Las ordenanzas y disposiciones sobre la explotación de esmeraldas en Muzo (Nueva Granada) durante los siglos XVI y XVII \*.
The ordinances and dispositions on the exploitation of emeralds in $1 6 ^ { \mathrm { t h } }$ and $1 7 ^ { \mathrm { t h } }$ century Muzo (New Granada)
Resumen: El objetivo fundamental de este artículo es el estudio de las ordenanzas sobre las minas de esmeraldas de Muzo que se dictaminaron en los siglos XVI y XVII, con sus implicaciones, sociales y económicas. Hasta ahora no existen muchos estudios históricos en profundidad sobre el tema de las esmeraldas, con generalidades muy repetidas, frente a la abundancia de los divulgativos y geológicos. Se han utilizado fuentes primarias de archivos colombianos y españoles, así como objetos de museos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el interés por el control y cobro de los quintos frente a otros aspectos más sociales y humanos.
Palabras clave: esmeraldas; minas; ordenanzas; Nueva Granada; siglos XVI-XVII.
Abstract: The main objective of this article is the study of the ordinances concerning the emerald mines of Muzo that were established in the 16th and 17th centuries, together with their social and economic implications. To the present time, there have been few historical, in-depth studies, with oft-repeated generalisations, on the subject of the emeralds; as opposed to the many works of general interest and geological focus. Here we have used primary sources from Colombian and Spanish archives, as well as exhibits from the museums. The results demonstrate the interest in controlling and receiving the quintos (the fifth part due to the king) as opposed to other, more social or humane aspects.
Keywords: emeralds; mines; ordinances; New Grenada; $1 6 ^ { \mathrm { t h } }$ and $1 7 ^ { \mathrm { t h } }$ centuries.
Sumario: Introducción 1. El primer intento organizador: las ordenanzas de Venero de Leiva 2. Viejos tiempos y nuevas ordenanzas de Villabona y Zubiaurre 3. Las últimas ordenanzas del siglo XVII y sus consecuencias: Diego Carrasquilla. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
Las esmeraldas fueron una de las novedades americanas sobre las que las autoridades tuvieron que reglamentar, pues, sin ser desconocidas en el Viejo Mundo, su escasez iba unida a la ignorancia mezclada con fantasías y mitos, heredados de Solino1 , de las Etimologías 16,7,2, de Ánglico2 , o del propio Levítico 11, como lo prueban Fernández de Oviedo, el Inca Garcilaso o Pinelo3 .
El hallazgo de aquella extraña gema despertó nuevos sueños y causó la destrucción por falta de pericia de muchas piezas, por lo que los cabildos de Santafé y Tunja, en 1539, solicitaron al rey que se dejase el trabajo en manos de los indios “como hombres experimentados”4 , que secretamente las explotaban y vendían5 . Sin embargo, existía un endémico problema de falta de mano de obra en el entorno del Magdalena medio6 , donde los muzos, a los que se calificó de “pocos y malos7 ” por ser belicosos y nómadas, no aceptaban dócilmente ni el control hispano ni los malos tratos de los encomenderos, lo que provocaba tanto levantamientos como represiones y huidas, que vedó una real provisión de $1 6 2 6 ^ { 8 }$ , amén de que desde 1593 se prohibía el trabajo obligatorio de los indios.
Estas gemas, que fueron vistas por Pedrarias en la costa en 1514, no tardaron en convertirse en el símbolo de las riquezas neogranadinas. Se dice que Jiménez de Quesada cambió sus planes de buscar El Dorado cuando supo de su existencia, aunque pretendió que no les fueran robadas a los indios ni se les obligase a extraerlas contra su voluntad9 . Las primeras minas halladas por los españoles fueron las de Chivor, en 1537, aunque no se explotaron hasta 1555 por Pedro Hernández de Valenzuela; pero para entonces ya se habían descubierto las de Itocó, en los Muzos, en 1551, más ricas, aunque se situaban en un lugar de condiciones medioambientales poco favorables para los europeos. Estas pasaron a propiedad de la Corona en 1574, que estableció un sistema de asientos para su explotación.
Aquellas esmeraldas se convirtieron rápidamente en objeto de consumo en las cortes europeas y asiáticas; así, las de Felipe II ocupan 20 folios en su enumeración10, sin contar las que había donado a El Escorial, donde es probable que fuese a parar el pectoral del obispo de Osma, Pedro Alvares da Costa, fallecido en 1563, que estaba “guarnecido de esmeraldas tan crecidas, y de tanta estimación, que se tasó en más de quatro mil ducados, el que llevó al Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial el Rey D. Felipe II"11. Tampoco se debe olvidar el consumo interno en la Nueva Granada, patente en algunos testimonios, como en las fiestas de coronación de Felipe IV, celebradas en Santafé el 6 de enero de 1622:
En un caballo blanco aderezado con una silla y brida de terciopelo negro con clavazón y estribos de plata, todas las guarniciones sembradas de broches de oro, perlas y esmeraldas, y un bozal de plata con muchas campanillas y cintas encarnadas a trechos... mucha argentería de oro los cascos de las manos y pies dorados12.
La riqueza fácil hizo necesario elaborar ordenanzas que contribuyesen a evitar un descontrol difícil de sortear. Así, junto con otras disposiciones, se fueron sucediendo tres intentos en los siglos XVI y XVII, que respondieron esencialmente a fines económicos, con menosprecio de otros aspectos. Hemos utilizado para su estudio fondos de diferentes archivos colombianos y españoles, así como la bibliografía que se cita, sin olvidar piezas de la época que se conservan en los museos.
Mapa 1. El primer intento organizador: las ordenanzas de Venero de Leiva.
No pasarían muchos años entre las noticias que se dieron al rey de las minas de Muzo y las primeras ordenanzas, mandadas elaborar por el presidente Andrés Venero de Leiva en 1568. Hasta ese momento, el escaso control trató de hacerse a través del ensayador y marcador de Santafé, cargo que ocupaba en 1566 el platero Gaspar Núñez, al que se ordenó trasladarse a Trinidad de los Muzos junto con el tesorero para ocuparse del beneficio y el valor de las esmeraldas13. Preventivamente y ante los inevitables fraudes, el fiscal Alonso de la Torre solicitaba que se prohibiese la entrada de plateros, lapidarios y extranjeros en la provincia14. De hecho, tenemos constancia de la presencia de dichos lapidarios desde los primeros momentos, algo excepcional en otras partes de América y que aquí dio lugar a la real cédula de 22 de agosto 1551, que ordenaba pagar el quinto por esta actividad15.
