Más por fuerça que de grado: La acción y el lenguaje de la competencia ciudad-nobleza en la Sierra castellanomanchega, en el advenimiento de la monarquía isabelina \*
«Under duress and not of their own free will»: the Language and Action in the Competition between Towns and Nobility in the Sierra of Castilla-La Mancha in the Advent of the Queen Isabella’s Rule.
Resumen: Durante el siglo XV y sobre todo en el paso a la monarquía isabelina, Castilla experimenta un alto nivel de violencia causado por una nobleza que persigue unos objetivos políticos ligados a su vinculación contradictoria con el poder regio y el realengo. En este último caso, la violencia noble no sólo constituye una manifestación de fuerza sino un instrumento de legitimación de la misma violencia y sus ganancias. Las ciudades operaron de manera similar, manipulando la percepción de esa violencia para construir el reproche ejercido contra la nobleza. Pero también demostraron su capacidad para atraer la cooperación de algunos linajes nobles, incorporándolos a la defensa activa y pública de los intereses urbanos mediante un marco de contraprestaciones atractivo. Dados los concejos y señoríos implicados, el ámbito de la serranía castellano-manchega constituye un espacio idóneo donde ensayar este análisis.
Palabras clave: Corona de Castilla; Sierra castellano-manchega; Ciudad; Nobleza; Violencia;
Cooperación.
Abstract: Fifteenth-century Castile, especially in the transition to Queen Isabella’s rule, is victim to a high-intensity violence caused by the nobility pursuing political objectives linked to their contradictory association to royal power and the royal domain. In this last case, the violence of the nobility is not just an expression of force but an instrument of legitimation for the same violence and its profits. Towns acted in a similar manner, manipulating the perception of that violence in order to blame the nobility. In addition, towns were able to enlist the cooperation of some noble lineages, who got involved in the active and public defense of urban interests in exchange for lucrative compensations. Given the nature of the towns and lordships involved, the Sierra of Castilla-La Mancha proves an ideal testing ground for this analytical model.
Keywords: Crown of Castile; Sierra of Castilla-La Mancha; Towns; Nobility; Violence; Cooperation.
Sumario: 0. Introducción. 1. El miedo al otro: la violencia como motor de la actuación de nobles y ciudades. 2. La colaboración con el otro y sus contradicciones. 2.1. La construcción de la cooperación en el marco de las relaciones ciudad-nobleza. 2.2. La lógica de la cooperación: los beneficios perseguidos por los actores. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía.
Summary: 0. Introduction. 1. Fear of the other: Violence as the driving force of towns and nobility. 2. Cooperation with the other and its contradictions. 2.1. The construction of cooperation in the frame of the town-nobility relations. 2.2. The logic of cooperation: The benefits the actors pursue. 3. Conclusions. 4. Bibliography.
Animula, vagula, blandula Hospes comesque corporis (poema fúnebre del emperador Adriano) In memoriam Seki
0. INTRODUCCIÓN\*\*.
La imagen que proporcionan las crónicas en el tránsito del reinado de Enrique IV al de Isabel I (y que reproducen las denuncias que construye el mundo urbano contra la nobleza agresora) es la de una violencia exagerada, que la monarquía enriqueña ha sido incapaz de contener y la isabelina aún no se halla en trance de reducir1 . Una violencia que padecen singularmente las ciudades y sus jurisdicciones. Una violencia que practica, casi a capricho, la nobleza en sus diversos segmentos.
Es esa violencia la que centrará el recorrido analítico de este estudio. Una violencia que ejerce la nobleza sobre las jurisdicciones urbanas –también de señorío–, y que las fuentes califican de excesiva, demasiada, vergonzante, deshonrosa; encontrando en estos marcadores sociopolíticos uno de los instrumentos ideológicos de lucha que usará el mundo urbano en su enfrentamiento con la nobleza. Se trata de una violencia generalizada en la Castilla urbana prácticamente a todo lo largo del siglo XV; y bien conocida en sus trazos generales, pues prácticamente todas las monografías de historia urbana examinan las relaciones con la nobleza que actúa en su comarca. Pero, al mismo tiempo, se trata de una violencia apenas examinada más allá de lo que representa factualmente y aun desde la óptica de los posibles procesos de cooperación que pudieron llegar a surgir en su contexto, ligando no sólo a los núcleos urbanos –hermanados o no– sino especialmente a aquéllos y a linajes de la nobleza comarcana, incluyendo representantes de la alta y mediana nobleza del reino2 . Así, el estudio analiza la violencia noble en un contexto que va más allá del mero ejercicio físico de aquélla, centrado en su lógica sociopolítica, en su percepción por la comunidad en cuyo interior o proximidad se practica y por la comunidad más amplia (supralocal) a la que el conocimiento de aquélla alcanza. Siguiendo esta línea de trabajo, se examina el modo en el que los sujetos sometidos a la violencia reaccionan, especialmente en los ámbitos del lenguaje, de la generación de discursos, de su reacción así mismo violenta, y de los medios puestos para actuarla y justificarla. Finalmente, se analiza uno de los aspectos más atractivos que integran esos procesos de reacción urbana a la violencia noble: la generación de procesos de cooperación ciudad-nobleza, capaces de incorporar la colaboración de linajes nobles a la defensa del mundo urbano, especialmente de realengo. Esta colaboración se practica en el marco de una lógica cooperativa de naturaleza egoísta: la nobleza no ofreció su ayuda desinteresadamente pero, al margen de la naturaleza y sentido de su motivación, lo cierto es que la ofreció, y en una cronología especialmente conflictiva como es el período $1 \dot { 4 } 6 5 - 1 4 8 0 ^ { 3 }$ .
El objetivo de este estudio es, por tanto, examinar las relaciones que se operan entre la nobleza territorial y el mundo urbano, tomando las violencias cometidas por los representantes de aquélla como hilo conductor de ese análisis. Un análisis que se focaliza en la región de la Sierra castellano-manchega, un espacio dotado de una importante presencia del realengo (destacando Huete y Cuenca) y una amplísima extensión del señorío noble, que recorre esa región geográfica haciendo un arco a lo largo del sector septentrional de la provincia de Cuenca, abarcando desde los condados de Buendía y Priego, el condado y futuro ducado de Medinaceli, el señorío y futuro marquesado de Cañete, el marquesado de Villena, y señoríos con una activa presencia en la vida política de la región, como los de Torralba y Beteta, el futuro marquesado de Moya, o Requena4 .
