Comisiones investigadoras en las transiciones democráticas en Argentina. El caso de la provincia de Santa Fe\*.
Marianela SCOCCO Universidad Nacional de Rosario.
En este artículo analizamos las comisiones investigadoras relacionadas con hechos represivos de gravedad y formadas en la provincia de Santa Fe, Argentina –que tuvieron réplicas a nivel nacional y en otras provincias–, como hechos por excelencia de las transiciones democráticas, puesto que son medidas que toman los nuevos gobiernos que atañen a la investigación de lo ocurrido en los anteriores. Nos centramos en dos momentos y experiencias diferentes: la primera es la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Tortura de 1973, creada tras la dictadura autodenominada Revolución Argentina (1966-1973); la segunda es la delegación Santa Fe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que funcionó en el año 1984 tras la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Para introducirnos en el tema es necesario analizar qué entendemos por transición democrática. Desde las ciencias sociales, la transición argentina más conocida es la referida a la última dictadura militar (1976-1983) y abarca desde el periodo final de dicha dictadura a la primera etapa del gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989). Sin embargo, como sostiene Marina Franco, el concepto de “transición a la democracia” obliga a pensar en un punto de llegada y uno de cierre y lleva a la búsqueda de las variables que marcarían ese cierre, mientras que cuando hablamos de procesos históricos y no de modelos, éstos no tienen cierre de ningún tipo. Por eso, si bien la autora sostiene que el término “transición a la democracia” es una categoría nativa de muchos actores de la época, sugiere utilizar la noción de tránsito o incluso transición a secas, sin la sobrecarga de sentido que implica suponer que el proceso se dirigía necesariamente hacia “la democracia”1 . Esta definición nos permite utilizarla también para otros periodos históricos aquí analizados, como la transición que comenzó en 1973, que no logró consolidar la democracia y culminó con un nuevo golpe de Estado y la instauración de otra dictadura en 1976.
La bibliografía argentina más clásica, en general, es propensa a pensar este periodo (1973-1976) como un breve intervalo de democracia entre dictaduras. Esta posición ha ligado los procesos políticos y sociales ocurridos entre los años 1966-1976 en un solo periodo que, caracterizado de diversos modos según los autores, ponía en evidencia una ruptura clara entre esa etapa y la abierta luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Marina Franco cuestionó esta perspectiva cuando analizó que la escalada represiva –que comenzó con el derrocamiento de Perón en 1955– se cristalizó en la última dictadura y tuvo un importante peldaño en la etapa 1973-1976, examinando los elementos de continuidad con el periodo posterior2 . Esa visión generalizada por la historiografía y construida posteriormente también impidió analizar este momento como una transición, en todo caso truncada por un nuevo golpe de Estado. En esta etapa, se creó en la provincia de Santa Fe la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Tortura que analizamos en este artículo.
Los estudios sobre las transiciones en el Cono Sur en la década de 1980, por otro lado, se preocuparon por la construcción de distintos modelos y alternativas para explicar los procesos y las condiciones de posibilidad de las nuevas democracias. Para el caso argentino, uno de los puntos clave fue la diferenciación de la transición por colapso en la cual no hubo pacto entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y las fuerzas políticas, sino un derrumbe del Gobierno militar. La transición política argentina de la dictadura a la democracia en los años 80 se diferenció de la transición anterior3 . Por un lado, porque la derrota en la guerra de Malvinas, y la pérdida consecuente de capital político, le impidió a los militares imponer una transición pactada4 que incluyese limitaciones al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos5 . Por otro, y quizá como consecuencia de lo anterior, porque el triunfo en las elecciones de 1983 de Raúl Alfonsín supuso el arribo a la presidencia de un candidato dispuesto a procesar judicialmente a los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos6 .
En la instalación del régimen político democrático sin duda fueron fundamentales las primeras medidas del gobierno de Alfonsín en torno a investigar y juzgar los crímenes cometidos por la dictadura7 . Como sostienen Feld y Franco, el problema de la justicia fue uno de los temas centrales del periodo, ya que ni siquiera para los organismos de derechos humanos estaba claro en qué podía o debía constituir el
2. Concentrándose en particular en las prácticas represivas legales e ilegales desplegadas desde el Estado, en la presencia de la violencia en los discursos públicos de la prensa y distintos grupos políticos y en la trayectoria de la legislación represiva (Un enemigo para la Nación, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012).
3. Así como de las otras transiciones del Cono Sur de América Latina, lo que condicionó también las diferentes formas de abordar el pasado, como veremos más adelante.
4. Hugo QUIROGA sostiene que “la transición democrática en Argentina no se abre paso mediante un pacto. No hay transición pactada; no hay un pacto fundante para la constitución de un nuevo régimen, pero tampoco hay una ruptura total con el régimen anterior. Algunos de los elementos del antiguo régimen prevalecerán como saldo en el nuevo orden político. Y es aquí donde revela interés la hipótesis de ‘pacto postergado’, de un pacto diferido en el tiempo, que crea una situación no clausurada, sino más bien suspendida” (El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976- 1983, Rosario, Fundación Ross, 1994, p. 331)..
5. Marina FRANCO sugiere la necesidad de observar este proceso, ya que, para la autora, la ausencia de un pacto transicional no fue tan lineal ni evidente -como es presentado actualmente- en lo que respecta a la represión (El final del silencio).
6. Emilio CRENZEL, “Los derechos humanos, una verdad evidente de la democracia en la Argentina”, Estudios, n. 29 (2013).
7. Siguiendo a J C. PORTANTIERO y J. NUN, el establecimiento del régimen político democrático se extiende desde las primeras medidas del gobierno radical hasta la coyuntura inmediatamente posterior al Juicio a las Juntas (Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina. Buenos Aires, Puntosur, 1985, p. 262, citado en Daniel MAZZEI, “Reflexiones sobre la transición democrática argentina”, PolHis (1987) p. 10.
castigo por las violaciones a los derechos humanos8 . Por su parte, Carlos Acuña y Catalina Smulovitz argumentan que la política de juzgamiento penal que caracterizó esta etapa –desde las primeras medidas del nuevo gobierno hasta el Juicio a las Juntas– no fue la diseñada por el poder ejecutivo, sino que fue la consecuencia de la articulación de un conjunto de estrategias implementadas por los distintos actores en juego, siendo uno de los protagonistas el movimiento de derechos humanos9 .
A partir del Juicio a las Juntas en Argentina, se promovió lo que sería conocida como “Justicia Transicional”10, aquella que se dio en respuesta de las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos en diferentes partes del mundo.
Las comisiones investigadoras.
Nos parece pertinente definir algunas características de las comisiones investigadoras aquí analizadas. Estas comisiones surgieron con el fin de investigar lo ocurrido en gobiernos precedentes a los que las crearon, investigaciones sobre todo relacionadas con hechos represivos de gravedad, pero no únicamente11. En los años $8 0 \ \mathrm { y }$ 90 luego de las dictaduras del Cono Sur de América Latina, estas comisiones fueron conocidas como Comisiones de Verdad. Fueron denominadas así porque su principal objetivo no era la justicia, sino la paz, ya que no tenían poder de juzgar, sino solamente
9. ¿Ni olvido un perdón? Derechos humanos y tensiones cívico-militares en la transición argentina, Buenos Aires, Documento CEDES/69, 1991.
