ARTÍCULOS Las declaraciones públicas de perpetradores en contextos posdictatoriales.
Las claves de la monarquía en las Cortes de Cádiz.
Ángeles HIJANO PÉREZ Universidad Autónoma de Madrid.
Escribir hoy sobre la monarquía católica que tuvo el poder en España durante el siglo XIX es una tarea complicada, pues se trata de una etapa muy larga cronológicamente hablando y demasiado ardua por las variables que se producen en la misma. Esas variables indican, como es habitual en la historia española, que la monarquía ha sido la fórmula política más frecuente en este amplio período.
Por otra parte, plantear un estudio teórico sobre la monarquía española es una de las materias que han estado medianamente olvidadas. En los últimos años del siglo pasado, los historiadores nos dedicamos especialmente a examinar los problemas económicos, las clases sociales o el movimiento obrero, quedando sin estudiar los protagonistas del sistema político monárquico, pues no era una materia interesante o urgente. Posteriormente ha habido estudios biográficos sobre distintos reyes y reinas que han ido engrosando la materia, aunque sin profundizar en el concepto de monarquía.
Desde esta perspectiva, parece ser que la monarquía adolece de estudios y, por esa razón, intentaré exponer las cuestiones que considero más importantes sobre la materia. Los mejores trabajos sobre las relaciones de las cortes de Cádiz con la monarquía han sido ya publicados en distintas ocasiones y en este trabajo se quiere partir, fundamentalmente, del texto constitucional para hacer las valoraciones. No obstante, no pueden olvidarse los estudios de Emilio La Parra1 y de Manuel Moreno Alonso2 , ambos artífices de multitud de trabajos sobre la constitución de Cádiz y la vinculación de la misma con la monarquía española y con la invasión napoleónica.
Parece que a lo largo del siglo XIX la monarquía pasó por distintos estadios, desde el carácter federal, apreciado en Cádiz, hasta la reconversión a una forma de gobierno monárquico más convencional3 . Allí llegó a decirse que la soberanía era ya nacional y no monárquica, que el rey lo era por consentimiento expreso de la nación y que su poder y capacidad política estaban determinados por las mismas Cortes4 . Como veremos en el estudio del capítulo referido a la monarquía en el texto de Cádiz, resulta obvio que tal texto contiene una supuesta contradicción interna, pues otorgaba al rey una parte del poder ejecutivo y una coparticipación con el legislativo.
Dejando al margen los años de la monarquía absoluta, me centro en la monarquía surgida de la primera revolución ocurrida en España en el siglo XIX. De ella surgió una constitución, la de Cádiz, cuyo capítulo relativo a la monarquía ofrece un modelo no democrático, pero sí representativo.
Para fijar una cronología que no desborde el estudio, me centraré en los años en que España estuvo formando parte del sistema constitucional y desde ahí, ver cómo trató la Constitución de Cádiz la cuestión monárquica.
En cualquier caso, un estudio sobre esta materia no puede incluir, por razones obvias de tamaño, todos los aspectos que sería necesario valorar, quedando así algunas materias inacabadas, esperando a situaciones futuras.
Significados de monarquía.
Veamos qué significa monarquía. ¿Se trata de una forma de gobierno, de un régimen político o de qué estamos hablando cuando decimos monarquía? En primer lugar, es necesario concretar de qué monarquía estamos hablando. La española sería una monarquía surgida de una revolución liberal-burguesa, propia de finales del siglo XVIII y principios del XIX, a través de la cual se fue configurando un sistema político, muy cambiante a lo largo del siglo y que dio distintas imágenes desde el inicio hasta su fin5 .
La monarquía puede ser entendida como una forma de gobierno adecuada para una forma específica de sociedad. Ya hace tiempo que Bagehot estableció que la monarquía suele ser utilizada en países que la consideran como una fuente clara de legitimidad, que suele verse favorecida por tener un prestigio moral, y ser una fuente de boato y de pompa que son muy gratos a las masas6 .
Parece obvio que España optó desde tiempo inmemorial por esa forma de gobierno, sin cuestionarse a qué grupo de la sociedad le parecía el mejor modelo. Quizás las razones para demostrar que esa era la forma de gobierno más interesante para España, sea la realidad del tiempo que ocupó en su propia historia. Si nos fijamos en una obra clásica acerca de la monarquía en España, comprobaremos que la monarquía ha sido la forma de gobierno en etapas previas a la etapa de la revolución liberal y que, ya desde la etapa de los reyes medievales, la monarquía ha sido el formato elegido.
Desde Aristóteles acá, el gobierno de uno se conoce como monarquía, una voz con dos acepciones próximas, pero distintas. Se usa para designar tanto una forma de gobierno como para dar nombre a una forma de Estado7 .
Al incluir el calificativo de católica a la palabra monarquía, España ha hecho de la religión una clave esencial de su identidad8 . La monarquía española siempre ha tenido una estrecha relación con el poder de la Iglesia y con la religión católica9 .
Si nos fijamos en la etapa de la guerra y la revolución de 1808, ya nos encontramos con una materia importante y de enorme contenido. Pero ese no podría ser el único apartado de este artículo, sino que deberíamos dar cabida a otras etapas, dentro del mismo siglo, en las que la situación de la monarquía fue cambiando.
Veremos cómo las distintas constituciones realizadas en España en el siglo XIX fueron más conservadoras que progresistas, pudiendo afirmar que de 1814 a 1820 y de 1823 hasta 1837, España careció de verdaderas instituciones liberales y siguió regida, sobre todo hasta 1834, por el sistema absolutista10.
La dicotomía se ha producido habitualmente para constatar si hablamos de monarquía constitucional o de monarquía parlamentaria. Uno de los autores que mejor ha definido la diferencia entre los dos tipos de monarquía es Juan Ignacio Marcuello Benedicto11. En sentido similar, Antonio Colomer afirma que es bastante arriesgado utilizar la denominación parlamentaria en fechas anteriores a 1836 o 1837, pues hasta entonces ninguna constitución española se adjetiva de esa forma12. Esa discrepancia es una de las más complejas de analizar y ha sido objeto de magníficos estudios en épocas recientes 13.
Para fijar una cronología que no desborde el estudio, me centraré en los años en que España estuvo formando parte del sistema constitucional y desde ahí, ver cómo se trató en Cádiz el asunto monárquico.
La constitución de Cádiz marcó el primer momento en que la monarquía es considerada como un sistema político que debe ser refrendado en una constitución.
