Análisis cualitativo y aproximación metodológica para la identificación de voluntarios de las Milicias Antifascistas de Cataluña muertos en combate: frentes de Aragón, Baleares y Madrid (24 de julio-31 de diciembre de 1936)
Qualitative analysis and methodological approach for the identification of volunteers of the Antifascist Militias of Catalonia dead in combat: Aragon, Balearic Islands and Madrid fronts (July 24-December 31, 1936)
Gonzalo BERGER MULATTIERI Universitat Pompeu Fabra.
RESUMEN.
El artículo se centra en el análisis y la documentación sobre los muertos y desaparecidos que combatieron como voluntarios en las diferentes columnas organizadas por las Milicias Antifascistas de Cataluña, busca aportar información respecto al sistema administrativo que regulaba los derechos legales de los milicianos muertos en combate. En este abordaje se demuestra la importancia de la organización de las Milicias Antifascistas de Catalunya y su estructura administrativa, especialmente la relativa al pago de subsidios de guerra, en la trazabilidad de las fuentes documentales. También se aporta información sobre la evolución del sistema que, a partir de agosto de 1936, trataba de garantizar el derecho a las compensaciones por muerte o invalidez de los combatientes. A la vez, ofrece una primera aproximación con datos cuantitativos y cualitativos respecto al total de bajas que sufrió esta organización entre el 24 de julio y el 31 de diciembre de 1936.
Paralelamente, busca aportar una metodología de trabajo complementaria a la exhumación de restos humanos de fosas o cementerios, que permite identificar los restos físicos de combatientes asociados a campos de batalla de la Guerra de España. Esta se enmarca en las recientes iniciativas legales que tienen lugar en España, orientadas a cumplimentar políticas públicas de memoria democrática. La metodología se basa en la identificación de las víctimas y su participación orgánica en unidades militares en el momento de su defunción.
PALABRAS CLAVE: Milicias antifascistas; identificación; fosas; memoria democrática; Guerra Civil española.
ABSTRACT.
The article focuses on the analysis and documentation of the dead and disappeared who fought as volunteers in the different columns organized by the Anti-Fascist Militias of Catalonia, seeking to provide information regarding the administrative system that regulated the legal rights of militiamen killed in combat. This approach shows the importance of the organization of the Anti-Fascist Militias of Catalonia and its administrative structure, particularly in relation to the payment of war subsidies, in the traceability of documentary sources. Information is also provided on the evolution of the system that, from August 1936, tried to guarantee the right to compensation for the death or disabling of combatants. At the same time, it offers a first approximation, using both quantitative and qualitative data, of the total number of casualties that this organization suffered between July 24 and December 31, 1936.
At the same time, the work seeks to provide a methodology to complement the exhumation of human remains from graves or cemeteries which allows the identification of the physical remains of combatants linked to the battlefields of the Spanish War. This is framed within the recent legal initiatives in Spain to comply with public policies of democratic memory. The methodology is based on the identification of the victims and their active participation in military units at the time of their death.
BERGER.
Durante el año 2017 trabajé en la investigación sobre la identidad de cinco milicianas desaparecidas en el frente de Baleares y que formaban parte de la expedición republicana procedente de Barcelona y desembarcada en Mallorca el 16 de agosto de 1936. Tras el precipitado reembarque de la fuerza expedicionaria, la noche del 3 al 4 de septiembre, quedaron rezagadas y fueron hechas prisioneras por las fuerzas sublevadas en la isla; con ellas también fue capturado un grupo de milicianos. Todos fueron conducidos a la ciudad de Manacor, y una vez allí fueron interrogados y posteriormente ejecutados. El proceso de identificación de las milicianas fue complejo y se centró en el análisis sistemático de fondos documentales civiles y militares. Finalmente, pudimos confirmar la identidad de cuatro de las cinco mujeres ejecutadas y contactar con sus familiares. Para el caso de los hombres, el trabajo en los archivos dio como resultado la localización de un listado con fecha 6 de septiembre de 1936 y elaborado en Barcelona por la oficina de estadística de la columna del sindicato del Trasporte Marítimo de la CNT, donde se indicaba el nombre de 52 milicianos que no habían reembarcado con el resto de la fuerza por falta de enlace1 .
A inicios de 2020, la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno Balear, en virtud de la Ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares2 , impulsó un plan de exhumación de fosas que ha incluido, entre otras, la localización y los trabajos de exhumación en la del cementerio de Son Coletes, en Manacor, donde se han identificado parte de los restos de los combatientes antifascistas ejecutados el 5 de septiembre de 1936.
Durante los años posteriores a la finalización del conflicto bélico, el régimen franquista exhumó y retornó a sus familiares los restos mortales de las víctimas partidarias del bando sublevado. Las que pertenecían al bando republicano no recibieron el mismo trato3 . Cuando se reinstituyó la democracia, las familias de las víctimas republicanas comenzaron a solicitar el desarrollo de programas públicos de localización e identificación de las fosas para que los restos pudieran ser exhumados y enterrados en cementerios elegidos por ellas.
En todo el mundo, las exhumaciones de fosas comunes vinculadas a conflictos políticos contemporáneos han cobrado un auge inesperado en el siglo XXI. Paulatinamente, se han convertido en herramientas de verdad, justicia y reparación, y están transformando de manera radical los modos de gestión del pasado traumático. En España, la cuestión de los desaparecidos entre 1936 y 1939 sigue siendo objeto de debate público: durante los últimos años, diversas administraciones estatales se han propuesto desplegar políticas de memoria democrática que pongan punto final a las demandas de una parte de la sociedad civil respecto a la identificación, exhumación y visibilización de esta tipología de víctimas de la Guerra de España.
