Otra mirada, nuevos caminos: dinámicas de poder y corrupción a través de la residencia de Melchor de Navarra y Rocafull, virrey del Perú (1681–1689) \*.
Another look, new paths: dynamics of power and corruption through the residence of Melchor de Navarra y Rocafull, viceroy of Peru (1681–1689)
Resumen: El presente texto analiza en su totalidad y contexto el juicio de residencia incoado al virrey Melchor de Navarra. Tal enfoque analítico constata cómo la lista de cargos y sucesivas sentencias no constituyen un fiel reflejo de su gestión, ni de las supuestas faltas que pudo cometer. Es más, manifiesta una pugna latente con el juez residenciador, junto a la movilización de todo tipo de recursos para decantar a su favor un proceso inicialmente adverso, bien por cauces legales, bien por otros que traspasaron la legalidad o lo moralmente aceptado. De este modo, los resultados obtenidos permiten esbozar una lectura más amplia, compleja y sutil del propio procedimiento, al mismo tiempo que del accionar y de las potenciales prácticas ilícitas de este vicesoberano rebatiendo formulaciones hasta ahora sostenidas.
Palabras clave: Dinámicas de poder y corrupción; Juicio de residencia; Melchor de Navarra y Rocafull;
Virreinato del Perú; siglo XVII.
Abstract: This text analyzes in its entirety and context the trial of residence against viceroy Melchor de Navarra. Such analytical approach confirms how the list of charges and successive sentences doesn´t show a true reflection of his management, nor of the alleged misconducts he may had committed.
Moreover, it reveals a latent struggle with the judge, and also the mobilization of all kinds of resources to favour an initially adverse process through legal channels and others that transgressed the legality or morally accepted. Thus, the results obtained allow us to outline a broadest, more complex and subtle reading of the procedure itself, as well as that of the actions and potential illicit practices of this viceroy, refuting formulations that have been held up to now.
Keywords: Dynamics of power and corruption; Trial of residence; Melchor de Navarra y Rocafull;
Viceroyalty of Peru; $1 7 ^ { \mathrm { t h } }$ century.
Sumario: Introducción; 1. Un virrey de amplia experiencia al servicio real: trayectoria, vínculos y gestión virreinal; 2. El juicio de residencia de Melchor de Navarra y Rocafull; Conclusiones; Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
De oro y plata se hizo con su anhelo, agotando al Perú los minerales, […] De abundancias sobrado en Portovelo murió el Duque, asombrando a los mortales, pues otra estatua, hecha de metales, cual fue la de Nabuco dio en el suelo1 .
Mediante estos reveladores versos, Juan del Valle y Caviedes –destacado poeta del Perú del Seiscientos– refería el fallecimiento de Melchor de Navarra y Rocafull (1627-1691), duque de la Palata y virrey del Perú, durante su retorno a la Península. Paralelamente, y lo que es más interesante, criticaba y manifestaba de forma nítida las ansias y consecución de riqueza que, a su juicio, marcaron el período de gobierno de este vicesoberano. Con todo, las palabras del siempre perspicaz y satírico Caviedes, personaje cercano a los círculos del arzobispo de Lima, Melchor de Liñán y Cisneros, no serían las únicas que emitieron valoraciones negativas sobre la gestión y prácticas del duque, pues al igual que él otros coetáneos de la más diversa acepción apreciaron faltas y desmanes en sus actuaciones. Del mismo modo, pero posiblemente en mayor número y con sensibilidades opuestas, también proliferaron escritos alabando el celo e integridad de este virrey en los asuntos de Estado, así como su recto proceder.
Fueron estos unos discursos de indudable interés, cuya resonancia –especialmente aquellos más favorables– puede vislumbrarse en la historiografía sobre este agente real, la cual se ha caracterizado por la variedad de pareceres, tanto en planteamientos metodológicos como en la dimensión histórica analizada. En consecuencia, existen aportaciones globales, si bien superficiales, que reconstruyen la genealogía familiar y cursus honorum2 , complementadas con otras impulsadas por un enfoque social y cultural sobre determinados aspectos de la personalidad, sensibilidad artística o política de mecenazgo3 , aunque la labor al frente del Virreinato peruano ha sido el principal núcleo de atención4 . Sin embargo, y pese a la proliferación de trabajos, multitud de interrogantes envuelven la figura del duque de la Palata. En realidad, su etapa indiana, aun siendo la más abordada, no ha sido objeto monográfico de análisis atendiendo a los múltiples ámbitos, procesos y esferas de acción e interacción que la moldearon y configuraron.
El presente estudio arroja luz sobre algunas de estas facetas. Concretamente, ahonda sobre las dinámicas de poder y de corrupción desarrolladas por este virrey, tomando como marco de referencia un corpus documental clásico: el juicio de residencia5 . El análisis de este mecanismo de control no supone una novedad, pues hace tiempo llamó la atención de la historiografía. Lo que sí lo constituye es su valoración e interpretación como fuente documental, al igual que la propuesta metodológica que lo examina. Tradicionalmente, la disciplina histórica lo ha tratado como un registro definitivo y eficaz para determinar la acción de gobierno de Melchor de Navarra, si bien tal inspección ha sido desigual y fragmentaria, limitándose a las partes más significativas –cargos, descargos, sentencias y concretos aportes de los testigos– sin una adecuada contextualización6 . De este modo, al no referir estas secciones cuantiosas prácticas de enriquecimiento ilícito, ni tampoco otros desorbitados abusos y excesos en comparación con los perpetrados por otros virreyes, se ha interpretado si no positivamente al duque y su periodo de gobierno, sí más moderadamente relativizando o distorsionando aspectos desfavorables. En contraposición, las siguientes líneas y de ahí su interés, partiendo de una inédita perspectiva analítica circunscrita a la reconstrucción y análisis de la totalidad de la residencia en su respectivo contexto incluyendo nuevos documentos vinculados al juicio7 , presentan una lectura renovada del propio procedimiento, de la actuación del virrey en los diferentes ramos de gobierno y sus potenciales prácticas ilícitas8 . Así, la valoración de otros apartados y dinámicas del proceso judicial, pero también de los múltiples silencios que lo colman abren paso a una panorámica más pormenorizada y definida, rebatiendo formulaciones hasta ahora sostenidas. Además, cabe resaltar que los resultados obtenidos no deben considerarse definitivos, sino punto de partida de una investigación futura más exhaustiva acerca de la gestión virreinal del duque de la Palata; cuestión que excede los límites del presente texto.
En última instancia, historiográficamente este artículo se vincula, por un lado, a los trabajos que han trasladado el interés desde las estructuras a la acción de los individuos y las prácticas sociales para abordar la realidad histórica9 y, por otro, a la historia de la corrupción, concretamente a los postulados más recientes relativos a la vigencia y amplia significación del término durante la Edad Moderna, amén de su negativa percepción por parte de los coetáneos10. Todo ello, se complementa con la sintonía de las investigaciones que abogan por analizar en toda su dimensión los mecanismos de control implantados por la Monarquía hispánica11; las concernientes al estudio de las cortes virreinales como ámbitos políticos de poder, negociación e interacción12; las referentes a determinar la naturaleza y papel de las redes informales de los virreyes para comprender el ejercicio de su poder13; y, por último, aquellas ligadas al examen de las prácticas corruptas y vías de enriquecimiento de los agentes reales, especialmente las ejecutadas por dichos vicesoberanos14.
1. UN VIRREY DE AMPLIA EXPERIENCIA AL SERVICIO REAL: TRAYECTORIA, VÍNCULOS Y GESTIÓN VIRREINAL.
El 24 de septiembre de 1680 Carlos II nombraba virrey del Perú a Melchor de Navarra15, que veía así reconocida una larga carrera de más de 25 años al servicio del monarca. No en vano, aparte de ser colegial mayor de Oviedo formándose en Artes y Jurisprudencia en la Universidad de Salamanca, desempeñó los siguientes oficios: asesor general de la Gobernación en Aragón (1654-1659); regente del Consejo Colateral de Nápoles (1660-1669); fiscal del Consejo de Italia (1669-1670); vicecanciller del Consejo de Aragón (1671-1677), el cual otorgaba un asiento en la Junta del Gobierno; consejero de Estado y Guerra (1680); y, tras finalizar el periplo indiano, de nuevo vicecanciller del Consejo de Aragón, si bien no pudo tomar posesión al fallecer.
En este transitar, la importancia de los vínculos interpersonales fue esencial. Un entramado relacional sobre el cual la historiografía ha resaltado principalmente el patrocinio que le brindó la reina gobernadora o la conflictiva relación mantenida con Juan José de Austria. No obstante, el capital relacional de Melchor de Navarra fue más extenso, complejo y dinámico. En un sucinto recorrido por algunas de sus manifestaciones destacan, al margen de los relevantes vínculos e interacciones familiares16, la protección otorgada por notorios agentes de la administración como la del vicecanciller del Consejo de Aragón, Cristóbal Crespí17; la suministrada por los tres virreyes con los que compartió experiencia napolitana –el conde de Peñaranda, el cardenal Pascual de Aragón y Pedro Antonio de Aragón– cuyas valoraciones y recomendaciones fueron vitales para su trayectoria posterior18; o, los apoyos puntuales, aunque esenciales, del conde de Pötting –embajador del Sacro Imperio en Madrid– con el fin de alcanzar el cargo de vicecanciller de Aragón19 y los facilitados por Jerónimo de Eguía –Secretario de Estado y Despacho Universal, a la sazón consejero de Indias– para recuperar el favor real tras ser cesado al frente del sínodo aragonés20. Tales personalidades resaltaron su capacidad para “grandes empleos” merced a su “talento y calidades” inherentes desde su juventud.
