López Díaz, María y Saavedra, Mª. del Carmen (eds.), Gobernar reformando: los primeros Borbones en la España del siglo XVIII, Granada, Comares, 2023, 384 págs. ISBN: 9788413694696.
Núria Sallés Vilaseca
Universidad Nacional de Educación a Distancia email: firstname.lastname@example.org
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7095-8810
https://dx.doi.org/10.5209/chmo.102849.
Los estudios sobre la concreción de la práctica política del poder en el reinado de los primeros Borbones en España gozan a fecha de hoy de buena salud historiográfica: la riqueza de perspectivas, casos y casuísticas desde los cuales se puede abordar la gestación e implementación de las iniciativas reformistas, y su acomodación a los marcos previos, se ha puesto de manifiesto en los últimos años. En este sentido, el tiempo de reinado de Felipe V ha recibido recientemente (como lo había pedido Jean-Pierre Dedieu en su señero artículo del año 2000) una atención más uniforme, y menos concentrada en los años de la guerra de sucesión –la cual merece su debida consideración como momento de incipio de medidas que ven la luz merced a lo excepcional del momento, pero resulta una cronología arbitraria a la hora de evaluar la evolución, impacto y adaptación de tales iniciativas. El análisis de la matriz francesa de la reforma se ha matizado también, en un sentido semejante; es oportuno contemplar y evaluar la participación de corrientes de más largo alcance, y de actores que intervienen a distintos niveles.
En lo que se refiere a la dimensión geográfica de los estudios, el peso de Madrid –la Corte– y la lógica atención a los territorios de la Corona de Aragón subsisten, pero afortunadamente no faltan las investigaciones que nos permiten hacernos cargo de las dinámicas de la reforma en otros espacios. Aquí es donde el reciente volumen coordinado por María López Díaz y María del Carmen Saavedra hace su más importante contribución global. Gobernar reformando. Los primeros Borbones en la España del siglo XVIII traslada en su conjunto una visión de la reforma que desborda anteriores límites geográficos, para convertirla en una práctica de ejecución (los protagonistas, aquí, tienen una limitada capacidad de decisión, pero un margen de actuación notable) que en cada espacio debía insertarse en una miríada de condicionantes locales y provinciales, compartiendo en todos sus extremos esta misma consideración de las comunidades del Antiguo Régimen como mosaicos de jurisdicción y privilegio, pero destacando las diferencias territoriales de partida.
El libro queda estructurado en dos grandes bloques cuyos títulos casi evocan la primera división de los asuntos del despacho de Felipe V. Justicia y Gobierno, el primer bloque de los dos, es coordinado por María López Díaz y comprende seis capítulos; otros tantos se reúnen en Guerra y Hacienda, bloque bajo la coordinación de María del Carmen Saavedra. Entre los doce autores encontramos especialistas en historia política, del derecho o historia militar; y entre las problemáticas, algunas son enteramente novedosas, pero se aprecia también la inclusión provechosa de revisiones muy maduras de sendas que ya se habían desbrozado anteriormente.
Es el caso de la contribución que abre el primer bloque, en la que Jon Arrieta retoma su estudio de los resultados y el significado de las Cortes catalanas de 1701-1702. Se aporta una descripción precisa de la coexistencia –en estas Cortes como en las de 1705-1706 convocadas por Carlos III, el Archiduque– de una sensibilidad o posición purista del derecho, y una posición pragmática, más proclive a admitir las regalías del monarca. El ejercicio de revisión se traslada también, y provechosamente, a la interpretación del papel y misión de los ministros reunidos en el Consejo de Aragón entre 1701 y 1707. Estas dos piedras de toque redondean la comparación exhaustiva de la normativa promulgada en 1702 y en 1706.
Manuel M. de Artaza Montero aborda en su capítulo las dificultades en la forma de representación del congreso de las siete ciudades gallegas a la Corte, mediante un agente permanente diputado al efecto en nombre del reino. Su estudio de la Diputación General de Galicia es ilustrativo de una rivalidad interurbana que está bien viva durante el reinado de Carlos II y que a la postre lleva al fracaso en la institucionalización de un agente capaz de ser auténticamente “general”.
