“¿Dan su permiso?”. El retorno desde el exilio republicano español a través de los expedientes del Consejo Supremo de Justicia Militar (1947-1956)
Pablo Aguirre Herráinz1.
Recibido: 23 de julio de 2020 / Aceptado: 23 de julio de 2021.
Resumen. El presente artículo trata de rastrear el retorno que se produjo desde el exilio republicano español durante la primera década de la posguerra europea. Para ello se ha realizado un estudio en profundidad de los fondos del Consejo Supremo de Justicia Militar, conservado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Este organismo procesó, entre 1947 y 1956, más de tres mil quinientas solicitudes firmadas por exiliados que deseaban saber si, en caso de retorno al hogar, pesaría sobre ellos algún tipo de responsabilidad penal. El análisis y la observación de estos datos –tanto en términos cuantitativos como cualitativos–, ofrecerá valiosa información sobre quiénes eran estos exiliados que se planteaban regresar y, asimismo, sobre cuál fue la reacción de las autoridades franquistas.
Palabras clave: exilio republicano español, retorno y repatriación, Consejo Supremo de Justicia Militar, notificación penal, Causa General y Dirección General de Seguridad.
[en] “May I?”. Return from Spanish Republican Exile through the Supreme Council of Military Justice files (1947-1956)
Abstract. This article tracks the Spanish Republican Exile return migration which took place during the first post-war decade in Europe. To this end an in-depth study has been conducted into the Supreme Council of Military Justice files, which are preserved in the General Administrative Archives repository, in Alcalá de Henares. This institution processed, between 1947 and 1956, more than three thousand five hundred applications signed by exiles who were hoping to know whether they were charged with any legal responsibility in the case of returning home. Observation through the analysis of the refereed data – both in quantitative and qualitative terms –, will provide useful information about the identity of these exiles who were planning homecoming and, moreover, about the reaction to it of the Spanish Francoist authorities.
Keywords: Spanish republican exile, return and repatriation, Supreme Council of Military Justice, penalty notice, The General Cause, Directorate of General Security.
Sumario. Introducción: el decreto de 1947 y la nueva política de repatriación de exiliados 1. Los expedientes de repatriación del Consejo Supremo de Justicia Militar 2. Análisis cuantitativo del fondo 3. Análisis cualitativo de la muestra de solicitantes seleccionada 4. Análisis cualitativo sobre el dictamen penal del CSJM 5. Conclusiones 6. Bibliografía.
Cómo citar: Aguirre Herráinz, P. (2021). “¿Dan su permiso?”. El retorno desde el exilio republicano español a través de los expedientes del Consejo Supremo de Justicia Militar (1947-1956). Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 43, 201-226.
Introducción: el decreto de 1947 y la nueva política de repatriación de exiliados2
¡Cómo han debido de cambiar vuestras ideas acerca del regreso!... En 1945, a rebato, a fondo, sobre caballos blancos, cargando, no dejando hueso sano del enemigo; en 1948, dispuestos al diálogo, al perdón, la mano tendida, generosos. En 1950, de igual a igual, y, desde entonces, cada vez más pequeños, hasta tocar, vencidos, a la puerta: “¿Dan su permiso?”3.
La actitud de las autoridades franquistas con respecto al retorno de los exiliados de 1939 no dejó de evolucionar, desde el momento mismo de la victoria en la contienda civil hasta la muerte del Dictador, un tercio de siglo después4 . El período que estudia este artículo representa una fase intermedia en dicha variación que se extendería desde el contexto propio al año 1945, en el que finalizaba la Segunda Guerra Mundial, y el segundo lustro de la década de los cincuenta, cuando determinadas medidas legales alteraron significativamente el procedimiento de entrada en España5 .
La gran novedad de esta etapa se comprende mejor si la comparamos con la precedente. Solo en 1939 cerca de las dos terceras partes de los españoles que se habían refugiado en Francia en los últimos compases de la guerra (la famosa “Retirada”) regresaron a sus hogares6 . Jamás volvería a producirse un retorno de proporciones semejantes. A partir de esa fecha, quienes permanecieron fuera de España encontraron que el regreso a su patria se convertiría en una auténtica odisea: Francia iría siendo paulatinamente ocupada por la Alemania nazi y un clima de persecución y suspicacia haría más y más reacias a las autoridades franquistas frente a dichos regresos7 . En consecuencia, entre 1940 y 1944, apenas 20.000 españoles pudieron regresar a su tierra8 .
Este último año, empero, contribuyó a desbloquear la situación. La guerra comenzaba a desarrollarse claramente en contra de las fuerzas del Eje (con las que España se había mostrado más que connivente), y la proximidad de una posguerra marcada por el triunfo de la URSS y las fuerzas aliadas occidentales aconsejaban un mayor distanciamiento con respecto a todo lo que recordase al terror nazi: ejecuciones, extradiciones y represión. No es de extrañar, por tanto, que determinadas voces entre la administración franquista demandasen con renovada energía otro tipo de política con respecto a la población de expatriados de la Guerra civil9 .
Este contexto inauguró una amplia batería de indultos: uno primero en 1945, con motivo del IX aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado, y otro –tras varias prórrogas del anterior–, en 1947, en este caso promulgado para conmemorar la ratificación de la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Estos indultos se referían a las penas impuestas o que correspondía imponer a los autores de delitos de rebelión militar cometidos hasta el 1 de abril de 1939, exceptuándose de la gracia de indulto, eso sí, los casos de crueldad, muerte, violaciones, latrocinios y otros hechos “que repugnan a todo hombre honrado”10. Aunque esta medida en términos prácticos afectaba sobre todo a la población penitenciaria española, se estaba abriendo la puerta para acelerar y ampliar el regreso de exiliados de la Guerra civil. Los posibles beneficiarios de la medida de gracia, si se encontraban en el extranjero, disponían de un plazo de seis meses –que se prorrogaría con asiduidad– para aprovecharse de dichas disposiciones.
Esta nueva situación exigía un equilibrio complejo, no obstante, entre lo que la documentación del momento llama “espíritu de benevolencia” y lo que podríamos considerar simple y llanamente como un problema de seguridad nacional11. Había que ofrecer –por un lado–, y pedir –por el otro–, garantías, y hacerlo de un modo proporcionado. Si se dejaba regresar “a cualquiera”, el franquismo abriría la puerta a sus enemigos; si se ponían demasiadas restricciones, o los procedimientos eran demasiado largos o inquisitivos, la imagen que se daría de cara al nuevo orden mundial resultaría negativa, además de que las organizaciones del exilio la capitalizarían a su favor. Todo esto, asimismo, sin olvidar que desde marzo de 1945 Francia había reconocido a los exiliados españoles como refugiados estatutarios, con todas las ventajas que ello reportaba12.
