¿Las mujeres al trono? Carlota Joaquina de Borbón en las controversias memoriales durante la primera experiencia liberal española\*.
Women on the throne? Carlota Joaquina de Borbón in the memorial controversies during the first Spanish liberal experience.
Marcela TERNAVASIO Universidad Nacional de Rosario.
RESUMEN.
Este artículo se ocupa de las operaciones memoriales construidas en torno a la figura de Carlota Joaquina de Borbón (1775-1830) durante la primera experiencia liberal española. Dichas operaciones se configuraron ante los reclamos de la infanta para ocupar la regencia y modificar la ley de sucesión al trono de España, mientras su hermano Fernando VII y el resto de su familia permanecían cautivos de Napoleón Bonaparte en Francia. A través de numerosos impresos publicados en la Península entre 1810 y 1814, el análisis se concentra en los usos políticos de la historia que exhibe el corpus seleccionado. El texto se ordena en torno a tres grandes temas. El primero recupera las perspectivas de género que atraviesan las narrativas analizadas que discuten la vigencia de la ley Sálica impuesta en 1713, vinculadas a las imágenes del borbonismo francés frente a la tradición histórica y jurídica hispana. El segundo aborda las representaciones construidas en torno al iberismo luso-hispano y las controversias que reavivaron las pretensiones sucesorias de Carlota Joaquina. El tercero se detiene en los efectos que dichas pretensiones provocaron en el imaginario imperial de la monarquía en su vínculo con América.
PALABRAS CLAVE.
Carlota Joaquina de Borbón; usos políticos del pasado; Ley de Sucesión; género; borbonismo;
Iberismo.
ABSTRACT.
This article addresses the memorial operations built around the figure of Carlota Joaquina de Borbón (1775-1830) during the first Spanish liberal experience. These operations were set up in response to the Infanta's claims to occupy the regency and modify the law of succession to the throne of Spain, while her brother Fernando VII and the rest of her family remained captives of Napoleon Bonaparte in France. Through numerous prints published in the Peninsula between 1810 and 1814, the analysis focuses on the political uses of history exhibited by the selected corpus. The text is organised around three main themes. The first recovers the gender perspectives that run through the analysed narratives that discuss the validity of the Salic law imposed in 1713, linked to the images of French Bourbonism compared with the Hispanic historical and legal tradition. The second addresses the representations built around LusoHispanic Iberianism and the controversies that revived Carlota Joaquina's succession claims. The third focuses on the effects that these claims had on the imperial imagination of the monarchy in its connection with America.
KEYWORDS.
Carlota Joaquina de Borbón; political uses of the past; Law of Succession; gender; Bourbonism;
Iberianism.
CÓMO CITAR/ HOW TO CITE: Marcela TERNAVASIO, “¿Las mujeres al trono? Carlota Joaquina de Borbón en las controversias memoriales durante la primera experiencia liberal española”, Rubrica Contemporanea, vol. XIII, n. 27 (2024), pp. 67-86.
\*. El presente artículo es resultado del proyecto PID2020-120048GB-I00 “Las barricadas del recuerdo.
Historia y memoria de la era de las revoluciones en España e Hispanoamérica (1776-1848)”.
Carlota Joaquina de Borbón (1775-1830) fue objeto de variadas operaciones memoriales a lo largo de la historia. Las imágenes que se fueron plasmando en torno a su figura contribuyeron a cristalizar juicios estereotipados, reproducidos a través de diversos géneros. El relato dominante presentó a la princesa como una mujer calculadora, intrigante, conspiradora y ambiciosa, y no ahorró expresiones para resaltar un perfil físico y moral que combinaba la falta de belleza y de dotes femeninos con una propensión al desenfreno, la lujuria y el adulterio. Estas imágenes se nutrían de una vasta producción discursiva e iconográfica que, especialmente desde el siglo XVIII, abonó críticas de naturaleza misógina hacia reinas y consortes que no se adaptaban al papel de mujeres domésticas –buenas esposas y madres– asignado por el modelo patriarcal burgués que se estaba consolidando1 .
Hija de María Luisa de Parma, Carlota Joaquina fue desacreditada a través de narrativas no muy diferentes de las imputadas a su madre o a María Antonieta en Francia. Como ha demostrado Antonio Calvo Maturana, dichas narrativas les atribuían poderosas influencias sobre sus maridos –presentados como personajes débiles y fácilmente manipulables– y una amoralidad asociada a supuestas conductas sexuales y libertinas2 . La feminización de la figura de los reyes, víctimas de sus esposas, era correlativa a la exaltación de valores típicamente masculinos en las reinas. En el caso de la infanta española, esa masculinización se convirtió en un tópico repetido, como quedó reflejado en la obra clásica de Manuel de Oliveira Lima: “Dona Carlota Joaquina nuca se resignou a ser aquilo para que nascera –uma princesa consorte”, y fue su sobrada “virilidade” la que la condujo a querer ser ella misma el “Rei”3 .
En el marco de ese imaginario compartido, las memorias construidas sobre la infanta no fueron homogéneas ni alcanzaron la misma potencia en los diversos escenarios en los que intervino. En su doble condición de hija mayor de Carlos IV y esposa de João de Braganza, participó activamente en los asuntos políticos de España, Portugal e Iberoamérica. En el espacio luso-brasileño, las disputas en torno a su figura fueron muy intensas. En la historiografía portuguesa, Sara Marques Pereira ha explorado la completa trayectoria vital y actuación política de la princesa, como asimismo las genealogías que fueron configurando la leyenda negra y la leyenda dorada del personaje, vinculadas al lugar central que ocupó la reina consorte en la monarquía lusa por ser el emblema de los grupos absolutistas enfrentados a los sectores liberales4 . En la historiografía brasileña, Francisca Nogueira de Azevedo profundizó en las redes que articularon sus planes a escala americana, luego del traslado de la Corte de Braganza a Río de Janeiro, y en las diferentes narrativas que se sucedieron a lo largo de los siglos XIX y XX en esos espacios5 . La autora destaca que la leyenda negra se difundió tempranamente en Brasil, extendida a la historiografía posterior y a obras de divulgación en formatos muy variados.
En el mundo hispano, las controversias no se replicaron con el mismo vigor que en Portugal y Brasil ni alcanzaron tanta proyección en el largo plazo. No fue ajeno a este devenir el hecho de que Carlota abandonara España a los diez años de edad para contraer matrimonio en Lisboa, sin regresar a su tierra de origen. No obstante, en su calidad de infanta española, desempeñó un relevante papel en las tramas políticas y disputas memoriales suscitadas con la crisis de la monarquía de 1808. De esas disputas, menos atendidas por la historiografía, se ocupa este artículo, cuyo objeto es recuperar las memorias que se expresaron en aquella coyuntura ante sus reclamos para ocupar la regencia y modificar la ley de sucesión al trono de España, mientras su hermano Fernando VII y el resto de su familia permanecían cautivos de Napoleón Bonaparte en Francia. A través de numerosos impresos publicados en la Península entre 1810 y 1814, al calor de la libertad de imprenta que rigió durante el primer ensayo constitucional español, el análisis se concentra en los usos políticos de la historia que exhibe el corpus seleccionado6 . Como indica una vasta producción en el campo de la memoria, tales usos estaban destinados a modelar el pasado en función de los problemas y las preocupaciones del presente para justificar posiciones respecto del futuro.
