Los entramados empresariales para la explotación del carbón en Asturias a mediados del siglo XIX.
The entrepreneurial markets for the exploitation of coal in Asturias in the mid-XIX century.
Resumen: La legislación minera en España impidió desde los inicios la cristalización de empresas hulleras con un tamaño siquiera comparable al que tuvieron en otros países europeos, comprometiendo así su viabilidad. Esto generó una compleja red de sociedades instrumentales. Por otro lado, fue frecuente la fórmula del arriendo de tareas, por la que pequeñas empresas o grupos de trabajadores subcontrataban labores de las grandes sociedades. Ambos fenómenos apenas están estudiados.
Palabras clave: clave: carbón; minas; siglo XIX; legislación; Asturias.
Abstract: Mining legislation in Spain prevented the consolidation of coal companies with a considerable size, as they had in other European countries, hindering for this reason their viability. This generated a complex network of instrumental societies that had not been studied until now. On the other hand, leasing tasks was frequent, through which small companies or groups of workers subcontracted the work of the big companies.
Keywords: coal; mines; XIXth century; legislation; Asturias.
Sumario: Introducción, 1. Las compañías instrumentales de registro y denuncio minero; 2. ¿Productores o especuladores? El papel de las grandes empresas; 3. Empresas cesionarias, arrendatarias y subcontratistas del arranque del cargón (subletting of labor); Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
Las primeras medidas impulsoras y en parte modernizadoras de la actividad minera en nuestro país emanan del Real Decreto del 4 de julio de 1825, conocido como Ley de Minas, que inició un tímido proceso liberalizador de la explotación del subsuelo1 . El decreto estaba fuertemente influenciado por las ideas de su principal inspirador, Fausto Elhuyar, que trasladaba su experiencia como presidente del Tribunal de Minería de México a la incipiente legislación española.2 Esto explica que privilegiara el minifundio contrario a la constitución de grandes empresas capitalistas mineras, tratando de evitar la creación de vastas concesiones que apenas se explotaban porque sus fines eran la especulación a corto plazo3 . Por otro lado, este esquema minifundista resultaba apto para los minerales preciosos en América ―que podían resultar rentables a pequeña escala― pero no tanto para el carbón en el viejo continente, donde además los inversores extranjeros estaban acostumbrados a ese modelo de gran empresa frecuente entonces en Europa.
Según el artículo 10 de la Ley de Minas, cada concesión tendría una superficie máxima de 200 por 100 varas castellanas, lo que equivale a 1,39 hectáreas. Por otro lado, el artículo 13 prohibía que un mismo propietario reuniese más de dos concesiones contiguas salvo en el caso de haberse descubierto un criadero nuevo o el de reanudar los trabajos en establecimientos mineros previamente abandonados. Entonces se podrían otorgar hasta tres concesiones o pertenencias colindantes; o en el caso de empresas de por los menos tres socios hasta cuatro pertenencias contiguas en la misma concesión. Se establecía una contribución anual muy elevada, de 1.000 reales por cada mina y un $5 \%$ del beneficio de las ventas. Además, se obligaba a comenzar las labores de beneficio en el término de 90 días desde su concesión y a tenerla poblada, es decir, con al menos cuatro operarios trabajando. Se entendía que una mina quedaba abandonada cuando se suspendían los trabajos en ella durante cuatro meses continuos u ocho interrumpidos en el plazo de un año. Esto entorpecía que los grandes capitales necesarios para la extracción rentable del carbón acudiesen a invertir. Por esta causa entre otras los inversores belgas y españoles que fundaron la Real Compañía Asturiana de Minas exigieron una serie de privilegios al margen de la legislación vigente, como por ejemplo la posibilidad de reunir un gran número de concesiones y la exención de los gravosos impuestos4 .
Las peticiones de algunos empresarios carboneros catalanes5 , así como la presión ejercida ante el gobierno por el entonces Inspector del Distrito de Asturias y Galicia, el ingeniero Guillermo Schulz6 , conseguirán que ―mediante Reales Órdenes del 11 de septiembre de 1836 y del 20 de julio de 1837― se amplíen las dimensiones de las minas de carbón hasta un paralelogramo de 600 por 100 varas castellanas, es decir unas 4,2 hectáreas, pudiéndose demarcar unas a continuación de las otras, así como que se rebajase un $8 0 \%$ el gravamen de superficie. Pese a todo, el gran número de disposiciones restrictivas obligó a los capitalistas interesados en las minas asturianas a diseñar una estrategia para sortear estas medidas limitadoras del tamaño de las explotaciones.
La industrialización asturiana, incompleta, turbulenta y parsimoniosa, se vio impulsada en esta misma época por la prohibición de la importación de carbón que tuvo importantes idas y venidas en las décadas posteriores y la creación de la Dirección General de Minas7 . A partir de esta base se construirán los primeros elementos del despegue cuando en el período isabelino accedan al poder liberales que contemplaban la industria como un medio de promoción no sólo económica, sino también política y social. Hablar de industria en esta época era hablar de carbón y en eso Asturias abundaba8 , por lo que la región suscitó desde entonces una atención insospechada poco antes.
Sin embargo, muchos de los ojos que se volvieron hacia los yacimientos asturianos lo hicieron con un espíritu especulativo, pensando en hacerse con activos interesantes ad futurum, pues conocían las múltiples trabas que al desarrollo minero existían: unos transportes lamentables y la existencia de una pléyade de explotaciones de fortuna no conformes a la ciencia del momento que, llevadas a cabo por campesinos para completar sus ingresos, a menudo arruinaban los criaderos por su impericia y falta de previsión9 . Todavía en 1860 la mitad del carbón asturiano provenía de explotaciones como las descritas10. Había, pues, minas artesanales por llamarlas de algún modo y capitales a la búsqueda de inversiones rentables, pero en el terreno intermedio existían pocas empresas modernas realmente comprometidas en explotar carbón efectivamente por medios industriales. La única de entidad era la Real Compañía Asturiana de Minas que, por poner un ejemplo, había desplegado un precoz ferrocarril interior en 1837 bajo la dirección del belga Armand Nagelmackers11.
