Oligarquías urbanas y milicia: Apuntes sobre una relación beneficiosa a partir del caso de Ourense (siglo XVIII).
María LÓPEZ DÍAZ∗.
Universidad de Vigo.
Recibido: 6 de abril 2008
Aceptado: 22 de octubre 2008.
RESUMEN.
Este trabajo trata de estudiar algunos aspectos de la correspondencia entre oligarquías urbanas y milicia durante el s. XVIII a través del caso orensano. Consta de tres partes. En la primera expondremos los rasgos generales que definen al grupo desde el punto de vista político y social. En la segunda analizaremos las vías o canales de esa relación, centrándonos sobre todo en las tareas de reclutamiento militar y los beneficios que reportó a las oligarquías municipales. Y en la última nos ocuparemos de la presencia de militares al frente de una regiduría, su papel y las consecuencias que tuvo para la institución municipal.
Palabras clave: oligarquías urbanas, reclutamiento militar, milicias provinciales, Galicia, siglo XVIII.
ABSTRACT.
This work tries to study some aspects of the correspondence between urban oligarchies and military service during the $1 8 ^ { \mathrm { { t h } } }$ century through the case of Ourense. It has three parts. Firstly we will expose the general characteristics that define the group from a political and social point of view. In the second part we will analyze the routes or channels of that relation, concentrating us specially on the tasks of military recruitment and the benefits that it reported to the municipal oligarchies. And in the last one we will focus on the presence of military men in charge of one regiduría, its role and the consequences that it had for the municipal institution.
Key words: urban oligarchies, military recruitment, provincial militias, Galicia, $1 8 ^ { \mathrm { t h } }$ century.
Son numerosos los estudios y monografías sobre las oligarquías urbanas de la España del Antiguo Régimen, que tratan de indagar los orígenes, composición y rasgos que definen a este grupo de poder y su evolución en el tiempo, aceptado que la denominación identifica habitualmente a unos pocos individuos y a sus familias que son los que ostentan los cargos municipales1 (en Castilla mayormente regidurías). Algunos trabajos hay también, aunque menos, que abundan en su papel como gobernantes de unos organismos políticos −las ciudades y sus ayuntamientos− que forman parte del Reino (comunidad política amplia y elemento fundamental de la “constitución política” de la Monarquía), centrándose en este caso el interés en el terreno fiscal o, mejor habrá de decirse, hacendístico. En cambio, es poco todavía lo que sabemos de su papel como intermediarios de la organización militar y particularmente de las tareas de reclutamiento militar de la monarquía, proviniendo la mayoría de las aportaciones de la nueva historiografía militar2 . Aunque no faltan voces ciertamente que desde una perspectiva político−municipal ya han empezado a llamar la atención sobre la importancia del tema y, lo que en mi opinión es más importante, sobre la necesidad de profundizar en su investigación como una vía más de interrelación entre poderes centrales y poderes locales3 . En este contexto se encuadra y tal es el objetivo principal del presente ensayo.
A grandes rasgos, se trata de examinar algunos de los beneficios y contrapartidas que la colaboración o participación en las tareas de reclutamiento de la Monarquía reportó al cabildo municipal y regidores orensanos a lo largo del siglo XVIII. Y ello desde dos prismas o puntos de vista diferentes. Uno, el político, que no estrictamente militar, para lo cual centraremos nuestra atención en tres momentos puntuales pero muy significativos de la nueva praxis militar, como son la Guerra de Sucesión, la aplicación y desarrollo de la Ordenanza de Milicias de 1734 y la del posterior Reglamento de 1766. De esta forma nos acercamos a las dos estructuras orgánicas de las fuerzas armadas borbónicas: el ejército propiamente tal y las milicias provinciales de carácter territorial4 . Y otro, el social, que interesa a una de las recompensas obtenidas por esa colaboración, como es la elaboración de propuestas y reparto de oficios militares (patentes en blanco) entre sus clientelas y parentelas, cuando no ellos mismos. Una atención especial merecerán los capitulares que obtienen personalmente una de esas patentes o bien otro empleo militar, pues nos permiten aproximarnos a las relaciones “civiles−militares” en el XVIII, o quizás mejor de lo militar y lo municipal, vistas desde la perspectiva de la participación de esos oficiales en el gobierno de la ciudad y política del país. Haciéndolo, certifican la importancia de lo militar como “arma política”5 .
Evidentemente, abordar todas estas cuestiones es complicado, pues se hace necesaria una investigación profunda que excede las dimensiones de un artículo. Máxime porque el XVIII es un siglo muy mal conocido en Galicia desde el punto de vista político−militar, debiendo recurrirse en muchos aspectos a la historiografía tradicional y local que ofrece datos sueltos, de momentos precisos, difí- cilmente comparables en el espacio o extensibles en el tiempo. El problema se agrava cuando hablamos de una ciudad y provincia concretas, como en este caso, y de un grupo cerrado pero permeable, pues para analizarlo se requiere, además de identificarlo, conocer su evolución en el tiempo. Aún así intentaremos abordar algunas de las facetas de esa relación y ofrecer en lo posible conclusiones a partir de la información que proporcionan las fuentes manejadas, que son en su mayoría municipales (actas capitulares y demás documentación) pero también libros de limpieza de sangre e hidalguía, padrones municipales, fondos de casas particulares de la provincia y algunos expedientes judiciales.
Dado que la acotación del grupo (regidores de Ourense durante el XVIII) ya la hicimos con ocasión de un ensayo anterior6 , aquí solo perfilaremos los rasgos que lo definen desde el punto político y social, haciendo especial hincapié en los cambios y novedades seculares. En la segunda parte analizaremos los canales a través de los cuales fluye esa colaboración del grupo e institución municipal con la monarquía en materia de reclutamiento militar y sus consecuencias, para en el tercer apartado centrarnos ya en los beneficios y recompensas políticas o personales que obtuvieron sus miembros (clase dominante) por esa colaboración. En particular nos interesan las patentes o nombramientos militares consignados a regidores, pues no sólo tienen una significación social sino también política, pudiendo considerarse un elemento más de correspondencia de la institución (o su oligarquía) con el Estado. Al respecto conviene recordar que Ourense era capital o cabecera de provincia, y como tal desempeñaba funciones de “intermediación” entre los pueblos de su territorio y el poder central. Además, participaba con las otras seis ciudades gallegas en la asamblea colegiada denominada Juntas del Reino −antonomásticamente el Reino−, que jugó un importante papel en la concesión de servicios pecuniarios y levas al rey, sobre todo entre los años 1665 (suspensión de la convocatoria de Cortes) y 1711/1712 (en que se impone una forma de gobernar más centralizado).7 Añadiré que el cabildo de regidores, objeto de este trabajo, identifica prácticamente a la élite o grupo dirigente urbano, pues la planta del concejo se completaba con un corregidor real y un síndico procurador general, oficio privatizado, cuyos dueños raramente lo ejercieron o alquilaron, arrogándose aquél el derecho de proveerlo subsidiariamente.
1. PERFIL SOCIAL Y POLÍTICO DE UNA OLIGARQUÍA URBANA DIECIOCHESCA8.
Políticamente, la oligarquía se define por el control del poder local en el que se perpetúa con la anuencia de la monarquía a través de los mecanismos de los oficios patrimonializados. Esta es una situación común a todas las oligarquías municipales que hunde sus raíces en la Baja Edad Media y se consolida en el transcurso de la alta modernidad. Lo llamativo del caso orensano es que se trata de un grupo muy nutrido de personas y heterogéneo en cuanto a las tipologías de sus oficios. Lo primero es el resultado de un cabildo muy sobredimensionado por la venalidad de oficios, tanto en términos absolutos (39, 40 o 41 regidurías, según las fuentes) como relativos9 , y lo segundo herencia de su pasado señorial y posterior incorporación al realengo (1571−1628). De ahí que en el regimiento del siglo XVIII convivan titulares de cargos episcopales (siete vitalicios y uno renunciable) con otros provistos por el rey (31 perpetuos, la mayoría con derecho a nombrar “teniente”)10.
Como ocurrió en otras localidades, esta inflación de cargos generó tensiones y provocó conflictos en el seno del ayuntamiento, que fueron especialmente virulentos en las últimas décadas del siglo XVII y primera del XVIII. Podían desencadenarse por razones diversas: lo normal es que fuera a raíz de ciertas tareas encomendadas por la Corona en las que los capitulares actuaban como «agentes mediadores» entre el rey y la ciudad o provincia (concesión de donativos voluntarios, recaudación de rentas reales, reclutamiento militar, etc.), por el uso simultáneo de oficios perpetuos entre propietarios y tenientes (un asunto arduo dado el alto número de regidurías con este derecho) o bien por el ingreso de nuevos regidores (al margen de cuál fuera su procedencia o vinculaciones). En el primer caso influyen los intereses en juego, en los otros dos porque son situaciones que amenazaban el status quo o equilibrio existente internamente, pues podían favorecer a una de las facciones. Fueron precisamente estas divergencias, unidas al desorden existente en la administración de los millones y repartimientos efectuados por el concejo durante la Guerra de Sucesión, lo que hizo que en 1711 interviniera el Consejo de Castilla, quien, por un lado, comisiona a un oidor de la Real Audiencia para que efectúe la pesquisa correspondiente, mientras, por otro, emplaza o cita al corregidor y a los principales dirigentes locales. Finalmente, el proceso se zanja con dos decretos de Felipe V: uno que descabezó a los dos bandos, desterrando a sus líderes fuera de la ciudad; y otro con el que se intentaba redimensionar o aminorar el excesivo número de regidores asistentes a los consistorios, ordenando que en adelante los regidores desempeñaran su cargo en turnos de trece por trienio y que los turnos se eligiesen mediante sorteo (decreto de 17 de abril de 1713). Además unos meses antes el mismo Consejo había regulado también el uso de las tenencias, prohibiendo el uso conjunto de propietarios y tenientes.
