“No llegan cartas”. Radicales y republicanos: la reacción gubernamental a la huelga de carteros en Madrid en 1873
"No letters are arriving." Radicals and Republicans: governmental reaction to the postmen's strike in Madrid in 1873.
Jorge VILCHES Universidad Complutense de Madrid.
RESUMEN.
A diferencia de otras huelgas ocurridas durante el Sexenio Democrático, la de los carteros de calle en febrero de 1873 en Madrid fue de empleados públicos. El conflicto no fue entre capital y trabajo, sino de la administración con sus trabajadores no funcionarios. La reacción del Gobierno radical de Ruiz Zorrilla fue el despido de los carteros y su sustitución por agentes del orden y milicianos para mantener el servicio público. La presión de la prensa y el perjuicio económico durante los tres meses siguientes decidieron al nuevo director de Comunicaciones, el republicano Benigno Rebullida, al reintegro de los carteros en sus puestos y a la reglamentación de la carrera de Correos en mayo de 1873. Esta huelga había pasado desapercibida hasta ahora y constituye un ejemplo de los conflictos entre la administración y sus empleados antes de 1874, inmerso en el proceso de funcionarización del empleo público y la racionalización de los servicios.
PALABRAS CLAVE.
Huelga; asociacionismo; represión gubernamental; Correos; empleados públicos.
ABSTRACT.
Unlike other strikes that occurred during the Democratic Sexennium, the postmen's strike in February 1873 in Madrid involved public employees. The conflict was not between capital and labour, but between the administration and its non-civil servant workers. The reaction of the radical government of Ruiz Zorrilla was the dismissal of the postmen, and their replacement by law enforcement officers and militiamen to maintain public service. Media pressure and economic losses during the following three months led the new Communications Director, republican Benigno Rebullida, to reinstate the postmen in their positions and to regulate the Postal Service career in May 1873. This strike had gone unnoticed until now and constitutes an example of conflicts between the administration and its employees before 1874, immersed in the process of bureaucratization of public employment and the rationalization of services.
KEYWORDS.
Strike; associationism; Govern repression; Post service; civil servants.
El reconocimiento y uso del derecho de asociación durante el Sexenio Democrático, 1868-1874, llevó al ejercicio corriente de las huelgas. Sin embargo, el lenguaje jurídico fue por un lado y la realidad, por otro. El Código Penal de 1822 establecía el paro obrero como un “delito contra la sociedad” en sus artículos 316 y 317. El de 1848, en su artículo 461, castigaba con penas de arresto a los que se asociaran para “encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo”. El objetivo de esta pena era, tal y como se dijo entonces, evitar “maquinaciones o artificios dolosos, que ataquen el orden público y perjudiquen a la prosperidad del Estado y de los particulares”1 . El Código Penal de 1870, elaborado por los progresistas en su artículo 556 confirmó el de 1848 en esta cuestión, aunque eliminó la multa y mantuvo la pena privativa de libertad. La clave de la represión de la huelga estuvo en considerar si la demanda era “abusiva”, cuestión subjetiva que permitió que muchas se celebrasen. Por otro lado, el ejercicio de la huelga se benefició del sistema de negociación establecido a tres bandas –obreros, patronos y autoridad civil o militar–2 , y el reconocimiento del derecho de reunión en el decreto-ley de noviembre de 1868, y el de asociación el 20 de dicho mes y año. Ambos derechos fueron recogidos por la Constitución de $1 8 6 9 ^ { 3 }$ . Esta situación, en la que la ley reconocía el derecho de asociación y de negociación de las condiciones laborales, dejaba el ejercicio de la huelga a la arbitrariedad del Gobierno. El Ejecutivo utilizaba un repertorio contradictorio de acciones, permisivas o represivas, que dependía del concepto de huelga que manejaba y de sus intereses políticos.
La huelga de carteros de calle nos sitúa en un marco diferente a otras huelgas del sector privado, como por ejemplo las grandes huelgas de 1855 o la de Barcelona en
1869, y es ajena también a las promocionadas por la Internacional4 . También es peculiar porque, a diferencia de otros conflictos laborales no tuvo una gran organización detrás, ni se la vinculó con una aspiración política, ni pertenece a la serie de problemas entre el capital y el trabajo. En este conflicto laboral de 1873, el aparato represor legal estuvo en manos de una de las dos partes en pugna: el Ejecutivo. Interesa, por tanto, la reacción de los gobiernos frente al conflicto dentro de la administración, en este caso de Correos, por la prestación de un servicio público. En consecuencia, se aborda la reacción del Gobierno radical de Ruiz Zorrilla y posteriormente el de Pi y Margall en su contexto. Con este objetivo se reconstruye un conflicto laboral hasta ahora desconocido, como fue la huelga de carteros, que tuvo un gran impacto social y económico en su día. Además, el acontecimiento impulsó la primera reglamentación de la carrera profesional en Correos. En ese sentido, la huelga tuvo éxito.
Holgazanes y revolucionarios.
El progresismo estaba dividido desde 1871, entre otras cosas, por el carácter legislable de los derechos individuales y la acción preventiva del Estado para procurar el orden5 . Si bien Sagasta o Candau fueron más duros que Ruiz Zorrilla o Montero Ríos, unos y otros compartían el mismo concepto de huelga. Ambas tendencias del progresismo sostuvieron un tono paternalista con los trabajadores, y defendieron la acción represora o de contención de las huelgas.
Sagasta, ministro de la Gobernación entre 1868 y 1871, sostuvo que las huelgas eran “una complicación más en que se veía envuelto el Gobierno” para mantener el orden. El país, sostenía, no podía soportar que mientras se hacía tanto esfuerzo económico y social “los obreros de Cataluña [en referencia al paro del verano de 1869], abandonando su trabajo y declarándose en huelga, se dedicaban a la holganza y a la mendicidad”. Era así, seguía Sagasta, que las huelgas “arruinaban a su pobre y desgraciado país”. El ministro progresista no negaba el derecho a pedir aumento de salario, cambios de horarios en la jornada laboral o en el régimen interior de la fábrica. Sagasta lamentaba que esos obreros “produjeran una complicación más en momentos” políticos delicados para la libertad. La huelga no era una “cosa execrable”, dijo, sino inoportuna. El bien del país, de los servicios públicos y de la economía eran valores superiores al de la huelga, por lo que debían contenerla cuando era necesario6 . Dos años después, en 1871, Sagasta sostuvo el mismo principio: el servicio a la sociedad estaba por encima del ejercicio de la huelga, por lo que el deber del Gobierno era actuar para reprimirla. Lo dijo con motivo de la huelga de los trabajadores de la Fábrica Batlló, en Barcelona, iniciada en marzo de 1871. En aquel entonces alabó la actuación represiva del gobernador de la ciudad. Sagasta defendió la represión de la huelga argumentando que la asociación que estaba detrás tenía intereses espurios. Los trabajadores que se unían a esas huelgas eran los “menos sensatos” o los “más dados a la holganza”. Los alborotadores convencían a los obreros “por medio de dádivas, y amenazando a otros”, dijo7 . Por tanto, la condena no era tanto a la huelga, sino a quién la convocaba y el motivo de la asociación. En suma, las asociaciones perturbadoras del orden debían estar prohibidas y, por tanto, sus huelgas tenían que ser perseguidas.