El argumento que subtiende las siguientes páginas se inscribe en un horizonte más amplio, ya trabajado por otros autores: el de la pesquisa histórica que impuso el carácter extraordinario de la crisis monárquica a la hora de encontrar en el pasado respuestas capaces de legitimar las posibles salidas jurídicas y políticas para ese enorme conglomerado imperial que devino en la nación española bihemisférica plasmada por la Constitución de Cádiz, una nación que, como afirma José M. Portillo Valdés, “fue antes que sujeto político un sujeto histórico y antes un sujeto literario”7 . En el seno de esas pesquisas, la intervención de la infanta reclamando sus derechos dinásticos abrió un espacio de discusión que, íntimamente vinculado al tema de la nación, se expandía a tópicos específicos que ponían en juego el porvenir de la monarquía. Los próximos apartados se organizan, entonces, a partir de dichos tópicos, en los que se entrelazan visiones del pasado remoto y reciente. En el primero se recuperan las perspectivas de género que atraviesan las narrativas analizadas, al reactualizar la vigencia de la ley Sálica impuesta en 1713, vinculadas a las imágenes del borbonismo francés frente a la tradición histórica y jurídica hispana; el segundo aborda las seculares representaciones construidas en torno al iberismo luso-hispano y las controversias que reavivaron las pretensiones sucesorias de Carlota, y el tercero se detiene en los efectos que dichas pretensiones provocaron en el imaginario imperial de la monarquía en su vínculo con América.
En la guerra de papeles que acompañó el enfrentamiento bélico con Francia y las revoluciones americanas, el pasado se hacía presente para avalar o denostar las memorias en pugna y, a través de ellas, proyectar futuros posibles. Si bien la figura de Carlota perdió relevancia en España a partir de la restauración absolutista de 1814, el pasado volvió a hacerse presente poco después de su muerte, ocurrida en 1830. Las guerras carlistas reflotaron la agenda que supo instalar la hermana mayor de Fernando VII al cuestionar la ley de sucesión, con lo que el papel de las mujeres en la tradición de la realeza española regresó al centro de la escena política.
El derecho de las hembras a la corona.
Los acontecimientos y tramas en los que se inscribió el debate de la Ley de Sucesión durante la primera experiencia liberal española son bien conocidos8 . Dicho debate puso en entredicho la ley Sálica impuesta por Felipe V de Borbón, luego de concluida la Guerra de Sucesión. Aunque la ley no era igual a la vigente en Francia, por cuanto no excluía completamente a las mujeres del derecho de sucesión al trono, sus cláusulas restringían tal derecho a la extinción de las líneas masculinas principales (hijos) o laterales (hermanos y sobrinos) para que hubiese una reina en España. Las posiciones vertidas en las Cortes (en sesiones secretas) estuvieron apoyadas por plumas –en su mayoría anónimas– que los partidarios y detractores de la ley vigente emplearon para amplificar sus argumentos.
Se trataba, sin duda, de un debate político de coyuntura que –por primera vez– hacía depender la toma de decisiones de los votos que se obtuvieran en una asamblea unicameral que se había imputado la soberanía de la nación y que se desplegaba en un delicado escenario, al quedar la infanta Carlota en la primera línea sucesoria ante el cautiverio de la familia real. El debate mostró la profunda desconfianza de los grupos liberales mayoritarios en las Cortes hacia la hija de Carlos IV –cuyas adhesiones más enfáticas provinieron de los sectores vinculados al absolutismo–, pero no declinó en una oposición al momento de aprobar la derogación de la Ley Sálica –por 126 votos contra $2 0 -$ en la asamblea que sancionó la Constitución de $1 8 1 2 ^ { 9 }$ . Además, se pusieron en primer plano las controversias por las interpretaciones del pasado, como quedó expuesto en los impresos aquí trabajados, en tanto se ponía en juego el vínculo entre tradición y leyes escritas y entre historia y derecho.
Las genealogías destinadas a justificar el derecho de sucesión de las “hembras” a la corona española se remontaban a los tiempos de la monarquía electiva:
Cuando el trono era electivo, ni aun los hijos varones tenían más derechos que el de una recomendación poderosa a la posesión del mando soberano; pero una vez hecho hereditario, jamás dejaron de ser llamadas a él con preferencia las hijas de los reyes difuntos, a falta de varones10.
El autor anónimo de este impreso afirmaba en otro anterior que “los derechos de las mujeres a suceder en la Corona española son tan antiguos como ella misma, y hacen por consiguiente parte de sus Leyes Fundamentales, confirmadas por el Derecho escrito”11. La réplica a esta posición postulaba que “en todos los códigos españoles no hay semejante ley, ni está confirmada por el derecho escrito; y es una suposición gratuita asegurar que hay ley fundamental de esta naturaleza”12.
En ese combate, el tema estuvo atravesado por consideraciones de género, ilustradas históricamente por mujeres de la realeza. Los defensores de los derechos sucesorios de Carlota trazaban un puente entre la reina Isabel I de Castilla y la infanta, procurando identificar los valores que la memoria histórica le asignaba a la primera y destacando la secular relevancia de los enlaces matrimoniales para mantener la unidad de la monarquía. El casamiento de los reyes católicos que signó la unión y expansión imperial hacia América a fines del siglo XV se ligaba a los atributos femeninos de la reina: “el Gobierno incomparable de una Isabel de España hizo ver que en este sexo débil cabía un heroísmo superior al de cuantos varones la gobernaron antes y después de ella”13. La capacidad de las mujeres para ocupar el trono era a su vez defendida desde un registro que solapaba el ejercicio del gobierno político con el poder doméstico. Ante las objeciones vertidas sobre las capacidades femeninas para “gobernar una vasta monarquía; y menos en esta época turbulenta”, se acudía de manera recurrente a la cita de Montesquieu, apoyada en ejemplos históricos propios y ajenos:
Es contra toda razón que las mujeres sean cabeza de la casa como entre los egipcios, pero no lo es el que gobiernen un imperio. En el primer caso las excluye de la preeminencia la debilidad de su sexo; en el segundo esta misma les da más dulzura y moderación, cualidades que forman el buen Gobierno, más bien que las duras y feroces
13. Conversación entre un forastero, p. V.
[…] Con efecto los reinados solos de las dos Isabeles de Inglaterra y España, y el de las Catalinas de Rusia son suficientes para justificar esta opinión de Montesquieu14.
Los valores de heroísmo, moderación y dulzura atribuidos al sexo débil para gobernar –cuyo modelo icónico era la reina Isabel– contrastaban con los invocados por los detractores, que recuperaban las clásicas imágenes misóginas asociadas a los vicios y males que producían las pasiones femeninas: “colocar en el trono a la princesa del Brasil, y suponiendo que el gobierno de las hembras es muy aventajado, cuando la razón de estado y la política imperiosamente exigen lo contrario”15. La razón de Estado se unía a una concepción del orden natural, según afirmaba un autor anónimo luego de confesar que “no me gustan las mujeres” al mando de los gobiernos: “la naturaleza les ha dado otros destinos para el bien de la sociedad” 16. No obstante, dicho autor reconocía que hubo “alguna otra excepción en esta parte”, consignaba que habían sido “muy exageradas por los historiadores” y “que no se ha repetido en las actuales familias reinantes de Europa”17. Con esta última sentencia, el impreso dejaba implícita una línea de continuidad que no se remontaba al pasado remoto sino al reciente: Carlota Joaquina era hija de María Luisa de Parma.
