De Bom, Erik; Lesaffer, Randall y Thomas, Werner (eds.), Early Modern Sovereignties. Theory and Practice of a Burgeoning Concept in the Netherlands, Leiden y Boston, Brill – Nijhoff, 2021, 310 págs. ISBN: 9789004446045.
Desde hace algo más de diez años la serie Studies in the History of International Law, dirigida por Randall Lesaffer, viene produciendo provechosos volúmenes interesados en el estudio de la historia del derecho público internacional y las relaciones entre las más diversas entidades políticas independientes sin atender a unas limitaciones geográficas y cronológicas específicas. En ella, quisiera destacar los libros dedicados a la aplicación de la doctrina del equilibrio de las potencias en la diplomacia franco-británica después de Utrecht (Frederik Dhondt, 2015), al derecho de las naciones en la obra de Alberico Gentile (Valentina Vadi, 2020), a la teoría y práctica del Ius Gentium en Baldo (Dante Fedele, 2021), o a historia, casuística y costumbre en el pensamiento de Francisco Suárez (Dominique Bauer y Randall Lesaffer, 2021). Aun así, el volumen que guarda una relación más estrecha con la obra aquí reseñada es el que el propio Lesaffer coordinó sobre la Tregua de los Doce Años: The Twelve Years Truce (1609). Peace, Truce, War and Law in the Low Countries at the Turn of the $I 7 ^ { t h }$ Century (2014). En ambos casos se trata de monografías colectivas que combinan muy bien las perspectivas de análisis de historiadores, historiadores del derecho y del pensamiento político, brindando al lector una visión más compleja y rica de los procesos y conceptos abordados en ellas.
El origen de este nuevo volumen de la serie centrado en el estudio teórico y práctico del concepto ‘burgués’ (o ‘cívico’) de soberanía que hubo en los Países Bajos en los siglos XVI y XVII se halla en un coloquio celebrado en Lovaina en los días 5-6 de febrero de 2015. El encuentro fue impulsado por el grupo de investigación ‘Transregional History’ (http://transregionalhistory.eu/) de la Universidad de Lovaina (KU Leuven), que desde 2012 viene dedicándose a investigar los cambios producidos durante la Edad Moderna en las fronteras europeas por diversos conflictos confesionales y dinásticos. Este coloquio, y su resultado más duradero aquí presente, se proponen deconstruir el mito forjado en la historia europea en torno a las Paces de Westfalia, considerando la aplicación del concepto de soberanía en el derecho público internacional y la práctica política hasta entonces. Es la primera vez que se plantea un estudio histórico que atienda de manera comprehensiva el análisis teórico y práctico de este concepto en el caso específico, y muy interesante, de los cambios que experimentaron las Diecisiete Provincias de los Países Bajos a lo largo de las dos primeras centurias de la modernidad, dando lugar a dos entidades políticas y territoriales diferenciadas: los Países Bajos reales, que se mantienen leales a su ‘príncipe natural’ dentro de un sistema de soberanía delegada, y la nueva república confederal de las Provincias Unidas.
La breve Introducción de Werner Thomas recuerda algunos procesos clave en la evolución de los Países Bajos desde el desarrollo del gran ducado de Borgoña hasta el impacto de la Reforma protestante y el drástico conflicto civil que generó la denominada guerra de los Ochenta Años y la partición del territorio. El concepto moderno de ‘soberanía’ aparece claramente formulado en la obra de Jean Bodin (Methodus ad facilem historiarum cognitionem, París, 1566), en un año que quedaría marcado por el estallido de la revuelta iconoclasta. Este volumen no se limita, como muchas otras aportaciones precedentes, al estudio de la teoría política y la filosofía del derecho. Procura explicar cómo se entendió, aplicó y debatió este concepto de ‘soberanía’ tanto en los Países Bajos ‘españoles’ como en la República neerlandesa, considerando la propia evolución de unas circunstancias políticas cambiantes en las que la ‘soberanía’ –entendida como forma de gobierno, estructura constitucional y ejercicio del poder sobre el territorio y la administración–, estaba en cuestión.
