El falso testimonio judicial en el Derecho hispánico y anglo-sajón en el Medievo. Estudio comparado1.
Luis Iglesias Rábade2.
Recibido: 01 de julio de 2016 / Aceptado: 03 de febrero de 2017.
Resumen. Este estudio compara las fuentes normativas hispánicas y anglo-sajonas relativas a la regulación del delito de falso testimonio en juicio en el período medieval. En el ámbito hispánico se hace referencia a los antecedentes del Derecho romano, haciendo hincapié en los elementos constitutivos del delito y en los títulos de punición del poder público instituido. Para el período medieval, se propone un método de estudio comparativo diacrónico en paralelo de las fuentes normativas hispánicas y anglosajonas. Para ello, el estudio discurre siguiendo una periodización en cuatro etapas históricas (Alta y Baja Edad Media temprana y tardía, respectivamente) estableciendo en cada una de estas fases los elementos comunes y distintivos de la regulación del delito.
El estudio analiza el objeto y los sujetos del delito de falsedad testimonial tanto en las fuentes normativas seculares como canónicas. Por ello, se examina el litigio jurisdiccional, especialmente en los territorios ingleses, entre el poder secular y eclesiástico para enjuiciar al perjuro y sancionarlo de acuerdo a la ley canónica o secular.
Se hace también una revisión respecto a cuál es realmente el interés jurídico protegido: la autoridad divina, la víctima o la correcta administración de justicia. En consecuencia, se examina la legitimación para perseguir el delito y la tipología de penas previstas las fuentes normativas seculares y canónicas para tutelar ese bien objeto de protección.
En el ámbito hispánico se recurre a la legislación visigoda en el Altomedievo y a los ordenamientos locales y territoriales en la Baja Edad Media, mientras que, en el contexto anglo-sajón, las carencias legislativas se suplen con los compendios del Common Law (especialmente el Britton y el Mirror of Justices), la doctrina jurídica de la época y la práctica forense que se registró en los Year Books respecto a este delito. Palabras clave: falso testimonio; derecho medieval; hispánico; anglo-sajón; estudio comparado.
[en] False Legal Testimony in Hispanic and Anglo-Saxon Law in the Medieval Period. A comparative Study.
Abstract. This study compares Hispanic and Anglo-Saxon regulatory sources governing the crime of giving false testimony during a trial in the medieval period. In the Hispanic sphere reference is made to precedents in Roman Law, emphasising which elements constituted a crime and the punishments applicable under the public authority in place at the time. For the medieval period, the paper puts forward a parallel diachronic comparative study method of Hispanic and Anglo-Saxon regulatory sources. To do this, the study follows a periodization of four stages in history (early and late High and Low Middle Ages respectively), setting out both the shared and particular elements of criminal law in place for regulating crime for each stage.
The study analyses the object and subjects of the crime of false testimony both in secular and canonical law. The paper discusses jurisdictional litigation, especially in English territories, taking place between the secular and ecclesiastical power to bring the perjurer to trial and apply the punishment set out in canonical or secular law.
The discussion also looks at which legal interest was really being protected in these cases, whether divine authority, the victim or the correct administration of justice. This leads to an examination of the legal standing for pursuing the crime and the types of punishments set out in secular canonical law to watch over the protected asset.
In the Hispanic sphere, Visigoth legislation is used in the High Medieval period and local and territorial law codes in the Lower Middle Ages, whereas in the Anglo-Saxon context, the legislative gap was filled by the compendia of Common Law (especially Britton and the Mirror of Justices), legal doctrine of the time and forensic practice recorded in the Year Books in respect of this crime.
Keywords: False Testimony; Medieval Law; Hispanic; Anglo-Saxon; Comparative Study.
Sumario: I. Los títulos de punición en el derecho romano. II. Estudio comparado de las fuentes hispá- nicas y anglo-sajonas. 1. El período altomedieval temprano. 1.1. Los elementos constitutivos del “tipo” en los territorios hispano-visigodos. 1.1.1. Fuentes seculares. 1.1.2. Fuentes canónicas. 1.2. La justicia vindicativa del clan en los territorios anglo-sajones. 2. El período altomedieval tardío. 2.1. El período posvisgodo hispano. 2.1.1. Regulación sustativa y procesal del Derecho secular. 2.1.2. La remisión canónica al Liber Iudiciorum. 2.2. Juicio compurgatorio y cojuradores en el ámbito territorial anglo-sajón. 3. El período bajomedieval temprano. 3.1. La regulación en el Derecho hispánico. 3.1.1 La adaptación del Liber a los ordenamientos locales. 3.1.2. La configuración del delito en el Ius Commune. 3.2. La desaparición de la prueba testifical en el proceso judicial inglés. 4. El período bajomedieval tardío. 4.1. Configuración del “tipo” penal y régimen sancionador en los ordenamientos locales y territoriales hispánicos. 4.2. El perjurio de los miembros del jurado en los territorios ingleses. 5. Conclusión.
Cómo citar: Iglesias Rábade, L. (2017) El falso testimonio judicial en el Derecho hispánico y anglosajón en el Medievo. Estudio comparado, en En la España Medieval 40, 67-110.
Desde que el hombre se ha organizado en estructuras sociales ha utilizado legítimamente el testimonio de otros como medio de prueba para hacer valer su derecho o su exculpación. Sin embargo, en ninguna época se evitó la inclinación mendaz por faltar a la verdad por ruego, precio o malquerencia, pese a su reprobación penal y a su nota de infamia. Es cierto que este delito ha sido escasamente perseguido y mucho menos sancionado, de ahí que en todas las culturas se haya faltado a la verdad impunemente, aun existiendo suficientes instrumentos normativos y títulos de punición para reprimir esta conducta.
El acto de deposición de testimonio está sujeto a un cierto grado de subjetividad en los procesos de recuperación de los hechos acaecidos, lo que puede conducir a una percepción errada. La apreciación de los hechos por un observador casual se ve afectada por confusas realidades, –capacidad de concentración en lo percibido, tiempo de observación, circunstancias más o menos traumáticas en que se producen los acontecimientos, tiempo transcurrido entre los hechos y su transmisión ante autoridad pública o judicial, etc.– que pueden distorsionar instintivamente la verdad. Por otra parte, el mismo órgano juzgador se enfrenta a otros elementos inherentes al acto de representación o transmisión de lo percibido por el testigo que dificultan un juicio cierto sobre la veracidad de la declaración. La firmeza del testigo en la fijación de los hechos, la forma de evocarlos, el nivel de instrucción para adaptarse a una representación escénica, el potencial y desconocido interés en la causa, etc. pueden afectar a la apreciación de un testimonio como falso. Todo esto justifica de algún modo la dificultad de detectarlo y perseguirlo.
I. Los títulos de punición en el derecho romano.
La configuración jurídico-penal del delito de falso testimonio en el Derecho romano se remonta a la ley arcaica de las XII Tablas3 , aunque en el ámbito procesal no existe propiamente una regulación específica de la prueba testifical judicial en una ley, senadoconsulto o constitución imperial4 anterior al Código Teodosiano5 . La escueta referencia al falso testimonio de esta ley decenviral no nos permite determinar con mayor precisión las notas definitorias y los elementos constitutivos del “tipo” penal. Es difícil discernir hasta qué punto y en qué circunstancias el poder público de la época arcaica intervenía en una cuestión que afectaba a la esfera privada, pues la misma ley decenviral amparaba la venganza privada reactiva y una de sus formas de expresión era la obvagulatio6 . No faltan voces que estiman que el rigor penal de las XII Tablas (despeñamiento de la Roca Tarpeia) se aplicaba incluso a la conducta calumniosa extrajudicial, pues el embuste malicioso debió ser un ilícito punible en la Roma arcaica7 , apreciación que tiene su correlato en la tradición bíblica: “aquel que extiende la mentira, no escapará”8 o “perecerá”9 .
En la Roma clásica probablemente sólo se sancionaba el falso testimonio como un medio de consumación de otro delito10, siendo el poder divino el juez de la infamia. Los autores clásicos dejaron constancia de que el delito de falso testimonio atentaba a la autoridad divina, de la cual emanan los títulos de punición del perjurio. Advertía Tiberio que el poder de los hombres no puede inmiscuirse en las injurias divinas, de modo que correponde a los dioses ocuparse de ellas con la muerte del infractor. Cicerón también manifestó que la pena humana del perjurio es el deshonor, la divina es la muerte11, sanción a la que también alude Tito Livio12, pues la fides jurada del hombre libre era la prueba más valiosa y respetada en el ámbito judicial13. Opinaba Cicerón que las letras –la prueba documental– no pueden prevalecer sobre el testimonio, el juramento y la credibilidad incorrupta de los hombres (ciudadanos libres)14.
El régimen jurídico de la falsedad testimonial se elabora en el Bajo Imperio, fruto de la labor interpretativa de la Ley Cornelia de falsis, por los jurisconsultos15 Paulo16, Ulpiano17, Modestino18 y Marciano19, quienes configuran no sólo la naturaleza jurí- dica del delito –que se asienta en la nota de falsedad20–, sino también los elementos del “tipo” básico: el testimonio falso (o la verdad silenciada21) depuesto libremente en causa judicial22 mediando dolo malo23 bien sea en beneficio propio o perjuicio ajeno. Más controvertida es la motivación del delito. Siguiendo la interpretación de Paulo, la Lex Cornelia de falsis sólo sancionaría el testimonio mendaz por precio o malquerencia24.
