El reconocimiento de la hidalguía durante el siglo XVIII: su reformulación como calidad civil y política.
The recognition of the hidalguía during 18th Century: its reformulation as civil and political quality.
Jorge PÉREZ LEÓN Universidad de Valladolid.
Resumen:
A lo largo de la Edad Moderna la hidalguía experimentaría una significativa evolución conceptual. A finales del Antiguo Régimen, la pérdida de sus rasgos medievales y su conversión en una realidad jurídica regulada por el Estado serían algunas de sus características más destacadas. En este trabajo analizaremos los factores de la transformación de la hidalguía en un estatuto jurídico estrechamente fiscalizado y al servicio de la monarquía absolutista. Para ello, hemos elegido como eje de la investigación los procesos de hidalguía incoados ante las Reales Chancillerías que, como aquí demostraremos, no solo sirvieron como instrumentos para supervisar el acceso a la hidalguía sino que además son una plasmación de la nueva identidad adoptada por la nobleza borbónica: la de un estamento subordinado y dependiente de la Corona.
Palabras clave: Hidalguía; Real Chancillería; Siglo XVIII; Justicia real; Procesos de hidalguía; Absolutismo.
Abstract:
Throughout The Modern Age the hidalguía suffered a serious conceptual evolution. At the end of the Ancien Régime the loss of the medieval features and its conversion to a legal reality regulated by the State were one of the most prominent characteristics. In this research we analyze the transformational factors of the nobility in a legal statute closely regulated which was at the service of the absolutist monarchy. In order to analyze it we have chosen processes of hidalguía initiated in the Royal Chancelleries as the core idea of the research, demonstrating that, their utility was not only as instruments used to supervise the access to nobility, but, what is more, they are a form of the new identity adopted by the Bourbon nobility; the subordinate state which depends on the crown.
Keywords: Hidalguía; Real Chancillería; $1 8 ^ { \mathfrak { m } }$ Century; Royal justice; Processes of hidalguía;
Absolutism.
El advenimiento de los Borbones al trono español supuso un punto de inflexión en la evolución de la nobleza hispana con la puesta en marcha de una serie de reformas que transformaron la concepción y la estructura de un estamento en franca decadencia. Siguiendo el ideario absolutista, el objetivo de la Corona era conseguir la completa subordinación de la nobleza a sus designios. Ello se logró principalmente potenciando su apetencia por mercedes nobiliarias, pero también con medidas más novedosas y menos visibles, como el reforzamiento del control sobre los accesos al estamento. En las siguientes páginas comprobaremos cómo esta supervisión regia -irónicamente- afectó especialmente a aquellos que ya formaban parte del grupo privilegiado y, más concretamente a los pequeños hidalgos, que se vieron obligados a acudir en masa a las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada para no verse desposeídos de su condición.
No está de más recordar la célebre frase atribuida al conde-duque de Benavente, dirigida al rey: “Señor, Vuestra Majestad puede crear Grandes de España, pero no hidalgos; los hidalgos sólo los hacen Dios y el tiempo”. Tal y como demostraremos a lo largo de este trabajo esta máxima, estandarte de la nobleza de más rancio abolengo, no era más que un pretencioso elogio que la Historia se encargaría de desmentir. No pretendemos aquí cuestionar el fundamento mismo de la hidalguía de sangre, la herencia, sino reflexionar sobre la obligatoriedad de estas declaraciones judiciales emitidas por los tribunales reales, que legitimaban el disfrute de los privilegios propios de su estado.
Y es que, en determinadas ocasiones, la posesión de una calidad transmisible por herencia -como era el caso de la hidalguía de sangre- precisaba de la anuencia de estos tribunales, representantes judiciales del monarca, para hacerse efectiva. Si era la justicia real la que tenía la última palabra sobre el estado que correspondía a los individuos, ¿no se convertían entonces estos reconocimientos en una suerte de concesión regia? Sobre este particular vertebraremos nuestra investigación.
Tradicionalmente el estudio de los procesos de hidalguía ha quedado reservado al mundo de la genealogía, la cual, generalmente, no profundizaba en el significado y trascendencia de estos documentos, limitándose a describir su contenido para el estudio de genealogías1 . Finalmente, en las últimas décadas, hemos podido asistir a una profunda crítica y revisión de estas informaciones genealógicas tal y como ha sucedido en el ámbito de la Historia Social que ha tenido en Domínguez Ortiz y Soria Mesa a sus máximos exponentes2 . Sin embargo, la verdadera reinterpretación y puesta en valor de los procesos de hidalguía como instrumento de la autoridad regia ha procedido de la Historia del Derecho, especialmente a partir de los trabajos de Luis Díaz de La Guardia quien, contextualizando estos procesos dentro de una dinámica histórica, ha percibido su importancia como instrumento de unión y subordinación de la nobleza a la Corona3 .
En estas páginas indagaremos en dos aspectos fundamentales para comprender la renovada conceptualización de la hidalguía de finales del Antiguo Régimen. En primer lugar, la interpretación de la hidalguía como una calidad civil y política, en detrimento de la noción que primaba la sangre como elemento articulador de la misma; en segundo lugar, la plasmación del ideario de la nueva hidalguía borbónica a través del estudio de la teoría forense y la casuística que rodea los procesos de hidalguía incoados ante la Real Chancillería de Valladolid.
1. Contexto histórico.
A finales del siglo XVI el estamento nobiliario castellano era uno de los más numerosos de toda Europa ya que representaba casi un $10 \%$ de la población. Es lo que Meyer denomina noblesses populaires o noblezas populares, que originan un estamento con fuertes desequilibrios económicos y sociales a nivel interno que se hallan encubiertos bajo una misma figura jurídica: el estatuto de nobleza4 . La desmesurada magnitud del grupo privilegiado en Castilla se mantendría prácticamente estable hasta el comienzo de las reformas ilustradas durante el siglo XVIII.
La mayor parte de este estamento estaba formado por una baja nobleza, caracterizada, entre otros aspectos, por una notable disparidad en su distribución espacial. En las zonas rurales del norte -especialmente en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa y norte de Burgos y de León- gran parte de su población se consideraba hidalga lo que, en palabras del profesor Alberto Marcos, generaba una indiferenciación social por arriba5 con independencia de la ocupación y recursos económicos, restando valor a la posesión de la hidalguía. En cambio, en la Meseta norte y Galicia los porcentajes descendían claramente rondando apenas el $10 \%$ de su población total. En el sur peninsular, la hidalguía era una calidad casi excepcional en zonas de Andalucía y se concentraba preferentemente en núcleos urbanos6 .
