DEL TRIUNFALISMO AL POSIBILISMO. LA ACCIÓN CATÓLICA EN ESPAÑA DESDE LOS ORÍGENES HASTA 1936.
FROM TRIUMPHALISM TO POSSIBILISM. CATHOLIC ACTION IN SPAIN FROM THE ORIGINS TO 1936.
ENRIQUE BERZAL DE LA ROSA Universidad de Valladolid.
Recibido: 23/05/2022.
Aceptado: 21/09/2022.
RESUMEN.
Para entender la creación de la Acción Católica en España es preciso remontarse a los orígenes del movimiento católico, a finales del siglo XIX, y al contexto de guerra cultural entre liberalismo y catolicismo. El empleo, por parte de la Iglesia, de repertorios modernos de movilización sentó las bases de lo que posteriormente sería la Acción Católica Española, organización apostólica afianzada a partir de las Bases publicadas por el cardenal primado Reig en 1926. Una Acción Católica caracterizada en un primer momento por un claro carácter triunfalista y recatolizador que, sin embargo, derivaría en posibilista durante la Segunda República, momento en el que desarrolla una intensa labor con evidentes repercusiones políticas. Junto a la bibliografía existente sobre este objeto de estudio nos basamos en la documentación de la propia Acción Católica, a nuestro juicio insuficientemente explorada aún para los años 30.
Palabras clave: Acción Católica, España, Historia, Iglesia católica, Segunda República.
ABSTRACT.
To understand the creation of Catholic Action in Spain it is necessary to go back to the origins of the Catholic movement, at the end of the nineteenth century, and the context of the cultural war between liberalism and Catholicism. The use of modern forms of mobilization contributed to the creation of Catholic Action, an apostolic organization established with the Bases of Cardinal Reig, published in 1926. That Catholic Action showed a triumphalist and re-Christianizing character, but during the Second Republic it was transformed into a possibilistic organization and developed an intense work with important political consequences. To write this article we used the existing bibliography and in the archive of Catholic Action, which in our opinion has not yet been used sufficiently for the 30s.
Keywords: Catholic Action, Catholic Church, history, Second Republic, Spain.
INTRODUCCIÓN. LA LUCHA ENTRE LIBERALISMO Y CATOLICISMO.
Es ya un lugar común, a la hora de abordar la movilización social y política de los católicos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, contextualizarla en las «guerras culturales» que tuvieron lugar entre catolicismo y liberalismo a partir de 1870, cuando Estados-Nación relevantes comenzaron a desarrollar una amplia legislación dirigida a neutralizar el catolicismo como fuerza política, limitar su presencia social y frenar su influencia en la esfera pública1 . No es éste el lugar ni contamos con el espacio suficiente para abundar en dicho contexto internacional, pero basta recordar su influencia en el catolicismo español. En efecto, la Iglesia católica de nuestro país se hizo eco de la preocupación de sus colegas alemanes ante la pretensión del canciller Otto Von Bismarck de limitar su influencia política –la famosa Kulturkampf-, no ocultó su indignación por el hecho de que la nueva nación italiana se levantara sobre la anexión de los Estados Pontificios, expresó su oposición a la voluntad de los liberales belgas de controlar férreamente la escuela y, sobre todo, se mostró especialmente preocupada por la política abiertamente anticlerical de la III República francesa.
Como señalan Diego Mauro y Francisco Javier Ramos Solans, la novedad principal, a efectos del análisis histórico, reside en que dicho enfrentamiento cultural comenzó a articularse, en el caso del catolicismo español, a través de un auténtico movimiento social. La reacción católica en las naciones señaladas fue bastante similar y no se limitó a recurrir a la ayuda del Papado o a las alocuciones de la jerarquía, sino que también empleó recursos modernos de claro contenido movilizador, tales como los medios de comunicación, las asociaciones de voluntarios, las manifestaciones de masas, la recogida y envío de firmas, los mítines, etc.
Esta dinámica comenzó en España durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), sobre todo con motivo de la proclamación de la libertad religiosa por parte de los nuevos gobernantes. A ello se sumó la afrenta que suponía el pujante movimiento obrero de clase, así como la mayor participación de la población en la actividad política a través de clubes de debate, manifestaciones, etc. Ante tamaño desafío, entre los católicos españoles más activos y concienciados se profundizó en fórmulas modernas de movilización como, por ejemplo, la articulación de una incipiente junta organizadora de la acción católica o la recogida de millones de firmas contra la libertad de cultos y a favor de la unidad católica de España2 .
Aunque la Restauración canovista inauguró para la Iglesia católica una nueva etapa marcada por la estabilidad política y el favor estatal, toda vez que mejoraron sus medios económicos, se fueron restableciendo las congregaciones religiosas, incrementó enormemente su presencia en instituciones educativas y de beneficencia, se multiplicaron las manifestaciones públicas de piedad y aumentaron las asociaciones de seglares, la entrada en vigor de determinadas medidas secularizadoras, especialmente en el campo educativo y en la regulación del derecho de asociación, fue recibida como una afrenta por parte de una Iglesia lanzada abiertamente a la reconquista católica de la sociedad.
Ya la más que tímida tolerancia religiosa introducida por el artículo 11 de la Constitución de 1876, que permitía otras manifestaciones de culto aunque solo en el ámbito privado, suscitó las protestas de unos obispos obsesionados por la unidad católica de España. Pero fueron las medidas secularizadoras de los gobiernos liberales que se sucedieron entre 1901 y 1913 las que provocaron airadas protestas y la puesta en marcha de un movimiento católico tan beligerante como avanzado en sus fórmulas de movilización y acción3 .
Dichas medidas comenzaron cuando el gobierno largo de Sagasta anunció la reducción del presupuesto del culto y clero y la inclusión de las Órdenes Religiosas en las disposiciones de la Ley de Asociaciones de 1887. A ello se sumó, como bien señala Julio de la Cueva Merino, el fuerte impacto provocado por la reactivación del anticlericalismo a partir de 1898, más concretamente el motín contra los jesuitas en que derivó la manifestación zaragozana de junio de 1899 en protesta por la política fiscal del ministro Fernández Villaverde, pues, a juicio de este autor, «constituía la primera de una larga serie de protestas anticlericales que se producirían durante todo el primer decenio del siglo $\mathrm { X X } \gg ^ { 4 }$ .
