La universidad de mercaderes de Burgos y el consulado castellano en Brujas durante el siglo XV 1.
The Merchants’ Corporation of Burgos and the Castilian consulate in Bruges during the fifteenth century.
José Damián GONZÁLEZ ARCE Universidad de Murcia.
RESUMEN.
La universidad de mercaderes de Burgos actuó como un gremio de comerciantes antes de la fundación del Consulado el año 1494. El cual continuó esta actividad corporativa, además de convertirse en un tribunal mercantil con ámbito en toda Castilla, vigente hasta el siglo XIX. El estudio de este último ha eclipsado el interés por el conocimiento de la citada universidad. La cual desarrolló durante el siglo XV labores de defensa y representación de los mercaderes burgaleses; tanto en la ciudad como en Brujas, donde constituyó una corporación filial en forma de consulado castellano, que sirvió de enlace y control de los factores allí asentados. También dio sus primeros pasos como tribunal gremial especializado. Y, por último, desempeñó actividades religiosas y mutualistas. Aspectos analizados en el presente artículo.
Palabras clave: Universidad de mercaderes, gremio, defensa corporativa, tribunal mercantil.
ABSTRACT.
The Burgos traders’ corporation acted as a guild of merchants before the founding of the Consulate in 1494, which continued corporate activity, as well as becoming a commercial court with jurisdiction throughout Castile, in force until the nineteenth century. The study of the latter has overshadowed interest in that earlier cooperation, which defended and represented the merchants of Burgos during the fifteenth century, both in the city and in Bruges, where it formed a subsidiary corporation in the form of a Castilian consulate, which served as a laison that monitored factors settled there. It also took its first steps as a professional specialized court. Finally, religious and associative activities number among the matters discussed in this article.
Keywords: Corporation of merchants, guild, corporate defense, commercial court.
Sumario: 1. Introducción. 2. El corporativismo comercial antes de la universidad. 3. La universidad de Burgos y el consulado de Brujas como asociaciones de representación, defensa y control del mercado. 4. Aspectos judiciales. 5. Aspectos religiosos y mutualistas. 6. Conclusión.
1. INTRODUCCIÓN
$\it { i C o m o }$ fue posible que los gremios, como instituciones económicas ineficientes, que impidieron o retrasaron, por ejemplo, la llegada del sistema de libre mercado, perduraran de forma tan dilatada en el tiempo? La respuesta, en principio, puede resultar sencilla: lo hicieron porque un Estado aún más ineficiente no pudo resolver por sí mismo y con solvencia las tareas que confió a dichas corporaciones. De ahí que perviviesen hasta que estuvo en disposición de hacerlo, una vez se produjo el advenimiento del capitalismo y del sistema político liberal. Por sencilla, dicha explicación no deja de requerir una aclaración. Las principales tareas que el Estado, en tiempos medievales y modernos, dejó descansar en las corporaciones laborales fueron la supervisión de la calidad de la producción, sobre todo en el caso de los gremios artesanales 2 , que se sentía incapaz de garantizar con sus propias instituciones de control; así como las complicadas labores judiciales, surgidas a consecuencia de los pleitos en el seno de los oficios, que requerían, para su resolución, de conocimientos técnicos específicos que los jueces ordinarios no poseían, tanto en el ámbito de la actividad industrial 3 , como de la mercantil 4 . Así se explica, por ejemplo, la larga vigencia del Consulado de Burgos, desde sus orígenes, en el siglo XV, hasta su desaparición en el XIX.
Otras labores que el Estado confió a los gremios, éstas menos interesantes para el mismo, pero muy importantes para sus componentes, fueron las de seguridad social, mutualistas y de previsión5 . Junto a ellas, unas corporaciones con un reconocimiento cada vez mayor, añadieron otras exclusivas de su interés, como las de representación 6 , asociación, coordinación, control del mercado, etc.
En el presente trabajo voy a ocuparme de abordar, precisamente, los aspectos de representación-control del mercado, judiciales y mutualistas que cupieron a la universidad de mercaderes de Burgos durante el siglo XV. Gremio de comerciantes que agrupaba y defendía a los mercaderes locales, tanto dentro como fuera de la ciudad. Sobre todo en Brujas, donde instituyeron una asociación paralela dependiente de la primera, en forma de consulado que daba cobertura a dichos comerciantes y a sus factores, así como a algunos otros castellanos, en tierras flamencas. En menor medida haré referencia al Consulado de Burgos, fundado a finales del siglo XV por los Reyes Católicos, pues, aunque continuó con las labores propias de la universidad que fue su antecedente, actuó más como un tribunal mercantil a nivel de toda la Corona, al menos hasta que se fundaron, ya en el siglo XVI, el Consulado de Bilbao o la Casa de la Contratación de Sevilla.
Precisamente, la creación del tribunal consular de la Corona en Burgos, en 1494, dada su mayor importancia, ha eclipsado el conocimiento y el interés de los investigadores por su precedente universidad, como gremio local estrechamente ligado a su apéndice flamenco. Deficiencia ésta que pretendo contribuir a subsanar con este estudio.
2. EL CORPORATIVISMO COMERCIAL ANTES DE LA UNIVERSIDAD.
Hacia 1285 se fundó en Burgos, por parte de Miguel Esteban y su mujer, Ucenda de Prestines, la cofradía de Gamonal, que se dotó de regla en 1305. Dicha regla no menciona la calidad de sus componentes, pero algunos de ellos figuran como mercaderes, mientras que otros nombres son de conocidos comerciantes de la ciudad. La misma luego fue conocida como la Cofradía de caballeros mercaderes de Santa maría la Real de Gamonal, probable y lejano antecedente de la cofradía de mercaderes, que veremos fue a su vez el precedente de la universidad de mercaderes, tal y como ésta lo fue del Consulado de Burgos 7 .
En la ciudad aparecieron, durante el siglo XIV, varias cofradías mercantiles, como la de calceteros de Gamonal, en 1368, y, hacia 1379, la cofradía del Cuerpo de Dios, de mercaderes pañeros, cuyas primeras ordenanzas datan de ese año. La de calceteros provendría de la surgida en el siglo XIII, que arriba hemos visto, la de Nuestra Señora de Gamonal, la Vieja. Según se dice en la regla primitiva, que data del citado año 1368, la hermandad se estableció en Burgos en honor de la Virgen, su hijo y de toda la corte celestial, bajo el título de Gamonal. Muchos de los cofrades debieron ser en principio caballeros, aunque posteriormente se redujo a los del oficio de calceteros mercaderes de la ciudad. Esta regla de 1368 establece los sufragios por los difuntos. Como muchos de ellos eran mercaderes ambulantes, se manda que si enfermasen les asistiesen los que fuesen en su compañía, y si muriesen fuesen hasta catorce leguas cuatro cofrades para trasladar su cuerpo a la ciudad. Además, debían celebrar anualmente la fiesta de Santa María, juntarse en las vísperas con las candelas en las manos, poner las candelas en la lámpara las vísperas e ir a misa, donde se ofrecerían dineros por cada miembro; también todos los cofrades debían ir a Santa María de Gamonal a otro día de pascua de cuaresma, oír misa y luego comer. El máximo de cofrades era de 24. La cofradía de mercaderes pañeros, que solo daba cabida a gentes del oficio y tenía un claro carácter aristocrático, pues agrupaba a miembros de la oligarquía local, tenía una finalidad piadosa y asistencial; sus miembros serían comerciantes de media y larga distancia, frente a los simples detallistas, más conocidos como traperos. Su sede era la iglesia de S. Lorenzo, en torno a la cual se encontraban las casas de los mercaderes de Burgos 8 .
