La jurisdicción marítima de las cofradías de pescadores en el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa y los conflictos derivados de su existencia \*.
The maritime jurisdiction of the fishing guilds in the corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa and the conflicts arising from their existence.
Resumen: Desde finales de la Baja Edad Media y a lo largo de Época Moderna, algunas de las cofradías de pescadores establecidas en el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa consiguieron que la Monarquía les reconociera el privilegio de disfrutar de una jurisdicción marítima en cada corporación.
El establecimiento de estas jurisdicciones disgustó a otras instituciones que vieron disminuidas sus competencias jurisdiccionales. Y de esta situación surgieron distintos conflictos en los que las hermandades tuvieron que luchar por la conservación de la jurisdicción marítima.
Palabras clave: Jurisdicción marítima; cofradías de pescadores; conflictividad; corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa.
Abstract: Since the end of the Late Middle Ages and throughout the Modern Era, some of the fishermen's associations established in the corregimiento of the Four Villas of the Coast managed to get the Monarchy to recognize the privilege of enjoying a maritime jurisdiction in each brotherhood.
The establishment of these jurisdictions disgusted other institutions that saw their jurisdiction diminished. From this situation arose different conflicts in which the brotherhoods had to fight for the preservation of the maritime jurisdiction.
Keywords: Maritime jurisdiction; fishing guilds; conflicts; corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa.
Sumario: Introducción. 1. Los jueces marítimos y la jurisdicción gremial de las cofradías. 2. El debate historiográfico sobre el fundamento legal para la existencia de jueces en las hermandades de mareantes. 2.1. La discusión hasta la década de los años setenta del siglo XX. 2.2. Las interpretaciones a partir de Martínez Gijón. 2.3. Una nueva interpretación del conocimiento de las causas marítimas previsto en Partidas. 3. Los jueces del mar de las entidades del corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa. 4. Los conflictos en torno a la jurisdicción gremial de las cofradías.
INTRODUCCIÓN.
La definición, a partir de la Baja Edad Media, de un nuevo modelo de administración judicial, coincidiendo con la consolidación política de los reinos europeos, permitió la institucionalización de distintas jurisdicciones privilegiadas en el continente. Este proceso llegó a la Corona de Castilla y alcanzó al ámbito marítimo, de modo que, al mismo tiempo que se procedió al diseño de una administración judicial común, tomaron carta de naturaleza distintas jurisdicciones privilegiadas de carácter marítimo entre las que se encuentra, precisamente, la residenciada en las cofradías de pescadores que son el objeto de nuestra atención1 .
De estas hermandades formaban parte los pescadores, pero también otros colectivos. Lo que justifica que en los nombres dados a cada uno de los gremios se haga referencia, con frecuencia, a esta diversidad, incluyéndose en las denominaciones los términos “pescadores”, “mareantes” y “navegantes”2 . Sin embargo, en esta ocasión, para aligerar nuestra exposición, las nombraremos de modo simplificado como cofradías de pescadores, siendo conscientes en todo momento de aquella pluralidad en su composición3 .
En el contexto señalado, el conocimiento de las causas mercantiles surgidas de la práctica comercial por vía marítima quedó repartido de facto entre varias jurisdicciones. Por un lado, diferentes jurisdicciones marítimas privilegiadas, unas de naturaleza gremial y otras de alcance más general, establecidas por concesión real en diversos puntos de la costa europea. Por otro, las jurisdicciones comunes que continuaron resolviendo los conflictos surgidos del comercio marítimo en los lugares donde no llegaron a establecerse jurisdicciones marítimas privilegiadas. Y, por último, la jurisdicción arbitral que tuvo un amplio desarrollo en el ámbito mercantil marítimo como consecuencia de las características que presenta esta manifestación económica y que requieren la resolución de los conflictos con la mayor rapidez posible, sin dilaciones4 .
La institucionalización de las jurisdicciones marítimas de carácter gremial vinculadas a las corporaciones de pescadores del Cantábrico de la Corona de Castilla no fue del todo pacífica y originó distintos conflictos que enfrentaron a los cofrades y a los órganos de dirección de las corporaciones marítimas con los gobiernos concejiles de las villas en las que las instituciones marítimas tenían su sede, pero también con los órganos de la jurisdicción común que hasta el establecimiento de los tribunales marítimos gremiales habían sido competentes para la resolución de los pleitos nacidos del comercio por mar.
La existencia de estas disputas no tardó en llegar a oídos de la Monarquía que por lo general se mostró favorable a los intereses y pretensiones de las jurisdicciones gremiales para enojo de las demás instancias que veían con recelo que las instituciones de mareantes pudieran administrar justicia, aunque ésta quedara limitada al ámbito gremial.
Las características que revisten tanto la institución marítima gremial en el Cantábrico y, en particular, en las costas de Guipúzcoa y de Vizcaya y del corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa, como los conflictos que se derivaron de su existencia varían no solo de unas entidades a otras sino también de unos territorios a otros. Por esta razón, y para evitar generalizaciones, siempre peligrosas, nuestro análisis se circunscribe en esta ocasión, desde el punto de vista territorial, al corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa. De modo que en las próximas páginas solo nos ocuparemos de las cofradías de navegantes de las villas de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales y de los conflictos que estos gremios mantuvieron con distintas instituciones una vez que la Monarquía reconoció a algunas de las hermandades de estas cuatro poblaciones el privilegio de disfrutar de una jurisdicción marítima gremial.
En San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales, que eran las cuatro villas principales del corregimiento, se fundaron en la Baja Edad Media unas corporaciones marítimas principales, con competencias sobre todas las costeras en las que participaban sus cofrades, y otras menores, llamadas también sardineras, que solo se ocupaban de los aspectos vinculados con la costera de la sardina.
