De la restauración de la justicia a la lucha contra el infiel. La legitimación de los ingresos fiscales de la Santa Hermandad (1476-1498)1.
José Manuel Triano Milán2.
Recibido: 27 de julio de 2017 / Aceptado: 24 de octubre de 2017.
Resumen. La Hermandad General constituida por los Reyes Católicos en 1476 conformó el germen del primer ejército permanente castellano. Este complejo entramado administrativo-militar, sumamente costoso, obligó a conformar todo un sistema tributario para su mantenimiento. El presente artículo pretende analizar cómo las autoridades hermandinas recurrieron a la amplia experiencia acumulada en materia de negociación fiscal para alcanzar el consenso necesario para el funcionamiento de este nuevo modelo de ingresos extraordinarios. Para ello estudiaremos con detenimiento el debate suscitado en torno al sistema de recaudación y gestión de las contribuciones de la Hermandad y las medidas adoptadas para presentar esta fuerza militar como una medida necesaria para el bien común. Así mismo, prestaremos especial atención a la adaptación del discurso esgrimido por las autoridades a la cambiante realidad política y económica que experimentó Castilla a lo largo de este período.
Palabras clave: Castilla; cumplimiento fiscal; fiscalidad extraordinaria; Santa Hermandad; Reyes Católicos.
[en] From the Restoration of Justice to Fight Against the Infidel. The Legitimation of the Incomes of the Holy Brotherhood (1476-1498)
Abstract. The Brotherhood fund by the Catholic Monarchs in 1476 conformed the first permanent army in Castile. This expensive structure forced to form an tax system for its maintenance. This article aims to analyse how the authorities used the accumulated experience in fiscal negotiation of the extraordinary incomes of the monarchy to reach the necessary consensus for this new fiscal model. To do this, we will study carefully the discussion about the system of collection. Also, we will pay attention to the measures taken to present his military forces as something necessary for the common good. At last, we analyse the adaptation of this legitimating discourse to the changing political and economic reality of this period.
Keywords: Castile; t ax c ompliance; e xtraordinary incomes; Holy Brotherhood; Catholic Monarchs.
Sumario. 1. Introducción. 2. La Hermandad como respuesta a las necesidades fiscales de la monarquía. 3. El debate en torno al nuevo modelo tributario hermandino. Las primeras Juntas Generales (1476- 1478). 4. La negociación bilateral entre los dirigentes de la Hermandad y las ciudades. 5. De la defensa del orden público a la guerra santa. Una cambiante causa final. 6. ¿Santa Hermandad? Sacralización de la labor de la institución hermandina. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía. 9. Apéndice.
Cómo citar: Triano Milán, J. M. (2018), De la restauración de la justicia a la lucha contra el infiel. La legitimación de los ingresos fiscales de la Santa Hermandad (1476-1498), en En la España Medieval 41, 105-131.
1. Introducción.
Cualquier sistema fiscal lleva intrínsecamente aparejado el problema de la conformidad con el mismo3 . Dificultad que únicamente puede superarse mediante un proceso de regulación que permita generar marcos de consenso efectivo entre los contribuyentes y la autoridad que solicita el gravamen y en las que esta última se presente como la única legitimada para realizar estas demandas económicas. Para lograr estos objetivos resulta clave la construcción de un discurso que, habitualmente sostenido sobre principios éticos y morales y apelando al principio de utilidad común, justifique el hecho impositivo. Ya la denominada revolución fiscal iniciada en el siglo XIII vino acompañada de la construcción de todo un argumentario que venía a apoyar la prerrogativa que se fueron arrogando príncipes y monarcas para demandar tributos a sus súbditos4 . Sostenidos sobre las cuatro causas enunciadas en la Física aristotélica (causa material, formal, eficiente y final), eminentes representantes de la escolástica desde Juan de Salisbury a santo Tomás de Aquino fueron conformando las bases ideológicas sobre las que se erigieron las estructuras hacendísticas de los reinos occidentales. En este discurso se vinieron a reflejar las tensiones generadas entre una autoridad pública en plena expansión y otros poderes políticos (nobleza, clero y ciudades), celosos de sus propias jurisdicciones5 . Así, dichos grupos lograron imponer una serie de relevantes limitaciones a las demandas financieras que los monarcas pudieran realizar. En teoría estas debían reducirse a una serie de recursos ordinarios (munera ordinaria) otorgados por sus súbditos como forma de reconocer su soberanía y dotarle de los medios necesarios para ejercer su labor6 . Solo ante una situación coyuntural de emergencia, normalmente vinculada a la defensa del reino ante una amenaza exterior, podrían concederse sumas extraordinarias (munera extraordinaria)7 . Dicha petición requeriría de la aquiescencia, ya fuera aparente o real, de otros sectores políticos del reino o de este en su conjunto. Para ello, se hizo necesaria la conformación de nuevos espacios de negociación, que se sustentaron sobre el emergente concepto de representación política8 . Ante ellos, los reyes habrían de justificar la demanda realizada, defendiendo la solidez de la causa a la que quedaba indisolublemente unida al ingreso. La desaparición de esta supondría también el fin de la ayuda (cessante causa, cessat effectus)9 .
El propio proceso de conformación estatal entre los siglos XIII-XV y las tensiones externas e internas originadas por este acabó por desgastar algunos de estos contrapesos que limitaban la capacidad fiscal de los soberanos europeos. El aumento de los medios de coerción –que eminentes especialistas como Charles Tilly, Richard Bonney o Michael Mann han vinculado de manera inextricable a los orígenes y desarrollo del propio proceso de construcción del Estado10– potenciaron el desarrollo del gasto fiscal, que no paró de aumentar a lo largo de este período. Ante este hecho, los monarcas europeos se vieron obligados a recurrir cada vez más a estos expedientes extraordinarios, forzando en numerosas ocasiones su transformación en rentas habituales del erario público, gracias a la conversión del principio de necessitas en el de perpetua necessitas11. De esta manera, frente a la clara definición de los conceptos de ingresos ordinarios y extraordinarios en el campo de la teoría de las finanzas públicas, en el ámbito de la praxis fiscal esta distinción se fue haciendo más y más difusa.
Durante la primera mitad del siglo XV este proceso vino a acelerarse como consecuencia de una serie de importantes cambios en el ámbito militar. Prescindiendo del debate en torno a la pertinencia o no del uso del concepto de revolución militar para definir las importantes transformaciones que se produjeron en este período, lo que resulta innegable es su relevancia y su impacto en el proceso de construcción de las estructuras estatales en la Europa Occidental12. En este sentido, la novedad más destacada fue la aparición de ejércitos permanentes. Hoy, lejos ya de la simplista imagen de carácter difusionista, en el que Francia habría irradiado el modelo de su gran ordenanza de 1445 a todas las potencias vecinas, somos conscientes de la originalidad de muchas de las vías utilizadas por algunos de los reinos y principados occidentales a la hora de constituir este tipo de fuerzas13. Pese a ello, resulta innegable que el proceso, fuera cual fuera su origen, compartió principios comunes en todos los territorios donde vino a desarrollarse: preeminencia de la caballería pesada sobre otro tipo de cuerpos, división en capitanías de las fuerzas existentes y la utilización de la lanza como unidad táctica básica14. Todo esto desde el punto de vista estrictamente militar, a lo que cabría añadir la conformación de maquinarias administrativas más desarrolladas y eficientes para facilitar el complejo funcionamiento de estos ejércitos y la ya citada necesidad que tuvieron los monarcas de dotarse de amplios y sólidos recursos para hacer frente a su mantenimiento. Ello obligó a adoptar una serie de relevantes medidas que supusieron un revulsivo en la ampliación de las prerrogativas fiscales de la Corona frente a otros poderes políticos, así como una evidente ampliación de su autoridad. Medidas que no carecieron de contestación y que habitualmente hubieron de ser legitimadas aludiendo tanto a la defensa del orden interno como a las cambiantes necesidades impuestas por el panorama internacional15.
