Gobierno y sociedad urbana en el reino de Valencia: capital, ciudades y villas (1238-1479)1.
Sandra Bernabeu Borja2 ; Rafael Narbona Vizcaíno3.
Aceptado: 18 de noviembre de 2022 / Recibido: 26 de enero de 2023.
Resumen. Se aborda el desarrollo institucional y las prácticas políticas en los gobiernos municipales del reino de Valencia entre los siglos XIII y XV, partiendo desde el modelo originario y referencial de la ciudad de Valencia y su adaptación a las villas. Se analiza la estrecha interconexión entre las modificaciones de los sistemas electorales y el proceso de configuración de las oligarquías, que explican el surgimiento y la consolidación del patriciado urbano en un marco de relaciones de poder, donde los diferentes intereses de la monarquía de la Corona de Aragón condicionaron los ritmos de evolución en la red urbana. Además, se profundiza en las iniciativas de colaboración entre las elites locales y dicha monarquía.
Palabras clave: gobierno municipal; elites locales; monarquía; sistema de elección; relaciones de poder.
[en] Government and urban society in the kingdom of Valencia: capital, cities and towns.
Abstract. The institutional development and political practices in the municipal governments of the kingdom of Valencia between the 13th and 15th centuries are addressed, starting from the original and referential model of the city of Valencia and its adaptation to the villas. The close interconnection between the modifications of the electoral systems and the process of configuration of the oligarchies is analyzed, which explains the emergence and consolidation of the urban patriciate in a framework of power relations, where the different interests of the monarchy of the Crown of Aragon conditioned the rhythms of evolution in the urban network. In addition, collaboration initiatives between local elites and said monarchy are deepened.
Keywords: municipal government; local elites; monarchy; election system; power relations.
Sumario. 1. Introducción. 2. Orígenes. 3. La organización foral. 4. Los Jurados y el Consejo de Valencia. 5. Las magistraturas. 6. La formación del patriciado. 7. Bandos y relaciones de poder con la
monarquía. 8. Elecciones y facciones. 9. Insaculación y gobiernos urbanos. 10. Consideraciones finales.
11. Bibliografía.
Cómo citar: Bernabeu Borja, Sandra & Narbona Vizcaíno, Rafael (2023), Gobierno y sociedad urbana en el reino de Valencia: capital, ciudades y villas (1238-1479), en En la España Medieval, 46, 85-106.
1. Introducción4.
El conjunto de circunstancias concretadas entre los siglos XIII y XV resultan determinantes para singularizar la esfera política e institucional del reino de Valencia, incluso en el nivel inferior de la administración, es decir en los municipios, allí donde se creó un perfil carismático, común y propio de las sociedades urbanas que sin afán encomiástico perduraría desarrollado y prorrogado hasta su extinción a principios del siglo XVIII5 . Entre los elementos diferenciales que caracterizaron a aquellas comunidades valencianas en este período sobresalieron algunos, como la genuina consciencia de constituir comunidades vecinales; el carácter colegial y la expresa unanimidad de los magistrados en sus decisiones; su elección rotatoria y la jurada lealtad al rey, de donde procede el título de Jurados para quienes constituían el ejecutivo de gobierno; o la capacidad y la seguridad jurídica necesaria para elaborar ordenanzas y recaudar impuestos, dentro de un proceso continuado de eclosión de la Res Publica que condensaba un republicanismo ciudadano al servicio de la monarquía. También, el carácter inclusivo del Consell o Consejo bajo los parámetros de la jerarquía estamental; la renovación de los cargos dentro de la secuencia del calendario, fijado en la Navidad para la designación de los Justicias, Pentecostés para los Jurados y el Consejo, y san Miguel para el Mostassaf o Almotacén; así como la especialización de las funciones asignadas a la heterogénea nómina de oficiales, o la actividad de los más diversos tribunales con sus múltiples tareas de examen e inspección; etc.
Este cúmulo de referencias permite encuadrar de forma homogénea la esfera pú- blica en el ámbito político y social, tanto en la ciudad de Valencia como en demás ciudades, como Xàtiva, Oriola y Alacant, y por extensión en la totalidad de las villas. De hecho, la reproducción a escala del primer modelo municipal de la capital, pese a las especificidades locales, permitió construir una identidad propia que definió la fórmula de gobierno y dio sentido de unidad al reino, y esto aun prescindiendo de otros muchos elementos institucionales que lo vertebraron, como la existencia de unas Cortes propias, la original estructura de la Diputación o Generalitat, e incluso el papel desempeñado por las oficialías gubernativas de la Corona, como la Bailía General, las mismas Gobernaciones territoriales o el Mestre Racional, última instancia auditora en materia hacendística. Aquella configuración paradigmática estuvo pautada desde el siglo XIII por la que empezó siendo la única ciudad del reino, la cual asumió una hegemonía plena sobre el resto de enclaves urbanos y protourbanos, donde se adoptó en diferente grado aquella experiencia pionera en materia de gobierno y de administración.
2. Orígenes.
En octubre de 1238 la ciudad de Valencia se rendía mediante capitulación a la hueste de Jaime I. Tras haber negociado la salida de la población islámica y comenzado a distribuir recompensas con casas y parcelas entre unas mesnadas que continuarían el camino meridional de la guerra, la monarquía se vio obligada a introducir cierto orden entre los recién llegados en 1239 mediante una figura institucional, el Curia o Cort, un oficial real de competencias omnímodas capaz de dirigir con firmeza aquella inestable vanguardia, siguiendo el ejemplo de otras medinas conquistadas6 . De esta manera la ciudad ocupada se organizó bajo explícita manifestación de la autoridad soberana del monarca conquistador, el cual previó que aquella judicatura unipersonal fuese ejercida por uno de sus nuevos pobladores. La condición reseñada en el privilegio fundacional obligaba a que fuese ejercida solo durante un año, siendo imprescindible su renovación, con lo que se pretendía imposibilitar que el cargo fuese donado, cedido o vendido a un particular y, con ello, su perpetuación o privatización en manos de una persona, familia o linaje. Justicia regia, orden público y prisión vecinal constituyeron el más antiguo fundamento sobre el que comenzó la primera organización de la comunidad colonizadora. Este inicio gestó un proceso creciente de implicación de los primeros pobladores en los quehaceres gubernativos, mediante un privilegio dirigido a los habitantes de la ciudad, que a la postre se convirtió en fuero aplicable a todos los lugares poblados del reino. Se entiende, por tanto, que desde el primer momento en el desempeño de sus funciones el Curia o Cort estuviese asesorado por un consejo de notables, prohombres con el suficiente patrimonio, prestigio social y reconocimiento regio, hasta constituirse en colegio electoral y de elegibles para la provisión y renovación de la magistratura, la cual seguiría siendo designada por el rey a partir de la presentación de una terna de candidatos, seleccionados entre y por los más sobresalientes de aquellos vecinos.
