“Sin parcialidad ni dádiva ni concierto”. Instituciones municipales y gobierno urbano a fines de la Edad Media en Asturias1.
María Álvarez Fernández2.
Recibido: 30 de noviembre de 2022 / Aceptado: 5 de marzo de 2023.
Resumen. A fines de la Edad Media se producen en Asturias cambios significativos en el sistema de gobierno de ciudades y villas nuevas. El llamado “régimen de concejo abierto” daba paso a un sistema tendente a la oligarquización de los oficios públicos, controlados ahora por unas élites urbanas que, “con aires de nobleza” ostentaron los principales cargos de gobierno y de representación conjugando ese poder político con su papel, también protagonista, en el control de la fiscalidad y la economía urbana. Analizamos en este estudio el caso de Oviedo, una ciudad de señorío compartido con la Iglesia; el de Avilés, villa de antigua fundación y el de algunas villas nuevas “menores” que salpicaron el espacio urbano asturiano a fines de la Edad Media.
Palabras clave: concejo; regimiento; participación política; burguesía; oligarquía.
[en] “Sin parcialidad ni dádiva ni concierto”. Municipal institutions and urban government at the end of Middle Ages in Asturias.
Abstract. At the end of the Middle Ages, significant changes took place in Asturias in the system of government of new towns and villages. The so-called “open council regime” gave way to a system that tended towards oligarchisation of public offices, now controlled by urban elites who, “with the air of nobility” held the main positions of government and representation, combining this political power with their role, also a leading one, in the control of taxation and the urban economy. In this study we analyse the case of Oviedo, a city of lordship shared with the Church; Avilés, a town of ancient foundation and that of some new “minor” towns that dotted the urban space of Asturias at the end of the Middle Ages. Keywords: council; government; participation; bourgeoisie; oligarchy.
Sumario. 1. Consideraciones de partida. 2. La gobernanza de la ciudad. 2.1. El señorío dúplice o compartido. 2.2. Aires de nobleza o el poder de unos pocos: la oligarquización del gobierno urbano y las redes de influencia de las élites. 3. Concejos y regimientos en las villas nuevas asturianas. 4. Aspectos conclusivos. 5. Bibliografía.
Cómo citar: Álvarez Fernández, María (2023), “Sin parcialidad ni dádiva ni concierto”. Instituciones municipales y gobierno urbano a fines de la Edad Media en Asturias, en En la España Medieval, 46, 107-126.
1. Consideraciones de partida3.
Los concejos urbanos en el norte de la Península Ibérica son, como es bien sabido, una realidad tan poliédrica que las limitaciones de las fuentes escritas no nos permiten conocer su funcionamiento en toda su complejidad, al menos en el caso asturiano4 . Las relaciones mantenidas por ciudades y villas con el poder superior, real o señorial, marcaron diferencias en los cuadros de la administración concejil y cabe advertir que, aun compartiendo una misma dependencia, Oviedo y Avilés presentan perfiles distintos a los del resto de las villas nuevas regias fundadas a lo largo del siglo XIII, quizás por ser núcleos poblacionales de antigua fundación, mayores y con unos desarrollos socioeconómicos más evolucionados que condicionaron la complejidad de sus instituciones frente a las sencillísimas estructuras orgánicas del resto. Creo, por lo tanto, que los distintos grados de desarrollo socioeconómico y jurídico de los núcleos urbanos asturianos derivaron en unas inevitables particularidades locales que trataré de enfatizar en las siguientes páginas. Por otro lado, será también preciso considerar la sustitución de las asambleas generales de vecinos $^ { - 0 }$ régimen de concejo abierto– por la implantación de cuerpos electorales o consejos restringidos y los posibles cambios detectados tras la llegada del regimiento, más tardía en Asturias respecto a lo que ocurre en el reino leonés.
Las asambleas vecinales actuaron en Asturias como organismos básicos de representación, administración y gobierno de las entidades municipales y estas asambleas, que podían estar formadas por la totalidad de los vecinos –concejos plenos– o por una parte representativa del mismo, tuvieron amplias competencias, entre las cuales, aprobar ordenanzas municipales de general cumplimiento, firmar pactos o convenios con otros concejos para la defensa de intereses comunes, elegir anualmente a los oficiales municipales o aprobar avecindamientos. En el caso de Oviedo, lo harían bajo la atenta mirada del merino mayor del rey; en los territorios sometidos a la mitra, bajo supervisión de los encomenderos del Obispo.
