Los documentos sobre la Inquisición en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid.
The documents on the Inquisition in the Provincial Historical Archive of Valladolid.
Ángel LASO BALLESTEROS Archivo Histórico Provincial de Valladolid.
Resumen.
La desaparición de los archivos del Tribunal de Valladolid en el año 1809 ha supuesto una grave limitación a las investigaciones sobre la Inquisición en un área geográfica de gran extensión en la mitad norte del país. En este artículo se exponen los documentos que el Archivo Histórico Provincial de Valladolid puede aportar para paliar parcialmente dicha carencia, favoreciendo el conocimiento tanto de los inquisidores, sus oficiales y colaboradores, como de las actividades que desplegaron y las victimas y colectivos sociales sujetos a su vigilancia. Estos documentos se localizan en los protocolos notariales, la Administración Provincial de Hacienda, Hospital de la Resurrección, documentos municipales y Clero.
Palabras clave: Inquisición; Tribunal de Valladolid; Archivo Histórico Provincial de Valladolid;
Fuentes documentales; Provincia de Valladolid.
Abstract.
The disappearance of the records of Valladolid Court in 1809 has been a serious limitation in the research about the Spanish Inquisition in a geographical área of a big extension in the noth of the country. In his article, there are documents which the Provincial Historical Archives of Valladolid can bring forward in order to mitigate this shortage parcially, helping to the knowledge of inquisitors, oficials and collaborators, to the activities which they display and the victims and social groups liable to its watchfulness. These documents are located in the notarial protocols, Provincial Administration of Treasury, Resurreccion Hospital, town documents and Catholic Church.
Keywords: Spanish Inquisition; Court of Valladolid; Provincial Historical Archives of Valladolid; Documentary sources; Province of Valladolid.
En la ciudad de Valladolid1 tuvieron lugar algunos hechos estelares en la historia de la Inquisición Española: la Conferencia de 1527 sobre Erasmo de Rotterdam, los autos de fe del año 1559, el encarcelamiento del arzobispo Carranza en 1559, el procesamiento de fray Luis de León desde 1571 o los de artistas como.
Pompeo Leoni en 1557 o Juan de Juni en $1 5 6 7 ^ { 2 }$ . Aunque el hecho decisivo fue la temprana implantación y constante presencia de un tribunal de distrito en la capital del Pisuerga; tribunal destacado por la “desmesurada extensión que comprendían sus límites jurisdiccionales, sus $8 9 . 8 9 7 ~ \mathrm { k m }$ . cuadrados casi duplicaban al segundo en amplitud”3 y por su relevancia institucional, el Tribunal de Valladolid era considerado uno de los más importantes junto con los de Granada, Sevilla y Toledo.
Lo natural es que este Tribunal hubiese conservado y generado un destacado fondo documental a lo largo de sus más de tres siglos de funcionamiento. Ahora bien, el 7 de diciembre de 1809 la sede del Tribunal se incendió cuando servía de cuartel a los soldados alemanes y franceses4 , durante cuatro días el fuego redujo a pavesas los registros y legajos. Esto causó "la penuria documental que caracteriza a este Tribunal”5 , compensada en cierta medida por los fondos del Archivo Histórico Nacional6 y algún otro archivo7 .
Los archivos históricos provinciales como archivos de concentración pueden ofrecer documentos de interés para una profundización en el conocimiento de las actuaciones de la institución inquisitorial y su repercusión en la sociedad y cultura locales. De hecho media docena de ellos conservan documentación generada directamente por los tribunales inquisitoriales”8 .
