Reforma y gestión de la deuda pública. La Junta de Caudales Comunes de Mallorca (1758-1812)1.
Eduardo Pascual Ramos2.
Recibido: 9 de marzo de 2018 / Aceptado: 17 de abril de 2018.
Resumen. El presente artículo analiza la Junta de Caudales Comunes de Mallorca tras la publicación de la real cédula de 6 de abril de 1758. El nuevo organismo, que suplantaba a la Junta de la Universal Consignación, tenía el objetivo de racionalizar la fiscalidad consignada y de reducir la deuda de origen medieval. La reforma de la administración gestora se enmarca en el proceso de intervención de la monarquía en las haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII. El artículo se divide en tres apartados: origen y evolución de la deuda, descripción de la nueva institución gestora y análisis fiscal de los ingresos y gastos.
Palabras clave: deuda territorial; reformismo fiscal; impuestos indirectos; Mallorca; siglo XVIII.
[en] Reform and management of public debt. The “Junta de Caudales Comunes” of Majorca (1758-1812)
Abstract. This article analyzes the Junta de Caudales Comunes of Majorca after the publication of the royal decree of the $6 ^ { \mathrm { { t h } } }$ of April, 1758. The new organism, which supplanted the Junta de la Universal Consignación, had the objective to rationalize the consigned taxation and to decrease the debt of medieval origin. The reform of the management administration is part of the intervention process of the monarchy in the local finances during the second half of the 18th century. The article is divided in three sections: origin and evolution of the debt, description of the new managing institution and fiscal analysis of income and expenses.
Keywords: Territorial debt; fiscal reformism; indirect taxes; Mallorca; XVIII century.
Sumario: 1. Origen y evolución de la deuda fiscal insular. Un problema crónico. 2. Tramitación y reforma de la administración de la deuda pública insular. 3. La junta y contaduría de caudales comunes. 4. El sistema tributario. Cargo y data de los caudales comunes. 5. Evolución de los caudales comunes (1756-1812). 6. Conclusiones.
Cómo citar: Pascual Ramos, E. (2018). Reforma y gestión de la deuda pública. La Junta de Caudales Comunes de Mallorca (1758-1812), en Cuadernos de Historia Moderna 43.1, 231-247.
La historiografía más reciente ha incidido cuantitativa y cualitativamente en el tema de la fiscalidad en el siglo XVIII en las tres potestades posibles: la del rey, la municipal y la eclesiástica. El caso que nos ocupa no se encuadra en los ámbitos mencionados sino en una dimensión supramunicipal entendido en el conjunto insular de Mallorca. Por tanto se trata de una fiscalidad propia y con unas particularidades inherentes a la evolución del reino de Mallorca que la nueva dinastía borbónica no decidió intervenir hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Esta particularidad también se produjo en la mayoría de ayuntamientos españoles, estudiada por Carmen García García y otros especialistas, cuyo endeudamiento tuvo como respuesta la intervención estatal mediante la Contaduría General de Propios y Arbitrios.3.
Retornando al ámbito insular parece lícito plantearse ¿cómo se había llegado a esta situación de galopante endeudamiento?
1. Origen y evolución de la deuda fiscal insular. Un problema crónico.
La isla de Mallorca, según Pau Cateura, careció desde la conquista cristiana de una fiscalidad estable ya que Jaime I no asignó propiedades a las instituciones de Mallorca. De modo que las autoridades tuvieron que sufragar sus gastos con tallas o derramas y desde 1300 con un sistema tributario semipermanente.4 En este sentido hacia 1350 se produjo la implantación permanente de una tributación indirecta sobre productos estratégicos como el pan, vino, carne, aceite y otros como victigales -productos de mercaderías- que debería de haber sustituido la talla como ingreso ordinario. De modo que el Gran i General Consell sacaba a subasta pública la gestión de estos nuevos tributos o arbitrios. Para Josep Juan, la falta de moneda, los gastos por el advenimiento dinástico de Pere IV, la implicación insular en el sostenimiento de la política exterior de la Corona de Aragón y otros servicios a la Corona produjeron los primeros síntomas de endeudamiento y por tanto se recurrió en 1355 a los censos consignativos para sufragar la deuda.5 El gasto extraordinario (aumento de la defensa insular y el incremento inusitado de los gastos de la Universidad) obligó al continuo endeudamiento con catalanes y mallorquines con la emisión de censales o deuda pública con el correspondiente pago anual de grandes cantidades en concepto de pensiones. En 1372, los intereses de la deuda pública ya superaban el $90 \%$ de los ingresos procedentes de los impuestos sin que la presión fiscal extraordinaria –tallay los nuevos subsidios sobre el consumo y el comercio redujesen el problema de la deuda.
Los censalistas acudieron a la Corona para consensuar una solución y evitar la quiebra de la hacienda insular que daba visos de absoluta insolvencia. Fruto de este consenso permitió la firma del Contrato Santo de 1405 entre el Gran i General Consell y los acreedores con el compromiso de destinar todos sus ingresos al pago de las pensiones. Esto supuso la total cesión del sistema de financiación del reino a los acreedores censalista para que amortizaran directamente la deuda pública hasta la total redención de los capitales prestados. Esto dio origen a la Universal Consignación y una junta para administrar las pensiones en nombre de los acreedores. Con esta medida, la Universidad insular se quedó solo con un diez por ciento para poder atender a sus gastos ordinarios.
