Las luchas de bandos nobiliarios como factor determinante del conflicto comunero en Plasencia (1520-1522)
Máximo DIAGO HERNANDO.
Instituto de Historia. CSIC. Madrid.
Recibido: 27 de junio, 2005
Aceptado: 20 de abril, 2006.
RESUMEN.
La revuelta de las Comunidades se desarrolló de forma diferente en las distintas ciudades que participaron en la rebelión. En el presente artículo se trata de poner de manifiesto las peculiaridades de dicho movimiento en la ciudad de Plasencia, que fue la que más apoyó la causa comunera en la región de Extremadura. Se demuestra, sin embargo, que el movimiento comunero en esta ciudad se redujo prácticamente a un recrudecimiento del conflicto que ya desde hacía tiempo venía enfrentando a los dos bandos en que se encontraba escindido el grupo oligárquico local, el de los Carvajales y el de los Zúñiga. Por ello se explica en primer lugar que dicho conflicto se prolongase varios meses después de la derrota del ejército comunero en Villalar, y que por contra la monarquía no impuso ningún castigo a los dirigentes locales que apoyaron la causa comunera.
Palabras claves: Castilla, Plasencia, Siglo XVI, Revuelta comunera, conflictos políticos.
ABSTRACT.
The revolt of the “Comunidades” evolved in a different way in each of the Castilian towns that took part in the rebellion. In this article the author gives account of the peculiarities of this political movement in Plasencia, the city of Extremadura that supported the cause of the Comunidades with more determination. Nevertheless, he proves that in this city the movement of the Comunidades meant almost nothing else but an aggravation of the conflict that for a long time had been opposing two noble factions, named Carvajales and Zúñigas, in which the local oligarchy was then divided. This fact contributes to understand the reason why the conflict in Plasencia continued for several months after the “comunero” army had been defeated in Villalar (April 1521), and that the monarchy didn´t impose any punishment on the local leaders that supported the cause of the Comunidades.
Keywords: Castile, Plasencia, Sixteenth century, Revolt of the “comunidades”, political conflicts.
I. INTRODUCCIÓN.
El conflicto de las Comunidades que tuvo por escenario la Corona de Castilla durante los años1520 y 1521 constituyó un proceso sumamente complejo, en el que confluyeron gran número de enfrentamientos de muy diferente naturaleza entre muy diversos grupos sociopolíticos, que se desarrollaron en diferentes niveles. En concreto abundaron los conflictos en los ámbitos locales, donde, lejos de poderse reducir al simple esquema del enfrentamiento entre rebeldes comuneros y realistas fieles a la monarquía, ofrecieron una amplia gama de modalidades, que todavía no nos resultan bien conocidas en todos sus detalles por falta de monografías de historia local que aborden en profundidad el análisis de la evolución de la vida política en las distintas ciudades, villas y lugares del reino durante estos dos años, y también en los inmediatamente anteriores y posteriores.
Una interesante modalidad de conflicto que se planteó entonces en muchos lugares del reino de Castilla, que poco tiene que ver con el enfrentamiento de corte clá- sico entre comuneros y realistas, está representada por las denominadas luchas de bandos nobiliarios, que habían alcanzado un extraordinario desarrollo en multitud de ciudades de la Corona de Castilla en el transcurso del siglo XV, alentadas en parte por la escisión de la alta nobleza en bandos que se disputaban el control de las instituciones de gobierno central del reino, y el dominio de sus distintas regiones. Ya en el siglo XIX Danvila llamó la atención sobre este hecho al sostener que
“En muchas poblaciones no representaban las Comunidades la lucha entre el pueblo y la nobleza, sino las enconadas pasiones de ésta, que se dividía y luchaba, y adoptaba fácilmente el nombre de Comunidad con tal de conservar el poder y sus ventajas”1.
No obstante este enfoque del conflicto comunero no ha gozado de gran estima entre los investigadores posteriores, sobre todo entre los del siglo XX, que, ante la disyuntiva de calificar a las Comunidades como movimiento reaccionario o revolucionario, han solido mostrar preferencia por la segunda opción, resistiéndose a admitir que tan sonado conflicto quedase reducido a una simple manifestación de la lucha por el poder en el seno del grupo que lo venía controlando desde hacía tiempo, la nobleza. Y, por supuesto, no les falta razón a los autores que se niegan a calificar al movimiento comunero, principalmente en sus manifestaciones en los ámbitos locales, como una simple lucha de bandos, pues está suficientemente demostrado que en muchas ciudades el protagonismo de los linajes de la nobleza urbana en la vida política durante los años 1520 y 1521 quedó pronto oscurecido ante el empuje de otros sectores sociales, clases medias y artesanos, que terminaron haciéndose con el control de los principales resortes del poder local.
Ello no obsta, sin embargo, para reconocer que en bastantes ciudades estos sectores sociales emergentes no llegaron a alcanzar fuerza suficiente como para desplazar a la nobleza urbana de su posición de dominio del escenario político local, de forma que en ellas los principales enfrentamientos de carácter político se continuaron planteando en el seno de este grupo, y respondieron al clásico modelo de la lucha de bandos. Por supuesto, no todas las ciudades en las que el grupo oligárquico noble estaba profundamente dividido en bandos, que se disputaban la consecución de la hegemonía en el ámbito político local, presentaban una estructura sociopolítica semejante, sino que el grado de desarrollo alcanzado por las clases medias variaba de forma apreciable de unas a otras, y confería importantes matices a la vida política de cada una de ellas. Así, por poner un ejemplo paradigmático, tenemos que Toledo, ciudad con bandos nobiliarios muy arraigados y que continuaban plenamente activos en las primeras décadas del siglo $\mathrm { X V I } ^ { 2 }$ , contaba al mismo tiempo con un dinámico grupo de mercaderes y hombres de negocios, además de con una numerosa población de artesanos. Y esta circunstancia resultó determinante para que los acontecimientos de la vida política toledana a partir de comienzos del año 1520 evolucionasen por unos derroteros completamente diferentes de los de la clá- sica lucha de bandos3.
No ocurrió así en otras muchas ciudades, en las que durante los años $1 5 2 0 \ \mathrm { y }$ 1521 las tensiones banderizas en el seno del grupo oligárquico noble mantuvieron extraordinario vigor, y resultaron determinantes para la evolución de los acontecimientos políticos en el escenario local. Pero de nuevo a este respecto se pueden constatar importantes diferencias de matiz, o de grado, entre unas localidades y otras, que sólo nos resultará posible conocer con un cierto detalle mediante trabajos monográficos centrados en el estudio de casos concretos, que posibiliten avanzar en las tareas de recopilación y análisis de la documentación disponible. Y esto es lo que nos hemos propuesto hacer en el presente trabajo, para el que hemos seleccionado un caso paradigmático de ciudad en la que el desarrollo del conflicto comunero estuvo plenamente determinado por la existencia previa de una profunda división del grupo oligárquico en dos bandos que se venían disputando encarnizadamente desde hacía décadas la consecución de la hegemonía política en el ámbito local. Nos referimos a Plasencia, que fue el principal núcleo urbano de Extremadura que se alineó con las ciudades rebeldes representadas en la Junta de Tordesillas.
Joseph Pérez, que ha sido uno de los pocos autores que ha prestado atención al estudio de los acontecimientos que tuvieron lugar en esta ciudad extremeña en los años 1520 y 1521, ya reconoció que éstos no se adecuaban al modelo por él definido para caracterizar la revuelta comunera, sino que respondían en gran medida a unas motivaciones distintas a las que animaron a los protagonistas de la revuelta en las grandes ciudades de la meseta, como eran, por ejemplo, Toledo, Segovia o Salamanca4. No obstante entendemos que este autor exagera el carácter excepcional del caso de Plasencia, pues lo cierto es que en otras muchas ciudades tuvieron lugar en los años 1520 y 1521 enfrentamientos banderizos entre familias de la nobleza urbana que guardan bastantes similitudes con los que tuvieron por escenario esta capital extremeña. Y, por otra parte, la reconstrucción de los hechos que nos ofrece este autor es bastante incompleta, sobre todo porque no da cuenta de cómo evolucionó el conflicto a lo largo del año 1521, dejando así sin poner de manifiesto que éste experimentó incluso un recrudecimiento en los meses siguientes a la derrota comunera de Villalar.
Teniendo en cuenta, por tanto, que el análisis de los acontecimientos políticos que se sucedieron en la ciudad de Plasencia en el transcurso de los años 1520 y 1521 ofrece un indiscutible interés para profundizar en la percepción del carácter complejo y diversificado que tuvo la revuelta comunera en el ámbito local, y permite matizar algunos de los puntos de vista expresados por los investigadores acerca del carácter global de este proceso histórico, hemos considerado oportuno dedicarle este trabajo monográfico, basado en la utilización de documentos inéditos procedentes del Archivo General de Simancas, en su mayoría del Registro General del Sello, complementados con los ya dados a conocer en su momento por Danvila y Joseph Pérez.
II. LOS PRECEDENTES: ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA POLÍTICA EN PLASENCIA DURANTE LAS DOS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XVI.