Paralelamente, otras conexiones de menor calibre, si bien imprescindibles fueron aquellas resultantes de confeccionar un grupo de criados y deudos de máxima confianza y fidelidad, fundamentales en su posterior experiencia indiana. Estos, mayoritariamente contaban con trayectoria en la administración uniendo sus destinos a los del duque años antes, destacándose, entre ellos, Francisco Rivero21, Joseph Bernal22, los hermanos López Martínez –Juan Luis23, José Isidro24 y Francisco25–, Sebastián de Oleaga y Bernardo Pujol. Los dos últimos, a diferencia del resto no integraron el séquito virreinal, pues recibieron de Melchor de Navarra el crucial encargo de administrar la hacienda y negocios de la casa, a la vez de velar por sus intereses mientras permaneciese en Lima26, elección nada fortuita al tener ambos una posición privilegiada en el espacio cortesano. A su vez, tampoco conviene minusvalorar los aportes relacionales del periplo académico salmantino27 o los derivados de contraer matrimonio con Francisca de Toralto y Aragón, princesa de Massa y duquesa de la Palata28. Como complemento al perfil esbozado, Melchor de Navarra sumaba la realización de censos demográficos en Nápoles29, una breve experiencia militar, la participación como magistrado en la conclusión de la “Visita General a los ministros de Barcelona”, amén de los esfuerzos realizados para ostentar una reputación y opinión pública favorable o su faceta, hasta ahora soslayada, como agente económico invirtiendo su capital en diferentes actividades30.
A tenor de estos datos, al ser designado como la máxima representación real del Perú, el duque de la Palata acumulaba una amplia formación y experiencia gubernativa convirtiéndose en un avezado conocedor del universo cortesano y la maquinaria administrativa y jurídica hispana al más alto nivel, pero también de sus laberintos y entresijos. Su perfil aglutinaba varios de los requisitos más demandados que debía atesorar un vicesoberano y no pocos le veían como el idóneo para enfrentarse al contexto que atravesaba el Perú. Sin embargo, como la inmensa mayoría de elegidos, estaba exento de experiencia americana.
Respecto al Virreinato peruano a fines del siglo XVII, la situación era compleja y convulsa. Todavía resonaba la destitución del conde de Castellar, a la par que la gestión del arzobispo-virrey interino Liñán y Cisneros había generado notorios conflictos y desajustes en diferentes esferas. Además, la realidad económica no era la más apropiada, se demandaban reformas estructurales y desde hacía décadas se estaban gestando profundos cambios en la configuración virreinal como consecuencia, entre otras dinámicas, de la redefinición y fortalecimiento de las élites locales31. Con estos precedentes, Melchor de Navarra realizaba su entrada oficial en Lima el 20 de noviembre de $1 6 8 1 ^ { 3 2 }$ , si bien el 7 de ese mismo mes fue recibido en Real Acuerdo por la Audiencia de Lima33.
En líneas generales, su margen de actuación estuvo supeditado a una combinación de realidades, algunas heredadas y otras resultado de su propia administración. Así, a las ya citadas se sumaban las directrices de la Corona, la confluencia en su persona de una multiplicidad de intereses entrecruzados no siempre afines entre sí, recurrentes ataques piráticos o desastres naturales, cuyo máximo exponente fue el terremoto de 1687. Un panorama, completado por los reiterados enfrentamientos jurisdiccionales con el arzobispo Liñán y los acaecidos puntualmente con oficiales de las circunscripciones del Virreinato.
Bajo esta atmósfera, Melchor de Navarra procuró asentar las bases de su poder y, en buena medida lo consiguió, merced a unos calculados y diversificados movimientos34. Análogamente, cumpliendo con las expectativas de la Corona, puso en marcha un ambicioso programa reformador dotando de nuevos estímulos al Perú; no en vano, algunas de las medidas venían a culminar intensos debates prolongados en el tiempo. Independientemente del éxito y de las tensiones y resistencias que generaron, entre las medidas adoptadas destacaron reformas institucionales, la construcción de la muralla limeña y la fortificación de otras plazas militares, junto a la más que ambiciosa revisión del sistema de la mita o la firma de un nuevo asiento con el mineraje de Huancavelica.
A buen seguro, el peso del gobierno y del tiempo, junto a la expectativa de nuevos horizontes, motivarían el envío por Melchor de Navarra de una carta al rey en 1687 solicitando su relevo35. No obstante, el sínodo indiano llevaba tiempo abordando la elección del futurible sucesor, cuya resolución finalizó el 3 de mayo de 1688 con la designación de Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, conde de la Monclova, hasta entonces virrey de Nueva España36. De esta forma, para completar su etapa virreinal al duque le restaba someterse al pertinente juicio de residencia; procedimiento al que no consideraba trámite menor, pues parafraseando al conde de Chinchón, lo catalogaba de “riesgo” y “descrédito para su decoro” 37.
2. EL JUICIO DE RESIDENCIA DE MELCHOR DE NAVARRA Y ROCAFULL (1688–1696)
La residencia fue posiblemente el principal instrumento de control e información de la Monarquía hispánica para supervisar las actuaciones de los virreyes en Indias. A pesar de tener una estructura procesal prácticamente idéntica durante el período moderno que las homogeneizaba, en su proceso de sustanciación intervinieron una fluctuante combinación de factores estructurales y coyunturales dotándolas de una identidad propia, la cual fue percibida de distinta forma por los coetáneos. En el caso concreto de Melchor de Navarra, la ponderación de estas variables, unido al análisis de la totalidad del juicio, muestra cómo los cargos y sucesivas sentencias no constituyen un fiel reflejo de su gestión, ni tampoco de las supuestas faltas que pudo cometer a lo largo de su mandato. Es más, manifiesta una pugna latente con el juez residenciador38, junto a la movilización de todo tipo de recursos en distintos escenarios para atajar posibles acusaciones y decantar el proceso judicial a su favor, bien por cauces legales, bien por otros que traspasaron la legalidad o lo moralmente aceptado. Así las cosas, un instrumento administrativo y jurídico en origen, en la praxis franqueó tales fronteras teniendo una notoria repercusión en el campo político y social.
2.1. Una desdibujada visión transitada historiográficamente: cargos, descargos y sentencias.
Semanas después del nombramiento del conde de la Monclova como nuevo virrey, el 4 de junio de 1688, se dictó la Real Provisión que formalizaba la apertura de la residencia contra Melchor de Navarra y Rocafull39. Esta, designaba como juez instructor a Matías Lagúnez –fiscal de la Real Audiencia de Lima– y las disposiciones a investigar concordaban con las habituales y genéricas en residencias de este calibre. La delimitación de los tiempos de sustanciación de las diferentes fases del proceso y cómo debían ejecutarse, cerraban la instrucción.
El comienzo del procedimiento en Perú se demoró más de un año tras tomar posesión Monclova del solio virreinal. Concretamente, el 18 de agosto de 1689, instante en el que fue presentada y aceptada la Real Provisión bajo Real Acuerdo de la Audiencia de Lima40, si bien la publicación del edicto de residencia se produjo el 1 de septiembre41. A partir de esa fecha, empezaba a correr el tiempo de un frenético y complejo juicio, extendido durante más de seis meses que alteraría el clima político limeño. Una vez concluidas las diligencias, los primeros resultados se dieron a conocer $\mathrm { e l } 2 3$ de diciembre. Lagúnez imputó al duque un total de 13 cargos (Tabla 1), abarcando faltas en los campos de justicia, gobierno y hacienda regia.
Tabla 1. Nómina de cargos dictada por Matías Lagúnez, correspondiente al primer fallo (23-12-1689)

N°	CARGOS
1	No visitar la tierra
2	No nombrar un ministro que determine la causa de Pedro Balvin (corregidor deCuzco) en 1686
3	Indultar al extranjero Francisco de Melgarejo (1685) por 5.0O0 pesos y permitirlecomerciar, no consta la entrada del dinero en la Caja Real
4	Otorgar oficios a sus criados, parientes y allegados [23 oficios a 19 individuos]
5	Prorrogar corregidores [8 corregimientos]
6	Teniendo noticias de piratas (1684), no mandar navios artillados
7	No hacer juntas generales de guerra contra el enemigo pirata (1684)
8	No determinar y resolver la causa contra Lorenzo Brito (corregidor de Trujillo) porque al omitir 6rdenes, los piratas capturaron navios (1684)
9	Por traer preso a Juan de Villegas (corregidor de Yca y Pisco) e invasion pirata dePisco (1686)
10	No despachar avisos segun la “ocurrencia y necesidad”
11	No investigar a los cabos principales de la armada que en mayo de 1685 encontró alos piratas y no atacó
12	No realizar junta de hacienda semanal
13	Librar cantidades de la Real Hacienda sin orden real ni tratarlos en juntas de hacienda[40 partidas]

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, EC, leg. 543B, ff. 1r-10v.