La controversia monarquía o república no se planteó en el primer constitucionalismo español. Es más, en esas fechas la población era mayoritariamente partidaria de la monarquía, como bien pusieron de manifiesto los defensores del trono de Fernando VII. Ni siquiera los diputados liberales, contrarios a este rey, pudieron luchar contra su absolutismo más que a base de escritos donde se sugerían proyectos de Constitución y se solicitaba la restricción de los poderes del monarca14.
HIJANO La monarquía en las Cortes de Cádiz.
Antonio Morales Moya indica que después de Cádiz se creó una monarquía limitada, constitucional, para evitar el poder despótico de la monarquía absoluta. La monarquía limitada, constitucional, era necesaria si se quería evitar que un poder despótico rompiera la continuidad con aquellas medidas que la propia monarquía absoluta había venido impulsando desde Felipe V a Carlos $\mathrm { I I I } ^ { 1 5 }$ .
Autores como Lorenz von Stein preconizaban ya en 1850 que después de la época de las revoluciones y de las reformas políticas, la monarquía sería capaz de convertirse en esa monarquía social que necesita la comunidad. Por tanto, consideraba que “la monarquía es la forma de gobierno con mayor capacidad potencial para estar por encima de los intereses particularizados de las clases, […] su propia dialéctica la lleva a considerarse como un poder sustentado sobre sí mismo y existencialmente vinculado al principio y a los intereses objetivos del Estado, y dispone, en fin, de un ejército y una burocracia con los que puede afirmarse frente a los intentos de captura del Estado por las clases dominantes”16.
Según Duverger, “La monarquía es el régimen político caracterizado por la atribución de la autoridad suprema a un individuo (rey, reina, emperador, emperatriz), que accede al poder por derecho de nacimiento. Tal fue el sistema más extendido por todo el mundo en el período anterior a las revoluciones democráticas de los siglos XVIII, XIX y XX”17.
En el siglo XIX la monarquía española es liberal, y esa es la razón por la que resulta un modelo político apropiado para la población. Curiosamente, las revoluciones se producen con unos objetivos determinados, pero acabar con la monarquía no era uno de esos objetivos. En España, los liberales gaditanos tuvieron muy en cuenta la necesidad de organizar de la forma más compleja posible las atribuciones de las que podría disfrutar el monarca, así como la fórmula para la sucesión al trono.
Antes de Cádiz.
Todas las constituciones españolas, incluida la carta otorgada de 1808, también llamada constitución de Bayona18, tienen un título, capítulo o artículo dedicado a la forma de gobierno. El texto de Bayona ha sido llamado también Estatuto y constituye una materia que no deja de ser objeto de estudios minuciosos, aunque no pueda ser.
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considerada tan relevante como la Constitución de Cádiz. Pese a que el texto fuera impuesto por Napoleón, hubo personajes españoles, denominados afrancesados, que participaron en la redacción de esa constitución y juraron “fidelidad y obediencia al Rey, a la Constitución y a las leyes”19. La fidelidad de alguno de los afrancesados se mostró de forma palpable en su seguimiento al llamado rey errante y en la constancia que dejó de su admiración al rey José en sus escritos20.
En el articulado de la constitución de Bayona de 1808, se dedica el primer título a la religión21, haciendo notoria la confesionalidad otorgada al texto para poder ganarse el apoyo de los estamentos nobiliarios y sobre todo de una de las instituciones más importantes de España, la Iglesia22. Junto al apartado dedicado a la religión, el Título II afirma la importancia concedida a la corona, marcando de manera importante la fórmula para suceder en el trono, indicando que la fórmula es la natural y legítima, de varón en varón, por orden de primogenitura y con exclusión perpetua de las hembras. Dejaba muy claras las opciones: siempre herederos varones y nunca mujeres. En Bayona se siguió respetando el carácter agnaticio de la sucesión al trono, siguiendo el mandato de Felipe V y, como no podía ser de otra manera, marginando a la mujer 23.
Su vinculación con la Iglesia también es clara:
El Rey, al subir al Trono o al llegar a la mayor edad, prestará juramento sobre los Evangelios, y en presencia del Senado, del Consejo de Estado, de las Cortes y del Consejo Real, llamado de Castilla. El ministro Secretario de Estado extenderá el acta de la presentación del juramento24.
La fórmula del juramento del Rey será la siguiente:
Juro sobre los santos Evangelios respetar y hacer respetar nuestra santa religión, observar y hacer observar la Constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus posesiones, respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad y gobernar solamente con la mira del interés, de la felicidad y de la gloria de la nación española25.
Cumplida esa primera obligación, era necesario seguir apoyando la forma de gobierno impuesta, aunque esa monarquía no le pertenecería al heredero español, sino al hermano del emperador, a José Bonaparte. De ese modo, el Título II organiza España como una monarquía limitada y hereditaria, en la que el monarca ocuparía el centro del poder político, pero quedando obligado a respetar los derechos de los ciudadanos. En el tránsito del Antiguo Régimen a la etapa liberal parecía que el monarca se rodearía de instituciones consideradas embrionariamente representativas que permitirían cambiar el anquilosado sistema español26.
Sorprende que la importancia concedida a la corona obligue de manera significativa a regular cómo será la sucesión al trono27. La eliminación de la mujer es contundente, pues no se deja ningún resquicio que permita a una mujer acceder al trono28. Esa marginación de la mujer en la sucesión al trono desaparecerá en Cádiz, aunque en el resto de las materias también quedará marginada. Sólo la necesidad obligará a Fernando VII a reconocer como heredera a su hija, aunque si no hubiera sido por ese motivo quizás la historia hubiera sido distinta.
En Bayona se iniciaba una situación de poder para la corona, pero la guerra de independencia contra el invasor francés hizo que ese texto no se pusiera en funcionamiento, teniendo que esperar a 1812 para que hubiera un nuevo texto, de carácter revolucionario, donde fijar los destinos de la monarquía española. Pese a esta realidad, sabemos que la Constitución de Bayona tuvo influencia en el desarrollo del liberalismo hispano y que buena parte de los habitantes de España prestaron juramento a la constitución de Bayona y al rey José29.
El mito de Cádiz.
Parece evidente que en Cádiz se intentó configurar un nuevo modelo de Estado, y que aunque no fuera un texto democrático debe ser marcado como el momento de inicio del constitucionalismo español.
En esa Constitución, la monarquía es un punto fundamental, y los diputados tuvieron muy claro desde el principio su responsabilidad a la hora de admitir un rey, pero limitando sus capacidades en un texto constitucional30.
