Venalidad y representación. Concesión de voto en Cortes a Palencia en el siglo XVII \*.
Venality and representation. Concession of vote in Cortes to Palencia in the seventeenth century.
Resumen: Este artículo estudia el proceso que concluyó a comienzos del reinado de Carlos II con la compra por Palencia del privilegio de voto en Cortes. Más allá sin embargo de las referencias particulares a una ciudad concreta, su interés radica en que permite situarnos en un doble escenario: el de la venalidad practicada por la Corona para hacer frente a sus necesidades financieras, que en el siglo XVII alcanzó incluso al derecho de representación en las Cortes castellanas, convertido en mercancía vendible, y el de la fase final de esta institución, acontecimiento cuya interpretación continúa siendo objeto de un interesante debate historiográfico.
Palabras clave: Cortes de Castilla; Monarquía Hispánica; siglo XVII; venalidad; representación.
Abstract: This paper studies the process which concluded at the beginning of the reign of Carlos II with the purchase of the voting privilege in Cortes by Palencia. Beyond, however, the particular references to a specific city, its interest lies in the fact that it allows us to situate ourselves in a double scenario: that of the venality practiced by the Crown to meet its financial needs, which in the seventeenth century even reached the right to representation in the Castilian Cortes, converted into salable merchandise, and that of the final phase of this institution, an event whose interpretation continues to be the subject of an interesting historiographical debate.
Keywords: Cortes of Castile; Hispanic Monarchy; Seventeenth century; venality; representation.
El 15 de marzo de 1666, reunidos la justicia y regimiento de Palencia en las casas de su ayuntamiento como lo tenían de uso y costumbre, acordaron, entre otros asuntos, que don Pedro González, uno de los capitulares presentes, escribiese al presidente y señores del Consejo de la Cámara de Castilla, en nombre de toda la ciudad, para dar gracias a Su Majestad por la merced que acababa de concederles de tener voto en sus reales Cortes. Además, por cortesía institucional, pero quizá también como acto de reconocimiento de antiguas dependencias jurisdiccionales, los ayuntados resolvieron, en la misma reunión, que dos de los regidores comisarios que se habían ocupado últimamente de dicho negocio diesen cuenta al deán y cabildo de la Catedral de la consecución del ansiado voto. La respuesta de la que era la otra gran corporación de la ciudad no se hizo esperar, y solo tres días después, el 18 de marzo, en la sesión del ayuntamiento que a la sazón se celebraba, entraron don Pedro de Ceballos, arcediano del Alcor, y don Cristóbal Palomino, canónigo doctoral, y dieron a la ciudad, en nombre del cabildo de dicha iglesia, la “norabuena” por la gracia y merced recibidas de la restitución del voto en Cortes, no sin expresar el “gusto” que habían sentido al conocer la noticia y su satisfacción por que se les hubiera hecho partícipes de ella, ofreciéndose a asistir a cuantos actos públicos de agradecimiento se celebrasen y a dar gracias a Dios por tan buen suceso. Evidentemente, los regidores no desdeñaron tan cumplido ofrecimiento y, agradecidos, pidieron al deán y cabildo que hiciera demostración de oficios divinos en acción de gracias, entre otras cosas para que el monarca tuviese bien claro que el referido voto iba a redundar en su santo servicio –sic– “y en bien y útil y aumento de esta ciudad y sus vecinos y conservación de la república”1 .
Finalizaba así, con celebraciones y en medio (supuestamente) de la alegría general, una larga historia de instancias y reclamaciones, cuya última etapa había comenzado solo un año antes, cuando en el ayuntamiento del 12 de febrero de 1665 los regidores, hablando una vez más de lo mucho que convenía que la ciudad tuviese voto en Cortes, apostaron decididamente por llegar hasta el final en sus antiguas pretensiones sobre este punto. El momento, pensaban, era propicio. Esta vez, además, no se limitarían a representar a Su Majestad los merecimientos de la ciudad, haciéndole ver que Palencia ya había gozado en otro tiempo de esta clase de representación; o a poner en la balanza los muchos y grandes servicios que, con total lealtad y entrega, había hecho a la Corona en diferentes ocasiones. Para asegurarse de que la negociación que con este motivo había de entablarse tuviera el éxito deseado estaban dispuestos a hacer al monarca algún socorro para las “guerras presentes”2 , en continuación también de otros anteriores, a fin de que se diese definitivamente por servido y concediese a la ciudad, en justa correspondencia, la gracia y merced que solicitaban. Así, pues, todos de un acuerdo y conformidad, nemine discrepante, nombraron a don Juan Ladrón de Guevara y Camargo para que, como su poderhabiente, se trasladase a Madrid a tratar y conferir del asunto, incluso si los gastos que hiciere tuvieran que cubrirlos los propios regidores con dinero salido de sus bolsas, conscientes sin duda de que ellos serían los principales beneficiarios de cuanto en este sentido se fuera a conseguir3 .
Hasta entonces, en efecto, todas las diligencias realizadas por Palencia para conseguir su objetivo o bien no llegaron a culminar o bien resultaron baldías, a pesar de que siempre que reclamó el derecho a disponer de voz y voto en Cortes insistiera en que se trataba de una “restitución” y no de una concesión nueva. La oposición más cerrada, y ello es aplicable a otras localidades que en distintos momentos exhibieron las mismas aspiraciones que ella, la encontró Palencia en la propia asamblea del reino, que después de 1538, cuando definitivamente dejaron de acudir a ella los estamentos noble y eclesiástico, quedó reducida a solo 18 ciudades (con la inclusión de Granada). Estas pocas localidades, sin embargo, se arrogarían a través de sus procuradores, dos por cada una de ellas, la representación de todo el reino, una preeminencia que trataron celosamente de conservar, procurando eliminar al mismo tiempo cualquier asomo de competencia que a este respecto se suscitase.
Las Cortes de Valladolid de 1506, por ejemplo, salieron al paso de las pretensiones manifestadas por algunas ciudades y villas de que se les hiciese merced de poder enviar a sus propios procuradores, y así, a través de una de sus peticiones, la 33 concretamente, suplicaron a sus altezas que no diesen lugar a ello “porque desto se recresçería grand agrauio a las çibdades que tienen los votos e del acreçentamiento se syguiría confusyón”. El mismo requerimiento (“que su alteza no consienta que sea dado voz y voto en Cortes a alguna ciudad”) y similares argumentos (“porque sería en mucho agrauio y perjuizio de las çibdades y villas que los tienen de antigüedad”) se repitieron en la petición 19 de las celebradas en Burgos en $1 5 1 2 ^ { 4 }$ , y de hecho la contestación dada a la misma por Fernando el Católico5 se convertiría en la referencia a la que los procuradores se remitirán cada vez que esta cuestión (la posible admisión de nuevas ciudades) se plantease en el transcurso del siglo XVI. Es más, ni siquiera a los comuneros les pareció necesario incrementar el número de ciudades representadas en las Cortes no obstante el importante papel político que en sus proyectos tenían reservado a esta asamblea del reino6 .
Será en la centuria siguiente cuando el escenario así establecido cambie realmente y se desvanezcan las viejas resistencias. Y ello por una razón que resulta fácil de comprender y que guarda relación con los problemas hacendísticos que acuciaban a la Corona, los cuales terminarán por imponerse sobre cualquier otra consideración, hasta el punto de hacer de la representación en Cortes, como de tantas otras cosas, una mercancía venal al alcance, en principio, de cualquier localidad que estuviese dispuesta a pagar el precio que el monarca pidiera por ella.
Manteníanse intactas, por otra parte, las motivaciones que podían impulsar a una ciudad a querer formar parte del selecto grupo de localidades que constituían la asamblea del reino más allá (y no era poco) de la preeminencia, del capital simbólico, que dicha pertenencia procuraba. Esas razones habían aumentado incluso con relación al periodo anterior: a las mercedes y ayudas de costa con que los monarcas solían recompensar tradicionalmente a los procuradores, dispensadas ahora si cabe con mayor prodigalidad, se unían, en efecto, las expectativas creadas por el acrecentado papel desempeñado por el reino junto en Cortes como consecuencia no ya solo de la renovación de los tradicionales encabezamientos de alcabalas sino también –y sobre todo– de la concesión y administración de los sucesivos servicios de millones7 , base a la postre del sistema fiscal que se consolida en este siglo XVII y que exigía, entre otras cosas, una mayor regularidad en la convocatoria a Cortes y un alargamiento de la duración de las sesiones8 ; sin olvidar, claro está, que a los procuradores enviados por las ciudades se les concedía una participación del 1,5 por ciento en todos los servicios que votasen, lo cual no era precisamente una bagatela de la que estuviesen dispuestos a prescindir.
La primera concesión de voto en Cortes dentro de este nuevo contexto ocurrió en 1623 y tuvo por protagonista no a una ciudad sino a todo un reino –Galicia–, representado por las cabezas de sus siete provincias (Santiago, Coruña, Betanzos, Orense, Mondoñedo, Lugo y Tuy), las cuales, para ordenar una situación que se presentaba inédita, determinaron que en los llamamientos a Cortes que se hubieran de hacer en el futuro servirían alternativamente, según el turno por parejas convenido desde el principio, las dos procuraciones de que constaba el referido voto9 . En el pasado, y más concretamente durante los reinados de Carlos V, Felipe II y Felipe III, Galicia había procurado obtener dicho privilegio, aunque las gestiones realizadas con este fin no pasaron adelante o no tuvieron el resultado previsto en un principio10; incluso en 1557 el antiguo reino se obligó formalmente a pagar 20.000 ducados a la Corona por el derecho de tener voz y voto propio, lo que comportaba, no ha de olvidarse, la anhelada segregación de Zamora, en cuyo partido andaba a efectos de representación en las Cortes11, obligación que reiteraría en ocasiones posteriores hasta llegar a ofrecer 60.000 ducados12. Naturalmente, la capital zamorana, que se opuso siempre a tales pretensiones, lo hizo también en esta ocasión de 1623, interponiendo pleito ante el Consejo de Castilla, para lo cual recabó (y obtuvo) el apoyo de las demás ciudades de voto por considerar que no se trataba de un asunto particular entre partes sino de “una causa general de todo el reino”.
En el memorial que las Cortes remitieron al monarca en respuesta a la referida petición de apoyo se recogieron puntualmente los argumentos expuestos por Zamora. Por lo pronto, decían los procuradores, se faltaba al derecho que dicha ciudad tenía de estar “en posesión y propiedad”, desde tiempo inmemorial, de hablar por el reino de Galicia; se contravenían, a su vez, aquellas condiciones generales del servicio de millones que prohibían las enajenaciones del patrimonio regio; y se incumplían, en tercer lugar, los juramentos regios de guardar las exenciones y derechos de las ciudades. Además, el reino junto en Cortes, poniéndose en lo peor, hacía especial hincapié en la “dañosa consequencia” que el acrecentamiento del número de votos en Cortes traería aparejada, ya que otras ciudades, aseguraba, “pretenderán lo propio […] y suplicarán a V. M. se les conceda”13.
A pesar de la contundencia con que fueron expuestos, ninguno de los argumentos referidos sería aceptado, con lo que Zamora perdió finalmente la partida, prueba evidente de que la situación había cambiado con relación a épocas anteriores. Y es que, en efecto, el Consejo de Castilla no solo falló, en sendas sentencias de vista y revista, a favor de la solicitud de Galicia, sino que los 100.000 ducados que sus ciudades ofrecieron como contrapartida y que habían de servir para financiar la construcción de seis navíos destinados a proteger sus costas (una ayuda de todo punto necesaria ahora que acababa de iniciarse la segunda fase de la guerra de los Países Bajos)14 allanaron definitivamente el camino de la concesión regia y sirvieron para vencer cualesquier otras resistencias y/o cortapisas legales, no siendo las menores aquellas que encontraban respaldo en las prohibiciones de no enajenar contenidas en las escrituras de millones, suscritas, como de forma altisonante se pregonaba, con fuerza de pacto y contrato entre el rey y el reino, y por consiguiente de obligado –supuestamente– cumplimiento para ambas partes15.
Si bien en el transcurso de las semanas siguientes los procuradores en Cortes barajaron la posibilidad de presentar recurso de súplica ante la.