La “tipicidad” descrita probablemente se irrogaba independientemente de que el testimonio fuese acompañado de juramento (asertivo o promisorio25). Si bien es cierto que en la época de Quintiliano ya se reconocía que la veracidad de la palabra dada traía causa del juramento26, aunque la obligatoriedad del juramento no se recoge expresamente hasta el Codex Theodosianus en el s. $\mathrm { V } ^ { 2 7 }$ . Por su parte, el Código de Justiniano, un siglo más tarde, prescribe la obligatoriedad del juramento in religione antes de deponer testimonio, determinando expresamente, además, que la credibilidad a la fe jurada sólo se presumía de los honestiores, aunque no la consideraba incorruptible, por ello sigue la aforismo unus testis nullus testis ya establecido en el Codex Theodosianus28.
La aplicación del régimen sancionador de la Lex Cornelia de falsis en la época republicana se alivió para el ciudadano libre, dado que podía eludir la pena de muerte con el exilio voluntario y la pérdida de la ciudadanía –interdictio aquae et igni–exigiéndose además la publicatio bonnorum en el período republicano tardío29. En el Bajo Imperio, hacia el s. III d.C, según señala Paulo, los “tipos” penales recogidos en la Lex Cornelia de falsis se castigaban con la deportación a un domicilio coactivo, generalmente una isla, para el infractor honestior, mientras que el humilior sufría la pena ad metalla o crucifixión30, salvo que la conducta falsaria del esclavo fuese inducida y ordenada por sus dueños, en cuyo caso se les exoneraba de culpabilidad31. Se aplicaba también el mismo régimen punitivo al inductor o sobornador32.
II. Estudio comparado de las fuentes hispánicas y anglo-sajonas
1. El período altomedieval temprano33
1.1. Los elementos constitutivos del “tipo” en los territorios hispano-visigodos
1.1.1. Fuentes seculares.
Sin entrar en aspectos doctrinales relativos al grado de romanización del Derecho en el período altomedieval temprano hispano-visigodo y, en particular, en el análisis jurídico-doctrinal concerniente al criterio de la personalidad o territorialidad en la aplicación del Derecho “nacional” visigodo34, parto de la opinión más arraigada de que la Lex Romana Visigothorum fue el instrumento legislativo básico de los godos en los territorios hispánicos35. Pues bien, en lo que se refiere a la regulación de este delito, la Lex Romana Visigothorum se limita a reproducir los elementos distintivos del “tipo” penal descritos por Paulo al que aplica el mismo régimen sancionador talional para el falsario que provocase con su testimonio la condena a muerte de la víctima36.
En cambio, el Liber a partir de Chindasvinto presenta una más extensa regulación del delito de falso testimonio judicial con nuevos elementos constitutivos del “tipo” básico y el “tipo” agravado para el inductor y el testigo cómplice, así como una enumeración de las personas inhábiles para deponer testimonio37. El régimen punitivo se suaviza con relación al previsto en la Lex Romana Visigothorum. Así, si el infractor era maior persona sería castigado con la confiscación de su patrimonio por un valor equivalente al daño causado, además de inhabilitarle a perpetuidad para comparecer en juicio como testigo38; mientras que la minor persona falsaria –a la que no se le presumía capacidad patrimonial para resarcir su delito– se le degradaba a la condición de siervo de la víctima del falso testimonio39.
El Liber no incorpora el “tipo” agravado en términos similares al descrito, por ejemplo, en el Edictum Theodorici de los ostrogodos40. En este texto se dispone que el testigo venal y mendaz, que recibe prebenda o dádiva para deponer falsamente en juicio, sufra mayor castigo. El Liber se limita a disponer que el inductor que, “por ruego o por engaño”, persuadiese a testigo para que prestare falso testimonio, recibirá junto con el deponente cómplice, la pena de falsos41, cuya determinación no se especifica, pero ajustándose a otras previsiones del Liber y de las copias interpoladas del mismo que circularon, habrían de ser castigados con pena corporal de cien azotes y correctivo perpetuo infamante de decalvación42. Hemos de coincidir con Alejandre que en la práctica judicial bajo la denominación del sujeto activo “inductor” el juez habría incluido al sobornador43, de ahí que se contemple para él una responsabilidad agravada.
Antes de Ervigio, el Liber no resuelve adecuadamente si el “tipo” sólo se configura cuando la declaración es contraria al reo o a una de las partes. Cuando se determina que “Si quis contra hominem...falsum dicere testimonium44 o Si quis autem contra eos habuerit testimonium dicere”45, se podría interpretar que no se penalizaría ni la verdad silenciada ni el falso testimonio a favor del reo o de las partes; sin embargo, a partir de Ervigio se prevé expresamente el castigo de toda declaración falsa46.
El Liber exige el juramento del testigo para deponer testimonio47, dictando, además, que si lo rehusaba sería inhabilitado a perpetuidad para testificar –si era maior persona–, imponiendo, además, el castigo de cien azotes y marca infamante de decalvación, si era minor persona48. Pese a que persisten todavía dudas respecto a si el juramento era anterior o posterior a la deposición de testimonio en la época visigoda49, lo cierto es que, atendiendo a la legislación procesal del Liber, el juramento parece que se prestaba después de haber depuesto testimonio siguiendo la práctica procesal de los pueblos germánicos50.
El falso testimonio atentaba a la esfera privada, de suerte que el procedimiento se promovía a instancia de parte. Siendo así, el Liber prevé unos plazos para que la víctima pueda iniciar el proceso51, no obstante, expresiones como (falsum testimonium) potestas iudiciara comprobat52 vendrían a confirmar una potencial persecución de oficio53. Esto nos lleva a pensar que este “tipo” delictivo atentaba no sólo a la víctima y a Dios –por jurar falsedad en su nombre54–, sino también a la garantía procesal y a la fé pública, que es el interés objeto de protección.
1.1.2. Fuentes canónicas.
La legislación conciliar canónica hispánica del Altomedievo temprano sancionaba con la excomunión al testigo falso. Ya el Canon 74 del Concilium Eliberritanum, en la primera década del s. IV, prescribía que el Falsus testis, prout est crimen, abstinebitur55. Este Canon recogía una prescripción de carácter general que dictaba que todo testigo falso sería sancionado con la pena de excomunión y ésta se aplicaría por el juez eclesiástico atendiendo al tipo de delito que el falsario hubiere imputado a otro56. Este mandamiento genérico de los Padres de la Iglesia sólo venía a reafirmar el carácter delictivo del falso testimonio, siguiendo los postulados bíblicos a los que ya se ha hecho referencia, y la forma de sanción que debía recibir el transgresor (la excomunión). Serían, pues los jueces eclesiásticos los que determinarían el tiempo de la pena atendiendo a las múltiples formas y circunstancias en que se podría incurrir en falso testimonio57.
Continuaba el referido Canon con otras tres prescripciones: Si tamen non fuerit mortale, quod objecit, et exprobaverit; quod non tacuerit, biennii tempore abstinebitur: si autem non probaverit conventui clericorum, placuit per quinquennium abstineri58. De donde se deduce, en primer lugar, que si la imputación falsaria provocaba la pena de muerte de la víctima objeto de falso testimonio, el testigo sería sancionado con la pena de excomunión perpetua, pues su falsedad era equiparable al delito de homicidio. La redacción de las otras dos prescripciones del canon han sido objeto de múltiples interpretaciones. Alberto de la Hera las ha recogido con gran detalle y dejó constancia de su propia acotación con copiosa y extensa argumentación59. Recogemos la interpretación de este autor: si el falsus testis pudiera probar la veracidad de su testimonio, esto es, la adecuación de su testimonio a la realidad, no podría imputársele falsedad y, en consecuencia, tampoco sería merecedor del castigo de dos años de excomunión. Por ello, propone “repensar el valor” que los Padres quisieron dar a las palabras “falsus testis”, que bien podría ser el de aquél que no “testifica de un hecho falso, sino quien testifica falsamente...de un hecho que no conoce”60.
A mi modo de ver la interpretación sería más sencilla, atendiendo al significado de exprobo, la prescripción conciliar mencionada podría expresarse del siguiente modo: si el testigo explicaba los motivos que le habían impulsado a testificar falsamente (imputar una falsedad a otro) o los motivos por los cuales no habría podido callarse (coacción, miedo insuperable, etc.), se le castigaría a dos años de excomunión, pues habría existido deposición falsa ante el juez o consejo eclesiástico. En cambio, si el testigo no pudiese explicar satisfactoriamente los motivos que le habrían impulsado a declarar falsamente, se le castigaría a cinco años de excomunión. Pues en este último caso, se presumiría que habría actuado por malquerencia, dádiva o soborno.
En este sentido coincido con Alejandre cuando, según creo, afirma que el canon 74 del Concilio de Elvira presupone el deber procesal de que la autoridad judicial tenga que probar la verdad. Ciertamente, el juez eclesiástico debe requerir al testigo a que pruebe los motivos por los que faltó a la verdad. Empero, para que el juez eclesiástico le dé esa oportunidad al testigo, tuvo que probar previamente que éste faltó a la verdad.
Dado el carácter universal del Derecho eclesiástico, conviene hacer referencia a otros concilios que también dictaron normas relativas a la regulación de este delito. Por ejemplo, el primer Concilio de Arlés del año 314 recoge también el castigo de la excomunión para los testigos falsos61. Pese a que de la literalidad del texto parece deducirse que dicha sanción es a perpetuidad, es posible que, al menos en la práctica judicial, el juez eclesiástico habría atemperado este rigor sancionador según las circunstancias del caso. Nótese que en el segundo Concilio de Arlés, se dicta expresamente que el obispo podrá armonizar la pena atendiendo al arrepentimiento del infractor62, probablemente para adaptar la norma a la práctica forense eclesiástica.
