La experiencia constitucional gaditana y la Constitución portuguesa de 1822.
JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL Departamento de Historia del Derecho Universidad Complutense de Madrid.
RESUMEN.
La Constitución de Cádiz de 1812 se convirtió muy pronto en el arquetipo o modelo a seguir no sólo por el liberalismo europeo, sino también por el hispanoamericano. No es de extrañar, en consecuencia, que cuando triunfó la revolución liberal en Portugal, el Texto gaditano fuera muy tenido en cuenta a la hora de redactar la Constitución. Sin embargo, la Constitución portuguesa de 1822 introdujo importantes novedades con respecto a la Gaditana de 1812. Estos cambios se han intentando explicar desde la idea de que los constituyentes portugueses quisieron hacer una Constitución más liberal que la española. En este trabajo se parte de la hipótesis de que las modificaciones introducidas por los autores de la Constitución de 1822 obedecieron principalmente al buen conocimiento de la realidad política del Trienio Liberal y a los problemas político-jurídicos que la aplicación de la Constitución de 1812 estaba ocasionando en la práctica.
ABSTRACT.
Very soon, the 1812 Constitution of Cádiz became an archetype, the pattern to be followed by the liberalism, not only European but also Hispano-American. Consequently, when the liberal revolution took over in Portugal, there is little wonder that the text from Cádiz was taken in careful consideration in order to draft the Constitution. However, the Portuguese Constitution of 1822 introduced new and very important concepts with respect to the Spanish one, ten years older. In order to explain these changes it has been argued that the intention of the Portuguese constituents was to produce a more liberal draft than the 1812 Spanish Constitution. The present work deals with the hypotheses that the amendments introduced by authors of the 1822 Constitution were mainly due to their sound knowledge of the day-by-day political life of the Liberal Trienium, with the political and legal problems that the application of 1812 Spanish Constitution was bringing in the daily practice.
1. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1822.
Es algo perfectamente conocido que los constituyentes portugueses de 1821 tomaron como modelo la Constitución de Cádiz1. En el sector más progresista del liberalismo portugués se sentía una gran admiración por el texto de 1812, con lo que, de alguna manera, se puede decir que ya había nacido el «mito de Cádiz». Mito2, por otra parte, que había cruzado también el Atlántico: por Decreto de 21 de abril de 1821 se promulgaba en Brasil la Constitución de Cádiz. Vigencia ciertamente efímera, pues fue revocado al día siguiente. Según Ferreira da Cunha, los diputados constituyentes de 1820 se propusieron la meta de realizar una constitución más liberal que la española. Es el mito, que el propio portugués construye, del constitucionalismo español, al cual aspira a superar.
Igualmente es sabido que, frente a esta corriente «doceañista» que aparece clara entre liberales radicales portugueses3, el sector más moderado del liberalismo se oponía a la implantación, sin más, de la Constitución de 1812. Se ha intentado explicar esta oposición de los liberales conservadores al texto gaditano con base a sentimientos patrióticos antiespañolistas que podían poner en peligro el principio de la independencia de Portugal. Lo cierto es que un estudio comparado de los debates y de los textos constitucionales de ambos países, así como las mismas posiciones de los diputados ponen de manifiesto una gran semejanza de situaciones, salvo en las actitudes de los diputados ultramarinos. Según Ferreira da Cunha aquellos que pensaban que la ideas extraí- das de la constitución española estaban mejor ordenadas y eran más aceptables que las ideas francesas se estaban engañando, aunque es probable que algunos sectores de la sociedad estuvieran convencidos de la originalidad de la Constitución de Cádiz en relación a la Constitución francesa. Los diputados más radicales eran conscientes de que se hallaban aislados, puesto que Francia y la revolución habían perdido mucho prestigio con la decapitación de Luis XVI. Por ello era poco apropiado hacer una constitución siguiendo el modelo francés. Entonces, según Ferreira da Cunha, se forjó la idea de la sustitución. Se habla de una España mítica para no hablar de Francia; y aunque muchos consideraban a España como un enemigo tradicional, se comprobó que sus leyes fundamentales eran como las portuguesas; que tenían todas un fondo común. No obstante, Ferreira reconoce que este planteamiento no deja de ser una hipótesis parcial4.
Según este mismo autor, la tesis de la importancia fundamental de la influencia española en el constitucionalismo portugués debe ser matizada. En efecto, frente a posturas más radicales en este sentido, como la de M. Caeta$\mathrm { n o } ^ { 5 }$ o del mismo Jorge Miranda6, se debe valorar en mayor medida la influencia francesa. Ferreira da Cunha señala que la Constitución de Cádiz es un texto «afrancesado» y, precisamente, por eso fue abolida. En Portugal, la interposición del ejemplo español funcionó durante el período constitucional como una cortina de humo, para ocultar la verdadera influencia francesa. Ello no es obstáculo para reconocer que también se encuentran elementos nacionales en las soluciones de la Constitución de 1822, pero «en términos míticos» no hay diferencias profundas entre los textos constitucionales ibéricos y la Constitución francesa7 de 1791.
Ferreira da Cunha realiza una comparación de la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1822, a la luz del «texto fundador francés» de 1791. En primer lugar, desde el punto de vista sistemático —de gran importancia para los mitos ideológicos en donde se mueve este autor— analiza el hecho de que la Constitución de Cádiz no recogiera una parte dogmática a semejanza de las constituciones francesas o como lo hizo la misma portuguesa de 1822. En este sentido, la inclusión del título I, relativo a los derechos y deberes individuales de los portugueses, en la Constitución de 1822 sería una prueba más de «fazer uma constituçâo ainda mais liberal que a espanhola»8.
Nunca he puesto en duda el hecho de que los hombres crean mitos, pero lo que me parece ya más cuestionable es hacer sistemáticamente una interpretación mítica de la historia. No creo que los miembros de la Comisión constitucional gaditana estuvieran pensando en clave mítica a la hora de redactar la Constitución. Si Ferreira da Cunha hubiera manejado las Actas de la Comisión constitucional tal vez no hubiera hecho alguna de las afirmaciones contenidas en su libro. Por de pronto, a pesar se su concisión y, en ocasiones, lacó- nico lenguaje, es fácilmente apreciable que entre los miembros de la Comisión constitucional no hay ninguna idealización hacia los textos constitucionales franceses, entre otras cosas, porque no los debieron manejar personalmente. Es sabido que la Comisión trabajó sobre un borrador elaborado por Ranz Romanillos, quien, según se infiere, sí debió tener y manejar las constituciones francesas y la de Bayona, en donde él estuvo presente y firmó la mencionada Constitución de 1808. El borrador de Ranz Romanillos —hoy desaparecido— nos daría la clave de muchas de las incógnitas que se ciernen acerca de nuestra Constitución gaditana. Pero, en sede de derecho individuales, inicialmente en el proyecto de Constitución sí se recogía una verdadera declaración de derechos, ciertamente más reducida de la francesa, pero en la que se reconocían como derechos de los españoles la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. La semejanza de los artículos del proyecto9 y la declaración de derechos contenida en la Constitución francesa de 1793 es innegable. Sin embargo, dicha declaración no pasó el texto definitivo por que «se propusieron diferentes pensamientos dirigidos a dar otro aire a los artículos que tratan de los derechos de los españoles, por parecer a algunos de los señores de la Comisión que será más original y sencillo enunciar las cosas sin hacer la enumeración de los derechos»10. Es evidente, que subyace la idea de que se estaba copiando el texto francés («será más original»), como sucederá más tarde, en la sesión del 9 de julio de ese mismo año, en la que el diputado Espiga, miembro de la Comisión constitucional, sugiere que se cambie la redacción de otro artículo para evitar el «aire de copia del francés». No creo que los diputados gaditanos hayan «mitificado» los textos constitucionales franceses que, salvo excepciones, la mayoría de ellos desconocen. La Constitución de Cádiz es una respuesta a la bandera del reformismo izada por los franceses con la Constitución de Bayona. Cádiz es la respuesta a Bayona. Sin embargo, los liberales gaditanos se encontraron con el problema de que las tan cacareadas leyes fundamentales de la Monarquía y libertades medievales desaparecidas en Villalar no servían para redactar una constitución, a lo sumo eran los argumentos con los que legitimar unos cambios dirigidos al desmantelamiento del Antiguo Régimen. Era mucho más fácil echar mano de los textos constitucionales ya escritos, pero que en ningún caso estaban «mitificados», y servirse de ellos como material de trabajo para realizar su constitución.
El análisis comparativo que hace Ferreira da Cunha entre la Constitución de Cádiz y la portuguesa de 1822 a la vista siempre de la Constitución francesa de 1791 es, en mi opinión, sólo válido en parte11. Su tesis, de que los cambios introducidos en la Constitución portuguesa de 1822 respecto a la Constitución gaditana obedecen a la idea de instaurar en Portugal un liberalismo más progresista que el hispano sobre la base de la Constitución francesa de 1791 —que no se quiere decir que se copia—, es ciertamente sugerente y sólo es aceptable en lo relativo a la parte dogmática de la Constitución lusa12. En nuestra opinión, las diferencias que se pueden apreciar entre nuestra Constitución de 1812 y la portuguesa de 1822 pueden obedecer a otras causas.
En efecto, cuando las Cortes constituyentes se reúnen en Portugal, a principios de enero de 1821, nuestra segunda experiencia constitucional llevaba un año de andadura; y cuando se promulga la Constitución portuguesa, en septiembre de 1822, nuestro Trienio Liberal había comenzado a dar signos evidentes de incapacidad para resolver los problemas que en el plano estrictamente político les había planteado un texto como el Gaditano. Constitución, esta última, que había sido más el fruto de un laboratorio quimérico que de una experiencia política real del país. Nuestra hipótesis entonces la llevamos al plano de los hechos. $\displaystyle \dot { \zeta }$ Fueron conscientes los constituyentes portugueses que el texto de la Constitución de 1812 había fracasado como vía para liquidar las estructuras políticas del Antiguo Régimen? $\wr S \mathrm { e }$ estaba derrumbando en Portugal el «mito» de Cádiz? $\dot { \iota }$ Conocían los constituyentes portugueses los problemas políticos que estaba ocasionando la Constitución gaditana? Para verificar nuestra hipótesis nos vamos a fijar en los aspectos más importantes y que estaban siendo objeto de conflictos en la realidad política del Trienio Liberal y analizar los consiguientes cambios que los constituyentes de 1822 introdujeron respecto al texto gaditano.
Para facilitar al lector el seguimiento de los comentarios, he optado por incluir al final del trabajo un cuadro a dos columnas con las concordancias del articulado de ambos textos, si bien en el caso de la Constitución de Cádiz —más familiar para nosotros— en ocasiones sólo hago referencia al contenido del artículo.
a) La soberanía y la división de poderes.
En primer lugar, tenemos el tratamiento de la soberanía. El texto gaditano, en su artículo 3, como es bien conocido por todos, establecía que la soberanía residía «esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Por su parte, la Constitución de 1822 quiso reproducir el adverbio «esencialmente», posiblemente con la misma intención que nuestros constituyentes doceañistas quisieron darle al mismo; es decir: la soberanía reside en la esencia de la misma Nación; no es un poder concedido o derivado de otro ente, sino que es una cualidad intrínseca de la misma. Pero, como se puede comprobar en el cuadro, los autores de la Constitución portuguesa quisieron precisar más y, en efecto, el artículo 26 dispone que la soberanía no puede ser ejercitada sino por los representantes legalmente elegidos (los diputados). Y aún va más lejos cuando aclara que ningún individuo o corporación puede ejercitar ninguna autoridad pública que no derive de la misma Nación. Es probable que estas precisiones fueran encaminadas a dejar clara y rotundamente que la soberanía no podía ser compartida por nadie y sólo era «ejercitada» por sus representantes elegidos según las leyes.
Obsérvese que nuestro texto constitucional identificaba la soberanía o, al menos, señalaba como uno de sus principales aspectos el derecho de establecer sus «leyes fundamentales». El poder legislativo, en general, es uno de los atributos de la soberanía; con mucho más motivo cuando se trata de las leyes fundamentales, identificadas ahora con la Constitución. Pero la Constitución de 1822 no entró a precisar este aspecto de la soberanía, tal vez por considerarlo obvio y prefirió hacer las aclaraciones antes referidas. Si bien, en el artículo siguiente —el 27— cuando declara que la Nación portuguesa es libre e independiente añade: «A ela somente pertence fazer pelos seus deputados juntos em Cortes a sua Constituçâo ou Lei Fundamental, sem dependência de sançâo do rei». Es interesante esta última aclaración. En España, la Constitución se habían realizado sin la presencia del rey —prisionero en Francia— luego no había sido necesaria la sanción de la misma por parte del monarca. El artículo 171 había conferido al rey la facultad de sancionar las leyes $\it { i Q u e }$ hubiera sucedido si Fernando VII, estando presente en España, se hubiera negado a sancionar la Constitución? Sabemos que el texto gaditano preveía que el rey podía usar del derecho de veto durante dos legislaturas. Pero claro, el derecho de veto era una prerrogativa constitucional, si la Constitución no se hubiera sancionado no existía dicha prerrogativa. Se hubiera llegado, seguramente, a una crisis política de imprevisibles consecuencias. Por su parte, los constituyentes portugueses conocedores, sin duda, de los problemas que las negativas de Fernando VII a sancionar determinadas leyes estaba ocasionando en España, quisieron curarse en salud y establecieron que la Constitución o Ley Fundamental, no requería de sanción del rey. Recuérdese que en Portugal Juan VI estaba asistiendo al proceso constituyente. Cuando llegó a Lisboa sólo se habían finalizado las «Bases» del proyecto de Constitución.
En sede de división de poderes encontramos también algunas diferencias apreciables. Nuestro texto de 1812, aunque recogió el principio de división de poderes (artículos 15 a 17) el enunciado del mismo podía inducir a confusión. Por de pronto la Constitución de 1822, en su artículo 30, declaraba expresamente que los poderes políticos eran el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nuestro texto doceañista, por el contrario, no hablaba de «poderes» sino de «potestad». Bien es cierto que «potestad» es sinónimo de «poder», pero sabemos por las Actas de la Comisión constitucional por qué renunciaron a dicha denominación: para evitar «el aire de copia del francés»13.
Mucho más confuso es el artículo 15 del texto gaditano («La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey»). Una lectura aislada del artículo podía inducir a pensar que la potestad de hacer las leyes —manifestación principal de la soberanía— residía conjuntamente en el rey y las Cortes. Estaríamos entonces ante el principio que años más tarde haría suyo el liberalismo doctrinario. Para comprender el alcance del artículo 15 hay que ponerlo en relación con el artículo 3, ya comentado, y el artículo 171, en el que se establece que al monarca le corresponde la prerrogativa de sancionar las leyes y promulgarlas. Sólo así se puede entender el artículo 15, si consideramos que el proceso de elaboración de las leyes comprendería varias etapas (proponer, discutir, aprobar, sancionar y promulgar). De este modo sí es correcto que la potestad de «hacer» las leyes residía en las Cortes «con el rey».
La Constitución portuguesa fue más precisa en este punto, pues especificó que el poder legislativo residía en las Cortes pero con dependencia de la sanción del rey. Recuérdese que para la Constitución no era necesaria la sanción real, pero para las leyes ordinarias sí se exigía este requisito. El texto de 1822, como veremos más adelante, previó la posibilidad de veto por parte del rey, aunque en una manera muy distinta al de la Constitución de Cádiz.
La potestad de ejecutar las leyes residía, según nuestra primigenia Constitución, en el rey (artículo 16). Y un enunciado análogo se recogía en el artículo 170, si bien aquí se añadía a continuación: «y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes». En principio parece que estas dos últimas facetas de la autoridad real no tienen nada que ver con la de titular de la «potestad» ejecutiva. En consecuencia, a la vista de estos artículos no hay dudas que para la Constitución de 1812 el titular del poder ejecutivo era sólo y únicamente el monarca. En contra de lo que acabamos de ver, la Constitución de 1822 dispuso que el poder ejecutivo (artículo 30) estaba en el rey y en los Secretarios de Estado. Importante novedad ésta en la que se atribuía la cotitularidad del poder ejecutivo al rey y a sus Secretarios de Estado o ministros. En el texto gaditano tenía la prerrogativa de nombrar a los Secretarios del Despacho (artículo 171, n.° 16), si bien los secretarios del Despacho eran responsables ante las Cortes de las órdenes que autorizaran contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey (artículo 226). En principio, el nombramiento de los Secretarios quedaba bajo la discrecionalidad del rey, con lo que habría que suponer una relación de confianza entre el monarca y el individuo al que le había encomendado la ardua tarea de dirigir uno de los ramos de la administración. Pero el incumplimiento, por parte de las Cortes, de esta prerrogativa constitucional del rey al imponerle los Secretarios del Despacho que debían conformar su primer gobierno, desencadenó una profunda crisis política durante el Trienio14 de la que, sin duda, nuestros vecinos portugueses se hicieron eco y trataron de subsanar en su Constitución arbitrando un sistema distinto al gaditano y en el que la responsabilidad de los Secretarios de Estado se podía hacer ciertamente efectiva.
Además, la Constitución de 1822 fue más explícita a la hora de precisar en qué consistía el poder ejecutivo: ejecutar las leyes; expedir los decretos, instrucciones y reglamentos adecuados a ese fin. Luego, siguieron al texto gaditano aunque con más precisión añadiendo que al poder ejecutivo le correspondía también proveer todo lo que fuera concerniente a la seguridad interna y externa del Estado (artículo 122). De manera que el poder ejecutivo como tal no sólo se limitaba a la «ejecución» de las leyes, sino que también dentro de su esfera se encuentra, según ambos textos constitucionales, la conservación del orden público interior y la seguridad exterior del Estado.
La Constitución de Cádiz, como podemos comprobar en el cuadro adjunto, dispuso que la «potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales» residía en los tribunales establecidos por la ley (artículo 17). En cambio, el texto constitucional de 1822 sencillamente se limitó a disponer que el poder judicial estaba en los jueces (artículos 30 y 176). Hay que señalar que la Constitución de 1822 hizo un tratamiento mucho más pormenorizado de la administración de justicia que el que hicieran los constituyentes doceañistas.
Pero, sin duda, por lo que respecta a la división de poderes hay un aspecto que sobresale en el texto de 1822 y que fue silenciado en el gaditano. Me refiero al enunciado del principio de independencia entre los poderes: «Cada um destes poderes é de tal maneira independente que um nâo poderá arrogar a si as atribuçôes do outro» (artículo 30). En nuestra opinión, los constituyentes portugueses quisieron recoger expresamente este principio para disipar cualquier duda que se pudiera suscitar relativa a la ingerencia de un poder sobre otro. Ya durante el período gaditano se habían levantado muchas voces por la preeminencia e ingerencia que las Cortes —el poder legislativo— ejercían sobre los restantes poderes; en concreto sobre el ejecutivo. Preeminencia que llegó a plantear en algún momento por un sector de diputados la supresión del Consejo de Regencia (poder ejecutivo). Durante el Trienio las Cortes habían igualmente hecho valer su fuerza ante el rey imponiéndole la designación de los Secretarios del Despacho. Parece, por tanto, que la experiencia española estaba nuevamente presente en la mente de los autores de la Constitución portuguesa quienes aprendían rápidamente de los problemas que el texto gaditano suscitaba a la hora se su aplicación.
Hay otro aspecto importante a la hora de caracterizar el gobierno en ambas constituciones. La Constitución de Cádiz definía el gobierno de la Nación española como una «Monarquía moderada hereditaria» (artículo 14), mientras que su homónima portuguesa fue más explícita al establecer que $\ll \mathrm { O }$ Goberno da Naçâo Portuguesa é a monarquia constitucional hereditaria, com leis fundamentais que regulem o exercicio dos três poderes políticos» (artículo 29). Es evidente que el calificativo «moderada» que aparece en el texto doceañista es a todas luces muy vago, pues no explicita de dónde procede ni cómo se puede verificar dicha moderación. $\dot { \iota }$ Moderada por las leyes? $\therefore \mathrm { P o r }$ la Constitución? Parece que ese fue el sentir de los constituyentes gaditanos. En cambio, la Constitución de 1822 fue tajante al definir el gobierno como monarquía constitucional dotada de leyes fundamentales que regulaban el ejercicio de los tres poderes. En otras palabras, estaba proclamando la existencia de un Estado de derecho.
b) Los derechos individuales.
En materia de derechos individuales, la Constitución de 1822 superó con creces el exiguo tratamiento que a un tema tan importante para el liberalismo le dedicó nuestra Constitución de 1812. Ésta, como es sabido, no le dedicó un título específico a esta materia, sino que se limitó a lo largo del texto a intercalar los derechos y obligaciones reconocidos a los ciudadanos. Las razones las vimos más arriba.
Es cierto que en el artículo 4, la Constitución de Cádiz reconocía que la «Nación española está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen», artículo que sirvió de inspiración al primero de la Constitución de 1822: «A Constituçâo Política da Naçâo Portuguesa tem por objeto mantener a liberdade, segurança e propiedade de todos los portugueses». Pero, como se puede observar, mientras en la española el deber de salvaguardar la libertad, propiedad y derechos de los ciudadanos es una obligación de la Nación, nuestros vecinos liberan a la Nación de dicha carga para encomendársela a la Constitución. De esta manera, la Nación no es responsable política directa de la vulneración de los derechos fundamentales. Su responsabilidad es indirecta en cuanto que la Nación, libre e independiente, es la encargada de hacer por medio de sus diputados, reunidos en Cortes, su Constitución o Ley Fundamental (artículo 27).
La Constitución de Cádiz, además de la libertad civil y la propiedad, reconocía como «derechos legítimos de todos los individuos que la componen»: el derecho de sufragio activo y pasivo para ser diputados a Cortes y para los empleos municipales (artículos 23, 35, 39…); la inviolabilidad del domicilio (artículo 306); el «Habeas corpus» (artículos 287 y 289); el derecho a un proceso público (artículo 302), por tribunal competente, determinado por la ley (artículo 247), sin poder ser sometido a tormento (artículo 303) ni sancionado con la pena de la confiscación de bienes (artículo 304); la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, pero no religiosas (artículo 371); el derecho de petición a las Cortes y reclamar al rey la observancia de la Constitución (artículo 373).
Por su parte, la Constitución de 1822, siguiendo más en este punto las Constituciones francesas15 de 1791 y 1795, recogió todo un título (19 artículos) para desarrollar los derechos y deberes individuales de los portugueses. Y no solamente se limitó a enunciar los derechos, sino que entró a definir en qué consiste la libertad (artículo 2), la seguridad personal (artículo 3), el «habeas corpus» (artículo 4), el derecho de asilo en la casa (artículo 5), el derecho de propiedad (artículo 6), la libertad de pensamiento y expresión (artículo 7), la libertad de imprenta (artículo 8), la igualdad ante la ley (artículo 9), la proporcionalidad de la pena respecto al delito (artículo 11), la abolición del tormento, confiscación de bienes y en general todas las penas crueles e infamantes (artículo 11), la posibilidad de acceder a los cargos públicos (artículo 12), el derecho a ser remunerado por los servicios a la patria (artículo 15), el derecho de petición ante las Cortes o el poder ejecutivo (artículo 16), el derecho a denunciar cualquier infracción a la Constitución (artículo 17) y la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 18).