10. El origen del término “Justicia Transicional” se remonta al período de posguerra de la Segunda Guerra Mundial (1945-1947), con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y los juicios de los soldados japoneses. Una de las innovaciones del contexto de los años 1980 en el Cono Sur fue la aparición de comisiones de la verdad. Sobre la Justicia Transicional. ver Iván Claudio MARX, Justicia Transicional. Necesidad y Factibilidad del juicio a los crímenes cometidos por los agentes del Estado durante la última dictadura en Brasil, La Plata, Ediciones al Margen, 2013.
11. Las primeras comisiones investigadoras así denominadas aparecieron con la Revolución Libertadora (1955-1958) que derrocó al Gobierno de Juan Domingo de Perón. Creadas con el objeto de investigar las irregularidades producidas durante la gestión del régimen al que habían destituido, se transformaron en símbolo de la persecución política contra el peronismo (Silvana FERREYRA, “Las comisiones investigadoras durante la “Revolución Libertadora”. Usos del archivo en la historiografía sobre peronismo y antiperonismo”, Quinto Sol, 20-3 (2016)). En el horizonte de la Revolución Libertadora, el Gobierno peronista era considerado dictatorial y el golpe venía a restaurar la democracia. En este sentido, ya desde su origen se plantearon como elementos transicionales para investigar las acciones llevadas a cabo por un Gobierno precedente. Por citar un ejemplo donde estas comisiones fueron tomadas como antecedentes, en el contexto de descomposición de la última dictadura militar y del debate acerca del “problema de los desaparecidos”, el ex presidente Arturo Frondizi afirmaba que “es bueno recordar que las comisiones investigadoras, y pienso en 1955, generaron más odio y enfrentamiento que justicia”. (diario Tiempo Argentino, 27-1-1982, citado en FRANCO, El final del silencio, p. 233).
de investigar y, de hecho, con excepción de Argentina, en el resto de los países estos crímenes no fueron juzgados12.
El investigador chileno Fernando Camacho Padilla sostiene que una de las razones por las cuales se crearon las Comisiones de la Verdad en varios países de América Latina –al poco tiempo de restablecerse la democracia– fue “la imposibilidad que prevalecía, todavía en ese momento, de procesar a los represores. Se entiende que ante la falta de justicia, los gobiernos sintieron la obligación moral de, al menos, investigar y presentar públicamente la verdad de estos hechos”13. No obstante, creemos que la aspiración de justicia ya era un objetivo de la Conadep (Comisión de Argentina) y, de hecho, éste fue el único país que llevó a cabo un juicio ejemplar por los crímenes cometidos por las FFAA14.
La idea de comisiones investigadoras apareció en este país promediando la década de 1950. Pero estas comisiones adquirieron mayor relevancia a partir de los años 70, cuando fueron reclamadas por diversos sectores de la sociedad, y sobre todo en los 80, cuando surgieron a causa de las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos ocurridas en varias partes del mundo, especialmente en Latinoamérica.
Desde entonces, las discusiones se han centrado en cómo y quienes debían constituir esas comisiones y los alcances de justicia que tenían, al tiempo que esas discusiones se trasladaban a la competencia de los tribunales que debían juzgar los hechos investigados por estas comisiones15.
14. FRANCO sostiene que “la ‘transición’ argentina es conocida y destacada en el mundo entero por el peso de los derechos humanos y la opción por la justicia como política de Estado posdictatorial” (El final del silencio, p. 20).
15. El primer hecho resonante del período ocurrió con la desaparición de Juan Ingallinella, médico y dirigente del Partido Comunista de la Provincia de Santa Fe. El 17 de junio de 1955, antes del golpe que derrocó al presidente Perón, la policía de Rosario detuvo, torturó e hizo desaparecer a Ingallinella. Se lo reconoce como el primer caso de desaparición en Argentina. Dos semanas después, la Corte Suprema de Justicia resolvió que los policías que habían participado en el operativo debían ser juzgados en tribunales ordinarios y no en un fuero especial como reclamaban los agentes policiales. Si bien en este caso no se creó una comisión que investigue, el ejemplo ilustra la discusión por la competencia de los tribunales que debieron juzgar hechos como éste, que se repitió a lo largo del periodo, incluso hasta la transición democrática de los años 80 respecto de los crímenes de la última dictadura militar.
En la década de 1970, tras los terribles hechos ocurridos de apremios ilegales sufridos por la gran cantidad de presos políticos, los asesinatos y las primeras desapariciones ocurridos en la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973), las diferentes entidades en defensa de los presos políticos comenzaron a pedir por la creación de Comisiones Investigadoras16. En este caso, se pretendía que fueran legislativas, es decir, integradas por diputados y senadores elegidos por el pueblo de aquella reciente y endeble democracia.
En esta etapa, se creó en la provincia de Santa Fe la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Tortura. Tenía a su cargo investigar los delitos ocurridos en la dictadura anterior (1966-1973), pero finalmente centró su investigación en el caso Brandazza, estudiante desaparecido el 28 de noviembre de 1972 en la ciudad de Rosario. La Comisión esclareció totalmente el caso y pudo establecer las responsabilidades de los miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, una serie de acontecimientos impidieron que el juzgamiento fuera efectivo: dificultades para seguir avanzando con la investigación, la negativa a presentarse a declarar e, incluso, la liberación de varios de los acusados como autores del secuestro y desaparición de Brandazza. A ello se sumaban las constantes amenazas a los integrantes de la Comisión.
Era otro el contexto cuando, en 1984, se creó la Conadep, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por la última dictadura (1976-1983). Luego de anunciada su formación17, pronto surgieron discrepancias respecto de la investigación de lo ocurrido y del juzgamiento de los responsables. Los organismos de derechos humanos proponían la conformación de comisiones legislativas con poderes especiales, tanto en el plano nacional como en las distintas provincias18. Se argumentaba que la contundencia de los resultados de una investigación parlamentaria podría imponer la necesidad de un castigo. Por el contrario, Alfonsín impulsó el modelo de una comisión de personalidades. La decisión de crear la Conadep en lugar de una comisión bicameral generó muchas críticas. No obstante, su funcionamiento demostró que, a pesar de las diferencias de criterios sobre el carácter de la comisión, casi todos los organismos de derechos humanos colaboraron activamente con ese cuerpo y garantizaron su labor en todo el país19. Una delegación de la Conadep se creó por entonces en la provincia de Santa Fe y es objeto de análisis de este artículo.
La Comisión Brandazza.
El 28 de noviembre en 1972 se produjo en Rosario, provincia de Santa Fe, el secuestro y la desaparición de Ángel Tacuarita Brandazza, cuando tenía 23 años20. La hipótesis más fuerte es que su muerte se produjo debido a las torturas a las que fuera sometido, sin premeditación ni intención de este trágico resultado.
El 30 de noviembre de 1972, los abogados de la familia Brandazza, Roberto Columba y Mario Ducler, dieron una conferencia de prensa, donde responsabilizaron a policías y militares y denunciaron la detención de la madre, Lorenza Cansela, del hermano de Tacuarita, Rubén, y de algunos compañeros estudiantes. Señalaron que “ante los pedidos requeridos por el juez interventor en los recursos de habeas corpus interpuestos, tanto la policía provincial como la Federal y el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, respondieron de forma negativa desconociendo intervención en el procedimiento”. No obstante, sostuvieron que “estamos en condiciones de afirmar que el secuestro se realizó efectivamente con intervención de la policía y presumiblemente bajo la dirección o a pedido del Segundo Cuerpo de Ejército”21.
