Peña Díaz, Manuel, Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro, Madrid, Cátedra, 2015, 256 págs., ISBN: 978-84-3763-458-6.
El presente volumen reúne una serie de importantes ensayos de Manuel Peña Díaz, publicados en diferentes lugares, a menudo de difícil consulta, que dan coherencia a una larga trayectoria de estudios sobre la censura en la España moderna. Ya en la introducción el autor define su posición: entre los dos modelos interpretativos que, antagonistas, se han impuesto en los últimos años, uno que sanciona el éxito de la represión cultural y el control ideológico en aras de la confesionalización, y otro que sostiene la escasa eficacia de los aparatos censores, él opta por una tercera vía. Sus investigaciones, de hecho, muestran –gracias también a un amplio y riguroso análisis documental– que, en la España de los siglos XVI y XVII, “ni el discurso censorio fue unívoco y, por supuesto, no existió una perfecta sintonía entre la teoría y la praxis”; que la caza al libro pernicioso tuvo que enfrentar “resistencias, lecturas oblicuas, ocultaciones de libros prohibidos o permitidos” (pp. 16-17), al tiempo que el proyecto “purificador” del patrimonio librero basado en el expurgo se vio sujeto a la inercia y la impericia de los calificadores. Tales carencias, sin embargo, fueron hábilmente ocultadas por el principal protagonista de la actividad censora, la Inquisición, que supo construir y mostrar –sobre todo en los momentos de mayor debilidad– una imagen intimidatoria del propio poder, gracias a la organización de espectaculares autos de fe o de escenográficas procesiones que se acompañaban de trompetas y timbales y que tenía como finalidad el publicitar la aparición de nuevos índices de libros prohibidos. Además de los solemnes ceremoniales, el Santo Oficio se apoyó en el lenguaje rico en imágenes de los predicadores que, recurriendo a fuentes bíblicas y patrísticas, le atribuían la tarea de “limpiar y purificar la tierra” y lo comparaban con el sol “expurgatorio”, cuyo calor habría de quemar la “mala hierba” (p. 31) de los libros nocivos y alejar, sobre todo a jóvenes y mujeres, del peligro de la lectura.
Legitimada por las jaleadas raíces veterotestamentarias, obsesionada por su misión purificadora, la censura inquisitorial se empeñó, desde mediados del siglo XVI, en la elaboración de índices que provocaron duras protestas, como sucedió con el de Valdés, de 1559, que con sus 699 prohibiciones pretendió enviar un aviso a Felipe II. Su pragmática de 7 de septiembre de 1558 ratificaba que la concesión de las licencias de impresión competía al Consejo de Castilla, mientras que al Santo Oficio le correspondía sólo el control sobre los libros ya impresos, limitando así el poder que aquel había ejercido hasta entonces de forma arbitraria. El rigor devastador del Índice de 1559 llevó a libreros, doctos humanistas y jesuitas implicados en los colegios a solicitar que se recuperasen, enmendadas, muchas obras, obteniendo como respuesta: “Quémense” (p. 45). El problema, sin embargo, no pudo eludirse. Los encendidos debates sobre los criterios expurgatorios acabaron legitimando una práctica constante y silenciosa de corrección de textos, posteriormente codificada en el $E x .