Los militares y las restricciones en el uso de armas de fuego a fines del siglo XVII1.
Enrique MARTÍNEZ RUIZ.
Universidad Complutense de Madrid.
Las distintas jurisdicciones existentes en la España Moderna originan frecuentes conflictos entre diversos ámbitos. Una muestra la tenemos en el que se plantea a finales del siglo XVII como consecuencia de las restricciones que se imponen en el uso de las armas de fuego, contrarias –según algunos– al disfrute del fuero militar.
PALABRAS CLAVE.
Edad Moderna, Siglo XVII, Ejército, Militares, Armas de Fuego, Fuero Militar.
KEY WORDS.
The different jurisdictions that we can find in Spain during the Modern Ages was the origin of frequent conflicts between different circles. A good sample of this can be found in the events occurred at the end of the $1 7 ^ { \mathrm { t h } }$ century, when there was a conflict as the result of some restrictions imposed in the use of firearms and considered, by some of them, as against, to military privileges.
Modern Age,
XVII Century, Army, Militaries, Firearms, Military Privileges.
La abundancia de jurisdicciones en la Monarquía Hispánica es cuestión sobradamente conocida de todos como para que nos detengamos en ella, de la misma forma que también es lugar común la frecuencia con que esas jurisdicciones entraban en conflicto. Menos conocida es la forma en que esos conflictos jurisdiccionales intentaban resolverse: la competencia, que, en definitiva, no es otra cosa que el procedimiento administrativo arbitrado para resolver los choques de instituciones de diferentes jurisdicciones cuando confluyen en un mismo caso. En general, este procedimiento fue poco operativo: lento en el desarrollo, minucioso en el planteamiento, farragoso en las argumentaciones y … sin solución, en la mayoría aplastante de los casos2 .
Un tema recurrente en la legislación castellana es el de la limitación del uso y prohibición de ciertos tipos de armas blancas y de fuego. Las disposiciones se suceden tratando de evitar –sin éxito, de ahí su repetición– robos, asesinatos, ajustes de cuentas, pendencias, etc., concediendo prioridad a la jurisdicción ordinaria en el entendimiento de las causas que se originaban en la aplicación de tal normativa. Sin embargo, la condición aforada de algunos de los contraventores podría dar paso a un conflicto jurisdiccional, como el que amaga a finales del siglo XVII entre la jurisdicción ordinaria y el fuero militar. Sorprende que semejante situación conflictiva no se manifestara más precozmente –al menos, nosotros no tenemos noticia de que ocurriera con antelación–, pero el incumplimiento de la normativa y una presumible permisividad respecto a los aforados del ejército pueden explicar el retraso, cuestión que, por otra parte, no es muy relevante.
La legislación limitadora del uso de armas tiene un precoz inicio en la Edad Moderna española, pues en $1 4 ^ { 8 0 }$ los Reyes Católicos ya ordenaron el respeto de la prohibición general de armas ofensivas y defensivas. Un mandato que es incorporado como ley I al título XIX del libro XX de la Novísima Recopilación3 y que abre la casuística referida tanto a armas de fuego como blancas.
En efecto, Felipe II prohibió en $1 5 5 ^ { 8 }$ la fabricación e importación de arcabuces de cañón más corto de una vara4 , «porque –dice el legislador– nos fue fecha relación, que a causa de haber arcabuces pequeños, con ellos se facían muertes secretas, matando los hombres a traición, y que no servían para otro efecto $\gg$ ; unos años después, en $1 5 6 4$ prohibía espadas, verdugos y estoques de más de cinco cuartos de vara5 , prohibición de la que no se eximía a $\ll$ ninguna persona, de cualquier calidad y condición que sea», penalizando a los infractores con multa de diez ducados y diez días de cárcel la primera vez «y por la segunda sea la pena doblada, y un año de destierro del lugar donde se le tomare, y fuere vecino; y la dicha pena pecuniaria y el estoque, o verdugo o espada aplicamos al Juez o Alguacil que la tomare $\gg$ ; y en 1591, el 21 de julio quedaban prohibidos los pistoletes de cañón menor de cuatro palmos de vara6 :
«Prohibimos y defendemos, que persona alguna destos nuestros Reynos, ni de fuera dellos, sea osado de traer de día ni de noche, en cualquier lugar o parte dellos, aunque vaya de camino, pistolete alguno que no tenga quatro palmos de vara de cañón; so pena de dos años de destierro y de cien mil maravedís, y de haber perdido el pistolete que traxere menor de la dicha marca; los quales dichos maravedis y pistolete aplicamos a nuestra Cámara, Juez y denunciador por iguales partes; quedando como quedan en su fuerza y vigor las anteriores leyes, por las quales está prohibido labrar en estos Reynos los dichos pistoletes, y meterlos de fuera dellos».