La afirmación se produjo al hilo del debate en el Congreso sobre la Internacional, cuya prohibición era requerida por el Gobierno. En su discusión con el republicano Baldomero Lostau sobre las asociaciones obreras, Sagasta dijo que “los males de la libertad los cura la misma libertad”, pero siempre dentro de la ley. Los derechos, como el de asociación, debían ejercitarse dentro de la norma. No podía ser que, a mayor libertad, mayor desorden, como era la huelga. De hecho, sostenía, los “obreros” que se habían levantado en Barcelona contra el Gobierno no hicieron lo mismo cuando no había libertad durante el régimen de Isabel II. “Es decir; que se han sublevado siempre esos obreros contra la libertad, pero casi nunca contra la reacción”, soltó, dando a entender que los huelguistas se aprovechaban de las libertades para conseguir fines espurios y que su desorden perjudicaba la imagen del nuevo régimen liberal y democrático nacido de la revolución de 1868. Sagasta jugó con la baza de la Internacional para denostar la protesta obrera, y afirmó que habían llegado a España unos $" 3 0 0 "$ emisarios de dicha asociación. “Su trabajo” era “suscitar en las masas obreras elementos de desorden, promover huelgas”, para lo cual seducían, amenazaban y corrompían a los “obreros menos expertos”, los dados a la “holganza”. Estas huelgas, sostuvo, eran instrumentos revolucionarios que sacaban a la clase obrera del “camino de la virtud y del trabajo” ofreciendo un porvenir “imposible de realizar”. De esta manera, las huelgas solo eran “desorden” y “perturbación social”, como una “enfermedad” que se extendía por España. Los trabajadores tenían “derecho” a pedir “aumento de jornal cuando lo crean pequeño”, como los industriales a concederlo o no. “Para lo que no hay derecho” era para “crear esas huelgas artificiales”8 .
La Iberia, el diario progresista más importante, publicó dos artículos de José María del Campo titulados “La cuestión de las cuestiones”. En las piezas se afirmaba que el remedio a las huelgas, al “derecho a la holganza”, era “la caridad de unos, la filantropía de otros”, e incluso la “previsión semi socialista de nuestros gobiernos” para proveer de fondos a las “asociaciones de previsión” de los obreros. El Ejecutivo, por tanto, debía promover las acciones paternalistas sobre los obreros y, al tiempo, ayudar al mutualismo de las sociedades de trabajadores. Esa mejora de la vida cotidiana, apuntaba el progresista, evitaría que fueran manipulados por los “alborotadores internacionalistas”. Del Campo fue más allá. Propuso la creación de un Banco de crédito al trabajo y un “gran bazar taller para enseñar a los obreros y depósito de ventas de los productos de la fabricación”. La propuesta combinaba las iniciativas pública y privada, con ideas ya expuestas y practicadas en Francia veinte años antes9 , como un “consejo académico de obreros” para estudiar su situación y promover legislación10.
La huelga era para el universo progresista un elemento de perturbación para la libertad y el progreso que debía ser corregido. En sus palabras quedaba claro que el desorden no partía de los obreros, sino de quienes los manipulaban. Existía un evidente paternalismo, que aunaba medidas para paliar y mejorar la vida de los trabajadores junto a instrumentos represivos. Este era un pensamiento habitual entre los progresistas del momento, tanto los que, como Sagasta, se aliaron a los conservadores, como los que se fusionaron con los demócratas, en el caso de Ruiz Zorrilla. Un buen ejemplo fue la celebración religiosa que el ayuntamiento de Madrid hizo, en mayo de 1871, con ocasión de San Isidro, el patrón de la ciudad. Para la ocasión habló el eclesiástico Jerónimo Llorente. Parecía el momento de comparar al santo trabajador frente a los obreros de las asociaciones, justo con las noticias de la Comuna de París y de la huelga de la Fábrica Batlló, de Barcelona, con presencia de tres communards franceses, cuyo impacto está bien estudiado11. Su opinión no dejó lugar a dudas. Negó la existencia del derecho al trabajo y condenó las huelgas. San Isidro había dado “la solución al problema que se agita[ba]”, que no era otra que la “santificación del trabajo y la más pura moralidad”. El Imparcial, influyente periódico progresista, comentaba estas palabras diciendo: “consignamos con satisfacción” que el orador había tocado una “importantísima cuestión social, sin salir del orden de ideas únicas que en aquel sagrado recinto deben ser emitidas”12.
El Imparcial coincidía con la opinión conservadora. En las tres entregas de “La Internacional en acción” contó que el sistema de huelgas de esa asociación era “ni más ni menos” que el de las Trade Unions británicas, en las que el “consejo ejecutivo” adoptaba las disposiciones relativas a las huelgas, incluidos los fondos para mantenerlas. El mecanismo, decía, comenzaba por agotar la negociación para el aumento del salario o la reducción de la jornada. Luego, si no se aceptaba, los afiliados dejaban sus puestos de trabajo. “Los tácticos de la Union se encuentran entonces en el caso de emplear todos los medios para impedir” a los dueños de las fábricas que otras personas ocuparan esos empleos. Al suspender la producción por falta de trabajadores, decía El Imparcial, aumentaba “el precio del trabajo”. Los esquiroles eran llamados “borregos negros”, que eran intimidados por los miembros de la Union. Para evitar esto, se recurría “a la violencia” y a la formación de “piquetes”; esto es, a un “cordón de centinelas” en torno a la fábrica para que otros trabajadores no pudieran pasar. La Internacional, copiando a las Trade Unions, había adoptado un medio “verdaderamente horrible” que los británicos llamaban “reglamentos accesorios o reservados”, que eran como el “código penal de la asociación”. Esto significaba que, decía el periódico progresista, era “de todo punto inexacto que la huelga” fuera un “medio pacífico”, ya que usaban la violencia para que otros compañeros no trabajaran, violando así sus derechos.
VILCHES.
En esta criminalización de la huelga organizada, El Imparcial señalaba que las Unions consideraban cuatro “delitos”: la negativa a afiliarse y contribuir con una cuota, trabajar con obreros no afiliados, la negativa a tomar parte en una huelga y trabajar como esquirol. El Imparcial enumeraba también cuatro delitos para los maestros de taller en la dirección del trabajo contra los acuerdos de la Union. A partir de ahí hablaba del maltrato que sufrían los obreros que se salían del dictado: “no pueden presentarse en las calles sin grave riesgo de ser insultados, abofeteados, apaleados y a veces asesinados”. Desde 1825, las huelgas pacíficas eran “toleradas” en el Reino Unido al estar reconocido el derecho de asociación, afirmaba el progresista, y a pesar de esto algunas Unions “habían cometido tales violencias, tales crímenes y se habían asegurado hasta tal punto la impunidad por medio del terror, que ningún obrero, ni siquiera ningún patrón, se atrevía a decir una palabra, ni a señalar con el dedo a los organizadores y agentes de aquellas monstruosidades”13. Era evidente que, ya en el reinado de Amadeo de Saboya, los progresistas vinculaban la huelga artificial, política, con el crimen, y por tanto con la necesidad de la actuación gubernamental.
Montero Ríos, también progresista, autor de la reforma del Código Penal de 1870, se sintió aludido en el debate abierto sobre la asociación obrera y la huelga a raíz del debate sobre la Internacional. Había defendido en su día la idea de prohibir la asociación de trabajadores si sus fines eran “abusivos” y “contrarios a la moral pública”, según la Constitución en su artículo 17 y los artículos 198.1 y 556 del Código Penal. En un discurso moderado, Montero Ríos dijo que los derechos eran anteriores y superiores a toda legislación positiva, y su armonización con la democracia era uno de los “gravísimos problemas que resolver”. La moral pública, a su entender, consistía en los “principios” que formaban la “conciencia de todos los hombres”, y que servían de modelo a las “costumbres públicas”. La Internacional, a su parecer, era inmoral, como pensaba la amplia mayoría del Congreso. Sin embargo, la Internacional no suponía “verdaderamente serios problemas” en España, con lo que, en lugar de ilegalizarla y convertirla en mártir clandestina, lo mejor era la actuación del Gobierno cuando el ejercicio de la huelga, entre otras cosas, vulnerase la ley o los derechos de otras personas. Mientras tanto, había que ilustrar a las clases obreras, educar “su corazón, despertando en él el sentimiento del deber”, y en esto podían hacer mucho “las instituciones religiosas”14. Difería en esto de Candau, ministro de la Gobernación en 1871, progresista proveniente de las cercanías de la Unión Liberal, que consideraba indispensable la prohibición de la Internacional y, en consecuencia, la persecución de sus acciones, como las huelgas promovidas por ella.
