Discordias entre el Regimiento y el Cabildo eclesiástico ante la llegada de los jesuitas a Bilbao, 1590-1614 1\*.
Discord between the Regiment and the Ecclesiastical Council before the arrival of the jesuits in Bilbao, 1590- 1614.
Resumen: El establecimiento de la Compañía de Jesús en las principales villas comerciales del País Vasco fue complejo y conflictivo. En este trabajo se reflexiona en torno a este proceso en Bilbao, en un contexto de disidencia entre el Cabildo eclesiástico y el Regimiento en torno al patronazgo de las iglesias. Diezmos, presentación de clérigos, capital social y control de los símbolos de la parroquialidad fueron elementos fundamentales en el desarrollo de las estrategias de poder de las elites urbanas. Los jesuitas fueron vistos como una amenaza.
Palabras Clave: Iglesia; Patronazgo; Cabildo; Conflicto; Jesuitas; Bilbao; País Vasco.
Abstract: The establishment of the Company of Jesus in the main commercial towns of the Basque Country was a complex and conflictive process. The aim of this paper is to address this issue in Bilbao, in a context of dissent between the ecclesiastical Council and the Regiment around the patronage of the churches. Tithes, the presentation of the clergy, social capital, and the control of the parochiality symbols, were fundamental elements in developing strategies that guaranteed the power of urban elites. The Jesuits were seen as a threat.
Keywords Church; Patronage; Council; Conflict; Jesuits; Bilbao; Basque Country.
Sumario: 1. La Iglesia en Vizcaya en el siglo XVI; 1.1. El clero bilbaíno y el derecho de patronato sobre las iglesias villanas; 1.2. La influencia de la Iglesia y la Corona: la nueva realidad en el Bilbao de la segunda mitad del Quinientos; 2. Los desencuentros entre el Cabildo y el Regimiento: el patronazgo en liza; 2.1. Una oportunidad para los jesuitas: el concejo abierto de agosto de 1600; 2.2. «Aquella brava y terrible borrasca»: el estallido de noviembre de 1604; Conclusiones.
En 1604 la Compañía de Jesús vio cómo Bilbao le abría las puertas a la fundación de un colegio en la villa. En realidad, vendría a ser la puerta de entrada a lo bascongado como se decía entonces, donde había venido cosechando sucesivos fracasos en su intento de asentarse en los principales núcleos urbanos, los más poblados y activos comercialmente y, por tanto, los más susceptibles de reportar recursos a la Orden. En otros trabajos he analizado esta cuestión desde diferentes perspectivas, no siempre la meramente religiosa1 . Pero aún admite otra óptica interesante en el contexto de las singularidades de la Iglesia y el clero vizcaínos, derivadas del predominio del patronato laico sobre las iglesias y del limitado papel que en su control se reservaba al obispo. Cuando en 1591 Felipe II contempló el acercamiento de los jesuitas a Vizcaya como un mecanismo útil para reajustar el primero y reforzar el papel del segundo, despertó el recelo entre quienes, religiosos o laicos, vivían acomodados en el viejo sistema, reavivando además la animadversión a los ignacianos. En Bilbao se incrementaron los desencuentros entre el Cabildo eclesiástico y el Regimiento, interesados en perfilar las parcelas de poder que el patronato municipal sobre las iglesias de la villa reservaba a cada uno. No en vano, el Ayuntamiento financiaba a través de sus propios y rentas algunas actividades en iglesias y conventos, en particular la predicación desde los púlpitos. En ese ambiente, la fundación de los jesuitas pasó a convertirse en un motivo de discordia más, en un instrumento con el que debilitar al otro, hasta derivar en un estallido social que paradójicamente dio a la Compañía lo que había venido buscando durante más de seis décadas: la posibilidad de instalarse en la capital del Señorío. La documentación emanada de este conflicto y parte de la correspondencia mantenida entre diversas instancias por aquellos días constituyen la base del presente trabajo.
Discordias entre el Regimiento y el Cabildo eclesiástico…
1. IGLESIA EN VIZCAYA EN EL SIGLO XVI.
Aunque el régimen de patronato laico no fuera excepcional en otros territorios de la Monarquía, marcó profundamente el destino de la Iglesia vasca hasta el siglo XIX, y más aún la de Vizcaya. Desde la Edad Media los principales linajes solariegos se hicieron con el patronato de iglesias y monasterios por métodos diversos, lo mismo que algunas villas que dispusieron de patronato pleno o compartido con los clérigos beneficiados. Con ello, la resistencia a la autoridad del obispo hizo del Señorío un territorio muy peligroso, como lo calificó Díaz de Luco en 1551, y no solo por la persistencia de disputas banderizas sino por la falta de doctrina y gobierno espiritual tras siglos de inoperancia episcopal. Su dispersión en dos obispados (Calahorra y Burgos), una lengua compleja y un régimen jurídico particular dificultaban aún más la labor de los prelados2 . De hecho, el Fuero de 1452 había limitado sus competencias a cuestiones teológicas, morales y de orden en las iglesias, lo cual benefició a la nobleza pero también al clero, que dispuso así de una cobertura jurídico-administrativa para defender sus derechos frente al mitrado3 . Hasta 1539 su entrada en el Señorío estuvo prácticamente prohibida, por miedo a que se entrometiesen en las luchas de los bandos, y a que restasen recursos a los poderosos linajes que a través de sus patronatos se hacían con los diezmos y el control de la vida religiosa, económica y social de las comunidades en las anteiglesias y villas. Esto limitaba además su capacidad para nombrar curas y beneficiados y para controlar su formación y modos de vida, lo que convirtió al clero vizcaíno en un apéndice de la nobleza, con formas de comportamiento a veces poco acordes con su condición eclesiástica4 . Aún así, el rechazo a la autoridad diocesana se fue atemperando aunque lentamente. En 1537 el Obispado de Calahorra y el Señorío firmaron un capitulado en el que se aceptó una jurisdicción mermada para los obispos, dejando que algunos temas eclesiásticos fueran tratados en foro civil, sin duda más permisivo con los intereses de la nobleza hidalga. A cambio, el Señorío admitió la entrada del prelado en el territorio, la creación de vicarías y la potestad de un vicario general para atender pleitos en Vizcaya sin necesidad de ir a Logroño o a Calahorra5 .
