¿Cómo suturar la tensión política en torno al binomio unidadpluralidad? Formulaciones en el lenguaje liberal español de comienzos del siglo XIX.
How to resolve the political tension around the unity-plurality dichotomy? Proposals within Spanish liberal discourse at the beginning of the 19th century.
Luis FERNÁNDEZ TORRES Universidad de La Rioja.
RESUMEN.
El tránsito del Antiguo Régimen a un sistema liberal constituyó en España un largo y complejo proceso que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Entre los diferentes aspectos que lo caracterizan se encuentra la transformación del lenguaje político y, concretamente, las formas utilizadas para expresar las nuevas formas de concebir tanto la unidad de la comunidad política como un pluralismo de nuevo cuño que tenía su trasunto en el despliegue de los intereses particulares en la esfera económica y de los partidos en el sistema político. Este artículo propone en un tono especulativo un marco para analizar las principales tentativas formuladas para establecer la relación entre ambas dimensiones en las primeras décadas del XIX y sus paradójicos resultados.
PALABRAS CLAVE.
Historia intelectual; partidos políticos; intereses; nación; liberalismo.
ABSTRACT.
The transition from the Ancien Régime to a liberal system in Spain was a long and complex process that lasted the best part of the 19th century. Among the different aspects that characterised it, the transformation of political language played a key role, particularly ways of expressing the new conceptions of both the unity of the political community and the new kind of pluralism embodied in the deployment of particular interests in the economic sphere and certain parties in the political system. This article speculatively proposes a framework for the analysis of the main attempts to establish the relationship between the two dimensions in the first decades of the 19th century and their paradoxical results.
KEYWORDS.
Intellectual history; political parties; interests; nation; liberalism.
FERNÁNDEZ TORRES.
Entre las cuestiones que recorren el pensamiento occidental, sin duda el intento de resolución de las tensiones entre lo uno y lo múltiple, la unidad y la pluralidad constituye uno de los lugares comunes en los que, desde diferentes ángulos y respondiendo a contextos históricos distintos, la atención intelectual se ha visto enredada, sin encontrar una fácil salida a los problemas que plantea cohonestar ambos polos. Dilthey ya expresó de forma nítida la perplejidad que generaba al intelecto la necesidad de abordar ambas dimensiones1 .
El objetivo de este artículo consiste en abordar una de las facetas que caracterizaron la transformación en clave liberal de las estructuras políticas y sociales del Antiguo Régimen en la España de las primeras décadas del siglo XIX. En concreto, se ocupa del problema que implicó la sustitución del tradicional engarce entre la unidad del cuerpo político, sustanciado en el monarca, y la pluralidad manifestada en la diversidad de formaciones sociales y políticas que caracterizaban la monarquía jurisdiccional hispana, por un esquema en el que estas últimas albergaban (al menos en las formulaciones liberales más modernas) a ciudadanos iguales. Paralelamente, y formando parte del mismo proceso transformador, la soberanía se desplazaba desde la figura del soberano al concepto más abstracto de soberanía nacional. De este modo, el antiguo equilibrio entre ambos polos se desarticuló, lo que dio lugar a un escenario en el que la necesidad de una estructuración funcional lingüística resultaba perentoria. Esa labor se prolongó durante unas décadas, en las que diversas formulaciones tentativas intentaron dar respuesta a esa necesidad. No obstante, su éxito fue relativo, como muestra su dificultad para concitar un apoyo social hegemónico. Las luchas entre liberales y absolutistas y carlistas, por un lado, y entre las diferentes sensibilidades que iban tomando forma en el seno del liberalismo, por otro, dan fe de ello.
Este análisis es, en cierto modo, una contribución a la historia conceptual de lo político, en el sentido que le diera Pierre Rosanvallon. Sus trabajos se han concentrado en desvelar las tensiones irresolubles que recorren subterráneamente la política moderna, concretamente en la historia contemporánea francesa. Este enfoque es a la vez deudor de la obra del filósofo francés Claude Lefort, quien define lo político como el campo en el que se incluyen los principios generadores de las diversas formas de sociedad. Estos principios, entre los que ocupa un lugar esencial lo religioso, remiten a la presencia de lo simbólico2 . El texto aquí publicado recoge esa aspiración de modo flexible, planteando en un tono especulativo la productividad de definir un marco interpretativo que permita analizar el discurso liberal español de las primeras décadas del XIX como respuesta a una de esas aporías: la compulsión insatisfecha de anudar lo común y lo particular, visible en toda formación histórica. No se trata, por tanto, de un trabajo sistemático desde un punto de vista empírico, sino de una propuesta fundamentada en la elaboración de tipos ideales de discurso liberal a partir de una serie de fuentes que ejemplifican esos modelos. El objetivo es servir de estímulo a ulteriores estudios que lo pongan a prueba, sometiéndolo al veto de las fuentes.
Sin pretender profundizar en cuestiones de más largo alcance, en este estudio subyace la intuición de que, desde ciertas elaboraciones teóricas, es posible comprender, en primer lugar, la relación entre la unidad de la comunidad política y sus diferentes divisiones internas, y en segundo lugar, seguir el desarrollo de esa articulación en el tiempo. Con ello, se sostiene que este prisma puede usarse para establecer un criterio de distinción entre diferentes formas de sociedad.
Hay cosmovisiones en las que lo múltiple se integra orgánicamente en un todo ordenado y comprensible en sus propios términos. En este modelo, que de forma esquemática identificaré con el período previo a la Revolución francesa, las fricciones sociales y políticas que se dieron en el ámbito hispano parecen reconciliarse con bastante éxito sobre la común aceptación de la monarquía y la religión católica. Su relación es comúnmente aceptada y constituye el marco de inteligibilidad compartido. La relación deviene problemática cuando el marco simbólico en el que ambos polos encontraban su lugar se debilita y se produce su acelerada transformación. El impacto de la invasión napoleónica y la rápida descomposición de la monarquía son bien conocidos. La sucesión de acontecimientos que jalonan este proceso generan una ruptura histórica que supone un conflicto epocal de profundas consecuencias, cuyos efectos se extienden a la forma de gobierno considerada aceptable y a las relaciones entre la política, la sociedad y la religión.
Puede que, como señalaba Luhmann, una de las razones que expliquen la diferencia entre ambas articulaciones de lo múltiple y lo uno se encuentre en la modificación de la relación entre el sistema religioso y los demás. En este sentido, ya no sería posible una representación simbólica de la totalidad, porque esto suponía una sociedad diferenciada jerárquicamente, no funcionalmente3 . Probablemente, esta división funcional se haya visto reforzada y acompañada por los crecientes automatismos con los que vive el ser humano moderno, que despojan de sentido los actos cotidianos, mientras que en otras relaciones con la realidad, la vida y lo simbólico sean tratados como epifanías de la realidad última4 .
El siglo XIX podría interpretarse, en este sentido, como una larga época de transición en la que, aun habiendo desaparecido la eficacia de la cosmovisión tradicional, el fiel de la balanza no termina de inclinarse hacia una nueva articulación retórico-formal plena entre lo uno y lo múltiple. El tiempo que transcurre entre el asalto a la Bastilla y el final de la I Guerra Mundial (las fechas siempre son arbitrarias) constituiría a grandes rasgos el escenario central de esta tensión, que en España es fruto de cierta nostalgia de la forma en que el Antiguo Régimen daba respuesta a esta necesidad y de la formación de un nuevo campo simbólico y léxico que había mutado de forma decisiva sin llegar a imponerse. El resultado sería el afloramiento de una aporía de lo político al nivel de la conciencia de los coetáneos que no fue resuelta de forma eficaz.
Como se señaló previamente, el enfoque de este artículo se limitará a identificar las reacciones ante esta aporía por el liberalismo político español de las primeras décadas del siglo XIX. Concretamente, se privilegiará el análisis de algunos de los recursos léxicos que expresaron la pluralidad social y política y sus relaciones con las nuevas formas de concebir la unidad política. Por tanto, será la reflexión en torno a algunos de los conceptos centrales que verbalizan esa tensión bipolar la que estructure las siguientes páginas, que avanzan desde la confrontación de las voces de la unidad y la pluralidad hasta los diferentes modelos que intentan entrelazarlas y que alcanzan una formulación lograda entre los años veinte y cuarenta del XIX.
FERNÁNDEZ TORRES.
El léxico de la unidad.