Recorriendo la nómina de acusaciones, seis de ellas –cargos $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \mathrm { o } } \ 6 _ { ; }$ , 7, 8, $9 , ~ 1 0 ~ \mathrm { ~ y ~ } ~ 1 1 -$ guardaron relación con las incursiones piráticas acaecidas durante el trienio 1684-1686 que pusieron en jaque la estabilidad y el circuito comercial del Virreinato. Estas imputaciones reflejaban cómo la magnitud de la amenaza sobrepasó a Melchor de Navarra, pero además daban cuenta del endémico problema que arrastraba el Perú ante eventualidades de este tipo. Del mismo modo, Palata no permaneció inmune a varias de las prácticas más sancionadas contra los vicesoberanos, aunque esenciales para articular y perpetuar su poder, amén de proporcionarles evidentes réditos económicos: la prorrogación del mandato de corregidores y la provisión de oficios a criados, parientes y allegados42. En estos mismos parámetros, se encuadraban el libramiento de 40 partidas de la Hacienda real sin orden regia o en ausencia del pertinente reconocimiento y aprobación en junta de hacienda43. Simultáneamente, el duque fue inculpado por desatender sus obligaciones en la esfera judicial a raíz de las causas contra el extranjero Francisco de Melgarejo y los corregidores Lorenzo Brito44 y Pedro Balvín45. La lista se completaba con sendos cargos por no mandar realizar visitas de la tierra, ni tampoco efectuar juntas de hacienda semanales.
En otro orden, la aceptación de la recusación de Palata contra Lagúnez, nada más emitirse el primer fallo, fue un punto de inflexión, ya que Monclova nombró a Juan Jiménez Lobatón como juez acompañante46. De esta forma, los dos magistrados prosiguieron la sustanciación de la residencia cuyo primer paso fue, tras la consulta de nuevos instrumentos, la imputación de dos nuevos cargos. El primero, resultado de no registrarse la entrada de 4.000 pesos en las Cajas Reales procedentes del indulto a Nicolás de la Raspur; el segundo, vinculado al cargo 13, al descubrirse otras 11 partidas libradas irregularmente47.
Merced a la defensa y a los descargos presentados, la lista de faltas se redujo (Tabla 2)48. Una efectiva estrategia defensiva, cuyo hilo conductor no fue simplemente la negación de las acusaciones recibidas o la descalificación de aquellos testigos que declararon en su contra. A decir verdad, las maniobras se centraron en reincidir en la positiva reputación y trayectoria de Palata con el fin de debilitar y minimizar los cargos dictados, para después sembrar la duda de la rectitud de todas las actuaciones de Lagúnez –movimiento sustentado en la citada recusación– y contrarrestar las acusaciones acudiendo a la jurisprudencia, a la costumbre, pero también a la especificidad de la realidad indiana y, cómo no, a la capacidad decisoria del duque, pues de no haber actuado las consecuencias hubieran sido aún más perjudiciales para el Reino.
Tabla 2. Evolución de los cargos del juicio de residencia de Melchor de Navarra (1689-1696)

Navana(loosHu5u)
CARGOS N.°	1"FALLO(23-12-1689)	2°FALLOLAGUNEZ /LOBATON(02-03-1690)	3" FALLOC. INDIAS(13-06-1696)	3FALLOPENAC. INDIAS(Pesos)
1- No visitar la tierra	CULPABLE	ABSUELTO	ABSUELTO	=
2- No nombrar unministroquedeterminela causadeP.Balvin(corregidor de Cuzco) en1686	CULPABLE	CULPABLE	CULPABLE+ Condenas aotrosoficiales	10.000
3- Indultar al extranjeroFrancisco de Melgarejo(1685) por 5.000 pesos ypermitirle comerciar, noconstala entradadeldinero en la Caja Real	CULPABLE	CULPABLE	CULPABLE+ Condenas aotrosoficiales	15.000
4- Otorgar oficios a suscriados, parientes yallegados[23oficiosa19 individuos]	CULPABLE+dichoscriadosdevuelvansalarios	ABSUELTO, salvo en 2 +dichoscriadosdevuelvansalarios	CULPABLEde esos 2oficios +dichoscriadosdevuelvansalarios	1.000
5- Prorrogarcorregidores[8 corregimientos]	CULPABLE	ABSUELTO	CULPABLEde los 8+corregs.devuelvansalarios	500
6- Teniendo noticias depiratas (1684), nomand6 navios artillados	CULPABLE	ABSUELTO	ABSUELTO
7-Nohacer juntas generales de guerracontra el enemigo pirata(1684)	CULPABLE	ABSUELTO	ABSUELTO
8-Nodeterminaryresolver la causa contraLorenzo Brito(corregidor de Trujillo) porque al omitirórdenes, los piratas capturaron navios(1684)	CULPABLE	CULPABLE	ABSUELTO
9-Por traer preso a Juande Villegas (corregidorde Yca y Pisco）einvasion pirata de Pisco(1686)	CULPABLE	ABSUELTO	ABSUELTO
10- No despachar avisos segun la “ocurrencia ynecesidad"	CULPABLE	ABSUELTO	ABSUELTO
11- No investigar a loscabos principales de la armada que en mayo de1685encontró a los piratas y no atacó	CULPABLE	ABSUELTO	ABSUELTO
12- No realizar junta dehacienda semanal	CULPABLE	CULPABLE	ABSUELTO
13- Librar cantidades dela Real Hacienda sinorden real ni tratarlos en juntas de hacienda49	CULPABLE[40 de 40]	CULPABLE[47 de 137] +Condena adiferentesbeneficiados[MarcosLopez y Juande Parcero +Manuel de laCueva	CULPABLE[45 de 137] +Condenas aotrosoficiales +Condenas adeterminadosbeneficiados	5.000
"Primero de lossegundos cargos” =Indultar a Nicolas de laRaspur por 4.000pesosporuna causa criminal,no consta la entrada deldinero en la Caja Real	CULPABLEparaLagunez	ABSUELTO
ABSUELTOparaLobatón
TOTALCUANTIA(Pesos)	MelchordeNavarra	Aprox.15.000	31.500
Oficialesreales	16.500

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, EC, leg. 543B, ff. 1r-10v y 756r-759r; AGI, EC, leg. 1192.
Finalmente, tras el segundo fallo Melchor de Navarra fue condenado a siete cargos50 y a una pena de 5.200 pesos más los costos de la residencia elevándose así la cifra a 15.000 pesos, aproximadamente. Por su parte, la resolución definitiva del Consejo de Indias, dictada un lustro después del fallecimiento del duque, eliminó un cargo, aunque la cuantía se vio notablemente incrementada hasta alcanzar los 31.500 pesos a la que respondió su esposa, Francisca de Toralto51. Sin embargo, el sínodo indiano no solo condenó a Palata, sino también a dos de sus criados acusados en el cargo $\boldsymbol { \mathrm { n ^ { \circ } ~ 4 } }$ –Joseph de Chavarri y Francisco Fausto de Cantabrana– y a la totalidad de los corregidores del quinto cargo a devolver sus salarios, así como a varios de los beneficiarios de los libramientos del cargo $ { \mathbf { n } } ^ { \mathbf { o } } \ 1 3$ . A ellos, se sumaban las penas impuestas a diferentes agentes reales, concretamente, oficiales de la Caja Real de Lima y oidores de la Audiencia por incumplimiento de sus oficios cuyo montante alcanzaba los 16.500 pesos (Tabla 3) 52; sentencia, cuya satisfacción se prolongó durante años y, es más, algunas nunca llegaron a cobrarse53.
Tabla 3. Resumen de las penas impuestas a los oficiales reales condenados en la residencia (1696)

Nombre	Cargo(N	Condena(pesos)
Juan Gonzalez Santiago (oidor) 54	2y3	3.500
Joseph del Corral Calbo de la Banda (oidor)	3	1.000
Pedro Frasso (oidor)	3	1.000
Alonso del Castillo (oidor)	3	1.000
Carlos de Cohorcos (oidor)	3	1.000
Diego Andres de Rocha (oidor)	3	1.000
Cristobal deLlanosJaraba(factor de la Caja Real de Lima)	13 y“segundo de lossegundos cargos"	4.000
Francisco de Colmenares(contador de la Caja Real de Lima)	13 y “segundo de lossegundos cargos",	2.000
Francisco Antonio de los Santos(contador de la Caja Real de Lima)	13 y"segundo de lossegundos cargos"	2.000
TOTAL CUANTIA	-	16.500

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, EC, leg. 1192; AGI, Lima, leg. 576, L. 33, ff.. 77v-78v; AGI, Lima, leg. 104A.
Como se comprueba, el catálogo de cargos no indica en comparación con los imputados a otros virreyes prácticas irregulares tan lesivas para la República y el buen gobierno como comerciar personalmente o por otras personas, tampoco la recepción de cualquier tipo de dádivas a cambio de facilitar pretensiones de la más diversa naturaleza o, menos aún, la especulación con productos del mercado urbano55. Además, el segundo fallo, pese a la citada condena, recomendaba a Palata para ser proveído en “los mayores empleos y ascensos”, a la par de sentenciar que había sido un “justo y prudentísimo virrey” al gobernar “excluyendo cualquier valimiento” aumentando la Real Hacienda y cumplir ante sucesos “tan graves” como la Numeración General o el temblor de $1 6 8 7 ^ { 5 6 }$ . Semejantes aseveraciones, unidas a la naturaleza de los cargos recibidos, amén de las sentencias proyectadas, remiten por sí mismas a unas dinámicas de poder y corrupción determinadas. De hecho, han sido los principales argumentos para que la historiografía defina a Melchor de Navarra como un íntegro defensor de las disposiciones de la Corona y del bien público, al tiempo que reformista y preocupado por el beneficio del erario regio. Ahora bien, inevitablemente cabe preguntarse: ¿el resto de la residencia concuerda con esta visión? y, centrando la atención sobre las prácticas ilícitas, ¿fueron efectivamente estos 15 cargos las únicas irregularidades que pudo cometer este vicesoberano?
