El paisaje de la violencia.
Gutmaro GÓMEZ BRAVO.
Becario de investigación en la Universidad Complutense de Madrid firstname.lastname@example.org.
RESUMEN.
El trabajo selecciona aspectos de la historia penal relacionados con cuestiones metodológicas y teóricas, y en la influencia de M. Foucault en la historiografía española en particular. En los últimos años, el panorama general ha cambiado en muchos temas, y se ha desarrollado una nueva visión del delito, la Justicia y la violencia. El artículo recoge los resultados de la tesis doctoral y de otras investigaciones sobre el siglo XIX español.
Palabras clave: Teoría, Metodología, Delito, Violencia, Justicia liberal.
The Landscape of Violence.
ABSTRACT.
This work concentrates on aspects related to methodological questions and theoretical lines in penal history and the influence of Michel Foucault in Spanish historiography, in particular. The predominant outlook has changed many themes in the last years and there has developed a new vision of crime, justice and violence. The paper is based on results from a doctoral thesis and other investigations in Spanish society during the XIXth century.
Key words: Theory, Methodolgy, Crime, Violence, Liberal Justice.
SUMARIO: 1. De Poder a poder: genealogía y mundo local. 2. Las fuentes del delito: la búsqueda de las causas. 3. El itinerario del Partido Judicial. 4. La violencia como problema histórico e historiográfico.
1. DE PODER A PODER: GENEALOGÍA Y MUNDO LOCAL.
A lo largo y ancho de los últimos años del siglo XX, la historiografía española ha recorrido muchos de los caminos que siguen haciendo posible el revelar estructuras a través de acontecimientos y personas y en este sentido, también narrar1 . Sin embargo, en el ámbito de la era contemporánea no hay muchas páginas dedicadas a analizar los múltiples procesos que ofrece la historia penal, mientras, sin ir más lejos, ha sido el propio concepto y desarrollo del poder, uno de los más replanteados. La falta de trabajos históricos en esta línea es, en realidad, fruto de la encrucijada a la que estos estudios habían llegado desde hace unos años; fundamentalmente, por el uso de un modelo importado, que parecía agotar las vías del conocimiento penal en su vinculación exclusiva con el Estado, emprendiendo una labor genealógica que había centrado un interés particular en las cárceles-modelo. Este prisma marcó sin duda el engrandecimiento de los ratios penales, las prisiones radiales, los delitos más relevantes y el orden público militar, que luego pasó de moda hasta que reapareciera en el interés despertado por las cárceles franquistas.
La historia penal se enfrenta, desde hace tiempo, a una doble reducción: por un lado, la dificultad por mantener el interés por los temas incluidos en la agenda de Foucault, más agotados que renovados tras su muerte, pero también rápidamente abandonados por el miedo a quedar etiquetados. Y por otro, tras la crisis del paradigma, el problema inherente a las fuentes, a la naturaleza de la propia información penal y penitenciaria y, sobre todo, al modo de tratarlas y de poder escribir con ellas. Es difícil seguir manteniendo la tesis que interiorizaba lo disciplinario con esas magnitudes gigantescas, que obviaban el delito común y el mundo rural con un método que cuestionaba además la propia metodología histórica. Veamos ese cruce con más detenimiento.
Todavía hoy en día continua siendo muy difícil sustraerse a la influencia de Foucault. A pesar de las críticas, la trayectoria de su impacto mundial así lo atestigua. En España, más o menos llegó en los años setenta coincidiendo con el despegue de la realización de investigaciones jurídicas, penitenciarias, sociológicas, filosóficas e históricas de todo lo relacionado con lo penal. Fue un momento excepcional para la historiografía que podía aplicar a distintas épocas propuestas de la historia social y de la historia cultural. Su influencia era inmensa. En 1978, tres años después de la aparición de Vigilar, se presentaba en Francia un volumen colectivo de la denominada nueva historia que reflexionaba sobre los marginados, pero a la postre se demostró que, tras abrir la agenda histórica a nuevos sujetos, la vía estrecha de la percepción individual basada en excluidos célebres cerraba el paso a la comprensión histórica, de igual modo que lo penal quedaba reducido a un debate sobre la prisión, básicamente entre planos abstractos. Evidentemente, también se discutía sobre la viabilidad de esta comprensión y, por tanto, la de la propia materia de conocimiento de la historia. La lógica del estructuralismo seguía siendo más resolutiva en algunas disciplinas que cuestionada, pero también llegó a los 90 bastante mermada. La confusión se mostraba entonces en obras colectivas como la de Oxford sobre una historia del castigo en Occidente, para lo que se incorporaban procesos particulares a una génesis de los conceptos y las instituciones incapaz de evitar el sugestivo modelo del panóptico, que se reprodujo a escala internacional desde Paris con los problemas para la historia ya conocidos2.
En España se desmarcaron antes de este enfoque los estudios del Derecho y la jurisprudencia, en una línea positiva muy centrada en lo normativo, tal vez como reacción a estos excesos teóricos. Por su parte, la historiografía ha mantenido una fuerte resistencia a abandonar los postulados de Vigilar, también por la fascinación de cierto marxismo analítico, la irrupción de un punto de vista cultural y, sobre todo, porque el centro de gravedad se mantenía todavía en los debates sobre la revolución burguesa. A pesar de los cambios, no se superaba esa idea de prisión, que sujetaba lo penal y entroncaba con unas teorías del control que ya llegaban decididamente tarde, pero que subsistían al calor de ciertas derivas postmodernas3.
La especificidad de nuestro caso se ha señalado a menudo como un resultado obvio en la importación del modelo: en los estudios histórico-penales se pasa muy deprisa por la mayor parte del siglo XIX, hasta llegar a la uniformización de la Restauración y el correccionalismo, enlazando así con la cuestión de la reforma social, la vida política y un Estado que parece nacer por generación espontánea. Todas estas cuestiones avanzaban con la propia evolución política y social, y también con otros aspectos como la llegada académica de una generación muy influida por Foucault; su circulación editorial y progresiva traducción han propiciado estudios que ahondaban en la razón histórica de la disciplina, sobre todo culturales y de género, con el referente británico y norteamericano que había diseccionado el alma victoriana en prácticas y espacios de exclusión, pero cuya inspiración deshacía de nuevo la comprensión en pos de un mecanismo de interiorización, que se fragmentaba en tantos sujetos como abstracciones era capaz de generar4. Estudios que, en definitiva, incorporan sólo lo penal desde un ángulo penitenciario o trabajos que analizan hechos aislados, discursos homogéneos, donde ni al tiempo ni a las prácticas sociales se les concede significación.