El libro aparece organizado en tres partes. La primera se dedica a analizar la construcción del concepto de ‘soberanía’ en las provincias rebeldes durante la etapa emergente de conformación de unas estructuras políticas y constitucionales que derivarán en la futura República neerlandesa y justificarán su proceso de secesión e independencia. El gran especialista en la obra de Hugo Grocio, Hans W. Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam) aporta un clarificador análisis de las ideas del jurista holandés considerando la evolución instrumental de su concepto de ‘soberanía’, aunque no llegase a dedicarle una obra específica. Parte de la consideración de la soberanía como la legítima posesión de un poder supremo, que es el principal atributo de un estado independiente y que es ejercido por los ‘magistrados’ (las instituciones responsables de su gobierno). Esta es una condición sine qua non para la propia existencia de cualquier estado. La trayectoria personal de Grocio le llevó a participar en una misión diplomática de los Estados Generales a la corte de Enrique IV de Francia en el contexto de la negociación del tratado de paz hispanofrancés de Vervins en 1598. Las Provincias Unidas pretendían acabar con su rechazo como ‘provincias rebeldes’ para ser reconocidas con una voz propia en el sistema europeo de estados y reivindicaban que, en tiempo de los romanos, los ‘bátavos’ ya constituían una civitas o respublica perfecta, y que este espíritu propio de una nación libre e independiente era el que querían recuperar las provincias septentrionales de los Países Bajos. Blom también revisa las cuestiones que sobre los límites y la práctica del concepto de soberanía planteaban otros casos estudiados por Grocio como la captura de la carraca portuguesa Santa Catarina en 1603 y la aplicación justa del derecho de presa (iure predae) ejercido por particulares, para argumentar que la soberanía de un estado debe procurar su remedio y autodefensa en caso de necesidad y sobre todo en un contexto de guerra; pero también la experiencia de persecución y condena por lesa majestad vivida a raíz del procesamiento de los arminianos. Grocio cambia en su obra De Imperium su definición de la ‘soberanía’, pues la deposita en los gobernantes y no en el conjunto de la civitas, y establece una jerarquía de autoridad que desde el individuo libre asciende al gobierno y a Dios como fuente suprema de todo derecho. Argumenta también que el derecho de resistencia solamente sería aceptable frente a un gobierno que destruya al estado. Un último aspecto relevante en esta contribución es la reflexión grociana acerca de la ‘soberanía’ que se ejerce en las colonias ultramarinas, mediante tratados asimétricos que proporcionaban protección a cambio de actos de reverencia y gestos de respeto, pero que derivaron en formas de soberanía compartida y dependencia.
Gustaaf van Nifterik (Universiteit van Amsterdam) repasa las evidentes influencias ibéricas que se aprecian en el concepto grociano de ‘soberanía’ (en De Iure.
Belli ac Pacis, 1625) prestando especial atención a las obras de Domingo de Soto (De Iustitia et Iure, 1553) y Fernando Vázquez de Menchaca (Controversiarum illustres, 1564) dentro de la denominada ‘Escuela de Salamanca’. Para comprender la teoría constitucional de Grocio en relación al poder supremo de un estado independiente, que era el que garantizaba la tranquilidad pública y la protección de la comunidad, es preciso tener en cuenta que el ius imperandi o regendi de quienes ejercían el gobierno no era absoluto. Por su parte, Lies van Aelst (Erasmus Universiteit Rotterdam) estudia el periodo de formación de las provincias septentrionales como una entidad independiente desde la Pacificación de Gante hasta la firma de la Tregua de los Doce Años y los tratados complementarios a los que dio lugar en 1610. Distingue tres fases en este proceso: una primera fase de legitimación de la Revuelta de los Países Bajos (1566-1581); una segunda fase de discusión de la forma de gobierno más adecuada para las provincias septentrionales en su proceso de secesión (1578-1588); y una tercera fase de establecimiento y ajuste constitucional de la nueva república de las Provincias Unidas (1588-1610). Los Estados Generales ignoraron la interpretación que Bodin hacía del concepto de soberanía cuando la ofrecieron sucesivamente al príncipe Guillermo de Orange, al duque de Anjou o a la reina Isabel I de Inglaterra para sustituir a Felipe II, que era el ‘señor y príncipe natural’ que rechazaban. La autora revisa en particular las interesantes aportaciones que en estos debates tuvieron obras como Corte Vertoninghe (1587) de François Vranck y Het burgherlick leven (1590) de Simon Stevin. Una de las cuestiones esenciales era delimitar la jerarquía de poder entre los Estados Generales (de las provincias septentrionales) y los Estados provinciales de Holanda y Zelanda, quienes habían ejercido el poder supremo desde 1572. Los Estados Generales iban a asumir la autoridad legítima y reconocida que hasta la abjuración de Felipe II en 1581 venía ejerciendo el ‘señor y príncipe natural’ de los distintos territorios de los Países Bajos. Esta institución daba a la naciente república una unidad que parecía absolutamente necesaria para su supervivencia. La obra de Vranck muestra los principios que acabarían convirtiendo a los Estados Generales en la instancia de poder supremo en las provincias septentrionales. La contribución de Stevin fomentaba el establecimiento del orden y del consenso en el seno de la República neerlandesa sosteniendo que era preciso obedecer con lealtad y conformarse con quienes desempeñaban el gobierno. Su obra respondía al descontento que varias provincias y ciudades manifestaban ante el nuevo régimen asentado en aquellas provincias y a la forma en la que se gestionaba el largo conflicto por la independencia.
