El “poderio real absoluto》 de Olmedo (1445) a Ocana (1469): La monarquia como conflicto1.
José Manuel NIETO SORIA \*.
Es hoy ya un lugar comun afirmar que, desde el punto de vista de su evolución politica, las transformaciones experimentadas por la monarquia bajomedieval castellana,tanto antes,como después,de la revolucion trastámara, representan una manifestaci6n muy significativa de la confrontacion mantenida entre diversos modelos politicos² que,a la vez que se iban perfilando paulatinamente en sus rasgos más caracteristicos, tambien se vieron sujetos a cambios muy importantes por lo que se refiere a la base social que les dio sustento.
Al hacerse aqui referencia a la expresion “poderio real absoluto》 se estä aludiendo a un elemento identificador muy caracteristico de uno de esos modelos politicos que mas presencia tuvo,sobre todo a partir del comienzo de la dinastia trastämara,y que tambien alcanzó una proyeccion hist6rica más importante en la evoluci6n politico-institucional posterior a la propiamente medieval. Este no es otro que aquel que,al menos en apariencia, ponia particular acento en los rasgos más autoritarios del poder regio,tendiendo a destacar todo lo que favoreciera una posicion para el rey de maxima incontestabilidad,de mayor capacidad de intervenci6n ymas amplia libertad para su autonomia de iniciativa en todos los terrenos,en especial, el legislativo.
En la trayectoria que media entre los primeros indicios de manifestacion de tal modelo y la constatacion de lo que acabara entendiendose,ya para el siglo xvi, como monarquia absoluta no hay cesuras significativas,aunque si continuas redefiniciones,sin que por ello debamos estar necesariamente ante un proceso lineal que se caracterice por su continuada potenciacion. El seguimiento de ese “poderio real absoluto》 brinda una via de aproximaci6n a los avatares seguidos por el propio modelo de monarquia,de tal manera que, en esta relacion cläusula cancilleresca-modelo politico,un problema sobre el que resulta imprescindible hacer particular incidencia es el de matizar hasta qué punto la apelacion formularia a tal clausula supone un indicio significativo de absolutismo monarquico 3.
1.El polimorfismo de un sujeto historiografico.
Como es bien sabido,el incremento de la utilizaci6n de “poderio real absoluto》 como cláusula caracteristica de la cancilleria regia en la documentación en ella expedida experimenta un aumento muy relevante en el trascurso del siglo xv.Ya en alguna ocasion se ha senalado la necesidad de plantear un analisis politico de tal hecho4,siendo ésta la pretensión que ahora se persigue para un determinado periodo de su evolucion y situando esa cläusula en todo un campo de significaciones de indole muy diversa,lo que contribuira a poner de manifiesto buena parte de la complejidad de implicaciones que se esconde detras de tal expresi6n desde la perspectiva de la evolución del poder real.
En efecto, junto a su significado inmediato y evidente, el “poderio real absoluto",ademas de ser una f6rmula cancilleresca,un medio de expresar de manera inmediatamente reconocible la capacidad del rey para actuar al margen de los limites de la ley,afirmandose,ademas,en su funcion de creador de nuevas leyes,tal formula es probablemente la expresion de valor politico con más fuerza simbolica de lo que fueron los proyectos monarquicos presentes en la Castilla del siglo xv.Esa fuerza simbolica alcanzó tal dimension que,de la misma manera que desde la monarquia y desde los sectores que apoyaron sus opciones más autoritarias fue presentado como la esencia de su ideal monarquista, sobre todo como consecuencia de tener en cuenta las importantes implicaciones que se podian deducir de su aceptación; sus detractores lo entendieron como la imagen más negativa y perniciosa de ese modelo monarquico-autoritario que representaba.De esta manera, si para los partidarios del autoritarismo monarquico parecia que éste quedaba radicalmente trivializado en ausencia de lo que el “poderio real absoluto》 significaba;para sus detractores,la resistencia a su aceptacion y a su aplicacion justificaba todos los riesgos y creaba un potente referente de solidaridad entre ellos a la hora de oponerse a ciertas pretensiones reales.
Por todo ello,parece claro,tal como podrä comprobarse con mayor detenimiento,que el “poderio real absoluto》 fue el simbolo por excelencia de la dimension conflictiva de que la monarquia trastämara se fue tinendo en el trascurso del siglo xv.En consecuencia, referirse a la realeza castellana como sujeto de conflicto para este siglo comporta aludir necesariamente a la valoracion que,desde una perspectiva de respaldo o de rechazo,recibió el “poderio real absoluto》en cada momento.Desde esta 6ptica,el periodo comprendido entre las Cortes de Olmedo,de 1445,y las de Ocana,de 1469,que aquf serä objeto preferente de consideracion, resulta particularmente interesante por el nivel que alcanz6 esta dimensión conflictiva.
Tal como se verä con mayor precisi6n, la referencia cancilleresca al “poderio real absoluto》 ni se originó en 1445,ni se agot6 en 1469.Sin embargo,entre esas dos fechas,a la vez que tiene lugar un importante incremento de su uso,adquiere un destacado protagonismo,en un contexto particularmente convulsivo, como consecuencia de la capacidad para catalizar las reivindicaciones promonarquistas o la contestación a las mismas 5.
En un sugestivo articulo, en el que su autor analizaba la evolucion de la potestad legislativa del rey de Castilla6,se establecian como limites cronol6gicos del estudio las Cortes de Briviesca del387 y las de Olmedo de 1445. Si en las primeras se precisaba toda una serie de cautelas limitadoras de tal potestad,en las segundas se ofrecian argumentos que bien podian fundamentar la liquidaci6n de aquellas cautelas.Entre uno y otro acontecimiento,el “poderio real absoluto》se habia ido sistematizando en su utilizaci6n como cláusula documental, a la vez que se habia potenciado todo un aparato conceptual en su derredor que fortalecia teóricamente de manera muy relevante la posicion del rey con respecto a la ley y, en general, con respecto a su funcion gubernativa.Resulta inevitable percibir la relaci6n de simetria que se puede observar en ese periodo, por lo que afecta a esta cuestion, con respecto a lo que aqui se plantea como objeto de analisis.En efecto,del mismo modo que Briviesca parece poder interpretarse como contrapunto con respecto a Olmedo,otro tanto sucede con las Cortes de Ocafa,pareciendo quedar, por tanto,las Cortes de Olmedo de 1445 como una especie de eje de simetria de lo que fue la evolucion de la concepcion del poder monarquico 7.
El que pueda apreciarse tal observacion impone necesariamente dos consideraciones.La primera se refiere a esa falta de linealidad a la que me referia más arriba,al aludir a los indicios de tendencias absolutizadoras en la Castilla del siglo xv. La segunda,a la diversa interpretacion que, desde el punto de vista del desarrollo de uno de los modelos de monarquia, puede tener un mismo acontecimiento sin caer necesariamente en la contradiccion, como consecuencia de la inevitable interaccion entre teoria y realidad polfticas,que hace que, a veces, tan enganosa pueda resultar para ese acontecimiento una percepci6n de debilitamiento como otra de fortalecimiento. Se trata,en suma del tipico problema de la politica como representaci6n,de lo politico como metalenguaje con el que se pretende desarrollar todo un rito de simulaciones y ocultaciones 8.
Referirse a cualquier indicio de absolutismo real para la época aquf considerada conlleva necesariamente advertir la compatibilidad entre lo que son evidentes signos de debilidad monarquica en el plano de las relaciones politicas cotidianas y la exhibicion de una cierta forma de “retórica del absolutismo real》9.Podria acaso resolverse en primera instancia esta contradiccion a partir de la estricta limitacion de dicha retórica,dentro de la cual el “poderio real absoluto》 es una de sus expresiones mas rotundas,a una simple enunciaci6n de pretensiones y de proyectos de futuro cuyo tinico valor vendria de su capacidad para demostrar la consciencia de tales proyectos.Sin embargo,ésta seria una respuesta demasiado simple si se tiene en cuenta que tal retorica fundamentó e hizo “constitucionalmente》viables acciones de gobierno concretas.Por eso,la comprobacion de tal hecho,tal como aqui se intentarä, habrä de ser un problema que debera abordarse de modo insoslayable.No obstante,conviene ya adelantar—tal como han apuntado algunos autores-— que ni ejercer un cierto poder absoluto exige de la existencia efectiva de un régimen plenamente absolutista,ni el absolutismo es sinónimo de monarquia fuerte l0.
En este punto convendrä recordar el énfasis que,a mi modo de ver, con acierto se viene haciendo en los ultimos anios sobre el concepto de absolutismo necesario que permite resolver algunas de las contradicciones ya planteadas,partiendo para ello de la funcion esencial jugada en la sociedad de la época por el privilegio,cuyo control recaia bajo las unicas manos del rey ll. Con el desarrollo de un régimen juridico-politico basado en el ejercicio de una cierta forma de poder absoluto, el poder real,a la vez que llevaba a cabo un proceso de concentracion de atribuciones, quedaba desligado del derecho positivo,a la vez que evitaba los controles juridicos.La politica se aliaba con el Derecho para convertir el poder absoluto del rey “en necesario instrumento para reproducir la condicion privilegiada de la nobleza $_ { \gg } 1 2$ 、.
Pero,ademas,ese absolutismo necesario no solo fue el resultado de la transigencia de los grupos politicamente dominantes,sino que tambien en su impulso pudieron influir los sectores populares mediante la tradicional demanda de intervencionismo regio en sus conflictos con los poderes seforiales l3. De tal manera que la potestad absoluta de la realeza que se va abriendo paso en el siglo xv, desde el punto de vista social, pudo verse favorecida por intereses de lo más diverso,sin olvidar el propio empefio regio a la hora de favorecer en todo lo posible la mäs solida fundamentacion de unas formas de interpretacion de su funci6n gubernativa de Ias que podia depender de manera decisiva el futuro de la instituci6n monárquica.Lo cierto es que,tal como ha afirmado el prof. Salustiano de Dios,l6.De importancia inestimable para la paulatina formulacion de las concepciones absolutistas seria,en los aios finales del siglo xiv y comienzos del siglo xv,la labor desarrollada por destacados glosadores,cronol6gicamente coincidentes con el primer impulso del “poderio real absoluto》 en CastillaI7,y cuya labor glosadora no pasaria inadvertida a otros juristas mas tardfos,colaboradores de los proyectos juridico-politicos de la realeza, ni a aquellos otros intelectuales particularmente inclinados a la apologia del poder regio,ya avanzado el siglo xv 18.
La f6rmula “de cierta ciencia》 que aparece asociada en su uso cancilleresco, con un aparente sentido de complementariedad,a la expresión “poderio real absoluto》 es, sin embargo,la que permite remontarse al origen de las primeras cläusulas absolutorias,para situarnos en el contexto del importante impulso experimentado por el poder pontificio en el transcurso del siglo xi l9. Ya en ese momento surge el debate entre los juristas -como Irnerius- que no reconocen valor para ninguna costumbre contraria a la ley, frente a otros-como Bulgarus- que contribuiran a elaborar toda una teoria que justifique tal opci6n. Asi surge el concepto de “scientia》 (“ex certa scientia>) como criterio de superioridad normativa,no tardando en reconocerse al principe como poseedor natural de esa scientia.De este modo,se debe a los primeros civilistas haber advertido las posibilidades juridicas de este principio,convirtiendolo en clausula indispensable para validar toda disposicion legislativa contraria a la ley o a la costumbre.
Los canonistas descubrieron rapidamente su utilidad practica en un momento en que se necesitaban recursos para justificar actuaciones pontificias supra ius,abriendose asi,en el marco de la administracion pontificia,un amplio campo de aplicaci6n de la funci6n derogatoria de esta clausula.De este modo,no se tardaria mucho en asociarla al ejercicio de la plenitudo potestatis de los papas,hasta llegar al extremo de convertirla en emanacion de ésta. Esto mismo es lo que se reflejar& ya en textos de Inocencio II,desde 1198, a través de la expresión “secundum plenitudine potestatis>,incrementandose decisivamente su uso desde mediados del siglo xI1.
La siguiente fase sera la que se desarrolle a partir de principios del siglo XIv,cuando Baldo y otros juristas asocien “ex certa scientia》 con “plenitudo potestatis>,dando valor principal a ésta,convirtiendo a la primera en emanaci6n de la segunda y fundamentando la capacidad del principe para legislar scienter en contra de las costumbres o de Ias leyes preexistentes. La capacidad derogatoria se une asi a la proclamaci6n del poderio pleno.
En el transcurso del siglo xiv,esta experiencia de Ia cancilleria pontificia serä aprovechada por otras,como la francesa 2o,o como la propia castellana,constatando asi una de las materializaciones mas caracteristicas del proceso de trasferencia de modelos de organizacion de origen pontificio hacia los distintos estados occidentaies 21.En el trascurso del siglo xv los principes cristianos y sus juristas,algunos de ellos con experiencia en la administraci6n pontificia,tal como sucedia en el caso castellano,piénsese en un Alonso de Cartagena,seguiran con gran atencion el debate entre las interpretaciones limitadoras y las absolutizadoras que se vayan desarrollando en el entorno pontificio,con referencia directa al significado de estas clausulas derogatorias 22.Desde sus propios intereses valorarian la aplicabilidad de aquellos principios que daban sustento a una teologia pontificia desde la que se podia fundamentar un perfil mas nitido y sólido para un absolutismo monarquico ya perceptible 23.
Es por eso que, tal como observara Kantorowicz, se ira construyendo una cierta suerte de pontificalismo real,basado en parte en la referencia a unos “misterios de estado>24.En efecto,con la alusion a “de mi cierta ciencia》, que da justificacion a la aplicacion del “poderio real absoluto>,se muestra a un rey que se eleva por encima de la ley como consecuencia de su conocimiento de una causa justa (el bien comun), que solo él conoce en todas sus implicaciones y exigencias, motivando la produccion de normas que no explica,sino que impone como poseedor que es de un poderio real absoluto, que usa por su particular y libérrima iniciativa,“motu proprio>,puesto que, si careciera de él, no estaria asegurada la utilidad de esa contemplación directa e intransferible de la causa justa que motiva la actuacion contra Derecho.De este modo se pone en funcionamiento una determinada mecánica, segun la cual,lo que se plantea como un “misterio de estado>,en la terminologia de Kantorowicz, define unos principios juridicos, que dan fundamento basico a un régimen politico.
Situandonos ya en Castilla,es con Juan I cuando puede comprobarse la presencia de las clausulas identificadoras del poderio real absoluto, con motivo de asuntos relativos a concesiones de mercedes reales 25.En 1395,por ejemplo,se encontrarä en la documentacion de Enrique III expresiones en que el monarca se presenta “como rey e senor, de mi poderio real ordenado, e aun, si menester es,absoluto》26,lo que ya da indicio de que,aun partiendo de un criterio de excepcionalidad, el monarca asume la conveniencia de ser necesario recurrir a ese poder real, ademas de ordenado,absoluto,cuando las circunstancias asf lo exijan, tal como lo hara, por ejemplo,con toda rotundidad en su importante pragmatica de 24 de septiembre de 1397, referida a la reclamacion de los beneficios eclesiasticos para los naturales27,aunque las propias caracteristicas del texto demuestran que sigue existiendo la conciencia regia de que la apelaci6n a su “poderio real absoluto》 continua siendo un recurso de aplicacion excepcional. Pero para entonces, los anos de tränsito entre los siglos xiv y Xv,ya resulta evidente la voluntad monarquica de concentración de nuevos poderes y atribuciones en su relacion con los poderes locales 28.
La definitiva sistematizacion y extension de las clausulas absolutorias se produce con Juan $\Pi ^ { 2 9 }$ ,siendo éste un proceso que se hace ya particularmente firme a partir de $1 4 2 7 ^ { 3 0 }$ .Desde entonces se entrara en una fase durante la cual se aporten todo tipo de matices al poder absoluto del rey, ofreciendo cada uno de ellos nuevas posibilidades interpretativas a lo que es el mensaje esencial que encierra en si misma la clausula en su version mas sintetica. Cortes como las de Valladolid de 1442 o de Olmedo de 1445, tal como podrä verse mas adelante,ofreceran referencias muy sintomaticas de la consolidación de las pretensiones absolutas de la monarquia. Tambien es, precisamente, en la decada de los aios cuarenta, cuando parece tomarse particular conciencia, sobre todo por parte de los procuradores de las ciudades,de las graves implicaciones que el uso abusivo de estas clausulas puede llegar a tener,tal como se denunciarä con toda claridad,por ejemplo,en las Cortes de Valladolid de 144731,lo que no impedira que,ya al final de su reinado, Juan I proclame, sin ningun comedimiento los rasgos decididamente autoritarios e ilimitados por las normas con quiere caracterizar el poder que ostenta como rey 32.
Tal tendencia a la apreciaci6n de las posibilidades politicas del poderio real absoluto y a su mas amplia utilizacion se mantuvo con firmeza en el comienzo del reinado de Enrique IV,dando buena muestra de ello la documentación real que se amplia en este punto con nuevas aportaciones explicitadoras de su absolutismo,ya en el comienzo de los anos sesenta33,llegando tal planteamiento con toda vitalidad al mismo comienzo de la guerra civil34 ysin que,a pesar del particular escenario politico que se crea al término del conflicto,se manifieste renuncia alguna efectiva a lo alcanzado en este punto por la monarquia, a pesar de lo que se diga, tal como veremos en su momento,en las Cortes de Ocana de 146935.Por todo ello,no es de extrafiar el valor fundador que los teóricos del absolutismo monarquico de mediados del siglo xvi concedieron,con relaci6n a su ideal politico,a determinados actos de gobierno del siglo xv y,en particular,de Juan II,como legitimadores de las nuevas pretensiones del absolutismo regio 36.
b） Las funciones juridico-politicas.
