Dictadura militar en Argentina: la utilización de sondeos y encuestas de opinión como parte de la estrategia comunicacional del Gobierno del general Viola (1981)\*.
Laura SCHENQUER CONICET/Universidad Nacional del Litoral.
Julia RISLER Universidad de Buenos Aires.
Existe un acuerdo bastante generalizado respecto a que el proceso de transición argentina comenzó en 1982, con la derrota en la Guerra de Malvinas. No obstante, hay autores que plantean que si la transición se comprende como un proceso que se inicia con una fase de descomposición del régimen autoritario: entonces 1981 puede ser considerado como el año en el que comienza a acelerarse la crisis de la última dictadura argentina 1 . El general Roberto E. Viola, que sucedió en la presidencia al general Jorge R. Videla, recibió un régimen deslegitimado que había incumplido con casi todos los objetivos trazados al comienzo de la dictadura (con excepción del exterminio de la subversión), y en el cual los grupos de poder que habían sido aliados –como la Iglesia católica– comenzaban a marcar su distanciamiento, al mismo tiempo que sindicatos de trabajadores y partidos políticos recuperaban su rol de intermediarios, y en especial los organismos de derechos humanos lograban que cobrase visibilidad su reclamo de “aparición con vida”2 .
En este contexto de crisis, el fin de la dictadura parecía una realidad cada vez más cercana, pese a que el régimen se preparaba para permanecer hasta por lo menos alcanzar una salida acordada o transición pactada. Mientras la sociedad reclamaba mayor apertura política y reordenamiento de la economía, ciertos sectores dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) se oponían rotundamente a dar por finalizada la etapa dictatorial y a que se convocara a elecciones. En este marco de posiciones contradictorias, es posible situar la llegada de Viola al poder y estudiar su estrategia moderada por medio de la cual intentó mantener un equilibrio entre esos reclamos y que, pese a haber fracasado (Viola debió renunciar a pocos meses de asumida la presidencia), fue la última iniciativa concreta del régimen militar por alcanzar acuerdos políticos con los civiles y controlar el futuro gobierno democrático.
Para puntualizar esta transición que no fue, pero que sin dudas marcó el camino para la reinstitucionalización democrática3 , contamos con una serie de Informes de situación psicosocial elaborados en 1981 por la Secretaría de Información Pública (SIP) dependiente del Poder Ejecutivo, a partir de encuestas y sondeos de opinión realizados por la Subsecretaría del Interior (dependiente del Ministerio del Interior), la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y los organismos de inteligencia del Ejército, con el objetivo de medir a la opinión pública. Se trata de un material que hallamos disperso en dos reservorios: el llamado Archivo $B A N A D E ^ { 4 }$ y el Archivo Provincial de la Memoria de Santa $\mathrm { F e } ^ { 5 }$ . Estos documentos reservados, junto a sus análisis oficiales, proyecciones y resultados, tienen una riqueza inusitada por varias razones: no solo constituyen un material atractivo por haber sido poco indagados hasta el momento, sino fundamentalmente porque son una evidencia del interés del régimen por conocer la opinión de la población sobre las acciones de gobierno. Si bien la última dictadura contó con legitimidad de origen, también debió construir y renovar su propio consenso. La información obtenida en las encuestas y sondeos sirvió, en este sentido, para conocer la opinión pública sobre la actuación del régimen militar y luego proyectar políticas comunicacionales, culturales y de propaganda con el objetivo de ampliar los apoyos sociales6 . Estas acciones fueron realizadas en el marco de la estrategia castrense de Acción Psicológica (AS de aquí en más)7 en la que fueron adoctrinadas las FFAA, y cuyo contenido consistió en un saber específico sobre modalidades de conducción gubernamental de la población, difusión propagandística de actos de gobierno y discursos oficiales, etc., en pos de captar la adhesión de la sociedad, movilizarla y neutralizar toda información crítica8 .
6. Véase el artículo de Julia RISLER y Laura SCHENQUER en el que se cuestiona la hipótesis consagrada que subrayaba el desinterés de las autoridades de facto por lograr el apoyo de la población y se propone, por el contrario, que la última dictadura militar debió actuar para construir consenso (“Las encuestas y sondeos de opinión pública. Tecnologías gubernamentales para el ejercicio del poder de la última dictadura militar argentina, en un año de suma tensión (1981)”, Sociohistórica, n. 42 (2018)).
7. AS fue la abreviatura utilizada en los manuales, reglamentos y órdenes militares.
8. Julia RISLER escribió su tesis doctoral sobre la AS que aquí nos limitamos a citar: “Acción psicológica, comunicación y propaganda durante la última dictadura argentina (1976-1983)”, Universidad de Buenos Aires, 2015.
