La insubordinación a la autoridad central y los mecanismos regios de contención durante el reino astur-leonés (siglos VIII-XI)
Gonzalo J. Escudero Manzano.
Universidad Complutense de Madrid $\circledcirc$ https://dx.doi.org/10.5209/elem.94756.
Recibido: 20/02/2023 • Revisado: 13/03/2023 • Aceptado: 30/05/2023.
ES Resumen.1 El gobierno de Bermudo II (982-999) sobresale como la etapa álgida de los movimientos de rebelión durante el reino astur-leonés. Los diferentes aportes historiográficos han intentado explicar las motivaciones que empujaban a determinados individuos a cometer estas acciones, mientras que las represiones ejercidas por la monarquía apenas han captado la atención de los investigadores, pues se comprenden como una causa natural del castigo impuesto a los sediciosos. En mi aportación, trataré de analizar las distintas categorías de insubordinación y sus consecuencias atendiendo a un contexto diacrónico y a la construcción de redes clientelares con el objetivo de confirmar o desmentir la imagen sobre la presunta fragilidad de la autoridad central durante la segunda mitad del siglo X.
Palabras clave: insubordinación; represión; negociación; “commissos”; “mandaciones”; poderes locales; autoridad central.
EN The insubordination to the central authority and the royal mechanisms of containment during the Astur-Leonese Kingdom $[ 8 ^ { \mathrm { t h } } ,$ -11th centuries)
EN Abstract. The government of Bermudo II (982-999) stands out as the most critical moment of the rebellion movements during Astur-Leonese Kingdom. The different historiographical contributions have tried to explain what kind of motivations lead to certain individuals to commit these actions, while the repressions exercised by the monarchy have barely attracted the attention of researchers because they are understood as natural cause of the punishment to the seditious. In this paper, I will try to analyse the different categories of the insubordination and their consequences according to a diachronic context and to the construction of patronage networks with the purpose of confirm or deny the presumed central authority fragility image during the second half of the $1 0 ^ { \mathrm { { t h } } }$ century.
Keywords: insubordination; repression; negotiation; “commissos”; “mandaciones”; local powers;
central authority.
Sumario: 1. Introducción. 2. La naturaleza de las insubordinaciones según la óptica oficial. 3. Los recursos de represión, de remuneración y de negociación. 4. Conclusiones. 5. Fuentes y bibliografía. 5.1. Fuentes primarias editadas. 5.2. Bibliografía.
Cómo citar: Escudero Manzano, G. J. (2024), La insubordinación a la autoridad central y los mecanismos regios de contención durante el reino astur-leonés (siglos VIII-XI), en En la España Medieval, 47, 171-188.
1. Introducción2.
Después de varias décadas de estabilidad política, social y militar propiciada por el afianzamiento de Ramiro II, durante la segunda mitad del siglo X el reino de León padeció una serie de desequilibrios internos. Los descendientes de este monarca pugnaron entre ellos por controlar el solio regio y, para culminar sus aspiraciones, buscaron el apoyo de diversos agentes tanto locales como externos3. Esto condujo a una fragilidad del poder central, supeditado a las aristocracias que sustentaban las ambiciones de los diferentes pretendientes4. El resultado final fue una ruptura territorial que culminó en el año 982 con la proclamación de Bermudo II como rey en Compostela por los “comites Gallecie”5, aunque su autoridad convivió con la de Ramiro III. Tras la muerte de éste y la posterior reunificación del “regnum”, la situación no se revirtió y existieron rebeliones esporádicas contra el nuevo monarca6.
La principal preocupación historiográfica sobre estos acontecimientos ha sido la búsqueda de una explicación a los movimientos de insubordinación. El primer autor en intentarlo fue Pérez de Urbel7 , quien los relacionó con las ambiciones personales de los condes. En segundo lugar, Ruiz Asencio responsabilizó a Bermudo II por su insuficiencia a la hora de dominar a los magnates y de controlar la totalidad del territorio8. Desde un posicionamiento similar, Rodríguez Fernández9 y Torres Sevilla10 los interpretaron como un claro indicio de una autoridad regia incapaz de imponerse a las aspiraciones de estos individuos. Por otra parte, Baliñas Pérez11 los entendió como un mecanismo utilizado por los grupos de poder local para ejercer presión sobre la monarquía con la finalidad de conservar sus privilegios sociales, mientras que para Isla Frez12 fue una reacción frente a un viraje leonesista de Bermudo II. Posteriormente, Mínguez Fernández13 y Pérez14 los contextualizaron dentro de las transformaciones propias del feudalismo, en las cuales se advierte un debilitamiento progresivo de la “potestas publica”. Finalmente, Martínez Sopena15 se apartó del enfrentamiento reduccionista entre los reyes y las aristocracias y subrayó el papel jugado por Almanzor para desestabilizar al poder cristiano a través del descontento interno.
Todos estos trabajos tienen varios puntos en común. Por un lado, se tiende a equiparar las distintas formas de desacato bajo la etiqueta genérica de la “rebelión”, sin considerar las posibles particularidades que puedan existir en cada categoría utilizada por las fuentes primarias. Por otro, se tiende a calificar a los diferentes gobiernos como débiles o fuertes según la cantidad de los enfrentamientos internos que padecieron; es decir, se ha entendido de forma apriorística que un mayor número de sediciones implicaba necesariamente una mayor inoperancia de la autoridad central. Por último, apenas ha trascendido la represión ejercida por la monarquía y si ésta contaba con los medios necesarios para su ejecución, sino que se ha tomado como resultado natural de las sanciones impuestas contra los insurgentes, una “ira regis” que –desde el trabajo clásico de Grasotti16– ha mantenido una resonancia puramente institucionalista salvo sendas aportaciones recientes de Davies17 y de Carvajal Castro18.