Vigilar y castigar sigue siendo hoy el mejor ejemplo de la dificultad que supone aplicar el modelo a unas coordenadas espacio-temporales reales. La obra comienza con una espeluznante ejecución pública a la puerta principal de la Iglesia de Paris en 1757, pero se desarrolla y concluye con la normalización y extensión de un sistema de prisión basado en el panóptico de Bentham, que representa todas y cada una de las prisiones modernas porque es la propia sociedad triunfante. En el punto más interesante de ese traspaso del castigo del Antiguo Régimen al nacimiento de la prisión como pena, Foucault sí marcó un punto de partida, sí encontró un nombre, Damiens, para dar comienzo a su narración, algo que en el resto del texto no parecía necesario, porque como él mismo dijera más tarde, aquello que le interesaba conocer era el pensamiento que incorporaría a la Modernidad la lógica mental disciplinaria.
Pero si interpelamos al filósofo más íntimo, al investigador modesto y curioso que termina reivindicando al sujeto que sus seguidores se empeñan en destruir, descubrimos la sinceridad de un Foucault que afirmaba, en una entrevista transcrita en 1990, que no había querido erigirse en historiador de las instituciones, «en el sentido de que no he querido relatar cómo habían funcionado la institución penal y carcelaria durante el siglo XIX»5 . Ahí creemos que radica la potencialidad de los esquemas que dispuso para el análisis penal y el discurso jurídico trazados en el nacimiento de la Modernidad, con todos los enormes vacíos que puede producir trasladar a la investigación histórica los postulados de un pensamiento que, como dijera Justo Serna, instrumentalizaba el referente, la propia sociedad, provocando el cierre histórico6 . Aunque para instrumentalizaciones las de sus seguidores, acomodados durante décadas en la utopía del encierro perfecto, la racionalidad del castigo o la acusación a la historia de vivir su propia farsa discursiva. Ya en los 90, algunas fueron cuestionadas precisamente por historiadores, habituados a los cantos de sirenas tanto de los mitos fundacionales como de la disolución del presente. Paradójicamente, el izquierdismo, el Nietzsche leído en el 68, acababa domesticado en un nihilismo facilón, condescendiente, cuya carga crítica era desplazada en nombre de una subjetividad radical y difusa, tan camuflada en la dificultad que llegó a desaparecer. Entonces salió a la luz el verdadero fin del fin de la historia7.
Y esa línea crítica pero práctica vuelve a ser inspiradora de algunos historiadores. En la reseña que Annales dedicó en su tercer número de 1996 a la reedición de la obra de los años treinta de Rüsche y Kirchheimer, que en Francia se publicó como Peine et structure sociale, se reconoce como idea esencial la capacidad de la sociedad occidental para equilibrar múltiples necesidades, preferentemente de índole económica, mediante los distintos tipos de penalidad. Se mantenía la posición del valor en la teoría redistributiva de la pena, pero se advertía sin dificultad en el resto del texto que las claves interpretativas de lo penal seguían siendo las mismas que en su día fijara Michel Foucault, pero con un importante toque de atención sobre la temporalidad y la universalidad del modelo. Se mantiene el momento de la teoría como inicio narrativo de las historias penales, la síntesis materialista de la escuela penal de Bolonia, de Melossi y Pavarini, con la de Francfort de los Rüsche y Kirchheimer que reaparecía traducida al inglés en 1968, que tuvo éxito porque en cierto modo preconizaba ese modelo y era audaz sin llegar a situar al correccionalismo, las casas de trabajo y la prisión en la puerta de las fábricas. Tampoco cayeron en tentaciones u otras aplicaciones similares que negaban las tradiciones de enfrentamiento y disidencia con las vías de industrialización y de paso evitaban hacer gala de cierto vanguardismo divine; que provenían de una línea que el pensamiento francés de postguerra no transitó, pero en la que más tarde, con el calor de mayo, reescribieron sus propias demandas, muy diferentes a la lectura propuesta últimamente por Annales8.
A pesar de todo, el paso del tiempo ha abierto brechas en el modelo; sobre todo el paso hacia lo particular, hacia el entramado local. Los cambios en la perspectiva sobre la estructuración y formación del Estado liberal ya no sólo se dirimen desde arriba o desde abajo, sino que empezaban a entenderse desde el análisis multidireccional de los poderes locales, invirtiendo la presencia del Estado como una exclusiva línea jerárquica sustentada desde un bloque de poder. En la mayoría de las investigaciones y enfoques de la historia social se ensayó un descenso, motivado por la reducción de la escala del objeto de estudio. En España se estaban incorporando nuevas rutas a viejos temas como el pauperismo, el papel de las élites locales, la reinterpretación de ciertos procesos económicos y políticos, así como de las posibles vías de modernización y retraso, todo ello con permiso del boom de los estudios regionales y locales que surgieron al hilo del proceso autonómico y aquellas políticas más activas en la gestión de la memoria. Al mismo tiempo en Francia, Michelle Perrot escribía una obra cuyo subtítulo pertenecía a la célebre novela de Dostoievski9. A través de procesos de criminales célebres, Perrot seguía fiel a la idea original de Foucault de trazar la evolución de la prisión desde el Código de 1791, pero incorporaba la historia social del Derecho y el peso de la penalidad del Antiguo Régimen a otros tipos de exclusión. Es bastante significativa su apelación al novelista ruso para tratar la realidad, así como la incorporación de los debates de Tocqueville, como un signo de distancia más que suficiente para llamar de nuevo al interés por lo penal. Una apuesta por devolver el debate al campo histórico que en Francia y Gran Bretaña ha sido apoyada editorialmente por el éxito de los estudios coloniales, sobre todo en torno al fenómeno de la deportación de convictos y las formas penales y penitenciarias generadas en ultramar10.