Sala de las Mil y Quinientas del Consejo de Castilla, no tenemos noticias de que tal actuación se produjera finalmente. A lo más que llegaron las Cortes fue a introducir, en unas llamadas “Condiciones generales para el alivio y bien de estos reinos”, insertas en la escritura del servicio de los 12 millones que acababan de conceder, superpuesto al de los 18 millones que corría desde 1620, la de que “en ningún tiempo se ha de poder dar voto en Cortes a ninguna ciudad, villa ni lugar de estos reinos, ni se acrecentar el número de votos que al presente hay con el de Galicia, sin que por esta condición adquiera ni se le atribuya derecho alguno a Galicia”16. Tal restricción se convirtió, prácticamente con esas mismas palabras, en la condición 90 del quinto género de la escritura del servicio de los 24 millones aprobada el 13 de abril de $1 6 3 2 ^ { 1 7 }$ , tras el intento fallido de sustituir la contribución de los millones por un gravamen sobre la sal. Lo cual, apresurémonos aclararlo, no iba a suponer ningún obstáculo para que la Corona, que en ambas ocasiones aceptó sin mayores problemas lo que la asamblea del reino le pedía, como en estos y en otros casos semejantes solía hacer, siguiera contemplando la venta de las procuraciones de Cortes como un arbitrio fiscal del que poder obtener ingresos extraordinarios, de igual manera que la vigencia de la citada condición tampoco iba a impedir que diversas localidades perseveraran en su empeño por obtenerlas.
Una de esas localidades era Palencia. Sus aspiraciones a formar parte del selecto grupo de ciudades de voto en Cortes se remontaban en realidad, mirando a los aspectos que aquí nos interesa destacar, al momento de la sustitución de las antiguas doce regidurías añales (que nombraba el obispo, su señor jurisdiccional, el primer domingo de marzo de cada año, de acuerdo con un procedimiento relativamente complejo estipulado tiempo atrás) 18 por otras tantas regidurías perpetuas (o, más propiamente, vitalicias, aunque con calidad de renunciables) puestas a la venta por Felipe II en $\dot { 1 } 5 7 4 ^ { 1 9 }$ .
Ciertamente, el comienzo del periodo de los regimientos perpetuos debió alimentar las expectativas, en aquellos que habían pasado a poseerlos en propiedad, de poder disfrutar asimismo de una procuración en Cortes si la ciudad que gobernaban obtenía finalmente (o recuperaba, según ellos) la correspondiente representación. Eso es al menos lo que parece deducirse de una provisión real de 14 de enero de 1577 (o sea, cuando apenas se llevaban trascurridos dos años y medio desde la venta de los regimientos) que Felipe II dirigió a Diego de Ayala para que, como tenedor del archivo de Simancas, buscase, entre los papeles que allí se habían ido reuniendo, cierto proceso y una cédula que pretendía la ciudad de Palencia, con el fin de que si hallaba tales documentos, sacase traslado de ellos y los enviase al Consejo de Castilla.
El pleito al que aludía la disposición regia traía principio, al decir de Palencia, que demandaba también una copia del mismo, de una hipotética pendencia suscitada en el pasado entre el obispo y el concejo de la ciudad sobre a cuál de las dos instituciones correspondía el nombramiento de procuradores de Cortes, enfrentamiento que habría desembocado, según los regidores, en la determinación tomada por los Reyes Católicos de que, mientras no se diese una resolución conveniente al asunto, Toro hablaría por Palencia en todas las ocasiones en que el reino se reuniera. Si bien Miguel de Castro, escribano y oficial del archivo, contestó al monarca el 9 de mayo en lugar de Diego de Ayala que se encontraba ausente, indicando que en los libros de la Cámara (al menos en los posteriores a 1500, pues desconocía dónde podían estar los anteriores) no había nada de lo que se pedía, y que en los inventarios y relaciones de las demás escrituras, antiguas y modernas, existentes en el archivo tampoco se hallaba razón de ello20, Palencia convirtió el episodio en cuestión –que ningún documento respaldaba– en un argumento para fundamentar sus reivindicaciones sobre el que volvería una y otra vez en el porvenir. A fin de cuentas, el supuesto suceso certificaría (esa era la conclusión que los integrantes del concejo palentino pretendían que se sacara de él) tanto la existencia en el pasado de un derecho de representación parlamentaria en cabeza de Palencia como su pérdida involuntaria, por no decir forzada, a favor de Toro en un momento indeterminado (pero dentro del reinado de los Reyes Católicos)21, razones ambas más que suficientes para exigir que dicho derecho le fuera restablecido. Incluso, llegado el caso, Palencia podía invocar a su favor, como en efecto así lo haría, la experiencia histórica de la propia España, perdida ella también a raíz de la invasión musulmana y restaurada posteriormente a resultas de las sucesivas reconquistas cristianas.
Que Palencia emprendiese el camino que había de conducirla a ver satisfechas sus aspiraciones con la interposición, en 1635, ante el Consejo de Castilla de una demanda contra la ciudad de Toro y la Junta del reino es algo que, después de lo que acabamos de exponer, no nos debe extrañar. Tenemos conocimiento de dicha demanda al haberse insertado en una real provisión despachada por el Consejo, el 17 de julio del citado año, en virtud de la cual este trasladaba a las partes implicadas noticia puntual de las acciones judiciales emprendidas por Palencia22. Su contenido, empero, no pasaba de ser una exposición grandilocuente de las razones que, a juicio de la justicia y regimiento palentinos, justificaban la que para ellos no era sino la justa (y obligada) restitución de un derecho. De ahí el énfasis puesto en los orígenes ancestrales de la ciudad y en la afirmación de una existencia inmemorial, que componían, como no podía ser de otra manera, una parte fundamental del susodicho relato.
Según él, Palencia era una de las ciudades más antiguas de España, pues su fundación se remontaba 2.950 años atrás, antecediendo nada menos que en 564 años a la misma Roma y en 1.316 al nacimiento de Cristo. Además, no solo había conservado, desde tiempos tan lejanos, el nombre de Palencia, tomado de su fundador el rey Palato, sino que siempre había tenido el mismo sitio y planta (era, en definitiva, de solar conocido). De semejante antigüedad, de esa genealogía mítica, de la conservación de su nombre y su ser durante tanto tiempo, nacía precisamente la nobleza de Palencia, una de las de más acendrado abolengo de toda Castilla. No había por qué extrañarse de que en ella hubiese tenido asiento, en diferentes reinados y momentos de la Edad Media, la corte regia, y también de que en ella se hubiesen celebrado Cortes en más de una ocasión; o de que el rey Alfonso VIII (1158-1214) la hubiese escogido para poner en ella las “escuelas de todas las çiençias”, donde estudió el glorioso Santo Domingo de Guzmán, hechos que contribuían a acrecentar su capital simbólico y a ennoblecerla todavía más, y de los que desde luego no se recataba, haciendo por el contrario pública demostración de ellos.
A probar su antigua nobleza coadyuvaba igualmente el que Fernando IV (1295-1312) la hubiese eximido de tributos y portazgos, privilegio confirmado después por sus sucesores; no en balde, tales contribuciones tocaban únicamente a los pecheros, por lo que su ausencia, incluso si se trataba de toda una ciudad, denotaba o era sinónimo de nobleza. En último término, sin embargo, la condición de noble le venía a Palencia de los muchos y grandes servicios prestados a sus reyes y de la lealtad mostrada a la corona en ocasiones de turbulencias, intrigas y deslealtades, y entre ellas las “alteraciones” ocurridas en tiempos del Emperador, expresión con la que en crónicas y documentos oficiales se seguía designando, un siglo después, a las Comunidades de Castilla, sin duda como forma de ahuyentar el temor que esas palabras inspiraban todavía 23… Así, pues, siendo Palencia una ciudad tan insigne, en la que concurrían tanta antigüedad, nobleza y lealtad, no podía entenderse (era patente la intención de presentar el asunto como una contradicción que debía encontrar pronta resolución) que careciera precisamente de lo más honorífico de todo, esto es, del reclamado voto en Cortes, tanto más cuanto que otras ciudades, a veces con bastantes menos méritos, sí lo tenían y cuando ella misma (insistía también sobre este punto de modo particular) ya lo había disfrutado en el pasado.
No precisaba Palencia, de todas formas, cuándo había dejado de acudir a las Cortes24, ni tampoco en qué momento la ciudad de Toro se había introducido, “sin título, causa ni justificación”, a hablar por ella en las celebradas “de algunos años a esta parte”. Por eso, es decir, para que no se la pudiera reprochar, llegado el caso, falta de fundamentación, argumentaba a mayores, remitiéndose a otro orden de cosas, que simplemente por el hecho de ser ciudad, y además menor25, le tocaba y pertenecía el beneficio de la restitución “en yntegrun” contra cualquier comisión y transcurso del tiempo, sin que se la pudiese oponer prescripción alguna. En otras palabras, aunque Palencia hubiese dejado de ejercitar su derecho de asistir a las Cortes en algún momento (como en efecto así había acontecido), debía descartarse la idea de que lo había perdido (tal cosa nunca habría podido suceder en realidad), más aun habiendo Toro interferido en él “sin título y con mala fe”. No cabía, pues, otra manera de dar satisfacción a su demanda que la restitución, o sea, la devolución de la posesión, en la que ya había estado en otro tiempo, de nombrar regidores de su ayuntamiento (a estas alturas todos ellos propietarios perpetuos de sus oficios) para acudir a las Cortes con “poderes bastantes”26, sin dependencia ninguna de Toro.
Se equivocaba, sin embargo, la ciudad de Palencia al creer que con solo invocar unos cuantos fundamentos de derecho, no demasiado sólidos por otra parte, y hacer exhibición de sus méritos y privilegios alcanzaría su objetivo. Realmente, ni unos ni otros parecían moneda de cambio adecuada y mucho menos suficiente para obtener la ansiada merced, máxime en unos momentos (estos de mediados de los años treinta del siglo XVII) en los que, con nuevos frentes abiertos en los escenarios bélicos europeos, la venalidad como forma de obtener dineros prontos se había disparado de nuevo y en el ambiente flotaba la sensación de que todo –incluidos honores y preeminencias– se podía comprar por precio27. La operación de Galicia había mostrado cuál era el camino que debía seguirse si de verdad se quería conseguir el privilegio de voto, y dicho camino pasaba necesariamente por la entrega de una determinada cantidad de dinero a Su Majestad para subvenir a sus ingentes necesidades.
Así lo entendió desde el principio, para no dar mayores rodeos, la Junta del Principado de Asturias que en ese mismo año de 1635 prometió servir con 60.000 ducados al monarca por la concesión del voto en Cortes, privilegio que dispensaba al Principado de continuar dependiendo de León a efectos de representación, si bien tal cosa no llegó a tener lugar al no acabar de concretarse la operación28. Pero tampoco el camino que había elegido Palencia para conseguir independizarse de Toro, procediendo judicialmente contra ella, podía tener mucho recorrido. Llamada a comparecer en los estrados del Consejo el 11 de febrero de 1636 (es decir, más de medio año después de presentada la demanda), la capital toresana se limitó a contradecir la provisión en que se le comunicaba dicho requerimiento y a protestar que pediría en el Consejo o donde fuere necesario lo que más conviniese a su derecho, desactivando desde el principio las acciones emprendidas contra ella, de las que, dicho sea de paso, no volvemos a tener noticias.
Palencia aprendió sin duda de la experiencia, y pudo así llegar al convencimiento de que si algún día alcanzaba el privilegio de voto sería, no por reconocimiento de sus derechos o por merced graciosa, sino por contrato oneroso y por vía y título de compra, aunque la transacción se disfrazara con otros ropajes. Por eso, cuando en 1639 (otro año infausto para la Monarquía, y preludio de los no menos desgraciados que se sucederían a partir de 1640) corrió la noticia de que en las más altas instancias del gobierno se hablaba de la posibilidad de vender dos votos en Cortes a las ciudades que quisieran comprarlos, no obstante la vigente condición de millones que lo prohibía, Palencia presentó nuevamente su candidatura mostrando una disposición diferente a la mantenida en ocasiones anteriores: repetirá, pues no podía dejar de hacerlo, argumentos y razones ya expuestos en el pasado pero se cuidará de acompañar su solicitud con el ofrecimiento directo al monarca de un “servicio” de 60.000 ducados. No fue Palencia, además, la única ciudad en entrar en liza. Jerez de la Frontera y Málaga, que sepamos29, actuaron de la misma manera, subiendo además la puja: la primera comprometiéndose a entregar 85.000 ducados y la segunda, 100.000, cantidades que hemos de suponer que se contabilizaban en moneda de vellón, pues a estas alturas era la que se utilizaba en las transacciones corrientes y en el pago de la mayor parte de los tributos. Sin embargo, ninguna de estas propuestas de compra llegó a prosperar en estos precisos momentos, y ello por distintos motivos y circunstancias.