Ángel Emilio Brandazza, padre del estudiante desaparecido, pidió por escrito el 4 de diciembre de 1972saber qué pasó con su hijo, con el patrocinio de los doctores Mario Ducler, Juan Bernardo Iturraspe, Héctor Gómez Machado y Roberto Columba 22. El juez de instrucción de la $3 ^ { \mathsf { a } }$ nominación Hugo Castagnino recibió la denuncia e inició una causa que, sin embargo, no tuvo demasiado impulso.
Recién el 12 de diciembre, el II Cuerpo de Ejército dio a conocer un comunicado con la firma de su jefe, general de división Elbio Leandro Anaya23, donde negó que Tacuarita hubiera sido detenido por las fuerzas de seguridad bajo su mando. Sostenía, sin embargo, que Brandazza (o Vicente o Roqué) 24 estaba siendo buscado como miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)25 y “por diversos hechos subversivos, entre ellos el asesinato del general Sánchez”. El II Cuerpo reconocía que el 28 de noviembre había realizado un allanamiento en la casa de Brandazza, donde secuestró material subversivo y detuvieron a Lorenza Cansela, Rubén Brandazza, Abel Boulloza y María Cristina Medina por averiguación de antecedentes, que fueron liberados “dentro de los plazos legales de la Ley 19.071”26.
Pese a los esfuerzos realizados por la familia y los abogados, no se logró dar con el paradero del joven. Como sostiene Águila, “si bien no fue el único acontecimiento de ese tipo registrado en nuestro ámbito, sin dudas fue uno de los casos más resonantes de desaparición de personas ocurridos antes del golpe de estado de marzo de 1976”27.
El 11 de marzo de 1973 se celebró la primera elección presidencial directa de Argentina tras casi siete años de dictadura militar. Héctor Cámpora fue el candidato más votado y asumió el 25 de mayo de 1973. En la madrugada del 26 de mayo, por la presión de la movilización popular, Cámpora dictó el Decreto 11/1973 disponiendo el indulto de 372 personas, aunque se estima que fueron liberados unos 450 presos políticos28.
El 17 de mayo de ese año había ingresado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe el primer proyecto legislativo luego de los años de dictadura. Proponía la creación de una Comisión Investigadora, que tendría carácter de bicameral y gozaría de amplias facultades para investigar y sancionar a los responsables de apremios ilegales cometidos en reparticiones policiales29. Dicho proyecto había sido presentado por el diputado electo Tito Livio Vidal30.
El 27 de julio de 1973, por Resolución $ { \mathbf { n } } ^ { \circ } \ 2 0$ de la Cámara de Diputados de la provincia, se conformó la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Tortura de la Provincia de Santa Fe. Estaba encabezada por los diputados peronistas Rubén Dunda, Juan Luis Lucero y Domingo Pochettino y conformada por otros diputados, senadores y sumariantes31. El Área Rosario de la Comisión tuvo su sede en el Palacio de Justicia de los Tribunales Provinciales. Si bien el de Brandazza no era el único caso de “apremios ilegales y tortura” en la provincia, tal como lo consignó la Comisión en su primer informe, lo cierto es que asumió esta causa como central al punto de que se la conoció como “Comisión Brandazza”32. Lo que tuvo de particular este caso es que se pudieron determinar las circunstancias del hecho: cómo lo secuestraron, quiénes eran los involucrados, cómo lo hicieron. Como sostiene Ariel Eidelman,
a diferencia de la experiencia posterior, la metodología aplicada por el aparato represivo en esos años no parece haber sido el secuestro para la desaparición, sino la utilización de una extrema discrecionalidad para transformar detenciones en secuestros, secuestros en detenciones y la posibilidad de hacer desaparecer el cadáver en los casos en que la víctima muriera durante las sesiones de tortura, de forma de ocultar con el cuerpo la prueba del asesinato. También existía una garantía de protección e impunidad para los agentes del Estado comprometidos directamente con esas prácticas33.
Esta situación de desaparición transitoria dejó un saldo que ronda la docena de personas que fueron definitivamente desaparecidas entre 1970 y 1973 en todo el país. Jorge Elías, sumariante de la Comisión, recuerda que
la Comisión se llamaba Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Tortura, digamos que en esa época la idea del desaparecido todavía no estaba incorporada, el único desaparecido que yo creo que se investigó era el de Brandazza, porque yo creo que en la zona nuestra era el único caso, todavía se pensaba más en la tortura que en el desaparecido34.
La Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas abrió la causa número uno por el caso Brandazza35. El juzgado de instrucción de la $3 ^ { \mathsf { a } }$ nominación, a cargo de Hugo Castagnino, había instruido la causa 904/72 por este caso, que había sido elevado a la Corte Suprema de Justicia Nacional. Ésta fue la primera documentación que solicitó e indagó la Comisión.
Por su parte, la familia no había dejado de reclamar. El mismo 27 de julio de 1973 emitió un comunicado firmado por Ángel Enrique Brandazza y Lorenza Cancela, padres de Brandazza36. Se mencionaba allí, por primera vez, sobre un testigo que estuvo implicado en los hechos: “Según informaciones que recibimos de distintas vías, el gendarme Vicente Gamboa, que era cocinero en la Seccional Quinta de la Policía de Rosario, fue testigo presencial de las torturas que se le infligieron a nuestro hijo”. Lo había comentado su esposa, que trabajaba como empleada doméstica, hasta que la versión llegó a los abogados de Brandazza37. En el comunicado también hacían alusión a declaraciones de otro testigo: el ex oficial Jorge Colombo. Este había sido secuestrado el 17 de julio por un comando del ERP. La noche siguiente se encontró en el baño de un bar céntrico de Rosario una nota firmada por el ex policía en la cual denunciaba que “Brandazza fue secuestrado por un comando policial a las órdenes del II Cuerpo del Ejército”. Dos días después, el ERP difundió otra carta de Colombo en la cual acusaba, como participes en el hecho, a los integrantes de un comando denominado con la sigla SAR: Servicio Área Rosario o Sub-Área Rosario, Servicio Anti-Subversivo de Rosario38 o, incluso, Comando ZAR (Zona Área Rosario), dirigido por el Comando del II Cuerpo e integrado por militares, gendarmes y miembros de la policía provincial39.
El 28 de noviembre de 1973, al cumplirse un año de la desaparición, la Comisión solicitó la inmediata citación del siguiente personal policial: Gregorio Prieto, Alberto Máximo Grandi, Rubén Oscar San Juan, Ovidio Marcelino Olazagoitía y Ángel Jesús Farías. A continuación, la Comisión se constituyó en la Jefatura de Policía y requirió el urgente arresto e incomunicación de los mencionados anteriormente para tomarles declaración40. Jorge Elías recuerda:
Las detenciones se produjeron exactamente el 28 de noviembre del año siguiente, es decir, un año después de la desaparición de Brandazza. Cuando veníamos de detener a Farías y al otro [...] las paredes estaban empapeladas con el retrato de Brandazza, porque había habido una gran movilización con el motivo de ese aniversario.41 La coincidencia fue que mientras habíamos llevado a detener a esta gente, pasábamos por una ciudad desierta y repleta de caras de Brandazza que nos miraban lo que estábamos haciendo42.