Plasencia era a principios del siglo XVI una ciudad de realengo que, no obstante, mantenía muy vivo el recuerdo de haber estado sometida no hacía mucho tiempo al régimen señorial, pues había permanecido bajo el dominio del linaje Estúñiga desde 1442 hasta $1 4 8 8 ^ { 5 }$ . Y, en efecto, todavía entonces continuaba planeando sobre la ciudad la sombra del duque de Béjar, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que algunas familias de la oligarquía seguían manteniendo vínculos con él. De ahí que, en el transcurso de la revuelta comunera, llegase a tomar cuerpo en algunos sectores de la población el temor a que el duque marchase sobre Plasencia y se apoderase de ella, con la excusa de devolverla a la obediencia regia6.
El gobierno de la ciudad estaba a cargo en estos primeros años del siglo XVI de una asamblea concejil presidida por un oficial nombrado por la monarquía, el corregidor, en la cual el grupo más influyente estaba constituido por los regidores vitalicios. Estos oficiales, que recibían su nombramiento del rey, presentaban un perfil fuertemente nobiliario. Y, aunque no se dispone todavía de trabajos monográficos dedicados a la identificación de las principales familias en las que se reclutaron, por indicios cabe presumir que se trató en su mayoría de familias propietarias de tierras para el cultivo del cereal y de dehesas para pasto de ganado ovino, que obtenían la mayor parte de sus ingresos de las cuantiosas rentas que les proporcionaban estas propiedades, complementadas en el caso de varias de ellas por sueldos y mercedes de la monarquía, con la que mantenían una estrecha relación de servicio. Algunos regidores de Plasencia destacan, en efecto, por haber desarrollado una exitosa carrera en el ámbito cortesano, que, además de garantizarles una influencia política creciente, les aseguró unos considerables ingresos. El ejemplo más célebre nos lo proporciona el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, quien fue designado regidor de Plasencia en 1511, para cubrir la vacante producida por muerte de Bernardo de Qui$\mathrm { r } \mathrm { \acute { o } s } ^ { 7 }$ . No obstante, su caso puede considerarse a todos los efectos como excepcional, puesto que, aunque formaba parte de una familia profundamente arraigada en Plasencia, él desarrolló la mayor parte de su carrera fuera de su ciudad natal, en el ámbito cortesano, y llegó a tener también importantes intereses en otras ciudades realengas del entorno como, por ejemplo, Trujillo, donde poseía casas8, y Salamanca, donde también fue nombrado regidor, aunque por breve espacio de tiempo, puesto que en seguida renunció al oficio en favor de su hijo, Diego González de Carvajal9. Sin llegar a alcanzar las cotas de éxito de este personaje, otros regidores de Plasencia también compatibilizaron su tarea como gobernantes de esta ciudad con el desempeño de tareas de carácter político o militar al servicio de la monarquía, aunque es poco lo que sabemos de momento sobre su identidad por la ya referida falta de estudios monográficos.
No podemos entrar aquí a tratar de cubrir este vacío epistemológico, porque son otras los cuestiones que nos interesa clarificar, pero por el momento nos podemos quedar con la idea de que los individuos que accedieron al regimiento de la ciudad de Plasencia fueron en su mayoría miembros de familias hidalgas que vivían de las rentas de la tierra, y tenían por principal dedicación profesional el ejercicio de las armas, complementado en el caso de los más afortunados por el desempeño de tareas políticas al servicio de la monarquía.
Estrechamente emparentados con estos regidores hidalgos estaban muchos de los clérigos de rango medio que ocupaban las dignidades y canonjías de la catedral de esta ciudad extremeña. Plasencia era, en efecto, cabecera de un pequeño obispado, donde tenía fijada su sede un cabildo catedralicio, y las mismas familias que acumulaban regidurías en el principal órgano de gobierno laico de la ciudad consiguieron también reservarse las posiciones de mayor influencia en el seno de dicho cabildo de clérigos. De nuevo nos hemos de referir como ejemplo demostrativo, a pesar de su carácter sin duda excepcional, a la familia de los Carvajales, que no sólo tuvo una fuerte presencia en el regimiento de Plasencia sino que también disfrutó de una envidiable posición en el seno del cabildo de la catedral, que no sólo se explica en función de su preeminencia en el seno de la sociedad política local, sino también como consecuencia de la influencia que algunos de sus miembros llegaron a ejercer en la Corte romana durante el siglo XV. En efecto, la familia de los Carvajales proporcionó entonces a la Curia nada menos que dos cardenales, que llegaron a convertirse también en obispos de su ciudad natal, Plasencia, sobre la que ejercieron una intensa influencia, a pesar de no residir en ella, dado que ambos tuvieron fijada su morada en Roma. Nos referimos al cardenal Juan de Carvajal, que fue obispo de Plasencia desde el año 1446 hasta su muerte en 1469, período durante el que permaneció residiendo en la Corte romana, y a su sobrino Bernardino López de Carvajal, cardenal de Santa Cruz, hijo de su hermano Francisco de Carvajal10. Este último individuo, que acumuló multitud de beneficios en las iglesias castellanas y fue nombrado obispo de Sigüenza en 1495, tuvo una azarosa trayectoria en la intrigante Corte romana, donde pasó su vida, y es célebre porque en el año 1512 convocó y presidió un concilio cismático en Pisa, con el apoyo del rey de Francia, en contra del legítimo Papa Julio II, entonces alineado con el rey Fernando el Católico. A raíz de haber tomado tan grave decisión fue excomulgado y despojado de todos sus beneficios, incluido el obispado de Sigüenza11, pero después logró ser perdonado, y, aunque con gran esfuerzo, fue poco a poco recuperando los beneficios que había acumulado en las iglesias del reino de Castilla. No pudo, sin embargo, volver a tomar posesión del obispado de Sigüenza, pero en compensación logró que se le designase para ocupar la sede de Plasencia en enero de1521, tras la muerte de Gómez de Toledo. Y como obispo de la ciudad que era la patria de sus antepasados terminó sus días en diciembre de 1523.
Teniendo en cuenta estos antecedentes nada nos debe extrañar que en las relaciones de dignidades y canónigos del cabildo de la catedral de Plasencia de la segunda mitad del siglo XV y de las primeras décadas del siglo XVI nos encontremos con numerosos individuos que llevan el apellido Carvajal. Por supuesto no en todos los casos podemos determinar con seguridad el grado de parentesco que les unía con estos dos cardenales y con los diversos miembros del regimiento que llevaban este mismo apellido. Pero en bastantes casos sí que disponemos de referencias concretas que demuestran la existencia de estrechos vínculos de sangre entre unos y otros, hasta el punto que no resulta arriesgado afirmar que todos ellos, clérigos y laicos, formaban un bloque compacto que perseguía unos objetivos comunes.
Entre los miembros de la familia Carvajal que ocuparon puestos dirigentes en el cabildo de Plasencia en este período hemos de destacar a Bernardino de Carvajal que fue arcediano de Plasencia y Béjar, y arcipreste de Trujillo durante los años de la revuelta comunera, al cual por consiguiente deberemos hacer referencia continuada en el presente trabajo, por cuanto tuvo un destacado protagonismo en los sucesos ocurridos entonces en esta capital extremeña. Llama la atención advertir, no obstante, que a él le precedieron en la dignidad del arcedianato de Plasencia y Béjar otros miembros de la familia Carvajal, como Garcí López de Carvajal, que lo era en $1 5 1 2 ^ { 1 2 }$ , o Rodrigo de Carvajal, hermano del doctor Garcí López de Carvajal, que ocupaba esta dignidad en $1 4 \dot { 4 } 6 ^ { 1 3 }$ . Otro miembro notorio de la familia que ocupó una posición preeminente en esta época en el cabildo de Plasencia fue Diego González de Carvajal, arcediano de Coria y arcipreste de Trujillo, padre del ya mencionado doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, uno de los cortesanos más influyentes durante la regencia de Fernando el Católico y los primeros años de gobierno de Carlos $\mathrm { I } ^ { 1 4 }$ . Y a su nombre se pueden añadir los de otros individuos sobre los que disponemos de menos informaciones para determinar su identidad, como es el caso de Francisco de Carvajal, arcediano de Medellín en 1512, y Francisco Luis de Carvajal, que es identificado como canónigo de la catedral en ese mismo año15.
Los Carvajales gracias a su presencia simultánea y masiva en el regimiento de Plasencia y en el cabildo de la catedral, y a la destacada posición que algunos de sus miembros llegaron a ocupar tanto en la Corte de la monarquía castellana como en la Curia romana, no cabe duda que a principios del siglo XVI estaban en condiciones de ejercer una influencia determinante en la escena política local de esta ciudad realenga extremeña. Pero no lograron imponerse como instancia hegemónica reconocida sin discusión por el conjunto de la sociedad política local, sino que otras familias les disputaron enconadamente dicha hegemonía, dando lugar así a que se consolidase una profunda fractura en el seno del grupo dominante, que quedó escindido en dos bandos irreconciliables, que protagonizaron continuos altercados con resultados más o menos sangrientos según la circunstancias.