1. LAS COMPAÑÍAS INSTRUMENTALES DE REGISTRO Y DENUNCIO MINERO.
El primer capitalista que empleó todo un sistema organizado para saltarse la legislación de Elhuyar fue Alejandro Aguado, marqués de las Marismas, financiero sevillano residente en París. El 17 de marzo de 1838 Aguado se hizo con la contrata de construcción y explotación del Camino Carbonero, entre los ricos criaderos carboníferos de Sama de Langreo y el puerto de Gijón. Pero su plan era de mayor envergadura: contemplaba también la constitución de una gran empresa capaz de explotar las mejores minas de los municipios de Siero y Langreo, para lo que creó en París una veintena de sociedades con tres testaferros suyos al frente cada una, combinados de todas las maneras posibles12. De este modo cada sociedad podía registrar a su nombre cuatro concesiones contiguas, aunque finalmente sólo se servirá de cuatro de estas compañías instrumentales. Será D. Juan Abascal, intendente honorario de la Marina, ayudado por el propio inspector de minas de distrito Guillermo Schulz13, quien representando a las cuatro sociedades registre un total de 120 pertenencias en 30 criaderos contiguos, de modo que no se infringiese la legislación.
Las compañías instrumentales de Aguado registraron, en su mayoría, las antiguas concesiones que había explotado e investigado la extinta empresa pública de las Reales Minas de Langreo14. Parece ser que el Inspector del Distrito Minero de Asturias y Galicia, Guillermo Schulz, posiblemente influido por el propio gobierno de Madrid, no actuó con la imparcialidad que su cargo exigía, y facilitó la información minera precisa para que Aguado se hiciera con los mejores criaderos de carbón de los que se tenía conocimiento. La actuación contraria al espíritu de la ley de minas fue rápidamente contestada por algunos particulares y el Ayuntamiento de Langreo. Protestaban porque una compañía extranjera proyectaba apropiarse de las mejores minas de carbón de piedra, intentando establecer un monopolio atentando al Reglamento de Minas y con grave perjuicio para la industria de la provincia e incluso de la nación15.
La misma estrategia se usa a partir de 1841 por tres compañías distintas de tres miembros cada una y apoderadas por Tranquille-Louis de Morat, barón de Morat, en el concejo de Tudela16. Estas minas fueron estudiadas por los ingenieros británicos Michael Forster y Alexander Jamieson, así como el químico John Thomas Cooper. Los tres emitieron un Report on the coal mines and iron ores in the district of Tudela, in the Asturias in Spain, que se publicará en Newcastle y París en el año 1842, como base para la constitución de un gran proyecto minero-siderúrgico: Asturian Coal and Iron Company17. Paralelamente, en agosto de 1842, se constituyeron dos nuevas entidades instrumentales. Una de ellas capitaneada por el vizconde de Becdelièvre y en la que también participaban dos notables asturianos: el arquitecto Andrés Coello y el catedrático de la Universidad de Oviedo León Pérez de Salmeán, muy relacionado con los círculos mineros de la época18. La otra compañía estaba compuesta por John Langford, un inglés afincado en Asturias, el químico John Thomas Cooper y el barón de Morat, con la intención de llevar a cabo un metódico registro de las minas de hierro y carbón mejor situadas para desarrollar un proyecto minero-siderúrgico. Posteriormente, en mayo de 1843, entraron en acción dos nuevas sociedades; la primera estaba formada por el conde de Becdelièvre, el vizconde de Becdelièvre y el barón de Morat; la segunda por Morat y dos franceses residentes en Asturias.
En este estado de cosas, el 9 de septiembre de 1843 el vizconde de Becdelièvre, el conde de Hamal y el barón de Morat llegaron a un acuerdo en Londres con los representantes del proyecto de la Asturian Coal and Iron Company para ceder mediante arriendo de tipo enfitéutico por 2.000 años las concesiones mineras de las que eran propietarios en Asturias, así como de aquellas otras que pudieran obtener hasta la constitución definitiva de la sociedad anónima que tenían pensado crear. En contraprestación, la futura sociedad les otorgaría dos mil acciones, por un capital de veinte mil libras en concepto de gastos preliminares, así como una renta anual en función del rendimiento19. Además, el acuerdo incluía el compromiso de ceder quinientas acciones al conde de Caussans, sin especificar concepto20. En el contrato de cesión se incluyeron un total de veintisiete concesiones mineras21, es decir, las registradas por las compañías encabezadas por Morat, Becdelièvre y Langford, así como las de la compañía de Hamal, Morat y Becdelièvre. Estos serán los activos mineros de los que dispondrá la futura Asturian Mining Company.
De nuevo se volverá a utilizar el mismo sistema, en el mes de mayo de 1845, poco tiempo después de que el gobierno otorgara a Vicente Bertrand de Lis la concesión de un ferrocarril entre los ricos criaderos carboníferos de la cuenca del Nalón y el puerto de Gijón. En este caso será la compañía de Partington y Cía, que ya había llevado a cabo algunos registros en la zona oriental de la provincia, la que inscriba catorce criaderos en Langreo y San Martín y otros siete en Mieres22. Durante el mes de junio Guillermo Partington y Cía. continuó con su metódico registro de concesiones mineras en el valle del Nalón, haciéndose con cinco criaderos más en San Martín del Rey Aurelio y otro en Ciaño de Langreo23.
El 6 de junio de 1845, el grupo liderado por Partington suscribió un acuerdo ante el escribano madrileño Manuel $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ de Paz para ceder en arrendamiento cincuenta y cinco concesiones mineras de carbón, cobre, plomo y hierro en Asturias a inversores entre los que se encontraban el Capitán General asturiano Jerónimo Valdés Sierra, Vicente Bertrand de Lis y Rives, Pedro $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Fernández Villaverde y el también asturiano Felipe Canga Argüelles24. Junto con ellas se incluían también los materiales, caballos, herramientas y enseres correspondientes, así como los minerales ya extraídos. La intención de los arrendatarios era la constitución de una gran Sociedad Anónima con capacidad para explotar a gran escala todos los yacimientos conseguidos: el germen de lo que sería la Compañía MineroCántabra.