De un lado, no hay que descartar que los problemas de índole político-constitucional que inevitablemente se suscitarían a causa del incumplimiento por el rey de las condiciones pactadas con el reino a raíz de la concesión de los sucesivos servicios de millones (condiciones que si de facto no le vinculaban en el grado que a veces se ha pensado, tampoco le convenía ignorar) o que resultarían como consecuencia del propio aumento del número de procuradores (en la medida en que unas Cortes más numerosas serían también unas Cortes menos manejables y más caras) terminasen por hacer dudar a los responsables gubernamentales sobre la verdadera conveniencia política de dar semejante paso y, por ende, sobre la auténtica rentabilidad del arbitrio, máxime si lo político y lo económico se contemplaban en un sentido amplio. De otro lado, es evidente que las ciudades que se ofrecieron en un principio a desembolsar tales cantidades no habían medido bien sus fuerzas ni sopesado convenientemente la situación de sus respectivas haciendas municipales, o sea, su capacidad efectiva para hacer frente al pago del precio prometido, una capacidad que podía resentirse además si no conseguían las preceptivas facultades reales para pagar una parte importante del servicio que hacían con cargo a los arbitrios que a su vez se les señalaren o para endosar otra parte a sectores ciudadanos distintos del de los regidores, los primeros y más directos beneficiarios, obviamente, de las operaciones de compraventa previstas30. No ha de extrañar, en consecuencia, que las tres ciudades referidas terminasen por abandonar sus iniciales pretensiones, al menos de momento, y Málaga antes que Jerez de la Frontera, o que la misma Palencia, la cual perseveraría durante más tiempo en su propósito. En fin, tampoco la coyuntura política inaugurada tras la caída de Olivares a principios de 1643 parecía la más adecuada para seguir tratando de este negocio, del cual efectivamente se hablaría bastante menos en los años inmediatamente siguientes.
Ahora bien, aunque no lograsen el resultado esperado, no todas las acciones emprendidas por las ciudades candidatas resultaron baldías. Sin ir más lejos, este nuevo intento por conseguir el voto en Cortes obligó a sus clases rectoras a apoyar con argumentos y razones más convincentes sus pretensiones y a reforzar aquellos discursos destinados a dar cuenta de los frutos que alcanzarían todos sus habitantes en caso de obtener la referida preeminencia. Palencia, por ejemplo, elaboró en 1641 un memorial donde hacía una descripción pormenorizada de las “conbeniencias que tiene el voto en Cortes ansí para la çiudad como [para los] beçinos particulares de ella”, destinado a convencer, como se infería de su propio título, no tanto al monarca como instancia suprema a la que correspondía la concesión de la merced cuanto a aquellos otros estamentos de la ciudad cuya colaboración en el pago del servicio pecuniario prometido reclamaban los regidores al no querer –o no poder– afrontarlo en solitario. Y ello bajo el presupuesto –falso evidentemente– de que las referidas conveniencias interesaban a todos por igual y a todos beneficiaban. Por consiguiente, el documento en cuestión aparece también, y así hemos de contemplarlo, como un denso prontuario de los móviles, tanto materiales como inmateriales, que empujaban a Palencia (es decir, a sus élites dirigentes) a tratar de conseguir el codiciado voto, hecho que, como resulta obvio, acrecienta el interés por conocer su contenido31.
“Lo mucho que se realça y engrandeçe esta ciudad” era el beneficio más importante que se conseguía con el voto en Cortes y, por ende, el primero en que se fijaba el mentado memorial. Ciertamente, hoy en día nos puede resultar extraño o difícil de comprender que semejante exaltación se convirtiera en un objetivo prioritario, incluso si como era el caso había que pagar por él; pero no nos lo parecerá tanto si contemplamos dicha aspiración de la manera en que hemos de hacerlo, esto es, desde la lógica de los procesos de acumulación de capital simbólico y de ennoblecimiento que venían protagonizando las ciudades castellanas, en cuanto entidades colectivas, desde la baja Edad Media32. Porque lo que perseguía Palencia con la adquisición del nuevo título era, sobre todo, ganar en nobleza, equipararse a las localidades –unas pocas en realidad– que ya lo tenían y diferenciarse de aquellas otras –la mayoría al cabo– que carecían de él. En otras palabras, con el voto en Cortes en su haber Palencia redefinía su posición tanto dentro del reino como en relación con otras ciudades, escalaba peldaños en el ranking nobiliario urbano y reforzaba con nuevos atributos su personalidad social, atendiendo para ello, no a los principios mentales e ideológicos inherentes a un sistema de valores que pudiéramos considerar burgués, sino a las pautas y comportamientos propios del modelo aristocrático dominante en aquella sociedad33. Además, insistía la ciudad en su justificación, este “útil” tocaba a todos los vecinos “universalmente”, y no solo a ella (o sea, al conjunto de regidores que la gobernaban), pues “con los tiempos y variedad de ellos” cualquiera podría acceder, bien por transacción bien herencia, a un oficio de regidor (y, consecuentemente, a una procuración en Cortes cuando por turno o suerte le correspondiese), aparte de que a la sombra de los que tuvieran unos y otros oficios, “por ser [personas] de calidad y cantidad”, se ampararían muchos pobres, “ansí con el sustento como con el fabor”, y los mercaderes y oficiales obtendrían, a su vez, crecidos aprovechamientos con el gasto de sus casas. En fin, Palencia compartía la idea, muy arraigada en el pensar y el sentir de entonces, de que cuanto más autorizados estuviesen sus regidores, como lo estarían ciertamente tras la consecución del voto, más desinteresado sería también el “gobierno político” de la ciudad.
Algunas otras “conveniencias” señaladas en el memorial que comentamos se caracterizaban igualmente por su alto valor simbólico. Así, si la ciudad se hacía con el voto en Cortes, conseguiría “rigurosamente” que se la llamase señoría, cosa nada baladí desde luego, pues se trataba de un tratamiento reservado en principio a las personas constituidas en dignidad y también de un apelativo que proclamaba a los cuatro vientos su nobleza34. De esta manera, los regidores que la gobernasen tendrían asiento fijo en las Chancillerías y Audiencias, y gozarían “inmediatamente” del trato y comunicación con el Príncipe y sus Consejos. Por otro lado, desligada ya para siempre de la dependencia de Toro, Palencia recibiría directamente, en tanto que cabeza de provincia, los despachos generales y las noticias de los sucesos de la Corona, así los prósperos como los adversos, e incluso se la pediría parecer y consejo para, entre otras cosas, autorizar las acciones de sus reyes, algo que redundaría –insistía en presentarlo así aun a sabiendas que no era cierto– en beneficio (“honra”) no solo de los regidores sino también de todo el “común”, grandes y pequeños. En resumidas cuentas, con la prerrogativa del voto en Cortes la participación de Palencia en la gobernación de la Monarquía se incrementaría notablemente y la ciudad dispondría de más sólidos fundamentos para defender su personalidad política y preservar su autonomía dentro del reino.
Estas últimas aspiraciones las presentaba Palencia como si fuesen exigencias que le debían ser reconocidas por simples motivos de estatus. Es más, dado que ni en “calidad” ni en “servicios” prestados a los reyes reconocía ventajas a la ciudad de Toro, y que en antigüedad y en ser cabeza de obispado “y otras muchas cosas” la excedía claramente, consideraba que sería “grande descuido y flojedad” no aprovechar la ocasión para salir de su “iugo y seruidumbre, y de la sujeción de que nos dé órdenes y nos mande en su proporción como a qualquiera aldea”, cosa que tenía su expresión más intolerable, al decir de Palencia, en el envío frecuente por parte de Toro de ministros con vara de justicia contra sus regidores y vecinos. Era precisamente al llegar a este punto de su discurso cuando las razones de carácter moral y simbólico esgrimidas hasta entonces por Palencia para fundar la reclamación del voto en Cortes dejaban paso a las de tipo material, demostrando así que, además de la preeminencia y el prestigio dimanantes de dicho privilegio, buscaba la obtención de otros beneficios mucho más tangibles. Y el primero de ellos era, ciertamente, la reparación de los supuestos agravios fiscales que contra ella (y su provincia) cometía Toro al echarla pedidos y repartimientos excesivos, “procurando en ellos nuestros daños y sus alivios”, de manera que “muchas de las cargas que padeçe [Palencia], las padeçerán [de alcanzar su objetivo] Toro y su provincia”.
La cuestión clave, por su trascendencia en diversos planos, radicaba, en efecto, en la capacidad que el voto en Cortes concedía de gestionar directamente la cobranza y administración de los tributos y servicios que se pagaban (especialmente los servicios de millones), e incluso de propiciar que estuviesen mejor distribuidos y fuesen en último término más llevaderos. Teniendo esa prerrogativa, como de hecho la tenían las demás ciudades de voto en Cortes, Palencia estaría en disposición (al menos a ello se comprometía) de procurar los mayores alivios para sus vecinos y los de su partido, tanto si ella misma se encargaba de hacer los repartimientos como si estos venían formados desde el reino junto en Cortes (o de su Diputación o de la Comisión de Millones). Fuera como fuese, en ambos casos se habría hecho escuchar con antelación por medio de sus propios procuradores, es decir, se le habría reconocido y habría hecho uso de un poder de negociación fiscal (y por ende, político) del que ahora carecía, y eso era al cabo lo que importaba. Precisamente, Palencia justificaba sus pretensiones de formar parte del reducido grupo de ciudades que gozaban de representación en Cortes con el argumento último de que eran “infinitas” las cosas que se ofrecían en dicha asamblea, tales como encabezamientos, repartimientos, arbitrios, facultades, soldados, esperas “y otras muchas que la neçesidad y el tiempo nos enseñarán”.
Lo demás, una vez que se la reconociera el derecho a enviar allí a sus propios representantes, libre por tanto de su pasada subordinación a Toro, vendría dado un poco por añadidura, y ese algo más no parecía, desde luego, cosa desdeñable: así, cualquier vecino que tuviera “necesidad de favor” le hallaría en los procuradores de Cortes, tanto “en lo que se le puede ofrecer en el reyno como en otra qualquiera parte”; los propietarios de juros sobre millones, a su vez, percibirían en Palencia los intereses que tales títulos devengasen y no tendrían que depender para ello de Toro; al quedar las receptorías de dichos servicios separadas, los vecinos contribuyentes de la ciudad (y también de la provincia) no solo saldrían beneficiados por el hecho de que la administración general de los millones y demás servicios recayera en su mismo ayuntamiento y regidores sino que en el futuro excusarían los gastos que antes hacían al tener que conducir a Toro el dinero de las recaudaciones… En fin, además de enumerar los beneficios que el voto en Cortes traería a la ciudad, no paraba esta de insistir una y otra vez en que todo lo que de autoridad, honra y aprovechamiento obtuviese como cabeza después de haber recuperado la tan deseada prerrogativa no solo la beneficiaría a ella sino que redundaría y se comunicaría igualmente a los miembros que formaban ese cuerpo, es decir, a todos sus vecinos.
Es fácil adivinar hasta dónde quería llegar la ciudad con semejante declaración, cuál era en definitiva la conclusión que pretendía que se extrajese de ella. Porque, como no se cansaba de pregonar, si las felicidades inherentes al voto en Cortes iban a derramarse sobre todos los que componían la ciudad (y su provincia), resultaba lógico –y hasta natural y justo– que todos contribuyeran al servicio pecuniario que hubiese que hacer a Su Majestad por la citada merced y no solo aquellos pocos que constituían su cabeza, o sea, los regidores. Tal era, en síntesis, el argumento utilizado por los munícipes para justificar que una parte importante de los 60.000 ducados de vellón ofrecidos la pudieran descargar sobre otros hombros que no fuesen los suyos. En concreto, contemplaban que dicha carga (o contribución, pues en eso se convertiría la cantidad a pagar) se distribuyera entre los siguientes tres “cuerpos”: el constituido por los regidores, y los compuestos por la “ciudad” y la “provincia”, es decir, en cuanto a estos dos últimos, por los contribuyentes del núcleo urbano por un lado y los de su distrito fiscal circundante, por otro. Dicha distribución, que en opinión de algunos debía hacerse a partes iguales, planteaba más de un problema, y desde luego no estaba claro que fuera justa en conciencia. Ahí estaban, sin embargo, los teólogos para acallar cualquier escrúpulo y despejar las dudas de esta naturaleza que pudieran suscitarse; pero también para justificar y legitimar, desde el lado de la moral o, incluso, del de la religión, el discurso elaborado por quienes más intereses tenían en este asunto del voto, es decir, los componentes del regimiento de la ciudad, propietarios como hemos dicho de unos oficios perpetuados en sus cabezas y exponentes señeros de la oligarquía urbana local.
Los llamados a cumplir con ese menester, en el episodio concreto que estudiamos, fueron dos frailes dominicos del convento palentino de San.
Pablo, cuyos dictámenes llevan la misma fecha: 11 de octubre de $1 6 4 1 ^ { 3 5 }$ . Dispuestos a brindar a sus “clientes” las respuestas más satisfactorias posibles a las dos principales cuestiones que les planteaban –si podía distribuirse entre los tres cuerpos que se sugerían la cantidad prometida, de una parte, y en qué proporciones exactamente había de repartirse esta, de otra–, el primero de ellos, fray Juan Escudero, iniciaba su discurso con consideraciones bien conocidas (pues formaban parte del acervo común perteneciente a los tratadistas atentos a estos temas) sobre los requisitos que debía reunir cualquier tributo para ser considerado lícito. Tres eran, a su juicio, los fundamentales: fin recto, forma debida y materia suficiente, que en la terminología utilizada por otros autores se convertían en causa justa, distribución proporcional y posibilidad de materia. Pues bien, los tres requisitos concurrían felizmente en la prevista operación de adquisición de voto en Cortes, así como en la forma de pago de su precio (cuyo montante era considerado por el dominico como si se tratara de un tributo), de modo que no había motivo alguno para calificar a una y a otro de ilícitos.