1. EL MIEDO AL OTRO: LA VIOLENCIA COMO MOTOR DE LA ACTUACIÓN DE NOBLES Y CIUDADES.
En ese contexto de guerra civil que vive Castilla a lo largo del siglo XV, la violencia constituye un medio material más de afirmación de los objetivos políticos que persiguen nobleza y ciudades; pero, transformada en discurso por los diversos actores –sobre todo por el mundo urbano, que la padece en mayor medida–, integra también un repertorio de referentes conductuales de lo legítimo e ilegítimo con los que defender o denunciar la acción propia y del otro. Para la nobleza, la violencia no constituye un ejercicio gratuito de vis physica sino un instrumento necesario en su proceso de reproducción política y socioeconómica. Al margen o en paralelo a las mercedes regias, la violencia no sólo “asegura” la adquisición de nuevos términos, aldeas y vasallos, sino que alcanza a formular un proyecto pedagógico dirigido a incentivar –a forzar– la aceptación del nuevo poder señorial en los espacios usurpados a los concejos de realengo, legitimando acción y ocupación. La práctica de la difusión del miedo e incluso del terror a las represalias en que podían incurrir los lugares insumisos y sus concejos de origen –más o menos dispuestos a tolerar su pérdida– y la pura brutalidad física se convertían, así, en “mecanismos normalizados” en el ejercicio de la autoridad por parte de la nobleza5 . Un diseño y ejercicio de la violencia escalados en función de los objetivos perseguidos y de su proyección en el tiempo. De esta manera, aunque, en enero de 1483, Pero Carrillo de Albornoz, señor de Torralba y Beteta, había perdido ya la posesión de los lugares de Alcantud, Cañizares y Fuertescusa –usurpados a la ciudad de Cuenca–, aún mantenía allí la titularidad de unos censos, cuya contratación había impuesto a los lugareños más por fuerça que de grado […] porque los tenía mucho sojuzgados e amedrentados no sólo debido a la ocupación que había hecho de aquellas aldeas sino al poder efectivo e inmediato que había desplegado sobre ellas desde las fortalezas –también usurpadas– de Cañizares y Alcantud. En enero de 1483, Cuenca y dichos lugares reclamaban a los reyes la anulación de los censos por haber sido impuestos mediando fuerza6 . Tres años antes, en junio de 1480, en pleno proceso de restitución de estos lugares al concejo conquense y tras haberse dado trámite de audiencia a los vecinos de las aldeas, los reyes se habían visto obligados a conceder seguro a los vecinos de Alcantud pues, como los monarcas señalaban en carta de 17 de junio, aquéllos habían expresado el temor de que Pero Carrillo o sus gentes les farán mal y danno en sus personas e a sus mujeres e fijos e criados e fasiendas [solicitando el seguro] para que les non fyeran, nin maten, nin lisyen, nin prendan, nin tomen, nin ocupen, nin enbarguen sus bienes7 . En enero de 1483, el ejercicio de la violencia se reducía a la preservación del cobro de unos censos, ilegalmente impuestos a los vecinos de Alcantud, Cañizares y Fuertescusa; tres años antes, aquélla se extendía a todos los aspectos de la relación forzosa establecida entre los aldeanos y su (ilegítimo) señor: la capacidad que éste tenía de herir, matar, lisiar, prender, tomar, ocupar y embargar sus personas y bienes definía el ámbito del ejercicio de una autoridad señorial absoluta, que adquiría cierto grado de legitimación en su capacidad de proyección continua, inmediata y efectiva (de ahí, también, la importancia de la posesión de las fortalezas de dichos lugares), y en su percepción por los sometidos como expresión de la autoridad señorial, con independencia de su legalidad y legitimidad8 .
Para la nobleza, la violencia constituía un instrumento más del arsenal de poderes que el derecho a administrar sus tierras le proporcionaba. Pero la normalización de aquélla como mecanismo de acción/intervención del señor y sus agentes quedaba relegada al ámbito de la praxis del ejercicio de su autoridad. A fines del medievo, la nobleza no se engañaba respecto de la adecuación de su conducta a lo que prescribía el ordenamiento jurídico y en las ocasiones en las que debe justificar aquélla ante la autoridad regia –o la concejil–, hurta a su propio discurso toda formulación expresa de la violencia, relegando ésta al silencio narrativo y/o a una justificación genérica anclada en lo que considera ser el legítimo ejercicio de unos derechos señoriales sancionados por la ley9 . No a otro argumento acude Lope de Alarcón, señor de Valverde, el 31 de marzo de 1467, para justificar la detención de un vecino de Cuenca, sospechoso de haber robado una yegua en término de su villa. Tomado por el malhechor, fue prendido y llevado a Valverde donde, tras conocer que era vecino de Cuenca, dejáronlo e fisiéronle onrras. Elevando la sospecha jurídicamente lícita a argumento justificativo de su proceder, Lope de Alarcón rechazaba todo posible reproche de su conducta, al tiempo que eliminaba la necesidad y la lógica de la denuncia de Cuenca, puesto que su vecino había sido exonerado y liberado ante la sola invocación de su ciudadanía10. Más clara aún es la respuesta que, en junio de 1467, da Alarcón, alcaide de la fortaleza de Salmerón (marquesado de Villena), a la denuncia que los alcaldes de hermandad de la villa de Pareja (señorío del obispo de Cuenca) presentan sobre el trato dado a uno de sus cuadrilleros: amenasando al dicho quadrillero e maltratándolo de palabras feas e avn mandándole echar en el çepo (además de amenazar en general a la Hermandad). Alarcón se había justificado afirmando que el mensajero (al que, de manera significativa, no identifica como cuadrillero de hermandad) resibió honrra por seer de aý, porque acá se ha de guardar el serviçio del sennor obispo, porque asý nos lo tiene mandado el marqués, mi sennor, e agora nos ha enbiado mandar de nuevo que estas villas fagan amistad e confederaçión con Cuenca (una confederación que también se extendía al señorío episcopal)11. La argumentación del agente señorial no sólo recurría a silenciar el relato pormenorizado de los hechos –evitando examinar en detalle la conducta denunciada–, sino que oponía el contrafactual de la amistad e confederaçión para rechazar, por imposible (asý nos lo tiene mandado el marqués), el alegato de los oficiales de Pareja. Por su parte, don Rodrigo Manrique, conde de Paredes y condestable de Castilla, acudía, el 20 de mayo de 1467 y nuevamente el 12 de abril de 1468, a una argumentación más rica en posibilidades discursivas. Al abordar el derecho que él afirmaba que poseían sus vasallos de La Parrilla (antigua aldea de Cuenca) a entrar en la jurisdicción conquense para proveerse de madera, mantenimientos y otras cosas, y las prendas que se les imponían, de manera ilegal a su entender, su hilo narrativo no sólo omitía toda mención de ilicitud de la parte de sus vasallos, negando implícitamente cualquier responsabilidad; sino que, además, imputaba expresamente ilícitos y violencias a los oficiales y concejo de Cuenca: porque se me antoja que lo mandáys faser a sabiendas, más contra ellos [sus vasallos] que contra otros ningunos. Creed que avnque estó lexos, que para tomar [enmienda] destas cosas e non las consentyr, sy mucho me aquexáys, me fallaredes çerca, pero sy vosotros quisiéredes, non será nada menester sinon que biuamos en pas12. Al proceder de esta manera, alterando radicalmente la posición que debía ocupar cada parte en el procedimiento argumentativo, el condestable no sólo evitaba entrar en la conducta ilícita de sus vasallos sino que imponía la carga de la ilicitud e ilegitimidad en el concejo, al tiempo que, como consecuencia lógica factual e incluso jurídica, se reservaba el derecho a proteger a sus vasallos, legitimando, de esta manera, su posible recurso a la violencia13.