También a mediados de los años cuarenta comenzará su actividad de denuncia ―igualmente constituyendo compañías con personas de confianza para registrar minas adyacentes― la empresa encabezada por el ingeniero francés Adrien Paillette, que registró cuatro minas de carbón en Siero y.
Cabranes el 17 de diciembre de $1 8 4 5 ^ { 2 5 }$ . Paralelamente impulsó la fundación de la Compañía Especuladora por parte de Elías Sampil, José Palacios y Manuel Álvarez26 y el 13 de noviembre creó la Sociedad Minera Investigadora junto con Esteban Ricard y Elías Sampil27. Estas compañías traspasaron todas sus concesiones mineras a la empresa constituida por Fabian Jacquet y el financiero francés Adolphe D’ Eichthal.
Contrariamente a lo esperado por las empresas y los propietarios mineros, la nueva Ley de Minas de 11 de abril de 1849 volvía a consagrar el minifundio minero. Así, en su artículo 11 establecía que las concesiones de carbón no podrían exceder de 600 varas castellanas $5 0 2 { \mathrm { ~ m } } .$ ) de largo por 300 $( 2 5 1 \mathrm { m } .$ ) de ancho y además indicaba que “No podrán concederse sobre un mismo criadero a una sola persona más de dos pertenencias contiguas, y tres, si fuere una sociedad de cuatro o más personas”, por lo que incluso se restringía el número de concesiones contiguas y además se aumentaba a cuatro el número de los socios necesarios. Esto alentó las prácticas que se vienen describiendo. Un buen ejemplo son las tres sociedades de cuatro miembros cada una que constituyó, en 1852, el escribano José González Longoria: Ovetense, Prosperidad y Exploradora, que se dedicaron a ceder sus minas a grandes empresas28. Esta práctica se mantendrá hasta la promulgación de la Ley de Minas de 6 de julio de 1859, en la que se ampliaba ligeramente el tamaño de las concesiones y se derogaba el principio de obstaculizar su acumulación29.
2. ¿PRODUCTORES O ESPECULADORES? EL PAPEL DE LAS GRANDES EMPRESAS.
Las grandes empresas capitalistas que se constituyeron durante el primer periodo del desarrollo minero asturiano adoptaron las distintas formas que les permitía la legislación española mercantil del momento, pero no siempre se adecuaron a la legislación nacional, sino que también utilizaron las extranjeras. Sin embargo, debemos señalar que la que está considerada como primera compañía moderna de la minería asturiana, la Real Compañía Asturiana de Minas (RCAM) será constituida con una serie de privilegios que la mantendrán al margen de la restrictiva legislación minera y, por lo tanto, de las prácticas más corrientes para saltársela. Tras la RCAM, la primera empresa minera digna de tal nombre que explotó carbón en Asturias fue la fundada por Alejandro Aguado. El 28 de marzo de 1838 se constituyó, ante el escribano de París M. Huillier, una sociedad comanditaria por acciones, siguiendo la legislación mercantil francesa, bajo la razón social Marqués de las Marismas y Cie. y con la denominación Compagnie des mines d’ Espagne30.
Junto a Aguado figuraban como socios comanditarios dos antiguos agentes de cambio londinenses que en realidad eran hombres de paja del propio marqués31. La nueva sociedad tendrá su sede social en París, inscrita el 19 de abril del mismo año en el registro mercantil galo32. La compañía agrupó todas las minas propiedad de las instrumentales constituidas por Aguado para una producción conjunta, así como la construcción de carreteras y ferrocarriles necesarios. El capital estaría formado por 5.000 acciones indivisibles de 5.000 francos cada una, suscribiendo Aguado 2.500 y los hermanos Darthez 50 cada uno, señalándose que las 2.400 restantes podrían ofrecerse a suscripción pública cuando al propio marqués gerente plenipotenciario le pareciese conveniente. Ahora bien, la cantidad exigida en el momento de la suscripción de las acciones era de 50 francos por título el $1 \%$ del capital, por lo que el monto total de los fondos sociales reunidos fue de apenas 130.000 francos. Se manifestó que el resto del capital se iría exigiendo a los accionistas según lo juzgase necesario el gerente33.
La sociedad contrató al ingeniero belga Armand Nagelmackers, quien comenzó a explotar dos minas: una en las inmediaciones de Sama y otra en Lláscares, ambas en Langreo34. Ahora bien, la Compagnie des mines $d '$ Espagne será disuelta por Alejandro Aguado el 27 de febrero de 1842 poco antes de su fallecimiento, aduciendo como causa el no haber dado comienzo sus explotaciones mineras, cuando el verdadero motivo fue que no tuvo buena acogida entre los inversores franceses, truncando de ese modo la pretensión de obtener importantes plusvalías con las ventas de sus acciones. La compañía que continuó con las actividades mineras de las propiedades a Alejandro Aguado pasó a denominarse Minas de la Viuda e hijos de Alejandro Aguado35.
La siguiente gran empresa que se establecerá en Asturias será la Asturian Mining Company. A finales de febrero de 1844 los iniciales promotores de la Asturian Coal and Iron Company ya habían conseguido implicar a un núcleo importante de financieros en la promoción y constitución de una gran empresa minero-metalúrgica en Asturias. El capital sería de 300.000 libras esterlinas, repartidas en 15.000 acciones de 20 libras, equivalentes a 2.000 reales de vellón o 500 francos según el país donde fuesen suscritas, fijándose un depósito de dos libras que debería hacerse efectivo para la reserva del derecho de suscripción36. En junio a los dos meses de la suscripción por dos libras y antes incluso de la constitución legal de la empresa los certificados de reserva de acciones ya cotizaban en la bolsa de Londres en torno a tres libras y media. Esta euforia compradora en el mercado londinense determinó que en apenas tres meses la compañía alcanzase, el 8 de agosto, las 7,25 libras, que será su precio más alto durante este periodo. A partir de aquí el título comenzará una paulatina depreciación en su cotización que le llevará a rondar las 5 libras37.
GRÁFICO 1.
The StandardyThe Daily Newsde las fechas indicadas.
