Presión fiscal y endeudamiento en las comunidades rurales del noreste catalán durante la Guerra con Castilla (1356-1366)\*.
Tax Burden and Debt in Rural Communities of NorthEastern Catalonia during the War against Castile, 1356- 1366.
Albert REIXACH SALA.
Doctor en Historia. Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona, Pza Josep Ferrater Mora, 1, 17004 Gerona (España).
C. e.: email@example.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4364-4901.
Recibido: 22/11/2019. Aceptado: 28/02/2020.
Cómo citar: Reixach Sala, Albert, «Presión fiscal y endeudamiento en las comunidades rurales del noreste catalán durante la Guerra con Castilla (1356-1366)», Edad Media. Revista de Historia, 2020, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ }$ 21, pp. 415-454.
DOI: https://doi.org/10.24197/em.21.2020.415-454.
Resumen: Este artículo examina el impacto de la presión fiscal ligada a la guerra en las comunidades rurales de la Corona de Aragón a partir de un estudio de caso basado en fuentes notariales y centrado en la Cataluña nororiental durante la Guerra con Castilla (1356-1366). Después de presentar las características del área tratada, se describe el ciclo de los cuantiosos donativos aprobados en Cortes que implicaron al conjunto del territorio a un nivel sin precedentes. Se analizan las tipologías de instrumentos y el perfil de los acreedores en una serie de operaciones de crédito de lugares del obispado de Gerona entre los años $1 3 6 4 \lor 1 3 6 7$ ligadas a las mencionadas contribuciones. Más allá del peso innegable de los capitales urbanos, destaca el papel de algunos habitantes de parroquias rurales y campesinos. Se concluye reflexionando sobre los efectos que pudo tener esta dinámica en las propias comunidades, no sólo desde el punto de vista institucional sino también respecto a su composición socioeconómica.
Palabras clave: Guerra; Fiscalidad; Comunidades Rurales; Cataluña; Siglo XIV.
Abstract: This essay examines the impact of war-related taxation on the rural communities of the Crown of Aragon on the basis of a case study of notarial sources in north-eastern Catalonia during the War of the Two Pedros (1356-1366). It first describes the region at stake; then, the substantial subsidies granted by the Cortes and how they involved all the territory to an unprecedented degree. It analyses the types of instruments and the profile of creditors in a series of operations related to the aforementioned tax contributions in several places of the diocese of Girona between 1364 and 1367. Our study shows that the unquestionable relevance of the urban capital cannot hide the important contribution by some rural parishioners and peasants. It concludes with a reflection on the effects all these dynamics may have had on the communities not only from an institutional viewpoint, but also with regard to their socioeconomic composition.
Keywords: War; Taxation; Rural Communities; Catalonia; $1 4 ^ { \mathrm { t h } }$ century.
Sumario: 0. Introducción. 1. Las comunidades rurales en la Cataluña nororiental del siglo XIV. 2. El intenso ciclo fiscal de los años 1364-1367 en el obispado de Gerona. 2.1. El diseño y recaudación de las contribuciones pactadas en Cortes. 2.2. Los mecanismos de endeudamiento comunitario: tipos de instrumentos financieros. 2.3. El perfil de los acreedores. 2.4. ¿Y los campesinos o los habitantes de parroquias rurales? 3. Consideraciones finales y perspectivas de estudio.
Summary: 0. Introduction. 1. Rural communities in fourteenth-century North-Eastern Catalonia. 2. The intense fiscal cycle of 1364-1367 in the bishopric of Gerona. 2.1. The design and collection of the contributions passed by the Cortes. 2.2. Mechanisms of communal debt: the types of financial tools. 2.3. A sketch of the creditors. 2.4. What about the peasants and the rural parishioners? 3. Conclusions and prospective research.
En septiembre de $1 3 6 5 ^ { * }$ , un campesino de Batet, en las estribaciones meridionales del Pirineo gerundense, certificaba ante notario que la presión fiscal derivada de la guerra había llegado prácticamente a todos los rincones de la Corona de Aragón. Se trataba del poseedor del manso llamado Costa de dicha parroquia, quien firmaba una promesa ante su señor directo, el monje que ocupaba la prebenda de candelero del monasterio benedictino de Sant Pere de Besalú1 . En ella exponía que las demandas hechas por el rey en los últimos años habían pasado factura a su explotación, en concreto, que los fogajes y questias (pechas) le habían supuesto una carga económica que le abocaba a la penuria. Ante esta situación, solicitaba una dispensa temporal de seis años en la obligación de residencia continua en el manso, habitual en el campesinado servil o de remença de la Cataluña del periodo, y se comprometía a compensar la ausencia con el pago anual de un pequeño censo2 .
Dadas las implicaciones jurídicas del acta notarial, sus argumentos no podían ser una ocurrencia de última hora. Más allá del impacto exacto que hubiera tenido la secuencia excesiva de contribuciones en la economía del manso del solicitante, lo que alegaba debía de ser considerado verosímil por el notario y, sobre todo, el señor directo cuando aceptaba la compensación. Además, a la luz de una disposición real que había circulado desde el año 1358, es posible que con este acuerdo el señor útil del manso, suponiendo que contaba con otras posesiones, se librara de tributar por $\operatorname { e l } ^ { 3 }$ . En cualquier caso, a mediados de la década de 1360 la fiscalidad pactada en Cortes tenía eco más allá de los centros urbanos; se había convertido en un fenómeno de alcance general.
0. INTRODUCCIÓN.
En efecto, aunque no todos los dominios del monarca aragonés estuvieron igual de expuestos al enfrentamiento abierto desde 1356 entre el rey Pedro el Ceremonioso y su homólogo castellano Pedro I, se intentó que el conjunto de territorios contribuyera a la contienda, bien con el envío de hombres armados bien con contribuciones económicas. Además, no era ni el primer ni el último episodio bélico que se registraría durante la segunda mitad del siglo $\mathrm { X I V } ^ { 4 }$ . En consecuencia, a lo largo del periodo, las exigencias fiscales tendrían un gran impacto. Las comunidades, se hallaran en tierras de realengo o dentro de señoríos laicos o eclesiásticos, tuvieron que hacer frente a las demandas de la Corona o de los estamentos reunidos en Cortes para financiar la guerra o la defensa del territorio. A grandes rasgos, lo que correspondía a cada lugar se calculaba en función del número de fuegos y se traducía en una obligación colectiva que, de entrada, se afrontaba recurriendo a distintas modalidades de crédito.
Gracias a las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas, todo este proceso es harto conocido en el caso de las villas y ciudades. Sin embargo, han sido menos exploradas sus repercusiones concretas en núcleos de menor entidad en los que el campesinado constituía la población mayoritaria5 . Y ello a pesar de que la historiografía tradicionalmente ha asumido que el aumento de la presión de la fiscalidad llamada de Estado o general, junto al presunto recrudecimiento de las exigencias señoriales, agravaron las condiciones de vida de aquellos grupos sociales que dependían de la producción agraria, según el paradigma de la depresión bajomedieval establecido por autores como G. Bois6 .
En paralelo, esta dinámica debe conectarse con otra que se ha beneficiado de bastantes trabajos en tiempos recientes tanto en el conjunto de Europa como en el caso concreto de la Corona de Aragón: la natural integración del mundo rural en la economía de mercado y en los distintos circuitos del crédito desde al menos el siglo $\mathrm { X I I I } ^ { 7 }$ . De este modo también se han arrinconado estereotipos como el de la pasividad del campesinado o el carácter externo de muchos de los flujos económicos, sociales y políticos en los que se involucraron8 .