La familia que dio nombre al bando opuesto a los Carvajales, y que les disputó la hegemonía en la ciudad de Plasencia, fue la de los Zúñiga, que al parecer tenía cierta afinidad con los duques de Béjar, con los que es probable que les uniese algún parentesco lejano, o por vía bastarda, dada la coincidencia en el apellido. Principal representante de esta familia a principios del siglo XVI era el regidor Fadrique de Zúñiga, señor de Mirabel, quien tuvo un destacado protagonismo en los sucesos de los años 1520 y 1521, como comprobaremos más adelante. Y a su nombre cabe añadir también el de su hermano Juan de Zúñiga, alguacil mayor de Plasencia, quien renunció precisamente en él este oficio a comienzos del año $1 5 2 2 ^ { 1 6 }$ . Pero, además de Zúñigas, hubo en este bando otros muchos individuos que por sus apellidos presumimos que debían pertenecer a otras familias, aunque a falta de estudios prosopográficos detallados tampoco cabe afirmarlo con absoluta seguridad. Y, del mismo modo, también en el bando de los Carvajales hubo individuos que no llevaban este apellido y procedían de otras familias, pues no se trató en ninguno de los dos casos de bandoslinaje propiamente dichos, a los que se perteneciese por razón de la sangre, sino que tuvieron más bien el carácter de agrupaciones de familias unidas por intereses comunes y por su oposición frontal a las familias del bando enemigo, en las que unos pocos individuos, tanto clérigos como laicos, ocupaban posiciones dominantes, mientras que el resto se limitaban a prestarles apoyo.
En el bando de los Zúñiga hubo, en efecto, al igual que en el de los Carvajales, clérigos que accedieron a algunas de las principales dignidades del cabildo de la catedral de Plasencia, los cuales mantuvieron estrechas relaciones políticas con sus parientes laicos, implicándose de lleno en los conflictos banderizos que desestabilizaron a esta capital extremeña durante gran parte de la segunda mitad del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. En concreto hay que destacar a dos individuos que ocuparon la dignidad de deán de la catedral, Diego de Jerez y su hijo Gómez de Jerez. El primero era un personaje que había prosperado a la sombra de los Estúñiga, señores de Plasencia, que, según Cooper, habían sido los que le habían proporcionado el deanato en $1 4 8 2 ^ { 1 7 }$ . Las noticias de que disponemos sobre su hostilidad con los miembros del bando de los Carvajales son abundantes, y desde esta perspectiva resulta particularmente ilustrativo un memorial presentado ante el Consejo Real por el regidor García López de Carvajal poco después de la muerte de la reina Isabel la Católica, en el que daba numerosas pruebas de su enemistad con este deán, a quien calificaba como individuo “bullicioso y escandaloso” y hacía responsable de todos los “escándalos” que tenían lugar en Plasenci a18.
De ser ciertas las acusaciones presentadas contra este deán en el referido memorial, se trataría de un personaje que, pese a su condición clerical, mostraba una fuerte inclinación hacia los comportamientos violentos, pues, aunque no se le llegaba a acusar directamente de haber perpetrado homicidios, sí se le denunciaba por ofrecer regularmente protección a miembros de su clientela que los habían perpetrado, para evitar que fuesen castigados. Y, lo que era aún más grave, también se le culpabilizaba de llevar la violencia hasta los mismos recintos sacros, cometiendo sacrilegio, por haber llegado a meter en la catedral más de cuarenta hombres armados, entre los cuales había algunos moros.
A este beligerante y violento deán, que tan pocas simpatías despertaba entre los Carvajales de Plasencia, tras su muerte le sucedió en esta dignidad de la catedral su propio hijo, Gómez de Jerez, también caracterizado como individuo propenso a participar de forma violenta en la vida política local. Así nos lo confirma, por ejemplo, lo ocurrido en el año 1518 cuando él, pese a su condición de clérigo, se puso al frente de un grupo de personas en el que había también varios regidores, y todos juntos arrebataron por la fuerza al alguacil de la Inquisición, Diego Gómez de Ayala, a un individuo a quien éste llevaba preso por razón de un grave delito que había cometido, poniéndolo a continuación a salvo en una ermita. Y no fue aquélla la única ocasión en que actuó de tan irregular manera en aquel año, pues también se le acusó de haber proporcionado más adelante asilo en su propia casa a un individuo que había acuchillado al alguacil del corregidor, dejándolo manco19.
Estos antecedentes conviene tenerlos muy en cuenta para comprender mejor las actuaciones de este deán durante los años 1520 y 1521, cuando, como veremos, destacó por su intensa participación en los acontecimientos de la vida política de Plasencia, alineado con los regidores y demás caballeros del bando de los Zúñiga, encabezado por Fadrique de Zúñiga, con quien compartió de hecho el liderazgo del referido bando.
Por el momento, y antes de pasar a analizar estos acontecimientos, recapitulando cuanto llevamos dicho, conviene destacar que la vida política de Plasencia durante las dos primeras décadas del siglo XVI estuvo marcada por la profunda división del grupo oligárquico local en dos bandos irreconciliables, el de los Carvajales y el de los Zúñiga, en los que militaban tanto clérigos como laicos, todos ellos imbuidos de una misma mentalidad de fuerte impronta nobiliaria, y propiciadora de comportamientos muy violentos de gran potencial desestabilizador. Lo que ocurrió a partir de la primavera de 1520 estuvo en gran medida determinado por esta situación previa, aunque la evolución de los acontecimientos en el conjunto de la Corona de Castilla a raíz del desencadenamiento de la rebelión contra la monarquía encabezada por la ciudad de Toledo, a la que pronto se sumaron otras muchas ciudades realengas y de señorío, contribuyó también decisivamente a conferir una mayor intensidad a los enfrentamientos que entonces se produjeron en Plasencia. Pero, en cualquier caso, como trataremos de demostrar a continuación, éstos en absoluto pueden ser interpretados como simples choques entre comuneros y realistas, a pesar de que sus protagonistas con frecuencia apelasen a estas categorías para justificar sus acciones.
III. LA ADHESIÓN DE PLASENCIA A LA REVUELTA COMUNERA.
El acontecimiento principal que marcó la incorporación de Plasencia al bando de las ciudades rebeldes contra la monarquía representada en la persona de Carlos I fue la destitución del corregidor, que tuvo lugar poco después de haberse producido el desafortunado episodio del incendio de Medina del Campo, a raíz de la intervención de Antonio de Fonseca para apoderarse de la artillería allí custodiada. En efecto, según nos informa un documento del Registro General del Sello, poco después de haber llegado a Plasencia como nuevo corregidor un caballero llamado Gil Rengifo, cuando éste todavía se encontraba tomando residencia a su antecesor, el licenciado Diego Sanz de Aguilera, la ciudad “se alzó por la Comunidad”, procediendo inmediatamente a despojarle de las varas de la justicia20.
Otras fuentes precisan que los incidentes se desataron en la noche del 27 de agosto, nada más llegar la noticia del incendio de Medina del Campo, cuando, tras haber estado manifestándose por las calles varios grupos de hombres, un joven de unos 25 años llamado Pedro Fernández de Paniagua fue elegido por aclamación popular como procurador. Éste habría acudido a casa del corregidor Gil Rengifo para conminarle a que se adhiriese a la Comunidad, si bien, por haberse negado a hacerlo, fue suspendido de su oficio y las varas de la justicia pasaron a quedar en poder de la Comunidad. Pero, muy poco después, este caballero reconsideró su postura y decidió entrar en negociaciones con la Comunidad, que dieron como resultado un insólito acuerdo, en virtud del cual volvió a recuperar las varas, y con ellas la capacidad de impartir justicia en la villa y Tierra, si bien con la condición de hacerlo en adelante en nombre de la Comunidad21.
Fue un acuerdo ciertamente extraño, que demuestra por un lado el limitado grado de lealtad profesado por este caballero a la persona del joven rey, y, por otro, la falta de empuje revolucionario de los insurgentes de Plasencia, que, lejos de proceder a una renovación radical del grupo gobernante, aceptaron continuar acatando la autoridad de la misma persona que les había sido impuesta por la monarquía contra la que se rebelaban. En cualquier caso la decisión de Gil Rengifo de transigir con los insurrectos, a fin de poder continuar manteniendo las riendas del poder en sus manos, no tuvo efectos duraderos, pues sabemos que no continuó mucho tiempo en el ejercicio de su oficio, y pronto fue sustituido por Diego de Anaya, individuo enviado a Plasencia por la Junta de Tordesillas para que le sustituyese.
Antes de pasar a dar cuenta, no obstante, del envío de este nuevo corregidor a Plasencia por la máxima autoridad comunera, conviene que nos detengamos en analizar las circunstancias que propiciaron que esta ciudad entrase en contacto con la Santa Junta, y terminase acatando su autoridad. Un factor determinante radicó sin duda en la circunstancia de que el tenente de la fortaleza de la ciudad era en aquellos momentos el contador Antonio de Fonseca, quien había conseguido granjearse la animadversión del grueso de la población del reino de Castilla por su desafortunada actuación en Medina del Campo, que había dado lugar al incendio de gran parte del casco urbano. Al parecer, poco después de este lamentable episodio, corrió el rumor de que Antonio de Fonseca tenía intención de refugiarse en la fortaleza de Plasencia, aprovechando que era tenente de la misma en nombre del rey. Pero, dado que entre tanto había tenido lugar en esta ciudad el levantamiento comunero al que hemos hecho referencia, que había aupado al poder a Pedro Fernández de Paniagua, las autoridades locales no se mostraron en absoluto predispuestas a acoger a tan significado realista, pues si lo hacían corrían el peligro de arrastrar a la ciudad al enfrentamiento con otras importantes ciudades castellanas de su entorno que habían optado abiertamente por la rebelión, como era el caso de Salamanca. Probablemente por este motivo, entendiendo quizás que en aquellos momentos resultaba más conveniente no indisponerse con las vecinas ciudades comuneras, los dirigentes de Plasencia optaron por entrar en contacto directo con la Junta, que entonces se encontraba todavía reunida en Ávila, para que les proporcionase refuerzos militares con los que poder hacer frente a un posible intento de Antonio de Fonseca de apoderarse de la fortaleza de la que el rey le había nombrado tenente. Y con este ruego enviaron una carta a dicha asamblea, fechada el 1 de septiembre de 1520, en que comunicaban su firme propósito de no tolerar la entrada en la ciudad del responsable del incendio de Medina22.