Unas y otras son medidas claramente intervencionistas, sobre todo la segunda que restringe el uso y la correspondiente valía de los cargos. Constituye una reforma en toda regla, similar a la que años después aplicó el mismo monarca en algunas localidades valencianas11. Intuimos que no fue ajena a la actitud que, como veremos, mantuvo la ciudad orensana en las negociaciones que durante los años 1710/1711 las Juntas efectuaron con la Corona por los servicios que demandaba al Reino. En cualquier caso, igual que otros muchos proyectos filipinos, prometió más de lo que dio y a la postre acabó siendo un fracaso. La realidad la hizo inaplicable casi desde el primer momento por la divergencia que había entre regidurías nominales y regidurías con ejercicio y entre regidores acreditados y regidores con uso. Aun así tuvo consecuencias, unas más positivas que otras, pues si bien cesaron los enfrentamientos internos, como contrapartida aumentó el número de oficios vacantes y el absentismo capitular. De hecho, en el segundo turno ya debieron repetir parte de los que ejercieron en el primero por falta de concurrencia de titulares al sorteo correspondiente. A finales de los años 1720 la reforma era simple papel mojado, no lográndose reunir siquiera los trece mí- nimos para efectuarlo. Y lo que es peor, en las décadas posteriores el problema se agudiza por otras razones, siendo así que a mediados de siglo apenas acuden al consistorio cinco o seis ediles cuando los acreditados eran veintiséis.
La remodelación llevada a cabo por Carlos III en 1766 merced a la cual se implantaron en los ayuntamientos unos nuevos cargos electivos (síndico personero y diputados del común), unido a otras disposiciones regias que cercenaron la autonomía y poder municipal, empeoró más si cabe la situación. Crece el absentismo capitular y en lo político dicha reforma se frustró por las limitadas competencias y capacidad de maniobra que tuvieron los nuevos oficios frente a la oligarquía tradicional. Con todo, aquéllos jugaron un papel destacado en el control de la administración de los abastos y protección del consumidor, que eran los dos pilares básicos de su labor. Incluso pudieron ampliar sus atribuciones dentro del concejo en las décadas finiseculares, cuando los regidores se desinteresaron casi del todo de las tareas y entresijos del gobierno municipal. Y es que en Ourense, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, durante la segunda mitad de la centuria no se produjo un relevo de familias en los bancos del ayuntamiento a través del arrendamiento de cargos −y no hablo tanto de titularidad (alguno pudo haber encubierto bajo las tenencias) cuanto de interés por ejercerlos−, ni tampoco volvió al consistorio la aristocracia o nobleza titulada en las décadas finales12, lo que sin duda ayudó a agravar el problema. El resultado es un consistorio casi vacío, al que no suelen acudir más de tres regidores (a veces sólo dos), y donde los conflictos, cuando los hay, son con el corregidor o con los nuevos cargos. Estamos ante un marco de fuerzas inestables y es obvia la crisis del modelo (lo descrito es un síntoma), pero ninguno de sus protagonistas lo cuestiona.
Desde el punto de vista social, la oligarquía es un grupo bastante homogéneo, tal y como lo ponen de manifiesto sus alianzas o entrecruce de las familias integrantes. Esta endogamia social no es incompatible, sin embargo, con la endogamia familiar e incluso geográfica que se da entre las mismas familias, entendiendo aquí la geografía no en sentido estricto de la provincia sino para todo del reino (Galicia). Como tampoco es incompatible con un proceso de renovación interna del propio grupo. Y hablo para el siglo XVIII, cuando teóricamente éste se revela más estable, una vez concluido el proceso de acrecentamiento y venta pública de regidurías, pues es obvio que sigue habiendo un tráfico privado de cargos que no puede ignorarse (arrendamientos, empeños, cesiones, etc.) u otro tipo de operaciones en las que el oficio (bien sustantivo) cambia de manos o familia, alimentando esos procesos de movilidad y renovación interna.
Independientemente de cuales fueran sus orígenes, esa oligarquía se define además por un proyecto de integración en la clase dominante de la sociedad feudal, aunque fueron pocos los que alcanzaron el escalón superior (alta nobleza). Ese proyecto viene de atrás y en él la entrada en el ayuntamiento constituye un escalón de ascenso fundamental al permitirles participar en el aparato político de la monarquía. Ello no impidió que, una vez dentro, esas mismas familias intentaran filtrar las entradas y sobre todo vetar el acceso a miembros de otros grupos emergentes, gentes e individuos con fortuna que querían lavar sus orígenes mediante el prestigio y poder que daba ejercer un cargo municipal. De ahí que en el año 1692 el concejo inicie los trámites ante el Consejo de Castilla para convertirse en una ciudad de estatuto, uniéndose así a otros muchos ayuntamientos que ya decidieran ennoblecer a sus oligarquías. Esas gestiones se prolongaron durante los primeros decenios del reinado filipino, lo menos hasta el año 1724, pero los dirigentes locales no lograron su objetivo, seguramente por razones económicas, pues los recursos municipales eran muy exiguos13.
En cualquier caso, del mismo modo que los concejos de estatuto no eran un coto cerrado de la nobleza14, a aquellos que no tenían esta condición no accedía quien quería sino quien podía, y poder implicaba varias cosas: las dos claves, poseer un oficio y cumplir una serie de requisitos que vetaban el ingreso en el ayuntamiento a determinados grupos sociales. Eso no significa que no accediera gente que carecía de esas cualidades o con incompatibilidades notorias, ni tampoco que el gobierno local fuera monopolizado por la nobleza. Ni siquiera en el XVIII, cuando el tráfico de oficios municipales −hablo del público− era menor y las posibilidades de obtener una regiduría fuera del círculo familiar (herencia, matrimonio…) también. Además se hace más difícil entrar para los individuos o familias nuevas, pues desde las primeras décadas se implantó un sistema de consulta a las ciudades, previo a la expedición de títulos por la Cámara, cuyo objetivo era averiguar si los candidatos eran “personas de buena vida y costumbres, hábiles y capaces para ejercer el oficio”, aunque el procedimiento no siempre se aplicó de forma rigurosa. Pese a todo, la oligarquía dirigente orensana conformaba en esta centuria un grupo no homogéneo, con orígenes sociales y trayectorias vitales diversas por más que la condición nobiliaria fuera dominante. Más difícil es decir lo que hay debajo de ese manto de aparente predominio nobiliario o describir cómo es el perfil social de dicha clase y cuáles fueron los cambios que se produjeron en el transcurso del siglo, pues obligadamente debemos elegir categorías (sociales u ocupacionales, que no tienen porque ser excluyentes) con que hacerlo, aun a sabiendas de los problemas que entraña.
El tipo de transmisión del cargo nos permite una primera aproximación: el colectivo de regidores titulados en el ayuntamiento lo integran en el XVIII 100 individuos (muchas menos familias); en seis casos fueron simples traspasos de la propiedad, cuyos dueños nunca ejercieron el cargo, y otros seis titulares repiten mandato ocupando oficios distintos (88 individuos con uso). De éstos casi las tres cuartas partes accedieron al regimiento en la primera mitad de siglo frente a los 23 de la segunda, lo que evidencia una cierta movilidad en los bancos del ayuntamiento durante el reinado de los primeros Borbones −sin duda, inferior a la de la centuria precedente y variable según los oficios− que contrasta con los pocos traspasos de las etapas posteriores. Se justifica porque, como queda dicho, aumentó el número de oficios vacantes: en 1752, según datos del Catastro de Ensenada, 14 de las 39−40 regidurías $( 3 5 \% )$ , una década después 22 $( 5 5 \% )$ , en 1672 dos más $( 6 0 \% )$ y en 1828 nada menos que 28 $( 7 0 - 7 2 \% ) ^ { 1 5 }$ . Por otro lado, la mayoría de los titulares no ejercían sus oficios.
En lo que atañe al procedimiento de acceso al cargo a priori los datos sugieren un cierto equilibrio: las sucesiones familiares −que hablan de reproducción en el poder de las familias− suponen un $43 \%$ del total $3 9 \%$ de los titulares con ejercicio), unos porcentajes que ascienden al 49 y $4 6 \%$ (cotas mínima), respectivamente, si contabilizamos los regidores que tenían o habían tenido parientes en el ayuntamiento, en tanto que la renovación o los traspasos extra−familiares, derivados de la compra privada de un cargo, el nombramiento de tenientes −bajo el cual puede encubrirse algún alquiler− y los que efectúa el prelado en los de su propiedad (vitalicios), no superan el $51 \%$ $54 \%$ titulares con uso), sin que haya grandes diferencias entre la primera y segunda mitades del siglo. El índice de renovación es sin embargo inferior, pues entre los tenientes hay miembros de la baja hidalguía dependientes o servidores de la familia propietaria (nobleza titulada). Además, en el porcentaje señalado no se tienen en cuenta las sagas familiares −que ejercen un mismo cargo o cargos distintos de modo simultáneo o no− ni tampoco a los que cambian de asiento dentro del ayuntamiento16.
