RESEÑA.
Fernando Bouza Álvarez, «Dásele licencia y privilegio». Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro, Akal, Madrid, 2012, 256 pp. ISBN: 978-84-460-3228-1.
Gonzalo Pontón (Universidad Autónoma de Barcelona)
Hay hallazgos que valen un libro y libros más valiosos que el hallazgo que los hace posibles; ambas afirmaciones le cuadran al caso que nos ocupa. «Dásele enorme interés: un millar de expedientes legales del proceso que seguía una obra para su publicación en la España de los Austrias. Este material, constituido por documentos de los años 1590-1630, se encuentra integrado en las series de las escribanías de cámara del Archivo Histórico Nacional, ligadas en última instancia al Consejo de Castilla. Entre esos legajos, además, ha surgido una pieza sensacional: el expediente de la Primera parte del Quijote.
Esta feliz circunstancia, tan llamativa como para dar título al libro y determinar en parte su sesgo, no es, sin embargo, más que un detalle en el conjunto de una investigación cuyo objetivo es reconstruir, en rica casuística, el proceso administrativo, siempre manuscrito, en virtud del cual se pedía y se otorgaba —o denegaba, o dejaba en suspenso— el permiso de impresión. La petición de licencia podía —y, de hecho, solía— ir acompañada de la de privilegio, esto es, la exclusividad en la impresión por un período determinado de tiempo, que en general solía establecerse en diez años. El esclarecedor trabajo de Fernando Bouza (catedrático de historia moderna en la Universidad Complutense, reconocido especialista en la España de Felipe II y en la cultura no impresa en tiempos de la imprenta) se sitúa en un terreno, el de los estudios sobre el mundo del libro en el Siglo de Oro, en el que se ha avanzado mucho en los últimos años y desde diversos flancos, gracias a aportaciones como las de Anne Cayuela, Manuel Peña, Francisco Rico, Pablo Andrés Escapa o Ignacio García Aguilar, sin olvidar a predecesores ilustres como Agustín González de Amezúa y Jaime Moll.
Desde el punto de vista legal, el documento de solicitud de impresión no difería de otros memoriales petitorios al monarca, lo que explica que tales papeles se hayan conservado junto con otras peticiones de licencia real sobre los más variados asuntos (p. 31). El proceso administrativo que desembocaba en la impresión era «una suerte de examen real con vista» (p. 35), cuya realización recaía en el Consejo de Castilla, que lo adjudicaba a una escribanía de cámara concreta. A continuación, el escribano le daba curso hacia el señor del Consejo o «encomendero» que considerara más oportuno; este era el encargado de seguir el expediente, de ocuparse —por regla general— de la licencia del ordinario y de designar al responsable de la censura, que culminaba el proceso. En el caso del primer Quijote, solicitados licencia y privilegio en nombre del autor, el Consejo lo adjudica al escribano Juan Gallo de Andrada y este lo encomienda a Diego Ramírez de Arellano, quien, a su vez, pide la censura al historiador Antonio de Herrera (a Ramírez de Arellano, pertinaz genealogista, que hizo copiar en 1596 el manuscrito del Cantar de mio Cid conservado en el concejo de Vivar y que tuvo parte en el descubrimiento de la llamada Carta de arras, se le dedica no poca atención en las pp. 94-104). La tasa, en fin, era otra licencia indispensable, consecutiva a la de impresión, y facultaba no ya para estampar el libro, sino para ponerlo a la venta de forma legal.
El objetivo de Bouza es arrojar luz sobre «las políticas de publicación en ese período a través de testimonios de autores, cesionarios y el propio Consejo», así como determinar «la intencionalidad que, más allá de la tópica defensa de la religión, la Monarquía y las buenas costumbres» pudo caberle a aquel (pp. 16-17). Los materiales allegados muestran que la aprobación de obras fue una práctica sujeta al control gubernamental, con independencia de la actividad que pudiera desempeñar la Inquisición, que por lo general actuaba sobre los libros que ya se habían puesto en circulación, en un doble proceso de control, no necesariamente coordinado, por parte del poder. Así, los documentos muestran que la actividad del Consejo era más activa al respecto de lo que se suponía, pues reaccionaba ante alegaciones, circunstancias sobrevenidas o problemas del proceso; de forma simétrica, no faltan ocasiones en que son los peticionarios quienes sugieren un censor o piden la recusación de alguno de los implicados en el proceso de aprobación, aunque por supuesto correspondía siempre al Consejo la decisión final.
En lo que se refiere a la censura, era raro que el encomendero no la pidiera en el caso de obras nuevas, y solo en las reimpresiones podía ocurrir que se otorgara licencia de forma directa. Bouza estudia también cuáles eran los tópicos empleados tanto por parte de los autores como en las censuras favorables, y advierte que apuntan mucho más a la utilidad que a la novedad de los textos. Señala asimismo que hay casos en los que el texto de la censura no se ha impreso literalmente en el libro, sino con algunas modificaciones; de modo análogo, no eran raros los cambios de título (así en el Quijote, al que el expediente designa siempre como El ingenioso hidalgo de la Mancha). Igualmente le merecen atención los casos conflictivos, como las revocaciones y las obras no aprobadas: cuando se denegaba licencia, la fórmula solía consistir en un escueto «no ha lugar», o en ocasiones un «óyese», mero acuse de recibo que en la práctica dejaba en suspenso el proceso y bloqueaba su progresión. Se reseñan otros casos singulares, los de aquellos libros que obtuvieron licencia pero no llegaron finalmente a imprimirse (pp. 21-22), como sucedió con El culto sevillano de Juan de Robles, con censura favorable de Francisco de Quevedo en 1631.