El desprestigio de la consorte de Carlos IV, vinculada al denostado favorito Manuel Godoy, representaba un estigma para los reclamos de su hija mayor. Aunque las imágenes y alegorías más disruptivas y lujuriosas que fueron consolidando la leyenda negra de la parmesana no se trasladaron de manera literal a la infanta, las diatribas proferidas por los opositores a sus derechos sucesorios recuperaban algunos de los tópicos de aquella narrativa18. Entre ellos, estaba ser una mujer dominante y –como su madre– una mala influencia sobre su débil marido:
Y una señora, que tanto influjo tiene con su esposo […] ¿quién podrá asegurarnos que la Sra. Carlota, amañada ya a mandar como su madre, y acostumbrada a que sus súbditos obedezcan ciegamente, pueda sujetarse a guardar y observar religiosamente las nuevas instituciones proclamadas y sancionadas por el Congreso nacional? […] Todos nuestros sacrificios habrían sido en vano: volveríamos a arrastrar las mismas cadenas que en el tiempo de Carlos IV, y volveríamos a ser el juguete de los caprichos de otra Corte como la de María Luisa19.
La condena de María Luisa, Carlos IV y Godoy era tan unánime en la opinión pública española que los propios defensores de los derechos de Carlota debían lidiar con ella, sin negar el descrédito que aquel trio gobernante le había conferido a la monarquía: “Es una vergüenza [que] usen semejantes medios, aspirando a preocupar al incauto vulgo en los aborrecidos nombres de María Luisa y de Godoy”20. Por tal razón, quienes postulaban a la infanta como una solución eventual a la crisis monárquica insistían en anclar sus argumentos en las “pruebas” que otorgaba la “historia”. Es decir, en “el deseo de buscar la verdad, consultando al efecto los documentos necesarios para descubrirla”21. La exigencia apuntaba a que el supuesto impedimento legal para que Carlota sucediera en el trono a sus ausentes hermanos fuera demostrado y probado “con ejemplos de nuestra historia, y con disposiciones de nuestros códigos”22.
El punto central era, entonces, defender o cuestionar si la ley de Sucesión de 1713 podía ser calificada de Ley Fundamental. La discusión jurídica habilitó, así, la denuncia sobre el carácter despótico del primer Borbón, responsable de imponerla:
Y en este caso, advertimos que fue inútil el establecimiento de la ley que excluía a las hembras, así como se echa de ver, que siendo esta una innovación muy posterior a la costumbre que regía en el particular, ninguna facultad tenía el rey para introducir semejante novedad23.
La denuncia era relevante porque contribuyó a formular una potente crítica al borbonismo de origen francés. La modificación de la ley de Sucesión por parte de Felipe V fue producto, en esta visión, de la “prepotencia de Luis XIV interesado en promoverla para consolidar el pacto de familia, que tantos males ha causado en Europa, y cuyos tristes efectos están llorando ahora los españoles”24. Esta “disposición tan tiránica” y “concebida en los términos más despóticos”25 había violado la tradición hispánica de la ley de Partidas, en unas “llamadas Cortes” consideradas nulas por los “abusos del Poder Real”26. El cambio de dinastía era, pues, el punto de inflexión en la historia:
En efecto, hasta el año 13 del siglo pasado, en que el déspota de Francia, dando leyes a España, obligó a su nieto a excluir las hembras del solio, ninguna ley ni monumento alguno se había opuesto al engrandecimiento de la Nación, y a la reunión preciosa y necesaria de sus provincias desmembradas; solo asequible por el medio pacífico de enlaces matrimoniales27.
Las críticas a la ley Sálica se inscribían en una diatriba antifrancesa que actualizaba el pasado en el presente. Felipe V, nieto de Luis XIV, era, como Napoleón Bonaparte, un rey extranjero y despótico, que “cuidó de impedir el futuro engrandecimiento de la España, y de que nunca saliese de la clase de potencia de inferior orden”28. El arco trazado entre la Guerra de Sucesión y la Guerra de Independencia contra Francia asumía un sentido determinado al establecer ciertas cadenas de equivalencias que, además de poner en cuestión la legitimidad borbónica en España, proyectaban la continuidad de un tiempo signado por la complicidad de una alianza que condujo a la ruina de la monarquía:
¿Diremos, por llevar adelante una aserción tan descabellada, que Felipe $\mathrm { V }$ y de consiguiente su descendencia no tenían más derecho a la Corona de España, que el que obtuvo por la felicidad de sus armas, a manera de los Bonapartes? $\it { i } \mathrm { O }$ finalmente concederemos al mero capricho de Carlos II la facultad de regalar esta generosa nación al extranjero que más le plugo; autorizando y reconociendo nosotros mismos, con semejantes desvaríos, la escandalosa cesión de Carlos IV y los quiméricos derechos de nuestros abominables tiranos? ¡Ah! qué lejos podría llevarnos el raciocinio, si fuese cierta la pretendida falta de ley constitucional de sucesión al tiempo del advenimiento de la dinastía de los Borbones!29.
La cita procede de un impreso atribuido a José Joaquín Colón, decano del Supremo Consejo de España e Indias, y publicado como respuesta al extenso texto firmado por Pascual Bolaños y Noboa, abogado de Cádiz, quien defendía lo dispuesto por Felipe V de excluir a las “hembras” de la sucesión. El impreso de Bolaños ofrecía una versión diferente acerca del pasado y del orden jurídico hispánico. Como veremos en el próximo apartado, ambas versiones no eran ajenas a propuestas concretas en la disputa por los candidatos dinásticos a ocupar la regencia y reclamar los derechos de sucesión. No obstante, lo que interesa subrayar aquí es que, en el punto de partida de la Disertación de Bolaños, el argumento central fue dotar de legalidad y legitimidad al reinado de Felipe V. Además de citar el testamento de Carlos II y de enumerar las razones que condujeron a la Guerra de Sucesión, afirmaba:
Todo el mundo sabe que aún antes de presentarse Felipe V, lo proclamó la unánime voz de los españoles, cuyo homenaje voluntario y general destruyó el calumnioso epíteto de usurpador que sus rivales le imputaban, y demostró el celo y ardor de sus súbditos por conservar en su cabeza y en la de los suyos la corona30.
El autor hacía derivar las motivaciones que habrían inducido al primer Borbón español a modificar la ley de sucesión del propósito de evitar, como ocurrió en la guerra que culminó con los tratados de paz de Utrecht, que se viera “turbado el sosiego público”, puesto que “podía acontecer que en adelante se padeciesen iguales o mayores calamidades”31. A continuación, intentaba despejar las críticas acerca de la nulidad de los procedimientos utilizados para imponerla. Si bien reconocía que el rey aspiraba a establecer la Ley Sálica francesa, la oposición que exhibieron los dictámenes de los consejos de Estado y de Castilla lo llevaron a modificar el proyecto original, promulgado luego por las Cortes reunidas en Madrid. En esa modificación, aclaraba, “se manifiesta con evidencia que las hembras no están enteramente excluidas de la Corona, sino alejadas cuanto es posible por los llamamientos lineales y masculinos, que no les permiten pretenderla sino a falta absoluta de varones”32. Para hacer evidente esa lejanía, Bolaños incluía en su impreso una ilustración con el árbol genealógico “de los que han sido y pueden ser Reyes de España desde Felipe V hasta hoy siguiendo la dinastía de los Borbones y la ley fundamental de Sucesión”33. En ese árbol, todas las ramas estaban ocupadas por varones. La ausencia de mujeres reales en la genealogía ilustrada era, precisamente, lo que estaba en discusión.
