Entre divorcios, maleantes y medicineros. Los Tribunales de Raza en la Guinea Española (1938-1959)
Between divorces, thugs and healers. The Race Tribunals in Spanish Guinea (1938-1959)
Celeste MUÑOZ MARTÍNEZ Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
RESUMEN:
Existen escasos estudios que aborden la construcción del sistema judicial en la Guinea Española como fuente para el estudio de las relaciones coloniales. El presente artículo propone analizar su evolución y sus tensiones, así como la interpretación de algunos pleitos representativos de los Tribunales de Demarcación entre 1938 y 1959. La justicia colonial de Guinea fue similar en estructura a la que implementaron otras potencias, organizada a través de un modelo de dualismo legal basado en la existencia de una justicia europea, bajo el ordenamiento peninsular, y de raza, supuestamente sujeta al derecho consuetudinario. El proceso de institucionalización de este modelo culminó en 1938, ya con la llegada del franquismo, cuando la acción colonial se intensificó considerablemente. La investigación se centra fundamentalmente en este período y sugiere que el sistema de Tribunales de Raza debe entenderse como el producto de un proceso bidireccional (evidentemente desigual) entre colonizados y colonizadores; es decir, como un espacio donde las estrategias de asimilación y disciplina social del Estado interactúan con las resistencias y la apropiación local de estos dispositivos.
PALABRAS CLAVE:
Guinea Ecuatorial; colonialismo; franquismo; dualismo legal; Tribunales de Raza.
ABSTRACT:
There are few studies that treat the construction of the judicial system in Spanish Guinea as a source for the study of colonial relations. The current text proposes to narrate its evolution and tensions, as well as interpreting some representative lawsuits of the Tribunals of Demarcation between 1938 and 1959. Guinea’s colonial justice was similar in structure to that implemented by other powers in that it was organized through a model of legal dualism based on the existence of European justice, under the Peninsular system, and racial justice, supposedly subject to customary law. The process of the institutionalisation of this model culminated in 1938, with the arrival of Franco’s regime, when colonial action intensified considerably. This article focuses primarily on this period and suggests that the system of Race Tribunals should be understood as the product of a two-way process (evidently unequal) between the colonized and colonizers; that is, a space where the state’s strategies of assimilation and social discipline interacted with resistance and the local appropriation of these devices.
KEYWORDS:
Equatorial Guinea; colonialism; Francoism; legal dualism; Race Tribunals.
En marzo de 1959, María Nzang se presentó ante el Juzgado de Santa Isabel para interponer una demanda contra su marido, Jorge Nkogo1 . En ella pedía la separación aduciendo que sufría “malos tratos”. Entre la escasa documentación que generaban este tipo de litigios –que en la colonia se conocían comúnmente como palabras– se acreditaba el bautismo de ambos implicados, una situación que, siguiendo el patrón habitual, condicionó la sentencia: “considerando que entre cristianos el único matrimonio legítimo posible es el canónico, FALLO declarar nulo e inexistente el vínculo matrimonial entre MN y JN debiendo hacerse devolución de la dote al marido (7.450 ptas.)”2 . Así, el matrimonio quedó anulado, pero no se otorgó la separación por malos tratos, como alegaba una de las partes. El caso de María contra Jorge fue una más de las 3.316 palabras de la jurisdicción civil presentadas ese mismo año en los tribunales de la Guinea Española, y como veremos y analizaremos, no fue un caso excepcional. Por esta razón, por la cotidianidad de este tipo de conflictos, es fundamental comprender la justicia colonial y su singular práctica procesal.
El presente trabajo aspira a ofrecer una aproximación al sistema judicial desplegado en la actual Guinea Ecuatorial durante el periodo colonial, especialmente entre 1938 y 1959, con el objetivo de profundizar en las características y funcionamiento de la llamada Justicia de Raza, una propuesta de planteamiento que merece algunas justificaciones previas3 . Por un lado, la de la cronología: fue en 1938 cuando los tribunales de raza de la colonia adquirieron un estatus mucho más regulado e institucional, un estatus que se mantuvo prácticamente inalterado hasta 1959, cuando la provincialización trajo consigo cambios que, aunque merecen atención, deberán formar parte de un futuro estudio. Las fechas propuestas, en definitiva, son instrumentales y están definidas por las reformas del sistema judicial, pese a coincidir con el despliegue del franquismo en la colonia. Este es un matiz importante porque no deben entenderse como un intento de réplica de las periodizaciones usadas normalmente para analizar lo que sucede en la Península. El nuevo orden establecido en Guinea tras la Guerra Civil no trajo consigo rupturas significativas en términos de acción política y territorial4 . De esta manera, el franquismo debe ser entendido como una etapa más dentro del período de dominación español, lo que no implica que no se trasladasen a Guinea sus símbolos, discursos y prácticas a lo largo de los veintidós años de dominio nacionalcatólico. No obstante, y pese a la necesidad de entender Guinea y su sistema judicial en su propio contexto y no a través de marcos analíticos quizá poco útiles, deben señalarse igualmente los olvidos historiográficos que han marginado las realidades coloniales del franquismo, y en general de la historia de España contemporánea, unos olvidos que empobrecen la comprensión del pasado e ignoran sujetos históricos, lo que reproduce sesgos raciales y eurocéntricos dentro de la academia.
En España, pese a los vínculos históricos, los estudios sobre Guinea Ecuatorial no han despertado demasiado interés al margen de las muchas obras editadas durante la colonización, generalmente apologéticas de la empresa. No obstante, desde la década de 1980, y especialmente a partir del presente siglo, se ha consolidado una progresiva renovación de los estudios5 . Ahora bien, aunque la cuestión judicial ha generado abundante producción en otros contextos coloniales africanos, sigue siendo un tema poco tratado en el caso guineano6 . El llamado pluralismo jurídico característico de estos sistemas, y que Sally Merry definió como “a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field”7 , ha sido un campo prolífico que ha permitido reseguir tanto las resistencias como las prácticas de asimilación y disciplina del período. Suscribimos la definición en este texto, pero nos obligaría a problematizar todos los espacios en los que se materializaba dicha pluralidad. Por esta razón, la justificación temática y conceptual es también necesaria. Con el fin de no adentrarnos en todas las prácticas de resolución de conflictos del territorio, hemos optado por centrar el objeto de estudio en lo que llamamos régimen de dualismo legal, basado estrictamente en la creación de tribunales europeos y de raza. Es decir, se tendrá en cuenta únicamente el aparato institucional de la administración de justicia colonial y no todos los espacios que sobrepasaron los márgenes de estas estructuras y que resistieron a los cauces definidos por el nuevo orden. Este sistema dual se fue diseñando desde los albores de la colonización y por ello es necesario que nos aproximemos a la situación procesal anterior a la reforma de 1938.
Judicializando la raza. De la autonomía local a la reforma de 1938.