Si el Curia acabó convirtiéndose en el Justicia de Valencia en 1266 aquel primer y difuso consejo asesor que lo atendía, ya en 1245, había dado lugar al gobierno colegial de la comunidad, facilitando que sus atribuciones judiciales y gubernativas quedaran desdobladas y diferenciadas en magistraturas diferentes. El Curia, después Justicia, y los Jurados se repartieron la capacidad judicial y militar, por un lado, y la ejecutiva o de regimiento, por otro. Sin embargo, el crecimiento demográfico experimentado al abrigo de la colonización engendró también el aumento del número de causas y obligaron a fragmentar en tres nuevas oficialías las facultades jurisdiccionales del Justicia de Valencia. El Justicia Criminal desde 1321 seguiría presidiendo las asambleas del gobierno local y conservaría intactas las primitivas funciones del antiguo Curia al mando de la milicia ciudadana y de la guardia nocturna; el Justicia Civil, dedicado a pleitos especializados sobre herencias, patrimonios o negocios; y un subjusticia, que ejercido por un notario se ocupaba de las causas menores7 . Todos fueron cargos no letrados, escogidos entre y por los ciudadanos mediante un sistema de proposición de ternas que seguía reservando al monarca o a su máximo oficial, el Baile General, la designación del candidato que considerasen idóneo para cada año, hasta que en 1329 los caballeros que aceptaron someterse a los fueros de Valencia tuvieron abierto el camino al ejercicio de las principales magistraturas urbanas, siguiendo idéntico método. Tanto el Justicia Criminal como el Civil, contaron con un asesor jurídico, un notario y unos escribanos para dar curso a los pleitos, aunque las sentencias continuaron siendo dictadas de forma colectiva por el consejo plenario8 . Muy pronto, esta fórmula institucional se adaptó en las villas pobladas por cristianos9 .
3. La organización foral.
La recuperación del derecho romano, bien ejemplificado con las experiencias universitarias de Bolonia y Montpelier, sostuvo la ampliación de los derechos soberanos de las monarquías sobre sus dominios. Durante el Doscientos y en tierras de conquista el proceso resultó fructífero, caso de Valencia, donde los juristas de Jaime I se inspiraron en el antiguo ius comune para redactar la primera Costumbre otorgada tras la ocupación de la ciudad islámica. Después, en 1261, aquella primera ley local sirvió de base para configurar otra más amplia y general que, conocida como Fueros, pretendía ser aplicada a un territorio ensanchado y ocupado, donde comenzaba a materializarse el proyecto de crear un nuevo reino mediante la dotación de una ley única y común, en un primer momento sobre veintinueve centros y más tarde, en 1276, su número ascendía a treinta y cinco10. Aquel cambio tuvo un efecto cualitativo trascendental, porque el modelo colonizador practicado hasta entonces en las fronteras se basaba en la existencia de una ciudad dotada de un extenso territorio con aldeas dependientes (Cuenca, Teruel, e incluso Mallorca), pero en este caso daba paso a la creación de una entidad política central rodeada de municipios autónomos que contarían con representación política en unas Cortes creadas al efecto.
La extensión de los fueros permitió consolidar el poder real sobre aquellos nú- cleos de población bajo una misma estructura jurídica. En 1245 se dotó a Dénia, en 1248 a Morvedre y Onda, en 1249 a Alzira, en 1250 a Peníscola, en 1252 a Cullera y Llíria y en 1261 a Vilafamés y Corbera, etc. En 1271 se usaba el término foros regni Valentie para referirse a una compilación legal que a la muerte de Jaime I, cinco años después, contaba con mil quinientas cincuenta y ocho leyes. La ley común se extendía o se renovaba en Morvedre, Xàtiva, Alzira y Gandia en 1278; y en 1283 se aplicaba a Segorb, Morella y Castelló, ratificándola en las anteriores y previendo su generalización sobre todas las villas, castillos y lugares del nuevo reino. Sobre esta red urbana en vías de consolidación, Valencia, la entonces única ciudad del reino, ejerció de capital política y proporcionaría el modelo institucional que sería imitado por doquier11. De este modo, los centros protourbanos nacidos de la colonización, dotados de mercados, acabaron de constituirse como municipios mediante su representación en las creadas Cortes del reino, configurando el brazo real liderado por la capital, el cual compartía funciones políticas en la asamblea parlamentaria junto al brazo eclesiástico y el nobiliario12.
La consolidación del reino a través de este proceso jurídico, territorial e institucional se conseguía mediante la conseguida homogeneidad en las estructuras de los poderes municipales, que calcaron la experiencia de la ciudad de Valencia. Sin embargo, el proceso sufrió un freno desde el momento en que la nobleza aragonesa, arraigada en los señoríos que inicialmente le había concedido el monarca en la primera fase de la conquista, se negó a renunciar al fuero de Aragón o de Zaragoza con el que los habían poblado. Con ello intentaban preservar su plena independencia jurisdiccional respecto al poder real, pero también significaba proyectar o ensanchar el reino de Aragón sobre el territorio valenciano13. El romanismo del fuero de Valencia topaba pues con la resistencia de las tradiciones aragonesas a la hora de consolidar con carácter unitario el nuevo espacio político. La consecución del proyecto real de implantar la ley única encontró una fuerte resistencia, dado que en la asamblea de 1261 aquella nobleza se negó a renunciar a los derechos adquiridos, inhibiéndose de la obligación de hacer frente a la revuelta mudéjar en la zona meridional fronteriza con Murcia14. La presión sobre la monarquía fue creciendo para obligarla a mantener sus fueros dentro del nuevo reino y, de hecho, Pedro el Grande y Alfonso el Liberal, necesitados de recursos, hubieron de ceder momentáneamente y garantizar su mantenimiento hasta que su retractación provocó acciones armadas aragonesas sobre Morvedre y Valencia en 1287.
El conflicto se alargó hasta las Cortes de 1329. El fuero de Valencia fue modificado introduciendo condiciones ventajosas para hacer posible la renuncia de numerosos señores aragoneses. Desde entonces la mayor parte de los lugares poblados con más de quince casas quedaron sujetos a la jurisdicción real respecto a los crímenes que contemplaran en sus sentencias la muerte, la mutilación, el castigo corporal o el destierro, pero la jurisdicción baja y civil quedó en manos de los señores, los cuales entre otras compensaciones vieron abiertas las puertas a participar en el gobierno de la capital. En Valencia los caballeros pudieron acceder a dos escaños de Jurados y a seis plazas de Consejeros, además de tener garantizada la alternancia anual en el ejercicio de las principales magistraturas urbanas: Justicia Criminal, Justicia Civil y Mostassaf.
