Presentación. Cuando los perpetradores hablan. Dilemas y tensiones en torno a una voz controvertida.
Claudia FELD CIS-CONICET/IDES, Núcleo de Estudios sobre Memoria Valentina SALVI CIS-CONICET/IDES/UNTREF, Núcleo de Estudios sobre Memoria.
En contextos de pos-guerra, pos-dictatoriales o pos-genocidas, la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos ha necesitado de una laboriosa reconstrucción que pudiera superar los secretos y el ocultamiento de información generados, en la mayoría de los casos, por los propios responsables. Cuando los crímenes no sólo han implicado la ejecución de una violencia aberrante sino que, además, han sido cometidos en la clandestinidad y ocultados sistemáticamente por los criminales, el recurso al testimonio de las víctimas fue fundamental para reconocer la existencia de los crímenes, saber qué fue lo que sucedió y, en algunos casos, juzgar a los responsables en los tribunales. De esta manera, el testimonio de las víctimas y de los afectados directos ocupó, en diferentes transiciones, un lugar fundamental en la tarea de establecer la verdad sobre lo sucedido. Para saber qué hechos de violencia se ejercieron, contra quiénes y a su vez quiénes fueron los responsables se recurrió, primero, a la dolorosa reconstrucción de las experiencias atravesadas por las víctimas, y luego, cuando fue posible, al análisis de documentos oficiales y oficiosos elaborados por distintos tipos de actores. Muy pocas veces los documentos generados por los propios responsables, en los casos –que no fueron pocos– en que registraron sus acciones, fueron encontrados y sirvieron para la construcción de una verdad histórica en las etapas de transición.
En lo que respecta a los perpetradores, en la mayoría de los casos, los secretos sobre la violencia estatal y paraestatal se transformaron en un pacto de silencio mantenido por los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y por las organizaciones paramilitares frente a las demandas de verdad de los organismos de Derechos Humanos, del Estado y de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, y esto es lo que anima la producción del presente dossier, en variadas circunstancias políticas y en distintos escenarios, las personas acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos hablaron públicamente.
Sus maneras de tomar la palabra y de referirse a los crímenes cometidos han sido muy disímiles y estas personas pocas veces colaboraron en el conocimiento cabal de los hechos sobre el pasado traumático. Algunas veces revelaron detalles sobre el sistema represivo, pero en general lo hicieron tardíamente, cuando ya esas informaciones se conocían por otras vías. Otras veces acusaron a algunos camaradas y señalaron, como cómplices de sus crímenes, a dirigentes políticos. También, en casos extremos pero no menos significativos, agredieron a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. Algunos rompieron el pacto de silencio, se arrepintieron y mostraron mala conciencia por sus acciones. Mayormente, justificaron o reivindicaron su actuación.
Sin embargo, a pesar del silencio corporativo y de la ínfima o nula colaboración de los perpetradores en la tarea de búsqueda de verdad, justicia, reparación y memoria para los crímenes cometidos, sus declaraciones públicas constituyen un aspecto controvertido, pero no poco significativo de los procesos sociales y memoriales a través de los cuales se han elaborado colectivamente masacres, genocidios, represiones políticas, guerras internas y otros crímenes aberrantes cometidos en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Aunque, en muchos casos, estos dichos revistan un carácter tardío, falso, reivindicatorio, e incluso infamante, su relevancia se vincula con las repercusiones políticas, memoriales y sociales que produjeron cada vez que tuvieron lugar. Esto es, las declaraciones públicas de los perpetradares, más allá de lo que efectivamente revelan, producen efectos en los más variados planos y generan consecuencias diversas según los casos: pueden alimentar u obturar debates públicos sobre los alcances de los procesos de justicia y reparación, agitar o estabilizar ciertas memorias circulantes sobre el pasado de violencia, estimular o limitar los procesos sociales de atribución de responsabilidades políticas y penales, entre otras posibilidades.
La voz de los perpetradores como objeto de estudio.