En el caso castellano fueron dos las vías experimentadas para conformar esta fuerza permanente. La primera fue la instrumentalización por la Corona de un viejo recurso para el asociacionismo urbano: las Hermandades. Sin embargo, la experiencia, pese a sus evidentes ventajas, no lograría adaptarse por completo a las nuevas necesidades del Estado castellano de finales del siglo XV. En buena medida, ello facilitó el triunfo de una segunda vía, mucho más cercana a la experiencia de otros Estados europeos. Esta se sustentaba en la conformación de una serie de fuerzas bajo el mando directo de la Corona, originada en la guardia de corps del monarca, conocidas como las Guardas Reales16. No obstante, pese a su fracaso, centraremos nuestra atención aquí en la primera de estas experiencias, dado el enorme impacto que tuvo en ciertos aspectos administrativos, militares y hacendísticos llamados a tener una amplia continuidad. En el plano fiscal, la Hermandad General, conformada por los Reyes Católicos en 1476, supuso una relevante transformación de los ingresos extraordinarios de la Corona, avanzando algunas de las vías por las que ya se había transitado durante las décadas anteriores17.
2. La Hermandad como respuesta a las necesidades fiscales de la monarquía.
Desde su aparición en el siglo XIII, las Hermandades conformaron uno de los principales medios de convergencia política a través del cual los diversos municipios castellanos pudieron defender sus particulares intereses18. Surgidas habitualmente en períodos de crisis con la intención de reafirmar las competencias de las ciudades dentro del marco político de la Corona, desde, al menos, el reinado de Alfonso X vemos cómo la monarquía trató de instrumentalizar este fenómeno en su propio beneficio. No obstante, la mayor parte de los intentos realizados en este sentido acabaron fracasando19. El triunfo definitivo del proyecto de una Hermandad General directamente controlada por el trono no se produciría hasta la celebración de las.
Cortes de Madrigal de las Altas Torres de $1 4 7 6 ^ { 2 0 }$ . Decisión que estuvo estrechamente vinculada al crecimiento de las necesidades militares y fiscales de la Corona y su incapacidad para llevar a cabo los objetivos de su programa político con los medios por entonces a su alcance21. Y es que, tras el reinado de Enrique IV, la capacidad de la monarquía para hacer frente a proyectos de amplio calado se había visto reducida en gran medida. Ello era, en buena medida, el resultado la quiebra de la base de su tradicional sistema de ingresos extraordinarios: el servicio de Cortes22. Las causas de todo ello no eran nuevas, sino que resultan perceptibles, al menos, desde el reinado de Juan II. En efecto, los cuadernos de Cortes de este período suelen presentar una extensa sucesión de referencias a las distintas circunstancias que estaban minando el proceso de recaudación de los servicios. Junto a ellas, los escasos testimonios cuantitativos que han llegado hasta nosotros sobre este aspecto reafirman esta impresión y nos dan una idea aproximada de la gravedad del problema. Ejemplo de ello es la relación de descargos del servicio de 1455-1456, ya a comienzos del reinado de Enrique IV, que se conserva en el Archivo General de Simancas. En dicho documento, cuyo contenido ya hemos publicado en otro lugar, se indicaba cómo una parte muy destacada de lo que se había de recaudar estos años acabó por no llegar a manos de la Real Hacienda o de los beneficiarios de sus libramientos como consecuencia de diversos motivos23. En primer lugar, la oposición por parte de amplias regiones del reino a participar en el pago del pedido y las monedas. Situación que refleja la debilidad del poder monárquico en ciertas áreas bajo su teórico dominio, caso del reino de Galicia o la merindad de Allendebro24. Circunstancia que venía a reproducirse en los dominios de numerosos señores laicos y eclesiásticos, que no dudaban en oponerse a la recaudación de estas ayudas en sus territorios o, incluso, ejercían una actividad predatoria sobre las mismas25. A ello habría que sumar la falta de control ejercida por la Corona sobre aquellas zonas consideradas despobladas o el creciente problema de los abusos vinculados a las exenciones fiscales. Estas circunstancias, unidas al desvío de los fondos concedidos hacia asuntos muy diferentes a los pactados en Cortes, el desigual reparto de la carga fiscal de un ingreso teóricamente sostenido sobre el principio de justicia distributiva y los numerosos escándalos suscitados por los fraudes y cohechos realizados por los agentes fiscales de la Corona acabaron generando un descrédito generalizado que acabó traduciéndose en fuertes actitudes de resistencia a la contribución de este subsidio26.
Todos estos problemas vinieron a agravarse en gran medida durante los años de la guerra civil castellana (1465-1468). Las escasas medidas adoptadas para contener esta difícil situación durante lo que restaba del reinado de Enrique IV se caracterizaron por su falta de operatividad y aquellas otras impulsadas por Fernando e Isabel desde su subida al trono no resultaron mucho más efectivas27. Mientras tanto, la mala prensa del servicio de Cortes siguió aumentando entre los contribuyentes. Tanto es así que a principios del reinado de Fernando e Isabel algunos de los más cercanos consejeros de los monarcas llegaron a desaconsejar a estos recurrir a este tipo de expedientes, temerosos de que se pudiera desencadenar una revuelta antifiscal28. Era necesario buscar una vía alternativa para conseguir unos recursos extraordinarios que resultaban especialmente necesarios en un contexto de guerra civil abierta entre los nuevos monarcas y los defensores a la candidatura al trono de la princesa doña Juana. Es en este momento cuando la idea de establecer una Hermandad General volvió a resurgir con fuerza. La medida, sin embargo, fue mirada con suspicacia desde un primer momento por buena parte del reino. Se temía que todo este entramado pudiera llevar aparejado un costo sumamente gravoso para unas ciudades que ya venían soportando un constante aumento de la presión fiscal extraordinaria desde mediados de la década de los cincuenta y que su autonomía se viera limitada frente a una mayor capacidad de intervención del trono en el ámbito de lo local. Para tratar de calmar los ánimos y hacer funcionar de manera efectiva esta nueva estructura administrativa, jurídica y militar se requería de un firme sostén legitimador, que trató de construirse tomando como referencia la experiencia aportada por la negociación de los pedidos y monedas. El resultado fue positivo, lográndose un elevado nivel de consenso que, durante treinta años, sustentó uno de los principales instrumentos de los que se valieron los Reyes Católicos para afirmar y expandir su poder29.
3. El debate en torno al nuevo modelo tributario hermandino. Las primeras Juntas Generales (1476-1478)
Como hemos indicado, la conformación de la Hermandad General estuvo acompañada de un elevado grado de desconfianza por parte de buena parte del reino, que dudaba de la utilidad de la medida y los perjuicios que podría llegar a generar. Parte de la nobleza y algunas ciudades mantuvieron, incluso, actitudes de resistencia ante lo que creían era una amenaza directa a su autonomía30. Así mismo, el primer modelo financiero de la Hermandad, marcado por un elevado grado de improvisación y un patente aumento de la presión fiscal, vino a potenciar dicho rechazo31. Ante esta situación, los mandatarios de la institución –muy especialmente Alonso de Quintanilla y Juan de Ortega– impulsaron un intenso debate sobre su aparato financiero y cómo había de funcionar este. Las ciudades podrían participar así, al menos teóricamente, en la toma de decisiones de un aspecto que les competía de manera muy directa, lo que permitiría generar un mayor grado de consenso. Para ello, se utilizaron preferentemente los nuevos espacios de negociación generados para dirimir todos los aspectos relativos al gobierno de la Hermandad (especialmente las denominadas Juntas Generales)32. Prácticamente ningún tema quedó sin tratar, poniéndose en cuestión desde la conformación del cuerpo de contribuyentes hasta los mecanismos de recaudación a utilizar, pasando por el funcionamiento de los órganos de gestión o la cuantía que habían de tener estos ingresos. Sorprendentemente, las discusiones suscitadas al calor de dichas Juntas y las propuestas presentadas por los procuradores de las ciudades han gozado de una escasa atención por parte de la historiografía sobre la realidad fiscal castellana del siglo $\mathrm { X V } ^ { 3 3 }$ . Algo especialmente chocante si se tiene en consideración lo innovadores que resultaron muchos de los planteamientos aquí expresados y la relevancia que tuvieron las decisiones finalmente adoptadas en el futuro de los ingresos extraordinarios de la Corona.
El objetivo principal de este debate fue encontrar la vía menos gravosa y más efectiva para sustentar el nuevo organismo. Todo parece indicar que pronto los representantes de las ciudades se dividieron en dos grandes grupos de opinión: los que abogaban por buscar nuevas vías de recaudación y aquellos otros que defendían continuar transitando en la recaudación de la vía del pedido del servicio de Cortes34. Aunque las propuestas de los primeros podrían parecer sumamente rupturistas, no eran tales, sino que, por el contrario, se insertaban dentro de una corriente rastreable desde décadas atrás. Esta se mostraba sumamente crítica con el modelo de percepción de los recursos extraordinarios y abogaba por reducir la multiplicidad de figuras fiscales existentes. Algunos incluso defendían la introducción de una contribución única. En esta línea se encuadran el célebre memorial presentado por Profet el Nasçí a Juan II en torno a 1453, en el que sugería sustituir los pedidos, monedas y alcabalas por una imposición recaudada por los municipios sobre las ventas de los cueros y sebos de las carnes, o las consideraciones de Mosén Diego de Valera en 1476 sobre la necesidad de sustituir el servicio de Cortes por una carga indirecta de carácter universal35.