En las ordenanzas de 1538 del Consulado puede leerse: “Primeramente ordenamos que este nuestro gremio y republica sea llamada y nombrada como antiguamente lo era y es Universidad, subvoacion del Espiritu Sancto sin cuyo fundamento ninguna cosa puede ser firme ni permanente”. Como vemos, y ya he apuntado, en Burgos, su universidad de mercaderes fue el antecedente del Consulado que fundaran los Reyes Católicos. Y, al parecer, esta universidad o gremio mercantil habría contado con su propio antecedente en una asociación del siglo XIV, tal vez contemporánea a un posible gremio de mercaderes castellanos en Flandes, que como veremos funcionó con toda seguridad a partir de comienzos del siglo XV. En 1785, cuando sus componentes pidieron al rey que no fuese disuelto el Consulado, alegaron que, según sus archivos, sus antecedentes se remontaban a 1379, año en el que funcionaba un tribunal mercantil conocido en Castilla y el extranjero. Más dudosa es la existencia de un gremio mercantil en el Bilbao del siglo XIV, antecedente de su propio consulado 9 .
La cofradía de mercaderes aparecida en el siglo XV, bajo advocación del Espí- ritu Santo, derivaría de la probable asociación mercantil antedicha para el XIV. Algunos autores cifran su nacimiento en torno a 1433, y otros entre 1447-1455. Su sede estaba en la catedral de la ciudad. Tenía un prior, como máximo regidor de la misma; un cónsul (la primera referencia a ambos aparece en 1447); diputados; y, andador, encargado de convocar los cabildos. Algunos de los cuales, hacia 1453, eran también regidores de la ciudad. Año en el que se dio poder a uno de los cofrades para negociar, en nombre de la misma, con el concejo de Santander aspectos relativos a la utilización de ese puerto para el comercio marítimo, con el cual llegó a firmar una concordia sobre este aspecto 10.
Poco o casi nada más se ha estudiado sobre la universidad burgalesa. Pero, como veremos a continuación, sí han quedado suficientes vestigios documentales como para analizar su trayectoria antes de la constitución del Consulado. Parte de ellos indirectos, relativos al consulado castellano de Brujas, que dependía de la anterior. Por lo que será preciso analizar la historia de ambas instituciones de forma conjunta.
3. LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y EL CONSULADO DE BRUJAS COMO ASOCIACIONES DE REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CONTROL DEL MERCADO.
Poco sabemos de la estructura de la universidad de mercaderes burgalesa en el siglo XV. Pero es posible reconstruir sus principales rasgos a tenor de sus ordenanzas del XVI, que dispusieron que se guardase el orden de la misma tenido desde antiguo.
De manera que contó con un cabildo, o asamblea plenaria de asociados, como máximo órgano de su soberanía, así como con cargos rectores unipersonales, un prior, dos cónsules y varios diputados. Estos apelativos son de origen mediterráneo, teniendo como precedente lejano las instituciones homónimas de la Roma Clásica. En la Edad Media los encontramos en las ciudades italianas, caso de Pisa, donde el “prior” era el “primero” de sus cónsules. Semejante denominación fue empleada también por los cargos rectores de las cofradías medievales.
Los órganos unipersonales de la universidad burgalesa eran elegidos anualmente por insaculación, siguiendo esta fórmula de sorteo establecida en el Consulado de Barcelona. El día de S. Miguel, 29 de septiembre, eran convocados todos los asociados en la sede del monasterio de S. Juan, a primera hora de la mañana. Se escuchaba una misa solemne dicha en honor del Espíritu Santo, patrón de la cofradía, oficiada por el abad con diácono y subdiácono, en la que eran exhibidos los ornamentos propios de la cofradía con sus insignias. Cada mercader portaba una candela verde de media libra de cera, también con la insignia, mientras que ciertas hachas ardían en el altar mayor. El cometido de la misa era rogar a Dios que resultasen elegidos los cargos unipersonales más convenientes; al igual que se hacía en las restantes misas cantadas en el monasterio durante ese día. Las expensas salían de los fondos de la universidad, tanto los del culto, como los de la cera y limosnas. A cada monje eran entregados 4mrs., así como 2.500 para sufragar una comida extraordinaria ofrecida a la comunidad, y 2.000 con destino a limosnas para los pobres del hospital anejo al monasterio. Los propios cofrades, tras la misa, realizaban una colación costeada, asimismo, por la cofradía.
La elección-sorteo de los cargos rectores se realizaba al día siguiente, el de S. Jerónimo. A primera hora del cual los mercaderes volvían a reunirse para asistir a una nueva misa solemne, en este caso de réquiem, en memoria de los cofrades difuntos. Para lo que en el altar se colocaba un túmulo, y se repetían los adornos y óbolos. Más adelante, ya en la sede gremial, al entrar los asistentes entregaban un papel con su nombre. Se extraía de una caja una de las papeletas, y el seleccionado sacaba a su vez veintiuna, destruyendo las demás. De las cuales elegía al azar siete, correspondientes a los siete electores que designarían al prior. Lo hacían escribiendo un nombre de su elección en una nueva papeleta, sin haber hablado previamente entre ellos. Los votos eran introducidos en una caja y los cónsules salientes hacían el escrutinio en secreto. Si alguien obtenía mayoría absoluta, o tres votos, era elegido prior, y en caso contrario, o de empate, los electores repetían la votación otras tres veces sin conocer los escrutinios anteriores. Si no había resultado positivo se recurría al sorteo. Los cónsules eran designados por el mismo procedimiento. Los cargos salientes proclamaban a los entrantes, que debían prestar juramento. Los asistentes corroboraban la elección ante un escribano, otorgando su poder cumplido y el de los ausentes a los nuevamente electos. Los diputados, cargo tradicional seguido por costumbre antigua de la universidad, eran nueve; tres de derecho propio, el prior y los dos cónsules salientes; que nombraban a los seis restantes, evitando caer en el nepotismo e intereses propios. Este cargo también era anual y comportaba asimismo juramento. De todo lo actuado quedaba constancia en el libro registro de las elecciones, redactado por parte del escribano. Los designados tenían la obligación de aceptar el cargo, bajo pena de severas multas. Y no podían ser reelegidos durante tres años.
Según el acta de elección de 1499, la cofradía de Santo Espíritu de mercaderes de la ciudad de Burgos, fue reunida en ayuntamiento general en su sede del hospital de S. Juan, al día siguiente de S. Miguel, según su uso y costumbre, estuvo presidida por el prior y cónsules del año anterior (Gonzalo López Polanco, Pedro Pardo y Diego de Castro de Londres), y todos los presentes, en su nombre y en el de los restantes de la universidad y cofradía, mediante la misma, eligieron por prior y cónsules a Francisco del Castillo, Juan Pardo y Álvaro de la Torre, por un año. A los cuales otorgaron su poder cumplido, con las siguientes facultades:
1. Poder para fletar naves con destino a Flanes, Francia, Inglaterra y otros destinos.
2. Poder para otorgar las cartas de flete a los correspondientes maestres de los barcos, con las cláusulas, condiciones, penas y posturas que estimasen pertinentes.