36. “Comunicado: A ocho meses del secuestro y desaparición de Brandazza”, La Capital, 27-7-1973.
37. El escribano Eduardo Garat le comentó a los abogados Ducler y Columba que su tía, que trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social, tenía una compañera de trabajo que a su vez tenía de empleada a una señora, esposa de un gendarme, que le había comentado que su esposo “había sido emocionalmente afectado al ver, en dependencias de la seccional $5 ^ { \mathrm { a } }$ de la policía de Rosario al joven Ángel Enrique Brandazza en estado de agonía como consecuencia de las torturas sufridas y a los médicos de la repartición haciendo vanos esfuerzos para salvarlo” (Declaración de Mario Ducler, 7-11-1973, Causa $\mathbf { N } ^ { \circ }$ 1/73. Víctima: Brandazza, Ángel Enrique, foja 107 reverso). La Comisión no pudo tomarle declaración ni a Gamboa ni a su mujer, porque ambos desaparecieron a poco de ser difundida esta versión (“Una comisión bicameral informó acerca de investigaciones en el caso Brandazza”, La Capital, 1-12-1973.
38 Mauro CAMILLATO, “El caso Brandazza 28 años después”, s/f.
(consulta do 10-6-2017).
39. ÁGUILA, “El Ejército y el accionar represivo entre dos dictaduras, 1966-1983”.
40. Nota al Jefe de la policía de Rosario, Albino Soldano. Causa $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } \ 1 / 7 3$ . Víctima: Brandazza, Ángel Enrique, foja 135.
41. Se había realizado un acto en la Facultad de Medicina, convocado por lo que se denominaba como la “Comisión Popular de apoyo al organismo bicameral”. Otros actos eran convocados por la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Ciencias Económicas y por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en la escuela Superior de Comercio (“A un año de su desaparición evocarán a A. Brandazza”, La Capital, 28-11-1973).
42. Testimonio de Jorge Elías (CAMILLATO, El Paradigma Brandazza).
La causa tuvo un vuelco cuando el agente de la policía provincial, Ángel Jesús Farías, solicitó que rompieran su declaración anterior, ya que “deseaba decir toda la verdad”. Entonces contó que participó del secuestro de Brandazza (que él llamaba “detención”), como personal de apoyo junto a Prieto, por orden de Vilanova y a sabiendas del Capitán Fernández, debido a que ellos tenían conocimiento que en Boulevard Seguí y Constitución43 se encontraba “Mateo”, es decir Julio Roqué,44 y que lo detuvieron a las doce y treinta cuando Brandazza salió del lugar. “Que luego fue llevado a la Seccional $5 ^ { \mathrm { a } }$ donde estaba el SAR. Al llegar allí a él y a Prieto los mandaron a sus casas, por lo que no participaron del allanamiento en la casa de Brandazza. Que después le pusieron horarios para custodiarlo y que él estuvo las noches de martes, miércoles y jueves”45. Solicitó asimismo hacer un croquis para ubicar el lugar y así lo hizo46, constando éste en su declaración.
En otra declaración ampliatoria, Farías sostuvo que en esos días se comentó que se habían comprado 40 kilos de cal y que se había utilizado una lancha para tirarlo al $\mathrm { r \acute { 1 } 0 } ^ { 4 7 }$ . Juan Lucero sostiene que
el sargento y la señora del sargento –que no pudieron con su conciencia – fueron los que declararon que estaba muy golpeado y un día lo encontró muerto. Entonces contado también por $\mathrm { { \acute { e l } } }$ , se lo arrolló con alambre, se hizo un bloque de cemento y se lo fundió en río Paraná48.
La Comisión esclareció el caso Brandazza, dejando constancia de la investigación en un expediente denominado “Causa $\mathbf { N } ^ { \circ } 1 \mathbf { \Sigma } -$ Brandazza, Ángel Enrique: su desaparición”49. El informe, que por entonces se pensaba como preliminar, se presentó y fue aprobado por unanimidad en la última sesión del año 1973 en la Cámara de Diputados de la provincia. Allí, el diputado Lucero expresó que la Comisión en su
45 Declaración de Ángel Jesús Farías, 29 de noviembre de 1973. Causa $\mathrm { N } ^ { \circ } \ 1 / 7 3$ . Víctima: Brandazza, Ángel Enrique, foja 149 y 149 reverso. De la misma declaración surgió la versión muy difundida acerca del uso de la picana eléctrica: “Sarmiento era un especialista en la picana eléctrica, que la ‘valijita’ o el aparato era igual al que se ve en la película Estado de Sitio. Que a los únicos que le tenían confianza de la Policía Provincial eran a Grandi y Olazagoitía, conocidos como maquinistas” (foja 151 reverso).
46. Luego de esta declaración de Farías, la Comisión realizó una inspección a la comisaría $5 ^ { \mathrm { a } }$ para establecer si el croquis coincidía (“Nuevos elementos de la investigación del caso Brandazza hizo conocer la Comisión”, La Capital, 29-11-1973).
47. Declaración de Ángel Jesús Farías, 1/12/1973. Causa $ { \mathbf { n } } ^ { \circ } \ 1 / 7 3$ . Víctima: Brandazza, Ángel Enrique, foja 163.
48. Testimonio de Juan Lucero (CAMILLATO, El Paradigma Brandazza).
49. Según Lucero, esta documentación fue sacada del país por integrantes de la Comisión para protegerla ante el advenimiento de la última dictadura militar.
sede de Rosario había estudiado, además del caso Brandazza, otros casos de apremios ilegales50. Lucero concluía:
1) Que Brandazza fue detenido por integrantes del Comando SAR, formado por personal Militar, de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Santa Fe; 2) Que la víctima estuvo alojada en la sección $5 ^ { \mathrm { a } }$ de la Policía de Rosario, Dorrego al 900; 3) Que Ángel Brandazza murió víctima de las torturas a las que fue sometido51.
El informe daba cuenta de las torturas cometidas sobre Brandazza, las que le habrían ocasionado su muerte, hasta pudo determinar el lugar donde habían dispuesto del cuerpo. También pudo establecer las responsabilidades de los miembros de las fuerzas de seguridad. A principios de diciembre, la Comisión solicitó por oficio la presentación a declarar de los militares mencionados por los testigos, pero ninguno compareció. Tampoco el gendarme, ni los policías federales requeridos por la Comisión. Cuando se le solicitó al Jefe de la Policía Federal, Miguel Ángel Iñiguez52, poner a disposición a los policías implicados para declarar, éste informó que se encontraban cumpliendo una comisión “reservada” en el exterior del país, con excepción de Fernández que había acordado una licencia sin goce de sueldo con autorización para ausentarse a Venezuela53. Cuando se hizo lo propio por los militares involucrados con Raúl Carcagno, comandante general del Ejército argentino, éste respondió que la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado determinando que en relación a las FFAA correspondía intervenir exclusivamente a la Justicia Castrense54. La respuesta de la
50 “La Legislatura informó sobre el caso Brandazza” (La Capital, 1-12-1973). La crónica menciona los casos de L. Arbelli, Manuel Charani, Salvador Lovello, Mario Torres y Angel Lovello; Luis Eduardo Lescano, Raúl Carleani y Norma Garelli; Luis Evaristo Ceballos y Nélida Barreto, advirtiendo que hubo muchos otros.