La escritura definitiva de constitución de la Asturian Mining Company también denominada Compañía Anglo-Asturiana38 $o$ Compañía Minera de Asturias se firmó el 17 de septiembre de 1844 en Londres39. Aparece suscrita por los ingenieros John y Edward Oliver Manby, los miembros de la junta de directores Gideon Colquhoun, Sir Willian Young, el coronel Edward Stopford, John Knill, Julian Skrine, el teniente-coronel Fitch y Henry Scale, así como por Samuel Pratt. En sus Estatutos se señala que se trata de una compañía anónima para explotar carbón, hierro, cobre y otros minerales en la provincia de Oviedo, así como para la fundición y manufactura de los mismos para su venta. La duración de la compañía se fijaba en 25 años y se establecían dos sedes para las oficinas: una en Londres, y la otra en Asturias. La escritura de constitución volvía a fijar en 300.000 libras el capital suscrito, distribuido en 15.000 acciones de 20 libras, lo que hacía un monto total de 7.500.000 francos40. Además, el capital podría ser aumentado hasta las 30.000 acciones, con un importe total de 600.000 libras, siempre que estuvieran de acuerdo las tres cuartas partes de los accionistas y del valor del capital. El presidente, el vicepresidente y el comité de directores debían ser retribuidos con la cantidad de 1.500 libras esterlinas, es decir, 15.000 rsv41.
En el mes de noviembre de 1844 llegaron los técnicos ingleses encabezados por los ingenieros John y Oliver Manby a hacerse cargo de las concesiones mineras e iniciaron las obras de instalación de la factoría siderúrgica. Rápidamente se hizo perentorio conseguir más capital, por lo que se les exigieron a los accionistas sucesivos dividendos pasivos de dos libras, pero la falta de interés de los títulos de la compañía a partir de mediados de marzo de 1845 hizo que muchos no los hicieran efectivos y se comenzó a arrastrar un déficit crónico de capital. La mala gestión llevada a cabo por la dirección técnica establecida en Asturias, la falta de capital, así como los suculentos sueldos que cobraban los miembros del Consejo de Administración de la empresa en Londres, llevaron a la ruina completa a la compañía, lo que provocó que un grupo de accionistas españoles, con Rafael Guadamino al frente, exigiese al gobierno que llevase a cabo su liquidación. El Real Decreto de 26 de junio de 1849 procedió a disolver la sociedad anónima denominada Compañía de Minas de Asturias, indicándose una serie de causas: que el domicilio social se encontraba en un país extranjero; que no se llevaban las cuentas y balances en castellano; que no se había registrado la sociedad ante el tribunal competente y que no se había desembolsado el total del capital suscrito teniendo en cuenta el estado ruinoso de la compañía, como mostraba su balance. Sin embargo, los autos del juzgado de primera instancia de Oviedo del 5 de noviembre de 1844 y del 7 de mayo de 1845 parecen contradecir esta falta de depósito.
CUADRO 1 BALANCE DE LA COMPAÑÍA DE MINAS DE ASTURIAS (JUNIO DE 1849)

ACTIVO	PASIVO
Gastos de fletes,derechos deregalia, gastos paraformar lacompania, pagos adirectores, etc.	1.621.440	Capitaldesembolsado	13.883.008
Deudas declientes,existencias, valorde las minas,caminosdehierro y maquinaria	5.768.517	Deudas varias	1.152.646
Caja	12.313	Deudas con losdirectores	84.480
Perdidas	4.969.128
TOTAL	12.371.398	TOTAL	12.371.398

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Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Real Decreto 26 de junio de 1849.
Después de un tortuoso periodo de liquidación en el que se anunciaron sucesivas subastas para vender los activos de la Compañía sin que concurrieran postores interesados, los Administradores llegaron a un acuerdo de venta de la mitad de ésta con el grupo financiero encabezado por Agustín Muñoz duque de Riánsares y marido de la Reina Madre $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Cristina en el que también figuraban los banqueros León Lillo y Juan Grimaldi. Se enajenó por un total de 20.000 libras en efectivo con el compromiso de aportar otras 15.000 en función de las necesidades de capital de la empresa. A su vez, León Lillo, que fue quien llevó a cabo la adquisición, se comprometía a la constitución de una sociedad anónima, siguiendo la legislación española, en el plazo de un año. El capital de la nueva empresa sería de 160.000 libras esterlinas y se dividiría en 16.000 acciones de diez libras cada una. La mitad de ellas serían atribuidas a los socios de la extinguida Compañía Minera de Asturias, mientras que el resto corresponderían a Lillo. Así el grupo Lillo-Riánsares-Grimaldi no sólo se hacía con un capital valorado en 80.000 libras aportando solamente 35.000, sino que además conseguía que sus primeras 3.500 acciones se constituyeran en privilegiadas sobre las restantes 12.500 que completaban el capital social. De esta manera se aseguraba un pago del $6 \%$ de interés mientras durase la sociedad, así como la preferencia en el reparto del haber social a su disolución42.
El grupo Lillo-Riánsares-Grimaldi, una vez se hizo con el control efectivo de la compañía, no respetó el plazo, ni el tipo de sociedad y por supuesto tampoco se sometió a la legislación española como fijaba el contrato de compraventa. Así las cosas, el 23 de junio de 1853, Lillo cedió a Grimaldi «las minas de fierro, azogue, carbón & propiedades y dependencias de las minas que la antigua compañía inglesa Asturian Mining Company, poseía en Mieres del Camino, Provincia de Oviedo, Principado de Asturias», en pago del dinero que éste le había prestado en 1851 para hacerse cargo de los bienes de la compañía. La nueva sociedad se constituirá dos días después el 25 de junio de 1853 bajo la denominación Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies y, como razón social, Juan Grimaldi y Cía. Así se creaba una sociedad comanditaria por acciones, con un capital de cuatro millones de francos repartidos en 16.000 acciones de doscientos cincuenta francos o diez libras cada una, correspondiéndoles la mitad de ellas a los accionistas ingleses de la Asturian Mining Company. Al no haberse cumplido la cláusula establecida en el contrato de cesión en la que se decía que se debería constituir una nueva sociedad anónima conforme con la legislación mercantil española, la creación de la sociedad comanditaria tuvo que ser ratificada por una junta general extraordinaria de accionistas de la Asturian Mining Company, que se celebró el 15 de agosto de $1 8 5 3 ^ { 4 3 }$ .