En Bilbao, donde los clérigos eran reclutados al servicio de sus intereses entre los principales linajes urbanos que controlaban además el poder local, la autoridad del obispo era igualmente contestada. En 1535 una parte del clero fuertemente armado y algunos laicos notables protagonizaron violentos disturbios encastillándose en la iglesia de Santiago y atacando a quien se sometiese a ella. El Regimiento estuvo de su lado, defendiendo asimismo su propia jurisdicción civil frente a la episcopal al amparo de las cláusulas restrictivas del Fuero a la iglesia diocesana6 . Pero aún después de lo capitulado en 1537, el sometimiento al engranaje diocesano fue lento, y la limitada influencia episcopal mantuvo a los clérigos con actitudes no siempre acordes con su condición de tales. La violencia les fue tan consustancial como al resto de la sociedad urbana. A la que podían instigar desde el púlpito estimulando la violencia comunitaria en pro de sus parcialidades, familiares y deudos, se añadía la interpersonal. Delitos que iban desde las meras agresiones verbales al asesinato, hicieron de ellos tanto pobres víctimas como actores principales7 . Armas, blasfemia, juego, amancebamiento, formaban parte de los hábitos de los eclesiásticos bilbaínos. Y así, entre otros objetivos, sería todo ese engranaje el que la Compañía de Jesús estaría llamada a desactivar. Lograrlo por la vía del clero autóctono era poco menos que imposible. Se hallaba demasiado implicado en él, incluidas las Órdenes mendicantes como los franciscanos, cuyos vínculos con la sociedad se apuntalaban con su estrecha relación con los mercaderes. Una Orden nueva y desarraigada del territorio y sus vicisitudes, con efectivos medios de adoctrinamiento y una trayectoria docente apoyada en la gratuidad y en una metodología superior a la que aplicaban otros ámbitos de enseñanza, parecía cuando menos adecuada. Eso sin olvidar la mejor baza de los jesuitas, la predicación, con frecuencia fuera del marco de las iglesias. Era el mayor temor para los mendicantes, verse obligados a ceder tiempo y espacio de sus sermones, con menoscabo de su autoridad y de las limosnas de los feligreses “cuya gracia se adquiere con verlos en el púlpito mas beces empleados en su servicio y provecho”. Y no era vana la sospecha, puesto que los filojesuitas defendían que los oradores de los conventos se limitaban a predicar y que una sociedad belicosa como la de Bilbao requería “una medicina y cura, mas que ordinaria” como la que aplicaba la Compañía “predicando en los púlpitos, enseñando la doctrina por las plaças y calles, inquiriendo pecados y enemistades publicas, que asta desarraigarlas no paran”8 . En todo ello estuvieron de acuerdo el Obispado, deseoso de romper las barreras que le impedían actuar en Vizcaya, y la Corona, que además sumaba su interés por recuperar aquellos patronatos que siendo reales le habían sido usurpados, y reubicarlos en súbditos leales a la política de la Monarquía. Este estado de cosas cobró en Bilbao una dimensión propia, despertando disensiones entre los cabildos laico y eclesiástico sobre el rol que a cada uno reservaba el derecho de patronato que regía sobre las iglesias de la villa.
1.1. El clero bilbaíno y el derecho de patronato sobre las iglesias villanas.
El clero regular masculino rondaba los 50 individuos y se nutría de franciscanos, agustinos y dominicos. Instalados en la Villa a finales del XV con cierto retraso respecto a otras regiones peninsulares, gozaban de gran influencia y prestigio, por sus formas diferenciadas de entender la religiosidad y su mayor formación cultural en relación con el clero secular, y el hecho de que en días señalados predicaran en las iglesias locales. El secular lo acogían las cuatro parroquias situadas en la villa y sus arrabales (Santiago, San Antón, los Santos Juanes y San Nicolás) y una en la anteiglesia de Begoña, la de Santa María. Todas ellas conformarían el núcleo de la Vicaría de Bilbao. Santiago, la matriz, era la más vinculada al Regimiento pues cada 30 de diciembre acogía el rito de la elección anual y el preceptivo juramento de los nuevos capitulares. Era además la sede del Cabildo eclesiástico, que era único y administrado por un solo mayordomo o prior elegido cada año entre los 24 beneficiados que lo componían, y se encargaban de servir espiritualmente las iglesias unidas de Bilbao y Begoña aunque los begoñeses no pudieran formar parte del mismo. Claro que el número de clérigos siempre fue mayor por los expectantes que aspiraban a acceder a él, hasta completar unos 40 o 50 a comienzos del siglo XVII. Las cuatro parroquias urbanas eran de patronato concejil, lo habitual en muchas villas vizcaínas que en su fundación recibieron tal derecho por merced de los señores de Vizcaya, no solo sobre las iglesias que les pertenecían sino incluso las que se pudiesen llegar a construir. La de Begoña en cambio era de patronato laico, primero en manos de los Leguizamón y desde finales del siglo XV por razones hereditarias en las de los Butrón y los Escoriaza9 . Pero siendo patrona la Villa, sus atribuciones quedaban muy difuminadas, limitándose a garantizar “ornamentos, campanas, cálices y cruces, incensarios y misales y todo lo demás necesario, nombra freilas, jocalias, maniobreros, curas campaneros, y otros ministros […] como son maestro de capilla, organistas e otras cosas”10. En definitiva, a velar por el buen estado y funcionamiento de los templos, financiando algunos servicios parroquiales. Pero su capacidad de nombrar se reducía a las freilas o seroras que se encargaban de la limpieza de las iglesias y la intendencia necesaria para el culto; y a los mayordomos de fábrica, en este caso laicos encargados de gestionar los bienes y rentas de las parroquias. Desde 1513 ese derecho incluía al mayordomo de Begoña, que debía ser bilbaíno por haber sido los vecinos de Bilbao los financiadores “en proporción de ocho a diez” de la iglesia levantada poco antes sobre la vieja ya derruida. Fuera de esto, al Regimiento bilbaíno le atañía aquello que conllevaba el “capital social” propio de todo patronato, esto es, lo que le permitiera hacer ostentación pública de poder y marcar el derecho de posesión: la colocación de símbolos propios y la ocupación de lugares preferentes durante los actos religiosos fuera o dentro de las iglesias.
