La Diputación de Tarragona durante el Trienio Liberal (1820- 1823)\*.
The Provincial Council of Tarragona during the Liberal Triennium (1820-1823)
Ramon ARNABAT MATA Universitat Rovira i Virgili.
Carlos MORUNO MOYANO Universitat Rovira i Virgili.
RESUMEN.
El artículo estudia el papel de la Diputación de Tarragona (1822-1823) en la articulación del sistema liberal durante el Trienio Liberal (1820-1823) y su impacto en la provincia de Tarragona. Primeramente, se trata el proceso de articulación de las provincias y diputaciones para después centrarse en el establecimiento de la Diputación, sus miembros y principales tareas. La consulta de documentación inédita ha permitido identificar expedientes relacionados con la actividad de dicha institución, así como escritos de carácter político en defensa del sistema constitucional. De entre todas las actuaciones estudiadas, cabría destacar la creación de una intendencia de Hacienda provincial por parte de la Diputación, vulnerando las directrices de las Cortes, que contemplaban el establecimiento de una única intendencia para toda Catalunya con sede en Barcelona. Con esta medida la Diputación consiguió retener parte de los tributos recaudados y costear la Milicia Móvil, un cuerpo que contribuyó notablemente en la lucha contra las partidas realistas que se alzaron a lo largo y ancho de la provincia.
PALABRAS CLAVE.
Liberalismo; Trienio Liberal; Diputaciones; Tarragona.
ABSTRACT.
This article studies the role of the Provincial Council of Tarragona (1822-1823) in the articulation of the liberal system during the Liberal Triennium (1820-1823) and its impact on the province of Tarragona. First, it deals with the process in terms of the provinces and deputations and then focuses on the establishment of the Provincial Council, its members and main tasks. Consulting unpublished documentation has made it possible to identify files related to the activity of said institution, as well as writings of a political nature in defense of the constitutional system. Among the actions studied, the creation of a provincial Treasury administration by the Provincial Council is of particular note in that it violated the guidelines of the Cortes, which contemplated the establishment of a single Treasury entity for the whole of Catalonia based in Barcelona. By implementing their own Treasury, the Provincial Council was able to retain part of the taxes collected and thereby fund the Mobile Militia, an army corps that contributed significantly to the fight against the royalist militias that were raised across the province.
KEYWORDS.
Liberalism; Liberal Triennium; Provincial Councils; Tarragona.
La primera Diputación de Tarragona durante el Trienio Liberal no ha sido, hasta ahora, estudiada. La pérdida de la documentación original del Arxiu General de la Diputació de Tarragona [AGDT] ha resultado ser un gran impedimento que ha dificultado el estudio de la función de esta institución en la articulación del sistema liberal en la demarcación.
Así pues, el principal reto de esta investigación ha sido hallar documentación relacionada con la Diputación y su actividad durante este período. En este sentido, el archivo más importante ha sido el Arxiu General de la Diputació de Barcelona [AGDB]. La correspondencia entre ambas instituciones, así como la copia de varios documentos propios de la Diputación de Tarragona han acabo siendo la base documental de este estudio. Esta documentación ha sido complementada con otros fondos documentales, como el Diario de Sesiones de las Cortes, donde se encuentran las copias de los escritos dirigidos por la Diputación, o las actas municipales de la ciudad de Tarragona, donde se han conservado varias proclamas y documentación concerniente a la relación entre el Ayuntamiento y la Diputación, principalmente en lo que refiere a las disputas en la distribución de los tributos destinados a sostener el sistema constitucional, y muy especialmente el ejército y milicias con las que se combatían las partidas realistas que se alzaron a lo largo y ancho de la provincia.
En su conjunto, dicha documentación nos ha permitido estudiar la actividad de la Diputación desde su formación a finales de mayo de 1822 hasta su disolución con la ocupación francesa de la ciudad a principios de noviembre de 1823. De este modo, el presente artículo analiza la actividad de la Diputación, cuáles fueron sus principales tareas, su organización y la naturaleza de sus miembros.
La articulación de las Provincias y Diputaciones durante el Trienio Liberal (1820- 1823)
La reorganización política y administrativa del territorio fue una de las principales preocupaciones de las Cortes de Cádiz (1812-1813) y de las Cortes del Trienio Liberal (1820-1823). Existía una idea compartida en el liberalismo español: la necesidad de reorganizar y homogeneizar las divisiones político-administrativas del territorio y avanzar hacia una articulación territorial única que englobara, también, a la eclesiástica, la judicial y la fiscal1 .
La Junta provisional consultiva, creada en Madrid tras el restablecimiento de la Constitución, propuso el 29 de marzo de 1820 que se repusiesen, con carácter provisional, las diputaciones de 1813, propuesta que fue recogida en el decreto del día 30 que, además, convocaba elecciones para elegir a las nuevas corporaciones provinciales el día 22 de mayo, el siguiente a la elección en cada capital de provincia de los diputados a Cortes. El 11 de julio de 1820 el nuevo ministro de Gobernación, Agustín Argüelles, expuso que para el Gobierno era urgente cambiar la “monstruosa” división provincial y anunció a las Cortes la creación de una comisión para estudiarla2 . El Gobierno quería aprovechar los trabajos anteriores en la cuestión territorial y agilizar el proceso. Las Cortes compartían la necesidad de dividir la monarquía y trazar una trama única que facilitara las tareas administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, en condiciones de igualdad y equidad jurídica, unidad y eficacia. El 20 de junio de 1820, las Cortes encargaron la realización del estudio previo y la presentación de un proyecto de división territorial al mallorquín Felipe de Bauzá y Cañas y al guipuzcoano José Agustín de Larramendi Muguruza3 .
Pocos meses después, el 25 de octubre de 1820, las mismas Cortes aprobaron la división de las antiguas provincias catalanas en 25 Partidos Judiciales, con un juzgado de Primera instancia en cada uno de ellos, excepto Barcelona que tenía cuatro.
Bauzá y Larramendi presentaron su propuesta de dividir el territorio en 47 provincias el 17 de marzo de 1821 y el proyecto fue remitido a la Cortes para su debate. Inmediatamente se formó una Comisión de división territorial, que empezó a recibir un alud de reclamaciones e iniciativas de reforma de la propuesta inicial. Los miembros de la Comisión se asesoraron en los respectivos diputados de los territorios y en las diputaciones provinciales existentes:
En un asunto tan espinoso, tan complicado y expuesto al influjo de las pasiones particulares, debía apoyarse en todas las luces posibles, y creyó que convenía convidar y excitar el celo de los diputados de las provincias en particular para que asistiesen a las sesiones cuando tratase de sus provincias respectivas4 .
La Comisión finalizó su dictamen el 10 de junio5 y el 1 de octubre se presentó
4. DSC, sesión de 1-10-1821, p. 68.
formalmente el informe ante las Cortes. Dicho informe insistía en la urgencia de la reforma y para ello destacaba el importante papel de las provincias y sus diputaciones en el nuevo ordenamiento constitucional6 . La Comisión, que había aumentado el número de provincias a 51, planteaba si sería posible hacer una división razonable del territorio cuando se carecía de datos cartográficos y estadísticos fiables. El último censo era el de 1797, realizado sobre las provincias antiguas, y eso afectaba no solo a la posibilidad de cumplir con el deseo de establecer provincias equilibradas en el número de habitantes, sino también al proceso electoral, pues la población determinaba el número de diputados con que debía contar cada provincia. Varios diputados manifestaron que preferían conservar las tradicionales provincias/reino subdivididas en provincias/partido, que contarían con subjefes políticos y diputaciones subordinadas a la provincial. También surgieron voces como la del diputado Ugarte Alegría que, justamente, criticaron el aumento del número de provincias y el posible incremento en el gasto que podría ocasionar7 .