Vendrían a continuación otras iniciativas del gobierno que la Iglesia identificaría como nuevas y preocupantes amenazas que exigían inmediata respuesta5 . El temor de la jerarquía eclesiástica era que España siguiera los pasos de Francia, que en 1906 terminaría decretando por ley la separación de la Iglesia y el Estado. Junto a la libertad de Cátedra y al anuncio, en 1901, de eliminar la religión como asignatura obligatoria en las escuelas públicas de enseñanza secundaria por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes presidido por el conde de Romanones, los obispos alzaron la voz contra el matrimonio civil, introducido en España en 1870 y modificado en 1875. En este sentido, la jerarquía eclesiástica juzgó intolerable y escandalosa la circular emitida en 1906 por el conde de Romanones –ahora como ministro de Gracia y Justicia-, en virtud de la cual los jueces no exigirían declaración alguna relativa a la religión a los que quisieran desposarse ante ellos. Los obispos consideraban que el matrimonio civil era intolerable en un país como España, oficialmente católico, y lo identificaban con el concubinato. Por si fuera poco, ese mismo año, el ministro de la Gobernación, Bernabé Dávila, sacaba a la luz un proyecto de ley de asociaciones que exigía la aprobación gubernamental previa para el establecimiento de nuevas comunidades religiosas,
No es de extrañar, por tanto, que desde altas instancias católicas se responsabilizara al liberalismo gubernamental de haber incitado, o al menos facilitado, el estallido de violencia anticlerical desatado durante la famosa Semana Trágica de 1909, acelerando con ello un rumbo político católico cada vez más ligado al Ejército y a la Monarquía alfonsina. El año 1910 introdujo mayores sobresaltos en una Iglesia abiertamente lanzada a una beligerante estrategia recatolizadora. El más grave, sin duda, provino del anuncio, y posterior aprobación, de un proyecto de ley llamado «del Candado», que, promovido por el gobierno liberal de José Canalejas, prohibía la creación de nuevas fundaciones religiosas en dos años o hasta que se aprobara una nueva Ley de Asociaciones. A ello se añadía el establecimiento de la religión como asignatura optativa en las Escuelas Normales. La gestión gubernamental de la enseñanza religiosa provocó en los obispos nuevos quebraderos de cabeza cuando en 1913 se estableció su obligatoriedad en las escuelas primarias estatales salvo para aquellos niños que profesaran una religión distinta de la católica, siempre y cuando sus padres así lo desearan.
La seria amenaza que para el sistema político de la Restauración supuso la triple crisis de 1917 –huelga general revolucionaria impulsada por UGT y CNT, protestas de las Juntas militares de Defensa y convocatoria de la Asamblea de Parlamentarios por parte del catalanismo político-, así como la crítica coyuntura social de 1919-1921 y las movilizaciones sociales en reacción a la crisis de subsistencias terminaron por infundir en los católicos más comprometidos la sensación de estar asistiendo a un escenario apocalíptico en el que la civilización cristiana habría de combatir a muerte contra el fantasma de la revolución, más aún tras el asalto bolchevique al poder en Rusia. De ahí las constantes llamadas de los obispos a reprimir a anarquistas, socialistas y comunistas, a quienes responsabilizaba de los graves desórdenes sociales, y a restaurar, por todos los medios posibles, el orden y la paz sociales. Esto último, interpretaban, solo sería posible en un Estado netamente católico que, además de preservar la unidad religiosa del país, asegurara el reinado de Cristo en todas las manifestaciones de la vida y alentase, por supuesto, el desempeño político y legislativo de los gobernantes según las directrices pontificias.
I. EL MOVIMIENTO CATÓLICO Y LOS ORÍGENES DE LA AC.
La Iglesia católica española tomó como referencia ciertas fórmulas que, aglutinando bajo su dirección a seglares y eclesiásticos, estaban teniendo éxito en otros países europeos. Ya en 1846, cuando el Parlamento de Franckfurt planteó avanzar hacia lo que más tarde sería una Alemania unificada, Maguncia albergó un Congreso Católico del que nació la Acción Católica de Alemania, constituida al margen de la política y solo para defender a la Iglesia y «restaurar el orden religioso», también en los medios obreros6 . En Bélgica, por su parte, el Congreso católico de Malinas, reunido en 1863, puso en marcha la Asociación Católica belga para hacer frente a la política anticlerical, y dos años más tarde, precisamente por influencia belga, se creó en Italia la Asociación Católica para la Libertad de la Iglesia. Los Comités Católicos franceses, por su parte, se constituyeron en 1871 como reacción a La Comuna, mientras los católicos holandeses crearon en 1903 la Asociación Social Católica como respuesta al asalto de los socialistas al gobierno7 .
En este contexto se desarrolló en España nuestra particular «Obra de los Congresos» como medio de procurar la unidad de los católicos en su combate contra el liberalismo. Precedida de iniciativas similares por parte de los obispos de Córdoba (Asambleas generales de Círculos Católicos de Obreros, 1883) y Tortosa (Asambleas de las Asociaciones Católicas, 1887), la iniciativa se ajustaba a las directrices posibilistas de León XIII en el sentido de adaptarse a las condiciones impuestas por el liberalismo y a las exigencias del mundo moderno, si bien dentro de un proyecto más amplio de restauración social católica conforme las enseñanzas de la Santa Sede8 .
Entramos de lleno, por tanto, en la etapa del llamado Movimiento Católico9 , definido por la Nunciatura, en su informe de 1896, como el conjunto de «asociaciones, círculos, sociedades de obreros, cajas rurales, entidades de crédito, prensa, etc., en resumen, todas aquellas obras que, nacidas bajo el impulso de la religión, tienden a impregnar las instituciones civiles con el espíritu del cristianismo, a restaurar la influencia de la Iglesia en la vida pública»10. En otras palabras, el Movimiento Católico podría definirse, tal y como hacen Julio de la Cueva y Feliciano Montero, como «la acción organizada de los católicos -seglares, bajo dirección clerical- para defender su ideal confesional dentro de -y frente a- la sociedad liberal y secularizada», abarcando para ello todo un conjunto de obras e iniciativas que van desde la propaganda, la educación y la acción benéfico-asistencial hasta la acción social y política11.