La solución se fue ensayando entre 1945 y 1947. Primeramente, se constituyó una Comisión especial de repatriación, encargada de tramitar las solicitudes realizadas a tal fin por los propios exiliados, a quienes se solicitaba una declaración jurada que acto seguido se contrastaba con los antecedentes policiales disponibles o los informes de las autoridades del domicilio solicitante13. La apuesta más llamativa de esta nueva Comisión fue la de permitir al retornado, en caso de instrucción o reapertura de causa más allá de los beneficios de indulto, el no ser arrestado, permitiéndosele regresar a su punto de origen14.
Pese a estas novedades los resultados obtenidos defraudaron las expectativas depositadas en el nuevo procedimiento: para febrero de 1947 la Comisión tan solo había tramitado 4.487 solicitudes, mientras que en junio no pasaban de $5 . 3 0 0 ^ { 1 5 }$ . Por estos motivos desde enero de dicho año se había puesto en marcha un procedimiento paralelo llamado de “notificaciones de situación presunta”, por el que los exiliados podían informarse a través de las distintas oficinas diplomáticas franquistas sobre su situación jurídica de cara a un hipotético proyecto de retorno16. Este procedimiento era independiente con respecto al régimen de repatriaciones ya descrito, pero se ofrecía con idea de promocionarlo y acelerarlo. Las notificaciones resultantes eran meramente informativas, siendo su único fin el de anticipar conocimiento a los exiliados sobre si estaban o no en disposición de beneficiarse de las medidas de gracia promulgadas.
A continuación, estudiaremos la composición mayoritaria de dichas notificaciones, la información que contienen y la resolución que el organismo competente (el CSJM) les dio a lo largo de las fechas sujeto de análisis. El estudio se compondrá de dos apartados:
Un primer apartado más general, donde se realiza un vaciado estadístico del conjunto de los expedientes comunicables del CSJM (3.459), y un segundo más detenido, que se proyecta sobre una muestra representativa del monto total de expedientes (956: algo más de un $2 5 \% ^ { 1 7 }$ ). Todo ello con el objeto de conocer:
Desde un punto de vista cuantitativo:
Para la totalidad: la evolución cronológica de las solicitudes: recepción por año y veredicto, así como su reparto e incidencia entre hombres y mujeres. Para la muestra parcial: edad media, estado civil, composición profesional y distribución geográfica.
Desde un punto de vista cualitativo:
Para la muestra parcial: el patrón más habitual en el tipo de declaraciones que realizan junto con el análisis tanto del veredicto usual al que conducen, así como los razonamientos jurídicos que operan para fundamentar aquel, sin olvidar prestar atención a otros predictores de interés: género, edad, militancia política y posibles elementos agravantes, atenuantes o que se perciban como contradictorios o extraordinarios.
Con todo ello obtendremos un conocimiento mucho más preciso sobre qué tipo de perfil de exiliado recurrió a este servicio extraordinario de notificación, cómo decidió cada solicitante presentar su caso y cómo lo procesó acto seguido la autoridad competente.
1. Los expedientes de repatriación del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Los expedientes del CSJM ascienden a la cantidad de 3.724 ejemplares (algunos de ellos a nombre de la misma persona), y se encuentran depositados en el Archivo General de la Administración, donde llenan un total de 32 cajas (ver nota anterior). Se extienden entre el año 1947 y 1956 –existen dos únicas excepciones, una para el año 1945 y otra para el $4 6 - _ { ; }$ , y se refieren al régimen de notificación presunta presentado en el anterior apartado.
Cada expediente incorpora de media unos once documentos y se tramita en un plazo bastante variable, aunque generoso, fruto del largo recorrido que sigue la solicitud inicial desde que es tramitada en la respectiva representación consular hasta que regresa a ella. El plazo más habitual para las demandas realizadas desde Francia es de entre tres y cuatro meses, pero esta estimación no es demasiado fiable por el amplio espectro que se observa en numerosas solicitudes –de entre dos semanas a cinco o seis meses, pudiendo alargarse más cuando el documento proviene de América Latina–.
Los expedientes se van componiendo a partir de cuatro elementos centrales: la instancia del interesado, los informes de antecedentes presentados por la CG y la DGS y, por último, el propio veredicto final del CSJM. El recorrido típico de cada expediente, así como los servicios a los que acaba afectando y el orden de dicho curso, se detallan con más atención en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Secuencia procesual y cronológica de los expedientes tramitados por el CSJM18.
El procedimiento, como se puede observar, es de ida y vuelta: el exiliado acude a la representación consular donde rellena –o rellenan por $\mathrm { e l - }$ un impreso generalmente normalizado donde deja constancia de los siguientes datos:
[Representación] DE ESPAÑA EN [espacio]
[Nombre y apellidos], hijo de [nombre y apellidos], nació el [fecha], en [lugar –pueblo y provincia–], de nacionalidad [espacio], profesión [espacio], de estado [espacio], domiciliado el 18 de julio de 1936 en [espacio –población, provincia, calle, número y piso–], residiendo en la actualidad en [espacio] y cuya dirección postal es [espacio].
Deseando acogerse a los beneficios que concede el Decreto de 17 de enero de 1947, se dirige a esa Representación de España en súplica de que se le notifique formalmente si, por su conducta en relación con el Alzamiento Nacional, tiene responsabilidades pendientes en España y si está comprendido en los decretos de indulto general últimamente promulgados, y a este efecto, DECLARA: [espacio: 37 líneas en cara inicial y dos extra].
Los siguientes documentos de mayor interés son las notificaciones emitidas por la DGS y por la CG. Ambos informes, simultánea o alternadamente –pues no siempre existen antecedentes de un mismo individuo en ambos organismos– ofrecen el contrapunto a los anteriores testimonios, permitiendo contrastar lo que los exiliados eligieron declarar sobre su actuación durante la guerra y lo que el aparato represivo franquista tenía registrado. La combinación de estas tres fuentes –declaración del interesado, informe de la DGS e informe de la CG– confluyen en el informe preparatorio de la Fiscalía togada del CSJM, que a su vez es observado por la sala penal con capacidad jurisdiccional para emitir un veredicto definitivo. Esta sala, en la práctica totalidad de los casos, obedece a la recomendación dada por el susodicho fiscal. En cuanto al veredicto, alcanza tres fórmulas:
1. El veredicto reconoce que los hechos declarados por el solicitante no son constitutivos de delito [ND].
2. El veredicto reconoce que los hechos declarados pudieran reputarse como constitutivos de delito, vía que abre a su vez dos supuestos: 2.1.  Que dichos hechos se hallen comprendidos en los beneficios de indulto [DP]. 2.2. Que dichos hechos se hallen exceptuados de la gracia de indulto [DnP o NP].
