Agentes económicos e instituciones públicas en la configuración del mercado del hierro vasco (siglos XIV-XVI): poder, crédito y finanzas1.
Imanol Vitores Casado2.
Recibido: 06 de octubre de 2016 / Aceptado: 03 de febrero de 2017.
Resumen. A lo largo de los siglos bajomedievales diversas iniciativas y estrategias posibilitaron el desarrollo de una potente industria siderúrgica en los territorios vascos. Fruto de la interacción de agentes económicos e instituciones públicas, la producción de hierro y acero va a dotarse de un temprano y desarrollado marco legal, enfocado, en parte, a impulsar y proteger una actividad económica sobre la que bascula o depende en última instancia el abastecimiento de la región. Más allá de las desigualdades institucionales que caracterizaron en esta época a los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, las relaciones de poder entabladas por los grupos inmiscuidos en el sector favorecieron la superposición de determinados intereses, no siempre favorables o del agrado de una mayoría. Consciente de su indudable carácter estratégico, la monarquía desempeña igualmente un papel fundamental en este proceso, en tanto en cuanto atiende y arbitra las necesidades de concejos, Juntas y propietarios de minas e industrias, al mismo tiempo que proporciona toda una batería de incentivos para el fomento de la producción; salvaguardando no obstante los intereses generales de la Corona. Partiendo de dichas premisas y poniendo el foco de atención en las esferas del poder, la práctica económica y la fiscalidad, el presente trabajo pretende exponer y articular este complejo entramado de actuaciones e intereses que acabaron configurando el mercado del hierro vasco en unos precisos e inequívocos términos.
Palabras clave: ferrerías; hierro; mercado; poder; fiscalidad; crédito; instituciones públicas.
[en] How Economic Stakeholders and Public Institutions Shaped the Basque Iron Market $( 1 4 ^ { \mathrm { t h } } - 1 6 ^ { \mathrm { t h } }$ Centuries): Power, Credit and Finance.
Abstract. Throughout the Low Medieval period, a number of initiatives and strategies fired the development of a powerful iron industry in Basque territory. The result of interaction between economic stakeholders and public institutions, iron and steel production acquired an early and well-developed legal framework, focusing partly on promoting and protecting an economic activity on which the region’s supply leaned and ultimately depended. In addition to the institutional inequalities that characterised the regions of Vizcaya, Guipuzcoa and Alava during this time, power relations initiated by the groups that interfered in the sector led to the superposition of certain interests that not always favourable or to the liking of the majority. Aware of its undoubtedly strategic nature, the monarchy also played a fundamental role in this process, in terms of meeting and mediating the needs of councils, committees and owners of mines and industries, at the same time as providing a whole set of incentives for encouraging production whilst safeguarding the general interests of the Crown. Based on these premises and focusing attention on the spheres of power, economic practice and taxation, this paper aims to describe and analyse this complex web of actions and interests that eventually shaped the Basque iron market in precise and unequivocal terms.
Keywords: Ironworks; Iron; Market; Power; Taxation; Credit; Public Institutions.
Sumario: 1. Introducción. 2. La reglamentación de la actividad minera: régimen de propiedad y tipologías de explotación. 3. Erección, propiedad y trabajo en las ferrerías: entre la iniciativa privada y el concurso de las instituciones. 4. La intervención de agentes e instituciones vinculadas al mercado: crédito y legislación de carácter proteccionista. 5. Diseño, transformaciones y destino de la fiscalidad vinculada al hierro. 6. A modo de balance o conclusión. 7. Apéndice (tabla).
Cómo citar: Vitores Casado, I. (2017) Agentes económicos e instituciones públicas en la configuración del mercado del hierro vasco (siglos XIV-XVI): poder, crédito y finanzas, en En la España Medieval 40, 191-247.
1. Introducción.
Consecuencia de unos perfiles institucionales diferenciados, las actuaciones para una incipiente organización del sector siderúrgico en los territorios vascos responden a casuísticas de diverso orden, donde comprobamos la interacción –no siempre compartida o coincidente– de heterogéneos agentes y grupos de poder. Como territorios adscritos a la Corona de Castilla, a lo largo de la baja Edad Media los procesos y coyunturas propias del periodo van a determinar la naturaleza y el marco organizativo de una industria sobre cuyos excedentes recae en buena medida el reclamo y la vitalidad de las plazas vascas. No obstante, el carácter estratégico de la producción de hierro y acero –indispensable para la factura de armas y enseres– tuvo también su reflejo en la concepción de una política regia dirigida a fomentar y proteger esta actividad en cierto modo. Tomando como referencia el proceso de fundación de los enclaves urbanos, una rica documentación escrita permite adentrarnos en el complejo entramado de influencias e intereses que acabaron articulando el mercado ferrón a través de distintos mecanismos. En un marco cronológico que a grandes rasgos los historiadores han definido como de tránsito del medievo a la modernidad –o bajo las acepciones de feudalismo y/o Antiguo Régimen3 - el estudio del sector en los territorios vascos arroja no pocos elementos para la reflexión y el enriquecimiento de este modelo interpretativo.
Partiendo de la apertura y explotación de las minas, pasando por la erección y actividad de las ferrerías hasta la posterior venta y fiscalización del producto, los testimonios referentes a las distintas fases del proceso de producción nos ofrecen una compleja realidad donde cohabitan esferas de poder e intereses públicos y privados, donde se constatan prácticas y respuestas distintas frente al vaivén de las coyunturas político-económicas, donde queda patente una incontestable participación laboral de la mujer, o donde conviven diversas posturas ante problemáticas como la capacidad adquisitiva de juros y mercedes. El objetivo que persigue este artículo no es otro que el de analizar de forma ordenada esta confluencia e interacción de agentes e instituciones en el proceso de organización del mercado del hierro, comparando de forma conjunta los distintos pero interconectados escenarios que representan los territorios vascos, profundizando asimismo en el estudio de aquellos testimonios inéditos o poco trabajados por la historiografía precedente.
2. La reglamentación de la actividad minera: régimen de propiedad y tipologías de explotación.
En calidad de regalía o monopolio regio, teóricamente, la propiedad de los recursos del subsuelo pertenecía a la Corona y su aprovechamiento precisaba de la pertinente licencia. La reglamentación de este supuesto en la Corona de Castilla pareció gozar no obstante de notorias especificidades. Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio presentan una regulación ambigua a este respecto al declarar, por ejemplo, el carácter comunal de ejidos, montes, dehesas “e todos los otros lugares semejantes d’estos que son establecidos e otorgados para pro comunal de cada cibdad o villa o castillo o otro lugar”4 . Sin especificar en este caso el régimen o tipología de la propiedad de los yacimientos, la potestad regia sobre la extracción y transformación de los metales tiene su correlato en el establecimiento de una fiscalidad específica a título de “señorío”.
En quáles cosas los emperadores e los reyes han sennorio propiamente: las rentas de los puertos e de los portadgos que dan los mercadores por razon de las cosas que sacan o meten en la tierra, e las rentas de las salinas o de las pesqueras e de las ferrerias e de los otros metales, e los pechos e los tributos que dan los omes son de los emperadores e de los reyes, e fueronles otorgadas todas estas cosas porque oviesen con que se mantoviesen onradamente en sus despensas, e con que puediesen amparar sus tierras e sus reynados e guerrear contra los enemigos de la fe, e porque pudiesen escusar sus pueblos de echarles muchos pechos o de fazelles otros agraviamientos5 .
Con todo, la consecución de la política fiscal durante el reinado de Alfonso X sufrió avances y retrocesos, en tanto en cuanto la monarquía careció de la capacidad para imponer su programa con rotundidad6 . En este sentido, cabría traer a colación las peticiones elevadas por la nobleza y el clero con objeto de derogar impuestos como los diezmos de la mar o nuevas medidas que afectaron a la sal y al hierro7 . Sea como fuere, cuentas y privilegios de la segunda mitad del siglo XIII permiten constatar la existencia de un organizado sistema de recaudación que afectaba a las ferrerías sitas en los dominios realengos de la fachada norte, entre Asturias y Guipúzcoa8 . En esta última, concejos como el de Mondragón demandaron y obtuvieron prerrogativas para explotar en exclusividad las “venas” o yacimientos sitos en sus términos jurisdiccionales impidiendo la salida o transporte del mineral, incluyendo a su vez facultades sobre el uso y aprovechamiento de los montes para la obtención de carbón. Alfonso X eximió asimismo al concejo de la “enmienda que me solien dar de las massucas del fierro por cada Pascua”9 . Los cuadernos de cuentas correspondientes al reinado de Sancho IV contienen representativos valores en torno al arrendamiento de las ferrerías del norte peninsular (año de 1292), incluyendo un impuesto específico sobre la exportación denominado “alvalá de la saca del hierro”10. Aunque el documento no lo especifica, atendiendo a la casuística arriba detallada, creemos que se trataría de una gabela que afectaría a la salida del producto una vez transformado o trabajado en las ferrerías –complementario al diezmo de la mar–, y no a la exportación del mineral en bruto extraído en las minas11. Precisamente, ya en época de Fernando IV, la Hermandad de las villas de la marina de Castilla con Vitoria declaraba en su carta fundacional la insumisión ante el pago de diezmos y la saca de hierro por considerarlos contrafuero, acordando la interrupción de todo transporte de mercancías por tierra mientras el monarca no atendiera o resolviera dicha cuestión12.
Escuetas referencias documentales contemporáneas concernientes a localidades guipuzcoanas permiten intuir en cierto modo la tipología de las actuaciones impulsadas por la Corona para la concreción de las prerrogativas regias sobre la actividad ferrona. En Segura, Sancho IV otorgaba carga puebla a la localidad un 18 de abril de 1290, eximiendo de impuestos a aquellos hidalgos que se asentaran en la misma, salvaguardando igualmente la franqueza que gozaban sus solares y divisas13 de origen. El monarca instó también al traslado a las inmediaciones de la villa de las ferrerías masuqueras habidas en la vecina Legazpia –“que están en yermo”- con objeto de facilitar su abastecimiento y seguridad. Una década después, apoderados del concejo en las Cortes de Valladolid solicitaban la confirmación de privilegios, denunciando los embargos perpetrados por determinados hidalgos alegando la propiedad particular de los términos o divisas donde se habían trasladado las ferrerías, afirman, “por me fazer perder los mios derechos”14. A nuestro entender, ello reflejaría la existencia en la comarca de tierras en propiedad de los hidalgos que contaron previamente con ferrerías, y cuya tributación al erario regio no pareció hacerse efectiva hasta su traslado a los dominios realengos. En buena medida, dicha casuística podría hacerse extensible a las veneras o minas adscritas a los solares de determinadas familias, hecho que, como veremos, ocurría con cierta asiduidad en la vecina Vizcaya. En el mismo sentido parecen dirigirse directrices más tardías como las contenidas en el fuero Azcoitia (1324), donde el monarca ordenaba el establecimiento de “renterías” o puestos de almacenamiento, venta y fiscalización exclusivos para los productores asentados tanto en la villa como en sus inmediaciones15.
Un breve repaso al articulado de los fueros de ferrerías otorgados en época de Alfonso XI permite constatar algunas de estas aseveraciones. Atendiendo a la cronología de las concesiones, conviene poner en perspectiva y contrastar la casuística descrita en los ordenamientos dirigidos a los ferrones cántabros y guipuzcoanos. En 1325, ante las exacciones de justicias y recaudadores el monarca confirmaba la exención general de impuestos de “los nuestros ferreros y los abastecedores de las nuestras ferrerias que son en la haya de Anton fasta Llanes”, con excepción del denominado “cinquén sueldo” por quintal producido cobrado en moneda. La creación de un cuerpo de oficiales con jurisdicción exclusiva para las causas concernientes a los trabajadores del sector, independiente de la justicia ordinaria y de directa apelación a la corte, completaban un marco jurídico de notorias ventajas. El articulado clamaba finalmente por la protección debida a los bajeles que se encargaban del abastecimiento de vena contra las agresiones de caballeros y escuderos de la comarca; probablemente en calidad de agentes partícipes en el sector pero no adscritos o disconformes a la actuación regia16.
En Guipúzcoa, el ordenamiento otorgado a los ferrones de Irún-Iranzu y Oyarzun (1328) presentaba una casuística similar. Aduciendo una constante inestabilidad debido a la condición fronteriza del territorio con los reinos de Inglaterra y Navarra, así como los daños debidos a las continuas agresiones perpetradas por “malas jentes, asi de nuestro sennorio como fuera d’él”, el monarca admitía y confirmaba toda una batería de medidas en calidad de derechos, usos y costumbres. Una vez más, la intencionalidad de la Corona radicaba en proteger las industrias y la fuerza de trabajo asentada en sus dominios con objeto de asegurar –añadamos, potenciar– tanto la actividad como las rentas derivadas de la producción. El texto, extendido poco después a diversas localidades y, finalmente, a la propia merindad de Guipúzcoa en su conjunto, dota al sector de un marco jurídico privilegiado donde se conjugan las ventajas de una jurisdicción propia y un representativo nivel de exención en lo relativo al pago de impuestos17.
Permitida la saca de hierro por tierra y mar previo pago de “los nuestros derechos, alli do los devan pagar”, cuestiones como la explotación de los yacimientos son asimismo objeto de una generosa reglamentación. Al igual que el uso y aprovechamiento de montes y términos de propiedad regia para la obtención de carbón, quedaba acordada la libertad para la apertura de minas, con la única condición de hacer frente al pago de las obligaciones tributarias para el caso establecidas.
Y otrosi mandamos que en qualquier tierra y lugar que fallaren bena que puedan hazer venas para las dichas ferrerias en las dichas nuestras tierras y en los nuestros exidos e en las devisas y en las aguas e en los nuestros terminos por do quier que sean, e entren y salgan e se sirvan e se aprovechen e puedan hazer sus entradas y sus salidas segun husaron de lo hazer en tienpo de los reyes onde nos venimos y en el nuestro fasta aqui, e que ninguno non sea osado contra ellos yr pagando nuestros derechos del fierro y lo que de derecho deven pagar. E otrosi mandamos que en la nuestra tierra y en las agoas que puedan fazer casas e ferrerias e molinos e ruedas e molino e veneras e heredamientos e huertas para las herrerias pagando nuestros derechos como dicho es.
El fuero de ferrerías de Irún-Iranzu y Oyarzun, sobre cuyas otras muchas cláusulas volveremos más adelante, permite documentar la existencia de grupos y agentes económicos que parecieron distanciarse e, incluso, enfrentarse al modelo impulsado por la Corona. En definitiva, el marco jurídico privilegiado concedido a los ferrones tendrá su razón de ser como acuerdo o “convenio” establecido para el desarrollo de la actividad en los dominios y términos cedidos por la monarquía; esto es, “salbando […] las heredades propias de los hijosdalgo o de otros homes, que estan sennalados antiguamente”. En este sentido, el proceso de fundación de las villas, con la cesión de importantes espacios de realengo para su ocupación, debió influir de forma notoria en la reorganización del territorio. No cabría considerar por tanto de inconcebible la reubicación o puesta en funcionamiento de ferrerías en las inmediaciones de las nuevas pueblas, incentivada en parte por la accesibilidad de unos recursos naturales, con seguridad, más atractivos en número y en condiciones que los existentes bajo dominio de los hidalgos. No obstante, convendría preguntarse a este respecto sobre la estrategia diseñada por la monarquía para tratar de contentar o compensar también a este grupo, al menos con la finalidad última de aumentar la producción de un bien estratégico y multiplicar así el monto de ingresos procedente de su fiscalidad. Concretamente, el fuero de ferrerías otorgado a los valles de Lástur, Mendaro, Ego y Marquina (1335) hacía depender la validez del ordenamiento al pago de impuestos18. ¿Pudo extenderse parte o el conjunto del articulado a la totalidad del territorio guipuzcoano a través de la generalización y sumisión de todo el sector ante las obligaciones tributarias? En lo que respecta al uso y aprovechamiento de términos comunales, en el vecino señorío de Vizcaya hidalgos, villas y señor acordaron como veremos una coparticipación en función de la propiedad del suelo. Sea como fuere, el contexto en el que Alfonso XI emite los ordenamientos viene marcado por una palpable conflictividad en la que parece influir y desarrollarse también una incipiente o creciente redistribución de la riqueza.
Otrosi mandamos por razon que diga ningun caballero ni escudero nin otro ome ninguno que los dichos herreros y estos bienes e ganançias y heredamientos e casas y ruedas que ganan e han ganado, que solian ser de cavalleros o de escuderos o de otros omes qualesquier en los tiempos pasados, o de los nuestros monesterios, por esta razon nin por esta demanda non sean enbargados hasta que primeramente sean oydos y librados los ferreros y los sennores de las herrerias ante su fuero, e que ninguno non sea osado de fazer demanda ninguna ni ningun enbargo por cosas de antes que estas ganançias se fizieren. E nuestra voluntad es que les bala todo aquello que ganaren en la tierra nuestra a los dichos ferreros, aquello que y ganaren en la nuestra tierra que lo ayan para siempre jamas pagando a nos los derechos del fierro que labraren en las dichas ferrerias segun fue husado de lo ganar y de lo aver hasta aqui […]. Otrosi que todas las ganançias que los dichos ferreros fizieren en la dicha nuestra tierra que lo ayan para sí e para sus herederos para sienpre jamas francos e libres y quitos de toda mala boz, segun fuero de Guipuzcoa, segun husado d’esa villa en tienpo de los reyes onde nos venimos, pagando herrerias asi como solian pagar hasta aqui […]19.
