De comunero a campesino: el «corto siglo veinte» en el campo peruano, 1920-1969.
From comunero to campesino: the “short twentieth century” in the Peruvian countryside, 1920-1969:
Resumen: A partir de la georreferenciación de los regímenes espaciales que generaron el proceso de titulación de tierras de comunidades indígenas en Junín (1921-1969) y la campesinización de las mismas comunidades durante el proceso de reforma agraria peruana (1969-1971), este artículo describe los cambios en la condición comunal como experiencias territoriales. Mientras que la titulación de tierras de comunidades indígenas, producida a lo largo de tres décadas, generó una ocupación dispersa del departamento de Junín, con múltiples comunidades ocupando los diferentes pisos ecológicos de esta zona de la sierra central, la reforma agraria y la formación de las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) gatilló una reconfiguración espacial que tendió a la aglomeración propiedades comunales y la concentración del asentamiento territorial de las comunidades devenidas en campesinas.
Palabras clave: Campesinos, Comunidades, Indígenas, Perú, Reforma Agraria.
Abstract: Based on the georeferentiation of spatial regimes that emerged from the process of land grants for indigenous communities in Junín (1921-1969) and the transformation of these same communities into campesinos during the process of agrarian reform (1969-1971), this article describes the changes in the communal condition as a territorial experience. While land titles for indigenous communities, produced within the lapse of three decades, generated a disperse occupation of the department of Junín, with several communities occupying the different ecological floors of this zone of the central highlands, the agrarian reform and the formation of Sociedad Agrícolas de Interés Social (SAIS) triggered a spatial reconfiguration that led to the agglomeration of communal properties and the concentration of the territorial settlement of communities as they became campesinos.
Keywords: Peasants, Communities, Indigenous, Peru, Agrarian Reform.
Sumario: Introducción; 1. La Legibilidad del Mundo Rural, 1921; 2. Metodología y Análisis de las Cartas de 1951 y 1973; 3. Campesinizando el Campo, 1969; Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
El ‘corto siglo veinte’ peruano abre con la promulgación de una Constitución (1920) y cierra con un decreto de reforma agraria (1969)1 . Ambos momentos buscaron refundar las relaciones entre los poderes estatales y las comunidades rurales del país, generando nuevos ideales de gobierno del mundo rural en sus dimensiones geográfico-física, política y socioeconómica. En el transcurso de este ‘corto siglo veinte’ se entrelazaron ciclos de movilizaciones desde abajo y respuestas estatales desde arriba que colocaron al habitante rural en el centro de un debate nacional sobre industria, modernidad y progreso. Aunque la promesa de la modernidad en los albores del siglo veinte había tenido un rostro urbano, el derrotero del ‘corto siglo veinte’ en Perú prueba la centralidad de una cuestión rural – que trascendía preguntas sobre el papel de la indigeneidad dentro de un marco estrictamente étnico-racial – en el proceso de formación del Estado-nación.
En dicha cuestión rural, como señalo hace algunos años Alberto Flores Galindo, las comunidades rurales del país, primero como indígenas y más adelante como campesinas, ocuparon su lugar como “la institución más importante de la república”.2 Este artículo explora, a partir del empleo de análisis con el sistema de información geográfica (GIS) ArcGIS, un aspecto poco abordado de este “corto siglo veinte” peruano y rural: la transformación espacial a la que fueron sujetas estas comunidades3 . Si bien existe una importante literatura sobre los cambios y persistencias que se produjeron en las dimensiones sociopolítica, económica y cultural, las comunidades rurales del país también fueron materia de profundos reajustes geográficos que buscaron redefinir la totalidad del mundo rural peruano4 .
A partir de la georreferenciación de los regímenes espaciales que generaron el proceso de titulación de tierras de comunidades indígenas en Junín (1921-1969) y la campesinización de las mismas comunidades durante el proceso de reforma agraria peruana (1969-1971), las siguientes líneas describen los cambios en la condición comunal como experiencias territoriales. Mientras que la titulación de tierras de comunidades indígenas, producida a lo largo de tres décadas, generó una ocupación dispersa de la provincia de Junín, con múltiples comunidades ocupando los diferentes pisos ecológicos de esta zona de la sierra central, la reforma agraria y la formación de las Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) gatilló una reconfiguración espacial que tendió a la aglomeración de propiedades comunales y la concentración del asentamiento territorial de las comunidades devenidas en campesinas.