Desde el punto de vista social se trata de un colectivo la mayoría de cuyos miembros no tenían una profesión definida. Es más, en los vecindarios y padrones municipales lo que se recalca es su condición de regidores, acompañada muchas veces de la expresión “noble” 17. Como si el desempeño del cargo borrara su pasado e incluso sus otras ocupaciones presentes, pues sólo en el caso de los militares (y a veces los abogados) se hace esa indicación. Quizás porque solían vivir de sus rentas y el cargo de regidor era lo que los definía a nivel social. Aunque internamente dentro del grupo había gran diversidad de situaciones, procedencias y trayectorias vitales. En un balance rápido: al menos 36 de los 100 regidores se reconocen miembros de la nobleza, una nobleza relativamente reciente y baja o medio−baja (solo 9 titulados, 12 señores de vasallos y los 15 restantes hidalgos). Es probable que fueran más, pues la mayoría de los regidores titulados refieren apellidos conocidos, casi siempre vinculados a la hidalguía local. Es el caso de los Cárdenas (familia oriunda de Sevilla, antiguos corregidores de la ciudad), los Puga, Sotelo, Novoa, Laiseca (linaje vasco), Arrojo, Salgado, Martínez de Arce, etc., que son dueños de distintas “casas−pazos” solariegas. En cuanto a la nobleza titulada, excluidos los condes de Lemos, Monterrey y Altamira y los demás titulados acreditados que no ejercieron, lo que encontramos son títulos y honores concedidos durante los reinados de Carlos II y Felipe V, con los cuales se premiaron servicios prestados a la Corona o la afección a la causa. Es el caso de los marquesados de San Saturnino, de Bóveda de Limia y de Santa Cruz de Rivadulla o el del conde de Borraxeiros18.
Dentro de este sector nobiliario en los niveles bajos o a caballo entre la nobleza y la burguesía se cuelan algunas fortunas ligadas al comercio o a las finanzas, a través de actividades relacionadas con lo que podríamos denominar sector público: fundamentalmente el abastecimiento de la ciudad, el arrendamiento o recaudación de las rentas reales o bien de rentas concejiles. Es el medio que utilizaron determinadas familias burguesas u hombres de negocios para mantenerse y mejorar su posición. Para ellos el acceso y ejercicio del cargo (regiduría) constituye un peldaño fundamental en su proyecto de integración en la clase dominante de la sociedad. El proceso viene de atrás y más de una estirpe de esa oligarquía tradicional lo utilizó en el Quinientos y Seiscientos para escalar puestos social y políticamente, pero, es obvio, que todavía en el XVIII algunos continúan haciéndolo: unos obtienen el cargo por vía matrimonial (el enlace en sí mismo es una estrategia de ascenso) y otros una tenencia de un oficio que pertenece a la aristocracia que no ejerce. En todo caso, son cada vez menos y en general no bien aceptados por la oligarquía tradicional, debido al cierre del grupo. De hecho, su titularidad suele provocar tensiones en el seno de la corporación19. Unas veces las discrepancias salen a la luz al elaborar el informe previo a la expedición del título, otras cuando el pretendiente trata de tomar posesión del cargo. Pero en general no surtieron efecto, pues la Cámara, aunque dilatara el proceso, siempre respaldó estas incorporaciones. Unas incorporaciones que socialmente aportaban sangre nueva al grupo, aunque alguno ya pertenecía o estaba emparentado con la hidalguía, generalmente a través del matrimonio. Cronológicamente su presencia se localiza sobre todo en la primera mitad de siglo y en cifras son pocos (apenas un $3 \%$ de quienes accedieron). Claro que hablamos de unas actividades no siempre declaradas o que suelen ocultarse. Además cuando el ayuntamiento empieza a quedarse vacío pudieron tener menos contestación por falta de ediles.
Aparte de esto, los rasgos más destacados del perfil social de los capitulares orensanos del Setecientos son tres o cuatro, que poco tuvieron que ver con la llegada de la nueva dinastía, aunque en algún caso pudo implementar la tendencia. Uno es la presencia de sagas familiares que desempeñan oficios ajenos (siendo propietarios del cargo es normal), bien como tenientes (oficios perpetuos) o bien como titulares de uno episcopal (vitalicio), no teniendo porque ser siempre en el mismo asiento, pues a veces cambian de regiduría, incluso un mismo titular, en la procura de aquélla que garantice por más tiempo o en mejores condiciones su permanencia en el ayuntamiento. Otra, de signo también continuista, es la presencia simultánea en el consistorio de más de un miembro de la misma estirpe amén de parentescos varios entre las familias e individuos titulares, incluidos algunos supuestos de incompatibilidad o impedimento legal para ejercer el cargo. La endogamia social existente dentro del grupo acentúa el hecho sin que se marque en este sentido una ruptura con lo ocurrido en la centuria precedente. Si acaso la tendencia se intensifica en las primeras décadas, pero va perdiendo trascendencia a medida que el consistorio se vacía. Lo cual no impidió que coyunturalmente saliera a la luz, tal y como ocurrió en los años 70, con ocasión del enfrentamiento que mantenían el regimiento y el corregidor20. El motivo de fondo era otro pero operó como amplificador de las tensiones subyacentes entre ambos poderes.
Tanto o más significativa −tercer aspecto a destacar− es la ausencia de oficios de pluma así como la escasa presencia de regidores con formación letrada y universitaria (solo tres licenciados y abogados reconocidos en toda la centuria, dos en la segunda mitad, aunque pudo haber alguno más). Aumenta un poco su importancia pero son también escasos los burócratas o empleados de la administración (declarados no más de un $5 \%$ del total, entre los que se cuentan los tres abogados mencionados, un corregidor y un tesorero de rentas reales). En cambio, es creciente el peso del elemento «militar», entendido el término en sentido amplio: cuanto menos un quinto de los capitulares acreditados entre 1700 y 1789. Internamente, bajo estas cifras se esconde una gran diversidad de situaciones, pues algunos obtuvieron el grado más alto de su carrera e incluso el empleo siendo regidores. No en vano la milicia atrae las vocaciones nobiliarias, aunque muchas veces se trate de una nobleza reciente y de cargos más bien honoríficos. Dado que esta componente del cabildo capitular es aquélla sobre la que queremos profundizar, primero analizaremos los mecanismos institucionales que lo hicieron posible y demás beneficios que reportó al grupo su participación en ciertas tareas de servicio del monarca.
2. EL RECLUTAMIENTO MILITAR COMO VÍA DE RELACIÓN ENTRE LAS OLIGARQUÍAS URBANAS Y EL REY.
Según la historiografía reciente, en el siglo XVIII, igual que en el XVII, había tres vías para que los potenciales aspirantes pudieran acceder a un empleo militar. Una, por méritos y vocación militar, lo que conllevaba una arriesgada vida en los campos de batalla, premiada con ascensos sucesivos en el escalafón castrense y otras distinciones honoríficas (hábitos de órdenes o títulos nobiliarios). La segunda es una consecuencia directa del “reclutamiento intermediario” que en determinadas coyunturas, como el conflicto sucesorio, efectuaron los municipios y los reinos, debido a las acuciantes necesidades de soldados y disminución de la capacidad reclutadora de la monarquía, que la llevaron a encomendarles dicha tarea (demanda de servicios o levas). En su caso como contrapartida el rey les cedió la capacidad de nombrar a los mandos u oficiales −léase entregarles las patentes en blanco y los correspondientes “suplimientos”, cedulas que permitían a un individuo desempeñar dichos empleos sin haber servido el tiempo estipulado en la ordenanzas militares−, bien como un medio de financiar la recluta (sistema mixto) o como un mecanismo para incentivar a esos mediadores locales en la tarea, pues eran los que las repartían. La tercera vía, hasta hace poco casi desconocida, fue la obtención de un empleo en el ejército a cambio de levantar a su costa un regimiento o aportar un número de hombres. No es un procedimiento nuevo pero sí a veces difícil de documentar, donde se canjea un grado o empleo en usufructo por soldados o su equivalente en dinero21.
Pues bien, los tres sistemas se emplearon en Galicia, sobre todo el segundo; es decir, aquel en que las oligarquías municipales participaban como agentes mediadores del proceso, ya fuera a través de las Juntas del Reino o bien separadamente como dirigentes locales. Lo que varía en el transcurso del siglo es su importancia, que está en función de las necesidades, dificultades financieras y proyectos de la Monarquía en cada momento, y quien ejerce ese papel de interlocutor (el Reino o las ciudades), pues la capacidad de negociación y el reparto de poder entre las élites o grupos beneficiados por esos empleos no es el mismo en cuanto a segmento geográfico o provincial aunque sí lo fuera socialmente. En este sentido lo ocurrido durante la Guerra de Sucesión es doblemente ilustrativo, pues, si bien las Juntas mantuvieron el control sobre el proceso de designación de los oficiales de sus tropas, el reparto generó disputas entre las siete ciudades debido a sistema de votación imperante que condicionaba el reparto de las contraprestaciones obtenidas por el Reino a cambio de los servicios (hombres o dinero) demandados o negociados previamente con el rey. Además, algunas como Ourense y Tuy tenían problemáticas específicas por la condición fronteriza de su provincia.
Todas estas cuestiones afloran ya con la primera leva de soldados que Felipe V solicitó en 1702 a Galicia: 2.000 hombres destinados en principio a reforzar los tercios de Flandes y conducidos finalmente a América. El Reino quiso disponer de los despachos de todos los oficiales, pero el monarca se reservó el nombramiento de los mandos superiores (maestre de campo y sargento mayor), concediendo sólo los de capitanes, aunque en número superior al pedido (20), y sus oficiales. Hubo enfrentamientos entre las ciudades por la distribución de dichos despachos, agravados por la decisión de la Junta de conceder dos de las patentes al gobernador, lo que dificultaba el reparto entre las siete. Según el procedimiento tradicional Santiago era la provincia más gravada, pues debía aportar un tercio de los soldados; le seguían Lugo y Ourense a quienes correspondía otro tercio, mientras que las cuatro restantes corrían con el tercio sobrante. En el reparto de patentes, sin embargo, la primera resultó claramente perjudicada, pues solo obtuvo cinco patentes, Ourense y Lugo tres cada una y las otras cuatro siete. De nada sirvieron las protestas del capitular compostelano ni tampoco que se ausentase el día de la votación22. En cuanto a Ourense, aun sin ser de las más beneficiadas, aceptó. Incluso se apresuró a efectuar sus nombramientos en medio de las protestas de algunos regidores que exigían la convocatoria de todos los capitulares. Y es que eran muchos los intereses en juego. Lo evidencia la carta que envía su diputado en las Juntas, solicitando una de las capitanías para un pariente “a quien le precisava su obligacion atender”. A lo cual la corporación respondió que no podía atender su petición, pues eran pocos los despachos recibidos y muchos los candidatos “hixos y hermanos de otros señores capitulares”23.