El punto de partida de estas políticas tiene su origen en la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, vigente desde el 26 de diciembre de 2007. Caracterizada por una “mezcla de grandes gestos simbólicos con escasas medidas concretas” y por un elevado número de disposiciones de naturaleza soft law4 , La Ley 52/2007 presenta no pocas limitaciones y muchos defectos e incertidumbres, probablemente como resultado del difícil debate político que presidió su elaboración y aprobación5 . Además, se ha dejado la ejecución de muchas de sus disposiciones a la iniciativa de las propias víctimas, sin que se estipulen para la Administración obligaciones específicas y concretas al respecto.
Paralelamente, diversas comunidades autónomas han establecido sus propios programas de memoria democrática y desarrollado líneas de actuación en sus territorios, paliando algunas de las insuficiencias más destacadas de las normas y programas fomentados a nivel estatal. Inicialmente, estas intervenciones se centraron en la localización de fosas y la identificación de los restos mortales de personas desaparecidas6 , pero progresivamente los programas autonómicos se han extendido a otros campos y han promovido acciones diferentes.
En 2007, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 13/200765 del Memorial Democrático, dirigida a reconocer y rehabilitar a los ciudadanos que sufrieron persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y del autogobierno de Cataluña7 . El objetivo de la ley era el establecimiento del Memorial Democrático como una entidad de derecho público, con competencia para desarrollar las políticas públicas vinculadas a esa materia. En 2009 se aprobó una segunda norma, la Ley 10/2009 para promover la localización e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y de dignificación de las fosas comunes. Sus contenidos principales eran la creación de un censo de personas desaparecidas, la elaboración de un mapa de fosas y el establecimiento de un comité técnico, así como la declaración de compromiso de la administración pública catalana en la localización, recuperación e identificación de los restos mortales de desaparecidos. Finalmente, en 2017 el Parlamento catalán aprobó un nuevo texto legal, la Ley 11/201768 de reparación jurídica de las víctimas del franquismo.
A partir de las iniciativas de las comunidades de Navarra, País Vasco y Cataluña diversos gobiernos autonómicos han desarrollado leyes con finalidades memorialísticas: la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, el Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón y la Ley 2/2018 de las Illes Balears.
BERGER.
Si bien es cierto que existen diversos proyectos en España que han intentado identificar y cuantificar los muertos y desaparecidos durante el periodo $1 9 3 6 \mathrm { - } 1 9 3 9 ^ { 8 }$ , la realidad es que falta por definir este campo de una manera clara y definitiva. Hasta la fecha no ha existido una determinación por parte de los diferentes gobiernos democráticos del Estado para realizar esta tarea, tampoco ha habido una política firme y consolidada en relación a la función pública de los archivos militares o policiales de esta etapa. Este es el caso de los dos principales archivos del país: el Archivo General de la Guerra Civil Española, depositado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, y el Archivo General Militar de Ávila: la documentación relativa a la guerra y posterior represión del régimen franquista custodiada en ambos centros es de difícil acceso, tanto por el ingente volumen de sus fondos y el escaso tratamiento archivístico que reciben, como por la falta de actualización de sus inventarios y digitalización documental, consecuencia, sin duda, de un financiamiento público deficitario.
Durante el año 2016, en Cataluña se desplegaron protocolos de identificación de restos humanos de la Guerra de España a través de la creación de un banco de ADN de familiares de desaparecidos durante la conflagración.9 Este banco almacena muestras genéticas de los familiares que lo solicitan y que, combinadas con la exhumación de fosas y tras un estudio de los restos humanos, permiten conocer con exactitud la identidad de los individuos localizados en las fosas comunes.
El problema aparece por la baja incidencia en la identificación de los individuos que se exhuman en las fosas, pues, a menudo, no existe relación efectiva entre los restos exhumados y los posibles datos procedentes del banco de ADN.
Esta situación se explica por diversos factores: en la mayoría de los casos, los años transcurridos desde los hechos sitúan a las segundas generaciones como familiares directos de las víctimas; para algunos casos, la condición de antiguos exiliados de muchos de los familiares dificulta su localización directa; y, la más determinante, el silencio y el olvido impuestos por la dictadura franquista inciden en el desconocimiento más absoluto en relación a los hechos. Uno de estos factores o la combinación de varios de ellos han favorecido que gran parte de los familiares de las víctimas desconozcan con exactitud qué sucedió durante la guerra y en consecuencia nunca inicien los trámites para solicitar la recogida de muestras de ADN.
El caso español incluye dos tipologías de víctimas asociadas a enterramientos en fosa: las derivadas de la represión civil y los soldados muertos −en combate, en hospitales a consecuencia de herida o enfermedad− o ejecutados. En este segundo grupo, el de los combatientes republicanos, se concentra gran parte de las víctimas, ubicadas en fosas comunes sin identificar. Para que fuera efectiva la identificación de los restos exhumados, se debería trabajar previamente en las identidades de los afectados y el contexto histórico anterior a la defunción, para posteriormente hacer públicos los datos obtenidos, a efectos de una posible reclamación por parte de sus familiares.
En Cataluña, la organización de la estructura militar evolucionó conforme a la realidad política de la retaguardia. En este territorio se pueden documentar tres momentos diferentes relacionados con la organización de la guerra. El primero fue el de los combatientes voluntarios −las milicias populares−, que dependían orgánicamente de la Generalitat de Cataluña y eran gestionadas mediante el organismo creado a tal efecto: el Comité Central de las Milicias Antifascistas, vigente entre el 23 de julio y el 31 de diciembre de 1936. A continuación, la estructura militar evolucionó hacia la creación del Ejército Popular de Cataluña, construido a partir de una visión clásica de la guerra y estructurando los efectivos en regimientos y divisiones, formadas por oficiales profesionales y soldados de leva; a su vez, se integró a gran parte de los voluntarios organizados en las milicias, que políticamente estaban bajo control directo de la Consejería de Defensa de la Generalitat de Cataluña10. Finalmente, los acontecimientos conocidos como los hechos de mayo de 1937 precipitaron la integración de las fuerzas militares catalanas en la estructura del Ejército Popular de la República, bajo mando del Ministerio de Defensa del Gobierno español.11.