Sin embargo, las dos piezas más preciadas del patronato, los diezmos y la presentación de beneficiados, no se las cobraba el Regimiento. En ese sentido, parecían funcionar en la práctica como si de un patronazgo villanoeclesiástico se tratase, tal y como ocurría con las iglesias de San Sebastián donde clero y concejo lo compartían11. Al fundarse la Villa en 1300 los diezmos se repartieron entre Bilbao (2/3) y el señor de Vizcaya (1/3)12. Pero en tiempos de los Reyes Católicos el patrono de Begoña se quedaba con el
$5 0 \%$ , mientras que la otra mitad se la repartían, por tercios, el preboste de Bilbao (al parecer la antigua parte del señor de Vizcaya), la fábrica de la iglesia de Santiago y los clérigos, que se quejaban de “que non se pueden mantener”. Una real provisión de 1505 mejoró el estado de estos últimos a costa de reducir la porción del patrono de Begoña a poco más del $3 5 \% ^ { 1 3 }$ , con lo que los beneficiados vinieron a percibir cada uno de dos a tres mil maravedís14. Pese a ello, durante mucho tiempo el Cabildo eclesiástico reclamó la totalidad de los diezmos para sí, sin que nada recibieran ni el patrono ni el preboste, en particular de los novales, aunque una sentencia de 5 de abril de 1552 mantuvo lo estipulado por la reina Juana15. Y fue en esas fechas cuando el obispo de Calahorra Bernal Díaz de Luco intentó que los jesuitas entrasen en Bilbao, aunque sin éxito. Primero porque pretendió que el rey concediese algún patronazgo a la Compañía en la villa, y segundo porque prometió para ella la iglesia de Begoña, idea que agradó a Ignacio de Loyola pero no a los bilbaínos. Cuando Francisco de Borja llegó en febrero de 1552, apenas dos meses antes de que saliese la sentencia sobre los diezmos, desechó la propuesta ante la oposición del patrono y del Capítulo eclesiástico bilbaíno por razones obvias. Era demasiada intromisión del obispo en los asuntos eclesiásticos de la villa y una amenaza tanto para el patrón laico de Begoña –título por entonces en disputa entre Tristán de Leguizamón y Gregorio Gómez de Butrón a quien se reconoció la posesión16– como para el Cabildo, no solo por los derechos que le asistían sobre ella sino por los diezmos en liza.
La presentación de beneficiados la ostentaba el Cabildo por merced del fundador de la villa17, aunque en siglos posteriores siempre la justificó en el derecho canónico. No obstante, fueron Villa y Cabildo en conjunto los que en 1499 pactaron su número en 24 a repartirse 22 beneficios (20 enteros y 4 medios), defendiendo aquella que “gozaba de privilegio para determinar las condiciones de su admisión”18. La primordial era que debían ser nacidos en Bilbao o patrimoniales, descendientes de vecinos que hubieran residido en ella durante al menos diez años. No era obligatorio ser vecino pero sí bautizado en la pila de una de sus parroquias, quedando excluidos los vecinos y moradores de Begoña. Con ello se buscaba la compenetración entre el clérigo y la comunidad, reducir el absentismo y soslayar las dificultades del idioma, propiciando una comunicación fluida con la feligresía19. En contrapartida favorecían las clientelas y los abusos, y facilitaban el acceso al sistema beneficial a candidatos de escasa vocación y poco preparados. Máxime cuando la promoción dentro del entramado capitular se regía por el sistema de gradera que Villa y Cabildo pactaron el 1 de julio de $1 5 2 8 ^ { 2 0 }$ , en el que las vacantes se cubrían por orden de antigüedad sin tener en cuenta la capacitación del candidato, ya que el aspirante (subdiácono o capellán) ni siquiera necesitaba poseer las órdenes sagradas. Solo tenía que esperar a que fueran vacando los puestos de mayor categoría para llegar a ser titular de un beneficio entero e incluso optar a la cura de almas21.
Pero este mecanismo daba cierta capacidad de maniobra a la sociedad laica y la Villa en una parcela en principio eclesiástica. El subdiaconato abría las puertas a los hijos patrimoniales siempre que hubieran cumplido 18 años y realizado estudios de latín y canto. Tras ser nombrado subdiácono, según Mañaricúa, cualquier vecino por sí y en nombre de la Villa lo presentaba al Cabildo para que lo admitiese “a frutos cesantes y supercrecientes”. Si tras superar un examen de latín y canto éste lo admitía, se le señalaba silla en coro y daba cierta porción de pan y distribuciones sin que fuese necesaria institución o colación ordinaria22. Eso sí, antes de acceder a los beneficios, para los que se exigían al menos 20 años de edad para los medios y 25 para los enteros, era menester un cierto meritoriaje: servir un año ininterrumpido en el coro de Santiago y de San Antón, en las que finalmente habrían de celebrar misa, además de haber servido semanalmente y a turnos en las demás iglesias incluida la de Begoña. En adelante, la gradera les permitía ascender por antigüedad, de expectante a medio beneficiado y de medio a entero, según se iban produciendo las vacantes. Desde luego este sistema no transmite la idea de un derecho de presentación puro en manos de los clérigos. Antaño debió serlo, pero el acuerdo de 1528 a costa de cierta renuncia del Cabildo y un tácito reconocimiento a la Villa evitó enfrentamientos y resultó eficiente, al menos mientras ambas instituciones fueron controladas por unas mismas familias de la oligarquía linajuda de Bilbao. Otra cosa será cuando desde mediados de siglo la política de la Iglesia y la Corona bifurquen las realidades sociales de cada una de ellas.
1.2. La influencia de la Iglesia y la Corona: la nueva realidad en el Bilbao de la segunda mitad del Quinientos.
En efecto, mediada la centuria la Iglesia pretendió que los beneficios se proveyesen en clérigos hábiles y virtuosos poniendo cerco a la gradera. Desde Calahorra se combatió este sistema que perpetuaba a un clero vinculado con las clientelas locales y poco dado a seguir los decretos conciliares, de ahí su interés en potenciar el papel del obispo en la designación beneficial. El mismo Díaz de Luco introdujo en los años Cuarenta un examen previo de idoneidad a los aspirantes a los beneficios, y Trento reforzó el papel de los prelados, admitiendo un simple derecho de presentación por los clérigos sometido a algunas limitaciones sobre las que el obispo ejercería su supervisión jurisdiccional. Pero fue a partir de los Ochenta cuando ciertas disposiciones papales hirieron de muerte al viejo sistema, fortaleciendo el papel de los clérigos y el mitrado. En 1586 un Breve de Sixto V reafirmó el previo examen ante tres evaluadores, estableciendo que cada vacante se participase al Ordinario y que este librase edictos convocando a concurso a los hijos pilongos o patrimoniales y previo examen el Cabildo eligiese entre los aprobados y lo presentasen ante el prelado para que colase el beneficio23. Esto reconocía de facto el derecho de presentación a manos del Cabildo, eso sí, sólo a sus beneficiados enteros. Aunque se ha señalado que éste rechazó esta normativa defendiendo la gradera24, la documentación muestra que esa actitud solo la adoptó el Regimiento bilbaíno, que hizo lo mismo frente al Motu Proprio de Clemente VIII de 1596 que ahondaba en la misma dirección. De hecho, estableció que cuando vacase un beneficio en la diócesis de Calahorra se asumiese de modo público la oposición, a la que podían presentarse los clérigos naturales y patrimoniales, pero acreditando su suficiencia ante un tribunal formado por tres examinadores sinodales o, en su defecto, de cuatro nombrados a partes iguales por el obispo y el clero25. Así pues, las nuevas disposiciones papales minimizaban a su manera la exigencia de la patrimonialidad de los beneficios y concedían todo el protagonismo en su provisión al clero y al obispo. La baza de la Villa “para determinar las condiciones de su admisión” se diluía, como en general su derecho de patronato sobre las iglesias bilbaínas.