El ordenamiento de Alcalá de 1348 ratificará finalmente la regalía sobre las minas sitas en domino realengo haciendo inexcusable la obtención de la pertinente licencia para su apertura y explotación20. No obstante, Alfonso XI confirmaba por otro lado la cesión de los yacimientos previamente realizada –y a realizar en adelante– fuera en beneficio de ciudades, villas, iglesias, ricos hombres, hidalgos o naturales del reino. A este respecto, la ley III del título XXVII daba cuenta de la poco precisa o inadecuada regulación del carácter de las donaciones efectuadas, se tratara de términos, lugares, jurisdicción u otro tipo de contraprestaciones. El interés del articulado radica, entre otros muchos aspectos, en la contundencia con la que expresa la confusión habida sobre el particular entre la costumbre y la dispar legislación operante en el reino, así como las dudas existentes en torno a la conveniencia y durabilidad de las concesiones. Confirmadas y sancionadas, éstas adquirirían un carácter perpetúo – “que las ayan, e les sean para siempre guardadas, segunt que en las palabras de la condicion fuere contenido”–, quedando excluidos aquellos beneficiarios no naturales o pertenecientes a la Corona, en tanto en cuanto, expresa la ley, se trata de una forma de enajenación “en grant danno e mengua del regno”21.
Atendiendo dichas directrices, en años venideros comienza a documentarse la iniciativa de los concejos para la regulación del trabajo en los yacimientos sitos en sus términos jurisdiccionales. De nuevo es en el territorio guipuzcoano donde hallamos los primeros testimonios y referencias. En Segura (1335) quedaba establecida por ordenanza la obligatoriedad de almacenar y tributar en la villa todo el hierro que produjeran las ferrerías sitas en sus términos jurisdiccionales. La población contaba por estas fechas al menos con los yacimientos de Necaburu, Aizupuru, Zamora, Ocañu y Barbaria, acometiendo complementarios trabajos de búsqueda que posibilitaron la apertura de minas de acero años después22. En Mondragón, a la altura de 1434 el concejo veía la obligación de redactar un capitulado específico ante los conflictos habidos entre los vecinos en relación a la apertura y explotación de sus minas. El principio acostumbrado en la localidad y, en adelante regulado por ley, era el de libre uso y aprovechamiento para el descubridor del yacimiento, adquiriendo estatus de propiedad particular, siempre y cuando no cesara o desamparara su actividad en un período superior a año y día. Mediante convenientes cláusulas tendentes a asegurar un equitativo reparto y el fomento de la producción –trabajo que permitía realizarse tanto de día como de noche– quedaba sancionada la transferencia de la propiedad pública en beneficio particular de determinados vecinos23. Otras villas del territorio contemplaron también en sus acuerdos para la explotación de comunales referencias a las prácticas o labores con el mineral en bruto para su envío a las ferrerías –Hernani y San Sebastián (1461)24, Deva $( 1 4 6 5 ) ^ { 2 5 }$ , Cestoa $( 1 4 7 9 ) ^ { 2 6 } -$ , llegando a defender, como en el caso de Tolosa (1498)27, la propiedad de sus yacimientos en oportunas causas judiciales frente a los intereses de localidades circunvecinas. Ciertamente, la distribución y número de las veneras existentes en Guipúzcoa debemos calificarla como notoria, aún cuando los testimonios documentales referidos a los siglos XIVXVI no permitan profundizar demasiado en lo relativo a las fases de apertura y a sus condiciones o régimen de trabajo28.
En el vecino señorío de Vizcaya, la dinámica referente a la concreción de la potestad señorial sobre el sector del hierro y el acero tuvo también su reflejo en el establecimiento de una fiscalidad específica. Previa su definitiva incorporación a los dominios de la Corona de Castilla tras la llegada de Juan I, los titulares del territorio se valieron de una política hacendística similar a la empleada por los monarcas castellanos, complementando la concesión de ordenamientos o fueros y el empleo de figuras impositivas sobre la producción de las ferrerías. Aunque sin duda operaron en tiempos anteriores, las iniciales referencias documentales a este respecto datan del primer tercio del siglo XIV29. La novedad del caso vizcaíno radica no obstante en la existencia de un complementario gravamen que afectaba de forma específica a la saca de mineral para su transformación fuera del señorío. El “peaje de la vena”30 fue una de las prerrogativas que con mayor celo salvaguardaron los señores de Vizcaya en su política de privilegios y donaciones sobre los recién fundados núcleos urbanos del territorio. El cobro de este gravamen aduanero, así como la jurisdicción sobre los pleitos y causas tocantes a las minas y a sus propietarios, correspondió tanto a los prebostes de las villas como a los denominados “alcaldes peajeros de las veneras”. En Vizcaya existió por tanto un temprano y definido cuerpo institucional de nombramiento señorial con prerrogativas sobre la actividad minera.
Interesa con todo acercarse al marco legislativo propio de comienzos del siglo XIV para contrastar las vicisitudes de la iniciativa señorial sobre el sector en contraposición a la llevada a cabo por la Corona en sus dominios. A tenor de lo contemplado en el denominado Capitulado de don Juan Núñez de Lara (1342), en Vizcaya quedó acordado también un reparto y división de la propiedad de la tierra entre hidalgos y señor; si bien se procedió a señalar igualmente un conjunto de términos, montes y seles de aprovechamiento compartido entre las partes. Una cuádruple tipología o clasificación de la propiedad y del uso del suelo puede inferirse a través de la lectura del ordenamiento31:
a) Montes y términos de propiedad señorial cedidos a las villas.
b) Montes y términos de propiedad señorial donde se excluye la participación de los hidalgos.
c) Montes y términos de propiedad señorial donde se permite el uso y aprovechamiento al grupo hidalgo y cuya guarda queda bajo la responsabilidad de ambas partes.
d) Montes y términos comunales donde el señor no tenía derecho o participación alguna frente al grupo de los hidalgos.
A propósito de las ferrerías, en un artículo específico quedaban reguladas las prácticas para la explotación de los montes señoriales con objeto de permitir el abastecimiento de las industrias existentes bajo titularidad de los hidalgos. En este caso, prestamero, “renteros” y “veedores” del señor se encargarían, en compañía de los “homes buenos de los pueblos e de las comarcas”, de establecer los puntos y espacios abiertos a la explotación con objeto de hacer un uso responsable del monte. Esto es, los agentes encargados del cobro y gestión de los impuestos sobre las ferrerías acometerían en última instancia la selección de términos junto a los representantes de los solares, anteiglesias y términos de propiedad hidalga32 –estos últimos englobados también en las fuentes bajo la acepción de Tierra Llana o “infanzonazgo”–. La sumisión al pago del impuesto señorial parece por tanto uno de los mecanismos de acceso para el uso y disfrute de los recursos del señor, en tanto en cuanto, las heredades de los hidalgos gozaban de una exención general de impuestos33.
Otra de las particularidades del caso vizcaíno se debe a su fuero de ferrerías. Si bien el ordenamiento contiene o hace referencias explícitas a artículos aprobados durante el siglo XIV –al propio capitulado de Juan Núñez o al cuaderno de Hermandad de Gonzalo Moro (1394)–, la fecha de redacción data de 1440, “sacado del quaderno que se hizo en la junta de Guernica”. En este caso, el articulado establece los procedimientos para la regulación del sector, pero relegando o excluyendo de su jurisdicción al marco urbano comprendido por las villas; o al menos ello se deduce al omitir dichos enclaves en beneficio exclusivo de anteiglesias, oficiales y justicias propias de la Tierra Llana34. Con todo, el valor y consecuencia última del mismo radica en la concesión al sector de un marco jurídico propio e independiente de la justicia ordinaria en su nivel local, y de directa apelación al señor; en este caso, a la corte y a los reyes de Castilla. En lo que respecta a los artículos relacionados con el aprovechamiento del suelo y a la extracción o trabajo del mineral, el fuero de ferrerías contiene escuetas pero interesantes referencias. La Junta de Guernica vedaba a los concejos la donación de todo monte o comunal en calidad de “merced” a favor de los dueños de ferrerías, si bien contemplaba la compraventa del suelo previo acuerdo entre los ferrones afectados o interesados35. Subsiguientes medidas de protección se dirigen asimismo a los transportistas de vena con destino a las ferrerías, limitando en lo posible la reventa del mineral36. El fuero remitía por otro lado a los yacimientos sitos en los montes de Triano como los puntos de abastecimiento de referencia para los productores de la Tierra Llana. A pesar de la teórica exención general de impuestos que gozaba este espacio, la presencia de la fiscalidad regia sobre el sector se hace notar en el propio ordenamiento; luego la tributación de las ferrerías sitas en territorio y en propiedad de los hidalgos parece haber tomado carácter general y obligatorio37.
En lo que respecta a los núcleos urbanos del señorío, en la villa de Bilbao existen tempranas referencias en torno la generalizada privatización de las minas de su entorno. Fuera en régimen de propiedad compartida o cedida su explotación en arrendamiento, el concejo asumía no obstante cierto control sobre la apertura y explotación de los yacimientos mediante la concesión de licencias y, en su caso, ordenando el cese de los trabajos38. Concentradas fundamentalmente en los arrabales de Allende la Puente y en el camino de Ibaizábal, la problemática gestión de los escombros generados en las minas instaba a la inclusión de convenientes directrices en las ordenanzas municipales de $1 4 9 0 ^ { 3 9 }$ , llegando a verse el concejo en la obligación de hacer valer estas máximas, vía pleito, frente a determinados vecinos y propietarios; miembros en su mayoría de las élites de la localidad40. A este respecto, los procesos iniciados entre particulares aportan datos de interés en torno a las prácticas, el personal y las vicisitudes de los trabajos acometidos en las minas de propiedad particular, remitiéndonos igualmente al entramado jurídico en éstas operante41. A comienzos del siglo XVI, el derecho de apertura de nuevos yacimientos en la anteiglesia de Arrigorriaga era defendido por sus propietarios en la Real Chancillería de Valladolid alegando el servicio que su trabajo proveía a la Corona como sector estratégico y a la prioridad que, para el caso, les confería el derecho y la costumbre en el territorio.
[…] porque en las dichas veneras se labre e d’ellas se saque vena porque es grandisimo servicio de Dios e muy grandisimo probecho e utilidad a la reyna nuestra sennora e a todo este dicho condado e sennorio de Viscaya, porque se saca el metal el mejor que nunca en estas montannas se sacó para la probision de las ferrerias e para fazer fierro para la probision e mantenimiento d’estos reynos, asy para fazer armas como otras qualesquier cosas de lo que avia, allende de lo suso dicho, se aumenta la renta de su alteza; e ansy es de derecho e aun uso e costumbre en este sennorio de Viscaya que quando el tal metal se falla, non tan solamente en exido […], que aun en heredad particular de otro, el que ansy el tal metal alla nadie le puede ynpedir pronunçiaçion de nueva obra nin de otra manera alguna $[ \ldots ] ^ { 4 2 }$ .
Si quiera brevemente, conviene no obstante dirigir de nuevo nuestra atención a la cadena de montañas de Triano, en el valle de Somorrostro de las Encartaciones. El centro minero vasco más importante documenta a lo largo del siglo XV regímenes de propiedad diversa y medidas tanto para la regulación del trabajo como para la posterior distribución y comercialización de su mineral. A este respecto, cabría señalar la influencia del linaje Salazar como prebostes de Portugalete y destacados parientes mayores en la comarca, cuyos titulares desempeñaron un papel rector en la organización, defensa y promoción de la actividad. Ya en 1439 Lope de Salazar, como propietario de veneras, demandaba licencia regia para la saca de mineral con destino a las ferrerías de Gascuña y Labourd. Evaluada ésta por los contadores mayores de la Real Hacienda y aprobada por el Consejo Real, quedaría ratificada la libre salida de la vena al igual que lo estaba la del producto transformado en las ferrerías, con condición de satisfacer sin embargo “los derechos acostumbrados de pagar en los mios reinos e sennorios”43. Testimonios referentes al linaje dan cuenta por otra parte de una temprana asociación de los distintos sectores vinculados al trabajo en los yacimientos. En su testamento (1439), Ochoa de Salazar, señor de San Martín, incluía rentas sobre el transporte de vena a los puertos –el que califica como “pedido de los carros” o “carradas” de vena– y derechos en calidad de “juez de la Hermandad de maestres de navíos de Somorrostro”44. Como veremos, carreteros y navieros formarán parte de las iniciativas de carácter gremial que trataron de regular la actividad en las minas.
En efecto, los grupos profesionales inmiscuidos en el sector venían celebrando asambleas y juntas particulares con objeto de reglar los trabajos en los yacimientos, así como los fletes y precios de venta de una materia prima que conseguía abastecer regularmente las ferrerías de toda la fachada cantábrica, desde Galicia a Guipúzcoa, incluyendo el ducado de Gascuña. Consecuencia de las causas judiciales a las que tuvieron que hacer frente, varios cuadernos de ordenanzas de la Junta de Somorrostro se han conservado en forma de insertos en pleitos fechados a comienzos del siglo XVI. Concretamente, las asambleas celebradas en 1504, 1506 y 1508 desarrollan un extenso y preciso articulado donde quedan anotadas, entre otras muchas cuestiones, la composición y el organigrama interno de unas asambleas que se definen a sí mismas bajo la acepción o categoría de “Hermandad”45. Pese al carácter netamente económico o socio-profesional de los acuerdos tomados, la institución es resultado del hermanamiento de los concejos del valle (Músquiz, Abanto, Santa Juliana, Cierbena, Santurce) y de la villa de Portugalete, a cuya autoridad responden los procuradores enviados; esto es, “sometyéndose a los dichos conçejos y a la juridiçion d’esos en lo tocante e concerniente a los capitulos, hordenanças e estatutos que de yuso seran contenidos”. Como recoge el preámbulo de las ordenanzas, desde tiempos inmemoriales la asamblea solía nombrar un cuerpo de delegados para la toma y redacción de las medidas designando a su vez una serie de oficiales encargados de ejecutar las convenientes penas. A este respecto, cada concejo o localidad contaba con sus propios representantes, reclutados entre o en delegación de los propietarios de carros y bajeles.
Resumiendo en exceso el contenido y los excepcionales aportes de esta documentación, las principales líneas de las medidas tomadas por la Junta se circunscriben a determinados aspectos46. En primer lugar, asegurar la extracción de mineral de alta calidad mediante la inspección general de las minas y, en su caso, el decreto de los respectivos cierres; regular por otro lado las prácticas de los carreteros en lo que toca al transporte y venta de la vena a los navieros de las localidades hermanadas; y, finalmente, establecer los procedimientos y precios para el posterior traslado de las embarcaciones a los puertos de la Cornisa Cantábrica (o, previa licencia regia, fuera del reino). No obstante, la asamblea excluye e impide la venta a aquellas embarcaciones foráneas que no aceptaran sus ordenanzas mediante el depósito de las pertinentes finanzas (determinados maestres de Portugalete, Baracaldo y Sestao o las pinazas enviadas por las casas de Butrón, Mújica y Arteaga son algunos de los grupos señalados en este sentido). A los dueños de las embarcaciones se les vedaría también el acceso la villa de Bilbao para la carga de mineral en tanto en cuanto, se entiende, “tienen compradas las venas de los carreteros de la dicha tierra de Somorrostro”. El testimonio confirma de este modo la importancia de la plaza bilbaína como centro minero con capacidad y excedentes suficientes para el comercio de exportación.
Precisamente, al menos desde mediados del siglo XV el tráfico de materia prima fuera de los dominios de la Corona va a suponer un motivo de disentimiento para las distintas partes afectadas. Bajo los reinados de Juan II y Enrique IV parecen sucederse momentos donde queda decretada la prohibición de saca del mineral. La conquista del ducado de Gascuña por el rey de Francia favoreció no obstante la reapertura del comercio en vista de la amistad y alianzas firmadas entre ambos reinos. Tras la llegada de los Reyes Católicos, a la altura de 1480 las villas del señorío agrupadas en junta veían pertinente la solicitud de la conveniente licencia con objeto de reanudar o proseguir abasteciendo dicha región, obteniendo el beneplácito de los monarcas y haciéndolo extensible a la vecina Guipúzcoa47. Apenas dos años después la Hermandad de Vizcaya reaccionaba ante los acuerdos y ordenanzas decretadas por la junta de Somorrostro tratando de frenar el creciente control detentado por la misma sobre el abastecimiento de las plazas vizcaínas y guipuzcoanas48. A fines de la década se suceden las iniciativas tendentes a limitar la libertad de saca. Con apenas unos días de diferencia, concretamente en febrero de 1489, concejos y dueños de ferrerías de ambos territorios obtienen cédulas decretando la prioridad de abastecimiento para los naturales49, iniciando a su vez pesquisas tendentes a averiguar la conveniencia o perjuicio que ocasionaba la actividad50. En este sentido, el concejo Bilbao puso el acento en el sector de italianos que adquirían “vena quemada” tanto en Vizcaya como en otros lugares, obteniendo orden para permitir exclusivamente la saca del mineral en crudo “pagando los derechos de peaje”51. Por su parte, en Oyarzun, como procurador de los dueños de ferrerías del valle, Vicente de Elduayen denunciaba en 1496 la salida de vena de la jurisdicción con destino al reino de Navarra52. Fruto de la interacción de agentes e instituciones53 tres años después la prohibición general de saca de mineral era una realidad, si bien seguían registrándose denuncias ante las prácticas de determinados particulares y beneficiarios de mercedes.
Al respecto de este proceso de cambio e intervención tendente al proteccionismo varias reflexiones se imponen. El contexto político, el inicio de la guerra con Francia, influyó indudablemente en la toma de postura de aquellos sectores previamente favorables a la salida del mineral. Las crecientes apetencias de la junta de Somorrostro por el control del abastecimiento –con la consiguiente alza de los precios– crea descontentos y moviliza por otro lado a los grupos desplazados o afectados. En este sentido, la defensa de los partidarios de la prohibición se centra en la necesidad de proteger el sector priorizando la provisión exclusiva de las industrias, arrinconando en buena medida la competencia exterior del hierro y acero trasformados en los mercados internacionales, posibilitando así la salida de la producción autóctona en unos valores de venta elevados y constantes. Todo ello en beneficio siempre del servicio y erario de la Corona. A esta visión o planteamiento de orden económico se contrapone no obstante la interpretación propia de los grupos contrarios al veto.
