La alianza imposible. Los obispos y el Estado (1814-1833)\*.
An Impossible Alliance. State and Episcopate in Spain (1814-1833)
Andoni ARTOLA Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II, Francia.
Resumen:
Este artículo examina la configuración del episcopado en España tras la Guerra de la Independencia. Se trata de mostrar, desde esta perspectiva, que la restauración absolutista de Fernando VII era incompatible con la propagandística alianza entre altar y trono que fue presentada como el eje principal de las relaciones de la potestad política con la eclesiástica.
Palabras clave: Iglesia Católica; Episcopado; Estado; Ultramontanismo.
Abstract:
This paper examines the configuration of the Spanish episcopate after the Peninsular War, its aim being to demonstrate that the so-called “Throne and Altar” conception of the relationship between politic and ecclesiastical power was mainly propagandistic and hardly operative by that time.
Key words: Roman Catholic Church; Episcopate; State; Ultramontanism.
Hasta hace poco se ha asumido, generalmente, que durante el reinado de Fernando VII el poder político, en forma de monarquía absoluta, estableció una alianza con el poder eclesiástico contra sus enemigos comunes. El presente trabajo tiene como uno de sus objetivos mostrar, partiendo del análisis del reclutamiento de los obispos, que esto no fue así. Puede que los primeros gestos del monarca, los más sonados (caso de la restauración de la Inquisición, la devolución de bienes al clero regular o la permisión de la vuelta del nuncio apostólico, por poner algunos), hayan facilitado la repetición del tópico. Puede ser, también, que la jerarquía eclesiástica mostrara en algún momento una actitud favorable hacia la estabilidad política que parecía procurar la restauración monárquica, y también es cierto que se avino a colaborar con la Corona en algunas ocasiones. Pero lo cierto, como se argumentará, es que algunos cambios en la articulación política del Estado, en los elementos legitimantes que lo sostenían y, sobre todo, en la composición respectiva de la clase política y de la jerarquía eclesiástica, difícilmente podían permitir la emergencia del contexto preciso para la acción armónica de ambas potestades. Es posible hubiera soluciones de compromiso consecutivas, circunstanciales, pero no una integración, ni una sinergia.
Por distintas razones, el poder político fomentó la idea de tal alianza entre 1814-1820 y 1823-1833. Hubo una campaña de propaganda para proyectar esa imagen, bajo la cual los referentes de los protagonistas en cada lado divergían profundamente. La jerarquía eclesiástica había ido adquiriendo una mayor consciencia de su carácter, prerrogativas, y origen desde el estallido de la Revolución francesa, que le obligó a una más clara definición de su postura con respecto al mundo político. Y se opondría con ahínco a cualquier intervención que entorpeciera su misión apostólica, o que en alguna manera interfiriera en su constitución jerárquica, sin importancia de las formas que tomara el Estado.
Este artículo no pretende ofrecer conclusiones definitivas, sino apuntar algunas cuestiones, sugiriendo posibles líneas de investigación. Lo que intentaré es mostrar la inadecuación de la fórmula aliancista en relación con el episcopado. Primero, a partir de la Apología del Altar y el Trono de fray Rafael Vélez, expondré cómo la evocación de la alianza es, en sí misma, ajena al Antiguo Régimen, cómo rompe con lo que había sido la integración de ambas potestades. En segundo lugar, analizaré el reclutamiento episcopal durante 1814-1816, mostrando có- mo el monarca se vio limitado por diversos factores en la presentación de obispos, con lo que la configuración de un episcopado que realmente comulgara con la idea de la alianza no pudo ser totalmente satisfactoria. Profundizaré, seguido, en la inserción de los prelados en dinámicas de cooptación de media duración, que se remontaban a finales del siglo XVIII, así como en su desvinculación efectiva del aparato del Estado, factores ambos que influyeron en la continuación de una tradición de rechazo del regalismo. Por último, defenderé que el desarrollo propio de ambas esferas hizo cada vez más difícil no solo la conciliación, sino la coexistencia pacífica de las dos potestades, preparando al episcopado para decidirse, en algunos años, por una lealtad unívoca a la Santa Sede.
1. Las contradicciones de la alianza
1.1. Apología de un desacuerdo.
La realidad de la alianza difícilmente se puede sostener en base al contenido de la obra que, al menos en parte, ha contribuido a su éxito historiográfico. El célebre (pero aparentemente poco leído) texto de fray Rafael Vélez, lejos de sugerir las ventajas de cualquier alianza, defiende claramente la superioridad eclesiástica sobre la esfera política o, en el mejor de los casos, la inclusión de ésta en el ámbito de influencia de lo religioso. El primer tomo empieza con una seria advertencia al gobernante político en torno a las posibles consecuencias de su injerencia en lo eclesiástico. Citando el Salmo 2, indica que “se levantan los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y su mesías: “¡Rompamos sus cadenas y sacudamos su yugo!”. El que mora en el cielo se sonríe (…) Ahora, pues, oh reyes, sed sensatos; dejaos corregir, oh jueces de la tierra”. Esas cadenas que se han de romper, el yugo que se ha de sacudir, no es otro que el “de los vínculos que ligan a los pueblos con sus curas, con sus obispos y con la cabeza de la Iglesia (...) que hacen de los monarcas y de los vasallos un solo cuerpo, por la unidad de la fe, de los sacramentos y de la doctrina santa”, de los que algunos príncipes han decidido deshacerse con la consecuencia, fruto del castigo divino, de la destrucción de sus propios tronos. El autor no transcribe el salmo completo, en el que también se lee que, a los gobernantes, Dios “les habla enfurecido, y con su ira los llena de terror”, por lo que, escarmentados de su castigo, habrán de “servir al Señor con reverencia”, “postrarse temblorosos”, “para que no se irrite”, y se vean “perdidos”1 . El tono es amenazante desde el comienzo de la obra. La suya no parece ser, desde luego, una postura conciliadora.
Pero, ¿quién se había levantado contra Jesucristo, contra su vicario, contra su Iglesia? Lo habrían hecho todas las formas de potestad política, desde los primeros siglos del cristianismo. Incluidos los monarcas católicos del Antiguo Régimen. La persecución es una constante histórica prevista por el redentor, que alcanza en el siglo XVIII su punto culminante, y llega a su cenit con el castigo divino a los monarcas, cuyos tronos son destruidos por la revolución. El jurisdiccionalismo, en cualquiera de sus formas (regalismo, galicanismo, josefinismo, etc.) es puesto como causa inmediata del caos materializado en 1789. “José II en Austria, el gran duque Leopoldo en Toscana, Luis XV y XVI en Francia, Fernando IV en Nápoles”, también los ministros de Carlos III y Carlos IV en España,
“convienen (…) en declamar contra los usos de la Iglesia, y proceder a suprimir obispados, a perseguir los institutos regulares y monásticos, a arrojarlos de sus dominios, a enriquecerse de los bienes del santuario, y lo que es más, a poner leyes a la Iglesia sobre el culto, a regular su economía interior, a sujetarla a sus pragmáticas y a sus juicios”2 .
Es Dios quien, valiéndose de la “hez” revolucionaria, aniquila todas las monarquías de Europa, lanzando su ira especialmente contra aquellos soberanos que más se hubieran ensañado contra la religión de Jesucristo3 . La mínima intervención política en la esfera eclesiástica es criticada con dureza. La Iglesia tiene su propia constitución, su propio gobierno, sus propios medios de organización, no necesita de mandatos externos para cumplir con su misión. El altar, pues, por encima del trono.
Repito, la perspectiva del autor no es la de la complementariedad de las dos potestades, sino la de la preeminencia eclesiástica, y la de la destrucción del poder secular por la marginación de la guía religiosa que lo ha de orientar. Sacerdocio e Imperio son dos potestades nítidamente delimitadas, “pero el soberano es súbdito de Dios”, y será atacado en caso de que ose extralimitarse en sus atribuciones4 . Incluso el padre y el abuelo de Fernando VII eran incluidos en la lista de gobernantes que se habían atrevido a dictar leyes entrando en el santuario, aunque, en este caso, fray Rafael tomara la precaución de cargar las tintas sobre sus ministros. Si la obra iba, en principio, dirigida a mostrar cómo lo hecho por las Cortes de Cádiz en materia religiosa entroncaba directamente con la Revolución francesa, con el jansenismo dieciochesco, con la filosofía “impía” de Francia, entraba de lleno en la condena de cualquier tipo de intromisión política.
