Lenguas y naciones en las Cortes Constituyentes de la II República: la visión castellana.
Languages and nations in the Second Republic Constituent Assembly: The Castilian point of view.
Marie-Angèle OROBON Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Francia.
Resumen :
Asimilado con el pluralismo democrático, el reconocimiento político de la pluralidad cultural y lingüística de España será una de las cuestiones acuciantes que habrá de resolver la ruptura republicana española de 1931. La aprobación del estatuto de autonomía de Cataluña, conocido como “Estatut de Núria”, que establecía la soberanía del pueblo catalán y la oficialidad de la lengua catalana en Cataluña, el 14 de julio de 1931, el mismo día de la sesión inaugural de las Cortes Constituyentes en Madrid, orientará decisivamente la elaboración del proyecto de Constitución republicana, dictando el imperativo paradójico de constitucionalizar el castellano como lengua oficial de la República, cuando llevaba siglos reputándose como tal, con el objetivo de contrarrestar la ofensiva separatista catalana.
Se suele enfocar la cuestión lingüística desde la periferia, ya que la lengua es considerada como el elemento esencial del llamado “hecho diferencial” aplicado más especialmente al caso catalán. Este estudio propone invertir la perspectiva considerando cómo los debates constituyentes implicaron una redefinición de la lengua castellana, menos como receptáculo de la tradición, que en su particularidad proyectiva y moderna.
Palabras clave: Segunda República; Constitución de 1931; Lengua; Nacionalismo; Castilla.
Abstract:
As it is assimilated to democratic pluralism, the political recognition of the Spanish cultural and linguistic plurality is one of the issues which were to be solved by the 1931 Spanish Republican breaking off. The approval of the autonomous status of Catalonia, known under the name of ‘Estatut de Núria’, established the sovereignty of the Catalan people on July $1 4 ^ { \mathfrak { t h } }$ 1931, the very same day the inaugural session of the constituent Assembly took place in Madrid; it gave a decisive slant to the elaboration of the project for a Republican constitution and dictated the paradoxical imperative of writing the Castilian language as the official language of the Republic into the Constitution, when it had been considered as such for centuries, in order to respond to the challenge of Catalan separatism.
The perspective usually adopted for the linguistic issue is that of the periphery since language is perceived as an essential element of what is known as “the differential fact”, which is more specifically mentioned in the case of Catalonia. By taking the opposite point of view, from the centre, this study aims at analyzing in what way the constitutional debates brought about a redefinition of the Castilian language in its singularity and its differences, as a vehicle for influence and modernity.
Keywords: Second Republic; Constitution of 1931; Language; Nationalism; Castile.
En la estela de los movimientos regionalistas de mediados del siglo XIX, la conformación de los llamados nacionalismos periféricos o alternativos en la España finisecular estriba en la lengua considerada a la vez como elemento definitorio esencial del particularismo y como receptáculo de una cultura específica. En una perspectiva herderiana, la lengua, portadora de una cultura peculiar, de una historia, del carácter de un pueblo, era la prueba indiscutible de la existencia de una nación. La cuestión de la articulación nacional y, como elemento inseparable de ésta, las particularidades lingüísticas, vendría a ser uno de los problemas acuciantes que habría de resolver la II República española.
Ausente del anteproyecto de Constitución entregado al Gobierno el 6 de julio de 1931, el artículo relativo al castellano como lengua oficial de la República figura en el proyecto posteriormente elaborado por la comisión parlamentaria formada por las Cortes Constituyentes. El cambio entre estas dos etapas venía dictado por la aprobación, el 14 de julio, del texto autonómico que había elaborado una comisión formada a partir de la Diputación Provisional de la Generalitat de Catalunya, en el que se establecía, además de la soberanía del pueblo catalán, la oficialidad de la lengua catalana en Cataluña. Este texto, conocido como “Estatut de Núria”, sería presentado a las Cortes el 18 de agosto, al mismo tiempo que el proyecto de Constitución de la República. Esta cronología explica que cobrara la cuestión autonómica de Cataluña un enorme peso a la vez en la redacción del proyecto de Constitución como en los debates constitucionales que se inician el 27 de agosto de 1931, arrastrando, en el ámbito lingüístico, el paradójico imperativo de constitucionalizar, en réplica al reto planteado por el “Estatut de Núria”, la oficialidad de un idioma, el castellano, que llevaba siglos reputándose como oficial en España.
En efecto, después del precedente de la constitución non nata de $1 9 2 9 ^ { 2 }$ , la Constitución republicana de 1931 es la primera constitución española que establece el castellano como lengua oficial de España. La formulación inicial del artículo 4 propuesta por la comisión del proyecto de constitución $- ^ { \zeta \varsigma } \mathrm { E l }$ castellano es idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones”– daría pie a un intenso debate en el que se imbricaron los argumentos tanto filológicos, históricos, y naturalmente, políticos, ya que debatir acerca de la lengua oficial de la República era tanto admitir implícitamente la cooficialidad de las otras lenguas habladas en España, como, sobre todo, cuestionar la supremacía del centro, Castilla, y por ende reconsiderar la configuración nacional de España.
Se suele enfocar la cuestión lingüística desde la periferia, ya que en la lengua se apoya el llamado “hecho diferencial”, invocado especialmente en el caso catalán. Se propone aquí invertir la perspectiva enfocando la cuestión desde el centro, viendo hasta qué punto la aguda cuestión lingüística planteada en las.
Cortes Constituyentes implicó una redefinición de la lengua castellana, menos en términos de reacción defensiva que de proyección y modernidad.
1. Lengua y nación.
En las últimas décadas del siglo XVIII, se propaga entre los literatos alemanes, un nacionalismo etnocultural en reacción contra el espíritu ilustrado universalizante y el racionalismo abstracto. Se traduce en la búsqueda de lo particular y sobre todo en la mística del pueblo al que se exalta en su historia, su lengua, sus tradiciones, sus leyendas, así como en su realidad orgánica que se considera basada en una comunidad de sangre, de cultura y destino3 . El filósofo y filólogo Johann Gottfried Herder es quien configura los elementos de esta doctrina nacionalista basada en la recusación del universalismo y el reconocimiento de las singularidades en el ensayo Auch eine Philosophie der Geschichte (Otra filosofía de la historia) de $1 7 7 \dot { 4 }$ . “El prejuicio devuelve a los pueblos a su centro, los sujeta sólidamente a sus raíces, los hace más florecientes según su carácter propio, más ardientes y por consiguiente más dichosos en sus inclinaciones y sus metas”5 . Con su obra posterior, publicada en los años 1784-1791, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, a la vez que el teólogo prusiano concibe la lengua como lo que mejor distingue a un pueblo en su historia y su carácter6 , se convierten la lengua y la cultura peculiar en instrumento que legitima la lucha contra los despotismos y las formas políticas que subordinan a una gran diversidad de pueblos. La providencia, según Herder, no sólo separó a las naciones mediante bosques y montañas, sino por lenguas, gustos y caracteres, para que la obra del despotismo fuera más difícil y no se convirtieran las cuatro partes del mundo en la presa de un solo dueño7 . La nación identificada con la lengua portadora del genio y las costumbres de ésta, es decir la nación en sentido cultural, sobrepasa al Estado, a la forma política que sojuzga a pueblos diferentes en su origen.