En este punto la recreación de lo penal debe ser optimista, en el sentido de los resultados que pueden llegarse a obtener. Y lo es consciente de los riesgos de la elección de los objetos, del tratamiento de las fuentes y de la transmisión de los resultados. Optimismo que no es otro que el que ha seguido la historiografía desde que decidió apartarse de Ranke y de Comte, de todos los determinismos, de la aplicación del relativismo al máximo, para recrear una historia más común, sin confundir lo cotidiano con lo constante, ni lo mental con lo universal.
2. LAS FUENTES DEL DELITO: LA BÚSQUEDA DE LAS CAUSAS.
La arqueología, la genealogía o la microfísica se extendieron sobre los estudios penales con la misma rapidez que la crítica postestructuralista invadía otros objetos. El delito ha sido un tema muy común a estas lecturas, pero no siempre de forma central. Ha sido más habitual que figure en el preámbulo de la pena, en la antesala de las cárceles modernas. Una inversión sutil que vuelve a anteponer la racionalidad de los discursos a cualquier otra relación. El deseo de universalización, como se verá, fue más allá de un simple dispositivo para poder pensar, que ha terminado por vincular cualquier visión del delito a la defensa de la sociedad, con la honrosa excepción del mundo anglosajón donde ha subsistido el interés por las cuestiones éticas y morales del mundo del delito11, gracias a la influencia decisiva de los historiadores sociales en la configuración y disección de los discursos sobre la teoría de la pena en la filosofía, el derecho o la sociología12.
El tempo clásico de la defensa de la sociedad excluye prácticamente la totalidad del siglo XIX ya que se sitúa de entrada en el sistema político de la Restauración. Pero hoy no parece que sea sólo por la necesidad de encontrar cárceles-modelo en España, ya que la dificultad de poder advertir las deficiencias en la información del período absolutista, los recuentos de vistas con fines propagandísticos, la medición de las causas del delito de mediados de siglo o los límites de los tardíos y discontinuos anuarios de Gracia y Justicia, presentan un conjunto de dificultades metodoló- gicas nada desdeñable. Igualmente, existe la dificultad para interpretar series y magnitudes en una primera mitad de siglo donde prácticamente no hubo Código Penal alguno en vigor; problemas que se amplían con la reforma del texto a los dos años y la aprobación de uno nuevo en 1870. Valorar los delitos y las penas sin tener en cuenta esos cambios sólo ha ahondado en la posibilidad de uso de ciertas categorías explicativas que ni han tenido en cuenta estas cautelas, ni se han interesado por otro significado de la transición de la Justicia y la evolución del castigo que no concluya en la codificación liberal, vasto proceso que queda muy reducido en los remolinos de la historiografía13.
Esto es válido a grandes rasgos para la primera mitad del siglo XIX, donde la falta de trabajos sobre datos carcelarios o judiciales no permite comparar varios esquemas o modelos sobre datos reales. A la propia dificultad para construir series cronológicas de cierta entidad, se suma la dificultad de la tipificación de los delitos y la información que divide el siglo en tres grandes áreas: la precodificada, el Código Penal de 1848 y su importante reforma de 1850 y el de 1870. Los círculos concéntricos de las propias fuentes en el entorno municipal no permiten ninguna medición estadística en las dos primera etapas, mientras en las dos siguientes parece ampliarse la misma continuidad por la que los delitos quedan mejor representados desde el ángulo de la violencia, precisamente por esa necesidad de extender los entornos y la información de lo penal. En primer lugar, porque hace más visibles las relaciones entre los delitos y otras realidades que si son tratadas como cosas. Y, a continuación, porque a través de una lectura dinámica de la violencia es posible incorporar el aprendizaje de esa violencia junto a otras acciones que constituyen la experiencia corriente del delito común.
Echemos una rápida mirada al estado de las causas judiciales vistas y sentenciadas desde el 17 de mayo hasta el 4 de diciembre de 1819 por la Sala del Crimen de Badajoz, que de Real Orden existe para la extirpación de malhechores14. La información que ofrecía la prensa sólo estaba interesada en los robos, que alcanzaron los 416 casos, en que resultaron 486 reos, de los cuales 24 fueron condenados a muerte, 10 a azotes, seis a Filipinas, 76 al presidio de Ceuta, 28 al de Málaga, 6 a destierro, 163 a multas, 88 apercibidos, uno suspenso de oficio y otro indultado. Las cifras parecen desbordantes, muy superiores a las de la Sala de Alcaldes de Madrid, una criminalidad disparada, descontextualizada, cuyas víctimas se convirtieron en números. Pero si seguimos leyendo Miscelánea sabemos que en la misma fecha en que se dio por terminado el estado de las causas coincidió con un importante apresamiento de bandoleros: la cuadrilla de Melchor y Merino, de la que se detuvieron 55 integrantes, de los cuales «catorce han sufrido pena capital, seis han muerto en refriegas o a manos de sus compañeros, tres han perecido, dos hay presos y tres que no se han cogido aún»15.
La prensa era aún muy minoritaria pero siempre se hizo eco de los grandes apresamientos, de las campañas propagandísticas contra las malas gentes y paulatinamente, de los crímenes espectaculares que conmocionaron, a medida que el siglo se gastaba, a las gente de las ciudades. Todavía era la época en que «ladrones, vagos, rufianes, gitanos y jugadores aparecen sancionables con graves penas»16 como la de galeras, hasta la identificación del progreso nacional con las cárceles modelo17.
Por estas peculiaridades es normal que en el paso a la agrupación en categorías para conocer la distribución porcentual del delito y potenciar así el análisis se produzca la operación más delicada en el laboratorio de historia. La agrupación suele hacerse en función del tipo de delitos por los que fueron juzgados. La propuesta de García Borrega sobre el delito en el reinado de Fernando VII en la Villa y Corte agrupaba el robo y el hurto, los asuntos familiares, la moralidad, los delitos de sangre y un amplio abanico de delitos bajo el epígrafe de otros18. La unión de las causas por robo y hurto, implicaba la interpretación de un importante porcentaje de delitos contra la propiedad que despegarían definitivamente coincidiendo con el ajuste penal moderado.