La incapacidad de contener el gasto público llevó a emitir nuevos censales e introducir nuevos impuestos que también fueron gestionados por los diputados de la Consignación. De modo que el Contrato Santo fue renovado en 1413 con la cesión de todos los derechos e impuestos a los acreedores para reducir la deuda e impedir la suspensión el pago de los atrasos a los censalistas. Las instituciones decidieron no acatar lo pactado al no pagar el dinero de la Consignación. La Concordia de Barcelona, firmada en julio de 1431, cedió y consignó a los acreedores catalanes todos los impuestos establecidos y futuros admitiendo en su nombre a dos personas elegidos por los jurados y Gran i General Consell.6 Con esta medida quedaba clara la quiebra de las finanzas de las entidades políticas-administrativas de Mallorca al quedar condenadas a padecer un futuro de limitada libertad económica.7 Ya Álvaro Santamaría apuntó que Fernando II intentó un tímido enderezamiento, redreç, de la deuda pública, que por aquel entonces ascendía a 600.000 libras, con la pragmática de Granada (1499) aunque con poco éxito por el inmovilismo de las instituciones insulares.8 Uno de los hechos más destacables de este periodo finisecular del siglo XV fue el traspaso de la deuda de acreedores barceloneses a mallorquines aunque tuvo que esperar a finales del siglo XVI cuando la Consignación quedó en manos definitivamente de eclesiásticos mallorquines hasta prácticamente mediados del siglo XIX.
La deuda no se redujo sino que aumentó durante el siglo XVI con la crisis de subsistencia y una política de atrincheramiento de privilegiados que no estaban dispuestos a aliviar la enorme deuda pública. Las novedades más relevantes fueron las Pragmáticas de 1600 y 1614 que permitirían mejorar la administración de los censos consignados con el propósito de redimir la deuda mediante actuaciones de control. Así, se prohibió la emisión de censales sobre la deuda pública de Mallorca ni emplear los tributos consignados que no fueran para lutos y alegrías regias, paliar la peste y la guerra. En cambio, se podía emplear para comprar trigo o carne pero con el obligado reintegro mediante derrama entre la población. El problema de base era las exenciones de eclesiásticos y nobleza que mostraron una dura resistencia a contribuir en el reparto equitativo de impuestos. La fallida Concordia de 1648 pretendió, otra vez, reordenar las extracciones del fondo de la Consignación, limitándola a la provisión de grano, con la obligación de retorno mediante talla general y la contribución eclesiástica. A la desastrosa organización administrativa se sumó la malversación de los derechos universales y el empleo de dinero para otras necesidades lo que condujo al incremento desmesurado de la deuda en siete millones de libras como declararon los Jurados en 1666.9 En tiempos de Carlos II se firmó la Concordia de 1684 entre la monarquía española y Roma, ratificada en 1696, que corroboraba la consignación de todos los arbitrios e impuestos. La mayor novedad fue que eclesiásticos, regulares y exentos de las tallas quedarían excusados solo para tributar en impuesto destinados a paliar hambre, peste y guerra. Igualmente se oficializó la junta de la Consignación compuesta por cuatro seglares (tres caballeros o ciudadanos y un síndico de la parte forense) y cuatro eclesiásticos (dos canónigos, un rector o doctor y un capellán).10.
La nueva dinastía borbónica no alteró las viejas disposiciones de la Universal Consignación al respetar los privilegios de los censalistas.11 Aunque los avatares económicos por la guerra de Sucesión ahondaron más el precario estado fiscal insular con el aumento de la deuda y la transferencia a la monarquía de las rentas y estancos que anteriormente eran gestionadas por las instituciones insulares (sal, tabaco, papel sellado, etc.). El aumento poblacional de Mallorca durante el siglo XVIII, al superar los cien mil habitantes, no fue correspondido con una mejora de sus recursos económicos ni de rendimientos agrarios.12 A esta tónica preocupante se añadió la imposición de nuevas contribuciones directas (Talla y Utensilio) que produjo un aumento de la presión fiscal y una práctica de impagos.13 A Carlos III se le debe la voluntad de aliviar parcialmente esta presión fiscal y condonar la Talla general impagada a la real hacienda hasta diciembre de 1758.14 Este reset fiscal se encuadra dentro de una tónica general de cambios para modernizar la fiscalidad y paliar los defectos pretéritos.