Venero había llegado a la Nueva Granada en 1563, encontrándose con una situación escandalosa de abusos con los indios. Pero no fue esto lo que más le preocupó en el cerro de Itocó, sino el cobro de los quintos, que fueron el fundamento de sus Ordenanzas, conservadas en el Jardín Botánico de Madrid, con una copia en los fondos documentales del Banco de la República en Bogotá16. En ellas, se ponía en evidencia el gran desconocimiento sobre su explotación y sobre sus posibles beneficios más allá de la inmediatez, por lo que se hacía hincapié en dos aspectos que urgía controlar a la Corona, es decir, la propiedad y los quintos. Otros aspectos que se recogían estaban en función de tales prioridades, como los administrativos, que, por una falta de organización, se hicieron recaer en buena medida en el cabildo de Muzo, del que dependía la delimitación de estacas mineras17. Estas, según la ordenanza primera, deberían tener una extensión de 20 por 30 varas, contadas a partir de la primera.
Ante el desorden, el proceso del descubrimiento de una mina de esmeraldas implicaba que debía registrarse ante la justicia o, en su defecto, ante el escribano de minas. Según la ordenanza séptima, si ambos estaban ausentes, el descubridor podía mantener la mina con todos los derechos hasta poderla declarar ante tales autoridades. La delimitación la debían hacer los dos medidores, elegidos al iniciarse el año por la justicia, el regimiento y los alcaldes de minas, debiendo utilizar siempre la misma vara y reponiendo las estacas que faltasen, si lo recordaban, o de lo contrario, recurriendo a testigos (ord. 13). Esto parece indicarnos la respuesta a una confusión, probablemente provocada, de ocultación de estacas para complicar la vigilancia de las delimitaciones y del respeto a la propiedad.
La dotación de una estaca implicaba saber quién era el descubridor, que tautológicamente se definió como quien tuviese una mina descubridora, en torno a la cual se hacía un registro (ord. 3). Entre tales minas debía existir una distancia de al menos una legua. A su vez, esto implicaba especificar cuántas podían explotarse por cada propietario. El descubridor podía tener otras dos a una estaca de la descubridora y otra más alejada; los demás vecinos podían tener tres, en tres registros diferentes18; y los que no fueran vecinos de Muzo podían disfrutar de una descubridora, otra salteada y una tercera en otro registro (ord. 14); pero, si no eran descubridores ni vecinos, solo podían contar con una explotación (ord. 9). A partir de esas posibilidades, la posesión de una nueva mina implicaba la renuncia perpetua a otra de las que se poseía, sin posibilidad de reclamación posterior (ord. 6). Por último, si el descubridor gozaba solamente de una mina, podía hacer otros descubrimientos. También aquí se puso de manifiesto el afán proteccionista de la Corona en los territorios americanos, pues quedaban excluidos de la posesión y de residir en los lugares de explotación los extranjeros y los que tuviesen prohibido pasar a las Indias, que además perderían sus bienes y serían conducidos presos a Santafé (ord. 12).
Aquellas ordenanzas también especificaban el proceso de adquisición de derechos sobre una propiedad que, en último término, correspondía a la Corona. El descubridor debía mostrar las primeras esmeraldas extraídas de la mina (denominadas como “metal”) que quería declarar como propiedad ante la justicia, la cual podía enviar una representación al lugar para hacer comprobaciones, incluso hacer jurar que la muestra presentada tenía aquella procedencia. Realizado este trámite, se entregaba a su descubridor, quedando obligado a hacer estaca fija en la descubridora y en las demás. Para evitar el monopolio, esta concesión obligaba a ceder estacas a quien lo reclamase, aunque en realidad la solicitud de terceros podía hacerse antes del descubrimiento; en tal caso, el peticionario acompañaba al descubridor ante la justicia “a se ratificar en ellas”, aunque tal presencia no era necesaria si el mencionado juraba que se le había hecho la petición. De este modo se quería garantizar, por encima de otras consideraciones y probables abusos de privilegios y prevaricación, que los primeros solicitantes fueran los beneficiados. La petición podía hacerla cualquier vecino o quien tuviere poder de otros, si se presentaba ante el escribano de minas tres horas después de pedir estacas y si el vecino para el que las tomaba se obligaba a poblar y labrar la mina en un plazo de tres meses; de lo contrario, la perdería en favor de quien la labrase (ord. 8). Por tanto, estaba claro que se pretendía garantizar una permanencia poblacional y una activación de los trabajos mineros en aquel lugar tan inhóspito para un europeo.
Para proteger la propiedad en aquel ambiente se prohibía tajantemente la movilidad de estacas, so pena de una multa de 100 pesos y la perdida de la mina (ord. 15), aunque especificando algunas particularidades, que respondían a la necesidad de evitar ciertas prácticas fraudulentas, como el registro de minas ajenas; de producirse esto, al intruso no se le admitiría tal registro, ya que el propietario podía retrasarlo hasta obtener esmeraldas de una cierta calidad (ord. 4). Esto parece que podía ser una actividad frecuente entre los criados, pues se llegaba a precisar que las altas de descubrimiento de estos corresponderían a su amo y, si por venderla, abandonaban al mismo, tendrían una severa condena. Lo mismo se entendería con los indios y esclavos, ya que la propiedad sería también para su encomendero o su dueño (ord. 5).