Las prohibiciones continuaron en el siglo siguiente, con un considerable endurecimiento de las penas, pues lo tipos de armas prohibidas seguían usándose con gran desentendimiento de lo dispuesto sobre el particular. Felipe III castigaba el 2 de junio de $_ { 1 6 1 8 \ll }$ traer y tener pistoletes pequeños fuera o dentro de casa», así como fabricarlos7 , «y que si los traxeren, o tiraren con ellos en riñas o pendencias, aunque no maten ni hieran con ellos, incurran en pena de muerte y perdimiento de sus bienes, y sean tenidos por alevosos; y el que lo tuviere en su casa, aunque no se le pruebe haberle sacado a riña ni pendencia, por solo hallársele, incurra en pena de destierro del Reyno y confiscación de la mitad de sus bienes, y que la tercia parte de la pena pecuniaria sea para el denunciador … y asimismo mandamos, que a los oficiales que los labraren o aderezaren, les sea puesta, por solo hacerlo y no manifestarlo, pena de vergüenza pública y de seis años de galeras y perdimiento de la mitad de sus bienes, de que se de la tercia parte al denunciador: y así mismo mandamos que incurran en esta pena los mercaderes extranjeros o naturales, y otros cualesquier personas que los metieren en estos Reynos, y los vendieren o los dieren; y que en los puertos de mar se tenga por las Justicias gran cuidado de visitar los navíos y mercaderías que se traxeren, para que se vea si entran los dichos pistoletes, para que los transgresores sean castigados con todo rigor».
Felipe IV reiteraba el 8 de diciembre de 1632 las prohibiciones anteriores e incrementaba las penas contra los infractores, extendiendo la prohibición a
«cualesquier personas de cualquier calidad que sean, Justicias y Ministros de ella, Caballeros de las Órdenes Militares, Capitanes, soldados, aunque sean de mi Guarda, o de las de estos Reynos, o de la Milicia, Artilleros, criados de mi Casa, oficiales titulados o Familiares del Santo Oficio, y a los demás exentos de la Jurisdicción ordinaria, sin excepción de persona alguna; porque quanto a la execución de las penas de las dichas leyes, y cada una de ellas, ordeno y mando, que este delito quede acumulative y a prevención entre todas las Justicias; quedando en todo lo demás los privilegios, que a los dichos exentos tengo concedidos, en su fuerza y vigor»8 .
