Conjuras, concubinas y lucha por las rentas en la diócesis de Segovia del siglo XIII\*.
Plots, Concubines and Fight for Income in the Diocese of Segovia during the Thirteenth Century.
Resumen: Durante la primera mitad del siglo XIII, los integrantes de la diócesis de Segovia, obispo y clerecía, se enfrentaron en una lucha sin solución que tenía como centro el reparto de las rentas asociadas a la diócesis. Sin embargo, la documentación existente en los archivos de la Catedral y de la diócesis de Segovia demuestra que el enfrentamiento iba más allá de una disputa económica local asociada al ámbito jurisdiccional, trascendiendo a las relaciones sociales del clero segoviano y a la mentalidad unida a las mismas.
Palabras clave: Rentas; Segovia; Cardenal Gil de Torres; Concubinas; Barraganas; Concilio IV de Letrán;
Diócesis de Segovia.
Abstract: During the first half of the thirteenth century, the members of the Diocese of Segovia, bishop and clergy, clashed in a fight without solution that revolved around the distribution of income coming from the ecclesiastical dominion. However, the documents extant in the Archives of the Cathedral and of the Diocese of Segovia show that the confrontation went beyond a local economic dispute relating the jurisdictional sphere, and transcended to the social relations of the Segovian clergy and the mentality attached to them.
Keywords: Income; Segovia; Cardinal Gil Torres; Concubines; Mistresses; Fourth Lateran Council; Diocese of Segovia.
Sumario: 0. Introducción. 1. La conjura contra el obispo loco. 2. La reordenación de 1245: irregularidades y supuestas corrupciones. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía.
Summary: 0. Introduction. 1. The plot against the mad bishop. 2. The rearrangement of 1245: Irregularities and alleged corruptions. 3. Conclusions. 4. Bibliography.
0. INTRODUCCIÓN.
A mediados del siglo XIII, concretamente en el intervalo que va desde 1240 a 1247, el territorio bajo la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Segovia, por extensión, riqueza y población, podría decirse que gozaba de moderada importancia en el reino de Castilla. Su posición estratégica, tanto política como militar, y su potencial económico, hacían que Segovia fuera un centro regional de considerable magnitud.
A grandes rasgos, la lenta expansión del concejo le llevó a dominar los pasos del Sistema Central, disfrutando de una posición excepcional al ser paso obligado de los rebaños que recorrían las cañadas con dirección al sur y, junto con León y Cuenca, convertirse en uno de los núcleos básicos para el Honrado Concejo de la Mesta1 , reglamentado desde $1 2 7 3 \ \mathrm { p o r }$ Alfonso X, aunque no fuera hasta fines del Medievo que la oligarquía local explotara a fondo este factor estratégico2 .
Por otra parte, hasta la victoria de las Navas de Tolosa, el carácter fronterizo del concejo segoviano provocó que disfrutase de unos privilegios propios de gran alcance asociados a su inveterada tradición amojonadora y repobladora, plasmadas en el curioso privilegio de la bolsilla otorgado por Alfonso $\mathrm { V I I } ^ { 3 }$ . Por otra parte, además de la comunidad de Ciudad y Tierra segoviana, a finales del alto Medievo, proliferaron concejos menores en la zona. Centros como Cuéllar, Coca, Pedraza, Iscar, Fresno, Maderuelo, Fuentidueña o Sepúlveda, formaron concejos de menor importancia que compitieron con el segoviano, y, más o menos supeditados a éste, constituyeron comunidades de villa y tierra.
Desde el punto de vista eclesiástico, Segovia y su tierra conformaban una jurisdicción estructurada evolutivamente desde el siglo XII. Su formación, paralela a la constitución concejil, se produjo subordinada e ésta última, siendo el propio concejo segoviano, y no la iniciativa regia, quien concediera a la iglesia de Segovia y a su obispo privilegio de fuero, honor y dignidad4 . El proceso de constitución y conformación de la diócesis, por consiguiente, deparó un desarrollo complejo, de fuertes tensiones hasta el punto de llegar a la práctica ruptura a mediados del siglo XIII, como bien describía el cardenal Gil de Torres:
“Ad Tollendum gravis querelle scandalum quo in Segobiensis eclessia inter patrem et filios, inter capud et membra, inter pontificem et subiectos5 ”.
Tal circunstancia no puede ser entendida sin atender a un proceso evolutivo. Las relaciones entre los Concejos y el Obispado fueron, si no siempre buenas, sí problemáticas6 , a pesar de que los obispos segovianos, por costumbre, estuvieran bien relacionados con la corona. Sin embargo, las citadas tensiones no fueron, per se, suficientes para comprender la problemática que eclosionó a mediados del XIII.
La profunda crisis experimentada en esos años provocó la total reordenación de las estructuras episcopales segovianas. Aunque la causalidad general de este escenario debería ser enmarcada en la voluntad principal de la iglesia de reorganizar el funcionamiento interno de sus estructuras administrativas7 , existió un detonante aglutinador asociado a la compleja repartición de las rentas de la diócesis. En la mayoría de los estudios y trabajos relacionados con el periodo a lo largo de la historiografía existente, la intuición de la singularidad del caso no escapó a la mayoría de los investigadores. En concreto, los estudios acerca de la diócesis segoviana por parte de Peter Linehan8 , repetidas veces citado en la presente investigación, muestra el momento histórico, centrándose principalmente en el proceso evolutivo de la estructura diocesana y en los diferentes modelos extractivos llevados a cabo por la jerarquía eclesiástica. A la par de las publicaciones de Linehan se encuentran los trabajos de Antonio García y García9 , centrado en las importantes y trascendentales conclusiones del Concilio IV de Letrán del año 1215, especialmente en lo que se refiere al matrimonio. En ambos casos, la mayor parte de la documentación en la que se sustenta este estudio fue tratada en profundidad, a excepción del documento $\mathsf { c . 9 \mathrm { - n } ^ { o } }$ 18 del archivo catedralicio segoviano, sustento principal de la investigación.
En consecuencia, asumiendo todo el peso historiográfico previo, el caso que aquí se analiza, si bien pudiera parecer anecdótico, fue la consecuencia de una inestabilidad jurisdiccional y política que obligó a la estructura administrativa de la diócesis de Segovia a evolucionar hacia una nueva realidad más acorde con el momento histórico. Esta lucha por la equidad en el reparto de las rentas de la mesa capitular de la diócesis ejemplarizó las enormes dificultades que tuvo la implantación de sistemas feudales en un ámbito fronterizo en cambio evolutivo como era la Extremadura castellana a finales del XII y principios del XIII10.
1. LA CONJURA CONTRA EL OBISPO LOCO.
A tenor de la documentación y la historiografía asociada11, la incapacidad por parte de la clerecía segoviana de establecer un método de gestión de la diócesis y sus beneficios, provocó que la forma y modelo diocesano se apoyara más en la costumbre que en la norma por todos aceptada y sustentada por la jurisprudencia eclesiástica. Este problema resultaba común a las diferentes diócesis de la antigua Extremadura Castellana y, en general, a la mayoría de las jurisdicciones sometidas a grandes cambios territoriales desde finales del XII a la primera década del XIII, que precisaron de una importante y constante reforma normativa12.
En esa línea normalizadora han de entenderse los sucesivos concilios formados a lo largo de los siglos XII y XIII, cuatro en menos de un siglo13. Para lo que se trata en este artículo, sin duda, resulta obligatorio detenerse en el IV de aquellos Concilios. Convocado por el Papa Inocencio III en 1215, ha sido estudiado repetidamente a causa de su condena del catarismo, cuya persecución había provocado previamente el desarrollo de la famosa cruzada antialbigense, dirigida por Simón de Monfort, que acabó con la vida de Pedro II de Aragón en la batalla de Muret. Sin embargo, no menos importantes resultaron los cánones aprobados con el objetivo de mantener la disciplina y el orden en la vida eclesiástica14.