La Monarquía concedió el privilegio de la jurisdicción gremial a las instituciones principales del Señor San Vicente de San Vicente de la Barquera, de San Martín de Santander, de San Martín de Laredo y de San Andrés de Castro Urdiales, y también a alguna de las entidades sardineras, como fue el caso de la cofradía del Espíritu Santo de Laredo5 . Y lo mismo sucedió con las tres cofradías fundadas en Época Moderna: la corporación de Comillas creada en el siglo XVI, la de Suances establecida en el siglo XVII y la de Colindres institucionalizada ya en el XVIII, que también contaron con sus respectivos jueces de mareantes.
Pero antes de abordar los conflictos que surgieron del ejercicio de la jurisdicción gremial de estas instituciones interesa identificar a los jueces que asumieron el ejercicio de tal jurisdicción, así como el fundamento legal de su misma existencia.
1. LOS JUECES MARÍTIMOS Y LA JURISDICCIÓN GREMIAL DE LAS COFRADÍAS.
En la mayor parte de las ocasiones, los jueces que en el seno de algunas hermandades de pescadores del Cantábrico asumieron la competencia de resolver en primera instancia los pleitos surgidos de la práctica de la profesión mareante y del incumplimiento de lo previsto en las ordenanzas de los gremios, eran jueces ordinarios porque cumplían sus funciones jurisdiccionales de manera habitual, regular6 . Su quehacer no era excepcional, sino cotidiano. Pero, al mismo tiempo, estos jueces eran titulares de una jurisdicción privilegiada porque sus competencias tenían como origen el privilegio que la Monarquía concedía o reconocía a algunas cofradías de pescadores para poder disfrutar de una jurisdicción de estas características.
El nombre por el que se conocían estos oficiales que impartían justicia en las hermandades marítimas variaba de unas corporaciones a otras y, sobre todo, de unos territorios a otros. De modo que, mientras que en las corporaciones del corregimiento recibían el nombre de alcalde o juez de mar o de los mareantes, en las vecinas hermandades guipuzcoanas y vizcaínas fue más frecuente el uso de los términos “ustrumán” o “instrumán”7 .
Sin embargo, no siempre las instituciones, que recibían de la Monarquía el privilegio de contar con una jurisdicción gremial, decidieron la creación de un oficio encargado ex profeso de la administración de la justicia entre los cofrades. En algunas situaciones, en lugar de crear un oficio para cumplir específicamente esta función, prefirieron que los oficiales más importantes de las corporaciones la asumieran. De modo que los mayordomos, los procuradores o los procuradores generales, dependiendo de qué oficial fuera la cabeza principal y visible de cada hermandad, acumulaban la función jurisdiccional a las demás que les correspondían por desempeñar el cargo más relevante en el gobierno del gremio. Así sucedía, entre otros casos, en la cofradía de San Vicente de la Barquera en la que sus mayordomos quedaron encargados de la resolución de los litigios cuyo conocimiento correspondía a la jurisdicción gremial. En estos casos, al término “mayordomo” se le solía unir el de “alcalde de mar”, para resaltar que ambas funciones residían en la misma persona.
El establecimiento de cada una de las jurisdicciones gremiales tenía como origen la voluntad del monarca en tanto titular de la jurisdicción, una voluntad que, en todo caso, contaba con el respaldo legal de la ley de Partidas (V,IX,14) que preveía la existencia de jueces en distintos puntos de la costa. Sin embargo, la interpretación que la doctrina ha realizado de la norma alfonsina no ha sido unánime y su estudio ha generado un intenso e interesante debate, en el que han participado autores tanto nacionales como extranjeros.
2. EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO SOBRE EL FUNDAMENTO LEGAL PARA LA EXISTENCIA DE JUECES EN LAS HERMANDADES DE MAREANTES.
En efecto, la identificación de la jurisdicción que de acuerdo con el texto de las Partidas tenía competencias para resolver los pleitos marítimos en la Corona de Castilla ha dado origen a distintas conclusiones por parte de los autores que se han ocupado de su análisis. La vaguedad e imprecisión de la redacción que el legislador alfonsino proporcionó a la ley de Partidas que tiene por objeto el modo en que los jueces de la ribera de la mar deben resolver los pleitos entre los mercaderes es la causa de tan distintas interpretaciones8 :
Como los judgadores que son puestos en la ribera de la mar, deven librar llanamente los pleytos que acaescieren entre los mercaderes. En los puertos, e en los otros lugares, que son ribera de la mar, suelen ser puestos juzgadores, ante quien vienen los de los navios en pleyto, sobre el pecio dellos, e sobre las cosas que echan en la mar, o sobre otra cosa qualquier: e por ende dezimos, que estos juzgadores atales, deven aguardar que los oyan e los libren llanamente, sin libelo, e lo mejor, e mas ayna que pudieren, e sin escatima ninguna: e sin alongamiento: de manera que non pierdan sus cosas, nin su viaje por tardacion, nin por alongamiento, punando en saber la verdad en las cosas dubdosas, que acaescieren ante ellos en los pleytos, con los maestros, o con los señores de la nave, o con los otros omes buenos, que se acertaren y, porque mas ciertamente, e mejor puedan saber la verdad. Otrosi deven catar, el quaderno de la nave, el qual deve ser creydo, sobre las cosas que fallaren escritas en el, assi como diximos en la primera ley deste titulo. E quando esto todo oviere catado, en la manera que es sobredicho, deve librar las contiendas, e dar su juyzio en la manera que entendiere que lo deve fazer.
Desde el siglo XIX y hasta los años setenta del siglo pasado, los autores que se ocuparon de esta cuestión interpretaron la ley de Partidas entendiendo que se refería a la existencia en la Corona de Castilla de unos jueces marítimos, distintos de los ordinarios, con competencia para resolver los conflictos marítimos entre particulares.
En esta línea, dentro de la historiografía extranjera se sitúan Pardessus9 , Valroger10 y Goldschmidt11. Y en la doctrina española es ineludible mencionar a Casariego12.