Más de veinte años después, el 28 de septiembre de 1654, se publicaba la prohibición de usar espadas con vainas abiertas $\ll$ con agujas y otras invenciones para desenvaynar ligeramente, y de estoques y verdugos buidos»9 , prohibición de la que no se eximía a «ningún Alguacil de Corte o Villa, ni de otro Juez o Ministro particular, ni Oficial de la sala dependiente de ella o de la Provincia, ni otras personas exentas, aunque sean soldados de las Guardias, o Familiares, aunque tengan cédulas o privilegios para poder traer cualesquier armas ofensivas y defensivas, como no sean pistolas… el que fuere aprehendido con [los objetos de esta prohibición]… por la primera vez tenga perdida la espada, y se aplique al que hiciere la aprehensión, y se le multe con diez mil maravedís, aplicados por terceras partes, y en dos años de destierro de esta Corte y cinco leguas, y por la segunda en vente mil maravedis, aplicados en la misma forma, y en dos años de galeras o presidio, fuera del Peñón o la Mamora, conforme a la qualidad o diferencia de las personas; y el Alguacil de Corte o Villa, u Oficial de la Sala o dependiente de ella, u otro cualquier ministro tenga la misma pena pecuniaria, y por la primera vez suspensión de oficio por un año, y por la segunda privación de oficio y dos años de destierro del Reyno: y que los estoque o verdugos buidos se quiebren: y ningún espadero ni guarnicionero, ni oficial de manos de hacer cosas de hierro o acero, ni otra persona, pueda hacer las dichas vaynas abiertas con agujas, ni otros modos o invención, ni los estoques buidos de marca ni mayores de ella; pena de cincuenta mil maravedis y dos años de destierro de esta Corte y cinco leguas por la primera vez, y por la segunda de quatro años de un presidio cerrado, sin embargo de qualquier exención de fuero o privilegio que tenga, porque no se ha de extender a poder traer dichas vaynas abiertas, ni estoques buidos de marca o mayores de ella: y haya de tocar el conocimiento y castigo a la Sala de los Alcaldes y Justicia Real, sin poderse entrometer a conocer ningún otro juez, Consejo ni tribunal».
El 27 de octubre de $1 6 6 3 ^ { 1 0 }$ se exigía el cumplimiento de la legislación anterior sobre el uso de armas y se imponía la $\ll$ absoluta prohibición del uso y fábrica de pistolas y arcabuces cortos» por medio de una pragmática, que es la disposición más larga de cuantas contiene el presente título de la Novísima y continúa la misma línea de las anteriores en la rotundidad de las prohibiciones, en la severidad de los castigos y en la implicación de los particulares –por medio de la delación y recompensas– en la persecución de los infractores. Sin embargo, es más explicita en dos cuestiones que nos interesan. La primera, por referirse de manera directa al ámbito militar. La segunda, por darnos razones del por qué de las prohibiciones y el establecimiento de una especie de calendario para $\ll$ regularizar» la situación de cada cual. Respecto a aquella, leemos:
«Y porque la introducción y uso de las pistolas y carabinas cortas, fuera de los Exercitos y expediciones, es mas perjudicial y ofensivo a la causa pública; alivio y seguridad de nuestros vasallos en los Militares, porque con ellas y su valor les serán de mayor terror, inquietud y vexación; ordenamos y mandamos, que los soldados de levas y armadas de los Exercitos, y sus Oficiales y cabos, de cualquier grado o preeminencia, no puedan traer ni tener fuera del Exercito en los alojamientos, ni en nuestra Corte ni en los demás lugares de nuestros Reynos, con pretexto alguno, pistolas, carabinas o arcabuces menores de vara de cañón; y si las tuvieren, traxeren o contravinieren a estas nuestras leyes en cualquier manera, incurran en sus penas».
Y por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones señaladas, encontramos el reconocimiento de que las armas prohibidas se seguían usando, arbitrando una solución diferente de las que hemos visto hasta ahora, consistente en dar un plazo de «gracia» para que los posesores de armas perseguidas pudieran entregarlas sin ser castigados; transcurrido ese plazo, las penas previstas se aplicarían sin remisión. Dice así la pragmática:
$\ll \mathrm { Y }$ porque la introducción y freqüencia de las pistolas y arcabuces pequeños, y su tolerancia dentro y fuera de nuestra Corte ha sido y es mucha, y resultaría grande confusión y desconsuelo de entrar ejecutando las penas; ordenamos y mandamos, que así en nuestra Corte como en las demás ciudades, villas y lugares de nuestros Reynos, todas las personas que tuvieren pistolas o arcabuces menores de vara de quatro palmos de cañón, estén obligados a manifestarlas ante la Justicia ordinaria y Escribano de Ayuntamiento, y en nuestra Corte ante uno de nuestros Alcaldes y Escribano de su Sala, dentro de diez días de la publicación de esta pragmática; y que todas las que no pudieren servir para la guerra, y las que fueren de uso para ella, las pongan con seguridad y custodia en nuestra Corte, adonde señalaren nuestros Alcaldes, y en las demás ciudades, villas y lugares en las casas de sus Ayuntamientos, y las guarden y tengan a nuestra disposición para remitirlas a nuestros Exércitos, quando convenga, y lo ordenáramos; y que para ello den cuenta al Consejo de todas las pistolas y arcabuces cortos que se registraren, y de su número y calidad, y el Consejo nos la dé, para que se señale la parte adonde se han de remitir; y que pasados los diez días, y no antes, procedan contra las personas de cualquier estado, grado, calidad y preeminencia, que contravinieren a nuestras leyes y pragmáticas».
