Nuevas tendencias en el estudio de la Guerra Civil. La violencia y los estudios urbanos: el caso específico de Madrid.
Gutmaro Gómez Bravo1 ; Ainhoa Campos Posada2.
Resumen. La historiografía de la guerra civil ha experimentado una intensa evolución en las últimas décadas. Los estudios sobre la violencia en ambas retaguardias han sido uno de los temas que ha encabezado esta evolución, pero aún queda mucho camino por recorrer incluso en este ámbito. En este artículo se propone el estudio de la retaguardia como vía para completar el estudio del desarrollo del conflicto y del fenómeno de la violencia a través del caso de Madrid.
Palabras clave: historiografía guerra civil; retaguardia; violencia; Madrid; vida cotidiana; orden público; abastecimiento; derrotismo.
[en] New Trends in the Spanish Civil War’s Historiography. Violence and Urban Studies: the Case of Madrid.
Abstract. Spanish Civil War’s historiography has been transformed in the last decades, and Violence Studies has been one of its protagonists. But there still is a long way to go, even within this topic. This paper proposes the study of the home front as a way to complete the knowledge of the conflict and the violence phenomenon through the study of Madrid during the Civil War.
Key words: Spanish Civil War; Home Front; Violence; Madrid; Everyday Life; Public Order; Supply;
Derrotism.
Sumario: Introducción: un balance historiográfico de la Guerra Civil a través de la violencia. 1. Ló- gicas internas de la violencia en la Guerra Civil. 2. La retaguardia republican durante la Guerra Civil. 3. Nuevas tendencias en el estudio de la Guerra Civil: escasez y derrotismo en el Madrid sitiado. 4. Conclusiones.
Cómo citar: Gómez Bravo, G.; Campos Posada, A. (2016): Nuevas tendencias en el estudio de la Guerra Civil La violencia y los estudios urbanos: el caso específico de Madrid. Cuadernos de Historia Contemporánea 38, Núm. Esp. 107-126.
Introducción: un balance historiográfico de la Guerra Civil a través de la violencia.
En un principio, puede parecer sorprendente la escasa atención que han brindado los historiadores al estudio de la retaguardia republicana durante el conflicto. La Guerra Civil ha hecho correr ríos de tinta, sí; pero estos han discurrido por otros derroteros. A grandes rasgos, la producción historiográfica sobre la República en guerra se ha inclinado tradicionalmente por la historia política y militar. La retaguardia solo ha atraído el interés y los esfuerzos de los especialistas en las últimas décadas en tanto que espacio en el que se desplegó el fenómeno represivo; las dinámicas sociales y políticas que operaron en dicho espacio, y la propia experiencia de la guerra por parte de la población, han quedado relegadas a un segundo plano.
Esta historiografía de la violencia durante la Guerra Civil ha experimentado un profundo desarrollo en las últimas décadas. Pero a pesar de la preponderancia cultural y cualitativa que ha permitido ampliar el horizonte más allá de la violencia física, hay lugares comunes en los estudios y monografías sobre la violencia que pueden considerarse ajenos a este panorama de cambios. Gran parte de los estudios locales y regionales, promovidos por las instituciones culturales autonómicas, han seguido centrados en el recuento de víctimas como base de memoriales o soporte de actos conmemorativos. Aspecto que entra de lleno en la cuestión de la memoria que ha sido y es sin duda uno de los caballos de batalla de nuestra propia historia vivida, como señalaba Julio Aróstegui. A pesar de las notables excepciones capaces de mantener el esfuerzo divulgativo y explicativo, en la mayoría3 de los casos, se importan conceptos de otras disciplinas como “genocidio”, “aniquilación” o “exterminio” sin someterlos a reflexión teórica o práctica alguna. Se trata de trabajos valiosos, pero que se limitan a yuxtaponer las atrocidades cometidas por unos y otros en el mismo marco, por tanto, del relato del “terror rojo” fijado durante la dictadura franquista. De este modo, nunca se distinguen grados de responsabilidad en las acciones y se mantiene oculto no sólo el rostro sino las distintas funciones de los perpetradores. La centralidad de las víctimas como único objeto de estudio permite eludir aspectos como las mismas causas de la violencia y su significado o características. No permite abordar las consecuencias complejas que pudo tener la represión en la propia configuración de la posguerra.4.
El estudio sobre la violencia no puede consistir en una simple acumulación de hechos y un recuento burocrático de quién cometió mayores atrocidades. Argumentos comunes como “el infierno fuimos nosotros” o “todos fuimos culpables” no reflejan sino juicios de valor carentes de cualquier calado analítico. Ante la incomprensión del fenómeno, se atribuye todo él a una “maldad intrínseca” del ser humano o de una colectividad. La cuestión se desplaza así de la comprensión, el análisis y la interpretación al simple reparto de culpabilidades. Un discurso originado en el franquismo y asumido durante la Transición. Esta perspectiva, en última instancia, tan sólo ha buscado el reforzamiento de legitimidades y ha fomentado valoraciones exclusivamente morales respecto a la violencia en la guerra y en la dictadura. Autores franquistas y neofranquistas han obviado la violencia de la misma o, en el mejor de los casos, han practicado este esquema comparativo. Los análisis de esta índole tienen su interés en el ámbito de la historia o la sociología, pero siempre después de haber determinado las lógicas internas de cada uno de los fenómenos. Ha sido, pues, necesario salir de este reparto de muertos para comprender e interpretar las dimensiones reales y las lógicas internas de la violencia política durante la guerra y su prolongación en la dictadura franquista.
1. Lógicas internas de la violencia en la guerra civil.
El camino que ha recorrido la historiografía española desde la aprobación de la Ley 52/2007 hasta la actualidad ha estado marcado por sucesivas polémicas que han mostrado la vigencia de los mecanismos de apropiación del pasado. La aparición de los primeros volúmenes del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia en 2011 generó una importante reacción por parte de la comunidad de historiadores de la que brotaría alguno de los mejores esfuerzos de síntesis de nuestra historia reciente. Un recorrido, el de la historiografía5 española de los últimos años, jalonado por otros grandes esfuerzos sistematizadores, que han marcado distancia con algunos de los “vicios” y deformaciones más consolidados en la visión tradicional sobre el estudio de la violencia en la guerra civil.