Esta investigación se centra en cuestiones relativas a la gestión y características de los muertos y desaparecidos en combate durante la primera etapa de la guerra en Cataluña, la correspondiente a la organización de las milicias populares.
Las Milicias Antifascistas de Cataluña.
El 20 de julio de 1936 se dio por finalizada la sublevación de los militares en Barcelona. Fuerzas de orden público, militares no sublevados y militantes de las organizaciones del Frente Popular y del sindicato CNT habían logrado derrotar el golpe de Estado12. La sublevación en Cataluña tuvo una consecuencia inmediata: la desmovilización, por orden del Ministerio de Defensa, de la IV división orgánica del Ejército Republicano.
A pesar del fracaso de la insurrección, parte del territorio español había quedado bajo control de los sublevados. En Aragón, la región más cercana a Cataluña, los militares rebeldes controlaban la situación. Como contramedida para evitar un probable ataque desde la provincia vecina, se acordó enviar en dirección a Zaragoza columnas armadas formadas por militantes de las organizaciones antifascistas y por militares afectos:
BERGER.
La rebel·lió feixista ha estat vençuda per l’heroisme popular i el de les forces lleials. Cal, però, acabar d’anihilar a tot Catalunya els últims nuclis feixistes existents i prevenir-se contra possibles perills de fora13.
Para organizar y coordinar estas fuerzas militares y para materializar la alianza antifascista se creó el Comité Central de Milicias Antifascistas, organización legalmente avalada y financiada por el Gobierno de la Generalitat14.
La organización militar de las milicias antifascistas catalanas se mantuvo activa entre julio y diciembre de $1 9 3 6 ^ { 1 5 }$ . Durante estos meses, las líneas del frente fueron sostenidas en gran medida por combatientes voluntarios civiles, miembros de organizaciones políticas sin experiencia militar que no habían sido llamados a filas mediante el tradicional sistema de quintas, de carácter obligatorio. A pesar de las dificultades, los resultados fueron notables: se logró movilizar y equipar una fuerza operativa que se articuló en un total de 151 columnas, y un número de combatientes que aumentó de manera extraordinaria a medida que transcurrieron los meses. Durante el mes de agosto, el total de la fuerza se situó alrededor de 20.000 milicianos, en septiembre alcanzaron los 35.000 y en noviembre la cifra ascendió a 45.000. Estos efectivos participaron en los frentes de Aragón, Baleares y Madrid. El resultado fue un conglomerado de columnas armadas formadas por voluntarios, que se denominaron Milicias Antifascistas de Cataluña, financiadas, equipadas y dirigidas por la Generalitat de Cataluña16.
Las organizaciones del Frente Popular y el Comité Central de las Milicias Antifascistas.
Las organizaciones políticas fueron las encargadas de reclutar y encuadrar a sus militantes en las diferentes columnas que se organizaron a partir del 23 de julio de 1936 en Cataluña, especialmente en la ciudad de Barcelona. Tal y como especificaba el reglamento de las milicias17, las unidades militares debían estar compuestas, preferiblemente, por hombres con afinidad ideológica, y por tanto debían ser agrupadas por organizaciones siempre que fuera posible. Durante los momentos iniciales de la formación de las milicias populares, los partidos asumieron el rol de reclutamiento y control estadístico de sus militantes en las unidades de combate. La firma y el sello de las organizaciones validaba ante el Comité la figura del miliciano. Las diferentes facciones habían ocupado los cuarteles, gestionados de forma autónoma, pero la atomización relativa a la organización de la guerra duró pocas semanas. En la reunión del Comité del día 3 de agosto de 1936 se decidió que el control de los cuarteles dejaba de estar en manos de las organizaciones para pasar a control del propio Comité y su secretaría habilitada18.
El 16 de agosto se oficializó la figura del miliciano, un reconocimiento que iba acompañado del correspondiente salario de diez pesetas diarias, el equivalente a una jornada de trabajo en las fábricas o en el campo. A tal efecto, se anunció la obligación de todos los milicianos movilizados de poseer un carné que acreditara su persona y la pertenencia a las milicias. El carné debía ser recogido por el interesado una vez los centros de alistamiento de las diferentes organizaciones entregaran los formularios reglamentarios con la certificación correspondiente al Comité Central de Milicias Antifascistas de Barcelona19. El 20 de agosto, el Comité hizo públicas las directrices para la confección y adquisición del carné de miliciano por parte de las milicias de Barcelona; en ellas se especificaba que solo tenían derecho a la adquisición de la documentación los milicianos movilizados en el frente. El cuartel de Pedralbes, rebautizado como Bakunin, asumió la centralización y el control de las acreditaciones. Los centros de alistamiento debían presentar relaciones certificadas de los voluntarios que formaban parte de alguna de las columnas y a tal efecto se proporcionaron impresos desde el Comité. El miliciano tenía que pasar a recoger el carné en las oficinas del Comité, en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona, y debía proporcionar tres fotografías20.
Con el paso de las semanas, el Comité ganó terreno a las organizaciones e impuso una gestión centralizada de todos los asuntos relacionados con las columnas de combatientes. El 6 de septiembre de 1936 se comunicaba a las columnas retornadas del frente de Mallorca que cada jefe de grupo, decuria o centuria, tenía que llevar el control de altas y bajas y la relación del personal que constituía la unidad en los formularios oficiales suministrados a este efecto21. Desde finales del mes de agosto, todas las columnas catalanas debían disponer de una oficina de estadística a las órdenes del personal de la sección de estadística del Comité. Cada una de las oficinas de columna debía recoger los datos de las unidades y enviarlos al Comité Central. La circular ponía de manifiesto la necesidad de eficiencia en este recuento, ya que, además de facilitar el pago de subsidios a los familiares, era una información vital para el buen desarrollo de la guerra.