Tras largos debates, que finalizaron el 5 de enero de 1822, el texto definitivo fue presentado y aprobado el 14 de enero8 . Finalmente, se establecieron 52 provincias que, contra lo propuesto inicialmente por la Comisión que quería que algunas conservasen los nombres tradicionales, se llamarían como su capital, siendo las únicas excepciones Canarias y Baleares, que conservaron la denominación de los archipiélagos. A pesar de las dudas que se suscitaron en la época, la división de 1822 estaba bien concebida, dentro de los parámetros inspirados en el proceso francés, que predominaban entre los liberales. En general, respetaba las antiguas fronteras de las provincias/región, lograba cierto equilibrio al combinar los factores de tamaño y población y eliminaba los enclaves territoriales característicos del Antiguo Régimen9 .
El 27 de enero de 1822 se anunció la división de Cataluña en cuatro provincias: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, con unos límites geográficos parecidos a los actuales, pero no iguales; por ejemplo, el partido judicial de Vilafranca se incorporó mayoritariamente a la provincia de Tarragona10. El informe de la Comisión de las Cortes, del mes de junio de 1821, ya había hecho una propuesta de división provincial y de su capitalidad:
Cataluña: Parece que de justicia debe conservarse este nombre en la provincia que tenga por capital a Barcelona. Su población es de 327.265 almas.
Gerona: La heroica Gerona merece dar nombre y presidir como capital la provincia que ocupa el parte N. E. de Catalunya. Su población es de 225.920 almas.
Lérida: Su capital la Ciudad de este nombre, silla episcopal, situada en el camino real de Madrid a Cataluña. Su población de 150.005 almas.
Tarragona: Capital Tarragona que ha parecido preferible a Reus por la proximidad de su Puerto, por ser de residencia de la autoridad superior eclesiástica, por haber sido cabeza de corregimiento, y también en recompensa e indemnización de lo mucho que ha padecido en la guerra de la independencia. Su población es de 202.845 almas11.
Tal y como podemos leer en el fragmento anterior, la nueva provincia de Tarragona tenía 202.845 habitantes. La ciudad de Tarragona no era la más poblada (6.000 habitantes), y se notaban aún los estragos demográficos de la guerra contra los franceses. La demarcación contaba con ciudades de un tamaño considerable, como Tortosa, Reus o Valls, así como otros pueblos de tamaño medio, como Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Montblanc, Falset, El Vendrell, Torredembarra, Ulldecona y Móra d’Ebre.
La transición entre la Diputación de Cataluña y las nuevas diputaciones provinciales catalanas la llevó a cabo la Diputación provisional, que estuvo en funcionamiento entre el 1 de marzo y el 11 de abril de 1822. Esta Diputación fue la encargada de traspasar las competencias a las nuevas diputaciones provinciales, tanto de los expedientes como de los fondos económicos12.
El establecimiento de la primera Diputación de Tarragona.
La primera Diputación de Tarragona se constituyó el 25 de mayo de 1822. Ya desde sus inicios surgieron los primeros contratiempos debido a la dificultad de hallar casas para el establecimiento de los diputados en la ciudad. Reus, que había disputado la capitalidad provincial a Tarragona13, denunció que la capital no disponía de un espacio en condiciones para el establecimiento de la Diputación y un grupo de vecinos reusenses llegó a ofrecer sus domicilios para alojar a los diputados. Finalmente, el capítulo catedralicio tarraconense cedió el Palacio Arzobispal, donde se establecería la Diputación el mismo 25 de mayo.
Políticamente, la primera Diputación de Tarragona se situaba a medio camino del liberalismo moderado y el exaltado: “tan distantes de la licencia y máximas destructoras de los anarquistas, como de sujetarnos a la degradante coyunda del despotismo”14.
Una vez instalada la Diputación, tanto ésta como el Ayuntamiento de la ciudad publicaron una proclama para difundir entre los vecinos las ventajas de su constitución:
Van a destruir todos los restos góticos que puedan obstruir vuestra felicidad reanimando la agricultura, las artes y el comercio, protegiendo la educación, apagando la pestífera tea que el genio del mal atiza por todas partes, y consolándoos de los diferentes males que os aquejan, y que solo sus facultades superiores pueden remediar. […] Con la sabia división del territorio español, vamos a sentir más palpablemente las incalculables ventajas del pacto grandioso que hemos jurado; sus enemigos verán disipadas como el humo sus pérfidas tramas hará que no brille en la Hespéride este astro luminoso; y vuestro Ayuntamiento fiel eco de los sentimientos que os animan, repetirá siempre con la más tierna emoción VIVA LA CONSTITUCIÓN, VIVA EL ORDEN15.
La primera acción de la Diputación fue dirigirse al resto de diputaciones catalanas para tratar de concretar “una franca y mutua correspondencia para establecer la marcha de los negocios, y por este medio proporcionar el bien y prosperidad de sus comitentes”. También se dirigió a las Cortes, felicitándolas por la nueva división territorial que permitiría la “fácil administración económico-política de sus heroicos habitantes”, porque “ya han desaparecido de entre nosotros la monstruosa antigua división de sus bastas provincias y las casi innumerables dificultades que entorpecían su gobierno”16.
Una de las primeras tareas a las que se dedicó la nueva Diputación tarraconense fue atender las quejas que le habían dirigido varios pueblos, entre las que destacaban las referidas a la contribución de consumos. De este modo, la Diputación intentó coordinar una acción conjunta de las cuatro diputaciones catalanas para pedir su sustitución a las Cortes:
Las quejas que se le han dirigido por casi todos los pueblos de corto vecindario de la Provincia, manifestando la absoluta imposibilidad en que se encuentran de satisfacer la Contribución de consumos, y convencida de las irresistibles razones en que se apoyan, y de la justicia con que reclaman, el que cuando menos se les releve del pago por este año, por haberse perdido enteramente la cosecha; ha creído de su deber excitar a V. E., así como a las demás Diputaciones de Cataluña, para que comunicándonos mutuamente los conocimientos y noticias que hayamos adquirido sobre el particular, representemos de común acuerdo a las Cortes con la premura que exige el estado actual de nuestras respectivas Provincias, solicitando por lo pronto el remedio conveniente a este grave mal, y el que para lo sucesivo se sustituya a dicha Contribución otra menos gravosa a los pueblos agrícolas y más adaptable a las circunstancias de Cataluña17.
Las bases de la política económica de la Diputación eran la defensa de un sistema proteccionista que incentivara la industria catalana y favoreciera la formación de un mercado interior español que permitiera el intercambio de bienes entre el centro y la periferia. En este sentido, la Diputación intentó aligerar el peso de las contribuciones sobre el país, aunque sin demasiado éxito.18.
La mayoría de las funciones de las diputaciones no eran ejecutivas; en cambio, tenían un importante papel político, económico y de fomento. De hecho, las diputaciones catalanas se dedicaron, básicamente, al fomento económico de las respectivas provincias, a la gestión de las contribuciones, al armamento de la Milicia Nacional para hacer frente a las partidas realistas que, a partir de 1821, se levantaron en Catalunya y al apoyo a los ayuntamientos en la gestión municipal19.