2. La gobernanza de la ciudad
2.1. El señorío dúplice o compartido.
Oviedo fue una ciudad de señorío compartido5 . El origen del llamado tercio episcopal está en la famosa donación de la reina Urraca de 1112 en la que entregaba toto Oveto a los obispos de Oviedo junto a las facultades jurisdiccionales derivadas de dicha concesión y consistentes en el nombramiento de cargos y la percepción del tercio de todas las rentas y derechos devengados por el ejercicio del poder jurisdiccional dentro de la ciudad6 . Esta dualidad –villa del rey/civitas del obispo– facilitó, en consecuencia, el carácter mixto de las magistraturas en el Oviedo del siglo XII: dos jueces y dos alcaldes nombrados por la ciudad y un juez y un alcalde de nombramiento episcopal darían pie a una larga historia de conflictos jurisdiccionales entre ambos poderes que llega hasta el siglo XVI, pues no siempre resultó fácil a los obispos encontrar el fundamento jurídico de sus facultades señoriales. En todo caso, los prelados tendrán una participación activa en el gobierno urbano gracias al disfrute de unos derechos que, “desde tiempo inmemorial”, sirvieron para argumentar su poderío económico generando no pocas pesquisas regias por conflictos de jurisdicción con la villa del rey7 . Este tercio episcopal suponía en Oviedo no sólo la percepción de la tercera parte de todas las rentas, sino también la parte proporcional de los derechos derivados del ejercicio del poder jurisdiccional sobre la ciudad, traducidos en una capacidad de intervención política que reforzaba su posición dentro de la ciudad gracias al carácter mixto de las magistraturas urbanas. Esta prerrogativa episcopal de nombramiento de jueces y alcaldes, recuerdo de sus atribuciones señoriales, fue sucesivamente confirmada por los monarcas castellanoleoneses desde principios del siglo XIII, aunque los conflictos con la villa del rey fueron latentes hasta bien entrado el siglo XVI: en el año 1500, la Iglesia continuaba reclamando la “jurisdicción que le corresponde por derecho” exigiendo al regimiento tres cosas: el derecho del juez de la Iglesia a disfrutar de mil maravedíes de yantar; la impartición de justicia en los límites de su jurisdicción y los derechos de la Iglesia sobre los bancos del mercado de la carne8 .
El Fuero de Oviedo, confirmado por Alfonso VII en 1145, estableció en Oviedo un primer sistema de gobierno que incluía, por entonces, a dos merinos “uno franco y otro castellano” marcando así un significativo oficio privativo para los inmigrantes francos avecindados en la ciudad, fiel reflejo de la sociedad ovetense de aquellos años, que se iría diluyendo poco a poco9 . Justo un siglo después de aquella concesión, ya vemos a la ciudad ejerciendo su potestad plena de gobierno gracias a una ampliación de sus atribuciones gubernativas, administrativas y judiciales urbanas que le llegaba de la mano de Alfonso IX de León. La villa se convertía en una institución casi autónoma decretando en 1245 sus primeras ordenanzas junto al merino mayor y a los alcaldes del rey, representantes regios en la capital asturiana10. Estos alcaldes reales, figuras comisionadas por los monarcas, llegaron a tener un ámbito de ejecución de extensión variable, como vemos muy bien en el caso de Alfonso Nicolás, alcalde del rey en Oviedo11. Otros ejemplos bien conocidos son Suero Alfonso Beltrán, que ejerció su cargo en Gijón, Colunga, Navia, Ribadesella y Llanes o Pere Daoz, delegado del rey en Asturias para delimitar el trazado de las murallas de varias villas nuevas12.
Durante todo el siglo XIII, el gobierno municipal del Oviedo regio estuvo controlado por la asamblea vecinal burguesa, que elegía con autonomía sus magistraturas –dos jueces y dos alcaldes– y que, reunida por pregón en régimen de concejo abierto, solía optar por congregar a una parte representativa de los vecinos de Oviedo13. De 1262 son las primeras ordenanzas aprobadas por la villa regia y específicas para el nombramiento anual de los cargos municipales regulando los oficios colegiados de jueces y alcaldes, el de personero, los ocho jurados o fieles y los dos omnes bonos encargados del sello mayor de la ciudad, todos ellos elegidos anualmente. La imposibilidad de repetir el cargo en los tres años sucesivos al mandato y la activa participación de los oficios artesanos quedaban asimismo reguladas en unos estatutos que imponían, además, normativas relacionadas con el abastecimiento, la firma de pactos y convenios con otros concejos para la defensa de intereses comunes o la aprobación de nuevos avecindamientos14.
Del procedimiento electivo aprobado en 1262 podemos concluir el perfil de los electores, los requisitos exigibles a los candidatos o la duración de los cargos. Se establecía, además, un sistema de nombramiento por compromisarios o delegación de voto donde las doce personas susceptibles de desempeñar un cargo público –dos jueces, dos alcaldes y ocho jurados– eran elegidas por las autoridades salientes. Pero lo más interesante, sin duda, de esta ordenanza es el protagonismo otorgado a los oficios urbanos: existía en Oviedo una comisión previa, llamemos discriminatoria, formada por “veinticuatro hombres buenos, dos por mester” y encargada de confeccionar el listado de candidaturas y de excluir a aquellos vecinos de Oviedo que ya hubiesen desempeñado el cargo en los tres años anteriores, proponiendo como elegibles a “los mellores hombres buenos de la ciudad”15. Desconocemos cuáles fueron esos doce oficios artesanos del Oviedo del siglo XIII, aunque resulta fácil imaginar la indiscutible participación de carpinteros, zapateros, alfayates, herreros, carpinteros y hortelanos16. Es importante, en cualquier caso, subrayar este perfil social de reclutamiento, así como la constatación de esta participación popular, aunque de manera indirecta, en las elecciones de las magistraturas municipales.