Por lo que respecta a las obligaciones de los ciudadanos, la Constitución de Cádiz recogió varios preceptos en los que se consignaban dichas obligaciones: El amor a la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos (artículo 6). En segundo lugar, todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas (artículo 7). En tercer lugar, también estaba obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado (artículo 8). Esta obligación se repetía nuevamente más adelante en el artículo 339: «Las contribuciones se repartirán proporcionalmente entre todos los españoles según sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno». Por último, todos los españoles estaban asimismo obligados $\ll \mathrm { a }$ defender a la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley» (artículo 9). Y, al igual que en el caso anterior, esta obligación volvía a repetirse en el artículo 361: «Ningún español podrá excusarse del servicio militar cuando fuere llamado por la ley».
La Constitución portuguesa fue mucho más concisa al concretar en un solo artículo las obligaciones de los portugueses: venerar la religión; amar a la.
Patria; defenderla con las armas, cuando fuere llamado por la ley; obedecer la Constitución y las leyes; respetar las autoridades públicas; y contribuir a las cargas del Estado (artículo 19). Si se observa, frente a nuestra Constitución de 1812, la portuguesa añade la obligación de «venerar a la religión». Obviamente se trata de la religión católica. En este punto hay que señalar que mientras el texto gaditano recogió un capítulo —aunque sólo constaba de un artículo— dedicado a la religión y en el que se enunciaba el principio de confesionalidad de la Nación española (artículo 12), la Constitución de 1822 no recoge un artículo semejante, aunque deja entrever dicha confesionalidad al establecer la obligación de «venerar la religión». Esta confesionalidad «encubierta» de la Constitución portuguesa se ratifica en el artículo 8, dedicado a la libertad de imprenta, y alude al abuso de dicha libertad en materia religiosa, en donde se concede a los obispos la censura de los escritos públicos en materia de dogma y moral. Además prescribe que el gobierno auxiliará a los obispos para castigar a los culpables de dichos abusos.
c) El poder ejecutivo: rey y secretarios de Estado.
En el tratamiento de la persona del rey podemos apreciar cambios importantes en la Constitución de 1822 respecto a la gaditana. En primer lugar, desde el punto de vista sistemático, el texto de 1812 le había dedicado el título IV a la persona del rey. Dicho título se subdividía en siete capítulos: De la inviolabilidad del Rey y su autoridad; De la sucesión a la Corona; De la menor edad del Rey y la Regencia; De la familia Real y del reconocimiento del Príncipe de Asturias; De la dotación de la familia Real; De los Secretarios de Estado y del Despacho y del Consejo de Estado. La Constitución portuguesa también dedicaba el título IV al monarca, pero era más explícita pues lo denomina «Do Poder Executivo ou do rei». Coincide, en cambio con la gaditana, en la mayoría de los títulos (Da autoridade, juramento e inviolabilidade do rei; Da familia Real e sua dotaçâo; Da sucessâo a Coroa; Da memoridade do sucesor da Coroa e do impedimento do rei; Dos Secretários de Estado y Do Conselho de Estado), sólo añade respecto a aquélla el dedicado a la Delegación del poder ejecutivo en Brasil (Capítulo II) y el dedicado a la fuerza armada (capítulo VIII).
Son interesantes estas dos últimas diferencias. En primer lugar, las constituyentes de 1812 fueron reacias a dar un tratamiento diferenciado a los territorios de América. Los primeros conatos de secesión —que se producen ya en el período gaditano— fueron, sin duda, motivo suficiente para que cualquier intento de reconocer peculiaridades específicas al otro lado del Atlántico fueran descartadas, a pesar las voces que algunos diputados ultramarinos levantaron una y otra vez en las Cortes. Para los constituyentes gaditanos la Nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios16 y, en consecuencia, debían tener el mismo sistema de gobierno y administración. Por el contrario, los redactores de la Constitución de 1822 reconocieron la peculiaridad ultramarina del Brasil y dispusieron que en dicho Reino hubiera una delegación del poder ejecutivo, encargada a una Regencia; no obstante, algunas provincias podrían quedar exentas de dicho poder y permanecer sujetas directamente al gobierno de Portugal (artículo 128).
La Regencia estaría integrada por cinco miembros17, uno de los cuales sería el presidente, y tres de ellos secretarios (del reino y hacienda; de justicia y asuntos eclesiásticos, y de guerra y marina), nombrados por el rey, oído el Consejo de Estado. De esta manera, la Constitución intentaba mantener unido a Portugal el Reino del Brasil mediante órganos comunes —el rey, las Cortes y el Consejo de Estado— pero con una delegación propia del poder ejecutivo en el territorio ultramarino.
En segundo lugar, la Constitución de 1822 introducía dentro del título dedicado al poder ejecutivo o del rey el capítulo de la fuerza militar. La Constitución de Cádiz había optado por atribuir un título específico a la fuerza militar nacional. Ésta, de la lectura de su articulado (356 a 361), dependía más de las Cortes que del rey; eran aquéllas a quienes les correspondía fijar anualmente el número de tropas necesarias (artículo 357); dictar las ordenanzas en orden a la disciplina, ascensos, sueldos y administración (artículo 359) y fijar el número de buques de la marina que debía armarse (artículo 358). Choca, pues, a primera vista, que el texto portugués de 1822 situara sistemáticamente la fuerza militar dentro del ejecutivo, máxime si tenemos en cuenta que también en esta constitución se atribuye a las Cortes el control sobre el ejército: «Haverá uma força militar permanente, nacional, e composta do número de tropas e vasos que as Cortes determinarem» (artículo 171). Todo parece indicar que la colocación sistemática de capítulo relativo a la fuerza militar dentro del título dedicado al ejecutivo está en relación con la atribución que el artículo 122 confería al poder ejecutivo en lo concerniente a la seguridad interna y externa del Estado. Esta misma atribución, como vimos más arriba, la hacía nuestro texto gaditano, pero en éste se optó por desvincular la fuerza militar del título dedicado al rey. En Portugal, por el contrario, al situar dicho capítulo dentro del título del poder ejecutivo, parece como si al rey se le quisiera conferir el mando del ejército en aquellos momentos en los que, por mandato constitucional, debía salvaguardar la seguridad interna y externa del Estado, pero no es así, pues, se prohibió cualquier mando de tropas al monarca. Por otra parte, como veremos más adelante, este uso constitucional de la fuerza armada por parte del rey no implicaba el mismo peligro que en España, pues en nuestro país vecino el ejecutivo no radicaba sólo en el monarca, sino que estaba compartido por el rey y los Secretarios de Estado.
En plano más concreto del articulado podemos apreciar igualmente cambios sustanciales entre ambas constituciones. De nuevo, mucho más explícita y contundente, la Constitución de 1822 inicia el título dedicado al rey con una declaración que deja clara cuál es la situación del monarca respecto a la Nación: «A autoridade do rei provém da Naçâo e é indivisible e inalienável» (artículo 121). No encontramos en el texto gaditano una declaración semejante que tiene una enorme importancia.
En efecto, la Constitución de 1812 al no establecer de dónde procede el poder del rey dejaba abierta la interpretación según la cual la institución monárquica es anterior a la propia constitución y, en consecuencia, el poder del rey, como venía afirmándose desde la Edad Media, procedía de Dios; era, pues, un poder de origen divino. Si el poder procedía directamente de Dios ¿podía ser limitado por las leyes humanas? Aquí radicaba precisamente uno de los fundamentos ideológicos del absolutismo regio. Esto explica que los constituyentes de 1822 fueran tajantes a la hora de definir la autoridad del rey y, frente a la indefinición del texto gaditano, dispusieran que el poder del rey procedía de la Nación.
Como vimos más arriba, la Constitución de 1812 había conferido «la potestad de hacer ejecutar las leyes» al Rey (artículo 16). Y más adelante, el artículo 171 repetía que la potestad de hacer ejecutar las leyes residía «exclusivamente» en el rey. El monarca, por tanto, era el titular del poder ejecutivo que los ejercía a través de sus Secretarios de Estado y del Despacho, nombrados y separados «libremente» por el propio monarca (artículo 171, 16).
El régimen ministerial (Secretarios de Estado y del Despacho) diseñado en la Constitución de Cádiz se basaba en la confianza que el monarca tenía depositada en sus Secretarios del Despacho, a los que podía nombrar «libremente». Parece obvio que el rey eligiera a personas afines con su política para dirigir el gobierno, máxime si el Secretario ejercía un control sobre la actuación del monarca. La Constitución establecía que todas las órdenes del rey debían ir firmadas por el Secretario del Despacho del ramo al que pertenecía el asunto en cuestión (artículo 225). Si los Secretarios autorizaban alguna orden del rey contraria a la Constitución o a las leyes, eran responsables ante las Cortes (artículo 226). Dicha responsabilidad debía ser decretada en las Cortes mediante la formación de una causa (artículo 228). Los Secretarios, por tanto, al poder negarse a refrendar una orden del rey estaban paralizando la actuación del ejecutivo y menoscababan la autoridad del propio rey. Por otro lado, quedaba a la discrecionalidad del Secretario del ramo correspondiente la valoración de si la orden del rey era o no contraria a la Constitución o a la legalidad vigente. En otras palabras, la Constitución de Cádiz convirtió a los Secretarios del Despacho en auténticos guardianes del propio texto constitucional y de toda la legalidad vigente, so pena de poder ser encausados por las Cortes. Eran una especie de Tribunal constitucional dentro del ejecutivo. Además estaban sujetos a una doble responsabilidad: ante el rey, que los nombraba, y ante las Cortes por los actos del rey que ellos hubieren refrendado contrarios a la Constitución o a las leyes. La responsabilidad de los Secretarios del Despacho ante las Cortes era una consecuencia de la posición conferida por la Constitución al monarca: «La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad» (artículo 168). Otras palabras: mediante una fictio iuris la situación jurí- dica del rey se asemejaba a la de un menor de edad a la hora de exigirle responsabilidad de sus actos. Lo mismo que el derecho civil hace responsable a los padres o tutores de los daños causados por el menor de edad por una presunción de negligencia (culpa in vigilando), el texto gaditano hacía responsables a los Secretarios del Despacho. La situación de éstos era, ciertamente, delicada, pues encontraban entre dos fuegos y su lealtad se hallaba dividida entre el monarca que les nombraba y las Cortes que les convertían en vigilantes de las actos del rey. Esta situación se hacía más compleja desde el momento en que ni la Constitución ni ninguna otra ley concreta llegaron a regular la manera de exigir la responsabilidad a los Secretarios del Despacho.
Las Cortes del Trienio pronto fueron conscientes de este problema e intentaron subsanarlo imponiendo al monarca las personas que debían ocupar las Secretarías del Despacho. Esto no sólo implicaba una vulneración del propio texto constitucional, sino que también ponía al rey en una situación de enfrentamiento abierto con sus Secretarios. La crisis constitucional era inevitable.
Los constituyentes portugueses debían conocer perfectamente los problemas que la aplicación de la Constitución gaditana estaba originando en España e intentaron subsanar los defectos que adolecía. Al igual que el texto doceañista, la Constitución de 1822 conservó la posición de irresponsabilidad política del monarca: «A pessoa do rei é inviolable, e nâo está sujeita a responsabilidade alguma» (artículo 127). Pero el poder ejecutivo no residía sólo en el rey, sino que se hallaba compartido entre el rey y los Secretarios de Estado (artículo 30). Se trata también de una situación curiosa en cuanto que al rey le correspondía la prerrogativa de «nomenar e demitir livremente os secretá- rios de Estado» (artículo 123, 2). Y digo que se trata de una situación curiosa porque el poder ejecutivo se articulaba, pues, sobre dos elementos: uno inmutable (el rey) y otro variable (los Secretarios); pero estos dos elementos, aunque compartían la titularidad del poder, no eran iguales, pues el primero —el inmutable— tenía la prerrogativa de nombrar —y dimitir— al segundo elemento. Por otra parte, en sede de responsabilidad política, el primero de los elementos carecía de ella, mientras que el segundo sí la tenía. Sin embargo, esta cotitularidad del poder ejecutivo hacía más lógica la exigencia de responsabilidad por parte de las Cortes, ya fuera por órdenes del rey o por actuaciones propias de los Secretarios. Con la fórmula de la cotitularidad, constitucionalmente el poder ejecutivo quedaba supeditado al poder legislativo y, al mismo tiempo, se salvaba la inviolabilidad del rey.
La Constitución portuguesa, por su parte, mejoró considerablemente, respecto a la gaditana, la regulación de los Secretarios. Por de pronto, suprimió ese «control de constitucionalidad» al que antes me refería sobre las órdenes del rey. En Portugal, los Secretarios de Estado sólo eran responsables ante las Cortes «pela falta de observancia das leis» (artículo 159, 1). Además les sería exigible responsabilidad política por el abuso del poder que les había sido confiado; por los actos que efectuaren en contra de la libertad, la seguridad o la propiedad de los ciudadanos, y por cualquier malversación o mal uso de los bienes públicos (artículo 159, 2-4). Dicha responsabilidad, de la que no podrán excusarse por ninguna orden verbal o escrita del rey, sería regulada por una ley particular.
Obsérvese que la Constitución de 1822, frente a la nuestra de 1812, fue mucho más concisa a la hora de fijar los supuestos de responsabilidad añadiendo los actos contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y la malversación de fondos públicos.
De la misma manera, la redacción del texto de 1822 mejora la gaditana al establecer que para hacer efectiva la responsabilidad es necesario que las Cortes primeramente declaren que ha habido «culpa». En consecuencia, las Cortes hacían un primer juicio o valoración del acto del Secretario antes de decretar si medió o no culpa y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente los documentos relativos a la causa eran enviados al Tribunal Supremo de Justicia.
c.1. Las prerrogativas del rey.
Centrándonos ya en los poderes conferidos al monarca en ambas constituciones, podemos comprobar que hay también variantes de un texto a otro. Nuestra primigenia Constitución, en principio, había reconocido al rey un amplio elenco de prerrogativas (artículo 171, 1-16), sin embargo, en realidad, eran muy pocas las que el rey podía ejercer sin algún tipo de restricción. En efecto, del análisis del artículo 171 se puede comprobar que las auténticas prerrogativas del monarca se limitaban a: 1. Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que creyera conducentes para la ejecución de las leyes. 2. Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia. 3. Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes. 4. Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales. 5. Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga. 6. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules. 7. Nombrar y separar libremente a los Secretarios de Estado y del Despacho.
De todas estas prerrogativas la más sorprendente es la relativa a la posibilidad que la Constitución le confería al monarca para poder declarar la guerra unilateralmente. En consecuencia, Fernando VII podía involucrar a la nación en cuantas guerras quisiera, de modo directo o como a aliado de otra potencia, sin más responsabilidad que la de dar posteriormente «cuenta documentada a las Cortes». Esta prerrogativa, tal como aparece enunciada —y que pasó con redacción análoga a otros textos constitucionales (Constitución de 1837, Constitución de 1845, Constitución de 1869, Constitución de 1876)— parte de una presunción de sensatez del monarca, pero que, en la práctica, no sucedió así. Es conocido el hecho de cómo Fernando VII pactó con Napoleón el fin de la guerra cuando ésta estaba siendo más propicia a las tropas angloespañolas. Tratado que, obviamente, las Cortes, reunidas ya en Madrid, se negaron a reconocer. Un monarca con veleidades belicistas podía poner en continuo estado de guerra a la nación, sin más responsabilidad que «dar cuenta documentada a las Cortes» después de iniciada la conflagración.
Si ahora pasamos al texto de 1822 comprobaremos que, una vez más, se han introducido importantes modificaciones en algunos artículos, de manera que algunas de las prerrogativas regias fueron mucho más restringidas.
Como se puede observar en el cuadro adjunto, el artículo $1 2 2 \mathrm { d e l }$ texto portugués siguió a su homónima gaditana sin variantes apreciables al refundir los artículos 170 y 171, 1. En ellos se reconocía al monarca su prerrogativa en lo concerniente a la ejecución de las leyes y la expedición de decretos, reglamentos e instrucciones. Además correspondía al rey la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior («segurança interna e externa do Estado», dice la Constitución de 1822), todo ello siempre conforme a la Constitución («na forma da Constituçâo»).
La modificación introducida en la Constitución portuguesa en lo referente al tema de la declaración de la guerra y ratificación de la paz del artículo 171, 3 de la Constitución de Cádiz, parece que es sólo de matiz. En efecto, como acabamos de comentar, tal como aparece redactado el mencionado artículo, el monarca tenía unilateralmente la iniciativa para iniciar y terminar cualquier conflicto bélico, debiendo únicamente dar cuenta documentada «después» a las Cortes. La Constitución de 1822 no es mucho más coherente, en la medida que del enunciado del artículo 123, XIII se infiere que la declaración de la guerra o la subsiguiente firma de la paz, es un acto que hacía el rey también después de la declaración de guerra: «dando às Cortes conta dos motivos que para isso teve». El verbo «teve» (tuvo) en pretérito perfecto nos indica que tampoco era necesaria la consulta a las Cortes para tomar la decisión.
En cambio sí observamos cambios en los artículos relativos al mando del ejército y nombramiento de generales. Mientras la Constitución de 1812 encomendaba al monarca el mando de los ejércitos y armadas, la Constitución de 1822, por el contrario, en el artículo 124, VI, prohibía expresamente que el monarca pudiera mandar ninguna fuerza armada. No hay, por consiguiente, un jefe supremo del ejército. Es más, el artículo 123, VI, al final dice expresamente que «em tempo de paz nâo haverá Comandate em chefe do Exército nem da Armada», de lo que se infiere que, en caso de guerra, se nombraría un Comandante en jefe ad hoc para la circunstancia, cuyo nombramiento no aparece especificado a quien corresponde, si al rey o a las Cortes. Sí, en cambio, el texto de 1822 confería al monarca nombrar los comandantes de las fuerzas armadas de tierra y mar, lo mismo que en la Constitución doceañista, pero a dicha prerrogativa se le añadió en la Constitución portuguesa «e empregá-la como entender que melhor convém ao serviçio público». En realidad, el texto de 1822 estaba refundiendo en el 123, VI, los artículos 171, 8 y 171, 9 del texto gaditano, añadiéndole el matiz de la conveniencia al «servicio público». Pero es que, además, esta prerrogativa regia se encuentra mucho más limitada en la ley fundamental portuguesa porque precisa que «quando perigar a liberdade da Naçâo e o sistema constitucional, poderâo as Cortes fazer estas nomeaçôes». Evidentemente, aunque no se diga en el texto, correspondía a las Cortes, y no al rey, decidir cuándo peligraba la libertad de la Nación o el sistema constitucional. En consecuencia, la prerrogativa regia relativa a la titularidad del mando supremo del ejército y la armada, así como a la designación de sus generales, recogida en la Constitución de 1812, fue restringida considerablemente en su homónima de 1822. A ello, además, debemos añadir que en el artículo 171, en título dedicado a la fuerza militar, se dispone que el ejército se encuentra sujeto al «governo», a quien compete emplearla como le pareciera más conveniente. No hace falta insistir en la cotitularidad del ejecutivo, el «governo», por lo que las decisiones nunca eran tomadas por el rey unilateralmente.
El artículo 171, 10 de la Constitución de Cádiz encomendaba al rey la dirección de las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, así como el nombramiento de embajadores, ministros y cónsules. Por su parte, la Constitución de 1822, en su artículo 123, VIII, tomó de aquél la primera parte, sin que le reconociera al monarca la facultad de nombrar los agentes diplomáticos, por lo que, de nuevo, la autoridad regia se ve restringida en Portugal con respecto a España. El enunciado, en cambio, del artículo 123, II, coincide literalmente con el 171, 16 de nuestra Constitución de 1812.
Finalmente, la Constitución de Cádiz atribuyó al monarca la función tutelar de cuidar de que en todo el reino se administrara «pronta y cumplidamente la justicia» (artículo 171, 2). Se trata, sin duda, de una competencia de carácter residual, reminiscencia de la imagen del rey-juez que arranca de la Edad Media y se conservó durante el Antiguo Régimen. No en balde, a pesar de la división de poderes, la misma Constitución de Cádiz establecía en su artículo 257 que la justicia se administraba «en nombre del rey». Esta prerrogativa no fue recogida por la Constitución de 1822.
c.2. Las prerrogativas condicionadas del rey.
Hemos denominado «prerrogativas condicionadas» a aquellas atribuciones que la Constitución confería al monarca pero estaban sujetas a alguna condición ajena al rey, sin la cual dicha prerrogativa no podía cumplirse o realizarse.
En primer lugar tenemos la sanción de las leyes. Tanto la Constitución de Cádiz como la Portuguesa de 1822 conferían al monarca la facultad de sancionar y promulgar las leyes, sin embargo la sanción legislativa en nuestro primer texto constitucional no dependía exclusivamente del rey como parece inferirse de una lectura aislada de los artículos 142 («El Rey tiene la sanción de las leyes») o del 171 («Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes...»). En efecto, la sanción de las leyes dependía exclusivamente de la voluntad del monarca cuando éste aceptaba en todo su contenido el proyecto de ley que había sido aprobado por las Cortes y era presentado al rey para su sanción. Pero la prerrogativa sancionadora debe ponerse en relación con el derecho de veto que igualmente la Constitución había conferido al rey. De la misma manera que éste podía aceptar y sancionar un proyecto de ley en todo su contenido, el monarca podía constitucionalmente negarse a otorgar la sanción al proyecto de ley aprobado por las Cortes y devolverlo a éstas con una exposición razonada de su negativa (artículo 144). Esta denegación de la sanción podía el rey ejercerla sólo en dos ocasiones, porque si por tercera vez fuese el mismo proyecto de ley aprobado por las Cortes presentado al monarca para su sanción, éste no podía hacer uso de su derecho al veto y obligatoriamente debía sancionar dicho proyecto (artículo 149).
La Constitución de 1822 se separó del texto doceañista de manera sensible. Ello, en mi opinión, una vez más, se explica por los problemas que la sanción y la aplicación del veto real18 estaba ocasionando Fernando VII en España. En efecto, si observamos la regulación que el texto portugués hace de la sanción legislativa podemos comprobar en relación a nuestra Constitución de 1812 un tratamiento más restrictivo de esta prerrogativa regia.
En primer lugar, en la Constitución de Cádiz la negativa regia a sancionar un proyecto de ley dependía exclusivamente del criterio del monarca, quien sólo estaba obligado constitucionalmente a acompañarla con una exposición de razones. Por su parte, la Constitución portuguesa de 1822 exigía como requisito de la devolución una consulta previa con el Consejo de Estado, que, evidentemente, condicionaba la negativa de sanción. Además, el mismo artículo 110 disponía que el rey debía exponer también las razones de la devolución del proyecto. Éstas, impresas, se discutirían en las Cortes. En caso de que se aprobara que el texto del proyecto permaneciera como estaba, se presentaba nuevamente al rey quien, sin otra opción, debía otorgar la sanción. Sólo en el supuesto de que las razones esgrimidas por el monarca fueran atendidas por las Cortes, el proyecto de ley sería suprimido o modificado, sin que pudiera ser discutido en esa misma legislatura. En consecuencia, no cabía, como en España, una segunda negación de la sanción por parte del monarca.