El mismo año de 1499 el preboste portugalujo Ochoa de Salazar presentaba ante el Consejo Real sus alegaciones tratando de impugnar la medida. Sus pretensiones pasaban por mantener el comercio de vena con el territorio de Labourd fundamentalmente, hacia donde, asegura, solían sacarse de forma anual 24.000 quintales de mineral para una producción aproximada de 5.000-6.000 quintales de hierro54. Atendiendo al cómputo del hierro transformado que era objeto de exportación, en buena medida a las plazas y puertos del reino francés, mantener la saca del mineral no podía generar a su juicio grandes perjuicios. Ochoa ponía por otro lado el acento en determinados sectores como principales artífices de la prohibición vinculando la medida a las apetencias de escogidos intereses. Haciendo constar el elevado precio del producto por aquellas fechas, “[que] nunca avia valido tanto como agora valia”, dejaba entrever en sus alegaciones el carácter reducido u oligárquico que conformaban los propietarios de las industrias frente al conjunto de grupos e individuos partí- cipes en la compraventa del mineral55. Señalaba además la inexistencia de demandas o iniciativas semejantes por parte de los dueños de ferrerías de otros territorios del norte peninsular, presentando sentencias y misivas favorables tanto por parte de las Juntas Generales de Vizcaya como por el propio Enrique IV o los mismos Isabel y Fernando56.
Llegados a este punto, las incógnitas que plantean los testimonios de las partes interesadas no son fáciles de resolver. Por un lado, las demandas para el cese de la salida del mineral parecen proceder fundamentalmente de concejos y propietarios de ferrerías del ámbito vasco, previamente activos en este comercio hasta la irrupción de las medidas proteccionistas de la Junta de Somorrostro. ¿Respondió el veto de saca a una situación de crisis en el sector ferrón o, por el contrario, fue un mecanismo arbitrario dirigido a incrementar las ganancias de los agentes económicos volcados en el mismo mediante un uso partidista de las instituciones? Como veremos, a fines del siglo XV la irrupción del capital mercantil y la estricta regulación de las compraventas por los concejos es una realidad incuestionable, en un contexto marcado por la guerra, cierto es, pero de notoria inflación y de práctica exención en lo que respecta al impacto de la fiscalidad debida por las ferrerías. Sea como fuere, resulta indispensable acercarnos al entramado de relaciones y grupos operantes en el funcionamiento de las industrias con objeto de conocer e interpretar dicha problemática en sus debidos términos.
3. Erección, propiedad y trabajo en las ferrerías: entre la iniciativa privada y el concurso de las instituciones.
De nuevo, el reinado de Alfonso XI se impone como referencia obligada a la hora de acercarse las vicisitudes de los cuadros organizativos del sector en los territorios vascos. En la línea anteriormente descrita, el fuero otorgado a los ferrones guipuzcoanos ampliaba el marco de ventajas e incentivos dirigidos a la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas industrias. En este sentido, quedaba decretada una general libertad para la erección de ferrerías y sus elementos constituyentes (casas, molinos, presas, ruedas) en los dominios realengos, esto es, “en la nuestra tierra y en las agoas”, haciendo respetar no obstante el principio de no agresión o perjuicio a terceros. Bienes y materiales de construcción, “la madera e las otras cosas de sus ferrerias”, podrían obtenerse libremente también en los mismos, quedando a consideración de los propios ferrones las posibles actuaciones sobre el cauce de las aguas mediante el levantamiento o refuerzo de las convenientes presas57. Con todo, una de las medidas más novedosas y que atestigua de manera clara la voluntad de la Corona por impulsar la construcción del mayor número posible de industrias se refiere a la venta obligada del suelo ya transferido a particulares. Aquellos ferrones interesados en determinadas tierras de propiedad particular tenían derecho a su compra mediante la designación de una comisión mediadora que se encargaría de estimar y establecer los precios de venta. A este respecto, la presencia en la misma de los “renteros” y recaudadores del impuesto regio debido por las ferrerías no resulta en ningún caso anodina.
E otrosy, los dichos ferreros sy quissieren fazer ferrerias en algunas tierras e lugares e heredamientos de qualesquier omes de la tierra de Guipuscoa, o de otro qualquier término [que lo puedan fazer], pagando aquellos ferreros que la quesieren fazer al duenno o a los duennos del lugar quanto fuere preçiado por el rentero que reacauda los nuestros derechos e un omme bueno de la tierra e otro omme bueno de los ferreros, segunt que esto fue usado de lo faser en tienpo de los otros reyes onde nos venimos58.
A tenor de lo contemplado en dichas disposiciones, el cúmulo y calidad de las prerrogativas conferidas a los propietarios de las industrias resulta cuanto menos excepcional, hecho que definió y promocionó sin duda al sector como grupo de poder e influencia en el seno de concejos, villas, lugares, valles u otras formas de poblamiento. Ciertamente, la casuística planteada en el realengo guipuzcoano va estar lejos de circunscribirse o extenderse en idénticos términos al resto de los territorios vascos. En Álava, la cesión de los lugares vinculados a la cofradía de Arriaga para su incorporación a los dominios regios de Alfonso XI (1332) estuvo notoriamente condicionada59. Los cofrades, en representación de los hidalgos alaveses, reservaron para sí la propiedad de aquellos montes y seles que venían detentando para destinarlos a un uso, se intuye, principalmente ganadero, preservando asimismo las prerrogativas preexistentes sobre collazos, labradores u contingentes que moraran y trabajaran “en los sus suelos”. En resumidas cuentas, parecieron reproducirse, si bien con sus propias especificidades, las actuaciones que constatábamos en Guipúzcoa y en Vizcaya en relación a la división y preservación de los solares o divisas de propiedad hidalga. A una representativa exención de impuestos acompaña no obstante, en el caso alavés y en lo que respecta a las ferrerías, la defensa de los cofrades ante la posible iniciativa regia. De este modo, el monarca aceptaba la petición de no ordenar el levantamiento de ferrerías con objeto de salvaguardar o destinar los recursos de los montes a otras actividades60. Con todo, pueblas y términos de origen estrictamente realengo asumían las disposiciones generales del ordenamiento guipuzcoano adoptando su jurisdicción como marco legislativo de referencia61.
A propósito de la erección de nuevas ferrerías, durante los siglos XIV e inicios del XVI la documentación permite identificar varios procedimientos donde confluyen la iniciativa particular y el concurso o apoyo de las instituciones públicas. Referidas en todo caso a los dominios estrictamente realengos, trataremos por separado las actuaciones o medidas patrocinadas por los concejos de las amparadas en exclusividad por la Corona; en tanto en cuanto sus intereses no siempre fueron coincidentes llegando a generar desavenencias y conflictos.
El interés de determinadas localidades por la creación de nuevas industrias redundaba sin duda en los múltiples beneficios que directa o indirectamente podía generar su actividad para revertirlos así después en la comunidad. Desde fechas tempranas, localidades como Hernani y San Sebastián $( 1 3 7 9 ) ^ { 6 2 }$ protegen las inmediaciones de sus cauces fluviales para reservarlos a los ferrones de su vecindario, instando al avecindamiento a aquellas ferrerías nuevamente construidas por foráneos previa licencia del concejo. Obligaciones como la imposibilidad de vender y desgajar las industrias o sacar su producción fuera de los términos jurisdiccionales son algunas de las directrices destinadas, mediante el proteccionismo, al impulso económico de la villa. A modo de incentivo, los concejos contemplaron también en ocasiones la cesión a perpetuidad de determinados solares con objeto de facilitar la puesta en funcionamiento o la reedificación de antiguas ferrerías, ofertando ventajas al mismo tiempo que imponían una serie de condiciones.
En Hernani (1388 y 1401), varios particulares obtuvieron parcelas de suelo mediante este procedimiento, en calidad de juro de heredad, en remuneración a los servicios prestados al concejo. El derecho al uso de comunales para el aprovisionamiento de madera –no así para obtención de carbón–, quedaba incluido junto a una exención general sobre los impuestos municipales tanto en lo que respectaba al solar como a la producción de la ferrería. En contrapartida, los beneficiarios se obligaban a erigir o “enfestar” éstas en un espacio de tiempo prefijado (7 meses en el primero de los casos) debiendo mantenerlas operativas de forma más o menos continuada. El abandono o improductividad de la industria (durante un espacio de 4 años en el mismo ejemplo) conllevaría la restitución al concejo de la propiedad del solar, no así la del edificio y de sus bienes anexos. Exigencias que, en todo caso, serían condonadas en caso de tratarse de causas extraordinarias, esto es, “por guerras o por otras pestilençias e ocasiones que ayan de acaesçer en el reyno o en tierra de Guipuscoa, lo que Dios no quiera”. De forma complementaria, el concejo permitía el aprovechamiento del suelo para otras actividades –el pasto o el plantío de viñedos u otras especias arbóreas– a cambio de un censo o tasa fija anual de 4 quintales de hierro, o su equivalencia monetaria por valor de 4 cuatro francos de oro “del cunno del rey de Françia”63. Otra modalidad de cesión la hallamos en la localidad alavesa de Salvatierra (1504), donde la villa había traspasado la propiedad de determinados montes comunales del lugar de Urrespileta al comendador Nicolás de Guevara con motivo de la erección de una ferrería. Elevada la causa ante el tribunal de la Real Chancillería, la Hermandad de Eguilaz y Junta de Araya aceptaba finalmente la donación, acordando sin embargo el cobro de un censo anual de 750 maravedís durante el tiempo que estuviera ésta en funcionamiento. El asiento incluía notorias restricciones sobre el uso del monte para la provisión de la ferrería –en relación al carbón fundamentalmente– quedando vinculado el tributo a posibles ventas o enajenaciones64.
Fuera de la cesión de términos, determinados concejos apostaron por la construcción e inclusión de ferrerías entre sus bienes de propios, esto es, en calidad de industrias de titularidad pública. Aunque poco documentada, fuera por privilegio real (Segura $1 3 9 1 ^ { 6 5 }$ ), por iniciativa concejil (Cegama ca. $1 4 7 7 ^ { 6 6 }$ ) o resultado de la donación de alguno de sus vecinos (Marquina $1 5 1 2 ) ^ { 6 7 }$ , la puesta en arrendamiento de las industrias pasará a ser también una forma de obtención de ingresos en beneficio de las arcas municipales.
No obstante, la donación de términos y solares sitos en la jurisdicción de villas y lugares no va ser competencia exclusiva de los concejos. La Corona también se hace eco de las peticiones dirigidas por determinados particulares en este sentido, averiguando la viabilidad y posibles réditos de estas iniciativas para, en su caso, otorgar su beneplácito y proceder así a la enajenación del suelo. Las mercedes y testimonios conservados en este sentido tienden a señalar la proximidad de los interesados a la corte mediante el desempeño tanto de cargos u oficios de servicio en la casa del rey (continos y mozos) como en calidad de hombres de armas. En todo caso, la elaboración de una pesquisa previa sobre el terreno en compañía de justicias y representantes locales era requisito indispensable para la posterior concesión de la merced, registrada y asentada por los contadores mayores de la Real Hacienda. Entre las cuestiones prioritarias a dilucidar, la comisión encargada debía velar por el impacto de la operación sobre las rentas regias así como sobre los posibles daños a terceros. De resultar favorable, la concesión del correspondiente privilegio daba lugar a un escenificado traspaso y toma de posesión del término, donde, ante escribano y testigos, se procedía a la medición y señalización del lugar precisando tanto la ubicación de la casa o edificio propio de la ferrería como la de sus elementos constituyentes68.
Este procedimiento, donde no hemos constatado la exigencia de aparentes contraprestaciones para los beneficiarios, no siempre fue del agrado de los concejos implicados, conllevando respuestas y/o la apertura de los consiguientes procesos judiciales. Generalmente, las desavenencias en torno a los intereses económicos de otros grupos o sectores sobre los términos cedidos instaba a determinados vecinos a pronunciarse e, incluso, a movilizar a la comunidad en este sentido. Una poco transparente o parcial pesquisa solía ser el punto de partida de unos desacuerdos envueltos en ocasiones en altercados y escenas de violencia. A comienzos del siglo XVI localidades como Laurgain (1501), Zubieta (1515), Arrigorriaga (1508), Larrabezúa o Astepe (1519) se vieron en la tesitura de paralizar la enajenación de sus comunales ante las pretensiones de los ferrones69.
Sin entrar en la casuística concreta de cada caso, el ejemplo de Zubieta, en Guipúzcoa, aporta sin embargo precisas referencias en torno al carácter y al riesgo de determinadas iniciativas particulares amparadas por la Corona, así como sobre su impacto económico en detrimento de otros grupos con intereses contrapuestos. En las inmediaciones del actual término de Lasarte-Oria, el artillero Juan de Lasarte, vecino de Fuenterrabía, obtuvo licencia para la erección de una ferrería en una “ysleta, ynsula qu’está en el rio público llamado Oria, entre Çubieta e Leyçaur”, como recompensa a los servicios prestados70. Tras la conveniente pesquisa, tomada posesión del lugar e iniciados los trabajos de construcción, “con muchos maestros canteros e carpinteros”, los vecinos de la localidad de Zubieta instaban al levantamiento en armas con objeto de paralizar por la fuerza los trabajos71. Detenidos algunos de los acusados y abierta la pertinente pesquisa, el contencioso llegaría al tribunal de la Real Chancillería de Valladolid, donde los procuradores de la parte acusada asumen, bajo la categoría de “universidad”, la representación de la localidad. Alegando los intereses económicos de su vecindario sobre la explotación del islote, preferentemente dedicado al plantío de árboles, defienden su jurisdicción sobre el enclave haciéndola extensible a todo el “término llamado Oria, fasta el dicho rio”. Llegarían incluso a afirmar la imposibilidad de edificar ferrería alguna en heredad ajena sin contar con el beneplácito del propietario del terreno, contradiciendo así una de las cláusulas o artículos que a este respecto veíamos mencionada en el fuero de ferrerías. La actuación de los concejos, preocupados por salvaguardar los intereses económicos de una mayoría, consiguió paralizar por tanto la erección de algunas ferrerías haciendo valer, mediante distintas vías, la prioridad del principio del perjuicio a terceros72. En este caso, Juan de Lasarte vio truncadas sus pretensiones quedando invalidada su merced, pese a haber cumplido teóricamente con los requisitos para el caso establecidos, sin recibir además compensación alguna por los gastos realizados en los trabajos de construcción.
Otra de las iniciativas amparadas por la Corona fue la erección de industrias financiadas a través del erario regio. Aunque apenas hemos conseguido documentar unos pocos ejemplos, lo cierto es que esta modalidad funcionó a lo largo de la baja Media, probablemente como testimonio de una estrategia que, a la postre, preferiría delegarse a cuenta y riesgo de terceros. No por casualidad, en las cuentas de Sancho IV (1292) se contemplaban determinadas partidas para acometer la construcción de ferrerías en Oyarzun, Bozón, Santa María del Puerto y Nájera73. Asimismo, en época de Enrique II hay documentadas cesiones de ferrerías en juro de heredad como la de Andoáin a favor del vasallo Martín López de Murúa (1366); merced que incluía tanto la propiedad como los impuestos debidos por la misma y que sería confirmada por sucesivos monarcas. En 1452, Juan de Leizaur, heredero de ésta, pedía merced para su traslado al término de Lasoa, también en las inmediaciones Andoáin; demanda que es aceptada por el monarca Juan II, instando no obstante a respetar el principio de “syn perjuicio a otro terçero nin de otra ferreria alguna”74. Similares concesiones tuvieron también lugar en las Encartaciones de Vizcaya, donde posesión y tributos podían ser objeto de traspaso a distintos titulares75. Con todo, a lo largo de los siglos XV y XVI la política mayormente empleada por la monarquía –o al menos sí la más documentada– estuvo centrada en la concesión de exenciones de impuestos para aquellos particulares interesados en acometer la construcción de nuevas industrias. Ello vendría a señalar a nuestro juicio la preferencia por una estrategia compartida y no exenta de condiciones, probablemente más ventajosa para las partes implicadas; si bien desconocemos la cuantía o importancia de aquellas ferrerías de propiedad regia que, con seguridad, habrían acabado engrosando los patrimonios de hidalgos, vasallos u otros representantes de la nobleza.
El procedimiento a seguir en este caso reproducía el anteriormente analizado en relación a la cesión de términos. Elevada la petición ante los reyes, eran los contadores mayores quienes procedían a su evaluación, decretando las condiciones que debía cumplir el beneficiario. Aunque con variantes, generalmente solía tratarse de una exención sobre el impuesto que gravaba la producción de las ferrerías durante un plazo mínimo de cinco años, debiendo este último comprometerse a mantener la industria en funcionamiento por espacio de al menos una década, asegurando así la futura tributación de la misma. En este sentido, las mercedes que hemos podido documentar a partir de los años cuarenta del siglo XV dejan entrever la coparticipación de varios socios en calidad de titulares para la erección o reedificación de una única ferrería. Si bien hubo casos como los del merino de Guipúzcoa, Pedro López de Ayala, o el del maestresala Martín Pérez de Alzaga en los que se concedieron exenciones para hasta 4 ó 5 industrias. Ciertamente, resulta complejo evaluar el grado de extensión de la política regia de gracias y exenciones sobre el sector atendiendo al cómputo de testimonios al que hemos tenido acceso. No obstante, los demandantes de estos privilegios alegaron en sus peticiones un carácter general a este respecto bajo la premisa de que “los reyes syenpre acostunbran dar franquezas a las ferrerias nuevamente fechas”76. En la tabla siguiente resumimos algunas de las modalidades y condiciones reflejadas en dichas mercedes, sin suponer en ningún caso la totalidad de las conservadas o existentes77.
Tabla 1. Tipologías de exención y contraprestaciones en los privilegios regios para la erección de ferrerías.