La Diputación era un organismo complejo, con una naturaleza representativa, política y administrativa, una tríada que originó notables problemas a la hora de encajar su acción con los ayuntamientos, los jefes políticos, las Cortes y el Gobierno. Moderados y exaltados tenían concepciones diferentes de las diputaciones: mientras que para los primeros la diputación era un organismo más de control del territorio, a las órdenes del Gobierno vía los jefes políticos, para los segundos las diputaciones eran organismos representativos del territorio ante el Gobierno. De ahí los constantes enfrentamientos entre los diputados provinciales, elegidos por el territorio, y el jefe político, nombrado por el Gobierno, que la presidía20.
Los miembros de la Diputación. Entre la representación territorial y el liberalismo político.
La Diputación estaba integrada por un presidente, que correspondía al jefe político de Tarragona, cinco vocales y un secretario, que fueron siempre individuos de cierta ascendencia social y que, en su mayoría, representaban algunos de los partidos o ciudades más importantes que conformaban la nueva provincia.
El jefe político era considerado por el secretario de Gobernación Moscoso como el “primer eslabón que une a la superioridad con las provincias”21. Además, era una figura clave en la centralización administrativa y el control de los ayuntamientos y las diputaciones. El proyecto presentado por la Comisión de las Cortes planteaba el aumento de las competencias de las diputaciones hacia los ayuntamientos, en detrimento del jefe político, pero estas propuestas quedaron diluidas en el decreto que finalmente se aprobó a propuesta del Gobierno (3 de febrero de 1823). La Diputación catalana planteó a las Cortes la necesidad de establecer una mayor independencia respecto al jefe político y reformar el reglamento: “un muro de bronca capaz de entorpecer y neutralizar la vigorosa marcha de las instituciones protectoras, hallándose en manos distintas e impelidas por resortes, tal vez opuestos, el exclusivo poder de afianzar o no su cumplimento”22.
En Cataluña, el cargo de jefe político fue militarizado, no tanto por sus funciones, sino por el hecho de ser ocupado siempre por militares. En 1821, una vez formalizada la división en partidos del territorio catalán, la Diputación de Catalunya propuso establecer doce subjefes políticos para garantizar la eficacia de esta figura en los territorios de: Tremp, Solsona, Manresa, Vic, Girona, Mataró, Vilafranca, Lleida, Tarragona, Tortosa y Barcelona (dos), abarcando cada uno una media de dos partidos judiciales. El Ayuntamiento de Reus y veintiséis ayuntamientos más de alrededor pidieron a las Cortes que se nombrara un jefe político subalterno en las tierras de Tarragona y, evidentemente, se proponía que se instalara en Reus23.
La primera Diputación de Tarragona tuvo siete presidentes, todos militares de carrera: los jefes políticos Marcelo de Baeza (mayo-julio de 1822), Francisco Bustamante (julio-septiembre de 1822), Agustín de Roncali (septiembre-octubre de 1822), Jacobo Gil de Avalle (octubre de 1822-marzo de 1823), José Felipe de Oliveras (abril de 1823-agosto de 1823), Juan Antonio de Aldama (agosto de 1823-septiembre de 1823) y Fernando de Miranda (octubre de 1823-noviembre de 1823)24.
Los vocales que integraban la Diputación cuando se constituyó a finales de mayo de 1822 eran:
Joaquín Tarín. Canónigo de la catedral de Tarragona desde 1809. En 1820 pasó a formar parte de la Junta Gubernativa de Tarragona y de la comisión que se encargó de erigir un monumento a la Constitución. También formó parte de la comisión que viajó a Madrid para defender la capitalidad provincial de Tarragona en las Cortes25.
• Pedro Alcántara de Ajuria. Comerciante reusense que había formado parte de la comisión que el Ayuntamiento de Reus había enviado a Madrid para conseguir la revocación del decreto que suprimía la aduana de Salou, que la ciudad trataba de promocionar para defender sus intereses en detrimento de Tarragona26. Pedro Joaquín de Alcoriza. Letrado que había formado parte de la Diputación de Catalunya en representación de Tortosa. Fue escogido comisionado por las Cortes para tratar la capitalidad de la provincia de Tarragona. En el período 1823-1833 fue perseguido por los absolutistas27.
• Pere Batlle. Hacendado de Vilafranca que fue designado elector para elegir diputados en Cortes (1822).
• Salvador Alba. Aunque no hemos podido reunir información sobre su persona, hemos encontrado una coincidencia con el notario Salvador Alba i Molins, que fue notario en Ulldemolins (1758-1778) y Montblanc (1778-1807). También es probable que el diputado provincial fuera su hijo28.
Durante el mes de junio se incorporaron dos nuevos vocales, Rafael de Magrinyà y Benet Rubinat i de Papiol:
Rafael de Magrinyà. Hacendado y abogado de Tivissa. Durante la Guerra Carlista capitaneó la milicia local, formó parte de la Junta de Armamento y Defensa de.
Catalunya y fue de nuevo diputado provincial. Alineado con los progresistas, fue comandante de un batallón de la Milicia Nacional en la zona de Falset.
Benet Rubinat. Hacendado, sobrino de Francesc de Papiol, uno de los diputados catalanes más destacados durante la guerra contra los franceses y de tendencia moderada. Benet, como su tío, era natural de Vilanova i la Geltrú y fue diputado provincial (1820-1822), primero en la Diputación de Catalunya y después en la Diputación de Tarragona29. También fue diputado a Cortes en la legislatura de 1822- 1823. Tal y como ha indicado Jordi Roca, era un liberal moderado, desde una interpretación federalizante y antirrevolucionaria de la Constitución de 1812, apoyada en la tradición jurídico-política e institucional catalana30.
El primer secretario de la Diputación fue Francisco Gómez de la Fuente, quien ocupó el cargo de forma interina hasta que se pudo incorporar Jaume Ardèvol, médico reusense que defendió los intereses de Reus en la lucha por la capitalidad provincial. Ardèvol no participó muy activamente en la Diputación y mucha de la documentación fue firmada por Joan Molins, también reusense, como “oficial mayor habilitado para secretario”. Oficialmente, fue el secretario de la Diputación hasta febrero de 1823, cuando fue nombrado jefe político de Mallorca31.
La Diputación creó, en el verano de 1822, una intendencia provincial para gestionar la recaudación de tributos e intentar evitar el control que ejercía el intendente de Barcelona. El único intendente del que tenemos constancia es Florentino Arizcun, que consta en un documento de principios de noviembre de $1 8 2 2 ^ { 3 2 }$ . De su persona, sabemos que fue oficial de la secretaría del despacho de hacienda en $1 8 1 6 ^ { 3 3 }$ y parece que fue un liberal convencido que marchó al exilio en 1823 y se convirtió en el secretario de Espoz y Mina en Londres34.
Una radiografía de la provincia. Los expedientes de la Diputación.
La formación de la Diputación de Tarragona implicó el traspaso de los expedientes relacionados con los municipios tarraconenses que no habían sido resueltos por la Diputación de Catalunya. Estos expedientes trataban temas diversos, desde conflictos e irregularidades en los ayuntamientos o la Milicia Nacional Voluntaria hasta consultas en relación con los requisitos para formar parte de consistorios, persecución de realistas, bagajes, dificultades en el cobro de tributos...
Los ayuntamientos constitucionales.
La Diputación tuvo que gestionar numerosos expedientes relacionados con los ayuntamientos. Los expedientes que hemos podido localizar son de tipología muy diversa: consultas sobre la formación de los ayuntamientos constitucionales, solicitudes para ampliar términos municipales, o casos contrarios, solicitudes de un conjunto de vecinos que querían escindirse del municipio al que estaban vinculados y crear un ayuntamiento propio.