La pérdida de su naturaleza minoritaria supuso, en consecuencia, una vanalización de la hidalguía -entendida en su sentido etimológico- que, a su vez, erosionó el crédito de la nobleza como estamento privilegiado. Como consecuencia de esta crisis identitaria se produjo no solo un cuestionamiento abierto del hidalgo por parte de muchos sectores de la sociedad. Todo ello queda bien reflejado a través de las feroces sátiras de la literatura y el teatro del Siglo de ${ \mathrm { O r o } } ^ { \dagger }$ , así como en la aparición de tratados que invitaban a una recuperación de las virtudes nobiliarias como Los Discursos de la Nobleza de España de Moreno de Vargas8 .
En vista de tales antecedentes, parece claro que a inicios del siglo XVIII existía un ambiente más que propicio para promover reformas. Así, los sucesivos gobiernos borbónicos trataron de modificar la estructura y funcionalidad del estamento nobiliario, reduciendo su número e incentivando el mérito personal y el servicio a la Corona como fundamento de la nobleza9 . No obstante, los intentos de subordinar la nobleza y, concretamente, de supeditar su reconocimiento jurídico a la Corona tienen origen mucho antes, durante los reinados de los primeros Trastamara10. La creación de Salas de Hijosdalgo dentro de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada durante la Baja Edad Media fue una respuesta ante el crecimiento desmedido del estamento y constituyó un hito en cuanto al control regio sobre el acceso al mismo. Esta función fiscalizadora no era meramente simbólica sino que también perseguía proteger los intereses hacendísticos del Rey, que podían verse damnificados en el caso de producirse una disminución de los contribuyentes pecheros. De este modo, la exención fiscal se constituyó en la auténtica causa metajurídica de los pleitos de hidalguía, por encima incluso del fondo mismo de los litigios: la determinación de la hidalguía de una persona11. No obstante, lo cierto es que el interés hacendístico de los pleitos fue desapareciendo a lo largo de la centuria tras la supresión de cargas de pecheros como la moneda forera en $1 7 2 4 ^ { 1 2 }$ y especialmente la del servicio ordinario y extraordinario en $1 7 9 5 ^ { 1 3 }$ , reemplazados por impuestos indirectos que gravaban uniformemente a toda la población 14.
Desde el siglo XV los reyes se dedicaron a legislar ininterrumpidamente en materia de hidalguía, haciendo especial hincapié en lo relativo a la buena práctica en las probanzas presentadas ante las Salas de Hijosdalgo. Sin embargo, esto no resolvió en absoluto el problema de las intrusiones, que se originaban en los propios concejos como consecuencia de la parcialidad de regidores, justicias locales y empadronadores15.
Enrique III, en un intento de poner coto a este problema, ordenaría a los concejos que notificasen a los alcaldes de Hijosdalgo toda solicitud de recibimiento de nuevos vecinos hidalgos lo cual no impidió que algunos concejos hiciesen caso omiso y continuaran actuando a su entera discreción16. Este panorama cambió radicalmente con la entronización de Felipe V. Decidido a poner fin a estos desmanes el Consejo de Castilla recuperó la mencionada ley de Enrique III y la dotó de la suficiente fuerza para que fuese cumplida. Es el conocido real auto acordado de 30 de enero de 1703 por el cual se establece que:
“Los ayuntamientos de las ciudades, villas y lugares de estos reinos no hagan recibimientos de hijosdalgo de personas algunas sin que preceda la justificación que se dispone por la ley del Señor don Enrique, Nona del Título Once del libro Segundo de la Recopilación con precisa obligación de dar cuenta dentro de un mes al fiscal de la Chancillería de los que hubiesen hecho apercibimiento de proceder contra ellos y de que se les hará cargo en la residencia que se les tomare así a los capitulares que se hallaren en dichos recibimientos como a los escribanos de su alistamiento y de la justificación que procediere a cada uno de dichos recibimientos para que vistos por dicho fiscal siendo legítima y conforme a la ley no pida cosa alguna y no lo siendo pida se despache provisión con inserción de ella y se proceda conforme a derecho y en caso de pedirse por el recibido testimonio de lo que se decidiere en estos casos a su favor se le dé con la calidad de sin perjuicio del Patrimonio Real así en el juicio de propiedad como en el de posesión y para todo ello se dé el despacho necesario…”17.
Este real auto acordado afianzaba definitivamente la autoridad de las Salas de Hijosdalgo como instancias decisorias en la calificación del estado de los individuos, despojando de dicha competencia a ayuntamientos y concejos locales que no podrían efectuar recibimientos sin el consentimiento último de la Sala. Concurrir ante estos tribunales regios se convirtió a partir de entonces en un paso imprescindible para obtener el reconocimiento de la hidalguía. Simbólicamente, de este procedimiento se deducía que el Soberano, cuya autoridad se hallaba representada por los alcaldes de Hijosdalgo, era el garante último de la hidalguía18. De acuerdo con este razonamiento propio del pensamiento absolutista, los despachos de hidalguía librados por la Sala de Hijosdalgo se convertían en una suerte de concesión real por su dependencia de la conformidad del Soberano, origen de toda clase de mercedes y reconocimientos.
La generalización de estos procedimientos de admisión significó que para dirimir el goce de la hidalguía ya no era preciso entablar un costoso litigio entre partes, es decir, un pleito de hidalguía sino que podía solventarse mediante estos procesos sumarios, denominados genéricamente expedientes provisionales de hidalguía que reconocían la posesión de la hidalguía en una localidad en particular19. A partir de 1703 esta vía procesal, de tramitación más rápida y menos costosa que los pleitos, logró una gran difusión entre aquellos hidalgos que, por unas u otras razones, precisaban acreditar su condición. Las consecuencias no tardarían en hacerse visibles. Los sucesivos censos y catastros realizados a lo largo del siglo XVIII demuestran un considerable retroceso de la población noble en España:
Tabla 1. Evolución de la población noble durante el siglo XVIII

Ano de censo	1768	1787	1797
Poblacion total	9.309.804	10.404.879	10.541.221
N° de hidalgos o nobles	722.794	480.589	402.059
% de hidalgos o nobles	7,76	4,61	3.81

.