Si en algo ha estado de acuerdo la historiografía últimamente ha sido en desistir de pensar la violencia como categoría uniforme. Las lógicas de los frentes de batalla se han dejado de aplicar miméticamente a todo el conjunto de actores movilizados en la guerra civil. En esa pugna colectiva, la violencia abrió6 un proceso que tuvo tanto de ritual como de político, tanto de disolución de viejos poderes como de venganza. Las retaguardias han emergido como el nuevo espacio que trata de colonizar la investigación. Espacios que han dejado de estar reducidos únicamente al tema del orden público para convertirse en uno de los motores de la renovación metodoló- gica más importante7 . Las retaguardias españolas se han incorporado a los estudios de la transformación del adversario político en enemigo en el marco de la Europa de entreguerras. Un proceso de deshumanización del enemigo político o de clase, distinto según los contextos particulares en que se desarrollan, que desemboca en una aniquilación física sin precedentes al compás de la guerra total. Un tiempo de “sangre y fuego” y de “brutalización política” que se extiende a todos los rincones de la sociedad a través de “la cultura de guerra”, expresión que ha sido especialmente incorporada al análisis de lo sucedido en las respectivas retaguardias durante la guerra civil española, como ya se ha señalado.
Pero, la introducción del caso español en el europeo no se realiza, únicamente, a través de este proceso sino también, siguiendo los hitos señalados por otros autores, con características técnicas muy diferentes pero que siguen asimilando la violencia que desencadenó la guerra civil como un fruto podrido del orden público republicano. La profusión8 de elementos de ambas tesis ha servido de base a trabajos que trazan una línea continua entre la conflictividad social de la etapa republicana y la violencia revolucionaria. Esta se sustenta fundamentalmente en la tesis, muchas veces expuesta pero aún pendiente de ser demostrada, del traspaso de las funciones de la represión legal del Estado republicano a las organizaciones políticas y sindicales tras el golpe militar de julio de 1936. Análisis de la violencia que reproduce el sentido y la dirección unívocas de los estudios tradicionales, con el que comparte materia. Así, extendiendo la violencia y el clima de enfrentamiento prebélico, el golpe se presenta como una “reacción lógica”. El terror, posterior a este, a pesar de ciertas diferencias, sería equiparable en ambas zonas y seguiría las mismas tácticas exterministas9 .
La entrada de definiciones cualitativas de la violencia ha posibilitado el desarrollo de ejercicios comparativos sobre el despliegue de “distintas violencias”. En 2006 la obra colectiva Lo que han hecho en Galicia ofreció los primeros resultados conjuntos para las cuatro provincias gallegas. En Galicia, no hubo dos retaguardias, ni siquiera hubo guerra pero sí enormes manifestaciones violentas a partir de agosto de 1936, ¿cómo explicarlo desde el prisma todavía dominante de la equidistancia de la violencia en la guerra civil? Galicia, al igual que el estudio de la provincia de Salamanca coordinado por el profesor Ricardo Robledo10, suponen muestras perfectas para comprender la lógica de la construcción de lo que pronto sería conocido como “microcosmos represivo” proyectado sobre las prácticas cotidianas. En el análisis de la violencia física, presente en un estrato inferior, se añaden la violencia económica, administrativa, social y cultural que actuarían en un nivel intermedio, conformando, por último, la cúspide de la propia mentalidad e ideología represiva. Un enfoque capaz de combinar la violencia física con la coerción y el control social como manifestaciones fundacionales de la dictadura ya en la propia guerra. El proceso de institucionalización de la dictadura a partir de su raíz ha sido uno de los caminos más transitados en la investigación reciente, mostrando cada vez menos vacíos y aspectos de indefinición en el proyecto franquista, sobre todo en su incrustación de la violencia como mecanismo consustancial a la propia naturaleza de la dictadura11.
El análisis a nivel provincial ha favorecido, por su parte, situar en el centro los procesos de negociación de la política local con la violencia como actor e intermediario12. Un modelo que también se ha aplicado para los comportamientos de comunidades rurales antes, durante y después de la guerra. La violencia “lejos del frente” fue un requisito previo para erigir un nuevo poder. Por tanto, se dirigió contra los procesos de democratización asociados a la experiencia de la II República, abortados en el verano de 1936. La liquidación de sus bases sociales y políticas fue diferente en los pueblos pequeños, donde fue más precisa y exhaustiva dado el nivel de conocimiento vecinal. El análisis13 de la violencia política a escala local ha permitido también comparar la represión franquista con lo sucedido durante la “crisis de la República” de 1936 o si se prefiere, la etapa del Frente Popular. $\therefore \mathrm { T u v o }$ relación la dimensión de la represión franquista con la importancia de los conflictos sociales y políticos previos? Todo parece indicar que sí, con un amplio y complejo repertorio de comportamientos violentos. En relación al golpe de Estado, ha quedado demostrada la importancia de las expectativas de cambio que generó el período febrero-julio de 1936, desmesuradas en comparación con sus posibilidades reales. La incorporación del mundo de las representaciones simbólicas a la comprensión de la violencia permite comprender las violencias represivas posteriores en un clima psicológico favorecido por la extensión de la desconfianza, el miedo a la delación14.
El debate, una vez superada la batalla de cifras, ha girado hacia los denominados repertorios punitivos. Para ello, ha sido crucial realizar análisis diacrónicos de la violencia, rastrear su base ideológica y sus objetivos y sus diversas manifestaciones: cárcel, expolio económico, coacción, violencia simbólica… Y por supuesto, la violencia física. La “dirección flexible” de la violencia demuestra la importancia de ampliar la escala de análisis, y su apertura a otras funciones que el análisis comparativo en bloques no contemplaba15. El efecto directo ha sido dejar de equiparar represión y violencia física, alargando el impacto de la violencia hacia una esfera pública moldeada a su imagen y semejanza. Es decir, la violencia como aglutinador de apoyos sociales al régimen de Franco16.
La implicación social en el contexto de fractura que supuso la guerra civil ha sido uno de los campos que más han renovado la comprensión reciente del significado de la violencia. La entrada en las dinámicas particulares de la esfera pública ha enriquecido los análisis de la violencia, que ya no se restringe exclusivamente al monopolio del Estado. Así, las delaciones y denuncias, sustentadas sobre la degradación de las formas de vida comunitaria, se han convertido en un excepcional medio de aproximación a la implicación social de la violencia en guerra17. La “Cultura de la Victoria” como conjunto de discursos y prácticas surgido durante la Guerra Civil explica la configuración del espacio público en claves de exclusión e integración al mismo tiempo. Por un lado, el conflicto y su recuerdo representaron un activo movilizador para la cada vez más amplia retaguardia franquista; por otro, la recatolización del territorio ocupado fue sinónimo de la españolización de la “anti-España”. Por tanto, se puede hablar de una cultura punitiva, de su extensión y su modulación en tanto que los proyectos de represión, segregación y control social se hicieron sentir de manera inmediata sobre la población civil, muy marcada por la guerra18.