Nuestro estudio releva una etapa bisagra en la dictadura: la del Gobierno presidido por Viola entre marzo y diciembre de 1981, fase que en realidad había comenzado en octubre de 1980, cuando se dio a conocer que el régimen preparaba el primer recambio presidencial. En esta etapa, a diferencia de la anterior, la recuperación de cierto piso de apoyo social se volvió un tema imperioso para mantener el control e implicó la adopción de medidas de concesión y acercamiento a la sociedad que en nada se parecieron a la distancia y al intento refundacional de la etapa anterior basada en el supuesto de que ésta se encontraba enferma e infiltrada por la subversión. A su vez, este intento de planificar un camino de acuerdos cívico-militares con el fin de alcanzar una transición pactada reveló un escenario totalmente opuesto al que llevó a la efectiva vuelta a la democracia en 1983. Durante ese año, con el régimen militar derrumbado tras la guerra perdida por las Islas Malvinas, quedó en evidencia que el régimen militar carecía de toda posibilidad de negociar o exigir a los civiles, y controlar, a su vez, las acciones del futuro gobierno democrático. Este trabajo busca contribuir a problematizar la específica coyuntura de 1981, la cual fue sobre todo analizada a partir de la información pública y la prensa gráfica, siendo en menor medida abordada con fuentes oficiales del régimen militar. Pretendemos el reconocimiento de la estrategia de transición pactada, ideada con información de los sondeos de la opinión pública, y continuamente obstaculizada por actores civiles y militares que esperaban su fracaso.
Viola y la transición frustrada.
Sin detenernos en una disquisición muy detallada sobre la noción de transición9 , y eludiendo el debate acerca de si lo que sucedió en 1981 aceleró la salida democrática de diciembre de 1983, sostenemos que en medio de una crisis profunda10 iniciada en el quinto año del llamado Proceso de Reorganización Militar (PRN), sus autoridades comenzaron a prefigurar la transición pactada que deseaban y que en nada se iba a parecer a la que finalmente tuvo lugar. Según Portantiero, comenzó un proceso típico de transición en el que hubo una “primera fase de la descomposición del régimen autoritario” donde se observó mayor liberalización y “apertura” política11. Es cierto que, tal como señala Hugo Quiroga, estos indicios de “liberalización” aún no indicaban la pérdida por parte del Gobierno del “control de la situación” ni mucho menos la “capacidad de intervención sobre la sociedad”12. Más bien, dicha liberalización puede ser pensada en términos de una “concesión” otorgada por el régimen con el fin de recuperar capacidad de conducción y fortalecer su autoridad. La estrategia que debía allanar el camino hacia una transición controlada, “pactada”13 o condicionada por las FFAA terminó convertida en una transición “frustrada”14 o “abortada”15, por las dificultades para manejar el equilibrio entre las demandas sociales y los intereses de sectores opositores en el frente interno militar, los cuales desde el comienzo obstaculizaron las medidas adoptadas por Viola y presionaron para que renunciara.
Ya sea que el año 1981 representó el inicio del proceso de transición y descomposición del régimen, o bien fue el comienzo de la apertura política (aunque sin pérdida de control sobre la población), vale la pena puntualizar los cambios que efectivamente tuvieron lugar tras la asunción de Viola como presidente. Por un lado, comenzó un proceso de desmilitarización del Estado: el gabinete fue conformado por siete ministros civiles sobre un total de trece y por primera vez hubo gobernadores civiles16. En segundo lugar, la selección de los ministros respondió al interés por mostrar un acercamiento a los sectores propietarios rurales e industriales17. A estos últimos, sobre todo, fue a los que el Gobierno buscó convertir en interlocutores válidos permitiendo, por ejemplo, la reapertura de la entidad gremial Unión Industrial Argentina (UIA), que había sido disuelta en 1976 y que reunía a opositores de la política económica de apertura neoliberal encabezada por Martínez de $\mathrm { H o z ^ { 1 8 } }$ . Por otra parte, tanto algunas corrientes sindicales como ciertos partidos políticos celebraron las elecciones del brigadier Julio Porcile como ministro de Trabajo y del general Horacio T. Liendo como ministro del Interior, considerados “dos hombres de las Fuerzas Armadas que aparecen con una marcada vocación dialoguista”19. Esto fue acompañado por la promesa de iniciar rondas de diálogo en las que fuera posible debatir la Ley de Asociaciones Profesionales y el Estatuto de los Partidos Políticos que regularían las actividades de ambos sectores, formalmente suspendidas desde $1 9 \hat { 7 } 6 ^ { 2 0 }$ . Claramente, todas estas modificaciones implicaban una apertura y un descongelamiento político que favorecieron el desarrollo de un clima social de “distensión política y cultural, de recuperación de algunos derechos individuales y colectivos”21 y que fue propicio para la formación de la Multipartidaria en julio de 1981, una estructura institucional formada por partidos políticos que, si bien no fue un frente antidictatorial que rompió o pretendió derrocar a la dictadura, se constituyó en una instancia de confluencia entre partidos que acordaban necesario comenzar a negociar con el régimen el tránsito a la democracia22.