La elección se celebraba, previa convocatoria de concejo pregonado, ocho días antes de la fiesta de Juan en el amplio espacio extramuros de Santa María del Campo. Acto seguido, los veinticuatro hombres buenos declaraban bajo juramento el nombre de las personas descartadas por mandatos previos, proponiendo nuevos nombres y resolviéndose la votación por mayoría absoluta. Los nuevos magistrados electos eran confirmados por los cargos salientes y por cuatro hombres buenos, designados a su vez por los veinticuatro compromisarios y encargados de velar por el correcto funcionamiento del nombramiento y de elegir, asimismo, a los ocho jurados, que no podían haber ejercido el año anterior el oficio de juez, ni el de alcalde ni jurado. De todo lo acordado, daba testimonio uno de los escribanos del concejo siendo públicos los resultados de la votación en la asamblea vecinal abierta celebrada el día de San Juan17.
No es fácil deducir de estas ordenanzas una relación de precedencia jerárquica en cada uno de los oficios municipales porque en ningún momento se especifican las funciones de jueces, alcaldes y jurados, información que tampoco encontramos en otros documentos conservados para la época. No obstante, todo parece indicar que las atribuciones de los jueces serían más de carácter ejecutivo, de gobierno, en coalición con los representantes del rey en la ciudad, correspondiendo a los alcaldes el ejercicio de la función judicial local ordinaria tal y como apuntaba, hace ya muchos años, R. Gibert18.
2.2. Aires de nobleza o el poder de unos pocos: la oligarquización del gobierno urbano y las redes de influencia de las élites.
A fines de la Edad Media, y a través de distintos mecanismos, como la sustitución de los nombramientos anuales por cargos vitalicios o hereditarios o la llegada de corregidores, la monarquía trató de reforzar el control de los municipios reformando la vida política municipal no sólo como instrumento de pacificación social, sino también tratando de contrarrestar el desmesurado poder de las oligarquías locales. Hay quien ha querido ver en este proceso, que inicia con la implantación del regimiento, la muerte definitiva de las autonomías municipales pues, en efecto, la llegada del regimiento supuso un punto de inflexión importante en cuanto al desenvolvimiento de una vida municipal basada hasta entonces en las tradiciones, usos y costumbres locales19. No es posible afirmar una cronología de los hechos en Asturias ni tampoco calibrar su impacto en el municipalismo regional, más allá de la restricción de acceso a los consistorios y del paulatino fortalecimiento de determinados sectores sociales, germen de una conflictividad de bandos que acabaría por explotar ya en época moderna20. Las noticias que ilustran este cambio en Asturias serían inexistentes si no fuera por las Instrucciones Generales para el nombramiento de los oficios concejiles dadas por el Adelantado Mayor de León, Pedro Suárez de Quiñones, a su merino a finales del siglo XIV y aplicadas en el Principado con carácter general, aunque parece más que evidente que no lograron imponerse en Asturias21. De iure, sobre el papel, la participación de los oficios urbanos desaparecía para dar paso a un número determinado de compromisarios, el equivalente al doble de fieles que correspondiese a cada concejo manteniéndose la representación paritaria de los dos estamentos sociales, hidalgos y foreros. Ellos serían los encargados de elegir, por sorteo, a un grupo de fieles, electores a su vez de jueces, alcaldes y personeros. La medida llegaba a la región “para evitar los alborotos y contiendas que siempre planteaban en Asturias las elecciones anuales de cargos”22.
Hay que esperar, sin embargo, a las Ordenanzas de Hernando de Vega de 1494 para ver en la praxis un verdadero cambio, con un principio que bien podría calificarse de centralista basado en el control rígido de los organismos rectores de las ciudades a través del método insaculatorio, sobradamente contrastado en otros lugares de la cornisa cantábrica desde su aplicación en 1474 en Vitoria23. Las nuevas ordenanzas reproducen, con bastante similitud, la composición corporativa del gobierno municipal que veíamos en 1262: dos jueces, dos alcaldes pedáneos, ocho regidores –antes jurados– y dos personeros. Respecto al procedimiento electoral, hemos podido detectar una participación política de un número cada vez más reducido de familias pudiendo afirmarse que el sistema oligárquico en la ciudad pronto se convirtió en un coto cerrado de gobernantes con poder ilimitado para el desempeño de las funciones de administración y gobierno. Era sólo cuestión de tiempo que estallase el conflicto24.
