Los incorregibles del sistema penitenciario liberal en España y Portugal (1870-1930)
The incorrigible prisoners of the liberal penitentiary system in Spain and Portugal (1870-1930)
Pedro OLIVER OLMO Universidad de Castilla-La Mancha.
Maria João VAZ ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.
RESUMEN.
A finales del siglo XIX y principios del XX, la palabra “incorregible” se utilizó en un sentido puramente criminológico y penológico, para hablar de “criminales natos” y delincuentes “reincidentes”, y en otro mucho más pragmático que quedaba reducido al ámbito penitenciario y a la cuestión de los denominados “presos incorregibles” o “inadaptados”. Esta problemática, animada por el positivismo criminológico y globalizada gracias a la constante celebración de encuentros y congresos internacionales, también llegó con fuerza a España y Portugal, países en los que la corriente de pensamiento criminológico que tenía más prestigio era el correccionalismo. Con nuestra investigación, además de aprehender los rasgos más significativos de un debate que estuvo espoleado por las propuestas de inocuización –penas de incapacitación, neutralización o eliminación de delincuentes– que realizaba el positivismo frente al correccionalismo, nos preguntamos por el alcance real de las medidas reglamentarias y organizativas que se propusieron con la intención expresa de neutralizar o separar de la sociedad por tiempo indefinido a los penados que eran considerados incorregibles.
PALABRAS CLAVE.
España contemporánea; Portugal (siglos XIX y XX); inocuización; presos incorregibles.
ABSTRACT.
In the late 19th and early 20th century, the word “incorrigible” was used in a purely criminological and penological sense to speak of “natural born criminals” and “repeat offenders”. However, it also had another, far more pragmatic meaning that was restricted to the penitentiary sphere and the issue of the so-called “incorrigible” or “maladapted” prisoners. This problematic, encouraged by criminological positivism and globalised thanks to the constant holding of international meetings and congresses, also became a significant issue in Spain and Portugal, countries where correctionalism was the most prestigious current of criminological thought. In our investigation, besides covering the most significant features of a debate fuelled by the proposals of inocuización – penalties involving the incapacitation, neutralisation or elimination of offenders – put forward by positivism in opposition to correctionalism, we inquire into the real scope of the regulatory and organisational measures that were proposed with the express aim of neutralising, or separating from society for an indefinite time, convicts who were considered to be incorrigible.
KEYWORDS.
Contemporary Spain; Portugal (19th and 20th centuries); incapacitation; incorrigible prisoners.
Desde principios del siglo XXI, ante la alarma social provocada por crímenes atroces de delincuentes sexuales violentos, han retornado con fuerza antiguas propuestas de sanción penal neutralizadora, como la inocuización, es decir, castigos que conllevan la eliminación, incapacitación o separación de la sociedad de ese tipo de penados1 . Esa figura delictiva, la del depredador sexual homicida, representa hoy en día en el imaginario colectivo la imagen atávica del criminal incorregible, un prototipo delincuencial que ha estado siempre presente en el noticiario del crimen y en la percepción de inseguridad frente al incremento de la delincuencia. La sensación social de desprotección frente a la criminalidad alienta demandas de criminalización y severidad punitiva, pero en el terreno de las ciencias penales las propuestas de inocuización y la noción de incorregibilidad siempre derivaron en un clamoroso disenso, pues se sustentan sobre la supuesta existencia del criminal nato y la hipotética proliferación del criminal profesional.
Tal y como veremos, en España y Portugal la idea misma de la inocuización de los incorregibles influyó en los debates criminológicos y en las normativas penales y penitenciarias de la mayoría de los países occidentales, hasta que, hacia mediados del siglo XX, con el avance de las alternativas resocializadoras, cayó en desuso. Habían adquirido cuerpo doctrinal a finales del siglo XIX, gracias a reputados juristas europeos, como Franz von Lisz, liberal defensor del Estado de derecho, por un lado, y punitivista en lo que se refiere a la vertiente penal del constitucionalismo, un extremo que explicaría su influencia postrera en la política criminal del nazismo2 . Para el jurista alemán, la pena tenía una triple función: la intimidación del delincuente ocasional, la resocialización del delincuente corregible y la inocuización del incorregible3 .
Los fines de la inocuización de los incorregibles no se podían alcanzar sólo con el ordenamiento vigente, aunque ya contemplara penas eliminatorias, como la de muerte, además de la cadena perpetua y la deportación. Debían añadirse tratamientos científicos criminológicos, médicos y psiquiátricos, y nuevas iniciativas de neutralización penal, como las medidas de seguridad, que imponían de facto encarcelamientos indefinidos a delincuentes clasificados a priori como sujetos peligrosos y seguros reincidentes.
El debate penal y criminológico sobre la incorregibilidad en España.
La aparición de la figura de los delincuentes y los presos incorregibles en determinadas normativas penitenciarias de finales del siglo XIX tuvo algo de sobrevenido, espoleado por la irrupción de las teorías positivistas, pero no vamos a obviar sus antecedentes legales y doctrinales para entender su construcción histórica como concepto.
Además de algunas iniciativas y experiencias carcelarias singulares y pioneras, entre las que destacó la del célebre coronel Montesinos en Valencia, con los primeros albores del Estado liberal fue forjándose en España una suerte de discurso cultural y político sobre el correccionalismo4 . No obstante, también hubo desde antiguo en el pensamiento jurídico un ánimo punitivo segregacionista que no casaba en absoluto con el ideal de la corrección. Rafael Salillas indagó en la historia pre penitenciaria y dedujo que algunos destacados pensadores españoles del siglo XVIII, como Manuel de Lardizábal, ya se alineaban “con principios correccionales”, precisamente, por contemplar la diferencia entre corregibles e incorregibles, lo que derivó en iniciativas que anticipaban un hipotético sistema penitenciario, sobre todo el Reglamento de 26 de marzo de 1805 para el presidio de Cádiz5 . Junto a ciertos esbozos correccionalistas, esta reglamentación ya contenía el extremo contrario, lo que se llamaría inocuización:
el hombre incorregible debe morir civilmente, si su muerte física fuese una atrocidad infructuosa; arrojado de la sociedad, no debe jamás volver a ella, porque no volverá jamás sino para ofenderla [...]. Siempre que alguno de los presidiarios del correccional se señalase por incorregible y cometiese algunos excesos, en términos de que su continuación en el presidio pueda ser perjudicial, se le formará la correspondiente causa, y con proporción a lo que resultase, podrá el excelentísimo señor gobernador de la plaza recargarlo y desterrarlo a uno de los presidios de África, dando parte en seguida a S. M. por la vía reservada6 .
Entre 1834 y 1848, se formalizó el lenguaje que la codificación liberal dedicaba a las penas correccionales y, por ende, a los establecimientos asimismo denominados correccionales. Anteriormente, en el primer proyecto de código penal liberal, el non nato de 1821, se dio a conocer la primera muestra sistemática del triunfo histórico de la pena privativa de libertad, como gran alternativa sancionadora a las penas corporales, vergonzantes y utilitaristas del absolutismo, entre otras cosas porque los legisladores empezaban a asumir la posibilidad de la corrección del delincuente, lo que significaba que estaban distinguiendo básicamente entre delincuentes “corregibles” y delincuentes “incorregibles”7 . El liberalismo más temprano expresaba de esa manera una actitud hacia el castigo que ya defendía la función correctora de la pena.
