Legislación familiar-patrimonial y ordenación del poder institucional en la Cataluña del siglo XVI.
MARÍA ADELA FARGAS PEÑARROCHA Universidad de Barcelona.
RESUMEN.
Éste artículo plantea las relaciones entre la normativa sobre la familia y su patrimonio, la consolidación de una nueva nobleza urbana, antaño de orígenes sociales diversos, y su paralelo afianzamiento entre los cargos de gobierno. La exclusión patrimonial y el control paterno, caracterizan la legislación de la época, que resultan determinantes en numerosas trayectorias de ennoblecimiento y que acotarán la toma decisiones en el seno de la familia. Pero el control del patrimonio por parte de un heredero único, y por ello su posición de poder en aquella escasamente distinguible esfera de lo privado, no quedaría limitada a la misma: la herencia no dispersa, constituía garantía de competencia matrimonial y, por ende, garantía de negociación de lazos familiares que resultarían fundamentales en la otra esfera donde la nueva nobleza urbana apuntaba, la de los cargos públicos.
ABSTRACT.
This article prove relations to family and property law, to foundations of a new urban nobility formed by several social sources, and his supported into the institutional responsability or political places. The law of this times emphasizes property exclusion and paternal control, very importants for numerous process of social mobility, process of aristocratization, determine who governs into the family. Power into the family, exclusion, sole inheritance, will be competent instruments for marriage ties, for capture necessary relationship with public sphere, with the political structures.
ORDEN SOCIAL Y DERECHO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN.
Sabido es, que el derecho actúa como ordenamiento de los fenómenos sociales 1 . Su concatenación junto con otros factores derivados de la sociología del poder, contribuye a la redefinición de los procesos históricos en que intervienen determinados grupos sociales 2 . Si nos centramos en las estrategias de poder que han conducido a la formación de una nueva clase dirigente, vinculada a la Barcelona del Quinientos, nos hallamos, concretamente, ante un determinado nivel de reproducción de poder. Hablamos del que se desprende de las instituciones políticas. Hemos de penetrar en el microcosmos de esta clase, como en el de una una nobleza moderna de origen mixto, cuya naturaleza y evolución no es ajena a otros procesos propios de la Europa de la época, y que procede de la reconversión urbana de la nobleza tradicional, sumada al ennoblecimiento de la ciudadanía honrada y al ascenso social de los profesionales del derecho 3 . Sin embargo, si pensamos en términos de antropología histórica, bajo o junto a dicho nivel, se hallan otros dos. Éstos últimos van a poder incidir sobre aquél. Ahora nos referimos a la familia y a la propiedad 4 . Las relaciones sociales que nacen en el seno de la familia, y que se estructuran y redefinen a nivel de la propiedad y de la posesión, a menudo confundida o identificada ésta última como la primera para la sociedad y los parámetros culturales propios del antiguo régimen, son ordenadas por una determinada legislación que emana de las instituciones de poder. En el caso aquí tratado, esta legislación de naturaleza familiar-patrimonial, ha sido pactada en el seno de las cortes. La ordenación de ambos niveles desde las estructuras gubernamentales, responde a previos intereses de consolidación por parte de la nueva clase dirigente en ennoblecimiento y 5 , por ello, la ordenación social resultante, va encaminada, a su vez, hacia una ordenación del poder institucional.
La ordenación de las relaciones sociales entre la familia y la propiedad estarán, pues, registrando determinados procesos de poder. En este sentido, la legislación aprobada en Cataluña en la segunda mitad del siglo XVI, consolida un proceso de concentración y acumulación de la propiedad familiar-patrimonial. Se conserva dicha propiedad bajo el control de unas pocas manos. En un nivel superior, esto es de apariencia más pública —recordemos nuevamente que en el antiguo régimen, esfera privada y pública, se hallan estrechamente unidas y por ello cualquier distancia entre ambas conduciría a un cierto equívoco— 6 , la concentración familiar-patrimonial permitirá consolidar algo que ya se halla en la base de una serie de procesos sociales, que responden a los intereses de consolidación de la clase dirigente. Su ennoblecimiento y el ejercicio del poder político, los cargos, constituyen los dos ejes principales para su identidad. Ambos ejes forman metas imprescindibles por las que competir. La concentración familiar-patrimonial apoya y sostiene el proceso oligárquico, monopolístico, en que se resuelve el control de la nueva nobleza moderna sobre las instituciones de poder, esto es, la consolidación en el poder político de unas pocas familias interconectadas entre sí mediante lazos de parentesco, de sangre o de afinidad matrimonial. La concentración del poder patrimonial y social en el seno de las famílias que aspiran a dicha consolidación pública, permite su ennoblecimiento, permite su formación como nobleza urbana consolidada.
La legislación familiar-patrimonial contribuye a la generación de una sólida oligarquía, dentro del conjunto más amplio de la clase dirigente. Contribuye a la consolidación de un sector noble o en progresivo ennoblecimiento, que a su vez se ha beneficiado de dicha legislación. En efecto, las presiones que cabe presuponer se desarrollan en las cortes, en orden a la aprobación de una nueva normativa de protección familiar-patrimonial, tienen nombres y apellidos y éstos, a su vez, están mezclando dos orígenes: nobles y ennoblecidos. Unos y otros, necesitan compartir poder y de hecho lo están haciendo, desde que allá por el año 1498 la monarquía ha permitido el acceso de la pequeña nobleza de los caballeros al gobierno municipal de la ciudad de Barcelona, y desde que en 1510 la ciudadanía honrada de ésta ciudad se consolida como categoría paranobiliaria y comparte gran parte de los privilegios de la nobleza 7 . Pero, llegada la segunda mitad del siglo, la competencia es mucho mayor. Son numerosos los profesionales del derecho que compiten por participar de la maquinaria administrativo-política, son muchos los descendientes de estamentos originariamente no privilegiados, pero que van ascendiendo y abandonando los oficios de sus predecesores 8 . En Barcelona, la Real Audiencia, con sus diversas Salas, se erige en el ámbito de predilección de todas aquellas carreras de derecho con grandes aspiraciones. Y, precisamente, a lo largo de todo el siglo XVI, la presencia en ella de magistrados descendientes de estamentos populares, es numerosa. Así, si en el Tribunal de los inicios de la centuria, la mitad de los magistrados pertenecen a este grupo, en el de finales del mismo aún lo son en más de un cuarenta por ciento 9 . No es, sin embargo, el único ámbito que alcanza y al que aspira este nuevo grupo. La necesidad creciente de las instituciones por normativizar sus funciones y atribuciones, requerirá con el paso del tiempo el recurso de equipos de expertos en derecho.
En cualquier caso, el ennoblecimiento se convierte en una estrategia de poder. Si tomamos como ejemplo los mismos magistrados de la Real Audiencia, ninguno de ellos o de otros miembros de sus mismas familias persistieron en el mismo, o en cargos paralelos con poder e influencia, sin llevar a cabo ciertas estrategias de ennoblecimiento. A título de ejemplo, a mediados del siglo XVI, el juez Joan Jofré, hijo de un mercader de Solsona, se hallaba emparentado por línea paterna y materna con dos familias de notarios de Barcelona, en ambos casos pertenecientes al estamento de los artistas. Poco distinto había sido el destino de los jueces Jeroni Planes y de Francesc Ubach, ambos hijos de mercaderes y a su vez parientes entre sí, el primero de los cuá- les se había casado con otra familia del mismo rango y casó a su primogénito con la hija de otro mercader de la ciudad de Barcelona. Todos ellos pasaron por el cargo, por el poder, pero tras ellos, ninguno de los suyos volvió sobre sus mismos pasos. Estos modelos se repiten en numerosos casos, de forma que a lo largo del quinientos es cada vez mayor el número de los magistrados cuyas familias han vivido una presencia fugaz en el poder. El incremento de los profesionales del derecho en la ciudad, había hecho más difícil la competencia por ennoblecer las relaciones matrimoniales y enriquecer los patrimonios. Ninguno de los individuos de este grupo practicaron, en definitiva, unas mínimas cuotas de homogamia profesional, que les permitiera contar con apoyos para posteriores procesos de selección de cargos, ni tampoco ninguno adquirió fincas rurales 10. Bien es cierto, que el ejercicio de un determinado cargo podía ser suficiente para la obtención de un privilegio nobiliario. Pero la oferta no estaba a la altura de la elevada demanda y era necesario cultivar otros medios para granjearse, al fin y al cabo, la influencia y los recursos humanos suficientes, como para asegurarse finalmente dicho privilegio o título nobiliario. Descuidar las posibilidades que encierra un proceso completo de ennoblecimiento, cierra el camino para la consolidación en la esfera del poder institucional y, la legislación familiar-patrimonial, constituye uno de los elementos y condicionantes que va a beneficiar a los sectores en ascenso, los va a proteger y va a permitir su fusión en el seno de otros sectores nobles ya consolidados.