Una limitación importante en este estudio, y sobre la que insistimos, es el hecho de que el procesamiento de los expedientes no nos permite conocer qué clase de exiliados se repatriaron entre los años señalados, aunque si aceptamos la cifra ofrecida por el AMAE, que hablaba de 1.458 solicitudes entre abril de 1947 y todo el año 1954, podríamos deducir que, de los expedientes mencionados, “como mucho” el $3 8 \%$ condujo a una solicitud formal de repatriación. Y decimos “como mucho”, porque hay que asumir que no todas las personas del recuento de repatriación pasarían necesariamente antes por el de notificación, pues no son estrictamente trámites consecutivos ni el uno es requisito del otro. Así pues, bien podría no existir relación alguna (o tan solo incidental) entre ambos trámites.
En cualquier caso, y como se observa en el Cuadro 2, la diferencia entre unas solicitudes y otras se atenúa con los años, siendo prácticamente inexistente en el año 52, lo que plantearía la hipótesis de que en un primer momento las notificaciones resultantes del decreto de enero de 1947 se recibieron con mayores reservas entre los miembros de la comunidad exiliada.

Cuadro 2. Comparación anual entre solicitudes de notificación y solicitudes de repatriación19.
Si contrastamos esta realidad con los datos ofrecidos en el Cuadro 3, relativos al veredicto que consta en los expedientes definitivos, podemos deducir los siguientes supuestos:

Cuadro 3. Desglose de expedientes por categoría de veredicto20
1. Que la mayoría de los solicitantes obtuvieron un resultado positivo tras su consulta (al menos un $8 5 { , } 8 \% )$ )21.
2. Que a la mitad de los solicitantes, al menos en apariencia, no se les imputaba ningún tipo de responsabilidades penales por su actuación durante la “rebelión marxista”.
3. Que, a pesar de dicho resultado, la mayor parte de los solicitantes no solicitaron su repatriación durante el periodo estudiado (al menos dos de cada tres).
2. Análisis cuantitativo del fondo.
Para empezar, observemos cómo evoluciona la evolución anual de expedientes tramitados por el CSJM (Cuadro 4).

Cuadro 4. Recepción de solicitudes por año.
Como se puede observar, las solicitudes de notificación de situación presunta se concentran de forma contundente en torno a 1948. Contando con que este procedimiento se normaliza desde enero de 1947, podemos considerar que el incremento que se produce tras el plazo del primer año se puede deber a la mayor publicidad que alcanzó entre la emigración dicho procedimiento. A este respecto hay que comprender que el régimen de notificaciones podía generar y de hecho generó confusión entre los exiliados, que no siempre diferenciaban bien su carácter informativo –sus solicitudes así lo demuestran–, pudiendo sobreestimar en ocasiones las conclusiones penales por las que se decantaba el CSJM.
En cualquier caso, y volviendo al recuento global de solicitudes, es significativo que hasta el año 1956 la cifra anual de demandas no bajase de doscientas y se mantuviera durante casi seis años en cifras bastante similares. Eso representa que si bien, como señalaba Javier Rubio, la política franquista prorrepatriación nunca alcanzó un éxito demasiado notable, sí que logró mantener cuanto menos un flujo estable22.

Cuadro 5. Recepción de solicitudes por año según veredicto.
Por otra parte, si prestamos atención al tipo de evolución de las solicitudes por el tipo de veredicto al que condujeron (Cuadro 5), nos encontramos con que se pueden diferenciar dos grandes etapas:
1. Primera etapa (1947-1950): esta fase representa el “gran pico” de recepción de solicitudes (un $5 5 \%$ del total), siendo también el que mayor proporción de DP y NP presenta $7 6 { , } 7 \%$ y $70 \%$ , respectivamente). Se demuestra, como resulta por otra parte esperable, que fue un período de mayor “novedad” y recurrencia que los años posteriores.
2. Segunda etapa (1951-1956): donde se invierte la proporción anterior, haciendo del ND el veredicto más habitual, si bien este tipo de sentencias, que no reconocen delito, se reparten de forma homogénea entre ambas etapas (53 frente a $47 \%$ ).
Prosiguiendo con el análisis cuantitativo de los expedientes comunicables, en el Cuadro 6 se refleja cuál es la distribución de los solicitantes por sexo y la incidencia del mismo en las conclusiones del CSJM.

Cuadro 6. Distribución de solicitudes por sexo y sentencia.
Este cuadro refleja bien el tipo de división sexuada que se establece, de palabra y de obra, en torno a la conceptualización criminal de las actividades típicamente realizadas por hombres o mujeres. Así, mientras solo la actuación del $4 0 , 8 \%$ de la población masculina está considerada como exenta de consideración criminal en los hechos acaecidos entre 1936 y 1939, el $9 6 \%$ de las mujeres declarantes entran dentro de esa categoría. Por cada mujer con atribución de un comportamiento delictivo comprendido en los beneficios de indulto hay casi 56 hombres en dicha posición, por cada mujer exceptuada de las medidas de gracia hay 90 hombres23.

Cuadro 7. Estado civil de los solicitantes.
En cuanto a los datos cuantitativos referidos a la muestra parcial seleccionada (956 expedientes), por lo que atañe a la edad media y estado civil de los solicitantes, nos encontramos con que más de la mitad de aquellos son personas entre los 31 y los 50 años –es decir, personas que tenían una media de 25 años al inicio de la Guerra Civil–; que dos de cada tres solicitantes están casados24 (ver Cuadros $7 \mathrm { ~ y ~ } 8$ ) y que, en consecuencia, los menores de 30 años o solteros son franca minoría (10 y $20 \%$ , respectivamente).

Cuadro 8. Edad media de los solicitantes.
En lo que atañe a la distribución profesional de los solicitantes (ver Cuadro 9), cabe resaltar el porcentaje referido al sector secundario y sobre todo terciario, si se compara con la composición habitual de otros desplazamientos forzosos habituales –como los relativos a las migraciones económicas $^ { 2 5 } -$ .
Por último, la información referente a la procedencia geográfica de las solicitudes subraya el siguiente reparto: una abrumadora mayoría $( 6 9 \% )$ procedente de Francia (el Cuadro 10 ofrece un mayor detalle), mientras que el $1 9 \%$ proceden del norte de África y solo un $9 \%$ de América (el $3 \%$ restante se reparte entre otros países europeos). Una distribución que, aunque probablemente fue motivada por la cercanía geográfica (las solicitudes de notificación realizadas desde Francia podían acceder a un proyecto de retorno más asequible que otras realizadas desde más allá del océano), se corresponde sustancialmente con la propia distribución del exilio republicano español26.