En la Guinea Española, de igual modo que en otras realidades coetáneas del continente, la imposición del nuevo orden colonial implicó una transgresión de las realidades jurídicas del territorio (también de las productivas, religiosas, etc.). En el campo judicial, esto significó que, a los sistemas de resolución de conflictos locales y de clasificación jurídica precoloniales, se añadieran nuevos entramados basados en la ley metropolitana y en la ley colonial. Dicha pluralidad de espacios tuvo diferentes grados de arraigo según el contexto. Para comprender esto, debemos ubicar algunas características del colonialismo europeo en África y en Guinea.
La primera es que esta fue una etapa en que se introdujeron cambios estructurales en las sociedades africanas (fronteras, modelos políticos y económicos, nuevas identidades…), aunque sin capacidad para enraizarlos completamente debido a su corta duración. La dominación del continente dentro de la historicidad africana fue, en términos temporales, un suspiro, y pese a que consiguió generar con éxito una estructura administrativa y de control ya entrado el siglo XX –y especialmente después de la Primera Guerra Mundial– en la década de 1960 se producirían la mayor parte de procesos de independencia, que no deben entenderse en ningún caso como una ruptura con las transformaciones político-económicas derivadas del periodo anterior. La ocupación y la intensidad de esta empresa, además, fue asimétrica. Es decir, algunas regiones sufrieron una colonización de 80, 90 o 100 años, y en otras el control extranjero apenas alcanzó los 40 o 50. Las zonas costeras o el interior, o el mundo rural o urbano, tuvieron una relación diferente con los centros de poder. La segunda característica, estrechamente relacionada, es que el despliegue de instituciones con capacidad de control territorial era costoso y complejo para todas las potencias. Por ello, la participación africana en estos sistemas fue una condición necesaria para su éxito8 . Esta participación, sin embargo, requería de una cierta preservación también de las estructuras políticas y sociales y de las legitimidades precoloniales de los territorios ocupados9 . El pluralismo desarrollado, en definitiva, fue necesario también para la propia viabilidad del sistema, además de una consecuencia de los procesos de resistencia locales y del corto lapso de la empresa10.
La Guinea Española no fue una excepción a esta caracterización. La isla de Fernando Poo fue la primera en padecer la presión colonial. A pesar de la temprana presencia europea en la isla desde 1827, como indica Gonzalo Álvarez Chillida, “a la altura de 1880, fecha del cuarto estatuto orgánico, la presencia efectiva de españoles en el Golfo de Guinea se reducía a la ciudad de Santa Isabel y a un pequeño destacamento militar en el islote de Elobey Chico”11. La situación empezó a cambiar en esa misma década, cuando España, animada por el contexto internacional, renovó su interés por los territorios adquiridos en 1778 a Portugal, impulsando la colonización efectiva de la isla a través de las misiones y de las plantaciones, y también promoviendo campañas de exploración en territorios continentales, donde británicos y alemanes tenían cierta influencia comercial. En 1900, después del tratado de París, y ya avanzada la ocupación de la isla, España vio ampliadas sus posesiones con el reconocimiento de sus aspiraciones sobre la pequeña región de Río Muni en la costa continental. En ese momento, su presencia en dicha región se limitaba a la costa, y no fue hasta 1926 cuando lograría la conquista total de sus dominios12. De este modo, las poblaciones de estos territorios tuvieron diferentes experiencias, pues mientras los bubis que habitaban en Fernando Poo fueron los primeros en percibir la presión colonial, los fang del interior continental pudieron mantener cierta independencia hasta entrado el siglo $\mathbf { X X } ^ { 1 3 }$ .
En paralelo a estos procesos de ocupación, se fue produciendo un progresivo desarrollo de la política territorial, que implicaba también la discusión de un sistema judicial y la definición del estatus de los colonizados o del nivel de autonomía local. Todas y cada una de las potencias coloniales afrontaron esos debates, que España resolvió, pese a la distancia que sus pobres teóricos coloniales quisieron marcar con el resto de los países europeos14, de un modo similar a Francia o Portugal: a través de la clasificación jurídica característica de los modelos de asimilación. En estos se diferenciaba a los colonizados asimilados con reconocimiento de derechos de los colonizados sin suficiente civilización como para ser juzgados o valorados según las leyes españolas, y que se mantendrían bajo una especie de orden consuetudinario, una fórmula de segregación justificada por el ideal de la civilización15. No obstante, este planteamiento tomó diferentes formas y el sistema de dualismo legal consecuente se fue redefiniendo junto con el propio concepto de civilización.
La primera frontera de esta civilización fue la adhesión a la cristiandad. Por ejemplo, en la Real Orden del 23 de julio de 1902 sobre las normas de procedimiento en la fase de enjuiciamiento se indicaba que “en materia criminal y tratándose de individuos de origen europeo o de indígenas convertidos al Cristianismo, se aplique el Código penal de $1 8 7 0 ^ { , 9 1 6 }$ . Además, en el artículo décimo se determinaba para los indígenas no cristianos la sujeción a una sentencia con arreglo a “la costumbre del lugar, los principios generales del derecho y la equidad”. Era una incipiente dualidad un tanto abstracta, que en la práctica y ante la falta de estructuras de control sobre la mayor parte de la población implicaba una significativa autonomía local. Sin embargo, a medida que la frontera de la cristiandad fue siendo transitada y progresaba el proyecto colonizador, los límites se fueron agudizando17.
Un punto de inflexión en este sentido es la creación en 1904 del Patronato de Indígenas, la institución que se encargaría de la tutela de los colonizados y, en teoría, de fomentar su proceso de asimilación “fomentando la cultura y moralización de los naturales del país y su adhesión a España”. La civilización tuvo a partir de entonces un guardián que con celo iba a extender la Cristiandad y la Hispanidad hasta el último rincón de los dominios. Su acción, igualmente, tampoco fue inmediata, pues la empresa guineana, siendo precisos, estuvo poco dotada de recursos y de estímulos por parte del Estado, y como bien señala Díaz Matarranz, hasta principios del s. XX fue un “lastre” para los presupuestos del país18. Incluso se planteó el abandono. Por el contrario, a partir de la década de 1920, tras la victoria española en el Rif y el particular interés por parte de la dictadura de Primo de Rivera en las colonias, la perspectiva cambió. En 1925 se creaba la Dirección General de Marruecos y Colonias que, aprovechando también el impulso del cacao y de los productos agrícolas, dotó a la empresa guineana de un presupuesto extraordinario y puso al frente de su gestión al militar Miguel Núñez de Prado19. Fue entonces cuando el Patronato aprobó sus primeros estatutos y su acción ganó centralidad a través de la creación del “régimen de emancipaciones”20.
Las emancipaciones segregaban jurídicamente a los colonizados según su nivel de españolización. Tras ellas operaba una idea similar a la concepción colonial francesa que, partiendo de un universalismo cultural, proponía la concesión de ciudadanías en función del grado de asimilación y a través de una acción de tutorización ejercida por la metrópolis sobre los sujetos colonizados. Sin embargo, en Guinea, igual que en los dominios franceses, como bien señala Achile Mbembe “se trataba de unos pocos individuos elegidos a dedo en un vasto dominio poblado por millones de súbditos”21. Como muestra, la carta de emancipación vigente entre 1928 y 1959 apenas alcanzó en Guinea a un $0 { , } 2 \%$ de la población22. El resto fue sometida a la tutela del Patronato, incapacitada y relegada a la minoría de edad.