En el mismo debate, Ruiz Zorrilla dijo que el obrero debía comprender que “la lucha es insensata cuando se separan del trabajo”. En caso contrario, afirmó, no habría más que “lucha de clases” y, “sobre todo, la explotación de la pobre clase obrera por hombres de malas pasiones” que las manejaban para “servir a sus fines particulares”, en referencia a las huelgas. Ruiz Zorrilla mostraba así su rechazo a la huelga como elemento de presión o protesta, al ver el paro como una fuente de conflicto social, de perjuicio económico, especialmente para los obreros, que eran manejados por revolucionarios15. La solución no estaba en los métodos de La Internacional, en la organización para el conflicto, sino en fundar “sociedades de los pobres” y “sociedades cooperativas”. La AIT no iba a extenderse en España, pronosticaba Ruiz Zorrilla, si el Gobierno mantenía su legalidad, ya que los obreros no aceptaban sus ideas respecto “de la religión y de la familia”. Dios y la familia eran para Ruiz Zorrilla las dos barreras psicológicas y morales que detendrían la expansión de La Internacional entre los obreros españoles, especialmente en el campo. Había que ayudar a quienes combatían al internacionalismo “en periódicos, en folletos, en reuniones [...] sacrificando algo de nuestro tiempo y algo de nuestra fortuna”. Era preciso ayudar a “propagar la buena doctrina y exponer lo que es la Internacional”. El Gobierno debía ser contundente para evitar extravíos, especialmente en las huelgas. Reconocía, por otro lado, el derecho a que los trabajadores dispusieran de su trabajo, es decir, a la huelga, pero el Gobierno debía investigar si lo hacían “voluntariamente o si hay gente que los amenaza si van al taller o les impide que vayan a trabajar”. Se refería así a las prácticas de las Trade Unions descritas en $E l$ Imparcial, como los piquetes. Contra estos debía actuar el Gobierno y llevarlos ante la justicia. En suma, el Ejecutivo debía examinar el origen y el impacto de la huelga para permitir su ejercicio o emprender su represión.
La huelga de carteros.
Los progresistas del Sexenio Democrático, como se vio, insistían en la necesidad de reprimir las huelgas o boicotearlas cuando a su entender perjudicaran a la sociedad. La sustitución de trabajadores en huelga era un recurso tan frecuente en la administración como en el ámbito privado. El 6 de mayo de 1869, los basureros de Barcelona se pusieron en huelga por no querer sujetarse a las disposiciones del alcalde, que los sustituyó pagando a otros empleados16. En Cádiz, a mediados de julio de 1870, los trabajadores del arsenal de La Carraca se declararon en huelga por haber sido despedida una parte de ellos17. La solución del Gobierno fue sustituir a los huelguistas para que no se interrumpiera el trabajo. El “despido de 100 individuos” había sido “indispensable” por cuestiones económicas, se leía en La Iberia. El resto de trabajadores se había “declarado en huelga” para forzar la vuelta de sus compañeros. “El Gobierno [apuntaba dicho periódico] está resuelto a sostener el principio de autoridad, y a no ceder ante injustificadas exigencias”18. La huelga concluyó a finales de mes con el regreso de los huelguistas al trabajo, pero no de los despedidos19. Otro ejemplo del sistema de respuesta ante una huelga tuvo lugar en enero de 1871. Los barrenderos de Madrid amenazaron con una huelga porque el Ayuntamiento les había bajado el sueldo. La respuesta municipal fue dejar de pagar. En agosto se pusieron en huelga. Los “huelguistas”, decía La Igualdad, estaban “en su pleno derecho”, porque no se les pagaba desde hacía “más de seis meses”. Las calles se habían convertido en “fosos de inmundicia”. La responsabilidad era del “Gobierno anterior”, el de Ruiz Zorrilla, contaba el republicano La Igualdad, y del “funesto Figuerola” por quitar a los municipios el recargo de las contribuciones, que era un pago por el servicio20, el mismo que tenían los carteros de calle, como se verá, pero sin partida presupuestaria compensatoria. La excepción fue el motín del 7 de junio de 1872 de las cigarreras de la Fábrica de Tabacos de Madrid21. El motivo fue doble. El primero fue el retraso en el pago. El segundo, y que desencadenó el motín, fue la introducción de una máquina para liar tabaco. Ante la situación, las cigarreras destrozaron la máquina y se amotinaron durante dos días, tras los cuales volvieron a sus puestos. Las cigarreras no eran fácilmente sustituibles, y de ahí el tipo de resolución.
Los servicios públicos citados tenían empleados, no funcionarios. La organización procedía de la época de Juan Bravo Murillo, que en 1852 quiso acabar con las cesantías en masa, o spoil system, con un estatuto jurídico de empleados públicos en cuanto al acceso, inamovilidad y ascenso. Sin embargo, el Consejo Real no lo admitió en su totalidad. El proyecto quedó en decreto provisional, pero fue un estatuto sobre el que se regularon algunos cuerpos antes de la Septembrina22. Correos no estuvo entre ellos, ni siquiera con el Estatuto de 1866. No obstante, desde 1852 tuvo un Reglamento para el Cuerpo de Carteros, dependiente de la Administración del Correo Central, que articulaba la Corporación de Carteros, que solo componían 76 personas. Entre ellos estaban los carteros mayores, encargados de recibir y organizar las cartas, que tenían a sus órdenes a quienes se encargaban de ordenar su reparto, y a los carteros de calle, que eran llamados auxiliares. Estos trabajadores eran contratados sin un examen de acceso, podían ser despedidos y no tenían sueldo público. A diferencia del resto de empleados de Correos, estos carteros solo cobraban por el servicio, a la entrega de la carta al destinatario, con un precio fijado por el Gobierno, lo que era el cuarto, un impuesto al recibo de la carta. El reglamento de carteros de las administraciones centrales, de 1861, dado por el unionista Posada Herrera, ministro de la Gobernación, no cambió la situación de los auxiliares, los repartidores de calle, y así llegó a 1868. Rivero, demócrata, sugirió en 1870 como ministro de la Gobernación la supresión del cuarto y que se sustituyera con una partida de dinero público. Así se hizo, pero Ruiz Zorrilla, ya como presidente del Gobierno, decretó el 11 de agosto de 1871 la vuelta al cuarto, al pago del destinatario de la carta, para reducir el gasto público. En suma, el cartero de calle sufrió el cambio de pagador entre 1870 y 1871, con grandes retrasos por la falta de liquidez, y el regreso al sistema anterior, el cuarto, a finales de ese último año23.
