¿Rebeldes o amotinados? La Corte Suprema de Justicia y el fuero militar en la construcción de un orden republicano en la Argentina, 1893-1905.
Rebels or Mutineers? Military Justice and the Making of a Republican Order in Argentina, 1893-1905.
Nicolás G. SILLITTI Indiana University.
RESUMEN.
Este artículo analiza los cambios en la forma de juzgar a los militares implicados en delitos de rebelión en Argentina en el tránsito del siglo xix al xx. Nos centramos en el estudio de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante las sublevaciones de 1893 y 1905 para explorar la conformación de un fuero militar republicano y el fortalecimiento de las capacidades punitivas del estado en un contexto de fuerte conflictividad política. Se sostiene aquí que las causas de rebeldes militares confrontaron diversas concepciones sobre la revolución, la libertad, y las garantías civiles.
PALABRAS CLAVE.
Argentina: Justicia; Militares; Siglo XIX.
ABSTRACT.
This article analyzes the changes that occurred in the way the military personnel implicated in crimes of rebellion in Argentina were tried in the late 19th and early 20th century. We focus on the study of the decisions of the Supreme Court of Justice of the Nation in the face of the uprisings of 1893 and 1905 to explore the formation of a republican military jurisdiction and the strengthening of the punitive capacities of the state in a context of strong political conflict. It is argued that the causes of military rebels confronted various different conceptions about the revolution, freedom, and civil guarantees.
KEYWORDS.
Argentina; Justice; Military; XIXth Century.
Las leyes militares y los consejos de guerra son, pues, instituciones protectoras de la libertad, en cuanto a castigar rápida y sumariamente al que empuñe armas, para trastornar el juego regular de las instituciones.
Domingo Faustino SARMIENTO.
No es admisible, en ningún caso, bajo ningún concepto, equiparar el delito civil al delito militar, equiparar el ciudadano al soldado. Son dos entes absolutamente diversos. El militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces.
Carlos PELLEGRINI.
En este artículo se analizarán los cambios en la forma de juzgar a los militares implicados en delitos de rebelión en Argentina en el tránsito del siglo XIX al XX. Con ese objetivo, nos concentraremos en la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las causas seguidas a miembros del Ejército por su participación en distintos alzamientos y rebeliones. En primer lugar, abordaremos el juicio al que fue sometido el coronel Espina en el marco de los levantamientos de 1893, por considerarlo un hito en la historia de las causas militares sublevados. Luego, analizaremos los fallos del máximo tribunal en las causas de los miembros del ejército rebeldes de 1905. Estos tienen la particularidad de haber sido los primeros realizados bajo el código de Justicia Militar sancionado en 1898. Sostenemos que en la década transcurrida entre la causa Espina y los procesos de 1905 se consolidó una nueva manera de concebir la relación entre las fuerzas armadas y el delito de rebelión, caracterizada por una mayor autonomía del fuero castrense en relación a la justicia federal.
¿Cómo juzgar a los militares rebeldes? Perspectivas y tradiciones en la segunda mitad del siglo XIX.
La vida argentina de la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por sucesivas rebeliones que pusieron en cuestión la autoridad de los poderes públicos. La participación militar, una constante de cada una de estas revueltas, suscitó el debate en torno de cómo juzgar a los militares. ¿Cuáles eran los tribunales apropiados? ¿Acaso eran materia de la justicia federal o de los consejos de guerra del fuero castrense?
En la década de 1860, con el país unificado tras la integración de Buenos Aires a la Confederación y la aceptación de una misma constitución por parte de todas las provincias, las rebeliones de gauchos, conocidas como montoneras, desafiaron al Estado Nacional1 . Años más tarde, en 1874, fue Bartolomé Mitre quien se alzó en armas contra el Gobierno para protestar por un supuesto fraude en las elecciones presidenciales que culminaron con el triunfo de Avellaneda y la derrota del propio Mitre2 . Una nueva rebelión de considerable magnitud tuvo lugar en $1 8 8 0 ^ { 3 }$ . En dicha ocasión, la revuelta estuvo encabezada por los díscolos dirigentes de Buenos, Aires que no terminaban de aceptar la subordinación de la provincia más poderosa al Estado nacional. Julio Argentino Roca, al mando de las tropas nacionales, fue el vencedor de la contienda. Luego de una década de pax roquista, la revolución regresó a escena en 1890 de la mano de una agrupación opositora llamada Unión Cívica, que recelaba del concepto de progreso, materialista y poco atento a las virtudes cívicas, esgrimido por la generación del $I 8 8 0 ^ { 4 }$ . En 1893 y 1905 sacudieron la escena pública5 . En dichas oportunidades, los instigadores principales fueron los partidarios de la Unión Cívica Radical, organización nacida en 1891 de una división intransigente de la Unión Cívica. Todas estas conmociones contaron con el protagonismo decisivo de algún sector del ejército.
Una vez disipada la pólvora de los combates, surgía en una y otra vez el debate acerca del castigo que merecían los vencidos. En 1863 el Congreso estipuló que “rebelión” y “sedición” eran delitos “contra la seguridad interior” cuyo tratamiento era materia de los tribunales federales. Sin embargo, la misma ley dejaba intacto al fuero militar. Los delitos cometidos por militares quedaban sometidos a la justicia castrense según los términos previstos por las ordenanzas de Carlos III –leyes que regían la organización del ejército argentino todavía en los primeros tiempos del país constitucional.
El fuero militar resistió al ímpetu reformista del temprano liberalismo poscolonial6 . En 1823, durante el debate sobre la abolición de los fueros personales, el coronel Manuel Dorrego propuso dejar vigentes los fueros militar y eclesiástico. El entonces jefe del bando de los federales había ideado un artículo para preservar la influencia de los capitanes de milicia sobre sus milicianos. Este artículo fue posteriormente refrendado en 1863 por el congreso. Aquella ley dejó planteada entre las dirigencias una pregunta que resulta de particular interés para este artículo: ¿qué hacer con los militares involucrados en las rebeliones? ¿Era preciso juzgarlos según su condición de civiles o, más bien, de acuerdo a su condición de militares?
En la nueva etapa abierta tras el derrocamiento del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas en 1852 y la posterior construcción de un régimen liberal republicano y constitucional en el país, primaron dos respuestas diferentes, y acaso contrapuestas, a este interrogante7 . Por un lado, se delineó una visión que enfatizaba el carácter político del delito de la rebelión y, por añadidura, entendía a la revolución armada como acto cívico. La condición de ciudadano primaba en esta perspectiva por sobre la condición de militar. Así, a tono con la naturaleza política del crimen, los acusados de alzarse en armas contra la nación debían ser juzgados por tribunales ordinarios. Una concepción republicana del derecho a resistir la tiranía subyace a este argumento. Podía ser que los rebeldes se equivocasen –y ese caso serían juzgados–, pero su delito estaba enraizado en el legítimo derecho de contestar al poder que gozaban todos los ciudadanos ante el despotismo. Bartolomé Mitre fue uno de los representantes principales de ese enfoque. En 1869, a propósito de unas implacables ejecuciones ordenadas por el entonces presidente Domingo Sarmiento, Mitre se refirió los juicios militares como “tribunales de sangre”. Años más tarde, fue el propio Mitre quien encabezó un levantamiento dirigido a impugnar a las autoridades nacionales. En esa ocasión, frente a la posibilidad de un juicio militar, sus seguidores argumentaron que la rebelión era de claro carácter político, aún más allá del grado castrense de Mitre.