A pesar del dudoso alcance de las emancipaciones, constatamos que al final de esta etapa la frontera de la civilización había cambiado de posición. Ya no bastaba ser cristiano, ahora también se trataba de ser buen español. El premio era un reconocimiento de igualdad que jamás superó la rígida barrera racial, pues la emancipación, además, era revocable. También había cambiado la forma de impartir justicia, ordenándose la tutela de los no emancipados por parte del Patronato en caso de “comparecer en juicio”. No obstante, la administración de justicia era muy precaria y confusa antes y después de esta reforma. El juzgado de primera instancia en Santa Isabel fue la única estructura judicial de la colonia “para europeos e indígenas civilizados” hasta bien entrada la década de 1920. Para el resto de la mayoría, por entonces, existía y seguiría existiendo cierta autonomía en lo relacionado con el derecho de familia, mediante una justicia local impartida por los jefes de tribu y de poblado. En las instrucciones dictadas a estas figuras en mayo de 1907 se les prohibía castigar hechos delictivos –que debían resolverse ante autoridades coloniales y en última instancia en la Audiencia de Las Palmas de Canarias–
23, pero se les reconocía la legitimidad para resolver palabras civiles con arreglo a la costumbre “asistidos por cuatro notables y cuatro jefes de pueblo”. Se añadía además que cuando la palabra sea entre individuos de pertenecientes a distintas tribus, se arreglaría la palabra ante la primera autoridad del Distrito, asistiendo a ella cada uno de los jefes y acompañados de cuatro notables y cuatro jefes de pueblo de la misma tribu24.
Esta competencia, de todos modos, progresivamente fue siendo violentada. En 1909 se atribuyeron a los subgobernadores de Bata y Elobey funciones judiciales y en 1912 se animaba a los jefes de la Guardia Colonial a intervenir en las palabras entre indígenas “no civilizados”25.
La aprobación de las emancipaciones hizo aún más confusa la situación judicial del territorio y el período que fue de 1928 hasta 1938 se podría considerar como una fase de transición. De hecho, pese a la creación del nuevo régimen de clasificación jurídico, en una nota aclaratoria de $1 9 3 0 ^ { 2 6 }$ se indicaba que la ley común se continuaría aplicando sobre los cristianos, los cuales podían ser o no ser emancipados. Ese año, de hecho, los emancipados eran menos de una decena y veinte años antes, en 1910, solamente en Santa Isabel había oficialmente 548 indígenas católicos y 434 protestantes27. Por otro lado, las autoridades militares de las demarcaciones seguían interviniendo y modificando las sentencias dictadas por los jefes por ser contrarias a sus principios28. El Patronato y la Curaduría también asumían funciones judiciales según la situación, y por supuesto, tampoco existían criterios uniformes sobre la forma de aplicar la costumbre. Por su parte, los colonizados trataban de canalizar los conflictos por cauces internos. Ante las constantes contradicciones, las voces en favor de la ordenación del sistema judicial fueron creciendo.
Por ejemplo, además de la nota aclaratoria de 1930, en una carta de 1931 firmada por autoridades bubis y fernandinas de la isla se solicitaba la creación de un Juzgado Indígena “bajo organización propia nuestra y contando con la protección del Juez de Primera Instancia de la Colonia”. En la misma se pedía la creación de un tribunal de apelación “en casos en que los litigantes no se hallen conformes con las decisiones a que se lleguen por este juzgado. Rogamos que el funcionario que allí nos representara fuera un hombre desligado de todo prejuicio racial”29. Por supuesto, su propuesta poco se tuvo en cuenta. El Gobierno General de la Colonia tenía su propia agenda en relación con el modelo judicial y por ello en 1933 encargó a José M.ª Martínez Pons y Eugenio de Arizcun un informe sobre la situación de la justicia indígena. Sus conclusiones fueron muy críticas:
Hemos comprobado la diversidad de formas o modos con que se desenvuelve la Administración de Justicia, pues mientras en la isla (sobre todo en la capital), el patronato de Indígenas resuelve las “palabras” que se le presentan (previo percibo de 15 pesetas, una de sus fuentes de ingresos), en Batete, por ejemplo, dentro de la isla, es el Consejo de Vecinos el que conoce de aquellas; por otra parte, en el continente se verifica periódicamente la reunión de Jefes en la “Casa de la palabra” presidida o intervenida, mejor dicho, por el Oficial de la Guardia Colonial […]. Hemos visto casos tan opuestos y contradictorios, tan de criterio personal de algunas resoluciones […].
[Sobre el Patronato] En la resolución de las “palabras” pudimos observar cierto abandono y laxitud de formalismo y criterio, todas ellas casi despachadas por el personal auxiliar sin entrar en el fondo de esos asuntos tan personales e íntimos de los indígenas, que constituyen su vida y su régimen económico-familiar.
Junto con este informe se remitió en $1 9 3 4 \mathrm { e l }$ primer proyecto sólido de ordenación para la creación de un sistema de Tribunales de Raza, aunque nunca llegaría a aprobarse30. Pese a que existirán algunas diferencias entre esta propuesta y el Estatuto que finalmente se aprobará en 1938, como veremos, ambos culminaban la creación de un sistema dual mucho más institucionalizado y jerárquico, que limitaba todavía más la ya débil autonomía local en materia de derecho civil.
“Sin contradecir a la moral ni al orden público”, la justicia de raza a partir de 1938.
Fue durante el franquismo cuando el sistema colonial en Guinea llegó a su apogeo, pese al ya señalado carácter continuista de la política territorial durante este mismo período. La reforma de 1938 debe entenderse desde estas dos posiciones. Por un lado, la de mejorar el control del territorio y su rentabilización en tiempos de aislamiento internacional, y por otro, poner fin a una falla que los gobiernos anteriores ya se habían propuesto subsanar.
En el preámbulo de dicho Estatuto se reconocía la confusión generalizada en relación con la aplicación de la ley sobre los colonizados y se admitía que en la práctica se había estado operando siguiendo normas “variables”, “sin garantías” y sin competencias claras31. El nuevo proyecto pretendía ordenar y homogeneizar, poniendo fin a la multiplicidad de instancias y procedimientos, pero también implicaba un mayor encorsetamiento de la maniobrabilidad de los agentes colonizados en la resolución de conflictos, dentro de una estrategia gradual de dirección y transformación del conjunto de la sociedad. El estatuto republicano nunca aprobado reconocía que, garantizando el máximo respecto a la costumbre local, se debía uniformizar el sistema procesal y “para ello habría que violentar algo el procedimiento”. De un modo similar, la ley de 1938 indicaba la necesidad de identificar qué normas “indígenas” podían aplicarse y cuáles no “atendiéndose a la costumbre comúnmente admitida, siempre que no sea contraria al orden público, a los principios de la moral o a la acción civilizadora del Estado español” (art. 7).
