La gestión del patrimonio en el ámbito rural: el caso celtibérico.
Marta Chordá1 y María Luisa Cerdeño2.
Recibido: 20/01/2021 / Aceptado: 16/08/2021.
Resumen. El Patrimonio Cultural ubicado en zonas rurales comparte los mismos problemas que el resto, con el factor añadido del olvido y, como consecuencia, del abandono. Sin embargo, constituye un campo de acción, reflexión y dinamización cuya pérdida no puede permitirse en el actual contexto de crisis. Es el caso de los territorios interiores, especialmente los coincidentes con los límites de la Celtiberia histórica, que se han convertido en la zona cero de la despoblación en Europa. Ello supone un grave problema socioeconómico, así como una desprotección sin precedentes del paisaje, con la pérdida de los bienes patrimoniales allí conservados. El Patrimonio Rural es variado: arqueológico, etnográfico, inmaterial y natural, pero los proyectos iniciados hace años ya no son sostenibles por falta de inversión pública y también por el exceso de expectativas en el binomio patrimonio-turismo. El análisis de la actividad científica y arqueológica en las zonas rurales bajo la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible abre las puertas para retomar estos esfuerzos por parte de los agentes sociales. En este artículo se hace un recorrido por la situación actual de ese patrimonio y su investigación, señalando las amenazas a las que se enfrenta y también las oportunidades de futuro. Palabras clave: Patrimonio Cultural. Patrimonio Celtibérico. Paisaje. Despoblación.
[en] The management of Heritage in rural areas: the case of Celtiberian Area.
Abstract. The rural cultural heritage has the same problems found in other areas, but with an added problem: the oblivion; and so that, the abandon. However, in current crisis context this situation opens us a door for reflection and dynamization. To work on it. This happens in the rural inland, mainly in those areas which were the historic Celtiberia. Today those areas are the epicenter of the European depopulation. This is a real and serious socioeconomic problem, as well as an important vulnerability of the landscape. The rural cultural heritage is varied, archaeological, ethnographic, intangible and natural, but the lack of public investment together with the excess of expectations based on the joint of the tourism-heritage makes the current started projects non-viable. Analyzing the scientific and archaeological activity in rural areas through the lens of the Sustainable Development Goals would open again the doors to restart all these projects. This article analyzes the current situation of this heritage and its research and points out the threats and opportunities for the future.
Keywords: Cultural Heritage. Celtiberian Heritage. Landscape. Depopulation.
Sumario. 1. El Patrimonio Cultural en entornos olvidados. 2. El caso del Patrimonio de la Celtiberia. 2.1. Cien años de investigación y gestión arqueológica. 2.2. Calculando el amplio impacto de la actividad arqueológica. 2.3. El Patrimonio Inmaterial y el Etnográfico. 3. Perspectivas de futuro. La cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Bibliografía.
Como citar: Chordá, M.; Cerdeño, M. L. (2021): La gestión del patrimonio en el ámbito rural: el caso de la serranía celtibérica. Complutum, 32(2): 477-494.
1. El Patrimonio Cultural en entornos olvidados.
España es un país cuyo mundo rural constituye un $80 \%$ del territorio, en él se enclava el $100 \%$ del Patrimonio Natural y el $90 \%$ del Patrimonio Cultural, pero sus necesidades de estudio, protección y puesta en valor contrastan con los escasos recursos que se destinan a su salvaguarda. El Patrimonio Rural es rico y variado ya que lo componen el Patrimonio Histórico, el Arqueológico, el Etnográfico, el Inmaterial y el Natural, todos en peligro y todos con sus especiales características que los hacen sensibles y únicos.
A la preocupación por la salvaguarda de estos ricos patrimonios en el ámbito rural, debemos añadir el gravísimo problema de la despoblación de una gran parte de nuestro territorio nacional y sus consecuencias socioeconómicas, puesto que todo ello está contribuyendo a un mayor abandono y olvido de los bienes culturales, materiales e inmateriales. Sin embargo y aunque la despoblación sea el centro de preocupación a escala local, contemplado desde una escala global vivimos un momento de superpoblación y sobreexplotación de los paisajes que lo incardinan todo, por lo que el único elemento de identidad y la única estrategia posible frente a la globalización es y será su defensa y preservación.
En todas partes se asiste a un interés creciente por la búsqueda de señas de identidad, por los propios orígenes y por formas de vida ancestrales, quizás porque en ellas se pretende encontrar la base y justificación de las actuales singularidades de cada grupo cultural y porque, en su lejanía, resultan más mitificables que los acontecimientos más recientes. Es un fenómeno general pues desde hace ya varias décadas nuestra sociedad occidental aceptó, tras un largo proceso social e ideológico, que los vestigios del pasado tienen un especial valor y son dignos de ser conservados, no suponen una rémora para el progreso y tienen una indudable proyección de futuro, aunque ello no se plasme de manera efectiva. Como consecuencia, el desarrollo de normativas encaminadas a su protección no ha cesado de aumentar a todos los niveles de las administraciones nacionales e internacionales, aunque observamos con cierto desánimo que sus efectos llegan con demasiada lentitud a los entornos más deprimidos y olvidados de nuestra geografía.
No nos remontaremos muy atrás ni repasaremos toda la legislación existente sobre el tema puesto que existen buenos compendios (por ejemplo, Querol 2020), pero si recordamos que en 1972 se celebró, amparada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la primera Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, se les consideró una misma entidad, dándose una visión integradora de la cultura y atendiendo la acción humana imbricada en su entorno. En 1984 se creó el International Commitee on Archaeological Heritage para señalar el punto de partida hacia la identificación, protección, conservación y difusión de los restos del pasado, que luego fue muy tenido en cuenta en la ya famosa Convención de Malta de 1992, donde se plantearon numerosas iniciativas que se han ido multiplicando a lo largo de los años. En las líneas siguientes no solo nos vamos a referir a los vestigios arqueológicos, pero si nos parce interesante recordar que, en el Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico que se aprobó entonces, su artículo 1 decía que dicho patrimonio merece ser conservado como fuente de la memoria colectiva europea y como instrumento de estudio histórico-artístico.
La Constitución Española de 1978 reconoce el valor de nuestro Patrimonio Cultural, englobado en las materias de derechos y libertades fundamentales y refiriéndose los artículos 44 y 46 al derecho a la cultura y a la protección específica del Patrimonio Histórico. Esta necesidad de protección se plasmó en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que en virtud de la asignación de sus competencias (art. 148), motivó la traslación de sus directrices a las respectivas Leyes de Patrimonio Autonómicas que son las competentes, aunque no exclusivas, para su salvaguarda. Aun así, y a pesar de la doctrina, Giannini3 y el establecimiento de la concurrencia no excluyente de competencias para la salvaguarda del Patrimonio Histórico, nos encontramos con una abrumadora pérdida por desprotección, que se acelera en contextos de crisis económica por la falta de financiación de los poderes públicos y la ausencia de conciencia social hacia el mismo.