1. LA LEGIBILIDAD DEL MUNDO RURAL, 1921.
La promulgación de la Constitución de 1920, bajo la administración del presidente Augusto B. Leguía, constituyó un momento de inflexión en la historia de la formación estatal de $\mathrm { P e r u } ^ { 5 }$ . Un año antes, Leguía había liderado una inusitada campaña presidencial en contra del oficialismo “civilista” y sobre la base de una plataforma reformista que aglutinaba a sectores progresistas y juventudes universitarias. Luego de asumir el poder, en medio de elecciones acusadas de irregularidades y un “golpe de estado” que contó con el apoyo de la gendarmería nacional, Leguía inaugura un período de once años de gobierno al que su propio proyecto político llamaría la “Patria Nueva”. Dentro de los grandes cambios que debía traer la refundación del proyecto nacional, Leguía planteó la necesidad de una serie de reformas constitucionales que suponía modificar, totalmente, la constitución de 1860 vigente a esa fecha. La Asamblea Constituyente fue instalada el 24 de septiembre de 1919, bajo la Presidencia de Mariano H. Cornejo, teniendo como primera tarea declarar la constitucionalidad de la presidencia de Leguía. El 18 de enero de 1920, Leguía promulga la novena Constitución Política del Perú, la misma que regiría hasta 1933, pocos años después de su derrocamiento.
Los grandes cambios políticos insertos en la nueva Constitución – la renovación simultánea de los poderes del Estado, el período presidencial quinquenal, el establecimiento del voto popular directo, entre otros – han opacado otras transformaciones institucionales igualmente trascendentes. Tras un siglo de diversos grados de obliteración jurídica, la nueva Carta Magna volvió a reconocer la personería de las comunidades indígenas en todo el territorio de la República6 . Esta medida ha sido frecuentemente asumida como una muestra del mismo paternalismo político que invitó al propio Leguía a reclamarse como “Protector de la Raza Indígena” y autodenominarse “Wiracocha”, mientras leía discursos en Quechua – idioma que le era completamente ajeno y desconocido. Desde el amanecer del siglo veinte, la pregunta sobre el rol de las poblaciones indígenas en la modernización de la nación había preocupado a un conjunto de intelectuales, políticos y técnicos especialistas en el mundo rural. Aunque el rostro demográfico del país en el amanecer de la “Patria Nueva” es poco certero, dado que no se realizaría un censo nacional hasta 1940, era innegable para el observador contemporáneo que el grueso de la población nacional se encontraba todavía en el campo, preparándose a participar de los grandes movimientos de desruralización que ocurrieron a escala global en la en la segunda mitad del siglo veinte. Con la mayoría de la población peruana sujeta a dinámicas de gobierno ajenas al Estado – bien sea bajo lógicas de hacienda u otras formas de propiedad privada corporativa – el desafío de la “Patria Nueva” consistía en crear mecanismos, instituciones y dispositivos que permitieran gobernar el campo a través de un reposicionamiento jurídico de las comunidades indígenas.
La provisión de un marco constitucional para el reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas fue automáticamente seguida por una declaratoria sobre la responsabilidad del Estado de supervisar y defender la propiedad comunal. Así, el 12 de septiembre de 1921 se instituye la Oficina de Asuntos Indígenas como una dependencia clave del Ministerio de Fomento. La creación de esta institución obedecía a los numerosos “reclamos y quejas” interpuestas por indígenas ante diversas autoridades públicas y al anhelo de garantizar que, en el procesamiento de estas quejas, los indígenas no recibieran un trato “diferente al de otros ciudadanos”7 . Al generar un régimen legal especial para el tratamiento de los problemas de las comunidades, el Estado se embarcó en la generación de prácticas y lenguajes burocráticos que permitiera afirmar una “condición” indígena como dominio vinculante entre desarrollos locales dentro del campo rural y el poder estatal. El establecimiento de un Patronato de la Raza Indígena en 1922 con juntas locales diseminadas en cada provincia de la República ejemplifica la ambición estatal por burocratizar y centralizar una emergente cuestión rural.