Todo ello ha conducido a concebir la segunda mitad del siglo X como una etapa de crisis a la sombra de los reinados de Ramiro II y de Alfonso V, momentos caracterizados por un aparente mayor dinamismo político19. Por tanto, considero oportuno servirnos de las categorías empleadas por el discurso oficial con el objetivo de contextualizar y de definir los diferentes tipos de oposición a la autoridad regia en el período astur-leonés. De esta forma, podremos observar si existieron distintos mecanismos de represión y de negociación y si tuvieron un carácter estratégico a la hora de articular las redes de poder, tanto en su escala local como central.
2. La naturaleza de las insubordinaciones según la óptica oficial.
A pesar de que durante el último tercio del siglo X existieron múltiples revueltas, a lo largo de las siguientes páginas veremos que no se trató de una característica exclusiva de este segmento temporal. Las fuentes disponibles para analizar estos episodios son, por un lado, las distintas crónicas; por otro, algunas referencias contenidas en la documentación regia. En todos los casos, la información ofrecida está condicionada por la perspectiva adoptada por sus autores. Si bien el ciclo literario astur pretendía dotar de una identidad cultural y de una legitimación política al naciente reino y a sus líderes20, el objetivo de Sampiro era romper con este pasado para ofrecer una nueva realidad en la que León fuese el centro de la monarquía en oposición a los condes castellanos21. Estas narrativas también pueden rastrearse en algunos documentos, fundamentalmente los emitidos bajo la cobertura ideológica de la monarquía22. No obstante, debemos de tener en cuenta que, todo ello, representa únicamente la visión oficial emanada desde la autoridad regia, por lo que se trata –como ocurre con otros textos23– de una visión tendenciosa de la realidad. Además, el propósito de cada tipo de relato es diferente, pues mientras las distintas versiones de las crónicas se ciñen más a los sucesos políticos y militares, los diplomas prestan mayor atención a los acontecimientos que provocaron cambios en la propiedad patrimonial.
Visto esto, pasemos a analizar los tipos de hostilidades durante la Alta Edad Media. Desde su origen y hasta la consolidación leonesa en el siglo X, los intentos de usurpación fueron uno de los principales enfrentamientos que padeció el reino de Asturias24. Mauregato desplazó durante varios años a Alfonso II. Ramiro I se enfrentó a Nepociano, a Aldroito y a Piñolo. Alfonso III fue desplazado un tiempo por el “comes” Fruela Lemundi, posteriormente tuvo que sofocar una revuelta de sus propios hermanos (Fruela, Odoario y Bermudo) y en los últimos años de su reinado se enfrentó a su propio hijo, García, secundado por el “comes” Nuño. Finalmente, Ramiro II encarceló a los “comites” Fernán González y Diego Muñoz acusados de conspirar contra su gobierno. El término empleado en todos estos casos es idéntico: “tyranne”, lo cual –si atendemos a las condenas conciliares visigodas sobre quienes “tyrannica regni fastigium usurpaverit”25– sirve para deducir que esta categoría se aplicaba a aquellos que aspiraban a desplazar al rey vigente para ser ellos mismos u otras personas los que ocupasen su lugar en la dirección del reino.
Entretanto, la literatura cronística astur evidencia otro tipo de sedición: la rebeldía. Las más remotas menciones se refieren a unos libertos, a unos vascones y a unos galaicos genéricos, abstractos e impersonales26. A medida que el relato se adentra en el siglo IX, comienza a visibilizarse la identidad de algunos de los cabecillas, como Mahamud, quien “revellium in castro Sanctae Cristinae” después de que Alfonso II le hubiese ofrecido asilo tras su huida desde Mérida27. También las fuentes diplomáticas se hacen eco de los movimientos de confrontación a la monarquía. El primero de ellos es el protagonizado por Hermenegildo Pérez y su mujer Iberia28, aunque desconocemos su motivación. Afortunadamente, la información sobre los “rebelles” puede suplementarse con los testimonios de finales del siglo X, los cuales alumbran la gran complejidad que encierra este asunto.
Si bien las escrituras regias categorizan con este epíteto a múltiples personajes y les equipara a todos ellos con el mismo delito, cuando observamos con más detenimiento la información transmitida por la documentación, podemos reconstruir los heterogéneos liderazgos y coaliciones que se sucedieron en el último tercio de la centuria. El primer movimiento de rebeldía del que tenemos constancia fue el dirigido por Gonzalo Menéndez. Miembro de una importante familia aristocrática del noroeste hispánico, este individuo había sostenido diferentes enfrentamientos con otros magnates en un contexto de competitividad social cuya máxima expresión fue el posicionamiento de las distintas parentelas con los diversos pretendientes al control del “regnum”29. Fruto de estas tensiones, quizás fuese el responsable del envenenamiento de Sancho I narrado por Sampiro30, aunque la lacónica mención a un “dux Gundisalvus” sin indicar su filiación ha suscitado un debate historiográfico en torno a la identidad del magnicida31. Sea como fuese, Almeida Fernandes le etiquetó como un “emérito oportunista” que “procurou seguir sempre uma linha muito própria” para lograr sus aspiraciones32. De este modo, sabemos que se rebeló junto a sus hijos “in terram Portugalis” y su causa consiguió atraer al “dux” Citi Lucídez” y a Hatita “et alii duo” –quienes eran “servi principis domni Veremudi”33–.