Los cánones 14 al 17 trataban de regular la dispar vida de la clerecía, especialmente la menos formada, prohibiendo la participación de clérigo alguno en cualquier tipo de espectáculo, fueran farsas, mascaradas o histriones, o en actividades mundanas como la caza, buscando siempre la rectitud en el comportamiento de sacerdotes y diáconos. En ese sentido habría que entender la prohibición de mostrar ebriedad o incontinencia de forma pública15.
En esa búsqueda del comportamiento ortodoxo de la clerecía cristiana que los alejara de las prácticas sociales de cátaros, albigenses y valdenses deben enmarcarse los cánones 50, 51 y 52 relativos a las relaciones personales del clero y, concretamente al matrimonio. La regulación de éste, consentido y extendido entre los sacerdotes cátaros, y las prohibiciones establecidas como canon de la iglesia crearon, a decir de varios investigadores, la imagen y modelo del matrimonio cristiano en la Edad Media16. Estos cánones marcaban el matrimonio cristiano como modelo básico de la relación entre personas de diferente sexo exclusivamente para los laicos.
En el caso de los clérigos, el IV Concilio establecía como ilegítima cualquier relación matrimonial entre clérigos y mujeres, prohibiéndolas directamente. Frente a este impedimento, aceptado tácitamente hasta principios del XIII como costumbre, los citados cánones del Concilio de Letrán añadieron la prohibición manifiesta, declarando ilegal de facto cualquier relación marital entre mujer y clérigo. De hecho, tales relaciones habían sido tratadas como pecaminosas en la mayoría de los concilios y sínodos altomedievales desde que en el Concilio de Elvira se prohibiera a los sacerdotes el matrimonio17. Más que la relación social, se persiguió desde aquel momento la relación carnal, viéndose en la pureza del celibato el estado perfecto para el rito de la consagración de la eucaristía18. Aun así, la existencia de mujeres conviviendo de forma continuada e íntima con los sacerdotes resultó una práctica frecuente en los principales territorios cristianos, Castilla incluida.
Parece evidente, por tanto, que la legislación eclesiástica a lo largo de la Alta Edad Media convirtió la relación marital de los sacerdotes en un tabú social mal visto19. No obstante, el segundo escalón en la relación sacerdote-mujer, el concubinato, no sufrió el mismo descrédito hasta la celebración del IV Concilio de Letrán. Quizás, visto como un mal menor, se asumió su práctica como una circunstancia alegal más que ilegal. Resultaba mucho más soportable que el sacerdote visitara siempre a la misma mujer a que frecuentara los lupanares dando salida a la incontinencia tan perseguida por los efectos nocivos que para con la liturgia se estimaban. No cabe duda de que la práctica del concubinato se asemejaba más al matrimonio, respondiendo a la necesidad por parte de los sacerdotes de buscar la institucionalización de las relaciones sexuales.
Así, si en el Concilio de Roma de 1074 se obligaba al celibato condenando el matrimonio para los ordenados, en el Sínodo de París del mismo año se reconocía el canon del celibato como excesivo20. No cabe duda de que la reforma gregoriana asentó entre el clero romano la necesidad de alejar a sacerdotes, diáconos y subdiáconos del matrimonio. Los Concilios de Letrán I y II legislaron en ese sentido, proscribiendo la santificación de relaciones entre ordenado y mujer. El citado IV Concilio de Letrán redundó en las prohibiciones de matrimonio e incluyó el concubinato en su cruzada contra la incontinencia. Mas, como señala Ana Arranz21, el decimocuarto canon del IV Concilio recomendaba la continencia a aquellos clérigos que no hubiesen renunciado aún al matrimonio, demostrando lo ardua que resultaba la lucha de la iglesia para imponer el celibato22.
En lo que se refiere a Castilla, la lucha contra las relaciones matrimoniales o pseudomatrimoniales de los clérigos continuó la línea marcada por los concilios lateranenses y la reforma gregoriana. En el Concilio Nacional de Valladolid de 1228, presidido por el legado papal Juan de Abbeville23, se reforzó la política de prohibición que conllevaba la excomunión de los clérigos que la practicaran24.
Previamente a aquel concilio, resulta evidente que las enseñanzas y normas del Concilio lateranense IV habían llegado a algunos puntos de la geografía cristiana peninsular, entre ellos, en buena lógica, Segovia. Influida por aquellos cánones debe entenderse la actuación del obispo de Segovia, Gerardo, emisario que fue del rey Alfonso VIII ante el papa Inocencio III, de cuya doctrina hubo de empaparse25. Así, en el sínodo convocado hacia 1216 en Segovia aplicó a rajatabla los cánones que trataban de frenar la práctica del concubinato.
En realidad, siendo fieles a la tradición, el obispo Gerardo planteó además determinados cambios en la distribución de los beneficios de la jurisdicción que, a decir de la mayoría de los clérigos, resultaron injustificados e insoportables por la injusticia que conllevaban. Todo ello quedó expuesto en un documento en pergamino conservado en el Archivo de la Catedral de Segovia, ya citado, donde una nutrida representación de los clérigos segovianos expresaban, alguno de ellos bajo juramento, las injusticias cometidas por el obispo26. El documento carece de datación alguna directa, seguramente por ser una copia simple del tenor de otro documento original validado y enviado a instancia superior en la querella desatada entre el obispo Gerardo y la clerecía segoviana.
A requerimiento del cabildo, aunque no se explicite en el texto del documento, fueron recopiladas confesiones de un nutrido grupo de clérigos y clientes de la diócesis segoviana −en concreto, setenta y dos declaraciones− describiendo las querellas planteadas contra el obispo Gerardo.
Una buena parte de estas declaraciones acusaban al obispo de proceder de forma desleal con el cabildo en el reparto de las rentas y beneficios procedentes del señorío y jurisdicción eclesiásticos segovianos. En primer lugar, la mayoría de ellos acusaban al obispo de recaudar un áureo por cada sacerdote y medio por diácono, el conocido impuesto del catedrático. Muchos de los declarantes se quejaban de que el obispo nunca tuvo en cuenta lo costoso del impuesto y sus dificultades para cumplir con el pago, negándose a revisarlo categóricamente, lo que provocó un movimiento de rechazo y reticencia al pago entre la clerecía segoviana, lo que, en definitiva, no era nada nuevo. Ya en tiempos del obispo Gonzalo, durante las últimas décadas del siglo.
XII, se impuso el pago de aquel impuesto, no sin reticencias por parte de los afectados27.
También le acusaban de recibir directamente las tercias parroquiales y repartir las vacantes a su antojo: entregaba una a la Catedral, seguramente para la fábrica de la misma, otra parte era para su tío paterno y la última se la quedaba él, sin tener en cuenta las partes proporcionales que correspondían por tradición a otros clérigos, como afirmaba el arcipreste de Coca. Este último aseguraba que el Mayordomo del Común recibía, además de sus emolumentos, tres heminas de cereal dos veces al año. El citado arcipreste de Coca afirmó haber participado en un capítulo donde se le pidió al obispo la renuncia al cobro de los áureos del catedrático, aspecto que rechazó categóricamente. Bela, vicario de Coca, añadió, además, que nunca aceptaron pagar aquellos áureos.