Otra mirada distinta sobre el problema de los juicios postulaba, en cambio, que los militares eran hombres que las instituciones de república habían armado para su defensa. Por lo tanto, tenían responsabilidades especiales y estaban sujetos a una justicia especial. El carácter militar implicaba el abandono de la condición ciudadana de pleno derecho. Cualquier miembro del ejército que pretendiese derrocar a los poderes constituidos de la República debía ser juzgado por tribunales militares y de acuerdo con las leyes castrenses. Tras la sanción de la constitución nacional en 1853, fue Domingo Faustino Sarmiento quien se inclinó con más vehemencia por esta manera de castigar. Las rebeliones de gauchos ocurridas durante su mandato fueron severamente reprimidas mediante leyes militares8 . El fusilamiento de los montoneros Bartolomé Clavero y Zacarías Segura, ordenado por tribunales castrenses, son ejemplos claros de este uso de la justicia militar durante la presidencia del sanjuanino9 .
Amparado en el ejemplo de Abraham Lincoln, quien se valió de los códigos castrenses durante la Guerra de Secesión norteamericana, Sarmiento fue proclive a castigar a los rebeldes aplicando las leyes militares. A su juicio, el poder ejecutivo debía gozar de amplios poderes para castigar los desafíos armados a su autoridad.
Estas dos posturas divergentes acerca de cómo juzgar a los militares implicados en las revoluciones delimitaron un campo de conflictos entre tribunales federales y castrenses. Ezequiel Abásolo se refiere a esta polémica en forma genérica haciendo alusión a los marcialistas, que suscribían la posición sarmientina, y los civilistas, favorables a las ideas de Mitre10. Estos bandos no eran en modo alguno irreductibles, es preciso aclarar, sino que los actores de la época esgrimieron alternativamente uno y otro argumento en función de las diversas coyunturas y sus propias posiciones en el campo político. En 1874, por ejemplo, Manuel Quintana y el general Emilio Mitre defendieron con ahínco la idea de que los oficiales que habían participado de la rebelión mitrista eran culpables de un delito político. Años más tarde, no obstante, ambos aplicarían el rigor de la justicia militar a los sublevados de 1893 y 1905. Desplazamientos argumentales de este estilo obedecen a transformaciones ideológicas de más largo alcance en el seno de las elites más que a inconsistencias circunstanciales. La creciente preocupación por el orden público es el hilo conductor de esas transformaciones.
Desde fines de la década de 1860, según señala Eduardo Zimmermann, la justicia federal tuvo éxito en la delimitación de áreas específicas de su influencia. En sucesivas ocasiones, la Corte afirmó la potestad de los juzgados federales en la causas de rebelión en detrimento de los tribunales castrenses11. La justicia federal combinó el papel de agente de la autoridad nacional en las provincias con la erección de un sistema de protección de los derechos individuales relativamente autónomo de los demás poderes. Según Zimmerman, esta fue una característica fundamental del proceso de construcción estatal en la Argentina de fines de siglo $\mathbf { X } \mathbf { I } \mathbf { X } ^ { 1 2 }$ .
Zimmermann se ubica en un camino interpretativo trazado por Jonathan Miller, quien apuntó que las decisiones de la Corte Suprema en cuestiones relativas a delitos contra el orden sirvieron de influencia moderadora a las apetencias de castigos más severos por parte del poder ejecutivo13. En el largo período que va de 1860 a 1930, sostiene Miller, los fallos del máximo tribunal buscaron garantizar la protección de los ciudadanos en tiempos de conmoción política. La defensa del recurso de hábeas corpus, la aceptación de fianzas en casos de rebelión y la limitación del accionar del fuero castrense fueron las principales expresiones de esa búsqueda.
Ahora bien, desde el punto de vista de los rebeldes, ¿qué diferencias había en el hecho de ser juzgado en el fuero federal o en el castrense? La respuesta es sencilla: los códigos militares incluían penas mucho más duras. El ejemplo más claro es que la legislación militar contemplaba la pena de muerte entre sus castigos posibles. A esta amenaza se sumaba el carácter sumario de sus procedimientos y el hecho de que la justicia castrense funcionaba bajo la órbita del Presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De este modo, para los rebeldes una derrota implicaba quedar a merced de la venganza.
Las leyes federales, en cambio, garantizaban un juicio en los tribunales de la Nación y el respeto de ciertos derechos civiles básicos –como la posibilidad de apelación– , que estaban por completo ausentes en el fuero militar. En caso de culpabilidad, además, la pena más grave contemplada por leyes federales era algunos años de destierro. La presunta levedad de estos castigos fue motivo de disgusto para algunos gobernantes como Sarmiento y Pellegrini, que creían necesarias penas mayores para conjurar el peligro constante de los levantamientos armados.
Hacia fines del siglo XIX, en el marco de un nuevo recrudecimiento de la conflictividad política, el panorama de un fuero castrense limitado por la acción de la justicia federal descripto por Zimmermann y Miller se transformó notablemente. Las posturas de la Corte Suprema viraron hacia la convalidación de márgenes mayores de autonomía a la justicia militar. En la misma línea, el Gobierno desplegó un ambicioso programa de reformas orientado a la subordinación de las fuerzas armadas a los poderes civiles. Como veremos, el caso del coronel Espina es el primer quiebre en esa historia y los juicios de 1905 representan la consolidación de esa tendencia.
Una condena a muerte: el caso del coronel Espina.
El 28 de septiembre de 1893, en fallo unánime y tras de un proceso de apenas un día, un consejo de guerra de oficiales generales encontró culpable del delito de “rebelión” al coronel Mariano Espina y lo condenó a ser pasado por las armas14. Espina era acusado de haberse embarcado en la torpedera Murature conociendo de antemano el proyecto de alzamiento y con la intención de ponerla a disposición de las fuerzas que propiciaban el derrocamiento del Gobierno nacional. Una vez detenido, con el país bajo estado de sitio, se le incomunicó y fue procesado. Pocas horas más tarde se conoció el duro veredicto: Espina era responsable del delito más grave que podía cometer un oficial del ejército y el castigo que merecía era la muerte.
A través de un decreto, el Poder Ejecutivo corroboró la sentencia y fijó fecha de ejecución para el sábado siguiente “a las 8 de la mañana en el terreno inmediato del hipódromo argentino”15. El fallo causó estupor en la opinión pública. Numerosas notas periodísticas y diferentes organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para pedir clemencia. El castigo capital por razones políticas estaba prohibido por el artículo dieciocho de la Constitución. Además, en diversos círculos sociales, una pena semejante remitía a los tiempos del terror rosista. Pagar con la vida una disidencia política, pese a que había sido habitual en la década de 1850, era parte de un conjunto de prácticas que los organizadores del Estado nacional habían consideraban incompatibles con el espíritu de una república16.
El artículo dieciocho de la Constitución, redactado por Juan Bautista Alberdi, eliminaba la pena de muerte por causas políticas. En 1860, la comisión revisora de la Sala de Representantes de Buenos Aires suscribió esa decisión. No obstante, el castigo capital aún estaba contemplado en las ordenanzas militares que organizaban la vida de los ejércitos de la República. Los mencionados casos de Clavero y Segura, ejecutados durante la presidencia de Sarmiento sirven para ilustrar los usos posibles del derecho castrense en épocas de conmoción política.