El Movimiento Católico presenta, por tanto, un objetivo firmemente restaurador, recristianizador, defensivo y reactivo frente al liberalismo, pues se trata de una iniciativa enfrentada a la modernidad pero, al mismo tiempo, claramente moderna en sus métodos, especialmente en su repertorio de movilización, y posibilista al integrar elementos del nuevo orden social, político y cultural, aunque cristianizándolos 12 . En una Iglesia católica estrictamente jerárquica como era la española de finales del XIX, fueron los obispos quienes, siguiendo las directrices del Papa, se encargaron de impulsar las obras que fueron conformando el Movimiento Católico. Estas, sin embargo, requerían para su buen funcionamiento del protagonismo creciente de los laicos, lo cual tampoco puede desligarse del proceso de secularización de la sociedad del momento, en el sentido de eliminar ámbitos de privilegios y ofrecer al conjunto de la población, también a los católicos, la posibilidad de ejercer las libertades seculares de asociación y de expresión.
1. LOS CONGRESOS CATÓLICOS NACIONALES.
El primer intento serio de aunar voluntades y unificar criterios de actuación entre los católicos de nuestro país fueron los Congresos Católicos Nacionales, emulación de L’Opera dei Congresi de Italia, a través de los cuales se convocaron reuniones de obispos, sacerdotes y laicos con el objetivo de encontrar una fórmula apolítica para unificar acciones en defensa de la Iglesia. Ese era el ánimo con el que el cardenal de Madrid-Alcalá, el burgalés Ciriaco María Sancha, organizó en 1889 el primer Congreso. Como señalaba el Reglamento, se trataba de «defender los intereses de la Religión, los derechos de la Iglesia y del Pontificado, difundir la educación e instrucción cristianas, promover las obras de caridad y acordar los medios para la restauración moral de la sociedad», evitando, eso sí, «mezclarse dentro del Congreso en política propiamente dicha».
Como señala Andrés-Gallego, «desde 1888 dirigiría los preparativos una Junta Central presidida por el obispo de Madrid, constituida desde el 89 por quien la jerarquía tuviera a bien nombrar»13.
Al año siguiente del Congreso madrileño, que congregó a 14 prelados y 1.948 socios, el de Zaragoza amplió la convocatoria hasta 34 obispos y más de 3.000 socios, pero también sirvió para escenificar la profunda división existente en el catolicismo español entre integristas y mestizos, sobre todo tras escuchar al máximo exponente de los primeros, Félix Sardá y Salvany, cargar contra quienes, enarbolando la bandera de la defensa de los intereses de la Iglesia, consentían en participar en el sistema político liberal. De hecho, aunque luego se celebraron cuatro más -Sevilla (1892), Tarragona (1894) Burgos (1899) y Santiago (1902)-, la obra de los Congresos se interrumpió debido a la polémica creada en torno al deber de apoyar o no al Estado liberal mediante la participación en política, polémica que se zanjaría con la llegada al papado de Pío X. En definitiva, aunque los Congresos Católicos Nacionales fracasaron en el intento de unir a los católicos en un programa apolítico basado en la defensa de los intereses de la Iglesia, dejaron un importante poso organizativo, asociativo y asambleario, especialmente en el campo social, robusteciendo con ello el movimiento cató- lico en un sentido modernizador y sentando las bases de la futura Acción Cató- lica.
En efecto, además de establecer en Madrid una Junta central de los Congresos, acordaron la creación de comités parroquiales, diocesanos y nacionales, apostaron decididamente por impulsar la prensa católica y crear un periódico de gran tirada nacional, que sería El Debate, y dieron impulso al tejido asociativo católico, formado en gran medida por sociedades de carácter piadoso y benéfico pero también por otras de marcado carácter político.
Y es que el fracaso en su intento de unir a los católicos en una estrategia conjunta no fue óbice para que los Congresos animaran a participar en la vida pública y a elegir en las convocatorias electorales a quienes considerasen los mejores defensores de los derechos de la Iglesia. Tomando como referencia el repertorio de movilización de los adversarios políticos, se establecieron fórmulas electorales netamente modernas como, por ejemplo, los Centros de Defensa Social (Barcelona, Madrid, Mallorca, Valladolid…) y las Ligas Católicas, que estaban a medio camino entre el movimiento de agitación y la coalición electoral (Valencia, Sevilla, Centro Católico Electoral de Santander…), se recurrió con fruición a la propaganda y al mitin y se promovieron «diputados católicos» a título individual.
La obra de los Congresos alentó movilizaciones, concentraciones, mítines, campañas y protestas en el espacio público contra las medidas anticlericales del gobierno, siempre con la vista puesta en Francia, insuflando de contenido político todo tipo de manifestaciones religiosas multitudinarias –coronaciones de la Virgen y del Sagrado Corazón, romerías, congresos y celebraciones eucarísticas, etc.-, conformando un amplio e intenso ciclo de la protesta católica e incentivando en el elemento seglar un sentido de la militancia y una identidad católica con clara dimensión martirial, dispuesta a la lucha contra los elementos laicistas y secularizadores14.
En lo que a nuestro objeto de estudio se refiere, los Congresos también dieron el primer paso hacia lo que luego sería la Acción Católica, pues, como señala Callahan, «el modelo de una asociación que aceptaba prácticamente el régimen en el poder pero se oponía a muchos aspectos de su política y actuaba bajo la dirección de los obispos, formó más adelante la base de la organización más influyente del catolicismo español del siglo XX: la Acción Católica». También insisten en ello José Andrés-Gallego y Antón María Pazos, para quienes el origen de la AC debe situarse en la Junta Organizadora del I Congreso Católico Nacional, que a partir de 1894 asume ya la denominación de Junta Central de Acción Católica y se ramifica, a su vez, en Juntas Diocesanas15. A todo lo dicho cabría añadir, también como consecuencia del espíritu que animó los Congresos, la creación de las Asambleas generales de las Corporaciones Católico-Obreras de 1893 y 1896, que alcanzarían su momento álgido en 1905 (Valencia), 1906 (Palencia) y 1907 (Granada), y la celebración, entre 1906 y 1912, de Semanas Sociales según el modelo de encuentro católico-social alemán.
2. DE LAS NORMAS DE AGUIRRE AL EMBRIÓN DE LA AC ESPAÑOLA.
El siguiente paso en lo que a la conformación de la AC española se refiere tuvo lugar a finales de la primera década del siglo XX, cuando, a instancias de Pío X, en 1908 se trasladó a las diócesis una encuesta elaborada por el Nuncio Vico sobre la posibilidad de aplicar al catolicismo español el triple estatuto italiano para la Acción Católica y Social. Las respuestas diocesanas demostraron, sin embargo, la imposibilidad de avanzar hacia el partido católico en nuestro país, pero no así en el terreno de la acción social, donde la movilización católica era, sin duda, más efectiva16.