La causa, por ejemplo, la justificaba fray Juan por la utilidad que el privilegio procuraba; pero no solamente al monarca y menos aún a unos individuos determinados, los regidores concretamente, sino sobre todo (era lo que estos esperaban que dijese) al “común” de la república, razón por la cual debía ser también común el tributo (precio) que hubiese que pagar por él. A este respecto, hacía hincapié nuestro fraile, en total sintonía con los argumentos esgrimidos por los promotores de la operación, en el lustre y calidades que la ciudad (y su provincia) adquiría con el voto, por cuanto pasaba de ser “miembro muy subordinado a principal cabeza”; y aludía igualmente a los otros aprovechamientos de carácter material antes mencionados, los cuales, aunque se redujeran a aquellos que resultaban de no pagar para el futuro lo que venían pagando de más por su sujeción a Toro (ya que, por aliviar a su distrito, aclaraba el dominico, “carga la mano en los subordinados”), ya eran bastantes. En otras palabras, si como parecía la concesión del voto a todos beneficiaba, no podía decirse que el negocio no concerniera a todos.
Obviamente, el que hubiese causa justa era requisito indispensable para que se diesen los otros dos, y en especial para que hubiese una distribución equitativa y proporcional de la carga. Así, de cara a repartir la cantidad que se ofreciese al monarca, fray Juan Escudero entendía que debía hacerse no prestando atención al número de individuos de cada cuerpo, sino considerando el útil que a cada uno de ellos, “mirados por entero”, se seguía. Tal premisa le llevaba a sostener, respecto a este punto concreto, una opinión no del todo acorde con la que seguramente esperaban quienes habían reclamado sus servicios. Para el dominico, en efecto, los regidores, aunque fuesen una minoría, deberían correr con la mayor parte –hasta las dos terceras partes o, cuando menos, la mitad– del precio que se hubiese de pagar (y no solo con la tercera parte como en principio pretendían), pues ellos se llevaban también “lo mejor de las medras”36. Es más, este mismo criterio de utilidad, provecho o interés diferencial habría de tenerse en cuenta igualmente en la distribución de la otra mitad, los restantes 30.000 ducados: de este modo, a la provincia le correspondería pagar algo más que a la ciudad de dicha cantidad, pues eran muchos más los pueblos que la constituían, como eran también más numerosos los vecinos de ellos que podrían beneficiarse de las ventajas fiscales derivadas de la administración directa de los servicios, pedidos, repartos de soldados, etc., una vez conseguido el voto.
Francisco de Arsúa, el otro teólogo dominico, partía asimismo de la idea de que los beneficios y las cargas de la operación emprendida por el ayuntamiento debían compartirse. Para él, el “título honroso” de tener voto en Cortes no tocaba solo a los regidores sino que alcanzaba igualmente a la demás gente de la ciudad y provincia, “pues es cosa çierta que es más hermoso un cuerpo quando la cabeza está más hermoseada y lustrosa”. Esa honra de la que todos se beneficiarían tenía, sin embargo, un precio que había que pagar, precio que Arsúa, en la línea de su compañero de convento, equiparaba a un tributo que, de entrada, presumía legítimo al ser supuestamente aceptado por todos, puesto que “nadie quiere la honra echarla de casa, antes la abraça, la procura y la desea por lo que le está bien”.
De todas las maneras, al común de la ciudad y a los vecinos de la provincia, al contrario que a los regidores, a los que el fraile suponía movidos por miras más elevadas y sutiles, la honra solo les incumbía en la medida en que les reportase alguna utilidad material inmediata. Esta consistía precisamente en los aprovechamientos que en forma de alivio fiscal ambos cuerpos obtendrían –“con probabilidad bien fundada”– si.
Palencia conseguía el voto en Cortes, así como en los gastos que dejarían de hacer al no tener que conducir a Toro las recaudaciones de los millones y otros impuestos. Es decir, si como era previsible la capacidad fiscal de los contribuyentes de a pie aumentaba proporcionalmente por ambas razones, tal situación les permitiría asumir más cómodamente la carga que les correspondiese hacer efectiva por el privilegio del voto. Ahora bien, aunque tuviesen que pagar alguna cantidad por semejante merced, Francisco de Arsúa no consideraba justo ni lícito que se exigiera a las gentes del “común” una contribución monetaria idéntica a la de los regidores. Y ello por una razón que, a su juicio, podía entenderse fácilmente pero que partía de una realidad igualmente discriminatoria: a los regidores, en efecto, el voto en Cortes les depararía la oportunidad, no solo de ganar provecho como al resto de los mortales, sino también de adquirir honra; esto es, la posibilidad de incrementar ostensiblemente sus ganancias materiales pero también –y sobre todo– las inmateriales, vedadas al parecer a aquellos. Por consiguiente, concluía el fraile, su aportación necesariamente tendría que ser mayor que la de los simples vecinos de la ciudad y provincia, máxime sabiendo que los mismos oficios de regimiento de que eran propietarios, estimados entonces a razón de unos 1.500 ducados cada uno, subirían automáticamente de valor, hasta alcanzar los 3.000 ducados, ante la perspectiva de que fueran recayendo en ellos, por riguroso turno, sorteo o elección, las dos suertes (procuraciones) del voto en Cortes que se compraban.
En los años siguientes Palencia siguió insistiendo en su empeño por obtener la ansiada representación a pesar de que en la Cámara de Castilla (y en el propio Consejo de Hacienda) se dudara, no sin fundamento, de su capacidad para afrontar el pago de los 60.000 ducados que ofrecía y se insistiera, asimismo, en que dicha cantidad era inferior a la que prometían otras ciudades37. De esa decidida voluntad, que no se correspondía en efecto ni con sus posibilidades económicas ni con su evolución demográfica, da fe el hecho de que cada cierto tiempo una delegación del propio concejo palentino, integrada por dos regidores y el escribano de ayuntamiento, girase visita al archivo y se ocupase de revisar los papeles “tocantes y pertenecientes al voto en Cortes que tuvo en los años pasados”38. Se trataba, ciertamente, de una manera muy plástica, a la par que simbólica, de mantener enarbolada la bandera de su reivindicación, a despecho de las dificultades de todo tipo por las que atravesaba la ciudad por esas fechas de mediados del siglo y que perfectamente podían haberla llevado a desistir de su propósito, como desde el gobierno, que desestimó una vez más su demanda, se pensó que ocurriría. No obstante, Palencia disfrutaría todavía de una oportunidad de hacer buenas sus aspiraciones, concretamente a raíz de que a finales de 1650, por decreto de 22 de noviembre, Felipe IV mandara a las Cortes que se estaban celebrando que, como medios para allegar el importe del nuevo servicio que había solicitado al reino, concediesen un tercer uno por ciento en todo lo vendible por seis años39 y prestasen consentimiento para la venta de cinco votos de Cortes a otras tantas localidades y un regimiento añadido en todas las ciudades, villas y lugares de estos reinos en que pudieran venderse40.
Si bien hubo algunos procuradores partidarios de conceder sin mayores consideraciones lo que el rey pedía, la mayoría se manifestó contraria al uso de tales medios, dejando reflejado su parecer en un memorial que fue llevado a la sesión de 18 de diciembre de 1650 para su discusión y posterior aprobación. Para el reino junto en Cortes no había ninguna duda acerca de cuál era la causa responsable del miserable estado en el que se hallaban los reinos de Castilla: esta radicaba precisamente en la proliferación y multiplicidad de los medios creados para recaudar ingresos extraordinarios, los cuales, como se podía comprobar por los que se habían usado hasta ahora, cargaban especialmente sobre los pobres y necesitados, quienes padecían más por la diversidad de contribuciones que por la naturaleza de las mismas.
Desde luego la experiencia enseñaba que multiplicar los impuestos no era una buena política ya que no hacía sino minorar a medio plazo el valor de los ya existentes. Eso es lo que había ocurrido precisamente con las sisas de las llamadas cuatro especies, con las cuales se habían venido pagando, desde su aparición, los servicios de millones, pues al haber tenido que sustentar a partir de 1638 la cobranza de dos nuevos servicios –el de los ocho mil soldados y el de quiebras– y algunos otros medios particulares, su recaudación había descendido tanto que “hoy se reputa por único remedio para que vuelvan a su antiguo valor el reducirlas a su primitivo estado”. Parecida mengua de valor habían experimentado los dos unos por ciento creados hasta entonces como un aumento del tipo de gravamen que se exigía para el pago de las alcabalas. De hecho, insistían los procuradores, “en algunos lugares produjo tanto el primero solo como después de haberse doblado”; más aún, añadían, lo que se recaudó finalmente de ambos cientos, “faltó de las alcabalas”. Y no ya por los fraudes que se cometían en esta contribución o por la reducción de su base imponible (habida cuenta sobre todo de la contracción de los tratos y comercios propia de un periodo recesivo como el de las décadas centrales del siglo), sino también por la subida de los precios de los mantenimientos y “demás cosas necesarias para la vida humana”, una circunstancia inducida asimismo por el aumento del número de impuestos y que repercutía negativamente a su vez sobre el consumo y la producción de tales productos, provocando un retroceso aún mayor si cabe de estas dos variables. Era de temer, por tanto, que si se creaba un tercer uno por ciento, todo lo que de él se recaudara bajaría necesariamente de lo que rindiesen los demás servicios y contribuciones, aparte de que, al igual que estos, dado su carácter indirecto, gravaría proporcionalmente más a los labradores y a la gente menos favorecida que a los ricos. En otras palabras, los procuradores no solo se esforzaban en subrayar el carácter fiscalmente regresivo de los impuestos existentes; también lamentaban que fueran socialmente injustos. Bien es verdad que no podían extrañarse de que las cosas ocurrieran de la manera dicha, entre otras razones porque ellos mismos habían contribuido de forma decisiva a la creación del sistema fiscal que ahora, por razones meramente coyunturales, se dedicaban a criticar. Pero de esto, indudablemente, nada decían41.
Tampoco la venta de cinco nuevos votos en Cortes les parecía a los procuradores reunidos medio conveniente. Y es que, endeudadas como estaban y debiendo como debían tantas y tan cuantiosas sumas al fisco por los servicios corrientes, mal podrían las ciudades de Castilla y Andalucía comprar las nuevas procuraciones y pagar las cantidades que por ellas se les pidiere. Además, dichas cantidades las terminarían cargando en las mismas sisas y contribuciones que venían usando, caracterizadas como se ha dicho por su rendimiento decreciente, de suerte que lo que rindiese este medio bajaría de los demás. Ello redundaría a su vez en perjuicio de los vasallos sin que a cambio se lograse redimir la necesidad de Su Majestad. En realidad, aseguraban los procuradores, los votos que se vendieran (ellos lo sabían mejor que nadie) solo acarrearían utilidad a los particulares a quienes en cada convocatoria tocare la suerte de Cortes. Pero incluso puestos en el caso de que las ventas hiciesen finalmente, ello significaría que se habrían añadido 10 nuevos capitulares a los 38 existentes en la asamblea (contando a los dos de Galicia), un aumento del que los procuradores tampoco querían oír hablar y que rechazaban con argumentos ya utilizados en ocasiones anteriores. Estos se centraban básicamente en el sobrecoste que dicho aumento supondría para la Hacienda Real y en la confusión suplementaria que para el normal funcionamiento de la asamblea resultaría de esas presencias incrementadas, una realidad que dificultaría por otra parte, e incluso impediría, el expediente normal de las materias.
El tercero de los medios propuestos por el monarca tropezaba también, a juicio de los procuradores, con inconvenientes serios. Y es que muchas ciudades y villas tenían privilegios según los cuales no se les podía incrementar sus oficios, privilegios que por si fuera poco habían conseguido, las más de las veces, por vía onerosa, es decir, gracias a que habían pagado un determinado precio por ellos. Curiosamente, las Cortes se escudaban en la posición que ocupaban dentro del entramado de poderes del reino (una posición, por cierto, menos central de lo que a veces se piensa) para no reconocerse como parte que pudiera derogar tales privilegios, no sin antes advertir al monarca y a sus hombres del Consejo de Hacienda de que las localidades de alguna entidad que carecían de ellos, pocas en número en realidad, eran además “las de menos posible”, y de las que no se podía esperar por tanto fruto considerable de los oficios que se vendiesen. Al contrario, en ellas el arbitrio de la concesión del voto solo serviría para ocasionar más penalidades y provocar nuevas disensiones intestinas42.