Fuente: MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, La nobleza en España: ideas, estructuras, historia, Madrid, 2008, p. 324.
Aunque lamentablemente no disponemos de datos para la primera mitad del siglo, podemos comprobar los efectos del “desmoche de hidalgos” entre 1768 y 1797, periodo en el que se redujo su número en más de 300.000 personas20, una cifra más que relevante habida cuenta que la población total en esas fechas apenas superaba los diez millones de habitantes. Todos aquellos hidalgos que, pasando a un nuevo vecindario, no justificaban debidamente su condición en las Chancillerías según lo establecido en el auto de 1703 pasaban a formar parte del estado llano. Unos dudosos orígenes, la falta de recursos económicos o probatorios para incoar estos expedientes o incluso el propio desinterés por una distinción social que en muchos lugares apenas representaba preeminencia alguna fueron algunas de las múltiples razones que favorecieron la reducción del estamento en sus capas inferiores2.
Ante la posibilidad de perder la condición privilegiada las declaraciones judiciales de las Reales Chancillerías adquirieron una gran importancia no solo por sus efectos vinculantes sino también por su valor simbólico, codiciadas como un signo más de nobleza. De tal modo que no solo se aprestaron a obtener tales despachos de hidalguía aquellas personas que veían su hidalguía cuestionada sino también personas de reconocido prestigio que deseaban ver perfeccionada su nobleza22. Este sería un síntoma más de lo que Álvarez-Ossorio denomina “quiebra de la distinción social”23 y que se manifiesta a través de la promoción por la apariencia o necesidad de exteriorizar el rango social mediante el consumo suntuario, del cual formaría parte, sin duda alguna, la apetencia por los despachos de hidalguía24. El sometimiento de la baja nobleza se consumaría mediante la integración de la élite hidalga en el aparato estatal, a través de la administración civil y el ejército, transformada en una nobleza de servicio al Estado, al estilo de la “nobleza de toga” francesa25.
Respecto a la alta nobleza, los gobiernos reformistas también procuraron destacar la superioridad del monarca, como cabeza rectora del estamento nobiliario, reforzando la existencia de una nobleza titulada fiel, no basada tanto en la sangre como en los merecimientos, necesarios para acceder a mercedes y cargos26. De este modo la Corona formaba una aristocracia adicta y dependiente del favor regio.
En resumen, podemos aseverar que si bien durante el siglo XVIII no se produjo una modificación sustancial de las bases jurídicas de la nobleza, sí que sobrevino una clara redefinición de las bases teóricas de la misma. Esta reformulación afectó especialmente a su funcionalidad y su justificación, que tendieron a orientarse en favor de la autoridad del monarca absoluto.
Durante los últimos años del Antiguo Régimen parece ser que se intentó dar continuidad al orden estamental adecuándolo a los cambios que demandaba la sociedad y, más concretamente, el Estado, como rector de la dinámica social. Solo así puede interpretarse el “Proyecto de asimilación de las clases distinguidas de distintos estados y dependencias de la monarquía española”, estudiado por Jean-Philippe Luis27. Este proyecto inédito, elaborado entre 1824 y 1828 por los servicios del Ministerio de Hacienda, estructura estas “clases distinguidas” en tres categorías: clero, estado civil (nobleza) y empleados del Estado. Estas, a su vez, se hallan divididas en diez clases según su relevancia en el servicio del Estado. De este modo, el clero está encabezado por las más altas dignidades eclesiásticas; el estado civil por los Grandes de España y caballeros del Toisón de Oro; y los empleados del Estado por los secretarios de Estado y de Despacho de cada ministerio28. En lo tocante al estado civil, en el que se incluye a la nobleza, cabe destacar la dificultad para delimitarla en sus estratos inferiores, entre los que podemos encontrar nobles de sangre, como es el caso de los Hijosdalgo de Castilla, junto a profesiones tan asociadas a las élites liberales como son los médicos y abogados. En cuanto a los empleados del Estado recordemos que una gran parte de este funcionariado procedía de los segmentos medio y bajo de la hidalguía provincial. El peso de esta nobleza en los cuadros administrativos se mantendría tras la implantación del liberalismo en España29.
2. De derecho de sangre a privilegio civil y político.
La centralización del reconocimiento judicial de la hidalguía en las Salas de Hijosdalgo de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada representó la puesta en práctica de una idea que se había ido consolidando a lo largo de la Edad Moderna: la hidalguía de sangre, si bien era una calidad heredada, su legitimación estaba sujeta al dictamen real30.
Probablemente, uno de los más ardientes defensores de esta argumentación fue Bernabé Moreno de Vargas. A mediados del siglo XVII este autor define la nobleza política (o hidalguía entendida como estatuto privilegiado) aquella que “hace al noble del plebeyo, es sola una, y su principio jurídico y verdadero es tomado y producido de la aceptación y gracia del Rey y príncipe, no reconociente superior”31. Por lo tanto, este autor entiende que la noción de nobleza política estaba estrictamente ligada al de hidalguía de privilegio, que sería el origen de toda hidalguía de sangre:
“la nobleza e hidalguía es aquella que los reyes conceden, es muy fácil venir en conocimiento de la nobleza, que proviene por linaje, porque los hijos y descendientes por líneas de varón legítimas, o naturales de aquellos a quienes primeramente los Reyes hicieron hijosdalgo, y les dieron esencialmente la honra y dignidad de la nobleza e hidalguía para ellos y para su posteridad, son asimismo nobles por ser sus descendientes, a cada uno de los cuales en cabeza del primero se les hizo la misma gracia y no porque les venga la nobleza por naturaleza… porque es de saber que lo natural es la filiación, la sangre y el parentesco, y no la nobleza, que esta fue una calidad abstracta dada por el Príncipe, y así no es natural, ni cosa que se introdujo por propagación, ni se infundió con la sangre y substancia de los padres, sino que es meramente civil, y un privilegio y merced del Príncipe”32.