Fecha	Ferreria/Ubicacion	Propietarios ybeneficiarios	Exenciones ycontraprestaciones
1441	"Usunsolo"(Solaguren-Ecartaciones)	JuanPérezdeIbeieta	Exención perpetua sobre elimpuesto de“albala"/servicioarmado con una lanza mareante
1446*	"Cerrango”,“Vergara”,"Uribasa”,"Arbardadica”,“Palatano” (Ayala yOrozco)	Pedro Lopez deAyala	Exencion por 5 anos delimpuesto de“albala”/compromiso de otros 5 anos enfuncionamiento
1450*	"Baquiola"(Arrancudiaga)	Bachiller FortunMartinez deBaquia, Juan Pérezde Arandia, JuanMartinez de Uquino	Exencion por 5 anos delimpuesto de“albala"／compromiso de otros 10 anos enfuncionamiento
1475	“Yarza”,“Aralaz”,“Avillaz deLasa","Pagoaga”(Villafranca, SanSebastianyHernani)	MartinPérez deAlzaga	Exencion por 15 de anos detodaalcabala,“albalaydiezmoviejo"/ compromiso de otros 15anos en funcionamiento
1501	“Casa de Errotaechea”(Laurgain)	Maria Ochoa deSegurola, viuda deMartin López deOribar	Exencion por 10 anos de 1.000maravedis sobre el impuestode“albala y diezmo viejo”/sincompromiso

\* Privilegios que constan como preexistentes en los cuadernos de cuentas del citado año. Fuente: AGS, Escribanía Mayor de Rentas, Mercedes y Privilegios, leg. 74, f.92; leg.79, f.121; Tierras y Cartas Vizcaínas, leg. 3, f.151; Registro General del Sello, leg. 1478-VII, f.78; leg. 1501-VII, f.8.
Trasladando el foco de atención a la actividad y trabajo desempeñado en las ferrerías, los testimonios documentales insisten en la capacidad del sector para la ocupación de una importante mano de obra tanto de forma directa como indirecta. Ciertamente, a tenor de la casuística hasta ahora descrita, una notoria diversidad de grupos profesionales aparecen inmiscuidos en los procesos de producción del hierro y del acero (mineros, carboneros, transportistas, carpinteros, propietarios del suelo, dueños de ferrerías, etc.), si bien otros artesanos del metal dependen igualmente de los suministros procedentes de las mismas como industrias derivadas (fabricantes de armas, enseres y herramientas fundamentalmente). De todo ello se deduce una especial repercusión de dicha actividad económica como motor para la generación de empleo en los territorios vascos. No obstante, en lo relativo a las formas de regulación del trabajo y sus relaciones constatamos igualmente la actuación o influencia de agentes e instituciones, decididos a defender o sobreponer ciertos intereses no siempre coincidentes o favorables a una mayoría. A este respecto conviene reparar en el análisis de varias problemáticas en tanto en cuanto nos permiten conocer de primera mano las vicisitudes de un complejo y probablemente poco estable marco laboral que, sin embargo, consiguió agrupar una numerosa fuerza de trabajo y generar no menos riqueza y beneficios.
Como instituciones destinadas a frenar fundamentalmente la violencia banderiza, las Hermandades tomaron también contundentes medidas para la defensa de las ferrerías. Desde fines del siglo XIV en los respectivos ordenamientos agresiones, robos o “pedires” son castigados con la pena de muerte78. Formando parte destacada de los patrimonios de familias y linajes hidalgos79, prácticas propias de la idiosincrasia feudal como los desafíos afectaban a las ferrerías y a su personal de trabajo, hecho que trata de evitarse en este caso mediante la imposición de multas o penas pecuniarias. Con todo, la actuación de la institución se hace extensible también a los conflictos habidos entre los dueños de ferrerías y su personal asalariado. Prácticas como el adelanto de jornales eran empleadas por los propietarios de las industrias para incentivar la contratación de carboneros, maceros, oficiales braceros u otros “paniguados”, si bien ante la multiplicidad de ofertas o proposiciones solían producirse situaciones de abandono para desempeñar estas labores al amparo y condiciones de un “patrón” más generoso. Mediante la imposición de multas y azotes la Hermandad trata de erradicar estas prácticas, volcando no obstante toda responsabilidad sobre el personal asalariado, esto es, sin sancionar al propietario o ferrón que invitaba a la deserción80. El interés de la medida, confirmada en sucesivos ordenamientos a lo largo del siglo XV, radica no obstante en la claridad con la que refleja la disparidad existente entre oferta y demanda de empleo, donde los dueños de ferrerías se veían obligados a competir y ceder en cierto modo para asegurarse o mantener su mano de obra. En Vizcaya, el fuero de ferrerías prohibía la movilidad de los “mozos de salario” con adeudos pendientes, impidiendo asimismo a los trabajadores el acuerdo o redacción de estatuto alguno contrario a los señores de ferrerías81. La pretensiones por el control de las relaciones de trabajo por parte de los propietarios de las industrias contaron en este caso con la aquiescencia de las Juntas Generales.
En lo referente a la propiedad de las industrias, el ordenamiento vizcaíno describe un complejo régimen de participaciones desarrollando toda una casuística en torno a las desavenencias generalmente acaecidas entre sus parcioneros. Cuestiones como los costes de mantenimiento o mejora no siempre eran asumidas por consenso entre las partes, por lo que llega a decretarse la pérdida temporal de la propiedad, ganancias y rentas de la ferrería en cuestión para aquellos socios que evadieran dicha responsabilidad. En este caso, quedaba contemplaba incluso la prohibición de acceso o entrada al recinto a los propietarios con adeudos pendientes bajo la pena de la pérdida definitiva de su participación82. De ello se deduce la existencia de una cambiante titularidad de las industrias, no exenta de maniobras o estrategias tendentes a la progresiva acumulación de fracciones de propiedad por los socios más dispuestos o acaudalados. En este sentido, el fuero contemplaba el derecho de los dueños de las ferrerías para la toma de acuerdos y ordenanzas sobre sus industrias, siempre y cuando contaran con una mayoría de asociados. Dichas cláusulas tomarán carácter prioritario o irrevocable al someter a las justicias propias y privativas del sector a estos preceptos, invalidando el recurso a la jurisdicción eclesiástica para aquellos clérigos parcioneros y, por supuesto, al vetar la posibilidad de que señor o caballero alguno apoyara las pretensiones de los socios disconformes83. El nombramiento de procuradores y la celebración de juntas particulares “para los negocios que les cumplieren” eran también derechos vinculados a los propietarios de las industrias84.
Ciertamente, es difícil conocer con detalle el grado de extensión y las formas de participación o propiedad compartida de las ferrerías vascas a lo largo de la baja Edad Media. Ante la inexistencia o conservación de protocolos notariales hasta bien entrado el siglo XVI, las vicisitudes del régimen de “parçonería” son sólo –o prácticamente– accesibles mediante el recurso a la documentación de carácter judicial. No obstante, los numerosos pleitos y ejecutorias existentes a partir sobre todo del reinado de los Reyes Católicos nos brindan representativos testimonios en este sentido. Partiendo de la propia terminología, el empleo de voces como “título” o “acción”85 constatan el carácter proporcional de unas actuaciones inversionistas dirigidas a la conformación de asociaciones de carácter económico. Aunque modestas, el grado de división o fraccionamiento de la propiedad de las industrias pareció cuanto menos significativo, documentándose participaciones en fracciones que desde 1/4 de la propiedad, las más comunes, llegarían en determinados casos hasta 1/16. En similares términos, el valor o inversión efectuada en las ferrerías dependería tanto de la ubicación y dimensiones como del número y calidad de sus elementos anexos o constituyentes. Por citar algunos ejemplos en esta línea, la ejecución de las $\%$ partes de la ferrería y molino de Libano en almoneda, propiedad perteneciente a Martín Díaz de Mena, alcanzó los 60.000 maravedís en torno a $1 4 8 7 ^ { 8 6 }$ . Seis años después, las obras de reparación de las ferrería de Oquieta en Orozco se repartían entre sus parcioneros correspondiendo a María Sánchez de Lea un total de 20.000 maravedís como accionaria de 1/8 parte87. Por otro lado, a comienzos del siglo XVI, el preboste Tristán de Leguizamón estimaba en un total de 20.000 ducados (7.500.000 maravedís) el valor de la ferrería, presa, “estolde”, molinos y heredades que poseía en Ollargan88.
Uno de los testimonios que confirma a nuestro juicio la importancia o extensión de la propiedad compartida es su traslado a los contratos de arrendamiento; documentos donde dueños y trabajadores asentaban las condiciones, ganancias y rentas derivadas del trabajo de las ferrerías. Efectivamente, en numerosas ocasiones documentamos los “alquileres” o arrendamientos de las industrias sobre determinadas parcelas, bien por tratarse de la fracción de propiedad detentada por el dueño en cuestión o, por el contrario, como fórmula para la diversificación de ingresos y riesgos. De ello se deduce la generalizada preferencia de los propietarios a la cesión del trabajo a terceros a cambio de convenientes rentas, si bien existieron arrendatarios que optaron a su vez por prácticas como el subarrendamiento. A tenor de lo contemplado en los contratos, por espacio de varias anualidades (ejemplos que varían normalmente entre un mínimo de 2 y un máximo de 9) dueño y arrendatario –este último también designado en las fuentes bajo los términos “colono” y “rentero”- acordaban la cuantía y los plazos de la renta a entregar. Generalmente, un cómputo sobre la producción de la industria aunque también se documentan pagos en moneda. Fuera de la ferrería y sus elementos constituyentes, la provisión de carbón y vena por adelantado solía corresponder al propietario/arrendador como una más de las exigencias. Con todo, existió toda una variedad de fórmulas para transgredir teóricas responsabilidades y/o tratar de aumentar ganancias lesionando los “derechos” de la fuerza de trabajo. Reparemos en algunos ejemplos.
En 1442, los ferrones del valle de Mendaro (Deva) fijaban por ordenanza la tasa del diezmo (un quintal de cada diez labrados para el arrendador) como cómputo o ganancia mínima en los contratos de arrendamiento; estimación que venía siendo la habitualmente empleada como garantía para la subsistencia de las partes y, por consiguiente, de la actividad misma de la industria89. Ahora bien, el establecimiento de una renta fija en quintales y/o en dinero, por lo tanto no porcentual, parece ser el procedimiento a imponerse a fines del siglo XV. En este caso los baremos o estimaciones por los que se decide el reparto de las ganancias entre las partes quedan ocultas, si bien a tenor de lo reflejado en las cifras la nota dominante viene marcada por una preferencia generalizada por los arrendamientos de precios bajos. Ferrerías como las de Oquieta (Orozco), Zamácola (Vizcaya), Nabarrain (Andoáin) o Arrazubía (Aya) asentaban rentas inferiores a los 65 quintales de hierro anuales90; cómputo que, en algunos casos, sería posteriormente dividido atendiendo a las parcelas de propiedad que poseyera o decidiera alquilar el propietario/arrendador en cuestión. Atendiendo a los niveles de producción de las ferrerías (sobre un promedio de 1.250 quintales anuales91), el cómputo de las rentas debidas alcanzarían valores modestos, próximos al $5 \%$ . No obstante, otras ferrerías guipuzcoanas como la de Urrunzuno de Suso (Hernani) o Lasarte asentaban durante las primeras décadas del siglo XVI rentas algo superiores, entre $8 0 \mathrm { ~ y ~ } 1 1 5$ quintales anuales92, sin llegar en ningún caso a representar valores superiores al $10 \%$ de su producción. Por su parte, durante el ejercicio 1516-1519, el preboste Lope García de Salazar percibía una renta de 100 castellanos de oro (48.500 maravedís) anuales por el arrendamiento de su ferrería de Salcedo “con sus molinos e torre e huerta e sel”93.
Sobre unos teóricos amplios o a primera vista cómodos márgenes de actuación para los arrendatarios, el estricto cumplimiento de los plazos acordados condicionará sin embargo sobremanera el porcentaje de las ganancias asignadas posteriormente a las partes. En este sentido, comienzan a documentarse importantes penalizaciones ante posibles retrasos sobre el calendario acordado. Renegociaciones al alza y, sobre todo, considerables multas van a modificar sensiblemente los términos iniciales. Para ello, la inclusión de convenientes clausulas como la “pena del doblo” (duplicación de la renta) van a ser precisadas a este respecto en los contratos de arrendamiento, obligando incluso al nombramiento de fianzas o fiadores a los arrendatarios94. Sirviéndose del carácter inseguro o falto de garantías que suponía la operación, los arrendadores tratan mediante estos procedimientos de salvaguardar sus rentas, esto es, haciendo recaer en la práctica el grueso de las pérdidas sobre la parte contratante; en algunos casos quizá de forma un tanto excesiva95. Llegado el caso, el cumplimiento de estas máximas tratará de ponerse en entredicho, en tanto en cuanto, como condicionantes mal o poco especificados en la legislación, lesionaban considerablemente los intereses de la parte afectada. Gracias al recurso a los tribunales algunos arrendatarios consiguieron al menos invalidar estas cláusulas para concertar, bajo la mediación de los jueces, un reparto más equitativo de pérdidas y adeudos.
No obstante, el incumplimiento de las condiciones fijadas por contrato se debió también a los propietarios y arrendadores de las industrias. Compromisos de mantenimiento o reparación de las ferrerías, o el propio adelanto de materias primas y combustibles, la dejación de dichas responsabilidades, trasladadas al arrendatario, afectó notoriamente al rendimiento de trabajo. A la hora de fenecer cuentas, dichas casuísticas llegarán a exponerse y a denunciarse ante la pretensión de los primeros por ejecutar ganancias o deudas. En Oyarzun (ca. 1499), Juan de Arbide afirmaba haber llegado a reclamar hasta en diecisiete ocasiones los costos debidos a la reparación de barquines y mantenimiento de la ferrería a su arrendador Martín de Vicuña96. Por las mismas fechas Juan López de Olaeta, vecino de Zaráuz, apelaba ante la Real Chancillería el incumplimiento del contrato asentado con Juan Beltrán de Echeberría. Habiendo cedido en malas condiciones su ferrería de Basobelez con su molino, “cubierta de teja e çerrada de tabla e las paredes de fuera, e con otras condiciones”, la negativa a acometer las obras de la presa sería resuelta mediante el pago de 60 quintales de hierro. Transcurridos siete de los nueve años del arrendamiento sin la conveniente respuesta, Juan López aseguraba haber recibido daños por valor de “çiento e çinquenta quintales de yerro que avia dejado de ganar”. Desavenencias en el reparto de los quintales producidos se produjeron también en el arrendamiento de la ferrería vizcaína de Zamácola a fines del siglo XV, donde se encargaba la revisión de los trabajos o “maechuras” acometidas a una comisión para el arreglo de cuentas entre las partes97. El recelo o autoridad de los propietarios ante la “negociación” para la aclaración de los gastos de mantenimiento debía ser tal que algunos arrendatarios como el bilbaíno Lope de Aldape consideraron oportuna la petición de amparo a los reyes ante el temor a las evasivas –y añadamos exigencias– de caballeros como.
Ochoa de Salazar98. En el mismo sentido, entre 1520-1524 las ofensivas francesas sobre la provincia de Guipúzcoa, con la consiguiente paralización y pérdidas para el sector, tampoco consiguen frenar las pretensiones de determinados propietarios. Amparándose en la estricta terminología de los arrendamientos asentados proceden a la reclamación de sus rentas alegando al derecho, esto es, enfatizando el carácter legal de dichos instrumentos como contrato u “obligaçion […] pura líquida, non condiçional”99.
Dejando a un lado las vicisitudes del personal asalariado100, cabría reparar por otro lado en las prerrogativas de los dueños de ferrerías sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en tanto en cuanto condicionaron de forma notoria los intereses de otros sectores. Si quiera de forma escueta o indirecta, a lo largo de las páginas precedentes comprobábamos la creciente reticencia de los concejos a preservar las facultades otorgadas a este respecto por Alfonso XI a los ferrones. La tala del bosque para la obtención de carbón era una de las prácticas limitadas en este sentido por algunas villas cuando procedieron a la cesión de determinadas heredades destinadas a la erección de industrias. La convivencia y dependencia de diversos grupos e intereses sobre los comunales de los concejos generó no pocas desavenencias, mientras que la regulación o reparto de espacios y prácticas tendió a realizarse de forma paulatina, en función del peso o influencia detentada en cada momento por los grupos socioeconómicos del territorio o localidad en cuestión. Pese al hecho de movilizar o mantener a un representativo número de individuos, cabría llamar la atención sobre el papel jugado por los dueños de ferrerías, en calidad de agentes o portavoces exclusivos del sector, a la hora de establecer los acuerdos y condiciones para el acceso a los recursos comunitarios. Una necesaria reflexión se impone a este respecto para, en definitiva, conocer cuáles fueron los mecanismos por los que una pudiente minoría consiguió obtener y defender amplias cotas de participación sobre espacios de titularidad pública.
Aunque distan de ser numerosos los acuerdos documentados, la representatividad y actuación de los propietarios de las industrias frente a las pretensiones de los municipios es una constante. De forma temprana y contundente, las apetencias de los ferrones y dueños de ferrerías de los valles de Aulestia y Marquina sobre los términos de la villa de Lequeitio conllevó la convocatoria de las Juntas Generales del señorío (1394). El contencioso entre las partes, referido ahora a los “fueros, e usos e costumbres” de todas las ferrerías, adquiría así una dimensión territorial para tratar de vencer la oposición y fijar prerrogativas sobre “todas las villas del sennorio de Viscaya”101. Por su parte, en Cestoa (1398), el derecho a la explotación de sus montes era tildado de “préstamo […] para mantenimiento e provisión de sus ferrerias e casas”, siendo defendida la oposición del concejo vía pleito ante el corregidor de la provincia. El proceso, que sería finalmente resuelto mediante una comisión de arbitraje entre las partes, era entablado por apenas seis individuos en calidad de “sennores de ferrerias”102. Quince años después (1412), las desavenencias por el aprovechamiento de los comunales del valle de Legazpia eran dirimidas por una comisión conjunta entre representantes del concejo de Segura de un lado y, del otro, apoderados independientes de los dueños de ferrerías (8 individuos) y de los propietarios o señores de caserías (7). Tratando de poner fin a las hostilidades, el acuerdo ratificaba el veto a la labranza o sembradura de nuevos términos para los últimos, debiendo retornar a la propiedad de los ferrones toda ampliación acometida por ser considerada o tildada de usurpación. Del mismo modo, la obtención de leña les sería limitada al mantenimiento de sus hogares, sin posibilidad alguna de destinarla a otras actividades. En este caso, el derecho a la explotación de los comunales parece haberse repartido entre ambos grupos, siendo calificada esta prerrogativa como “sennorio e posesión”103.