Obviamente, las ciudades y sus concejos aldeanos no eran ajenas a ese marco de comprensión de la violencia en los dos ámbitos de su praxis y justificación, pues los concejos despliegan similares conductas y procesos de legitimación cuando lo precisan (y, en función de las circunstancias, se atreven a ello). El carácter formativo y pedagógico de la violencia, y su concepción como un instrumento de acción más, sujeto a las necesidades del ejercicio de la autoridad, no escapaba a la comprensión y definición de la capacidad de acción de los concejos. Además, interesa poner de relieve otro uso que las ciudades hacen de la violencia que sufren con el fin de formular un discurso de la denuncia y la deslegitimación de la conducta del otro. No se trata simplemente de reclamar ante los reyes por las usurpaciones, ocupaciones, tomas y robos; sino de construir un imaginario de los excesos (nobles), un discurso que engloba no sólo la definición o identificación del ilícito denunciado sino, especialmente, una descripción selectiva de la conducta desplegada en el proceso de ejecución del ilícito principal: un proceso de inversión dialéctica en el que la imagen generada sobre la base de una parte sustantivamente menor de las violencias cometidas, contribuye a representar e identificar el todo de aquellas violencias, enfatizando cualitativamente el efecto de denuncia de éstas más allá de lo que el reproche del ilícito principal (usurpación, ocupación, toma, robo) habría supuesto14.
En la noche del 26 de mayo de 1480, Gómez Carrillo, alcaide de Arbeteta por el duque de Medinaceli, había entrado en Albalate (aldea de Cuenca), donde quebró las puertas de todas las casas e tomólos todos desnudos en sus camas, los prendió e los sacó e los leuó consigo fasta quinse omes presos a la fortaleza de Arbeteta15. La violencia ejercida sobre estos aldeanos es similar a lo observado en otros casos, pero lo que nos interesa resaltar aquí es el hilo narrativo construido por el concejo en su queja a los reyes de 27 de mayo (el mismo 26, Albalate había reclamado a Cuenca su intervención):
1. Lo primero que se hace destacar es la descripción de las violencias impuestas a los de Albalate.
2. Sólo después, se especifica que quienes las han cometido, Gómez Carrillo y, por representación, don Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, tienen ilegalmente ocupada la fortaleza de Arbeteta. Desde septiembre de 1469, el conde de Medinaceli (duque desde 1479) tenía tomada dicha fortaleza y también una buena parte del sector norte del sexmo de la Sierra (en la frontera entre las actuales provincias de Cuenca y Guadalajara), cuyo acceso protegía aquélla16. Fortaleza y sexmo pertenecían a Cuenca y su ocupación será objeto de continuas reclamaciones por su parte. Además, debe destacarse la importancia estratégica que tiene la fortaleza de Arbeteta, que la convierte en un resorte de primer orden para el despliegue de los intereses señoriales del duque en el espacio septentrional optense y conquense; razón por la cual el concejo apunta que su alcaidía haría mejor servicio a los reyes en sus manos que en las del duque: es lo más cerca que estuvieron de reclamar la restitución de alguno de los enclaves entrados.
3. Seguidamente, el concejo detalla la lógica que subyace a la acción noble: la violencia practicada en Albalate es consecuencia no de acciones emprendidas por Cuenca contra Gómez Carrillo o el duque, sino de los propios reyes, que han ordenado efectuar unos pagos sobre las rentas regias de lugares sobre los que aquél ejerce su dominio ilícito. El representante regio había intentado ejecutarlos sobre rentas de la aldea del Recuenco y, ante la oposición de las gentes del duque, había reclamado la cooperación del capitán real Cristóbal de Medina, quien había facilitado la operación.
4. Como colofón y aprovechando la conexión que le proporciona lo apuntado sobre la fiscalidad regia, el concejo denuncia que el duque de Medinaceli se niega a satisfacer las alcabalas, tercias, pedidos y otras cargas fiscales que corresponde pagar a los lugares que se encuentran bajo su dominio; y que, cuando la justicia regia ejecuta las rentas de dichos lugares, inmediatamente adopta las correspondientes represalias en tierra de Cuenca.
La construcción de este hilo narrativo resulta interesante pues Cuenca podía haber organizado los cuatro bloques de denuncia de otra manera, atendiendo a otros criterios: enfatizar el deservicio al rey en que incurre el duque de Medinaceli, sobre todo en el caso de las acciones ejecutadas contra la fiscalidad y los oficiales regios; o acentuar la gravedad de las ocupaciones que padece la ciudad a manos de aquél. Sin embargo, el concejo optó por un relato en el que la intensidad expositiva formal (entendamos por tal el conjunto de elementos de naturaleza descriptiva, relacionada con la expresión de la conducta desplegada por los actores) se construía plásticamente, centrándose en las imágenes dedicadas a las violencias cometidas en Albalate y reduciendo su intensidad emocional a medida que se avanzaba en el discurso complementario –de naturaleza explicativa– de las ocupaciones y los abusos de la fiscalidad regia y sus agentes; un discurso complementario en el que sólo se recupera brevemente la imagen de la violencia noble al afirmar que las gentes del duque quisieron matar al ejecutor fiscal regio, incorporando, así, otro referente –real o «creado» ad hoc– de la violencia señorial dirigida, ahora, no contra la ciudad sino contra los reyes –vía su representante en el área. De esta manera, lo que el relato de Cuenca pretende alcanzar es el dibujo de una imagen «excesiva» de esa violencia capaz de concitar el rechazo de los interlocutores del concejo y, ulteriormente, de la sociedad política castellana, y de llamar a un apoyo efectivo de los intereses de la ciudad.
Así, el concejo busca que el relato de la acción noble se inserte de manera especial en el ámbito de lo expresivo y emocional. Un ámbito en el que la imagen de la violencia excesiva se configura como un recurso propagandístico más eficiente que la simple denuncia de las usurpaciones, ocupaciones, tomas y robos; y en el que la fuerza de la imagen permite actuar la denuncia del todo desde la parte17. Como señalan Jan Dumolyn y Élodie Leccupre-Desjardin, “les émotions s’inscrivent dans un monde de communication quasi universel, permettant de toucher un large public et alimentant une ‘propagande exhibitionniste’ où chaque image distillé doit amener une réaction savamment calculée et déclenchée par le biais de la sensation”18. En el caso que nos ocupa, esto no significaba abandonar los aspectos sustantivos que integraban la denuncia del concejo: la ocupación de la fortaleza y lugares del sexmo de la Sierra, sino proporcionarles un marco de desenvolvimiento más rico en cuanto al potencial de imágenes que eran capaces de evocar y de su correspondiente poder de reclamación. Por ello, en el documento de 27 de mayo, el concejo se limita a señalar que fortaleza y lugares se hallan ilegalmente ocupados por el duque de Medinaceli. El valor de este documento no se encuentra en la denuncia de las ocupaciones sino en las emociones políticas que persigue construir contra la conducta del duque y a favor de Albalate y, por representación, de Cuenca. La denuncia de la inoperancia regia y la reclamación efectiva de los espacios ocupados se hará en una carta enviada unos días después, el 2 de junio, en la que no sólo se demandará la recuperación de la fortaleza de Arbeteta y demás lugares tomados por el duque en el sexmo de la Sierra (identificados expresamente, no como sucedía en el documento de 27 de mayo), sino también de otros espacios: los lugares de Cuenca en el valle de Viana, usurpados por Lope Vázquez de Acuña; y las aldeas de Alcantud, Cañizares y Fuertescusa, así como las dehesas de los Masegosos, tomadas por Pero Carrillo de Albornoz19.