Sin embargo, los cambios habilitados por el régimen –entre otros, el acercamiento a los grupos de interés económico, partidos políticos y sindicatos para recobrar capacidad de direccionamiento– pronto fueron calificados de gestos limitados sin pronunciamientos concretos sobre las modalidades o los plazos de entrega del poder a los civiles23. Viola intentó construir un equilibrio muy delicado entre una sociedad que demandaba imprimir cambios al modelo económico en crisis y restablecer el juego político, y la presión ejercida por el sector duro de las FFAA que desconfiaba de Viola y de su propuesta aperturista, encabezado por el comandante en jefe del Ejército general Leopoldo F. Galtieri, quien como miembro fuerte de la Junta Militar condicionó continuamente sus decisiones24.
En materia económica, el recambio presidencial también fue acompañado de modificaciones significativas. Tras el golpe de Estado de 1976, el equipo liderado por Martínez de Hoz había impulsado un modelo neoliberal basado en el intento refundacional del Estado (privatización de las empresas públicas y achicamiento del Estado), el disciplinamiento de los sectores asalariados y la redistribución del ingreso nacional (reduciendo gastos en salud y educación), así como la modificación de la estructura productiva con el aumento del peso del sector financiero25. En 1980, antes de asumir Viola, esta política económica había entrado en crisis. La convergencia de las altas tasas de interés con el retraso cambiario desprotegieron a la industria26. A estas dificultades se le añadieron signos cada vez más concretos de emergencia en el mundo financiero: el cierre del Banco de Intercambio Regional (BIR) y la liquidación de más de 35 entidades financieras, llevó al Banco Central a determinar la intervención en otras tres entidades bancarias relevantes27. Con la inflación aumentó la emisión monetaria, y la disminución en la reserva de divisas extranjeras, junto a la solicitud de nuevos préstamos, no solo siguieron incrementando la ya gigantesca deuda externa, sino que elevaron el peso de dos sectores: los exportadores agropecuarios con divisas en su haber y los acreedores externos que presionaban a través de los miembros del establishment local y de las políticas del FMI 28.
Con la asunción de Viola en 1981, las expectativas sociales giraron en torno a su reconocimiento como cabeza de un gobierno de transición que sería capaz de colocar paños fríos y resolver la situación de endeudamiento, la reducida inversión privada y el pronunciado proceso de desindustrialización29. El nuevo presidente prometió en sus primeros discursos imprimir un nuevo rumbo para responder a esas expectativas. Fomentó cambios políticos evidentes –relativos al reconocimiento de los partidos políticos, incluyendo al peronismo bajo ciertos condicionamientos–, al mismo tiempo que dio señales de tomar distancia del establishment financiero beneficiado por el modelo del ministro Martínez de $\mathrm { H o z } ^ { 3 0 }$ . Sin contar con el apoyo unánime de toda la corporación militar, ¿por qué Viola optó por introducir estos cambios? Más allá de su reconocido carácter como un militar politicista y dispuesto al diálogo con los civiles, ¿contaba con algún instrumento que lo dotara de un conocimiento de lo que la sociedad demandaba y cuya concesión le daría margen en la crisis que intentaba conducir?
La construcción de un saber sobre la opinión pública.
El diseño e implementación de sondeos y encuestas de opinión fueron las principales herramientas que utilizó el régimen militar para medir el ánimo de la opinión pública, establecer estrategias para lograr el apoyo y la adhesión al gobierno, y construir o renovar el consenso de la población. Estas técnicas de conocimiento de la opinión pública fueron desplegadas al mismo tiempo que se realizaban campañas de propaganda y de control de la información a lo largo de todo el territorio nacional31. Julia Risler aportó al reconocimiento de estas herramientas de manejo de la opinión de la población al estudiar pormenorizadamente la Acción Psicológica (AS), una estrategia castrense que utilizó los medios de comunicación social (orales, escritos, gráficos y artísticos) para conducir y/o imponer comportamientos, modelar actitudes y valores en una población determinada, y cuya principal técnica fue la propaganda32.
Cabe destacar que la AS empleada por los militares argentinos fue elaborada bajo el influjo de las doctrinas de guerra revolucionaria y de seguridad nacional en las que fueron formados los Ejércitos latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría33. También encontramos en su elaboración y desarrollo la contribución de teorías provenientes, por un lado, del campo de la comunicación y la propaganda, las cuales analizan los efectos que tienen los medios masivos sobre la población, y utilizan métodos de persuasión y repetición con los que logran afectar la autonomía de los individuos para obtener respuestas esperadas. Y por el otro, destacamos la presencia de fundamentos de la psicología conductista, la cual indica que bajo ciertos estímulos es posible obtener respuestas condicionadas tanto en lo relativo a conductas individuales como colectivas34.