Fuera lo que fuese, lo cierto es que las Cortes enseguida se olvidaron de lo que acababan de votar. Transcurridas apenas unas horas, en la sesión del día siguiente, Juan de Cañas, procurador de Burgos, volvió sin mayores reparos sobre la decisión adoptada y, argumentando que la asamblea iba a disolverse con brevedad y que las necesidades de Su Majestad eran notorias por la continuidad de la guerra contra Francia (la cual proseguiría hasta 1659), propuso que el reino, que se hallaba al corriente de dichas necesidades, hiciera algún servicio para financiar la campaña próxima. Es más, al darse cuenta de que sus palabras no caían en saco roto, adelantó algunos de los medios que, a su juicio, podrían servir para recaudar parte de la cantidad que se ofreciese: concretamente, la enajenación de un regimiento en cada ciudad, villa y lugar, para lo cual sería preciso levantar la condición de millones que lo prohibía (cosa que no parecía que entrañara demasiados problemas), y la venta de dos votos en Cortes en lugar de los cinco propuestos en principio por la Corona. De otros medios, que en esos momentos no explicitaba pero a cuya búsqueda invitaba al resto de procuradores, habría de salir un millón de ducados más43.
Por lo que respecta a estos últimos medios, pronto se supo en qué podrían consistir. El principal, en la medida en que en él se resumían todos los demás, salió de la cabeza de don Mateo Valdés, procurador de Cuenca, y fue comunicado a la asamblea en la sesión del día 21 por los comisarios de la comisión de millones. Consistía en recaudar el susodicho millón de ducados a base de repartirlo entre las personas que tuviesen oficios públicos, tanto en el realengo como en tierras de señorío, o que hubiesen recibido mercedes del monarca, ya fuesen perpetuas o temporales, proposición que, una vez votada, salió por la mayor parte44, sin que los procuradores hubiesen reparado demasiado en las dificultades que planteaba el “llenar” y “cumplir” con la citada cantidad45. De todas las maneras, y al margen de esta cuestión, en dicha sesión se aprobó también, con idéntico número de votos, el consentimiento de la asamblea para “beneficiar” (era el eufemismo empleado por la administración para designar las operaciones venales) la venta de los dos votos en Cortes que había planteado Juan de Cañas, aunque con una salvedad importante: que las ciudades que los comprasen, para la satisfacción de su precio, no pudiesen echar contribuciones sobre las cuatro especies ni otra alguna que fuese en daño de los pobres, quienes no deberían contribuir de ninguna forma46. Con mayores resistencias tropezó la propuesta de poner en almoneda un regimiento en cada ciudad, villa y lugar; de hecho, su autor, el citado Juan de Cañas, hubo de emplearse a fondo para convencer a sus compañeros y conseguir, tras tres votaciones sucesivas, el voto favorable de la mayoría47.
En resumidas cuentas, la venta de las procuraciones de Cortes saltó nuevamente a la palestra al ser incluida dentro de un paquete de medidas y expedientes extraordinarios ideados para allegar fondos con los que poder hacer frente a las necesidades regias ante el debilitamiento que estaban experimentando otras fuentes de ingresos y el empeño que desde hacía tiempo venían padeciendo las rentas ordinarias de la Corona, incapaces en muchos casos de atender al pago de los intereses de la deuda en forma de juros que pesaba sobre ellas48. La disposición y venta de dichos dos votos, junto con la cobranza de lo que resultase de ella, se encomendó al licenciado Juan de Góngora, marqués de Almodóvar del Río, y el producto que se estimó podía obtenerse fue consignado al entonces factor general Juan Esteban Imbrea, conde de Yelbes, por cuenta de su factoría de 400.000 escudos de provisiones ordinarias del año 1651 que se había firmado el 18 de junio49.
Uno de los dos votos en Cortes puestos a la venta con el oportuno consentimiento del reino fue adquirido al poco tiempo por la que pasaba a ser, en virtud del mismo, la nueva provincia de Extremadura50, si bien todavía en 1655 Salamanca, a la que todo aquel extenso territorio había estado subordinado, porfiaba inútilmente por revertir la situación buscando para ello el apoyo de la propia asamblea51. Fue este voto además, como el adquirido anteriormente por Galicia, un voto colectivo, que recayó en las ciudades de Trujillo, Mérida, Badajoz y Plasencia, y villas de Cáceres y Alcántara, las cuales se constituyeron (pues Jerez de los Caballeros y Llerena rehusaron entrar en la operación) en cabeza de la citada provincia. Conforme a lo acordado, cada una de dichas ciudades gozaría del voto por su turno, y habiendo echado suertes el primero correspondió a Trujillo y Mérida, que enviaron a su respectivo procurador a las Cortes de 1653-1658, las primeras en celebrarse después de la compra52. El precio, 80.000 ducados de vellón, se comprometieron dichas localidades a hacerlo efectivo en tres pagas, de seis en seis meses, puestos en la Corte, la mitad por los caballeros regidores capitulares y la otra mitad por las mismas ciudades (o sea, por sus vecindarios), para lo cual se les concedió facultad para imponer y valerse de arbitrios, “que an de ser los menos sensibles y grabossos a los pobres que sea posible [y] como no sea sobre las cuatro especies”, de conformidad –al menos sobre el papel– con lo que el reino tenía acordado53.
No fue fácil encontrar otra ciudad (o conjunto de ciudades) que pusiese sobre la mesa una cantidad semejante por el segundo de los votos en Cortes habida cuenta de la lamentable situación por la que atravesaba Castilla en esos momentos (y en particular sus núcleos urbanos)54. Palencia, como se ha visto, quería, pero no podía; además, el servicio pecuniario al que se comprometía no pasaba de los 60.000 ducados, quizás porque en el fondo pensaba (o quería seguir pensando) que sus privilegios y los otros servicios alegados compensaban sobradamente cualquier cantidad que pudiera faltarle hasta completar los 80.000 ducados del precio. Mayores dificultades hacendísticas si cabe aquejaban a Jerez de la Frontera, que en algún momento llegó a ofrecer 120.000 ducados por la merced en cuestión, aunque sin tener muy claro cómo y de dónde podía sacar semejante cantidad; además, sus pretensiones de obtener representación propia en las Cortes pasaban por vencer la reiterada oposición de Sevilla, a cuyo distrito fiscal pertenecía55, y se resintieron por las discrepancias surgidas en torno a este asunto entre los componentes del ayuntamiento jerezano, las cuales no hicieron más que acentuarse con el discurrir del tiempo. Así, pues, ante la falta de compradores solventes, es comprensible que surgieran iniciativas proponiendo que no se prosiguiese más en el intento y que este segundo voto en Cortes se consumiera definitivamente.
Conocemos bien una de estas iniciativas, la que planteó don Juan de Moya Romero, veinticuatro y procurador general de Granada, en la sesión de Cortes de 27 de julio de $1 \dot { 6 } 5 5 ^ { 5 6 }$ , determinada en buena medida por el interés particular que su ciudad tenía en que el referido consumo se produjese. Ciertamente, a la capital granadina le sobraban los motivos para manifestarse como lo hacía por boca de uno de sus procuradores; y desde luego no era el menor el que la villa de Motril, integrante de su jurisdicción y corregimiento, tratara (lo venía haciendo en realidad desde hacía algunos años) de erigirse en ciudad y constituirse en cabeza de un corregimiento propio, para lo cual había ofrecido hacer algún servicio pecuniario a Su Majestad. Tales intenciones las seguía manteniendo Motril por el mes de abril de 1657, momento en que Granada se resolvió finalmente a solicitar el amparo de las Cortes y pedir al reino que saliese en su apoyo57. El asunto cobraría una nueva dimensión unos meses más tarde al recibirse la noticia en el regimiento granadino de que Motril había elevado el techo de sus pretensiones y solicitado que se le hiciese merced de un voto en Cortes (no necesariamente de aquel que permanecía sin vender de los dos concedidos a finales de 1650 puesto que ni siquiera se alude a él). Las cosas, empero, no pasaron de ahí. Si bien la villa se comprometió a contribuir con 60.000 ducados58, su determinación debió enfriarse enseguida, seguramente después de recapacitar sobre lo difícil que resultaría hacer frente a un compromiso semejante y no tanto por la oposición exhibida por Granada. En cualquier caso, la citada tentativa no tendría ninguna consecuencia práctica de cara a la cuestión principal que aquí tratamos.
Anduvo, en efecto, este segundo voto en Cortes en el aire varios años sin que ninguna localidad se aventurase a adquirirlo. Finalmente sería Palencia la que, retomando viejas aspiraciones, se decidiera a dar el paso, si bien no antes de 1665. Fue en la sesión de su concejo de 12 de febrero de ese año cuando, según indicábamos al comienzo de estas páginas, los regidores volvieron a hablar de cuánto convenía que la ciudad tuviese voto en Cortes, no solo por haber gozado de él “antiguamente” sino también por ser el justo pago que merecían los “muchos y grandes” servicios prestados a Su Majestad en diferentes tiempos, y los que estaban dispuestos a seguirle prestando, aunque fuesen de carácter pecuniario como era el que ahora pedía. Recordaban los rectores de la ciudad, y así lo reflejaron en el acta correspondiente, que ya en otras ocasiones habían considerado el asunto y tomado una decisión firme sobre él, pero que nunca habían llegado hasta el final, “conviniendo tanto [a la ciudad] y a su república”. Dispuestos ahora a concluir las diligencias que les permitiesen conseguir su propósito, se apresuraron a nombrar a uno de los suyos para que fuese a Madrid a tratar y conferir sobre ello. Y hasta convinieron en correr con los gastos que causase si no había otra posibilidad de financiarlos, “pues redundaría en útil suyo”. La ocasión, por lo demás, se antojaba propicia a los munícipes palentinos: prestar algún socorro dinerario al monarca “en las guerras presentes” era la mejor manera de que se diese por servido e hiciese la susodicha gracia y merced a la ciudad59.
El regidor designado, como también hemos indicado ya, fue don Juan Ladrón de Guevara y Camargo, que había sido elegido asimismo pocos días antes para formalizar los encabezamientos de alcabalas, cientos y soldados60. Aunque en el ayuntamiento de 26 de febrero se acordó que partiese a la Corte dentro de los 15 días siguientes, otorgándosele dos días más tarde la correspondiente carta de poder, con mandato e instrucciones precisas de cómo había de proceder61, a mediados de abril todavía se
61 Firmaron dicha carta de poder, que pasó el 28 de febrero de 1665 ante Nicolás de Herrera, escribano del ayuntamiento, además de don Fernando de Alarcón, caballero de Alcántara, corregidor de la ciudad, y del propio Juan Ladrón de Guevara, como regidor perpetuo de encontraba en Palencia62. Su salida hacia Madrid, empero, no debió retrasarse mucho más tiempo63. De hecho, el 11 de mayo se reunía el ayuntamiento palentino para ver la primera carta enviada por su comisionado desde la capital, fechada el seis de dicho mes, y tratar de lo que ella contenía.
La misiva informaba, en efecto, de los resultados de las negociaciones llevadas a cabo por don Juan de Guevara en la Corte y lo hacía de manera totalmente abierta, con palabras que contradecían (o chocaban con) la retórica utilizada por Palencia cada vez que aludía a esta cuestión. A los regidores palentinos, por tanto, no les iba a quedar otra salida que enfrentarse a una realidad que desde luego no ignoraban pero que de algún modo se habían resistido a reconocer durante mucho tiempo: la de que, como ahora les comunicaba sin tapujos ni florituras retóricas su representante en Madrid, el conseguir voto en Cortes “consistía”, lisa y llanamente, en ofrecer a Su Majestad 80.000 ducados y no en otra cosa.
Dicho de otro modo, ni los privilegios y derechos adquiridos por la ciudad, ni los servicios de todo tipo prestados a la Corona a los que tantas veces había apelado podían servir de pago y retribución bastante de la anhelada merced por mucho que su ayuntamiento se hubiera esforzado en llevar la negociación por esta vía64. Por el contrario, lo que había que poner en la balanza para que esta se inclinase a su favor, lo que permitiría en definitiva conseguir el susodicho voto, era el dinero contante y sonante, del que por otro lado tan necesitado andaba el monarca. Además, una parte importante de ese dinero, en una proporción que por el momento no se precisaba, había de salir, según comunicaba a la ciudad su representante en Madrid, del bolsillo de los propios regidores, quienes para en cuenta de ello y a modo de garantía deberían suscribir, de entrada, sendas obligaciones de 1.500 ducados cada uno. El resto del dinero, en cambio, podría sufragarlo la ciudad con el producto de aquellos arbitrios que propusiese, si bien tendría que solicitarlos previamente al monarca para comprobar que cumplían con las formalidades y condiciones que en tales casos se requerían. A este respecto, Juan de Guevara recordaba a sus colegas de consistorio, para que fueran haciéndose a la idea, que las ciudades de Extremadura habían dado por su voto 80.000 ducados, de los cuales la mitad había sido aportada por los capitulares y la otra mitad la habían sacado de arbitrios65.