En cuanto al problema particular de cómo estudiar y analizar estas declaraciones, hemos constatado que, mientras la palabra de las víctimas ha concitado interés por parte del mundo académico conformando un amplio campo de estudios sobre el testimonio y la figura del testigo, los dichos de los perpetradores casi no han sido objeto de estudios sistemáticos desde las ciencias sociales1 , ni han conducido a una reflexión de orden filosófico en la misma magnitud que los testimonios2 . Las limitaciones y obstáculos para tal falta de atención desde las investigaciones académicas han sido múltiples y han involucrado, al menos en el Cono Sur, razones políticas, teóricas y éticas.
Desde el punto de vista político, en muchos contextos transicionales, ha resultado controvertido conceder interés a los victimarios y sus dichos, salvo que ayudara directamente a la identificación, la denuncia y/o la judicialización de los responsables. En muchos casos, para los actores sociales que tuvieron el rol de emprendedores de los procesos de justicia y repación, el hecho de aproximarse al universo de los perpetradores, analizar su palabra pública o dar cuenta de esas memorias y cosmovisiones, despertaba resquemores y sospechas de complicidad o estas acciones eran interpretadas como una forma de desautorizar las luchas y los testimonios de las víctimas. Evidentemente, estas tensiones y dilemas hacen a las condiciones sociales que imprimen un carácter controversial a este objeto de estudio. Sin embargo, debemos subrayar que estudiar o analizar estos discursos e intervenciones públicas no implica en absoluto avalar o reproducir acríticamente esas consideraciones. Por el contrario, es porque esa palabra controvertida participa en las luchas memoriales y políticas del presente, porque tiene efectos y genera sentidos en diversos ámbitos sociales, que su estudio es relevante precisamente para sostener y apoyar las luchas de las víctimas y su necesidad de reparación y justicia.
En el plano teórico, esta temática ha exigido repensar las categorías analíticas disponibles que son, mayormente, las del campo social y las de los hablantes nativos. Si bien tales categorías que tienden a separar, de manera estanca, a los buenos de los malos, resultaron útiles a los fines de denunciar y visibilizar a los responsables de los crímenes, la investigación académica reclama una mirada que evite reproducir esas figuras sociales más o menos estereotipadas y que permita, a su vez, problematizar los procesos sociales por los cuales se generan dichas categorías. Entre ellas, en este tipo de abordaje académico, la categoría de represor que es utilizada por el movimiento de derechos humanos en Argentina o la de torturador de mayor circulación en Brasil, entre otras, necesitan ser repensadas e historizadas a la luz de los procesos específicos que las generaron y sostuvieron, para entender qué tipo de contenidos y sentidos tuvieron a lo largo del tiempo en los diversos contextos sociales y políticos3 .
Desde el punto de vista ético, el abordaje de esta temática implica el surgimiento de situaciones dilemáticas que interpelan la propia práctica de investigación, el análisis crítico a llevar a cabo y la construcción del texto académico. En el análisis de la voz de los perpetradores, y por tanto, de sus cosmovisiones, motivaciones, justificaciones y creencias, las investigaciones deben lidiar con las sospechas de justificación o relativización cuando desde las ciencias sociales se identifican y clarifican las causas históricas y sociológicas que hacen a la agencia y a la mentalidad de los responsables. Si bien Jürgen Habermas afirma que “desde el punto de vista del historiador […] la explicitación causal no puede incriminar ni disculpar al autor de los hechos”4 , cuestiones relativas al problema de la responsabilidad de los perpetradores aparecen e interpelan a la producción académica que aborda esta problemática. También resulta éticamente dilemático para el/la propio/a investigador/a aproximarse al universo de los perpetradores con el mínimo interés que exige cualquier investigación en ciencias sociales que se pretenda comprensiva y trate, por tanto, de entender, explicar y contextualizar un punto de vista que desde lo personal se puede presentar como inadmisible.