También fue importante la regulación que sobre la Evaluación del Impacto Ambiental se empezó a hacer en España desde 1986, a partir de las directrices de la Unión Europea que obligaban a evaluar las posibles afecciones al medio ambiente, considerando al Patrimonio Cultural como una parte de él. El Patrimonio Arqueológico se benefició de todas estas normativas pues pasó a ser considerado, al menos teóricamente, un valor medioambiental más y un mecanismo para el desarrollo sostenible de las zonas en que se ubica, del mismo modo que se amplió el conocimiento de estos bienes y se empezaron a adoptar medidas preventivas (Cerdeño et al. 2005: 34).

Figura 1. Medidas contenidas en la fallida Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (elaboración autoras).
Frente a todos estos problemas, solamente enunciados, hubo una esperanza de solución cuando a finales del año 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural cuya finalidad era, entre otras cosas, regular y establecer medidas para favorecer un desarrollo sostenible del medio rural, definiendo como tal a aquellas poblaciones inferiores a 30.000 habitantes y a los territorios con una densidad de población inferior a los 100 habitantes por $\mathrm { k m } ^ { 2 }$ , verdaderamente muy lejos de los escuetos 3 habitantes $\mathrm { k m } ^ { 2 }$ que ofrecen al día de hoy nuestros territorios de estudio, con un padrón a veces engordado por habitantes de segunda residencia.
Dicha ley y el reglamento que la desarro$\mathrm { { l l a ^ { 4 } } }$ nunca se llegó a poner en marcha pese a su carácter de Ley Orgánica y eso hay que lamentarlo porque es incalculable la magnitud de la oportunidad perdida. A pesar de seguir arrinconada en algún cajón ministerial, queremos subrayar sus bondades pues, entre otras cosas, hacía hincapié en la conjunción entre la supervivencia de los paisajes y el paisanaje a través de estrategias de colaboración entre todas las administraciones, estatal, autonómica y local, otorgando a la cultura y al patrimonio un papel esencial. Así, en el Artículo 29.c. se establecía la necesidad de proteger el Patrimonio Histórico-Artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar su mantenimiento y restauración adecuados. Para ello se proponían varias medidas dentro del programa, que nos son excluyentes de otras que se puedan implementar. Dentro del Eje 3 de Bienestar Social merece la pena destacar algunos puntos (figura 1).
En cualquier caso, lo que parece de mayor utilidad para conservar los bienes patrimoniales es analizarlos desde diferentes perspectivas y pensar que pueden proporcionar diferente rentabilidad, entendiéndola como la consecución de un determinado beneficio. Tienen una rentabilidad científica puesto que su análisis y estudio es, muchas veces, el primer paso que suscita interés, sin olvidar la rentabilidad social que, teóricamente, sería su primera finalidad si recordamos que nuestra Ley del Patrimonio Histórico subraya que los bienes del Patrimonio Histórico lo son, debido exclusivamente a la acción social que desempeñan. Y finalmente una rentabilidad económica, más difícil de evaluar en términos de economía de libre mercado, pero que se está consiguiendo cada vez en más lugares, en los que se aúnan una buena intervención científica, una buena interacción con el entorno y una buena difusión y gestión posterior.
La consideración del Patrimonio Cultural como potencial motor de desarrollo en sociedades deprimidas está ya aceptada en casi todas partes, aunque no puede reducirse a su inclusión automática en los circuitos turísticos. El binomio patrimonio-turismo generó grandes expectativas de salvación en las poblaciones locales que no se corresponden en absoluto con la realidad, puesto que dichas comunidades han quedado excluidas de facto de todos los organismos de gestión, desaprovechándose el potencial de su patrimonio como motor de educación en valores, integración y cooperación mientras que, en cambio, sí quedan sujetas a una serie de obligaciones de salvaguarda que no son comprendidas por ese entorno local debido a la distancia, física y mental, de quien dicta las normas y a la falta de una comunicación fluida entre ambas partes.
2. El caso del Patrimonio de la Celtiberia.
El territorio de la antigua Celtiberia ocupa una amplia zona que se extiende desde la margen derecha del río Ebro y la cabecera del Tajo, hasta la cabecera del Duero y según las demarcaciones actuales incluye espacios de las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León. Básicamente se asentaba entre las estribaciones del Sistema Ibérico y las últimas del Sistema Central y, en estos momentos, aparte de la problemática específica de sus bienes patrimoniales, se añade el trágico balance de la despoblación que la convierten en un territorio verdaderamente olvidado.
Es un espacio con continuidad territorial repartido entre varias provincias que son el culde-sac de cada una de sus Administraciones territoriales y que comparten los mismos avatares: aparte de los condicionantes orográficos y climáticos, despoblación, falta de inversiones y oportunidades y desprotección de patrimonio, pese a su enorme potencial desde el punto de vista histórico, arqueológico, etnográfico y paisajístico. Por ello, más allá de un sustrato cultural común protohistórico, comparten una identidad forjada a lo largo de la historia, a través de la idiosincrasia de un territorio “montano” alejado siempre de los centros de poder con todas las implicaciones que ello conlleva, incluida la ausencia de sentimiento de pertenencia provincialista y autonomista.
Pero su posición de marginalidad permitió, hasta época increíblemente reciente, la preservación de un riquísimo Patrimonio Cultural basado en la supervivencia colectiva de las propias comunidades rurales muy ligadas al territorio, en las que los lugares de especial relevancia simbólica eran continuamente reinterpretados y aprovechados, muchos de los cuales se asientan sobre yacimientos arqueológicos que ahora estudiamos desde la ciencia. La mecanización, la concentración parcelaria, el desarrollo de grandes infraestructuras de comunicación o energéticas desarrollados en los últimos cien años, unido a otros episodios de índole política, como la Guerra Civil, han ido desmemoriando y despaisajando a los custodios naturales del territorio rural: sus habitantes5 (Unamuno, en Tapia Martín 2017). Nociones que se han retomado décadas después al considerar el paisaje cultural como valioso porque el carácter de un territorio está generado por la relación de una sociedad con su entorno a lo largo de un proceso histórico (Castellanos 2017: 139).