De esta manera, Gregorio María Aguirre, arzobispo primado de Toledo, siguiendo lo estipulado por Pío X en Il fermo propósito, planteó la conveniencia de aplicar en España el modelo de Acción Católica italiano como organización separada, pero coordinada, de la actividad propagandística (Unión Popular), de la acción social (Unión económico y social) y de la acción política (Unión políticoelectoral): obispos, religiosos y seglares aprobaron las dos primeras iniciativas, mientras que descartaban la Unión electoral debido, principalmente a la acusada división entre los católicos españoles. En definitiva, la unidad de acción en lo social era mucho más factible que en el terreno político.
Fue así como en 1910 se promulgaron unas Normas de Acción Católica y Social que separaban claramente las esferas señaladas (propaganda y acción social) y fiaban la participación política de los católicos a base de acuerdos y coaliciones electorales, permitiendo así votar a partidos y diputados que pudiesen favorecer, o por lo menos no dificultar, la acción de la Iglesia. Dos años después, la parte social se consolidaba con las Reglas sobre la Federación de las Obras Cató- lico-Sociales del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, de la que dependerían tres federaciones: Agraria (futura Confederación Nacional Cató- lico Agraria), Sindicatos obreros (futura Confederación Nacional de Obreros Católicos) y el resto. A esta primera etapa corresponden las citadas Semanas Sociales, celebradas entre 1906 y 1912, las Semanas de la «Buena Prensa», el Congreso Nacional Catequístico de Valladolid, en 1913, una asamblea diocesana de AC en Barcelona, en 1912, y otra nacional en Madrid en esa misma fecha.
Un nuevo impulso reorganizador se produjo a partir del mandato del cardenal Victoriano Guisasola, primado de Toledo entre 1914 y 1921, con la creación de Secretariados Sociales, la potenciación de las Confederaciones de Sindicatos vistas anteriormente y la puesta en funcionamiento de dos nuevas fórmulas de encuadramiento seglar sujetas, por supuesto, a las directrices jerárquicas: la Acción Católica de la Mujer, en $1 9 \bar { 1 9 } ^ { 1 7 }$ , que pretendía «organizar campañas contra los vicios sociales y cooperar en toda noble iniciativa en defensa de la Religión y de la Patria», y la Juventud Católica Española, impulsada en 1923 a instancias de Tedeschini y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas18, a la que habría que sumar la Confederación de Estudiantes Católicos, creada siguiendo el ejemplo belga.
En todo caso, estos primeros atisbos de Acción Católica eran demasiado indeterminados, no en vano el término servía para designar tanto a la Junta Central de los Congresos como a la acción organizada de los católicos en muchas asociaciones, cuando no al apostolado de los seglares en general o a una asociación concreta con caracteres peculiares.
II. LA CREACIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA CONFORME EL MODELO ITALIANO.
Era preciso, por tanto, pasar del modelo un tanto difuso y altamente descentralizado del Movimiento Católico al modelo unitario, homogéneo y centralizado de la Acción Católica, con una clara dirección nacional e inspirado en las directrices vaticanas. Como dirá el cardenal primado Reig Casanova, se trataba de consolidar «una sola obra, nacional, disciplinada, con órganos vivos en cada una de las diócesis, teniendo como base la parroquia».
Fue determinante, en este sentido, la celebración del III Congreso Eucarístico Nacional en Toledo, del 20 al 24 de octubre de 1926, precisamente bajo la dirección de Reig, pues a raíz del mismo se asumió el giro doctrinal introducido por la Quas Primas de Pío XI. Se trataba de incorporar en España un modelo de «participación en el apostolado jerárquico» que hundía sus raíces en la reacción vaticana ante medidas del régimen fascista como la unicidad impuesta de organizaciones y el control absoluto de las mismas por parte del Partido y del Gobierno. No hay que olvidar que Mussolini llegó a disolver por la fuerza las organizaciones especializadas de AC. Esto llevará posteriormente a los Estatutos de la AC italiana de 30 de diciembre de 1931, en virtud de los cuales aquélla solo desarrollaría fines parroquiales y religiosos, y el apostolado seglar se vincularía estrechamente al de la jerarquía. Era, en efecto, un medio de salvar en lo posible «la niña de sus ojos», en conocida expresión de Pío XI.
Tomando como referencia el modelo italiano, los Principios y bases de la reorganización de la Acción Católica de Reig, redactados por el padre Sisinio Nevares y aprobados en 1926, integraban todas las asociaciones católicas existentes a nivel nacional bajo una estructura jerárquica y con objetivos claramente recristianizadores. Se trataba de coordinar las múltiples y heterogéneas asociaciones católicas preexistentes, sobre todo en el mundo femenino y juvenil, en una organización estructurada desde el nivel parroquial al nacional pasando por el diocesano. De igual manera, era necesario preservar el carácter apolítico de la AC, de modo que las tareas fundamentales serían de carácter formativo y misionero (acción apostólica) bajo la estricta dirección de la jerarquía, así como afirmar la confesionalidad estricta de todas las obras y asociaciones, incluidos los sindicatos, que quedarían integrados dentro de la AC.
Se establecían así una Junta Central de Acción Católica, compuesta por una treintena de personas y que integrarían una Comisión Ejecutiva presidida por el Primado; una Junta Nacional de Acción Católica con consiliarios, presidentes, tesoreros y vocales representantes de organizaciones nacionales de las Juntas Centrales masculina y femenina; Juntas diocesanas y parroquiales; y un Secretariado Central que ejecutaba las decisiones y estaba formado exclusivamente por sacerdotes.
Ciertamente, esta primera AC otorgaba un protagonismo muy escaso al elemento seglar, que debía limitarse a seguir y ejecutar las directrices de los obispos, recibidas del clero, y se estructuraba en cuatro grandes ramas: Hombres, Mujeres, Juventud de AC masculina y Juventud de AC femenina.