A pesar de que existen evidencias que prueban que esta estrategia de AS era parte del capital manejado y aplicado por las FFAA antes de 1976, fue durante la última dictadura que adquirió el estatuto de estrategia psicosocial, para cuya implementación fueron afectadas agencias estatales específicas. Nos referimos a las agencias encargadas del ciclo de información pública, creadas en períodos anteriores, como la Secretaría de Información Pública (SIP), la Subsecretaría del Interior dentro del Ministerio del Interior, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los organismos de inteligencia del Ejército. Sobre todo la SIP y la Subsecretaría del Interior se ocuparon de recopilar la información producida por las otras agencias sobre el ánimo y los juicios de la población ante las acciones de gobierno. Para ello, pusieron en práctica el análisis de medios de comunicación que consistía en revisar diariamente la información publicada por los principales medios de prensa y luego, elaborar informes evaluativos sobre los mismos. Esta información era complementada con las encuestas y sondeos de opinión, a las que nos venimos refiriendo, y que ideaban tanto la SIP como la SIDE. La información obtenida también era analizada y constituía la base para el trazado de recomendaciones al Poder Ejecutivo Nacional sobre la conveniencia o no de comunicar determinados actos de gobierno y sobre todo de enfatizar las fortalezas o aquellos aspectos medidos con buen impacto social35.
Los encargados de evidenciar la importancia de estas agencias y del manejo del llamado ciclo de información pública para incrementar los apoyos sociales al régimen fueron los miembros de la Secretaría General de la Presidencia integrada por el General José R. Villarreal y el asesor Ricardo Yofré, quienes en un documento del año 1977 destacaron:
Todo gobierno –de iure o de facto– se LEGITIMA, o pierde LEGITIMACIÓN, en la medida del consenso que obtiene en el desarrollo de su programa de acción [...] Cualquiera sea, pues, el tipo de régimen adoptado, un gobierno no puede desentenderse de lo que ocurre en el plano de la opinión pública36.
Justamente, la mayor apuesta durante el gobierno de Viola fue reconstruir en la opinión pública esa confianza que había existido en los primeros años del régimen sobre las FFAA como conductoras. Para ello, desde el comienzo de esta etapa fueron anunciados cambios de liberalización política y de nueva política económica, de gran impacto discursivo pero pocas veces concretados, y que fueron asumidos a partir de los resultados de las encuestas y sondeos de opinión. En el próximo apartado nos concentramos en dos estrategias nodales emprendidas por el Gobierno de Viola para la renovación del consenso. Por un lado, el interés por mostrar que esta gestión llevaría adelante un cambio, que primero se focalizó en la modificación del rumbo económico y luego en el laborioso cuidado de una imagen presidencial, materializada a través de sugerencias brindadas a Viola para la adopción de actitudes y gestos sondeados positivamente entre la población, para posicionarlo como una “figura más cercana a la ciudadanía”, lo que contrastaba con el estilo de comunicación “distante y fuertemente institucional” que caracterizó a la imagen del gobierno de Videla37. Y, por el otro, el fin de la hegemonía militar y el aumento de la participación de civiles en el gobierno militar para evidenciar la intención gubernamental de apertura política y que fue plasmada dando impulso al diálogo cívico-militar con el que esperó recuperar la atención de la opinión pública.
La estrategia moderada de Viola.
De acuerdo a los estudios sobre el gobierno de Viola, el proyecto moderado de apertura política y de cambios a nivel económico estuvo condicionado por diferentes sectores que mantuvieron una presión continua a lo largo de todo el período: 1- los sectores duros de las FFAA, que rechazaban su propuesta de acercamiento a los partidos políticos y pretendían la continuidad del PRN a la vez que formar el MON (Movimiento de Opinión Nacional) que oficiaría de partido de centro-derecha para heredar el Proceso; 2- los anteriores beneficiados por el modelo económico de Martínez de Hoz, que temían ver sus intereses perjudicados por el nuevo equipo económico; 3- la Junta Militar –integrada por el general Galtieri, el almirante Lambruschini y el brigadier Graffigna–, la cual ejerció un rol tutelar sobre el presidente y en marzo de 1981 le marcó pautas de acción a través del documento “Orientaciones instrumentales para la acción de gobierno”38; y 4- los partidos po $\mathbf { N } ^ { \mathbf { o } } \mathbf { \Lambda } ^ { 2 }$ de las Bases opositores al PRN que, sin tener una actitud confrontativa, demandaban que Viola estableciera los plazos para la vuelta a la democracia. Los diferentes trabajos que hemos mencionado han relevado estas tensiones, pero no siempre permitiendo dilucidar las características e intenciones perseguidas por Viola a través de su proyecto moderado, elaborado junto a su equipo de aliados y asesores. Con marcados vaivenes y decisiones –incluso contradictorias–, podemos mostrar que el contenido de este proyecto fue sensible a los datos sobre opinión pública relevados por las agencias de gobierno que determinaron un accionar político concreto.
Viola asumió la presidencia el 29 de marzo de 1981. Según las mediciones de la SIP39 c omenzaba su mandato con una opinión pública en la que se observaba un “efecto psicosocial favorable” debido a las expectativas de cambio y de mayores libertades políticas que se suponía el nuevo Gobierno inauguraría, y que fueron anunciadas en el primer discurso presidencial40. A su vez, las mediciones mostraban que la propia figura presidencial generaba opiniones positivas: la SIP destacó que Viola “produjo un impacto favorable, dado lo novedoso de la actitud” al brindar una conferencia de prensa y dialogar con el periodismo en la Casa de Gobierno, un cambio relevante en relación a la actitud más reticente que la gestión de Videla había mantenido con la prensa.