Con independencia de que la reiteración en las prohibiciones y el progresivo endurecimiento de las penas constituyan el más claro reconocimiento de la ineficacia de las disposiciones publicadas –ya lo hemos señalado–, llegamos al reinado de Carlos II, donde se vuelve a legislar sobre el tema que nos ocupa con dos disposiciones de especial interés para nosotros. La primera es la pragmática de 10 de enero de $1 6 8 7$ , que se publica tres días después y es, en definitiva, una repetición de lo legislado con anterioridad, manteniendo la aplicación de un rasero diferente para aristócratas y plebeyos, cual corresponde a una sociedad estamental como la nuestra de entonces:
$\ll$ Manteniéndose en su fuerza y vigor las penas impuestas por leyes y pragmáticas de estos mis Reynos contra los que usaren de pistolas y armas cortas, las tuvieren, introdujeren o fabricaren, y en cualquier manera usaren de ellas … sin excepción de persona ni privilegio alguno… mandamos que, quedándose en su fuerza y vigor las leyes y pragmáticas referidas… de aquí adelante cualquier persona, que fuere aprehendida con pistola o arma de fuego corta fuera de su casa, aunque no se pruebe haberla sacado o llevado para riña, o pendencia, por el mismo hecho de ser hallado o aprehendido con ella, sin que sea necesaria otra causa ni razón más que la aprehensión, y sin admitir sobre ello excusa ni defensa alguna, por justa y legítima que sea, si fuere noble, incurra en la pena de seis años de presidio de África, y si plebeyo, en seis años de galeras; en las cuales incurra por el mero hecho de la aprehensión, sin que los Jueces ni Tribunales puedan arbitrar en ella, sino es sólo ejecutarla; a los quales mandamos que en los casos que juzgaren por conveniente imponer mayor pena a los plebeyos que la de seis años de galeras, que les va impuesta por esta ley y pragmática, les impongan la de azotes; la qual hagan ejecutar, y ejecuten junto con la de galeras, siempre y quando juzgaren convenir así a nuestro servicio y mejor administración de justicia, y mayor reparo de los daños que con el uso de estas armas se han experimentado o experimentaren»11.