Sin duda, el fondo documental más relevante en la casi totalidad de los archivos históricos provinciales es el notarial, el conjunto de los protocolos generados por escribanos y notarios de generación en generación. Aunque entre ellos pueden aparecer “registros de negocios de la Santa Cruzada y de la Inquisición”9 , caso que no se da en el Archivo de Valladolid, lo fundamental es que el protocolo “constituye un soporte de información muy variada y abundante”10, la fe pública plasmada en los protocolos abarcaba un amplio campo: “informaciones de filiaciones y defunciones, préstamos insignificantes, recibos de pequeñas cantidades, asientos de aprendices y criadas, ajustes de comediantes y fiestas populares, alquileres de carruajes y carretas y un largo etcétera, fueron otorgados ante escribano”11. De esta manera, los protocolos están reconocidos como una fuente idónea para conocer los aspectos económicos, familiares y culturales de cualquier grupo social o profesional, dado que “solo los registros parroquiales superan en representatividad social a los protocolos”12. Para el estudio de ese grupo humano debemos considerar tres tipos básicos: las capitulaciones matrimoniales, los testamentos y codicilos y, finalmente, los inventarios post mortem13. En este momento el grupo humano que nos interesa es el de los inquisidores y oficiales del Tribunal de Valladolid, grupo que a principios del siglo XVII “estaba compuesto por tres inquisidores, un fiscal, cinco notarios del secreto, un alguacil, un notario de secuestros, un alcaide, un nuncio, un portero y un receptor”14, y que a mediados del siglo XVIII estaba formado por 25 hombres con catorce oficios distintos, desde los inquisidores al barbero, pasando por secretarios y cirujanos15.
Espigando en los protocolos notariales de la ciudad de Valladolid podemos encontrar documentos como16:
Testamento del doctor Juan Díez Morales de Salcedo, inquisidor del Tribunal de Valladolid y arcediano de Burgos, con inventario de sus bienes, incluidos sus 251 libros, año 1598. Testamento e inventario de bienes del licenciado Pedro de los Llanos, inquisidor, en seis cajones de libros tenía 145 títulos, año $1 5 8 3 ^ { 1 7 }$ .
Testamento e inventario del licenciado Francisco Vaca, inquisidor, años $1 5 5 7 \mathrm { ~ y ~ } 1 5 6 0 ^ { 1 8 }$ .
Testamento del doctor Alonso Jiménez de Reinoso, inquisidor, año $1 6 0 7 ^ { 1 9 }$ .
Acta de entrega a la iglesia de San Pedro de Tordesillas de las reliquias del apóstol Santiago y de santa Lucía, que ha traído desde Roma el doctor Francisco de Arganda, inquisidor del Tribunal de Cuenca, año 1601. Testamento del inquisidor Francisco Blanco de Salcedo, año 1616. Inventario de bienes del licenciado Juan Arrese, inquisidor, con 183 libros, incluido el Catálogo de Libros Prohibidos, año 1582.
Contrato por el que Juan de Agüero se obliga a construir una casa al inquisidor Francisco Blanco de Salcedo20 en Meneses de Campos, año 1601.
Testamento, inventario y almoneda de bienes del inquisidor Juan Delgado de la Canal, año 1621.
Cristóbal de Torres, boticario, se da por pagado de las medicinas que suministró al inquisidor Juan Delgado de la Canal, año 1621.
No faltan ni los miembros del Consejo de la Inquisición, caso del testamento del licenciado Alonso Gaitán de Reguilón, año 1605.
Dependientes de los inquisidores aparecen los distintos oficiales del Tribunal, ejemplos son:
Información sobre la enfermedad de cataratas de Celedón Gustín, secretario del Tribunal, año 1588.
Testamento de Celedón Gustín, no lo pudo firmar por estar ciego y su esposa no sabía, año 1599.
Testamento de Juan González de Posada, secretario, año 1591.
Inventario de bienes de Francisco de Pedrosa, alcaide de las cárceles, incluye un juego de ajedrez y dos tapices de la historia de la Justicia, año 1591. Testamento del doctor Juan Morales, juez de bienes confiscados, el inventario indica 41 asientos de libros, año 1579.
Testamento e inventario de Martín Martínez de Aprícano, fiscal del Tribunal, en él libera a su esclava Margarita, año 1557.