Este tipo de propuestas se van a intensificar ahora, denotando la existencia de una amplia preocupación en determinados sectores por dotar al trono de las sumas demandadas sin que ello supusiera un peso adicional para los pecheros. Así se refleja en uno de los más interesantes testimonios sobre este asunto que han llegado hasta nosotros, un memorial anónimo presentado durante la Junta de Dueñas de 1476 (véase el apartado 9. Apéndice). Su anónimo autor defendía la necesidad de experimentar un modelo de recaudación novedoso, en el que todos los súbditos de la Corona –incluyendo los estamentos privilegiados (clero y nobleza), así como cualquier otro franco o exento– participarían en la financiación de la Hermandad mediante una especie de impuesto sobre sucesiones, que gravaría el patrimonio de cada pechero tras su finamiento36. De esta manera, el peso de la carga sería mucho menos gravoso, máxime cuando la totalidad de aquellos que se beneficiaban de la labor de la Hermandad participaran en su sostenimiento. Todo ello, insistía el autor del memorial, quedaría legitimado por la aportación al bien común que haría la institución, su contribución a la lucha contra el infiel y, a ser posible, por la sanción que los monarcas habían de solicitar al soberano pontífice.
No obstante, tanto esta como las demás ideas de transformar el sistema extractivo acabaron siendo desechadas en favor del tradicional modelo de recaudación y gestión de los ingresos extraordinarios por parte de los municipios, siguiendo la estela de una de las dos vías del servicio de Cortes: el pedido regio. Se incidió en el carácter de cierta continuidad que ello suponía, lo que posiblemente hizo más fácil de asumir esta transición a las ciudades37. La verdadera novedad de este nuevo modelo era el mayor grado de autonomía que teóricamente se les concedió a estas a la hora de elegir las vías más adecuadas para realizar la punción fiscal. Esto no quiere decir que la monarquía perdiera su capacidad de intervenir sobre el proceso, ya que los municipios debían solicitar su permiso antes de modificar el sistema de recaudación y los reyes se arrogaban la capacidad de intervenir siempre y cuando consideraran que las decisiones de los distintos concejos podían repercutir negativamente en la eficiencia del sistema extractivo o minaran uno de los principios legitimadores básicos del subsidio, que aseguraban su viabilidad y mantenían la paz social. Así se denota en las distintas intervenciones por parte de los Reyes Católicos sobre lo ocurrido con esta ayuda en la ciudad de Sevilla o, más concretamente, en su alfoz dependiente. A lo largo de los apenas veintidós años que perduraron los servicios de la Hermandad, esta región osciló entre un sistema de repartimiento y otro que se sostenía sobre sisas e imposiciones38. Los reyes mantenían, por tanto, la capacidad de pronunciar la última palabra sobre el nuevo modelo extractivo, dando a las élites municipales una sensación de autonomía de gestión que, pese a todo, no era total.
Pese al claro continuismo entre los servicios de Cortes y los ingresos de la Hermandad, que las autoridades hermandinas remarcaron en diversas ocasiones para que las ciudades asumieran su sistema tributario sin demasiada oposición, ello no impidió que estas demandas económicas fueran presentadas como una figura fiscal de nuevo cuño:
[…] no fue ni es pecho ni tributo ni monedas ni tal nombre se le devia ni deve poner ni llamar, salvo serviçio graçioso de propia voluntad por nuestros regnos otorgado e para çierta neçesidad e a tiempo cierto e limitado39.
El objetivo era que este recurso, creado ex novo, no se viera afectado por las abundantes exenciones fiscales que tanto habían lastrado al pedido y las monedas.
Como ha señalado agudamente el profesor Carretero Zamora, Isabel y Fernando dieron, gracias a esta medida, un importante paso en su intención de hacer valer el derecho positivo en materia fiscal por encima del privilegio y la costumbre medievales40. En esta línea, también se trató de que tanto nobleza como clero, que tradicionalmente no habían tenido que asumir los ingresos extraordinarios de la Corona, participaran activamente en el mantenimiento de la Hermandad. Se trataba de hacer realidad, así, una vieja pretensión de los representantes de las ciudades41. Para ello, se les recordó a los miembros de estos estamentos que la defensa de la justicia y la restauración del orden redundaban en el bien común de todos los súbditos de la Corona, lo que también les incluía a ellos42. Parecía lógico, por tanto, que también contribuyeran a su mantenimiento. Sin embargo, el tradicional recurso al concepto de utilidad pública no pareció lo suficientemente convincente a estos grupos, que se aferraron a sus tradicionales privilegios. Más aún, en el caso de una nobleza para la que esta demanda resultaba, incluso, una ofensa. Porque la nueva concepción militar que sustentaba la Hermandad ponía en cuestión la función social por antonomasia de este estamento, el que era uno de sus principales signos identitarios y uno de los principales sostenes de su situación de privilegio: la defensa del reino. ¿Pretendía la Corona que los nobles abandonasen su tradicional función guerrera y financiaran a otros para que la ejercieran por ellos? Esta idea generó importantes tensiones, tal y como nos señala Alonso de Palencia:
y le molestaban mucho [a don Alonso de Aragón] las protestas de los nobles contra la exacción del repartimiento para sustentar a los cuadrilleros, cuando alegaban haber nacido para militar a sueldo ajeno y no para guerrear y pagar además estipendio a otros, cosa ofensiva y enteramente intolerable43.
Ello, unido a la oposición mostrada por ciertos ricoshombres que veían en la Hermandad una amenaza a la jurisdicción que ejercían sobre sus estados y la influencia que venían desarrollando sobre ciertos territorios de realengo, así como su resistencia a perder unos privilegios fiscales que consideraban inmanentes a su condición social, obligó a replantear la posibilidad de obligar a clero y nobleza a pechar. Era necesario de encontrar puntos de consenso con unos grupos sociales sin cuyo apoyo resultaría inviable la consecución de la implantación territorial de la Hermandad. Finalmente, tras intensas negociaciones y un constante juego de tira y afloja, ambas partes se vieron obligadas a transigir en algunos aspectos de relevancia. Los ricoshombres castellanos hubieron de aceptar que la nueva institución les arrebatara parte del poder que habían logrado consolidar en algunas destacadas plazas de realengo y que, incluso, esta se acabara instalando en sus propios estados44. El resto de miembros del estamento nobiliario hubieron de asumir el nuevo papel militar que iba a ejercer la.
Hermandad. A cambio, todo parece indicar que las regiones de señorío recibieron un trato privilegiado en el repartimiento de la carga fiscal y que los señores pudieron controlar buena parte del proceso de recaudación y gestión de estos ingresos45. Por su parte, los cuadros dirigentes de las diversas capitanías hermandinas fueron conformados por miembros del estamento nobiliario. Además, clero y nobleza fueron públicamente eximidos de contribuir en estas nuevas demandas económicas46.
Esta última decisión tuvo unas consecuencias particularmente llamativas en territorio andaluz. Allí, la nobleza había venido participado en los repartimientos del pedido regio, una de las dos vías del servicio de Corte, como resultado de la constante situación de emergencia militar que generaba la proximidad de la frontera con el islam47. Aunque habían protestado en más de una ocasión por este hecho y, eventualmente, habían suscitado ciertos conflictos en algunas ciudades de esta región, los nobles andaluces siguieron pechando48. Pero ahora, apoyados en el asentimiento que los reyes habían dado a la exención de los grupos privilegiados en las contribuciones hermandinas, trataron de sustraerse de una carga que habían venido queriendo eliminar desde mucho tiempo atrás49. Pese a que los reyes se pronunciaron claramente en este sentido, recordando que nada había cambiado, parece que se generaron importantes tensiones a nivel local por este asunto50.