Partiendo de esta premisa, en este artículo se pretende estudiar cómo afectó a las áreas rurales de Cataluña durante la segunda mitad del siglo XIV el incremento de la presión fiscal ligada a la guerra y el consiguiente aumento de la deuda en la línea de lo observado en otros territorios europeos9 . Con este propósito, se examina, en esencia a través de documentación notarial, el desarrollo de ambas dinámicas a partir del que, según insistiremos, fue un verdadero punto de inflexión: el ciclo de contribuciones del último tramo de la Guerra con Castilla (1356-1366), esto es, el que se inició con la convocatoria de Cortes catalanas en Barcelona en enero de 1364, prolongadas hasta abril de 1365, y con efectos que se dejaron sentir todavía en 1367. Como se ha dicho, nos basaremos para ello en un estudio de caso centrado en la mencionada cronología y un espacio geográfico que abraza el conjunto del obispado de Gerona. En él se observarán los instrumentos fiscales empleados por las corporaciones locales para hacer frente a dichas contribuciones y el perfil heterogéneo de sus acreedores. Finalmente, a modo de perspectiva para futuras investigaciones, se esbozarán las diversas implicaciones de índole institucional y social que pudieron tener las exigencias fiscales y el endeudamiento a medio o largo plazo en las comunidades que nos ocupan.
1. LAS COMUNIDADES RURALES EN LA CATALUÑA NORORIENTAL DEL SIGLO XIV.
Antes de adentrarnos en la evolución de ambos fenómenos, conviene hacer tres consideraciones previas: la primera acerca del objeto de análisis, o sea, las comunidades que calificamos como rurales; la segunda en relación al marco jurisdiccional en el que se sitúan y que puede condicionar el modo y grado exactos de participación en ciertos ciclos fiscales y, finalmente, a propósito de las fuentes documentales existentes y su incidencia en la metodología utilizada.
El empleo del término rural exigiría muchas aclaraciones en las que aquí no será posible extendernos. De entrada, resulta obvio que se trata de un adjetivo que tiene sentido ante todo como contraposición al de urbano. Aun así, proponemos los siguientes rasgos demográficos, urbanísticos, económicos, políticos e institucionales para identificar de forma más precisa las comunidades analizadas10.
En el territorio y cronología tratados, la llamada Cataluña Vieja durante el Trescientos, predominaba el poblamiento disperso en explotaciones agropecuarias de carácter familiar (mansos) y pequeños núcleos alrededor de iglesias o castillos con una trama urbanística insignificante. Muchos de estos núcleos en torno a iglesias se remontan a los siglos XI y XII y acostumbran a recibir la denominación de celleres11. Aunque no sea posible establecer un estricto techo demográfico para las comunidades que nos ocupan, la suma de los habitantes de los pequeños núcleos y del conjunto del poblamiento disperso de los respectivos términos se situaba claramente por debajo de los 1.000 habitantes, cifra considerada como la media de las pequeñas ciudades o villas de la región durante la baja Edad Media12. Para ilustrarlo con algunos datos orientativos podemos fijarnos en el fogaje del año 1360 con revisiones posteriores13. Tomando como referencia este censo, el estudio comprenderá desde términos con pequeños núcleos como Calonge o Celrà con, respectivamente, 153 y 143 fuegos alrededor de 1360 hasta otras parroquias más modestas sin apenas hábitat concentrado como Juià, con 65 fuegos, o incluso Sant Julià de Llor, con 15 fuegos.
En todos los lugares mencionados no se registró nunca un volumen significativo de actividad económica. En parte, ello era debido a que, normalmente a una distancia que se recorría en un solo día, se encontraba una villa en la que se desarrollaba un amplio abanico de intercambios comerciales o crediticios. Con todo, la circunstancia fundamental es que la dedicación mayoritaria de los vecinos de las comunidades rurales era el trabajo de la tierra y las actividades ganaderas y forestales. Dicho de otro modo, la diversidad de ocupaciones resultaba muy limitada14. Salvo algunos artesanos clave para la propia agricultura como los herreros, por lo general no residían en ellas miembros de los sectores manufactureros más difundidos como el textil o la piel15.
Desde un punto de vista institucional, constatamos, por último, que el principal elemento aglutinador de estas agrupaciones humanas fue, desde la alta Edad Media, la parroquia16. En contraste con otros lugares de mayor entidad, no acogían instancias de referencia o servicios como cortes jurisdiccionales o notarías. Y, hasta bien entrado el siglo XIV o el siguiente, sus habitantes no desarrollaron estructuras estables de representación y de gobierno. Aún así, la existencia de instituciones de este tipo a menudo dependía de la presencia de un poder jurisdiccional arraigado dentro de un espacio geográfico reducido y que pudiera fomentarlas para competir con su entorno.
En suma, centramos el presente artículo en un conjunto de comunidades del obispado de Gerona que formaban parte de un contínuum de poblamiento más o menos disperso, con vecinos que se dedicaban fundamentalmente a actividades agropecuarias y contaban con un limitado nivel de organización institucional. De este modo, dejaremos siempre al margen la ciudad de Gerona y otros centros urbanos relativamente importantes como las villas de Castellón de Ampurias, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, Palamós, Besalú, Banyoles, Amer, Figueras, Palafrugell, la Bisbal o Caldes de Malavella.
Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la investigación es que los núcleos y comunidades de la diócesis de Gerona que nos ocupan, al igual que en otras partes de Cataluña, se hallaban integrados dentro de un mosaico de derechos y jurisdicciones diverso y cambiante. Este elemento, como veremos, tuvo cierta repercusión en el reparto de la carga fiscal. Desde la óptica del nivel superior de jurisdicción se ha observado lo siguiente17. En el global del obispado gerundense las áreas que formaban parte del patrimonio regio fueron limitadas y existían verdaderos estados señoriales en el cuadrante noreste, el condado de Ampurias y el vizcondado de Rocabertí, y en el tercio sur, el vizcondado de Cabrera. Aunque a inicios del siglo XIV, el rey, a través fundamentalmente de las cortes del veguer de Gerona y del sots-veguer de Besalú, entre otros oficiales con un radio de acción menor, ejercía el grado superior de gobierno y justicia sobre un buen número de lugares, se articularon distintos espacios o bailías jurisdiccionales, muy a menudo alrededor de las pequeñas villas de recién formación, de las que eran titulares grandes señores eclesiásticos (de entrada, el propio obispo de Gerona y algunos importantes monasterios benedictinos como el de Bañolas) o miembros del estamento militar (destacando los Cruïlles en Peratallada y los Montcada en Llagostera y Caldes)18. En otro nivel inferior, más allá del hecho de que la jurisdicción perteneciera a un miembro del brazo militar, a un señor eclesiástico o al rey, hay que tener presente que cada explotación agropecuaria de una misma parroquia podía depender de dominios territoriales o alodiales distintos y con obligaciones por tanto un poco diferentes.
Finalmente, resulta necesario destacar también un aspecto con implicaciones metodológicas insoslayables. Las comunidades rurales estudiadas, precisamente debido a sus características, no aparecen tan bien representadas en las fuentes escritas de la época como muchas villas o ciudades. De entrada, de ninguna de estas corporaciones se han conservado archivos propios anteriores a los siglos XVI o XVII, si llegaron a existir. En consecuencia, aparte de lo que pueda extraerse de las cancillerías o archivos patrimoniales de los respectivos señores jurisdiccionales (sea el rey, el obispo, otros prelados o señores laicos), el único rastro de su actividad se encuentra en una documentación notarial bastante dispersa. Algunos lugares, por las coincidencias apuntadas, pudieron contar con notario y ello matiza un tanto la tendencia. Sin embargo, para muchas parroquias hay que ir a buscar los contratos en los protocolos ordinarios de escribanías situadas en centros urbanos que ejercían la capitalidad sobre un cierto territorio. El caso más extremo en este sentido es el de las parroquias del distrito inmediato a la ciudad de Gerona, situadas en un radio de unos 15 o 20 kilómetros, cuyos habitantes o representantes sólo tenían la opción de acudir a la notaría real de ésta, donde no se habilitaron registros diferenciados para ellos19.