La Diputación también era consultada continuamente por los municipios sobre la idoneidad de algunos nombramientos o sobre sus atribuciones. Tenemos varios ejemplos, como el caso de Móra d’Ebre, que escribió en la Diputación a finales de febrero de 1823 para asesorarse sobre los candidatos que se habían presentado para ocupar el cargo de secretario municipal. Uno de ellos había servido con los facciosos y había sido secuestrador de bienes de los liberales, y otro había formado parte de una junta de purificación. La respuesta de la Diputación fue que el Ayuntamiento “no puede nombrar ninguno que haya obtenido empleo con los facciosos”35.
Como decíamos, una parte de los expedientes estaban relacionados con las variaciones de los términos municipales.36 El Ayuntamiento de Vilaplana, por ejemplo, escribió en abril de 1823 a la Diputación para pedir que se incluyeran un conjunto de fincas en el término municipal a pesar de la negativa de los propietarios, que tributaban en el municipio vecino de L’Aleixar. Parece que Vilaplana quería incorporar estas fincas para repartir los impuestos que pagaba el municipio entre un mayor número de habitantes. El Ayuntamiento pidió a la Diputación que, en caso de que no se atendiera esta demanda, se redujera la presión fiscal sobre el municipio. También hubo solicitudes para ampliar términos municipales incorporando algunas pedanías, como La Pobla de Mafumet, que en abril de 1822 escribió a la Diputación para proponer la anexión de Camareria, las Quadres de Juncosa y parte de les Franqueses del Codony. La Pobla no fue el único municipio que solicitó la anexión de les Franqueses del Codony, ya que El Morell también se interesó37.
En agosto de 1821, el rector y varios campesinos de Sant Martí Sarroca solicitaron la formación de un Ayuntamiento que uniera el municipio con Vallformosa. Entre los motivos, se afirmaba que sería beneficioso para el orden público, que los vecinos podrían reunirse más fácilmente para ejecutar las órdenes del servicio nacional y que se podrían dotar de un maestro de primeras letras. El rector también aseguraba que se incrementaría la asistencia a la iglesia parroquial. La Diputación de Cataluña estuvo de acuerdo en un principio, aunque la unión se paralizó cuando el Ayuntamiento de Sant Martí denunció que no había sido informado en ningún caso de esta solicitud y pidió, a finales de 1822, que se le enviara una copia para poder estudiarla y presentar alegaciones, aunque ya dejaron por escrito su oposición, principalmente por las distancias entre los núcleos urbanos38. Unos meses después, el propio Ayuntamiento denunció que varios hacendados habían empezado a pagar las contribuciones en los pueblos limítrofes de Vallformosa y Vilobí sin el permiso del consistorio.
También hubo casos contrarios: solicitudes de escisión de un término municipal. Este fue el caso de L’Argilaga, que pidió separarse de El Catllar y formar un Ayuntamiento independiente. Lo mismo sucedió con Picamoixons, que quiso separarse de Valls. La Gornal también pidió, en mayo de 1823, la independencia de El Castellet aduciendo cuestiones topográficas. En julio de 1821 ya habían solicitado la separación de las cartas de pago de la contribución. Un caso parecido se dio en Sant Pau d’Ordal, que ya presentó en abril de 1821 una solicitud para crear un municipio independiente de Subirats y de Lavern. Al igual que en La Gornal, la solicitud no fue resuelta por la Diputación de Cataluña y fue traspasada a la Diputación de Tarragona. La justificación para la creación de un Ayuntamiento independiente giraba en torno a varios motivos: desde una riera que incomunicaba los pueblos cuando había grandes chubascos hasta las grandes distancias que separaban Sant Pau de Subirats. Una vez enterado de la solicitud, el Ayuntamiento de Subirats se mostró contrario a la idea, ya que, entre otros motivos, en Sant Pau no tenían “sujetos capaces para ello, y no hallar en ellas sino tres o cuatro sujetos que sepan escribir”. Además, se explicaba cómo la distancia entre los pueblos no era tan elevada como se había dicho, de una hora y media, sino más bien de cuarenta y cinco minutos. También se consideraba que se habían exagerado los problemas que generaba la riera cuando había chubascos y que, en definitiva, ya era bastante difícil designar un consistorio con las pocas personas que sabían leer y escribir como para crear dos ayuntamientos independientes. El Ayuntamiento de Subirats apuntaba que el verdadero motivo de esta escisión podría ser el hecho de tener que auxiliar el transporte de presos a Vallirana por el hecho de que las parroquias estaban cerca de la carretera de Barcelona. Si Sant Pau se escindía, no tendrían que colaborar en el transporte de presos, ya que correspondería únicamente a Subirats y Lavern, que tendrían menos recursos, y por lo tanto sería más fácil que los presos se escaparan o fueran liberados por otros bandidos39.
Otro de los grandes asuntos a tratar por parte de la Diputación fue la lucha por el control y atribuciones de la Milicia en varios pueblos de la provincia. Los expedientes reflejan tensiones en la ciudad de Tarragona entre el Ayuntamiento y el comandante de la Milicia Nacional Voluntaria, Joaquim Fàbregas. El consistorio se quejaba de la resistencia del comandante a pasar informes de la Milicia, como el extracto de la revista, o que a menudo faltaban milicianos en las patrullas. Fàbregas recriminaba, al mismo tiempo, que el consistorio no le notificara exoneraciones concedidas a varios voluntarios o decidiera unilateralmente suspender el establecimiento de una patrulla a las puertas de las casas consistoriales, todo ello sin contar con su opinión40. De forma parecida a lo sucedido en Tarragona, también se informó desde Tortosa de un conflicto entre el alcalde y el comandante de la Milicia en relación con la guardia que debía colocarse en la aduana.
La Diputación también recibió otros expedientes locales relacionados con la Milicia, como el conflicto en Vila-Seca entre un vecino, Joan Junyent, y el Ayuntamiento, que no le permitía inscribirse en la Milicia del municipio. La Diputación comisionó al alcalde primero de Reus, que se puso del lado del Ayuntamiento y exigió a Junyent una multa de 50 libras. En otros casos se trataba de conflictos relacionados con la falta de armamento y la forma de costearlo, como en Sant Carles de la Ràpita, o instrucciones de cómo se debía proceder para formar la Milicia, como en Mont-roig del Camp o Valls41.
La Diputación, una vez recibía las solicitudes, tomaba contacto con los municipios en cuestión, los párrocos o los pueblos más cercanos, con el fin de informarse sobre la idoneidad de lo que se planteaba antes de tomar una decisión. En todo caso, la Diputación no resolvió la mayoría de las solicitudes debido al final abrupto del Trienio42.
Fiscalidad y contribuciones.
La Diputación se mostró desde el primer momento muy preocupada por la política tributaria del Gobierno y las repercusiones negativas que tenía para la población rural y los pequeños municipios, especialmente en lo que se refiere al impuesto de consumos. Como ya hemos comentado más arriba, una de las primeras acciones emprendidas por la Diputación fue escribir a las otras diputaciones catalanas para intentar trazar una estrategia tributaria conjunta en una coyuntura marcada por la sequía y la pérdida de cultivos43:
Los recursos que de la mayor parte de los pueblos de corto vecindario se le habían dirigido acerca de la absoluta imposibilidad en que se hallan de satisfacer la contribución de Consumo, a fin de que se les releve cuando menos del pago de este año por haber perdido enteramente la cosecha44.