La importancia politica de la referencia al “poderio real absoluton ha de venir de la utilidad concreta que su aplicacion pueda tener a fin de producir un efecto de poder concreto de significaci6n gubernativa o administrativa relevante para la monarquia. Situandonos ahora en un enfoque muy general de la cuestion,cabe recordar cómo ya se ha llamado la atención por algun autor37 sobre el hecho de que, pensando en el caso concreto castellano, es posible disponer de potestad absoluta y no estar, en cambio,a salvo de las presiones,a veces muy determinantes,de los distintos poderes oligarquicos.Sin embargo,tal como tambien se ha apuntado por el mismo autor, el que la disponibilidad de esa potestad absoluta no se tradujera en la automatica imposici6n de un régimen verdaderamente absolutista no debe ser causa de su minusvaloracion,pues sus efectos no dejan de ser bien relevantes.
En primer lugar,el que el rey se situe por encima del Derecho positivo constituye la condicion previa para la imposicion de un régimen absolutista efectivo y pleno.En segundo lugar, es circunstancia por si misma suficiente para invalidar la presencia de una monarquia realmente limitada.En suma, tal como se puede ver en funcion de los criterios que se acaban de seialar, la presencia de esa potestad absoluta en manos del rey supone un factor decisivo,tanto por lo que representa de cara a la superacion de un esquema politico anterior,como para la aproximacion hacia otro nuevo que todavia se reduce tan solo a apuntar tendencias basicas.Por todo ello,estamos en presencia de un factor sin duda decisivo en orden a la transformacion del modelo de monarquia. Ya sólo por esto,sin entrar en mayores consideraciones sobre su efectividad politica directa e inmediata,adquiere su relieve particular.
La utilizacion habitual de las expresiones vinculadas al poder absoluto del rey tiene,como es bien conocido,su marco natural de aplicacion en las pragmaticas reales，produciendo el efecto de actuar contra ordenamientos preexistentes a traves de la expedici6n de normas u 6rdenes contrarias a Derecho y,asimismo,el de conferir el maximo valor legal a determinadas normas que,por la sola decision del rey,adquieren la misma categoria legal que si hubieran sido dadas en Cortes 38,tal como,en ocasiones,se expresa textualmente 39.
Con todo ello, queda de manifiesto lo que son las funciones bäsicas e inmediatas de caracter general de la aplicacion del poder absoluto del rey,a través de las cláusulas mediante las cuales se expresa en la documentacion real,y que se pone habitualmente de manifiesto en las pragmaticas reales. Sin embargo,su significacion cambia y se agranda ante la constataci6n, tal como sucede en los afios finales del reinado de Juan II y, en adelante,durante el resto del siglo xv,cuando su aplicaci6n se amplia a cuestiones de caracter mas cotidiano 40,cuya afectaci6n no se limita al marco exclusivo de las reformas legales,sino de la pura y simple accion gubernativa que forma parte de un ämbito que se integra dentro de lo que es propio de una discrecionalidad regia que aspira a un crecimiento continuado. Es en este nivel donde se produce un salto de primera magnitud en lo que toca a la funcionalidad del recurso al poder absoluto del rey,acentuandose su dimension politica,aunque sin que deje de tener importancia Ia juridica, que es sobre la que la historiografia ha puesto tradicionalmente mayor atencion.
Si hasta aqui se ha hecho consideracion de lo que son las implicaciones generales de c6mo se entiende en el periodo considerado el poder absoluto del rey, habra que hacer referencia ahora a lo que son sus implicaciones mas especificas,lo que afecta a cuatro cuestiones esenciales: la relacion entre el reyyla ley,el problema de la potestad legislativa del rey,la administracion de la gracia,y la definici6n de la soberaniareal.
La relacion entre el rey y la ley resultante de la aplicacion del poder absoluto del primero supone la materializacion de la conocida f6rmula “princeps legibus solutus $e s t { \gg } ^ { 4 1 }$ . Lo verdaderamente significativo para esta cuesti6n es que,si los monarcas castellanos bajomedievales procuraron, siempre que pudieron y les convino,eludir el estricto cumplimiento de las leyes, con la aplicacion del “poderio real absoluto》se da fundamento institucional a una vieja pretensi6n,lo que tiene lugar de manera cotidiana durante el reinado de Juan $\Pi ^ { 4 2 }$ , percibiéndose desde muy pronto que no se trata de un recurso destinado a una utilizaci6n excepcional, sino prácticamente sistemati$\mathtt { c a } ^ { 4 3 }$ ，quedando plenamente reconocido como principio general de manera bien precisa en tiempos de Enrique $\mathbf { I V } ^ { \ 4 }$ ,en coherencia con lo ya practicado por su antecesor. Esto permite comprender que ya no tenga tanta importancia,desde la perspectiva del modelo de monarquia, la posicion de preeminencia real frente a la constatacion del desligamiento del rey respecto de la ley45. Precisamente,ya a fines del reinado de Juan Il tal cuestión toma un valor politico particularmente evidente si se tiene en cuenta cómo el mismo monarca establece como diferencia radical entre la dignidad regia y cualquier otra el que aquella tiene como cualidad su desligamiento con respecto a la ley,mientras que todas las demas existentes en el reino estan caracterizadas por su sujecion a la misma46.
A fines de la Edad Media, es una tendencia general de las monarquias occidentales entender la ley como algo que se percibe como un instrumento privilegiado del poder. Es por eso que la pretension de dar un fundamento más s6lido a la soberania legislativa del monarca se plasma en la creencia de que es la voluntas principis la que por si sola determina la amplitud y los limites del poder normativo del rey 47.En el transcurso del reinado de Juan II queda resuelta a su favor la pugna con las Cortes por la acaparacion de las facultades legislativas 48,de ia que ya se habia dado indicio durante el uiltimo tercio del siglo xiv.El “poderio real absoluto》 constituy6, junto con sus clausulas concomitantes,el instrumento formulario y conceptual que despej6 el camino a favor de las pretensiones del monarca. Esto ya sucedi6 antes de la década de los anios veinte 49,aunque de una manera todavia cautelosa, para tender a una progresiva sistematizacion del uso a partir de esa misma década,con la frecuente invocacion,mediante diversas fórmulas,por las que a una determinada norma establecida por iniciativa personal del rey se le da identico valor que si hubiera sido otorgada en Cortes,derogando expresamente aquellas que,originadas efectivamente en Cortes,pudieran concurrir con ésta 50.
Tambien en Castilla,como en Francia,sobre todo durante el reinado de Juan II, pero igualmente con Enrique IV,la proliferacion de ordenamientos reales dados en aplicacion del “poderio real absoluto>,en que se dictan normas nuevas que anulan otras preexistentes,darä un decisivo fundamento de legitimidad para una practica que en el futuro definira de manera esencial la capacidad gubernativa de los monarcas 51, aunque tal circunstancia no fuera interpretada por todos igual en cuanto a sus implicaciones politicas concretas 52.
La administracion de la gracia real es,sin duda, el campo de la acción gubernativa del rey que se muestra más profundamente afectado por la disponibilidad del 《poderio real absoluto>.La relacion que se establece entre gracia real y absolutismo regio supone uno de los rasgos más caracterizadores de la propia evoluci6n del modelo mon&rquico.La gracia real viene a ser el resultado del protagonismo que juega el privilegio en la sociedad de la época 53,siendo un hecho evidentemente constatable antes de las primeras manifestaciones de poder absoluto del rey 54. Sin embargo, la presencia de unos recursos absolutizadores concretos debi6 potenciar ese gobierno por la gracia en el que se resolvian cuestiones al margen del mandato legal, a la vez que se tradujo en una cotidianizacion de la aplicacion de las cläusulas absolutorias,al afectar a multitud de asuntos de caracter ordinario55.Ciertamente,silas clausulas y expresiones sobre las que se basaba la administracion de la gracia real estaban ya perfectamente definidas en tiempos de Juan I, no experimentando cambios apreciables,al menos,hasta tiempos de Carlos I, el ambito de la gracia sf evolucion6 en el sentido de una notable ampliacion de su influencia segun se avanza en el tiempo, lo que puede valorarse como un efecto de la funcion legitimadora del poder absoluto del rey 56.
Otra asociacion bäsica constatable en el periodo considerado es la que se produce entre poder absoluto y soberania real. Se ha senalado,con acierto,que el concepto de poder absoluto no cabe ligarlo a la idea de monopolio de poder,no siendo el poder absoluto un poder exclusivo, sino soberano, por lo que presupone la existencia de otras alternativas jurisdiccionales sobre las que ejerce su superioridad57.Frente a la posicion de quienes han tratado de establecer distancias entre soberania y poder absoluto S8, han predominado en los ultimos afios los que han puesto el acento sobre su estrecha relación 59,incidiendose,en algun caso,en la directa asociacion que en la documentacion de Juan II y Enrique IV se observa entre las clausulas “poderio real absoluto》 y“rey y soberano senor》60.
Aun teniendo en cuenta estas diversas posturas,me parece que resulta bastante evidente la estrecha relacion entre el poder absoluto del rey y su posici6n como soberano,pudiendose entender que lo primero es una consecuencia de lo segundo,pero sin que se produjera como un efecto ineluctable,automatico y necesario,pues lo cierto es que la evoluci6n de la soberania real pudo encaminarse hacia formulaciones que no incorporasen necesariamente el reconocimiento del poder absoluto del rey. Pero una vez que esto tiene lugar,ya no puede entenderse la soberania real sin referirse a este componente que rapidamente se convierte en esencial para ella y, como consecuencia,para el propio modelo de monarquia.De este modo,el “poderio real absoluto》 se convierte,a poco de aparecer,en una especificaci6n de la soberania real y en un factor que contribuye a su propia potenciacion,aportandole lo que en adelante será un rasgo basico del poder soberano del rey.A fines del siglo xv ya no podia concebirse la soberania del principe, tal como puede verse para el caso de los Reyes Catolicos 6l,sin ponerla en relacion con el ejercicio del poder absoluto,siendo esto algo que, en cambio,no sucedia un siglo antes,lo que demuestra la importancia de esta asociacion soberania real-poder absoluto en Ia perspectiva de Ia evoluci6n del poder monarquico.
c） Tendencias absolutistas y teologizacion del poder real.
No es nada infrecuente pensar que la evoluci6n de la Edad Media a los tiempos modernos supone,por lo que se refiere a las transformaciones de las estructuras politicas y, en particular,de las monarquias,la reducci6n, cuandono la liquidacion,de sus fundamentos de origen teol6gico,estableciendo criterios de caracter cada vez más racional.En el fondo,es el mismo error que se comete cuando se pretende asociar el movimiento humanista con actitudes en que predomina un alejamiento de la religion y unos planteamientos de tipo mas o menos agnóstico. Teniendo en cuenta el importante protagonismo que los teólogos al servicio del Papa prestaron al proceso de elaboraci6n de los principios absolutistas,no es de extraniar su justificaci6n a partir de criterios teol6gicos 62, escuchandose el correspondiente eco de tales planteamientos en los paises que se vieron afectados por la expansion de tales principios absolutistas.
Si ya el comienzo de la dinastia trastamara habia supuesto un mayor aprovechamiento de las aportaciones de la teologia politica en favor de los intereses del poder real63, a partir de 1445 puede apreciarse una potenciaci6n de tal actitud, produciéndose asociaciones cada vez mas directas entre el origen divino de la realeza y las nuevas pretensiones y caracteristicas de su poder, entre ellas,la atribucion de un “poderio real absoluto>.Por otra parte, si se tiene en cuenta la gran atencion que ahora se va a prestar a la teoria politica y legal proveniente de las Siete Partidas de Alfonso X,en donde,como en general en el conjunto del pensamiento alfonsino,la referencia al origen divino de la realeza representaba un rasgo inevitable 64,no puede sorprender que tal cuesti6n ocupe un lugar central en el proceso de legitimacion de una realeza con pretensiones absolutistas.
Laimportancia de la teologizacion del poder regio es, en definitiva, muy grande desde el punto de vista de las tendencias absolutizadoras.Ya senal6 Maravall c6mo el absolutismo regio tenia mucho de “trasunto de la concepcion teologica del poder divinox65. Esta importancia llega a tal extremo que, a partir de ese nexo de union entre absolutizacion y teologizacion,cualquier decision regia podra justificarse, en cuanto que siempre serä posible remontar su razon ultima de ser a Dios mismo,lo que resulta particularmente relevante con relacion a la justicia y todo lo que afecta a la funcion penal66,insistiendose por ello en el origen divino de la justicia real67.
Seguramente no puede considerarse como una simple casualidad el que sea a partir de 1445, precisamente, cuando, a la vez que va a tener lugar una significativa potenciaci6n del poder absoluto del rey castellano,tambien se multipliquen las referencias al origen divino del poder regio.El texto de las Cortes de Olmedo no puede ofrecer mejor testimonio al respecto. En él, junto con la consideraci6n del rey como ungido y vicario de Dios,lo que lo situa por encima de cualquier contestacion por parte de sus naturales68; se expone con toda rotundidad la posicion del monarca por encima de las leyes, justificändolo de nuevo a partir de su eleccion por Dios 69.
Todo ello es la respuesta extrema a una situacion critica, como la que se plantea en los dias inmediatos a la batalla de Olmedo,pero las razones que ahora se dan desde la teologia politica a las necesidades de justificaci6n de las pretensiones del absolutismo regio quedaran incorporadas al patrimonio dela ideologia real y seran objeto de exhibicion en el futuro cuantas veces sea preciso.Asi lo har&n en 1455 los procuradores reunidos en las Cortes de C6rdoba 70,o,en otros momentos,nobles promonarquicos 71,eclesiasticos comprometidos con la causa real72, cronistas atentos a la argumentaci6n politica73,o el propio monarca,bien se trate de Juan $ { \mathbf { I } } { \mathbf { I } } ^ { 7 4 }$ 0 de Enrique IV75.
3． Los consensos aparentes: Absolutismo y Cortes.
El intenso trasfondo conflictivo del periodo considerado y, en general, del conjunto del siglo xv es compatible, probablemente por exigencias de esa misma dimension conflictiva,con la exhibicion de toda una serie de actos de consenso que,por lo comun,tienen mas de apariencia que de realidad,sobre todo si se repara en la corta duracion de sus efectos.En cierto modo,puede decirse que la historia politica castellana de la época avanza,en una cierta medida,a golpe de simulacion de consensos,que suponian importantes dosis de hipocresia y de cinismo politico para todas las partes implicadas,lo que no carece de significado historico76.
Tal hecho es particularmente constatable para lo que se refiere a la actividad normativizadora, que es la que más directamente puede afectar al desarrollo de las tendencias absolutizadoras que aqui interesa analizar, siendo sobre todo las reuniones de Cortes el medio utilizado mäs habitualmente para producir ese efecto de representacion de un consenso aparente del que parece depender,de modo tan decisivo,el devenir de algunas de las principales relaciones de conflicto en juego,al pretender promover siempre un cierto efecto de apaciguamiento transitorio, cuando no de pacto 77.
La consecucion de este efecto de consenso,que habitualmente se escenifica en Cortes,no siempre es resultado de un mismo mecanismo,si asf se quiere Ilamar,representativo.En unos casos es consecuencia de una iniciativa personal de imposicion del rey que,no obstante,se ve dulcificada en su expresion por la alusion a supuestos consejos y acuerdos y al deseo de atender a las necesidades del bien comun y a la tranquilidad y pacifico estado de sus reinos.En otros casos,es consecuencia de la aceptacion por el rey de demandas concretas,frecuentemente formuladas por los procuradores de las ciudades,a las que otorga el correspondiente respaldo real,aunque éste acabe teniendo las mäs de las veces un caracter puramente teórico,lo que nos hace volver a esa voluntad de apariencia de consenso.
77Era un hecho comun la escenificación de estos consensos aparentes en Cortes en los que se reflejaba esa actitud cinica antes senalada,tanto por los representantes de las ciudades reclamantes,como por el rey otorgante.Las ciudades,al formular sus protestas y exigencias al rey y al aceptar seguidamente su compromiso de enmienda en el sentido propuesto por ellas, aun suponiendo su improbable cumplimiento,tal como indicaba la experiencia,representaban, dramatizaban,el ejercicio de una capacidad limitadora del poder real que,en realidad,no tenian.El rey,por su parte,al aceptar las demandas tal como se las presentaban,sin que habitualmente estuviera dispuesto a aplicar la enmienda prometida,creaba una apariencia de consenso en torno a su funcion soberana,bien conveniente a sus intereses politicos,y que tampoco respondia a una realidad efectiva.Si,tal como se puede comprobar,ordenamiento tras ordenamiento,cuaderno de Cortes tras cuaderno de Cortes,esta simulacion se repite una y otra vez, habra que pensar que estamos ante un rasgo estructural y basico de la forma de entender las relaciones rey-reino en la época.Como resultado de ello,el reino-las ciudades- se mostraban participes de la capacidad gubernativa del rey,mientras que el rey materializaba en una realidad tangible,aunque,en definitiva,ficticia,la utopia del reino como cuerpo mistico,simbolo de la idea bajomedieval de unidad politica organica y armonica.