Borbonismo versus iberismo.
Las revisiones del pasado estimuladas por la intervención de Carlota Joaquina en los asuntos españoles no solo habilitaron a enjuiciar el origen francés de la monarquía, sino a reflotar las seculares y controvertidas memorias en torno a la unidad de las coronas ibéricas. Es bien conocido que su enlace matrimonial con el príncipe de Braganza en 1785 formó parte de la política exterior de Carlos III, quien planificó – junto a su ministro, el conde de Floridablanca– el doble casamiento que involucró también al infante Gabriel de Borbón con la princesa Mariana Victoria de Portugal. No era la primera vez que se procuraba estrechar los lazos dinásticos entre ambas monarquías luego de los avatares que ese vínculo sufrió a partir de 1640, cuando la revuelta de Portugal puso fin a la unión con España en $1 5 8 0 ^ { 3 4 }$ . Sin embargo, las mutuas desconfianzas y rivalidades proyectadas en los sistemas de alianzas internacionales, luego de los tratados de Utrecht, no habían contribuido a limar las sospechas que para muchos portugueses evocaba la imagen de un iberismo bajo la égida del trono español, tal como había ocurrido durante el reinado de Felipe $\mathrm { I I } ^ { 3 5 }$ . La Oración pronunciada por la Academia de la Historia de España en ocasión del doble matrimonio daba testimonio de esas tensiones y de la importancia estratégica de los enlaces:
V. M. en tan dignos matrimonios estrecha los preciosos vínculos que unen ya de antiguo a ambas Naciones, y con sabia previsión dispone ventajas que hoy se celebran, y los venideros gozarán. Quien sepa graduar la importancia de la amistad entre Coronas vecinas, conocer los derechos que median, y el encuentro reñido de intereses, podrá dar el justo valor a tan bien combinado tratado36.
En la misma dirección, la noticia de las funciones y fiestas celebradas en España por el casamiento de Carlota, publicada en la Gazeta de Madrid, se encargaba de describir en detalle las capitulaciones matrimoniales para enfatizar la relevancia que en esa coyuntura implicaba estrechar “con nuevos y más fuertes vínculos el parentesco que felizmente hay entre las dos Reales Familias”37. Lo que seguramente no podía vaticinar esa noticia eran los efectos que, en el futuro, provocaría la apelación a la historia con la que daba comienzo el reporte: “La experiencia de muchos siglos ha hecho ver a la Nación Española las revoluciones y desastres que causa la falta de sucesión legítima y la extinción de la varonía en la familia reinante”38. Como alertó un impreso publicado en 1811 en una nota a pie de página,
cuando se hicieron las bodas no podían preverse los acontecimientos presentes; pero la situación de nuestros asuntos políticos del día, nos hace ver cuán acertadas fueron las medidas que se tomaron, consideradas como una providencia divina, la única que puede rever los futuros contingentes39.
Lo cierto es que los matrimonios luso-hispanos celebrados en 1785 constituyeron un tópico central en las imágenes proyectadas y disputadas en torno al iberismo durante la primera experiencia liberal española. Para los defensores de los derechos sucesorios de Carlota, la unión de España y Portugal constituía una gran oportunidad, por cuanto podía dotar de una “cabeza real” a la crisis de acefalía de la corona y recomponer las aspiraciones imperiales de la monarquía hispana en cuatro continentes. Al mismo tiempo, operaba como una poderosa alternativa para oponerse a la dominación francesa. En esa línea, los enlaces pergeñados por Carlos III fueron interpretados como “las únicas esperanzas en el día de la Monarquía Española contra los feroces intentos del poder francés”40. Estas se actualizaban ante la deriva imperial de la Revolución Francesa que culminó en el repentino cambio del equilibrio internacional y colocó a España como aliada de Portugal e Inglaterra en contra de Bonaparte:
Todo buen español no puede menos de fijar los ojos en el Brasil, y de conocer cuánto nos importa allí un aliado, unido con nosotros por la sangre y el interés común. No es menos importante reflexionar cuántos males nos ocasionó la rivalidad del Portugal, y el servicio que ha prestado a nuestros enemigos […] Los peligros comunes reúnen a los que eran más enemigos; y en efecto se halla hoy olvidado el odio antiguo de estos dos vecinos. Pero reconocida de ambas naciones la eventual sucesión de la Sra. Infanta del Brasil (aunque reservada, ya se ve, para tiempos remotos); y prevista la posibilidad de su unión bajo de un solo cetro, Portugueses y Españoles comenzarán desde luego a mirarse como hijos de una misma Patria, y vasallos de un mismo Soberano. ¡Bien incalculable en las tristes circunstancias que nos rodean!41.
Los argumentos vertidos revelan la confluencia de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, está la que remite a la tradición de la monarquía compuesta española, y por otro, la que redefinía la idea de patria y nación en el contexto abierto en 1808. A diferencia del pasado, conformar una unidad ibérica requería adaptar las concepciones en las que se apoyó la monarquía compuesta de reinos –incluido Portugal– en 1580, a la irrupción de la categoría de nación como sujeto político. Requería, además, buscar puentes de unión que borraran las seculares rivalidades del pasado, entre los que se destacaban los históricos lazos dinásticos, como asimismo los que anclaban en similares tradiciones, usos y costumbres. En este último sentido, resulta iluminador el diagnóstico que presentaban los defensores del iberismo al refutar a sus oponentes: “¿Por qué se desentiende de que, si sus imperceptibles vestigios mostrasen algo, serían también una prueba de que no pueden juntarse, de que es preciso que se separen el Castellano y el Catalán, el Español Europeo y Americano?”42. En ese diagnóstico quedaba en evidencia la naturaleza plural de la monarquía española conformada por diversos reinos, provincias y territorios, ante el desafío de fraguar una idea de nación única e indivisible. Frente a las críticas que subrayaban que en Portugal “las leyes, costumbres y genios de estos pueblos son diversos o diametralmente contrarios” a los de España, se respondía con una ironía: “¡Qué lástima que se le haya olvidado advertir que el idioma Portugués es más contrario o diverso del Gallego, que el Vascuense del Castellano!”43.
Por su parte, para los detractores de los derechos sucesorios de Carlota, el iberismo representaba un fantasma inquietante, en tanto temían las apetencias portuguesas de revertir la situación de la época de Felipe II para dominar un nuevo ensayo de unidad de las coronas ibéricas, ante la debilidad de España:
El Portugal en esta pretensión lleva un objeto que no es nuevo: ya en 1703 se adhirió a la cuádruple alianza para derribar del trono a Felipe V; porque el poder de los Borbones asombraba a los Braganza. El anhelo de Portugal no está fundado en otra cosa que en el deseo de sujetar a España y hacerla a los Braganza; pero no en las ventajas que España puede sacar de esta unión44.
