El árbol de la ciencia nacionalcatólica: los orígenes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
José María López Sánchez1.
Resumen. Al finalizar la guerra civil española la dictadura del General Franco creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como órgano rector de su política científica. La nueva institución quiso conjugar ciencia y catolicismo en un programa imposible y romper con su pasado más inmediato, la Junta para Ampliación de Estudios, una institución que había elevado el nivel de la ciencia española desde presupuestos modernizadores. El CSIC fue su heredero material, pero no intelectual, científico e ideológico. La guerra y la depuración de los cuadros universitarios hicieron imposible cualquier continuidad.
Palabras clave: Nacionalcatolicismo; política científica; modernización; cultura científica; tradicionalismo.
[en] The Tree of National-Catholic Knowledge: The Origins of the Spanish National Research Council.
Abstract. The Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spanish National Research Council) was created by the Franco’s dictatorship after the Spanish Civil War, as an implement for its scientific policy. The new institution should combine science and Catholicism under an impossible scientific program. The principal goal for CSIC was to break with the immediate past, above all the Junta para Ampliación de Estudios (JAE), an institution that had enhanced the level of Spanish science during last three decades through modern science. CSIC took advantage of its material heritage, but it did not share with Junta any scientific, ideological or intellectual canon. The war and the purges at the universities made impossible any continuity with the work of JAE.
Keywords: National-Catholicism; Scientific Policy; Modernization; Scientific Culture; Traditionalism.
Sumario: 1. Tras la Edad de Plata: Una ciencia nueva para otra política científica. 2. Los retos de la nueva institución.
Cómo citar: López Sánchez, J.M. (2016): El árbol de la ciencia nacionalcatólica: los orígenes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuadernos de Historia Contemporánea 38, Núm. Esp. 171-184.
1. Tras la Edad de Plata: Una ciencia nueva para otra política científica2.
Tras el golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 los militares rebeldes no tardaron en construir los mimbres de una nueva organización estatal, destinada a gestionar las zonas bajo su control. Aunque lo más urgente era la administración civil y militar, los sublevados no descuidaron otros aspectos que habían de tener una gran importancia para llenar de contenido la “Nueva España”, lo que incluía la política en educación y ciencia. La Junta de Defensa Nacional, constituida el 24 de julio de 1936, fue sustituida por la Junta Técnica del Estado el 1 de octubre, en la que se creó la Comisión de Cultura y Enseñanza con la misión de “asegurar la continuidad de la vida escolar y universitaria, reorganización de los centros de enseñanza y estudios de las modificaciones necesarias para adaptar éstas a las orientaciones del nuevo Estado”3 . Bajo la presidencia de José María Pemán y la vicepresidencia de Enrique Suñer, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, se encargó del proceso de depuración de la enseñanza, la universidad y el incipiente sistema científico encarnado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) y el Institut d´Estudis Catalans hasta la creación del Ministerio de Educación Nacional4 , a cuyo frente se situó, el 31 de enero de 1938, Pedro Sainz Rodríguez5 . Tras su destitución el 28 de abril de $1 9 3 9 ^ { 6 }$ , ocupó su puesto interinamente Tomás Domínguez Arévalo, ministro de Justicia, hasta el nombramiento el 9 de agosto de 1939 de José Ibáñez Martín.
En el ámbito de la investigación científica, el Gobierno de Burgos había disuelto la JAE con un Decreto de 19 de mayo de 1938, por el que traspasó a las universidades y al Instituto de España los servicios de la Junta a la que venía a sustituir. La ley de 24 de noviembre de 1939 que creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC- estableció los fundamentos desde los que la dictadura de Franco contemplaba la administración de la nueva política científica y al Consejo como su órgano rector:
Todos los Centros dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas y los creados por el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo Superior de investigaciones Científicas. Quedan ligados también al Consejo los Centros investigadores de este Ministerio no vinculados a la Universidad7 .