Las nuevas ordenanzas, redactadas ante el regimiento de la ciudad y en presencia del corregidor, fueron enviadas a la corte para su aprobación y firmadas por los Reyes Católicos el 10 de junio de 1494. Establecían el lugar, fecha y hora de la convocatoria –cada 24 de junio, en la Iglesia parroquial de San Tirso a hora de Misa Mayor– y los asistentes convocados, así como el procedimiento electoral: reunidos todos los cargos salientes, el corregidor o su lugarteniente y los jueces presentes en la ciudad “que quisieran asistir”, debían echarse a suertes a cuatro electores, poniendo sus nombres en un papel envuelto en cera depositado en un cántaro. La mano inocente de un niño extraería cuatro papeles en dos veces, dos de cada vez, correspondiendo esos cuatro nombres a los electores de jueces y regidores. Estos cuatro electores, que debían jurar en el Altar Mayor de la Iglesia ante el corregidor y los Santos Evangelios que harían su elección “sin parcialidad ni afición, sin amor ni desamor ni fuerza ni dádiva ni promesa ni temor ni amenaza”, eran los encargados de proponer, en papeles separados, a los dos jueces y a los ocho regidores buscando “entre los más hábiles” y siendo apartados a un lado de la iglesia, sin poder hablar entre ellos25. Echados al cántaro los nombres ante la atenta mirada del escribano, el niño sacaría de uno en uno los nombres, primero los dos jueces y, después, los ocho regidores, procediéndose, acto seguido, a la quema del resto de papeletas.
Fueron requisitos obligatorios de acceso al regimiento estar avecindado en la ciudad, residir en ella y ser “buena persona” y capaz, quedando excluidos quienes hubiesen atentado, en algún momento, contra los privilegios de la ciudad y no siendo posible repetir cargo público en los tres años siguientes al ejercicio, criterio este último que debió generar problemas en ciudades con escasa entidad demográfica, como Oviedo26. Esto explica que paulatinamente se fuera ampliando el perfil de los electores y se acortasen los plazos de repetición del cargo –de tres años a dos– ante la escasez de personas hábiles y suficientes para los oficios27. En cualquier caso, la capacidad y habilidad para el ejercicio de la magistratura correspondiente fue un requisito sine qua non: en 1499, el mismísimo corregidor de Asturias recusaba los nombramientos realizados en Oviedo argumentando que no habían sido elegidas “las personas más capaces” y obligando a los electores a justificar su elección bajo la desorbitada multa de 50.000 maravedíes28. Ordenanzas urbanas ya muy posteriores en el tiempo (1521) fueron añadiendo nuevos filtros “oligárquicos” para el acceso al regimiento, como la experiencia política, exigiéndose, por ejemplo, el desempeño previo del oficio personero para ser juez o regidor29.
El nivel de exigencia de los cargos municipales, progresivo y restrictivo, derivó en una conflictividad social en ocasiones violenta, siendo denunciados muchos vecinos de Oviedo ante el corregidor por el fraude electoral y dando pie a alborotos y escándalos urbanos cuyo impacto social no pasa desapercibido en las fuentes.30.
De los documentos conservados para los años 1498-1506 podemos concluir que hubo en Oviedo una participación importante en el gobierno urbano de sectores burgueses de cierta solvencia económica, vinculados muchas veces al arrendamiento de rentas y miembros, en todo caso, de la burguesía de negocios31. Aunque, en Oviedo, la nobleza no llegase a monopolizar los oficios concejiles, al menos hasta bien entrado el siglo XVI, los cargos públicos estuvieron controlados por la burguesía ovetense más enriquecida, de perfiles bien diferentes a los de aquellos artesanos del siglo XIII. Nuevas oligarquías burguesas enriquecidas que, conseguida su preeminencia econó- mica en la ciudad, reclamaban también su espacio de poder en el gobierno municipal32. Parece, por lo tanto, que el desempeño de cargos concejiles no sólo despertó las apetencias de poder, sino que los privilegios y beneficios económicos de ellos derivados –y que iban más allá de la remuneración debida– comportaban un atractivo añadido a las posibilidades de promoción social derivadas de ellos. En efecto, ha sido posible probar que, en Oviedo, gran parte de los oficios concejiles con representación en la vida política municipal estaban desempeñados por las mismas personas que gestionaban el cobro de los impuestos o de las rentas urbanas más lucrativas, estableciéndose unas redes clientelares y oligárquicas que se disputaban el control urbano y que lamentablemente no podemos conocer al detalle por la discontinuidad de las fuentes conservadas33.
La gestión de la fiscalidad municipal fue una de las estrategias de afirmación de las élites laicas, que vieron en el negocio de las haciendas locales una de sus mayores oportunidades. Conocemos casi en toda su complejidad los mecanismos de arrendamiento de las rentas urbanas por puja, un negocio rentable y lucrativo controlado por personas que, al tiempo, desempeñaron cargos municipales, mezclándose intereses políticos y económicos en una misma persona o en una misma familia34. He podido documentar, y no se trata de un caso aislado, que Pedro González Vinagre, vecino de Oviedo, fue receptor de los maravedíes de la Hermandad, mandador y juez en 1498, diputado para las cuentas en 1499 y regidor, mandador del peso de la carne y de la sardina, vicario del vino en el quinto de Faro –alfoz de la ciudad– y procurador en la Junta General del Principado en $1 5 0 0 ^ { 3 5 }$ . Mismas pautas de comportamiento se detectan en las pequeñas villas nuevas asturianas, especialmente en aquellas que disfrutaron del privilegio de alfolí de sal, como bien ha podido constatar Solano Fernández-Sordo para la villa de Villaviciosa36.