En todo este proceso, las tendencias absolutistas que se van percibiendo en la monarquia tienen su importancia y su plasmación concreta.En unos casos,por el manifiesto rechazo hacia ellas de los representantes en Cortes,hasta llegar al extremo de entender el uso de las denominadas 《clausulas exorbitantes” como un motivo de agravio para los procuradores en Cortes,lo que muestra la sensibilizaci6n politica que hubo con relación a tal asunto78. En otros casos,por la ambigiiedad o incluso las contradicciones 79 que se plantean sobre tal cuestion, hasta llegar al extremo de que,a la vez que se niega el valor de las cláusulas absolutorias,se haga uso de ellas en una misma reuni6n de Cortes 8o.En otros,finalmente, por la aceptaci6n implicita o la afirmacion sin reservas del “poderio real absoluto ${ \bf \gg } ^ { 8 1 }$
79 Ala hora de comprender estas contradicciones que cabe advertir,sobre todo,en las posiciones adoptadas por los procuradores de las ciudades,hay que tener en cuenta que,tal como ha senialado el profesor Gonzalez Alonso,“no se comprenderla nada del proyecto politico elaborado por las Cortes,ni su contenido ni el desconcierto de los procuradores de fines dela Edad Media,si se olvida que tan vital resultaba para las ciudades el control de la nobleza como la limitacion del poder de la monarquia".Gonzalez Alonso,"Poder real, Cortes yregimen politico”,pp.253-254.El problema para las ciudades,yahi es donde entra el factor contradictorio en la actitud de sus procuradores con respecto a ias manifestaciones del absolutismo real, consistia que si éste era evidentemente incompatible con esas pretensiones de limitacion del poder de la monarquia,en cambio,en determinadas circunstancias,podia ser imprescindible recurrir a él para poner bajo control a la nobleza. Ello contribuye a aportar un elemento mas de reflexion sobre la importancia que tal cuestion podia tener en el contexto de las relaciones politicas.Ciertamente,tal como acertadamente se afirma en el mismo trabajo recien citado,“un rey formalmente investido de potestad absoluta no es compatible con el ideal acariciado por las Cortes y resulta, por ende, inconciliable con el tipo de organizaci6n politica que los procuradores propugnaban"(ibid.,p.l49).Esto muestra hasta qué punto,en algunas ocasiones,la preocupaci6n por frenar las pretensiones nobiliarias pudo llevar a los procuradores de las ciudades a traicionar sus principios politicos.No obstante,en este punto,hay que tener en cuenta otra circunstancia no poco importante que es la denominada “cortesanizacion”de los procuradores en Cortes,es decir,la progresiva influencia que en el transcurso del siglo xv va adquiriendo la Corte sobre las Cortes,afectando a las actitudes de sus miembros,e incluso al nombramiento como procuradores de oficiales regios,lo que contribuy6 a que éstos pudieran estar mas receptivos a los intereses politicos del poder real,aunque esto les levase en ocasiones a olvidar principios basicos del modelo de realeza tal como podia ser contemplado desde la perspectiva de los poderes locales urbanos.Sobre este importante proceso que esta en la base misma de la propia transformaci6n que van observando las Cortes en el trascurso del siglo xv,puede verse Salustiano de Dios,“Las Cortes deCastilla y la administracion central",en Las Cortes de Castilla y leon en la Edad Media, II, pp. 255-317.
a) Las Cortes de Olmedo de 1445.
Si las Cortes de Olmedo de l445 suponen un momento decisivo a la hora de dar un mäs amplio fundamento a la potestad absoluta del rey,convirtiendose en punto de referencia inexcusable para el futuro, conviene rastrear algunas incidencias al respecto para las celebradas en los afios inmediatamente anteriores,a fin de comprender cómo se llega a Olmedo.Todo ello,sin olvidar los evidentes avances habidos en materia de potestad legislativa y de aplicacion de clausulas absolutorias desde el comienzo de la mayoria de edad de Juan II,pero que ya ha sido objeto de alguna consideracion päginas atras, por lo que no se volvera ahora sobre ello.
En las Cortes de Valladolid de 144O,se hace al comienzo de la reunión una declaracion por parte de los procuradores de las ciudades en donde el criterio teologizador,desde el que se enfoca el oficio regio,deja abiertos evidentes resquicios a una posible interpretacion absolutista del poder regio 82. Asi,partiendose de la condici6n del rey como quien tiene el lugar de Dios en la tierra y es soberano senor,se establece que,por mandato divino, debe buscar todas las vias posibles para alcanzar la concordia y la paz. Ningun limite se apunta en cuanto a estas posibles vias, siendo factible el que se pueda pensar en ir mas alla de lo que el Derecho y las leyes permiten,teniendo en cuenta la definici6n teocéntrica que se ha dado del monarca y la prioridad de los objetivos que se pretenden. Pero, por si habia alguna duda al respecto,los deseos de misericordia y de condescendencia que se plantean parecen forzar necesariamente a acudir a soluciones que queden fuera de lo estrictamente definido por las leyes.Evidentemente,dar una interpretacion en el sentido de aceptaci6n de principios absolutistas podria considerarse como exagerado,si no estuviéramos en presencia de una importante experiencia de esa indole que es la que ha venido desarrollando en los anos anteriores Juan I, sobre todo por lo que se refiere al ejercicio de su potestad legislativa. Por ello,el procurador que hacia esta declaraci6n no podia tener muchas dudas sobre la interpretaci6n que de la misma se podia hacer desde la monarquia, teniendo en cuenta tales precedentes.
La importancia de la peticion II de Ias Cortes de Valladolid de 1442 ha sido amplia y acertadamente valorada en la historiografia reciente 83,siendo un caso particularmente representativo del consenso aparente al que se aludia más arriba.La denuncia de los procuradores era clara:“Se ponen mu\~ chas exorbitancias de derecho enlas quales se dize non obstantes leyes e ordenamientos e otros derechos,que se cunpla e faga lo que vuestra sennoria manda e quelo manda de cierta sciencia e sabiduria e poderio rreal absoluto e que rreuoca e cassa e anulla las dichas leyes que contra aquello fazen o fazer pueden,por lo qual non aprouechan avuestra mercet》,pidiendo al rey,en consecuencia,“quelas tales cartas non sean conplidas e sean ningunas e de ningunt valors84,El rey ofrecera una respuesta de lo mas cautelosa,remontándose a las Cortes de Briviesca y aceptando,al menos aparentemente,la exigencia de renuncia a las denominadas “clausulas exorbitantes" y, por tanto,al uso del “poderio real absoluto》. Sin embargo,lo que podria entenderse como una renuncia de valor general,tal como parece deducirse de la primera parte de la respuesta,queda rapidamente reducido en su aplicaci6n,al puntualizarse que tal renuncia solo se produce con respecto a las “cartas que fueren entre partes o sobre negocios de personas priuadas "85.En consecuencia,quedaba con ello perfectamente legalizado,tal como se ha observado por los comentaristas mas sagaces que se han aproximado a este texto,el uso del “poderio real absoluto> para todo lo demäs y,muy en particular,para aquello que va a ser su terreno natural de aplicacion: la gracia y la merced.
Tal como se ha visto hasta ahora,en los precedentes de reuniones de Cortes celebradas en los anos inmediatos a las de Olmedo de 1445 ha podido comprobarse cómo,en el caso de las de 144O,hay consideraciones de caracter ideológico que indirectamente podian tener consecuencias desde el punto de vista de la justificaci6n de alguna forma de poder absoluto en manos del rey;mientras que,en el caso de ias de 1442,las consideraciones ya son claras y precisas,pero ahora planteadas en el plano de Ia practica juridica concreta.Podria afirmarse que la originalidad de Olmedo va a consistir en dar simultaneamente articulacion a los criterios juridicos y a los politicos,abriendo asi al poder absoluto del rey un nuevo espacio interpretativo,siendo resultado de ello la utilizacion que desde la monarquia se haga de este resorte en los afios venideros,afectando profundamente a la practica gubernativa.
En las Cortes de Olmedo se ofrecia un modelo estructurado y organicc de realeza,tan estructurado y organico como el definido en la Segunda Partida 86,como no podia ser de otro modo, teniendo en cuenta la relacion de dependencia directa que existia con respecto a ésta. Pero la gran diferencia entre ambos textos no estaba tanto en lo que se pudiera decir a lo largo de su redaccion,sino en el hecho de que Ias Cortes de Olmedo venian precedidas por una practica gubernativa concreta que,durante las dos ultimas decadas, habia aplicado principios politicos y juridicos que ahora se presentaban como ingredientes irrenunciables de un modelo de monarquia.
En consecuencia,la casi identidad entre los contenidos de las leyes fundamentales relativas al poder regio de la Segunda Partida y su efectiva promulgaci6n a través de las Cortes de Olmedo se convertia,de hecho, en un profundo contraste entre ambos textos.Ese contraste se encontraba en que si en la Segunda Partida se hablaba como ideal politico de un rey que actuaba como fundamento del poder juridico e instrumento esencial del poder real, que ejercia la maxima instancia legisladora con toda libertad de iniciativay que estaba desligado del cumplimiento de sus propias leyes,en las Cortes de Olmedo se utilizaba el texto de las Partidas para dar cobertura legal a un rey que llevaba dos decadas dando muestras de creerse plenamente investido de estas facultades que quedaban resumidas en la expresión “poderio real absoluto>.El mismo hecho de que ahora exista esta expresion concreta y precisa ya explica por si mismo lo que se acaba de senalar,a la vez que permite comprender que puedan interpretarse las Cortes de Olmedo como algo que,partiendo del texto alfonsino,en realidad va mas alla87.
Sin embargo,para valorar toda la cuesti6n en su debido contexto hist6- rico,mostrandose asf todo lo que podia haber en ella de contradictorio, no hay que olvidar que, como para tantos otros acontecimientos politicos de la época,el instigador principal de que tuvieran lugar unas Cortes como las de Olmedo no era otro que el condestable don Alvaro de Luna, quien tenia motivos muy s6lidos para tratar de promover un tipo de monarquia como la que ahora se presentaba,en la plena seguridad de que él seria su administrador e intérprete 88. Se trataba, en suma, de legitimar una monarquia mas poderosa para acrecentar el poder de un noble sobre cuyos hombros reposaba la gestion de sus atribuciones.Pero el calculo del condestable era a corto plazo y en el contexto de serias amenazas hacia su persona y hacia su modelo de monarquia, sin embargo, la interpretaci6n a largo plazo venia a suponer dar s6lido fundamento a un poder real de carácter absoluto, con independencia de que fuera un favorito quien lo usufructuara o fuera el mismo rey en persona quien lo asumiera en plenitud de funciones. Con ello,se ponia claramente de manifiesto lo que era una caracteristica esencial del régimen politico del momento: la compatibilidad entre poder real absoluto y la limitacion efectiva del poder regio en su ejercicio cotidiano.
Es cierto que,tal como se ha expresado por algun autor89, con su respaldo a las propuestas de Olmedo,los procuradores alli reunidos contribuian decididamente a cerrar un ciclo,aquel que,desde Briviesca, habia conducido a la imposici6n de una cierta formula de “poderio real absoluto>.Sin embargo,no esta de mas establecer alguna matizacion al respecto.La aceptaci6n que dieron los procuradores al texto de Olmedo no dejaba de ser la expresion de un momento excepcional de profunda crisis politica en la que podia estar en juego la supervivencia misma de la monarquia, por lo menos, tal como hasta entonces se venia entendiendo.
No estoy tan seguro de que esa aceptaci6n se hubiera producido en condiciones de normalidad politica. Desde este punto de vista, estariamos de nuevo,una vez mas,como en el caso de otros tantos ordenamientos de Cortes,ante un consenso más aparente que real y, por ello,ante la aceptacion de una forma de absolutismo que no era el resultado de una adhesion entusiasta,sino de la exigencia de quien se presentaba como salvador de la monarquia en una situacion de amenaza extrema. Consecuencia de ello es que si, en efecto, en Oimedo se puede decir que se cierra el ciclo de la articulación te6rica y coherente,desde el punto de vista de los principios politicos,de un cierto modelo de monarquia,no se puede afirmar lo mismo ni en lo que se refiere al respaldo que en el futuro vaya a recibir por parte del conjunto de la sociedad politica,ni en lo que se refiere a las posibilidades efectivas de aplicaci6n concreta del absolutismo regio.Es evidente que Enrique IV aprovechó la herencia de Olmedo en la primera mitad de su reinado,pero tambien es cierto que el rechazo al poder absoluto del rey cataliz6 ideol6gicamente a sus oponentes y que los mismos procuradores que en Olmedo asentian, en Ocana, en 1469,presentaban lo que podia interpretarse como una especie de manifiesto alternativo.
Por todo ello, podria afirmarse que si, en efecto,como bien ha afirmado el Prof.Gonzalez Alonso,se cerraba un ciclo en la historia del absolutismo regio,aquel que afectaba a su fundamentaci6n teológica, juridica y politica, eliminando cualquier duda, contradiccion o laguna al respecto; se abria otro ciclo que habia de resolverse en las aguas mas procelosas de la confrontacion politica cotidiana y de la consecucion de un consenso efectivo que fuera mäs allä de un simple asentimiento que no era resultado de la libre adhesion,sino de la presion de circunstancias particularmente criticas.
b) Los ultimos ordenamientos de Cortes de Juan II.
Durante ias ultimas Cortes de Juan I cabe advertir, sobre todo, tres rasgos principales que nos ponen sobre la pista de Ia evolucion experimentada por las manifestaciones de absolutismo regio tras ese aparente consenso favorable a su confirmacion que parecia haberse alcanzado en Olmedo. Tales rasgos serian los siguientes:
1） Evidente reconocimiento de la capacidad legislativa del rey con plena y libre iniciativa personal para crear y cambiar cuantas leyes fuera necesario.
2) Afirmación de la preeminencia del criterio individual del monarca sobre cualquier otro compromiso para justificar determinadas decisiones.
3） Constataci6n de la incomodidad que entre los procuradores sigue produciendo el desligamiento del rey con respecto a la ley.
Son,en efecto,los propios procuradores los que,a través de determinadas peticiones,confirman la aceptacion de que el rey tiene en si mismo la legitimidad legisladora suficiente para tomar cuantas iniciativas sean necesarias en materia de interpretación，reforma y creaci6n de leyes. Tal reconocimiento se produce tanto en el nivel de la argumentaci6n te6rica,recurriendo a la concepcion teocéntrica del poder real90,como de la aplicaci6n gubernativa concreta, generalmente observable para esta cuesti6n en los casos en que se percibe indefinici6n o confusi6n normativa91.
91Asf, ante las dudas que suscita la normativa de las Siete Partidas y de otros ordenamientos,los procuradores en Cortes hacen ver al rey como se originan multiples pleitos,por lo que suplican al rey que mande las leyes dudosas a los oidores de la Audiencia Real para que clarifiquen su contenido.El rey acepta la propuesta,pero,a la vez,la aprovecha para proclamar la superioridad de su criterio y,en definitiva,para afirmar la preeminencia de su potestad legislativa en aplicacion de los principios de servicio real y bien comun:“Aesto vos rrespondo quedesque en mi abdiencia este el numero de oydores que cunpla asy perlado commo docto.
La consideracion de la prioridad de las necesidades que vienen impuestas por lo que sea mas conveniente al propio servicio del rey y al bien comun del reino, frente a cualquier otra argumentacion, se convierte en raz6n suficiente de fundamentacion de la preeminencia del criterio individual del rey por encima de cualquier otro 92,al aceptarse que el conocimiento maximo y la interpretación ültima de tales claves es patrimonio exclusivo del monarca 93,lo que nos remite a un manifestacion caracteristica de lo que ya se consideró mas arriba,a partir de la aplicacion del concepto de “misterio de estado> que definiera Kantorowicz.
No faltaron, sin embargo,las quejas de los procuradores contra lo que consideraban un exceso del poder regio al conceder, a petici6n de parte, el sobreseimiento,la absolucion o la revocacion de actuaciones judiciales por la libre iniciativa del rey, sin contar con el Consejo y por la sola aplicación de las denominadas “clausulas exorbitantes》 vinculadas al ejercicio del poder absoluto del monarca 94.
92Plasmacion de tal actitud puede encontrarse en algunas de las respuestas reales a determinadas demandas de los procuradores en las Cortes de Valldolid de 1451.Asi,por ejemplo,ante la denuncia de que algunos grandes del reino adquieren patrimonios en los bienes de las ciudades,el rey responder& que “alascibdades e villas que sobre esto tienen preuillejos basta lo pormi ya rrespondido;e quanto alas cibdades e villas que sobre ell non tienen preuillejos yo les mandare dar las prouisiones que cerca desto cunplan por que se faga e guarde lo que cunple ami seruicio ea bien delas tales cibdades e villas".Cortes,II,p.595. Queda asf definido el necesario margen de plena discrecionalidad para la libre decision del rey. En otros casos,tal margen de discrecionalidad real se hace patente,no mediante la alusión a principios genericos,como se acaba de ver,sino a partir de la expresion de circunstancias particulares del caso considerado.Asi,por ejemplo,ante la petici6n de limitaci6n de mercedes reales que demandan los procuradores,el rey manifestarä que “commo quier que yo non puedo escusar,antes es bien negesario fazer mercedes alos que me siruen e continuan en mi seruicio, especial mente quando algunas cosas vacan". Ibid.,II,p.577.En consecuencia,tanto en un caso como en otro,como en tantos otros ejemplos que se pueden traer a colaci6n,de lo que se trata es de que, bien sea por la aplicacion de principios politicos genericos,o por la valoracion de las circunstancias especificas del caso,la resolucion del mismo pueda quedar englobada en el grupo de aquellas que han de resolverse en el marco de la aplicacion de la gracia y mercedes reales,lo que conduce irremisiblemente a la aplicacion del poderio real absoluto.
93Este tipo de cuestiones conducen al problema clave de la doble posibilidad interpretativa de algunos principios politicos basicos,como el de bien comun,en funcion de un criterio personalizador o de un criterio transpersonalizador.Esta diversidad interpretativa puede verse analizada en: José Manuel Nieto Soria,“La transpersonalizacion del poder real en la Castilla bajomedieval",Anuario de Estudios Medievales,17 (1987),pp.559-570.
94“Ha dado e mandado dar algunas cartas e prouisiones por las quales absuelue e quita su derecho a alguna delas partes,eda por ninguno e rreuoca todo lo progesado,e manda alos juezes que non procedan nin vayan adelante por las dichas cabsas e pleytos e quelas dichas partes non sean mas oydas a su derecho e justicia, e mande vuestra alteza que se faga e cunpla asi de vuestro propio motu e poderio rreal absoluto e con otras exorbitancias,non seyendo las dichas cartas e prouisiones vistas nin acordadas en vuestro Consejo,nin rrefren.
Ante esta denuncia que se produce en las Cortes de Burgos de l453, Juan I parece mostrarse comprensivo,aprestandose a corregir tales actuaciones. Sin embargo, de nuevo estamos, como tantas veces en Cortes, ante una nueva simulacion de consenso.La respuesta del rey, de notable brevedad, a pesar de que pueda parecer en un principio como de plena aceptacion de lo que se le propone por los procuradores,es decir, someter tales decisiones a la consulta del Consejo,en realidad,considerada más detenidamente,resulta extremadamente ambigua, pudiendo interpretarse en el sentido de que todo queda sometido a su criterio personal95.
