Comprar renta para pagar tributos. Un procedimiento crediticio singular para la satisfacción del servicio ordinario y extraordinario en Castilla durante la primera mitad del siglo XVII \*.
Buying rent to pay taxes. A singular credit procedure for the satisfaction of the servicio ordinario y extraordinario in Castile during the first half of the 17th century.
Resumen: Este artículo estudia las acciones emprendidas por algunas villas y lugares de los reinos de Castilla en las primeras décadas del siglo XVII para cambiar, con la anuencia interesada de la Corona, el sistema de pago tradicional del servicio ordinario y extraordinario, también conocido como servicio de pecheros. En particular, pretende esclarecer quiénes eran exactamente las personas que estaban detrás de tales acciones y cuáles las motivaciones que les llevaron a promoverlas. Todo ello con el propósito último de proporcionar una explicación de las mismas y de determinar sus consecuencias tanto en el plano de la política local como en el económico y social.
Palabras clave: Monarquía Hispánica; fiscalidad; servicio ordinario y extraordinario; élites locales;
Castilla; siglo XVII.
Abstract: This article studies the actions undertaken by some small towns and villages in the kingdoms of Castile in the first decades of the 17th century in order to change, with the interested consent of the Crown, the traditional payment system of the servicio ordinario y extraordinario, also known as servicio de pecheros. In particular, it aims to clarify who exactly the people behind such actions were and what motivations they had. All this with the final purpose of providing an explanation for them and determining their consequences both at the level of local politics and in the economic and social sphere. Keywords: Hispanic Monarchy; taxation; servicio ordinario y extraordinario; local elites; Castile; 17th century.
La venta de rentas reales en sus diversas modalidades es uno de los capítulos más relevantes y trascendentales del largo proceso histórico de enajenaciones del patrimonio regio que se desarrolló en Castilla durante los siglos XVI y XVII. Y lo es también, obviamente, de la historia que se propone estudiar y analizar dicho proceso en toda su amplitud y complejidad, o sea, de esa España en almoneda de cuyo esclarecimiento y significado me vengo ocupando, sin prisas pero sin pausas, desde hace algunos años. No en balde, fueron más de mil cien las operaciones enajenadoras de este tipo promovidas por la Corona durante el referido tracto histórico (siendo aún mayor el número localidades que resultaron afectadas, pues a menudo se vendieron las rentas de varias de ellas en una misma operación) con la única finalidad de obtener unos ingresos extraordinarios que pudieran aliviar las penurias financieras de la Hacienda. De este modo, y por dicha razón, se enajenaron por precio, desde los tiempos del Emperador, alcabalas y tercias principalmente, y ya en el siglo XVII, además de ellas, los cientos, a medida que estos fueron estableciéndose como sucesivos recargos de un uno por ciento –hasta cuatro– sobre la alcabala, ventas que alcanzaron unas magnitudes y siguieron unos ritmos que hemos tenido ocasión de cuantificar y delimitar en anteriores trabajos a los que remitimos1 . Y en fin se vendió asimismo, avanzada la segunda de las dos centurias citadas, el servicio ordinario y extraordinario, hecho que resulta tanto más sorprendente cuanto que no se trataba de una regalía de la que el rey pudiera disponer libremente sino de una concesión financiera de carácter temporal que las Cortes realizaban al rey en nombre del reino2 .
Estas ventas del servicio ordinario y extraordinario se sucedieron, ciertamente, a partir de 1653. Unos años antes, en 1648, habían comenzado a enajenarse también los cientos, de manera que la oferta vendible, limitada hasta entonces, por lo que a esta concreta parcela del patrimonio regio se refiere, a las alcabalas y tercias, experimentó un incremento notable con estos nuevos efectos. Dicha cronología no tiene, sin embargo, nada de casual. Así, en lo que a los cientos respecta, está claro que su venta guarda una estrecha relación con las fechas de su establecimiento, aunque no solamente con ellas. Ocurrirá con los cientos lo mismo que venía sucediendo desde hacía tiempo con las alcabalas y tercias, y con lo que iba a acontecer enseguida con el servicio ordinario y extraordinario: que la Corona vende únicamente aquellas rentas que ya estaban enajenadas, que estaban vendidas de facto, debido a que sobre ellas había ido situando títulos de la deuda pública consolidada (juros) cuyos intereses absorbían la mayor parte o la totalidad del producto de las mismas (si es que no lo sobrepasaban claramente, produciéndose entonces situaciones de no cabimiento), no yendo a parar en consecuencia ni un solo maravedí de los que dichas rentas devengaban a las arcas del erario. Pues bien, esto que decimos de los cientos (y antes de las alcabalas y tercias) lo podemos proclamar también, insistamos en ello, respecto de los servicios dichos.