El proceso de construcción de la dictadura franquista ha sido planteado desde marcos explicativos que dialogan con los estudios de violencia política. Desde un acercamiento económico, los intereses empresariales de diversos grupos de presión y sus vínculos con el poder han superado el marco de la clase dominante para dirigirse a comprender el fenómeno de los apoyos sociales del franquismo en su complejidad19. La historiografía más reciente ha cuestionado las explicaciones tradicionales sobre la implantación social del régimen de Franco y sus mecanismos de funcionamiento, situándolo entre las pervivencias de las relaciones de poder caciquiles y la atracción por los regímenes totalitarios de entreguerras. Los trabajos recientes muestran que la ideología del régimen no trató de imponerse únicamente desde la represión o la coerción social, sino en la colaboración desde abajo, fomentada, sobre todo, a través de actividades cotidianas20. La conexión del franquismo con la guerra y la violencia también aparece en el análisis de los cuadros políticos de la dictadura. El nexo entre la sociedad y las élites políticas se ha articulado de esta manera teniendo en cuenta la relación entre la victoria social y la victoria política, explicada desde los modelos de regulación social del ámbito local. La clave se situaría en la difusión de los códigos, representaciones y prácticas asociadas a la victoria franquista, donde la utilización política de la violencia adquiere una entidad central. Así, los análisis sobre la consolidación institucional del franquismo parten ahora, sobre todo, de una historia sociocultural “desde lo local”, señal de que el interés conceptual por los debates sobre la naturaleza política de la dictadura de Franco se ha visto desplazado21.
2. La retaguardia republicana durante la Guerra Civil.
Si bien hay que admitir una cierta vitalidad del debate en ámbitos concretos, y, como se ha señalado, en los estudios regionales, los avances hacia una obra integradora de la retaguardia republicana siguen siendo escasos. En una obra colectiva publicada con motivo del cincuentenario del estallido de la guerra y coordinada por Julio Aróstegui se incluyeron dos capítulos dedicados al estudio de la retaguardia a escala regional: el primero sobre la andaluza, a cargo de Luis Garrido González22, y el segundo sobre la valenciana, de Albert Girona Albuxeich. Este último aprovechaba su espacio para reivindicar la necesidad de una historia comparada de la retaguardia, es decir, el avance de los estudios sobre la misma en toda la zona republicana para poder poner en marcha debates a nivel general23. Su llamada, casi tres décadas después, no ha sido suficientemente respondida. En los últimos años se ha producido la introducción en nuestra historiografía del concepto “cultura de guerra”, y se ha ampliado el de retaguardia, ahora concebido como no solo como espacio con una vital importancia para el frente, sino como una primera línea de frente en sí mismo. Pero no parece que ninguno de estos conceptos se haya aplicado mucho más allá en el estudio del fenómeno represivo, que hoy en día goza de un gran dinamismo24. Es sintomático de este estado de cosas que el volumen dedicado a la retaguardia y a la cultura de guerra de la revista Ayer no incluya ningún artículo que vaya más allá de la violencia en ambas zonas, con la excepción de uno dedicado a la literatura en el bando rebelde25. Propuestas innovadoras llegadas del extranjero, como la de Roger Chickering, que aboga por considerar a la guerra civil un ejemplo de guerra total para cuya comprensión habría que desarrollar una historia también total, que integrara el análisis de las dinámicas sociales y políticas de la retaguardia, han tenido una fría acogida en nuestro país26.
Sin embargo, como se ha podido comprobar, el estudio de la retaguardia es clave para entender el desarrollo y resultado de la guerra, así como todos los fenómenos que llevaba aparejados. Aquí se propone el estudio de un aspecto clave en la organización de la retaguardia a nivel local, el del abastecimiento, que puede aportar datos importantes sobre las dinámicas sociales y políticas que operaban no sólo en Madrid, sino también en el resto de la retaguardia republicana. Viene a llenar un espacio en blanco en la historiografía de la guerra civil, que puede resultar fundamental para comprender su desarrollo. El estudio de la ciudad durante la guerra ha sido prácticamente abandonado por los profesionales de la Historia. Sólo se han estudiado los primeros meses del conflicto: una vez el frente se estabiliza en Madrid y la acción militar se traslada a otras zonas, la historiografía lo hace con ella. Incluso en estos meses que sí se han trabajado, la atención se ha centrado en la represión en la retaguardia, concretamente en las ejecuciones de presos en Paracuellos, generalmente con la intención de desprestigiar al bando republicano. La historiografía que trata el Madrid de la guerra es, por tanto, una historiografía militar y militante, que apenas ha tratado aquellos aspectos que, como el abastecimiento de la población civil, no resultan atractivos para estos ámbitos.
3. Nuevas tendencias en el estudio de la guerra civil: escasez y derrotismo en el Madrid sitiado.
Si bien la historiografía parece haberla pasado por alto, la importancia de la retaguardia era de sobra conocida tanto por las autoridades republicanas como las rebeldes. Entonces, la Primera Guerra Mundial había mostrado al mundo que en el contexto de la guerra total, la movilización de la retaguardia era imprescindible para lograr la victoria. Tanto como los avances en el campo de batalla. Los estados que participaron en la Gran Guerra tuvieron que pedir enormes esfuerzos a sus sociedades, entre ellos, que aportaran un gran número hombres al combate y que mantuvieran la producción incorporando a las mujeres a los puestos de trabajo abandonados por los combatientes. Así, sostener la moral de la población civil era vital para que ésta continuara contribuyendo al prolongado esfuerzo de guerra.27.
Con este objetivo, todos los países implicados implementaron sistemas de vigilancia y control de la moral civil. Incluso aquellos en los que había existido libertad de prensa instauraron la censura de las publicaciones periódicas.28 También se reforzó la propaganda: en Alemania, por ejemplo, se organizaron eventos y se escribieron panfletos específicamente dirigidos a las mujeres, protagonistas de las protestas por la paz.29.
Pero sin duda, uno de los factores que más impacto tenía en la moral de la población civil era el de la escasez. Después de años de un colosal esfuerzo sostenido, los problemas de abastecimiento afectaron a las retaguardias de todos los países implicados en la guerra en 1917. Las subidas de precios y la escasez de productos de primera necesidad se generalizaron y afectaron a la moral de la población civil, que empezó a participar en protestas que preocupaban a las autoridades de sus respectivos países. Las alemanas observaron que en la correspondencia, sometida a censura, eran cada vez más frecuentes las quejas y el cansancio relativo a la escasez de comida. Finalmente, la insostenibilidad de la situación en retaguardia fue uno de los factores del fracaso de las potencias centrales, mientras que el manejo de la situación, aparejado a la instauración de un exitoso sistema de racionamiento, fue una de las razones del éxito de Inglaterra.30.
La experiencia de la Primera Guerra Mundial había dejado una huella indeleble en las mentes de las generaciones que la siguieron. Cuando estalló la Guerra Civil, ambos bandos eran plenamente conscientes de la necesidad de mantener la moral en la retaguardia propia y debilitar la del contrario, y del protagonismo de la cuestión del abastecimiento en tal materia. El caso de Madrid es paradigmático de esta situación: su valor propagandístico, que no hizo sino aumentar a raíz de noviembre de 1936 y su resistencia a los ataques rebeldes, hacía especialmente importante tanto su mantenimiento por parte de la República como su toma por parte de los sublevados.