La ley fundacional del CSIC no disolvió el Instituto de España, pero lo vació de contenido reduciéndolo a enlace entre las Reales Academias y el Ministerio de Educación Nacional, lo que convirtió al Consejo en el organismo clave de la política científica en las siguientes décadas. La ley era un manifiesto de la nueva orientación que Ibáñez Martín quería dar a la Ciencia en España:
En las coyunturas más decisivas de su historia concentró la hispanidad sus energías espirituales para crear una cultura universal. Esta ha de ser, también, la ambición más noble de la España del actual momento que, frente a la pobreza y paralización pasadas, siente la voluntad de renovar su gloriosa tradición científica. Tal empeño ha de cimentarse, ante todo, en la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII. Para ello hay que subsanar el divorcio y discordia entre las ciencias especulativas y experimentales y promover en el árbol total de la ciencia su armonioso incremento y su evolución homogénea [...]. Hay que imponer, en suma, […] las lecciones más puras de la tradición universal y católica con las exigencias de la modernidad8 .
La creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas reorganizaba de manera decisiva la estructura científica del país. Su andamiaje quedó establecido en su artículo cuarto:
El Consejo actuará como Pleno, como Consejo ejecutivo o de Gobierno y constituyendo Patronatos especiales para determinadas tareas. A estos Patronatos podrán ser incorporados miembros distintos de los Vocales del Consejo. El Consejo tendrá dos Vicepresidentes, un Secretario y un Interventor general, que serán designados por el Ministerio de Educación Nacional […] El Consejo ejecutivo estará constituido por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Interventor general y un miembro de cada Patronato9 .
El primer equipo rector del Consejo arrancaba bajo la presidencia del ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, cargo que mantuvo hasta 1967, la Secretaría General fue ocupada por José María Albareda hasta su muerte en 1966, miembro del Opus Dei fue la figura clave del CSIC durante esos años10. Las dos vicepresidencias estuvieron a cargo de Miguel Asín Palacios y Antonio de Gregorio Rocasolano, y el cargo de Interventor General recayó en la persona de José María Torroja Miret11.
El Reglamento que reguló el funcionamiento del CSIC fue aprobado el 10 de febrero de 1940 y amplió algunos de los contenidos de la Ley de 24 de noviembre de 1939. En el mismo se enumeraban los 6 patronatos y 19 institutos con que nacía el CSIC: Patronato Raimundo Lulio, responsable de las ciencias filosóficas, teológicas, jurídicas y económicas, a través de los Institutos Francisco Suárez de Teología, Luis Vives de Filosofía, Francisco de Vitoria de Derecho, Sancho de Moncada de Economía; Patronato Marcelino Menéndez Pelayo, responsable de las Humanidades, mediante los Institutos Antonio de Nebrija de Filología, Benito Arias Montano de Estudios Árabes y Hebraicos, Jerónimo Zurita de Historia, Gonzalo Fernández Oviedo de Historia Hispanoamericana, Diego Velázquez de Arte y Arqueología y Juan Sebastián Elcano de Geografía; Patronato Alfonso el Sabio, encargado de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, del que dependían los Institutos Jorge Juan de Matemáticas, Alonso de Santa Cruz de Física, Alonso Barba de Química y el Observatorio Astronómico; Patronato Santiago Ramón y Cajal, a cargo de las ciencias biológicas y naturales, con los Institutos Santiago Ramón y Cajal de Investigaciones Biológicas y José Acosta de Ciencias Naturales, a la vez que se relacionaba con:
El Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, adscrito a la Facultad de Medicina de Madrid, con los Institutos y Centros dependientes de la Dirección General de Sanidad y con todos aquellos que atiendan al desenvolvimiento de las ciencias médicas”; Patronato Alonso de Herrera, “del que depende la Misión Biológica de Galicia. Este Patronato desarrollará las investigaciones agrícolas, forestales y pecuarias, en relación con el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, Instituto de Investigaciones y Experiencias Forestales e Instituto de Biología Animal, dependientes del Ministerio de Agricultura.