En oposición a dichas prácticas, en el trascurso del siglo XV comienza a documentarse de forma más contundente la intervención de los concejos, dirigida ahora a obtener un rendimiento económico de sus términos sin negar o impedir su uso y aprovechamiento a los sectores interesados. Mediante la imposición del sistema de arrendamientos, determinadas parcelas de suelo (o prefijadas cantidades de leña) son puestas en almoneda para la cesión temporal de su explotación. De este modo, montes y bosques revierten económicamente al erario de los municipios, dejando de operar así como heredades trasferidas en la práctica para adquirir la categoría o funcionalidad de bienes de propios. Testimonios sobre el paulatino asentamiento de dichas actuaciones pueden rastrearse en las fuentes legales.
En Vizcaya, frente a la libertad general decretada en el fuero de ferrerías (1440) a los dueños de industrias para la obtención de carbón en los montes y ejidos de los concejos104, apenas una década después el ejercicio de dicho derecho requería del pago de determinadas cuantías. El Fuero Viejo (1452) ratificaba así la condición venal o arrendaticia de los comunales, “según el preçio que andoviere en la comarca donde el tal monte fuere”, si bien reservando la prioridad de acceso a los mismos como reconocida prerrogativa de los dueños de ferrerías105. Por su parte, en Deva (1465), el acuerdo asentado a este respecto entre concejo y ferrones convocaba a más de la mitad del vecindario. Amparándose en el fuero de ferrerías (“privilegio de los sennores reyes de Castilla”), los propietarios de industrias asistentes, apenas una decena de individuos, apelaban a su articulado con ánimo de defender el derecho a tala libre y exenta de toda especie arbórea para la obtención de carbón, la fragua y “recaminado” de venas o el mantenimiento de edificios y elementos constituyentes de sus ferrerías. Negando la mayor, el concejo clamaba por su libertad para exigir el cobro de las cuantías “por presçio que nos abenieremos a quien y como e quanto queremos y quisieremos, sin embargo de los dichos ferreros y ferrerias y sus señores y dueños del dicho su previllegio”. Finalmente, el acuerdo reservaría a estos últimos, previo pago, una tercera parte del suelo, si bien imponiendo estrictas condiciones sobre las formas de explotación y venta de los recursos naturales. El regimiento llegaría a imponer incluso el arrendamiento obligatorio de las industrias en beneficio de los avecindados, bajo precios o rentas tasadas, en caso de que los propietarios de las industrias rechazaran la oferta para la explotación de la parcela para el caso reservada106. Siguiendo una tendencia similar, en Mondragón (1491) los oficiales de la localidad obtenían licencia de los reyes para establecer el precio del carbón. A consecuencia del incendio de la villa y de la insuficiencia de los términos sitos en su jurisdicción, los propietarios o señores de los montes comarcanos, como principales abastecedores, habían elevado considerablemente su valor de venta. Apelando a la necesidad de las ferrerías, “diziendo que esa dicha çibdad avia seydo fundada e poblada a cabsa de las ferrerias de hierro e azero, que en ella son”, el concejo obtenía en merced la prerrogativa para tasar y penalizar la adquisición de combustible en las condiciones que considerara oportunas107.
De forma individual, mediante el recurso y solicitud de amparo a la Corona, determinados dueños de ferrerías tratan asimismo de frenar las pretensiones de comunidades y villas. En una clara condición de minoría o indefensión, las desavenencias en torno al uso de montes y bosques vienen acompañadas de contundentes ofensivas, tendentes también a la toma de las industrias por las fuerza. La intercesión de la monarquía, traducida generalmente en la apertura de convenientes pesquisas, implicó o se apoyó en las instituciones provinciales a la hora de dictar resoluciones. No por casualidad, las alegaciones de los propietarios de las industrias a este respecto hacían hincapié en la prioridad de un marco legal general para el sector, vinculado u operante en los territorios vascos de forma específica y, por tanto, superior o insubordinado a las ordenanzas dictadas por los concejos. Prácticas como la tala libre y exenta para la obtención de carbón representan el principal leitmotiv de las casuísticas documentadas en este sentido, aunque no son las únicas. El derecho al pasto para el ganado que sirve a las ferrerías es otra de las pretensiones llamadas al desacuerdo. Más allá de las vicisitudes propias de casos como los de Villabona-Amasa (1480)108, valles de Mendaro $( 1 4 8 0 ) ^ { 1 0 9 }$ y Léniz $( 1 4 8 3 ) ^ { 1 1 0 }$ o concejos y lugares de Cestona (1484)111, Zumárraga (1491)112 o Andoáin (1496)113, donde se conjugan recalificaciones del suelo y acciones para la toma de espacios considerados usurpados por los dueños de ferrerías, interesa reparar en los términos empleados por estos últimos en sus argumentaciones. Entre otros, propietarios como Lorenzo de Montaot, preboste de San Sebastián, insistían en la validez de sus prerrogativas sobre los comunales como derecho derivado del pago de los impuestos regios y como costumbre o práctica asentada en los territorios de Guipúzcoa y Vizcaya. La existencia de vínculos y actuaciones unidireccionales por parte de los señores de las ferrerías de ámbito vasco parece por tanto una realidad constatable, tendente en este caso a establecer unas condiciones semejantes para el acceso a los recursos suelo público114. Como veremos, no fueron las únicas ni las más importantes.
En todo caso, la dinámica desarrollada por los dueños de ferrerías para la defensa y protección de sus intereses parecen responder y servirse de unos mecanismos comunes. La excepcional agresión o desgaste que supone el funcionamiento de las ferrerías puede únicamente mantenerse mediante la apropiación de extensos espacios, reservados y destinados a la explotación de una minoría. Un atípico o privilegiado reparto de los comunales es en última instancia la clave que permite el sustento y cumplimiento de dicha máxima. Detraer o delimitar los recursos públicos para su dedicación a la actividad depende por tanto de la aquiescencia de la comunidad o, en su defecto, de la sumisión del vecindario a este respecto. A fines de la baja Edad Media, la confrontación de las partes es una realidad palpable donde confluyen voluntades y estrategias contrapuestas, donde interactúan los intereses de distintos grupos y esferas de poder. El progresivo desplazamiento y pérdida de influencia de los ferrones en las instituciones locales parece ser el motivo que permite iniciar el debate, en tanto en cuanto, comienzan a ponerse en entredicho la validez y condiciones de las prerrogativas ejercidas por una élite minoritaria. Aunque un tanto extenso, testimonios como el de los procuradores del concejo de Oyarzun (1514) dan cuenta de la autoridad ejercida por los dueños de ferrerías, sobre su implantación y uso del regimiento como fórmula para proteger intereses y mantener así el flujo de réditos particulares mediante un uso partidista o exclusivista de los montes y bosques comunitarios.
Lo otro, porque estava provado por los dichos sus partes de cómo en el dicho valle de Oyarçun donde e a quien las dos partes de los dichos términos e montes fue adjudicado, estavan fundadas nuevas ferrerias que labravan fierro e de cómo labrava cada una de las dichas ferrerias en cada un año myll quintales de fierro, e de cómo para fundir e labrar avia menester cada quintal de fierro tres cargas de carbón, e para cada carga de carbón avia menester quatro cargas de leña, de que resultava toda la destruyçion e desypaçion de los dichos montes e términos e montes e caminos del dicho conçejo, que solament heran las dos partes con la grande multitud e número de montes e leña que para ello hera menester en cada un año. Lo otro, porque estava provado por el dicho conçejo su parte cómo no tenían propios ningunos para sus neçesidades ordenarias, salvo el provecho e ynterese de los dichos sus montes e exidos e términos comunes, e de cómo, si no se remediase la inmensa e ynnumerable tala de los dichos ferreros e ferrerias e carboneros, seria deminuyda e desabitada e destruyda la dicha tierra de Oyarçun, que no bastava ni bastavan las dos partes de los dichos montes e términos que al dicho conçejo de Oyarçun fue adjudicado e adplicado para el serviçio de las solas nueve ferrerias, que en cada un año labraban nueve mill quintales de fierro, ni tenian con qué poder hedeficar sus casas ni para su leña ni para otro su ynterese e neçesidades muchas e grandes que al dicho conçejo de los dichos sus montes e términos que heran cabsa final e principal, e porqu’el dicho conçejo se avia puesto a defender e conservar los dichos montes e términos e talas d’ellos.
Lo otro, porque estava provado de cómo los dichos ferrones, dueños de las dichas ferrerias de la dicha tierra e valle de Oyarçun heran las más poderosas e más principales e los más ricos de toda la dicha tierra e conçejo de Oyarçun, e de cómo avían traydo los ofiçios del dicho conçejo entre sy e en su mano e de su mano por estos diez e veynt e treynta e quarenta e más años fasta agora, [e cómo] de dos años a esta parte, que los alcaldes de la dicha tierra an seydo e son personas comunes que no son dueños de las dichas ferrerías; como tales poderosos, por sy e por sus fijos e por sus aderentes, puestos e criados de su mano, avian regido e gobernado el dicho conçejo e todo lo a él pertenesçiente, para poder acreçentar e llevar sus intereses e sus provechos e de las dichas sus ferrerias, syn ninguna propiedad del dicho conçejo115.
Sea como fuere, pese a las continuas desavenencias los dueños de ferrerías parecen imponerse como principales agentes y rectores de un sector económico de notorio impacto. La producción de hierro y acero, y su trascendencia, sale a colación en no pocas ocasiones a la hora de registrar peticiones o acordar medidas con la Corona mientras que los cronistas de distintos reinos exaltan la calidad y número de los quintales producidos en las industrias vascas116. Aunque en manos de un reducido grupo de propietarios, el trabajo de las ferrerías consigue ocupar de forma directa un importante número de personas, sirviendo de matriz para el desarrollo de otras actividades artesanales derivadas. A este respecto, testimonios de comienzos del siglo XVI constatan la elevada demanda de empleo que caracterizaba al sector. En 1527, en el pleito habido por los ferrones vizcaínos y guipuzcoanos con el preboste de Portugalete, se aseguraba que señorío y provincia contaban con más de doscientas ferrerías en las que, junto a “lo que conbenia para ellas, trabajaban veynte e çinco e treynta hombres, que pasaban de çinco mill los que en ellas labraban e se mantenían, con sus mugeres e hijos e familia”117. Ciertamente, ante la inexistencia de recuento o censo oficial alguno, hallar un cómputo aproximativo sobre el número de industrias operante requiere de aproximaciones o catalogaciones indirectas118. De conceder verosimilitud a los datos ofrecidos por personalidades de primera línea como el preboste Ochoa de Salazar, quien afirmaba que “d’estos reynos suelen salir un anno con otro un millón de quintales de fierro119”, a fines del siglo XV el parque de ferrerías de la Corona de Castilla debía contar con cifras cercanas al millar de industrias.
En el marco local, otras referencias cuantitativas nos informan sobre la importancia y extensión de los oficios vinculados al hierro tras su inicial transformación en las ferrerías. A comienzos del siglo XVI, localidades vizcaínas como la de Marquina (1505) contaban al menos con una decena de maestros armeros que, junto al conveniente personal asalariado, se encargan de la provisión de armas y armaduras para los ejércitos de la monarquía, también “para muchos grandes del reyno e de su gente”120. Por su parte, en la villa guipuzcoana de Oñate (1515), más de sesenta pequeñas forjas quedaban registradas por inventario destinadas a la elaboración de cuchillos, hachas, sartenes, calderos, clavos y otros enseres121. En definitiva, ejemplos que constatan la implantación y el desarrollo de actividades artesanales derivadas pese al notorio flujo o salida del producto en barras desde las ferrerías para su transformación fuera de los territorios vascos. A este respecto, la implicación de mercaderes, transportistas y otros grupos en la comercialización del hierro y acero con destino a su exportación ejercen su influencia en los mercados urbanos, condicionando o impulsando la toma de determinadas medidas por parte de concejos y juntas. La actuación de estos intermediarios llegará a alterar los procesos de producción, modificando formas y plazos de trabajo, comprometiendo incluso la pervivencia de determinadas industrias al introducir añadidas formas de crédito y, por supuesto, exigir convenientes contraprestaciones. De forma progresiva, la fijación de estrategias e intereses vinculados a un incipiente “mercantilismo” van a adherirse y, mediante la confluencia de instrumentos económicos y oportunas medidas legislativas, acabar de configurar el mercado del hierro en los territorios vascos desde diversos ámbitos o esferas de actuación.
4. La intervención de agentes e instituciones vinculadas al mercado: crédito y legislación de carácter proteccionista.
Adentrarnos en la casuística referente a las transacciones o compraventas entre productores, intermediarios y/o clientes requiere de la consulta de fuentes específicas, documentos u “obligaciones” de carácter notarial en este caso. Ante la exigüidad de los recursos archivísticos a este respecto, el análisis de los testimonios recabados permiten componer una inicial o limitada imagen en torno a las características y contenidos de dichos instrumentos. Evidencias que con todo nos remiten a las formas de proceder a la hora de asentar cuantías y precios, a los actores y, por supuesto, también al marco legislativo operante. No obstante, los resultados o conclusiones resultantes han de tomarse con las necesarias precauciones. Un muestreo cuantitativamente reducido, con notorios vacíos cronológicos y procedente en su mayor parte de causas relegadas a los tribunales condicionan de partida el planteamiento de trabajo. Pese a ello, el modesto número de casos documentados permiten contrastar desde la perspectiva del largo plazo el asentamiento de prácticas y situaciones cambiantes, consecuencia de la progresiva participación de agentes, intereses o estrategias diversas. Del mismo modo, contextualizar la naturaleza y directrices de la práctica económica con la toma de postura de las instituciones al respecto del hierro y su comercialización en las plazas vascas resulta fundamental, en tanto cuanto condicionaron a la postre el funcionamiento del mercado. Siguiendo un hilo cronológico, a lo largo de las siguientes páginas analizaremos las principales características de dichos contratos atendiendo al cariz o carácter de las medidas económicas tomadas por concejos y otros organismos públicos.
En Mondragón (1396), el concejo acordaba la entrega de 85 quintales de hierro a Juan Báñez de Artazubiaga, de quien recibe por adelantado su valor a precio de 32 maravedís el quintal. Ésta se haría efectiva en la rentería de la villa vizcaína de Guernica en un plazo de 5 meses, satisfecho el impuesto regio, cuya tasación se cifra en “tres de albalá”, esto es, 3 maravedís por quintal. Ante el posible incumplimiento, la carta de obligación incluía una penalización de medio quintal complementario a entregar por día de retraso. Declarando haber recibido los correspondientes 2.720 maravedís, clausulas jurídicas tendentes a impedir el recurso de la transacción a los tribunales vienen convenientemente incorporadas, incluyendo la designación de bienes a modo de fianza para su ejecución ante posibles adeudos122. Por lo tanto, en una escritura registrada ante escribano público vemos asentadas cuantía, precio, forma de pago, lugar y fecha de entrega, impuestos y posibles sanciones. Sobre este marco o esquema general vienen a reproducirse las cartas de compraventa entre ferrones y adquirientes si bien con algunas variantes o diferencias.
Los escasos datos referentes a la primera mitad del siglo XV se refieren de nuevo a la ferrería concejil de Mondragón. El asiento con el mercader y convecino Pedro Ochoa de la Cuadra (1423) se fijó en la entrega de 138 quintales de hierro en la villa de Vergara a precio de un florín aragonés por quintal; cuantía que es desembolsada por adelantado. El plazo para depositar la producción en la citada localidad sería en este caso de 10 meses, debiendo asumir los impuestos regios del “albalá” sobre la producción y el de la “alcabala” debida a la compraventa; no así el denominado “diezmo viejo” o “diezmo de la mar” correspondiente a la aduana. La penalización por retraso se ve ahora incrementada en un $50 \%$ , quedando comprometidos a modo de aval los bienes del concejo “e de cada un vezino de la dicha villa”123.
A partir de la década de los 70 el recurso a las fuentes de carácter judicial nos brinda la posibilidad de trabajar con un corpus documental numéricamente más importante, prácticamente seriado en lo que a las fechas de composición respecta, referente en su mayor parte a actores privados o particulares. Correspondientes al período 1471-1526 y debidas en su mayoría a causas generadas por adeudos en la compraventa de hierro y acero, sobre una primera selección entre un centenar aproximado de ejecutorias, en torno a la mitad de los registros proporcionaron cartas de obligación a modo de insertos o, de forma indirecta, breves descripciones sobre el contenido de lo asentado en dichos documentos. La consecución de las distintas fases de los procesos judiciales, registradas igualmente por escrito, aportan asimismo datos de interés complementarios en relación a la dialéctica empleada por las partes en defensa de sus intereses y prácticas económicas. Siguiendo un planteamiento o método de análisis arbitrario, los resultados vendrían a ratificar las características anteriormente descritas, si bien con algunas especificidades que convendría poner en perspectiva.