Por otra parte, el sistema de promoción por antigüedad había permitido controlar el cabildo a ciertos linajes urbanos, los mismos que dominaban los cargos municipales ya que, aun mediando desde 1483 un régimen de elección anual, en la práctica se los repartían por bandos entre los LeguizamónZurbarán y los Arbolancha-Basurto. Sin embargo, las necesidades financieras de la Corona y las disputas banderizas en cada acto electoral que a pesar de todo persistían, dieron paso al “ensayo de $1 5 4 5 ^ { \circ }$ en el que los oficios añales fueron sustituidos por doce regidurías perpetuas que Carlos V vendió a los principales linajes, seis por cada bando. El experimento resultó fallido, por la oposición de algunos hombres de negocios mercantiles en pleno ascenso económico-social y de ciertos escribanos, ansiosos por conquistar el poder local. Y en 1551 tras comprar las regidurías a sus dueños, la Villa recuperó la elección anual. Con todo, este corto experimento tuvo en adelante repercusiones sociales en Bilbao. Quienes se desprendieron de las regidurías perpetuas quisieron mantener su impronta y el mejor escenario fueron las iglesias, que llenaron de capillas, tumbas y escudos familiares. Pero también preservar su control sobre el Cabildo y hasta sobre el Ayuntamiento, aunque en principio les fue vetada su reincorporación al sistema electoral por quienes financiaron el rescate de las regidurías. De hecho, la segunda mitad del siglo XVI fue políticamente compleja en Bilbao. Aunque el círculo de los poderhabientes se fue estrechando gracias a unos requisitos socio-económicos cada vez más exigentes para acceder a los oficios, no llegaría a conformarse una verdadera oligarquía, pese a tratarse de un grupo reducido. La disparidad de sus objetivos e intereses, no siempre vinculados al comercio, impidieron el desarrollo efectivo de un programa de gobierno coherente y con continuidad, prueba evidente de tensiones y divergencias en el seno del grupo dirigente. Las elecciones anuales volvieron a ser objeto de disputas, no ya entre bandos, sino entre viejos linajes y nuevas familias emergentes. Hasta hubo intentos – unos a espaldas de otros– de regresar a las regidurías perpetuas en 1594 y de modificar las ordenanzas locales, ejemplos significativos de la falta de visión conjunta incluso en los temas primordiales26. No es de extrañar que ante los jesuitas tampoco adoptaran una postura unánime ni permanente.
Fue esa la realidad que encontró Andrés de Larrea, su gran valedor a partir de la última década del siglo. Se trataba de un hombre de negocios y corredor de seguros vizcaíno asentado primero en Sevilla y más tarde en Burgos, inmerso en las grandes redes del comercio internacional, asentista de la Corona y muy bien relacionado con las altas esferas de la política, las finanzas, la Iglesia y la propia Compañía. Desde 1592 y durante los doce años siguientes se carteó con las autoridades de Bilbao, aunque hubo de bregar con la alternancia entre partidarios y detractores de la causa ignaciana que devenía de la elección anual y de las discordias en el grupo dominante. La oposición se apoyaba en un doble argumento: el primero, la fama de especuladores que para entonces arrastraban los jesuitas; el segundo, que su admisión solo podía decidirse en concejo abierto. Pero Larrea nunca dejó de llamar a las puertas del Consistorio, en el que siempre contó con amigos dispuestos a dar alas a su causa. Defendía moverse por el “amor a su patria”, convencido de que la Compañía podría neutralizar el enrarecido clima social de Bilbao y la amenaza religiosa que suponía la creciente llegada de extranjeros, “lo que aquí jamas se haze ni por frailes ni por legos por sus paçiones y parçialidades apasionándose unos por otros”27. Sus cartas solían provocar “dadas y tomadas” en las reuniones concejiles, y hasta hubo momentos en los que él mismo estuvo tentado de desistir. Pero en 1594 a punto estuvo de lograr el sí del Regimiento, aunque el Cabildo eclesiástico frenó el intento con ayuda del vicario28. Al año siguiente, en su visita a la villa el prelado Pedro Manso se mostró asertivo hacia los jesuitas, y todo rodaba incluso en la Corte cuando el nuevo Ayuntamiento rechazó la fundación. El asunto no volvería a retomarse hasta cinco años después.
2. LOS DESENCUENTROS ENTRE EL CABILDO Y EL REGIMIENTO: EL PATRONAZGO EN LIZA.
Es evidente que mucho antes de que las diferencias entre ambos cabildos se centraran en los ignacianos, su convivencia ya se había ido enrareciendo, entre otras cosas por el patronato. Al Consistorio tal vez no le proporcionara rentas, al contrario, pero sí un importante capital social, pues permitía a sus titulares ostentar los símbolos de preeminencia social y política frente a la comunidad. Para el Cabildo en cambio, además del social, el económico era decisivo, y más aún cuando el positivo avance de las economías de las iglesias que se vivió en el XVI se trocó desde los Setenta por un retroceso de los arrendamientos decimales, de las limosnas y demás derechos adventicios29. Pero lo que subyacía en el fondo era una lucha por dominar las estructuras del poder urbano, en las que no solo el foro civil sino el eclesiástico, con sus iglesias y conventos que eran verdaderas células de encuadramiento social, jugaba un papel primordial por la influencia que desde los púlpitos se ejercía sobre la población ciudadana. A medida que avanzaba el siglo, el Regimiento comenzó a sentir usurpadas sus competencias como patrono por parte del Cabildo. Esa usurpación era manifiesta en la distribución y ornato de los espacios sacros de las parroquias, que tanto el patronato villano como antiguas sentencias episcopales le reservaban30. La cultura de la escenificación del poder que trajo consigo la reforma tridentina propició una paulatina privatización, en forma de capillas familiares y ampliación de los espacios funerarios. El Cabildo y los maniobreros de las iglesias –incluso con la aquiescencia de los sucesivos vicarios de Bilbao– propiciaron a su manera el tráfico de sepulturas sin las preceptivas licencias municipales, para satisfacer los deseos de perpetuación de unas élites capaces de pagar unos precios cada vez más elevados o donar unas limosnas para las siempre necesitadas fábricas de las iglesias. Aquel se mostraba igualmente permisivo en el boato en funerales y honras fúnebres, tan excesivo, que en ocasiones parecían propios de la dignidad regia, lo que contravenía las ordenanzas locales que lo consideraban fuente de conflictos y un desacato a la autoridad municipal misma31.