El Trienio Liberal retomaba el ritmo histórico del proceso de afianzamiento del encierro penal. Lo hacía sobre la base de una diferenciación etiológica algo gruesa –la de corregibles e incorregibles–, que había tenido un clarísimo precedente legal cincuenta años antes. En efecto, fue en 1771 cuando Carlos III dictó una pragmática inspirada en el reformismo ilustrado que, además de haber sido valorada por los especialistas como el primer atisbo del largo proceso de reforma penitenciaria subsiguiente, establecía una distinción fundamental para comprender la historicidad de la noción de incorregibilidad. Aquella pragmática dieciochesca distinguía dos tipos principales de delincuentes: los “no qualificados” y los “qualificados”, siendo estos últimos aquellos que no tenían “esperanza de enmienda”, es decir, los incorregibles, los que debían ser separados totalmente de la sociedad y se merecían el peor de los encierros en los arsenales de la Armada, donde debían realizar “los trabajos penosos de bombas y demás maniobras ínfimas, atados siempre a la cadena de dos en dos”8 . También hay noticias sobre tratamientos punitivos en instituciones asilares y carcelarias del Antiguo Régimen con internos jóvenes que se portaban mal de manera obstinada, como explicaba Fernando Cadalso al analizar el caso de Los Toribios9 .
Así pues, entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX se fueron constituyendo en la práctica punitiva las dos acepciones del tratamiento de la incorregibilidad que veremos aparecer a finales del siglo XIX en las normativas y los discursos criminológicos. En realidad, hasta que se dio a conocer el positivismo criminológico, tan proactivo, la manera de categorizar al delincuente incorregible fue siempre reactiva, en lo que seguirá abundando, polemizando con el positivismo, la corriente correccionalista. Sin embargo, en el fondo de esta controversia, además del correccionalismo y el positivismo, también se hará notar la presencia (influyente en la academia y los tribunales, y sumamente trascendente más tarde, en el franquismo) de esa otra posición reaccionaria que representaban penalistas como Jerónimo Montes o Isaías Sánchez Tejerina, entre otros. Realizaban una lectura católica ultraconservadora de las propuestas clásicas (de Lardizabal y Feijóo) y de pensadores como Jaime Balmes, Menéndez Pelayo o Donoso Cortés para defender la función “expiatoria” de la pena de muerte y la tarea de “redención” de los castigos penitenciarios, hasta conformar “un modelo de derecho penal autoritario” e “integrista”10.
La cuestión penal y carcelaria quedó anclada en un campo de intersecciones de las ciencias penales y penitenciarias con la criminología y los estudios antropológicos, médicos, psiquiátricos y psicológicos. Todo ello resonó con fuerza cada vez que se trataba la cuestión de los criminales incorregibles, al tiempo que se implementaban, sobre la base ideológica de la “defensa de la sociedad”, los postulados de un orden público que identificara y segregara a los “sujetos peligrosos”11. Así se conformó en el debate sobre las causas del crimen un abanico variopinto de figuras delictivas que eran desacreditadas con las señales de la incorregibilidad. Por un lado, estaba una amplia variedad de delincuentes comunes reincidentes y multirreincidentes que provocaban sensaciones de alarma e inseguridad (a modo de “pánicos morales” susceptibles de generar ajustes en el sistema de control)12. La figura del reincidente ya estaba incorporada a la codificación penal liberal y a la reglamentación carcelaria de la Ley de Prisiones de 1849, pero por otro lado también se incluía a los anarquistas, con especial encono por parte de los criminólogos del positivismo13. Además, en ese catálogo de figuras sociales controvertidas tampoco faltaban los contrabandistas y los bandoleros (algo que llamó mucho la atención a Concepción Arenal). Por último, en el abanico de la incorregibilidad quedó incorporada una amalgama de sujetos marginales propensos a la vagancia y al merodeo.
Desde la década de 1860, se desarrolló con prestigio creciente el correccionalismo, con figuras tan destacadas como Concepción Arenal14. Iba a ser una fructífera corriente de pensamiento que perduraría a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, hasta culminar, a la altura de 1931, de la mano de la autoridad de Victoria Kent15. El discurso del correccionalismo generaba un enfoque preciso y reformista de la corregibilidad penal, la cual, a su vez, creaba una suerte de efecto espejo sobre el que podía entreverse de manera poco definida la imagen del criminal incorregible como contraparte. Algo más tarde, sobre todo en la década de 1880, con la irrupción de la nueva tendencia criminológica positivista, el correccionalismo español sería consciente de que dejaba al incorregible representado en negativo, perceptible, pero algo difuminado. Concepción Arenal se mostró muy crítica con la noción misma: “Nunca debe darse a un penado el nombre de incorregible, porque en absoluto nunca puede tenerse la seguridad de que, más o menos, no pueda corregirse algo”16.
Todo lo que denotaba la idea misma de incorregibilidad servía a Concepción Arenal para revisar la política penal y la situación penitenciaria de su tiempo. Abordó la cuestión con mucho detalle en el Congreso Penitenciario Internacional de San Petersburgo de 1890. La corrección de los delincuentes tendría que ser “graduada”, con paciencia, pues del hecho de que “un penado o miles de ellos no se hayan corregido en las malas condiciones en que los han puesto, no puede inferirse que sean incorregibles”. Arenal aceptaba la existencia de reincidentes, pero creía inconveniente “calificar de incorregible a un reincidente”. Eran naturalezas distintas. Esto remitía a un debate de fondo que también veremos en el caso de Portugal. El delincuente reincidente era normalmente una especie de pequeño delincuente, habituado a salir de prisión para volver a recaer en sus malas conductas de siempre, por lo que no era en absoluto riguroso confundir ambos términos. La reincidencia no denotaba incorregibilidad.
En sentido estricto, continuaba Arenal, había incorregibles, pero “no tantos como se supone”, y en cualquier caso “no constituyen un peligro social”. El problema social de lo que se estaba llamando incorregibilidad se complicaba por culpa de los déficits institucionales y los abusos de los jueces con los reincidentes, a través del exceso en el recurso a la prisión preventiva (lo que por lo demás no soluciona “la dificultad de rehabilitarse”). Tampoco creía Concepción Arenal que la deportación fuera una solución. En cambio, para los muy minoritarios casos de reincidencia peligrosa (“como lo son los reos de homicidio consumado o frustrado”) postulaba “la reclusión perpetua”. Con todo, incluso “los penados que no parecen susceptibles de corrección legal no deben considerarse como incapaces de ser más o menos modificados en el sentido del bien”. Concepción Arenal creía posible la corrección de los incorregibles, gracias al sistema celular y a un control progresivo e individualizado17. El incorregible nos remite a una acuciante problemática social y a la necesidad de una profunda reforma penal y penitenciaria18.
A la profundidad y la franqueza de los análisis de Concepción Arenal y otros reformadores penitenciarios se añadía el ánimo constructivo, lo que redundó en una mayor influencia del correccionalismo. Cuando en el contexto del Congreso de Valencia de 1909 se lanzó la pregunta “¿existen criminales incorregibles?”, el peso del correccionalismo se dejó notar: “A juicio del Congreso no existen, y para reprimir a los rebeldes al tratamiento ordinario, se propone su traslado de unas prisiones a otras de régimen más severo, la deportación, la sentencia indeterminada y reducir la prisión preventiva respecto a éstos”19.
El positivismo criminológico, por su parte, llegó alentando un vendaval de posiciones radicalizadas en la opinión especializada y sobre todo en la opinión pública y publicada. Con él no solamente llegaron ideas penales que enseguida se hicieron populares: el impacto del positivismo activó enormemente los estudios de antropología criminal, los cuales, con el aporte de la psiquiatría, encontraron muy pronto en las cárceles su caldo de cultivo, el laboratorio ideal para demostrar que tenían “mejores armas que los juristas”20.
De cara a la opinión pública, el positivismo se atrevía a abordar de manera propositiva una problemática que normalmente se transmitía con tintes negros y alarmantes (sobre todo en la prensa de la época). El positivismo definió y clasificó la incorregibilidad con el fin de dar coherencia y trazos de rigurosidad a su alternativa punitiva más radical: la inocuización de los criminales. Nada ilustra mejor el alcance de la repercusión del positivismo en el pensamiento penal y penitenciario español que hablar, como hizo Pío Baroja, de “nuestros pequeños lombrosos”: “en todas partes había un pequeño Lombroso. En Madrid era el doctor Salillas”. Junto a Rafael Salillas, aunque con grandes matices intelectuales e ideológicos, descolló la figura de Pedro Dorado Montero21.