Las semanas siguientes, por tanto, las dedicaron los munícipes palentinos a debatir sobre la forma de allegar los referidos 80.000 ducados sin dejar de mirar al mismo tiempo cómo descargarse de una parte de la cantidad que les iba a corresponder pagar, máxime si finalmente esta era de la misma entidad proporcional que la exigida 15 años antes a sus homólogos extremeños66. Ya en la mentada sesión de 11 de mayo de 1665 en la que recibieron las primeras noticias de don Juan de Guevara, acordaron que este pidiera por arbitrios susceptibles de financiar la operación los siguientes: dos reales en cada cántara de vino blanco del que se vendiere y consumiere en la tabernilla de la ciudad y medio real en cántara de vino que los mismos vecinos cosecharen y consumieren; medio real en arroba de aceite de la que se gastaba ordinariamente sin excepción de personas; y la prórroga de otro arbitrio que estaba corriente de ocho maravedíes en cántara de vino. También aprobaron los regidores que su comisionado gestionara la consecución de diversas licencias: una para vender cuatro regimientos que la ciudad había consumido67, otra para sacar de los propios de la ciudad alguna parte de los 80.000 ducados exigidos y una tercera para repartir asimismo cierta porción del susodicho precio entre los lugares de su partido, pues también ellos, como se había sostenido repetidamente desde el principio del proceso, recibían utilidad de la consecución del voto en Cortes. Por último, facultaron a don Juan de Guevara para que pudiese obligar, a todos los regidores que hubiesen aprobado y ratificado lo acordado, a la paga de 1.500 ducados por cada oficio, y para la restante cantidad, hasta completar los 80.000 ducados del precio, la que procediere de los arbitrios. En consecuencia, debería negociar ante las instancias correspondientes que en el privilegio del voto que se redactase constara, por especial y expresa condición, que aquellos miembros del regimiento que no contribuyesen y renunciasen a obligarse de forma mancomunada al pago del servicio que se hacía a Su Majestad quedaban privados y excluidos de entrar en suertes de procurador.
Y es que no todo fueron unanimidades en este proceso. Hubo cuatro regidores que por no querer sancionar con su presencia lo que iba a ser aprobado por la mayoría optaron por no asistir al referido ayuntamiento de 11 de mayo68. También el procurador general de la ciudad, una vez visto y oído el acuerdo tomado, se negó a ratificarlo y dijo que lo contradecía “por no ser en útil de su común”69. Su postura, que teóricamente manifestaba los intereses generales del vecindario, tenía, empero, más de acto testimonial que de oposición efectiva: los regidores presentes, en efecto, dispusieron de seguido que se ejecutase el acuerdo adoptado y que se mantuviese en toda su fuerza y vigor, limitándose a dar testimonio de la susodicha contradicción. Sin embargo, la denuncia del procurador general, una enmienda a la totalidad del proyecto podríamos decir, no fue inútil del todo, pues puso al descubierto las verdaderas intenciones de los regidores, que no eran otras que descargarse de una parte sustancial de la cantidad que les correspondía pagar cargándosela a los vecinos70. En los días siguientes, por tanto, hubieron de esforzarse para presentar sus aspiraciones de otra manera. A fin de cuentas, si llevaban a la práctica su empeño de trasladar la mayor parte (y no solo la mitad) de los costes de la operación de compra a la gente común, incumplirían abiertamente una de las condiciones con que las Cortes de 1650 habían dado su consentimiento para que el monarca pudiese beneficiar la venta de dos nuevos votos en dicha asamblea, en particular la que señalaba que las contribuciones que impusieran las ciudades compradoras no habrían de redundar en perjuicio de los pobres.
El procedimiento que acabó estableciéndose no pudo por menos que considerar estas advertencias y recomendaciones. Solo cuatro días después, en el ayuntamiento del 15 de mayo, los regidores presentes, reconociendo cuánto convendría que el voto en Cortes se consiguiese “con gusto de toda la república”, atendieron a una proposición del corregidor en la que avisaba de lo que estaban haciendo otras ciudades que también lo habían solicitado71, y conforme a ella acordaron ofrecer una de las dos suertes del voto a los vecinos de caudal de la ciudad que quisiesen ayudar y contribuir al pago de su precio “en lo que fuese justo”, para de este modo poder “excusar arbitrios y repartimientos”, una situación que redundaría en beneficio de todos72. Puesto el edicto correspondiente y señalado término competente para la inscripción, hubo 27 particulares que respondieron a la llamada y se obligaron a pagar 1.000 ducados cada uno (o los que les correspondiera hasta llegar a igual suma que la ofrecida por los regidores), según la información que se hizo pública en la sesión del 23 de mayo73. En ella se dispuso igualmente que tales personas particulares otorgasen escritura de obligación y capitulación entre sí, constituyéndose en una suerte de junta de familias, y que remitieran, como lo habían hecho ya los caballeros regidores, carta de poder a don Juan de Guevara para que, también en su nombre y con su respaldo, pudiese negociar la adquisición del voto74. Además, no hubo en esta ocasión contradicción alguna por parte del procurador general, quien aceptó y vino en todo lo acordado “con mucho gusto por ser como es de tanto útil y lustre de su común”75.
Finalmente se determinó que la aportación de los particulares que habían salido a una de las dos suertes del voto fuese de 20.000 ducados, esto es, la misma cantidad que, a tenor de los últimos cálculos efectuados, se había dispuesto que aportasen los regidores por la suya. Con ambas contribuciones se cubría, por tanto, la mitad del servicio que se había de hacer a Su Majestad. La otra mitad, en cambio, se sacaría básicamente de los arbitrios (sisas sobre el consumo de vino y aceite) que la ciudad tenía acordado pedir, y más propiamente, de los censos consignativos (préstamos redimibles) que contratara con dicha garantía: sus intereses, mientras no amortizara el principal, los iría abonando, en efecto, con las cantidades que aquellos produjesen año tras año. Se esperaban obtener, asimismo, mil ducados de cada uno de los cuatro oficios de regimiento que la ciudad tenía consumidos76 y que, merced a lo suplicado al monarca, volvería a poner a la venta, amén de alguna que otra cantidad procedente de los propios de la ciudad, e incluso de los repartimientos que se realizasen en los lugares del partido por el útil que iban a recibir de la exención a efectos fiscales de la ciudad de Toro y de una distribución supuestamente más justa de las contribuciones que antes se hacían por ella 77.
Nada en todo caso que evitara que los vecinos de a pie –el común de la ciudad–, como contribuyentes directos de los arbitrios que se creaban, cargasen (era imposible saber además por cuánto tiempo) con la mayor parte de la financiación de aquella parte de la operación de compra no cubierta por los regidores y particulares abonados; financiación, se insistirá, que comportaba un endeudamiento a largo plazo cuya atención (en tanto no se procediera a la amortización de los censos tomados) a buen seguro terminaría por situar la cantidad finalmente desembolsada muy por encima de la que el precio inicial de compra señalaba. Y ello a cambio de una imprecisa participación en los supuestos honores que se esperaban recibir de la concesión del voto en Cortes, cuando en realidad los verdaderos beneficios que se obtuviesen de semejante gracia (las dos procuraciones de que constaba, con todo lo anejo y perteneciente a ellas) iban a circular únicamente en el seno de los dos grupos oligárquicos citados, es decir, el de los regidores que componían el ayuntamiento y el de los vecinos caudalosos de la ciudad, quienes mantenían, por otra parte, estrechas relaciones entre sí.
Con los sobredichos poderes y demás instrumentos en sus manos, don Juan Ladrón de Guevara y Camargo se hallaba ya en condiciones para negociar, “por vía de transacción o como mejor hubiese lugar”, lo que la ciudad seguía presentando, aunque a estas alturas difícilmente podía llamarse a engaño, como una “restitución y concesión” del voto en Cortes que en otro tiempo había tenido. El negocio, sin embargo, no registró avance alguno en los meses siguientes, durante los cuales la principal preocupación del regimiento palentino parece haber sido, según las actas del ayuntamiento, la de dónde sacar las sumas de dinero que don Juan de.
Guevara solicitaba para continuar con su comisión en Madrid. La muerte, por otra parte, de Felipe IV, acaecida el 17 de septiembre, debió contribuir también a retrasar la negociación78. Tanto que en el ayuntamiento celebrado el 9 de octubre se planteó la posibilidad de que la ciudad abandonara definitivamente su pretensión al voto en Cortes. De hecho, la sesión transcurrió por cauces bastante más tormentosos de lo que las actas capitulares reflejan. Uno tras otro intervinieron los presentes, y después de haber votado todos, salió por mayor número de votos que se escribiese al comisionado en Madrid con la orden de que cerrase la operación de compra del voto dentro de ese mes de octubre, y que si transcurrido el plazo no lo había conseguido, se volviese luego. Es más, a la vista de estos resultados, siete regidores, incluidos cinco que habían firmado inicialmente el poder, intentaron que se efectuara una nueva votación con la propuesta de que don Juan de Guevara cesase ya en su comisión y retornase inmediatamente a la ciudad, “por los muchos gastos que se hacían y haberse mudado las cosas y tomado el negocio diferente expeçión”, intento al que se opuso lógicamente el corregidor alegando, entre otras razones, que ya se había celebrado la votación y que de los votos, una vez regulados, había salido el acuerdo referido79.
A decir verdad, tampoco la resolución aprobada en primer término se cumplió al pie de la letra, y ello habría de permitir, paradójicamente, que se llegara a la conclusión de la empresa. El 21 de diciembre de 1665, o sea, casi dos meses después de haber finalizado el plazo susodicho, en sesión ordinaria del concejo se leyó una nueva carta de don Juan de Guevara cuyo contenido nos permite entender el porqué de la demora experimentada. Informaba, en efecto, el comisionado a sus colegas de consistorio de que en el Consejo Real había salido sentencia en el pleito sobre la contradicción que el procurador síndico general y los diputados de los gremios y rentas de la ciudad habían hecho a la forma de satisfacción y paga del precio del voto contemplada en el memorial presentado a tales efectos por el regimiento de Palencia en el Consejo de la Cámara y a todo lo capitulado sobre ello, por considerar, entre otras cosas, que el arbitrio del medio real en cántara de vino propuesto contravenía –como así era en realidad– una de las condiciones de millones80; contradicción que alcanzaba asimismo al decreto de la reina gobernadora de 18 de octubre mediante el que se ordenaba que por dicho Consejo de la Cámara se expidiesen a Palencia los despachos necesarios sobre la gracia del voto conforme a lo ajustado con ella. Había sido la propia Cámara de Castilla la que, ante la demanda presentada, había dispuesto, por decreto de 26 de octubre, el envío de todos los papeles generados en esta causa al Consejo Real por ser el órgano al que correspondía conocer de ella y dictar sentencia, cosa que finalmente haría. Era este desenlace judicial precisamente el que comunicaba don Juan de Guevara en su última carta, y más en concreto el auto de vista de 16 de diciembre de 1665 (luego confirmado por otro de revista de 13 de enero de 1666), mediante el que el Consejo Real disponía la devolución al Consejo de la Cámara de todos los papeles tocantes a la gracia del voto hecha a la ciudad de Palencia sin embargo de las contradicciones referidas. Refería asimismo don Juan de Guevara en su carta que para disponer el privilegio del voto y demás despachos había habido que dar fianzas de la cantidad ofrecida por él, cosa que había hecho, por la ciudad, Juan Bautista de Benavente, tesorero general del Consejo de Órdenes81.
La aparición de este personaje en el tramo final de la adquisición a título oneroso del voto en Cortes por Palencia tiene una relevancia bastante mayor de la que en principio pudiera parecer, pues nos informa de una circunstancia relativamente frecuente en enajenaciones del patrimonio regio de una cierta envergadura: la participación en tales operaciones, como intermediarios financieros, de hombres de negocios que al mismo tiempo eran asentistas de la Corona y que, por si fuera poco, desempeñaban cargos de cierta importancia dentro de la administración central del estado82. De hecho, Juan Bautista de Benavente no se limitó a avalar financieramente a Palencia como acabamos de señalar. Él mismo se convertiría en destinatario último de los 80.000 ducados del servicio que la ciudad se comprometía a hacer a la Corona por la gracia y merced del voto en Cortes luego de que se le consignara dicha cantidad por cuenta de un asiento que tenía hecho de 100.000 escudos para cubrir los gastos de la jornada de la princesa Margarita, hija de Felipe IV, a Alemania, donde casaría con el emperador.