Conviene volver a señalar que la monarquía en las Cortes de Cádiz no ha sido una materia muy estudiada. Conocemos trabajos sobre la monarquía de Isabel $\mathrm { I I } ^ { 3 1 }$ también en el siglo XIX, sobre la regencia de Alfonso $\mathrm { X I I } ^ { 3 2 }$ y sobre el reinado de Alfonso $\mathrm { X I I I } ^ { 3 3 }$ , pero de la Constitución de 1812 apenas se han hecho ensayos de cómo se fija la monarquía en ese texto, aunque no debemos olvidar las obras de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna34, o de Javier Lasarte, autor de un artículo sobre el rey en esa etapa35, y de Emilio La Parra, que ha hecho una comparación del tratamiento de la figura del rey en las Constituciones de Bayona y Cádiz36.
Una muestra sobre la falta de estudios sobre la materia, sería un ejemplar dedicado a analizar los poderes en la época de las Cortes de Cádiz, donde la monarquía, con esa denominación, no forma parte de los asuntos estudiados37.
Los distintos apartados del libro profundizan en diversas materias: el ejecutivo, a cargo de Rafael Flaquer, el legislativo, elaborado por Ignacio Marcuello, la sociedad, a cargo de Manuel Pérez Ledesma, el carácter externo de la Constitución por Juan Ferrando Badía y una parte teórica de la monarquía por Miguel Artola38.
Esa escasez de trabajos sobre la monarquía en esa etapa es lo que me ha movido a dedicar buena parte del presente artículo a ese período del siglo XIX, por entender que sería el más desconocido de todo lo que se ha escrito sobre la monarquía española en el siglo XIX.
El debate parlamentario.
Veamos cómo se inició la obra de las Cortes de Cádiz para luego tratar de la monarquía y llegar al tema de la cuestión sucesoria. Siguiendo de forma puntual el discurso preliminar de las bases que debían respetarse en la redacción del texto, los constituyentes iniciaron de inmediato su trabajo, como demuestra la sesión del día 9 de diciembre de 1810 en la que el Sr. Oliveros hizo una proposición donde se pedía formar una comisión de ocho personas para que realizara un proyecto de constitución política de la Monarquía39. La propuesta fue admitida a discusión, quedando aprobada por el Congreso. El mismo día, el Sr. Muñoz Torrero propuso que esa comisión presentara en un plazo de ocho días un proyecto de decreto para ofrecer un premio al autor de la mejor memoria sobre la Constitución política de la Monarquía40, pero quedó pendiente de discusión hasta el día 12 del mismo mes, aunque se aprobó la primera parte de su petición en la que se incitaba a llamar para formar parte de la comisión a los individuos más competentes. Con esos prolegómenos, el día 23 de diciembre de 1810, el presidente de las Cortes, Sr. Espiga, declaró quiénes eran los miembros de la comisión de Constitución41. Esos diputados no comenzaron sus tareas hasta el día 25 de agosto de 1811, pero lo más llamativo de esa comisión es que estaba formada por individuos de todos los territorios que, según el Título I de la Constitución, podían ser considerados como integrantes de la Nación española, es decir, españoles de ambos hemisferios, lo cual no parece que se tuviera en cuenta para evitar las complicaciones y desigualdades que se manifestarían a lo largo de los debates. Puede afirmarse que esa comisión no era territorialmente paritaria, sencillamente porque los habitantes de Ultramar no jugaron en pie de igualdad con los habitantes de la península e islas adyacentes, que contaron con más diputados para representarlos.
Ese conflicto originario estaba latente antes de que comenzara a trabajar la comisión y dio lugar a un funcionamiento que obligaba a recurrir a los reglamentos específicos y concretos para paliar las discriminaciones que previsiblemente iban a sufrir los habitantes de las islas de Ultramar.
Superados los problemas reglamentarios, se iniciaron de inmediato las discusiones. La importancia otorgada a la corona hizo que se le concediera el Título IV del texto constitucional, con el título “DEL REY” que estaría dividido en siete capítulos de los que los más importantes para nuestro interés serían los Capítulos I y II.
El andamiaje previsto era muy amplio, pues se fijaban escrupulosamente y con todo detalle las obligaciones del rey y las categorías que le correspondían. En tiempos de revolución, cuando Fernando VII estaba exiliado, los constituyentes tuvieron mucho cuidado es dejar por escrito todo lo que atañía al rey.
En el debate sobre la monarquía, los constituyentes de Cádiz tuvieron diversos puntos en cuenta. Algunos diputados como Villanueva pretendían recuperar tradiciones desde la época de los godos. Desde ese momento, la monarquía española estaba directamente vinculada con la Iglesia. La respuesta de Argüelles fue que esa costumbre se había dejado de usar porque entonces fue cuando apareció la doctrina ultramontana, partidaria de dar mayores poderes al Papa, siendo contrarios a las regalías de la Corona y en definitiva de la potestad de la Santa Sede. El conflicto entre la monarquía y el papado se apreciaba claramente y por esa razón mejor era olvidar esa intromisión en el poder monárquico.
Una vez admitida la monarquía, gracias a una larga polémica en la que se argumentó desde las más antiguas esencias históricas para justificar su existencia, parece que no había demasiados problemas para admitir un título sobre la sucesión que no debería ser objeto de discusión, una vez explicada tan contundentemente la necesidad de la monarquía hereditaria.
Ese capítulo I del Título IV tenía el título “DE LA INVIOLABILIDAD DEL REY Y DE SU AUTORIDAD”. En su articulado se establecían derechos básicos del monarca, persona sagrada e inviolable, sin responsabilidad. Ejerce el poder ejecutivo, algo clásico en las monarquías, teniendo la potestad de hacer ejecutar las leyes, sancionarlas y promulgarlas. Pero ese corpus inicial iba acompañado de otras muchas capacidades que los constituyentes quisieron que aparecieran en el texto constitucional42.
Podríamos decir que reunía todos los poderes de un monarca absoluto, pero estaban escritos en un texto constitucional. Tanto esfuerzo para nada, pues Fernando VII nada más regresar a España decidió anular la constitución para recuperar su papel de monarca absoluto.
El hecho de considerar que el rey no está sujeto a responsabilidad, le otorga un poder de total inmunidad, pues no podrá ser juzgado al ser su comportamiento no cuestionable43.
En el debate apenas se debatió ninguno de los componentes del título. No obstante, se producirá una discusión entre algunos diputados sobre si el rey debía ser ungido, recordando los tiempos de la monarquía goda. La religión vuelve a marcar un punto fundamental en relación con la monarquía. En Cádiz la monarquía, aunque surgida de la revolución, es católica y así se pone de manifiesto a lo largo de los debates mantenidos en el Congreso hasta conseguir su aprobación44.