Esta cuestión rural, sin embargo, no se limitaba al tratamiento de la dimensión étnico-racial de lo comunal. Al lidiar con los problemas cotidianos que afectaban intereses comunales, frecuentemente en confrontación con intereses privados, aunque también con otros intereses comunales, la burocracia rural se halló en una condición de incertidumbre sobre la materialidad de dicha cuestión. Al volver a reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas, el Estado peruano había operado un cambio estructural en la geografía humana del campo rural, cambio que requería una comprensión mucho más etnográfica tanto del tejido social como del espacio físico donde se asentaba el nuevo ideal de comunidad. Cuando la supervisión de la comunidad desde afuera no bastó, el Estado se lanzó a forjar el ideal de comunidad indígena desde adentro a través de la confección del Registro Oficial de Comunidades de la República, un detallado padrón que aspiraba a resolver la ansiedad catastral del Estado en su despliegue sobre el campo.
La confección del Registro, sin embargo, iba mucho más allá de simplemente registrar. El establecimiento de este padrón supuso la reglamentación de cómo un asentamiento humano rural podía convertirse en una comunidad indígena. Si bien el Estado había preservado nociones relacionadas con la inmemorialidad reclamadas por algunas comunidades – aquella memoria social que asociaba el presente indígena con el pasado prehispánico y colonial, estableciendo continuidades entre ayllus, pueblos coloniales y comunidades contemporáneas – el nuevo ideal comunal proyectado por el Estado requería lineamientos precisos sobre la configuración interna de cada comunidad. La solicitud para ingresar al Registro Oficial de Comunidades de la República debía presentar un dibujo preciso sobre la estructura socioeconómica del asentamiento que buscaba sanción estatal. Esta información tenía que incluir un censo interno de población, una estimación sobre la cantidad de tierra disponible para explotación comunal, un censo agropecuario, una declaración sobre las actividades económicas principales y un registro de escuelas privadas y públicas existentes en el área. Una declaración positiva en cada uno de los rubros considerados dentro de la solicitud afirmaba el ideal de comunidad proyectado por el Estado como unidades sociales demográficamente densas, económicamente empoderadas y culturalmente avanzadas, constituyéndose en organismos cuya absorción resultaba beneficiosa para el metabolismo estatal8 .
Dentro del abanico de criterios que se tomó en consideración para la formulación de un ideal de comunidad, la propiedad de la tierra y la organización espacial de las comunidades tuvo un lugar preponderante. El ideal comunal del Estado requería un emplazamiento físico para el asentamiento humano. En algunos casos, este emplazamiento físico también se cimentaba sobre premisas legales asociadas con la “inmemorialidad” reclamada de las comunidades, implicando el despliegue de documentación de origen colonial. En los casos en los que la propiedad de la tierra no se podía documentar por ningún instrumento legal preexistente, el Estado respondió eficientemente con una lógica tecnocrática. Dichas comunidades debían remitir un dibujo básico de sus dominios comunales, indicando sus límites internos y sus linderos externos, solicitando además la elaboración de un mapa confeccionado por un ingeniero comisionado por la Oficina de Asuntos Indígenas. A medida que el gobierno del mundo rural se burocratizaba, la cuestión rural se centraba en el problema del ordenamiento espacial de una geografía humana fundada en el ideal estatal de comunidad – la territorialización gubernamental del campo rural.
Los detalles del proceso de confección de un mapa comunal vierten luces sobre cómo el Estado aspiraba a que las comunidades articulasen espacialmente la nueva territorialidad del campo rural. Por ejemplo, estos mapas también debían incluir una memoria descriptiva, una narrativa sistematizada conteniendo información de índole histórica y geográfica transmitida, frecuentemente, de manera oral. La memoria descriptiva debía proveer información exacta sobre la ubicación de las tierras comunales y la estructura geográfica, física y topográfica de los dominicos comunales. Así también, estas memorias debían incluir un censo demográfico detallado, incluyendo la composición de género de cada comunidad, el estado civil de cada comunero, lugares de nacimiento y trabajo, niveles de instrucción, distribución de edades y la dirección específica de cada miembro de la comunidad. Tercero, los mapas debían proveer un detalle exhaustivo de las fronteras comunales, incluyendo accidentes topográficos usados como puntos de demarcación. Las fuentes de agua debían recibir especial énfasis, especialmente aquellas ubicadas en zonas limítrofes. El Estado también requería un recuento detallado del proceso seguido durante el trabajo de campo que condujo al mapeo de los dominios comunales. El mapa, en suma, ofrecía una métrica precisa de la espacialidad económica de las tierras comunales, indicando las secciones de tierras que eran destinadas a agricultura, ganadería y aquellas que permanecían baldías, detallando el tipo de cultivos u otras actividades agrícolas y describiendo los desafíos que suponía la maximización de la capacidad productiva comunal. Toda esta información debía ser entregada en formularios previamente distribuidos por el Estado, acompañado de registros fotográficos, cuadros y otros documentos que se considerasen pertinentes. El mapa debía estar impreso en un lienzo e incluir una copia en papel azul, alineando los límites comunales con el meridiano magnético, colocando los nombres de las estancias y propiedades colindantes, indicando las zonas y límites que pudieran mantenerse en litigio y con información vital sobre las características hídricas de la zona. Una vez compilada toda la información, los documentos debían remitirse a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento donde, una vez aprobados, se comisionaba a otro grupo de ingenieros para el demarcado físico de los terrenos comunales9 .