Esa misma propiedad implicaba unas servidumbres en función del beneficio de las explotaciones, que se tendrían en cuenta para evitar actitudes cainitas y competitivas; así, se debía permitir dar salida a los desmontes de explotaciones ajenas, concediendo un paso de hasta cinco varas en la parte que menos perjuicio se causase; en caso de haber diferencias, intervendría el alcalde de minas y facilitaría al solicitante las cinco varas (ord. 16). Igualmente, nadie podría impedir el paso de acequias de agua por sus terrenos, imprescindible para la explotación esmeraldera19; si lo hacía, amén de la multa pecuniaria, se debían afrontar los reparos y costes por los daños causados. Con todo ello se pretendía facilitar el aumento de explotaciones y evitar el monopolio productivo, estrangulando las posibilidades de otros. Es decir, se estaba apoyando un minifundismo minero, para no poner en peligro el control real.
Todo lo planteado por las ordenanzas implicaba el nacimiento de una burocracia minera, aunque en estos primeros momentos el cabildo de Muzo todavía conservaba un poder decisorio y una buena parte de los asuntos caían en manos de los corregidores o sus lugartenientes, los alcaldes ordinarios y, como cargo específico, el alcalde de minas, que estaba obligado a visitarlas al menos una vez al mes y poner un veedor en cada nueva explotación. Esta burocracia era la responsable del cumplimiento de las ordenanzas y de manera muy especial del control y cobro de los quintos, de los que debían responder, pudiendo imputárseles descuidos, negligencias y daños; en consecuencia, corrían el peligro de perder el oficio, respondiendo con sus bienes.
Era evidente que el interés de la Corona en aquellas explotaciones estaba en poder contar con unas gemas tan estimadas en el mundo, pero sobre todo por la rentabilidad que se generaba a través del cobro de los quintos. En consecuencia, a las ordenanzas se añadieron unas disposiciones concretas de cuatro puntos muy precisos. El primero, que nadie pudiese labrar ni beneficiar esmeraldas sin haber pagado aquel impuesto, por lo que se repetía que las primeras de una explotación se manifestarían al corregidor y al alcalde de minas, que nombrarían un veedor para evitar los fraudes. En ausencia del corregidor, se manifestarían a su teniente o a uno de los alcaldes.
El segundo punto exponía que las esmeraldas se registrarían y pesarían los sábados ante dicho corregidor, su lugarteniente o uno de los alcaldes y ante el alcalde de minas y el veedor de la explotación concreta; quien no lo hiciese y tuviese encomienda la perdería. Precisamente este era uno de los problemas más temidos, pues eran los indios de encomienda los que garantizaban la riqueza de algunos propietarios en lugares donde la mano de obra escaseaba, especialmente después de que en 1593 se les diera libertad para contratarse.
El tercero manifestaba que nadie podía vender, cambiar ni enajenar esmeralda alguna si no había pagado su quinto, pues perdería las que poseyese sin quintar, así como las minas y la encomienda, si la tuviese. Si el infractor era indio, negro o mulato “u otra baja persona”, además recibiría 200 azotes y se le desterraría de la ciudad y de sus términos.
El cuarto y último punto incidía en el cumplimiento por parte del corregidor, su lugarteniente, alcaldes ordinarios y alcalde de minas para que se guardasen estas ordenanzas con diligencia y cuidado, sobre todo en lo que tocaba a los quintos y, en general, al patrimonio real, siendo obligada una visita mensual.
Al aspecto coercitivo, como hemos visto, se le dio una especial importancia y se aclaró de forma expresa en cada una de las ordenanzas, consistiendo por lo general en multas, en las que la gran beneficiada era la cámara real. En el caso de criados, indios y esclavos que declarasen una mina contra el interés de su dueño, dicha cámara recibía la totalidad de los bienes de los infractores. En otros casos recibiría la mitad, como los 50 pesos del descubridor que no entregase las estacas que se solicitasen; a quien impidiese el paso del agua por sus terrenos; o a quien movilizase dichas estacas. En estos últimos supuestos la multa era compartida con la construcción de la iglesia de Muzo, que a finales del siglo XVI seguía siendo de madera, aunque con una torre de reminiscencias góticas. El que ocultase sus descubrimientos perdería sus bienes divididos entre la cámara real, los gastos de justicia de la ciudad y el juez que lo sentenciare. Otras multas eran menos concretas como el contrato de esmeraldas sin quintar, que quedaba al albedrío de la Audiencia de Santa Fe.
El interés fiscal se demuestra igualmente porque las mayores condenas estaban en relación con el ocultamiento de los quintos, pues si en una mina no se declaraba la producción su dueño la perdería, junto con las esmeraldas que hubieran sacado. Lo mismo sucedía a quien no registrase e hiciese pesar las esmeraldas ante las autoridades, en que además de perder la mina, si era encomendero, también perdería la encomienda. Puede llamar la atención este interés en la “pérdida de encomiendas”, pero Venero había sido especialmente susceptible a los abusos que se cometían y estaba dispuesto a frenar a los infractores en aquello que más les podía afectar.
Respecto de estas ordenanzas, debemos considerar también las carencias. Resulta especialmente llamativa la ausencia de asuntos técnicos, quizá por desconocimiento y por la falta de especialistas de confianza, lo que daba lugar a que no se mencionase nada sobre las calidades de las esmeraldas. En consecuencia, hubo que recurrir a disposiciones posteriores, como la de 1579, donde se estableció que el quinto debía regularse como el de las perlas y de acuerdo con la diferencia de calidades, tal y como se recogió en la ley XLVI, lib. VIII, tít. X de la Recopilación de Leyes de Indias.
