En la etapa radical de Luis González Bravo: El Guirigay y las Cencerradas de Ibrahim Clarete1.
Javier Pérez Núñez2.
Recibido: 11 de febrero de 2022 / Aceptado: 1 de abril 2022.
Resumen. El artículo investiga la primera etapa de la trayectoria pública del político conservador del reinado isabelino Luis González Bravo. Caracterizada por su adscripción al progresismo radical, el estudio procede, primeramente, a precisar los rasgos políticos y sociales que lo definen. Acto seguido afronta su labor como periodista político, centrada en los diarios en los que es uno de sus principales redactores, El Guirigay y La Legalidad. Son los ácidos y críticos artículos, escritos en el primero bajo el título de “Cencerradas” y la firma de Ibrahim Clarete, los que hacen que adquiera cierta fama de escritor displicente y despreciativo con las altas instituciones del Estado y con los políticos moderados. Contradictoriamente, será con ellos con los que después tendrá que convivir. Hasta el punto de presidir los gobiernos de la larga etapa moderada con los que arranca y concluye el reinado isabelino.
Palabras clave: régimen constitucional de 1837; libertad de imprenta; prensa política; partido moderado; partido progresista; democracia.
[en] In Luis González Bravo’s radical stage: El Guirigay and the Cencerradas of Ibrahim Clarete.
Abstract. Essay on the first stage of the public life of the conservative politician of the Elizabethan reign Luis González Bravo. Characterized by its attachment to the radical progressivism, the study first proceeds to specify the political and social features that define it. Next, it faces his work as a political journalist focused on the newspapers in which he is one of its main editors, El Guirigay and La Legalidad. It is the acid and critical articles, written in the first under the title of “Cencerradas” and the signature of Ibrahim Clarete, which make the high institutions of the State and with moderate politicians acquire a certain reputation as a complacent and contemptuous writer. Contradictorily, it will be with them that he will later have to live with. To such a point of presiding over the governments of the long moderate stage with which the Elizabethan reign begins and ends.
Keywords: constitutional regime of 1837; freedom of the press; political press: moderate party; progressive party; democracy.
Sumario. 1. Una vida pública entre los extremos. 2. Un periodista radical: El Guirigay y La Legalidad.
3. Conclusiones.
Cómo citar: Pérez Núñez, J. (2022). En la etapa radical de Luis González Bravo: El Guirigay y las Cencerradas de Ibrahim Clarete. Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 44: 135-154.
1. Una vida pública entre los extremos.
Este ensayo quiere ser una primera aproximación a la trayectoria pública de Luis González Bravo López de Arjona, un periodista y político escasamente estudiado, a pesar de haber sido un hombre clave para la Monarquía de Isabel II y también para la identificación de su régimen con el partido moderado. Tanto es así, que abrió y cerró el reinado, y lo hizo, además, de una manera bastante luctuosa y agresiva3 .
En la apertura de esa era isabelina, a finales de 1843, González Bravo, convertido ya al moderantismo, participó muy activamente en la fabricación del escándalo del decreto de disolución que, considerado había sido obtenido contra la voluntad regia, terminó con el gobierno progresista del principal artífice de la amplia coalición contra la regencia de Espartero, Olózaga. Además, bajo el padrinazgo de Narváez, González Bravo le sustituyó. Al frente de las riendas del Estado, se encargó de allanar el camino para la consolidación en el poder del partido moderado mediante la anulación de los progresistas como fuerza política. Para ello, suspendió las sesiones de las Cortes, evitando así su control y críticas, e instauró una dictadura ministerial. Así, retomando la hoja de ruta planteada por los conservadores antes de la revolución de septiembre de 1840, procedió a apartar a los progresistas de las instancias en las que asentaban su dominio mediante las normativas censoria de prensa y centralizadora de ayuntamientos, y la disolución de la milicia nacional y sustitución por la guardia civil. Al mismo tiempo, recurrió a la declaración del estado de sitio para sofocar los levantamientos protagonizados por grupos de esa formación y detener a sus más significados miembros. De esta manera, creó las condiciones para el acceso al poder del citado duque de Valencia y el establecimiento del nuevo Estado moderado de corte eminentemente doctrinario4 .
En las postrimerías del régimen ahí constituido, en abril de 1868, al fallecimiento de Narváez, González Bravo le reemplazó en la presidencia del gobierno, reteniendo la cartera de la Gobernación, que hasta entonces había ostentado. Entonces ya era uno de los prohombres del partido moderado y, al igual que su mentor, se encontraba escorado hacia las tendencias extremas, neocatólica y monárquica autoritaria. Por eso, su actuación política fue una palmaria continuidad en la orientación reaccionaria y dictatorial de su antecesor, incidiendo en la afirmación desmedida del poder ejecutivo, en claro detrimento de las Cortes, y en la implantación de la represión permanente como sistema de gobierno. Así, mantuvo, entre otras medidas, la censura previa que amordazaba a la prensa, la draconiana regulación de orden público, la reorganización centralista de la administración local, y la estricta supeditación de la educación a una ortodoxia católica ultraconservadora. Si con estas medidas tanto el régimen como la reina quedaron en un total desamparo y se fortalecieron las fuerzas opositoras, con la suspensión de las sesiones de las Cortes y la detención y destierro de destacados miembros de la Unión Liberal, decretadas por él, se precipitó la llegada de la revolución5 .
Con el triunfo de la gloriosa, se refugió en Francia como la reina Isabel II. Pero, cuando ésta abdicó, se distanció de ella y, como hicieran otros moderados, al comienzo de 1871 se sumó a las filas carlistas, falleciendo en Biarritz antes de concluir el año. Este punto de llegada resulta bastante coherente con la trayectoria política que hemos visto había seguido González Bravo. Pero se revela totalmente contradictorio con el punto de partida, el liberalismo radical, que define a la primera etapa de su vida, que veremos seguidamente y es a la que se refiere fundamentalmente este artículo.
Esta mudanza tan tajante ocasiona que penda sobre él la acusación de apostasía, a la que en distintas ocasiones recurrirán sus adversarios políticos y también alguno de sus biógrafos que, dependiendo de su ubicación ideológica, minusvalorarán una u otra etapa de su vida, cuando no su vida entera por la disconformidad con el cambio6 . En estas páginas no se hace nada de esto porque se alejan de cualquier visión hagiográfica y porque el caso de González Bravo no es tan excepcional en la historia política contemporánea, salvo quizá por la drástica mutación operada en tan corto lapso de tiempo. Simplemente, se menciona la culminación de su carrera pública porque, siendo la más conocida, permite situarle, para así poder profundizar en sus primeros años, en su talante radical y su labor periodística, que son los aspectos más inexplorados.
Luis González Bravo procedía de una familia acomodada de Granada: su madre, María López de Arjona, era de raigambre hidalga. Pero, debido a la carrera funcionarial en el Ministerio de Hacienda de su padre, Manuel Francisco González Bravo, estaba domiciliada en Madrid. Cuando durante la guerra de la independencia las tropas francesas ocuparon esta capital, éste, con el grueso de la administración que optó por el bando liberal, se trasladó con su mujer a Cádiz. Aquí fue donde nació Luis en julio de 1811 y desarrolló su niñez, recibiendo la educación elemental. También en esta ciudad andaluza, durante el viaje de ida y vuelta a la Monarquía constitucional, obtuvo la primera formación política procedente de las impresiones que le causaron las adhesiones a este régimen de los entornos familiar y municipal, sobre todo, cuando a la terminación del trienio liberal las instituciones y la clase política constitucionales se refugiaron en la ciudad.