$ - purgatorio de Quiroga (1584). Frente a los interrogantes sobre quién debía corregir los libros y ante la mole ingente de obras que se debía expurgar, la Inquisición tuvo que capitular introduciendo en los apéndices al Índice de 1612 que se publicaron en 1614 y 1628, la regla XII que autorizaba a “expurgar sus libros cualquier que fuere suficiente” (p. 54), debiendo someter a la aprobación de los propios oficiales los textos corregidos. No obstante, como subraya en repetidas ocasiones Manuel Peña, en función del cuadro político y de las relaciones con Roma, las decisiones tomadas podían ser moderadas o extremas. Así sucedió con el Índice de 1632: adoptando las directivas del Índice romano de 1596 que prohibían la lectura de una obra hasta que no fuese enmendada, restituía en exclusiva a los ministros inquisitoriales el peso del expurgo, con alguna excepción. Inevitablemente, la máquina se atascó por la pereza de los calificadores, por su incompetencia, por su ignorancia del latín, de manera que llovieron críticas, las cuales no se dirigirían tan solo al sistema español. La condena por la Congregación romana del Índice, en 1628, del Elucidario Deiparae del jesuita Juan Bautista Poza fue el origen de protestas del propio Poza y de sus amigos contra los censores romanos, en defensa de la autonomía de la Inquisición española y de sus métodos menos rigurosos. Las numerosas condenas de autores españoles (verdaderas o presuntas), la difamación de la nación a través de sus escritores alimentaron el temor –no está claro si fundado o no– de que Roma, en las primeras décadas del siglo XVII, quisiese someter a España en materia de censura, y desencadenaron una polémica de tonos fuertemente patrióticos (no hay en los censores romanos “tanta doctrina y letras como en los españoles”, p. 72) que ponía el foco sobre los aspectos negativos de los mecanismos romanos (con alusiones claras, por otro lado, a los españoles): desde la ignorancia, la parcialidad, la falta de actualización, la miopía y la venalidad de los censores, a su incapacidad para distinguir entre los autores católicos y los heréticos (a los que se trataba mejor que a los autores españoles), la prohibición de libros desde hacía años permitidos en España, la rivalidad entre escuelas teoló- gicas que, a menudo, llevaba a condenas arbitrarias o la atribución a los autores de interpretaciones eventualmente erróneas de los lectores. A partir de los problemas de Poza con la censura romana –para cuyo mejor encuadramiento habría sido útil un análisis de la normativa y las prácticas romanas –, el discurso se extiende a los derechos de defensa del autor, la tutela de la fama de los escritores, el declive de la producción editorial como consecuencia de prohibiciones indiscriminadas.
De la normativa y de las dificultades de su aplicación, Peña se traslada a las prácticas de lectura colectiva en las que define como “comunidades de interpretación” (p. 93), centrándose sobre todo en grupos particulares de España. Si entre los cristianos estaba difundidísimo el atribuir poderes mágicos y taumatúrgicos a los objetos sagrados, oraciones y pasajes bíblicos, entre los cripto-mulsumanes circulaban textos anónimos en árabe que vehiculaban prácticas rituales, mágicas, astrológicas, médicas, etc. En torno a tales escritos prohibidos –en ocasiones, enteras bibliotecas emparedadas y redescubiertas a finales del siglo XIX– se juntaron grupos decididos a mantener viva la herencia religiosa de sus antepasados y a preservar su identidad cultural. De modo parecido, los judaizantes trataron de perpetuar en secreto el patrimonio cultural y religioso de sus mayores y, frente a la dificultad para conseguir el Viejo Testamento en hebreo, recurrieron a “lecturas oblicuas” (p. 102): por un lado copiaron y tradujeron en hebreo libros de oraciones; por otro –como se señala convenientemente– extrajeron de la literatura ortodoxa historias de sus antepasados y oraciones, y recabaron en los textos controversísticos antijudaicos noticias sobre las doctrinas y ritos del judaísmo, reforzando así la cohesión de una minoría perseguida.