Para dificultar el objetivo de la República, el abastecimiento de la ciudad presentó problemas desde el principio. Madrid era entonces una ciudad de un millón de habitantes, que sostenía su abastecimiento no sólo en su hinterland, sino en todo el territorio español: las redes de su demanda se extendían de norte a sur del país. Así, cuando parte de éste cayó en manos sublevadas, ya desde el primer día de conflicto Madrid se quedó sin parte de sus tradicionales centros de aprovisionamiento.31 Y según fue avanzando el ejército rebelde la situación empeoró. A este importante problema se unieron muchos otros. Llevadas por la idea de que la guerra sería corta, las autoridades derrocharon víveres que podían haber tenido mejor uso en el futuro.32 Debido a la existencia de numerosos organismos (oficiales y oficiosos) dedicados al abastecimiento, los roces y choques de competencias dificultaron la puesta en marcha de medidas previsoras.33 Las requisas practicadas por partidos políticos y sindicatos en los primeros días del conflicto asustaron a los comerciantes, que decidieron ocultar parte de sus mercancías.34 Lo mismo hicieron muchos agricultores cuando se sometió su cosecha a una tasa demasiado baja, lo que disminuyó las existencias de materias primas que enviar a la capital.35 Y la continua llegada a Madrid de refugiados de las zonas que iban sumándose a la “España Nacional” no hizo más que aumentar las bocas a alimentar y por tanto, engrosar el problema.36.
Estas dificultades fueron obvias desde el principio, tanto para las autoridades como la prensa. “El hambre es un factor decisivo”, proclamaba El Sol en agosto de 1936, en consonancia con la opinión del resto de publicaciones periódicas.37 “El Gobierno sabe muy bien que una ciudad que cuenta con cerca de un millón y medio de habitantes vería muy reducidas sus capacidades combativas si sintiera opresión de hambre”, advertía La Libertad en el mismo mes.38.
El Gobierno, y el resto de autoridades republicanas, eran bien conscientes de ello. El 20 de julio, apenas dos días después del golpe de Estado, el Ayuntamiento de Madrid constituyó una Comisión de Abastos, que organizó el reparto de víveres a las familias de los milicianos a través de una serie de locales de restauración. El Gobierno, atento al fenómeno que ya estaba teniendo lugar en la ciudad, prohibió a los comerciantes la elevación de los precios de sus mercancías. Al mismo tiempo, el Gobierno Civil de la provincia de Madrid trató de evitar las requisas por parte de partidos y sindicatos declarando que el pan era para las fuerzas leales, y que tomarlo directamente de las panaderías era por tanto entorpecer el combate contra los facciosos. Sin embargo, en el contexto de pérdida de poder del estado republicano que siguió al estallido de la guerra, estas medidas cayeron en saco roto: la autoridad de la Comisión de Abastos del ayuntamiento fue contestada por un Comité Popular de Abastos, el Ministerio de Industria y Comercio tuvo que reiterar la prohibición de alterar los precios en agosto y el gobernador civil recordó a los comerciantes que era obligatorio que entregaran una declaración jurada de sus existencias en sus dependencias, puesto que no lo estaban haciendo. Estas últimas disposiciones fueron lanzadas una y otra vez por diversos organismos oficiales en los siguientes meses, lo que nos indica que no se cumplieron como las autoridades esperaban.39.
En esta primera fase de la guerra, los delitos en materia de subsistencias se persiguieron con los mismos instrumentos que se utilizaban en tiempos de paz. El acaparamiento y ocultación de género eran castigados con multas, y en el caso de que el infractor fuera comerciante, el decomiso de dicho género y la clausura de su establecimiento. Pero la situación, excepcional, requería medidas excepcionales. Más aún cuando cada vez se perdía más territorio a manos de los rebeldes (y por tanto, fuentes de aprovisionamiento para la ciudad) y sus tropas se acercaban peligrosamente a la capital. En septiembre, el Ayuntamiento prohibió hacer cola delante de los establecimientos antes de que estos abrieran: una medida que no tuvo ningún efecto en la práctica. Ante el empeoramiento de la situación, el consistorio decidió establecer un sistema de racionamiento y para ello realizó un padrón (el Comité Popular de Abastecimientos había tenido la misma idea y, a la vez, emprendió la compilación de su propio padrón). Se suspendió la calefacción en propiedades particulares y se restringió el consumo de agua en la ciudad. Por su parte, el Gobierno estableció una Comisión Nacional de Abastecimientos que funcionaría territorialmente a través de Comisiones Provinciales: la de Madrid decidió continuar con el plan de racionamiento del consistorio. $^ { 4 0 } \mathrm { Y }$ en materia judicial, se instauraron los Jurados de Urgencia y Guardia, encargados de perseguir aquellos hechos que hasta entonces no habían sido considerados delito pero que en la situación de excepción eran de hostilidad o desafección a la República. Entre otros hechos, se consideraban así aquellos que implicaran:
- Dificultar voluntariamente y en forma no grave el cumplimiento de las órdenes dadas por las autoridades para la defensa, abastecimiento general y particular, sanidad, consumo de luz, agua y gas.
- Difundir falsos rumores o noticias atinentes a las operaciones de guerra, actuación del Gobierno o situación económica o cualesquiera otras que tiendan a producir un estado de opinión adverso a la República o crear un estado de opinión o de alarma adversos a la misma.41.
Con ello, todavía sin definirlos como delitos en materia de subsistencias, se empezó a perseguir estas infracciones ya no como faltas, sino como algo mucho más grave: delitos de desafección u hostilidad a la República. El segundo punto dio pie al comienzo de la persecución del derrotismo, aunque como en el caso de las subsistencias, sin tipificarlo como tal.