Y, por último, el Patronato Juan de la Cierva Codorniú “del que dependen el Instituto “Leonardo Torres Quevedo”, de Material Científico, y el Instituto del Combustible. Además se integrarán en el mismo los Institutos y Laboratorios que se establezcan en relación con la industria nacional para desarrollar la investigación técnico-industrial”. Asimismo, establecía la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico y la Comisión Hispanoamericana encargada de la coordinación de “las investigaciones hispanoamericanas de los distintos Institutos y cuidará del intercambio científico con el mundo hispánico”12. Ese mismo día se nombraban los vocales del Consejo y el director del Instituto de Estudios Políticos13. Finalmente, el 28 de octubre de 1940 tuvo lugar la inauguración solemne de las actividades del CSIC, bajo la presidencia del Caudillo, si bien la institución había empezado a funcionar con cierto rendimiento, siquiera administrativo, tras la promulgación de su reglamento y la sucesiva creación y regularización de Institutos y Patronatos a lo largo de la primavera de aquel año.
Hasta los años sesenta la vida administrativa del organismo estuvo condicionada por las orientaciones científicas que le imprimieron José Ibáñez Martín y José María Albareda. Con el primero al frente del Ministerio de Educación Nacional, la década de los años cuarenta fue profusa en legislación destinada a regular el desarrollo orgánico del Consejo. El CSIC fue la “joya de la corona” del ministro Ibáñez Martín, el objeto privilegiado de la política académica y científica del ministerio, incluso por encima de las universidades. Esto fue así hasta el punto de que Ibáñez Martín dejó el ministerio en 1951, pero continuó al frente de la Presidencia del Consejo hasta los años sesenta. El nuevo organismo estuvo dotado de una cierta autonomía, dentro de los límites que el estado autoritario le impuso, a saber, mediatizado por su pertenencia al Ministerio de Educación Nacional. Pero el hecho de que el titular de este último fuera a su vez Presidente del CSIC hizo de esa “cohabitación” un instrumento poderoso de autogestión incluso más allá de la salida de Ibáñez Martín del ministerio, si bien subordinado y condicionado por su dependencia presupuestaria. El 27 de febrero de 1942 se firmaba una orden creando el cargo de Director de Bibliotecas del Consejo y, por el carácter que se había concedido a la institución como máximo órgano de la vida científica española, se le reconocía el derecho de propuesta de los funcionarios facultativos y auxiliares de bibliotecas que habían de ejercer su función en el Consejo, escapando así a cualquier mediatización por parte del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos14. Los años cuarenta fueron, no obstante, el inicio del ejercicio de una política imposible, la de autosuficiencia tecnológica y autarquía, en la que la creación del CSIC fue acompañada el 24 de noviembre de 1939 por la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional y la puesta en marcha del Instituto Nacional de Industria (INI) a partir de 1941. Este es el motivo por el que el Patronato Juan de la Cierva, dedicado a investigaciones técnicas e industriales, alcanzó especial relevancia dentro del organigrama estructural y científico del Consejo15.
La primera rectificación de la ley fundacional del CSIC tuvo que esperar a julio de 1942, cuando la Jefatura del Estado firmó una ley en la que se modificaban varios artículos de la aprobada en 1939. En concreto, se establecía un desdoblamiento entre un Presidente nato del mismo, el Ministro de Educación Nacional, y un Presidente efectivo, designado por el ministerio. La nueva ley reorganizaba asimismo la estructura administrativa del Consejo con la instauración
como órganos constitutivos, el Pleno, el Consejo Ejecutivo y la Comisión Permanente, y como órganos funcionales, los Patronatos, Institutos, Comisión de Intercambio y Delegaciones. […] El Pleno del Consejo y el Consejo ejecutivo se dividirán en tres Secciones: de los Patronatos “Raimundo Lulio” y “Marcelino Menéndez Pelayo, de los Patronatos “Alfonso el Sabio” y “Juan de la Cierva Codorniu” y de los Patronatos “Santiago Ramón y Cajal” y “Alonso de Herrera”16.