En efecto, aunque ni teórica ni legalmente el servicio ordinario y extraordinario era una renta fija sobre la que pudieran situarse juros, obrando el gobierno de conformidad con esa consideración durante largo tiempo3 , andado el siglo XVII, cuando las penurias de la Hacienda se tornaron más acuciantes todavía y se vio que cada vez resultaba más difícil allegar los dineros que las guerras incesantes demandaban, la Corona acabó utilizando esta contribución extraordinaria como respaldo para nuevas emisiones de juros, cosa que ya había hecho antes con los servicios de millones (también ellos concesiones temporales votadas por las Cortes). Así, en 1641 el reino autorizó, tras haber sido requerido para ello, la enajenación de 75.000 ducados del servicio ordinario y extraordinario en juros al quitar; en 1642, contando igualmente con la autorización del reino, Felipe IV ordenó la venta de 200.000 ducados de renta en dicho servicio a fin de sacar un millón y medio de ducados de principal de plata para consignación de los asientos de ese año4 ; y en 1648 se dispuso la enajenación de otros 70.000 ducados, “con lo que prácticamente quedó perdida para la Corona esta renta”5 . Una renta, recordémoslo, que desde 1591, año en que se confeccionó el último vecindario general para su reparto, permanecía congelada en unos 400.000 ducados anuales.
Pero si al mediar la centuria decimoséptima la renta estaba prácticamente perdida, si no devengaba más que una pequeña cantidad a la Real Hacienda, habida cuenta de que casi todo lo que producía iba a parar a manos de los propietarios de los juros situados sobre ella6 , todavía se podía sacar un beneficio de ella. ¿De qué manera?, pues vendiéndola en empeño al quitar con la carga del situado a los que la quisieren comprar. Se trataba, dicho sea con otras palabras, de poner en práctica, para el servicio ordinario y extraordinario, el procedimiento enajenador que desde hacía tiempo se seguía en las ventas de alcabalas y tercias (y que se había empezada a aplicar también a las de los cientos) conocido por el nombre de “crecimiento”. Consistía dicho procedimiento en la utilización por parte de administración hacendística de dos tipos de capitalización diferentes: uno para estimar el precio de la renta a enajenar y otro para calcular el principal del situado cargado sobre ella. En el primer caso, se multiplicaba el rendimiento anual de la renta por 34.000 maravedís el millar, si se vendía con jurisdicción para su administración, beneficio y cobranza, o por 30.000 el millar si se hacía sin ella; en tanto que en el segundo se aplicaba el multiplicador 20.000 maravedís el millar al importe del situado o suma de los intereses de la deuda. A continuación, la cantidad resultante de esta segunda operación se restaba de la que salía de la primera, y el residuo final era lo que pagaba a la Real Hacienda el comprador de la renta, quien se obligaba, eso sí, a seguir atendiendo al servicio de la deuda que venía con ella mientras no procediera a su amortización, cosa que podía hacer inmediatamente o bien dilatarla en el tiempo todo lo que estimase conveniente. En definitiva, era en el “crecimiento” que iba de 20.000 a $3 0 \textup { o }$ 34.000 el millar donde radicaba esa última ganancia neta que la Corona obtenía con la enajenación a título oneroso de rentas reales (ahora también del servicio ordinario y extraordinario) cuando su situado igualaba al (o incluso excedía del) rendimiento de las mismas. Un ejemplo concreto de esta clase de ventas, tomado al azar de nuestra base de datos, permitirá entender lo dicho con mayor claridad.
Don Juan de Góngora, caballero de la Orden de Alcántara, vizconde de La Puebla de los Infantes, del Consejo y Cámara de Su Majestad y su gobernador en el de Hacienda, en virtud de facultad real que para ello hubo de sacar dada su condición de alto ministro de la Corona, adquirió, en virtud de un asiento tomado con él, su fecha 13 de febrero de 1669, el servicio ordinario y extraordinario de su villa de La Puebla de los Infantes (Sevilla), incluido el quince al millar que se pagaba al receptor de dicho servicio, estimado todo ello en 74.270 maravedís de renta, sin jurisdicción7 , con el goce desde primero de enero de dicho año y la carga de otra tanta cantidad de situado. Importó su precio, a razón de 30.000 el millar en plata, 2.228.100 maravedís, de los cuales se le bajaron y descontaron 1.485.400 maravedís por el principal, a razón de 20.000 el millar, de los mismos 74.270 maravedís de renta del dicho servicio, que quedaron a su cargo el pagarlos a los juristas hasta tanto no los desempeñase. Por consiguiente, lo único que don Juan de Góngora debió pagar líquido a Su Majestad fueron los 742.700 maravedís en plata del crecimiento de 20 a 30.000 el millar, los cuales se obligó a satisfacer en dicha moneda o en vellón, con más su reducción al 50 por 100 si optaba por esta segunda modalidad8 .
Ventas como esta del servicio ordinario y extraordinario, que comportaban la subrogación de los particulares adquirientes en el lugar del rey en la percepción de lo que formalmente era un donativo temporal del reino, pero también el traspaso de la deuda que se había impuesto sobre él (y de la que en adelante se hacían cargo los compradores), se repitieron, como queda dicho, desde 1653, afectando a un número significativo de villas y lugares. Fue así como la Corona pudo obtener todavía, en esas localidades, un beneficio monetario de una renta que en realidad ya no le producía nada y que aun en el caso de que no la hubiese enajenado habría seguido sin rentarle nada, pues carecía de los recursos necesarios para redimir los juros impuestos sobre ella, juros cuyos intereses absorbían todo su rendimiento. No es la intención de este artículo, sin embargo, tratar de semejantes ventas, las cuales son similares a las que condujeron a la enajenación de otras rentas reales (alcabalas y tercias en particular) que nos resultan bien conocidas, sino de las acciones emprendidas por algunas localidades para, con el beneplácito interesado de la Corona, que obtenía un provecho inmediato de ellas, modificar el sistema de pago tradicional del citado servicio ordinario y extraordinario9 , forma de actuar que generó situaciones en las que deuda municipal, deuda estatal, fiscalidad y venalidad se entrelazaron inextricablemente y a las que los historiadores no hemos prestado aún toda la atención que se merecen. Veamos, pues, a través de la descripción de una de estas situaciones, de qué realidad estamos hablando exactamente.