Sin abandonar el espacio galaico, existieron dos rebeliones muy similares. La primera fue sostenida por el “comes” Suario Gundemáriz con la complicidad de otros “comites Galletie” de quienes no conocemos su identidad; la segunda, la protagonizó Galindo34. En ambos casos, los sediciosos actuaron desde un castro: Aguiar y Traba. Por último, conocemos la revuelta de Osorio Díaz, quien vino a “Gallecia” y se apoderó de una propiedad que antiguamente había pertenecido a la familia de su mujer pero que ostentaba el monje Teodorico35. Éste solicitó ayuda al obispo Pelayo, mientras que –por algún motivo que el documento no menciona, aunque tal vez fuese como respuesta a una sentencia desfavorable– Osorio decidió rebelarse y depredar “cum sarracenis adversus gentem et patriam nostram”. No obstante, en este caso, la sedición fue una reacción a un conflicto personal.
Habitualmente, se ha tendido a contextualizar cada una de las insurrecciones de la región galaico-portucalense dentro de un fenómeno maniqueo orquestado conscientemente por varias parentelas cuyo interés compartido convergió en la constitución de un grupo social homogéneo opuesto a Bermudo ${ | | } ^ { 3 6 }$ . Sin embargo, no contamos con pruebas que relacionen entre sí las diversas sublevaciones en el territorio galaico-portugalense, por lo que más bien parecen haber respondido a las aspiraciones individuales de determinadas aristocracias. Prueba de ello es la ausencia del término “tyranne” que, recordemos, aludía a una sustitución de la persona gobernante.
Entretanto, en tierras leonesas, encontramos una situación similar pero no idéntica. En este espacio, la principal hostilidad hacia Bermudo II fue sostenida por García Gómez, quien contó con la colaboración de Taurón y de Salvador37. Además, este segundo documento nos informa que la insurrección de Salvador consistió en la usurpación de una heredad perteneciente a “magistro Menendo” (¿González, hijo de Gonzalo Menéndez?) y se produjo cuando Gonzalo Bermúdez, Pelayo Rodríguez y Muño Fernández “sacarunt illo regem de ista terra”. Es decir, parece que estos tres individuos fueron partidarios de García Gómez y quizás contribuyeron a su breve gobierno en León38. En cualquier caso, Gonzalo Bermúdez “revellavit nobis cum nostro castello que vogatur Luna”39. A diferencia de las revueltas galaico-portucalenses, aparentemente las sucedidas en León estuvieron vinculadas únicamente a la fomentada por un solo hombre: García Gómez.
En algunos casos descritos por el discurso oficial como “rebelliones”, suele concretarse que fueron levantamientos contra “patrie nostre” –de clara reminiscencia visigótica40– y la “soberbia” de sus promotores solía finalizar con la intervención armada del monarca41. Por lo tanto, podemos concluir que la motivación que subyace detrás de estos desacatos era la búsqueda de mantener –en el caso de los libertos, de los vascones o de los galaicos en la fase expansiva de la entidad astur– o de adquirir –en el caso de las aristocracias locales de finales del siglo X– su propio protagonismo sociopolítico al margen del poder central. Una vía para alcanzar esta emancipación era el rechazo directo a la autoridad regia. Un caso muy esclarecedor fue el de Fernando Peláez42. Este individuo había sido obligado a contraer matrimonio con la hija del conde Muño Rodríguez, pero no aceptó la sentencia de Alfonso V y huyó con la hija de otro conde, Sancho García, para finalmente “rebellavit cum ea et cum ipsa terra”. En determinados casos, los impulsores de este tipo de sedición consiguieron un éxito momentáneo, como el gobierno que Bermudo, hermano de Alfonso III, ejerció en el espacio berciano $^ { 4 3 } \circ$ la creación de –en palabras de Baliñas Pérez44– “una pequeña isla de poder privado” entorno al monasterio de Sobrado de los Monjes por parte del obispo Sisnando Menéndez. En algunos momentos, los rebeldes podían contar con el apoyo de otros actores, como el recibido por Osorio Díaz o por García Gómez de los musulmanes45.