Su compatriota Johann Gottlieb Fichte, unos años más tarde en sus Discursos a la nación alemana (1807-1808), redactados en el contexto de la dominación napoleónica sobre Prusia, compagina la idea de nación como comunidad fundamentada en la lengua –lo que diferencia a los alemanes de los demás pueblos germánicos es que el alemán ha conservado su lengua originaria8 –, con la naturaleza voluntaria del vínculo de ciudadanía que ha de unir a los alemanes en el futuro9 .
A diferencia de Herder y Fichte, Wilhelm von Humboldt, el iniciador de la lingüística comparada, no se adhiere al mito romántico de una lengua originaria portadora de una verdad ancestral. Como afirma en su ensayo sobre el carácter nacional de las lenguas, si la lengua es histórica, eso supone que el pueblo que la hereda contribuye al mismo tiempo a transformarla. Realiza Humboldt, de cierta forma, una síntesis entre el particularismo romántico y el universalismo ilustrado. El carácter de las naciones, que reside tanto en la lengua como en las expresiones extralingüísticas, permite aproximarse a la variedad y la unidad en la que se reúne la infinita e inagotable totalidad de la aspiración del espíritu, constituyendo las lenguas y su diversidad una potencia que rige la historia de la humanidad10.
En España, los nacionalismos periféricos que surgieron a finales del siglo XIX participaron tanto del particularismo romántico europeo, en su vertiente cultural, como de la débil nacionalización española que llevó a la permanencia de características diferenciadas en determinados territorios, especialmente en lo que se refería al uso social de idiomas regionales, aunque con intensidad variable en cada uno de ellos11. Los movimientos culturales catalán –la Renaixença– y gallego –el Rexurdimento– que nacen en los años treinta y cincuenta respectivamente del siglo XIX, aunando recuperación histórica y literaria, precedieron y acompañaron la posterior politización de los regionalismos. En el caso vasco, no se produce este mismo proceso de politización de un movimiento cultural, sino que la persistencia del foralismo y su posterior reinterpretación en clave nacionalista sobre todo tras la derrota carlista de 1876 y la consiguiente supresión de los fueros, forman la base del nacionalismo vasco. Antonio de Trueba, uno de los exponentes de la literatura fuerista, no dejaría de alabar las “seculares libertades” de Vizcaya que nada tenían que envidiar a “las libertades modernas” 12. La radicalización de los antecedentes ideológicos fueristas y carlistas se verán determinados por los cambios económicos y sociales que arrastra la rápida industrialización de Vizcaya en las últimas décadas del siglo $\mathrm { X I X } ^ { 1 3 }$ . En efecto, como se sabe, el nacionalismo vasco cobra con la llegada masiva de trabajadores foráneos en la última década del siglo XIX marcados acentos de discriminación “racial”. El “antimaketismo” –y la correlativa idealización del vasco– viene a ser el eje de la ideología nacionalista14.
En expresión de Sabino Arana en la última década del siglo XIX, la nación vasca viene definida por, en ese orden, la raza, la lengua, los fueros, el carácter y las costumbres, así como la personalidad histórica15. Pero, como subraya el historiador Antonio Elorza, el primer punto desarrollado tanto cualitativa como cuantitativamente en la obra del teórico del nacionalismo vasco es la potenciación del hecho diferencial lingüístico16. Así Sabino Arana fundamenta la necesaria regeneración del pueblo vasco en el conocimiento del propio pasado17 y la resurrección del euskera confundido con la identidad originaria del pueblo vasco. “El euskera se muere”, se lamenta Arana y sigue: “Su lengua [de los vascos] era maravilloso monumento de los tiempos primitivos. Era más que esto: elocuente testimonio de su innata independencia, timbre y sello finísimo de su nacionalidad, noble ejecutoria”18.
Aunque en tono distinto en cuanto a exclusivismo y radicalidad, el discurso de los otros nacionalismos periféricos integra, como elemento insoslayable, la demostración de la antigüedad de la lengua propia y sobre todo de su anterioridad con respecto al idioma oficial $^ { - 0 }$ reputado como tal– de España, el castellano. En su Compendi de la doctrina catalanista, el “catecismo político” de la nacionalidad catalana de finales del siglo XIX, Enric Prat de la Riba y Pere Muntanyola afirman que la lengua catalana es, junto a la tradición, el vínculo que une a la “larga cadena de generaciones” que define a Cataluña, a la vez que su antigüedad, superior a la de la lengua castellana, fundamenta la legitimidad de la reivindicación nacionalista, como en este fragmento:
P. ¿La lengua catalana es idioma o dialecto?
R. Es un idioma. La motejarán de dialecto, algunos por ignorancia, los otros por mala fe, considerándolo como una corrupción de la lengua oficial, que es la castellana.
P. No es pues una corrupción del castellano?
R. Bien al contrario; la lengua catalana es más antigua que la castellana, y había conseguido ya cierto esplendor cuando la castellana sólo comenzaba a dar señales de vida. Esto además de que tienen una manera de ser diferente e incluso opuesta19.
Unas décadas más tarde, Francesc Cambó recalcará la lengua catalana y “la adhesión de los catalanes a su verbo materno” como el elemento “más profundo y persistente” del hecho diferencial catalán20.
Alfredo Brañas junto a Manuel Murguía acometen la tarea de dignificar el idioma gallego mostrando su enraizamiento histórico y “la prioridad del gallego sobre el idioma castellano”, en sentido de anterioridad y de perfeccionamiento. Recogiendo parte de un artículo de Manuel Murguía publicado en El Museo Universal en 1858, recalca Brañas la diferencia entre “lo descarnado y áspero de cualquier trozo del Poema del Cid” y la belleza del llanto de Alfonso VI a la muerte de su hijo según Sandoval21.
En esta confrontación entre lenguas regionales y lengua castellana, no se trata de negar ni la existencia ni la oficialidad o supuesta oficialidad –lo evocaremos en el apartado siguiente– del castellano. En el arraigo histórico de la lengua se pretende desarrollar un criterio de legitimidad de la nacionalidad. La lengua es a la vez un elemento definidor de identidad (se asimila la lengua con la esencia de un pueblo) y un criterio de diferenciación identitaria con respecto a Castilla, el centro político, y al resto de España, sobre todo, en este último caso, en los nacionalismos vasco y catalán.