El ordenamiento de Venero no agradó a muchos españoles de la zona, que no tardaron en ver cómo la Corona adoptaba el sistema de asientos y capitulaba con Álvaro Cepeda de Ayala, hombre al que se proveyó por corregidor de Muzo, después de que en 1572 se le hubiese seguido un proceso por fraudes con las esmeraldas20, precisamente el año en que estas pasaron al dominio real. Hubo un intento por hacer este cambio de la manera menos traumática, por lo que, por un lado, se prometió a los propietarios que, si tenían minas de oro, quintarían solo la décima o veinteava parte y, si tenían indios de encomienda para el trabajo minero, se les ampliaría su posesión por una vida; por otro lado, a los que no poseían minas ni encomiendas se les concederían indios vacos u otros beneficios que compensasen la cesión de sus explotaciones21. Aunque las capitulaciones no se firmaron hasta dos años más tarde22, el 2 de junio de 1573 se entregaba la explotación al mencionado Cepeda, al que Felipe II convirtió de forma vitalicia en el primer gobernador de los Muzos durante el tiempo que se prolongase el aprovechamiento de las esmeraldas23. Era el premio a su actividad minera, convirtiéndole en un héroe por sus entradas contra los muzos, justificadas en el difundido canibalismo de aquellos indios, cuyas sublevaciones estaban en relación directa con el maltrato al que se veían sometidos24. Eran además tiempos en los que todavía se hablaba de tesoros escondidos que los naturales encubrían, por lo que, el 13 de junio de 1573, según lo recoge la Recopilación, en la ley IV, lib. VIII, tít. VIII, se ordenaba que no se les agraviase si revelaban sus secretos y se les hiciera partícipes de los favores convenientes. Aquella ensoñación hizo pensar que el cacique de Anolaima, en Tequendama, tenía sepultadas en una ciénaga esmeraldas sin jardín del tamaño de bocadillos de guayaba25. Las fantasías de los españoles sobre tales tesoros no cesaban, tal y como lo relataba el cacique de Turmequé en 1585:
Viéndose poderosos en el mando de todo aquel Nuevo Reino, de tal manera en ellos se sembró la codicia que, buscando modos y maneras para sí pudiesen satisfacer y hartar su ambición y sed que tenían de oro y esmeraldas, so color de que idolatraban los indios y que convenía al servicio de Dios y de Vuestra Majestad quitarles los ídolos en que adoraban, salió el uno de ellos por la provincia de Santafé y el otro a la provincia de Tunja e hicieron las mayores crueldades y robos que hombres han hecho, pidiéndoles a los miserables indios y caciques que hubiesen ídolos de oro, dándoles tormento de garrucha y de cuerda por los genitales y otras formas y tormentos ignominiosos, que muchos de ellos murieron de muerte natural, los que eran señores principales, de verse así afrentados entre sus naturales26.
La entrega de minas a Cepada como asiento dejaba muy clara la situación de la propiedad, pues el rey lo hacía “como hacienda nuestra propia”, reduciendo los beneficios al pago de tres quintos. En aquella situación se explotaban ocho minas: las tres de Cepeda; una del tesorero de la Real Hacienda, Gabriel Limpias; otra del rey; y tres de un clérigo27.
El monarca se reservaba el nombramiento de veedores y sobrestantes, obligando a que todas las esmeraldas se pusieran en manos de los oficiales reales, para que se tasasen por el Consejo de Indias, reservándose la adquisición de los lotes, previo el pago correspondiente a su dueño. Precisamente esto sucedió con un bloque de esmeraldas de Cepeda, valorado en cerca de 25.000 ducados y que algunos suponen que se utilizó para el tabernáculo de El Escorial28. El pago se hizo con la concesión de 500 licencias de esclavos negros, de las que la tercera parte serían mujeres y de esa cantidad, 150 “los podéis navegar vos o la persona que para ello nombráredes” en Cartagena, con la condición de que el navío contase con tripulación castellana. Lo cierto es que los esclavos nunca llegaron, y el número de los mismos con el que contaron las minas de Muzo nunca cubrió las necesidades29, hasta el punto de que se convirtió en una reivindicación arrastrada hasta la independencia.
A pesar de sus Ordenanzas, es dudoso que la actitud de Venero en el asunto de las esmeraldas fuese ejemplar, pues su esposa fue denunciada por las que aceptó como regalo30; y él mismo fue acusado por Antonio Ramírez Gasco, en 1574, de haberle sustraído algunas gemas de valor31.
2. VIEJOS TIEMPOS Y NUEVAS ORDENANZAS DE VILLABONA Y ZUBIAURRE.
Después de la visita de Venero y la creación de la gobernación vino la necesidad de contar con unas cajas reales, que funcionaron desde el 26 de octubre de 1595 al 15 de diciembre de $1 5 9 7 ^ { 3 2 }$ . Volvieron a ponerse en marcha en 1603 hasta su cierre definitivo en 1709, siendo su principal y prácticamente única entrada la del quinto de las esmeraldas33. Este impuesto sufrió vaivenes con una fuerte recesión en torno a $1 6 1 0 ^ { 3 4 }$ , ya que estuvieron en relación directa con la población autóctona; es decir, parte del peso de la productividad se repercutía en ella en momentos de plena crisis demográfica. Así, cuando en 1584 Francisco Guillén Chaparro intentó tasar a los indios de Muzo, contra la pretensión de los encomenderos, que temían por el mantenimiento de los servicios personales35, su número se dice que ascendía a 22.92136. En esa situación, pocos años más tarde, entre 1583-1603, según un informe de Juan Sanz Hurtado, la población autóctona pasó de 13.000 a 3.000 almas, aunque ahora, al régimen de explotación se añadieron las epidemias vividas en la zona37.
En 1601, el gobernador Nuño de Solís mencionaba que en las minas de esmeraldas trabajaban 400 indios y que para mantener la prosperidad de la región convenía la conservación de aquellos naturales, sobre todo de los jóvenes, ya que los padres mostraban su preferencia por los trabajos de la tierra para alimentar a la familia38.
La situación volvió a ser denunciada por el gobernador Domingo de Erazo, hombre experimentado en la Indias, que llegó en $1 6 0 5 ^ { 3 9 }$ . El temor de los encomenderos a perder sus indios era entonces aún mayor, y varios retiraron sus cuadrillas de las minas. Erazo los hizo regresar, puesto que la extracción de esmeraldas se consideraba la más productiva para el fisco40, y por ello se concedieron algunos repartimientos para aquel trabajo41. Igualmente abogó por el pago de salarios y por evitar la denominación de “servicio personal”, que se consideraba como un tipo de esclavitud y daba una mala imagen fuera de aquel ambiente42. En 1617, abandonó su cargo, lo que siempre había deseado, para ocupar el de factor y veedor de la hacienda de Nueva España43.