Todo parecía encaminado a que la nueva Compagnie reuniese las principales empresas mineras e industriales asturianas del momento, para luego revenderla a un grupo inversor y así conseguir importantes plusvalías44. Parece ser que las negociaciones con el Crédit Mobilier estuvieron muy avanzadas, pero los problemas que el banco inversor galo tuvo con otras empresas previamente adquiridas al grupo de Riánsares dieron al traste con la venta45. A su vez, rápidamente surgieron desavenencias entre el gerente director Juan Grimaldi y los antiguos socios de la Asturian Mining Company, por lo que el 23 de agosto de 1856 se celebró una junta que acordó la liquidación de la sociedad y se pusieron de nuevo en venta sus activos46. La primera subasta se fijó para el 16 de diciembre de 1856 con un precio inicial de 2.250.000 francos47 y quedó
44 Archivo Histórico Nacional [AHN], Correspondencia del duque de Riánsares con Juan Grimaldi y León Lillo, Diverso_Titulos_Familias, 3.577, Leg. 46, Exp. 12-40, imagen $\boldsymbol { \mathrm { n ^ { \circ } } }$ 40/98.
45 Téngase en cuenta que el grupo Grimaldi-Lillo-Riansares había vendido ya al Credit Mobilíère la Société des Anciennes Salines de l’Est y la Sociedad de Canalización del Ebro, con grandes incumplimientos contractuales por parte de aquellos, lo que le había obligado a tener que demandarles judicialmente en los dos casos.
desierta. La siguiente se fijará para el 17 de marzo de 1857 rebajándose en 100.000 francos el precio de salida. Extrañamente esta subasta sería rematada por el propio Juan Grimaldi en la cuantiosa suma de 4.500.000 francos48.
La venta de todos los activos que poseía el grupo Lillo-RiánsaresGrimaldi se llevará a cabo el 8 de mayo de 1861 en la notaría parisina de Du Rousset y Simon. Los bienes eran las hulleras, altos hornos y fraguas de Mieres del Camino, las hulleras, de Siero y Langreo, antiguas concesiones Aguado, las fábricas de acero de Lena, con sus hulleras y sus yacimientos de hierro y más de la mitad de las acciones del Ferrocarril de Langreo. Según señala la prensa de la época parece que los Guilhou los habían adquirido por 9.500.000 francos49. Tres días más tarde, el 11 de mayo se constituye en la misma notaría parisina de Du Rousset y Simon, la sociedad comanditaria bajo la razón social de Ch. Bertier y Cía. y se denominará Société Houillère et Metallurgique des Asturies50.
Dos meses antes de la constitución de la Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies el 29 de mayo de 1853 se reunieron en París Adolphe d’Eichthal, Vincent Buffarini y el duque de Riánsares, suscribiendo un contrato privado para llevar en común las explotaciones mineras de Jacquet, d’Eichthal y Cía. y las que eran propiedad del duque de Riánsares, que había adquirido a los herederos del marqués de las Marismas. Para ello, constituyeron la Comisión de las Hulleras de Asturias51, a la que pusieron el nombre de Empresa Carbonera de Siero y Langreo, apelación que ya venía siendo utilizada por la empresa minera de Riánsares52. El consejo de administración quedó constituido por d’Eichthal, Buffarini y Lillo, en representación del duque de Riánsares, y se establecieron las siguientes cuotas de participación en el capital de la Comisión: el $4 4 \%$ para el duque de Riánsares; el $2 8 \%$ para la gran duquesa de Leuchtenberg; el $1 4 \%$ para Jacquet y Cía., y el $1 4 \%$ para D’Eichthal53. La primigenia intención del grupo Lillo-Riánsares-Grimaldi como ya se ha indicado era fusionar en una gran empresa la Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies y la Empresa Carbonera de Siero y Langreo, pero las desavenencias entre los distintos inversores hicieron que el proyecto no saliera adelante.
Por lo tanto, el grupo Lillo-Riánsares-Grimaldi estableció negociaciones para vender a Guilhou y sus socios, que ya habían adquirido la Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies, las minas propiedad del duque de Riánsares integradas en la Empresa Carbonera de Siero $y$ Langreo. Rápidamente surgieron desavenencias entre Jacquet-D’Eichthal y Lillo-Riánsares-Grimaldi sobre la posesión de algunas minas, llegando a procesos judiciales54. Dada la situación, la Empresa Carbonera de Siero $y$ Langreo se disolvió definitivamente. Así, el 14 de diciembre de 1859 D’Eichthal y Buffarini vendieron todos sus activos mineros a la gran duquesa Leuchtenberg, María Nikolaevna, mediante instrumento público suscrito en la notaría parisina de Mocquar. Así mismo, el duque de Riánsares hizo lo propio con sus minas, pasando a ser propiedad de una nueva compañía comanditaria que se constituyó el 11 de mayo de 1861, en la notaría parisina de Du Rousset y Simon, bajo la razón social de Ch. Bertier y Cía. con la denominación de Société Houillère et Metallurgique des Asturies. Por último, se constituirá la Sociedad Anónima Compañía Minera Cántabra, el 20 de septiembre de 1845. Para ello, se reunirán en la escribanía madrileña de Manuel $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ de Paz con la intención de suscribir la escritura constitucional José de Salamanca, Vicente Bertrand de Lis, Nazario Carriquiri, Gonzalo José de Vilches y Pedro $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Fernández Villaverde. La nueva sociedad anónima pretendía explotar las minas adquiridas al grupo británico encabezado por Guillermo Partington. De las 4.500 acciones que tenía previsto emitir la compañía, exceptuadas las 500 totalmente liberadas que correspondían a los cesionarios de las minas y descontando otras 500 reservadas para que fuesen suscritas en plazas extranjeras y en Cuba, a finales del año 1847 se había conseguido colocar un total de 3.840, y eso teniendo en cuenta que la escritura de constitución solamente exigía que se abonara un $5 \%$ por ciento del capital, es decir 100 rs. por acción55.