De esta manera, la capacidad de evocación de la violencia «excesiva» contribuía, por un lado, a alcanzar un clímax emocional (carta del 27 de mayo) sobre el que construir los elementos más grises pero sustanciales de la reclamación (carta de 2 de junio); y, por otro, a elaborar un discurso de la difamación o deshonra de la conducta noble dirigido a provocar culpa y vergüenza en el ofensor, y a generar un caudal de emociones políticas públicas negativo para aquél y positivo para Cuenca20. Mediante este procedimiento, el concejo activa en cada momento las imágenes que mejor sirven a sus propósitos, acudiendo a lo que no deja de ser un proceso de selección operado a partir de las categorías de tópicos (relativos a la conducta negativa noble) de que dispone, y que opera de manera estratégica, elaborando su mensaje a partir de un discurso argumentativo que tiene presente el objetivo perseguido, los destinatarios a quienes se dirige y de quienes se persigue/espera una determinada respuesta, y los topoi escogidos para generar y reforzar ese mensaje21. Así, cuando, en noviembre de 1465, García Méndez de Badajoz, capitán del ejército real en la provincia conquense, solicita a Cuenca el envío de mil peones para participar en operaciones militares contra Huete y Lope Vázquez de Acuña, el concejo lamenta, el 28 de dicho mes, no haber podido ordenar el envío más que de trescientos peones de sus aldeas y, aún más, se excusa de que ni siquiera haya partido esa cifra pues la mayoría ha optado por desobedecer el mandato del concejo y permanecer en tierra de Cuenca por temor a las acciones que podían emprender Juan Hurtado de Mendoza, Lope Vázquez de Acuña y especialmente Juan de Albornoz, el qual, fuera de toda medida, syn temor de Dios y del rey nuestro sennor, los a agrauiado e agrauia e de contino fatiga22. Cinco años más tarde, el 29 de marzo de 1480, el concejo escribe a los reyes reclamando su actuación con motivo de lo que califican como el graue, el feo e abominable exceso e delicto, en este caso el asesinato de un alcalde de hermandad de Cuenca, Luis Manuel, en término de la ciudad y con fauor e ayuda e esfuerço, culpa e negligençia de vecinos de la villa de Iniesta y otros lugares del marquesado de Villena23.
No es sencillo reconstruir una lista exhaustiva del arsenal de tópicos a disposición del concejo de Cuenca, pero los enunciados en los dos últimos casos y en la denuncia de las violencias cometidas en Albalate, son ilustrativos: la medida y la ausencia de ella que, en su forma extrema y más odiosa, se convierte en exceso abominable; el temor de Dios y la violación de lo más sagrado; el temor del rey, identificado con su servicio y, por oposición, su deservicio; el agravio y la fatiga, es decir, el daño causado en abstracto; el favor y esfuerzo, que representan una voluntad efectiva de intervención; la violencia física (extrema), ejemplificada acudiendo a diversos registros, resaltando la noche, por la cobardía implícita en la acción, y la desnudez, como atentado al honor que, en el noble ejecutor, se convierte en deshonor, integrando así un nuevo par de tópicos (honor y deshonor) desgajados de la pura violencia física24.
Una deshonra, un reproche de la conducta y un resarcimiento de daños que se persiguen no sólo mediante la denuncia del ilícito ante el noble responsable y, ulteriormente, las autoridades regias, sino a través de la comunicación del hecho a un público más amplio. Este proceso comunicativo persigue tanto recabar apoyos de terceros frente a la agresión padecida, cuanto avergonzar al agresor en el seno de la comunidad en la que se desenvuelve, en un intento de forzar su voluntad y obtener la necesaria restitución o, al menos, eliminar o reducir la posibilidad de reproducción de conductas similares en el futuro25. Así, el 12 de abril de 1468, aprovechando la reunión de concejo en la que se respondía a la queja planteada por el condestable Rodrigo Manrique, la ciudad aborda el otro gran problema al que se enfrenta en ese momento, la segregación de lugares y vasallos de su jurisdicción que planea hacer el pretendiente Alfonso en beneficio de don Luis de la Cerda. La denuncia se dirige, en sendas cartas, al rey Enrique IV, maestre de Santiago, marqués de Santillana, obispo de Sigüenza, Santa Hermandad, y a Pero Carrillo de Mendoza, hijo del I conde de Priego, Diego Hurtado de Mendoza26. Es interesante constatar cómo el concejo diferencia los dos problemas, al no incorporar su conflicto con el condestable al epistolario que elabora en oposición a don Luis de la Cerda. Para el primero se reserva la comunicación epistolar privada: por una parte, porque aquí sí se espera obtener algún tipo de acuerdo con don Rodrigo Manrique que permita alcanzar una coexistencia armoniosa o simplemente pacífica27; por otra, porque seguramente también se buscaba reducir el número de grandes señores en conflicto con la ciudad, en un contexto de promoción de una amplia alianza contra el conde de Medinaceli. Por el contrario, el segundo es objeto de una denuncia y reproche públicos, justificados en la mayor dificultad o imposibilidad de alcanzar con él un acuerdo por otros medios (el de la Cerda no llegaría a abandonar su intención de ocupar el extremo norte del alfoz conquense). En todo caso, el reproche ejercido contra el conde no persigue alcanzar las mismas utilidades específicas de cada uno de los destinatarios: del monarca se espera que imponga la lógica del servicio regio, oponiéndose por todos los medios (violentos también) a esa acción; en el maestre de Santiago, marqués de Santillana y Santa Hermandad se busca el apoyo de sus milicias, amparándose siempre en la legitimidad de la lucha contra el deservicio al rey que la ocupación ilícita de sus lugares comportaría; del obispo se persigue un apoyo más genérico, ligado también a la oposición al deservicio al rey28. De esta manera, el alcance de la comunicación pública de las acciones denunciadas no persigue exclusivamente un reproche de carácter general, fácilmente extensible a un espectro amplio de la sociedad política de la región e incluso del reino; sino que además diversifica sus objetivos específicos en función del destinatario concreto del mensaje, cerrando el círculo del discurso argumentativo alrededor de la conducta violenta e ilegítima/ilícita de la nobleza29.
2. LA COLABORACIÓN CON EL OTRO Y SUS CONTRADICCIONES.
Como se desprende de los documentos examinados, especialmente desde 1465 la guerra civil en Castilla se hace algo más que episódica, generando una violencia compleja, causa, a su vez, de un miedo real, físico pero también discursivo. Un miedo que permea al conjunto de los grupos sociales, como muestran los pactos y seguros concertados por la nobleza, en los que, como señala Quintanilla Raso, “el miedo rotundo y, en su caso, el recelo, aparecen como elementos principales”30.