La práctica totalidad de los contratos asienta plazos de entrega de medio o un año recibiendo su precio o retribución por adelantado, parte en dinero y parte en especie o combustible. De ello se deduce la implantación de un temprano sistema de adelantos –o “verlagssystem” $^ { 1 2 4 } - ,$ , operante presumiblemente en industrias de propiedad compartida y para encargos modestos, inferiores al teórico $2 5 \%$ de su producción anual (menos de 300 quintales). En este sentido, una de las cuestiones que sale a colación de forma sugerente en las obligaciones tiene que ver con la necesidad de hipotecar la propiedad de la ferrería a modo de fianza con la que responder ante posibles retrasos y penalizaciones en la fecha de entrega. En un contexto en el que parece haberse consolidado la “pena del doblo” como referencia en los contratos, lo exiguo del patrimonio de algunos parcioneros o propietarios condujo a comprometer ya no sólo la titularidad sino la supervivencia misma de las industrias. Y es que la ejecución de deudas no fue siempre materializada mediante el simple traspaso de la propiedad, sino que fueron sus elementos (“barquines d’ella e todo el hedefiçio e basteçimiento e otras cosas que en ella tenian”) los que, de forma individual, podían ser puestos en almoneda para acabar desmantelando la propia ferrería. La “daçion” de bienes almacenados en las industrias, así como la pérdida de la propiedad para su ejecución fueron medidas decretadas en ferrerías vizcaínas como las de Ubarichaga, Zuibarria o de la Vega por estas fechas125.
En cierto modo, la inserción de agentes intermediarios en el proceso de producción mediante el empleo de prácticas cercanas al crédito condicionaron las formas de trabajo y el reparto de beneficios. Del control de la distribución dependió para este grupo la obtención de ganancias en última instancia, siendo imprescindible por tanto acordar unos bajos precios con los ferrones para incrementarlos en la posterior reventa. Testimonios sobre la disconformidad de los productores en relación a los márgenes de lucro que generaba este procedimiento salen a colación en reiteradas ocasiones en las causas judiciales. En este sentido, el teórico carácter lícito del pago de intereses como penalización ante posibles retrasos en la entrega se contrapone al que, consideran, un desmedido rédito obtenido en subsiguientes transacciones. Llegado el momento de fenecer cuentas, los ferrones demandan un reparto más equitativo de las pérdidas o penalizaciones en tanto en cuanto venían de asentar unos precios de origen mucho más bajos de los operantes en el mercado. De forma escueta, en las alegaciones de las partes pueden rastrearse los márgenes y ganancias que permitía el sistema de adelantos. En el Bilbao de fines del siglo XV, el incremento del precio del hierro en su distribución o reventa se cifraba en un $30 \%$ llegando en algunos casos a superar el $5 0 ^ { 1 2 6 }$ . Ante los retrasos en la entrega por parte de los productores, los asociados optan también por renegociar los términos iniciales de las obligaciones en unas condiciones generalmente más favorables al socio inversionista. El reajuste de beneficios es preferible por tanto a la ejecución estricta de las cláusulas asentadas en los contratos. A este respecto, el tipo de vínculo que unía las ferrerías con sus socios distribuidores, pese a sus desequilibrios, viene a ser definido por algunos como “contrato de campañía: en que un compañero podía poner el dinero y el otro la diligençia e trabajo, que si el dinero se perdia a ambos compañeros se perdia porque siendo compañia el dinero hera común”127.
Vencidos los plazos de entrega y remitido el asunto a los tribunales, las alegaciones de los productores remiten al concepto de usura para tratar de minimizar pérdidas. Confluyen aquí puntos de vista contrapuestos donde es difícil identificar las directrices del marco legislativo con la realidad impuesta por la práctica econó- mica. A falta de una –presumimos– específica actuación de las instituciones y juntas locales al respecto, el referente de la legislación castellana parece ser el operante128. En este sentido, la teórica invalidación de aquellos asientos donde se contemplaban logros superiores al $50 \%$ queda señalada en los pleitos por deudas129. Igualmente, se pone el acento sobre la condición encubierta con el que funcionaban algunas obligaciones, llegando a tildarse éstas de “contratos usurarios, públicamente fingidos e simulados”130. Alegando al valor ilícito y contrario a la fe cristiana que suponía el cobro de elevados intereses, el ataque a la honra y fama de la parte adversa se presenta como una estrategia recurrente en los procesos. Contra la cual, existieron casos donde se llegó a esgrimir la hidalguía como argumento o garantía de limpieza ante dichas acusaciones; condición que puso asimismo notorias trabas a la hora de proceder a la ejecución de deudas. Sea como fuere, en los procesos queda constancia de la actuación de la justicia contra los delitos de usura, mientras que en diversas sentencias vemos invalidadas cláusulas como la “pena del doblo” o instar al cese de semejantes penalizaciones declarando “non fagan los contratos e obligaçiones relançando e acresçentando la suma de las dichas obligaçiones por non se las pagar al tiempo o plazos”131. Con todo, fuera mediante el incremento de precios o el cobro de intereses la distribución de mercancías y, concretamente el hierro, parece consolidarse como recurso o fuente predilecta para la obtención rápida de importantes beneficios132.
No obstante, convendría señalar aquí la existencia de otro grupo de industrias, $a$ priori, desmarcadas de esta modalidad de funcionamiento. Vinculadas a casas solariegas o a propietarios más acaudalados, poco divididas en lo relativo a su propiedad, también se documentan ferrerías que parecen disponer de los medios suficientes para evitar el recurso al adelanto y cerrar ventas en unos plazos menos dilatados. A este respecto, dueños como Furtún Sánchez de Villela (1471) asientan a título individual obligaciones superiores a los trescientos quintales para su entrega y cobro en un tiempo inferior a las dos semanas133. Del mismo modo, casas guipuzcoanas como las de Arrazubia en Aya contaban con mayordomos y “hacedores” encargados de la gestión y ventas de su ferrería cerrando transacciones en localidades de la provincia o en plazas castellanas de primer orden como Medina del Campo134. Aunque en este caso las limitaciones de las fuentes nos impiden identificar con detalle el grado de implantación de este grupo de industrias, es preciso subrayar su coexistencia y operatividad, remitiéndonos a otras relaciones de producción no contrapuestas o excluyentes.
Con destino a la exportación, la adquisición de elevadas cantidades de hierro y acero, así como su posterior transporte y traspaso a socios y factores en el extranjero fueron prácticas registradas en escrituras u obligaciones específicas. A este respecto, una nota que caracteriza las transacciones o reventas entre intermediarios es su indicación en los contratos a título nominativo, donde queda especificada la condición homónima de las partes como operación “de mercadero a mercadero”. Mediante la sucesión de distintas compraventas, determinados individuos consiguieron almacenar o disponer en “stock” considerables cuantías para embarcarlas o entregarlas posteriormente mediante el asiento de convenientes escrituras. Aunque desconocemos el grado de extensión de este tipo de transacciones, existieron casos donde llegaron a movilizarse valores que oscilan entre el medio y el millar de quintales por obligación y vez. Los términos fijados en los contratos de flete permiten por otro lado documentar la disposición del producto para el transporte por mar. En este caso, los procedimientos empleados a la hora de evaluar el precio de los fletes toman como referencia medidas de peso tipificadas tanto en toneladas como en quintales. En Fuenterrabía (1500), navieros como Sabaot de Ilarsoa asentaban tasas en toneladas para el transporte a Londres mediante la equivalencia 15 quintales/tonelada (66,6 kg. /quintal)135. Con destino a Taunton (Somerset), Inglaterra, transportistas como Pedro de Idiazábal asumen en Rentería (1504) el mismo sistema si bien acordando una cuota de 14 quintales por tonelada $^ { ( 7 1 , 4 \mathrm { k g } }$ . /quintal)136. Por su parte, en Zumaya (ca.1512), propietarios como Juan de Arteaga se decantan por disponer el cobro en cuantías notoriamente superiores, en centenas o “por cada çentenal” de quintales137. Aun asumiendo unas referencias que podríamos tildar de generales, parece existir cierto margen de actuación a la hora de arreglar cuentas atendiendo tanto al volumen o características de la mercancía como a las irregularidades habidas en los pesos y medidas de la localidad en cuestión, problemática esta última muy propia de la época138.
En la organización del tráfico de exportación, la injerencia de agentes e instituciones viene a constatarse de forma temprana y contundente. De nuevo, es la protección de determinados intereses la que propicia o demanda el amparo de la legislación para acabar imponiendo una serie de límites o condicionantes al funcionamiento del mercado. Fuera de los acuerdos tomados por la antigua Hermandad de la Marina, la Corona establece igualmente con carácter general incipientes medidas de protección y fomento, como la ordenada por Enrique III (1398) obligando a los mercaderes extranjeros a fletar de forma prioritaria las embarcaciones nacionales para la saca de mercancías; decreto que atendía en este sentido las súplicas del concejo de Sevilla y de los mareantes del reino139. Del mismo modo, villas como la de San Sebastián conseguían imponer notorias contraprestaciones a la salida del hierro, instando a los no avecindados al abastecimiento previo de la plaza si rehusaban el empleo de las embarcaciones locales. Esta medida aprobada por Enrique IV para el impulso poblacional de la localidad sería posteriormente ampliada (1491), estableciendo la importación ineludible de 1/3 parte del valor del hierro embarcado en cualquier navío tanto en trigo como en otro mantenimiento140.
Atendiendo al procedimiento acostumbrado, la creación de flotas para el transporte del hierro y otras mercancías parece encaminarse hacia su institucionalización141. En Bilbao, a lo largo del siglo XV la organización de naves en convoy se realizaba anualmente, con destino a Londres y Flandes fundamentalmente. A tenor de lo afirmado por varios testigos, se dieron ocasiones donde llegaron a disponerse más de una docena de embarcaciones con una carga en hierro que, desde los 30.000 habituales, eran capaces de transportar 60.000 quintales (ca. 4.428.000. kg.). Debido al retraso con que llegaban las sacas de lana castellana, la duración de las cargazones variaba entre los dos y tres meses, sin las cuales –se afirma–, las flotas podían estar aprestadas en apenas quince días142. Mediante la redacción de convenientes ordenanzas, el concejo ofrece asimismo facilidades para la acometida de estos operativos. Decretos (1490) como el veto temporal a la compra de hierro por menudo durante el tiempo que distaba entre el flete, la carga y salida de las naves servían como indudable estímulo, si bien lesionando a este respecto los intereses de otros grupos143. La progresiva definición de esta modalidad de transporte es igualmente impulsada por destacadas instituciones foráneas de notoria participación en los puertos vascos como el consulado de Burgos. Buscando la intercesión regia, la agrupación mercantil reclama mayor protección frente a las constantes ofensivas francesas por mar para acabar imponiendo la obligatoriedad de viajar en formación -“juntas en flota”- a todas las naves cargadas de lana y hierro con destino a Flandes (1498)144. Mediante el asiento de clausulas específicas, en algunos contratos de flete comprobamos igualmente el interés de determinados navieros y clientes por adherirse a la protección que confería el convoy. Desde Fuenterrabía, el traslado de hierro a la ciudad de Londres se organiza también tomando como referencia la periodicidad de las flotas cargadas tanto en Bilbao como en Laredo para tratar de incorporarse en su travesía; hecho que parece constatar el carácter sectorial pero al mismo tiempo suprarregional de esta modalidad de transporte145.
De forma indirecta y ocasional, las causas tocantes al incumplimiento de los contratos de flete hacen referencia a los precios de venta del hierro a su llegada a las plazas extranjeras. A este respecto, el incremento del valor del quintal parece estar en directa relación a la distancia de la localidad de destino, alcanzando niveles que, en el tránsito del siglo XV al XVI, varían entre el 15 (Flandes) y el $2 5 \%$ (Sicilia)146. Mediante el recurso a fuentes foráneas, contrastar las oscilaciones de los precios del hierro entre localidades de origen y llegada se antoja una tarea cuanto menos interesante, pero que excede en mucho nuestras posibilidades en estos momentos. A modo de imagen, la prolija argumentación de Ochoa de Salazar en defensa de la saca de vena nos brinda al menos la posibilidad de trazar un mapa arquetipo sobre la distribución del hierro vasco en las plazas internacionales. Circunscrito su alcance fundamentalmente a los territorios atlánticos y mediterráneos más occidentales o inmediatos, no sin razón el preboste portugalujo hacía hincapié en la trascendencia de la guerra como factor de primer orden a la hora de alterar las relaciones que rigen el comercio del hierro. Iniciados los contextos bélicos, agentes e instituciones implicadas tratan como veremos de hacer valer sus intereses mediante medidas y tomas de postura no siempre coincidentes o unidireccionales.
E porque sy de uno o de tres annos a esta parte non se vendia tanto el fierro en el dicho condado avia seydo por las guerras del reyno de Françia, e que entonçes tanpoco se sacava la dicha vena; e que en tiempo de paz como agora lo hera por sacarse los dichos quintales de vena o dexarse de sacar no alçaria ni vaxaria el quintal del fierro un cornado nin nada, porque’l dicho fierro se sacava para la Rochela e Burdeos e Enantes e toda Bretana, e a Roan e a Diepa e a Cortey e a Volonna e a tierra de Françia, Ynglaterra e Flandes e Escoçia e Yrlanda e Seçilia e Napoles e Valençia e otras muchas partes e reinos $[ \ldots ] ^ { 1 4 7 }$ .
En tiempos de guerra, las necesidades vinculadas al abastecimiento empujan a concejos y juntas a la negociación en diversos frentes. Conscientes del papel que la exportación del hierro juega como reclamo para la obtención de trigo y otras vituallas dependientes del comercio exterior, el cese temporal de las relaciones económicas con territorios y regiones productoras consecuencia del enfrentamiento armado es un factor llamado a la discordia, pues consigue poner también en jaque a las localidades fuera del campo de batalla. A este respecto, cabría señalar la voluntad y capacidad de las Juntas Generales para tratar de asumir competencias de orden diplomático. Bajo la tutela de la Corona castellana, apoderados guipuzcoanos y vizcaínos asientan treguas y salvoconductos o encabezan comisiones a título individual para la reparación de los daños ocasionados con embajadores y representantes de distintas monarquías; incluso en momentos de abierta hostilidad148. En términos generales, la urgencia por proveer a los contingentes del necesario armamento impulsó la producción de hierro y su transformación en las armerías, hecho que puede constatarse a través de los encargos y directrices dirigidas por los reyes a las forjas y talleres vascos149. No obstante, conscientes de la ventaja estratégica que suponía el control del abastecimiento, la Corona llega a decretar la prohibición de la saca de hierro y acero en barras al considerarlo suministro indispensable en beneficio de los reinos y territorios enemigos150.
Fuera de las limitaciones debidas a los intereses generales de la Corona, una progresiva y contundente actuación por parte de los concejos viene a definir el funcionamiento del mercado del hierro. No sin respuesta, las ventajas de ámbito económico otorgadas inicialmente por reyes y señores a los núcleos urbanos a través de cartas puebla y subsiguientes privilegios se verán notoriamente desarrolladas a posteriori por las corporaciones municipales. Mediante la toma de específicos acuerdos u ordenanzas, la concreción de unas relaciones económicas favorables a la localidad y a sus avecindados respecto a su más inmediato y/o dependiente “hinterland” son conquistas palpables a fines de la Edad Media; factores que asientan las bases para el posterior desarrollo demográfico e institucional de dichos enclaves. Al igual que otros bienes y servicios, la intervención concejil en materia de hierro y acero parece un fenómeno llamado a generalizarse en las localidades vascas de mayor entidad, caracterizada además por una contundente tendencia proteccionista. Aunque cronológicamente tardíos, desde mediados del siglo XV sendos decretos municipales establecen cupos mínimos de venta dotando al vecindario de unas excepcionales prerrogativas que permiten su participación en el mercado en unos términos próximos al monopolio. A modo de imagen, el análisis de escogidos ejemplos permite ilustrar este proceso.
Erradicar la competencia exterior en el mercado permite controlar la oferta y evitar así en lo posible la caída de los precios. En este sentido, villas como la de Bilbao (1447) decretaban la obligatoriedad para los mercaderes extranjeros de adquirir o intercambiar mercancías con los naturales en régimen de exclusividad, impidiendo de este modo la injerencia de foráneos en la venta de aquellos productos destinados a su exportación151. A través del establecimiento de cantidades mínimas de compra, los concejos tratan por otro lado de proteger el comercio al por mayor, favoreciendo la actuación de medianos y grandes mercaderes frente a otros grupos más interesados en transacciones destinadas al mero abastecimiento o autoconsumo. Mientras en villas como la de Valmaseda (1488) las pretensiones municipales pasaban por obligar a los no avecindados a adquirir hierro u otro herraje en cuantía superior a los 10 quintales152, en las principales plazas comerciales vascas –Bilbao (1487) y San Sebastián (1498)- el establecimiento del cupo para los foráneos pasa a convertirse en realidad, fijándose nada menos que en 50 quintales (ca. $3 . 6 9 0 \mathrm { k g } )$ .
En la villa bilbaína, medidas complementarias insistían en prohibir la adquisición del producto a los extranjeros tanto en la rentería como en las lonjas de la villa; también a aquellos vecinos interesados en revenderlo después a este grupo. La compraventa del hierro destinado a la exportación debía realizarse en las naos y carabelas previamente cargadas para este propósito, debiendo toda cargazón complementaria contar con la pertinente licencia por parte de los fieles del concejo153. En lo tocante al acero, la cuantía mínima decretada para su venta sería fijada en 25 quintales. Lejos de generar consensos, dichas medidas son contestadas por sectores foráneos, partícipes y a la vez dependientes del flujo comercial generado en la plaza bilbaína. Mientras a título individual herreros vizcaínos señalan a los vecinos “que tenian e tienen ferias en ese dicho condado” como principales instigadores de las medidas154, sucesivos corregidores optan por derogarlas coyunturalmente al tiempo que las propias Juntas Generales inician pertinentes procesos en la misma dirección ante la agresión que el nuevo marco legislativo suponía para las localidades circunvecinas. Con todo, las aspiraciones del concejo acabarán finalmente por perpetuarse155. Atendiendo a sus necesidades de abastecimiento, en San Sebastián nuevas ordenanzas (1498) desarrollan algunas de las medidas anteriormente descritas. Para aquellos extranjeros no pobladores o avecindados en la villa, la adquisición de hierro en cuantía inferior a los 50 quintales dependía del intercambio de pan, bajo la premisa de que “trayéndolo, pudiese conprar en la dicha villa tanto yerro quanto trigo traxiese”. El concejo instaba asimismo a cargar de forma prioritaria las embarcaciones locales, imponiendo un gravamen de 10 maravedís por quintal en concepto de saca a quien “en navio de la dicha villa no lo quisiese cargar”. En este caso, era la propia corporación municipal la que instaba a los reyes la confirmación de las medidas156.