4. La negociación bilateral entre los dirigentes de la Hermandad y las ciudades.
Como hemos destacado, el proceso de negociación de los asuntos tocantes a la Hermandad se desarrolló en buena medida en los espacios habilitados a tal efecto (Juntas Generales). Pero, junto con ello, no hemos de perder de vista el papel clave que jugó el diálogo que mantuvieron el rey y las ciudades a otros niveles. Especialmente relevantes resultan aquellos debates que se desarrollaron en el ámbito de unas relaciones bilaterales entre la autoridad central y los poderes locales que, tradicionalmente, han venido siendo relegadas a un lugar un tanto secundario por parte de una historiografía excesivamente deslumbrada por el papel de los órganos representativos (Cortes, juntas, etc.). Tal y como refleja la abundante documentación conservada en los archivos municipales del antiguo territorio castellano, dichas relaciones gozaron de un papel central en la comunicación entre ambos sujetos políticos, aspecto que se hace especialmente patente en lo relativo a la superación de las resistencias iniciales a la implantación de la Hermandad. Hoy sabemos que el establecimiento definitivo de la institución se produjo solo tras unos intensos procesos de negociación entre los emisarios de la Hermandad y los representantes de sus regimientos, que concluyeron con la firma de unos asientos que reflejaban la nueva relación contractual entre ambos. Esta documentación, que parece haberse conservado de manera muy dispersa y parcial, solo ha venido a ser puesta de relieve muy recientemente por parte del profesor Collantes de Terán para el ámbito andaluz51. Gracias a ello, podemos observar cómo en este tipo de relaciones bilaterales tuvieron cierta presencia algunos aspectos de ese discurso legitimador ya presentes en las Juntas Generales, como la apelación al concepto de bien común, si bien estos pierden fuerza frente a las necesidades que impone la práctica fiscal cotidiana. Lo que interesaba ahora, tras acordarse los principales elementos del modelo de financiación de la Hermandad en las Juntas Generales, eran aquellos aspectos que afectaban al funcionamiento concreto del proceso de recaudación, gestión y gasto de los recursos a nivel local. En este sentido, el principal punto de desencuentro en este proceso de negociación se centró en la cantidad con la que cada una de estas villas y ciudades habían de contribuir a la Hermandad y las vías de ingreso a las que debía de recurrirse para ello52. Es decir, más que la causa final, lo dirimido a través de este tipo de relaciones eran aquellos aspectos relativos a la causa formal de contribución.
Puede considerarse que este proceso de negociación resultó beneficioso para unas ciudades que parece que, por lo general, lograron que la excesiva carga que, en su opinión, les había sido asignada en un primer momento se viera reducida de forma significativa. Así mismo, la Corona también vino a favorecer la cesión de una serie de condiciones que facilitaban a los municipios asumir esta carga. Estos se centraban, fundamentalmente, en una mayor capacidad por parte de los órganos de gobierno locales a la hora de elegir las mejores vías para establecer la punción fiscal. Pero también, en algunas ciudades y villas, la Corona cedió ingresos que le habían pertenecido para facilitar que las haciendas municipales pudieran afrontar las nuevas obligaciones tributarias que se descargaban sobre ellas53. No obstante, durante los siguientes años, el modelo de recaudación implantado sería sometido a numerosas modificaciones, siempre con el acuerdo de las autoridades hermandinas, lo que refleja el elevado nivel de flexibilidad del que gozaba este nuevo sistema54. Por su parte, el gasto de las cantidades que habían de recaudarse quedó fijado con mayor exactitud. Se estableció claramente el número de lanzas, su composición y las cantidades que habían de recibir para su mantenimiento. Así mismo, se fijó un claro organigrama de la institución a nivel local y los salarios que habían de recibir cada uno de sus miembros55. Este aspecto experimentaría también ciertas modificaciones durante los años siguientes, aunque, en este caso, parece que fueron mucho menos significativos.
Pero no se limitaron estos acuerdos únicamente a cuestiones vinculadas a los ingresos y gastos de la institución, ya que se trataron también algunos asuntos un tanto más sensibles, como las tensiones suscitadas por la nueva estructura territorial generada para facilitar el funcionamiento del complejo entramado administrativo y fiscal que era la Hermandad56. Esta favorecía el predominio de las capitales provinciales sobre toda una serie de ciudades y villas que quedaron relegadas a una suerte de periferia. Situación que los miembros de algunos regimientos no estaban dispuestos a admitir. Es el caso de Jerez de la Frontera, que defendió intensamente la necesidad de encabezar su propia provincia, con independencia de Sevilla57. Aunque esta petición acabó siendo rechazada a resultas de la teórica incapacidad por parte de la plaza para afrontar los elevados niveles de gasto que requería ser capital provincial, los monarcas adoptaron una solución de compromiso al dotarles de representantes propios en las Juntas Generales de la institución y la capacidad de que las tropas hermandinas de este espacio combatieran bajo sus pendones y no los de la ciudad hispalense.
Tras establecimiento de la Hermandad y su escenificación mediante una serie de ceremonias de carácter religioso, sobre las que tendremos ocasión de tratar más adelante, vemos cómo este tipo de relaciones bilaterales no desaparecieron, sino que mantuvieron una relevancia destacada en la adecuación del sistema fiscal hermandino a las directrices emitidas desde las Juntas Generales. Papel que, todo parece indicar, cumplieron de manera complementaria al órgano generado con tal fin: las Juntas Provinciales58. Estas, teóricamente, habían de actuar como el espacio designado para que las diversas ciudades de cada provincia dirimieran las cuestiones que competían a la Hermandad en ese territorio tras la implantación de la institución, generando una sensación de mayor representatividad entre espacios que no habían gozado de esta hasta el momento. Aunque lo cierto es que todo parece apuntar que estas Juntas Provinciales fueron un escalón más en el esfuerzo centralizador que vino a representar la Hermandad y no tanto un espacio de negociación59. Así, las relaciones de carácter bilateral continuaron siendo la vía principal para la discusión de aspectos de carácter fiscal y la superación de las crecientes tensiones que fueron surgiendo entre las autoridades locales y unas autoridades hermandinas que, cada vez más, fueron inmiscuyéndose en el espacio jurisdiccional de los concejos60. Fue en este plano en el que el discurso generado por las autoridades de la institución tuvo un papel más relevante y donde posiblemente experimentó un desgaste más acusado, al calor de los problemas generados durante el funcionamiento cotidiano de la maquinaria fiscal hermandina. Tratando de superar este deterioro, el discurso dirigido a justificar todo este entramado, si bien apenas experimentó variaciones en lo relativo a la causa formal y material del ingreso –la forma en la que este era recaudado y sobre quién incidía–, sí que presentó una constante adaptación en lo relativo a la causa final –el objetivo al que se destinaban estas sumas–, al calor de la cambiante situación política y social que experimentó la Corona castellana a lo largo de estos intensos años.
5. De la defensa del orden público a la guerra santa. Una cambiante causa final.
Cuando en 1476 Fernando e Isabel hicieron pública su intención de conformar una Hermandad General, justificaron su decisión señalando la situación de inseguridad que asolaba la Corona desde época de la guerra civil entre Enrique IV y el infante don Alfonso y la necesidad que existía de paliar este problema:
A todos es notorio quantas muertes e heridas de omes e prissiones dellos e robos e tomas de bienes e salteamientos e otros delitos e malefiçios son fechos e cometidos de diez años a esta parte en los caminos e yermos e despoblados por muchas personas. E como muchos dellos por las discordias e mouimientos que a auido e ay en estos dichos nuestros rreynos, quedaron sin recibir pena ni castigo por los tales delitos e malefiçios, e de aquí tomaron osadía y continuación para mal bivir e para saltear y robar […] los procuradores de las çibdades e villas de nuestros reinos […] nos suplicaron e pedieron por merçed que sobre ellos quisiesemos remediar y proveer […] e la mas presta e çierta vía que por agora se podía hallar era que se hiziesen hermandades en nuestro reino61.
La situación, aunque no tan desesperada como describen las fuentes narrativas del período, era grave y amenazaba la estabilidad política, social y económica del reino62. Ejemplo de ello era que uno de los eventos de mayor relevancia para la vida financiera de la Corona, la feria de Medina del Campo, hubiera dejado de celebrarse en 1475-1476 como consecuencia de los desórdenes que afectaban a la región en la que solía tener lugar. Ante estos hechos, las ciudades habían elevado constantes peticiones a la monarquía para que ejerciera sus obligaciones en el mantenimiento de la justicia y la ley. La tibia respuesta adoptada desde el trono había llevado a algunos municipios a actuar por cuenta propia. Este es el caso de Burgos, que llegó a reclutar un cuerpo de 150 hombres de armas por su cuenta para hacer frente a los salteadores que asolaban su tierra apenas unas semanas antes de la celebración de las Cortes de Madrigal63. No obstante, solo una respuesta general y de carácter coordinado podía dar solución al problema. Ese era el principal punto fuerte de la propuesta que ahora presentaban los reyes.
