Censura y creación de opinión entre el final del franquismo y la transición a la democracia (1973–1978)
Censorship and Creation of Opinion between the End of the Francoism and the Transition to Democracy (1973– 1978)
RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA
Universidad de Valladolid, Filosofía y Letras. Plaza del Campus, s/n, 47011, Valladolid. email@example.com
ORCID: 0000-0003-2595-898X
Cómo citar: MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo, “Censura y creación de opinión entre el final del franquismo y la transición a la democracia (1973–1978)”, en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, Extraordinario I (2021), pp. 659-682.
DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.0.2021.659-682.
Resumen: La ley de Prensa de 1966 abrió las puertas a una nueva etapa para la prensa española después de décadas sometidas la férrea censura. Gracias a ella los últimos años del franquismo conocieron una profusión de publicaciones y a una nueva generación de periodistas que, a pesar de la legislación liberalizadora, tuvo muchos problemas con el poder, incluso durante los primeros años de transición a la democracia.
Palabras clave: Ley de prensa; Censura; Información; Franquismo.
Abstract: The Press Law of 1966 opened the way to a new era for the Spanish Press after decades of strict censorship. Thanks to it, the last years of Franco's Regime saw a profusion of publications and a new generation of journalists who, despite the liberalising legislation, had many problems with the authorities, even during the first years of the transition to democracy.
Keywords: Press Law; Censorship; Information; Fancoism.
Sumario: 1. Una Ley de Prensa para los nuevos tiempos; 2. Nuevos instrumentos para idénticos fines;
3. Control informativo y medios escritos en el cambio de régimen; Conclusiones.
1. UNA LEY DE PRENSA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS.
A mediados de los años sesenta, periodo de ebullición social y económica y de inicio de transformaciones estructurales en España, así como de mayor apertura hacia el exterior, parecía lógico que se abriera un debate amplio sobre la pertinencia de mantener una norma legal de tanto ascendente fascista como la Ley de Prensa de 1938. El sistema de consignas y la censura previa, los pilares que la sostenían, quedaban completamente fuera de lugar en un país que miraba cada vez con mayor atención a la Europa de su entorno. Finalmente, el resultado del largo e intenso proceso de discusión y redacción de un texto legal que, por un lado, satisficiera las demandas de apertura de muchos periodistas y, por otro, permitiera al Estado mantener los resortes del control informativo cristalizó en la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966.
Sin lugar a dudas, la nueva legislación benefició al periodismo escrito, agitando las estancadas aguas de unos medios cuya sumisión a las autoridades estatales no había variado en décadas. Por supuesto, en la medida de su brillantez y agudeza, los periodistas habían sacado a la luz y comentado asuntos polémicos de relevancia local, nacional o internacional, teniendo incluso que sortear los férreos límites de la Ley del 38, pero los frutos de la osadía de unos pocos no habían sido demasiado abundantes. No podían serlo cuando el aparato de control encorsetaba la información y la convertía en anodina, casi prescindible: como tantas veces se ha dicho, la voz oficial ocupaba el espacio público y transformaba las noticias en propaganda.
Aunque el Gobierno mantuviese suficientes instrumentos de injerencia como para preservar un control eficaz sobre la prensa, la Ley Fraga, históricamente considerada, abrió las puertas a una cierta liberalización en el tratamiento periodístico de las cuestiones más candentes; al menos, así lo entendió la profesión en aquellos momentos, esperanzada ante las expectativas. Mucho le había costado al Gobierno sacar adelante una nueva legislación de prensa, dados los recelos de influyentes personalidades e instituciones. El largo proceso de gestación, las numerosas instancias implicadas, los múltiples informes…: todo el procedimiento en sí mostraba las enormes dificultades con las que había topado el equipo dirigido por Fraga para llevar la ley a buen puerto1 .
El resultado final parecía ser una suerte de tercera vía –entre el sometimiento absoluto y la libertad plena–, una vía tan peculiar como aspiraba a presentarse la “democracia orgánica” española ante sus ciudadanos y ante la Europa auténticamente democrática. La libertad de expresión que consignaba el artículo primero quedaba modificada hasta trastocar su sentido pleno con las archiconocidas limitaciones impuestas por el segundo:
[…] El respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.
El hecho de apelar nada menos que a la verdad y a la moral, principios intangibles, hacía recaer en las autoridades competentes del Régimen la alta responsabilidad de juzgar hasta qué punto las noticias, editoriales, artículos de opinión y comentarios en general traspasaban las fronteras de lo permisible para adentrarse en las procelosas aguas de aquello sobre lo que era mejor no hablar. En todo caso, y para nuestros efectos, lo cierto es que la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966 desterraba la censura previa y las consignas, auténticas bestias negras del periodismo desde la Guerra Civil y cuyos efectos podían detectarse en unos medios escritos generalmente insulsos, sin brío, atenazados por el terror permanente a extralimitarse en lo que el Régimen entendía que era su función primordial: trasladar al público lector la forma que tenía dicho Régimen de entender la realidad.