Los problemas reaparecen a raíz de los ocho tercios de infantería que el Reino concedió en 1705 a cambio de la extinción de las milicias y con el fin de garantizar su defensa24. Según lo consensuado por los capitulares gallegos con los gobernantes reales, el nombramiento de los mandos militares debía efectuarse por el sistema habitual; o sea, las plazas mayores (maestros de campo y sargentos mayores) a propuesta de las Juntas (terna que presentaban al gobernador), en tanto que las patentes de capitanes y sus oficiales se entregarían en blanco a las ciudades que efectuaban la recluta. Ourense y sobre todo Santiago protestaron, pretendiendo que la designación de candidatos a los puestos mayores recayera también en las ciudades o se hiciera por votación ponderada, pues con el mencionado procedimiento (un voto por provincia) salían perjudicadas por el mayor número que reunían las cuatro menores (Coruña, Betanzos, Mondoñedo y Tuy) amén de su tendencia a votar en bloque en dicha asamblea. Pero su propuesta no cuajó. Ante lo cual los capitulares orensanos deciden cambiar de estrategia: apelan a la equidad de sus homónimos, pidiendo que la ciudad fuese recompensada en las ternas propuestas por las Juntas para los empleos superiores dado su mayor gravamen25; cuestión harto difícil, pues lo que estaba en juego era el reparto del poder dentro de la institución. Mientras en la ciudad se empieza a repartir los despachos de capitanes que les habían correspondido. Como particularidad algunos de los favorecidos se ofrecieron a aportar los hombres que faltaban para completar sus respectivas compañí- as. Lo cual era una forma de ayudar a costear la recluta o, mejor, un tráfico encubierto del puesto. No es desde luego un procedimiento nuevo26, pero certifica que sigue empleándose, por lo menos en los primeros años del reinado filipino, y que las oligarquías urbanas echaron mano de él para hacer frente a sus propios compromisos.
El otro aspecto destacable del nombramiento de la oficialidad de estos tercios es la provisión de las vacantes: en contra de lo establecido por el decreto de 1704, conforme a lo pactado por el Reino (5 de marzo de 1705), quedó reservada a los poderes locales, salvo la de la oficialidad mayor que designaría el rey “en propios naturales, hijos del Reino”. O sea, que se cubrirían igual que los puestos de la primera formación, una condición muy favorable para las élites urbanas con la que transigió la Corona debido a las urgencias de la guerra. No obstante, tres meses más tarde Felipe V despachó otra cédula reservándose la provisión de dichas vacantes27, con lo cual recuperaba parte de las competencias que había transferido al Reino y a sus oligarquías en materia de nombramiento y promoción de la oficialidad militar. En Ourense no gustó la medida pero se acató. Después vendrían las protestas. Surgen cuando el gobernador se niega a cumplimentar uno de los despachos y suplimientos de capitán que sus gobernantes habían concedido, so pretexto de que a la ciudad solo le correspondía proveer once compañías. El concejo, por su parte, recurre ante la Corte, apelando a lo pactado por el Reino con el rey. Y seguramente no fue el único, incluso pudo hacerlo el diputado de las Juntas, pues cuando en marzo de 1706 el afectado acudió ante la secretaría de guerra para que se reconociese su nombramiento fue informado de que el monarca había decidido mantener la plena potestad a las ciudades gallegas de proveer la oficialidad menor de sus tercios, incluidas las vacantes28. De nuevo las urgencias y necesidades de la guerra obligaron a la Corona a claudicar.
Esas mismas dificultades que se agravaron en los meses posteriores, unido al descontento surgido al conocerse la marcha de las tropas de Galicia por segunda vez desde el comienzo de la campaña, amén de las continuas invasiones y saqueos sufridos por las provincias de Ourense y Tuy, hicieron que ese mismo año de 1706 las ciudades de Ourense y Santiago decidieran levantar por su cuenta sendos regimientos de caballería29. El detonante fueron las noticias recibidas por el gobernador militar de las provincias de Ourense y Tuy, así como por el gobernador del Reino sobre un inminente doble ataque desde Portugal30, y en ambos casos los concejos pidieron la colaboración del estado eclesiástico y de sus máximas autoridades (arzobispo/obispo y cabildo eclesiástico). Como primera medida los capitulares orensanos a mediados de junio designaron dos delegados para que negociasen el asunto con sus homónimos eclesiásticos y pedir un donativo voluntario en el obispado para el proyecto. Ya entonces el regidor José Losada ofrecía algunos caballos para completar la compañía si el concejo favorecía a su hijo con una capitanía, pero aquéllos acordaron financiar el proyecto mediante la venta de las patentes que esperaban obtener del rey.
A finales de julio llegan los despachos en blanco junto con la recomendación de que se beneficiasen en personas de “calidad y capaces”, así como otras disposiciones tocantes a las armas y vestuario31. A partir de entonces comienza la ensalada de peticiones, pujas y ofrecimientos (dinero, caballos, etc.) tanto para los puestos mayores (coronel, teniente coronel...) como menores (capitanías, alferecías…). Las de estos últimos trata de incentivarlas el ayuntamiento ofreciendo dar a cada capitán que levantara su compañía una ayuda de 250 doblones para los gastos de recluta y mantenimiento de soldados $- \mathbf { s e }$ entiende, hasta que pasaran a depender del sueldo real−, permitiéndoles además beneficiar las plazas de oficiales subalternos; o sea, que se cubren por un procedimiento mixto, en el que se entremezclan los vínculos clientelares y familiares con el aporte complementario de un servicio (hombres o dinero) que ayuda a costear los gastos de la recluta. En el caso de la oficialidad mayor, sin embargo, el proceso es de carácter venal, quizás porque son los cargos más apetecidos y aquéllos de los que más se podía obtener, y quien vende es la ciudad previa autorización regia, saliendo vencedores los que hacen las pujas más elevadas32.
En cualquier caso, las necesidades del monarca eran grandes y la tentación mayor. Siendo así que cuando la ciudad aun no tenía totalmente formadas las doce compañías del regimiento le quitaron las unidades levantadas. El mandato llegó a principios de junio de 1707, ordenando el rey la marcha para Castilla de la mayoría de dichas tropas así como de la mitad de de las fuerzas que componían los ocho tercios gallegos33. Lógicamente la medida no gustó, protestando y quejándose los dirigentes locales de la indefensión en que, de llevarse a cabo, quedaría Galicia y la provincia de Ourense en particular. Incluso escribieron a las otras capitales para que hicieran lo mismo. El gobernador del Reino trata de calmar los ánimos de las ciudades. Pero sus argumentos no convencieron y, lo que es peor, se recela de su proceder, aun cuando cumpliera órdenes superiores, alegando que esa salida de tropas iba en contra de lo pactado previamente con el Reino. De hecho, se trata el asunto en sucesivas Juntas, median negociaciones, pero finalmente el traslado se lleva a cabo. Y no sólo eso: el monarca solicita el envío de más hombres para suplir las bajas habidas, de suerte que a principios de 1708 los capitulares orensanos reclamaban el cumplimiento de lo convenido con más energía.
Hubo quejas similares en otras ciudades, incluso volvieron a reunirse las Juntas para tratar el asunto, pero sus peticiones no fueron atendidas34. Desde la Corte se manda cubrir las vacantes de soldados. Las órdenes parten del gobernador y capitán general, pero los corregidores también desempeñaron un activo papel en este asunto. Como medida de fuerza las autoridades locales optaron por dilatar la ejecución del mandato: en Ourense, por ejemplo, dos meses después todavía estaba sin hacer el reemplazo. Es entonces cuando llegan las primeras órdenes de apremio contra la ciudad35. Que el gobernador no respetara lo acordado sobre la provisión de las vacantes de los tercios (otorgó una sargentía mayor a un no natural) no hizo sino aumentar el descontento; un descontento que acabará trascendiendo a la institución municipal, teniendo su reflejo en un enfrentamiento entre el regimiento y el corregidor por la provisión de una ayudantía del tercio de la provincia que acabó en el Consejo, pero también afectó a la corporación, provocando desavenencias entre los propios regidores sobre cómo debían cubrirse las vacantes36.
Las actitudes de resistencia se recrudecen a partir de 1709, ya que el monarca vuelve a solicitar el envío de más hombres de los tercios para el frente de Extremadura, amén de un nuevo donativo para la guerra. De nuevo la petición se cursa a través de las Juntas del Reino que se reúnen para tratar el asunto. Al hilo de estas reuniones se forja un nuevo espíritu reivindicativo en la institución que además negocia la formación de otros seis tercios nuevos. Se avanza en la negociación con la Corona, hay incluso un acuerdo provisional. Pero el proyecto acabó empantanado al reproducirse en 1710 los enfrentamientos entre las provincias, siendo de nuevo Santiago y Ourense las que oponen una mayor resistencia al sentirse perjudicadas por el reparto de patentes, sobre todo las de los oficios mayores que beneficiaría el Reino37. Claro que la marcha de la guerra primero y el posterior remate de hostilidades en 1712 hizo innecesaria la formación de estas unidades. Y lo más importante: en adelante la Monarquía pudo prescindir de las obstruccionistas Juntas, tratando los asuntos separadamente con cada ciudad o, mejor con sus oligarquías. Aún así hubo beneficiados y danificados, pues ya entonces la Monarquía proyecta su primera derrama de mercedes (oficios regios y honores) para premiar a los diputados que tan bien le habían servido, asegurando el restablecimiento del arbitrio solicitado. Hubo excluidos. Puede suponerse quienes fueron unos y otros38.