A principios del siglo XIX el territorio controlado por la monarquía hispana aún presentaba un carácter que puede calificarse de jurisdiccional, en el que religión y corona representan una unidad no sometida a la erosión de la historia, que aglutina una realidad marcada por un enorme pluralismo sociopolítico de cuño tradicional. El hito que sirve para señalar la transformación de este soporte dual fue la acefalia real que se produjo tras las conocidas abdicaciones de Bayona en 1808. Este proceso supuso cruzar un umbral, que abrió paso no solo a nuevas instituciones, sino también a una imprescindible necesidad de articular lingüísticamente las modificadas relaciones entre las instancias en que residiría el poder y entre éste y el pueblo. Se asistió, en definitiva, al surgimiento de un nuevo lenguaje, con el fin de dotar de un modo de cohesión distinto al propio del Antiguo Régimen a una comunidad humana en transición. El objetivo era dar forma a un discurso capaz de coadyuvar desde la dimensión léxica a la estabilidad y frenar una entropía política y social que parecía acelerarse por momentos. En este proceso cobró especial relevancia el perfilado del vocabulario que identificaba al conjunto de la comunidad política, por un lado, y a sus elementos integrantes, por otro. A los primeros los he denominado conceptos de unidad (patria, nación, pueblo), mientras que a los segundos me refiero como conceptos de pluralidad, incorporando la diversidad de nuevo cuño que aparece en la modernidad (partidos políticos, intereses particulares).
Comenzaré con una somera descripción de algunos rasgos de los conceptos de unidad en la Península. No pretendo hacer una exposición exhaustiva de su decurso significativo, sino tan solo destacar aquellos aspectos que creo relevantes en el proceso de gestación de un nuevo lenguaje político que debe responder como mínimo a dos exigencias centrales: la de representar léxicamente a la comunidad política y, en su seno, la de especificar quiénes en esa comunidad poseen los atributos para participar en el poder.
En este sentido, el principal estímulo de la aceleración transformadora se encuentra en los avatares del concepto de soberanía. Es difícil imaginar un concepto más representativo del convulso contexto hispano, que ve como en pocos años una soberanía en singular se multiplica en los territorios de la corona, identificándose con ciudades y provincias, en un proceso hasta cierto punto común en la América hispana y en la Península. Este florecimiento de soberanías fue consecuencia lógica de la súbita desaparición del detentador del poder real en $1 8 0 8 ^ { 5 }$ . Con él, se desarboló la pirámide jurisdiccional que desde la cúspide, ocupada por la figura del rey, descendía hasta las ciudades, villas, pueblos y parroquias, pasando por el virrey y la audiencia.
De este modo, la ruptura de la antigua concepción de la soberanía contribuyó a ambos lados del Atlántico a activar una serie de voces, entre las que destacaban las de patria, nación y pueblo, que recogieron el testigo de dar una forma verbal al imaginario de unidad. En este escenario surgieron los novedosos sintagmas de soberanía nacional y soberanía popular, ambos entreverados de forma íntima en las primeras fases de su desarrollo semántico. El paso de una a otra concepción de soberanía no estuvo en todo caso marcado por una hoja de ruta inequívoca. La incertidumbre fue uno de los rasgos que condicionaron la reflexión y la acción de los nuevos depositarios, especialmente en el continente americano6 .
Soberanía fue, de este modo, un concepto fundamental por el que tenían que pasar todos los intentos de reformular la urdimbre política. Ejerció como una suerte de plataforma que impulsó a otros conceptos, que pasaron de ser inicialmente atributos suyos a erigirse rápidamente en conceptos referidos a individuos hipostasiados una vez que asumieron el contenido legitimador de la organización política ínsito en la voz soberanía. Este relevo provocó que en un lapso relativamente breve las voces de nación y pueblo superasen en uso y foco a las reflexiones en torno a la soberanía y sus sintagmas. La alteración en el interés que despiertan los distintos conceptos se manifiesta con claridad en el cambio de sus respectivas funciones sintácticas. De este modo, soberanía pasó a aparecer como complemento de nación y pueblo, y a ocupar en la estructura de la oración un lugar derivado.
Sin embargo, este desplazamiento hacia nuevos centros de poder acarreó una transformación de la naturaleza estructural y expresiva de aquéllos respecto a sus predecesores. Se asistió a un progresivo abandono de la metáfora clásica del cuerpo, pero también de la de la familia, de la solar, de la nave del Estado. Sus usos, que durante largo tiempo seguirían presentes en las fuentes, envolverán en este nuevo período un cariz más retórico que literal e irán languideciendo, modificándose drásticamente (como será el caso de la metáfora orgánica) o reduciendo su aplicación a campos más concretos. Una de las causas de esta pérdida de capacidad expresiva radicó en la pérdida de su anclaje transcendental y, por tanto, de su función de conectores entre un poder externo a la sociedad, su fundamento, que se diluye, y el interno, quien lo encarna. Se volvía difícil encontrar individuos o cuerpos aprehensibles mediante la experiencia que fuesen capaces de cumplir esa función. Las nuevas entidades eran difusas, de carácter histórico o jurídico, pero de difícil representación mediante metáforas sustantivas7 .
Permaneció, no obstante, una querencia a transferir algunos de los rasgos de los antiguos centros expresivos de la unidad política a lo nuevos. La nación o el pueblo, como antes el monarca, debían suponer una “ruptura de nivel ontológico”, que les dotaba de una naturaleza incierta, lo que requería la observación de unos ritos al aproximarse a ellos. Mircea Eliade se refiere a los tabúes que rodean a ciertos objetos sagrados que presentan esta “ruptura”8 . En cierto modo, algo similar puede atribuirse a las nociones de unidad que consagran como alternativa al Antiguo Régimen el nuevo orden propuesto en la Revolución francesa.
La segunda década del siglo inauguró así en nuestro espacio un período de intensa experimentación y búsqueda de nuevos sujetos políticos susceptibles de representar de forma viable una nueva comunidad política. Desde el sector liberal se recurrió, con mayor insistencia y alcance renovador, a las tres voces antes mencionadas. Todas se caracterizan por ser neologismos de sentido con rasgos valorativos que van de la connotación neutra o positiva, como es el caso de nación o patria, a una mayor complejidad de la paleta calificativa, como ocurre con la voz pueblo, con un sentido negativo cuando se asociaba a plebe. Otro rasgo atribuible, con distinta intensidad en cada caso, a esta tríada fue su creciente abstracción e ideologización, al asumir un cúmulo de contenidos semánticos sujetos a interpretaciones diversas. Este proceso es un reflejo de la creciente inadecuación del antiguo léxico a una realidad que muestra una veloz concatenación de cambios. El lenguaje solo podía hacerse cargo de un mundo proteico a costa de una merma de su concreción semántica. Los significantes se fueron vaciando en cierto modo de contenidos alusivos a realidades y prácticas concretas, situándose en un plano que, gracias a su alejamiento de la realidad fenomenológica, permitía incorporar y organizar elementos sujetos a transformaciones constantes9 . Más adelante veremos cómo esta dimensión koselleckiana, presente en las voces estudiadas, permite un juego de matizaciones superador de formulaciones sustantivas de los conceptos de unidad, capaz de incorporar distinciones internas y de abrir su sentido a la pluralidad material social y política mediante el recurso a la abstracción y formalización de las relaciones entre los entes plurales y su cohesión en un conjunto mayor.
El desprendimiento de la materialidad tradicional que impregnaba el uso de las voces durante el Antiguo Régimen se aprecia claramente en los tres términos. En el caso de la voz patria, en la Enciclopedia francesa se contrapone un nuevo sentido de patria a las concepciones heredadas. Así se dice que la patria no es simplemente el lugar en donde hemos nacido, sino “el estado libre del que somos miembros y cuyas leyes garantizan nuestras libertades y nuestra felicidad”, lo que implica que “no existe patria bajo el yugo del despotismo”10. La desterritorialización presente en este contenido semántico, con su énfasis en el sometimiento a unas leyes comunes como donantes de identidad, tuvo, sin embargo, escasa proyección y fue rápidamente superado por contenidos basados en la cultura y la raza, en consonancia con el recorrido semántico de nación, que superpone parcialmente a la abstracción del orden jurídico-político común otro tipo de abstracción11.