El mapeo de los dominios comunales debía coadyuvar al progresivo aumento del número de comunidades oficialmente reconocidos y, por tanto, a la reorganización espacial del íntegro del campo rural. El ideal comunal del Estado permitía no solamente la incorporación de las comunidades indígenas a la “vida nacional” – es decir, a las grandes dinámicas del gobierno del Estado y el capital – sino también alcanzar un tan anhelado como elusivo ordenamiento de la geografía humana del campo. La racionalización espacial del campo a través del ideal comunal supuso la convergencia de dos procesos igualmente importantes. Por un lado, el mapo comunal yuxtaponía los criterios de gobernanza rural burocratizados ideados por estado y la inmemorialidad indígena, produciendo un mecanismo nuevo de autodeterminación comunal. Por otro lado, la espacialización de las comunidades y la subsecuente demarcación estatal de dominios comunales implicó un proceso más grande de generación de métricas rurales y redefinición geométrica del campo de escala sin precedentes. Finalmente, en tanto las comunidades buscaron la confección y aprobación de mapas elaborados por el Estado, la relación entre Estado y comunidades pasaba a definirse en términos espaciales y geográficos. La misma verticalidad de los Andes, que otrora había impuesto limitaciones históricas a las conexiones entre poderes estatales y dominios locales, era superada a través de un nuevo entendimiento territorial que planteaba una relación más dinámica entre millones de comuneros y el Estado central.
2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LAS CARTAS DE 1951 Y 1973.
Las cartas detalladas abajo presentan dos imágenes de ocupación territorial comunal en el Departamento de Junín, epicentro de la sierra central peruana. La primera carta (imagen 1) está basada en el Registro de comunidades oficialmente reconocidas con títulos, plano o posesión inmemorial desde 1926 a la fecha [1951] para dicho departamento.10 Este registro, recogido por la Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, evidencia la presencia y reconocimiento de un total de 259 comunidades ocupadas a lo largo de las 9 provincias que conforman esta unidad geopolítica de Perú.
Imagen 1: Ocupación territorial de comunidades indígenas en el Departamento de Junín, 1951.
Fuente: Archivo General de la Nación, mapa elaborado por el autor.
La información de la ubicación geográfica de cada comunidad fue colocada dentro de los límites distritales contemporáneos a los que corresponde su emplazamiento original. El énfasis de la georreferenciación de las comunidades indígenas fue puesto en visibilizar la dispersión territorial de las mismas, diferenciando la densidad de comunal de cada distrito en cuatro grupos (1-3; 4-6; 7-9; 10-21). La imagen que resulta ofrece una visión territorial específica a un momento del gobierno rural del campo. En su propósito de expandir la legibilidad de la sierra mediante el empleo de la comunidad como una unidad geopolítica, el Estado generó un asentamiento archipielágico del campo. Las comunidades indígenas ocupaban, con diferentes densidades, un gran porcentaje de todo el Departamento de Junín, con una marcada concentración en la zona suroriental y en las provincias de la ceja de selva. Otra importante concentración de comunidades se observa en la zona aledaña al Lago Chinchaycocha y la región minera de Cerro de Pasco. Más allá de estas dos concentraciones, hacia 1951 la presencia dispersa de las comunidades indígenas en Junín era – territorial y espacialmente – el elemento más constitutivo de la geografía física y humana de esta región de la sierra central.
Imagen 2: Ocupación territorial de las comunidades campesinas en el Departamento de Junín, 1973.