Lo mismo que nuestra Constitución gaditana, la Portuguesa de 1822 contempló el supuesto de resistencia pasiva del monarca. El artículo $1 4 5 ~ \mathrm { d e l }$ texto doceañista establecía que si transcurridos treinta días el monarca no había hecho uso de su prerrogativa de sancionar o, en su caso, devolver el proyecto de ley, se entendía que dicho silencio era positivo y, en consecuencia, había otorgado la sanción. En este mismo sentido se manifiesta el artículo 114 de la Constitución lusa.
Pero la Constitución de 1822 fue mucho más lejos al contemplar tres supuestos que quedaban fuera de la prerrogativa de la sanción del monarca. En efecto, el artículo 112 dispuso taxativamente que no estaban sujetas a la sanción del rey ni la propia Constitución —incluyendo sus futuras reformas—, ni las leyes o cualesquiera otras disposiciones aprobadas en esas Cortes extraordinarias y constituyentes, ni, por último, aquellas decisiones que concernían a las competencias de las Cortes, reguladas en el artículo 103.
La segunda de las prerrogativas condicionadas es la concerniente al nombramiento de los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales (artículo 171, 4). La Constitución de 1812 supeditó dicho nombramiento a una propuesta del Consejo de Estado. En este sentido, la homónima portuguesa de 1822 también recogió que la designación debía realizarse mediante la correspondiente propuesta del Consejo de Estado y añadió «feita na conformidade da lei» (artículo 123, III).
No sólo la Constitución confirió al monarca la designación de los magistrados judiciales, sino que también, según el artículo 171, 5, le correspondía «proveer todos los empleos civiles y militares». Una lectura aislada del artículo puede inducir a pensar que dicha provisión era una prerrogativa unilateral del monarca, cuando en realidad estaba supeditada a todo el sistema de selección de los oficiales de la administración y ascensos en el caso del ejército. El rey se limitaba a realizar el nombramiento. La Constitución lusa de 1822 fue más precisa en su redacción al añadir que la provisión se hacía «segundo a lei» (artículo 123, IV).
En cuarto lugar, la Constitución doceañista mantuvo la prerrogativa de presentar a la Santa Sede todos los obispos, dignidades y beneficios eclesiásticos pertenecientes al Real Patronato, si bien dicha presentación quedaba condicionada a una propuesta del Consejo de Estado (artículo 171, 6). De manera análoga, la Constitución portuguesa conservó la misma prerrogativa para los obispados, aclarando que se realizaría mediante una terna presentada por el Consejo de Estado. Pero para los restantes beneficios eclesiásticos dependientes del Patronato la presentación dependía de un concurso y examen público previo que se realizaba ante los prelados diocesanos.
En quinto lugar, la Constitución gaditana reconoció al monarca la prerrogativa de conceder honores y distinciones de toda clase, pero siempre supeditadas a las leyes. La Ley fundamental portuguesa fue mucho más explícita, pues añadió que cuando la concesión implicara remuneraciones pecuniarias, debía ser previamente aprobada por las Cortes, debiendo el monarca presentar en la primera sesión de cada año una lista motivada de las correspondientes concesiones (artículo 123, X).
En sexto lugar, al rey correspondía distribuir la inversión de los fondos que habían sido destinados a los distintos ramos de la administración (artículo 171, 12). Aunque la Constitución no lo expresa, dichos fondos habían sido previamente asignados en el presupuesto aprobado por las Cortes. La Constitución de 1822 reprodujo literalmente este precepto (artículo 123, XV).
También la Constitución lusa se inspiró en la gaditana a la hora de conferir al monarca la facultad de conceder indultos, siempre con arreglo a las leyes. Pero mientras el Texto gaditano se refería tan sólo a «indultar» (artículo 171, 13), la Constitución portuguesa de 1822 añadió también la facultad de «minorar las penas» (artículo 123, XI).
En octavo lugar, la Constitución de Cádiz fue seguida igualmente por la portuguesa en la regulación del denominado «pase regio». Correspondía al monarca conceder el «pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes» si contenían disposiciones de carácter general; si se trataba de «negocios particulares o gubernativos», debía el rey oir al Consejo de Estado; y, por último, si contenían «puntos contenciosos», el rey debía pasarlo a conocimiento del Supremo Tribunal de Justicia para que éste resolviera con arreglo a las leyes (artículo 171, 15). Como se puede comprobar en el cuadro adjunto, la redacción del artículo 123, XII portugués es casi una traducción a la letra del artículo 171, 15 de nuestra Constitución.
La Constitución de Cádiz reconoció al monarca otras dos prerrogativas condicionadas que no fueron recogidas por el Texto luso de 1822. La primera de ellas, la relativa a cuidado de la fabricación de la moneda (artículo 171, 11) y la segunda, mucho más importante, la concerniente a la iniciativa legislativa. En efecto, el Texto gaditano reconocía el rey la facultad de «hacer a las Cortes propuestas de leyes o de reformas» que creyera conducentes al bien de la Nación para que se deliberaran de la forma prescrita en la misma Constitución. Una vez más, la Constitución de 1822 se muestra mucho más restrictiva que la doceañista a la hora de la configuración del poder regio. Esta preocupación limitadora de la autoridad real se manifiesta de nuevo en el artículo 123, VII en el que la designación de los agentes diplomáticos queda supeditada a la consulta del Consejo de Estado, circunstancia que, como vimos, en la Constitución de 1812 se confirió al rey sin ningún tipo de limitación.
Por el contrario, la Constitución de 1822 reconoció como prerrogativa condicionada del rey la de conceder cartas de naturaleza y privilegios a favor de la industria, en conformidad con las leyes (artículo 123, IX), mientras que la Constitución de 1812 reservó la concesión de dichas cartas a las Cortes (artículos 5, 2 y 20).
c.3. Las restricciones «absolutas» del poder real.
La Constitución de 1812 dedicó su artículo 172 a establecer las restricciones —doce en concreto— a las que quedaba sometida la autoridad del rey. Sin embargo, dentro de ese elenco de limitaciones, he querido distinguir unas que considero «absolutas», o, dicho de otro modo, que no puede el monarca realizar en ningún caso; de otras actuaciones que el monarca requiere necesariamente el consentimiento de las Cortes. A éstas últimas las he denominado restricciones «relativas».
La Constitución de Cádiz fijó siete supuestos de restricciones absolutas, a saber: 1.ª «No puede impedir el Rey, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores, y serán perseguidos como tales» (artículo 172, 1). 2.ª «No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar, o en cualquier manera traspasar a otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas» (artículo 172, 3). 3.ª «No puede el rey enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español» (artículo 172, 4). 4.ª «No puede el Rey imponer por sí, directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre lo han de decretar las Cortes» (artículo 172, 8). 5.ª «No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna» (artículo 172, 9). 6.ª $\scriptstyle \ll \mathbf { N o }$ puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos» (artículo 172, 10). 7.ª «No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna... Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente» (artículo 172, 11).
La Constitución de 1822 fue más precisa desde el punto de vista sistemá- tico pues en lugar de mezclar en un mismo artículo —como lo hace la de Cádiz— las restricciones absolutas y las relativas, optó por separaras y dedicarles sendos artículos. Así, en el artículo 124 se recogen las restricciones que he denominado absolutas. De estos siete supuestos de restricciones absolutas contemplados en Cádiz, sólo cuatro fueron recogidos por la Constitución portuguesa de 1822: 1.ª «Impedir as eleiçôes dos deputados; oporse à reuniâo das Cortes; prorrogálas, dissolvêlas ou protestar contra as suas decisôes (artículo 124, I). 2.ª «Alienar porçâo alguma do território portugués» (artículo 124, V). 3.ª «Impor tributos, contribuiçóes ou fintas» (artículo 124, II). 4.ª «Mandar prender cidadâo algum, excepto: 1.° quando o exigir a segurança do Estado, devendo entâo ser o preso entregue dentro de quarenta e oito horas ao juíz competente; 2.° quando as Corres houverem suspendido as formalidades judiciais (artigo 211)» (artículo 124, IV).
El número 1 de artículo 124, como se puede comprobar, corresponde con el 172.1 de nuestra Constitución gaditana, si bien fue suprimida la parte final en la que se tacha de traidores a aquellos que aconsejaran al monarca para impedir, suspender, disolver o embarazar las sesiones de las Cortes. El número 5 del citado artículo 124, prohibía al rey enajenar cualquier parte del territorio portugués; número que se corresponde al 172, 4 de la Ley fundamental de 1812. De la misma manera, el número 2 del 124 luso tiene su correspondencia con el 172, 8 gaditano. Por último, la primera parte del número 4 del 124 está claramente inspirada en el 172, 11 de la Constitución de Cádiz. Sin embargo, la Constitución portuguesa introdujo en este mismo número una segunda excepción no prevista por el constituyente gaditano, la consistente en la posibilidad de poder arrestar a un ciudadano cuando las Cortes hubieran suspendido las formalidades judiciales en los casos previstos por el artículo 211 (rebelión o invasión). Por consiguiente, no tienen paralelo en el Texto portugués los supuestos contemplados en los números 3, 9 y $1 0 \ \mathrm { d e l }$ artículo 172; es decir, los casos de enajenación, cesión o renuncia de la autoridad real; la concesión de privilegios exclusivos a personas o corporaciones, y la expropiación a particulares o corporaciones.
Por su parte, la Constitución lusa de 1822 añadía dos casos no previstos por nuestro Texto doceañista. El primero, la prohibición expresa de suspender a los magistrados encargados de la administración de justicia, si bien preveía una excepción19 regulada en el artículo 197. El segundo, al cual ya nos referimos con anterioridad, la prohibición demandar cualquier fuerza armada.
c.4. Las restricciones «relativas» del poder real.
La Constitución de 1812 estableció cinco restricciones relativas a la autoridad del rey: 1.ª «No puede ausentarse del Reino sin consentimiento de las Cortes, y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado a la Corona» (artículo 172). 2.ª $\mathrm { \ll { S i } }$ por cualquier causa quisiere [el Rey] abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las Cortes» (artículo 172, 3, párrafo 2). 3.ª «No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes» (artículo 172, 5). 4.ª «No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia extranjera sin consentimiento de las Cortes» (artículo 172, 6). 5.ª «No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin el consentimiento de las Cortes» (artículo 172, 7). Por su parte, la Constitución de 1822 consagró el artículo 125 para fijar las cosas que el monarca no podía hacer sin consentimiento de las Cortes. Si observamos el cuadro adjunto al final de este trabajo podemos comprobar que la Ley lusa redujo a tres los supuestos de restricciones relativas.
En primer lugar, el monarca no podía salir del reino de Portugal y el Algarbe, entendiéndose que si lo hacía sin consentimiento de las Cortes dicha conducta implicaba su abdicación. Pero la Constitución portuguesa es más explí- cita con relación al artículo 172, 2 de la gaditana, ya que recoge también el supuesto en el que habiendo salido el rey con autorización de las Cortes, si aquél se excedía de tiempo o lugar y era llamado y no regresaba, igualmente se consideraba que había abdicado. Además, el artículo 125, II portugués hacía extensible dicha restricción al sucesor de la Corona, quien al contravenir dicho precepto perdía el derecho a suceder a la misma.
En segundo lugar, al igual que el Texto de 1812, la Constitución lusa exigía al monarca el consentimiento de las Cortes para abdicar (artículo 125, I).
Por último, la Constitución de 1822 prohibía que el rey tomara empréstitos en nombre de la Nación. Esta última restricción no aparece en el artículo 172 de la Constitución de Cádiz, ausencia que se entiende porque la facultad de tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación estaba reservada exclusivamente a las Cortes (artículo 131, 14).
Es preciso señalar que la Constitución portuguesa cometió un error sistemático al encuadrar en el artículo 123, XIV —relativo a las atribuciones del rey— la facultad que se le confería al monarca para hacer tratados de alianza ofensiva o defensiva, así como de subsidios y comercio, ya que como el mismo artículo dispone esa prerrogativa sólo podía ejercerla mediante la aprobación de las Cortes. Éstas, tal como disponía también el artículo 103, VI, tenían la atribución de aprobar los tratados de alianzas, subsidios y comercio, antes de ser ratificados. Luego parece más lógico que el número XIV del artículo 123 debía haberse incluido en el artículo 125. Por esta razón, la Constitución de Cádiz introdujo esta restricción a la autoridad regia en el artículo 172. Nuestra Constitución, por otro lado, dedicó un número del artículo (172, 5) a la limitación de realizar tratados de alianza ofensiva —se silencian las alianzas defensivas— y de comercio, y otro número (172, 6) a los tratados de concesión de subsidios. Ambos números fueron refundidos en el 123, XIV de la Constitución de 1822 en el que no se omitió la posibilidad de las alianzas defensivas.
Finalmente, la Constitución lusa no consideró necesario introducir la restricción relativa a la cesión o enajenación de los bienes nacionales (artículo 172, 7) que sí contempló el Texto gaditano de 1812.
d) Las Cortes.
La Constitución de 1812 definió las Cortes como la «reunión de todos los diputados que representan a la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá» (artículo 27). Sin embargo, como ha demostrado recientemente Raquel Medina, el tema de la representación distaba mucho de ser una cuestión pacífica en las Cortes del Trienio20, en la medida que muchos diputados no tenían claro si representaban sólo a la Nación o a sus provincias de origen al modo de los antiguos procuradores del Antiguo Régimen. La Constitución de 1822 fue más explícita que la gaditana: «A Naçâo Portuguesa é representada em Cortes, isto é, no ajuntamento dos deputados, que a mesma.
Naçâo para esse fim elege con respeito à povoaçâo de todo o territorio português» (artículo 32). La Nación no sólo es «representada», sino que la Nación es también la que «elige» a sus diputados. Pero por si quedaba algún tipo de duda, los constituyentes lusitanos, una vez más, se debieron hacer eco del problema que la indefinición del concepto de representación suscitaba entre los diputados españoles, porque de manera taxativa el artículo 94 se dispuso que «cada deputado é procurador e representante de toda a Naçâo, e nâo o é somente da divisâo que o elegeu».
No voy a detenerme a analizar las diferencias que existen entre ambos textos constitucionales en materia electoral, más indirecto entre nosotros que el establecido en Portugal, me limitaré a la comparación de las atribuciones conferidas a la cámara.
d.1. Facultades legislativas.
Como es obvio, en virtud del principio de división de poderes consagrado en ambos textos constitucionales la potestad o facultad —«atribución», dice el texto portugués— de hacer las leyes reside en las Cortes. Esta prerrogativa se concreta en «proponer y decretar» («fazer», dice la Constitución de 1822), «interpretar» y «derogar» las leyes. Sin embargo, pronto encontramos novedades en el Texto luso, por cuanto que el artículo 102 establece como atribución de las Cortes promover la observancia de la Constitución y de las leyes, y, en general, el bien de la Nación Portuguesa. No encontramos en la Ley fundamental gaditana ningún precepto análogo en virtud del cual la Cortes se convierten en garantes del sistema constitucional y legal.
En sede de iniciativa legal, tampoco hay entera coincidencia entre ambas constituciones. La Constitución doceañista había dispuesto que todo diputados tenía la facultad de proponer a las Cortes proyectos de ley (artículo 132) y, en este sentido, la Constitución lusa recogió un precepto análogo en su artículo 105. Sin embargo, en dicho artículo se añadió otra importante novedad: también los secretarios de Estado podían hacer propuestas de ley que, después de examinadas por una comisión de las Cortes, podían convertirse en proyectos de ley y discutirse en la cámara. Se establecía, de esta manera, un sistema muy similar a nuestro parlamentarismo actual y que conecta con la lógica, antes señalada, del principio de la cotitularidad del poder ejecutivo. En este sentido, hay que señalar también que la Constitución portuguesa rechazó la posibilidad de que el monarca pudiera hacer propuestas de leyes —como sucede en la Constitución gaditana (art. 171, 14)— y sí, en cambio, posibilitó que la otra parte del poder ejecutivo —los secretarios de Estado— gozaran de esa facultad.
Por último, por lo que respecta a la sanción, aparte de lo dicho anteriormente, es preciso añadir que la Constitución de 1822, cuando en el artículo 103 reguló las restantes atribuciones de las Cortes —políticas, económicas, fiscales y de defensa—, éstas no se encontraban tampoco sujetas a la sanción del rey21, circunstancia que no se reflejó en la Constitución doceañista y que, en principio, sometía al derecho de veto toda la legislación derivada del contenido del artículo 131 de la Constitución. En consecuencia, encontramos en la Constitución lusa nuevamente una drástica reducción de las atribuciones regias.
Como se puede observar en el cuadro adjunto al final de este estudio, las similitudes en materia de competencias entre la Constitución de 1812 y la de 1822 son claras. En primer lugar, en lo que respecta a las facultades de naturaleza política, sólo encontramos pequeñas modificaciones. Así, por ejemplo, el artículo 131, 9 de la Constitución de Cádiz dispone que es facultad de las Cortes «decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución, e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos». Si pasamos ahora al correspondiente artículo del Texto portugués observamos que ha suprimido la primera parte concerniente a la creación y supresión de las plazas de los Tribunales dejando sólo la parte final. Ello parece obvio, en la medida que, en definitiva, los magistrados y jueces de los tribunales son, en última instancia, también oficios públicos.
Sólo encontramos, dentro de estas atribuciones políticas, un supuesto que no pasó al texto de la Constitución de 1822. Me refiero al de la protección de la libertad política de imprenta. Desconozco las causas de esta deliberada omisión de los constituyentes lusitanos. Paralelamente, la Constitución portuguesa introdujo un supuesto no previsto por la gaditana, quizás por la propia obviedad del mismo: la regulación de todo lo concerniente al régimen interior de las Cortes.
En segundo lugar, dentro del grupo de competencias económicas y fiscales, en líneas generales hay también coincidencias. Éstas son evidentes entre los números 18 y 19 del artículo 131 de la Constitución gaditana y los números XII y XIV del artículo 103 de la Constitución de 1822. Ésta, por otra parte, refundió en un solo número —el IX— los números 12, 13, 15 y 16 del artículo 131 doceañista sin introducir cambios apreciables. Por el contrario, sí se observa una modificación en el 131, 14. La Constitución de 1812 atribuyó a las Cortes la facultad de tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación. Pero la Constitución de 1822 es más explícita en la medida que dispone que debía ser el Gobierno quien, autorizado por las Cortes, llevara a cabo la contratación del empréstito. Añade, además, que las condiciones del empréstito le debían ser presentadas a las Cortes, excepto en los casos de urgencia (artículo 103, X).
Hay también dentro de este grupo de naturaleza económica una atribución que no se encuentra en su respectiva homónima. Así, la Constitución de Cádiz estimó que una de las facultades de las Cortes era el establecimiento de aduanas y aranceles (artículo 131, 17), atribución que no se encuentra en el artículo correspondiente de la Constitución portuguesa. Por su parte, esta última introdujo como atribución de las Cortes el establecer los medios adecuados pata el pago de la deuda pública (artículo 103, XI), que no se encuentra en el Texto gaditano.
En tercer lugar, en materia de defensa, la Constitución española de 1812 confirió a las Cortes fijar anualmente las fuerzas de tierra y mar que debían estar en pie, ya fuera en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Ello se hacía mediante una propuesta elevada por el rey a las Cortes (artículo 131, 10). Sin embargo, la Constitución de 1822, una vez más, atribuyó dicha propuesta al Gobierno, en lugar del monarca. Tampoco la Constitución lusa recogió la facultad, atribuida por el Texto doceañista a las Cortes, de dictar las ordenanzas del ejército, la armada y la milicia nacional (artículo 131,11).
Finalmente, la Constitución de 1812 confirió a las Cortes facultades relativas a fomento de la industria, educación y sanidad (artículo 131, 21, 22 y 23) que no fueron contemplados por los constituyentes de 1822.
CONCLUSIONES.
A la vista del análisis comparativo de ambos textos constitucionales podemos aportar las siguientes conclusiones:
1.ª En sede de soberanía, la Constitución portuguesa de 1822 precisó más que la Gaditana de 1812 al disponer que aquélla sólo podía ser ejercitada por los diputados legalmente elegidos. Sólo a la Nación, por medio de sus representantes, puede hacer la Constitución, sin estar condicionada por la sanción del rey. No cabe duda de que los constituyentes portugueses tenían presente los problemas que, tanto la indefinición de la idea de representación como las aplicaciones del veto, estaban ocasionando en España por la falta de precisión del Texto doceañista. Por ello la Constitución, al igual que todas las medidas adoptadas por las Cortes constituyentes quedaron fuera de la sanción regia.
2.ª De la misma manera, la Constitución portuguesa de 1822 quiso precisar más que la nuestra en el tema de la división de poderes y particularmente en el poder ejecutivo o del monarca. Mientras la Constitución de 1812 había conferido la titularidad del ejecutivo sólo y únicamente el monarca, la Constitución lusa articuló un principio de «cotitularidad» del poder ejecutivo que recaía en el rey y secretarios de Estado o ministros. De este modo era más fácil exigir la responsabilidad a los secretarios que en el sistema gaditano. De nuevo, creemos, se estaba aprendiendo de la experiencia española. Pero, además, la Constitución de 1822, al contrario que la gaditana, enunció rotundamente el principio de independencia de los tres poderes con lo que se estaba ahuyentando el fantasma de un legislativo poderoso —como sucedió en España— que hacía continuas ingerencias en el ejecutivo e, incluso, en el judicial.
3.ª En materia de derechos individuales, abortada la inclusión en el Texto de 1812 de una parte dogmática —por miedo a ser acusados de copiar las constituciones francesas—, la Constitución portuguesa de 1822 fue más fiel a los textos galos y reprodujo los títulos dedicados a los derechos y deberes individuales de los portugueses.
4.ª El tratamiento de la persona del rey es más restrictivo en la Constitución de 1822 que en la de 1812. Por de pronto, estableció que la autoridad del rey provenía de la Nación, de manera que cerraba cualquier interpretación acerca del origen divino del poder real, cuestión que la Constitución doceañista no había resuelto. Sin embargo, a pesar de esa procedencia «nacional» del poder del rey, su figura se mantuvo con el carácter de «inviolable» y, en consecuencia, no respondía ni siquiera ante la Nación. Sin embargo, como acabamos de ver en el punto anterior, mediante la fórmula de la «cotitularidad» se armonizaban al mismo tiempo al inviolabilidad del rey y la responsabilidad de los ministros ante las Cortes.
5.ª Las prerrogativas conferidas por la Constitución de 1812 al rey fueron, en líneas generales, considerablemente reducidas o precisadas en la Constitución de 1822. Ello se debe, no a una idea de elaborar un texto más liberal que el gaditano, sino a la realidad política que está viviendo España y de la que los portugueses no son ajenos. Los gravísimos problemas que la actuación de Fernando VII está ocasionando en la normalidad constitucional del sistema doceañista fueron, sin duda, tenidos en cuenta a la hora de precisar la autoridad del monarca en la Constitución de 1822. La vigencia de la constitución, por sí sola, no garantizaba el buen funcionamiento del sistema establecido en ella, sino que era necesaria una actitud del rey proclive a la normalidad del juego constitucional. La experiencia española estaba demostrando lo contrario y fue eso lo que los constituyentes lusos tuvieron presente a la hora de precisar y restringir al límite la autoridad del monarca en la Constitución de 1822.