2.2. Una residencia con identidad propia: dinámicas y factores a considerar.
Para dar respuesta a los interrogantes planteados resulta necesario recorrer con detalle la totalidad del juicio de residencia. Sin embargo, este itinerario debe pasar inevitablemente por la identificación y consideración de los múltiples factores que configuraron el proceso judicial, ya que explican su desarrollo y desenlace. Así, emergen desde los factores tiempo y distancia hasta las directrices dictadas por la Corona sobre qué debía investigarse, pasando por los perfiles, prácticas e intereses del sinfín de individuos partícipes o los resultados del avance de la investigación, para culminar con el contexto histórico, además de las dinámicas soterradas y silencios del propio procedimiento.
Al margen de la Real Provisión para tomar la residencia, cabe destacar la importancia de los apuntamientos entregados a Matías Lagúnez sobre otros sucesos a examinar, convertidos en el verdadero eje articulador del juicio. Una pequeña proporción de estas secretas instrucciones clarificaban la ambigüedad de la Real Provisión, a la vez que ampliaban las pesquisas en ella contenidas sobre temas tan diversos como el tratamiento otorgado a indígenas, las relaciones mantenidas con otras instituciones o cuestiones de orden público. El resto de los apuntamientos eran un calco exacto de, al menos, cinco denuncias de particulares remitidas a la corte alertando pormenorizadamente de múltiples irregularidades cometidas por Melchor de Navarra, pero también por otros integrantes de su séquito, las cuales no solo fueron leídas, sino tomadas en consideración por el Consejo de Indias, hasta el punto de conformar dichas directrices y ser mandadas al juez para instruir la residencia57. De esta forma, al duque se le atribuía comerciar ilícitamente, librar licencias para tratos y contratos con la otra costa al mejor postor, percibir importantes comisiones de miembros del Consulado, obtener pingües beneficios en operaciones con azogue, faltar a su responsabilidad en asuntos de justicia y gobierno58, además de escándalo público o favorecimiento desmesurado a su red clientelar. En lo tocante a los criados y allegados, prácticamente todas las faltas recaían sobre Juan Luis López y su gestión en Huancavelica59 inculpándole, por consiguiente, de vender oficios, recibir sobornos a cambio de sentencias favorables, establecer casas de juego, cohechar, coaccionar, infinitos aprovechamientos sobre el mineraje y azogue, e incluso, establecer una “compañía de mitad de ganancias con el dicho virrey”. En vista de ello, no extraña que el Consejo considerase la residencia “de gravedad” por “las circunstancias” de que tenía “noticia”60.
El propio perfil de los jueces residenciadores es otro elemento ineludible. Matías Lagúnez61, natural de Sigüenza y formado en leyes en Salamanca, ostentaba una reputación positiva en los círculos jurídicos madrileños antes de dar el salto como oidor de la Audiencia de Quito en 1680 a los 61 años. En su periplo indiano, se distinguió como un intachable defensor de los dictados de la Corona y del cumplimiento de la legislación, desarrollando especial sensibilidad por atajar el enriquecimiento ilícito, los abusos contra las comunidades indígenas, así como por dirigir su mirada al engranaje del sistema minero y al relativo al erario regio. Tal compendio de intervenciones no pasó inadvertido a Melchor de Navarra, quien en 1684 avaló, pero sin éxito, su promoción para la fiscalía de la Audiencia de Lima62, ascenso finalmente acaecido en $1 6 8 8 ^ { 6 3 }$ . El vicesoberano veía en él una pieza fundamental para consolidar su programa fiscal, amén de fortalecer su poder en la chancillería limeña. Con todo, Lagúnez se desmarcó muy pronto de su protección. Fiel a su ideario, continuó prevaleciendo su rectitud como servidor público por encima de cualquier otro, provocando el distanciamiento con Palata y disputas con diversos oidores; el motivo principal fue refutar los planteamientos enarbolados por el propio duque respecto a la reforma de la mita potosina. En consecuencia, a la hora de ser nombrado juez residenciador, la relación entre ambos protagonistas no pasaba por su mejor momento. De hecho, tal designación podría ser uno de los motivos que expliquen la permanencia de Melchor de Navarra en Lima para planificar su defensa. Sea como fuere, lo que sí queda patente es que el procedimiento judicial no hizo sino ampliar las diferencias y enrarecer el ambiente, pues Lagúnez encaminó, como era de esperar, la instrucción a los principios que habían caracterizado su magistratura soslayando cualquier atisbo de condescendencia al seguir los apuntamientos recibidos, mientras que el antiguo virrey percibió las exhaustivas y minuciosas diligencias de las que fue objeto como un intento permanente de “mortificar” sus actuaciones buscando “el crimen en todos los actos”64. Por su parte, la referida designación como juez acompañante de Juan Jiménez Lobatón65 c ambió la dinámica del proceso. Un nombramiento que cuestionaba los procedimientos empleados por el seguntino, a la par que intentaba rebajar el clima de tensión al caracterizarse Lobatón por un talante más moderado. A partir de entonces, Lagúnez vio reducido su margen de actuación y libertad de movimientos. Además, durante el tiempo que compartieron el rumbo del juicio no siempre reinó el consenso, más bien surgieron fricciones manifestadas en diferentes interpretaciones sobre los cargos y descargos, en los debates mantenidos acerca de los libramientos, al igual que en la resolución de las demandas públicas66.
Al mismo tiempo, la residencia se vio condicionada por las limitaciones y obstáculos que tuvieron los magistrados durante la misma. Unas adversidades que intentaron sortear y minimizar en la medida de lo posible, pero no siempre con éxito llevándolos incluso hasta la más absoluta desesperación. No en vano, los dos principales elementos con los que batallaron fueron el factor tiempo y el propio Melchor de Navarra. En efecto, la más que probable interferencia del duque en el juicio –más allá de las acciones legales– fue previamente advertida y evaluada como un elemento potencialmente perturbador por el Consejo, el cual la pronosticaba exclusivamente al ámbito limeño de las testificaciones y demandas públicas67. Sin embargo, las injerencias de Palata superaron ampliamente las expectativas del sínodo al ser más intensas, diversificadas y con mayor repercusión, extendiéndose en múltiples frentes destinando cuantos recursos fuesen necesarios; maniobras, por otra parte, en ocasiones difícilmente detectables al desarrollarse en la esfera de lo secreto y lo verbal.
Ahondando en la atmósfera de la causa, las primeras incidencias comenzaron a visibilizarse en el nombramiento de los oficiales encargados de tomar las residencias en las provincias del Virreinato68, así como en la dilación del envío y recepción de algunas de ellas en Lima tras fenecerse. Circunstancia, esta última, que repercutió en la lista inicial de cargos, ya que no todas las comisiones pudieron considerarse al momento de articular y publicar dicha nómina69. Otras, como la de Huancavelica, para ser incluida, obligaron a Lagúnez a prolongar y sobrepasar deliberadamente los plazos de sustanciación, generando un encendido rechazo de la defensa. Una actuación, la del magistrado, que excedía la legalidad y que fue motivada, al fin y al cabo, por su alta estimación hacia este lugar al ser uno de los reductos del virrey que bien merecía investigarse a tenor de los apuntamientos; residencia tildada por Lagúnez como “la más importante” y “principal” “por lo que podía resultar”70.
Trasladando el foco de atención al proceso limeño, la pesquisa no fue ni mucho menos apacible. Desde el inicio, Melchor de Navarra complementó los movimientos que le facultaba la jurisprudencia con otros métodos, más oscuros, pero de indudable rédito, en donde la movilización de sus redes clientelares y su dilatada experiencia fueron fundamentales. En esta línea, su primer y fructífero movimiento fue llevar la residencia al terreno público, fomentando la creación de un clima desfavorable contra los jueces, al tiempo que impulsaba y fortalecía su propia imagen71. Una estrategia, a fin de cuentas, ejecutada no solo para amedrentar y denostar a los magistrados, sino también con la firme voluntad de condicionar posibles testimonios y denuncias. Sin embargo, sus operaciones probablemente traspasarían la esfera pública adentrándose en el mismo corazón de la residencia. Transcurridas poco más de dos semanas del proceso, el 17 de septiembre de 1689, Matías Lagúnez dictaba un auto, aparentemente sin trascendencia, que afectaba al organigrama del proceso. Debido a una enfermedad que postró en cama al escribano Francisco Sánchez Becerra, no tuvo más remedio que nombrar a Francisco Pérez de Soto como sustituto temporal; designación convertida en permanente dos días después72. Oficialmente el nombramiento respondía a la necesidad de no perder instante alguno, pero, en realidad, escondía otros motivos de mayor peso. Lagúnez tenía la firme desconfianza de que Becerra estaba incumpliendo con el “sigilo” que se le presuponía filtrando avances de la causa y, por ello, “no era apropósito para que ante él se hiciese [la] sumaria”73. Si bien el magistrado no incriminaba a Palata y a su entorno, es altamente probable que estuviesen detrás a tenor del parecer del antiguo virrey sobre dicha designación, quién la percibió como un intento de hacer la residencia más “ruidosa y misteriosa”74.