En el segundo tomo, dedicado a la apología del trono, la advertencia se repite desde el comienzo: la monarquía funda su legitimidad en lo religioso, por lo que intervenir en lo eclesiástico, alterar el orden de las cosas, es buscar su propia perdición5 . Ahora bien, la vivencia de los horrores revolucionarios, ¿prevendría a los soberanos de volver a sus planes contra la religión, de “deshacerse de los cultos de la religión, regularlos a su modo, medir con la espada el poder de la Iglesia, sujetarla a sus violencias, a su capricho, y sacudir poco a poco el yugo de la fe, de la Iglesia, del romano Pontífice y de sus obispos”? Las restauraciones monárquicas en Europa parecían ser presentadas como una nueva oportunidad dada por Dios a los príncipes, que tendrían que tener en cuenta su pronto final si continuaran su injerencia en el campo religioso6 .
Las contradicciones aparecen de inmediato, a poco que se indague en las medidas tomadas por la Corona en lo eclesiástico. En ocasiones, las exigencias estatales se dirigieron a la colaboración entre los rectores de ambas esferas, pero en un plano de estricta asimetría. Solo dos ejemplos bastarán. El monarca mandaba (no pedía), por decreto de 25 de mayo de 1814, a los obispos, prelados de órdenes religiosas y demás eclesiásticos que, en orden a “establecer y encaminar la opinión pública al mejor servicio de Dios y del Estado por medio de una buena enseñanza política y religiosa”, prestaran sus instrumentos e influencia para vigilar que tan solo circulaban en sus diócesis libros de “sana doctrina”, ordenando asimismo que supervisaran las actividades en los seminarios conciliares, y que tan solo proveyeran beneficios y curatos en aquellos eclesiásticos que hubieran dado “pruebas de adhesión a los sanos principios” - es decir, de probada fidelidad polí- tica7 . Esto era ya condicionar la actuación de la jerarquía eclesiástica en una forma que fray Rafael Vélez, especialmente duro con las prácticas que afectaban al funcionamiento autónomo de la Iglesia, criticaría. Lo mismo cabe decir sobre la disposición de 23 de junio de 1814 (retomando otra de Juan I de Castilla, de 1390), por la cual se prohibían las reuniones o ligas que tuvieran como objetivo la conspiración contra el rey, con alusión a las juntas en contra del “bien público, común sosiego y tranquilidad”, en tanto que en este tipo de reuniones se habían gestado, se argumentaba, “las convulsiones políticas que han afligido a muchos reinos de Europa”. Se introducían en el texto una serie de advertencias que remitían claramente al control indirecto sobre la jerarquía eclesiástica, como la orden de que los obispos vigilaran la conducta política de su clero mediante una serie de dispositivos que detuvieran la proliferación de doctrinas lesivas al monarca. Si los prelados detectaran que algunos de sus subordinados participaban de este mundo ideológico, deberían de dar cuenta al rey para que éste tomara las medidas pertinentes8 . Por lo tanto, al contrario de lo que pensaba fray Rafael, alianza sí, pero dirigida, controlada desde el Estado.
La más real dinámica oculta bajo la propaganda estatal es evidente en lo hacendístico, como ha mostrado Carlos Rodríguez9 . Fernando VII no pudo acudir formalmente a los métodos desamortizadores, en tanto que el carácter mismo de la alianza no le permitía tomar medidas en este campo sin acudir a los cauces habituales de respeto (al menos nominal) entre ambas esferas. Pero el Estado seguiría plenamente la línea de intensa presión fiscal sobre la clerecía que se había hecho particularmente fuerte a partir de la última década del siglo XVIII. Por una parte, la Corona seguiría cobrando (por supuesto) las tercias reales, el excusado, el noveno extraordinario, novales, anatas, vacantes, fondo pío beneficial, y la cruzada. Por la otra, se recurriría en varias ocasiones al encubrimiento del donativo, por el que se detrajeron millones de reales del producto decimal bajo aparente voluntariedad. Por último, se acudiría al papa para obtener, en abril de 1817, cuatro breves pontificios por los cuales se permitía que los bienes rústicos del clero pagaran su correspondiente cuota en la contribución extraordinaria de 70 millones de reales anuales que se impondría sobre el agro español, quedando eventualmente el estado eclesiástico sujeto al pago en igualdad de condiciones que los demás contribuyentes, y autorizando al rey a imponer un donativo de 30 millones de reales sobre diezmos espiritualizados, derechos de estola y pie de altar.
Las sumas obtenidas por estos medios, unidas a la participación del Estado en el producto decimal, hacían del clero uno de los principales sostenes econó- micos de una maltrecha Hacienda. Pero, con ello, se continuaba con una política duramente criticada por los obispos a inicios del siglo XIX, que consideraban excesivas las imposiciones al clero incluso si se respetara el cauce de petición al pontífice romano10. Y entraba de lleno en la crítica de fray Rafael al aumento de las contribuciones, bajo diferentes conceptos, desde mediados del XVIII, que habían movido a los monarcas a “echarse sobre toda clase de bienes eclesiásticos, no poner arbitrio alguno efectivo para el pago de las cargas del estado sino los que miraban a diezmos y rentas de los ministros de la Iglesia”11.
Significativamente, tanto “liberales” como “absolutistas” partían de una misma idea sobre la salvación de la Hacienda con recurso sistemático, aunque bajo diferentes formas, a bienes y rentas de origen eclesiástico12. Es más, coincidían en la instrumentalización de todos los resortes de influencia que, en su propio interés, pudiera procurar la jerarquía. No se trata, por lo tanto, de las formas políticas que adoptara el Estado, sino de un profundo desentendimiento en la relación entre ambas potestades. Pero, entonces, si “constitucionales” o “liberales” y “absolutistas” compartían esta misma visión, ¿cuál era la diferencia, cuál la razón de las distintas reacciones de la jerarquía ante la sociedad polí- tica cuando era regida por unos u otros? ¿Por qué parece mucho más virulenta la reacción en los periodos de dominio liberal? Es posible que, en cierta manera, el clero prefiriera el absolutismo, no cabe negarlo. Sin embargo, no es esto lo que realmente estaba en juego. Paradójicamente, la diferencia en las reacciones eclesiásticas es percibida solamente por el silencio de la jerarquía, que se rompía abiertamente cuando el sistema, entre 1808-1814 o 1820-1823, así lo permitiera. “La explosión de sentimientos”, afirmó Agustín Argüelles, era “una facultad autorizada a todas las naciones regidas por un sistema constitucional”, y los obispos se aprovechaban de ello13. Pero la tensión, la contestación, la protesta soterrada fueron constantes, como se verá, también durante los dos periodos de reinado “efectivo” de Fernando VII.
1.2. La consciencia común de una pérdida.
Es poco probable que la postura de fray Rafael fuera representativa de la del conjunto de los obispos. Lo que sí compartían con él era la experiencia de estar siendo apartados de la toma de decisiones políticas que les afectaban plenamente, que se les dejara de consultar incluso en materias eclesiásticas. Esa era al menos la impresión que los prelados tenían desde finales del siglo anterior. Con todo, esta marginación se inscribe en una más amplia, consecuencia de la práctica eliminación de su atribución de asesores del poder político14. Los obispos, en efecto, eran consejeros naturales de la monarquía. En sus cartas pastorales, en cualquier documento publicado, tenían la obligación de señalar su condición de “consejero de Su Majestad”. El obispo de Orense recordó las “obligaciones de consejero, cuyo título temporal sigue al Obispado en España”, cuando se negó a acudir a la asamblea de Bayona15. Como tales consejeros, podían ser consultados por la Corona en asuntos que no tuvieran que ver con su campo de acción preferente, sino sobre un amplio elenco de temas, desde el funcionamiento de la maquinaria administrativa a la situación del gobierno local, pasando por el desarrollo económico o las iniciativas gubernamentales en diversos asuntos16. Esta función inherente a la dignidad episcopal había ido perdiendo peso durante el siglo XVIII, lo que se dejó notar, también, en el acusado descenso de la participación de eclesiásticos en la administración política o, por decirlo de otra manera, en la menor interacción entre la alta carrera eclesiástica y la administrativa, más notable anteriormente17.