En otras ocasiones, algunos documentos mencionan que ciertos individuos perdieron sus propiedades debido a su “infidelitatem” hacia el rey, como Hamu en Sublancio, Vitiza en Trasariz y Gonzalo y Vermudo en Valdeorras46. Si solo conservásemos estas noticias, apenas podríamos precisar en qué consistía esta infracción, pues ninguna de ellas especifica el desarrollo de los acontecimientos. Afortunadamente, los diplomas de la última década del siglo X son más esclarecedores y, así, sabemos que Conanzo se unió a “adversariis nostris”, que Hatita “et alii duo” se ofrecieron a Gonzalo Menéndez, que Ablavel y su mujer Gunteroda “elegerunt sivi alium padronum” a García Fernández y que Ecta Fosátiz se adhirió a García Gómez y a Sancho García47. El denominador común de todo ello es el cambio del servicio al rey por el servicio a otros señores. Únicamente en el caso de Olalio, quien “fugit de servitio rege”, no consta su posicionamiento con otro patrono, aunque también se evidencia la relación entre la infidelidad y la ruptura de esta dependencia48. Esta información puede contrastarse gracias a la ley visigótica, la cual aseguraba que la fidelidad era un juramento personal e individual con el monarca que se rompía si se prestaba a otro señor49. Además, este compromiso parece que contaba con cierto tipo de ceremonial (“fidem sacramento promissam”), como parece desprender una disposición conciliar50. No obstante, y a pesar de que la existencia de una escenificación sea difícil de demostrar empíricamente, “la verdadera importancia del acto radica –a decir de Mínguez Fernández51– no en las apariencias litúrgicas, sino en el compromiso y vinculación que se establece entre señor y vasallo y que se basa en la fidelidad a la persona concreta a la que se presta el homenaje”. Por otro lado, no debemos confundir este delito con la “traditio/proditio” –cuyo origen y divulgación es mucho más tardía y, por otro lado, consistía en un engaño que no conllevaba necesariamente la ruptura del juramento de fidelidad52–; tampoco con la negativa de renovar susodicho compromiso y ofrecerse a otro señor –como hicieron Oveco Rudesíndez y su mujer Adosinda tras la muerte de Alfonso $\mathsf { V } ^ { 5 3 } -$ .
En contraposición a los “infideles” se sitúan, obviamente, los “fideles”. Las primeras referencias proceden de la Crónica albeldense, la cual menciona que tanto Alfonso II como Alfonso III fueron restaurados en el solio regio por sus “fidelibus”54. Sin alejarnos del relato cronístico, Sampiro también menciona que los alaveses recordaron su compromiso con Alfonso III (“fideles existire”) y se posicionaron con el monarca en su enfrentamiento contra el “comes” Gilón55. Otros diplomas que aluden a este comportamiento son los “fideles” enviados a Pardomino por Ramiro II para que participasen en un pleito56, los “magnati adque fideles palatii” que capturaron a Gonzalo Bermúdez57, el agradecimiento de Bermudo II a “omni fideli populo” que le había secundado frente al levantamiento de los “comites Galletie”58 o las numerosas donaciones que –desde el siglo VIII– los reyes realizaron a diversos “fideles” locales59. Además, los lazos de fidelidad no estaban reservados únicamente a la monarquía, sino que también podían ser de carácter privado, como los “fideles” de las monjas Monoisa y Eugenia o los del diácono Juan Gutiérrez60.
Como vemos, a pesar de que los diferentes autores que han trabajado esta temática han equiparado de forma indiferenciada la terminología empleada en las fuentes y han diluido los variados actos de desobediencia bajo el signo de la hostilidad hacia la autoridad central61, lo cierto es que existe una clara distinción que evidencia unas relaciones sociopolíticas de mayor complejidad. Por una parte, los “tyrannes” eran aquellos que, a ojos del discurso oficial, confrontaron contra el poder personal del rey con el fin de desplazarlo del gobierno y de controlar ellos mismos el “regnum”. En las ocasiones en las que estas usurpaciones tenían éxito, se invirtieron los roles y los dirigentes desplazados fueron caracterizados con la marca de la ilegitimidad (como en el caso de Nepociano62). También existieron intentos de maquillar estas deposiciones para no salpicar a la legalidad de algunos líderes con la mácula de la sospecha (como la sucesión de Alfonso II después de la presunta dimisión voluntaria de Bermudo $1 ^ { 6 3 }$ ). Además, si atendemos a los lugares en los cuales operaron los antagonistas del rey (Bermudo Ordóñez en El Bierzo, el infante García en Zamora y el “servus” Adanino en Carrión64), todos ellos comparten su carácter de centros periféricos donde el dominio regio llegaba con dificultad65.
Por otro lado, el discurso oficial establecía dos etiquetas diferentes según la naturaleza del delito contra la monarquía. Por un lado, los “rebelles” eran aquellos que perseguían conservar o conseguir protagonismo sociopolítico al margen del poder central. En este sentido, la imagen de las sublevaciones vasconas y galaicas fue manipulada para presentar un “casus belli” que justificase la intervención armada sobre estos espacios durante los primeros momentos de expansión territorial del núcleo astur66. Por otro, los “infideles” eran quienes quebrantaban un pacto de dependencia con el rey –quizás materializado a través de algún juramento público– que en la mayoría de las veces comportaba el alineamiento con un nuevo señor, si bien esta acción también podía ser realizada dentro de otros estamentos sociales e incluso darse la situación opuesta –es decir, la ruptura del compromiso con un conde en favor del rey67–. Tampoco debemos confundir estos desacatos con la huida para evitar castigos, como la fuga de Fromarico Sendíniz a Castilla después de haber asesinado a dos hombres68.
3. Los recursos de represión, de remuneración y de negociación.
Si las hostilidades a la figura personal del rey (“tyranne”), los intentos de alcanzar protagonismo político al margen del poder central (“rebellem”) y la ruptura del servicio individual a un señor (“infidelem”) eran delitos de distinta naturaleza, las represalias aplicadas, lógicamente, también.