La segunda de las disposiciones que nos interesa es otra pragmática, de 17 de julio de 1691, una reiteración más de lo ya establecido con algunas novedades que van a provocar reacciones diversas, de las que nos interesan las relativas a su aplicación entre los militares, sorprendiéndonos –como decíamos al principio– que la cuestión no suscitara antes ningún eco –por lo menos, nosotros no lo conocemos– comparable al que se produce ahora, ya que el asunto se juzga de tal importancia, que después de pasar por los Consejos de Guerra y de Castilla, se remite al de Estado provocando una consulta que es el elemento fundamental de estas páginas. Empecemos por conocer el contenido de la pragmática, que se inicia de esta forma:
«Se guarden las leyes y pragmáticas promulgadas en esta Corte en 27 de Octubre de 663 y 13 de enero de $6 8 { \scriptstyle { 7 } }$ (leyes 8 y 9): y en su execución y cumplimiento ninguna persona, de cualquier estado, calidad o preeminencia que sea, pueda tener ni tenga en su casa, ni traer fuera de ella pistolas, carabinas, ni otro ningún género de armas de fuego que tuvieren menos de quatro palmos de cañón; y a las personas, que fueren aprehendidas con ellas, se les impongan, y ejecuten en ellos irremisiblemente las penas impuestas en las dichas leyes y pragmáticas»
Hasta aquí, nada nuevo. Ya nos son conocidos todos los extremos recogidos en el texto, pues han sido objeto pormenorizado en los precedentes. Las novedades vienen a continuación;
«y demás de ellas [de las penas establecidas] mandamos, que las tales personas que fueren aprehendidas con las dichas armas de fuego, así en sus casas, como fuera de ellas, aunque no las hayan sacado para riña o pendencia, incurran en la pena de privación de oficio y puestos honoríficos, quedando inhabilitados para adelante de poder obtener dichos puestos y oficios honoríficos: y asimismo mandamos, que los arcabuceros u otros oficiales a quien se aprehendiere con ellas, fabricándolas o aderezándolas, incurran en la pena de seis años de galeras y doscientos azotes, que se ejecuten en la misma forma que se previene se ejecuten las impuestas contra los que fueren aprehendidos con estas armas; y que se les visiten sus casas y tiendas por los Alcaldes de nuestra Casa y Corte una vez cada mes, y las demás que les pareciere conveniente; y en las demás ciudades, villas y lugares del Reyno las Justicias ordinarias hagan las visitas en la misma forma».
El resto de la pragmática se destina a garantizar el cumplimiento de lo ordenado y la aplicación de las penas establecidas:
«Y para que mejor se logre el pronto castigo de este delito, mandamos a los dichos Alcaldes de nuestra Casa y Corte, y a los Tenientes de Corregidor de esta Villa, que de cualquiera aprehensión que hicieren, den cuenta a los del nuestro Consejo en Sala de Gobierno dentro de veinte y quatro horas, y con el mismo término substancien la causa, y la determinen en la conformidad y con las penas que van impuestas al delinqüente; dando cuenta al Consejo en la misma Sala de Gobierno antes de ejecutar la sentencia: y que en las demás ciudades, villas y lugares del Reyno las Justicias ordinarias ejecuten lo mismo; las de veinte leguas en contorno dando cuenta al Consejo en Sala de Gobierno, como queda dicho, y las demás de todo el Reyno a la Sala del Crimen de la Chancillería o Audiencia en cuyo término estuvieren: y si el lugar donde se aprehendieren estuviere más cerca de la Chancillería que de esta Corte, quede a elección de la Justicia ordinaria, que hiciere la causa, dar cuenta a la Sala del Crimen o al Consejo en la forma referida; bastando sólo para probanza contra el reo la aprehensión, y constando por fe de Escribano»12.
Esta pragmática ve la luz en un momento singular por lo que se refiere a la presencia de los militares en la Corte, tan numerosa que había motivado las quejas del Consejo de Guerra, que propuso al rey que volvieran a sus unidades y ejércitos sin mucho éxito en sus pretensiones, pues la situación se alarga sin solución clara13. En ese contexto, la pragmática analizada se hace pública el 18 de julio, planteando la forma en que debería llevarse a efecto con los militares, lo que provocó una variada serie de consultas en diversos organismos, pasando en octubre por orden real toda esa documentación al Consejo de Estado, que resume así el estado en que se encuentra el tema:
«Con decreto de 7 de octre. se sirve V. Magd. remitir al Consexo [de Estado] la consulta inclusa del de Guerra de 5 del mismo, y otras dos que incluye una del mismo Consexo de 8 de Agosto y otra del Govor. del Consexo de Castilla del 11 a que dio motivo la pragmática que se publicó en 18 de Julio deste año prohibiendo a todos sin reserva alguna el uso de las pistolas y otras Armas cortas de fuego, y la forma en que se debía practicar esta resolución con los Militares, y por ellas parece que haviéndose proyectado el bando en Guerra, por lo q. tocaba a los militares, después de haber oído al Comisario Genl. y al Consso. de Guerra fue de sentir aquel Consso. en la Consulta citada de 8 de Agosto se podía publicar el vando con las declaraciones que expresa por menor entendiendo que con ellas ocurría a los justos reparos del Comisario General. Y habiendo V. Mgd. remitido la Consulta referida de Guerra al Govor. del Consso. de Castilla y conformandose con su parecer, y embiado copia desta consulta al Consso. de Guerra para ejecutar la parte que le tocaba, volvió a representar el de Guerra en la Consulta adjunta de 5 de octre. los inconvenientes que se le ofrecían sobre la prohibición absoluta de las Armas cortas de fuego a los militares de cualquier grado que fueren con licencia de sus generales a cualquier parte, pues sin ellas no irían decentes ni seguros por los caminos, ni en el tiempo presente se debían derogar las prerrogativas militares, sino antes ampliarlas a favor de la profesión militar por la necesid. que hay de Soldados en todas partes y respecto de que la generalidad desta prohibición comprendiendo a los militares en los exércitos de Flandes y Milán y ser este punto de Estado: se sirviese V. Mgd. mandarle remitir a este Consexo»14.