Como se observa, desde el comienzo, la situación de Lagúnez distaba de ser propicia y, es más, el cúmulo de adversidades no hizo sino incrementarse a medida que se desarrollaron las pesquisas. Muestra significativa fue la tenaz oposición de diferentes oficiales al instante de tramitar y obtener determinadas certificaciones, llegando a interrumpir, reorientar y suspender importantes líneas de investigación. De todos, los más problemáticos fueron los ya aludidos agentes de la Caja Real de Lima (ver Tabla 3), llamados a desempeñar un papel esencial para que el juez ahondase en la gestión económica de Palata. En su caso, la fricción se debió fundamentalmente al cumplimiento del auto fechado el 2 de septiembre de 1689 mediante el cual, les solicitaba que certificasen en un plazo de cuatro días “cualesquier libramientos que se hayan dado y pagado en las Reales Cajas por razón de ayudas de costa, entretenimientos, limosnas y otras libranzas irregulares y extraordinarias con fianzas o sin ellas en el tiempo del gobierno del dicho señor Duque […] con toda distinción”75; investigación que derivó en el posterior cargo $ { \mathbf { n } } ^ { \mathbf { o } } \ 1 3$ y en el “segundo de los segundos cargos”. Dichos agentes, dominados por el factor Cristóbal de Llanos Jaraba76, fueron implacables desde el inicio, desoyendo e incumpliendo los reiterados autos de Lagúnez con el fin de consumir la residencia, faltando “maliciosamente” a la obligación de sus oficios77. En concreto, los agentes del erario, tras dos meses de retraso e innumerables disputas, certificaron en primera instancia 40 partidas78, mientras que el seguntino las consideró “diminutas” llegando, posteriormente, a cuantificar en 463 los libramientos susceptibles de ser irregulares tras examinar los libros de la Caja Real, ordenando así una nueva certificación79. Es más, durante este segundo proceso certificativo, al apercibir reiteradamente Lagúnez la entrega de las partidas y rechazar un borrador con menos de un centenar, el duque se presentó “con grande enojo” y “muy sentido” de madrugada en casa del magistrado con “sus criados” para recriminarle “por lo que obraba”80. Y es que el juez estaba estrechando el cerco en una espinosa arista de la gestión virreinal. Además, por si no hubiese provocado la visita nocturna el efecto disuasorio esperado, Melchor de Navarra, amparándose en la jurisprudencia ejecutó en esos instantes la citada recusación contra Matías Lagúnez, el cual la percibió como una “última trampa […] atándome las manos” a la hora de proseguir esta y, a buen seguro, otras diligencias81. F inalmente, la certificación que había provocado tales perturbaciones siguió la línea del borrador, incorporando 97 partidas, cifra lejana a lo ordenado82. Ante ella, Lagúnez y Lobatón sopesaron pedir una tercera que certificase al fin todos los libramientos, pero resolvieron no solicitarla alegando que Llanos Jaraba y sus compañeros no tendrían margen para realizarla, amén de que en esos instantes Melchor de Navarra estaba dando los descargos83. Así, los oficiales de la Caja superaron a los magistrados con sus artimañas manejando en su beneficio los tiempos, aunque en última instancia el Consejo de Indias les condenaría por ello84. La confluencia de, al menos, tres aspectos, explicaría las particulares actuaciones de los agentes del erario: primero, eran plenamente conscientes del descuido de sus funciones al conceder los libramientos sin la pertinente justificación, anteponiendo, por tanto, los intereses del duque y los suyos propios a los de la Corona; segundo, infravaloraron la minuciosidad, crítica e insistencia de Lagúnez al instante de solicitar y aceptar las certificaciones que le suministraron85; y, por último, intentaron a toda costa ocultar las estrechas cooperaciones mantenidas durante años con Palata, sobradamente conocidas en Lima86. En cualquier caso, el antiguo virrey fue el gran beneficiado del enfrentamiento teniendo, a buen seguro, pleno conocimiento del mismo, dada su vinculación con los agentes, o bien fruto de las hipotéticas filtraciones de Sánchez Becerra; incluso, tampoco debe descartarse su involucración en las estratagemas de los oficiales.
Del mismo modo, factores externos, unidos a posibles divergencias con otros agentes del rey, obligaron a suspender líneas de investigación. Tal desenlace tuvo, por ejemplo, las diligencias en torno a uno de los productos más importantes del abastecimiento urbano limeño, la nieve. Lagúnez, al tener “noticia” de “haberse habido un fraude en el arrendamiento último del asiento”, solicitó para su reconocimiento la entrega de los autos del contrato al oficial encargado, Carlos de Arango, “escribano de la Real Hacienda”. El agente respondió que, debido al temblor de 1687, se había “revuelto el archivo de papeles” impidiendo la localización del material solicitado, lo que provocó el cierre abrupto de la pesquisa87. Dinámica similar acaeció con la muralla de Lima, uno de los símbolos de la administración del duque que la Corona no dudó en ordenar inspeccionar. En cumplimiento a lo dictado, Lagúnez requirió las cuentas de su construcción, si bien no pudo sustanciarlas porque estaban siendo juzgadas por Monclova y no podían ser tramitadas en diferentes tribunales88. Por consiguiente, se vio obligado a sobreseer el reconocimiento de una obra que, por otra parte, todo parecía indicar estaba colmada de irregularidades89.
Así las cosas, si parte de las diligencias más comprometidas contra el duque estaban siendo paralizadas, dibujándose así un panorama favorable a sus intereses, la escasez y falta de precisión de las acusaciones vertidas por los testigos de la secreta fue, sin duda, otro de los motivos de peso que explican el número y naturaleza de los cargos finalmente imputados90. En este sentido, la ya apuntada campaña pública orquestada o la mera presencia del propio Melchor de Navarra en Lima en el momento de realizarse las testificaciones, serían algunos de los factores intimidatorios que explicarían este desenlace.
De una forma u otra, todas estas eventualidades escenifican la enorme complejidad del proceso de residencia, pero ante todo las dificultades y limitaciones a las que se enfrentaron los magistrados. A decir verdad, Matías.
Lagúnez llegó a denunciar ante Carlos II su impotencia ante el clima de coacción y control al que sumió Palata el juicio, impidiéndole el desarrollo de las pesquisas, además de confesarle el temor de que éstas se volviesen en su contra91. Era plenamente consciente de que a pesar de ejecutar muchas diligencias extraordinarias y haber llevado al límite la instrucción, la sombra del poder y persuasión del duque para 1689-1690 era todavía vigorosa e inquebrantable. Tal parecer, fue elocuentemente trasmitido por el magistrado al monarca a través de la siguiente frase: “a un Virrey, nadie le puede tomar residencia si no es otro virrey”92.
2.3. Nuevas facetas de la gestión virreinal de Melchor de Navarra (I): interrogatorios, testimonios y demandas públicas.
Sin perder de vista la combinación de factores que moldearon el proceso judicial y en aras de obtener nuevas lecturas sobre el ejercicio del poder y las potenciales prácticas irregulares de Melchor de Navarra, el análisis de otros apartados de la causa, tales como los interrogatorios, junto a los testimonios vertidos y las demandas interpuestas, son apartados inexcusables.
Respecto a los cuestionarios de la pesquisa secreta elaborados para todos los distritos, el más extenso y pormenorizado fue el limeño93. Compuesto por 73 preguntas (Tabla 4), era en su inmensa mayoría fiel reflejo de los apuntamientos, si bien Lagúnez completó la batería de cuestiones con algunas extraídas de la Real Provisión, otras sacadas de los interrogatorios de diferentes residencias de virreyes y el resto elaboradas al abrigo de las diligencias94.
Tabla 4. Desglose de las preguntas del interrogatorio de la pesquisa secreta de Lima

Tematica	N° de preguntas	Porcentaje (%)
Conducta de criados, allegados y familiares	18	25%
Tratamiento indigena y Real Patronato	14	19%
Defensa del Virreinato	12	16%
Enriquecimiento ilicito del duque de la Palata	11	15%
Relaciones con instituciones virreinales	8	12%
Resto95	10	14%
TOTAL	73	100%

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, EC, leg. 543A, C. II, ff. 1r-6v.
En un examen más pormenorizado, no extraña que dada la minuciosidad de los apuntamientos buena parte de las cuestiones interrogasen sobre episodios concretos con todo lujo de detalles. El interés que ofrecen estas preguntas está fuera de toda duda, ya que invitan a repensar tanto la actuación del duque96 como la de sus criados y allegados97.
De hecho, permiten rescatar una amplia variedad de prácticas que derivaron en actos de corrupción, presentando así diferentes frentes y oportunidades de negocio98, del mismo modo que posibilitan identificar y definir los entramados relacionales que generaron y fomentaron tales actuaciones, además de estimar, con toda cautela, la multiplicidad de consecuencias que pudieron ocasionar, e incluso, esbozar posibles estrategias de ocultación para eliminar su rastro; actividades, al fin y al cabo, realmente lucrativas, propiciadas por las prerrogativas y poder que les otorgaba el ejercicio de sus respectivos oficios.
Por su parte, las declaraciones de los testigos también permiten incursionar en las hipotéticas actuaciones de los residenciados. De todas las sumarias realizadas, la más prolija en informaciones fue la instruida en Lima99. Por ella desfilaron 41 individuos “de todo género de estados”100, algunos realmente cercanos a Melchor de Navarra o que le debían de una forma u otra su posición101, aunque la inmensa mayoría no presentaban vinculación alguna con el vicesoberano. Valorando las testificaciones, más de una veintena respondieron favorablemente al duque o, al menos, no tomaron partido, y solamente estos discursos fueron rebatidos por diecisiete testigos en algunas de sus partes (Tabla 5). De esta forma, este pequeño abanico de individuos refirió, entre otros aspectos, que el antiguo virrey había comerciado en Tierra Firme y Nueva España, establecido una “compañía de ganancias” con su mano derecha Juan Luis López, amén de recibir regalos en plata y joyas por otorgar determinados oficios.