Según apuntaremos, la excepcionalidad de la coyuntura tratada favoreció el recurso a ciertos notarios gerundenses y de la villa de Besalú para algunas operaciones específicas. No obstante, en estudios que pretendan captar el fenómeno en su conjunto y en una cronología más amplia, resulta imprescindible consultar el extenso fondo de las decenas de notarías conservadas de bastantes villas y lugares a lo largo de la diócesis de Gerona junto a las de su capital.
2. EL INTENSO CICLO FISCAL DE LOS AÑOS 1364-1367 EN EL OBISPADO DE GERONA.
Según anticipábamos, vamos a centrar la atención en el ciclo fiscal que configuran los tres donativos concedidos en las Cortes celebradas entre Barcelona, Lleida y Tortosa entre 1364 y 1365. Desde el estallido de la guerra entre Pedro I de Castilla y Pedro el Ceremonioso en 1356 se habían sucedido, al ritmo de la contienda, muchas contribuciones por vías distintas. En otoño de 1363, con el reinicio de las hostilidades después de la efímera paz firmada en Murviedro, se convocaron Cortes en Tortosa, finalmente trasladadas a Barcelona en abril de 1364. En ellas se fraguó el que sería el trienio de presión fiscal más intensa de todo el siglo XIV con el encabalgamiento de varias ayudas y la implementación de unos mecanismos fiscales y financieros que, si bien no eran totalmente nuevos, se aplicarían de manera generalizada en el conjunto del Principado contribuyendo a cambios significativos.
2.1. El diseño y recaudación de las contribuciones pactadas en Cortes.
La secuencia se desarrolló de la forma siguiente20. En el primer encuentro de Barcelona en abril de 1364 se aprobó la concesión de un donativo de 65.000 l.b. que debía de ser recaudado urgentemente antes de finales de agosto, aunque en julio del mismo año se acordó añadir 120.000 l.b. a percibir vía fogaje. Ambos donativos se superponían a los pagos pendientes del otorgado en las Cortes generales de Monzón de 1362 y 1363. Un tercer donativo sucesivo se aprobó en Tortosa en abril de 1365 y se amplió y modificó en Barcelona a finales del mismo año. En concreto, en abril se había acordado la concesión por parte de los tres brazos reunidos en Cortes (eclesiástico, militar y real) de 325.000 l.b. al año durante dos anualidades, a la primera de las cuales se añadieron 122.000 l.b. Para reunir estas enormes cantidades, se diversificaron los expedientes fiscales. De entrada, se proyectó una emisión de deuda pública en nombre del General de Cataluña que debía cubrirse con el producto de impuestos indirectos sobre el textil y el comercio exterior (las llamadas generalidades), además de la asignación de los ingresos de la ceca del florín de Perpiñán y una gabela sobre la sal de reciente creación. El resto de las sumas se recaudarían vía fogaje, a través de imposiciones sobre la harina, la carne y el vino, y una tercera fracción según la fórmula que cada brazo decidiera. No obstante, a la hora de la verdad, a pesar de las diversas vías previstas, los tres brazos tendieron a repartir la mayor parte de lo debido entre las comunidades bajo su jurisdicción atendiendo al número de fuegos, de forma similar a lo que ya se había hecho en 1358 o en 1360. Esto supuso, además, que las emisiones de deuda que en teoría debían realizarse en nombre del General, en el caso de los lugares pertenecientes a miembros de los estamentos militar y eclesiástico se concretaran en pagos en efectivo o, como veremos, en ventas de títulos a cargo de las propias comunidades.
En definitiva, del reparto de los sucesivos donativos entre los tres brazos resultaron distintas tarifas por fuego con un calendario específico de pagos trimestrales o cuatrimestrales. En base a este reparto, cada comunidad era tasada según el número de fuegos que acogía y atendiendo a su adscripción jurisdiccional. Por norma general, se partía de quien era el titular del mero y mixto imperio del lugar, aunque en muchas localidades del territorio que nos ocupa cabía distinguir entre el estamento al que pertenecían los señores directos de los distintos conjuntos de mansos21. La adscripción de los fuegos no era un asunto baladí, puesto que debían regirse por tarifas distintas en cada donativo, lo que llevaba a constituir entidades jurídicas diferenciadas (en algunas parroquias vemos, por un lado, la universitas de los fuegos reales y, por el otro lado, la de los fuegos eclesiásticos y militares) y a realizar repartos internos por separado. Asimismo, las comunidades que formaban parte de los grandes estados señoriales del Principado y que recibían la denominación de cases taxades fueron objeto de una distribución, en principio, distinta al resto22.
Teóricamente, todo el proceso debía ser controlado también por una comisión de Cortes. Sin embargo, la coyuntura bélica, en muchos momentos crítica, requería soluciones rápidas. La aportación inmediata de moneda al frente se confió a una red de financieros que anticiparon las sumas necesarias mientras se ponía en marcha la compleja maquinaria de recaudación. Según un pacto firmado en las Cortes en abril de 1365, el cambista Berenguer Bertran de Barcelona encabezaba la trama. Su representante en el área estudiada era un banquero de la ciudad de Gerona, Ramon.
Medir23. Desde sus taules de canvi adelantarían los plazos establecidos a condición de que todas las comunidades, desde las principales villas y ciudades hasta los lugares menos poblados, se comprometieran mediante juramento y garantías suficientes a entregarles periódicamente las cantidades que les correspondían y, en caso de demora, los intereses debidos.
Esta circunstancia motivó que, desde la primavera de 1364, se documente a varios notarios y escribanos de cada veguería recorriendo el conjunto del territorio con la misión de obligar a los habitantes de las distintas parroquias a reunirse en un lugar central y a elegir a representantes que actuaran en nombre de la comunidad en todas las gestiones necesarias. Así debían conseguir que el máximo número de vecinos posible firmara los sindicatos o actas notariales correspondientes que habilitarían a estos representantes para contraer obligaciones en nombre de todo el colectivo de vecinos24. A partir de este momento comprobamos también como dichos síndicos firmaron ante notario las seguridades requeridas por los cambistas25.
Una vez estipulado el montante a tributar y prestadas las garantías necesarias a la red de banqueros, cada comunidad decidía autónomamente el procedimiento para recaudar la suma debida y satisfacer los pagos periódicos a la taula de canvi que le correspondía26. En primera instancia, las sumas requeridas con cierta celeridad por los oficiales reales y los banqueros al servicio de las Cortes se obtuvieron recurriendo al crédito y, una vez superada la emergencia inicial, se trató de hacer frente a la deuda con el reparto de un impuesto proporcional a los patrimonios de cada cabeza de familia27. A partir de las décadas de 1360 y 1370, en contextos similares, se desarrollaron otros expedientes que tenían como objetivo gravar varias fuentes de ingresos28. En algunos casos dichos expedientes pudieron sustituir al impuesto sobre el patrimonio.
A partir de los registros de varios notarios de la ciudad de Gerona (en especial, Bartomeu Tord y algún homólogo coetáneo) y otros de la villa de Besalú, ha sido posible reunir una muestra significativa de las deudas contraídas por estas comunidades rurales29. Consta, en concreto, de un total de 203 operaciones tocantes a 100 comunidades dentro de las aproximadamente 400 parroquias (tanto rurales como urbanas) existentes en la diócesis gerundense durante dicho periodo (mapa $1 ) ^ { 3 0 }$ . A continuación, se analizarán estas transacciones según la forma de crédito y el perfil de los prestamistas.