Como vemos, no se cuestiona por el Consejo de Guerra la promulgación de la pragmática, únicamente quiere que su contenido no afecte a los militares, excepción que complicaría la aplicación de la misma, por lo que el Consejo de Castilla no estaba inclinado a consentir semejante concesión. La discrepancia estaba servida en una situación que tiene como principal animador al ramo de Guerra, que valora muy pronto lo que supone la pragmática para la gente de su dependencia, pues estima que limitarles el uso de las armas podía ser interpretado como una desconsideración personal y profesional, además de los problemas de inseguridad en los desplazamientos y de localización de las armas al regreso, si las dejaban en sus unidades cuando se iban de licencia o en alguna misión especial, pues ya sabemos la picaresca que rodeaba los alardes y el equipamiento en los ejércitos europeos de los siglos XVI y XVII, a lo que el nuestro no era ajeno. El alcance «internacional» de la medida al afectar a Flandes y Milán, va a dar entrada en el problema al Consejo de Estado, que tomará postura decidida a favor de lo que desea su homónimo de Guerra.
Por otra parte, las consecuencias de la pragmática se tratan conjuntamente con dos casos originados por su aplicación, que afectan a otros tantos militares y que son:
«También se ha tenido presente en él, otra Consulta de Guerra de 19 de octre. que vino remitida con papel de Dn. Juan de Angulo de 20, en que se refiere que el Capn. de Infantería Dn. Joseph Gallarte, al salir de su posada para ir acompañando al Marqués de Tenorio hasta Villa-Castins fue preso de unos Alguaciles, y puesto en la Cárcel pública y condemnado a seis años de Presidio de África y cuarenta ds. de costas, sin atender a su fuero militar, pues constó a los que le prendieron que era Soldado; sobre que el Consso. de Guerra, después de hacer recuerdo de sus Consultas, tocante a la prohibición de las bocas de fuego de los militares; es de parecer que este Capn. no ha incurrido en la pena que se le impone, ni perdido el fuero militar hasta que V. Mag. tome resolución sobre ellas.
Ultimamte. se refirió otra Consulta del Consso. de Guerra de 31 de octre., que vino remitida con papel de Dn. Juan de Angulo del 1.° del pasado en que con ocasión de haver dado memorial al Capn. D. Francisco Martín de Valenzuela, pidiendo licencia para llevar dos pistolas en resguardo de su persona que va a levantar una Compañía en Alicante y Mallorca; se remite aquel Tribunal a lo que V. Magd. se sirviere resolver en vista de las Consultas que van referidas, a que se remite».