Por otro lado,a partir de las investigaciones mas recientes sobre la institucion de la gracia real96,ya ha sido advertido cómo éste,que era un asunto de trascendencia juridica verdaderamente extraordinaria, siéndolo también desde una perspectiva politica, a pesar de la aparente condescendencia del rey en su respuesta,sigui6 resolviendose del mismo modo que los procuradores denunciaban,es decir, con la aplicacion del libre criterio personal del rey,sin contar con el Consejo,haciéndose uso de las clausulas derogatorias y dando lugar,por tanto,tal como en realidad sucedi6,a que el sobreseimiento se convirtiera en practica comun, siempre sometida a la libre y personal iniciativa del rey.
c） Las Cortes de Enrique IV hasta 1465.
Durante los diez primeros afios del reinado de Enrique IV, hasta la guerra civil, no cabe advertir cambios con respecto a las posiciones manifestadas con relaci6n a los contenidos de indole absolutista del poder real ya detectados en las liltimas Cortes de Juan II, tanto por lo que se refiere a la defensa de los principios absolutistas desde la monarquia, como a la oposición que provocan entre los procuradores de las ciudades.
Por lo que se refiere a los enunciados ideol6gicos de caracterizaci6n general del poder regio,cabe sefialar cómo,tanto en las Cortes de C6rdoba de $1 4 5 5 ^ { 9 7 }$ ,como en las de Toledo de $1 4 6 2 ^ { 9 8 }$ ,los procuradores comienzan la relacion de sus peticiones con una declaracion de principios perfectamente en consonancia con el espiritu de las Cortes de Olmedo de 1445,es decir, reconociendo el origen divino del poder real y sacando de ello la consecuencia inmediata de la incontestabilidad de su preeminencia, de su posición como juez supremo y de su libre capacidad para dar leyes y ordenamientos. Quizá en esto podamos percibir indicios de que algunos de los elementos de descripción ideol6gica del poder regio expuestos en Olmedo eran menos utópicos de lo que pudieran parecer.
Tampoco faltan,al igual que en las Cortes de Juan II,las denuncias contra los excesos en cuanto a expedici6n de determinados tipos de cartas que ni siquiera son debidamente registradas 99, para las que se exige que se les aplique la formula de “obedézcase, pero no se cumplas10o,o aquellas otras que se dan en virtud de las clausulas expresivas del “poderio real absolu$t o * ^ { 1 0 1 }$ . Del mismo modo,no faltan las quejas por el uso abusivo de las cartas de perdon 102.
Todo ello viene a apuntar en el sentido de que, a pesar de la aparente receptividad real hacia las quejas de los procuradores,las practicas gubernativas en aplicaci6n de una concepci6n soberana del poder regio,que se traduce en determinados momentos en actuaciones contra Derecho,sigue formando parte de la practica cotidiana de la monarquia. Nada nuevo,en suma, con respecto al reinado anterior, como tampoco lo sera el que la aceptaci6n por el rey de lo demandado por los procuradores no deje de ir acompafada en algun caso por la correspondiente expresi6n de reserval03, mediante la que Enrique IV, como su antecesor, expresa su intenci6n de salvaguardar ámbitos de intervenci6n que no esta dispuesto a compartirl04.
d) Las Cortes de Ocana de 1469.
Las Cortes de Ocaia de 1469 pueden considerarse como el contrapunto de las de Olmedo de 1445.Del mismo modo que en aquellas se mostraba un modelo organico de monarquia,basada en los principios y en algunas de las principales leyes resultantes del pensamiento alfonsino,en Ocafia se presentaba por los procuradores de las ciudades,por primera vez, una propuesta claramente sistematizada de un modelo alternativo de monarquia.Por supuesto,esta licencia que se tomaban los procuradores de las ciudades hubiera sido inconcebible al margen de las particulares circunstancias en que se produjo aquella reunion que,a fin de cuentas,tenia lugar al término de una guerra civil en la que el apoyo de las ciudades organizadas en hermandades habia sido decisiva para el sostenimiento de la causa real. Por ello los procuradores se podian sentir legitimados para plantear con menos comedimiento del habitual sus quejas.
Este modelo alternativo de monarquia expresado por los procuradores reunidos en Ocana se resume en los siguientes puntos l05:
1）《El oficio del rrey asy por su primera ynvencion commo por su nonbre es rregir,y ha se de entender,bien rregir,por que el rrey que mal rrige no rrige,mas disipa>.Con ello se apuntaba la idea de que la posicion del rey no quedaba al margen de la critica y,siguiendo el principio isidoriano,sólo los reyes rectos pueden esperar la lealtad de sus subditos.
2) “Propio es a los reyes hazer juyzio e justicia e por el exercicio de aquesta prometio Dios por boca de su propheta alos rreyes,perpetuydad de su poder".Es decir,no se cuestiona el origen divino de la realeza que se mantiene como principio incontestable,pero tampoco esto puede actuar como impedimento a la contestaci6n,pues si los reyes reinan por Dios es para que actuen a su semejanza, es decir,premiando a los buenos y castigando a los malos.
3） $\ll E$ vuestro cargo es que mientra vuestros subditos duermen vuestra alteza vele guardando los,y su meresgenario soys pues soldada desto vos dan vuestros subditos parte de sus frutos e de las ganancias de su yndustria,y vos siruen con su personas muy ahincada mente alos tienpos de vuestras nescesidades por vos hacer mas poderoso para que rreleuedes las suyas e quiteys sus vexaciones>.Se enuncia,por tanto,una concepción del oficio regio como servicio a las necesidades del reino que lo mantiene.
4) 《Pues mire vuestra alteza si es obligado por contrato callado alos tenerymantener en justiciae considere de quantadignidadescerca de Dios aquesta virtud deyfica>. Asi se define con toda originalidad una suerte de relación contractual entre el pueblo y la realeza, de forma que el acatamiento al poder real parece quedar en dependencia de la justicia con que se utilice,para matizarse mas adelante la superioridad de la justicia sobre la misericordia, debiendo ser ésta consecuencia de la primera y no necesariamente al revés.
Tal como se puede ver, el programa politico de Ocana no ponia en cuestión determinados principios monarquicos fundamentales, tales como podian ser el origen divino de la realeza ni la idea de preeminencia real, pero si que se oponia a cualquier pretension de interpretacion absolutista del poder regio. Su ejercicio se sometia a una especie de relaci6n contractual, quedando,en definitiva,delimitado por el respeto a la ley. Era,sin duda, la argumentacion mas completa que,con una perspectiva general, los procuradores de las ciudades habian dado a todo lo que giraba en torno al “poderio real absoluto>.Después de varias décadas de estar los procuradores reivindicando a los monarcas mesura en su ejercicio, cuando no limitandose tan s6lo a protegerse de sus efectos mas nocivos,por fin se pasaba al ataque para proclamar con toda rotundidad que el poder del rey estaba limitado por las leyes y los ordenamientos del reino.
Sin embargo,una vez más,como tantas veces sucede,si nos atenemos estrictamente a los textos de Cortes,estamos mas ante una apariencia que ante una realidad. Con todo su caracter reivindicador, los procuradores sabian que un exceso de limitaci6n para el poder regio podia acabar yendo en perjuicio de los intereses de las ciudades del reino lo6.En el fondo,mas que una critica a lo que podria considerarse como los 《rasgos constitucionales> del poder real,el interés de los procuradores va mas dirigido a poner de relieve lo que funcionaba mal. No es de extrafiar, por ello,que concedan una destacada importancia a todo lo relativo a la reorganizacion del Consejo Real 107 O a la falta de operatividad de la Audiencia Real lo8.De hecho,los limites que parecen proponerse al ejercicio del poder real resultan sumamente genéricos,más aun teniendo en cuenta Ia concrecion con Ia que se producian las extralimitaciones de la realeza con respecto al ordenamiento juridico. En suma,no tengo la impresion de que el rey pudiera sentir verdaderamente comprometido su “poderio real absoluto》 tras la celebraci6n de estas Cortes en el plano de las actividades gubernativas concretas.
Por otra parte,habia otras circunstancias que relativizaban la eficacia de las reivindicaciones de los representantes de las ciudades.Entre ellas,el importante acuerdo al que llegaban algunos de los personajes más influyentes del reino con el monarca en los dias inmediatos a la reunion de Cortes l09. Con dicho acuerdo sf que aceptaba el rey ciertos limites al ejercicio de su poder, pero no venian éstos de las ciudades, sino del pacto con los nobles y prelados contratantes. Esto significaba que no serian limites de indole legal, sino de intereses personales coyunturales,pero,para su defensa,también era necesario que el rey dispusiera de un cierto margen de “poderio real absoluto》que le permitiera dar satisfaccion a los grandes que ahora se prestaban a colaborar con él mediante la entrega de las oportunas mercedes. Las 《clausulas exorbitantes》 no dejarian de formar parte de la redaccion de determinado tipo de documentación real en los afios finales de Enrique IV. Esto,naturalmente,suponia actuar de espaldas al programa de las Cortes de Ocana 110.
Habria que esperar a 1518 para que en unas Cortes l1 se retomara, casi al pie de la letra, el programa politico expresado en Ocana, aportando fundamentos reivindicativos basicos a los comuneros,aunque en esta ocasion la derrota para tales principios fuera mas dolorosa y definitiva.
4.El gobierno por la gracia.
A pesar de que se haya considerado en alguna ocasion que los rasgos absolutistas que exhiben los monarcas castellanos durante el siglo xv solo tienen relieve desde el punto de vista de las concepciones y no desde la perspectiva de la realidad politica concreta112,la constatacion de toda una amplia tipologia de actos de gobierno que se legitiman a partir de la referencia al “poderio real absoluto》y que,de hecho,suponen acciones que se situan mas alla de lo que los limites de la ley permiten parece indicar todo lo contrario l13. Cuestion distinta es que la utilizaci6n de tal principio como elemento de legitimacion de determinadas acciones de gobierno deba interpretarse necesariamente como signo de fortaleza real,pudiendo ser, a veces, indicio de todo lo contrario y, sobre todo,de ciertos factores de desequilibrio dentro de las propias funciones gubernativas de la monarquia l14.
Precisamente estos factores de desequilibrio que se refieren esencialmente a la descompensacion que se observa entre la capacidad administrativa efectiva de la monarquia y sus pretensiones e iniciativas concretas de centralizaci6n politica se agudizan en coincidencia cronológica con la primera expansion de la apelaci6n al poder absoluto del rey como instrumento de go
113La documentacion real de esta época relativa a los actos de gobierno que son directamenteresultantes de la aplicacion de alguna cualidad real particularmente significativa,como,en este caso,el “poderfo real absoluto",suelen mostrarse especialmente atentos a precisarla justificacion doctrinal sobre la que se sustentan,lo que facilita la indagacion de la relaci6n entre el absolutismo real y los actos de gobierno concretos sobre los que se proyecta. Véase al respecto: David Torres Sanz,“Teoria y practica de la accion de gobierno en el mundo medieval castellano-leones",Historia.Instituciones.Documentos,12 (1985),pp.9-87.
114Traigo aquf unas consideraciones que podrian ofrecer una clave para valorar este problema:“La monarquia,debilitada por la resistencia de noblesy ciudades,se ve aquejada ademas por visibles desajustes y contradicciones,entre los cuales no es ciertamente la menor ladehaber elegido el camino de la centralizacion yel intervencionismo politico sin contar con el respaldo de un aparato institucional eficaz y proporcionado a los fines que persigue". Benjamin Gonzalez Alonso,Gobernacion y gobernadores.Notas sobre la administracion de Castilla enel periodo de formaci6n del Estado moderno,Madrid,1974,p.31.Me pregunto si el progresivo uso dela referencia al “poderio real absoluto"como mecanismo que permite resoiver favorablemente a los intereses regios determinados asuntos no ser& una necesidad que viene impuesta por ese desajuste entre la politica centralizadora e intervencionista de la monarquia y la insuficiencia de su aparato institucional.
bierno, lo que se comprueba ya en el transcurso de la mayoria de edad de Juan II.
La aplicaci6n del “poderio real absoluto》 a las actividades gubernativas concretas nos lleva necesariamente a la consideracion de la alta importancia que el ejercicio de la gracia tuvo para la época en cuestion, tal como ya ha sido puesto de relieve en alguna ocasion,observandose cómo el gobierno por la gracia,reflejo directo del absolutismo regio,alcanzó una importante dimension juridica y politica, precisamente por lo que evidenciaba de estas tendencias absolutistas,como por su notable efecto social, por su vinculaci6n con la consolidaci6n de una sociedad en la que el privilegio jugaba un protagonismo decisivo l15.
La aplicacion de la gracia real afecta a una amplia variedad de asuntos de gobierno de entre los que destacan cuantitativamente los perdones y las mercedes reales. Puede considerarse que éstos constituyeron el nucleo inicial basico de los temas para los que el rey acudi6 a su poderio absoluto. Sin embargo,tal aplicación se fue extendiendo progresivamente a lo largo de la época de Juan II y Enrique IV, tal como dan buen testimonio de ello los formularios de la cancilleria reall16. Se tratarä de apuntar ahora alguna precisi6n para estos asuntos mas caracteristicos,dejando para otro apartado el caso concreto del perd6n real, por el especial relieve que adquiere dentro de las actividades propias del gobierno por la gracia.
a) Mercedes reales.
Fue el otorgamiento de mercedes reales uno de los motivos mas profusamente empleados por los reyes para expresar su condici6n soberana.La amplia exhibici6n de clausulas y de expresiones de teoria politica que se plasman en este tipo de documentos y que, predominantemente, hacen referencia a esa posici6n soberana del rey y su poder absoluto,tal como ha senalado algun autor,seguramente con acierto,“no es teoria unica y simplemente，sino que tiene unos correlatos practicos>l17. Entre ellos,la reserva que el rey hace para si, con motivo de la concesion de seforios,de determinados ámbitos exclusivos de intervenci6n,en especial,en lo que afecta a cuestiones de justicia.Por otra parte, la manifestacion expresa de que se concede una merced a pesar de que se reconozca la posibilidad de que puedan existir leyes en contra, quedando derogadas por el propio acto de otorgamiento de la merced en cuestion,ya dice mucho de su importancia politica más alla de la pura formulaci6n de argumentos doctrinales 118.
En este mismo sentido nos informan los privilegios que otorgan los monarcas complementariamente a las tomas de posesi6n de senorios,en los que prevalece el mensaje mediante el cual se presenta,en realidad,la merced como un instrumento de exaltacion de la supremacia de la autoridad regia al establecer las reservas especificas para el rey y los supuestos en que deberá producirse el retorno al dominio real del seiorio l19.Mientras,en el propio acto de la toma de posesion se plasma el caracter delegado del poder sefiorial respecto del real 120.
Inmediatamente después de las Cortes de Olmedo, con su grandilocuente proclamaci6n de un modelo de monarquia coherente con el que se expresaba en las denominadas “clausulas exorbitantes>, tiene lugar la concesi6n de algunas mercedes reales en las que parece perseguirse una especie de efecto de eco de lo que se habia establecido en aquella reunión,encontrandose precisamente entre sus beneficiarios algunos de los que mas habian ayudado al monarca en aquellas horas dificiles y que habian hecho manifestacion de su solidaridad con aquel proyecto monárquico que tan directamenterecordabaal del Rey Sabio.
En efecto, el 5 de septiembre de l445, Juan II concede a don Alvaro de Luna la merced de renunciar en su hijo los oficios,dignidades y tenencias que poseia el condestablel21. Hasta cuatro veces se repiten las cläusulas alusivas al poder absoluto del rey que justifican la concesion.No podia ser de otro modo si se tenia en cuenta el trasfondo legal de la merced que,por si misma, contravenia un buen numero de leyes del reino.Asf se manifiesta expresamente en el documento, pretendiendo con el recurso a las cläusulas absolutorias dar la “mejor manera via e forma, que para valer e ser firme se requiere $\gg 1 2 2$ .Lo cierto es que,en realidad, se actuaba contra un buen numero leyes,entre ellas,la ley por la que no se podian proveer oficios,mientras no vacasen, en vida de su titular123. Ademas, el hijo de don Alvaro, al que ahora se favorecia, era menor de edad, no estando aun emancipado, no pudiendo,por tanto, ejercer efectivamente los oficios en cuesti6n i24. Del mismo modo,se obviaba toda solemnidad y procedimiento ordinario para hacer efectiva la toma de posesion !25.En suma,la carta que ahora se daba era manifiestamente desaforada y contra derecho 126. En realidad, era un cumulo casi exhaustivo de actuaciones fuera de la ley a la hora de otorgar una merced. No era sorprendente que la apelacion al “poderio real absoluto》 y a las demás cläusulas derogatorias se repitiera casi como una letania a lo largo del tenorde la cartareal. Se tratabade todo un ejemplo de que la proclamacion de una cierta forma de absolutismo real, tal como se habia producido en Olmedo,era algo mas que una declaración de principios 127.
En la merced que otorga Juan I al marques de Santillana, también en 1445,de la villa de Saldafia y su tierra l28 puede encontrarse una manifesta
126"Ny otrosy enbargantes las leyes que disen que las cartas dadas contra ley o fuero 0 derecho no deben ser obedescidas e non conplidas aunque contengan que las qual clausulas derogatorias eotras firmesas eque las leyes efueros e derechos valederos non pueden ser derogados,salvo por Cortes.Yodemi propio motu e cierta cienciae poderio Real absoluto dequequiero usar e uso en esta parte,como Rey e soberano senor,no reconosciente superior en lo temporal e por justas e legitimas causas que a ello me mueven e por que cumple asy a myservicio ea bien de la cosa publica de mis Regnos,lo abrogo e algo e quito en quanto a esto atane o ataner puede.E dispenso con ello e con cada una cosa e parte dello,aviendo e lo he aqui por espresado e declarado,bien asy como sy de palabra a palabra aquf fuese puesto e de my plenario poderio e del dicho mi propio motu e cierta ciencia suplo qualesquier defectos".Ibid.,I,p. 112.
ci6n parangonable con la que se acaba de seiialar, por lo que se refiere al proceso de extension del recurso al poder absoluto del rey. Tanto en un caso como en otro se observa su utilizacion como instrumento en la concesion de mercedes para salvar sus implicaciones contra Derecho en los momentos inmediatos a las Cortes de Olmedo,con el objeto de favorecer a colaboradores del rey particularmente comprometidos con el modelo de realeza asociado a este tipo de iniciativas.