Pero, en la década de 1970, el profesor Martínez Gijón rompió esta corriente interpretativa una vez que planteó que los jueces a los que las Partidas atribuían la competencia en los asuntos marítimos no eran unos jueces especiales, sino que eran los mismos jueces ordinarios del territorio13. El autor, basaba su argumentación en la glosa k a Partidas II, IX, 24, relativa a los conflictos de competencia entre la jurisdicción del almirante y la de los jueces ordinarios, y la ley del Fuero Real que trata de los pecios de los navíos14.
Tomando como base tres argumentos. En primer lugar, la opinión vertida por Gregorio López en la glosa acerca de la continuidad de la jurisdicción ordinaria en los lugares de la costa para la resolución de los asuntos marítimos —pecio de los navíos, echazón de las mercancías, fletes, salarios de los marineros, etc.—, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los almirantes; en segundo término, la obligación establecida en el Fuero Real de acudir al alcalde del lugar para formalizar por escrito el depósito de las cosas y mercancías procedentes de naufragios, pecios o echazones; y, por último, la política restrictiva mantenida por el poder real respecto de la jurisdicción de los gremios y cofradías en el siglo $\mathrm { X I I I } ^ { 1 5 }$ , Martínez Gijón negaba que en las Partidas se contemplara la existencia de una jurisdicción especial al margen de la ordinaria para conocer de los asuntos marítimos, sosteniendo, al mismo tiempo, que la resolución de estos conflictos correspondía a los jueces ordinarios quienes debían, eso sí, acomodarse a un procedimiento abreviado.
Por su parte, el profesor Enrique Gacto Fernández en el trabajo publicado en 1971 sobre la jurisdicción mercantil planteó como nueva interpretación que la norma de Partidas tan sólo se refiriera a la práctica del arbitraje para los asuntos comerciales. En su opinión la expresión, “…suelen ser puestos juzgadores”, podría indicar que dichos juzgadores eran designados para cada caso y que su nombramiento correspondía a las mismas partes interesadas. Incluso no le parecía descabellado que la norma se limitara a describir una práctica de los consulados italianos y de los tribunales que ya existían en la costa levantina, que habría sido introducida como un principio de lege ferenda en el texto alfonsino16. Argumentación que no le impidió considerar que, en todo caso, la disposición de Partidas había conducido, finalmente, a la creación de tribunales de carácter gremial, al margen de los consulados, con competencias en los asuntos de navegación y pesca.
Y, por último, decididamente a favor de la naturaleza arbitral de la jurisdicción prevista en Partidas se manifestó el profesor Santos M. Coronas González que consideró que eran los hombres buenos de las poblaciones costeras los encargados de resolver los conflictos en materia marítima por considerar que la expresión “suelen ser puestos” debía referirse a la práctica de nombrar jueces para los asuntos marítimos, práctica ajena a la jurisdicción regia, por tratarse de una manifestación de la justicia privada. El catedrático de la Universidad de Oviedo completaba su razonamiento indicando los tres inconvenientes que encontraba para poder aceptar la teoría enunciada por Martínez Gijón. En primer lugar, consideraba discutible el valor de la glosa de Gregorio López utilizada para dilucidar el problema, por no referirse a la ley objeto de discusión sino a otra, a la concerniente a la competencia del almirante. Por otro lado, llamaba la atención sobre la naturaleza no jurisdiccional de la función atribuida al “alcalle del logar” y a los “otros homes buenos” en el Fuero Real. Y, por último, resaltaba que en la ley del Fuero Real se hacía referencia expresa al alcalde del lugar, a diferencia de lo que sucedía en Partidas donde sólo se hablaba de “jueces que suelen ser puestos”17.
A la vista de los textos legales y de las interpretaciones realizadas por los autores que me han precedido, considero que el redactor de las Partidas, teniendo presente la necesidad que sentían los mareantes de contar con jueces propios; los antecedentes que existían en la ciudad de Sevilla; y la frecuente utilización que había del arbitraje en las relaciones marítimas, no sólo permitió la existencia de jueces marítimos, distintos de los comunes, en la costa castellana, sino que además, con la vaguedad con que redactó la ley objeto de esta discusión, dejó abierta todas las posibilidades en relación a la naturaleza que debían tener los jueces marítimos que a partir de ese momento pudieran nombrarse para la resolución de los pleitos surgidos de las actividades vinculadas con el mar.
Por tanto, defiendo que en las Partidas se admite la posibilidad del nombramiento de jueces marítimos, como un tipo más dentro de las diferentes clases de jueces ordinarios que componen la organización judicial de la Corona de Castilla, pero sin excluir la competencia de los jueces comunes en los pleitos marítimos allí donde no se estableciera una jurisdicción marítima. Para llegar a esta consideración es necesario relacionar Partidas V, IX, 14 con Partidas III,IV,1. Veámoslo.
En Partidas III,IV,1 el legislador castellano señala las distintas clases de jueces, diferenciando entre jueces ordinarios, jueces delegados y jueces de avenencia o árbitros, e incluye dentro de la primera categoría, a aquellos que “son puestos en logares señalados, assi como en las cibdades; e en las villas, o alli, do conviene que se juzguen los pleytos”, y a aquellos que “son puestos por todos los menestrales de cada logar, o por la mayor partida dellos”, quienes tienen poder “de juzgar los pleytos, que acaesciessen entre si, por razon de sus menesteres”. Estos dos tipos son considerados ordinarios, de igual modo que los demás pertenecientes a esta clase, porque “son puestos ordinariamente para fazer sus officios sobre aquellos que han de juzgar, cada uno en los logares que tienen”.
Y, al mismo tiempo, en Partidas V,IX,14, texto ya reproducido anteriormente, se habla de los jueces que son puestos en la ribera de la mar para librar los pleitos que se suscitaran entre “los de los navios”, sin indicarse quién les debe nombrar, si el propio monarca o las gentes del mar, téngase en cuenta que los jueces ordinarios son nombrados en principio por el rey (Partidas III,IV,1), aunque también pueden ser establecidos por aquellos a quienes el rey por carta o privilegio así se lo concedía (Partidas III,IV,2).