Los intentos de usurpación –exitosos o fallidos– se sancionaban con castigos físicos69. Generalmente son condenas que tienden a equipararse y a analizarse como un conjunto homogéneo70, pero cuando las observamos detalladamente, podemos apreciar que, en el caso de que sus promotores fuesen miembros de la parentela regia, la condena era la ceguera y la prisión (como en el caso de Nepociano, de los hermanos de Alfonso III, de Alfonso IV y de los hijos de Fruela II), mientras que si eran individuos con una jerarquía política inferior solamente eran encarcelados (como el infante García y los “comites” Nuño, Fernán González y Diego Muñoz). Entretanto, la pena capital la encontramos registrada en varias ocasiones y solía extenderse también a los descendientes de los conjurados (como los hijos del “comes” Piñolo, los del “servus” Adanino o los de Olmundo). La carencia de más información nos impide establecer un patrón común que pueda dar una explicación sobre qué particularidad tenían estos últimos casos para recibir tal represalia, aunque si atendemos a la única disposición visigótica sobre el castigo extendido a grupos familiares quizás tuviese relación con algún tipo de atentado contra la vida del rey71.
Sin embargo, un miembro de los Olmúndez presenta una excepcionalidad. A diferencia de sus hermanos, el obispo Frunimio fue condenado al exilio72. Además, no parece que sufriese penas materiales, pues con posterioridad otorgó a la sede legionense unas propiedades que había heredado de sus padres73. Cabría la posibilidad de que, tras la victoria de los Ordóñez, hubiese recuperado el favor de la monarquía y le hubiesen sido restituidas, pero tanto el silencio documental ante un dato tan relevante como el –según Carriedo Tejedo74– aparente desafecto que los reyes mantuvieron hacia su persona son dos pruebas que ayudan a desmentir esta probabilidad. Por lo tanto, es más admisible imaginar que, simplemente, conservó su patrimonio. Un segundo ejemplo lo encontramos en la reclusión que Sancho I ejecutó contra el obispo Sisnando Menéndez75, quien pese a ello logró retener sus pertenencias e incluso recibir nuevas donaciones76. De esta forma, en el estamento episcopal, los castigos se limitaron solamente a la destitución política.
Las pérdidas materiales estaban reservadas a los “rebelles” y a los “infideles”, aunque ni fueron aprisionados ni padecieron daños físicos77. Las primeras expropiaciones de las que tenemos constancia las ejecutó Alfonso III, quien en apenas una década incautó los bienes de Hamu en Sublancio, de Hermenegildo Pérez y de su mujer Iberia en Lanzada, de Vitiza en Trasariz y de los hijos de Sarracino y de Sindino en Valcarce y los redistribuyó en su totalidad a la sede compostelana78. A partir de entonces –pese a los múltiples enfrentamientos por el control del “regnum” entre los descendientes de Alfonso III y de Ramiro $| | { \vec { \mathbf { \imath } } } ^ { 7 9 } \rrangle$ – y hasta el gobierno de Bermudo II, las confiscaciones fundiarias estuvieron dirigidas contra diferentes homicidas80. Solamente conocemos el embargo que Ordoño III realizó sobre la “mandacion” de Valdeorras a Jimeno Díaz y a sus hijos con motivo de su “infidelitate”81, puesto que Oveco Rudesíndez y su mujer Adosinda perdieron sus privilegios por no haber renovado su “servitium” a la monarquía tras la muerte de Alfonso V y haberse ofrecido al “comes” Rodrigo Romániz82.
¿Quiere esto decir que –en los momentos de máxima competitividad por el solio regio y en el culmen de la rivalidad entre la monarquía y las aristocracias locales– no existieron represiones internas? O, por el contrario, ¿es un síntoma de la incapacidad de los reyes por implementar las herramientas jurídicas para finalizar con la desobediencia y formalizar su autoridad? Centrémonos en la única propiedad requisada por infidelidad en este período: la “mandacion” de Valdeorras. Como ha señalado Carvajal Castro83, no debemos entender este término en un sentido territorial, sino como una institución de dominio reconocido directamente por la autoridad regia. Su difusión fue mayor en el siglo XI aunque su origen puede rastrearse desde el gobierno de Ordoño III. De esta forma, los reyes se servían de su delegación para articular redes de fidelidad con las aristocracias locales, quienes quedaban subordinadas al poder central. Además, existe un consenso historiográfico que relaciona este organismo con los “commissos/comitatos”, un elemento que –a diferencia de las “mandaciones”– encontramos muy generalizado a lo largo de toda la décima centuria84. De hecho, no deja de ser llamativo que su distribución cronológica sea inversamente proporcional a la ejecución de confiscaciones [Gráfico 1].

Gráfico 1. Relación entre el número de confiscaciones por rebelión o por infidelidad y el de los “comissos”.