A pesar de que la inmediata recuperación del absolutismo fuera mucho más recalcitrante que la anterior, su padre, integrado en el Ministerio Hacienda –el más protegido de los excesos reaccionarios– pudo mantener su puesto, pero fue trasladado a Madrid. Aquí fue donde González Bravo cursó la educación secundaria fundamental. También parece que fue entonces cuando se adhirió a las ideas liberales, asistiendo a reuniones clandestinas en cafés y entrando a formar parte de sociedades secretas, como las de los carbonarios y los rosacruces. Ante el riesgo de que esta complicidad con la disidencia pudiera depararle, su padre le impelió a estudiar jurisprudencia en la Universidad de Alcalá de Henares. De esta manera, obtuvo el título de abogado, incorporándose seguidamente al Colegio de la capital7 .
Esta categoría profesional para nada alteró sus planteamientos ideológicos y, como otros jóvenes de familias burguesas liberales, siguió frecuentando reuniones y tertulias, como la de El Parnasillo del Café del Príncipe. En ellas, reafirmando sus ideales en favor de un cambio político de corte liberal doceañista, fraguó un importante círculo de amigos (Espronceda, Ventura de la Vega, Moreno López…) y se impregnó del romanticismo entonces en boga, inclinándose por el mundo de las letras. Así, abierto el tiempo de la tímida Monarquía constitucional del Estatuto Real, con ocasión de la eclosión que entonces se produjo de nuevos periódicos, a principios de mayo de 1834 González Bravo se sumó como redactor a la plantilla del diario moderado Gaceta de los Tribunales y, tras su desaparición dos meses después, participó en El Pensamiento8 .
Estas colaboraciones fueron más literarias que políticas, como también lo fue, siguiendo la moda del momento, su incursión en la novela histórica. A ella corresponde el título que firmó con Moreno López, Ramir Sánchez de Guzmán, año de 1072: novela histórica original española (Madrid, Imprenta de José Palacios, 1835). Pero estas actividades no fueron incompatibles con su militancia en favor de un auténtico régimen representativo. Por eso, en el contexto de la guerra civil de entonces, se incorporó a la milicia nacional madrileña y en agosto de 1835 se integró en los batallones de este cuerpo que, al igual que en otras capitales de provincia, se sublevaron y acabaron impeliendo a la regente María Cristina a realizar un cambio liberal exaltado con Mendizábal a la cabeza. Pues bien, este éxito parece que le envalentonó, ya que, según la policía, él y sus colegas participaron en la llamada partida del trueno, cuadrilla formada por jóvenes calaveras que se dedicaban durante las noches a agredir a transeúntes y a cometer todo tipo de gamberradas, pero que acabaron pasándose de la raya, al intentar boicotear en diciembre un baile de máscaras, en el que finalmente “brindaron por la república universal y por la destrucción de todos los tronos”9 .
Entonces ya estaba colaborando en El Español, periódico nacido el mes anterior en el seno de la moderna empresa editorial, la Compañía Tipográfica. Así, bajo la dirección de Borrego, siguió el modelo de la prensa británica y, asentado en un actualizado ideario liberal moderado, en sus páginas dio cabida a artículos de un amplio espectro ideológico. Pues bien, la caída del gobierno de Mendizábal, pero, sobre todo, el triunfo de la revolución de agosto de 1836 puso en entredicho al diario. González Bravo, que había apoyado esta movilización en Cádiz, quiso distanciarse de El Español, manifestando que, como otros autores jóvenes, nunca había profesado el ideario conservador y su aportación al diario se había limitado a la redacción de algunos artículos literarios y de carácter costumbrista. Por eso, todo indica que, cuando con el cambio político Borrego abandonó el periódico y éste se identificó con una opinión muy conservadora, fue apartado. Sensu contrario, cuando a principios de junio de 1837 optó por un sesgo más liberal, él ocupó el puesto de redactor jefe10.
Aunque esta cabecera concluyera sus días con los del año en curso, para Gonzá- lez Bravo fue una auténtica escuela del oficio de periodista. Así, todavía en el ámbito literario, en que se seguía situando, fue la plataforma para su participación en nuevas iniciativas como La España Literaria, el Museo artístico $y$ literario o El Alba. En muchas de estas efímeras publicaciones, algunos de los nombres con los que colaboraba se repetían, como Espronceda, Ventura de la Vega o Moreno López, y otros que eran nuevos, como Romea, Alonso o Fernández de la Vega, se integraron en su esfera de relaciones. Así mismo, con muchos de ellos coincidió en el Liceo artístico y literario de Madrid, al que se sumó y en cuyos recitales participó. Aquí pudo difundir su incursión, como buen romántico, en el teatro, con Intrigar para morir: drama original en cuatro actos en prosa (1838)11.
Pero, como a otros muchos, no parece que a González Bravo le agradara en exceso la reconducción tan contenida de la Constitución gaditana en la de 1837 y menos aún la interpretación y práctica que de la misma estaban llevando a cabo desde el poder los moderados. Continúo siendo un espíritu inquieto y disconforme. Así, se inscribió y sirvió como miliciano nacional movilizado y, según la policía, siguió pululando por los cafés madrileños donde se reunían individuos significados por su radicalismo, que promovían asonadas protagonizadas por ese cuerpo ciudadano y difundían discursos de corte democrático doceañista. En esta línea se inserta $E l$ Guirigay, publicación que supuso el salto de González Bravo al periodismo político y fue una importante base para lograr popularidad y para el despegue, después, de su carrera pública12.
Este periódico, que constituye uno de los ejes de este trabajo y centrará el siguiente epígrafe, salió a la luz con el comienzo de 1839 y tenía “por bandera la ley política de 1837 en su más ancha interpretación”, es decir, la democrática mediante una lectura doceañista de la misma. Pero la enarbolaba de manera muy demagógica y populista, y de forma, más que satírica, como se autodefinía, insultante y provocativa. Sus editores responsables fueron Corsí y Sánchez Caro, y sus fundadores y principales redactores, además de González Bravo, que sería el autor de las famosas Cencerradas, el conde de Sanafé y el citado abogado Alonso. Sin embargo, la policía situaba detrás a la Sociedad de los Derechos del Hombre, cuya sede la ubicaba en la casa de Madrid de este último y la vinculaba a la tendencia progresista radical liderada por López. Pues bien, la permanente denigración de los ministros y de la reina gobernadora, pero, sobre todo, la propagación de las consideradas “doctrinas anárquicas y antisociales”, sacó de sus casillas al gobierno conservador de Pérez de Castro. Pero, más aún, que lo hiciera con el beneplácito del jurado, y por eso perdió los estribos y 7 de julio suspendió su publicación, a la vez que proyectaba la instauración de una restrictiva normativa de libertad de imprenta13.
Los escritos ahí publicados y la defensa que como abogado realizó en los juicios instruidos contra el diario hicieron que adquiriera cierto renombre, pero también le cerraron las posibilidades de conseguir un escaño de diputado por Jaén, cuya candidatura había preparado su padre en calidad de intendente de la provincia. No parece que en estos momentos estuviera en este distrito el interés del autor de las Cencerradas y, menos aún, integrado en la tendencia templada del progresismo. Y sí proseguir su labor de oposición a los moderados con la pluma y las armas en la mano. Así, en clara continuidad con la anterior cabecera, si bien con un talante más contenido, desde principios de agosto sería con Núñez Arenas redactor de La Legalidad (Periódico político, científico, literario y comercial) y desde noviembre director, reemplazando a Cortés. Pues bien, si desde las páginas de este periódico, como luego significaremos, cuestionó la victoria aplastante de los moderados en las discutidas elecciones de 1840 y sus controvertidos proyectos de reforma para reforzar al ejecutivo, desde las filas de milicia, con otros oficiales como García Villalta, Iznardi o Espronceda, preparó y participó en la insurrección de septiembre de 1840 liderada por el ayuntamiento de la capital14.