El segundo momento elegido para sondear la relación entre milicia y oligarquí- as dirigentes nos lleva a los años 1733−1734. Se produce entonces una conjunción de diversos factores que favorecieron la creación de nuevas unidades a la vez que se consolida una nueva organización para las milicias provinciales, que adquieren a partir de entonces un carácter regular y permanente39. No en vano fue el asunto militar que capitalizó la actividad consistorial de esta década y buena parte de la siguiente y, en lo que aquí nos interesa, su aplicación acabaría reportando ventajas y privilegios a los gobernantes municipales.
Como antecedente próximo, cabe recordar el intento fallido de retomar el proyecto de la milicia general de 1704, cuya ejecución se vio postergada por el agravamiento del conflicto sucesorio. Según este proyecto a Ourense le tocaba formar cuatro regimientos de 500 hombres cada uno. La ciudad, igual que ocurrió en otras localidades andaluzas y castellanas, se mostró muy entusiasmada con el plan, seguramente por su condición fronteriza y el temor a los ataques tras el cambio de alianzas de Portugal en 1703. De hecho se apresuró a aplicar la ordenanza, aunque en la práctica no tuvo continuidad40. Después de éste hubo otros proyectos, pues la demanda de las ciudades de Santiago, Betanzos, Ourense y Tuy era que coexistieran regimientos y milicias (por ejemplo, el de 1726). Pero tampoco cristalizaron41, debiendo esperar a la promulgación de la real ordenanza de 1734.
Según la historiografía especializada, la organización de las milicias ya no se plantea entonces como un asunto del Reino sino general para toda España y tendió militarizarse, debido, entre otras razones, el creciente ascenso de los militares de carrera a sus puestos de mando. Ello no impidió que la nobleza e hidalguía local siguiesen acaparando muchos de esos puestos, debido al sistema y criterios de selección de la oficialidad: las ciudades capitales de regimiento tenían derecho a presentar candidatos para la mayoría de los cargos (en número de tres por plaza) mientras que el rey se reservó el nombramiento directo de ciertos puestos como el de sargento mayor y sus ayudantes. Estos últimos se cubrían con militares profesionales, mientras que al resto (coronel, teniente coronel, capitán y demás plazas de oficiales) podían acceder civiles o militares. La ordenanza recomendaba que se propusiera a oficiales adscriptos al cuerpo de inválidos y oficiales reformados del cuerpo regular naturales de las respectivas provincias y, en su defecto, que las ternas se cubrieran con los miembros de la nobleza e hidalguía provincial más capaces para el ejercicio de las armas42.
Se presenta, por tanto, una nueva oportunidad para los caballeros regidores de favorecer a sus parientes y allegados, cuando no ellos mismos, con unos puestos (oficiales de milicia) que, si bien conllevaban cierto riesgo en caso de movilización, también reportaban beneficios, y muchos, a quienes resultaran elegidos: el primero, una aventajada situación y poder, sobre todo los cargos de la plana mayor, pero también la posibilidad de promoción dentro del cuerpo e incluso de reenganchar en el ejército profesional, ciertos privilegios, exenciones, ofertas de pensiones y el disfrute del fuero militar con todas las ventajas que traía consigo; más una añadida: y es que tras diez años de servicio podían gozarlo completo aun estando desmovilizados. Además, trascurridos una serie de años, tenían la posibilidad de ingresar en las órdenes militares43. A cambio de esta prebenda, el monarca esperaba lograr la implicación, respaldo y sobre todo la colaboración de las autoridades locales en el proceso de reclutamiento.
A la ciudad y provincia de Ourense le correspondió levantar uno de estos regimientos provinciales44. En un primer momento no muestra especial entusiasmo y sí varias dudas y preocupación por ciertos ítems de la ordenanza relativos a la organización y el sistema de financiación de las nuevas unidades45. Dejando de lado el proceso, incidencias y problemas surgidos en el transcurso de su formación y centrándonos en aquello que más interesa a nuestro tema, es curioso comprobar como los capitulares se apresuraron a elaborar las propuestas para los puestos de mando (coronel, teniente coronel y capitanes) y como el número de asistentes a estos consistorios crece de forma sustancial: dieciséis ediles, cuando lo normal eran entre cuatro y seis o siete por sesión46. Demuestra el mucho interés que suscita el asunto. De ahí que tampoco sorprendan sus ternas: para coronel proponen a dos capitulares y a un familiar de otro, y para teniente coronel dos candidatos de parecidas características (un regidor primero y el familiar de otro después); además de los seis candidatos sólo uno acredita experiencia militar. La condición noble es una buena carta de presentación, tanto como lo son su solvencia económica, su valía personal, ser considerado una persona respetable y tener una aventajada situación, amén de conexiones dentro del concejo. Conforme descendemos en la jerarquía de mando (puestos de oficiales de compañía), además de las virtudes sociales y criterios económicos se consideran los valores militares: así en las propuestas de las cinco capitanías restantes, aunque casi todos los aspirantes estaban ligados a la oligarquía dirigente y entre ellos se cuela algún edil, primogénitos de otros y cinco “caballeros distinción”, la mayoría son o han sido militares de profesión $( 6 0 \% )$ . En el escalafón más bajo de la oficialidad (tenientes y subtenientes o abanderados) los criterios empleados son más o menos iguales; hay, si cabe, una mayor homogeneidad y presencia de militares en las listas.
A continuación las autoridades locales remitieron sus propuestas al capitán general del Reino, pero éste las devolvió, instándoles a que las elaborasen de acuerdo con la formalidad establecida. Como preceptuaba la ordenanza, envía junto al oficio una lista de oficiales agregados e inválidos naturales de la provincia con el fin de que incluyesen alguno. En el consistorio se plantean entonces dudas sobre a quiénes y cuántos debían meter, pero al final apenas modificaron sus ternas: las de coronel y teniente coronel quedaron igual que estaban y en las capitanías los cambios fueron mínimos (solo tres de los quince candidatos, incorporando dos agregados) 47. Es decir, que para estas plazas se valora la experiencia militar, pero la condición nobiliaria es también determinante.
Queda por ver lo que pasa con las vacantes. En agosto de 1735 se produce la primera remesa por la dimisión de algunos electos. Son tres plazas (una capitanía y dos subtenencias) y en su caso los capitulares, como en el ejército regular, priman los ascensos dentro del cuerpo aunque sin olvidar a sus clientelas: de hecho, solo dos de los nueve pretendientes carecían de servicio, ambos familiares de regidores48. Ignoro si este criterio de valorar los méritos militares y antigüedad se utilizó también para cubrir las vacantes futuras. Es posible: primero porque con ello las oligarquías alimentaban el ascenso de sus patrocinados; después porque, como se ha dicho, sus propuestas dejaron de tener influencia, convirtiéndose en un simple formalismo para refrendar las hechas por los mandos del regimiento, que propician esas promociones dentro del cuerpo49. Así se desprende por lo menos de las patentes remitidas por el inspector general a la ciudad durante los años siguientes50.
Tras una “época dorada” durante el ministerio de Ensenada, que coincide con una coyuntura de relativa paz, la utilidad de la milicia provincial se vio cuestionada, evidenciando claras deficiencias. Llegamos así al tercer momento seleccionado, que se produce cuando Esquilache ordena la revista general de las milicias en dos años (1765−1766) y como resultado de la misma Carlos III aprueba un nuevo reglamento (noviembre de $1 7 6 6 ) ^ { 5 1 }$ . Según los especialistas, no hay grandes sorpresas, pues recoge los intentos de mejora habidos hasta entonces, pero sí algunos cambios. Uno afecta al número de regimientos que se amplia, correspondiéndole a Galicia −que tenía seis antiguos− levantar otros tres, uno de ellos en la provincia de Ourense (Monterrey), cuya capital es como la del antiguo la ciudad; según el inspector general, porque no había en aquélla un pueblo de su tamaño y que fuera capaz de alojar un regimiento de milicias en asamblea52. Se presenta, por tanto, una nueva oportunidad para sus oligarquías de beneficiarse y reforzar su prestigio, pues, como antaño, el concejo era el encargado de hacer el reclutamiento y también las propuestas para designar a la mayoría de sus oficiales53.
Paradójicamente, sin embargo, el asunto no despierta el mismo interés que en 1734. De hecho, en los ayuntamientos celebrados para elaborar las ternas aumenta la asistencia capitular, pero de modo significativo sólo en el primero en que se confeccionan las de coronel y teniente coronel del nuevo regimiento (diecisiete ediles). Cinco meses más tarde, cuando se hace lo propio con sus ocho capitanías de fusileros y dos vacantes del viejo (las del coronel y teniente coronel) ya solo acuden siete y apenas hay pretendientes. Se corrobora porque, llegado el momento, la corporación no completa ninguna de las ternas, proponiendo sólo a dos sujetos por plaza. A posteriori se revisan las propuestas cambiando algún nombre, quitando otros o bien moviéndolos de lugar, pero siete capitanías quedan con solo dos candidatos y la sexta con uno. Otro tanto ocurre con los puestos vacantes del viejo regimiento (cuatro capitanías, cinco tenencias y cuatro subtenencias): una de las últimas incluso se deja desierta, alegando “no haver pretendiente capaz”, el mismo argumento que esgrimen para no cubrir el segundo y tercer puestos de los otros cargos54.