Gracias a la donación del “comisso” de Bembejo por Sancho I a la sede compostelana “per singulos annos fideliter” o del de Présaras por Ordoño IV al monasterio de Sobrado en retribución por “super inimicos accipiamus victoriam et postea eterni munera palmam”85, podemos intuir que se trató de una herramienta jurídica empleada por los diferentes gobernantes para recompensar a sus partidarios –o, quizás, negociar con ellos– con el objetivo de articular el escenario político en función de sus intereses individuales. En todos los diplomas en los que aparece esta entidad, siempre se alude a anteriores propietarios, por lo que no es muy difícil reconstruir estas redes de fidelidad. Así, por ejemplo, el “comisso” de Montesacro había pertenecido al abad Gundesindo86, a quien Barreiro Somoza relacionó con el obispo compostelano hijo del “comes” Aloito, una parentela muy cercana a los reyes y que tuvo un gran protagonismo en la incorporación de “Gallecia” al reino astur87. Igualmente, Lucido Vimaránez ostentó los de Mahía y de Posmarcos88, un individuo a quien se ha atribuido por su patronímico la filiación de otro principal aristócrata galaico, el “comes” Vímara Pérez, y que también ejerció un papel relevante como agente de Alfonso $1 1 1 ^ { 8 9 }$ . Por su parte, el “comisso” sobre las “villae” de Perales, de Golpejar y de Villarezmir fue disfrutado por Gonzalo Muñoz90, quien –según la opinión de Rodríguez Fernández91– era el mismo individuo que descendía de otro gran aristócrata, Hermenegildo Gutiérrez, también emparentado con la monarquía. Finalmente, los Menéndez y el monasterio de Sobrado poseyeron los de Présaras y de Mera92 –a todas luces otorgados por Ordoño IV para reforzar su fidelidad en el enfrentamiento contra Sancho $^ { 1 ^ { 9 3 } - }$ , mientras que sus principales rivales (los Gutiérrez) obtuvieron el del faro brigantino –aunque ignoramos de quién y cuándo lo recibieron–94.
Visto esto, debemos buscar una explicación sobre la interrupción durante el gobierno de Bermudo II de una práctica que, aparentemente, había dado buenos resultados pese a las convulsiones internas que padeció el “regnum” a lo largo de toda la centuria. Las campañas de Almanzor, la expansión territorial de los Banu Gómez sobre la cuenca del Cea y la acumulación patrimonial en manos de aristocracias y de instituciones eclesiásticas provocaron que, en el último tercio del siglo X, el sistema en el que se sustentaba el poder de la monarquía perdiese la capacidad para asegurar su correcto funcionamiento y su estabilidad interna95. La única salida de las aristocracias que veían frenadas sus aspiraciones socioeconómicas fue –como señaló Baliñas Pérez96– ejercer presión a la monarquía a través de la rebelión97. Por su parte, la renovación de la política visigoda por parte de Bermudo II le sirvió para aprovechar esta coyuntura a su favor con el objetivo de justificar la represión, pues según el Liber Iudiciorum (II, 1, 8) el rey tenía potestad para atacar y confiscar el patrimonio de quienes “conturbationem aut scandalum in contrarietatem regni nostri vel gentis facere voluerit” 98. No obstante, hubo sediciosos que, tiempo después, todavía disfrutaban de ciertas propiedades, como Suario Gundemáriz y su mujer Goncina99. Este testimonio abre varias posibilidades: que los embargos no se produjesen sobre la totalidad de sus pertenencias, que los amotinados conservasen una mínima capacidad adquisitiva, que algunos de ellos obtuviesen –como propuso Isla Frez100– el indulto y la devolución de sus bienes o que para evitar expropiaciones donasen sus posesiones a un tercero –una “concinnacione falssisima” cuyo fraude estaba penado por la ley visigótica101–.
La utilización de los embargos para cimentar el poder regio cobra mayor sentido cuando observamos a quiénes fueron destinados los bienes arrebatados [Gráfico 2]. A diferencia de los períodos anteriores, Bermudo II potenció a las élites laicas en detrimento de las instituciones eclesiásticas. Esta desigualdad revela las divergencias territoriales del conjunto del reino y es reflejo de la complejidad de las últimas décadas del siglo X. El advenimiento de Bermudo II a León alteró el statu quo entre la Iglesia y los descendientes de Ramiro $1 1 ^ { 1 0 2 }$ . Si bien el prelado legionense solicitó y consiguió del nuevo gobernante la restitución de unas posesiones usurpadas por Gómez Díaz103, no recibió nuevas dotaciones patrimoniales. Además la relación de la monarquía con su principal soporte en la cuenca del Cea, el monasterio de Sahagún, se interrumpió durante varias décadas e incluso –en algún momento durante la “puericia” de Alfonso V– los sayones del rey atacaron este centro104. Esto explica que el total de los decomisos efectuados en León fuese redistribuido a unos pocos particulares (Fernando Núñez, Menendo ¿González?, Sampiro, Vellite Adorrínez y Muño Muñoz) con el fin de reordenar las redes clientelares en un espacio en el que el monarca carecía de suficientes colaboradores. Esta situación contrasta con la política en “Gallecia”, donde –al contar con mayores simpatías eclesiásticas105– cimentó su posición gracias al entendimiento con la sede jacobea y con el monasterio de Celanova.

Gráfico 2. Receptores de las propiedades confiscadas por rebelión o infidelidad.
Una última forma de represión que no podemos obviar fueron las contraofensivas militares, si bien apenas conservamos un par de alusiones sobre ellas. Dejando a un lado las intervenciones contra los vascones y los galaicos –puesto que, como ya señalamos con anterioridad, muy probablemente fueron una manipulación narrativa para justificar la expansión territorial astur–, la más temprana reacción armada tuvo lugar con motivo de la rebeldía de Mahamud frente a Alfonso II. Según el relato cronístico, el conjurado se refugió en el castro de Santa Cristina, donde fue atacado, derrotado y decapitado106. La segunda de ellas es el decreto de Bermudo II sobre la destrucción del castro de Aguilar –donde se habían concentrado los “comites Galletie”
encabezados por Suario Gundemáriz– y la edificación en este mismo emplazamiento de una iglesia que estuviese bajo el control del obispo lucense107. Seguramente con esta medida pretendía disponer de un lugar que –como ocurrió en El Bierzo108– sirviese para proyectar su autoridad en un espacio en el que tenía un reconocimiento limitado.