La opinión pública se iría perfilando como la sustituta de la jerarquía eclesiástica en ese rol limitador, consejero, orientador del poder ejecutivo, con un momento culminante en la eclosión periodística a partir de $1 \mathrm { \dot { 8 } 0 8 } ^ { 1 8 }$ . No es extraño que los periodistas fueran uno de los blancos preferidos de fray Rafael Vélez. Según él, porque constituían la avanzadilla del poder ejecutivo en la reforma eclesiástica, asesoraban a los políticos, dirigían con su opinión la actividad de las Cortes19. Es evidente, sin embargo, que las causas de su inquina eran más profundas. En parte, ésta se debía a la eliminación parcial de la capacidad clerical de modular el mensaje, a la marginación eclesiástica como filtro de información hacia el público, actor cada vez más importante en el sistema; y, en parte, se fundaba en la consideración de que el periodismo venía a suplantar el papel de árbitro del alto clero con respecto al poder ejecutivo.
La república literaria se autonomizaba, se alejaba progresivamente de la res publica christiana asumiendo el compromiso de asesoramiento político, de crítica orientativa del poder ejecutivo que había estado a cargo, entre otros, del episcopado. Significativa fue la suplantación que se operó si, como se ha afirmado, los escritores, entre ellos los periodistas, se erigieron en “guías morales de la sociedad”20, cuando el nuevo obispo de Cádiz pensaba, en 1814, que los obispos eran los “Guías y los Santificadores de sus Pueblos”21. El cambio no podía pasar desapercibido a la jerarquía, que sin embargo no podría recuperar su posición en el sistema, ni siquiera con ninguna restauración absolutista.
Claramente lo vieron, y expresaron, los obispos refugiados en Mallorca en su Instrucción pastoral. En su idea, los periodistas “se venden por los intérpretes de la opinión pública, o pretenden ser los autores de ella”. El ataque a la prensa venía dado por la constatación de que ésta ocuparía la función de consejero natural que el episcopado tenía en el Antiguo Régimen. Papel que los obispos pretendían negarle, al afirmar que “el pueblo hace más justicia a sus Pastores y demás Ministros de la Iglesia, en quienes tiene colocada su confianza”, que en los periodistas. Así se había demostrado en la elección de sujetos para las juntas provinciales, y de diputados para Cortes. Para las primeras, eran elegidos “Obispos, Canónigos, Párrocos y Religiosos los más distinguidos de los pueblos”, y en las segundas había “un buen número de Diputados Eclesiásticos de todas clases”, que confirmarían la vigencia de la función política del clero. Pero la insistencia en esa función consejera no era más que la confirmación de su progresiva desaparición. Por ello, precisamente, resulta de interés penetrar en la hermenéutica de los obispos, que se esforzaban por mostrar la larga tradición en que reposaba esa función de consejeros naturales, de los roles estructurales del clero en el Antiguo Régimen, y de la alteración de esa realidad por la introducción de otros actores que pretendían ocupar esos puestos22.
2. La selección de los obispos.
Para que la alianza funcionara de alguna manera, hubiera sido imprescindible que Fernando VII estableciera una política de selección episcopal en términos de estricta fidelidad personal. Pero es demasiado fácil suponer que el rey reconfiguró la jerarquía eclesiástica atendiendo solamente a ese factor, o a los méritos políticos, inmediatos, de ciertos sujetos que, en retribución por sus nombramientos, apoyarían el régimen sin reservas. Quizás sea la primera impresión que se pueda tener al ver la nómina de electos. Sin embargo, había varios elementos que limitaban seriamente la capacidad de acción del monarca en las presentaciones episcopales. Se irán desgranando en lo sucesivo los puntos principales de esta limitación, que son, sintéticamente, la necesidad del monarca de contar con las élites gobernantes en la composición del episcopado; la necesidad de experiencia previa de los electos, para regir unas sillas en difícil situación tras la guerra; la atención precisa al mérito político, o a la fidelidad durante la ocupación napoleónica y, por último, la escasa atracción que, para ciertos sectores altoclericales, presentaba la obtención de la mitra en aquel tiempo.
2.1. La Cámara de Castilla configura el grupo de los episcopables.
En un contexto en el cual el monarca se veía obligado a buscar un mayor consenso en sus decisiones, la Cámara de Castilla volvió a recobrar cierto protagonismo en su función de colaborar en la administración de la gracia regia. El reinado de Carlos IV había conocido una progresiva marginación del órgano en favor de la vía ejecutiva. Se prefirió, cada vez más, la provisión de empleos por decreto, sin atención a las propuestas que fueran elevadas por los camaristas (o, directamente, sin recurrir a la Cámara)23. En cambio, ésta participó de alguna manera en la mayoría de las provisiones de sillas episcopales vacantes tras la guerra, condicionando la selección más de lo que probablemente hubiera gustado al rey. El real decreto directo se utilizó en 6 ocasiones, mientras que alguno de los propuestos por la Cámara fue electo en 19 casos24. La mayoría de las veces, el candidato figuraba en el primer lugar de la terna. Este era, pues, el primer condicionamiento a la capacidad de elección del monarca.
La recuperación de su función de asesoramiento por parte de la Cámara permite identificar a los sujetos que entraron en la categoría de episcopables, de aquellos que, aunque no fueran electos, aparecieron en sus propuestas y que, por lo tanto, compitieron por la mitra en alguna medida, o fueron considerados aptos para el ministerio episcopal por las élites políticas del reino. La exposición de los datos de las consultas puede ofrecer algunas pistas para descubrir cuáles fueron realmente los criterios selectivos.
La mitra de Calahorra fue una de las primeras consultadas, el 6 de julio de 1814. Para ella fueron propuestos Atanasio Puyal, obispo auxiliar de Toledo en Madrid, quien en 1810 fue nombrado obispo de Astorga por José I, aunque había rechazado la mitra; Vicente Ruiz Albillos, canónigo doctoral de la catedral de Ciudad Rodrigo, presidente de las Cortes ordinarias durante un brevísimo periodo, quien en los siguientes años sería propuesto al menos para seis obispados, sin ser ascendido a ninguno; Manuel Ros, canónigo doctoral de la catedral de Santiago de Compostela, diputado en las Cortes extraordinarias, hecho obispo de Tortosa poco después; Ignacio Roda, canónigo penitenciario de Santiago de Compostela, diputado en las Cortes ordinarias, firmante del Manifiesto de los Persas, preconizado obispo de León a finales de año; Antonio de la Riva, canó- nigo doctoral de catedral de Cartagena; Ildefonso Cañedo, con una larga carrera eclesiástica, diputado en las Cortes extraordinarias, y por último, Antonio Umbría, propuesto por un voto en tercer lugar, canónigo penitenciario de la catedral de Tuy25. Sería electo el propuesto en primer lugar, Atanasio Puyal.
El mismo día se consultó el obispado de Zamora. El primer propuesto fue Pedro Inguanzo, canónigo doctoral de la catedral de Oviedo, gobernador de aquel obispado, diputado en las Cortes extraordinarias. En segundo lugar, repetía Ignacio Roda. En tercero, la mayoría de camaristas propuso al futuro obispo de Tarazona e Inquisidor General, Jerónimo Castillón, diputado en las Cortes ordinarias y, como el anterior, firmante del Manifiesto de los Persas. Un grupo formado por tres camaristas decidió proponer a Pedro Inguanzo en otros lugares de la terna, aprovechando sus votos en primera posición para introducir a fray Miguel Acevedo, alto cargo de la orden franciscana, vocal eclesiástico en la.
Asamblea de Bayona; a Pedro Manuel Prieto, canónigo magistral de la catedral de Sevilla, que había ejercido desde 1809 como vocal de la Junta de Materias Eclesiásticas de la Junta Central; a fray Bernardo Ruiz, abad del monasterio benedictino de San Martín de Madrid; a fray Teodoro Mosquera, también benedictino, abad del monasterio de Santiago de Compostela, y, para finalizar, al combativo dominico fray Francisco Alvarado, alias Filósofo Rancio26. En este caso, también, fue electo el primer propuesto, Pedro Inguanzo.
Será suficiente con mostrar otra lista de candidatos. La hecha para la mitra de Málaga, por ejemplo, una semana después de las dos anteriores. Fabián Miranda Sierra, propuesto en primer lugar, con una importante trayectoria en la administración del arzobispado de Sevilla, había sido desde 1809 vicepresidente de la Junta de Materias Eclesiásticas de la Junta Central. El segundo era Nicolás Maestre, canónigo lectoral de la catedral de Sevilla. Manuel Fernández Manrique, tercero, era canónigo lectoral de la de Cuenca. Ildefonso Cañedo repetía, en este caso por un voto en minoría del marqués de Villanueva, quien también metió en la terna a Francisco Sainz Escalera, inquisidor, y a Francisco Fernández Campomanes, canónigo doctoral de la catedral de León27. Sería elegido Fabián Miranda, quien rechazó la mitra facilitando, así, el ascenso de Ildefonso Cañedo.