Los abusos continuaban, y en 1617 se producía la visita de Juan Lesmes de Espinosa, que dio cuenta de la existencia de 9.110 indios y otros 500 huidos, dato este último que explica claramente el descontento de los naturales. Para entonces también los encomenderos hicieron notar su disconformidad, pues denunciaban la obligatoriedad que les imponían los gobernadores de echar sus cuadrillas a las minas, acogiéndose a una real cédula. Desgraciadamente, Lesmes, que como Erazo escuchó las quejas de los indios, no quiso profundizar en el problema y manifestó que su misión no era anular las ordenanzas, pero que procuraría garantizarles su alimentación y el pago por su trabajo44.
Al descenso poblacional se añadía la corrupción que desde los primeros tiempos se había instalado en las minas, con la implicación no solo de particulares y de autoridades locales, sino de la propia Audiencia, especialmente durante el gobierno de Francisco Sande (1597-1602), que en 1600 había enviado a la Península, por medio de un jesuita, una gran cantidad de oro y esmeraldas45; incluso en 1602 hubo que plantear una visita a los miembros de la misma46, viéndose implicado en el fraude de quintos por negocios con metales preciosos el oidor Lorenzo Terrones47. Esta actividad le había puesto en contacto con algunos de los personajes más ricos de la Nueva Granada, como el propietario de minas de esmeraldas Francisco de.
Tovar y Alvarado48, del que se dice que regaló a Felipe IV un cintillo de estas gemas, valorado en 10.000 pesos, y que le valdría la concesión del hábito de Santiago, en 1622; aunque también se menciona que aquella pieza fue un regalo que hizo a Mariana de Austria por el nacimiento de Felipe Próspero (1657)49. Años más tarde, este mismo minero entregaría armas a los encomenderos de Muzo para defenderse de los indios salteadores50.
Una nueva visita por Rodrigo Zapata tendría lugar en 1629, cuando la población india se había reducido a 1.465 tributarios, de nuevo tras una epidemia que había afectado al conjunto de la población. Se duda de la veracidad de los datos de esta visita, no por ineficiencia del visitador, sino porque carecía de la autoridad necesaria para recabar informaciones fidedignas51.
A los problemas de la población y del cobro de quintos se unía la llegada de más lapidarios, dispuestos a colaborar en los fraudes a la real hacienda, dedicándose a la compraventa y a la manipulación de las esmeraldas, sin cumplir con el fisco. De aquellos artífices que pululaban por la zona conocemos el nombre del mestizo Cristóbal García52. En consecuencia, en 1602, se envió a Melchor de Párraga para investigar el problema53; aunque nos son desconocidos los resultados.
Llegamos, así, al momento en que se produjo la visita del conquense Juan de Villabona y Zubiaurre (1577-1634). Este funcionario, rector de su Universidad de Sevilla, fue nombrado oidor del Nuevo Reino de Granada, en 1608. Allí, supervisó las guerras con los naturales, visitó diferentes lugares, se enfrentó a los encomenderos y hasta tuvo discrepancias con el arzobispo Arias de Ugarte. El 24 de julio de 1622 era nombrado oidor de la Audiencia de México54, pero retrasó el viaje para poder finalizar la visita a las minas de Pamplona55.
Las ordenanzas de Venero y otras disposiciones poco o nada habían conseguido y pervivían los problemas de los quintos, la crisis demográfica y el aumento de los fraudes. Resultaba imposible racionalizar la explotación de las gemas en aquellas condiciones, por lo que se programó la nueva visita de Villabona, en 1613, cuando las cajas reales solo recibían el producto de los quintos de algunas esmeraldas de baja calidad56.
Aquella visita trató de realizarse con la imparcialidad que caracterizaba al funcionario, abriendo proceso a varios vecinos y autoridades de Muzo, como al teniente de gobernador, al alférez mayor, al capitán y alguacil mayor; a algunos oficiales reales y a otros prohombres de Muzo, incluido un regidor, el alcalde ordinario, y los bienes del capitán Alonso Sánchez de Cepeda. Como se ha dicho, conocemos los nombres de los implicados porque en su documentación se incluyó la lista de las personas a las que procesó y, curiosamente, todos aceptaron la pena pecuniaria que se les impuso57, lo que parece corroborar la culpabilidad de corrupción, aunque muchos de ellos no tardaran en solicitar el reconocimiento de encomiendas.
La complicada situación obligaba a afrontar unas nuevas ordenanzas, que el presidente Juan de Borja encargó al propio visitador, que en la introducción de las mismas siguió dejando muy patente el relevante papel que tenían los quintos58.
Era evidente que la visita del oidor no fue bien recibida por los mineros, que alegaron que esta podía ser hecha por su propio gobernador, al tiempo que pedían que, debido a la dispersión de los naturales, no se les nombrasen corregidores59. Todo indicaba que el fraude fiscal y los abusos con los indios se habían convertido en una costumbre, por lo que en las penas de las nuevas ordenanzas se hacía hincapié, como ya lo había hecho Venero, en la pérdida de encomiendas. Dichas ordenanzas se firmaron en Muzo el 24 de enero de 1614, perfilando algunas cuestiones de las anteriores y aportando otras novedades, producto de unos mayores conocimientos, pues el fin era “reparar los daños que la experiencia de nuevo ha descubierto y los excesos que se han cometido contra las dichas ordenanzas pasadas”60.
Vistas las circunstancias, se intentó que el control sobre la producción fuese más férreo; así, cuando en una veta pintaban las esmeraldas, se comunicaría al alcalde y al veedor, nombrados por el gobernador y justicia de Muzo, para que estuviesen presentes en la explotación; en caso de no poderlo estar, contarían con una persona de confianza que detuviese las labores hasta que acudiesen. Si el explotador de la veta no actuaba de esta manera, perdería las piedras, las minas y la encomienda, si la tuviere, así como la mitad de sus bienes; y si los alcaldes y veedores no cumplían con su obligación, perderían sus oficios por dos años y se les impondría una multa de 200 pesos de buen oro (ord. 2). Esta ordenanza se complementaría con la $1 4 \mathrm { ~ y ~ }$ última, que abordaba los descubrimientos nocturnos, que serían cegados para evitar la extracción sin control, a la vez que se registraría en el libro del alcalde de minas la cantidad y la profundidad a la que se hallaban las piedras, para así comprobar si se habían tocado las esmeraldas cuando se iniciasen las labores. De no cumplirse con esto, las multas eran idénticas que en el caso anterior. Es decir, sobre la generalidad planteada en las de Venero, se trataban de corregir los fallos que se apreciaban para transgredir la ley tanto por los mineros como por las propias autoridades.