El recurso al “poderio real absoluto》 resultaba de enorme utilidad para el rey cuando de lo que se trataba era de invalidar una merced preexistente para favorecer con ella a un nuevo beneficiario.Naturalmente,el resultado de tal procedimiento era, para los receptores de las mercedes,una evidente inseguridad juridica. Sin embargo,para el rey representaba disponer de un instrumento mediante el que siempre podia estar en condiciones para recuperar cualquier merced, siendo ésta una expresion no poco importante de los rasgos exclusivos de su posicion soberana l29.
Ni que decir tiene que, cuanto mas excepcional era la merced, más cabia exigir de la aplicacion del “poderio real absoluto>,tal como puede comprobarse en algunas mercedes relativas sobre todo al ennoblecimiento de algun personaje l30,estableciéndose una relaci6n directa entre éste y el ejercicio de una facultad propia englobada en el poder absoluto del rey.
Probablemente,pueda percibirse una sensación de contradicción en todo lo senalado con relaci6n a'las mercedes reales. iPor qué tanto empeno real
130Un buen ejempio en el documento en que se recoge el ennoblecimiento de don Miguel Lucas de Iranzo:“Por el tenor de la presente de mi propio motu ypor mi real actoridad et poderio real absoluto,del qual en esta parte uso y sar quiero,yo vos enoblesco y vos crio yfago noble,yvos constituyo y pongo en linage,estadoygrado de nobleza".Memorias de don Enrique IV,II,doc.XLIX,pp.141-143 (Granada,12-VI-1455).
en actuar contra derecho y en aplicar la mas elevada expresi6n de su poder para favorecer a otros,debilitandose a sf mismo con la entrega de estas mercedes que,a fin de cuentas,eran bienes desgajados del patrimonio real? No era ésta la percepcion que se tenia por parte de la monarquia de las mercedes reales. Si el objetivo hubiera sido simplemente favorecer a alguien por los servicios prestados o por la especial predileccion que hacia el beneficiario tuviera el rey,ni hubieran sido necesarias tantas mercedes,ni hubiera sido necesario que muchas de ellas tuvieran el enorme valor que de hecho tuvieron. Desde la monarquia,ademas de tener en cuenta razones como las que se acaban de citar, tambien se valoraba que la entrega de una merced podia ser un medio de integrar a alguien en el servicio a la Corona.
Planteada la cuestion en el marco de las coordenadas mentales de la época, bien distintas de lo que cabe percibir desde una perspectiva contemporanea,el rey podia encontrar en la concesi6n de mercedes una forma de fortalecimiento de su propia posicion. Por si cabe alguna duda al respecto, convendra ir al tenor de algtin documento, en especial para un monarca tan dado a usar de este tipo de procedimientos como Enrique IV.
Cuando,al hacer donacion a don Alfonso Tellez de Girón, primer conde de Urena, de diversas villas y fortalezas, senala que lo hace “por que vuestra casa y estado sea mas acrescentada por que quanto mas acrescentada fuere, vos me podades mas e en maior grado servirs131, se expresa con toda claridad la compatibilidad entre el otorgamiento de mercedes y el ejercicio del poder monárquico y entre poder nobiliario y poderio real absoluto. Este mismo criterio interpretativo puede aplicarse cuando lo que se pretende con la merced es dar garantia juridica -siempre a la postre mas aparente que real-- a una ciudad para mantenerse dentro del realengo 132.
Dentro de las mercedes reales,son las cartas de mayorazgo una de las ocasiones en que la aplicacion del “poderio real absoluto》 se manifiesta con mayor profusion I33, Se trata de una cuestion del mayor interés,tanto del lado de la monarquia como de los beneficiarios de las concesiones.Para la monarqufa,entre otras cosas,no deja de ser un medio de estabilizaci6n de las relaciones politicas,mientras que para los receptores supone la plasmaci6nde la “unidad indisoluble entre la gloria del linaje $y$ la continuidad en el favor regio》134, lo que seguramente contribuiria a una percepci6n positiva del absolutismo regio como instrumento mediante el que se hacia posible tal concurrencia de intereses.
b） Legitimaciones.
Laaplicacion del “poderio real absoluto》 a las cartas reales de legitimacion,por las que se salvaban los defectos de nacimiento,se hacian posibles los prohijamientos y se anulaban las circunstancias que impedian contraer determinados matrimonios,supone la extension de tal mecanismo a la resolucion de problemas que afectaban a la vida cotidiana en cualquier nivel social. Si su ämbito de utilizaci6n era sobre todo el nobiliario,como consecuencia de su importancia para la transmision de titulos y patrimonios,en cambio,no estaban excluidos otros sectores de la sociedad.Esto explica la importante presencia en los formularios de la época !35.
Para la monarquia, estas cartas de legitimacion suponian la ocasión para patentizar unas atribuciones peculiares y exclusivas de que gozaba el rey dentro de su reino y que le permitia establecer elementos de comparacion con las atribuciones legitimadoras propias del mismisimo Papa,pues si éste legitimaba en lo espiritual,era el rey el que hacia lo propio en lo temporal136.
La aplicacion del “poderio real absoluto》 se hacia especialmente profusa en el caso de las legitimaciones matrimoniales. No hay que olvidar que, con ello,a la vez que se convertia en legal lo ilegal, se podia deducir perjuicio a terceros,por lo que el rey acudia con toda intensidad a aquellos mecanismos que contribuian a dar efecto juridico a lo que habitualmente era el resultado de una conveniencia politica 137.
c) Cartas de naturaleza.
Una de las posibles utilidades politicas concretas en la práctica cotidiana que podia tener una concepcion de preeminencia soberana del poder real, que utilizaba como uno de sus mecanismos de aplicacion el recurso a la disponibilidad de alguna forma de poder absoluto consistia en la paulatina transformaci6n del vinculo politico entre el individuo y el poder soberano, siendo resultado de esta mutaci6n a lo largo de la baja Edad Media,con particular intensificacion en el siglo xv,hasta entrar con pleno vigor en el siglo xvi,el vinculo de naturaleza.
Como consecuencia de su caracter exclusivo para esa relacion entre poder soberano y la comunidad politica y de su aplicacion general al conjunto de la misma, sin excepciones,el vinculo de naturaleza fue tendiendo a superponerse frente a otras formulas con las que coexisti6 durante mucho tiempo,pero que ofrecian matices completamente distintos,como la que quedaba representada por el concepto de vasallo,en la que predominaba una acepci6n de relacion privada,frente a la dimension decididamente publica que caracterizaba al concepto de natural i38.
En el fondo de toda esta cuestion estaba la voluntad de consolidar la efectividad de la soberania real a partir de la potenciación de vinculos directos de fidelidad y lealtad entre el rey y todos y cada uno de los miembros de la comunidad politica,superponiendose con caracter preferente a cualquier otro tipo de vinculaci6n alternativa l39. Esta busqueda de formas de supresi6n de instancias intermedias que favorezcan la relacion directa entre individuo y poder soberano, que ya se advierte con claridad en el siglo xv, en un proceso continuado de potenciación que cabe remontar a la segunda mitad del siglo xil y que habra de continuar en los comienzos de la modernidad, ha sido sintetizado por algun autor como “una tendencia de inmediatizacion del individuo respecto al Estado"140.
Si la condicion de natural se adquiria por el mero hecho del nacimiento dentro de los limites del reino,la necesidad de la mediaci6n de un instrumento de efectos juridico-politicos se planteaba cuando surgia la circunstancia excepcional de la conversion en natural para quien carecia de este origen. Es aqui donde se hizo necesario el recurso al poderio real absoluto, no tanto para convertir en miembro de la comunidad politica a quien era extranjero, sino para que esa conversi6n se produjera con todos los deberes y derechos que le eran consustanciales.Para ello,sobre todo para lo que afectaba a los derechos,habia que actuar fuera de norma,pues se trataba de otorgar derechos excepcionales,lo que suponia,en definitiva, privilegiar, y para resolver tal encrucijadael rey siempre tenia a mano su poderio real absoluto.
Los formularios de la cancilleria real de Juan I ofrecen datos muy sintomaticos con respecto a la evolucion de las cartas de naturaleza en lo que afecta a la aplicacion del poder absoluto del monarca.En las cartas de comienzos del reinado se habla en términos de “plenaria dispensacion>y de “cierta ciencia e poderio real>, tratándose,como se puede ver, de unas expresiones todavia muy contenidas,mediante las cuales se otorga al nuevo natural la adquisici6n de todos los derechos propios de su nueva condici6n 141. En cambio,el poderio real absoluto se proclama con toda solemnidad, rotundidad y completo aparato retórico en Ias cartas de naturaleza mas tardias 142, convirtiéndose en el argumento legal y politico fundamental con el que el rey se siente seguro para forzar la ley y producir la excepci6n segun su necesidad y conveniencia.
d) Nombramientos.
En el ämbito de la iniciativas reales de nombramiento, todo parece indicar que la actuacion regia en este terreno se lleva a cabo mediante la aplicaci6n del poderio real absoluto precisamente para aquellas designaciones en las que la intervención del rey puede interpretarse como una forma de injerencia frente a procedimientos tradicionales,en los que no se contemplaba necesariamente esta intervencion regia.A partir de esta constatacion,podria valorarse el recurso a los poderes absolutos del monarca para actuar en tales materias como una especie de ariete empleado para penetrar en nuevos espacios competenciales.
Asi sucede,por ejemplo, para nombramientos que afectan a la administracion local urbana, donde se ha observado la introduccion del “motu pro\* pio >,como novedad, junto a la petici6n de parte,como justificacion que motiva la iniciativa del nombramiento regio de corregidores a partir de las Cortes de Madrid de l435,confirmandose tal procedimiento en Cortes posteriores l43.Actuaciones basadas en el poder absoluto del rey se producen en general para diversas manifestaciones de las distintas formas de injerencia real en todo lo que afecta al nombramiento de cargos municipales 144, no faltando los nombramientos que se producen expresamente contra fuero 145, pudiendose tambien incluir en este ämbito de actuaciones regias todo lo que afecta a la posibilidad de renuncia de un cargo municipal para traspasarlo a otro 146.
Un ämbito particular de actuacion habrä de ser el referido a nombramientos eclesiasticos. Estando todavia lejos de la f6rmula del exequatur, que habra de llegar a Castilla con un cierto retraso respecto a otros reinos occidentales,sf es posible rastrear en este punto,el de la intervención en el proceso de nombramiento eclesiastico de la gracia real, indicios significativos desde,al menos,los ultimos anios del siglo xiv 147.
En consecuencia, es precisamente en aquellos campos en que las intervenciones reales corren más peligro de exceder claramente los limites definidos por los ordenamientos legales, como son el municipal y el eclesiastico,donde las actuaciones de los reyes para proceder a nombramientos por via de clausulas derogatorias se producen de modo más comun,contribuyendo mediante este recurso a hacer mas accesibles terrenos insuficientemente encuadrados en la accion gubernativa de la realeza.
e) Anulacion de juramentos.
Pocas atribuciones regias,en virtud del poderio real absoluto,podian afectar tan profundamente a la vida social y politica del reino como aquélla por la que el monarca actuaba investido de la facultad de derogar y dar por nulos juramentos y compromisos de cualquier orden. Parecia,por otra parte, evidente que si era capaz de legitimar actuaciones que se reconocian manifiestamente que iban contra las leyes y el ordenamiento del reino,no seria dificil aceptar que quien poseia tal capacidad pudiera ser competente también en la anulacion de juramentos y compromisos.
Sin embargo,la cuesti6n planteaba mas dificultades de las que se pudiera pensar en principio,puesto que en las Cortes de Valladolid de 1442,como ya se vio mas arriba,ante la denuncia de los procuradores sobre el uso abusivo de las clausulas exorbitantes,el rey habia aprovechado la ocasion para legalizar tal uso,dejando solo fuera aquellos casos que se dieran exclusivamente entre partes privadas 148. Sin embargo,en la practica, cabe comprobar como ni siquiera este limite fue respetado, siendo anulados juramentos y compromisos en aplicaci6n de Ias famosas clausuias derogatorias.
Para ello, el motivo ultimo alegado por el rey fue el de la superioridad de su soberania sobre lo previamente acordado o la preeminencia que sobre cualquier acuerdo tenia su servicio real, bien comun y paz y sosiego de los reinos, destacandose esta ultima justificacion,la paz y el sosiego del reino, cuando los juramentos anulados tenian particular incidencia politica.Buena expresión de ello puede encontrarse en la anulacion de los compromisos contraidos para el establecimiento de ligas y confederaciones l49.En otros casos,se trataba de reconciliar a distintos personajes 150,o de recuperar el servicio de alguien I51.Pero la casuistica podia ser tan amplia como exigiera la propia conveniencia del monarca.
$\boldsymbol { \mathscr { p } }$ Testamentos reales.
En su analisis de los indicios de absolutismo regio en la época de los Reyes Cat6licos,sefalaba el prof. Morales Moya la importante presencia de las alusiones al “poderio real absoluto" que se podia detectar tanto en el testamento de Isabel como de Fernando,concluyendo en este punto que, con ello, y como manifestaci6n de estas tendencias absolutizadoras,los testamentos reales se situaban por encima del derecho positivo 152.
Pues bien,un claro antecedente de esta práctica,mediante la cual el testamento real, por la aplicaci6n del poderio real absoluto,se situaba automaticamente por encima del derecho positivo,hasta el extremo de darle carác
150 Reconciliacion entre el conde de Medinaceli don Luis de la Cerda y don Alvaro de Luna,con anulacion regia de los compromisos que en contrario hubiera jurado el primero:“Yo el Rey entendiendo ser conplidero ami seruicio eal bien publico de mis regnos e sennorios e por tal lo declaro de mi propio motu e poderio real absoluto de que en esta parte quiero usar e uso,do lycencia e abtoridat para que sin enbargo de qualesquier leys $^ { e }$ hordenancas e costumbres e fazannas que he aqui por expresas e expresadas asi commo si de palabra a palabra aquifuesen inxertas,las quales quiero e esmi voluntad que non aya vigor e los reuoco quanto al caso presente para que vos don Luysde la Cerda, conde Medina cely e del mi consejo, non enbargante qualquier pleito e omenajee juramento,ligas e confederuciones e oiro qualquier amistanga que fasta aqui tengades fecho con qualquier o qualesquier personas de qual quier ley e estado e condicion e prehemynencia que sean aunque sean reales e de estirpe e lynaje de reys,las quales de mi propio motu e poderio real absoluto yo revoco e do por ningunase de ningund valor,a vos do por libre".Biblioteca Nacional,Ms.19.701,n.°24(Avila, 7-I11-1441. Original).
I51Anulacion del voto y juramento por el que,con acuerdo delrey,don Alvaro de Luna se habia comprometido con los grandes del reino para no entrar en la corte real: "E agora, por quantoel dicho juramentoe voto e pleyto e omenajees en deservicio mio econtra el bien publico epus e sosiego de mis regnos,yo como reye sennor mouido por lo sobre dicho e por otras suficientese legitimas causas conplideras ami seruicio e aexecucion de la mi justicia e al bien e utilidad dela cosa publica delos dichos mis reynos de mi propio motu e sierta ciengia e poderio real absoluto de que quiero usare uso en esta parte reuoco,caso e anullo eyrruto e heedo por ninguno e de ningund valor e rocto e cancellado pormi sentencia real eldicho juramento $e$ votoe pleytoe omenaje".Biblioteca Nacional,Ms.19.701,n.°33(Aré- valo,20-XII-1440. Original). O tambien, la orden de Juan I al conde de Benavente por el que le manda que acuda a su servicio,anulando los juramentos y compromisos que tuviera de permanecer en la villa de Benavente: Pastor Bodmer,op.cit.,I,p. i74 (25-III-1446).
ter de ley, puede encontrarse ya en el testamento de Juan II, otorgado en Valladolid el 8 de julio de 1454. Junto con las habituales cläusulas derogatorias,se establece c6mo todo lo recogido en el testamento real deberä ser tenido por ley 153.De este modo,mediante el recurso a su “poderio real absoluto>,el monarca convierte el acto de testar en una manifestacion de su potestad legislativa.
4. El perdón real.
Junto con la concesion de mercedes,el perdón real es la expresion mas caracteristica de ese ämbito de acciones gubernativas propias de la realeza que quedaban englobadas dentro de lo que se entendia como la gracia real. Al igual que ocurria con las mercedes,Ia administracion del perdon era un instrumento esencial del poder real, ocupando lugar destacado aquellos que se otorgaban por consideraciones de indole politica,percibiéndose con claridad como una expresion muy significativa del absolutismo regio, no estando exenta de contestaci6n su reiterada utilizacion por los monarcas castellanos,hasta entender como abusiva y perjudicial para el mantenimiento de la justicia.
a） El perdón como instrumento del poder real.
La asociacion entre perd6n y poder real ha sido considerada como de valor esencial, entendiéndose tal asociacion como un factor decisivo en el desarrollo de las nuevas concepciones que caracterizaron la evolución de la monarquia hacia el absolutismo, halländose en la base de tal asociaci6n, como es bien sabido,la aplicacion del viejo principio romano “quod principi placuit legis habet vigorem)l54.La propia relaci6n directa que se establece entre el ejercicio del perdon y el mencionado principio romanista 155 ya apunta a la estrecha vinculacion entre el perdon real y la potestad legislativa del rey, contribuyendo tal circunstancia a dar particular protagonismo en el ejercicio del perd6n real a los principios absolutistas.
Tal como se definia el perdon real en la Partidas I56, su practica adquiria una cierta connotacion religiosa acorde con el ideal ético de monarca que se impulsó durante la segunda mitad del siglo $\mathbf { X } \mathbf { I } \mathbf { I } ^ { 1 5 7 }$ . Sin embargo, segun vamos avanzando en la baja Edad Media, y a pesar de que no deje de haber referencias a esa percepcion simplemente virtuosa del perdón real, se va haciendo progresivamente evidente su valor como arma politica l58.En este sentido, parece indudable que los monarcas de la dinastia Trastámara tomaron progresiva conciencia de esta utilidad como tal arma political59.Por otra parte,no se les debió escapar la mutua potenciacion que se producia entre perdon y poder absoluto. Si cuanto mas reconocido era el poder absoluto del rey éste podia disponer de mayor margen de aplicacion de sus perdones; en la propia aplicacion del perdon el rey podia encontrar un instrumento de profundizaci6n en sus pretensiones absolutistas.