El esquema de la reforma fue adaptado al resto de las villas, donde residían muy pocos miembros del estamento militar (generosos, donceles y habitadores), los cuales sólo participarían en el ejecutivo de forma alterna. Esto es, de las cuatro plazas de Jurados solo se les reservaba una cada dos años, pero siempre que el grupo estuviera formado por un número mínimo de cuatro o cinco individuos, no pertenecieran al mismo linaje y tuviesen la residencia principal en la villa. Estas condiciones no siempre se cumplían, por lo que muchas veces se obviaba el espacio previsto en la Juradería o en el turno alterno para los cargos de Mostassaf o de Justicia, alentándose las controversias entre los prohombres y los generosos sobre si los segundos debían o no participar en los siguientes comicios. Este tipo de disputas aun se mantenían activas en 1466 en Alzira y en Morvedre15. Diferente caso ocurría en ambas villas con las dos plazas anuales que se les reservaba en los consejos municipales, una de las cuales cada dos años quedaba preestablecida para el generoso o doncel que había formado parte del ejecutivo del año anterior. Es decir, la diferente composición de la sociedad política entre la capital y las villas se proyectaba a escala sobre la estructura de gobierno local.
Por su parte, en las villas de señorío la reforma alfonsina acabó por asumir este organigrama colegial y funcional, sostenido en el trinomio de Jurados, Consejo y Justicia, el cual fue adaptado a las circunstancias de cada localidad. A principios del siglo XIV las fronteras fueron ampliadas con el Tratado de Almizra de 1244 y el Acuerdo de Elx de 1305, que incorporaron al reino de Valencia el Valle de Ayora y las comarcas septentrionales del reino castellano de Murcia, con lo que Elx, Oriola o Alacant reprodujeron aquel modelo paradigmático después de haber ensayado una primera administración castellana16.
4. Los Jurados y el Consejo de Valencia.
La implantación de estas estructuras de gobierno local y de las correspondientes competencias gubernativas derivaron de la concesión de privilegios específicos a sus habitantes como sujeto colectivo o persona jurídica, la universitat. El pilar fundamental sobre el que se asentó la autonomía ciudadana y comenzó a dar forma a la pionera administración municipal de Valencia data de 1245 con la creación de los Jurados. Este selecto colegio de vecinos, en principio cuatro, pero aumentados a seis con la incorporación de los caballeros en 1329, quedó encargada del poder ejecutivo conservando la función asesora del consejo de prohombres, entonces convertido en un órgano de representación vecinal. Desde 1283 se perfiló con nitidez aquella asamblea en Valencia respecto al número de escaños, su fórmula de elección y la procedencia social de sus miembros, que irían densificándose con sucesivos privilegios hasta constituir un numeroso senado, cuya convocatoria fue regular y necesaria para que los Jurados aprobaran, legitimaran y publicitaran sus disposiciones.
Al mismo tiempo, el privilegio de 1283 permitió abandonar el viejo sistema de cooptación empleado para renovar a los Jurados e introducir un sistema sorteado o de redolinos para escogerlos a partir de las candidaturas presentadas desde las parroquias, favoreciendo la implicación, la participación y la ampliación de las elites de los diferentes vecindarios. Después de varias contingencias, el Consejo terminaría conformado con un conjunto asimétrico de cuerpos representativos, ya cuajado en torno a 1363: seis consejeros caballeros; cuatro consejeros juristas; cuatro consejeros ciudadanos por cada una de las doce parroquias de la ciudad hasta un total de cuarenta y ocho; y dos consejeros de oficios por cada una de las corporaciones profesionales, que si en 1283 eran quince, en 1364 fueron 22 y 44 en $1 5 1 6 ^ { 1 7 }$ . Es decir, el Consejo valenciano integraba a casi un centenar de miembros, a los que había que sumar la nómina de los principales magistrados, que se constituía y se renovaba anualmente con el protocolario juramento de fidelidad a la monarquía y de defensa de los intereses de la ciudad18. En un proceso de imitación Xàtiva pasó de tener 14 Consejeros a designar 24 en 1424; Oriola contó con un Justicia Criminal y un Justicia Civil desde 1336; Gandia mantenía cuatro Jurados, un Justicia y un Consejo en 1370; y Castelló dejó de elegir sus 36 Consejeros por manos fiscales para hacerlo por parroquias en 1374, aunque Alacant las mantenía en 1382 para constituir su asamblea. Además, las villas terminarían por sustituir el inicial sistema de cooptación para proveer los cargos por sistemas más o menos sorteados entre los candidatos de los vecindarios parroquiales.
Por otra parte, el abastecimiento del almudín o silo municipal constituyó una de las principales obligaciones que contraían los Jurados durante la toma de posesión del cargo, porque exigía toda una estrategia comercial que garantizase las importaciones para hacer frente al elevado consumo alimenticio que generaba la urbe. Las estimaciones demográficas sitúan a Valencia y su término con 30.000 habitantes a mediados del siglo XIV, con 70.000 a finales del siglo XV y con 100.000 a principios del siglo XVI19. Para dar solución al avituallamiento de tamaña aglomeración humana la corporación municipal habilitó un sistema de ayudas o subvenciones para atraer a los mercaderes, así como un sistema financiero de préstamos monetarios para importar grano, al mismo tiempo que obligaba a las villas del reino a abastecer el mercado de la capital mediante la obtención de privilegios reales exclusivos20. El interés preferente de los Jurados se centró de forma especial en el aprovisionamiento marítimo porque permitía trasladar grandes cantidades, pero también porque asociaba la ciudad a las principales rutas del comercio mediterráneo favoreciendo que las naves frecuentaran su playa y cargaran materias primas o manufacturas para seguir su itinerario, incentivándose la producción y el desarrollo del propio mercado21.
La gestión política de la comunidad exigía unas fuentes de ingresos estables con las que hacer posible tanto al abastecimiento como a las obligaciones que imponía la Corona. La capacidad fiscal de la monarquía permitió delegar la recaudación tributaria al municipio muy pronto, puesto que sin bienes de propios Valencia carecía de recursos que pudiesen generar ingresos, motivo por el que la peita real o impuesto directo sobre el patrimonio de los vecinos, en ocasiones, fue compartido para dar solución a las necesidades regias y municipales, hasta que en 1286 el monarca la exoneró de aquella obligación. En adelante las recaudaciones serían episódicas y estarían dedicadas en exclusiva a cubrir las diversas contingencias urbanas mediante un sistema fiscal indirecto sostenido en tasas sobre el consumo, el cual ya había sido utilizado por las Cortes a la hora de recaudar los subsidios votados al rey, un método que desde 1363 se generalizó como fuente de ingresos locales en todas las villas22. Ahora bien, mientras la ciudad capital quedó privilegiada y exenta de contribuciones directas a la Corona, calculadas a partir de los haberes de sus ciudadanos, en el resto de núcleos la recaudación de la peita o tacha y del morabatí o monedaje, impuestos directos, siguió siendo general.