El control sobre los dueños de minas iba en aumento una vez que se habían hecho patentes los fraudes por ocultación y hurto de las mejores piedras, lo que afectaba directamente a los quintos y favorecía el comercio clandestino. En consecuencia, se imponía a mineros y mayordomos el pago de una fianza para evitar huidas con esmeraldas sin manifestar, cuyos daños, en último caso, pagarían sus fiadores (ord. 12). Según la ordenanza siguiente, quienes así actuasen perderían sus bienes y serían desterrados perpetuamente de las Indias; además, el dueño de la mina que contratase mineros y mayordomos sin dar fianza se obligaba a satisfacer los daños causados como si fuera fiador.
Para entonces, la existencia ya de cajas reales condicionaba las explotaciones. En ellas, según la primera ordenanza, habría un libro real y otra caja particular para estas piedras, en la que se guardarían los quintos de las mismas. Tendría tres llaves que estarían en poder del gobernador y los oficiales reales. Esto se complementaría con la ordenanza tercera, que establecía que las esmeraldas extraídas de cada dueño se depositarían en un cajón, después de lavadas y organizadas por suertes (de primera, segunda, tercera y plasmas)61, como se haría constar en el mencionado libros de la “caja especial de esmeraldas”, firmando el alcalde, el veedor y el propietario, aunque la llave, al contrario de lo establecido hasta entonces, la conservaría este último hasta que las gemas se quintasen en presencia del gobernador. Era entonces cuando, según la ordenanza cuarta, los lapidarios las dividirían en cinco lotes iguales; el dueño elegiría el primero, luego lo harían los oficiales reales y el resto se entregarían también al propietario, haciéndolo constar en el libro junto con otros datos, como cuándo se descubrió la veta y la asistencia a la extracción del alcalde y veedor. Todo lo firmarían el gobernador, oficiales reales, alcalde, veedor y dueño, que deberían estar presentes so pena de 200 pesos de multa.
Con lo anterior quedaba establecido cómo se organizaban los quintos, prohibiendo que ni los compradores de esmeraldas ni otra persona interpuesta pagasen dicho impuesto, ya que aquella costumbre había perdido su sentido al existir cajas reales; además, se prohibían las ventas encubiertas en “escrituras, vales y otros recaudos con color y nombre de otros contratos con lo que se pretenden defraudar los quintos”, de modo que quien lo hiciese perdería las esmeraldas y la mitad de sus bienes (ord. 9).
Obviamente también quedaba prohibida toda transacción de esmeraldas sin quintar. El justificante de haberlo hecho se entregaría después de constatar que estaban registradas en el libro con su peso y calidad, para así evitar ventas de las no tasadas, que es “el principal fundamento y mayor peligro de los dichos fraudes” (ord. 6). Con esa comprobación se podría entregar el certificado a los forasteros tres días antes de que iniciasen su salida de Muzo, haciendo constar el pago y la calidad, al tiempo que se inscribiría en el libro cada partida vendida (ord. 7). Si quien las sacaba era un vecino y no lograba venderlas en otro lugar, al regresar debía devolver a los oficiales reales el certificado del pago del quinto, hasta que las volviese a intentar vender fuera de la jurisdicción. De no hacerlo así, se perderían las piedras, las minas, la encomienda (si la tuviese) y la mitad de sus bienes; y a los oficiales reales que lo consintieran se les imponía una multa de 300 pesos de buen oro (ord. 8).
El exceso de celo con los quintos se reflejaba de manera muy especial en la ordenanza quinta, dedicada a los actos en los que el pago de dicho impuesto no afectaba, como en las almonedas de esmeraldas sueltas, a cuyo pregón y desarrollo debían atender el gobernador y los oficiales reales, como responsables de las posibles irregularidades. En esas subastas, si la tasación era baja, para evitar fraudes, se comprarían para el rey; y, si sucedía lo contrario, se entregarían al mejor postor o se las quedaría el dueño, cobrándole el quinto.
En la ordenanza décima, además de la burocracia y del control que se mencionan, se oficializó el cargo de los lapidarios para solventar la impericia de los mineros. Ejercer de lapidario implicaba estar avecindado, examinado y haber entregado la correspondiente fianza, so pena de destierro y pérdida de la mitad de los bienes. Es cierto que la misma ordenanza, probablemente por las necesidades existentes, podía obviar tales condiciones, siempre que el trabajo se hiciese en la tienda de otro lapidario (ord. 11). A estos artífices también se les prohibía labrar esmeraldas brutas sin certificación del pago del quinto; por tanto, antes de labrarlas, recibirían una constancia de peso y calidad. Una vez labradas, las manifestarían de nuevo, destruyéndose el certificado anterior (ord. 10). El primer lapidario tasador oficial fue Miguel Vega, que ya estaba activo en 1612, coincidiendo con la extracción de una gran esmeralda que llegó a manos de Felipe III en 1614, donada a El Escorial, sin que ningún lapidario de la corte se atreviese a tasarla62.
Como vemos, sobre las ordenanzas de Venero hay algunos elementos novedosos a los que se da gran importancia: la existencia de libros que recogieran pormenorizadamente los procesos de explotación y selección; o la de especialistas lapidarios para el tratamiento de las piedras. Incluso los procesos de extracción y las condenas sufrieron cambios, pues en estas ya no se mencionan partes para la construcción de la iglesia de Muzo.
La gran ausencia en estas ordenanzas seguía siendo el trabajo indígena, pues en tal sentido no aparece ninguna exigencia a los propietarios de minas y tan solo la amenaza de perder sus encomiendas, no por dicho trato, sino por los fraudes a la hacienda real.