Este artículo se centra en las comarcas altas del norte de Guadalajara, más específicamente en la de Molina de Aragón, área de paso entre la Meseta y el valle del Ebro y núcleo importante de la cultura celtibérica donde hemos trabajado más intensamente y donde conocemos numerosos casos que ejemplifican muy bien los problemas que estamos tratando, además de que, a día de hoy, está considerada la zona cero de la despoblación en España con la reducida cifra de $\bar { 2 } , 3 \mathrm { ~ h } / \mathrm { k m } ^ { 2 }$ .
Habría que englobarla dentro del grupo de comarcas que la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural consideraba “a revitalizar”, dada la bajísima densidad de población de su territorio. Para ello establecía prioridad absoluta en el desarrollo de inversiones, encaminadas a paliar unos desequilibrios que no son consecuencia de los condicionantes físicos, sino provocados por simple desatención histórica y ello constituye un reconocimiento sin precedentes por parte de las administraciones a las causas políticas de la despoblación6 . En cualquier caso, es de reseñar que el destino último del patrimonio de la Celtiberia ha corrido desigual suerte en función de la Comunidad Autónoma en la que se enclava o incluso podemos apreciar notables diferencias a escala comarcal dentro de la misma Comunidad Autónoma.
Por esta razón, creemos que es más operativo empezar trabajando a escala comarcal y presentar un estudio de caso concreto. Hemos parcelado nuestro comentario mencionando separadamente el Patrimonio Arqueológico, el Etnográfico y el Inmaterial, aunque compartimos la idea de que el Patrimonio Cultural es unitario (Vaquer 2005: 97) puesto que todos los bienes mencionados son manifestaciones culturales diferentes de una determinada sociedad.
2. 1. Cien años de investigación y gestión arqueológica.
El análisis de la situación actual lo basamos en la experiencia acumulada a lo largo de más de cien años de investigación y gestión, en las que hemos participado durante las últimas décadas, por lo que nos sirve para reflexionar sobre la necesaria estrategia de futuro para la protección y salvaguarda de los bienes patrimoniales, en estrecha relación con la supervivencia de la propia población local en la que se asientan. Y en el conjunto del patrimonio de la Celtiberia los yacimientos arqueológicos juegan un papel importante, dado que trasladan a tiempos remotos donde supuestamente hunden sus raíces nuestros valores actuales y pueden considerarse retazos de un mundo pasado que sigue vivo en parte.
El descubrimiento y consecuente interés por los vestigios celtibéricos se inició a comienzos del siglo XX de la mano de políticos eruditos y coleccionistas como Ricardo Morenas de Tejada, diputado por Osma del partido Liberal o Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo, senador en Cortes por derecho propio, que fueron los primeros en lanzarse a buscar las huellas de los pueblos prerromanos de estas zonas de la península ibérica. Nuestro interés se ha centrado siempre en el marqués por ser el descubridor las principales necrópolis celtibéricas, ubicadas en nuestra zona de estudio.
Mucho se ha discutido sobre la labor arqueológica de estos pioneros, entre los que hay que incluir, además de los ya mencionados, a Juan Cabré o a Blas Tarecena (Barril y Cerdeño 1997; Barril 2017; Rodríguez Temiño 2015; Recio 2017; Jiménez 2002), pero pocas veces se ha analizado su gestión patrimonial dentro de las comunidades en las que realizaban las excavaciones, que creemos meritoria y que no tuvo continuidad hasta tiempos recientes, cuando la atención hacia el entorno local se está considerando imprescindible como veremos en las siguientes líneas.
La labor intensiva de Cerralbo se extendió entre los años 1909 y 1922, es decir desde sus iniciales trabajos en torno a su residencia veraniega de Santa María de Huerta, hasta el momento de su fallecimiento y no fueron un expolio desordenado como a veces se ha dicho, aunque nunca tuvieran el nivel metodológico que ahora exigimos y los materiales no fueran tratados después adecuadamente. Pero aparte de las aportaciones históricas que pudo hacer, su actividad tuvo un gran impacto en la población local y en sus escuetas economías, puesto que durante los meses de verano contrataba unos 10 peones de cada población en la que realizaba excavaciones y sabemos que simultaneaba su trabajo en varias de ellas.
Siempre se apoyó en la valiosísima labor de los párrocos, encargados de nombrar capataces, gratificar en nombre de Cerralbo o dirimir conflictos y que poco a poco fueron perfeccionando una disciplina muy inicial y se fueron convirtiendo en auténticos técnicos de campo, tan relevantes como Rafael Portela, Justo Juberías, Segundo Batanero o Lorenzo Velasco (Recio 2017: 508). Llegó a montar una auténtica red clientelar en la que se unía el interés intelectual que despertaba en los párrocos el trabajo arqueológico con los generosos pagos del marqués, que servían para cubrir sus sueldos y el mantenimiento de las iglesias, dando como resultado la continuidad de los hallazgos y las excavaciones (Bartolomé 2018: 998). Las visitas del marqués, incluso ya con edad avanzada y salud precaria, se celebraban como una fiesta y especialmente emocional resulta la fotografía en la que aparece rodeado por todo el pueblo de Luzón, con numerosos habitantes entonces y donde ahora, después de una centuria, solo queda una decena de ellos (figura 2).
Lo que no podemos imaginar es el impacto que pudo suponer, para una población prácticamente analfabeta, encontrar bajo sus campos de labor un pasado remoto de miles de años representado en cientos de tumbas con decenas de piezas metálicas, cerámicas y estelas y si todo aquello llegaron a considerarlo como parte de un pasado propio. Pero queremos subrayar que el éxito de las campañas arqueológicas de Cerralbo en la Celtiberia, especialmente en el norte de Guadalajara y la razón por la que descubrió tantos yacimientos, con tan pocos medios, se debió a que entonces fue el primero y el único en encontrar la clave para la lectura del paisaje que se mostraba “escondido” ante sus ojos y que precisamente era la continuidad de uso de las comunidades rurales sobre esos espacios de especial significación, siempre reinterpretados:

Figura 2. Visita del marqués de Cerralbo a Luzaga hacia 1919 (Archivo Cabré 1692, digitalizado en el IPHE).
Yo encuentro tantas estaciones porque excavo en las riberas de los ríos, que fueron siempre las grandes vías de los pueblos primitivos y protohistóricos […] busco las necrópolis ibéricas en las vegas, teniendo por indicadoras señales los ríos, arroyos, fuentes o pozos de aguas saladas […]; de otro indicio, para mi bastante seguro, me valgo, y es excavar en las inmediaciones de las ermitas, que separadas de los poblados son tan frecuentes en nuestros campos; […] el lugar tenía consagrado por la tradición, como de un respeto que ignoraban el origen […]; nunca me faltó una necrópolis ibérica cuando coincidieron tales circunstancias […] (Aguilera y Gamboa 1916: 9).