En todo caso, el inspector general no las aceptó, ordenando a las autoridades locales reelaboradas de acuerdo con los criterios establecidos en la ordenanza. Como solución para sortear el defecto numérico, éstas acordaron mantener a los candidatos propuestos en primer lugar $- \mathbf { s e }$ supone, los que a su juicio debía conferírsele la «gracia real» de ser designado−, repitiendo en el segundo y tercer puestos de todos los cargos los mismos nombres. Incluso volvieron a revisarlas en un consistorio posterior por ver si acudían más vocales (solo estaban cuatro) y se presentaban más candidatos, pero la situación apenas cambió. El día señalado acuden cinco regidores que lo único que hacen es formalizar las propuestas con lo acordado, incorporando a mayores el nombre de tres nuevos peticionarios: uno el hijo del teniente coronel electo del regimiento de Monterrey, y otro que presenta testimonio de tener “cuatrocientos ducados de renta”, lo que prueba que el criterio económico era selectivo, pues con o sin nobleza, aunque se deseara que lo fuesen, era necesario ser lo bastante rico como para costearse el equipo55.
En cuanto a los candidatos propuestos para los puestos del nuevo regimiento no sorprenden. Los de la plana mayor son miembros de la clase hidalga y acomodada y ninguno acredita vinculación con la milicia; se trata, en concreto, de un regidor (primero en la terna de coronel), dos individuos que también accedieron al sillón municipal y los familiares de tres ediles. Algo parecido ocurrió en el caso de las ocho capitanías de fusileros (las de granaderos y cazadores le correspondía proveerlas ahora al coronel) y de las dos vacantes del regimiento viejo: predomina la inexperiencia (de los veinte propuestos solo dos pertenecían ya al cuerpo de milicias y ascenderían), aunque la relación o parentesco con las familias de la oligarquía tradicional parece menor. La principal excepción es la del primer candidato a la capitanía de la coronela del nuevo regimiento: José Ramón de Novoa Araujo, hijo del regidor y coronel de la misma unidad. En cambio, casi la mitad de los propuestos para los empleos de tenientes y subtenientes son individuos ya ligados a las milicias. No en vano para las subtenencias de compañías las capitales debían incluir en sus proposiciones a los subtenientes de bandera.
En cualquier caso, lo que resulta más llamativo es el poco interés que en la presente coyuntura suscitan los empleos de milicias; y ello tanto entre quienes pueden beneficiarlos (oligarquía dirigente) como entre los posibles beneficiarios o pretendientes, excepción hecha, claro está, de los puestos superiores. Pareciera que dichos oficios ya no atraían como antaño, aunque siguieran teniendo carácter honorí- fico y semiprofesional. En cierta forma esto incluso contradice o pone en entredicho la brillantez e importancia de las disposiciones carolinas sobre las milicias provinciales, cuanto menos en lo tocante a la selección de oficiales e intento de fomentar el ennoblecimiento de la institución a través del ennoblecimiento de su oficialidad que estuvo presente también en la ley de 1734. Por no hablar de la participación y actuación de las autoridades municipales, las cuales, como ya se ha visto, no parecen mostrar un especial entusiasmo por este nuevo proyecto. Antes al contrario, a menudo se quejan de los problemas que les acarreó (cuarteles, camas…)56. No resulta fácil dar una explicación.
Puede que en ese desinterés confluyan razones diversas, algunas incluso contrapuestas, como la desidia y alejamiento de la oligarquía tradicional de las tareas municipales, quizás también la apatía de quien ya tenía colocada a su parentela en puestos de mayor rango, el propio desinterés de la nobleza e hidalguía local por estos cuerpos provinciales, así como el impacto que sobre las milicias tuvo el reciente motín de Esquilache en la medida que el conde de Aranda, enemigo de estas formaciones militares, fue nombrado presidente del Consejo de Castilla y desde esta posición hace todo lo posible para desprestigiarlas57. Sea como fuere, ese desinterés o distanciamiento parece que se mantuvo por lo menos en los años inmediatos. Un dato significativo: la mayoría de los candidatos que presentó el cabildo para cubrir los puestos vacantes pertenecían a ramas menores de la hidalguía provincial. Además es frecuente que se repitan los nombres y progresivamente crecen las dificultades para elaborar las propuestas por falta de pretendientes. Tanto es así que en marzo de 1770, debiendo elaborar las ternas para cubrir cuatro tenencias, ocho subtenencias y una capitanía libres del regimiento Monterrey, y viéndose incapaces de encontrar tres sujetos nobles para cada una, los capitulares decidieron aplicar una disposición del inspector general que ordenaba que, escaseando los aquéllos $^ { - } \mathbf { 0 }$ no siendo suficientemente adinerados−, podían designarse miembros “del estado llano de actitud”58, o sea, de los más acomodados y que no tengan un trabajo deshonroso.
3. REGIDORES Y MILITARES: CAMPOS DE HONOR Y VÍAS DE ASCENSO.
Queda por examinar un aspecto fundamental de esa interrelación entre lo militar y lo municipal, o mejor entre la milicia y las élites locales, que tocaremos de manera tangencial porque merece en sí un trabajo. Se trata de los regidores que son o fueron también militares o viceversa. ¿Cuántos son, cuándo y qué oficio/os obtuvieron? $\dot { \iota }$ Tuvo esto alguna repercusión en la institución y política municipal?. Son preguntas que no tienen fácil respuesta, pero intentaremos al menos aproximarnos59. Para ello debemos empezar por precisar qué entendemos por “militares”. Como hasta aquí, optamos por una identificación o definición amplia, consonante con la doble dimensión del modelo militar borbónico; o sea, incluyendo tanto a los miembros de los cuerpos profesionales (ejército propiamente dicho) como a los “semiprofesionales” o “de reserva” (milicias provinciales), sin olvidar que para éstos el uniforme suele ser un accidente, algo temporal, y que son oficios básicamente honoríficos. En puridad deberíamos englobar también a los que se alistan en las milicias urbanas y cuerpo de voluntarios honrados, que obviamos porque no encontramos en nuestro registro ningún capitular que reconociera dicha vincula$\mathrm { c i } \dot { 0 } \mathrm { n } ^ { 6 0 }$ . En cuanto al rango, dada la condición social de los capitulares, mayormente nobiliario, es evidente que hablamos casi siempre de puestos de oficiales, aunque algunos ingresaron como cadetes y, que sepamos, ninguno de soldado raso.
Cronológicamente, esta correspondencia entre regidores y oficialidad del ejército, sobre todo de milicias, no es nueva. Pero ahora en el XVIII se consuma. Expresado en cifras, para el período analizado $- 1 7 0 0 { - } 1 7 8 8 / 8 9 { - }$ contabilizamos un $20 \%$ de «capitulares militares»61, cota mínima (que lo declara) e incluidos todos, los que eran oficiales vivos o reformados $- \mathrm { e s }$ decir, en activo o a la espera de destino− y oficiales o cadetes de milicias cuando ingresaron en el ayuntamiento, y también los que obtuvieron el uniforme una vez dentro, o sea, cuando ya eran regidores. Predominan, no obstante, los primeros (tres cuartas partes del total), entre los que se cuentan un maestre de campo de un tercio de infantería, un comisario real del ejército del reino, un capitán de infantería, un capitán de caballos corazas, un ex capitán de infantería walona, un ex cadete de las reales guardas de corps y varios cargos de los cuerpos provinciales. La mayoría resultó favorecida con nuevos empleos y ascensos; eso sí, casi siempre de milicias. Por reinados el número superior se concentra en la etapa filipina, que duplica ampliamente al periodo carolino; un hecho en parte agrandado por el absentismo capitular, pues más de la mitad de las regidurías están inactivas o sin titular acreditado, pero que, pensamos, también pudo deberse al mencionado descrédito de los cuerpos provinciales.
Son cifras brutas, que no dicen mucho sobre el peso real de este colectivo dentro del consistorio, pues engloban bajo un porcentaje a individuos que ejercen en años y etapas no siempre coincidentes y además no consideran el número de regidores que componen el ayuntamiento o que usan el oficio. Cuestión harto complicada. A modo de aproximación sirvan como indicador los siguientes datos: en 1701, según una relación de nobles e hidalgos elaborada a petición del gobernador del Reino, estaban activas treinta regidurías, y entre sus titulares solo dos reconocen tener oficios militares (un cabo y un capitán de milicias); al menos otros dos obtuvieron por esos años sendos cargos militares (uno de maestre de campo y gobernador de la plaza de Monterrey, el otro de capitán de milicias). Su importancia relativa aumenta en la década de los cuarenta, cuando en el consistorio sólo había 24 capitulares acreditados, los que ejercen son bastante menos y el número de quienes son oficiales de milicia crece por la organización del regimiento Ourense. En los años $6 0 \mathrm { ~ y ~ } 7 0$ la situación pudo ser más grave por la formación de la nueva unidad de Monterrey y evolución del resto de variables. Son ilustrativos al respecto los datos de los padrones de vecinos elaborados en $1 7 7 8 \mathrm { ~ y ~ } 1 7 8 0 ^ { 6 2 }$ : aparecen doce regidores empadronados, cinco de ellos militares (cuatro de milicias).
Claro que su asistencia al cabildo no era continua sino más bien esporádica. Solían acudir cuando se trataban asuntos de su interés personal o profesional como la elaboración de propuestas para cubrir las vacantes de los puestos superiores de los cuerpos provinciales, el ingreso de nuevos capitulares, asuntos de soldados bajo su mando, el alquiler de cuarteles y acopio de camas, etc. De ahí que, por lo general, su presencia en los concejos no fuese bien vista por el resto de los capitulares. De hecho, Ourense, igual que hicieron otras localidades, se quejó de los inconvenientes y perjuicios que acarreaba el nombramiento de regidores−militares y más de una vez en el consistorio se oyeron voces contrarias a su ingreso, alegando que eran oficios incompatibles, aunque se tratara de oficiales reformados y agregados a unidades asentadas en el Reino63. Alegan, por un lado, su abandono de las tareas municipales, ya que el servicio en el ejército implicaba libre disponibilidad de movimiento en el marco espacial de la monarquía, cosa que podía ocurrir en cualquier momento. Por otro, los consideran una carga económica para las arcas municipales (sueldo y otros gajes), que no cesaba en caso de inasistencia física de aquél, amén de recargar, cuando así ocurría, a los capitulares asistentes con el trabajo municipal (comisiones, gestión ordinaria, etc.) sin que por ello percibieran compensación económica alguna. A ello añaden las parcialidades en asuntos de su interés, sus pretensiones honoríficas, conflictos de fuero o jurisdicción y no digamos si el designado no era natural.