El nuevo presidente de facto destacaba en sus discursos la idea de que estaba en marcha un cambio. Un ejemplo en este sentido lo constituyó el pronunciamiento que tuvo lugar cuando participó de la clausura de la reunión de gobernadores en Santa Fe, el 19 de junio de 1981:
Se dice, a veces con inocultable propósito desestabilizante, que el Proceso está en crisis. Y digo que pueden tener razón, pero la crisis que vivimos es la crisis del cambio, consecuencia de la adecuación de nuestras acciones a las necesidades de esta etapa, prevista desde el comienzo del mismo Proceso41.
Lo interesante de este planteo es la estrategia de sustitución con la cual Viola pretendía reemplazar la “crisis” por el “cambio”. La crisis, que en 1981 evidenciaba una situación de descontrol, de ingobernabilidad, de imposibilidad de manejar los desequilibrios económicos, etc., era presentada en términos de un cambio o proceso planificado de transformación, una transición dirigida que incluía una fase crítica no deseada, la cual precisaba de sacrificio colectivos para alcanzar resultados superadores. El “cambio” representaba también una apuesta comunicacional vinculada a la previsibilidad de un Gobierno que pretendía ofrecer certezas y tranquilidad para disminuir el temor y la incertidumbre social.
Durante los primeros meses de gestión, la idea de cambio fue utilizada para hacer referencia a una serie de reformas político-económicas impulsadas por el nuevo equipo económico dirigido por el ministro Lorenzo Sigaut, quien esbozó un camino contrario al de su antecesor: abandonó la tablita cambiaria42, devaluó la moneda, refinanció los pasivos de las empresas y emitió un Bono de Consolidación para financiar al sector productivo endeudado en dólares43. La SIP llevó adelante un análisis del impacto en los principales medios de comunicación de las medidas anunciadas, y encontró que habían tenido una “amplia repercusión” sobre todo en los sectores industriales más críticos a la anterior gestión que se habían mostrado con una actitud de “prudencia” así como también “expectantes y si se quiere esperanzados […] por la complementación del paquete de las medidas anunciadas”44.
Las declaraciones de Lorenzo Sigaut realizadas desde España dejaron traslucir el reconocimiento favorable y de confianza que estas mediciones generaron en el equipo más cercano a Viola. En abril, el ministro salió de gira en busca de respaldo internacional (seriamente dificultado por las críticas vertidas por el anterior ministro Martínez de Hoz), defendió su programa diciendo que no era neoliberal como el anterior, tampoco keynesiano, y que de seguir con el anterior modelo la crisis argentina iba a ser más profunda:
Nuestro enfermo, el país, no tiene que ir al quirófano. Nuestro enfermo tiene una profunda actitud a favor del cambio. Lo que sí, hemos tenido que cambiar el recetario, eso no lo dude. El anterior, de alguna manera, iba a complicar el grado de la enfermedad45.
Pero estas expectativas pronto se disiparon. A cinco semanas de la asunción de Viola, en los primeros días de mayo, la prensa evidenciaba ataques al gobierno provenientes sobre todo de los grupos económicos desplazados. Según la SIP, “encuestas oficiales realizadas en todo el país, han puesto de manifiesto gran preocupación e inquietud por una serie de problemas no resueltos”46. Lo explícitamente señalado era que las medidas económicas adoptadas por la nueva administración eran insuficientes para salir inmediatamente de la crisis, pero a la vez las críticas y dudas referían a que veían al gobierno “inmóvil” con “dudas e indefiniciones en cuanto a políticas a aplicar en sus áreas” producto de las tensiones entre la Junta Militar y el Poder Ejecutivo. En mayo, La Nación y otros medios nacionales habían publicado un “listado de asesores” presidenciales de los que se destacaba que varios eran impuestos por las FFAA, evidenciando la capacidad fiscalizadora de la Junta Militar sobre Viola. Según la SIP, la noticia impactó negativamente por diferentes razones: “en el plano de las implicancias ideológicas”, exhibía lo condicionado que se encontraba Viola y, a su vez, los asesores transgredían los límites de su función, ya que no se limitaban a aconsejar al presidente cuando éste lo requería, sino que efectuaban declaraciones en los medios que muchas veces entraban “en sensibles contradicciones de contenido” con las declaraciones de Viola. Tal era el caso del ex ministro del Interior y por entonces asesor, general Albano Harguindeguy, quien en vez de apoyar el diálogo con los partidos, al que nos referiremos en breve, continuaba en 1981 defendiendo la creación de la organización MON para agrupar a la centro derecha en todo el país. En el informe de la SIP se mencionaban sus contactos con “varios grupos” creando “un diálogo paralelo al que llevaría a cabo el Gral. Liendo”, ministro del Interior y responsable del contacto con los partidos políticos47.