Ante este conjunto de obstáculos y dificultades (a los que se agregan varios que no hemos podido desarrollar aquí) 5 , el desafío para la investigación académica es desplegar herramientas analíticas que permitan alcanzar una compresión más acabada de los procesos políticos de los que los perpetradores son y fueron parte, que ayuden a redefinir la propia posición del/a investigador/a frente al entramado de relaciones que los hechos traumáticos y de violencia han generado, y que posibiliten una aproximación y al mismo tiempo un distanciamiento –necesario para la construcción de conocimiento crítico– frente a un objeto de observación que, como ya se explicitó, desde lo ético y lo político resulta controvertido.
Es claro que tales obstáculos, dificultades y desafíos se definen en el caso por caso de la investigación y que cada trabajo e investigador/a despliegan las herramientas y estrategias conceptuales y metodológicas que consideran adecuadas para su tarea específica. Los trabajos aquí reunidos muestran que tales dificultades y obstáculos generales inherentes al estudio del universo de los perpetrados se materializan en tensiones y pliegues concretos que se hacen presentes, para cada contexto político y memorial particular, cuando los verdugos toman la palabra y hablan públicamente sobre lo sucedido en el pasado. De modo tal que el análisis de la voz de los perpetradores, si bien, por todo lo dicho hasta aquí, es una tarea abierta y en redefinición, puede ser abordado a partir de un conjunto de ejes analíticos que desarrollaremos, en función de lo que proponen los diversos artículos publicados en este dossier.
Ejes analíticos: contextos, acciones, audiencias, repercusiones.
Este dossier toma como objeto de análisis la palabra pública de los perpetradores. En un sentido amplio, el dossier intenta adentrarse en las formas de evocación de la violencia desde la palabra de quienes participaron $\mathrm { y } / \mathrm { o }$ son denunciados, acusados, procesados y condenados por planear o ejecutar acciones criminales en el marco de genocidios, represiones políticas, dictaduras o guerras. Abordando casos provenientes de países con historias diversas entre sí (Argentina, Brasil, Chile y.
Sudáfrica), los artículos aquí reunidos se interrogan sobre los múltiples aspectos que hacen a esta temática poco explorada6 .
Este dossier comienza con dos artículos dedicados al análisis de la voz de perpetradores que fue oportunamente requerida por las actuaciones de dos comisiones de verdad, la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil (CNV, inaugurada en el año 2012) y la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (1995-1998/2000). Por una parte, el trabajo de Maud Chirio y Mariana Jofilly analiza los testimonios de 43 militares brasileños en el marco de la CNV. Este abordaje panorámico, en un escenario institucional acotado y con reglas específicas, les permite a las autoras reflexionar sobre las diversas estrategias declarativas de los testigos, las técnicas de interrogatorio y los climas de las audiencias, para entender la gran diversidad de modos en que estos militares hacen uso de la palabra pública y son escuchados e interpretados socialmente.
Por otra parte, a contrapelo de los análisis más consagrados sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, que interpretan como una contribución fundacional la palabra de los perpetradores en este tipo de ámbitos institucionales, el análisis de Marisa Pineau y María Celina Flores se interroga sobre cuánto han aportado dichos relatos en la construcción de la verdad histórica y en la reparación colectiva en ese país. Lo que encuentran, en la mayoría de los casos, es un defasaje entre las estrategias implementadas por la Comisión para fomentar las declaraciones de los perpetradores y los relatos efectivamente realizados por algunos miembros del partido del apartheid y de las fuerzas de seguridad, que han recurrido al silencio y la denegación más que al esclarecimiento.
El dossier se completa con tres artículos dedicados al análisis de las trayectorias y declaraciones de perpetradores particulares y con actuaciones diferenciales en el sistema represivo: Jorgelino Vergara (alias el mocito), en Chile; Miguel Etchecolatz y Jorge Rafael Videla, en Argentina.
Al analizar la aparición pública de Jorgelino Vergara en films, programas de televisión y libros de investigación periodística chilenos, Michael Lazzara da cuenta de los modos en que ha sido representada la figura del cómplice. Este ex miembro de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y de la CNI (Central Nacional de Informaciones) de Chile, quien tuvo un rol marginal en las acciones criminales de ambos organismos, consigue una importante repercusión pública de sus dichos más de treinta años después. El caso de El Mocito, según señala Lazzara, tiene consecuencias políticas y éticas que van más allá de las representaciones culturales examinadas puntualmente en este texto y que invitan a reflexionar sobre los grados de complicidad y compromiso de la sociedad chilena con el régimen de Pinochet.