Alarma entre los inquisidores suscitaron también los alumbrados, no tanto y no sólo por el uso del castellano en sus lecturas en alta voz o cuando se recitaban de memoria textos bíblicos destinados a “personas idiotas y sin letras” (p. 90) y –lo que era peor– a mujeres, sino por las interpretaciones heterodoxas que hacían de ellos y por las ulteriores transformaciones por parte de sus ignorantes auditorios. Una preocupación, la del nivel de cultura de quienes consumían los textos, que está en la base de todo el intrincado episodio de los escritos de santa Teresa de Ávila, que se reconstruye con detalle y cuidado en el libro. Mujer, autora de obras espirituales y, además, conversa, consciente de contar con elementos que la podían hacer sospechosa a los ojos de las autoridades censoras y, por tanto, de eventuales condenas, la avisada carmelita descalza se buscó autorizados protectores entre los calificadores de la Inquisición, sometió sus escritos a confesores y doctos teólogos y consiguió –a menudo tras duras discusiones poco inspiradas por la humildad acerca de las correcciones– pareceres esencialmente favorables. Unánime fue, por otro lado, la recomendación de sus consejeros, preocupados con el uso del vulgar en obras espirituales y devocionales, de que corriesen por círculos restringidos de lectores, preparados para las “verdades oscuras” (p. 130). Decidida a no publicar en vida y, por tanto, a evitar la censura preventiva del Consejo de Castilla y de la Orden a la que pertenecía, Teresa logró garantizar, sin embargo, una amplísima difusión manuscrita de sus obras, las cuales, publicadas póstumamente, continuaron alimentando, a pesar de la falta de condena inquisitorial y de su canonización, encendidas polémicas entre los defensores de su plena ortodoxia y quienes por detrás del lenguaje “dulce y espiritual” (p. 129) vieron proposiciones heréticas y trazos de alumbradismo.
Incertidumbres, retrasos, obstáculos caracterizan asimismo las intervenciones sobre los escritos políticos e históricos. Aunque movida de un espíritu nacionalpatriótico, la Inquisición salió en defensa de la monarquía española con medidas que no fueron ni más adecuadas, ni más eficaces que las adoptadas para otros sectores. El autor ilustra las carencias del sistema a partir de dos casos: la violenta publicística anticastellana, antimonárquica y filofrancesa producida durante la revuelta catalana (1640-1652) y la Brevísisma relación de la destrucción de las Indias de Las Casas con las severas críticas a las brutalidades cometidas por los españoles en la conquista del Nuevo Mundo. En el primer caso, después incluso de las órdenes directas de Felipe IV (2 de junio de 1653), deseoso de relanzar su propia imagen, la Inquisición catalana se movió con cautela y mediante actos más simbólicos que concretos, temerosa de importunar a la oligarquía local de cuyos círculos salían muchos de sus calificadores. Todo menos solícita en el castigar a impresores y en el prohibir libros y libelos, condenó en 1655 la Proclamación Católica del agustino Gaspar Sala, “un fundamento de la tradición nacional-catalana” (p. 164), como obra sediciosa e injuriosa con respecto al soberano y sus ministros, pero se abstuvo de eliminar las copias de la misma, que aún circulaban a finales del siglo XVII con viva reprobación de la Suprema por su inercia. La persistente transgresión de la normativa incluso con respecto a las obras históricas, llevó a Felipe IV, al final de la hegemonía española, a encomendar al Consejo de Estado, en 1651, la autorización de la publicación de este tipo de obras. Antes de esa fecha, sin embargo, la Brevísima relación escrita por Las Casas en 1544 se había publicado junto a otros escritos, en 1552-1553, sin contar con permiso alguno, probablemente porque el autor la destinó a los misioneros que partían hacia el Nuevo Mundo. Las durísimas críticas a la acción de los españoles en América y los interrogantes sobre el propio derecho de conquista hicieron que el
21 de septiembre de 1556 se dictasen reglas para los escritos relativos a “nuestras Indias”, que sólo podían darse a estampa previa aprobación del Consejo de Indias. Como consecuencia, la obra de Las Casas no volvió a imprimirse en España, mientras que, traducida a varias lenguas, conoció un extraordinario éxito en toda Europa, frente al cual, como enésima prueba de la lentitud de los aparatos censores, los Inquisidores de Zaragoza, sólo en 1660, decidieron lanzar una condena formal, incluida posteriormente en los índices del siglo XVIII. Los numerosos pareceres sobre los que se fundamentó, inspirados por la “leyenda rosa” construida por anteriores tratados en defensa de la Corona y de su misión providencial en América, coincidían en juzgar la Brevísima relación como “un libelo infamatorio contra los españoles, injurioso, pernicioso y denigrativo de su fama” que alimentaba entre las naciones extranjeras “gran odio y abominación contra los españoles” (p. 178).