La interpretación conjunta de estas disposiciones permite considerar que el legislador castellano establecía la posibilidad, lo que no significa obligatoriedad, de que se nombrasen jueces distintos de los comunes para la resolución de los pleitos marítimos. Jueces que formarían parte de la jurisdicción ordinaria, en la que habría que distinguir entre jueces comunes y jueces de privilegio, perteneciendo a esta segunda categoría los jueces competentes en las causas marítimas.
Y respecto de quién debía designar a los jueces marítimos, cabe deducir, de nuevo, de la lectura conjunta de aquellas dos leyes, que tanto el rey como las gentes del mar podían proceder a su designación. El nombramiento de estos jueces marítimos distintos de los comunes por parte del monarca tiene cabida dentro de la previsión conforme a la cual el rey podía poner jueces en aquellos lugares donde “conviene que se juzguen los pleitos”, siendo precisamente uno de estos emplazamientos los lugares de la costa. Y, por otro lado, las gentes del mar también podían proceder a su designación, al amparo de la habilitación que el texto castellano realiza para que los menestrales de cada oficio elijan sus propios jueces.
De cualquier modo, con independencia de la intención que tuvo el redactor de las Partidas, lo cierto es que una parte muy importante de las hermandades marítimas del Cantábrico llegaron a contar con una jurisdicción marítima gremial y, además, disponemos de un testimonio, incluido en las ordenanzas de la cofradía del Señor San Vicente de la villa de San Vicente de la Barquera, que vincula la jurisdicción gremial de esta hermandad con Partidas V, IX, $\dot { 1 } 4 ^ { 1 8 }$ :
Este es un traslado verdaderamente sacado por Juan Sanchez de Cos, mayordomo de los mareantes y comun de Señor San Vicente en este presente año de mil quatrocientos noventa y tres, de una ordenanza de las antiguas, que esta villa tiene, una ley al pie de ella, lo qual todo es de la manera que aqui se sigue. $\stackrel { - } { - }$ Por quanto en esta villa entre los vecinos mareantes de ella, que tratan la pesqueria, ocurren pleytos, diferencias e contiendas sobre casos e cosas, e dudas de mar, e de sus pescas e navios, e si se hubiesen de ver y determinar por los jueces por via ordinaria se recrecerian muchos gastos e daños; ordenamos e mandamos, pues de inmemorial tiempo acá el mayordomo, que ha sido e es de la cofradía de Señor San Vicente de esta villa fue juez de semejantes casos, como por la ley de la Partida le es mandado, e en ello no le impida el juez ordinario de la dicha villa, pues es servicio de SS.MM., e bien publico de la dicha villa que asi se haga e guarde la dicha ley, so pena que el juez que en ello le impidiere sea obligado a pagar los dapnos, e costas e gastos que en no se determinar conforme a la dicha ley a las partes se recrecieren: e la dicha ley mandamos poner al pie de esta ordenanza, e su tenor es el siguiente: quinta Partida, titulo nueve, ley final.
Hasta la fecha no hemos encontrado ningún otro testimonio de características similares que establezca esta relación, razón por la cual, del mismo modo que ya señaló Erkoreka, no podemos saber si esta vinculación estaba generalmente aceptada o si solo se trataba del punto de vista particular de la cofradía barquereña19. Sin embargo, podría considerarse que esta relación tuvo eco entre otras entidades marítimas porque en una relación de la documentación que debía conservarse en el archivo de la cofradía de San Martín de Santander se contiene el testimonio del capítulo de la ordenanza de la cofradía barquereña que relaciona, precisamente, la jurisdicción gremial de la cofradía con la ley de Partidas20.
3. LOS JUECES DEL MAR DE LAS ENTIDADES DEL CORREGIMIENTO DE LAS CUATRO VILLAS.
A partir de las limitadas fuentes conservadas, cuya información es, además, por lo general, muy parca en detalles, cabe considerar que la institucionalización de las jurisdicciones marítimas gremiales en el corregimiento de las Cuatro Villas fue un proceso escalonada y prolongado en el tiempo que se inició en el siglo XV y concluyó en el XVIII.
A expensas siempre de que puedan aparecer nuevos documentos que nos obliguen a rectificar algunos datos de la hipótesis que ahora enunciamos, entendemos que la jurisdicción gremial de la cofradía del Señor San Vicente de San Vicente de la Barquera es la más antigua de todas, una vez que disponemos testimonios de su existencia que se remontan al siglo XV. Las jurisdicciones gremiales de los gremios de San Martín de Laredo, de San Andrés de Castro Urdiales y de la de Comillas se habrían institucionalizado en el siglo XVI. La cofradía también medieval de San Martín de Santander, así como la establecida en Época Moderna en Suances, habrían empezado a disfrutar de esta jurisdicción en el siglo XVII. Y finalmente, habría sido la cofradía de Colindres la última en tener un juez para los asuntos marítimos, en correlación con el hecho de que la creación de esta hermandad se retrasó hasta esta centuria. Respecto de la jurisdicción gremial de la cofradía del Espíritu Santo de Laredo el primer testimonio que tenemos de su existencia es de principios del siglo XVII, pero no nos parece descabellado pensar que esta jurisdicción hubiera podido establecerse un poco antes, en el siglo XVI después de que la misma jurisdicción se hubiera vinculado a la otra cofradía marítima laredana, la de San Martín.