En lo que se refería a las primicias, el obispo acusaba a una buena parte de los clérigos de la diócesis de apropiarse de ellas cuando le correspondía a él su recepción y reparto. Lo mismo ocurría con las rentas destinadas a los procuradores del obispo en los territorios de la diócesis y con ciertos beneficios asignados a los mayordomos: el obispo reclamaba a los clérigos su falta de compromiso con el pago y muchos de éstos se quejaban de la mala o injusta distribución que de las rentas hacía el obispo. Como consecuencia, algunos clérigos se apropiaban de las rentas y no las entregaban al cabildo, como los casos de los clérigos de Grajera o de San Pedro de Farelos e, incluso, los clérigos de Sepúlveda, todos ellos acusados por compañeros de que expoliaverunt episcopum mensuris28.
Sin embargo, alguno de los clérigos más antiguos de la diócesis, como Juan, deán de la Catedral segoviana, o el arcediano Gerardo, en la dignidad durante sesenta años, aseguraban que el cobro de los áureos del catedrático se llevaba realizando desde que Vicente fuera obispo en Segovia, allá por 1154, sancionado por los obispos que le sucedieron, al igual que el resto de prácticas de reparto, sin que hubiera existido problema alguno hasta entonces. Algunos clérigos, como el sacerdote Belicha, afirmaban que las partes en los beneficios correspondientes a los clérigos fallecidos no eran entregadas al obispo, sino que se las quedaban en su territorio. Muñico, laico, por su parte, aseguraba que nada de los beneficios recaudados se entregaba al obispo. Emeterio, sacerdote en San Adriano, dijo que, aunque sí entregaban los áureos, los beneficios quedaban en la propia iglesia sin ser entregados al obispo. El arcipreste de Pedraza estaba seguro de que no se entregaban los áureos en su territorio y que primicias y beneficios eran saqueados por los clérigos de Pedraza, no llegando las tercias parroquiales correspondientes. El sacerdote Juan Guillermo puntualizaba que eran principalmente los clérigos de Sepúlveda quienes se incautaban sistemáticamente de los beneficios correspondientes al obispo. En efecto, Belasco Domingo, Belasco Pérez y Don Serrazín, laicos seglares en Sepúlveda, dieron por cierto todo lo dicho. En realidad, a decir del abad de Santo Tomé del Puerto, aunque los clérigos habían aceptado el pago de los impuestos en los términos convenidos, en ningún momento tuvieron intención de hacerlos efectivos, circunstancia que, según Belasco Pérez, era conocida por el obispo de Segovia29.
En el territorio de Cuéllar el panorama resultó ser el mismo. El presbítero Pedro Gasco acusaba a los clérigos de su territorio de negarse a entregar los áureos del catedrático pertenecientes al obispo y de expoliar los beneficios incluso de las rentas prestimoniales, circunstancia confirmada por Juan Fortunis, Don Julián, Cid y Ferruzenio.
Resultaba evidente que el obispo de Segovia no contaba con la lealtad en el pago de su clerecía ni del cobro de las rentas prestimoniales asociadas al usufructo de la jurisdicción. Mas, si se tenía en cuenta lo dicho por los clérigos más antiguos, la práctica extractiva de las rentas en la diócesis de Segovia resultó ser habitual desde hacía casi una centuria, momento histórico de la constitución del señorío eclesiástico y la jurisdicción diocesana de Segovia. Evidentemente, la ruptura de la relación entre el obispo Gerardo y su clerecía parecía responder más a una rebelión de ésta contra él que a un desgaste en el modelo extractivo, que evidentemente hubo, como puede apreciarse analizando la naturaleza de las querellas en la tabla número 2.
El citado documento del Archivo de la Catedral de Segovia encierra entre sus líneas la clave de este cambio de actitud de la clerecía frente al obispo Gerardo. Al parecer, el obispo convocó una reunión con los clérigos segovianos que llegó a tener el rango de sínodo provincial, siendo, seguramente, el primer sínodo convocado para aplicar los cánones del IV Concilio de Letrán30. Aunque el documento carece de fechas al ser una copia simple, parece lógico pensar que Gerardo organizó la reunión tras volver de su visita a Inocencio III en Roma donde, como ya se ha señalado, acudió como emisario del rey Alfonso VIII. En el citado sínodo, llamado “concilio” por el fraile de Vélez, Sebastián31, el obispo Gerardo impulsó todas las reformas en lo atinente a la vita et honestas clericorum, entre cuyos mandatos se hallaba, sin duda, la reforma acerca del celibato propuesta por el IV Concilio de Letrán32. A decir de las muchas declaraciones al respecto, el obispo promulgó la prohibición absoluta de tener concubinas a los clérigos segovianos. Debían expulsarlas si cohabitaban con ellas o, en caso contrario, dejar de visitarlas de inmediato. Para cumplir con el canon tenían hasta el día de San Juan, por lo que se ha de suponer que tal sínodo hubo de celebrarse a principios de año. De no hacerlo, los infractores serían excomulgados, perdiendo sus derechos sobre las rentas de la diócesis e incapacitados, tanto ellos como sus concubinas, para oír misa e, incluso, para entrar en la iglesia:
Tabla 1. Declarantes sobre el caso de las concubinas en la diócesis

NOMBRE	TERRITORIO	DIGNIDAD	DECLARACION
s/n	Sepulveda	Abad de Santo Tomé	Concubinas/Conjura
Pedro Perez	Sepulveda	Canonigo de Santo Tome	Concubinas/Conjura
Don Ferrazin	s/	Laico	Concubinas/Conjura
Sancho	s/	Laico	Concubinas
Sancho Juan	s/	Laico	Concubinas/Conjura
Alvaro	s/	Laico	Concubinas/Conjura
Fernando	s/	Laico	Concubinas/Conjura
Sebastian	Sepulveda	Hermano de Velez	Concubinas/Conjura
Domingo	Sepulveda	Presbitero de Duratón	Concubinas/Conjura
Fortes	Nabares	Sacerdote	Concubinas/Conjura
Pedro Roiz	Alameda	Sacerdote	Concubinas/Conjura
Pedro Gascon	Cuellar	Presbitero	Concubinas/Conjura
Domingo Garcia	s/	Presbitero	Concubinas/Conjura
Julian	Cuellar	Laico	Concubinas/Conjura
Ferruzenio	Cuellar	Laico	Concubinas/Conjura
Cid	Cuellar	Laico seglar	Concubinas/Conjura
Juan	Segovia	Dean	Concubinas
Gerardo?	Segovia	Arcediano	Concubinas/Conjura
Esteban	Segovia	Presbitero	Concubinas/Conjura
Domingo	Segovia	Presbitero	Nada
s/n	Segovia	Presbitero de San Emiliano	Barraganas
Domingo	Segovia	Presbitero de San Meder	Nada
Guillermo	Segovia	Presbiteroy Canonigo	Concubinas
Sancho	Segovia	Presbitero	Concubinas/Querella
Martin	Segovia	Presbitero de San Juan	Concubinas/Querella
Vital	Parraces	Canonigoy Presbitero	Concubinas/Querella
Garcia	Parraces	Canonigo	Concubinas/Querella/Conjura
Miguel	Aguilafuente	Clerigo	Concubinas/Conjura/Querella
Bartolome	Sotosalbos	Presbitero y monje	Concubinas/concilio
Juan	Segovia	Maestre de la SantaTrinidad	Concubinas
Vela	Coca	Presbitero	Concubinas/Conjura/Querella
Miguel Perez	Sepulveda	Laico	Concubinas/querella
Domingo Munioz	Cuellar	Jurado del Rey	Concubinas/Querella
Juan Bela	Cuellar	Laico	Concubinas/Querella
Pedro Munoz	Cuellar	Laico	Concubinas/Querella
Antonio	Cuellar	Lacio	Concubinas/Querella
Martin	Segovia	MaestreyPresbitero	Barraganas/Conjura/Querella
Lobat6n	Segovia	Presbitero	Barraganas/Conjura/Querella
Silvestre	Segovia	Presbitero Jurado	Barraganas/Conjura/Querella
Juan	Samboal	Monje y Presbitero de SanBaudilio	Nada
Juan Vicente	Fuentiduena	Jurado del Rey	Nada
Anselmo	Sacramenia	MonjeyPresbitero	nada
Miguel	Sacramenia	Laico	Nada

“[…] mandatus eis quod abiacerent concubinas usque ad festum Sancti Iohannis, quod, si non fecerent, esserent excomunicati […], per quas excomunicabant clericos et inibat ne quis audiret missam illorum […], clericus fuerunt ammonitu pro barracanis33”.