En la actualidad, no es escasa la historiografía social o antropológica del poder, que está tratando de esclarecer, en los entresijos de la familia, la sustancia política de la época 11. En este sentido, la aportación que ahora presentamos no tiene otro objetivo que contribuir en modesta medida a esta línea de trabajo, partiendo de la hipótesis referida sobre las implicaciones entre concentración del poder privado y concentración del público, en manos de una oligarquía consolidada.
LA PRODUCCIÓN DEL DERECHO CATALÁN EN MATERIA DE FAMILIA Y SUCESIONES EN EL INICIO DE LA ÉPOCA MODERNA.
El tema objeto del presente trabajo, nos permite remontar hasta las cortes de 1547. Se iniciaba entonces, un largo proceso de afianzamiento de los privilegios de exclusión, que concluiría a finales de la centuria. Respondía a una política común para la mayoría de las monarquías de la Europa de la época. Tenía lugar tanto en los territorios con tradición de heredero único, donde la exclusión se consolidaba más extremadamente, como en aquellos en que predominaba la tradición de partición igualitaria, donde el sistema adoptaba canales alternativos de exclusión, mediante la diferenciación de los bienes a legar en función de su propia tipología, o en función del sexo de los hijos. En cualquiera de estos casos, las clases dirigentes, que estaba interesadas en aras de conservar su estatus o proseguir su ennoblecimiento en el monopolio de la renta agraria, necesitaban evitar al máximo los peligros de la alienación patrimonial 12.
Así, en las cortes mencionadas, el príncipe Felipe, como lugarteniente de Carlos I, promulgaba una constitución que contempla la obligatoriedad, por parte del heredero de un fideicomiso universal, heredero de un conjunto de bienes que quedaban vinculados a unos determinados substitutos, a confeccionar inventario de los mismos en el plazo de noventa días 13. Este término estaba ya señalado en el propio derecho común. El fin de esta constitución era dejar a salvo el derecho a la cuarta trebeliánica. Ésta, consistía en la cuarta parte de los bienes relictos del fideicomitente, que era el causante que ordenaba por testamento una substitución fideicomisaria, deducidas sus deudas, demás gastos y otras cuentas derivadas de la preparación de las legítimas 14.
Parecía que quedaba salvaguardada la legítima y con ella los derechos de los hijos menores, pero lo que verdaderamente se protegía era la capacidad de actuación del heredero, convertido en auténtico gestor patrimonial y señor de la cosa familiar, una vez desaparecido su padre. Ciertamente, nada quedaba referido en relación con la cuantía a que debieran ascender las legítimas y, en cualquier caso, la necesidad formal del heredero de depurar las deudas y otras cargas que pesaban sobre la herencia, impediría, en no pocas ocasiones, mantener intacta la cantidad prevista para los demás hijos e hijas.
Seguidamente, nos situamos en las cortes de 1553, a la sazón presididas por el mismo príncipe Felipe, en calidad de lugarteniente general, donde fue aprobada, como consecuencia y en prevención de las anteriores medidas, la obligación de que el heredero de un fideicomiso universal tomase inventario ante notario 15. La norma, se sumaba así a ciertas disposiciones que para entonces ya contaban con doscientos años de antigüedad, y que habían concedido prioridad a los instrumentos notariales, concretamente a los testamentos, para validar sus ordenaciones 16. Junto a ello, el príncipe Felipe aprobaba la detracción, por parte del heredero universal, de la cuarta trebeliánica y la cuarta falcidia 17, así como también fijaba otras normativas sobre fideicomisos, contempladas en la misma línea 18. No cabe duda de que todo ello incentivaba la auctoritas del heredero: de hecho, la cuarta falcídia consistía en la cuarta parte del activo hereditario líquido, a que como mínimo tenía derecho el heredero grabado con legados. Constituía un apremio para que el heredero aceptase la herencia, pese a los onerosos gravámenes que recaían sobre ella.
Las siguientes cortes, convocadas por el entonces ya monarca, en 1564, aprueban nuevas normativas legales referentes a la posesión civilísima por parte de la viuda, de los bienes del marido, el llamado derecho de tenuta 19. Presuponiendo que en defecto de la viuda, el patrimonio del marido competía a sus hijos y herederos, fué declarado de preferente derecho a los hijos de la primera esposa en concurrencia con los de una segunda 20. Cabe notar que ésta última cuestión afianzaba la importancia de la cultura de la primogenitura. La mujer, se encarga de velar para que el patrimonio alcanzase su meta, para que llegase a manos del heredero universal, el hijo mayor. A menudo, los padres abandonaban la vida dejando a sus hijos menores de edad. La viuda se convertía necesariamente en la protectora de los bienes hereditarios, que los pequeños aún no podían poseer. Así pues, o bien por la opción de tenuta usufructuaba éstos bienes hasta el momento de recibir íntegramente la dote, o bien, como solía suceder la mayoría de las veces, ante las dificultades que entrañaban la devolución de unas dotes cada vez más elevadas, el marido ya la nombraba directamente por testamento la primera usufructuaria de sus bienes, que ejercería como tal una vez fallecido. Iba a ocupar su papel durante el tiempo que le restase de vida, o hasta que su primogénito alcanzase la mayoría de edad. En este sentido, la viuda se erigía en el eslabón de tránsito entre el pater familias ya difunto, relevado por un futuro pater familias que era el hijo de aquél o de ambos cónyuges. Se trataba de una auctoritas que únicamente se vería truncada en el caso de tropezar con los poderes familiares del linaje del marido, es decir, el heredero universal del tronco de su linaje. Si la viuda lo era de un heredero universal, entonces su capacidad de organización patrimonial era superior. Los privilegios de exclusión, por lo tanto, afianzaban la posición patrimonial de la mujer, pero no de cualquier mujer. Reflejaban, pues, el alcance del poder, en términos de ciclos y géneros, que la exclusión iba tejiendo en el interior de las familias. La consolidación de los derechos patrimoniales de la mujer en el siglo XVI, no se puede comprender lejos de otra consolidación que es paralela, la del patrimonio concentrado 21.
Otras medidas tomadas en las mismas cortes de 1565, orientadas a favorecer la exclusión patrimonial, iban acorralando la capacidad de acción de los hijos menores. Así, se ordena la prohibición de ejecutar la legítima de los hijos menores en caso de tratarse de deudores, en vida del padre 22.
Veinte años después, en las cortes también generales de 1585, se aprobaba la extensión para todo el territorio del Principado, de la norma romana prejustinianea relativa a la cuota legitimaria de los hijos. La denominada constitución «Zelant la conservatió de las casas principals», se convertía de esta manera en el triunfo de la lógica de la acumulación patrimonial. La existencia de un mercado matrimonial vinculado a la ciudad de Barcelona, altamente competitivo, por cuanto que pujaban en él familas nuevas llevadas por el ansia del ennoblecimiento y de ahí su acceso a determinados cargos de poder antes reservados a unas pocas familias de la vieja oligarquía, había supuesto que la acumulación se convirtiese en una práctica necesaria para captar oportunos matrimonios, así como para proteger los patrimonios sin alienación alguna y marcar progresivamente las distancias respecto de los recién ascendidos. La disposición de la mencionada cuota legitimaria, consistente en un cuarto del total del patrimonio familiar, facultaba al heredero de las restantes tres partes, para satisfacer la legítima de sus hermanos como mejor estimara conveniente, ya en moneda ya en bienes inmuebles 23.
