CALLEJA PUERTA, Miguel; DOMÍNGUEZ GUERRERO, María Luisa (eds.), Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII), Gijón, Ediciones Trea, 2018, 430 pp. ISBN: 978-84-17140-99-1.
DOI: https://doi.org/10.24197/em.21.2020.487-491.
El libro Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla $y$ Portugal (siglos XII-XVII), del que son editores Miguel Calleja Puerta y María Luisa Domínguez Guerrero, es resultado de investigaciones realizadas entre los años 2016 y 2018 al amparo del proyecto de investigación $_ { \mathrm { I + D } }$ del mismo nombre, concedido en la convocatoria de 2014 por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Escritura (como realidad permanente) triplemente limitada: por productores (notarios), espacios (dobles espacios: el ciudadano y los de corona y reino) y tiempos (medieval y moderno). Poner límites a la escritura podría parecer una paradoja y no lo es porque el límite se hace en este caso necesario para entender que la permanencia de la escritura, es decir, su firmeza, estabilidad e inmutabilidad, es proporcionada por el notario en villas y ciudades y reino y corona a lo largo de siglos y desde los orígenes de la institución notarial. Límites indispensables para entender igualmente que la escritura se quiere permanente para el ejercicio del poder (real, señorial o local) y para la administración y el gobierno de lo privado y lo público. Tareas estas tan telúricas como lo es la escritura como realidad material que no existe sin registros ni soportes, que la hacen permanente en el documento, y, claro es, en el documento del notario. Documento (objeto producido) y notario (actor que produce), que en su sola conexión explican un universo diplomático e institucional que es analizado en el libro editado por Calleja y Domínguez desde ángulos distintos y con objetivos muy diferentes para acercarnos, como adelanta Pilar Ostos Salcedo en la Introducción, a los orígenes y evolución del notariado público en Castilla y Portugal a través de veinte trabajos articulados en un único bloque, pero cuyos títulos permiten reconocer miradas espacio-temporales claramente identificables. Y en cada uno de los espacios y tiempos que pueden ser explorados hallamos tanto evidencias del germen, de los esbozos que dieron principio a la figura del notario, como testimonios de su actividad documental, registral, protocolaria y, en fin, del ejercicio notarial, que si por algo se define es por la fe que confiere a los documentos que signa y por la forma que a estos da.
En algunos trabajos del libro reconocemos los tiempos y espacios de penetración en los reinos peninsulares occidentales de la institución notarial, la figura del notario y sus documentos tal y como fueron concebidos e ideados en el armazón normativo de Alfonso X, o los orígenes del notariado público y la actividad notarial en diferentes villas, ciudades y territorios de la Península Ibérica; en otros, hallamos análisis de cuestiones normativas, librarias y diplomáticas que en alguna ocasión trascienden la materia estrictamente notarial. Ocurre así con los trabajos de Carmen del Camino Martínez, “Notarios, escrituras y libros jurídicos. Algunas consideraciones”; Elena Albarrán Fernández, “La evolución de las cláusulas penales en la praxis notarial asturiana de los siglos XIII y XIV: inercias y cambios”; José Miguel López Villalba, “Evolución político-diplomática de la potestad normativa en los concejos medievales. $\mathrm { \dot { \omega } _ { \omega } } ^ { \mathrm { D e l } }$ Derecho foral-consuetudinario al individualismo legislativo?”; Marcos Fernández Gómez, “Las cuentas del concejo. El mayordomo de Sevilla (siglos XIV-XVI)”; María Josefa Sanz Fuentes, “Las cuentas del concejo. Una aproximación desde la Diplomática”; y, en fin, Rocío Postigo Ruiz, “Análisis diplomático y edición de algunos de los más antiguos padrones de la tierra de Sevilla (1407-1408)”.
De asuntos relacionados con el notariado se ocupan un buen número de autores. Miguel Calleja, en su “Institución notarial y transferencias culturales en los reinos de Castilla y León antes de $1 2 5 0 ^ { \circ }$ , analiza con precisión los cambios que advierte a lo largo del último tercio del siglo XII y hasta mediados del XIII en la formalización pública del documento resultado de las relaciones de los particulares en el ámbito del derecho privado, y que fueron auspiciados y favorecidos por la corona y la iglesia, y por villas y ciudades, entre otras, que ahormaron iniciativas propias y ajenas para hacer del documento del notario lo que después quiso la regulación alfonsí que fuera.
En el trabajo de López Gutiérrez, “Génesis y tradición del documento notarial castellano a través de las fuentes legales alfonsíes”, hallamos el derrotero que nos permite conocer el articulado de los textos alfonsinos que fueron claves para el desarrollo del escribano en Castilla. En el Fuero Real, Espéculo y Partidas se regula y determina todo lo que toca a la calidad, condición y naturaleza de los escribanos, a su nombramiento y al ejercicio y práctica del oficio. Y al decir práctica llegamos al documento del notario y a su génesis y tradición, sobre las cuales López Gutiérrez, buen conocedor de la materia, nos ofrece unas líneas realmente claras.