Mientras que esta ola de rumores desestabilizaba al régimen, en forma llamativa y casi como si fueran vocero suyo la revista Gente publicaba una nota aclaratoria bajo el título “Los hombres que asesoran a Viola”, en la que se detallaba la importancia de cada uno de los asesores, las diferentes áreas que abarcaban, los sueldos que percibían y se relativizaba su número: “A lo mejor sea cierto que todos los presidentes han tenido 19 asesores $^ { - 2 9 }$ o 59–, pero jamás se le dio tanta publicidad a su nombramiento […]. $\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ hacer ahora? Bueno, ahora sólo cabe una salida: explicar”48.
Más allá de este operativo de prensa, la SIP definió una nueva estrategia para el Gobierno que había hecho del “cambio” su emblema. Tras reconocer que las modificaciones en materia económica serían lentas y que quizás nunca se iban a recuperar las adhesiones del comienzo de la gestión, la agencia se concentró en potenciar y multiplicar los juicios favorables y reducir las opiniones negativas al régimen, esta vez impulsando las cualidades de Viola. Siguiendo las primeras mediciones, ya destacadas, la idea era elevar las apariciones en los medios que lo mostrasen como un militar “dialoguista”, “negociador”, y para contrastar la imagen de falta de poder por las tensiones con la Junta Militar, se agregaba potenciar “el poder de decisión presidencial”, “la ejecutividad de la gestión” y “la claridad en las definiciones de los objetivos de su gestión”49.
En mayo, mientras disminuían las expectativas de que el Gobierno resolviera la crisis, la figura de Viola parecía ser diferenciada con cierto aval50; del mismo modo en agosto51, cuando la imposibilidad del manejo de la crisis económica generó amplios pedidos de renuncia del ministro Sigaut y de su equipo, seguido en septiembre de 1981 por los rumores acerca de su posible reemplazo por una figura que podía recuperar y volver a dar continuidad al modelo de Martínez de Hoz, tal como lo era el ex ministro liberal Álvaro Alsogaray52.
Dos ejemplos de la estrategia de la SIP para potenciar la imagen presidencial los encontramos en el mes de agosto: ante el reconocimiento de los altos índices de desempleo como el problema más acuciante53, la SIP aconsejó mostrar que para el presidente éste era un tema de primerísimo orden, y para ello debía aparecer impartiendo “instrucciones precisas al equipo económico acerca del tema salarial”, pues la agencia consideraba que este tipo de imágenes contribuía a la generación de “efectos psicosociales favorables” en la población54. El segundo ejemplo es la utilización que realiza el régimen del impacto social provocado por un choque ferroviario. Si bien desde el comienzo mismo de la gestión de Viola habían sido declarados como objetivos prioritarios la disminución del gasto público y la reducción del número de empleados estatales, la concreción de estas medidas fue demorada. Viola no había sido capaz de tomar una decisión que inevitablemente agravaría los altos índices de desempleo en el país. El choque en marzo de 1981 de un tren de pasajeros de la empresa Ferrocarriles
49. BANADE-CONADEP, SIP, “Sondeo Mensual sobre aspectos de la realidad nacional”, paq. 15, 15-8 a 14-9-1981.
50. En mayo, el $5 2 { , } 7 \%$ de los encuestados “estima[ba] prematuro dar un juicio sobre la gestión presidencial”, lo que la SIP reconocía como un “aval temporario”. En este informe no se incluye la cantidad de encuestados del que se extraía ese porcentaje (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 6 a 12-5-1981).
51. En agosto se registra una franja estimable de apoyo social a Viola. De acuerdo a un sondeo realizado ese mes por la SIP a 500 entrevistados, el $5 9 , 8 \%$ seguía manifestando que Viola había inaugurado una “conducción distinta a la desarrollada por la gestión anterior” y ante la pregunta $ { \mathbf { \ddot { \mu } } } _ { \dot { \zeta } } \mathrm { U d }$ . apoya la gestión del presidente?” aún un $4 3 , 8 \%$ había respondido que sí. Ese apoyo se reforzaba por el contraste a la pregunta $\ " \langle \mathrm { C o m o }$ piensa Ud. que van las cosas en el país?”: el $5 2 { , } 8 \%$ eligió la respuesta “Bastante mal” más el $^ { 3 3 , 8 \% }$ que indicó “Muy mal” (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 12 a 18- 8-1981).
52. En la prensa se conocieron trascendidos sobre reuniones entre Viola y Alsogaray, a quien el presidente le habría solicitado consejos para cambiar los lineamientos económicos trazados por Sigaut. Quedaba así evidenciado el fracaso de Sigaut y “la imposibilidad de desarmar el modelo de Martínez de Hoz” (QUIROGA, El tiempo del “Proceso”, p. 236).
53. Hasta sectores del propio Gobierno reconocían la situación crítica. El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires públicamente se refirió a “su inquietud por la situación por la que atraviesa el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, […] estimando que cerca de 200.000 personas están ociosas” (BANADE-CONADEP, SIP, “Situación Psicosocial”, paq. 9, 12 a 18- 8-1981).