Las labores de excavación e investigación decayeron a raíz de su fallecimiento y luego se vieron interrumpidas por la Guerra Civil, abriéndose un largo paréntesis de inactividad que abrió puntualmente E. Cuadrado a mediados los años 60, excavando la necrópolis de La Riba de Saelices, a raíz de un descubrimiento fortuito (Cuadrado 1968). Durante bastante tiempo fue la primera intervención con metodología moderna, si bien no contó con un proyecto asociado que le permitiera la continuidad de acción o cualquier mínimo intento de gestión patrimonial.
Hasta finales de los años 70 no se reavivó el interés por la colección Cerralbo cuando el profesor Almagro Basch, como director del.
Museo Arqueológico Nacional, consideró necesario ordenar e inventariar los materiales de los viejos almacenes, tarea en la que participó la segunda firmante de este artículo. Todo aquel material inédito fue un filón para la investigación, elaborándose varias tesis y tesinas que permitieron un acercamiento al conjunto de los ajuares funerarios, muy desordenados por el paso del tiempo y por las numerosas manipulaciones sufridas, no siempre cuidadosas. En cualquier caso, supuso un estímulo para intentar reencontrar los enclaves de los que procedían tantos objetos y esa inicial y tímida actividad arqueológica fue adquiriendo poco a poco mayor relevancia (figura 3).
Más allá del temprano intento de localizar las necrópolis de Valdenovillos o La Olmeda, sin demasiado éxito hasta el momento actual, empezamos a constatar la necesidad de descubrir nuevos yacimientos que proporcionasen nuevos datos y estratigrafías que permitieran reordenar todo el conjunto, poniendo en relación los materiales de los antiguos cementerios con el “mundo de los vivos”. La excavación de la necrópolis de Sigüenza o del castro de La Coronilla fueron la antesala de la excavación del castro de El Ceremeño (Herrería), que podemos considerar el primer proyecto de investigación a medio-largo plazo que permitió, aparte de su excavación y estudio, la puesta en valor del emplazamiento, la generación de empleo local y, lo más importante, la transmisión de un verdadero interés en el estudio e investigación de la cultura celtibérica no solo en el mundo académico sino, sobre todo, en el entorno local (Cerdeño 2002; Cerdeño y Juez 2002).

Figura 3. Localización de los yacimientos más relevantes mencionados en el texto.
La sostenibilidad en el tiempo de este proyecto estuvo apoyada en parte por el desarrollo competencial de la región castellanomanchega con la promulgación de su Estatuto de Autonomía (1982) y, en parte, por la publicación de la a Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y su posterior transposición en la Ley 4/1990, de 30 de mayo de Patrimonio Cultura de Castilla la Mancha (rev. 20137 ).
Desde finales de los años 90 hasta la crisis de 2008 vivimos una época dorada en la gestión del patrimonio en esta zona rural. Los convenios de colaboración firmados entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto Nacional de Empleo (INEM) favorecieron que diferentes grupos de investigación pudiesen llevar a cabo su trabajo de manera continuada. En este marco de colaboración es en el que se desarrollaron las excavaciones de El Ceremeño en Herrería y posteriormente.
Peña Moñuz en La Olmeda de Cobeta (Arenas 2008), Castilgriegos y Puente de la Sierra en Checa (Martínez-Naranjo y de la Torre 2019) y el oppidum de los Rodiles en Cubillejo de la Sierra (Cerdeño et al. 2014), además de otras excavaciones de corta duración como las necrópolis de La Yunta (García Huerta y Antona 1902) y la de Aragoncillo o el castro de El Palomar (Arenas 1999), así como prospecciones intensivas (Arenas 1993) que ayudaron a comprender un paisaje repleto de riqueza cultural vinculada a la Edad del Hierro y a afinar los recién creados instrumentos de protección patrimonial de la Administración, como son las Cartas Arqueológicas.
Por otra parte, fue y sigue siendo importante la labor del profesor F. Burillo que, desde el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, realizó un inmenso esfuerzo de cooperación científica a través de los sucesivos Simposia sobre los Celtíberos, que convocó y coordinó entre 1987 y 2014 y que poco a poco pasaron de la discusión sectorial de diferentes aspectos de la cultura celtibérica a la necesidad de ocuparse de la gestión de su patrimonio de una manera conjunta (Burillo 2007). Paralelamente intentó crear un marco de amparo a través del proyecto Ruta Celtibérica, financiado por el ayuntamiento de Calatayud y con participación de varios grupos locales de varias Comunidades Autónomas, en el que el tema patrimonial ya tenía un marcado componente social dado que pretendía contribuir al desarrollo sostenible de estas regiones, con graves carencias demográficas y económicas. En el año 2013, este proyecto lo subsumió en la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, visibilizada tras la larga investigación arqueológica. Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo primordial es revertir el proceso de despoblación que azota su territorio basándose en su inmenso Patrimonio Natural y Cultural, que necesita ser conservado y utilizado como motor de desarrollo (Burillo et al. 2013).
Burillo también confiaba en que la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada por el parlamento español en diciembre de 2007, brindaría el apoyo institucional que todos estos proyectos necesitaban, tal era la situación real que describió muy bien en su informe de presentación del proyecto inicial:
Un futuro desesperanzador. Si la realidad muestra una gran despoblación, una alta ruralización y una presencia mínima de ciudades, las perspectivas de futuro no pueden ser más pesimistas, habiéndose calificado de aterradora. Los datos de los últimos años acusan una gran crisis demográfica. Un éxodo masivo de la población joven y adulta, esencialmente femenina. Un descenso drástico de los nacimientos. Un sobreenvejecimiento de la población que en más de un $40 \%$ de los municipios superan los 50 años de media, lo que impide el relevo generacional y los sitúa en los niveles de mayor envejecimiento de Europa. De forma que un buen número de poblaciones están destinadas a su total desaparición. Se hace urgente y necesario la toma de medidas adecuadas para romper las tendencias negativas e impulsar un desarrollo (Burillo 2008).