En la cofradía del Señor San Vicente de la villa de San Vicente de la Barquera el mayordomo de la institución, quien era el oficial más importante de la corporación, fue el que asumió el ejercicio de la jurisdicción marítima. Desconocemos el momento en el que la cofradía empezó a ejercer esta jurisdicción, pero su existencia está documentada, aunque de modo indirecto y un tanto dudoso, desde el año 1429. La información se recoge en una relación de documentos del archivo de la cofradía de San Martín de la Mar de Santander en la que se incluye el dato del pleito que se siguió en San Vicente sobre la jurisdicción del mayordomo de la hermandad y cuya sentencia, pronunciada el 20 de junio de 1429, declaró el carácter privativo de la jurisdicción del mayordomo y su existencia desde tiempo inmemorial21.
El siguiente testimonio, ya inequívoco, de la existencia de esta jurisdicción se corresponde con el año 1469, fecha en la que la cofradía, en una de las reuniones que celebró, como tenía por costumbre, para debatir y tomar decisiones sobre los asuntos de su competencia, adoptó varios acuerdos, siendo el primero de ellos el de poner
por su mayordomo e su juez en los hechos de la mar, para que juzgue por las dichas ordenanzas las cosas de la mar que le fueron remitidas, para que juzgue de los fechos del año que el fuere mayordomo, a Juan Martinez Breton, el mozo, mareante e cofrade de la dicha cofradia, que sea mayordomo e juez, como dicho es, fasta el dia de San Miguel del mes de septiembre este primero que vendra, que sera en el año de mil e quatrocientos e sesenta e nueve años, fasta que pongan otro mayordomo22.
En la misma reunión se estableció el respecto que debía guardarse al mayordomo de la institución durante la celebración de las audiencias. Y a tal fin se fijó la pena de veinte maravedíes para los individuos que comparecieran ante el juez marítimo, y pronunciaran palabras deshonestas contra él o le desmintieran. Llama la atención que la percepción del importe de la pena correspondiera singularmente al mayordomo que actuaba como juez de los mareantes, en lugar de a la cofradía, la habitual perceptora de las penas impuestas a los cofrades por el incumplimiento de las previsiones contenidas en las ordenanzas23.
Otro testimonio coetáneo del anterior vuelve a referirse a la existencia de la jurisdicción del mayordomo de la cofradía de San Vicente desde tiempo inmemorial. En este caso, se recoge en una carta ejecutoria de la Chancillería de Valladolid fechada el 6 de mayo de 1496. El fondo del asunto se refería al enfrentamiento que había habido entre varios pescadores-marineros de la villa por el pago de 40.000 maravedíes por los daños que se habían causado a una pinaza y a la carga de pescado que transportaba. En esta sentencia el tribunal solo resolvía la declinatoria planteada por una de las partes que se oponía a que la jurisdicción ordinaria entendiera del fondo del asunto por considerar que la jurisdicción competente era, precisamente, la gremial de la cofradía24.
Por otro lado, la existencia de esta jurisdicción y su vinculación con Partidas V, IX, 14 también queda acreditada, como ya referimos al plantear la cuestión del fundamento legal de las jurisdicciones marítimas en la costa castellana, en el traslado de un capítulo de las ordenanzas de la Villa que se incluyó en 1593 en el Cuaderno de ordenanzas de la cofradía25.
En el caso de la cofradía de San Martín de Laredo la primera referencia a la existencia del alcalde de mar aparece en las ordenanzas de la institución confirmadas por Felipe II en 1577. En sus capítulos 8 y 33 se recoge la competencia judicial de este oficial con el fin de evitar que los asuntos de la cofradía lleguen a la “justicia de la tierra”, es decir, a la jurisdicción ordinaria26:
[8]. Item. Que el alcalde que nombraren señale lugar en donde oiga, y este a juicio de las cosas de la mar para que haga oficio como conviene y tenga todos los dias que estuviere a juicio uno de los mayordomos para hacer llamar y parecer a la persona que conviniere. [33]. Item. Mandamos y ordenamos que cuando el alcalde estuviere a juicio oyendo a las personas que se fueren a quedar sobre sus pesquerias, si alguno de los tales que fueren a juicio fuesen descomedidos, ahora sea a el alcalde, o ahora a cualquiera, sea castigado por los oficiales como conviene, y el hubiere hablado, porque no vayan los negocios de la manera a la justicia de la tierra.
En la década de 1570 la cofradía de San Andrés de Castro Urdiales, con el beneplácito de la Monarquía también consagró el cargo de alcalde de mar en las ordenanzas que los cofrades aprobaron en 1577 y que el Consejo de Castilla ratificó en $\overline { { 1 5 7 8 } } ^ { 2 7 }$ :
[4]. Otro si ordenaron: que hecha la dicha eleccion de otro procurador general por la misma orden y en el mismo lugar y con solemnidad y numero de las dichas personas, en el dicho dia se nombre un alcalde de la mar que conozca de todas las causas y negocios tocantes al dicho cabildo y que entre los dichos maestres y navegantes sucedieren y trataren, conviene a saber en cuanto a lo contenido en estas dichas ordenanzas y capitulos de ellas, al cual dicho alcalde se le tome dicho juramento en la forma que se requiere de que bien y fielmente e sin amor, parcialidad ni amistad, juzgara y determinara las dichas causas y negocios, el cual siendo elegido y nombrado, acepte el dicho oficio so la pena contenida y puesta en el dicho capitulo primero contra el dicho procurador general con que el dicho alcalde conozca sumariamente de los dichos negocios como lo hacían los mayordomos del dicho cabildo.
[5]. Otro si ordenaron: que el dicho alcalde elegido y nombrado por la dicha orden señale lugar y hora para entender y juzgar las causas de la mar que sucedieren conforme a las dichas ordenanzas y capitulos, y para que mejor pueda usar y ejercer el dicho oficio, tenga consigo un mayordomo de los del dicho cabildo para que este asista con el alcalde, llame a las personas que hubiere necesidad de ser llamadas para la determinacion y averiguacion de todas las causas con que el dicho alcalde conozca sumariamente como dicho es, y se puede acompañar con el mayordomo o con el que el quiera con que no haga antes por escrito guardando lo que hasta aqui se ha hecho.