Cuadro 9. Clasificación profesional de los solicitantes.
Cuadro 10. Procedencia geográfica de las solicitudes
3. Análisis cualitativo de la muestra de solicitantes seleccionada27.
Los exiliados completan todas las casillas de la instancia –por lo general no hay omisiones en ninguna categoría de datos personales– pero se muestran bastante parcos en la declaración. La mayor parte responde en una línea o en un pequeño párrafo, siendo más raro quienes se extienden más allá de la primera cara. En algunos casos la respuesta está mecanografiada y, por la redacción –“no tener parte contra el GMN [Glorioso Movimiento Nacional]”, “ningún acto de carácter político o social”–, parecen haber sido escritas bajo indicación o iniciativa del propio consulado, tal vez incluso por un empleado del mismo. En casos en los que el declarante se extiende más o escribe de su puño y letra parece presumible que no siga indicaciones de ningún administrativo. La espontaneidad de determinados pasajes así lo sugiere: “no e matado ni e robado [Sic]”; “y una vez en Francia como todo el mundo [Sic] fui a un campo de concentración”.
Los declarantes, insistiremos más en ello, procuran ante todo anticiparse a los presuntos delitos que se les puedan atribuir. En este sentido es posible que sobreestimen el grado de información penal de que dispone el CSJM. Este tipo de declaraciones “preventivas” suelen indicar:
1. Militancia política: cuando la hay, en ocasiones contextualizada con la ley de sindicalización obligatoria u otros tipos de imposición (no llamar la atención, no destacarse como escasamente izquierdista), razones de juventud o “mala cabeza”: “no sé nada de guerra, y no sé nada de Partidos políticos, en la UGT sí que estube [Sic] porque era obligado para poder trabajar”28. 2. Participación específica en la guerra: tema espinoso en el que la mayoría de los declarantes varones subrayan la obligatoriedad de la movilización –“me enrolaron en las milicias $^ { \circ \circ 2 9 } - ,$ siendo escasos los casos en los que se reconoce haber ido al frente de manera voluntaria. Esta es la categoría en la que las solicitudes parecen menos proclives a disimular cargos y destinos, tal vez suponiendo que los servicios franquistas conocen con bastante detalle dicho trasfondo. Siempre que se ofrece un cuadro completo de la trayectoria seguida en la guerra es para terminar subrayando que no se llegó a combatir –“declaro no haber pegado ni un solo tiro”–, o que en el desempeño de labores de retaguardia se procuró minimizar los efectos de la radicalización política del momento: “me dediqué a practicar el bien”; “no hice más que portarme como militar disciplinado”; “habiendo obrado en todo momento con espíritu de equidad y justicia” o “siempre he puesto poco amor e interés en mis servicios [militares]”. Ocasionalmente se busca refugio en el propio convencimiento ideológico30. No es tampoco extraño que quienes proceden de pueblos donde “funcionó el Terror rojo” nieguen haber conocido la extensión del mismo hasta el momento de su exilio.
3. Causa por la que se salió del país: en la mayoría de los supuestos se declara haber recibido orden expresa de “hacer la Retirada”. También es frecuente aludir al miedo a bombardeos o represalias por parte de la avanzadilla sublevada: “Pasó a Francia llevado por la avalancha de gentes que huían ante la presencia de las tropas de Franco”; “Pasó a Francia por el terror que sentía hacia las tropas nacionales pues les decían que mataban a todos los republicanos”; “Por miedo a represalias no merecidas decidió fijar su residencia en Francia”. El elemento político o ideológico, en caso de existir, se omite en favor de los argumentos relacionados con la lealtad, la obediencia a los superiores, el natural temor a la guerra y, de cara a justificar la prolongación de la expatriación, las razones de salud, trabajo o ahorros.
4. Singladura posterior a la Retirada: en este apartado se suele subrayar el haber mantenido un comportamiento adecuado en la emigración, y de manera más específica, no haberse relacionado con las organizaciones políticas de expatriados –“Se ha mantenido al margen de las actividades del exilio”–, o incluso haber tenido malas relaciones con sus integrantes: “distinguiéndose [durante la guerra] en la persecución de maleantes y atracadores, lo que le ha valido serias molestias en el exilio”. En ocasiones se aprovecha para reconocer y tratar de minimizar malos gestos que se hubieran podido realizar fuera del país, y sobre los que las autoridades españolas pudieran estar al corriente: “Haber publicado en 1946, por debilidad y gran torpeza, unos versos ofensivos para el Generalísimo Franco, con motivo del juicio de Núremberg”. El reconocimiento del nuevo régimen político imperante en España también aparece de vez en cuando: “en la eventualidad de un pronto regreso a España me inclino ante las leyes que rigen en España”.
Las declaraciones femeninas son aún más lacónicas si cabe. La mayor parte de las declarantes de cierta edad resumen su actuación durante el GMN en una frase o dos –“ni haber tomado parte en nada ni en pro ni en contra”, “ningún acto de carácter político o social”–, centrándose sobre todo en señalar que se limitaron a seguir cuidando a su familia y su entorno doméstico, y que en todo caso si se involucraron en algo (la Retirada) fue por acompañar a sus esposos: “lo seguí por no dejarlo solo”, “deber que se me imponía por ser su esposa y ser madre de dos hijos del matrimonio”. Cuando las declaraciones provenientes de mujeres se alargan un poco más, siguen manteniendo pese a todo un carácter sintético, como el que sigue:
[Declara] haber tenido que salir de mi pueblo como todo el mundo ya que hubo de ser evacuado y como mujer me espavilé [Sic] como pude fui herida de bombardeo, me entraron en Francia donde me cortaron la pierna derecha y aquí que he quedado hasta ahora. Quisiera entrar en mi país mi familia está enferma y me necesita. Esto es todo lo que tengo que declarar31.
Aunque en un principio la declaración debía ceñirse a la recapitulación de los hechos realizados durante el GMN, los declarantes a menudo iban más allá y se referían a los hechos ocurridos tras el final de la Guerra Civil. Asimismo, era relativamente frecuente que se detuviesen también a precisar cuáles eran los motivos que les conducían a solicitar notificación sobre su situación penal. La mayoría de las veces lo que se escondía detrás de esta demanda era, como no resulta demasiado sorprendente, un proyecto de retorno a España, bien puntual (una visita de urgencia), o bien preparatorio de cara a un regreso permanente.