Los periodistas aprovecharon la ambigüedad de la norma para sacudir el polvo acumulado durante años y dotar a su trabajo de mordiente a la búsqueda de influir en la opinión con sus propios argumentos, al margen de la verdad oficial. Los mecanismos represivos podían ponerse en funcionamiento en cualquier instante, pero el mero hecho de disponer de un campo de acción más amplio, de presionar en las fronteras de lo permitido, constituía un cambio relevante respecto a la época en la que la censura previa erradicaba todo atisbo de información que, en su cerrazón, considerase nocivo para los intereses del Régimen. Así, pues, el periodo durante el cual Manuel Fraga ocupó el Ministerio de Información y Turismo, entre 1962 y 1969, resultó trascendental para el desarrollo posterior del periodismo en España al romper con un modelo ideologizado que había variado poco desde la Guerra Civil.
Uno de los componentes ineludibles de cualquier sistema político autoritario es el temor a la libertad informativa, a unos medios con capacidad de influir en la opinión pública a partir de presupuestos y criterios distintos de los marcados por el poder; de ahí la arriesgada apuesta del equipo de Fraga ya que, aun manteniendo en último término el control de la situación, aun perpetuando la vigilancia sobre los diversos actores que concurrían en el ámbito de la prensa, el grado de autonomía del profesional a la hora de abordar un tema de interés era mayor. Como bien expresó un periodista tan avezado como Pedro Altares, la Ley abrió en el contenido de los periódicos un camino de dinamización de importantes repercusiones sociales además de que, por primera vez desde la Guerra Civil, afloraran “discrepancias entre periodistas, empresas y Estado”2 . Así fue: la extrema rigidez de la vetusta ordenación de 1938 dio paso a un más amplio terreno de juego, con unas normas cuya porosidad permitía una mayor libertad de movimiento a los jugadores.
Por otro lado, la práctica sancionadora dependía de la actitud de unos árbitros –en última instancia, de quien ocupara el sillón ministerial– conscientes de los cambios irreversibles que se estaban produciendo en la sociedad española. Se había pasado, según un informe muy crítico con la situación publicado años más tarde (en 1976), pero refiriéndose a la Ley Fraga, de “un sistema de control riguroso a otro de libertad restringida”3 . En aquel contexto, la consulta voluntaria resultó una figura clave para evitar el posible rosario de sanciones. Como la censura informativa (al margen de los temas intocables) dependía del momento histórico, cambiante según las circunstancias, el director podía preguntar directamente al Ministerio sobre la oportunidad de insertar en el periódico editoriales, noticias o cualquier tipo de información que pudiera ser susceptible de dar lugar a un expediente.
Las transformaciones socioeconómicas incidían, por tanto, en cómo los instrumentos de control desarrollados por la Ley operaban en el ámbito de la comunicación. Si los tiempos, inevitablemente, eran otros, la censura había de trasladar su atención a las cuestiones más candentes, las que más interesaban a la población en aquellos años de finales de los sesenta y principios de los setenta. A la Administración le preocupaba mucho menos que se hablara de la Guerra Civil, de los exiliados, de la vida local; en cambio, el censor estaba más atento a filtrar las noticias o comentarios generados por los conflictos laborales –es muy significativa la inexistencia de la palabra huelga en la jerga periodística– o por el posible tufillo nacionalista de algunas reivindicaciones culturales procedentes de ciertas regiones.
En efecto, en Cataluña, por ejemplo, la gran novedad en los años inmediatos a la entrada en vigor de la Ley fue la proliferación de reportajes sobre asuntos locales o de índole social que, en varias ocasiones, fueron objeto de reprobación por el propio equipo de Fraga. Entre otros, se abrieron expedientes y se impusieron sanciones económicas a revistas como Besòs (de San Adrián), Comunitat Cristiana, Granollers y Amunt (de Tortosa), que fue suspendida4 . Lejos, pues, de limitarse a las cabeceras de difusión nacional, el Ministerio también mantuvo en el punto de mira a la prensa local y comarcal. Y así, al año de entrar en vigor la Ley Fraga aludió a su “rodaje afortunado”, optimismo en claro contraste con los más de cien procesos abiertos5 .
La Ley era, pues, profundamente fiscalizadora de la actividad periodística. No podía ser de otra forma. El Estado, mediante las instancias administrativas del Ministerio, controlaba el sistema de comunicación. Por un lado, decidía quién podía o no ejercer el periodismo al reservarse –una vez cumplida una serie de requisitos– la potestad de inscribirle en el Registro Oficial, única manera de ingresar de redactor o colaborador en un periódico: en definitiva, la única vía para trabajar en un medio. Por otro, además, al Estado competía decidir si autorizar o no la creación de una empresa periodística. En el caso afirmativo, la Administración estatal debía estar perfectamente informada de cualquier cambio que se produjera, desde los movimientos de capital, el cese o el nombramiento de director, hasta, por ejemplo, la variación en el número de páginas publicadas en cada medio perteneciente a dicha empresa. De esta forma, quien estuviera relacionado con el mundo periodístico era consciente de que, con estas cotas de discrecionalidad en la actuación, los responsables estatales podían poner en jaque a una empresa díscola hasta clausurar su actividad.