En el caso de la cofradía de San Martín de Santander, la fecha relevante a los efectos de la aparición del oficio de alcalde de mar y con ello de la configuración de una jurisdicción gremial es el de 1606. En este año, Felipe III, unos meses después de confirmar las nuevas ordenanzas de la hermandad28, concedió a los cofrades santanderinos el privilegio, fechado el 31 de octubre de 1606, de nombrar un alcalde la mar que velase por el cumplimiento de las nuevas ordenanzas y que resolviese los litigios internos de los cofrades29:
Por cuanto por parte de vos, la cofradia y cofrades de San Martin de la Mar de la villa de Santander, nos fue fecha relacion que había ordenanzas, por Nos confirmadas, que disponian la forma y orden con que se habian de gobernar y conservar y, a causa de no tener alcalde de la mar que ejecutase las penas de ella, como lo habia en todos los puertos y lugares de la costa de pesqueria, no se guardaban como convenia, no eran del efecto y, para que le tuviese, nos pedisteis y suplicasteis os mandasemos dar licencia y facultad para que entre vosotros pudieseis elegir y nombrar, el dia de San Martin, cuando se elegian y nombraban los demas oficios, un alcalde que ejecutase lo contenido en las dichas ordenanzas tocante a la dicha pesqueria, o como la nuestra merced fuese; lo cual visto por los del nuestro Consejo y cierta relacion que por nuestro mandado ante ellos envio don Iñigo Briceño de la Cueva, nuestro corregidor de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, y parecer que en ello dio, en que dijo que en otros puertos de su corregimiento donde habia cofradia de los mareantes señalaban y nombraban un alcalde, el cual declaraba las penas en que los dichos mareantes incurrian conforme a sus costumbres y ordenanzas y las cobraba, sin tener jurisdiccion ninguna para proceder ni apremiarles, aunque los mareantes de su voluntad cumpliesen lo que les ordenaba y, cuando algunas diferencias se ofreciesen, acudian a la jurisdiccion ordinaria para que los determinase. Y el hacerles merced en la forma que pedian de que se pudiese nombrar alcalde para el efecto referido no parecia que tenia inconveniente, antes teniendo buena orden seria ayuda para que se sustentasen y gobernasen mejor. Y por los del nuestro Consejo visto, fue acordado que debiamos mandar esta nuestra carta para vos, en la dicha razon, y nos tuvimoslo por bien, por lo que os damos licencia y facultad para que podais, en cada un año, nombrar y elegir un alcalde que ejecute lo tocante a las dichas ordenanzas de pesqueria, que de suso se hace mencion, segun y como el dicho nuestro corregidor lo declara en su parecer, y que por esta causa, ahora ni en tiempo alguno, no haya de tener ni tenga ninguna jurisdiccion para proceder ni apremiar a los dichos mareantes de la cofradia, dar y dimos esta nuestra carta sellada….
En 1662, con ocasión de la reforma de las ordenanzas del cabildo de San Martín se incluyeron nuevas previsiones sobre el alcalde de mar de la cofradía santanderina con el fin de perfilar con mayor nitidez su función y sus obligaciones30.
Fue, por tanto, esta cofradía la última de las cuatro cofradías principales constituidas en la Baja Edad Media en la demarcación del corregimiento en alcanzar el privilegio de contar con una jurisdicción gremial. De hecho, uno de los argumentos esgrimidos por los cofrades santanderinos ante la Monarquía para conseguir que se les concediera tal privilegio fue precisamente que era la única cofradía del corregimiento que no tenía alcalde de mar.
La cofradía menor o cofradía sardinera del Espíritu Santo de Laredo también contó con un alcalde encargado de impartir justicia entre los cofrades de la institución. Así se desprende de las actas de las reuniones de la cofradía y, en particular, de las actas de las elecciones de oficios celebradas periódicamente por la corporación el día de San Juan de cada año. Desconocemos la fecha exacta de su establecimiento, pero, su existencia está documentada desde el año 1614, aunque, como ya hemos indicado, pudiera ser que su existencia se remonte a algunos años ante, pudiendo ser más o menos coetánea a la jurisdicción de la cofradía de San Martín de la misma población31.
Siguiendo la estela de las corporaciones de origen medieval, los tres gremios de pescadores creados en el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa en Época Moderna también contaron con alcaldes de mar o mayordomos a quienes se encargó el ejercicio de la jurisdicción marítima en sus respectivas instituciones.
Para la cofradía de Comillas, fundada en el siglo XVI, conocemos la existencia de la jurisdicción gremial a partir de 1522, fecha en la que el concejo de la villa aprobó unas ordenanzas para la cofradía, que aún no estaba bajo a la advocación de San Andrés y San Pedro32, que incluían tres capítulos dedicados a las competencias del mayordomo como juez de los mareantes33, aunque finalmente, el último de ellos fue rechazado por el Consejo de Castilla donde el proceso de confirmación de las ordenanzas34:
[35] E otrosi, los dichos pescadores e hombres buenos e confradia hicieron por su mayordomo e dieron por acompañado para consigo a para que vean y entiendan en sus pleytos de la mar, tocantes a el su nabegar e marear, segun que sea costumbre de ber y entender entre los semejantes mareantes e pescadores que usan y tratan del oficio de pescar y nabegar en las villas de los puertos de la mar mas cercanos, para lo qual les dieron todo poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias.
[36] E otrosi, ordenaron y mandaron que qualquier mozo de los dichos mayordomos puedan emplazar y emplacen a qualesquier persona de los dichos pescadores [blanco] tocante a el dicho oficio de marear y nabegar, quando fuere pedido por la persona o personas que quisiere demandar para ante los dichos justicia y jueces. En el dicho caso y quienquiera que no quisiere parecer ante el dicho mayordomo a el plazo [blanco] el que el dicho mayordomo dexare en su lugar, quando no estuviere en el pueblo, que pague diez maravedies por cada begada que no pareciere a el dicho plazo, el qual sea para el dicho mayordomo.