El tono de estricta confesionalidad y el carácter recristianizador y triunfalista, cercano al integrismo, se lo imprimió el nuevo primado, el cardenal Pedro Segura, nombrado director pontificio de la AC en España el 7 de febrero de 1928, sucediendo así a Reig Casanova. Como ha demostrado en su tesis doctoral Santiago Martínez Sánchez19, Segura mostró una particular obsesión por elegir «personas idóneas» para la Junta Central, evitando la presencia de lo que consideraba «elementos sospechosos o díscolos», es decir, miembros del Grupo de la Democracia Cristiana liderado por Severino Aznar, si bien terminaría recurriendo a alguno de ellos por falta de personal. No menos desconfianza le inspiraba el padre Gafo para la organización de los sindicatos, no en vano Segura insistía en la confesionalidad estricta de todas las obras sociales y sindicales, siguiendo el modelo de Nevares, por lo que el objetivo de las mismas habría de ser prioritariamente recristianizador y, en segundo término, profesional.
En definitiva, el modelo de AC de Segura, sujeto en todo momento a las directrices jerárquicas, habría de «formar políticos católicos y definir los brazos de su actuación política», así como propiciar, en la medida de lo posible, la unidad actuación en el terreno social. De hecho, los primeros pasos de la especialización juvenil obrera –la JOC-, estudiada por Balenciaga, presentaba un claro tono triunfalista y recristianizador pese a inspirarse en el método belga de «Revisión de Vida»20.
Este tono triunfalista primó en la I Semana Nacional de Consiliarios celebrada en septiembre de 1929, en la que se enfatizó la confesionalidad estricta de las obras sociales, así como en el I Congreso Nacional de la AC, desarrollado en Madrid del 13 al 17 de noviembre de 1929, que arrojó, como principales conclusiones, la afirmación de que la vida española era sinónimo de vida católica, la pujanza creciente de la AC y la necesidad, en un futuro cercano, de restaurar la unidad católica del país, principal base y fundamento de la unidad nacional, remarcando, además, el secular maridaje entre Iglesia católica y Monarquía.
III. LA AC POSIBILISTA DURANTE LA II REPÚBLICA.
La consolidación del modelo de la Acción Católica de Pío XI se produjo en la coyuntura adversa de la II República21. Aunque pueda resultar paradójico, lo cierto es que en un contexto tan hostil para los intereses de la Iglesia católica como era el iniciado en España tras las elecciones del 12 de abril de 1931, logró organizarse un movimiento católico eficaz y unitario, fiel a las tesis pontificias y asentado en una doble plataforma: directamente política a través de Acción Popular-CEDA, y pre o parapolítica mediante la Acción Católica.
Y es que, como ha puesto en evidencia Feliciano Montero22, en este periodo de entreguerras dejan de ser intercambiables los términos «movimiento cató- lico» y «Acción Católica» y madura ese modelo de AC de Pío XI dedicado exclusivamente a la formación y a la acción apostólica o misionera, bajo la estricta dependencia de la jerarquía, diferenciándose así, netamente, de las asociaciones profesionales, sindicales y políticas. Podríamos decir que durante la Segunda República se afianza el carácter apolítico de la AC debido al contexto de auge del fascismo y se erige en «pieza fundamental del conjunto de la política vaticana en su intento de llegar a un pacto accidentalista y posibilista con la II República»23. Una actitud que, inevitablemente, le llevó a chocar con dos tendencias opuestas: el radicalismo laicista de los gobernantes y el radicalismo integrista de determinados sectores de la Iglesia.
1. RESPONDER A LOS DESAFÍOS DE UNA ETAPA HOSTIL.
En una etapa tan convulsa como la de la Europa de entreguerras, marcada por la crisis económica, la brutalización de la política, la entrada en escena de las masas, la crisis de la democracia parlamentaria, el avance de los modelos autoritarios y fascista y la influencia del comunismo, el Nuncio Federico Tedeschini juzgaba necesario un replanteamiento de la ACE por considerar que el modelo de Segura no había dado frutos y era manifiestamente mejorable. En efecto, en su informe de enero de 1929, Tedeschini aseguraba que la AC española era más bien una amalgama de organizaciones de diversa naturaleza entre las que solo la Juventud, impulsada por el propio Nuncio en los años 20, tenía claro el modelo de Pío XI: apolítico, de colaboración de los seglares en la tareas de pastoral evangelizadora de la jerarquía y de clara distinción de los planos político-sindical y de la AC.
Según Tedeschini, la AC de Segura confundía dichos planos e incidía, erró- neamente, en la confesionalidad explícita y exclusivista de las obras sociales. Frente a ello, el Nuncio se mostraba partidario del modelo sindical de Gafo y criticaba el celo integrista de El Siglo Futuro. Dos criterios guiarían por tanto la reorganización de la AC a partir de ese momento: eficacia y unidad. Para adaptarse a los nuevos tiempos y combatir el laicismo republicano preservando en lo posible la influencia y acción social de la Iglesia, se diseñó un modelo global de AC y de movimiento católico que pasaba, en primer lugar, por afirmar el carácter seglar de la organización, reconocer la autonomía diocesana bajo la dirección de cada prelado, consolidar la organización parroquial, diocesana y nacional de las cuatro ramas (adultos y jóvenes, masculina y femenina), y desconfesionalizar las obras sociales y económicas, que tendrían el carácter de adheridas a través del Secretariado Económico y Social de la AC.
Y aunque se remarcaba su carácter apolítico, tampoco se descuidaba el deber de potenciar la organización cívica y política de los ciudadanos católicos para defender los intereses de la Iglesia dentro del nuevo marco constitucional, que la había reducido al ámbito asociativo privado. Se trataba, en efecto, de impulsar un frente electoral por encima de diferencias dinásticas o accidentales menores, lo cual se revelaría crucial para el triunfo posterior de la CEDA.
Esto último contribuyó a consolidar la Acción Católica como «espacio prepolítico o suprapolítico, en el sentido de suprapartidista. Capaz por tanto de posibilitar, dentro de la organización, un cierto pluralismo partidario, vetando sólo que los dirigentes de la AC ocuparan cargos de responsabilidad en los partidos políticos, pero no el apoyo electoral ni la militancia»24. Desde este punto de vista, apoliticismo no equivalía a abstencionismo sino que hacía referencia a la formación de conciencia ciudadana para el compromiso político, mientras se preservaba el carácter apartidista en el sentido de no identificarse con una fuerza política concreta. De este modo se salvaba la unidad de los católicos y se incorporaba cierto pluralismo.