Leopoldo a finales de ese mismo año83. Pero también prestaría a la ciudad los 2.000 ducados que importó la media anata del privilegio, cuyo pago tendría que repetirse cada quince años (quindenios), perpetuamente84 Obviamente, Palencia albergaba el propósito de satisfacer y pagar en los plazos convenidos las cantidades prometidas a Su Majestad para no dar lugar a que se despachasen personas que viniesen con salario a su cobranza (los temidos jueces ejecutores)85, circunstancia que, si llegaba a producirse, aumentaría notablemente los costes finales (y no solo los monetarios) de la operación. Claro que para reunir lo más pronto posible las sumas de dinero a cuya paga se obligaba e impedir en consecuencia que los intereses en su contra se acumularan, debía activar al mismo tiempo los medios de financiación que había venido proponiendo en el transcurso del proceso.
Ya en el ayuntamiento celebrado el 18 de enero de 1666 se determinó que cuatro capitulares expresamente diputados para ello sacasen a pregón los dos oficios de regidores que finalmente concedió Su Majestad (de los cuatro que tenía consumidos la ciudad y cuya venta en principio había solicitado) para ayuda al pago del servicio de los 80.000 ducados86.
Estos mismos capitulares se ocuparían asimismo de hacer cuantas diligencias fueran necesarias para que el dinero que se hubiese de tomar a censo sobre los arbitrios concedidos estuviese pronto, a poder ser antes de que venciera el primer plazo de la paga. También se aprobó en el citado ayuntamiento el envío de personas a los lugares de la provincia para tratar de cómo podían ayudar al desembolso de dichos 80.000 ducados; y se nombró, por último, a don Diego López de Puga por comisario para recoger los dineros que fueran aportando los regidores y particulares que se habían obligado a ello87.
La documentación consultada no permite conocer qué cantidades se tomaron finalmente a censo y qué personas y/o instituciones las proporcionaron. Apenas ofrece información sobre los arbitrios que la Corona concedió para que sirviesen de respaldo al pago de los intereses de dichos préstamos (y para su hipotética amortización), y nada dice de su rendimiento y forma de administración. Las mismas carencias informativas, en fin, afectan a lo relativo a las aportaciones que pudieran haber realizado los pueblos de la provincia y a su cuantía, si es que las realizaron… En este sentido, tampoco la escritura de privilegio en la que se plasmó con toda solemnidad la concesión (venta) del voto en Cortes resuelve las cosas. Lógicamente, dicho documento se limitaba a disponer que se habían de dar a la ciudad sendas facultades para imponer a censo sobre sus propios 6.000 ducados y para beneficiar los dos oficios de regidores; y una tercera para sacar 10.000 ducados de los lugares de la provincia que se hubiesen avenido a ello. Concedía asimismo a Palencia licencia para recaudar por arbitrio otros 12.000 ducados, y más concretamente para echar medio real en cada cántaro de vino que se cosechase en los términos de la ciudad o que se consumiere dentro de sus muros procedente de otras partes88, una cantidad esta que podría recabar anticipadamente tomándola a censo sobre dicho arbitrio, en cuyo caso se la despacharía la licencia correspondiente89. Sin embargo, no podía prever ni anticipar el desenvolvimiento que las referidas concesiones iban a tener. Y por supuesto no garantizaba que, aun recaudándose todas las cantidades que a través de estos diferentes medios se contemplaban, se llegase a juntar a corto plazo la mitad de los 80.000 ducados prometidos a Su Majestad; de la misma manera que tampoco disponía un procedimiento para que los regidores y vecinos particulares llamados a disfrutar de las dos suertes del voto viniesen a suplir lo que faltare de esa cantidad, más allá de pagar la parte que les tocaba, esto es, los 40.000 ducados de la otra mitad. Por lo demás, el privilegio no hacía ninguna referencia a la situación de endeudamiento que se generaba al seguirse estas formas de recaudación, y menos aún a las consecuencias a medio y largo plazo que tal situación comportaba para el común de la población, obligado a cargar con los costes de financiación de las deudas contraídas, algo que desde luego los regidores no se habían planteado asumir en ningún momento del proceso.
Tal como se aprobó en el ayuntamiento de 6 de febrero de 1666, los dos oficios de regimiento puestos a la venta se remataron en Juan de Nevares, regidor, en 91.000 reales de vellón, después de que los hubiera pujado varias veces sobre los 80.000 reales del precio de salida. En realidad, este Juan de Nevares debió actuar como un simple intermediario o comisionista en dicha transacción: uno de los dos oficios fue a parar a don Alonso García Ramírez, vecino de Fuentes de Nava, y el otro a don Juan Bermúdez Turienzo, vecino de Palencia90. De este modo, la cantidad obtenida resultó ser más alta que la que se había previsto sacar en un principio de la venta de los cuatro regimientos solicitados91. Lo que no acababa de ajustarse, en cambio, era la cuota que los regidores y los particulares interesados debían satisfacer; por consiguiente, tampoco podía hacerse un prorrateo exacto, entre los regidores mancomunados, de la suma que dejarían de pagar aquellos de sus compañeros que no vinieran en el negocio de la concesión del voto en Cortes. Finalmente, en la sesión de 14 de marzo de 1666, se acordó, con respecto a este último punto, que cada uno de los regidores mancomunados pagara 2.451 reales sobre los 1.500 ducados que se comprometieron en un principio al no haber querido hacerlo cuatro de los veinte regidores existentes en la ciudad92.
Para entonces ya se había despachado el ansiado privilegio del voto en Cortes. La noticia del acontecimiento la adelantó don Juan de Guevara en una nueva carta que se vio en el ayuntamiento de 19 de febrero93, pues como fecha del ansiado documento se puso, en efecto, la de 5 de marzo de 1666, cuando ya había vencido el primer plazo de la paga94. Curiosamente, el privilegio reproducía en su parte introductoria (la más propagandística o ideológica de todo el documento) el discurso de tonos grandilocuentes utilizado por la ciudad durante el tiempo en que había estado reclamando el derecho de acudir a las Cortes. Para empezar, repetía de modo completamente acrítico las alusiones a la antigüedad y nobleza de Palencia, incluidas las referencias a sus orígenes míticos, aquellos que la vinculaban a un inexistente rey Palato, y se detenía a continuación en la enumeración de los servicios prestados a la Corona, haciendo especial hincapié en los momentos en que su lealtad había quedado probada. Insistía igualmente en el hecho de que Palencia hubiese sido en diversas ocasiones sede de la Corte, y reconocía que ya en el pasado había ejercido el derecho de representación en Cortes que ahora se le concedía, dando también por buenas las razones esgrimidas por la ciudad para explicar el porqué había dejado de acudir a ellas95. En resumidas cuentas, la Corona hacía suyo el relato construido por Palencia para coadyuvar a la consecución del voto pues le servía para justificar (y hacer más admisible) su propia actuación enajenadora.
Sin embargo, el privilegio, en tanto que plasmación de la voluntad regia de la que emanaba, se mostraba rotundo a la hora de precisar que la concesión del voto en Cortes a Palencia de ningún modo debía entenderse como el resultado de una “restitución”, que es lo que la ciudad había pretendido que se hiciera, sino que se llevaba a cabo “por vía de concesión y nueva gracia”. Y dejaba claro que no habían sido “los muchos, particulares, leales y señalados servicios” que la ciudad había hecho a la Corona en tiempos pasados los que habían movido a esta a conceder dicha gracia, aunque también los hubiese tenido en cuenta, sino sobre todo los 80.000 ducados con que ahora servía, cantidad que el privilegio consideraba expresamente como “el verdadero precio y valor de la dicha merced”. Es decir, la concesión del voto en Cortes a Palencia en 1666 se presentaba, en el documento solemne en que se hacía constar tal preeminencia, como lo que realmente era: un acto de venalidad, fruto de una decisión regia (del rey y de su madre y tutora, la regente doña Mariana de Austria) y, como tal, tomada en virtud de su “propio motu, certa scientia y poderío real absoluto”, aun cuando invocase, para mayor justificación, el consentimiento dado por las Cortes el 21 de diciembre de 1650 a Felipe IV para que pudiese beneficiar la venta de dos nuevos votos por más que al mismo tiempo incumpliese algunas de sus condiciones; un acto, en definitiva, cuyos objetivos eran principalmente recaudatorios, lo que no quiere decir que la Corona renunciase a las otras rentabilidades que de él se derivaban –en este caso de naturaleza política–, y en especial a aquellas que contribuían a reforzar el pacto de colaboración informal que ligaba a las élites locales con la Monarquía, vital al cabo para la supervivencia de ambas partes.
La escritura de privilegio identificaba a los beneficiarios de la “nueva gracia”. Eran estos, genéricamente, el concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad de Palencia, citados así, de carrerilla, según la fórmula que servía para designar al conjunto de la comunidad política local; y particularmente, los verdaderos promotores de la operación, o sea, aquellos regidores y aquellos vecinos que se mencionan expresamente con sus nombres y apellidos, y que habían firmado los poderes en virtud de los cuales se habían llevado a cabo las negociaciones en Madrid. No hay pues lugar para el engaño, aunque se pretenda. Solo los nombrados, representantes al cabo de la oligarquía y la pequeña nobleza local (no había realmente en Palencia una alta nobleza) pero también de una burguesía mercantil y funcionarial con aspiraciones de reconocimiento social, y no toda la ciudad, habrían de desempeñar, por suertes, las dos procuraciones del voto, y solo ellos, en consecuencia, habrían de disfrutar de las honras, mercedes, franquezas, exenciones, libertades, prerrogativas, preeminencias y demás cosas de las que gozaban los procuradores de las veinte ciudades (o provincias) que ya lo tenían. Y eso que la suma de sus aportaciones pecuniarias apenas llegaba a cubrir la mitad del servicio que la ciudad otorgaba a Su Majestad con este motivo.
Así, pues, la adquisición del voto en Cortes por Palencia no hacía sino sancionar la situación de preeminencia –política, social y económica– de la que ya gozaban los integrantes de estos dos grupos –unos cuarenta individuos en total–, dotándola de un contenido suplementario. Pero también reforzaba los lazos que tales personas y sus familias mantenían con la Monarquía, como ocurría en general con los compradores de bienes y efectos del patrimonio regio enajenados o con los mismos propietarios de juros. Todos ellos, en efecto, ligaban su suerte a la de la Corona, a la que quedaban objetiva e interesadamente vinculados para el porvenir, lo que permitía a esta ampliar, a su vez, la base social de su dominación.
No ha de extrañar que al documento donde constaba el citado privilegio (el cual reservaba un amplio espacio a describir con todo detalle el procedimiento que se había de guardar en echar las dichas suertes)96 se le quisiese revestir y dotar de la mayor prestancia material posible, como efectivamente así se hizo, escribiéndole en pergamino e iluminándole con las armas de la ciudad, operación que costó 700 reales, amén de los que se habían gastado ya en su expedición, refrendo y registro. Otros 1.065 reales y medio se invirtieron en su encuadernación y embellecimiento. De esa cantidad, 40 reales se pagaron al librero que le encuadernó dos veces: una en papel para llevarle a firmar y la otra con terciopelo. La media vara de tela empleada en dicho menester costó otros 46 reales, y un cordón de seda para el sello, seis reales. Se compuso también una caja para guardar el privilegio, cuya plata, así como la de los dos sellos de armas, ocho cantoneras y dos manillas que la protegían y adornaban, montó 529 reales y medio, a los que se sumaron otros 450 ducados por la hechura97. Tanto esmero y cuidado chocarían, sin embargo, con una realidad que la ciudad no había previsto: durante lo que quedaba del periodo Habsburgo no volverían a convocarse Cortes en Castilla de suerte que Palencia no pudo ejercer el derecho a enviar a sus procuradores, aunque sí disfrutaría de los privilegios y derechos de los que gozaban las demás ciudades de voto en Cortes, las cuales por otra parte asumirían las funciones que había tenido hasta entonces la asamblea.
En octubre de 1664 se habían clausurado, en efecto, las últimas Cortes. Una real cédula, expedida el 31 de agosto de 1665, llamó a unas nuevas Cortes, entre otras cosas para que prestaran juramento al príncipe heredero, pero dicha disposición quedó en nada por la ya comentada muerte de Felipe IV. Una nueva cédula librada el 27 de septiembre de 1665 suspendía todas las actuaciones previstas por mor precisamente del fallecimiento del monarca, acontecimiento que hacía innecesaria la convocatoria del reino a Cortes para jurar al heredero, ahora convertido en el nuevo rey98. Hubo, pues, que arbitrar procedimientos para la resolución de los negocios relacionados con la petición o renovación de los servicios que hasta entonces habían acaparado la atención y el trabajo de los procuradores, procedimientos que en todos los casos excusaban igualmente la llamada del reino a Cortes. Así, la real cédula de 25 de julio de 1667 instó a las ciudades y villa con voto en Cortes (y entre ellas a Palencia que hacía el número 22) a que prestaran directamente su consentimiento a la prórroga por seis años de los servicios de millones –viejos y nuevos– que corrían, a lo que respondieron de modo positivo, como antes lo habían hecho las Cortes, concretamente las que se disolvieron en 1658 y 1664. Pero tampoco fue preciso juntar al reino en Cortes para prorrogar el encabezamiento de alcabalas, cosa que hizo su Diputación mediante escritura otorgada el 14 de mayo de 1670 por otros nueve años. Y de esta manera, sexenio tras sexenio en el caso de los millones, y cada nueve años en lo concerniente al encabezamiento de las alcabalas, al menos hasta 1687 en que este dejó de hacerse, se iría procediendo en el porvenir99.