También el cuarto concilio de Cartagena de 1436 dispone que los hombres de iglesia que hubiesen incurrido en falso testimonio se les castigará a la pena de excomunión, aunque el obispo puede admitirlo de nuevo a la comunión, si enmienda su error (por arrepentimiento), aunque quedaría excluido del cuerpo del clero a perpetuidad63. En parecidos términos se reguló el delito de falsedad testimonial en el concilio de Vannes de 465, aunque en este caso sorprende la equiparación del falso testigo con el homicida64, lo que vendría a justificar el reproche penal. El mismo texto del canon del concilio de Vannes referido al testigo falso se reproduce también en el concilio de Agde del año $5 0 6 ^ { 6 5 }$ .
En conclusión, esta legislación conciliar relativa al falso testimonio expresamente dispone que el falso testimonio es un delito que se castiga con la excomunión y la exclusión del clero como prescripción de carácter general. En cada caso, será la autoridad eclesiástica la que determine, a su arbitrio, el tiempo por el que se dicta dicha sanción. Se abre paso así al arbitrio judicial, que como se observará, tuvo una clara influencia en el Derecho secular tras la recepción del ius commune.
1.2. La justicia vindicativa del clan en los territorios anglo-sajones.
Desconocemos prácticamente el relato histórico de las tribus anglo-sajonas entre los siglos V-VII porque no se conservaron textos jurídicos o literarios escritos en su alfabeto rúnico, del que sólo se conservan algunas inscripciones. Sabemos que cuando llegaron a Inglaterra despojaron de su oficio a los magistrados romanos y que aplicaron su propio derecho consuetudinario transmitido oralmente, al margen de la tradición romana66. En realidad, hasta comienzos del s. VII –coincidiendo con el proceso de cristianización y el desplazamiento del alfabeto rúnico por el latino– no se inicia la actividad de codificación y recopilación escrita del derecho regio. Eso sí, cuando se compila se adapta, tanto en el ámbito penal sustantivo como procesal, al nuevo credo cristiano67. Los primeros Códigos de los monarcas anglo-sajones del Alto Medievo temprano no recogen expresamente el delito de falsedad testimonial o de otro tipo de falsedades, salvo la prescripción relativa a la adulteración del sello regio, que no se contemplaba como un crimen falsi, sino como un acto de traición al rey68. Teniendo en cuenta que el documento privado no representaba todavía un instrumento probatorio o de garantía de derecho, y por tanto, no se incorporaba a los autos en sede judicial, hemos de entender que los derechos y privilegios, los acuerdos entre particulares o clanes, las deudas contraídas, etc. se acreditarían en juicio por medio de testigos de parte (oath-helpers). Además, en el Alto Medievo temprano las concesiones reales de feudos y derechos se realizaban en régimen de posesión folkland, sin la emisión de un documento escrito69, de modo que el disfrute o, en su caso, su entorpecimiento, se dirimía en sede judicial aportando prueba testifical. Lo único que podemos aventurar es que en este período Altomedieval temprano anterior al proceso de cristianización, los testigos falsos habrían sido sancionados por el clan con la pena de outlawry (destierro del clan, confiscación de bienes y membrum et vita a merced de cualquier miembro de la tribu) o mediante la venganza reactiva de la víctima y familiares (blood-feud).
2. El período altomedieval tardío
2.1. El período posvisgodo hispano
2.1.1. Regulación sustativa y procesal del Derecho secular.
En los territorios reconquistados y en las comunidades mozárabes el Liber pervive con desigual impacto en la tradición oral70. Lo cierto es que tras la invasión musulmana, el Liber perdió capacidad de renovación y actualización, de modo que los primeros fueros locales, como el de León, readaptan el Liber a su época restableciendo algunas de sus disposiciones, creando o suprimiendo otras o simplemente modificándolas como, por ejemplo, el régimen sancionador del delito de falsedad testimonial71.
Si escasa es la regulación sustantiva de este delito en los “siglos mudos”, más incertidumbre se cierne sobre su regulación procesal. Por eso, no podemos determinar con certeza qué tipo de juicio –compurgatorio, duelo judicial o juicio de ordalía– se podría entablar contra el testigo falso. Es posible que el inculpado podría haberse acogido a cualquiera de ellos dependiendo de su estatus social. Así, hasta el último cuarto del s. $\mathrm { X I I I } ^ { 7 2 }$ , la querella de falso testimonio entre caballeros se resolvía por el riepto73, mientras que los otros estamentos sociales optarían por el juramento de su inocencia –probándola con el testimonio de otros testigos o cojuradores–, o bien por el juicio de ordalía cuando el querellado no podía defenderse con testigos74.
2.1.2. La remisión canónica al Liber Iudiciorum.
En el Altomedievo tardío, la Iglesia, a pesar de ser parte en muchos procesos y litigios sobre propiedad, no fue capaz de establecer una legislación uniforme en los territorios hispánicos, de modo que al igual que en el Derecho secular, se acudió a la costumbre, a los textos conciliares y al Liber Iudiciorum, lo que explica que la regulación del falso testimonio en el ámbito canónico presente divergencias notables, dependiendo del territorio, por la diversidad de fuentes75. Para uniformar la regulación del falso testimonio, en una época en que la prueba testifical había adquirido un relevante protagonismo en el procedimiento penal, la autoridad eclesiástica dispuso, en el Concilio de Coyanza de 1055, que se aplicase las disposiciones del Liber Iudiciorum para la regulación del delito de falsedad testimonial76. De modo que el carácter subsidiario que el Liber estaba adquiriendo respecto a los fueros locales, se convierte en ley general en cuanto a la regulación de este delito en el ámbito eclesiástico, lo que viene a configurar esta conducta como un instituto secular77. Esta remisión al Derecho secular para determinar los elementos constitutivos del “tipo” penal del delito de falsedad testimonial cometido por un hombre de iglesia, junto a las penas de carácter talional y corporal asociadas al delito, rompe con toda la tradición canónica y no tiene probablemente reflejo en otros territorios de la cristiandad.
No obstante, a mediados del siglo siguiente, en el Decreto de Graciano, se recuperan las prescripciones del Derecho justinianeo relativas al falso testimonio de eclesiásticos, dejando sin efecto la remisión al Liber del Concilio de Coyanza, y se vuelve al régimen sancionador de la tradición canónica con algunas modificaciones. Así, el Decreto de Graciano dispone que el testigo falso eclesiástico reciba la pena de flagelación y tres años de suspensión de oficio, si el testimonio se hubiese depuesto en causa civil, y flagelación y degradación perpetua, si la declaración falsa se hubiese prestado en causa criminal78. En la misma línea, las Decretales de Gregorio.
IX también prescriben degradación perpetua de los hombres de iglesia, cuando éstos perjuraren en causa penal, pues su delito se incluye entre los delitos capitales al igual que el robo o el homicidio79. Como veremos posteriormente, el régimen sancionador del Derecho secular coetáneo, acomodado en la costumbre local, se mantiene todavía ajeno al derecho canónico, prescribiendo títulos de punición de los iura propria que pivotan sobre la pena talional y la corporal.
2.2. Juicio compurgatorio y cojuradores en el ámbito territorial anglo-sajón.
Es a comienzos del s. VII cuando se inicia la actividad de codificación y recopilación escrita del derecho regio, coincidiendo con el proceso de cristianización y con la adopción del alfabeto latino que ofrecía más facilidades para documentar el derecho. Los clanes anglosajonas, herederos del derecho germánico, daban un alto valor a la promesa de cumplir con la palabra dada, elemento nuclear de todo negocio jurídico. Tras la cristianización, la promesa adquiere el valor de fe jurada, la mayor y más efectiva prueba de la reivindicación de un derecho. Por eso, se respetó la presunción de que todo hombre libre decía la verdad, una vez que hubiese prestado juramento80.
Las partes en juicio defendían sus causas mediante el juramento compurgatorio, mecanismo procesal también conocido como apuesta por la ley (wager of law). La parte judicial probaba su pretensión aportando el testimonio –que, en realidad, era una ratificación– de conjuradores (oath helpers). Estos testigos de parte se limitaban a dar fe de la veracidad de lo declarado por la parte. Por tanto, no testificaban sobre lo que habían visto y oído, sólo prestaban juramento de credulitate, de modo que el delito de falso testimonio no se producía como consecuencia de una declaración del testigo, sino del acto mismo del juramento de ratificación de la pretensión de la parte. En este contexto, faltar a la verdad jurada no se entendía como una perversión de la acción de la justicia, sino como el quebrantamiento de la promesa dada y una ofensa grave a Dios.
Es posible que las personas libres influyentes cometiesen abusos presentando oath-helpers para defender una reclamación indebida o injusta o exculparse de la comisión de un supuesto delito. Sin embargo, una declaración falsa en nombre de Dios atemorizaba a toda persona de cualquier condición. Por eso, los infractores nobles preferían el juicio por combate antes que jurar en falso su inocencia, mientras que los inculpados de menor condición habrían optado por el juicio de ordalía de agua o fuego81.
La autoridad eclesiástica controlaba el juramento promisorio de las partes en los negocios jurídicos contractuales82 y estaba igualmente presente en el acto de juramento en causa judicial. Como parte en el acto de juramento y como representante de Dios asumía su competencia para sancionar al perjuro imponiendo pena física de reclusión y ayuno o espiritual de excomunión y exclusión de enterramiento en lugar sagrado. Al contrario de lo que ocurre en los territorios hispánicos de esta época, la iglesia anglosajona, surgida tardíamente tras la conversión de los reinos sajones al cristianismo en el transcurso del s. VII, no desarrolla su propio sistema de tribunales eclesiásticos, precisamente porque es la autoridad religiosa la que interviene al lado del juez real, no solo controlando el acto de juramento de las partes y de los cojuradores, sino porque es el órgano que dispone de los títulos de punición del juramento falso aplicando básicamente las penas de sus Penitenciales, consistentes en períodos de ayuno y penitencia que se plasmaba en la excomunión83. Por ejemplo, los penitenciales –El Scriptboc y los Canons of Theodore– sancionan los delitos de adulterio, sodomía, brujería y el perjurio voluntario84, involuntario85 y venal86. En todo caso, la sanción penal quedaba bajo la decisión de la autoridad eclesiástica, que a su arbitrio, decidía el tiempo de “penitencia”.