En esta carta las autoridades de Plasencia justificaron su decisión de tratar de impedir que Antonio de Fonseca se apoderase de la fortaleza haciendo constar que la noticia de la quema de Medina había puesto mucha “lástima” en sus corazones, y que consideraban perjudicial para sus “honras y personas” que el responsable de este lamentable suceso pudiese refugiarse en la fortaleza de la ciudad. Y por esto declararon, en tono melodramático, que estaban dispuestos a morir antes que tolerarle su entrada.
En un memorial que la ciudad dirigió a la monarquía varias semanas después de haberse consumado la derrota comunera en los campos de Villalar se ofreció, sin embargo, una versión bastante diferente para justificar esta decisión. Entonces se insistió, en efecto, en apelar al argumento de que se actuó ante todo por temor a represalias de otras ciudades comuneras, pues existían sobrados motivos para temer que, si Antonio de Fonseca entraba en Plasencia, las ciudades y pueblos que estaban en Comunidad le perseguirían y, por dañarle, destruirían la ciudad. Y actuaron, por tanto, desde el convencimiento de que, si no le estorbaban la entrada, “según el odio que las comunidades a la sazón con él tenían, abrasarían la ciudad y Tierra”23.
Fuesen cuales fuesen los verdaderos motivos que movieron a las autoridades de Plasencia a resistir la entrada de Antonio de Fonseca, lo cierto es que a raíz de esta decisión se desencadenó un enconado conflicto por el control de la fortaleza de la que éste era tenente, que puso de manifiesto las profundas fisuras existentes en el seno de la comunidad política de esta ciudad extremeña. En efecto, una vez solicitado el socorro de la Santa Junta, reunida en Ávila, la ciudad de Plasencia tuvo a partir de entonces que someterse a las directrices que se le marcaban desde esta instancia. Y, teniendo en cuenta que, en prácticamente todas las ciudades en que triunfó la Comunidad, uno de los primeros objetivos que se fijaron los rebeldes consistió en hacerse con el control de la fortaleza realenga, principal punto de apoyo de la autoridad monárquica en las ciudades de señorío regio, nada tiene de extraño que la Junta ordenase a los miembros de la Comunidad de Plasencia que tomasen bajo su control dicha fortaleza, expulsando al alcaide que había designado el tenente Antonio de Fonseca. Pues, además, ésta era la lógica consecuencia de la postura adoptada por la ciudad de impedir a éste la entrada en la fortaleza.
El alcaide Francisco Flores, probablemente consciente de la debilidad de su posición, evitó adoptar una postura de abierta beligerancia hacia las autoridades de Plasencia, de modo que el 17 de septiembre de 1520 ambas partes firmaron un acuerdo por el que se comprometían a obedecer lo que respecto al futuro de la fortaleza dispusiesen la reina Juana y la Santa Junta, recientemente trasladada de Ávila a Tordesillas24.
Fue por el contrario en el seno de la propia comunidad política de Plasencia donde surgieron los problemas, al plantearse una encarnizada disputa entre dos sectores de la misma por conseguir el control de la fortaleza. Así, pocos días después de haberse firmado el acuerdo con el alcaide Francisco Flores, y tras haber llegado a Plasencia una provisión que ordenaba entregar la fortaleza a la Comunidad, se desencadenó un grave alboroto como consecuencia de las desavenencias surgidas entre la población a la hora de decidir si la tenencia de la misma se había de encomendar a Pedro Hernández Paniagua, elegido en agosto por aclamación popular como procurador de la Comunidad, o a Luis de Trejo, diputado de la misma.
Por este motivo, para evitar una expansión descontrolada de la violencia, el día 24 de septiembre el licenciado Calderón y el bachiller Pedro de Zárate, tenientes de corregidor por el comendador Gil Rengifo, prohibieron bajo severas penas a todos los caballeros y ciudadanos, tanto eclesiásticos como seglares, que se armasen o reuniesen gentes. Cuando estos oficiales de la justicia pusieron manos a la obra para asegurar el cumplimiento de esta normativa, se comenzaron a plantear, no obstante, graves dificultades para garantizar un efectivo desarme, por lo cual decidieron recabar el apoyo de los regidores, procediendo a convocar una asamblea extraordinaria de regimiento. A esta decisión se opuso entonces el procurador de la Comunidad, Pedro Hernández Paniagua, quien, al frente de un numeroso grupo de vecinos, impidió que se celebrase tal asamblea de regidores, de modo que los tenientes de corregidor se quedaron solos en la casa de consistorio, sin ningún otro oficial que les acompañase. A pesar de ello insistieron en su propósito de obligar a todos los vecinos a desarmarse, chocando de nuevo con la resistencia activa de Pedro Hernández Paniagua, quien llegó a prohibir al escribano Juan de Tovar que diese testimonio de las órdenes emanadas de los oficiales de la justicia, para evitar que fuesen pregonadas, menospreciándolas como “bachillerias”, es decir, como cosas de letrados. Y, en efecto, sus prohibiciones no fueron observadas, pues pronto salieron a la plaza pública y a las calles de la ciudad muchos vecinos armados de arneses, coseletes, picas y otras armas, los cuales se pusieron a pelear unos contra otros. Fue necesario que varios clérigos revestidos, acompañados por frailes, sacasen en procesión el Santo Sacramento y la cruz de la iglesia mayor para apaciguar la situación, y, aprovechando esta mediación del clero, los dos tenientes de corregidor se interpusieron con sus varas de justicia entre los que combatían en las calles, decretando que todos ellos guardasen paz y tregua durante el período de un año25.
Tras estos graves actos de desacato a la autoridad de los oficiales de la justicia que como lugartenientes representaban al corregidor Gil Rengifo, ausente de Plasencia por razones que desconocemos, resulta comprensible que éste terminase siendo sustituido en su puesto. El hecho debió ocurrir en los últimos días del mes de septiembre o en los primeros del mes de octubre de 1520, al tomar posesión el nuevo titular del oficio designado por la Junta comunera de Tordesillas, Diego de Anaya. Éste, en efecto, ya figuraba como corregidor de Plasencia cuando el 10 de octubre se le dirigió desde Tordesillas una provisión por las autoridades de la Junta, encargándole que tomase información sobre los desórdenes que se habían producido en esa ciudad en las semanas previas, a raíz de la elección y nombramiento del procurador de la Comunidad y de la persona que debía hacerse cargo de la fortale$\dot { z } \mathrm { a } ^ { 2 6 }$ . Su llegada no debió, sin embargo, ser aplaudida por todos los sectores de la sociedad política local, y buena prueba de ello nos la proporciona el que, al poco de producirse, los diputados de la Comunidad dispusieron que se le asignase una guarda personal constituida por veinticinco hombres armados, a los que se les pagaría su sueldo con cargo al producto de las rentas de la monarquía en la ciudad27.
La llegada de Diego de Anaya como corregidor a Plasencia representó la culminación del proceso de ruptura de esta ciudad con las instituciones de gobierno central de la monarquía, pero los cambios en las instituciones de gobierno local que en la mayoría de las ciudades castellanas trajo consigo el estallido de la revuelta comunera28 ya se habían iniciado allí con bastante anterioridad, en concreto a finales de agosto, según ya hemos adelantado. Pero conviene ahora que nos centremos en dar cuenta con mayor detalle de cuáles fueron estos cambios.
Cambios en el régimen de gobierno de Plasencia durante el año 1520.
El principal cambio institucional que tuvo lugar en Plasencia en el transcurso del año 1520 como consecuencia del triunfo de la revuelta comunera radicó en la creación del oficio de procurador de la Comunidad, que conllevó la entrada en escena de un importante contrapoder, opuesto al tradicional de los regidores.
No obstante este nuevo oficial hizo su aparición en el escenario político-institucional de Plasencia de una forma un tanto irregular, por razón del propio procedimiento que se siguió para su designación. En efecto, ya hemos visto cómo el primer individuo que desempeñó el oficio, Pedro Hernández Paniagua, fue designado por simple aclamación popular, a raíz de conocerse en Plasencia la noticia del incendio de Medina del Campo, a finales de agosto de 1520. Teniendo en cuenta este hecho no podemos sino concluir que debía tratarse de un oficio con un perfil institucional extremadamente mal definido, más bien creado ad hoc, para dotar de un instrumento de acción política a un individuo que, según se terminó demostrando, representaba, por encima de todo, los intereses de un partido o bando.