El trabajo de Claudia Feld analiza las declaraciones del torturador Miguel Etchecolatz en un programa de televisión emitido en 1997, en el que fue invitado a debatir con una de sus víctimas. En ese marco, Etchecolatz no sólo negó la existencia de desaparecidos, sino que acusó a los organismos de derechos humanos de mentir y tergiversar la verdad. En el análisis de la puesta en escena y del rol ocupado por el periodista como mediador de dicho diálogo, el artículo concluye que la vacancia de una mediación legítima y creíble no sólo genera el riesgo de dejar a la víctima inerme frente a su victimario (replicando los efectos de la tortura en ese nuevo escenario), sino que también fracasa en la tarea de exponer los hechos del pasado –que han sido probados previamente en instancias judiciales– frente a la denegación y la falsedad de los dichos del torturador, instalando de este modo un relato negacionista como una opinión entre tantas acerca del pasado.
Por último, Valentina Salvi examina los dichos del ex dictador argentino Jorge Videla sobre los desaparecidos tanto en el momento en que era presidente de facto (1976-1981) como en las entrevistas que concedió cuando cumplía pena de cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, en 2012. El artículo da cuenta de la estrategia de blanqueo de ciertos aspectos del proceso de desaparición de personas con la que Videla buscó morigerar los cuestionamientos que pesan sobre los militares de su generación, para continuar negando y ocultando aspectos sustantivos sobre el sistema represivo que reclaman las víctimas y los familiares. Finalmente, Salvi muestra que lo admitido públicamente por Videla, no representa información nueva ni un reconocimiento de los actos criminales cometidos, sino que carga con sentidos de lo social y jurídicamente probado, aunque enunciado de un modo provocativo para quien lo escucha.
Leídos en conjunto, estos textos son atravesados por diversas dimensiones analíticas que, nos parece, configuran una agenda de problemas en el estudio de la voz pública de los perpetradores, que desarrollamos a continuación.
Un primer eje de indagación presente en estos textos son las condiciones de posibilidad de dichas declaraciones, tanto en lo que hace a los momentos históricos y memoriales en los que tuvieron lugar, como a los escenarios en los que se llevaron a cabo: juicios, notas periodísticas, cartas públicas, comisiones de la verdad, programas televisivos, entre otros. Un segundo eje examina los interlocutores y los públicos hacia los que se dirigieron estos discursos, teniendo en cuenta la pluralidad de niveles de enunciación y de enunciatarios que cada una de estas deposiciones supone. El relato que los responsables construyeron acerca de la violencia perpetrada es un tercer eje incluido en estos trabajos: qué dicen, qué no dicen, qué evitan decir y qué informaciones dan directamente o a su pesar en estas declaraciones. Otro eje de análisis interroga el vínculo que estos declarantes establecen con su propia palabra y con los hechos que evocan: ¿se exculpan?, ¿se arrepienten?, ¿justifican lo actuado?, ¿cómo llevan a cabo cada una de estas estrategias? Esto significa preguntarse qué acciones realizan (o cuál es la acción performativa que cumplen) con sus palabras cuando hablan públicamente. Finalmente, los artículos de este dossier atienden a las condiciones políticas de escucha y a los efectos y repercusiones de estas declaraciones, sabiendo que tales efectos no se produjeron de una vez y para siempre en el momento en que cada declaración fue dicha, sino que fueron generando distintas repercusiones y nuevas lecturas en diversos momentos políticos, a lo largo del tiempo; y sabiendo también que su impacto sobre la vida política y cultural de las sociedades en que se produjeron fue cambiante y heterogéneo.