3. LAS ÚLTIMAS ORDENANZAS DEL SIGLO XVIII Y SUS CONSECUENCIAS: DIEGO CARRASQUILLA.
Muzo se había ido convirtiendo casi en un espacio descontrolado y sin ley, por eso, las ordenanzas de Villabona y Zubiaurre tampoco resultaron eficientes, pues el visitador Rodríguez de San Isidro, en 1631, denunciaba su incumplimiento y el fraude con los quintos, abogando de nuevo por buscar una solución63, que se vinculaba también a la falta de mano de obra, tema obviado por Villabona. Freile, que finalizó su obra en 1638 decía:
Esta ciudad fue muy rica por las minas de las esmeraldas que tuvo; y al presente, pobre por haber descaecido estas minas, o, lo más cierto, por haber faltado sus naturales, como ha sucedido en todos los demás reales de minas, que están el día de hoy despoblados por esta falta64.
En 1643, ante el fracaso de los controles, se elaboraron unas nuevas ordenanzas por Diego Carrasquilla y Maldonado, que había llegado a Nueva Granada en 1628 como fiscal de la Audiencia65, ascendiendo a oidor en 1634 y acabando sus días, también como oidor, en la Audiencia de Lima66. Aquellas ordenanzas parece que tuvieron una mayor vigencia temporal, puesto que no se hicieron otras hasta la segunda mitad del siglo XVIII; pero su cumplimiento supuso también un fracaso, no tanto por el contenido, que nos es desconocido casi por completo, como por la despreocupación que se generó. Aun así, cuando se intentaron reactivar aquellas minas en el setecientos se mencionan algunos fragmentos y se reconoce que se habían buscado sin éxito67.
Lo que sabemos con precisión de aquellas ordenanzas es que, al contrario que las anteriores, abordaron el espinoso tema de la mano de obra indígena, ya que la crisis demográfica preocupaba a las autoridades santafereñas y metropolitanas, cuando ya en otros lugares había comenzado su recuperación. En tal sentido, como casi siempre, no habían faltado denuncias sobre los abusos, pero sin demasiado éxito. Para compensar aquella crisis ni siquiera se había logrado establecer un relevo con esclavos negros, en los que se había pensado desde los primeros tiempos, aunque nunca llegaron en la cantidad suficiente como para solventar el problema. De todos modos no faltaron solicitudes, aunque sin éxito, como la de 1622, que se insistía en la necesidad de su importación68.
Carrasquilla no obviaba el problema, puesto que la experiencia de sus visitas le había familiarizado con el problema del trato a los indios69. Así, para conseguir mantener la escasa mano de obra indígena, a la que no se podía forzar a trabajar en las minas, recurrió en sus ordenanzas al sistema de “raciones adelantadas” 70. Consistía en pagar a los indios sus jornales por adelantado, lo que les fijaba en el espacio minero, al menos temporalmente. Coincidió aquello con un momento en que las minas estuvieron florecientes y de ellas, algunas eran explotadas directamente por la real hacienda y trabajadas por varias cuadrillas de indios, que producían beneficios de sumas considerables71. En consecuencia, se apreció un aumento de la producción entre 1644-1650 y luego una decadencia especialmente llamativa en 1655 con una recuperación posterior72. Fue por entonces cuando se descubrieron las minas de Cozcuez, de corta vida, pues el terremoto del 3 de abril de 1646, que afectó también a las de Muzo, originó un derrumbe que provocó la muerte de unos 300 trabajadores73.
Las ordenanzas de Carrasquilla también debieron entrar en el eterno problema de los tambres y los desmontes, que las ordenanzas anteriores habían garantizado, aunque debieron imponerse limitaciones importantes, puesto que en 1650 Juan Ortiz Maldonado exponía, que, en contra de lo dispuesto en las ordenanzas, un protegido del corregidor quería hacer un tambre y desmontes por encima de su mina, lo que le perjudicaría74.
Nada parecía dar con la solución de la mano de obra autóctona y más después del terremoto de 1646, que en Muzo también provocó muertes y la destrucción de viviendas e iglesias, incluida la de Santa Bárbara en el real de minas75. Tras aquel trágico suceso muchos encomenderos abandonaron la región con sus indios, de lo que se quejó el gobernador, marqués de Monteros, pidiendo que quitasen las encomiendas a quienes no tuviesen casa poblada en la ciudad76. Esto se denunciaba al tiempo que se solicitaba una real cédula para que se cumpliesen las requisitorias para el pago de los quintos77. Vista la situación, en 1648, se ordenó la extinción de la gobernación, pasando a depender del corregimiento de Tunja. Era el final de una entidad administrativa que había estado en entredicho desde su creación y que había pervivido por las expectativas que despertaban las esmeraldas. La producción oficial se abandonó también hasta 1761. Todo quedaba en manos de explotadores particulares que gozaban de concesiones de la Corona.
Aquel abandono real favoreció las prospecciones privadas, por lo que la productividad no se detuvo, y tampoco los fraudes. Buena prueba de ello es que los precios en los mercados mundiales no aumentaron y los monarcas de Oriente y Occidente siguieron atesorando piezas magníficas, siendo el mejor ejemplo el del propio Carlos $\mathrm { I I } ^ { 7 8 }$ . Es más, de todas las esmeraldas del mundo, las neogranadinas seguían manteniendo una mayor estima por su tonalidad y, dentro del abaratamiento general, unos mejores precios. Por tanto, la caída de los quintos no estaba en relación con la producción, sino con el fraude y el contrabando, por lo que en 1677 se comisionó al presidente Francisco Castillo para que recabara información, dando lugar a una serie de acusaciones a importantes personajes de Muzo, a los que se abrió un proceso que se prolongó hasta $1 6 9 6 ^ { 7 9 }$ .
La aparente decadencia extractiva dio lugar a que, en 1687-1688, los quintos se redujeran al $5 \% ^ { 8 0 }$ , como se hacía con las minas de oro y plata cuando no eran suficientemente productivas. Era el reconocimiento de una falsa producción decadente, que implicaba ante todo un desarrollo de los fraudes. Tenemos ejemplos concretos como el que se produjo en 1688, en la mina del contador Clemente Gómez de Cancelada, donde los esclavos descubrieron una esmeralda de gran valor, que desapareció sin ser declarada a nadie81. Una nueva denuncia de importancia se repitió en 1695, cuando Juan Fernández Vallejo destapó toda una serie de infracciones a partir de una venta que le hicieron de sortijas de oro y esmeraldas, piedras labradas, morrallón y plasmas82.