CONSTITUCIONDE1812	CONSTITUCION DE1822
SOBERANIA	SOBERANIA
Nacional:“La soberania reside esencialmente en laNacion,ypor lo mismo pertenece a éstaexclusivamente el derecho de establecer sus leyesfundamentales"(art.3).	Art.26.A soberania reside essencialmente naNacao.Nao pode,porém, ser exercitada senao pelosseus representantes legalmente eleitos.Nenhumindividuo ou corporarcao exerce autoridade publicaque se nao derive da mesura Nacao.
DIVISIONDE PODERES	DIVISION DE PODERES
“La potestad de hacer las leyes reside en las Cortescon el rey"(art. 15).	Art.30.Estes poderes sao legislativo,executivo ejudicial. O primeiro reside nas Cortescomdependéncia da sancao do rei (arts.11o,111 e 112).O segundo esta no rei e nos secretarios de Estado,que o exercitam debaixo da autoridade do mesmorei.O terceiro esta nos juizes.Cada um destespoderes é de tal maneira independenne que um näopoderä arrogar a si as atribuicoes do outro.
“La potestad de ejecutar las leyes reside en el Rey"(art. 16).“La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en elRey，y su autoridad se extiende a todo cuantoconduce a la conservación del orden publico en lointeriorya la seguridad del Estado en lo exterior,conforme a la Constitucion y las leyes"(art.170).“Ademas de la prerrogativa que compete al Rey desancionar las leyesypromulgarlas” (art.171).	Art.122.Esta autoridade geralmente cosiste emfazer executarasleis;expedir os decretos,instrucóes e regulamentos adequados a esse fim;eprover a tudo o que for concernente ä segurancainterna e externa do Estado, na forma daConstituicao．Osditosdecretos,instrucóeseregulamentos serao passados em nome do rei.
“La potestad de aplicar las leyes en las causascivilesycriminales reside enlostribunalesestablecidos por la ley"(art.17).
REFORMACONSTITUCIONAL	REFORMACONSTITUCIONAL
Constitucion rigida:prohibicion de reformar laConstitucion en 8 afos.Procedimiento complejo(art.375 a 383).	Art.28．A Constituicao，uma vez feita pelaspresentes Cortes extraordinarias e constituintes,somente podera ser reformada ou alterada depois dehaverem passado quatro anos,contados desde a suapublicacao;e quanto nos artigos cuja execucao