2. El castellano, lengua oficial de la República.
Por la ordenanza de Villers-Cotterêts del 25 de agosto de 1539, registrada en el Parlamento de París el posterior 6 de septiembre, el rey Francisco I establecía la primacía y exclusividad del francés en los documentos públicos del reino de Francia, haciendo pues del francés la lengua oficial del derecho y de la administración en lugar del latín. El decreto real de hecho se inscribía en la continuidad de un proceso de centralización lingüística, que se había venido produciendo en los textos oficiales anteriores, a favor del francés, en detrimento del latín y de las lenguas regionales.
En España, la tradición histórica atribuye a Alfonso X el Sabio la concesión de carácter oficial a la lengua castellana. Una oficialidad que no deja de ser un tópico de la historia cultural, como lo ha demostrado Fernando González Ollé en su artículo “El establecimiento del castellano como lengua oficial”. Si bien la actitud positiva de Alfonso X respecto del incremento de la utilización del romance es comprobable, no quedó reflejada en ninguna disposición legal equiparable a la “ordonnance” de Francisco I, ni supuso exclusividad del castellano, ya que se mantuvo el uso del romance y del latín en la documentación administrativa22. Como lo menciona el profesor González Ollé, las posteriores disposiciones legislativas respecto del uso del castellano que se darán en la época moderna, con la intención política de contrarrestar el uso de las lenguas vernáculas en determinadas zonas, no constituyen en ningún caso una declaración explícita de oficialidad del castellano. La denominación de “oficial” para el idioma castellano no se daría hasta principios del siglo XX, en el marco de la legislación concerniente a la Instrucción Pública que establece el deber para los maestros de enseñar la lengua castellana, el “idioma patrio e idioma oficial”, como lo indica la Real Orden de 19 de diciembre de $\dot { 1 } 9 0 2 ^ { 2 3 }$ . La denominación “idioma patrio e idioma oficial” como alternativa a “lengua castellana” daba, pues, por supuesta la oficialidad del castellano. Finalmente, el auténtico antecedente inmediato a la declaración de la lengua castellana como lengua oficial de la República en la Constitución de 1931, es el Anteproyecto de Constitución de la Monarquía Española presentado a la Asamblea Nacional el 6 de julio de 1929 que rezaba en el artículo 8: “El idioma oficial de la Nación española es el castellano”, texto que, como se sabe, no llegaría a promulgarse24.
Tras la proclamación de la República, el anteproyecto constitucional redactado por la Comisión Jurídica Asesora creada por decreto de 6 de mayo de 1931, entregado el siguiente 6 de julio al Gobierno que finalmente lo retiraría por ser muy mal recibido por los partidos políticos25, no contenía ningún artículo referente a la oficialidad del castellano. En la posterior elaboración del proyecto de Constitución por una comisión parlamentaria, los miembros de dicha comisión se vieron obligados a subsanar el vacío legal en cuanto a la oficialidad de la lengua castellana por la declaración de exclusividad de la lengua catalana en Cataluña reflejada en el proyecto de estatuto de autonomía, conocido como “Estatut de Núria”. Dicho proyecto, aprobado por la Diputación provisional de la Generalitat de Cataluña el 14 de julio de 1931, reflejaba las plenas aspiraciones autonómicas de Cataluña en uso de su supuesta soberanía26. El “Estatut de Núria” establecía en su artículo $5 ^ { \circ }$ : “La Lengua catalana será la lengua oficial en Cataluña, pero en las relaciones con el Gobierno de la República será oficial la lengua castellana”, garantizando el uso del castellano en los Tribunales de Justicia y los órganos de administración a los ciudadanos de lengua materna castellana.
El artículo 4 del proyecto de Constitución que rezaba en su formulación inicial: “El castellano es idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones”, fue debatido en las sesiones del 17 y del 18 de septiembre en las Cortes Constituyentes, aprobándose, a la par que el artículo 1 (sobre la definición de España), en la dilatada sesión del 25 de septiembre. Desde luego, el debate a que dio lugar el artículo 4 vino fuertemente entrelazado con la cuestión de la definición de España como realidad nacional cuestionada sobre todo por el nacionalismo catalán, que no consideraba a España sino como una mera realidad geográfica. Como bien lo percibiría Miguel de Unamuno en la segunda sesión de debate dedicada al artículo 4: “Estamos indudablemente en el corazón de la unidad nacional”27.
No cabe duda de que el precedente del episodio republicano de 1873, que aunque breve y agitado había conseguido articular un proyecto de Constitución federal, así como la politización de los movimientos regionales a partir de finales del siglo XIX habían identificado pluralismo político y reconocimiento de la pluralidad cultural de España. Que la República proclamada en 1931 hubiera de ser descentralizadora, era una cosa asumida por la totalidad del arco ideológico republicano y las élites intelectuales de la época.
Ahora bien, lo que estaba en juego con la ruptura republicana, ante las presiones secesionistas de Cataluña28, era el grado de reconocimiento político que habían de alcanzar los nacionalismos periféricos sin menoscabar la unidad de España ni la titularidad de la soberanía nacional. La fórmula del “Estado integral compatible con la autonomía de los Municipios y regiones” 29, finalmente aprobada como definición de España en el artículo 1, serviría para contrarrestar las aspiraciones federalistas manifestadas en el voto particular de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya Antonio Xiráu y Gabriel Alomar, en el que se pedía la supresión del sintagma “nación española” del anteproyecto de constitución, así como la inclusión, en el Título primero, de la mención “[España] constituye un Estado federal”, dedicando asimismo un largo apartado al reparto de las competencias entre el Estado y las regiones constituidas en autonomías30.
En el debate más específico sobre la oficialidad de la lengua castellana incluida en el proyecto, entrarían elementos filológicos, históricos, como, naturalmente, políticos. Por los vínculos que unen la nación y la lengua, como hemos visto anteriormente, oficializar la lengua castellana era, paradójica e implícitamente, cuestionar la supremacía política de Castilla en la conformación nacional de España, al reconocer un estatuto oficial a las demás lenguas de España, llamadas alternativamente “lenguas regionales” o “lenguas vernáculas”, y por ende reconocer el plurilingüismo de España.
A raíz de las enmiendas presentadas, se centraron las discusiones en tres cuestiones principales, que redundaron en el cariz defensivo del castellano que cobró el debate: garantizar el mantenimiento del castellano en el conjunto del territorio de la república española, intentar imponer como oficial la “lengua española” y no “la lengua castellana” (por los diputados Ovejero y, en una segunda etapa, Unamuno31), y, tercera cuestión, la no imposición de ninguna lengua regional, aspecto enunciado en la enmienda de Unamuno en su segunda versión.
La redacción del artículo 4 en el proyecto (“El castellano es idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones”) se basaba en dos conceptos: la oficialidad del castellano, como idioma de la República (y no de España), y la garantía del uso de otra lengua en las provincias y regiones, lo cual equivalía a reconocer, aunque implícitamente, el principio de cooficialidad. La redacción originaria del artículo pretendía ser, como se ha dicho, una réplica al artículo 5 del proyecto de estatuto de autonomía de Cataluña en el que se indicaba que “La lengua catalana será la lengua oficial en Cataluña”.