Con su triunfo se cerró la etapa de la regencia de María Cristina y se abrió un trienio dominado por la figura de Espartero. Pues bien, para González Bravo fue un paso más en su reconocimiento personal dentro del grupo del progresismo radical. Así, con muchos de ellos encabezados por López, promovió la formación de la Sociedad de Instrucción Pública, Ateneo progresista avanzado en el que él se encargó de la cátedra de literatura. También bajo las siglas de esa tendencia, en los comicios de febrero de 1841 resultó elegido diputado por Jaén. En ésta su primera experiencia parlamentaria mantuvo una estrecha fidelidad al ideario y a la estrategia de la formación. Así lo puso de manifiesto en su intervención en el debate sobre la regencia, en el que, con una ardiente y provocadora oratoria, refutó la unitaria y defendió la trinitaria, como fórmula más adecuada para mantener los equilibrios del régimen representativo. De esta manera, afirmada la primera y establecido un gobierno de la órbita de Espartero, se integró plenamente en el grupo liderado por López, escribió en el Eco del Comercio, que lo respaldaba, y participó en las reuniones en las que se marcó la hoja de ruta que se iba a seguir como fuerza de oposición. También entonces, en marzo de 1841, contrajo matrimonio con la actriz alcalaína Joaquina Romea, siendo los testigos de la boda el hermano de ésta, Julián, y Nocedal, que formarían parte de su círculo íntimo15.
Fue con la fallida insurrección moderada de octubre de este año cuando empezaron las disonancias en la trayectoria pública seguida hasta entonces por González Bravo. Combatió el levantamiento desde la tribuna parlamentaria y desde las filas de la milicia, alegrándose de su fracaso. Sin embargo, como jurista redactó la defensa del general Diego de León, uno de los cabecillas, que en el consejo de guerra asumió el general Roncali. Además, sentenciado a la pena de muerte, le acompañó en sus últimos momentos16.
Aunque esta actuación después resultara crucial para el acercamiento a Narváez y para su acogida en la formación conservadora, por el momento no alteró en nada su adscripción al progresismo puro. Así, siguió frecuentando los clubs, cafés y tertulias a los que asistían sus correligionarios y discutiendo sobre la deriva autoritaria del regente y su gobierno, y acerca de su distanciamiento de los principios originarios de la revolución de septiembre de 1840. También lo hizo en el Congreso, primero, apoyando el voto de censura que provocó la caída del gabinete presidido por González y, después, tras revalidar su escaño por la provincia andaluza en las elecciones de marzo de 1843, respaldando al ejecutivo de López y, una vez dimitido, avalando el voto de confianza17.
El anti-esparterismo, que González Bravo había profesado desde la época de $E l$ Guirigay, entonces se hizo palmario. Por eso fue uno de los que más difundió el amplio frente de oposición al regente promovido por el líder progresista Olózaga y se sumó decididamente al subsiguiente pronunciamiento. En el mismo colaboró, primero, con Serrano en Barcelona como una especie de secretario personal y, después, con Narváez en la fuerza armada ante la que, en Torrejón de Ardoz (Madrid), claudicaron las tropas gubernamentales, concluyendo la regencia de Espartero.
Aunque todo parece indicar que entonces González Bravo afirmó su relación con el duque de Valencia, siguió, por lo menos en apariencia, muy cerca del progresismo radical. Así, apoyó al gobierno provisional de López y de él recibió los nombramientos de jefe político de Madrid, que no aceptó, vocal de la Diputación y, también, de la Comisión Códigos. Por lo tanto, era un valor en alza. De ahí que en las elecciones de septiembre 1843 ocupara por los progresistas un puesto en las candidaturas coaligadas de Madrid y de Jaén. Asimismo, no sólo obtuvo los votos precisos en las dos, optando por la última, sino también los apoyos necesarios para sentarse en una de las vicepresidencias de la mesa de la cámara. Además, contó con la ascendencia suficiente como para formar su propio grupo parlamentario, titulado la “Joven España”18.
A partir de entonces sí se produjo el giro al conservadurismo. Así, no obstante, ese grupo utilizara el nombre de una anterior sociedad secreta democrática y republicana, adicta al modelo mazziniano, estaba situado en el centro político, pero basculando al partido moderado. Por eso, con el ideario de éste empezaron a coincidir las intervenciones de González Bravo, en las que, abandonando las tesis democráticas y radicales, se mostraba partidario de “hacer un alto en la revolución” para estabilizar la situación. Así, convertida ya en reina efectiva Isabel II, se sumó con sus seguidores a los moderados en la oposición al programa y al gobierno de Olózaga. La estrecha conexión existente ya con Narváez facilitó su concurso en la estrategia urdida para el acceso al poder de los conservadores mediante el derribo inicuo de ese ejecutivo19.
2. Un periodista radical: El Guirigay y La Legalidad.
En la Cencerrada publicada en El Guirigay del 3 de abril de 1839 González Bravo se define como un periodista de la oposición. Pero, más que de la oposición, lo es de oposición al partido moderado, por la pertinaz y contumaz crítica que, tanto él como los diarios $E l$ Guirigay y La Legalidad, realizan a esta formación, así como a sus adláteres y al gobierno del anciano diplomático y político, Pérez de Castro, que es el que se mantiene durante la publicación de estos periódicos. Este ejecutivo, que en una primera etapa busca un equilibrio entre las tendencias avanzada y retrógrada del partido, muy pronto acaba siguiendo la senda de sus antecesores conservadores y, declinando la conciliación progresista de la Constitución de 1837, busca otra transacción, alternativa a ésta, con las monarquías orleanista francesa y la carlista, y sus presupuestos más tradicionales. Este acercamiento lo que persigue es una reorientación más doctrinaria de la Monarquía constitucional mediante una interpretación y desarrollo constitucional en un sentido monárquico.
Su expresión más palmaria se puede constatar durante el verano de 1839 cuando, una vez lograda la cohesión interna del partido en torno a ese ideario, el citado gobierno, a pesar del triunfo indiscutible de los progresistas en las elecciones legislativas de agosto, se mantiene en el poder sostenido exclusivamente por la prerrogativa regia. Más aún, aduciendo que no se había podido consultar el cambio de opinión operada tras la conclusión de la guerra en las provincias vascas con el convenio de Vergara, la regente María Cristina le concede el decreto de disolución. Obviamente, lo que se pretende con la mayoría conservadora alcanzada en los controvertidos comicios de enero de 1840 es robustecer y fortalecer la autoridad de la Corona mediante las reformas que propone, centralizadora de la administración local, restrictiva de la milicia nacional, censitaria de la normativa electoral y censoria de la libertad de imprenta. De esta manera, para los moderados, el gobierno y la administración estarían en consonancia con la Constitución, entendida, eso sí, en un sentido monárquico o desde una visión cercana al Estatuto Real.