A fecha de hoy, la situación de estas comarcas es bien distinta a la que entonces programábamos con esperanza de futuro. Desde la crisis de 2008 la actividad investigadora ha decaído considerablemente y desde 2010 no se han financiado adecuadamente proyectos a medio plazo. De los tres proyectos arqueológicos aún vigentes, solo uno se mantiene, el del municipio de Checa, gracias al tesón e ingenio del alcalde de la localidad y su posición de poder dentro del Grupo de Acción Local. Los demás yacimientos en los que se ha intervenido, algunos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) como Los Rodiles, están prácticamente abandonados. Únicamente el mítico Ceremeño se beneficia de la encomienda de gestión que la Junta ha firmado con la empresa TRAGSA en 2017 para contar con un servicio de guía y una limpieza anual de las ruinas visibles.
Si esta es la situación de los yacimientos “estrella” la del resto del patrimonio es aún peor, como podemos ejemplificar en el Cerro de Las Carabinas, ubicado en el término municipal de Maranchón y sobre el que se ubica un pequeño castro, asociado directamente con la centenaria necrópolis de Clares. Durante los últimos años estamos asistiendo, impotentes, a su paulatina desaparición bajo la acción de los tractores (figura 4).
La falta de dotación para un mínimo servicio de información, vigilancia y sanción patrimonial hace inviable la protección efectiva de los yacimientos. La provincia de Guadalajara cuenta solamente con un técnico de Patrimonio Histórico, con sede en la capital, para dar ese servicio a los 288 municipios de la provincia, lo que contrasta con los más de 60 puestos de trabajo en el Servicio de Medio Ambiente, con agentes, técnicos, jefes de servicio, etc., sin contar los retenes, que trabajan para la protección del Patrimonio Natural8 . Los cambios de cultivos, la construcción de infraestructuras o los nuevos proyectos de generación energética hacen imposible la protección y provocan de manera reiterada un conflicto entre el desarrollo de actividades económicas y la preservación de los derechos culturales. El cumplimiento de la amplia normativa de protección patrimonial y de evaluación de impacto ambiental existente revela que dichas normativas no son garantistas ni suficientes.
Para cambiar esta situación, coincidimos en que es necesario un cambio de paradigma sobre el propio concepto de los bienes culturales, que deben revertir a la sociedad, puesto que la excesiva burocratización de la Administración provoca en muchos casos que el Patrimonio esté infrautilizado o directamente abandonado, especialmente en el medio rural donde una gestión liberalizadora de esos bienes repercutiría en ellos favorablemente (Fernández-Ortea 2021: 429).

Figura 4. Progresiva destrucción del castro Cerro de las Carabinas”: a) vuelo americano, 1956; b) vuelo interministerial, 1973-86; c) visor Sigpac, 1997-2003); d) PNOA actual.
2.2. Calculando el amplio impacto de la actividad arqueológica.
Pocas veces tenemos la oportunidad de hacer un análisis retrospectivo de cálculo de impactos desde diferentes puntos de vista. En este caso vamos a fijarnos en la repercusión que ha tenido la actividad científica desarrollada en el ya mencionado castro de El Ceremeño de Herrería durante los años en que el equipo de investigación, dirigido por las firmantes de este artículo, estuvo interviniendo de manera directa. En 1990 el yacimiento fue declarado BIC con categoría de Zona Arqueológica y desde 2014 está incluido en una de las salas del renovado Museo Arqueológico Nacional como enclave representativo de la Hispania Céltica (figura 5). Creemos que además de ilustrativo puede resultar esperanzador ya que, como acabamos de decir, no es el único proyecto de gestión arqueológica que se ha llevado a cabo en la comarca, aunque sí el pionero y el origen directo o indirecto de los demás.
1. Los trabajos de campo como centro de especialización profesional y científica. El yacimiento se excavó entre 1986 y 1997, se musealizó en 1998 y el equipo científico se ocupó del Centro de Interpretación y de las tareas de mantenimiento hasta 2005, año en que finalizaron las excavaciones de la necrópolis anexa. Al principio se trabajó en cortas campañas de verano y más tarde con mayor número de personas contratadas, pero siempre participaron estudiantes universitarios de diferentes universidades como Castilla-La Mancha y mayoritariamente de la Universidad Complutense de Madrid. Muchos de ellos se convirtieron posteriormente en técnicos y se dedican profesionalmente a alguna faceta de la disciplina arqueológica, pero como la lista es amplia no los mencionaremos de forma individualizada.
2.  La excavación como centro de formación de investigadores locales. Es llamativo que en Herrería, un pueblo con escasos 30 habitantes empadronados, haya tres arqueólogos en activo, quizás porque aquellos trabajos despertaron interés por estudio del pasado local. El Ceremeño ha sido la cantera de juegos de aquella generación y de otras posteriores. Tal vez el caso paradigmático sea el de la primera firmante, que empezó como estudiante y peón, ha terminado siendo codirectora de la investigación en la etapa final y actualmente dedica su vida profesional al estudio de los celtí- beros y a la arqueología preventiva para la defensa del paisaje.

Figura 5. Vista aérea del castro de El Ceremeño (imagen tomada por el Servicio Forestal de Molina de Aragón por encargo autoras).
La excavación como nicho de empleabilidad de jóvenes y personas en riesgo de exclusión. A través de los convenios que la Junta firmó con el INEM se empezó a contratar mano de obra en los proyectos arqueológicos y los tres meses de empleabilidad (1/4 del año) en la excavación y el laboratorio significaron mucho para el aprendizaje y la transmisión de lo aprendido: la importancia del patrimonio local, la manera de descubrirlo y conservarlo, el valor que todos empezaron a darle, etc. Solo por El Ceremeño pasaron más de 70 peones y si a ello añadimos los más de 80 que se contrataron en los trabajos de la necrópolis anexa durante los siguientes ocho años, los más de 50 en el oppidum de Los Rodiles entre 2006 y 2010 y otros tantos en otras dos excavaciones del entorno, podemos calcular el impacto social de la inversión de la Junta-INEM y saber el número de personas a las que se benefició durante más de dos décadas.
4. Labor continuada de mantenimiento y limpieza. Llevada a cabo por el equipo investigador durante casi veinte años (1986-2005). Hay que añadir los trabajos realizados en 2006 para la explanación de los terrenos que dan acceso al yacimiento, con la intención de posteriormente construir un aparcamiento y jardines, que nunca llegaron a realizarse. Como hemos dicho, las labores de mantenimiento se trasfirieron, primero al Museo Comarcal de Molina (2011-2016) y desde 2017 a la empresa TRAGSA.