El 9 de abril de 1615 se tomó asiento con la ciudad de Úbeda, que fue aprobado por real cédula del 19, sobre la merced que se le hacía de concederla ciertos arbitrios para que, con lo que ellos rindiesen, pudiera comprar hasta 1.000 ducados (375.000 maravedís) de renta para en parte de la paga (la mitad exactamente) de lo que se le repartía anualmente del servicio ordinario y extraordinario. La merced en cuestión, sin embargo, no era gratuita. De hecho, por otra cláusula del mismo asiento, la ciudad se obligaba a “servir” a Su.
Majestad con 12.000 ducados (4.500.000 maravedís), en seis años y seis pagas, puestos en la Corte, en reales de contado, en poder del tesorero general o de quien el monarca ordenase, por aquello que en apariencia tan graciosamente se le ofrecía. Además, Úbeda se comprometía a pagar otros 450.000 maravedís de lo primero que procediese de los arbitrios que se le concedían, suma que debía remitir a la Corte sin pérdida de tiempo (antes en todo caso de finales de abril de 1616), a poder de Sebastián de Galdo, receptor del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda: tal cantidad de dinero serviría a su vez para comprar 15.000 maravedís de renta anual, a razón de a 30.000 maravedís el millar, situados en las alcabalas de la misma ciudad, que se emplearían en gastos comunes del estado de los hijosdalgo por el aprovechamiento que sus miembros dejaban de tener en los arbitrios que se otorgaban a la ciudad10.
Obviamente, Úbeda carecía de liquidez para hacer frente a los desembolsos a los que se comprometía, por lo que no tuvo más remedio que recurrir al crédito. Precisamente una de las condiciones del asiento susodicho contemplaba que, para pagar a Su Majestad los 12.000 ducados convenidos, se le había de dar facultad para que los pudiese tomar a censo sobre sus bienes propios, rentas y dehesas, con más otros 500 ducados para cubrir las costas que había hecho e hiciese en lo sucesivo hasta sacar el privilegio de la merced11. Más aún, con vistas a extinguir la deuda así contraída (o sea, para redimir la cantidad tomada a censo y pagar sus réditos en el entretanto) y poder comprar al mismo tiempo los 1.000 ducados de renta a razón de 25.000 maravedís el millar que habían de servir para parte de pago del servicio ordinario y extraordinario que se le repartiese, se le concedieron a la ciudad por dicho asiento los siguientes arbitrios: arar y arrendar a labor por tiempo de seis años la dehesa del concejo nombrada de Romardancho, la cual ya había sido roturada con licencia de Su Majestad en el pasado, concretamente para la paga de los millones, y tenía de cabida entre $6 0 0 \mathrm { ~ y ~ } 7 0 0$ fanegas de sembradura; hacer lo propio con una parte de la dehesa que llamaban “de las yeguas”, que se roturó asimismo en 1605 para sembrar panizo por ser de riego, que tendría unas 200 fanegas; y vender la hierba de la dehesilla de Garci Fernández (unas 100 fanegas poco más o menos), y de los sitios Viejo y Nuevo, que por ordenanzas del concejo estaba vedado a los vecinos el poder pastarlos con sus ganados. Completaba esta relación de arbitrios sobre la que había de erigirse el crédito municipal otro de distinta naturaleza pero no menos significativo: la capacidad para imponer medio real en cada arroba de lana que se sacase del término de la ciudad, imposición que pagaría quien efectuara la saca pero que realmente el ayuntamiento no llegaría a aplicar por afectar a los intereses de algunos de sus vecinos más poderosos.
El caso es que a los pocos días de formalizarse el asiento, Úbeda, considerando que los arbitrios que en él se habían contemplado eran tan “tenues y pobres” que no iban a rendir la cantidad necesaria para pagar a Su Majestad la cantidad convenida (y menos aún para comprar la renta prevista), solicitó la concesión de más arbitrios, concretamente que lo que faltase hasta reunir la citada suma lo pudiese echar por sisa en la carne y el pescado que se consumiese en la ciudad, y que pudiese romper la dehesa de la Torre de San Juan, de unas 40 fanegas de superficie; y que además se le prorrogase el plazo de la primera paga “por algún tiempo bastante”, todo lo cual obtendría sin mayores problemas. No con ello acabaron las negociaciones entre la ciudad y los hombres de la Hacienda del rey. Tras nuevas consideraciones acerca de la conveniencia u oportunidad de usar de dichos arbitrios, en particular el de la sisa de la carne y el pescado12, tras nuevos tiras y aflojas entre la ciudad y la administración hacendística, se llegó a un acuerdo sobre lo que en este preciso momento importaba más a las dos partes, esto es, la manera en que Úbeda había de efectuar la paga de los 12.000 ducados con que servía a Su Majestad, determinándose finalmente que los seis u ocho años que se habían previsto en principio para realizar los desembolsos se convirtieran en doce, a razón de 1.000 ducados cada año, y que la primera de las pagas se efectuase el día de San Miguel de 1618. Lo cual fue sancionado por decreto del Consejo de Hacienda de 28 de noviembre de 1616 y escritura de obligación que otorgó la ciudad el 12 de diciembre del mismo año13.