El positivismo en España no alcanzó los altos vuelos de otros países ni tampoco adoptó sus versiones más radicalizadas, aunque su influencia pública y académica hubo de ser posiblemente algo más considerable que en el caso de Portugal. Aquella antropología positivista, inspirándose en otro italiano, Enrico Ferri, recibió con fuerza el aporte de los enfoques sociológicos, lo cual contribuyó a moderarla. No obstante, en las tipologías delincuenciales de los mentores del positivismo, en las de Ferri y, por supuesto, en las de Lombroso y el más radical Garofalo, y asimismo en la de nuestro Salillas, siempre aparece la inevitable noción de la incorregibilidad. Rafael Salillas proponía la siguiente clasificación de la población penitenciaria:
1.- Los que pueden ser educados, perteneciendo a ellos algunos de los jóvenes delincuentes; 2.- Los que pueden ser reintegrados: delincuentes por pasión y de ocasión; 3.- Los que deben ser eliminados: delincuentes natos e incorregibles, según su reincidencia; 4.- Delincuentes locos o semilocos, que deben ser destinados a manicomios judiciales; 5.- Incurables, inválidos y ancianos, que ingresarían en la penitenciaría hospital22.
Del correccionalismo a la criminología positivista en Portugal: la reincidencia y la construcción del delincuente incorregible.
En el caso portugués, entre 1870 y 1930 asistimos a la consagración del paradigma judicial liberal, el cual, con crisis y revisiones, superó la caída de la monarquía constitucional en 1910 y permaneció hasta 1926, cuando la implementación de una dictadura militar y luego la consagración del régimen dictatorial autodenominado Estado Novo (1933) determinarían la afirmación del paradigma judicial autoritario23. Los juristas tuvieron una gran preponderancia política y social, con una fuerte y prolongada influencia del correccionalismo y la llamada Escuela Clásica de Derecho Penal. También en Portugal hubo precedentes históricos del correccionalismo. La recepción temprana de las primeras declaraciones correccionalistas se produjo en las últimas décadas del siglo XVIII, cobró fuerza durante el primer experimento liberal (1820-1823) y, sobre todo, tras la implantación definitiva del liberalismo (1834). Se afirmó intensamente la defensa de que la reinserción social del criminal era el fin principal de las sanciones penales. Ya en 1860, el entonces ministro de Justicia portugués declaró en el Parlamento:
Hoje a sociedade satisfaz-se com a reabilitação daqueles que a ofenderam. […] A pena, desligada da ideia de reabilitação degrada o homem que a sofre, e a sociedade que a impõe24.
Con su visión optimista, la tratadística correccionalista enmarcó de manera dominante y prolongada las interpretaciones sobre el crimen e influyó en la política criminal y penal del siglo XIX y principios del XX, lo que ayudó a desarrollar leyes consideradas como efectivas y disuasivas para el crimen. Se argumentaba que la rehabilitación del delincuente se lograría mediante la adopción de un régimen penitenciario en Portugal, según modelos ya aplicados en varios países. A pesar de la proximidad geográfica y de la difusión que los congresos penitenciarios internacionales permitieron dar a las ideas y reformas penales que tuvieron lugar en España, su influencia en el pensamiento y la realidad penal portuguesa fue escasa, y se buscaron principalmente las experiencias británica y francesa como modelos a seguir25. Al colocar al condenado en aislamiento total, solo en una celda, con acceso a educación literaria y religiosa, obligado a trabajar, se consideraba que se estaría promoviendo su rehabilitación para la vida en sociedad. Sin embargo, diversas dificultades por parte del Estado, sobre todo financieras, hicieron que una medida aprobada en 1867 (Carta de Ley de 1 de julio de 1867) sólo viera el comienzo de su realización en 1885, cuando se inauguró la prisión penitenciaria de Lisboa. Se consideró entonces que se trataba de una medida tardía e insuficiente para la rehabilitación de los reclusos26.
Sin embargo, entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, varios campos del conocimiento se dejaron influir por las ideas de la Antropología Criminal y el positivismo, con el fin de producir sus propias reflexiones sobre los temas relacionados con el crimen, con los fenómenos delictivos y sobre la forma en que la sociedad debía actuar frente a sus manifestaciones. El positivismo criminológico (o la Escuela Italiana, como se la solía llamar en Portugal durante aquellos años) también tuvo una larga influencia en las reflexiones realizadas en Portugal sobre el delito y el criminal, en sus diversas configuraciones y corrientes criminológicas, desde la antropología criminal de Lombroso hasta las contrarias, las que de manera reiterada criticaban las ideas de Lombroso (en particular las corrientes de la sociología criminal, con Lacassagne, Tarde y Dürkheim).
Apelando a la ciencia y a un conocimiento que se presentaba como riguroso al construirse según los métodos científicos positivistas, se exigieron nuevas medidas para hacer frente a la delincuencia y al delincuente. Si el discurso del correccionalismo mostró sobre todo preocupación en definir la reinserción social del delincuente, el positivismo buscó observar la etiología del comportamiento criminal y predecir la dinámica del crimen y los elementos que los cometen en función de las leyes causales27. Médicos, antropólogos y sociólogos, entre otros, presentaron tesis explicativas sobre el delito, el criminal y las causas que motivaron la práctica del delito. En una crítica frontal al correccionalismo penal, advirtieron de todo aquello que para ellos era la causa del aumento de la delincuencia, particularmente en Lisboa, alertaron sobre su incremento, y pusieron mucho énfasis en las altas tasas de reincidencia que podrían alcanzarse.
Las tesis de Lombroso de que el comportamiento criminal estaría vinculado a una estructura física y psíquica determinada y radicalmente diferente de lo normal, que fue revelada por sus propias características fisonómicas, ganó un número significativo de seguidores en Portugal, particularmente entre los médicos, lo cual originó el comienzo de un movimiento de observaciones y mediciones constantes a los condenados por haber cometido delitos, en un intento de determinar las características fisonómicas definitorias del tipo criminal28. La criminología positivista reunió una gran cantidad de seguidores en Portugal y dio forma a los análisis realizados por un número considerable de estudiosos; sin embargo, su influencia en la legislación y las reformas penales entonces presentadas fue mucho menor. Frente a ellos, continuó reflejándose una notable preponderancia de las ideas defendidas por la escuela correccional. En 1889, el médico Basílio Freire se quejó de que, en Portugal, en cuanto a política penal, no se admitía “la complicidad de la ciencia en la liberación de los criminales”, y señaló la débil influencia que la antropología criminal tenía en la legislación penal que se estaba produciendo29. Freire negó cualquier posibilidad de reinserción social del delincuente al argumentar que la sociedad, en su propia defensa, debería encerrar a los criminales para siempre en un asilo para los alienados30. Las tesis de la inocuización de los incorregibles, al igual que en España, solían ir envueltas en radicalidad y vehemencia.
Los médicos adscritos al positivismo, que consideraban que el crimen era un tema central de reflexión, siguieron las declaraciones y las ideas fuerza de la antropología criminal y argumentaron que el crimen era una característica heredada o asimilada que determinaba la personalidad de algunos individuos. Estos criminales debían ser identificados como los delincuentes habituales o de profesión, es decir, profesionales del crimen y delincuentes natos. Como decía el doctor Roberto Frías, el verdadero criminal no se hace, sino que nace así31. En 1888, el entonces subdirector de la Penitenciaría de Lisboa, António de Azevedo Castelo Branco, jurista y partidario de las ideas de la antropología criminal, declaró que el criminal era una persona sin sentimientos morales que le ayudaran a resistirse al crimen32. El reconocido psiquiatra Júlio de Matos, por su parte, definió la existencia de criminales alienados, elementos que presentarían una perversión continua y permanente, una tendencia incontrolable a delinquir, marcados por estigmas y características físicas que los diferenciaban de los hombres normales33.