3. Poder para fijar el importe de los fletes y las averías.
4. Poder para obligar los bienes de la universidad en los contratos.
5. Poder para redactar ordenanzas, en solitario o junto con los diputados por la universidad.
6. Poder para enviar diputados a las costas de Vizcaya y Guipúzcoa para despachar las flotas y contar las averías.
7. Poder para firmar capitulaciones y pactos con las villas vizcaínas y guipuzcoanas, o con personas particulares, sobre cuestiones de contratación o trato propias de la universidad, firmando acuerdos ante escribanos públicos y obligando los bienes de la misma.
8. Poder para pagar las alcabalas de los productos vendidos por los mercaderes de la universidad, tanto en Burgos como en Villalón; firmando para ello compromisos ante escribanos públicos y comprometiendo dichos bienes.
9. Poder para nombrar procuradores asalariados en la corte.
10. Poder para pleitear con los arrendatarios de rentas en defensa de la universidad, nombrando procuradores, que podían revocar a placer; teniendo para ello el cargo de procuradores mayores.
11. Poder para prestar juramento en nombre de la universidad, por las almas de sus componentes.
12. Poder para cobrar empréstitos debidos por la Corona a la universidad, u otras deudas, dando carta de pago en nombre de la misma.
Aspectos todos estos que veremos desarrollar a los priores y cónsules en las páginas siguientes.
El puesto, en teoría, debía ser desempeñado por los más prestigiosos hombres de negocios, los más idóneos y de mayor relieve moral y material. Algunos de ellos, por esas mismas cualidades, ocuparon también el cargo de regidor en el concejo de la ciudad, y por lo tanto, además de poder económico, gozaron de autoridad política. Por lo que se desprende de los documentos manejados, así como de los trabajos previos, algunos de los que desempeñaron estas labores durante el siglo XV y comienzos del XVI fueron 11:
Tabla 1: Prior y cónsules de la universidad de mercaderes de Burgos

Ano	Prior	Consul	Consul
1453-54	Alfonso Diaz de Arceo	Diego Alfonso de Burgos	Fernando de Covarrubias
1463	Fernando de Covarrubias	Diego Pardo
1478	Alfonso de Cisneros
1483	Fernando de Covarrubias	Fernando de Castro	Diego de Soria
1485-86	Andrés de la Cadena	Fernando de Contreras	Francisco del Castillo
1494-95	Alvaro de Pardo	Francisco del Castillo
1495	Diego de Villena
1496	Diego de Soria	Fernando de Covarrubias
1498-99	Gonzalo López Polanco	Pedro Pardo	Diego de Castro de Londres
1499-00	Francisco del Castillo	Juan Pardo	Alvaro de la Torre
1502-03	Alvaro Pardo	Juan de Miranda	Andrés de Pesquera
1504-05	Andrés de la Cadena	Luis de Calatayud	Juan de Santoles
1511-12	Antonio de Melosa	Juan de Carrion	Lope P. de Malvenda
1512-13	Juan de Orense	Francisco de Covarrubias	Diego Jimenez
1513-14	Andrés de Pesquera	Diego de Medina	Francisco de Orense
1514-15	Juan Orense	Andrés de Pesquera	Diego Jiménez

.
Si es posible deducir de las ordenanzas del Consulado del siglo XVI cuál habría sido la organización de su precedente universidad, algo similar podemos hacer con la pragmática de fundación del mismo, en 1494, que se hace eco de los principales cometidos de su institución precursora. El primero y principal fue, sin duda, organizar el flete de la flota lanera con destino a Flandes, desde los puertos cantábricos, tanto de la Transierra (Santander, Laredo, San Vicente de la Barquera y Castro Urdiales) como de la costa vasca. Flota que no sólo incluía mercancías de los burgaleses agrupados en la universidad, sino también las de los otros de las restantes ciudades mercantiles, como Segovia, Vitoria, Logroño o Valladolid. Las cuales, aunque contasen con cofradías de mercaderes propias, caso de Toledo o San Vicente de la Barquera 12, en este aspecto estaban sometidas a la jurisdicción de la universidad burgalesa 13.
Dicha pragmática fundacional facultaba al Consulado a redactar cuanta normativa estimase oportuna para su funcionamiento, solicitando para ello la correspondiente sanción regia a través del Consejo Real. Gracias a esta prerrogativa, en 1499 el mismo se dirigió a los Reyes para hacer aprobar la primera de ellas. Que no era otra que una ordenanza seguida desde tiempos inmemoriales por la cofradíauniversidad burgalesa. Consistente en que antes de que se fletasen las naos con las lanas, yerros y otras mercaderías, con destino a Flandes, Francia y Bretaña, se obtenía información entre todos los componentes de la universidad sobre cuánta lana o mercancías querían exportar, de manera que conforme a la cantidad estimada se fletarían las naves necesarias, buscando las mejores y más convenientes, así como las gentes de armas precisas para la defensa. Una vez fletadas las naves para la flota, y otorgado el poder de los mercaderes, la universidad se obligaba con los maestres de las naos y carabelas, prometiéndoles y asegurándoles dar la máxima cantidad de mercancías que pudiesen llevar. Sin embargo, recientemente, algunos mercaderes de la universidad, cuando la flota estaba ya casi lista y la mayor parte de las mercancías embarcadas, contrataban otras naves peores pero con fletes más baratos, para que viajasen al amparo de la misma, no respetando así los compromisos adquiridos con los maestres de las embarcaciones por la misma en nombre de todos los mercaderes. De manera que ésta tenía que indemnizar a los mismos por los vacíos de fletes, en ocasiones con grandes cantidades de dinero. Como lo que abonaron el año anterior, cerca de un millón de maravedís, además de la sanción correspondiente. De manera que los mercaderes que respetaban los acuerdos debían pagar por los que no lo hacían. Por lo que la universidad solicitó la intervención real para evitar agravios semejantes y proveer que la flota fuese a su debito tiempo, bien aderezada y junta. Los Reyes mandaron al Consejo Real que viese la anterior ordenanza y deliberase sobre su utilidad 14.
La falta de autoridad de la universidad para obligar a sus componentes a respetar los compromisos adquiridos nos habla de la incompleta jurisdicción de la misma, insuficiente en asuntos como éste en los que no podía imponer sanciones efectivas sobre sus miembros para obligarles a cumplir sus acuerdos. De ahí que, una vez fundado el Consulado, y reconocida su capacidad jurisdiccional por parte del Estado, la corporación quisiera hacer valer la misma reclamando el reconocimiento explícito del mismo sobre su potestad para intervenir en la organización y control de los fletes.