En “La implantación del notariado público en Córdoba (1242-1299)”, Carmen Guerrero Congregado dibuja un mapa temporal en el que a lo largo de dos periodos: uno de transición (de 1242 a 1264) y otro de implantación (entre 1265 y 1295), se hace evidente la existencia en Córdoba de escribanos públicos que a partir de 1281, coincidiendo con la finalización de la $3 ^ { \mathsf { a } }$ Partida y la presencia de Alfonso X en Córdoba en 1280, testimoniarán la característica y propiedad notarial al validar sus documentos con signo de escribano.
Roberto Antuña Castro rastrea, en “La implantación del notariado público en el señorío episcopal ovetense: el Occidente de Asturias”, el establecimiento de notarios desde 1270, complejo desde el inicio a causa del derecho a ejercer el nombramiento y designación de notarios que enfrentó a la puebla de Roboredo, villa de creación episcopal que usó ese derecho en nombre del rey, y al obispo, que por concesiones de Alfonso X primero y Sancho IV después, acabaría no solo reteniéndolo de forma definitiva, sino imponiendo además su autoridad con la creación en 1299 de una puebla nueva: Castropol, lo que sería el fin de Roboredo.
Conflictos que se vivieron también en el reino de Portugal, como prueba Néstor Vigil Montes en “El notariado público en los señoríos eclesiásticos y laicos en el Reino de Portugal (siglos XIII-XV)”, donde pone el origen del notariado en el siglo XIII por lenta evolución de scriptores o clérigos-notarios, que los obispos de Braga y Oporto pretendían nombrar, lo que en el siglo XIV provocó enfrentamientos con la monarquía, que esta resolvió suspendiendo a inicios del XVI el derecho de ambos obispos a nombrar escribano públicos. No obstante, mediante otra fórmula (la cesión real del cobro de la pensão dos tabeliães) pudieron los señores laicos y eclesiásticos controlar indirectamente el notariado y mediatizar (aunque fuera mínimamente) la actividad de los notarios.
Otra aproximación a la realidad del notariado en diferentes espacios peninsulares debemos a otros autores. Pilar Ostos Salcedo en “Aproximación a los escribanos públicos de Sevilla durante la segunda mitad del siglo XIV”, partiendo de la confirmación que Enrique II hizo en 1367, el 7 de febrero, a los escribanos públicos del número de la ciudad de los derechos y privilegios que les concedieran Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI, se ocupa del número de notarios de la ciudad (16 en el padrón de 1384, no pocos (12) caballeros), que, repartidos por toda ella, ejercen el oficio en sus casas o en sus tiendas de las Gradas, ayudados de personas conocedoras (y aprendices algunas) de la forma de escriturar los documentos, que trabajan con los escribanos públicos y firman sus documentos, aunque nunca los signaron. El signo solo lo puso el escribano público del número y únicamente en documentos extrajudiciales, puesto que las actuaciones judiciales eran competencia de otros escribanos. Competencia que fue origen de conflictividad.
Maria Cristina Cunha en el “Notariado público no nordeste de Portugal: o caso de Torre de Moncorvo (séc. XIV)”, a partir del estudio de la documentación del siglo XIV conservada en el archivo de la villa, da cuenta, por un lado, de que, en 1317 existía en ella una oficina de escribanía, que pasarían a ser tres en la década de 1340, lo que revela, por una parte, el crecimiento económico de Torre; y, por otra, que los escribanos no solo actuaban comúnmente como procuradores del concejo, acudían a sus reuniones y daban fe de los acuerdos concejiles desde 1364, sino que eran hombres de poder, ricos e implicados en la política local. No fue extraño, sin embargo, que escribanos públicos ambulantes acudieran a Torre de Moncorvo con la oficina “a cuestas”.
En algunos trabajos los tiempos de aproximación al notariado entran en la Modernidad. Así ocurre en “Los escribanos públicos de Moguer (Huelva) en el siglo XVI”, donde Federico Ortega Flores ofrece una panorámica del notariado en la villa onubense en esta centuria, en la que desempeñan el oficio 1 o 2 escribanos públicos (de los que se trata en cuatro capítulos de la Ordenanza de 1538) en la plaza pública, en un establecimiento del señor de la villa, que desde los inicios del notariado tenía el privilegio de nombrarlos y a los que cobraba la renta (una de las más cotizadas) por la oficina de la escribanía. Hasta el siglo XVII los escribanos públicos no cosieron a sus registros documentos judiciales, pero escrituraron reconocimientos, poderes, cartas de pago y obligaciones. Tipologías que hablan de relaciones personales armadas con la distancia y la ausencia de por medio.