Un nuevo paso en la reforma de los órganos de gobierno local se dio al día siguiente de la proclamación de Pedro Hernández Paniagua como procurador, cuando éste, siguiendo el ejemplo de lo que se había hecho en otras ciudades comuneras con anterioridad, dispuso que se reuniesen las cuadrillas y en cada una de ellas se designasen diputados para que asumiesen el desempeño de las principales tareas de gobierno de la ciudad, en sustitución de los regidores. Así se hizo, y estos nuevos diputados se apresuraron a hacerse cargo de la gestión de los asuntos públicos, poniéndose en contacto con la Junta de Ávila y enviando un emisario a la vecina ciudad de Salamanca, para que se informase acerca de cómo funcionaba allí la Comunidad local, a fin de poder aplicar después el modelo a Plasencia29. Y estos diputados fueron los que, cuando llegó a Plasencia el nuevo corregidor designado por la Junta de Tordesillas, Diego de Anaya, acordaron que con cargo a las rentas pertenecientes a la monarquía, principalmente alcabalas y tercias, se pagasen los sueldos de las 25 personas que se le asignaron como guarda personal.
Aparentemente había tenido lugar la sustitución de un régimen de gobierno oligárquico, en el que el poder era detentado por los regidores, por otro de signo popular, en el que lo controlaban los oficiales elegidos de forma democrática en el seno de las parroquias30. No obstante, todo indica que la realidad era mucho más compleja, y que detrás de esta fachada se ocultaba un conflicto de bandos entre las principales familias de la oligarquía, el mismo que había estado desestabilizando la vida política local en las décadas previas.
Los acontecimientos ocurridos a finales del mes de septiembre a los que hemos hecho referencia, cuando el procurador de la Comunidad y un diputado de la misma se disputaron la tenencia de la fortaleza, pusieron claramente en evidencia que la sociedad política de Plasencia se encontraba profundamente dividida, pero no precisamente entre unos sectores populares procomuneros y una oligarquía partidaria de la obediencia al rey, pues el hecho de que la disputa por el control de la tenencia de la fortaleza se plantease entre dos miembros señalados de la Comunidad prueba que no todos los que formalmente apoyaban al nuevo régimen comunero eran de una misma opinión.
En esta misma línea otro interesante indicio que conviene tener en cuenta nos lo proporciona la denuncia presentada por representantes del bando de los Carvajales ante la Junta de Tordesillas contra Pedro Hernández Paniagua, a quien acusaron de ser un hombre a sueldo de Antonio de Fonseca y de los Zúñiga, y muy unido al duque de Béjar, que habiéndose arrogado el oficio de procurador sin haber sido elegido en forma debida, había actuado como un auténtico déspota. Pedro Hernández Paniagua negó la veracidad de estas acusaciones, pero ello no impidió que la Junta de Tordesillas ordenase que se procediese a una nueva elección del cargo de procurador de la Comunidad. Así se hizo, resultando entonces elegido Martín Ruiz de Camargo, quien pasó a desempeñar el oficio en sustitución de Pedro Hernández Paniagua, a pesar de que este último cuestionó la validez de la elección con el argumento de que los electores habían votado impulsados por el miedo31.
Carvajales y Zúñigas ante la causa comunera.
La sustitución de Pedro Hernández Paniagua como procurador de la Comunidad marcó una importante inflexión en la evolución de los acontecimientos en Plasencia, pues sancionó el triunfo de uno de los dos bandos que se disputaban el control del poder en la ciudad, el de los Carvajales, en detrimento del de los Zúñiga, al que estaba adscrito aquél. Y así nos lo confirma el hecho de que, poco tiempo después, durante el mes de noviembre, una pequeña fuerza venida de Salamanca a petición del corregidor Diego de Anaya procedió a la expulsión de varios caballeros pertenecientes a este último bando, mientras que en contrapartida uno de los miembros principales del de los Carvajales, el arcediano de Plasencia, recibía de la Junta de Tordesillas el nombramiento de capitán de la ciudad y Tierra de Plasencia, en reconocimiento “por lo que trabaja por la comunidad”32.
Concluir a partir de estas constataciones que el bando de los Carvajales fue comunero y el de los Zúñiga realista resulta, sin embargo, precipitado y en gran medida erróneo. Muchos indicios nos llevan a descartar tan conclusión. Así, en primer lugar, no debemos olvidar que uno de los primeros cabecillas de la rebelión, cuando ésta estalló a finales de agosto, tras conocerse la noticia del incendio de Medina, fue Pedro Hernández Paniagua, que estaba adscrito al bando de los Zúñiga. En segundo lugar, en esta misma línea, también se ha de tener en cuenta que uno de los principales dirigentes del bando de los Zúñiga, el deán de Plasencia, Gómez de Jerez, llegó a ser acusado después de la derrota de Villalar como “deservidor del rey”33. Pero, además, no fue él el único miembro del bando de los Zúñiga contra el que se presentaron este tipo de acusaciones. Así, por un documento de octubre de 1521, sabemos que Pedro Hernández Paniagua, el regidor Hernán Álvarez de Barahona, Hernando de Trejo, y Gutierre de Monroy, todos ellos reconocidos miembros del bando de los Zúñiga, fueron condenados a responder con sus bienes y hacienda de la restitución del valor de las alcabalas que en Plasencia habían sido tomadas y gastadas “por las personas que estaban en voz y apellido de Comunidad”, con el argumento de que habían sido ellos los que habían tomado y gastado dicho dinero perteneciente al rey. Ellos replicaron, no obstante, que tal acusación era falsa, y que se basaba en la información tomada por un alcalde puesto por los Carvajales, cuando la ciudad estaba rebelada y alzada, y ellos habían sido expulsados de la misma, por ser servidores del rey. Y, por contra, denunciaron que habían sido los Carvajales los que habían tomado el dinero de las alcabalas y lo habían gastado en deservicio del rey34. Hoy nos resulta prácticamente imposible decidir qué grado de veracidad había en las aseveraciones de unos y otros, pero el mero hecho de que se llegase a plantear este pleito proporciona buena prueba de que en 1521 a los contemporáneos no les resultaba en absoluto evidente cuál había sido la actitud ante las Comunidades de los dos bandos en que entonces se encontraba dividida la sociedad política de Plasencia.
Por fin, otro hecho fundamental que conviene tener muy en cuenta para cuestionar la caracterización del bando de los Carvajales como procomunero y del de los Zúñiga como prorrealista, es que la monarquía prescindió de imponer cualquier tipo de castigo a los miembros tanto de un bando como del otro, a pesar de que algunos de ellos llegaron a estar involucrados en actuaciones bastante reprobables, al menos desde el punto de vista del rey. Desde esta perspectiva en concreto llama poderosamente la atención constatar cómo algunos individuos que habían estado muy comprometidos con la causa comunera, no sólo no fueron castigados por el rey, sino que incluso se sintieron meses después de Villalar en una posición suficientemente segura como para presentar denuncias contras sus rivales, por actuaciones de éstos durante los meses de la revuelta comunera. Es lo que hizo, por ejemplo, Martín Ruiz de Camargo, individuo adscrito al bando de los Carvajales, que había sido elegido procurador de la Comunidad en sustitución de Pedro Hernández Paniagua, quien denunció a uno de los principales dirigentes del bando de los Zúñiga, el regidor Hernán Álvarez de Barahona, acusándole de que en el transcurso del año 1521 había marchado con gente de guerra y escopeteros a un lugar de la Tierra de Plasencia donde le había tomado por la fuerza 80 fanegas de trigo que tenía depositadas en casa de un vecino llamado Alfonso de Arroyo35.
Por otra parte, los miembros del bando de los Carvajales más comprometidos por su apoyo a la causa comunera no sólo no recibieron ningún castigo significativo sino que incluso pudieron continuar manteniendo el control de los resortes del ejercicio del poder en la ciudad de Plasencia durante varios meses tras la derrota de los comuneros en Villalar, cuando en principio, tras este suceso, habría cabido esperar una rápida reincorporación a sus posiciones de mando de los regidores del bando de los Zúñiga, como ocurrió en otras muchas ciudades castellanas en que los regidores realistas se habían visto forzados a vivir desterrados durante los meses de la revuelta. En Plasencia, por el contrario, en los meses que siguieron al 23 de abril de 1521 tuvo lugar un recrudecimiento del enfrentamiento entre los miembros de los bandos de los Carvajales y los Zúñiga, que siguió su curso sin verse afectado por el fin de la revuelta comunera en Castilla, poniéndose así en evidencia que obedecía a otras motivaciones distintas de las que habían contribuido al desencadenamiento de esta última.
IV.EL FIN DE LA ETAPA COMUNERA EN PLASENCIA Y EL RETORNO A LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL.
La confusión que en los meses que siguieron a Villalar reinó en torno a la cuestión de la actitud que manifestaron hacia la rebelión contra la monarquía algunos de los principales representantes de los dos bandos en que se encontraba escindido el grupo oligárquico de Plasencia, no nos debe hacer perder de vista el hecho de que esta ciudad militó durante bastantes meses en el bando comunero, obedeció la autoridad de la Santa Junta, acatando las órdenes que le llegaban de ella, estuvo gobernada por un corregidor designado por esta última institución, y en nombre de la misma se estuvieron cobrando en su territorio rentas pertenecientes a la monarquía, como era el caso, por ejemplo, del servicio y montazgo36.
Hecha esta constatación, hemos de confesar, sin embargo, que no sabemos muy bien cuánto tiempo se prolongó esta situación, ni cómo fue evolucionando hasta que finalmente se restauró la normalidad institucional, con el retorno del corregidor nombrado por el rey y la supresión de las principales figuras institucionales comuneras, como era el caso de las de procurador y capitán de la Comunidad, y diputados de las cuadrillas.