La oficina de subsidios del Comité Central de Milicias Antifascistas.
El órgano del Comité Central de Milicias Antifascistas responsable de financiar los subsidios de los milicianos fue el Secretariado General y de Administración. La oficina de subsidios del Comité se creó con el objetivo de organizar y garantizar el sistema de pago a los milicianos que partían hacia o ya habían sido destinados a alguno de los varios frentes donde combatían, y estuvo en funcionamiento desde el 16 de agosto de 1936 hasta junio de $1 9 3 7 ^ { 2 2 }$ . La primera sede de la oficina se ubicó en el edificio del Instituto Náutico, en la plaza del Palau de Barcelona. El día 24 de agosto se trasladó a dependencias del edificio del Palacio de Bellas Artes, en el paseo de Pujades. El horario de atención era de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 todos los días laborables23.
La oficina centralizaba los pagos en efectivo de las organizaciones de milicias de Barcelona ciudad y de comarcas, así como el pago de subsidios a los refugiados. Este salario se aplicaba con carácter retroactivo para los voluntarios enrolados con anterioridad a la fecha de publicación de esta medida. Para empezar a cobrar el sueldo el miliciano o la persona delegada –se permitía delegar en terceros–, debía presentar un certificado de salida al frente, debidamente cumplimentado y firmado por los responsables del cuartel correspondiente. Este documento se llamaba “certificación de salida en la frente y de cobro de subsidio”. A partir de este primer certificado, para cada uno de los cobros posteriores se redactaba un documento que llevaba el nombre de “certificación de permanencia en el frente, de continuación de subsidio y de retorno”, también avalado con firmas oficiales por la organización correspondiente. De este modo, cada miliciano o miliciana debía generar, en primera instancia, y solo en una ocasión, la certificación de salida. Después, y tantas veces como tuviera ocasión de presentarse en la oficina de subsidios, con un máximo de una vez por semana, podía presentar el segundo certificado, el de continuación en la frente, que indicaba la última fecha cobrada y la última fecha en la que el miliciano se encontraba en el frente, siempre con el sello y la firma de la persona designada por la columna u organización. Presentando este documento en la oficina de subsidios, el combatiente o beneficiario podía cobrar en efectivo los días acumulados. Una vez abonada la cantidad se generaba un recibo y se archivaba el certificado24.
La Consejería de Trabajo: la oficina de muertos, desaparecidos y mutilados de guerra.
A medida que la intensidad del conflicto fue aumentando, se tuvo que articular un sistema de cobertura para atender a los milicianos mutilados y los familiares de los milicianos muertos o desaparecidos en el frente. La Generalitat publicó un decreto, con fecha de 22 de agosto de 1936, en el que se hacía referencia a la obligación de inscribir en el Registro Civil, con una indicación en nota marginal que dijera “Muerte en la lucha contra el fascismo”, a todos los milicianos muertos en el frente. Concretamente, en el artículo 4, se especificaba: “Las disposiciones de este decreto son aplicables a las inscripciones de defunción de milicianos, soldados e individuos de los cuerpos armados de las columnas proletarias de Cataluña que luchan en territorios que no están bajo la jurisdicción de la Generalitat de Cataluña”25. El 30 de agosto se publicó el decreto que designaba las medidas necesarias para acreditar, de manera legal, el fallecimiento de los ciudadanos muertos en la lucha contra el fascismo26. Previamente, el 3 de agosto, el.
Comité había dado instrucciones sobre la obligación de enterrar a los milicianos caídos en combate en las zonas de frente y había prohibido explícitamente transportar los restos físicos a los respectivos lugares de origen.
Inicialmente, fue la misma oficina de subsidios, es decir, el Comité, quien continuó pagando el importe de diez pesetas al día a los milicianos impedidos para trabajar o a los familiares de milicianos muertos. Se utilizaba el certificado de continuación en la frente, indicando la muerte, desaparición o invalidez del combatiente. Este sistema fue vigente hasta el 31 de diciembre de 1936. El 26 de diciembre de 1936 se publicó el decreto mediante el cual la Generalitat de Cataluña, a través de la Consejería de Trabajo, reconocía el derecho y asumía el deber de pagar los subsidios a los mutilados de guerra y, en el caso de los muertos y desaparecidos, las indemnizaciones a los familiares27.
Durante el mes de octubre ya se había creado la Oficina de Seguros Sociales de Mutilados de Guerra, a cargo de la Consejería de Trabajo, al frente de la cual se situó a Josep Baixeras Renom. El 8 de enero de 1937 se hizo pública la intención de la Consejería de Trabajo de crear una oficina de mutilados, muertos y desaparecidos de la Generalitat de Cataluña, para proteger y garantizar el subsidio a los mutilados de guerra y hacerlos extensibles a las familias de los muertos y desaparecidos en combate28. El propio Baixeras fue el responsable de la puesta en funcionamiento de la oficina, que se ubicó en el edificio de la Via Laietana, número 16, y estuvo activa hasta la implantación del Ejército Popular de la República en Cataluña, durante el mes de junio de 1937. A partir de ese momento, la pagaduría del Ministerio de Defensa se hizo cargo de los expedientes de los milicianos y soldados de la organización militar catalana mutilados o muertos durante los once meses previos a esa fecha. A pesar del traspaso de la administración de la Consejería de Trabajo a la del Ejército de la República, Baixeras continuó siendo el responsable hasta el final de la guerra, con el cargo de capitán de intendencia y jefe de la Subpagaduría de Barcelona de la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa29.