Sin embargo, la fiscalidad indirecta exigía un control para gestionar las sisas o impuestos cargados en distinta medida sobre alimentos o manufacturas, porque la recaudación se realizaba mediante el arrendamiento anual en subasta pública de los diferentes ramos –carne, mercadería, paños de lana, grano del almudín, vino, pescado seco o salado, paños forasteros y paños de oro y seda–, de manera que agentes económicos privados pujaban para conseguir cada ramo y la correspondiente adjudicación, quedando encargados del cobro y de la entrega trimestral a la hacienda pública de las cantidades percibidas23. En consecuencia, era necesaria una estructura de gestión contable municipal, reproducida en todas las villas y encomendada al Clavari, Majordom o Contador24.
La Guerra de los Dos Pedros (1356-1369) demostró las dificultades fiscales de la ciudad para cubrir sus múltiples gastos25. En 1356 Valencia vendió su primer título censal o de deuda pública con el fin de evitar los gravosos intereses que se derivaban de los préstamos que los inversores hacían a la hacienda pública para cumplir con las imperativas obligaciones comunes26. Con este sistema se procuraba reunir unos capitales privados que eran puestos a disposición del Consejo a cambio de pagar un interés anual a sus propietarios. Los réditos se cobraban generalmente en dos o tres pagos aplazados a lo largo del año hasta que la hacienda municipal retornase las cantidades monetarias que le habían consignado los particulares. De este modo, la hacienda urbana actuaba como una caja de pensiones que podía lograr con relativa facilidad y rapidez los recursos necesarios para financiar el abastecimiento frumentario o para contribuir a las necesidades de la Corona y, al mismo tiempo, podía eludir el lento proceso de recaudar las cantidades mediante las sisas. Sin embargo, el crecimiento de la venta de estos títulos de deuda obligó a dedicar una parte cada vez mayor de esos recursos para cubrir el pago de los intereses que generaban los títulos emitidos. En la ciudad de Valencia los intentos de reunificar en una caja única todos los ingresos y gastos de las diferentes oficinas mediante la constitución de un banco público o Taula de Canvis fracasaron tras la experiencia de $1 4 0 8 \substack { - 1 4 1 6 ^ { 2 7 } }$ . Mientras, el resto de villas y ciudades se vieron arrastradas hacia un crecimiento desmesurado de la deuda que lastraba las arcas públicas y que convertía a las elites de la capital en acreedoras de las haciendas locales, acentuando la dependencia del reino28.
5. Las magistraturas.
La exigencia de seguimiento, control de cuentas y memoria de las deudas pendientes en la ciudad de Valencia exigió la atención de un funcionario específico que coordinara las diferentes contabilidades, desempeñando una labor de intervención en la hacienda municipal. El Racional extendía así sus quehaceres durante un período trienal mientras los restantes cargos lo eran anuales. La importancia de sus tareas lo destacaron ante la monarquía Trastámara, que encontró en él a la persona adecuada en la administración de la capital del reino con el fin de obtener de ella recursos ingentes. La sinergia entre Alfonso el Magnánimo y el patriciado valenciano convirtieron a la oficina del Racional en el centro nodal municipal coincidiendo con el momento en que, en 1425, este fijó la residencia de su casa y corte en la ciudad del Turia. Y como hombre de confianza del monarca fue adquiriendo competencias nunca reguladas que sobrepasaron los menesteres contables para desempeñar otros específicos de índole política. Algunos personajes ocuparon el cargo de forma vitalicia, como Manuel Suau (1436-1455) y Guillem Saera (1456-1477), y otros al final de la centuria lo prolongaron mientras pudieron satisfacer las necesidades monetarias de Fernando el Católico29.
El impacto de esa reforma adquirió mayor calibre al incardinarse en el contexto del reino, donde la ciudad capital había ejercido desde los tiempos fundacionales una clara preeminencia en las Cortes valencianas. La totalidad de su ejecutivo, pese a su reducido número, significaba la mitad de la representación de todo el brazo real, mientras que de forma jerárquica el resto de ciudades y villas con sus respectivas legaciones cubrían la otra mitad. Esta absoluta hegemonía se trasladó a la Diputación Permanente de las Cortes, la Generalitat, encargada de la recaudación del donativo ofrecido a la Corona por todo el reino según votaban las propias asambleas parlamentarias. En consecuencia, se entiende la extraordinaria concentración de poder que adquirió el Racional de Valencia desde el primer tercio del siglo XV, a la que habría de añadirse la interlocución directa con la monarquía, afectando casi de forma monopolística a las relaciones entre el poder central y el reino desde el momento en que la ciudad de Valencia se había convertido en el centro financiero de los expansivos proyectos de la Corona30. No debe olvidarse la significación del protocolo previsto en las recepciones de los monarcas que visitaban Valencia al principio de su reinado para jurar los fueros y, en consecuencia, ser reconocidos reyes no solo por la ciudad capital sino por todo el reino con una única ceremonia. Se entiende que buena parte de esta gestión política de los Jurados y del Racional trascendiese los propios límites de la ciudad, porque también designaban a síndicos y embajadores que habrían de desempeñar las labores de representación institucional en la corte real, en las Cortes valencianas o ante otras instancias políticas, pontificias o internacionales. Un cargo, el de Racional, que al menos durante el Cuatrocientos no se extendió al resto de ciudades y villas, aunque en Alzira se planteó su introducción sin éxito en 1440 y en Xàtiva se documenta a principios del siglo $\mathrm { X V I } ^ { 3 1 }$ .
Una de las imponderables necesidades de todos los centros urbanos fue el mantenimiento de los fosos y de las murallas. La atención se centró en principio y en todas partes en la conservación de las defensas islámicas con la asignación precisa de algunos ingresos, como los de la tafurería en Alacant, pero desde 1356 la ciudad de Valencia dio comienzo a la construcción de un nuevo perímetro para englobar los antiguos arrabales, levantándose con precipitación este segundo cinturón ante los inminentes asedios de Pedro I de Castilla, en 1363 y $1 3 6 4 ^ { 3 2 }$ . Para hacer frente a estos gastos se había creado en 1358 la Junta de Murs i Valls de Valencia en la que eclesiásticos, caballeros y vecinos en general habrían de contribuir. Tres obreros, uno por cada estamento citado, constituirían esa junta que sería administrada por el Obrer ciutadà, quien al frente de una nueva oficina quedó encargado de tutelar aquellos menesteres que, no obstante, gestionaría de cerca el Sotsobrer con la teneduría de los libros contables33. En cambio, desde la ocupación cristiana las funciones de inspección urbana quedaron encomendadas al Mostassaf, un oficio de origen islámico adaptado a los mercados de Valencia, Xàtiva, Borriana, Castelló o Cocentaina. Su titular sería renovado bajo las mismas pautas de selección que el Justicia, convirtiéndose en una de las principales magistraturas urbanas y, por tanto, fue desempeñada por los más relevantes personajes. Este oficial hacía las veces de juez, que vía oral y sin escritos ni apelaciones dictaba sentencias sobre los posibles problemas surgidos en el mercado o en los espacios públicos34.
