La creación de la Compañía Telefónica Nacional de España en la Dictadura de Primo de Rivera.
Antonio PÉREZ YUSTE Universidad Politécnica de Madrid firstname.lastname@example.org.
RESUMEN.
La adjudicación del Sistema Telefónico español, en 1924, a la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), representa uno de los acontecimientos más destacados de la historia contemporánea de este país. Con independencia del ámbito que se escoja: técnico, social, político o económico, no es posible entender el sector de las telecomunicaciones en España sin la presencia y el concierto de la actual corporación Telefónica, sucesora en el tiempo de aquella primera Compañía Telefónica Nacional, surgida durante la Dictadura del general Primo de Rivera. En este trabajo se desvelarán las razones que condujeron a la creación de la CTNE, las conexiones que esta compañía mantenía con la multinacional norteamericana ITT y la manera en la que logró hacerse con el control de todo el sistema telefónico español.
Descriptores: Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). International Telephone and Telegraph Corporation (ITT). Ericsson. Sistema Telefónico Nacional, Industria de las Telecomunicaciones. Directorio Militar. Primo de Rivera. Sosthenes Behn. Gumersindo Rico.
The Formation of the National Telephone Company of Spain during the Dictatorship of Primo de Rivera.
ABSTRACT.
The concession of the Spanish Telephone System to the National Telephone Company of Spain (CTNE) in 1924 represents one of the most outstanding events in the contemporary history of this country. Regardless of the scope chosen: technical, social, political or economical, it is not possible to understand the Industry of Telecommunications in Spain without the intervention of the current “Telefónica Corporation”, the successor in time to the first National Telephone Company created during the Dictatorship of General Primo de Rivera. Reasons which lead to the creation of the CTNE, the connection of this company with the North American multinational ITT and the way in which it was able to take control of the whole Telephone Market in Spain will be described in this work.
Key words: Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). International Telephone and Telegraph Corporation (ITT). Ericsson. National Telephone System. Industry of Telecommunications. Military Directorate. Primo de Rivera. Sosthenes Behn. Gumersindo Rico.
Introducción.
La adjudicación del sistema telefónico español en 1924, fue realizada siguiendo un procedimiento de adjudicación directa, sin subasta ni concurso, con excepción de las formalidades prevenidas en la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública en vigor y con omisión de las facultades concedidas a los Ayuntamientos en virtud del Estatuto Municipal en uso. La concesión tuvo lugar, además, en un período de la historia española durante el cual la democracia y la libertad estaban seriamente cercenadas por la acción de la Dictadura Militar del general Primo de Rivera, cuyas sombras impidieron conocer el relato de lo verdaderamente sucedido hasta mucho tiempo después.
Este artículo representa una breve síntesis del trabajo de investigación llevado a cabo entre los años 2001 y 2004 con motivo de la realización de mi tesis doctoral1. En el mismo se ha recogido, en primer lugar, la situación de estancamiento técnico y económico en la que se encontraba sumido el sistema telefónico español antes de la concesión de 1924 y los intereses cruzados que se produjeron, tras el golpe de Estado del general Primo de Rivera, al buscar imponer determinados modelos de explotación telefónica.
Uno de esos intereses estaba representado por determinadas multinacionales del sector de la telefonía, que defendían la explotación privada y nacional del servicio, frente al modelo de explotación público avalado por el Cuerpo de Telégrafos o el modelo de explotación descentralizado preferido por algunas administraciones públicas de ámbito autonómico, como la Mancomunidad de Cataluña, o provincial, como la Diputación de Guipúzcoa. Finalmente, prevaleció el primero de los modelos y el general Primo de Rivera trasladó al Rey Alfonso XIII la firma de un Real Decreto por el que se concedía la explotación de todo el sistema telefónico español a la recién creada Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), por un plazo de veinte años prorrogable hasta treinta y cinco2.
Se desvelará la manera en la que fue concebida esa Compañía Telefónica Nacional y las servidumbres que la empresa española mantenía con la multinacional norteamericana International Telephone and Telegraph Corporation (ITT). Descubriremos, también, la figura de Sosthenes Behn, presidente de la ITT y cerebro de toda la operación, y de Gumersindo Rico, un asturiano emprendedor y atrevido que supo darse cuenta a tiempo de la forma de sacar al sistema telefónico español de la crisis en la que se encontraba. Fue este último, precisamente, quien buscó en el extranjero los apoyos técnicos y económicos del primero, que resultaban imprescindibles para convencer al capital nacional de que el proyecto para la construcción y explotación de todo el sistema telefónico español constituía una empresa perfectamente viable.
A continuación, se describirá el rocambolesco procedimiento que fue seguido por el gobierno de Primo de Rivera para disimular la concesión del sistema telefó- nico nacional a la CTNE, mediante la convocatoria de un singular concurso al que se presentaron, también, otras tres empresas privadas extranjeras. Y, finalmente, se terminará el artículo haciendo un breve resumen de las bases del contrato firmado por la CTNE con el Estado, cuya estela –a causa de los acontecimientos que luego se vivieron– terminó por extenderse hasta la última década del siglo pasado.
1. La situación previa a la concesión.
La inestabilidad política de la España del primer cuarto del siglo XX, constituía un escenario muy poco estimulante para la innovación científica y el desarrollo tecnológico; y en particular, la telefonía no era una excepción. La falta de criterio y, en muchas ocasiones, la ausencia del “momento apropiado”, dio como resultado una regulación del servicio telefónico improvisada y sin orientación política clara. Tan pronto se iba hacia un modelo de concesiones privadas, como se pretendía una estatificación del servicio telefónico a coste cero; cuando no, se buscaba congeniar ambas formas de explotación, privada y pública, en una clase de negocio donde ambas opciones, tal y como se planteaban, resultaban incompatibles.
Como resultado de ello, casi “todo el que se lo propuso” pudo establecer y explotar sus propias líneas telefónicas en algún momento, lo que derivó, con los años, en un mosaico variopinto de redes aisladas unas de las otras, sistemas de tarifas diferentes, diversidad de cánones, ausencia absoluta de calidad y amplísimas regiones del país sin servicio.
Los Proyectos de José Francos Rodríguez3, en 1917, y de Fernando Barón y Martínez Agulló, tercer Conde de Colombí4, en 1921, buscaron, cada uno a su modo, solucionar los males endémicos que padecía el servicio telefónico en España. Desafortunadamente, las crisis políticas ocasionadas por el enfrentamiento entre “aliadófilos” y “germanófilos” durante la Primera Guerra Mundial, en el caso de Francos Rodríguez, y la debacle de las posiciones españolas en Marruecos, tras el Desastre de Annual, en el caso del Conde de Colombí, relegaron ambas iniciativas al más completo de los olvidos.
Así las cosas, en el momento de producirse el golpe de Estado del general Primo de Rivera, los distintos grupos de presión que pugnaban entre sí como valedores del modelo de explotación que habría de resolver, definitivamente, el estancamiento de la telefonía en España, quisieron ver en el derrocamiento del régimen democrático ideado por Cánovas en el siglo XIX, la oportunidad de imponer su propios criterios. De una parte se encontraba el Cuerpo de Telégrafos, que mantenía la idea de que la telefonía era un servicio público que debía ser prestado por el Estado, en régimen de monopolio, de la misma forma que el correo y la telegrafía. De otra, estaban las instituciones públicas de corte autonómico, como la Mancomunidad de Cataluña o la Diputación de Guipúzcoa, que defendían su legitimidad para instalar y explotar las redes telefónicas localizadas dentro de los territorios de su competencia. Y, por último, se encontraban los concesionarios privados tradicionales, como el “Sistema Peninsular de Teléfonos” de Enrique Parellada, que únicamente tenían interés por explotar el servicio telefónico en aquellas zonas que les asegurara un rendimiento económico elevado y que ansiaban, de paso, rebajar al mínimo posible el control por parte del Estado.