El artículo 8 de los mencionados estatutos societarios establecía que las acciones una vez estuviese abonado todo el capital suscrito o los extractos de las acciones, hasta que fuese abonado el total del capital, serían nominativos, pero transferibles por medio de las oficinas de la compañía. Esto dificultó la especulación, por lo que rápidamente los suscriptores de las acciones dejaron de hacer efectivos los dividendos pasivos exigidos por la sociedad. Así las cosas, no se pudieron llevar a efecto las inversiones necesarias para explotar de forma moderna el gran coto minero que poseía y se arrastró un déficit crónico de capital que llevó a su director honorario Carlos Green a firmar con el británico Juan Carlos McMullen ―residente en Ceares (Gijón)― dos contratos de explotación del coto, el 13 de febrero de 1850. A cambio, la Minero-Cántabra debía cobrar cierta cantidad de maravedíes por cada quintal de carbón extraído56.
El 12 de marzo de 1856 tuvo lugar una tumultuosa Junta General de accionistas de la Minero-Cántabra, ya que los socios dominantes en ese momento (Prim, Bertrand de Lis, Partington y $\mathrm { P r a t } ) ^ { 5 7 }$ solicitaban nuevos dividendos pasivos para llevar a cabo la construcción de un ferrocarril de sangre desde las principales explotaciones hasta la estación de Sama del Ferrocarril de Langreo. Ante la oposición a desembolsar capital de la mayoría de accionistas, la Junta Directiva ofreció la posibilidad de arrendar las minas de carbón a otra empresa y que fuese ésta la que construyese el necesario ferrocarril, propuesta que resultó finalmente aprobada por una holgada mayoría. De esta manera, siguiendo las indicaciones de la Junta General de accionistas, el 18 de marzo de 1856 la comisión económicoadministrativa formada por Leopoldo de Pozo, Joaquín $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ de Paz, Eduardo Oliver Manby, Carlos Green y Juan Carlos McMullen acordó con Guillermo.
Partington el arrendamiento de todas las minas de carbón pertenecientes a la compañía en los citados municipios asturianos58. Se alquilaban 25 concesiones mineras de carbón en plena producción, durante un periodo de veinte años, a contar desde la misma fecha del contrato, por un importe de $2 . 2 6 0 . 0 0 0 \mathrm { r s } ^ { 5 9 }$ . A su vez, se exigía el pago de dos reales por cada tonelada de carbón extraído60 y se establecía la obligación de construir un camino de hierro que uniese los principales cotos mineros de la empresa con la estación del ferrocarril de Langreo en el Puente de Turiellos61.
El 1 de septiembre se formó una nueva sociedad colectiva, en la que figurarán Partington, Guerrero y otros dos socios: Pedro Prat y el general Juan Prim Prats, conde de Reus y vizconde del Bruch62. La razón social será Pedro Prat y Cía. y su denominación Sociedad Carbonera o Carboneras de Santa $A n a ^ { 6 \tilde { 3 } }$ , figurando como presidente el general Prim. No debe extrañar la presencia de capitales de otras zonas del país ni del extranjero, pues en ese momento la minería asturiana era una especie de Far West en el que todo estaba por hacer y las posibilidades para la especulación eran, por tanto, enormes. La sociedad no duró mucho, debido a los importantes desembolsos de capital que tenía que abordar para construir el ferrocarril, por lo que fue disuelta el 3 de diciembre de 1857 ante el escribano de Madrid Manuel $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ de Paz, figurando como su liquidador Fernando Guerrero. No tardará Guerrero en encontrar un grupo inversor extranjero interesado en los activos de la Minero-Cántabra, capitaneado por el ingeniero Eugène Mougel Bey. El 22 de enero de 1858, Mougel Bey y Guerrero constituían ―ante el escribano de París M. Fovard― la sociedad civil que denominarán Société.
Houillère de Santa Ana64. La nueva empresa dividió el capital en ocho mil partes y en dos series diferenciadas. Las primeras seis mil partes correspondían íntegramente a la aportación de los fundadores, mientras que las dos mil partes restantes serían emitidas para captar el capital necesario para poder mejorar las explotaciones. Estas últimas eran una especie de obligaciones y tenían la consideración de privilegiadas, lo que suponía el derecho a recibir una renta anual de cuarenta francos y comenzar a ser reembolsadas a partir del primero de mayo de 1867 y por décimas partes durante los siguientes diez años65.
Sin embargo, el reembolso de las partes privilegiadas nunca se llevó a cabo, pues a finales de 1863 la empresa se encontraba en una situación financiera muy delicada porque las inversiones realizadas no habían dado los resultados esperados, por lo que los dos socios principales decidieron liquidarla y refundarla, con la intención de conseguir nuevos capitales que garantizaran su continuidad. Así, el 18 de noviembre de 1863, Eugène Mougel Bey y Fernando Guerrero suscribieron ante el escribano de París Fréderic Fovard, un acuerdo unánime de disolución66. Antes de que hubieran transcurrido dos meses, el 12 de enero de 1864, se constituyó ―ante el notario de Bruselas Rommel y según la legislación mercantil belga― la sociedad anónima Houillères de Santa Ana, que fue aprobada por Decreto Real del 22 de enero de $1 8 6 4 ^ { 6 7 }$ .