Al discutir sobre el artículo 169, que indicaba que al Rey se le dará el tratamiento de Majestad Católica, ya encontramos otro momento donde la religión adquiere enorme protagonismo, pues en la explicación se dice que cuando un inglés, por ejemplo, lee monarca católico, todo el mundo sabe que se está hablando del rey de España. El único cambio admitido fue poner la palabra “dará”, en lugar de “le corresponde” el tratamiento de Majestad Católica. A diferencia de lo ocurrido en este texto, la Constitución francesa de 1791 tenía un título especial para el monarca, pero en España no se indica el territorio sobre el que es rey, sino que prefieren darle más redundancia, mencionando que su tratamiento es Majestad Católica.
Otra diferencia importante con respecto al texto francés es que en Francia, las primeras constituciones ya establecieron un laicismo del que siguen disfrutando en la actualidad. En España, pese a la influencia que la Constitución de Cádiz tuvo internacionalmente, no se abandonó en ningún momento el carácter religioso de la monarquía, por lo que en España el laicismo no ha sido un principio fundamental de nuestros textos constitucionales45.
El artículo siguiente ni siquiera necesitó de discusión, por lo que fue aprobado, según se aprecia en el Diario de sesiones46. Los poderes otorgados al rey no eran cuestionados y no había ningún problema en otorgarle el poder ejecutivo y que fuera un poder no compartido, por lo que se aprecia cómo la Constitución de Cádiz mantuvo una situación que le daba demasiados poderes a un monarca al que la población añoraba por el hecho de estar preso.
Algo distinto ocurrió con el siguiente artículo, el 171, que trataba de otras materias que entrañaban enormes dificultades pues tenían que ver con la internacionalidad y, en ese punto, no existía unidad entre los diputados.
España era un país invadido por el ejército de Napoleón y era muy complicado llegar a un consenso en materias de paz y guerra en esa problemática situación. Ese artículo 171 tenía una primera parte muy sencilla para su aprobación.
Parece que las dos primeras facultades no fueron objeto de discusión, pero la tercera originó un largo debate en el que, como veremos, participaron buena parte de los diputados del momento.
El Sr. Calatrava (diputado por Extremadura) exigía para dar su aprobación que la potestad de declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, debía llevar añadido, “previa aprobación de las Cortes”. Una vez que le habían otorgado la soberanía a la Nación, no podían permitir que esa facultad le correspondiera sólo al Rey. Una obviedad que en los tiempos que se vivían parecía de pura lógica, pero se necesitó tiempo para que pequeñas nimiedades permitieran que se aprobase el artículo.
El Sr. Conde de Toreno (diputado por Asturias), ya tenía previsto anteriormente que cuando se llegara a ese artículo habría que discutir, pues si se parte del amplio espacio de la nación, parece evidente que ese poder debía delegarse. Ese derecho le corresponde a la Nación, pero como este término comprendía a una población muy numerosa, era evidente que debía encomendarse a un grupo más reducido. Considera que hay tres razones que justifican dicha delegación: la lentitud en la deliberación de un cuerpo numeroso, el secreto necesario para las negociaciones diplomáticas y la lejanía de las provincias de Ultramar47. Considera que cualquiera de las decisiones que se tomen debe estar presidida por la honestidad y en una unión completa entre Rey y Cortes, pues sólo así se evitarían malos acuerdos48. Parece obvio que no podían darle esa capacidad sólo al Rey, pues conocían la actitud de los monarcas absolutos, razón por la que se muestran especialmente temerosos de una decisión fácil de incumplir.
En el debate el Sr. Aner (diputado por Cataluña), llegó a decir “El Rey, como jefe del Gobierno, y primer magistrado de la Nación, único que dirige sus relaciones con las demás potencias, necesita estar revestido de una autoridad verdaderamente poderosa, para que sea respetado y temido dentro y fuera del Reino”. Alega que en Europa no se le niega ese derecho al rey y pone el ejemplo de Inglaterra, que tiene una constitución admirable y delegó en el rey ese derecho. En España esa costumbre la tuvieron los aragoneses, pues el Fuero de Sobrarbe indicaba que el Rey tenía ese derecho y sólo se le imponía la obligación de oír el dictamen de algunos ricos homes, seniorum consilio. Por todo eso, es del dictamen que se apruebe el artículo para que el Rey no sienta que se le reprimen sus funciones49.
Otros diputados, como el Sr. Dou (diputado por Cataluña) pusieron ejemplos sobre lo ocurrido en Inglaterra, cuando se sublevaron sus colonias y tuvo que pedir apoyo a Francia y a España, esperando también que le ayudara Holanda, por los pactos anteriores, pero esa ayuda de Holanda no se produjo y el rey tuvo que declararle la guerra. En consecuencia, cree que lo mejor es la rapidez, por lo que si hay que convocar a las Cortes supondría demasiado tiempo perdido50.
Pérez de Castro (diputado por Valladolid) indica que el derecho de hacer la guerra y la paz es una de las potestades que pertenece a la soberanía de la Nación, por lo que si el rey la utiliza es porque la Nación se lo ha permitido51. Su discurso es un alegato donde intenta demostrar cómo han cambiado las relaciones internacionales de los países de Europa desde Westfalia, y cuántas son las dificultades con las que se encuentran los gobiernos, pues no sería conveniente que España no invada los derechos ajenos y que no sea conquistadora, que sea observadora fiel de sus pactos52. Si los medios que se necesitan para hacer la guerra, tanto de personas, como de recursos, los tiene que conceder la Nación53, es evidente que los artículos deberían quedar como estaban propuestos.
En las sesiones de Cortes, cada diputado hacía alarde de sus conocimientos en relaciones internacionales, para justificar los poderes que se le concedían al monarca y la estricta relación que debía tener al tomar cualquier decisión con las Cortes. En la teoría todos los principios podían resultar válidos, pero en esa época España era un país invadido y su monarca se encontraba preso. En esas fechas, los ciudadanos españoles desconocían por completo que el deseado rey se encontraba más de vacaciones que prisionero. Sabemos que lejos de estar en una cárcel, residía en el castillo-palacio de Valençay, viviendo en pleno aburrimiento y con una actitud en absoluto solidaria con el sufrimiento que padecían los ciudadanos españoles54.
Participa también el Sr. Golfín (diputado por Extremadura), quien hace un recuento de las opiniones vertidas por los anteriores preopinantes. Cree que el Rey y las Cortes deben decidir conjuntamente, pero sería nefasto hacer una guerra por mera ambición55. Piensa que si hay inconvenientes en declarar una guerra defensiva, cuántos más abría para declarar una ofensiva. En su reflexión dice que si el Rey declara la guerra, la Nación no tendrá otro partido que tomar, que sostenerla con vigor, pero no cree que el artículo, tal como se presentaba, deba ser admitido.