Tabla 5. Desglose de los testimonios acusatorios del interrogatorio de la pesquisa secreta de Lima

Testimonio	Testigo	Resolucion
“Tratos y contratospor interpositaspersonas” en NuevaEspana y Portobelo	Juan de Murga (capitan y mercader)	Sin cargo.Imposiblecontrastar
Francisco de Zuniga(maestre de campo del Presidio del puerto delCallao)
Diego Pérez Lobo (mercader)
Fray Diego Nunez(rector del Colegio de San Pedro Nolasco)
Fray Pedro de Tobar (orden de S.Agustin)
Fr. Diego F.de Cuellar (orden de San Francisco,predicador jubilado y provincial de Lima)
Padre Diego de Eguiluz (Compania de Jesus,prefecto de estudios mayores en el Colegio de SanPablo de Lima)
Dos testigos de la sumaria de Cuzco
Otorgar licenciaspara la otra costa para actividadesprohibidas	Fray Diego Nunez(rector del Colegio de San Pedro Nolasco)	Sin cargo.Imposiblecontrastar
Fr.Diego F.de Cuellar (orden de San Francisco,predicador jubilado y provincial de Lima)
Padre Diego de Eguiluz (Compania de Jesus,prefecto de estudios mayores en el Colegio de SanPablo de Lima)
Insinua existenciacompania deganancias entreMelchor de Navarray Juan Luis López	Francisco de Zuniga(maestre de campo del Presidio del puerto delCallao)	Sin cargo.Imposiblecontrastar
Indulto al extranjeroMelgarejo y permisopara comerciar acambio de 3.000-4.000 pesos	Diego Pérez Lobo (mercader)	Cargo n 3
Recibir regalos en especie de plata yjoyas por dar oficios	Fray Diego Nunez(rector del Colegio de San Pedro Nolasco)	Sin cargo.Imposiblecontrastar
Fr.Diego F.de Cuellar (orden de San Francisco,predicador jubilado y provincial de Lima)
Dar oficios apersonas nobeneméritas enbeneficio de	Juan Saenz de Aramburu (exgobernador)	Cargo n 4
Cristóbal de Toro (calificador del Santo Oficio)
Luis Antonio del Castillo y Cabrera (tesorero deltribunal de la Santa Cruzada)
individuos delentorno clientelar	Francisco de Zuniga(maestre de campo del Presidio del puerto delCallao)
Padre Juan Yanes (Compania de Jesus y rector delColegio de SanPablo deLima)
Padre Gerónimo Tello (Compania de Jesus)
Juan Valenciano (vinculado al mineraje deHuancavelica)
Juan de Murga (capitan)
Fray Diego Nunez(rector del Colegio de San Pedro Nolasco)
Padre Diego de Eguiluz (Compania de Jesus,prefecto de estudios mayores en el Colegio de SanPablo de Lima)
Agustin Davila (miembro del Consulado)
Fr. Joseph Barrasa (calificador del Santo Oficio)
Hordono de Zamudio (veedor de fabricas reales)
Francisco de Oyaguie (Consulado de Lima)
Reconoce"empenar' a JosephBernal (secretario dePalata) paraconseguir unacapellania	Fr.Diego F.de Cuéllar (orden de San Francisco,predicador jubilado y provincial de Lima)	Sin cargo.Imposiblecontrastar
Reconoce queAlonso XiménezVela (prior y cónsuldel consulado) puedeconseguir oficios("tiene mucha manocon el duque")	Fr.Diego F.de Cuéllar (orden de San Francisco,predicador jubilado y provincial de Lima)	Sin cargo.Imposiblecontrastar
Nombrar un teniente Juan Luis Lopez enAngaraes a cambiode regalos	Padre Diego de Eguiluz (Compania de Jesus,prefecto de estudios mayores en el Colegio de SanPablo de Lima)	Sin cargo.Imposiblecontrastar
Reconoce pagasincompletas a lossoldados del Callao	Fray Pedro de Tobar (orden de S. Agustin)	Sin cargo
No visitar la tierra	Juan Saenz de Aramburu (exgobernador)	Cargo n° 1

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, EC, leg. 543A, C. II, ff. $7 \mathrm { r } { - } 3 6 7 \mathrm { v }$ .
A pesar de la relevancia y gravedad de las informaciones, estas no se tradujeron en cargos, salvo en aquella proporcionada por Pérez Lobo sobre el indulto a Melgarejo, la referida por Sáenz de Aramburo sobre la no realización de visitas de la tierra o las relatadas por diferentes individuos acerca de la concesión de oficios. Mayoritariamente, los testigos relataron todas las irregularidades aludiendo rumores, conversaciones, e incluso, indicaron que era “notorio y público” en Lima estas prácticas, pero sin concretar fechas, lugares o personas involucradas, y cuando sí lo hicieron, el magistrado no pudo contrastarlas o simplemente consideró que no eran del todo consistentes para incrementar la nómina de cargo s102. A su vez, en este escaso rendimiento de los testigos influyó, pese a los esfuerzos de Lagúnez por evitarlo, no disponer de testimonios prolijos sobre temas concretos como fue el caso del azogue de Huancavelica u otras materias clave del interrogatorio, además de la incapacidad de hallar otros testigos esenciales llamados a declarar, como los protagonistas que motivaron la confección de los apuntamientos.
Trasladando la mirada a las denuncias de la parte pública, se interpusieron un total de nueve –todas depositadas en la sumaria de Lima– aunque saldadas airosamente por Melchor de Navarra (Tabla 6). La mayoría se centraron en resaltar daños y perjuicios por la construcción de la muralla, pues esta destruyó propiedades y huertas de varios hacendados de la ciudad. Asimismo, resulta interesante la presentada por Diego de Salcedo, dirigida contra el secretario personal del duque, Joseph Bernal, al igual que la interpuesta, pero retirada poco después, por los hermanos Salazar, refiriendo el pago de 25.000 pesos para sufragar parte del traslado del virrey y su corte hacia Lima a cambio de algún beneficio de gobierno, el cual finalmente no fue otorgado, por lo que estas personas solicitaron recuperar el importe abonado.
Tabla 6. Desglose de las demandas públicas interpuestas en la residencia de Melchor de Navarra

Denuncia	Denunciante	Resolucion
Danos yperjuiciospor la construccionde la muralla deLima	Maria Morante de Aguiar (demanda 14.500 p.)	Sin concretar.Fenecen sinresolverse
Ignacio Vazquez de Acuna (demanda 19.000 p.)
Miguel de Coz Navamuel (demanda 28.000 p.)
Tomas Barreto (demanda 25.500 p.)
Juan de Ayala (demanda 7.800 p.)
Ana de Cervantes (demanda 6.000 p.)
Contra J.Bernal porno entregarle unosautos sobre una“reviditoria por unnegro”	Diego de Salcedo (demanda 274 p. y 6 r.)	AbsueltoJ. Bernal
Entregar un navio desu propiedad parauna mision militar yno obtener reparoalguno	Juan Enriquez Vigo (mercader, demanda70.500 p.)	Sin concretar.Fenece sinresolverse
Gastar 25.000 pesosaprox.en traer alduque y a su séquitodePanamaa Callaoy no gratificarlescomo “suelen hacerlos principes"	José de Salazar (capitan)Francisco de Salazar (gobernador)(demandan 25.000 p.)	AbsueltoPalata

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, EC, leg. 545A.
Llegado a este punto, la consulta de otros documentos ajenos al proceso judicial permite ahondar en las causas que podrían explicar la falta de rendimiento de los testimonios y denuncias, amén de arrojar más luz sobre la realidad de la residencia. En esta dirección se encamina el análisis de una carta anónima enviada al monarca el 1 de diciembre de 1690, meses después de fenecer el proceso en suelo peruano103. En ella, el misterioso autor se vio obligado a “confesar” en nombre de la “Villa de Huancavelica” los excesos perpetrados y la degeneración moral de Juan Luis López al frente del cerro minero, no sin temor de que la misiva cayese en manos ajenas a pesar de ejercer un derecho consustancial a su naturaleza como súbdito: informar sobre los abusos padecidos. Entre el sinfín de prácticas denunciadas, el informante desvelaba cómo los abusos y aprovechamientos del gobernador, en connivencia con Melchor de Navarra habían penetrado, incluso, en el seno de la residencia con el fin de obtener una resolución favorable104. Así, daba cuenta cómo en lo tocante a la sumaria de Huancavelica, López se había movilizado en diversos frentes, pues no solo había invitado al juez a pasear en calesa para negociar su favor, sino que, en previsión de que dicho movimiento no surtiese efecto y a sabiendas del contenido íntegro del interrogatorio, dictó exactamente lo que debían testificar algunos testigos involucrados en las tramas corruptas investigadas para salir todos indemne s105. Ciertas o no estas actuaciones, debido al carácter inculpatorio del documento y al ser el único registro documental que las detalla, su importancia estriba en que remite a las supuestas dinámicas soterradas que pudieron incidir en la residencia, en donde la eliminación de datos o la manipulación de la información mediante la intervención de testigos parciales habrían tenido un impacto importante. Todo ello representaría, una vez más, los firmes intentos de la facción del duque para controlar el proceso y encauzarlo hábilmente a sus intereses. Tal proceder en el caso de Juan Luis López en Huancavelica, sería uno de los motivos que explicaría por qué la residencia más importante concluyese sin imputación alguna.