Además de organizar dichos fletes, a la universidad de Burgos le cupieron los cometidos propios de cualquier gremio. Entre ellos dirimir los pleitos y querellas surgidos entre sus asociados con motivo de su actividad laboral. Para ello estuvo dotada de capacidad judicial, aunque no del todo completa hasta la constitución del Consulado, como luego veremos. La cual fue ejercida por sus figuras rectoras, el prior y cónsules de la misma. Quienes gozaban de jurisdicción, como resulta evidente, sobre los miembros de la asociación. Pero como la actividad mercantil no se circunscribía a un único término municipal, sino que los comerciantes burgaleses tenían negocios en todo el reino de Castilla y fuera del mismo, la universidad de mercaderes extendió sus atribuciones sobre sus asociados allí donde practicasen su actividad laboral. En especial en Brujas, donde la colonia de castellanos estaba compuesta fundamentalmente por mercaderes burgaleses. De modo que cuando se fundó el consulado castellano en esta ciudad, para representar, regular y resolver los litigios de los comerciantes castellanos en Flandes, la universidad de Burgos lo pusiese bajo su control. Lo que la llevó, como veremos, a enfrentarse con los comerciantes y navieros bilbaínos, la otra gran comunidad castellana presente en dicho condado. Porque las pretensiones de control sobre los mercaderes estantes en Flandes y sus factores, por parte de los burgaleses, se quisieron hacer extensivas sobre todos los súbditos castellanos. De modo que la universidad burgalesa, gracias a su preeminencia en el consulado de Brujas, pronto tuvo vocación de consulado castellano, con el objetivo de convertirse en tribunal arbitral y órgano de regulación comercial para todos los mercaderes de Castilla, dentro y fuera del reino. Lo que les fue concedido por los Reyes en 1494.
De esta manera, en 1480, el prior y cónsules de Burgos se dirigieron a Isabel I para comunicarle que Fernando de Salinas, mercader vecino de la villa que llevaba por apellido, estante en Brujas, había realizado actividades contrarias al interés real y de los mercaderes castellanos, solicitando que fuese castigado. A lo que la reina contestó enviando una carta al concejo de Sevilla para que fuesen secuestrados los bienes de dicho mercader y sus factores en la ciudad, así como sus libros de cuentas. Y otra para que el consulado vizcaíno de Brujas no acogiese a dicho mercader, ni le permitiese gozar de sus preeminencias; pues, como hemos dicho, éste se encontraba enfrentado al de los castellanos de la ciudad, y se hizo precisa la actuación real para hacer efectiva la demanda de la universidad de Burgos carente de competencias sobre la comunidad vasca 15. Como la jurisdicción de la universidad era incompleta, en muchas ocasiones, como en ésta, precisaron de la intervención real para hacer efectiva su actuación. Incluso en materia judicial y entre sus propios asociados, como luego veremos.
Otro de los cometidos de la universidad era velar por la seguridad de sus asociados, sus negocios y mercancías, favoreciendo el tráfico mercantil. De ahí que, aparte de obtener seguros para la navegación y el comercio, tanto dentro como fuera de Castilla, solicitados a los reyes castellanos y a otros gobernantes de otras latitudes; de asegurarse contra los desperfectos en sus mercancías y robos con la imposición de averías entre ellos; de contratar seguros particulares; o de negociar treguas y paces con otras potencias marítimas, como veremos; también estuvieron atentos a que los navegantes castellanos no cometiesen excesos asaltando naves y a mercaderes extranjeros, para que las autoridades de los países de origen de los mismos no tomasen represalias sobre los burgaleses o sus mercancías.
De este modo, en 1487 el prior y cónsules de la universidad comunicaban a los Reyes cómo algunos capitanes de barcos de la provincia de Guipúzcoa habían armado cuatro o cinco carabelas para robar cuantos barcos foráneos hallaren, so pretexto de resarcirse de los daños causados por franceses y bretones. Alegando que ello redundaría en su perjuicio, pues sería causa de que se les hiciese lo mismo a ellos cuando fuesen a Francia. Por lo que suplicaron a los Reyes que antes de ser armadas las carabelas, las villas donde lo fuesen diesen fianzas y seguridades de que no serían asaltados los aliados castellanos. Como ya había ocurrido, pues en Rentaría se encontraban secuestrados dos navíos franceses; uno de Burdeos, cargado con trigo, y otro de La Rochela. A causa de lo cual los burgaleses sospechaban que los franceses les tomarían prendas en forma de represalias en sus mercancías; por lo que solicitaron que los navíos franceses fuesen liberados y restituido a sus dueños todo lo tomado. Lo que lo Reyes tuvieron por bien.
Puede que a consecuencia de lo anterior, o por causa de una de las frecuentes guerras comerciales o enfrentamientos bélicos del período, en los meses de febrero y marzo del año siguiente, 1488, una armada bretona, en nombre de su duque, secuestró unos 15 barcos de mercaderes de la universidad, así como de Vizcaya y Guipúzcoa, cargados de pastel, vino, sal y otras mercancías por valor de unas 80.000 coronas, los cuales fueron conducidos a la fuerza a Bretaña, a pesar de las paces y alianzas firmadas por Castilla y dicho ducado. La universidad tuvo que recurrir a los Reyes para que interviniesen ante el duque en solicitud de liberación de los barcos, restitución de sus mercancías por valor de 80.000 coronas de oro y pago de los daños causados, estimados en otras 20.000 16.
También actuó la universidad cuando sus barcos embargados lo fueron por los propios reyes castellanos, en caso de guerra con otros Estados o por motivos similares. Como en 1487, cuando los Reyes Católicos mandaron embargar todos los barcos que estuviesen en los puertos de la costa. Lo que afectó a 9 fletados por los comerciantes de la universidad, cargados con lana y hierro en los puertos de Laredo y Bilbao, con destino a Flandes, Inglaterra, Ruan y La Rochela, así como uno destinado a Bilbao, cargado de paños, retenido en Guetaria. Para los que la misma solicitó el levantamiento del embargo, aduciendo que las lanas se echarían a perder; que le fue concedido por los Reyes 17.
La defensa de los intereses de los mercaderes burgaleses por parte de su universidad se extendió también sobre asuntos de menor envergadura. Caso de lo ocurrido en 1495, una vez fundado el Consulado, cuando la misma reclamó ante los Reyes por una excesivamente rigurosa aplicación de una pragmática real que regulaba la forma de venta de los paños y lienzos, redactada para evitar que las tiendas fuesen oscurecidas y se produjesen fraudes sobre los compradores. De forma que el corregidor de Medina del Campo había hecho prendar a algunos de los mercaderes que iban a su feria sin haber entrado en las tiendas y haber averiguado si efectivamente se incumplía la pragmática. Por lo que solicitaron a los monarcas que una comisión de regidores de la ciudad inspeccionase las mismas antes de que fuese impuesta sanción alguna18. Otro cometido de la universidad, al más puro estilo gremial, a modo de cámara de comercio, fue actuar como intermediaria entre los vendedores y sus clientes cuando se efectuaba un gran volumen de ventas que afectaban a gran número de los primeros, como en otros casos los gremios actuaban redistribuyendo la materia prima adquirida al por mayor entre sus socios. En 1497 los Reyes Católicos tomaron de los mercaderes burgaleses gran cantidad de paños para vestir a los criados de su corte, probablemente con ocasión de la boda de su hijo, el príncipe Juan, y, en lugar de hacer un libramiento individual por los encargados de la hacienda real para pagar a cada uno de ellos, los monarcas ordenaron hacer uno conjunto al prior y cónsules de la universidad para que hiciesen llegar el dinero a cada mercader. Sin embargo, uno de ellos, Diego de Bernuy, protestó ante los mismos por no haber recibido lo correspondiente a 4 paños de Londres que le fueron tomados, puesto que la universidad alegaba que debía los derechos de averías de ciertas mercancías. Los Reyes ordenaron pagarle la libranza de los paños y que diese fianzas para responder de las averías que pudiese adeudar 19.
Ya ha sido dicho, la universidad de Burgos y el consulado de Brujas fueron dos instituciones vinculadas, dependiendo en gran medida la segunda de la primera, que por tanto han de ser analizadas conjuntamente.