51. “Una comisión bicameral informó acerca de investigaciones en el caso Brandazza” (La Capital, 1-12-
1973).
52. El general del Ejército Miguel Ángel Íñiguez fue un personaje singular en la historia de estos convulsionados años. Estuvo vinculado en conjuras golpistas desde 1951 a varios gobiernos de turno (desde Perón y Aramburu, hasta Frondizi e Illia). Participó también en el alzamiento del general Valle de junio de 1956 y en el asalto al Regimiento 11 de Infantería “Gral. Las Heras” en noviembre de 1960. Fue designado Jefe de la Policía Federal, que asumió el 24 de septiembre de 1973 tras la renuncia de Ferrazzano (Marianela SCOCCO y Alicia DIVINZENSO, “Ejército y política: Rosario durante los primeros años del II Cuerpo de Ejército, 1960-1966”, en ÁGUILA, (dir.) Territorio Ocupado.
53. Causa $ { \mathrm { n } } ^ { \circ } \ 1 / 7 3$ . Víctima: Brandazza, Ángel Enrique, foja 205.
54. Nota del Comandante General del Ejército Argentino, teniente general Raúl Carcagno, a la Comisión, 7 de diciembre de 1973, foja 208. El mismo se amparaba en la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la competencia de la causa. La discusión ya estaba planteada en una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia del 25 de octubre de 1973 adjuntada a la causa: “De esta causa surgen graves imputaciones de apremios ilegales y otros delitos, de los que habrían resultado víctimas numerosas personas, además de Ángel Enrique Brandazza, cuya autoría se atribuye a personal militar y de las policías Federal y de la provincia de Santa Fe, que actuaba en ejercicio de las facultades conferidas por el decreto-ley 19.081 del año 1971. En tales condiciones, debe entender respecto del personal militar denunciado el fuero castrense (art. 108, incs. 2 y 3, del Código de Justicia Militar [...]. En el aspecto a la investigación concerniente al personal policial, toca intervenir al señor Juez Federal de Santa Fe, con arreglo a lo decidido por V.E., el 20 de agosto de este año, en la causa ‘Guil, Joaquín y otros $\mathbf { s } / .$ . apremios ilegales’”. Firmada por Enrique Petracchi. Correspondiente al sumario instruido por el juzgado de instrucción de la $3 ^ { \mathrm { a } }$ nominación, Causa $ { \mathbf { n } } ^ { \circ } \ 1 / 7 3$ . Víctima: Brandazza, Ángel Enrique, foja 96.
Comisión argumentaba la creación de la misma, según artículo 46 de la Constitución de Santa $\mathrm { F e } ^ { 5 5 }$ , aclarando que su objeto era
“investigar” todo hecho de apremios ilegales y torturas ocurrido en nuestra Provincia, sin que estemos autorizados a “juzgar” emitiendo sentencia sobre el mérito de las pruebas reunidas. O sea que será la Justicia (Federal o Castrense según corresponda) la encargada del juzgamiento de todos los que comparezcan ante esta Comisión. O sea que esta comisión es competente para detener, incomunicar y recibir declaración a cualquier personal, ya sea policial o militar, involucrado en tales hechos56.
Los únicos que comparecieron y fueron detenidos e incomunicados y luego puestos a disposición del juez federal fueron los policías provinciales ya nombrados.
Al momento de presentar el informe, hubo intentos de derivar la causa a la Justicia Militar y se designó como juez militar al general Carlos Augusto Caro57. En diciembre de 1973, se les solicitó a los miembros de la Comisión mantener una entrevista con Caro58. La Comisión le informó sobre su actuación y tras un breve lapso regresó a Buenos Aires. Los alcances de su participación son confusos, ya que la causa siguió su trámite en la Justicia Federal, a cargo del juez Hector Freytes. Jorge Elías sostiene que.
El comandante del Ejército, el general Carcagno, decide crear una investigación paralela a cargo del general Caro [...]. Fuimos a la sede del Comando [...] a entregarle la copia [del informe], fuimos recibidos con esa amabilidad forzada [...] y nunca más supimos del general Caro ni de los actos de esa investigación59.
Por su parte, Domingo Pochettino recuerda:
Nosotros le vamos a hacer una propuesta a Carcagno, la propuesta fue que lo juzgue un tribunal militar pero con la garantía de que se haga justicia. [...] Nosotros sindicábamos como responsable de la muerte de Brandazza, en definitiva, no solo porque estaba al frente de la región sino porque estuvo presente en las torturas al general Anaya. Después de dos meses asume como comandante en Jefe el primo de Anaya, con lo cual dio por tierra toda la estrategia que habíamos arreglado con Carcagno, a eso hay que agregarle el clima de caos político que cada vez era mayor en la Argentina [...] y la justicia que realmente no hizo nada, los policías que pasábamos a la justicia, tanto de la provincial como la federal, tuvimos nada más que entorpecimiento60.
Mientras tanto, en una reunión llevada a cabo en el palacio de la legislatura provincial con la participación de los miembros de la Comisión, el dirigente de la Juventud Peronista Regional II Jorge Obeid, el ministro de Gobierno Roberto Rosúa y los jefes de bloques de ambas cámaras; Lucero declaró: “Estamos a un paso de establecer donde se encuentra el cadáver del compañero Brandazza”61. Cuando se iba a realizar el rastrillaje en la zona del río donde, según declaraciones, podría hallarse, si no ya el cuerpo, al menos el bloque de cemento al que habría sido amarrado Brandazza, las fuerzas de seguridad fueron advertidas del hecho e impidieron el hallazgo62.
Luego de la entrega del informe de la Comisión Brandazza, el 30 de noviembre de 1973, la policía de la provincia de Santa Fe publicaba un comunicado en el diario $L a$ Capital, donde sostenía que no se cumplía con el “pacto de olvido”63 sobre los hechos perpetrados por uno u otro bando antes del 25 de mayo de $1 9 7 3 ^ { 6 4 }$ . Días después, la policía salía a desmentir esta versión y dejaba explícito su apoyo al trabajo realizado por la Comisión65. No obstante, los abogados defensores de los policías por los que se había dictado prisión preventiva por el caso Brandazza habían solicitado el beneficio de la ley de amnistía dictada el 26 de mayo. La Corte Suprema no hizo lugar de este pedido, lo cual fue apelado por los letrados 66.
En este marco, la policía provincial informaba que, según versiones recogidas, habría circulado en dependencias militares y de la Policía Federal un comunicado, firmado por el “Comando Policial Argentino”. El mismo estaba dirigido a los integrantes de la Comisión y, según el Memorándum,
se hace referencia a las víctimas cobradas por guerrilleros, durante las luchas sostenidas con fuerzas de seguridad. [...] se hace mención de nombres y apellidos de servidores públicos, militares y guardiacárceles, que murieron en cumplimiento de su deber. [...] se enumera además, las acciones de grupos subversivos, tales como asaltos, fugas, robos, etc. y se hace además un llamado a los integrantes de la Comisión, para que desistan de sus propósitos de acumular pruebas en contra de funcionarios de las fuerzas armadas.”67.
En el curso del año 1973 varios miembros de la Comisión habían recibido innumerables amenazas y, en el contexto de la presentación del informe, los integrantes de la Comisión sufrieron seis atentados con armas y bombas68.