Moreno de Vargas sostiene que el rey no solo tenía potestad para crear nuevos hidalgos mediante privilegios sino que también los hidalgos de sangre le debían su condición y el disfrute de sus privilegios y que precisaban de una declaración judicial para mantener la posesión de la hidalguía allí donde se estableciesen. Es más, el rey podía crear hidalgos de sangre mediante privilegio declarando al padre y abuelo del agraciado descendientes de solares y casas. De este modo “la atestiguación del Rey hace plena y legítima probanza… y así se deben llamar hijosdalgo de sangre los que semejantes declaraciones tuvieren y gozaran de todos los privilegios y honras de que gozan los otros hijosdalgo”33. Como puede observarse, la interpretación de Moreno de Vargas difiere notablemente de la de autores anteriores como la de Arce de Otálora, que defendían que la sangre era el único forjador y transmisor de la virtud y de la verdadera nobleza34.
Ya en el siglo XVIII, Mariano Madramany y Calatayud se manifiesta en el mismo sentido que Moreno de Vargas en su tratado sobre la nobleza de la Corona de Aragón. Así, a la hora de definir nobleza realiza la siguiente distinción, asumiendo la superior autoridad del Rey en cuanto a su reconocimiento legal:
“Debemos pues distinguir para proceder con claridad dos especies de nobleza, la una natural o (hablando con más propiedad) moral, que compete a todos los que ganaron fama y reputación por sus virtuosas y esclarecidas acciones en servicio de Dios, del Rey, y de la Patria; la segunda civil o política, concedida por el Príncipe o por sus leyes; aquella es fundamento, origen o causa; y ésta premio, confirmación o, por mejor decir, legítima declaración de la primera”35.
Centrándonos ahora en la tramitación de los expedientes de hidalguía en las Reales Chancillerías, debemos destacar el papel jugado por los fiscales -que intervenían de oficio en defensa del Patrimonio Real- en la consolidación del principio de hidalguía como privilegio político y civil emanado de la autoridad regia. Para ello no dudaban en recurrir y solicitar a la Sala la desestimación de toda aquella pretensión que no acreditase sólidamente la posesión de la hidalguía. En 1768, el fiscal de chancillería intervendría en contra de la petición de José Cano Bringas, ausente en Indias, demostrando su oposición a toda afirmación de hidalguía que no estuviese apoyado por actos distintivos:
“… la posesión de su hidalguía de esta parte y sus causantes en el pueblo de Valcaba no está acreditada en forma apreciable porque los asientos en los padrones de que se quiera valer no son estimables por no ser distintivos respecto que en aquel pueblo son todos nobles según su afirmativa y cuando se trate de hacer ver esta calidad como al presente, deberán justificarla por los medios conducentes y de otra suerte se les vendrá solo a creer sobre su palabra. Lo segundo porque cuando fuera apreciable semejante posesión de hidalguía puramente mental y de que no se dan actos positivos ni efectivos algunos ni más fundamentos que el decirlo así los mismos interesados no la puede continuar en el día el don José Fernández Cano que se halla ausente en los remotos países de Indias porque la hidalguía es una calidad civil y política inherente e inseparable a la persona y así se debe continuar en los pueblos donde se adquiera el goce de las exenciones a los demás pueblos donde se mantenga el dominio de algunos bienes sujetos a contribución o lo que se llama vecindad real porque lo contrario es invertir el orden natural de las cosas”36.
Por tanto, según el fiscal, la hidalguía era “una calidad civil y política”, es decir, lo que Moreno de Vargas había identificado un siglo antes como aquella que permitía el disfrute de los privilegios y prerrogativas de la nobleza, una merced y gracia de los príncipes y reyes soberanos37. Resulta igualmente significativo comprobar el escaso crédito que se confiere a los testimonios orales -cuya fiabilidad siempre estaba en discusión38- frente a las pruebas documentales. La pretensión de Plácido Huarte Jaúregui, natural de Madrid y oriundo de Echalar (Navarra), sería finalmente desestimada debido a que, según el fiscal, “por no acreditar actos distintivos en las tres personas con exención de pechos por razón de hijosdalgo, y no por otra causa ni motivo. En cuya atención y en la de que son de ningún mérito, ni aprecio las otras particulares que deponen los testigos de la información recibida en la ciudad de Echalar…”39.
Existe, por lo tanto, un evidente antagonismo entre dos concepciones: una, propia de la vieja nobleza y del modo de vida noble, cuyo reconocimiento se percibe a través de la “pública fama y opinión” o percepción subjetiva que la comunidad tenía de un individuo o un linaje, frente a otra, asociada con la nobleza regenerada proyectada por los Borbones, respaldada en evidencias documentales tangibles y objetivas -lo que no significa que estuviesen libres de manipulaciones- como eran los padrones de distinción de estados40. Esta hostilidad respecto a criterios de hecho como la opinión pública sugiere que aún mantenía cierto ascendente sobre la población, cuya memoria se hallaba influida por la pervivencia de mitos genealógicos de escasa credibilidad41. Es el caso de Lorenzo Álvarez de Quirós, vecino de Madrid. Para probar su hidalguía se presentaron varios testimonios de personas notables de la ciudad de Badajoz, donde el pretendiente había residido como paje y secretario de la señora Marquesa de Dragonete. Interrogados sobre si había contribuido en tributaciones de pecheros durante su estancia, uno de los deponentes, regidor de dicha ciudad, respondió que “no se le repartieron contribuciones ni cargas algunas en la ciudad puesto que no las hay y las que hay no se le impusieron con razón a su no vecindad y por estar tenido como noble como lo están en esta ciudad por hijosdalgo todos los de su nación montañeses”42. Esta mistificación del origen, que podía ser útil ante sus convecinos, no tenía la menor trascendencia legal ante la ley tal y como se comprueba en el proceso del santanderino Sebastián de Heras Soto, a cuya pretensión se opuso el fiscal:
“[el pretendiente] no acredita los extremos correspondientes al concepto y reputación a que le auxilia y en que fija su derecho, mediante a que si a la fama, estimación o reputación no se agregan en las tres personas conforme a la Ley aquellos actos que las distingan del estado general es de ningún efecto la sola fama, estimación o reputación; y en su atención y concurrir además la circunstancia de no justificarse tener el interesado vienes ni vecindad en la ciudad de Santander y si hallarse ausente de ella; pide que la Sala siendo servida podía denegarle su solicitud”43.