Una vez más, existía un vacío de la normativa que se ponía en manos de los poderes familiares, del heredero universal. Él sería el único capacitado para decidir cómo, cuándo y en qué consistirían los bienes transferidos a sus hermanos menores. Quedaba bien clara la existencia de los lazos de dependencia, de los poderes y de los contrapoderes, en el seno de la comunidad familiar. Esta constitución, venía a ampliar para toda Cataluña una vieja costumbre que ya se observaba en la ciudad de Barcelona desde la pragmática de 1343, y que, por cierto, contaba con un antecedente en las cortes de 1547, cuando el príncipe Felipe declaraba de observancia general en el Principado y en los Condados del Rosellón y la Cerdaña aquella pragmática 24. Además de ella, en las cortes de 1585 fueron promulgados otros importantes capítulos. Unos, relativos a la sucesión de los hijos del primer matrimonio 25; otros, a los bienes adquiridos por el impúber provenientes de la parte materna, que habían de pasar a los hermanos u otros parientes maternos hasta el cuarto grado $^ { 2 6 } \mathrm { y }$ , finalmente, algunos relativos a la potestad del pater familias sobre los hijos solteros mayores de veinticinco años de edad, tal como ya había concedido el monarca para los otros reinos de Castilla y Aragón 27. En resumen, se trataba de asegurar la herencia universal en base a la predilección por la primogenitura, así como de cercar el ámbito de parentesco, reflejado en sus grados de sangre, para poner coto a los derechos patrimoniales de unas familias extensas, que litigaban contínuamente por las herencias, ya que la práctica de crear susbtituciones sobre los herederos creava mútiples sucesores potenciales. El orden de las familias se fundamentaba en el poder del pater familias. Este poder era mayor si su cabeza visible se trataba de un heredero universal, ya que en caso contrario dependería fácilmente de quien ostentaba el poder patrimonial en la familia extensa. Si su poder se legitimaba con el patrimonio concentrado, la ley procuraba que pudiera ejercerlo sin límite, y para ello la normativa apuntada regulaba también la extensión de su potestad sobre los hijos.
Quedaría aún más reforzada la integridad patrimonial, en las últimas cortes reunidas en el siglo XVI, en el año 1599. Para entonces se aprobaba una constitución que permitía que por disposición testamentaria se pudiera prohibir explícitamente cualquier detracción de derechos. Se aludía fundamentalmente, aunque no sólo, a la cuarta trebeliánica y a la cuarta falcídia. Asímismo, se obligaba al heredero universal a respetarlas y a conservarlas, como medida de prevención contra todos aquellos que pudiesen gastar de donde no debieran. De hecho, en numerosas ocasiones encontraremos testamentos donde la institución del heredero se presenta acompañada de ciertos requisitos, que se han de poner en práctica, y si cabe ante testigos, para hacerse digno de tal título. Normalmente, se trataba de practicar un comportamiento ejemplar y, sobretodo, de no alienar nada que no estuviese previsto sobre el patrimonio. En un testamento fechado en el año 1614, el caballero de Barcelona Josep de Bellafilla, instituía un vínculo patrimonial contra cualquier alienación del mismo, porque, según el causante, acostumbraban los que lo heredaban «...veentse hereus y que nols pot faltar la hasienda se inclinan a visis, a prendre mohatras, inobediensias, casar mal y no guardar lo respecte patern y matern ques deu a sos pares...»28. El tí- tulo de esta constitución, «...a l’objecte de conservar els patrimonis del principat de Catalunya i Comtats», constituía la perfecta continuidad de la precedente constitución de 1585 «Zelant la conservació de les cases» 29.
En comparación con las etapas históricas anteriores, se puede decir que es durante la segunda mitad del siglo que queda perfectamente configurada la normativa sobre relaciones familiar-patrimoniales. Ya hemos dicho que es algo que también estará sucediendo en la sociedad europea de la misma época. En efecto, se trata de la época dorada de los llamados privilegios de exclusión, en auge ya a lo largo del Quinientos —como demuestra la proliferación de algunos tratados sobre la primogenitura—30. La aristocracia propietaria de la tierra, en Inglaterra, goza de las ventajas del conocido strict settlement 31, de la misma manera que en Italia se ha extendido el fideicomissa 32, el cuál ha facilitado la conservación de los dominios feudales del sur. Resulta ser algo similar a lo sucedido en Castilla, con el funcionamiento del mayorazgo por las leyes de Toro de 1505 33. La normativa sucesoria está, por lo tanto, anteponiendo los intereses de las clases propietarias, de la nobleza.
Para la historiografía que ha centrado sus investigaciones en los factores sociales del poder, constituye una interpretación comunmente admitida, el calificar al movimiento legislativo del siglo XVI, en materia familiar-patrimonial, como uno de los elementos determinantes para la redefinición de las relaciones de poder entre monarquía, nobleza y patriciado —éstos últimos notablemente conexos—, como unas relaciones de ayuda mútua 34. Sin embargo, no hallamos en Cataluña, como sí había sucedido en Castilla 35, legislación alguna relativa a la limitación de la cuantía de las dotes, medida de protección de los patrimonios de las casas nobiliarias. Los intereses de ennoblecimiento y consolidación pú- blica albergados por parte de un número creciente de familias en ascenso social, la puja por la consolidación de una oligarquía de naturaleza social mixta, hace necesario disponer de un mercado matrimonial competitivo donde la dote constituye un factor en expansión, como lo muestra la ya estudiada inflación dotal que alcanza sus máximas cotas en el siglo XVII 36. La realidad de una vieja nobleza catalana necesitada de compartir poder público en unas instituciones que les han dejado escaso margen de actuación, agravado por un sistema de elección de cargos tan sólo indirectamente controlable, la llamada insaculación, hacen imprescindible su fusión con los grupos en ascenso. También las viejas oligarquías urbanas necesitan unirse a nuevos grupos, porque su ennoblecimniento les impide seguir figurando en un gobierno municipal cuyos cargos son incompatibles con el privilegio de la mediana nobleza. La concentración de dotes elevadas, tanto para las familias que desean ascender, como para las que desean compartir poder, adquiere importancia como instrumento de intercambio 37.
La normativa aprobada en materia familiar-patrimonial, viene a ampliar asímismo el campo de actuación del pater familias, factor inherente al modelo familiar de carácter patriarcal propio de la época moderna 38, al mismo tiempo auspiciado por el floreciente humanismo cívico 39. En efecto, si desde el año 1510 unos capítulos de corte contemplan la imposibilidad de que el hijo menor de veinticinco años, en el caso de tratarse de un soltero pero en vida de su padre, pueda subscribir contratos obligatorios, en las cortes de 1585 tal normativa se amplía considerablemente a los hijos mayores de la referida edad, hijos solteros y, por lo tanto, bajo la potestad paterna. Sobre dicha cuestión, las últimas disposiciones provenían de mediados del siglo XIV.
El absolutismo monàrquico, se hace eco de la necesidad creciente de la nobleza y de su clase dirigente en general, de delimitar el espacio organizativofamiliar inherente al pater familias. La necesidad de conservar e inculcar esta jerarquización patriarcal, podrá tener su correspondencia en el ámbito público o en el poder institucional. La oligarquía, ése sector de familias dignas de ser concebidas como tal por tratarse de las que conseguirán ostentar mayor poder en términos de consolidación y control dentro de la heterogénea clase dirigente, con capacidad para la autoreproducción, ordena y jerarquiza la participación en el poder de los miembros de sus familias. La promulgación en 1565 de las decisiones del Concilio de Trento sobre el matrimonio como ley para todos los reinos 40 —que en Barcelona cuenta con el impulso del obispo Cassador— 41, una de las cuáles versaba sobre la obligación de convertir el sacramento matrimonial en una ceremonia a la que debían acompañar testigos, vuelve a satisfacer las presiones de las clases propietarias. Temerosas ante el aumento de la clandestinidad matrimonial y, en mayor medida, ante el peligro de que el patrimonio sucumbiera bajo unas apellidos indignos del estatus familiar, las clases propietarias pudieron respirar ante los requerimientos formales de la celebración sacramental. No obstante que, por principio y tradición, la Iglesia consideraba como válidos los matrimonios orientados sobre lo que constituía su primordial objectivo, esto es, el único consentimiento de los contrayentes, el auténtico validador del matrimonio 42. En tanto que implícitamente las disposiciones tridentinas estaban censurando la clandestinidad matrimonial, en ese sentido quedaba ratificada y subrayada una constitución de las cortes de 1537 que trataba sobre dicho problema 43, como también la legislación anterior aprobada en 1413 i 1219 44. La monarquía favorece la concentración patrimonial en unas sólas manos, a la vez que promulga una serie de normativas restrictivas, destinadas a proteger las garantías de esta concentración. Ello ha sido calificado, por parte de cierta historiografía, como coadyuvante en la consolidación del espíritu de familia y linaje, tan necesario —según contemplaban los teóricos del absolutismo—, para el mantenimiento del orden público y las buenas costumbres 45.