Todos estos grupos buscaron influir, desde un principio, sobre el Presidente del Directorio Militar y Ministro único del Gobierno, como se hizo nombrar Primo de Rivera tras el golpe de Estado, en la esperanza de que el general adoptara algún tipo resolución que decantara la explotación del servicio telefónico en su favor. Primo de Rivera, en cambio, ya fuera por falta de interés o por la ausencia del asesoramiento adecuado –sino, por la dos cosas–, parecía navegar en un mar de dudas sobre la mejor forma de resolver el atraso telefónico que sufría España, lo que se tradujo en una secuencia incomprensible y contradictoria de acontecimientos que contribuyó, más si cabe, a la confusión reinante. Así, se estimó favorablemente la solicitud realizada por el Ayuntamiento de San Sebastián para que se le concediera la explotación de la red telefónica urbana de esa ciudad por tiempo indefinido5, mientras que se resolvió de forma completamente contraria otra solicitud similar efectuada por el Ayuntamiento de Santander6.
Por su parte, el Director General de Correos y Telégrafos nombrado por Primo de Rivera, el coronel José Tafur Funés, no dudaba en declararse públicamente a favor de que la explotación de todas las líneas telefónicas interurbanas fuera realizada por el Cuerpo de Telégrafos7 cuando, por otro lado, consentía en que se sacara a concurso público la adjudicación de la línea telefónica interurbana de Salamanca a Matilla de los Caños, resuelta a favor de la Liga de Agricultores y Ganaderos de la provincia de Salamanca8.
Asimismo, el general Martínez Anido, subsecretario de Gobernación y hombre de la entera confianza de Primo de Rivera, no tenía ningún pudor en declarar, en Barcelona, que los planes que albergaba el coronel Tafur respecto a Correos y Telé- grafos eran tales que “al ser llevados a la práctica, habían de producir gratísima impresión y provocar imperecedera gratitud” y que, en lo que a Telégrafos se refería, “el desarrollo de los servicios telefónicos en proyecto era tal que él solo exigiría el aumento de quince mil empleados”9; cuando era el caso de que en Madrid circulaban ya una serie de historias acerca de la penosa situación del servicio telefónico español y sobre el interés que tenía Primo de Rivera en conceder la explotación de todo el sistema telefónico nacional a una empresa privada10.
En aquella época, la integración vertical del negocio de la telefonía, entendida ésta como la fabricación de los equipos necesarios más la operación de las redes resultantes –y, todo ello, bajo el control de una misma compañía–, estaba convirtiéndose en una norma industrial “de facto” en el sector de las telecomunicaciones, de modo que la obtención de concesiones telefónicas representaba un eslabón muy importante en el diseño de esa estrategia. Las concesiones eran una fuente probada de ingresos y una forma de internacionalización reconocida. Más aún, podían servir de garantía en la solicitud de préstamos y, en algunas circunstancias, incluso podían ser empleadas como valiosos elementos de negociación11.
Con la llegada al poder de Primo de Rivera, España se convirtió, de repente, en un objetivo muy codiciado para determinadas multinacionales, ya consolidadas, que buscaban afianzar su posición de predominio en el mercado mundial de la telefonía, como fueron los casos de la empresa sueca L. M. Ericsson, la alemana Siemens & Halske y la belga New Antwerp Telephone and Electric Works, o que ansiaban entrar en el mercado europeo, como fue el caso de la empresa norteamericana International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) que, merced al apoyo financiero de la banca de los Estados Unidos y al providencial proceso antimonopolio emprendido contra la American Telephone and Telegraph Company (ATT) por el Departamento de Justicia de aquel país, le permitió disponer de los medios económicos y técnicos necesarios para hacerse presente en España en el momento preciso.
2. Gumersindo Rico y la entrada de la ITT en España.
Nada más iniciarse el año de 1924, Telégrafos explotaba 147 redes urbanas $- 3 7$ más que al iniciarse 1921– de las cuales correspondían a capitales de provincia las siguientes: Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Logroño, Lugo, Las Palmas, Soria, Segovia, Sevilla, Teruel y Zamora $^ { - 3 }$ más que a principios 1921. Explotaba, además, las redes provinciales de Vizcaya y Ciudad Real, junto con un gran numero de fragmentos de redes provinciales en construcción en muy diversas provincias, más algunos circuitos interurbanos aislados, tales como el de Zaragoza-Calatayud-Alhama-Ariza, además de los circuitos internacionales con Francia.
Por otra parte, existían 89 centros urbanos explotados por diversos concesionarios privados $^ { - 5 }$ menos que en 1921– de los cuales 38 correspondían a capitales de provincia $^ { - 3 }$ menos que en 1921–. De estos últimos, 10 eran explotados por la Compañía Peninsular de Teléfonos, 24 eran explotados por otros concesionarios particulares, 3 estaban en manos de los Ayuntamientos y 1 lo tenía en su haber la Mancomunidad de Cataluña. Además, funcionaban con bastante solvencia las redes telefónicas de la Diputación de Guipúzcoa y la de la Mancomunidad de Cataluña, más la red interurbana, harto criticada, de la Compañía Peninsular de Teléfonos12.
Como se puede apreciar, el número de redes telefónicas explotadas por el Estado se había incrementado casi en un $34 \%$ en cuestión de tres años, mientras que el número de redes explotadas por los otros concesionarios se encontraba prácticamente estancado, a pesar de lo cual $^ { - 0 }$ , precisamente, por ello–, la penetración del telé- fono entre la población se mantenía casi en los mismos valores que en 1921: si al terminar ese año el número de aparatos se situaba en 60.350, a finales de 1923 sólo alcanzaba la cifra de 63.592, es decir un $5 \% \mathrm { m a s } ^ { 1 3 }$ .
Esta situación –en apariencia, paradójica– puede interpretarse en los términos siguientes. La mayor parte de las concesiones iban a caducar en plazos de tiempo muy breves, por lo que sus propietarios apenas realizaban nuevas inversiones, conformándose con los abonados que ya tenían. Asimismo, fuera de las redes que ya explotaban, no hallaban en el mercado telefónico ninguna otra inversión que mereciera la pena en términos económicos, de ahí que el número de redes en manos de los concesionarios privados no hubiera experimentado incremento alguno desde 1921. Por el contrario, el Estado había realizado un esfuerzo muy importante en desplegar la red telefónica durante esos últimos años, lo que permitió que el teléfono llegara a un número apreciable de poblaciones que hasta entonces carecían de este servicio. Pero se trataba de zonas con baja densidad de población donde las inversiones realizadas no encontraban siempre una correlación directa con el número de aparatos telefónicos instalados, cuanto menos con los ingresos de explotación obtenidos. A veces, incluso, se daba el caso anecdótico de pueblos de la geografía española donde, pese a las facilidades que se otorgaban, se solicitaba sólo un abono telefónico.
Esta situación de crisis estimuló la iniciativa de Gumersindo Rico González, Director-Gerente de la delegación comercial que la International Western Electric Company (IWEC) había abierto en Madrid, en 1922, bajo el nombre de Compañía de Teléfonos Bell. Rico defendía la necesidad insoslayable de transformar el régimen administrativo de las explotaciones telefónicas en España, como única manera de escapar del caótico estado en que se encontraba el sistema telefónico. Hacía 29 años que en los Estados Unidos se había puesto en funcionamiento la primera central telefónica automática del mundo, y 20 que en Alemania se había instalado la primera central de estas características en Europa. Mientras tanto, en España todavía se funcionaba mediante centrales manuales y tendidos aéreos de cables, antiestéticos y de baja calidad.