En enero de 1974 terminó el mandato de la Comisión y la Legislatura santafesina le otorgó una prórroga de 150 días para seguir investigando. Sin embargo, la Comisión se desarticuló. Ésta fue un importante precedente para el posterior pedido de comisiones investigadoras.
El 22 de enero de 1974 se creó en Buenos Aires una Comisión Provisoria que tenía por objeto lograr la adhesión al proyecto presentado para la creación una Comisión Bicameral Investigadora de los atentados, secuestros, torturas, crímenes y violencia política en general. De ésta participaron organizaciones como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), diputados nacionales y distintos referentes políticos y sociales. En febrero de ese año, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para la creación de “una Comisión Bicameral Investigadora de los atentados, secuestros, torturas, crímenes y violencia política en general, que actualmente distorsionan la voluntad expresada de la inmensa mayoría del pueblo argentino”69. Esto demuestra cómo desde varios lugares, diferentes espacios políticos venían proponiendo lo mismo. Estos antecedentes y, especialmente la Comisión Brandazza, fueron una referencia importante en el contexto de la transición de los años 80. Por entonces, los organismos de derechos humanos de la provincia de Santa Fe citaron a aquella como ejemplo al momento de pedir la constitución de una comisión legislativa provincial. Ángel Enrique Brandazza es el caso más antiguo que tiene el listado de personas desaparecidas elaborado por la Conadep.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)
En el otro extremo temporal, la última transición democrática argentina de los años 80, la primera medida orientada a la investigación sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar (1976-1983) fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Desde su nombre, esta Comisión ponía de relevancia su objetivo más inmediato: el esclarecimiento de lo sucedido con los desaparecidos.
Con la Conadep, el presidente elegido democráticamente Raúl Alfonsín impulsó el modelo de una comisión de personalidades. La propuesta alternativa a nivel nacional era la formación de una comisión bicameral legislativa, impulsada por ciertos organismos de derechos humanos, principalmente por Madres de Plaza de Mayo, y algunos partidos políticos, como el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Intransigente (PI) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC)70. Las Madres argumentaban que la contundencia de los resultados de una investigación parlamentaria podría imponer la necesidad de un castigo, ya que tendría facultades para tomar declaración indagatoria a presuntos responsables71.
La idea de Alfonsín de formar una comisión de personalidades para investigar las violaciones a los derechos humanos se sustentaba en que él consideraba que debía crear un órgano sobre el que tuviera control político. Una comisión bicameral otorgaría mayores atribuciones al Congreso en cuanto a la política de derechos humanos y pondría en peligro su objetivo de limitar el enjuiciamiento y condenar solo a unos pocos jefes. Pero, además, ese órgano también debía ser aceptado por los organismos de derechos humanos y para ello era necesario que estuviera integrado por “personalidades notables”72 que tuvieran credibilidad pública que pudiera garantizar cierta “neutralidad”73.
Sin embargo, la decisión de crear la Conadep en lugar de una comisión bicameral generó muchas críticas. La oposición más radical provino de las Madres de Plaza de Mayo74, a pesar de ello, algunas integrantes de la asociación prestaron testimonio y colaboraron con la investigación. Otros organismos, sobre todo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), colaboraron con sus militantes que, en algunos casos, fueron miembros de la Conadep75. Ésta recibió varios miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.
Algunas provincias como Tucumán76, Chaco, Misiones y Neuquén atendieron el reclamo de los organismos y propiciaron desde las cámaras legislativas sus propias comisiones investigadoras77. En Río Negro, como sostiene Ayelén Mereb, se creó la Comisión Provincial de Derechos Humanos, expresión rionegrina de la Conadep y, al igual que en La Rioja, fue creada por iniciativa del Poder Ejecutivo, invitando a los legisladores a formar parte del espacio. Siguiendo a Mereb, todas estas comisiones realizaron sus propios informes, aunque -con la excepción del caso de Chaco que habría
74. Para la posición de la Asociación Madres de Plaza de Mayo ver GORINI, La otra lucha. Historia de las Madres de Plaza de Mayo; Federico ESCHER, “La Asociación Madres de Plaza de Mayo durante la transición democrática en la Argentina, controversia en torno a la CONADEP”, ponencia presentada en V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Universidad de Buenos Aires, 2009.
75. Lorena BALARDINI sostiene, a partir de entrevistas realizadas a miembros de la APDH, que mucha gente que trabajaba en la APDH formó parte de la Conadep: fueron los que recepcionaban las denuncias, porque tenían más entrenamiento en entrevistar a los familiares. Además manifiesta que la base de la Conadep fue efectivamente la documentación de la APDH, que entregó los testimonios y denuncias que tenía en su sede (“Estrategias de producción de información de las organizaciones de derechos humanos en Argentina. Los usos de la sistematización y la estadística en la búsqueda de verdad y justicia”, tesis de maestría, Universidad de Buenos Aires, 2015).
76. Rubén KOTLER, “Análisis del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983)”, Prohistoria, 11 (2007).
77. Alison BRYSK incluye en esta lista de provincias que formaron comisiones legislativas a Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires, que en diciembre de 1983, estableció una comisión provincial bicameral permanente (La Política de Derechos Humanos en Argentina Protesta, Cambio y Democratización, trad. de Isabel Inguanzo Ortiz de la edición inglesa de Stanford, Stanford University Press, 1994; disponible en )
visto la luz en 1985- ninguno fue publicado y permanecieron inéditos.78 Por su parte, en Córdoba se creó una delegación provincial de la Conadep a semejanza de la nacional79 y ésta sí publicó su informe80.
En la provincia de Santa Fe también existía la discusión sobre si esa comisión investigadora debía ser una delegación de la Conadep o una comisión bicameral legislativa. El Gobierno provincial había rechazado desde un principio la posibilidad de crear una comisión investigadora en su ámbito, lo que había quedado de manifiesto en el inicio de su gestión con el mensaje del gobernador peronista José María Vernet a la Asamblea Legislativa: “Respecto a los hechos del pasado, para nosotros son resorte exclusivo de la justicia. Las comisiones investigadoras en las cámaras no serán promovidas por el Poder Ejecutivo”81. Asimismo, en marzo de 1984, el presidente del bloque justicialista en la Cámara de Senadores declaró que no apoyaría la creación de una comisión bicameral82. Además, el Gobierno provincial obstruyó el trabajo de la Conadep Santa Fe, emitiendo, recién en el mes de agosto de 1984 –a un mes de presentar el informe final– el decreto provincial 2558/84, que se consideraba “indispensable que esta Provincia establezca normas destinadas a facilitar la labor de la Delegación Santa Fe” y por ello decretaba que.
Los distintos Organismos de la Administración, Fuerzas de Seguridad y Reparticiones Autárquicas, prestarán la colaboración requerida por la Comisión Nacional y su Delegación, brindando informes y documentación en forma gratuita, como así también permitir el acceso a los lugares que la misma solicitara83.
Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) santafesina sostenía un discurso que concordaba con las decisiones del Gobierno nacional, por tanto apoyaron la Conadep y su delegación, mientras el Partido Demócrata Progresista (PDP), –cuyos dirigentes habían aportado funcionarios a la dictadura, sobre todo en el nivel municipal y comunal, y que por entonces mantenía presencia legislativa– se abstuvo siempre de todo apoyo a una comisión investigadora provincial84. Los únicos partidos que apoyaban el reclamo de una comisión legislativa en Santa Fe eran el Partido Comunista (PC) y el $\mathrm { P I } ^ { 8 5 }$ .