A lo largo de toda esta etapa inicial de vida de este organismo se vino a insistir en que esta era la vía más adecuada para restaurar la justicia en el reino. Así lo señaló el propio Alonso de Quintanilla en el célebre discurso pronunciado ante los representantes del reino en la Junta de Dueñas, en el que destacó lo eficaces que habían resultado las hermandades en el pasado para hacer frente a los problemas de seguridad pública64. Recordó, además, que era el deber de los súbditos de la Corona, tanto para con Dios como para con sus reyes y sus conciudadanos, combatir aquellos elementos que amenazasen su libertad y su seguridad. Era su obligación actuar y aprender de los errores del pasado, cuando la inconstancia de los dirigentes de las ciudades, su pretensión de tratar asuntos que iban más allá de lo que les incumbía y la oposición que un monarca tan inconstante como Enrique IV habían frustrado el proyecto hermandino65. El bien común obligaba a emprender la vía de la Hermandad. No fue Quintanilla el único en incidir en estas ideas. Desde diversos sectores cercanos al trono se recordó que la principal obligación de los reyes era el mantenimiento de la paz y la defensa de la justicia –tal cómo indicaban las Sagradas Escrituras (Rm 13,4)–, y que la Hermandad, como principal instrumento para alcanzar tal fin, debía contar con el firme apoyo del reino. A la luz de todos estos argumentos, el objetivo final de la institución parecía ser lo suficientemente relevante como para justificar su existencia. Más aún, cuando esta en teoría debía de resultar mucho menos gravosa a los pecheros que el tradicional sistema de ingresos extraordinarios de la Corona, al que venía a sustituir. Las contribuciones hermandinas, se insistió, respetarían el principio de justicia distributiva a la hora de repartirse66. Además, tal y como defendieron autores como Alonso Ramírez de Villaescusa, la medida favorecería la prosperidad de los vecinos del reino, gracias al impulso económico que proporcionaría la situación de estabilidad a la que conduciría la labor de la Hermandad67. El coste sería, por tanto, muy inferior a los beneficios de los que disfrutarían los contribuyentes.
Pronto empezaron los dirigentes de la Hermandad a jactarse de lo efectiva que estaba resultando esta institución en la persecución del crimen, en aras a justificar su existencia. Esta postura se observa, por ejemplo, en una misiva que el capitán general, el duque de Villahermosa, envió a su hermanastro, el rey Fernando, en $1 4 8 0 ^ { 6 8 }$ . La efectividad de los cuadrilleros hermandinos se convirtió en uno de los aspectos más manidos de la propaganda real del período, que vino a conformar una visión de este organismo de la que, aún hoy, cierta historiografía sigue siendo deudora. Pese a todo, tal y como señaló en su momento el profesor Álvarez de Morales, aceptar que el problema del bandolerismo desapareció de la noche a la mañana resulta una aseveración ridícula69. Algo que se hace especialmente patente si profundizamos en la documentación de la época y, más allá de la propaganda, rastreamos las menciones a la difícil situación que siguió experimentando el reino hasta finales de la década de los setenta o al recrecimiento de los desórdenes públicos ya a mediados de la década de los ochenta70. En esta línea, hemos de considerar, por ejemplo, las referencias de Alonso de Palencia a la ineficaz actuación hermandina en territorio cordobés, donde hacia 1480 los salteadores de caminos se atrevían llevar sus golpes de mano hasta las puertas de la mismísima ciudad71. Esta falta de capacidad operativa de la Hermandad para perseguir el crimen puede explicarse, en buena medida, por lo exiguas que resultaban las partidas de gasto dedicadas a este tipo de asuntos. Así, vemos cómo las cantidades destinadas a incentivar la persecución de malhechores suponían un porcentaje ínfimo si comparamos esta partida con los gastos destinados al mantenimiento de conflictos exteriores o, incluso, a los emolumentos de los dirigentes de la institución72. La creciente presión fiscal y este desvío de fondos hacia otro tipo de asuntos lejanos a los intereses de las ciudades acabó por generar fuertes tensiones entre unos contribuyentes que se sintieron un tanto engañados, sentimiento que vendría a agravarse en años venideros.
El principal objetivo de la Hermandad a lo largo de sus años iniciales de existencia fue la lucha por la defensa de los derechos de doña Isabel a la Corona castellana. De hecho, es muy posible que esta fuera la verdadera motivación que llevó a los jóvenes monarcas a proponer la constitución de la Hermandad General, siendo la persecución de malhechores un objetivo secundario desde un primer momento, pese al discurso defendido frente a los procuradores de Cortes. Así lo expresaba el propio Alonso de Palencia, que puso el acento en cómo esta institución había facilitado a don Fernando disponer de un ejército que le permitió combatir sin excesivos costes a sus enemigos en unos momentos en los que su situación financiera era sumamente precaria73. Pero el desvío oficial de la Hermandad General de sus objetivos no podía producirse sin más. Era necesario justificarlo ante los ojos del reino y sus representantes en las Juntas Generales. Algo que presentaba cierta dificultad en un contexto en el que algunos ponían en tela de juicio la legitimidad de los monarcas para gobernar. Aun así, con suma habilidad, el conflicto con los partidarios de doña Juana fue presentado como la lucha contra una potencia extranjera, que había iniciado una guerra injusta contra Castilla74. El adversario de Portugal no solamente había emprendido el conflicto militar sin contar con una causa legítima para ello, sino que, además, había sobrecargado a sus propios súbditos con una serie de pechos y empréstitos claramente ilegales75. Frente a ello, los Reyes Católicos habrían desempeñado su obligación de defender el reino frente a una amenaza exterior, caso de suprema necesidad que los legitimaba a la hora de demandar nuevos servicios extraordinarios o a desviar las sumas que fueran necesarias a este asunto de grave urgencia76.
Curiosamente, no fue el bando isabelino el único que utilizó el argumento fiscal como parte de su discurso legitimador. A través de la crónica de Fernando de Pulgar, sabemos que los partidarios del bando de doña Juana pusieron el acento en la enorme presión fiscal que habían de soportar las ciudades castellanas desde la implantación de los servicios de la Hermandad77. Unas demandas de las que prometía eximir a todo el que los apoyara. Sin duda alguna, este tipo de argumentos debieron incidir en la que ya era una herida abierta en las ciudades castellanas. Las críticas por lo costoso que era el mantenimiento de esta suerte de fuerza militar permanente habían sido constantes desde un principio y el desvío de su atención y esfuerzos hacia la guerra, en perjuicio de sus propios intereses, no hizo sino aumentar. Mucho más cuando las tropas hermandinas eran incapaces de asegurar la seguridad de aquellos territorios que teóricamente habían de defender. Así lo observamos en territorio sevillano. Allí la Sierra Norte, región del alfoz hispalense limítrofe con Portugal, sufrió una serie de golpes de mano sin que nadie hiciera nada por evitarlos. El enfado de los regidores sevillanos por la falta de atención de las lanzas de la Hermandad a este asunto les llevó a proponer dejar de pagar la contribución y utilizar el dinero para mantener una fuerza que respondiera directamente ante ellos78. Solo las amenazas y presiones por parte del Consejo General de la Hermandad y de los propios reyes hicieron que los regidores de la ciudad del río Betis desistieran de esta idea79. No obstante, este ejemplo nos muestra que las tensiones no dejaban de agravarse.
Pese a todo, la estrategia del bando isabelino tuvo éxito y la guerra con Portugal y los partidarios de doña Juana pasó a convertirse en el principal objetivo de la Hermandad. La identificación de la institución con dicho conflicto fue tan elevado que, cuando este finalmente llegó a su fin, no fueron pocas las voces reclamaron la desaparición de las contribuciones a esta institución, recordando el principio de cessante causa80. Pese a todo, la monarquía se resistía a perder una fuente de ingresos tan sólida y estable. Menos aun cuando esta le permitía mantener un amplio y efectivo ejército siempre que lo necesitara. Sin embargo, resultaba muy difícil justificar el mantenimiento de la institución únicamente mediante el alegato a su eficacia en el mantenimiento del orden público, ya que resultaba evidente que había venido haciendo dejación de funciones en este sentido y la desconfianza por parte de los municipios se hacía cada vez más patente. Justo en ese momento, el que había venido siendo el principal argumento para legitimar la demanda de ingresos extraordinarios a lo largo del siglo XV, la lucha contra el infiel, volvió a cobrar protagonismo.