El poder ejecutivo justificó la severa condena a Espina en el alto grado del acusado y en el hecho de que la Nación se encontraba en estado de guerra. Deseoso de fortalecer su autoridad, el presidente jugó una carta fuerte. Amparado en su condición de comandante en fefe de las fuerzas armadas, calificó al delito de Espina de delito militar. Acompañó el castigo con el deseo de que sirviese “de saludable ejemplo, muestre el poder de la autoridad y reprima pasiones desbordadas”17. Algo similar aconsejó el auditor de guerra, Ceferino Araujo, al proponer que la pena fuera ejecutada para dar “un severo escarmiento al ejército”.
La sentencia del Consejo de Guerra se apoyaba en el artículo 26 del tratado $8 ^ { \circ }$ correspondiente al título 10 de las ordenanzas militares, que establecía:
Los que emprendieren cualquiera sedición, conspiración o motín, o indujeren a cometer esos delitos contra mi Real Servicio, seguridad de las plazas y países de mi dominio, contra la tropa, su comandante u oficiales, serán ahorcados en cualquier número que sean, y los que hubieren tenido noticia, y no los delataren luego que puedan, sufrirán la misma pena18.
El sentido de estas palabras fue motivo de una profusa batalla interpretativa a lo largo de todo el proceso judicial. Para Espina y sus defensores la ausencia del término “rebelión” era clave. Un crimen no existe antes de ser nombrado y su denominación, lejos de ser mera nomenclatura, lo constituye. La primera línea del artículo aludía al “motín” y la “sedición” pero nada decía de “rebelión”. Allí residía la diferencia entre un delito de carácter militar y otro de carácter político.
El mismo día 27 de septiembre, apremiado por la inminencia del fusilamiento, el abogado defensor de Espina, Aristóbulo del Valle, presentó un escrito ante la justicia federal solicitando al juez que “reclame y defienda su legítima jurisdicción y traiga la causa ante sus estrados”19. Tanto el fiscal como el juez de primera instancia aceptaron los argumentos de Del Valle. El fiscal señaló que, en delitos de sedición o rebelión, lo importante es el delito cometido y no quien lo comete. De otro modo, estaría siendo reestablecida la vigencia de fueros personales estrictamente prohibidos por el artículo dieciséis de la Constitución Nacional. La calificación del crimen y la premisa de igualdad ante la ley eran los dos puntos fuertes de la oposición a la condena impuesta por el consejo de guerra a Espina.
Cuando un juzgado federal aceptó entender en la causa, el Poder Ejecutivo ya había ordenado la ejecución de Espina. El juez Lalanne se sirvió de la Pragmática Real sobre bullicios populares de 1774 para defender la competencia federal en la causa:
Declaro que el conocimiento de estas causas toca privativamente a los que ejercen jurisdicción ordinaria [...] inhibo a otros cualquiera jueces sin excepción alguna por privilegiado que sea [...] prohíbo que puedan formar competencia en su razón y quiero que presten todo su auxilio a las justicias ordinarias [...]. Por cuanto la defensa de la tranquilidad pública es un interés y obligación natural común a todos mis vasallos, declaro asimismo que en tales circunstancias no puede valer fuero, ni exención alguna, aunque sea la más privilegiada y prohíbo a todos indistintamente que puedan alegarla, y aunque se proponga, mando a los jueces que no la admitan y que procedan no obstante a la pacificación del bullicio y justa punición de los reos de cualquiera calidad y preeminencia que sean20.
Durante el siglo XVIII, en su afán por instituir la posibilidad de juzgar a quienes atentaren contra el Rey, la corona había establecido que toda ofensa contra la “tranquilidad pública” era delito de jurisdicción ordinaria. Esta disposición apuntaba a que nadie pudiera guarecerse en un fuero particular a la hora de ser juzgado por sus ataques a la monarquía21. Algo más de un siglo después, un juez argentino se valía de aquella idea para sostener la competencia de la Justicia Federal en detrimento del fuero castrense e impugnar la posibilidad de que el poder ejecutivo decidiese en una causa referida al orden público. Según esta óptica, la condición militar de Espina no importaba y los delitos políticos eran materia de la justicia federal.
El presidente se mantuvo firme y rechazó los argumentos del juez. A través de un comunicado firmado por el ministro de guerra, Luis María Campos, el Gobierno insistió en que Espina era culpable de un delito militar “por la naturaleza del hecho y por el lugar donde lo perpetró”22. Además, agregaba que el acusado ya había aceptado la jurisdicción militar al ejercer su derecho a defensa ante los tribunales castrenses. El recurso de competencia, por lo tanto, no tenía lugar. El gobierno se negaba a suspender la ejecución y la suerte de Espina parecía echada.
El juez Lalanne no se resignó y, en un intento más por evitar el fusilamiento, reivindicó una vez más su competencia. Estaban en juego las garantías del acusado y, en definitiva, las de todos los ciudadanos. El magistrado sostenía que los procedimientos sumarios de la justicia militar debían ser pasibles de revisión. Caso contrario,
serían ineficaces las prudentes y previsoras disposiciones legales encaminadas a la garantía de los derechos y vanos todos los esfuerzos realizados para asegurar los beneficios de la libertad para los habitantes del suelo argentino, si en algún momento, esa libertad, la vida o el honor, pudiesen estar a merced de aquel poder que mueve y regula los procedimientos de los tribunales militares23.
En el desarrollo de este conflicto, el Gobierno y el juez delinearon diferentes interpretaciones acerca de la relación entre las garantías de los ciudadanos y el estado. La Constitución era letra viva y abierta a múltiples lecturas. Mientras el Gobierno buscaba la forma de castigar a Espina por sus propios medios y del modo más severo, sus detractores veían en este intento un avance despótico del poder estatal.
La corte finalmente aceptó el recurso de competencia e intervino en la disputa. Entretanto, para fortuna de Espina, el presidente Luis Sáenz Peña, haciéndose eco del “alto aprecio del pueblo argentino por la vida”, accedió a conmutar la pena de muerte por una condena de veinte años de prisión24. Se había evitado la ejecución de un hombre a manos de la República. Quedaba todavía en suspenso la controversia respecto del tribunal al que correspondía juzgar el delito de rebelión.
La rebelión como delito político: una defensa.
Desde el momento en que fue apresado, Mariano Espina contó con la asistencia letrada de Aristóbulo del Valle, quien poco tiempo atrás había sido ministro de Guerra del presidente Luis Sáenz Peña. Del Valle abandonó ese cargo precisamente a causa del estallido de las revoluciones de 1893. La relación entre Espina y su defensor no era nueva ni ocasional. Juntos habían participado de las jornadas revolucionarias del parque en julio de 1890.
Del Valle se ubicó claramente en la tradición que postulaba la naturaleza política del crimen de rebelión. “La causa del coronel Espina es una causa esencialmente política” fueron sus primeras palabras ante el máximo tribunal cuando la causa del oficial comenzó a ser tratada en Marzo de $1 8 9 3 ^ { 2 5 }$ . El defensor recordó que “en ningún tiempo después de la organización constitucional del país se había aplicado la ley militar a los delitos como el de que se trataba”26. Los tormentos físicos, abolidos por ley en 1864, se sumaban a todos los excesos que se habían cometido contra el oficial. Las garantías del reo estaban siendo violadas ya que “no había acusación, no había cargo, no había testigos, había más que un hombre engrillado y los comisionados para juzgarle”27. Era inaceptable que el presidente interviniese para “decidir causas que afectan la vida y la libertad de los ciudadanos”28- Las leyes militares no tenían ámbito alguno en esta causa. La justicia castrense, además, carecía “de imparcialidad en las causas políticas, porque los jueces son subordinados del Presidente contra el cual ha alzado las armas y para quien el procesado es un adversario, un enemigo”29.