6. La formación del patriciado.
El modelo político e institucional introducido por Jaime I, basado en la capacidad de las comunidades de gobernarse por sí mismas bajo la dependencia real, distinguió pronto entre la población colonizadora a una elite de prestigio, formada entre 1239 y 1245 por los vecinos más notables, que participarían en el primer consejo asesor del Curia, y constituirían la nómina de candidatos para dicha magistratura. Una incipiente oligarquía de carácter abierto que, a partir de 1245, empezaría a definirse mejor con la creación de los Jurados y el Consejo como los dos máximos organismos de representación municipal, regidos exclusivamente por prohombres y ciudadanos que ejercían, elegían o eran elegidos en los distintos cargos públicos, anualmente renovados por medio de cooptación directa o indirecta. Un gobierno que desde 1278 fue jerarquizado en tres manos (mayores, mediocres y menores) que se repartieron equitativamente el ejecutivo hasta 1283, momento en que la nueva fórmula quedó anulada, aunque se consolidó a partir de entonces en un Consejo de perfil estamental con seis consejeros de cada una de las doce parroquias y con cuatro menestrales de las quince corporaciones de oficio reconocidas en dicha cronología. En aquel año se ampliaban los márgenes inclusivos de la sociedad al introducirse en las elecciones el azar mediante el sorteo de redolinos, procedimiento que auguraba una mayor circulación de personas en los cargos renovables35. Al mismo tiempo, los Jurados de la capital adquirían el ius statuendi, que les otorgaba reconocimiento legal de su plena potestad ejecutiva y legislativa para dirigir el municipio36.
Se abría, por tanto, desde finales del siglo XIII, un segundo proceso de definición del grupo dirigente que, a pesar del alto grado de apertura de las magistraturas urbanas, logró desarrollar sus propias estrategias a partir de vínculos clientelares para perpetuarse en los principales cargos públicos. Unas trayectorias que en algunos casos los llevó incluso a promocionar hasta la caballería, justo en el momento en que el municipio valenciano quedaba abierto desde 1329 a los sectores inferiores del estamento militar. Una coincidencia de intereses entre Alfonso el Benigno y dicho brazo en el contexto de la denominada jurisdicción alfonsina contribuyó decisivamente a definir la elite política de la capital como un patriciado híbrido, formado por caballeros y ciudadanos, ya que pronto los linajes preeminentes revelaron la estrecha conexión interestamental. Es decir, una misma familia contaba en su seno, tanto con individuos de condición ciudadana como con miembros pertenecientes a la nobleza menor (caballeros, generosos, donceles, hombres de paraje o habitadores), que en conjunto aumentaba la presencia del linaje en el regimiento urbano, consolidando, a su vez, una elite sociopolítica con capacidad para competir y conseguir mayores resortes de poder.
En este sentido, a lo largo del siglo XIII y XIV, los constantes cambios del sistema electoral, autorizados por la Corona, tendentes a la designación de electores para la cooptación directa o indirecta de candidatos a través de las parroquias y el posterior sorteo, intentaban garantizar la amplia participación vecinal en la nominación de candidatos a los distintos comicios y, con ella, la circulación de personas en los cargos municipales37. Una permuta de la normativa que sería empleada como principal recurso de estas primeras elites para intentar reducir el control ejercido por ciertas familias, pues dichas modificaciones no se entienden sin la previa solicitud al rey por parte del sector descontento del patriciado, que veía como ciertos linajes conseguían año tras año perpetuarse. Esta dinámica estructural, favorecida por la plena autonomía desarrollada por el gobierno municipal para constituirse y renovarse originaría rivalidades entre los miembros del grupo dirigente y provocaría luchas de bandos. Similar proceso acontecería en el resto de las ciudades y villas del reino, donde la escasa o nula documentación municipal para este período impide observar los matices o las variables al proceso identificado en la capital regnícola.
7. Bandos y relaciones de poder con la monarquía.
La intercesión real para preservar la amplia participación ciudadana en la renovación anual de las principales magistraturas urbanas tuvo un punto de inflexión con Pedro el Ceremonioso (1336-1387) a partir de los dos momentos cardinales que marcaron su reinado: la revuelta de la Unión (1347-1348) y la Guerra de los Dos Pedros (1356- $1 3 7 5 ) ^ { 3 8 }$ . Durante el primero de los acontecimientos, los Jurados de la capital mostraron su capacidad para defender unos intereses propios y, a la vez, liderar a la mayoría de las elites locales de las villas de realengo contra los proyectos del soberano, de modo que las consecuencias marcaron un antes y un después en sus relaciones de poder con la monarquía, acelerados por el estallido de la guerra contra Castilla. En este sentido, entre 1348 y 1357, Pedro el Ceremonioso, con el objetivo de formar un gobierno ciudadano afín a los intereses regios, inició un proceso de intervención en las elecciones de los Jurados de Valencia que contó solo con la colaboración y la coparticipación de una parte del patriciado, mientras que los protagonistas de la Unión se rebelaron contra el monarca porque con sus mandatos anulaba los derechos adquiridos y las costumbres vigentes, condensados en los fueros y privilegios del reino. Tras la Unión, el rey ordenó la introducción de listas de sospechosos que impedían el acceso al ejecutivo a destacados unionistas, al mismo tiempo que eliminaba la representación menestral del consejo39. Una reducción de la participación ciudadana que, con el estallido de la guerra con Castilla, se completó directamente con la suspensión de los comicios y la posterior introducción los años siguientes de una ceda real o nómina de candidatos a la Juradería supervisada por el soberano40. Medidas que en 1363 fueron revocadas, permitiendo nuevamente la incorporación al Consejo de dos representantes por cada uno de los oficios reconocidos. Ahora bien, esta intromisión del rey, aunque fue puntual, no reglada y condicionada por la tensión de los acontecimientos, sin duda marco un precedente determinante en la evolución posterior de los vínculos entre las elites y la monarquía, que contribuyó no sólo a hacer visible la división interna del patriciado de la capital sino que también dio inicio al desarrollo de vínculos diferenciados entre la Corona y el resto de las ciudades y villas del reino.
En el convulso reinado de Juan I cabe insertar el inicio de un proceso judicial por traición a síndicos de la ciudad por mostrarse desafectos a los proyectos del rey durante las Cortes de Monzón, lo que hizo evidente la fractura de la sociedad política en dos bandos enfrentados, los cuales acabarían liderados por el linaje de los Centelles y el de los Vilaragut41. Ambos bandos, alimentados por rivalidades personales y aspiraciones políticas desde el último tercio del siglo XIV, se enfrentaron con partidos antagónicos que pugnaron de forma violenta por el control de los centros urbanos. Una situación que, a inicios del siglo XV, generó grandes desórdenes en las vísperas de las principales elecciones, los cuales permitieron a Martín el Humano mostrar su autoridad como árbitro de los conflictos. Lejos de una intervención regia desinteresada, el último de los monarcas de la Casa de Aragón, aprovechó la coyuntura para hacer prevaler sus intereses en la baronía de Chelva, entonces bajo jurisdicción de Valencia, a cambio de conceder a uno u otro bando el poder mediante la designación de los Jurados, o bien remitiendo puntualmente la ceda o lista de candidatos hábiles para ejercer las magistraturas, ya utilizada por su padre en $1 3 5 7 ^ { 4 2 }$ . Una intervención monárquica, de la que se benefició el sector afín a los Vilaragut entre 1407 y 1412.