Sorprendentemente no fue la conquista de Granada, proyecto largamente acariciado por los monarcas castellanos, la que motivó esta nueva variación de la causa final que sustentaba la legitimidad de los ingresos que financiaban a la Hermandad, sino la lucha contra el turco. Desde 1453 el constante avance otomano resultaba cada vez más amenazador. Pese a ciertos reveses para sus armas, como el del sitio de Belgrado, las tropas de Mehmet II parecían imparables, más aún cuando los intentos por organizar una cruzada contra esta creciente amenaza habían resultado infructuosos o habían acabado en un completo desastre. En 1480 la situación se haría aún más preocupante. Tras una audaz acción, Otranto, plaza estratégica situada en la parte más meridional de la bota italiana, caía bajo el control de una armada turca81. A nadie se le escapaba que este acontecimiento era resultado de la debilidad de los Estados italianos para coordinarse frente a un ataque externo ni las graves consecuencias que podrían derivarse del dominio de una cabeza de puente como esta por parte de los turcos82. Por todo ello, Fernando e Isabel decidieron intervenir activamente ante esta amenaza utilizando los amplios recursos de la Hermandad castellana. Así, se distribuyó un repartimiento extraordinario en las regiones costeras83. La capacidad para generar consenso suscitada por la lucha contra el infiel, sin embargo, no impidió que se generasen resistencias en algunas de las regiones a las que se les ordenó financiar esta empresa. Más aún cuando todo parecía apuntar que el asunto de Otranto solo era una excusa esgrimida por los monarcas para generar una armada permanente y reforzar el proceso de integración de aquellas otras organizaciones fruto de la asociación de municipios que no se habían diluido totalmente dentro del proyecto hermandino84. La oposición en las provincias vascongadas fue particularmente intensa, tanto que incluso llegó a peligrar la integridad física de los representantes enviados a negociar en nombre de la Hermandad, aunque finalmente su labor acabara concluyendo con un éxito relativo, ya que la armada acabó tomando forma, pero nunca llegó a entrar en combate85.
El conflicto contra el turco no tuvo continuidad inmediata. La causa fue el estallido de la guerra contra Granada, que desvió la atención hacia un frente más inmediato y dio un empuje aún mayor a la lucha contra el infiel como principal argumento legitimador de la Hermandad. Pese a que el conflicto contra el reino nazarí no fue explicitado como uno de los objetivos fundamentales de la Hermandad en un primer momento, parece que siempre estuvo en la mente de los dirigentes de la institución, tal y como evidencia la referencia a este asunto en ese memorial anónimo presentado a los monarcas en la Junta de Dueñas (véase el apartado 9. Apéndice). Pues bien, el estallido de la conflagración llevó a que todos los esfuerzos de la Hermandad se dirigieran por completo a la consecución de la victoria sobre los enemigos de la fe. Para adaptar el entramado militar y financiero hermandino a las crecientes necesidades que imponía este basto proyecto, se decidió acometer una serie de importantes reformas, recogidas en el cuaderno de ordenanzas generadas durante la Junta de Torrelaguna de 1485, que vinieron a sustituir a todas las disposiciones anteriores. En este importante documento se evidencia como esta institución dejaba definitivamente a un lado su cometido como fuerza de mantenimiento del orden público para convertirse en una máquina de guerra bien engrasada86. No obstante, este hecho había generado agrias protestas por parte de unos procuradores que arrancaron a los monarcas una pequeña concesión: su compromiso de que un pequeño porcentaje del total de los ingresos fuera destinado a la persecución de malhechores87. A cambio, a las tradicionales demandas del servicio de la Hermandad se unieron unos gravosí- simos repartos de peones que elevaron los niveles de presión fiscal en gran medida. No obstante, pese a algunas quejas por prácticas fraudulentas en la gestión de los recursos88, estos repartimientos fueron aprobados por unos procuradores que parece que mantuvieron un alto nivel de apoyo mientras perduró un conflicto en el que la totalidad del reino se embarcó con ilusión89.
No cabe lugar a dudas de que el triunfo sobre Granada fue, en buena medida, producto de los esfuerzos de la institución hermandina. Por ello, la identificación de este conflicto con los objetivos finales de la institución fue aún mayor que la que se había producido durante la guerra de sucesión castellana. Tras la victoria definitiva de 1492, las voces críticas contra la Hermandad se levantaron más alto que nunca y la institución, que parecía haber perdido el rumbo, inició su lento declive. La victoria sobre Granada vino a justificar los grandes sacrificios que las ciudades de la Corona habían venido realizando hasta ese momento y, hasta cierto punto, permitió acallar esas voces críticas que volvieron a elevarse de nuevo contra la contribución hermandina. La reducción de la actividad de la Junta General favoreció que este tipo de quejas no encontraran excesivo eco en un primer momento90. Pese a ello, se produjo cierta resistencia a nivel local y la Corona se vio obligada a intervenir recordando a ciertos municipios que el compromiso que tenían de contribuir a la Hermandad no había desaparecido91. Es más, este logró renovarse, no sin esfuerzo, en la Junta celebrada en $1 4 9 3 ^ { 9 2 }$ . Sus dirigentes, sin embargo, eran conscientes de que su sistema financiero no podría mantenerse mucho más tiempo de la manera que lo había hecho hasta ahora y que era necesaria una intensa reforma que permitiera una mayor optimización de los recursos y justificase la extracción de los ingresos. En este contexto, vinieron a presentarse una serie de propuestas de amplio calado para la reforma del modelo de funcionamiento de la Hermandad, entre las que sobresale el célebre memorial de Alonso de Quintanilla en el que proponía el armamento general del reino93.
El estallido de la Primera Guerra de Nápoles obligó a posponer estas reformas, al tiempo que dotaba a los Reyes con un nuevo argumento que les permitió prolongar la Hermandad, contra todo pronóstico, durante tres años más. El conflicto generó grandes gastos y obligó a utilizar a las fuerzas de la Hermandad en escenarios muy alejados de sus bases de operaciones. Unos escenarios en los que parece que la operatividad de sus fuerzas no fue la mejor, pese a lo defendido por ciertos especialistas94. Además, a diferencia de lo ocurrido durante la Guerra de Granada es muy posible que esta campaña generara un amplio rechazo entre los representantes de las ciudades, aunque la escasa documentación conservada en torno al asunto que aquí nos ocupa nos impide poder asegurar algo, en este sentido, por el momento. Aun así, hay razones para creer, tal y como defendió el profesor Ladero Quesada, que amplios sectores dentro de Castilla vieron con muy malos ojos que se les obligara a embarcarse en un proyecto que solo parecía servir a los intereses de la Corona de Aragón95. Todos estos aspectos, unidos a la quiebra de la tesorería central de la Hermandad dirigida por Alonso Gutiérrez de Madrid, precipitaron la desaparición de los servicios que habían sostenido su mantenimiento hasta esas fechas.
6. ¿Santa Hermandad? Sacralización de la labor de la institución hermandina.
La legitimidad de la institución hermandina –y especialmente de los servicios destinados a mantener el costoso entramado que la misma suponía– acabó por asentarse, en buena medida, en la concepción de que esta era una institución que respondía a los designios de Dios. Un hecho que no era una completa novedad, sino que ya se había dejado de sentir en la Hermandad General instituida durante los años de la guerra civil castellana, tal y como denota el apelativo de santa que se asoció a esta96. Así, ya desde el inicio de la conformación de la institución, se vino a insistir en la inspiración divina de los objetivos perseguidos por esta97. De esta manera, se refleja en ese memorial anónimo presentado en la Junta de Dueñas al que hicimos mención anteriormente. En el mismo, el autor resalta cómo el aporte económico a la Hermandad resultaría mucho más beneficioso para afrontar el tránsito a la otra vida que las donaciones a otro tipo de obras pías, señalándose específicamente la de la liberación de cautivos. Y es que, tal y como señalábamos anteriormente, la consecución de la paz y la instauración de la justicia eran la principal labor de los monarcas, auspiciada por el propio Dios, y era el deber de todo súbdito apoyar esta. De ello se derivarían beneficios no solo materiales, sino también espirituales. Así mismo, no hemos de olvidar que la institución también se vinculaba en gran medida a dos cometidos trascendentales para todo buen cristiano, como eran la defensa de la religión y la lucha contra el infiel. Con respecto a la primera, baste recordar aquí que ya la Hermandad de Enrique IV había tenido un relevante papel en todo lo referente al control de otras minorías religiosas como judíos y mudéjares, que eran considerados como una amenaza potencial para la Corona98. Por su parte, la guerra contra el enemigo musulmán estuvo más presente en la constitución de esta institución de lo que tradicionalmente se ha venido señalando. Aspectos que muestran las referencias a este asunto en ese memorial anónimo de la Junta de Dueñas, en el que presenta la conquista del reino de Granada como uno de sus principales objetivos (véase 9. Apéndice).