La primera enmienda discutida en el debate constitucional sobre el artículo 4, que no había sido admitida por la Comisión, fue obra del diputado por Palencia, Abilio Calderón Rojo32. La enmienda iba encaminada a preservar la obligatoriedad del castellano “en toda la nación”, impidiendo la posible declaración de exclusividad del catalán en Cataluña, como lo indicaba el proyecto de estatuto. Para el diputado palentino la segunda parte del artículo 4 del proyecto de Constitución, “sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan33 a las diferentes regiones”, daba pie a que se reconociese que el catalán era el idioma oficial de Cataluña34. A pesar de que el diputado castellano comprendía que habiendo regiones con idioma propio quisieran éstas hacer uso de él, su postura era la de velar por la obligatoriedad del castellano. La Comisión no admitió la enmienda, por no hallar contraposición entre ésta y el criterio de la Comisión, agregando Castrillo, como miembro de dicha Comisión, que el artículo 48 (el 50 en la Constitución finalmente aprobada) hacía obligatoria la enseñanza del castellano35. Quedó finalmente desechada la enmienda por el Congreso; sin embargo este aspecto de obligatoriedad figuraría precisamente en la versión definitiva del artículo 4.
En pro de la defensa de la obligatoriedad, Calderón Rojo había deseado preservar la referencia nacional del castellano, la lengua de “nuestra nación”. Esta misma idea de un “nosotros” significado por la lengua era la que introducía la enmienda propuesta por Guerra del Río y que fue defendida, en su ausencia, por Pascual Leone, ambos del partido radical36. Consistía en efecto la enmienda en añadir el adjetivo “común”, con la intención de “constatar y fortificar y justificar la primacía oficial y espiritual del castellano”37, es decir, afirmando un espíritu comunitario que se hallaba diluido o solapado en la forma política “República”. A pesar de especificar Castrillo, en nombre de la Comisión, que la enmienda quedaba rechazada, por recoger el concepto de “oficialidad” lo de “común”, distaba mucho de abarcar el concepto jurídico el sentimiento de comunidad.
De esa misma idea de lengua común participaba la enmienda presentada por el diputado socialista Andrés Ovejero en defensa de la lengua española, y no castellana, como lengua oficial de la República38. Sus argumentos radicaban esencialmente en el carácter abarcador del sintagma “lengua española”, ausente del gentilicio “castellano”, siendo la “lengua española” significativa, en opinión del diputado Ovejero, tanto de la “unidad espiritual” de España, como del conjunto de los hispanohablantes repartidos entre la península y las veinte naciones de habla hispana39. Esta dimensión inclusiva de la diversidad española, así como del conjunto del mundo hispanoamericano contenida en la lengua española, venía respaldada por el hecho de que España, ahora como república, se hallaba unida por una homogeneidad política con las repúblicas hispanoamericanas y no sólo por lazos históricos y culturales. Es más, en opinión del catedrático de teoría de la literatura, únicamente la lengua española podía incluir el mutuo enriquecimiento lingüístico entre España e Hispanoamérica en una relación renovada de igualdad y no ya de antigua dependencia colonial.
Otro argumento aducido por el diputado Ovejero en defensa de la lengua española era que la misma Academia Española, la “depositaria del tesoro de nuestro idioma”, había sustituido en la décimo quinta edición de su Diccionario, la de 1925, el término “castellano” por “español”, emprendiendo “una nueva orientación”. En ese cambio, la Academia había seguido la opinión manifestada por Ramón Menéndez Pidal, una década antes, a favor de la denominación “lengua española” frente a la de “lengua castellana” que “puede tener un valor preciso para designar la lengua del Poema del Cid, cuando la unidad nacional no se había consumado, y cuando el leonés y el aragonés eran lenguas literarias. Pero desde fines del siglo XV, la lengua que comprendió en sí todos los productos literarios de toda España […] no puede sino ser llamada española”40. A pesar de que para el diputado Ovejero no impedía la denominación “lengua española” como lengua oficial de la República que la lengua catalana y “galaico-portuguesa” fuesen consideradas también como “lenguas españolas”41, en su réplica, Gabriel Alomar, de Esquerra Republicana, sostuvo que la argumentación de Ovejero entrañaba una forma paradójica de “separatismo”, puesto que al identificar al castellano como la única “lengua española” se venía a excluir las otras lenguas españolas como el catalán, el vasco y el gallego.
Abrió la segunda sesión de discusión, el 18 de septiembre, el diputado nacionalista gallego, Alfonso Rodríguez Castelao, en defensa de su enmienda que había presentado junto con otros ocho diputados galleguistas42. En el transcurso del debate sobre el artículo 4, ésta sería la única procedente de los grupos políticos periféricos. La enmienda, rechazada por la Comisión de Constitución, a la par que reconocía el castellano como “idioma oficial del Estado” iba encaminada a impedir que se coartara el uso de las lenguas propias en las diferentes regiones. La intervención del diputado, centrada en la defensa del idioma como “vehículo del alma original de un pueblo”43, dio pie sobre todo a un alegato a favor de la dignificación de Galicia que “debe ser algo más que un criadero de carne humana para la exportación”44. El discurso de fuerte carga emotiva (evoca Rodríguez Castelao su origen humildísimo, confía en la “cordialidad de hermanos” de los diputados) dejaba traslucir cierto victimismo, que Unamuno recogería al mencionar ese “tono de quejumbrosidad” perceptible en el poeta gallego Manuel Curros Enríquez45.
Por otra parte, Miguel de Unamuno en esa misma sesión, en coincidencia con Ovejero, había de proponer el español, y no el castellano, como idioma oficial de la República, aunque en una segunda versión de la enmienda que primitivamente había propuesto el diputado. En efecto, la primera enmienda rezaba: “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tendrá el derecho y el deber de conocerlo, sin que se le pueda imponer ni prohibir el uso de ningún otro” y la enmienda corregida: “El español es el idioma oficial de la Republica. Todo ciudadano español tiene el deber de saberlo y el derecho de hablarlo. En cada región se podrá declarar cooficial la lengua de la mayoría de sus habitantes. A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna lengua regional”46. La argumentación desarrollada por Miguel de Unamuno para la sustitución de “castellano” por “español” descansaba en dos elementos. El primero, de índole política, era la dimensión de comunidad que podía encerrar el “español” con respecto al “castellano”, al identificarse el español con “la España para todos” y con “nuestra común España”47; el segundo, de cariz más filológico y cultural, era la capacidad integradora del español opuesta al carácter estancado del castellano: “el castellano es una lengua hecha, y el español es una lengua que estamos haciendo”. Es decir, el español era la lengua que podía enriquecerse con las aportaciones de otras lenguas de España y entre ellas el gallego, agregando así Unamuno una dimensión peninsular a la desarrollada por Ovejero que en su defensa del español había mencionado el mutuo enriquecimiento con Hispanoamérica. En el fondo, y ahí lo filológico y cultural enlazaban íntimamente con lo político, para el filósofo bilbaíno, el español contenía, más que el castellano, la dimensión de nación como proyecto común.