2. Tramitación y reforma de la administración de la deuda pública insular.
Los primeros pasos de la reforma partieron del informe del regidor palmesano, Juan Miguel Palou Antich de Llorach, quien presentó en 1752 al ayuntamiento, sin éxito, un texto que denunciaba el ineficaz modelo y la conveniencia de paliar la inacción del vigente modelo gestor. En cambio, la propuesta fue atendida por la Audiencia, a pesar de la oposición del propio consistorio y de la Universal Consignación que alegaban la vulneración de la Concordia de 1684 y poner en peligro los privilegios fiscales eclesiásticos. A todo ello ayudó la escasa oposición de la Intendencia al estar en manos de intendentes interinos entre 1742 y 1759. De manera que el memorial pasó al Real Acuerdo para su valoración que incluía la Concordia de 1684, el informe del regidor Juan Miguel Palou y las alegaciones propuestas por la Universal Consignación. Así pues, el capitán general, José Basilio de Aramburu y Artorrasagasti (1751-1752) lo envió a Lope de Sierra y Cienfuego, fiscal del Consejo de Castilla y antiguo regente de la Real Audiencia insular (1741-1748), quien redactó el proyecto para el gobierno de los caudales comunes de Mallorca. Tras una larga tramitación fue aprobada mediante real cédula de 6 de abril de 1758 y real decreto de 30 de junio de 1760.15 Indicar que la Universal Consignación no desapareció al quedar integrada en la junta de caudales comunes pero relegada a órgano peticionario o consultor. Por el contrario, los antiguos empleos gestores fiscales de la Universitat i Regne de Mallorca como clavarios, bolseros, ejecutor, contadores universales, maestro racional fueron suprimidos o refundidos en la nueva contaduría. Los cambios no se limitaron a reordenar el cuadro directivo sino que además pasó a controlar la Tabla Numularia o banco municipal que centralizaba los depósitos dinerarios, de plata, oro y joyas tanto para negociar como en depósito.16.
La novedad supuso la injerencia, sin retorno, de la monarquía en la autonomía fiscal insular y sin alteración al establecimiento de las contadurías provinciales de Propios y Arbitrios (1760) cuya finalidad era similar a la insular con la principal diferencia en que las Intendencias asumieron las funciones de gestión en el conjunto de poblaciones de su correspondiente provincia.17
3. La junta y contaduría de caudales comunes.
En líneas generales, la nueva planta estaba formada por dos cuerpos permanentes. Por una lado, el órgano de gobierno o junta de caudales comunes y por otro, la contaduría destinada a la gestión económica y subordinada a la junta de caudales comunes.
La junta era el máximo órgano deliberativo y ejecutivo cuyos componentes tenían obligación de reunión ordinaria mensual en la sala de la contaduría del ayuntamiento de Palma. Sus miembros, junto al Contador, supervisaban el estado contable de los caudales y de la Tabla Numularia así como de los cobros pendientes, deudas, aprobación de subastas de arrendamiento de los derechos y demás aspectos referentes a los caudales comunes. No de menor relevancia era su facultad para proponer a la Real Audiencia de Mallorca a los candidatos de cargos de la contaduría (contadores, librero manual, etc.).18 Las juntas extraordinarias, convocadas por el presidente, tenían la finalidad de tratar temas que requerían la aprobación urgente de la junta. Destacar que carecía de facultad para reformar dicha organización aunque podía plantear propuestas al Real Acuerdo.
Estaba encabezada por el presidente junto a la representación de los tres cuerpos vinculados a la deuda: ayuntamiento de Palma, municipios de la parte foránea de Mallorca y censalistas de la junta de la Universal Consignación (Organigrama 1).19 A esta estructura originaria se sumó con posterioridad la representación del Común del ayuntamiento de Palma (diputados del común y síndico personero).20 Asimismo asistía el contador, sin voto, para responder de la contaduría y de sus asuntos contables.

Organigrama 1. Estructura de la Junta de Caudales comunes. Elaboración propia.
El presidente era el oidor decano de la Real Audiencia de Mallorca con notable formación jurídica aunque con escasos conocimientos sobre fiscalidad. Sus principales funciones eran presidir el nuevo órgano gestor mediante juntas ordinarias y extraordinarias. Su voto era de calidad en caso de paridad o consideración perjudicial para los intereses de los bienes comunes. Incluso podía anular la ejecución de lo determinado por la junta hasta resolución del Real Acuerdo. Sus extensas facultades gubernativas y jurisdiccionales tuvieron como resultado una actuación, a menudo, autoritaria con el resto de componentes de la junta. La relevancia de su cargo le obligaba a pedir permiso al Consejo de Castilla para ausentarse de la isla en cuyo caso era nombrado otro oidor de la Real Audiencia como presidente interino. Disfrutaba de un salario de cuatrocientas libras.
Los dos regidores de la Ciudad de Palma representaban al consistorio palmesano como herederos del extinguido Gran i General Consell. Además era obligatorio que el más antiguo de ellos asistiera a las visitas de la Tabla Numularia.21 Eran elegidos cada dos años entre los propios regidores de la corporación municipal con la condición social de ser obligatoriamente de la clase caballero. Un caso excepcional fue el regidor Juan Miguel Palou Antich de Llorach que por sus cualidades para la gestión fiscal fue perpetuado en la junta mientras fue regidor.22 Los dos síndicos forenses componían la representación del resto de municipios de Mallorca.23 Los acreedores de la Universal Consignación también tenían dos representantes elegidos cada dos años entre ellos. La última incorporación fueron los representantes del Común con los diputados del común y el síndico personero del ayuntamiento de Palma por decisión de Carlos III cuando permitió que participasen en las juntas de temática fiscal. El monarca ilustrado aprobó la real orden de 28 de noviembre de 1769 al conceder a los representantes del común voto igualitario que a los regidores.24 De este modo, el diputado del común tenía voz y voto en la junta al contrario que el síndico personero que solo tenía voz a la hora de denunciar o hacer propuestas.25 Falta por mencionar el secretario que redactaba las actas de la junta y las firmaba para validar el acto. Además tenía obligación de organizar los libros y papeles generados por la junta.26 Este secretario era uno de los oficiales de la Contaduría lo que facilitaba las tareas aunque ocasionalmente asistía el segundo secretario de la ciudad de Palma al tener la doble función.