En la ciudad de Brujas se llegaron a constituir 5 colonias o naciones de mercaderes españoles: la catalana, la aragonesa, la navarra, la vizcaína y la castellana 20. La mayoría de ellas representadas y organizadas por su propio consulado. De todos es el de la nación de Castilla el que aquí nos interesa, pues en su mayor parte estuvo compuesto por gentes de Burgos, por lo que dependió de la universidad de mercaderes de la misma.
La primera nación castellana que se constituye en el norte de Europa, la más importante y la mejor conocida es la de Brujas. Parece muy probable que los mercaderes españoles, muy numerosos en Brujas a finales del siglo XIII, fuesen dotados de privilegios especiales, entre otros el de tener una justicia consular. También debieron tener a comienzos del siglo XIV un hotel o casa consular donde reunirse. No se tiene constancia precisa de este hotel primitivo de los Españoles, que podía ser una simple casa particular alquilada por los negociantes. Otros autores apuntan que fue en 1348 cuando el comercio español fue representado en Brujas por residentes que se hicieron edificar un hotel en una calle llamada mas tarde, en el siglo XVI y hasta hoy, calle Española, sin apoyatura documental alguna. Que no seria el mismo hotel construido, por tanto, por la ciudad para los españoles, tras su retorno a la misma después de su marcha a Amberes. Seguramente los castellanos formaban ya a finales del siglo XIV una de las 6 naciones oficialmente establecidas en Brujas, pues su sello aparece entre los 6 que penden de una carta firmada por los mercaderes extranjeros en la ciudad, remitida en 1386 al duque de Borgoña. Años más tarde, hacia 1430, se encuentran diversos sellos más. Por ello sería imposible que la nación de los castellanos o españoles no tuviese una casa consular antes de 1494, cundo Brujas se la construyó, aunque no se sabe dónde estaba la del siglo XIV. Pudo ser una tal Casa Negra de su calle, que pudo servir de prisión consular. Lo que sí es seguro es que en 1414 los mercaderes de la nación de Castilla que vivían en la ciudad obtuvieron autorización para contar con una capilla propia donde enterrarse 21.
Finalmente, en 1428 se creó oficialmente el consulado en Brujas. Felipe el Bueno concedió a Juan II el privilegio de nombrar uno o varios cónsules, también llamados gobernadores, reconociéndose así a la nación española como un gremio de comerciantes en Flandes, cuyo consulado se instituía en Brujas 22.
En 1441 los castellanos acordaron adoptar el nombre de “nación de España”, redactar unos estatutos y elegir por su cuenta a los cónsules, y que no lo hiciera el rey. Estas ordenanzas principian por el nombramiento de los cónsules, a los que se denomina como jueces: Juan de Morillo, Lope de Gracia de Castro, Juan Vela, Rodrigo de Chaboya, Juan de Mazuel y Diego, hijo de Gonzalo Alonso, representantes de cada una de las 6 casas de comercio castellanas de la ciudad; cuyo mandato duraría 6 meses, la mitad que los veedores gremiales, con probabilidad por el poco tiempo que permanecerían los mercaderes en la ciudad de forma habitual 23.
Transcurridos los cuales, serían renovados por otros jueces elegidos por los miembros de la nación. Los comerciantes firmantes de las ordenanzas otorgaron su poder cumplido a dichos jueces y se comprometieron a someterse a los mismos, según lo contenido en las mismas y el criterio de éstos. En adelante, a los nuevos comerciantes llegados a Flandes les serían mostradas estas ordenanzas por los jueces y debían comprometerse a suscribirlas y cumplirlas, en pena de lo que determinasen los mismos. Los cuales custodiaban el arca de la nación, en la que se contenían sus privilegios y escrituras, poseyendo cada uno una llave. También lo hacían con los bienes y dineros de la misma. Transcurridos los 6 meses de su mandato, debían dar cuenta de todo lo recibido a los 6 nuevos jueces entrantes, en presencia de todos los miembros de la nación.
Para sufragar los gastos del consulado, se acordaron derechos a pagar por las mercancías que llegasen por el puerto de la Esclusa (tabla 2), según las averías (daños sufridos por las mercancías, cargas o naves, o derechos exigidos para hacer frente a los mismos) que constasen en los contratos y fuese el maestre que recibiese el flete, tanto de los mercaderes castellanos como de los extranjeros transportadas en barcos castellanos.
Tabla 2: Averías recibidas por el consulado de Flandes en Brujas

Producto	Tasa	Producto	Tasa
Quintal de hierro de Espana	1 mita	Saca de lana	6mitas
Tonel de vino de Rochela	8 mitas	Boca de vino de Rumania	4 mitas
Tonel de vino bastardo	12 mitas	Tonel de aceite	16 mitas
Costal de conejo de Castilla	6 mitas	Bala de conejo de Sevilla	16 mitas
Costal de monteria	12 mitas	Rollo	2 mitas
Costal de grana	1 grueso	Saco de fruta	2 mitas
Quintal de cera	6 mitas	Lote de cueros	2 mitas
Quintal de sebo	1 mita	Tonel de miel	12 mitas
100 libras de Flandes de sal	1 grueso

.
Aparte de estas tasas por producto, las averías se completaban con pagos por barco. Cualquier navío castellano de 100 toneles abajo pagaba 3 sueldos; entre 100 y 200, 4 sueldos; y de más de 200, 5; los balleneros, 2 sueldos.
Además de cometidos judiciales, que luego veremos, los cónsules reunieron labores de control del mercado. Como vigilar que los corredores locales de lana no cobrasen más de 4 gruesos de corretaje por saca de lana. También procuraron el igualitarismo gremial, impidiendo que se mostrasen las lanas puestas a la venta fuera de los horarios establecidos, por las mañanas entre las 7 y las 10, y por la tarde entre la 1 y las 4.
Años más tarde, en 1443 seis cónsules de la nación española en Brujas, entre otros, firman un tratado de paz con la Hansa teutónica. Este tratado puede que además de en nombre de la nación española de Brujas se firmase en el de la universidad de mercaderes de Burgos, de la que dependería, que existiría ya por entonces, por tanto 24. Al año siguiente dos de estos cónsules resuelven un litigio entre comerciantes, que fue apelado ante la justicia de Brujas, que confirmó el fallo. Finalmente encontramos la primera cita documental cierta sobre la existencia de la universidad burgalesa, vinculada con el consulado flamenco. En 1447, Juan II confirmó los derechos y privilegios del prior y cónsules de la “cofradía” de los mercaderes de Burgos y de las villas y lugares de la costa marina de Vizcaya y Guipúzcoa, y su jurisdicción sobre los factores establecidos en Flandes, que les fueron otorgados por los reyes precedentes; entre ellos estaría el que fueran los propios mercaderes los encargados de elegir a los cónsules, y no el rey, como luego intentaría Enrique IV.
Sin embargo, en 1451 llegó la división, en forma de contencioso, interpuesto ante los escabinos del concejo de Brujas, entre los cónsules de la cofradía de Burgos en la ciudad y los maestres de las naves, denominados de la costa de España o de Vizcaya, pues los primeros reivindicaban su preeminencia en los juicios, mientras que los otros alegaban que por encima de ellos estaba el rey de Castilla, como señor natural. Los primeros, que se decían cónsules de las ciudades de Burgos, Sevilla y Toledo, pretendían tener la preeminencia y prioridad sobre los mercaderes de España como jefes de su nación, porque Burgos era la principal cámara del rey; mientras que los otros querían precederlos en las misas y funerales atentando contra su honor y el del rey. Los segundos alegaron que esto correspondía juzgarlo al rey de.