Para otros reinos occidentales se ha estudiado con detalle las distintas expresiones causales,tal como se refleja en la documentaci6n real,mediante las que se fundamenta el otorgamiento del perdon l6o.Da la impresión que,en el caso castellano, hay un predominio, como causa esencial directa del perd6n,de la posici6n que el rey reconoce en si mismo de situarse por encima de todo juicio y sentencia y como expresion de la potestad legislativa que se atribuye,por lo que el acto del perdon se convierte en una manera de afirmación de la preeminencia real sobre la ley,lo que,en definitiva,viene a ser la genuina expresion de una concepcion absolutista del poder regio l61. Si lo que se acaba de senalar seria la interpretación más avanzada,en el contexto de la evolucion politico-institucional de fines de la Edad Media,en el nivel de lo que era su interpretacion mas tradicional, en ese mismo acto del perd6n la monarquia plasmaria su doble dimensi6n de justiciera y benefactora l62.
b) El perdon real como arma politica.
La utilizaci6n del perdón real como instrumento politico de la monarquia que se aplica a la regulaci6n de los conflictos se produce con alguna reiteraci6n en el escenario particularmente convulso del periodo considerado. Entre estos perdones reales,naturalmente, los de carácter politico alcanzan un relieve particularmente notable.En este punto cabe advertir indicios significativos de evoluci6n que apunta al desligamiento del rey con respecto a determinadas limitaciones en el ejercicio de tal facultad.
Cuando Juan I otorga un perdon general en 1428, éste se produce a instancias de una suplicacion,su concesion es resuelta en consejo,y sus efectos de exculpaci6n no tuvieron un carácter universal,excluyendo a los que ya habian sido condenados por sentencia y dejando a salvo el interés de parte 163.En definitiva, tal perd6n parecia plasmar una fórmula de sujeción del rey a los limites de la ley,tanto por la iniciativa, que era ajena al rey, como por el procedimiento de aprobacion, como por la extensi6n de su aplicacion, evitando dar por nulas sentencias firmes.
Situaci6n completamente distinta se puede encontrar para el perdon general que otorga Juan II en I45o l64.Es el rey el que toma Ia iniciativa y resueive personalmente su aplicación, no determinándose razones de exclusi6n,aplicando expresamente su “poderio real absoluto》 para obviar cualquier contraposicion con disposiciones legales previas.Cabe encontrar en todo ello un cambio enormemente significativo que apunta en el sentido de que,para cuando Juan I otorga el perd6n de 145O,tal instrumento ha entrado de lleno en el ámbito de aplicacion del poderio real absoluto,lo que,en cambio,no parece claro que sucediera cuando se concedio el de l428.Del mismo modo,la tendencia a la politizaci6n del perdon es evidente.Asf, para el de l45O cabe encontrar una relación verdaderamente exhaustiva de las causas politicas de su concesion y de Ios amplios beneficios de la más variada indole que el rey piensa obtener con ello. Esta misma sensación de falta de limites en la concesion del perdon es lo que parece percibirse de la promesa de su otorgamiento por Enrique IV en 1465 a los que en el plazo de diez dias volvieran a su obediencia,no haciendo en este caso alusión a las cläusulas derogatorias puesto que el documento en cuesti6n no recoge la concesion efectiva del indulto real, sino tan solo su promesa 165.
Dentro de los perdones colectivos,con Juan II y Enrique IV alcanzaron un cierto relieve aquellos que iban dirigidos a los habitantes de una determinada ciudad.En tales casos,la inmediatez de la necesidad politica de su aplicación se hace particularmente evidente.En todos ellos,tal como,entre los documentalmente más accesibles,se puede comprobar para Lorca,en l450 166; Toledo,en 1451 i67,o Ia misma ciudad de Toledo para $1 4 6 8 ^ { 1 6 8 }$ ,constatandose la omnipresencia del “poderio real absoluto" como fundamento juridico-politico a partir del cual actua el rey con entera libertad en cuanto a amplitud y caracteristicas concretas de los perdones concedidos.
Si resultaban menos relevantes los perdones individuales de interés politico, éstos se concedieron siguiendo los rasgos ya advertidos para los de caräcter general o colectivo, presentandose igualmente como actos resultantes de la aplicacion del poderio absoluto del rey 169.
c） El perdon real como conflicto.
La transformación del perdón real, tal como acaece durante el reinado de Juan I,en un instrumento al servicio de los intereses del rey que lo administra por la aplicaci6n de su poder absoluto,al margen de cualquier control y por su propia iniciativa, sin limite preciso alguno, fue detectada, sobre todo en el contexto de las reuniones de Cortes,como indicio importante del progresivo desligamiento del rey con respecto a la ley, dando origen a eventuales quejas y protestas que, tantas veces, en la practica no tuvieron efecto alguno, lo que no impide constatar su presencia como un sintoma mas de la toma de conciencia de las tendencias absolutizadoras del poder real.
En Ias Cortes de Valladolid de 1447,en su peticion 24,los procuradores mostraron al rey su preocupaci6n por la liberalidad con la que el rey venia concediendo su perdón,entendiendo que tal procedimiento iba en perjuicio del bien comun del reino, exigiéndole que se cumpliesen las leyes tocantes a tal figura juridica l7o. El rey reconocio la existencia de una legislacion que limitaba el uso real del perdón, segun lo establecido en las Cortes de Briviesca y en la ordenanza que dio a tal respecto Enrique III en 1399,plasmándose en esta norma especiales cautelas,en particular,en lo que se referia a Ia intervenci6n del Consejo Real 17!. Juan II se comprometió en su respuesta a sujetarse a estas normas,aun advirtiendo de las especiales necesidades que,como rey, podia tener para ejercer perentoriamente esta facultad,aceptando, no obstante, no ampararse en las clausulas derogatorias vinculadas al “poderio real absoluto》para evitar su cumplimiento l72.Fue exactamente todo lo contrario de lo que hizo con motivo del perdon general concedido en l45O antes aludido y en otros que otorgó hasta el final de su reinado,en Ios que se amparó expresamente en su poder absoluto para desentenderse de cualquier limite legal para proceder a perdonar segun su conveniencia.
Ante esta falta de cumplimiento, que se extendio por igual al reinado de Enrique IV, no es de extranar que,en las Cortes de Toledo de 1462,se denuncien diversos casos en los que el perd6n real otorgado fuera de lo que las leyes permitian sea un hecho comun i73.Es asi que cuando los procuradores reunidos en Ocana en l469 reclaman del rey la revitalizacion de una Audiencia Real que parecia decididamente paralizada en su actividad, tras las recientes alteraciones politicas, desarrollen toda una argumentación dirigida a poner de manifiesto la supremacia de la justicia sobre la misericordia174. Con ello se dejaba patente el abuso politico que del perdon real se venia realizando a lo largo del reinado.
5.Absolutismo real y conflictos politicos.
La referencia al absolutismo real no parece carente de significados y de aportes interpretativos en el marco de los principales procesos de indole conflictiva que tienen lugar en la evoluci6n politica del periodo comprendido entre 1445 y 1469.En asuntos del relieve de las privanzas,de la formación de confederaciones y bandos nobiliarios,de movimientos populares o,incluso,y con particular vigor,en la deposicion de Enrique IV y la consiguiente guerra civil, la consideracion del absolutismo real debe ser objeto de alguna suerte de valoracion en una perspectiva de interpretaci6n global de tales contextos de conflicto.
a) Las privanzas.
Habitualmente se percibe la privanza como una forma de limitación del ejercicio del poder regio. Sin negar lo que de cierto pueda haber en ello, tambien es posible advertir otras connotaciones de signo distinto.Frecuentemente los privados reales del siglo xv se presentaron como adalides de la defensa del poder regio. Independientemente de lo que pudiera haber en ello de justificacion ideol6gica de sus propias ambiciones,lo cierto es que no hay que subestimar, por ejemplo,la decisiva aportaci6n de don Alvaro de Luna a la consolidacion,primero,y ampliacion,después,del “poderio real absoluto" de Juan I,lo que habria de tener,por cierto,consecuencias bien nefastas,con el tiempo, para el propio privado.
A partir de la crónica que del condestable escribiera Gonzalo Chac6n, en su afan apologetico en favor del biografiado,se aplica el mayor empefio panegirico cuando se alaba la actitud de entrega al servicio del rey, siendo esta dedicacion la que da dimension heroica a la vida del privado que culmina con su propio sacrificio personal en su entrega a esta causal75.En el fondo, en tal forma de presentar las cosas subyace una adhesion a los principios del absolutismo real. Tal postura del cronista es coherente con la propia actitud politica del protagonista de obra.
Lo cierto es que una buena parte del impulso que experimenta el absolutismo real en el transcurso,sobre todo,de las dos ultimas décadas del reinado de Juan II,que constituira un legado tan importante de cara a la evoluci6n inmediatamente posterior de este principio politico,se debe a la iniciativa personal del condestable. Baste recordar, sin volver sobre ello, puesto que ya fue antes objeto de consideracion y ha sido valorado por otros autores l76,c6- mo conviene considerar las Cortes de Olmedo de 1445,con toda su decisiva aportaci6n a un modelo de monarquia de pretensiones mas que autoritarias, decididamente absolutistas,como resultado de la planificacion y el empeno personal de don Alvaro.
El caso resulta particularmente impactante si se tiene en cuenta que el propio don Alvaro pereci6 victima del monstruo que él habia contribuido a alimentar. En efecto, es en aplicacion del poderio real absoluto c6mo Juan II detiene, primero l77,y envia al cadalso, despues, a don Alvaro, dando clara muestra del desarrollo alcanzado por este principio politico al término del reinado.La sentencia condenatoria de don Alvaro de Luna puede considerarse como todo un monumento al poder absoluto del monarca,patentizando la amplitud de los recursos que con su aplicación se ponian en manos de éste 178. El que esto fuera asi habia que atribuirselo a la propia estrategia politica de quien ahora era condenado en nombre de esa misma concepcion.
No fue don Alvaro de Luna una excepcion. En gran medida, la valoraci6n que se ha hecho en alguna ocasi6n de la crónica del condestable don Miguel Lucas de Iranzo para lo que respecta a sus relaciones con Enrique IV ofrece igualmente datos valorables en este mismo sentido l79,el de un privado que,en su entrega al servicio real, contribuye a consolidar y potenciar aquellos rasgos que más favorecen la preeminencia y soberania regias,entre los que, naturalmente,de acuerdo con la ideologia politica de la época, el poderio real absoluto no puede estar ausente.
Ni que decir tiene que,a pesar de la vision edulcorada que de estas actitudes puedan ofrecer los autores de crónicas particulares de la época, las razones politicas son evidentes. Si el privado se convierte en un administrador del poder reconocido en el rey y en la corona, su ámbito de administraci6n y,por tanto,su influencia, sera tanto mayor cuanto más crecido se halle un poder real que,en definitiva, se le esta confiando. De ello tuvo plena conciencia don Alvaro de Luna, que,en consecuencia,actuó de acuerdo con el dictado de sus intereses personales.El problema radica más bien en la inestabilidad de la propia condici6n de privado,que es tan solo el resultado de la voluble voluntad del rey. De modo que,al final, siempre es éste, el monarca,el que recoge la cosecha de la siembra que sus privados hayan podido hacer en beneficio de la ampliacion del poder real. Mientras que los privados pierden tal condicion,las conquistas de sus estrategias,aunque movidas por sus particulares intereses,que hayan podido producir a beneficio de la monarquia,quedan para ésta ypara sus titulares soberanos.
b）Las confederaciones nobiliarias.
Se ha senalado, con razon, por diversos autores la presencia de unas ciertas concepciones politicas en las cartas de confederacion que definirian los marcos ideol6gicos en que éstas se solian mover, si bien, todo ello era compatible con la utilizaci6n de tales enunciaciones como forma de legitimacion de lo que eran objetivos efectivos,generalmente traducibles en la consecuci6n de nuevas mercedes y de nuevos ámbitos de influencia para el linaje 180.
Si se revisan tales alegaciones ideol6gicas,se constataran consideraciones muy genericas y abiertas a muy diversas matizaciones politicas,segun losintereses concretos en juego.Asi se hablarä del “servicio de Dios y del rey",del “bien comun>,del “buen gobierno",o del “pacifico estado de los reynos"181,observandose escasa evolucion en la utilizacion de tales principios 182. En cambio,no cabe hallar una toma de posición concreta sobre el absolutismo regio,ni para utilizarlo como argumento que movilice la solidaridad de los linajes confederados,ni para motivar tampoco su reacci6n combativa.
A pesar de la frecuente asociacion de las confederaciones nobiliarias a posiciones de resistencia al poder real,es bien sabido cómo en muchos casos estamos ante el resultado de la propia iniciativa monarquica que promueve tales f6rmulas para encontrar un apoyo suplementario en situaciones de particular inestabilidad 183. Si bien en estos casos hay una referencia directa,pero habitualmente genérica,a su actitud de obediencia al rey184, tampoco cabe encontrar alusiones especificas al absolutismo regio,ni siquiera en aquellos contextos de particular polarizacion entre bandos nobiliarios favorables y detractores del rey 185.
Puede afirmarse,en suma,que,a partir de la consideracion de las razones de movilizaci6n y de los objetivos expresados en las cartas de confederación, el “poderio real absoluto》 no parece que sea una cuestion que se vea directamente afectada.En cambio,no es posible obviar un cierto nivel de afectacion indirecta.Probablemente,la alusion mas evidente a tal cuestion se produzca a través de un recurso formulario que se constata,sobre todo,en las cartas de confederaci6n de tiempos de Enrique IV. En él se alude a c6mo los firmantes no recurriran a obtener la absoluci6n de los compromisos contraidos, mediante la suplicacion al Papa,al rey,o a quien tenga autoridad para otorgarla,haciendo expresa mencion de las clausulas derogatorias habitualmente utilizadas en su documentacion 186.
La presencia de tal alusion pone de manifiesto cómo se reconoce la existencia de un “poderio real absoluto》 con la capacidad derogatoria ya conocida.Pero, ademas, en este caso tal circunstancia toma particular relieve si se tiene en cuenta que estamos ante un acuerdo entre particulares, correspondiente,por tanto,a ese ámbito para el que hubo especial voluntad de dejarlo al resguardo de la potestad absolutoria del rey. Sin embargo, hay que advertir que los firmantes se reconocen con capacidad para oponerse a esa posible absolución en el caso de que se les aplique a peticion de parte,o sin haberla solicitado por ninguno de ellos. Esto vendria a suponer una especie de exencion de la carta de confederacion con respecto al poder absoluto del rey.
En definitiva,si se considera, como parece adecuado entenderlo,la presencia de tal cläusula como la alusion mas directa al poderio real absoluto,a la vez que en su misma inclusi6n se pone de manifiesto el reconocimiento de tal cualidad como formando parte de la iniciativa ordinaria del monarca, tambien se evidencia ia voluntad de situar las cartas de confederacion fuera de su ámbito de aplicaci6n. Con todo ello estariamos ante lo que podria entenderse como un reconocimiento matizado y claramente limitado de la potestad derogatoria del rey.
c) La guerra civil de 1465 a 1468.
Un rasgo que va a contribuir a caracterizar profundamente este conflicto con relacion a otros conflictos comparables de su época va a ser la fuerte ideologización de la que serä objeto,lo que seguramente serä resultado de la debil legitimidad de la que parten las dos posiciones en conflicto,tanto la del rey 187,como la de los partidarios del principe Alfon$\mathbf { s o } ^ { 1 8 8 }$ .Debates teológicos,cartas al Papa, poemas cancioneriles,verdaderos tratados politicos...,entre otros muchos tipos de textos,dan testimonio escrito de esta efervescencia ideológica que alcanzó aquel conflicto como pocos 189.
Planteada Ia deposici6n de Enrique IV como resuitado de una falta de legitimidad de ejercicio,era necesario poner de relieve tal defecto a partir de la valoración de aquello que caracterizaba en un plano individual el buen o el mal gobierno de un monarca, y esto no era otra cosa que el uso que hubiera hecho de la gracia y de sus dos principales expresiones,el perdón y la merced reales.Es por esto que el fundamento principal de la inhabilidad politica de don Enrique,segun sus detractores,se referia preferentemente a que hacia un uso excesivo del perd6n y a que otorgaba
189Sobre la voluntad de comprometer al Papa por parte de ambos bandos puede verse mi articulo:“Enrique IV de Castillay el Pontificado (1454-1474)",En la Espana Medieval,19 (1996),pp.167-238.La importante aportaci6n de Rodrigo Sänchez de Arévalo a la incuestionabilidad de la legitimidad de Enrique IVde Castilla frente a las acusaciones de los alfonsinos en:Robert B.Tate,Ensayos sobre historiografia peninsular del siglo xv,Madrid,1970, pp.105-122.Un tratado politico coetaneo del momento que da testimonio de la confrontacion de legitimidades puede encontrarse en la obra de Pedro de Chinchilla,Exhortacion de la buena y sana doctrina,realizada por encargo del conde Benavente y， por ello,decididamente antienrriquena,viniendo,en definitiva,a impugnar a Enrique IV por su falta deadecuacion con el ideal derey virtuoso (Biblioteca Menendez y Pelayo,Ms.88, estando su edici6n en curso a cargo del prof. Bonifacio Palacios Martin).A todo ello,naturalmente,se puede anadir la rica informaci6n que ofrecen los distintos cronistas interesados en este acontecimiento, donde se puede encontrar un fidedigno testimonio,en función de la lealtad de cada cual,de ese caracter de conflicto ideol6gico que alcanz6 esta confrontacion.
mercedes a quienes no las merecian,siendo resultado de todo ello el que el ejercicio de la gracia real se convertia en la fuente principal de la injusticia imperante en el reino 190.