Mapa 1: Comunidades del obispado de Gerona incluidas en la muestra
Fuente: Elaboración propia a partir de registros citados en la nota 29
1. Argelaguer
2. Aro, vall d’
3. Bàscara
4. Begur
5. Bestracà
6. Bisbal, distrito foráneo
7. Bordils
8. Borrassà
9. Calabuig
10. Calonge
11. Campllong
12. Canet d’Adri
13. Cartellà
14. Cassà de la Selva
15. Celrà
16. Cervià de Ter
17. Corçà
18. Crespià
19. Cruïlles
20. Dosquers
21. Esclanyà
22. Esponellà
23. Estanyol, l’
24. Fares
25. Fellines
26. Figueras,
comunidades bailía
27. Flaçà
28. Fontcoberta
29. Fornells
30. Franciac
31. Juià
32. Juvinyà
33. Lladó
34. Llagostera
35. Llampaies
36. Llanars
37. Lligordà
38. Lliurona
39. Llorà
40. Madremanya
41. Maià de Montcal
42. Medinyà
43. Mollet (Sant Joan de
Mollet)
44. Montcal
45. Montfullà
46. Mont-ras
47. Ollers
48. Orriols
49. Palafolls
50. Palau de Montagut
51. Palol de Revardit
52. Palol-Sabaldòria
53. Pals
54. Paret-rufí
55. Parlavà
56. Pedrinyà
57. Pera, la
58. Peratallada y otras
parroquias del mismo señor
59. Pontós
60. Pujals dels Pagesos
61. Quart
62. Queixàs
63. Ravós de Terri
64. Riudellots de la Creu
65. Riudellots de la Selva
66. Roca de Pelancà
67. Romanyà de la Selva
68. Salitja
69. Sallent, el
70. Sant Andreu del Terri
71. Sant Andreu Salou
72. Sant Aniol de Finestres
73. Sant Cebrià dels Alls
74. Sant Climent d’Amer
75. Sant Esteve de Llémena
76. Sant Genís Sacosta
77. Sant Julià de Llor
78. Sant Martí de Capsec
79. Sant Martí de Llémena
80. Sant Martí Vell
81. Sant Medir
82. Sant Miquel de
Campmajor
83. Santa Cecília de Càrcer
84. Santa Coloma de Farners
85. Santa Eulàlia Sacosta
86. Santa Llogaia d’Alguema
87. Santa Margarida de Bianya
88. Sarrià de Ter
89. Serinyà
90. Taravaus
91. Terradelles
92. Torn, el
93. Ultramort
94. Vilablareix
95. Viladasens
96. Vilafant
97. Vilafreser
98. Vilallonga de Ter
99. Vilanant
100. Vilobí
2.2. Los mecanismos de endeudamiento comunitario: tipos de instrumentos financieros.
Durante la época estudiada, existían varias modalidades crediticias al alcance de las comunidades que debían responder a una demanda fiscal o satisfacer otros gastos como los derivados de lo que podemos denominar necesidades comunitarias. Una primera estrategia consistía en la práctica inveterada de atrasar el pago de las deudas hasta la recaudación completa de un impuesto31. A partir de mediados del siglo XIV, las fórmulas más habituales eran los préstamos a corto plazo a interés (mutua) con precedentes que se remontaban al menos a un par de siglos antes y la emisión de rentas vitalicias (violaris), perpetuas (censals morts) o mixtas, que constituían una auténtica novedad.
Los mutua, normalmente contraídos con escrituras firmadas ante notario, incluían un determinado tipo de interés que raramente se consignaba en los contratos, pero que debía situarse en torno al $2 0 \%$ anual32. Algunos miembros de la minoría judía existente a lo largo y ancho de la Corona de Aragón se convirtieron en verdaderos profesionales de esta modalidad de préstamo, aunque, como veremos, no puede decirse que tuvieran la exclusiva33. En cuanto a las obligaciones o seguridades que se exigían en estos créditos, variaban en función de la condición del deudor y de la suma prestada y podían ir desde promesas personales y asignaciones generales de bienes, junto a avaladores, hasta la entrega de prendas o cesiones preventivas de bienes.
Junto a los préstamos a corto plazo, a partir de las décadas de 1330 y 1340 aparecieron las rentas vitalicias y perpetuas como nuevo mecanismo financiero34. Estos instrumentos de crédito se presentaban como compraventas a carta de gracia o con pacto de retro en las que el prestatario vendía al prestamista el derecho a percibir periódicamente una pensión a cambio de un precio determinado. En realidad, se trataba de un verdadero préstamo en el que se calculaba la pensión al aplicar un cierto tipo de interés sobre el capital entregado, interés que era del $1 4 { , } 2 8 \%$ (a veces $1 4 { , } 3 3 \%$ ) en los violaris e, inicialmente, del $7 { , } 1 4 \%$ en los censals morts. Desde finales de la década de 1360, una primera estrategia para reducir los tipos de interés pasó por combinar ambas tipologías de renta en un mismo contrato emitiendo títulos a una tasa alrededor del $1 0 \%$ . Sin llegar nunca a recibir un término específico en las fuentes de la época, son las llamadas rentas mixtas por la historiografía, puesto que combinaban una parte de la pensión según las condiciones de los violaris y la otra parte según las de los censals morts. No obstante, con el paso de los años estos últimos se asentaron como instrumento preponderante, al mismo tiempo que su tasa de interés tendió a disminuir hasta el $5 \%$ en torno a 1400 y al $4 , 1 6 \%$ o incluso menos a lo largo de la primera mitad del siglo XV. En los violaris el derecho a cobrar una determinada pensión expiraba en el momento que fallecían las dos (o más) personas sobre cuyas vidas se había fijado la vigencia de la obligación. Ni en las rentas vitalicias ni en las perpetuas se preveía una amortización progresiva del capital: el deudor debía reintegrar el total del capital prestado, aunque, si no se establecía lo contrario, no tenía límite para ello.
Según han señalado varios autores, la aparición de los violaris y los censals morts en los mercados financieros representaron una auténtica revolución financiera ya que multiplicaron la capacidad de endeudamiento tanto de las personas físicas como jurídicas. Una parte de su éxito tuvo que ver con la aceptación moral que facilitaron las reflexiones teológicas desarrolladas desde 1340 y que les permitió escapar a la tradicional condena de usura. Con todo, otra característica resultó tanto o más fundamental: el conjunto de las garantías exigido para la satisfacción de la pensión anual y que podía limitarse a hipotecar la persona del prestatario y todos sus bienes en general presentes y futuros. De esta manera, la fórmula se adaptaba a las más variadas circunstancias jurídicas del deudor. En el caso de las comunidades locales, instituciones u otros entes similares las emisiones de violaris o censales se hacían en nombre de todo el colectivo de vecinos o miembros de la comunidad política o universitas. Eran estos, por tanto, quienes, en rigor, hacían la venta y garantizaban el pago de los intereses correspondientes con sus personas y bienes. Dicho de otro modo, la operación no hipotecaba exactamente una determinada fuente de ingresos de tipo patrimonial o fiscal, sino un colectivo con capacidad para generar riqueza que, posteriormente, podía ser captada a través del impuesto y con ella devolver las cantidades prestadas con el correspondiente interés35.
En las pesquisas llevadas a cabo en los fondos notariales mencionados, se han documentado 131 préstamos a corto plazo o mutua y 72 rentas vitalicias o violaris entre mayo de 1364 y agosto de 1367. Las sumas obtenidas a través de préstamos usurarios no superaron la cantidad de 1000 s.b., salvo tres excepciones un tanto particulares al involucrar a universidades de señorío36. En cualquier caso, las cantidades dependían del nivel de tasación al que estaba sujeta cada comunidad en función del número de fuegos y, en principio, por tanto, de sus dimensiones. En consonancia, el volumen medio de capitales manejado es netamente superior en el caso de las emisiones de violaris respecto a los mutua: una media en torno a 323 s.b. (contando que no se documenta ninguna renta de un precio por debajo de los 100 s.b.) frente a la de 184 s.b. de los préstamos a corto plazo. Al mismo tiempo, los intereses cargados son sensiblemente inferiores en las rentas vitalicias, como se ha apuntado, con el tipo habitual del $1 4 { , } 2 8 \%$ frente al $2 0 \%$ inferido para los mutua.