Tras la muerte sin heredero legítimo de Martín el Humano se desató un interregno (1410-1412) en el que las luchas entre los Centelles y los Vilaragut se radicalizaron al asumir ambos la defensa de los dos principales aspirantes al trono de la Corona de Aragón43. En este contexto, la victoria militar de los centellistas, valedores de los derechos al trono de Fernando de Antequera, en la batalla del Codolar de Morvedre el
27 de febrero de 1412, resultó decisiva para que pocos días después, el 17 de marzo, introdujeran a través del Consejo un cambio electoral que les abriría el gobierno de la capital, aprovechando la desorganización de los derrotados partidarios del bando Vilaragut, que habían defendido la candidatura a la Corona de Jaume de Urgell. Con aquella modificación los centellistas se aseguraban la nominación por sorteo de los trece electores, que posteriormente designarían a los candidatos parroquiales que accederían al sorteo para la elección de Jurados en la víspera de Pentecostés. Una medida política transcendental, en tanto que resultaría clave para otorgar la capital del reino a los partidarios de los Centelles pocos días antes de la celebración de la asamblea de Caspe. Tras ella y con Fernando I en el trono, la rivalidad entre ambas facciones continuó bajo otros términos, pues a partir de entonces los Vilaragut intentarían no ser excluidos de las instituciones públicas, objetivo principal trazado por sus tradicionales rivalidades44. Con todo, el nuevo sistema electoral, que suponía un mayor grado de apertura de las magistraturas preservó la mayoría centellista con la colaboración de la monarquía, quien emitía o supervisaba cédulas o listas de sospechosos que prohibían el acceso a antiguos miembros del partido Vilaragut45.
Si esto ocurría en Valencia, la situación era muy diferente en el resto del reino, donde el urgelismo se mantuvo en activo hasta el asedio de Balaguer de $1 4 1 3 ^ { 4 6 }$ . Por ejemplo, en Alzira, pocos días después de ser designado rey, Fernando I tuvo que conceder el perdón general a sus habitantes, la mayoría partidarios de los Vilaragut, los cuales habían huido al conocer la sentencia de Caspe. Cuatro meses después tuvo que otorgar plena potestad al Baile General, Joan Mercader, y al abogado de la ciudad, Guillem Saera, para gestionar las disputas internas entre los bandos locales ante las siguientes elecciones. Unas tensiones políticas que se reproducían en Xàtiva más allá de 1413, en cuyo castillo quedó preso de por vida Jaume de Urgell47.
Ahora bien, Fernando I dio un giro en el gobierno de la capital en 1415 al negociar con los partidarios de los Vilaragut su presencia en las magistraturas a cambio de la garantía de paz. La coincidencia de intereses con los Vilaragut se producía cuando Valencia iba a albergar al rey y al papa, simultaneidad aprovechada para celebrar las nupcias del infante Alfonso, heredero del trono, con la infanta María de Castilla48. La decisión indignó a los centellistas, que tras la muerte de Fernando I convencieron a Alfonso el Magnánimo de lo injusto del perdón para quienes habían luchado por la nueva dinastía. La deuda política fue asumida por el nuevo soberano al conceder a los líderes centellistas la lista o ceda real de los candidatos que debían acceder a los ejecutivos de Valencia y Xàtiva. Sin embargo, la tensión social generada provocó que tanto los dirigentes de la capital como los de la segunda ciudad del reino rehusaran su aplicación49. No obstante, en Xàtiva, donde las facciones se habían armado ante la previsión de conflictos, los comisarios reales repartieron los escaños entre los bandos confrontados de los Castellar (ramificación local de los Centelles) y de los Sanç (afines a los Vilaragut), más el sector no partidista de la población. Este equilibrio pacificador sólo duro un mes tras el cual se repitieron las elecciones favoreciendo a los Castellar50.
Estos hechos serían el preludio de la relación de sinergia entre la elite urbana partidaria de los Centelles en la capital del reino y Alfonso el Magnánimo, que se sellaría en 1418, cuando dicho sector del patriciado consiguió la pragmática real de 4 de mayo, en la que el rey autorizaba a su favor la introducción de un cambio electoral importante. La función de los trece electores de las candidaturas parroquiales, que desde 1412 eran elegidos mediante un sorteo de candidaturas abiertas, sería desempeñada a partir de entonces por un comité formado por los seis Jurados, el Racional, los cuatro Abogados de la ciudad, el Síndico y el Escribano, que de forma no institucionalizada actuaban como un Consejo restringido desde hacía décadas. Este transformado equipo elector liderado por el Racional sería, por tanto, el encargado de designar directamente a los candidatos a ocupar los escaños de las parroquias, asegurándose con ello la mayoría centellista del Consejo. Inmediatamente después, junto a los Jurados del año anterior debían designar a los veinticuatro candidatos parroquiales (doce caballeros y doce ciudadanos) que participaran en las siguientes elecciones de Jurados. Unos magistrados que, por otra parte, en el contexto de las Cortes, se aseguraron ser mayoría en la representación del brazo real, pues cuatro de las seis plazas de la Generalitat destinadas a dicho estamento serían ocupadas por los cuatro Jurados ciudadanos de forma trienal. Con ello, los Centelles en 1418 consiguieron el control de las instituciones públicas en detrimento de unos antiguos partidarios de los Vilaragut, ya desarticulados, que perdieron definitivamente sus opciones de gobernar la ciudad de Valencia y la Generalitat.
8. Elecciones y facciones.
El fin de las violencias y de la rivalidad dialéctica no aminoraron las aspiraciones de los centellistas, que en 1424 y en plena crisis crediticia de la ciudad, consiguieron que Alfonso el Magnánimo autorizara una ceda o lista con las personas consideradas idóneas para celebrar las elecciones de los Jurados de la capital, y así garantizar sus demandas financieras. Mediante este método, la propia elite gobernante designaba directamente a los doce caballeros y doce ciudadanos que serían candidatos parroquiales a dichos comicios, previa supervisión real51. Un método de discriminación positiva que estuvo al servicio tanto de los intereses del grupo dirigente como de la monarquía ya que constituyó un instrumento de negociación entre ambos actores. Este modelo electoral, nacido de la coincidencia de intereses entre el patriciado de la ciudad de Valencia y Alfonso el Magnánimo, permitió definir aún más a la oligarquía de la capital al estrechar los márgenes de la participación vecinal y dotarla de larga continuidad. Solo en 1633 se introdujo la insaculación, la cual había sido solicitada sin éxito en 1477 por una parte de las elites tras la muerte del racional Guillem Saera.