Por lo que se refiere al relevo del corregidor nombrado por la Junta, Diego de Anaya, por un nuevo corregidor designado por el rey, o, en este caso, sus gobernadores, disponemos ciertamente de varias informaciones que nos proporciona el Registro General del Sello, pero éstas resultan bastante confusas, y no permiten reconstruir de forma satisfactoria la evolución de los acontecimientos en el período inmediatamente anterior y posterior a la batalla de Villalar. En concreto tenemos constancia de que a principios de marzo de 1521 Don Pedro Manrique fue designado por la monarquía para que desempeñase por un año el oficio de corregidor de Plasencia, y de que al mismo tiempo se le encomendó también la tenencia de la fortaleza realenga de esta ciudad, que antes del estallido de la revuelta comunera había estado en manos del contador mayor Antonio de Fonseca37.
De estos nombramientos podría en principio deducirse que para aquellas fechas, y por lo tanto bastante antes de consumarse la derrota comunera en Villalar, la ciudad de Plasencia había decidido romper sus vínculos con las autoridades comuneras, representadas en la Junta de Valladolid, y acatar la autoridad del rey, representada en sus gobernadores. Y dicha decisión se habría traducido en la destitución de Diego de Vera como corregidor y tenente de la fortaleza, responsabilidad que nos consta que había terminado también asumiendo, quizás para acabar con las rivalidades que en torno a la tenencia se habían desatado en el seno de la sociedad política local38.
Por contra, sin embargo, del contenido de una carta que a principios de abril de 1521 envió el deán de Salamanca al procurador de esta ciudad en la Junta, Diego de Guzmán, parece deducirse que para entonces Diego de Anaya todavía se encontraba en Plasencia, aunque los Carvajales habían pasado a desafiar abiertamente su autoridad, negándose a obedecer las provisiones que llegaban de la Junta, al parecer como consecuencia de haber recibido un correo del licenciado Vargas en el que con graves amenazas les apremiaba a que cambiasen de actitud39. Es probable, por tanto, que a aquellas alturas los Carvajales, una vez conseguido su objetivo de expulsar de la ciudad a sus rivales del bando de los Zúñiga, hubiesen mitigado sensiblemente su ardor comunero. Pero nada indica en esta carta, por el contrario, que, como consecuencia, se hubiese consumado la ruptura de la ciudad de Plasencia con la Junta. De hecho lo que había ocurrido es que sus autoridades habían pasado a adoptar una actitud sumamente ambigua, de calculada doblez, y así se deduce muy en particular de las palabras del deán cuando, al referirse a dichas autoridades, afirmó que “si ansi obrasen como escriven, Plazencia estaria bien segura por la comunidad, mas su arte dellos es no hazer lo que dizen”.
En cualquier caso, pocas semanas antes de la batalla de Villalar, el deán de Salamanca, como dirigente comunero, no había perdido todavía la confianza en que la ciudad de Plasencia pudiese continuar prestando servicios a la causa rebelde. Y buena prueba de ello es que en su carta a Gonzalo de Guzmán abogaba por la conveniencia de que la Junta enviase a esta ciudad extremeña un pesquisidor para que reclutase entre 300 y 400 peones, pagándoles el sueldo con cargo a cualquier dinero que allí hubiese disponible, bien de bulas o bien de préstamos. Por otra parte, algunos otros indicios sugieren que en Plasencia seguía habiendo comuneros comprometidos en las vísperas de Villalar, pues, por ejemplo, consta que por carta de 5 de abril de 1521 éstos avisaron a la junta comunera de Salamanca que de Sevilla venían mil hombres que estarían en Trujillo el domingo siguiente, día 7, por lo cual querían consultarles si sería conveniente que les saliesen al camino para cortarles el paso40. Y, al parecer, lo hicieron, puesto que, más adelante, los dirigentes del bando de los Zúñiga, en una denuncia presentada contra sus enemigos del bando de los Carvajales, sostuvieron que, cuando venía cierta gente de Andalucía en servicio del rey, éstos enviaron un capitán con 200 soldados para impedirles el paso41.
Teniendo en cuenta todo esto consideramos, por tanto, probable que la designación de Pedro Manrique como corregidor y tenente de la fortaleza de Plasencia se realizase en un momento en que los gobernadores todavía no tenían bajo su control la ciudad, y por este motivo no llegase a surtir ningún efecto práctico. Y, en esta línea, también consideramos bastante verosímil que ésta no se reintegrase a la plena obediencia regia hasta después de la batalla de Villalar.
En cualquier caso el retorno a la normalidad desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones tampoco se produjo después de esta fecha de una forma rápida y pacífica. Así en concreto, por lo que toca a la institución del corregimiento, conviene destacar que en estos meses se sucedieron nada menos que cuatro nombramientos de corregidores para Plasencia, puesto que al ya referido de Don Pedro Manrique, en marzo, sucedió el de Juan Pérez de Cartagena en mayo, el de Hernán Rodríguez Portocarrero en junio, y, por fin, el de García de Montalvo, en julio42. Con excepción de este último, no sabemos, sin embargo, si alguno de los otros tres llegó a acudir en persona a Plasencia a tomar posesión del oficio para el que habían sido nombrados. Caso de que lo hiciesen debieron permanecer muy pocos días dedicados a su desempeño, a juzgar por la proximidad de las fechas de los distintos nombramientos. Pero, de ser así, cabría preguntarse por qué no agotaron el tiempo para el que habían sido nombrados, que era regularmente de un año. A falta de otras informaciones no podemos dar una respuesta a esta cuestión, pero creemos que la inhabitual sucesión de nombramientos fallidos de corregidores para Plasencia que constatamos en el año 1521, para la que no hemos encontrado ningún paralelo en otras ciudades castellanas, nos proporciona un buen indicio de las dificultades con las que las instituciones centrales de gobierno de la monarquía tropezaron para restaurar el orden público en esta ciudad en los meses que siguieron a Villalar. Y el origen de estas dificultades entendemos que habría que buscarlo en el recrudecimiento que entonces experimentó el enfrentamiento entre los dos bandos de Zúñigas y Carvajales.
V. EL CONFLICTO BANDERIZO EN PLASENCIA DESPUÉS DE LA BATALLA DE VILLALAR.
La derrota del grueso del ejército comunero en los campos de Villalar no conllevó ningún cambio sustancial en la relación de fuerzas de los dos grandes grupos que se disputaban el ejercicio del poder local en Plasencia, que continuaron manteniendo las posiciones alcanzadas por ambas partes en los momentos de más enconado enfrentamiento entre las ciudades comuneras rebeldes y los partidarios del emperador Carlos. Es decir, que los del bando de los Carvajales continuaron manteniendo bajo su control la ciudad de Plasencia y sus instituciones de gobierno, mientras que los principales miembros del bando de los Zúñiga permanecieron forzadamente exiliados, atrincherados en su señorío de Mirabel, porque los primeros les siguieron impidiendo por la fuerza su regreso a la ciudad.
La situación podría parecer a primera vista anómala, si se parte de la idea de que los Carvajales habían sido los principales valedores de la causa comunera en Plasencia. Pero, como ya hemos adelantado, el asunto no estaba tan claro en el año 1521, momento en que representantes de los dos bandos desplegaron una intensa labor propagandística y legitimadora, esforzándose por tratar de convencer a las autoridades de gobierno central de la monarquía de que los culpables de haber apoyado a las Comunidades habían sido los del bando contrario. Así los regidores y caballeros del bando de los Zúñiga, encabezados por el deán Gómez de Jerez y el regidor Fadrique de Zúñiga, denunciaron hacia agosto de 1521 que se encontraban desterrados porque no habían querido “seguir la opinión y errores de las Comunidades”, mientras que el arcediano de Plasencia, y su hermano Francisco de Carvajal, y otros regidores, parientes, amigos y allegados suyos, que sí habían seguido “la dicha seta y opinión de Comunidades”, poniendo escándalo y desasosiego en la ciudad, seguían apoderados de la misma, manteniendo cerradas las puertas para impedirles a ellos la entrada43.
Un punto de vista diametralmente opuesto mantenían, sin embargo, los miembros del bando de los Carvajales, y así se puso de manifiesto en la respuesta que dieron a través de la institución concejil, plenamente sometida a su control, a una denuncia presentada por el regidor Hernán Álvarez de Barahona, quien se había quejado ante las autoridades de la monarquía de que la ciudad de Plasencia se encontraba todavía “en Comunidad”. En su escrito de réplica el concejo acusó, en efecto, a este regidor de levantar falsos testimonios, y al mismo tiempo denunció que los auténticos culpables de que hubiese habido Comunidad en dicha ciudad habían sido él y sus deudos, por ser quienes “la habían levantado y principiado”, y los responsables de que la fortaleza se hubiese quitado a quien la tenía por el rey, es decir, el contador mayor Antonio de Fonseca. Por todo lo cual este escrito concluía con la solicitud al rey de que prohibiese la entrada en Plasencia del referido regidor y de todos los de su parcialidad44.
Dejando a un lado la cuestión de los argumentos legitimadores, que sin duda ofrecían una imagen bastante deformada de la realidad, lo cierto es que en el verano de 1521 en Plasencia las espadas todavía seguían en alto, pues Carvajales y Zúñigas se encontraban de lleno enfrascados en una lucha sin cuartel, que al parecer amenazaba con arrastrar a la ciudad y su Tierra hacia la total anarquía. Y víctimas de esta situación resultaron no sólo los caballeros y demás personas que estaban integradas formalmente en estos bandos, sino todos los vecinos, tal como denunció hacia julio de 1521 Pedro González de Chaves, vecino de Plasencia, “como uno del pueblo y en nombre de la ciudad”, quien se lamentó ante las autoridades de la monarquía de que “por las guerras injustas y bandos y quistiones que habían acaecido entre los caballeros de la ciudad de un año a esta parte”, los vecinos habían resultado gravemente damnificados, porque les habían quemado casas y tomado gran cantidad de cereal45.