Pasado el término de los seis años contemplado en el asiento de 1615, la ciudad de Úbeda hubo de dar testimonio del rendimiento de los citados arbitrios14 y presentar sus cuentas en el Consejo de Hacienda como también se había previsto que se hiciera. Sin entrar en detalles que no vienen al caso, el balance que aquellas arrojaban no podía ser más desalentador. A fecha de 22 de mayo de 1622, la ciudad arrastraba una deuda de 13.936.885 maravedís, compuesta fundamentalmente por tres partidas: 3.375.000 que le faltaban por pagar a Su Majestad por la “merced” susodicha (en realidad solo había hecho frente a tres anualidades de las doce convenidas); 9.375.000 para la compra de los 1.000 ducados de renta con que, una vez constituida, pretendía sufragar la paga de la mitad del servicio; y 450.000 que aún no había remitido al receptor del Consejo de Hacienda para la compra de los 15.000 maravedís de renta de juro de a 30.000 el millar que se habían de dar al estado de los hijosdalgo. Pues bien, dado que oficialmente el rendimiento medio anual de los arbitrios durante los referidos seis años había sido solo de 448.547 maravedís, no resulta extraño que desde la Contaduría de la Razón se trasladase al Consejo de Hacienda el dictamen favorable a prorrogar a la ciudad, tal como ella solicitaba, la facultad de poder usar de dichos arbitrios por 20 años más, incluso a sabiendas de que tampoco este sería tiempo suficiente para sacar la cantidad que aquella precisaba. Se obstinaban los contadores en creer que al cabo de esos años se podría ver mejor el estado de la cuenta y comprobar si, mientras tanto, la ciudad había encontrado un modo mejor que el referido para lograr su desempeño, opinión que sin embargo no sería sancionada por el Consejo que, mediante decreto de 11 de agosto de 1622, determinó que se prorrogasen los arbitrios únicamente por seis años, plazo que ante una nueva súplica de la ciudad los consejeros elevaron, apenas ocho días después, hasta los diez años15. Era en cualquier caso otra manera de cerrar los ojos ante un problema –el del endeudamiento municipal provocado por esta y otras causas relacionadas casi siempre con la actividad enajenadora y fiscal de la Corona– que no atañía a una sola localidad, un problema por otra parte que no hará más que enmarañarse con el discurrir del siglo y que, amén de causar los menoscabos que fácilmente se pueden suponer, reducía progresivamente la capacidad contributiva de los núcleos de población afectados por él.
Ignoramos cuántas operaciones como esta de Úbeda se efectuaron y, por consiguiente, desconocemos el número exacto de localidades que las protagonizaron. No obstante, en la siguiente tabla presentamos algunos casos seleccionados de entre aquellos con los que nos hemos ido topando en el curso de nuestras investigaciones sobre las enajenaciones del patrimonio regio16. Es más, la información que proporcionan resulta lo suficientemente explícita y coincidente como para realizar un análisis de conjunto de esta cuestión y extraer algunas conclusiones de interés sobre los aspectos que la conforman.
Tabla 1. Muestra de localidades con las que se tomó asiento para la composición y paga del servicio ordinario y extraordinario (1610-1630) (en maravedíes)

Localidad	Montante de loque pagaanualmente porel servicio	Principal dela renta quequierecomprar	Cantidad conla que sirve aS.M.	Fecha delasiento
Almendralejo(Badajoz)	7.500.000	15.750.000*	25-02-1610
Arahal(Sevilla)	4.687.500	2.250.000912.183	11-04-1611
Alange(Badajoz)	29.058	850.000	465.000	14-11-1612
Villagonzalo(Badajoz)	21.632	540.550	412.500	10-09-1613
Morón de laFrontera(Sevilla)	350.000	8.750.000	8.250.000	13-06-1614
Ubeda(Jaén)	750.000[375.000]**	9.375.000	4.500.000	09-04-1615
Villamartin(Cadiz)	3.000.000	08-01-1615
Cumbres de SanBartolomé(Huelva)	[49.600]	1.240.000	973.000	10-03-1616
Canete la Real(Malaga)	1.325.520	14-04-1617
Guarena	[92.000]	2.300.000	1.448.432	31-05-1617

16 Es decir, no son el resultado de una búsqueda sistemática que hayamos llevado a cabo ad hoc.

(Badajoz)
Burguillos(Sevilla)	1.952.848	27-02-1620
Higuera, La(Badajoz)	94.976	2.450.000	1.520.000	10-03-1620
Almoharin(Caceres)	74.626	1.865.650	1.194.076	27-04-1622
Haba, La(Badajoz)	57.441	1.436.025	919.056	14-06-1622
Cabeza,La(Badajoz)	39.804	995.100	636.864	24-11-1623
Valdetorres(Badajoz)	27.913	697.825	446.608	14-02-1624
Medellin(Badajoz)	91.559	2.288.975	1.464.944	12-10-1624
Villanueva deBarcarrota(Badajoz)	93.090	2.327.250	1.489.440	1625
Don Benito(Badajoz)	173.716	[4.342.900]	2.779.456	17-01-1626
Jaraicejo(Caceres)	111.658	[2.791.450]	1.500.000	08-02-1630

\* Plata y vellón por mitad \*\* Se negocia solo la mitad de lo que se pagaba por el servicio.