La documentación también permite que veamos emerger una conciencia profesional, patente sobre todo en autores familiarizados con el proceso de concesión de licencias, por haber participado en él a propósito de libros ajenos: es el caso de José de Valdivielso y su Romancero espiritual (1612), la renovación de cuyo privilegio solicitó este de forma puntual e insistente a pesar de las cortapisas del Consejo, que le concedió períodos cada vez más menguados (pp. 132-133). Al parecer, Valdivielso pugnaba menos por la reedición de su obra que por la seguridad de que esta se reimprimiría a cargo del librero con quien él se concertara, y no otro. Estupendo es el ejemplo de Esteban de Garibay, quien en 1567 fue personalmente a casa de Juan Páez de Castro, a quien se había encomendado la censura del Compendio historial, para leerle la obra y facilitar de este modo que el trámite de aprobación fuese lo más rápido posible (p. 120). Además, se contextualiza adecuadamente la figura del cesionario, aquella persona a la que el autor traspasaba, por razones y con réditos muy distintos, la potestad de solicitar la licencia.
Centrémonos ahora en las noticias y certidumbres que aporta el expediente de la Primera parte del Quijote, reproducido con exquisita nitidez junto a una veintena de documentos relevantes, todos debidamente comentados. La tramitación comenzó en Valladolid el 20 de julio de 1604, después de la presentación del memorial de petición de licencia y privilegio. Aunque a nombre de Cervantes, no parece ser de su puño y letra, sino de los del librero Francisco de Robles (pp. 199-201 y 219-220), a quien ya se había adjudicado con altos visos de probabilidad la dedicatoria al duque de Béjar. Bouza pone el acento en el texto más novedoso, la censura de Antonio de Herrera (fechada el 11 de septiembre de 1604), en la que este aprueba la impresión de El ingenioso hidalgo de la Mancha por ser obra «de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual en regla de buen gobierno se debe de tener atención», lo que sitúa a la novela cervantina, antes de publicarse, en la esfera de recepción a la que su autor apuntó siempre, tal como Anthony Close y otros a su zaga han señalado. Que esa aprobación no figure en la princeps no obedece, según Bouza (p. 124), a que se hubiese escrito en el mismo legajo, impidiendo o dificultando con ello su entrega a los impresores, pues abundan pruebas de que en tales casos se sacaban traslados del original o se recortaban aquellos textos que debían componerse en letras de molde. La ausencia del texto de Herrera parece deberse a las prisas que afectaron a la composición del primer pliego de la novela y que habrían provocado también la desaparición de la dedicatoria cervantina —si es que esta llegó a escribirse—, según Francisco Rico ha explicado con muy buenas razones.
No son Cervantes y el Quijote las únicas piezas literarias de renombre atrapadas en las redes de Bouza: dadas las fechas de la mayoría de los legajos, vemos desfilar ante nuestros ojos a buena parte de la mayor y mejor literatura de las letras áureas hispánicas. Para limitarnos al caso que nos resulta más próximo, señalemos que menudea la documentación sobre Lope de Vega. Así, por ejemplo, el expediente de la Docena parte de comedias (1619) nos entera de que la censura del volumen se había encargado nada menos que a Pedro de Valencia. Ante las «excusas» (p. 114) del afamado helenista (destinatario algunos años antes, no lo olvidemos, de la primera copia del Polifemo y la Soledad primera), Lope escribió al Consejo para que encomendara la tarea a otra persona, cosa que efectivamente se hizo, enderezando el encargo hacia Vicente Espinel, quien emitió parecer favorable. En sentido inverso, Juan Ruiz de Alarcón solicitó en 1622 que se retirara a Lope el cometido de censurar su Parte primera de comedias, «porque le tengo por sospechoso» (p. 79). También en este caso su sustituto fue el benévolo Espinel.
Añadamos para concluir que la pesquisa de Bouza ha aventado varios originales de imprenta desconocidos hasta la fecha. Era preceptivo que el Consejo comprobara que el texto impreso se correspondía con el original, y algunos de esos manuscritos, por motivos que el autor solo puede calificar de «misterio» (pp. 114-115), no fueron devueltos a los impresores y permanecieron junto al expediente de aprobación. Este material sobrevenido alimentará sin duda futuros estudios y constituye otro mérito de una aportación de gran relieve. El filón alumbrado por Fernando Bouza está llamado a rendir un servicio capital a nuestro mejor conocimiento de las circunstancias por las que pasaba una obra en su camino, no siempre con paso firme, hacia el mercado editorial.