A pesar de que la introducción del vocablo “español” en lugar de “castellano” era la innovación más evidente, finalmente al hilo de la argumentación de Unamuno, nos percatamos de que quizás ese elemento no fuese el más importante. En efecto, al anunciar el presidente de la Comisión, Luis Jiménez de Asúa, que aceptaba, por mayoría, la Comisión la enmienda propuesta por Unamuno en su segunda versión, aunque “manteniendo la palabra castellano en vez de la de español”48, el diputado Unamuno en una última intervención sobre el artículo 4 (el 25 de septiembre) diría que al haber aclarado en qué se diferenciaban las dos denominaciones, le traía sin cuidado el empleo de una u otra49.
Es que lo primordial (“el punto grave” como dijo Unamuno50) de la enmienda residía en otro lugar: mantener la obligatoriedad del español (o del castellano) para todo ciudadano español y no imponer el uso de una lengua regional. El segundo aspecto –la no imposición de una lengua regional– correlativo del primero descansaba en la idea de que no se podía hacer de la lengua un criterio de nacionalidad: “ninguna región podrá imponer, no a los [habitantes] de otras regiones, sino a los mismos de ella, el uso de aquella misma Lengua. Mejor dicho, que si se encuentra un paisano mío, un gallego o un catalán que no quiere que se le imponga el uso de la propia Lengua, tiene derecho a que no se le imponga”51. Posteriormente, en el debate final sobre los artículos 1 y 4, evocaría de nuevo la cuestión de la lengua regional considerando el conocimiento exclusivo de la lengua regional como una esclavitud, “es esclavitud cultural, pero una esclavitud”52.
No era baladí la propuesta de no imponer el uso de una lengua regional, cuando precisamente los nacionalismos periféricos hacían de la lengua un criterio objetivo y fundamental de nacionalidad. El diputado Alomar en su intervención del 17 de septiembre, en respuesta a Ovejero, había afirmado que “La condición de idioma, como la condición de nacionalidad, es una cuestión objetiva”53. En la lengua, sobre todo en el caso del nacionalismo catalán, residía el llamado “hecho diferencial”, con el que había de ensañarse Unamuno al tacharlo, no sin mofa, de mito: “Aquí se nos habla siempre de uno de los mitos que ahora están más en vigor, y es el “hecho”. Hay el hecho diferencial, el hecho tal, el hecho consumado. (Risas)”54. Dio pie esta impugnación a la defensa de un concepto de nación española integradora de las diferencias, cuando en la república, momento de “renacimiento” político, se fundían precisamente las diferencias. Unos días antes, en el debate constitucional sobre el artículo 1, el historiador Claudio Sánchez Albornoz había evocado esta misma idea de “renacimiento, resurrección de España” ligada a la nueva forma política55.
Ese renacimiento, el filósofo lo expresaría a través del concepto de “renación”: “España no es nación, es renación; renación de renacimiento y renación de renacer, allí donde se funden todas las diferencias donde desaparece esa triste y pobre personalidad diferencial”56. Y “renación” también se podía interpretar gramaticalmente como intensificación de nación. Acabó Unamuno su alegato a favor de la “común España” y “renación española” ensalzando la Lengua española como crisol de todas las lenguas de España: “una Lengua española que haya recogido, integrado, federado si queréis57, todas las esencias íntimas, todos los jugos, todas las virtudes de esas Lenguas que hoy tan tristemente, tan pobremente nos diferencian. Y aquello sí que será gloria. (Grandes aplausos)”58.
Finalmente, el artículo 4, en su formulación definitiva no integraría explícitamente el concepto de cooficialidad entre el castellano y las lenguas de las provincias o regiones que había introducido Unamuno en su enmienda, aunque con algún reparo, pues le parecía contradictoria la cooficialidad con el hecho de que no se pudiera imponer el uso de ninguna lengua regional y agregaba: “Yo confieso que no veo muy claro lo de cooficialidad, pero hay que transigir. Cooficialidad es tan complejo como cosoberanía; hay “cos” de éstos que son muy peligrosos”59. Fuera de este aspecto, el artículo sobre la lengua constaría de aquellos defendidos por Unamuno en la primera versión de su enmienda, la obligatoriedad del castellano y la no imposición de ninguna lengua regional: “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.” La salvedad final, ausente de la enmienda de Unamuno, resultaba de la intervención de Jaume Carner, de la minoría catalana, por cerrar el paso el artículo así redactado “al uso de nuestra Lengua en todas las oficinas públicas y en todos los organismos públicos de nuestra región” y resultar incompatible con “las aspiraciones que nosotros hemos consignado en el Estatuto catalán”60. Posteriormente la aprobación del artículo 48 (50 en la versión definitiva de la Constitución) sobre la enseñanza vendría a corroborar la obligatoriedad del estudio de la lengua castellana y su uso como “como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas”61.
3. El “hecho diferencial” castellano.
El debate sobre la lengua oficial y las lenguas cooficiales superaba ampliamente el marco lingüístico y abordaba claramente la realidad de España: sea para cuestionarla, desde los nacionalismos periféricos, sea para reafirmarla y redefinirla como unidad y diversidad desde el centro. El filólogo Ramón Menéndez Pidal, en reacción contra los estatutos que se estaban elaborando, había percibido desde las páginas de El Sol del 26 de julio de 1931 cómo las “jóvenes generaciones regionales” pensaban en “el idioma como arma y no como instrumento”, a pesar de que, con la República, había desaparecido la “opresión lingüística”62. Unas semanas más tarde el voto particular –anteriormente evocado–, en el que los diputados de Esquerra Republicana Xiráu y Alomar pedían la supresión del sintagma “nación española” del preámbulo de la Constitución, habría de suscitar una reacción vehemente de Menéndez Pidal publicada en el mismo diario63. El artículo en el cual el filólogo e historiador veía cómo la democracia recién asentada en España venía a propiciar las afirmaciones particularistas64 se centraba en la defensa de España como unidad histórica básica, basada en la “compenetración”, la “convivencia” y “fusión” histórica y lingüísticamente comprobadas, al no poderse “marcar el límite del catalán con el español en una línea tajante como la que separa dos lenguas heterogéneas, el galés o el irlandés”65. Por el contrario y apoyándose en el ejemplo de la partícula afirmativa del catalán que es “sí”, como en español, y no “oc” o “oui”, como en francés, Menéndez Pidal insistía en la “línea casi tajante” que separaba al catalán del languedociano con el cual, precisamente, reivindicaban muchos catalanes su parentesco y por ende su diferencia con la lengua hispánica.