Otra importante novedad era la creación de tres vicepresidencias, así como de un Director de investigación técnica y un Secretario para cada una de estas secciones. La nueva disposición equiparaba al Consejo a una Fundación benéfico-docente en todo cuanto pudiera favorecerle, así como le otorgaba plena personalidad jurídica para la realización de sus fines, pudiendo adquirir, administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes, pero no podía enajenar bienes inmuebles o concertar empréstitos sin autorización del ministerio. Al Consejo se le concedía la facultad de elaborar su presupuesto anual, que sería elevado al ministerio para su aprobación.
Tanto más importante fueron las modificaciones introducidas en diciembre de 1942 en algunos artículos del reglamento del CSIC modificando su estructura y funcionamiento organizativo. La revisión reglamentaria establecía que el Consejo funcionaría en Pleno, en Consejo Ejecutivo, en Comisión Permanente y en Delegaciones, como instancias de administración general y común, y que tendría como órganos especializados los Patronatos, las Comisiones y los Institutos. El Pleno se reunía una vez al año, en su último trimestre, para dar cuenta del trabajo realizado durante el año, de la distribución del presupuesto y de la fijación de un plan general de trabajo para el siguiente curso. Compuesto por noventa vocales, al Pleno correspondía “la orientación, coordinación y estímulo de las investigaciones científicas, con sujeción a las directrices fundamentales de unidad de la ciencia y servicio del interés nacional”. El Consejo Ejecutivo, por su parte, era el órgano ejecutor de la política científica en todos sus aspectos: “el desarrollo de los planes y orientaciones señaladas en el Pleno, la propuesta al Ministerio de los Vocales del Patronato, el nombramiento del personal investigador, administrativo y subalterno, el régimen de pensiones, becas, premios, publicaciones, cursos y conferencias de Profesores españoles y extranjeros, la redacción del presupuesto y su aprobación y la creación y modificación de Institutos”. A la Comisión Permanente quedaba reservada la resolución de los asuntos de trámite, urgentes y la ejecución de presupuesto, aunque su designación dependía del Consejo Ejecutivo y era por anualidades. Al Presidente se le hacía responsable de la gestión directiva de los asuntos generales del Consejo, de la convocatoria del Pleno y del Ejecutivo y de la representación social y jurídica del Consejo. Estaba acompañado de tres Vicepresidentes, que lo suplían en sus funciones. Se mantenían los mismos seis Patronatos que conformaban su estructura científica, si bien el número de institutos y centros había ido aumentando con el paso de los años y lo seguiría haciendo. Por su parte, las Delegaciones se reunían en Junta integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y varios vocales para entender del “régimen inmediato de los Centros de investigación allí establecidos, en la fundación de nuevos Centros y en la coordinación del apoyo moral, intelectual y económico de las entidades interesadas en el desarrollo y protección de los Institutos del Consejo, y sus acuerdos tendrán carácter de propuesta al Consejo Ejecutivo”17. La más importante de todas las Delegaciones fue la de Barcelona, donde el Consejo invirtió un notable esfuerzo por desarrollar una estructura científica que se fue consolidando con el paso de los años18. El nuevo articulado también introducía una mayor definición en la colaboración del Consejo con las universidades, en la adscripción de departamentos o institutos universitarios a la estructura científica del Consejo, así como del Instituto Nacional de Industria. Por último, se establecieron una serie de premios a la investigación, concretamente dos premios anuales “Francisco Franco”, uno para disciplinas de Letras y otro para Ciencias, y otros premios de menor cuantía: un “Raimundo Lulio” para Letras, un “Alfonso el Sabio” para ciencias y tres premios “Menéndez Pelayo” para las disciplinas de Letras y tres “Juan de la.
Cierva” para las Ciencias. Un decreto de 26 de enero de 1944 ampliaba y modificaba el número y la cuantía de los premios19.