Este desbarajuste supuso que Correos tuviera problemas presupuestarios y organizativos desde principios de $1 8 7 2 ^ { 2 4 }$ . Justo T. Delgado, director del ramo, envió una circular a sus empleados el 27 de febrero de ese año para exhortar a los trabajadores a realizar bien sus funciones. Anunció la creación del “Inspector de las Ambulantes” para evitar “las frecuentes quejas” por “retrasos y extravíos”, a pesar de existir un nuevo diccionario postal. La contratación de personal auxiliar, el cartero de calle, decía el director, debía ser en aprecio a la “capacidad, laboriosidad, honradez y demás que se relacionen con el servicio”, y no en función de las “opiniones políticas de los interesados”. Recordó Delgado que estos empleados no debían actuar como agentes del Gobierno de turno en las “contiendas políticas”, y que se limitarían a “emitir su sufragio con entera libertad”. Era un llamamiento a la profesionalidad y un rechazo a la costumbre de colocar adeptos en puestos públicos. Ordenó la elaboración de hojas de servicio de los funcionarios, “exceptuando carteros peatones”; es decir, que los de calle quedaron apartados de dicho registro, lo que nos priva hoy de mucha información25. Para dar solidez a todo esto, estaban elaborando un nuevo reglamento para el Cuerpo de Correos, ya que el vigente era del 4 de diciembre de 1866, firmado por González Bravo26. En el reglamento, artículo 10, se establecían las condiciones para ser inspector, administrador, oficial y ayudante, pero no para el repartidor de cartas, el peatonal27. En esta circunstancia, por tanto, estos carteros eran personal contratado a discreción por el jefe provincial de Correos, sin más consideración que la suposición de profesionalidad y que supieran leer y escribir.
El año 1872 fue malo para los carteros de calle. La supresión del impuesto de cuarto de real a cada carta o impreso, ya fuera nacional o extranjero, se intentó compensar con una partida de 35.000 pesetas para mantener el sueldo de esos carteros, pero fue insuficiente. Ganaban menos. Eran jornaleros. No estaban sujetos a nómina. Esto movilizó a los 200 carteros, que nombraron una comisión en diciembre de 1872 para pedir al director de comunicaciones, Villavicencio, que les normalizara el sueldo. El político prometió la subida salarial, pero no cumplió. El 2 de febrero, la comisión fue al Ministerio y se entrevistó con Santibáñez, secretario de Villavicencio. Según los carteros, fueron tratados de una manera “risiblemente despótica y absurda” y el secretario los echó de su despacho diciendo que “nadie le apeaba” de su opinión porque él allí “representaba al jefe del Estado, a don Amadeo de Saboya”. Contrariados, los carteros se encontraron con Villavicencio justamente cuando se iban del edificio. Le recordaron su “palabra de honor” empeñada hacía “dos meses” de que subiría los sueldos. El director contestó: “Dos caminos tiene la cartería: seguir como hasta ahora o retirarse”. Discutieron, y Villavicencio gritó: “Que se marchen, no me hacen falta”. La comisión se lo comunicó a los 200 carteros, que acordaron “en masa manifestar” que se ponían en huelga28. Los empleados de la cartería dejaron de repartir cartas el 3 de febrero, justo el día que llegaba el correo de La Habana, el más esperado en la Península, no solo por la cuestión familiar, sino también por la económica.
El asunto llevó al diputado Somolinos, conservador, a preguntar al ministro de la Gobernación, responsable del ramo, qué iba a hacer con ese correo de La Habana y el resto de correspondencia29. Ruiz Zorrilla, presidente del Gobierno y ministro del ramo, contestó al día siguiente. Las medidas que anunció fueron muy duras. Para reventar la huelga, puso a 100 agentes del orden público, mandados por el gobernador civil de Madrid, junto a cuatro guardias municipales por distrito –había once en Madrid–, ordenanzas de telégrafos y “algunos porteros de Gobernación” a recoger, sellar y repartir las cartas. Se echó mano, dijo Ruiz Zorrilla, de “quienes se podía disponer, los más conocedores de la topografía de Madrid, de los vecinos, de los nombres”. No acabó ahí la medida represora de Ruiz Zorrilla: cesó a los 200 carteros, y anunció la publicación de su nombre en la Gaceta “por si pretenden ser colocados en otro centro”, dijo30. Tampoco quiso escuchar, según confesó en el Congreso, a los “dos o tres amigos suyos, no carteros”, que en representación de 50 operarios de la cartería se presentaron en el Ministerio de la Gobernación en la noche del 3 de febrero para comunicar que “ellos estaban dispuestos hoy al servicio”. Además, Ruiz Zorrilla quiso que la huelga tuviera una condena penal por “abandono de destino”, por lo que pasó el caso al juez de guardia para instruir las primeras diligencias. “A mí me basta –dijo– [...], que ayer se repartiera el correo, que se reparta hoy, y que no vuelvan a repartirlo nunca esos 200 carteros”31. La reacción desproporcionada de Ruiz Zorrilla contrastaba con sus palabras de 1871 referidas más arriba, porque la huelga de carteros no tenía detrás una asociación de obreros, ni había caja de resistencia, ni estaba la Internacional, a la que podía achacar motivos “inmorales”, socialistas o revolucionarios.
El Imparcial, órgano del partido radical, anunció que el Gobierno iba a emplear “gran severidad con los carteros huelguistas”. Eran empleados públicos y habían incurrido en el “delito de abandono de su destino”. De hecho, se preparó una convocatoria para contratar a nuevos carteros, “habiendo ser preferidos los licenciados del ejército”32, pero no se hizo. Ruiz Zorrilla quería dar la imagen de autoridad, y usó la huelga de carteros para hacerlo. No hay que olvidar que, justo por esas mismas fechas, los artilleros, más peligrosos que los carteros, tenían un problema colectivo con el Gobierno radical, que quería sustituir a los oficiales, y hubo ruido de sables33. Ruiz Zorrilla consideró que el caso de los carteros podía ser una represalia ejemplarizante para aquellos que no obedecieran. Debía ser una reacción que hiciera notar a los españoles y a los partidos quién mandaba. La Paz, periódico murciano, así lo reflejó: “El gobierno se propone desplegar una gran severidad con los carteros huelguistas, que como funcionarios públicos han incurrido en el delito de abandono de su destino”34. Ruiz Zorrilla quería que donde ponía “carteros” se pudiera leer “artilleros”. Tomó el conflicto con los empleados de Correos para dar una lección a los conservadores, ya que consideraba que estaban detrás de la oposición de los oficiales de artillería a la reforma de dicho Cuerpo. Por eso, como veremos, Ruiz Zorrilla dijo en el Congreso que detrás de la huelga de carteros estaban los conservadores, lo que era absurdo. Puede ser que le traicionara el subconsciente o que quisiera soltar una amenaza. La represalia de la huelga de carteros fue totalmente desproporcionada, quizá con la intención de advertir a los artilleros y de mostrar decisión y autoridad. La Independencia Española, diario liberal conservador, avisó del abuso: “se sospecha”, dijo, que Ruiz Zorrilla “no mostrará [...] contra el cuerpo de artillería el mismo vigor” que “contra los carteros. Estos no tienen cañones”35.
Villavicencio, director de comunicaciones, fue el hombre de Ruiz Zorrilla en el conflicto con los carteros. Era un personaje gris. Había sido diputado en las constituyentes de 1854. Ocupó la subsecretaría del Ministerio de Hacienda en marzo de 1855 a pesar de ser letrado36. Se saltó el retraimiento ordenado por el partido progresista en 1863 al situarse con los esparteristas, no con Olózaga, el impulsor de la abstención, y salió elegido por Huéscar, su ciudad natal, pero no recogió el acta. Tuvo una participación mínima en la Revolución de 1868, aunque salió elegido diputado en 1869, y luego en 1871 y 1872, siempre por Granada. Empezó en el progresismo, y en el Sexenio se sumó a las filas del partido radical. Fiel todavía a Ruiz Zorrilla, aceptó la Dirección General de Correos y Telégrafos en junio de $1 8 7 2 ^ { 3 7 }$ . Como muestra de lealtad escenificó con los carteros el ejemplo de lo que pasaría a quienes echaban un pulso al Gobierno. Villavicencio contó en el Congreso, ya en febrero de 1873, que la “actitud” negativa de los carteros venía de lejos. La cartería contaba con una comisión negociadora que le había manifestado su intención de no trabajar si no se oían sus reclamaciones. El asunto era grave, dijo, porque quedaban por sellar las cartas de La Habana, que habían llegado a las ocho de la mañana del 3 de febrero. Villavicencio contó que al hablar con ellos había echado mano del recurso emotivo: si no repartían las cartas iban a “castigar al público, que les paga”. Y a continuación amenazó: “yo les digo por última vez: o salen Vds. a repartir la correspondencia, o salen ustedes de aquí para buscar yo quien la reparta. ̶ Pues nos vamos a nuestras casas, me contestaron. ̶ Pues vayan Vds. con Dios”38. Por último, acusó a los conservadores de estar detrás de la huelga.