Este modelo conservador de Monarquía constitucional supone no sólo excluir a los progresistas como partido de gobierno, sino eliminarles como potencial alternativa política, ya que lo que busca es desplazarles de las instancias, como ayuntamientos, diputaciones, milicia y prensa, donde son hegemónicos. Lógicamente, para intentar impedirlo los miembros de esta formación recurren a estos mismos resortes, ocupando un lugar primordial las publicaciones periódicas20. Así, siendo la prensa el soporte fundamental para la difusión de la opinión, los progresistas cuentan con el rotativo más importante de la época de la Regencia de María Cristina, el Eco del Comercio. Pues bien, dependiendo de las circunstancias de cada momento, alrededor de él gravitan otros diarios, como El Guirigay y La Legalidad.
El primero, como ya hemos anticipado, se integra en la prensa satírica, aquella que pretende a través de la crítica mordaz descubrir la verdadera realidad. En este género, coetáneas a $E l$ Guirigay, son El Hablador, El Graduador o El Diablo Suelto, pero, en gran medida, el modelo que sigue es el de Fray Gerundio. En este perió- dico del afamado historiador Lafuente aparecen unos artículos titulados capilladas que, firmados por Fray Gerundio, critican en tono burlesco los acontecimientos o personajes públicos, que según criterio editorial lo merecieran. Claramente tienen gran concomitancia con las Cencerradas de El Guirigay, que desde el 30 de enero sustituyen al folletín, por parecerles la palabra “más alborotadora y retumbante”, y desde el 13 de marzo aparecen firmados por Ibrahim Clarete, pseudónimo de González Bravo. El éxito que tienen estas Cencerradas, hace que el periódico, siguiendo el modelo británico de El Español, se abra al público desde el 4 de abril con una sección titulada Tizón ministerial, “destinada a dar desahogo a todo el que con justicia se crea ofendido por los ministros”, pero dura poco tiempo21.
En el prospecto con el que arranca $E l$ Guirigay se realiza una profesión de fe constitucional, que se repite asiduamente a lo largo de sus números: “nuestras doctrinas son infaliblemente las de la Constitución del Estado” –insiste el 11 de febrero. Pero, adhiriéndose en este mismo editorial al partido progresista, se ubica en su tendencia radical porque la lectura que realiza de esa Carta magna la hace desde la perspectiva de la reemplazada Constitución de Cádiz, es decir, es muy doceañista. Así, el principio de la soberanía nacional, que en la Constitución de 1837 queda arrinconado al preámbulo, para $E l$ Guirigay se convierte en la espina dorsal no sólo del orden político, sino también de la gobernación práctica. Por eso en ésta para el diario de González Bravo no rige el presupuesto doctrinario de la soberanía compartida, al que nunca se refiere, sino que también interviene aquel. De tal manera que la razón de ser y el ejercicio de las facultades de las Cortes y del Rey derivan siempre de la soberanía nacional22.
Desde esta perspectiva, a diferencia del constitucionalismo doctrinario, El Guirigay no confiere al rey ningún derecho originario ni histórico, anterior ni superior a la Constitución. Esto no supone rechazo alguno de la institución monárquica ni la opción por la forma de gobierno republicana. El Guirigay no es un periódico republicano y está afiliado a la Monarquía borbónica isabelina:
“Nosotros acatamos y reverenciamos el trono de S. M. doña Isabel y la regencia de su augusta madre. (…) España, que es un país eminentemente monárquico, ha puesto la corona en las sienes de una reina a quien ama con idolatría”. Eso sí, subraya el diario, “Isabel II es reina de los españoles por voluntad de los españoles. Hay un pacto entre el pueblo y la reina gobernadora. Este pacto es la Constitución del Estado23”.
De esta manera, la adhesión a la Monarquía que profesa El Guirigay siempre está organizada parlamentariamente o, más exactamente, se inserta en un modelo de Estado democrático. Este carácter sí es algo que define a este periódico, y lo hace sobre todo a partir de una identificación del pueblo con la nación y su afirmación como sujeto titular de la soberanía. Así, recuperando el lenguaje del tiempo de vigencia del texto gaditano, el pueblo, al que este diario siempre dice representar, ocupa el lugar central de su relato: “todo poder político proviene de la voluntad del pueblo”. Por eso en $E l$ guirigay, los ministros y Espartero, epílogo del rotativo, enfatiza que “sustenta abiertamente las doctrinas democráticas”, que son las que pueden mejorar la suerte del “pueblo material”, el que siempre ha estado excluido, a pesar de que “la soberanía es del pueblo, la virtud es del pueblo, la fuerza es del pueblo, la riqueza es del pueblo y la sangre que se derrama es del pueblo”24.
El Guirigay es, por lo tanto, un “acérrimo defensor de la soberanía del pueblo”, pero también de la mejora de sus intereses morales y, sobre todo, materiales, que espera se logre mediante una “verdadera y legítima revolución social”. Este recurso, que se repite en sus páginas, la más de las veces es contemplado como una sustitución del gobierno moderado por otro de progreso, pero democrático. Así, habla de una especie de alzamiento legal que, respetando el trono y las leyes, “procure el bien del soldado, del miliciano, del pobre, del jornalero, del colono, del propietario, del artesano y del artista” y les permita “entrar como partícipes en la distribución de los bienes nacionales”25. En definitiva, sintetiza González Bravo:
“Antes era pan y toros lo que pedía el pueblo, hoy pide pan y Guirigay; no el periódico éste, sino el guirigay que hace falta del cual son símbolo y representación nuestras doctrinas. (…) Luego si el pueblo ha de tener pan, ha de tenerlo por medio de un guirigay, y si ha de haber un guirigay ha de ser para que el pueblo coma”26.
Profesar entonces estas ideas supone aparecer integrado entre las fuerzas antisistema. Así, al diario se le acusa de ser anarquista, revolucionario, conspirador, ateo, de pertenecer a sociedades secretas, a los pícaros del puñal, del incendio, es decir, se le confunde con cualquiera de los términos excluyentes27. Pues bien, como para nada vale efectuar una declaración de fidelidad al orden legal y constitucional, como la que realiza $E l$ Guirigay, lo que hace es recurrir a la estrategia clásica de defensa, que es la del ataque. Además, lleva esta máxima a sus últimas consecuencias: una furibunda y persistente oposición al partido moderado gobernante.
A la hora de enfrentarse a esta formación lo que hace El Guirigay es ubicarla, de la misma manera que se efectúa con él, en la frontera del sistema, pero en su ala derecha: “El partido moderado ese miserable partido que es un escandaloso anacronismo” –afirma el 24 de enero. Así, lo sitúa en las lindes del absolutismo, teniendo escasas diferencias con él y vinculándolo estrechamente con el sector más retrógrado de la denominada “Sociedad española de Jovellanos”. Seguidamente, en una especie de acción concertada con el Eco del Comercio, procede a desvelar la existencia de esta organización, en origen secreta, que busca una conciliación con el carlismo y una revisión constitucional de acuerdo con el Estatuto Real. Así, mientras aquél pública sus estatutos, $E l$ Guirigay en las Cencerradas del 31 de enero y el 15 de febrero saca a luz la lista de sus miembros (Martínez de la Rosa, marqués de Miraflores, conde de Ofalia, Istúriz, Moscoso de Altamira…). El periódico conservador $E l$ Castellano la confirma, pero, para sembrar confusión, agrega nuevos nombres, como Manuel González Bravo, hermano del redactor de El Guirigay28.
Como vamos viendo para $E l$ Guirigay son los “clubs jovellanistas” los que establecen las directrices del ejecutivo de Pérez de Castro. Así, son los que fijan la política exterior de subordinación a la Monarquía orleanista gala hasta el punto de convertir al partido moderado español en un “instrumento ciego de la Francia o más bien del gabinete de las Tullerías”. Opina, como el partido progresista, que España debe ser independiente y libre por sí sola, sin subordinación extranjera alguna. Además, discrepa tajantemente del modelo del “doctrinarismo reaccionario francés”, que había “desnaturalizado la revolución de julio” y que había “aumentado indefinidamente las facultades de la corona y del poder ejecutivo”29.