[37] E otrosi, ordenaron que ninguna ni algunas personas sobre cosa [que] sea tocante a el oficio de navegar o marear no sea osado de emplazar a ningun maestre ni pescado del dicho puerto, salvo para ante el dicho mayordomo, e no para ante otro juez ni persona alguna, hasta que antes y primeramente sea juzgada y determinada la tal causa o causas de la mar por el dicho mayordomo de la dicha cofradia, y en grado de apelacion pueda seguir la dicha causa o causas ante el juez ordinario del señor duque o ante su señoria, pero no de otra manera, so pena de seiscientos maravedies por cada begada, la mitad para la justicia del señor duque e la otra mitad para la dicha cofradia, y esto es porque ansi cumple a el servicio del señor duque e por el bien de los pescadores e porque esta era ya costumbre de la mar e pescadores e navegantes en ellas vezinos de las villas de los puertos comarcanos.
Por otro lado, en 1537, los poderes del mayordomo de la cofradía de Comillas se ampliaron una vez que se le atribuyó jurisdicción para compeler y embargar a los mulateros y porteadores por las cargas de mercadería, así como para ejecutar sus propias sentencias35.
En la cofradía de mareantes de la villa de Suances, establecida en el siglo XVII, la existencia del mayordomo, con competencias jurisdiccionales, se prevé en las ordenanzas aprobadas por la villa el 15 de marzo de 169336:
[4]. Item es capitulo el que el mayordomo y regidores… que salieren hayan de conocer privativamente de todas las pendencias y pagos tocantes a la pesqueria y arte de navegar con jurisdiccion alta y baja, mero y mixto imperio verbalmente…
…y que sin embargo de las penas que van puestas lo riguroso de ellas queda la disposicion y la ejecucion de ellas al fallo que diere el que fuere mayordomo en primera instancia y por apelacion a los dichos regidores sin otra contienda de juicio ni apelacion y quieren se este a esta observancia en conformidad que la que tienen los cabildos de la mar de la villa de San Vicente y otros puertos porque de no ser asi y observase se acabara de perder este dicho puerto como se va perdiendo segun tienen por experiencia.
Y, por último, el testimonio más antiguo relativo a la existencia del de mareantes en la cofradía de Colindres, establecida en el siglo XVIII, se corresponde con el año 1793. En ese momento se ordenó que el subdelegado de marina de Laredo solo pudiera actuar contra los pescadores de Colindres en el caso de encontrarlos in fraganti faenando en el término y jurisdicción de Laredo, porque era competencia del alcalde de mar de la cofradía de Colindres o, en su caso, de la jurisdicción ordinaria de esta villa, el castigo de los pescadores colindreses en todas las demás situaciones37.
4. LOS CONFLICTOS EN TORNO A LA JURISDICCIÓN GREMIAL DE LAS COFRADÍAS.
El ejercicio de la jurisdicción marítima en las hermandades de mareantes del Cantábrico no fue, ni mucho menos, una cuestión pacífica. Su misma existencia motivó recelos que enfrentaron a la Monarquía, titular de la jurisdicción, a las entidades que obtenían de la Corona el privilegio de ejercer en su nombre dicha facultad, a las justicias locales y a los propios gobiernos locales, siendo frecuente que los concejos y las jurisdicciones comunes se unieran, frente a los gremios, para tratar de impedir que los mareantes pudieran tener una jurisdicción privativa. Y con el paso del tiempo, surgieron nuevos problemas que opusieron a las cofradías y a las autoridades de marina por la elección de los sujetos designados para actuar como jueces de los mareantes en las corporaciones.
Las justicias locales se resistieron, con mayor o menor intensidad, según los casos, a la jurisdicción de los oficiales que actuaban como jueces marítimos en las instituciones marítimas por entender que la creación de estas jurisdicciones conllevaba para ellas la pérdida de importantes competencias. Y en esta resistencia buscaron el apoyo de los gobiernos municipales para intentar convencer a la Monarquía de los perjuicios que se causarían al bien común de cada población en el supuesto de que se consolidara la jurisdicción de los mayordomos y de los alcaldes de mar de las hermandades.
Sin embargo, la resistencia de las justicias y gobiernos locales a la existencia de la jurisdicción marítima de las hermandades no tuvo lugar en todas las poblaciones del corregimiento. Solo se produjo en San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales porque la configuración de la jurisdicción gremial se realizó en las entidades marítimas de estas poblaciones al margen de los gobiernos municipales, una vez que la iniciativa partió de los propios gremios, y en el contexto de la confrontación que mantuvieron los gremios marítimos y los gobiernos locales una vez que las cofradías marítimas principales de estas poblaciones se convirtieron en articuladoras políticas del pueblo común de cada una de ellas38. Por esta razón, los regimientos se opusieran de manera expresa a la institucionalización de las jurisdicciones gremiales, entre otras ocasiones, en el momento en que el Consejo de Castilla consultó sobre su opinión acerca del contenido de las ordenanzas elaboradas por los cofrades como requisito previo a su confirmación.
Como testimonio de esta resistencia cabe recordar que, en el caso de la cofradía de San Martín de Laredo, coincidiendo con las gestiones realizadas por los cofrades laredanos para que Felipe II confirmara sus ordenanzas, la cofradía y el concejo laredano pleiteaban ante el Consejo de Castilla por la previsión incluida en uno de los capítulos de las ordenanzas que contemplaba, de manera expresa, la existencia de la jurisdicción marítima de la cofradía. Durante el procedimiento, los mareantes alegaron que la previsión debía mantenerse porque desde tiempo inmemorial venían disfrutando de esta jurisdicción marítima gremial residenciada en su alcalde de mar. Mientras que el regimiento laredano se oponía por entender que se trataba de una cosa prohibida por las leyes del reino, que además resultaba muy perjudicial para el interés de la Republica39.