Fuente: Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, Las SAIS de la Sierra Central, 1973.
La segunda carta (imagen 2) está basada en el reporte Las SAIS de la Sierra Central elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), publicado en 1973 luego de culminar el proceso de reconfiguración de propiedad de la tierra iniciado cuatro años antes. Este registro muestra la presencia de cinco grandes propiedades cooperativas y muestra, a primera vista, el resultado de un proceso de consolidación territorial en una zona previamente ocupada por una presencia dispersa de comunidades indígenas.
Estas grandes propiedades cooperativas, llamadas Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), reemplazaron abruptamente una geografía nítidamente constituida por la presencia dispersa de comunidades indígenas. En cambio, los miembros de las otrora comunidades indígenas, ahora convertidas en comunidades campesinas, enfrentaron una lógica de creciente de fracturación y reconsolidación territorial y confinamiento espacial. A medida que las diferentes SAIS iban conformándose – aglutinando terrenos comunales y, en algunos casos, fracturándolos para reconsolidarlos – la población comunal se vio sometida a una nueva forma de entender sus formas de producción, su vida cotidiana y su emplazamiento espacial mismo. En la comunidad de San Juan de Ondores, absorbida por la SAIS.
Túpac Amaru, este momento de confinamiento espacial es recordado como los tiempos del “Estado-patrón”11.
3. CAMPESINIZANDO EL CAMPO, 1969.
Casi medio siglo después del reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas, otro régimen autocrático gatillaba un nuevo momento refundacional en la relación entre el Estado y el campo rural. Luego de un golpe de estado (1968) que depuso al Presidente Fernando Belaúnde – acaso el primer gobernante en realizar una campaña electoral de alcance nacional, portando un estandarte de amplias reformas – la junta militar presidida por el General Juan Velasco Alvarado inició un proceso al que describirían como una “auténtica revolución”12. Prontamente, la Revolución Peruana anunció el reposicionamiento del Estado en los grandes procesos de producción y circulación de capital, esencialmente bajo una prédica nacionalizante, como uno de sus valores centrales. Menos de una semana después del golpe de estado, Velasco autorizaba la toma de las instalaciones de la refinería de Talara, hasta ese momento en poder de la International Petroleum Company, cuyos contratos habían sido causal de un mayúsculo escándalo político durante los últimos meses de la administración de Belaúnde.
Para el verbo nacionalizante de Velasco, la toma de Talara en lo que se celebraría como el “Día de la Dignidad Nacional” resultaba solo un paso inicial en la consecución de una segunda independencia para el país. Sin embargo, esta segunda independencia era tanto una lucha geopolítica en el frente externo como una lucha en diversos frentes internos. Entre estos frentes internos, las estructuras de propiedad de la tierra eran consideradas como una de las taras más importantes para el advenimiento de una nueva Patria. Resultado de una incipiente planificación tecnocrática y de contingentes motivaciones de carácter político – tempranas referencias a la expansión del comunismo en el departamento de Ayacucho – la junta militar promulgó la ley 17716, el decreto de reforma agraria, el 24 de junio de 1969. En el discurso de promulgación, Velasco identificó al principal beneficiario de la reestructuración de la propiedad de la tierra, sentenciado que el campesino nunca más sería una paria en su propia tierra y que su pobreza nunca más enriquecería a los patrones. Al emplear el término campesino, Velasco un importante cambio nominal en la lexicografía política rural, convirtiendo el otrora “Día del Indio” – curiosamente establecido por el régimen de Augusto B. Leguía – en el “Día del Campesino”. En palabras del propio Velasco, al promulgar la ley de reforma agraria,
De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza, de la cuna a la tumba, y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de Junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria, al fin, le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre13.
Este cambio nominal afectaba también a los cientos de comunidades indígenas que, a lo largo de medio siglo, se habían movilizado en pos del reconocimiento jurídico otorgado por el Estado, accediendo a grados de autonomía social, económica y política que ahora estaban sujetos a una renegociación bajo el proyecto agrario de Velasco y los militares.