Más allá del grado de aceptación de la costumbre, que ya venía limitándose, la principal transformación del Estatuto de 1938 fue la de la estructura judicial mediante un mayor grado de institucionalización de los tribunales indígenas. De esta manera se crearon trece Tribunales de Demarcación (en adelante TDe), dos de Distrito (TDi) y un Tribunal Superior de Justicia Indígena (TSJI). En este punto es preciso señalar que el estatuto republicano contemplaba la integración y reconocimiento de los tribunales de poblado, indicando que
el gobernador deberá adaptar la constitución de los tribunales de poblado a la división administrativa tanto en las islas como en el continente, respectando al máximo en cuanto sea posible para el buen régimen de justicia, aquellos organismos de justicia indígena que funcionan regular y normalmente en todo el territorio colonial32.
De igual modo, el anteproyecto del Estatuto aprobado en 1938 también admitía el reconocimiento de estas instancias para asuntos no superiores a 100 pesetas y conflictos civiles, mientras el TDe, presidido por el administrador territorial, quedaba para apelaciones de las palabras resueltas por los jefes de poblado y de tribu y para cuestiones penales menores33. Finalmente, y por razones que desconocemos, se apostó por una estructura más centralizada, donde se eliminó el reconocimiento formal de una primera instancia a nivel local, que hubiera respetado un poco más el espacio natural de la resolución de conflictos y el modelo previo34. Claro está que, con su supresión, la Administración conseguía un mayor control de todos los procesos al poder garantizar una presencia directa en todas las salas de los Tribunales de Raza.
Centrándonos en las salas inferiores, los TDe, situados en las capitales de Demarcación, pasaron a ser competentes en materia civil “en cuestiones de familia o estado civil” o en las de propiedad “si no exceden de las quinientas pesetas” y, en materia penal, en delitos menores contra la propiedad o de lesiones. Por estas condiciones, las cuales limitaban su función a los juicios de faltas, las sanciones de dicho tribunal no podían superar las penas de un año de privación de libertad o las mil pesetas en caso de ser económicas (art. 16). Asimismo, los procedimientos de los TDe se basaban, según el Estatuto, en la costumbre indígena, pero en realidad debían atender, cuando así se aconsejase, a “normas procesales que sin alterar sustancialmente lo que la costumbre establezca a ese respecto, procuren uniformidad de las prácticas consuetudinarias” dictadas por parte del TSJI (art. 20). En cuanto a la composición interna, estas salas estaban formadas por “seis jefes de poblados en el continente y por dos en la isla” (art. 12), aunque presididas por el administrador territorial (siempre europeo y militar de la Guardia Colonial), que ejercía de vigilante y que velaba porque la costumbre no fuera contraría a “la labor civilizadora” de España. Su figura acumulaba muchas atribuciones en un contexto con escasos contrapoderes, hecho que, como recogen algunas fuentes, causaba malestar:
Para hacer mejor justicia en la Colonia, necesita que todos los administradores territoriales sean Civiles, porque siempre el que es militar no le importa ser justo si no le da igual ser injusto, así se fastidia el que no es militar, tanto en momento que arregla palabras, todo mundo tienen miedo de no poder protestar dentro de su derecho o razón35.
En los TDe se dirimieron la mayor parte de los conflictos del territorio, concretamente el $91 \%$ según este estudio, una actividad que merece la pena visibilizar en cifras. Por ejemplo, en la Tabla $I$ podemos observar que entre 1941 y 1959 en estas salas se presentaron 63.851 demandas civiles y 9.391 demandas penales. Las primeras, en su mayoría relativas a divorcios y devolución de la dote, son mucho más numerosas que las segundas, que además se concentraron en un $8 4 , 9 \%$ de media en la región continental, donde vivía el $78 , 8 1 \%$ de las 166.458 personas africanas que habitaban la colonia según el censo de 1942. En relación con palabras penales, en cambio, el mayor volumen lo situamos en la isla de Fernando Poo, concretamente una media superior al $80 \%$ , pese a vivir en esta zona solo el $1 9 { , } 9 \%$ de la población. La sobredimensión podría responder en parte a la mayor conflictividad sociolaboral de la región insular, que concentraba el grueso de las plantaciones y del tejido productivo, en un afán por reclutar mano de obra a través de los trabajos forzados implícitos en las condenas36. El sistema judicial, en esencia, establecía un constante diálogo con los modos de producción, una cuestión sobre la que volveremos más adelante.
Tabla 1. Distribución de palabras civiles y penales entre 1941 y 1959 y detalle de palabras penales (región y resolución)

ANO	PALABRAS	PALABRASPENALES	CONDENAS
Civiles (TD)	Penales (TD)	Region Continental	Fernando Poo	Privacion libertad	Multa	Absolucion
1941	3.038	567	134	433	343	139	138
1942	3.342	444	182	362	233	112	49
1943	3.508	511	29	482	100	68	352
1944	2.686	187	0	187	59	45	75
1945	3.134	270	0	270	140	75	77
1946	3.813	416	92	324	311	48	67
1947	3.135	428	32	396	124	50	122
1948	2.832	506	23	483	225	32	169
1949	3.117	548	66	482	366	71	98
1950	2.877	740	50	690	453	238	50
1951	3.327	380	17	363	49	181	150
1952	3.909	605	41	564	158	378	69
1953	4.398	538	90	448	379	169	70
1954	3.228	340	156	184	250	24	82
1955	3.809	563	217	346	453	16	162
1956	3.437	578	578	482	27	114
1957	3.486	467	467	416	27	57
1958	3.459	716	716	578	146	28
1959	3.316	587	587	539	128	15
TOTAL	63.851	9.391	1.129	6.014	5.658	1.743	2.175

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Elaboración propia a partir de los Resúmenes Estadísticos de la Guinea Española de 1941 a 1959 (publicaciones de la Dirección General de Marruecos y Colonias) y de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de 1956 no se desglosa por territorios en las estadísticas.
Dejando a un lado los TDe, los Tribunales de Distrito fueron el siguiente eslabón diseñado para este aparato judicial a partir del Estatuto de 1938. Dichas salas eran competentes para juzgar delitos penales mayores contra la propiedad, también contra las personas y para actuar como una instancia de apelación. Además, en ellos se debían instruir buena parte de los sumarios de los casos que se derivarían, posteriormente, al TSJI (art.17). Eran tribunales intermedios en la jerarquía de las salas, formados esta vez por “dos jefes de poblado y el Juez del respectivo distrito” (art.12). Este punto es revelador, por un lado, por la profesionalización del juez y, por otro, por la cuota local que debía informar sobre la costumbre.