La junta contaba con un agente en la Corte para defender ante las autoridades, tribunales y órganos administrativos los derechos de los caudales comunes.27 El agente tenía asignada una cantidad en concepto de sueldo, gastos de viaje, manutención, gestión, etc. De forma excepcional también se envió desde Mallorca a un agente extraordinario para tratar temas de capital relevancia. El nombramiento del agente extraordinario era nombrado por la junta y en caso de disparidad era el Real Acuerdo.28.
La administración financiera estaba a cargo de la contaduría de caudales comunes encargada de fiscalizar los ingresos, gastos, reducir la deuda pendiente y supervisar la Tabla Numularia. Su dependencia con la junta la obligaba a tener representación para justificar la gestión contable. De modo que la estructura original de contaduría estuvo compuesta por el contador principal, tres oficiales y dos libreros (Organigrama 2) y posteriormente se añadió un cuarto oficial.

Organigrama 2. Estructura organizativa de la Contaduría de Caudales Comunes. Elaboración propia.
El contador principal era máximo responsable de la administración contable y subordinado al presidente. En este sentido tenía obligación de informar regularmente a la junta, incluso en la propia residencia del presidente, de su gestión contable.29 Sus funciones le permitían actuar según su criterio en la supervisión de los remates de los derechos para evitar fraudes o perjuicios. Como persona formada en aspectos legales podía proponer acciones judiciales contra infractores. Su ausencia era cubierta por el oficial primero, segundo o tercero, respectivamente. Así, su nombramiento, a perpetuidad, era responsable la Real Audiencia según la propuesta de tres candidatos presentados por la junta. En este sentido, prestaba juramento ante el presidente y poniendo la mano y besando los sagrados evangelios y prometía ejercer “con la mayor rectitud y entereza el mayor beneficio de los Caudales Comunes (…) cumpliendo las ordenes de la junta, sin exceder sus facultades”.30 Al contador se le dotó de un salario de cuatrocientas libras anuales de los propios caudales comunes más alguna paga extraordinaria según la carga de trabajo. Sus amplias atribuciones restringieron su perfil social y profesional a individuos formados en derecho (licenciados y doctores en ambos derechos) sin necesidad de poseer conocimientos de fiscalidad.31.
A su cargo tenía tres oficiales subordinados con los títulos de oficial primero u oficial de cuentas, con un salario de 300 libras, oficial segundo o escribano de pólizas con 264 libras y un oficial tercero que también ejercía de escribano de restas con un salario de 162 libras.32 La corte de subalternos lo encabeza el librero mayor de la.
Tabla Numularia que era perpetuo, nombrado por la Real Audiencia a propuesta de los candidatos indicados por la junta. Por debajo estaba el librero menor de dicha Tabla, de temporalidad trienal desde 1760. El elenco de cargos menores continuaba con el síndico procurador –jurista que representaba a la junta en los tribunales civiles y eclesiásticos-, un portero responsable de abrir y cerrar las dependencias de la contaduría así como comunicar a los miembros su asistencia en la junta.
4. El sistema tributario. Cargo y data de los caudales comunes.
La nueva administración heredó una fiscalidad sistematizada registrada rigurosamente en los libros mayores (Contaduría Provincial, Libro de Cargo y Data, etc.) y ordenada cronológicamente en dos grandes secciones donde figuran los ingresos o cargo y los gastos o data del año contable. En algunos casos incluían un extracto, a modo de resumen, para un rápido conocimiento del balance económico. El sistema permitió mantener un equilibrio entre ingresos y gastos cuyo balance positivo anual impedía el fatídico descuadre contable.
La base económica estaba formada por el arrendamiento de los derechos consignados agrupados en ramos o clases. Atendiendo a los registros contables se pueden establecer cronológicamente dos periodos. El primero abarca entre 1758 y 1790 al computar los ingresos y gastos consignados en seis ramos: común y diezmo del ganado, alcances de los clavarios, derechos consignados, quitación de censos y valimiento. El segundo periodo a partir de 1791 en el cual se simplifica la contabilidad de ingresos y gastos a los ramos del común y del diezmo (Cuadro 1):
Ramo del Común. El más cuantioso al aglutinar a más de una veintena de arbitrios de origen medieval sobre productos básicos y de la mercadería junto a nuevas imposiciones de época moderna. Los ingresos procedían de la subasta pública de los derechos consignados en la totalidad de los municipios de Mallorca. El particular, o en representación de una sociedad de explotación, administraba el arbitrio gracias a la mejor puja por el periodo fijado y según las condiciones de pago. Como indica Aparicio Pérez, este régimen de arrendamiento a quien más favorecía era a los titulares y a quien menos a la junta y contaduría y sobre todo a los contribuyentes. En efecto, los arrendadores en las subastas de las rentas tenían como objetivo ofrecer la cantidad mínima que les asegurase la recaudación de la imposición, mientas que la contaduría intentaría obtener las sumas más elevadas posibles, pero en muchas ocasiones se adjudicaba el arriendo en no muy buenas condiciones. Finalmente, es claro que en última instancia el coste de los arrendamientos recaía sobre los contribuyentes.33 El impuesto que no alcanzaba en la puja la cifra de la última subasta era la junta de la Universal Consignación quien la administraba durante el año de vigencia.34.