2. NUEVOS INSTRUMENTOS PARA IDÉNTICOS FINES.
Desde la aplicación de la Ley Fraga el lápiz rojo cayó en desuso. La contundencia de su sistema de sanciones no tenía nada que envidiar al de 1938, pero los modos habían cambiado. Y esto no convencía a algunas de las autoridades más influyentes del Gobierno. En el verano de 1968 Carrero Blanco expuso al Generalísimo una acerada crítica a la apertura informativa provocada por la Ley que, en su opinión, atacaba los principios fundamentales del Régimen6 . No obstante, el recelo de los sectores más inmovilistas del Gobierno, la Ley continuó vigente.
Las admoniciones por vía telefónica o a través de entrevistas con los propietarios o directores de los periódicos aspiraban a surtir un efecto preventivo con el fin de moderar el mensaje de quienes pretendían ir más lejos de lo que el poder admitía. De esta manera, la vieja censura era sustituida por una suerte de delegación en los más altos responsables de los medios para que, en prevención de males mayores, recondujeran la labor de sus periodistas. Cuando los redactores o colaboradores insertaban algún comentario o información al margen de lo tolerable, una vez depositados los ejemplares en el Ministerio el funcionario podía telefonear al director para hacerle ver la conveniencia de retirar tal o cual artículo: las sanciones derivadas de las faltas consideradas graves por la Administración, en un mismo periódico y en un mismo año, lo inhabilitaban para continuar ejerciendo su labor. Por ello, a la autocensura de cada periodista se añadía la función de control de lo que se iba a publicar ejercido por quien ostentaba la responsabilidad máxima en el medio.
Obviamente, estas llamadas al orden no resultaban en perjuicio del periódico y, después de enmendarse, la vida en la redacción continuaba sin alteraciones. Cuando una información se consideraba no adecuada para la publicación por los motivos que fuera, la autoridad provincial levantaba el auricular para sugerir, recomendar o, incluso, comunicar –si bien con sutileza– al director del medio la conveniencia de pasar por alto dicha noticia. En muchos de estos casos, la nota oficial servía para cubrir los mínimos informativos, evitando así, en cuestiones conflictivas, los comentarios de mayor calado. La impronta provincial de muchos diarios y revistas hacía de los poderes locales (desde alcaldes a presidentes de la Diputación o delegados sindicales) una fuerza de presión sobre los periodistas cuando se disponían a tratar la labor que aquellos desempeñaban. La autocensura $\multimap$ , sencillamente, la ausencia de información– en la superficie de estos periódicos sobre las actividades desarrolladas por dichas autoridades era práctica frecuente.
En Barcelona, como en la mayoría de las capitales de provincia, era el teléfono del Gobierno Civil el que se descolgaba7 :
Se les avisaba de que una noticia era mejor no darla o limitarla a una nota oficial […]; [por ejemplo,] en cuestiones delicadas como la muerte de un obrero de SEAT a manos de un policía en octubre de 1971 o la prohibición de insertar una esquela de Carles Pi Sunyer, que había sido alcalde de Barcelona y consejero de la Generalidad, tan solo un mes después.
En ocasiones especiales, el viejo sistema represivo reaparecía sin más. El caso MATESA, por ejemplo, provocó el retorno de la censura previa. El indulto general concedido por el Jefe del Estado el 1 de octubre de 1971, del que se beneficiaban varios implicados, impulsó a Alfredo Sánchez Bella, ministro de Información, a entregar a los directores de los diarios capitalinos un escrito con los motivos oficiales que justificaban la medida de gracia y sobre los cuales no cabía duda alguna. El documento rezaba: “Cualquier tergiversación informativa que altere la relación causa–efecto y presente el indulto como consecuencia de MATESA es injuriar al Jefe del Estado y, por tanto, secuestro sin paliativos”8 . José Antonio Martínez Soler, uno de los fundadores de Cambio 16 en septiembre de 1971, recordaba que para la salida del semanario
[…] Solo teníamos permiso para escribir de economía, y nada de política. Pero los conflictos laborales ya emergentes tenían contenidos económicos. Por eso, en una información sobre una huelga relevante y sonada (creo que fue la de Motor Ibérica, tras el despido de Marcelino Camacho), nos atrevimos a titular en las páginas del pliego central con la palabra huelga. Aquel osado ejemplar no pasó la censura. La Policía secuestró la tirada completa y precintó las planchas en la imprenta (Altamira). El Gobierno inició los trámites para un expediente contra mí, como responsable editorial máximo, y contra la empresa editora9 .
A pesar de estos casos extremos, el propio ministro se daba cuenta de lo contradictorio de la Ley y, por tanto, de su difícil aplicación a partir de un criterio claro. Según Sánchez Bella10,
[…] La experiencia cotidiana demuestra la imposibilidad de sustituir un mecanismo político preventivo (censura) por otro jurídico aplicado $a$ posteriori (Ley de Prensa). Si la prensa tiene una naturaleza fundamentalmente política, el medio de respuesta o de defensa debiera ser político. De lo contrario, resulta que se dispone de unos medios (jurídicos) incongruentes para los fines (políticos) a que se aplican.