Así, por ejemplo, Leandro Marín González, acusado de la “grave falta antipatriota” de no haber acudido a su llamada a filas en 1947, pretendía visitar a su familia y reintegrarse en la vida laboral de su tierra, ahora que su capacitación en “conocimientos mecánicos” era mayor. Si se le autorizaba a regresar “quedaría eternamente reconocido a la madre patria. Sobre él pesaba la falta de insumisión militar32. Luisa Vélez Bajo, por su parte, deseaba ver satisfecho su anhelo de poder ver de nuevo a sus padres, “que constantemente la llaman porque no quieren morirse sin darla un abrazo”. Advertía no obstante que el suyo sería un viaje de ida y vuelta puesto que debía regresar a Chile, “como es su deber, para reunirse con el marido”33. Otra exiliada, Francisca Roich Jordán, trataba de reunirse con los suyos antes de que fuera demasiado tarde:
En vista de mi avanzada edad y teniendo cuatro hijos en España, todos en Maella [Zaragoza], mi mayor anhelo es volver a la tierra que me vio nacer y abrazar como madre a mis hijos, como también a mis bisnietos, los cuales no conozco34.
Otro exiliado, evacuado en 1937 y luego “retirado” en el 39, solicitaba desde México información sobre su expediente penal para garantizar así un retorno seguro a su tierra, donde aspiraba a reposar los huesos:
[…] como español de origen que soy, por todas las ramas, siento por mi Patria grande y la chica todos los amores, y deseando la reconstrucción, digo reconstitución de un hogar tanto tiempo dividido, deseo descansar definitivamente en él […] cerca de donde reposan mis mayores, así como mis hijos, y esperar la hora de acompañarles [Sic] en el reposo definitivo35.
Las declaraciones, cuando no son demasiado escuetas, suelen elaborar una captatio benevolentiae que se anticipa a la hora de responder preguntas aún no formuladas por parte de las autoridades del país, o bien apelando a sentimientos de ética, honestidad, dignidad y humanidad universales: “[…] procuré hacer todo el bien que estaba a mi alcance, no viendo en todos los combatientes sino españoles”36, “Toda mi actuación dentro del sindicato fue siempre el anhelo de mejorar la situación económica, moral y material de la clase trabajadora”37, o bien:
[…] no robé ni tampoco maté a nadie y que no me beneficié de nada ni tampoco me lucré en todos mis cargos desempeñados, limitándome siempre solamente a cumplir órdenes que me eran dadas de mis superiores, órdenes algunas veces un poco severas pero que la guerra exigía se cumpliesen38.
Otros declarantes a la hora de enfocar su testimonio sentían que debían justificar el no haber regresado antes –particularmente en $1 9 3 9 - ^ { 3 9 }$ . Es el caso de José Carrió Grau, mecánico de 50 años y divorciado, que “habiendo llevado en Francia una vida de trabajo muy regular”, y no habiendo actuado en ninguna “Organización Política oficial”, no se había planteado volver a España hasta el momento “por haber sido tratado con cierto mimo (inmerecido, quizá pero no menos cierto)”40. También Ángel Santana García, agricultor toledano de 72 años, sentía que debía justificar el no haber vuelto antes a su patria –“no regresé a España en marzo del 39 o en todo aquel año porque entré a trabajar y me tocó un patrón bueno”–, aunque ahora, con su elevada edad y la de su esposa (69 años), habían recibido la llamada de los hijos en España, “porque el trabajo que podemos prestar lo mismo uno que el otro ya es poco”41.
Un nerviosismo más profundo se desliza entre las plumas de otros expatriados. La posibilidad de haber sido objeto de acusaciones a lo largo de los años o de haber acabado engrosando algún archivo policial se conjuga con el conocimiento que muchos declarantes demuestran sobre la existencia de algún tipo de causa abierta contra ellos, lo que les hace enfocar directamente la cuestión en su demanda:
[…] sabiendo que tengo una ficha donde se me culpa de la manera que al principio se hacían las cosas, por estar al rojo vivo los hechos acaecidos. Creo que no me queda nada que decir, indicando que, si alguna cosa se me escapa, es por olvido, nunca por ocultación.42.
En otros casos, quien declara se centra en alguna acción controvertida que protagonizó en los días de la guerra, y que le preocupa pueda fundamentar el rechazo de su petición:
[Declara] Haber sido un adversario del Alzamiento Nacional y Partidario de la República, pero no de comunistas ni anarquistas. El 18 de julio y debido a la tensión nerviosa del momento, intenté me fuera prestado el camión de D. José Sarras, […] a fin de buscar refuerzos para sofocar el Alzamiento en Alborote de Cinca, con la utilización de mi pistola, de la que poseía autorización legal, con la idea preconcebida de no hacer uso de ella, como lo prueba el hecho que al negarse D. José Sarrat, retiré el arma, no insistí y al día siguiente le pedí perdón y excusas de mi acto y tranquilicé a la familia.43.
Algunos casos, más bien excepcionales, sobrepasan la mera anticipación y se asoman a una línea que determinados funcionarios en España podrían encontrar un tanto irreverente. “Sinceramente ignoro por completo el que no puedo llegar a comprender qué actos son los que interpreta el actual régimen de España que pudieran implicar responsabilidad penal”, declaraba Ramón Albert Palau en su instancia de junio de 1948, para agregar a continuación que por su parte él se limitaría a hacer una “integra declaración” de servicios prestados, “con toda mi perfecta i completa fidelidad i orgullo en honor a la legitimidad del gobierno constitucional de España”44. Al finalizar su exposición se permitía también sumar el siguiente balance: “Actividades particularistas: ningún favor, ni ayuda alguna directa o indirectamente al Movimiento Nacional”.
Siguiéndole los pasos, otro solicitante que afirmaba haber desplegado “actividades cercanas al seno de la CNT”, decía querer conocer sus antecedentes penales “para que si algún día me decidiera en volver a mi país natal lo pudiera hacer exento de toda responsabilidad”. El por qué no estaba dispuesto a regresar todavía lo explicaba así:
Por el momento manifiesto que no tengo intención de repatriación por considerar que el actual régimen de España es incompatible con mi manera de ser y pensar, pero al pensar que si llegara a estallar la guerra mundial y con el peligro de vernos envueltos por los ejército Ruso o Comunistas [Sic], preferiría antes repatriarme en mi país que caer bajo su influencia ya que me consideraría más salvaguardado y seguro si de antemano supiera que no existe responsabilidades contra $\mathrm { m i } ^ { 4 5 }$ .