A la percepción de la censura por parte de sus coetáneos se dedican los dos últimos capítulos, de gran interés. Crítico con las múltiples interpretaciones relativas a la concepción que Cervantes tuvo al respecto y con un fino análisis de los pasajes del Quijote en los que aquella se adivina, Peña Díaz deshace muchas de las aparentes ambigüedades del texto, releyéndolas a la luz del profundo conocimiento que el escritor deja entrever, por debajo de un estilo narrativo satírico, acerca del funcionamiento o de las disfunciones del sistema de control de su época. Son frecuentes las alusiones a sus contradicciones, a la extensa circulación de libros prohibidos y su ocultación, a las prácticas de expurgo, a los libros que, sin ser examinados preventivamente, eran con ligereza secuestrados, a los “libros olvidados” (p. 200) en los archivos inquisitoriales o entregados a las llamas. Tampoco faltan las críticas al hecho de que la Inquisición mandase a la hoguera muchas novelas de caballería cuya publicación impresa había sido aprobada por el Consejo de Castilla, así como a los favores de que gozaban algunos autores “protegidos” y a las condenas de autores que tenían enemigos en los órganos censores. Más o menos transparentes son asimismo las alusiones a los debates de aquellos años sobre la moralidad de las obras teatrales y sobre la necesidad de controlar los espectáculos. En definitiva, como sintetiza incisivamente Peña Díaz a propósito del famoso episodio del escrutinio (I-6), en el Quijote “se reproducen las paradójicas prácticas y singulares criterios censorios de la época” (p. 194).
Menos perspicaz que santa Teresa o que Cervantes, el lector común –al que, más que a los autores, se dirigía el proyecto pedagógico de la Iglesia con vista a orientar sus lecturas– se veía alejado no sólo de los libros prohibidos, sino de la lectura individual o en voz alta dirigida a públicos generalmente iletrados. Para someter a los fieles y “confesionalizarlos”, inquisidores y teólogos, valiéndose de la colaboración de los confesores, recurrieron a varios instrumentos, desde la incitación a la delación, a la producción de una floreciente literatura destinada a transformar el sentido de culpa en toma de conciencia de la transgresión de la norma, o el infundir la duda y el escrúpulo en las conciencias, objeto de complicadas disquisiciones teológicas y psicológicas. Esta obra de interiorización de la norma influyó de modo determinante sobre las prácticas de lectura de los “simples”, aunque el libro prohibido no desapareció y la flexibilidad en los criterios y en los controles censores consintió a largo plazo su presencia en el mercado de libros usados, en las bibliotecas universitarias, en las de los médicos, juristas, oficiales, nobles. No obstante, el fenómeno afectó también a los sujetos vinculados a la imprenta: impresores, correctores, incluso compositores de caracteres, editores de obras católicas de terceros, traductores, manipularon textos destinados a las prensas tipográficas, eliminando por iniciativa propia todo aquello que pareciese contrario a la fe y a la moral católica o al poder soberano.
No obstante las distintas facetas que de forma amplia y articulada se analizan, el autor llega a la conclusión de que la normativa y la praxis de la Inquisición “condicionaron –no determinaron– el mundo de la lectura y del libro en casi todo el territorio hispánico” (p. 239). A modelarlas contribuyeron académicos e intelectuales, así como las instituciones eclesiásticas que, mucho antes de la clausura del concilio de Trento, se empeñaron en la tutela pedagógica de la lectura y la escritura. Su acción, aunque poco coordinada y llena de contradicciones, consiguió al menos inculcar en autores e impresores formas de autocensura y producir una homogénea y compartida identidad católica y nacional-española entre los fieles, fundada esencialmente en la ignorancia de la propia fe y en una memoria selectiva de la propia historia.
Gigliola Fragnito Università degli Studi di Parma