Nótese, por tanto, que en el Derecho secular desde que aparece el primer Código de leyes de los monarcas anglosajones en el s. VII –the Laws of Æthelberht– hasta mediados del s. IX no existe ninguna alusión normativa con relación al falso testimonio judicial.
Al contrario de los “siglos mudos” en los territorios hispánicos, los monarcas anglo-sajones confeccionaron un copioso cuerpo legislativo, recopilando y actualizando su propio Derecho consuetudinario a partir del s. VII. El poder real empieza a desprenderse de las ataduras de la iglesia tardíamente hacia el s. X, en parte porque ésta también busca fortalecer su posición con su aparato jurisdiccional. El monarca del Altomedievo tardío asume ahora su competencia para controlar el juramento en causa judicial en detrimento de la autoridad eclesiástica. Para garantizar su credibilidad la propia ley regia diseña un formalismo rituario y litúrgico para los cojuradores con una tipología de formatos87 distintos dependiendo del objeto litigioso del proceso88.
Los conjuradores (oath helpers) eran hombres libres del lugar o del distrito judicial (Hundred) en el que se habrían producido los hechos y que habrían tenido conocimiento directo de los mismos o de las circunstancias de la disputa de un derecho89. El número de conjuradores dependía de la relevancia y entidad de la pretensión o de la gravedad de los cargos en causa penal90. Estos testigos de parte lo componían un cuerpo reducido de hombres libres que habían adquirido y acreditado en su comunidad un cierta aura de equidad y solvencia en la resolución de conflictos. Por eso, podían ser propuestos a instancia de parte o convocados por el tribunal (Court). Cuando eran conocedores de la culpabilidad del acusado o de la ilegitimidad de su pretensión aducida no se prestaban a ser cojuradores de parte, obligando de este modo al infractor a que se acogiese al juicio de ordalía.
A partir del siglo X se empieza a construir un régimen sancionador del delito de falsedad testimonial como delito autónomo e independiente de la autoridad eclesiástica. Así. el rey Athelstan, en la primera mitad del s. X, se reserva el derecho a inhabilitar a perpetuidad al testigo falso, mientras que la autoridad eclesiástica se encarga de aplicar la parte espiritual del castigo prohibiendo al convicto que recibiese sepultura en camposanto por invocar la ira de Dios faltando a la verdad jurada, aunque la propia iglesia, a través del obispo del lugar, permite al reo purgar su culpa con pena pecuniaria91. Por su parte, las Laws of King Edward the Elder prescriben que los perjuros o los que prometen bajo falso juramento queden inhabilitados para defender sus derechos y pretensiones por el sistema de apuesta de ley (oath-helping), viéndose obligados al juicio de ordalía92. Las Laws of Edmund incluyen en el mismo “tipo” penal a los perjuros y hechiceros, para los que se dicta pena de excomunión, aunque con opción de arrepentimiento y resarcimiento indemnizatorio93. Las Laws of Alfred encuadran en el mismo grupo a perjuros, hechiceros y adúlteros reincidentes para los que se dispone que allí donde se hallen sean expulsados del reino, y si permaneciesen, se les dé muerte, a menos que se arrepientan y cumplan la pena eclesiástica94.
El régimen sancionador del delito de falso testimonio cambia radicalmente con la invasión y asentamiento escandinavo de Inglaterra en el s. X, especialmente en los territorios ingleses del este en los que se impuso la ley danesa (Danelaw). Estos pueblos invasores germánicos se rigen por su propio ordenamiento jurídico de su lugar de origen. Por eso, cuando finalmente el rey Cnut, bajo el credo cristiano, se hace con el trono inglés en 1017 agrava considerablemente el rigor de las penas y reclama la prevalencia de los tribunales reales sobre los eclesiásticos. Este cambio afectó singularmente a la sanción del delito de falso testimonio, dado que el sistema punitivo anterior de la autoridad eclesiástica (excomunión, ayuno, multas, etc.) es sustituido por la amputación de la mano transgresora del perjuro, la confiscación de la mitad de sus bienes y la inhabilitación perpetua para testificar95. Este régimen sancionador es muy similar al que se ha aplicado en muchos ordenamientos territoriales hispánicos no sólo en esta época, sino también en la Baja Edad Media o en otros pueblos germánicos96.
3. El período bajomedieval temprano
3.1. La regulación en el Derecho hispánico
3.1.1 La adaptación del Liber a los ordenamientos locales.
Los ordenamientos locales del Bajomedievo temprano se limitan a reproducir las disposiciones del Liber Iudiciorum readaptando el régimen sancionador a su costumbre local. Así se justifica que el diverso régimen punitivo surge del distinto grado de antijuridicidad que cada comunidad tiene de este delito y el reproche social de su infractor. Por ejemplo, es posible que en los territorios leoneses se considerase el falso testimonio como un delito de felonía y al testigo falso como un traidor porque lesionaba a la propia comunidad, por eso se le debía desposeer de toda protección jurídica y física, demoliendo su casa97. Otros fueros locales leoneses del s. XII y principios del XIII que se redactaron bajo la influencia del Fuero de León, como los de Castrocalbón98 o Villafranca99 contemplan una “tipicidad” y un régimen sancionador del delito de falso testimonio muy similar100.
La pena de destrucción de la casa del testigo falso convicto debió haberse ejercitado en el Derecho local leonés hasta el s. XIII101 a tenor de la previsión que figura en el Fuero de Puebla de Sanabria de 1220 donde se motiva la corrección de la pena de derribo de la casa ante los posibles daños en las edificaciones colindantes, de ahí que se prescriba que se castigue al falsario con una sanción pecuniaria102; y en cuanto ocasionó un daño a la víctima debe castigársele con pena talional103, pero, además, por faltar al mandato divino y la verdad jurada debe recibir pena corporal (extirpación de la lengua) inhabilitante por perjuro104.
Pese a que es cuestionable que exista una normativa del perjurio que lo contemple como un delito individualizado y autónomo en los ordenamientos hispánicos, lo cierto es que hay indicios de su regulación en el Derecho valenciano, en tanto en cuanto no se castiga el perjurio que no se haya cometido en sede judicial105 y especialmente en los Usatges catalanes, pues éstos incluyen la regulación de los delitos de perjurio (cap. 85) y de falso testimonio (cap. 143) con elementos constitutivos del “tipo” penal diferentes y con distinto régimen sancionador. Si consideramos que los ordenamientos territoriales hispáncos no regulan expresamente el perjurio y el falso testimonio como dos conductas punibles diferenciadas, es posible que las dos disposiciones de los Usatges no se hubiesen aplicado en el mismo momento histórico, antecediendo la regulación del perjurio106, que podría haber tenido un tratamiento autónomo e independiente inicialmente. De ahí que esta disposición del cap. 85 se complete en el siguiente capítulo 86 con la exigencia del juramento para prestar testimonio. Bien es cierto, que hay motivos para pensar que las disposiciones de los capítulos 85 y 143 estuvieron vigentes simultáneamente por ser compatibles en tanto que codificaban conductas delictivas distintas y de desigual gravedad, siendo el perjurio el “tipo” agravado del delito. Sin embargo, admitiendo esta desconexión entre los dos delitos, podríamos intuir que la disposición del cap. 143 pautaría exclusivamente el falso testimonio que no hubiese sido precedido de juramento, empero esta consideración en modo alguno encajaría con la expresión si quilibet...in sacramento comprehendat contenida en dicho precepto. De ello se colige que el falso testimonio depuesto bajo juramento, que es el caso del cap. 143, incluye perjurio, lo que, además, justificaría la sanción de mutilación de la mano transgresora, aquella que se utilizó para colocarla sobre objeto sagrado en el acto del juramento y la extirpación de la lengua no sólo como medio de inhabilitación perpetua, sino como impedimento para utilizarla en nombre de Dios perjurando.
Considerando, por otra parte, que la sanción del perjurio es consecuencia de una declaración falsa prestada bajo juramento, extraña que lo dispuesto en el cap. 85 aparentemente no sancione la declaración falsa, sino el falso juramento, lo que vendría a equipararse a la práctica procesal anglo-sajona del cojuramento de los oath-helpers. Si se acepta que el cap. 85 de los Usatges forma parte de un derecho territorial consuetudinario local antiguo, “un núcleo primitivo” de los Usatges anterior a las leyes de Ramón Berenguer I del $1 0 6 8 ^ { 1 0 7 }$ , es posible que el perjurio se relacionase con el acto de juramento, y no con la declaración que podría haberse limitado también a un tipo de fórmula de cojuramento108.
Repárese, no obstante, que el régimen sancionador de los Usatges mantiene claras similitudes con el Liber Iudiciorum109 y con el Código Teodosiano110. Se establecen presunciones legales –entre ellas, el mayor grado de fiabilidad de los honestiores– y títulos punitivos diferenciados atendiendo al grado de participación en el delito, a los daños ocasionados a la víctima, a las circunstancias del delito y a la condición social del reo (honestior vs. vilior). Se distingue un “tipo” penal básico que sanciona al testigo que jura falso a sabiendas (perjuro), siguiendo la disposición contenida en el cap. 85, con la pena corporal de amputación de mano o pago de una multa de cien sueldos111. De facto, la pena corporal sería accesoria para los honestiores y principal para los viliores. El cap. 143 presentaría el “tipo” agravado para el testigo mendaz que faltaba a la verdad jurada por ruego o por precio, siendo sancionado con la anulación de los instrumentos del mal: amputación de la mano pecadora y la extirpación de la lengua supuestamente infame y perversa112. Además, a estas penas corporales, que no eran redimibles con el pago de una cantidad pecuniaria, se unía la confiscación de los bienes. Por su parte, el litigante inductor también es sancionado con la pérdida de la causa y la confiscación de bienes muebles que se reparten entre el señor y el erario real113. Situación distinta es el resarcimiento de la víctima por parte del testigo falso. De la literalidad del cap. 162 de los Usatges parece deducirse que cuando el testigo faltaba a la verdad sin dolo no tendría que resarcir a la víctima, indemnizándole el lucro cesante cuando testificaba a sabiendas de su falsedad114.