En otros casos los declarantes no es que se anticipen a un delito presunto, sino que reaccionan tras haber recibido notificación denegatoria del CSJM. En la mayoría de los casos los exiliados, salvo que adjunten informes de personalidades de probada confianza que respondan por ellos –algo harto infrecuente–, no tienen manera de probar su inocencia, lo que no impide que recurran a una nueva instancia. La mayoría de las solicitudes repetidas, empero, repiten también en el veredicto dictado por el.
CSJM, lo que genera una gran frustración entre los demandantes. No debemos olvidar que las notificaciones, favorables o denegatorias, no se razonan ni fundamentan, de modo que el afectado no tiene manera de saber qué causa hay sobre él, salvo que acceda, eso sí, a repatriarse y enfrentar dichos cargos46.
Lorenzo Bonmati Marti, un exiliado que había obtenido un resultado negativo por parte del CSJM, lo resumía muy bien:
Mi estrañeza [Sic] que me sea denegada la entrada en España. Deseo de saber los cargos que han encontrado […] pues solo he podido obtener la existencia de un grave delito sin más detalles ¿puedo pretender conocerlo? […] No poseyendo pasaporte, no puedo pretender lograr mi salida de Francia ni mi entrada en España y repito mi estado de salud requiere que tome precauciones de seguridad, por lo que afecta a mi regreso47.
Por último, y aunque lógicamente no tienen ninguna representatividad, en la muestra han aparecido casos bastante insólitos como el de Francisco Margalef Cavaille, que declaraba no haber desempeñado cargo alguno durante el GMN –a pesar de que tenía quince años en $1 9 3 6 { \bar { - } }$ , o el de Juan Castells Devesa, que decía haberse pasado a las fuerzas republicanas durante la guerra “por el motivo siguiente: enterado por los diarios nacionalistas que la quinta de mi hermano Jaime estaba ingresada en las filas republicanas tuve el temor de encontrarle un día en frente de mí”48.
No conviene acabar este apartado sin subrayar la abrumadora mayoría de silencios que llenan las declaraciones hasta el momento estudiadas. El hecho de que aquí se hayan señalado algunos tropos habituales no debe ocultar el hecho de que casi todas ellas en realidad son bastante parcas, limitándose a reconocer eventualmente algún tipo de militancia o movilización durante la guerra y poco más. Los exiliados, en suma, no se sintieron cómodos a la hora de enfrentar este último apartado en su instancia.
4. Análisis cualitativo sobre el dictamen penal del CSJM.
Uno de los principales interrogantes que suscita el estudio de este fondo de expedientes es el relativo al funcionamiento del proceso de instrucción y enjuiciamiento desarrollado por el CSJM. Claro que preguntarse por aquel conduce a preguntarse por la aportación a sumario realizada por la DGS o la CG, pues son los organismos que verdaderamente sustancian las diligencias provisionales efectuadas por la Fiscalía togada, que como señalamos con anterioridad, son asumidas por la sala penal en la práctica totalidad de las ocasiones. Sobre este punto de partida ser observan los siguientes principios de actuación en el procedimiento judicial del CSJM:
1. Los antecedentes provistos por la DGS y la Causa General representan el nú- cleo central de la persecución penal.
2. Sin embargo, estos antecedentes en la mayoría de los casos no están disponibles, por lo que el CSJM no posee más que las declaraciones de los demandantes para cimentar su sentencia49.
3. Dichas declaraciones, no obstante, carecen de valor probatorio, porque no son juradas y porque el órgano judicial desconfía de ellas de manera abierta.
4. Pese a este inconveniente las declaraciones se utilizan para rellenar el vacío resultante de la ausencia de antecedentes de la DGS y la CG, aunque esta operación solo se realiza en casos de prescripción penal (DP). En este sentido, se puede decir que las declaraciones se utilizan contra sus declarantes.
5. Las excepciones de gracia se basan exclusivamente en informaciones provistas por el fiscal de la CG y el director de la DGS.
6. El resultado final es de una notoria arbitrariedad penal, sobre todo para los casos de DP no sustanciados sobre ninguna información externa a la propia solicitud.

Cuadro 11. Reparto de antecedentes.
Si atendemos al alcance de la información penal de la suma total de antecedentes suministrados por la CG y la DGS de cara a los 956 expedientes estudiados (ver Cuadro 11), observamos que el CSJM trabaja sin conocimiento penal sobre los declarantes en casi un $70 \%$ de los casos. La CG es, con diferencia, la instancia judicial que menos antecedentes aporta a la instrucción ( $12 \%$ de los casos), mientras que la DGS duplica ese porcentaje $( 2 4 \% )$ , y solo en uno de cada seis casos en los que existen antecedentes aquellos son reconocidos por las dos instancias judiciales $( 5 \% )$ .

Cuadro 12. Tipo de sentencias (DGS + CG)
En cuanto al tipo de sentencias (condenatorias o no) a la que conducen los casos sustanciados por antecedentes provenientes de dichos organismos (298), se comprueba que en un $8 8 \%$ de los casos la calidad de los antecedentes señalados se considera constitutiva de delito, aunque solo en un uno de cada tres casos dicha consideración no merece beneficio de gracia (ver Cuadro 12). Recordemos que, aunque las sentencias denegatorias no representan más que un $8 \%$ de los casos conocidos, su incidencia se triplica en los casos en los que la DGS y la CG aportan datos sobre los encausados. También hay que destacar que en la muestra seleccionada no se dan veredictos NP en los que no medie conocimiento delictivo por parte de la CG y la DGS (ver Cuadro 13).

Cuadro 13. Distribución de sentencias por medio informador.
Se demostraría así el apartado cuarto de la lista expuesta al comienzo de este epí- grafe. Así, de los 354 casos de DP ubicados en esta muestra, prácticamente la mitad se han determinado a partir de los datos de militancia política o movilización militar señalados por las declaraciones de los exiliados, puesto que como se puede ver existen 175 prescripciones de delito decididas en situación de “sin antecedentes”50. Se podría decir que ya solo por este factor el proceso está marcado por una apreciable incertidumbre penal, defecto que no escapó en su momento a las propias autoridades franquistas51. La sensación resultante es de una cierta banalización judicial, pues se obtiene la impresión de que el CSJM pasa a tener en cuenta las declaraciones no juradas de los exiliados solo porque encajan a la vez como constitutivas de delito y de indulto, a lo que se suma la liviandad del proceso informativo que subyace a todo este operativo.