2.1. La construcción de la cooperación en el marco de las relaciones ciudadnobleza.
Es este miedo a las acciones violentas del otro, a las represalias del enemigo común, uno de los factores sobre los que descansa la comunicación y la unidad de acción que pactan nobles y ciudades; y junto a él, el servicio efectivo a la monarquía, a la persona del monarca31. Así se entienden los acuerdos, formales o informales, que surgen en un momento dado entre ciudades y nobleza (y que en determinados contextos se desvanecen al poco tiempo, generalmente por causa del representante noble). Aunque no entraremos en su examen (precisaría de su propio estudio), paradigmático es el caso del marqués de Villena, ora al servicio efectivo del monarca, ora sumado a las filas de la nobleza rebelde y, en uno y otro caso, apoyando o atacando a los concejos de realengo del área serrana castellanomanchega. En este contexto y muchas veces por imitación de las prácticas nobles, las ciudades, necesitadas de aliados que les permitan sostener sus intereses (en esencia, la defensa del realengo frente a la nobleza rebelde y no tan rebelde), buscan en los pactos formales, en las escrituras de confederación, el instrumento jurídico que regule el marco de relaciones que se pacta y proporcione la necesaria confianza a una relación con un otro que no siempre la ha merecido. De esta manera, el 1 de abril de 1465, temiendo que el rey decidiera entregar la fortaleza de Cuenca a algún miembro de la nobleza, entre el concejo y el alcaide Pedro de Taboada por que la dicha çibdad sea de ello e de sy más segura, se fiso e ordenó esta escriptura de confederaçión e amystad (cuyo objetivo era defender el realengo y la ciudad, oponiéndose a la entrega del castillo)32. Se trata de la única escritura de confederación que conocemos entre el concejo de Cuenca y un tercero, lo que podría explicarse por la relativa homogeneidad de la posición sociopolítica y de poder de las partes signatarias, que aproxima el pacto a los caracteres que observamos en los acuerdos alcanzados entre miembros de la alta y mediana nobleza del reino. La distancia sociopolítica y de poder entre concejo y nobleza justificaría la ausencia de una formulación tan clara en los convenios alcanzados con esta última. En estos casos, si bien falta una exposición del acuerdo conforme al modelo de las confederaciones nobles, no sucede así con la referencia a la naturaleza y lógica que subyace a este tipo de convenios, como sucede el 3 de marzo de 1470, cuando el concejo de Cuenca acuerda prestar pleito-homenaje jurando cumplir la concordia alcanzada con Pero Carrillo de Albornoz, señor de Torralba y Beteta, cuyo contenido se reducía (y no era poco) a defenderse mutuamente del conde de Medinaceli y a no hacer la paz con él sin avisarse previamente. De manera similar se referían a ello el 30 de mayo de 1469, cuando el concejo informa a Enrique IV del fallecimiento del obispo Lope de Barrientos (el gran adalid de la defensa del realengo en el sector conquense) y le notifica la «buena concordia» a la que han llegado con el corregidor y, especialmente, con el guarda mayor Juan Hurtado de Mendoza, solicitando para éste el otorgamiento de la guarda y capitanía de la ciudad (la contraprestación otorgada en el contexto de su defensa por parte del señor de Cañete)33. Más sintéticamente, encontramos no la referencia a un pacto escrito y sujeto a una más o menos rigurosa caracterización formal y un contenido más o menos detallado, sino al compromiso expresado sencillamente mediante la prestación de un juramento, de un pleito-homenaje que obliga al prestatario a desarrollar una determinada conducta. Es el caso, entre otros, de Lope de Alarcón, señor de las villas de Talayuelas, Albaladejo y Velver, quien, el 10 de julio de 1465, habiendo acudido a Cuenca a participar en su defensa frente a la nobleza rebelde, presta pleito homenaje de guardar el bien de la ciudad y del rey; y de Álvaro de Mendoza, señor de Requena, quien, el 5 de septiembre de 1469, otorga un pleito-homenaje similar (en el que incluye guardar la honra de Juan Hurtado de Mendoza, el guarda mayor de la ciudad, a través de quien probablemente se había pactado esta relación)34. O el de Álvaro de Luna, señor de la villa de Escamilla, quien –sin que conste mediar pleito-homenaje– se ofrece a servir a la ciudad, a comienzos de mayo de 1469. Cuenca aceptará inmediatamente el ofrecimiento (que también llegaba por intermedio de Juan Hurtado de Mendoza), pidiéndole que aportara una mesnada de cuarenta o cincuenta jinetes –cuyo sueldo pagaría la ciudad– y, no menos importante, que mediara ante Álvaro Carrillo, quien fuera agente del conde de Medinaceli en el sexmo de la Sierra. Y, obtenido el acuerdo del señor de Escamilla, el 15 de mayo escribían a los lugares del sexmo de la Sierra y a Álvaro de Titos, alcalde de hermandad por el concejo –desplegado en esa área para su protección–, notificándoles el nombramiento de Álvaro de Luna como capitán mayor de la milicia conquense en dicho sector35; en compensación, el concejo se comprometía a proteger a sus vasallos, si lo precisara36.