Dado que no todos los miembros de la clerecía estuvieron en aquel sínodo, el obispo Gerardo remitió cartas a todas las dignidades del territorio segoviano, de modo que no quedara ninguno sin tener conocimiento de la aplicación de la nueva norma:
“[…] episcopus clericos ammonuit pro concubinis deferendis sub interdicto ab contra tempore in litteras audierant excommunicationis34.
[…] episcopo iste super eos prommonuit et audivit quod litteras ammonicionis capitulis misit35”.
Puesto que, a decir de todos los declarantes, la práctica del concubinato estaba totalmente extendida en la diócesis segoviana, afectando, por tanto, a gran parte de la clerecía, el obispo Gerardo hizo visitas a varios concejos del señorío para recoger el parecer de aquellos clérigos afectados por la norma. Pedro Roiz aseguró haber estado presente en Sotosalbos, cuando el obispo se reunió con los jóvenes clérigos para escuchar sus quejas acerca de la norma sobre el concubinato36, donde, además, concurrieron los clérigos de Pedraza, según afirmó Bartolomé, presbítero de Sotosalbos37. En ningún caso el obispo Gerardo cedió ante las presiones de los clérigos conminados a expulsar a sus concubinas y advertidos de excomunión, pérdida de rentas y beneficios y prohibición de asistir a misa aún después de perder la dignidad y ser laicos.
Ante el enroque del obispo, un núcleo de clérigos jóvenes de Sepúlveda, reunidos en conciliábulo, tomaron la decisión de proteger su costumbre frente a lo que ellos consideraban injerencia del obispo. En dicha reunión, según relataron Pedro Pérez, monje, y el abad de Santo Tomé38, celebrada en la iglesia de San Pedro, prometieron mantener a las concubinas, conjurarse contra el obispo y llevar la querella hasta Roma si hacía falta.
“Clerici Septempubliciensis, exceptis paucis, intraverent ecclesiam Sancti Petri et ibi iuraverent quod adiuverent se et defendent se et ecclesias suas contra episcopum et mitterent Romam pro causa ista39”.
Repetían estos clérigos, probablemente sin saberlo, una rutina rebelde ya vista diez años atrás en Medinaceli, cuando la clerecía se confabuló contra el obispo en similares circunstancias40. Según Domingo, Presbítero de Duratón, presentes en aquel conciliábulo la mayor parte de los clérigos de Sepúlveda y su término, juntaron sus manos y prometieron defender la conjura hasta el final, aportar cada uno de ellos cincuenta áureos y convocar a los sexmeros a su cabildo y hacerles jurar que no entregarían al obispo las rentas adscritas a los procuradores del mismo41. Otros testigos, como Ferrazín, laico seglar, aseguraron haber establecido penas económicas para aquellos conjurados que se echaran atrás, que irían desde los quince a los sesenta áureos, según los presbíteros Domingo García y Pedro Gascón de Cuéllar.
Para conseguir fuerza frente a la norma del obispo, muchos de ellos fueron recorriendo las aldeas tratando bien de recabar apoyos, por un lado, como confirmó un laico llamado Ferruzenio, bien de socavar el poder del obispo ganándose el apoyo de los campesinos y concejos en su causa, como declaró Pedro Roíz, sacerdote en la Alameda.
Conscientes del alcance y apoyo logrado, extendida la conjura por toda la diócesis, los conjurados decidieron elevar querella ante el rey Fernando III, como juró el arcediano de Segovia, y ante el propio Papa, en Roma. Para lograrlo, acusaron al obispo del mal uso del diezmo42, logrando de ese modo captar la atención del monarca y así lo declaró Vela, presbítero de Coca. Según la mayoría de los testigos, el obispo Gerardo en ningún momento tuvo conocimiento de este proceder por parte de los clérigos concubinarios, por lo que, cuando pudo defenderse, la voluntad del rey ya estaba perdida y la querella había llegado a las instancias eclesiásticas superiores.
A pesar de ello, Gerardo ordenó una pesquisa en toda la diócesis que le exculpara, evidentemente, ante el rey Fernando III de las malas prácticas de las que había sido acusado. La investigación quedó en manos de Rodrigo, obispo de Sagunto, Pedro, arcediano de Almazán, Gerardo, arcediano de Medina, Juan, abad de Sacramenia y Benedicto, abad de Sotosalbos. El resultado fueron veintisiete declaraciones juradas en la mayoría de las cuales se exculpaba al obispo de Segovia de malos usos en el reparto de rentas y beneficios; se aseguraba la perseverancia en el concubinato de la clerecía segoviana a pesar de haber sido causa de castigo y admonición por parte de los obispos segovianos anteriores a Gerardo desde hacía aproximadamente unos cincuenta años; se confirmaba la existencia de una conjura nacida en Sepúlveda contra el obispo Gerardo originada en la prohibición del concubinato y extendida por toda la diócesis y fundamentada en las supuestas malas prácticas del obispo en la gestión económica de rentas y beneficios; se aseveraba, por último, que el obispo nunca tuvo conocimiento de la querella planteada contra él por los conjurados, impidiéndole defenderse. Además, rechazaba que los clérigos excomulgados tras el día de San Juan no hubieran sido advertidos previamente por el obispo con reiteradas misivas al respecto.
A tenor de la documentación existente en el Archivo de la Catedral de Segovia, la pesquisa llevada a cabo por el obispo Gerardo no obtuvo fruto alguno. El Papa Honorio III depuso a Gerardo, con el apoyo del recién coronado rey Fernando III, nombrando administrador de la diócesis de Segovia a Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. Este último optó por derogar todas las decisiones aprobadas por Gerardo, provocadoras de la conjura contra su persona, aduciendo como causa del comportamiento del obispo Gerardo la enajenación mental. Sorprendentemente, en el documento firmado por Rodrigo Jiménez de Rada por el cual se deponía a Gerardo a causa de su supuesta enajenación, en ningún momento se citaba a las concubinas. Fechada en Pedraza, la carta aludía a las quejas sobre los áureos que Gerardo percibía de los sacerdotes y poco más43.
Un día después de sancionar el anterior documento, Rodrigo Jiménez de Rada emitía similar documento en Sepúlveda, aboliendo las supuestas decisiones tomadas por Gerardo de carácter económico sin mencionar en párrafo alguno el enfrentamiento por la concubinas, como ya había ocurrido en Pedraza44.