Desde su fundación, a pesar de las reformas introducidas en 1942, el Consejo careció de una plantilla de científicos organizada en categorías20. La mayor parte de los investigadores asociados a los institutos y centros del Consejo eran al mismo tiempo catedráticos o docentes universitarios que compatibilizaban ambas realidades, salvo el caso de los becarios y ayudantes. No existía, por así decir, una “clase media” de profesionales y personal colaborador dedicado exclusivamente a los trabajos investigadores. Un decreto de 5 de julio de 1945 reconocía esta realidad y trataba de rectificarla mediante la organización en el CSIC de un cuadro de Colaboradores Científicos que eran de urgente necesidad, sobre todo, en ciencias físicas, químicas y biológicas. Dicho decreto organizaba sesenta plazas, distribuidas en varios años, para los Patronatos Alfonso el Sabio, Juan de la Cierva, Santiago Ramón y Cajal y Alfonso de Herrera, provistas por oposición entre doctores de las facultades de Ciencias, Farmacia, Medicina y Veterinaria. A renglón seguido, un segundo decreto, preveía la creación de otras sesenta plazas de Auxiliares de investigación y otras tantas de Laborantes de Investigación, en un plazo mínimo de cinco años, destinadas a Institutos de Técnicas Físicas, Químicas, Biológicas y de Servicios Bibliográficos. La diferencia entre Auxiliares y Laborantes estribaba en función de dos niveles culturales distintos, “según que la ayuda se ciña estrictamente a la ejecución manual de las técnicas o la rebase con capacidad de estudio inteligente de los problemas”21. Un año más tarde, en octubre de 1946, una orden ministerial ampliaba el número de plazas ofertadas para ambas categorías a ciento veinte22. El personal se elegía entre el titulado en la Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigación del CSIC, que había sido creada por un decreto de 31 de mayo de $1 9 4 4 ^ { 2 3 }$ . Cada uno de los aspirantes a estas categorías debía superar unas pruebas específicas.
En febrero de 1946 una nueva Orden ministerial regulaba de manera más estricta los criterios que habían de cumplir los Colaboradores Científicos del CSIC. Además de las pruebas a superar en la oposición, en ella se establecía que para poder optar al desempeño de la categoría:
Se requerirá una labor investigadora previa, garantizada por el título de Doctor en Ciencias, Farmacia, Medicina o Veterinaria, y por la permanencia en un mismo Instituto Investigador del Consejo, […], durante un tiempo mínimo de tres años, de los que por lo menos durante dos se habrá obtenido el nombramiento de Becario o Ayudante, después de terminar los estudios de la Licenciatura24.
El cargo de Colaborador Científico era incompatible con otro nombramiento de profesor universitario o enseñanzas medias, así como con otro cargo en institutos o laboratorios oficiales. La Orden establecía asimismo que los Colaboradores Científicos debían desempeñar un mínimo de seis horas de trabajo diarias en su instituto de adscripción. En definitiva, se trataba de establecer una figura que estuviera dedicada exclusivamente a una carrera investigadora en el Consejo, incompatible con actividades fuera del mismo. Esta idea, que se fue implantando en los niveles medios y bajos de la carrera investigadora, fue completada en junio de 1947 con la creación de la figura de Investigador Científico:
En el régimen del personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aparecen los Decretos de cinco de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, que crean las plazas de Laborantes, Ayudantes y Colaboradores de dicho Consejo. esos grados elemental y medio del trabajo investigador requieren completarse con el grado superior, que no puede ser suficientemente atendido basándose en combinaciones con otros cargos, principalmente docentes. La investigación y la docencia se favorecen mutuamente cuando alcanzan amplias coincidencias, pero sus límites no pueden coincidir y la especialización creciente, la necesaria concentración en costosas instituciones, el desarrollo del personal con plena dedicación diversifican, en muchos sectores, ambas actividades. Por otra parte, difícilmente se entregará a la especialización técnica la juventud estudiosa, si el trabajo investigador no le ofrece perspectivas de estabilidad y posición comparables a las de otras tareas25.