De esta afirmación habría de derivarse una polémica con Antoni Rovira i Virgili que tachó el mismo Menéndez Pidal de “verdadero encuentro bélico”. El periodista y político, en contestación al artículo publicado en El Sol del 27 de agosto de 1931, haría, en efecto, en La Publicitat la relación de los errores de Menéndez Pidal66, al que replicaría una semana más tarde el filólogo e historiador67, reafirmando que la lengua catalana era la lengua del sí, a pesar del uso arcaico y excepcional de la partícula “oc” en catalán, como había argumentado Rovira i Virgili, y desarrollando aquellos elementos que venía a rebatir el periodista en el artículo publicado en La Publicitat. Es decir, entre otros, la noción de frontera lingüística catalanocastellana ancha e imprecisa y no “tajante” como había escrito Rovira i Virgili68, la lengua castellana usada por los poetas catalanes, la unión política y cultural desde siempre de Cataluña con las regiones centrales, Aragón y Castilla69, redundando en la comprobación de que “el desamor perdura” y en la defensa de “la que fue siempre una nación” a la que se quería convertir en “simple Estado”70. Venía a lamentar Menéndez Pidal aquella “psicología del resentimiento”71 que aquejaba a los nacionalismos periféricos, como
“Si bajo esta psicología del resentimiento el Estado Español no tiene respecto de la región una prenda de unión espiritual en la enseñanza, la generación del desamor acabará por raer, con pertinaz trabajo de zapa, todo sentimiento de unidad espiritual; la fuerza moral de la nación, la había deplorado que perdurara la “psicología de la incomprensión” en el artículo publicado el anterior 26 de julio.
La defensa de la nación española fundamentada en gran parte en las afinidades entre el castellano y el catalán y con el gallego no significaba que negara Menéndez Pidal la especificidad de las otras lenguas de España o que rechazara el bilingüismo72 que probaba tanto la gran difusión del castellano como el enraizamiento de las lenguas regionales. Pero sí lamentaba el exclusivismo regional y la injusta ignorancia en que la “España periférica” mantenía los méritos políticos y culturales de la “España nuclear” en la época moderna.
Como se sabe, si bien en la edad moderna Castilla estaba identificada con España, a todas luces, al hilo de las interrogaciones finiseculares, Castilla se había venido asimilando con el problema de España, Castilla venía a ser la “figura de la decadencia española”73. Con el ensayo de José Ortega y Gasset, España invertebrada (1921), cristalizaría la idea del fracaso de Castilla en su papel director: el debilitamiento del centro castellano era el que había originado la descomposición nacional en la que emergieron los particularismos vasco y catalán. En el contexto del debate constitucional, en la sesión del 27 de agosto en la que se debatió el artículo 1 sobre la definición de España, Sánchez Albornoz, recogiendo la famosa frase “Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho” de España invertebrada74 –la cual era a su vez una variación sobre “Castilla ha hecho a la nación española” del célebre ensayo de Unamuno, En torno al casticismo–, le había dado otra orientación: “Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla”, dando a entender que la supremacía castellana quedaba como una cosa relegada en el pasado75.
Lo cierto es que al hilo de los debates acerca tanto del artículo 1, como del artículo 4 de la Constitución republicana, de nuevo venían a hacerse evidente el abismo entre el centro y la periferia, el desfase entre la potencia política del centro y su debilidad económica frente a una periferia dinámica, así como, por supuesto, el cuestionamiento del centro por la periferia, especialmente por el nacionalismo catalán. Recogiendo la idea de la injusta ignorancia en que la periferia mantenía los méritos políticos y culturales pasados de la “España nuclear” emitida por Menéndez Pidal en El Sol, Unamuno afirmó en el Congreso de los Diputados “ya hemos oído que Castilla no conoce la periferia, y yo os digo que la periferia conoce mucho peor a Castilla”76. Voces castellanas se elevaron tanto en el Congreso como fuera del debate parlamentario en defensa de Castilla en consonancia con el regionalismo castellanoleonés que se había venido conformando, de forma proteccionista y conservadora a partir de finales del siglo XIX.
La conciencia regional castellana, sustentada en el pasado heroico y la defensa de intereses económicos concretos, había cristalizado en la segunda mitad del siglo XIX, bajo el impulso de una minoría intelectual, concretándose en las primeras reivindicaciones de tipo administrativo a favor de la descentralización en torno a 1918-1919, a través de una movilización de políticos, con cierto impacto a nivel popular77. Se trataba de una conciencia reactiva, en palabras de Celso Almuiña78, con respecto al empuje catalanista que había conseguido la formación de la Mancomunidad en 1914 y se había consolidado posteriormente en la redacción de las “Bases para la autonomía de Cataluña” de 1918. Ese regionalismo de réplica se había concretado en el mensaje emitido por la asamblea congregada en Burgos, de diciembre de 1918, que se convertiría, según Palomares, en “el código del regionalismo castellano”79. En ese alegato a favor de una bien entendida descentralización, asentado en la oposición a la declaración de separatismo de Cataluña y en la afirmación de la intangibilidad de España, se destacaba que había sido “escarnecido nuestro hermoso idioma, que ha dado al mundo tantas obras inmortales y que hoy hablan muchos millones de seres al otro lado del mar”80. Como se ve, la conciencia regional castellanoleonesa en ciernes se articulaba con la unidad de España, una unidad afirmativa y defensiva a la vez ante el peligro que hacía correr el catalanismo a la integridad de la soberanía nacional. “La soberanía no es cosa que se pueda compartir con nadie”, apuntaba el mensaje. Si bien el catalanismo se percibía como una amenaza, poca duda cabía de que también producía un efecto dinámico, al suscitar un movimiento regionalista articulado con ansias de regeneración81, un “regionalismo sano”, es decir un regionalismo equitativo, uniforme, asimilado con la descentralización, en oposición al “regionalismo morboso” identificado con el separatismo, que se podía resumir al catalanismo82.
A la asamblea de Burgos, había seguido una reunión en enero de 1919 en Segovia, en cuya declaración se trasladaba a municipios y diputaciones la responsabilidad de perfilar el proceso que llevara al organismo regional y se rechazaba la desigualdad entre regiones y, por esa razón, la cooficialidad del catalán y del castellano, so pretexto de que ponía en peligro la integridad de la patria, “sin que esto signifi[cara] protesta contra el uso de los dialectos regionales en las relaciones no oficiales”83. Notemos que la denominación genérica “dialectos regionales” equiparaba a la lengua catalana con otros dialectos como podían ser el asturiano o el leonés, por ejemplo, instaurando una firme jerarquía entre la lengua castellana y las demás lenguas o dialectos.
En los posteriores años veinte, las perturbaciones sociales y el problema militar eclipsaron la cuestión regional84. La dictadura de Primo de Rivera propició las nuevas organizaciones políticas sanas, en palabras de Ángel Herrera Oria85, que formó, a finales de noviembre de 1923, en Valladolid, la Unión Patriótica Castellana86, que habría de extenderse a toda España a través de la conocida Unión Patriótica, apoyatura del régimen primorriverista. La Unión Patriótica Castellana que pretendía defender Castilla, en contacto con las provincias hermanas, según su presidente Eduardo Callejo, se refundió después de la proclamación de la República en el Centro Regional Castellano que pasó a denominarse a partir de febrero de 1932 Bloque Agrario-Centro regional Castellano87.