Si bien estos ejes de análisis no están de manera exhaustiva y completa en cada uno de estos artículos, las investigaciones aquí presentadas ponen el acento en uno u otro para interesarse, a partir de diversas realidades específicas, en un debate vigente en la mayoría de las sociedades estudiadas aquí, que es el de la agencia del perpetrador, su responsabilidad en los hechos perpetrados y las posibilidades sociales de desactivar las condiciones que dieron origen a hechos aberrantes como los cometidos por estas personas.
Pues bien, para ello, el análisis de algunos de estos problemas y abordajes, requiere, tal como hemos señalado, trascender las demarcaciones estancas o binarias que muchas veces se generan frente a este tipo de declaraciones y estos personajes. También precisa repensar las propias condiciones de producción de conocimiento, enmarcadas, muchas veces, en procesos transicionales y en álgidas luchas por la memoria. En este marco, el desafío que han afrontado estos trabajos ha sido el de evidenciar las complejidades, zonas grises y pliegues que hacen al carácter controversial y dilemático de este objeto de estudio, para avanzar en una compresión mas acabada no sólo de la agencia y la cosmovisión de los perpetradores sino también de las bases políticas y culturales de las sociedades de las que ellos fueron y son parte.
Tensiones y pliegues.
Por lo antedicho, los trabajos que componen el presente dossier, más que desplegar un repertorio de categorías, hipótesis y preguntas, proponen abordar los diversos planos en los que se construye la figura del perpetrador en el marco de un complejo entramado de disputas políticas y morales expresadas en diversas tensiones y pliegues sobre las que nos interesa hacer foco. Si bien, como muestran los artículos, cada sociedad, en cada coyuntura histórica específica, enfrenta –a su manera, con sus posibilidades y en medio de un entramado de fuerzas cambiantes– las cuestiones relativas a la elaboración de las culpas criminales y las responsabilidades políticas frente a pasados de violencia, al mismo tiempo afronta dilemas que hacen a la valoración moral atribuida a los perpetradores y a las maneras de representarlos culturalmente. Siempre estamos frente a sociedades que deben construir y reconstruir –durante o a la salida de sangrientos enfrentamientos, crímenes masivos y genocidios– las fronteras que separan el bien común del mal social.
Desde una mirada en perspectiva que recoge las particularidades de cada una de las realidades específicas analizadas en los artículos del dossier –los diversos contextos pos-dictatoriales en Argentina y en Chile, la actuación de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil y de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica–, hemos podido identificar un conjunto de tensiones que hacen a la caracterización de una serie de problemáticas en común. Entre tal conjunto de tensiones que enmarcan y dan forma a este objeto de estudio, se destaca, en primer lugar, la que se expresa entre la expectativa social sobre lo que los perpetradores pueden llegar a decir y/o hacer y lo que efectivamente sucede cuando hablan. Tal expectativa social se cimenta en un sentido común según el cual los responsables de la violencia esconden una verdad que solo ellos conocen. Si bien es cierto que lo que los perpetradores saben es, en muchos casos, fundamental para reconstruir y conocer crímenes que han sido ocultados (averiguar quiénes fueron los responsables, cómo se cometieron los crímenes, dónde están los restos de personas desaparecidas, entre otras importantes cuestiones), ese sentido común supone que, cada vez que ellos hablen, revelarán alguno de estos secretos. A través de esa expectativa social, el secreto corporativamente mantenido muestra su correlato intersubjetivo y relacional: la demanda y, al mismo tiempo, la esperanza de que ese secreto sea revelado. De este modo, el secreto estimula y recrea ciertas condiciones sociales de escucha. Sin embargo, el contenido de lo que efectivamente dicen los perpetradores en la mayoría de los casos frustra dicha expectativa. Esta tensión entre la expectativa y lo que generalmente sucede se hace evidente en los modos en que las declaraciones son valoradas o interpretadas socialmente. Respecto de esta cuestión, el artículo de Marisa Pineau y Maria Celina Flores muestra las tensiones que se produjeron entre la expectativa de verdad que la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica depositó en la palabra de los perpetradores y la falta de contribución de estas declaraciones a esclarecer los hechos, y con ello, a aportar a la construcción de la tan esperada verdad completa (full disclosure) de lo sucedido en ese país.