5.  La excavación como recurso educativo. El binomio arqueología-educación, aparte de las prácticas universitarias, siempre fue tenido en cuenta en el proyecto puesto que uno de los colectivos sociales más numeroso es el escolar y partimos de la base de que los escolares son los adultos del mañana y deben ser educados en el conocimiento y respeto de su pasado. La arqueología prácticamente no existe en el curriculum de las enseñanzas medias, pero en cambio, si se observa que el aspecto práctico de esta disciplina resulta muy atractivo para gran número de jóvenes (Cruz 2002).
Tampoco se perdió la perspectiva de la difusión de nuestros conocimientos hacia el gran público, siguiendo la tendencia de hacer accesibles determinados resultados de la investigación arqueológica, que antes quedaban reservados casi exclusivamente a los especialistas en la materia o a determinados eruditos interesados en ella. Por ello se hacían Jornadas de Puertas Abiertas especialmente dirigidas al colectivo local, al tiempo que se atendía al público visitante, todo lo cual sirvió como práctica importante para técnicos, estudiantes y peones en su formación como guías intérpretes del patrimonio en cuyo estudio estaban participando.

Figura 6. Estructuras defensivas y domésticas acondicionadas para la visita y Centro de Interpretación de El Ceremeño (fotografías autoras).
6. Foco de visita turística y reversión directa a la población local. Además de lo dicho anteriormente, siempre pensamos que el Patrimonio Arqueológico puede ser contemplado desde una óptica económica (Cerdeño y Hernández 2007). La presencia de visitantes y el gasto que realizan durante su estancia en el lugar repercuten directamente sobre el entorno en que se asienta el yacimiento o monumento visitado e indirectamente en los municipios próximos (hoteles, casas rurales, tiendas, etc.). Comarcas rurales con graves carencias socioeconómicas y poblacionales, pero con un rico patrimonio, podrían beneficiarse del interés que el Patrimonio Cultural suscita, como se viene insistiendo desde la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Serranía Celtibérica, que antes hemos comentado (figura 6).
Por ofrecer algún dato, aunque sea parcial, diremos que el año 2010 se contrató a una persona para que actuase los fines de semana como guía del yacimiento y del Centro de Interpretación y que durante los meses de abril, mayo y junio (fuera de la campaña veraniega) pasaron por el yacimiento 200 personas, cifra importante si se relaciona con las 10 personas que en esos momentos vivían en el pueblo. Igualmente, durante los años finales de la dé- cada de los 90 y primeros años del siglo XXI, mientras fue alcaldesa María Aliaga, el ayuntamiento se ocupaba de abrir el Centro de Interpretación cobrando la entrada y con ello se sufragaban los gastos de luz. Por otra parte, los miembros del equipo arqueológico, a lo largo de sus casi veinte años de trabajo, permitieron mantener abierto el bar de Herrería que, con esas ganancias, pagaba la cotización de los encargados.
2.3.  ElPatrimonioInmaterialyelEtnográfico.
Aparte del Patrimonio Arqueológico, no debemos olvidar los bienes del Patrimonio Etnográ- fico y del Inmaterial cuya situación es peor y, aunque no nos extenderemos demasiado, nos parece importante hacer una breve reflexión porque ambos están íntimamente relacionados y son compañeros tanto en su origen como en su desaparición. En realidad, el Patrimonio Inmaterial sí tiene elementos materiales inherentes (Vaquer 2005: 96) como pueden ser vestimentas para determinados eventos, instrumentos musicales, herramientas para multitud de tareas y un largo etcétera que todos podríamos rellenar.
La preocupación por salvar un modo de vida tradicional, que se estaba extinguiendo con rapidez, se remonta en nuestra comarca de estudio a hace más de cuatro décadas, cuando algunos autores decidieron hacer un amplio trabajo de recopilación al que han consagrado gran parte de su vida académica (Castellote 1980, 1984, 2007). Pero seguimos contemplando la muerte de esas formas de vida y de toda la cultura campesina y, por tanto, la imposibilidad de autorreproducción del Patrimonio Etnográfico, que actualmente ha quedado fuera de cualquier grado de protección (figura 7).
Pondremos solo el contundente ejemplo de la libre compraventa de los muy variados elementos tradicionales que ya nadie usa ni fabrica, pero que constituyen un tesoro del ingenio del pueblo que los heredó y perfeccionó. Son objetos que actualmente nadie sabe fabricar y, por ello, esta práctica mercantil debería tener la categoría de expolio, de la misma manera que los propios objetos debían tener la misma consideración que los materiales arqueológicos, es decir, estar sujetos a limitaciones en su tráfico en tanto en cuanto no se produjera la transmisión y conservación del conocimiento que permite su reproducción. Recordemos que, según la LPHE, el expolio es:

Figura 7. Campesino peinando cáñamo (Colección López-Palacios PAL-000553. https://cefihgu.es/en/foto/pal-np0214-2/).
…toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción de todos o algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su función social (art. 4).
Muy unido al anterior situamos el Patrimonio Inmaterial al que afortunadamente se está prestando cada vez más atención tanto desde el ámbito académico, como desde el administrativo (Vaquer 2005; Gabardón de la Banda 2016; Castellanos 2017). En la Ley del año 1985 no se le mencionaba directamente, aunque quedaba explícita su salvaguarda, puesto que el artículo 46 alude a las actividades sociales o espirituales que son relevantes en un determinado entorno cultural. De igual modo, desde las instancias internacionales se empezó a hablar desde hace mucho tiempo sobre las manifestaciones culturales tradicionales de carácter efímero, aunque solo se empezaron a tomar medidas específicas de protección en el año 2003 cuando, desde la UNESCO, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad lo definió como los elementos culturales que no tienen contenido material:
…los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas que las comunidades y los grupos, y en determinados casos los individuos, reconocen como una parte integrante de su patrimonio cultural (art. 1).
En el contexto investigador observamos el aumento de publicaciones específicas sobre él, más abundantes a partir del año 2000, existiendo algunos compendios esclarecedores (Gonzá- lez-Cambeiro y Querol 2014). Paralelamente se empezó a prestar atención legal que para proteger unos bienes culturales, prácticamente desparecidos en muchas zonas, pues como algunos autores han alertado, la singularidad y fragilidad del Patrimonio Inmaterial exige un tratamiento que no reproduzca las lógicas desarrollistas que han conducido a situaciones de ineficacia (Martínez y Escribano 2019: 212).