El propio Madoz, en sus estadísticas de los años 1837, 1839, 1840 y 1842 basadas en los discursos inaugurales de los regentes de la Audiencia de Madrid, construyó una tipología de delitos donde la motivación de sus causas se imponía como criterio clasificador. Veamos lo que entendía Madoz al hilo de los datos de la Audiencia de Madrid en 1843. Por delitos políticos todo tipo de actos y expresiones subversivas, el motín, el desacato, los insultos y resistencia a la autoridad, así como delitos de imprenta; juntos ocuparon el tercer lugar en el tipo de causas vistas en la Audiencia, pero a mucha distancia de los otros dos grandes grupos de daños a las personas y las cosas. De las 534 causas juzgadas, la mayoría, 112, se dieron por cumplidas con la prisión sufrida. Tampoco se consideraron muy graves los 115 casos castigados o apercibidos, como los 157 a los que se impuso multa, y sólo 60 fueron castigados con diversos tipos de prisión. Los delitos contra la hacienda y la Administración comprendían: abusos de autoridad, faltas de los empleados, fugas, contrabando, falsificación de documentos, expedición de monedas y excesos varios. Su relación, según Madoz, fue la que obtuvo un alto porcentaje de absueltos, pero también los que mayoritariamente fueron condenados a penas de cárcel, más de cien condenados a arresto mayor y cárceles locales, aunque el número de los delitos que se dieron por cumplidos por el tiempo de prisión sufrida con anterioridad a la sentencia o aquellos sancionables con multa o inhabilitación fue superior a los condenados a prisión.
En cuanto a los de inmoralidad, en 1843, suponían actos irreligiosos, el adulterio, el estupro, la incontinencia o el perjurio. Acusados de alguno de ellos, fueron absueltos 14 personas, 22 condenados a penas de prisión, sobre todo menor, y casi igual número de penas dadas por cumplidas. Para los delitos de policía se prevenía la usurpación de algún oficio, el uso de armas, la vagancia o la mala conducta; prácticamente fueron absueltos o dada la pena por cumplida. Nueve de ellos sufrieron prisión correccional y trece arresto menor. Contra las personas se actuaba en los homicidios, el infanticidio, el suicidio, las heridas, los golpes, las amenazas, el duelo o desafío y también las injurias, de ahí que la enorme variedad y disparidad de los mismos haga ostentar el privilegio de delito mayoritario en las causas vistas ese año. Pero a la sequedad de las cifras y su heterogeneidad basada en la unión de los motivos del delito u otros aspectos como la inclusión del duelo y del suicidio, le sucede la disparidad de las penas. Hubo ocho condenados a muerte pero también 1.613 que no cumplieron o no fueron condenados a prisión. Fueron los juicios más numerosos, 2.382, casi la mitad del total de los casos vistos ese año, 5.159. Los porcentajes se disparaban en relación a los anteriores, pero las penas privativas de libertad se reducían en relación a las conmutadas por multas y prisión sufrida, así como el alto número de casos absueltos, dado el mayor volumen de personas implicadas en este tipo de delitos.
Por último, por delinquir contra las cosas se identificaban el robo, el hurto, la estafas, los incendios y también otros excesos aunque no se usara la expresión propiedad. Con la mayor relación de absueltos pero sin duda con las penas más duras, empezando por la pena capital y siguiendo por la prisión correccional, el presidio y cárceles de Partido, la unión del robo y el hurto eran, de acuerdo a las memorias inaugurales que recogía Madoz, la segunda causa delictiva en el territorio de la Audiencia de Madrid.
Buena parte de los estudios sobre cárceles o delincuencia en la segunda mitad del siglo XIX persisten en esta dirección creada por las estadísticas judiciales y los grandes centros de internamiento, constituyéndose en la piedra de toque de la defensa de la sociedad. A los Anuarios, en realidad cifras de inauguración del año judicial, se añade el uso de datos brutos normalmente de la Guardia Civil. Pero al analizar estos últimos habría que hacer algunas prevenciones. Si en las estadísticas judiciales se unifican los números remitidos por las Audiencias de aquellas causas resueltas, en los anuarios de la Guardia Civil las cifras eran de detenciones, no de delitos o de juicios; de ellas quedaban excluidos los datos de bandolerismo y contrabando, quedando por tanto reducido el volumen a desertores, prófugos y el delito común rural. En su aná- lisis de estos libros, Martínez Ruiz señaló la imposibilidad de extrapolar lectura alguna del delito dominante y su oscilación, sino más bien las relaciones de vecindad y naturaleza de los detenidos, «la proximidad entre el domicilio del delincuente y el lugar donde comete el delito»19.
3. EL ITINERARIO DEL PARTIDO JUDICIAL.
Pero si el ataque a la propiedad se produjo, en todo caso se vio flanqueado por un repertorio de la violencia mucho más amplio. Lejos de la búsqueda de las causas del delito exigida en la construcción de tipologías de los estudios anteriores, la disposición de la información penal se reduce, se concentra y se despliega con todas las dificultades propias de la construcción del Estado en el siglo XIX. El Decreto de 31 de abril de 1834, que subdividía las provincias en Partidos Judiciales, movido por el principio de administrar justicia con mayor rapidez en los pueblos haciendo coincidir la demarcación judicial con la administrativa, fue la piedra de toque del diseño de la Justicia en primera instancia. La desamortización abrió la permuta de unos edificios por otros entre el Estado, los Ayuntamientos y los particulares, que en ocasiones generó largos conflictos, aunque simbólicamente tuviera el efecto de consolidar el camino hacia una Administración de Justicia, como quisieron los moderados, facilitando así una concentración de funciones nada desdeñable.
Con la reforma de Javier de Burgos20, la unidad provincial de tipo napoleónico se subdividió en Partidos Judiciales21. A la cabeza de cada Partido Judicial debía estar un juez letrado privando de facultades judiciales a los Alcaldes ordinarios de todos los pueblos22. Fue el momento en que el proyecto de las Cortes de Cádiz de Alcaldes como jueces de paz, jueces letrados como jueces de Partido, Audiencias Territoriales y Tribunal Supremo, alcanzaba la cresta de la ola; a partir de ahí la dificultad de administrar justicia hasta que no se establecieran los juzgados inferiores, hacía necesario que los alcaldes conociesen «los juicios de conciliación por injurias, las faltas leves y el prendimiento de reos», imposibilitando la depuración de la vieja maquinaria de la Justicia absolutista.