La prensa recibió con alborozo esta reforma judicial y legal. Desde los primeros meses de la guerra había clamado con ímpetu por la persecución tanto de los especuladores y acaparadores como por los bulistas y derrotistas, a los que consideraba tan enemigos del régimen como los “pacos” o los falangistas encubiertos.42 Sin embargo, había una parte de la persecución del derrotismo que no resultaba tan agradable a las publicaciones periódicas. Hemos de recordar que todas ellas estaban sometidas a la censura previa, ya desde antes del estallido de la Guerra Civil. Esta era ejercida por el Ministerio de Gobernación a través de un delegado, como se venía haciendo tradicionalmente. Ya en noviembre, una vez las tropas franquistas llegaron a las puertas de la capital y el Gobierno emprendió la huida hacia Levante, pasó a encargarse de esta materia la Junta de Defensa. Bajo una autoridad o la otra, el objetivo de la censura era el mismo: no permitir que se publicaran detalles estratégicos que dieran información al enemigo y evitar que cundiera el desánimo entre la población, minimizando las derrotas y controlando las críticas a la situación que más afectaba a los ciudadanos: la de la escasez.43 Así, parece ser que aquellos que publicaron dichas críticas fueron tachados de derrotistas, de lo que se defiende La Voz en dos editoriales distintos:
“Las provincias no se han enterado. Que se lo digan si no a las pobres amas de casa para quienes el acto de encender la lumbre es cada día un problema poro menos que insoluble. Insistimos en que decir esto en voz alta no es derrotismo. No hay dolor que no nos haya sido regateado. Y que los hemos aceptado sin un pestañeo, sin una protesta, sin una objeción. Así seguiremos – ni qué decir tiene – hasta el último día. Ahora bien: ¿acelerará el hambre ese último día? Ya suponemos que no; es decir, ya suponemos que alguien – no sabemos quién – se cuidará de sacarnos del impasse en el que estamos metidos” [...] “Decir esto en voz alta – nota para los susceptibles – no es derrotismo, sino victorismo, afán de ganar la guerra.”44.
Si bien es cierto que podemos encontrar muchos artículos y editoriales que trataban el tema de las subsistencias censurados parcial o totalmente, también lo es que no podemos acusar de exceso de celo al censor si editoriales como estos fueron publicados sin problemas. Lo cierto es que es necesario profundizar en qué lógica había detrás de la censura ejercida por las autoridades republicanas, ya que si bien podemos encontrar fragmentos censurados y quejas de los periodistas por tener que plegarse al censor, también es frecuente encontrar críticas duras a la situación de escasez y la actuación (o inactuación) de las autoridades en este ámbito.
A pesar de las medidas ya tomadas y de la cada vez mayor definición de los delitos de subsistencias y derrotismo dentro de la categoría de desafección (y de sus castigos),45 la situación fue haciéndose cada vez más grave en una ciudad prácticamente cercada por las tropas franquistas. Desde noviembre de 1936, la única vía de comunicación de Madrid con el resto del territorio leal fue la carretera de Valencia. Los bienes que llegaban a la ciudad, en una cantidad muy por debajo de la necesaria para satisfacer las necesidades de sus habitantes, en muchas ocasiones tenían que ser derivados a las tropas que combatían en los aledaños de la ciudad y en los lugares en los que se libraron batallas relevantes para su defensa como el Jarama o Guadalajara. La Junta de Defensa, encargada también del abastecimiento de la ciudad, reiteró las disposiciones anteriores, trató de fijar los precios de las subsistencias y se encargó de poner en marcha el sistema de racionamiento preparado por el Ayuntamiento y la Comisión Provincial de Abastecimientos: en enero de 1937 trató de mejorarlo con una nueva tarjeta de racionamiento. Asimismo, decretó la evacuación forzosa de todos aquellos madrileños que no tuvieran que trabajar en la defensa y actividad de la ciudad o en labores relacionadas con las mismas. Sin embargo, la Junta no fue capaz de solventar el problema. En enero tuvieron lugar las primeras manifestaciones de mujeres clamando por pan y carbón, y si no, la rendición. A pesar de las disposiciones lanzadas tanto por el Gobierno como por la Junta, no se consiguió unificar la acción de los organismos dedicados al abastecimiento, y aquellos surgidos al calor de la revolución continuaron funcionando. Lo mismo ocurrió con los intentos de evacuación: los madrileños se resistían a la misma, y en ocasiones, a pesar de haberse marchado, regresaban al tiempo. Así, en marzo, el pan, base de la dieta, pasó a formar parte de los alimentos sujetos a racionamiento tanto en Madrid como en los pueblos limítrofes.46.
Mientras tanto, el Gobierno no cejó en su empeño de reorganizar, centralizar y unificar la gestión del abastecimiento. Una labor ardua, recordamos, debido a la existencia de múltiples comités, gestoras y cooperativas de signo político y sindical que se resistían a entregar las competencias (y depósitos de víveres) que habían adquirido tras el 18 de julio. Por ejemplo, el Comité de Defensa Confederal de Ventas mantenía un almacén con gran cantidad de víveres que iba vendiendo y registrando cuidadosamente en sus libros de contabilidad. El Ateneo Libertario de Puente de Vallecas también hacía lo mismo.47 Debemos tener en cuenta que, en un contexto de escasez, mantener un depósito de bienes conlleva unas dosis de poder económico y social muy importantes, que dichos organismos no estaban dispuestos a abandonar. Aun así, las autoridades republicanas trataron de enfrentar el problema. En febrero de 1937 se creó un Ministerio de Comercio encargado de unificar la gestión del abastecimiento, y en marzo, el Gobierno decidió volver a poner en manos de los ayuntamientos la gestión del abastecimiento; en Madrid, la puesta en marcha de esta medida se retrasó al mes siguiente, a partir de la disolución de la Junta de Defensa.48 La necesidad de fijar los precios de los bienes de primera necesidad era tal que en agosto, el Ministerio de Economía, Agricultura y Hacienda formaron una comisión dedicada a tal fin: no es probable que tuviera éxito, puesto que a partir de entonces se crearían numerosas comisiones y comités ministeriales con el mismo objetivo.49.
Tampoco parecía tener éxito la persecución de las infracciones en materia de subsistencias, ya que en septiembre de 1937, el Ministerio de Gobernación ordenó a los gobernadores civiles que pusieran “en la persecución del ocultador de alimentos el mismo interés que en el descubrimiento de los peores enemigos de la victoria”. En el mismo mes, se pusieron en marcha los juzgados de primera instancia e instrucción como tribunales de subsistencias, estableciendo por primera vez este delito como uno separado del de desafección. ${ } ^ { 5 0 } \mathrm { Y }$ el Ayuntamiento de Madrid decidió prohibir de una vez por todas (ya se había discutido anteriormente, tanto en la Junta de Defensa como en los plenos del consistorio) la entrada de paquetes de más de 15 kilos de artículos de comer, beber y arder sin permiso del consistorio. Parece que esta vez sí que tuvo algo de éxito, pues algunos estudios calculan que la entrada de alimentos en Madrid se redujo entre un 50 y un $60 \%$ y la documentación de los radios comunistas y los ateneos libertarios conservada en el Centro Documental de la Memoria Histó- rica de Salamanca da fe de la decisión de algunos de éstos de cumplir lo ordenado y deshacerse de sus depósitos particulares. 51 A finales de año, la Comisión Municipal entró en conflicto con los vaqueros de la ciudad al exigir que éstos entregaran el litro de leche en la Central Pasteurizadora Municipal a 0,75 pesetas el litro, estos se rebelaron y el Ayuntamiento decidió mantenerse firme. Finalmente, el consistorio municipalizó el ganado vacuno de todos aquellos que se habían enfrentado a su disposición y entregó a los Tribunales Populares a muchos de los protagonistas de la rebelión. Los periódicos calificaron a los vaqueros no solo de desafectos, también de derrotistas.52.