Del Valle sostuvo hasta el cansancio que “el coronel Espina no ha tenido ni ha podido tener otra intención que la de derrocar al presidente de la República o disolver el Congreso Nacional para cambiar el Gobierno y la situación política del país”. Ese crimen se ajustaba a la definición de “rebelión” prevista en la ley de 1863, que incluía al delito entre las competencias de la justicia federal:
No se le ocurre a nadie que el coronel Espina ha sido procesado por lo que propiamente se llama un motín militar. La situación del país demuestra que atravesamos una época anormal [...]. Trátase pues de un hecho relacionado con una profunda perturbación social de carácter político, reconocida por los poderes públicos30.
Los objetivos de la rebelión eran los que hacían imposibles que fuesen juzgados por un tribunal militar:
el militar traidor, reo de lesa patria, tiene el amparo de la justicia civil, y se discute el mismo amparo y la misma protección para el que no incurrió en aquel feo delito, sino para el que en un momento de pasión se lanzó a la revuelta civil por motivos justos o injustos, pero que eran de tal naturaleza que arrastraban a millares de sus conciudadanos31.
Al igual que el fiscal de primera instancia, Del Valle citó las antiguas órdenes reales que situaban al delito de rebelión en el ámbito de la justicia ordinaria, “porque la justicia ordinaria es la justicia del rey y porque el fuero militar es un privilegio que no se puede invocar contra el monarca cuando éste es la parte damnificada”32. Expresamente, las reformas de Carlos III habían despojado del fuero militar a quienes se resistiesen a la justicia, sellaren moneda o utilizaren armas cortas de fuego. Esto dejaba a las “asonadas, motines, tumultos y rebeliones” en manos de la justicia del rey. La corona había colocado su autoridad por encima de los poderes privados y particulares, abarcando incluso a los militares.
Por si la letra de las ordenanzas españolas no era suficiente, Del Valle acudió además a un evento local para ilustrar su punto. La revolución mitrista de 1874, todavía fresca en la memoria de muchos contemporáneos, había suscitado una disputa similar a la ocasionada por el caso Espina. En aquella oportunidad, el fiscal José María Pico se había extendido largamente a favor de juzgar a los rebeldes militares en jurisdicción civil. La causa llegó a la Corte solo después de que se hubieran dictado indultos y sancionado amnistías. Por lo tanto, los jueces del máximo tribunal pudieron sortear la responsabilidad de pronunciarse claramente sobre la disputa de competencia amparados en el hecho de que, al no existir más el delito, no podía ya emitirse fallo alguno.
En su afanosa defensa, Del Valle echó mano a otro ejemplo aún más cercano en el tiempo, la causa del buque Pilcomayo. En 1891 arribó al puerto argentino un barco con marineros chilenos que escapaban la guerra civil que sacudía al país trasandino. El gobierno chileno solicitó a su par argentino la detención y extradición de los marinos a quienes tildaba de criminales de guerra. Las autoridades argentinas, apoyadas en la decisión de la Corte Suprema, respondieron negativamente a la petición de tratar a los prófugos como delincuentes militares, ya que eran considerados responsables de un delito político.
Auxiliado por la interpretación del derecho real y algunos ejemplos del pasado reciente, Del Valle proclamó a viva voz la improcedencia de los consejos de guerra y la competencia de los tribunales federales en el caso del Espina. Su principal argumento era que, ante un delito político, la justicia militar no tenía injerencia alguna.
La corte y el fuero militar: el fin de una tradición.
En el mes de diciembre, el máximo tribunal se colocó en una línea interpretativa distinta a la de Aristóbulo del Valle. A través de su fallo en la causa de Espina, convalidó la autonomía de la justicia militar para entender en causas de oficiales rebeldes. La Corte respondió así a la profunda crisis de legitimidad abierta por las rebeliones de la década de 1890 con un endurecimiento de las doctrinas de castigo. Al menos en cuestiones vinculadas a la justicia castrense, la preocupación por las garantías ciudadanas, señalada por Miller y Zimmermann, cedió frente a la voluntad de dotar al Estado de fundamentos jurídicos para subordinar a los miembros de las fuerzas armadas.
Tres cuestiones presentes en el fallo de Espina sintetizan esta actitud del alto tribunal: afirmación de la potestad del fuero castrense para entender en delitos de cualquier naturaleza cometidos por miembros de las fuerzas, el rechazo a la idea de que la existencia del fuero contradecía el principio de igualdad y la validación constitucional de los Consejos de Guerra y sus procedimientos.
Pocos días antes de que se conociese la opinión de la Corte, el procurador de la Nación, Sabiniano Kier, emitió su dictamen. Refirió allí a la dificultad de resolver la cuestión debido a la “multiplicidad e incoherencias de nuestra legislación nacional”. Para Kier, la ley de 1863, que había dejado vigente las ordenanzas reales de 1769, habilitaba los Consejos de Guerra. En cuanto a los fueros, el procurador consideró que la ley de 1823 no contradecía a la carta magna pues únicamente dejaba vigentes los fueros de la causa y no los personales. Así ocurría en todas las “naciones modernas.” Kier afirmó que el delito de Espina era un delito militar que caía bajo el fuero castrense. “No creo que exista un sólo código que no sujete a jurisdicción militar el delito cometido en cuartel, campamentos o buques de guerra: tal delito no es un acto de carácter civil”, escribió33. Tras la palabra del procurador, quedaba a los supremos resolver la cuestión. La causa de este coronel enfrentó en el seno de la Corte a las dos concepciones respecto del delito de rebelión cometido por militares que dominaron la segunda mitad del siglo xix.
Los jueces emitieron su fallo tras analizar los alegatos de la defensa y conocer el dictamen del fiscal. Por tres votos contra dos triunfó la opinión de que Espina debía ser juzgado por la justicia militar. Así, la tradicional actitud tendiente a limitar la aplicación del fuero militar en materia de rebeliones llegaba a su fin. Los jueces Abel Bazán, Octavio Bunge y Juan Torrent sostuvieron esta decisión. Sin embargo, lo reñido de la votación refleja la vigencia de la perspectiva opuesta, que entendía al delito de rebelión como un delito político propio del ámbito federal. El juez Benjamín Paz, presidente del tribunal, y el conjuez Juan María Gutiérrez, se inclinaron por esta opción.
El dictamen de mayoría afirmó que la legislación militar era una legislación de “excepción” que “deriva su fuerza y su vigencia de la ley fundamental que es la Constitución”34. El Congreso tiene las facultades de dictar leyes que regulen el funcionamiento del ejército y la marina. Por lo tanto, la ley de 1863, que sostenía la vigencia del fuero militar debía ser acatada. No obstante, recordaron los jueces, este fuero no debía entrar en contradicción con las garantías constitucionales:
Sería de todo punto inconciliable [...] que un militar pudiese ser privado del derecho de defensa en juicio, o de su propiedad, por medio de la confiscación, o sometido a tormento, o a la pena e azotes, o a la pena de muerte por causas políticas; penas que la Constitución ha abolido para siempre en la República Argentina (artículo diez y ocho).35.