Ni la Constitución progresista de 1837 ni la moderada de 1845 introdujeron mayores modificaciones a este panorama judicial que recibió sus primeros impulsos para el cambio en el bienio de 1854-1856, momento que se considera preámbulo de la formación del Poder Judicial contemporáneo23. A finales de marzo de este período se iniciaba la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Bases de la Ley Orgánica del Poder Judicial24 que diseñaba los principios generales que habría de seguir con posterioridad la Ley Orgánica de 1870.
Las cabezas de los Partidos Judiciales conservan las claves del mundo local en todo este proceso, cuyo papel en la consecución de un modelo centralista parece más relevante que secundario o únicamente delegado. Los Juzgados de Primera Instancia, los Ayuntamientos liberales y las Cárceles de Partido que dependían financiera y políticamente de los municipios, aunque todo lo relativo a la pena fuese competencia del juez, generaron una documentación muy nítida en la fijación de los perfiles del delito y del delincuente común. El de Alcalá de Henares señala claramente un doble camino, el de los pueblos con su cabeza visible, y el de ésta en el meollo del control del poder en Madrid, que resume las direcciones entre el campo y la ciudad, a nivel comarcal, provincial y estatal, así como las políticas y territoriales25.
Además de tejer los sueños y competencias de unos y otros al amparo del nuevo formalismo jurídico y administrativo26, el Partido Judicial demarca nítidamente los entornos del propio delito, su producción y sus víctimas. Los datos que siguen han sido extraídos de los libros de causas judiciales y de los testimonios de condena de los presos de la Cárcel del Partido de Alcalá de Henares. Además de proceder de las dos vías de la Justicia en un período en que estuvo en juego su diseño posterior, el cruce de ambas se acerca también al rostro humano de sus protagonistas.
Los tonos sociales básicos y la información de radicación son aquí, por espacio, solamente enunciados.
En períodos como 1838-40, en la crisis final del ciclo absolutista y la guerra carlista, fueron constantes las quemas de rastrojeras y los daños contra los bienes de propios; durante 1856, con el desarrollo de las disposiciones de los gobiernos moderados para la seguridad y el control del orden público, se sucedieron las crisis del pan y los conflictos por la fijación de los jornales, que también se expresaron pero en una forma más latente sobre el apartado de hurtos de alimentos y robo de cosechas. Sin embargo, a medida que avanza el siglo, queda señalado el camino de no retorno de los procesos de urbanización y movimiento de población en el ámbito del Partido Judicial hacia su cabeza administrativa y en relación a Madrid, que se traduce en la mayor concurrencia y conflictividad en localidades como Canillejas, Coslada o Vicálvaro27.
El movimiento puede advertirse desde las primeras mediciones. La primera estadística fiable en nuestra información, todavía dentro de la primera mitad de siglo, se elaboró en $1 8 4 6 ^ { 2 8 }$ . Las causas que pasaron a disposición judicial estuvieron mayoritariamente relacionadas de una u otra manera con la provocación de lesiones, término que se sustituía en Madoz por el más genérico de golpes y heridas, si bien muchas de ellas habían terminado en heridas y contusiones, es decir, con efectos físicos que eran tenidos en cuenta como malos tratamientos de obra que dejaban la puerta abierta a la evolución de los malos tratamientos de palabra y hacían más complejo un delito, entre el daño físico y el social o moral en el sentido de manchar el honor, que en muchas ocasiones no se daba aislado sino en la escalada de injurias verbales o amenazas29. En segundo lugar cabría destacar los delitos comprendidos en la denominación común de robo, hurto y estafas, seguramente agrupados por la variedad y particular incidencia en el hurto de instrumentos o alimentos del campo, como a la extensión de los robos de viviendas, de dinero o estafas, todos ellos delitos de procedencia y realización fundamentalmente urbanos. No hay que descartar en su agrupación una particular intención dirigida a conocer de cerca su evolución dada su incidencia desde el final de la guerra carlista, al desplazarse las causas políticas.
Los daños a las propiedades rurales, que comprendían incendios y talas de montes y otros daños en heredades y cosas ajenas, aún siendo importantes, se vieron superados por las querellas criminales del tipo anterior, especialmente por el delito de lesiones, lo que en principio no respalda la teoría de la mayoría de las obras en las que se vincula el Código Penal y el desarrollo de los sistemas penitenciarios con un espectacular aumento de los daños contra la propiedad privada, justo en el proceso de afirmación de la misma. Pero hay que tener en cuenta que se refieren a daños a fincas o sembrados, que incluía la tala o los daños a los bienes de Propios y que normalmente el término propiedad incluye todo el delito a excepción de los daños a personas. En ningún caso parece que el término en su relación con el delito sea tan claro y delimitado como el proceso de adquisición de tierras que se tiene en mente como referente de la primacía liberal y su modelo de sociedad burguesa, no al menos en la primera mitad del siglo XIX. En la segunda, esta concentración es más evidente, favorecida además por el nombre del denunciante30. En 1834 los diccionarios judiciales recogí- an una acepción de lesión como «daño que se causa dolosamente en las ventas por no hacerlas en su justo precio»31.
Mayoritariamente los delitos eran cometidos por hombres entre 21 y 31 años. De los cuarenta y cinco arrestados y puestos en libertad en 1853 tan sólo había cuatro mujeres: La Cadenas, alias con el que era conocida María Gómez, casada, de 38 años y natural de Estremera, condenada a pagar 60 reales por el hurto de dos haces de cebada, de los que dejó la mitad en depósito; Luisa López, que dijo ser de Extremadura, condenada a tres duros de multa por ser pobre e indocumentada, aunque ella se declaró de oficio pordiosera, al tener 15 años fue devuelta con su abuela; María Ranero, de Torrejón, condenada a un mes de arresto por lesiones que cumplió al precio de 1 día de prisión por cada medio duro que no pagó y, por último, la sirvienta Gregoria Estringaña, de 18 años, condenada a dos meses y al pago de quince duros por el hurto de telas. Todas salvo La Cadenas eran solteras32. Todo indica, como también señalaban los indicios de la prisión central de mujeres, que el hurto hacia perceptible la presencia del mundo femenino en el delito común, en buena medida por la especialización doméstica que llevaba implícita la inmigración más cercana o la lejana33.
Feminización de la pobreza oculta tras su rol. Respecto al perfil masculino del delito común hubo también un elevado porcentaje de solteros. 23 de los 45 puestos en libertad ese mismo año así se declaraban, y no es de extrañar si se tiene en cuenta que la edad mayoritaria de este grupo era de 23 años. A partir de los 25 años su proporción bajó hasta concluir en los casos aislados de mayores de 50 años.