En ninguna de las ordenanzas aparece el fenómeno del contrabando de forma expresa; sin embargo, era una evidencia que ya el propio Venero contemplaba, al prohibir negociar esmeraldas a extranjeros, marañones, lapidarios y plateros83. Este se hacía esencialmente en las costas caribeñas, donde las autoridades no contaban con suficientes efectivos para una vigilancia eficaz. Los intermediarios internos durante los siglos XVI y XVII fueron los portugueses de Cartagena, lo que no era desconocido por las autoridades, ya que un agente de la Corona, Gregorio Robles, controlaba a finales del siglo XVII “las operaciones de contrabando de azúcar, tabaco, oro, perlas y esmeraldas que los ingleses, franceses y holandeses hacían impunemente”, especialmente desde que Curaçao, en 1634, y Jamaica, en 1665, se convirtieron en los focos del contrabando caribeño84. Así, se llegó a decir en 1712 que la provincia de Santa Marta era uno de los mayores desagües de plata y oro85, pero también lo era de esmeraldas, lo mismo que La Guajira.
En Europa se podían encontrar en los mercados de Ámsterdam y Londres; de ahí que en el museo de esta ciudad, el Cheapside Hoard, contenga ejemplares de la era isabelina y jacobina, siendo de destacar un reloj elaborado con tales gemas. Pero el contrabando también abastecía los reinos orientales, donde se pagaban mejores precios; así, Francesco Carleti menciona el valor de las esmeraldas neogranadinas a principios del siglo XVII86. Igualmente Boèce de Boot relata que, en aquellas latitudes, el valor de una esmeralda era de un cuarto respecto de un diamante de las mismas características87. A los mercados orientales llegaban desde Europa o desde Manila, como las que vendió Jacques de Coutre al sha de Bijapur88; o las del sha Jahan de la India, que se conservan en El Hermitage89. Todavia a finales de siglo las esmeraldas neogranadinas seguían gozando de prestigio en Goa90. Incluso en África debió haber algún comercio, pues en 1642, al hablar del rey del Congo, se dice que llevaba dos grandes esmeraldas en la mano izquierda91.
El contrabando no solo era cosa de los extranjeros, pues los mismos españoles participaban en los fraudes, como lo prueban las 6.000 esmeraldas del pecio del Atocha, hundido en 1622, de las que ninguna constaba en el sobordo. De hecho, un tripulante que sobrevivió, enjuiciado en corte marcial, declaró que ayudó al almirante Pedro de Pasquier a introducir ilegalmente un baúl con unos 30 kilos de estas gemas de Muzo92.
CONCLUSIONES.
Las esmeraldas, hasta entonces unas piedras preciosas escasas en el Viejo Mundo, eran muy apetecidas en las cortes orientales y occidentales, pero, sobre todo, en el caso de la corona española, por la rentabilidad que se esperaba obtener de su explotación, en la que trataron de evitar los monopolios, favoreciendo una explotación minifundista. En consecuencia, se elaboraron una serie de ordenanzas que ponían su acento en el cobro de los quintos reales, aunque con escaso éxito, habida cuenta de que los fraudes y el contrabando se convirtieron en una característica que rodeó la explotación de aquellas piedras preciosas. Hasta tal punto llegaron las cosas, que la corona acabó por desistir de su beneficio directo, en favor de asientos con particulares. En relación directa con lo expuesto estuvieron el fraude y el contrabando. Del primero participaron directamente muchas autoridades españolas; del segundo, sobre todo, los extranjeros, principalmente portugueses, holandeses y británicos, que utilizaban para tales negocios las costas neogranadinas, así como sus bases en las islas del Caribe.
Pero además de aquellos problemas existió otro al que ordenanzas de Venero y de Villabona no prestaron atención, como fue el de la mano de obra. Empeñados en el cobro de los quintos, evitaron tocar un tema que resultaba fundamental también para estos: el de la mano de obra en un lugar donde la población de naturales iba en franco descenso, amén de su escasa disponibilidad para aquel tipo de trabajo por su tradición nómada y guerrera. Además, los españoles aspiraban a gozar de encomiendas que dificultaban todavía más las relaciones, a la vez que pretendían conservar a sus indios para otras tareas.
La solución obvia parecía la importación de esclavos, que, aunque los hubo, la Corona fue reticente a conceder permisos, ya que, probablemente, temía sublevaciones y huidas en un lugar tan apartado y difícil de controlar.
Otros aspectos que las ordenanzas olvidaron o no profundizaron en ellos fueron los técnicos, inevitables para hacer una explotación racional. Quienes trabajaban con frecuencia no sabían cómo tratar las piedras y destruían algunas de las mejores piezas. Para procesarlas estaban los lapidarios, que con frecuencia también favorecían los fraudes, por lo que hubo que recurrir a ordenar que las piedras en bruto pasaran al Consejo de Indias para que fuesen tratadas por los lapidarios de la corte. Este problema de falta de especialistas se convirtió en endémico, y aún se acusaba durante el periodo independentista.
Lo cierto es que unas condiciones medioambientales poco favorables para la vida de los europeos; la carencia de técnicos; una presión fiscal importante sobre el papel, pero ineficiente en la práctica; una falta de mano de obra y una corrupción generalizada provocaron demasiados problemas que las ordenanzas no lograron atajar, lo que favoreció el sistema de asientos con particulares, que enrarecieron aún más el ambiente. Es decir, dichas ordenanzas, a pesar de sus intenciones regeneradoras y de protección, tuvieron una escasa influencia para racionalizar aquellas explotaciones y obtener los beneficios que se esperaban.
Contra lo que se pueda pensar, todo aquello no hizo descender la producción, que se movía esencialmente en la ilegalidad, pues las esmeraldas neogranadinas acapararon los mercados mundiales, provocando una bajada de los precios, aunque las de estos lugares mantuvieron cierta ventaja sobre las producidas en Asia y Europa, consideradas de menor calidad y belleza.
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