Ante las disputas y críticas que surgieron en torno a ella, en los organismos de derechos humanos también existió la discusión sobre si esa comisión investigadora debía ser una delegación de la Conadep o una comisión bicameral legislativa. En este sentido, entre los que dieron su apoyo a la primera se encontraba la APDH, por sus vínculos estrechos con el presidente86, pero también Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Entre quienes abogaban por una comisión parlamentaria se destacaba un grupo de mujeres dentro de Familiares, quienes ya mantenían estrechos vínculos con Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires y que, precisamente por estas diferencias –entre otras–, comenzaron en ese momento las reuniones para la formación de la delegación local de dicha entidad87. También la LADH realizó por entonces varias reuniones con las autoridades y manifestaciones públicas en favor de la formación de una comisión legislativa provincial. En febrero de 1984, el diario La Capital entrevistó a algunos de sus integrantes, quienes manifestaron que
la LADH ha enviado una iniciativa al Ejecutivo provincial y a la Legislatura santafesina, en la cual se solicita la creación de una comisión bicameral investigadora e informativa que respalde y contribuya a la recepción de pruebas que permitan el total esclarecimiento de las mismas, para su correspondiente juzgamiento judicial88.
Este proyecto89, enviado a la Cámara de Diputados por la Junta Provincial de la LADH, proponía la creación de una “Comisión Especial Legislativa Provincial de Investigación e Información” sobre los hechos que constituyeran violaciones a los derechos humanos cometidos en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Estaría integrada por seis legisladores, tres diputados y tres senadores. La comisión debería durar 150 días y elevar sus conclusiones inmediatamente, sin perjuicio de efectuar informes parciales en los órganos competentes de la Justicia, para el juzgamiento de los hechos delictivos. La LADH argumentaba que en Santa Fe existían antecedentes al respecto citando la resolución de la Cámara de Diputados del 27 de julio de 1973 que creó la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Tortura de la Provincia de Santa Fe, integrada por diputados y senadores, encargada de investigar dichos delitos ocurridos en la provincia en el periodo anterior (1966-1973), pero que finalmente, y como hemos visto, centró su investigación en el caso Brandazza. También recordaba que el artículo 46 de la Constitución de la.
Provincia de Santa Fe autoriza a la legislatura a designar comisiones con propósitos de información e investigación.
A contrapelo de lo manifestado por la LADH, y en aras de aprovechar una oportunidad política única, la APDH local se alineó a la nacional, que como vimos tenía importantes vínculos con Alfonsín, era miembro de ésta90. En abril de 1984, la mesa directiva de la filial Rosario de la APDH aprobó la conformación de una delegación en el ámbito de la provincia de Santa Fe de la Conadep. Las gestiones para dicha conformación se consolidaron a través de reuniones, entrevistas y conferencias de la APDH y los integrantes de la Conadep en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Sostenían que
una delegación en el ámbito de la provincia, que podría contar con secretarías en Rosario y Santa Fe, podría unificar todos los esfuerzos en todos los sectores políticos, religiosos, sociales, etcétera, en torno a la continuidad de la investigación para desmantelar el aparato represivo91.
A tales efectos, se mantuvieron contactos permanentes con la Conadep nacional. La APDH local exhortó a los otros organismos y partidos para trabajar en forma unificada. Sin embargo, aclaraban que “esto no implica dejar de lado el planteo sobre la necesidad de una comisión bicameral parlamentaria que sostienen todos los organismos de Derechos Humanos, como medio idóneo para que se profundicen todas las investigaciones a través de representantes elegidos por el pueblo”92. Esto último, así como la participación activa de los organismos rosarinos en la futura delegación de la Conadep local, puede pensarse como una estrategia orientada a no fracturar el movimiento de derechos humanos en la ciudad.
Dicha estrategia, que además continuaba con las actividades conjuntas llevadas a cabo por los organismos hasta el momento, quedó demostrada en los días subsiguientes cuando la APDH junto a otras dos entidades de derechos humanos, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario, realizaron una reunión informal para dar a conocer un informe sobre las personas desaparecidas de Rosario, que fue entregado a los miembros de la Conadep presentes, entre ellos su presidente, Ernesto Sábato93.
Finalmente, en Santa Fe no se organizó una comisión parlamentaria y la Conadep nacional dio a conocer la conformación de la delegación Santa Fe mediante una conferencia de prensa el 30 de mayo de 1984.
Lo destacado de la Conadep local no fue precisamente una gran tarea en cuanto a la recopilación de documentos y testimonios, los cuales fueron aportados en su mayoría por los organismos, sino el carácter público que tomó dicha información a partir de la difusión que propició, especialmente, la prensa escrita. Así, hechos significativos de la represión en Rosario, que eran de conocimiento de los familiares e integrantes de los organismos, fueron puestos a disposición de toda la población a partir de su aparición, por primera vez, en la prensa local.
También se realizaron inspecciones en los espacios que habían funcionado como centros clandestinos de detención (CCD). Efectuadas entre miembros de la comisión y ex detenidos, implicaban el encuentro con militares y policías, que en algunos casos podían ser los propios perpetradores que por lo general continuaban en funciones, y eran acompañadas por los medios de comunicación así como de un equipo técnico – arquitectos, abogados, peritos judiciales– que pudiera dar acabada cuenta del espacio, dotando de valor jurídico la palabra de los sobrevivientes.
Un hecho significativo en Rosario fue el hallazgo de importantes archivos documentales relacionados con los servicios de inteligencia de la dictadura. El descubrimiento llegó de la mano de una denuncia a los integrantes de la Conadep. Hugo Urcola, pastor metodista y miembro de la Conadep local, sostiene que.
La acción más relevante de Conadep es cuando dimos con todos los archivos de los servicios. Eso vino a través de una denunciante que estaba vincula a un ex pastor luterano que empezó a trabajar para los servicios, Pérez Blanco se llamaba. El tipo fue pastor de la iglesia metodista en Saladillo. Este tipo se fue de la iglesia, la iglesia luterana lo echó, y como había sido egresado del Colegio Militar empezó a trabajar para los servicios. [...] Esta mujer nos confiesa que ella sabe dónde están los archivos de los servicios. Pero no nos lo dice a nosotros, viene y nos dice que ella únicamente va a informar al obispo Gattinoni y al obispo De Nevares, porque ella tenía una información muy seria. [...] Entonces vinieron de Buenos Aires, se contactaron con esta mujer, esta mujer ya les había dicho dónde estaban, en un departamento acá en pleno centro. Todos los archivos de los servicios94.
El pastor no tuvo acceso a dichos archivos en aquella oportunidad, pero supo de su contenido a través de la abogada Delia Rodríguez Araya, que participó del allanamiento y pudo verlos. Así ambos conocieron que, entre otras cosas, se encontraban allí carpetas personales con información de ellos mismos. El allanamiento se realizó con intervención de la justicia provincial ya que al tratarse de un domicilio particular era necesaria una orden judicial. Del mismo participaron la ya nombrada Rodríguez Araya, el Dr. Francisco Martínez Fermoselle, por entonces juez de Instrucción de la $1 0 ^ { \mathrm { a } }$ Nominación, e integrantes de la Conadep nacional. La documentación incautada fue trasladada y depositada en los Tribunales Provinciales, hasta octubre de 1984 cuando fue sustraída tras un llamativo robo95.