El relato de Villavicencio no correspondió con la versión dada por el manifiesto que publicaron los carteros, único documento directo de los huelguistas del que disponemos. Los empleados de Correos contaron la falta de palabra de Villavicencio, que les había prometido compensar la bajada de sueldos hacía dos meses, y el desprecio que sufrieron. Añadían sus reivindicaciones: que se les abonara el cuarto de los periódicos y cartas extranjeras y los 140.000 reales que el Tesoro venía abonando anualmente para pagar las 48 plazas de los trabajadores de Correos que recibían y distribuían las cartas antes del reparto39.
A esto, el texto de los carteros sumó un hecho que hizo explotar la protesta. Era habitual en la época que el maltrato a un trabajador provocara la respuesta solidaria del resto. Ese hecho fue el despido de un empleado de cartería. El incidente fue, según se lee en el manifiesto que publicaron los carteros, que el hombre tuvo una disputa con unas señoras que trataron de pagar con una peseta falsa y lo echaron a “empellones por la escalera”40. El cartero, llamado Cuervo, se presentó en el núm. 3 de la calle de San Marcos. Entregó una carta a una señora que estaba en compañía de otras dos. Le pagaron con una moneda que el cartero creyó falsa. Al protestar, las tres mujeres le empujaron y cayó al suelo. Según el propio Cuervo dijo: “Son Vds. señoras, y abusan; si esto lo hicieran hombres, perdían a un padre de familia por comprometer así a un funcionario que lleva en sus manos lo más sagrado, la correspondencia”. En esto apareció un mozo que dio de bofetadas a Cuervo y pisoteó las cartas. Luego, el agresor se presentó ante Santibáñez, secretario de Villavicencio, y acusó a Cuervo de pegar a las mujeres. En cuanto Cuervo llegó a la administración de Correos, Santibáñez le despidió: “¡Ahí tiene usted el cese!”41. Este hecho desbordó la paciencia de los carteros de calle, ya alterados por la cuestión salarial, y nombraron una comisión para parlamentar con el director de comunicaciones el 2 de febrero, tal y como antes se señaló.
Guardias y milicianos repartiendo cartas.
El Gobierno radical hizo lo habitual en las huelgas declaradas por empleados públicos o por personas relacionadas en su actividad económica con la administración, que fue la sustitución. Puso a agentes del orden a repartir cartas. Ante el abandono de la vigilancia, el resultado fue la comisión descarada de robos. En la calle de San Vicente, por ejemplo, el mismo día 3, cuando los cien agentes dejaron sus funciones, hubo un robo de “3.000 reales en metálico, varias prendas de ropa y alhajas de valor”42. Unos días después, hubo otro robo en un almacén de muebles de la calle Arenal, a pocos metros del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. Rompieron los cristales de los aparadores, y a través del enrejado y usando un gancho, sacaron todo lo que pudieron. “A pesar de que hubieron de emplear algún tiempo en esta operación, ni el sereno ni los agentes de la autoridad se apercibieron de nada”43, porque estaban ocupados en las labores de Correos.
El Ministerio de la Gobernación fue consciente de esta falta de seguridad en las calles y consideró que, en lugar de agentes del orden, los milicianos podían realizar las tareas de cartería. El 5 de febrero se pasó un oficio a los comandantes de los voluntarios para que cada uno designara a diez personas de su batallón para prestar el servicio de carteros. Era una manera de reventar la huelga, y presentarla como algo contrario al pueblo y a su instituto armado44. Ante la situación, algunos carteros fueron al Ministerio de la Gobernación para decir que no tenían nada que ver con la huelga. Ruiz Zorrilla fue inflexible: no admitió a ninguno e insistió en que sus plazas iban a ser cubiertas por los voluntarios de la libertad. De hecho, para el 6 de febrero ya habían ingresado 18 milicianos45.
La prensa afín al Gobierno quiso respaldar la decisión de Ruiz Zorrilla y mostró alegría por la “buena” marcha de Correos. La Nación, diario progresista, aseguraba que los guardias y empleados públicos que sustituyeron a los carteros desempeñaban su cometido “con exactitud” a pesar de la “inexperiencia”46.
La prensa de la oposición y la general no decían lo mismo. La Discusión, republicano, denunció que mientras los diarios afectos al Gobierno decían que ya estaba todo organizado y funcionaba bien, “ayer no hemos recibido más que una mínima parte de nuestra correspondencia”47. La Minería, una publicación gremial, insistía en que a consecuencia de la “huelga de los carteros de esta capital” y el estado de las comunicaciones –una gran nevada que cortó el ferrocarril– “nos faltan la mayor parte de las cartas y periódicos”48. La Iberia, diario del partido constitucional, llamó la atención sobre el “esquilón de populachería” de Ruiz Zorrilla al acusar a la oposición de promover la huelga de los carteros diciendo que “el oro de los conservadores había soliviantado a los carteros”49.
La Esperanza, periódico carlista madrileño, decía que colocar milicianos radicales en la cartería suponía para el Gobierno contar con el “apoyo de los voluntarios” en Madrid a costa del erario50. El Pensamiento Español, otro carlista madrileño, decía que la correspondencia se repartía “tarde y mal, perdiéndose muchas cartas y cambiándose otras”51. La Época recordaba que “los revolucionarios” habían cambiado “todo el antiguo personal, sin que ni un solo empleado alto ni bajo” se salvara “del naufragio”. Los sucesivos gobiernos desde septiembre de 1868 habían colocado a “los suyos” en Correos, por lo que una conspiración conservadora como la insinuada por Ruiz Zorrilla era un “recurso gastado y que toca en lo ridículo”. La huelga, concluía, no hubiera tenido lugar si el director general de comunicaciones se hubiera conducido “con alguna más prudencia”52. Villavicencio, el director de Correos, era el culpable, decía La Iberia, porque despidió a los carteros con “ciertas formas absolutas”, impropias de un “Gobierno que se llama democrático”53. “El celo” de Villavicencio “raya en lo fabuloso”, apuntaba otro diario54. El corresponsal madrileño del Diario de Córdoba, tras afear la conducta del director de Correos, señalaba que el episodio debía servir para que el Gobierno viera las consecuencias de las “huelgas de las fábricas y establecimientos particulares” en la ciudadanía, a la que “se perjudica sin que nadie la indemnice”55.
La incorporación de los milicianos, recibida con algarabía por los medios gubernamentales, no funcionó. La Discusión contó que los carteros de calle despedidos habían sido finalmente 143, y que habían sido sustituidos por cien milicianos, “algunos aspirantes”, y antiguos empleados de Correos despedidos con la Revolución de 1868. Todos estos, decía dicho periódico, trabajan “con tanta dificultad” que era “una lástima”. Las cartas que se repartían eran las “del día, aunque no todas”. Las demás estaban “aglomeradas en la administración” y desde el día 3 no recibían “periódicos de provincias ni del extranjero”. Los “perjuicios” que sufrían los comercios eran “inmensos” y no había palabras suficientes para “censurar la imprevisión” del director56. La Iberia recogió la noticia de que se habían encontrado “cartas perdidas en las calles”, y copió el aviso de un periódico ministerial para que los vecinos de Madrid fueran a la Administración de Correos a recoger sus cartas si no querían perderlas o recibirlas tarde57. “Cuatro días después de la huelga de los carteros –se leía en La Época– todavía no se ha organizado el servicio de una manera tolerable”. El 8 de febrero había acumulados seis correos en Madrid; es decir, seis entregas de cartas y periódicos llegados del extranjero y del resto de España58.