Argentinos55, fue utilizado para alarmar a la población sobre la situación precaria de este medio de transporte en manos de la administración pública. En mayo, los medios pro oficiales Somos y La Prensa, publicaron un listado de 253 empresas públicas que generaban pérdidas millonarias al país56, y más tarde la revista Gente mostró los resultados de una encuesta propia en la cual de 1.042 personas, 940 opinaban que los trenes debían ser privatizados57. En ese marco específico, la SIP recomendó al ejecutivo aprovechar este clima social favorable para evidenciar el poder decisional del presidente y tomar la “decisión política [...] de iniciar la privatización de esas empresas”, presentada bajo el argumento de mejorar el servicio de transporte y reducir el impacto del anuncio de privatización que solía inquietar a amplios sectores por sus implicancias en la estabilidad laboral58. Ambos casos muestran las recomendaciones que la SIP, atenta al ánimo social, ofreció para facilitar el ejercicio del poder presidencial y convertir las decisiones presidenciales en respuestas concretas a las “necesidades” y “reclamos” sondeados entre la población.
El factor más determinante de la estrategia moderada de Viola fue la decisión de iniciar un proceso de liberalización política que contempló el diálogo con los partidos políticos y los sindicatos, encabezado por los ministros del Interior Liendo y de Trabajo Porcile. La convocatoria a los partidos, que tuvo características muy distintas al diálogo impulsado en 1980 por Videla59, fue abandonada a fines de 1981, cuando asumió en reemplazo de Viola el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Pero en marzo de ese mismo año constituyó la principal herramienta con la que la nueva gestión mostró su intención de avanzar hacia un proceso de mayor apertura política, reconociendo a los partidos como “los instrumentos válidos para canalizar las inquietudes ciudadanas”60.
Viola, de esta manera, estaba siendo consecuente con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diálogo Político realizada en 1980, a lo largo de 17 provincias argentinas y con un total de 8.643 personas encuestadas. Los funcionarios de la SIP redactaron un informe de poco menos de 30 páginas, en el cual destacaron que el $7 3 { , } 4 \%$ de los encuestados estaba de acuerdo con el “diálogo” cívico-militar61 pero un
$5 3 \mathrm { , 2 \% }$ no tenía del todo claro los motivos específicos por los cuales el Gobierno lo convocaba62 y el $6 6 { , } 9 \%$ indicaba que los civiles que el Gobierno había convocado no representaban sus intereses63. La encuesta evidenciaba los problemas que su implementación había tenido, no solo la falta de reconocimiento del objetivo por el cual se impulsaba, sino fundamentalmente la falta de legitimidad ante la población de los civiles invitados como interlocutores.
A partir de estos resultados, Viola optó por convocar a los partidos políticos y que fueran estas estructuras las que definiesen los candidatos a participar de las rondas de negociación que inauguró en 1981 bajo la conducción del ministro del Interior Liendo. Viola esperaba que el diálogo cívico-militar entusiasmara a los dirigentes políticos –claramente, era una propuesta más alentadora que la de fusionarse en una estructura común cívico-militar (el MON) como insistía la Junta Militar y que fuera uno de los puntos destacados en el documento “Orientaciones $\mathbf { n } ^ { \mathbf { o } } \ 2 ^ { \mathbf { , } \mathbf { , } } -$ . Viola buscaba que su propuesta de diálogo fuera entendida como un canal controlado pero finalmente de negociación, por medio del cual el régimen estaba dispuesto a acordar la legalización de la actividad partidaria (a través de la aprobación del Estatuto de los Partidos Políticos) para que estas estructuras recuperasen gradualmente el lugar de intermediarios y representantes de la sociedad. Es posible que en 1981, tal como lo registró la SIP, la clase política, sobre todo la de los partidos mayoritarios con anterioridad a 1976 (la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista), hubiera carecido de relevancia y ascendencia sobre buena parte de la población64, y que esa situación posiblemente se mantuviera hasta fines de 1982, cuando en el marco del primer llamado a elecciones a realizarse en 1983 se realizara una fuerte campaña para el reconocimiento de los candidatos y para impulsar un proceso de afiliación partidaria masivo65.
El Gobierno no sólo inauguraba en 1981 el diálogo para “normalizar” a los partidos, lo que implicaba una afrenta a la propuesta de la Junta Militar, sino que Viola destacó su invitación al partido justicialista considerado por los sectores “duros” de las FFAA el responsable del “caos populista” previo a 1976 y el que le había abierto las puertas del país a la “infiltración subversiva”66. Sobre este partido, Viola señaló que, de aceptar “estructurarse” para adaptarse al proceso en marcha de diálogo cívico-militar no confrontativo, podría participar del mismo67. Tal como indicamos en un trabajo anterior, en 1981 con la posible baja ascendencia que la clase política tenía sobre la población, la normalización y la participación en el diálogo del justicialismo era más una estrategia gubernamental para ampliar las bases de apoyo que una demanda social concedida con el fin de comunicar que Viola cumplía con las demandas sociales68.