Anticipándose a lo que hoy es una máxima comúnmente aceptada, Rico opinaba que las telecomunicaciones exigían una continua renovación de métodos, sistemas y procedimientos para poder seguir la celeridad del progreso; pensaba que la imprescindible amortización de un capital a plazo fijo impuesto por el régimen de concesiones, lastraba el progreso de la red telefónica impidiendo la incorporación de las innovaciones tecnológicas que se producían en este sector; y creía, por último, que los servicios telefónicos arrendados por tiempo definido, sin contraprestación económica en el momento de la reversión, terminaban por ser devueltos en pésimas condiciones al Estado, ya que los concesionarios se abstenían de hacer inversiones que nunca podrían llegar a amortizar.
La solución de Rico pasaba, según él, por agrupar bajo una misma concesión todas las redes telefónicas urbanas e interurbanas con el fin de conseguir una red homogénea, establecer una política de inversiones que permitiera la actualización tecnológica permanente de los equipos y fijar, por último, unas condiciones de reversión de las redes telefónicas al Estado que conllevara el reintegro de las cantidades invertidas por el concesionario.
Para consolidar su idea, Rico buscó el apoyo del capital español a través de algunos influyentes financieros de la época como fueron, Amadeo Álvarez García y Julián Cifuentes Fernández, del Banco Hispano Americano, y Valentín Ruiz Senén, del Banco Urquijo, quienes no se sintieron, en un principio, seducidos por tan arriesgada empresa. Asimismo, Rico utilizó sus contactos en la IWEC para buscar un socio tecnológico fuera de España, elemento que habría de encontrar, a principios en 1923, en la empresa norteamericana ITT.
La ITT había sido creada, sólo tres años antes, por su Presidente, Sosthenes Behn, un personaje tremendamente singular que moldeó la compañía a su imagen y semejanza. Como dice Anthony Sampson, Behn era el “Príncipe de los Teléfonos”, un aristócrata entre los hombres de negocios, que gustaba de organizar fiestas multitudinarias y exquisitos banquetes preparados por su cocinero francés. No era ningún experto en telecomunicaciones, aunque dominaba a la perfección el arte de la negociación y de la seducción14.
Behn concibió la ITT, a modo de sociedad de cartera, para agrupar los intereses telefónicos que él y su hermano Hernand controlaban en tres operadoras telefónicas de pequeño tamaño situadas en la zona del Caribe: la Porto Rico Telephone Company, en la isla de Puerto Rico, y la Cuban Telephone Company y la Cuban-American Telephone and Telegraph Company, en la isla de Cuba, después de lo cual convenció a un grupo de garantes de Wall Street para que aseguraran una ampliación de su capital social por un total de 50.000 nuevas acciones, al precio de 68,50 dólares cada una, que consiguieron colocar en el mercado financiero en menos de una semana. Ante semejante éxito, Behn solicitó la entrada de la ITT en la Bolsa de Nueva York, donde empezó a cotizar el 25 de abril de 1923, marcando el principio de una ascensión que habría de ser ya imparable15.
3. Sosthenes Behn y la creación de la CTNE.
Desde que Gumersindo Rico llamara a la puerta de Sosthenes Behn, no era ningún secreto que España se encontraba en el punto de mira del Coronel –que era como le gustaba hacerse llamar a Behn, debido al rango conseguido durante la Primera Guerra Mundial, en el frente francés.
Después de la salida a Bolsa de la ITT, Behn envió a España a un hombre su absoluta confianza, Lewis J. Proctor, para que entrara en contacto con Rico y, juntos, fueran preparando el terreno para el desembarco de la compañía. La primera idea que se plantearon ambos hombres fue la de recabar la opinión general de las fuerzas vivas españolas sobre la obra de reorganización telefónica que proyectaban realizar, solicitando de ellas su aprobación y el apoyo moral necesarios para vencer los obstáculos políticos, económicos y empresariales que pudieran surgir. Con ese propósito prepararon una memoria del proyecto que enviaron a todas las Diputaciones Provinciales, Corporaciones Municipales, Cámaras de Comercio, Cámaras de la Propiedad Urbana, Asociaciones Agrarias, Sociedades Económicas de Amigos del País, Círculos Mercantiles y, en general, a todas las agrupaciones que en aquel momento poseían cualquier tipo de influencia en cada uno de los pueblos y ciudades de España.
A la vez, emprendieron un viaje por toda la geografía española visitando a Gobernadores Civiles, Presidentes de las Diputaciones Provinciales, Alcaldes de las capitales de provincias y, en definitiva, a todos los personajes relevantes de la vida política y económica que quisieron recibirles para contarles, personalmente, los problemas de los que adolecía el sistema telefónico español y el remedio que ellos podí- an darle mediante su proyecto de reorganización telefónica nacional.
Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera, se hizo aún más evidente que el éxito de la empresa que se proponía Behn pasaba por una línea de acción directa frente al mismísimo Ministro único del nuevo Gobierno. Hoy se sabe que el Coronel mantuvo un encuentro con el Dictador el 26 de octubre de 1923, en el transcurso del cual le hizo entrega de un cierto proyecto de telefonía que, a buen seguro, pudo tratarse del proyecto de reorganización anticipado por Proctor y Rico meses atrás16.
El interés que demostró Primo de Rivera en aquella ocasión hizo pensar a Behn que podría hacerse con todo el sistema telefónico español por medio de la ITT, para lo cual empezó comprando la totalidad de las acciones ordinarias emitidas por la Compañía Peninsular de Teléfonos que, a su vez, tenía en su poder todas la acciones de igual categoría de la Sociedad General de Teléfonos y de la Compañía Madrileña de Teléfonos. La operación no podía ser más favorable para los intereses de la ITT, pues de un golpe pasaba a controlar todo el “Sistema Peninsular”, que incluía las importantes redes telefónicas urbanas de Madrid y Barcelona, veintiún centros telefónicos urbanos más –entre ellos los de Bilbao, Sabadell y Vigo– y tres líneas de larga distancia que constituían su red telefónica interurbana: Nordeste, Noroeste y Sur.
A la toma de control del “Sistema Peninsular”, siguieron otras operaciones más encaminadas a la adquisición de las opciones y derechos de compra necesarios para el traspaso de las redes urbanas que otros concesionarios telefónicos particulares explotaban. Así ocurrió con los centros urbanos de Zaragoza (en manos de la Sociedad Baselga y $\mathbf { C ^ { a } }$ ), Málaga y Córdoba (ambos propiedad de Francisco Istúriz Ortiz), Granada (explotado por Diego Godoy Rico), Almería (en manos de Guillermo López Rull), y Santander (cuyo concesionario era el Ayuntamiento de la ciudad). En poco tiempo, la corporación americana tomó carta de naturaleza propia en el espacio comercial español y el capital nacional, receloso hasta entonces con el proyecto anunciado por Rico y Proctor, empezó a creer en sus posibilidades.
Al iniciarse el mes de abril de 1924, la ITT había culminado con éxito la redacción de una memoria técnica muy detallada para la reorganización del sistema telefónico español y, únicamente, quedaba por decidir la forma de llevarlo a la práctica. Se consideró la posibilidad de utilizar a la Compañía Peninsular o a la ITT pero, tras examinar ventajas e inconvenientes, Behn acordó en su lugar la constitución de una nueva empresa, de capital enteramente español, modesta en su origen pero con una médula estatutaria adaptable a escenarios más ambiciosos, si es que todo culminaba con éxito. Según determinó Behn, el accionariado de la nueva empresa debía estar formado exclusivamente por elementos nacionales influyentes, cuya sola presencia contribuyera a remover los obstáculos que pudieran presentarse en las etapas iniciales. Merced a los contactos previamente establecidos por Rico con los capitostes del Banco Hispano Americano y del Banco Urquijo, se convenció a Julián Cifuentes Fernández, Amadeo Álvarez García y Valentín Ruiz Senén de que se incorporaran, a título personal, a la nueva compañía en calidad de accionistas y vocales del Consejo de Administración. Junto a ellos completaron el quinteto fundador de la nueva empresa: José López Nieulánt, persona con acceso directo al Rey que ostentaba los títulos nobiliarios de Marqués de Perijáa y Conde de Atarés, con Grandeza de España, y Gumersindo Rico González, que se le reconocía de ese modo la importante labor realizada en la gestación de la compañía.