Además del contexto sudafricano, los otros casos estudiados en el presente dossier también dan cuentan del hecho –que hace a las condiciones de enunciación de la palabra de los perpetradores– de que cuando uno de ellos habla públicamente esta intervención se vuelve un acontecimiento en sí mismo; por esa razón, las resonancias y repercusiones públicas, muchas veces, tienen más que ver con el acto en sí que con el contenido de lo dicho. En ese marco, los medios de comunicación y el periodismo suelen interpretar que la palabra pública de los perpetradores corresponde a confesiones, en el sentido que ya mencionamos de revelar una verdad oculta, y presentan con esa etiqueta estas declaraciones, aunque se trate, en muchos casos, de mentiras, falsedades y nuevos ocultamientos, como muestra el caso estudiado por Claudia Feld de las declaraciones televisivas de Miguel Etchecolatz. Los afectados, por su parte, pueden interpretar que –si no se dan a conocer los secretos largamente guardados por estos perpetradores– esas palabras servirían para retraumatizar a quienes ya sufrieron el dolor de la pérdida o a las víctimas directas. Una u otra valoración sobre lo que los perpetradores dicen, no se comprende sin esa condición expectante de escucha.
En muchos casos, cuando los perpetradores hablan, lo hacen reproduciendo información que ya es públicamente conocida sobre el pasado de violencia y que constituye verdades socialmente aceptadas y estabilizadas e, incluso, probadas. Por ejemplo, como demuestra el trabajo de Valentina Salvi, cuando el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla menciona a los desaparecidos en 2012, a casi treinta años de terminada la dictadura, afirma cuestiones que son de público conocimiento y probadas en la justicia tales como que hubo desaparecidos que fueron arrojados al Rio de la Plata y al Océano Atlántico. Si bien esto suele ser interpretado por los medios de comunicación como revelaciones, confesiones o blanqueos, en términos sociológicos este hecho da cuenta del carácter dinámico de los dichos de los perpetradores, quienes, para seguir produciendo verosimilitud en sus dichos, necesitan mostrar marcas de lo socialmente reconocido o jurídicamente probado, lo que “ya no pueden seguir negando”. Se observan, por lo tanto, para algunos de estos represores, como ha sido el caso de Videla, diversas estrategias (no siempre exitosas) para conservar una audiencia (sean sus camaradas, sea la sociedad en su conjunto o sea la historia y las futuras generaciones), concitar interés por parte del periodismo, imponer ciertos temas en los debates públicos, lograr ciertas repercusiones, e incluso, muchas veces, mantener cierta cuota de poder a partir del uso público de la palabra.
Otra tensión que atraviesa y da forma a este controvertido objeto de estudio se presenta en torno al problema de la legitimidad de esa voz. La palabra de los represores, su escucha y sus repercusiones están tensionadas por dos fuerzas contrarias: por un lado –y como mencionamos anteriormente– la expectativa de verdad que es socialmente otorgada a esta palabra; y por otro lado, los resquemores y sospechas en torno a autorizar como socialmente legítima la voz de los asesinos. En otras palabras, cuando los verdugos hablan, surgen entre quienes los escuchan, sean víctimas, dirigentes políticos, periodistas, intelectuales, abogados, miembros de organizaciones de derechos humanos o agentes del poder judicial, opiniones encontradas en torno a si otorgarle legitimidad o no a esa palabra, si prestarle oído o no hacerlo, si tiene sentido escucharla o no. Estos debates pueden inclinarse por una u otra posición según las coyunturas históricas, la relación de fuerza entre los actores involucrados y los mecanismos de justicia transicional que se dan en cada caso nacional. Al respecto, el trabajo de Claudia Feld da cuenta de cómo, en un contexto de impunidad como el que se vivió en Argentina luego de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –que impidieron la continuidad de la judicialización de las causas por violaciones a los derechos humanos– y los indultos presidenciales –que liberaron a represores condenados–, Miguel Etchecolatz, condenado en 1986 por ejecutar torturas y luego liberado, pudo ser ser presentado en televisión como un testigo, una voz válida y escuchable, una opinión entre tantas.