Una duda adicional generada por esta reflexión y los datos señalados giraría en torno a la postura que adoptemos de cara a la personalidad jurídica de los exiliados declarantes desde el punto de vista de la justicia franquista. Así, si consideramos que la mayor parte de ellos no eran distintos en términos de incidencia judicial a la del resto de la población española –sobre la que se calcula por ejemplo un $9 { , } 5 \%$ de encausamiento criminal a partir de la Ley de Responsabilidades Políticas $^ { 5 2 } -$ , podríamos considerar que tanto la presencia de antecedentes en la DGS y la Causa $( 3 1 \% )$ como las denegaciones NP $( 8 , 7 \% )$ , o las prescripciones DP $( 3 7 \% )$ –que habrían sido delictivas antes de $1 9 4 5 -$ , representan en efecto una elevada tasa de politizacióncriminalización de esta porción de exiliados que desea informarse sobre su situación penal entre 1947 y 1954. Por otra parte, si consideramos argumentos señalados anteriormente, como que hay $1 8 { , } 3 \%$ de casos en los que se reconoce delito motivados tan solo por las propias declaraciones de los demandantes, o que las Auditorías de Guerra por instrucciones del general Mola había adquirido el hábito de no instruir procedimiento a los ausentes53, podríamos aducir que en condiciones ideales la aportación de antecedentes, y por tanto la incidencia condenatoria, habría sido mucho mayor, y por tanto mayor también el carácter político atribuible a este exilio que se planteaba el retorno en la posguerra europea.
Las notas emitidas por los ficheros de la DGS y la CG enfocan habitualmente tres supuestos (más uno extraordinario) sobre los que trabaja el CSJM:
Primer supuesto: notificaciones que suelen conducir a ND. No existen antecedentes sobre la persona señalada, existe confusión sobre ella –“hay un atracador del mismo nombre”– o esta aparece mencionada de manera inocua en testimonios o recuentos que no implican riesgo penal.
Segundo supuesto: notificaciones que suelen conducir a DP. Sobre el solicitante consta la mención de “reclamado” o “en busca y captura”, aparece significada su militancia política, y si en aquella desempeñó algún cargo, o su unidad de movilización o destino durante la guerra. Se incluyen en esta categoría los desertores e insumisos que no se han presentado a la llamada de quinta. En ocasiones se señalan antecedentes que se retrotraen a los sucesos de octubre del 34, o se indica que tras la guerra “pasó a Francia” (o a cualquier otro destino).
En este nivel se compaginan declaraciones sobre la conducta de los encausados, por lo general ambiguas e imprecisas. Así, por ejemplo, se señala que un individuo es “separatista”, “posible delator”, ateo, “elemento destacado revolucionario” o “exaltado”, que posee “pésimos antecedentes político-sociales”, “responsable de hechos delictivos” o “intervino en algunos hechos” [sin concretar], propagandista, “acusado de desmanes”, “actividades contrarias al Régimen” –sin poder probar en estos casos nada más–, o bien dándose cuenta de su nivel de adoctrinamiento (“veterano izquierdista”, “naturista”, “individuo de ideas francamente izquierdistas, muy rojo”) pero apuntándose su buena conducta moral o incluso religiosa.
Tercer supuesto: notificaciones que suelen conducir a NP. El declarante aparece relacionado como autor material, cómplice o inductor de crímenes de sangre, robos, pillajes, destrucción de patrimonio eclesiástico, delaciones; o bien es señalado como figura política relevante o especialmente activa durante (y después) del GMN. Los casos en los que el referido es asociado a la pertenencia en patrullas, “chekas” o la conducción de transportes asociados a “paseos” se incluyen en esta categoría.
En este supuesto es donde más de relieve se muestra la notoria arbitrariedad con la que han sido instruidos los fondos de ambos servicios. Declaraciones detalladas de homicidios y crímenes específicos se acompañan de inferencias, generalizaciones y atribuciones basadas en la “opinión pública” tales como: “huido y mucho más”, “dirigente del terror rojo”, “sembró odios y estuvo en todas”, “culpable de todos los actos delictivos de su pueblo”, “dada la forma con la que se hacían las cosas en ese tiempo”; “siempre fue malísima persona hasta que acabó siendo marxista”, “la voz pública le atribuye la inducción de los mismos”, “es de dominio público que intervino en varios asesinatos”, “se comportaron como digno marxistas, distinguiéndose en hacer la vida imposible a las familias de ideas políticas derechistas”, “considerado como de malos instintos y muy sanguinario”, “inducía a los de su idea”, “se le considera como elemento de acción”, o “jactándose de haber participado en más de 100 asesinatos”54.
Cuarto supuesto: cuando el CSJM establece que no tiene jurisdicción para atender una solicitud. Se dan dos supuestos: pertenencia a la masonería o hechos anteriores o posteriores al GMN.
El análisis cualitativo sobre las sentencias denegatorias del CSJM sirve para reflejar los límites de los decretos legales de los años 1945 y 1947 y, desde un punto de vista más amplio, para comprender la sensación de fracaso ya mencionada en la política de repatriaciones de los años cuarenta y primeros años cincuenta. A este respecto no podemos ignorar que la cifra media de demandas de repatriación entre 1945 y 1954 fue de 579 por año, o lo que es lo mismo, de diez a la semana, ritmo que hubiera requerido de 181 años para devolver a España a los 105.000 refugiados todavía instalados en Francia tras la Liberación55. Por otra parte, tampoco podemos ignorar la preselección que se esconde detrás de toda esta legislación, es decir, aquella que opera desde el mismo momento en que un exiliado “retornable” –aquel que en principio vería con buenos ojos la idea de repatriarse– decide no someterse ni tan siquiera al régimen de notificación.
Regresando al problema de las limitaciones de los decretos aludidos, hay algunos momentos en la actuación del CSJM en las que se entrevé la agenda no explícita de la política franquista de repatriaciones y perdón, centrada en la represión de la actividad antifranquista y del comunismo en particular. Sobre esta persecución en uno de los expedientes estudiados se cita una instrucción reservada del Gobierno según la cual deben ser excluidos de indulto “los elementos dirigentes del Comunismo que no se retracten debidamente”56. Esta instrucción es mencionada en un informe consular que acompaña una solicitud de situación presunta, hecho infrecuente que se vuelve extraordinario al recomendar el cónsul que se desestime la instancia del solicitante, pues habiendo sido aquel miembro de la Junta Directiva del Partido Comunista de Cataluña entre 1932 y 1934, “no se retracta de esta afirmación, más bien parece que se jacta de ello”.
El afectado, que ya había tramitado dos peticiones en 1947, insistía en junio de 1948 con ánimo de ver autorizado su regreso, dado que por padecer una tuberculosis pulmonar –“que puede comprometer seriamente su existencia”– quería asegurarse de que en caso de desenlace trágico sus restos mortales descansasen en España, y no en Cuba. “No creo que pueda considerársele como ganado para la Causa Nacional”, insistía no obstante el informe consular, apostillando que no solo cabía negarle permiso sino “informar para que puedan observarle convenientemente cuando regrese al Territorio Nacional”, de lo que se deduce que cabía sospechar que el demandante pusiera en práctica su proyecto de retorno con independencia del dictamen final.