Pero, para este diario radical, el moderantismo gobernante influido por los jovellanistas no sólo se acerca a la Monarquía gala, y por eso le tilda de afrancesado, sino también a la que persigue el pretendiente carlista. Así, le acusa de “inacción ante la guerra”, de realizar una “paralización calculada” para intentar transigir con don Carlos. Denuncia la existencia de multitud de tramas y conspiraciones, que lo que buscan es “hacer absoluta” a la reina Isabel mediante su matrimonio con el hijo del pretendiente, y en las que están involucrados, entre otros, los monarcas francés y ruso, y hasta el mismo Papa. En la misma línea sitúa los “pactos y acomodamientos parciales”, como, entre otros, “la ridícula campaña de paz y fueros, sostenida y apoyada por los transaccionistas y por el club tenebroso jovellanista”. En definitiva, según $E l$ Guirigay el pensamiento traidor preside los destinos de España porque cualquier arreglo con el carlismo, que pretende “encaramar la más fiera reacción”, supone la pérdida de la libertad y de la independencia. Por eso, de acuerdo con la opinión progresista, para este diario la única manera de terminar con el carlismo es mediante su derrota sin paliativos por el ejército nacional isabelino30.
Según el rotativo de González Bravo, el gobierno moderado, al tiempo que no activa al ejército en la guerra para llevar a cabo una política transaccional, quebranta el régimen constitucional. En primer lugar, porque mediante las declaraciones de estados de sitio permite que en Andalucía y Cataluña impere una gobernanza despótica en manos de los comandantes militares. En segundo lugar, porque menosprecia y atenta contra los derechos fundamentales, como la seguridad individual y la libertad de imprenta, e instituciones nucleares, como la milicia nacional y las corporaciones locales, entorpeciendo el ejercicio del derecho de petición. En tercer lugar, porque gobierna con las Cortes suspendidas y es reticente a su disolución, a pesar del cambio, según $E l$ Guirigay, producido en la opinión. Por eso, considera que el ejecutivo se desliza por la pendiente de la tiranía, gobierna ilegalmente y paulatinamente pierde legitimidad. Apreciación que mantiene, a pesar de levantarse los citados estados de sitio y convocarse las elecciones legislativas, porque los mandos militares quedan impunes, el programa transaccional se mantiene y el retrógrado Carramolino es nombrado ministro de la Gobernación –advierte el diario– para restringir la libertad de prensa y movilizar todos los recursos para el triunfo de los moderados en los comicios31.
Por esta razón, el periódico de González Bravo, a pesar de haber demandado denodadamente la disolución de las Cortes, no se encuentra tan entusiasmado con las elecciones. Y también porque el gobierno de progreso al que aspira debe tener un sesgo democrático. Algo que no resulta tan fácil, ya que en su opinión exige distanciarse del de las Cortes constituyentes tanto en cuanto al ideario como a las personas. Así, frente a la excesiva moderación de este cuerpo legislativo, aboga por dar cabida a las “verdaderas doctrinas exaltadas y populares”, como las que profesa El Guirigay, “aceptadas por gran número de familias y pueblos”. Pues bien, tanto este programa como los nombres de los candidatos a representantes considera deben ser aprobados por asambleas abiertas del partido progresista. A este respecto, el diario realiza una auténtica campaña en favor de las jóvenes promesas y en detrimento de los ilustres prohombres de la formación. Todo parece indicar que se postulan tanto González Bravo como su compañero Alonso, y por eso su interés, como luego veremos, por demostrar sus facultades oratorias en los juicios contra su diario. De ahí que, una vez integrado éste último en la candidatura de Madrid, El Guirigay se contente con el equilibrio entre la juventud y la veteranía32.
Esperando el cambio político y teniendo como telón de fondo esas consideraciones sobre el gobierno y su práctica política, los redactores de El Guirigay insertan sus artículos sarcásticos e insolentes, principalmente en la sección de las Cencerradas, aunque no solo. Así, la lista ya mencionada de los miembros de la sociedad jovellanista, al igual que hacen otros diarios del mismo género, está acompañada de descripciones grotescas de cada uno de ellos y con una gracia relativa. Igualmente, se caricaturiza y ridiculiza al ejecutivo en su conjunto y a los ministros en particular. A este respecto, El Guirigay manifiesta una inquina especial con Pita Pizarro, ministro de Hacienda, Alaix, ministro de la Guerra, y, sobre todo, con Martín Carramolino, ministro de la Gobernación. Así, en la Cencerrada titulada “Carramolino infraganti” Ibrahim Clarete viene a señalar que este prócer abulense consigue la silla ministerial por las relaciones extramatrimoniales con la sobrina de Pérez de Castro. Pues bien, a pesar de la denuncia interpuesta y de la persecución que a partir de entonces sufre el periódico, no dejan de molestarle: “El señor Carramolino quiere ser diputado por Ávila: Tanto valdría que Ávila no estuviese representada en las Cortes” –dice la Cencerrada de 26 de junio33.
No parece que al ejecutivo moderado le agraden mucho estas chanzas, pero lo que verdaderamente le molesta, y no está dispuesto a tolerar, son las acusaciones vertidas de nepotismo, corrupción y malversación de fondos, por un lado, y de despotismo y absolutismo, por otro lado. La primera imputación la articula denunciando las subvenciones gubernativas otorgadas a periódicos moderados, la distribución de pensiones, destinos y empleos públicos entre los políticos de este mismo signo, el desigual reparto de impuestos y las contratas ruinosas o el reaccionario restablecimiento del impuesto decimal. Insinúa que cuenta con información sobre “robos y fraudes de una multitud de notabilidades de todas las épocas” y que piensa “averiguar la vida y milagros de todos los miembros de la mayoría”. De ahí que señale que, cuando “dicen los ministros que no hay dinero, es mentira” porque “si no hubiera no serían ellos ministros”. Por eso pregunta: “¿por qué muchos ministros entran en la poltrona pobres y salen de ella ricos?”. Y concluye, acusando de ladrones a los ministros que se han enriquecido con bienes públicos y arbitrando se les imponga la misma pena que corresponde a aquellos, es decir, el garrote vil34.
Este mismo castigo es que se falla en las Cencerradas por la segunda acusación. Como en el caso anterior, el autor de estos artículos va desgranando distintas relaciones de los políticos moderados con el absolutismo, pero se centra principalmente en la exclusión de las Cortes de la gobernación del Estado y en la actuación en la guerra civil. En la Cencerrada del 7 de marzo parte señalando que las Cortes deben ser disueltas porque no representan a la opinión pública, como el gobierno no lo hace, supone, para González Bravo, que no quiere contar con ésta y, al gobernar al margen de la opinión, se convierte en absoluto; luego los gobernados, concluye, están desligados del deber de obediencia. Tampoco cambian mucho las cosas para El Guirigay con la convocatoria electoral porque se sigue marginando a aquella, al intentar falsear –afirma– el resultado de los comicios mediante la compra de votos y el tráfico de “empleos, destituciones y tramoyas” que se realiza en $\mathbf { \omega } ^ { \mathsf { c c } } { } _ { \mathrm { e l } }$ despacho Carramolinesco”. En la Cencerrada del 27 de abril por la perduración del conflicto carlista acusa al gobierno: de una parte, de vulnerar la Constitución y “pertenecer a la facción”, por lo que se convierte en tirano; de otra parte, de ser traidores, porque así se califica a los “que venden la causa que deben defender”, y de merecer, por tanto, la pena del garrote vil. La aplicación de este castigo a los ministros transgresores parece que es una aspiración de $E l$ Guirigay, por lo menos así se repite en sus páginas, teniendo su mejor expresión en la Cencerrada de 13 de marzo: “Matar a un ministro legalmente en el garrote, v.g., es el bello ideal de la justicia humana”35.