El problema debió agravarse con la aplicación de la ordenanza de 1734, pues parte de los mandos de los nuevos regimientos fueron a parar a manos de la nobleza autóctona (autóctona), algunos de los cuales eran además regidores, alcaldes o procuradores del concejo o lo llegaron a ser después. Fueron precisamente las quejas y protestas que algunas de esas ciudades y pueblos afectados presentaron ante el director general Montemar lo que hizo que en noviembre de 1737, Felipe V regulara la asistencia de los oficiales y cadetes militares a los ayuntamientos: se les permite ausentarse cuatro meses al año, por considerarlo el tiempo necesario para las asambleas que debían efectuar cada tres meses, salvo si estuviesen de servicio con su tropa, en cuyo caso debería preceder la oportuna justificación del capitán general o comandante general de la provincia donde se hallaren. Además, se fijó el protocolo o forma de entrar a los cabildos, estipulando que sería como la del resto de los regidores; o sea, con vestidos negros y dejando el bastón a la entrada del consistorio64. Esta disposición fue muy bien acogida por los capitulares orensanos, que pidieron que se cumpliese exactamente lo ordenado65. Se ha dicho que la situación empezó a cambiar cuando las propuestas de los ayuntamientos dejaron de tener la influencia que tenían con anterioridad y se convirtieron en un simple for
malismo para refrendar las que hacían los mandos de los propios regimientos66.
Puede, pero tuvieron que transcurrir años, en su caso por lo menos una década.
Sea por las atribuciones reconocidas a los coroneles, sobre todo en materia judicial (fuero militar), sea por la profusión de leyes dictadas para aclarar dudas sobre organización y demás (adicionales de 1736 y 1745 y otras disposiciones) o simplemente como consecuencia de los problemas derivados del levantamiento, existencia y sostenimiento de estos cuerpos, lo cierto es que en los años inmediatos aumentaron las tensiones entre la institución y autoridades municipales y los mandos militares provinciales, valiéndose los regidores con oficio de milicias de su doble condición. Resulta ilustrativo en este sentido la resolución tomada por el concejo en mayo de 1748: aprovechando el fallecimiento del regidor y capitán de milicias José de Losada Enríquez y que con él desaparecían del consistorio los regidores oficiales y cadetes de dicho cuerpo $- \mathbf { s e }$ entiende, con uso y excluidos los profesionales ausentes−, acuerdan elevar una representación al rey, solicitando que nadie pudiese ser regidor mientras poseyera empleo de milicias, y que concurriendo alguno que lo tuviera quedase privado de voz y voto. Añaden que si lograra el cargo por herencia (en propiedad) y quisiera ejercerlo pueda hacerlo, pero renunciando antes al oficio militar y constándole al cabildo que la dejación fue admitida. O sea, quieren que esté prohibido por ley ejercer simultáneamente un cargo municipal (regidor) y un empleo militar aunque éste fuera de milicias.
Lo justifican señalando algunos de los perjuicios que había venido ocasionando la compatibilidad de ambos. Uno, el derivado del reconocimiento del fuero criminal a los milicianos, que dio lugar a no pocos abusos y excesos por parte de éstos, así como a numerosos conflictos de competencias entre los representantes de la justicia ordinaria (corregidor) y el coronel del regimiento, a quien correspondía juzgar dichas causas, pues éste tendió arrogarse poderes que no le competían, sobre todo en lo judicial, lo que hizo que muchos de sus delitos quedaran sin castigo. Otro, su imposibilidad de averiguar las irregularidades y abusos cometidos en los sorteos, evoluciones mensuales y otros lances así como las vejaciones que ocasionaban los soldados a los pueblos de la provincia, pues, hallándose presentes en el consistorio algunos oficiales, procuraban disuadir la investigación, rebajando la importancia de los asuntos denunciados, y pudiendo abortarla, valiéndose para eso de otros regidores parientes, amigos u aforados. Además, sólo asisten cuando se les antoja y lo mismo a las funciones públicas, perjudicando con ello al resto de los capitulares67.
Se trataba, por tanto, de acabar con esta situación. Para ello la ciudad buscó el apoyo y mediación del padre Rábago, confesor real, a través del Colegio que la Compañía de Jesús tenía aquí, y también la del obispo, a quien pide que tenga en cuenta lo señalado para la provisión de sus ocho regidurías. A priori parece que la iniciativa tuvo buena acogida en la Corte, pues apenas un mes y medio más tarde la ciudad acusa recibo de una carta del marqués de Ensenada, informándole de la adhesión del rey a su demanda y de que se tomarían las medidas oportunas para solucionar el asunto68. Y se nota también que el equipo de gobierno de Fernando VII estaba preocupado por la situación del ejército y que trabajaba con planes de reestructuración que incluían las milicias. Y también que las protestas y problemas planteados no eran exclusivos de una sola provincia o ciudad69. Sin embargo, el tema no se resolvió ni llegó a haber una ley que impidiera a los regidores ser además militares. Que sepamos, en el ayuntamiento tampoco se volvió a hablar del asunto. Pero se hará.
Ocurre en 1769, cuando la corporación tiene que informar la designación como capitular y depositario general de Benito Pimentel y Espinosa, que hereda el cargo y títulos de su padre (marqués de Limia)70. Consideran un inconveniente que sea oficial de milicias (capitán del regimiento de Betanzos), “no por lo decoroso del empleo, sí…por los tropiezos que encuentra con otros individuos de este carácter por no querer adherirse más que a su voluntad”. Pero el dictamen fue favorable. Quizás porque el absentismo capitular era ya muy elevado o simplemente porque pensaban que con el nuevo reglamento las cosas serían distintas. De hecho, hubo varios regidores oficiales de milicias, entre los que se cuentan los mandos de los dos regimientos provinciales: tres o cuatro de los once−doce capitulares que solían asistir en las sesiones más concurridas de los años 1774−80, quienes, existiendo división de opiniones, solían conformar sus votos71. En todo caso, su presencia en el ayuntamiento se hizo notar también de otras formas. Así, por ejemplo, en un consistorio celebrado en diciembre de 1770 el regidor y coronel del regimiento de Monterrey José de Novoa se quejó porque a él y a otros capitulares que le acompañaban así como al personero y capitán Felipe Luís de Deza se les había impedido entrar con bastón. Incluso denunció el asunto ante el Consejo de Castilla, quien despachó una provisión ordenando a la ciudad que, conforme a lo establecido en la ordenanza, se le permitiera a dicho coronel y los más regidores que fuesen jefes del cuerpo de milicias, asistiendo con uniforme, que pudiesen entrar en el consistorio con bastón y demás insignias correspondientes a su grado; y lo mismo en el caso del corregidor72.
No debió ser la única localidad e institución donde hubo problemas de esta índole. Prueba de ello es que cuatro años después, en 1775, Carlos III ordena por decreto que los oficiales militares de cualesquier cuerpo y calidad que tuvieran un cargo municipal o en los tribunales debían ser admitidos a «todos los actos y funciones de su estatuto, correspondientes a sus encargos, con el uniforme propio de su clase», y que los que por resistencia de tales cuerpos hubiesen dejado de asistir y gozar de las asignaciones debidas a dichos cargos, se les reintegrase lo que hubiesen dejado de percibir. Hubo otras disposiciones reales aclaratorias sobre protocolo y entradas de estos regidores, algunas de tiempos de Carlos $\mathrm { I V } ^ { 7 3 }$ , pero no modificaron nada en la práctica.
Quedaba por resolver, sin embargo, el problema del absentismo de los regidores militares, que en ciudades pequeñas como Ourense pudo agrandar notablemente el general. Quizás porque ya eran muy pocos los regidores que residían en la ciudad y menos los que acudían regularmente al consistorio. De ahí sus quejas y recelos capitulares. Como el que manifiestan en el último consistorio del año 1779 cuando se trata de repartir las diputaciones y elaborar las listas de “regidores mesenarios” para el año siguiente: se acuerda poner a todos, incluidos los ausentes, esperando −añaden− “no rehúsen el turno los caballeros militares, siempre que no se evidencie incompatibilidad con su empleo”, según les está prevenido por el inspector general74. No en vano solían excusarse de servir como tales y acogerse al fuero militar con el fin de evadir sus obligaciones.
Precisamente, para acabar con este tipo de situaciones en marzo de 1784 el monarca, a instancias del Consejo, despachó una real cédula de aplicación general, en la que ordenaba que los empleados de cualquier “ramo del real servicio” que ejerciesen al mismo tiempo un “empleo de República” no se eximieran de sus cargos y obligaciones como miembros del ayuntamiento amparándose en dicho oficio, ni tampoco en el fuero que como tal les correspondía75. Que en la mente están los regidores con empleos militares aunque no se mencionen es evidente. La correspondencia entre nobleza y oficialidad del ejército venía de largo, aun tratándose de milicias o milicias provinciales. El cabildo de Ourense al menos así lo entendió. De hecho, se apresuró a tomar medidas contra la alteración que existía en la referida comisión de los meses, citando a aquéllos como unos de los que se excusaban. Más de una vez se hizo mención también en el consistorio a esta disposición para recordarles su responsabilidad en los acuerdos municipales aunque no asistiesen76. A pesar de ello, su actitud no cambió sustancialmente. Acuden solo cuando les interesa y aceptan, incluso solicitan, comisiones si pueden reportarles provecho, honores u honra. Así ocurre, por ejemplo, en 1789 cuando la ciudad tiene que designar a un regidor que acuda a la Junta del Reino y elección de diputado para asistir a la coronación de nuevo monarca: como pretendiente se postula José Marquina, coronel del regimiento de Monterrey que vive en Rande y apenas asiste a los consistorios77. Y no es el único militar.