Las nuevas plazas se habían de proveer, mediante concurso-oposición, entre doctores e ingenieros que acreditaran una dedicación continuada a la investigación durante un mínimo de cinco años en alguno de los institutos del Consejo. Ni que decir tiene que la plaza exigía dedicación exclusiva e “incompatibilidad entre éste y otro cualquier cargo de la Administración del Estado o de entidad pública o privada”26. En enero de 1948 se introdujeron dos matizaciones; la primera era que quienes tuvieran el título de Arquitecto también podían concurrir a las plazas de Investigadores y Colaboradores Científicos, la segunda, que los investigadores de Letras debían abarcar los nuevos Patronatos José María Quadrado y Diego de Saavedra Fajardo, creados a finales de $1 9 4 7 ^ { 2 7 }$ . Por primera vez en España se establecían garantías de una carrera investigadora basada en el desarrollo de una carrera académica mediante la ejecución de varias fases en la formación de personal investigador. Esta línea de política científica quedó reforzada por Ibáñez Martín poco antes de su salida del ministerio, con un nuevo decreto que sellaba una carrera científica escalonada: “La principal variación consiste en articular las disposiciones referentes a Colaboradores e Investigadores y disponer, en una sola ordenación legal, la escala, que tiene su comienzo en el periodo de becario para pasar por la ineludible vía de trabajo, que exige tiempo, a los grados superiores”28.
Además del personal, la estructura investigadora del CSIC también experimentó notables transformaciones, que se reflejaron en la multiplicación de institutos. A finales de la década alcanzaban una cifra cercana a ochenta centros radicados en su gran mayoría en Madrid. En noviembre de 1945 la estructura científica del Consejo fue reforzada con la creación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que fue puesta bajo la dependencia del CSIC, constando de tres secciones correspondientes a los Patronatos Raimundo Lulio, Menéndez Pelayo, Ramón y Cajal y Alonso de Herrera, así como cursos para extranjeros y reuniones pedagógicas. Sus actividades se realizaban en los meses de julio a septiembre y a ellas podían acudir becarios del CSIC, de la Junta de Relaciones Culturales, del Profesorado de Enseñanzas Medias, Escuelas de Magisterio, Inspectores de Primera Enseñanza, Magisterio, alumnos seleccionados de las Universidades y Escuelas Especiales, así como de Centros Superiores de Enseñanza: “El Consejo Superior de Investigaciones Científicas establecerá el régimen de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y requerirá la colaboración de la Junta de Relaciones Culturales para la mayor eficacia en las relaciones científicas e internacionales que los cursos intentan realizar”29. En 1946, invitados por la Estación de Estudios Pirenaicos del CSIC, se reunieron en Jaca representaciones de distintos institutos locales que de una u otra manera colaboraban con el Consejo y decidieron establecer un órgano de vinculación que terminó dando lugar a un nuevo Patronato de Estudios e Investigaciones Locales que, más tarde, llevaría el nombre de José María Quadrado30. Este nuevo Patronato desempeñó un papel muy activo en las actividades científicas del CSIC en las siguientes décadas y tuvo una influencia nada desdeñable en las publicaciones del organismo a través de las coediciones con universidades, fundaciones privadas u otros organismos de la administración pública local como las diputaciones.
El 30 de diciembre de 1947 el BOE publicaba una Ley firmada tres días antes por la que se modificaban los artículos segundo y cuarto de la de 22 de julio de 1942 para poder dar cabida dentro de la estructura científica del Consejo a dos nuevos Patronatos, el José María Quadrado y el Diego de Saavedra Fajardo:
Para poder recoger los estudios e investigaciones locales que representan un esfuerzo ejemplar de la vida local española, y para dilatar la cultura nacional con la proyección de las culturas de otros países, se ha ampliado la actividad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas […] en dos nuevos Patronatos31.