Estas interpretaciones del crimen y del fenómeno criminal apoyaron la idea de la existencia de delincuentes incorregibles, que confrontaba al delincuente con las personas clasificadas como normales. En 1912, el jurista Luís da Cunha Gonçalves defendió la existencia de un temperamento criminal, que consideraba como la causa principal del crimen, por lo que la sociedad debía defenderse de estos elementos distanciándolos definitivamente de la vida social34. A pesar de estas afirmaciones, con la abolición de las penas perpetuas en 1884, seguía siendo imposible lograr la eliminación definitiva de la vida social de aquellos criminales que fueran considerados incorregibles.
Especialmente a partir de la década de 1880, la preocupación por la reincidencia criminal se afirmó permanentemente. La reincidencia era a menudo interpretada como prueba de la existencia de delincuentes incorregibles, lo que cuestionaba el ideal hasta entonces tan proclamado de la corrección y recuperación del delincuente para vivir en sociedad. Las dos categorías, reincidencia e incorregibilidad, se utilizaron sin ninguna diferenciación, aunque anteriormente habían sido presentadas como totalmente casuales. Los reincidentes serían los incorregibles, y los incorregibles se definirían por la reincidencia permanente a la hora de la comisión del delito. Las expresiones ampliamente utilizadas en ese momento, como clase criminal y criminales de profesión, se referían a un grupo de personas que estarían naturalmente impulsadas a cometer delitos. Eran previsibles, estaban fatalmente predeterminados a la ilegalidad, el desorden y la delincuencia.
Los reincidentes eran señalados como personas que habían aprendido a vivir sin trabajar y que demostraban permanentemente su resistencia a someterse a las normas sociales vigentes y a la disciplina impuesta por el trabajo. Se hizo hincapié en la perturbación social que representaban. Eran especialmente temidos como tales y condenados por cometer delitos menores según el sistema legal de la época, es decir, castigados con penas pequeñas, a veces solo con unos pocos días de prisión asociados a pequeñas multas. Sin embargo, una vez cumplida la condena y devueltos a la libertad, reincidían fácilmente en la comisión del delito, por lo que eran nuevamente arrestados, juzgados y condenados una vez más a una corta pena de prisión. Una parte importante de los delitos cometidos tenían como causa las propias condiciones de vida de esos sujetos, por darse a la vagancia o, mejor dicho, por carecer de domicilio y de medios regulares de subsistencia, por lo que se dedicaban a merodear, a andar errantes y moverse levantando sospechas, unas conductas y unas situaciones que aquellos exconvictos reproducían recurrentemente, sin cambios, después de la finalización de la condena. Debido al elevado número de detenciones y condenas a las que fueron sometidos algunos hombres y mujeres, finalmente quedaban estigmatizados, eran prejuzgados y señalados como delincuentes irrecuperables. El grado de peligro, más potencial que real, que la sociedad atribuía a estos delincuentes menores los hacía especialmente temidos y blanco de vigilancia y represión de las pequeñas ilegalidades cometidas, lo que exigía un aumento de la severidad de su castigo:
São permanentemente incómodos e perigosos, a justiça deve ser implacável para estes reincidentes, que nunca se regeneram e fazem profissão do furto e de toda a ordem de crimes...35.
Fue la alta reincidencia en la práctica de delitos menores lo que llevó a la afirmación de la existencia de una clase criminal, o criminales profesionales, una idea que tomó forma especialmente a partir de la década de 1880. La clase criminal correspondía a una de las representaciones sociales dominantes sobre el crimen y la criminalidad, producida a partir del consenso social sobre prácticas, grupos y personas consideradas como amenazas para el orden jurídico y social. Estaría compuesta por elementos antisociales, de carácter indisciplinado e incorregible, hecho ilustrado por sus trayectorias sociales marcadas por la práctica temprana de delitos y la continua reincidencia en el crimen, demostrada por el gran número de arrestos y condenas sufridas. A. A. Castelo Branco definió la clase criminal, o a los criminales profesionales, de esta manera:
São bandos numerosos de indivíduos em hostilidade permanente com a lei, uns perversos por sua própria natureza orgânica, outros por hábito contraído no meio social...36.
Se hizo común en Lisboa, a finales del siglo XIX, la afirmación de que había personas que vivían con el recurso permanente al crimen37.
La reincidencia, como factor de denuncia de una personalidad y un comportamiento antisocial especialmente grave e incorregible, fue elegida como preferente en los análisis de la criminalidad en las dos últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Alfredo Luís Lopes, médico que elaboró un estudio estadístico del crimen, dijo que era “pasmoso o número de reincidências”38. En su estudio dijo que, entre 1891 y 1895, alrededor del $1 8 \%$ de los convictos en el país eran reincidentes, algunos con más de 5 condenas previas, y que la situación más grave se daba en Lisboa, donde más del $2 5 \%$ de los convictos eran reincidentes39. Ese estado de cosas continuó hasta principios del siglo $\mathrm { X X ^ { 4 0 } }$ .
Se presentaron propuestas que apuntaban a combatir la reincidencia y el merodeo, como las realizadas por la periodista y gran defensora de las tesis de Lombroso, Teixiera Bastos. Pidió una reforma penal que contemplara las principales medidas propuestas en el 1er Congreso Internacional de Antropología Criminal (Roma, 1895) contra los reincidentes:
1.º Eliminação, pela reclusão perpétua, dos reincidentes reconhecidos psicologicamente anormais, isto é, impelidos pelo próprio organismo ao delito; 2.º Aplicação do máximo das penas aos reincidentes ocasionais; 3.º Reclusão indeterminada, depois da quarta ou da sexta reincidência, conforme a opinião do juiz, aos reincidentes habituais.41.
Teixeira Bastos extendió su crítica a lo que consideraba la forma suave en que la legislación penal consideraba algunos delitos, como merodear, lo que facilitaba que Lisboa tuviese bandas de criminales “incorregíveis e perigosos” que se movían libremente42.
Francisco Ferraz de Macedo, médico y estudioso del crimen, se refirió repetidamente a la figura del “criminoso nato”, el incorregible, una construcción ampliamente compartida por la imaginación pública, la prensa y el discurso policial en Portugal desde la década de 1880, lo que justificaría que algunos criminales fueran definidos como “degenerados incorregíveis”, tuvieran su libertad permanentemente suprimida y se mantuvieran bajo vigilancia constante. Argumentó que tras la cuarta detención quedara definido “o caráter incorrigível de sua degeneração” y, señalado como incorregible, recibiera una condenada indeterminada, a una pena indefinida, con análisis periódicos de su conducta43. Ferraz de Macedo incluso propuso medidas de carácter marcadamente eugenésico como una forma de combatir el crimen y la reincidencia que se relaciona con la degeneración biológica, particularmente para los alcohólicos, a quienes se les debería prohibir legalmente casarse y, por lo tanto, tener descendencia44. Eran iniciativas que más tarde, especialmente en la Europa de entreguerras, formaron parte de los programas de eugenesia criminal, pues promovían la esterilización y castración de los criminales como estrategia para reducir la delincuencia45. Sin embargo, Macedo también criticó a las autoridades por no proporcionar recuperación a los detenidos que no presentaban un grado de degeneración tan alto como para hacerse incorregibles46. En la práctica, con algunos episodios excepcionales, no se llegó a un umbral de tanta radicalidad.
Los incorregibles en las cárceles españolas. El caso del penal de Chinchilla.