Pues bien, en este preciso contexto, en el que la Corona consiguió que encabezamientos y servicios fueran aprobados directamente por las ciudades, haciendo por tanto superfluos nuevos llamamientos del reino a Cortes, una situación que diversos autores han bautizado con la expresión de “el fin de las Cortes de Castilla”100, tuvo lugar, se repetirá, la concesión a Palencia del voto en Cortes. Es verdad que gracias al procedimiento establecido en 1667-1670 las ciudades con voto (que consintieron de buena gana en él pues les favorecía) no perdieron el control administrativo sobre los servicios de millones; en este sentido, por tanto, Palencia, que acababa de llegar a dicho grupo, pudo participar en las negociaciones y hacer valer su preeminencia cada vez que uno de los susodichos plazos vencía, y hasta es posible que sus regidores se beneficiaran, directamente y en conjunto, de las mercedes concedidas por la Corona en remuneración de los consentimientos otorgados. Lo que no consiguió Palencia, sin embargo, fue formar parte de la Diputación del Reino, ya que, según las instrucciones que regulaban su funcionamiento (las últimas habían sido redactadas en 1658), los diputados debían reclutarse entre los procuradores que hubiesen asistido a las últimas Cortes celebradas a propuesta de aquellas ciudades con voto a las que correspondiera hacerlo en virtud de un turno previamente establecido y que al mismo tiempo estuviesen encabezadas101. Dado que las Cortes habían quedado en suspenso después de 1665, era obvio que Palencia, cuyo privilegio de voto databa de 1666, no cumplía con ninguna de esas condiciones. Y lo mismo le pasaba en relación con la Comisión de Millones, habida cuenta de que el reino había nombrado comisarios –cuatro titulares y cuatro suplentes–, también por suertes, en 1664, y de que su ejercicio había de durar en principio hasta que se juntasen las siguientes Cortes, si bien como en el caso de la Diputación pronto surgieron conflictos por la forma en que se habían de sustituir las vacantes102. Dicho con otras palabras, Palencia, una vez que hubo obtenido el voto, no alcanzó a tener presencia, en ninguno de los organismos que encarnaban la representación del reino en el periodo de hueco de las Cortes que siguió a las que se clausuraron en octubre de 1664. Es más, tampoco tenemos constancia de que después de 1694-1698 llegara a entrar en la renovada Comisión de Millones, institución que asumió las funciones de la Diputación e incluso su mismo nombre103, a raíz de lo cual se modificó el procedimiento de elección de sus miembros y se concedió a las ciudades con voto (y entre ellas a Palencia) facultad para nombrar regidores cada seis años entre los que se tenían que echar a su vez las suertes de comisario.
Naturalmente, lo conseguido distaba de las expectativas que había alimentado la ciudad (o mejor, la vieja oligarquía local y los particulares que la secundaron) cuando inició las negociaciones que la condujeron a la obtención del voto; pero sobre todo no compensaba los desembolsos que finalmente hubo de realizar. Sobre aquellas ya se han hecho los comentarios oportunos en las primeras páginas de este estudio; y en cuanto a estos, lo que podemos afirmar es que acabaron siendo muy superiores a los 80.000 ducados pagados en primer término a Su Majestad por el privilegio recibido104. Y no solo por lo que supondría, en el medio y largo plazo, la financiación de la deuda contraída por la ciudad por la cantidad no cubierta con las cuotas de regidores y particulares105. Sin ir más lejos, solo en el cumplimiento de su comisión don Juan de Guevara gastó, en diferentes partidas y por motivos muy variados, 68.181 reales y medio, como con todo detalle hizo constar en la “cuenta y razón” que dio el 20 de enero de 1667. Entre las cantidades anotadas están, por ejemplo, las que pagó en concepto de “gastos secretos”, como los 300 ducados empleados en “disponer” (sic) con don Juan de Góngora que la gracia corriese concediendo para en parte de pago la venta de los dos regimientos y que del arbitrio del medio real en cántara de vino se pudiesen sacar los 12.000 ducados contemplados en el privilegio; o los 300 ducados que gastó en solicitar que los 2.000 ducados de la media anata se sacasen también del citado arbitrio; o, en fin, los 100 ducados que hubo de destinar para conseguir que la escritura de obligación del quindenio la otorgase el propio don Juan de Guevara con el poder que obraba en su poder sin necesidad de que los interesados le tuvieran que otorgar uno de nuevo. Además, otros gastos efectivamente realizados no figuran en la referida cuenta. Baste señalar a este respecto que don Juan de Guevara solo incluyó en ella 5.588 reales de sus salarios de 450 días, contados desde el 20 de abril de 1665 al 15 de julio de 1666: la diferencia, hasta los 19.888 reales que montaron realmente, a razón de cuatro ducados (44 reales) por día, le fueron consignados, gracias una vez más a la expresa licencia del Consejo de Hacienda, en lo que produjese el arbitrio del medio real en cántara de vino. No dejó de anotar don Juan, en cambio, los 24.333 reales que desembolsó en concepto de media anata de mercedes y que había recibido en préstamo de Juan Bautista Benavente: los 22.058 por la del privilegio del voto y los 2.275 restantes por la correspondiente a los dos regimientos vendidos, regulada por el valor en que se vendieron106.
La media anata había que pagarla cada quince años (quindenios), con lo que este gasto tuvo que repetirlo Palencia periódicamente. De las dificultades para hacer frente a semejante desembolso, tan insidioso como invisibles eran para la mayoría de la población los beneficios derivados de la compra del voto, da una idea el memorial presentado por la ciudad en 1690 en el que solicitaba que se le hiciese gracia y diese por libre de los 2.000 ducados del quindenio que había comenzado a correr ¿en 1680? Alegaba.
Palencia “minoración de sus caudales” y el haber consumido en las “reales funciones” de los años pasados ¡más de 30.000 ducados! no habiendo pedido facultad ni arbitrio para ello con el fin de no gravar a los vecinos. Pese a la delicada situación por la que atravesaba la ciudad, pues aún no se había recuperado completamente de las peores consecuencias de la crisis del siglo XVII107, el Consejo de Hacienda no convalidó su petición; es más, el 19 de julio de 1690 consultó al monarca proponiendo que se denegase a Palencia lo que pedía “por no asistirle razón alguna”, y recordando que ya a raíz de un memorial anterior se le habían concedido los dos años de espera solicitados para su paga, sin que dicha concesión hubiese servido para algo108.
Esta carga de la media anata, aun cuando tuviese que afrontarla cada quince años, poco tenía que ver, empero, por lo que a su cuantía se refiere, con las que provenían de la deuda contraída por la ciudad cuando hubo de reunir las cantidades necesarias para el pago de al menos la mitad del servicio de los 80.000 ducados hecho al monarca, cargas constituidas por los intereses de los préstamos (censos consignativos) contratados en esos momentos y a las que había que atender todos los años hasta tanto no procediese a su amortización.
A mediados del siglo XVIII, según la información aportada por las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada, la ciudad de Palencia pagaba anualmente 24.353 reales 15 maravedíes por los intereses de 30 censos en contra, cuyos principales ascendían a 975.839 reales 4 maravedíes, o sea, 88.713 ducados109. No sabemos (la fuente calla al respecto) cuántos de estos censos, que pesaban sobre los bienes de propios en general y/o sobre determinados arbitrios en particular, provenían exactamente de las exigencias de crédito surgidas con ocasión de la compra del voto en Cortes en 1665-1666, pero es muy probable que los contraídos entonces con ese motivo no se hubieran amortizado todavía hacia 1750. Es decir, en esta segunda fecha, casi un siglo después, aún seguían pagándose intereses por ellos sin que, en consecuencia, se hubiesen podido liberar las hipotecas que respaldaban semejante obligación. Lo cual suponía, en unos casos, que una parte de lo que producían los propios de la ciudad tenía que aplicarse al servicio de la deuda en lugar de destinarse a otros empleos más productivos y/o a cubrir ciertas necesidades de la comunidad, y en otros casos, que no se habían podido suprimir aquellos impuestos municipales (sisas y arbitrios) creados precisamente para garantizar el pago de tales intereses, y cuyas dañosas consecuencias para el desenvolvimiento de la economía no nos es posible detallar aquí.
En concepto de arbitrios, en efecto, los palentinos pagaban, por esas fechas del Setecientos, 17 maravedís por cántara de vino blanco del que se vendía en la tabernilla, 17 maravedís por arroba de aceite, y 50 maravedís por arroba de jabón; y señaladamente, pues su rendimiento alcanzaba 1.793.109 maravedís, o sea, el 93,75 por 100 del total, 23 maravedís por cántara de vino de todo lo que se vendía y consumía por los herederos y cosecheros de la ciudad110. De tales importes, la mitad y el 4 por 100 de la otra mitad iba a parar, según la citada fuente catastral, a las arcas de Su Majestad, en lo que constituye un claro exponente de la penetración (e interferencia) de la fiscalidad estatal en la fiscalidad municipal; la refacción al estado eclesiástico se llevaba, a su vez, otros 468.990 maravedís, mientras que de la cantidad restante, es decir, apenas unos 449.117 maravedís, se hacían buenas diversas partidas111 y se abonaban 235.484 maravedís por los intereses de los censos impuestos expresamente sobre tales arbitrios.
No parece que estos censos fueran todos los que Palencia suscribió cuando tuvo que reunir el dinero necesario para pagar el voto en Cortes, ya que su principal ascendía a solo 25.185 ducados, lo que significa que algunos de los que tomó entonces, o bien los había redimido ya, o bien estaban impuestos sobre el conjunto de bienes de propios de la ciudad, de cuyas cargas la encuesta catastral dio cuenta en un capítulo aparte que no hemos localizado. Fuera lo que fuese, los encargados de confeccionar el Catastro en Palencia hicieron constar que al referido arbitrio de 23 maravedís en cántara de vino (seis más, adviértase, de los 17 que se concedieron inicialmente) le pertenecía una de las dos suertes de voz y voto en Cortes (procuraciones), pero no indicaron de qué suerte se trataba, si de la adquirida por los regidores o, más bien, como nos inclinamos a pensar, de la perteneciente a los vecinos pudientes. Todo apunta, sin embargo, a que en algún momento se produjo el traspaso de la suerte en cuestión al arbitrio y que semejante traspaso no se hizo precisamente de balde, lo que traería aparejado un incremento de la carga financiera que pesaba sobre él y, por ende, sobre el común de los vecinos, propiciando que la situación de endeudamiento con la que había comenzado el proceso se prolongase durante mucho más tiempo del previsto inicialmente.
En definitiva, la compra del voto en Cortes fue para Palencia un negocio ruinoso. Pero no tanto por el valor de los beneficios no realizados y/o de las expectativas no cumplidas al no convocarse nuevas Cortes con posterioridad a su adquisición, pues como hemos dejado dicho las ciudades con voto (incluida Palencia, la última en llegar) continuaron desempeñando funciones importantes en materia de impuestos y servicios, de control y administración fiscal, y siguieron disfrutando (ellas, y los regidores que formaban sus ayuntamientos) de importantes ventajas y beneficios en pago de su colaboración. No, el adjetivo ruinoso viene a la pluma (o al ordenador) cuando consideramos, sobre todo, los costes en los que incurrió la ciudad al comprarlo. Unos costes, tengámoslo presente, que, además de multiplicarse y prolongarse en el tiempo por mor del modo de financiación al que acudió, terminaron soportando, en muy alta medida, sus vecinos (y también, aunque no sepamos en qué grado, los de su circunscripción administrativa, convertida ahora en una provincia), a quienes ni siquiera llegaban, si es que no les resultaban del todo indiferentes, esos otros beneficios de carácter material e inmaterial que sobrevenían de la decisión adoptada por sus élites dirigentes. Es decir, el coste de oportunidad de la operación de compra (estimado en términos de privación de recursos más que de alternativas de inversión no realizadas) fue muy elevado y la rentabilidad final conseguida, prácticamente nula. Lo expresaba a su manera pero de forma rotunda el Catastro de Ensenada a mediados del Setecientos al dejar claro que la suerte del voto o procuración cuya propiedad había recaído en el arbitrio sobre el vino no producía ninguna utilidad; en consecuencia, no cabía imputar a la ciudad por dicho concepto ingreso alguno en términos monetarios que pudiera ser gravado con la única contribución que entonces se trataba de imponer.
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