La implementación de la reforma agraria y el forjamiento de un campesinado peruano supusieron desafíos inesperados para Velasco, sus asesores y cuadros de tecnócratas rurales. Desde el inicio de las conversaciones sobre la urgencia de avanzar los tibios logros de la ley de reforma agraria del gobierno de Belaúnde, promulgada bajo el decreto 15035, la sostenibilidad financiera de la reforma se convirtió en una de las preocupaciones centrales para los militares reformistas. Fue justamente Belaúnde quien había llamado la atención sobre el costo fiscal y social de conducir grandes procesos de expropiación para disponer de tierra redistribuible entre familias campesinas. Entre las consideraciones expuestas sobre este aspecto, la valorización de la tierra expropiable tuvo un lugar central. Dos posibilidades se discutieron al respecto. De un lado, considerar un autoevalúo realizado por los propietarios de tierra en 1968 dentro del marco de la ley 15037. De otro lado, tomar como base el valor de compra original de la propiedad cuando fue adquirida originalmente. Una y otra propuesta tenían pros y contras y, sin embargo, ambas evidenciaban una preocupación central por la propiedad y el valor de la tierra – así como por la capacidad de la tierra en generar mayor valor económico.
Esta preocupación entraba en conflicto, a su vez, con otra de las premisas políticas fundacionales de la reforma agraria. Desde los orígenes hemisféricos de la reforma, tierra para el que la trabaja se había posicionado como aforisma, axioma y máxima. El nuevo campesino del Perú debía convertirse en el propietario de unidades familiares de producción, alentando la consolidación de la pequeña y mediana propiedad rural y expandiendo la capitalización del campo por la vía junker. Sin embargo, este objetivo – que ya había probado ser parcialmente inalcanzable en otros países por diversas razones – topaba con barreras aparentemente inexpugnables. En el caso de las grandes propiedades de la costa norte, los tecnócratas de Velasco expusieron que la rentabilidad de la agroindustria costera, cimentada sobre la moderna producción y exportación de cultivos comerciales, se vería mermada en caso de optar por la fragmentación y parcelación de la gran propiedad. El modelo cooperativo de tenencia de tierra surgió, entonces, como una opción. Este modelo, a diferencia de la distribución familiar de la tierra, permitía desplazar a la oligarquía terrateniente del control de la tierra – y por tanto de su participación hegemónica en la política nacional – sin afectar los intereses agrarios del Estado. La reforma agraria suponía, entonces, campesinizar tanto a los trabajadores de haciendas como a la propiedad de la tierra. Esta última se reconfiguraría en forma de Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs) que mantuviesen, en esencia, la integridad territorial de las antiguas haciendas. Los campesinos se convertían en propietarios nominales de la cooperativa, usufructuarios de un margen de los réditos anuales de su producción y – para efectos prácticos – trabajadores del Estado.
La tensión que generó la lexis y praxis de la reforma agraria en la sierra peruana era, incluso, más profunda. Si bien las haciendas de la costa norte representaban una agroindustria alineada con las grandes circulaciones de capital, la hacienda serrana era el epítome de la autarquía rural, cuna del gamonalismo parasitario que la reforma agraria debía desterrar. Sin embargo, al igual de lo ocurrido en la costa norte, la visión tecnocrática sobre la situación en la sierra en el amanecer de la reforma agraria brindó una imagen diferente. En primer lugar, la frontera agraria – la cantidad de tierra explotable mediante una actividad agrícola o pecuaria – era mucho más reducida que lo que inicialmente se había previsto. La verticalidad de los Andes y la infructuosa colonización de la ceja de selva había impuesto una condición medioambiental difícil de superar bajo cualquier esquema de reforma agraria. Segundo, la mayor cantidad de tierra agraria existente correspondía a pastos naturales ubicados encima de una altitud que permitiese la agricultura familiar. En estas tierras, los grandes negocios ganaderos habían prosperado, desde finales del siglo diecinueve, sobre la base de la expansión y acumulación de grandes propiedades de terrenos. De hecho, los cuadros técnicos de reforma agrario advirtieron a Velasco y su consejo de asesores sobre el peligro de parcelar pastos ganaderos, fragmentación que socavaría y liquidaría la productividad de esta tierra. Finalmente, acaso el elemento más sorpresivo, la mayor cantidad de tierra redistribuible se encontraba ya en manos de cientos, miles, de comunidades indígenas formalmente reconocidas a lo largo de medio siglo de íntima vinculación con el Estado14.