La exposición de estas tres consultas permite plantear algunas cuestiones. El grupo de candidatos a la mitra quedaba configurado por los camaristas con atención a dos variables principales. Por una parte, aparece claramente la experiencia política durante los seis años anteriores. Los propuestos, parece, habían participado de alguna manera en las instituciones creadas durante la guerra, aunque si se tiene en cuenta al conjunto de los presentes en todas las consultas no pueda afirmarse lo mismo. No todos se destacaron por sus actividades políticas. Si bien se puede suponer una fidelidad monárquica probada a la mayoría, cabe afirmar que el factor político fue importante, pero no clave, para entrar al grupo de los episcopables.
Por otra parte, se revela como factor casi ineludible el respeto a los cauces habituales de preselección de la jerarquía eclesiástica. Como se puede observar en las tres consultas extractadas, los candidatos ocupaban posiciones por las cuales, en cierta manera, habían quedado señalados para el episcopado antes de $1 8 0 8 ^ { 2 8 }$ . Siguiendo una tendencia bien establecida en el siglo XVIII, los episcopables habían tenido que pasar por una serie de filtros preselectivos puestos por el alto clero, que limitaba así la capacidad electiva del monarca a un conjunto reducido de clérigos. Entre los no electos, pero propuestos entre 1814-1816, la administración eclesiástica, cuya composición controlaban los obispos, o las canonjías de oficio (doctoral, lectoral, magistral, penitenciaria) de las catedrales más importantes, cuya obtención requería del asenso del alto clero para superar las oposiciones (al contrario de las de gracia, dadas por el rey sin intervención clerical previa), seguían siendo las vías más destacadas de inserción en el grupo29. Entre los curas de parroquia, eran los de Madrid los que, como anteriormente, podían aspirar a ser incluidos en una terna30. Los clérigos regulares incluidos en las propuestas tuvieron, en algunos casos, cargos de gobierno para los que fueron elegidos por sus órdenes31. Los que no pasaron por estas vías preselectivas (que contaron con canonjías o dignidades de gracia dadas por el rey, con méritos políticos, o con ambos, pero sin apoyo intraclerical) fueron los menos.
El rey tenía que realizar un auténtico ejercicio de equilibrio entre esas variables para cubrir las 21 sillas vacantes en 1814. No podía llevar a cabo una política de reclutamiento en clave única de lealtad personal. Porque no se trataba solo de premiar los servicios que se hubieran hecho en su favor32. Los eclesiásticos que habían participado en los órganos creados durante la guerra adquirieron una experiencia que el monarca, al menos de forma eventual, tenía que neutralizar de alguna manera. No era tan simple como un intercambio de servicios, sino que el rey debía compensar los servicios, sí, pero también detener aquellos procesos políticos que pudieran discutir su posición. Y, además de esto, respetar los mecanismos cooptativos por los que el alto clero delineaba las líneas principales del reclutamiento. Era éste un factor a observar, que establecía importantes elementos de continuidad conjugados con nuevos factores a tener en cuenta, como se habrá de comprobar al tratar de los que finalmente fueron electos.
2.2. Los electos.
Puede que hubiera recompensas políticas: tres persas fueron inmediatamente elevados a la mitra, seis diputados en Cortes extraordinarias fueron hechos obispos, mientras que tres de los firmantes de la pastoral colectiva de Mallorca eran promovidos en la jerarquía33. Pudo haber también otros elementos circunstanciales. En algunos ascensos, pudo influir que, en el curso de su acción durante los seis años de conflicto, estas personas fueran entablando relaciones que, de alguna manera, llegado el momento, les pusieran en condiciones de ser conocidas en el centro de las últimas decisiones, al cual no hubieran llegado en otro contexto. Los periodos caracterizados por la proliferación de conflictos, por una intensa movilización o por la incertidumbre política parecen especialmente propicios para la formación de nuevas relaciones. En lo que hace a la capacidad de control monárquico sobre las carreras, esto, en cualquier caso, repercutiría negativamente en tanto que, junto con una más acusada inoperatividad integradora de la gracia regia, reducía aún más la exclusividad política del rey, aunque todo se adornara con los elementos retóricos de una alianza entre el altar y el trono bajo la que latían diferencias cada vez más insalvables.
Por otra parte (como se ha visto) la irrupción del factor político no eliminaba las condiciones informales que el propio alto clero ponía a la configuración del episcopado. Es posible, de hecho, que aumentara las limitaciones, dificultando la creación de un episcopado sometido a la voluntad monárquica. Se puede admitir que Gregorio Ceruelo fue seleccionado para la mitra de Oviedo por haber firmado el Manifiesto de los Persas, pero sin perder de vista que desde 1796 había sido provisor y vicario general del obispado de Palencia34. La misma condición de persa pudo influir en el ascenso de Jerónimo Castillón a la mitra de Tarazona, pero se debería tener en cuenta, también, que en 1784 había sido nombrado vicario general del territorio de la colegiata de Monzón por el obispo de Lérida, con lo que su conocimiento del gobierno diocesano era más o menos sólido35. El tercer persa elevado a la mitra había sido teólogo de cámara del arzobispo de Burgos desde 1781, pasando después a la canonjía penitenciaria de Santiago de Compostela36. El nuevo obispo de Málaga fue canónigo doctoral de la catedral de Badajoz, vicario capitular y gobernador del obispado en sede vacante, y visitador de las parroquias de Toledo, antes de pasar por las Cortes extraordinarias como diputado por Asturias37. El obispo de Cádiz, Juan Acisclo Vera, presidente de la Junta Central, fue llevado a Sevilla siendo niño por su tío, el arzobispo Francisco Delgado, como familiar episcopal, más tarde fue vicario general, y finalmente coadministrador del arzobispado con título de arzobispo de Laodicea in partibus38. Los nuevos prelados cumplían, pues, con los requisitos de preselección del alto clero. Eran episcopables antes de 1808, a lo que después se sumó la circunstancia favorable de su posicionamiento político.
Ese factor de experiencia insertaba a los electos en una tradición particular, en una línea informal de sucesión episcopal, por la cual una generación de obispos les había elegido para ser candidatos a la siguiente. Esa trayectoria era compartida con otros sujetos en similares dinámicas, con consecuencias que no se pueden obviar. El entorno del antiguo primado de España, Francisco Antonio Lorenzana, se reproduciría con ocho nuevos obispos entre 1814-1820. En 1814 se escogió para la mitra de Lugo a José Antonio Azpeitia, quien desde joven había sido preparado por su tío, el obispo de Segovia, para una carrera en la jerarquía39. En 1819 se le uniría en la dignidad episcopal su hermano Raimundo, como obispo de Tudela, con lo que José Antonio Azpeitia, hechura a su vez de Francisco Antonio Lorenzana, dejaba tras su muerte a dos personas en el episcopado. Se sumaba a éstos, aunque en su ideario eclesiológico difiriera profundamente con ellos, el obispo de Mallorca, Pedro González Vallejo, también vicario general de Segovia40. Jerónimo María Torres, recomendado décadas antes por el primado a la Cámara de Castilla, dejó a tres subordinados suyos en el episcopado41. El prelado de Calahorra también había sido elevado al obispado auxiliar por Francisco Antonio Lorenzana, de quien era teólogo de cámara antes de $1 7 8 6 ^ { \hat { 4 } 2 }$ . Por último, Juan Nepomuceno Lera, electo para Barbastro, era amigo, y antiguo compañero de estudios del anterior43 (gráfico 1). Esta línea cooptativa, como se puede ver, obtuvo una nutrida representación, en parte debido a que la situación en la que habían quedado algunos obispados tras la guerra requería de personas experimentadas en el gobierno diocesano. Lo cual, sin embargo, reducía seriamente el abanico de posibilidades del monarca.