Más allá del asentamiento de determinadas prácticas económicas, así como del intervencionismo de las instituciones sobre el control de las formas y ritmos de venta de la producción, la injerencia de agentes e instituciones va adquirir una notoria relevancia en el terreno de la fiscalidad que afectaba al sector. Como veremos, un último y trascendental aspecto que acaba por definir y caracterizar el mercado del hierro tiene que ver con los impuestos que gravaban su producción, transporte y comercialización. Concretamente, con el señalado intervencionismo por el que distintos grupos consiguen devengar rentas y transformar precios sirviéndose del sistema tributario operante. Si bien similares, a este respecto las características de la fiscalidad y su funcionamiento difieren en los territorios vascos, fruto en parte de la distinta correlación de fuerzas e intereses vinculados a este ámbito del poder.
5. Diseño, transformaciones y destino de la fiscalidad vinculada al hierro.
A nivel organizativo, una de las casuísticas que caracteriza a los territorios vascos se refiere a su falta de unidad o desgaje en lo relativo a las circunscripciones establecidas por la Real Hacienda castellana para la recaudación y gestión de los impuestos ordinarios. Atendiendo al organigrama diseñado para tal finalidad, los territorios de Álava y Guipúzcoa conformaban un único partido o distrito fiscal –la denominada “Merindad de Allendebro”–, mientras que Vizcaya operaba de forma separada, mediante el establecimiento de una tesorería específica, resultado de su peculiar proceso de incorporación a los dominios de la Corona157. Más allá de esta disposición o marco general, una serie de rentas proyectan por otro lado su jurisdicción sobre demarcaciones más amplias, aglutinando y organizando la gestión de los impuestos recaudados en varios partidos de forma conjunta. A este respecto, las rentas que gravaban la producción del hierro, así como la red de aduanas que lo hacía sobre su transporte, formaban parte de una antigua estructura hacendística que asimilaba o dotaba a las regiones situadas en la Cornisa Cantábrica de cierta unidad; fruto, dicho sea de paso, de las similitudes y especificidades de las actividades económicas desarrolladas en este marco geográfico158. Frente a las constricciones debidas a la existencia de un régimen impositivo común, la injerencia de agentes e instituciones acabará condicionando el funcionamiento de la maquinaria hacendística diseñada por la monarquía, modificando de este modo la incidencia y réditos de la fiscalidad devengada en uno u otro territorio. De forma coetánea, el proceso de génesis y desarrollo de las haciendas municipales traerá como consecuencia el establecimiento de nuevas formas de control y exacción, incorporando en cierto modo también elementos que alteran el marco de relaciones preexistente. Partiendo de nuevo de las propias minas, detallar la nómina de impuestos que afectaban al sector, así como su distinta funcionalidad en uno u otro territorio, es un ejercicio que nos permite conocer el alcance e interconectar muchas de estas actuaciones, al mismo tiempo que aporta datos complementarios sobre cuestiones e interrogantes anteriormente planteados.
Tabla 2. Nómina de impuestos y exacciones vinculadas al hierro y acero.
imp.: impuesto q.: quintal

Tipologia	Impuesto	Tasas	Agente/Institucion
Peajes y exacciones decaracteraduanero	Peaje de la vena	2 mrs./100 q.	Prebostes /alcaldes peajeros
"Prebostad”	3%	Prebostes /concejos
Diezmo de la mar	10%	Real Hacienda
Incautaciones y peajesarbitrarios	Familiassolariegas
Tasas por almacenaje	“Ostalaje” de lasrenterias	0,5 mrs./q. hierro1 mrs./q.acero	Concejos
Rentas sobre laproduccion	Renta de las ferreriasde Vizcaya	3 mrs. /q.	RealHacienda
Renta de las ferreriasde Guipuzcoa	3.5 mrs /q.	RealHacienda
Rentas sobre el consumo	Alcabala	10%	Real Hacienda
Otras rentas nogenerales debidas a losconcejos	“nasaje","ostalaje”,derechos de lonjas,“sisas”,etc.	Diversos	Concejos

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En concordancia con la generalización de los impuestos aduaneros159 desde fechas tempranas semejantes figuras ponen el foco de atención en el transporte del mineral extraído en las minas. A este respecto, peajes específicos sobre la saca o exportación de materia prima en bruto eran desde antiguo percibidos por los señores de Vizcaya, prevaleciendo la operatividad de estas exacciones una vez incorporado y supeditado el territorio a la jurisdicción de la Real Hacienda. El denominado “peaje de la vena”, cobrado fundamentalmente en las localidades costeras, imponía una tasa fija de 2 maravedís por cada centenal $- 0 1 0 0 -$ quintales embarcados. Cedido su rédito en merced a escogidos vasallos y personalidades, la recaudación y gestión de esta renta era asumida por los “alcaldes peajeros de las veneras” y por los prebostes de las villas, por tanto, quedando desvinculada en la práctica de los sistemas ordinarios de control de la administración tributaria (salida en almoneda y licitaciones, depósito de fianzas, registro de cargo y data por tesoreros, etc.)160. Presumiblemente, la coexistencia de la figura de los prebostes en las localidades de la vecina Guipúzcoa –extendida a través del fuero de San Sebastián– reprodujo aquí la funcionalidad de dicha gabela en similares términos. Con todo, la prebostad y sus titulares –cargo vitalicio de nombramiento regio–, conformaban una complementaria red aduanera en el marco urbano, estableciendo un gravamen general del $3 \%$ sobre toda entrada y salida de mercancías161.
En el ámbito rural, la posición e influencia detentada por determinadas familias solariegas se tradujo por otro lado en la aparición de redobladas exacciones que afectaron también a la explotación de la vena. Si no antes, a lo largo de los siglos XIV y XV, la potestad ejercida a nivel local por determinados linajes hidalgos, merced al desempeño de oficios de justicia o al mero disfrute de juros y otros derechos, degeneró en la concreción de unos ámbitos de influencia de raigambre feudal. En este sentido, conocidas son las pretensiones y formas de proceder de los linajes vascos agrupados en las parcialidades de Oñez y Ganboa162. Resultado de esta casuística comprobamos la implantación de arbitrarios peajes como el exigido en el valle de Somorrostro por los Salazar; atribución por la que los titulares del linaje se otorgaban el derecho a la requisición anual de dos “carradas” de vena a cada casa que contara con carros en propiedad. La vigencia de esta y similares contraprestaciones dependió en buena medida de la capacidad de actuación y rechazo de los sectores agredidos, quedando generalmente demostrada la ilegalidad de dichas exacciones una vez remitido el asunto a los altos tribunales. Pertinentes decretos y sentencias acabarían poniendo fin a unas otrora incuestionables prerrogativas que, en el caso concreto del mineral de hierro, se nutrían del trabajo desempeñado en zonas mineras de primer orden como la del río Urumea o las propias Encartaciones163.
Una vez transformado el mineral en las ferrerías, la producción resultante es transportada a las “renterías”; almacenes específicos donde se procedía al pesaje y correspondiente pago del impuesto regio sobre la producción, para quedar sancionada y legalizada así su posterior compraventa. De forma temprana, la monarquía cedió la gestión de los puestos de almacenaje a los concejos, quienes procedieron generalmente a su arrendamiento como elemento o servicio incluido en sus bienes de propios164. Si no antes, en el trascurso de la baja Edad Media la implantación de las renterías superará el marco realengo para adquirir un carácter territorial general, proyectando así su jurisdicción tributaria sobre industrias habidas en dominios señoriales o de propiedad hidalga, exentas en un primer momento de la fiscalidad debida a los reyes. La presencia de dichos almacenes en anteiglesias vizcaínas, o en los propios solares de determinadas familias así parece constatarlo165, mientras que la operatividad del impuesto sobre las ferrerías en señoríos como los de Ayala y Oñate es una realidad palpable. En los años finales del siglo XV, las tasas de almacenaje –u “ostalaje”- cobradas por los renteros parecían estar en concordancia en las plazas vascas, cifrándose en una blanca o medio maravedí por quintal de hierro; el doble tratándose de acero166. Fuera de las obligaciones asentadas con los concejos, los titulares de las renterías asumen responsabilidades con los recaudadores del impuesto regio, en tanto en cuanto, como encargados de controlar y validar la producción de las ferrerías, otorgan también “recabdo con pago al rey, nuestro sennor, e en su logar a sus rendador e arrendadores”167.
Las denominadas “rentas de las ferrerías”, pertenecientes desde antiguo al erario regio, fueron gabelas dirigidas a gravar la producción de las industrias situadas en el extremo septentrional de la Corona. Al menos desde mediados del siglo XIII, las distintas figuras impositivas que afectaban a las ferrerías se recaudan de forma conjunta, mediante arrendamiento, en un extenso distrito fiscal que agrupaba los dominios realengos sitos entre Asturias y Guipúzcoa. En este sentido, hasta la llegada de Juan I al trono, la oscilante titularidad del señorío de Vizcaya explicaría la inclusión o exclusión de las industrias vizcaínas en los cuadernos de cuentas conservados168. Tras el establecimiento de la Tesorería de Vizcaya, la recaudación de dichas rentas quedará organizada en dos distritos fiscales independientes que se rigen a su vez por las directrices fijadas en arrendamientos separados. Bajo la acepción de “renta (o rentas) de las ferrerías de Guipúzcoa”, la Real Hacienda adscribe las industrias de la provincia junto a las de las cuatro villas cántabras, las del territorio comprendido entre la “haya” de San Antón y Llanes junto a Candemero, Orduña, Valmaseda, Mena y las habidas en las localidades alavesas de Villarreal de Álava, Arceniega y Llanteno. Tomando por denominación el documento o “albalá” emitido una vez era satisfecho el impuesto169, el cómputo de imposiciones agrupadas en estas rentas de las ferrerías comprendía “los derechos del alvalá e diezmo viejo e çinquén sueldo a su alteza perteneciente del hierro e azero e raya e otro qualquier metal que se labrare en las herrerias”170. Por su parte, bajo la supervisión añadida de los tesoreros de Vizcaya, la “renta de las ferrerías de Vizcaya” agrupaba las industrias comprendidas en el señorío y las Encartaciones junto con las habidas en los territorios de Orozco y Oquendo. Teniendo en cuenta la ubicación meridional de los puntos aduaneros en Vizcaya –en las localidades fronterizas de Orduña y Valmaseda–, en este caso la nó- mina de imposiciones que componía la renta se refiere de forma genérica al “albalá del hierro y acero”.
Atendiendo a las directrices del sistema de arrendamiento, las rentas de ferrerías eran también puestas en almoneda en el estrado de las rentas, donde distintos licitadores depositaban sus pujas para asentar de antemano un precio y unas condiciones con la Corona. El vencedor de la subasta, en calidad de “arrendador y recaudador mayor”, asume y organiza entonces el proceso de la recaudación, pudiendo parcelar el marco geográfico sobre el que asume jurisdicción mediante el subarrendamiento de determinados distritos o, incluso, a través del asiento de cuantías encabezadas con los propietarios de ferrerías de escogidos territorios. Para los titulares de las rentas o arrendatarios, las obtención de ganancias redundaba en recaudar una cuantía superior a la fijada previamente con los oficiales de la Real Hacienda durante el tiempo contemplado en el arrendamiento171. De forma genérica, el gravamen sobre el hierro y el acero viene a establecerse como una tasa fija en moneda $^ { - 3 }$ maravedís– que toma el quintal como base imponible, por tanto, que no responde a porcentajes sobre la producción o a posibles oscilaciones en los precios de venta del producto.
A este respecto, una de las actuaciones protagonizadas por las instituciones locales se refiere al interés por mantener inalterable dicho canon durante un largo período de tiempo. Para ello, la inclusión de este precepto en los fueros u ordenamientos jurídicos territoriales, paulatinamente confirmados por los monarcas, fue una de las vías utilizadas. En Vizcaya, las Juntas Generales procedieron de este modo a la hora de enumerar en el Fuero Viejo (1452) los impuestos ordinarios debidos al señor, precisando la tasación que desde antiguo venía gravando la producción de las ferrerías en “diez y seys dineros viejos por cada quintal”172. Entre otros testimonios, a través de las cartas de obligación asentadas por los ferrones comprobamos el carácter fijo e inamovible de dicho gravamen en los territorios vascos desde, al menos, finales del siglo XIV. Por otro lado, los mismos testimonios permiten dar cuenta del, a priori, progresivo aumento del precio del quintal de hierro a medida que transcurre la decimoquinta centuria. A nuestro modo de ver, la teórica inflación que, siguiendo los valores registrados en maravedís, parece caracterizar al producto se trataría más bien de una consecuencia o respuesta ante la agresiva política de devaluación monetaria acometida por la Corona 173. En su conversión en moneda de plata, el valor del quintal de hierro en el mercado vasco contó con una manifiesta estabilidad al final de la Edad Media.
Gráfica 1. Precios del quintal de hierro en varias localidades vascas $( 1 3 9 7 - 1 5 2 4 ) ^ { 1 7 4 }$.
No obstante, la fosilización del gravamen sobre la producción afectará por otro lado a los titulares de los juros y mercedes situadas sobre las rentas de las ferrerías. Al igual que ocurría con otros impuestos de la Real Hacienda, la Corona procede a asentar asignaciones temporales o perpetuas en beneficio de determinados particulares mediante la concesión de oportunos privilegios. En lo que respecta a las ferrerías –como sucedía con muchas de las rentas regias operantes en los territorios vascos– buena parte del rédito obtenido por esta vía era empleado por los reyes para “contratar” y valerse de los servicios armados de vasallos, caballeros y otros hombres de armas. En definitiva, mediante al recurso a la emisión de las denominadas “tierras y acostamientos”, la monarquía erige y se vale desde temprano de una fuerza armada de carácter más o menos permanente, vinculada o especializada en este caso en prestar preferentemente sus servicios por mar175. También en este punto, las instituciones locales actúan para proteger y, en cierta medida, tratar de vincular de forma exclusiva los réditos de este sistema en beneficio del territorio y sus naturales. En este sentido, por inmediación de las.
Juntas Generales de Vizcaya (1452) y Guipúzcoa (ca.1468) los monarcas castellanos acabaron decretando la obligatoriedad de reservar y conceder situados en señorío y provincia sólo a los avecindados, sancionando y desplazando así las pretensiones de grandes nobles o instituciones foráneas. Convendría igualmente reparar en la contundencia con la que las asambleas locales trataron de defender dicha prerrogativa. Si en Vizcaya, las Juntas incorporaron esta cuestión en sus ordenamientos jurídicos para hacerla parte integrante de la jura de los fueros en Guernica, en Guipúzcoa, sus representantes parecieron comprometer la lealtad de la provincia al cumplimiento de dicha máxima, o al menos ello parece deducirse cuando llegan a exponer al rey
que la causa prinçipal porque esa provincia a estado e está siempre a mi serviçio es porque ninguna persona poderosa no tiene maravedis algunos situados en esa dicha provincia, que yo mandé dar mi carta para que ningunos no pudiesen haver situados maravedis algunos salvo los naturales $[ \ldots ] ^ { 1 7 6 }$ .
Sin entrar en profundidad, cabría señalar aquí algunas de las características generales referentes a los juros y mercedes situadas sobre la fiscalidad debida por las ferrerías. A tenor de lo reflejado en dichos privilegios, la concesión de estas asignaciones sobre las industrias solía deberse al interés de los propios beneficiarios, quienes previamente así lo habían indicado en la pertinente petición elevada a los monarcas. Siguiendo el procedimiento empleado al respecto de las exenciones para la construcción de nuevas ferrerías, la concesión de la merced dependía igualmente de una averiguación previa, donde sobre el terreno, el corregidor u otro oficial delegado acometían una pesquisa para comprobar el estado de la industria en cuestión y su capacidad productiva; hecho que daba pie a la posterior estimación sobre los posibles réditos que ésta podía generar en beneficio del erario regio177. De resultar favorable, y contando con el beneplácito de los contadores mayores, los reyes aprobaban la emisión del consiguiente privilegio, precisando tanto la calidad y duración de éste (juro vitalicio o de heredad, “tierra-acostamiento”, cesión temporal, etc.), como la cuantía y el nombre o ubicación de la(s) industria(s) objeto. De forma abstracta, una posible tipología o clasificación de estas concesiones puede inferirse atendiendo a las características de la asignación otorgada. Sin duda, las más habituales consistieron en la cesión de cuantías prefijadas $^ { - 0 }$ encabezadas– a cobrar anualmente en moneda sobre una o varias ferrerías, si bien existieron casos en los que se transfirieron de forma íntegra los réditos derivados de toda la producción. Del mismo modo, ante necesidades defensivas u otros contratiempos, determinados concejos obtuvieron el derecho a servirse de la renta de industrias específicas con objeto de financiar obras públicas o asumir otros gastos de carácter urgente. A modo de ejemplo, en la siguiente tabla agrupamos algunas de estas mercedes, sin suponer en ningún caso la totalidad de las emitidas o conservadas.
Tabla 3. Tipología de los juros y mercedes situadas sobre las rentas de las ferrerías durante el siglo XV.