En estas disputas memoriales entre borbonismo e iberismo, un asunto crucial ocupó a los publicistas: lo sucedido en las Cortes reunidas en 1789 y convocadas por Carlos IV. El tema conjugó todos los ingredientes de una pesquisa destinada a develar un enigma del pasado, en el que se cifraba la legalidad de la ley de Sucesión impuesta por Felipe V en el contexto en que las Cortes de Cádiz debatían el diseño constitucional. Recordemos que en 1808 era oficialmente desconocido que en las Cortes de 1789 se había anulado, a pedido de Carlos IV, la ley de sucesión de 1713 para regresar a las normas establecidas por el código de las Partidas. El rey había ordenado a los procuradores mantener en secreto la resolución, una vez que se disolviesen las Cortes, para no despertar apetencias por parte de las potenciales ramas herederas al trono. Los cuadernos de dichas Cortes supuestamente se habían perdido y cuando se publicó la Novísima Recopilación de leyes de 1805 no apareció la resolución que anulaba la ley Sálica. Una vez producidas las abdicaciones de Bayona, las voces de los testigos presenciales de aquel evento asumieron la potencia de la prueba, que –ante la ausencia de documentos escritos– se basaba en los recuerdos que, solapando memoria y verdad, iban en pos de dirimir un asunto crucial de naturaleza jurídica y política.
El primer testigo de peso fue el conde de Floridablanca, principal propulsor de los enlaces matrimoniales de 1785 y del regreso a la sucesión femenina para una eventual unión con Portugal. El conde “por su oficio de Ministro de Estado era sabedor del secreto, y tuvo por conveniente revelarlo a toda la Nación, haciéndolo imprimir en Murcia, desde cuyo tiempo fue ya notorio lo que solamente se susurraba entre algunos”45. El impreso citado hacía referencia a la proclama pronunciada por la Junta de Murcia, fechada el 22 de junio de 1808, que afirmaba que en las Cortes de 1789 se declaró por uniformidad de votos que la Princesa de Brasil sería admitida a la Corona a falta de sus hermanos varones.
El segundo testigo relevante fue Pedro Ceballos, ex ministro de Carlos IV, quien requerido por las Cortes de Cádiz para que informase sobre el sistema de sucesión a la corona debatido en 1789, ratificó los dichos de Floridablanca, ya fallecido. En su informe afirmó que era “muy notable” que en 1805 se hubiera “guardado el más profundo silencio de lo establecido en $1 7 8 9 ^ { \circ }$ , y sugirió que “no es difícil atinar con las causas que influyeron en tan asombrosa omisión”46. Su hipótesis era que por entonces.
Carlos IV tenía “tres varones muy robustos y no le hostigaba el temor de verse sucedido por laterales”; pero además sospechaba “que sin temeridad se puede asegurar que Francia ha puesto en práctica sus acostumbradas artes para que no se diese lugar en la Novísima Recopilación a la ley que favorece la sucesión de las hembras”, e impedir así una posible reunión de las dos coronas ibéricas en una misma cabeza47.
El secreto de las Cortes de 1789 se convirtió, pues, en un tema recurrente en las polémicas por el pasado entabladas a través de impresos. Entre ellos cabe destacar el que, firmado bajo las iniciales P. P. de A., procuraba erigirse en una voz autorizada por reunir un conocimiento de primera mano que hacía derivar de su estrategia de enunciación: la de ser un testigo presencial de los acontecimientos relatados. La primera trama que exponía para contextualizar el doble casamiento luso-hispano y la posterior resolución de las Cortes remitía, en detalle, a los problemas que venía experimentando la maternidad de María Luisa de Parma:
La sucesión de la Princesa moría por enferma y valetudinaria en la misma cuna de su infancia. Sospechó, pues, el Rey [Carlos III] lo que podía suceder, y trató de remediarlo. Ya existía esta Señora Infanta [Carlota Joaquina], cuya Señora fue el objeto de las miras políticas de S.M. […] Dispuso, pues, que con la mayor reserva se celebrasen muchas juntas de los médicos de cámara con otros agregados, para tratar de la causa física por la cual moría tan temprano la generación de la Princesa. Pocos saben el secreto y escrupulosidad con que se llevó y trató este negocio. Se celebraron, con efecto, muchas juntas, y sin sospecharlo la Señora era diariamente examinada de los médicos. Dieron, pues, estos su dictamen, exponiendo que era muy probable se malograse toda la sucesión de la Princesa, tanto por la debilidad de su constitución y temperamento, como por otras consideraciones que conviene reservar48.
El impreso sacaba a la luz la intimidad de la Corte en un asunto crucial que convertía esa vida íntima –y a lo que se esperaba de la futura reina consorte– en una cuestión de Estado: la sucesión dinástica. Fue en ese marco donde el ministro Floridablanca habría preparado el plan de enlace de Carlota Joaquina. Las negociaciones que “yo presencié” –decía el autor– “coadyuvando a este pensamiento con mi trabajo material”, se mantuvieron en un “profundo secreto”, y a continuación afirmaba:
La idea principal de estos enlaces era la reunión del Portugal a la España, esto es, que el Portugal como territorio separado de la Corona de Castilla, y como parte integrante de la España antigua y único pedazo de ella que quedaba por incorporar, se reuniese al cuerpo principal, y no formase desde los Pirineos a Lisboa más que un solo reino49.
Ante la incertidumbre, entonces, de que María Luisa de Parma muriese sin dejar “una robusta descendencia masculina a la Corona de España”, el casamiento de la infanta Carlota “debía remacharse con la destrucción de la ley Sálica francesa, como se verificó en las Cortes del año de 1789, lo cual me consta con la mayor originalidad”50. A la luz de ese pasado, el autor de la Exposición regresaba al presente para dar una sentencia inquietante y lanzar un interrogante no exento de ironía:
La Reina Luisa tuvo sucesión masculina; pero ¿dónde está hoy día esa sucesión? He aquí como nos hallamos casi en la misma situación que si no la hubiese tenido […] El trono de España está materialmente vacante […] El rey Fernando reina en nuestros corazones; pero ¿qué haremos si no reina en nuestros territorios?51.
Desde esta perspectiva, la candidatura de Carlota no debía soslayar la operación memorial que convirtió al rey ausente en el Deseado y Amado52. Tampoco podía oponerse a que la “Nación junta en Cortes” decidiera sobre el asunto por ser el cuerpo legítimo encargado de definir “los nuevos destinos de la España” y por ello “deben convencer a esta Señora que las bases del trono de sus padres son otras desde ahora en adelante; que esta Monarquía será constitucional”53. El linaje dinástico de la infanta se presentaba, así, como una solución compatible con la novedad que imponía el clima político liberal, procurando despejar las sospechas del espíritu absolutista que encarnaba la hija de Carlos IV.
La narrativa basada en el criterio de verdad de los testigos fue refutada desde un enfoque ceñido a la letra de las disposiciones vigentes por parte de quienes se oponían al iberismo:
[Se] tiene por legal e incontestable y sancionada la sucesión eventual al trono Español en la Infanta Doña Carlota Joaquina, porque lo dice un ministro que fue de estado en una proclama, por motivos que no es del caso ahora referir; porque el Consejo dijese que habían dicho personas que se hallaron en las Cortes del 1789 que se abolió la ley Sálica […]; pero añadiendo el mismo Consejo que no había actas de tales Cortes; asimismo porque dijese la Junta Central que pues el Consejo decía, que algunos sujetos habían dicho ´que sancionó el Señor Don Carlos Cuarto la abolición de la ley Sálica’54.