Cuestión más compleja es la “tipicidad” del perjurio extrajudicial. Si nos fijamos en lo dispuesto en el cap. 67 de los Usatges, notamos que se castiga también el perjurio que afecta a la promesa de lealtad, prácticamente con la misma sanción que el perjurio judicial115. Sin embargo, la autoridad eclesiástica fue reticente a este tipo de juramento, prohibiendo incluso al clérigo que prestase juramento de fidelidad a un señor laico116.
Los ordenamientos locales castellanos de este período bajomedieval temprano contienen una regulación escueta referida a los testigos falsos y un régimen sancionador inicialmente exento de penas corporales. Por ejemplo, el Fuero de Zorita de los Canes dictaba para el que juraba o firmaba declaración falsa una pena pecuniaria equivalente al doble del valor de la cuestión litigiosa junto con inhabilitación perpetua para prestar testimonio y publicidad edictal de su infamia117 y, además, pérdida de su oficio, si el infractor fuese juez o alcalde118.
Los fueros locales aragoneses presentan su propia especificidad en el régimen sancionador. Se disponen penas físicas infamantes, como la decalvación en cruces y la marca consistente en la imposición de un badajo ardiente sobre la frente del convicto de falso testimonio119.
Más expeditivos son los fueros locales navarros como el de Viguera y Val de Fu$n e s ^ { 1 2 0 }$ que imponen extirpación de la lengua y pena talional patrimonial. Sorprende el Fuero de Estella de 1164 en el que se dispone que el que acusare de falso testimonio y no pudiera probarlo, compensaría a la víctima también con pena talional patrimonial y su corpus sit in arbitrio Regis121. Lo cierto es que esta sanción sería equivalente al membrum et vita del derecho penal medieval inglés, un título de punición que irrogaban los delitos de felonía y traición, para los cuales, atendiendo a las circunstancias del delito y la condición social del reo, el juez, a su arbitrio, podía disponer que se castigase con la mutilación de alguno de sus miembros o con la pena capital del convicto. No obstante, una disposición relativa al falso testimonio prácticamente idéntica a la del Fuero de Estella se halla en el Fuero de San Sebastián, dado por el rey D. Sancho el sabio de Navarra hacia el año 1150. Cambia, no obstante, la locución, corpus sit in arbitrio Regis, que figura en el Fuero de Estella por la de in mercede senioris, terruerit122 que se estampa en el Fuero de San Sebastián, lo que vendría a interpretarse que al convicto de falso testimonio se le aplicaría pena arbitraria de tormento.
No debía ser tarea fácil demostrar la deposición falsa de testigo123 a la luz de la previsión que figura en el Fuero de San Sebastián, dado por el rey D. Sancho el sabio de Navarra hacia el año 1180, según la cual se requerían supuestamente el testimonio unánime de diez testigos para probar el falso testimonio124. Además, el que alegaba falsedad podía verse abocado a ser imputado también de falsedad y recibir la pena de falsos, si no pudiese probar la acusación aducida125.
3.1.2. La configuración del delito en el Ius Commune.
Los glosadores (siglos XII-XIII) anteponían las prescripciones del Ius Commune a las de los iura propria, pero como juristas no tenían capacidad legislativa directa, de modo que su labor fue la de adaptar, actualizar o suplir las lagunas de los iura propria con los nuevos principios del Ius Commune. En gran medida, los ordenamientos locales no desaparecen, sino que se integran dentro del sistema general romano-canónico o adquieren un carácter subsidiario. Lo cierto es que el Ius Commune se incorpora a la actividad legislativa, principalmente en los territorios de la Corona de Castilla en el ámbito civil, pero también en el penal en el transcurso del s. XIII. De modo que la regulación del delito de falsedad testimonial va a sufrir cambios importantes en los nuevos textos normativos surgidos de la conjugación de los los principios inspiradores del Derecho romano-canónico.
El poder regio trata de incorporar nuevos títulos de punición a este delito siguiendo los postulados de un nuevo derecho castellano impregnado de la tradición romanocanónica. Así, el Fuero Real126, pese a que algunas poblaciones lo adoptaron como derecho local, se convirtió en Derecho de Castilla y en él se contemplan distintas disposiciones relativas a este delito. Se disponía que el que faltase a la verdad dolosamente y a sabiendas de causar un perjuicio ajeno en causa civil se le impondría la pena talional, –que, por su difícil cuantificación, especialmente en relación al lucro cesante, solía ser arbitraria127– aunque el mismo Fuero Real también prescribe la pena infamante de incapacitación perpetua para ser nuevamente testigo y la pena corporal de extracción de dientes128. Con el fin de lograr una mayor cohesión en la aplicación de un derecho penal “general” o territorial, Fernando III ordenó a algunos concejos de la corona de Castilla para que erradicasen el delito de falsedad testimonial, dado que ponía en riesgo la estabilidad de las relaciones jurídicas, y dictando que se impusiese también la pena corporal de extracción de dientes a los que juraren y atestiguaren en falso129, lo que se interpretaba que debían abandonar su régimen sancionador local.
También el Ius Commune readapta los aspectos procesales de los ordenamientos locales, dando a la prueba testifical un valor esencial, regulando para ello procedimientos para su práctica. El Fuero Viejo de Castilla, por ejemplo, en relación a una causa civil, dispone que “Si un ome demanda a otro (...) deve sacar pesqueridores antel Alcalle, e despues nombrar los testigos, e este juicio deve valer”130. Además, se especifica que el derecho o interés “devegelo probar con vecinos de su vecindat”. Asimismo, “si es pleito de eredat, a menester cinco testigos, e si es mueble, a menester dos testigos, e cumpre con ellos”131.
También el Ius Commune formaliza el acto del juramento como un requisito procesal132, de suerte que empiezan a figurar explícitamente, en aquellas fuentes normativas que han experimentado la influencia romano-canónica, expresiones del “tipo”: despues que iurare133 o fore prouado aura iurada falsa iura134. El Fuero Real dispone expresamente que “ningún ome sea rescebido en testimonio si non jurare”135, e incluso en Las Partidas, siguiendo la técnica procesal del Derecho romano-canónico, se establece un procedimiento del acto de juramento para cristianos, judíos y moros136.
El acto de juramento es previo a la deposición de testimonio137, por eso las partes puedan acordar que se dispense de juramento al testigo138. Ateniéndose a esta última disposición, todo parece indicar que el texto Alfonsino no preveía reproche penal para el testigo que faltaba a la verdad si no había previamente jurado139. Pero a diferencia del derecho visigodo (el Liber), las Partidas integran el perjurio en el delito de falso testimonio cuando el testigo prestaba juramento. Caso distinto era el inductor o sobornador, que, pese a no haber prestado juramento, era sancionado con la misma pena que el autor material de la falsedad en el Derecho territorial castellano y vasco siguiendo el precedente romano.
Nótese también que, tras la Recepción, la noción jurídica de falso testimonio evoluciona140 paralelamente al desarrollo del concepto de justicia en el ámbito doctrinal, por eso se avanza en la acotación del bien jurídico protegido. Mientras que los ordenamientos locales de los siglos XI-XII se limitaban en general a recoger la sanción que debía aplicarse al que firmaverit, aut iuraverit141 un testimonio falso, los textos jurídicos del ámbito territorial castellano del s. XIII amplían el ámbito objetivo del delito de falso testimonio incluyéndose la verdad silenciada142, la declaración por exceso afirmando más de lo que se sabe143 o la declaración falsa por precio o malquerencia144. Así, siguiendo la doctrina de los jurisconsultos del Bajo Imperio romano, la naturaleza jurídica del delito se asienta en las notas de falsedad y mutación dolosa de la realidad. En las Partidas, por ejemplo, es sujeto del delito quien declara falsedad, quien “da precio a otro” para que no declare la verdad “de lo que sabe” o para no dar testimonio, o quien alecciona a los testigos para que declaren falsedad o encubran o nieguen la verdad145.
Sigiendo también la jurisprudencia de los juriconsultos del Bajo Imperio romano, la “tipicidad” se constituía mediando dolo, pero no necesariamente con perjuicio ajeno. Las recurrentes expresiones, “a sabiendas”146, “non dixo que lo sabía”147, no nos aclaran si se refiere al hecho de que el testimonio emitido contrario a la verdad o alterando la verdad de lo percibido de forma instintiva sin ánimo doloso carece de reproche penal, o si por el contrario, si el dolo conlleva necesariamente una conducta que tenga un destinatario al que se le causa un perjuicio. El Fuero Real vincula el falso testimonio a la deposición realizada “contra otro” (una de las partes en la cau$\mathrm { s a } ^ { 1 4 8 }$ ). En todo caso, también en el propio Fuero Real hallamos prescripciones del “tipo” genérico como “Todo ome que dixere falso testimonio”149 y en las Partidas es significativo que se podría actuar de oficio “si fallase algún testigo por falso en el testimonio que diere”150 sin que se especifique la exigencia de perjuicio ajeno.