De entrada, es llamativo que todos los casos reseñados correspondan a unos territorios concretos (Extremadura señaladamente, con la actual provincia de Badajoz a la cabeza, así como algunos puntos aislados de Andalucía) y a unos tiempos determinados (las décadas segunda y tercera del siglo XVII), circunstancias que estarían sugiriendo que tales episodios tuvieron un alcance geográfico y temporal limitado aunque no por ello desdeñable. Fuera lo que fuese, pues sabemos de algunas villas y lugares que se salen de dicho esquema, lo primero que hay que destacar es el papel desempeñado por la Corona en estas operaciones. Era la Corona, ciertamente, la que atendía, a través de sus hombres del Consejo de Hacienda, las peticiones que en este sentido le llegaban de las localidades; era la Corona la que decidía en último término si habían de pasar adelante o no los asientos negociados con ellas; y era la Corona, en fin, la que sacaba un beneficio de la merced que les dispensaba, consistente, recordémoslo, en la concesión de arbitrios para, con su procedido, poder ir pagando la cantidad que debiesen y les fuese repartido del servicio ordinario y extraordinario, y, finalmente, comprar aquella renta que garantizase la referida paga para el futuro, perpetuamente.
Ya hemos comentado que la merced regia no se concedía gratuitamente; al contrario, tenía un precio que las localidades interesadas habían de pagar, el cual, por lo que a las operaciones aquí analizadas se refiere, acabaría estimándose de la misma manera en todos los casos, concretamente a razón de 16.000 maravedís por cada millar de lo que importaba al año lo que la villa o lugar con quien se hacía el asiento pagaba de servicio17. De este modo, traficando con la merced, haciendo mercancía venal de ella, la Hacienda Real obtenía unos ingresos extraordinarios caídos prácticamente del cielo, si se nos permite hacer uso de una expresión muy utilizada hoy en otros contextos. Es verdad que los 412.500 maravedís pagados por Villagonzalo o los 446.608 maravedís con que sirvió Valdetorres por este mismo concepto no representaban grandes cantidades; cosa diferente eran, mirando al otro extremo del ranking, los 3.000.000 maravedís del servicio hecho por Villamartín, los 4.500.000 de Úbeda, los 9.375.000 de Morón de la Frontera o, batiendo todos los récords, los 15.750.000 de Almendralejo18. Pero más allá de por el valor de su cuantía, está claro que estos “golpes de hacienda” eran siempre bien recibidos, pues permitían a la Corona sufragar ciertos gastos menores, tapar algunos agujeros y, en el mejor de los casos, ofrecer el producto de los mismos a los hombres de negocios como consignación de los asientos tomados con ellos19.
No era este, además, el único beneficio que la Corona obtenía con semejantes prácticas. Puesto que la renta de juro o censo que las localidades se obligaban a comprar con el producto de los arbitrios concedidos había de estar siempre en pie, para con ella subvenir perpetuamente al pago del servicio ordinario y extraordinario, el erario regio se garantizaba, al menos sobre el papel, la percepción pronta y puntual del mismo para siempre jamás. En todo caso, tal como se hacía constar expresamente en los asientos tomados con las localidades, el hecho de que estas apostaran por cambiar el sistema de pago del servicio y dejaran de repartirlo entre los vecinos conforme a la hacienda y rentas de cada cual, de ninguna manera podía perjudicar “al derecho de Su Magestad en la presunción que tiene de que todos se lo deuen, ni ellos inducirle, adquirirle o mejorarle para la esençión dél por ninguna causa”20. Por último, y dado que la renta que las localidades se comprometían a adquirir podía ser tanto de censo como juro, la Corona encontraba en estas operaciones una oportunidad para ensanchar su crédito vendiendo a aquellas los títulos de la deuda pública consolidada que demandaban, colocándoselos además a unos precios relativamente elevados (a 25.000 el millar), y en unos momentos en que la estimación de esta clase de deuda se estaba deteriorando a pasos agigantados como consecuencia precisamente de algunas de las medidas adoptadas por la Corona respecto a ella21.