El mayor problema venía de la mano del secuestro de la publicación. Como la medida era tan drástica, el procedimiento para la intervención afectaba a todo el sistema. El Ministerio daba orden de incautar la edición en la imprenta, con la consiguiente paralización de la distribución de ejemplares. Ese día los lectores no encontraban su cabecera preferida en los lugares de venta habituales. El impacto económico no provenía del hecho en sí de perder la recaudación generada en el día o en los días siguientes, sino de la cuantía de la sanción económica, que podía ser muy abultada. Por si fuera poco, el inicio de un expediente, la mencionada sanción y los correspondientes recursos que podían encadenarse hasta el Tribunal Supremo conllevaban procesos largos y muy gravosos para la empresa. El 21 de julio de 1966, en contra del criterio del director (Torcuato Luca de Tena) y de su segundo (Pedro de Lorenzo), Luis María Ansón publicó “La Monarquía de todos”, donde avalaba la tesis de un cambio paulatino desde el Régimen hacia una Monarquía de carácter democrático y adaptada a la Europa de su tiempo. La consecuencia fue el primer secuestro de una edición bajo la nueva Ley de Prensa, además de provocar la reacción airada de Arriba en “La Monarquía de todos sus enemigos” y de Emilio Romero, más irónico desde las páginas de Pueblo11.
El marco legal determinaba la actividad periodística en el tardofranquismo pero, indudablemente, como hemos indicado antes, la censura redujo su actividad en aquellos años según quien llevara la cartera de Información. El breve lapso de tiempo en que fue dirigido por Pío Cabanillas revela la voluntad aperturista del gallego: si en 1973 fueron abiertos 145 expedientes, al año siguiente pasaron a 110 y a 85 en $1 9 7 5 ^ { 1 2 }$ . La integridad moral importaba más que la situación política. Así, en $1 9 7 3 { \mathrm { ~ y ~ } }$ 1974 fueron, sobre todo, revistas de humor y subidas de tono tales como $E l$ Papus y Por Favor las que se llevaron la peor parte.
En cambio, en los prolegómenos del fallecimiento del general Franco, ante el aumento de conflictividad y el temor a lo que podría desencadenarse cuando se produjera el hecho biológico, la censura retornaría con toda su fuerza para controlar la información política. No eran tiempos para dudar de su legitimidad, sino para aplicarla con toda su efectividad legal. A mediados de 1975 cualquier lector de prensa española constataba la existencia de un país profundamente preocupado por la enfermedad del Caudillo, unido en torno a su obra y convencido de cómo esta determinaría el futuro en paz y prosperidad, inapelable logro del general. Los ataques injuriosos de políticos o instituciones extranjeras a los que con desprecio se referían los periodistas más afines al Régimen eran, una vez más, muestra de la incomprensión de quienes únicamente tenían por bandera la crítica injustificada. Septiembre de 1975 fue un mes muy complejo. Las ejecuciones de varios terroristas de ETA generaron una activa campaña internacional contra España ante la cual no cabían medias tintas. La censura actuó con rapidez y contundencia. Muchas publicaciones hubieron de enfrentarse a la amonestación, la suspensión y el secuestro: entre otras, Destino, Posible, Triunfo y Cambio 16. El editorial de esta última, publicado el 8 de septiembre, resumía el estado de cosas:
Tampoco vale la pena que busque el lector con lupa la autocensura en nuestras páginas: es evidente y monumental. Como las cosas no se aclaren pronto, los españoles vamos a aprender de nuevo el difícil arte de leer entre líneas, y los periodistas aprenderemos a escribir sin que se entienda.
No era baladí la llamada de atención. El encorsetamiento informativo, la uniformidad obligada en el tratamiento de las noticias, la proliferación de advertencias y de sanciones reflejaban la continuidad esencial del control de la prensa cuando el momento lo demandaba. No le falta razón a Enrique Bordería cuando afirma que “los periódicos, y sobre todo las revistas, se aplicaron a descubrir los límites de la legalidad y sufrir vía multas las consecuencias de estas averiguaciones, pero en ese proceso acabaron por abrir huecos en las posibilidades informativas”13. Por otro lado, indudablemente, la censura era mucho más nociva para la libertad de expresión que la sanción administrativa o la multa (salvo en el caso extremo del secuestro de la publicación), por lo que estas permitían, a pesar de todo, una mayor apertura.
Con todo, el espíritu abierto y novedoso de la Ley Fraga quedaba oscurecido por su propia potencialidad represora. Las cosas no se iban a aclarar tan pronto como solicitaba el citado editorial de Cambio 16, aunque Franco muriera pocos meses después y el sistema político–institucional por él edificado iniciara su autodestrucción. Andrés Reguera, el último titular de Información y Turismo antes de que asumiera el Gobierno Adolfo Suárez, era consciente del camino emprendido hacia la consecución plena de las libertades individuales. Ello le llevó a mantener un contacto fluido con los directores de los medios escritos más importantes del momento, a los que conminó a tener especial cuidado con tres temas: la Corona, el Ejército y la unidad nacional14.