Era propio de la época en la que se vivía que el monarca estuviera limitado en el ejercicio de su poder, o al menos es lo que opinaba la mayoría de los diputados.
Cuando Argüelles tomó la palabra, dio la impresión, como ya venía ocurriendo en los debates anteriores, que su discurso acabaría cerrando el debate, pues sus argumentaciones siempre estaban cargadas de valoraciones muy aclaratorias y que parecían producir el consenso entre los diputados. Desde el comienzo aclaró que no se trataba de dilucidar si la declaración de guerra o la firma de la paz era algo que tuviere tanto de legislativo, como de ejecutivo. Para él, hacerlo así sería un acto especulativo que no tenía interés, mientras que lo auténticamente importante era “que es un acto de la voluntad de la Nación es indisputable”. Los puntos fundamentales eran relativos al secreto en las negociaciones y a la celeridad en las medidas. Ejemplarizando, quiere hacer ver la importancia de las relaciones diplomáticas y que el argumento del secreto es un sofisma, por lo que continúa criticando lo que algunos diputados consideran guerra feliz56. Toda la intervención acaba desarbolando el artículo propuesto por la comisión, al que considera inadmisible57.
El Sr. Guridi y Alcocer (diputado por México) en su intervención nos recuerda la conexión que tiene la monarquía con la Iglesia, algo de lo que no habíamos tenido noticia en las anteriores intervenciones. Para referirse a la guerra llega a decir “ella a los ojos de la filosofía es el mayor de los males que pueden sobrevenir a la humanidad, y según la religión, el azote más terrible que la indignación divina descarga sobre los pueblos”58. Este diputado será uno de los que estén de acuerdo con que el Rey “pueda declarar la guerra y hacer la paz, pero añadiéndole con la aprobación de las Cortes”59.
Continuó el Sr. Borrull (diputado por Valencia), haciendo un relato de los acontecimientos ocurridos en la historia de España en relación con la declaración de guerras. Recuerda, como había hecho otro diputado, el Fuero de Sobrarbe. Alude, incluso a las Partidas, pues en la $2 ^ { \mathsf { a } }$ se dice “han de aconsejar al Rey en las grandes cosas de que podría venir muy gran daño a toda su tierra”. Para él, el artículo retoma, para renovarlas, “las antiguas leyes fundamentales de Navarra, Aragón, Valencia y Cataluña, y aun de las de Castilla y de sus costumbres, y que lejos de ser perjudicial, ha producido en todos tiempos los mayores beneficios al Reino”60.
Un debate tan largo permitió que algunos diputados presentaran su dictamen por escrito y eso es lo que hizo el Sr. Ric (diputado por Aragón), quien planteó razones similares a las esgrimidas por anteriores diputados. Cree que para tomar una decisión podía imitarse lo que hicieron en su día los aragoneses cuando, temiendo la llegada de los sarracenos que estaban extendiendo su territorio hasta Tolosa, llegaron a pedir apoyo al Sumo Pontífice Adriano II y a los longobardos que eran peritísimos en la ciencia de buen gobierno. Considera que el artículo que se discute debe permitir que el Rey tome esa decisión con el apoyo del Consejo de Estado que es un refuerzo a lo que manda el fuero de Sobrarbe61. En los largos discursos realizados en las sesiones de Cortes, no dejó de combinarse el asunto de la monarquía, con la religión y con el ámbito de la revolución.
El Sr. Creus (diputado por Cataluña) opinó que los asuntos del secreto y la celeridad serían imposibles de mantener si se tenía que convocar a las Cortes, motivo por el cual consideró que el artículo podía aprobarse sin necesidad de convocar a Cortes, pero con la adhesión del diputado preopinante, es decir, que lo apoyara el Consejo de Estado.
Siguiendo con las intervenciones individuales, no podemos olvidar el discurso del Sr. García Herreros (diputado por Soria) relatando los acontecimientos que había sufrido España por no haber indicado que el Rey debe consultar al Consejo de Estado para tomar esa decisión y, sobre todo, que deberá seguir su dictamen, porque de lo contrario ocurriría lo mismo que se estaba sufriendo en ese momento. En consecuencia, no apoya el artículo.
Le contestó en el turno el Sr. Oliveros (diputado por Extremadura) a quien le parece que se está obligando al Rey a no declarar una guerra que no sea de la aceptación de las Cortes. También se le ponen rígidas condiciones para hacer y realizar la paz. Se le prohíbe hacer tratados de alianza ofensiva y mantiene que no deberán hacerse guerras de las llamadas de familia. Como no puede temerse racionalmente que el Rey haga guerras de sucesión ni de conquista, todas las que pueda hacer serán para defender la Nación, pues el país no está sólo, sino que tiene que relacionarse con las demás potencias. Su ánimo de ayuda a la Nación lleva al diputado a una serie de elogios con relación al monarca62.
Pedro Gordillo (diputado por Canarias) también tenía su opinión sobre el artículo, pero lo primero que hace es un recorrido por los países de Europa para constatar cuáles son los monarcas que ocupan el trono en los Países Bajos, en Suecia, en Inglaterra, en España o en Francia. Reprueba la astucia y perspicacia de los miembros de los gobiernos, ensalzando al monarca que es el encargado de la salud de la Patria. A él le corresponde esa facultad con el apoyo del Consejo de Estado, pero como es una cuestión tan sumamente complicada, que puede dar lugar a males irreparables, cree que debería consultarse a la opinión pública63.
Otro diputado, el Sr. Joaquín Pérez Martínez (diputado por México), en su condición de americano, considera que todo lo que está oyendo desde que está en Cádiz es de una gran calidad y tiene dificultades para tomar una decisión sobre el particular.
El Sr. Capmany (diputado por Cataluña), interviene para diferenciarse de los diputados que hablaron antes, para declarar no ser publicista y que sólo entiende la guerra como militar. Por ese motivo, cree que el Rey debe y puede declarar la guerra siempre. Resalta que la monarquía debe ser moderada pero no degradada, por lo que no es conveniente que se tengan tantos miedos a las decisiones del monarca64.
El Sr. Sombiela (diputado por Valencia) plantea un discurso en el que se hace numerosas preguntas antes de dar su propuesta, recorriendo todo el panorama de las intervenciones anteriores, como si sólo así pudiera sacar su propia reflexión que será la de conceder ese derecho al rey con las Cortes65.
El Sr. Espiga (diputado por Cataluña) inicia su discurso disculpándose por los días de enfermedad que le han impedido oír todos los discursos realizados. Sea como fuere, su discurso es un tanto enmarañado, pues lo primero que hace es justificar jurídicamente las intervenciones realizadas y plantear muchas hipótesis condicionales para llegar a una conclusión bien sencilla, que en España, ya fuera en Aragón, en Valencia o en Castilla, los Reyes siempre tuvieron la facultad de declarar la guerra y la paz con el apoyo de sus consejos66.