En España, al igual que en Portugal, y contradiciendo en gran medida la realidad social que llevaba a muchos expresidiarios a recaer en conductas sospechosas o en la pequeña delincuencia, la noción criminológica de incorregible acabó solapada a la de reincidente. La reincidencia, que como ya se ha dicho, había quedado reflejada en la codificación penal y en la primera Ley de Prisiones de 1849, era una circunstancia agravante de la responsabilidad y, en consecuencia, también de la pena. No obstante, a partir de la década de 1870, y sobre todo en la de 1880, el impacto de las propuestas positivistas sobre la incorregibilidad y su neutralización tendría un claro reflejo en el debate legislativo, en proyectos de ley y decretos de 1888 y en los empeños estadísticos del Anuario de 1889, antesala de la inminente creación de sistemas de identificación y clasificación de los presos a través de métodos antropométricos47. En esa coyuntura propicia para la recepción del incipiente positivismo criminológico, se formalizó la asimilación de la reincidencia a la incorregibilidad, que apareció por primera vez en 1888, cuando en la proyectada nueva Ley de prisiones –proyecto con una gran influencia posterior que, sin embargo y por problemas de índole política, nunca llegaría a estar vigente– se contempló que los penados reincidentes e incorregibles fueran separados del resto48. En ese importante y al mismo tiempo controvertido proyecto de Ley se proyectaba que el sistema habilitara una cárcel especial para los presos reincidentes, aunque también pudieran ser utilizados en obras públicas del Estado49. Esta idea original de una prisión especial de reincidentes e incorregibles crearía una especie de eterna expectativa dentro del sistema penitenciario.
El Estado liberal contemplaba otra medida punitiva neutralizadora: la deportación a las colonias de Ultramar. En otros países, como Francia, la deportación y colonización ultramarinas estaba regulada como política de Estado vinculada al Código Penal, pero en España, aunque se intentó seguir el mismo camino legal, no se hizo efectiva y los proyectos de colonización con fines penitenciarios quedaron en papel mojado50. Esa modalidad de castigo existía, pero, a partir de 1870, lo único que en realidad se produjo fue enviar prisioneros por motivos políticos a los presidios de la Península, las islas y el norte de África, por lo que “el castigo de deportación pasaba a ser de presidio51. La pena de presidio había sido desde antiguo una opción política, entre utilitarista y mercantilista, reservada a la jurisdicción militares52. Con todo, no confundamos las penas de presidio y de deportación, y si no obviamos la peculiaridad militarista del modelo de orden público del Estado liberal español, entenderemos que los prisioneros españoles deportados a Ultramar fueran en realidad presos políticos juzgados por la jurisdicción militar.
Comoquiera que el destierro por la vía militar arrastraba históricamente fama de eficacia punitiva, la deportación acabó siendo contemplaba en los códigos penales y en proyectos de colonización penitenciaria que incluyeran a los presos incorregibles: estaba en el Código de 1822, como traslado para siempre a una isla o lugar remoto, y en el de 1848, como pena de relegación perpetua. Así las cosas, fue en 1860 cuando por primera vez se quiso legislar ese tipo de deportación creando colonias en las Islas Marianas. Infructuosamente. Fue más tarde, con los aires de cambio desatados a partir de la revolución del 68, cuando tomó verdadero impulso.
La Ley de 21 de octubre de 1869 pensaba la deportación como pena y también como política económica para los condenados a cadena perpetua en equivalencia con la pena de muerte y para “los tenidos por incorregibles”. En la práctica, tras la reforma penal de 1870, los presos fueron destinados a presidios africanos, insulares y peninsulares. Pero esa pretensión, aunque orillada como tantas otras del Sexenio, reviviría a la altura de 1875. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas convocó un concurso bajo la pregunta: “¿Convendría establecer en las islas del Golfo de Guinea o en las Marianas unas colonias penitenciarias, como las inglesas de Botnay-Bay?” Tres afamados reformadores contestaron. Dos en contra, Concepción Arenal y Pedro Armengol y Cornet53, y uno a favor, Francisco Lastres. Mientras que Arenal decía que de esa manera se haría inviable la función correccional de la pena, los defensores de la colonización con penados seguían la tradición utilitarista y añadían el beneficio de alejar de la metrópoli a los criminales con condenas más duras, lo que contribuiría a la defensa de la sociedad54.
Fernando Cadalso se añadiría al bando de los partidarios, pensando especialmente en anarquistas, delincuentes profesionales e incorregibles55, por lo que la iniciativa, lejos de caer en el olvido, se retomó en 1889, a través de un Decreto, publicado en la Gaceta de Madrid del 28 de enero de 1889, que establecía la creación de una colonia agrícola en Filipinas, con el auspicio de un grupo de empresarios y el recelo de los responsables militares del territorio y los políticos, que la veían demasiado dispendiosa.
El intento más serio de deportación penitenciaria no pasó de la fase de proyecto. La colonización de Ultramar con penados por delitos comunes encontró de frente trabas legales insuperables (por ejemplo, el Código Penal de 1870 contemplaba la pena de relegación solamente para los presos políticos), así como inconvenientes económicos y de geoestrategia militar. Uno de los puntos más delicados en el catálogo de inconvenientes era el de los presos incorregibles, acerca de los cuales estaba prevista una medida “absolutamente difusa e inquietante”: en el caso de que resultasen ser “intolerables en la colonia, se les eliminará de la misma”56.
No prosperó tampoco, excepto “en caso puntuales”, la idea de deportar a los anarquistas57. Hubo de continuar, en la práctica de los hechos consumados, el envío de presos a los presidios norteafricanos, con el fin de utilizarlos en obras de fortificación y mantenimiento de las plazas, pero las propuestas de deportación ultramarina de los incorregibles y peligrosos no salían adelante, no se materializaban. Aun así, la cuestión de la deportación y colonización penitenciaria a territorios alejados nunca desapareció del todo. De hecho, reaparecería décadas más tarde, en la Asamblea de Prisiones de $1 9 3 1 ^ { 5 8 }$ .
Sin colonizaciones penitenciarias, y si exceptuamos el cada vez más reducido peso de la pena de muerte y las penas a cadena perpetua59, la vía carcelaria de neutralización de los incorregibles quedaba limitaba a lo que en la práctica pudiera llevarse a cabo dentro del sistema carcelario a partir de lo que había apuntado el proyecto de Ley de prisiones de 1888, el cual, aunque no llegaría a estar vigente, quedó como referente para las décadas posteriores y generó una expectativa latente acerca de la futura creación de una prisión especial para presos incorregibles. De hecho, y de manera inmediata tras la publicación del citado proyecto de ley, en un Real Decreto de 11 de agosto de ese mismo año 1888, se clasificaban los establecimientos para el cumplimiento de las distintas penas bajo la inspiración del proyecto que, aunque finalmente no entraría en vigor, mencionaba como posible destino para los incorregibles que el penado fuera declarado “contumaz e incorregible, para ser trasladado a penitenciaría especial”.
El Reglamento de prisiones de 1913 detallaría las sanciones disciplinarias que habría que haber aplicado en esa supuesta Prisión Central de incorregibles, concretando, eso sí, que a las prisiones de Burgos, Tarragona, Granada, Puerto de Santa María y Celular de Valencia irían destinados los reclusos de presidio correccional con reincidencia. Hubo, pues, regímenes especiales para incorregibles, pero no una prisión especial. La idea quedó en la normativa y en el pensamiento latente del penitenciarismo reformador, lo que presuponía una estructura mágica para un problema real, el cual, en el día a día del funcionamiento carcelario, debía resolverse dentro de los espacios existentes. Aun así, la célebre Prisión Central de incorregibles volvería a aparecer tal cual en el Reglamento de prisiones de $1 9 3 0 ^ { 6 0 }$ . La presunción de crueldad y aislamiento total en establecimientos como el penal de Chinchilla hubo de funcionar como recordatorio.