2.4. Nuevas facetas de la gestión virreinal de Melchor de Navarra (II): pesquisas ocultas, otras evidencias de poder y realidades silenciadas.
La riqueza del juicio de residencia tampoco termina con las sentencias y descargos, ni con los aportes derivados de los interrogatorios y las demandas públicas. Novedosos e interesantes detalles proporcionan otros registros que no guardan relación con tales secciones, como determinadas diligencias emprendidas por los magistrados o procedimientos concretos de la causa, pero también las realidades silenciadas entre su ingente masa documental.
Como ya ha sido apuntado, la labor investigadora de Matías Lagúnez fue extensa y se diversificó en múltiples frentes, los cuales en contadas ocasiones dejaron su impronta sobre la nómina de imputaciones. Precisamente, prestar atención a este cúmulo de pesquisas no visibilizadas resulta determinante. Así, a las ya aludidas sobre la muralla limeña y el abasto de la nieve se sumaron, entre otras, aquellas concernientes al establecimiento de la Casa de la Moneda en Lima, a los avatares del beneficio de diferentes títulos de Castilla o al estado del mineraje y la situación de los presidios y situados del Virreinato, del mismo modo que las relativas a obras en el palacio, la recepción de donativos para la defensa del reino o a la promulgación de licencias de navíos para comerciar106. Que esta batería de diligencias no se materializase en cargos no significa que los actos investigados no pudiesen estar colmados de prácticas irregulares, como denotan la construcción de la muralla o el suministro de nieve.
De igual forma, el resto del juicio de residencia posibilita ahondar más en los entresijos de la gestión de Melchor de Navarra, especialmente en lo tocante a la configuración y lógicas de sus redes de poder. En esta línea, la certificación sobre la composición del séquito del duque, las referencias a las múltiples gracias que concedió y distribuyó, el abanico de testigos citados a declarar por la defensa o la documentación correspondiente a la satisfacción de las fianzas del proceso107, son registros de obligada consideración. El análisis cruzado de estas fuentes, que bien podría constituir una aportación monográfica, manifiesta la calculada construcción y consolidación de un entramado clientelar complejo, móvil y extenso a través de múltiples mecanismos, conectado por vínculos y reciprocidades de la más diversa naturaleza, al mismo tiempo que activo y dinámico, necesario de coordinación y estabilidad, aunque inserto en un marco de dificultades, cambios y evoluciones que involucraban no solo a miembros del séquito, sino también a grupos y redes locales108. Sobre este último punto y debido a su notorio impacto en la residencia, merece la pena detenerse en el proceso fiador. En concreto, Lagúnez estipuló una fianza de nada menos que 170.000 pesos, resolución, a buen seguro, consecuencia de sopesar tanto la gravedad de los apuntamientos recibidos como los indicios que tenía sobre los innumerables y onerosos libramientos ordenados por Palata. A pesar de su magnitud, dicha fianza fue avalada rápidamente por seis individuos de la élite comercial limeña, perteneciendo algunos al Consulado (Tabla 7). En consecuencia, se revela una de las aristas de poder tejidas por el antiguo vicesoberano, posiblemente de las más relevantes, cuyo accionar quedaría reflejado en la residencia, pues algunos de los fiadores como Alonso Ximénez Vela aparecían involucrados junto al propio duque en operaciones irregulares de contrabando o de tráfico de influencias a la hora de otorgar oficios. Así las cosas, la determinación y depósito de la fianza es un claro indicador, por un lado, de la complejidad y de la atmósfera del procedimiento, pero también de las expectativas de Lagúnez ante el proceso, mientras que, por el otro, la identificación de los fiadores y su supuesta involucración en actividades ilícitas de forma mancomunada con Palata, suponen una inédita y relevante senda de investigación a recorrer.
Tabla 7. Desglose de las aportaciones depositadas para satisfacer la fianza de Melchor de Navarra (1689)

Tematica	Pesos fiados
Sebastian Ximénez Vela	42.500
Alonso Ximenez Vela	35.000
Fernando de Espinosa y Pastrana	32.500
Juan Garcia de Jaurégui	20.000
Pascual Martinez de Velasco	20.000
Martinde Miguelena	20.000
TOTAL	170.000

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, EC, leg. 543A, C. I, ff. 33r-73r.
Restaría por presentar las posibilidades analíticas surgidas de valorar y operar con aquellas realidades silenciadas durante la residencia. Unas realidades que, por el mero hecho de no ser evidentes no deben descartarse. Por ejemplo, durante el juicio no afloraron referencias sobre salones de juego en las dependencias de Palacio, ni sobre el tradicional cobro del pase a los nombrados desde la península, tampoco la creación de gastos ficticios o la participación del duque en los lucrativos negocios de los situados, al igual que permanecieron invisibles actuaciones de los criados y allegados del virrey contrarias a la ley, salvo los comentarios relativos a Juan Luis López y Joseph Bernal. Es más, sobre el séquito de Palata existen indicios de conductas contrarias al buen gobierno y no pocos aprovechamientos; no en vano, conviene recordar que la mayor parte de los individuos que acompañaban a los vicesoberanos percibían la experiencia indiana como una oportunidad inmejorable para el enriquecimiento personal al amparo de su señor109. Dinámica similar, sucede con el nutrido grupo de asesores que rodearon a Melchor de Navarra, quienes desempeñaron un papel nada menor en el ejercicio cotidiano del poder. Asimismo, otra omisión crucial tiene como protagonista a la virreina, Francisca de Toralto, cuando otras huellas documentales describen su protagonismo no solo en el ámbito ceremonial y social, sino también en el campo político a través de diferentes maniobras. De hecho, sobre la duquesa llegaron a la alta magistratura indiana denuncias alertando de comportamientos deshonestos110. Además, su caso se antoja más interesante si cabe, pues se tiene constancia de haberse dedicado al comercio de productos de lujo entre Lima y Madrid111, amén de asumir necesariamente el mando de su casa tras la muerte del duque. En último término y relacionado con el papel de la virreina, resulta preciso interrogarse por sus criadas, las cuales no aparecen en la causa, pese a que algunas desempeñaron una labor crucial trascendiendo del mero servicio a su señora al fundar o fortalecer lealtades con familias locales.
Como se observa, sí ya aparecen nuevos indicios de posibles prácticas irregulares de Melchor de Navarra a través del reconocimiento de su residencia al margen de los sucesivos fallos, registros indirectos tales como disposiciones específicas de su testamento dictado en 1691, su rico y extraordinario inventario de bienes de 1692 –parcial, pero detallando pertenencias exclusivamente indianas–, así como el desembolso personal de importantes sumas de dinero a lo largo de su mandato para fines de todo tipo, invitan a pensar en una más que probable acumulación de bienes y capital alejada de los cauces legales, empleando para ello unas estrategias de acumulación y ocultación sumamente complejas desconocidas hasta el momento.
2.5. Una Residencia con repercusiones en el tiempo: un proceso termina, otros comienzan.
La sentencia contra Melchor de Navarra en 1696 –cinco años después de fallecer– no supuso el epílogo de la supervisión del gobierno del duque. Al contrario, mientras el Consejo de Indias dirimía la residencia, surgieron en sus dependencias intensos debates que desembocaron en nuevas diligencias y mecanismos de control para clarificar determinados, pero importantes, flecos de la administración del antiguo virrey que durante el juicio no pudieron ser esclarecidos o tan siquiera examinados; líneas de actuación, por otra parte, extendidas a otros miembros del séquito y a diferentes oficiales reales del Perú.
En concreto, los desencadenantes fueron tanto las injerencias de Melchor de Navarra en el proceso como el controvertido cargo relativo a los libramientos y gastos extraordinarios, merced a la consideración de la Memoria Ajustada de la residencia, pero, sobre todo, de dos informes anexos de Matías Lagúnez112. Mediante esta documentación denunciaba cómo el duque había maniatado el juicio a su favor, limitando así el alcance de las pesquisas113. Tras este diagnóstico, el magistrado pasaba revista a la cuestión de los libramientos indicando que esta facultad a disposición de los vicesoberanos sujeta a reglamentación, en realidad, la habían convertido en un saco abierto de pesos para enmascarar diferentes excesos y beneficiar a sus redes clientelares114. Al respecto, sentenciaba que el duque no había permanecido inmune a esta tentación, si bien explicaba que las obstrucciones de los agentes del erario limeño le habían imposibilitado examinar la totalidad de las partidas identificadas potencialmente irregulares –cabe recordar, solo 137 de 463– alertando, en consecuencia, que los menoscabos valorados contra la Hacienda Real eran una parte ínfima de los perpetrados. Con todo, las aportaciones de Lagúnez no se limitaban a transmitir su visión sobre la atmósfera del juicio, sino que llegaba a proponer diferentes remedios para atajar los problemas referidos e impedir futuras reiteraciones en procesos similares; primeramente, de cara a limitar las interferencias de los virreyes en sus propias residencias, proponía que los vicesoberanos entrantes fuesen los encargados de instruirlas115; segundo, recomendaba encarecidamente “nuevas cédulas” que recordasen y clarificasen la regulación de los libramientos, pero también que incorporasen nuevas restricciones, tipificando los patrones irregulares del duque; y, por último, solicitaba medidas que reforzasen la autoridad de los jueces para evitar confrontaciones como las experimentadas con Llanos y sus homólogos116.