La Diputación de Barcelona, atendiendo a las quejas formuladas por la de Tarragona, acordó proponer que las cuatro diputaciones catalanas presentaran conjuntamente una exposición en las Cortes “para que en los sucesivos [años] se sustituya a dicha contribución [de consumos] por otra menos gravosa”45.
El reparto de la contribución de consumos provocó una multitud de quejas por parte de los pueblos, especialmente de aquellos que tenían en la agricultura su principal actividad. Los vecinos de estos pueblos pagaban, de media, entre un $40 \%$ y un $100 \%$ más por vecino que la media catalana y de lo que pagaban aquellos otros que vivían en villas y ciudades con actividades comerciales e industriales46. Por este motivo, y tal y como indicaba la Diputación de Tarragona, “la mayor parte de las solicitudes que forman el expediente [sobre contribuciones] son las que han producido los Ayuntamientos de cortas poblaciones, y lugares o términos muy reducidos, dedicados al cultivo de las tierras”47. Pero también los ayuntamientos de ciudades grandes como Reus se quejaban del impuesto de consumos, que en 1823 era de 187.916 reales, mientras que los tributos que percibían sobre los cinco artículos de consumo eran de 133.493 reales, lo que originaba un déficit de más de 50.000 reales48.
Uno de los principales retos de esta contribución era la falta de datos estadísticos y económicos fiables para establecer el reparto. El catastro más cercano era el de 1817, muy parcial, y se llegó a plantear el uso del catastro de 1722. El censo más fiable era el de 1797, aunque finalmente se utilizó uno de 1819. Así, cuando se tuvo que afrontar la distribución de la cuota de consumos y de las contribuciones territoriales y pecuarias que se había señalado en las provincias catalanas para el año 1823, la Diputación de Barcelona propuso hacer una junta conjunta con las otras diputaciones de Catalunya para su reparto. En esta junta participaron como delegados de la Diputación de Tarragona Benet Rubinat y Pedro Alcántara de Aljuria (octubre de 1822 - enero de 1823)49.
Aunque la contribución de consumos era la que generaba más rechazo, la situación de las haciendas locales dificultaba, incluso, el pago de las contribuciones ordinarias. A finales de 1821 el Ayuntamiento de Reus debía el $1 7 \%$ de propios de los años 1818, 1819 y 1820, por un valor de 84.842 reales.50.
La Diputación de Tarragona, como el resto de las diputaciones, se encontró atrapada entre las resistencias de los pueblos a pagar las contribuciones y las crecientes necesidades para hacer frente a la sequía y la crisis económica, por un lado, y al aumento de los levantamientos realistas, por el otro. La política hacendística, o mejor dicho, su aplicación práctica, generó, además de conflictos económicos, conflictos políticos, ya que las villas que más gastaban para defenderse de los ataques de los realistas eran las liberales, y por lo tanto eran éstas las que más dificultades tenían para responder a los gastos ordinarios. Los ayuntamientos se quejaban de los muchos gastos asignados que no les correspondían, como el de dar trabajo a los jornaleros o vestir a los milicianos.
A medida que se agravaba la confrontación armada entre el ejército constitucional y las milicias y las partidas realistas, aumentaban las contribuciones extraordinarias que debían pagar los pueblos, tanto las impuestas por los liberales como por los realistas, lo que hipotecaba las haciendas locales. Por poner un ejemplo, durante el conflicto el Ayuntamiento de Albinyana había pagado 46 duros, 2 cuarteras de cebada y 140 raciones de pan (22 de octubre de 1822) a la partida realista de Joan Romagosa para luego aportar al ejército constitucional 18 cuarteras de trigo y 3 de cebada (28 de abril de 1823). Unos meses después también tuvo que hacer frente al pago de 880 reales para costear a los miquelets (20 de agosto).51.
La Diputación de Tarragona fue sensible a las quejas de los pueblos por las contribuciones; así, primero condonó el pago del $1 7 \%$ de propios y arbitrios de los años 1820 y 1821 a sus ayuntamientos y en el mes de agosto de 1822 decidió “que se suspenda la exacción de la contribución de consumos, y que solo se proceda al cobro de la territorial”52.
La Diputación también registró quejas de particulares en el pago de varias contribuciones, principalmente en lo que se refiere a los tercios extraordinarios decretados para costear la guerra. El descontento ocasionado por la carga impositiva originó algunos episodios de resistencia violenta y saqueo de algunos edificios, como la casa de aduanas de Tortosa, que, tal y como denunciaba el depositario de rentas del partido, fue asaltada por dos cuadrillas de ladrones durante el mes de febrero de 1822. El gobernador, por su parte, se excusaba en la falta de tropa en la ciudad, donde sólo se contaba con trece miembros de la Milicia Nacional Voluntaria53.
La guerra civil, la creación de la intendencia provincial y la invasión francesa.
El 23 de julio de 1822 se declaró el estado de guerra en Cataluña y su territorio fue posteriormente ocupado por un ejército de operaciones dirigido por el mariscal de campo Francisco Espoz y Mina, aunque éste no llegó a Cataluña hasta comienzos de septiembre. Inmediatamente, se formaron comisiones militares en la ciudad y en la provincia de Tarragona presididas por Pedro Perena54.
La guerra agravó la situación económica de las diputaciones catalanas. En el mes de agosto de 1822, la Diputación de Tarragona se vio obligada a imponer una contribución de 100.000 reales sobre las gentes pudientes de la capital para atender los gastos extraordinarios provocados por la guerra55. Esta contribución y su distribución provocó un conflicto entre la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad. La primera acusó al segundo de cometer errores en la distribución y de poner a los vecinos en su contra. Este no fue un caso aislado. La Diputación también se apropió a principios de verano de 37.088 reales de propios de Tortosa. Unos meses después, en setiembre, decidía hacer un nuevo reparto de 40.000 duros (11.000 para la Milicia y 29.000 para el ejército)56.
Ante el aumento de partidas realistas, la Diputación pidió al delegado de Hacienda que frenara la salida de fondos y de soldados de la provincia y, dada su inacción, se decidió nombrar a un intendente propio de la provincia de Tarragona, un hecho que vulneraba la ordenación vigente, la cual contemplaba un único intendente de Hacienda para toda Cataluña, establecido en Barcelona. El secretario de Hacienda denunció esta irregularidad:
La Diputación Provincial de Tarragona no solamente ha nombrada una comisión de Intendencia, como se comunicó de ese a este ministerio el 13 de julio próximo pasado, sino que en unión con ella impide al intendente de Barcelona disponer de los caudales de aquella provincia que tanto necesita para atender a las tropas en las circunstancias actuales y ha depuesto algunos empleados, porque se han mantenido obedientes al citado intendente, en cuya atención se ha servido el Rey resolver que por conducto de V. E. se diga a la Diputación que no exceda el límite de sus atribuciones57.