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EIREY.
Art.l68.La persona del rey es sagrada e inviolable yno esta sujeta a responsabilidad. Art.l69.El Rey tendra tratamiento de Majestad Cat6lica.
Art.121.A autoridade do rei provem da Nacao e é indivisivel e inalienavel.
Art.127.A pessoa do reié inviolable,e näo esta sujeta a resposabilidade alguma.O rei tem o tratamento de Majestade Fidelissima.
Auténticas prerrogativas:
Auténticas prerrogativas y sus modificaciones:
Art.171.“...le corresponden [al Rey] como principales las facultades siguientes:Primera.Expedir los decretos,reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecucion de las leyes".
Art.122.Esta autoridade geralmente consiste em fazer executar as leis;expedir os decretos,instrucóes e regulamentos adequados a esse fim.;..
Art.17o.La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey,y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden publico en lo interior,y a la seguridad del Estado en lo exterior,conforme a la Constitucion y a las leyes.
Art.171.2.Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.
....e prover a tudo o que for concernente a seguranca interna e externa do Estado,na forma da Constituicao.Os ditos decretos, instrucoes e regulamentos serao passados em nome do rei.
Art.171.3.Declarar la guerra,y hacery ratificar la paz,dando despues cuenta documentada a las Cortes.
Art.171.8.Mandar los ejércitos y armadasy nombrar los generales.
Art.171.9.Disponer de la fuerza armada, distribuyendola como mas convenga.
Art.123.XIII. Declarar a guerra e fazer a paz, dando as Cortes conta dos motivos que para isso teve;
Art.123.VI. Nomear os Comandantes da forca armada de terraemar,e empregala como entender que melhor conven ao servico publico．Porém, quando perigar a liberdade da Nacao eo sistema.
Art.171.10.Dirigir las relaciones diplomaticas y comerciales con las demas potencias,y nombrar los embajadores,ministros y consules. Art.171.l6．Nombrary separar libremente los Secretarios de Estado y del Despacho.
constitucional,poderao as Cortes fazer estas nomeacóes.Em tempo de paz nao havera Comandante em chefe do Exercito nem da Armada; Art.123.VIII. Dirigir as negociacoes politicas e comerciais con as nacoes estrangeiras;
Art.123.II． Nomearedemitir librementeos secretarios de Estado;
Prerrogativas condicionadas:
Art.171.Ademas de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas..
Art.171.4.Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales,a propuesta del Consejo de Estado.
Art.171.5.Proveer todos los empleos civilesy militares.
Prerrogativas condicionadas:
Art.171.6.Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios eclesiasticos del Real Patronato,a propuesta del Consejo de Estado.
Art.123.I.Sancionar e promulgar as leis (arts 110 e 113).
Art.123.III.Nomear os magistrados,precedendo proposta do Conselho de Estado, feitana conformidade da lei;
Art.123.IV.Prover,segundo a lei, todos os mais empregos civis que nao forem efectivos,e bem assim os militares;
Art.123.V.Apresentarparaosbispados, precedendo proposta triple do Conselho de Estado. Apresentar para os beneficios eclesiasticos de padroado real curados ou nao curados,precedendo concurso e exame publico perante os prelados diocesanos;
Art.123.X.Conceder titulos,honras e distincoes em recompensa de servicos,na conformidade das leis.Quanto a remuneracóes pecuniarias,que pela mesma causa entender se devam conferir,somente ofara con anterioraprovacaodas Cortes; fazendo-lhes para esse fin apresentar na primeira sessao de cada ano una lista motivada;
Art.171.7.“Conceder honores y distinciones de toda clase,con arreglo a las leyes.
Art.171.11.Cuidar de la fabricacion de la moneda, en la que se pondra su busto y nombre.
Art.171.12.Decretar la inversion de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la administracion publica.
Art.171.13.Indultar a los delincuentes,con arreglo a las leyes.
Art.123.XV.Decretar a aplicacao dos rendimientos destinados pelas Cortes aos diversos ramos da administracao publica.
Art.123.XI.Perdoar ou minorar as penas aos delinquentes na conformidade das leis;
Art.171.14.Hacer a las Cortes propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al bien de la Nación,para que deliberen en la forma prescrita.
Art.171.15.Conceder el pase,o retener los decretos conciliaresybulas pontificias conel consentimiento delasCortes, si contienen disposiciones generales,oyendo al Consejo de Estado,si versan sobre negocios particulareso gubernativos,y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decision al Supremo Tribunal de justicia para que resuelva con arreglo a las leyes.
Art.123.XII. Conceder ou negar o seu beneplacito aos decretos dos concilios, letras pontificaise quaisqueroutrasconstituicoeseclesiasticas, precediendo aprovacao das Cortes,se contiverem disposicoes gerais,e ouvindo o Conselho de Estado,se versarem sobre negócios de interesse particular,que nao forem contenciosos,pois quando o forem os remetera ao conhecimento e decisao do Supremo Tribunal de Justica;
Art.123.VII. Nomear os embaixadores e mais agentes diplomaticos, ouvido o Conselho de Estado; e os consules sem dependéncia de o ouvir; Art.123.IX. Conceder cartas de naturalizacaoe privilegios exclusivos a favor da industria,em conformidade das leis;
La sancion de las leyes.
La sancion de las leyes.
Art.142.El Rey tiene la sancion de las leyes. Art.143.Da el Rey la sancion por esta formula, firmada de su mano: "Publiquese como ley". Art.144.Niega el Rey la sancion por esta formula, igualmente firmada de su mano: "Vuelva a las Cortes;" acompafando al mismo tiempouna exposicion de las razones que ha tenido para negarla.
Art.110.Ao rei pertenence dar sancao a lei; o que fara pela seguinte formula assinada de sua mao: Sanciono,e publique-se como lei.
Se o rei,ouvido o Conselho de Estado,entender que hä razoes para a lei dever suprimir-se ou alterar-se,podera suspender a sancao por esta formula: Volte äs Cortes,expondo debaixo da sua assinatura as sobreditas razoes.Estas serao presentes as Cortes,e,impresas,se discutirao.Vencendo-se que, sem embargo delas,passe a lei como estava,sera novamente apresentada ao rei, que lhe dara logo a sancao.
Se as razoes expostas forem atendidas,a lei sera suprimida ou alterada,e nao podera tornar a tratarse dela na mesma sessao da legislatura.
Art.145.Tendra el Rey treinta dias para usar de esta prerrogativa...
Art.111.O rei devera dar ou suspender a sancao no prazo de um més.Quanto as leis provisórias feitas em casos urgentes (artigo l07),as Cortes determinarao o prazo do qual as deva sancionar.
...si dentro de ellos no hubiere dado o negado la sancion,por el mismo hecho se entendera que la ha dado,y la dara en efecto.
Art.114. Se o rei nos prazos estabelecidos nos artigos llO e 11l nao der sancao a lei, ficara entendido que a deu,ea lei se publicara.Se,porem,recusar assina-la,as Cortes a mandarao publicar em nome do rei, devendo ser assinada pela pessoa em quem recairo Poder Executivo.
Art. 146. Dada_o negada la sancion por el Rey, devolvera a las Cortes uno de los dos originales con la f6rmula respectiva,para darse cuenta en ellas. Este original se conservarä en el archivo de las Cortes,yel duplicado quedara en poder del Rey.
Art.147.Si el Rey negare la sancion,no se volvera á tratar del mismo asunto en las Cortes de aquel afo;pero podra hacerse en las del siguiente.
Art.148.Si en las Cortes del siguiente afo fuere de nuevo propuesto,admitido y aprobado el mismo proyecto,presentado que sea al Rey,podra dar la sanción o negarla segunda vez en los términos de los articulos 143 y 144;y en el ultimo caso,no se tratara del mismo asunto en aquel afio.
Art.149．Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto,admitido yaprobado el mismo proyecto en las Cortes del siguiente ano,por el mismo hecho seentiende que el Rey da la sanción,y presentandosele,la dara en efecto por medio de la f6rmula expresada en el articulo 143.
Art.150.Si antes de que espire el termino de treinta dias,en que el Rey ha de dar o negar la sanción, llegare el dia en que las Cortes han de terminar sus sesiones,el Rey la dara o negara en los ocho primeros de las siguientes Cortes:y si este término pasare sin haberla dado,por esto mismose entendera dada,y la dara en efecto en la forma prescrita;pero si el Rey negare la sancion podran estas Cortes tratar del mismo proyecto.
Art.151.Aunque despues de haber negado el Rey la sancion a un proyecto de ley, se pasen alguno o algunos afios sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva a suscitarse en el tiempo de ia misma diputacion que le adoptó por la primera vez,o enel de las dos diputaciones que inmediatamente la subsigan,se entendera siempre el mismo proyecto para los efectos de la sancion del Rey,de que tratan los tres articulos precedentes; pero si en la duracion de las tres diputaciones expresadas no volviere a proponerse,aunque despues se reproduzca en los propios terminos,se tendra por proyecto nuevopara losefectos indicados.
Art.152. Si la segunda o tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefija el articulo precedente,fuere desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se reproduzca después,se tendra por nuevo proyecto.