A los pocos días también se modificaba, mediante decreto, varios artículos del reglamento del Consejo para que los nuevos Patronatos participaran plenamente de la estructura administrativa, normativa y científica del CSIC mediante la inclusión de vocales propios en los órganos de dirección, así como reconocimiento de los institutos que los conformaban. El encaje del Patronato José María Quadrado fue más complejo por su naturaleza de estudios locales, fundamentalmente porque al disponer de institutos en diferentes localizaciones de la geografía regional exigió una nueva modificación del reglamento del Consejo en noviembre para garantizar su plena integración en la estructura administrativa del mismo32. Por último, en enero de 1951, la experiencia acumulada desde la creación en 1946 del originario Patronato de Estudios e Investigaciones Locales aconsejó introducir ciertas modificaciones en su estructura, por las que el.
Patronato “José María Quadrado” y los Institutos que lo integran establecerán relaciones con los Institutos del Consejo que cultiven las disciplina de su competencia, y en especial con los del Patronato “Marcelino Menéndez y Pelayo”. Para lograr una más estrecha vinculación de ambos Patronatos, de los veinte Vocales de número del “José María Quadrado” que pertenecen a otros Patronatos del Consejo, diez, cuando menos, procederán del Patronato “Marcelino Menéndez Pelayo”; y, a su vez, los diez Vocales específicos del Patronato “José María Quadrado” lo serán también del Patronato “Marcelino Menéndez y Pelayo”33.
En este primer tramo de su historia, el Consejo mantuvo una relación dialéctica con la Universidad. Por una parte, estuvo distanciado de ésta, al otorgársele el papel de rector de la investigación científica, pero dependió asimismo en gran medida de las cátedras, como atestigua la necesidad que hubo de crear un cuerpo de personal investigador propio, que tardó en consolidarse, y el enorme relieve alcanzado por las humanidades en sus pautas de actuación científica, una circunstancia que no ayudó a aglutinar la institución, sino a ser origen de otras tensiones34.
2. Los retos de la nueva institución.
El gran reto de la estructura científica franquista no fue el desarrollo institucional del CSIC, que fue puesto en marcha por Ibáñez Martín a lo largo de los años cuarenta. El problema radicaba más bien en la apuesta por la ciencia católica y, sobre todo, en la puesta en marcha de un programa científico que pudiera desarrollarla con un mí- nimo de coherencia. El Consejo fue víctima de la rémora que supuso el trasnochado nacionalcatolicismo que alentaba la revolución académica del nuevo régimen. En abril de 1939 Franco había liquidado militarmente a la República y había alcanzado una rendición sin concesiones. La construcción del “Nuevo Estado” no admitía demoras ni medias tintas y, como buen totalitarismo, alcanzaba a todos los órdenes sociales. Las nuevas autoridades educativas contribuyeron a esta tarea a través de dos procesos paralelos, uno punitivo y purgador, como fue la depuración del personal educativo e investigador, y otro seminal, la recreación de las estructuras universitarias y del sistema científico español. En el ámbito de la investigación científica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue el brazo armado cultural del régimen franquista y su obsesión fue dar la talla, estar a la altura de las circunstancias y superar lo antes posible la etapa republicana. No lo tuvo nada fácil por los logros y éxitos que la Junta para Ampliación de Estudios había cosechado durante las décadas anteriores en el desarrollo del mediocre nivel que la ciencia española presentaba a comienzos de siglo.
Enrique Suñer, vicepresidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, en un libelo titulado Los intelectuales y la Tragedia Española, publicado el 28 de febrero de 1937, dejó claro el objetivo perseguido por las autoridades educativas de la zona nacionalista, en manos de significados miembros de Acción Española y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas –ACNP-35: extirpar hasta su raíz la presencia en la Universidad y las instituciones científicas de la JAE y del espíritu de la ILE, auténtica obsesión del pensamiento reaccionario y ultracatólico español: “vivero de un profesorado, salvo raras excepciones, bien adicto a la causa que lo había elegido para la consecución de los fines catequísticos, el primordial de todos: la descatolización de España”36.