El pacto no garantizaba, ni siquiera necesariamente en el corto plazo, el respeto de lo estipulado por ambas partes: el cambio de las circunstancias políticas, en el ámbito nacional o regional, podía conducir al abandono de lo acordado o a la adopción de un partido radicalmente contradictorio; las partes eran conscientes de ello. Pero, incluso así, el pacto cumplía con algunas finalidades atractivas para los respectivos signatarios y especialmente para la ciudad. En primer lugar, la idea misma de confederación venía a incorporar a las relaciones políticas entre ciudad y nobleza un mínimo grado de confianza, ausente muchas veces de la relación previa, e imprescindible para sostener la colaboración y la fe puesta en el acuerdo. El pleito-homenaje que acompaña a estos convenios se presenta como el instrumento idóneo para generar esa confianza; expresa el compromiso público del prestatario con lo acordado, responsabilizándole de ello hacia el interior de la relación pactada y, en lo que interesa singularmente a las partes, hacia el exterior, especialmente hacia aquellos «otros» frente a los que se acuerda el convenio o éste puede desplegar sus efectos. Es el caso de Pero Carrillo de Albornoz y de Pero Carrillo de Mendoza, señor de Cañaveras, comprometidos con Cuenca en su oposición al conde de Medinaceli. En aplicación de esos compromisos, el primero comunica al concejo, el 18 de enero de 1469, que ha sabido que el conde de Medinaceli envía tropas a la fortaleza de Alcantud con el fin de continuar desde ella su ocupación de lugares del sexmo de la Sierra; y traslada esa información en el contexto del grande amor e debdo y por las cosas que yo en esa çibdad tengo juradas. El segundo avisaba, el 5 de diciembre del mismo año, de similares designios del conde sobre el lugar de Zaorejas, también en el sexmo serrano37. «Amor», «compromiso/ obligación» y «juramento» enmarcan la ejecución de un acuerdo cuya efectividad se perfecciona en la visualización pública del partido adoptado por los dos nobles señores en el marco de los conflictos con don Luis de la Cerda: su apoyo público a Cuenca es, al tiempo, una oposición pública al conde, susceptible de atraer las oportunas represalias por parte de éste; por ello, apoyo y oposición públicos contribuyen a cimentar el grado de confianza que cabe esperar del convenio y de la conducta desplegada por aquéllos38. En segundo lugar, el pacto y el juramento que lo garantiza, suponen una constricción de naturaleza sociopolítica que actúa sobre el prestigio (el honor, la vergüenza) de cada signatario y, en última instancia, sobre su libre capacidad de decisión y acción, reduciendo, al menos en teoría, esa libertad a los límites impuestos por el convenio39. Con esto no se pretende afirmar que el pacto se configure como un instrumento capaz de modelar de manera absoluta la conducta de las partes, pues el incumplimiento existe y no en escasa medida. Lo que se afirma es que los signatarios procuran, en la medida de lo posible, ajustar su conducta a lo pactado y que, cuando ese ajuste no resulta deseable, el apartamiento de lo convenido se realiza de manera encubierta, procurando arropar la propia decisión y conducta de forma que quede legitimada o, cuando menos, mínimamente justificada. Es lo que permite a Pero Carrillo de Albornoz, señor de Torralba, manifestar, el 25 de mayo de 1467, su voluntad de cumplir con el concejo de Cuenca para faser muy enteramente lo que querréis ordenar y mandar […] Y todo lo que será justo, es muy grand rasón que yo faga con vosotros sennores. Y poco menos de dos años después, en febrero de 1469, verse denunciado por Cuenca por las tomas ilegales realizadas por uno de sus escuderos, Alfonso de Resa, en la aldea de Villanueva de Alcorón; lo que le lleva a responder, el 14 de febrero, negando la mayor, la conducta ilícita de Resa, y acudiendo a un mecanismo de justificación dialécticamente «perverso»: él, como el obispo de Cuenca, se encuentra al servicio del rey, por lo que aquella conducta ilícita resulta impensable en este contexto (más impensable aún al equiparar dialécticamente su comportamiento a la irreprochable conducta de Lope de Barrientos)40. Lo interesante de este último documento es la razón que Cuenca encuentra detrás de las acciones de Resa: las tomas habrían sido una represalia por la negativa de los vecinos de Alcantud a enviar cien fanegas de trigo a su villa de Beteta y otras quince a la torre del propio Alcantud que, una vez abandonada por el conde de Medinaceli, Pero Carrillo había procedido a tomar «al servicio de la ciudad». Seis meses después, en septiembre de 1469, el concejo acordaba recuperar la fortaleza de Cañizares, también en poder de Pero Carrillo, y con tal fin le escribía el 15 de dicho mes, aceptando, en un ejercicio de buen entendimiento político, que la hubiera ocupado y tuviera hasta la fecha por la ciudad y al servicio de ésta –como él insistía en argumentar– pero no obstante reclamando su entrega a Cuenca. El 19 siguiente, conscientes de su duplicidad, requerían a Alonso de la Muela, el comisionado conquense para negociar la devolución con Pero Carrillo, que la respuesta de éste a lo planteado por la ciudad fased que vos la dé por escripto e sennalada41, única forma de proporcionar a aquélla la efectividad jurídica y moral que, como hemos comprobado, se esperaba obtener de los pactos y sus pleito-homenajes.
El convenio no generaba una confianza absoluta sino un espacio razonable de compromiso que no siempre se podía dar por supuesto y que, por tanto, podía necesitar de una llamada al prestigio o reputación y a la fiabilidad y/o lealtad política de las partes, o de la introducción de instrumentos de control que sustituyeran o complementaran a los anteriores elementos42. Esto último es lo que demuestra el interés en disponer por escrito de la declaración de voluntad del señor de Torralba y Beteta: el escrito –el elemento formal de control que no llegaría a otorgarse, evidentemente– había de contribuir a forzar a Pero Carrillo a acomodar su conducta a lo reclamado por Cuenca y, en última instancia, a presentarse como una prueba preconstituida que, llegado el caso, serviría al concejo para demostrar sus alegatos ante los tribunales regios43.
En esta lectura forzada del capitulado de los pactos contraídos por las partes, con el fin de liberarse de sus obligaciones y de justificar la propia conducta, Cuenca no dejaría sola a la nobleza pues, en distintas ocasiones, ella también acudiría a este procedimiento para evadirse del cumplimiento de sus acuerdos. Así sucede especialmente en el caso de los compromisos adquiridos con los concejos incorporados a la hermandad de la provincia de Cuenca, no siempre satisfechos. El 27 de febrero de 1467, ocurre con la villa de Molina, cuya reclamación de auxilio por causa de las violencias cometidas en su jurisdicción encuentra, el 3 de marzo, el rechazo de Cuenca argumentando no ser caso de hermandad44. Lo mismo sucede en otras ocasiones, como atestiguan los ejemplos de Requena y Moya45. En el último, se dio la circunstancia de que, en su petición de ayuda para combatir los robos que cometía Álvaro de Mendoza en su término (enviada el 14 de junio de 1467), Moya se ajustaría a todas las previsiones procedimentales hermandinas y, aun así, el 16 de junio, Cuenca sería capaz de denunciar algunos defectos sustantivos en el procedimiento que justificaban su negativa a intervenir, al quedar fuera de los capítulos de Hermandad46.
2.2. La lógica de la cooperación: los beneficios perseguidos por los actores.
Las contradicciones en el modo en el que los actores contemplaban su sujeción a los términos pactados en estos convenios, no distinguían entre agentes nobles y urbanos: como hemos comprobado, su unión (su confederación) se produce en circunstancias equivalentes, todos se hallan ligados al mismo modelo de coerción sociopolítica y todos manifiestan una capacidad similar para manipular el entramado de su sistema de obligaciones. Hasta allí donde se impone la necesidad de una acción cooperativa basada, al menos, en el mínimo común denominador de unos intereses compartidos (incluso si circunstancialmente), la lógica de los intereses particulares acaba por sobrescribir el capitulado de estos convenios, alterándolo en el propio beneficio. Es lo que hace Pero Carrillo de Albornoz, al avisar al concejo de Cuenca del envío de tropas del conde de Medinaceli a Alcantud, el 18 de enero de 1469, y al ocupar el lugar poco después, tras el abandono de la aldea y su fortaleza por Álvaro Carrillo y las gentes del conde.