La segunda parte del libro se destina a los usos y límites de la soberanía durante el proceso de adaptación que vivieron las provincias leales a la Monarquía Hispánica y las provincias rebeldes ante una nueva realidad política y territorial. Bram De Ridder (KU Leuven) nos muestra que las provincias rebeldes se dieron cuenta de la importancia de controlar un determinado territorio para poder ejercer la soberanía, de manera que esta fuese reconocida y reconocible por otros. Por ello se implicaron con mayor determinación en defender y expandir sus posesiones, así su ‘lucha por la soberanía (independencia)’ se convirtió en una ‘lucha por el territorio’. De Ridder se propone revisar el ‘mito de Westfalia’ para mostrar la importancia que la ‘territorialidad’ tuvo en el desarrollo del concepto moderno de ‘soberanía’. Repasa treinta y seis documentos diplomáticos que abarcan desde la Pacificación de Gante (25 de abril de 1576) hasta la Unión de Delft (20 de septiembre de 1664, en la que se delimitaron las fronteras del condado de Flandes), para analizar cómo se acordó y codificó el poder territorial en los Países Bajos. Se trata de una de las contribuciones más relevantes y extensas del volumen, pues le otorga una sólida estructura argumental y contribuye a vertebrar el conjunto. Shavana Haythornthwaite (University of Manchester) analiza los límites que acabaron imponiéndose a la soberanía de los estados para poner fin a los botines y presas (legalizadas mediante patentes de corso) sobre bienes de particulares que afectaban a terceros países en el contexto de las guerras angloholandesas. Estos conflictos de naturaleza esencialmente naval tuvieron un alto coste sobre las actividades comerciales y los bienes de particulares al generalizarse la guerra corsaria en ambos bandos. Las habituales cláusulas de olvido y amnistía contempladas en los tratados de paz suscritos en los conflictos bélicos europeos dieron paso en estas décadas al reconocimiento del derecho a la restitución de propiedades y bienes, o al pago de compensaciones económicas. La autora parte de los principios jurídicos desarrollados por teóricos del derecho internacional como Pierino Belli, Alberico Gentili, Christian Wolff, Emer de Vattel o Hugo Grocio, para mostrar después cómo funcionaban los Tribunales del Almirantazgo tanto en Inglaterra (Admiralty Court) como en las Provincias Unidas, que tenían cinco tribunales de este tipo y cuya máxima instancia se había transferido a los Estados Generales tras la abolición del estatuderato en 1650. El Tratado angloholandés de Amistad y Comercio de 1674 prohibía ya la captura de propiedades de súbditos de estados neutrales. Sin embargo, en la práctica, los bienes muebles no solían restituirse ni compensarse salvo en un porcentaje mucho menor a su valor efectivo si la demanda prosperaba en los tribunales competentes, porque solía emplearse como indemnización de guerra o se admitía como consecuencia inevitable del saqueo; eran las propiedades inmuebles de las élites las que solían incluirse en los procesos de restitución y quedaban contempladas en cláusulas de los tratados internacionales firmados a la conclusión de los conflictos.
Aunque el orden cronológico de los asuntos tratados recomendaba situar el capítulo de Haythornthwaite al final de esta segunda parte, encontramos a continuación la aportación que Alicia Esteban Estríngana (Universidad de Alcalá) dedica al estudio del proyecto y realización de una ‘soberanía separada’ de los Países Bajos y el Franco Condado mediante la cesión otorgada a los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia entre 1598 y 1621. Su propósito es analizar quién y qué inspiró esta sucesión separada en la herencia de Felipe II, que fue concebida como un ‘principado político perfecto’ a fines del siglo XVI. La autora se remonta a otros proyectos de separación considerados por el emperador Carlos V entre 1529 y 1554. Repasa las opciones barajadas, los modelos de aplicación arbitrados y las coyunturas en que se plantearon y por qué se difirieron o quedaron sin efecto. Su análisis desemboca en el procedimiento puesto finalmente en práctica para la cesión de soberanía en mayo de 1598 que se completa con el matrimonio de los archiduques y la aceptación formal por parte del sucesor Felipe III. Este ‘arbitrio dinástico’ fue aplicado entonces como una vía para facilitar la pacificación del conflicto de los Países Bajos, pero tras la reversión de soberanía al quedar los archiduques sin descendencia, Felipe III dispuso en su testamento que se considerase al conjunto de la Monarquía Hispánica como una entidad patrimonial íntegra e indivisible. Los proyectos de reparto y cesión se volvieron a plantear ante las dudas que suscitará la sucesión de Carlos II.