Pueblo es, por otra parte, un término que pasa de los márgenes del vocabulario político y social al centro del discurso12. La particularidad de pueblo frente al resto de conceptos de unidad es que se presenta en dos modalidades, ambas caracterizadas por una tensión bipolar. Por un lado, nos encontramos con el dimorfismo resultante de considerar pueblo en términos políticos o con un significado más sociológico. Por otro, en la América hispana también se presenta como conflictiva la relación entre su desinencia plural y la forma singular, si bien la duración temporal de la convivencia de ambos usos fue relativamente breve13.
Será a la tensión entre el sentido político y el social a la que la historia reserve una presencia más conflictiva y prolongada. Su vórtice polémico se plasma en la pregunta acerca de la composición del pueblo soberano y de su capacidad de influir en la toma de decisiones ¿Forman parte de él todos los habitantes de un Estado? Las respuestas oscilan entre una identificación entre el pueblo sociológicamente considerado y el político y la restricción del último a una sección del primero. En sentido político, el pueblo estaría compuesto por quienes reúnen una serie de requisitos habilitadores: la riqueza y, en el lenguaje de la época, las capacidades, es decir, por aquellos que tienen acceso a un determinado nivel de educación e ilustración.
Con mayor intensidad que en el caso de pueblo, la voz nación presenta el mismo cuadro conflictivo. La reducción de los derechos políticos a una parte del país chocaba en ambos casos con la promesa de universalidad que esos mismos conceptos habían alumbrado. Es lo que puede designarse como el coeficiente de temporalidad característico del lenguaje ilustrado, el potencial de la virtual extensión de su contenido al conjunto de los individuos sin distinciones a lo largo del tiempo.
Probablemente sea el último concepto mencionado, el de nación, el que muestra de forma más evidente las tensiones internas características de los singulares colectivos que denominan una comunidad política. Su frecuencia de uso y su capacidad de condensar conceptualmente las nuevas formaciones políticas lo convirtieron en un objeto recurrente de las controversias respecto a su naturaleza. Del plexo de significados que posee a principios del XVIII, destacan dos líneas semánticas con claras repercusiones políticas: en primer lugar, se concibe a la nación como una población con rasgos compartidos, concepción étnica o territorial, pero asimismo como población sometida a un mismo gobierno y leyes14. Esa divergencia en el referente permitía la integración en la estructura política de la monarquía de diferentes entidades con personalidad propia. Por eso podía plantearse la existencia de naciones territoriales, étnicas e institucionales, que se integraban a su vez en la nación española, concebida en términos de lealtad a la monarquía.
Me interesa subrayar que los tres vocablos incorporaban unos rasgos que determinaron su potencia y limitaciones. Hemos visto cómo la atribución a los conceptos de unidad de unos rasgos monolíticos e indisponibles, característicos de la religión y la corona, permitía idealmente convertirlos en zócalo del sistema. Precisamente este aspecto formal, que atribuye un carácter sagrado a la comunidad política conectaba este modelo con el del Antiguo Régimen. Sin embargo, la reformulación del espacio político común en el XIX está a su vez caracterizada por una ambición unificadora que pretendía urbanizar el terreno político y social (en gran medida mediante una refundación del derecho), dándole al ideal de unidad una homogeneidad, abstracción y alcance que fue el producto de una racionalidad y voluntad de planificación que no estaba al alcance del sistema previo.
Este prurito moderno que tendía a igualar jurídicamente a los ciudadanos en un espacio abstracto caracterizado por relaciones espaciales simétricas conllevaba serias limitaciones al intentar aplicar una restricción de los derechos políticos, pero también a la hora de afrontar las disensiones en materia de organización política, que parecían enquistarse y disolver el sueño de una elaboración racional del nuevo orden político. Era difícil, en definitiva dar una respuesta desde estos postulados al surgimiento de los partidos y a la apuesta por la moderación de los planteamientos universalistas del liberalismo gaditano, que limitaba la pluralidad y competencia al campo social, específicamente a la dimensión económica.
FERNÁNDEZ TORRES.
Se da una compulsión, por un lado, a subrayar la necesaria unidad del cuerpo político y el reconocimiento, por otro, de la diversidad de intereses legítimos en el mercado. Esta disparidad de tratamiento de lo estrictamente político y lo social no implicaba un distanciamiento insalvable entre ambas dimensiones. Todo lo contrario: existían pasarelas que los comunicaban, como ejemplifican los argumentos a favor del sufragio censitario, que irían ganando paulatinamente terreno a medida que la experiencia gaditana iba quedando más lejos, basados en criterios sociales como la propiedad y la educación. Por tanto, el desplazamiento del acento desde la abstracción y generalidad propia del ámbito de la nación jurídica o cultural al de la economía política, a un mundo compuesto por diferentes intereses, proveyó un marco en el que las mismas herramientas conceptuales políticas y sociales que se estaban forjando podían articularse de modos diversos y complejos, incorporando en el sistema tanto las distinciones sociales con repercusiones políticas como las novedosas agrupaciones políticas.
La introducción de los intereses en la política desplegó un espacio en el que la abstracción ya no implicaba una igualación sometida a una fuente de poder, sino una multiplicación de las diferencias, que en un marco adecuado podían dar lugar, siguiendo postulados bien conocidos del liberalismo clásico, a un equilibrio espontáneo. La unidad se desprendía de la diversidad y ocupaba un lugar secundario.
Las posibilidades que abrió la capilaridad entre los contenidos conceptuales de la política y la economía ofrecieron un medio para sortear los problemas de una concepción puramente racional-normativa del poder político, que privilegiaba la unidad por encima de las diferencias sociales y políticas. En cambio, la dificultad para abandonar completamente integración de la diversidad política en una unidad cuasitrascendental, es decir, la combinación de la perspectiva procedente de la economía política con la homogeneidad jurídica sustanciada en el concepto de nación generaba inevitablemente tensiones que pugnaban por acentuar uno de los polos. En sus versiones extremas, la apuesta por el primero desembocaba en una política de la identidad, en tanto que el segundo producía un cierto vértigo, la sensación de que toda política se hallaba suspendida sobre un abismo y se sustentaba en la mera convención. Existían, no obstante, vías intermedias en las que se elaboró una fusión de ambos extremos, en las que la unión verbalizada en el concepto clave de nación y su exigencia de homogeneidad se entrelazaba con una asunción de la distinción.
Siguiendo al segundo Wittgenstein, este proceso parecía implicar una mezcla de distintos juegos de lenguaje15, que generaban problemas de difícil resolución. El traslado de parte de la cosmovisión propia del lenguaje de la economía política a la organización política de una comunidad transgredía los límites impuestos por las reglas peculiares a cada juego, lo que daba lugar a ruidos y fricciones. Por otro lado, este movimiento que acercaba política y economía era, sin embargo, habitual y los intercambios se habían producido históricamente en uno y otro sentido16. Esto iba a permitir de hecho enhebrar mediante nuevos nodos lingüísticos distintos campos funcionales. Esta hibridación de reglas ofreció una nueva concepción de lo común, sin poder evitar una cierta confusión.
De esta comunicación entre ámbitos, surgiría en el futuro la posibilidad de combinar la generalidad jurídica y la parcialidad social y económica en un solo concepto: resemantizar el concepto de nación hasta reducirlo a un partido o clase sin perder en el proceso su carácter holístico, su aspiración a representar a todos los individuos del Estado. Con esta vía pareció posible encontrar conceptos fuertes que denominasen la unidad inquebrantable de la comunidad política al tiempo que permitían operar sobre su contenido, estableciendo diferencias cualitativas entre los integrantes de esa comunidad. Si bien, los resultados eran siempre precarios debido al ya comentado coeficiente de temporalidad que acompaña a muchos de los términos de esta marea léxica.
Los intentos de cohonestar los polos de la unidad y del pluralismo en los primeros decenios del XIX en parte del mundo liberal consistieron en una compleja relación de los segundos con los primeros y viceversa. Lo que de forma tan sinóptica se ha dicho hasta ahora, anticipando el resultado sin mostrar el proceso que lleva a él, va a procurar aclararse en los siguientes epígrafes.
Los conceptos de un nuevo pluralismo.