No estaba nada claro y, ante la imposibilidad de obtener una decisión unánime, se optó por hacer una votación, que fue nominal y permitió aprobar el punto por 98 votos a favor y 43 en contra.
Las Cortes no podían terminar el artículo con esa votación, pues todavía quedaban más facultades en ese punto que seguro requerirían también de una discusión. Desde ese momento algunos diputados pidieron que se votaran adiciones a los párrafos ya aprobados, pero esos añadidos entrañaban contradicciones con algún elemento ya admitido, por lo que finalmente se continuó debatiendo sobre las facultades restantes.
Muchos diputados, entre ellos el Sr. Pérez de Castro, intentaron que sus adiciones se admitieran, argumentando sobre su importancia, al margen de la contradicción existente con lo ya aprobado. La adición de este diputado venía a confirmar el poder del Rey sobre la declaración de guerra y el secreto de los documentos sobre ese asunto, algo que era necesario para mantener el secreto de Estado. Era necesario avanzar y se cerró el debate indicando que la comisión de Constitución debía exponer su dictamen sobre el particular67.
La cuarta facultad otorgada al rey fue aprobada sin discusión, pues no parecía de mayor relevancia y, además, se le daba esa atribución porque su decisión sería posterior a la propuesta del Consejo de Estado68.
La quinta también fue objeto de debate, con la participación de distintos diputados, pues no era fácil darle al Rey todo el poder para elegir todos los empleos civiles y militares. Por un lado, el Sr. Larrazábal (diputado por Guatemala) admitía que solo podría hacerse con la ayuda del Consejo de Estado, pues ya se había exigido su participación en el artículo anterior con lo que era preciso que apareciera también en este69. El diputado por León Sr. Díaz Caneja consideraba que de esa forma se atribuían demasiadas obligaciones al Consejo de Estado, por lo que esa opción le parecía innecesaria70.
Todo era cada vez más agobiante, mientras que algunos diputados como Villanueva (diputado por Valencia), pensaban en lo improcedente de que el Consejo eligiera los empleos militares71, otros como el diputado mallorquín Sr. Llanera, no entendía como el Consejo podría elegir a los ministros72.
En nombre de la comisión habló el Sr. Pérez de Castro, insistiendo en la necesidad de que el Consejo de Estado tomara partido a la hora de nombrar los cargos de la magistratura y de las dignidades eclesiásticas73. Algunos diputados como el Sr. Llano, suplente por Guatemala, intervinieron aportando asuntos que ya estaban recogidos en lo dictaminado por la comisión, lo cual no hizo más que tratar de acelerar el debate para que finalmente la discusión de la quinta facultad fuera zanjada gracias a la posición del diputado Argüelles, pues parecía que los últimos senadores no habían comprendido bien la propuesta de la comisión74. Por fin se aprobó la quinta facultad.
Se pasó rápido a la sexta facultad75 en la que el debate se produjo por parte de los diputados americanos que alegaban que en América los curatos y las sacristías no las proponía el Rey sino los virreyes. Los señores Castillo y Torrero tenían una duda que fue resuelta por los diputados de la Huerta, Argüelles y Espiga que dejaron claro ese asunto para América76, permitiendo aprobar esa facultad.
La séptima, relativa a “Mandar los ejércitos y armadas y nombrar los generales” fue aprobada sin debate, casi como la octava “Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como convenga” que sólo requirió un añadido por parte de la comisión. Las facultades novena “Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias y nombrar los embajadores, ministros y cónsules”, así como la décima “Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se ponen su busto y su nombre” y la undécima “Decretar la inversión de los fondos a cada uno de los ramos de la administración pública”, fueron aprobadas sin debate.
No ocurrió lo mismo con la duodécima facultad “Indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes”, pues era difícil para consensuar ya que los indultos habían sido de muchas clases. En el debate Arguelles, siempre defensor de la comisión, tenía sus dudas pues desconfiaba de aquellos delincuentes que no tuvieran ningún temor a cometer un delito, pensando en que siempre podrían tener el indulto real del Viernes Santo. Otros, como Villanueva pedían que se insistiera en el indulto de jueves o viernes santo que debía quedar allí escrito para que se perpetuara esa antiquísima y religiosa costumbre. El diputado Sr. Traver hizo una interpretación más vinculada con el Código criminal y con la justicia, que con razones de costumbre. El diputado sevillano Sr. Gómez Fernández acabó con el debate proponiendo que se unieran las expectativas de carácter religioso, como era el indulto del Viernes Santo, con las judiciales basadas en la ley77.
Las dos últimas facultades relacionadas con las propuestas de leyes que debían hacerse a las cortes para el bien de la nación o con el nombramiento de los Secretarios de Estado y de Despacho también se aprobaron sin debate. Se fija un rey como árbitro y sin poder, pero con una atribución específica: “Nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del Despacho”. A los secretarios de despacho se les encarga elaborar los presupuestos anuales de los gastos de la administración nacional78. No parecía negativo que el rey tuviera poderes, lo único es que debían estar controlados constitucionalmente.
Hasta dieciséis facultades tuvieron que debatirse para aprobar completamente el artículo 171, pero no terminaba ahí el debate sobre la monarquía, pues aún quedaba discutir sobre las restricciones de la autoridad del Rey, hasta un total de doce, que ponían el punto final a esa monarquía limitada que defendían los revolucionarios.
El artículo 172 era muy importante, pues en él se hablaría de las limitaciones de la autoridad del rey. En un momento tan confuso, debía quedar muy claro hasta donde podía llegar el poder del rey.
Cada una impedía alguna cuestión al Rey, tales como impedir la celebración de Cortes que fue aprobada sin discusión, mientras que la segunda que impedía al Rey salir del territorio, fue aprobada cuando se añadió al texto la palabra Corona79. Así fue ocurriendo con la mayoría de ellas, de manera que la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima fueron aprobadas sin hacer ninguna variación al texto propuesto por la Comisión. En la octava y novena se exigió que apareciera de forma más clara la atribución de las Cortes que debían premiar las invenciones útiles y encargarse de fomentar la industria. En la décima el rey podría tomar la propiedad de un particular, pero previa indemnización y en la undécima quedaba muy claro el papel del rey en relación con la justicia80.
Los diputados establecieron una discusión en la que lo más importante volvió a ser la religión defendida en España. En el debate sobre el artículo 172, el diputado Sr. Cañedo concluyó con una frase capital81.