El uso de las cursivas en el impreso original exhibe la controversia entre las dos lógicas argumentales referidas, las cuales –según se adelantó– estaban al servicio de propuestas concretas en aquel turbulento presente. A la candidatura de Carlota se oponía la rama borbónica del príncipe heredero de las dos Sicilias, un príncipe que, como afirmaba el mismo impreso, “tiene la edad de 34 años, está muy bien educado, le adornan las mejores prendas y tiene suficientes conocimientos para regir un reino como es público y notorio; además es Borbón, primo hermano de nuestro Fernando VII”55. En esa misma línea, las últimas páginas de la ya citada Disertación de Pascual Bolaños y Noboa estaban dedicadas a oponerse a los reclamos de la infanta, tanto a la sucesión como a la regencia, para presentar como candidato más idóneo al príncipe de Nápoles:
En efecto mientras el pueblo soberano, que por boca de sus diputados en la asamblea nacional juró el día de su inauguración sostener en Fernando VII y sus legítimos sucesores la corona, no revoque expresamente la actual ley de sucesión, y prefiera otra cual convenga a su dicha y felicidad, deben seguirse el orden y llamamientos señalados, y nadie ostentará mejor derecho que Fernando VI, rey de Nápoles y Sicilia, sus hijos y descendientes varones56.
Bolaños retomaba en su texto las seculares rivalidades entre España y Portugal y alentaba el repetido discurso fundado en las amenazas que se cernían si se consumaba la unidad de las dos coronas a través de la infanta; a saber, el que presumía la sujeción de los Borbones a los Braganza: “¿cuál de los reinos se llamaría entonces metrópoli, y cuál provincia del otro?”57. En nombre del sistema de equilibrio entre potencias impuesto en Utrecht, el jurista tomaba partido por el borbonismo de la rama italiana en contra del iberismo luso-hispano. Inmersos en la incertidumbre del momento, los publicistas especulaban sobre la posición que, ante las hipótesis en danza, adoptaría Inglaterra, aliada de España y Portugal y principal arquitecta de los tratados que pusieron fin a la Guerra de Sucesión, y que no quedaron exentos de críticas en las batallas por el pasado. Esto era así porque lo que estaba en juego no era solo el futuro de la monarquía española, sino el del concierto internacional que devendría de la guerra contra Francia.
América y el imaginario imperial.
En los cálculos sobre el futuro del concierto internacional pesaban, por cierto, los territorios de Ultramar, en los que se hallaba la infanta Carlota Joaquina desde 1808, y que seguramente no imaginó que habitaría cuando realizó las habituales pruebas y ejercicios a las que fue sometida poco antes de partir a Lisboa para concretar su matrimonio. En ellos, destinados a demostrar públicamente la “instrucción en las Ciencias propias de los Príncipes”, se exponían las imágenes que las casas soberanas pretendían proyectar. En este caso, Historia y Geografía constituían materias relevantes de esa instrucción que exigía conocer “qué es Imperio, Reino, Estado”, “cuántas suertes hay de gobierno”, o “qué es Gobierno Despótico, Monárquico, Aristocrático, Democrático, Mixto”58. En aquellas pruebas, además, había una pregunta que, sin saberlo, cobraría especial dimensión en la futura experiencia vital de la princesa: $\ " \textmd { i Q u e }$ cosa son Trópicos? ¿Por qué son llamados así? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto distan del Ecuador? ¿En qué hemisferio está cada uno de ellos?”59. Aunque, visto retrospectivamente, el interrogante no preanunciaba ningún futuro posible, fue precisamente la prolongada estancia de Carlota en las lejanas y exóticas tierras tropicales la que la habilitó a presentar sus reclamos dinásticos y a poner en discusión las categorías de imperio, reino o Estado en un contexto de redefinición de las formas de gobierno.
Tales reclamos se iniciaron apenas se tomó conocimiento de las abdicaciones ocurridas en Bayona y se vehicularon a través de los conocidos manifiestos publicados en Río de Janeiro el $1 9 \ : \mathrm { y } \ : 2 0 $ de agosto de $1 8 0 8 ^ { 6 0 }$ . En esos documentos se podía percibir la pugna dentro de la propia corte de Brasil que despertó la acefalía de la corona española. La “Justa Reclamación” para asumir la regencia de América tenía allí dos candidatos posibles: Carlota era la que representaba la línea dinástica más directa, pero estaba también Pedro Carlos de Borbón y Braganza, hijo del hermano de Carlos IV, Gabriel de Borbón, y de la infanta Mariana Victoria de Portugal, quien al quedar huérfano de pequeño fue enviado a la corte de Braganza para criarse con su familia materna. Más allá de los avatares políticos que experimentaron los manifiestos a escala transatlántica, interesa rescatar aquí las visiones que a partir de ellos se proyectaron respecto del vínculo entre España y América. Un punto importante para contextualizar esas visiones es que las apetencias carlotistas a ocupar la regencia se desplegaron paralelamente al debate sobre los derechos de sucesión y regresaron a la escena pública después de ser aprobada la abolición de la Ley Sálica en las Cortes61.
En varios de los impresos publicados en aquellos años, la cuestión americana cobró suma relevancia, asociada tanto al tema del iberismo luso-hispano como al de las insurgencias. Quienes defendían los derechos de la infanta asumían que una regencia encabezada por “persona real”, además de ordenar las desavenencias provocadas por las regencias colegiadas a cargo del poder ejecutivo, frenaría los focos revolucionarios americanos. Por su parte, quienes exponían la voluntad de dominio portuguesa argumentaban, por un lado, su vocación expansionista en los territorios ultramarinos fronterizos que, desde el comienzo de la conquista, estaban en litigio entre las dos coronas, y por el otro, la sospecha de que la princesa podía actuar en alianza y complicidad con los insurgentes. Ante esa última versión, uno de los impresos ya citados se encargaba de refutarla en los siguientes términos:
Usted discurre tan bien, que se le hará increíble que lleguen a recelar algunos si quizá protege a los insurgentes de América la Sra. Infanta, cuando nada sería más contrario a sus propios intereses, y a sus esperanzas futuras, dejando perder unos dominios que algún día pueden ser suyos, y sufriendo que con los daños de la independencia de las posesiones españolas se propaguen los estragos y el mal ejemplo en derredor de sus mismos estados62.
Al razonamiento que calibraba la lógica de los intereses propios y geopolíticos le continuaba el que se apoyaba en las pruebas del pasado reciente. En esa dirección, se recordaba que, a pesar del “justo resentimiento” que anidaba en el gabinete de Brasil por los “auxilios” que por entonces España había prestado “a la Francia en su invasión de Portugal”, el príncipe regente “le ofreció sus tropas para sostener la fidelidad y los derechos de la nación española” en el Río de la Plata. Se evocaba, además, la frecuentada identificación entre la reina Isabel y la infanta, pero en este caso por “remitir a Montevideo todas sus joyas para gastos de la empresa contra los revolucionarios de Buenos Aires”. El gesto de Carlota actualizaba el mito de la reina católica que habría empeñado sus joyas para financiar el viaje de Colón. La comparación cobraba una particular fuerza simbólica al trazar un puente entre la conquista de América y un presente que colocaba a la infanta como adalid de una empresa de reconquista “para servir a la España como patriota Española”63. El ethos imperial de la monarquía se vería así resguardado, porque “el esplendor del trono que ocupa puede influir sobre los naturales, en cuya memoria existe siempre la de sus Reyes Incas”64. La recuperación del imaginario imperial incaico –reavivado en las rebeliones andinas del último cuarto del siglo XVIII– venía a complementarse con el hispano en una estrategia de perpetuación del trono en los territorios ultramarinos65.