2.3. El problema de los rechazos.
El rechazo de las presentaciones es un factor que merece mencionarse como última vuelta de tuerca de esta argumentación. En total, durante el proceso de provisión de las 21 mitras vacantes en 1814, nueve elecciones se frustraron por negativa de los electos. Para la mitra de Huesca, vacante desde 1809, se tuvo que elegir a cuatro personas. Rechazó, primero, Francisco Yáñez Bahamonde, Comisario General de Cruzada por nombramiento de la Regencia; después, Manuel Francisco López Montenegro, antiguo vicario general del obispado de Astorga, y deán de su catedral, y en tercer lugar Pedro Manuel Prieto. Solo en la cuarta elección, que recayó en Eduardo María Sáenz de Laguardia, pudo Huesca volver a tener pastor44. Los obispados de Barbastro, Gerona, y Málaga también fueron rechazados por sus primeros electos45. En tres casos, el rechazo fue a una promoción para una silla más elevada. Nada menos que el arzobispado de Granada fue rechazado en dos ocasiones46. Y el de Sevilla, en una, por Rafael Menéndez Luarca, quien aseguró querer continuar su misión en Santander47.

1.
El fenómeno era desconocido, al menos en esta amplitud. El ministerio episcopal constituía una pesada carga, además de una responsabilidad ante Dios. Más arduo incluso resultaba en aquellas circunstancias, y menos gratificante, entre otras cosas por el descalabro de las rentas episcopales. Cierto es que antes de 1808 a veces, alguno de los electos rechazaban la mitra. No era un fenómeno inédito. Sin embargo, al menos entre 1760 y 1808, la negativa a aceptar la elección se daba con menor frecuencia48.
El problema continuaría durante todo el reinado. Pero el monarca se mostraría cada vez menos tolerante con los rechazos. Por ejemplo, cuando Francisco Javier Cienfuegos fue elegido para el obispado de Cádiz, explicó en un memorial que, probablemente, los sujetos que le habían recomendado se habían equivocado al evaluar sus capacidades, lo que sencillamente era una excusa para no aceptar. No obstante, al margen del expediente el rey escribió un lacónico “no admito la renuncia” que quizás no deba leerse tanto como una señal de su autoridad, sino como de la impotencia para formar un episcopado a su satisfacción49.
3. La formación de un episcopado contestatario.
En lo que sigue, desarrollaré dos cuestiones que contribuyeron a la disociación progresiva de las dos potestades. La primera, tratada someramente ya, es la de la selección interna de la jerarquía eclesiástica, por la cual ésta seguía una dinámica propia, autónoma con respecto al mundo político, en la que profundizo a través de un ejemplo particularmente elocuente al añadirse el mérito adquirido durante la guerra como factor de influencia para cooptar prelados. La segunda cuestión es la de la pérdida de relaciones del alto clero en la esfera política, ocupada en sus puestos de mando por unos grupos cada vez menos interesados en la carrera eclesiástica, que resultó de la primera importancia en la disgregación del episcopado del conjunto del sistema.
3.1. Las pautas de continuidad.
Jerónimo María Torres, obispo de Lérida, sería, junto con el obispo de Barcelona, el único de los firmantes de la Instrucción pastoral redactada en Mallorca que no fue promovido en la jerarquía, al contrario de lo que ocurriera con fray Veremundo Arias (promovido a Valencia), Francisco Dueña (transferido a Segorbe a petición propia50) o Blas Joaquín Álvarez (promovido a Granada). Puede pensarse que, quizás, el obispo ilerdense no tuviera entre sus objetivos, a la avanzada edad de 84 años, ascender a otra mitra. Pero movería las relaciones necesarias para que dos eclesiásticos de su curia obtuvieran los réditos de su actividad, logrando reproducirse así en el episcopado.
El prelado, procedente del Colegio Mayor de San Salvador de Salamanca, había sido visitador general del obispado de Plasencia por nombramiento del obispo, también colegial mayor, Pedro Gómez Cabiedes. En 1757 obtuvo la canonjía doctoral de la catedral de Coria. En 1770 fue nombrado canónigo de la catedral de Toledo. En este destino conocería a Francisco Antonio Lorenzana, quien recomendaría su candidatura en informe remitido a la Cámara de Castilla. Comenzó a aparecer en consultas para mitras en 1776, siendo electo para la de Lérida siete años después51.
Los dos obispos que se formaron bajo su protección tenían importantes paralelismos en sus carreras. El primero, Eduardo María Sáenz de Laguardia (Moreda de Álava, 1764), había estudiado ambos derechos en la universidad de Oñate, obteniendo la licenciatura en derecho canónico por la de Zaragoza, en $1 7 9 3 ^ { 5 2 }$ . Pasó a ejercer de vicario general y provisor del obispado de Lérida con anterioridad a $1 \dot { 7 } 9 5 ^ { 5 3 }$ . El segundo, Manuel Villar (Pamplona, 1776), doctor en ambos derechos por la universidad de Oñate y antiguo estudiante de la universidad de Zaragoza, había sido llamado por Jerónimo María Torres para fiscal diocesano54. Sucedió a Eduardo María Sáenz en el vicariato general, puesto que ocupaba en $1 8 0 8 ^ { 5 5 }$ .
El obispo de Lérida conseguiría que ambos fueran elevados a la mitra. Para colocar a Manuel Villar, “sujeto de toda su confianza”, pidió al rey el nombramiento de un obispo auxiliar alegando que no podía cargar con la administración del sacramento de la confirmación por los achaques propios de su edad, tras el ministerio ininterrumpido durante 32 años. Lograría que el arzobispo de Tarragona, su metropolitano, al que había tratado cuando ambos estuvieron refugiados en Mallorca, emitiera un parecer favorable sobre la solicitud. Y que la Cámara de Castilla, en la que era miembro su sobrino Sebastián Torres, diera el visto bueno a la petición56.
Por otra parte, el 14 de diciembre de 1814 el obispo había enviado a la Secretaría del Real Patronato de Aragón un informe reservado en el que aseguraba tener conocimiento de un solo eclesiástico apto para la dignidad episcopal, que no era otro que Eduardo María Sáenz Laguardia57. Se limitaba a enumerar su naturaleza, estudios, grados académicos, labor en la curia episcopal, edad, conducta, y personalidad. Poco después de enviarse el informe, la Cámara de Castilla incluía al recomendado en la consulta para la mitra de Huesca, siendo elegido por el rey tras el rechazo previo de tres sujetos58.
El 3 de diciembre de 1815 se celebraba en la catedral de Lérida la consagración de los dos nuevos prelados. Era todo un acto de reafirmación grupal. El obispo de Barcelona, el de Lérida, y el de Barbastro se reunían para transmitir la potestad de orden a una nueva generación de sucesores apostólicos59. El proceso se completaría cuando el obispo de Lérida, muerto en marzo de 1816, fuera sucedido en la mitra por Manuel Villar. La conciencia de actuar en una misma línea de misión la expuso éste en la carta de aceptación del obispado, al escribir:
“adoro los designios de la divina providencia en haber movido la voluntad del rey para elegirme sucesor de tan digno e inimitable prelado, que fue especial Protector, y Padre mío”60.
La voluntad del rey para la última elección había sido movida por la divinidad, pero todo el proceso de formación estaba completado por el obispo, su protector. La transferencia de méritos del prelado era clara.
El ejemplo muestra hasta qué punto la alta carrera eclesiástica dependía de factores internos. Esto, si el episcopado quedaba conectado con otras esferas de actuación, no planteaba problemas serios a la entente entre ambas potestades. Pero si al mismo tiempo que las lealtades se centraban en el seno de la propia jerarquía, ésta se desvinculaba de otros mundos, se corría el riesgo de mayor autonomización de los obispos con el peligro de la formación de un frente contestatario legitimado por sus propios referentes. Me explicaré con más detalle a continuación.
3.2. La desvinculación.
La generación de discursos o la formación del ideario no pueden comprenderse sino observando los espacios en los que las interacciones personales, continuadas, contribuyen a formar unos referentes compartidos ante un conjunto de experiencias vividas en común. He aludido a la divergencia progresiva de ambas esferas, al desarrollo de lógicas cada vez más disociadas. Pero este distanciamiento de ethos no se puede explicar satisfactoriamente recurriendo a argumentos esencialistas, ni a la oposición binaria de entes (Iglesia/Estado), sino atendiendo a un proceso más amplio que remite a la diferenciación entre la élite nominal y la élite funcional en el sistema.
