargo, UP llegaba a 1979 como un sindicato que iba camino a consolidarse como una de las pocas experiencias unitarias del periodo, al haber generado espacios de actuación de su pluralidad interna. Los temores por la fragmentación existían, como se pusieron de manifiesto con la celebración del II Congreso de UP, que elocuentemente llevaba por lema “Per la unitat i la justícia al camp”. Más que la constatación de lo que existía, mostraba el deseo de mantener algo que se estimaba frágil y necesario. UP se erigió como referencia ineludible para el campesinado catalán, pese haberse abstenido de participar en CCAA, y a pesar de las distintas concepciones que convivían bajo sus siglas. El II Congreso ratificó su modelo organizativo de base asamblearia, comarcal y casi confederal. También consolidó la ampliación de los horizontes de lucha del movimiento campesino iniciada en el tardofranquismo, con una agenda ecologista y social para el mundo rural cada vez más desarrollada.
UP nació como un sindicato agrícola bajo una dictadura, pero con su actuación durante aquellos años iría ampliando las demandas hasta convertirse en un agente imprescindible para la democratización de la vida rural. No sólo se pronunciaría a favor de renovar las corporaciones municipales, sino que, allá donde no alcanzaran los partidos, impulsaría candidaturas independientes para impedir el continuismo en los ayuntamientos. Su alerta de los peligros de la inhibición campesina en la política institucional de los municipios estaba claramente mediatizada por la experiencia reciente de las elecciones a CCAA, la mayoría de ellas dominadas por personal que representaba la continuidad de la opacidad, favoritismos y malas praxis. Sin embargo, experiencias como aquellas ensancharían el campo de lucha más allá de lo sindical y contribuirían a dar el salto al espacio político municipal. Al cerrar los años setenta, UP no solo se había construido como un sindicato agrícola que simplemente representaba los intereses de los payeses, sino que se había erigido en un punto de referencia ineludible de la gente que vivía en el mundo rural.
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