Los arbitrios arrendados en la capital insular estaban formados por más de una veintena de impuestos (Cuadro 1) cuyos ingresos eran muy superiores al resto de municipios debido a que la capital concentraba los principales mercados, puerto y hombres de negocios. Atendiendo al alcance de los resultados destacan tres.
El primero es el aceite convertido en el producto “estrella” cuyas cifras son marcadamente superiores al resto. Como es sabido, el aceite adquirió un carácter estratégico en el comercio exterior del territorio al representar alrededor de las dos terceras partes del valor de las exportaciones hasta finales del Antiguo Régimen.35 La exportación de este produjo permitió a la economía insular reequilibrar los balances fiscales desequilibrados a cambio de la importación de productos de primera necesidad. El segundo era el quinto del vino, producto también con posibilidades de exportación aunque tuvo un discreto crecimiento en el tiempo según las cifras de los arrendamientos. El tercero, y con unas cifras más modestas, destaca la sisa de la carne al tratarse de un producto básico de primera necesidad en los mercados y carnicerías palmesanas. El resto de productos, de origen medieval y moderno, computan unos modestos remates que permite intuir lo poco interesado que estarían los hombres de negocios por dichos arrendamientos.

Ano	1767	1777	1786	1794	1800	1806	1810
Imposicion de pastos y barbechos	40	25	34	314	30	30	30
Imposicion de cautivos	400	700	240	39	624	442	442
Peso del carbón	270	120	120	180	225	225	220
Peso lanas y quesos	70	95	80	62	120	50	37
Segell	4.525	1.466	-	51	354	105	-
Agua martes de la manana	-	229	-	.	-	：	-
Agua martes por la tarde	177	236	二	：	：	-	-
Dinerillo del tercio de las ropas	100	50	20	201	30	126	180
Policia	&x27;300	171	200	137	180	180	180
Imposicion telas e hilazas	200	301	141	375	501	820	300
Imposicion almonedas	70	30	15	27	22	24	12
Imposicion cueros y badanas	1.050	850	700	1.100	1.531	1.400	600
Peso de la Romana de la paja	-	38	10	，	：	，	：
Peso Universal	-	-	40	140	211	137	137
Peso de la romana del mercado	30	30	39	25	25	25	20
Peso de la romana del muelle	6	6	30	2	37	25	113
Imposicion del pescado salado	106	43	20	40	126	241	350
Imposicion trigo de la piedra	500	400	230	85	115	140	86
Quinto del vino	10.000	5.500	9.358	10.025	10.025	10.025	13.358
Imposicion de lanas y quesos	1.122	1.700+433	1.523	2.006	1.773	2.205	2.107
Imposicion del ganado y sisa de la carne	800+5.200	·	695+5.011	9.993	5.684	5.684	8.318
Derecho del victigal del aceite	16.100	46.400	25.000	51.308	24.019	23.018	40.019

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Cuadro 1. Ingresos por arrendamientos de arbitrios en Palma [en libras mallorquinas]. Fuentes: ARM, D-1409, 1432, 1454, 1464, 1492, 1503 y 1508.
La categoría expuesta para los tres productos mejor valorados económicamente es aplicable de forma similar en los arrendamientos en los treinta y tres municipios insulares que comprendían la parte foránea insular. Si la sisa de la carne fue un producto capital durante los primeros años, ya entrado el siglo XIX perdió valor y el aceite se convirtió en el principal producto arrendado.
En cuanto a los gastos del ramo del común estaban divididos en cuatro grandes grupos:
Censos. Destinados al pago anual a los censalistas al $3 \%$ de interés. Esta partida, por su cuantía, es la más elevada al fluctuar de un año a otro. Salarios. Estas retribuciones fueron fijas o con poca variación. Si en 1775 esta partida era de 8.283 libras en cambio en 1812 sumó 12.414. Los cargos que percibían esta retribución de caudales comunes eran los denominados de carácter “universal” de la antigua Universidad aunque muchos también ejercían en el ayuntamiento de Palma como institución que asumió parte de las responsabilidades de los extinguidos Jurados y Gran i General Consell de Mallorca. Los salarios quedaron oficializados por Real Audiencia y el Supremo Consejo en el nuevo arancel de 1759.36 La nómina de asalariados estaba compuesta por: corregidor del ayuntamiento de Palma (662 libras), alcalde mayor (370), 20 regidores del ayuntamiento de Palma (3.200), abogado anual (30), síndico anual (30), secretario del ayuntamiento (200), secretario segundo (120), oficial de dicha secretaría (200), maestro de ceremonias (300), abogado perpetuo del ayuntamiento de Palma (200), síndico del ayuntamiento (130), agente de la ciudad en la Corte (141), maestro mayor de albañilería de la ciudad de Palma (150), maestro mayor carpintero de la ciudad de Palma (112), corredor mayor de la ciudad de Palma (14), dos músicos de ministril de la ciudad de Palma (50 cada uno), corneta (25), executor de la justicia de las ciudad (150), tambor mayor (25), seis ordinarios (108), maestro de guayta (25) y alcaide de la cárcel de Palma (113). El ayuntamiento de Palma tenía asignadas 1.280 libras anuales de gastos menudos para pagar al macero mayor (160), cuatro masipes (540). Continuaba con el acompañador de los síndicos forenses (220), correo de la ciudad (180) y al masipe de la Universidad Literaria (40), comprobador de los libros de la Tabla Numularia (12), presidente de la junta de caudales comunes (903), contador de la contaduría de caudales comunes (903), oficial primero (602), oficial segundo (496), oficial tercero (451), oficial cuarto (331), oficial supernumerario de dicha contaduría (100), oficial agregado a dicha contaduría (75), secretario de la contaduría (120), tesorero de caudales comunes (530), oficial primero de la tesorería (350), oficial menor de dicha tesorería (200), abogado más antiguo de la junta de la Universal Consignación (30), abogado moderno de dicha junta (20), síndico de dicha junta (60), secretario de dicha junta (27), masipe de dicha junta (90), catedrático de la Universidad Literaria (55), catedrático de prima de leyes, de cánones, de prima de medicina y de vísperas de dicha facultad (42 a cada uno), catedrático de cánones, patología, anatomía, fisiología (10 a cada uno), catedrático de cirugía (37), maestro de retórica (80), maestro de gramá- tica de menores de la Universidad Literaria (65), maestro de gramática de mayores de la Universidad Literaria (70), maestro de latinidad (50), director de la escuela de anatomía (865), rectora de la Casa de la Educación (100), médico de la junta de sanidad (20), cirujano de la misma (15), agente fiscal de la Real Audiencia (301), cequiero mayor o juez de aguas (20), dos cequieros ( 30 y 20 a cada uno), dos pesadores del peso de la harina (91 cada uno), porta cuenta del mismo peso (91), marcador de dicho peso (117), relojero o por tocar las horas día y noche para el repartimiento de las aguas de la huerta del término de la ciudad de Palma (37), ensayador de la casa de la moneda para fabricar las piezas de ley y pesador de doblones (12 cada uno) y capitán del puerto de Palma (5).37
3. Gastos fijos. Partidas anuales que no variaba destinadas al pago de los gastos menudos de la ciudad y del reino, celebraciones religiosas y civiles fijas, Hospital General, Casa de la Misericordia de los pobres, rogativas, misas, limosnas, material de escritorio, etc.
4. Gastos extraordinarios. De carácter excepcional y cuantía variable según las necesidades perentorias del momento. Estas partidas económicas fueron la causa principal del desvío de los ingresos ordinarios a partidas que no tenían el fin originario de reducir la deuda. El incremento económico de estos gastos quedan constatados con la participación española en la guerra contra la Convención francesa (1793-1795), el periodo finisecular (1799-1800) y especialmente en la guerra de Independencia (1808-1812).
Diezmo del Ganado. Segundo ramo económicamente más relevante de los expuestos. Sus ingresos procedían del arrendamiento en subasta pública del diezmo del ganado en los treinta y tres municipios de la isla, excepto en Palma. Los principales gastos de este ramo comprendían las pensiones por las denominadas cavallerías al tener obligación los grandes propietarios agrarios de mantener a disposición uno o varios caballos para la defensa insular. Otra de las partidas eran las asignaciones anuales a las dignidades de la catedral de Mallorca y los censos consignados a este ramo.
Alcance de los Clavarios. Los ingresos de este ramo procedían de las deudas de los clavarios y los réditos de las acciones del banco nacional de San Carlos. La partida de gastos estaba destinada a quintar censos. Desde los años 1758 hasta 1790 se habían destinado 214.243 libras para redimir 6.427 libras censales consignadas al $3 \%$ .
Derechos no Consignados. Comprendía partidas de difícil encuadre. Sus ingresos hace referencia a deudas pendientes con los Caudales Comunes y estaban destinados, en algunos casos por orden de la Real Audiencia –Real Acuerdo-, para sufragar partidas que no estaban asignados en otros ramos.38.
Valimiento o mitad y $4 \%$ . Derecho en propiedad de la monarquía de los derechos consignados. Los ingresos procedían de los atrasos de los clavarios que no cubrieron los ingresos de las tallas e incluso del embargo y venta de sus bienes. El destino de estos ingresos estaba a disposición del monarca que en la práctica se destinaba a validar censos y pólizas consignadas a este ramo.
Una cuestión diferente a la vista hasta el momento es la faceta crediticia de la junta de caudales comunes al tener capacidad para prestar capital a otras entidades. La operación era desarrollada a través de la Tabla Numularia con la correspondiente anotación en los libros de registro de gasto extraordinario del Común. El principal solicitante fue la Intendencia insular que ante la carencia de dinero en la real tesorería solicitaba el empréstito para pagar a la tropa hasta la entrada de dinero en caja procedente de la Talla y del derecho de Utensilio del año fiscal vigente.39 La Intendencia devolvía el dinero a la contaduría, a través de la Tabla Numularia, con la correspondiente anotación en los ingresos del Común. En parecidas circunstancias se recurrió para el pago de la matrícula de la marinería embarcada en la fragata real, Diana, en el contexto de la guerra contra la Convención francesa.40
5. Evolución de los caudales comunes (1756-1812)
La nueva institución fiscal aplicó un mayor control contable que permitió mejorar la eficacia y obtener unos relevantes resultados durante sus primeros años de vigencia. Un aspecto fundamental fue el cambio o supresión de las pólizas por el pago efectivo para cobrar y pagar las pensiones de los censos, créditos a los acreedores. Además se regularon los plazos de cobros y pagos de pensiones censales y priorizó el orden de pago según los ingresos en la Tabla Numularia. Asimismo se estipuló que el sobrante anual fuera aplicado al pago de los créditos atrasados más gravosos. Un aspecto significativo fue la obligación que los derechos no arrendados por pujas inferiores a la vigente o impugnados por causas sospechosas quedaron a disposición de la junta de la Universal Consignación para su administración. De modo que la Tabla Numularia revitalizó sus funciones como caja fiscalizadora. Los pagos eran librados mediante recibo a nombre de la contaduría con la firma de un responsable, el regidor más antiguo, un electo de la Consignación y el primero de los síndicos forenses. Los controles fiscalizadores obligaban a que el contador principal redactara a principio de cada año una cuenta general del año finalizado con la relación de los efectos contables producidos para conocimiento de la junta.