Distinguir dónde se encontraba el beneficio que alcanzaban las villas y lugares que decidían aventurarse en esta clase de negociaciones con la Corona constituye, en cambio, un ejercicio bastante más difícil de llevar a cabo. Recordemos que dichas localidades tenían que pagar, en moneda de contado y en uno o varios plazos, una importante cantidad de dinero por la merced que el monarca les hacía en la composición y asiento sobre la paga del servicio; es decir, se obligaban a hacer, por este motivo, un dispendio no pequeño precisamente. Lo peor de todo, sin embargo, es que ese dinero, del que por lo general no disponían, habían de tomarlo a censo (junto con el preciso para las costas que habían hecho e hicieren hasta la conclusión definitiva del negocio), dinero que se comprometían a devolver y que devengaba unos intereses mientras no lo hiciesen, ofreciendo como garantía del pago de principales y réditos sus bienes de propios y rentas, así como el rendimiento de los arbitrios que el soberano les concedía. De tales arbitrios, consistentes en romper y arrendar para pasto y labor montes, dehesas y ejidos del concejo, privatizar ciertos aprovechamientos comunes, tomar dinero o grano del pósito, echar sisas sobre los mantenimientos…, debían proceder, tengámoslo presente asimismo, las sumas con las que comprar la renta necesaria que, en lo sucesivo, les permitiese pagar el servicio sin tener que recurrir a otros procedimientos recaudatorios que consideraban más lesivos, sumas que, como se desprende de la información manejada y por diferentes motivos, las localidades tardaban bastantes años en acopiar. Con cuenta que de lo primero que procediese de los referidos arbitrios habían de comprar también, a razón de a 30.000 el millar, la renta de juro necesaria para usos comunes del estado de los hijosdalgo, por el aprovechamiento que sus miembros podían tener en los arbitrios que el monarca, en los asientos negociados con ellas, les concedía. En definitiva, no era raro que los concejos involucrados entrasen en una espiral de endeudamiento de la que no les iba a ser fácil salir, máxime cuando no era esta la única causa de sus empeños, por más que todas ellas remitieran a un mismo denominador común: la actividad extractora de la Corona y la explotación a su favor de la capacidad de crédito de las municipalidades.
Entonces, ¿cómo hemos de entender estas operaciones, más aún cuando la cosa que los pueblos interesados compraban (a un precio elevado además) no era la renta en sí (o sea, el servicio ordinario y extraordinario, que seguiría en manos de la Corona), sino solo la forma de recaudarla? Pues poniendo el foco en esta segunda cuestión precisamente para así poder determinar quiénes eran realmente los beneficiarios de los cambios que en el sistema de pago del servicio se introducían. Porque si bien es cierto que los concejos, en sus representaciones al monarca, insistían en los daños y molestias que resultaban de cobrarse el servicio del modo en que se venía haciendo y destacaban, por el contrario, los beneficios que traería consigo el sistema de pago que proponían, tanto para la Corona, que mantendría el servicio “entero y sin diminuçión” y su paga, “pronta y puntual”, como para el bien público y los vecinos en general, quienes quedarían relevados de esa carga, lo que permitiría que cesasen muchos “pleytos e ynconvinientes”22, no es menos verdad (o lo es mucho más) que los principales beneficiarios de que el servicio dejara de repartirse “por evaluación de haciendas” y pasara a pagarse de los arbitrios propuestos no eran necesariamente las gentes del común, sino sectores muy concretos de las poblaciones respectivas.
Entre ellos no se encontraban los hijosdalgo, exentos por su condición nobiliaria del pago del servicio ordinario y extraordinario, pero con el mismo derecho a beneficiarse de los bienes municipales que los demás vecinos, y a quienes la transformación de la naturaleza de la prestación, que era al cabo lo que sucedía cuando los concejos recurrían a sistemas de pago alternativos, más bien les perjudicaba. De ahí que se opusieran, en principio, a las pretensiones manifestadas en este sentido por los ayuntamientos, aunque no sabemos de ningún caso en que las partes no llegaran finalmente a concertarse, un resultado facilitado asimismo por la mediación de la Corona, que imponía, para evitar inconvenientes mayores, que se compensase a los hijosdalgo por los perjuicios que presumiblemente fueran a recibir. Gracias a dichos conciertos, en efecto, los hijosdalgo pasaban a disfrutar perpetuamente, a modo de refacción o recompensa, de una renta a cuenta de los aprovechamientos que, como los restantes vecinos, podían tener en los arbitrios concedidos a los pueblos con los que se negociaba la nueva forma de pago del servicio, lo que obligaba a estos, según más arriba hemos señalado, a realizar un desembolso específico a fin de constituir la citada renta23. Ahora bien, tampoco podemos afirmar que los vecinos pecheros que contribuían con unos pocos maravedís en concepto de servicio (y que, sumados a aquellos otros que nada pagaban por no tener de qué, hacían mayoría en las localidades implicadas) obtuvieran un provecho significativo de la alteración de la prestación, por más que semejante mutación fuera vendida por sus promotores como el fin o la supresión de los repartimientos entre los vecinos, entre todos los vecinos. Muy al contrario, ellos eran, a la postre, los grandes perjudicados, y de diversas maneras además.
No hay que darle, pues, muchas más vueltas a este asunto. Los verdaderos beneficiarios del cambio del sistema de pago del servicio ordinario y extraordinario que las operaciones aquí analizadas propiciaban eran, sin duda, los pecheros ricos, ya fuesen labradores o ganaderos, es decir, esos personajes que las fuentes documentales manejadas designan con el expresivo nombre de poderosos, gentes en suma que se sentían perjudicados por unas formas de recaudación basadas en los repartimientos por haciendas (más o menos proporcionales, por tanto, a la riqueza de cada uno) que gravaban directamente sus bolsas. Nada mejor, por tanto, para eludir la carga fiscal que por sus niveles de renta les correspondía pagar, que acabar con dicho sistema desviando la imposición hacia los bienes y rentas de los concejos. Y a esa tarea se entregarán con denuedo, valiéndose para ello de su posición preeminente en las comunidades locales respectivas y arrogándose la facultad de hablar en su nombre, como los asientos negociados al efecto con el monarca y sus hombres del Consejo de Hacienda nos han permitido descubrir.