Desde el Regimiento se emprendió una política no sólo de recuperación de espacios sino, sobre todo, de reafirmación de su derecho de patronato. Ello condujo a los característicos conflictos protocolarios entre cruces o pendones sobre qué y quienes debían presidir aquellos actos que daban mayor visibilidad al poder. Pero también a “guerras de bancos” en el interior de las iglesias. Una de ellas tuvo lugar entre la Villa y el cura beneficiado de la iglesia de los Santos Juanes el doctor Íñigo Villarreal, muy hostil a los jesuitas, que acabó por implicar al Cabildo. En 1594 –el año en el que el Consistorio pudo aceptar a los iñiguistas– Villarreal hizo instalar un banco familiar en aquella iglesia desplazando el asiento municipal, alegando que se hallaba sobre una carnera adquirida por un pariente. En defensa de su patronato, el Ayuntamiento hizo sustituir el banco por otro con las armas reales grabadas en el respaldo, como ya tenía en las demás iglesias de la villa. Los Villarreal contaron con el apoyo del vicario de Bilbao, pariente suyo, que excomulgó al corregidor y a parte del gobierno local. Esta guerra de bancos y jurisdicciones se prolongó algunos años32 y se ha traído a colación porque en su momento se señaló como uno de los motivos que llevaron al Consistorio a apoyar la fundación ignaciana, “sólo por el odio que tienen al prior y a algunos beneficiados del cabildo en razón de ciertos bancos de la iglesia de los Santos Juanes” o “por la asistencia que el dicho prior [del cabildo] hizo en quitar los bancos de los Santos Juanes”33.
Ahora bien, nada desestabilizó tanto la relación entre estas instituciones como el tema de la gradera, que a priori en nada concernía a los jesuitas pero que acabó repercutiendo para bien sobre sus planes bilbaínos. Como se ha visto, las disposiciones papales limitaron a su manera el carácter patrimonial de los beneficios y concedieron todo el protagonismo en la provisión al clero y al obispo, rompiendo así la entente entre ambos cabildos que en cierto modo había permitido a la Villa cargar de contenido su derecho de patronato. En Vizcaya la nueva posición de la Iglesia fue respetada allí donde no había patronos presenteros y el nombramiento de los beneficiados era cosa de las autoridades eclesiásticas competentes. Ese fue el caso de Bilbao y por eso, lejos de lo que se ha dicho, fue el Regimiento el que se opuso, pues veía diluirse aún más la visibilidad de su patronazgo sobre las iglesias bilbaínas. Durante la peste atlántica vacaron nueve beneficios y el Capítulo eclesiástico, amparado en las recientes normas del Papado, presentó como sustitutos a candidatos que no agradaron a los ediles. Según cierto informe que el corregidor Francisco Verástegui envió al rey en marzo de $1 6 0 1 ^ { 3 4 }$ , el Regimiento trató de concertar con el Cabildo el retorno a la gradera, proponiendo al efecto una comisión de tres regidores y tres beneficiados. Y no por casualidad, entre sus exigencias destacaba “que beniesen a reconocer a la Villa por patrona que tan devido se debe, sin que fuese visto pretender presentacion de beneficios pues en el acuerdo que se hubo echo de la dicha gradera [año 1528] dexaron el derecho que pudieron tener para las tales pretensiones”, lo que deja bien claras las condiciones que se habían dado.
Pero el Cabildo, empoderado por las disposiciones papales, se comportó con cierto desdén, eludió toda reunión y formuló una respuesta rotunda: “el cavildo en ninguna manera hara reconocimiento a la Villa”. No contento con ello, unos días después su prior ordenó a la freila de San Nicolás que no procurase “ornamento para decir misa…al repetidor que la villa tiene en la lectura de la catedra de gramatica”. Era otro menoscabo a las atribuciones que el patronato reservaba para el Regimiento, que nombraba a las freilas y se ocupaba del ornato e intendencia de las parroquias. Y cuando aquel dio la contraorden a la serora, el Cabildo pidió al vicario que procediese contra la freila “deciendo que la villa se empachase en las cosas de su govierno sin entremeterse en otras cosas”. En este ambiente de hostilidad, el Regimiento decidió convocar un concejo abierto para gestionar por sí mismo el tema de la gradera, consultando a la comunidad antes de escribir al papa. Un concejo abierto, recordemos, que desde hacía muchos años venía siendo la máxima que los enemigos de la Compañía defendían para decidir sobre la fundación bilbaína.
2.1. Una oportunidad para los jesuitas: el concejo abierto de agosto de 1600.
El 4 de agosto de 1600 fue el día elegido para su celebración en la iglesia de los Santos Juanes. Aunque muy concurrido, no se permitió asistir a clérigo alguno. A priori, el tema a tratar era único: Bilbao “como mero patrón de sus iglesias” –según reza en el acta del concejo– participaba a la comunidad su intención de suplicar a Roma que no se aplicasen las últimas disposiciones papales, tratando de salvaguardar la gradera. Ese mismo documento refleja su sentir respecto al Motu Proprio de Clemente VIII. Su efecto estaba siendo el contrario al pretendido, pues los beneficios no estaban recayendo en personas hábiles y suficientes, sino en individuos que habían gozado de favor para ser antepuestos a los sacerdotes que habían servido las iglesias durante años, y cuidado de las almas de los bilbaínos durante la peste y las demás adversidades del cambio de siglo. Ahora estaban siendo relegados por estudiantes de poca edad y ningún servicio, adolescentes de 15 o 16 años a los que hacían beneficiados (recordemos que debían tener al menos 20 años) por ser sobrinos o parientes de los miembros del Cabildo. El nuevo sistema estaba favoreciendo los sobornos, los pleitos y la inestabilidad social. Los ediles defendían a los expectantes locales, como se había venido haciendo siempre, premiando a los que hubiesen cantado misa y servido un tiempo en las iglesias, e incluso tuviesen estudios universitarios. A su entender, el nuevo sistema no solo favorecía el nepotismo, sino el nombramiento de individuos ajenos a la villa, de extranjeros, frenando las posibilidades de promoción del clero autóctono, urbano, que era como decir a los parientes de las nuevas familias en el poder. La obligatoriedad del examen impedía a muchos alcanzar la licencia para usar de su curato. Otros desatendían las iglesias, abandonando sus beneficios para ir a servir otros fuera de la villa o del Señorío, dejando los propios en arriendo a clérigos extranjeros, habiendo como había expectantes en Bilbao, hijos patrimoniales de la villa. Se contravenían pues las disposiciones que les obligaban a servir los beneficios o, en caso de no quererlo hacer, a que los sirviesen los expectantes, llevando los frutos, aprovechamientos y oblaciones cotidianos, excepto la gruesa, que debía quedar para los propietarios de los beneficios. En semejante tesitura creían difícil que ningún vecino se inclinara a incentivar en sus hijos la carrera eclesiástica, ni a invertir sus dineros en los costosos estudios universitarios, ya que semejante habilitación no les garantizaría mayor derecho a lograr los beneficios. Un asunto de tal gravedad debía tratarse necesariamente en concejo abierto.