Los conceptos de unidad que delimitaban el nuevo espacio de la comunidad política a modo de muros y bóvedas acumulaban una gran energía sociopolítica que requería, abusando de la metáfora arquitectónica, elementos con la capacidad de disiparla, unos nuevos nervios, arbotantes y contrafuertes de la construcción léxica del edificio social y político que sirviesen de apertura a la pluralidad, ayudando a salvar la distancia entre el discurso de la homogeneidad nacional y el pluralismo. Voy a centrarme en dos de esos instrumentos, dos conceptos subsidiarios: el de interés y el de partido. Ambos sufren un peregrinaje desigual cronológica y, desde luego, semánticamente, aunque coinciden lo suficiente como para ser incluidos en el campo semántico que expresa la división. Por eso su problematización los constituye en medios léxicos centrales a los que se recurre en buena parte del XIX desde el liberalismo en un movimiento de tanteo para verbalizar y hacer comprensible la tensión unidad-pluralidad en el nuevo marco político. A estos debe añadirse otro fundamental, como es el de opinión pública, que solo se tratará aquí de forma tangencial, a pesar de que en un estudio más amplio su inclusión resultaría imprescindible para una correcta comprensión del proceso que se describe en estas páginas.
La permanente agitación que caracterizaba las primeras décadas del XIX y la consiguiente urgencia por suturar un entramado político desencajado estimularon reactivamente la búsqueda de distintas, si bien no necesariamente excluyentes, estrategias expresivas de la unidad. En otro lugar, reduje a cuatro modelos básicos esas opciones: 1) insistir en concepciones heredadas, 2) acudir a nuevas formulaciones abstractas monolíticas con pretensiones absolutas, 3) utilizar recursos metafóricos antiguos (organicismo, mecanicismo) en la nueva topografía léxica, y, finalmente, 4) reformular la interacción de los individuos entre sí o de las nuevas asociaciones políticas (partidos) con un resultado armónico17. Dos de las estrategias expuestas apuestan claramente por un modelo fuerte de unidad, que deja fuera la introyección de divisiones capaces de desfigurar la naturaleza esencialmente unitaria de la comunidad política. El atractivo de estas concepciones padecía, no obstante, un voluntarismo incapaz de dar cuenta del nuevo perfil de la división de la sociedad moderna, que dejaba atrás distinciones gremiales, corporativas y muchas veces también territoriales, amparadas en un marco de constitucionalismo jurisdiccional. A este modelo fuerte se opone uno débil, representado por las dos últimas estrategias, como alternativa para integrar las tensiones internas generadas.
El proceso de transformación semántica de las voces interés y partido constituye, por tanto, una entre las diferentes opciones posibles y, sin embargo, es esta última aproximación la que me interesa desarrollar en las siguientes líneas, partiendo de una estilización de su naturaleza, que inevitablemente limará algunos de sus rasgos. Con esta prevención, puede afirmarse que la cuarta estrategia consistió en explotar las posibilidades que ofrecía la concepción de la sociedad moderna como una entidad compuesta a nivel atómico por individuos y grupos movidos por intereses. Los discursos que operan de este modo se levantan sobre la asunción de una vertebración de la comunidad sociopolítica en dos niveles: el que aglutina al conjunto de la comunidad y el que refleja la disparidad. Esta distinción, habitualmente implícita en los textos, tenía la virtud de permitir resemantizaciones en el escalafón inferior que dejaban en pie el potencial unificador del nivel superior, despejando así una posible vía para cohonestar los dos polos, cuyo antagonismo parecía provenir del nuevo pluralismo. La operación exigía sobre todo un desplazamiento semántico de los vocablos directamente implicados en el segundo nivel, lo que afectaba de forma colateral al contenido semántico de aspiraciones monolíticas de las voces de unidad. De este modo, en un proceso que se extiende sobre todo desde las últimas décadas del siglo XVIII hasta mediados del XIX, la diversidad de motivaciones y objetivos de nuevos sujetos plurales se sitúa de forma progresiva en un terreno valorativo neutro, hasta adquirir en ocasiones una coloración positiva. Esta estrategia buscaba asegurar el bien común, poniéndolo paradójicamente, para las concepciones predominantes, a salvo, si no reforzándolo, mediante el desenvolvimiento adecuado de los intereses y partidos18.
Sin embargo, como se ha anticipado, la modificación de la polaridad unidadpluralismo no podía hacerse sin trastocar de forma esencial el carácter de la primera parte del binomio. Esto se concretó en algunas formulaciones en el abandono consciente de cualquier intento de apelar a unos principios de validez universal. En estos casos, el centro del problema se desplazó desde el contenido sustantivo de la totalidad a la forma de interacción de los elementos integrantes, que podían abarcar desde sujetos individuales a colectivos. La unidad se construía como un subproducto de un proceso primordial y adquiría un carácter derivado. Con ello se terminó de situar el foco sobre las consecuencias políticas de un nuevo aspecto de la realidad humana y a recoger e impulsar el desarrollo semántico de los conceptos que permitían pensar estos vínculos. En ese proceso, la dimensión formal de las relaciones iría adquiriendo un papel superador del contenido concreto, habilitando la reformulación de una cohesión concebida como propiedad emergente de la interacción de las unidades. En otros casos, los intereses y los partidos se convirtieron en parte de un constructo híbrido, no completamente derivado de unidad, y actuaron como un tamiz conceptual que permitía la construcción de un sujeto omniabarcante sólido en la autoidentificación del colectivo nacional a la vez que reconocedor y en ocasiones deudor de las diferencias en su seno.
Necesaria para estas variantes que operan en la reconfiguración del par unidadpluralismo fue la adquisición por las voces de partido e interés de unos rasgos semánticos adecuados susceptibles de habilitar una cohesión social concebida en otros términos.
Interés.
Comenzaré con el concepto de interés debido a su carácter más proteico, a su facilidad para insertarse en una amplia gama de discursos, de funcionar como una especie de peaje por el que tenía que pasar (o supuesto auxiliar en el que tenía que apoyarse) todo el lenguaje sociopolítico para fundamentar cualquier enunciación. Este carácter y la ubicuidad que le acompaña le dota de una importancia insoslayable. Son varios, en este sentido, los sujetos en que se encarna, desde el individuo al Estado, así como también resulta variada su adjetivación, desde lo privado a lo común, lo que amplía aún más su flexibilidad. Esta potencial heterogeneidad de las formas de enunciación facilitó (y se vio alimentada por) su tránsito por diferentes ámbitos, que abarcan la economía, la moral y la política. Este carácter poliédrico es relevante porque puso a disposición de los hablantes un mecanismo lingüístico de intermediación entre lo general y lo particular, entre lo común y lo plural.
Para averiguar cómo se desarrolló este potencial, nuestra atención debe dirigirse fundamentalmente a la declinación plural del interés. En el mundo hispano de mediados de mediados del XVIII, el interés común posee connotaciones netamente positivas, que contrastan, lo que no sorprenderá a nadie, con las mayoritariamente negativas del interés particular. El cambio de esta relación tan estable aparecerá en los textos procedentes de la economía política acompañado de una cierta abstracción lógica. En ellos empiezan a encontrarse matizaciones de la anterior relación en un sentido que subraya su carácter compatible, lo que implica un aumento del grado de complejidad. Así lo expresa el ilustrado Ibáñez de la Rentería: en su texto, lo común, las leyes y la patria no se hallan en una relación de identidad con el interés público, y existe espacio para la persecución del interés particular19. El reconocimiento de una multiplicidad de intereses no dañinos en el seno de una comunidad sociopolítica adoptaba además la forma, y aquí la abstracción, de una relación de equivalencia y reciprocidad entre ellos. El equilibrio se convertía en producto de esta multiplicidad.
La argumentación más elaborada corresponde, sin embargo, al polígrafo asturiano Jovellanos. En las páginas de su conocido Informe sobre la Ley Agraria se encuentra el desarrollo de una historia del interés, entreverado con el decurso de la vida en sociedad20. A lo largo de sucesivos momentos históricos, el interés se despliega incorporando nuevas adjetivaciones, que responden a sendos cambios materiales. De este modo, el origen de la variedad de intereses particulares lo atribuye Jovellanos a la división de la tierra, con efectos multiplicadores sobre la producción y el crecimiento de la población. La colisión entre las dos modalidades de interés caracteriza el siguiente eslabón: “Viendo a los hombres frecuentemente desviados de su verdadero interés, y arrastrados por las pasiones tras de una especie de bien más aparente que sólido, fue tan fácil creer que serían mejor dirigidos por medio de leyes que por sus deseos personales”. En este contexto, la figura del legislador adquiere relevancia como obstaculizadora del “interés público”: “No se propusieron por objeto la utilidad particular sino el bien común; y desde entonces las leyes empezaron a pugnar con el interés personal”. Esta concepción no acertó a vislumbrar la auténtica naturaleza del interés privado, su proximidad, según Jovellanos, con la parte racional del ser humano, alejándolo del vaivén de las pasiones. Además, su libre desenvolvimiento produce un equilibrio homeostático en la sociedad: “la lucha de intereses [...] establece naturalmente un equilibrio que jamás podrán alcanzar las leyes”21. La flexibilidad y rapidez en la adaptación a contextos cambiantes que se deriva de esta dinámica acentúa su valor. La función de las leyes, por tanto, consistiría en “animar este flujo y reflujo del interés”22.