Otro elemento constitutivo del “tipo” que acaba fortaleciéndose con el Ius Commune es la realización efectiva o la consumación de la conducta transgresora. Se ha puesto de manifiesto que en el derecho histórico medieval (y moderno) la pena se determina para hechos delictivos que reúnan los elementos constitutivos de “consumación perfecta cometida con ánimo doloso”151. Acotando esta presunción al delito de falsedad testimonial, observamos efectivamente que se repiten en las fuentes hispánicas medievales locales y las de ámbito territorial o general de cada reino expresiones perfectivas, que ya figuraban en los textos bíblicos152 como “fuere fallado”153, “fuere probado”154, “fuer probado”155, “le pudieren provar que firmó mentira”156, etc. También el conato o la tentativa de falso testimonio podía integrarse en el “tipo”. Aunque en el Derecho histórico la ley penal “describe” y sanciona “el crimen perfecto”157, y no “situaciones intermedias o ejecuciones imperfectas”158, no es óbice para que el juez imponga pena arbitraria para el conato o la tentativa de delinquir en atención a la “cualidad del conato” o la gravedad del delito que se pretenda cometer.
3.2. La desaparición de la prueba testifical en el proceso judicial inglés.
Enrique II en el s. XII impulsó un procedimiento de resolución de conflictos civiles, por el cual doce hombres libres recibían el encargo de indagar, esclarecer, presentar y evaluar los hechos. En este nuevo contexto judicial, los miembros del jurado son los encargados de obtener las pruebas y de indagar sobre hechos acaecidos con los medios a su alcance. Para ello se podrían desplazar incluso al lugar de la comisión del delito para interrogar a los posibles testigos del acto delictivo o de la controversia en litigio. El virtual testimonio falso depuesto por estos lugareños, testigos directos de los hechos, ante los pesquisidores o miembros del jurado en sus lugares de residencia o trabajo no constituía ningún delito, pues su declaración no se había prestado en sede judicial bajo juramento.
Lo relevante, a efectos de este estudio, es que los miembros del jurado son ahora los testigos159 –indirectos– y los jueces de los hechos160, y en consecuencia, los únicos sujetos de un potencial delito de falsedad testimonial en su explicación y presentación de las pruebas en juicio. Por tanto, la conducta constitutiva de falso testimonio se produce en realidad en una fase preprocesal, en el curso de la averiguación de los hechos que torticeramente conducen a un verdicto falso.
El poder regio no reguló con una ley específica (Statute) el delito de falsedad testimonial de los miembros del jurado, considerando que las previsiones del Common Law eran suficientes para atajar el improbable delito de personas libres161, dado que no se esperaba de todos ellos connivencia para pronunciar un veredicto con aportación de pruebas falsas. Lo cierto es que, en aplicación del Common Law, si se demostraba que los miembros del jurado habían sido conniventes en dictar veredicto contra la realidad de los hechos, se les sancionaba con la pérdida de la protección jurídica de hombres libres (amittere liberam legem162). Este castigo de degradación al acatamiento de la justicia de los villanos acarreaba la pena de infamia –inhabilitación para ejercer de miembro de un jurado o de testigo en causa judicial– confiscación perpetua de bienes muebles e inmuebles, desprendimiento de su raíz de todos sus sembrados y árboles, demolición de sus casas163 y a todo ello se unía la pena de prisión164.
Por su parte, el Britton, compendio del Common Law de la segunda mitad del s. XIII, equiparaba el delito de falsedad de veredicto del jurado con el delito de homicidio alevoso y premeditado sancionado con la pena talional corporal o capital a la que habría sido condenada la víctima como consecuencia del veredicto falso165. Por otra parte, el Common Law sancionaba como un supuesto agravado el veredicto pronunciado mediando dádiva o soborno166. La revisión del veredicto requería en todo caso el nombramiento de un nuevo jurado, esta vez compuesto por 24 miembros167, que podía anular el veredicto de los 12 miembros anteriores168.
La pugna jurisdiccional entre los tribunales eclesiásticos y la jurisdicción real para enjuiciar el delito de perjurio persiste en los territorios ingleses en los siglos XII y XIII. Considerando que en el acto de juramento la persona empeñaba su fe de salvación dando en prenda su cristiandad a la autoridad divina, sólo a los representantes de este poder eterno le correspondía la sanción de aquellos que quebrantaban la fe jurada, así como la gestión de su arrepentimiento a que todo hombre tenía derecho169. El conflicto de foro se agrava principalmente por la impunidad de los hombres de iglesia y la atenuación progresiva de las penas en los tribunales eclesiásticos pasando de la excomunión y/o la exclusión de enterramiento en lugar sagrado a la simple inhabilitación perpetua para prestar juramento ante los tribunales eclesiásticos170.
Las Constituciones de Clarendon de 1166 dan impulso a la justicia real para reclamar su competencia para juzgar las infracciones graves cometidas por clérigos que hasta entonces estaban sólo sujetos a la jurisdicción eclesiástica que preveía para los ellos castigos de escaso rigor punitivo como la flagelación, multas, excomunión o pérdida de hábitos. Las Constituciones de Clarendon determinan que el clérigo sea juzgado ante los tribunales eclesiásticos para que dirimiesen sobre su culpabilidad. Si el clérigo era culpable, el propio tribunal eclesiástico lo despojaría de sus hábitos, al tiempo que el oficial de la justicia real, presente en la causa, lo conduciría a los los tribunales del rey, de modo que el acusado, ya desposeído de sus hábitos, podía ser juzgado y sancionado por su delito como un convicto laico171. No obstante, la iglesia se opuso a esta doble condena por el mismo delito, exigiendo que la “degradación”
fuese castigo suficiente para el primer delito, lo que se conoce como “beneficio del clero”.
El conflicto jurisdiccional de foro tuvo especial incidencia en asuntos de deudas y transacciones de bienes172. El contrato era un acto de fe jurada, conque el incumplimiento contractual se convertía en causa fidei laesionis seu perjurii y, en consecuencia, el tribunal eclesiástico demandaba su competencia173. Sin embargo, el poder real se impuso y en las Constituciones de Clarendon de 1164 se dictó que los “placita de debitis, quae fide interposita debentur, vel absque interpositione fidei, sint in justitia regis”174. Un siglo más tarde Enrique III fue más contundente y dictó un Decreto en 1247 prohibiendo a la jurisdicción eclesiástica enjuiciar asuntos “de catallis et debitis, nisi sint de testament vel matrimonio”175, pese a que el foro eclesiástico seguía considerándose competente para dirimir super perjurio et fides laesione en causas civiles176.
Pese a la reiterada oposición de la jurisdicción eclesiástica a ser desplazada de su competencia para juzgar de peccatis aut excessibus subjectores sicut de perjurio, Enrique III en el año 1260 dispuso que su jurisdicción conocería del delito de perjurio177. Aun cuando este conflicto de foro tuvo su mayor acritud a mediados del s. XIII, parece que se impuso un cierto consenso, que pervivió hasta finales del s. XV, en virtud del cual la jurisdicción eclesiástica seguía conociendo causas de fides laesionis et perjurii de menor cuantía en juicios sumarísimos en los que se imponía la pena de pago de la deuda pendiente sub pena sententiae excommunicationis178.
4. El período bajomedieval tardío
4.1. Configuración del “tipo” penal y régimen sancionador en los ordenamientos locales y territoriales hispánicos.
En el Bajomedievo tardío, los comentaristas del Ius Commune, como Bartolo de Sassoferrato, interesados en resolver cuestiones litigiosas planteadas en la práctica judicial, revirtieron la preeminencia del Ius Commune de los glosadores de los siglos anteriores (XII-XIII) y aplican ahora en los siglos XIV y XV el principio ubi cessat statutum, habet locum ius civile. En consecuencia, el ius municipale, especialmente cuando éste se integra en el seno del derecho territorial “general” recopilado de uno reino, se revitaliza en la Baja Edad media tardía, de suerte que en caso de conflicto entre el Ius Commune y los ordenamientos municipales o territoriales, prevalecerá la norma estatutaria local o la territorial recopilada. En todo caso, si la norma estatutaria no daba respuesta satisfactoria a la cuestión debatida, el Derecho común suplía estas deficiencias, convirtiéndose ahora en norma supletoria. En este contexto, el delito de falsedad testimonial va a tener acogida en los ordenamientos territoriales con su propia regulación sustantiva, procesal y con su propio régimen sancionador.
Cabe reseñar, en primer lugar, que el delito de falsedad testimonial en cuanto que afectaba a la esfera privada, su persecución se efectuaba a instancia de parte179, aunque ya se empiezan a introducir nuevas vías de incoación de un proceso para dirimir un caso de falso testimonio. En efecto, algunos ordenamientos locales del siglo XII como el de Uclés o el de Viguera, o el de Usagre en s. XIII hacen referencia a la potestad de la autoridad judicial para ordenar su persecución180, siendo más patente, no obstante, en los ordenamientos de ámbito general territorial castellano, por ejemplo, en las Partidas181 o en la Leyes del Estilo182.
Si no se abría un nuevo proceso a instancia de parte, habrá que entender que el juez, a su arbitrio y en base a simples indicios183, determinaba que el testigo declaraba una falsedad. Montalvo, ya en los albores de la Edad Moderna sostenía que el juez sólo estaba habilitado para actuar de oficio cuando en el transcurso de un proceso detectase la falsedad imponiéndole al testigo la pena de falso en el mismo proceso principal, porque al terminarse el proceso sólo cabía entablar acción a instancia de parte184. Los comentaristas de las Partidas185 también divergen respecto a la competencia del juez que ha de dirimir un supuesto en el que el testigo depuso su declaración falsa ante un juez comisionado en otra localidad distinta a aquella en que se enjuicia la causa principal. Gregorio López, al contrario de Baldo186, considera que tanto el juez de la causa principal como el comisionado son competentes para enjuiciar y sancionar a los testigos ...que fueren aduchos ante ellos187. Aun así, surge el problema de qué pena ha de imponer el juez comisionado. Pues bien, habrá que entender que si se aísla al testigo para su sanción de la causa principal, solo le podría imponer pena extraordinaria o pena arbitraria188.