De igual forma, la información procedente del exterior continuaba siendo muy sensible en el entender de las autoridades, al mantener estas la idea de que, a pesar del tiempo transcurrido desde la Guerra Civil, la opinión internacional era contraria a la España de Franco. Había que ser muy cuidadoso al respecto, y de ahí que la agencia Efe se mantuviese como garante de la distribución de las noticias provenientes del extranjero. Eso sí: los periódicos buscaban por todos los medios posibles sortear el control estatal de las fuentes, y para ello acudían a las crónicas más incisivas de los corresponsales acreditados o, sencillamente, a los comentarios vertidos por sus propios redactores, siempre que no se tratase de un tema demasiado espinoso. En palabras de Carlos Barrera del Barrio, “se trataba de abordar una cuestión hasta el límite de lo que el Ministerio podía permitir y entonces trasladar la atención a otra. Cuando la presión política era mayor precisamente se cargaba la mano en la información en detrimento de los comentarios”15.
3. CONTROL INFORMATIVO Y MEDIOS ESCRITOS EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN.
La Ley de Prensa e Imprenta mantuvo su vigencia. Ciertamente, con el primer Gobierno de la Unión de Centro Democrático algunos sectores del partido y del propio ejecutivo plantearon, en reuniones y declaraciones ante los medios, la necesidad de su derogación para sustituirla por otra acorde con los tiempos. La fiscalización informativa jugaba en contra de quienes apostaban, al menos en sus exposiciones públicas, por el cambio democratizador. Mucho había que cambiar en el país pero, indudablemente, la libertad de los medios era reconocida como una de las exigencias básicas para dar solidez argumental al discurso del cambio en el que convergían el Gobierno y la inmensa mayoría de la oposición16.
Ello no obstante, el avance fue más lento de lo esperado: aun cuando las medidas restrictivas contempladas por la legislación se aplicaban cada vez menos, las autoridades parecían más preocupadas por otros asuntos; de hecho, no dieron el paso definitivo hacia la derogación. Hubo, en su lugar, modificaciones de relevancia: el enojoso artículo segundo fue eliminado por un Decreto–Ley de 1 de abril de 1977 –casi un año y medio después de fallecer Franco–, al igual que el artículo 69, que facultaba a la Administración a secuestrar una publicación por el mero indicio de delito. El legislador justificaba su decisión en el Preámbulo:
El derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respeto de su honor y de los demás derechos inherentes a la persona es principio fundamental de todo Estado de derecho, y como tal afirma su pretensión de máxima eficacia en el ordenamiento jurídico español.
El texto limitaba la acción del Gobierno al respecto: solo podía ordenar el secuestro de una edición si se atacaba la unidad de España o se desprestigiaba a la Monarquía, a las instituciones del Estado y a las Fuerzas.
Armadas, lo que recordaba mucho a las recomendaciones antes citadas del ministro Reguera. La frontera de lo permisible afectaba también a los contenidos pornográficos. No obstante, el nuevo clima de apertura no podía ocultar la continuidad en la persecución de las publicaciones díscolas: entre junio de 1976 y junio de 1977 hubo treinta procesamientos y dos cierres de periódicos17; poco parecía haber cambiado respecto a años anteriores. Finalmente, el Decreto–Ley fue derogado por la Ley 62/78 de 28 de diciembre de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona.
Como no podía ser menos, la liberalización en marcha repercutió en el control de las fuentes. De propiedad estatal, la Agencia Efe aparecía como proveedora de noticias a los medios, lo cual la capacitaba para controlar el flujo informativo. El nombramiento, en otoño de 1976, de Luis María Ansón como director estuvo estrechamente relacionado con un cometido primordial: democratizar y modernizar sus estructuras para hacerla competitiva y fidedigna en aquellos años de transición. Pocos meses después, los cambios alcanzaban al propio Ministerio de Información y Turismo aunque, en este caso, las autoridades fueron mucho más lejos al decidir su supresión. El Gobierno de la UCD consideraba que su mera existencia retrotraía a los años franquistas; muchos de los responsables del partido en el poder habían estado vinculados al organismo, y con los nuevos aires de democracia eran conscientes de que había llegado la hora de clausurarlo. En verano de 1977 la mayor parte de sus funciones y competencias –entre ellas, las de comunicación– pasaban al flamante Ministerio de Cultura, mucho más aséptico en su denominación.
A pesar de la importancia que revestían este y todos los demás cambios institucionales, y como era de prever, las dificultades para consolidar un periódico pasaron pronto factura a la multitud de títulos aparecidos en los primeros meses de la Transición. Los años setenta no fueron precisamente una época de economía boyante; y pronto aclararon el confuso panorama informativo tanto el encarecimiento del papel (el precio de los diarios se triplicó entre 1974 y 1978 al pasar de 6 a 18 pesetas, debido sobre todo al incremento del precio de papel prensa de fabricación nacional) como el aumento del número de periódicos para repartirse la tarta publicitaria, además de los costes de infraestructura (si se quería sacar un producto digno y atractivo) y de personal.