Más aún, estos pecheros ricos serán también los que monopolicen la explotación rentística de los bienes y aprovechamientos concejiles sujetos a la constitución, redención y paga de los réditos de los censos tomados para dar satisfacción a Su Majestad de las cantidades convenidas, así como la de aquellos otros con cuyo rendimiento se había de comprar la renta de juro necesaria para, por un lado, hacer pago del servicio ordinario y extraordinario de cada año y, por otro, compensar a los hijosdalgo por la pérdida del usufructo que en dichos bienes les cabía. De este modo, como por arte de birlibirloque, importantes extensiones de dehesas, tierras, ejidos, etc., hasta entonces de común aprovechamiento de los vecinos, o de propios de los concejos, pero de fácil y cómodo acceso por su parte, pasarán de la noche a la mañana a ser disfrutados en exclusiva por unos pocos, los susodichos pecheros ricos, o sea, por aquellos labradores y ganaderos que disponían del dinero y la influencia (en definitiva, del poder) necesarios para hacerse con los arrendamientos (y llegado el caso, con la propiedad) de tales bienes e, incluso, de otros aprovechamientos menores, como la bellota de los montes o el espigueo en las tierras de labor una vez alzadas las cosechas24; arrendamientos a los que, en cambio, difícilmente podían optar los restantes vecinos por carecer de la capacidad y los medios necesarios para ello, lo que suponía que dejaban de disfrutar, también de la noche a la mañana, de unos bienes indispensables para sus economías sin recibir además, contrariamente a lo que se hacía con los hijosdalgo, compensación alguna por ello, quedando el usufructo de los mismos privatizado por los susodichos poderosos, a menudo de manera permanente e irreversible25. Y desde luego no habría que descartar que estos poderosos locales fuesen al mismo tiempo también oferentes del crédito que las municipalidades embarcadas en estas operaciones precisaban, lo que les confería, en tanto que prestamistas, unos derechos evidentes sobre los bienes hipotecados y les permitía obtener unos ingresos vía renta que les igualaba en forma de vida a la nobleza, en cuyas filas, por otra parte, muchos de ellos aspiraban a introducirse26.
No se piense que estamos especulando sin base alguna en la realidad. Sirva de nuevo un ejemplo de caso para confirmar, punto por punto, lo que llevamos dicho, convencidos además de que las conclusiones que de él se obtienen pueden extrapolarse, en mayor o menor medida, a todas localidades que vivieron este tipo de episodios. A principios de 1626 dos representaciones del lugar de Carabanchel de Abajo (Madrid), una del estado de los hijosdalgo y otra del estado de los hombres buenos, presentaban al rey un memorial en el que denunciaban que algunos vecinos, “que por ser ricos pagan más pecho que los otros”, habían suplicado a Su Majestad, “en voz de concejo”, que les fuera concedido el rompimiento de una dehesa comunal para que con lo que procediese de su arrendamiento “se pusiese” un juro cuyos réditos montasen la cantidad que pagaba el lugar de servicio ordinario y extraordinario en cada año y no se hiciese en lo sucesivo repartimiento alguno al estado de los hombres buenos27. Dicha petición, según se desprendía del relato de los memorialistas, había sido presentada en octubre o noviembre del año anterior y había merecido ya la atención del Consejo de Hacienda no obstante el rechazo que despertaba entre los vecinos. De hecho, apenas un mes después, provisto de la correspondiente cédula de diligencias despachada el 19 de noviembre de 1625, el licenciado Varona Encinillas, teniente de corregidor de la villa de Madrid, se había presentado en el lugar para evacuar información. Sin embargo, una vez allí, en vez de reunir a todos los vecinos, había convocado solo a aquellos que deseaban que la referida dehesa se rompiese, además de a la justicia, cuyos integrantes estaban en lo mismo, “por ser interesados en ello”, y entre unos y otros tocaron a concejo, al que los vecinos, en su mayoría, no pudieron acudir, “porque comenzaron a hacerle luego”28.
Naturalmente no hubo sorpresas en esta apresurada reunión concejil, de la que salió, con solo dos votos en contra, la decisión de que se roturase la referida dehesa. Fue, pues, dicha resolución y la forma en que se tomó la causa inmediata que motivó el envío, por parte de ambos estados –el de los hijosdalgo y el de los hombres buenos–, del memorial arriba indicado, que incluía la súplica al monarca de que el asunto no debía pasar adelante, con la escueta pero rotunda argumentación en la que la fundaban. Comenzaba esta señalando que lo que se había acordado en el supuesto concejo abierto no se correspondía con lo que Su Majestad tenía mandado a nivel general respecto a que, cuando se hubiesen de hacer semejantes rompimientos, había de ser existiendo pasto suficiente para los ganados de los vecinos. Y evidentemente tal cosa no se cumplía en Carabanchel de Abajo, donde no quedaba más pasto que el de la susodicha dehesa, la cual nunca había sido roturada. Las consecuencias de que la situación fuera a cambiar ahora, debido a la iniciativa interesada de unos pocos, la resumían los memorialistas con absoluta clarividencia. Las tres cuartas partes de los vecinos del lugar eran gente pobre, de escasos recursos, que no pagaban (que no les correspondía pagar, habría que decir) más que un real o dos de “pecho” (servicio) al año. De ellos, los más se dedicaban, con tres o cuatro cabalgaduras que tenían, al transporte de piedra o al acarreo de pan hacia Madrid, de manera que si les faltaba el pasto para dichos animales, tendrían que dejar la actividad de la que vivían y sustentaban a sus familias. En la dehesa se encontraba además el abrevadero del ganado, vital asimismo para la subsistencia de este, pues en el verano no había agua en otra parte hasta llegar al río; y era allí también donde en los agostos recogían sus mieses los pobres que no tenían eras donde poder hacerlo, aprovechamientos, en suma, que no hacían sino poner de relieve el alto valor económico que se concedía al citado espacio comunal. El mismo estado de los hijosdalgo resultaba damnificado “in totum”, porque tampoco les quedaba pasto para sus ganados; y aunque se pretendiera hacerles alguna recompensa en la línea de lo que hemos comentado, lo cierto es que ninguna podía llegar al daño que se les seguía. En fin, dado que en todo el término no había un palmo de tierra concejil sino el referido terreno, “porque todo quanto hauía lo an rompido”, no ha de extrañar que los memorialistas insistieran en que del romperse la dehesa vendría a resultar “daño común y beneficio particular de solos treinta vecinos poderosos”29.