En relación al pago de los subsidios de esta oficina, conocemos las graves dificultades que tuvo la Generalitat para sostener el gasto. El 6 de marzo de 1937, Ramón Herrero, jefe de la Sección de Administración de la Consejería de Defensa, dirigía un comunicado al consejero de Finanzas, Josep Tarradellas, tratando de derivar al Gobierno de la República el pago de subsidios a los familiares de los milicianos muertos en combate, unos pagos que hasta entonces estaba obligada a cubrir y mantener, a pesar de la precaria situación económica, la Consejería de Trabajo de la Generalitat. En el comunicado, Herrero sugería publicitar en el Diario Oficial de la Generalitat, y posteriormente en los ayuntamientos catalanes, las nuevas directrices para que las familias iniciaran nuevos trámites con el Ministerio de Defensa, lo que liberaba a la Generalitat de la carga económica30.
BERGER.
El 12 de marzo, el consejero Tarradellas ordenaba que se divulgara en el Diario Oficial la publicación del Ministerio de Hacienda de la República del 18 de febrero, relativa a las pensiones de que debían disfrutar los familiares de los muertos y desaparecidos en acción de guerra. La orden establecía que, de acuerdo con el Estatuto de Clases Pasivas del Estado, con el decreto del 11 de agosto de 1936 y con órdenes del Ministerio de Hacienda y de la Guerra del 20 de agosto y del 4 de octubre del mismo año, tenían derecho a pensión extraordinaria los militares y marinos y los funcionarios públicos, muertos o desaparecidos, incorporados en unidades en defensa del régimen legal, así como los milicianos muertos o desaparecidos, también incorporados a unidades militares ordinarias o a las formadas para defender la República contra la insurgencia militar. En caso de pobreza, tenían derecho a cobrarla la viuda o esposa, los hijos y los padres. Para tramitar el subsidio, se debía realizar una serie de trámites burocráticos perfectamente estipulados en la orden. A pesar de que un decreto de la Generalitat, publicado el 28 de marzo de $1 9 3 7 ^ { 3 1 }$ , hacía referencia al crédito extraordinario de 5 millones de pesetas otorgado a la oficina de mutilados, muertos y desaparecidos de la Consejería de Trabajo y Obras Públicas para atender los pagos de subsidios a los mutilados y los familiares de ciudadanos muertos en la guerra, la realidad era que el Gobierno catalán no podía asumir el gasto.
Los frentes de combate.
Entre los meses de julio y diciembre de 1936 las líneas del frente fueron sostenidas por combatientes voluntarios civiles, miembros de organizaciones políticas sin experiencia militar que no habían sido llamados a filas mediante el tradicional y obligatorio sistema de quintas. Los voluntarios representaban una fuerza de combate con una capacidad alta de lucha, pero con una capacidad técnica limitada. A pesar de la poca compactación estructural, la diversidad ideológica y la falta de medios bélicos, las columnas de milicianos obtuvieron importantes logros militares: defendieron las fronteras catalanas, recuperaron gran cantidad de territorio aragonés bajo control de los sublevados y participaron con gran determinación en la defensa de Madrid. En sentido contrario, el intento de liberación de las Islas Baleares resultó un fracaso con graves consecuencias políticas y militares para el desarrollo del conflicto32.
El frente de Aragón.
El frente de Aragón se convirtió desde el primer momento en el objetivo prioritario del Gobierno de la Generalitat33. La presencia en Aragón de un importante ejército enemigo implicaba una grave amenaza para el territorio catalán; además, la ciudad de Zaragoza representaba un importante punto neurálgico, que permitía la comunicación con el centro y el norte de la Península. La capital aragonesa era también, y desde antes de la guerra, uno de los principales núcleos del movimiento libertario peninsular. Zaragoza era un objetivo estratégico vital, tanto de orden político como de carácter militar defensivo y ofensivo34. También se trataba de una cuestión de prestigio: el Gobierno de Cataluña y la CNT necesitaban obtener una victoria que aumentara el prestigio de ambos, tanto desde una perspectiva interna como desde una visión internacional35.
El frente de Aragón implicó al mayor número de los combatientes organizados desde Cataluña. La atomización de la fuerza tendió a la concentración; de la dispersión del mando a la unificación. Las carencias se tuvieron que resolver sobre la marcha, con el enemigo bien situado y organizado, y sosteniendo un extenso frente con una grave carencia de armamento y munición. La improvisación inicial dio paso a la organización. Las unidades se dotaron de los servicios necesarios para una guerra de trincheras y, a la vez que en las columnas se depuraban los elementos indeseables, los milicianos se adaptaron a la disciplina militar36.
Las columnas de milicianos se adentraron en tierras aragonesas a partir del 24 de julio, y a pesar de la fuerte oposición que encontraron por parte de los militares sublevados, lograron avanzar hasta los primeros días de agosto, cuando quedó estabilizado el frente. A partir de ese momento, las columnas catalanas intentaron presionar sobre las tres capitales de provincia −Huesca, Teruel y Zaragoza−, al tiempo que resistían los ataques del Ejército sublevado, que se defendía de la presión sobre las ciudades con intensos ataques37.
La tensión política en el frente y en la retaguardia, la distracción de armamento y de efectivos a los frentes de Mallorca y, fundamentalmente, de Madrid, así como la falta de armamento y de equipos, terminaron por paralizar el frente, hasta las ofensivas de Belchite y Teruel, ya con la guerra muy avanzada, en el tramo final del año $1 9 3 7 ^ { 3 8 }$ .
La expedición a las islas Baleares.