Siguiendo estos principios se promulgaron las Bases de Acción Católica de 1932, que desde el punto de vista orgánico establecían una Junta Central, presidida por el obispo delegado de los Metropolitanos, el cual estaría asesorado por una comisión ejecutiva formada por los obispos de Sevilla, Valladolid y Zaragoza, más 16 seglares, uno por cada provincia eclesiástica, y otros elegidos por cada arzobispo. En un primer momento, los Metropolitanos eligieron como presidente al administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, Manuel López Arana, que en marzo de 1932 cesó para ser relevado por el obispo de Oviedo, Juan Bautista Luis Pérez. Sin embargo, para implantar las Bases, la Conferencia de Metropolitanos, inspirada por Tedeschini, decidió nombrar presidente a Ángel Herrera Oria y aprobó, en noviembre de 1933, un nuevo Reglamento de la Junta Central.
Las Juntas Diocesanas y Parroquiales, por su parte, fueron fruto de una intensa labor de propaganda por parte de consiliarios y dirigentes a través de múltiples asambleas diocesanas y regionales, cursillos, reuniones y demás actividades de carácter proselitista. Claro que la fortaleza de esta «nueva» AC residía en la vitalidad de sus cuatro ramas. La de Mujeres, como señala Inmaculada Blasco, se consolidó y extendió mediante la centralización en una sola Confederación de Mujeres Católicas y la incorporación, en 1934, de la Unión de Damas del Sagrado Corazón, de modo que en 1931 ya contaba con cerca de 120.000 socias, mientras que las ramas juveniles, si bien también experimentaron un claro crecimiento, no lograron integrar a otras organizaciones como las Congregaciones Marianas, las Juventudes Antonianas y los Antiguos Alumnos Salesianos. Aun así, la Juventud Femenina pasó de 28.301 militantes en 1929-1931 a 71.960 en 1935-1936, y la Masculina, que en 1933 adoptó el nombre de JAC (Juventud Masculina de Acción Católica) pasó de apenas 12.000 en 1929-1931 a 30.460 en 1935 y 65.200 en 1936.
Más dificultades encontró la rama de Hombres de AC, que no se crearía hasta 1935 debido a las reticencias de la Asociación Católica de Padres de Familia, cuyos dirigentes sostenían que, al dedicarse a actividades similares, se verían obligados a reorientar su actuación y terminarían desapareciendo25; después de un periodo de cierta tensión, finalmente los Metropolitanos decidieron conservar las dos organizaciones apostólicas y mantener la estructura jurídica de la Confederación de Padres de Familia, de la que serían socios todos los miembros de la rama de Hombres que fueran cabezas de familia. Además, como ya adelantamos en líneas anteriores, también en este periodo comenzó a constituirse en algunas diócesis la JOC siguiendo el modelo belga, aunque dentro un clima de recelo. Se creía, en efecto, que una excesiva especialización obrera podría azuzar «el espíritu de clase» en detrimento de la tan ansiada armonía social.
Las asociaciones católicas de finalidad propiamente cultural, social, econó- mica y educativa figurarían en el organigrama como adheridas, no integradas por tanto en la AC, y se creaba un Secretariado Económico-Social para coordinar las obras económico-sociales, también adheridas, y para formar líderes obreros católicos en una escuela específica, denominada Instituto Social Obrero (ISO). La dirección de esta nueva Acción Católica quedaba en manos, fundamentalmente, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas liderada por Ángel Herrera, quien, como ya dijimos anteriormente, fue nombrado presidente a instancias de Tedeschini, que también nombró director eclesiástico al obispo de Oviedo, Juan Bautista Luis Pérez.
2. UNA INTENSA ACTIVIDAD FORMATIVA, ESPIRITUAL Y PROPAGANDÍSTICA.
La documentación de la Junta Central de la Acción Católica Española26 deja constancia de la intensa actividad desplegada en el periodo republicano en todos los ámbitos que le competían: formativo, pastoral, espiritual, propagandístico, social y parapolítico. Y esto último, como dijimos, siguiendo el accidentalismo que caracterizaba la actuación de las cabezas más visibles de la Iglesia católica española en ese momento, el nuncio Tedeschini, Ángel Herrera y el arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer.
Desde la Junta Central se incentivó la propagación y extensión de la organización a través de numerosas jornadas y Semanas de Acción Católica, y se optó por la autofinanciación a través de la Tarjeta de la AC, la elaboración de presupuestos y de un plan de financiación que abarcaba el número y la retribución del personal27. La obra predilecta fue la formación de dirigentes y sacerdotes especializados en la Acción Católica, determinantes para extender la organización. Para ello se llevaron a cabo actuaciones como la creación, en 1933 en Madrid, de la Casa del Consiliario, compuesta por cuatro profesores, diez alumnos y cuatro sacerdotes propagandistas que recorrían las diócesis propagando la importancia de la organización28; la realización de un curso sobre AC a un grupo reducido y selecto de diez curas, entre ellos Vicente Enrique Tarancón, quien en agosto de 1934 dirigió, junto a Emilio Bellón, un importante curso de verano sobre la AC en el Seminario de Corbán (Santander), al que asistieron 82 seminaristas; y la organización y realización de visitas a la Acción Católica belga, italiana y francesa en 1933 y 1934. A ello se sumó la puesta en marcha, en ese último año, de la Casa de Ejercicios del Sagrado Corazón en Ciudad Lineal (Arturo Soria), tras la expulsión de los jesuitas, con ayuda de la Junta diocesana de.
AC y del obispo. Encomendada su gestión a la Congregación «Milicia de Jesús», creada por el párroco de Marchante (Navarra), Pedro Legaria Armendáriz, siguiendo el método de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús, contaba con 30 habitaciones para los ejercitantes. En 1935, por ejemplo, realizaron en ella ejercicios espirituales varios miembros de la AC, sobre todo directivos, durante 6-8 días29.
Dentro de esta actividad de tipo formativo es preciso destacar el Curso de Estudios Corporativos y de Acción Católica celebrado entre el 24 de abril y el 7 de mayo de 1935 en la Universidad Católica de Milán, al que asistieron 14 miembros de la AC española, algunos de ellos sacerdotes, «deseosos de aclarar las ideas» sobre el corporativismo italiano. Una experiencia que, como señala Pedro Carlos González Cuevas, terminó desilusionando a los españoles, que tacharon el modelo de estatista30. Otros eventos formativos a escala parroquial y diocesana fueron los Círculos de Estudios, los cursillos intensivos, las semanas de formación, los cursos para directivos y otras iniciativas, imposibles de enumerar en estas páginas, a nivel general y por ramas de AC.