Las competencias del regimiento eran amplias, como lo habían sido tiempo atrás las de los concejos vecinales. Tanto los llamados oficios de gestión –mayordomos, contadores– como los de gobierno –regidores, jurados– o de representación –procuradores, diputados– estaban llamados a aprobar nuevos avecindamientos, garantizar el abastecimiento local y proteger los bienes de propios mediante controles fiscales; salvaguardar las obras públicas y procurar la limpieza urbana; proteger la paz ciudadana interviniendo sobre la posesión de armas en la ciudad, castigando el alboroto público y el juego o regulando la prostitución; convocar al concejo en casos de extrema necesidad, como la imposición de repartimientos extraordinarios, y autorizar pesquisas fiscales. Amplias fueron también las competencias de los regidores en materia económica, controlando el abastecimiento, los precios, los arrendamientos de rentas y la fijación de normativas laborales y de orden público. Por su parte, los jueces despacharon la justicia ordinaria civil y criminal, aunque corregidores y pesquisidores podían intervenir por mandato regio quedando, en ese caso, suspendida de inmediato su competencia judicial. Recordemos, además, que la jurisdicción eclesiástica seguía sus propios procedimientos, llegando a producirse en Oviedo, como apuntábamos, tensos conflictos derivados de los nombramientos de los jueces de la iglesia, de los pleitos resueltos en el palacio episcopal, de la gestión de la cárcel del obispo o del uso de armas dentro de la ciudad37.
El incumplimiento de sus responsabilidades municipales fue constante por parte de los órganos directivos, siendo habitual la ausencia de los jueces en las audiencias públicas (ordenanza de 30 de marzo de 1498), el incumplimiento del horario (ordenanza de 25 de junio de 1498), la no comparecencia en el consistorio (ordenanzas de 17 de agosto de 1498 y 23 de septiembre de 1500) o la ausencia continuada de la ciudad, obviando el requisito de residencia obligatoria (10 de octubre de 1498)38. Es notorio el absentismo de los regidores y su habitual incomparecencia a las sesiones municipales, quizás debido al escaso debate político en la toma de decisiones políticas o, más bien, a la certeza de que muchas de ellas ya estaban tomadas de antemano respondiendo a intereses “de grupo”39.
Los derechos percibidos por jueces y regidores en el ejercicio de su cargo eran, en su opinión, insuficientes. Un sueldo de 1500 maravedíes anuales, a los que habría que añadir el disfrute de unos complementos –yantares– que la ciudad pronto eliminaría para incorporarlos directamente a la retribución ordinaria40. En efecto, la Ordenanza sobre las yantares del concejo, hecha pública el 4 de septiembre de 1499, incorporaba al sueldo de los jueces de Oviedo cuatro yantares de ochocientos maravedíes cada una “avido respecto al muy poco salario que ordinariamente tenían”41.
Poco sabemos de los procuradores, que solían responsabilizarse de la gestión de los pleitos y negocios de la ciudad velando por los intereses del concejo y por su buen funcionamiento denunciando irregularidades, o de los merinos, que actuaban como ejecutores de las decisiones concejiles, responsabilizándose de las cárceles y quedando al cargo de los presos. No hubo en Oviedo mayordomos, entendidos como administradores de la hacienda municipal y de las finanzas, pero sí en otros núcleos urbanos como Llanes y Castropol42. Contadores, repartidores, mandadores, veedores, ejecutores de armas, recaudadores, andadores, diputados y visitadores vendrían a completar la nómina del funcionariado concejil asturiano43. Finalmente, la aparición documental de los escribanos de número en Oviedo es muy tardía: el 21 de junio de 1527 se publicaba una ordenanza para su nombramiento mediante la cual se acordaba el pago de una cuota de entrada de mil quinientos maravedíes por el derecho a ejercer el oficio44.
La llegada a Asturias de los corregidores, su nombramiento y su aceptación por parte de la Junta General del Principado de Asturias han dejado testimonio escrito de la escasa simpatía que estos delegados regios despertaron en la región llegando a producirse, a veces, situaciones de extrema violencia, como el asesinato del alcalde del corregidor, Alonso de Zaya, en la villa de Salas en $1 4 7 8 ^ { 4 5 }$ . Los motivos del rechazo son fácilmente comprensibles si pensamos en las amplias atribuciones concedidas por los reyes a unos delegados venidos a la tierra para poner orden, facultados como estaban para aplicar con rigor la justicia, civil y criminal, revisar cuentas de propios y alfolíes y presidir las reuniones concejiles y las de la Junta General del Principado de Asturias, máximo órgano de representación de los concejos asturianos. Y es que el siglo XV fue verdaderamente anárquico en Asturias. Una situación de inseguridad y deterioro del principio de autoridad que llegó a grados extremos, con concejos oprimidos por una nobleza “menor” que basaba su poderío en la posesión de la tierra y una nobleza poderosa y partidista que desató la violencia con episodios sangrientos que bien recuerdan las luchas banderizas vascas46. Quizás por eso, muchos nombramientos no llegaron a materializarse y muchos corregidores nunca llegaron a pisar tierras asturianas, enviando en su nombre a lugartenientes, alcaldes, jueces de residencia y pesquisidores.