Lo que se ventilaba, por tanto, era una cuestión de justicia, y justicia era precisamente lo que reclamaban los vecinos mayoritarios, tanto hidalgos como pecheros. Ello les llevaba a denunciar asimismo las maniobras subrepticias que habían permitido la celebración del supuesto concejo abierto30; y a proponer, para superar la situación creada, que el rey mandase juez que, con los padrones en la mano, recorriese “a calle yta” el lugar y tomase los votos de los vecinos en sus casas, por donde se vería que eran muchos más los que contradecían que se rompiese la dicha dehesa que no los que lo pretendían.
Desconocemos cómo terminó el asunto más allá de que el Consejo de Hacienda dispusiera, por auto de 8 de enero de 1626, que se despachase cédula a fin de que el corregidor de Madrid o su teniente fuesen al lugar a tomar los votos de los vecinos para el efecto y en la forma que se había solicitado31, extremo este que tampoco podemos confirmar que se llevara efectivamente a cabo. No habría que descartar, sin embargo, a juzgar por lo sucedido en otros casos que sí nos son conocidos, que esta historia de Carabanchel de Abajo concluyera en un sentido favorable a los propósitos que sus vecinos más ricos y minoritarios albergaban, consistentes, como hemos comprobado, no solo en eludir la carga fiscal que les correspondía pagar, haciéndola recaer sobre los bienes municipales, sino también en monopolizar el usufructo de dichos bienes, privatizándolo de facto en su exclusivo beneficio. Les bastaba, para alcanzar tales propósitos, con hacer uso del poder e influencia que ostentaban a escala local (formasen parte o no de su ayuntamiento) y con presentar la operación que promovían como una aspiración que miraba a la consecución del interés general y que a todos beneficiaba. Y ello por medio de un asiento o contrato negociado con la Real Hacienda del que la Corona, no lo olvidemos, sacaba igualmente un rendimiento monetario expreso.
Encontramos en las operaciones analizadas en este artículo manifestaciones evidentes de ese entendimiento básico entre los ayuntamientos y el Estado de la Monarquía que hacía posible la conservación y perdurabilidad de ambas entidades (o lo que es lo mismo, de ambas instancias de poder), más allá de cualesquier divergencias que pudieran existir entre ellas. Al igual que la recaudación de los tributos principales (alcabalas y millones, especialmente), la concesión de donativos o la compra más o menos forzada de bienes y efectos del patrimonio regio enajenados32, actuaciones que obligaban a las municipalidades a recurrir al crédito para sufragar lo que el monarca les demandaba y/o vendía, obteniendo a tal fin licencias para usar de arbitrios, imponer sisas, echar mano de los fondos del pósito o, incluso, enajenar porciones de sus patrimonios, también los procedimientos de los que hemos hablado aquí, a los que acudieron algunas localidades para alterar la naturaleza de prestación directa del servicio debido a Su Majestad, se erigieron, en la proporción correspondiente, sobre el crédito municipal y la explotación de arbitrios diversos previamente concedidos por la Corona. De su puesta en ejecución se beneficiaron singularmente los que los promovieron, esto es, esos individuos que las fuentes identifican como los poderosos locales y que, directa o indirectamente, dictaban la política de sus concejos respectivos, a costa, muchas veces, de los verdaderos intereses de la colectividad; pero también la Real Hacienda, que encontró en tales procedimientos otra vía de obtención de ingresos a base de explotar en provecho propio (lo que no era nuevo) la capacidad de crédito y de endeudamiento de las localidades. Y es precisamente en la realidad que nacía de esta doble circunstancia en la que debemos insistir para terminar. No en balde, la confluencia de los intereses particulares (los de algunos particulares, habría que precisar) con los de la Corona y la conclusión de acuerdos entre ambas partes para coordinarlos, si bien es verdad que a nivel general cumplían un papel fundamental en el mantenimiento del sistema político monárquico entendido en un sentido amplio, también lo es que en los aspectos concretos estudiados aquí (así como en el terreno mucho más amplio de la fiscalidad en sus diversas modalidades) acentuaban la absorción de recursos (y del crédito) en una sola dirección y generaban situaciones de desigualdad que necesariamente habían de afectar (y no precisamente en un sentido positivo) a las posibilidades de crecimiento económico tanto a corto como a medio y largo plazo.
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