Villavicencio apareció como el culpable, pero Ruiz Zorrilla, como el responsable del desaguisado. La Gaceta de los caminos de hierro, que no era precisamente un periódico político, señalaba que no había recibido “en toda la semana ni un solo periódico extranjero”, y que estaban a la espera de que los nuevos empleados de Correos aprendieran “donde están las redacciones, establecimientos y oficinas”59. El Semanario Farmacéutico advertía a los anunciantes que la culpa del retraso no era suya, sino de la huelga de los carteros y de que los nuevos no hacían bien “el servicio”60. El perjuicio empezó a ser considerable. El Imparcial señaló que el “comercio, la alta banca, los particulares y las empresas periodísticas sufren perjuicios por la inexperiencia” de los nuevos empleados, y llamaba a la “rebelión” de la economía madrileña contra el director de comunicaciones porque ya era un “escándalo”61.
La cuestión dio un giro el 10 de febrero, dijo El Imparcial, gracias a la incorporación del jefe de sección, Guardia, auxiliado por Morón, administrador ambulante de correos de la línea de Andalucía62, pero el desbarajuste siguió. El despido de los carteros había sido un error, y el culpable era Villavicencio; decía La Independencia Española, conservador, que desde su “entrada en la dirección” de Correos el servicio había “empeorado considerablemente”. Nunca se había conocido “una administración más mala o un director más incapaz”63. Su solución de poner guardias y milicianos había sido un desastre. El “degüello” de los “200 carteros de Madrid” que “sabían su oficio”, se leía en El Gobierno, demostró que eran insustituibles a corto plazo y “todo el mundo se queja de que recibe el correo tarde y mal”64. La Época hizo un chiste sobre la tardanza de los milicianos en repartir el correo: “Los servidores podrán ser muy radicales, pero el servicio no puede ser más reaccionario”. Asmodeo, pseudónimo de Ramón Navarrete, apuntaba con sorna, cuando ya se conocía la renuncia de Amadeo I y se hablaba de la inminente República: “¡Hola! ¡La huelga de los carteros ha terminado!”65.
El asunto impactó tanto en Madrid que en el Teatro-Café de Capellanes, en la calle Mariana Pineda –hoy calle del Maestro Victoria–, famoso por su “gran can-can”, llamado “can-can republicano” unos días después, se estrenó el 8 de febrero la obra cómica “La huelga de los carteros”66. El Garbanzo, publicación humorística, sacó un chiste: “Entre los aspirantes a las plazas de carteros del correo central, se encuentran los Excmos. Sres. Marqués del Sobre y vizconde del Buzón”67. Bedmar, un escritor del momento, aprovechó para publicar un relato algo cursi titulado “El cartero”, que, como repartidor de “alegría y pesares”, servía para iluminar cuadros cotidianos68.
La cuestión de Correos y los carteros fueron temas recurrentes en la prensa, la política y la cultura durante esos meses. No obstante, no hay referencia al conflicto de los trabajadores de cartería en la prensa internacionalista madrileña, como La Emancipación o La Solidaridad, ni siquiera cuando fueron despedidos69. La Federación, órgano de la AIT en España y que se publicaba en Barcelona, no cita el conflicto. Mientras los carteros de Madrid se declaraban en huelga y eran despedidos, La Federación pedía “solidaridad” con los “hermanos” maquinistas y fogoneros de Lisboa, y con los obreros en pieles de Valladolid y los canteros de Valencia. También relataban en un número tras otro la huelga de ferroviarios del Norte, que habían sido sustituidos por gente sin formación y estaba provocando un mal servicio y un deterioro de las máquinas. “Recordamos a las secciones el deber de la solidaridad”, decía, “para que no vaya nadie a ocupar la plaza de los huelguistas”. Eso había pasado en Madrid, pero La Federación no lo recogió70. Quizá consideraron que era competencia de la Nueva Federación Madrileña, la escisión marxista de la Internacional española, que fue expulsada en el Congreso de Córdoba de 1872. La Federación, en su número del 8 de febrero de 1873, cuando el conflicto por la huelga de carteros en Madrid estaba en un mal momento, dio noticia de lo publicado por un semanario socialista madrileño, $E l$ Justiciero. El texto resaltado decía: “¡Atrás, clase media, tu hora ha llegado!”, pero ni una referencia a la huelga. A los pocos días, sin embargo, felicitaban a la Asociación del Arte de Imprimir, de Madrid, por su “heroico triunfo”. Se refería a que habían ganado una demanda a los industriales71. La reaparición de El Condenado, órgano madrileño de la Internacional, fue saludada, porque seguiría sosteniendo “alta y enérgicamente la bandera del colectivismo, de la anarquía y del ateísmo”, pero sin referencia alguna a la huelga de los carteros72. No debemos especular sobre las razones para esta omisión, pero es posible que se debiera a que los carteros madrileños no estaban organizados en una asociación y menos aún pertenecían a la Internacional. No existen registros de que estuvieran agrupados ni de que tuvieran líderes, solo portavoces, tal y como se señala en este texto, así como tampoco contamos con los testimonios personales directos de esos trabajadores que sirvan para contrastar la información.
Y el problema pasó a Pi y Margall.
Tras la proclamación de la República el 11 de febrero, el problema pasó al nuevo ministro de la Gobernación, Francisco Pi y Margall, federal y socialista. Los republicanos tenían un concepto positivo de la huelga, a diferencia de los progresistas y conservadores. Hablaban de la huelga como un instrumento de las asociaciones de trabajadores para defender sus intereses. Ahora bien, entre 1868 y 1873, la parte demoliberal y krausista del republicanismo veía la huelga como un recurso normal, aunque indeseado, porque a la postre, decían, perjudicaba a los trabajadores y los desviaba de la acción política. Otra parte, la demosocialista, entendía la huelga como una manifestación de la protesta de las clases populares contra el orden social que podía tender hacia la reforma o la construcción de un orden sociopolítico nuevo siguiendo el ejemplo de la Comuna de París73.
El reconocimiento del derecho de asociación en 1868 y 1869, como ya se indicó, incidió en la interpretación de la huelga en las élites políticas de las escuelas republicanas, las que tenían asiento en el Gobierno de 1873 y en las Cortes, luego Asamblea Nacional. Emilio Castelar, quizá el mejor representante del ala demoliberal, dijo en 1871, con motivo del debate parlamentario sobre la Internacional, que el trabajador demostraba con la huelga que el obrero era necesario para el progreso, porque si paraba su actividad producía “perturbación de toda la sociedad”. La huelga era un signo de la ley del progreso, dijo, de la aparición del cuarto estado en la política para reclamar sus derechos. Sin embargo, las huelgas eran indeseables, y había una manera de evitarlas: “hacer copartícipe al trabajador en los beneficios del capital” a través del aumento de sus sueldos y de la reducción de la jornada de trabajo. Esto se conseguía a través del ejercicio del derecho y asociación y de la negociación con las fábricas, lo que, en opinión de Castelar, estaría mejor asegurado en una República federal74.