La respuesta de la Diputación, a pesar de reconocer que había sobrepasado sus competencias, fue contundente:
La Diputación ha sido fiel a sus juramentos de sostener a todo trance la Constitución, el Rey y la Nación. He aquí su defensa. Había dicho lo bastante y quedaba suficientemente justificada, si no tuviese más jueces que acusadores, si su supuesta falta no fuese la de toda la Provincia, y si no se insultase a esta, antes que a la Diputación. […] Desprecia así justamente lo que hayan podido decir algunos empleados, cuyo orgullo y vanidad es tan análoga a su ignorancia, como incompatible con los intereses del pueblo. […] La Diputación no atiende a estos individuos, y si solo a los pueblos que la han constituido, a los pueblos que representa, cuyos derechos defiende, cuyos son los que ella ha recibido, y cuyo solo nombre la recuerda todos sus deberes y fuerza. $\mathrm { \Omega } _ { i } \mathrm { Y }$ de qué se acusa a la Diputación? De haber nombrado una comisión de Intendencia, de impedir al Intendente de Barcelona disponer de los caudales de esta Provincia, y de haber depuesto dos empleados porque se han mantenido obedientes al citado Intendente. $\mathrm { \Omega } _ { i } \mathrm { Y }$ necesitaba la Diputación que le dijese el Gobierno que había excedido el límite de sus atribuciones, cuando lo manifestó ya así francamente en la exposición hecha a S. M. y Diputación permanente en Cortes en 4 julio anterior? $\it { i N o }$ constan en el acta del mismo día su determinación de no permitir extracción alguna de caudales para fuera la Provincia, la intervención en toda depositaria de un individuo del ayuntamiento, y todo lo demás que consideró necesario con los poderosos motivos que tubo para ello? […] En vano clamaba la Provincia toda por un justo alivio, porque circunscrita la Diputación a la esfera de sus atribuciones, y sin Intendente esta Provincia, veía al honrado oficial desatendido, el bravo soldado cual mercenario vil, comiendo al fiado, a los jefes de la guarnición exasperados58.
En el documento en cuestión, la Diputación defiende la necesidad de gestionar los tributos de la provincia para poder organizar grupos de milicianos con los que combatir a las partidas realistas. El documento continúa explicando cómo, a pesar de los avisos de la Diputación, a principios de julio llegó la orden de poner a disposición del intendente de Barcelona los caudales de la provincia, poco después de que el general Joaquín Ruiz Porras también retirara buena parte de la tropa que había en la provincia de Tarragona. La Diputación consideraba que, gracias a su intervención “de suspender la extracción de caudales fuera la Provincia [...] el ejército queda pagado, y todas las atenciones provinciales cubiertas. He aquí el efecto de haber traspasado sus facultades la Diputación Provincial de Tarragona, este es el delito que se la imputa, y que presenta al juicio imparcial de la España y de la Europa entera, delito de que hace alarde, si lo puede ser, la salvación de su Provincia que con la de la Patria, es y será su ley suprema”59.
Justamente, la creación de la intendencia provincial permitió organizar la Milicia Móvil, un cuerpo coordinado por la Diputación y dependiente del jefe político. Estas columnas recorrieron el territorio persiguiendo a los realistas y fueron el único cuerpo militar que podía contar con una fuerza importante debido a que la tropa del ejército estaba repartida por los pueblos y las ciudades de la provincia en pequeños grupos de entre veinte y cincuenta hombres. La actuación más destacada de este cuerpo fue el socorro de la ciudad de Sagunto a finales de marzo de 1823. La Diputación de Valencia solicitó ayuda a la Diputación de Tarragona para combatir las partidas realistas que se estaban acercando peligrosamente a la ciudad valenciana. La Diputación decidió enviar una columna formada por 500 hombres y 50 caballos de la Milicia Móvil. El 1 de abril, la Diputación valenciana daba las gracias por los “auxilios que su celo ha proporcionado para salvar a esta Provincia de los terribles males que la amenazan”, y anunciaba que harían lo posible por corresponder con la misma ayuda en caso de que esta fuera requerida:
Pueblos de la Provincia Tarraconense, con sumo placer vuestra Diputación os anuncia que nuestra milicia móvil, después de haber dado otro día de gozo a la Patria, se ha cubierto de laureles en esta jornada gloriosa. La Diputación creó esta fuerza a primero de julio del año próximo pasado para salvación de la provincia. Sus esperanzas no salieron fallidas. Las victorias de esta milicia son tantas como las acciones que ha sostenido, y después de haber desecho poderosas facciones en esta, la Diputación todavía tiene el placer de admirar estos valientes cuando vuelan al socorro de otras provincias. Gloria a vosotros milicianos movibles, y a los pueblos de esta comarca, que han creado y sostenido unos defensores tan dignos de la Patria60.
La Milicia Móvil, sin embargo, cobraba con retraso, y eso dificultaba su actuación. Por eso, su jefe, Agustí Coll, se dirigió al jefe político y a la Diputación a finales de noviembre de 1822 para reclamar la paga de los milicianos, o bien que el intendente autorizara la columna móvil a recaudar impuestos “para que de continuo nos hallamos aquí la mensual paga, y lo que necesite para espionaje”61.
Las tropas constitucionales fueron, poco a poco, sumando victorias ante los realistas. Según una carta del comerciante Antoni Satorras de principios de noviembre, era el momento ideal para aumentar la presión sobre los realistas e intentar erradicar su actividad: “si ahora no se consigue la libertad del Priorat y ribera de Ebro, no creo en nada, pues no parece que pueda haber ningún obstáculo, ni que descuiden por más tiempo un objeto tan principal e interesante”62. La Diputación de Tarragona intentó aprovechar la buena coyuntura para las fuerzas constitucionales, y el 1 de noviembre dirigió un manifiesto a los habitantes de la provincia en el que intentaba afianzar los principios constitucionales:
El Gobierno que desea vuestra felicidad quiere que se os trate con la debida dignidad y decoro, y que todas las cargas sean repartidas con justa proporción; que todos los Españoles sean iguales ante la ley; que altivos opresores, no encorven al Pueblo con derechos Señoriales; que este sea ilustrado, grande, lleno de costumbres y de consideración. Esta es la ley benéfica y suave que os proporcionan los representantes de la Nación. Esta es aquella misma que os hacen despreciar vuestros seductores a nombre de la religión.
Y también replicar a los principios ideológicos del realismo:
Ha más de cinco meses, que viles seductores bajo pretextos de religión, conmovieron una parte del inocente pueblo de esta Provincia y armándole contra el Gobierno legítimo, le despeñaron a la rebelión y a todos los delitos. $\mathrm { \Omega } _ { i } \mathrm { Y }$ por qué os hacen pelear? Para que seáis un Pueblo ignorante, despreciado, esclavo, y abatido; que vosotros llevéis todas las cargas, y ellos ninguna; que para los opresores haya un tribunal privilegiado, y otro para los oprimidos. $\it { i N o }$ veis que vuestros seductores os engañan, y que ellos no tienen más objeto que haceros pagar los diezmos y los señoríos? Increíble cosa parecerá por cierto a nuestros sucesores, que una parte del pueblo de esta Provincia haya combatido con las armas en la mano para despojarse él mismo de sus más sagrados derechos, y reducirse al estado de la vil servidumbre. Abandonad a vuestros seductores, que no os quieren más que por vuestra sangre. Volved a vuestras útiles tareas, llevad la paz y consuelo a vuestras familias, vuestra Diputación os llama otra vez y a los pueblos todos, que por errores se hayan extraviado: os convida a la concordia y a la paz. Aún tenéis tiempo para arrepentiros. No despreciéis estos avisos, porque el tiempo es precioso63.
Como comentábamos anteriormente, la guerra civil y la presencia en Cataluña del ejército de operaciones requirió de grandes exacciones dinerarias, que en gran parte recayeron sobre los pueblos. En el mes de marzo de 1823, el coste del ejército en Cataluña era de unos 7.150.000 reales y la deuda acumulada hasta febrero era de 12.566.000 reales. Además, “deben aprovisionarse con urgencia las plazas de Figueras, Hostalrich, Tortosa, Lérida y Cardona, cuyo importe ascenderá a $1 4 \mathrm { ~ o ~ } 1 5$ millones de reales de vellón”. Rápidamente se convocó una reunión en Vic entre los jefes políticos y dos representantes de cada diputación de Cataluña, donde se decidió el reparto de 30 millones de reales para costear el ejército64. La Diputación de Tarragona emitió un edicto el 13 de mayo con el reglamento para recaudar la parte que correspondía a la provincia: 7.061.607 reales65.