Como se deduce de esta aseveración, junto a los actos distintivos de nobleza, un segundo aspecto tenido en cuenta en Chancillería era el derecho de vecindad o la posesión de bienes raíces, considerados supuestos legales subyacentes en todo proceso de hidalguía al ser imprescindibles para el goce de toda calidad civil y política. De este modo, solo aquellos que formaban parte del vecindario gozaban de plenos derechos dentro de una comunidad como miembros de una República (Res Publica) y, por lo tanto, solo ellos tenían derecho a ser reconocidos e inscritos como nobles44. Esto afectaba especialmente a los ausentes de sus lugares de origen, caso de Andrés Verde Sañudo, elegido regidor del lugar de San Andrés de Luena a pesar de residir en México:
“El Fiscal de S. M. dice que la pretensión de esta parte no puede tener otro apoyo que el monstruoso abuso con que en muchos pueblos se ha faltado a la observación de las leyes por pasar a alistar en los padrones distintivos a los sujetos ausentes sin advertir que estos se deben formar entre los vecinos de continua y personal residencia y morada en los pueblos por ser la hidalguía una cualidad inherente e inseparable de las personas y de los bienes de que implica la posesión. Donde no hubiere uno y otro y de estas corruptelas nacen otras contravenciones subalternas de las leyes”45.
Queda claro por lo tanto que la intervención de la justicia real en los asuntos de hidalguía suponía la primacía de los razonamientos de derechos sobre situaciones de hecho46. Los movimientos migratorios dentro de la Península generaban situaciones que hacían aún más complicada su aplicación ya que el ánimo de acreditar la hidalguía dependería de diversos factores como el contexto nobiliario en el lugar de acogida, el estatus social e incluso del propio deseo de integración de los propios emigrantes, muchos de los cuales nunca llegaban a integrarse por completo en la comunidad de acogida47. Juan Antonio Sainz de Santayana, oficial de la Contaduría de Tabaco, solicitó su admisión como hidalgo en el ayuntamiento madrileño en 1792, nada menos que 25 años después de su establecimiento en la capital. Interrogado sobre el motivo que había tenido para no haber pedido estado anteriormente, Sainz de Santayana respondería lo siguiente:
“esta villa [Madrid] es patria común y han estado mezclados nobles y plebeyos sin conocerse unos de otros, hasta que en virtud de providencias del Consejo novísimamente se han congregado los nobles y gozan de las preeminencias de que estaban despojados, por cuya razón muchos no han cuidado de pedir estado en Madrid hasta la presente”48.
No menos peculiar era el contexto nobiliario de las provincias vascongadas, concretamente en Vizcaya y Guipúzcoa, donde durante los siglos XVI y XVII se había fraguado una noción de hidalguía de sangre con entidad propia. Aquí la consolidación legal de la hidalguía como calidad civil y política se hallaba estrechamente asociada a la del territorio -entendido este como un solar de nobleza- siendo suficiente con demostrar ser descendiente de sus antiguos pobladores49. El reconocimiento de la “hidalguía universal” de vizcaínos y guipuzcoanos correría paralela a la de su estructura político-administrativa diferenciada dentro de la Corona castellana50. En ambos casos, la consecución de dichos privilegios fue resultado de arduas discusiones teóricas con los fiscales de la Real Chancillería de Valladolid51. Tal y como indica Portillo Valdés, en Guipúzcoa la hidalguía quedó asociada con una nobleza “Natural Secundaria”, es decir, con una virtud personal trasmitida por el lugar de nacimiento, desvinculándola por lo tanto de la nobleza política y civil que, recordemos, era concedida por el Príncipe52. En la práctica, y a pesar del triunfo de esta doctrina, ello no impedía que la hidalguía de estas gentes también estuviese ajustada a Derecho y subordinada a la supervisión de la jurisdicción de la Chancillería a la que estaban obligados a acudir en el momento que solicitaban avecindarse fuera de estos “solares provinciales” de origen: los guipuzcoanos a la Sala de Hijosdalgo mientras que los vizcaínos gozaban de una jurisdicción privativa y debían hacerlo ante la Sala de Vizcaya53.
Esta aspiración a la “hidalguía universal” no tardó en convertirse en una aspiración en los territorios colindantes. A principios del siglo XVIII, aprovechando la inestabilidad política, la provincia de Álava intentaría sin éxito acceder al reconocimiento de un estatuto de “hidalguía universal” similar al que gozaban las provincias hermanas. El privilegio real de 1710, por el que se permitía a las hermandades alavesas realizar las informaciones de filiación de aquellos que pretendiesen avecindarse sin necesidad de acudir a la Sala de Hijosdalgo de Valladolid, constituyó un primer paso hacia esa “república de hidalgos”54. Territorios institucionalmente menos organizados también recurrieron a dicho argumento. Es el caso del valle de Mena (Burgos), “república, en la que no se da vecindad a forasteros, sin que hagan su filiación y la traigan pasada por los señores alcaldes de hijosdalgo de la real chancillería de Valladolid por cuya razón se conservan sus moradores nobles esclarecidos”55.
3. Pretendientes: entre la sangre heredada y el mérito personal.
En los procesos de hidalguía, la parte interesada o supuesto hidalgo de sangre era, lógicamente, como beneficiario del fallo judicial emanado de un tribunal real, una especie de receptor del favor regio. El uso del término “pretendiente”, empleado para identificar a aquellos que concurrían a las Chancillerías, y “pretensión”, para la solicitud al reconocimiento del goce de la hidalguía, resulta revelador y sitúa a los pretendientes a la hidalguía en una posición de suplicantes, similar a la de aquellos que solicitaban cargos o mercedes nobiliarias. Internamente, las peticiones elevadas ante los alcaldes de Hijosdalgo o el Juez Mayor de Vizcaya se asemejan en algunos aspectos a los memoriales elaborados para solicitar títulos nobiliarios, reflejo no solo de méritos sino también de silencios y ocultaciones56. Del mismo modo, en las peticiones de personas de renombre o prosapia familiar se combina sutilmente la mención expresa de actos positivos de hidalguía -pruebas en las que se sustanciaba y dirimía la hidalguía-, con la inclusión de toda clase de méritos personales y familiares en forma de cargos y mercedes nobiliarias -expresión propia de una nobleza de servicio como antes hemos mencionado- y los silencios y omisiones evidentes acerca de cuestiones que los propios pretendientes consideraban que podían revelar realidades socialmente incómodas57.