expirar aquele prazo,este se prolongara até os pri- meiros oito dias da seguinte sessao da legislatura.

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Art.112.Nao dependem da sancao real: I.A presente Constitucao e as alteracóes que nela se fizierem para o futuro (artigo 28). II.Todas as leis ou quaisquier outras disposicoés das presentes Cortes extraordinarias e constiyuintes; III. As desisoes concernientes aos objectos de que trata o artigo 103 (las competencias de las Cortes).
Restricciones absolutas del poder real:
Art.172.1. No puede impedir el Rey,bajo ningun pretexto,la celebracionde las Cortes en las épocas y casossefialadosporla Constitucion, ni suspenderlas ni disolverlas,ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones.Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos,son declarados traidores,y seran perseguidos como tales. Art.172.3.No puede el Rey enajenar,ceder, renunciar,o en cualquier manera traspasar a otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas. Art.172.4．No puede el rey enajenar,ceder o permutar provincia,ciudad, villa o lugar,ni parte alguna,por pequefa que sea,del territorio espafiol. Art.172.8.No puede el Rey imponer por si, directa ni indirectamente contribuciones,ni hacer pedidos bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre lo han de decretar las Cortes. Art.172.9.No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporacion alguna. Art.172.1o.No puede el Rey tomar la propiedad de ningun particular ni corporacion,ni turbarle en la.
Restricciones absolutas del poder real:
Art.124.O rei nao pode:I.Impedir as eleicoes dos deputados; opor-se a reuniao das Cortes; prorroga-las,dissolve-las ou protestar contra as suas decisoes;
Art.124.V.Alienar porcao alguma do territorio portugues;
Art.124.II. Impor tributos, contribuicóes ou fintas;
posesion,uso y aprovechamiento de ella,y si en algun caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad comun tomar la propiedad de un particular,no lo podra hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos.
Art.172.11. No puede el Rey privar a ningun individuo de su libertad,ni imponerle por si pena alguna... Solo enel caso de que el bieny seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona,podra el Rey expedir 6rdenes al efecto; pero con la condicion de que dentro de cuarenta y ocho horas deberä hacerla entregar a disposicion del tribunal o juez competente.
Art.124．IV． Mandar prender cidadao algum, excepto: $1 ^ { \circ }$ quando o exigir a seguranca do Estado, devendo entao ser o preso entregue dentro de quarenta e oito horas ao juiz competente...
$\cdots ^ { - 2 ^ { \circ } }$ quando as Corres houverem suspendido as formalidades judiciais (artigo 211);
Art.124.II.Suspendermagistrados, salvonos termos do artigo 197. Art.124.VI.Comandar forca armada.
Restricciones relativas (consentimiento de las Cortes)
Restricciones relativas (consentimiento de las Cortes)
Art.172.2. No puede ausentarse del Reino sin consentimiento de las Cortes,y si lo hiciere,se entiende que ha abdicado a la Corona.
Art.125.II. Sair do reino de Portugal e Algarve; e se o fizer se entendera que a abdica; bem como se, havendo saido com licenca das Cortes,a exceder quanto ao tempo ou lugar e nao regressar ao reino sendo chamado.A presente disposicao $\acute { \mathrm { e } }$ aplicavel ao sucessor da Coroa,o qual,contravindo-a,se entendera que renuncia o direito de suceder na mesma Coroa;
Art.172.3.Parrafo 2.Si por cualquier causa quisiere [el Rey] abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo podra hacer sin el consentimiento de las Cortes.
Art.125.I. Abdicar a Coroa.
Art.123.XIV.Fazer tratados de alianca ofensiva ou defensiva,de subsidiose de comércio,con dependéncia da aprovacao das Cortes (art. $1 0 3 ~ \mathrm { n } ^ { \mathrm { o } }$ VI)；