Aunque los derechos comprenden del mismo modo “a la clase militar que a la civil”, era posible aplicar la pena de muerte a las causas militares, ya que así lo estipulaban las ordenanzas del Ejército. En la sutil diferencia entre las causas políticas y el delito militar se extendía un abismo que habilitaba el castigo capital. La disputa por nombrar el delito era decisiva. Quien fuera capaz de clasificar el crimen sería capaz al mismo tiempo de designar los jueces con los que correspondía juzgarlo.
Los jueces del máximo tribunal no escaparon a la delicada cuestión de los fueros que Del Valle había puesto en entredicho. Recogieron el guante sin rodeos y contestaron:
Toda la argumentación desenvuelta por la defensa del acusado sobre el trillado fundamento de la abolición del fuero militar, con el designio de evidenciar que esa abolición ha dispensado a su defendido de las sumisiones que las ordenanzas del ejército le imponen como soldado, siempre que se trate de un delito político, es de todo punto inconsistente36.
Si los delitos nacen de la infracción de una ley penal, era preciso determinar qué leyes habían sido infringidas por Espina. ¿Acaso había violado alguna ley militar? En ese caso, correspondía que fuese juzgadas por tribunales castrenses pues la ley de 1863 “no excluye a la ley militar de entender y resolver en los casos de rebelión de fuerzas militares”37.
La jurisdicción de los consejos de guerra derivaba así de la infracción de la ley y no de la condición de militar de Espina. Con esta interpretación, la Corte salvaba las contradicciones planteadas por la vigencia de la justicia militar española a la abolición de los fueros personales establecida en la Constitución argentina. El orden y la disciplina eran vitales en los ejércitos de la Nación. Olvidar estos principios implicaba poner en riesgo la continuidad de la institución castrense y, por añadidura, la de la nación misma.
El coronel acusado había sublevado una torpedera de las fuerzas armadas, no había comunicado los rumores que conocía acerca de un levantamiento a sus superiores y había desobedecido la cadena de mando. Espina era un rebelde, era cierto, pero según la corte era un rebelde militar. Los jueces apoyaban la calificación del delito que había hecho el poder ejecutivo:
actos que se dirigen a conmover la masa de un ejército, a sublevarle en todo o en parte, a relajar su disciplina, como a combatirlo y destruirlo, quebrantan las leyes de su organización, y cuando son ejecutados por personas que forman parte de ese mismo ejército, constituyen un delito militar, con arreglo a los artículos de las ordenanzas citados38.
A su vez, este dictamen ponderó positivamente los procedimientos sumarios de la justicia militar, tema que había provocado polémica entre el Gobierno y el juzgado federal. La existencia de un fuero castrense, particularmente en causas de esta índole y gravedad, era “indispensable a la disciplina, la estabilidad y el orden de los ejércitos”. Más aún, la justicia ordinaria conspira, “con sus formas lentas y muchos otros inconvenientes”, contra la rapidez y la eficacia que requiere el juzgamiento de militares acusados de rebelión.
El juez Octavio Bunge presentó algunas disidencias que reforzaban todavía más las potestades del fuero castrense. Afirmó que Espina no solo había cometido un delito militar, sino que había incurrido en el más grave de ellos: la desobediencia. El coronel había desoído las órdenes del Presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Para Bunge, este crimen, estaba comprendido en las figuras de “motín”, “sedición”, o quien profiriese palabras para alentarlo, contenidas en la controvertida ley de 1823. La justicia militar era, en forma inobjetable, el ámbito propio de estos delitos. En cuanto al funcionamiento del fuero, y en particular de los consejos de guerra, el juez defendía su absoluta constitucionalidad. La conformación y los procedimientos de los Consejos estaban regulados por leyes anteriores a los hechos. La designación ad hoc de sus miembros no era un gesto arbitrario del poder ejecutivo –que siempre entendía en los casos de Consejos de Guerra–, sino una facultad establecida legalmente.
Con esta decisión de 1893, la Corte avaló la constitucionalidad de los mecanismos tendientes a instaurar mayor control sobre los uniformados utilizados por el poder Ejecutivo. Garantizar la esfera de acción de la justicia castrense, puesto que esta dependía del Presidente, era favorecer la construcción de la autoridad y figura del primer mandatario. La Corte dejaba de ser un árbitro y una influencia moderadora para ponerse a tono con los tiempos políticos.
El dictamen de minoría, firmado por el presidente del tribunal, Benjamín Paz, y el conjuez José María Gutiérrez, presentó argumentos que sostenían la competencia de la justicia federal en materia de rebeliones destacando la pervivencia de la tradición que colocaba a la rebelión entre los delitos políticos, por más que hubiera sido cometido por militares. En primer lugar, para Paz y Gutiérrez, no constaba que Espina hubiera utilizado recursos militares, que hubiera faltado a una comisión que tenía encomendada o que se hubiere servido de su autoridad para convocar subordinados. No cabía entonces la calificación de “motín”. De todas maneras, ambos jueces se explayaron acerca de la autoridad de los tribunales militares y los delitos que eran de su competencia. Recurriendo a la tan citada ley de 1823, ofrecieron una interpretación diferente a la de Bunge. Mientras que esa ley hacía referencia a los delitos que no pueden ser cometidos por personas que no sean militares, la rebelión puede ser obra de cualquier ciudadano:
un militar que sin usar de su autoridad ni de los medios militares de que dispone, ni del mando ni comisión que se le confió, comete delito –el de rebelión por ejemplo–, no incurre en delito militar desde que el hecho que realiza, lo pudo producir en completa igualdad de condiciones –salvo la de carácter de personal militar– cualquier otro ciudadano39.
Juzgar al rebelde por su condición de militar implicaba la aplicación de un fuero personal contrario a las bases republicanas del gobierno. La prohibición constitucional de estos fueros volvía inválido el artículo 4to de la ley de 1823 que sujetaba a jurisdicción militar todo delito cometido por un militar dentro de cuarteles. Para los jueces, este “fuero de lugar”, aplicado a algo inanimado como los cuarteles, era la “extensión figurada” del fuero personal y, por tanto, inaceptable.
Paz y Gutiérrez también expresaron su rechazo a la idea sostenida por Bunge de que una rebelión podía juzgarse en fuero castrense, con el pretexto de que constituye una desobediencia al comandante en jefe. Insistieron en que “está fuera de lo posible que un militar pueda rebelarse contra el Presidente de la República sin faltar a la obediencia que le debe como superior jerárquico”40. Forzosamente, todo militar que participase de una rebelión rompía la cadena de mando.
En las leyes argentinas, la desobediencia militar conllevaba un castigo mayor que la rebelión, pero esto era obra de la falta de homogeneidad en el cuerpo legal de la República, no de una jerarquización racional de los crímenes. Una vez más, se hacía evidente que luego de la organización constitucional del país, la convivencia del derecho republicano y antiguas leyes españolas configuraron terrenos ambiguos abiertos a múltiples interpretaciones. Paz y Gutiérrez se preguntaban:
¿es tan evidentemente más grave la insubordinación contra el superior militar que la rebelión que tiene por objeto derribar al Presidente, disolver el Congreso y derrocar a las autoridades de la Nación?41.
El crimen político debía ser superior a la falta militar. Para los jueces no había “ley anterior para proceder por consejo de guerra, tratándose del delito de rebelión, sea cual fuese la persona que lo cometa”42. Dejar actuar a la justicia militar en estos delitos sería privar a los ciudadanos de los jueces designados por la ley, en este caso los federales, hecho expresamente prohibido por el artículo 18 de la Constitución. Desde esta perspectiva, en materia de delitos políticos, la figura del civil –con sus derechos y garantías– seguía colocada por sobre la del militar, disciplinado y obediente frente a las autoridades. Esta postura, minoritaria en el fallo de la Corte, habría de perder terreno frente al surgimiento del militar como un tipo especial de ciudadano sujeto de deberes y derechos especiales. La emergencia de esta clase de ciudadano fue efecto del despliegue de políticas estatales destinadas a fortalecer al poder del Ejecutivo a la hora de enfrentar los habituales levantamientos armados.