Unos meses más tarde, en concreto el 4 de septiembre de 1218, el arzobispo de Toledo emitía dos sentencias para que el clero de Pedraza volviera a cumplir con el pago del impuesto del catedrático y demás derechos del obispo de Segovia, los famosos abusivos áureos achacados a Gerardo45. En 1220, el arzobispo de Toledo, refrendado por los Obispos de Osma, Plasencia y Calahorra, anulaba todas las normas establecidas por el obispo Gerardo en su famoso sínodo de $1 2 1 6 ^ { 4 6 }$ . En 1221, el rey Fernando III restablecía la normalidad impositiva en los términos y territorios de la diócesis de Segovia47, mientras que Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, finiquitaba temporalmente el conflicto jurisdiccional de la clerecía segoviana48. Obviamente, la rebelión de los clérigos segovianos pudo ser atajada con la deposición del obispo Gerardo. Éstos volvieron a su modelo impositivo y, a cambio, la práctica del concubinato se mantuvo en la alegalidad acostumbrada.
En 1224, tras la muerte del obispo incapacitado Gerardo, la elección de uno nuevo se convirtió en un enfrentamiento interno que colapsó la diócesis de Segovia. El 3 de abril emitía el Papa Honorio III una carta al rey de Castilla, Fernando III, para solicitar la aprobación de éste a la elección del maestre Bernardo49, a la vez que, un mes más tarde, recomendaba a los obispos de Cuenca y Burgos la defensa del nombramiento del nuevo obispo de Segovia50. Teniendo en cuenta los problemas que habían precedido a la elección del nuevo obispo, la pacificación de la diócesis debió resultar primordial. A tenor de la escasa documentación existente al respecto, parece lógico pensar que, existiendo un claro problema de fondo en lo que se refería al reparto de beneficios y jurisdicciones de la diócesis de Segovia, así como una práctica generalizada del concubinato, perseguida tradicionalmente por la ortodoxia romana, se debió llegar a un quid pro quo. En ese sentido se pueden entender las cartas de concordia de Rodrigo Jiménez de Rada entregadas en Pedraza y Sepúlveda y la posterior anulación de las decisiones tomadas en sínodo por Gerardo51.
Ahora bien, la pacificación de la diócesis hubo de ser transitoria a la fuerza, pues ni el reparto de beneficios había sido solucionado respetando la equidad que podría esperarse en las prácticas extractivas, ni se había modificado dogma alguno en el tratamiento del concubinato. Por tanto, la elección de Bernardo, a pesar de realizarse según los cánones establecidos, se llevó a cabo en una coyuntura muy inestable. A lo largo de 1226 y principios de 1227, el Papa Honorio III se esforzó en presionar a la clerecía segoviana para que aceptara la situación con el nuevo obispo y restituirle, de paso, los beneficios que los clérigos habían secuestrado en el enfrentamiento con el obispo Gerardo tras la ruptura de las barraganas52. El 16 de enero de 1227 emitió el papa una bula conminando a la clerecía segoviana a aceptar y prestar rendida obediencia al obispo electo Bernardo53. Parece lógico pensar que, estando las rentas en su mayor parte en manos de los territorios diocesanos, resultaba muy difícil retornar a un modelo contra el que se habían rebelado. A pesar de haber derogado el arzobispo de Toledo todas las constituciones del sínodo de 1216, la vuelta al modelo anterior tampoco debió satisfacer a los clérigos.
A todo ello habría que sumar las consecuencias del Concilio Nacional de Valladolid, presidido por Juan de Abbeville, obispo de Sabina y legado papal en
$1 2 2 8 ^ { 5 4 }$ , quizás con los problemas de la diócesis segoviana en mente. En el dicho concilio se atacaron muchos de los problemas de convivencia y comportamiento social del clero castellano, indudablemente en la línea del IV Concilio de Letrán, entre ellos las prácticas de concubinato, prohibidas taxativamente. Como es lógico pensar, la prohibición generalizada de la convivencia con concubinas situó a la clerecía segoviana en el punto de partida del sínodo del obispo Gerardo, doce años antes, colapsando el referido y plausible quid pro quo que había mantenido la tenue estabilidad de la diócesis esos pocos años tras la deposición de Gerardo.
La división provocada por el descontento se transformó en un fraccionamiento de la unidad eclesiástica que degeneró en una inestabilidad permanente. El maestre Bernardo, pese a cumplir con los requisitos y superar la elección, vio cómo su diócesis, dividida en bandos, no le reconocía como obispo. Tuvo que ser el mismísimo Papa Honorio III quien mediase en el enfrentamiento y obligase a la diócesis a aceptar a Bernardo como nuevo obispo, tal y como ya se ha dicho55.
La situación del nuevo obispo, tras la mediación del Sumo Pontífice, era de extrema debilidad. La rebelión de gran parte de los integrantes de la diócesis y su negativa a reconocer a éste como regidor del señorío provocó el nombramiento de una mesa colegiada integrada por el obispo de Cuenca, el deán de Toledo y el arcediano de Huete56. Éstos tuvieron la responsabilidad de regir la diócesis segoviana entre la muerte de Gerardo y el acceso efectivo a la dignidad del maestre Bernardo, fiscalizando lo hecho y restituyendo la dignidad del obispo electo.
Lo insostenible de la situación hizo que Bernardo tratara de apaciguar su diócesis y buscara el perdón supremo en 1227 a la rebelión a través de la máxima instancia, el Papa Gregorio IX:
“De subditorum tuorum salute sollicitus suplicasti ut cum eorum aliqui pro inectione manuum violenta vel etiam alias inno dati excomunicationis vinculo vel suspenti sacros susceperint ordines et diuina officia celebraverint dispensandi cum illis licentiam tibi concedere dignaremur57”.
Aunque el perdón concedido facilitó la conciliación en la diócesis, no solucionó el problema, principalmente porque era una situación sin salida posible. La controversia social había derivado en territorial, requiriendo la intervención real, lo que no se produjo dados los graves y acuciantes problemas existentes en el reino, como la guerra señorial entre los Haro y los Lara o la sucesión a los reinos de Castilla y León. No fue hasta 1239 que Fernando III, solventadas las turbulencias, fijó los mojones jurisdiccionales segovianos, derogando, de paso, cualquier legislación anterior58.
Sin embargo, el problema interno de la diócesis quedaba irresoluto, dado que la competencia del rey no alcanzaba a solucionarlo, puesto que atañía al obispo segoviano. Como éste había obtenido la dignidad con la oposición de gran parte de sus subordinados, la solución a la querella pasó por la intervención externa ante el debilitamiento continuado de las estructuras internas de la diócesis segoviana.
Que no aparezca referencia alguna a la normalización del concubinato induce a pensar que, si bien el problema seguía subyaciendo como causa particular de la actitud de la clerecía segoviana, éste había derivado en un problema social donde el reparto de las rentas había tomado carácter básico en la querella entre obispo, cabildo y clerecía. Y todo ese problema, el gravis querelle scandalum que referían los documentos59, quedó reducida básicamente a un supuesto caso de abuso en el reparto de las rentas institucionalizado por los obispos segovianos desde finales del siglo XII.
Las quejas de los integrantes de la diócesis, de aquellos que formaban parte de la mesa capitular, se centraban en que el obispo alargaba de forma premeditada las vacantes, disfrutando, de ese modo, de las rentas correspondientes al no estar cubiertas esas plazas. No cubriendo las vacantes, el obispo incrementaba su peculio personal con las rentas destinadas a cumplimentar esas labores, descrito en esos términos por Diego de Colmenares60.
Esta pestilencie corruptela61 era, en resumen, una práctica corrupta dentro de un sistema irregular. Si el proceder del obispo era cuestionable, no lo era menos todo el sistema de captación de rentas desde el punto de vista de la mesa capitular. La única diferencia radicaba en que, en este caso, el procedimiento era privativo del obispo.