En consonancia con una idea que había ido creciendo en expectativas, se eligió como razón social de la nueva empresa el ampuloso nombre de Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), sociedad que quedó finalmente constituida como sociedad mercantil anónima por acciones, mediante escritura pública otorgada en Madrid por el notario Alejandro Roselló y Pastors, el 19 de abril de 1924, víspera del Domingo de Ramos17. Según los planes de Behn, era la CTNE la que debía presentar públicamente, como suyo, el proyecto realizado por la ITT.
El mismo día en que se firmó la escritura de constitución de la CTNE, se rubricó un convenio privado entre la empresa española y la ITT cuyo contenido no ha podido averiguarse, pero que se sabe de su existencia gracias a la referencia que se hace de él en otro contrato privado firmado entre ambas compañías el 29 de agosto de ese mismo año, justo después de la concesión del sistema telefónico nacional. Viendo la evolución posterior de los acontecimientos, bien podemos imaginar que aquel convenio pudo servir para situar a la CTNE bajo un control discreto de la ITT, sin que apareciera en público el nombre de la compañía americana. La CTNE sería la responsable de presentarse ante la sociedad como una empresa de capital enteramente español, así como de realizar las gestiones oportunas frente al Gobierno de la nación, para conseguir el contrato de concesión, pero sería la ITT la auténtica responsable de tomar todas las decisiones del negocio; tanto “de jure”, merced al convenio suscrito entre ambas, como “de facto”, por la incapacidad que tenían los elementos españoles de actuar sin el apoyo técnico y, a la postre, también financiero de la corporación norteamericana.
Ya de entrada, un hecho que prueba la indisolubilidad de las dos compañías es el domicilio social que aparece en la escritura de constitución de la CTNE: Plaza de las Cortes, número 6, piso primero. Curiosamente, el mismo que ocupaba la ITT. Después de todo, no había necesidad de buscar una nueva oficina para una empresa que carecía de empleados.
Por otra parte, la CTNE se constituyó, inicialmente, a partir de un capital social de un millón de pesetas, distribuido en dos mil acciones de quinientas pesetas cada una. Todas ellas fueron suscritas, si bien no quedó desembolsado más que el veinticinco por ciento de dicho capital, cifra completamente ridícula si nos atenemos a los fines tan ambiciosos que perseguía la Compañía18.
Esta circunstancia, que puede resultar contradictoria, adquiere toda su lógica cuando se piensa en la Telefónica Nacional como un instrumento al servicio de la Internacional. La ITT tenía previsto realizar y suscribir una ampliación de capital de la CTNE una vez que ésta obtuviera la concesión del sistema telefónico, como así sucedió. En tanto no se produjera esa coyuntura, la CTNE sería tan solo una sociedad mercantil sin valor de ninguna clase, en la cual no merecía la pena invertir más de lo estrictamente necesario.
4. El “concurso” para la reorganización del servicio telefónico.
Una de las medidas de calado que abordó el general Primo de Rivera al poco de asumir el poder fue la reforma del Estatuto Municipal, aprobado por Real Decretoley, el 8 de marzo de 1924. En lo referente al régimen de concesiones telefónicas, el nuevo texto legislativo recogía, entre las competencias municipales, la construcción o concesión de líneas telefónicas permitiendo, en este segundo caso, que los Ayuntamientos que lo desearan pudieran subrogarse, en lugar del Estado, al derecho de recibir las redes en el momento que se produjera la reversión de las mismas. Asimismo, el Estatuto concedía la potestad a los Ayuntamientos de municipalizar el servicio telefónico, pudiendo realizar para ello todas las expropiaciones que fueran necesarias19.
El mismo Presidente del Directorio Militar, cuatro meses más tarde, vino a remachar de forma meridiana estos términos al promover un Real Decreto por el que se sancionaba la publicación del Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales, otorgándoles a los Ayuntamientos el derecho de percibir los cánones de las concesiones, en lugar del Estado, y de modificar las tarifas de abono a su discreción20.
Se trataba, según esto, de poner en práctica un modelo de explotación del servicio telefónico acorde con el principio de autonomía política que inspiraba la reforma del Estatuto Municipal, donde las redes urbanas se encontraran bajo la competencia de los Ayuntamientos mientras las interurbanas, se creía, habían de ser responsabilidad del Cuerpo de Telégrafos, extremo éste que nunca llegó a confirmarse.
Empero, entre el Estatuto y el Reglamento citados, Primo de Rivera improvisó una Real Orden creando una Comisión que debía examinar, estudiar y proponer al Gobierno la solución más conveniente para –según se decía– “dotar a España de un moderno y completo servicio telefónico”, a partir de las propuestas que pudieran presentarse libremente por parte de particulares, empresas u organismos de cualquier tipo21, lo que volvió a sembrar de nuevo la incertidumbre sobre el modelo de explotación por el que estaba apostando el Gobierno.
De la exposición de motivos de esta Real Orden, parece querer desprenderse que la creación de la Comisión respondía, ciertamente, a una verdadera necesidad del Gobierno por encontrar la solución más apropiada para el problema de la telefonía en España. Pero hoy sabemos que esto no fue así. En un artículo publicado por la ITT en la Revista Telefónica Internacional, en marzo de 1925, se decía textualmente que la Comisión fue nombrada, a propósito, “para estudiar el proyecto que había entregado la CTNE al Gobierno, además de aquellas otras proposiciones que pudieran presentarse”22.
Pero más claro queda todavía este asunto cuando se lee el informe que redactó uno de los componentes del Directorio Militar, el general Mayandía, fechado el 11 de agosto de 1924, en relación con los proyectos que concurrieron a esta especie de concurso. Al realizar aquél la recapitulación de los hechos, reconoce que el 19 de abril de 1924 la CTNE había presentado al Presidente del Directorio Militar una proposición en la que se ofrecía a firmar un contrato con el Estado para llevar a cabo la instalación de una “red completa y moderna de teléfonos” en España. Seguidamente, el general Mayandía manifestaba la importancia de dotar a España con un “servicio completo telefónico del que, desgraciadamente, estaba muy lejos de poseer” y remataba, por último, afirmando que23:
Comprendiéndolo así el Directorio Militar tomó en consideración la aludida proposición, dictándose la Real Orden de 11 de mayo último en la que se nombró una Comisión especial para que llevase a cabo el estudio de la misma, especialmente desde el punto de vista financiero, porque desde el técnico, el problema está suficientemente claro. Al propio tiempo que la Comisión llevase a cabo dicho estudio, en la citada Real Orden se disponía que podrían admitirse todas las proposiciones que se presentasen con arreglo a determinadas condiciones que la Soberana disposición citada menciona, sin que ello implicase el menor compromiso por el Estado, el cual queda en libertad para rechazar todas las proposiciones.
De modo que si hemos de hacer caso a las afirmaciones vertidas en la Revista Telefónica Internacional y a las palabras del general Mayandía, no podemos más que afirmar que la creación de la Comisión respondió, simple y llanamente, a la necesidad de envolver bajo una apariencia de legalidad un proceso de negociación, entre el Gobierno y la CTNE, que se inició a partir del mismo momento en que ésta se constituyó como sociedad mercantil.