Desde 1874 en adelante, todas las rebeliones habían estimulado iniciativas oficiales dirigidas a sancionar un código que reformulase las relaciones entre el Estado y las fuerzas armadas. Sin embargo, los proyectos que aguardaban su aprobación en el parlamento no lograron prosperar por falta de consenso. El caso de Espina –inscripto en el ciclo de revoluciones de la década del 90– dio nuevo impulso al proyecto de código de justicia militar, especialmente abocado a delitos como el de rebelión, que fue finalmente sancionado a través de sucesivas leyes entre 1894 y 1898.
Los consejos de guerra y el levantamiento de 1905.
Febrero de 1905, una vez más hay levantamiento en la Argentina, y, una vez más, hay militares involucrados. A causa de la manera en que fue tramado, sus protagonistas y las discusiones que suscitó, el levantamiento de 1905 se asemeja mucho a las revoluciones de la segunda mitad del siglo xix. Un grupo de políticos civiles –radicales en este caso–, junto a sectores del ejército intentan derrocar al Gobierno enarbolando los principios del sufragio libre y la reparación moral de la Nación. Sin embargo, más allá de las similitudes, también había algunas diferencias importantes. Había tenido lugar una profunda renovación de las estructuras militares, cuyos rasgos más salientes eran la adopción de un nuevo código de justicia militar en 1895 y la instauración conscripción obligatoria en 1901.
Es fundamental aquí reseñar algunos de los cambios introducidos en el fuero castrense que tuvieron incidencia en la forma de juzgar a los militares implicados en rebeliones. La instauración del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1895, además de una nueva codificación de las faltas castrenses, modificó las relaciones entre los militares y la justicia. Dicho Consejo fue instituido como la última instancia de decisión en materia judicial castrense. Con este cambio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedaba al margen del mundo militar, con excepción de unas pocas cuestiones como las causas que ameritasen una revisión de la constitucionalidad de los procedimientos.
Esta era una novedad significativa, pero no la única. En el nuevo código se veían afectadas notablemente muchas de las garantías civiles, insignias del credo liberal republicano. La justicia castrense se componía solamente de dos instancias: los consejos de guerra –los había de diferentes tipos según la circunstancia– y el Consejo Supremo. Los reos no contaban con posibilidad alguna de apelación, gozaban únicamente de dos recursos –infracción y revisión–, que se presentaban ante el Consejo Supremo, cuyas sentencias, como hemos dicho, eran definitivas. Los castigos sumarios también se ampliaban, junto con los poderes de los jefes inmediatos que podían disponerlos de modo verbal. Además, seguían vigentes la pena de muerte y polémicos métodos de castigo. El código, como veremos en el capítulo siguiente, no era lo que muchos hubieran esperado de los poderes de la República.
Todas estas reformas, auspiciadas en buena medida por un clima de intensa conflictividad política y social, tenían por objetivo afinar los mecanismos de disciplina y control de la institución militar. La Justicia, ubicada en el centro de esos dispositivos, fue fundamental en la creación de una figura del ciudadano militar diferenciada del civil. Los fallos de la propia Corte Suprema en referencia a los sublevados de 1905 son parte de esa historia.
Manuel Quintana fue el primer presidente en contar con esa nueva legislación para castigar a militares rebeldes. Desde el primer minuto en que se conoció la noticia de que la base del alzamiento que procuraba derrocarlo estaba en el ejército, no dudó en aplicarla. Movilizó a las tropas leales y dispuso el fusilamiento de cualquier militar rebelde que se encontrase con armas en la mano.
El 7 de febrero de 1905 ordenó la conformación de consejos de guerra especiales encargados de juzgar el delito de “motín”, en todas las regiones afectadas por el levantamiento. Aunque constituidos en tiempos de paz, según el nuevo código, este tipo de consejos estaban autorizados a proceder como si se tratase de tiempos de guerra. Eran tribunales reservados para delitos disciplinarios graves como el motín, la sedición o la traición, que requiriesen “represión inmediata”. La señal del primer mandatario era clara: castigaría con dureza a los implicados. En lo que creía que eran tiempos excepcionales, había echado mano de tribunales especiales inventados para juzgar hombres especiales: los militares.
Los consejos comenzaron a funcionar pronto. Día tras día, sostuvieron largas sesiones en las que comparecían los militares apresados. La prensa, obligada por el estado de sitio a ceñirse a la información oficial sobre el movimiento, dedicó largas columnas a estos juicios castrenses y presentó extensas transcripciones de los dictámenes a medida que estuvieron listos.
Uno de los casos que más atención suscitó fue el de los implicados en la tragedia de Pirovano. Este juicio estaba a cargo del Consejo Especial de la Capital Federal, que funcionaba en Palermo. El día 16 de febrero, luego de cuatro horas de sesión secreta, el mayor Aníbal Villamayor, el teniente Eduardo Gibelli y al subteniente Horacio Guillermón, protagonistas de los desafortunados hechos en la estación de tren, oyeron sus sentencias. Recibieron las penas de ocho, cinco y medio y tres años de prisión respectivamente, junto con la degradación. Los tres eran culpables del delito de rebelión por “haberse alzado públicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno nacional” en la madrugada del día $4 ^ { 4 3 }$ . En el caso de Villamayor, el hecho se encontraba agravado por haberse servido de su grado militar para llevar adelante el movimiento. En el mismo acto de la condena, Villamayor renunció a cualquier presentación ante otra instancia en tanto que el Dr. Julio A. Rojas interpuso un pedido de revisión para ante el Consejo Supremo para sus defendidos, Gibelli y Guillermón. Este pedido motivó la exploración de los intersticios legales de la justicia militar. Para los propios miembros del Consejo, no estaba del todo claro a quien debía remitirse la causa para su revisión. Las dudas surgían del carácter especial del Consejo y de la impericia que derivaba de las primeras experiencias de su utilización. Una opción indicaba que el pedido debía elevarse al jefe del ejército y, la otra, que correspondía al Consejo Supremo de Guerra y Marina entender en el asunto. Ante la imposibilidad de encontrar una salida, se solicitó al Presidente que tomase una resolución definitiva.
El fiscal general del Consejo Supremo de Guerra y Marina, José María Bustillo, artífice de la legislación militar de la época, se manifestó rotundamente a favor de la potestad del máximo tribunal militar luego de analizar la causa. En su análisis destacó que:
el consejo constituido especialmente por decreto del presidente, en uso de sus atribuciones legales, es un tribunal que, si por la gravedad de los hechos en que debe intervenir funciona con el mismo procedimiento rápido y expeditivo que los tribunales en tiempos de guerra, no es en cambio un tribunal de tiempo de guerra por la sencilla razón de que el país no está en estado de guerra44.