Según nos adentramos en el siglo XI, los movimientos de sedición contra la autoridad regia comienzan a remitir. Las primeras décadas de la nueva centuria solamente registran dos “infidelitates” (Muño Rodríguez y Sancho García109) y la única rebelión constatada no fue por motivos sociopolíticos sino por una apetencia amorosa110. También existió un ataque de García Gómez coaligado “cum gens hismahellitarum”, aunque no es etiquetado como “rebelle” en el documento que menciona esta acción111. De la misma forma, el desinterés voluntario de Oveco Rudesíndez y de su mujer Adosinda por no renovar el servicio al rey (“noluit servitium facere”) tras la muerte de Alfonso V no fue tomado como una insurrección y, por tanto, no padecieron represiones más allá de la pérdida de los privilegios asociados tras concluir su subordinación112. Aparte de esta disminución en la cantidad y en la intensidad de las revueltas, por primera vez contamos con ejemplos de individuos que decidieron instalarse en León y apostar por el “servitium regis”, aunque ignoramos si padecieron alguna presión o si fue de forma deliberada. Así, Pedro Álvarez y su mujer Eilo rompieron su dependencia con el conde Sancho García y abandonaron Castilla, mientras que Sarracino Arias emigró desde la “portucalense terre” para prestar “servicio eius fidelis” a Alfonso ${ \mathsf { V } } ^ { 1 1 3 }$ . En agradecimiento, todos ellos recibieron varias propiedades fundiarias y, en el caso de Sarracino Arias, se concertó su matrimonio con Froilo Muñoz, una mujer “de estirpe bonorum”.
¿Cómo es posible que una inestabilidad tan profunda pudiera revertirse en tan poco tiempo? ¿Tan efectivo fue el gobierno de Alfonso V como algunos autores han subrayado? El factor que ayuda a explicar el cese de la aversión hacia la autoridad regia es la consumación de las aspiraciones de una parte de las aristocracias. Algunos de los rebeldes fueron integrados en la corte de Bermudo II, como Gonzalo Menéndez y Gonzalo Bermúdez, quienes aparecen respectivamente como “armiger regis” y como “comes magnatii palacii”114. Además, los Menéndez consiguieron participar directamente en el gobierno del reino. Primero fue su hijo, Menendo González, quien actuó como tutor de Alfonso V durante su minoría, un cargo por el que compitió con Sancho García y que requirió la intervención cordobesa para su resolución115; posteriormente su nieta, Elvira Menéndez, desposó con el monarca y de este matrimonio nacieron Bermudo III y Sancha116.
Pero sin duda, el elemento que mejor explica esta movilidad social es el sistema de “mandaciones”. Las más tempranas menciones a esta entidad datan de mediados del siglo $\mathsf { X } ^ { 1 1 7 }$ , aunque su proliferación se produjo en la centuria siguiente118. Este aumento, unido a la desaparición paulatina de los “comitatos”, condujo a Sánchez Badiola a asumir que se trataba de la misma institución pero con distinto nombre119, una suposición que no ha contado con el respaldo historiográfico y que la versión bracarense del Fuero de León parece desmentir120. Entretanto, los autores que han trabajado esta entidad coinciden en dos aspectos: que tenían carácter territorial y que se trataba de una prebenda de gobierno delegada directamente por los reyes121. Solamente Carvajal Castro se ha apartado de esta concepción clásica y ha sugerido que ni tenían este carácter territorial que se les había atribuido ni era una cesión a colaboradores regios122. De acuerdo con su propuesta, habrían sido, pues, el reconocimiento y la sanción por parte de la autoridad central del dominio previo sobre individuos particulares.
Esta interpretación abre la posibilidad de que las “mandaciones” fuesen un recurso impulsado por la monarquía consistente en ratificar el poder que determinadas élites ostentaban a nivel local con el objetivo de permitir su ascenso controlado y evitar, de esta manera, que optasen por la vía insurreccional o por su posicionamiento con otros señores con los que conseguir mayores porciones de participación política. De hecho, una disposición de la versión bracarense del Fuero de León parece insinuar que su regulación comenzó “quando obtinuit rex domno Vermudo suo regno”123, por lo que durante el gobierno de Alfonso V simplemente se habría conseguido consolidar con éxito una medida que ya se había impulsado previamente y que –al igual que en la etapa anterior con los “comissos/comitatos”– sirvió como herramienta jurídica para negociar y apaciguar las ambiciones sociales de determinados individuos.
4. Conclusiones.
La segunda mitad del siglo X emite una imagen historiográfica de crisis y de decadencia política e institucional en León cuyo punto álgido se alcanzó durante el reinado de Bermudo II. Esta impresión está condicionada por el juicio apriorístico que atribuye esta insubordinación generalizada a la presunta inoperancia de una monarquía incapaz de controlar su propio territorio. No obstante, si nos desvinculamos de la mediatización del discurso oficial cronístico y diplomático que condiciona un entendimiento maniqueo entre “rebelde/traidor” y “fiel/adepto” cuya resolución está basada en el binomio “castigo-recompensa”, encontramos un escenario de mayor complejidad sociopolítica que atiende a la ambición de múltiples agentes y a las estrategias desarrolladas para lograr sus objetivos personales.