Lo que Jovellanos plantea e intenta ilustrar mediante una narración histórica es, en definitiva, el problema nuclear en torno a la cuestión del interés: la existencia y compatibilidad de sus dos modelos. Me detendré en este punto. Las piezas fundamentales que servirán para articular discursos en el ámbito político ya se han establecido y será posteriormente cuando pueda observarse su potencial al interrelacionarse con el concepto de partido.
Partido.
En el caso del concepto de partido, su proceso evolutivo durante estos años se articula en buena medida en torno al delineamiento del papel que representan los principios como característica definitoria. Su mayor o menor latitud daba lugar a grupos políticos más o menos beligerantes. El proceso de desarrollo semántico fue desbastando la inicial atribución de principios fuertes a los partidos (identificados con partidos que se enfrentaban literal o potencialmente en el campo de batalla) hasta privilegiar una sociedad basada más en reglas de interacción comúnmente aceptadas que en principios intocables. Incluso dentro de un mismo marco conceptual, como el liberal, el antagonismo entre principios en torno a la interpretación de las leyes fundamentales del sistema político, las distintas interpretaciones a las que eran sometidos, su carácter polémico, en definitiva, no facilitaba un desarrollo pacífico de opiniones políticas divergentes. El acuerdo debía sostenerse sobre otra base.
La necesidad de disponer de unos principios débiles se entiende mejor si nos centramos en la característica basal de los partidos a lo largo de la mayor parte del XIX, consistente en la defensa de un modelo de legitimidad, es decir, de un modelo de Estado23. Un objetivo de este cariz requería una fundamentación sólida, lo que implicaba dotarse de un cuerpo de principios que, con independencia de su grado de claridad y cohesión teórica, respondiese a una profesión de fe inquebrantable.
Voy a detenerme en la transición desde este tipo de principios fuertes a los débiles porque es ese cambio el que contribuye de forma significativa a resemantizar el concepto de partido, abriendo con ello su conversión en instrumento generador de unidad. En la modernidad hispana, pueden identificarse dos perfiles mutuamente excluyentes de la voz partido, ambos nacidos en torno al umbral de la nueva época que principiaba con la Revolución francesa24. El primero de ellos remite a una división política irreconciliable sobre los modelos de Estado. Las relaciones entre los partidos se conciben en esta línea de significado en términos de guerra civil y de anulación o exterminio del otro, percibido exclusivamente como enemigo. En el segundo caso, por el contrario, los partidos se hallan insertos en un marco institucional compartido, que regula sus relaciones y pone límites a su libertad de acción. Ambas líneas semánticas adquieren rasgos identificables ya a finales del siglo XVIII.
El carácter a posteriori de esta distinción, aunque también presente implícitamente en textos de la época, ayuda a evitar la retroproyección de categorías actuales al pasado, iluminando la convivencia de dos ramales de sentido. La diferencia entre ambos en medio de sus contextos de enunciación no era, desde luego, tan clara. Fue la propia naturaleza magmática del concepto en los estadios iniciales de su mutación semántica la que, vinculada a los cambios sociopolíticos y a la propia inercia del nuevo léxico, impuso como tarea clave de los modernizadores del concepto el deslinde de las dos líneas de significado mencionadas. Hubo que resaltar las diferencias poniendo especial énfasis en lo que en el primer tercio del XIX era el centro neurálgico del término, el punto que al tiempo que las vinculaba, podía separar explícitamente ambas variantes.
De entre los distintos componentes semánticos que vertebraban el concepto en estos años, el relativo a los principios fue, por tanto, crucial para la reformulación de la idea de unidad. La manipulación de este rasgo permitió procesos de adición y matización semántica para ambas líneas. Funcionó, en cierto modo, como punto de contacto entre los dos racimos semánticos mencionados. Esa característica es la que hizo que gran parte de las operaciones de resemantización del concepto de partido se centrasen en matizar el alcance de los principios con el fin de lograr enmarcar el concepto de partido en un contexto de convivencia institucional pacífica. En su formulación débil, los principios no debían, en definitiva, aludir a modelos de legitimidad alternativos y, por tanto, excluyentes, sino referirse tan solo a cuestiones de carácter secundario, como, por ejemplo, el desarrollo de las leyes y su velocidad de aplicación. El objetivo era distanciar la segunda línea semántica de la primera. Este viraje semántico se debió sobre todo a la labor de publicistas y políticos encuadrados en la versión moderada del liberalismo25.
En algunas de sus expresiones, esta estrategia se llevó al extremo. La metáfora mecanicista aplicada al Estado interpretó el fenómeno partidista como piezas de un engranaje, lo que implicó la pérdida de un contenido sustantivo que sirviese para distinguirlos. En esta formulación, era la función, ministerial o de oposición, lo que los diferenciaba26.
Retroalimentación entre los nuevos conceptos.
La interrelación entre los conceptos que expresan la unidad y los conceptos de pluralidad no se caracteriza tanto por consistir en una relación de oposición como por presentar una conexión productiva. De hecho, su separación solo es posible analíticamente. La vinculación entre estos dos campos semánticos cambia en la transición del Antiguo Régimen al siglo XIX. No obstante, lo que se conserva es la necesidad de representar la unidad en un mundo social que por su propia naturaleza tiende a la pluralización de sus formas de vida. Limitándonos a este campo de lo político, podemos afirmar que esa es la única constante. Los modos de afrontar el empeño varían. Durante el periodo prerrevolucionario las metáforas y los conceptos incorporaban en su interior la generación de la unidad y la pluralidad como la doble faz de un Jano. La paulatina sustitución de ese marco cognitivo por una proliferación de conceptos de unidad con un potencial unidimensional (en el sentido de no dar cuenta de la generación de la pluralidad: la nación o el pueblo monolíticos) se vio acompañado por la reelaboración de conceptos de pluralidad que en cierta manera también mostraban, con matizaciones, rasgos unidimensionales, dando como resultado un Jano escindido. Sea como fuere, la configuración primera se desencaja y pierde capacidad de articular expresivamente una comunidad sometida a intensas transformaciones.
¿Es capaz lo nuevo en sus albores de ocupar el lugar de lo viejo? ¿Son, concretando un poco más, conceptos como el de nación capaces de encerrar en sí mismos los principios generadores de una sociedad en movimiento y diversificación? El concepto prerrevolucionario de nación así lo hacía. Sin ser la representación central, expresaba a un tiempo la unidad de la monarquía y la pluralidad de las jurisdicciones y culturas. La intelección separada de los dos campos semánticos se presentaba formando parte de un mismo espacio y durante el Antiguo Régimen solo se daban unidos, intelectual y materialmente. La posibilidad de concebirlos escindidos es una posibilidad moderna.
Los intentos de hacer discurrir por carriles paralelos campos de significado antes entrecruzados, la distinción de lo territorial, lo cultural, lo social, lo jurídico y lo político, a la vez que coloca en el primer plano de la pirámide política a la nación, dificulta la posibilidad de poder expresar con efectividad la cohesión de la comunidad política. Su fuerza (y su debilidad) proviene de la acumulación de abstracciones. Los conceptos de unidad son problemáticos debido a sus aspiraciones monoteístas, a una nueva clase de nociones cuasi-transcendentales que pretenden reproducir la indisponibilidad de sus predecesores en un contexto de creciente pluralismo interpretativo, de inmanencia, con el resultado de una brecha que no logran suturar.