A pesar de que habitualmente se ha hablado de la Columna Bayo, nunca existió como tal, sino que fue un conglomerado de columnas y unidades militares de infantería, marina y aviación, comandadas de manera conjunta por el capitán Alberto Bayo. La fuerza expedicionaria llegó a tener, durante los primeros días de septiembre un máximo de 5.000 a 5.500 hombres y mujeres, de los cuales no más de 4.000 procedían de la organización de las milicias catalanas. Entre $1 . 0 0 0 \ \mathrm { ~ y ~ } 1 . 5 0 0$ efectivos pertenecían a fuerzas de orden público y militares del Regimiento de Infantería $ { \mathbf { n } } ^ { \circ } \ 3 7$ de Mahón y de la marina de guerra. El conjunto de estas fuerzas tuvo que defender las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, y participó en la batalla de Mallorca. Hay que tener presente que la llegada de efectivos a Baleares se produjo de manera escalonada durante todo el mes de agosto. Gran parte de estos efectivos se sumaron a la expedición una vez que el grueso de la fuerza –alrededor de 2.000 efectivos– ya se encontraba en la isla de Mallorca39.
La expedición se convirtió en una de las grandes operaciones militares de la guerra, que obedeció a intereses estratégicos y políticos. El dominio de las islas Baleares implicaba el control del tráfico marítimo del Mediterráneo y de la principal vía de comunicación entre los puertos de Barcelona, Alicante y Valencia con los importantes puertos franceses situados en la costa de la Provenza. Al mismo tiempo, la posesión de la isla de Mallorca por parte de los sublevados implicaba una amenaza directa para todo el litoral peninsular. Por otra parte, el Gobierno de la Generalitat quería demostrar que era capaz de obtener una victoria militar. Mallorca parecía al alcance de estos objetivos: aislada por el mar y lejos del resto de fuerzas sublevadas, mantenía una situación interna débil; el responsable del mando militar de la isla, el general Goded, había sido capturado en Barcelona durante los combates del 20 de julio40. Según varios informes recibidos, se mantenían grandes reductos de militantes del Frente Popular dispuestos a combatir una vez que las fuerzas republicanas llegaran la isla. Finalmente, se contaba con la isla de Menorca y el puerto militar de Mahón, con parte de su guarnición, como base operativa para facilitar el desembarco. Todo hacía pensar que la expedición debía ser un éxito político y militar, y que se alcanzaría el objetivo con facilidad41.
El 16 de agosto de 1936, después de ocupar las islas de Ibiza y Formentera, la fuerza expedicionaria desembarcó en la costa del levante mallorquín. Tras varias semanas de combates, la noche del 3 al 4 de septiembre se produjo un reembarque precipitado de la fuerza y se dio por concluida la operación. La experiencia de Mallorca resultó sobrecogedora para la mayoría de los combatientes republicanos: a pesar de que se convirtió en un frente con una intensidad de fuego baja, los milicianos entraron en contacto por primera vez con la aviación italiana y su acción devastadora42. La derrota en la isla, lejos de desactivar el espíritu de lucha de los milicianos, los llevó a los frentes de Aragón y de Madrid, y a ser consideradas unidades militares experimentadas, disciplinadas y con un espíritu combativo alto43.
La defensa de Madrid.
Madrid fue un escenario que exigió grandes sacrificios a las milicias catalanas. Las columnas destinadas a la capital fueron las que más intensidad de fuego recibieron durante esos meses: cientos de combatientes dejaron la vida y dos jefes de columna, Rafael López Tienda y Buenaventura Durruti, murieron durante los momentos más complicados de la defensa de la capital. Las diferentes columnas se agruparon entre ellas y con columnas del centro por motivos de afinidad ideológica. En todos los casos, quedaron siempre bajo el mando del Estado Mayor del Ejército republicano44.
La salida de columnas catalanas se produjo a partir de septiembre y hasta el mes de noviembre de 1936; los últimos combatientes abandonaron la capital a mediados de mayo de 1937. El conjunto de efectivos enviado por el Comité al frente del Centro entre septiembre y noviembre de 1936 ascendió a no menos de 10.000, más la mayor parte de la artillería disponible. Esta fuerza contribuyó de manera decisiva a la defensa de Madrid45.
Los milicianos muertos y desaparecidos en acción de guerra.
Ante la imposibilidad de localizar y consultar el archivo central de la Oficina de mutilados, muertos y desaparecidos de la Generalidad de Cataluña, los datos analizados y relativos a los 1.727 milicianos y milicianas muertas en combate documentados se han obtenido mediante el análisis sistemático de fuentes obtenidas en archivos públicos.
Buena parte de estos datos proceden del fondo de subsidios de guerra del Comité Central de las Milicias Antifascistas, que contiene 191.084 documentos46. También ha sido determinante la localización, en el Archivo Nacional de Catalunya, de uno de los libros de registro del Cuartel Carlos Marx47, en el que se especifica el nuevo destino, a partir de enero de 1937, de los voluntarios inscritos en las columnas organizadas por el PSUC-UGT. Paulatinamente y hacia el final del documento, se especifica la defunción o desaparición de centenares de los combatientes que aún constaban en el registro del cuartel, pero sin destino posterior o baja voluntaria. Otros datos se han obtenido a partir de anotaciones en las nóminas de algunas de las columnas y listados, cartas o comunicaciones internas de las organizaciones políticas; también de expedientes del Ejército Republicano, donde se detalla la defunción como miembro de las milicias populares catalanas48. Finalmente, se ha obtenido información procedente de registros de defunción municipales próximos a los frentes de combate49. Toda esta información ha sido cruzada y complementada con la base de datos de proyecto de investigación “El coste humano de la Guerra Civil” del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña.