Antes de nada, debemos entender que los desacatamientos a la autoridad central no fue algo endémico de este período. Al contrario, a pesar de la nebulosa que envuelve a los orígenes del reino de Asturias, sabemos que existieron constantes enfrentamientos de diversa naturaleza. De este modo, si bien la condición de “tyranne” se aplicaba a aquellos que atentaban directamente contra el rey y que aspiraban a un cambio al frente del gobierno, los “rebelles” eran movimientos de rechazo a la autoridad central que perseguían conservar o mantener su propia independencia o protagonismo al margen de las estructuras de dominación oficiales. En algunos casos, pero no siempre, podían estar acompañados por la “infidelitas”, es decir, la ruptura del servicio individual a un señor, general pero no necesariamente al monarca. Aunque el objetivo perseguido en estas insurrecciones era diferente (cambio de líder en el caso de los primeros, búsqueda de protagonismo en el de los segundos y ruptura del servicio señorial en el caso de los terceros), la motivación de todas ellas era la misma: obtener o conservar privilegios y cuotas de poder sociopolítico y no tanto –como propuso Baliñas Pérez124– presionar al poder central o reaccionar a la marginación impuesta por la monarquía. El éxito de estas pretensiones individuales se consumó en la intervención directa en el gobierno leonés, en la inclusión de determinados insurgentes en la comitiva regia y en la aceptación y sanción por la autoridad central de esta nueva realidad. Por último, cabe subrayar que aquellos que apostaron por la vía sediciosa seguramente tuviesen más que ganar que perder para arriesgar su propio patrimonio cuando no su propia vida.
A su vez, estas etiquetas fueron empleadas como categorías ideológicas con las cuales el poder central justificaba su intervención sobre los poderes locales, como sucede con la actividad militar de los líderes astures presentada por el discurso oficial como una respuesta a un previo desacato de los vascones y de los galaicos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el relato cronístico, no debemos interpretar las rebeldías aludidas en las fuentes diplomáticas como un recurso dialéctico fingido por la monarquía para legalizar las incautaciones territoriales, pues para ello tendríamos que aceptar que la política del don consistía en un “juego de suma cero” en el que la ganancia de unos estaba absolutamente equilibrada con la pérdida de otros. Como no es posible admitir esta premisa ni negar la existencia real de estas revueltas –al contrario que la presunta insumisión galaica y vascona, más difícil de acreditar–, hemos de comprender la evocación a los “canones sancti et lex gotica” como el pretexto para intervenir en la propiedad privada125. Así, como ha señalado Carvajal Castro, “las confiscaciones podían, pues, funcionar como un mecanismo al que los reyes podían recurrir para reconfigurar las relaciones políticas a su alrededor”126. No obstante, debemos realizar una apreciación: esta medida apenas fue aplicada por Alfonso III y por Bermudo II.
En el resto de las etapas, la monarquía dispuso de herramientas para tratar de disuadir los movimientos de contestación o para negociar el fin de las hostilidades, como la cesión de “comissos/comitatos” en el siglo X o el reconocimiento de las “mandaciones” en el XI. En otras ocasiones, se requirió de la coerción, como el apresamiento de Rosendo González tras la huida de Hatita “et alii duo” con la intención de presionar a su padre, Gonzalo Menéndez, para “ipsos servos fugitivos recuperassent”127. Esta aptitud de respuesta por parte de Bermudo II a las sediciones –tanto jurídica (evocación al derecho canónico y visigótico) como agresiva (intervención militar en “Gallecia” y prendimiento del hijo de uno de los “rebelles”)– obliga a replantear la supuesta debilidad de su gobierno, eclipsado por el de su hijo y presentado en la teleología cronística como un sacrificio necesario para la estabilidad posterior128. Es decir, no deberíamos valorar su reinado como positivo o negativo, sino por la resiliencia mostrada ante una situación adversa y por su eficiencia para consumar de manera exitosa el cumplimiento de la ley.
Las ambiciones personales de las élites locales y los intentos represivos o conciliadores de los reyes por contenerlas convergieron en el Fuero de León, el cual –en palabras de Pérez129– “ratificaba en el plano jurídico las conquistas conseguidas por la aristocracia feudal pero, al mismo tiempo, reivindicaba la capacidad legislativa, judicial y fiscal superior del monarca”. No obstante, conviene recordar que estas medidas y el fortalecimiento de la “potestas publica” no habrían sido un cálculo político hábilmente diseñado sin una base previa –como en algunas ocasiones se ha señalado130– sino que habría existido un bagaje anterior sobre el cual la monarquía alfonsina logró construir eficazmente el entramado en el que se sustentaba social y materialmente el estado y cuyo origen seguramente pueda remontarse a “quando obtinuit rex domno Vermudo suo regno”131. En este sentido, como apuntó Mínguez Fernández132, este proceso respondería a una transformación de la estructura política del reino dentro de su modelo de la “precoz feudalización leonesa”, aunque no se trató de algo exclusivo de la Península Ibérica sino que contó con paralelismos en otras zonas de Europa133.
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