Sin embargo, no se trataba únicamente de unas condiciones más ventajosas a la hora de tomar prestado un determinado capital, sino que las rentas vitalicias ofrecían mayores garantías tanto a acreedores como a prestatarios. Así, constatamos que no sólo las ciudades o villas recurrieron a esta forma de crédito. A partir sobre todo de los años 1365 y 1366 muchas pequeñas comunidades también emitieron violaris con el objetivo de abonar los pagos correspondientes de los donativos aprobados en el último tramo de la guerra con Castilla y en buena medida recaudados vía fogaje37. En este sentido, vemos varias parroquias rurales que, tras haber recurrido en años precedentes a los mutua, aún sin abandonar del todo este mecanismo, a partir de 1365 se inclinaron también por la emisión de rentas para reunir capitales. Por ejemplo, la pequeña comunidad de Juià, en diciembre de 1365, contrajo dos mutua, a la par que vendió un violari, los tres créditos para hacer frente a pagas del fogaje correspondientes a aquel mes. En los meses siguientes, con similar propósito, volvió a endeudarse a través de tres préstamos a corto plazo y una nueva renta vitalicia38. Acentuando la tendencia, algunos colectivos de habitantes acabaron recurriendo a estos últimos instrumentos financieros para devolver préstamos contraídos hacía poco tiempo a través de contratos a corto plazo. En este sentido, en febrero de 1367 los representantes de la parroquia de Sant Martí Vell vendieron un violari de 245 s.b. de precio a un tabernero de Gerona que les había prestado lo necesario para una libranza del mes de agosto anterior39.
Sea como fuere, a partir de finales de 1365 se consolida el predominio de las formas de crédito a medio y largo plazo (gráfico 1). En los volúmenes consultados de la notaría de Gerona aparecen secuencias de emisiones de violaris especialmente destacadas entre finales de marzo y abril de 1366, entre agosto y septiembre del mismo año y entre febrero y marzo del siguiente. De hecho, la mayor parte de las emisiones (un total de 57) que se llevaron a cabo entre marzo de 1366 y marzo de 1367 se enmarcan dentro de la operación apuntada que afectó sólo a las comunidades del brazo militar y eclesiástico en las que se decidió financiar la mayor parte del donativo aprobado en Tortosa en abril de 1365 mediante un reparto según el número de fuegos y, en una de sus fracciones, además, la venta de censales por parte de cada corporación40. Por el contrario, en el caso de las comunidades rurales situadas alrededor de la villa de Besalú no se hallan evidencias de que en aquel mismo momento se endeudaran mediante la venta de rentas vitalicias o perpetuas. Aunque sabemos que lo hicieron pocos años después, entonces únicamente nos constan préstamos a corto plazo, en general ofrecidos por judíos de la aljama de esta antigua capital condal41.
Gráfico 1: Evolución de los tipos de instrumentos de crédito entre 1364 y 1367.
Fuente: Elaboración propia a partir de registros citados en la nota 29
2.3. El perfil de los acreedores.
Por lo que respecta al perfil de los acreedores, los protagonistas del mercado de préstamos a corto plazo o mutua son judíos, tanto de la ciudad de Gerona como de la villa de Besalú en el caso de las parroquias de su entorno (tablas 1 y 2). La importancia de los prestamistas judíos, un claro $7 7 \%$ dentro del total de transacciones, resulta lógica a tenor del peso que ya tenían desde al menos finales del siglo XIII en el conjunto de los circuitos crediticios de las áreas rurales42. De hecho, los síndicos de algunas comunidades campesinas probablemente se limitaron a acudir a los financieros con los que ya habían tratado en sus asuntos particulares. En las operaciones selladas en la ciudad de Gerona, sin embargo, no deberíamos descartar que los miembros de la comunidad judía dispuestos a prestar fueran captados por Ramon Medir, el cambista que, bajo la dirección del banquero barcelonés Berenguer Bertran, coordinaba la recaudación de buena parte de las contribuciones pactadas en los donativos concedidos entre 1364 y 1365. En este sentido, en dos de las transacciones que nos ocupan, los capitales fueron aportados por Vidal Caravida, un prominente miembro de la aljama de Gerona que ayudó a anticipar grandes cantidades a Medir en operaciones de urgencia de la misma época, como la motivada por la entrada de las compañías lideradas por Bertrand de Guesclin a finales de $1 3 6 \hat { 5 } ^ { 4 3 }$ .
De todos modos, entre los individuos con más protagonismo encontramos a Ferrer Bonastruc, afincado en Gerona en 1364 y en Besalú a partir de 1365 (si no combinaba ambas domiciliaciones), quien concedió 15 mutua, en especial a lugares cercanos a esta segunda villa; Bellshom Falcó, residente en la judería de Gerona y acreedor en seis operaciones (y en un caso más junto a Asnies Bonjuha); y Bellshom Benet, miembro de la misma comunidad y presente en otros cinco contratos. Les siguen muchos miembros de las aljamas de Gerona y Besalú, la gran mayoría con dos o tres préstamos cada uno, siendo muy escasos los ejemplos de judíos que intervinieron en un único crédito. En ocasiones, además, operaban asociados con otros correligionarios: en un $1 4 { , } 8 \%$ del total de mutua concertados por judíos actuaron dos o más individuos conjuntamente como acreedores. Cabe destacar igualmente la existencia de seis casos en los que la cantidad fue facilitada por una mujer judía44. En realidad, se trata de cuatro distintas, entre las que destaca Astruça, la mujer del judío de Besalú Cresques Bellcaire, con tres apariciones.
Entre todos estos prestamistas no sorprende hallar algunos de los miembros más pudientes de la judería de Gerona y que formaron parte del ejecutivo del gobierno de la comunidad como el mencionado Bellshom Falcó. Falcó se trata de uno de los secretarios o miembros del ejecutivo más recurrentes entre la década de 1340 y la de 1380, etapa en la que acumuló un poder creciente y participó activamente en los enfrentamientos internos del colectivo, al igual que Adret.
Aninay o Isaac Bonastruc. En un segundo plano, Abraham Isaac, Astruch Llobell Gracià, Benet Bellshom, Jucef Bellshom de Blanes o el citado Vidal Caravida también ostentaron el cargo en alguna ocasión, mientras que otros únicamente formaron parte del consejo de la aljama durante las décadas de 1350 y 1360 como Abraham Mercadell, el mencionado Isaac Bonastruc, Jucef Benvenist, Jucef Falcó, Samuel Salom y Taroç Hasday45.
Por otra parte, hallamos habitantes de la ciudad de Gerona que prestaron a interés a varias comunidades de los alrededores. La gran mayoría eran artesanos del sector textil, de la piel y del hierro, o miembros de grupos intermedios-bajos de la esfera mercantil como taberneros. Mención aparte merece el caso ya repetido del cambista Ramon Medir que recibía los pagos de los fogajes en su establecimiento bancario y que ofreció personalmente un mutuum a la universitas de Báscara en agosto de 1367. Destacan también con dos operaciones distintas cada uno el ropavejero Arnau Janover al. Cornellà, el bracero («bracerius») Arnau Torelló y el tejedor de lino Guillem Vilar. En un único caso actuaron asociados el tabernero Arnau Puig y el sastre Ferrer Oliba46. Entre los mencionados, resulta significativa la figura de Janover, el cual, al margen de su dedicación al comercio de ropa de segunda mano, se muestra bastante activo durante la misma época en los arriendos de impuestos indirectos del municipio de Gerona, entre otros tributos similares47. Además, observamos que, en la línea de lo visto para los prestamistas judíos, podía tener ya contactos previos con las comunidades a las que prestó, Vilobí y Sant Genís Sacosta en Amer48. Finalmente, cabe destacar el caso del comerciante de telas Bartomeu Benet, quien ofreció 150 s.b. a la comunidad de vecinos de los lugares de Palau, Montalt y Quart, lugar en el que poseía diversas explotaciones de cierta importancia y en el que debía destacar con respecto a sus vecinos dedicados al trabajo de la tierra49.