A diferencia de los cálculos del régimen, para los partidos el diálogo podía convertirlos ante la sociedad en aliados del Gobierno. En julio, a pocos meses de comenzar las rondas de encuentro, las mismas estructuras partidarias invitadas formaron el frente cívico llamado MULTIPARTIDARIA. Sin duda, la iniciativa del frente de partidos era un cimbronazo para el régimen. No obstante, en el informe de la SIP, el autoconvocado frente partidario era evaluado como un actor con el que el Gobierno aún podía negociar las condiciones de una transición controlada, un sector con demandas disonantes más que de oposición. Por un lado, el diálogo propuesto por Viola careció desde el comienzo de todo interés social (en los informes de mayo y de agosto de 1981, la SIP indicaba que la razón fundamental era la propia interna militar entre la Junta Militar y el Poder Ejecutivo que quitaban credibilidad a las decisiones de Viola)69, con lo cual el frente civil podía resultar una instancia de convergencia superadora. Por el otro, la Multipartidaria no demandaba grandes cambios a Viola con respecto a su programa de transición pactada. No proponían revisar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos70, y lo más importantes que reclamaban era concretar un cronograma preciso de elecciones, que no debía ser inmediatamente, sino a concretarse en 1984. Pero el Gobierno de Viola ya no tenía chances, para la Junta Militar había que recuperar la iniciativa del régimen, por lo que el pedido de licencia por enfermedad de Viola fue aprovechado para declararlo incapacitado a ocupar su cargo y para volver a la propuesta originaria del PRN que implicaba la asunción del poder de la línea dura y opuesta al diálogo cívico-militar y a la apertura democrática.
A modo de conclusión.
Las encuestas y sondeos de opinión realizadas por el régimen militar tuvieron como objetivo medir el clima o ánimo social y elaborar propuestas comunicacionales o propagandísticas a fin de regular o modificar juicios, ánimos o valores de la opinión pública en situaciones coyunturales, o captar su adhesión y movilización en pos de los objetivos planteados por el autoproclamado proceso de reorganización nacional. Estas técnicas –comúnmente utilizadas en los regímenes democráticos, y ahora sabemos que no exclusivamente– fueron desplegadas en el marco de la estrategia de Acción Psicológica a nivel nacional.
En nuestro artículo, nos focalizamos en el análisis de las estrategias comunicacionales implementadas durante el Gobierno de facto liderado por el general Viola, el cual se orientó principalmente a reconstruir el consenso entre la población para dotarse de una nueva legitimidad que facilitara la implementación de las políticas diseñadas por el régimen, en el marco de una crisis económica en ascenso y con un complicado frente interno delineado por las tensiones entre la Junta y la Presidencia, el cual ejerció una presión continua sobre el accionar del Gobierno. Todo esto se produjo en el marco del proceso de transición encarado por Viola, caracterizado por su propuesta aperturista, de invitación al diálogo político y de reconducción de la política económica, proceso que, como vimos, terminó finalmente frustrado y con Viola eyectado de la presidencia a solo 8 meses de haber asumido.
Las estrategias mencionadas las identificamos en los informes elaborados por el régimen militar sobre los sondeos y encuestas de opinión realizados durante 1981. Los informes de los funcionarios de la SIP, la Subsecretaría del Interior y la SIDE, encargados de analizar la información obtenida, revelaban que en 1981 el foco crítico que generaba una predisposición negativa de la población hacia al régimen era la situación económica, y la falta de confianza en que el Gobierno pudiera revertir la situación. Esto lo vinculamos con artículos publicados por la revista Gente, uno de los medios más colaboradores, que dan cuenta de la fuerte articulación diagramada por la estrategia psicosocial, donde los resultados sondeados en la opinión pública iban necesariamente acompañados por una respuesta visible en estas políticas de comunicación y propaganda, y donde los medios de comunicación tenían un rol clave tanto por su llegada y masiva difusión, como también porque semejaban intervenciones desligadas de componentes ideológicos o afines al régimen militar.
Este resultado pudo haber sido la razón que propició dos cambios principales en la política comunicacional del gobierno de Viola: por un lado, la utilización estratégica de su imagen difundida en términos de un militar dialoguista y negociador, dispuesto a establecer nuevas alianzas y corregir errores del pasado; y por el otro, el abandono del proyecto oficial de consolidar el Movimiento de Opinión Nacional en reemplazo de la estructura partidaria, junto al restablecimiento del diálogo con los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, ni el cuidado de la imagen ni la apuesta al diálogo, temas que en algún momento del inicio de la gestión de Viola medían bien, pudieron ser utilizados para revertir la situación de un régimen deslegitimado y en pleno derrumbe. No solo no permitieron sortear los conflictos en el frente interno, sino que seguramente fueron un detonante que aceleró la temprana salida de Viola y la llegada de la línea dura opuesta al diálogo cívico-militar y a la apertura democrática, representada por el comandante Leopoldo F. Galtieri, quien asumió la presidencia el 11 de diciembre de 1981.