En noviembre de 1932 se modificó la clasificación de los establecimientos, en función del nuevo Código Penal. La Prisión Central de Chinchilla se estableció como “destino” para “penados considerados inadaptables al tratamiento reformador, por sus constantes faltas y reincidencia”61. Se trataba del mismo establecimiento penal que Victoria Kent había suprimido poco antes, en 1931. Lo de Chinchilla no era una medida regresiva sin más, aunque pudiera chocar con el espíritu del correccionalismo más genuino. Perduraba la inercia regimental del positivismo criminológico y el valor de la defensa de la sociedad y la inocuización de los sujetos peligrosos, lo que expresaba la Ley de Vagos y Maleantes62. Así también se podía explicar alguna otra iniciativa sorprendente, como la Orden de fecha 20 de enero de 1933, del Sr. director general de Prisiones, D. Álvaro de Albornoz, “A fin de preparar con la máxima prontitud la construcción e instalación de una Colonia penitenciaria en las posesiones españolas del África Occidental”63.
Desde muy pronto, se habló del penal de Chinchilla como posible prisión de incorregibles64, pero tampoco fue la Prisión Central de Chinchilla esa prisión especial que contemplaba la normativa, aunque pudiera ser utilizada como destino de multirreincidentes e inadaptados, en períodos concretos u ocasionalmente, al igual que otras prisiones65. Ocaña, Tarragona, Burgos y Alcalá tuvieron incorregibles, antes y después del Reglamento de 1913. Si en 1907 había en Ocaña 21 reos “incorregibles” procedentes de Tarragona66, también los tuvo tras su reconversión a reformatorio de adultos en $1 9 1 4 ^ { 6 7 }$ . Ángel Organero Merino, autor de una rigurosa investigación sobre Ocaña, afirma que se convirtió en un centro receptor de incorregibles y, de hecho, según documenta, fue el propio director el que mencionó en 1913 que se encontraban en el lugar 24 presos procedentes de Burgos calificados como “extremo incorregibles”, lo que corroboran los testimonios de los presos y la estadística68. Más tarde, en 1919, sería Alcalá de Henares el destino de jóvenes presos reacios a la disciplina69.
En los expedientes de presos podrían anotarse algunas señales sobre medidas disciplinarias a incorregibles. Sin embargo, tanto en España como en Portugal hay escasas fuentes de archivo y pocas o confusas noticias sobre la realidad de los presos incorregibles, aunque en la tratadística y en el debate criminológico y penológico la polémica en torno a ellos se agrandaba recurrentemente con derivaciones de política criminal y gestión penitenciaria.
El penal de Chinchilla, que siempre estuvo en la palestra como lugar idóneo para el castigo de los incorregibles, nunca dejó de estar en tela de juicio. De él tenemos la mejor descripción crítica en la pluma de Cadalso: “Este establecimiento nunca pasará de un angosto y sucio encierro, de cara conservación. El yerro de emplazarlo en tal paraje sólo podrá corregirse trasladándolo de allí”70. Así se explica que la prisión chinchillana fuera suprimida en 1925, “por sus malas condiciones”71. No obstante, se reabrió de nuevo y continuó arrastrando lo que Cadalso denunciaba, por lo que en 1931 fue cerrada por Victoria Kent. Su reapertura en 1932 afecta, ahora sí de manera oficial, al objeto de nuestro estudio. La modificación de la clasificación de los establecimientos penales españoles indicaba expresamente que la Prisión Central de Chinchilla iba a ser el
64. Hay un libro, escrito a modo de crónica histórica, con fuentes primarias muy interesantes: Miguel GARVÍ SÁNCHEZ, Chinchilla y su penal, Albacete, Uno Editorial, 2017. Véase también Aurelio PRETEL MARÍN, Historia de Chinchilla. Del siglo X al XX, Albacete, Altabán, 2022.
65. Cf. TRINIDAD La defensa de la sociedad, p. 321.
“destino” de aquellos “penados considerados inadaptables al tratamiento reformador, por sus constantes faltas y reincidencia” 72.
Hemos analizado los expedientes de presos en el período $1 9 3 2 \mathrm { - } 1 9 3 6 ^ { 7 3 }$ . Son pocos los que podemos identificar como posibles “inadaptables” (no hay anotaciones que los describa literalmente de esa manera). Ahora bien, si partimos de que son escasos los fondos disponibles, deducimos que estos pocos casos transmiten una información significativa.
En la documentación hay tres escuetas palabras que son la clave de lo que buscamos, pues su resonancia nos conecta de forma inequívoca con la construcción histórica de la incorregibilidad: “antecedentes” y “mala conducta”. Con el registro de los “antecedentes” se retrata de cuerpo entero la figura del reincidente, y con la alusión a la “mala conducta” se informa fehacientemente de la presencia de inadaptables.
Ahí están los incorregibles de Chinchilla. Excepto uno, que nos sirve de contrapunto como ejemplo de corrección e integración74, el resto ofrece las señales de la incorregibilidad dentro del sistema penitenciario. Siete integraban una banda criminal que acumulaba múltiples delitos y sentencias judiciales. De los siete se decía que eran “de mala conducta”75. Otro de los expedientes pertenece a un reo que fue trasladado desde Alcalá de Henares tras ser recluido en una celda por negarse a trabajar en los talleres. En su sentencia se especificaba además que tenía antecedentes y “mala conducta”76. El último de los expedientes pertenece a un condenado por la vía militar después de haber proferido insultos contra la autoridad77.
72. Gaceta de Madrid, n. 318, 13-11-1932.
73 En el ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALBACETE (AHP) se encuentran disponibles 29 expedientes con fechas de entrada en prisión entre 1932 y 1935. De esos 29, 10 pertenecen a reos enviados a Chinchilla, ya que el resto son convictos de la Provincial de Albacete, pues los fondos del AHP son mixtos. Desde 1936, su número aumenta, encontrándose expedientes de Chinchilla y de la Provincial. Sin embargo, tras una observación de los mismos, no hemos localizado ningún expediente de la prisión de Chinchilla en el tiempo inmediato al inicio de la Guerra Civil (cuyo estudio cambiaría enteramente y requeriría una ruptura metodológica con respecto a la experiencia penitenciaria previa que estamos estudiando). Por tanto, nuestra mirada se detiene en los 10 expedientes localizados de presos de Chinchilla entre 1932 y 1935.
74. AHP (AB), expediente del preso Tiburcio Díaz Torres (caja 75.995, exp. 70). Se trata de un reo de 28 años que ingresó en Chinchilla por el delito de robo (7 años, 4 meses y 2 días), con antecedentes penales. Previamente estuvo en el Reformatorio de Adultos de Ocaña. En su expediente se anota que presentaba buena conducta y que llegó a ejercer de celador
75. AHP (AB), expedientes de presos: Félix España Carpintero (caja 75.998, exp. 14), José España DíazMaroto (caja 75998, exp. 15), Baldomero España Sánchez (caja 75.998, exp. 17), Ponciano España Sánchez (caja 75.998, exp. 18), Emiliano Díaz Maroto y Aparicio (caja 75.994, exp. 17), Basilio Díaz-Maroto y Díaz-Maroto (caja 75.994, exp. 60) y Pedro José Díaz-Maroto y Aparicio (caja 75.994, exp. 18). Todos estos reos, con edades entre los 21 y los 58 años, fueron detenidos y condenados en 1935 por el delito de robo con violencia en las personas y tenencia de armas sin licencia a 9 años y 502 días. Pertenecían a una banda delictiva organizada con más integrantes, y en sus expedientes se incorporan más sentencias pendientes, que elevan las condenas hasta más allá de 1970 en algún caso. En cuanto a la reincidencia, en algunos casos poseen antecedentes y en otros no, pero a todos se les acusa de asociación criminal y, por tanto, responden a los mismos delitos. Se especifica además en la sentencia judicial que presentan mala conducta general.