Era casi el último artículo debatido sobre la monarquía y los constituyentes pusieron una serie de adiciones que les parecía importante que estuvieran en el texto constitucional. El último artículo, el 173, trataba de una cuestión no fundamental, pues se refería al juramento que el rey debería hacer ante las Cortes cuando entrara a gobernar el Reino. Ese asunto, que en principio no parecía fundamental, dio lugar también a una discusión entre los que querían retomar un juramento que se encontraba en las Partidas y suponía que se haría en la Iglesia. También se defendía la toma de la comunión porque para algunos, el Sr. Larrazábal al menos, ese añadido de la misa solemne debía cumplirse en el aniversario de la Constitución, en el cumpleaños del nacimiento del rey o en la conmemoración de su exaltación y su advenimiento al trono.
La Iglesia seguía siendo una institución fundamental en España, fuese cual fuese su carácter, progresista o tradicional.
El debate proporcionó una imagen de escasa coordinación, donde cada diputado utilizó sus recursos, más o menos amplios, para que al final se encargara una votación que permitiera cerrar ese punto tan conflictivo. Quizás una de las razones de tanta divergencia se encontraba en las difíciles relaciones diplomáticas que se vivían en Europa. Etapa de revolución que no podía consolidarse, cuando la mayoría de las potencias europeas intentaban mantener las monarquías o restablecerlas en caso de haberlas perdido.
La sucesión al trono.
Esta primera Constitución española dedicó un Título específico para definir cómo sería la sucesión a la corona. En este asunto interesa resaltar cómo en Cádiz, a diferencia de lo que vimos en el texto de Bayona, y pese a que no se tuvo en cuenta a las mujeres en ningún momento, no hubo inconveniente en permitir que heredaran hombres y mujeres. De forma extraña, en Francia ni siquiera concedieron el derecho a reinar a las mujeres82.
Para corroborar la nula importancia otorgada por las Cortes de Cádiz a las mujeres, es suficiente comprobar que ninguno de los diputados presentes tuvo la más mínima intención de iniciar una polémica sobre la igualdad de géneros a la hora de discutir acerca de la sucesión. Sólo hubo dos diputados que consideraron necesario hacer un debate público sobre el texto presentado por la comisión de Constitución, motivo por el cual se cerró prácticamente sin ninguna modificación y, sobre todo, evitando dar mayores explicaciones al asunto del género que, desde nuestra perspectiva, habría supuesto una mejora indudable del texto.
Una vez admitida la monarquía, gracias a una larga polémica en la que se argumentó desde las más antiguas esencias históricas para justificar su existencia, parece que no había demasiados problemas para admitir un título sobre la sucesión que no debería ser objeto de discusión, una vez explicada tan contundentemente la necesidad de la monarquía hereditaria83.
Tal y como era la situación de España, es lógico que los individuos reunidos en Cádiz tuvieran ciertas diferencias entre sí. Parece que noventa de los diputados eran clérigos, de los cuales seis eran obispos. También había 56 abogados y 39 militares y sólo ocho comerciantes, pero con esa composición los reunidos en Cádiz tenían una clara intención de cambiar el viejo sistema para configurar una nueva sociedad84.
El paso de los años ha puesto de manifiesto que Cádiz supuso una oportunidad perdida en ese intento de buscar la igualdad. La historia de la que se habla en Cádiz es una historia androcéntrica, en la que el masculino no es considerado como universal genérico, sino como el sujeto de la acción85. Ni las mujeres gaditanas ni ningún miembro de la sociedad tenían en mente esos problemas. Para ellos las Cortes eran un cúmulo de sorpresas de las que no se sabía qué podrían traer. Las Cortes se interesaron en debatir sobre los problemas de la igualdad, obteniendo conclusiones importantes, tales como distinguir entre derechos civiles y políticos, pero negándole a la mujer el disfrute de los mismos. De este modo, las mujeres no fueron objeto inicial de debate y, tanto es así, que se les negó la posibilidad de tener derechos políticos casi por casualidad.
No puede extrañarnos la ausencia de una consideración problemática sobre la igualdad de las mujeres en pleno inicio del siglo XIX. En esas fechas no sólo en España, sino en buena parte de Europa y del mundo, la mujer no era considerada desde la perspectiva del género86, sino como un elemento que sólo representaba un papel para la reproducción o como un adorno en cualquier acontecimiento. Estaba alejada de la política y esa era una consigna reiterada por muchos políticos de la época87. Nadie pudo entonces hacer una lectura diferente. A nadie se le ocurría que la existencia de una reina tuviera algún objetivo de búsqueda de igualdad. No podía ser de otro modo, la monarquía se movía según los parámetros tradicionales y la aparición de una supuesta mujer como heredera se debía a razones políticas y, desde luego, nada relacionadas con las cuestiones de género.
Resulta desolador que ese fantástico escenario que habrían sido las Cortes de Cádiz se quedara en un fiasco completo. Bartolomé Clavero, por su parte, considera que las mujeres no fueron consideradas en Cádiz como sujeto de derechos. La mención a la obra de Clavero se ha convertido en un referente casi obligado para todos los historiadores que indagamos sobre la posición de la Cortes de Cádiz ante las mujeres, pues, además es uno de los pocos autores que ha resaltado la exclusión de las mujeres en Cádiz, al no permitirles concurrir a los espacios de ciudadanía que se estaban proyectando y dejarlas en situaciones tan precarias como las de los esclavos88.
En el monográfico ya citado sobre las Cortes de Cádiz89, sólo el artículo de Manuel Pérez Ledesma menciona a las mujeres en el apartado donde se habla de “español y ciudadano: igualdad civil e igualdad política”. Aquí se intenta explicar las argumentaciones utilizadas en Cádiz para negarles la igualdad a las castas, pretensión de los diputados americanos. La escasa presencia de las mujeres en la obra de prestigiosos autores no se debe a ninguna intención perversa de seguir marginando a la.
HIJANO La monarquía en las Cortes de Cádiz
mujer, sino que se produce por el reflejo más certero de la realidad de la situación, es decir, apenas se puede mencionar a las mujeres porque no fueron casi objeto de discusión y no lo eran, sencillamente, porque estaban desprovistas de ese derecho a la participación. Para explicar cómo se produjo el rechazo a la mujer debe hacerlo partiendo del discurso realizado por el diputado Muñoz Torrero cuando explicaba a la Cámara las diferencias existentes entre derechos civiles y políticos. Ni el origen ni la formación ni las exigencias educativas, eran argumentos suficientes para negarles los derechos políticos a las castas, y se le ocurrió el recurso de la reducción al absurdo en su discurso90. Sólo así podría convencer a los demás diputados de lo imposible de su petición, pues era tan disparatado como dejar que las mujeres participaran. Recogeremos aquí un extracto de ese discurso, tantas veces mencionado, que era muy brillante en sus inicios, pero con un final sobradamente conocido en lo que respecta al rechazo a la mujer:
Hay dos clases de derechos, unos civiles y otros políticos: los primeros, general y comunes a todos los individuos que componen la Nación, son el objeto de la justicia privada, y de la protección de las leyes civiles; y los segundos pertenecen exclusivamente al ejercicio de los poderes públicos que constituyen la soberanía. La comisión llama españoles a los que gozan de los derechos civiles, y ciudadanos a los que al mismo tiempo disfrutan de los políticos91.