3. Concejos y regimientos en las villas nuevas asturianas.
Los estudios más recientes dedicados a las villas del norte peninsular apuntan a una posible “personalidad cantábrica” relacionada con el protagonismo de determinados sectores sociales dentro de las llamadas “élites del común”. Es cierto, en primer lugar, que la llegada del regimiento al norte peninsular es más tardía respecto al reino de Castilla, permitiendo a las asambleas vecinales controlar durante más tiempo los gobiernos locales. Y podría pensarse, por otro lado, que la medra económica y el ascenso social que facilitaron los negocios marítimos encumbraron durante más tiempo a unas élites burguesas que supieron canalizar muy bien las reivindicaciones del común47. ¿Pueden aplicarse estas premisas al caso asturiano?
Avilés presenta una particularidad muy interesante relativa al protagonismo “popular” de las magistraturas urbanas y es la dualidad de nombramientos derivada de su sociedad urbana: jueces y alcaldes de la villa compartían gobierno con los de Sabugo, arrabal de pescadores nacido al calor de la ría y que acabó por convertirse en centro neurálgico de la actividad económica portuaria48. No sabemos cuándo perdió fuerza en Avilés el régimen de concejo abierto para imponerse el regimiento, pero, ya fines del siglo XV, los grupos oligárquicos encabezados por la familia de los Alas acabaron por monopolizar la administración y la justicia concejil. Los acuerdos municipales que han llegado hasta nosotros (1479-1492) dejan constancia de una elección de cargos anual celebrada la víspera de San Juan de junio en la que las justicias salientes elegían a sus sucesores49. El procedimiento dio problemas, hasta el punto de que algunas familias llegaron a oponerse haciendo necesaria la intervención del corregidor. El 23 de junio de 1482 se vivió un verdadero “levantamiento burgués” contra las familias oligárquicas de la villa en presencia de los dos jueces, seis regidores, dos procuradores y varios vecinos que exigieron el secreto de las votaciones “porque non oviese discordia e por poner paz e asosiego en esta villa e vezinos della”50. Al cabo de un mes, la villa solicitaba la presencia de Juan de la Hoz para garantizar una elección imparcial frente a los intereses de la familia de los Alas y, al año siguiente, el corregidor Luis Mejía se vería igualmente en la tesitura de intervenir nombrando directamente a los cargos municipales ante la queja de los vecinos y las denuncias de que más de uno había ostentado el cargo dos años51.
El sistema que acabó por imponerse en Avilés fue el de la elección por compromisarios, electores llamados a nombrar anualmente a dos jueces, seis regidores, dos procuradores y cuatro alcaldes, uno de ellos marinero de Sabugo52. Es particularmente interesante esta diferenciación entre la villa y el arrabal de pescadores, pues le da un matiz peculiar al funcionamiento del concejo. Además, la perfecta diferenciación en las fuentes del alcalde de Sabugo está revelando la facultad del burgo marinero de elegir a su propio representante y una más que posible circunscripción “infraconcejil” con proyección administrativa en la vida local.
Junto a los oficiales ya mencionados, formaron parte del consistorio avilesino cuatro alcaldes de Hermandad, cuatro cuadrilleros y dos “taleheros”53. Sin poder llegar a hablar aún de compra de cargos, de regidores propietarios o de una verdadera patrimonialización del regimiento, sí se percibe con claridad cómo fueron sucesivamente reelegidas en los cargos las mismas familias, en un claro proceso de perpetuación en los sistemas de poder: los Alas, los Calabaza, los González. En 1493, una orden de los Reyes Católicos obligaba precisamente a tres vecinos de Avilés, Alonso de Las Alas, Gutierre González y Gutierre de Las Alas “que no se entrometan en nombrar a los jueces y oficiales de la villa entre sus partidarios, tal y como han denunciado los vecinos de Sabugo, y se atengan a las ordenanzas existentes para ello” quedando manifiesta esta queja de los pescadores contra las principales familias que boicoteaban permanentemente los procesos selectivos54. Los reyes tratarían de mitigar el conflicto imponiendo al año siguiente, en 1494, las ordenanzas establecidas por el corregidor Fernando de Vega y relativas a la elección de los cargos, tal y como había sido ordenado en Oviedo y sin añadir nada nuevo a dichas instrucciones55.
En el resto de las villas nuevas asturianas, la facultad de ordenar el régimen municipal correspondía al titular de su fundación, que disponía la organización básica de la administración local en los respectivos instrumentos fundacionales y, por tanto, su autonomía municipal puede ya verse en el mismo momento de su constitución como núcleos urbanos privilegiados en el siglo XIII. Con carácter general, el nombramiento de oficios concejiles de las villas de nueva fundación regia correspondía al concejo vecinal siguiendo un esquema muy sencillo: una asamblea vecinal, que actuaba en régimen de concejo abierto reunida en la plaza de la iglesia parroquial, y a la que correspondía el nombramiento de jueces y alcaldes, con funciones directivas y ejecutivas y de número variable.