España; que ellos frecuentaban las costas de Flandes con sus barcos y mercaderes antes que ningún mercader burgalés fuese allí; que tenían como nombre los Espaignars; y, que no hacía mucho tiempo que no había cónsules, por lo que el gobierno de la nación pertenecía principalmente a los maestros de naves y mercaderes de la costa y no a ningunos cónsules. Los cuales habían sido creados y ordenados hacía $^ { 7 } \mathrm { ~ u ~ } 8$ años. Creación que no debía derogar su derecho antiguo. La prueba era que las cartas dirigidas por el rey iban destinadas a los maestres de naves, marinos y mercaderes, todos de la costa y ninguno pues de Burgos, y eran ellos los que prestaban servicios de armas al rey, por lo que los burgaleses habían usurpado el honor del mismo emplazando las armas y ornamentos de su ciudad sobre las vidrieras y ornamentos de su capilla, que requerían que fuesen quitados. Los cónsules replicaron que resultaba extraño que los comerciantes de la costa de Vizcaya fuesen llamados los Espaignars porque el rey lo era de Castilla, de la cual la ciudad de Burgos era la cabeza y villa soberana, teniendo el primer rango sobre otras ciudades, y cuando se los quería llamar propiamente se les llama comúnmente mercaderes de Vizcaya o vizcaínos. Que su llegada anterior a Flandes y su lucha contra los sarracenos no venia al caso. Que se les había dejado usar por condescendencia la tercera parte de la capilla, que era una fundación particular dotada largamente por un mercader castellano que había allí colgado sus armas, lo que era menos reprensible que lo hecho por los vizcaínos, que sin dar ornamentos o joyas habían puesto las armas de Vizcaya debajo de las reales. Los escabinos fallaron que la decisión correspondía al rey de Castilla, señor de ambas partes. En el texto, mientras que los cónsules o mercaderes de Vizcaya son designados como cónsules o mercaderes de la costa de España, los de España son designados como cónsules o mercaderes de la nación de Castilla, llamados mercaderes de España o de la nación de Burgos en España. Al año siguiente, se daba la cesión de Adrien van den Peerebome y su mujer Margarita, a los cónsules de la nación de España, de todos sus derechos sobre la capilla de la Santa Cruz en la iglesia de los frailes menores25.
El fondo del litigio fue que antes de la llegada de los burgaleses los representantes de la nación de los españoles eran los navieros, y que tras la llegada de aqué- llos se estableció el consulado, siete u ocho años atrás, como nueva institución representativa. Al año siguiente un notario apostólico redactó el acta con las bases del consulado de España en la ciudad de Brujas y sus relaciones con el consulado de Vizcaya 26.
Poco después, en 1453, Juan II falla en la disputa entre “mis cónsules y mayordomos de la muy noble ciudad de Burgos cabeza de Castilla mi camara” y “todos los maestros y patrones y mercaderos y otras personas cualesquier de los mis reynos y señorios del condado de Vizcaya y de la provincia de Guipúzcoa, mis subditos y naturales que estades y estovieredes estantes en la villa de Brujas en Flandes” 27.
dicte partes essent subditi unius principis, videlicet excellentissimi predictas corm Regia majestate eiusdem domini Regis Castelle ad questiones predictas per eum aut suum nobilissimum consilium decidendas; et partes easdem pacificantes, decederent et declarant quod tempore questionum huiusmodi pendientium et donec per dictum Regem aut suum cosilium eedem questiones decise forent, dicte partes invicem quiete viverent, et quod una adversus aliam nichil actemptaret. Et cum ita sit quod dictis questionibus, sic ut premittiur, coram dicto Rege remissis et indecisis pendentibus, humani generis inimico Lucifere suadente, premissa ordinacione prefatorum dominorum burgimagistrum, scabinorum et consulum non obstante, inimicicie suborte fuissent et sint, ratione premissorum inter dictas partes, et tales quam, si gracia Dei mediante, remidium adhibitum non fuisset, effusio sanguinis et homicidia consecuta fuissent in perpetratium scelus et causa existente animarum perticulum non modicum. Ad quod quidem periculum et homicidia evadenda et precavenda, predicte adverse partes considerantes inimiciciis nil deteris, et pace, et concordia suavis fore, deputassent et rogassente a qualibet parte certos eorum consocios mercatores, videlicet dicti mercatores civitati et confratrie Burgensis pro suis, Fernandum de Pulgar, Tulium Gares, Joannem de Sibilia, Gonsalum Ferras et Alfonsum de Castillo; et prefati mercatores coste, Ochoam de Salasar, Martinum Johannem Darostiguy, Michaelem Peris Sarangury, Marinum Yvaignes de Tillace, Petrum Dariola, Johannem Sanses de Savaille et Johannem Darana filium Petri Sanses. Quatenus iidem deputati et rogati mercatores tamquam mediatores dictarum partium advisare vellent aliqua media utilia et conveniencia ad partes ipsas pacifcandum, ut exinde fructus peroptabilis et bravium consequi possent gloriosi”. La sentencia arbitral, que fue leída en presencia de las partes, en el claustro de los frailes menores, por el notario apostólico, es la que sigue: “Que cerca de lo primero que aquellos que se llamvan fasta agora consules que se non puedan llamar de agora adelante por esto vocablo consules, porque se puedan llamar por otro vocablo o nombre o nombres cuales ellos queseran a su voluntad del cual nonbre se llamaran. Amas las partes, dos de una parte y dos de otra, y que non se pueda llamar la una parte segun otra nacion. Que por la gracia de Dios de agora en adelante sean todos unanimes y de una voluntad para todas las cosas que ovieren de juntar, asy a ofrendas como delante la ley, que en el tal caso cuando acaeciere que todos se cataran la cortesia el uno al otro que mas podran porque todavia el mas viejo de hetad de los tales elegidos iran delante, y si capitan o capitanes de flota viniere que vaya delante de todos los otros, que vayan como hermanos yuntamente. Que lo de la capilla este todo en el estado que agora esta sin faser mudamiento ninguno en cosa de la dicha capilla fasta tanto que la determinacion venga de Castilla, y de la costa en manera debe ser y que estaran por lo que della fuere ordenado. Cuanto al aforamiento que sea en la capilla todos como hermanos o en la iglesia o en el cementerio, y que sean tenidos de requerir la una parte a la otra si los plase de afletar algun navio si queseren todos juntos que la afletan y si la una parte non quesere seyendo requeridos que la otra parte lo pueda afletar, esto en cuanto toca al afletamiento de la ropa que va a España. Cuanto al dinero que sea en la manera que se contiene en el capitulo convienen a saber que las cosas necesarias para la capilla se echen sobre las mercaderias que venieren sueldo por libra y que tengan la llave del arca los que fueren nombrados tantos el uno como el otro y que pongan un capillan de consuno” (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire de l’ancien..., 50-52).
27 “A mi es fecha relacion que agora nuevamente algunos de vosotros a deservicio mio y con grande osadia y atrevimiento a un capilla que tenedes al monasterio de Santa Francisco de la dicha villa de Brujas queriedes y queredes poner y pintar las armas de Vizcaya ensima de las mis armas reales de Castillos y Leones, y quitar las dichas mis armas que estan pintadas, y poner acima las dichas armas de Vizcaya a la dicha capilla; de lo cual sy asy es yo soy de vosotros mucho maravillado y aciendo manda proveer cerca dello porque a los que lo tal cometierense castigo y a otros enjenplo, porque vos mando.