Con esa explicación parecía tener todo ganado, pero no servía ante los diputados americanos, a los que tuvo que darles más ejemplos….
Pondré un ejemplo. Los señores americanos que están en el Congreso han gozado hasta ahora de todos los derechos Civiles ¿Pero han disfrutado por ventura de los derechos políticos? $i \mathrm { H a n }$ tenido parte alguna en el ejercicio de la soberanía nacional? $\therefore \mathrm { N o }$ es esta la primera vez que concurren a ejercer en las Cortes la potestad legislativa? Los españoles mismos de la Península nos hallamos en el mismo caso, pues no hemos gozado de los derechos políticos en los términos que se ha verificado para la celebración de las Cortes actuales. Esta es también la primera vez que hemos sido llamados al nombramiento de Diputados de Cortes. La justicia, es verdad, exige que todos los individuos de una misma Nación gocen de los derechos Civiles; mas el bien general, y las diferentes formas de Gobierno, deben determinar el ejercicio de los derechos políticos, que no puede ser el mismo en una Monarquía que en una democracia o aristocracia.
Fue el momento de reducir al absurdo las argumentaciones de los diputados americanos y el mejor modo que se le pudo ocurrir era el ejemplo de las mujeres. $\it { i C o m o }$ iban a dársele esos derechos a las mujeres?….
Algunos señores americanos, desentendiéndose de esta distinción, han hablado largamente de las reglas de la justicia, en que debe fundarse toda buena política, y lo mismo hizo ayer el Sr. Torrero. Pero si llevamos demasiado lejos estos principios de lo que se dice rigurosa justicia sin otras consideraciones, seria forzoso conceder a las mujeres con los derechos civiles los políticos, y admitirlas en las juntas electorales y en las Cortes mismas.
Se cerraba un espectáculo negativo para con los derechos de la mujer.
Siguiendo con el asunto de la sucesión al trono, si abrimos un ejemplar de la constitución de Cádiz de 1812, en su Título IV, Capítulo II, art. 174, leeremos lo siguiente:
ARTÍCULOS Las declaraciones públicas de perpetradores en contextos posdictatoriales.
CAPÍTULO II, De la sucesión a la Corona.
Art. 174. El Reino de las Españas es indivisible, y solo se sucederá en el Trono perpetuamente, desde la promulgación de la Constitución, por el orden regular de primogenitura y representación entre los descendiente legítimos varones y hembras de las líneas que se expresarán92.
Desde la perspectiva actual no parece posible admitir que en 1812 la constitución declarara que el trono de España podría ser ocupado por hombres o mujeres.
Después de constatar la escasa importancia dada a la mujer en las discusiones de Cádiz, se puede interpretar que las mujeres no podían ser titulares del trono de España, pues ya hemos comprobado que a comienzos del siglo XIX las mujeres y los hombres españoles partían de la admisión de una serie de principios inalterables.
En la búsqueda de las razones por las que se admite la posibilidad del trono para las mujeres hay que retrotraerse en el tiempo para buscar la primera ley sucesoria de la monarquía castellana. Esa ley, según indicaba en 1839 el jurista alemán Zöpfl, se remonta a fechas anteriores al siglo X cuando se acreditó que en España la corona había sido siempre trasmitida tanto a las hembras como a los varones. En la evolución de la monarquía se constató la herencia en los individuos de una familia determinada, así como el reconocimiento de sentimientos de afección natural, regulados por la proximidad de grado y línea. Este era el orden de sucesión que la jurisprudencia civil y el derecho público habían distinguido bajo la denominación de cognaticio y que había sido muy útil para la monarquía española, por impedir que la falta de hombres en algunas familias alterara o paralizara el orden sucesorio93.
La sorpresa hace pensar en una confusión, pues no es probable que a comienzos del siglo XIX, por muy innovadora y revolucionaria que fuera la constitución se hubiera alterado un criterio arraigado en España, desde que Felipe V dictara en 1713 un Auto Acordado que establecía las normas sucesorias de forma absolutista y arbitraria. Esa alteración de la normativa sucesoria tradicional fue justificada por el rey alegando a las obligaciones impuestas por las conversaciones de Utrecht, pero lo más importante es que con ella se rompía el carácter cognaticio de la sucesión española, razón por la que las Cortes de Cádiz recuperaron ese carácter cognaticio y Argüelles no quiso dar pie a mayores discusiones sobre el particular.
El Auto Acordado de Felipe V decía lo siguiente:
Mi consejo de Estado me ha expuesto las razones de conveniencia pública de formar un nuevo reglamento para la sucesión de esta monarquía, a fin de conservar en ella la agnación rigurosa, prefiriendo siempre los varones a las hembras, aunque estas sean de mejor grado y línea. Para mayor seguridad de mi resolución, aunque sin estar obligado a ello, pues como primero y principal interesado en la regla de sucesión para lo interior de mi familia, soy dueño de disponer su establecimiento, quise oír el dictamen del consejo de Castilla, siendo este de dictamen que concurriese el reino al establecimiento de la nueva ley…. Mando que de aquí en adelante se regule la sucesión de estos reinos en la forma siguiente: establece la agnación de forma rigurosa y en defecto de varón llama a la hembra más inmediata al último poseedor, como cabeza de línea, siempre agnaticia; y.
HIJANO La monarquía en las Cortes de Cádiz
después de la extinción de toda la descendencia llama a la casa de Saboya, bajo el mismo orden agnaticio: revocando la ley de Partida y la costumbre antigua94.
Con este comienzo se alteraba por completo la costumbre española y se cometía un acto de despotismo arbitrario, razón lógica para que los constituyentes gaditanos quisieran volver a su tradición.
En Cádiz dedicaron un capítulo más a la monarquía, el relativo a la menor edad del rey y a la Regencia. En estas fechas se sentaron unas bases que hacían de la monarquía un régimen constitucional, pero a lo largo del siglo, la monarquía estuvo en la cuerda floja.