La convocatoria que Mayandía llamó “de proposiciones libres”, se realizó sin conducirse por las normas fundamentales de todo concurso público: no se ponía fecha límite para presentar las propuestas; no se decía adonde había que dirigirlas; no se indicaban los criterios de valoración que pensaban aplicarse; no se exigía fianza alguna a los licitadores; no quedaba claro si el Gobierno pensaba hacer suya alguna de las propuestas presentadas ni se indicaba, en su caso, las obligaciones que adquiría aquél cuya propuesta resultase elegida. De hecho, el mismo Mayandía advertía sobre este parecer en su citado informe de 11 de agosto de 1924:
Igualmente, aún cuando la Real Orden de 11 de mayo último anunciaba una especie de concurso de proyectos de contrato de servicio telefónico, con sujeción a unas normas, en realidad no ha tenido la formalidad de tal, pues ni ha precedido el informe del Consejo de Estado que dispone el apartado $4 ^ { \circ }$ del artículo 52 de la vigente Ley de Contabilidad, ni a los licitadores se les exigía fianza alguna, ni el Estado por su parte adquiría ningún compromiso para aceptar cualquiera de las proposiciones que se presentasen.
En todo caso, las condiciones que debían tenerse en cuenta en las propuestas resultaban confusas y muy arbitrarias. No se sabe si el Gobierno quería construir una nueva red telefónica nacional o, como parece lo más probable, pretendía convocar un concurso para adjudicar la explotación de todas las concesiones existentes a un mismo propietario. En el primer caso, no se sabe si quien había de construir la red podía explotarla luego o si, por el contrario, debía entregársela al Estado una vez construida. Mientras que en el segundo supuesto, no se sabe si se pretendía que el nuevo adjudicatario negociara con cada uno de los concesionarios existentes el traspaso de los derechos, o si era el Estado quien debía asumir la responsabilidad de expropiarlos para entregárselos al ganador del concurso. Tampoco quedaba claro, en un caso o en el otro, cómo pensaba el Gobierno congeniar los derechos adquiridos por los concesionarios existentes con las medidas que resultasen fruto de los trabajos de la Comisión. Ni, mucho menos, se entendía cómo se pensaba compaginar esta iniciativa con el Estatuto Municipal aprobado dos meses antes.
En definitiva, la Real Orden del general Primo de Rivera, de 11 de mayo de 1924, para la reorganización de los servicios telefónicos, fue un verdadero desatino que reflejó, muy a las claras, el estado de confusión en el que estaba instalado el Gobierno en cuanto a la mejor forma de conseguir un desarrollo eficaz del sistema telefó- nico nacional.
5. Los aspirantes al sistema telefónico nacional.
En el lapso de tiempo comprendido entre la publicación de la Real Orden, de 11 de mayo de 1924, nombrando la Comisión que había de examinar, estudiar y proponer al Gobierno la solución más conveniente para la reorganización de los servicios telefónicos en España, y la sanción del Real Decreto, de 25 de agosto del mismo año, autorizando al Gobierno a contratar con la CTNE la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional con arreglo a las bases aprobadas en el mismo Decreto, transcurrieron tres meses y medio de intensas negociaciones en el transcurso de los cuales la ITT hubo de poner en juego todos las vías de negociación a su alcance.
La presencia de Sosthenes Behn en Madrid, durante todo ese tiempo, fue constante. Alojado en el hotel Ritz, no descuidó en ningún momento sus relaciones sociales. Tuvo, como era virtud ya demostrada en él, un acierto general para rodearse de valores prestigiosos de la alta sociedad española, que debían servirle como canal de influencia favorable a la empresa que pretendía acometer. Siempre que podía, organizaba fiestas fastuosas que ofrecían una atracción confortadora para un buen número de invitados ilustres, algunos de los cuales llegaría después a figurar entre los colaboradores más destacados de la $\mathrm { C T N E } ^ { 2 4 }$ .
A pesar de lo calculado de su estrategia, hasta recién empezado el mes de agosto, el Coronel no tuvo la certeza absoluta de que el sistema telefónico español acabaría en sus manos; no tanto por la amenaza que suponía la presencia de otras empresas que también acudieron a la llamada del concurso, como por las interminables dudas que acompañaron a Primo de Rivera hasta el último momento: ceder la explotación del servicio telefónico a una empresa privada, en régimen de monopolio, era algo completamente inédito; más aún si esa empresa era, de facto, extranjera por mucho que figurara la palabra “nacional” en el frontispicio de su marca.
Al mencionado concurso presentaron sus propuestas tres empresas más, aparte de la CTNE, y no dos, como es creencia ampliamente extendida entre los investigadores españoles25. Todos ellos coinciden en señalar que, además de la Compañía Telefónica Nacional, se presentaron al concurso la Compañía Española de Teléfonos Ericsson y la compañía New Antwerp Telephone And Electric Works, que era conocida también como Grupo Belga, por su procedencia geográfica.
Es probable que el error haya podido propagarse de unos investigadores a otros, pudiendo tener su origen en el Proyecto de Ley que presentó Diego Martínez Barrios,
Ministro de Comunicaciones durante la Segunda República, el 10 de diciembre de 1931, declarando ilegal la adjudicación, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional de 1924. En su introducción decía26:
Bastarían estos antecedentes para reputar ilegal dicho contrato, por haberse otorgado por adjudicación directa, sin subasta ni concurso, ya que no tuvo éste último carácter el estudio que hizo la Comisión nombrada por Real Orden de 11 de mayo de 1924 de los tres proyectos para instalación y mejora del servicio telefónico, que espontáneamente habían presentado al Gobierno la Sociedad de Teléfonos Ericsson, la Compañía Telefónica Nacional y la New Antwerp Telephone and Electrical (sic) Works.
En un lujoso volumen editado en 1928 con motivo del cuarto aniversario de la creación de la CTNE, se decía, en cambio, que además del proyecto de la Telefónica se presentaron al concurso otras tres proposiciones más, aunque no especificaba cuá- les27. Y en igual sentido se expresaba un artículo publicado por la ITT en la Revista Telefónica Internacional en $1 9 2 5 ^ { 2 8 }$ . Afortunadamente, los archivos del Directorio Militar nos han permitido aclarar totalmente esta cuestión y hoy es un hecho que, además de las proposiciones presentadas por la Compañía Española de Teléfonos Ericsson, la New Antwerp Telephone And Electric Works y la Compañía Telefónica Nacional de España, también fue entregada una cuarta proposición firmada por un tal Guillermo Zimmoseck, en nombre y representación de la compañía alemana Siemens & Halske. La propuesta fue recibida una vez que la Comisión ya había sido disuelta, por lo que no pudo emitirse ningún tipo de dictamen sobre ella29. Seguramente fuera éste el motivo de que Martínez Barrios no conociera de su existencia en el momento de redactar su Proyecto de Ley en 1931.
Siguiendo al Ministro de Comunicaciones republicano en su repetido Proyecto de Ley, se sabe que la Comisión estudió todas las proposiciones presentadas –excepto la de la compañía Siemens & Halske– y que, pareciéndole inaceptables todas ellas, emitió informe desfavorable en los tres casos. La resolución se hizo constar de este modo en el acta de la reunión celebrada el 28 de junio de $1 9 2 4 ^ { 3 0 }$ .
Del mismo modo, la Comisión fijó las modificaciones que, a su juicio, habrían de sufrir las propuestas presentadas para ser consideradas merecedoras de atención y, al mismo tiempo, estableció ciertas normas o condiciones generales que podrían servir de base para la redacción de un convenio de concesión del servicio telefónico nacional.
En ese mismo sentido se expresaba Agustín Muro Abad, Jefe de la Sección de Teléfonos del Cuerpo de Telégrafos, en un detallado y extenso trabajo sobre el servicio telefónico nacional que publicó en la revista Telégrafos a lo largo de 1932. A lo dicho por Martínez Barrios, Muro Abad añade que la Comisión se dividió en dos Subcomisiones: una encargada de los asuntos económico-financieros, que fue la que emitió el dictamen no aceptando ninguna de las proposiciones examinadas –dictamen que fue aprobado por unanimidad en la Comisión–; y otra encargada de los asuntos técnicos, cuyo dictamen fue acompañado de un voto particular presentado por uno de los vocales, Juan González Salom, contrario también a las proposiciones presentadas31.