Como era de esperar, estos discursos que modificaban la consideración y percepción de la residencia, a la vez de ahondar en una de las prácticas de los virreyes que ejecutadas indebidamente suponían una considerable merma de los recursos reales, no pasaron inadvertidos. De hecho, algunas de las proposiciones de Lagúnez fueron escuchadas materializándose en nuevas pesquisas o tomadas como base para generar otras complementarias, aunque aquellas concernientes a la reglamentación de los juicios de residencia no fueron consideradas. Así, el 4 de junio de 1696 –días antes de la sentencia definitiva de la residencia–, el Consejo de Indias acordaba internamente “sin dilación alguna” el examen de las 463 partidas, a la par de instar en este punto la comprobación de las actuaciones de los oficiales de la Caja limeña, para culminar pactando el reconocimiento de la fábrica de la muralla de la ciudad, pues no se había aclarado la gestión de los fondos de su construcción. Además, en el supuesto escenario de descubrir nuevas irregularidades, el sínodo se mostraba firmemente partidario de imputar nuevos cargos a los oficiales y al duque117. Tales acuerdos, quedaron refrendados en una Real Cédula fechada el 19 de junio que estipulaba la creación de una comisión a cuyo cargo estaría el propio Lagúnez118. Análogamente, los pareceres del magistrado cristalizaron en otra Real Cédula días después, el 28 de junio, dirigida a los virreyes e instituciones indianas cuyo contenido recordaba las ordenanzas sobre los libramientos y gastos extraordinarios que parecían haber caído en el olvido, al tiempo que actualizaba algunos de sus puntos y finalizaba advirtiendo de las posibles consecuencias en caso de transgredirlas119. En última instancia, auspiciado por los resultados de la residencia y las revelaciones de Lagúnez, el Consejo impulsó otro frente de investigación relativo a clarificar los excesos cometidos por Juan Luis López, los cuales, a pesar de no probarse durante el juicio, no hicieron disminuir ni un ápice las sospechas sobre tan estrecho colaborador de Melchor de Navarra y, por ende, tampoco eliminaron las suspicacias sobre las actuaciones del propio duque120.
Pese a la firmeza y amplitud de tales medidas, su resultado fue dispar. En un apresurado resumen, la instrucción destinada a dilucidar las partidas libradas y los gastos de la muralla de Lima estuvo sometida a todo tipo de contratiempos, extendiéndose, al menos, hasta 1704. No obstante, avances de la causa parecen confirmar que las sospechas iniciales de Lagúnez estaban fundamentadas. Respecto a la Cédula del 28 de junio, si bien hizo recordar y precisar el marco jurídico que regulaba los libramientos, en la praxis no consiguió disminuir las irregularidades, tal y como denotan posteriores residencias. A su vez, Juan Luis López salió indemne de las nuevas pesquisas; pese a ello, resulta inexplicable determinar su rápido crecimiento económico y ostentoso nivel de vida sin recurrir a prácticas irregulares durante su etapa indiana.
Así las cosas, las respuestas de la administración para clarificar la labor virreinal de Melchor de Navarra rompen, en cierto modo, con la tradicional impunidad atribuida al Consejo de Indias a la hora de perseguir los delitos de los vicesoberanos. Posiblemente, el fallecimiento del virrey y la consecuente pérdida de las relaciones clientelares que actuasen de escudo en el propio Consejo y en la corte, las duras denuncias de Lagúnez alertando de las fallas de la residencia y las intromisiones de Palata ya referidas, amén de que el principal perjudicado de las confesiones del seguntino fuese el erario regio, serían los motivos que explicarían esta frenética actividad con el fin de depurar responsabilidades. Pero la constatación y análisis de tal dinámica, junto a la valoración más pormenorizada del alcance, rendimiento y consecuencias de esta batería de diligencias, bien merece una investigación específica.
CONCLUSIONES.
Más allá del estudio de caso abordado, las líneas precedentes han puesto de relieve la importancia de analizar los juicios de residencia en su totalidad y contexto. No seguir este itinerario, resaltando simplemente sus secciones más significativas, supone realizar análisis parciales e inconexos con la realidad histórica, perdiéndose no solo un gran volumen de información, sino también, y más importante, sustentar formulaciones desdibujadas sobre las actuaciones de los agentes reales sometidos a este mecanismo de control.
La identificación y consideración de la fluctuante combinación de factores que moldearon la residencia incoada a Melchor de Navarra revela que no fue un mero trámite para la Corona, tampoco para los jueces instructores y, menos aún, para el propio duque. En el caso de este último, por ejemplo, tal realidad queda evidenciada en la movilización de todo tipo de recursos con el fin de decantar a su favor una causa inicialmente adversa dada la gravedad de los apuntamientos que, en gran medida, articularon los frentes de investigación de la residencia. De esta forma, aparte de los movimientos que le facultaba la jurisprudencia, Palata orquestó una campaña pública para debilitar la posición de los magistrados y condicionar posibles testimonios y denuncias, intentó amedrentar a Matías Lagúnez personalmente, alentó la falla de determinadas pesquisas en connivencia con otros oficiales, e incluso, aún con toda cautela dados los indicios disponibles, sus injerencias alcanzarían el seno del equipo residenciador, del mismo modo que miembros de su facción habrían sobornado al juez de la comisión de Huancavelica o manipulado declaraciones de sujetos involucrados en las tramas corruptas. Todo este despliegue logístico necesario de coordinación, seguridad, privacidad y premura comprometió el alcance de las diligencias y, por ende, la nómina de imputaciones, aunque otra serie de factores intervinieron activamente en este desenlace. A fin de cuentas, Melchor de Navarra estaba obteniendo el máximo rédito de su experiencia, poder y capital relacional, sin dudar en traspasar las fronteras legales o morales para salvaguardar tanto su “decoro” y bolsillo como los respectivos de sus deudos.
A su vez, el recorrido completo de la residencia manifiesta que la lista de cargos y sucesivas sentencias no constituyen las únicas huellas de las irregularidades que el duque pudo cometer. Así lo evidencian los referidos apuntamientos, determinadas declaraciones de los interrogados y denuncias de particulares, junto a varias de las líneas de investigación suspendidas u otras no materializadas en imputación alguna. Estos registros muestran otras facetas del accionar del vicesoberano y su red clientelar, abriendo nuevas sendas analíticas de obligada exploración, especialmente cuando refieren episodios concretos de prácticas contrarias a la ley, precisando fechas, lugares y personas involucradas. Igualmente, las posibilidades de estudio se multiplican si se valoran los silencios o si se atiende a otros procedimientos de la causa.
En otro orden, el Consejo de Indias no fue tan indulgente con Melchor de Navarra a la hora de sentenciar su residencia en comparación con buena parte de los virreyes indianos. De hecho, su caso es uno de los que rompe esta tendencia, pues en lugar de reducir la pena pecuniaria, el sínodo la duplicó. Es más, la severidad fue acrecentada materializándose en nuevas diligencias y mecanismos de control para clarificar más su gestión e imponerle, en caso necesario, nuevas sanciones. La clave que justificaría la dureza y persistencia del Consejo estriba, sin duda, en el contexto. Un contexto que, del mismo modo, permite explicar cómo las proposiciones de Matías Lagúnez tocantes a la reglamentación de los juicios de residencia ni siquiera fueron consideradas, quizás por ser líneas de pensamiento nada concordantes con los pareceres e intereses de las altas esferas administrativas.
A partir de lo hasta aquí expuesto surge la necesidad de considerar los juicios de residencia como realidades complejas, dinámicas y activas. Reducir su impacto solamente al estricto carácter punitivo que presentaron, o simplificarlo a parámetros de “eficacia”, impide acercarse a la magnitud y riqueza de estos mecanismos que, ante todo, fueron procesos con una identidad propia dejando su impronta en múltiples planos, ámbitos e individuos, si bien de diferente forma e intensidad. De igual modo, convendría no reducirlos a simples dispositivos de control aislados, pues en su concepción intervinieron otras medidas fiscalizadoras, al igual que su fenecimiento pudo desencadenar otras nuevas.
En definitiva, el presente artículo ha permitido incursionar en las prácticas, intereses, percepciones e interacciones de los actores partícipes en la residencia de Melchor de Navarra, al mismo tiempo que en las dinámicas y lógicas internas de un dispositivo de control en constante evolución. Tal inmersión, posibilitada por el enfoque metodológico empleado, proporciona asimismo una serie de claves y lecturas más sutiles e integradoras sobre fenómenos más amplios como el ejercicio del poder, de la justicia y de la corrupción, a la vez que en otros planos de la historia social y cultural en donde los entramados relacionales, las prácticas, los discursos e interacciones sociales, pero, ante todo, los contextos fueron fundamentales. En cualquier caso, retomando los versos iniciales de Juan del Valle y Caviedes que personificaban al duque como la majestuosa estatua presente en los sueños de Nabucodonosor, para aproximarse y reconstruir cada uno de los elementos que la compusieron, su juicio de residencia constituye un ineludible punto de partida proporcionando una mirada de obligada consideración, aunque incompleta, siendo más que necesario el análisis crítico y cruce sistemático de más fuentes documentales, así como recurrir a métodos analíticos indirectos para valorar con mayor exactitud la gestión y prácticas de este virrey121.
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