A partir de estos documentos se ha elaborado una base de datos que permite obtener información segmentada sobre los afectados. Los parámetros recogidos incluyen, siempre que ha sido posible, nombre y apellidos, origen geográfico, lugar de residencia, unidad militar, frente, fecha y lugar de la defunción, circunstancias de la muerte, información familiar y otros datos militares.
BERGER.
Esta metodología de trabajo nos permite sistematizar el análisis de los datos del conjunto a la vez que nos ofrece datos nominales útiles para la identificación de los restos físicos exhumados. Para esta tipología de combatientes, la de los voluntarios en las milicias catalanas, debemos tener muy presente la instrucción dada por el Comité Central de las Milicias Antifascistas del día 3 de agosto50: la obligación de enterrar a los milicianos caídos en combate en las zonas de frente y la prohibición explícita de trasportar los restos físicos a los respectivos lugares de origen. Creemos que esta prohibición solo se incumplió en contadas ocasiones. Hemos podido documentar la llegada a Barcelona, tras su muerte, en septiembre de 1936, de la destacada militante del Partido Comunista Paulina Ódena. Ante la comunicación de este hecho al pleno del Comité, se decidió que el entierro se debía celebrar en el cementerio de Montjuïc en la más estricta intimidad familiar; la llegada de los restos de Ódena a Barcelona se ocultó a la opinión pública51. Otro caso es el conocido y multitudinario entierro de Buenaventura Durruti en Barcelona, en noviembre del mismo año. Sin embargo, la práctica totalidad de los caídos en combate fueron inhumados cerca del frente, en cementerios o tumbas en torno a los hospitales de campaña o en fosas cerca de las propias líneas si estas habían sido rebasadas por efectivos del ejército enemigo.
De esta manera, para la localización de lugares de enterramiento, los datos de carácter militar, como el frente, la unidad y la fecha de la muerte, nos ofrecen la posibilidad de ubicar geográficamente el lugar de inhumación de los combatientes. Esto se realiza mediante el estudio de la trayectoria de la unidad militar y su posible localización sobre el terreno en los días de la defunción del combatiente. Un ejemplo que ilustra este hecho es el caso de los 75 milicianos de la Columna Libertad muertos el 1 de noviembre de 1936 en el municipio madrileño de Brunete52.
El segundo parámetro, fundamental para finalizar con éxito el trabajo de los antropólogos, es el que recoge el nombre y apellidos de los combatientes, ya que nos ofrece la oportunidad de localizar a familiares que pueden facilitar muestras de ADN para identificar, con un alto porcentaje de éxito, los restos exhumados.
El análisis de datos colectivos.
Disponemos de datos relativos al origen geográfico −lugar de residencia al inicio del conflicto− en un $6 4 \%$ de los casos documentados. Este parámetro se decanta claramente por el territorio catalán: 1.065 de los registros indican esta procedencia. El resto del territorio de la República se encuentra muy por debajo de esta cifra: un $1 \%$ corresponden a Aragón, un $0 { , } 3 \%$ a las Baleares y a Valencia respectivamente. Consta como residentes en Murcia un $0 { , } 1 \%$ de los combatientes. Finalmente, hemos documentado 26 casos donde se indica origen no nacional: franceses, italianos, portugueses, ingleses, alemanes y belgas.

Gráfico 1: Distribución por lugar de procedencia.
Fuente: elaboración propia.
El perfil político de los combatientes adquiere un peso determinante cuando se analiza la deriva del conflicto. En la composición política de las columnas se puede percibir la fuerza proporcional en la retaguardia y la voluntad de participar decididamente en la lucha en defensa de la República de las organizaciones progresistas españolas. Todas las organizaciones mostraron su compromiso, combatividad y espíritu de sacrificio a través de sus militantes. Para el caso de los voluntarios de primera hora que se encuadraron en las columnas, la cuestión de la adscripción política era vital, ya que sin el aval de la organización donde se militaba era prácticamente imposible enrolarse en estas unidades. El análisis de afiliación nos permite observar que el conjunto de las fuerzas antifascistas, desde el centro republicano hasta el movimiento libertario y pasando por los partidos comunistas y socialistas, aportaron efectivos a las milicias.
Disponemos de la información relativa a la militancia política en un $4 2 \%$ de los casos, que se agrupan entorno a un total de 10 organizaciones antifascistas.
Aunque estudios previos han aportado porcentajes muy contrastados de afiliación política en las milicias catalanas53. el carácter fragmentario de las fuentes documentales obtenidas para cuantificar las defunciones nos ofrece un resultado que sin duda es orientativo, y siempre a la espera de la ampliación con nuevas fuentes y documentación. El peso de los datos obtenidos en el libro de registros del Cuartel Carlos Marx sitúa al PSUC como la organización con mayor representación porcentual entre las bajas en combate, un $6 4 \%$ del total, con 439 voluntarios que declararon pertenecer a este partido en el momento de ingresar en las milicias. El segundo grupo, un $2 3 \%$ , eran militantes del sindicato CNT; un $6 { , } 5 \%$ del POUM y un $5 \%$ de Esquerra Republicana. Para el resto de las organizaciones las cifras son residuales, situándose en este último grupo la FAI, Estat Català, Unió de Rabassaires, UGT, Izquierda Republicana y un reducido grupo de militares profesionales. Somos conscientes de que este dato presenta dificultades y que es variable en función del carácter de las fuentes documentales utilizadas.

Gráfico 2: Distribución por afiliación.
F.: elaboración propia.
En relación con la distribución de las bajas en los distintos frentes, podemos establecer que 744 voluntarios murieron en el frente de Aragón, 567 en el de Madrid y 242 en el de Mallorca. A estos hay que añadir un total de 117 combatientes que fueron trasladados de los frentes de combate a hospitales catalanes, donde murieron. De 52 milicianos no constan datos relativos al lugar del fallecimiento.