Asimismo, no puede negligirse el $5 { , } 3 4 \%$ de prestamistas pertenecientes al estamento eclesiástico. En realidad, se trata de dos únicos individuos: los clérigos Pere Gras, con un beneficio en el monasterio benedictino de Sant Pere de Galligants en Gerona, y Guillem Codina, el cual aparece en dos créditos de inicios de 1366 como domer de Sant Martí de Vilallonga y a partir del mes de abril del mismo año en otros cuatro préstamos como sacristán de la parroquia de Juià, aunque probablemente combinó ambos beneficios. No en vano, Codina ofreció sumas a las propias comunidades de Vilallonga de Ter y a otras dos parroquias contiguas, la de la Roca de Pelancà y de Llanars, así como a la de Juià, a parte de la de Sant Aniol de Finestres, de la que es posible que fuera oriundo. En las mismas fechas también consta involucrado en operaciones crediticias con otros clérigos del obispado por motivos que ignoramos50.
Ciertamente, la implicación del clero en operaciones de crédito es un asunto pendiente de esclarecer51. De todos modos, existen muchos ejemplos, desde el siglo XII, de eclesiásticos que a título individual prestaron, a través de mutua u otros contratos como comandas, a personas de procedencia diversa. De ahí que cueste imaginar que se impusieran limitaciones al respecto o que estas fueran realmente efectivas52. Esto es lo sucedió, por ejemplo, con la difusión de las rentas vitalicias y perpetuas. En este sentido, en el ámbito concreto de la diócesis de Girona las fuentes de las décadas de 1350 y 1360 contienen indicios del inicio de una controversia sobre la posibilidad de que las personas ordenadas pudieran adquirir violaris y censales hasta el punto de que una constitución sinodal de 1359 lo prohibió53. No hacía referencia explícita, sin embargo, a los préstamos a corto plazo, y tampoco parece que tuviera que afectar a los clérigos actuando en tanto que personas laicas y privadas como aparecen con frecuencia en la documentación. Además, en los años siguientes se expidieron algunas licencias para que ciertos eclesiásticos pudieran adquirir rentas a pesar de la mencionada constitución sinodal54. Y esta práctica se generalizó a partir de las últimas décadas del siglo XIV, cuando en muchas partes del Principado los miembros del estamento clerical, junto a instituciones diversas bajo foro eclesiástico, adquirieron un gran protagonismo en el mercado de la deuda55.
Tabla 1: Prestamistas de créditos a corto plazo de comunidades del obispado de Gerona entre 1364 y 1367

Perfil acreedor	Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje del total
Artesanos ymercaderes deGerona	18	2	20	15,27
Judios	95	6	101	77,10
Habitantes locales	3	3	2.29
Clerigos	7	7	5,34
Total	123	8	131	100

.
Fuente: Elaboración propia a partir de registros citados en la nota 29.
Tabla 2: Compradores de violaris emitidos por comunidades rurales de la diócesis de Gerona entre 1365 y 1367

Perfil acreedor	Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje del total
Artesanos yescribanos deGerona	27	15	42	58,3
Mercaderes yjuristas de Gerona	1	2	3	4,17
Ciudadanosacaudalados deGerona	2	4	6	8,33
Habitantes locales	18	3	21	29,17
Total	48	24	72	100

.
Fuente: Elaboración propia a partir de registros citados en la nota 29.
Pasando a observar ahora a los compradores de violaris de las comunidades rurales gerundenses, el perfil cambia radicalmente en comparación con los que concertaron mutua (tablas 1 y 2): los habitantes cristianos de Gerona se erigen como el colectivo mayoritario. En especial, abundan los pertenecientes al sector artesanal o la considerada mano menor dentro de la comunidad política de la ciudad $( 5 8 , 3 \%$ ), frente a unos porcentajes mucho más modestos de ciudadanos pudientes y de mercaderes y juristas $( 8 , 3 \mathrm { ~ y ~ } 4 , 1 \%$ respectivamente). Se podría deducir que el perfil de los acreedores variaba según la envergadura de la operación, o sea en función de las dimensiones de la localidad que emitía la renta, siendo los ciudadanos más ricos los compradores de los violaris de mayores precios. Sin embargo, la lógica no siempre se cumplía. Entre los que adquirieron las rentas vendidas a un capital superior (entre 1613 y 812 s.b.) por algunas de las comunidades que nos ocupan hallamos, ciertamente, el ciudadano del estamento superior Francesc Sampsó, comprador de una renta vendida por los vecinos de Corçà, o Arnau de Montrodon, probablemente un hijo bastardo del obispo de Gerona homónimo (1335-1348) que residía en la misma capital gerundense y que adquirió un violari del lugar de Peratallada56. Ahora bien, los otros compradores de rentas elevadas son un tabernero, Guillem Viladevall, un escribano, Pere Puig y un zapatero, Pere Rossell.
Aún así, es cierto que, en términos porcentuales, el mercado de la deuda se muestra más bien segmentado. Si comparamos la radiografía general de compradores de rentas emitidas por comunidades rurales entre 1365 y 1367 (tabla 2) con las de los acreedores del municipio de la ciudad de Gerona en un año cercano como 1371, el contraste resulta evidente57. Mientras que con respecto a la deuda de la capital el patriciado local, junto a mercaderes y juristas, acumulaban un $7 1 \%$ de los títulos, como hemos visto, estos miembros de la franja superior de la sociedad gerundense sólo se hicieron con un $1 2 \%$ de los instrumentos vendidos por las corporaciones de vecinos de parroquias rurales, quedando poco más de la mitad de ellos en manos de artesanos y otros profesionales de nivel intermedio, colectivo que dentro de las rentas emitidas por el municipio gerundense sólo representaba un $1 2 { , } 1 3 \ \%$ .
Más allá de las diferencias según la institución concreta que se tome como referencia, lo que es innegable es que la ciudad de Gerona devino una capital financiera de importancia indiscutible en el noreste catalán y a la que acudieron corporaciones de un radio geográfico considerable58. Con todo, también resulta evidente que este mercado, fruto del aumento de la presión fiscal, no se vio únicamente restringido a dicha capital ni constituyó la reserva de una elite como tradicionalmente se había sostenido59. Cuando lugares de entidad diversa tuvieron que satisfacer los pagos de donativos, sus representantes acudieron a artesanos y a otros habitantes de las capas medias de los grandes núcleos urbanos. Podemos acabar de comprobarlo cotejando el listado de inversores que hemos elaborado con el registro derivado de la recaudación de un impuesto directo del año 1360 y en el que constan un total de 1860 contribuyentes60. Con este procedimiento conseguimos identificar 34 individuos (incluyendo viudas de vecinos aún vivos en 1360) dentro del total de 51 documentados como compradores de censales emitidos por comunidades rurales del área de Gerona. Así constatamos que ninguno de ellos formaba parte del $1 \%$ de contribuyentes más ricos de la ciudad. A pesar de ello, un $4 4 \ \%$ integraban el decil superior61. Otro $2 6 \%$ del colectivo ya se situaba en el siguiente eslabón, el decil noveno62. Finalmente, el $3 0 \%$ restante presenta un volumen de contribución que les relega al octavo decil (cinco casos) o séptimo (dos), e incluso cuarto, tercero y primero en tres casos distintos, aunque uno de ellos sea un tanto dudoso al tratarse de un notario que probablemente se benefició de una exención parcial en el reparto de la derrama.
Asimismo, las comunidades que se endeudaron a través de la venta de violaris muy a menudo hallaron compradoras femeninas63. Concretamente, adquirieron instrumentos financieros de las corporaciones locales gerundenses mujeres de artesanos (un $3 6 \%$ de los censalistas de este grupo), de mercaderes y juristas (2 de los 3 representantes de esta franja) y de ciudadanos más opulentos (4 de 6). Todas eran, en cualquier caso, viudas dispuestas a invertir sus ahorros en rentas vitalicias y tres de ellas, el patrimonio que administraban temporalmente como tutoras de sus hijos64.