Testamento del doctor Juan Fernández Galeote, fiscal, en el inventario se reseñan 222 libros, año $1 5 8 3 ^ { 2 1 }$ .
Inventario del licenciado Francisco Llero de San Pedro, médico de la Inquisición, año 1587.
Capitulaciones matrimoniales de Roque Montes, tesorero de Cumaná y alguacil de la Inquisición, con Isabel del Hoyo, año 1603.
Arrendamiento de una casa por Cristóbal de Toro, despensero de la Inquisición, año 1544.
Gonzalo de Torres, cirujano, compra una casa a Jerónimo de León, receptor de la Inquisición, año 1551.
Testamento del licenciado Damián Ortiz de Saucelle, abogado del Tribunal, año 1597.
Inventario de bienes de Marina de Guevara, viuda de Julián Reinoso, alguacil de la Inquisición, año 1549.
Pedro de la Cuadra, escultor, se obliga a hacer un retablo para la capilla del doctor Herrera, médico del rey y de la Inquisición, en la iglesia del convento de Nuestra Señora del Consuelo, año 1605.
Título de notario del secreto dado a Fernando Gijón y Salamanca, año 1661, pergamino usado como encuadernación de un protocolo.
Inventario de bienes de don Alonso Pérez del Concejo, relator de la Real Chancillería y abogado de la Inquisición, año 1677.
Inventario de bienes de José López Novales, alcaide de las cárceles secretas, año 1689.
Inventario de bienes de don Felipe Antonio de Lacana, secretario del secreto, año 1706.
Inventario de bienes de Juan Palacio y del Hoyo, secretario del secreto, año 1708.
Sin percibir salario de la Inquisición, pero estrechamente vinculados a ella está la red de comisarios y familiares. Los primeros, clérigos encargados de realizar investigaciones a cuenta del Tribunal, los segundos, laicos que cooperan y auxilian, desde la Concordia de 1553 en la villa de Valladolid podrá haber 40 familiares22, aunque en el siglo XVIII “familiares y comisarios son prácticamente inexistentes en la jurisdicción del tribunal vallisoletano”23.
Sobre estos dos colectivos podemos mencionar:
Título de familiar dado a Luis Álvarez, vecino de Peñafiel, en 1602. Pergamino utilizado como encuadernación de un protocolo.
Capitulaciones matrimoniales de Juan Núñez de Lamas, boticario y familiar, con Catalina de Briñas, año 1627.
Francisco de Salinas, boticario y familiar, se da por pagado de las medicinas que elaboró para el obispo Bartolomé Plaza, año 1601.
Testamento de Juan Martín Cacharro, familiar de Medina de Rioseco, año 1639.
Pedro Fernández de Espinosa, familiar, y Juan Ramírez de Arellano disuelven en Medina de Rioseco una compañía para el comercio de paños, año 1661.
Cuentas y particiones de los bienes de Gaspar Recio de Puga, familiar y alguacil mayor de Medina de Rioseco, año 1662.
Testamento de Bernabé Nieto, familiar en Villanueva de San Mancio, año 1669.
Información pedida por Antonio de Ubierna y Frías de cómo es sobrino de Juan de Frías, familiar en Valbuena de Pisuerga, y de Jusepe de Frías Sandoval, contador del rey y de la Inquisición, año 1628.
Inventario de bienes de Juan Bautista Martínez de Parraga, escribano del número y familiar, al casar con Antonia de Pesquera, año 1626. Testamento de Juan del Hierro Barrionuevo, familiar y notario de la Inquisición, año 1620.
Testamento de don Antonio Lozano de Yurreamendi, regidor de Tordesillas y familiar, año 1654.
Concurso de acreedores sobre los bienes de Martín de Barja, familiar en Medina de Rioseco, años 1669-1676.
Cuentas y particiones de bienes del licenciado José González de la Torre, comisario y cura de Ceinos de Campos, año 1699.
Inventario y tasación de bienes de don Isidro de Escobar, familiar del Santo Oficio en Medina de Rioseco, año 1721.