En definitiva, al penal de Chinchilla, por donde pasaron y hubieron de penar presos de toda condición, entre 1932 y 1936 fueron trasladados algunos incorregibles, apenas unos pocos delincuentes reincidentes que constituían una minoría de presos inadaptables.
Los presos incorregibles en las cárceles y las colonias de Portugal.
Al participar activamente en los debates sobre delincuencia y criminalidad, Portugal siguió las dinámicas que se materializaron internacionalmente en esta área, debatiendo y adoptando ideas y modelos ampliamente compartidos de manera transnacional. Ocasionalmente, presentó algunas originalidades en relación con lo que estaba sucediendo en Europa, de acuerdo con las especificidades de su contexto político y sus propias estrategias de afirmación en el contexto internacional. Durante gran parte del siglo XIX, el discurso sobre el crimen y el criminal, en particular por parte del poder central y los juristas, estuvo profunda y largamente influido por las ideas correccionalistas y humanitarias enunciadas desde finales del siglo XVII, que centraban la política penal en la recuperación del criminal y su inserción en la vida social, objetivo que justificaba las principales reformas penales que se estaban implementando. En 1867 se abolió en Portugal la pena de muerte que, contrariamente a lo que sucedió en otros países, no se reintroduciría en el sistema legal del país78. Unos años más tarde, en 1884, se abolieron todas las penas perpetuas, algo que se había defendido durante varios años, pero que había encontrado obstáculos para su aplicación, particularmente en el Parlamento. Como el entonces ministro de Justicia, Barjona de Freitas, había declarado en el Parlamento en 1867:
La perpetuidad de las penas presupone la incorregibilidad de los delincuentes. Es una condena irrevocable. Y a la luz de los principios que hoy dominan la pena, las penas deben tender no sólo a castigar el mal perpetrado, sino también a corregir y reformar al criminal79.
Como ya se ha explicado, además de dominar el discurso cultural y político, el correccionalismo se había convertido en la corriente principal y dominante del pensamiento penal en Portugal, una tendencia liderada principalmente por juristas que afirmaba sistemáticamente, al menos desde un punto de vista teórico, la posibilidad de corrección del delincuente, lo que convertía en obsoletas e inapropiadas las cadenas perpetuas.
En un marco penal que se negó a condenar a la cadena perpetua, sin embargo, desde las últimas dos décadas del siglo XIX, con el aumento de la criminalidad según su registro estadístico, verificado especialmente en Lisboa, y la afirmación de nuevas corrientes de pensamiento sobre lo criminal y la etiología del crimen, en particular la antropología criminal y las corrientes positivistas, la afirmación de la existencia de delincuentes incorregibles cobró fuerza. Entre los médicos, que llegaron a reclamar su presencia obligatoria en todos los juicios, cosa que nunca ocurrió, se argumentaba que el crimen correspondía a una característica heredada o asimilada que determinaba la personalidad de algunos individuos. Así, quienes cometían un delito lo hacían cada vez que surgiera la oportunidad, convirtiéndose en un delincuente habitual o profesional. Fue una construcción muy compartida por varios estudiosos del crimen, en particular psiquiatras, pero también muy extendida por las autoridades policiales y la prensa, entre otros. La idea de incorregibilidad se estaba construyendo sobre la base de la reincidencia, con los datos de la recaída continuada en el delito por parte de algunas personas, con lo que se elaboraba un vínculo directo entre la reincidencia y la incorregibilidad. Socialmente, había expresiones muy usadas en ese momento que buscaban referirse a delincuentes multirreincidentes como muestras palpables de la existencia de una clase criminal, o de delincuentes profesionales, delincuentes habituales e incluso delincuentes naturales. En Lisboa, la policía y la prensa hicieron uso de construcciones estereotipadas con las que clasificaron a los reincidentes, percibidos como incorregibles, porque se consideraba que hacían del crimen su forma de vida: eran los “vadios e gatunos” y los “fadistas”80. Era gente sin ocupación fija que vivía de la vagancia, y ladrones, a los que se acusaba de cometer hurtos. Asimismo, el cantante de fado era prejuzgado y desconsiderado por su modo de vida desordenada y poco propensa al trabajo. Como decía un conocido escritor de la época, el “fadista” sería el verdadero “criminoso professional”, porque de sus ambientes nace el desorden y el crimen: de “é da classe dos fadistas que saem para os tribunais e para as cadeias os incorrigíveis da criminalidade”81.
Al atribuir una alta peligrosidad social al criminal condenado como vago o merodeador, multirreincidente y resistente a la disciplina social y al trabajo, alrededor de esta figura se definieron medidas que, de hecho, se basaron en la idea de incorregibilidad del criminal. En 1892, se determinó enviar a las colonias a los condenados por merodear, situación que la futura legislación llegaría a implementar82. Según el autor de la ley, se buscaba iniciar “o processo eliminativo dos indivíduos anti-sociais”83. A esta ley se le atribuyó un carácter preventivo, ya que determinaba el envío al exilio en las colonias, no sólo a los reincidentes, en este caso por los delitos cometidos, sino también a los que fueran clasificados como vagos. Se justificaba ese castigo por su forma de vida, y se daba por cierto que cometerían esos delitos en el futuro84. No se trataba de una sentencia de cadena perpetua, ya abolida del sistema legal portugués, sino que se intentó evitar la posibilidad del regreso del condenado a la metrópoli85. Eran medidas de seguridad indeterminadas, no perpetuas, pero sí indefinidas, como las que más adelante se tendrían en cuenta en España, en el ordenamiento penitenciario durante la Dictadura de Primo de Rivera, y con la Ley de Vagos y Maleantes de la Segunda República.
Por otro lado, los juristas que defendieron el positivismo hicieron críticas al sistema penal portugués y rechazaron la idea de la existencia de criminales incorregibles.
Afonso Costa, abogado, republicano y destacado político durante la Primera República (1910-1926), se posicionó como partidario de la Escuela Penal Socialista. En 1895, criticó duramente a los defensores de la antropología criminal y la idea de la existencia de criminales incorregibles. Aprovechó la ocasión para defender la abolición de la pena de muerte y criticar el estado de las cárceles, rechazar el uso de la pena de exilio y refutar las vías penales adoptadas en Portugal y otros países, las que calificó de “desmoralizadoras”. Costa, quien sostenía que sólo era posible demostrar la existencia de “delinquentes não corrigidos”, confirmaba sus posiciones con este tipo de afirmaciones: “todo o criminoso $\acute { e } ,$ , em tese, corrigível, embora em certas hipóteses, possa não haver tempo nem meios adequados para o corrigir”86.
Aunque hasta la caída de la Monarquía Constitucional en 1910, la transposición de las ideas defendidas por la antropología criminal al ordenamiento jurídico nacional fue muy comedida, su influencia reveló una mayor dinámica y aplicación tras la implantación de la República87. La idea de la existencia de una determinación biológica y de rasgos físicos individuales que estarían indicando la tendencia a cometer delitos –una característica adquirida en particular a través de la herencia– se convirtió en parte de muchas de las interpretaciones sobre el crimen y el criminal, que justificaban también la afirmación de la existencia de criminales incorregibles.