El informe original emitido por la Comisión no ha podido ser localizado en ninguno de los archivos que han sido consultados, pero su existencia sí ha podido ser contrastada a partir de la reseña publicada en la revista El Electricista, de 15 de julio de 1924. Y no sólo eso; en ésta aparece, además, un dato muy revelador32:
La Comisión nombrada para dictaminar sobre las propuestas de distintas sociedades para la nueva concesión del servicio telefónico nacional, ha emitido ya su dictamen. En el informe se estudian las proposiciones que son tres: una norteamericana, otra sueca y otra belga, y no pareciendo aceptable ninguna de ellas (en un detallado estudio cláusula por cláusula), se proponen las bases para la celebración de un concurso.
Efectivamente, no se menciona la propuesta de la alemana Siemens & Halske, pero se dice, en cambio, que las propuestas evaluadas por la Comisión habían sido tres y ¡ninguna de ellas española! La sueca es, por supuesto, la presentada por la Compañía Española de Teléfonos Ericsson, la belga es la entregada por la New Antwerp Telephone And Electric Works y la norteamericana a la que hace referencia no puede ser otra más que la elaborada por la ITT bajo el nombre de la CTNE.
Martínez Barrios sostiene también la tesis de que el Gobierno conocía a la perfección la verdadera naturaleza de la CTNE antes de adjudicarle el servicio telefó- nico. Para probarlo recurre a una carta, fechada el 31 de julio de 1924, que el coronel Behn envió al coronel Tafur informándole de la reunión mantenida ese mismo día por el Consejo de Administración de la CTNE, en el transcurso de la cual había sido aprobada la incorporación a este órgano de cuatro nuevos consejeros: Estanislao de Urquijo y Ussía –Marqués de Urquijo–, Lewis J. Proctor, Hernand Behn y el mismo Sosthenes Behn. Del mismo modo, Behn comunicaba a Tafur el nombramiento del Marqués de Urquijo como Presidente del Consejo y, por ende, de la Compañía Telefónica. Con la carta, Sosthenes Behn adjuntaba la certificación de los acuerdos, extendida y firmada por Gumersindo Rico en calidad de Secretario General del Consejo de Administración.
En la misma carta, Behn informaba de paso a Tafur de que el propósito de la ITT era ayudar técnica y financieramente al desenvolvimiento de la CTNE en España, siendo su intención mantener como representación en ella sólo una tercera parte del Consejo de Administración; y, apartándose completamente de lo dicho en la proposición que le fuera entregada al Gobierno en abril pasado, manifestaba asimismo que la ITT pretendía aportar el capital necesario para llevar a cabo todas las actuaciones contempladas en el proyecto, estando preparada la compañía norteamericana para financiar a la empresa española en todas sus necesidades.
En definitiva, aunque no se han encontrado pruebas fehacientes de que Primo de Rivera pudiera conocer que el Proyecto presentado en abril por la CTNE era, en realidad, obra de la ITT, de lo que no cabe la menor duda es de que la Comisión sí que era consciente de esta circunstancia cuando emitió su dictamen en el mes de junio; y menos duda existe aún de que el Gobierno también lo sabía cuando firmó el Contrato con la CTNE en agosto. En ese sentido, las palabras de Muro Abad son todavía más contundentes33:
El Gobierno de la Dictadura tuvo desde el primer momento plena conciencia de que iba a tratar con la International Telephone and Telegraph Corporation, de New York, y conviene con ella, para evitar el escándalo público que de ser conocido el hecho se suscitase, la precipitada formación de una compañía española que en realidad sería una mandataria de aquella, teniendo muy buen cuidado de que en el acta de formación de la misma no figurase ningún apellido americano de los sobradamente conocidos como dirigentes de aquella entidad extranjera.
6. La adjudicación del servicio telefónico.
De haber existido por parte de Primo de Rivera el más mínimo deseo de contar con los asesoramientos necesarios para tomar la decisión más acertada en la “cuestión de los teléfonos”, lo natural hubiera sido aprovechar el dictamen de la Comisión surgida de la Real Orden de 11 de mayo para que, tomándolo como pliego de bases definitivo o matizándolo con la opinión de otros expertos, hubiera servido como documento de partida para la celebración de un futuro concurso.
Pero no ocurrió así. Después del trabajo de la Comisión, el Director General de Comunicaciones, Tafur Funés, desestimó por si mismo las propuestas de la empresa Siemens & Halske y del Grupo Belga remitiendo, en cambio, a la CTNE y a la Compañía Española de Teléfonos Ericsson las observaciones formuladas por la Comisión al objeto de que pudieran introducir en sus propuestas las modificaciones necesarias para conseguir una coincidencia de criterios con aquella. Martínez Barrios y Muro Abad opinarían, más tarde, que el coronel Tafur sólo tuvo aquella consideración con la CTNE, asegurando no existir prueba alguna de que se hiciera lo propio con las otras. Pero ambos estaban equivocados. Como puso de manifiesto el general Mayandía, el Directorio Militar recibió las proposiciones de la CTNE y de la compañía Ericsson una vez fueron modificadas por propia voluntad de los licitadores, con arreglo a las sugerencias de la Comisión. Asimismo, el Directorio Militar recibió un informe elaborado por el coronel Tafur, declarando que la proposición de la CTNE era más ventajosa que la entregada por Ericsson.
Antes, Sosthenes Behn había solicitado la ayuda del embajador norteamericano en Madrid, Alexander P. Moore, con el fin de poner en marcha una campaña favorable a los intereses de la multinacional estadounidense. Aprovechando su condición diplomática, Moore intercedió por la ITT ante el Gobierno español, defendiendo la superioridad del sistema telefónico americano en el mundo y desacreditando el buen funcionamiento de los equipos fabricados por la Casa Ericsson34. A la vez, el propio Behn ejerció su influencia cerca del Director General de Comunicaciones con el fin de obtener de él un apoyo explícito a la propuesta CTNE, deseo que, como ya se ha dicho, se vio confirmado. De la existencia de estos contactos dan perfecta cuenta los archivos personales de Gumersindo Rico35:
Celebramos numerosas entrevistas a petición del digno, competente y caballeroso coronel Tafur, que a la sazón desempeñaba el cargo de Director de Comunicaciones, acertadamente secundado por otro prestigioso Jefe del Ejército, el teniente coronel Castañón. En todas aquellas gratas reuniones tuvimos oportunidad de demostrar la flexibilidad de nuestra adaptación a los requerimientos de carácter oficial conforme al recto criterio que los inspiraba, y ese mismo espíritu nos animó más tarde, cuando aceptamos todas las modificaciones explanadas por los miembros del Directorio Militar, en el curso de las audiencias que a esos fines tuvo la gentileza de concedernos.
Pero no fueron éstos los únicos resortes que tocó el Coronel en aquellas fechas. Hay quienes sostienen que el Presidente de la ITT llegó todavía más lejos a la hora de utilizar sus influencias. En una conocida conferencia pronunciada por Indalecio Prieto en el Ateneo de Madrid, el 25 de abril de 1930, el destacado político socialista se refirió a la existencia de un delito de cohecho en el proceso de adjudicación del sistema telefónico nacional36:
Lo más delicado del sistema nervioso de un Estado, lo más sensible, que son las comunicaciones, de las cuales en un momento determinado puede depender con su seguridad la vida del Estado mismo, se ha entregado a un sindicato extranjero en unas condiciones tan onerosas que ni siquiera se podrían explicar con ese cheque de 600.000 dólares de que se habla, y cuyo cobrador seguramente no ha aparecido con su verdadera cara en la ventanilla del Banco.