Esta versión optimista acerca del porvenir de la unidad imperial se contraponía a la que emanaba de las Observaciones críticas al impreso que antecede, en las que es oportuno destacar la inclusión de un “Apéndice” que reproducía un extracto de la Gazeta de Buenos Aires del 18 de octubre de 1810, cinco meses después de iniciada allí la revolución. En dicho apéndice se publicó una carta de Carlota y otra del marqués de Casa Irujo, embajador español en Brasil, dirigidas al Gobierno leal de Montevideo y acompañadas por las reflexiones del redactor de la Gazeta. El autor de las Observaciones retomaba estas últimas reflexiones como evidencia de que la alternativa carlotista no solo era inconveniente para la monarquía española sino, además, una suerte de invención de sus defensores respecto de la posibilidad de recomponer la obediencia en los territorios insurgentes:
Nosotros prescindiendo de las pretensiones de los disidentes solo diremos que por sus reflexiones se conoce claramente el espíritu que reina en el Portugal acerca de la Señora Infanta […] Los Americanos serían los mayores opositores a la declaración de la Regencia en manos de la Señora Doña Carlota, porque ellos son testigos, siendo cierta la carta de S.A.R. de la falta de armonía que hay entre esta princesa y su esposo en asuntos políticos; son testigos de la débil administración de Brasil; son testigos de la imposibilidad de medios que tiene para sostener sus pretensiones por la fuerza $[ \dots ] _ { \mathrm { ~ } } \lambda \mathrm { s i }$ se puede creer que la Señora Doña Carlota calmaría todos los partidos? $\it { i Q u e }$ sería reconocida y obedecida su autoridad?66.
La refutación apuntaba a desmontar las imágenes que, en torno a la infanta, apelaban a la memoria del cetro real como símbolo autoevidente de obediencia a la monarquía imperial. El apéndice operaba como prueba documental de una situación tormentosa en Brasil y en el Río de la Plata, que no estaba reñida con la realidad. Esta, sin embrago, era lejana para la opinión pública peninsular, que se informaba de ella a través de impresos de variada factura que –como los aquí analizados– establecían líneas históricas que seleccionaban, enfatizaban o silenciaban determinados hechos del pasado y del presente. No obstante, en el contexto de la prolongada situación de acefalía y de guerra revolucionaria en América, la opción de una regencia encarnada por Carlota a escala de toda la monarquía no perdió vigencia, incluso después de ser sancionada la Constitución de Cádiz. Dos ejemplos ilustran la continuidad del debate peninsular.
El primero es el extenso escrito anónimo publicado en 1813, donde se lleva a cabo una sesuda exploración histórica de las regencias sucedidas en España y otras monarquías desde el pasado más remoto hasta el presente67. La pesquisa no aspiraba a mostrar las bondades de las regencias, sino los conflictos que habían desatado –salvo raras excepciones– por su propia condición de interinas ante la minoridad de los reyes. La propuesta era “cesar en lo posible la interinidad del gobierno” y autorizar “al próximo sucesor de nuestros Príncipes cautivos”68. La estrategia consistía en terminar con las cuestionadas regencias sucedidas desde 1810 y crear un “gobierno perpetuo” bajo la hipótesis de que los príncipes no regresarían: “es tan en vano esperar que [Francia] nos restituya voluntariamente a nuestro deseado Rey y su hermano, como el quitárselos por la fuerza”69. La sucesora que las Cortes reconocieron en 1812 era Carlota Joaquina y, aunque esas mismas Cortes habían aprobado que la regencia no fuera ocupada por una “persona real”, el decreto podía ser revocado.
El impreso retomaba los lugares comunes invocados hasta el momento: la “veneración”, el “respeto”, la “fuerza del hábito”, la “energía” y la “autoridad” que implicarían elegir una persona real al frente del Gobierno, reforzados por la constitucionalización de los derechos dinásticos de la infanta70. Destacaba, además, sus condiciones personales para el mando, desestimando los argumentos misóginos que la descalificaban por su condición de mujer. Con todo, lo que importa subrayar son los argumentos que involucraban a los territorios americanos. Carlota era presentada como una “prenda de paz” porque, en primer lugar, los leales que en el Río de la Plata no reconocieron a la Junta revolucionaria, encontraron en la princesa del Brasil “los auxilios y acogida de una verdadera madre”71. En segundo lugar, había dado pruebas de su compromiso con España al donar sus joyas a Montevideo y accionar el socorro de las fuerzas portuguesas contra los insurgentes. En tercer lugar, si se nombraba con carácter perpetuo a la sucesora de la corona, se lograría “la tranquilidad de América”. En esa dirección, se recordaba “la historia reciente de la independencia de las provincias angloamericanas” para mostrar “la ineficacia de los auxilios de tropa que allá podemos enviar”72. Finalmente, el tema de los recursos americanos asumía una dimensión crucial: “Entonces vendrán de allá los caudales acostumbrados, y tendríamos cuantas tropas pudiéramos mantener con ellos”73. Desde esta perspectiva, el cetro en manos de la infanta garantizaba la continuidad de la condición colonial y del imaginario imperial reciclados en el formato de una monarquía constitucionalizada: “entonces, bajo el sistema de la nueva Constitución la monarquía española, así como es con grande exceso la mayor del mundo en superficie, deberá ser brevemente igual a la francesa en población, y antes de un siglo a toda Europa”74.
El segundo ejemplo lo ofrece el Dictamen de Antonio José Ruiz de Padrón, diputado en las Cortes por Canarias, quien escribió en marzo de 1813 un extenso manifiesto en favor de una regencia de Carlota75. El documento no llegó a presentarse ni publicarse en ese momento por el revuelo que desató su filtración. En sus páginas se replicaban los temas y argumentos ya mencionados hasta aquí: la reivindicación del género femenino para reinar; la identificación de Carlota con Isabel de Castilla; su férrea intervención en América contra los insurgentes; la refutación que involucraba a la infanta en la “corrupción que se introdujo mucho después en la Corte de Carlos $\mathrm { I V } ^ { \mathbf { \pi } \mathbf { > } 7 6 }$ , y una cerrada defensa del iberismo. Agregaba, además, un detalle no menor: “Sabemos que en el retiro de Brasil y en la escuela de las tribulaciones ha leído y aprendido esta.
Constitución, que es el más firme apoyo del trono”. No solo eso: “las felicitaciones sinceras que ha dirigido al Congreso por la grande obra de la Constitución y nuevas instituciones” era una garantía de su adhesión a los cambios producidos en España77.