Conscientes de que este halo de sacralidad que se vinculaba a la institución reforzaba su legitimidad, los reyes trataron de potenciarlo a través de los medios a su alcance. Para ello, se recurrió al alto clero castellano, tratando que este le diera su bendición a la empresa. Y, a pesar de las tensiones iniciales, consecuencia de esa pretensión de que todos los estamentos privilegiados, incluyendo a los eclesiásticos, participaran en la contribución de los servicios hermandinos, parece que algunos importantes sectores de la Iglesia castellana prestaron su apoyo desde un primer momento. No casualmente, algunos de los más importantes miembros del Consejo de la Hermandad tuvieron condición religiosa. Es el caso del provisor de Villafranca, Juan de Ortega, que, junto a Alonso de Quintanilla, fue el gran hombre en la sombra del proyecto hermandino. También el cargo de presidente de la institución, de manera simbólica, fue ocupado por un eclesiástico cercano a los monarcas. El primero en desempeñarlo fue Lope de Ribas, obispo de Cartagena, que, tras su deceso, fue sustituido por Alonso de Burgos, obispo de Córdoba99.
Pero no se conformaron los reyes con la legitimidad con la que pudo dotar el clero castellano a su nuevo instrumento de poder, sino que trataron de ir más allá y lograr la bendición del mismísimo soberano pontífice para esta empresa y el sistema de financiación ideado para mantenerla. Así lo evidencia una misiva enviada por los monarcas a sus embajadores en Roma, el obispo de Tuy, el abad de Sahagún y el doctor Juan Arias:
Otrosí diréis a Su Santidad como para pacificar estos nuestros reinos, e mejor poder ejecutar y mantener la justicia en ellos, hemos dado orden como se faga hermandad en todas las ciudades e villas e lugares de ellos, de donde ha resultado e resulta mucha seguridad e grandísima utilidad al estado eclesiástico e seglar. E porque para sustentación de la dicha hermandad se han puesto algunas imposiciones e sisas, e colectas e contribuciones de nuevo, e por ventura se converná de imponer algunas otras, suplicareis a Su Santidad quiera aprobar las que fasta aquí están puestas por nuestra autoridad e dar licencia e facultad para imponer las que necesarias fueren para la sustentación de dicha hermandad […]100.
No sabemos qué respuesta se dio a estas demandas de la monarquía castellana desde la Santa Sede, ya que no hemos logrado localizar aún documentación en torno a este trascendental aspecto. No obstante, podemos imaginar que la respuesta fue positiva, si tenemos en cuenta la receptiva actitud que mantuvo el clero castellano y la forma en la que los reyes siguieron incidiendo en su conformación. Lo que parece indudable es que la Santa Hermandad fue considerada una buena idea por parte de algunos de los titulares del solio pontificio a lo largo de este período, hasta el punto de que el propio Alejandro VI llegó a considerar la posibilidad de instituir un organismo similar en los dominios de la Santa Sede, para potenciar el control temporal que ejercía sobre estos territorios101.
Para recordar a todos el carácter sacro de la Hermandad, en ciertas localidades se dio orden de que se realizaran una serie de ceremonias que mostraran este hecho. Esta decisión tampoco suponía una completa novedad, ya que también la Hermandad constituida en tiempos de Enrique IV había estado asociada a diversos actos religiosos de carácter público destinados a reafirmar su legitimidad. De hecho, las propias Juntas Generales habían legislado en este sentido, tal y como se puede observar en las Ordenanzas de la Junta de Castronuño102. La excusa era propiciar a través de la oración colectiva el éxito de las empresas hermandinas aunque, tal y como resulta evidente, el objetivo real fuera legitimar al organismo. Ahora, vamos a ver cómo va a repetirse de nuevo este modelo, tal y como evidencian los actos celebrados en ciudades como Burgos. Allí ciertos sectores de los escuderos de la ciudad se habían negado a participar en los pechos para su mantenimiento103. La procesión que se organizó logró suavizar las tensiones generadas por este grupo social. Así, todo parece indicar que este tipo de ceremonias fueron utilizadas como una vía para vencer este tipo de resistencias y reforzar la adhesión popular a la institución.
Otro de los recursos utilizados para reforzar esta imagen de la Hermandad lo encontramos en el origen de algunos ingresos complementarios que vinieron a sumarse a esos célebres servicios de los que hemos venido hablando hasta el momento. Así, las disposiciones de don Fernando y doña Isabel para que el dinero reclamado por los delitos de usura y, posteriormente, las penas recaudadas por el Santo Oficio por herética pravedad sirvieran para costear los gastos de la Hermandad tenían, en nuestra opinión, una profunda carga simbólica104. Aquellos que atentaban contra las leyes del reino y las disposiciones de la Santa Madre Iglesia serían castigados y habrían de sostener con sus esfuerzos aquella institución que había venido a convertirse en el instrumento más visible mediante el que los reyes llevaban a cabo la misión divina que les había sido encomendada: el sostenimiento de la justicia. Una justicia que prestaría especial atención a delitos como la blasfemia y la herejía, tal y como se indica en un cuaderno sobre el funcionamiento de la Hermandad en Murcia fechado en $1 4 7 8 ^ { 1 0 5 }$ .
La efectividad de todas estas medidas resulta muy difícil de medir en el estado actual de nuestros conocimientos. Parece evidente que este fue uno de los elementos fundamentales para entender la aceptación de la nueva institución por las élites municipales, aunque no resulta sencillo determinar su grado de éxito. Esperamos que el la aparición de nueva documentación inédita en torno a este aspecto nos permita en un futuro dar una opinión más matizada al respecto.
7. Conclusiones.
La quiebra del servicio de Cortes, que había venido a aportar a la Corona el grueso de sus ingresos extraordinarios a lo largo de la mayor parte del siglo XV, obligó a las autoridades a buscar una vía sobre la que sustentar un nuevo pacto fiscal con las ciudades106. Para ello, se recurrió al tradicional asociacionismo urbano, conformando una Hermandad General que fue instrumentalizada por parte de la monarquía para constituir el primer modelo de ejército permanente que operó en Castilla. De esta manera, la nueva institución vino a canalizar parte sustancial de los recursos extraordinarios del Estado, que se dirigieron fundamentalmente al mantenimiento de sus fuerzas militares. Para que todo este complejo entramado funcionase se requería que unos ingresos extraordinarios que fueran no solo fiables y abundantes, sino también – he aquí la paradoja– regulares107. Ello suponía un aumento destacado de la presión tributaria que habrían de mantener los municipios, que, además, veían con desconfianza la pérdida de autonomía que podía suponer la implantación de la institución hermandina. Para lograr el consenso necesario tanto con estos municipios como con otros sectores políticos del reino, la monarquía dio pie a un amplio proceso de negociación. Este resultó un éxito gracias al alto nivel de participación que se otorgó, al menos, de forma teórica, a estos grupos en la conformación del nuevo modelo fiscal hermandino. Así, el amplio debate generado en torno a las Juntas Generales debió de generar un acusado sentimiento de participación en la toma de decisiones por parte de los procuradores, aun cuando estas únicamente correspondieron a unas pocas personas de confianza de los monarcas que componían en Consejo de la Hermandad. La existencia de unas Juntas Provinciales que reproducían este gran espacio de negociación a escala regional, pese a no ser más que un mecanismo a través del que se hacían extensivas las decisiones ya adoptadas por los órganos centrales de la institución, debió de hacer extensiva dicha sensación a buena parte de las ciudades y villas del reino, acabando con ese déficit de representatividad que había sustentado tantas resistencia a los ingresos extraordinarios durante buena parte de la centuria. Por último, la potenciación de las relaciones bilaterales entre los municipios y los órganos centrales de la Hermandad permitieron superar muchos de los problemas que fue generando la aplicación del modelo contributivo hermandino a escala local.