Los jefes políticos de las cuatro provincias catalanas, dos representantes de cada una de las diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona (Ajuria y Alcoriza), los diputados de la de Barcelona y el intendente del Ejército José A. Conrat se reunieron de manera extraordinaria en Barcelona el 11 de abril para tratar de poner en práctica las diferentes medidas adoptadas en Vic el 4 de abril. El dinero que se fue recaudando de esta contribución se destinó directamente al mantenimiento de la segunda división del Ejército liberal en Catalunya, comandada por el general Manso. En el mes de enero de 1823, las potencias absolutistas habían enviado unas notas diplomáticas para conminar al Congreso a poner fin al régimen constitucional. El Gobierno y las Cortes se manifestaron en contra. Tarragona empezó a preparar la defensa de la ciudad y a mediados del mes de marzo se nombró una Junta de Fortificación “para que se verificase la de esta plaza dando trabajo y sustento a muchos necesitados en época tan calamitosa”. Esta Junta, encabezada por el jefe político Juan Antonio de Aldama, dirigió un manifiesto a los tarraconenses apelando a que contribuyesen a las tareas de fortificación de la ciudad66.
La noche del 7 al 8 de abril, el duque de Angulema, al frente del grueso del ejército francés de invasión conocido con el nombre de los Cien Mil Hijos de San Luis, entró en España por el Bidasoa. El 18 de abril, el mariscal Moncey se internó por Puigcerdà al grito de Vive le Roi! al frente del cuarto cuerpo del ejército francés de invasión, formado por 21.099 soldados de infantería, 4.376 caballos y 24 cañones, acompañado de las tropas realistas que, con unos 6.000 hombres, comandaba el barón de Eroles. Mientras tanto, otra columna ocupaba La Jonquera, acompañada de un batallón realista comandado por Josep Auguet67.
La entrada del ejército francés reavivó a los realistas y la ciudad de Tarragona vivió con auténtica angustia la posibilidad de una ocupación de la ciudad o un golpe de Estado desde dentro debido a las decenas de prisioneros realistas que se concentraban en las cárceles de Tarragona. Mientras tanto, la Diputación y el jefe político de Lleida se instalaron en Valls el 9 de junio. A partir del mes de julio, una buena parte de las tropas de la provincia, a las órdenes del general Manso, y la Milicia Móvil se refugiaron y acuartelaron en Tarragona, lo que provocó enormes dificultades de alojamientos y bagajes, la imposición de contribuciones extraordinarias y la aplicación de apremios, multas y encarcelamientos múltiples. La situación era bastante dramática, ya que, por un lado, el Ejército “no tenía para pagar las atenciones más urgentes y precisas del servicio”, y por otro, en la caja del Ayuntamiento sólo restaban 194 duros y los particulares estaban ya bastante esquilmados. La ocupación de Tortosa por parte de las tropas realistas de Chambó la noche del 11 al 12 de junio de 1823 acabó por aumentar, aún más si cabe, la presión sobre la única plaza fuerte de la provincia: Tarragona68.
Tarragona siguió resistiendo los ataques franceses hasta finales de agosto, a la vez que se formaba una guerrilla que fustigaba, levemente, el avance francés por el Tarragonès. La guarnición de Tarragona, encabezada por el gobernador Pedro Perena, se posicionó claramente a favor de seguir defendiendo el sistema constitucional, y lo mismo hicieron el Ayuntamiento y la Diputación de Tarragona.
Manso, una vez ya se había pasado al ejército francés, se instaló en El Vendrell y fue recompensado con el nombramiento de gobernador de Vilafranca, primero, y de Tarragona, después. La progresiva ocupación de los franceses y de los realistas de la provincia de Tarragona en el mes de agosto hizo que todas las tropas del ejército constitucional de esta región y algunas otras del resto de Catalunya se refugiaran en la ciudad de Tarragona, que junto con Barcelona, Lleida, Hostalric y el castillo de San Fernando de Figueres seguían siendo las plazas fuertes en manos de los constitucionales. La situación de Tarragona obligó al Ayuntamiento a convocar sesiones públicas para que los vecinos pudieran participar y decidir las medidas a tomar ante las crecientes exigencias de las tropas y la miseria de la ciudad, y a partir del día 24 de agosto se decidió realizar sesiones diarias. En esta situación de extrema necesidad, algunos vecinos denunciaron como la Diputación les exigía, injustamente en su opinión, el $10 \%$ de propios para sus gastos69.
A la exigencia de dinero, paja, cebada y harina se añadía ahora la de camas, sábanas y camisas para la tropa. Por su parte, la Milicia Nacional Voluntaria de Tarragona demandó que se armara la Reglamentaria con el fin de repartir entre todos las tareas que hacían dentro de la ciudad. A finales de agosto, los realistas y los franceses intentaron un ataque contra Tarragona que fracasó, pero la ciudad quedó de hecho en estado de saqueo bajo el mando interino de Evaristo San Miguel. La primera medida que se ordenó, teniendo en cuenta la escasez de víveres, fue que se llevara a cabo un exhaustivo control “de las casas de los tenedores de granos y demás efectos, y extraiga las cantidades que se necesiten bajo los correspondientes recibos o libranzas contra la Tesorería de la Nación”. Las requisas no acabaron, sin embargo, con las contribuciones extraordinarias. Así, a comienzos de septiembre el intendente pedía un impuesto extraordinario de más de 100.000 reales70.
Durante estos últimos meses se precipitaron cambios constantes en el cargo de jefe político. En el mes de agosto, Juan Antonio de Aldama sustituyó a Jacobo Gil de Avalle, y a comienzos de septiembre Fernando Miranda sustituía a Aldama. Sin embargo, a comienzos de octubre todavía se intentaba dar una imagen de normalidad convocando las elecciones parroquiales para elegir a los diputados en Cortes para la legislatura 1824- 1825. A principios de setiembre, los franceses y los realistas ya eran dueños del Penedès y del Camp de Tarragona, donde habían puesto como jefe militar al general Manso. El general Eroles instaló su cuartel general, a finales de septiembre, en Vallmoll, con la intención de atacar Lleida en una ofensiva, iniciada desde Tarragona y Fraga, para rodear esta ciudad. La presión sobre Tarragona era cada vez más fuerte y los franceses estaban acuartelados en Altafulla, El Vendrell, Valls y Vallmoll. A comienzos de octubre, tanto Milans del Bosch, desde Tarragona, como San Miguel, desde Lleida, realizaron diferentes salidas para cobrar contribuciones en estas dos ciudades71.
La derrota en la batalla del Trocadero en Cádiz significó el inicio del fin del régimen constitucional. El 30 de septiembre de 1823 el rey firmaba un decreto y prometía “un olvido general, completo y absoluto de todo lo pasado, sin excepción alguna, para que de este modo se restablezcan entre todos los españoles la tranquilidad, la confianza y la unión, tan necesarias para el bien común, y que tanto anhela mi paternal corazón”. Al día siguiente, 1 de octubre, firmaba otro que anulaba la obra del Trienio: “son nulos y de ningún valor todos los actos de gobierno llamado constitucional, de cualquiera clase y condición que sean, que ha dominado a mis pueblos desde el 7 de Marzo hasta el día $1 ^ { \circ }$ de Octubre de 1823. [...] apruebo todo cuanto se ha decretado y ordenado por la junta provisional de gobierno y por la regencia del reino”72.