Nos hallamos, en consecuencia, ante expresiones propias de una nobleza de servicio y de la denominada “economía de la merced”, por la que el individuo que servía al rey lo haría motivado por la esperanza de ser recompensado en forma de cargos y títulos honoríficos58. Considerando que el reconocimiento de la hidalguía de sangre se deducía de los actos positivos constatables en sucesivas generaciones y no como recompensa a un comportamiento meritorio -lo cual solo proporcionaba mayor lustre a su nobleza- no deja de resultar sintomá- tico que los pretendientes se presenten ante los tribunales declarando no solo su ascendencia hidalga sino también los cargos y honores disfrutados. Por lo tanto, en los procesos de hidalguía se emplea el mérito para reforzar las pretensiones de sangre lo que recuerda a la noción del “buen servidor”, cuya presencia constata Guillén Berrendero entre los pretendientes a hábitos de las órdenes militares durante los siglos XVI y XVII59. Este autor observa además la existencia de un conflicto entre la noción de nobleza de origen biológico y la que sostiene su vinculación con el mérito60, una pugna que durante el siglo XVIII daría paso a la complementariedad.
Los poderes notariales otorgados por los pretendientes para incoar a los procesos revelan aspectos interesantes acerca de la figura del pretendiente. Entre los artificios legales que se registran en estos instrumentos se aprecia una clara disposición rogatoria por parte del pretendiente, muy similar a la de aquel que suplicaba mercedes o cargos:
que se comparezca ante el Real y supremo Consejo de Indias y demás audiencias y chancillerías a fin de probar y averiguar su legitimidad, nobleza e hidalguía de casa y solar conocidos, hijosdalgo, provenidos de sus mayores y antepasados…y hasta estar declaradas por el cabildo justicia y regimiento de dicha villa [Reinosa], e impetrar a S. M. su declaración de tales hijosdalgo…”61.
Esta declaración revela una doble naturaleza de la hidalguía: por un lado, se reconoce como calidad heredada pero que, sin embargo, precisa del reconocimiento del Soberano para hacerse efectiva. Esta obligación era aún más fuerte en Indias ya que -ante las restricciones para acreditar la posesión de la hidalguía en Indias62-, no solo debían acudir ante las Chancillerías peninsulares sino que también debían solicitar ante los Reales Consejos la expedición de una cédula auxiliatoria que diese validez legal en América a dichos despachos de hidalguía63. El montañés Manuel José García, vecino de la ciudad de México, otorgaría poder con la siguiente finalidad:
“ante el concejo de la villa de Reinosa y con citación del sindico personero del común y procurador general de ella se produzcan las informaciones de legitimidad, limpieza de sangre y nobleza e hidalguía del otorgante con los que se ocurra ante las Salas de Hijosdalgo de las Chancillerías de Valladolid o Granada donde corresponda, en solicitud de las provisiones o Reales Ejecutorias que se libran a las personas de conocida nobleza como la de el poderdante y ganadas que sean igualmente pidan con ellas al cronista Rey de Armas forme los escudos y árboles genealógicos que les pertenecen…, también le da este poder para que en consecuencia de las asentadas diligencias impetre de la soberanía del Rey Nuestro Señor por sus reales consejos de las Indias las correspondientes Cédulas auxiliatorias que correspondan y conseguidas que sean con las ejecutorias y demás documentos concernientes remitirán al otorgante por principal o duplicado…a fin de que en estos reinos no se les ponga óbice o embarazo alguno para el libre uso y goce de los privilegios, exenciones e inmunidades que como a tal hijodalgo notorio de sangre le corresponden…”64.
Mediante la realización de tales diligencias otros pretendientes, como Andrés Verde Sañudo, perseguían que los tribunales “calificasen su nobleza e hidalguía”65, es decir, que, en vista de las pruebas aportadas, verificasen la posesión de dichas calidades. En los procesos no solo hallamos pruebas consideradas tradicionalmente actos positivos de hidalguía como la inscripción como nobles o hidalgos en padrones de distinción de estados o el desempeño de oficios municipales por dicho estado sino también otros, tales como las relaciones de méritos66, que subrayan ideas como el servicio y la fidelidad hacia el monarca absoluto. Este es el caso del asturiano Toribio Menéndez de Valdés que para ello aportaría la correspondencia mantenida por diversos antepasados con altas dignidades67. La presencia de esta información, de un valor accesorio -por no decir irrelevante- en la determinación de la propia hidalguía -que se comprobaba fundamentalmente acreditando la exención fiscal y el goce de cargos municipales por el estado noble- no tenía otro objetivo que el de demostrar que el pretendiente era un individuo provechoso para la monarquía68.
En la medida de sus posibilidades, es decir, de su estatus social o de lo lustrosa que fuese su ascendencia, los pretendientes tratarían de presentar el mayor número de méritos personales y heredados posibles. Lógicamente, un humilde hidalgo sin antecedentes meritorios ni otra aspiración que la de mantener la posesión de la hidalguía en su localidad se limitaba a acreditar la posesión de la hidalguía y de la exención en las tres personas (abuelo, padre y pretendiente) que dicta la ley; sin embargo, aquellos que gozaban de una acomodada posición social o aspiraban a mejorarla no desperdiciarían la oportunidad de exhibir su condición de individuos meritorios.
Tabla 2. Contenido de los interrogatorios

Noble titulado(1784)	Comerciante(1771)	Burócrata(1787)
Origen pretendientes	Lima (Peru)	Nieva(La Rioja)	Ajo (Canta-bria)
Preguntas formuladas
Legitimidadascendencia	X	X	X
Limpieza de sangre	X	X	X
Hidalguiaynobleza	X	X	X
Exencion fiscal	X
Limpieza delito de lesa majestad	X
Servicio a S.M	X	X
Oficios mecanicos	X
Arreglo de costumbres	X
Solaro linaje de procedencia	X	X	X
Familiares con ejecutoria o pro-vision de hidalguia	X
Familiares agraciados con mer-cedes de nobleza	X	X	X
Familiares al servicio de S.M	X	X

.