Lo que llama más la atención es que el manifiesto del diputado canario fue finalmente publicado a comienzos de 1814, cuando Fernando VII ya había sido liberado por Napoleón y regresaba a España acompañado por su hermano, el infante Carlos María Isidro. Ante la incertidumbre que despertaba ese regreso, interesa destacar la extensa Advertencia a cargo del editor del impreso, quien justificaba su publicación afirmando que “los motivos que tuvo el Diputado Ruiz de Padrón para formar un dictamen tan decisivo subsisten aún por desgracia, y acaso son en la actualidad más urgentes y poderosos”78. Subsistía “la revolución de las Américas, porque las cabezas de la insurrección que componen aquellas Juntas no se creen menos aptas para el mando, que los individuos que han formado nuestras Regencias”79. Subsistían también en la Península, más que nunca, las disputas de partidos. Según el editor, en ambos espacios de la monarquía imperial, Carlota Joaquina era la única prenda de paz y unidad:
Lo cierto es que no todos los sindicados de servilismo querían por Regenta del Reino a la Señora Princesa, ni todos los conocidos por liberales la repugnaban. En ambos partidos reinaba la divergencia de opiniones común a todos los cuerpos numerosos: mas esto mismo es una razón poderosa para nombrar a S.A., que sería como el vínculo de unidad que sofocaría al momento todas las facciones; pues cuando se trata del bien de la patria todos los partidos deben enmudecer80.
Poco después de publicarse el Dictamen, los partidos en efecto enmudecieron, pero como consecuencia de la deriva absolutista que impuso Fernando VII en su regreso triunfal a Madrid. Con ese regreso quedó derogada la Constitución de Cádiz, y con ella la modificación de la Ley de Sucesión impuesta en 1713, mientras se cerraban las aspiraciones de Carlota Joaquina y las controversias memoriales que motivaron su intervención en la vida política de España. De allí en más, las disputas por la historia se desplazaron hacia otros registros y tópicos. Para el rey restaurado era preciso borrar la experiencia del pasado reciente y restaurar el orden perdido. Como ocurrió con las genealogías construidas a favor y en contra de su hermana candidata a la corona, en la opción de regresar al pasado del Antiguo Régimen no hubo “nada de natural”, como sostiene Pedro Rújula, sino “una creación intelectual, un mito fomentado por los realistas para apoyarse en él y lanzarse a la recuperación del poder en la primavera de $1 8 1 4 ^ { , 9 8 1 }$ .
Los ecos del pasado.
En las disputas que atravesó España durante los años siguientes, la geopolítica diseñada en torno a los matrimonios dinásticos no dejó de exhibir las huellas de algunos de los imaginarios aquí analizados. Carlota Joaquina mantuvo su expectativa de reflotar el iberismo luso-hispano a través de su descendencia, como demostró en el doble casamiento que pergeñó inmediatamente después de la primera Restauración, al enlazar respectivamente a dos de sus hijas, María Isabel y María Francisca, con sus hermanos Fernando VII y el infante Carlos María Isidro. La muerte prematura de María Isabel frustró sus planes. No obstante, ya regresada a Lisboa y volcada plenamente en intervenir en las disputas políticas de Portugal, Carlota no renunció a sus viejos proyectos. A mediados de 1829, le escribió a Fernando –en ese momento viudo por tercera vez y sin descendencia– para proponerle el enlace con otra de sus hijas, la viuda María Teresa, madre de un varón: “Tú te has de casar, porque estás muy muchacho, no tienes hijos, por tanto ésta ya se sabe que es capaz de tenerlos y me parece que está en primer lugar que ninguna otra”82. En esta oportunidad, el rey no siguió el pedido de su hermana y contrajo matrimonio con su sobrina María Cristina de las Dos Sicilias.
En 1830 moría Carlota Joaquina, a la vez que se reactualizaba la agenda que supo imponer en su militancia por modificar la Ley de Sucesión vigente. Esa agenda volvió a la escena política cuando Fernando VII decidió publicar la Pragmática Sanción para dar fuerza legal a lo decidido en las Cortes de 1789 y beneficiar a su hija recién nacida –de su cuarto matrimonio–, que reinará como Isabel II luego de la muerte de su padre ocurrida en 1833. Es bien conocido que dicha modificación estuvo en la base de las guerras carlistas que desató el conflicto con el infante Carlos María Isidro que pretendía ser el legítimo sucesor al trono, aunque –por supuesto– la lucha entre el carlismo y el liberalismo no se limitó a un conflicto dinástico, sino que expresaba la querella entre revolución y contrarrevolución en el escenario europeo.
En esa disputa, las operaciones memoriales construidas en la coyuntura aquí analizada, y que tuvo como personaje central a la hija mayor de Carlos IV, volvieron a emerger. Los defensores del derecho de las hembras a ocupar el trono de España retomaron las genealogías históricas que habían configurado los carlotistas de antaño, como demuestra uno de los impresos que circularon por entonces, publicado en $1 8 3 2 \mathrm { ~ y ~ }$ promovido por el propio monarca83. En dicho impreso se fundamentaba la legitimidad y legalidad de la Ley de Partida (Ley 2, Tit. 15, de la partida 2) y lo decidido en las Cortes de 1789: “Esta es la ley patria, la de nuestros padres, la que por ocho siglos se ha observado, la fundamental del gran mayorazgo de España, y por la cual han subido al Trono las Reinas más esclarecidas”84. Los argumentos esgrimidos entre 1810 y 1814 se reproducían dos décadas después y no dejaban de someter a crítica la modificación impuesta por Felipe V por “influencia extranjera”, “por perjudicial al engrandecimiento del Reino, y por depresivo del rango que debe ocupar en la jerarquía de las naciones”85. El misterio de lo ocurrido con los cuadernos perdidos de las Cortes de 1789 parecía, finalmente, resuelto al conservarse “todo cerrado y sellado en el Archivo de la primera Secretaría con el rótulo que decía: Reservado a solo S. M.”86. El pasado remoto se enlazaba con el pasado reciente al invocarse, una vez más, la lógica de los testigos y citar la intervención del conde de Floridablanca y la del embajador de Portugal en España ante la Junta Central, que “recibió el atestado conveniente, como título de que en su caso podría valerse la Princesa del Brasil, Infanta de España, Regenta entonces, y después Reina de aquel Estado”87. En esta reconstrucción, sin embargo, se silenciaba un dato fundamental: la sanción constitucional de las Cortes reunidas en Cádiz que derogó la Ley Sálica, un silencio que intentaba borrar el pasado ominoso para el rey Fernando VII a la vez que abría una paradoja: mientras las operaciones memoriales para instalar a la futura reina Isabel II se apoyaban en las difundidas por las redes carlotistas durante la primera experiencia liberal, esas mismas redes se articularon con el carlismo en el nuevo escenario de los años 1830.
Un símbolo de ese vínculo fue el matrimonio que contraería María Teresa de Braganza, la hija viuda de Carlota, con Carlos María Isidro, luego de la muerte de su hermana María Francisca en 1834. Sin embargo, como ha demostrado Andrés María Vicent, los nexos entre carlotismo y carlismo fueron más profundos, puesto que conectaron personajes, concepciones contrarrevolucionarias y un imaginario imperial de la monarquía asociado a la cuestión americana88.
Paradojas aparte, lo cierto es que las disputas en torno al derecho de las hembras a reinar en España se dirimieron a través de un uso intensivo de la historia para discutir la herencia del primer Borbón en el plano jurídico. Cuando ese derecho se consumó con Isabel II en su calidad de reina propietaria, cobraron nuevos bríos los preexistentes argumentos misóginos. Las imágenes estudiadas por Isabel Burdiel, que presentaron a la nieta de María Luisa de Parma como mujer “lasciva, incontrolada y nada sumisa a su marido”, exhiben la continuidad de antiguas narrativas como asimismo el carácter novedoso de una publicidad política que irrumpía “en un momento crucial de redefinición de las relaciones de género y del papel de la familia, que afectaba también a España”89.