La gravedad de la situación por la que atravesó Plasencia en los meses que siguieron a la derrota comunera en Villalar es bien puesta de manifiesto en un informe que sobre su gestión en esta ciudad escribió el corregidor García de Montalvo, a quien en principio podemos considerar como un testigo imparcial, el cual remitió por carta al arzobispo de Granada el 7 de septiembre de $1 5 2 1 ^ { 4 6 }$ . Comienza haciendo constar que no acudió a tomar posesión de su oficio hasta bien avanzado el mes de agosto, aunque había sido nombrado ya en julio, pero no da detalles sobre las razones que motivaron tal tardanza. El estado en que encontró la ciudad no era muy halagüeño, pues todas las puertas de entrada habían sido tapiadas, y la única que no lo estaba era guardada por gran número de gente armada, mientras que en el interior proliferaban los soldados escopeteros y ballesteros47. Principales responsables de esta inusitada proliferación de hombres de armas eran en concreto el arcediano de la catedral, Bernardino de Carvajal, quien, pese a su condición de clérigo, tenía a su servicio cerca de doscientos soldados, y disponía de unos cinco tiros de artillería, y su hermano Francisco de Carvajal, quien también tenía a su disposición “alguna gente de guerra”. Pero, si por un lado estos dos cabecillas del bando de los Carvajales acumulaban soldados a su alrededor en el interior del recinto amurallado de Plasencia, por otro, fuera de la ciudad, en un lugar de la Tierra llamado Mirabel, los desterrados miembros del bando de los Zúñigas hacían lo mismo, pues en una expedición que el corregidor realizó a dicho lugar para liberar a un caballero llamado Gutierre de Carvajal, que estaba allí prisionero, se encontró con que junto con el deán, Gómez de Jerez, y Don Fadrique de Zúñiga, se habían allí atrincherado muchos caballeros de Plasencia, junto con unos doscientos soldados de a pie, en su mayoría escopeteros y ballesteros, y cerca de cincuenta soldados de a caballo. Y todos ellos libraban su particular guerra contra los Carvajales desde este lugar de la Tierra.
Para evitar una escalada de la violencia, este corregidor se apresuró a tratar de imponer una tregua a las dos partes enfrentadas que durase al menos dos años, y fuese acompañada de acciones de desarme. Pero tropezó con una encarnizada resistencia, sobre todo entre los miembros del bando de los Carvajales que mantenían bajo su control la ciudad de Plasencia. Ante esta resistencia optó por endurecer su postura, ordenando que los del bando de los Zúñiga que se encontraban en Mirabel abandonasen este lugar y saliesen fuera de la Tierra de Plasencia, y que hiciesen también lo mismo los del bando de Carvajal que se encontraban en la ciudad, llevándose consigo toda la gente de armas que habían reunido. Por razones comprensibles tampoco consiguió que esta orden fuese obedecida, de modo que, según sus propias palabras, los Carvajales permanecieron en Plasencia con mucho desacato de la justicia, velando y rondando la ciudad, “como tyranos y malhechores”, trayendo de día y de noche escopeteros, ballesteros y gente de guerra. Y, por el temor que éstos les inspiraban, el resto de los vecinos no se atrevieron a apoyar al corregidor, ni a acudir a él para reclamar justicia.
Además, por si fuera poco, los propios oficiales de la jurisdicción eclesiástica fueron movilizados por los del bando de los Carvajales para reforzar su capacidad de resistencia frente al corregidor. Así, a raíz de haber ordenado éste al arcediano Bernardino de Carvajal que otorgase tregua a sus enemigos de la parcialidad de los Zúñiga, y despidiese la gente de guerra que tenía reunida en la ciudad, dado que no quiso obedecer, fue desterrado. Pero, en lugar de acatar la orden de destierro, acudió ante un juez apostólico, el canónigo de la catedral, Pedro de Quirós, quien en su condición de juez conservador procedió a dictar sentencia de excomunión contra el corregidor, a quien en adelante se le prohibió asistir a los oficios litúrgicos48.
Para aliviar la situación de opresión en que vivía sumida la ciudad, García de Montalvo trató al menos de forzar la apertura de las puertas de las murallas, a fin de facilitar la circulación de personas y mercancías. Pero también aquí tropezó con la violenta reacción de los miembros del bando de los Carvajales, pues Francisco de Carvajal llegó a irrumpir con gente armada en la sesión del regimiento en que se estaba discutiendo sobre este asunto, profiriendo amenazas para que no se aprobase la medida, y más adelante un grupo de clérigos afines al arcediano, su hermano, acudieron a la casa donde residía el corregidor para exigirle “con gran alboroto” que no se abriesen las puertas de la ciudad.
Consciente de su impotencia para hacer respetar su autoridad, en una ciudad en la que los actos de desacato a la justicia del rey se habían convertido en moneda corriente, García de Montalvo terminó por decidirse a solicitar a los gobernadores y al Consejo Real que enviasen un juez pesquisidor especial, capaz de entender en casos tan graves como el que se estaba planteando en Plasencia, que, en palabras de este oficial, se encontraba entonces “peor que si estuviese en poder de turcos”. Y, efectivamente, para hacernos una idea de la gravedad de la situación de desorden e imperio de la violencia que allí se vivía entonces, baste recordar que, según la estimaciones de este corregidor, habían sido incendiadas cerca de setenta pares de casas, a las que habría que sumar incluso algunas iglesias49, y entre sesenta y ochenta personas habían muerto de ambas partes, habiéndose cometido además otros muchos delitos de robo, violación de mujeres y corrupción de vírgenes.
Dada la gravedad del caso, la solicitud de García de Montalvo fue rápidamente atendida por el Consejo Real, de modo que el 19 de septiembre de 1521 se expidió en Burgos una carta de comisión para el licenciado Calderón, alcalde de Corte, por la que se le encargaba que marchase inmediatamente a Plasencia y, en colaboración con el corregidor García de Montalvo, trabajase por poner a la ciudad en libertad, castigando a los culpables de haberla llevado al estado de opresión en que se encontraba50. Pero, además, para facilitar a estos dos oficiales su misión pacificadora, el Consejo Real expidió a su vez provisiones dirigidas a los concejos de Trujillo, Cáceres y lugares de la Orden de Santiago, y a los caballeros y escuderos que llevaban acostamiento del rey en estos lugares, ordenándoles que, cuando fuesen requeridos, se juntasen con el licenciado Calderón con sus caballos y armas, y le prestasen auxilio en el cumplimiento de la misión para la que era enviado a Plasencia51.
No conocemos muchos pormenores sobre la actividad desplegada por este alcalde de Corte en Plasencia, aunque sí tenemos constancia de que instruyó un proceso contra Francisco de Carvajal y sus consortes, que concluyó declarándolos culpables de actos de desacato contra el corregidor García de Montalvo52. En cualquier caso, al mismo tiempo que el licenciado Calderón, este último continuó entendiendo por comisión especial, que le fue siendo sucesivamente prorrogada, en el asunto de los enfrentamientos entre los bandos de Carvajales y Zúñigas, tarea en la que aún seguía empeñado a finales de octubre de $1 5 2 1 ^ { 5 3 }$ .
Gracias a la acción combinada de estos dos oficiales regios, parece que en los últimos meses del año 1521 y en los primeros del año 1522 la situación fue poco a poco normalizándose. Y buena prueba de ello es que el 8 de febrero de este último año los gobernadores expidieron en Vitoria una carta de perdón al concejo de Plasencia en la cual se reconocía que los vecinos de la ciudad y su Tierra, tras muchos meses de desobediencia, por fin se encontraban “pacíficos y reducidos a nuestro servicio”54.
Cabe presumir que para aquellas fechas ya se hubiese producido el retorno a Plasencia de los miembros del bando de los Zúñiga que llevaban varios meses desterrados en Mirabel. Pero, cualesquiera que fuesen las condiciones en que se produjo tal retorno, lo que sí es seguro es que la animosidad entre éstos y los miembros del bando de los Carvajales continuó manteniéndose intacta, y propició que el ritmo de la vida política local siguiese estando marcado por las disensiones entre unos y otros. Así nos lo pone bien en evidencia, por ejemplo, una denuncia presentada a comienzos del año 1523 por los más significados representantes del bando de los Zúñiga. Informó entonces, en efecto, el procurador de éstos ante el Consejo Real que hacía unos cuatro años el regimiento había nombrado como médico de Plasencia al licenciado Bernal, vecino de Medellín, creyendo que se trataba de una persona hábil. Poco después se comprobó, sin embargo, que “no convenía que fuese físico de la ciudad a causa de que era muy odioso a la pacificación del pueblo, y sembraba discordia y cizaña entre los caballeros”, y por ello en una de las sesiones del regimiento se le despidió del oficio. Pero, a pesar de todo esto, hacía poco tiempo los Carvajales, de cuya parcialidad formaba parte el referido médico, le habían vuelto a designar para el desempeño del oficio, postergando a otros médicos naturales de Plasencia que eran más hábiles55.