Algunos fueros vascos, sobre los cuales el Derecho castellano irradió su influencia, especialmente en el régimen sancionador, también contemplaban la persecución de oficio, puesto que regulaban un procedimiento especial al efecto189, determinándose expresamente que el juez no puede “entender” ni “proceder” “contra el tal Testigo, salvo durante el Pleyto, en que depuso el Tal Testigo, et no depues de sentenciado (el pleito): Salvo si antes de la Sentencia comenzare a proceder contra el dicho falso Testigo”, pues en este caso, se puede enjuiciar al acusado de falso testimonio “en todo tiempo”, esto es, antes o después de haberse dictado resolución de la causa principal190.
Como se ha reseñado, al inicio de este epígrafe, los ordenamientos municipales y territoriales –generales– de cada reino adquieren carácter preferente de aplicación en la Baja Edad Media tardía frente al Ius Commune que se utiliza como norma supletoria. Pues bien, a continuación haremos una breve revisión del régimen sancionador de este delito en los diferentes territorios hispánicos.
Los ordenamientos de ámbito general castellanos mantienen la pena talional cuando el testimonio falso provoca la imposición de una pena corporal o capital a la víctima, castigo que habría de recaer también sobre el testigo falso si la sanción ya se hubiere ejecutado en la persona del reo191, incluso, a inicios de la era moderna las Leyes de Toro, también preveían esta pena talional aunque la condena no se hubiese ejecutado en la víctima, pues, por el falsario, “no quedó de dársela”192, ni de contravenir y menospreciar las “buenas costumbres y la autoridad judicial”193. En el Espéculo, –todavía poco romanizado– a la pena talional se acumulaban sanciones del Derecho propio como la imposición en la cara en sitio visible de una marca infamante a hierro candente, junto con la inhabilitación perpetua194. Por su parte, el Fuero Real configura un régimen sancionador talional, inhabilitación y pena corporal de extracción de dientes195 y que se extiende a los territorios vascos196. Estas penas físicas (marcado o extracción de dientes), procedentes de la costumbre local, se imponen sólo al falsario perjuro, porque la falsedad no jurada se castiga sólo con pena talional compensatoria. Sin embargo, las Partidas, diferenciando causa civil y penal197, sancionaban al infractor con pena dineraria de cuantía fija y variable quedando al arbitrio judicial cuantificarla apreciando el daño causado y el lucro cesante198. Se abría así una larga tradición punitiva de este delito asentada en el arbitrium iudicis.
Igualmente, las Leyes del Estilo sancionaban el delito de falso testimonio con pena arbitraria que el Alcalde aplicaría “según su albedrío” si se probase que el testigo había actuado mediando dádiva o soborno199. Curiosamente en la Ley 115 se diferencia el delito de falso testimonio y de perjurio, estableciéndose que, para el caso de perjurio, el Alcalde, según su albedrío, podía imponer de oficio, sin petición de parte, la pena de falsos200.
En el Derecho territorial navarro-aragonés el falso testimonio se sanciona con el destierro, –cuyo ámbito de exclusión territorial varía según las fuentes normativas– y la pena infamante de inhabilitación201. El exilio ya figuraba en algunos fueros locales, como el de Alfambra del s. XII. Era un destierro de carácter temporal, a veces limitado a los días en que se prohibía jurar202. No obstante, se mantiene, con arraigo en la costumbre, la marca infamante de decalvación en cruces e impresión de señalamiento con el badajo candente de una campana203.
En el Derecho de Navarra, el Amejoramiento de 1331 se aleja del Derecho castellano cuando dispone que se endurezcan las penas existentes para el testigo falso (decalvación en cruces, impresión de marca y destierro) dictando la horca en causa criminal y mutilación de lengua en causa civil204.
Otras fuentes de ámbito local, como el Ordenamiento sobre administración de justicia otorgado a Sevilla en 1360 por Pedro I, establecen penas de carácter recaudatorio para aquellas personas que incurran en falso testimonio y “que el derecho pone como honradas” y de los que se presupone que pueden pagar la cuantía fija de “seiscientos maravedís”205. Este tipo de pena pecuniaria como instrumento recaudatorio para el testigo falso la dispuso también el Rey Alfonso XI ordenando que se ingresase en la Cámara del Rey las multas por la pena de quien jurase en falso sobre la Cruz y los Santos Evangelios206.
En el Derecho de valenciano, hasta el reinado de Jaime I, se sancionaba al autor material del delito de falsedad testimonial con pena talional –compensando a la víctima con el daño efectivo sufrido– junto con el abono de otra cantidad igual para la Curia; penas éstas que se acompañaban con la inhabilitación para prestar testimonio207. Esta regulación tenía dificultades en su aplicación en los casos en los que el infractor careciese de recursos, por eso en el propio reinado de Jaime I se añadió una nueva disposición por la que se establecía –para los infractores que no podían compensar en su totalidad a la víctima y a la Curia– una pena subsidiaria, consistente en las penas físicas de perforación de la lengua con hierro ardiente y de azotes por las calles de la ciudad208. Iguales penas habrían de ser aplicadas para el inductor o el sobornador209. Jaime II en 1301 mantiene estas sanciones, añadiendo la pena corporal de mutilación de mano y de lengua210 para el supuesto en que se hubiese ejecutado pena corporal a la víctima del falso testimonio. Finalmente, las penas se acaban endureciendo en el transcurso del s. XIV, de modo que una Constitución otorgada por Jaime III en 1336 dispuso que el falso testimonio depuesto en causa civil se sancionase con amputación de la lengua y destierro perpetuo y en causa penal, independientemente de la suerte que le hubiese ocurrido al reo, se castigase con la pena capital211.
En suma, en el Bajo Medievo tardío, es recurrente la pena física (extirpación de lengua, extracción de dientes, enclavado de lengua, decalvación) junto con la inhabilitación para ser nuevamente testigo en la mayoría de los fueros municipales y territoriales hispánicos. No obstante, cada territorio aplicaba sus propios castigos físicos. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, la extracción de dientes se aplica esencialmente en los territorios castellanos y vascos. Nótese, sin embargo, que cuando las Partidas se imponen en los diferentes territorios, la sanción del testigo falso queda al arbitrio del juez212.
4.2. El perjurio de los miembros del jurado en los territorios ingleses.
Al contrario de los territorios hispánicos, en el Bajomedievo tardío el monarca inglés imparte la misma justicia regia en toda Inglaterra a través de sus jueces reales itinerantes, quienes armonizan la aplicación de la ley regia con el uso y el precedente judicial en cada distrito judicial (Hundred), creándose de este modo las bases del Common Law. En este nuevo contexto judicial basado en la costumbre y en el precedente contencioso, el Common Law disponía de instrumentos de derecho sustantivo y rituario para sancionar el perjurio sin necesidad de que el Parlamento tuviese que promulgar una ley (Statute) específica para atajar el delito.
El compendio normativo Mirror of Justices sigue considerando el perjurio judicial y el que quebranta la promesa jurada de lealtad213 como un pecado que atenta esencialmente a la autoridad divina. En causa penal el perjurio es un delito unemen$d a b l e ^ { 2 1 4 }$ que entra en la misma categoría penal del homicidio alevoso, merecedor de la pena capital, si, como consecuencia de la actuación falsaria, se condena y ejecuta al reo inocente215. Si éste no fuese condenado a muerte, el perjuro sufriría el castigo de demolición de su casa, el exterminio de sus sembrados y bosques (sin confiscación) y destierro temporal o perpetuo216. En causa civil, el falsario sería sancionado con pena corporal de mutilación, que podía evitarla con el pago de una multa y con la reparación plena de la víctima del perjurio217.
Recordemos que el perjurio judicial quedaría restringido a los miembros del jurado que, en el ejercicio de sus funciones, hubiesen aportado pruebas falsas o dictado veredicto falso. Es sabido que en el Bajomedievo el falso testimonio del testigo u observador directo de los hechos en el transcurso de un proceso, generalmente en la fase preprocesal o de instrucción, no tendría sanción penal en el Common $L a w ^ { 2 1 8 }$ .
En este contexto bajomedieval en el que delito y pecado se confunden es natural que perviviese el conflicto jurisdiccional entre el poder real y el eclesiástico. Sin embargo, de forma más o menos pacífica el juez real se consideró competente para enjuiciar aquellos supuestos en los que la voluntad de los miembros del jurado estaba viciada por dádiva, enemistad o promesa, pues, aun siendo un pecado por faltar a la verdad jurada, también era un delito público219, en cuanto que se ofendía a la comunidad. Esta nueva concepción del bien jurídico protegido ante la actuación del falsario adquiere sustantividad aún a partir del s. XVI, coincidiendo con una ampliación del ámbito objetivo y subjetivo del delito de falso testimonio en los territorios anglosajones, especialmente con la promulgación de la ACT for the Punyshement of suche persones as shall procure or commit any wyllfull Perjurye220 de 1563 que viene a complementar la regulación general del Common Law. Con esta Ley comienza a configurarse el falso testimonio como un delito contra la Administración de Justicia mucho antes que en los ordenamientos continentales. Así, ya Pollock y Maitland221, en referencia al s. XIII, incluyen al perjurio entre los delitos de transgresión (trespass) fraudulenta “of the machinery of the law” y William Blackstone222 en el último tercio del s. XVIII incluye el perjurio bajo la rúbrica “Of offences against public justice”.