3. EMPRESAS CESIONARIAS, ARRENDATARIAS Y SUBCONTRATISTAS DEL ARRANQUE DEL CARBÓN (SUBLETTING OF LABOUR)
En un escalón inferior del entramado empresarial minero asturiano del siglo XIX se situaban las empresas o grupos de mineros de tipo «cuadrilla de trabajadores» que se dedicaban a la explotación directa del carbón. La mayoría de las empresas asturianas arrendaba su arranque a contratistas o a grupos de mineros organizados al efecto, como han dejado constancia de ello algunas escrituras públicas68. Parece ser que se trató de una forma habitual, si bien la mayoría de estos acuerdos de explotación no se llevaban a cabo, generalmente, con tanta formalidad. Una de las primeras formas indirectas de explotación que constatamos en la cuenca hullera asturiana es la cesión de un registro minero a un empresario con la intención de que inicie a su costa los trabajos de explotación de la mina. Es decir, las labores exigidas por la ley para que los derechos de registro no caducasen, sin ninguna contraprestación por parte del cesionario, e incluso contribuyendo la empresa propietaria a pagar la parte más costosa de la excavación de las galerías y liquidando el impuesto de superficie de la misma. La cesión de la mina se hacía hasta que la empresa cedente quisiese dar comienzo al beneficio de la mina a gran escala, es decir, una vez que las galerías estuvieran lo suficientemente avanzadas para llevar a cabo una explotación rentable continuada. Un claro ejemplo de este sistema lo encontramos en la compañía Fabian Jacquet y Cía., cuyo representante, el ya mencionado Adrien Paillette, cede el inicio de la explotación de las minas Trinidad $y$ Manuela, situadas en el concejo de Mieres, a Manuel Álvarez Molinero, quien se compromete a tener abiertas dos galerías de nivel. De esta forma, la Cía. Jacquet iniciaba la explotación de las minas aportando un exiguo capital y conseguía mediante la explotación continuada un poblamiento minero adecuado que impidiese su denuncio69.
Una forma muy popular de explotación minera en la Asturias de mediados del siglo XIX era el arriendo por una cantidad anual, empleado entre otros por el ingeniero y empresario minero belga Adolphe Desoignie. Este arrendó la mina Aborrecida ―situada en Pampiedra, Langreo― en 300 reales de vellón a Juan Antuña y lo mismo hizo con la Prevenida, en la misma cantidad a Manuel Aller70. Otra modalidad de alquiler minero es a la parte, una especie de contrato de aparcería minera71. Consistía en que quien se hiciera cargo de la explotación entregase una parte de las ganancias ―entre la mitad y un tercio― a los propietarios. Por último, existió muy frecuentemente el subarrendamiento del trabajo ―subletting of labour―, un sistema muy extendido en los primeros tiempos de la industrialización, como señalan Karl Marx y Maurice Dobb72. Se trataba de un sistema a destajo que facilitaba la interposición de intermediarios entre el obrero y el capitalista, que a su vez buscaba que el contratista fuese un obrero cualificado que supiese organizar bien la producción. Tal y como expone Mottez73, los contratistas a destajo son hombres de oficio que están en “condiciones de cumplir con más eficacia que el patrón ordinario las dos funciones esenciales de las que descarga a éste: la del reclutamiento y la de la organización y vigilancia del trabajo”. Esto distaba mucho de ser una circunstancia menor: se ha señalado que la difícil objetivización de la organización del trabajo en un oficio que se desarrolla en un entorno hostil, cambiante por definición y nada mecanizado en este momento, dependía en gran medida de la aptitud y ―sobre todo― de la actitud de unos trabajadores con un alto grado de autonomía en la práctica74.
Este tipo de explotación fue utilizada por empresas como la Compañía Minero-Cántabra, Jacquet – D’ Eichthal, Carbones de Santa Ana, Duro $y$ Cía., Sociedad Hullera y Metalúrgica de Asturias, Krabbers, Crable, Carlin $y$ Cía., Viuda de Collantes o Alberti y Cía. Entre los subcontratistas asturianos encontramos a mineros experimentados, como es el caso de José González Muñón, Benito Lastra o Carlos Fernández Nespral o técnicos extranjeros, como José Busselo Tring75. Pero también se constata, a su vez, la subcontratación de las contratas. Un grupo de mineros con Antonio Paila al frente subcontrata la explotación de la mina Alejandra a Manuel.
Rodríguez y José Braga, que a su vez la habían contratado a su propietaria, la viuda de Collantes76. La presencia de estos intermediarios tenía como consecuencia el encarecimiento de la mano de obra para las grandes empresas explotadoras y, a su vez, unos jornales de miseria para los mineros. En cualquier caso, documentar detalladamente las consecuencias para la mano de obra de la existencia de estos entramados empresariales es algo que está por hacer.
En el caso de la Sociedad Hullera de Santa Ana, el ingeniero director Joseph Curé acordó dos contratos de arranque de carbón con subcontratistas para sus grupos más importantes: Santa Ana y Juliana. Esto nos hace suponer que la explotación de las minas por la Compañía MineraCántabra debía de efectuarse también por este sistema, siendo heredado después por las sociedades que la sustituyeron en la explotación. Así, el 17 de mayo de 1859, José González Muñón y Benito Lastra llegaron a un acuerdo con Curé para comenzar a explotar la mina Juliana, sita en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, sobre las bases siguientes:
Los trabajos comprenderán las guías con los niveles necesarios con su franqueo correspondiente, entibación y conducción de escombros, asientos de carriles en las guías, de cualquier modo que se presenten tendrán que adelantarse, como los arranques, llevando siempre un desnivel del medio por ciento. El establecimiento de los servicios con su entibación y reparación. La explotación comprenderá la saca del carbón, la rozadura, la entibación de los rellenos, y el bajar el carbón y llevarlo hasta las cubas en los cribos. […] Por todo el carbón que llegará sucio no será abonado a los contratistas. El servicio principal para bajar el carbón del arranque superior, entibado amanerado con tablas, desde arriba hasta abajo para que no pare el carbón en esta rampla. […] La Sociedad procurará las herramientas, las maderas, los carriles y vagones; el alumbrado, el aceite para untar los vagones y la pólvora que falte será de cuenta de los contratistas. La Sociedad abonará sesenta y cuatro céntimos por quintal de carbón cribado: teniendo servicio bueno para bajar el carbón de los doce tajos de arriba; en el caso contrario a setenta céntimos, tanto arriba como abajo77.