Desde luego, no hay que pensar en un rechazo de la pluralidad en sí en el seno del liberalismo de comienzos del XIX. La proliferación de intereses en la esfera económica no supone un obstáculo al funcionamiento del sistema, sino todo lo contrario, lo fortalece. Se trata de la reluctancia a legitimar un tipo de pluralismo de nueva factura, un pluralismo representado por una variedad de partidos políticos que no encaja con el reverso de unidad. Las transformaciones aceleradas por las revoluciones atlánticas provocaron que una bipolaridad fundamentalmente analítica diese paso a una bipolaridad real, en la que ambos polos no solo parecen haberse desacompasado en el nuevo periodo histórico, sino avanzar en direcciones opuestas. En este sentido, la construcción intelectual de modelos híbridos que aspiran a vincular ambos polos se manifiesta en las recurrentes propuestas de formar parte de un partido nacional27 y en la reivindicación de la clase media, formada por la propiedad y la capacidad, como encarnaciones de lo uno y lo múltiple sociopolítico. Constituyen un recurso que intenta impedir su alejamiento a través de la manifestación del principio de unidad desde la pluralidad de la inmanencia.
Los singulares colectivos que articulan una comunidad política resultan problemáticos en un mundo caracterizado por el pluralismo interpretativo. La aglomeración de sentidos y de un contexto sociopolítico que los caracteriza, sumado al inevitable corolario polémico que impregna el vocabulario político, los convierte en un permanente campo de batalla. Estas voces, que exigen un cuerpo homogéneo delimitado social y políticamente, se convierten en cierto modo en un callejón sin salida. No es solo la dificultad de identificar la encarnación del depositario de la soberanía (la nación o el pueblo)28 una de las razones que favorece esquivar estos conceptos en su expresión pura como donantes de unidad. También el coeficiente de temporalidad y su universalismo se intentan reducir acudiendo a diferentes estrategias. La modernidad política que se mueve en torno a los singulares colectivos es, en este sentido, un espacio de guerra lingüística constante, alentada por el ineficaz encaje del binomio unidad-pluralidad.
La opción más antagónica a la aplicación de estas voces apela claramente a su supresión como fuente de legitimidad política. Sus raíces hay que buscarlas en los discursos antiilustrados. La actitud de los reaccionarios y conservadores ante el lenguaje liberal de unidad consistía así en rehuir estas nociones porque, entre otras razones, no permitían fraguar discursivamente la unidad. Desde una perspectiva que acepta el marco liberal en su versión conservadora, la Constitución de 1845 no hace, por ejemplo, referencia a la soberanía nacional.
Otra propuesta resulta más interesante, ya que opera con instrumentos conceptuales contemporáneos. Como se ha anticipado anteriormente, la remisión de ese estado de guerra intenta llevarse a cabo mediante una intensificación de la relación entre los conceptos de pluralismo de interés y partido, y de su precipitado con el concepto de nación, con dos resultados que, como veremos, se complementarán. Esta variante posee una impronta más liberal, pero tendente a moderar los aspectos más democráticos del liberalismo político. El objetivo es conjurar los aspectos incontrolables de los singulares colectivos que denotan la unidad (la polémica sobre el modelo de Estado, la promesa de igualdad y emancipación) de modo que, sin renunciar a ellos, su alcance se mitigue mediante su encarnación en cuerpos más manejables, menos disputados. El sintagma partido nacional y la clase media se hacen de ese modo depositarios de la ejecución real de la soberanía. Discursivamente, es la vía que se presenta a algunos liberales para lograr un equilibrio entre el imaginario nacional liberal y los poderes fácticos (en ocasiones ideales, como la existencia de una clase media), una vía que a la que los reaccionarios no necesitan recurrir para expresar su idea de unidad armónica. Como veremos, la superación de la tensión unidad-pluralidad se desarrolló en las nuevas formulaciones en niveles intermedios. Las fibras de lo común y lo particular se enfrentaron y enhebraron, adquiriendo una especial relevancia política.
La historia del léxico de la pluralidad social y política contribuye, por tanto, a explicar cómo se fraguan los recursos necesarios para reflejar un pluralismo interpretativo percibido por parte de los actores políticos como no disruptivo. En las páginas siguientes, me centraré en aclarar el modo en que interactuaron y se reforzaron los conceptos de interés y partido, abriendo la posibilidad de nuevas vías de estabilización de la tensión unidad-pluralidad.
Retomaré el planteamiento mecanicista de Javier de Burgos y el cruce de artículos a que dio lugar entre los propios liberales como punto de entrada a esta parte de la explicación. El razonamiento sobre los partidos políticos en de Burgos ejemplifica la pervivencia en el tiempo de una estrategia de conciliación entre lo particular y lo general que guarda un cierto aire de familia con un tratamiento de los vínculos entre el interés particular y el general proveniente de la Ilustración.
Los elementos rupturistas con la Weltanschauung predominante que podemos encontrar en la exposición de Burgos no proceden tanto de un cambio sustancial de paradigma como de la radicalización de un rasgo ya presente en las formulaciones mencionadas de la segunda mitad del XVIII. En primer lugar, las similitudes y las diferencias con las posiciones más extendidas respecto al pluralismo resaltan al contraponer la exposición de Javier de Burgos con la de aquellos que se le opusieron. Éstos establecieron una distinción entre la diversidad de opiniones y la de los partidos. La confrontación de las primeras servía al esclarecimiento de una verdad preexistente. Su legitimidad poseía un carácter instrumental. Las opiniones no representaban la verdad, pero ayudaban a descubrirla. La esperanza de triunfo que todas albergarían inicialmente conduciría a un enfrentamiento leal y al triunfo a la postre del interés general29. Los partidos, por el contrario, se concebían como portavoces de modelos institucionales incompatibles y su acción era deletérea. En este planteamiento, la contraposición pública de las opiniones, como sucedía con la de los intereses particulares, desembocaba en la elevación del interés común. Es una idea similar a la expuesta por Ibáñez de la Rentería y Jovellanos y retomada más tarde por Flórez Estrada, para quien los vínculos para formar una sociedad solo son seguros cuando el interés es recíproco y éste está enraizado en la existencia de una Constitución que asegure la libertad civil de todos30. A estas exposiciones subyace en general una aproximación naturalista a la realidad, que asumía un fondo indisponible como fuente, regulador y objetivo de los comportamientos, un ser que se confundía, en resumen, con un deber-ser. Las dimensiones analíticas y normativas se confundían en esta línea interpretativa, que combinaba elementos utilitaristas, basados en el beneficio social de la multiplicación de los intereses, con la defensa de un derecho natural compartido con los fisiócratas, que influirían a este respecto en Adam Smith.
Su ausencia en la propuesta de Burgos es llamativa. El exjosefino aboga en una serie de textos periodísticos publicados en 1820 por una formalización construida sobre una base metafórica mecanicista, lo que supone un desplazamiento del eje argumentativo esencial y plantea los límites de la herencia dieciochesca en su capacidad de integrar un nuevo pluralismo difícilmente supeditado a una verdad con un contenido sustantivo, aunque con diferentes gradaciones en función del autor. La primacía del contenido como clave de bóveda de la interpretación de la sociedad política, presente en las formulaciones de sus objetores, se desplaza en este caso hacia una formulación abstracta, mostrando una secularización que acentuaba la radical inmanencia del pluralismo político al tiempo que lo asumía como rasgo irreductible de la política moderna.
El desarrollo histórico de los argumentos a favor de la pluralidad conduce grosso modo de Ibáñez de la Rentería a de Burgos, concebidos como representantes en diversos momentos históricos de modelos de incorporación de la pluralidad, cuyas circunvoluciones se gestan en el ámbito de la economía política y se amplían en transformaciones sucesivas hasta el campo de la política. Por el camino, se asume la proliferación de la diversidad, buscando su encaje en la cohesión de la comunidad política al precio de un aumento de su renuncia a un contenido sustantivo, toda vez que la experiencia muestra un enquistamiento de las opiniones divergentes fuertes en materia política. La elegancia de su formulación aplicada al campo de lo social empezó a quebrarse con su traslado al juego del lenguaje político, en el que la realidad de la competencia partidista de las primeras décadas del XIX mostraba un incremento de la conflictividad producido por la lucha entre modelos de legitimidad política incompatibles: entre absolutistas y liberales, pero también entre estos últimos. La respuesta a este desafío se planteó desde una cierta formalización funcional de las relaciones partidistas.
Sin embargo, dentro del marco moderno hubo otra propuesta, que con la misma malla conceptual trabó un modelo en el que la conexión entre unidad y pluralismo mostraba una naturaleza sustancialmente distinta.