Aquella petición se ha de relacionar con el hecho de que desde 1427 el ejecutivo de la capital había quedado en manos de dos facciones políticas, nacidas de la fragmentación del bloque centellista, lideradas una de ellas, primero por el abogado de la ciudad Gabriel de Palomar, y después por el racional Manuel Suau, y a la muerte de este por el racional Guillem Saera, su sobrino. Mientras que la otra facción estaba encabezada por el Baile General, primero Joan Mercader y después su hijo, Berenguer Mercader. En diferentes coyunturas estos individuos fueron los responsables de la elaboración anual de la ceda real a cambio de convertir a la ciudad de Valencia en el instrumento financiero de la Corona durante los reinados de Alfonso el Magnánimo, Juan II y Fernando el Católico. Una relación pactista o contractual de los dirigentes de la capital con los Trastámara, que dio lugar a un gobierno cerrado pero compartido entre facciones políticas, que en general abandonaron las guerras privadas como mecanismo de presión para encauzar sus intereses por la vía diplomática, intentado con el arte de la retórica y del servicio ganar influencia en la corte o en la administración regia para atraerse un mayor grado de favor real. Con estos mecanismos dichos individuos dominaron la vida pública al convertirse en interlocutores directos entre la monarquía y el patriciado urbano.
Esta dinámica gubernamental también se difundió a menor escala entre la base de la sociedad política, la cual añadió la súplica de peticiones y de gracias al rey a sus tradicionales estrategias para acceder al resto de magistraturas urbanas y oficialías reales. Una intercesión regia que fue concedida sistemáticamente sin reparo, incluso un año antes de que se llegase a hacer la designación de candidatos a las respectivas elecciones anuales, de forma que la Corona se mostraba accesible al conjunto de la comunidad política, contribuyendo así decisivamente a difundir la idea de que la obtención del favor real estaba al alcance de todos aquellos predispuestos a servir a la monarquía. En este sentido, a lo largo del reinado de Alfonso el Magnánimo, y sobre todo Juan II, la gracia regia dejó de ser una aspiración exclusiva de la nobleza y de los ciudadanos honorables para convertirse en una meta para la promoción de quienes participaban en la vida pública52.
El nuevo orden político de la ciudad de Valencia, resultado de la aplicación conjunta de la pragmática real del 4 de mayo de 1418, permitió la sistematización de la ceda real en la renovación anual del ejecutivo y también el desarrollo de las provisiones regias como mecanismo de acceso al resto de cargos públicos, pero con un carácter extraordinario, único y singular. Pues esta capacidad de negociación de las elites de la capital con el rey no lo disfrutaron el resto de las oligarquías locales al carecer de hegemonía territorial y financiera. Una situación que se vio acentuada a lo largo del Cuatrocientos, cuando el crecimiento demográfico y socioeconómico de la capital contrastaba significativamente con la intensa pérdida de población y de capacidad económica de los restantes centros urbanos. Un proceso evolutivo inverso provocado en gran medida por el éxodo hacia Valencia de las familias acomodadas de las ciudades y villas del reino buscando consolidar su ascenso social residiendo o, al menos, enviando a sus hijos a una urbe en pleno crecimiento mercantil. La tendencia amplió aún más los márgenes de poder del patriciado capitalino respecto a las restantes oligarquías, lo que facilitaría al gobierno de la ciudad de Valencia prevalecer como un actor político sobresaliente por su gran capacidad de negociación, perceptible mucho más allá de su representación en las Cortes.
9. Insaculación y gobiernos urbanos.
Estas circunstancias socioeconómicas y políticas contribuyen a entender porque el modelo desarrollado en la capital no se difundió entre el resto de las ciudades y villas del reino. Aquellas mantuvieron el tradicional sistema de elecciones municipales basado en la amplia participación vecinal a través de designación de candidatos parroquiales y posterior sorteo, o bien se introdujo la insaculación. Esta se estableció por primera vez en Xàtiva en las elecciones de 1427, después de una década de ingobernabilidad de la ciudad por la persistente lucha de bandos, lo que obligó a la monarquía a ensayar anualmente distintas fórmulas electorales para renovar las magistraturas53. La solución vino con la introducción de la insaculación o sistema de sac i sort, que vinculaba a los candidatos respecto a los principales cargos durante un período de diez años, previo cumplimiento de una serie de requisitos, el más importante de los cuales era tener un patrimonio determinado, según el cual se permitía el acceso a uno u otro saco de Jurados o de Consejeros. Esta predefinición de la sociedad política local puso fin a las violencias de las facciones ante las elecciones anuales y, de hecho, las virtudes de la insaculación xativina se convirtieron en clave para consolidar un modelo general de arbitraje durante los reinados Trastámara. La insaculación acabó difundiéndose a lo largo de la centuria y de la siguiente en aquellas ciudades y villas de la Corona de Aragón, donde sus élites o al menos una parte de aquellas así lo solicitaron. En el caso particular del reino de Valencia, el método se introdujo en Alzira en 1432, tras el intento fallido en 1427, y a pesar de no obtener el privilegio regio propiamente dicho hasta $1 4 4 6 ^ { 5 4 }$ ; en Vila Joiosa se estableció en 1443; dos años después en Oriola; en Vila-real en 1446- 1447; y en Alacant en $1 4 5 9 ^ { 5 5 }$ . Un punto y aparte merece el establecimiento del sistema de sac e sort en Castelló en 1446, que fue impulsado por agentes externos, en concreto por los inversores en deuda pública del municipio que residían en la capital y que solicitaron su aplicación en la villa como generador de la mayor estabilidad política, necesaria para el buen funcionamiento de las finanzas municipales y del pago de los réditos56.
Ahora bien, la insaculación no estuvo exenta de problemas, porque al igual que en la capital la ceda o lista real era elaborada anualmente por los líderes del patriciado en el poder, en las ciudades y villas la inclusión de candidatos en las bolsas de insaculación dependía de las elites del momento, lo que continuaba alentando las facciones y las rivalidades personales, acentuadas con el recurso a la intercesión o a la gracia regia. En consecuencia, con el paso de los años, el sistema generó una elite cerrada con capacidad de restringir el acceso a las candidaturas de las principales magistraturas, lo que en casos determinados llevó a la monarquía o incluso a la propia oligarquía a suspender su aplicación. Por ejemplo, en Orihuela en diciembre de 1449, el Baile General canceló las elecciones del justicia de forma cautelar junto a las ordenanzas de insaculación de 1445. La acción fue ratificada por Alfonso el Magnánimo ante la negativa local a dejar entrar en la villa a Joan Copons, quien había sido nombrado Lugarteniente General del reino de Valencia. La tensión generada por la decisión regia llevó en febrero de 1450 al mismo infante Juan a suspender las disposiciones del monarca, quien en abril nuevamente canceló las elecciones y ordenó a Jaume Rocamora, Lugarteniente del Gobernador del reino, y al Baile Jaume Roca, que en adelante y hasta nueva orden, designaran anualmente los cargos municipales de Oriola. Una situación improvisada por parte del rey que se mantuvo hasta 1456, momento en que, a petición de las elites locales, el rey autorizó establecer el sistema de elección vigente en 1417, basado en la cooptación indirecta, a través de electores designados directamente por el Justicia Criminal y los Jurados. En 1458, nuevas súplicas del gobierno oriolano consiguieron restablecer la insaculación, la cual continuó provocando tensiones en torno al sistema de graduación y acceso a los sacos, obligando a sucesivas intervenciones reales57.