Las discordias de origen banderizo siguieron, pues, estando a la orden del día en las sesiones del ayuntamiento de Plasencia después de los esfuerzos pacificadores desplegados por el corregidor García de Montalvo en la segunda mitad del año 1521. Pero, además, no se limitaron al terreno de las simples protestas verbales, pues también tenemos constancia de que los comportamientos violentos continuaron estando muy presentes. Y como prueba sirva recordar la denuncia presentada a mediados del año 1522 por Francisco Muñoz, vecino de Plasencia, que acusó a varios criados del deán Gómez de Jerez, Fadrique de Zúñiga, Hernán Álvarez y Fernando de la Cerda de haberle agredido, propinándole múltiples cuchilladas a traición56.
Los acontecimientos ocurridos en Plasencia en 1520 y 1521 no representaron por consiguiente una importante cesura en el devenir histórico de esta ciudad, puesto que la vida política local siguió transcurriendo en adelante por los mismos derroteros por los que lo había venido haciendo en las décadas previas. El efecto principal del estallido de la revuelta comunera en esta ciudad fue intensificar el conflicto de bandos que la venía desestabilizando desde hacía años, que en el transcurso del año 1521 alcanzó una cotas de gravedad sin paralelo en períodos anteriores, al menos a juzgar por lo que de momento sabemos. Para determinar si esta situación se prolongó durante mucho tiempo sería preciso realizar en el futuro nuevos trabajos de investigación dedicados al siglo XVI en su conjunto. Pero por el momento todo parece indicar que, sin que se volviesen a repetir los momentos de anarquía y caos vividos durante el año 1521, el problema distó de quedar resuelto a raíz del fortalecimiento de la autoridad real que siguió a la derrota de los rebeldes comuneros. Y una parte importante de la responsabilidad de que así ocurriese cabría quizás atribuírsela a la propia monarquía, que, como comprobaremos en el siguiente epígrafe, adoptó una sorprendente actitud ante la comunera Plasencia, al prescindir de la imposición de cualquier tipo de castigo a aquéllos de sus vecinos y dirigentes que más se habían hecho notar por su participación en la rebelión.
VI. CONCLUSIÓN: SINGULARIDAD DEL MOVIMIENTO COMUNERO EN PLASENCIA.
El texto de la carta de perdón que en febrero de 1522 expidieron los gobernadores en favor de Plasencia incluye una relación pormenorizada de las acciones concretas en las que se tradujo la rebelión contra la monarquía de los vecinos de esta ciudad extremeña, que fue la que más decididamente apoyó la causa comunera en toda la región. Por su interés para la percepción del peculiar carácter que allí tuvo el movimiento comunero procederemos a continuación a su enumeración.
En primer lugar el rey les perdonó por haber quitado “a voz de comunidad” las varas a sus oficiales de la justicia, es decir, al corregidor, sus alcaldes y su alguacil. En segundo lugar por haber cercado y ocupado por la fuerza la fortaleza, expulsando al alcaide que la gobernaba en nombre del rey, y apoderándose de las armas que en ella se guardaban. En tercer lugar por haber prestado apoyo a los procuradores de la Junta de Tordesillas, trasladada luego a Valladolid. En cuarto lugar por haber tomado diversas rentas pertenecientes al rey, y exigido sin licencia tributos extraordinarios como “sisas y repartimientos e impusiciones”. En quinto lugar por haber derrocado las casas de algunas personas que estaban en servicio del rey. En sexto lugar por haber desobedecido las cartas y provisiones que les habían sido dirigidas por el rey y, por contra, haber acatado las que se les habían dirigido desde la Junta. Y en séptimo lugar, por fin, por las acciones de desacato cometidas contra el corregidor García de Montalvo, que habían forzado al envío como pesquisidor del alcalde Calderón.
Todas estas acciones habían tenido lugar en el período anterior a la batalla de Villalar, con la excepción significativa de las relacionadas con el corregidor García de Montalvo, que se habían iniciado a finales de agosto de 1521. Y este hecho confiere una indiscutible singularidad al episodio comunero en Plasencia, pues, haciendo excepción de Toledo, ésta fue una de las pocas ciudades en que las acciones de desacato a la autoridad del rey se prolongaron bastante tiempo después de la derrota del ejército comunero en Villalar.
En cualquier caso, al margen de la propia cronología de la rebelión, un segundo factor que confiere indiscutible singularidad al caso de Plasencia radica en el hecho de que las autoridades de gobierno central de la monarquía, pese a reconocer explí- citamente que en esta ciudad se cometieron múltiples delitos de desobediencia al rey, prescindieron de imponer cualquier género de castigo a las personas particulares con mayor grado de responsabilidad en su comisión. En principio no resulta fácil explicar a qué pudo obedecer esta generosa actitud, para la que no se encuentran paralelos en otras ciudades. Probablemente se tuvo en cuenta el hecho de que en rigor, en uno u otro momento, tanto los miembros del bando de los Zúñiga como los del bando de los Carvajales habían estado apoyando la causa de la rebelión. Y, en efecto, aunque es cierto que estos últimos fueron los que más tiempo perseveraron en la desobediencia, si bien de una forma bastante ambigua, no debemos olvidar que quien puso en marcha la revuelta comunera en Plasencia fue un miembro del bando de los Zúñiga, Pedro Fernández de Paniagua.
Conscientes de que en cierta medida los dos bandos estaban comprometidos, y al mismo tiempo de que el apoyo prestado por ambos a la causa comunera había sido bastante ambiguo, habiendo estado determinado más por intereses estratégicos de carácter coyuntural que por pura convicción de raíz ideológica, las autoridades de gobierno de la monarquía debieron estimar más conveniente evitar que el peso del castigo recayese sobre los miembros de un bando, para no desequilibrar la relación de fuerzas en la ciudad, ni incrementar el número de motivos de desavenencia en el seno de su oligarquía. Por supuesto se podría haber optado por la solución contraria, imponiendo castigos a representantes de ambos bandos, y en un primer momento parece que se estuvo contemplando esta posibilidad, a juzgar por las noticias sobre procedimientos iniciados contra miembros relevantes tanto del bando de los Zúñiga como del de los Carvajales. Pero finalmente la balanza se inclinó del lado de la clemencia, quizás por temor a que la imposición de severas medidas de castigo fuese percibida como injusta, en particular si afectaban a individuos que terminaron prestando un apoyo decidido a la causa del rey.
Cualesquiera que fuesen las razones que llevaron a la monarquía a mostrarse clemente con los comuneros de Plasencia, un hecho que se ha de tener muy presente para intentar comprender esta actitud es que, por contraste con lo que ocurrió en otras muchas ciudades de la meseta y del norte de Andalucía, en la ciudad extremeña no tuvo lugar ningún intento significativo de introducir cambios radicales en el régimen de gobierno local que conllevasen la apertura de las instituciones a un espectro social más amplio y pusiesen fin al monopolio en el ejercicio del poder del que disfrutaban las familias de la nobleza media local. Por el contrario, estas últimas trataron de aprovechar las circunstancias de inestabilidad que entonces prevalecían en toda Castilla para imponer un régimen de gobierno oligárquico aún más restrictivo, basado en la exclusión del ejercicio efectivo del poder de las familias nobles rivales. Y, aunque sólo por poco tiempo, las familias integradas en el bando de los Carvajales lograron este objetivo, puesto que impusieron una auténtica tiranía de carácter militar en la ciudad de Plasencia, que no pudo hacerse extensiva al conjunto de la Tierra, a la cual los órganos de gobierno central de la monarquía no lograron poner fin sino varios meses después de haber derrotado a los ejércitos comuneros en Villalar.
Esta falta de ambición reformadora del movimiento comunero en Plasencia tuvo su reflejo en el hecho de que en la carta de perdón otorgada por los gobernadores en febrero de 1522 no se incluyó ninguna referencia a delitos relacionados con cambios introducidos en el régimen de gobierno local, a pesar de que ciertamente algunos sí que se introdujeron, como ya pusimos de manifiesto al referirnos a las figuras del procurador de la Comunidad y de los diputados57. Pero todo indica que estos cambios tuvieron un carácter meramente formal, y que el control efectivo del ejercicio del poder continuó en manos de las familias de la oligarquía que encabezaban los bandos, que dominaban tanto en el regimiento como en el cabildo de la catedral. Así, en efecto, fueron regidores y dignidades del cabildo de ambos bandos los protagonistas principales de los sucesos ocurridos en Plasencia en los años $1 5 2 0 \ \mathrm { y }$ 1521, según atestigua la documentación. Y la principal figura institucional que podría haber servido de cauce para la participación en la vida política local de la población pechera, el procurador de la Comunidad, quedó incapacitada para el desempeño de esta función debido a que quienes ocuparon el cargo fueron en todo momento personas de reconocido carácter banderizo, adscritas a uno u otro de los bandos en liza.
En Plasencia el Común de pecheros no demostró en estos años haber alcanzado la madurez suficiente como para desafiar a las familias nobles de la oligarquía. Y esta circunstancia puede contribuir en parte a explicar la falta de castigo a quienes apoyaron la rebelión en esta ciudad, pues el rey y su entorno eran plenamente conscientes de que la mayor amenaza para la autoridad real la habían planteado en el transcurso de la revuelta los sectores sociales encuadrados en el Común, que sin duda fueron los más severamente castigados.