Al tratar la problemática del delito en la primera mitad del siglo XIX, estimamos la naturaleza de las fuentes y la agrupación de los datos como las operaciones más delicadas a la hora de elaborar una reflexión completa del tema. En la segunda mitad del siglo, a pesar de la aparente continuidad de las fuentes, hay algunas modificaciones en sus ámbitos cercanos. Del lado penitenciario, se inicia un lento camino de reforma, plagado de proyectos que también se han estudiado decididamente desde ratios engrandecidos. Del lado penal, en 1870 se aprobó un nuevo Código y otras muchas medidas que se desarrollaron ya en la primera Restauración, y modelaron el marco de las leyes municipales que comienzan a regular, a sancionar, a intervenir como figura legal en el orden público. De nuevo la Justicia municipal y la letrada, ahora la multa y la falta, que desplazan los anteriores delitos leves, ya no son tratados judicialmente. Volvemos, para finalizar el siglo, al Partido Judicial, que sigue afianzándose en esta época en la base de la pirámide administrativa, como demarcación en la que se generaron los datos que queremos contrastar, listas de condenas remitidas por los Juzgados de Primera Instancia y testimonios de condena carcelaria de los siguientes años: 1859-60, 1865-66, 1873, 1876 para las causas judiciales, y testimonios de condena entre 1880 y finales de siglo.
En la segunda mitad del siglo las lesiones encabezan notoriamente todos los registros documentados. Desde 1870, las lesiones leves pasan a tratarse como faltas. La incidencia de las lesiones está superando el ámbito de la violencia cotidiana y vecinal, que aún se mantiene troncalmente, a partir de las modificaciones del estrechamiento de las distancias con localidades muy cercanas a Madrid y también con la aparición de mayores supuestos legales para tipificar una realidad que podía oscilar entre la falta y la muerte34.
Los testimonios de condenas entre 1880 y los años finales del siglo XIX no redujeron la proporción de los delitos de lesiones ni su distribución interna y normativa basada en los daños causados. Entre los albores de la muerte, la falta y, cada vez más, la alteración del orden público se mantuvieron los promedios de 60 y 70 por cien de lesiones del total de los delitos comunes, de acuerdo a las sentencias o a las muestras judiciales de absoluto predominio masculino. De ahí la escala de las penas que no llegó a superar en ningún caso los 9 meses. De los 27 puestos en libertad en 1880, 18 pertenecían a lesiones. En cambio, si se siguen las listas judiciales de ese mismo año, tan sólo se encontraría un único caso juzgado por lesiones, el de mayor gravedad, ya que los demás se quedaban en instancia municipal. Idéntica situación ha sucedido con los anuarios y estadísticas judiciales, con lo que no es de extrañar la sobrevaloración de los delitos contra la propiedad, y aquellos de sangre o mayor violencia, respecto del rostro de una violencia cotidiana, resuelta en otras direcciones.
Los datos basados en la distinción clásica entre delitos contra las personas y contra la propiedad ofrecían cifras de 9.977 daños contra las personas en 1861 y 9.187 en 1884 (entre medias no hubo anuarios de Justicia) y para los delitos contra la propiedad alrededor de 21.011 en 1861 y 9.599 en $1 8 8 4 ^ { 3 5 }$ . $\it { i C o m o }$ se explicaba esa bajada que no suele comentarse a nivel del conjunto total de las Audiencias?, ¿qué delito puede valorarse en cada caso, teniendo en cuenta el cambio de Código Penal en ese período?, ¿qué lugar ocuparon las lesiones dentro del primer grupo? Si no hay un uso crítico de las fuentes repetiríamos las tesis de Madoz de imputar las causas últimas de los delitos, impulsivas, codicia, celos.... o de los médicos de entonces, basadas en el temperamento sanguíneo, o la más reciente de la medición o interpretación numérica de los delitos de mayor gravedad, bajo un espectro sociológico incapaz de adecuarse a los valores decimonónicos.
Las consecuencias de obviar la justicia municipal indican la insuficiencia de las mediciones sobre datos oficiales y ponen de manifiesto que la configuración e interpretación del delito variaba en función de su tipo, gravedad, e instancia a la que correspondía decidir sobre la pena. Los tipos de conflictos, que hemos simplificado desde el plan metodológico y narrativo de la violencia como problema, se pueden reflejar en números sólo si contrastamos todas las fuentes entre sí con la evolución de la Justicia y la pena en cada período e institución que las elaborase en su momento36.
El análisis clásico de los delitos y las penas que busca en su proporcionalidad el grado de modernidad adecuado a su análisis debe ser revisado, sobre todo, teniendo en cuenta la cuestión entre su uso como fuente y su interpretación social37. Las preguntas sobre las formas de medir el delito, cuál, cuándo y por qué deben responder a la primera parte, mientras que en la interpretación, o el modelo si se quiere, no basta con asumir el afianzamiento de la pena privativa de libertad sabiendo como en su estadio penitenciario, a través de los aranceles o las fianzas, por ejemplo, la estadística se desvirtúa. En Francia se conservan inmejorables estadísticas penales pero cada vez son menos los trabajos sobre anuarios o memorias de justicia, tanto por la búsqueda y capacidad de relación como por la reflexión crítica y global de lo penal y lo penitenciario38.
La propuesta de análisis a partir de los testimonios de condena y las causas judiciales, preserva el potencial sobre la realidad institucional y social que confluye en el proceso penal a través de sus ángulos mentales, económicos y demográficos. En ese sentido, el predominio del delito de lesiones durante todo el siglo, ya sea rozando la muerte, el delito grave o la falta, no rinde obediencia a los índices de los hurtos, sino más bien se asocia a un marco explicativo como el caracterizado por la violencia. Otros motores de búsqueda son los bandos y los certificados de conducta, máxima expresión de los resortes de control del poder local derivados de las atribuciones judiciales, en la misma línea que la Ley de Vagos de 1845, la instalación de la Guardia Civil, la Policía Rural, al Código Penal y la Ley de Prisiones. La fijación del orden público moderado, sobre el telón de fondo del modelo vecinal y la costumbre, está presente en una documentación de tipo municipal donde quedaron patentes gran parte de las tensiones diarias, resueltas en múltiples cartografías que señalan el uso y el control de la violencia39.