Pues bien. El Consejo de Estado dedica su reunión de 29 de noviembre a discutir sobre estas cuestiones y eleva al rey la pertinente consulta, que va fechada el 1 de diciembre siguiente y en la que participan el Condestable de Castilla, el Duque de Osuna, el Marqués de los Balbases, el cardenal Portocarrero, el Conde de Chinchón, el Marqués de Mancera, el Almirante de Castilla, el Marques de Villafranca y el Duque de Montalto. Y como es habitual en toda consulta, se refleja en primer lugar el acuerdo común del Consejo, para dejar constancia después de los votos particulares discrepantes o ilustrativos de algunos extremos. La posición general del Consejo la tenemos en el párrafo siguiente:
«El Consexo en vista de todo lo q. queda referido, y de la pragmática y vando proyectado por Guerra, se conforma con todo lo que representa el de Guerra, y que V. Magd. mande que se publique el vando con las declaraciones del mismo Consexo; y que se vuelva luego al Capitán que esta presso por la Justicia ordinaria; y se de licencia al otro Capitán que la ha pedido para llevar sus Armas por el camino a levantar su Compañía».
En definitiva, los consejeros manifiestan su consentimiento con el contenido y la publicación de la pragmática, pero señalan que en su aplicación caben las excepciones que desea el Consejo de Guerra, entre las que pueden incluirse los dos casos debatidos. Actitud que queda todavía más clara en la exposición de las opiniones o votos particulares, en particular el del duque de Osuna, que se manifiesta tanto en relación al meollo de la cuestión –la pragmática–, como respecto a los dos casos particulares. Y así dice respecto a la pragmática que
«se conforma con el Consexo de Guerra en quanto limita la prohibición general de Armas de fuego a todo género de personas a las circunstancias q. dice en su consulta y vando; y en cuanto a los militares (como lo entiende el Duque) q. no sólo en sus Plazas, pero en los caminos, y en todas partes deben traer todas las que son de su ejercicio, cortas, o largas o de cualquiera calidad sea oficial o que sea soldado raso, las pueda traer en su cavallo, y en sus bolsas, pero al que las traxere en la faltriquera, o encubiertas (que desta manera no es del ejercicio militar) debe ser comprendido en el vando, y castigado si fuere soldado, por el Conss.° de Guerra, y no por las pragmáticas del Conss.° de Castilla, porque esto fuera apartarles de su fuero».
El parecer de Osuna muestra una clara inclinación a favor del Consejo de Guerra y se manifiesta partidario de respetar el fuero militar frente a posibles «extralimitaciones $\gg$ del Consejo de Castilla. Es decir, que los militares se encarguen de velar por el cumplimiento de las disposiciones reales en la medida que les afecten.
Opinión que será compartida por el resto de sus colegas en el Consejo, como consta en la consulta antes y a continuación de la exposición que él hace de su manera de ver los casos en cuestión de los dos oficiales y la manera que deberían ser tratados:
«En quanto a los memoriales y Constas. sobre los dos Capitanes Dn. Joseph Gallarte y Dn. Francisco Martín, va con el Conss.° en que no solo sea suelto el presso, pero que salga libre y sin costas algunas, y que las que se les huvieren hecho se les restituyan, entendiéndose esto con que sea soldado actual, y no apartado ya del servicio, pues si lo estuviesse, sería una competencia entre el Conss.° de Guerra y la Justicia ordinaria (como sucede cada día en si los desta calidad han de gozar del fuero militar o no).
Y Juzga precisso que los soldados dexen las Armas en sus Casas estando en la Corte, porque no han de estar cada día vendiendo y comprando las Armas de q. necesitan».
Los demás consejeros no tienen duda alguna en unirse a la opinión de Osuna respecto a los oficiales afectados, proponiendo se les compense de manera inmediata por los perjuicios que se le hayan podido causar sin esperar a la publicación de bando alguno:
«Y todo el Conss.° se conforma en que el Capitán presso Dn. Joseph Gallarte salga libre y sin costas, y se le restituya lo que se le huviere llevado.
Y añade el Marqués de Mancera que se le dé la licencia para las Armas al Capitán Don Francisco Martín, porque no espere a la publicación del vando».