Otra de las tensiones se focaliza en el problema de la verdad y las fuentes confiables para que tal verdad sea averiguada en el marco de las sociedades posdictatoriales. La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, tal como analiza el artículo de Maud Chirio y Mariana Joffily, se confrontó con esta tensión ante una participación renuente y denegadora de la mayoría de los represores convocados a declarar. Ante la expectativa social de verdad que ya evocamos, la Comisión preparaba interrogatorios muy detallados sobre la base de información que ya se había obtenido por otras fuentes (la palabra de las víctimas, documentos públicos, etcétera), a fin de lograr la confesión de los perpetradores. La paradoja que muestra este caso es que esta expectativa de que los responsables digan la verdad parece estar condicionada por esa información ya sabida, de modo que muchas veces lo que se espera es simplemente hacer coincidir esas declaraciones nuevas con fuentes ya conocidas y legitimadas. $\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ sucede cuando los perpetradores hablan pero dan informaciones diferentes? $\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ parámetros tienen las sociedades para calificar o no como verdad esos dichos? Lo que muestra este caso es, por lo tanto, que la distancia, coincidencia, yuxtaposición y articulación entre diferentes fuentes y voces debe ser examinada ante las diversas situaciones en que la voz de los represores se escucha públicamente.
Otra tensión a examinar, frente a la palabra de los responsables, aparece luego de que las declaraciones se producen, y cuando diversos actores sociales se hacen eco de ellas contribuyendo a su iterabilidad. En estos desplazamientos, nuevas e, incluso, contradictorias interpretaciones sobre los dichos de los perpetradores circulan por los medios de comunicación. Periodistas, intelectuales, académicos o artistas retoman y repiten los dichos en diversos contextos y en dispositivos variados como pueden ser notas periodísticas, cine documental, programas de televisión, emplazamientos artísticos, entre muchos otros. De modo tal que las declaraciones públicas de los perpetradores se articulan en vínculo, en tensión y en diálogo con los discursos mediáticos y las prácticas culturales que las comunican, comentan y retoman. Muchas veces, los sentidos construidos por esos mediadores en relación con lo dicho y con la figura misma del/los represor/es son moldeados por esas diversas y repetitivas apariciones. En ese sentido, el caso estudiado por Michael Lazzara en torno a la figura de el Mocito en Chile muestra cómo diversos filmes y programas de televisión van generando nuevas lecturas sobre quién era este colaborador del régimen pinochetista, cuáles fueron sus acciones y –sobre todo– cuál fue su grado de complicidad con los crímenes dictatoriales. La responsabilidad de estos medios y mediadores en desideologizar la figura del perpetrador, como señala Lazzara; en atemperar sus culpas como indica Feld para el caso de Etchecolatz; en replicar acríticamente los dichos como explicita Salvi en relación con las declaraciones de Videla, hacen que el estudio de los géneros y las puestas en escena de tales palabras resulten centrales en el análisis de este tipo de declaraciones.
Para terminar, de la lectura en conjunto de los artículos de este dossier surge que la categoría de perpetrador es una construcción social temporalmente dinámica que no se circunscribe solamente a las acciones profundamente violatorias de la dignidad de las personas cometidas por agentes estatales o paraestatales en contextos de genocidios, dictaduras, guerras o conflictos sociales, sino que se extiende a los procesos memoriales e institucionales que dan sentido y elaboran esos hechos padecidos colectivamente. Todos los artículos de este dossier dan cuenta de que las luchas de sentidos y significación que se producen en las sociedades pos-dictatoriales o pos-conflicto para establecer la demarcación de quién es y quién no es perpetrador se basan no sólo en lo que efectivamente ha sido cometido en el pasado sino también en lo que cada uno de estos perpetradores dice, es o hace en el tiempo presente (en los diversos presentes) respecto de ese pasado. Son estas controversias políticas y estas luchas memoriales las que van configurando, a lo largo del tiempo, la figura cambiante y tan difícil de asir del perpetrador: interrogante central de los trabajos reunidos en este dossier.