La situación continuó empeorando en una ciudad en la que también estaba racionado el tabaco desde junio de 1937, la carne y el pescado se repartían cada quince días, el fluido eléctrico sufría continuos cortes y los precios de la ropa estaban por las nubes.53 Las infracciones en materia de subsistencias, agravantes de la escasez y del encarecimiento de los bienes de primera necesidad, y el desánimo producido por la situación debían ser atajados. Más aún cuando las fuerzas republicanas habían sido forzadas a retirarse de Teruel y las tropas rebeldes iniciaban su ofensiva hacia el Mediterráneo.
En este contexto enormemente desfavorable para la República tanto en los frentes como en la retaguardia, tuvo lugar la más amplia e importante reorganización judicial emprendida desde el estallido de la guerra. Uno de los puntos más importantes de esta reforma fue la puesta en marcha de los Tribunales Especiales de Guardia, creados en noviembre de 1937 pero sin funcionar desde entonces. Las disensiones dentro del Gobierno respecto a la labor de estos tribunales fueron muy fuertes y evitaron que empezaran a funcionar hasta cuatro meses después. Según un informe del PSOE de la época que recoge el profesor Cervera, “fueron precisos todos los forcejeos para ponerlos en marcha”. El ministro de Justicia, Irujo, comparó estos tribunales con las “checas” y dimitió en protesta. Manuel Azaña, presidente de la República, también estaba en contra de su implantación.54.
Finalmente se impuso la opinión del presidente del Gobierno, el doctor Juan Negrín, y el decreto salió adelante. Los TEG empezaron a funcionar a partir del 24 de marzo, fecha en la que se publicaron varios decretos en materia legislativa, que entre otras cosas establecían que contra las sentencias de estos tribunales no cabría el recurso. Esto último fue modificado parcialmente por un decreto del 3 de mayo de 1938, que establecía el recurso de alzada en el caso de que se hubiera optado por la pena capital y que permitía a los TEG entender de los delitos de espionaje, alta traición y derrotismo aunque fueran flagrantes, es decir, aunque no hubieran sido denunciados en el momento en el que se cometieron.55.
Fueron estos tribunales los encargados de juzgar a los inculpados de delitos en materia de subsistencias y de derrotismo; por primera vez definidos como delitos en sí mismos y no como formas de hostilidad o desafección al régimen. Y es a través de la labor de estos tribunales que podemos conocer qué comportamientos delictivos en ambos campos se perseguían y quienes eran sus protagonistas, más allá de los discursos elaborados por las autoridades, partidos políticos, sindicatos y publicaciones periódicas del Madrid de la guerra. Los TEG generaron cientos de expedientes entre marzo de 1938 y marzo de 1939, que hoy en día se encuentran depositados en el Archivo Histórico Nacional y han sido completamente digitalizados, por lo que se pueden consultar en PARES, el Portal de Archivos Españoles.56
3.1. “Guerra a muerte a los especuladores del hambre”: la persecución de los delitos en materia de subsistencias.
En un editorial de El Sol titulado “Guerra sin cuartel a los que encarecen la vida”, se sostenía que “la actividad más tena y concreta de los enemigos del pueblo que viven en nuestra retaguardia ha llegado a ser ésta: la especulación. Con el propósito de crear graves conflictos en nuestro territorio, o simplemente con el miserable deseo de enriquecerse, han multiplicado el precio de todos los artículos, especialmente los alimenticios.”57 Refiriéndose a los especuladores, se afirmaba en La Voz: “en la capital hay muchos traficantes de esos, y las consecuencias de sus manejos las está pagando hoy todo el pueblo.”58.
Esta visión es matizada y ampliada por la que ofrecen las fuentes judiciales. En primer lugar, abundan los delitos de pequeña y mediana envergadura, orientados a la mera supervivencia o a la mejora de la alimentación y de la calidad de vida del infractor y su familia. En muchos casos, el inculpado es una persona claramente afecta al régimen y perteneciente a algún partido o sindicato del Frente Popular. En el caso de los comerciantes, el alza de precios se debe a factores de peso, como la inflación, la escasez de moneda fraccionaria, o el incremento de los costes de producción, transporte y almacenamiento debido a la guerra, más que por verdadero afán de enriquecimiento o intención de sabotear la economía de la retaguardia republicana. La mayor parte de ellos fueron puestos a disposición de las autoridades a partir de junio, cuando se instituyó una Junta Reguladora de Comercio del Uso y Vestido que llevó a cabo inspecciones en los comercios de la capital.
Por el contrario, muchos de los delitos de gran envergadura son verdaderas tramas de corrupción que implican a personas bien posicionadas en las redes de abastecimiento de la ciudad o en fábricas de bienes de primera necesidad que utilizan dicha posición para realizar ventas e intercambios muy provechosos. Por ejemplo, en la fábrica de jabón “La Madrileña” se distraían importantes cantidades del jabón producido para repartir entre sus empleados y que ellos lo utilizaran para hacer sus propias ventas o intercambios. Esta trama fue descubierta en septiembre de 1938 y sus infractores condenados a internamiento en campo de trabajo y a pagar determinadas multas.59.
La mayor parte de los delitos de pequeña y mediana envergadura acababan siendo absueltos, o derivados a los juzgados municipales porque los miembros del tribunal entendían que correspondían mejor con la categoría de falta que con la de infracción de las normas en materia de subsistencias. Aunque el internamiento en campo de trabajo es la opción de castigo por la que se optó con más frecuencia, en muchos casos se imponía sólo por seis meses, y en otros se aplicaba la pena mínima, que consistía en el pago de una multa, y se prescindía del internamiento en el campo de trabajo). Incluso en aquellas ocasiones en que los TEG enfrentaban a un delito más grave podemos encontrar actitudes benevolentes. Es el caso de una trama que implicó a tres miembros del 162 Batallón del Ejército de Centro y que fue descubierta en abril de 1938. Estas personas sacrificaban reses de la nave del Matadero Municipal destinada al servicio del batallón para vender su carne a varios hoteles y restaurantes de importancia: la Maison Dorée, el Freixené, el Hotel Nacional, el Café Lyon y el Hotel Inglés. Las penas que el Tribunal impuso a los responsables de estos establecimientos fueron mucho más ligeras de lo que hubieran podido llegar a ser en razón del delito cometido, que comprometía la salud pública, y que las que fueron impuestas a las personas implicadas en la distracción, sacrificio y venta de la carne. El TEG $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \mathrm { o } } 3$ justificó su posición afirmando que el “de momento a todas luces insuficiente abastecimiento de estos locales mueve aunque no justifica a buscar de modo inadecuado productos con los que intensificar el trabajo industrial de sus respectivos establecimientos.”60.