Poder dado por don Fernando de la Hoz, familiar del Santo Oficio en Medina de Rioseco, para que el Tribunal de Valladolid le ampare en el
procesamiento que el Concejo ha iniciado por agredir en la cabeza a un guarda del peso de la ciudad, año 1748.
José Tristán, familiar y maestro de obras de Baltanás, contrata la obra de la torre de la iglesia de Canillas de Esgueva, año 1797. Censo perpetuo a favor del presbítero Pedro Celestino Angelón, comisario en Tordesillas, año 1820.
Tal prestigio daba colaborar con el Tribunal, que varios escribanos al comenzar sus protocolos se intitulan así: Pedro de Arce escribano del rey, del nú- mero y del juzgado de la Inquisición de 1563 a 1598, Francisco Hernández Ruiz escribano del número, familiar y notario de la Inquisición en Trigueros del Valle de 1616 a 1629, Gabriel Valdivielso escribano del número y notario de la Inquisición de Medina de Rioseco de 1618 a 1636 o José Rodríguez Cano, escribano del número y ayuntamiento y familiar en Villardefrades de 1676 a 1723.
Con documentación así se podrá cumplir con la idea de que “no hay que hablar exclusivamente de la Inquisición con mayúsculas. Hay que estudiar la Inquisición y sus hombres”24.
Si los documentos notariales nos acercan a las personas que trabajan y sirven a la Inquisición, también nos informan de su actividad como institución:
Condiciones para la obra de la cárcel y vivienda de los penitenciados y casa del alcaide según traza de Pedro de Mazuecos, año 1596.
Condiciones para la obra de la casa de la penitencia que hará Juan de Ballesteros, año 1597.
Gabriel de Canseco, contador de la Inquisición, se concierta con el maestro de cantería Pedro de Naveda para derribar un arco y volverlo a levantar en la sede del Tribunal, año 1597.
Información hecha por fray Antonio de Sosa sobre los libros existentes en las casas y librerías de Medina del Campo, año 1551.
Pedro de Azcutia y Gaspar Martínez, carpinteros, se obligan a dar cuenta al receptor del Tribunal de la madera utilizada en el tablado del auto de fe del mes de mayo que hizo Francisco de Salamanca, arquitecto, año 1559.
Acta de posesión en la colegiata de Santa María, ante el cabildo colegial, por García de Valdivia, receptor del Santo Oficio, de la primera canonjía que ha vacado, año 157825. El conde de Aguilar, don Felipe Ramírez de Arellano, se concierta con el receptor del Tribunal de Logroño para comprar los bienes confiscados a los moriscos en Aguilar del Río Alhama, año 1586.
Don Fernando Martínez de Zúñiga, secretario del secreto, arrienda para él y sus colegas el aposento número 10 del patio de comedias, año 1659.
Arrendamiento del solar cercado donde estuvo la sede del Tribunal, año 1844.
Acta del auto de fe hecho contra María Díez, Beatriz Suárez y Manuel Méndez, año 1639.
Este último documento nos remite a otro colectivo humano merecedor de atención, el de las víctimas de las actividades inquisitoriales26. Entre los protocolos notariales podemos encontrar:
Carta de dote de doña Mencía de Figueroa, hereje presa en el proceso de Cazalla, año 1550.
Requerimiento de Pedro de Paz sobre las casas que compró a Gaspar de Mendoza y su esposa Beatriz Hurtado, los cuales las vendieron para pagar los gastos de manutención durante el tiempo que estuvieron presos en las cárceles secretas, año 1550.
Expediente de provisión del puesto de magistral de la colegiata de Santa María, al que optó el doctor Agustín Cazalla, año 1540.
Don Carlos de Seso se da por pagado con un millón de maravedís de la redención de un privilegio de juro a su favor, año 1559.
Inventario de bienes de Leonor de Vivero, año 1558.