Si el pater familias, además, es también el jefe de la hacienda familiar, el heredero universal de un determinado patrimonio de carácter noble —o en enoblecimiento—, transmitido por via de linaje, su capacidad de actuación y de ordenación del espacio familiar, queda así mejor definida. La definición y fijación del sistema de derechos de cada uno de los diferentes miembros de la familia, en especial la fijación de derechos de los que van a detentar el patrimonio, se está dando en el mismo momento histórico en que tiene lugar un vertiginoso proceso de ascenso social y de ennoblecimiento de la clase dirigente vinculada a la ciudad 46. La intervención, en el ámbito del poder público-institucional, por parte de una nueva nobleza urbana y su progresiva consolidación institucional —tanto en el marco de las instituciones tradicionales de Cataluña, como en las instituciones dependientes del poder real, dado que existen conexiones familiares que configuran redes de poder que acaparan unas y otras— 47, constituye un proceso paralelo a la también progresiva publicación de un corpus legal que ahónda sobre las diferencias internas en el seno de la familia, en materia patrimonial. Y ¿qué interés puede tener la nobleza moderna, ésa nobleza mixta, vieja noble y a la vez ennoblecida, en la aprobación de una normativa semejante? El mayoritario acceso a los cargos de poder por parte de los hijos primogénitos o de los herederos al patrimonio universal, como hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en un estudio precedente realizado a partir de una muestra de familias vinculadas a la capital del Principado y que consiguen consolidarse en las diversas instituciones gubernamentales durante el siglo XVI 48, nos sugiere la existencia de una intensa relación entre concentración de poder en el ámbito familiar, y capacidad de consolidación o concentración de poder en el ámbito público. La legislación familiar-patrimonial, reproduce la identidad entre orden social y jerarquía-rango. El establecimiento de un concepto jerárquico de las relaciones familiares, ya debido a la capacidad de acceso al grueso del patrimonio, ya debido al carácter patriarcal de las mismas, se hace eco de las también jerárquicas relaciones sobre el poder institucional. Si el ejercicio de dicho poder se concibe bajo los parámetros culturales de servicio y ascenso social, el carácter patrimonial de estos parámetros, nos hace concebir la idea de que la normativa familiar-patrimonial había de ordenar la esfera privada, para mejor apuntar a la esfera pública. En una cultura en la que no eran pocos los que ya se habían dedicado a comparar en más de una ocasión las similitudes entre el gobierno del pater familias, del jefe de una casa y el gobierno del príncipe en su reino, y donde la concentración de poder en el interior de ése reino 49, su capacidad en mantener el orden social, discurría paralela a la capacidad de intervención en un ámbito exterior, no es de extrañar que podamos encadenar ambos procesos. Son los arquetipos paternos del poder, tema sobre el que ha centrado sus intereses parte de la historiografía actual 50.
¿«ZELANT LA CONSERVATIO DE LAS CASAS PRINCIPALS», O LA CONSERVACIÓN DE UNA NOBLEZA MIXTA? REUNIR PATRIMONIOS Y ORDENAR RELACIONES DE PODER: LA CONCENTRACIÓN DEL PODER FAMILIAR E INSTITUCIONAL.
La realidad de la clase dirigente vinculada a la ciudad, responde a una notable bipolarización. Por un lado, existe un entramado de familias que se consolidan entre diferentes cargos. Se trata de familias internamente muy enlazadas. Frente a éstas, existe un sector de familias nuevas, dispersas, o lo que es lo mismo, que no disfrutan de vinculaciones nobiliarias, que se van reemplazando en los cargos. Esta distinción nos permite hablar de las primeras como oligarquía. No constituyó, pues, idéntica experiencia de poder el caso de unos Fivaller, unos Dusai, unos Llull, o unos Gualbes 51, cuya presencia en el gobierno municipal de Barcelona se retrotraía al medievo y que en el siglo XVI aún perpetuarán su capacidad práctica de ejercer los cargos de poder en todos los ámbitos públicos del gobierno catalán, que el caso, en el extremo contrario, de tantos y tantos apellidos de gentes que acceden en alguna ocasión a un cargo, pero que jamás vuelven a aparecer, ni en el mismo, ni en otros cargos similares, ni ellos ni sus parientes. La capacidad de control del poder de un sector que se erige en auténtico protagonista de la historia social e institucional durante al menos toda la alta edad moderna, parece reflejar, en otra esfera, su práctica familiar, que ha servido de ensayo donde poner a prueba las ventajas de la concentración del patrimonio indiviso. La vida familiar, constituye un escenario donde interpretar diferentes papeles, y donde ejercer otro tipo de poder. Allí, se ensayaba una auctoritas y una coertio que luego, de puertas hacia afuera, se continuaría ejerciendo bajo nuevos parámetros.
Un análisis detallado de los testamentos de éstas familias, nos muestra que en el momento de la sucesión testada, no todos los padres determinaban perfectamente el destino de los hijos. Algunos, mencionaban que a la aceptación de la legítima, debía ir acompañada la entrada en la Iglesia, o bien los estudios universitarios. Pero se trataba de una minoría. En un estudio precedente hemos comprobado que esa predeterminación del destino de los hijos por via de testamento constituía poco más de un $10 \%$ , sobre una muestra representativa de familias de la nueva nobleza 52. Pero los testamentos, no son prioritarios para averiguar la existencia de estas estrategias de destino. Probablemente, tenían lugar a lo largo del ciclo vital familiar. Lo cierto es que, sobre ésa misma muestra de familias, pero habiendo seleccionado previamente sólo aquellas que se ennoblecen paulatinamente y no las que pertenecen a la vieja nobleza, sabemos que era sobre los hijos que ya disponían o iban a disponer del poder en la familia, como herederos universales, sobre los que los padres invertían en estudios universitarios. Si una carrera de leyes entraba en la casa, lo hacía preferentemente de la mano del hijo mayor, que era el destinado a ejercer de heredero. Y esa carrera le iba a posibilitar el acceso a determinadas magistraturas de cierta influencia; sobretodo aunque no exclusivamente, su meta iba a ser la Real Audiencia, lugar de prestigio, honor y poder. Se unían, por lo tanto, la gestión del poder familiar, como vinculado a la posesión del patrimonio, y la gestión del poder público. Como mínimo, ello sucedía de manera clara en las dos primeras generaciones en que se daba lugar un proceso de movilidad social ascendente. La Barcelona de la edad moderna, constituye un paradigma de movilidad social vertical. James Amelang ha precisado que sólo dos de las veinticinco familias de mercaderes que participaron de la vida política en los años ochenta del siglo XV, permanecían registradas como tales un siglo después 53. Algunas se extinguieron, problema que también padecían las familias más consolidadas de la nobleza. Pero la mayoría, accedieron a los escalones superiores del rango social. Lo prueba el hecho de que que la mitad de los descendientes de una de las familias más emblemáticas de la ciudad, como ciudadanos honrados, los Dusai, enlazaron durante el primer cuarto del siglo XVI con familias de la pequeña nobleza urbana. En cambio, un $80 \%$ de ellos lo hacían con ése mismo grupo, a finales de la centuria 54. El ascenso social había permitido contactar cada vez con mayor facilidad con candidatos o candidatas situados socialmente dentro de las propias fronteras de las clases privilegiadas. No era necesario salir de estas fronteras de clase para encontrarlos.