posibilidad de prórroga un mes mas a peticion del rey o por la decision de 2/3 de diputados (arts.106 y 107).
Disolucion: no se prevé	Disolucion: no se prevé
"Facultades":	"Atribuciones”:
Legislativas:“La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey"(art.15).	Legislativas:“El primeiro [el poder legislativo] reside nas Cortes com dependencia da sancao do rei”(art. 30).
“Las facultades de las Cortes son:la.Proponer y decretar las leyes,e interpretarlas y derogarlas en caso necesario"(art.131)	“Pertence as Cortes: I) Fazer as leis,interpreta-las e revoga-las;
II) Promover a observancia da Constituicao e das leis,em geral,o bem da Nacao Portuguesa (art. 102)
Iniciativa legal: “Todo diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley,ha- ciéndolo por escrito,y exponiendo las razones en que se funde” (art.132).	Iniciativa legal:“A iniciativa directa das leis somente compete aos representantes da Nacao juntos en Cortes.Podem,contudo,os secretarios de Estado fazer propostas, as quais， depois de examinadas por una comissao das Cortes,poderao
El rey puede hacer a las Cortes propuestas de leyes (art. 171.14)	ser convetidas em projectos de lei"(art.105).
Sancion: el rey,sin limitaciones.Dos vetos	Sancion:el rey; con limitaciones (art.112).Un solo veto
Politicas: Las facultades de las Cortes son:	Politicas: Competem as Cortes,sem dependancia da sancao
Art.131.2.Recibir el juramento al Rey,al Principe	Real,as atribuicoes seguintes : Art.103.I. Tomar juramento ao rei,ao principe real
de Asturias y a la Regencia,como se previene en sus lugares. Art.131.3.Resolver cualquier duda de hecho o de	e a regéncia ou regente; Art.103.V．Resolver as duvidas que ocorrerem
derecho sobre el orden de sucesion. Art.131.4.Elegirla Regenciao Regente del Reino cuando lo previene la Constitucion,y sefalar las	sobrea sucessao da Coroa; Art.103.IV.Eleger a regéncia ou o regente (arts 148 e 150)e marcar os limites da sua autoridade;
limitaciones con las que la Regencia o el Regente debe ejercer la autoridad real. Art.131.5．Hacer el reconocimiento publico del	Art.103.I. Reconhecer o principe real como su-
Principe de Asturias. Art.131.6.Nombrar tutor al Rey menor,cuando lo previene la Constitucion.	cessor da Coroa e aprovar o plano de sua educacäo; Art.103.III. Nomear tutor ao rei menor.
Art.131.7．Aprobar antes de su ratificacion los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y los	Art.103.VI.Aprovar os tratados de alianca ofensi- va ou defensiva,de subsidios e de comércio,antes
especiales de comercio.	de serem ratificados;