Una rápida clasificación permitiría distinguir entre un primer modelo moderno de armonización del pluralismo, procedente del XVIII, que se bifurcó a su vez en dos variantes en función de su ámbito de aplicación. La primera de estas variantes contemplaba la multiplicidad de intereses/opiniones en liza en el ámbito de la economía política, hasta llegar a un equilibrio natural fruto del libre desenvolvimiento de los individuos. La segunda variante, menos frecuente, tardaría unas décadas en aparecer y se centraría en el campo político. Frente a la primera, esta perspectiva abandonaría la aspiración a reflejar un contenido naturalista a favor de un pragmatismo basado en convenciones útiles. Los intereses particulares vendrían en este caso a estar representados por los partidos, lo que suponía un salto cualitativo desde la concepción hegemónica liberal que solo atribuía la existencia legítima de intereses a los individuos, rechazando los intereses corporativos o grupales. Del contenido se pasaba a una abstracción que tomaba un desvío discursivo para evitar posiciones ideológicas irreconciliables.
En cambio, el segundo tipo, que entró en competencia con el primero, concretamente con la segunda de sus variantes, muestra una aleación conceptual muy distinta. La estrategia de armonización entre las dimensiones de la unidad y la pluralidad sociopolítica no consistió en este caso en concebir el interés general o el bien común en el ámbito político como resultado de una emanación de los intereses particulares (partidistas) en liza, sino que optó por conectar directamente lo particular y lo general al residenciar la representación e interpretación del bien común en cuerpos colectivos de impronta claramente moderna: un partido o clase social determinado.
La primera estrategia implica considerar hasta cierto punto partidos, opiniones e intereses (particulares) como elementos sintácticamente intercambiables, aunque funcionalmente atribuidos a ámbitos distintos (la sociedad y la política respectivamente) de un enunciado que expresa la cohesión del sistema social y político. En cambio, su relación se modifica en la segunda estrategia y los partidos e intereses pasan de una situación representada por su diferenciación en función de sus ámbitos de acción y la similitud que muestran en cuanto a la relativa equivalencia de las opciones existentes, a otra caracterizada por una cooperación semántica más compleja, en la que el potencial camaleónico de interés se pone, como veremos, al servicio de la transvaloración del concepto de partido. Es un ensayo muy distinto, que afronta la pluralidad desde la necesidad de fundamentar sólidamente la comunidad política en entidades cuasi transcendentales como la nación, buscando una encarnación que la hiciese más operativa, es decir, al servicio de una comunidad política liberal que pretendía justificar la correlación entre las diferencias sociales y las políticas, todo en un marco en última instancia de igualdad formal. Se trataba, en definitiva, de asegurar el poder en lo concreto. El reconocimiento de la presencia de grupos políticos y sociales de nuevo cuño facilitó legitimar discursivamente una sociedad ordenada según jerarquías modernas, algo que modelos de raíz ilustrada hacían más complicado. El objetivo era salvar la distancia entre el reconocimiento de las divisiones y la conservación de la unidad nacional.
La potencia del significado de nación se intentó así transferir a entidades intermedias situadas entre el todo expresado en el concepto de nación y el individuo para sortear de este modo el abismo que parecía separar los anteriores extremos. El problema era que el modelo ideal que veía los intereses y partidos como medios para alcanzar la verdad mediante una fricción saludable, es decir, la auténtica opinión pública, proporcionaba una legitimidad al pluralismo, pero no terminaba de establecer un claro vínculo de la diversidad de los grupos con una unidad esencial. La insatisfacción que dejaba esta aproximación al pluralismo moderno posiblemente esté relacionada con la impregnación excesivamente formal que le subyacía. Mientras este caso puede caracterizarse como un proceso gnoseológico en el que se busca la adecuación de la cosa a la expresión, en el segundo enfoque la verdad, la unidad de la comunidad humana es la que se desplaza y se encarna, volviéndose real y haciendo visible su poder efectivo.
Este segundo modelo fue posible en primer lugar gracias al encuentro de las dos escalas (común-particular) en que se desdobla el concepto de interés en un contexto histórico de veloces cambios. El cruce de ambos alumbró un potencial sorprendente del término que, por así decirlo, se desata y permite torsiones semánticas que habilitan un oxímoron: un partido (por definición particular) que representa el interés general. Debido a sus posibilidades combinatorias, interés se convirtió de este modo en la primera mitad del XIX en el medio por el que explícita o implícitamente pasaba la reformulación en el plano discursivo de la cohesión política y social.
Pero ¿cómo es posible ese potencial de reconciliación de opuestos? En primer lugar, para comprender la capacidad del concepto de interés de articular lingüísticamente la unidad debe tenerse presente, como simple posibilidad, la vinculación del interés general tanto a una colectividad de individuos como a un solo individuo. De la misma forma, el interés particular también puede ser un rasgo de las anteriores escalas de sujeto. Son cuatro posibilidades que, llegado el momento, se transformaron en acto y fueron explotadas en folletos y discursos, contribuyendo a transformar un concepto con una naturaleza trashumante, aparentemente auxiliar de otros términos que tradicionalmente se han considerado más centrales en el discurso político. Su combinación con el concepto de nación permitió aproximar la comunidad política en su conjunto, bien a un partido concreto, bien a la clase media gracias a esa suerte de nudo corredizo en que podía convertirse la voz interés. En el ámbito de la política, ese cuerpo intermedio que son los partidos se erigió como una posible respuesta moderna capaz de ejercer labores de mediación entre lo general y lo particular. En paralelo, y dirigiendo la mirada a la estructura social, no se consideraba el ensamblaje de la totalidad de las clases, sino que se escogía una de sus partes, privilegiada como depositaria de la representación nacional.
El decurso semántico del término interés anticipó esa posibilidad mediante las posibilidades combinatorias entre diferentes escalas de sujetos e intereses generales y privados. Ello explica que el mismo término sirviese a dos modelos distintos, el emergentista, que reivindica los intereses privados como fuente de estabilidad y armonía social, y el de la transubstanciación del transcendente político en un colectivo inmanente. El acercamiento formal entre los dos sintagmas clave en los que puede desdoblarse el interés (general y particular) pasó de este modo a evolucionar en una siguiente etapa a su práctica fusión en un cuerpo intermedio (también entra dentro de lo posible su identificación con un individuo, posibilidad varias veces materializada).
Pero $\dot { \omega } ^ { \mathrm { c o m o } }$ fue posible más allá de la mera posibilidad teórica que el interés general, contra toda la tradición, se encarnase en una clase, en partidos o en individuos concretos que no fuesen el soberano? Y de serlo, ¿en quién se encarnaba? Para responder a la primera cuestión, debemos centrar nuestra atención en la evolución diacrónica de la relación entre los conceptos de entidades intermedias, los absolutos o referidos a realidades inmanente últimas, como nación y los individuos, y la voz interés. Todos entraron en el primer tercio del siglo XIX en un juego dialéctico que tuvo como consecuencia el mutuo reforzamiento del nivel intermedio y del concepto de interés.
Observando como ejemplo de este proceso la historia de la voz partido en este período, se aprecia que uno de los recursos para su transvaloración consistía en su distinción de las facciones, aludiendo a los distintos intereses que representaban. Las facciones estaban al servicio de intereses privados, mientras que los partidos sostenían intereses comunes y nacionales31. Esta operación se repite a lo largo de toda la etapa, y se la encuentra años después en un texto que conecta la defensa de doctrinas generales con los partidos, lo que les permite superar la esfera del interés privado acercándolos al público32. Esta argumentación marca el punto en el que dos alternativas en la evolución del concepto de partido se presentan. La insistencia en la identificación entre interés común y partido muestra una mayor preocupación por encontrar la pieza clave de la armonía política, mientras que un desarrollo ulterior de la idea de partido en el que lo particular presente en los partidos se valora positivamente supone una visión más compleja de la práctica política y de la irreductibilidad y legitimidad de distintas opciones políticas. Lo particular en este nivel ya no se concibe como medio de crear cohesión política. En algunos casos, solo se pretende evitar lo peor de sus efectos deletéreos mediante la creación de un marco legal común; en otros, asegurar su presencia como garantes de la libertad o de representantes de intereses particulares legítimos. Lo relevante para el objeto de este trabajo es destacar que, frente al primer caso, en este las motivaciones no apuntan tanto a la consecución de la unidad como al mantenimiento de la pluralidad, sea como valor en sí o como realidad irreductible que hay que estructurar de la mejor forma posible. Herederos del emergentismo, debido a su énfasis formalista, abandonan en parte, sin embargo, la armonía como producto de la reciprocidad de intereses.