Siguiendo con las cifras relativas a la genealogía del ennoblecimiento, podemos hablar de un $16 \%$ de herederos que en la primera generación se hacen con la carrera de leyes y un $50 \%$ que lo hacen en la segunda generación. Los segundones, los hijos menores, pueden pasar por la misma experiencia pero preferentemente en la cuarta generación, cuando estas familias en ascenso ya han conseguido, en un $2 5 \%$ , convertirse en señores territoriales 55. En ése mismo trànsito, era cuando no pocos de los herederos de la familia ya se habían hecho, bien por vía de compra bien por alguna sucesión colateral o afín, con un patrimonio de origen señorial. Algunos casos completan esta idea. La familia Codina, ejerció durante dos generaciones consecutivas el prominente cargo de Regente de la real tesorería del Principado. El primero que obtuvo el cargo, fue Miquel Codina, primogénito de una familia de mercaderes, de la que heredaba una importante riqueza. La herencia universal le colocaba, como a tantos otros que gozaron de la misma, en una situación de honor, que tan sólo con el sueldo derivado del cargo no hubiera podido ostentar. Su sucesor, Pere Bernat, se convirtió en señor jurisdiccional de la baronía de Ponts, mientras seguía ejerciendo el mismo cargo que el padre 56. Las desiguales relaciones de parentesco, basadas en la adquisición de patrimonio, trascendían a la esfera pública. El $64 \%$ y el $65 \%$ de la muestra de familias mencionada que se encontraban insaculados en las bolsas o nóminas de ciudadanos honrados y de militares del Consell de Cent y en las de diputados y oidores del consistorio de la Diputación, respectivamente, eran herederos universales 57. La combinación entre documentación privada y pública nos permite llegar a estas concluiones. Hemos utilizado tanto los registros de cargos y nóminas de insaculación, como protocolos notariales diversos de las familias muestreadas. Nos hallamos pues, ante un círculo cerrado entre la concentración de recursos económicos y las oportunidades extraeconómicas. En el momento de proceder a la extracción de los cargos por azar, tal como determinaba el nuevo sistema de elección por insaculación, lo cierto es que los que detentaban el poder patrimonial en el interior de las familias, se hallaban más ampliamente representados y disfrutaban de mayores posibilidades de ser elegidos. En el ámbito del poder real la cosa era similar. El $52 \%$ de quienes detentaron algun cargo, eran herederos universales de sus patrimonios familiares. Ello, unido al $7 \%$ de quienes lo hicieron como hijos segundones, pero disponiendo previamente de un patrimonio señorial, es decir, ostentando algun señorío territorial, consagra la idea de que las familias tenían predilección por encarrilar hacia la esfera pública a los hijos mejor posicionados 58. Ellos, ya desde el principio, si pensamos en las familias en ascenso social, estaban más preparados para asumir la tensión propia de un mercado del ennoblecimiento altamente competitivo. De hecho, en la primera generación de ascenso, justamente cuando vemos a las familias desmarcarse por primera vez de su estamento de origen, los herederos universales de este grupo enlazan en un aproximado $50 \%$ con familias también vinculadas en cualquier ámbito institucional existente, mientras sus hermanas obedecen a una estrategia matrimonial de acercamiento a patrimonios de tipo señorial. Esta predilección por encaminar a los herederos hacia el poder institucional público, en todo caso, desmonta la idílica imagen de una organización familiar que repartía equilibradamente a sus hijos entre la gestión patrimonial, por un lado, y los negocios públicos, por otro 59. La oferta de plazas en la administración real, especialmente exígua para la nobleza más consolidada, aquella que provenía del campo y que se estaba urbanizando, creaba tan pocas expectativas, que le resultaba mejor enviar a sus primogénitos herederos a esos cargos, cuando se diese la oportunidad. La ocupación de cargos que además solían ser ejercidos con una duración limitada, al menos en su mayoría, no podía colmar o solucionar en modo alguno la colocación de los hijos menores. Ahora bien, sí permitía mantener las claves de la preeminencia social del linaje. Cuando se trataba de cargos de jurisdicción real local, si su ejercicio delegado se desarrollaba en el marco próximo a los dominios señoriales de la familia, entonces la familia se permitía el lujo de encarrilar hacia ellos a algunos hijos menores. Lo demuestra, por ejemplo, la trayectoria de la familia de los Erill. Pere d’Erill era sotsveguer del Pallars a mediados del siglo XVI. Su lugar en el orden de substitución al patrimonio universal era el quinto, lo que no le llegó jamás. Su sobrino, Francesc d’Erill, regente de la vegueria de Lleida, era el hermano menor de Felip, jefe de la familia y nombrado Bayle general del Principado. Este alto cargo volvería a recaer en la misma familia, una generación más tarde, en manos de un nuevo heredero universal 60. Los herederos se encontraban en mejor diposición para ejercer unos cargos que les comportaba prestigio, relación con la monarquía, pero más gastos que ingresos. La nobleza, por lo tanto, no utilizaba el parentesco como un recurso de poder. En caso contrario, nos encontraríamos con parientes muy diversos, herederos y no heredros, primogénitos y segundones, en cargos parecidos. Eran, en cambio, las relaciones de parentesco, las que utilizaban los cargos para reforzarse ellas mismas. En este sentido, se explicaría, al margen de consideraciones funcionalistas como la capacidad económica que afrontaría el riesgo de los gastos derivados del ejercicio del cargo, que los miembros de las familias que habían acumulado otros recursos patrimoniales pudieran desplazar del acceso a los cargos a los otros parientes desposeídos. Las relaciones de parentesco, reflejo de la desigualdad existente en el seno de las familias promovida por la necesidad de la exclusión, sesgaban el acceso a las oportunidades que ofrecía la esfera de poder público. Es interesante constatar también como, en aquellos ámbitos institucionales en los que una determinada familia o grupos de familias no tenían por objetivo consolidarse, sino que sólo lo utilizaban para disponer de más posibilidades de figurar, se enviaba a los hijos menores, mientras que allá donde sí deseaban o veían mayores posibilidades de consolidación, se enviaba a los primogénitos. Así, en el ámbito de la administración real, la mayor parte de los hijos menores que habían sido investidos con un cargo, o bien pertenecían a familias de antaño consagradas al ejercicio del poder en el municipio de Barcelona —como las familias Dusai o Fivaller—, o bien a aquellas de la vieja nobleza —Calders o Erill— cuyos herederos ya ocupaban cargos superiores. O bien, finalmente, se trataba de familias que merced a su formación como doctores en derecho habían ascendido entre la burocracia real, donde los cargos inferiores se habían intentado obtener para los hijos menores, y los superiores para los primogénitos. Este último era el caso de las familias Ferrer o Quintana 61.