Este menosprecio y la denigración de las altas instituciones del Estado y de las personas que las ocupan son inadmisibles para la élite conservadora36. Pero, quizás aún más, las doctrinas democráticas proclamadas que, consideradas “anárquicas y antisociales”, se difunden en los cafés y tabernas, plazas públicas, acuartelamientos de la milicia, etc. Para frenarlas el gobierno decide tomar cartas en el asunto y el 6 de febrero ordena a los jefes políticos que tengan un celo especial con los periódicos y escritos políticos con una “tendencia marcada a propagar doctrinas subversivas y disolventes” y encarga al fiscal San Miguel la inspección de El Guirigay. Además, se recurre a la Gaceta de Madrid para intentar menoscabarle porque se dedica a “la execración popular de los hombres más beneméritos de la patria y de los consejeros de la corona” y a mancillar a la reina, utilizando su “augusto nombre para deprimirle y despojarle de su prestigio, afirmando siempre que su dignidad nada es por sí, sino por consentimiento del pueblo”. Y, al mismo tiempo, este diario oficial también busca la complicidad de la opinión liberal con la actuación gubernativa contra la que considera “ignominiosa” publicación. Esta connivencia no la consigue de los periódicos progresistas y tampoco de los jueces ni de los jurados de la acusación ni de la calificación. Así, concentradas en ese diario la mayor parte de las denuncias efectuadas hasta finales de mayo, 13 de 21, solo en 3 casos se celebran los juicios acusatorios, resultando, además, en todos ellos absuelto. Más aún el artículo citado de la Gaceta es denunciado por El Guirigay; eso sí no se accede a la formación de causa37.
A estas acciones deben sumarse las más drásticas, como la ocupación de la redacción por agentes de la policía o el apresamiento del editor responsable Corsí. Por eso, ante la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir en el primero de los juicios del 27 de febrero, $E l$ Guirigay, a través de un artículo en el que declara la plena adhesión al régimen constitucional, busca el apoyo del jurado. Logrado su beneplácito, los otros juicios del 8 y el 31 de marzo siguen sus pautas. Así, se celebran en capilla de San Isidro, son a puerta abierta y suelen contar con una nutrida concurrencia del público. Se encargan alternativamente de su defensa los principales redactores de El Guirigay, Alonso y González Bravo, que son a la vez abogados. Sabedores del respaldo del jurado, suelen aprovechar la ocasión para demostrar sus dotes oratorias y explayarse, profundizando en los contenidos de los artículos denunciados y en las ideas democráticas que profesa el diario. Estas intervenciones suelen verse interrumpidas por el público que, una vez que se emite el fallo absolutorio, aplaude y prorrumpe en gritos en favor de la libertad, del jurado, de la Constitución…38.
La conclusión a la que llegan los periodistas de $E l$ Guirigay después de estos juicios favorables es que sus doctrinas cuentan con la simpatía del pueblo y que su diario viene a representar los intereses, deseos y opiniones populares. Pues bien, esta consideración de su publicación como un periódico popular, la constatan por el crecimiento del número de ejemplares diarios. Así, cada denuncia se convierte en una pequeña campaña de publicidad que, según ellos, les reporta 200 nuevos abonados. El Guirigay a mediados de marzo, también según sus datos, cuenta con 3.000 suscriptores39.
Pues bien, este crecimiento y la superación de las denuncias les envalentona, y les hace enfrentarse al gobierno de manera más insultante, como si el pulso que llevan manteniendo con él lo hubieran ganado: “Los ministros nos denuncian, pero el jurado nos absuelve. El Guirigay está en mayoría. El Guirigay es un poder legal. Los ministros son una mayoría turbulenta y sediciosa que se opone a la opinión pública”–señala la Cencerrada del 4 de abril. También se crecen ante el nuevo fiscal encargado del control de su diario, Alonso de las Heras. A él Ibrahim Clarete le dedica dos Cencerradas: la del 10 de abril es una coplilla, en la que le define como “fiscal de camarilla” por su falta de independencia y supeditación al ministro de Gracia y Justicia, Arrázola; y la del 16 de abril es una carta, en la que le califica como $\mathbf { \omega } ^ { \mathsf { c c } } { } _ { \mathrm { e l } }$ primer denunciador denunciable del ministerio” y agradece su “afición” cotidiana a denunciar al periódico, ya que, al ser desestimadas por el jurado, garantiza la libertad de imprenta40.
Las cosas empiezan a cambiar cuando a mediados de mayo se pone al frente del Ministerio de la Gobernación Martín Carramolino. Este ministro no está dispuesto a permitir “el desenfreno tan funesto y lastimoso” al que según él degenera el ejercicio de la libertad de imprenta. Señala, que todo vale y todo se puede publicar y que nada ni nadie se escapa de la “pluma emponzoñada”, “ni la moral ni la religión”, pero tampoco “ni los altos funcionarios ni los simples hombres honrados”. Pues bien, para impedir este desvarío, propone una legislación correctora que, básicamente, anula el juicio por jurados. Pero, a la espera de que las Cortes la pudieran aprobar, el 5 de junio restablece la censura previa, al imponer la obligación de presentar al jefe político los ejemplares de los periódicos dos horas antes de su distribución para que los pudiera examinar y, en el caso de que hubiera “artículos capaces de comprometer la tranquilidad pública, que ataquen la religión u ofendan la moral, las costumbres o el pudor”, impedir su circulación y presentarlos a la calificación del jurado.
Esta medida está claramente orientada a vedar las extralimitaciones de El Guirigay y de periódicos similares, como El Diablo suelto. Por eso, es de una inestimable ayuda la coalición de la prensa lograda en Madrid contra esa disposición, que consideran arbitraría y un atropello a un derecho constitucional. Con ella se frena algo, pero no se impide su aplicación. Así, distintos números de esos diarios ven suspendida su circulación por contener, a juicio del jefe político, artículos inadmisibles. Los jurados tienen una opinión diferente. En el caso del último periódico, en ninguno de los artículos denunciados el tribunal ciudadano estima la formación de causa. Con todo, la parálisis diaria a la que ve sometido, acaba por hacerle sucumbir al terminar junio. Por el contrario, sí considera deben juzgarse dos artículos denunciados de $E l$ Guirigay. Así, se vuelve a reunir el jurado de la calificación el 16 y el 23 de junio con la liturgia de los anteriores juicios: una importante presencia de público, que se enardece ante la defensa ejercida, respectivamente, por los principales redactores; éstos aprovechan la ocasión para reafirmar las acusaciones vertidas contra el gobierno y sus delegados, vindicar la doctrina democrática del periódico y su vinculación con el pueblo; el jurado absuelve $E l$ Guirigay y concluye el acto con “vivas a la libertad y mueras a los tiranos”, proferidos por el público asistente.