Atendiendo a las vías de financiación del obispado, había dos caminos principales de explotación de los recursos que los privilegios confirmados le otorgaban. Por un lado, la jurisdicción eclesiástica en todos los concejos que bajo la estructura diocesana se hallaban, le reportaba los impuestos establecidos por ley, generalmente los pechos sobre las heredades que tuviesen los segovianos, moradores del concejo y vecinos, en las villas del obispo y del cabildo. En el caso de la diócesis segoviana, ya aparecía claramente establecido en 1221 en el mandato de Fernando III al entonces obispo Gerardo62.
Estos pechos no afectaban a aquellas villas y tierras en régimen de señorío eclesiástico como eran, por ejemplo, Turégano, Caballar o Alcazarén. En esas tenencias episcopales los impuestos, proporcionales o no, carecían de sentido por pertenecer de facto al obispado, siendo explotadas económicamente por el titular del señorío. Los asentados en esas explotaciones, ya fueran agrícolas o ganaderas, recibían parte proporcional de las ganancias obtenidas. El obispo, titular del señorío, entregaba las tierras para su explotación en régimen de tenencia prestada u otorgada, llamada prestimonial, la segunda de las vías básicas de financiación de la diócesis segoviana.
Por tanto, las rentas de la mesa capitular se componían de los ingresos provenientes de los impuestos proporcionales de las circunscripciones de la diócesis o collationes y de la explotación delegada de las tierras patrimoniales o prestimonium. El montante total o distributiones se dividía en partes para abonar lo que de derecho correspondía a todos los integrantes de la diócesis segoviana. Era evidente, en consecuencia, que el obispo, al no cubrir las vacantes, malversaba los fondos de la mesa capitular en beneficio propio.
Ahora bien, de haberse tratado de un hecho puntual, sustituyendo al obispo corrupto se habría terminado el problema. Sin embargo, como señalaron los testigos más viejos interrogados en las pesquisas encargadas por el obispo Gerardo, las prácticas en la gestión de las rentas del señorío habían sido las mismas desde los tiempos del obispo Vicente (1154-1156)63. La posterior reordenación total de la diócesis de 1247 mostró que la problemática era mucho más profunda64.
Tras la constitución aparentemente definitiva de los términos concejiles por parte de Fernando III, el obispo Bernardo vio cómo la disputa por la zona sur de su diócesis quedaba resuelta y su jurisdicción, restablecida. Correspondía, por consiguiente, designar los nuevos cargos destinados a esos territorios, fijar los impuestos y demás rentas para proceder a la distribución ordinaria. Sorprendentemente, el obispo no cubrió las vacantes, dejando las rentas sin dueño.
La reacción de la clerecía segoviana no se hizo esperar. La queja por la no provisión de las nuevas vacantes llegó rápido a Toledo y de allí pasó a Roma. El Papa Inocencio IV delegó en el cardenal primado de Lyon, el castellano Gil de Torres. Éste, conocedor del enconado problema, comisionó al deán y arcediano de Segovia más el arcediano de Sepúlveda para que valorasen el montante total de las rentas del cabildo, corazón de la querella interna. El informe debió mostrar la naturaleza territorial de la disputa, aconsejándose un acuerdo interno basado en el consenso de la mesa capitular. Tal acuerdo se produjo en 1247, siendo enviado al cardenal Gil de Torres para su aprobación65.
Como se aprecia en la tabla número 6, no aparecían consignadas las retribuciones del obispo de forma explícita. Además, tampoco se aludía al destino de las rentas obtenidas en puestos vacantes, lo que hace suponer que engrosaban las remuneraciones del obispo.
Ahora bien, el problema básico de este sistema de distribución de rentas se presentaba cuando un territorio perteneciente a la diócesis en litigio con otra jurisdicción vecina se perdía. Tal situación se produjo a finales del siglo XII entre el obispado de Segovia y el de Palencia, enfrentados por la jurisdicción sobre las villas de Portillo, Tudela y Peñafiel. La disputa finalizó con la entrega de la jurisdicción eclesiástica sobre esos territorios al obispo de Palencia a cambio de un pago condicionado de cien áureos o la jurisdicción sobre la villa de Rivas, en las cercanías de Madrid66. La consecuencia de esa corrección jurisdiccional llevaba añadida una nueva distribución de las rentas o, al menos, una reubicación de los beneficiarios asociados a los territorios perdidos.
La misma consecuencia tenía la pérdida de la capacidad impositiva de determinados territorios, bien por las malas cosechas o la no explotación del terreno – sterelitas possessionum–, bien por la pérdida de población campesina debido a variaciones demográficas de cualquier índole –raritatem inhabitatium67– o, simplemente, por la negativa de los campesinos a realizar el pago de los pechos. Por ese motivo la diócesis buscó el respaldo del poder real para asegurar sus ingresos mediante la coacción de incurrir en la ira regia si no se cumplía con los pagos:
Mando quidem et concedo quod quicumque homines de Secovia vel de aliis locis undecumque sint qui habuerint hereditatis in villis episcopi vel canonicorum de Secovia quod pectent pro illis in omnibus pectis que habitatores predictam villarum pectaverint68.
En ambos casos el obispo se enfrentaba a la referida reordenación de rentas obligada. Por lo expresado en la documentación, el obispo de Segovia, seguramente Gerardo, en el famoso sínodo tras el que fue incapacitado, tomó la decisión de detraer parte de las asignaciones de cada canónigo, racionero y socio con el objeto de solucionar tales conflictos, como quedó reflejado en la auditoría llevada a cabo por petición expresa del cardenal Gil de Torres. La aplicación de este irregular impuesto, sancionada por el electo obispo Bernardo y corroborada por el cabildo, no sabemos bien en qué condiciones, no satisfizo al cardenal Gil de Torres, que lo rechazó y remitió nueva bula de retorno con alteraciones sustanciales en los montantes de rentas y distribución de éstas.
En cualquier caso, el reparto que el cabildo y el obispo Bernardo habían presentado al cardenal Gil de Torres y que éste había rechazado taxativamente presentaba un reparto personalizado, cuando lo que la diócesis precisaba era un procedimiento normalizado, un reparto asociado a la dignidad y al territorio y no a la persona. El cardenal Gil de Torres optó por realizar una nueva distribución con carácter de obligatorio cumplimiento69, asociando las rentas al territorio, quedando fijadas las cuantías correspondientes a cada jurisdicción menor. Dividió la diócesis en tres grandes áreas encabezadas por un arcediano: Sepúlveda, Cuéllar y Segovia. Cada distrito debía abastecer la estructura que soportaba, esto es, los arciprestazgos y sus dependencias locales. De este modo, los arcedianatos se repartían los arciprestazgos existentes. Cada arcedianato y arciprestazgo tenía una serie de impuestos exclusivos destinados a cumplimentar la distribución correspondiente a las cabezas de distrito.
Tabla 2. Rentas en litigio y raciones prestameras devengadas a canónigos, racioneros y familiares

Nombre	Renta en litigio	Racionprestameradevengada
Rodrigo,dean de Segovia	14 msy14 sueldos
Tesorero	Faltan 135 ms sin saberprocedencia
Pascual Justo,canonigo	11 ms.2 sls.9 d.
Pedro Redondo,canonigo	6 ms.11 sls.9 d.
Pedro Fernandez,canonigo	22 ms.11 sls.
Domingo Gentil, canonigo	11 ms.11 sls.3 d.
Pedro Guillermo,canonigo	15 ms.3 sls. 9 d.
Lazaro,canonigo	10 ms.7 sls.6 d.