Pero esa asamblea supuso la reaparición del tema de los jesuitas después de cinco años. Era la reivindicación, o más bien la excusa, de quienes no les querían en Bilbao. El Consistorio aprovechó la oportunidad y logró el visto bueno a la fundación. Tal vez no por unanimidad como quiso hacer ver la Compañía, pero sí a pesar de las muchas discrepancias. No se puede negar que mediaron algunas irregularidades. Fuentes de origen diverso insisten en que los vecinos fueron llamados por el asunto de la gradera. Nada que tuviese que ver con “los teatinos”, pero se aprovechó la ocasión para recuperar su causa. El Cabildo eclesiástico no amparaba ninguna de las dos cosas, de ahí que se le cerrase el paso a la asamblea con tanto celo. Pero, si fue así ¿por qué obraron de ese modo las autoridades municipales? Joan de Verascola, cura de Menagaray, confesó en sede episcopal haber oído decir que por lo general se contradecía la entrada de la Compañía en Bilbao “salvo que el Regimiento de este presente año y algunos particulares lo esfuerçan a cuesta de tener algunas diferencias con la clerecía de la dicha villa”. También el padre Avendaño, visitador del Obispado de Calahorra y clérigo de la anteiglesia de Galdácano establecía la misma ligazón, defendiendo que desde el Ayuntamiento se apoyaba a la Compañía más por odio y enemistad hacia el Cabildo que por el provecho que la doctrina y predicación de los jesuitas pudieran llevar a Bilbao. Y añadía otras claves del conflicto:
porque save que el dicho Regimiento de algunos años a esta parte a pretendido ser patron de las iglesias de Bilbao y el Cavildo de las dichas iglesias lo a resistido y save que ahora ultimamente en çiertas vacantes de beneficiados que a avido el Regimiento pretendio que fuesen proveydos ciertos espectantes que ellos querian y porque el cavildo proveyo otros se enojo el dicho regimiento y decretó algunos decretos perjudiciales al dicho cavildo y uno de ellos fue que fuesen a la dicha villa los padres teatinos, pareçiendoles que añadiendo monasterios quedarían mas pobres los clérigos35.
El Capítulo eclesiástico aceptaba este diagnóstico y hasta la propia Compañía admitía que el concejo abierto había sido convocado por venganza hacia los clérigos36. El Regimiento, en cambio, se excusaba de enemistades y venganzas, impropias de “obras tan sanctas”37. Arropado por la decisión.
Discordias entre el Regimiento y el Cabildo eclesiástico… vecinal, el 23 de septiembre dio el sí a la Compañía, siempre y cuando ésta garantizase la autonomía económica del colegio y renunciase a todo aquello que pudiese perjudicar a las demás comunidades eclesiásticas. Pero cuando a primeros de octubre de 1600 el padre Felipe de Acuña llegó a Bilbao a tramitar la fundación, se topó con un clero movilizado junto a casi ochenta laicos que denunciaban la ilegalidad de lo aprobado y exigían un nuevo concejo abierto con mayores garantías. Acuña solo veía en los contrarios “pura instigación del demonio”, mientras Andrés de Larrea sufría los recelos de los clérigos que, “agora an dado contra mi aziendo concilios y desaziendo lo que yo escrivi al obispo, y el prior de la Encarnacion dize de mi que soi un judas asta tomar a mi confesor y mostrarle el traslado de mi carta como si en ella dixera alguna grazia y exaxerarla con gran crimen”38.
La que había sido la ocasión más clara para entrar en Bilbao fracasó de nuevo. El acuerdo municipal estaba tomado, pero los trámites siguientes se demoraron y no fue en la Corte, ni en la Audiencia del Corregidor donde las cosas fallaron. Ni siquiera en Calahorra, aunque hubo quien trató de cargar las tintas contra el obispo, de quien se decía que apoyaba a los clérigos por su poca simpatía hacia la Compañía y porque el vicario de Bilbao Baltasar de Usaola, amigo de su sobrino, había acudido a Logroño a frenar la fundación. Pero como ya había hecho cinco años atrás a su paso por Bilbao, el prelado se mostró abierto a la misma. Una vez más el clero y sus socios laicos se salieron con la suya39. Temían compartir limosnas y dádivas, lo cual no era poco en aquella tesitura de economía recesiva para las iglesias. Desconfiaban de que la Compañía mantuviese la autonomía prometida, y rechazaban las irregularidades del concejo abierto del verano anterior. Además recelaban del escribano municipal Diego de Zamudio, un filojesuita al que consideraban parte interesada, pues mantenía pleito (que luego ganó) por una escribanía con el escribano Olazarán, que trabajaba al servicio del Cabildo eclesiástico; y además en la “guerra de los bancos” había sido belicoso con los Villarreal, harto de sus ambiciones, que habían hecho entablar pleitos y gastar “muchos millares de ducados” a la Villa. Durante los dos años siguientes Bilbao fue escenario de constantes desórdenes protagonizados tanto por laicos como por eclesiásticos.
2.2. «Aquella brava y terrible borrasca»: el estallido de noviembre de 1604.