Pleito ejecutivo ante el juez de bienes confiscados de la Inquisición puesto por doña Francisca Enríquez sobre los bienes libres que dejó don Juan de Rojas, marqués de Poza, para recuperar su dote y arras, años 1565-1584.
Inventario de bienes de don Juan Alonso de Fonseca, con su cuenta y partición entre sus hijos y su viuda, doña Ana Enríquez, año 1580. Inventario de Isabel de Aguilar, hechicera, año 1596.
Testamento e inventario de bienes de Beatriz Seronera, hechicera que vivía en una casa rupestre en Tordesillas, año 1561.
Inventario de bienes de Magdalena de la Cruz, gitana castigada por la Inquisición, año 1623.
Otro fondo de interés es el denominado de forma convencional Administración Provincial de Hacienda, que por una parte agrupa los documentos de la Hacienda del Estado liberal anteriores al año 1882 y por otra recoge los documentos incautados por dicha Hacienda a las instituciones eclesiásticas durante el proceso desamortizador. Sin duda de gran interés son las escrituras de censo relacionadas con los hombres de la Inquisición. Ejemplos son:
El censo otorgado a favor de Bernardino Vélez, comisario en Medina del Campo, año 1593.
Fundación de capellanía en el convento de San Pablo por Juan de Morales, juez de bienes confiscados, año 1568.
Censo a favor de Martín González de Cellorigo, abogado del Santo Oficio, por el conde de Benavente, año 1586.
Censo a favor de Bernardino Gallego, comisario en Villafrechós, año 1591. Censo a favor de Rodrigo Barbón, receptor de bienes confiscados por delito de herejía, sobre una finca confiscada a Gaspar de Gaviria, antiguo receptor del Santo Oficio, año 1565.
Luis de la Serna, cirujano del Tribunal, reconoce un censo, año 1582. Censo a favor de Pedro de Herrera, juez de bienes confiscados, año 1575. Censo contra Diego González de Bonilla, abogado del Santo Oficio, año 1644.
Censo a favor de fray Ángel de Ceballos, calificador del Santo Oficio, año 1676.
Censo a favor de las memorias que en el convento de San Pablo fundó Juan de Entrena Romero, secretario del Santo Oficio, año 1647.
Censo a favor de fray Agustín de Benavente, calificador, año 1646.
Censo otorgado por Domingo Pérez de Velasco, comisario en Villafranca del Bierzo, año 1641.
Censo contra Pedro Martínez de Cañas, alcaide de las cárceles secretas, año 1651.
Censo contra Antonio Núñez de Prado, abogado de los presos de las cárceles secretas, año 1641.
Censo contra Francisco Panadero, familiar en Nava del Rey, año 1664. Censo contra Martín Centeno, comisario en Medina del Campo, año 1646. Censo a favor de Andrés López Calderón, regidor y tesorero de la Inquisición, año 1670.
Censo a favor de la catedral que reconoce Juan Antonio Cacho, alcaide de las cárceles secretas, año 1737.
Censo a favor de la cofradía de San Pedro Mártir, año $1 6 1 5 ^ { 2 7 }$ .
Destacan las 14 escrituras de censo que servían para financiar al Tribunal al estar otorgadas a favor del fisco y cámara de la Inquisición durante los siglos XVII y XVIII, llegando al año 1807. Llama la atención el censo de 1628 a favor del fisco de la Inquisición garantizado sobre el solar donde estuvieron las casas del doctor Agustín Cazalla, confiscadas por la Inquisición.
Del proceso desamortizador están localizados cuatro expedientes de venta: de las casas del Tribunal de 1820 y 1836, del solar de la sede de 1843, de la casa y un solar con jardines de 1820 y 1839 y de un censo a favor del Tribunal de 1848. También hay dos expedientes de redenciones de censos sobre tierras en Rodilana y La Seca de 1855 y 1873. Finalmente hay un expediente de apremio contra el Ayuntamiento de Villardefrades por adeudar los réditos de un censo a favor de la Inquisición, del año 1852.