Se trata en este punto de calibrar la incidencia de la paulatina desaparición de las relaciones efectivas entre actores situados en distintos mundos, lo que supone, en cierta manera, su desintegración. La clase funcionarial, los militares, los comerciantes, fueron ganando consciencia, desde finales del siglo XVIII, de su control efectivo del aparato estatal al margen del monarca61. Ahora bien, no cabe separar los ámbitos de actuación citados si no es en estrictos términos funcionales, porque todo estaba integrado por relaciones (de parentesco, amistad, compañerismo u otros vínculos) entre los actores. Éstos formaban grupos conectados con presencia en varios campos de actividad. Lo que interesa, aquí, es mostrar cómo la jerarquía eclesiástica pasó a estar desintegrada, funcionando cada vez de forma más autónoma por la pérdida de los vínculos que le unían al aparato estatal y/o económico.
En la segunda mitad del siglo XVIII era habitual que los obispos participaran en procesos de movilidad social ascendente junto con otra serie de personas que, a su vez, hacían carrera en otros campos funcionales. En algunas ocasiones, sus parientes colaterales obtenían puestos en la administración de la monarquía, en altos mandos del ejército, recibían honores, o practicaban el comercio con sustanciales ganancias. Muchas veces, todo esto ocurría simultáneamente, se conjugaba en un mismo proceso, con lo que el episcopado quedaba integrado en un sistema más amplio de obligaciones por los estrechos vínculos que le unían con actores situados en otras esferas. No todo era, sin embargo, el parentesco. En otras ocasiones, eran los vínculos adquiridos en sus propias trayectorias los que les integraban en el sistema. Por ejemplo, las relaciones de compañerismo estudiantil, ya que los futuros obispos estudiaban junto con personas que, a su vez, iban a formar parte de la siguiente generación de gobernantes del Estado, creando un conjunto de intereses compartidos cuya expresión más visible la constituyeron, quizás, los Colegios Mayores. Por último, el Estado había conseguido implicar al episcopado en algunas iniciativas, como la dirección de las sociedades económicas, o la pertenencia a las reales academias de la Historia, Española o de Bellas Artes, logrando así vincularle a sus propios intereses62.
Esto parecía estar cambiando en las primeras décadas del siglo XIX. El caso de Francisco Javier Cienfuegos es expresivo de ello. Procedía de una parentela asturiana bien representada en la alta administración, el ejército, y el alto clero. En 1778, cuando contaba 12 años, había sido llamado por su tío, el obispo de Segovia, para formar parte de su familia episcopal. En 1783, cuando éste fue promovido al arzobispado de Sevilla, se lo llevó en su séquito, otorgándole prebendas, costeando su educación, formándole como eclesiástico63. Durante este periodo iría conociendo a otras personas que, como él, acabarían siendo obispos. Por ejemplo, a Pedro Inguanzo, que era entonces secretario de cámara del arzobispo, primado de España desde $1 8 \hat { 2 } 4 ^ { 6 4 }$ . $\mathrm { E n } ~ 1 8 1 7$ su primo, el también arzobispo de Sevilla Romualdo Mon, le hizo provisor y vicario general, en evidente apoyo a su candidatura episcopal, que culminaría con la presentación para la sede de Cádiz en $1 8 1 9 ^ { 6 5 }$ . En 1824 fue electo para el arzobispado de Sevilla, que habían regido anteriormente dos parientes suyos. Las relaciones intraclericales, de cooptación episcopal, de parentesco, y las de compañerismo parecían estar bien trabadas en un mismo mundo.
Parientes, paisanos, o amigos suyos habían desarrollado en paralelo, con una importante capacidad para captar la gracia regia, relevantes carreras en distintos campos de actuación. Pero todo ello se iría desvaneciendo. En los últimos años de vida de Fernando VII pocos elementos (cada vez menos), iban vinculando a Francisco Javier Cienfuegos al Estado. Su hermano José María, de brillante carrera militar, había fallecido en $\overline { { 1 8 2 5 } } ^ { 6 6 }$ . Entre sus primos, el arzobispo de Sevilla Romualdo Mon, moriría en 1819; el hermano de éste, Juan Antonio, había muerto en 1791 como consejero del Consejo de Indias, mientras que Arias Antonio Mon, antiguo consejero del Consejo de Castilla, dejaba este mundo en 1811. José Agustín Mon, también consejero del Consejo de Castilla, fallecería en $1 8 1 8 ^ { 6 7 }$ . Gaspar Melchor Jovellanos, su tío, y protector, había muerto en 1811. La integración por vía de parentesco se resentía. Él, por su parte, había tenido un desarrollo ideológico particular, con experiencias propias, cuyos elementos son perceptibles en su correspondencia con el Filósofo Rancio68. Su participación en ámbitos propios del mundo eclesiástico le iba separando de otras personas con las que estaba relacionado, cuyos referentes, fraguados en el curso de sus propias carreras, se iban situando en el liberalismo político. La carta que envió a su sobrino en 1838, tratando de la inscripción en el monumento en recuerdo de su pariente común, Gaspar Melchor Jovellanos, resulta elocuente a este respecto:
“Querido Gaspar: recibí tu última, y me causó no poca pena, porque me pone en la precisión de afligirte desaprobando algunos de los pasos en el asunto consabido. La inscripción hace honor al difunto y a los suyos, pero ninguno al difunto considerado como cristiano, cualidad principal en que existe la eternidad, país donde solo vive la religión, enteramente olvidada en la inscripción. En este monumento se recuerda con extraordinaria demostración la ley agraria, papel elogiado por todo el orbe; pero, ¿qué piensa de él la Iglesia? Reprobado está por su autoridad divina. Pues, ¿cómo se elogia a la faz de la Iglesia y junto el mismo altar un escrito altamente ofensivo de Jesucristo?”69.
La preeminencia de sus experiencias individuales por encima de las solidaridades del parentesco le hacía rechazar a su difunto tío Jovellanos, víctima de un “contagio de la Filosofía” al que el arzobispo decía no querer exponerse. Como prelado, no aprobaba que no se hiciera ninguna referencia en la inscripción al cristianismo, o que fuera elogiada una de sus obras no precisamente favorable a los intereses eclesiásticos. Este proceso de distanciamiento, como se ha de ver, se inserta en uno más amplio, de capital importancia.
Cabe introducir un importante planteamiento a la luz del ejemplo anterior. Las acciones que los individuos realizan, en mayor o menor concordancia con la formación de su ideario, están condicionadas por la posición que ocupan en un sistema, por su capacidad relativa de acceder a nuevos recursos y, sobre todo, por el conjunto de relaciones que mantienen en un momento dado. La jerarquía eclesiástica quedó fuera del juego fidelizador del Estado, no por falta de voluntad, sino por imposibilidad, es decir, por la reducción de su capacidad para que parientes, amigos, o compañeros accedieran a puestos, honores, o rentas del Estado. En cierto sentido, pues, la progresiva disposición hacia la exclusividad de la fidelidad pontificia por parte de la jerarquía, que se haría evidente a partir de la tercera década del siglo XIX, se explica por un desplazamiento de los sujetos que pasaban a acceder a los recursos estatales. La alteración en la distribución de estos recursos dejaba fuera al alto clero.
Hay que tener en cuenta el factor material. El derrumbe económico del clero, al que habían contribuido, entre otros factores, el descenso en la recaudación decimal, la guerra, o los numerosos donativos hechos por la clerecía desde la última década del siglo XVIII, era más que evidente. Las rentas del arzobispado de Toledo (por ejemplo), que llegaban en 1801 a unos 6.000.000 de reales anuales, habían descendido en 1823 hasta aproximadamente $3 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ { 7 0 }$ . El impacto era percibido por el obispo de Pamplona, quien, en su exposición a las Cortes de 7 de julio de 1820 (tratando de un posible plan de dotación al clero o de la venta de bienes eclesiásticos), afirmaba que “en tiempo no lejano ha habido constantemente en los Cabildos [catedralicios] un apreciable número de individuos de familias conocidas y ricas, proporcionándose muchos a las prelaturas y dignidades por un estudio continuado, y sirviendo de ornamento al estado eclesiástico, ya ello se ha disminuido, advirtiéndose en los padres de la referida clase que aunque estén recargados de hijos, apenas consagran uno a la Iglesia; siendo más admirable que ni los eclesiásticos con sus nepotes se deciden a gastar y aplicarlos”71. Lo planteado por Roberto Di Stefano para el Río de la Plata tiene su paralelo en España. Según el autor algunos grupos, dedicados al comercio o a la administración política, habrían dejado de interesarse por la alta carrera eclesiástica mediando en ello razones de orden económico (colapso generalizado, rápido descenso de rentas eclesiásticas) y de orden social (al estar el ingreso en la clerecía cada vez más desprestigiado en los valores propios de la nueva élite dirigente)72.