Seguimos en el ámbito local gallego. El capítulo que firma María López Díaz analiza –a partir de un conflicto en la recaudación de determinados arbitrios del Concejo de A Coruña– las diná- micas de colaboración entre el Concejo y la Intendencia de Galicia (en particular en tiempos del intendente Rodrigo Caballero Illanes) para asegurar la contribución de determinados colectivos potencialmente exentos, y posibilitar así el empleo del superávit no exigido por la Hacienda Real en gastos municipales destinados al beneficio común. El caso aquí identificado y analizado –también a partir de los textos en los que se dirime si cabe “exceptuar a los que pueden mejor tributar” en la procura de la utilidad pública– se demuestra como un sugerente ejemplo del enorme potencial que encierran las investigaciones en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en este momento de cambio.
La carismática figura de Rodrigo Caballero Illanes y su relación con el Concejo coruñés entre 1720 y 1727 es también el campo de análisis del texto de Eduardo Cebreiros Álvarez, centrado en el examen de las iniciativas en beneficio de la causa pública del intendente. Su investigación resalta la dificultosa delimitación de competencias entre las instituciones tradicionales y nuevas con sede herculina (intendencia, corregimiento, capitanía general, real audiencia, consistorio local), el conflicto latente entre intendente y capitán general, y en último término la difícil búsqueda, en el ámbito local, de una colaboración precisa para los proyectos propuestos por el intendente.
El único texto que se ocupa de Asturias se debe a Marta Friera Álvarez, quien firma un estudio imprescindible por la claridad de su descripción de la justicia local en el Principado, antes de, y ante, la creación de la Real Audiencia por decreto de Felipe V en 1717. La autora ahonda en la transformación en el perfil de los jueces locales a medida que avanzaba el siglo, ante el telón de fondo de la actividad de la nueva institución, fundada en el marco de la política de incorporación a la Corona del patrimonio enajenado, y que despertó la oposición (a la postre infructuosa) de la Junta General del Principado, ante el riesgo evidente de limitación de los poderes autónomos, locales, y nobiliarios del Principado.
El cierre del bloque queda a manos de Javier Guillamón, quien aborda las dinámicas de la política incorporacionista de la Corona a lo largo de todo el siglo XVIII, sus insuficiencias legislativas, y la posición de Francisco Carrasco, Pedro de Campomanes y el conde de Floridablanca ante una iniciativa indispensable para “ordenar la monarquía”, pero que entrañaba la necesidad de transitar un terreno jurisdiccional complejo y exigía, por lo tanto, el pragmatismo imprescindible para no quebrantar el privilegio de los vasallos.
El segundo bloque del libro se abre con un excelente estudio, firmado por María Baudot Monroy, dedicado al proceso de recuperación de la fuerza naval hispana en el reinado de Felipe V, que rinde buena cuenta de las dificultades y condicionantes que hallaron ministros, intendentes, fabricantes y almirantes en la primera mitad del siglo XVIII. Aquí la definición y descripción de etapas en tendencia ascendente no enmascara la complejidad en la proyección e implementación de medidas que conjugaban aspectos técnicos con aspectos gubernativos, ante la necesidad de recuperar la navegación transatlántica (y su comercio asociado) al tiempo que se proporcionaba al rey un brazo ejecutor para su política exterior.
Siguiendo en el ámbito militar, la racionalización técnica de la artillería en el reinado de Felipe V es el objeto del estudio de M. Dolores Herrero Fernández-Quesada, que detalla el aumento de la supervisión de la Corona sobre los materiales artilleros, en particular mediante la ordenanza (1718) que estipulaba criterios de fundición y de fabricación universales para la homologación de los materiales de artillería, aspirando a la mejora técnica, la operatividad y la implantación de un control de calidad más exigente. En sintonía con ello, se inauguraba la transición desde el modelo de fabricación por asiento artillero, a un modelo de gestión directa, por parte de la Corona, de los procedimientos de producción en fábrica.