En el año 2011, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que, como todos los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural, se define como un instrumento de gestión del Patrimonio para definir una metodología de actuación y programar las intervenciones, con el fin de coordinar la participación de diversos organismos de la Administración sobre unos bienes culturales complejos. Ello es producto de un largo recorrido que empezó a plasmarse de manera concreta en 1989, cuando la UNESCO redactó la Recomendación sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular dándoles gran importancia como elemento de identidad (GonzálezCambeiro y Querol 2014: 71), lo que sin duda influyó en que se siguiera trabajando hasta que en 2003 se firmó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial a la que se fueron adhiriendo todos los países.
En las comarcas de nuestro interés no se le ha prestado una eficaz atención, más allá del interés académico, aunque algunas de sus manifestaciones son similares a las de Aragón donde, allí sí, se las ha conseguido incluir en la lista de la UNESCO. Nos referimos, por ejemplo, al transporte fluvial de maderas -desde 2013- o a la trashumancia -desde 2011- puesto que ambas actividades tuvieron un peso importante en el norte de Guadalajara, incluso la última de ellas aún se practica, naturalmente de diferente manera. Igualmente son interesantes algunas romerías y su correspondiente liturgia de bailes, cánticos, representaciones o atuendos que en casi todos los casos responden a una tradición más que centenaria como, por ejemplo, el Carnaval de los Diablos de Luzón o las Danzas y Loa a la Virgen de la Hoz, recuperadas con gran entusiasmo desde hace años.
Por ello insistimos en que todos estos bienes inmateriales y etnográficos deberían pasar a ser considerados vestigios arqueológicos y así gozarían de una mayor protección. Porque es cierto que las mencionadas y loables iniciativas de reconocimiento de algunas actividades ancestrales como Patrimonio de la Humanidad no serán eficaces en tanto su protección no afecte a lo más profundo de su razón de ser y sean un mero atributo estético para acicate del turismo. Repetimos, con algunos autores, que la clave está en que cualquier actuación debe estar consensuada con los custodios originales de ese patrimonio para no afectar gravemente la identidad y la memoria histórica de nuestros pueblos (Martínez y Escribano 2019: 211).
3. Perspectivas de futuro. La cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible.
Iniciamos este último apartado recordando una oportuna reflexión de J. Saramago porque, a nuestro juicio, cualquier inversión que se haga sobre el patrimonio debería recordar su prioritaria función social y su capacidad para educar y crear comunidad, no vinculándolo únicamente al turismo como exclusivo justificador de su financiación.
…una sociedad que no respeta su territorio y la huella del trabajo sobre el mismo, no se respeta a sí misma” (Saramago, en Sabaté 2011: 11)
A pesar del contexto de crisis económica global en el que estamos inmersos, debería haber una apuesta clara por el ámbito rural desde todas las administraciones públicas, no solo encaminada a la necesaria protección, sino hacia la promoción del Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial y de la propia investigación científica.
Se puede crear empleo al mismo tiempo que una estrategia de vinculación con el paisaje que tenga proyección de futuro, tal y como ocurrió con los proyectos arqueológicos en yacimientos celtibéricos que hemos desarrollado a lo largo de más de tres décadas, a veces de manera intuitiva. Es necesario buscar que esos impactos sociales estén programados, poniendo sobre la mesa los recursos humanos y económicos que los hagan sostenibles e involucrando a las comunidades en las estrategias de gestión y puesta en valor. Actualmente, cualquier proyecto científico que no esté ligado a un plan de desarrollo comunitario desde su inicio, seguramente no prosperará.
La inclusión de un punto visitable en una ruta turística oficial, por ejemplo, en el Geoparque de Molina de Aragón o en el Parque Natural del Alto Tajo será interesante y necesaria pero no solo en función de la dinámica del turismo urbano, con lo rural como subalterno y construyendo un paisaje sin paisanaje, sino alcanzando esa amplia función social del Patrimonio Cultural atendiendo a sus categorías generales: valor de uso, valor formal y valor simbólico-significativo (Ballart 1997), pues uno de los rasgos esenciales del patrimonio es su capacidad para representar simbólicamente una identidad (Prats 1997: 22). El estudio del patrimonio celtibérico ha contribuido de manera notable a incrementar la autoestima social de la comunidad, a la que durante mucho tiempo habían intentado convencer de que su paisaje no valía nada.
Puesto que los repartos competenciales no acaban de ser eficaces en la protección y promoción del patrimonio y las leyes estatales y autonómicas se muestran insuficientes para la información, control, vigilancia y sanción del rico patrimonio rural, queda una esperanza en la muy anunciada Ley de Protección del Paisaje de Castilla-La Mancha, pues …la manera como el patrimonio es seleccionado, escrito o explicado tiene siempre connotaciones políticas y relación con el poder (Kelly et al. 2006: 36). La demora en la aprobación de esta Ley quizás se deba a falta de voluntad política por posible conflicto con la expansión un modelo económico extractivista o, tal vez, porque la propia distribución de competencias del Convenio Europeo del Paisaje apela a la Carta Europea de la Autonomía Local9 , con un protocolo adicional sobre el derecho a participar en los asuntos locales de las colectividades (Utrecht $2 0 0 9 ) ^ { 1 0 }$ y España todavía no lo ha ratificado.
En cualquier caso, la aprobación de una ley no garantiza su implantación, como hemos visto en el caso de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y quizás haya que confiar en la sociedad civil para la sensibilización y educación paisajística y para contrarrestar o mitigar los impactos de las continuas amenazas sobre el Patrimonio Cultural y Natural, algunas de ellas enmascaradas en loables intenciones como la descarbonización de la economía por medio de la generación de energías verdes. En cualquier caso, las principales amenazas siguen siendo la ignorancia de lo que se amenaza o se destruye y la impunidad de los sectores más poderosos de la sociedad. Por ello, las acciones de la sociedad civil serán importantes para la conservación de los bienes culturales y convendría atenderlas y apoyarlas (Llull Peñalba 2005: 201).
En este sentido y cómo nosotras podemos considerarnos población local en nuestra área de estudio, recordamos el punto 1.2 de la CM/ Rec (2008) $3 ^ { 1 1 }$ , sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje:
La percepción sensorial (…) y emocional que tiene una población de su entorno y el reconocimiento de sus diversidades y especificidades históricas y culturales son esenciales para el respeto y la salvaguarda de la identidad de la propia población y para su enriquecimiento individual y social. Ello implica un reconocimiento de los derechos y deberes de la población para jugar un papel activo en los procesos de adquisición de conocimiento, de decisión y gestión de la calidad de los lugares. La implicación de la población en las decisiones de intervención y en su puesta en práctica y su gestión en el tiempo es considerada no como un acto formal, sino como parte integral de los procesos de gestión, protección y ordenación.