Probablemente, la cronología constituye un factor básico en los resultados de la presente muestra. Del mismo modo que, una rápida comparación entre el perfil de los principales compradores de las rentas emitidas por la corporación municipal de Gerona en 1371 con respecto a los acreedores de las comunidades rurales de su obispado entre los años 1364 y 1367 pone de relieve un mercado bastante segmentado, cotejando coyunturas distintas tal vez se advirtieran también cambios significativos. Dicho de otro modo, no debemos descartar que la gran oferta de títulos de deuda de los años de la Guerra con Castilla abriera el mercado a inversores con menos recursos que en otros momentos no tuvieron ocasión de comprar violaris o censales65. De todos modos, aún no disponemos de investigaciones suficientes que nos permitan sostener si las grandes fortunas urbanas coparon o no las operaciones en fases posteriores durante los últimos decenios del siglo XIV o las décadas centrales de la centuria siguiente, cuando muchas universitates de núcleos de escasa entidad tuvieron que endeudarse de nuevo por motivos varios, En realidad, existen numerosos indicios de que, amén de ciudadanos, juristas o mercaderes, artesanos o gente menos adinerada continuaron adquiriendo censales, al igual que, como insistiremos, lo hicieron bastantes habitantes de las mismas parroquias con carácter rural u de otras pequeñas localidades cercanas66.
Por último, más allá de su potencial económico, al igual que hemos hecho con los prestamistas que concertaron mutua, debemos preguntarnos si los residentes en la ciudad de Gerona tenían algún tipo de vínculo con las comunidades a las que proporcionaron crédito. Hasta cierto punto, esto no constituía un requisito, ya que hay pruebas suficientes de que en buena parte de la Corona de Aragón ya existían durante este periodo unos mercados impersonales para todo tipo de productos financieros67. Ello no obsta, sin embargo, para que algunos de los menestrales y taberneros que participaron en las campañas analizadas hubieran podido mantener relaciones comerciales con vecinos de estas parroquias rurales. Además, se constata que tres de los acreedores que nos ocupan habían nacido en las comunidades donde adquirieron rentas y en algún momento habían emigrado a la capital gerundense conservando durante tiempo relaciones a varios niveles68. Se trata, en concreto, de Bernat Albet, natural de Vilafraser, y posiblemente del escribano Pere Puig y Francesc Rasedor, oriundos, respectivamente de los lugares de Viladasens y Parlavà69.
2.4. $\mathbf { \Delta } _ { \mathbf { \hat { \phi } } } ^ { \mathbf { \Delta } } \mathbf { Y }$ los campesinos o los habitantes de parroquias rurales?
Sin discutir el peso del capital urbano en todo el proceso, no debería negligirse el porcentaje del $2 9 , 1 7 \%$ de habitantes en áreas rurales que adquirieron rentas. Su identidad y trayectorias nos son mucho menos conocidas que las de los residentes en la ciudad de Gerona, debido al número reducido de estudios locales y a la dificultad de llevar a cabo un vaciado exhaustivo de los fondos notariales, además de archivos eclesiásticos o patrimoniales, en el que podrían hallarse noticias al respecto. Con todo, las exploraciones realizadas hasta el momento nos permiten vislumbrar que algunas de estas personas que vivían en lugares sin núcleos de población consolidados y que contribuyeron a financiar su deuda eran, por ejemplo, miembros de lo que en los últimos tiempos se ha dado en llamar élites rurales70. Algunos responderían a figuras arquetípicas como los coqs de village, tan difundida por la historiografía francesa, o sea, individuos que, aún siendo simplemente poseedores de explotaciones agropecuarias, destacaban por su riqueza y a la vez poder e influencia dentro de la comunidad campesina, a menudo gracias a la labor de intermediación que ejercían como bailes de los señores del territorio71.
Uno de los mejores ejemplos es el de Jaume Teixidor de Sarrià de Ter, acreedor de su propia localidad. Sabemos por su testamento que era campesino de remença del monasterio de Sant Pere de Galligants de Gerona y, a pesar de ello, fue capaz de destinar 800 s.b. a legítimas de sus hijos al margen del primogénito y heredero universal72. Otro ejemplo es el de Pere Llunell de Celrà. También hombre propio de una institución eclesiástica, en su caso la pavordía llamada de mayo de la catedral gerundense, tenía posesiones en las que cultivaba pastel y ejerció un rol protagonista en ciertas iniciativas legales que implicaban varias parroquias de las afueras de Gerona. Su hijo homónimo, mejorando aún el estatus de su progenitor, pudo comprar una torre o casa fortificada. Otro hijo, en cambio, denominado magister in artibus, cursó estudios superiores73. Finalmente, a propósito de un Guillem Samasó de la parroquia de Sant Joan de Mollet, tenemos indicios de que era miembro de una de las familias campesinas más poderosas y con mayor patrimonio inmobiliario del lugar74. En suma, muchos de ellos demuestran un notable potencial financiero a pesar de su actividad eminentemente ligada a la tierra75. Por ello, se entiende que algunos llegaran a comprar censales emitidos por la ciudad de Gerona durante el decenio de 1370. El mismo Pere Llunell adquirió un violari del municipio gerundense en $1 3 7 4 ^ { 7 6 }$ .
Por otra parte, hay que tener en cuenta que un segmento del mencionado grupo de acreedores residentes en parroquias rurales no ofreció crédito a sus propias comunidades, sino a otras cercanas a su domicilio. En este sentido, Berenguer Esteve, habitante de Juià, y el citado Pere Llunell de Celrà compraron rentas a la parroquia vecina de Sant Martí Vell; Pere Ferrer de Creixells de Borrassà lo hizo a la comunidad de Santa Llogaia d’Alguema, lugar del que precisamente era originario Guillem Roig, acreedor de Vilafant y de la universitas de los fuegos eclesiásticos y nobiliarios de Borrassà. Finalmente, dos habitantes de la villa de la Bisbal d’Empordà, uno de ellos el comerciante de telas Joan Miró, adquirieron violaris de los habitantes del lugar de Cruïlles77. Todo ello nos dibuja un mapa con flujos crediticios en muchas direcciones y capitales en circulación de distintos orígenes78.
En definitiva, cabe preguntarse hasta qué punto el sistema fiscal implementado durante las sucesivas guerras de las décadas centrales del Trescientos consistió en un proceso difundido estrictamente desde los centros urbanos o bien pudo aprovechar muchas dinámicas ya existentes en entornos menos poblados. En este sentido, aparte de que la historiografía ya ha demostrado que las áreas rurales estaban perfectamente integradas con los distintos mercados, también se ha puesto en evidencia el desarrollo, desde al menos el siglo XIII, de mecanismos comunitarios para la conservación de las iglesias parroquiales u otras instalaciones similares que podían funcionar sin la supervisión de instancias superiores79. Al mismo tiempo, existían obviamente todas las estructuras de captación de rentas y obligaciones diversas en moneda o en especie al servicio de los distintos señores (recordemos que podían ser varios en un mismo lugar). De ellas, además, surgió un círculo de individuos o familias con una dedicación especial a estas tareas o que invertían en la licitación de la colecta de exacciones80. De algún modo pendiente de precisar debieron de relacionarse con los fenómenos aquí descritos.
3. CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS DE ESTUDIO.
En conclusión, este artículo pretende mostrar la difusión, tanto en términos geográficos como sociales, de la deuda pública y apuntar algunas de sus implicaciones en las comunidades rurales de la Corona de Aragón en base al ejemplo del noreste catalán durante la segunda mitad del siglo XIV. Se ha constatado que, como consecuencia de las demandas fiscales ligadas a duras contiendas como la Guerra de los Dos Pedros, se generalizaron a todos los niveles de poblamiento instrumentos de crédito para el endeudamiento colectivo. Se trataba no sólo de préstamos a corto plazo con un elevado interés, sino también de rentas vitalicias (violaris), modalidades a las que hasta las comunidades más pequeñas y con población mayoritariamente campesina pudieron recurrir gracias a su capacidad para acceder al crédito y a la solvencia que transmitían.