Copada en sus puestos de responsabilidad por miembros de la ACNdP, esta Acción Católica dio mucha importancia a la instrucción superior, pues la consideraba un instrumento decisivo para la formación de elites directoras. La documentación consultada informa, por ejemplo, del intento de crear, en 1933, los «Estudios Superiores Científicos» con hombres eminentes en materias como Fí- sica, Química, Matemáticas, Biología y Geología, entre otras31. A ello habría que sumar la propuesta de crear en Madrid una Biblioteca de Cultura Católica y, desde luego, los primeros pasos hacia la Universidad Católica sobre la base de un Centro de Estudios Universitarios (CEU). Según los propios dirigentes de la AC, en 1935 ya se encontraban en la primera fase del proyecto con la creación de dos secciones, una de Filosofía y otra de Ciencias del Estado. Tenían en mente dar el paso a las Facultades, por lo que habían convocado un concurso para proveer interinamente siete cátedras, tres de Filosofía y cuatro de Ciencias del Estado, con un sueldo de 12.000 pesetas cada una, cantidad mayor que el de entrada en las Universidades del Estado.
Por su parte, los cursos de verano de AC en Santander, iniciados en 1933, se consolidaron en 1935 al «cultivar lo más selecto de las juventudes universitarias y a los seminaristas». De dos meses de duración, agrupaban a un número aproximado de 700 alumnos en cuatro secciones: seminaristas, universitarios, maestros y señoritas. En ellos impartían docencia cerca de 70 profesores, algunos de ellos extranjeros, en secciones como Filosofía, Teología, Acción Católica, Liturgia, Economía, Sociología, Periodismo, Historia de España, Historia Eclesiástica, Moral Médica y Encíclicas32.
El Secretariado de Obras Económico-Sociales, dirigido por Alberto Martín Artajo, se configuraba como un instrumento de enlace entre la AC y los sindicatos y obras económicas y sociales. Aunque tanto los Metropolitanos como los Propagandistas tenían clara la necesidad de su creación, pues, como señalaba el propio Martín Artajo, las obras sociales de la Iglesia apenas tenían vida33, el reglamento no estuvo listo hasta octubre de 1934. En funcionamiento desde 1935, enseguida se adhirieron a él seis entidades nacionales (Liga Nacional de Campesinos, CONCA, CESO, Confederación Española de Obreras Católicas, Coalición Española de Trabajadores y Asociación Patronal Católica), cinco regionales y provinciales y 13 locales34, y se establecieron dos secciones: Propaganda obrera, dirigida por Quintín Pérez Liebana, cuyo objetivo era propulsar la obra sindical a través de diversos actos (en 1935 celebraron 170); y la Oficina de Servicio para las entidades adheridas, a las que se impartía orientación doctrinal en materia social, económica y jurídica.
El Secretariado se fue implantando progresivamente en las diferentes dió- cesis y en ese año de 1935 impulsó la Confederación Española de Sindicatos Obreros (CESO), central sindical católica que, siguiendo los postulados de Gafo y Arboleya, perseguía la unidad sindical católica dentro de la táctica posibilista, apostando por la aconfesionalidad y la profesionalización como alternativa sindical unitaria y antimarxista35. En noviembre de 1934 se incorporó al Secretariado de Obras Económico-Sociales el Instituto Social Obrero (ISO) para, a través de cursillos, formar «jefes sindicales y propagandistas obreros». Según la documentación de la propia AC, a los cursillos asistían anualmente 25 obreros jóvenes en régimen de internado36. El Secretariado también organizó Ejercicios Espirituales para obreros (a los de ese año, por ejemplo, asistieron 28 «jefes» y 200 trabajadores), y puso en marcha, también en 1935, el semanario Trabajo37, «órgano oficioso del movimiento obrero católico», con 25.000 ejemplares de tirada a 0,15 céntimos cada uno.
La Acción Católica del periodo republicano reactivó además aquellas Semanas Sociales que había impulsado el Grupo de la Democracia Cristiana en la segunda década del siglo XX, interrumpidas en 1912 en medio de una agria polémica sobre la supuesta influencia del Modernismo. Retomadas a cargo de Severino Aznar como obras auxiliares o adheridas, la primera se celebró en Madrid en 1933 y contó con la intervención de Vidal i Barraquer, que habló sobre la Acción Católica, y del dominico belga Rutten, que lo hizo sobre el sindicalismo católico. En la segunda Semana Social, celebrada en Zaragoza en 1934, se trató el problema agrario español y Ángel Herrera atacó al nacionalsocialismo por considerarlo anticlerical y totalitario.
A todo lo dicho hay que sumar la ingente cantidad de iniciativas piadosas impulsadas a escala diocesana por las diferentes ramas de la AC, como fueron las tandas de Ejercicios espirituales, las Comuniones generales, el Día de Cristo Rey, el Día del Papa, las Fiestas de Nuestra Señora y del Sagrado Corazón, los Retiros, las rogativas, las Cruzadas de Penitencia, la celebraciones eucarísticas, las Vigilias de Pentecostés, el Día del Sacrifico entre la Juventud de AC, etc.38
3. APOLITICISMO NO ES ABSTENCIONISMO. LA AC Y LA POLÍTICA.
Como apuntamos en líneas anteriores, la Acción Católica promovida por Tedeschini y Herrera pretendía influir en la vida política española a través de la formación de líderes y la creación de conciencia política en defensa de los intereses de la Iglesia. A falta de espacio para desarrollar este sugerente apartado, abocetaremos las actividades más relevantes.
Primeramente, AC llevó a cabo una importante labor de propaganda a base de eventos en los que se abordaba la necesidad de hacer frente a la política laicista del gobierno y se afirmaba el ideario nacional-católico. A ello obedecían las Semanas ‘Pro Ecclesia et Patria’, celebradas en todas las diócesis a partir de 1935, muy cuidadas por Herrera y de alto contenido intelectual, cuya pretensión de demostrar y reivindicar la fundamental aportación católica a la configuración de España «surgió a raíz de la persecución religiosa, para exaltar las grandes figuras de la Iglesia que a la vez son nacionales»39. De hecho, como colofón de las mismas se editaron seis libros sobre «glorias nacionales».