En “Una aproximación a los escribanos de las Alpujarras tras la expulsión de los moriscos”, Juan M. de la Obra Sierra y María José Osorio Pérez ofrecen unas notas que permiten, en primer término, saber de la necesidad que en 1572 había en las Alpujarras de fedatarios públicos, que acudieron a ellas y en ellas se asentaron, tanto escribanos del número como reales. No fue fácil el control de su actividad, pero la residencia al corregidor Francisco Arévalo y Suazo, localizada en el Archivo General de Simancas, es testimonio de los no pequeños delitos que cometieron en el desempeño del oficio (incluso de falsedad documental) seis de los ocho escribanos públicos del número de la Alpujarras, que tuvieron motivos de conflicto con los incontables escribanos reales que había en ellas. Al oficio accedían los escribanos del número por renuncia, que a veces esconde otra realidad: la compra, que se hacía por ser negocio lucrativo y plataforma de ascenso social. Y negocio vio la corona en la venta de oficios de escribanía, del número y de concejo.
María Luisa Domínguez Guerrero en “Los primeros escribanos públicos en Perú: el Libro Becerro de los Conquistadores”, nos ofrece unas interesantes líneas sobre la actividad de tres escribanos que dieron fe de negocios entre particulares mientras iban de un lugar a otro, acompañando a los conquistadores, y copiaban sus documentos en el Becerro, un protocolo ambulante con escrituras datadas entre 1533 y 1538 de tres escribanos sin asiento fijo: Jerónimo de Aliaga, que llegó a ser secretario de la Audiencia, y Juan de Espinosa y Bernardino de Valderrama (nombrado mayordomo de Pizarro y del que gestionó los negocios), que trabajaron (estos últimos) juntos en un mismo cuaderno. Las tipologías de sus documentos: deudas, préstamos (a veces hechos por Pizarro y Almagro), poderes, cartas de compañía y recibos hablan de las necesidades que los hombres sintieron y las relaciones particulares establecidas entre ellos en tiempos y espacios de conquista.
Cuatro de los trabajos del libro se centran en el estudio de la actividad de un escribano concreto. Así lo hace Ricardo Seabra en “Rodrigo Aires, tabelião na cidade e termo do Porto e criado do rei de Portugal (1469-1500): un estudo de caso”, donde analiza los 50 documentos que se conservan del notario, que escritura los negocios entre particulares (sobre todo transacciones de bienes) en las casas de estos últimos: mercaderes, tintoreros (solo en tres ocasiones lo hace en la oficina de los escribanos) y en las sedes de las instituciones civiles y eclesiásticas, concejo de Oporto y monasterio de Santo Domingo, entre otras.
Sebastián Guerrero Gómez-Pimpollo dedica su trabajo al estudio de “Cristóbal Becerra, escribano público en la Sevilla del siglo XVI”, que fue nombrado escribano de la ciudad a finales de 1532, con 18 años, y obtuvo el título dos años más tarde, en 1534. Ser yerno del escribano Francisco Antonio Ruiz de Porras marcó su trayectoria profesional y su actividad, que ejerció desde 1562 durante veintisiete años en la Plaza de San Francisco, en una tienda que compartió con su suegro, y en su casa particular de Triana. Y al parecer la desempeñó de forma en ocasiones irregular, por lo que fue condenado y suspendido. Una buena cartera de clientes le permitió tejer una red de buenos contactos, entre los que estaba el Duque de Medina-Sidonia, ser miembro de la Cofradía de los Caballeros y, merced a sus ingresos, comerciar con Indias e invertir en juros.
En “Actuación rural del notariado en la Asturias del Antiguo Régimen: Bartolomé García de Somines, escribano público en el alfoz de la puebla de Grado (1606-1634)”, Guillermo Fernández Ortiz nos ofrece unas notas sobre un escribano público del número y del rey (a partir de una fecha próxima a 1615, cuando se examinó en Madrid) que ejerció por todos los pueblos y aldeas de la tierra de Grado, sobre todo en las de la mitad oriental del término concejil. Eso explica que de él se conserven más de setecientos documentos, bien protocolizados (lo hacía al final del año, en redacción objetiva, independientemente del tipo diplomático, sin desarrollar las cláusulas y en ocasiones sin rúbrica) en nota o, en menor medida, como escrituras públicas: sobre todo compraventas, cartas de pago y obligación, arrendamientos, esponsales, testamentos y algunas notificaciones judiciales.
Maria João Oliveira e Silva, en “Os mais antigos livros de notas dos tabeliães do Porto (séc. XVI)”, hace un análisis codicológico, diplomático y paleográfico de los libros de notas del notario Gaspar de Couros, que entre los meses de enero a junio de 1548 escribió cronológicamente los apuntes o notas en sus cuadernos y que en su mayoría conocerían una redacción final.
Cierran el libro unas páginas de Conclusiones, debidas a Miguel Calleja Puerta y María Luisa Domínguez Guerrero (editores), y otras con la Bibliografía conjunta.
En fin, el libro permite comprender la realidad del notariado en la Península Ibérica entre los siglos XII al XVII a través de miradas focalizadas en territorios y cronologías limitados, que en conjunto nos ofrecen un panorama extenso en tiempo y espacio de la institución notarial que se hace rica, diversa y compleja en las 430 páginas que lo conforman.