Cuando a la II República correspondió la consolidación de los nacionalismos alternativos y especialmente la radicalización del catalán, el nacionalismo castellano no fue sino muy minoritario, tratándose esencialmente de “un nacionalismo mimético y defensivo” que “se difuminará hacia posturas regionalistas”, como lo indica Celso Almuiña88. En el debate constitucional acerca de los artículos 1 y 4 casi exclusivamente monopolizado por el catalanismo, las intervenciones de Antonio Royo Villanova, agrarista independiente, se caracterizaron por su postura profundamente anticatalanista: “A mí me han votado 28.000 electores para que precisamente me oponga al Estatuto catalán”, como declaró el diputado castellano89.
Si bien la dimensión anticatalanista caracterizó el regionalismo castellano, como lo habían probado los mensajes de Burgos y Segovia en 1918 y 1919 respectivamente, impulsados por el establecimiento de la mancomunidad de Cataluña, el “hecho diferencial” castellano se plasmó correlativamente en su articulación con lo español y la defensa de la nación española. Así lo expresaría Antonio Royo Villanova en las Cortes Constituyentes, en defensa de la denominación “nación española” y en contra de la definición de España como “Estado federal”, al hablar, como dijo, en tanto que representante de una opinión castellana y española90. La crítica del exclusivismo catalán que hizo el diputado en aquella sesión del 11 de septiembre se centró en la defensa de la articulación entre federalismo y nación española, apoyándose en Pi y Margall que “afirmaba la unidad nacional”91, y en la impugnación del concepto de nación asimilado con la lengua92. Para este segundo aspecto, acudió Royo a dos autoridades, Ildefonso Suñol y de nuevo Pi y Margall, a quienes difícilmente se podía tachar de anticatalanista y antifederalista respectivamente. La frase de Suñol citada por Royo Villanova, “la Nación catalana es incompatible con la Nación española y además, la nación no es la lengua”, que, en principio, rebatía que lo que podía unir a los catalanes con el resto de España era la lengua castellana, al mismo tiempo iba a contracorriente de lo que fundamentaba el nacionalismo catalán, a saber precisamente la lengua propia, y por esa razón, naturalmente, había traído el diputado agrarista a colación a aquel “catalanista ilustre”. La cita sacada de Las nacionalidades de Pi y Margall “Decir que la nación es la lengua es un contrasentido”, aunque inexacta93, iba encaminada a mostrar que lo que hacía la nación era otra cosa, era la “conciencia nacional”. Esta definición se hallaba en la línea de lo que desarrollara Ernest Renan en su célebre discurso pronunciado en la Sorbona en 1882, Qu’est-ce qu’une nation?, en el que el político e historiador francés, en el contexto peculiar de la anexión de Alsacia y Lorena por Alemania tras la derrota francesa de 1871, basaba el concepto de nación en criterios subjetivos (“Une nation est une âme, un principe spirituel”94), después de rechazar uno tras otro los criterios objetivos (raza, lengua, religión, interés y territorio, otros tantos factores que fundamentaban la nación en la tradición alemana), haciendo emerger la idea de nación-contrato opuesta a la naciónlegado inscrita en el pensamiento herderiano95. Pero esa “conciencia nacional”, en la que latía lo castellano, reivindicada por Royo Villanova, también enlazaba con las investigaciones realizadas en el seno del Centro de Estudios Históricos, especialmente en la estela de la labor impulsada por Ramón Menéndez Pidal acerca del romancero y la poesía épica, iniciada con sus trabajos pioneros sobre el Poema de mío Cid. Para el filólogo, la literatura épica y los romances, de los que Castilla era núcleo creador, eran portadores del alma nacional96.
De la misma forma, al año siguiente, aunque desde una perspectiva profundamente política, otro castellano, Manuel Azaña, unía estrechamente a Castilla con España. El discurso pronunciado en Valladolid, sobre “el genio político de Castilla”, el 14 de noviembre de $1 9 3 2 ^ { 9 7 }$ , a los dos meses de aprobarse el Estatuto de Cataluña, a la vez que evocaba vivencias personales entreveradas con la vocación universal de los castellanos y el recuerdo del “genio político castellano desparramando sus creaciones por el mundo”, también relegaba al pasado los esplendores castellanos, situándose firmemente en el presente para destacar el papel que había de corresponderle a Castilla en el programa autonomista: “Y si sois iguales a vuestro destino, lejos de perder aquello que se ha supuesto una hegemonía castellana sobre las regiones españolas, tendréis otra vez el destino propio dentro de la nación que corresponde al genio político de este país”. No se trataba de restaurar glorias pasadas, sino de fomentar la economía castellana, para que a Castilla le cupiera el lugar que había de ocupar en la reorganización territorial de España. La declaración castellanista y españolista de Azaña: “Yo soy castellano, pero soy español”, unía estrechamente, a pesar de la adversativa, a Castilla con España, y, situada en su debido contexto, era una réplica a la derecha católica emergente que lo acusaba de antiespañol98.
Los ecos que suscitó el debate parlamentario sobre los artículos 1 y 4 en $E l$ Norte de Castilla se centraron correlativa y previsiblemente en la defensa de España amenazada de morirse “destrozada en pequeños cotos económicos, nuevos Estados de Taifas”99 y en un firme anticatalanismo. “Para un castellano de raza, España fue siempre antes que Castilla” clama Ángel Velarde. La actitud mayoritariamente españolista y antiseparatista del diario se articula con los repetidos elogios a Antonio Royo Villanova cuyas intervenciones vienen dilatadamente reseñadas, destacándose su defensa de la unidad nacional y sus $^ { \infty } 3 5$ años de labor antiseparatista”100 o su “brillante triunfo” cosechado en las Cortes en el turno de discusión acerca de la enmienda propuesta por el doctor Juarros, que trataba principalmente del proceso de aprobación de los estatutos de las regiones autónomas y las competencias del Estado101. En aquella coyuntura el anticatalanismo fue lo que definió la actitud del Norte de Castilla, como lo muestran, por ejemplo, “La sirena catalanista” y “Cataluña y España. Cuestión de simpatía”102, más que su castellanismo. El primero, firmado por Royo Villanova, destacaba ese “misterioso encanto” que habían tenido los políticos catalanistas “para apoderarse del ánimo de los grandes hombres” desde Nicolás Salmerón, quien había aceptado la jefatura de la Solidaridad Catalana en 1907, hasta Alcalá Zamora a quien reprochaba el diputado castellano que se aprestara a defender una enmienda en la que se reconocía a las regiones la atribución de la enseñanza103. El segundo artículo resaltaba el hecho exclusivista catalán y daba pie a indicar que, por el contrario, Castilla había penetrado en el mundo “por impulsos generosos, desinteresados, entregándose sin reservas”.