La parte demosocialista del republicanismo tenía otra idea. Fernando Garrido, el republicano que más escribió sobre la conflictividad laboral hasta entonces, había definido la huelga en 1870 como el “derecho a dejar de trabajar cuando les parece [a los trabajadores] que así conviene a sus intereses”. Garrido veía las huelgas como un sistema de presión y de “resistencia colectiva” muy “eficaz”75. Al hablar de “derecho a no trabajar” estaban censurando la respuesta de los gobiernos, que solía ser la represión, con cárcel y destierro incluidos, o el boicot mediante la sustitución de los huelguistas por otros trabajadores. Esto suponía que, proclamada la República, su Gobierno debía dar una solución a los trabajadores sin usar medidas represivas contra un “derecho”. Pi y Margall sostuvo la misma idea de Garrido. En el citado debate sobre La Internacional, en 1871, había intentado normalizar el uso de la huelga en el mundo laboral. Afirmó que era frecuente en otros países europeos, especialmente en el Reino Unido, como consecuencia del derecho de asociación y de la formación de “cajas o sociedades de resistencia”, con una “eficacia probada para detener los progresos del mal”76. No había que escandalizarse por su utilización, porque “la huelga es tan antigua como el taller”, ya que surgió cuando los trabajadores recibieron “los mismos agravios” y denunciaron “las mismas quejas”, incluso antes de que el derecho de asociación fuera reconocido. En España ya existía tradición huelguística antes de la Revolución de 1868. Las asociaciones obreras, dijo Pi en este sentido, produjeron las “grandes huelgas de 1854 y $1 8 5 5 '$ , que no fueron “huelgas parciales de tal o cual oficio, sino huelgas generales de todas las artes y de todos los oficios”77. Apuntó que el artículo del Código Penal que definía la huelga como un delito “no ha sido aplicado casi nunca”, porque dependía de que se entendiera que el paro obrero era “abusivo”, lo que no era frecuente. Sin embargo, concluyó, la huelga no era deseable. Constituía el último recurso en la negociación y no siempre resultaba favorable a los trabajadores. Pi consideraba que la “coalición de los fabricantes” tenía más posibilidades de éxito que “una larga huelga” de los obreros, porque esta última perjudicaba más a sus autores. Un paro laboral largo cargaba de razón al fabricante, dijo el federal, que al reducir sus ganancias no podía subir los salarios ni cambiar la jornada. Por eso aconsejaba “prudencia” a los obreros y tener en consideración que la cuestión social “se resuelve en un principio político”; esto es, apoyando al partido republicano78.
Más coincidente con la Internacional, Baldomero Lostau, federal y socialista, sostuvo también en 1871 que la asociación permitía reunir “cajas de resistencia” para aguantar el tiempo que no se cobraba por hacer huelga, y eso, decía, era un logro de los internacionalistas. Apuntó, además, que los gobiernos monárquicos se ponían del lado del “capital” en las huelgas al “emplear la fuerza”, o bien las reventaban, por lo que un Gobierno federal debía hacer lo contrario: apoyar las reivindicaciones obreras79. En este mismo sentido, otro federal, Francisco Díaz Quintero, publicó en su Enciclopedia republicana federal social de 1872 un texto de la “Comisión de Propaganda Socialista” de la Internacional en el que se leía que la huelga era el medio para mejorar las condiciones del trabajo, y “disminuir los privilegios del capital” hasta que “se rinda y desaparezca”.
En suma, los republicanos, en conjunto, tenían una idea de la huelga ligada al derecho de asociación, cuya utilidad era la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros, y vinculada a la justicia social y a la marcha de la Historia. Esto era claro para los trabajadores en el mundo privado, pero nada decían los republicanos de los empleados públicos. Los carteros de calle, como ejemplo de auxiliar de la administración, los contratados, no tenían cajas de resistencia ni asociación, y el empleador era el Estado. Ahora bien, no se puede atribuir la resolución del conflicto a una u otra escuela, ya que la iniciativa la tomó un republicano de la derecha, Rebullida, demoliberal de Castelar, dentro de un Ministerio, el de Gobernación, dirigido por un demosocialista como Pi y Margall.
Proclamada la República, el conflicto no quedó zanjado. El 14 de febrero, una comisión del cuerpo de carteros –no constan sus nombres ni su número–, los despedidos por el Gobierno de Ruiz Zorrilla, visitó al nuevo ministro de la Gobernación, Pi y Margall. Pidieron su reincorporación. Pi prometió examinar “los antecedentes de cada uno y la participación que ha tenido en promover la huelga”80. Si estaban limpios, se atendería su petición. En caso contrario, si habían tenido participación en la huelga, debían perder toda esperanza. El caso es que Pi y Margall se comportó igual que el Ministerio radical. La Nación pidió a Pi que repusiera a los antiguos trabajadores de Correos porque lo “primero es el buen servicio público”, aseguraba. “En quince días, es decir, desde que se declaró la huelga de carteros”, decía ese periódico progresista, no recibía los diarios de provincias y las cartas llegaban con mucho retraso. Era un “desbarajuste”, sentenció. La Iberia señaló lo mismo usando las mismas palabras81. Hasta Esteban Collantes, un diputado del partido moderado en la Asamblea Nacional, aconsejó al Gobierno que en cuestiones de Estado no actuara por amor propio, como había hecho Ruiz Zorrilla con la cuestión de los carteros, sino ajustándose a la sensatez y a la prudencia82. A la altura del 19 de febrero, Correos en Madrid seguía sin funcionar como antes. Los ujieres y porteros de la Asamblea Nacional continuaban trabajando como carteros, decía La Iberia. Cada cuatro o cinco días recibían fardos de cartas para repartir, “llegando a manos” de los diputados con “bastantes días de retraso”. No era una exageración política: El Genio médico-quirúrgico, periódico especializado, denunciaba el 22 de febrero que llevaba tres días sin recibir correspondencia, “cosa que nunca nos ha sucedido”83. El servicio de correos, decía, “está completamente abandonado desde la salida de los antiguos carteros”, despedidos solo porque “lastimaron el orgullo” de Ruiz Zorrilla y Villavicencio84. Pi y Margall no hizo nada de forma inmediata, y la prensa republicana no volvió a mencionar la cuestión de los carteros. La Discusión no sacó ni un pequeño suelto a pesar de la beligerancia demostrada antes del 11 de febrero. Algunos madrileños se pusieron de acuerdo y solicitaron a los carteros antiguos, a los despedidos, que volvieran a ocuparse del reparto de las cartas85.
La comparación con el extranjero llegó en marzo. La Guirnalda contó el funcionamiento del servicio de Correos en Londres, con el número exacto de trabajadores, de cartas repartidas y los sueldos. Concluía: “En España todo el mundo sabe cómo está este servicio desorganizado, pero principalmente en Madrid, en la época presente, irrita y da vergüenza cómo se lleva a cabo este ramo tan importante de la administración pública”86. Era necesario echar a Villavicencio, cosa que todavía no había hecho Pi y Margall, y así lo pidió La Independencia Española87. La indignación saltó cuando el 3 de marzo se encontraron en la alcantarilla de la plaza de Santa Cruz cerca de mil cartas, arrojadas allí por los milicianos que contrató Villavicencio como carteros88. “Ahora se explican las quejas de todo el mundo –se leía en El Gobierno–, encaminadas a pedir en vano las cartas que les faltaban”89. Dos días después, uno de los nuevos carteros, los contratados por Villavicencio, fue sorprendido tirando a la alcantarilla un paquete con 1.500 cartas y fue conducido a la cárcel del Saladero90. Un caso no hace norma, pero no hay constancia de que sucesos delictivos como el referido tuvieran lugar antes de la huelga, cuando los carteros urbanos ocupaban sus puestos, tal y como recordó la prensa entonces.