Detentar el patrimonio universal significava detentar, a la vez, el poder de decisión en el interior de la familia. Del paralelismo entre autoridad familiar y gobierno, hablaba el caballero Rafel de Granollachs, cuando en ocasión de una solicitud de concesión del suplementum etatis para uno de sus hijos que eran menores de edad, mencionaba que su interés se debía a que éste pudiese «...regir y gobernar la hacienda...» 62. La distinción entre dedicación al patrimonio o esfera privada, si se permite la difícil o imposible distinción, y esfera pública, no era en absoluto rígida. Precisamente, la superposición en el ámbito público de las desiguales relaciones de parentesco o jerarquias familiares ante el patrimonio, muestran la existencia de esferas concatenadas e indistintas. Curiosamente, uno de los hechos más emblemáticos donde la familia ponía en práctica su celo por la conservación del patrimonio dentro de los límites del propio linaje, el llamamiento a la substitución fideicomisaria, dibujaba estos círculos de poder superpuesto. Los llamados a substituir al primer heredero, el denominado heredero fiduciario, que aceptaba la herencia con el gravamen de pasarla a un tercero en caso de no disponer de hijos legítimos que le sucedieran, o bien se sometían rígidamente al orden de primogenitura, tras el primer hijo el segundo y así sucesivamente, o bien lo hacía obedeciendo a criterios estratégicos. En este caso, se llamaba a substituir al primer heredero a personas relacionadas con el linaje, aunque fuese por vía de afinidad, pero mayoritariamente personas con cierto ascendente de poder, tanto patrimonial como público. Hablamos de alrededor de un $30 \%$ de personas llamadas a la substitución, que cuentan con patrimonios señoriales y son herederos universales, y un $8 \%$ que cuentan con cargos atemporales, de larga duración 63. Se trataba de medidas de previsión de futuro. En una época marcada por un elevado índice de mortalidad de la población infantil, que a menudo agotaba hasta casi el final la descendencia legítima, la protección y vigilancia del patrimonio a que conducían las substituciones fideicomisarias, se convertían en realidades a corto plazo. Jaume Ferrer, secretario y escribano de la cancillería de Fernando el cató- lico, había llamado a su sucesión en el testamento de 1518, antes a una nieta y a un hermano, que no a su segundo hijo, pues éste entonces ni era heredero, pues por supuesto lo era el primogénito llamado en primer lugar, ni estaba bien colocado. Su nieta, en cambio, había estado casada con un caballero de una familia de viejo linaje urbano y además era la heredera universal de su madre. El otro substituto, un nieto hermano de la anterior, era el regente de la tesorería real 64. El testamento de Francesc Fivaller, a inicios del siglo XVII, también es elocuente al respecto. Una vez erigido su sobrino en heredero fiduciario, por falta de descendencia directa legítima, nombró seguidamente al tercer hijo de un primo hermano que era heredero universal, Francesc Xammar. Posteriormente nombraba a otro primo hermano, Lluís Joan de Calders, que era también heredero universal de su propio nucleo familiar. La estrategia se convertía en costumbre y ésta reflejaba el interés en llamar a la sucesión a los descendientes de las ramas herederas y primogénitas de dos familias, con las cuáles, en determinado momento, había enlazado la familia del causante. Además, el primer fideicomisario, nombre que recibían los herederos substitutos, era sobrino de un juez de la Real Audiencia. El segundo, pertenecía a una de las familias de mayor peso e influencia en la Diputación del General 65.
La inseguridad en la obtención y el acaparamiento de los cargos, principalmente en las instituciones catalanas, desde que se introdujo a finales del cuatrocientos el sistema por suerte o insaculatorio, hacía más necesario establecer estrategias de contacto entre personas, para así controlar el poder sin aparentarlo. Estas estrategias se iban a centrar en el matrimonio. Casarse en sentido homogámico, era la clave del poder. Pero, para ello, era necesario competir mejor. Eran los que disponían de patrimonio, los mejor capacitados para vender u ofrecer su candidatura a matrimoniar. Claro que, no hablamos nunca de la absoluta totalidad de los miembros de las familias colocados o encarrilados en la esfera de poder político. Pero sí hablamos de mayorías, que lo que nos ilustran es una política familiar muy determinada por el factor competencia. El resto de los hijos, bien es verdad que iban a constituir más número de posibilidades para coquetear con el azar. En cualquier caso, las ramas fuertes de la familia, detentoras de patrimonios, eran las que participaban conjuntamente de los negocios del resto. El abogado de Barcelona Jeroni Pujades, nos explicaba en su dietario, cómo se vió obligado por su suegro y por el hermano de su primera esposa, ambos entonces miembros de la Baylía general del Principado, a aceptar el oficio de abogado fiscal del condado de Cardona: «...lo senyor Duc de Cardona y Segorb, comte de Empúries, don Henrich Ramon Folch, comte de empúries, me despedí privilegi de advocat fiscal de dit comtat. No’l volia per ser estat assessor y comissari general. Però son germà lo senyor Don Luys de Cordova y Aragó y micer Bernat Roig, del Reial Consell y micer Francesc Roig, assessor de la Batllia general de Catalunya, pare y germà de ma primera muller manaren que acceptàs...» 66.
Para los que lograban perpetuarse con éxito, resultaba clave proseguir un proceso de ennoblecimiento que les renovara los contactos personales y familiares, y por lo tanto les alcanzara matrimonios capaces de vincularlos a patrimonios rurales que conferían apariencia nobiliaria. Este ennoblecimiento, tanto individual como matrimonial, les iba a conferir a su vez capacidad de atracción dentro del mercado matrimonial urbano, con lo que jamás les habían de faltar candidatos para matrimoniar, que a su vez dispusiesen de cargos o de buenas posibilidades para salir electos en ellos. Si se trataba de mujeres, hay que entender que ellas permitían que el contrayente se acercase a sus padres o hermanos que eran quienes disponían de ésas posibilidades. De esta manera, entre las familias en ennoblecimiento, que también iban concentrando y aumentando la renta patrimonial, y las familias con acceso a los cargos de poder, se iba tejiendo una tupida red de intercambios y vínculos de parentesco. Esta red podría estar influyendo, invisiblemente, tras unos cargos de poder ocupados, visiblemente, por otros apellidos nuevos o diferentes. A título de ejemplo, las principales famílias más antiguas como ciudadanos honrados de Barcelona, ejercieron una de las tres principales consellerias en el municipio durante más de cien ocasiones a lo largo de la centuria. Eso sí, unas veces los cargos eran ocupados por miembros descendientes directos de las propias familias, que ostentaban los mismos apellidos, y otras eran ocupados por individuos unidos a los anteriores por afinidad matrimonial. Lo mismo podemos decir de las viejas familias nobles que, pese al sistema de extracción por azar, continuarán gozando a lo largo del siglo XVI de unos niveles de consolidación sobre los cargos similares a los que habían ostentado antes de la insaculación. Durante cuarenta y cuatro ocasiones, las familias más representativas de este grupo, ejercerán un cargo, ya directamente, ya mediante sus afines. También, las familias que se han ennoblecido, que se han acercado al modo de vida nobiliario, que han enlazado en sentido ascendente y homogámico y que han centrado sus intereses en el ámbito de la administración real, han conseguido perpetuarse generacionalmente en el mismo. Hablamos de entre un $20 \%$ y un $36 \%$ de las familias de los jueces de la Real Audiencia que responden a este prototipo de consolidación como resultado de las estrategias mencionadas. En nuestra tesis doctoral hemos tenido ocasión de describir i analizar la existencia de estas redes y consolidaciones en las diversas instituciones centradas en Barcelona 67. En el caso de las familias que aspiraban a ocupar algun cargo en el gobierno municipal de la ciudad, tanto como en la Diputación del General, previamente habían de ser inscritas en los registros de insaculación, cuyos nombres serían sometidos posteriormente a una extracción por la vía del azar. En el curso de prácticamente todo el siglo XVI, cada cuatro años —para el gobierno municipal—, se revisaban las nóminas donde ciudadanos y militares se hallaban inscritos. En esa ocasión, se desinsaculaban algunos, por defunción, otros tantos por acceso a una nómina de otro tipo, o simplemente porque habían alcanzado un grado de ennoblecimiento tal que ya no podían participar del gobierno pues en el caso de la Ciudad de Barcelona aquellos que poseían el título don perteneciente a la nobleza mediana no pudieron acceder hasta la segunda década del siglo XVII. A la desinsaculación, seguía la insaculación de otros individuos. Hemos podido destacar que casi un $30 \%$ de los insaculados por primera vez como jurados del Consell de Cent, de hecho ya contaban con cierta relación con los que se habí- an desinsaculado. Se trataba, en su mayoría, de parientes por afinidad matrimonial 68. Pero es que la misma matrícula de ciudadanos honrados, creada por Fernando II en 1510, se hallaba plagada de parentescos. Y sobre ella, se iba a asentar la posterior insaculación. A la matriculación seguía la insaculación. Los ciudadanos nuevos que se fueron matriculando a lo largo del siglo, en casi un $40 \%$ eran