En conclusión, mientras que parece probable que las autoridades encargadas de la denuncia y detención de los infractores actuaban con exceso de celo, los jueces de los Tribunales Especiales de Guardia tendían más a absolver a los inculpados, sobre todo a los que eran responsables de pequeñas infracciones.
3.2. “¡Ninguna consideración para los bulistas!”: la persecución del derrotismo.
Al igual que el especulador y el acaparador, el derrotista era presentado por las autoridades y la prensa como una persona desafecta a República, como un miembro más de esa difusa Quinta Columna que tenía como objetivo desbaratar la resistencia de la ciudad. El Sol realizó un retrato de quiénes estaban detrás del derrotismo en noviembre de 1937, coincidiendo con la creación de los TEG:
Con su mentalidad irritante, porque es difícil fumarse un puro después de comer, porque la ciudad apaga sus luces por la noche, porque el tranvía tarda treinta minutos hasta el Ministerio […] Bajo las tulipas de los comedores caros, en las terrazas de los cafés, Remigio habla siempre de lo mismo: habla del fin. Habla de la paz. Habla de que se acabe la guerra. Habla de que “esto termine como sea” […] La voz de D. Remigio no es ninguna honrada voz popular. La voz de D. Remigio es la de una vieja cobardía militante de los postulados del orden y la tranquilidad.61.
Días después, el diario reforzaba la afirmación diciendo que “el pesimista, el bulista, el derrotista de hoy son los mismos que el 7 de noviembre no daban una perra gorda por la capital de la República.”62.
En principio, el derrotismo o bulismo había sido perseguido por los Jurados de Urgencia y Guardia bajo la categoría de desafección, desde octubre de 1936 hasta marzo de 1938, cuando se pusieron en marcha los TEG. De este periodo no hemos podido encontrar ningún expediente que se hubiera incoado por un comentario, queja o crítica a la escasez de comida, lo que puede indicar que entonces no se consideraban mtivo suficiente para enviar a alguien a juicio. Sin embargo, sí que hemos consultado una gran cantidad de expedientes de derrotismo generados por los TEG que tenían detrás dicho motivo. Por otra parte, el hecho de que la pena mínima para el delito de derrotismo fuera de seis años de internamiento en campo de trabajo frente a la de multa, que era la pena mínima para el de infracción en materia de subsistencias, nos indica hasta qué punto era considerado peligroso para las autoridades.
Los encausados en este ámbito eran mucho más diversos de lo que retrataba la prensa: madres de familia con hijos a los que alimentar, jornaleros, obreros de todas las ramas, comerciantes, profesionales del sector servicios y soldados rasos. También de diferentes posiciones ideológicas: entre ellos encontramos algunos caracterizados como desafectos a la República pero también otros pertenecientes a partidos o sindicatos antes de que estallara la guerra. $\mathrm { \Omega } _ { \dot { 6 } } \mathrm { Y }$ qué fue lo que llevó a estas personas ante los Tribunales? Según los alegatos de sus miembros, se consideraba derrotismo “desmoralizar, quebrantar la moral pública y la disciplina social.”63 Hacer el comentario derrotista delante de mucha gente o estando militarizado eran agravantes; quejarse bajo los efectos del alcohol era, sin embargo, atenuante. Sin embargo, por lo que hemos podido observar tras el análisis de los expedientes en materia de derrotismo, estas circunstancias no siempre tenían el mismo peso). En casos parecidos encontramos reacciones opuestas: Ángela Jiménez Ríos trata de movilizar a las mujeres que junto a ella se encuentran recolectando para el Gobierno por la mala calidad de la comida, por lo que es condenada a 6 años de campo de trabajo.64 Sin embargo, en grupo de recolección del II Cuerpo de Ejército, en julio del 38, a unos provocadores que protestan de las comidas e incitan a la protesta por ello, se les absuelve.65.
Por tanto es necesario buscar y encontrar aquellas circunstancias que sí garantizaban el castigo en todos los casos. En principio podría parecer que criticar la labor del Gobierno y otras autoridades era lo más peligroso. Sin embargo, por lo que hemos podido comprobar, muchas críticas a la política de resistencia de Negrín quedaron absueltas. Por ejemplo, Modesto Martín Martín, que además era soldado, dijo amargamente que “el que pasa hambre no quiere resistir, Negrín como tiene la tripa llena por eso quiere que se resista y resistamos los que pasamos hambre.” $^ { 5 6 6 } \mathrm { E l }$ terreno peligroso tiene que estar en otro lugar. Y parece que lo estaba en aquellos comentarios que cuestionaban la equidad del reparto: siempre son castigadas aquellas quejas en las que se señala que unos comen bien y otros mueren de hambre, que existe un círculo oficial de abastecimiento y otro oficioso, integrada por las autoridades, los partidos y sindicatos y aquellas personas bien posicionadas en la gestión del abastecimiento de la ciudad. América Peñaranda Fernández dijo en mayo de 1938 a la portera de su edificio: “Negrín es un sinvergüenza: mientras nosotros no tenemos pan ellos se hartarán de filetes y jamón”67, y fue condenada a seis años y un día de internamiento en campo de trabajo por ello. Igualmente castigada fue Mercedes Franco Franco, que pidió a los soldados de un cuartel del distrito de Palacio-Universidad que tiraran el rancho a la cara a los jefes. El Tribunal especifico que le condenaba por “pretender engendrar un sentimiento de recelo basado en una supuesta desigualdad a todas luces inexistente.”68.
No extraña que a las autoridades republicanas les preocupara que se extendiera este sentimiento de injusticia. Los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial habían observado que el descontento por la escasez era mayor cuando a ésta le acompañaba un reparto poco equitativo de los recursos.69.
Otros de los factores que hacían más peligroso un comentario derrotista era que éste contradijera la versión oficial de las autoridades sobre el abastecimiento y la escasez, como hizo Francisca Torres al afirmar que los altos precios a los que vendía la ropa de su comercio “los ponía la guerra”70, o extender rumores o bulos sobre la actuación de las autoridades en esta materia tan delicada. Luis Narváez Barrera intentó comprar una gallina contando a su dueño que el alcalde de Chamartín de la Rosa iba a decretar su incautación para hospitales y ello le valió una condena de ocho años de internamiento en un campo de trabajo. 71.