Tal como demuestran, precisamente, las intervenciones gubernamentales anteriormente comentadas, la efervescencia informativa de principios de los años setenta se manifestó principalmente en la prensa, no así en la radio y menos aún en la televisión, fenómeno controlado desde el poder18. Con un punto de ironía, Antonio Alférez denomina al periodo comprendido entre 1975 y 1978 “el cementerio de Gutenberg”19 por la eclosión de multitud de cabeceras surgidas a menudo sin planificación alguna, fruto de un voluntarismo loable en aquellos años de cambio, pero que no tenían sostén en empresas con un mínimo de organización: el resultado consistió en la aparición de 1.112 nuevos títulos en aquellos tres años. Como no podía ser de otra forma, la mayor parte de ellos fueron flor de un día y su interés no reside en la influencia que ejercieron, sino en la actitud que reflejan en ese momento, es decir, el interés de grupos sociales muy diversos por manifestar sus opiniones e implicarse en aquellos años vividos como trascendentales para el futuro de todos los españoles. Además, el índice de ejemplares diarios difundidos por cada mil habitantes había ascendido de noventa y ocho en 1975 a ciento veintiocho en 1978, superando así el umbral de país culturalmente desarrollado, que la UNESCO había establecido en cien ejemplares 20.
Sin embargo, y considerando solo los periódicos editados en Madrid con alcance nacional, los diarios que sobrevivieron acabarían por convertirse en santo y seña de la libertad informativa durante la Transición: nos referimos a Diario 16 y, sobre todo, a El País: dirigido por Juan Luis Cebrián, su aparición en los quioscos el 4 de mayo de 1976 supuso una auténtica sacudida en el panorama de los medios escritos de periodicidad diaria. Los artículos de fondo firmados por personalidades relevantes en las distintas facetas de la vida pública dentro y fuera de España se conjugaban con reportajes de calidad y una abundante información internacional gracias a las corresponsalías y enviados especiales a los principales centros de interés en el mundo. La novedad que incorporaba El País en forma y contenido desbordaba los intentos reales de transformar la prensa proveniente de la época anterior, adaptándose e, incluso, sirviendo de punta de lanza en la democratización española a través de las opiniones y comentarios vertidos en sus páginas. La manifestación más clara de cómo su oferta era la demandada por la sociedad del momento estriba en el hecho de que a los pocos días de comenzar su publicación se convirtió en el más vendido en la capital.
Todo lo contrario ocurriría con la Prensa del Movimiento y, en general, con la que expresaba el parecer de los reticentes al cambio que se avecinaba. En febrero de 1975 Emilio Romero fue designado Delegado Nacional de Prensa y Radio del Movimiento con una meta clara: proceder a la reestructuración en profundidad de la Cadena estatal para sanear económicamente los medios y mejorar su calidad y difusión. Sin duda, ya era demasiado tarde. El proyecto no se llevó a la práctica en su totalidad y las previsiones de mejora en determinadas partidas fueron completamente erróneas. Sencillamente, las cifras corroboraban la imposibilidad de salir de la crisis no solo por la incapacidad de atraer más publicidad o de aumentar los ingresos por ventas, como en muchos casos demostraban palpablemente las tiradas ridículas (La Voz de Castilla, de Burgos, 1.710 ejemplares diarios; Amanecer, de Zaragoza, 2.223; Arriba, 14.559), sino por la absoluta desconexión existente entre la mayor parte de estos medios y el público lector. La ampliación del mercado de prensa diaria (pensemos en la salida de El País y de Diario 16 en el año 1976) acabó por hundir los restos de la nave periodística estatal21.
Respecto a la prensa de extrema derecha, durante los últimos años de vida del general Franco fue su pretensión abanderar y perpetuar el único y verdadero espíritu del Régimen. El “bastión de papel”, la prensa reacia al cambio, epitomada en el diario El Alcázar, constituía el paradigma de la cerrazón y el alejamiento de la realidad de unos medios obsesionados por revivir constantemente una época dorada, la de aquellas primeras décadas del Movimiento. El culto a las fechas simbólicas, el recuerdo de los caídos, la estética de grupo, la puesta en escena, el contenido del discurso: todo quedaba recluido en un espacio del que solo se nutrían y en el que solo participaban quienes entendían el pasado, el presente y el porvenir del Estado franquista de una única forma. De ahí su progresivo aislamiento:
incluso aún vivo el General sus radicales propuestas resultaban extrañas al sentir de los millones de españoles que aceptaban impasibles el rumbo cambiante del Régimen 22.
Los aires nuevos defendidos por los gobiernos de la incipiente transición chocaban, en ocasiones, con los muros erigidos por la Ley de Prensa, todavía en pie, aunque cada vez más agrietados. El 21 de julio de 1977, a los pocos días de constituirse las Cortes elegidas democráticamente, una “comisión gestora para la unidad de los periodistas”, integrada por profesionales de la capital, hizo entrega al presidente de las Cortes de un documento en el cual recogía los atropellos cometidos contra los medios a lo largo de 1976 y pedía, según iba a explicar El País al día siguiente,
[…] La desaparición de las leyes y jurisdicciones especiales, el sobreseimiento de los procesos en curso y la amnistía total para los delitos de prensa, la inclusión en la Constitución del derecho a la libre expresión y de garantías para su ejercicio […]23.