Ni siquiera entonces se arredraron los jesuitas. Neutralizada por el Consistorio su entrada clandestina en 1603, avanzado el verano de 1604 optaron por recurrir al testamento del que sería fundador, Domingo de Gorgolla, fallecido el 29 de agosto. Este bilbaíno, que había hecho carrera en Alcalá de Henares al servicio del arzobispo de Toledo y conocido filojesuita don Gaspar de Quiroga, dejó 1.500 ducados de renta anual y perpetua planteando una doble disyuntiva que al Regimiento bilbaíno tocaría dilucidar: o bien erigir un colegio ignaciano en su villa natal, donde los estudiantes vizcaínos pudiesen formarse en gramática y latinidad, imprescindibles para acceder a la Universidad en aquel tiempo; o, en caso contrario, levantar un colegio para estudiantes de la de Alcalá de Henares, causa esta que era apoyada desde esa localidad40. El 24 de septiembre de 1604 el Ayuntamiento (ese año proclive a la fundación) optó por erigir el colegio en Bilbao, dedicándolo a San Andrés. Incluso pidió amparo en la Corte a don Juan de Idiáquez para que intercediera ante el Nuncio. La oposición lanzó rumores poniendo en entredicho la legalidad del testamento, cuando menos en la cláusula que favorecía los planes de la Compañía en Bilbao, y también su cuantía, pues decían que los jesuitas habían expoliado los bienes del finado mientras le atendían en su lecho de muerte. Y el nerviosismo cundió entre los ediles. El tiempo apremiaba y, como avisaba un regidor, “la tanda de nuestro ayuntamiento se acaba a fin de diciembre y con el nuevo gobierno podría haber diferentes pareceres”41.
Pero no fue preciso esperar a las elecciones de fin de año. Aquella decisión sacó a la luz la división interna en el gobierno –las fuentes hablan incluso de cierta violencia– protagonizada por algunos regidores, entre ellos Martín de Ugaz, primo de Gorgolla, que sembraron tal desconfianza que los ediles dieron en actuar unos a espaldas de otros. Con todo, a comienzos de noviembre se aceptó formalmente el patronazgo de todas las memorias y obras pías de Gorgolla, que recaería en la figura del alcalde por decisión del testador42. Tuvo lugar entonces un hecho importante en la organización de los enemigos de la Compañía: 108 vecinos firmaron un poder ante el escribano Francisco de Olazarán en el que se autorizaba a sus representantes a comparecer ante cualquier autoridad civil y eclesiástica, dentro y fuera del Señorío, para frenar la fundación y exigir un concejo abierto con garantías. De nuevo se puso en entredicho al obispo que, enfurecido al lanzar los clérigos el bulo de que había retirado la licencia a los ignacianos, abogó porque el prior del cabildo fuera encarcelado si había tenido responsabilidad en el embuste, amenazando con la excomunión a toda autoridad, ya laica ya eclesiástica, que se opusiera a la fundación43. Pero una vez más el vicario de Bilbao llevó la batuta, y desoyendo al prelado se plegó a las disquisiciones del clero, negó que la licencia episcopal existiera y denunció que su aproximación a la villa sin la aprobación de los clérigos bilbaínos contravenía el Motu Proprio de Clemente VIII que el obispo había ordenado cumplir44. Usaola prohibió la entrada a los jesuitas en Bilbao bajo pena de excomunión.
Corría el sábado 13 de noviembre de 1604 y el asunto no auguraba nada bueno. Al día siguiente el provincial Ferrer y cuatro padres que le acompañaban entraron en Bilbao poco antes del amanecer, instalándose en una casa que en secreto se les había reservado de la que tomaron posesión dos días después, celebrándose la primera misa por el Provincial. Fue a eso de las doce del mediodía del martes 16 cuando, a toque de campana, se juntaron en Santiago numerosos frailes, clérigos y algunos legos, incluso extranjeros, con la intención de acudir en procesión a la casa a “rescatar” el Santísimo. Los sucesos que se vivieron entonces fueron calificados años más tarde por el padre Arana como de “brava y terrible borrasca” y han sido descritos con escasas variaciones por distintos autores, por lo general miembros de la propia Compañía de Jesús: tras derribar la puerta de la casa de la Magdalena a golpe de hacha y acceder a la estancia donde los ignacianos oraban, los atacantes destrozaron lo que en ella había, llevándose la custodia, retablos, casullas y demás adornos. A posteriori, la Compañía insistirá en la actitud heroica de los padres ante el expolio de aquellos religiosos que actuaron a mano armada45. Las diligencias que en la tarde de aquel mismo día llevaron a cabo tanto el corregidor como el vicario nos ofrecen otras ópticas sobre el suceso. Según quienes testificaron ante el primero ‒todos ellos participantes en la ceremonia de la toma de posesión de la casa‒ los clérigos habían actuado ciegos de cólera, sin temor de Dios y sin el respeto debido a la justicia real, obrando con indecencia y alboroto. Lo peor, sin duda, su regreso en procesión a Santiago, haciendo tantas demostraciones de contento por los despojos que habían sacado del colegio que bien parecían “herejes o paganos” para escándalo de los vecinos y espanto de los extranjeros46.
Para esos testigos el principal protagonista había sido el prior del Cabildo, el licenciado Antonio de Larrea, a quien describen encabezando la procesión, vestido con capa de brocado y con Cristóbal de Cearra, el secretario. Junto a ellos, los priores de San Francisco y de San Agustín y otros muchos frailes de ambas Órdenes y hasta algunos dominicos, los menos activos. Les acompañaban otros eclesiásticos como el doctor y el licenciado Villarreal, y Antonio de Ugaz, uno de los hijos del regidor Martín de Ugaz47, en su mayoría beneficiados e incluso expectantes en las iglesias de Bilbao, si bien no faltaban beneficiados de las iglesias de Zamudio, Abando y Deusto que residían en la villa. Se habla de unos 70 clérigos en total y con ellos muchos seglares de los que habían firmado el poder en casa del escribano Olazarán. Ese mismo día el vicario Usaola recabó los testimonios de clérigos, esencialmente de iglesias foráneas e incluidos algunos de los participantes en el tumulto. Restando agresividad al asunto, justificaban que al sentirse expoliados por los jesuitas, el cabildo y los conventos habían ido en procesión a trasladar el santo sacramento a su iglesia mayor con suma quietud y a la vista de las justicias eclesiástica y seglar, implicando directamente en los hechos al corregidor, alcalde, preboste, regidores y a otros muchos parroquianos y extranjeros.
Era de esperar que todos optasen por inculpar a los contrarios. Pero es interesante observar el desconcierto que la algarada provocó, sembrando dudas sobre cómo se había de proceder. La Compañía y parte del Regimiento se apresuraron a informar a la Corte. Los clérigos, en cuanto comprendieron que en ella desautorizaban su comportamiento, comenzaron a plegar velas. Y en pocos días, en lo que parecía más un intento de salvar el pellejo que de desagraviar a la Compañía, el prior y el secretario del cabildo le devolvieron.