Fuentes: ARChV, Sala de Hijosdalgo-pleitos, C. 1140-60 y 1175-15; RegistroVizcainías, C. 14-18.
Para ilustrar esta cuestión hemos tomado como ejemplo varios expedientes de hidalguía incoados personas residentes en Indias, en los cuales se potencia claramente el mérito personal y familiar. Son las informaciones de testigos presentadas a los procesos de un noble titulado, Juan Esteban de la Puente y Castro -marqués de la Puente y Sotomayor- y sus hermanos, el del comerciante riojano Diego Sáenz de Tejada y el de un burócrata Juan de la Roza, contador general de azogues de la villa de Huancavelica (Tabla 2). En vista de las virtudes y mé- ritos atestiguados por cada uno de los pretendientes se observa que cuanto más elevado era el rango social de un individuo, mayores eran las exigencias o requisitos sociales a que estaba obligado, como ocurre con el marqués de la Puente y Sotomayor. En cambio, un burócrata, es decir, un servidor directo del Rey como Juan de la Roza presta especial atención a todo lo relacionado con los servicios propios y familiares realizados. Así, tras exponer los méritos contraí- dos por sus familiares más cercanos, los testigos se explayan en los correspondientes al apellido Riva Agüero, una rama colateral pero de gran relevancia:
“El pretendiente, del lustre y esclarecimiento de su sangre procede por las demás líneas porque tocando en la de Riva Agüero, es constante que en la actualidad se halla su primo segundo, don José de la Riva Agüero de director de las Rentas de Tabaco en el Reino de México, primer ministro en su tribunal y caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III; don Juan, su hermano, Contador General de Propios y Arbitrios del mismo reino; don Francisco, hermano de estos, oficial en el Despacho del Virrey de dicho Reino; don Fulgencio, igualmente hermano de los tres, oficial de estado del Despacho universal de Marina con honor de secretario del Rey y Caballero de dicha Real y distinguida Orden; don Pedro de la Riva Agüero, teniente capitán de navío de la Real Armada y oficial supernumerario del departamento de El Ferrol, don Máximo de la Riva Agüero; todos primos segundos del pretendiente e hijos legítimos de don Manuel de la Riva Agüero, comisario de guerra de Mariana que fue…” 69.
Por su parte, Diego Sáenz de Tejada, un comerciante acaudalado que llegaría a obtener tiempo después un hábito de la orden de Santiago70, tenía unos orígenes mucho más humildes. Natural de la Sierra de Cameros, una comarca aislada y deprimida, podía aportar escasos méritos familiares más allá de los “reales despachos ejecutorios de su nobleza” obtenidos por sus familiares, subrayando que uno de ellos, Martín Sáenz de Tejada era caballero de Santiago71.
Pero los pretendientes no se limitaban afirmar mediante pruebas o testimonios el servicio al rey sino que los cargos y ocupaciones con que aparecen acompañados en las peticiones evocan también esta idea. Ya durante el siglo.
XVI Morell Peguero revela un cierto desfase sociocultural entre los procesos de hidalguía incoados por peninsulares -en Sevilla concretamente- y por indianos. Mientras que entre los primeros observa una constante presencia de comerciantes enriquecidos por el comercio, entre los indianos predominan los conquistadores72, dos grupos que se consideraban acreedores a mercedes y cargos. Durante el siglo XVIII la tendencia a exponer los méritos personales y familiares cobró un mayor vigor. Algunas de las peticiones se convierten en dilatados memoriales que no pocas veces recuerdan más a una relación de méritos que a un proceso de hidalguía. Esta costumbre no solo se constata entre la nobleza más linajuda sino también entre aquellos más cercanos al monarca, tal y como podemos comprobar en la petición de Manuel Marín y Borda, ayuda de Cámara de Su Majestad (Vid. Apéndice II).
A finales del siglo XVIII la noción de hidalguía se encontraba plenamente vinculada al monarca absoluto tal y como podemos observar en el manual de práctica forense del letrado de la Real Chancillería de Granada, Antonio de Orejón y Haro. Resulta verdaderamente interesante su observación acerca de la incompatibilidad de hidalguía con la condición de converso y la relación que estos últimos mantienen con la noción del delito de lesa majestad:
“… porque a la verdad las cualidades de hidalgos, y confeso pugnan entre sí de tal manera, que no pueden reunirse en un propio sujeto, y hacer buena comparsa. Por otra parte: esta clase de personas [conversos] tiene contra sí la presunción de no poder probar título apreciable de nobleza, puesto que sus autores fueron desde el principio infectos, y muy opuestos a los Reyes de España: por lo que no solo se les expelió de estos dominios [...] A que se llega que el crimen de lesa majestad borra toda nobleza $y$ dignidad, $y$ degrada de tal suerte al delincuente, que este, sus hijos, $y$ descendientes quedan absolutamente excluidos de honores, oficios y distinciones en la República: y como el delito más execrable, que el Mundo ha visto, cometido en la Divina Persona de la Majestad de Majestades Cristo Señor nuestro, […] ninguno de estos puede gozar en España los fueros y privilegios de la hidalguía”73.
No resulta difícil apreciar que este alegato sobre el “deicidio”, teñido de aparente furor anticonverso, encubre una clara advertencia para los posibles súbditos díscolos: la deslealtad hacia el monarca no solo deshonra al felón sino también a sus descendientes, descalificando a todos ellos para el goce de cualquier clase de nobleza o privilegio. Esta disertación no es en absoluto gratuita ya que no debemos olvidar que se publicó en 1795, poco tiempo después de la ejecución de Luis XVI en Francia.
La transformación de la hidalguía proyectada por la monarquía consiguió penetrar en la percepción que los propios hidalgos tenían de su propia condición, en la firme convicción de que el servicio a la Corona y el mérito personal eran obligaciones consustanciales al goce de su calidad. De ese modo, la nobleza recuperaba su función en la sociedad pero ahora estrechamente dependiente del favor del monarca.
Consideraciones finales.