La última parte del volumen se destina al análisis del ejercicio de la soberanía en cuatro casos concretos. Gustaaf Janssens (KU Leuven) explica el papel desempeñado por el duque de Alba para el restablecimiento efectivo de la ‘soberanía’ de Felipe II (como señor natural legítimo) en los Países Bajos implantando manu militari la paz, la justicia y el orden tras la revuelta iconoclasta y las invasiones armadas del territorio lideradas por los Orange-Nassau y sus aliados (1567-1571). José Javier Ruiz Ibáñez (Universidad de Murcia) aporta el caso tan interesante de la ‘transferencia popular’ de soberanía acordada por la ciudad y el estado de Cambrai a favor de Felipe II (1595) y en contra de su ‘señor natural’ en el contexto de las guerras de Religión francesas para garantizar su apoyo financiero y militar, y lo compara otras propuestas de soberanía ofrecidas al monarca católico por franceses, irlandeses, ingleses y griegos, y sobre todo con las draconianas condiciones impuestas por los principales nobles franceses a la elección de la infanta Isabel Clara Eugenia para la sucesión en el trono de Francia en 1592-1593. Simon Groenveld (Universiteit Leiden) muestra cómo llevaron a la práctica el ejercicio de su soberanía (legislativa y ejecutiva) los Estados provinciales de la República neerlandesa con unos Estados Generales cada vez más influyentes y poderosos en la gestión de la política común durante la primera mitad del siglo XVII. Este capítulo complementa muy bien los de Lies Van Aelst y Bram De Ridder, pues añade el estudio del número de sesiones celebradas de los Estados provinciales de Holanda entre 1625-1643, así como la composición y procedencia de los delegados que asistían por sesión, caracteriza a los ‘oficiales provinciales’ y explica la conformación de la ‘Generalidad’ y su manera de ejercer el poder en el conjunto del territorio y en la política exterior. En este proceso los Estados provinciales y los Estados Generales compartían los atributos y competencias de la ‘soberanía’ de la República neerlandesa. A lo largo del siglo XVIII una progresiva tendencia a la centralización reducirá el carácter confederal del estado y favorecerá un ejercicio más federal en beneficio de los Estados Generales. El volumen y esta tercera parte concluyen con el capítulo de René Vermeir (Universiteit Gent) dedicado al análisis de la legislación y las instituciones representativas en los Países Bajos meridionales bajo el reinado de Felipe IV. Se centra en la última convocatoria de los Estados Generales (1632-1634), y en el relevante papel desempeñado por los Estados provinciales del condado de Flandes. Esta contribución nos ilustra sobre cuál era el procedimiento legislativo en las provincias leales: el acto de legislar era una de las regalia del príncipe y le pertenecía en exclusiva, pero podía delegarla en su representante, el gobernador general. El rey, como señor natural de cada una de las provincias, legislaba en ellas por separado y según las costumbres y particularidades que le eran propias a cada territorio. Vermeir también repasa brevemente el entramado institucional de los consejos del gobierno central y su relación con los consejos provinciales. Completa su capítulo estudiando los sumarios y los libros de resoluciones de los Estados provinciales entre 1656 y 1665. En ellos se aprecia que eran tres las categorías principales en que podrían agruparse sus iniciativas legislativas: cuestiones relacionadas con la regulación de logística de defensa y el comportamiento de las tropas reales; el comercio y las actividades artesanales; y un conjunto más diverso de cuestiones tales como la caza, la salud pública o la importación de aceite de ballena. No se aprecian conflictos graves entre las instituciones del gobierno central y los Estados provinciales, cuyos miembros procedían sobre todo de la baja nobleza y la nobleza de toga, y mantenían lazos matrimoniales interconectados que favorecían un amplio consenso de intereses.
En el volumen se echa en falta alguna aportación adicional relativa al Franco Condado de Borgoña, territorio estrechamente conectado con los Países Bajos, cuyo análisis podría resultar interesante para entender algunos aspectos de la manera en que se gestionaron los Países Bajos meridionales en el periodo analizado o la experiencia de los letrados y hombres de estado borgoñones que colaboraron en el manejo de los asuntos flamencos. Quizás también sería oportuno situar la temática del volumen teniendo también en cuenta los tradicionales vínculos históricos, feudales y jurídicos existentes entre las Diecisiete Provincias, la Monarquía francesa y el Sacro Imperio para aportar otros componentes y alternativas que se advierten en el desarrollo de la ‘soberanía’ en aquellos territorios durante el periodo contemplado, o considerando los cambios introducidos en los territorios ocupados por la Francia de Luis XIV. Aun así, la obra colectiva que reseñamos constituye una aportación fundamental y abre perspectivas muy interesantes para ahondar en esta cuestión de la soberanía durante la crisis sucesoria del último de los Habsburgo españoles y el cambio dinástico en la Monarquía española, que dejará a los Países Bajos meridionales bajo dominio austriaco.