Discordias entre el Regimiento y el Cabildo eclesiástico… el Santísimo, de nuevo en procesión “y con mucha decencia y canto de órgano”. Al tiempo, solicitaban por escrito el perdón del Nuncio y del Consejo, aunque en realidad no daban muestras de albergar arrepentimiento alguno. Su valoración de los hechos en poco coincidía con la del corregidor y las autoridades locales. Insistían en desconocer que los jesuitas dispusiesen de las licencias necesarias, y en haber actuado con el ánimo de seguir al pie de la letra el Motu Proprio de Clemente VIII a cuyo cumplimiento habían sido compelidos por el obispo. A cambio, los jesuitas bilbaínos pedían que no se castigase a los alborotadores. Era algo más que un acto de buena voluntad y caridad cristiana. Sabían que una vez llegados para quedarse “se podría impedir gran parte del fruto espiritual que con la divina gracia se espera estando los animos de los delinquentes, que son muchos, irritados con el castigo, aunque justo”48.
Pero las mayores dudas se dieron en el Ayuntamiento, que basculó entre el castigo ejemplar para laicos y eclesiásticos, a través de los pertinentes jueces apostólico y seglar traídos desde la Corte, o el cargar las tintas sobre el clero y escribir solo al Nuncio. A la larga, y dado que eran muchos los vecinos implicados, se trató de echar tierra sobre el asunto, ocultando lo sucedido a la Corte y dejando todo en manos del corregidor. Él se ocuparía de juzgar a los siete laicos detenidos, en su mayoría hombres de negocios, a quienes en principio mantuvo bajo arresto domiciliario y después colocó a buen recaudo en la cárcel de Zamudio. Se encontraban entre ellos el escribano Olazarán, el regidor Martín de Ugaz y su hijo Domingo. Pero tras interrogarlos no encontraba más culpa en ellos que la de haber firmado el poder para pedir concejo abierto, en ningún caso el haber inducido a frailes y clérigos a quitar a los jesuitas “la posesión”. En cierta manera él fue el gran perdedor, pues su proceder no satisfizo a nadie. El obispo le afeó su falta de autoridad y su mal hacer, y el presidente del Consejo llegó a preguntar “qué clase de leño era que no había tenido valor para contener violencia tan injusta”. Incluso el jesuita Arana dijo de él que anduvo “tímido o remiso”, porque de lo contrario se hubiera atajado el escándalo. Con todo, el eco de estos hechos se fue difuminando, incluso para sus principales protagonistas, ya que en poco tiempo los de un lado y otro, incluidos los detenidos, medraron en el escalafón tanto eclesiástico como político. Pero la Compañía tendría al fin su colegio en Bilbao, aunque aún estuviera lejos de ver solucionados sus problemas con el clero local. Hasta 1614 las aulas, como los púlpitos, fueron testigos de que los recelos de los clérigos persistían. El Ayuntamiento tuvo que llamar al orden a los dominicos, por impartir clases de gramática a estudiantes que “huían del rigor” de los métodos docentes de San Andrés49, y solo en esa fecha, una vez que los jesuitas renunciaron a toda asignación municipal por los sermones de tabla, aceptaron las demás comunidades compartir los púlpitos para ese menester con el visto bueno del Cabildo eclesiástico.
CONCLUSIONES.
En definitiva, la Compañía de Jesús, que tantos intentos vanos había protagonizado desde 1545 para erigir un colegio en Bilbao, salió beneficiada en 1604 de una disputa que en principio le era ajena: la que mantenían los cabildos por cuestiones relacionadas con el patronato sobre las iglesias de la villa que, aun siendo concejil, dejaba en manos del Cabildo eclesiástico tanto la percepción de diezmos como el derecho de presentación de los beneficiados, mientras las atribuciones del Regimiento quedaban diluidas. En una etapa en la que al amparo del Fuero ambos cabildos se beneficiaban de la escasa autoridad del obispo en el Señorío, pactaron un control hasta cierto punto compartido sobre el cabildo, funcionando en la práctica como si de un patronazgo villano-eclesiástico se tratase. Mientras la Villa se reservaba la definición de las condiciones exigibles para formar parte del mismo, sobre todo la patrimonialidad, el Cabildo “renunciaba a un derecho de presentación puro” estableciéndose el sistema de promoción interna por antigüedad (gradera), que daba a aquella cierta capacidad en el patronato en una parcela que en principio le era ajena. Esta entente evitó durante un tiempo los enfrentamientos y resultó eficaz mientras no hubo intromisiones del obispo y las principales familias hidalgas controlaron los cabildos. Pero cuando desde mediados de siglo XVI, la política de la Iglesia insistió en eliminar el sistema dando más protagonismo al clero y al obispo en la designación de los beneficiados, y las realidades sociales y los intereses de ambas instituciones acabaran bifurcándose entre otras cosas por los cambios que en el Regimiento trajo consigo la política de la Corona, la entente desapareció y los enfrentamientos vinieron sobrevenidos. La Villa sintió amenazado su derecho de patronato y se lanzó a una política de reafirmación del mismo, intentando repetidamente regresar a la situación anterior. La escasa disposición del Cabildo propició un ambiente de conflictividad social en el que la fundación.
Discordias entre el Regimiento y el Cabildo eclesiástico… de los jesuitas fue un motivo de discordia más, hasta derivar en un estallido social que acabó facilitando su entrada en la capital del Señorío.
Aun después, los desencuentros entre los cabildos persistieron. Hacia 1606, el Regimiento intentó de nuevo negociar con el Cabildo el retorno a la gradera. Lejos de entenderse, estalló un nuevo conflicto tras el cual el vicario de Bilbao –en aquel momento el doctor Iñigo de Villarreal–, excomulgó al corregidor y a las autoridades municipales, entre las que se encontraba en calidad de regidor el mismísimo Andrés de Larrea, el valedor de la causa ignaciana. La promoción por simple antigüedad era ya cosa del pasado. En 1611 ambos cabildos consensuaron unas ordenanzas en las que se mantuvo el carácter patrimonial de los beneficios, si bien tal condición se adquiría ahora con la vecindad paterna en Bilbao por un mínimo de dos años, y no durante diez como hasta entonces, permaneciendo excluidos los de Begoña. Pero la provisión de oficios sería canónica y conforme a lo estipulado por el Motu Proprio clementino, por votos secretos de los beneficiados enteros50. Con todo, la interpretación del patronato continuó siendo motivo de enfrentamiento durante décadas. En el último cuarto del XVIII, la Villa no sólo reivindicaba su patronato como recibido por merced en la carta-puebla de su fundación, sino que pleiteaba contra el Cabildo pidiendo que le reintegrase el derecho a presentar los beneficios del que la había “despojado”51.
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