Diferente fue el caso de Xàtiva en 1464. En medio de la Guerra Civil Catalana Juan II suspendió las elecciones de los Jurados y decidió cooptar directamente aquella anualidad a los cuatro magistrados que conformaban el ejecutivo. Aquella medida extraordinaria, oficialmente pretendía premiar a los cuatro elegidos, aunque a efectos prácticos suponía formar un gobierno favorable cuando el reino de Valencia, a través de diversos parlamentos, iba a comenzar a financiar el ejército de Juan $\mathrm { I I } ^ { 5 8 }$ . Ese mismo año, la medida extraordinaria sería reproducía en Alacant donde Jaume Roca, Gobernador dellà Xixona en el sur del reino, anulaba la insaculación y designaba directamente a los oficiales de las villas de Alacant y Guardamar59.
Otro caso singular se produjo dos años más tarde, en 1466, cuando a iniciativa de un sector de la élite dirigente municipal la insaculación fue suspendida en las villas de Alzira y Castelló. Desde hacía años en ambos lugares se detectaba el descontento en un sector de las elites, que veían demasiado rígida la normativa electoral en cuanto a las posibilidades de promoción, motivo por el que solicitaron a Juan II una reforma. En Alzira, el descontento llevaría los dirigentes de 1465 a pedir un cambio de sistema electoral, que fue concedido por el rey el 13 de mayo de 1466. En particular, los magistrados alcireños solicitaron la introducción de la ceda real, siguiendo el modelo de la ciudad de Valencia. No obstante, dicho modelo fue imposible de reproducir por la diferente estructura y funcionamiento de la organización política respecto a la capital del Turia. Por tanto, los alcireños tuvieron que crear un nuevo sistema que partía de la elección de los Jurados mediante una ceda real, mientras que el conjunto del Consejo sería designado directamente por los Jurados, el Escribano y el Síndico, pero los restantes oficios lo serían mediante cooptación y sorteo. Una situación que radicalizó los enfrentamientos internos entre el grupo dirigente, realidad que llevó al consejo de la villa a enviar mensajeros a Zaragoza para suplicar y obtener con éxito del rey el retorno de la insaculación para poner fin a los bandos generados60. Por su parte, en Castelló, desde 1456 una parte de la oligarquía local se mostraba desafecta a una insaculación que restringía el acceso a los cargos públicos a familias e individuos que hasta el momento sí los habían ocupado. Las protestas fueron escuchadas en 1467, cuando el sistema fue derogado y el rey designó Consejeros vitalicios, dando todo el poder a unos pocos vecinos. Obviamente aquel sistema generó la oposición de los excluidos, que en 1475 consiguieron de Juan II el restablecimiento de la insaculación61.
10. Consideraciones finales.
A la luz de todo lo expuesto, se puede concluir que la extensión de una legislación única y de una estructura gubernativa común para toda la red urbana del reino permitió homologar el funcionamiento institucional de los municipios con un régimen inicialmente participativo para la comunidad. También dar cohesión a las sociedades urbanas bajo unos parámetros similares hasta mediados del siglo XIV, siempre bajo el hegemónico liderazgo de la capital en las relaciones del brazo real de las Cortes, con la monarquía y con los brazos eclesiástico y nobiliario. Sin embargo, desde mediados de aquella centuria comenzó a evidenciarse que cada comunidad empezaba a definir internamente sus propias directrices gubernamentales. Un proceso que culmina en cada ciudad y villa del reino coadyuvando a la forja de su propia identidad de acuerdo con los ritmos y cronologías de su desarrollo político, y con los diversos matices en la composición patrimonial de cada oligarquía, lo que les hacía defender unos intereses mercantiles, financieros y agrarios concretos en cada comunidad. Y, todo ello, sin olvidar los privilegios, franquicias o exenciones privativas, otorgadas por la Corona de forma singular a ciertas villas. Una ampliación de las diferencias entre los intereses del gobierno municipal de Valencia y el resto de la red urbana del reino que se acentuaron durante el siglo XV, según evidencia el desarrollo de dos modelos electorales diferenciados. No obstante, se mantuvo como objetivo común acabar con las violentas luchas de bandos que impregnaban anualmente las elecciones municipales del reino.
En este sentido, el intervencionismo regio Trastámara no fue resultado de un programa político planificado, ni siquiera por Alfonso el Magnánimo, sino que se desarrolló de forma improvisada como una continuación de un proceso de transformación de las relaciones entre la Corona y las elites dirigentes, que comenzaría a documentarse puntualmente mucho antes, tanto en tiempos de Pedro el Ceremonioso como de Martín el Humano. En este sentido, la singularidad de la ciudad de Valencia respondió a una búsqueda de complicidades entre los líderes del bando centellista y Alfonso el Magnánimo, y dio lugar a un modelo gubernamental único basado en un contractualismo político y financiero, difícil de aplicar en otras realidades del reino, dado que ninguna de las otras ciudades y las villas reprodujo el poder plenipotenciario del Racional. Por otra parte, en ellas se difundió el modelo de insaculación establecido en Xàtiva en 1427 como un sistema de renovación regular para poner paz entre opciones políticas rivales, caso de Alzira, Oriola y Alacant, mientras que en Castelló los intereses financieros de los inversores municipales resultaron decisivos en su establecimiento. Ambos métodos electorales, el de la capital y el de la insaculación, permitían la coparticipación de los dirigentes urbanos y de la monarquía en la designación de candidatos a los cargos públicos, iniciando un proceso acentuado y restrictivo de definición de las oligarquías que culminaron con el exhaustivo control regio de los poderes locales en tiempos de Fernando el Católico. Ahora bien, más allá del cierre de las elites en las comunidades urbanas, el proceso amplió considerablemente la brecha socioeconómica entre la capital y el resto de las ciudades y villas, como quedaría patente en la revuelta de la Germanía (1520-1523). De hecho, el movimiento surgió en Valencia promovido por las reivindicaciones de los oficios que solicitaban mayor participación en el sistema oligárquico que imperaba en la capital, mientras que en el resto del reino tuvo un carácter antiseñorial y anti-mudéjar que pretendía poner fin a los conflictos tradicionales de las villas con los señoríos, sobre todo en Xàtiva y en Alzira, allí donde primero se introdujo la insaculación y donde sobrevivieron hasta el final los últimos conatos de la rebelión.
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