Cuando a mediados del mes de octubre llegaron a Tarragona las noticias de la liberación del rey y de que Mina estaba negociando con los franceses un armisticio, el general Milans dirigió un manifiesto a los vecinos de la ciudad en defensa del régimen constitucional:
Ved y comparad lo que dice el Rey de España en Cádiz entre los Españoles, y lo que poco después dice entre los Franceses; prescindamos de si podrá ser o no ser cierto este último decreto y supongamos que lo sea; tan funesta diferencia ¿no podría consistir en que los Franceses hayan obligado al Rey a que hiciese la entrega a ellos de estas plazas para llevar adelante su antiguo y deseado proyecto de apropiarse de esta provincia?73.
En cambio, el Ayuntamiento de Tarragona, en una carta al jefe del Ejército constitucional en Cataluña, Espoz y Mina, dio por terminado el régimen constitucional a partir del 20 de octubre74. A propuesta de Guillem Oliver, el envío del escrito a Espoz y Mina se retrasó algunos días con el fin de esperar el resultado de las negociaciones que aquel mantenía con los franceses, maniobra que contó con el beneplácito de la Diputación. El 27 de octubre se producía en la ciudad un alboroto dirigido por los liberales exaltados contra la rendición de la ciudad y el 29, un motín de las tropas constitucionales acuarteladas en Reus dejaba la ciudad en manos de los franceses y de los realistas75.
La capitulación definitiva de Barcelona, que incluía las de Tarragona y Hostalric, se firmó el 2 de noviembre. Ese mismo día se formó una comisión encargada de recoger las armas de los milicianos y de organizar el recibimiento de los franceses en Tarragona:
Considerando que, si los monumentos o inscripciones alusivos a la Constitución que hay en esta Ciudad y puerto podrían ocasionar algún insulto a la entrada de las tropas aliadas, se ha discutido este asunto y resultando que la de Francolí pertenece a las obras de Fortificaciones, y por consiguiente tanto esta, como la Columna del llano de la Catedral pertenecen al ramo Militar, excepto la bandera y Lápida por pertenecer a la ciudad, se ha acordado blanquear esta y retirar aquella76.
El día 7 entraban los franceses en Tarragona. Ese mismo día la Diputación sería disuelta y el periodo constitucional llegaría a su fin.
La primera Diputación de Tarragona. Un balance.
La Diputación de Tarragona nació con el objetivo de servir a la provincia y afianzar el sistema constitucional. Las nuevas diputaciones eran una mezcla de representación territorial: los diputados provinciales y las delegaciones del Gobierno con los jefes políticos que las presidían. Los diputados provinciales fueron, a grandes rasgos, una representación de las clases pudientes y profesionales (grandes comerciantes, notarios, letrados, médicos y hacendados) de los principales partidos y ciudades de la provincia: Pedro Alcántara de Ajuria y Jaume Ardèvol y Joan Molins de Reus, Pedro Joaquín de Alcoriza de Tortosa, Pere Batlle de Vilafranca del Penedès, Joaquín Tarín de Tarragona, Benet Rubinat de Vilanova i la Geltrú, Salvador Alba de Montblanc y Rafael de Magrinyà de Tivissa.
Desde el momento de su constitución, a finales de mayo de 1822, la Diputación intentó resolver buena parte de los expedientes que asumió de la Diputación de Catalunya y que afectaban a la nueva provincia de Tarragona, la mayoría de los cuales llevaban meses sin ser atendidos. La consulta del Archivo General de la Diputación de Barcelona nos ha permitido localizar algunos de estos expedientes y analizarlos, tanto en lo que se refiere a su tipología como a la forma de proceder de la Diputación de Tarragona.
Una de las cuestiones que debieron tratar las diputaciones provinciales durante el Trienio Liberal fueron los conflictos originados por las propuestas de cambios en los límites de los términos municipales. La Diputación también tuvo que afrontar otros problemas de ámbito municipal, especialmente los referidos a las elecciones de alcaldes y concejales. En el fondo, estos problemas eran el resultado de conflictos subyacentes entre los sectores populares, que por primera vez accedían a los ayuntamientos, y los antiguos privilegiados que no querían renunciar al monopolio del poder local que venían ejerciendo. Estos conflictos de fondo en muchos casos se materializaron en enfrentamientos entre liberales y realistas o entre moderados y exaltados. En otros casos, lo que estaba en discusión era el control de la MNV y/o de los recursos municipales.
Otra cuestión con la que tuvo que bregar la Diputación fue la de las contribuciones, ya que era la responsable de la distribución entre los municipios y de su recaudación. La situación de crisis económica y social que vivía el país dificultó enormemente la distribución y recaudación de los impuestos, especialmente el de consumos. Los municipios de la provincia de Tarragona sufrieron las sequías, las epidemias y las crisis de subsistencia que se dieron durante este período y que dejaron a la población económicamente exhausta. La Diputación trasladó el maltrecho estado de la provincia a las Cortes y como la presión fiscal ejercida por el Gobierno liberal contribuía a agravar esta situación.
La falta de recursos económicos y humanos condicionó la actividad de la Diputación desde un principio. La crisis dificultó el cobro de los impuestos y originó tensiones y resistencias en los municipios, a la vez que debilitaba la capacidad de la Diputación para hacer frente a las necesidades más urgentes, como armar los cuerpos de milicianos para combatir a los realistas. Es por este motivo que, poco después de su constitución, la Diputación decretó un préstamo forzoso que originó la oposición del Ayuntamiento de Tarragona, que lo consideró un abuso que sobrepasaba sus competencias. La creación de una intendencia diferenciada de la de Barcelona, que en un principio era la encargada de gestionar los impuestos en Cataluña, fue también denunciada por el Ayuntamiento de Tarragona y el secretario de Hacienda. La Diputación esgrimió que se debía a los ciudadanos de la provincia y que la creación de la intendencia era una herramienta imprescindible para combatir a los realistas y garantizar la integridad del territorio, a pesar de ser consciente de que esta decisión vulneraba las leyes, los decretos de las Cortes y la propia Constitución. Con todo, el préstamo forzoso y la creación de la intendencia provincial fueron imprescindibles para la lucha contra los realistas y la formación de la Milicia Móvil, que tuvo varias actuaciones destacadas, como el auxilio que prestó en Sagunto a finales de marzo de 1823, cuando la ciudad ya estaba prácticamente rodeada por partidas realistas. En este sentido, la Milicia Móvil acabó teniendo un papel protagonista en la lucha contra las partidas realistas que se levantaron en la provincia, especialmente durante el verano de 1823.
La primera Diputación de Tarragona fue una experiencia breve, que duró diecisiete meses, pero que mostró de forma decidida la voluntad de aplicar las políticas liberales en un momento en el que la crisis económica y de subsistencia, la proliferación de partidas realistas, el estallido de la guerra civil y la intervención del ejército francés condicionaron (y limitaron) su capacidad de acción. La Diputación de Tarragona, con su presidente y jefe político al frente, se mantuvo fiel al régimen constitucional desde su nacimiento a finales de mayo de 1822 hasta su fin a comienzos de noviembre de 1823. El compromiso se hizo evidente con sus continuados llamamientos a los habitantes de la provincia en defensa del sistema constitucional, así como en los escritos que dirigió a las Cortes y al rey.