Al mismo tiempo, el estudio de caso de las parroquias rurales de la diócesis de Gerona entre los años 1364 y 1367 nos permite observar que las necesidades de moneda para pagar las sumas requeridas por los banqueros al servicio de las Cortes favorecieron el desarrollo de un mercado financiero en el que distintos estratos de la población urbana jugaron un papel muy importante. De esta manera, se reprodujeron bastantes patrones ya existentes en las relaciones comerciales y financieras a nivel privado. Aún sí, no debe obviarse la participación de un colectivo heterogéneo de campesinos acaudalados y otros habitantes de parroquias rurales. Esta observación invita a superar visiones marcadas por el tópico de unos centros urbanos que se aprovecharon de la pasividad del campo y, a su vez, nos lleva a formularnos muchas más preguntas acerca de las consecuencias de la fiscalidad en la vertebración de las comunidades campesinas.
De entrada, cabría valorar si el endeudamiento de las comunidades rurales o de los lugares con escasa entidad demográfica era un fenómeno totalmente exógeno. De ahí la importancia de insistir en las condiciones requeridas para que estas comunidades se endeudaran colectivamente contrayendo un mutuum o emitiendo una renta vitalicia. A grandes rasgos, cualquier agrupación de vecinos de una parroquia o, según las circunstancias, de vasallos de un señor jurisdiccional, con independencia de su densidad demográfica o diversidad socioeconómica, podía ser concebida como un cuerpo jurídico capaz de endeudarse desde el momento en el que la suma debida era garantizada por las personas y bienes que formaban dicho colectivo81. En este sentido, el amplio despliegue que se aprobó en las Cortes de los años 1364 y 1365 demuestra que, a pesar de la situación de emergencia, el rey y los estamentos creyeron en la viabilidad de estas entidades jurídicas, sobre todo si tenemos en cuenta que anteriormente, incluso durante el primer tramo de la Guerra de los Dos Pedros, se había optado por recaudadores nombrados directamente desde la administración real y métodos más expeditivos82. Asimismo, los financieros que aceptaron anticipar grandes cantidades de dinero confiaron en la solidez de las seguridades que prestaron cada una de las universitates con el compromiso de satisfacer las sumas repartidas vía fogaje. Y, en tercer lugar, resulta también significativo que estas comunidades, para hacer frente a tales cantidades, consiguieron crédito a través de distintos instrumentos, y sólo en ocasiones esporádicas tuvieron que recurrir a obligaciones o hipotecas de carácter especial83. En otras palabras, si no hubieran reunido condiciones que les convirtieran en entidades fiables a ojos de los mercados, no habrían conseguido préstamos de un perfil variado de acreedores. Algo que también tenía mucho que ver con el nivel de integración de los mercados y los mecanismos institucionales que los promovían, regulaban y daban protección en la Cataluña y la Corona de Aragón de la baja Edad Media. En consecuencia, las estrategias fiscales y financieras impulsadas en un contexto de gran presión fiscal como el de la Guerra contra Castilla probarían el relativo grado de cohesión y solvencia que las comunidades locales habían alcanzado en aquel momento.
En una línea similar, varios autores han argumentado que las demandas fiscales constituyeron un elemento crucial en la consolidación de las administraciones municipales o concejos en un largo proceso que arranca en la segunda mitad del siglo XIII84. Desde esta perspectiva resulta claro que las enormes sumas prometidas en las asambleas estamentales celebradas durante el periodo que nos ocupa, junto a la diversidad de mecanismos que se orientaron a su recaudación (en esencia, sindicatos, promesas colectivas, reparto de las obligaciones mediante derramas u otras exacciones), contribuyeron a fortalecer el entramado institucional de los entes locales. Estos mecanismos, a diferencia de campañas anteriores con un rol preponderante de los comisarios reales o representantes de los brazos, entonces pasaban a ser controlados en una parte importante por los propios vecinos. La deuda contraída a medio o largo plazo, con el pago de los intereses periódicos e hipotéticas operaciones de reducción de intereses o redención, tendió a favorecer la continuidad del sistema, en la línea del camino que las ciudades y villas de realengo ya habían iniciado durante las décadas de 1330 y 1340. Como consecuencia de la Guerra de los Dos Pedros y de otros ciclos fiscales posteriores, a lo largo de las décadas siguientes el fenómeno se extendió progresivamente y a una escala menor hacia comunidades más pequeñas.
Así constatamos que en las últimas décadas del siglo XIV algunas parroquias rurales experimentaron cierto afianzamiento de unos órganos políticos propios. Por ejemplo, lugares del área más cercana a Gerona como Celrà vieron como, a partir de 1380, sus habitantes eran autorizados a reunirse periódicamente y a elegir representantes que debían administrar los recursos comunes o imponer tasas para hacer frente el pago de la deuda censal que se había emitido desde mediados de 1360. Todo indica que el detonante concreto de la concesión que obtuvieron los vecinos de parte del infante Juan, primogénito de Pedro el Ceremonioso, fue un proceso de enajenación de la jurisdicción de la parroquia a un rico ciudadano gerundense85. Como en otras localidades del principado, sus habitantes tuvieron que reunir el capital necesario para recuperarla y volver al realengo en el marco de una negociación en la que los esfuerzos económicos se intentaron compensar mediante concesiones de orden político86. Todo ello nos confirma que los procedimientos desarrollados con el aumento de la presión fiscal y el endeudamiento colectivo, ya fuera como resultado directo de la guerra o de otras dinámicas del último tercio del siglo XIV que aún está pendiente reconstruir con detalle, coadyuvaron a la solidificación de las estructuras de regimiento en comunidades rurales.
Por otra parte, como se ha advertido en otras latitudes, una comunidad rural en ningún momento constituyó una “afiliación de iguales”87. En consecuencia, las instituciones apuntadas probablemente reflejaban jerarquías y diferencias sociales preexistentes. En este sentido, cabría preguntarse si las estrategias adoptadas por las corporaciones durante la coyuntura de mediados del siglo XIV contribuyeron a acentuar aún más las diferencias. Ciertamente, son necesarias muchas más investigaciones para responder a este interrogante. Donde la disponibilidad de fuentes lo permita, hacen falta más estudios de caso a varios niveles88. Deberían incluir, entre otros elementos, el análisis de la composición socioeconómica de una comunidad concreta en un momento previo al último tercio del siglo XIV, así como de la dinámica específica de contribuciones fiscales y endeudamiento vivida durante dicho periodo y más allá, con efectos, obviamente, no siempre positivos, tal y como se ha constatado en varios territorios de la Corona de Aragón donde se padecieron verdaderas espirales de deuda e incluso bancarrotas89. En cualquier caso, estas investigaciones tendrían que identificar a continuación los principales actores en la gestión de las rentas y el ejercicio de la jurisdicción, compararlos con los síndicos, prestamistas y otros protagonistas en los mencionados ciclos fiscales y, finalmente, realizar un seguimiento durante una etapa que cubra un par o tres de generaciones de la evolución de la sociedad local a partir del punto inicial escogido. Insistimos que todo ello con el fin de observar un posible aumento de las desigualdades en el seno de las comunidades.
En definitiva, deben proseguirse los estudios para poder determinar, sin ir más lejos, el grado de fiabilidad de las quejas del poseedor del manso Costa de Batet acerca de los daños causados por la fiscalidad en su explotación agraria a mediados de la década de 1360. Debe comprobarse si el suyo era un caso habitual o más bien aislado, pero susceptible de ser amplificado por la historiografía centrada en los siglos XIV y XV, a veces demasiado pendiente del jinete de la guerra y su escudera, la fiscalidad. Sea como fuere, de lo que no hay duda es de que la coyuntura de los años de la Guerra con Castilla y la consiguiente presión fiscal y endeudamiento aceleraron procesos decisivos para la evolución de las comunidades rurales de la Corona de Aragón.
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