Además, en el decreto se había invocado los artículos 509 y 510 del código referentes a los procedimientos sumarios en tiempos de paz. Por todo ello, “ no siendo un tribunal de tiempo de guerra, los recursos no se conceden para ante el general en jefe del ejército en campaña sino para ante el consejo supremo”45. Los términos de la vista eran algo duros por lo que un día después, Bustillo hizo llegar a través del auditor del consejo especial, Risso Domínguez, una carta en la que “ofreció amplias satisfacciones” a los miembros del mismo. Benavides, presidente del Consejo, y los demás integrantes, se dieron por satisfechos. La breve y caballeresca contienda originada en el poco conocimiento de las nuevas leyes castrenses no obturó el fin principal de los procesos que consistía en condenar a los rebeldes.
En los días siguientes, el Consejo Supremo trató las causas de Gibelli y Guillermón y varios otros recursos que llegaban de diferentes puntos del país, relativos a los sublevados de distintas regiones. En estos dos casos particulares –y en la amplia mayoría de ellos–, el Consejo Supremo confirmó las sentencias de los tribunales especiales y rechazó las presentaciones de los abogados defensores convalidando de ese modo las actuaciones de los consejos especiales. A los reos les quedaba un solo camino para escapar de la jurisdicción militar: reclamar la intervención de la Corte Suprema alegando la inconstitucionalidad de los consejos de guerra.
Consejos de guerra y derechos ciudadanos: críticas.
Los procesos de 1905, como los de 1874 y 1893, también involucraron a reputados hombres públicos en la defensa de los sublevados. Ello revela que la cuestión de la rebelión y las formas legítimas de castigarla seguía despertando debates en el seno de los grupos dirigentes.
Esta vez, fue Roque Sáenz Peña quien asumió la tarea de presentar ante la corte suprema argumentos a favor del respeto a las garantías civiles. No fue el único. Rodolfo Rivarola –quien en los años siguientes continuaría atento al tema de la justicia militar– y Carlos Delcassé también estuvieron entre los notables abogados que señalaron los atropellos a los derechos ciudadanos en el juicio. Si bien la defensa de Sáenz Peña puede considerarse parte de la tradición de fuerte impugnación a los consejos de guerra que había encarado Aristóbulo Del Valle, hay un cambio fundamental entre los argumentos del defensor de 1893 y los esgrimidos en 1905. Esta vez ya no estaba en discusión la naturaleza del delito de rebelión. Los abogados de los sublevados aceptaron sin cuestionar las potestades del fuero castrense.
“El caso actual se simplifica”, dijo Sáenz Peña, “por cuanto mis defendidos aceptan y solicitan la jurisdicción militar”46. Este pedido revela que el código de justicia militar había sido exitoso en la imposición de nuevos términos a la discusión sobre los levantamientos castrenses. Ya no existía margen, como en la segunda mitad del siglo XIX, para reclamar que los tribunales federales juzgasen casos de rebelión militar. Sin embargo, quedaban todavía muchas cuestiones que objetar.
La estrategia de los defensores se concentró en la crítica a los consejos especiales. Los argumentos en contra del accionar de estos consejos pueden dividirse en dos planos. El primero consiste en la presentación de una serie de objeciones procedimentales. El segundo se dirige a la raíz y cuestiona la constitucionalidad misma de estos tribunales. Estos dos aspectos se perciben bien en la exposición de Roque Sáenz Peña ante el máximo tribunal quien solicitó:
calificar nula e írrita la conformación de aquel Consejo Especial y sus procedimientos como también su competencia por repugnar el artículo 18 de la Constitución Nacional y a disposiciones terminantes al Código de Justicia Militar47.
¿Cuáles eran los fundamentos de esta opinión del futuro presidente? Los consejos especiales eran ilegales ya que habían sido creados el 7 de febrero, día en que no se encontraba “un ciudadano en armas en toda la República”48. No había margen para aplicar procedimientos propios del estado de guerra, sino que lo apropiado era llevar adelante los juicios en tribunales permanentes de tiempo de paz. De otro modo, el estado de sitio estaría siendo confundido con la ley marcial. Tal como había afirmado Del Valle doce años antes, aun bajo estado de sitio existen límites al poder del Gobierno que resguardan derechos inviolables de los ciudadanos. No había circunstancia alguna que posibilitara el avance sobre las garantías civiles.
En muchos casos, ni siquiera habían sido respetadas las reglas establecidas para la conformación de los consejos. Como ejemplo, Sáenz Peña citaba que los grados militares de muchos oficiales que integraban los tribunales no eran los adecuados a las normas. Tampoco existían las circunstancias que, según el artículo 53 del código, habilitaban la creación de tribunales especiales, ya fuera la de tratarse de una zona de frontera, un territorio a más de cinco días de un lugar donde estuviere asentado un tribunal permanente o una escuadra de navegación. Para Sáenz Peña, la prohibición de los juicios por comisiones especiales, el hábeas corpus y la aplicación de las leyes preexistentes en cualquier proceso constituyen la tríada indivisible, de inspiración inglesa, sobre la que descansa la libertad civil. En una lectura abiertamente republicana de las leyes militares, Sáenz Peña sostuvo que el código de 1898 vino a “alcanzar las garantías comunes a los juicios hasta las filas del ejército” ausentes en las viejas ordenanzas españolas.
Aquí se entabla una disputa con el procurador de la corte, Julio Botet, en la que retorna el precedente de Espina. Invocando la jurisprudencia sentada por la causa de 1893, Botet había aconsejado rechazar los pedidos de inconstitucionalidad. Sáenz Peña era contrario a esta posición:
$\therefore \mathrm { Y }$ cómo podría ser desfavorable con relación al caso del coronel Espina la tesis de estos procesados? ¿Acaso podía pretender aquel la justicia permanente? ¿Podía aducir las garantías acordadas en este momento por el código, siendo así que aquel cuerpo de leyes no existía, como no existían tampoco los tribunales instituidos posteriormente?49.
Aún con la sanción de nuevas normativas, la referencia a la causa del coronel Espina delata la pervivencia de conjunto de dilemas irresueltos. La cuestión de la justicia castrense activaba las tensiones entre las garantías ciudadanas y los poderes del Estado.
Los consejos especiales se situaban en el límite de la prohibición constitucional de juzgar a cualquier ciudadano a través de comisiones creadas a posteriori de los hechos. “La justicia permanente es el ideal de justicia”, recordaba Sáenz Peña, y agregaba un párrafo acerca de la necesidad de tener presente este principio en tiempos de convulsiones políticas:
los delitos políticos como los militares conexos con ellos producen como efecto inmediato la exaltación de pasiones encontradas, que se agitan en el campo de la abolición o del castigo; la masa social se divide en dos fracciones y se embandera en dos tendencias, que comprometerían la suerte de los reos, su honor y su vida cuando esos jueces especiales hubieran de salir de las filas militantes, constituyendo comisiones transitorias, impregnadas de parcialidad y animadas de rencores50.
Se advierte así la preocupación por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, utilizando el código, intentara situarse por encima de la Constitución. Sin extenderse demasiado, Saénz Peña llegó a sugerir que el fuero –y no solo los consejos especiales– era inconstitucional en su totalidad, al señalar que en las propias páginas que hacen de introducción al código se admitía que algunas de sus disposiciones eran contradictorias con el texto constitucional.
Los fallos de la corte y la consolidación de un fuero excepcional
$\it \dot { \omega }$ fue la respuesta de la Corte ante estos alegatos? El tribunal sostuvo en todos sus fallos la constitucionalidad de los consejos especiales, en línea con las leyes sancionadas por el congreso en 1898. Al mismo tiempo, profundizó el giro iniciado en 1893 garantizando la autonomía del fuero militar.