La guerra desatada entre Burgos y Bilbao por el control del comercio atlántico tenía un punto débil, en el caso de la primera ciudad, en el hecho de que para el embarque de sus mercancías utilizaban el puerto, y los barcos, de la segunda. Por ello, ese mismo año 1453 la universidad de mercaderes llegó a un acuerdo con el concejo de Santander, puerto perteneciente a la provincia de Burgos, para utilizarlo como lugar preferente de embarque. Para ello, el prior, cónsules, diputados y algunos cofrades de la cofradía de mercaderes de Burgos, algunos de ellos a la sazón regidores de la ciudad, se reunieron en su sede de la catedral, habiendo sido previamente llamados por su andador, según su costumbre, para otorgar, en su nombre y en el de los restantes cofrades, su poder cumplido a uno de sus compañeros, Fernán Martínez de Soria, para que en nombre de la cofradía negociase con el concejo de Santander. En la reunión habida entre las dos partes, se suscribieron unas ordenanzas con 6 puntos. Entre los que son de destacar: que los mercaderes de la cofradía o sus subordinados podían llevar por mar sus lanas y otras mercancías a Santander sin abonar tributo alguno. Sí debían pagar un maravedí por saca de lana, para reparar el puerto, y hostelaje de las llevadas en carros por tierra; lo que les daba derecho a aposentarse libremente, tanto ellos como sus mercancías, en cualquier lugar de la villa. Tampoco debían llevar otras mercancías obligatoriamente, si no lo deseaban. Aunque sí debían introducir trigo cuando llevaban la lana u otras mercancías en mulas, sin pagar el maravedí antedicho. También quedaron obligados a comprar hierro, madera, cueros o pescado para su exportación por el puerto exclusivamente a los vecinos de la villa. De este modo, el puerto de Santander se convirtió, a partir de entonces, en el puerto de Castilla por excelencia28.
Finalmente, en 1455 se produce la división de derecho en dos de la nación castellana (nación de Castilla, nación de España, nación de Castilla y León, nación de castellanos o nación de Burgos), que a partir de entonces agrupará a los mercaderes de Burgos, Sevilla, Toledo, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Logroño, Ná- jera y otras ciudades del interior, al segregarse de la misma la nación de Vizcaya (nación de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y de la costa de España, o nación de la Costa de España), en la que se agrupaban los comerciantes de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Santander, Asturias, Galicia29 y Navarra. Ese año se institucionalizó la escisión mediante un nuevo fallo en la citada disputa, en este caso a cargo del nuevo rey, Enrique IV, en el cual nos da cuenta de en qué consistió la misma, sostenida entre los mercaderes de las ciudades de Burgos, Sevilla, Toledo, Segovia, Soria, Valladolid, Medina y otras, de un lado, y los de la costa de Vizcaya, por la otra parte: en primer lugar sobre la denominación que debían tener los representantes de los mismos (los cónsules) que los mercaderes acostumbraban a elegir entre ellos; en segundo lugar, sobre la preeminencia de los mismos, su capacidad de convocatoria de los ayuntamientos o reuniones plenarias de asociados, y su capacidad de representación ante los poderes locales de dichos asociados; y, por último, sobre la titularidad y uso de la capilla más arriba vista, sita en la ciudad de Brujas. El fallo del rey fue el siguiente: que los naturales de su reino, excepto los de Vizcaya, pudiesen elegir entre sí, por el tiempo y la manera acostumbrados, a cuatro personas, los cuales se seguirían denominando “cónsules”; por su parte, los de Vizcaya y Guipúzcoa podían, asimismo, elegir a otros cuatro, dándoles el apelativo que quisiesen. De manera que los cuatro cónsules castellanos no tendrían jurisdicción alguna sobre los mercaderes vizcaínos, salvo si éstos querían pertenecer a su “cofradía”, ni los representantes vizcaínos sobre los mercaderes castellanos, excepto si éstos hiciesen lo propio, sino que “los dichos consules libren y determinen entre los de su cofradía las cosas y debates que ocurrieren, y los dichos vizcaynos y guipuscoanos entre los suyos”. Los asuntos comunes serían tratados por los cuatro castellanos y dos de los vizcaínos, elegidos al efecto. Algunos de esos asuntos comunes tenían que ver con la sentencia en el segundo de los asuntos, pues los seis representantes debían serlo de todos los mercaderes, castellanos y vizcaínos, ante las autoridades locales, y hablar en su nombre. En lo tocante a la capilla, dispuso el rey que en la misma sólo se dejasen las armas reales y las vizcaínas, que fuese usada por todos, y que en adelante los mercaderes de cualquier ciudad pudiesen poner en la capilla las armas de la misma a modo de ornato.
Nuevamente, en 1455, Enrique IV confirmó los privilegios de su padre, Juan II, al consulado de España en Brujas y a la cofradía de sus súbditos. De otro lado, al año siguiente, lo hacía con los privilegios dados también por su padre a los cónsules y mercaderes de Vizcaya residentes en Brujas.
En 1465 los cónsules de Castilla y los de la costa de Vizcaya y Guipúzcoa firmaron un acuerdo nombrado árbitros para solventar sus posibles diferencias. Fueron designados Fernando González de La Coruña y Rodrigo de Cifuentes, por los cónsules y mercaderes de Castilla, y el prior Ochoa de Veci y Juan Pasa de Fagaza, por los cónsules y mercaderes de la costa de Vizcaya y Guipúzcoa 30. Los cuales determinaron que cuando los cónsules de ambas naciones tuviesen necesidad de reunirse para tratar asuntos comunes serían convocados por sus respectivos sirvientes, para verse en la Bolsa o en la plaza de los Alemanes, en terreno neutral por tanto. Con respecto al salvoconducto ganado por la nación española al duque de Borgoña el año anterior, 1464, que costó 43 libras de gruesos, 31 debían ser pagadas por los castellanos, y las restantes 12 por los vascos. El tercer acuerdo y siguientes consistieron en el reparto de las averías que debían pagar las mercancías de los extranjeros transportadas en barcos castellanos, tanto en España como en el extranjero, que arribasen a las costas flamencas, correspondientes por tanto a los miembros de la nación de España: de cada 60 coronas, 38 serían para los castellanos y las restantes 22 para los vascos; debiendo rendirse cuentas al respecto dentro del medio año del mandato de los cónsules. Aunque las averías de los extranjeros que se embarcasen en naves castellanas en Andalucía serían íntegras para los cónsules castellanos; las de los embarcados desde Cartagena hacia Levante, para los vascos; las de los extranjeros con mercancías embarcadas en naves castellanas fletadas por castellanos o vascos en Portugal con destino a Flandes, para sus respectivos cónsules; mientras que las de los extranjeros fletadores de barcos en Portugal corresponderían a los cónsules de la nación a la que perteneciese el barco.
Tras la unión dinástica de las principales Coronas españolas, los cónsules castellanos pretendieron extender su jurisdicción ahora sobre el consulado de Cataluña. De modo que en 1487 demandaron averías a los catalanes que usasen barcos vizcaínos; los cuales replicaron que eran una nación diferente en Brujas, con su capilla, y que nunca pagaron averías a los de la nación de España, como tampoco los portugueses, alemanes o ingleses. Los escabinos determinaron que no las pagasen. Al año siguiente, el rey Fernando remitía una carta para que los mercaderes de los distintos reinos de España viviesen en Flandes en armonía y que cada nación juzgase los casos de su jurisdicción.