La integración de los municipios en el proceso de recaudación y gestión de los ingresos de la Hermandad, mediante un modelo de encabezamiento, vino a reforzar su implicación en el sistema financiero de la institución. Las haciendas municipales pasaron así a convertirse, más aún de lo que habían venido siendo hasta ahora, en un resorte administrativo de la maquinaria fiscal del Estado, aunque dotadas siempre de un amplio nivel de autonomía administrativa. Pese a ello, la Corona no perdió la capacidad para incidir sobre la toma de decisiones en el proceso de recaudación y gestión de los ingresos, mientras que aquellos relativos al gasto permanecieron siempre bajo su control. Este mayor nivel de participación en la gestión permitió que se superaran muchos de los lastres que habían venido a afectar a la recaudación de los servicios de Cortes.
Estos aspectos, unidos a un discurso legitimador que vino a beber de la dilatada experiencia de la monarquía en lo relativo a la negociación de recursos extraordinarios, permitieron conformar un sistema de recaudación sólido y fiable. Dicho discurso se centró fundamentalmente en el principio de bien común, resaltando el valor que la Hermandad habría de desempeñar en beneficio de los súbditos del reino a un bajo coste. No obstante, el objetivo final de este organismo osciló al calor de las cambiantes circunstancias políticas que atravesó Castilla. La restauración de la justicia, la defensa del reino o la lucha contra el infiel fueron sus principales empresas. Aunque tras todas ellas subyacía el ya citado concepto de utilidad pública. Solo cuando este objetivo final se disoció a ojos de los contribuyentes de ese principio, la Hermandad vio tambalearse el necesario consenso sobre el que se sostenía su sistema tributario. Así ocurrió tras la finalización de los conflictos con Portugal y Granada, cuando se hizo patente que las fuerzas de la Hermandad ya no resultaban útiles a nadie, puesto que abandonaban su labor guerrera y hacía mucho que no actuaban debidamente en la defensa de la justicia en el reino. El último gran conflicto en el que se vio envuelta, la Guerra de Nápoles, fue interpretado como un conflicto lejano a los intereses castellanos108. Incapaz de generar apoyos, la reforma que disolvería el modelo fiscal de la Hermandad se produciría en 1498. No obstante, la experiencia desarrollada a lo largo de estos años sería clave para la construcción del nuevo sistema de ingresos extraordinario de la Corona, también desde el punto de vista de su legitimación.
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9. Apéndice.
Texto 1. Memorial anónimo inserto en un capítulo de la Junta de Dueñas (1476)
AGS, Cámara de Castilla, Diversos, leg. 8, doc. 10.
Magníficos y muy nobles sennores.
En la Junta General que la Hermandad hiso en la villa de Duennas en el mes de jullio del anno de LXXVI. Mirando algunas cosas delas que ally se desian y acordauan me determine deles haser çiertos capitulos para conque segund mi pobre juysio por que los tiempos entonçes estauan rotos aquella se pudiese más esforçar y acreçentar. Y de que se pudiese aver dinero para ayuda de pagar la gente. Y con intención delos presentar enla primera Junta General que después se hiso en la villa de Santa Maria de Nieua sy no me fuera estoruado. Los quales después presenté embargos al sennor duque y al obispo de Cartajena, que Dios aya. Y dellos acorde de sacar el primero capítolo y con la reuerençia y correçión por mi demandada. De libre de lo presentar en vuestro noble y rreal consystorio para el pro de las cosas por mi suplicadas. Espeçialmente para la guerra de los moros suplico sennores a vuestra merçed por lo que toca al serviçio de Dios y de los dichos sennores reyes y al bien público, fasiendo vuestro propio deuer con los ojos del alma espiritual y temporalmente todo lo querais mirar e escodrennar (sic) y sin ninguna afeçión poner en obra como se confía de vuestras virtudes y (roto) conçiençias. Y confio en nuestro redentor y en la bienaventurada su madre, que en esta vida y enla otra os dará cumplido gualardón (sic). Ellos lo quieren todo a su santo serviçio.
El capítulo es el siguiente.
Primeramente ordenar que cada que alguna persona falleçiere sea obligado de mandar y que mande por su testamento y postrimera voluntad por ayuda delas cosas de la Hermandad por la fasienda que touiere de çient maravedíes uno. Que viene a mill maravedíes dies y a dies mill maravedies çiento. Y dende arriba y abaxo a este respeto y entiendo que sería tan grand descargo para las ánimas delos difuntos como sylo mandasen para redençion de catyuos y para otras cosas pías y mucho más. Y para que este tan grande bien sean obligados los difuntos de todos los tres estados, pues que a todos general y espeçialmente toca por la salvaçión de sus vidas, rrentas, onrras y estados. Y por que se sepa las personas que falleçieren en cada lugar que los curas y clérigos delas collaçiones sean obligados delos poner por escripto y dar la cuenta dellos alos mayordomos delas collaçiones o a otras personas que para ello fueren nombradas. Para que sobre juramento que fagan tasen las fasiendas delos tales defuntos. Y sennores, tengo creydo que desto se sacara una grand suma. Y sera grand descanso para las sisas y otras maneras de contribuyr de que se ha quexado y quexan algunos hidalgos y otras personas escandalosas y de malos deseos que no querrían que tan santo proposyto y conoçido bien como es la Hermandad permaneçiese.
Y muy magníficos y nobles sennores porque despues se acordo por los dichos sennores reyes que los hidalgos y clérigos no oviesen de contribuyr syno el primero año, con la rreuerençia y correçión ya suplicada mi pareçer seria sy por los dichos sennores reyes y por vuestra merçed este capítulo suso escripto se acordase que estos dos estados y los perlados (sic) y grandes del reyno y las otras gentes de pro, que limpiamente exerçen y exerçeran la guerra, ayan de mandar y manden por sus testamentos lo que cada uno por su propia voluntad le plasiera mandar como se acostumbraba mandar a la Trinidad y a la Merced. Y que al tiempo de su fyn ayan de ser amonestados por los curas y clérigos y otros religiosos que los confesaren por que la cosa venga en mas deuido efeto. Y en esto se mostrara mucho el selo que cada uno tiene o terna al serviçio de Dios y delos dichos sennores reyes espeçialmente pues que este dinero sera para la santa guerra y paçificaçion de los reynos.
Por que los hidalgos e clérigos que por si e por terçeras personas en qualquier manera tratare mercadorias sean obligadas de contribuyr y pagar por las fasiendas que trataren ygualmente con los otros mercaderes y pecheros como se contiene en el capítulo suso escripto. Pues es çierto en la guarda y ermandad (sic) aprovechara tanto a la guarda y saluaçion de sus hasiendas y mercadorías como a las de los otros mercaderes y pecheros. Y en esto se entienda que ayan dentrar todos los otros sus reynos pues será para cosa tan santa e provechosa a todos como ganar este tan pequenno reino de Granada. Y en tiempo de tan poderosos y nobles reyes. Y sera rasonable y conveniente cosa que todos de a ello de buena voluntad sus graçiosos consentimientos.
Y muy magnificos sennores placiendo a nuestro Sennor y a la bien aventurada su madre digo que aun que las gentes no mueran syno de viejos entiendo que se sacara una tal suma que precederá en mucho grado a los LXVI quentos de mi pequenna relaçión.
Pero con condiçión que por vos otros sennores en nombre de todos los reynos sean tomada tal seguridad a los dichos sennores rey e reyna nuestros sennores que no gasten este dinero nin toquen en ello para otra cosa alguna salvo para en esta tan santa guerra o como a la merçed vuestra vera que más cumpla y que non durara más tiempo de quanto sea ganado el dicho reyno de Granada que sera muy breue plasiendo a nuestro Sennor y a la bien aventurada Nuestra Sennora su madre, quien lo como ello sean seruidos y los dichos sennores reyes y todos sus reynos alegres y mucho aprouechados.
Y muy magnificos sennores sy para este caso será neçesaria yndulgençia de nuestro Santo Padre, que los dichos sennores reyes y vos otros sennores juntos con sus altesas ayais dembiar a su Santidad las suplicaçiones que sobre ello convenga.
Y muy magníficos y nobles sennores suplico a vuestra merçed mande mirar syla suma que de aqui se sacare será para mayor serviçio de Dios y cosa más prouechosa que no fue ni sera más de un cuento de oro quel legado y nuncios han sacado destos reynos de Castilla y de León después que los dichos sennores reyes reçebieron la corona real dellos.