Lo cierto es que la cooperación entre concejo y nobleza comarcana se producía, en ese gran contexto de guerra civil casi permanente desde 1465 hasta 1480, en el marco del encuentro y el desencuentro de los intereses generales y particulares de unos y otros. Para Cuenca, se trataba de la defensa de su integridad jurídica (en el seno del realengo) y territorial: innegociable, la primera; asumible, un cierto fraccionamiento de la segunda, sobre todo si tenía sólo carácter temporal. Para la nobleza cooperadora, adoptada con decisión la militancia en el partido regio, junto a las utilidades inherentes al servicio efectivo a la monarquía se podían acompañar otras derivadas de la relación específica con el concejo, ya fueran pactadas con éste o incluso impuestas en el contexto de una amenaza más grave por parte de terceros (el conde de Medinaceli o el marqués de Villena). Este sería el «juego» practicado por Pero Carrillo de Albornoz, Pero Carrillo de Mendoza, o Juan Hurtado de Mendoza. Los tres, junto a otros caballeros comarcanos, mantenían ocupados lugares, fortalezas y términos de la jurisdicción conquense a fines de 1479 y aún después de la pacificación del reino en 1480, y sólo muy lentamente, y con conflictos intermedios (como las reocupaciones que hace Pero Carrillo de Albornoz de los lugares que devuelve a la ciudad), retornarían al concejo algunas aldeas y términos47. Pero incluso teniendo en cuenta estas ocupaciones, es más que seguro que el concejo, a la larga, ganó más de lo que perdió y que, en el marco del proceso cooperativo, la nobleza también alcanzaría algunas ventajas legítimas.
En ese marco de actuación, Pero Carrillo de Mendoza, señor de Cañaveras, había asumido por orden de Enrique IV la guarda y defensa de Cuenca el 1 de octubre de 1464, acudiendo a la ciudad con tropas de caballería; y pese a adeudársele el pago completo del salario prometido por el rey, se mantuvo en la guarda de la ciudad e incluso asumió una defensa activa de los intereses conquenses más allá de lo que los propios vecinos esperaban y aun deseaban (el 3 de febrero de 1465, le requerían para que no saliera a combatir a mosén Juan de la Panda y a otros caballeros comarcanos que estaban depredando las tierras de la jurisdicción, porque dejaría desguarnecida la urbe y, además, llamaría a nuevas represalias por parte de los nobles rebeldes). Casi cinco meses después de tomar a su cargo la defensa del concejo, el 21 de febrero, abandonaba Cuenca, marchando a la corte para reclamar las cantidades que le eran debidas y que habría adelantado de su patrimonio48. La ocupación de algún término en el área próxima al condado de Priego (cuyo título heredaría en 1480), aunque dolorosa, cedía en importancia ante la defensa que había hecho de la ciudad en ese duro año de 1465 y la cooperación –de más baja intensidad– mostrada en los años siguientes.
En cierto sentido, lo mismo cabe decir de Juan Hurtado de Mendoza, cuyo linaje había demostrado sus apetencias de ocupación no ya de espacios de la jurisdicción conquense sino aun de la propia ciudad en 1417-1418 y en 1447 y 1449. En abril de 1465, sustituyendo en sus deberes a Pero Carrillo de Mendoza, Enrique IV encomendaba la guarda y defensa de la ciudad a Juan Hurtado, guarda mayor de Cuenca y su tierra, al provisor de la iglesia conquense Alonso García de Saelices y a Pedro de Barrientos, sobrino del obispo don Lope. Aunque 1465 siguió siendo un año difícil y ni la ciudad ni Juan Hurtado parecieron dispuestos a activar ese mandato, los años posteriores sí verán una colaboración más intensa, que conducirá a que el concejo solicite a Enrique IV, el 30 de mayo de 1469, que encomiende a Juan Hurtado la guarda y capitanía (mayor) de la ciudad; que, el 11 de junio, el rey le otorgará y él asumirá el 21 siguiente, tras prestar el correspondiente pleito-homenaje de guardar el servicio al rey y a la ciudad49. Además, como sabemos, en mayo de 1469, Álvaro de Luna se ponía a disposición del concejo, ofreciendo sus servicios no directamente a Cuenca sino por intermedio de Juan Hurtado, poniendo una vez más de manifiesto la importancia y el compromiso político de éste con la urbe50. $\dot { \zeta } \mathrm { Q u e }$ mereció del concejo la conducta desplegada por Juan Hurtado en su defensa? El 20 de marzo de 1469, al tiempo que solicitaban al rey la capitanía de Cuenca para el Mendoza, el concejo acordaba anular los nombramientos de procurador a Cortes de Alonso Téllez de Cabrera, recién nombrado regidor, miembro del Consejo y hermano del mayordomo Cabrera, futuro marqués de Moya, y los también regidores Juan de Sacedón y Pero Carrillo de Albornoz, señor de Torralba y Beteta, designando a Alonso Téllez y a Honorato de Mendoza51. El primero salía de un conflicto largo y enconado con el concejo por la concesión por el rey de una regiduría a su hermano, a la que se opuso la ciudad con éxito relativo: se pactó el reconocimiento del oficio en Alonso, no en Andrés, y la procuración a Cortes formaría parte del intento de la ciudad de granjearse la buena voluntad del mayordomo y su apoyo en los conflictos con la nobleza comarcana52. El segundo, hijo de Juan Hurtado, veía recompensados en él los esfuerzos del linaje, y no sólo en esta ocasión. La designación de Honorato tuvo corta vida (seguramente previsto así), pues el 12 de abril le sustituía un criado de la casa, Rodrigo de Torres (regidor, por influencia de Juan Hurtado, desde 1470); pocos días antes, el 31 de mayo, el concejo le recibía como guarda mayor para cuando falleciera su padre, en cumplimiento de la carta de merced dada por el rey en Ocaña, el 3 de mayo pasado (el mismo 31, el concejo escribía a los reyes solicitando el obispado de Cuenca para otro miembro del linaje, tras el fallecimiento del obispo don Lope de Barrientos); y el 26 de abril de 1483, le aceptaban en el oficio en el lugar y por renuncia de Juan Hurtado, según merced hecha por los Reyes Católicos, en Madrid, el 8 de marzo de dicho año53.