En esa misma hipótesis se reafirma Antonio Ramos Oliveira quien se atreve, incluso, a señalar directamente a la persona del Rey como el supuesto “cobrador del cheque”37; acusación ésta que es rechazada categóricamente por el historiador contemporáneo Ricardo de la Cierva, que justifica su postura diciendo que unos años después del discurso de Indalecio Prieto en el Ateneo, pudo éste haber hallado las pruebas necesarias para sostener su denuncia cuando, siendo Ministro de Hacienda, tuvo a su disposición el archivo de Palacio con todos los documentos sobre la fortuna personal del Rey; pero no encontró nada digno de mención38:
Investigadores de la República buscaron y rebuscaron afanosamente pruebas contra el Rey, huellas del cheque de los seiscientos mil dólares, que además tendría que constar en el archivo de alguno de los grandes Bancos, que jamás se lo hubiera negado –como la propia Telefónica– al ministro de Hacienda. Los gobernantes republicanos se habían creído sus propias mentiras y estaban seguros de encontrar cientos de pruebas en esos archivos. No encontraron ni una.
Sea como fuere, el informe del coronel Tafur fue examinado por una Ponencia nombrada por Primo de Rivera para resolver la adjudicación del servicio telefónico nacional. La Ponencia estaba presidida por los generales Mayandía y Ruiz del Portal quienes, de mutuo acuerdo, asumieron la recomendación del Director General de Comunicaciones y mantuvieron diversos encuentros con los responsables de la CTNE en el transcurso de los cuales propusieron a la Compañía distintas modificaciones de su proyecto que, sólo en unos pocos puntos, terminó por aceptar. Estos encuentros fueron pronto de dominio público y, para mediados de agosto, no era ya ningún secreto que el Directorio Militar estaba decidido a conceder la explotación del servicio telefónico a la Telefónica Nacional, subsidiaria de la ITT, en detrimento de las tesis del Cuerpo del Telégrafos y del resto de grupos de interés. La Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo, en sesión celebrada el 21 de ese mismo mes, a propuesta de su Comisión de Teléfonos, acordó solicitar del Ayuntamiento de San Sebastián su colaboración con el fin de defender sus intereses ante “los rumores alarmantes que corrían respecto a los proyectos de telefonía nacional”39.
Finalmente, el 25 de agosto de 1924, Alfonso XIII firmaba en el Palacio de la Magdalena –su residencia de verano en la ciudad de Santander–, el Real Decreto por el que se autorizaba al Gobierno a contratar con la Compañía Telefónica Nacional de España la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional, con arreglo a un pliego de veintiséis Bases que se reproducían en el mismo documento regio40.
De acuerdo con esta autorización, se convino entre las partes como fecha para la firma del Contrato, el 29 de agosto inmediato posterior. Ese día, Sosthenes Behn organizó un majestuoso banquete para celebrar el éxito obtenido. Consistió en un almuerzo al que concurrieron un escogido grupo de elementos norteamericanos y españoles y al que asistió, nada más y nada menos, que Charles E. Mitchell, Presidente del National City Bank de Nueva York41.
Terminada la comida, Valentín Ruiz Senén y Gumersindo Rico González, Vicepresidente y Secretario General de la CTNE respectivamente, acompañados por Sosthenes Behn, se trasladaron al despacho oficial del Director General de Comunicaciones para formalizar, mediante escritura pública autorizada por el notario madrileño Antonio Sirvent López, la firma del Contrato entre la CTNE y el Estado. En representación de la Compañía suscribieron el contrato Ruiz Senén y Rico, mientras que por el Estado firmó el coronel Tafur, según el poder conferido por el general Primo Rivera mediante Real Orden emitida el día anterior42.
7. Las bases del Contrato con el Estado.
El pliego de Bases del Contrato celebrado entre el Estado español y la CTNE el 29 de agosto de 1924 no es, en contra de lo que se pueda pensar, un documento original elaborado por el Gobierno a partir del Real Decreto de concesión. Como se demuestra tanto de la lectura de los informes elaborados por la Ponencia nombrada para resolver la adjudicación del servicio telefónico nacional, como de una serie de artículos publicados, en 1932, por Agustín Muro Abad, el pliego con las veintiséis Bases del Contrato fue redactado a partir de un documento de veinticuatro cláusulas –dos menos que Bases– que la ITT había entregado previamente al Gobierno. No ha podido averiguarse, empero, si este documento se anexó junto con la proposición que le fue entregada en mano a Primo de Rivera, en abril, o fue añadida, a posteriori, una vez nombrada, en mayo, la Comisión que debía proponer al Gobierno la solución más conveniente para la reorganización de los servicios telefónicos en España. Pero de lo que no hay ningún género de dudas, es que dicha Comisión contó con el documento de cláusulas en cuestión desde el comienzo de sus deliberaciones. A este respecto, Muro Abad manifestaba lo siguiente43:
Es curioso hacer observar que, constando de 26 Bases el Contrato, que en la primitiva proposición quedaban reducidas a 24, las Subcomisiones pusieran reparos a 20 de ellas, con un total de 23 observaciones, de las cuales, sólo 5, fueron atendidas con las rectificaciones oportunas.
Posteriormente, tanto el Director General de Comunicaciones como la Ponencia del Directorio Militar, en ese orden, hubieron de realizar también distintas consideraciones sobre las cláusulas originales que, en lo substancial, apenas modificaron las bases fundamentales del Contrato. Años más tarde, Diego Martínez Barrios, en su ya citado Proyecto de Ley de 1931, llegaría a decir lo siguiente reflexionando sobre la imposición de condiciones que realizó la CTNE sobre el Estado:
O muy segura debía de estar la Compañía Telefónica Nacional de la bondad de su proyecto de contrato, o muy convencida de la fatalidad de su aceptación, cuando tan reacia se mostró a rectificaciones en los más principales puntos de discrepancia con la Comisión. Aceptó, tan sólo, pequeñas variaciones de secundaria importancia; pero lo fundamental, lo sustancial del contrato, lo que caracteriza para hacerlo recusable, eso quedó en pie. Y, no obstante todo esto, el contrato fue aceptado y firmado por el Gobierno de la Dictadura, porque lo inevitable, lo fatal, era que su primitivo proyecto de contrato, con las ligerísimas variaciones que la más elemental prudencia aconsejara, había de ser, en definitiva, el que se elevara por el Estado a escritura pública. Porque el contrato con la Compañía Telefónica Nacional estaba ya plasmado y virtualmente concedido por ley de herencia desde el preciso momento del nacimiento de tal Sociedad, filial de la “International Telephone and Telegraph Corporation”.
La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, de 1 de julio de 1911, aún vigente durante la Dictadura de Primo de Rivera, establecía la subasta como norma general de adjudicación de obras o servicios por cuenta del Estado, admitiendo el concurso público en algunos casos y permitiendo la excepción en otros, ninguno de los cuales podía incluirse en el Contrato con la CTNE. En ese sentido, tanto Mayandía, en su ya citado informe de 11 de agosto, como Ruiz del Portal, en otro propio fechado el 13 de agosto44, se apercibieron de la inconsistencia legal del procedimiento que se pretendía seguir y ambos sugirieron publicar, previamente, un Real Decreto-ley en el que se autorizase al Gobierno para celebrar el Contrato con la CTNE sin las solemnidades de subasta o concurso que establecía la Ley de Administración y Contabilidad, la cual debía quedar en suspenso en este caso. Empero, Primo de Rivera hizo caso omiso de esta recomendación y, para sorpresa de muchos, incluyó en el mismo Decreto de concesión, de 25 de agosto, la citada prevención, omitiendo la aplicación de la citada Ley al presente caso:
No serán de aplicación al Contrato que autoriza este Decreto todas las leyes y disposiciones en contradicción con el mismo y con las bases aprobadas, especialmente la ya citada de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública y el Real Decreto-ley de 8 de marzo de 1924 con sus respectivos Reglamentos.