Como resultado de las reformas implementadas por los sucesivos gobiernos borbónicos se produjo una reestructuración de la hidalguía, alumbrada al amparo y vigilancia de la monarquía absoluta. La degradación de los miembros improductivos, unida a la integración del mérito personal como una de las virtudes principales de la nobleza, dio lugar a un estamento cuantitativa y cualitativamente distinto al servicio de la monarquía.
En este proceso uno de los factores fundamentales fue la reformulación de la hidalguía como calidad civil y política lo que restaba autoridad al criterio tradicional, fundado en la sangre, y reservaba su reconocimiento a las Reales Chancillerías, representantes de la Corona. Estas, como árbitros imparciales, tratarían de guiar sus decisiones a través de evidencias tangibles y objetivas que enajenasen el reconocimiento de la posesión de la hidalguía de la mera opinión dentro de la comunidad, convirtiéndolo en un privilegio reservado a aquellos que cumpliesen los parámetros dictados por la Corona. Las medidas adoptadas por la monarquía borbónica respecto a la hidalguía pueden resumirse en tres conceptos: reducción, homogeneización y utilidad. Reducción de su número, homogeneización de los criterios de admisión y dotarla de un sentido utilitario que, a su vez, revalorizase la hidalguía, bien a través del reconocimiento (hidalguía de sangre), bien a través de la recompensa (hidalguía de privilegio).
La conceptualización de la hidalguía como calidad civil y política constituyó un hito en su modernización, ya que se abandonaron los planteamientos de origen medieval y se apostó por un estatuto jurídico que, sin dejar de ser privilegiado, ya no se hallaba únicamente determinado por la sangre y el nacimiento. De este modo, la justicia real, antiguamente una simple mediadora en las disputas de concejos e hidalgos, se convertiría en un instrumento de fiscalización decisivo en la transformación del estamento nobiliario castellano.
Estos planteamientos fueron rápidamente asumidos como propios por el conjunto de una nobleza que encontró su razón de ser y su recompensa en el servicio al monarca. En este sentido, los procesos de hidalguía promovidos ante las Reales Chancillerías, bajo una falsa apariencia de reciprocidad, deben interpretarse como un instrumento de subordinación de la hidalguía castellana a la monarquía. El precio a pagar por obtener una declaración legal de su condición heredada sería el reconocimiento de que la justicia real era el árbitro último de la hidalguía.

Apéndice I. Esquema de los procedimientos seguidos en los expedientes.
Apéndice II. Proceso de hidalguía de Manuel José Marín y Borda.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala Hijosdalgo-pleitos, C. 1179-13. Año de 1789.
Petición de Real Provisión de dar estado conocido de Manuel Marín y Borda
[Julio 1789]
Don Francisco Bachiller en nombre de don Manuel José Marín y Borda caballero del orden de Santiago, ayuda de Cámara, jefe de la Real Guardarropa de Vuestra Real Persona, vecino de la villa y corte de Madrid por sí y a nombre de las personas y bienes de don Gerónimo Miguel Marín, su hijo legítimo y de legítimo matrimonio en primeras nupcias de doña Manuela Antonia Marín, y de don Manuel Salustiano, don Julián Cecilio y doña María Gabina Marín Díez de Tejada, también sus hijos y de su actual mujer, doña Ramona Díez de Tejada. Hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don José Marín, teniente general que fue de vuestros reales ejércitos y de doña Ana María de Borda, su mujer; nieto con igual legitimidad del maestre de campo don José Francisco Marín, caballero que fue de la misma orden de Santiago y de doña Teresa Pérez de Mora, vecinos que fueron de la villa de Prado, en el arzobispado de Toledo. Digo que asimismo como su padre, abuelo y demás causantes han sido y son hijosdalgo notorios de sangre y como a tal se les han guardado todas las exenciones, privilegios y prerrogativas así en la citada villa del Prado como en las demás partes donde vivieron y moraron sin actos alguno en contrario y con el motivo de haberse avecindado en la citada villa y corte de Madrid ocurrió a su ayuntamiento y con presentación que hizo de los documentos correspondientes que acreditaron la citada su nobleza y providencia tomada por la Sala [de Hijosdalgo] a instancia de don José Francisco Marín, su abuelo, contra la villa de Prado en veinte y ocho de mayo de mil seiscientos ochenta y tres, pidió que dicho ayuntamiento de Madrid, le diese y señalase el citado estado de hijodalgo que le corresponde, en cuya vista y practicadas las correspondientes diligencias y lo expuesto en vista de ellas por el diputado del común por ausencia del procurador, se le ha reconocido por dicho ayuntamiento como todo se patentiza de las citadas diligencias que con poder especial del citado mi parte presento y juro; en cuya atención a Vuestra Alteza suplico que habiéndolas por presentadas se sirva, aprobando el citado reconocimiento, mandar despachar a mi parte vuestra real provisión de un mismo acuerdo en la forma ordinaria que es justicia que pido, etc.
[Rúbrica] Bachiller.
Traslado; en relaciones, Valladolid y julio veinte y uno de 1789
[Rúbrica] Ajo
[Alegación del fiscal a la pretensión anterior]
El Fiscal de Su Majestad, en uso del traslado antecedente, contradice en debida forma la pretensión de esta parte por no acreditar posesión de hidalguía ni derecho a ella conforme a la ley. Por lo que pide que la Sala [de Hijosdalgo] se sirva desestimar dicha pretensión, mandando se libre a favor del Real Patrimonio la provisión enriqueña en la forma ordinaria74, por ser de justicia. Valladolid y septiembre, cinco de 1789.
[Auto de los alcaldes de Hijosdalgo]
Despáchese a la parte de don Manuel José Marín y Borda, por sí, y a nombre de las personas y bienes de don Gerónimo Manuel, don Manuel Salustiano, don Juan Cecilio y doña María Gabina Marín, sus hijos, la Real Provisión de un mismo acuerdo que pide en la forma ordinaria; y se previene a la justicia, concejo y vecinos de la villa de San Martín de Valdeiglesias que en adelante a las personas que de extrañas jurisdicciones se pasasen a avecindar a ella75, no las pongan en posesión de Hijosdalgo sin que precedan las justificaciones que se disponen y mandan las Leyes del Reino, autos acordados y aprobación de la Sala. En relaciones, Valladolid y septiembre, diez y nueve de 1789.
[Rúbrica] Ajo