Las repercusiones son importantes, como lo muestran, a contrario, algunas elecciones de obispos a finales del periodo, en sujetos que en alguna medida serían fidelizados por el Estado. Las vías citadas de integración en el sistema (relaciones efectivas con sujetos situados en la esfera política, colaboración en iniciativas estatales) pudieron tener algo que ver en sus lealtades o en su desarrollo eclesiológico. Félix Torres Amat, presentado para la mitra de Astorga a mediados de 1833, era académico de la Real Academia Española73. Juan José Bonel, elegido para el arzobispado de Granada en 1838 (aunque rechazado por la Santa Sede) era uno de los pocos que había visto a su parentela integrarse en el sistema74. Judas José Romo, obispo de Canarias (1834-1847), alineado durante algún tiempo con el Estado, era académico de la Real Academia de la Historia desde $1 8 \dot { 1 } \dot { 6 } ^ { 7 5 }$ , igual que Pedro Alcántara Jiménez, obispo electo de Ciudad Rodrigo, cuya candidatura fue rechazada por la Santa Sede (1833)76. Por último, Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca depuesto en 1824, rechazado por la Santa Sede como arzobispo de Toledo en 1836, tenía un sobrino en la jefatura de sección de la Secretaría de Gracia y Justicia, al que se haría caballero de la Orden de Carlos III en $1 8 3 8 ^ { 7 7 }$ . Si bien habría que profundizar en la biografía de otros electos durante las mismas fechas, los datos disponibles apuntan en una sugerente dirección, como es la de la obligación para con las instancias fidelizadoras por medio de los mecanismos descritos, que incidirían en el posicionamiento eclesiológico y en la formación de discursos justificativos.
La mayoría de los prelados, sin embargo, no participaban de ese mundo. Y, en consecuencia, no puede extrañar que, a partir de 1824, las relaciones con la esfera política se caracterizaran por la incomunicación y el conflicto en un marco general de inestabilidad y crisis. En este punto, Roma debería tratar de dominar a un episcopado desorientado como consecuencia del derrumbe de las estructuras políticas del Antiguo Régimen. Lo que se prestaría a hacer, en una pauta de acercamiento progresivo a los obispos, en todo el ámbito católico, desde España hasta las nacientes repúblicas de América Latina, pasando por Francia.
4. Entre Madrid y Roma, Roma.
En opinión de Joaquín Lorenzo Villanueva, a la altura de 1825 la influencia de la Santa Sede sobre la carrera de los obispos era total. Roma actuaría deponiendo o no aceptando a obispos cuyos presupuestos eclesiológicos no se correspondieran con los suyos. La fidelidad, por la utilización sistemática de este procedimiento, se convertiría en unívoca, al entrar a formar parte del episcopado solo aquellos que obtenían (con cada vez más restricciones) la aprobación pontificia78. El episcopado parecía absolutamente fidelizado por la Santa Sede. Y, parecía ser, también, que se había decidido por un tipo determinado de estructuración jerárquica para la Iglesia, en la que el papa ocupaba un lugar central.
Las candidaturas de obispos de los gobiernos del periodo 1820-1823 habían sido sistemáticamente rechazadas por la Santa Sede. Se trataba de eclesiásticos, en buena parte relacionados entre sí décadas antes, que mostraban una mayor disposición a la intervención del Estado en materias eclesiásticas, que hubieran facilitado la conformación de un episcopado más dispuesto a adaptarse al cambio político, o a poner en un segundo plano los intereses de la Santa Sede con respecto a los estatales, o a los episcopales79. Las autoridades fueron conscientes, desde el comienzo, de que la ayuda de la jerarquía eclesiástica iba a ser importante de cara a legitimar el régimen. Lo subrayaba la Diputación de Extremadura al recomendar para la mitra de Coria a Juan Antonio López, convencida “de que nada es tan importante para la consolidación del sistema como el que los Prelados eclesiásticos, además de estar dotados de instrucción, y poseer todas aquellas virtudes que exige el desempeño exacto de su grave ministerio, sean también adictos a las nuevas instituciones”80. El problema era que el episcopado, configurado según otros parámetros, no estaba dispuesto a colaborar. No porque fuera anticonstitucional, sino porque, para aquellas fechas, no iba a permitir la intervención del poder político en su propio campo de actuación. Estaba decidido a otorgar la única legitimidad sobre sí al papa, terminando así con una secular pugna fidelizadora entre éste y el monarca.
El reconocimiento explícito de la autoridad pontificia (en su más amplio sentido) por el episcopado se manifestó con fuerza entre 1820 y 1823. Los obispos, con una consciencia cada vez más clara sobre su posición, otorgaron a Roma una legitimidad única ante los embates del mundo político. En diciembre de 1820, el obispo de Zamora escribía a Pío VII “para unirse así a él como a todos sus celosos Hermanos los Obispos que puedan haber dirigido, o puedan dirigir en adelante sus súplicas y oficios al Padre común de los fieles y estrecharse con él... implorando sus luces y dirección”. En respuesta, el pontífice le animaba a continuar fiel a la Santa Sede, sin incurrir en ninguna innovación, sino acudiendo al nuncio ante cualquier problema jurisdiccional que se le pudiera presentar81. El obispo de Lérida también recurrió a Roma para que se le guiara en el comportamiento que debía seguir, a lo que se le contestó que debía evitar el ejercicio de cualquier facultad extraordinaria en tanto que no estuviera otorgada por la autoridad suprema de la Iglesia82. Las repetidas cartas del obispo de Lugo fueron respondidas en los mismos términos83. Y la del ordinario de Albarracín, que había expuesto algunas dudas con motivo la reforma de los regulares, se contestó con el mandato de respetar los decretos de Trento, y, otra vez, de no ejercer ninguna facultad sin el asenso de la Santa Sede84.
El papa había perdido hacía más de un siglo toda pretensión de conservarse como “padre común” de las monarquías católicas, con la importante capacidad de mediar en los conflictos que pudieran surgir entre éstas. Primero, en Westfalia, donde las potencias concurrentes rechazaron su arbitraje. Más tarde, durante la Guerra de Sucesión española, desde la que definitivamente tuvo que desistir de influir como antes en la política internacional85. Entrado el siglo XIX, su objetivo principal era controlar, al menos, al clero, principalmente a sus jerarcas, aumentando su protagonismo en detrimento de la mediación de los monarcas86. En este sentido dirigiría sus esfuerzos.
La actuación del nuncio apostólico entre 1824 y 1833 muestra el interés por hacerse con el control de la composición del episcopado. Intentaría, en consecuencia, influir en lo posible en las elecciones del rey, informando detalladamente sobre los candidatos, sobre la vida pasada de éstos, y sobre su disposición a permanecer fieles a la Santa Sede87. Pero el comportamiento del nuncio solo en parte estaba condicionado por factores circunstanciales. Es decir, la situación política en España podía (o no) favorecer su intervención, pero la estrategia de la Santa Sede era global. El mismo fin de hacerse con el control de un espacio que estaba quedando disgregado se aplicaba a todo el mundo católico. El nuncio en París, durante la década de 1820, tendría como misión principal el aumento de su capacidad de intervención en la elección de los obispos88. En 1824, Giovanni Muzi era enviado como vicario apostólico hasta las nuevas repúblicas de Perú, Chile y Argentina con el objetivo de hacerse con el dominio del clero en una situación de indefinición tras el fin del dominio español89. En México, la Santa Sede trabajaba bajo cuerdas para conseguir que el rey de España desistiera de sus derechos patronales, con el fin de controlar más de cerca las nominaciones episcopales90 Similares condiciones animarían, también, una intervención más decidida en Brasil o en Portugal91. España no era, por lo tanto, una excepción, sino parte de una idea global sobre lo que habría de ser la estructuración interna de la Iglesia tras el derrumbe del Antiguo Régimen.
5. El conflicto abierto.
El desacuerdo entre los rectores de la sociedad política y la eclesiástica era evidente hacia 1828. Cinco años después de restablecerse la supuesta alianza entre trono y altar, las diferencias eran básicamente insalvables. Me limitaré a exponer, entre varios conflictos que dan cuenta de esta realidad, la representación firmada por Francisco Javier Cienfuegos aquel mismo año. Como se ha dicho, era arzobispo de Sevilla desde 1824. En 1826 había sido elevado al cardenalato. En su carrera eclesiástica, casi no podía ir más lejos. No temía (no tenía por qué temer) la retirada de un favor regio que ya no parecía tener el poder integrador que antes había tenido. Por otra parte, el hecho de que sus parientes más señalados hubieran ido falleciendo le liberaba de la atadura que le pudieran plantear las carreras de terceras personas.