La documentación del Hospital de la Resurrección de Valladolid nos proporciona diversos datos sobre familiares y comisarios del Tribunal para los siglos XVI y XVII. Además, ante la extrema necesidad que pasan los pobres hospitalizados, el consultor Agustín Daza cede al hospital en 1645 el cobro de un juro. También se conserva el pleito promovido por el Tribunal para que la viuda de Jerónimo Francos presente cuentas de su gestión como tesorero de la Inquisición, de los años 1687 y 1688.
Entre los pocos documentos que conserva este Archivo del Ayuntamiento de Valladolid, se encuentran los nombramientos de familiares del año 1595, el pleito de 1614 de la cofradía de San Pedro Mártir con Antonio Fanega, escribano del número, sobre unas deudas de un censo y, finalmente, un cuaderno de reales órdenes impresas sobre Inquisición y disciplina del clero para los años 1813 a 1845.
Del Ayuntamiento de Tordesillas se conservan dos documentos de interés: el pleito de 1737 iniciado por Nicolás Ruiz y Fernando Reguilón, ministros del Santo Oficio, sobre que están exentos del reparto de paja para las caballerías, y el manifiesto impreso en 1747 que el procurador de la villa de Manzanares presenta contra el comisario Francisco Triviño.
De Tudela de Duero se conserva el pleito de 1754 de Ambrosio Nicolás Domínguez, labrador y familiar, con el administrador del real alfolí sobre la propiedad de un erial.
Entre los papeles del Ayuntamiento de Pedrosa del Rey está el pleito de 1695 puesto por dos vecinos a Alonso Palomino, familiar en Casasola de Arión, sobre los bienes de un aniversario.
Un pleito más es el iniciado por Pedro Sanz, familiar y notario de la Inquisición, con los procuradores del común de Olmedo en 1721 sobre la exención del repartimiento del servicio y soldados. Causa criminal ante el alcalde de Simancas fue la iniciada en el año 1567 por Diego de Herrera y María Bermeja contra Francisco Rodríguez de Pedrosa y Agustina de Montoya por injurias, incluida la amenaza de acusarles ante la Inquisición.
El Archivo conserva documentos de numerosas instituciones eclesiásticas. Para el monasterio de Santa Clara de Tordesillas se conserva la visita realizada en 1707 por el inquisidor Gaspar de Quincoces. Para las capellanías que fundó en Tordesillas Andrés Juan Gaitán se conserva la ejecutoria de 1646 del Consejo de la Inquisición que resuelve el pleito entre el inquisidor de Lima don Andrés Juan Gaitán e Isabel de Lorenzana sobre los bienes que dejó Alonso Juan Gaitán28.
El fondo documental de Simón Ruiz29, destacado hombre de negocios incardinado en las ferias de Medina del Campo durante el siglo XVI, estuvo depositado en este Archivo desde el año 1947 hasta marzo de 2015. Bartolomé Bennassar indica que “Simón Ruiz, el célebre mercader de Medina del Campo, pasaba libros en los fardos de lana que importaba”30. Entre las cartas que recibió desde Roma hay numerosas referencias al proceso que sufrió el arzobispo Carranza.
Reuniendo un pequeño conjunto de documentos se ha conformado un fondo dedicado al Tribunal de la Inquisición de Valladolid con documentos de los años 1626 a 1787, en el que destacan los grandes edictos que los inquisidores imprimían para dar a conocer la prohibición de la lectura de distintos libros entre los años 1743 y 1787, o la instrucción también impresa sobre los actos a realizar una vez promulgado el edicto de fe del año 1707, incluyendo el salmo, antífonas y versículos que se habían de cantar. También incluye el pleito de 1626 a 1632 sobre las cuentas finales que dio Alonso Pérez Cerón, receptor jubilado del Tribunal y la información de 1696 para un pleito del Tribunal con la viuda del escribano de la Inquisición Francisco de Arce.