Coincidimos con Prats (1997: 31) en que, aunque la activación y reconocimiento del patrimonio pueda surgir directamente de la sociedad civil, debe contar con el apoyo más o menos explícito de los poderes o contrapoderes y no es fácil crear alianzas con intereses enfrentados. Comentamos nuestro propio y reciente caso, cuando la aparición de un reportaje en el diario El País (1-12-2020) sobre el oppidum de Los Rodiles, nuestro último proyecto a medio plazo en la comarca sostenido con fondos públicos, activó el entorno social que inmediatamente se hizo eco de la situación de abandono de este enclave declarado BIC en 2011 y reabrió el debate sobre el impacto de la actividad arqueológica a escala local como generador de empleo, vector educativo y de formación y atractor de turismo, mientras que no hubo la menor reacción por parte de la administración municipal ni autonómica.
Y ello a pesar de que la última intervención en el yacimiento se realizó en los meses previos y consistió en la colocación de unos paneles explicativos, iniciativa promovida por la Asociación Cultural Sierra de Caldereros en colaboración con el Museo Comarcal de Molina de Aragón, el Geoparque y nuestro equipo científico y financiada con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Al finalizar el trabajo entregamos un informe de peritación de daños y necesidades urgentes de conservación del yacimiento, arte et amore sobre el que, hasta el momento de escribir estas líneas cinco meses después, tampoco se ha recibido respuesta. Sirva este ejemplo para justificar la dificultad de alinear a todos los agentes implicados para diseñar una estrategia común.
Ampliando nuestra mirada, querríamos confiar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marco de la política global que se desarrollará hasta 2030. El crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental se consideran los tres pilares de la sostenibilidad, consagrados en el Informe Brundtland $( 1 9 8 7 ) ^ { 1 2 }$ para el desarrollo de estrategias de desarrollo a nivel local, nacional y global. Algunas entidades internacionales, dentro del marco del desarrollo de la Agenda $2 1 ^ { 1 3 }$ y avanzando un paso más, pusieron sobre la mesa la necesidad de considerar a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible.
La cultura se debería afianzar como una de sus bases, tanto para favorecer el desarrollo de los sectores culturales propios, patrimonio (creatividad, industrias culturales, arte o turismo cultural), como para otorgar el debido reconocimiento a la cultura en todas las políticas públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión social y cooperación internacional. Pese al avance que supuso, no encontramos ningún objetivo específico en los ODS que trate de la cultura o patrimonio, más allá de la interpretación que se pueda hacer del objetivo 11.4 (ciudades y comunidades sostenibles), siempre relativo a los asentamientos humanos donde vive la gente, lo cual a nuestro entender no satisface la necesidad espiritual o simbólica de atender a los asentamientos del pasado.
En cualquier caso, si se quisiera reactivar una política de recuperación patrimonial con una inversión semejante a la de tiempos atrás -que calculamos en unos 70.000€/año por proyecto de 3 meses de duración y 12 personas contratadas en diferentes categorías profesionales-, pero amplificada para poder alcanzar todos los valores de la función social del patrimonio, debería estar alineada con los ODS en los siguientes aspectos:
Objetivo 3: Salud y Bienestar. La cultura está considerada como un derecho humano por lo que garantizar su recuperación, transmisión y disfrute contribuye al bienestar de las comunidades. Su integración dentro del paisaje y medioambiente multiplica la posibilidad de su comprensión, fomentando valores de respeto.
Objetivo 4: Educación de calidad. Mantener la actividad investigadora en un territorio permite utilizar el patrimonio como herramienta educativa a todos los niveles. Para incrementar la autoestima de las comunidades y ofrecerles un marco de desarrollo personal a futuro, consideramos que, por ejemplo, una actividad arqueológica estable y sostenida en el tiempo podría ser un motivo para que nuevas generaciones quisieran y pudieran quedarse en los territorios, formándose en los nichos de empleabilidad específica que nuestros yacimientos celtibéricos ofrecen (arqueología, restauración, arquitectura, albañilería y cantería, interpretación del patrimonio, gestión cultural, etc.), sin olvidar la ampliación de nuevas sensibilidades para los agricultores, ganaderos, hosteleros, alcaldes, secretarios, etc.
Objetivo 8: Trabajo digno y crecimiento económico. Hemos visto que, en el caso de nuestros proyectos arqueológicos en la comarca, la empleabilidad se convirtió en una fuente de recursos económicos tanto para quienes trabajaban, como en su consideración de rendimientos diferidos a escala local. Aquellos proyectos no eran perfectos por la incertidumbre de su continuidad y ello perjudicaba una planificación a largo plazo que también repercutía en las expectativas de la población local. A mayor estabilidad, mejores resultados.
Objetivos 5 y 10: La reducción de las desigualdades, incluidas las de género, ya era una de las motivaciones de los anteriores planes de empleo. Por lo tanto, la reactivación de esos proyectos, en un momento en que las desigualdades se acrecientan por la crisis económica con notable pérdida de empleo, sería por sí misma una inversión necesaria para las comarcas rurales.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras. El mundo rural no suele ser un espacio de investigación, pero podría ser un buen campo de prácticas para muchas carreras universitarias. Ello permitiría una trasferencia de conocimientos de innovación a esas zonas que, precisamente, son las que padecen mayores desequilibrios y podrían corregirse en parte. El territorio y el paisaje rural ofrecen un campo de especialización en los que aprender desde la experiencia directa, como reconocer las huellas del paisaje, hacer un inventario patrimonial, estudios de impacto ambiental, alegaciones a proyectos en el campo del derecho, y otros muchos aspectos en los que a nivel teó- rico a penas se profundiza en las aulas. Y ello conduciría a la conservación de las infraestructuras culturales, es decir, los yacimientos arqueológicos o cualquier otro monumento como puntos visitables, los museos y centros de interpretación locales como centros de investigación y difusión dinámicos, etc.
Queremos terminar con un tono más optimista que el de alguno de los párrafos precedentes pues el mundo está cambiando cada vez más deprisa, sobre todo tras los recientes acontecimientos que están afectando prácticamente a todo el planeta. Ello puede ser una oportunidad de mirar a nuestro alrededor y recuperar aquello que pasaba desapercibido, porque no se pensaba que estuviera en la línea de nuestro progreso ascendente. Gran parte de la memoria de nuestro pasado se conserva en zonas rurales hoy prácticamente abandonadas, pero en vez de dejarlas morir hay que activar de manera efectiva todos los mecanismos ya conocidos para revertir esta situación pues se trata de avivar la llama, no de adorar sus cenizas.
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