Juan Luis Cebrián fue procesado tres veces en 1977 y otra más en 1978 por presuntos delitos cometidos por la publicación de algunos artículos. El primero, aparecido en El País Semanal el 20 de febrero de 1977, trataba de los métodos anticonceptivos y era traducción de uno publicado en el londinense The Sunday Times; el recurso de Cebrián fue aceptado y las diligencias, por tanto, cerradas. El 31 de marzo siguiente la información en principio punible se refería a que el Tribunal Supremo no había autorizado la legalización del Partido Comunista de España; por su parte, el periódico incorporaba una nota de Justicia Democrática en apoyo a la reivindicación de los comunistas. Como el PCE fue legalizado pocos días después, el auto fue anulado por la amnistía de delitos políticos y de opinión. El tercer artículo recogía las quejas de unos presos de Carabanchel que habían embuchado propaganda de la Unión de Centro Democrático. La acusación por injurias a instituciones penitenciarias no fue contemplada por la Audiencia, que anuló el auto de procesamiento24.
Mayor gravedad revistió el incidente producido en 1978. El 9 de abril Juan Luis Cebrián publicó un editorial, titulado “Prensa y democracia”, en donde Rafael Conte criticaba con acritud una sentencia contra Mayte Mancebo, directora de Play Lady. La Sala Primera de la Audiencia Provincial de Madrid la había condenado a treinta y dos años de inhabilitación profesional por la publicación de fotografías pornográficas. En el texto Conte aseveraba que sentencias de este tipo no se correspondían con países democráticos, sino con dictaduras sangrientas como la nacionalsocialista en el pasado o la más actual de Idi Amín Dada en Uganda, donde la libertad de expresión era inexistente. El fiscal Alfredo Salvador solicitó cuatro meses de cárcel y multa para el director de El País por desacato. Cuando se celebró el juicio en mayo de 1978 la ley antilibelo y el artículo segundo de la Ley de Prensa –a los que explícitamente se refería el citado editorial– habían sido abolidos o reformados en su contenido. Los recursos prolongaron el juicio y el 9 de mayo de 1980 el Tribunal Supremo condenaba por desacato a Juan Luis Cebrián a una pena de tres meses de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa; el arresto fue anulado. De igual forma, en 1979, Enrique Meneses, director de Lui, fue inhabilitado por el Supremo para ejercer el periodismo durante seis años y un día por publicar en la revista fotografías con modelos semidesnudas25.
Como acabamos de ver, durante aquellos años de aplicación de la Ley surgió en algunas de las publicaciones tradicionales y en otras nuevas un tono distinto en el debate político y social. Se forjó entonces una nueva generación de periodistas que más tarde, amparados por la libertad de expresión recogida en la Constitución Española de 1978, contribuyeron a consolidar la democracia en nuestro país. Desde periódicos como ABC o Ya algunas plumas comenzaron a clamar por reformas institucionales que abrieran el Régimen a la realidad europea y mundial, tan diferente a principios de los setenta de la de las décadas fundacionales del franquismo. ABC presentó con mayor claridad y sin tapujos su fidelidad monárquica mientras Ya incluía con frecuencia creciente las firmas de democristianos. Revistas como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo o Cambio 16 se nutrieron de artículos y reportajes de intelectuales, periodistas, empresarios –en definitiva, de todo un elenco de reformistas– que desde variadas posiciones políticas insistían en propiciar paulatinamente transformaciones más profundas de la realidad española; comentarios y opiniones diversas que no quedaban reducidos a los debates de círculos elitistas, sino que hallaban una amplia acogida entre la población.
Cuadernos para el Diálogo, que a partir de 1969 había evolucionado desde planteamientos democristianos hacia posiciones socialistas, sufrió sanciones y secuestros durante los años de aplicación de la Ley. Por ejemplo, en enero de 1970 fue secuestrado un número extraordinario titulado España 1970: ante una década difícil, en el que plumas como las de Aranguren, Tierno, Areilza y Ruiz–Giménez, entre otros, reflexionaban sobre el incierto futuro que se abría en ese momento. Dos años después, en abril de 1972, el secuestro estuvo motivado por el contenido de varios artículos, entre ellos, una homilía del obispo de Mondoñedo–Ferrol26. Sintomático fue, por ejemplo, que Cambio 16 pasara de 15.000 ejemplares editados en 1974 a superar, según algunas fuentes, los 300.000 dos años después. El éxito de esta fórmula informativa fue absoluto: a través de las páginas de esta revista un gran número de españoles siguió los acontecimientos de la Transición tales como las iniciativas de los gobiernos de UCD, el regreso del Partido Comunista a la participación política o la creciente popularidad de la figura del rey Juan Carlos. En este último caso, los medios fueron muy cuidadosos. El rey tuvo, sin duda, un tratamiento especialmente benévolo entre 1975 y 1978: “Existió un consenso periodístico tácito concretado en una actuación de la prensa hacia el Rey y su Monarquía que superaba la protección legal y el respeto lógicos hacia un Jefe de Estado”27.