Estos convenios y los beneficios que ambas partes buscaban en ellos y obtenían, constituían no sólo un mecanismo de ligazón y defensa mutua sino un precioso instrumento de promoción de este tipo de conductas. La reciprocidad efectiva incentivaba la extensión de este comportamiento cooperativo a otros actores que, de esta manera, se podían sentir animados a colaborar con el concejo, en la seguridad de que éste respondería adecuadamente. Además, la noción de servicio, alrededor de la cual se construyen la mayoría de estas relaciones cooperativas, contribuía a dotar a estas acciones de un sentido cívico o político– moral superior, distanciado de la simple persecución de beneficios materiales, aunque éstos se hallaran siempre presentes en estas relaciones. En todo caso, conviene tener presente que aunque la reciprocidad funciona usualmente en la inmediatez del acuerdo adoptado, también puede desarrollar sus efectos de manera mediata, en un futuro próximo; y que, por lo mismo, el contenido de las obligaciones recíprocas no se construye necesariamente sobre el simple equilibrio cualitativo o cuantitativo de las respectivas prestaciones54. Así, la autorización que otorga el concejo, el 25 de noviembre de 1465, para que los ganados de Huete pasten en la sierra de Cuenca (dada a petición de García Méndez de Badajoz), pudo ser entendida por la ciudad como una compensación suficiente cuando, el 27 siguiente, García Méndez les solicitó el envío de mil peones para combatir a los enemigos del rey y el concejo se excusó de mandarlos55. Pocos días antes, el 19 de octubre, también habían autorizado a los vecinos de Molina a llevar sus ganados a tierra de Cuenca, pagando los derechos acostumbrados. Pero Carrillo de Mendoza, a cuyo linaje pertenecía la villa, veía así reconocida su labor en defensa de la ciudad, concluida apenas ocho meses antes56. Siendo la sierra, el arbolado y la abundancia de pastos, uno de los recursos económicos principales del concejo, no extraña que la ciudad se sirviera habitualmente de aquélla para satisfacer sus obligaciones o complementar su descarga: a mediados de diciembre de 1467, el concejo concedía licencia a los caballeros de la sierra para hacer iguala y avenencia con los lugares de Juan Hurtado de Mendoza, autorizándoles a labrar las heredades adquiridas en la jurisdicción conquense, llevar sus animales de labranza y permitirles pacer, y poder cortar leña de rama para hacer lumbre y corrales para sus ganados; el 4 de diciembre de 1468, a petición de Alejo de Sandoval, señor de La Ventosa (con quien habían colaborado en el área optense en compañía de García Méndez de Badajoz), autorizaban a los vecinos de la villa a traer sus ganados a su jurisdicción cuando, por causa de los movimientos de guerra en la zona, se pudiera temer su robo (dado que nada impediría que, en esas circunstancias, el ganado comiera los pastos conquenses, el permiso se concedía por el precio acostumbrado);
el 30 de mayo de 1469, inmediatamente después de las acciones llevadas adelante por Álvaro de Luna, daban licencia de pastos a los vecinos de su villa de Escamilla (ya el 1 de diciembre de 1467, se autorizaba a sus vasallos a sacar madera y tea de la jurisdicción conquense, al parecer sin limitación de tiempo); el 17 de mayo de 1482, acordaban abrir sus términos a los ganados de los lugares de Poyatos, Tragacete y Uña, señorío de Juan Hurtado de Mendoza, tras ofrecerse éstos a hacer lo propio en favor de Cuenca (dada la riqueza y mayor amplitud de los términos conquenses, la medida beneficiaba claramente a los primeros); y finalmente, el $1 5 { \mathrm { y } }$ 16 de abril de 1483, autorizaban a entrar en sus términos los ganados de las villas de Moya (marquesado de Andrés de Cabrera) y Cañete (señorío de Juan Hurtado)57.
3. CONCLUSIONES.
Como hemos tenido ocasión de comprobar, la violencia noble (no aquella que se reducía a simples robos y otras depredaciones menores, cometida aprovechando las oportunidades que proporcionaban los abundantes momentos de desorden político) no se limitaba a un despliegue abusivo de fuerza sino que constituía un procedimiento de actuación más complejo, entreverado de lógica reproductiva del linaje y casa, y de un marco referencial dirigido a sostener, al menos, dos construcciones discursivas complementarias: una, encaminada a fomentar una pedagogía de la aceptación/sumisión a la autoridad señorial; otra, a elaborar, desarrollar y legitimar los procesos de justificación de aquella violencia y sus ganancias, tanto ante las autoridades políticas y judiciales (sobre todo reales pero, en determinados casos, también urbanas) como ante la opinión pública. La puesta en práctica de esta última estrategia conllevaba la reconstrucción de la realidad en la que se desenvolvía el poder señorial, acudiéndose tanto a la justificación de la propia conducta en el servicio al rey e incluso a la ciudad –generándose la ficción de que sus fortalezas o lugares no han sido ocupados sino que «se tienen en su servicio»–, como al desarrollo de un discurso argumentativo tendente a negar la naturaleza –jurídica y moral– ilícita e ilegítima de la conducta propia, afirmando un proceder contradictorio e incluso, en las formulaciones más creativas, acertando a trasladar la carga de la responsabilidad al «otro» –generalmente el actor urbano.
Las ciudades no operaron de diferente manera. Aunque, como se desprende de los incontables pleitos por términos (en los que no hemos entrado en este estudio), prefirieran el recurso a la agencia real de justicia; como demuestra este trabajo, allí donde y cuando pudieron, no eludieron acudir al recurso de la violencia física, en solitario o, buscando una mayor seguridad, en compañía de otros actores, urbanos $\mathbf { y } / \mathbf { o }$ nobles. En este sentido, uno de los instrumentos más interesantes de los que se sirvieron fue la manipulación del sentido de la dignidad, vergüenza y honor nobles, al centrar el reproche de la conducta noble en sus elementos más visuales (plásticos y emocionales), poniendo el énfasis en la ilicitud e ilegitimidad de la violencia cometida por la nobleza (calificada de vergonzosa, excesiva); una violencia que, de esta manera, hacía más repudiables las tomas, usurpaciones y ocupaciones de bienes, términos y vasallos de ciudades y villas de realengo y de señorío.
En esta oposición a las violencias nobles, las ciudades del área serrana castellano-manchega encontraron en la propia nobleza a su mejor aliado, más efectivo incluso que la hermandad de la provincia que, como hemos visto para los casos de Molina, Requena y Moya, demostró una capacidad de acción limitada y poco efectiva. La nobleza, cierto sector de la nobleza, se sumó a la defensa del realengo no por razones altruistas sino porque las circunstancias políticas en la región favorecieron esa complicidad, esa cooperación: la potencia del partido rebelde, representado por el conde de Buendía y el marqués de Villena, y la presión ejercida desde el sur de Guadalajara por el conde de Medinaceli; y la defensa del partido regio y las utilidades que se esperaba alcanzar; constituyeron factores de peso en la realineación de las lealtades políticas de todo un conjunto de linajes nobles. Los concejos del área y especialmente Cuenca se sirvieron de estas alianzas tácticas, de estas cooperaciones ciudad-nobleza, con el fin de oponerse a las depredaciones realizadas por otros linajes nobles. En este proceder, los concejos alcanzaron a introducir mecanismos tendentes a retroalimentar estas colaboraciones o, al menos, a hacerlas más deseables y (relativamente) permanentes. De un lado, las hicieron depender de instrumentos formalizados de negociación y pacto, cuya naturaleza pública y publicitada claramente «marcaba» a los nobles signatarios, posicionándoles en la primera fila del enfrentamiento con la nobleza opositora; además, uno de sus elementos sustantivos, el juramento (el pleito-homenaje), por su propia naturaleza funcionaba como mecanismo de constricción de la conducta, dificultando o enrareciendo –aunque no haciendo imposibles– las oportunidades de apartamiento de lo acordado. De otro, incorporaron su propia política de concesiones político-económicas, de «mercedes urbanas», con las que premiar a la nobleza cooperadora.
La lectura correcta de las circunstancias políticas de cada momento y la realidad y operatividad de las prácticas examinadas, así como su publicidad, incentivarían la incorporación de nuevos linajes nobles a estos convenios (como se desprende de las cooperaciones obtenidas de Álvaro Carrillo y Álvaro de Mendoza, previamente «en la oposición» a Cuenca), demostrando la efectividad de estos procedimientos de cooperación.
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