La profesionalización de la figura del juez merece una matización, pues nos encontramos ante funcionarios de carrera de la península que no habían recibido ninguna formación sobre el contexto local, a diferencia de otras colonias que crearon potentes escuelas con el fin de formar a sus administradores de ultramar. La cuota local asesora, además, no respondía lógicamente a la diversidad de grupos —y de costumbres— real de los respectivos territorios. Un elemento más que apuntala la falacia del reconocimiento de la tradición. La costumbre como fuente de derecho era una mera recreación. Y a pesar de las supervivencias, como se tratará de ejemplificar en la siguiente sección, con su control la Administración fomentaba su desaparición. Además, tal como se indicaba en el artículo veintiuno del Estatuto, tanto los procedimientos de los TDi como los del TSJI “se inspirará inexcusablemente en los principios generales de la legislación española”.
Por su parte, la Presidencia del TSJI fue ocupada por el juez de Primera Instancia de Santa Isabel,37 acompañado de dos adjuntos que en este caso eran indígenas emancipados —dos de Fernando Poo o dos de Río Muni que actuaban según el origen territorial del caso (art.13). Es decir, en la última instancia del entramado judicial creado para los no emancipados ni tan siquiera se incluía su voz. Asimismo, como ya se ha indicado, las sentencias de este Tribunal “sentarán jurisprudencia para su aplicación dentro de la colonia por los Tribunales Indígenas inferiores” (art.19). No obstante, durante la etapa estudiada, el TSJI solamente dictó sentencia sobre el $2 \%$ de los casos de la colonia y los Tribunales de Distrito sobre un $7 \%$ . Es decir, esta función homogeneizadora no tuvo aparentemente mucha incidencia.
Bajo la forma de un sistema dual sustentado en la segregación y en la supuesta costumbre comúnmente admitida, se aspiraba a la superación de la misma como muestra del triunfo de la civilización. Una forma de asimilación que encaja en lo que Bernard Durand denominó la “estrategia de las diferencias” como forma de dominio38. Esta estrategia primero consiste en la justificación de las diferencias entre sujetos (basada de la construcción del yo y el otro que permitió la socialización del discurso de la civilización); después se utilizan estas diferencias para generar múltiples mecanismos de dominio (tales como las emancipaciones); y se acaba con la fase de reducción o eliminación de las diferencias (haciendo uso de todo el entramado jurídico e institucional expuesto). Este era el relato de la legislación de 1938, que rezaba promover con que “lentamente se infiltre en la legislación del país la que aplican los tribunales europeos” (art. 9). Sin embargo, y como advertía el teórico colonial franquista Cordero Torres, la eficacia del sistema judicial e institucional dependía “de los encargados de aplicarlo y de la elaboración de un Código de Costumbres”39. Pero ni los funcionarios del territorio se formaron en ninguna escuela colonial, ni los códigos de costumbres llegaron a aprobarse (aunque sí algunas ordenanzas sobre los matrimonios). El colonialismo español se sustentaba sobre estructuras y teorías coloniales precarias, aunque pudo ejercer un férreo control favorecido por las pequeñas dimensiones de la colonia y su baja demografía. Tampoco debemos perder de vista la agencia de los grupos colonizados. No cabe duda las formas de resolución de conflictos locales siguieron operando en los márgenes del sistema dual, aunque el conflicto de legitimidades estaba servido y fue utilizado según aspiraciones y criterios individuales o comunitarios. Una realidad por explorar sobre las formas de resiliencia locales al nuevo sistema.
Con la creación de esta estructura judicial (Cuadro 1) culminó la configuración de la justicia indígena del territorio, un proceso iniciado en los primeros tiempos de la colonización, acorde con los planteamientos de la política indígena definidos después del Estatuto territorial de 1904 y de la aprobación del régimen de emancipaciones en 1928.
Cuadro 1. Resumen de la estructura de la Justicia de Raza a partir de 1938 [Elaboración propia]
La práctica judicial: disciplina y asimilación.
En esta sección se tratarán de ofrecer claves interpretativas y preguntas sobre la práctica judicial en la Guinea Española mediante tres ejemplos de judicialización. Dichos casos corresponden a los TDe de Santa Isabel y San Carlos, los únicos cuya documentación se conserva en el AGA40. Por lo tanto, debe advertirse que las fuentes disponibles no han permitido integrar una perspectiva desterritorializada que incluya Río Muni. Los ejemplos escogidos de estos tribunales son los más representativos: separación, hurto y medicinería. Igualmente, se tendrá presente la dimensión extrajudicial, teniendo en cuenta que, en un contexto poco garantista como el colonial, los tribunales eran solo uno de los muchos dispositivos de castigo.
Las palabras civiles y la mirada de género.
La palabra 84/59 mencionada al inicio de este texto, relativa a un pleito de divorcio, permite plantear la siguiente pregunta: ¿por qué razón una demanda de separación por malos tratos se resuelve con la nulidad de la unión considerando el bautismo de los contrayentes? Estos litigios son los que mejor ayudan a ejemplificar cómo la costumbre era permitida y a la vez violentada a través de un sistema judicial marcado por los sesgos raciales y también de género.
La regulación de los matrimonios al estilo del país41 fue una de las transformaciones que trajo el franquismo. Nos referimos a la aprobación de diversas órdenes relativas al registro civil, el pago de la novia (dote) o la poligamia. Las prácticas matrimoniales que se llevaban a cabo en el territorio con cierta autonomía estaban enfrentadas al modelo de familia nacionalcatólico, y las normas aprobadas durante este período no deben interpretarse de ninguna manera como una normalización de la costumbre familiar local. Más bien todo lo contrario. El pragmatismo de la empresa colonial implicaba superar ciertas contradicciones a fin de evitar conflictos sociales mayores, conscientes del frágil equilibrio del dominio. Aunque los matrimonios al estilo del país se reconocían, la condena moral sobre ellos se acompañaba de políticas de control, con los tribunales como uno de los instrumentos desarrollados para este fin, juntamente con el registro civil, la imposibilidad de optar a la emancipación o los incentivos para el bautismo (como viviendas o tierras)42. Fue durante el franquismo cuando se aprobaron un mayor número de normas que perseguían minorizar este tipo matrimonial en favor de los canónicos, de las que la O.G. de 10 de agosto de 1943 sobre “matrimonios” es un claro ejemplo, pese a su derogación ese mismo año43. Esta ordenanza establecía la obligación de solicitar permiso al administrador territorial de la demarcación para formalizar una unión, que posteriormente debía registrarse (con la “dote”), o la creación de impuestos sobre los matrimonios polígamos a partir de la tercera mujer con el fin de limitarlos.