Para sintetizar, interesa remarcar que no hubo una tarea específica de investigación de la Conadep, el trabajo de denunciar las desapariciones e identificar a los represores ya se había hecho –en su gran mayoría– en el equipo jurídico de los organismos de la ciudad. Todo ese trabajo que se había realizado a finales de la dictadura fue entregado a la Comisión a través de Delia Rodríguez Araya, aunque muchas de las militantes que habían integrado ese equipo no apoyaron la Conadep. A esa información se sumaron las inspecciones en los CCD y los allanamientos en departamentos donde se encontraba material de los servicios de inteligencia que realizó la Conadep local.
El 20 de septiembre fue entregado el resultado de toda esa investigación al presidente Alfonsín. En Rosario, la convocatoria en apoyo de la entrega fue en la Plaza Pinasco96, en frente del Centro Cultural Bernardino Rivadavia97, donde se habían recibido testimonios y denuncias98.
El informe consideró a Rosario como un “gran embudo” donde confluían los secuestrados, que se centralizaban en el Servicio de Informaciones de la policía provincial, y concluyó que alrededor de 2.000 personas sufrieron violaciones a los Derechos Humanos y aproximadamente 300 continuaban desaparecidas99.
Los diarios locales destacaron que dentro del listado de 1.300 oficiales y suboficiales de las FFAA seriamente comprometidos en la represión, listado que finalmente no fue publicado con el informe100. Camacho Padilla sostiene, para los casos de Argentina y Chile, que
los informes de las Comisiones de la Verdad entregan una versión oficial del pasado que ha logrado imponerse mayoritariamente en la vía pública, en los centros de estudio, y en los medios de comunicación. Se trata de una historia que estaba principalmente dirigida al núcleo de la ciudadanía que no fue directamente afectado por la represión, pues las fuerzas armadas la rechazaron, y los organismos de derechos humanos, a pesar de su estrecha colaboración, tampoco la compartieron plenamente101.
El Informe Final de la Conadep fue la base fundamental para la sustentación del Juicio a las Juntas Militares, iniciado por la Cámara Federal contra los comandantes de las tres primeras Juntas, que comenzó en abril de 1985. Rosario apareció como uno de los lugares clave donde se aplicó del terrorismo de Estado, siendo seleccionados los casos más paradigmáticos. Muy pronto, sin embargo, y bajo amenazas de los militares, el Gobierno truncó ese proceso de juzgamiento y aprobó las leyes de impunidad, también conocidas como Leyes del Perdón, tarea que completó el gobierno siguiente
97. Hoy Centro Cultural Roberto Fontanorra.
98. “Acto en Plaza Pinasco en apoyo a Conadep” (Democracia, 14-9-1984). Por su oposición a la Conadep, las Madres de Plaza de Mayo no participaron del acto.
99. Informe Final de lo actuado por la Delegación Santa Fe de la Conadep, Rosario (Santa Fe), septiembre 1984. Las listas actualizadas de los organismos de la ciudad dan cuenta de 350 personas desaparecidas. A nivel nacional, la Conadep recopiló información sobre 8.961 casos de desaparecidos en Argentina durante la última dictadura militar. El registro actualizado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con alrededor de 13.000 desapariciones, y está conformado por la base que preparó la Conadep, más las denuncias aportadas durante las últimas décadas. Los organismos de derechos humanos, basados en las denuncias que registraron durante el transcurso de la dictadura, estimaron que los desaparecidos fueron 30.000.
100. El Poder Ejecutivo decidió retirar la lista de responsables implicados en la represión del Informe Final de la Conadep y creó la Subsecretaria de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Presidencia y encargado de continuar con las investigaciones y giraron los resultados a los juzgados donde se tramitarían las causas y juzgarían a los responsables.
101. CAMACHO PADILLA, “La construcción histórica de la represión de Argentina y Chile”, p. 41.
con los indultos a los jefes militares que habían sido juzgados en el Juicio a las Juntas102.
Conclusión.
El traspaso de Gobierno en 1973 se inició con la idea de varias entidades defensoras de los presos políticos de llevar a cabo comisiones investigadoras sobre las detenciones ilegales, las torturas y las primeras desapariciones. La creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Tortura de la provincia de Santa Fe respondió a esta demanda de época y avanzó sustancialmente en la investigación de lo sucedido con el secuestro y desaparición de Ángel Brandazza, aunque no se logró juzgar a los responsables.
Al año siguiente, el 22 de enero de 1974 se creó una Comisión Provisoria que tenía por objeto lograr la adhesión al proyecto presentado para la creación una Comisión Bicameral Investigadora de los atentados, secuestros, torturas, crímenes y violencia política en general.
Diez años después, con la Conadep apareció la comisión investigadora por excelencia que, a pesar de las disputas en tal sentido, presentó una variación en cuanto a su constitución y no fue ya legislativa, sino una comisión de notables independientes de los cargos electivos. Tanto la Conadep como su informe se constituyeron en modelos de otras Comisiones de Verdad del continente que tramitaron pasados de violencia política y dictaduras militares.
Pero su constitución no fue la única diferencia entre las comisiones aquí analizadas. Se presentó también una distinción en sus nominaciones que respondían a los hechos investigados. En la primera todavía no aparecía la palabra “desaparición”, a pesar de que finalmente centró su indagación en la desaparición de Brandazza, pero éste era el único caso denunciado en Santa Fe, por lo que la Comisión originalmente se proponía investigar sobre torturas y apremios ilegales, como indicaba su nombre. En cambio, la Conadep desde su denominación puso de relevancia que su objetivo principal era la investigación sobre los desaparecidos.
Por otra parte, es interesante remarcar el rol de las fuerzas de seguridad para obturar las pesquisas. En ambos momentos se repitieron los obstáculos en los allanamientos (en el lugar donde hipotéticamente habían arrojado el cuerpo de Brandazza al río y en los allanamientos en las casas particulares que realizó la Conadep) y la negativa tanto a colaborar con la investigación como la disponibilidad de prestar declaración de los implicados. La diferencia entre uno y otro momento es que, mientras que en 1973 los policías reclamaban por un pacto de olvido incumplido tras la amnistía del gobierno democrático, en 1984 el pacto de silencio de las fuerzas de seguridad hizo casi imposible obtener alguna declaración de sus miembros involucrados en la represión clandestina103.
SCOCCO Comisiones investigadoras en Santa Fe.
Claro que la magnitud de la violencia desatada por la última dictadura militar impidió una reconstrucción más exhaustiva de cada caso, al tiempo que el poder ejecutivo decidió retirar la lista de responsables de la represión del Informe Final de la Conadep y se giraron los resultados a los juzgados donde se tramitarían las causas y serían juzgados. También dicha magnitud y las características de una transición pactada en los 80 garantizaron la no repetición de estos crímenes, al menos por un tiempo, hecho que no logró la Comisión Brandazza.
No obstante, retomar su análisis de manera comparativa nos permite vislumbrar cómo las mismas intenciones e ideas arribaron a resultados diferentes según los momentos en que fueron llevadas a cabo y, a su vez, cómo esas experiencias pasadas sirvieron de modelo o contraste para las nuevas prácticas.