Con semejantes precedentes, la opinión del Consejo de Estado estaba clara, pero por si hubiera duda, alguno de sus miembros aborda directamente la cuestión en lo que de discrepancia presentaba entre los de Guerra y Castilla, dejando como era lógico y obligado la decisión final al soberano:
«El Almirante (con quien concurren el Marques de Villafranca y el Duque de Montalvo) dixo que con lo que viene prevenido en la Consta. de Guerra es practicable el vando, y no lo fuera en lo que propone el Gor. de Castilla; y assi va con todo lo votado.
V.Mgd. mandará lo q. fuere servido».
Después de todo lo expuesto cabe preguntarse en qué quedó tanto ir y venir de bandos y consultas. Pues, en la práctica, no parece que se tradujera en nada. Algo que no es para sorprenderse, por cuanto era lo que sucedía con la mayoría de los conflictos jurisdiccionales o consultas; en este sentido, la administración de la Monarquía Hispánica no superaba su inercia ni su ambigua indecisión.
En nuestra investigación, hasta el momento no hemos encontrado ningún otro dato relativo a esta cuestión y cuando en el reinado siguiente se vuelve a legislar sobre el uso de las armas, las circunstancias en que debe hacerlo Felipe V eran muy diferentes a aquellas en que lo habían hecho sus predecesores de los siglos XVI y XVII. En efecto, ha visto como una parte de sus súbditos se sublevaba contra él, sumiendo a la Monarquía en una guerra de implicaciones internacionales y fratricidas, cuyas consecuencias no estaban superadas ni mucho menos en el momento en que aparecía la pragmática de 4 de mayo de $\mathbf { 1 7 1 3 ^ { 1 5 } }$ , cuyo contenido nos resulta familiar, pues mantiene la línea legislativa seguida hasta entonces:
«Mandamos, se execute en todo y por todo la ley y pragmática anterior [se refiere a la de 1691] prohibiendo las armas de fuego cortas en ella expresadas, so las penas contenidas en ella; y asimismo el uso de los puñales o cuchillos, que comúnmente llaman rejones o jiferos: y a las personas a quienes se aprehendiere con estas armas, condenamos solo por la aprehensión en treinta días de cárcel, quatro años de destierro y doce ducados de multa, aplicados por tercias partes a Cámara, Juez y denunciante».
Sin embargo, no parece que hubiera oportunidad en el siglo XVIII de que volviera a plantearse la misma cuestión en los términos que hemos visto, pues el ejército español iba a cambiar mucho con el advenimiento de la nueva dinastía. La generalización del uniforme con la reglamentación del armamento haría el resto, ya que la existencia de armas reglamentarias acabaría con la diversidad imperante en tiempos precedentes. Los mismos reglamentos de cuerpos y armas establecerían las armas que deberían llevar y los momentos que en que deberían hacerlo.
Por lo demás, no deja de ser sintomático que las consultas referidas no desembocaran en la formación de una competencia (y si esa competencia llegó a formarse, como en tantas otras no se alcanzaría solución; algo que podemos deducir sin mucho margen de error, pues no fue difundida). La inercia administrativa parecía imponerse una vez más y se dejaba sin resolver una cuestión que había provocado discrepancias e interpretaciones diferentes entre algunos de los organismos más altos de la administración de la Monarquía Hispánica. Una solución que, de arbitrarse, poco vendría a solucionar, pues a finales del siglo XVII, el modelo de ejército generalizado por Carlos V y mantenido por sus sucesores había perdido su eficacia y se aproximaba a su fin, incapaz de ser dinamizado por las soluciones de circunstancias que se venían arbitrando desde principios del Seiscientos. De poco serviría que se permitiese a los militares ciertas licencias en el uso de las armas, toda vez que la organización militar española se resentía entonces seriamente, afectada por deficiencias que no se habían podido corregir. Con la llegada de los Borbones al trono español y la inmediata guerra de Sucesión que se desencadena, la reorganización militar será cuestión ineludible, aunque el fuero militar –que está en el fondo del asunto que hemos comentado en estas páginas– se mantiene básicamente como jurisdicción especial para quienes componen el Ejército.