Gráfico 3: Distribución de defunciones por frentes de combate.
F.: elaboración propia.
Finalmente, destacamos a las 19 milicianas que causaron baja en combate. Sin duda es una cifra residual con relación al conjunto, aunque remarcable, dada la excepcionalidad de la participación de mujeres en unidades militares de primera línea.
Conclusiones.
La organización de las milicias antifascistas catalanas se mantuvo activa entre julio y diciembre de 1936. Durante estos meses, las líneas de frente fueron sostenidas por combatientes voluntarios, militantes de las organizaciones del Frente Popular. En el mes de agosto, el total de la fuerza se situó alrededor de 20.000 milicianos, en septiembre alcanzaron los 35.000 y en noviembre la cifra ascendió a 45.000. Estos efectivos participaron en los frentes de Aragón, Baleares y Madrid. La improvisación inicial de las columnas dio paso a la organización y rápidamente se oficializó la figura del miliciano, que pasó a cobrar un salario como combatiente. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema se creó la oficina de subsidios del Comité, que centralizaba los pagos y realizaba el control sobre los miembros de la milicia. Hay que señalar que, oficialmente y según instrucciones de la Generalitat de Cataluña, solo cobraban aquellos milicianos –o sus familiares– que se encontraban en activo en el frente. Con el transcurso de las semanas y el incremento de la intensidad de los combates, los heridos, los enfermos y las defunciones aumentaron considerablemente. Inicialmente, fue la oficina de subsidios la que asumió el coste administrativo y económico de las víctimas. Por fin, a finales de diciembre de 1936, se creó la Oficina de muertos, desaparecidos y mutilados de guerra de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Ésta asumió la gestión y el compromiso de la cobertura económica para familiares y excombatientes y estuvo activa hasta el traspaso de todos sus expedientes a la Subpagaduría de Barcelona de la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa.
La cuestión de los desaparecidos entre 1936 y 1939 sigue siendo objeto de debate público en España. Como consecuencia, diversas administraciones han impulsado leyes con la finalidad de desarrollar políticas públicas de memoria democrática. Estas se fundamentan en gran medida, en la recuperación y dignificación de los restos físicos de las víctimas del conflicto, que son, en gran parte, las del bando republicano. La cifra real que abarca esta tipología de víctimas es también objeto de debate en la actualidad, ya que no existe un censo estatal que agrupe a las víctimas en función de su carácter civil o militar. Para el caso de los combatientes que formaron parte de las milicias populares catalanas la situación es, si cabe, más compleja: no han existido hasta la fecha estudios de base que ofrezcan datos cuantitativos o cualitativos sobre el coste en vidas que sufrió esta organización, en los diferentes frentes donde estuvo presente.
Este estudio aporta datos relativos a 1.727 milicianas y milicianos muertos en combate, que se han conseguido mediante el análisis sistemático de fuentes documentales obtenidas en archivos públicos. Aparte del valor de la relación nominal, podemos determinar que, de estos, un $4 3 \%$ murió en el frente de Aragón, un $3 3 \%$ en el de Madrid y un $1 4 \%$ en el de las Baleares. También hemos obtenido datos relativos al origen geográfico, la militancia política o la distribución por columnas. Sabemos también que el $1 { , } 1 \%$ de las bajas en combate correspondieron a mujeres que forman parte de unidades de primera línea.
BERGER.
La búsqueda en los archivos estatales del fondo documental de la Oficina de muertos, desaparecidos y mutilados de guerra de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña que habría de contener los datos necesarios para conocer con exactitud la cifra y tipología de los combatientes muertos en el periodo de las milicias en Cataluña ha sido infructuosa. Sabemos que existió, ya que hemos documentado algunas copias procedentes de este registro en expedientes que fueron transferidos al Ejército de Tierra de la República a partir de julio de 1937. Es probable que el archivo fuese destruido en enero de 1939 ante la inminente ocupación de Barcelona por las fuerzas del Ejército franquista. Al mismo tiempo, también es plausible que el fondo documental fuese incautado por el servicio de recuperación54 y que se encuentre, sin inventariar, en alguno de los almacenes del Archivo General Militar de Ávila o del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Sin duda, el análisis de este fondo podría responder, con cierta facilidad, a las preguntas sobre cuántos, quiénes y dónde fallecieron estos combatientes. Mientras este punto no se defina, el estudio que hemos realizado aporta conocimientos específicos que ayudan a una mejor comprensión del fenómeno de las milicias y ofrece datos que permiten una mejor aplicación de las diversas leyes de memoria democrática que se han impulsado en España durante los últimos años.
La trazabilidad documental que hemos realizado solo ha sido posible a partir de la constatación de una estructura administrativa que ordenaba la situación militar de Cataluña entre julio y diciembre de 1936. Sin conocer las disposiciones de la Generalitat a tal efecto, la función del Comité Central de las Milicias Antifascistas y su capacidad administrativa respecto al pago de subsidios, este trabajo no habría sido posible. A partir del análisis del funcionamiento administrativo hemos obtenido el vínculo documental necesario para la reconstrucción de los hechos y la obtención de los datos. Para ser útil en el proceso de identificación y exhumación de fosas, paralelamente a la identificación nominal y militar de los afectados, es necesario desarrollar estudios que definan con exactitud el comportamiento de las columnas o unidades militares de las que formaban parte los milicianos.
Cabe preguntarse si un mejor tratamiento de los fondos archivísticos de España ha de ser una de las principales estrategias para la correcta aplicación de las comentadas leyes de memoria democrática. Donde no existe debate es en la certeza de que esta mejora ayudaría a los historiadores, y al conjunto de la sociedad, a conocer con mayor precisión el conflicto armado que soportó España entre 1936 y 1939.