parientes de los viejos ciudadanos matriculados, al margen de los que aparecían directamente como hijos de los anteriores 69. Para el ámbito de la Diputación del General, en más de un $30 \%$ de las ocasiones en que anualmente se estaba procediendo a la desinsaculación e insaculación sobre las nóminas de posibles aspirantes a los cargos ejecutivos del Consistorio, existe una vinculación familiar que une a los que entran por primera vez y a los que han abandonado las nóminas o bolsas 70. Aunque la insaculación se había instituido a finales del siglo XV, entre otras cosas, para evitar la posibilidad de control absoluto por parte de unas pocas familias que actuaban por ello como auténticos clanes enquistados en el poder, en la práctica, las habituales estrategias matrimoniales consiguieron, para una serie de familias con antecedentes amplios en el gobierno de las instituciones catalanas, cuotas similares a la consolidación que obtuvieron en la etapa preinsaculatoria. Ya no se hablaba de partidos o clanes urbanos, pero sí de parentescos 71. En los años posteriores al redreç ferrandí todos los visitadores de las instituciones catalanas cargaron el tintero contra los beneficios públicos del parentesco, descubirndo irregularidades. En principio no existía ninguna normativa legal que penalizase la reposición de parientes en las bolsas de la insaculación. Otra cosa, sin embargo, era cuando el parentesco se convertía en el motor para evadir las prohibiciones relativas a los derechos de admisión en las nóminas 72. Se trataba de casar a los suyos con el máximo nú- mero de personas insaculadas, para así tener mayores posibilidades de que saliese elegido alguien de la misma red de parentesco. La competencia, por lo tanto, y con ella la lucha por la contratación de matrimonios, era alta. El precio de esa competencia iban a ser el alza de la dote y la concentración patrimonial que reconocía cada vez con mayor fuerza la legislación. De ahí que el encarrilamiento, en la esfera pública, de los hijos destinados a ser herederos, se sumase al precio de esa competencia, pues constiuía un mayor atractivo para matrimoniar. En la línea de los datos que estamos exponiendo, y en el caso de los miembros de las familias dirigentes que han centrado sus intereses en la Real Audiencia, ya hemos anotado que entre un $36 \%$ y un $20 \%$ a lo largo de la centuria se trata de nombres que paralela y también posteriormente cuentan con otros miembros de sus familias que ocupan cargos en la misma administración real 73. También los jueces de la Audiencia, o sus hijas o hermanas, enlazan, en buena parte, con la familia de otros miembros de la magistratura. Ello les permitirá contar cada vez con mayor número de personas capaces de influenciar en la elección, que era directa, de los nuevos cargos 74. Estos datos, permiten valorar no sólo la existencia de unas redes familiares que gobiernan sean cuáles sean los nombres que aparentemente ejerzan los cargos, sino también una capacidad de perpetuación y control que les convierte en una oligarquía estable. Si un sector de familias de la clase dirigente se beneficiaron de la normativa de concentración patrimonial, a parte de los efectos que ello tuviese sobre las economías familiares, era porque también así prestigiaban su cotización en un mercado matrimonial donde se vinculaban gentes deseosas de intercambiar poder.
A finales de la centuria, tuvo lugar un conflicto en el seno del gobierno municipal de Barcelona, donde se enfrentaban grupos de familias cuyo análisis nos permite valorar la importancia de la superposición entre esfera privada y pú- blica, entre concentración patrimonial y capacidad de influencia. Se enfrentaban de un lado el estamento de los ciudadanos honrados matriculados, los que descendían de las viejas oligarquías desde la edad media, y de otro, los recién ascendidos doctores en derecho o en medicina. Los primeros, habían dado su negativa impidiendo la extracción de los doctores para las tres primeras consellerias. Para ello, manipulaban un antiguo privilegio de 1455, por el que dicha extracción y posterior ejercicio de cargos les estaba perfectamente permitida. Los enfrentamientos, formaban parte de unas relaciones de competencia por los cargos, entre sectores divergentes de la clase dirigente urbana 75. A la extracción de las consellerias en noviembre de 1575, el nombre de un médico, Francesc Castelló, salía elegido de la nómina o bolsa de conseller segundo, como ciudadano honrado, y era rechazado por otros ciudadanos bajo un falso pretexto. A pesar de que el individuo en cuestión era hijo de un cirujano de la ciudad y esposo de la hija de un boticario, hacía poco que había casado una hija con un caballero de la familia Gualbes, de las más antiguas, cuatro años antes había sido nombrado protomédico real de Cataluña y tenía un hermano que en poco iba a alcanzar el prestigioso cargo de regente de la cancillería real 76. Dadas estas vinculaciones familiares, cabe presuponer que no todos los ciudadanos honrados se iban a oponer a estas extracciones, cuando precisamente se trataba de familiares o parientes suyos. Las viejas familias de la ciudad, aquellas que disfrutaban de un mayor potencial demográfico, se habían convertido en el blanco de otras que aspiraban a ascender socialmente y a promocionarse. Para las primeras, el establecimiento de enlaces matrimoniales con los doctores descendientes de familias no privilegiadas, iba a signicar a posteriori la captación de cuotas de las nóminas de las primeras consellerias que ellos iban a ocupar. La entrada masiva de doctores, estaba desplazando progresivamente la presencia de las viejas familias en aquellas nóminas, tanto por extinción como fundamentalmente por ennoblecimiento. Pensemos que a finales de siglo, en las reposiciones de las bolsas de insaculación hallamos prácticamente un $60 \%$ de nombres que pertenecen a nuevas familias, frente a un $33 \%$ que son aún las viejas familias 77. Pero tampoco las viejas familias no constituían un grupo homogéneo. A las que pululaban entre el agotamiento biológico, una constante por aquél entonces, y una estancada existencia material, les resultaba difícil, por falta de incentivos a ofrecer, vincularse a las nuevas familias que iban entrando. Tampoco tenían nada o mucho que ofrecer a las familias más nobles de otros ámbitos de poder. Entre estas familias, se encontraban los más enérgicos detractores de los doctores. No podían enfrentarse a la competencia creada por quienes constituían nuevas familias en ascenso. Más que nada, porque competir era ofrecer. Un estudio realizado sobre estas familias, muestra que se trataba de hijos menores desheredados y sin muchas expectativas patrimoniales. Los sectores menos favorecidos de las familias, se inscribían pues entre las que homogéneamente se oponían a la competencia de los doctores. Uno de los más conflictivos, era el ciudadano Galcerà de Navel. Era un hijo segundón, casado con la hija de una familia de mercaderes y que había asímismo enlazado a su hijo con otra del mismo estamento 78. Joan Miquel Bellafilla, otro de los que se oponían, estaba vinculado familiarmente con una familia de escasa influencia, con la que había casado hacía poco a su hija. Su patrimonio era escaso 79. En el otro extremo, en defensa de los doctores, se encontraban las familias en ennoblecimiento, unos Fivaller, unos Gualbes, unos Lull, que precisamente necesitaban a esos doctores para conservar parte de su viejo poder en las nóminas de insaculación, un poder que habían tenido que abandonar por razones de ascenso, pero que no estaban dispuestas a olvidar. Eran las familias que copaban el mercado donde iban a matrimoniar los nuevos doctores, porque ofrecían influencia, ennoblecimiento, ya que se trataba de gente que había enlazado con la nobleza o participaban de la extracción de la renta señorial 80, y a cambio, los nuevos doctores intercambiaban también patrimonio. Muchos de estos doctores, que casaban con las viejas familias más poderosas, lo hacían en calidad de herederos universales. Cuando el ciudadano y doctor Miquel Doms, que descendía de mercaderes, enlazaba allá por los años sesenta del siglo XVI con una Llull que aportaba una pobre dote de 500 sueldos, sin embargo él se podría a partir de entonces vincular a una red donde figuraban otras familias insaculadas que durante varias ocasiones habían ocupado las principales conselleries. Desde la óptica de los intereses de la vieja familia con la que enlazaba, Miquel Doms era heredero universal 81. Se trataba de una muestra del círculo de redistribución de los recursos económicos-extraeconómicos que potenciaba la concentración de los primeros en manos de los que ya poseían los segundos. Su condición como heredero universal era importante para poder enlazar con una vieja familia, que no tendría dificultades en encontrar aliados. El problema de competencia era para el ascendido. Él se encontraría con otros doctores y familias nuevas que pujaban por lo mismo. Si todos ellos se hallaban insaculados en las mismas bolsas, todos por igual, ¿qué elemento les iba a diferenciar para poder acceder a los matrimonios que convenía, sino el patrimonio universal, o el poder patrimonial familiar? La oposición contra el acceso de nuevas familias, no procedía por lo tanto ni de nuevas ni de viejas familias, de forma categórica. Provenia de los sectores de la clase dirigente, que no podían admitir más competencia, y quedaban excluídos de un mercado matrimonial donde sí se hubieran podido vincular con los nuevos, alcanzando las cuotas de poder anheladas.