Sin embargo, salvando estos casos en los que se da lo que podríamos considerar como un agravante “oficioso”, la mayor parte de los expedientes generados en materia de derrotismo acabaron con la absolución de los encausados. El resultado es similar al que tenemos en los expedientes en materia de subsistencias: mientras que aquellos encargados de la vigilancia y la detención de los supuestos infractores actuaban con exceso de celo, los Tribunales Especiales de Guardia actuaban con cautela en estos ámbitos. Puede que fuera por una discrepancia entre los juristas y las instrucciones del Gobierno, que hubiera una falta de directrices claras de los redactores de las leyes a los ejecutores de las mismas, que no resultara útil mantener encerradas a tantas personas cuando el esfuerzo de guerra requería la colaboración de todos, o que hubiera resultado contraproducente castigar “a la ligera” a personas que debían apoyar al régimen. Es necesario continuar investigando esta cuestión para encontrar la lógica que guiaba a las autoridades republicanas en estos ámbitos, vitales para el mantenimiento del orden público y la moral civil.
3.3. Escasez, derrotismo y el fin de la guerra.
El periodo de tiempo en el que actuaron estos tribunales corresponde con el de mayor agravamiento de la situación de escasez y decaimiento generalizado de la moral civil tanto en Madrid como en el resto de la retaguardia republicana. Los combates en el Ebro no sólo destruyeron gran parte del Ejército Popular, también la cosecha de trigo y cebada en julio, la de almendras en agosto, la de uvas en septiembre y la de aceitunas en noviembre. Una vez las potencias europeas firmaron los Acuerdos de Munich, disipada la esperanza de Negrín de que estallara la guerra en Europa, el presidente del Gobierno pidió a Vicente Rojo un informe sobre las posibilidades que existían para sostener el esfuerzo militar. El informe remitido por el general afirmaba que era posible continuar la guerra si se sostenían los abastecimientos de boca y guerra, se mantenía alta la moral y se mejoraba la organización y el control de la campaña bélica. Algo que era difícilmente realizable pero que el Gobierno sin embargo intentó, lanzando un plan global de intervención que centralizara la gestión del abastecimiento en noviembre de 1938.72.
Los sublevados conocían la situación de escasez de la ciudad resistente, debido a los informes realizados por espías y miembros de la Quinta Columna, soldados evadidos y a la interceptación de mensajes y telegramas entre autoridades republicanas. Así, a partir de octubre emprendieron un nuevo tipo de bombardeo sobre Madrid: el de panecillos blancos, a los que acompañaba un panfleto en el que se informaba a los madrileños de que en la España de Franco no faltaban ni la lumbre ni el pan. El gobernador civil dijo en un discurso radiado que los panes lanzados sobre Madrid muy probablemente hubieran sido hechos con la poca harina que le quedaba a los sublevados tras los copiosos envíos a los que les obligaban sus tratos con Alemania e Italia.73 La prensa de la ciudad proclamó orgullosa que los ciudadanos habían rechazado el regalo de los rebeldes, y es cierto que en algunos puntos de la ciudad se prendieron hogueras en los que se quemaron los panecillos.74 También lo es que otros muchos, desnutridos, comieron todo lo que pudieron.
Negrín tuvo que sobornar a funcionarios locales franceses para que dejaran pasar suministros de alimentos a través del país y por la frontera hacia España. En diciembre se produjeron repetidas manifestaciones de mujeres pidiendo pan o la paz, que preocuparon enormemente al gobierno. Mediante telegrama, el ministro de Gobernación pidió información al gobernador civil de Madrid sobre estos sucesos; el gobernador civil respondió que habían sido protestas aisladas y que ya habían sido sofocadas, pero el ministro contestó que no parecían en ningún modo aisladas y que el problema era grave.75 La prensa madrileña, afectada enormemente por la carencia de papel, amenazaba con emprender un paro forzoso que también alarmaba al Gobierno en Barcelona. Y las cosas no hicieron sino empeorar tras la caída de Cataluña. En enero, un informe la Comisión Internacional Cuáquera para Ayuda a Niños Refugiados establecía que en Madrid solo quedaban alimentos para dos o tres meses. Las raciones diarias, según informó el coronel Casado a Negrín en febrero, eran de 150 gramos de pan y otros 100 de otra cosa, generalmente lentejas, judías o arroz, y muy ocasionalmente bacalao en salazón, mientras que la falta de combustible hacía prácticamente imposible cocinar.76 La moral era tan baja que la DGS estableció un servicio especial de escuchas en bares y otros lugares públicos para erradicar el desbocado derrotismo que exhibían ya gran parte de los madrileños.77.
Esta penosa situación fue una de las razones que adujo Casado para dar su golpe de marzo de 1939, junto a la intención de desbaratar un pretendido golpe comunista. Y si bien la historiografía reciente ha puesto en cuestión que fueran estas las motivaciones que tuvo el coronel para formar el Consejo de Defensa Nacional, lo cierto es que la escasez de todo tipo de bienes de primera necesidad en Madrid contribuyó en gran manera a desgastar la moral de sus habitantes y a que cada vez más madrileños desearan el fin del conflicto, fuera este el que fuera.78 Así, cuando las tropas de Franco entraron en la ciudad que habían visto inalcanzable durante casi tres años, encontraron a una población famélica que se arremolinó alrededor de los carros en los que los vencedores traían comida para repartirla.
Y sin embargo, la paz no trajo la solución que tanto anhelaban los madrileños. A ellos y al resto de los españoles todavía les esperaban años de hambre y racionamiento. Los años de la posguerra.
4. Conclusiones.
En el transcurso de la última década del nuevo siglo la historiografía sobre la violencia durante la guerra civil española ha experimentado una gran transformación. Nuevas preguntas, nuevas fuentes y nuevas metodologías han permitido consolidar en las explicaciones el paso de las víctimas a los victimarios y sus lógicas internas. Análisis donde la violencia aparece como un factor crucial en el afianzamiento de la dictadura, sobre todo en el ámbito local y desde aproximaciones no exclusivamente políticas. Los acercamientos recientes a la realidad social y económica de las retaguardias, a las actitudes cotidianas y a las prácticas simbólicas han desmontado al mismo tiempo el mito de los “incontrolados” y la agencia monopolística de los poderes centrales, verticales, en el ejercicio de la violencia. Las investigaciones presentes proporcionan elementos suficientes para seguir proyectando análisis en fructífero y continuo diálogo con los márgenes de nuestra disciplina y otras como la Antropología, la Sociología o la Lingüística.
Como hemos podido observar, todavía hay mucho por estudiar sobre la guerra civil. En el caso de Madrid, se han planteado algunas cuestiones que deben ser investigadas en profundidad; muy probablemente la investigación sobre ellas llevará a nuevas preguntas, que en definitiva podrán hacerse para toda la retaguardia republicana. Estas y otras investigaciones se enmarcan en la importante mutación de la historiografía española, para muchos todavía asignatura pendiente, directamente relacionada con los cambios de registro de las ciencias sociales pero sobre todo con la necesidad de conectar con la demanda de conocimiento sobre el pasado reciente de la sociedad española.