Junto a su veta marcadamente conservadora y católica, otro periódico castellano, el Diario Regional de Valladolid, desarrolló una línea regionalista, aunque de forma mucho más minoritaria. En efecto, merece la pena señalar en el periódico que se asumió en los años treinta como “el órgano de opinión de la derecha católica vallisoletana”104, centrado en impugnar la política laicista de la República105, una serie de artículos firmados por Pedro Fernández Guzmán bajo el epígrafe “Regionalismo castellano leonés”106. El autor se proponía despertar en la juventud el orgullo de ser castellano-leonés, con el deseo de emular el regionalismo de otras regiones, citando a Andalucía, Galicia, Asturias, Vasconia, Cataluña, Valencia, Aragón y Extremadura como regiones que le eran estimables por acometer “la labor regionalista”107. El regionalismo defendido por Fernández Guzmán, sin afán separatista108, entrevera el tono elegíaco machadiano y las nostalgias imperialistas: “la región de las proezas legendarias y epopéyicas (sic) […] yace moribunda, triste, pensativa.” […] “¿Cómo llora y vive aherrojada en prisiones la señora de dos mundos? ¿qué tiene? ¿qué ha pasa$\mathrm { d o ? } ^ { \prime \prime ^ { \mathrm { 1 0 9 } } }$ . El artículo titulado “La lengua”110, brinda una reflexión basada en la lengua como “el alma111 de los pueblos”, según “Hude” –esta trascripción erró- nea se refería probablemente a Herder, a no ser que se tratara del irlandés Douglas Hyde quien en 1886 había publicado un ensayo en defensa de la lengua propia en Irlanda112– o como sujeción de las “más tenues raicillas de la mentalidad de un pueblo”, según Humboldt. La analogía que establece el autor con las demás regiones cuya identidad diferenciada está basada en la lengua –Cataluña, Vasconia, Galicia– da pie a la defensa de la idea según la cual a pesar de que el castellano se ha impuesto como lengua de España y de las demás naciones americanas, constituye el castellano el elemento de definición de la región castellanoleonesa, en un anhelo de articular la dimensión a la vez cosmopolita y regional del castellano, su modernidad y su carácter ancestral definitorio de un pensar y un sentir, aunque no están ausentes los resabios hegemónicos. La extensión del castellano (España, las 22 naciones latinoamericanas, su enseñanza en 200 universidades y centros superiores de EE. UU., como indica el autor) es un argumento de su superioridad sobre las otras lenguas de España.
De hecho este desarrollo en torno a la lengua se encuadraba en el objetivo que se había marcado Fernández Guzmán de rebatir la tesis según la cual es ficción y apariencia el regionalismo de León y Castilla, a ello iba consagrada más especialmente la quinta entrega de la serie113. Si bien Castilla y León podría114 hacer gala de las características definitorias del regionalismo según Brañas, que se recogen en el artículo (características relacionadas con el suelo, la tradición, las costumbres, la lengua…), afirma el articulista que lo primero que justifica el regionalismo castellanoleonés es el haber constituido el eje y el centro de la vida nacional española. Si esto es así “no necesitamos buscar otras diferencias y caracteres para conceder a León y Castilla la preeminencia de región, la primera $y$ principal115 región española”. Como se ve, la defensa del regionalismo cobra el seguro sabor de la resurrección de la antigua supremacía, que también se nota en la inversión del concepto de diferenciación en un movimiento del centro con respecto a la periferia, “si León y Castilla han sido el centro de la vida nacional española, se distinguen con la máxima distinción y con profundísimas diferencias de las restantes comarcas y regiones, que son para Castilla, lo que son al centro los demás puntos de la circunferencia y del círculo”.
Conclusión.
Además de la diversidad cultural, el debate lingüístico en el seno de las Cortes Constituyentes reflejó las diferentes realidades históricas, sociológicas y económicas de España. La intervención del diputado por Pontevedra, Rodríguez Castelao, en defensa del uso de las lenguas regionales decía mucho del sentimiento de inferioridad experimentado en Galicia y de las esperanzas puestas en la singladura democrática iniciada por España en abril de 1931: “Galicia no cuenta con una gran ciudad, pero tiene el mar y posee un fuerte anhelo de ciudadanía”116. A la inversa, en defensa del castellano, Miguel de Unamuno y el diputado socialista por Guipúzcoa, Enrique De Francisco –en el marco del debate del artículo sobre enseñanza en la sesión del 22 de octubre de 1931– habían de poner de relieve el riesgo que suponía la exclusividad del vascuence en el País Vasco en cuanto a inmovilismo social (Unamuno) y fortalecimiento de las fuerzas reaccionarias (De Francisco). Es decir, lo que resultaba beneficioso para Cataluña, podría revertir, según De Francisco, en “perjuicio notorio al presente y al porvenir” para el País Vasco al que se privaría así de la “enseñanza del idioma de la República como idioma de tipo más universal y mas útil a los individuos”117.
Desde la perspectiva lingüística, el “hecho diferencial” castellano revistió matices radicalmente opuestos entre afán de proyección modernizadora y nostalgia de las glorias pasadas. Que el castellano o español se conjugaba con modernidad y defensa de valores universales de ciudadanía era una evidencia en la línea liberal encarnada por Miguel de Unamuno, Ovejero o Sánchez Albornoz. Dicha línea entraba en fuerte contraste con la instrumentalización de la lengua con el fin de despertar añoranzas imperiales como, por ejemplo, en el Catecismo regionalista castellano-leonés publicado por F. Gómez Campos en 1931 y
$1 9 3 2 ^ { 1 1 8 }$ . La doctrina regionalista desarrollada en el opúsculo que también era un feroz ataque contra la República se asumía en este caso desde la perspectiva de un catolicismo integrista, articulándose la defensa de la lengua castellana con la nostalgia de la hegemonía de Castilla o lo que podría definirse como avanzadilla de la propaganda y retórica imperial del franquismo.
Por último, en el análisis del debate acerca de la constitucionalización del castellano se ha intentado mostrar que a la par que la cuestión iba íntimamente entrelazada con la de la definición de España y del reconocimiento legal de su realidad pluricultural, el sentimiento regional castellano venía conjugado con el de la defensa de la unidad de España, en un contexto en que los nacionalismos periféricos ponían en tela de juicio dicha unidad. Si una institución nacional plasmó la articulación entre lo castellano y lo español, no desde un punto de vista de supremacía política, sino de irradiación cultural, ésta fue en aquellos años el Centro de Estudios Históricos, obra de intelectuales castellanos en su mayoría, y dominado por la figura de Menéndez Pidal –oriundo, es cierto, de Asturias– que consagró su labor lingüística e histórica a definir el papel motor de Castilla en la homogeneización de España y en el despertar de un temprano sentimiento nacional. Al Centro de Estudios Históricos se debe la creación de una tradición filológica en España y, en cierta forma, una reconquista intelectual de España por Castilla.