Muy activas en este terreno se mostraron las Mujeres de AC, que organizaron diversos actos diocesanos contra la legislación laicista en la enseñanza y en lo referente a la igualdad de sexos, arremetiendo contra el matrimonio civil y el divorcio (llegaron a recoger más de dos millones de firmas en 1931, enviar mensajes a las Cortes, protestar con los Padres de Familia contra la coeducación, la inmoralidad, el matrimonio civil, y el divorcio), defendiendo el sufragio femenino y solicitando el voto de las mujeres para combatir el laicismo en la enseñanza.
Junto a la difusión de todo tipo de campañas de moralización (de espectáculos públicos, cine, prensa, lugares de veraneo, etc.) que bajo el manto religioso esgrimían un claro contenido político, a las que se entregaron con especial denuedo las Mujeres y la Juventud Femenina de $\mathrm { \hat { A } C } ^ { 4 0 }$ , otras estrategias buscaban desactivar la ofensiva republicana contra la enseñanza religiosa aprovechando la legalidad vigente. En efecto, además de las campañas emprendidas contra la Ley de Congregaciones en las Semanas ‘Pro Ecclesia et Patria’ -aunque sin tono polémico según las instrucciones de Herrera-, las Asociaciones Católicas de Padres de Familia, sus Mutualidades, la SADEL y los Cruzados de la Enseñanza en Madrid lograron, en muchos casos, mantener en pie escuelas religiosas sirviéndose de personal seglar41.
Pero la mejor expresión de esa labor parapolítica de la AC la encontramos en el papel jugado por los Propagandistas en el impulso de Acción Popular.
CEDA, labor realizada sin confundirse con la Acción Católica pero sin ser incompatible con ella. Según Feliciano Montero, podría hablarse así de una división de funciones en el seno de la ACNdP: un Herrera dedicado prioritariamente a la Acción Católica y un Gil Robles entregado a la CEDA, un «partido moderno de masas [construido] sobre la base asociativa de la red de organizaciones cató- licas»42. Y es que había una estrecha relación entre la AC, sobre todo entre sus organizaciones juveniles y femeninas, y la configuración de este partido político, como han demostrado diversas investigaciones43. Por poner algunos ejemplos, si ya en plena polémica entre los Hombres de AC y los Padres de Familia se decía en algunas diócesis que los primeros eran afines a Acción Popular mientras que los segundos estaban ligados a la Comunión Tradicionalista44, en el caso de las Mujeres de AC, como ha demostrado Inmaculada Blasco, se alentó la creación de secciones femeninas en partidos de derecha aunque sin ejercer la doble militancia, mientras destacadas líderes de la organización, como María de Madariaga, Juana Salas o Mercedes Quintanilla, terminaban enrolándose en Acción Popular y otras, en menor medida, optaban por la Comunión Tradicionalista. De hecho, esta misma autora explica el descenso de militantes desde las 118.000 de 1929 hasta las 61.354 de 1935 por el trasvase al proyecto político de Acción Popular.
El caso de la Juventud Masculina, como ha puesto de manifiesto Chiaki Watanabe, fue aún más explícito45 a pesar de que la idea inicial era consolidar un frente único juvenil, con independencia de las preferencias políticas personales, para defender a la Iglesia de la campaña laicista y secularizadora. De hecho, aunque el Reglamento de 1934 prohibía a sus máximos responsables ser dirigentes, al mismo tiempo, de un partido político o de un sindicato con objeto de mantener a los jóvenes en una etapa formativa, pre-política, resistiendo a la tentación de encuadrarse en los partidos, la radicalización de la juventud en un ambiente fuertemente polarizado terminó por hacer inútiles las prevenciones apolíticas. Enseguida cundió la sensación de tener que reclutar, de manera urgente, a jóvenes para los partidos, convirtiéndose la JAC en una auténtica cantera de militantes cada vez más fascinados por la acción directa y dispuestos a seguir el ejemplo de líderes como José María Gil Robles, Joaquín Espinosa o José María Valiente.
IV. CONCLUSIONES.
Los primeros pasos del movimiento católico español, origen de la Acción Católica, deben enmarcarse en las guerras culturales entre catolicismo y liberalismo que se desarrollaron en los principales Estados-Nación europeos en la segunda mitad del siglo XIX. España no fue una excepción en este terreno, de modo que la reacción de los católicos al avance del proceso de secularización se sirvió de repertorios de movilización modernos y, por tanto, característicos, por paradójico que parezca, de las formaciones y sistemas políticos que se proponía combatir.
Iniciado con fuerza durante el Sexenio Revolucionario, es en la segunda fase de la Restauración canovista cuando el movimiento católico español cristaliza con un tono beligerante a través de iniciativas tendentes a conseguir la unidad de los católicos para, siguiendo las directrices vaticanas y de las jerarquías diocesanas, recatolizar España en todos los terrenos posibles.
La división en el seno del catolicismo español entre integristas y posibilistas explica la imposibilidad de avanzar hacia el partido católico, pero no así hacia la unidad de acción en el terreno social y propagandístico. Esbozada en las Normas del cardenal Aguirre de 1910, la Acción Católica española se conforma a partir de las Bases de 1926, promulgadas por el cardenal Reig Casanova siguiendo el modelo italiano de apostolado jerárquico, el cual venía marcado por las prevenciones defensivas respecto del fascismo. Al remarcar el carácter apolítico de la AC, las tareas fundamentales serían de carácter formativo y misionero (acción apostólica) bajo la estricta dependencia de la jerarquía, afirmándose además la estricta confesionalidad de todas las obras y asociaciones y erigiéndose en espacio prepolítico o suprapolítico capaz de aportar bases militantes y electorales a las formaciones que esgrimiesen como ideario la defensa de la religión.
El ambiente de abierta hostilidad hacia la Iglesia que caracterizó al primer bienio republicano alentó el paso de la AC triunfalista e intransigente del cardenal Segura al modelo posibilista liderado por Ángel Herrera, el Nuncio Federico Tedeschini y el cardenal de Tarragona Vidal i Barraquer, como demuestran las Bases de 1932. Afianzadas las ramas de Jóvenes y Mujeres y en plena actividad los Padres de Familia –embrión de los Hombres de Acción Católica-, en poco más de tres años la Acción Católica desenvolvió una actividad frenética de carácter formativo y propagandístico, consiguió preservar numerosos colegios religiosos empleando la legalidad vigente y aportó, sobre todo en las ramas juveniles y femenina, la base asociativa de un moderno partido de masas como fue Acción Popular-CEDA.
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