Art.131.8.Conceder o negar la admision de tropas	Art.103.VII.Conceder ounegar a entrada de

extranjeras en el Reino.
forcas estrangeiras de terra ou mar,dentro do reino

ou dos portos dele.

Art.131.9．Decretar la creacion y supresion de

plazasenlostribunalesqueestablecela

Constitución,e igualmente la creación y supresion

Art.103.XIII.Criar ou suprimir empregos e oficios

publicos e estabelecer os seus ordenados;

de los oficios publicos.

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Art.131.24.Protegerla libertad politicade imprenta.
Art.131.25. Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despachoy demasempleados publicos.
Economicas y fiscales:
Art.131.12.Fijar los gastos de la administracion publica.
Art.131.13.Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.
Art.131.14.Tomar caudales a prestamo en los casos necesarios sobre el crédito de la Nacion.
Art.131.15.Aprobar el repartimiento de las contribuciones en las provincias.
Art.131.16．Examinar y aprobar las cuentas de inversion de los caudales publicos.
Art.131.17.Establecer las aduanas y aranceles.
Art.103.XV.Fazer verificar a responsabilidade dos secretarios de Estado e dos mais empregados publicos;
Art.103.XVI. Regular o que toca ao regime interior das Cortes.
Economicas y fiscales:
Art.103.IX.Fixar anualmente os impostos eas despesas publicas...
Art.103.X.Autorizar o Governo para contrair empréstimos.As condicoes deles lhes serao presentes, excepto nos casos de urgencia Art.i103.IX..... repartir a contribuicäao directa pelos distritos das juntas administrativas (art.228)...
Art.103.IX... fiscalizar o emprego das rendas publicas e as contas da sua receita e despena.
Art.131.18．Disponer lo conveniente parala administracion,conservacion y enajenacion de los bienes nacionales.
Art.131.19.Determinar el valor,peso ley,tipo y denominacion de las monedas.
Fomento y educacion:
Art.131.2i.Promover y fomentar toda especie de industria,yremoverlosobstaculos quela entorpezcan.
Art.131.22.Establecer el plan general de ensefianza publica en toda la Monarquia,y aprobar el que se forme para la educacion del Principe de Asturias. Art.131.23.Aprobar los reglamentos generales para la policia y sanidad del Reino.
Art.103.XI. Estabelecer os meios adequados para o pagamento da divida publica;
Art.103.XII. Regular a administracao dos bens nacionais e decretar a sua alienacao em caso de necessidade;
Art.103.XIV.Determinar a inscricao,peso,valor, lei, tipo e denominacao das moedas;
Defensa:
Art.131.10.Fijar anualmente,a propuesta del Rey, las fuerzas de tierra y mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz,y su aumento en tiempo de guerra.
Art.131.11. Dar ordenanzas al ejercito,armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen.
Defensa:
Art.103.VII.Fixar todos os anos, sob proposta ou informacao do Governo,as forcas de terra e mar, assim as ordinärias em tempo de paz como as extraordinarias em tempo de guerra;