Considerada de este modo la cuestion, llegamos al problema que aqui nos interesa: el del papel del poder absoluto del rey en el desarrollo del conflicto.El poderio real absoluto era un factor determinante en la expansion de la gracia real. Si el rey se habia mostrado incompetente en la utilizaci6n de ésta,mientras se quisiera llegar a una soluci6n pactada, habia que imponer condiciones al poderio real absoluto como factor de regulacion de la gracia real. Desde este punto de vista, la Sentencia Arbitral de Medina del Campo, como intento mas relevante de soluci6n pactada,ofrece un valor inequivoco. Veamos cuales fueron las propuestas que en este importante texto se manejaron con relaci6n al asunto del absolutismo regio.
La Sentencia Arbitral de Medina del Campo de 1465 91 ha sido en alguna ocasion considerada como el documento de mayor relieve hist6rico en el contexto de la historia politica del reinado de Enrique $\mathbf { I V } ^ { 1 9 2 }$ ,valorandose como la plasmaci6n de un proyecto politico ampliamente compartido y asumible por todos los estamentos representados en el proceso negociador del que fue resultado l93. No ofrece muchas dudas el que el tema del “poderio real absoluto》 tuvo un tratamiento especifico, sin embargo no tengo la impresion de que se abordase ni con criterios radicales, ni globales 194,sino que su consideracion se produjo mas bien a partir de la impugnacion de algunas decisiones que habia impuesto el rey mediante el recurso a la aplicacion de tal principio 195.
Es decir, que,en definitiva, no me parece que estemos ante un ataque directo al ejercicio del “poderio real absoluto》 como instrumento de gobierno,ni ante su explicita impugnacion, sino mas bien ante la reaccion contra algunas actuaciones precisas del rey fundamentadas en la aplicaci6n de tal principio,ni siquiera todas ellas,quedando,en cualquier caso,dicho principio a salvo.De hecho,tan a salvo,que la aceptacion por el rey de la Sentencia se produce mediante la referencia a su “poderio real absoluto》,en el que sereafirma al final del texto con toda rotundidad 196.
Dificilmente se podia presentar una ocasion mas favorable para erradicar el absolutismo real como procedimento de actuacion regia. Sin embargo,la Sentencia de Medina del Campo se limit6 a condenar tan sólo lo que podriamos entender como una serie de malos usos concretos que se habian llevado a cabo por su mediaci6n. En cierta medida,al dejar pasar tal oportunidad, se estaba favoreciendo una cierta forma de reconocimiento, por lo menos, para
196En efecto,conviene no olvidar que la aceptaci6n porel reyde la Sentencia Arbitral de Medina del Campo se produce exactamente en los siguientes términos:“La qual dicha sentencia $\acute { e }$ declaracion por los dichos diputados con el dicho padre general de que de suso face mencion é va encorporada pormi vista,porque todo lo en ella contenido procedi6éman6 de mi voluntadépor virtud de mis poderes é con mi abtoridad que para ello les di, e aun porque los dichos diputadoséel dicho padre general lo fablaroné comunicaronéplaticaron conmigo muchas $\acute { e }$ diversas veces, $\acute { e }$ de todo ello fui $\acute { e }$ soy ciertoé certificado $\acute { e }$ por mi visto é esaminado singularé especialmente,éentendiendo que todo ello fue ées fechoä serviciode Dios $\acute { e }$ mio $\acute { e }$ ensalzamiento de nuestra santa fecatolicaéä conservacion de la mi justiciaéá buena gobernacion épro é bien de mis regnos; por ende de mi propio motu é cierta ciencia é poderio real absoluto,de que quiero usar $\acute { e }$ uso en esta parte,confirmo $\acute { e }$ aprueboéhepor firme todo lo susodichoédeclaradoé ordenado por losdichos diputados de acuerdo $\acute { e }$ consejo deldicho padre general,é suplo qualesquier defectos de substanciaéde forma $\acute { e }$ solepnidad queenello aya entrevenido,é si necesario es para validacioné firmeza de todo,yo lo ordeno $\acute { e }$ mando que sea guardado $\acute { e }$ complido $\acute { e }$ esecutado para ahora $\acute { e }$ para siempre jamas".Memoriasde don Enrique IV,II,p.479.
su excepcional aplicacion. Todo ello hace pensar que,acaso ya para entonces,el persistente recurso de los monarcas a su “poderio real absoluto》 se habia hecho tan habitual que no se podia concebir al rey enteramente despojado de tal cualidad.Ya no cabia pensar en su definitiva anulacion, sino tan s6lo en evitar sus efectos mas funestos referidos a actuaciones precisas y en su reduccion a circunstancias excepcionales.
Es posible que, desde la perspectiva del principio politico que aquf se viene analizando,la clave interpretativa haya que buscarla en el ultimo sentido que se acaba de apuntar, el de la reduccion del “poderio real absoluto" a un instrumento del poder regio de uso excepcional, lo que ciertamente chocaba con la practica politica reciente en la que se estaba advirtiendo,ya desde los anos finales de Juan I,una tendencia a su cotidianizacion.Probablemente fue este matiz de la cuestion el que llevó a hacer saltar todas las alarmas,comenzandose en amplios medios de la sociedad politica castellana a formular la pregunta de si habia algo al seguro resguardo de los efectos derogatorios del “poderio real absoluto>. Evidentemente el trecho entre esa posicion extrema que los hechos parecian confirmar y la otra posicion extrema que hubiera supuesto la pretension de total liquidacion de tal principio,era demasiado grande como para que ésta ultima opcion fuera factible. Por eso se apunt6 a una soluci6n posibilista: si no parece posible despojar a la monarquia de su poderio real absoluto,sin evitar lo que acaso hubieran podido ser males mayores para los propios intereses estamentales,reduzcase a la condición de recurso excepcional, impidiendo su firme trayectoria haciala conversion en procedimiento ordinario como,de hecho,ya parecia serlo en los anios inmediatos a 1465.
Por otro lado,no hay que olvidar el predominio de los criterios nobiliario-senoriales en la mencionada sentencia.Desde la perspectiva de dichos criterios,la supervivencia de un marco de discrecionalidad regia con el que se identificaba la administraci6n de una gracia real que ahora se vinculaba de modo directo al ejercicio del “poderio real absoluto》 era de todo punto necesaria. Tan necesaria como comprometer al rey con la salvaguarda de sus intereses politicos y patrimoniales que tenian una de sus principales expresiones en la merced, que era una de las manifestaciones mas caracteristicas de la propia gracia real.El problema,por tanto,estaba en que a estas alturas de la evolucion politico-institucional del siglo xv parece que la vinculaci6n que se habia establecido entre gracia real y “poderio real absoluto》era demasiado estrecha como para concebir la primera sin el segundo.Por ello, no se fue al fondo de la cuestion,lo que nos hace recordar lo que ya se ha dicho aqui y en trabajos ya citados de otros autores sobre el absolutismo necesario.
Pero,por llamativo que pueda parecer,y con toda la evidente importancia que en si misma tiene la Sentencia Arbitral de Medina del Campo, la aceptacion del absolutismo regio como instrumento reconocido y aceptado,incluso por la nobleza mas radicalmente partidaria de una fórmula de monarquia decididamente limitada,se constata,aun con mas claridad que por el propio texto de la Sentencia, por la documentacion que durante la guerra civil expide la cancilleria del principe Alfonso,o mejor,de Alfonso XII de Castilla, pues se trata de documentacion dada en su nombre como rey.
Ante el incumplimiento de lo pactado en la Sentencia Arbitral de Medina del Campo,como es bien sabido,en los meses inmediatamente siguientes de 1465 se precipitan los acontecimientos hasta llegar a la confrontacion abierta tras la proclamacion en Avila del joven principe don Alfonso como rey de Castilla 97.Por fin se daban las condiciones necesarias para llevar a cabo,si asi se quiere llamar, una especie de refundacion de la monarquia castellana.En la corte de don Alfonso estaban los maximos inpiradores del movimiento antienriquefo y,en definitiva,de los principios limitadores que se habia pretendido aplicar a Enrique IV en Medina del Campo.Si uno de los objetivos politicos fundamentales era el despojamiento del rey de sus atribuciones absolutistas,éste era el momento para conseguirlo. Sin embargo,lo que sucedió fue exactamente aquello hacia lo que se apuntó en la Sentencia de Medina,no pudiendo negar la coherencia entre tal documento que,en efecto,ahora se confirma como un verdadero programa politico,y la breve accion de gobierno desarrollada desde la corte real de don Alfonso en su breve existencia entre 1465 y 1468.
Por lo que se refiere al “poderio real absoluto》, puede afirmarse con toda rotundidad que permaneci6 vigente como instrumento del poder real durante el breve reinado de Alfonso XII de Castilla198, pero eso si, sometido a una aplicacion excepcional, sin convertirse,tal como habia sucedido con Juan II o con Enrique IV, en una especie de comodin permanentemente en manos del rey y siempre aplicable a lo que, segun su criterio o el del privado de turno,conviniese.
En efecto,las clasulas derogatorias se utilizan.Ahora bien, y esto es muy importante tenerlo en cuenta con relacion a la intepretacion que se acaba de apuntar, ni se utilizan con la misma frecuencia,ni se formulan siempre de la misma manera,ni se detecta en supuestos tipicos en que la aplicaban Juan II o Enrique IV, siendo siempre constatable un sentido de excepcionalidad y, si asi se quiere llamar, de necesidad juridica en su uso.
Puede afirmarse que la utilizacion de la referencia al “poderio real absoluto》 se reduce significativamente,incluso cuando se trata de documentos tipicos,como otorgamientos de mercedes,en los que,en los anios anteriores a 1465,se venian aplicando con bastante regularidad199.Cosa insólita en el caso de la documentacion de Enrique IV y de Juan I,hay ocasiones,en la documentacion alfonsina,en que se incluyen las tipicas clausulas derogatorias como “motu propio e ciencia cierta》 sin que,en cambio,se aluda al “poderio real absoluto $\gg 2 0 0$ ,lo que da clara manifestacion de la voluntad de comedimiento en tal tipo de alusiones.Hay otros casos en que,junto a las dos expresiones que se acaban de citar,se anade,en efecto,la referida al poderio real, pero evitando,lo que resulta aun mas sintomatico,la palabra “absoluto"201.
Pero,por si fueran poco significativos estos indicios,aun lo son mas,a mi modo de ver,las consideraciones que se incluyen en alguna de las ocasiones en que se hace alusion,esta vez si,al “poderio real absoluto>. Asi, como si se quisiera evitar cualquier sospecha de vuelta a tiempos anteriores, se incorpora una frase en que se recuerda que tal clausula no puede significar que cualquier derecho pueda ser revocado por su sola aplicaci6n,siendo esto sólo posible para determinados casos exclusivamente por la intervención de las Cortes 202, como si con ello se quisiera establecer una cautela para la delimitacion del campo de acci6n de la facultad derogatoria del rey.
De esta limitada utilizaci6n del “poderio real absoluto》 por la cancilleria alfonsina se pueden sacar varias consecuencias.La primera,que era un principio gubernativo respecto del que existia una evidente sensibilizaci6n politica,como lo demuestra su diferente utilizaci6n con los distintos monar
200Asi puede verse en el albala de 13 de agosto de l466 por el que Alfonso XII otorga al arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo la alcaidia de la ciudad de Avila,leyendose lo siguiente:“Lo qual mi merced es que se faga e compla non embargante qualesquier impedimento de qualquiervigoroefecto calidadomisterio que contra lo sobredicho o qualquiercosa o parte dello sea o ser pueda con lo qual, todo yo dispenso en quanto a esto atane". Morales Muniz,Contribucion al registro diplomatico del rey Alfonso Xil,doc.VII,p.62.Como se ve,dificilmente se puede comparar esta expresion derogatoria con la prolijidad de las que venia haciendo uso para este mismo fin Enrique IV.
201En este caso se trata de la concesion de un mercado franco semanal a Madrigal de 20 de noviembre de 1466,incluyéndose como clausula derogatoria,como se vera,de lo mas sucinta,la siguiente expresi6n:“Conlo qual todo yo dispenso en esta parteydemi propio motue cierta cienciae poderio real lo abrogoe derogo".Ibid.,doc.X,p.67.
202Se trata de una merced otorgada el 17 de febrero de 1468.Ibid.,doc. XVI, pp.77- 81.
cas,segun el programa politico que se pretenda desarrollar en cada caso.La segunda, que su propia formulacion como clausula cancilleresca tenia su importancia,variando en funcion de su valoracion politica.La tercera, que,a la altura de 1465,la relacion entre monarquia y poder real absoluto no se polarizaba en una opcion absolutista y otra antiabsolutista,sino que las opciones efectivas en juego eran monarquia ordinariamente absoluta o excepcionalmente absoluta.Y cuarta,consecuencia de la anterior, que ni siquiera para la nobleza mas decididamente partidaria de la mas rigurosa limitaci6n del poder real era concebible la total liquidacion del “poderio real absoluto>,en el que se veian evidentes utilidades,no siendo ajenas a sus propios intereses.
d) Los movimientos populares.
Al analizar algunos de los movimientos populares que tuvieron lugar durante el periodo en que se desenvuelve este estudio en su relaci6n con la evolución de las tendencias absolutizadoras del poder real, puede observarse c6- mo estamos ante una diversidad de actitudes.
Por de pronto, conviene tener presente cómo,al menos desde los anios treinta del siglo xv, va teniendo una cierta presencia como elemento del discurso ideológico que acompana a algunos movimientos populares el concepto de “comunidad>, con el cual, en una de sus acepciones,tal como se ha observado, se ofrece una especie de sinónimo de estructura politica que se pretende exenta respecto del poder real, hasta llegar,ya a fines de los anos cuarenta, a asociarse “comunidad》 y “comunero》 con una actitud de oposicion y de resistencia a la monarquia203.
El seguimiento del concepto de comunidad como instrumento ideol6gico al servicio de la resistencia al poder monarquico encuentra un momento privilegiado de aplicacion en la conocida revuelta toledana capitaneada por Pero Sarmiento,en la que se pueden encontrar algunas de las argumentaciones mas rotundas sobre la exigencia de sometimiento de la monarquia a los ordenamientos legales y,en definitiva, sobre el rechazo mäs enérgico a cualquier forma de poder real absoluto.El prof. Gutiérrez Nieto 204,siguiendo el memorial elaborado por el bachiller Marcos Garcia de Mora,en el que se contenian las reivindicaciones del movimiento toledano,ha sistematizado con toda claridad la alternativa que planteaba la comunidad toledana al modelo de monarquia de pretensiones absolutistas que se habia dibujado tan s6- lo unos pocos anos antes en las Cortes de Olmedo.
Tal alternativa, segun el mencionado autor, se componia de cuatro_puntos.En primer lugar, las normas dadas por la monarquia contrarias a Derecho o al bien comun no tienen valor. En segundo lugar, se reivindica el denominado defecto de jurisdiccion para aquellos casos en que el rey no quiere administrar justicia o la administra arbitrariamente o da disposiciones contrarias a derechos fundamentales del individuo o al bien de la comunidad, estando justificado en tales circunstancias el derecho de resistencia y defensa contra el rey. En tercer lugar, los actos de tirania desiegitiman al tirano que debe ceder su poder a su sucesor o,de no haberlo,a las ciudades.En cuarto lugar,los naturales estan obligados a oponerse a las disposiciones reales injustas,no siendo solo un derecho,sino tambien un deber.
Resulta evidente que la aceptaci6n de tales planteamientos suponia la exigencia para el rey de una renuncia de hecho a cualquier forma de pretension absolutista. Se trataba,sin duda,de una especificacion precisa en todos sus detalles de aquello que se queria decir en las Cortes cuando los procuradores de las ciudades mostraban su queja por el uso que el rey hacia de las denominadas “clausulas exorbitantes>.Si,por tanto, el brote conflictivo toledano era una excepci6n,sus argumentaciones politicas,para lo que se referia a la posicion de la monarquia,era coherente con un estado de descontento que,en terminos mas pacificos y moderados,se venia manifestando desde tiempo atras,a partir del momento en que Juan I venia aprovechando cualquier ocasion para proclamar su desvinculacion respecto de la observancia de la ley,arrogandose el derecho,segun su conveniencia,de derogar o de reponer normas segun le conviniese.
Por si, no obstante, quedaba alguna duda de que una buena parte de las reivindicaciones de los sublevados toledanos iba dirigida contra el poder absoluto del rey, hay algun fragmento del texto que lo pone de relieve con claridad palmaria. Este es el caso de aquél que dice que “mienten como proditores lisonjeros, destruidores y como aquellos que con lisonjas,falsedades y mentiras hazen errar a su Rey y le hazen entender que puede usar de poderio absoluto $\gg 2 0 5$ ,atribuyendo a continuacion la autoria de tales lisonjas y falsedades a don Alvaro de Luna,al que, en definitiva, se convierte en causa de que el rey actue convencido de poseer atribuciones que no le corresponden 206. Conviene en este punto recordar, como ya en su momento se senalo päginas atras,el protagonismo de don Aivaro de Luna como inspirador de las Cortes de Olmedo y de la reivindicacion que en ellas se hizo de una monarquia de pretensiones absolutas a partir de la referencia a la segunda de las Partidas.
En defintiva,el antiabsolutismo de los rebeldes toledanos al que da forma de alegato Garcia de Mora en su memorial, no era sólo el resultado del ofuscamiento ante el inevitable aislamiento en que la rebelion toledana parecia haber ido cayendo,segun iba avanzando el afio l449,entre cuyos meses de octubre y noviembre situ6 el prof.Benito Ruano este importante testimonio 207. Su hilaz6n argumental,en lo que se referia al poder real, era coherente con lo que ya habian dicho en el trascurso de algunas de las reuniones de Cortes celebradas en la década de los cuarenta los procuradores de las ciudades.Tambien lo era con la posici6n de algunos intelectuales decididamente partidarios de poner limites legales precisos al ejercicio del poder soberano 208 ——tanto el del papa como el de los principes seculares--,mostrandose en todos los casos la preocupacion por la progresiva ampliacion del territorio de la gracia,con respecto de la que esos poderes soberanos exhibian toda su discrecionalidad y su falta de delimitacion por el ordenamiento juridico.