4. LA VIOLENCIA COMO PROBLEMA HISTÓRICO E HISTORIOGRÁFICO.
No hay razón para dejarse llevar por un afán totalizador de la actividad delictiva, tan variable y móvil como otras realidades de la sociedad que aquí nos ocupa, sobre todo, desde su esquina penal. La estadística, las secuencias y los datos completos no pueden ser siempre coherentes con los registros de una actividad ni continua ni tan sistemática como hoy aparece. Nos interesa tanto o más la violencia cuantificada como la que no lo ha estado nunca; la de los ámbitos familiares y vecinales, al igual que las expresiones sociales y políticas más visibles en su contenido. La problemática de la violencia es capaz de abrir el campo penal a las variables y formas del delito sin ser amputados de los ritmos propios de su sociedad, así como su sustrato y significado cultural o su diferenciación urbana y rural...esto es, del conjunto de sus actos40.
El delito aparece como acción y representación de una época de transición, no sólo en la teoría de la pena, cuyos movimientos desiguales conjugaron fenómenos de cambio y resistencia. En el propio desplazamiento de los actores que una cara de la violencia, la política, imprime, a la vez que desde el mundo vecinal no se pierde fácilmente la línea que tiende los lazos entre comunidad e identidad en la resolución de conflictos, se asiste a un interés por contemplar conjuntamente distintos tipos de delitos a lo largo del tiempo, que parece más sugestivo que una simple distribución entre delitos contra la propiedad y contra las personas. Se intenta caracterizar así la sociedad en que se produjeron diversos delitos mejor que reproduciendo exactamente la sociedad que debe caracterizarlos.
La evolución penal y penitenciaria no pudo ser ajena al huracán que supuso la crisis final del Antiguo Régimen, que resulta fundamental para entender la evolución de las claves en las formas de contención de la violencia: la Justicia. En la tensión manifestada entre las atribuciones municipales y las judiciales está señalado el camino particular del liberalismo español, de la separación de poderes del modelo gaditano, a la solución aglutinadora y delegada del moderantismo doctrinario, hasta, por lo menos, la fijación del estatus judicial en la Restauración. Es preciso contrastar la normativa con las fuentes y a su vez con aspectos generales de la violencia, como la guerra, a través de su aproximación a un contexto en particular. A manos de la Justicia llegaban unas causas en las que se palpaba la violencia en sus múltiples dimensiones y desde sus últimos caracteres. Causas en las que se expandían los entornos que componen el delito, no sólo en cifras o en la regularidad estadística, sino en sus distintas percepciones y espacios, fundamentalmente a través de las relaciones que encabezaban los Partidos Judiciales.
La situación del siglo XIX español lleva sin duda a la problemática de la violencia, pero no necesariamente a todas las lecturas que se han hecho sobre ella. Por un lado, el peso de los estudios sobre la Guerra de la Independencia y su dinámica de guerrillas41, la represión política y la contienda carlista42, han sido paso obligado en los estudios posteriores sobre delito y delincuencia. Bajo el fondo de los desastres de Goya se atribuyó un aprendizaje de la violencia desde factores que se consideraron decisivos en la delincuencia de mediados de siglo, pero se debe también a que tanto el delito como su control y represión se han estudiado en ámbitos urbanos de primer orden, como Madrid, Valencia o Barcelona, donde podía atestiguarse con mayor facilidad los rasgos políticos de ciertas actividades populares que se reconocían en los visiones generales.
Por otro lado, durante mucho tiempo se ha producido el efecto contrario, extrapolando el contenido de la violencia a partir de las condiciones materiales o sociales. El bandolerismo, los motines de subsistencia y en cierto modo el carlismo, responden bajo estos prismas a una mirada miope para todo lo que signifique ir más allá de sus supuestas bases sociales y de un pauperismo ensordecedor que no deja escuchar nada más que aquel discurso carcelario que empezaba por la proletarización y acababa por la arquitectura panóptica mencionada al comienzo.
Pero, respecto del delito, estas visiones no han hecho más que seguir, por un lado, a la marcha política y reglamentaria positiva de la sociedad, o, por otro, justamente lo contrario, sustituir los delitos en resonancias sociales ajenas a los cambios políticos o normativos. Ambas puede que busquen, en definitiva, el resultado de las motivaciones directas de la infracción, pero no pueden responder a las causas últimas de los ilegalismos, escondidas en la naturaleza histórica de su contexto. En este sentido, la problemática crece porque la violencia se hace visible, desde luego, en el rostro político de la sociedad, fundamentalmente por dos motivos: por el interés en la propia integridad del régimen vigente y por la naturaleza política de las instituciones administrativas que elaboran la información, que abre las puertas de la percepción de la violencia y sus interlocutores.
La simultaneidad de unos y otros, analizada al hilo de la agrupación y tipificación del delito, no desaparece ni siquiera en las relaciones de causas judiciales pendientes (las de los procesados en rebeldía o de autoría desconocida), allí donde los actos políticos se presuponen más activos. A pesar de ello, la violencia vecinal y el delito común no abandonan los registros de las Audiencias, ni siquiera en épocas tan diferentes en el proceso codificador.
Las cuestiones sobre la problemática de la violencia pueden ampliarse en direcciones políticas, vecinales y de orden público, sobre todo para ayudar a definir mejor el fenómeno y a valorar su regularidad a lo largo de todo el siglo, para intentar, en definitiva, responder a múltiples preguntas como, ¿de qué manera pudieron influir a lo largo del siglo XIX los sucesivos contextos de inestabilidad política, la Guerra de la Independencia, la pugna del liberalismo y el Antiguo Régimen, y todas las dificultades de instalación y desarrollo del régimen liberal? La violencia cotidiana, la más común, popular y de factura vecinal, ¿estaba íntimamente regida por las circunstancias determinantes de cada momento político? Pero de ser así, ¿qué lugar ocuparían los factores de inestabilidad y desequilibrios demográficos, económicos y sociales que afectaron a la mayoría de la población? Su desencadenamiento, y su influencia en las formas de violencia, podía trascender el ámbito de la casa, la calle, el barrio o la taberna; pero, igualmente, si sucedía esto, ¿qué mecanismos políticos, identitarios y culturales se estaban movilizando?, y una última cuestión de índole historiográfica, si proponemos la categoría de violencia vecinal como distinta de la estrictamente polí- tica, dado que comprende a la llevada a cabo en el ámbito de los derechos y deberes del vecino cuyas manifestaciones podrían variar en función del tiempo, del entorno rural o estrictamente urbano y de su definición en unos actos y un lenguaje concretos que se representaban para sus protagonistas en la respuesta correcta dada a cada momento y situación, no es para arrinconar la historia política sino para advertir de qué manera los sectores populares se alejaron de las identidades políticas, propias de elites minoritarias que desarrollaron un entramado institucional, administrativo y territorial y unas formas de violencia netamente diferentes. Y por último, ¿se obtienen los mismos resultados si cambiamos algunos usos en las fuentes sobre el delito? Y más aún, ¿sucede lo propio, si además de la estadística, cambiamos la ciudad por el Partido Judicial?43.