Puede que, por eso, se dirigiera directamente al rey para protestar por lo que consideraba una intromisión abusiva de su poder en un campo jurisdiccional que no le correspondía92. El origen del problema estaba, en principio, en la elección de vicario capitular por el cabildo de la catedral de Málaga, por fallecimiento de su obispo el 3 de junio de 1827. El día 7 el cabildo procedió a nombrar al vicario capitular y provisor sede vacante. El nombramiento recayó en Ignacio Lorenzo Notario, quien no cumplía con el requisito (introducido por decreto de 24 de septiembre de 1784) de ser abogado para ejercer la jurisdicción contenciosa de provisor. En consecuencia, la Cámara de Castilla mandó que el nombramiento quedara invalidado y que el cabildo eligiera un sujeto que cumpliera con dicho requisito93. El 16 de noviembre se hizo el segundo nombramiento, siendo en esta ocasión aprobado por la Cámara. Pero el arzobispo de Sevilla consideraba que el derecho de nombrar o, mejor, de arbitrar en el asunto de la elección de vicario capitular le correspondía a él como metropolitano. Se atenía a la letra del Concilio de Trento, que mandaba a los cabildos catedralicios nombrar un vicario dentro de los ocho días siguientes a la muerte del obispo, con la calidad de ser doctor o licenciado en derecho canónico “o el más idóneo”, y que en caso de desacuerdo fuera el metropolitano quien decidiera. Esto, una colisión de “regalías” como tantas otras era, pues, el núcleo del conflicto.
Pero resulta evidente, en una segunda lectura, que el memorial solo fue propiciado, pero no motivado, por la elección del vicario. Se trataba, en realidad, de todo un compendio antirregalista. En su argumentación pesaban una serie de hechos ocurridos cuarenta años antes, pero que revestían las formas de una viva actualidad. “En todo tiempo”, decía el cardenal, “fue libre a los Prelados ordinarios diocesanos el nombramiento de sus provisores, así como también la separación de éstos”, pudiendo revocar y hacer nuevos nombramientos a su arbitrio “cuando y en quienes tenían por conveniente”. Fue así, efectivamente, hasta que “con motivo de las diferencias ocurridas entre el Muy Reverendo Arzobispo de Valencia y su Provisor”, se expidió, en 1784, el citado decreto por el cual los obispos deberían notificar a la Cámara de Castilla la persona elegida para el provisorato, para que el rey diera su aprobación con arreglo a los criterios mencionados.
Resulta visible, bajo esta luz, que la desintegración de la jerarquía eclesiástica no fue tan inmediata. Había una corriente de oposición desde la segunda mitad del siglo XVIII que perduraba en las experiencias de los actores, a pesar de haber quedado relativamente soterrada hasta 1808 por los mecanismos de censura y contención de la Corona, primero, y hasta 1820, después, bajo el velo de la alianza entre el trono y el altar. Francisco Javier Cienfuegos no llegaba en la fecha de expedición de aquel decreto a los 20 años de edad, pero ya estaba inserto en la red de reclutamiento altoclerical como familiar del arzobispo de Sevilla. Y recordaba en 1828 toda la intencionalidad de aquella medida: la equiparación de los provisores al resto del personal que ejerciera la judicatura, con el objetivo de controlar el gobierno eclesiástico, y de supervisar una importante vía de preparación de futuros obispos. Objetivo que en 1834, en otro contexto, revelaría en toda su dimensión el Secretario de Gracia y Justicia, al exponer que el móvil del decreto no había sido otro que el de “asegurarse que la jurisdicción eclesiástica se ejerciese por personas adictas a Su Majestad”94.
El decreto de 27 de marzo de 1824, por el cual los términos del de 1784 se extendían a los provisores sede vacante (y, por ende, a los vicarios capitulares) era percibido por el cardenal como continuador del regalismo carlotercista. En este punto, contraponía a las leyes políticas la fuerza de los cánones que, según él, y de acuerdo con los decretos conciliares de Trento, le daban pleno derecho para elegir al vicario del obispado de Málaga. Lo que mandaba el concilio, decía, continuaba plenamente vigente y, en todo caso, solo se podría derogar por la misma autoridad que lo estableció. Las leyes políticas estarían dirigidas, en lo que hacía a lo eclesiástico, a promover la observancia del derecho canónico, pero no podrían alterarlo. La primera elección del vicario capitular fue correcta con arreglo a las disposiciones conciliares y, como tal, no podía ser revocada por las políticas. La jurisdicción del cabildo para la elección de su vicario capitular se agotaba a los ocho días, pasando después al metropolitano, pero en ningún caso al rey. Pero el arzobispo iba mucho más allá del caso de la provisión de los empleos en sede vacante, al establecer taxativamente los límites jurisdiccionales de cada potestad. El conflicto jurisdiccional entre la autoridad regia y la eclesiástica quedaría solucionado, en su opinión, si cada una se limitara a su propio campo de actuación. Para ello, las dos potestades tenían sus respectivos especialistas y sus propias fuentes de autoridad. Francisco Javier Cienfuegos, que despedía la misiva en un tono discursivo propio de la alianza del altar y el trono, acababa de desacreditar gran parte de la obra regalista de los últimos cuarenta años.
Epílogo. De la alianza hacia el ultramontanismo.
La desconexión de los prelados con el resto de los espacios que componían el sistema los liberaba en alguna manera con respecto a las convenciones de la esfera política. Con su pérdida progresiva de relaciones en ésta, también perdían los compromisos que les pudieran plantear las carreras de otros sujetos con los que estaban vinculados, y que correrían peligro en caso de que expresaran su descontento con la deriva del sistema político. En buena medida, la intensificación de las prácticas regalistas, particularmente fuerte en la segunda mitad del siglo anterior, había sido posible gracias a la integración de la jerarquía eclesiástica a través de actores conectados en distintas esferas de actuación por la gracia regia, que conseguía neutralizar las críticas potenciales.
El proceso de separación de la jerarquía eclesiástica suele ser presentado como la culminación de una sucesión de reacciones a otros tantos golpes revolucionarios. Pero, como se ha podido ver, hay algunas tendencias de fondo que no se pueden obviar, y que han de animar el escrutinio de su desarrollo interno. El episcopado era plenamente consciente de su pérdida de posiciones en el sistema. En particular, de la desaparición de su función consejera del poder político, que venía a ser ocupada por la prensa, y que ninguna restauración monárquica podría devolverles. La jerarquía eclesiástica tardaría, de hecho, unos cincuenta años en asumir que debía sumarse al combate por su propia supervivencia con las mismas armas.
Estaba, también, el importante hecho de la autonomización de los obispos por sus propias dinámicas internas de reclutamiento, por las cuales su elección dependía fundamentalmente de lealtades adquiridas en espacios intraclericales y que, unidas a su desvinculación relacional de la esfera política, hacía de ellos un grupo cada vez más independiente de las convenciones que regían ésta. Cualquier alianza entre altar y el trono, como se ha intentado mostrar, era difícil, casi imposible de establecer en un contexto de creciente incomunicación. Más bien, lo que todos los factores antedichos estaban provocando era una alteración del sistema de fidelidades compartidas entre el Estado y la Santa Sede, que se resolvería en favor de ésta al cabo de algunos años.
La tendencia, sin embargo, quedaba bien establecida. En febrero de 1833 Fernando VII tenía que acudir al Papa para que exhortara al clero español a la obediencia, después de que, junto con algunos sectores descontentos con la pragmática sanción de 1830, hubiera supuestamente contribuido a agitar fuertemente el panorama político95. La jerarquía eclesiástica podría mediar con sus subordinados llamándolos a la calma. Pero, en último término, era Gregorio XIV quien emergía como árbitro. El rey no podía hacer frente a la situación. El obispo de Valladolid había previsto este marco ocho años antes cuando, ejerciendo su evanescente rol de consejero del monarca, sugirió a éste que, en adelante, habría que recurrir a la mediación pontificia para la interlocución con el episcopado en España96. El hecho, que no se hubiera producido (ni mucho menos) 30 años antes, era una de las consecuencias de la pérdida de los vínculos de fidelidad de los obispos hacia el mundo político, constituyendo la señal definitiva de que el Estado no podía ya controlar a un episcopado autónomo.