Villavicencio aguantó hasta marzo de 1873. Había dejado en la estacada a Ruiz Zorrilla, como el resto de radicales, y votado a favor de la República el 11 de febrero de 1873. Esto le permitió seguir en el cargo. No obstante, dadas las protestas y su probada inutilidad en el desempeño de sus funciones, Pi y Margall le cesó, y nombró a Benigno Rebullida como director de Comunicaciones. Rebullida había sido senador por Huesca hasta febrero de 1873, y luego diputado de la Asamblea Nacional. No era precisamente pimargalliano, sino de la derecha republicana. Había colaborado en El Pueblo, de García Ruiz, así como en La Discusión y La Democracia, este último de Emilio Castelar. Estuvo en la “Declaración de la Prensa”, de mayo de 1870, en la que se intentó reconducir el partido republicano como una opción de gobierno alejada del federalismo pactista. En esas fechas estuvo escribiendo en La República Ibérica, dirigida por Miguel Morayta, persona del círculo de Castelar91.
Rebullida desempeñó el cargo entre el 3 de marzo y el 28 de junio de 1873. Entre sus proyectos estaba el de reponer en sus destinos a los carteros despedidos por hacer huelga92. Entraron en el servicio activo el 18 de marzo93. Una de las primeras medidas de Rebullida fue enviar una carta a los principales periódicos del país asegurando que estaba “dispuesto a remediar cuantos abusos” se cometieran en el ramo de Correos94. Durante su etapa como director de comunicaciones llevó a cabo dos grandes medidas. La primera fue rebajar la tarifa postal a 10 céntimos de peseta para las cartas nacionales y a Portugal, y a 5 céntimos para dentro de cada población. La segunda fue una medida laboral importante, tomada a raíz de la huelga de carteros y de sus consecuencias. Dio un decreto exigiendo condiciones de aptitud y dando garantías de estabilidad al personal de correos, “desde la modesta escala de peatones”, esto es, los carteros de calle95. Rebullida, por tanto, acogía la idea demoliberal de la huelga como una práctica originada por un conflicto laboral, y como administración asumía la reivindicación de los carteros y aprovechaba para la ordenación laboral del servicio público.
El 30 de mayo de 1873 apareció el “Decreto estableciendo como carrera especial el Cuerpo de Correos, cuyos empleos son inamovibles”, con lo que se evitaba la arbitrariedad del director para despedir, tal y como había pasado con los carteros madrileños. La exposición de motivos daba importancia económica a la correspondencia, favorecida por los adelantos tecnológicos, como el vapor y la electricidad. Por esto, afirmaba, los “funcionarios de cuerpo tan importante” como Correos debían reunir una serie de condiciones. Debían dominar la legislación del ramo y sus tarifas, conocer la “geografía universal, con perfección la de su propio país”. Además, dichos funcionarios tenían que saber los tratados postales con otros Estados y que les “sean familiares algunos de los idiomas de las naciones con las cuales más inmediatamente estamos en relación”. A partir de ahí, Rebullida ponía el despido irresponsable de los carteros como ejemplo de la desorganización de un mal servicio público. Con buen espíritu administrativo, añadía que el “favoritismo y la influencia política” había dispuesto “arbitrariamente” la “provisión de empleos”. Estas malas prácticas tenían que ceder el paso “al mérito, a los conocimientos y a la instrucción probada como elementos únicos para pertenecer a la Administración civil del Estado”. En consecuencia, iba a ser “indispensable el examen de las materias” indicadas. En esta circunstancia, el empleado de Correos quedaba garantizado en su puesto de trabajo. Esta “inamovilidad” adquirida por oposición cortaría de “raíz los vicios que corroen y desprestigian” la administración del Estado. Rebullida, además, estableció un reglamento para la carrera en Correos, especificando los cargos, escalafón, remuneraciones, protocolo de ascensos, temario del examen de acceso, constitución de tribunales examinadores, y publicación de vacantes. Dicho temario era muy amplio. Para el primer grado había dos exámenes en los que se pedía caligrafía, gramática, aritmética, geografía nacional y universal, y “nociones de idioma francés”. El segundo grado, con tres exámenes, exigía, además, la legislación general de Correos, contabilidad y estadística, conocimiento detallado de las comunicaciones terrestres, tarifas y tratados postales96.
Rebullida aguantó en el cargo poco tiempo. Dimitió en junio, y fue sustituido por Ildefonso Rojo y Álvarez97. No dejó entonces la política. El 15 de agosto, el Gobierno de Salmerón le nombró delegado especial del Poder Ejecutivo en Valencia98. Eso supuso hacerse cargo de la provincia justo después de que el general Martínez Campos disolviera el cantón de la ciudad. Tras esto, marchó en octubre de 1873 a La Habana como gobernador civil99, puesto del que cesó tras el golpe del 3 de enero de 1874. Ya en la Restauración, formó parte del Partido Posibilista de Castelar. Su decisión frente a la huelga de 1873 mostró una forma distinta de resolución de los conflictos entre la administración y sus empleados. Hasta entonces, la solución había sido la negativa a las demandas y la sustitución de los trabajadores. Rebullida reintegró a los carteros de calle, que ganaron su huelga, y aprovechó la circunstancia para la mejora del servicio público.
Conclusiones.
La reacción del Gobierno radical de Ruiz Zorrilla a la huelga de los carteros peatonales fue la misma que se hacía en el sector privado. Siguió la tradición en los conflictos laborales dentro de la administración con los empleados públicos que protestaban; esto es, con los trabajadores no funcionarios. La reacción del Gobierno de Ruiz Zorrilla estuvo determinada por la idea negativa de huelga como cosa de holgazanes o revolucionarios, y como actividad perjudicial para el orden y el servicio público. La arbitrariedad del Gobierno frente a la huelga de sus empleados se benefició de la ambigüedad del Código Penal, que consideraba que la huelga constituía un delito si era “abusiva”. La reacción fue despedir a los huelguistas y sustituirlos por otros empleados, que era lo habitual en el sector privado tanto como en el público. El exceso represor de Ruiz Zorrilla se debió probablemente a la tensión de los últimos días del reinado de Amadeo I y a la cuestión de los artilleros. Esto explicaría que no se contentara con el despido de los carteros, sino que anunciara la publicación de sus nombres en La Gaceta para que no volvieran a ser contratados. También justificaría su sustitución por guardias urbanos y milicianos. De esta manera, Ruiz Zorrilla intentó una demostración de autoridad a costa de los carteros. El problema fue heredado por la República. Pi y Margall no actuó con rapidez. Mantuvo al director que siguió las órdenes represivas de Ruiz Zorrilla. No fue hasta marzo cuando Benigno Rebullida recogió las reivindicaciones de los carteros y las protestas sociales por el deterioro del servicio, restableció en sus puestos a los empleados y reglamentó la profesión incluyendo a estos auxiliares. En este caso, la huelga de empleados contra la administración tuvo éxito.
La huelga siguió el protocolo de otras muchas durante el mismo período: demanda salarial y solidaridad frente a un despido. Los empleados dejaron de trabajar para colapsar el servicio como elemento de presión, y lo consiguieron, porque la solución gubernamental empeoró la situación. Las consecuencias de la huelga fueron positivas, tanto para el reingreso de los empleados en sus puestos de trabajo como para la reglamentación de Correos y Comunicaciones. En definitiva, la huelga de carteros constituye un buen ejemplo de su ejercicio, de los límites de la legislación laboral durante el Sexenio Democrático, de la relación de la administración con los empleados públicos, y de la actividad de los trabajadores no asociados que se activaban para la acción colectiva. El movimiento de la opinión pública fue importante para el éxito, ya que fortaleció la decisión de Rebullida de reintegrar a los carteros huelguistas. En la prensa política y comercial de la época quedaron testimonios de los efectos de la huelga, así como de los fallos en las medidas que adoptó el Gobierno radical. La profusión de noticias al respecto es importante para calibrar la magnitud del problema, que afectó a la economía y a la vida social, y que hasta ahora había pasado desapercibido.