Mrs.: maravedís Eq. reales: equivalencia en reales de plata Prod. (qu.): Producción estimada equivalente en quintales (juris.): jurisdicción J.V.: juro vitalicio T.C.: “Tierra-acostamiento” vitalicio J.H.: Juro de heredad M.T.: Merced temporal. \* Precio referente al arrendamiento concejil de la ferrería. \*\* Merced de doce años de duración.

Modalidadasignacion	Fecha	Tipomerced	Ferrerias	Mrs.	Eq.reales	Prod.（qu）	Beneficiario
Cuantiaprefijadaen variasferrerias	1403	J.V.	Pena de Aya	3.000	500	857,1	AlfonsoSanchez deValladolid,contador
Olaizola	3.000	500	857,1
Anzola	2.400	400	685,7
1490	T. V.	Mer. CastroUrdiales(juris.)	2.500	80,6	833,3	Ochoa deSalazar,preboste
Cuantia prefijada enunica ferreria	1429	J.V.	Marzana	1.100	157,1	366,7	Martin Sanchezde Marzana
1440	T.V.	De la Cuadra	533	53,3	177,7	Gonzalo deArancibia
Cuantia sindeterminarsobre toda laproduccion	1467	J.H.	Mondrag6n(juris.)	=	=	=	Juan Estibalizde Otalora
1495	J. H.	Oyarzun(juris.)	=	=	Juan de Aguirre
Cesionestemporales aconcejos	1424	M.T.	Alcibar(Segura)	5.500*	785,7	1.571,4	Concejo /muralla
1490	M.T.	Mondrag6n(juris.)	=	■	Concejo /incendio**

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Fuente: CD, Segura T. II, docs. 98, 142-143; CD Mondragón T. IV, doc.259; AGS, EMR, Tierras y Cartas Vizcaínas, leg, 1, fols. 50, 105, 172; AGS, RGS, leg. 1495.X, f. 267.
En última instancia, eran los “arrendadores y recaudadores mayores” quienes se encargaban de supervisar y autorizar la libranza de estas cuantías situadas sobre las rentas de las ferrerías. A este respecto, una de las cuestiones que se infiere de la lectura de la tabla anterior tiene que ver con la progresiva pérdida del valor de juros y mercedes. Ciertamente, la fosilización del gravamen del “albalá del hierro” (3 maravedís por quintal) originó una imparable tendencia a la baja de los réditos debido a la constante depreciación del maravedí a lo largo del siglo XV. A la postre, ante la falta de una adecuación de los tipos y/o bases impositivas, el valor de las asignaciones cedidas en merced sufren una notoria devaluación. Esta realidad fue percibida y denunciada por los propios contemporáneos, testigos de la progresiva pérdida de poder adquisitivo que dicha política suponía para los beneficiarios de mercedes. Cronistas como Lope García de Salazar así lo hicieron constar, vinculando esta actuación a la disminución de las rentas regias y, en consecuencia, sentenciando: así como se baxaron los derechos de los reyes, se vaxaron las soldadas de los hijosdalgo178. En el caso concreto de la renta de las ferrerías, sirviéndonos de nuevo de las cartas de obligación asentadas por los ferrones, podemos evaluar el porcentaje que el gravamen del “albalá del hierro” supuso en uno u otro momento sobre el precio de venta del producto. A grandes rasgos, la imagen resultante vendría a confirmar una constante caída de dicha tasa, en extremos que oscilan en el transcurso de un siglo entre un 9 y un 1 por ciento por quintal producido (véase tabla apéndices).
Finalmente, cabría hacer breve alusión a aquellos otros impuestos generales que, si bien relativos al transporte o compraventa de mercancías, fueron también asumidos por las ferrerías. Incorporado el gravamen aduanero relativo al diezmo de la mar de Castilla en la renta que afectaba a la producción179, es conveniente recordar aquí la disparidad existente a este respecto en relación al territorio vizcaí- no. La ubicación interior de sus aduanas $^ { - 0 }$ puertos secos de Orduña y Valmaseda– permitirá en la práctica un libre tránsito y transporte hacia las localidades de la línea de costa. Del mismo modo, a excepción de estos dos puntos, la exención general del señorío sobre la renta regia de la alcabala debió favorecer el atractivo del hierro vizcaíno frente al de sus vecinos y competidores. Desde su definitiva implantación a finales del siglo XIV, los territorios de Álava y Guipúzcoa satisficieron este impuesto ordinario, estipulado de forma genérica en un $10 \%$ sobre el valor de toda compraventa. Dentro del partido o distrito fiscal de la merindad de Allendebro, los “arrendadores y recaudadores mayores” desplegaron y organizaron la percepción de dicha renta, incluyendo por lo tanto a las ferrerías.
Escuetas referencias correspondientes a finales del siglo XV aportan algunas luces en torno a los procedimientos empleados para el cobro del impuesto en las industrias. A nivel comarcal o local, el asiento de una cuantía fija o encabezada entre arrendatarios y concejos pareció ser una modalidad habitual o normalizada. Acordado el cupo, la corporación municipal establece distintos procedimientos para controlar las transacciones, cobrar las cuantías pertinentes y hacerlas llegar al titular de la renta180. En lo tocante a las ferrerías, también llegaron a emplearse derramas que tomaban por base o criterio la estimación de su capacidad de ventas. En Tolosa (ca. 1492), todo contrato y transacción efectuada debía ser notificada en la posada del arrendatario de la alcabala181. Por su parte, en Villamayor de Marquina (1500) los abastecedores locales de vena asumían el pertinente repartimiento mientras que los bajeleros y carreteros foráneos llegados a la localidad –como los procedentes de Somorrostro– acordaban una cuota previa con los fieles y cogedores del concejo182. En línea con otros territorios de la Corona, en Guipúzcoa la gestión concejil de las alcabalas pasará a ser definitiva tras la implantación del encabezamiento perpetuo como sistema de recaudación (1509). Determinadas localidades optaron a partir de entonces por dotar de cierta especificidad a las ferrerías, poniendo en almoneda, en un arrendamiento único, la contribución debida por las industrias183.
En el marco estricto de las finanzas municipales, las características económicas de cada localidad componen en parte la base para la implantación de gravámenes específicos. Dirigidas a un grupo amplio de mercancías, diversos peajes aparecen de forma recurrente en la documentación, afectando también al hierro o al utillaje férrico. A este respecto, rentas como el “nasaje” o el “corretaje” amén de otros portazgos, los derechos debidos a las nacientes lonjas o, incluso, a instituciones mercantiles como el consulado de Bilbao (1512), establecen mediante arancel oportunas tasas sobre el quintal de hierro. Con todo, la nota común a todas estas exacciones se refiere al escaso impacto que ejercían sobre los precios al fijarse su gravamen en cuantías que, en el tránsito de los siglos XV al XVI, oscilaban entre los $_ { 0 , 2 5 \mathrm { ~ y ~ 3 ~ } }$ maravedís por quintal; porcentajes en todo caso inferiores al $1 \%$ sobre el valor del producto en el mercado. Del mismo modo, estos términos vienen a reproducirse en aquellas poblaciones que comienzan valerse de las “sisas” sobre el consumo como fuente ordinaria de financiación. Sea como fuere, en las plazas mercantiles vascas más importantes –Bilbao, Vitoria y San Sebastián– la concreción de dichas gabelas sobre el hierro pareció evitarse, con la finalidad, creemos, de mantener unos precios atractivos dejando exenta su compraventa184. Por el contrario, otros agentes vinculados indirectamente al sector, como los operarios del “yngenio de maestros” que en el puerto de Guetaría conseguía rescatar quintales y otras mercancías anegadas a más de doce brazas de profundidad, tipifican sus tasas en cuotas bastante más elevadas185.
6. A modo de balance o conclusión.
Si no antes, desde la redacción misma de las Partidas quedaba constatada la existencia de una serie de atribuciones regias o regalías sobre el sector del hierro y el acero. Concretamente, una fiscalidad de carácter ordinario que afectaba a las ferrerías sitas en los dominios realengos del extremo septentrional de la Corona. En Guipúzcoa, en el contexto de fundación de las villas, la monarquía incluye incipientes medidas tendentes al desarrollo de la industria siderúrgica entre las disposiciones dirigidas al fomento de las nuevas pueblas. Con objeto de facilitar abastecimiento y protección, monarcas como Sancho IV instaron al traslado de industrias preexistentes a los términos de los nacientes núcleos urbanos incentivando a los pobladores, algunos de ellos hidalgos, mediante la concesión de privilegios y exenciones. Llegado el siglo XIV, la estrategia pasa por concretar $^ { - 0 }$ confirmar– para el sector la vigencia de un atractivo marco de trabajo que combina las ventajas de un acceso prioritario al suelo y a los recursos naturales con una destacada libertad frente al grueso de la fiscalidad ordinaria. Los fueros de ferrerías de época de Alfonso XI insistían en este sentido en la exención general con la que seguirían operando ferrones, mercaderes u otros grupos vinculados al mismo. El acceso a tales prerrogativas dependerá en cambio de asumir y satisfacer el impuesto o “albalá” debido a la producción de las ferrerías.
A lo largo de la baja Edad Media, la monarquía sabrá valerse e incorporar en esta estrategia de desarrollo al poderoso sector de hidalgos que inicialmente decide desmarcarse o enfrentarse incluso a las transformaciones orquestadas en territorio realengo. Doblegándose a la obligatoriedad del impuesto sobre las ferrerías, junto a otras mercedes, oportunos acuerdos sancionan el acceso y disfrute de comunales u otros términos también para los titulares de casas solariegas. Dinámica ésta que constatamos mediante la dimensión territorial o general que acaban adquiriendo las renterías, si bien en el caso vizcaíno la casuística de dicho proceso se documenta en términos precisos. En el señorío, los representantes del “infanzonazgo” o Tierra Llana parecieron ser los principales artífices e impulsores del articulado de su fuero de ferrerías. En Álava por el contrario, sus homónimos declaraban en la “voluntaria entrega” de Arriaga su preferencia por desvincularse de este proceso para preservar suelo y recursos a una dedicación fundamentalmente agrícola o ganadera.
Bajo Alfonso XI, la labor legislativa que acompaña al Ordenamiento de Alcalá incluye decretos relativos a los yacimientos, reconociendo las prerrogativas de los concejos a este respecto como resultado de la cesión y establecimiento de sus términos jurisdiccionales. Mediante la redacción de oportunas ordenanzas municipales, la regulación de las formas de explotación de minas o veneras conduce igualmente a su inminente privatización. Consecuencia de la iniciativa o mediación de las propias villas vascas, decretos como el veto a la exportación de vena van encaminados a lesionar el abastecimiento de industrias foráneas con objeto de proteger así la producción local, sirviendo y favoreciendo de este modo los intereses de los propietarios de ferrerías.
Más allá de las directrices generales contempladas en los fueros de ferrerías, una política pública de incentivos facilita la erección de nuevas industrias. Para este propósito, Corona y concejos acceden a la cesión de suelo y/o a la concesión de diversas exenciones fiscales en beneficio de determinados particulares a cambio de oportunas contraprestaciones. Del mismo modo, antiguas ferrerías de titularidad regia son traspasadas en forma de merced, en remuneración a los servicios prestados por determinados vasallos, mientras que, mediante distintas vías, escogidos concejos incluyen industrias entre sus bienes de propios. Lejos de generar consensos, grupos y sectores con intereses económicos contrapuestos comienzan a cuestionar este privilegiado marco de ventajas que compromete en la práctica los réditos procedentes de la explotación de comunales y términos concejiles. En este contexto destaca sin duda la capacidad de los propietarios de ferrerías para, valiéndose o apoyándose en las instituciones, elaborar y establecer un marco legal de trabajo acorde a sus intereses. Hermandades y Juntas Generales aprobaron convenientes medidas tendentes a limitar la movilidad y actuación –léase organización– del personal empleado en las ferrerías. Con todo, la lectura de las fuentes legales revela la existencia de un régimen de propiedad fragmentado y voluble, favorable en cierto modo también a la capacidad de los socios o parcioneros más acaudalados, con una preferencia generalizada hacia el arrendamiento como sistema de explotación. El sector, pese a regirse en la práctica por los dictámenes de una élite minoritaria, es capaz de movilizar una numerosa fuerza de trabajo tanto de forma directa como indirecta.
Sobre este esquema, en ferrerías modestas o “parzonadas” el recurso al crédito parece instalarse definitivamente como fórmula de financiación. Merced a un temprano sistema de adelantos, los asientos para la producción entre ferrones y mercaderes quedan definidos en precisos términos. A este respecto, el análisis de las cartas de obligación desvela las características de dicha modalidad de trabajo, remitiéndonos a los precios, plazos y posibles penalizaciones acordadas entre las partes, pero al mismo tiempo, también al marco jurídico imperante (avales e hipotecas, posibles recursos, nómina de impuestos, etc.). Durante el último cuarto del siglo XV, la presencia o participación de grupos intermediarios en el proceso de producción coincide a grandes rasgos con una decidida intervención de los concejos en el mercado encaminada al control de la distribución. En las plazas vascas más importantes, oportunas ordenanzas municipales potencian el comercio de hierro y acero al por mayor, favoreciendo la actuación de los avecindados en la reventa y transporte para desplazar la competencia exterior. Lejos de doblegarse, los territorios vascos reaccionan ante las pretensiones de los mercaderes burgaleses sobre el control de la organización de las flotas mercantes, mientras que en coyunturas bélicas, las Juntas Generales trasladan su preocupación ante el contratiempo que supone hacer cumplir el temporal cese de la exportación hacia reinos o regiones enemigas a la Corona. En última instancia, la producción de hierro y acero es el reclamo sobre el que las instituciones locales hacen recaer el abastecimiento de los puertos y villas vascas.
Para ello, velar por una escasa incidencia de la fiscalidad sobre el sector es otra de las estrategias apuntadas. La aparente fosilización del gravamen regio sobre la producción de las ferrerías, reivindicada o proclamada incluso por las propias juntas en Vizcaya, conllevó una pérdida de réditos sin vuelta consecuencia de la progresiva y marcada devaluación del maravedí. Ante la inflación derivada y la inexistencia de iniciativas para actualizar las tasas y/o bases imponibles de la renta de las ferrerías, el impacto del impuesto en relación a su precio de venta es a fines de siglo XV prácticamente irrelevante. Ello tendrá evidentes consecuencias en lo que respecta a la capacidad adquisitiva de los juros y mercedes situadas sobre dichas rentas. Pese a ello, propietarios interesados en erigir o reparar industrias, así como vasallos, concejos u otros grupos vinculados al sector continúan demandando convenientes privilegios para servirse de diversas formas de esta fiscalidad. Las desigualdades contributivas que caracterizaron a los territorios vascos favorecieron por otra parte la vitalidad de mercados como el vizcaíno, donde un régimen de amplia exención en relación a las figuras impositivas más importantes de la Real Hacienda benefició sin duda la salida de su producción frente a la de productores vecinos y competidores. A nivel local, distintos peajes y tasas aduaneras parecen seguir una tendencia similar, gravando el quintal en cuantías muy modestas. Los concejos optaron igualmente por dirigir hacia otros géneros y mercancías la implantación de sisas o gabelas que afectaban al consumo. En resumidas cuentas, un régimen tributario el vinculado al hierro de escasa relevancia que explica en parte el constante valor que mantiene el quintal, analizados sus precios en su equivalencia en moneda de plata.
7. Apéndice.
Relación de precios del quintal del hierro y acero en varias localidades vascas (1397-1524)

Fecha	Localidad	Q. hierro	Q. acero	Albala(%)*	Fuente
Mrs.	Re.	Mrs.	Re.
1397	Guernica	32	10,7	1	-	9,4	CDM, doc. 49.
1420	Mondragon	51,5	7,4	-	-	5,8	CDM, II, doc. 82
1423	Mondragon	52	7.4	1	-	5,8	CDM, II, doc. 82
1461	Mondrag6n	165	9,2	-	-	1,8	CDM,V, doc. 50
1471	Plencia	320	12	-	-	0,9	R. Ejec.300-44
1485	Zumaya	300	9,7	-	-	1	R.Ejec.7-31
1489	Andoain	300	9,7	-	-	1	R.Ejec.21-9
1490	Zubileta	505	16,3	0.6	R. Ejec.28-21
1495	Oquendo	513	16,5	0,6	R.Ejec.83-13
1496	Bilbao	310	10	-	-	1	R.Ejec.95-13
1500	Bilbao	310	10	-	-	1	CR, leg. 91.
1505	Guernica	310	9,1	-	-	1	R. Ejec.201-29
1506	Lequeitio	280	8,2	-	-	1,1	R.Ejec..208-47
1507	Bilbao	310	9,1	-	-	1	R.Ejec.2.212-30
1510	Dima	310	9,1	-	-	1	R. Ejec. 245-34
1512	Bilbao	450	13,2	-	-	0,7	SV. Leg. 2.904-2
1515	Orozco/Zubileta	430	12,6	600	17,6	0,7	R. Ejec.301-40;320-12
1517	Mondrag6n	612	18,0	0,5	CDM, V, p. 191
1518	Ceberio	345	10,1	-	-	0,9	R. Ejec.353-44
1519	Ceberio	345	10,1	1	-	0,9	R.Ejec.. 353-45
1522	Guernica	400	11,8	-	-	0,8	R.Ejec.353-61
1523	Bilbao	385	11,3	-	-	0.8	R.Ejec. 374-10
1524	Bilbao	392.5	11,5	-	-	0.8	R.Ejec. 383-14

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Q.: quintal Mrs.: maravedís Re.: equivalencia del maravedí en reales de plata. \* Gravamen porcentual del “albalá” o renta de las ferrerías sobre el valor de venta del quintal. CDM.: Crespo Rico, Miguel Ángel y otros, Colección Documental del Archivo Municipal de Mondragón, SV.: ARChV, Sala Vizcaya R. Ejec.: ARChV, Reales Ejecutorias C.R.: AGS, Consejo real.
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