Queda por examinar quiénes son, cómo y cuándo ingresaron estos militares con sillón en el ayuntamiento, y hablo desde la perspectiva municipal que no militar78.
En este sentido hay divergencia de situaciones, acordes con las trayectorias personales y profesionales de cada cual. Dejando de lado estas diferencias, que no podemos analizar, entre ellos encontramos dos grandes grupos: por un lado, los que acreditan una vinculación previa al ejército, o sea, son militares antes que regidores; y, por otro, los que logran el oficio de milicias una vez dentro, es decir, siendo ya capitulares. Los primeros suelen ser militares profesionales, aunque su situación difiere: los hay en activo −“vivos”−, pero también reformados y agregados. En cambio, los segundos son esencialmente semiprofesionales, capitulares que obtienen un empleo de mando o como oficiales de las milicias provinciales creadas en este siglo. A caballo entre ambos, se situarían los regidores−oficiales que estando en situación de reformados y/o agregados (en ocasiones eran las dos cosas) obtení- an un empleo efectivo de nuevo −“reemplazado”− en los cuerpos provinciales.
Desde el punto de vista cronológico o temporal, la entrada y/o presencia (a veces coinciden) de militares en nuestro ayuntamiento se concentra o ubica sobre todo en tres o cuatro momentos, no ajenos a otras tantas coyunturas político−militares: durante los primeros años del reinado de Felipe V (Guerra de Sucesión), a principios de la década de los veinte y años finales de la anterior (1717/18−1721/22), a la altura de 1734 (Ordenanza de milicias provinciales) y años posteriores y en el decenio 1766−74/75 (Reglamento de milicias de 1766). En los dos primeros se trata de militares del ejército regular que se reconocen en los títulos como tales (o sea, “efectivos”), salvo uno, Juan Laiseca y Alvarado (1717), que dice haber sido cadete de las reales guardias de corps de la compañía del conde de Aguilar, donde alcanzó el grado de teniente, sin que conste la situación que tiene cuando ingresa en el ayuntamiento (como teniente en la regiduría de su padre). Algunos obtienen la regiduría por nombramiento directo del obispo, caso de Tomás Salgado (1701), dueño de la jurisdicción de Borrajeiros y maestre de campo de un tercio de infantería española, o de José Arias y Porres (1704), gentil hombre y comisario real del ejército, vecino de Madrid pero residente en la ciudad, que en 1730 se reconoce inspector de la gente de guerra del Reino. Pero la mayoría la hereda como parte del mayorazgo. Unos y otros suelen desempeñar el cargo, aunque sea por un tiempo limitado; quiero decir que no lo traspasan, aunque desconozco su índice de asistencia y participación en el consistorio. Alguno como Tomás Sotelo de Noboa (1721), con una hoja de servicios como capitán de infantería walona durante más de dos décadas, designado en 1734 teniente coronel de milicias, incluso lo ejerció hasta su muerte en 1751. En realidad, solo nos consta un caso, Juan Antonio Sotelo Arrojo (1710), capitán de caballos corazas del regimiento de Tuy, que traspasara o cediera el cargo concejil casi de inmediato.
Por su parte, aquellos capitulares relacionados con el ejército en la década de los $3 0 \mathrm { ~ y ~ } 6 0 \mathrm { ~ y ~ }$ años siguientes son individuos que ya están dentro del concejo o ingresan en fechas próximas. Ostentan cargos de la plana mayor regimental (coronel y teniente coronel) o, más raramente, de oficial de una compañía del mismo cuerpo (regimiento provincial de Ourense, en 1766 también del nuevamente creado de Monterrey); unos empleos que obtienen valiéndose de su posición dentro del concejo y, cuando no, de su condición nobiliaria. Algunos son oficiales reformados, agregados o inválidos; otros, en cambio, carecen de experiencia y buscan los privilegios del fuero. En la etapa carolina son mayoría los que obtienen primero el empleo de milicias y después la regiduría, unos por herencia (la mayoría, primogénitos) y otros mediante un nombramiento como tenientes. Pertenecen a este último grupo Benito Sotelo, subteniente del regimiento de Ourense, y Juan Francisco Feijoo, teniente coronel del de Monterrey, que en 1772 y 1773, respectivamente, logran sendas tenencias de las regidurías de los condes de Lemos y Altamira. En su caso, el oficio militar, aunque fuera de milicias, pudo facilitarles la entrada en el gobierno municipal, reforzando con ello el lustre de la familia.
Estos procesos de ascenso intraestamental no son los únicos dentro del colectivo. Hubo casos en que la “palanca” de ese ascenso parece ser el cargo municipal, o al menos un peldaño importante, que logran mediante el recurso a la compra o bien haciéndose con un título de teniente, pues, una vez dentro, siendo ya miembros de la clase política pueden subir o escalar otros peldaños: ser coronel, teniente coronel o capitán de las milicias provinciales puede ayudar. Aparte de privilegios y exenciones, son empleos que reportan honor y honra, y a quienes ya eran oficiales agregados o adscriptos al cuerpo de inválidos una jubilación o un retiro honroso. Permítanseme, para concluir, tres breves ejemplos. Uno es José Antonio Noboa Araujo, pariente de regidor, que en 1752 compra una regiduría de la ciudad; en 1767 fue propuesto y designado coronel del regimiento de Monterrey y comandante de armas de esta capital, empleo que mantuvo por lo menos hasta 1777; señor además de la jurisdicción de Freanes de Astariz, en él recayó también el título de conde de Borraxeiros (1769). Las carreras de los otros dos llevan un inconfundible sello militar, aunque no ejercieron mucho tiempo, pero también tuvieron cierta relevancia política en el ámbito local. Juan Alonso de Lemos Sotomayor y Bolaño, caballero hidalgo notorio, obtiene en 1702 la patente de una de las compañías de infantería española que se formaron con los 2.000 hombres con que el Reino de Galicia sirvió al rey y que fueron enviados a América. Hijo primogénito, nieto y bisnieto de regidores por línea paterna, hereda el vínculo y el cargo en 1718; primo y cuñado de regidor, en 1734 fue propuesto por el cabildo en la terna para el puesto de coronel del regimiento provincial, pero inicialmente no obtuvo la plaza. Sí lo hizo, en cambio, Antonio José Guntín y Pillado: capitán también de infantería española agregado a la plaza de Coruña y comandante de milicias de la provincia, en 1732 hereda de su tío, el deán de la catedral de Ourense y licenciado Benito Ventura Guntín Pillado y Luaces, la regiduría; en 1734 fue propuesto y elegido coronel del cuerpo de milicias, asumiendo el mando y administración del regimiento y una compañía, la coronela. También resultó favorecido su hijo: habiendo ingresado como cadete en la misma unidad, dos años más tarde asciende a teniente de una de las compañías.
4. CONSIDERACIONES FINALES.
Es evidente, lo militar estuvo presente en las instituciones municipales del XVIII: fue un lugar preferente de encuentro y diálogo entre el rey y las oligarquías u élites locales. El reclutamiento militar es una de las vías a través de las cuales se produce esa comunicación. De ello se benefician ambos poderes. Pero esa relación trasciende lo político o no es solo política, adentrándose también en el terreno social y humano, tal y como lo atestiguan la entrega de patentes en blanco a los cabildos municipales o la presencia de militares al frente de una regiduría del concejo. Pero ¿qué significado tuvo esta correspondencia entre capitulares y oficialidad del ejército? Desde luego, no se puede hablar de militarización o intromisión de los militares en la administración municipal, pues su peso dentro del grupo dirigente, con ser importante, no es determinante, su presencia resulta discontinua en el tiempo y además la mayoría son hombres de los cuerpos provinciales, a los que algún autor ha denominado “militares de tiempo compartido”, cuyos intereses principales no suele situarse en la milicia sino en la honra que reportan dichos empleos. Otro tanto puede decirse de muchos oficiales jóvenes, primogénitos de la familia, que sirven en el ejército un tiempo para hacer méritos hasta casarse o heredar el mayorazgo, y que se salen después para dedicarse a la perpetuación de su estirpe y del patrimonio correspondiente así como a ejercer el cargo municipal desde el que tratan de medrar política y socialmente. El que después obtengan un empleo de milicias no es tanto por vocación militar cuanto por prestigio y honor, la posibilidad de conseguir en el futuro otros más altos (hábitos e incluso títulos nobiliarios).
Pero esto no significa que su presencia en los ayuntamientos fuera irrelevante. En mi opinión, tuvo por lo menos tres consecuencias fundamentales para la vida política y grupos dirigentes municipales, y no son las únicas: una, las tensiones y enfrentamientos internos que provocó; y ello en doble sentido, tanto cuando el cabildo trataba de determinados asuntos militares (reclutamiento de soldados y levas, reparto de patentes en blanco, propuestas para los cuerpos de oficiales, cuarteles y utensilios, etc.) como por la actuación de los regidores con empleo militar, aunque fuesen de milicias, pues frena e impide la actuación de aquél, incluso en asuntos de su competencia; la segunda, tiene que ver con el absentismo capitular que, como hemos visto, contribuyó a acentuar, aunque no fue una causa profunda (en ciertas coyunturas es quizás más un indicio o síntoma del problema); y la tercera y última, no menos importante, atañe a las exenciones y privilegios reconocidos a los hombres de milicias, el principal el fuero militar, que utilizaban tanto social como jurídicamente para defender sus intereses y los de sus familias dentro y fuera del concejo. Sin ser determinante, lo militar en el XVIII no fue ajeno a lo político, tampoco en el ámbito municipal.