Canónigo Peregrino Mayor	5 ms. 11 sls. 3 d.
Pedro Alvaro,canonigo	12 ms. 12 sls 6 d.
Rodrigo Burgos,canonigo	4 ms.9 sls 4 d.
Pedro Garcia, canonigo	7 ms 7 sls 6d.
Bartolomé mayor,canonigo	4 ms.7 sls 6d.
Diaz,canonigo	4 ms.3 sls.9 d.
Gonzalo,canonigo	4 ms.7 sls. 6 d.
Domingo Blas,canonigo	（	4 ms.7 sls. 6 d.
Briz,canonigo	7 ms.7 sls.6d.
Domingo de la Hoz,canonigo	10 ms.
Miguel Dominguez, canonigo	3 ms.5 sls.
Vacante	13 ms.

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Elaboración propia. Fuente ACS, c. 21, $\mathbf { n } ^ { \circ } \boldsymbol { 1 }$ .

Domingo Dominguez,racionerodel obispo	7 ms. 7 sls. 6.d.
Bartolomé,racionero del obispo	7 ms.7 sls.6 d.
Pedro Fernandez,canonigo minor	7 ms.11 sls.3 d.
Bernardo Calatayud,canonigo	8 ms.7 sls. 6d.
Sancho de Juan,maestre	5ms.
Pedro Martinez,canonigo	15 ms.
Sancho de Altar,canonigo	6 ms.7 sls.6d.
Pedro Quirico,canonigo	8 ms.3 sls.10 d.
Gil Munoz, canonigo	3ms.
Pascual Sanchez, canonigo	3 ms.10 sls.
Sancho Dominguez,racionero	4 ms.7 sls.6d.
Maestre Garcia,racionero	7 ms.7 sls 6d.
Arnaldo Ponce,racionero	5 ms.9 sls.2 d.
Domingo Pérez,agrimensor delarcediano	7 ms.
Domingo Garcia,racionero	4 ms. 7 sls.6 d.
Clemente,racionero	6 ms.7 sls. 6 d.
Peregrino Menor	1 ms.3 sls.12 d.
JuanPérez racionero del dean	2 ms.
Nicolas Sanchez,racionero	3 ms.9 sls.
Miguel, canciller	4 ms.
Gunterio	3 ms.9 sls.
Garcia Roberto	1 ms.10 sls. 6 d.
TOTAL	149 ms. 14 sls.	269 ms.10 sls.9 d.

.
Por otra parte, el obispo y el cabildo catedralicio se repartían las rentas de la diócesis. Los pagos especiales asociados a la explotación de la tierra o a la aportación de trabajadores de la misma, como la matinada, la huebra o aniversarios, así como las rentas perpetuas a los socios y familiares de determinados eclesiásticos muertos, llamadas heredamientos, se percibían de modo proporcional y fijo en base a las rentas establecidas, diferenciándose las rentas fijas de las post obitum, las más controvertidas de todas70.
Curiosamente, el cardenal Gil de Torres, además de establecer un nuevo modelo de distribución de las rentas que fuera, si no ecuánime, sí estable para la diócesis segoviana, definió en una última bula algunos aspectos del comportamiento social. Como ya se ha dicho, en ningún documento de la serie del cardenal Gil de Torres se alude al problema del concubinato, la práctica de matrimonio alegal establecida entre la clerecía segoviana. Por ello sorprende que esa bula final mostrara las quejas del cardenal acerca de la solicitud con que convivían hombres y mujeres, muchas de éstas al servicio de los canónigos. No se trataba, indudablemente, de un ataque explícito a la práctica del concubinato, sino más bien de una llamada de atención a los clérigos. No veía bien el obispo que laicos casados frecuentaran la canonjía y que mujeres viudas o separadas de sus maridos se personaran por allí, clara alusión a las concubinas. Llama poderosamente la atención que el cardenal tomara la decisión de prohibir la presencia de mujeres en la canonjía viviendo con canónigos o laicos, excepto aquellas que por su natural fealdad no levantasen sospecha alguna:
Tabla 3. Distribución de las rentas por el cardenal Gil de Torres. 14 de septiembre de 1247.
Fuente: ACS, c. 21, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } 2 , 3 \boldsymbol { \mathrm { y } } 4$

Canonigos	2 267 ms 3 sls.
Deanes	779 ms.10 sls.2 d.
Racioneros	806 ms 11 sls 3 d.
Socios	911 ms.12 sls 6 d.
Refitor	1142 ms.7 sls.2 d.
Vestuario	390 ms.13 sls.
Huebra	121 ms. 12 sls. 1 d.
Matinada	98 ms.3 sls.9 d.
Aniversarios de los padres del obispo Gonzalo II	27 ms.4 sls. 11 d.
Mozos del coro	67 ms.2 sls. 6d.
TOTAL	10 983 ms.5 sls.4 d.

“Quod nulla mulier cohabiter canonicis seu laiciis ecclesie vestram vel extra claustrum. Illis dummetaxet exceptis in quibus naturale pohedus nichil permitat seu omnis suspicati.” “Quod laici uxorati vidue vela lie mulieres separatim, non habitant infra claustrum71”.
Prohibición sutil del concubinato de forma indirecta, como puede apreciarse, sin mencionarlo. Sutileza que, por otra parte, nunca comprendió Gil de Torres en la práctica de los canónigos segovianos de criar cerdos en el claustro de la Catedral. No era de extrañar si se tenía en cuenta la importante aljama judía de Segovia, la cercanía de ésta con la catedral, la proximidad entre mercados, matadero, zoco y alcázar y la presencia documentada de judíos en casi todas las parroquias cercanas y colindantes con la catedral 72.
3. CONCLUSIONES.
Indudablemente lo ocurrido en la diócesis de Segovia tuvo mucho que ver con el proceso evolutivo de los modelos económico-sociales de los señoríos eclesiásticos, común a tantas otras diócesis castellanas desde finales del XII a principios del XIV. Sin embargo, en el momento de concluir, sería interesante reflexionar este caso desde un punto de vista más poliédrico.
Si bien es cierto que los enfrentamientos entre el obispo y sus principales canónigos se centraron jurídicamente en un evidente desacuerdo en el modelo extractivo del señorío, también lo es que las causas que provocaron tal desencuentro trascendían a lo meramente económico.
El establecimiento de un modelo de conducta social para el clero, perseguido por los padres de la iglesia católica desde los orígenes de la misma, no se conformó tras un concilio o un sínodo concreto. La consecución de ese modelo de conducta fue estableciéndose de forma evolutiva y tras no pocos enfrentamientos. Desde el concilio de Elvira en el siglo IV hasta Letrán IV de principios del siglo XIII, la iglesia católica trató de imponer el celibato entre la clerecía cristiana, asociando las relaciones sexuales a la debilidad y la pureza y, por extensión, al matrimonio, como medio permanente de mantener ese tipo de contacto impuro entre hombres ordenados y mujeres. No obstante, la relación entre clérigos y concubinas − mucho mejor que el despectivo barraganas−, se acercaba mucho más a una relación social que a una carnal, a una estabilidad personal sobre la que construir una familia cristiana. No se trataba de una desviación pecaminosa del clero hacia la sexualidad descontrolada como se describía en los cánones de los concilios y sínodos citados a lo largo del presente artículo. Más como matrimonios encubiertos o alegales deberían entenderse y, por ello, su prohibición taxativa por parte del obispo Gerardo desató una verdadera rebelión entre la mayor parte de la clerecía segoviana.