Por otro lado, esta vía de ascenso fue bastante zigzagueante. Los rasgos semánticos positivos del interés particular se encuentran en una primera fase, finales del siglo XVIII y durante buena parte del primer tercio del XIX, asociados mayoritariamente a los individuos. Casi sin excepción, durante el siglo XVIII, los intereses particulares referidos a alguna clase o corporación son negativos: “choque del interés de una corporación contra el interés general de la nación entera”33. La economía política ya había dado carta de naturaleza al valor positivo del interés particular del individuo. Lo particular, en consecuencia, no era negativo absolutamente. Esto preparó el terreno para la extensión de la connotación positiva a los cuerpos intermedios, previa transvaluación de estos. Debido a su asociación inicial con el concepto de partido, como medio de deslegitimación, y a unir de este modo su evolución a la de un grupo particular, a medida que la presencia de partidos en el escenario político se legitimó, el interés particular de un grupo empezó a desligarse de su connotación negativa. Pero previamente debió asentarse, aunque de forma titubeante, la presencia léxica connotada, si no positivamente, al menos de forma neutra, de la voz partido político mediante su vinculación con los intereses generales. Solo más tarde sería concebible ver en ellos los representantes de intereses legítimos de una parte de la sociedad. Por esta razón, en esta fase de su evolución semántica, la peculiar historia conceptual de interés se encuentra entrelazada con la del término partido, que actuó como en el caso de clase media como un concepto puente al comunicar ambas declinaciones de interés. Los dos conceptos, interés particular en el marco político y partido, comenzaron a interactuar y a retroalimentarse en esta fase positivamente, impulsándose y haciéndose aceptables, legítimos. Se dio entre ambos una comunicación de doble sentido con transferencias semánticas análogas a las transferencias de energía que se producen entre dos objetos unidos por una cuerda y con una energía cinética desigual.
La transvaluación del concepto de partido entronca, por tanto, con el giro semántico de interés común en una dinámica en la que un interés común que en realidad se asienta en una parte del todo social incide positivamente en la idea de partido, que a su vez termina por desvelar en un proceso de alquimia lingüística los intereses de una parte de la sociedad como intereses particulares legítimos.
Si el lenguaje ofrecía recursos para llevar a cabo esta operación, le correspondía a la realidad sociopolítica ser la causa material. La división política en partidos, por un lado, y la concepción de una sociedad dividida en clases, por otro, en el escenario de una crisis política que amenazaba con volverse estructural fueron los catalizadores de la búsqueda del equilibrio político.
Para Javier de Burgos, no había duda de que en el agitado contexto político del Trienio liberal (1820-1823) el interés común radicaba en la parte moderada de la nación, guiada por la ley, única clase capaz de hacer converger las opiniones opuestas en un mismo punto y lograr un espíritu de unión34. Algo parecido se defendió desde las páginas de El Censor, solo que en este caso la moderación se veía representada por el partido regulador que, según Alberto Lista, autor del artículo, se caracterizaba por la ausencia de interés privado y por el escrupuloso respeto a la ley35. El interés general de la nación también se hizo residir en la clase de los propietarios, en tanto que los empleados se identificaban con las ideas, parciales, del Gobierno36. Para Andrés Borrego, por otra parte, los auténticos intereses de la nación se encontraban representados por una franja concreta de la sociedad. En un artículo publicado en $E l$ Precursor el 7 de noviembre de 1830, indicaba que su objetivo era propagar en España las ideas del “partido nacional”37. La segunda parte del sintagma hacía referencia a los intereses del país, que no se identificaban automáticamente con los intereses de la simple mayoría numérica de quienes componían la nación. En realidad, los verdaderos intereses eran, según Borrego, los de la parte ilustrada y liberal, y se encarnarían en un primer momento, al menos para una parte de los liberales, en las instituciones políticas creadas por el Estatuto Real.
Los efectos de esta combinación conceptual en la teorización política liberal no pudieron ser más interesantes. La mencionada flexibilidad del concepto de interés, su carácter de sustrato poco definido que recorría diferentes ámbitos permitió, en especial al sector más liberal del país, concebir un modo de sortear, por ejemplo, la incoherencia lógica de afirmar como depositario de la soberanía a la nación al tiempo que era representante de un colectivo social concreto y se reducía el derecho al voto. Las herramientas conceptuales a disposición de los coetáneos posibilitaron que un nuevo sujeto de atribución parcial se combinase con la adjetivación “general”.
La competencia entre el núcleo de sentido de ambos modelos terminan por revelarse como incompatibles: la búsqueda de la encarnación frente a la formalización y, con ello, la asunción tácita del poder como lugar vacío, en el sentido expresado por Lefort38. Para el pensador francés, un lugar vacío no es idéntico a que no pertenezca a nadie, sino que implica falta de determinación positiva, no puede ser formulada por los actores políticos. El lugar vacío pertenece a una sociedad sin determinación positiva, irrepresentable en la figura de una comunidad. La propensión a lo formal vendría a confirmar, dicho de otro modo, el mismo diagnóstico. Es simultáneamente diagnóstico y tabla de salvación para conservar la unidad en la pluralidad.
Reflexión final.
El interés general se vio así representado por un grupo social o político, un sujeto colectivo parte de una unidad política, inicialmente poseedor, por tanto, de intereses particulares, aunque susceptible en un posterior movimiento de identificarse con el bien común. Los aspectos más temibles del pluralismo que traía consigo la cadena de cambios económicos, sociales y políticos que marca el discurrir de la modernidad se intentaron limar con los mismos medios que generó esa modernidad y su nuevo tipo de pluralismo. Concretamente, la paleta combinatoria de interés facilitaba el desarrollo de una vía de domesticación del pluralismo moderno mediante la tensión productiva entre la abstracción del concepto de nación y su concreción.
La conexión de lo general y particular en un mismo cuerpo dio lugar, por otro lado, a una síntesis sometida a una fortísima tensión que aspiraba a superar un enfrentamiento entre la unidad y la pluralidad que abocase a la parálisis del sistema. La precariedad de este maridaje refleja las dificultades estructurales a las que se enfrentaba (y enfrenta) la modernidad para conciliar ambos extremos. La aparición de grupos políticos y la clasificación de la sociedad en clases fueron, en definitiva, objetivaciones sociopolíticas novedosas sometidas a un proceso de transformación desde la potencial amenaza de su existencia a herramienta de su propia superación.
Los dos modelos pueden ser defendidos por los mismos autores, porque responden a intereses situados en contextos distintos. En el primer caso, se pretende legitimar la diversidad en un contexto de enfrentamiento leal y legal de distintas opciones políticas o económicas en un marco bien definido espacial y legalmente. En el segundo, se trata precisamente de delimitar el ejercicio de ese pluralismo legítimo, asegurando el ejercicio del poder a un grupo político y social concreto. Dos objetivos con sendos discursos que se sirven de los mismos elementos conceptuales, cada uno con un proceso de desarrollo distinto, si bien inevitablemente conectado. El resultado es paradójico. Esgrimido por los mismos autores, un mismo conjunto de herramientas léxicas sirve para justificar objetivos opuestos.
El primer modelo mantiene la tensión entre los dos polos y la cuestión de la unidad suele ser ajena al debate; se da por sobreentendida, no se menciona. El segundo pretende restañar la herida, pero no logra hacerlo debido a que es incapaz de acabar con el dato antropológico de la división. Es un concepto límite cuya propia realización supondría su aniquilación.
Este límite que define la dimensión estructurante capturada bajo el concepto de lo político quizá pueda comprenderse mejor si se visualiza que hay una oposición de modelos que se traslada con el paso de los años desde la inicial (e ideal) oposición entre una unidad y una pluralidad netamente perfiladas, a una oposición entre racimos híbridos, que incorporan fragmentos de uno y otro: el aspecto formal, un deseo de armonía espontánea; la encarnación, que aspira a una hierofanía que haga presente una forma de transinmanencia39 en un objeto concreto, como una clase o un partido. Sin embargo, la nación y el pueblo son hierofanías incompletas, carecen de la necesaria plasmación material de las completas, lo que les dota, en definitiva, de eficacia.