Aunque, con este resultado $E l$ Guirigay se sienta fortalecido41, es consciente del cansancio del gobierno. En efecto, para éste, y principalmente para el ministro de Gobernación, la situación llega a un límite infranqueable y decide terminar con ella de forma drástica. En la mañana del 6 de julio un destacamento de la policía irrumpe en el domicilio paterno de González Bravo con la intención de detenerle por un artículo publicado en el citado diario, que, al parecer, es ofensivo contra la regente y el titular de esa cartera ministerial. Consigue huir y publica una hoja volante, en la que manifiesta que, frente al despotismo, El Guirigay se “levanta más fuerte que nunca”. No es verdad. Al día siguiente, el gobierno, contando con el parecer unánime de los ministros, porque “la salud del Estado lo reclama imperiosamente”, resuelve su suspensión. Hay algunos alborotos en la Puerta del Sol contra esta decisión, protagonizados por los vendedores del diario y por “partidarios de sus doctrinas”, pero no van a mayores. Además, a principios de agosto se impide la publicación y circulación del folleto de Antonio Torija Carresse, $E l$ guirigay, los ministros y Espartero, un evidente apéndice del diario42.
Pero algo más. Para evitar la reanudación de El Diablo suelto o de El Guirigay bajo nuevas cabeceras, el 12 de julio se establece que cualquier nuevo periódico deberá contar previamente con el parecer gubernativo para su publicación. Así, se examinan con lupa las solicitudes de los periódicos El Agente Nacional y La Legalidad porque, teniendo como redactores a Seijas y González Bravo, que lo han sido respectivamente de los anteriores, quieren continuarlos. A pesar de las trabas, a primeros de agosto salen a luz, pero, durante el tiempo en que se publican, su trayectoria es mucho más apaciguada que la de sus antecesores.
En efecto, La Legalidad, de manera más prístina que El Guirigay, se declara ideológicamente afín al sistema y a los principios democráticos, pero su defensa y la labor periodística la realiza de forma mucho más respetuosa y contenida. Incluso, cuando a partir de noviembre González Bravo asume la dirección y los artículos elevan un poco el tono, nunca alcanzan ni el nivel ni las diatribas y ataques personales del diario precedente. Así, teniendo en cuenta que su trayectoria es corta, La Legalidad solo sufre la denuncia de cinco de sus artículos y solo por uno de ellos se le forma causa, de la que, además, resulta absuelto43.
Profesar entonces la doctrina democrática supone –como ya hemos significado– ser ubicado, sobre todo desde la perspectiva conservadora, en las fuerzas revolucionarias y antisistema. Consciente de ello, La legalidad procede a lo largo de sus pá- ginas a clarificar su ideario. En primer lugar, la calificación de revolucionario, como le tildan y no le importa autodenominarse, para el rotativo en modo alguno supone defender el recurso al motín, que abomina, sino abogar por la sustitución “gradual y pacífica” del orden existente por otro más “benéfico y organizador”. En segundo lugar, el nuevo orden que persigue sí tiene que ver con la igualdad, pero no con el socialismo porque respeta la propiedad privada, y pretende mediante reformas polí- ticas y sociales reducir las diferencias económicas y culturales, que puedan librar al pueblo del “doble calabozo de la miseria y de la ignorancia”. En tercer lugar, rechaza la república, que le parece “un delirio”, pero su opción por la monarquía siempre es por la constitucional, que además es aprehendida, como El Guirigay, desde una interpretación del Código político de 1837 muy doceañista, otorgando la primacía al principio de la soberanía nacional: “porque el trono de Isabel II, dígase cuanto se quiera, no tiene otra mejor base que la soberanía de la nación”44.
Desde esta perspectiva para La Legalidad tras el triunfo progresista en las elecciones de agosto 1839 las cosas están claras, ya que, censurado el gobierno conservador por el veredicto de las urnas, la corona para sustituirle debe otorgar su confianza a los “individuos de la mayoría”. Pues bien, a pesar de ser un principio inexcusable de cualquier régimen representativo, el ejecutivo de Pérez de Castro, que carece del respaldo parlamentario, no se plantea presentar la dimisión. Arguye, en primer término, la falta de sintonía entre las cámaras, supuesto que el senado sostiene las doctrinas moderadas. Sin embargo, como señala La Legalidad es un argumento insostenible, no sólo porque “siempre se ha mantenido la superioridad pública y política del Congreso”, no obstante, la Constitución iguale a los dos cuerpos, sino porque “los ministros, aunque cuenten con la confianza del Senado, no son nada si no cuentan con la del Congreso”45. Por eso el gobierno moderado para su mantenimiento en el poder, en segundo término, busca otro sostén y parece encontrarlo en el desarrollo de la cuestión de los fueros de las provincias Vascongadas y Navarra, pendiente del Convenio de Vergara de 31 de agosto.
En los prolegómenos de este convenio, que pone fin a la guerra carlista en esas provincias, el periódico de González Bravo es muy crítico con las propuestas de transacción, que puedan significar un menoscabo constitucional o a la causa nacional, y considera que cualquier acuerdo de paz debe asentarse en la derrota de los seguidores del pretendiente. Lograda ésta, para La Legalidad, es ya la hora de “formar una verdadera nacionalidad española” mediante la integración en ella de la “nacionalidad cántabra”. Por eso, si no es hostil a la abolición de los fueros, sí lo es a su mantenimiento íntegro46.
Desde esta perspectiva no puede por menos de alabar las gestiones realizadas por Espartero para que en el citado convenio se dejara exclusivamente en manos de las Cortes la decisión sobre la concesión o modificación de los Fueros vascos. Por el contrario, discrepa de los pasos dados por el gobierno sobre el asunto: primero, por haber tomado la iniciativa tan aceleradamente, cuando, en su opinión, una vez conseguida la paz no es tan urgente su resolución; segundo, por presentar un proyecto de ley inconstitucional al confirmar los fueros vascos sin restricción alguna; y, tercero, por valerse de esta cuestión para perpetuarse en el poder a través de la discusión parlamentaria y, después, forzando la disolución de las Cortes47.
Aunque la revelación de esta hoja de ruta le cueste a La Legalidad, como ya hemos señalado, enfrentarse al jurado de la calificación, se cumple punto por punto. Solo se altera del guion la aceptación por el gobierno de la exigencia de la mayoría parlamentaria progresista de la supeditación tanto de la confirmación como del arreglo foral a la Constitución de la Monarquía. Pero sigue impertérrito en la interpretación de ésta cercana al Estatuto Real y en el consecuente desarrollo legislativo, que resultan totalmente contradictorios con los de la formación progresista. Por eso, ante el voto de censura contenido en la respuesta de la mayoría parlamentaria al discurso de la corona, el gabinete moderado decide, primero, suspender las sesiones de las Cortes y, después, su disolución, esgrimiendo el cambio producido en la opinión pública con la pacificación48.
La Legalidad desde sus páginas comparte, en términos generales, los planteamientos políticos empleados por los progresistas en la cuestión foral y en la defensa de las prerrogativas parlamentarias, si bien su talante es más radical y, por eso, considera se produce un verdadero abuso de la potestad de la Corona. También, de la misma manera que otras cabeceras afines a esta formación política, como el Eco del Comercio, publica el manifiesto de la mayoría parlamentaria, en el que, respetando la prerrogativa regia de disolución de las cámaras, se la considera un simple medio para que el gobierno cuente con el necesario respaldo parlamentario y un evidente desprecio a la voluntad del cuerpo electoral. Asimismo, se suma a la campaña contra el pago de las contribuciones por no contar con la aprobación de las Cortes, encabezando sus ejemplares con los artículos 6 y 73 de la Constitución de 1837, que así lo establecen. Y, además, avala la actuación de las corporaciones locales, particularmente las de Madrid, impeliendo a los convecinos a la resistencia legal en el abono de las cargas fiscales49.