En 1940 la obra Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza, en la que colaboraron significados miembros de la nueva Administración educativa, dejaba claro en su prólogo cual era el enemigo a extirpar: “la Institución Libre [...] por sus ideas, su obra incubada de tiempos viejos, la unánime actitud de sus jefes y la de casi todos sus afiliados y afines, ella es la gran responsable de la revolución sin Dios y antiespañola que nos ha devastado”37. Antonio de Gregorio Rocasolano, catedrático de Química de la Universidad de Zaragoza, vicepresidente del CSIC y presidente de la Comisión Depuradora del profesorado de la Universidad durante la guerra civil, defendió que:
La Institución Libre de Enseñanza, [...], se hizo dueña absoluta de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de sus laboratorios y de otros centros oficiales [...] ¿quiénes fueron más culpables, los que alegremente disfrutaban del presupuesto de la Nación para servir al internacionalismo antiespañol, o los que confiadamente entregaron los medios más eficaces de proselitismo a unos hombres sin Dios y sin Patria, que con su silenciosa e intencionada labor han “posibilitado” la tragedia que actualmente vive España?38.
Las palabras del ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, pronunciadas en 1940 con motivo de la inauguración del curso universitario en Valladolid ratificaron a nivel ministerial lo defendido por los autores de Una poderosa fuerza secreta, reflejo del espíritu y la práctica de la política científica y universitaria del franquismo en los primeros años de su existencia:
Habíamos de desmontar todo el tinglado de una falsa cultura que deformó el espíritu nacional con la división y la discordia y desraizarlo de la vida espiritual del país, cortando sus tentáculos y anulando sus posibilidades de retoño. Sepultada la Institución Libre de Enseñanza y aniquilado su supremo reducto, la Junta para ampliación de Estudios, el Nuevo Estado acometió, bajo el impulso del Caudillo, la gran empresa de dotar a España de un sólido instrumento que […] fuera la base de una reestructuración tradicional de los valores universales de la cultura39.
La dureza del proceso depurador hace imposible poder suscribir que el Consejo Superior de Investigaciones científicas fuese el heredero intelectual de la labor de la JAE y sería cuestionable que, al menos durante sus dos primeras décadas de existencia, ampliara el legado científico de la Edad de Plata. La imposibilidad descansa fundamentalmente en una pretendida “herencia” que no ha sido tal. El año 1939 José Ibáñez Martín creó el CSIC con la profundad convicción y la plena satisfacción de romper de manera radical, en todo su sentido etimológico, a saber, acabar de raíz con lo que representaba la JAE, sin miramientos ni contemplaciones. Por esta razón no parece posible sostener que “el CSIC encarnó la continuidad, teniendo en cuenta las consecuencias que la ruptura personal e ideológica de la Guerra Civil produjo, de la actividad científica de la Junta, hecho que se evidencia principalmente en continuidad de líneas y programas de investigación”40. Los postulados ultracatólicos de la ciencia franquista eran incompatibles con la práctica de una ciencia moderna. Los procesos de depuración conllevaron la quiebra de escuelas, líneas y programas de investigación sostenidos por la JAE, como demuestra el desmantelamiento, entre otras, de la escuela histológica de Cajal, la escuela entomológica de Ignacio Bolí- var, la escuela filológica de Ramón Menéndez Pidal o la escuela fisiológica de Juan Negrín41. La idea de continuidad es hoy por hoy insostenible y sólo resultado de dos lecturas a posteriori; una de ellas, la realizada por quienes de buena fe han buscado recuperar la memoria de la Junta para conectar las actuales y naturales aspiraciones de modernización científica con el periodo más brillante de nuestra historia científica contemporánea42. Otra, más interesada, empezó a ser construida aproximadamente dos décadas después por quienes intentaron transformar en herencia y continuidad lo que en 1939 había sido depuración e incautación y que, más recientemente, han hablado abiertamente de superación o ampliación de la obra de la JAE, menospreciando toda precaución histórica a la hora de enjuiciar el contexto histórico en que actuaron y nacieron ambos organismos43.
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