Todo ello y más permitió, durante los primeros años de vigencia, regularizar el pago de salarios, gastos fijos y extraordinarios al igual que sufragar las costosas exequias realizadas en Mallorca de tres realezas, junto la real proclamación de Carlos III y la diputación en Cortes de dos regidores palmesanos. En este sentido también se pagaron las pensiones de los acreedores censalistas por valor de 27.926 libras, equivalentes a 371.709 reales, pagado en metálico y no con vales ni pagarés. De modo que Carlos III tuvo clara la viabilidad de la nueva institución fiscal con la aprobación de la real provisión de 30 de abril de 1762. Los buenos resultados permitieron en años posteriores emprender varias obras públicas y reducir la deuda con la redención a los acreedores censalistas y cuyos capitales, a finales de 1784, importaron 3.204.253 reales de vellón.
Estos buenos resultados no pasaron desapercibidos al intendente Francisco Pineda (1760-1763) al solicitar a Carlos III que la junta y contaduría de caudales comunes fuera agregada a la propia Intendencia del ejército y rentas reales. La reacción de la junta de la Universal Consignación fue solicitar la clemencia regia para impedirlo y así quedó ratificada con la real cédula de 30 de abril de 1762. De nuevo, el intendente, Miguel Jiménez Navarro y Ocio –conde de Redezno- lo intentó en 1785 al solicitarlo a Pedro de Lerena, de la Secretaría de Hacienda y al Consejo.41 El monarca, por consejo de su fiscal, se mostró de nuevo inamovible al no querer novedad como lo certifica el real decreto de 1 de septiembre de 1785 y el real despacho de 11 de diciembre de 1786.42.
En la década de los noventa y primera década del primer decenio de la siguiente centuria, en un largo contexto bélico, quedó trastocado el impulso económico inicial. El verdadero talón de Aquiles fiscal fue el incremento de los gastos extraordinarios por la decisión de la monarquía de emplear o desviar el dinero consignado para cuestiones que no tenían el objetivo originario de amortizar la deuda insular. Aunque no fue el único motivo ya que en su conjunto se trata de un capítulo de varios, en donde cabían gastos de difícil clasificación. El Cuadro 2 refleja el fatídico incremento de los gastos extraordinario en su conjunto.

Ano	1790	1791	1792	1793	1795	1797	1799
Importe	13.071	23.375	9.457	70.335	47.391	46.597	34.404
Afo	1800	1802	1805	1809	1810	1811	1812
Importe	138.958	19.211	43.702	19.034	38.019	34.001	95.166

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Cuadro 2. Gastos extraordinarios [en libras mallorquinas]. Fuentes: ARM, D-1447, 1448, 1449, 1466, 1497, 1483, 1499, 1485, 1495, 1510, 1303, 1304, 1305 y 1306.
A título indicativo señalar que las principales partidas fueron destinadas a la compra de alimentos de subsistencia como grano y carne –en puertos del Mediterráneo y patrones que recalaban en la isla-, para la prevención sanitaria marítima de epidemias, la representación en Cortes $( 1 7 6 0 , 1 7 8 9 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 1 0 ) ^ { 4 3 }$ y la adquisición de acciones en el banco nacional de San Carlos.44 Tampoco ayudó la aprobación de la real orden de 29 de mayo de 1792 que priorizó la extinción de los vales reales, deuda del.
Estado, en perjuicio de la consignada, que en la práctica impidió redimir censos.45 Desde la isla no se suscitó oposición a la distracción de sus fondos o al menos a la recuperación parcial con indemnizaciones que contrariaba las reales pragmáticas. De modo que el Estado recibió desde la isla 5.356.227 reales para reducir los efectos de su deuda cuya cantidad hubiera permitido extinguir una tercera parte del capital de la deuda consignada. Vale la pena recordar que los vales reales eran al $4 \%$ y los censos consignados insulares al $3 \%$ .
La evolución desmesurada del gasto extraordinario tuvo su cénit en el año 1800 al computar 138.958 libras, que incluía 100.000 libras depositadas en la Tesorería del Ejército por la cuota que correspondió a Mallorca en el subsidio extraordinario de 300 millones. Aunque el temido descuadre fiscal entre ingresos y gastos se produjo en 1810 al computar en ingresos 81.722 y en gastos 89.850 libras con un descuadre de 8.128 libras. La clave fue la desmesurada proporcionalidad de los gastos extraordinarios que absorbió casi la mitad $( 4 6 \% )$ de los ingresos.