Otros procesos terminados en declaración de excepción del derecho de gracia afectan a exiliados que se han destacado en labores diplomáticas o de propaganda contraria al Régimen tras el final de la contienda, como Hilario Borau Díez o Ricardo Begoña y Calderón. Sobre el primero indicaba la DGS:
[…] llegan noticias no confirmadas de que el reseñado, comandante del ejército rojo, exilado en Francia, es individuo conceptuado como peligroso, teniendo en la vecina nación asignado el Sector Fronterizo correspondiente a Canfranc, por el cual recientemente realiza giras dando mítines en los pueblos de su demarcación levantando la moral de los exilados57.
Sobre Ricardo Begoña, a su vez, consideraba el Fiscal Togado del CSJM que la actitud de aquel, “iniciada con carácter delictivo en el año $1 9 3 6 ^ { \circ }$ , “ha continuado ininterrumpidamente hasta el final de $1 9 4 9 ^ { \circ }$ –la solicitud del interesado estaba fechada en abril de $1 9 5 3 ^ { 5 8 } -$ . Dicha actividad consistía en el desarrollo de una carrera diplomática y política en conexión al Gobierno de la República en el exilio, conducta que se consideraba como “claramente atentatoria a la seguridad exterior e interior del Estado”, falta que al haber rebasado el marco cronológico del 1 de abril de 1939 se convertía en un “delito de rebelión de carácter permanente” y, por lo tanto, exceptuado del beneficio de gracia.
El caso de Mercedes Bechini Gentili, por su parte, también merece una mención particular. Ella es el único caso de mujer NP en la muestra de 956 nombres analizada. La señora Bechini, oriunda de Livorno, de 48 años, soltera, empleada y solicitante desde París (mayo de 1949), había sido durante la guerra auxiliar administrativa del Ministerio de Trabajo y, según la CG, “era de marcadas ideas izquierdistas”, habiendo prestado “con todo entusiasmo una gran ayuda a los dirigentes del Frente Popular sirviendo de enlace con la Casa del Pueblo”. La CG aseguraba, también, que era “amiga íntima de Andrés Mancebo”, que fuera presidente del Comité Nacional del Frente Popular, mientras que en la DGS contaba como “espía”, pero sin añadir nada más. Estas dos menciones formales (“amiga íntima” y “espía”), vuelven a recordar un marcado sesgo de género a la hora de diferenciar la naturaleza de las actividades criminales propias a hombres o a mujeres.
Por último, queda abierta la cuestión de cómo proseguir esta investigación, y si hay modo de averiguar quiénes de entre los que utilizaron este servicio de notificación presunta solicitaron acto seguido su repatriación en España, o cómo transcurrió aquella, en caso de realizarse. Una vía a seguir a este respecto sería la de analizar los propios fondos de la DGS para cotejar coincidencias: nombres que ya hayan aparecido en la documentación del CSJM o solicitudes de la DGS en las que se informe de una notificación presunta previa.
Por mi parte he tratado de probar a cruzar mis bases de datos con las de los ficheros de la DGS de Madrid, ubicados también en el propio AGA, pero el hecho de que muchos de los expedientes no sean aún comunicables, o solo se puedan consultar con amplias restricciones, han limitado mucho mis esfuerzos59. Tan solo he encontrado cuatro coincidencias: dos solicitantes de notificación presunta pidieron también repatriación y la vieron concedida, pero no hay evidencia de que la formalizaran60; un tercero la solicitó, le fue aprobada y la realizó (sin que existan más datos)61, y un cuarto emprendió el regreso tras las consultas y quedó bajo vigilancia en su localidad de residencia62. Pienso que si este careo entre fondos del CSJM y fondos de la DGS se ampliara a los ficheros policiales de las diputaciones provinciales o gobiernos civiles correspondientes63, tal vez se pueda ampliar esta investigación.
5. Conclusiones.
En definitiva, la efectividad de la actuación del CSJM como punta de lanza en la política de repatriaciones franquistas durante la década de 1947-1956 fue limitada si la observamos desde el punto de vista de su incidencia sobre la comunidad total de exiliados (apenas afectó a un $3 \%$ de la población expatriada en Francia durante ese periodo). Declaraciones realizadas desde la administración franquista dan fe de esa sensación de frustración. Sin embargo, una vez se asumen las dificultades a las que tenía que hacer frente el sistema de notificación presunta (o aún el del propio proceso de repatriación), bien se puede matizar esta idea de fracaso. El que varios miles de exiliados recurrieran a estos servicios en un momento de bonanza económica y de paz, donde los refugiados de la Guerra civil se veían reconocidos de forma estatutaria en suelo galo, nos hace preguntarnos sobre cuántos exiliados no acariciarían la idea del retorno, pero se contenían por motivos de seguridad personal, vergüenza o coherencia ideológica.
Para entender el alcance del CSJM y sus expedientes, lo mismo que para leer este momento en la política franquista de captación de exiliados, debe aún estudiarse con mayor detenimiento lo que vino después: el periodo a partir de los indultos y el aperturismo fronterizo de 1954 en adelante, en el que se demostró un claro aprendizaje con respecto a la etapa anterior. Al exiliado, en definitiva, se le convenció más de cara al regreso definitivo permitiéndole el reencuentro directo con su país, y no, como trataba de establecer el decreto de 1947, haciéndole pasar por un largo trámite que por otra parte tampoco garantizaba un retorno “seguro” en términos penales.
Al margen de estas cuestiones de amplio espectro, el análisis cuantitativo y el estudio cualitativo de la muestra seleccionada contribuyen a confirmar y a expandir rasgos que ya se conocían sobre el exilio republicano de la Guerra civil, como el proporcionalmente elevado porcentaje de mujeres y trabajadores del sector terciario que salieron al exilio (la comparación se establece con migraciones económicas más tradicionales). También salen a relucir otros aspectos de interés con respecto a la actitud hacia el retorno, como puede ser el influjo de lo familiar en el reclamo de regreso (la tierra, los seres queridos), así como la tensa actitud de los vencedores frente a los vencidos, la dificultad para conciliar una estrategia de aperturismo frente a la necesidad de filtrar cualquier rasgo de oposición política, sin olvidar la impotencia de los declarantes y su habitual juego de silencios. El silencio de esos expatriados que tan duramente imaginó Max Aub tocando a la puerta de su país con un mal disimulado gesto de cansancio y fastidio. “¿Dan su permiso...?”
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