Pero no bastaba sólo con eso. El Dictador también debía dejar en suspenso cuanto se opusiera a las Bases del Contrato de lo articulado en el Estatuto Municipal y en su Reglamento posterior. Específicamente, se recogió en la Base $1 ^ { \mathsf { a } }$ del Contrato la suspensión de las transferencias de derechos a los Ayuntamientos reconocida en el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales, de 14 de julio de 1924, en lo que a establecimiento y explotación del servicio telefónico se refería, aspecto acerca del cual Martínez Barrios se expresaba así45:
Se trata, pues, de un negocio jurídico, un Contrato que es sustraído al orden jurí- dico, al sistema de las normas del derecho objetivo. Mas es un principio axiomático en la ciencia del derecho que la voluntad subjetiva, que produce efectos jurídicos en los contratos, recibe su fuerza y su legitimidad de los preceptos y de las leyes en conformidad a las cuales se emite. La voluntad de los contratos es válida en cuanto observa las leyes, no en cuanto las contradice.
A lo que después añadía:
En la Edad Media existió la práctica viciosa de las profesiones “Juris”, por las cuales los contratantes designaban el orden jurídico a que se sometían. Pero el ejemplo presente representa un retroceso mayor, puesto que se elimina del orden jurídico toda aquella parte que en el mismo pueda contradecir los fines de la voluntad. Esta forma de renuncia a la ley es, naturalmente, una declaración radicalmente nula e invá- lida y significa, realmente, ponerse fuera de la ley.
A mayor abundamiento, Primo de Rivera completaba su particular entendimiento de la legislación rematando el Contrato con un párrafo donde se blindaban las Bases de tal modo que no pudieran ser modificadas en el futuro, ni aplicarse en contradicción con ellas leyes o disposiciones de carácter general o particular expedidas por el Estado o las Corporaciones de carácter público. Con esta fórmula, decía Martínez Barrios, se elevaban las Bases del Contrato a la categoría de normas fundamentales intocables, enajenando la soberanía del Estado: “ni la misma Constitución de la nación española podía aplicarse en cuanto significase una modificación, una innovación o una contradicción a las Bases de este Contrato”.
Aunque lo más paradójico y desconcertante del asunto resulta saber que semejante concesión de soberanía no aparecía en el documento primitivo que presentó la Telefónica Nacional al Gobierno, en el cual se limitaba a reclamar lo siguiente46:
Ninguna de las disposiciones ni prescripciones telefónicas reglamentarias vigentes, tendrán aplicación en la ejecución del presente Contrato, ni tampoco serán aplicables las demás disposiciones legales que se opongan a lo preceptuado (sic) en las cláusulas del mismo.
Como se ve, estos conceptos son bastante más leves que los empleados finalmente en el Contrato, donde la soberanía pretendida por la ITT ganó aún más terreno. En un principio, el deseo de la multinacional norteamericana se limitaba a la expresa derogación de las disposiciones legales vigentes sobre la materia pero, incomprensiblemente, en el Contrato se extienden más allá hasta llegar a la prohibición misma de legislar en el porvenir, en modificación o en contradicción con las Bases del Contrato. A este respecto, decía Muro Abad47:
El Gobierno de la Dictadura fue aún más allá de las primitivas pretensiones de la Compañía, concediéndole fácilmente, si no fue por espontaneidad y propia iniciativa, algo que por incomprensible o absurdo, no pudo aquella nunca soñar: la hegemonía de la Compañía sobre el Estado. Desde aquel momento, sobre la soberanía nacional, surgió otro poder superior aún, más omnímodo: el de la International Telephone and Telegraph Corporation, de New York.
El análisis del pliego de Bases del Contrato con la CTNE ha sido objeto de diferentes estudios a lo largo del tiempo. Aquellas constituyen, en sí mismas, un magnífico ejercicio jurídico que no es posible abordar aquí debido al carácter limitado del presente trabajo. La esmerada redacción de las cláusulas originales y las cuidadas modificaciones introducidas posteriormente, hasta llegar al pliego de Bases del Contrato definitivo, fueron redactadas por un granado plantel de abogados al servicio de la CTNE, que supieron darle al texto el enfoque que más le interesaba a la ITT en todo momento. A este respecto y ya para terminar, nos quedamos con un párrafo del Proyecto de Ley de Martínez Barrios que resume con claridad este detalle:
Hay que subrayar que las Bases están redactadas en tal forma, que a veces se disfrazan en ellas, bajo un ropaje verbal de obligaciones y responsabilidades de la Compañía, preceptos que en realidad están concebidos en beneficios suyos y que entrañan privilegios para ella, con graves infracciones del derecho común.
8. Conclusiones.
La concesión del sistema telefónico nacional a la CTNE, durante la Dictadura del general Primo de Rivera, se realizó por adjudicación directa, sin subasta ni concurso, incumpliendo la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública y el Estatuto Municipal en uso. En el momento de producirse el golpe de Estado de Primo de Rivera, existían varios grupos de presión que pugnaban entre sí como defensores del modelo que habría de resolver, definitivamente, el alarmante estancamiento que padecía la telefonía en España. Uno de estos grupos se constituyó en torno a la multinacional norteamericana ITT que, junto a una parte de la burguesía financiera española de principios del siglo XX, ejerció su influencia en el entorno cercano de Primo de Rivera para lograr la concesión del sistema telefónico español en régimen de monopolio. El cerebro de la operación fue el Presidente de la ITT, Sosthenes Behn, quien atraído hasta España por Gumersindo Rico, Director-Gerente de la delegación comercial que la IWEC tenía en Madrid, concibió la creación de una empresa de capital enteramente español y accionariado formado, exclusivamente, por personajes nacionales muy influyentes.
La empresa en cuestión fue la CTNE que presentó, como suyo, al Gobierno del general Primo de Rivera, un proyecto de reorganización del sistema telefónico nacional elaborado previamente por la ITT. La propuesta de la CTNE provocó que Primo de Rivera convocara un concurso de público que no tuvo, en realidad, formalidad de tal, pero que permitió que otras empresas presentaran sus propuestas en una especie de contienda abierta cuya resolución estaba decidida de antemano. Las empresas que entregaron sus propuestas, además de la CTNE, fueron la Compañía Española de Teléfonos Ericsson –filial de la sueca L.M. Ericsson–, la New Antwerp Telephone and Electric Works –conocida como Grupo Belga– y la compañía alemana Siemens & Halske.
Una Comisión nombrada al efecto, dictaminó sobre las propuestas presentadas por las distintas sociedades concluyendo, sorprendentemente, que ninguna de ellas reunía las condiciones suficientes para obtener la concesión y estableciendo, en su lugar, ciertas condiciones que podrían servir de base para la redacción de un convenio de concesión del servicio telefónico nacional, a lo que Primo de Rivera hizo caso omiso. Al trabajo de la Comisión siguió un informe, elaborado por el Director General de Comunicaciones, el coronel Tafur Funés, en el que se reconocía la proposición de la CTNE como la más ventajosa de todas; y otro informe posterior, elaborado por los generales Mayandía y Ruiz del Portal, como Ponencia del Directorio Militar, asumiendo la recomendación dada por Tafur. Hoy es sabido que tanto la Comisión, como el coronel Tafur y los generales Mayandía y Ruiz del Portal eran conocedores de que detrás de la propuesta presentada por la CTNE se encontraba la ITT, que se había cuidado muy mucho de que en el momento de la constitución de la Telefónica Nacional, ésta firmara un acuerdo privado con la Internacional por el que la primera debía someterse al dictado de la segunda en cuanta decisión hubiera de tomarse.
No existen pruebas fehacientes de que Primo de Rivera conociera esta conexión pero es muy probable que así fuera por cuanto, además de conocerlo las personas de su entorno de confianza, antes citados, es sabido que él mismo mantuvo una reunión con Sosthenes Behn el 26 de octubre de 1923, antes de constituirse formalmente la CTNE, en la que recibió de manos del Presidente de la ITT un cierto proyecto de telefonía que, a buen seguro, fue un anticipo del que más tarde le presentó la CTNE.