En 1902, la causa seguida a Julián Arabehety por insubordinación sentó importante jurisprudencia respecto de la incumbencia del flamante fuero militar. En esa ocasión, el procurador Sabiniano Kier –quien fuera el fiscal de la causa Espina– elaboró la primera interpretación del código de justicia militar en el ámbito de la Corte. En su dictamen, reconociendo la “naturaleza excepcional” del fuero, aconsejó rechazar un pedido de inconstitucionalidad presentado por Arabehety contra un tribunal militar51. El argumento, fuerte, afirmaba que “no existiendo otra jurisdicción después del consejo supremo en el orden militar, sus decisiones causan ejecutoria”52. Los jueces de la corte fueron igual de categóricos que el fiscal: “el código de justicia militar no ha hecho a esta corte juez de apelación de las sentencias de los consejos de guerra”53.
Para 1905, con los precedentes de Espina, la nueva legislación y el caso de Arabehety, el panorama de los rebeldes militares parecía poco auspicioso. La primera causa que llegó a la Corte vinculada con el levantamiento de febrero fue la del mayor Aníbal Villamayor. En consonancia con la causa Arabehety, los jueces también denegaron el pedido de inconstitucionalidad de los Consejos de Guerra. El fiscal general Botet estimó en su dictamen que la Corte Suprema “no es instancia de apelación de ningún tribunal de Guerra”54. El fallo de los supremos siguió una línea similar, aunque admitía la posibilidad de que la Corte pudiese intervenir en apelaciones referidas a tribunales militares –los casos delimitados por el artículo 14 de la ley 48 de $1 8 6 3 -$ , estipuló que no podía haber pronunciamiento en esta causa, ya que tampoco se había expedido el Consejo Supremo. La cuestión era que Villamayor, al no haber interpuesto excepción alguna ante la sentencia del Consejo Especial, privó al Consejo Supremo de Guerra y Marina “de la oportunidad de legal de pronunciarse respecto de la cuestión de competencia que se había promovido”55. La decisión del tribunal especial era inapelable y el mayor se había quedado sin la oportunidad de que su caso fuese revisado.
La postura de la Corte de mantenerse al margen de la justicia militar se manifestó de forma todavía más nítida en la causa del teniente Pedro Quiroga. El abogado de Quiroga había alegado que los Consejos de Guerra eran contrarios al artículo 18 de la Constitución. El fiscal, sin embargo, sostuvo que esos Consejos habían actuado en “nombre de la Nación”. El presidente Quintana –en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas– había dictado “el decreto del 7 de febrero próximo pasado, proveyendo a los juicios sumarios, con la constitución de consejos de guerra especiales, necesarios a la indispensable represión que esos hechos imponían”56. Tal acción del Poder Ejecutivo, “legítima y obligada”, estuvo fundada en la percepción de que la “sublevación” estaba radicada “en su mayor parte en el ejército, dado los alzamientos producidos en algunas de sus fracciones y cuerpos destacados en varios y diferentes puntos de la república, en momento y hora determinada, como respondiendo a una consigna general”57. Para reprimir el levantamiento –que lesionaba la disciplina del Ejército– el Presidente había hecho uso legítimo de sus poderes militares. No había nada de inconstitucional en ellos, como tampoco lo había en los Consejos Especiales:
No puede seriamente sostenerse que al serle sometido el Teniente Quiroga, haya sido sacado de sus jueces naturales como agravio de la garantía constitucional que le ampara en tal concepto; pudiéndose por el contrario, afirmar sin dudas ni vacilaciones, que dentro de la Constitución, de la ley y la jurisprudencia, el Consejo de Guerra que ha juzgado al teniente Quiroga ha sido juez natural para reprimir su delito y su agravio a la moral y disciplina del ejército de la Nación, con la rapidez y la energía impuesta por las circunstancias del hecho58.
El fallo de la corte se mantuvo en la línea trazada por el fiscal. No había razones en el desarrollo del proceso que ameritasen la revisión constitucional. Esta revisión, admitían los jueces, era potestad de la Corte. Sin embargo, la cuestión de la competencia era bien diferente. La corte insistió en el argumento de que no le correspondía expedirse acerca de la actuación de los consejos. Sostuvo además que la ley que reglamentaba su existencia, conformación y funcionamiento era previa, rechazando así el argumento de inconstitucionalidad y resguardando la jurisdicción militar.
Además, el Poder Ejecutivo fue excusado de toda sospecha de arbitrariedad. La constitución había conferido al Congreso la facultad de dictar las leyes que regulasen el funcionamiento de las fuerzas de tierra y mar:
ese organismo especial con sus leyes de fondo y de forma, se ha fundado en la necesidad de colocar al ejército y la armada en una situación diferente a las demás partes del mecanismo gubernamental, ya que por su composición, ya por las reglas que deben gobernarlo, de modo de contenerlo ante la sociedad desarmada, dándole al mismo tiempo la unidad y dirección que la ejecución de las órdenes requiere59.
En uso de esas facultades, los legisladores habían hecho al delito de rebelión susceptible de ser juzgado en sede militar. En uso de esas facultades, también se le había otorgado al presidente la posibilidad de constituir los consejos especiales. Desde el punto de vista de la corte, esto no era contradictorio con la prohibición constitucional de ejercer funciones judiciales que pesaba sobre el poder ejecutivo. Este fallo reforzaba la decisión de 1893 de apoyar la construcción de un ámbito militar de deberes y derechos diferenciados, sujeto a una justicia propia con amplios márgenes de autonomía. Los fines de la institución castrense de “proveer a la defensa común” y “consolidar la paz interior de la Nación” lo ameritaban.
Finalmente, vale decir, esto avivaba el espinoso tema de la igualdad ante la ley. ¿Acaso correspondía un mundo de leyes y sanciones diferentes para los hombres que portaban las armas de la República? $\it { i } \mathrm { E n }$ qué medida el fuero castrense afectaba el principio de igualdad?
En el fallo referido al coronel Pedro Zeballos, los jueces abordaron esta cuestión. Ofrecieron allí una singular conciliación de la existencia del fuero, que combinaba la igualdad ante la ley con la existencia de diferencias concretas:
Que los fueros han sido abolidos como contrarios al principio de igualdad ante la ley; y ese principio, según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes de la ley según las diferencias constitutivas de ellos, y que cualquiera otra inteligencia o acepción de ese derecho es contraria a su propia naturaleza e interés social60.
Estas expresiones coronaron la transformación iniciada en 1893 con la causa Espina. Aquel caso permitió la construcción de argumentos que delimitaban un campo de acción propio para la justicia castrense. Posteriormente, la sanción de un código de justicia militar planteó nuevos términos a la relación entre los militares y el delito. Las causas de 1905, transcurridas bajo las reglas de esa nueva legislación y amparadas en nueva jurisprudencia, señalan el fin de una tradición de la Suprema Corte tendiente a limitar el accionar de la justicia militar61.
Palabras finales.
Durante el período que va en 1893 y 1905, los fallos del máximo tribunal respecto de la participación de miembros de las fuerzas armadas en los casos de rebelión fueron clave en la emergencia de la figura del militar como un tipo de ciudadano diferente. Además, los discursos jurídicos que tramaron esa emergencia contribuyeron a legitimar relecturas del vínculo entre Estado y garantías ciudadanas que ponían el acento en las capacidades estatales de castigo y represión en tiempos de desorden. Rebeliones, revueltas y revoluciones cambiaban de signo y, junto a ese cambio, las elites dirigentes impulsaron nuevas formas de codificar la relación entre transgresión y poder.