La convocatoria de las elecciones legislativas coincide con el ascenso a la dirección de La Legalidad de González Bravo. Con él al frente del diario se recupera algo del tono de la contumaz oposición de El Guirigay al partido moderado. Se retoman las campañas personales, sobresaliendo la realizada contra el que se considera “más indigno” de los ministros, el titular de Hacienda, San Millán, por las irregulares contratas de suministros militares y la emisión de deuda pública sin control parlamentario50. Pero, sobre todo, se reanuda la identificación de la formación conservadora con su ala extrema jovellanista y el pensamiento doctrinario, y su subordinación a la Monarquía orleanista. A partir de aquí –subraya– esboza sus planes de reacción orientados a falsear el sistema constitucional por el estatutario mediante la restauración de la censura previa, los ayuntamientos gubernativos, la milicia urbana (o los voluntarios realistas) y la restrictiva normativa electoral, así como la pervivencia del diezmo y anulación de la desamortización51.
El gobierno moderado espera alcanzar esta meta por medio de unos comicios en los que, vulnerando la legislación electoral, se acrecienta de manera descarada la intervención gubernativa a través de los jefes políticos, en claro detrimento de las atribuciones de las corporaciones locales. La Legalidad, como el resto de la prensa liberal, procede a denunciarlo, señalando que lo que se pretende –ahora bajo la dirección del nuevo ministro de la Gobernación, Calderón Collantes– no es más que “el triunfo de un partido y no la libre expresión de la libertad de los electores”52.
Además de advertir de estos procedimientos gubernativos implementados para suplantar la verdadera voluntad del electoral, al igual que el Eco del Comercio, La Legalidad se involucra muy directamente en la organización y la campaña electoral del partido progresista. El punto de partida de este diario con relación a esta formación es muy similar al de El Guirigay: demanda un programa que incluya alguna de sus ideas democráticas y una candidatura en la que, junto a los ilustres representantes de las últimas Cortes, se integre a las jóvenes promesas progresistas. Así lo traslada González Bravo en las asambleas del partido celebradas en Madrid, en las que tiene una activa participación. Pero ni su defensa del ideario democrático ni sobre todo la de la inclusión de los cuadros nóveles –en la que todo parece se integra– apenas él tienen respaldo. Además, a pesar de su apoyo, una votación interna excluye de la candidatura de Madrid a su amigo y colaborador de El Guirigay, Alonso, que había estado en la anterior. Con todo, el rotativo que él dirige no deja de hacer campaña en favor de esta fuerza liberal y de su “programa de progreso” y de difundir para lograr la mayor resonancia posible la adhesión a ellos del influyente general Espartero53.
De todas maneras, la contrariedad y el resquemor sufridos por González Bravo en esas reuniones permanecen latentes. Así, tras la victoria aplastante de los moderados en las elecciones de enero de 1840, La Legalidad denuncia la infinidad de arbitrariedades e ilegalidades cometidas por los agentes gubernativos, considerándolas por ello nulas y calificando a las Cortes resultantes de ilegítimas y al gobierno de corrupto y enemigo de la Constitución. Pero no exime de la responsabilidad en el desenlace electoral a los progresistas; al contrario, “sus errores y ambición los igualan en muchos puntos con sus antagonistas”. Así, considera que el resultado lo explica “la criminal conducta del gabinete”, pero también “la influencia de las antiguas notabilidades” del partido liberal, de los hombres que lo regentan y dirigen, que llevan tras de sí enemistades, rencillas y una reputación que les aleja del pensamiento democrático profesado por La Legalidad. Esta es la segunda razón, para González Bravo, de la debacle sufrida, el haber desnaturalizado el nombre del partido: “denominarse progresistas y no saber progresar”. “Los caudillos del progreso” –señala– “han caído en no corto número de extravíos”, cuyas consecuencias las sufre la nación, siendo el último su falta de habilidad y energía en la pasada legislatura para “conquistar el poder que nos pertenecía por todas las reglas parlamentarias y la nación nos ofrecía”54.
La clave para remontar esta situación que arbitra el director de La Legalidad es conocida. Se asienta en la necesidad de la renovación de los cuadros dirigentes del partido, dando entrada a hombres nuevos y jóvenes, y de las ideas, dotando de un mayor espacio a las “doctrinas democráticas”. Eso sí, hasta que esto se produzca, La Legalidad se desliga de la estrecha vinculación mantenida con la formación progresista establecida para hacer frente al gobierno y al partido conservador. Esta emancipación, indicada según el diario para intentar difundir sin ataduras las ideas democráticas, va a ser considerada como un acomodo a la nueva situación de predominio moderado. Algo que le obligará a tener que defender su independencia: “La Legalidad no es de las mercancías literario-políticas que puede comprar el ministerio; La Legalidad a nadie ni por nada se vende”55.
A pesar de todo, esta actitud un tanto desmedida con el partido progresista cuesta ser comprendida. Parece que de aquí procede el distanciamiento del diario de algunos prohombres de esta formación y de Espartero, y con ello el comienzo de su declive. Algo que se puede constatar a partir de la declaración del estado de sitio en Madrid el 24 de febrero después del asedio el día anterior del Congreso de los diputados por una multitud disconforme con el resultado electoral. Pues bien, acusado el rotativo de haber alentado los trastornos, de inmediato pliega sus velas. Así, no acepta formar parte del frente periodístico de oposición propuesto por el Eco del Comercio, y sus críticas al gobierno y al estado de sitio son tan leves que desde la órbita progresista se le tacha de tibio. Más aún, detenidos algunos liberales radicales conocidos como Alonso o Iznardi y suspendida la publicación de Fray Gerundio y desterrado su redactor Lafuente, el miedo se apodera de González Bravo y el 13 de marzo abandona la dirección de La Legalidad. Diez días después, este diario prefiere “guardar silencio” ante la “marcha del gobierno por la senda de las arbitrariedades hacia el despotismo”56.
Conclusiones.
De esta manera termina la etapa de periodista radical de González Bravo. De ella se pueden extraer algunas conclusiones. La primera es la fidelidad que mantiene al ideario del liberalismo radical y democrático. Una doctrina que, erigida sobre la afirmación del principio de la soberanía nacional y su estrecha vinculación con el pueblo, se asienta en una visión mitificada de la primera experiencia liberal doceañista. La segunda conclusión que podemos descubrir es la del resentimiento que acaba teniendo hacia el grupo dirigente del partido progresista ubicado en Madrid. Se debe a no haber sabido integrar los principios antes significados del sector liberaldemocrático más avanzado y, cuando lo había hecho, por haberse distanciado de ellos en la práctica política. Pero, sobre todo, es fruto de no haber sabido incorporar a las jóvenes promesas del partido y, considerándose él una de ellas, en su caso particular por no recibir el reconocimiento debido a los esfuerzos realizados a la causa del progreso bien con la pluma de periodista bien con las armas de miliciano. Un resquemor que no parece disiparlo el desarrollo de la carrera política realizada durante el trienio esparterista dentro de la formación radical del partido progresista ya escindido. La tercera de las consecuencias que se pueden derivar de esta labor periodística es el pleno conocimiento que, a través de la contumaz crítica, consigue del universo conservador. Así es, no sólo está al corriente del ideario político-ideológico del partido moderado, sino también de la estrategia, lenguaje y discurso. Y algo más, está perfectamente familiarizado con los cuadros del partido y los principales publicistas de sus órganos de prensa. En definitiva, está culturalmente preparado para realizar un cambio camaleónico.