Si la economía de la costa norte supuso la cooperativización de la propiedad de la tierra y las relaciones sociales de producción, la situación en la sierra – especialmente en la zona central – no fue, en modo alguno, diferente. Las Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) permitieron la implementación de un modelo de explotación asociativa con un grado más elevado de centralización estatal de la propiedad y producción. A diferencia del modelo cooperativo de las CAPs, que suponían un nivel importante de autogestión más allá de la reinversión de capital indispensable, las SAIS consideraban la organización de una administración central directamente nombrada por el Estado, con una presencia solamente marginal de las comunidades socias involucradas. A través de las SAIS, la Revolución Peruana resolvía, “revolucionariamente”, la tensión entre productividad y redistribución directa, forzando la participación de comunidades dentro de una empresa colectiva que – solo de manera simbólica – seguía empleando una simbología política de justicia agraria para legitimar un proceso altamente privativo y potencialmente empobrecedor. Para completar el esquema de organización del nuevo campesinado peruano, la Revolución Peruana también presupuestó la creación de plataformas de movilización social, igualmente sujetas a las lógicas de centralización que gobernaban el ordenamiento espacial de CAPs y SAIS. El Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) debía monitorear las campanas de difusión y propaganda de lo que significa ser un buen campesino. Las organizaciones de base como la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP) o la Confederación Nacional Agraria (CNA) debían reemplazar gradualmente a otras organizaciones que sostenían la debilitada autonomía comunal, como la Confederación Campesina del Perú (CCP).
Campesinizar el campo suponía, en última instancia, producir para contener. Aunque Velasco había anunciado la necesidad de superar los paradigmas reformistas propuestos por la Alianza para el Progreso y el consenso hemisférico sobre la reforma agraria auspiciado por los Estados Unidos, la identidad de los cuadros técnicos de la reforma agraria de 1969 revela una continuidad evidente en el entendimiento sobre la cuestión agraria. Algunos reportes del Ministerio del Interior, meses después de junio, indicaban la amenaza de que algunas comunidades en Huanta puedan ser “comunizadas” ante la letanía en el arribo de la reforma agraria15. En la sierra central, donde la situación no parecía tan emergente en términos de convulsión social, la junta militar exhibió un supuesto éxito temprano de la reforma agraria como dispositivo de estímulo de productividad agraria y aliviador de tensiones sociales y convulsión política16. Aunque la reforma agraria no se había materializado en una redistribución directa de la tierra, sí logró reacondicionar la propiedad de la tierra, reorganizar el diseño comunal de la geografía humana del campo rural y renegociar las relaciones sociales bajo un esquema campesino de propiedad y producción. Los comuneros devenidos en campesinos enfrentarían, a partir de ese momento, nuevas configuraciones de poder rural.
CONCLUSIONES.
En el lapso de medio siglo, el Estado peruano redefinió – en dos momentos – cómo entendía su relación con el campo rural. Primero, procuró proveer de legibilidades indispensables a un campo que había sido obliterado legalmente en el curso de un siglo de republicanismo decimonónico. Al hacerlo, reposicionó lo comunal como un ideal que permitiese producir una nueva geografía humana de la ruralidad, geografía humana que a su vez generaba nuevos ordenamientos espaciales. Al conferir personalidad jurídica a las comunidades indígenas, estas emergentes células sociales – absorbidas a la institucionalidad del Estado a través de mecanismos y dispositivos de gubernamentalidad rural – importaron más como comunidades que como indígenas. Las comunidades indígenas permitieron generar una nueva métrica del campo, resolviendo algunas ansiedades catastrales esenciales en la visión del Estado y facilitando el gobierno del mundo rural. Décadas más adelante, luego de varios proyectos de desarrollo social y material que proveyeron de grados de autonomía a las comunidades indígenas, el Estado peruano buscó reformular esta relación – bajo el persuasivo lenguaje de la reforma agraria – a través de la campesinización de las comunidades indígenas. Este proceso de campesinización también supuso una renegociación de las relaciones sociales de producción en el campo con consecuencias en el ordenamiento espacial de la producción económica agraria. Las comunidades fueron empujadas a un proceso de asociación productiva que reconfiguró sus estructuras internas y la configuración integral de todo el campo peruano. El descalabro final de la reforma agraria, por razones que exceden el propósito de esta presentación, guarda íntima relación con las diversas dinámicas de conflicto y colapso social que engullirían al país en las últimas décadas del siglo veinte. Entender los tipos de ordenamiento social y espacial que procuró el Estado para el mundo rural resulta imprescindible para entender sus fracasos.
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