Metodológicamente, pues, la violencia reúne más condiciones para solventar viejos problemas entre estructura y acción que el uso del delito como expresión de existencia social, que queda así asignado a un conjunto fijo que queda a merced a su vez de los cambios de tipificación o de las penas que supone una reforma penal. Todo ello no quiere decir que el uso de la violencia y otras herramientas de trabajo no sean deudoras de aquellas búsquedas, como las de Rudé y otros, que abrieron el camino de la investigación de las formas de criminalidad en la primera mitad del siglo XIX44. No se entiende el enfoque de la violencia vecinal, por ejemplo, sin la persecución del reconocimiento y la conservación de los derechos vecinales que Rudé escuchaba en el grito de la multitud, del delincuente y de la víctima, del denunciante y del denunciado, a pesar de contar con una tradición de estudios basados en unos registros judiciales que ignoraban lo pequeño y, sobre todo, la violencia familiar.
De las dificultades para clarificar un planteamiento válido sobre la violencia, escribió Julio Aróstegui, insistiendo en la ceguera de una visión unívoca y en la necesidad de abordar nuevos planteamientos teóricos45. Tras un congreso sobre la violencia en España y América, Bartolomé Benassar resumió en tres los tipos de violencia sobre los que abundaron las comunicaciones: individual, según la jerarquía de su ritual (el duelo, la riña), la del hogar familiar (de lo secreto a lo público) y la de instituciones o colectivos (la guerra, la Inquisición)46.
Planteaban, Aróstegui y Bennasar, la violencia como representación y como reflexión, en una definición abierta que recogemos como problema conductor de una historia penal, a través de los delitos, sus características y temporalidad, sus espacios predilectos y las penas. Sólo hay que mencionar una importante salvedad, la referida a la violencia de género ya que, efectivamente, su ocultamiento cotidiano pudo ser doble. El silencio doméstico y la nula presencia pública de la mujer puede explicar el escaso porcentaje de causas judiciales por lesiones a mujeres en relación al número de las producidas entre hombres. Las denuncias por motivos relacionados con el divorcio, como sugirió Lawrence Stone, únicamente destacan si aparece violencia o algún extremo sexual que suele revertir negativamente sobre la mujer; en nuestro caso si la mujer está empadronada donde se han producido los hechos es posible rastrear demandas de conciliación para que el marido abone los haberes de manutención47. La preferencia social por el encierro antes que la deshonra por un juicio público, sigue presente en los ámbitos de beneficencia femenina, casas de recogidas y abandonadas, como pauta general que no excluye otras salidas activas de las mujeres ante situaciones similares, como por ejemplo la respuesta a la violencia en sus relaciones laborales más o menos encubiertas, como puede advertirse en muchas de las fianzas que conservan los protocolos notariales48.
La violencia política y la violencia vecinal, con sus préstamos e influencias mutuas, del bandolerismo a las partidas, en la alteración y manipulación del orden público como verdadera intervención de las minorías politizadas en una sociedad todavía representada de forma estamental y escasamente identificada con cualquier proyecto o discurso nacional, no fueron ajenas al delito común. Por sus atribuciones hacia éste tampoco lo fueron las autoridades locales que recibieron unos instrumentos para decantarse hacia uno de los modelos enfrentados, dirimidos en la guerra y en la violencia política, que siempre se han resistido a desaparecer, particularmente los informes polí- ticos y los certificados de conducta. Un ritmo acompasado en los procesos de negociación del mundo local y su relación y articulación en el diseño del poder territorial liberal que se antoja muy extraño al tiempo inmóvil que unía el cambio penal de mediados del siglo XVIII con la creación de centros modelos de finales del XIX, sobre todo teniendo en cuenta que «lo penal no tiene ni la misma significación ni el mismo lugar en diferentes momentos de una formación social»49.
Es preciso concluir precisamente con esta advertencia, lanzada al comienzo de los 90, que sigue siendo válida y necesaria a falta de todo lo que no sean interpretaciones del delito a instancias de las penas. A diferencia de otros casos, la historia sigue presa del panóptico, de la idea de cárcel moderna como institución total, y se muestra incapaz de validar otra explicación que no termine postulando el fin de la idea de la pena, que, paradójicamente, acaba obviando la realidad histórica de los delitos, su tiempo y su significación. Una vía prometedora para acoger de nuevo estas y otras cuestiones al campo histórico debe jugar con multitud de variables a las que se llega partiendo de la reducción del objeto penal, que se amplia sucesivamente en contextos propios e interrelacionados, donde se conservan las claves de una cuestión penal que se perfila como una descripción intensa de las formas de vivir, pensar e imaginar la realidad pasada.
Además de aislar la información de su propio contexto histórico, si se sigue obviando la información recogida en las cabezas de los partidos judiciales, en su doble vertiente judicial y político-administrativa, gran parte de los caracteres de la violencia se mantendrán ocultos por las cifras. Sobre todo, aquellos que a lo largo del siglo constituyen la violencia vecinal, desde las vistas de oidores y corregidores del Antiguo Régimen, hasta la codificación y el traspaso municipal de los delitos de faltas. Una violencia que por su posición común y ordinaria tiene mucho que decir sobre aspectos del mundo social que siguen sin aclararse internamente, sometidos a interpretaciones que distorsionan todo paisaje histórico que no proceda de una violencia polí- tica sobrevalorada y de unos delitos mayores engrandecidos.