Además, se establecía que la sociedad se reservaba el derecho de que la explotación se realizase según sus necesidades de producción, por lo que, si contaba con mucho carbón en sus almacenes y no conseguía darle salida, los contratistas se verían en la obligación de suspender las labores de explotación. De este modo, se conseguía una óptima flexibilidad de la mano de obra, al no tener que pagar jornales cuando las circunstancias del mercado aconsejaran parar la producción. Igualmente, se señalaba que los contratistas necesitarían el consentimiento expreso del ingeniero director para contratar a un obrero que hubiese sido despedido por la sociedad; pero tampoco podría ésta contratar a los mineros que trabajasen para los contratistas sin el informe previo de éstos. El contrato de arranque de carbón para el grupo Santa Ana fue suscrito el 31 de enero de 1860 entre Joseph Curé y el contratista José Zapico, residente en la parroquia de San Andrés de Linares. En él, el ingeniero director pretende dejar bien claro que la explotación se debe realizar siguiendo sus indicaciones, obligando a los contratistas a tener un libro en el que el ingeniero escribirá las autorizaciones, órdenes, multas o reclamaciones del contratista, teniendo que llevar siempre su firma78. Al mismo tiempo, se establecía que cada vez que el ingeniero o su representante acudiese a reconocer la mina, el contratista ―u otra persona designada por él― debería acompañarlo a todos los puestos que le conviniera reconocer, debiendo realizarse los trabajos según sus prescripciones, bajo multa de uno a cinco reales en el caso de que no fueran cumplidas. Se estipulaba también que el adelanto de los trabajos de arranque sería, por lo general, de un metro diario, exceptuándose los domingos y días festivos. Al igual que en el contrato de la mina Juliana, la sociedad se comprometía a proveer al contratista de madera, carriles y vagones. Además, abonaría un real por cada quintal de carbón bien cribado, mientras que los menudos se pagarían a seis cuartos el quintal, pudiendo exigir la reducción de la explotación siempre que tuviera excedentes. La duración del contrato se fijaba en seis meses, por lo que es de suponer que este tipo de acuerdos fuesen prorrogados habitualmente, salvo que surgiese algún problema grave79.
CONCLUSIONES.
Los primeros inversores en la minería asturiana encontraron una importante dificultad en el minifundismo impuesto por las legislaciones mineras de $1 8 2 5 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 4 9$ , así como en una falta de consumidores locales unida al desastroso estado o inexistencia de medios de transporte eficientes. Esto explicaría parcialmente que como creemos haber demostrado establecieran entramados empresariales en algunos casos muy complejos con la finalidad inicial de saltarse la restrictiva legislación, pero con un objetivo último que muy a menudo tenía intenciones más especulativas que productivas. Para ello se utilizaron tres tipos de empresas. En un primer escalón encontramos las «instrumentales de registro», que en algunos escritos de la época se califican como exploradoras o busconas de minerales. Se trataba de compañías colectivas de tres o cuatro miembros, por lo general bastante efímeras, que se dedicaban a registrar y denunciar minas con el fin de traspasarlas mediante venta, arrendamiento o cesión a otras empresas.
En segundo término se encuentran las sociedades de mayor tamaño que recibían estos traspasos, ya propiamente capitalistas: anónimas, civiles por acciones o comanditarias. Por lo general, no están tan interesadas en sacar beneficios directos de la explotación del carbón, sino en generar grandes expectativas sobre los mismos, para que sus títulos eleven rápidamente su cotización o para vender la compañía a grandes grupos inversores internacionales. Fue bastante común que carecieran de capital suficiente para acometer las inversiones productivas mínimas y que, como se ha visto, los movimientos de acciones a corto y los elevados sueldos de los consejos de administración supusieran un lastre adicional para cualquier iniciativa. En muchas ocasiones su vida fue también corta, casi siempre muy agitada y por supuesto al albur de las oscilaciones de los mercados, por tanto. La presencia entre sus accionistas de personajes relevantes de la vida política y social hizo que a veces recibieran información privilegiada por parte de quienes estaban llamados supuestamente a velar por la igualdad entre los diferentes actores de la economía o, en otros casos, fueran objeto de exenciones fiscales, cesiones territoriales o ventajas incluso legales con el fin declarado de atraer inversiones que se consideraban estratégicas. Existen por supuesto excepciones como la Real Compañía Asturiana de Minas, que se implicó en la explotación productiva directa de sus concesiones, alcanzando por cierto un notable éxito empresarial que trascendió épocas y continentes, si bien sus inicios no difirieron mucho de lo expuesto y sólo su orientación a la puntera producción de zinc a partir de 1853 vigorizó lo que hasta entonces había sido una languideciente mina más.
Por último, existieron las empresas contratistas del arranque directo del carbón, de pequeño tamaño y al frente de las cuales se encontraban mineros o técnicos emprendedores que contrataban los trabajos de explotación con las grandes empresas capitalistas, que por lo general no solían realizar la explotación directa, como se ha indicado. En muchas ocasiones el incentivo principal para subcontratar la explotación era no perder la concesión del yacimiento por inactividad del mismo, como establecían las leyes. Además, esto permitía mantener una imagen de la explotación compatible con las intenciones especulativas que se vienen mencionando y que hubieran sido menoscabadas por un abandono demasiado evidente de las minas. De lo asentado y frecuente de estas prácticas puede dar idea, por ejemplo, el hecho de que no fuera en absoluto extraño que se practicaran subcontratas de subcontratas, en un tipo de estructura que recuerda a algunas prácticas empresariales que podrían parecer muy actuales y que, sin embargo, existían ya con profusión en el siglo XIX. Las consecuencias de todo esto para la mano de obra quedan por estudiar, pero parece obvio que la existencia de múltiples intermediarios a recibir beneficios no redundaría precisamente en unas condiciones de trabajo muy favorables.
Este conjunto de circunstancias, que no se suelen considerar, debió tener un peso decisivo ―junto a otros factores sí señalados frecuentemente por la historiografía― en que durante esta primera época industrial no se establecieran en Asturias compañías duraderas en el tiempo, a diferencia de otras regiones europeas: Gales, Nord-Pas de Calais, Ruhr, Valonia, etc. donde ya había grandes empresas con trayectorias importantes. Como se ha dicho, existe fundamentalmente una única excepción: la constituida por la Real Compañía Asturiana de Minas que, con todo, atravesó unas dos primeras décadas en las que le serían perfectamente aplicables varias de las características aquí definidas para otras sociedades.
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