El resultado de estas normas fue la transgresión de las prácticas matrimoniales locales. Encontramos numerosas resoluciones ante demandas de divorcio y devolución de dote que lo demuestran, como la de la PC 265/49: “Los asesores indígenas acuerdan: vistas las palabras se acuerda que el matrimonio no es válido ya que no está registrado en la Administración Territorial” 44. Es decir, en caso de no proceder al registro, los derechos de este matrimonio podían no verse reconocidos, y los colonizados se vieron obligados progresivamente a aceptar los nuevos cauces marcados por la Administración, algo que causó malestar. Así narraba el administrador territorial de Bata en noviembre de 1942 la situación después de la aprobación de la orden de 10 de marzo de $1 9 4 1 ^ { 4 5 }$ , la cual obligaba a acreditar la ausencia de bautismo de los contrayentes para formalizar un matrimonio al estilo del país, lo que restringía este tipo matrimonial exclusivamente a los no católicos:
En el momento actual la labor más difícil a desarrollar por los Administradores es inculcar en los Indígenas las ultimas disposiciones sobre matrimonios Civiles y Religiosos lo cual va abiertamente contra sus costumbres y su cumplimiento exacto produciría un trastorno enorme en la vida de las Indígenas no necesitando ser muy perspicaz el Administrador para observar que siempre que se presenta una palabra que roza dichos extremos en el Tribunal, se produce un movimiento de malestar y ansiedad entre los Indígenas hasta que la palabra queda resuelta. Esto pone al Administrador en una situación muy delicada pues de seguir resolviendo las palabras con arreglo a la costumbre del país en cuestión de matrimonios desobedecerá las Ordenanzas y Decretos sobre el particular y al mismo tiempo tendrá los roces correspondiente con los Misioneros en perjuicio de la Política general que debe ser única, y si cumple las disposiciones dictadas fomentará el descontento entre los Indígenas que decididamente no están preparados para comprender las grandeza de la Religión Católica46.
Esta disposición sobre el bautismo nos ayuda a plantear algunas hipótesis acerca de las fórmulas utilizadas para la disolución de matrimonios, la reapropiación local de estas normas y la agencia de los grupos colonizados. La citada PC 84/59 que, ante malos tratos, resolvía nulidad por bautismo, es una referencia. Encontramos, de hecho, numerosos ejemplos de este tipo, pues la creación de un sistema cada vez más regulado tuvo como resultado la aparición de patrones identificables. Otro caso sería la PC 354/58, presentada por O.N contra su marido por “malos tratos”, que también se resolvió con la nulidad (y devolución de dote) por ser el demandado cristiano47. A través de un estudio sistemático de las sentencias se observa que la nulidad era la fórmula preferida de la Administración durante el franquismo en caso de demanda de divorcio, seguramente porque violentaba menos su moral, contraria al divorcio, y la acción de las Misiones. Los ecuatoguineanos sujetos a la jurisdicción de raza eran conscientes y, a sabiendas de las progresivas reticencias para acceder al divorcio, fundamentalmente cuando era solicitado por mujeres, las actas bautismales podrían haberse convertido en una herramienta para este fin. Esta perspectiva de género en las estrategias de apropiación de los dispositivos coloniales debe trabajarse con mayor empeño, más teniendo en cuenta que el maltrato no era aceptado generalmente en las iniciativas de divorcio femeninas. En la P.C 298/49 de C. M. contra J. Etemba solicitando la separación, ella declaró.
Que llevando casada en estilo del país con mi marido, J. E, Guardia de Orden Público, natural de Camerún, desde hace 13 años, durante los cuales hemos tenido 3 hijas, F., A. y J., resultando que, mi citado marido ha empezado a maltratarme sin motivo manifestando y pretendiendo sacarme a las criaturas...48.
La petición fue denegada. En la PC 42 de M. A. contra B. Etufo por la misma razón se dictaminó “no hay lugar a la separación”, bajo la indicación “B. Etufo tratará bien y dará comida a M. y los dos hijos” 49.
Del estudio de la documentación se desprende que la Administración tenía muchas más reservas con los divorcios por iniciativa femenina, ya que lógicamente la mujer en el sistema colonial fue doblemente subalternizada50. No fueron pocos los casos en los que las resoluciones de dichos tribunales resolvían incluso privarlas de libertad en la cárcel o bajo la custodia del jefe del poblado hasta la devolución de la dote después de una separación. Por ejemplo, la PC 161/45 resolvía
pese a no existir matrimonio por no haber pago de dote alguna […] queda la mujer a disposición de su hermano Santiago, y quedará ella en la cárcel hasta que abone la deuda de 500 pesetas al demandante51.
Con estos ejemplos no se pretende ofrecer un análisis en profundidad sobre los conflictos civiles, sino plantear líneas de trabajo que incluyan preguntas y ayuden a comprender cómo en estas salas se produjo una enorme transformación de las relaciones de parentesco, con especial énfasis en las implicaciones de género. También hay que subrayar la necesidad de un mayor estudio sobre cómo con la institucionalización y la normativización del dualismo legal se consiguió una cierta hibridación entre las costumbres y los objetivos de asimilación de la empresa colonial, lo que creó una nueva fuente de derecho de largo recorrido en el territorio. La última cuestión sería el estudio de las supervivencias locales en espacio informales (desde el punto de vista de la Administración), así como las maniobras de apropiación de los colonizados en estas salas, algo escasamente trabajado, pero sin duda fundamental. La población del territorio sometida al sistema colonial modeló también con sus resistencias este nuevo orden, y la muestra es que los matrimonios al estilo del país, a pesar de las normas coercitivas implementadas por la Administración, siguieron funcionando sin que se lograra su sustitución en favor del matrimonio católico.
Palabras penales: criminales y castigo extrajudicial.
En los TDe, las palabras penales juzgadas eran las consideradas de carácter menor, siendo el “hurto” la causa más habitual seguida de las “lesiones” y, muy por detrás, la “medicinería”, unos tipos delictivos que deben ayudar a entender la justicia colonial como herramienta de disciplina social: por un lado, por el elevado número de condenas. Como se puede observar en la Tabla 1, de los 9.576 procesos penales entre 1941 y 1959, 5.658 se resolvieron con la privación de libertad y 1.743 con pena multa; por otro, porque los motivos que impulsaban estas causas pueden considerarse en su mayor parte, como veremos, meras infracciones.
Por ejemplo, en la PP 47/59 se condenó a T. Boko a 45 días de arresto por robar una caja de cacao; en la PP 46/59 se decretó un mes de arresto para T. Okeke por el robo de un reloj; en la 131/59 a dos meses de prisión a O. Waolu por substraer 400 pts.; o la
82/59 que condenó a 30 días de arresto a A. Akomañe porque “se apoderó de unas prendas de vestir de niño ya bastante deterioradas, propiedad de C. Ondo y que estaban tendidas”52. Sirvan estos cuatro casos como referencia de centenares de procesos motivados por acusaciones similares, es decir, hurtos insignificantes que se acompañaban de sentencias de corta duración. Según las estadísticas penitenciarias, la pena de presidio más habitual en la colonia era de 30 días, y los braceros nigerianos representaban una indiscutible mayoría entre la población reclusa53. Por estas características, advertimos que para la resolución de estos casos no se aplicaba ni el código penal de la metrópolis ni la costumbre. El criterio era la mera necesidad de captar trabajadores mediante sentencias, ante la falta de mano de obra y las resistencias locales al reclutamiento, una realidad que se remonta a las décadas anteriores a la institucionalización de la Justicia de Raza en 1938, aunque de forma menos normativizada54.