Si observamos la larga duración de la legislación penal de la Monarquía Constitucional (1834-1910), Portugal mostró resistencia a la eliminación del principio de regeneración social y el papel que en ese sentido se atribuyó a las instituciones penales y penitenciarias. Recibidas y muy debatidas, las ideas de la Antropología Criminal acabaron por tener poca influencia en el sistema legal nacional. Ello ocurrió a pesar de algunas medidas específicas, como la ley redactada por António de Azevedo Castelo Branco, del 21 de abril de 1892, que determinó el transporte a Angola de reincidentes en el delito de merodear. Ese tipo de conductas, las de la gente que era acusada de vagancia, fueron definidas como incorregibles a pesar de que la legislación portuguesa apenas compartía la idea del criminal incorregible. Así, entre mediados de 1892 y mediados de 1896 casi 2.000 hombres fueron transportados a colonias en África, principalmente a Angola88. En los años 1897 y 1898, 941 vadios (vagos) fueron enviados a Angola, y entre 1905 y 1914 un promedio anual de 262 llegó a Luanda, la capital angoleña. De estos, alrededor del $20 \%$ terminó muriendo en prisión antes de cumplir la sentencia a la que habían sido condenados; más del $50 \%$ procedían de las ciudades de Lisboa y Oporto89.
Tras la caída de la Monarquía y durante la Primera República, la influencia de la Antropología Criminal y las corrientes positivistas de interpretación del crimen y los delincuentes revelaron una mayor implantación, y se iniciaron, entre otras actuaciones, la construcción de varios puestos antropométricos y el desarrollo de estudios que buscaban definir características físicas que permitieran individualizar a los convictos respecto del resto de la población90.
La ausencia de cadenas perpetuas en el ordenamiento jurídico nacional desde 1884 se eludió con el uso de reformas penales y penitenciarias que introdujeron, de hecho, la posibilidad de prorrogar indefinidamente las medidas coercitivas basadas en la incorregibilidad del delincuente. La deportación ultramarina se estableció con el objetivo de buscar la reeducación de los convictos, pero en la práctica supuso trasladar a multirreincidentes a las colonias, una estrategia que también tenía que garantizar el asentamiento de estas áreas y proporcionar una mano de obra escasa en las colonias. Aunque fue muy criticada tanto por las autoridades de las colonias como por las autoridades metropolitanas, con reiteradas peticiones de los habitantes de las colonias para que no se enviaran condenados a estos territorios, la pena de destierro no se aboliría hasta 1932, y sólo para los condenados de la metrópoli91.
Sería en el período de entreguerras, en 1936, en medio de la dictadura de Salazar, cuando se definieran nuevas sanciones penales, las llamadas “medidas de segurança”, aplicables a los delincuentes definidos como peligrosos y penalmente responsables. Éstas permitieron la renovación indefinida de las medidas coercitivas, dependiendo de lo que se fuera determinado acerca de la supuesta “perigosidade social” de los detenidos92. También presentaba una clasificación de los delincuentes, teniendo en cuenta lo que se definía como la probabilidad de reincidencia, es decir, su manifestación como delincuentes incorregibles. Así, habría delincuentes considerados como reincidentes y difíciles de corregir: “delinquentes habituais” (de los considerados meramente habituales a profesionales, más peligrosos y difíciles de corregir), “delincuentes por tendencia” (autores de delitos muy graves) y “presos indisciplinados” que deberían mantenerse separados de otros detenidos93. Por otra parte, hubo otras figuras que recibieron un tratamiento segregador: se trata de los opositores políticos, cuya acción fue criminalizada y reprimida violentamente. Fueron definidos como “delinquentes políticos” para fundamentar la creación de prisiones especiales, tanto en Portugal como en las colonias, especialmente para los más refractarios, aquellos que podían mostrar mayor resistencia a abandonar su activismo opositor contra el régimen. Entre otras iniciativas, en Cabo Verde, en la isla de Santiago, en funcionamiento desde el 23 de abril de 1936, se puso en marcha una colonia penal para “delincuentes políticos”94. Su carácter de cárcel especial no suponía ni un reconocimiento ni un mejor trato respecto del sistema penitenciario común. Todo lo contrario: fue un lugar de muerte para muchos de los opositores definidos como “delinquentes políticos” incorregibles, solo cerrado definitivamente después de la Revolución de los Claveles, el 1 de mayo de $1 9 7 4 ^ { 9 5 }$ .
Conclusiones: expectativas y limitaciones con los incorregibles.
Aunque nuestro estudio contempla los antecedentes y algunas evoluciones posteriores, se centra en el período que arranca de la década de 1870 y culmina en la de 1930, unos sesenta años de debates y tratamientos legales y regimentales del problema penal y penitenciario de la reincidencia y la incorregibilidad en España y Portugal.
Ambos países enfocaron y trataron la problemática de los incorregibles de una manera muy parecida, aunque hubo algunas peculiaridades nacionales al tratarse de dos sistemas penales liberales construidos con mimbres políticos y ritmos históricos diferentes.
Las muchas semejanzas no nos deben extrañar si tenemos en cuenta que en las últimas décadas del siglo XIX se había creado un clima internacional propicio, lo que explica que encontremos discursos y prácticas con fuertes proximidades a varios países europeos. Sin embargo, y a pesar de la proximidad geográfica, fue escasa la influencia que España pudo proyectar en las ideas penales y criminológicas del vecino Portugal.
La cuestión de la incorregibilidad eclosionó en España y Portugal con las propuestas de inocuización provenientes del positivismo criminológico, pero, al tratarse de dos países en los que era predominante el correccionalismo, su impacto se suavizó en la práctica.
Al terminar el siglo XIX, tanto en España como en Portugal el incorregible se había convertido en sinónimo de reincidente. El debate se agigantó socialmente a propósito de los pánicos de seguridad frente a la delincuencia. La idea fuerza era que, especialmente en las ciudades más grandes, la criminalidad se acrecentaba de manera incontrolada porque había individuos que estaban haciendo del crimen su profesión. Ello quedaría probado, según el discurso hegemónico, por el aumento de la reincidencia.
En realidad, estaba operándose una auténtica metamorfosis en la forma de percibir el crimen y el criminal. Si el sistema podía objetivar la reincidencia al registrar el número de delitos y condenas, muchas de ellas circunscritas a la pequeña delincuencia, la noción de incorregibilidad abría un debate extremado y confuso en torno a una etiología contradictoria del criminal nato y profesional.
En España, la acuñación del incorregible quedó prácticamente ceñida al ámbito penitenciario, para referirse al preso inadaptado e indisciplinado. Al no haber prosperado el intento de utilizar la pena de deportación ultramarina con los presos incorregibles, la investigación demuestra que no se creó aquella Prisión Central de incorregibles que había proyectado la Ley de prisiones de 1888, un proyecto normativo que, aunque nunca estuvo vigente, se estaba haciendo eco del impacto del positivismo criminológico en España y, en este aspecto concreto, expresaba la preocupación dentro del sistema penitenciario por los presos reincidentes e incorregibles (su influencia posterior se demuestra, entre otras cosas, por el hecho de que la citada idea de Prisión Central para incorregibles todavía se contemplaba en el Reglamento de Prisiones de 1930). En cualquier caso, sí que hubo un tratamiento regimental especial que, no obstante, no se organizó de manera intensiva y sistemática, ni siquiera después de que en 1932 fuera asignado el Penal de Chinchilla como destino de presos inadaptables.
En Portugal, la defensa del correccionalismo promovió y justificó la introducción pionera y algo original de algunas reformas en el sistema penal nacional, como fue el caso de la abolición de la pena de muerte (1867) y la cadena perpetua (1884). Sin embargo, especialmente a partir de la década de 1880, también se dejó sentir el impacto de la antropología criminal positivista, apoyada en particular por médicos y psiquiatras. La influencia de estas ideas en el rediseño del sistema legal fue limitada en Portugal hasta 1910, pero mientras se lograba asimilar la reincidencia con la incorregibilidad, la afirmación de la existencia de criminales incorregibles y penalmente responsables fue ganando terreno, al debatirse implementarse medidas específicas para estos convictos, entre las que destaca la deportación ultramarina de vagos y otras medidas de seguridad preventiva que permitían un encierro de duración indefinida.