María del Carmen Saavedra Vázquez se ocupa de la creación del regimiento de Galicia en 1715, trasladando el examen a los efectos concretos de las regulaciones que convirtieron los tercios en regimientos de inspiración francesa, y a los criterios específicos que emplearon las autoridades militares en su ejecución. El caso elegido permite asimismo aproximarnos a los procedimientos de recluta territorializada en el reino de Galicia durante la Guerra de Sucesión; a la experiencia de incorporación al ejército borbónico de las unidades retornadas de Flandes; y al mantenimiento de una identificación territorial en determinados regimientos como mecanismo de refuerzo de su solidaridad interna.
El valioso capítulo firmado por Julio D. Muñoz Rodríguez detalla los mecanismos que emplea la “justicia del rey” en la frontera murciana contra aquellos que habían faltado a su fidelidad a Felipe V. La represalia empezaba su institucionalización con la comisión in situ del juez Riaño a finales de 1706 y seguiría con la creación en la Corte de la junta de bienes confiscados (mecanismo de integración de las rentas a la Real Hacienda, a la vez que tribunal de apelaciones de los damnificados). Inquisición y ejército completaban el elenco de brazos ejecutores de una represión enfocada en castigar la desafección y extirpar a aquellos que habían atentado contra la quietud del reino.
Regresamos a Galicia por última vez en el texto de Pegerto Saavedra Fernández, que demuestra el limitado alcance de los esfuerzos que la Real Chancillería y el Consejo de Castilla desplegaron desde 1701 en las comunidades de la provincia de Lugo para evitar la intrusión de personas nacidas en el estado llano en el estamento nobiliario mediante un recibimiento de hidalguía. A pesar del intento de recortar el volumen de exentos mediante la exigencia de justificación documental y la elaboración de padrones más rigurosos, el mantenimiento de los criterios locales de reconocimiento de nobleza en estas comunidades dejó en manos de los vecinos la declaración de la “calidad”, que permitía a los “reputados” hidalgos (fuesen labradores, jornaleros o mendigos) exceptuarse del sorteo de quintas o quedar libres de cargas señoriales.
El libro se cierra con un capítulo de Joaquim Albareda Salvadó dedicado a la oposición a nivel local y popular, con fuerte impronta gremial, contra el catastro en Cataluña. Como expone detalladamente a lo largo del texto, la contribución no era única, por coexistencia con otras imposiciones crecientes durante el siglo XVIII; ni tampoco era equitativa, por el amplio margen de maniobra que se concedió a las autoridades locales para establecer el reparto entre sus tres ramos (catastro real, personal o ganancial) y para alterar la declaración o registro catastral; y ni mucho menos podía ser justa, dada la imposibilidad de apelación y la proliferación de abusos y corrupción incontrolada.
En los protagonistas de Gobernar reformando apreciamos un esfuerzo de transformación articulado mediante ideas, objetivos prácticos, realidades sociales e institucionales, y voluntades personales, que –felizmente– no se escora en una descripción de la modernidad alcanzada o ambicionada, ni en un esquema dual de imposición vs. resistencia a ella. En esto, el análisis de las dinámicas políticas de la Nueva Planta –término empleado en su sentido amplio– ha avanzado notablemente, también gracias a trabajos anteriores de algunos de los autores aquí reunidos. Hay, desde luego, cierto grado de dispersión comprensible en un volumen de estas características. Pero resulta particularmente adecuado anclar el esfuerzo colaborativo alrededor de una idea de transición y cambio en el que las experiencias de reforma son plurales y localmente contextualizadas. Tal es el hilo conductor que atraviesa el volumen entero. Las dinámicas de negociación entre niveles (cortesano, provincial, local), y las de adaptación al contexto, toman una preeminencia que es muy bienvenida; en particular porque la mayoría de los casos presentados a lo largo del volumen rehúsan cualquier linealidad y admiten aquellos rasgos de flexibilidad y –si se quiere– ambigüedad que más útiles nos pueden ser para avanzar en nuestra comprensión del momento.