Sin embargo, las necesidades productivas no deben limitar la interpretación. Tras estos sumarios también operaba la idea de una justicia ejemplarizante y de disciplina social. En este punto no debemos olvidar que los tribunales eran un mecanismo de terror comunitario y de expresión de la capacidad y del poder del aparato colonial, algo que se expresa también en las sentencias de TSJI55. El sumario 81/46 de esta sala decretó un año de presidio para M. Eduin por el robo de trece pieles a un propietario blanco; o el caso 54/46 por el que se condenó a O. Udó a dos años de presidio por “habiéndose demostrado que sustrajo seis clotes, cinco pañuelos de seda y un pañol, que fueron tasados en setecientas diez pesetas”. Que causas tan menores se juzgaran ante la máxima autoridad judicial se explica porque los tribunales también eran garantes de las jerarquías raciales del territorio y los delitos cometidos contra blancos, por menores que fueran, eran siempre más duramente castigados.
En Guinea, de todos modos, no era necesaria una condena para ser recluido en régimen penitenciario. La disciplina social era transversal. El sistema colonial se caracterizaba por el despotismo y, pese a que las estadísticas oficiales nos muestran una radiografía que señala Fernando Poo como paradigma de la excepcionalidad penal y penitenciaria, debemos tener en cuenta que en Río Muni los administradores, siempre guardias civiles, eran una autoridad con escasos filtros de control y con la competencia de dictar arrestos y detenciones en sus barracones56 .También la Orden de 1 de noviembre de 1949 para la regulación del trabajo nos aporta algunas pistas sobre esta realidad. En ella se indica que la Brigada Disciplinaria de Fernando Poo a cargo de la Guardia Colonial57, que debía determinar los trabajos “dentro de los principios humanitarios”, estaría formada por no emancipados sujetos a: (1) una condena mediante una sentencia penal, (2) a un procedimiento judicial en curso “de no dejarse entrever la inocencia del inculpado”, (3) los detenidos por la Policía Gubernativa por infringir el orden público o sean considerados vagos y maleantes o (4) los que hayan quebrantado la detención o prisión (art. 2).
En relación con el tercer supuesto, tras un estudio sistemático de las detenciones de la Policía Gubernativa entre 1941 y 1959 observamos que las causas más comunes de arresto eran, por orden: los delitos contra la moral y el orden público, relacionados estrechamente con la Ley de Vagos y Maleantes más desarrollada en la siguiente sección; los delitos contra la propiedad (hurto o robo), y los delitos contra las personas (lesiones)58. En este sentido, las dos últimas categorías coinciden con las causas más comunes de judicialización de los TDe, aunque en los casos de las personas detenidas por la policía, fueron en su mayoría trasladadas a prisión sin necesidad de juicio. Por último, cabe mencionar que también el delegado de Trabajo podía solicitar el ingreso en la cárcel para braceros reincidentes de “infracciones laborales” por un tiempo de entre un mes a un año (art. 7), una práctica que también era anterior.
En conclusión, las formas de reclutamiento de la mano de obra eran múltiples y las causas penales en los Tribunales de Raza representan una pequeña parte de este engranaje. El colonialismo buscaba formas de rentabilización y, a decir verdad, el propio sistema judicial se podría situar por sí solo como parte de un régimen de extracción de la economía colonial, no únicamente por la sistematización de los trabajos forzados y las multas impuestas en sus fallos, sino también por las propias costas judiciales reguladas a partir de 1939, de entre 5 o 10 pts. por proceso59. Disponemos de algunas cifras para valorar la rentabilidad. Por ejemplo, en 1942 en los TDe se recaudaron 31.043 pesetas en concepto de tasas que, una vez descontados los gastos, generaron un superávit de 4.985 pesetas desde los tribunales hacia el Gobierno General de la Colonia y de 10.876 hacia el Patronato60. En resumen, el sistema judicial no solo se autofinanciaba, también era moderadamente rentable61.
Medicineros y vagos y maleantes.
La última categoría sobre la que ofrecer claves interpretativas es la de medicinero, que nos permite a su vez enlazar con la legislación de Vagos y Maleantes colonial aprobada en agosto de 1936, apenas un mes antes del golpe del 19 de septiembre en la Guinea Española que pondría fin a la etapa republicana.
En el análisis de estos procesos vamos a tratar exclusivamente los sumarios de los TDe que se relacionan con la práctica de la medicina local, excluyendo los juicios vinculados a través de la misma acusación con la brujería o bwiti, cuestión que merece un análisis propio. La medicinería como tipo penal en la colonia aparece por primera vez recogida en la legislación anteriormente mencionada de Vagos y Maleantes, una ley que en Guinea solamente fue aplicable a “los indígenas no emancipados” (art.1) y se justificó como instrumento de la colonización y de la civilización para “mejorar las costumbres e inculcar a los nativos la necesidad de trabajo” (pues el castigo eran los trabajos forzados). Para ello se adaptó a la “especial psicología de los naturales”62, y se definieron los siguientes tipos de vagos y maleantes:
1. Los que, estando contratados, se fugasen reiteradamente sin motivo justificado y por su conducta incorregible y aversión al trabajo […].
2. Los que no justifiquen medios de vida lícitos.
3. Los que se dediquen a la explotación de mujeres, así como las mujeres que se dediquen a la prostitución con escándalo.
4. Los que por medio de supercherías exploten la ignorancia y credulidad indígena, por medios conocidos como “medicina indígena”.
Para comprender esta dimensión de la medicina, en primer lugar debemos tener en cuenta que es un concepto muy polisémico en el contexto colonial. Una acusación por esta razón podía hacer referencia a un delito económico, entendiéndose al medicinero como un charlatán que a cambio de dinero ofrece remedios. Esta es la que más se adapta al tipo de Vagos y Maleantes de la ley de 1936. También podía ser entendido como un delito contra la salud pública, por utilizar remedios considerados pseudocientíficos y, por ello, peligrosos63. Por último, la medicinería se asimilaba también a un delito de brujería, al entenderse que tras los brebajes subyace una intención mágica y religiosa, y en ocasiones incluso criminal. No obstante, la brujería como tipo penal nunca fue definida ni legislada, pese a ser operativa en algunos enjuiciamientos64. También es cierto que la frontera entre estas interpretaciones era muy porosa y no en pocas ocasiones se diluía debido al carácter también religioso de la medicina local65. Por lo tanto, con la criminalización de la medicina, en la práctica, se buscaba también perseguir la religiosidad local en favor de la evangelización, además de la asimilación médica y el control social.
Intentaremos ofrecer algunos ejemplos relativos a las dos primeras categorías, señalando sus dificultades metodológicas. Por ejemplo, en la PP 144/59 por medicinería se condenó a A. Jemis a cuatro meses de arresto por “usó unas hojas del bosque, y unas mezclas de agua de colonia y polvos con los que pretendía causar determinados efectos sobre una joven”. En la PP.95/99 también se condenó a Y. Udo a tres meses de cárcel, porque “se dedicó a la práctica de hechicería y medicina del país utilizando huesos y polvos de origen confuso y turbando la tranquilidad de los demás braceros de la finca”. Dos ejemplos, entre muchos, cuyas interpretaciones son complejas, ya que generalmente no se dispone de más información que la sentencia. En las fuentes coloniales, el discurso de los grupos locales era sistemáticamente ignorado, y por lo tanto es necesario ser cautos. Sin embargo, otros procesos nos ofrecen más datos y algunas pistas.