Por el contrario, la relación de las corporaciones de Época Moderna de Comillas y de Suances, y probablemente también de la de Colindres, aunque en este caso no disponemos de momento de documentación que avale nuestra tesis, con sus respectivos gobiernos municipales, fue, en general, más cordial y por esta razón la creación de las jurisdicciones gremiales no conllevó la oposición de los gobiernos locales. En este sentido, resultó fundamental que la iniciativa para la institucionalización de un juez de los mareantes contara con el respaldo de los propios concejos, lo que no había sucedido en los casos anteriores.
Tanto en Comillas como en Suances la jurisdicción marítima se estableció por medio de ordenanzas municipales, con el beneplácito de los regimientos y vecinos de ambas poblaciones. Un contexto, en consecuencia, bien distinto del que venimos de referir para las instituciones marítimas principales establecidas en la Baja Edad Media.
Las ordenanzas de las hermandades de Comillas de 1522 y de Suances de 1693 que contemplaban la jurisdicción marítima del mayordomo de ambas cofradías, así como las ordenanzas de Comillas de 1537 que ampliaron el alcance de la jurisdicción marítima, se aprobaron por los regimientos de los dos lugares. Eran por tanto ordenanzas dirigidas a organizar el gobierno de los gremios pero que, desde el punto de vista de su autoría, no eran gremiales, sino concejiles40.
Tampoco los oficiales de la administración real mantuvieron siempre una postura monolítica frente a la voluntad de las entidades marítimas de beneficiarse de la existencia de jurisdicciones gremiales. De modo que mientras que desde algunas instancias se veía con agrado que los gremios asumieran esta competencia, al mismo tiempo, desde otras, se oponían a ello por considerarla una práctica lesiva para los intereses de la Monarquía y de la comunidad.
Esta disparidad de puntos de vista quedó de manifiesto en el momento en que el concejo de Laredo y la cofradía discutían por la existencia del alcalde de mar de la corporación. Así, mientras que el Consejo de Castilla se mostró favorable a su existencia, el fiscal de la Monarquía se opuso reiteradamente por considerar que la jurisdicción gremial era contraria a las leyes del reino, aunque, como mal menor, terminó por defender que las partes pudieran elegir entre la jurisdicción del juez de Laredo y la del alcalde de mar de la cofradía41.
Con el tiempo, y especialmente en el siglo XVIII, las cofradías se vieron en la necesidad de defender su competencia para el nombramiento de los alcaldes o jueces de mar frente a las autoridades de marina que intentaron asumir tal facultad como un medio más de controlar la vida de los gremios. El argumento reiterado por las gentes del mar para defender su postura no era otro que el que las ordenanzas y privilegios de cada cofradía establecían que la elección de los alcaldes de mar se realizase en el seno de cada cofradía.
Así ocurrió, entre otras oportunidades, en la villa de Laredo en 1742, cuando los cofrades laredanos rechazaron como alcalde de mar a Pedro de Talledo, quien había sido nombrado por el juez subdelegado de marina, por orden del comisario de guerra y marina del real astillero de Guarnizo42.
CONCLUSIONES.
El conocimiento de las jurisdicciones marítimas que desde finales de la Baja Edad Media y a lo largo del Antiguo Régimen asumieron la resolución de las causas derivadas de la práctica mercantil y pesquera en las costas europeas sigue presentando importantes lagunas, tanto en lo que concierne a las jurisdicciones marítimas generales, como a las de carácter gremial residenciadas en las corporaciones de mareantes de la costa cantábrica castellana de las que nos hemos ocupado en esta ocasión.
Aunque la comprensión de la realidad de estas jurisdicciones gremiales de naturaleza marítima no resulta sencilla por la escasez de las fuentes conservadas, por su dispersión y también por la parquedad de la información en ellas reflejadas, se ha conseguido documentar la existencia de estos jueces marítimos en prácticamente la totalidad de las instituciones marítimas del corregimiento.
La controversia en torno a estas jurisdicciones marítimas ha sido una constante a lo largo del tiempo desde al menos dos perspectivas distintas. De un lado, porque la historiografía viene discutiendo desde hace más de un siglo acerca del respaldo que el texto de las Partidas daba al establecimiento de estos jueces marítimos en el litoral castellano. Y, de otro, porque la institucionalización de las jurisdicciones marítimas gremiales y su funcionamiento cotidiano fue en muchas ocasiones conflictiva.
La asunción de la jurisdicción marítima gremial por los oficiales designados a tal efecto por las entidades provocó que las hermandades se enfrentaran o al menos discutieran con las justicias locales, con los regimientos de los concejos, pero también con algunas instancias próximas a la Monarquía. En unos casos porque los órganos judiciales que hasta entonces habían resuelto las causas marítimas vieron disminuidas sus competencias en beneficio de los gremios. Y, en otros, porque se entendía que la existencia de estas jurisdicciones resultaba perjudicial para el bien común.
A pesar de los avances alcanzados, la investigación sobre estas jurisdicciones marítimas no puede darse por concluida. Una vez que tenemos documentada la existencia de estas jurisdicciones gremiales en el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa resta confirmar su existencia en las cofradías sardineras de San Vicente de la Barquera, Santander y Castro Urdiales y, sobre todo, queda pendiente el estudio de las sentencias dictadas por los mayordomos, jueces o alcaldes de mar. La localización de estas decisiones judiciales no es sencilla, pero la ordenación y apertura de nuevos archivos nos hacen ser optimistas y confiar en la localización de un número suficientemente amplio de sentencias que permitan seguir profundizando en esta expresión de la administración de la justicia del Antiguo Régimen tan vinculada a la cotidianidad y, por tanto, a la conflictividad vinculada con las cofradías de mareantes del corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa y, por extensión, del Cantábrico.
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