Si nos detenemos en el grupo de familias que se encuentran reunidas en las cortes de 1585, por tratarse de un evento clave en la culminación legislativa sobre protección patrimonial y protección de linaje, podemos esbozar la naturaleza de las posiciones familiares que han promovido la nueva legislación. Tomando un caso de entre el total, uno de los miembros de la nobleza presente en las cortes, con fecha de 18 de agosto del mismo año, y desarrolladas ya algunas sesiones de discusión, elevaba un disentimiento justificado por el hecho de que «…antes en el braç militar de corts no intervenien sino caballers de solar conegut y per avuy y hage que essent estat segons se diu armats cavallers per los virreys contra les constitucions tenien de sa magestat lo que han comptat ab diners y altres medis illicits y per conseguent no son dignes de entrar en lo present braç…» 82. El poder real y las instituciones de éste dependientes, habían derrochado numerosas patentes de ennoblecimiento durante el último cuarto de siglo. No eran pocos los que advertían que los últimos virreyes de la centuria habían armado demasiados caballeros 83. Era necesario, pues, ordenar los canales de acceso a los diversos grados nobiliarios, poniendo fin a tales abusos políticos. Pero también cabía dar solución a tanta demanda, mesurando la distribución de la riqueza, o lo que había de ser lo mismo, reestructurando la riqueza patrimonial. No resulta difícil relacionar ésta reestructuración, con la decisión del rey de poner coto a la concesión de los privilegios militares 84. Para conseguir ello, las cortes precedentes habían consolidado el papel del pater familias y del linaje o la troncalidad, como hemos tenido ocasión de indicar en el apartado anterior. Se habían puesto entonces las bases legales para la recepción del cambio que iba a contemplar la reducción de la legítima para toda Cataluña y, no olvidemos que la nueva nobleza moderna ubicada en Barcelona tenía profundos intereses fuera de ella en tanto que resulta imposible separarla de sus otras ramas familiares aún residentes en los solares rurales de origen 85. En efecto, afectaba a la nobleza urbana la extensión, para el resto del Principado, de una norma que ya existía en la capital desde el siglo XIV: en el antiguo régimen, las relaciones urbano-rurales resultan de difícil desconexión, y distintas ramas de una misma familia residen en uno y en otro lugar 86. Las reglas sucesorias que aplicaban las distintas ramas familiares, tarde o temprano, en un contexto demográfico propio de antiguo régimen caracterizado por una elevada mortalidad, iban a afectar a miembros de la familia remotamente o no vinculados por razón de parentesco y por razón de llamamiento a una substitución hereditaria.
El estudio del personaje antes aludido, así como de su entorno familiar y de poder institucional, nos permitirá valorar las relaciones de poder —en términos antropológicos y sociales— que conducen a la normativa legal aprobada en la segunda mitad del siglo. El personaje en cuestión, se trataba del caballero Geroni d’Argençola, vinculado al Consell de Cent de Barcelona. Figuraba entre las nóminas de los jurados del organismo municipal de la Ciudad en los años ochenta del siglo XVI 87. Había enlazado —y no hacía mucho tiempo—, con viejos ciudadanos honrados de Barcelona como los Vallseca 88, lo que ilustra la convicción de que nos hallamos, recuperando el texto de su disentimiento en cortes, ante una crítica contra los recién ascendidos, contra los nuevos pretendientes a nobles. Su hermano Francesc d’Argençola, un año antes de la convocatoria de las cortes, firmaba sus capítulos matrimoniales con la hija del doctor del Real Consejo civil, Antoni Ros 89. El ascenso social definitivo hacia la nobleza propiamente dicha, esto es hacia la categoria nobiliaria de «don», sobrevendría a finales del Quinientos, justamente cuando el personaje asume las tres cuartas partes del patrimonio reunido por la familia, como hijo primogé- nito, coincidiendo con sus servicios reales como gobernador de los condados del Rosellón y la Cerdaña 90, servicios que sin duda serían premiados con el acceso a tal privilegio.
De los participantes en las cortes catalanas de la segunda mitad del quinientos 91, tomando para ello las de los años 1563 y 1585, podemos decir que del total de familias llegadas de toda Cataluña, el $23 \%$ constituyen familias arraigadas, total o parcialmente, en la ciudad de Barcelona. Todas ellas ocupan cargos, o bien en el gobierno municipal de la ciudad, o bien en la Diputación del General, o en la alta administración real. Forman, pues, parte de una clase dirigente que intenta simultanearse en más de un ámbito de poder institucional. De entre estas familias, las más antiguas cuentan con segmentos de parentesco situados dentro y fuera de la ciudad. Pero en cualquier caso todas, absolutamente, han enlazado con otros miembros en ascenso social. Estas fusiones entre familias de orígenes diversos, que comparten una misma aspiración, sin duda se verán beneficiadas por la nueva normativa familiar-patrimonial, que supondrá un incentivo más para el ennoblecimiento, a base de la estrategia de concentración patrimonial que como hemos visto hacía más competitivos los enlaces matrimoniales. Sabemos que el $61 \%$ de ese conjunto de familias, se caracterizaría por el perfil que a continuación exponemos, el cuál en gran manera reproduce lo antedicho 92. Mediante vínculos matrimoniales y de sangre, el $53 \%$ de ellas se hallaba implicada en el gobierno de las instituciones catalanas, y el $41 \%$ en la alta administración real del Principado. Estos vínculos, significan que determinados cargos a su alcance, están siendo o han sido ocupados por afines o parientes de sangre. El
$38 \%$ , provienen de la nobleza tradicional, de origen rural, a la vez que toda ella se halla conectada por afinidad a otros grupos que van ascendiendo —y que le ofrecen cargos y dotes elevadas— 93, el cuál conforma un amplio sector en ennoblecimiento, como lo demuestran sus enlaces matrimoniales y la adquisición de señoríos y privilegios nobiliarios. De entre éstos últimos, el $24 \%$ lo constituye la vieja ciudadanía honrada y el $62 \%$ los descendientes directamente de estamentos no privilegiados entregados al ejercicio del derecho. Desde esta vía accederán, si no lo han hecho aún, a alguna magistratura judicial. Paralelamente, nada menos que el $93 \%$ se trata de familias con vinculaciones que abarcan desde la ciudad hasta el campo: si pensamos en la nobleza tradicional, se trata de segmentos de parentesco no urbanizados, y si pensamos en los sectores en ennoblecimiento, cabe deducir que la misma estrategia de reconocimiento social y emulación les legitima a buscar enlaces con señores rurales. Finalmente, de los cargos que afectan a éstos apellidos, documentados siguiendo protocolos notariales el $63 \%$ , de entre éstos, el $51 \%$ habían sido ocupados por los primogénitos —sobre los que recaería la herencia universal y sobre los que se deseaba recayera en adelante, gracias a la nueva ley, cuando se tratase de las numerosas ramas parentelares residentes fuera de Barcelona—, y un $15 \%$ por segundones, que habían incorporado dotes que iban paralelamente en ascenso o figuraban pronto entre los llamados a una substitución fideicomisaria universal.
Cifras de este tipo no hacen sino confirmar la imagen de jerarquización interna familiar trasladada al poder público. La legislación familiar-patrimonial de la segunda mitad del siglo XVI, en definitiva, consolidaba una situación de jerarquización familiar, cuyos poderes tenían su correspondencia en la esfera pú- blica. Sin duda, un patrimonio concentrado, tanto como una dote inflada, constituían en ése ámbito elementos de intercambio para competir. Pero, además, la superposición en el ámbito público del rango patrimonial, estaba prestigiando una moral-cultura de propiedad, a la vez auspiciada por un patriarcalismo imbuído de un profundo respeto al linaje y a la troncalidad que precisamente tenían sentido desde la noción de propiedad.