Un caso sería la PP 125/59 por la que se condenó a E. Edem bajo una acusación de medicinería y atentado contra la salud pública a seis meses de prisión debido a que “utilizando cortezas y polvos de origen confuso, pretendió curar a Nnana Elando, cobrando por ello mil pesetas”. En este caso sí se recogió el testimonio del acusado, que afirmó “que no se dedica a la curandería ni cosa parecida y únicamente esta vez creyendo hacerle un favor a Nnana Elendu le dio un líquido obtenido de cocer hierbas y cortezas que recogió del bosque y que según tenía conocimiento servía para curar padecimientos”66. Otro sería la PP 207/44 contra dos nigerianos, E. Chago y P. Hosu, ambos condenados a ocho días y dos meses de arresto, respectivamente, por un delito de “medicina”. Una carta adjunta a la sentencia dirigida a la jefatura Hausa nos aporta más detalle sobre la causa, y permite proponer una interpretación más allá de la dimensión de la charlatanería o la salud pública. En la carta se indica que el marido de E. Chago tomó una medicina que le había dado P. Hosu, por la cual requirió de ingreso hospitalario67. La pregunta es: ¿la causa de la hospitalización fue la medicina recibida o la dolencia previa que padecía? La Administración no tenía dudas, o tal vez sí. En un caso similar que recoge Jesús Sánchez correspondiente a la PP 174 de 1942, se sentenció “Visto que el indígena Saturnino Opo, ha hecho medicina, en el niño Carlos Pelite, el cual falleció al día siguiente de tomar la misma, y aunque se ignore si dicha medicina haya podido influir en la muerte de dicho niño. Se acuerda imponer a dicho Saturnino un año de cárcel”68. Es decir, probablemente en un intento de curar al infante, fue duramente sentenciado considerando, pese a la duda razonable, que las hospitalizaciones, dolencias o muertes podían ser consecuencia de los remedios y no de la enfermedad.
En nombre de la misión civilizadora, la violencia en el ámbito judicial puede verse reflejada en casos como los narrados, en los que personas que trataron de ayudar a otras fueron brutalmente perseguidas en pro del progreso. La criminalización de la medicina local se entrelazaba, a su vez, con el delirio sanitario de las empresas coloniales: la imagen de África como un continente insalubre y diezmado por su atraso, que debía ser salvado por Occidente cuando se encontraba al borde del colapso final. Por esta razón se llegaron a imponer los análisis de sangre obligatorios a la población local y a implementar el uso de pasaportes sanitarios. Eran los africanos, como sujetos representados, la supuesta causa y medio de la proliferación de las enfermedades del territorio, y sobre ellos debían recaer las políticas públicas de contingencia que justificaron la prohibición de la medicina local y facilitaron su persecución. Sin embargo, la medicina alopática europea que debía substituir las viejas prácticas era en muchas ocasiones percibida como violenta por los colonizados, y no sin razón69. El resultado –producto de los procesos de resistencia, de rechazo y del mismo miedo– fue la pervivencia de un pluralismo médico en el territorio, no exento de conflictos. Quizá la novela Ekomo de la ecuatoguineana Maria Nsue es el relato que mejor nos acerca de una forma más natural a los supuestos dilemas de la modernidad y la tradición a través del viaje de su protagonista por todo el universo sanitario de la región, en una desesperada búsqueda de la cura para la enfermedad de su marido. Un viaje entre hospitales y brujos70.
Conclusiones.
En este artículo se ha tratado de ofrecer al lector una aproximación al desarrollo del entramado judicial de la Guinea Española, entendiéndose como un dispositivo de dominio que nos ayuda a comprender mejor el sistema colonial desplegado en el territorio. El dualismo legal fue característico de todos los modelos de ocupación subsaharianos y a través de su progresiva construcción advertimos que los tribunales fueron un campo de batalla muy tensionado. El frágil equilibrio entre asimilación y orden precolonial implicó una progresiva transformación bidireccional –que no horizontal– de las formas de resolución de conflictos locales, y el sistema judicial de Guinea Ecuatorial de hoy es una herencia de este pasado. Con la llegada del franquismo, además, se inició una etapa de mayor codificación y control, sostenida sobre el proyecto colonial perfilado en las décadas anteriores y el nuevo paradigma nacionalcatólico. Esta mayor expansión explica la reforma de 1938, a través de la cual se consiguió una importante institucionalización de la costumbre.
En este trabajo se plantean quizá más retos de investigación que respuestas sobre las implicaciones de esta nueva estructura. Por un lado, observamos una tendencia creciente de la conflictividad en los tribunales entre 1941 y 1959, pero desconocemos el volumen de casos anterior a la creación de las series estadísticas. Por esta razón, es oportuno cuestionarse si esta institucionalización supuso un aumento de los casos o si, por el contrario, se está reflejando una dinámica anterior. También desconocemos el alcance de la resolución de conflictos al margen de estas estructuras, una práctica difícilmente cuantificable y que requiere de un profundo trabajo con la memoria oral de Guinea. Lo que sí podemos afirmar es que esta nueva estructura facilitó tanto un mayor despliegue de las políticas de asimilación como una mejorada eficiencia de los dispositivos de extracción de mano de obra y terror social.
También de la práctica judicial expuesta surgen preguntas, aunque no todas. La voluntad de este texto no era ofrecer un análisis exhaustivo de sumarios, sino recoger las preguntas que durante meses de lectura de sentencias han ido apareciendo y que humildemente se comparten para su discusión: por ejemplo, los patrones identificados en los conflictos matrimoniales a través de las nulidades, que poco a poco se convirtieron en la fórmula preferida de las autoridades; así como introducir lecturas de género y de apropiación de las nuevas normas. Asimismo, los delitos contra la propiedad y el sesgo migratorio nos permiten profundizar aún más en la muchas veces señalada marginalidad de los braceros y en las formas de captación de mano de obra diseñadas como respuesta a las resistencias al reclutamiento laboral, sin olvidar la disciplina social que toda la población recibía mediante una justicia ejemplarizante y un orden público impuesto con mano de hierro en el plano extrajudicial. Los apenas $2 8 . 0 0 0 \mathrm { K m } ^ { 2 }$ de la colonia y su baja demografía facilitaban sin duda una mayor vigilancia social, y son elementos que no debemos olvidar tampoco en este análisis. Por último, los casos de medicinería, que no tuvieron la relevancia cuantitativa de los anteriores, nos han posibilitado introducir como los imaginarios sobre el otro representaron un papel muy importante en la judicialización. Resulta evidente que existen interrogantes sin respuestas, lo cual nos lleva a la necesidad de que haya un mayor número de estudios y debates en esta área. De este modo podremos, a su vez, recuperar memorias ocultas e invisibles del colonialismo español contemporáneo.