En las villas sometidas al señorío de la Iglesia la provisión de oficios municipales era facultad del obispo, quien la podía ejercer directamente o a través de un representante, aunque en Asturias se dio amplia intervención a los concejos locales, ratificando después los obispos las elecciones vecinales: dice el Fuero de Campomanes que “el juez de la villa devolo a fazer el Obispo a placer del concello”56. En Castropol, el concejo urbano se sometió en 1300 a la voluntad de Fernando Alfonso reconociéndose vasallo suyo y comprometiéndose a guardar todos los derechos de la Iglesia de Oviedo, incluyendo el nombramiento de justicias y oficiales concejiles57. Y las ordenanzas del nuevo villazgo de 1376 y 1381 insisten nuevamente en la facultad exclusiva del obispo de Oviedo para nombrar los oficios municipales, quedando esta facultad reservada exclusivamente a su competencia, una decisión que debe contextualizarse en los difíciles primeros años de vida de la nueva pola (1299-1313) en los que la vecindad se negaba a aceptar el nuevo asentamiento urbano (de Roboredo a Castropol) y la nobleza local se resistía a reconocer la autoridad señorial58.
En Asturias, dos espléndidas cartas pueblas episcopales, ya tardías, permiten añadir nuevas informaciones relativas a los mecanismos de gobierno municipal: me refiero a las de Langreo (1338) y Las Regueras (1421), magníficamente estudiadas en su momento por Ruiz de la Peña59. En el primer caso, el concejo de la villa elegía cada 24 de junio a dos jueces, dos alcaldes y dos personeros “la mitad hidalgos y la mitad foreros” siendo todos ellos, necesariamente, vecinos de la villa. Hecha la elección, se sometía a la aprobación del cabildo y del obispo, que debía enviar, para confirmar los cargos electos, un representante a la tierra en el plazo de tiempo determinado y comprendido entre las fiestas de San Juan y San Pedro. Transcurrido ese tiempo sin producirse la llegada del representante episcopal, la elección concejil surtiría plenos efectos. Indica la carta foral, además, que, en el caso de no producirse acuerdo concejil en la elección, ésta revertía automáticamente a la mitra, con facultad de designación plena. La duración de los oficios era anual en el caso de jueces, alcaldes y personeros, no así de los notarios, correspondiendo al Obispo “dar la notaría”60. La preciosa carta puebla de Las Regueras es bastante similar, aunque presenta matices muy interesantes. Cada año, por San Juan, seis hombres buenos, “llanos e abonados” elegían dos jueces, cuatro alcaldes y dos personeros, siendo la mitad hidalgos y la otra mitad foreros y “elegidos en concordia” contando, al menos, con las dos tercias partes del concejo. Tras la elección, los cargos nombrados debían acudir a Oviedo, al palacio episcopal, para ser confirmados y jurar sobre los Santos Evangelios y la señal de la cruz, tomándoles juramento el vicario en ausencia del Obispo. Como en el caso anterior, si el concejo no llegaba a un acuerdo en la elección, ésta corría a cargo del Obispo. Se indica, además, que, si alguno de los cargos electos cometiese negligencia alguna durante el año de mandato, debería ser inmediatamente cesado de su cargo y sustituido por otro de nombramiento episcopal directo. Respecto al oficio de la notaría, dirá la carta que “no se debe mudar y debe ser perpetuo”, salvo negligencia grave en el desempeño del oficio61.
Comparativamente, todas las villas nuevas asturianas presentan una composición bipersonal de estas magistraturas salvo tres: Campomanes, con un sólo juez (1247); Grado, con tres alcaldes (1268) y Las Regueras, con cuatro alcaldes documentados en $1 4 2 1 ^ { 6 2 }$ . Los cuerpos de jurados o fieles fueron de composición numérica variable oscilando de un máximo de doce a un mínimo de cuatro, según las ya citadas Instrucciones de Pedro Suárez de Quiñones63.
Sólo hubo contadores municipales en Castropol y Salas; merinos, sayones y porteros, en Llanes y corredores, en Pravia. Y en lo relativo a las notarías, la provisión correspondía al rey, en las villas de realengo, y al obispo, en las de señorío eclesiástico siendo vitalicias y dependiendo su número de las necesidades de cada población: es excepcional el caso de Castropol, cuyos cuatro notarios “que non se deben mudar” son testimonio de la intensa actividad urbana del pequeño burgo marinero a lo largo del siglo $\mathrm { X I V ^ { 6 4 } }$ . Algunas villas nuevas asturianas contaron también con representantes transitorios de la comunidad vecinal, llamados procuradores, jurados o personeros, todos ellos “hombres buenos” que actuaban como organismos de asesoramiento y control de las autoridades directivas y que, en algunos casos, fueron muy numerosos65.
En las fundaciones episcopales, comenderos o encomenderos de la Iglesia, y sus merinos, desempeñaron casi siempre esas labores de representación, al igual que los tenentes en las villas regias66. El caso de Villaviciosa, muy bien estudiado, presenta una particularidad interesante, y es la patrimonialización de la figura del tenente en manos de una de las familias más poderosas de la villa, los Quexal, grandes propietarios y potentados locales que controlaron el gobierno de la villa junto a jueces y hombres buenos denunciando constantemente ante los reyes las malfetrías de los poderosos67.