CONCLUSIONES: LA CONSTITUCIÓN COMO MARCO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
Sin duda alguna, con la aprobación del texto constitucional de 1978 la libertad de expresión y su complementaria la libertad de información quedaron consagradas, al menos en teoría, como derechos de todos y cada uno de los ciudadanos españoles; ello supuso el fin de una dilatada época de control autoritario del sistema informativo. Sin un régimen que amparase la comunicación social libre, otros muchos derechos constitucionales quedarían convertidos en una mera representación formal. Lejos quedaron – si no en el tiempo, sí al menos en las mentes de muchos– las diversas formas coactivas desarrolladas en España desde el final de la Guerra Civil para cercenar este derecho fundamental. Las consignas, los secuestros de ediciones y toda una política informativa de Estado se fueron diluyendo conforme las incipientes estructuras democráticas fueron facilitando a los medios de comunicación el tránsito para que su reestructuración interna y la adopción de nuevas estrategias en el terreno cada vez más extenso de la información les permitieran ganar credibilidad y audiencia y, con ello, mejorar las relativamente febles estructuras empresariales en un intento de fortalecer y rentabilizar sus negocios. El reto era inexorable: al margen ya de la cuestión económica, la responsabilidad de los periodistas en la Transición, individual y colectivamente considerados, debía garantizar su compromiso con el fomento de una opinión libre, plural, capaz de servir de base y estímulo al Estado democrático de derecho. Por su parte, “puede decirse que la mayoría de los medios de comunicación prestaron su apoyo básico a los objetivos de las principales reformas democráticas llevadas a cabo durante la transición y que culminaron con la aprobación de la Constitución por referéndum el 6 de diciembre de $1 9 7 8 ^ { 9 9 8 }$ . Asimismo, periódicos y revistas contribuyeron a difundir el nuevo lenguaje utilizado por los actores de la Transición, los conceptos y usos propios de la jerga política democrática, familiarizando con ellos a la población, normalizándolos en la vida cotidiana . 29.
Con los tiempos democráticos surgieron nuevos retos y amenazas, algunos de ellos verdaderamente trascendentales. La tendencia progresiva a la concentración de los medios de comunicación en manos de un número reducido de grupos económicos constituiría, sin lugar a dudas, un fenómeno novedoso y complejo al que el sistema democrático habría de hacer frente para lograr conjugar el creciente poder de aquellos con el inquebrantable derecho de todos los españoles a la libertad de expresión e información.
Por otro lado, aun cuando la libertad informativa estuviera garantizada constitucionalmente, parecía ya bastante extendida la inclinación a domesticar los medios para reducir su capacidad crítica y el impacto que esta pudiera tener en la opinión con el fin de mantener una prensa, radio y televisión dóciles para el poder. En un testimonio publicado hace algunos años José Luis Gutiérrez, tan implicado en algunas aventuras periodísticas de los años finales del franquismo y de la Transición, y que nunca negó sus estrechas relaciones con los políticos socialistas –hasta el punto de ser conocido en los mentideros de la profesión como el “periodista de cámara de Felipe González”–, reconocía que “los políticos, del color que sean, y sobre todo de los partidos de la izquierda, nunca están interesados en una prensa independiente, inquisitiva y excesivamente curiosa”30.
Todavía en 1980, según un informe del semanario La Calle (en su número de 17 de abril), “más de sesenta periodistas estaban sometidos a actuaciones judiciales […]. El número de procedimientos ascendía a tres centenares, todos ellos provocados por informaciones publicadas en la prensa durante los dos últimos años”31. De igual forma, en mayo de 1980 la XXIX Asamblea del Instituto Internacional de Prensa, celebrada en Florencia, aprobó una resolución condenatoria por el elevado número de procesos abiertos a periodistas en España. También en aquel mes varios escritores españoles (entre otros, Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite y Antonio Buero Vallejo) elevaron al rey Juan Carlos una carta colectiva en la que expresaban idéntica preocupación. Por su parte, el Gobierno Civil de Madrid prohibió una manifestación convocada para el día 27 de mayo por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores con el lema “Cuando se atenta contra la libertad de expresión comienza la agonía de la democracia”32.
En demasiadas ocasiones en la historia de España el ejercicio de la libertad de expresión y opinión ha sufrido injerencias del poder político. Bien a través de una vía expedita, drástica –como la prohibición expresa de tratar informativamente determinados asuntos, la práctica cotidiana de la censura o, de forma más sencilla, la intervención directa para impedir la publicación de un medio de comunicación adverso–, bien mediante fórmulas indirectas –como la inserción de comunicados o notas oficiales, la deslegitimación del contrario o la persecución fiscal–, los gobiernos han amordazado voces críticas u opiniones discrepantes del punto de vista defendido por el poder. Menos conocidas por su mayor versatilidad, las fuerzas económicas tampoco han sido las mejores compañeras de viaje de la libre manifestación de pareceres33. Con su inequívoca tendencia a concentrarse y agruparse, las grandes empresas de comunicación de nuestro tiempo, capaces de gestionar multitud de medios audiovisuales y escritos, representan un peligro real a la libertad ciudadana de formarse una opinión sólida y fundada en la variedad que resulta de contrastar fuentes distintas, aunque esto es ya otra historia.
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