Obvia reseñar que el “tipo” penal de perjurio requería la exigencia de juramen$\tan ^ { 2 2 3 }$ . Como sostiene algún autor, en los tribunales ingleses no se daba crédito a ninguna persona, por muy alto rango social, moral o noble del que fuese acreedora, si no prestaba juramento224. Sólo se excluía de la obligatoriedad del juramento a aquel testigo que acudía a juicio, generalmente a instancia de parte o del jurado, de modo que su potencial declaración falsa ya no entraría en la categoría de delito perjurio, sino de delito menor (msdemeanour)225.
Como es obvio, otro de los elementos definitorios de la “tipicidad” era el dolo que se recoge en el aforismo reiterado en la doctrina de la época moderna: “a vicious act requieres a vicious will”. Por eso, para tipificar el falso testimonio como delito deben coexistir dos elementos: una declaración voluntaria y libre hecha por un testigo en proceso judicial bajo juramento a sabiendas de que su declaración es falsa226. Esta configuración del perjurio la resume con gran precisión Fletcher cuando lo define: “perjurium est mendacium cum iuramento”227. Ya en el s. XVII, Edward Coke mantiene este principio básico de que el delito sólo existe cuando el testigo depone a sabiendas testimonio falso en causa judicial y en asunto al que el testimonio afecta directamente228.
Respecto a la consumación del delito, la práctica forense se basa en el aforismo jurídico, “actus non facit reum nisi sit rea”. El adagio se remonta en la tradición anglo-normanda a las Leges Henrici Primi229 en el s. XII, aunque Pollock y Maitland sostienen que ya S. Agustín, al referirse al falso testimonio, lo había enunciado cuando dice “ream linguam non facit nisi mens rea”230.
Para observar el grado de percepción de la sociedad y de las instituciones de la antijuridicidad de este delito habría que acudir a la práctica judicial de la época. De forma muy fragmentada, hemos observado que los Year Books registran 22.318 causas de la Curia Central de Westminster (Common Pleas Court) entre 1268 a 1525. En sólo 18 causas figura la acusación de parte de perjurio y 201 litigios de acusación de falso juramento (false oath). Sin embargo, no existe ninguna causa principal, iniciada en proceso separado, por false oath o perjury231, aunque se instruyen causas en las que se debaten resoluciones judiciales injustas o de prisión improcedente como consecuencia de un veredicto falso. En estos casos implícitamente se cuestionaba el posible perjurio de los miembros del jurado. Hemos de concluir, pues, que la persecución del perjurio tuvo que ser muy limitada, además, a instancia de parte con el riesgo de que el denunciante, si no lo probaba, sería acusado de denuncia y acusación falsa. De ahí que habría que convenir con Pollock y Maitland cundo afirman, en referencia a todo el Medievo inglés: “our ancestors perjured themselves with impunity”232.
5. Conclusión.
El régimen jurídico del delito de falso testimonio en la época visigótica se establece en el Liber Iudiciorum que regula un “tipo” básico (declaración falsa voluntaria) y un “tipo” agravado para el falsario que actúa por inducción, siguiendo los elementos constitutivos del ilícito previstos ya en la Lex Romana Visigothorum, que, a su vez, integra las notas definitorias del “tipo” descritas por Paulo en el Bajo Imperio romano (falsedad manifiesta y dolo). El bien jurídico protegido es el interés de la víctima vulnerado o puesto en riesgo, pues, el falso testimonio se concibe como una violación que afecta a la esfera privada y, por tanto, sólo a instancia de parte se ha de perseguir. El Liber no contempla sanciones corporales, optando por la confiscación, inhabilitación para deponer nuevo testimonio y degradación a la condición de siervo de la víctima para el infractor que no pudiese resarcir. En este primer subperíodo – Altomedievo temprano–en los territorios anglo-sajones, hasta comienzos del s. VII no se inicia la actividad de codificación y recopilación escrita del derecho regio.
Existe evidencia de que el documento privado no se incorporó al tráfico jurídico hasta los albores de la Baja Edad Media, de modo que los derechos y privilegios, los acuerdos entre particulares o clanes, las deudas contraídas, etc. se acreditaban en juicio por medio de testigos de parte (oath-helpers). El instrumento punitivo que reprimía la conducta de un testigo falso era la venganza de sangre (blood-feud) o la exclusión social del clan junto con la confiscación de su patrimonio (outlawry).
Por su parte, el Derecho conciliar canónico mantenía su propio régimen jurídico con las notas distintivas del “tipo” penal diseñadas por los jurisconsultos del Bajo Imperio romano y el Derecho justinianeo. El régimen sancionador se circunscribía a la pena de excomunión temporal o perpetua y la exclusión del clero como prescripción de carácter general. La autoridad eclesiástica, a su arbitrio, impone el tiempo por el que se dicta la sanción. Se abre paso así al arbitrio judicial derivándose siglos más tarde al Derecho secular (véase las Partidas) tras la recepción del Ius Commune.
Por lo que respecta Altomedievo tardío posvisigótico, los territorios hispánicos reconquistados aplicaban su propio derecho local para la regulación de este delito, basado en la costumbre, aunque el Liber pervive readaptándose a la costumbre local. Pese a la incertidumbre del cauce procesal de este delito –juicio compurgatorio, duelo judicial u ordalía–, es posible que el inculpado noble se habría acogido al riepto, mientras que el infractor de baja condición social optaría por la ordalía, si no encontraba testigos que avalasen su inocencia para defenderse en un juicio compurgatorio. En cambio, en los territorios ingleses del Altomedievo tardío prevalecía el juicio compurgatorio de conjuradores. Estos testigos de parte no testificaban sobre lo que habían visto y oído, sino que se limitaban a dar fe de la veracidad de lo declarado por la parte en juicio. Por tanto, la potencial “falsedad testifical” no constituía un delito de falso testimonio, en tanto que no existía una declaración del testigo, sino una violación del juramento sagrado. En este contexto, faltar a la verdad jurada era simplemente un acto de perjurio, de ahí que la autoridad religiosa controlase el acto de juramento de las partes y de los cojuradores y, a diferencia de las fuentes normativas hispánicas, el poder eclesiástico se arrogaba los títulos de punición del juramento falso aplicando básicamente las penas de sus Penitenciales. Así pues, el juez real juzga y sentencia y la iglesia gestiona la pena (reclusión, ayuno, excomunión o resarcimiento pecuniario). Tras la invasión escandinava en el s. X se incorporan nuevos instrumentos legislativos y títulos punitivos, que afectan a la regulación del delito de falso testimonio, incidiendo de forma especial en el régimen sancionador, al incorporase a la tipología de penas la mutilación de miembro, en este caso, la mano transgresora que se había posado sobre objeto sagrado en el acto de juramento.
En el Atomedievo tardío, la Iglesia hispánica era incapaz de establecer una legislación uniforme en los territorios reconquistados. La autoridad eclesiástica local se regía fundamentalmente por la costumbre, por los textos conciliares o por el $L i ^ { \mathbf { \partial } }$ - ber para la regulación sustantiva y procesal del delito de falsedad testimonial. Para uniformar la regulación de este delito, la Iglesia optó, en el Concilio de Coyanza de 1055, por la aplicación de las disposiciones del Liber Iudiciorum.
Los territorios hispánicos del Bajo Medievo temprano y tardío se dotan de sus propios fueros municipales y prácticamente en todos ellos se recoge una regulación del delito de falso testimonio. Tras la recepción del Ius Commune se van imponiendo nuevos instrumentos normativos con alcance territorial más extenso y con mayor grado de irradiación hasta el punto de que el Ius Commune adquiere carácter preeminente especialmente en la segunda mitad del XIII, sin embargo en los siglos.
XIV y XV los fueros municipales y territoriales recuperan vitalidad, al menos en la regulación de este delito. Por su parte, el Decreto de Graciano, seguido de las Decretales de Gregorio IX, recuperan la tradición canónica alejándose del Liber a partir de mediados del s. XII.
El juramento previo a la deposición se considera, en general, un requisito procesal de carácter invalidante. No obstante, el juramento se entiende como una formalidad solemne, de modo que el que falta a la verdad jurada, no es sancionado por perjuro, sino que la “tipicidad” irroga de la declaración falsa y sus efectos. Bien es cierto que el perjurio se subsume e irroga de la falsedad jurada.
En el ámbito hispánico, la prueba testifical es el elemento nuclear del proceso, de modo que el testimonio es la fuente de la evidencia. En cambio, en los territorios ingleses del Bajo Medievo, los testigos de parte y los cojuradores desaparecen del contexto judicial, su testimonio tendría carácter preprocesal y su potencial falsedad quedaría exenta de responsabilidad. Los miembros del jurado son ahora los pesquisidores y los encargados de obtener las pruebas interrogando, sin ningún tipo de solemnidad o juramento, a los testigos directos de los hechos en sus lugares de residencia o trabajo. En consecuencia, no existe en todo el período bajomedieval inglés prueba testifical, de modo que el perjurio se restringe a los miembros del jurado, en tanto en cuanto hubiesen dictado un veredicto falso. Las previsiones del Common Law eran suficientes para atajar el improbable delito cometido de forma unánime por 12 personas libres, que de producirse, se integraba en el grupo de delitos no resarcibles, entre los que se hallaba el homicidio alevoso, sancionados con la pena talional corporal o capital a la que había o habría sido condenada la víctima como consecuencia del veredicto falso.
Quedan notas distintivas de la “tipicidad” que no hemos podido descubrir en la época objeto de estudio. Creemos que no existen, ni en las fuentes normativas hispá- nicas ni en las inglesas, títulos de punición de la falsedad inocua, de modo que el juez podría haber actuado a su arbitrio –cuando no existía dolo directo– eximiendo o atenuando la responsabilidad de los testigos cuando declaraban una verdad inverosímil o quimérica en todo distinta a la realidad material sin intención de causar perjuicio ajeno; cuando la declaración falsa no afectaba a cuestiones esenciales y transcendentales del proceso; o cuando el testigo declaraba falsamente por miedo insuperable.
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