Si hasta aqui se ha podido comprobar esa vertiente antiabsolutista de un movimiento popular concreto, como el que tuvo lugar en Toledo a fines de los anos cuarenta,en la revuelta hermandifia de los anios 1467-68 puede hallarse lo que creo que podria valorarse como un ejemplo de todo lo contrario.
Se ha senalado cómo en la citada revuelta,a partir de abril de 1467,el grito de “i Viva el Rey!》 se convierte en una especie de consigna que, con todo su aparente caräcter espontaneo, no deja de estar sujeta a un cierto dirigismo,contribuyendo significativamente a legitimar las acciones emprendidas y a movilizar nuevas fuerzas.En esa exclamación se concreta todo su 《monarquismo imaginario》 en el caso de los sectores más populares.Esto impulsa a los dirigentes a hacer uso de este reclamo en los momentos de mayor necesidad de su apoyo 209.
En la constataci6n del hecho al que se acaba de hacer referencia lo que subyace,en definitiva,entre otros factores de interpretacion 210,es el convencimiento popular que existia de que cualquier acto, por brutal y fuera de la ley que pudiera producirse,no olvidemos que estamos hablando de asaltos de fortalezas y de asesinatos,se podia convertir en legitimo y quedar exento de penalizacion al hacerlo en nombre del rey, como consecuencia de su ilimitada capacidad absolutoria y derogatoria. En todo ello,por tanto, se encontraba la expresi6n de la percepcion popular que, por aquellas fechas, se podia llegar a alcanzar de la dimensi6n absolutista del poder real al margen de cualquier referencia teorica precisa.
6.A modo de conclusion: el absolutismo real (1445-1469) en perspectiva historica.
Apenas comenzado el reinado de los Reyes Catolicos,Diego de Valera proclamaba en su Doctrinal de Principes que los reyes “todo lo que quieren, pueden>.Pocos anos despues,hacia 148o,en su Libro del regimiento de los sehores, Juan de Alarc6n afirmaba que losreyes 《fazené dané tiran leyes>. Tanto en un caso como en otro estamos ante expresiones sinteticas, pero claras,del grado de consenso que se iba alanzando por aquellas fechas en torno a la plena vigencia de lo que,en la documentacion real, venia enunciandose en términos de “poderio real absoluto》 desde hacia aproximadamente un siglo.
A lo largo de ese tiempo, se habia venido produciendo un proceso paulatino de expansi6n de tal principio politico, tanto por lo que se refiere a la frecuencia de su uso,como a la diversidad,cada vez mayor, de temas a los que iba afectando y que se convertian en sus ämbitos habituales de aplicaci6n.De tal suerte, que es la transformación del poderio real absoluto de instrumento de uso excepcional en ordinario,a pesar de todas las resistencias, lo que seguramente mejor define su evoluci6n a lo largo del tiempo transcurrido entre el comienzo del reinado de los Reyes Catolicos y sus primeras manifestaciones documentales en el ultimo tercio del siglo xiv.
La experiencia en la utilizacion de tal recurso politico estaba lo bastante desarrollada a fines del siglo xv como para dejar de considerar, en mi opini6n,los inicios del siglo xvi como contexto inaugural de la idea de poder absoluto,tal como,durante mucho tiempo se ha mantenido en la historiografia2l1. De hecho,muchas de Ias contradicciones del poder real absoluto propio de la Monarquia Hispánica adquieren su raz6n de ser cuando se aplica esta perspectiva cronol6gica mas amplia, pues con todos los matices que fuera adquiriendo en su devenir,tal principio politico nunca lleg6 a desprenderse de algunos de los rasgos mas caracteristicos que adquiri6 en su paso por la época de la realeza trastamara, durante la cual tom6 un valor efectivo y preciso como instrumento gubernativo, superando, sin ningun género de dudas,su reduccion a un mero concepto teórico212.
El impulso alcanzado, como tal instrumento gubernativo, ya entre 1420 y 1445, seguramente le supuso la garantia de una larga supervivencia. Pero, en cualquier caso, el periodo comprendido entre 1445 y 1469 supuso una experiencia decisiva en la que se demostr6 hasta qué punto se trataba de una f6rmula condenada a una efimera existencia o, por el contrario,era algo mas consistente que habia de ir consolidandose con su propio uso.
Las dos fechas extremas de este periodo significan mucho en el proceso de definici6n del absolutismo regio,mostrando bastante de lo que de contradictorio cabia encontrar en sus entrafas, tal como sucedia en el mismo seno de la instituci6n monarquica. En las Cortes de Olmedo de 1445 se hacia la proclamacion mas radical y rotunda de los principios más autoritarios y de pretensiones más absolutistas que se habia conocido en toda la baja Edad Media castellana, yendo más alla, como ya se senaló en su momento, de lo que el texto inspirador de la segunda de las Partidas permitia concebir. Sin embargo,todo ello se llevaba a cabo en un contexto critico para la propia instituci6n monarquica y como consecuencia de la estrategia disefiada, pensando,en primer lugar, en su propio poder, por un privado del rey, el condestable don Alvaro de Luna. Aun con todo, el proyecto monärquico de Olmedo,que,a pesar de toda su grandilocuencia teológico-juridica,no era del todo contradictorio con algunas experiencias politicas precedentes del propio reinado de Juan I, sobrevivi6 a su urdidor, consolidandose con el tiempo muchos de sus principios fundamentales.
En el otro extremo,las Cortes de Ocana de 1469 vienen a mostrar la misma rotundidad que las de Olmedo tuvieron para proclamar un modelo autoritario-absolutista. Asi lo hicieron al reclamar su exigencia —manifestada con tanta fuerza como inutilidad— a la renuncia a ese modelo, cuando,en realidad,a pesar del sinuoso camino recorrido,la monarquia de Enrique IV, que ni habia ganado ni perdido la guerra civil recién concluida,y la nobleza seiorial,que tampoco la habia ganado ni perdido,sabian que principios esenciales de ese modelo autoritario-absolutista,y entre ellos,el propio poderio real absoluto,eran irrenunciables, puesto que,a pesar de sus diferencias de matiz en su interpretacion,eran necesarios para ambas partes.
En efecto,la disponibilidad de alguna forma de poderio real absoluto era una demanda de las clases sociales dominantes. Solo algunos de los que carecian de tal condicion comprendian -y esto tan solo eventualmente- la necesidad de oponerse a ello. Si esto ya ha sido asi reconocido en la historiografia reciente al hablarse del absolutismo necesario,tampoco debe minusvalorarse, por evidente que sea, pues de puro evidente a veces parece tender a olvidarse,que era precisamente el poder real el que podia obtener mayores beneficios de su poderio absoluto,aunque esos beneficios tuviera que compartirlos con esas clases sociales dominantes.Cuesti6n distinta es que nos podamos plantear dudas más que razonables sobre el éxito del absolutismo regio si éste hubiera sido un objetivo del exclusivo interés del poder regio.No me parece muy aventurado apostar por la enorme dificultad de tal empeno.
En la mecánica del ejercicio efectivo del poder real,la progresiva aplicaci6n que fueron adquiriendo los recursos absolutistas de que disponia la monarquia me parece que jug6 el decisivo papel de contribuir a reequilibrar, hasta un cierto nivel,el inevitable desequilibrio que se producia entre la politica centralizadora e intervencionista de la realeza y su insuficiente estructura institucional disponible para desarrollarla plenamente.Por decirlo de algun modo gráfico,era una especie de valvula reguladora util frente a los recurrentes episodios de evidente descompensacion entre unos objetivos y los medios efectivos para conseguirlos. No es por ello extrafio que centralización y absolutizaci6n son procesos que marchan en paralelo,tal como,sobre todo,puede comprobarse durante la segunda mitad del reinado de Juan II.
Por otra parte,si el rey otorga tantas mercedes y para ello necesita pasar por encima de los limites que le impone la legalidad y recurrir a su poderio real absoluto,naturalmente,esto no es por el placer de dilapidar el patrimonio real,sino porque la merced, junto a su dimension como factor de debilitamiento real, tambien tiene la de instrumento para crear consensos,tan inestables como necesarios,para las pretensiones de la propia monarquia.En ese comun interés,el poderio real absoluto encuentra una circunstancia decisiva en su proceso de expansion y de consolidacion como recurso politico util a la realeza y a las clases dominantes.
De otro lado,me parece que la disponibilidad por el rey de ese poderio absoluto que le podia permitir en un momento dado obviar las imposiciones legales tambien contribuy6 a potenciar el papel de la monarquia en su funci6n de regulacion de los conflictos.Por esa via el poderio real absoluto tambien pudo ser apreciado por los que formaban parte de los grupos sociales mas oprimidos cuando recurrieron a la violencia contra los poderes senoriales dando vivas a su rey,al que suponian por encima de cualquier norma o compromiso. Seguramente,nada sabian del principio politico en cuestion y mucho menos de su complejas implicaciones teol6gicas, juridicas $\mathbf { o }$ politicas,pero si asociaban al monarca a esa posicion preeminente,lo que pudo ser un factor mäs en las tendencias absolutistas del poder real.Para estos sectores mas oprimidos de la sociedad el rey podia ser bueno para ellos en cuanto que,como titular de un poderio real absoluto del que nada sabian,pero que asimilaban a la propia condicion real al asociarla con Ia falta de limites, podia actuar al margen de unas leyes que sabian contrarias a sus intereses mäs elementales.Lo que seguramente no relacionaban,por lo menos en su mayoria,era que esas leyes que aborrecian eran el resultado de una sociedad de privilegio,que encontraba uno de sus pilares esenciales en la aplicaci6n del poderio real absoluto.
Las consideraciones precedentes pueden permitirnos apuntar algunas matizaciones sobre la recepcion social del poderio real absoluto al término del periodo considerado.
La nobleza no podia concebir una monarquia totalmente despojada de tal cualidad,que para los intereses nobiliarios debia traducirse sobre todo en el otorgamiento de mercedes y privilegios.El poder nobiliario era compatible con tal atribucion regia,tan compatible que incluso necesitaba de ella.La nobleza opuesta a Enrique IV no pretendi6 despojar a la realeza de ese instrumento de gobierno,tal como se pudo ver para el breve reinado de don Alfonso,simplemente delimitó su uso en funcion de sus conveniencias.Por tanto,en torno al poderio real absoluto se definia un espacio de consenso entre la monarquia y la nobleza que los Reyes Cat6licos supieron aprovechar en el sentido que les fuera más favorable.Tal posible consenso no evitaba que, en el marco de su contexto,hubiera lugar tambien para la disputa en torno a la interpretaci6n mas conveniente para cada parte de este instrumento de poder.
Los letrados y oficiales regios,muchos de ellos provenientes de las oligarquias urbanas,eran,ante todo,unos servidores del Derecho Real. El absolutismo real podia contribuir por si mismo a crear nuevos ámbitos de expansión de ese Derecho Real. El incremento del absolutismo real podia ser una circunstancia decididamente favorable a la promocion social y politica de la casta formada por sus agentes,es decir, los juristas,letrados y oficiales al servicio del rey.
Por lo que se referia a los dirigentes de la Iglesia,habian aceptado tiempo atras colaborar en el camino emprendido por la monarquia de englobar,con el largamene negociado beneplacito pontificio, una buena parte de los principales asuntos del gobierno de la Iglesia castellana en la esfera de la gracia real. Aquf ei camino de la evolucion estaba muy marcado desde las negociaciones monarquia-Papado que siguieron al Concilio de Constanza.
Fueron los representantes de los poderes urbanos los que mostraron una actitud mas dubitativa. Apoyar sin reservas el poderio real absoluto del rey era renunciar defitinivamente a la utopia del “contrato callado>,de que hablaban los procuradores de Ocana,y aceptar que el rey tenia plena iniciativa legislativa al margen de las Cortes y que sobre las decisiones de éstas siempre pendia la derogacion caprichosa del rey.Pero no aceptarlo era renunciar a las aspiraciones personales de ennoblecimiento o al recurso en ultima instancia al que se podia acudir en caso de conflicto con los poderes sefioriales. De ahi la alternancia entre el apoyo y el rechazo,constatable en los propios cuadernos de Cortes.
Para los sectores mas populares,ya se apunt6 alguna explicacion. Su actitud se nos revela sobre todo en contextos de violencia y confrontacion,en donde la actuaci6n contra los poderes sefioriales hace que se crea en una intervencion real,que se produzca al margen del Derecho,en aplicación de su poderabsoluto,viendo en ello la ultima posibilidad de legitimacion de los movimientos que protagonizaron. Si para ellos la ley siempre es mala,puesto que no estä hecha pensando en sus intereses,solo las actuaciones contra la ley,bien fueran actos violentos $\mathbf { o }$ intervenciones derogatorias del rey, podian redimirlos.
Consecuencia de esta hipotetica vision de la recepcion social del poderio real absoluto era que,en términos de consenso politico,salvo eventuales brotes de conflicto,dicho consenso estaba mas pr6ximo a la aceptaci6n que al rechazo al termino del periodo considerado y en las inmediaciones del cambio de reinado.Probablemente,para 1474,la opcion no era una monarquia con o sin poderio real absoluto,sino si éste debia convertirse en instrumento politico ordinario o excepcional. A esa cuestion era a la que habia que dar respuesta en las décadas siguientes.
A pesar de todas las adversidades y situaciones de crisis por las que hubo de pasar la monarquia durante los reinados de Juan II y Enrique IV, siempre,incluso en los momentos de mäs aparente dificultad en el ejercicio del poder regio,ie quedó a éste algun margen de aplicaci6n de su poderio real absoluto,aun en el contexto de la muy controlada monarquia de Alfonso XI de Castilla.Esto ya da indicio de que cuando se habla de proceso de expansi6n de tal atributo politico no se estä pensando en una evolucion carente de momentos de retroceso. Cosa distinta es que esos retrocesos nunca legaron a un nivel de claudicaci6n tal que supusiera su renuncia efectiva por la monarquia,ni aunque,ante presiones ocasionales,pudiera expresar su voluntad de hacerlo,sin que luego tal compromiso se hiciera realidad.
De modo mas concreto,y con referencia a tres momentos clave,se puede afirmar lo siguiente: que,tras las Cortes de Olmedo de 1445,la monarquia castellana disponia de un cierto grado de poderio real absoluto que, desde luego, no era tanto como el que se pretendia exhibir en aquel texto de Cortes; que tras la Sentencia Arbitral de Medina del Campo de 1465,la monarquia hacia expresa renuncia a algunas manifestaciones de su poderio real absoluto,sin que por eso renunciase al ejercicio de éste,y que,tras las Cortes de Ocana de 1469, gran monumento al cinismo regio,el rey aceptaba sobre el papel una formula de limitacion contractual de su poder con relación a lasciudades,cuando,en realidad,tampoco estaba dispuesto arenunciar a su poderio real absoluto,habiendo pactado previamente con los grandes del reino una formula de gobierno en que no se otorgaba ningun papel de control a los poderes concejiles. En estos tres momentos significativos se refleja esa continuada supervivencia del poderio real absoluto en toda circunstancia,aunque en cada momento la definicion de su marco de aplicacion tenga caracteristicas propias,manteniendo el rasgo comun de su consideración,desde la perspectiva monárquica,de simbolo irrenunciable por excelencia de la preeminencia y soberania real.
La esencia contradictoria del poderio real absoluto,tal como se plante6 en la evolucion de la Castilla del siglo xv,salta a la vista.Era,tal como se acaba de senalar,una clara expresion de la preeminencia y soberania regias y, por tanto,un recurso imprescindible,teniendo en cuenta Ias caracteristicas juridico-politicas de la época, en el impulso de proceso de centralizacion politica.Pero era también,como se ha visto,un instrumento al servicio de los intereses de los grupos politicamente mas influyentes.Era un factor decisivo en orden a garantizar la seguridad juridica del poder real y la preeminencia socio-politica de los mas influyentes,pero tambien producia un inevitable efecto de inseguridad juridica de caräcter general, en cuanto que el rey se arrogaba la potestad derogatoria en un sentido que se pretendia cada vez masilimitado.
En una perspectiva histórica amplia,esa esencia contradictoria con que creci6 el poderio real absoluto en la experiencia temporal sobre todo del siglo xv supuso un legado que impuso a la instituci6n monarquica un cierto grado de fatalismo en su evolucion politica futura.Tal fatalismo suponia que si la monarquia encontraba en su poderio real absoluto un instrumento para salvar obstacuios en su proyecto centralizador del que tantas pruebas documentales nos ofrece el reinado de Juan II, proyecto centralizador que a veces se interpreta en términos de racionalizaci6n politica,la monarquia también queda sometida a un inestable consenso en el que la variabilidad de las actitudes personales de los que necesitan del poderio real absoluto para mantener su influencia en una sociedad basada en el privilegio impone limites concretos en el desarrollo de ese proceso centralizador.
En definitiva,hacia 1420 se podia todavia pensar que la clausula cancilleresca “de mi propio motu, cierta ciencia y poderio real absoluto》 era s6- lo una tipica f6rmula documental de puro valor simbolico, condenada a una desaparicion mas O menos próxima, tratándose de una novedad extravagante.En los anios siguientes los procuradores en Cortes la valoraban como el nuicleo de las “clausulas exorbitantes》,cuya erradicacion exigian ante la persistencia de la monarquia que,mientras asentia ante tales demandas,se obcecaba a toda costa en su preservacion y aplicacion concreta. Al término de la época de Enrique $\Gamma \mathrm { V } ,$ aunque no faltasen los teóricos partidarios de la estricta sujecion del rey a la ley que justificaran,en consecuencia,la ilegitimidad politica,juridica e incluso teológica del concepto,ya no se podia concebir la preeminencia real desligada del poderio real absoluto.En ese momento ya no era eficazmente planteable su liquidacion,solo su eventual matizacion.Por el contrario,se constataba que el consenso en torno a su legitimidad no se limitaba al ámbito de la corte.No obstante,sf quedaban abiertos distintos caminos alternativos para su paulatina definicion,dado el dinamismo que habia caracterizado a este principio politico. De que esa definicion tuviera unos u otros elementos iba a depender para varios siglos el concepto mismo de monarquia.