No cabe duda, por otra parte, de que la inexistencia de un modelo estable social es también aplicable al modelo económico-extractivo de la diócesis segoviana y, por extensión, castellano. Los problemas existentes en Segovia se produjeron de forma similar en Ávila. Prueba de ello fue que Gil de Torres hubo de legislar un modelo económico allí igualmente.
Es evidente, desde un punto de vista casuístico, que las constantes fluctuaciones en la captación y gestión de las rentas asociadas a la diócesis tuvieron una directa relación con la situación de la jurisdicción correspondiente, sometidas a cambios periódicos en el reparto. Estos cambios estaban provocados por la propia idiosincrasia del señorío eclesiástico y la jurisdicción diocesana, formados a principios del XII bajo el amparo del concejo de Segovia, ampliada su competencia por la Corona, y durante mucho tiempo en la frontera, en la Extremadura castellana. Esa situación fronteriza de la jurisdicción segoviana, mientras duró, generó una competencia permanente con los territorios vecinos y la lucha con todos ellos por la captación del excedente agrícola del que se nutrían, dificultó de forma evidente el establecimiento de un modelo normalizado, sometido de forma continua a vicisitudes imprevistas. El proceso de implantación de la jurisdicción diocesana de Segovia chocó de forma directa con las diócesis de Palencia, al norte, y Ávila al oeste, además de con la absoluta indefinición del alfoz madrileño, establecido por Fernando III ya en el siglo XIII.
La lucha por las rentas que provocaban los cambios territoriales, respondía a las evidentes dificultades que conllevaba el establecimiento de un sistema político, social y económico feudal en la frontera castellana. Evidentemente, los sucesivos obispos y cabildos de Segovia, lucharon por instaurar un señorío eclesiástico que sustentara sus necesidades. No obstante, esta superestructura llevaba de forma inherente la volatilidad consecuente a la constante competencia, siendo el motor casuístico, por tanto, la indefinición jurisdiccional generada por el avance conquistador-repoblador del Reino de Castilla. Esto hizo que se perpetuara e, incluso, enquistara en buena parte del término del concejo de Segovia durante la segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII, especialmente entre 1208 y 1239. Las ordenaciones previas, como la llevada a cabo por Alfonso VIII a principios de 1208 quedaron obsoletas. El nuevo escenario y la inestabilidad que generó impidieron que se reordenara jurisdiccionalmente el territorio en litigio entre los concejos de Segovia y Madrid, y sólo la retahíla de querellas entre ambos concejos provocó la intervención en 1239 de Fernando III, quien estableció los mojones de término definitivos. Lo mismo podría decirse de las disputas jurisdiccionales entre las diócesis de Segovia, Palencia y Ávila, solventadas unas por la mediación regia y otras por la intervención papal.
Quizás esa indefinición estructural provocada por la evolución constante de los diferentes modelos castellanos a lo largo del siglo XII y primera mitad del siglo XIII, retrasó la implantación de un modelo de conducta social cristiana propugnado desde los orígenes del cristianismo y siempre en disputa. Una vez establecidos los modelos económicos y políticos, sin duda, habría llegado el momento de hacer lo mismo con los aspectos sociales. Esa volatilidad de las estructuras diocesanas y la falta de una programación provocaron el afianzamiento de unas costumbres no jurídicamente legales pero sí consentidas por la sociedad y el poder político, como era el caso del concubinato. Legislar directamente contra ello y no educar en el desuso del mismo condujo a ese tipo de enfrentamientos irresolutos como el acaecido en Segovia.
Desde el punto de vista económico las consecuencias fueron graves. Al existir un enfrentamiento de carácter puramente social entre clerecía y obispo, el desencuentro se trasladó a lo económico, tratándose de salvar las costumbres adquiridas a través de una conjura sustentada en la mala praxis económica de la diócesis. Las dificultades inherentes al territorio, conocidas y aceptadas en el pasado por la clerecía, se convirtieron en caballo de batalla. La fluctuación del territorio generó además un problema de pérdida de yacimientos extractivos para la diócesis, lo que fue utilizado por los clérigos de la diócesis de Segovia como base para una querella por mala gestión de los recursos de la diócesis por parte de los obispos.
Los territorios habían menguado y el obispo tenía que repartir en cualquier caso las rentas, pero al estar en querella parte del término con otros señoríos y jurisdicciones diocesanas hubo sin duda de redistribuir los recursos provenientes de los territorios dentro de la diócesis que sí estaban claramente definidos. Del mismo modo, los puestos presbiterales correspondientes a la zona en disputa quedaron obligatoriamente vacantes. Como consecuencia lógica, el montante de las distribuciones de rentas se redujo, siendo tal circunstancia la que aprovecharon los clérigos conjurados desde 1218 para llenar las diócesis de Segovia de querellas internas protagonizadas por la distribución de las rentas; que arzobispos de Toledo y demás dignidades tuviesen que gobernar en Segovia; y que, finalmente, el propio Papa se viese en la obligación de mediar en el conflicto que estalló tras la elección del maestre Bernardo como obispo.
La consecuencia lesiva principal del caso fue la injerencia en el funcionamiento interno de la diócesis que supuso la actuación del cardenal Gil de Torres, amén de la reforma de las costumbres y usos tradicionales que, como era lógico, finalmente llegó. La distribución llevada a cabo, por tanto, no contemplaba cambios sustanciales en la repartición y redistribuía las rentas provenientes de la diócesis. Sin embargo, Gil de Torres se cuidó de establecer un modelo territorial de arcedianatos divididos en arciprestazgos fijos, así como de fijar el número de canónigos, racioneros y medio racioneros segovianos, decisión que simplificó la gestión económica de la diócesis de forma casi definitiva. Esta intromisión vulneró el procedimiento establecido por la ley canónica, que otorgaba al obispo diocesano la potestad legislativa, quien además, respetando las leyes, se servía del citado poder para gobernar en sus territorios. En resumidas cuentas, el cardenal Gil de Torres suplantó al obispo en sus funciones y, apoyado en la opinión de tres subordinados de éste, reorganizó la diócesis. Si bien la intervención papal supuso el fin de una querella continuada durante casi medio siglo, en cierta medida sirvió también para debilitar la posición de un obispo enfrentado a sus inmediatos subordinados.
El obispo Bernardo murió en 1248, al año de promulgarse la concordia papal. Fue sucedido por el deán Rodrigo quien, a su vez, murió en 1249. En 1250 ascendió a la cátedra de Segovia el notario del rey, Raimundo, futuro arzobispo de Toledo. No hubo más distribuciones de mojones, disputas por el territorio, ni reordenaciones internas de la diócesis en lo que quedaba de siglo ni en todo el siglo siguiente. Seguramente, la desaparición de Segovia, Ávila y Madrid de la frontera castellana y la estabilización territorial que la basculación de ésta hacia el sur sufrió tras la caída de al-Andalus, tuvieron que ver en ello.
En lo que se refiere al caso de las concubinas, ningún documento posterior del Archivo de la Catedral alude directamente a reedición alguna de querellas a causa de clérigos concubinarios o legislaciones al respecto. Sin embargo, en el Archivo Diocesano de Segovia, se conserva una real provisión de los Reyes Católicos73, datada el 23 de septiembre de 1478 en Sevilla, donde se anulaba para la diócesis de Segovia la ley del “marco de plata”, instituida por Juan I en las Cortes de Briviesca de
1387, que obligaba a prender a las concubinas de los clérigos, quedando sin valor la pena de destierro para los condenados por ello. Queda claro, por tanto, que pasarían aún muchos años antes que el celibato fuese asumido institucionalmente por la clerecía segoviana, reflejo evidente de la tendencia social en la Castilla bajomedieval.
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