La llegada del regimiento a las villas nuevas está también envuelta, como ocurría en Oviedo y Avilés, de cierta imprecisión. No obstante, y con carácter general, en la costa cantábrica el sistema regimental en las villas portuarias de realengo tuvo una cronología más tardía que en otros contextos peninsulares –hay que esperar a 1444 para encontrar la primera referencia en Villaviciosa– y una aplicación muy peculiar. Vemos, por un lado, un proceso de oligarquización de los gobiernos municipales cada vez más insistente en torno a familias principales y, por otro, un protagonismo importante de las cofradías profesionales que, allí donde actuaron con fuerza, canalizaron la reivindicación de los derechos burgueses levantando su voz contra los abusos, tal y como vemos en todo el ámbito cantábrico68. Es muy claro en Llanes, donde el poderoso gremio de los mareantes de San Nicolás, aferrándose a la costumbre, reclamaban a los reyes en 1480 su participación en el gobierno de la villa a través de la elección de jueces, regidores y personeros. En efecto, siempre habían sido una corporación de peso con una intervención directa en la gestión concejil de la villa69.
El citado proceso de oligarquización de los gobiernos urbanos se ve muy bien en el caso de Villaviciosa donde, aunque se mantenían las elecciones anuales de cargos y éstos se limitaban desde el punto de vista temporal para evitar la patrimonialización de las magistraturas y facilitar la renovación, el cierre social de la oligarquía fue un hecho, quedando el gobierno urbano controlado por unos linajes urbanos que, siendo en origen simples potentados propietarios de tierras, se fueron “aristocratizando” mediante lazos con la nobleza local. Incluso algunas familias llegarían a exigir que ese poder político familiar se perpetuara en el tiempo, como planteaba Diego de Balbín en 1487 ante los mismísimos Reyes Católicos. Esta reivindicación, que debe contextualizarse dentro del clima de conflictividad social protagonizado por la levantisca nobleza asturiana, no llegó a adquirir la importancia que sí vemos en otros espacios peninsulares, aunque influyó sobremanera en los juegos de intereses de los gobiernos locales70.
A partir de 1494 se impuso, también en Villaviciosa, la insaculación71. Las condiciones para ser elegidos cada 24 de junio en la iglesia parroquial de Santa María del concejo las conocemos: ser vecinos, personas hábiles, no haber desempeñado el cargo en los tres años anteriores y no guardar “parcialidad ni banderizo”. No se cumplió este último aspecto, pues, pocos años después, los reyes enviaban corregidores a la tierra debido a que “la elección de los oficios ha causado la mayor parte de los escándalos y muertes de hombres en el Principado”72.
4. Aspectos conclusivos.
Hasta bien avanzado el siglo XIII, la institución concejil asturiana estuvo identificada con las asambleas vecinales, que actuaban en régimen de concejo abierto reunidas por pregón y que podían congregar a toda la comunidad, o solamente a una parte del vecindario. Fuera en su totalidad o bien en representación, a través de los “hombres buenos”, correspondía a la asamblea de vecinos la facultad de elegir a sus propios gobernantes y de controlar la gestión de jueces, alcaldes, personeros y demás oficiales. En Oviedo, único núcleo urbano asturiano cuya organización política podemos conocer para el siglo XIII gracias a las ordenanzas de 1262, sabemos que jugó un papel decisivo la burguesía artesanal que no sólo protagonizaba en aquel momento la vida económica de la villa regia, sino que afianzó su participación política eligiendo en representación a “dos hombres buenos de cada mester”.
Andando el tiempo, pero sin poder precisar el momento exacto en el que debió producirse el final de aquellas “libertades municipales”, es posible percibir un gradual y progresivo intervencionismo del poder regio en la vida autónoma de los concejos asturianos y fue inevitable que las formas sencillas de aquella organización municipal previa al regimiento dieran paso a otras más complejas donde el nombramiento de oficiales comenzó a depender más de las estrategias políticas de las oligarquías, burguesas o nobiliarias, que de la aprobación vecinal. A fines de la Edad Media, y mientras los burgueses enriquecidos de ciudades y villas, propietarios, ricos comerciantes y arrendadores de rentas, aspiraban a ser algo más que élites financieras viendo en la participación política una nueva forma de canalizar sus intereses de grupo, la nobleza local trató de defender su posición generándose un clima de tensión que obligó a la monarquía a intervenir. Pero los intentos de los reyes por instaurar un marco común en la región que articulase los nombramientos concejiles –las Ordenanzas de Hernando de Vega son el ejemplo claro– necesitaron de un periodo largo de adaptación y esa pretendida unificación, vista desde Asturias como una injerencia en toda regla, tardó en imponerse y lo hizo, además, con dificultad. Para ejemplificar todos estos procesos de cambio hemos elegido diferentes escenarios atendiendo a dos criterios. Por un lado, la representatividad urbana de la Asturias medieval, con una ciudad episcopal de señorío compartido, Oviedo; una villa regia de antigua fundación, Avilés y un elenco representativo de villas nuevas, regias y señoriales, cuyos esquemas municipales reproducen, a pequeña escala, los comportamientos políticos de las oligarquías. En segundo lugar, la disponibilidad de las fuentes conservadas, condicionadas cronológicamente, por tardías, y limitadas sólo a determinados núcleos urbanos.
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