A partir de la década de los años treinta del siglo XIX se aceleró el desmantelamiento del viejo sistema fiscal. La propia evolución vital de los derechos consignados fue a la baja con la progresiva extinción en la mayoría de casos. Si tomamos como referencia el ramo del común recaudado en Palma en 1684 se constata que tenía consignados veinticuatro derechos que recaudaron 887.693 reales. En cambio en 1830 solo había catorce al computar 725.445 reales. Cifras a la baja en 1849 con solo tres derechos (derecho del victigal del aceite, el quinto del vino y la sisa de la carne), los más rentables que recaudaron 585.601 reales. De todo ello podemos deducir que a mitad del siglo XIX ya se define claramente la fiscalidad liberal que abandonaba la herencia fiscal territorial del Antiguo Régimen.
La junta y contaduría de caudales comunes fue suprimida en octubre de 1830 por decisión de Fernando VII al restablecer la junta de la Universal Consignación de 1684 bajo la presidencia del intendente de rentas, un asesor y la gestión de los depó- sitos por un interventor y varios oficiales. La regencia isabelina inició la extinción del sistema consignado al ser absorbida la deuda por el Estado. El real decreto de enero de 1835 mandó cesar la junta y la administración de los consignados pasó al gobierno civil. Los intentos de la junta para su restablecimiento fueron infructuosos ya que la real orden de 10 de mayo de 1836, materializada en septiembre de aquel año, traspasó sus competencias a la Diputación Provincial. Pocos años después, por real decreto, se declaró extinguida definitivamente la deuda pública de Mallorca. Las reclamaciones de los acreedores por el incumplimiento de los convenios precedentes fueron desviadas a los tribunales judiciales, como así lo declaró el Real Consejo en agosto de 1848.
Conclusiones.
A tenor de lo descrito hasta el momento podemos afirmar que la creación de la junta de caudales comunes se enmarca en un proceso ilustrado centralizador para dinamizar la gestión de los derechos municipales y territoriales. Los exitosos resultados iniciales de una mejora recaudatoria estuvieron propiciados por la aplicación de una eficaz y fluida administración. Aunque el resultado global fue limitado al no solucionar el crónico endeudamiento heredado. Las causas fueron diversas pero parece evidente que aumentaron peligrosamente los gastos extraordinarios empleados para cuestiones internas de la isla (subsistencia alimenticia, prevención sanitaria, etc.) y externas con la modesta contribución al Estado. Es de consideración anotar los gastos ocasionados por la contribución en la guerra contra la Convención francesa. Por otro lado, está claro que los acreedores se hallaban cómodos con sus censos, con privilegios y exentos de muchas contribuciones, al ser administradores de los fondos. Éstos trataron más de asegurar y perpetuar los réditos que de extinguir los capitales.
Puntualizar, por último, que la prolongada longevidad de la deuda pública insular, con más de seis siglos de trayectoria, llegó a su fin con la implantación del liberalismo decimonónico en un proceso real, ahora sí, de reset de la deuda pública insular y una centralización de la fiscalidad nacional.

Cargo o ingresos
Afio	Comun	Diezmo delganado	Alcance de losclavarios	No consig-nados	Quitacion decensos	Valimiento
1765	80.181	28.244	5.110	287	4.902	7.548
1767	88.143	29.375	5.270	318	5.944	1.643
1770	59.304	35.752	15.121	2.158	-	2.347
1775	67.741	18.162	二	910	3.349	138
1780	74.202	12.334	-	1.898	14.741	2.482
1785	61.117	11.816	7.282	3.201	二	751
1790	100.191	12.994	二	1.105	-	12
1791	116.144	12.100	二	二	二	-
1792	98.746	13.177	二	二	二	二
1793	127.357	12.727	二	-	二	二
1795	114.533	7.721	二	二	二	-
1800	202.652	14.648	二	-	-	-
1802	74.874	14.784	二	二	-	二
1805	92.100	22.685	二	-	二	二
1807	82.408	18.302	二	二	二	-
1809	73.523	17.351	-	-	-	-
1810	81.722	19.493	二	二	二	二
1811	98.271	11.211	二	二	二	二
1812	148.347	12.232	-	-	-	二
Data 0 gastos
1765	69.437	19.637	4.710	97	4.718	7.355
1767	80.617	8.397	2.571	5	5.820	1.086
1770	55.996	34.726	12.685	650	-	2.329
1775	59.379	6.616	-	475	2.218	113
1780	69.866	8.356	643	12.408	1.997
1785	57.319	8.612	5.350	1.145	二	658
1790	72.884	8.691	二	927	-	12
1791	91.021	8.351	二	二	-	二
1792	60.869	8.301	二	二	二	二
1793	120.285	10.865	-	：	-	-
1795	96.871	8.419	二	-	-	二
1800	189.923	8.397	二	-	二
1802	70.175	8.370	二	二	二	二
1805	96.835	8.191	二	二	二	-
1807	71.357	18.302	-	-	-	二
1809	71.299	8.314	二	二	二	-
1810	89.850	8.311	二	-	二	-
1811	86.133	8.303	二	二	-	二
1812	145.778	8.136	-	-	-	-

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Cuadro 3. Ingresos y gastos de los arrendamientos de los derechos consignados de Mallorca [en libras mallorquinas]. Fuentes: ARM, D-1410, 1411, 1416, 1423, 1437, 1442, 1447, 1448, 1466, 1467, 1485, 1495, 1510, 1302, 1303, 1304, 1305 y 1306.