En 1467 los cónsules del reino de Castilla revisaron sus ordenanzas de 1441. Por entonces, a la cofradía de mercaderes que gobiernan se la conoce ya como la “de señor Santiago”. La revisión tuvo lugar en una reunión celebrada en el monasterio de los agustinos, según lo tenían por uso y costumbre, a la que asistieron los cónsules Francisco de Covarrubias, Pedro de Miranda, Pedro de Astudillo y Nicolás de Sevilla, así como la mayor parte de los mercaderes de la nación estantes en la ciudad. El argumento para la misma fue que las antiguas ordenanzas, firmadas por todos los de la nación, estaban muy viejas, gastadas por el uso y no quedaba espacio para nuevas firmas, por lo que se decidió pasarlas a limpio, y nuevamente firmarlas por los estantes en ese momento. Al año siguiente, 1468, los mercaderes y cónsules de la nación de Castilla se comprometieron por juramento a someterse a la caución del duque de Borgoña. En 1476 se produjo un acuerdo entre los cónsules y mercaderes de la nación de España residentes en Brujas y el canciller de Borgoña sobre derechos de peaje. En 1478 los Reyes Católicos autorizaban al prior de la cofradía de mercaderes de Burgos, Alfonso de Cisneros, a conseguir copias de las sentencias obtenidas en el Concilio de Basilea por el embajador Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, para lo que permitían que fuese abierto el armario de los documentos del mismo y se trasladasen las sentencias por un notario. Mientras que en 1485 el duque Felipe confirmaba, a petición de los cónsules y mercaderes de la nación de España, los privilegios de naufragio reconocidos a los mercaderes españoles 31 .
Por su parte, en 1476, el prior y cónsules de la cofradía de los mercaderes de Burgos se quejaron al Consejo Real contra unos vecinos de Portugalete, en Vizcaya, que sin autoridad alguna habían impuesto un nuevo tributo sobre las mercancías que llegaban a la misma (100mrs. por fardo de ropa). Los Reyes contestaron recordando las leyes que prohibían la exigencia de nuevos impuestos sobre la circulación de mercancías. Años más tarde, en 1480, la universidad de Burgos denunciaba ante los monarcas que desde hacía unos 10 años en la villa de Villasante, al norte de dicha ciudad, se venía exigiendo, contra derecho, una nueva imposición sobre las mercancías que por allí pasaban camino de, o provenientes de, Laredo, la cual antiguamente nunca se había demandado. Consistente en 10mrs. por carga de mercancías que salía del puerto de Laredo y 5 por cada una de lana con destino al mismo. De forma que en los dichos 10 años se les había exigido a los burgaleses unos 100.000mrs. Quienes habían solicitado, sin éxito, su restitución y que no les fuesen demandados en adelante. Lo que llevó a intervenir a los Reyes, que prohibieron que en adelante se demandase a los mercaderes de la universidad dichos tributos y que les fuese restituido el dinero indebidamente cobrado. Ese mismo año 1480 la universidad de Burgos negociaba con el condestable de Castilla los diezmos de la mar que debían pagar sus mercaderes 32.
Pero los mercaderes de la universidad no hubieron de luchar únicamente contra tributos indebidos nuevamente demandados, sino que también se enfrentaron al incremento de los tradicionales o su duplicación. Caso de lo ocurrido en 1486, cuando Juan de la Cruz, en nombre del prior y cónsules de la universidad de Burgos, se dirigía a los Reyes para hacerles saber que, antiguamente, de las cargas y sacas de lana que eran llevadas por tierra por Molina, Medinaceli, Almazán, Ávila, Estables, Villasante, Bilbao y otros lugares se cobraba 4mrs. por carreta cargada de sacas de lana, mientras que por cada carga de acémila se cobraba a ese respecto; pero que últimamente se habían aumentado los derechos, lo que era en perjuicio de los mercaderes burgaleses. Por ello solicitó de los mismos que pusiesen remedio, fijando las tasas a pagar por cada carretada, mula y acémila. Los Reyes demandaron información y fue trasladada al Consejo Real. De modo que, como en las recientes Cortes celebradas en Toledo, en 1480, se aprobó una ley que prohibía cobrar nuevas imposiciones, y tras ser vistos los privilegios mediante los cuales se exigían los derechos antedichos, los Reyes prohibieron que en adelante se pudiesen demandar derechos algunos a los mercaderes de Burgos, u otros, por la lana que pasase por los citados lugares, más allá de las tasas antiguamente cobradas. Sin embargo, la villa de Molina hizo caso omiso y continuó exigiendo el nuevo tributo de medio real por saca, prohibiendo que se le vendiese pan, vino y carne a los que no lo pagasen, de modo que habían cobrado de los burgaleses unos $2 0 . 0 0 0 \mathrm { { m r s } }$ . Quienes solicitaron a los Reyes que no se les demandase en adelante la tasa y que les fuese devuelto lo ya abonado, y que les diesen una carta de seguro para que en lo sucesivo no se les pudiesen exigir imposiciones indebidas; lo que tuvieron por bien 33.
Todavía en 1496, una vez ya fundado el Consulado, la universidad hubo de comunicar a los Reyes que su “trato e conversaçion” se extendía por todos sus reinos y señoríos, y en los mismos, tanto en las ciudades y villas de realengo como de señorío, les hacían pagar nuevos derechos o incrementaban los tradicionales, sobre todo en Molina, Medinaceli, Almazán, Roa, Aranda, Aguilafuente, Segovia, Sigüenza, Villafuertes, Tordomar, Peña de Orduña, Cabo Toncón, Puente de Duero, Herrera y Villafrades en Tierra de Campos; para lo que pidió remedio. Por lo cual los Reyes nombraron al doctor Diego Díaz de Puebla, corregidor de Molina, para visitar los lugares antedichos y otros donde fuese necesario, con el cometido de escuchar a las partes, obtener información al respecto y luego enviarla al Consejo.
Real, que debía determinar sobre este asunto. El cual actuó en 1497 sobre todo en las localidades de Molina, Medinaceli, Almazán y La Mercadera, para lo que se le puso salario cuando tuviese que salir de la villa de su jurisdicción 34.
Con el prebostaje de Portugalete y de Bilbao ocurrió algo parecido. Era una exacción exigida a las naves que cargaban o descargaban en uno u otro puerto, y que recaudaba su preboste, pero únicamente una vez por embarcación, de modo que los navíos que entraban por Portugalete en la ría camino de Bilbao, o de allí procedían, no debían abonarla en esta villa costera. Sin embargo, en 1489 el prior y cónsules burgaleses denunciaron ante los Reyes que, desde hacía poco tiempo, el preboste de Portugalete la exigía también de los barcos con destino o procedencia de Bilbao, duplicando así el prebostaje. Lo que habían puesto en conocimiento del licenciado Chinchilla, representante de los Reyes, enviado a poner orden en Bilbao, quien había emitido al respecto unas ordenanzas, que, sin embargo, no habían sido respetadas. Por lo que los burgaleses solicitaron la intervención regia, que se había traducido en una carta dirigida al corregidor de Vizcaya para que se informase por qué eran demandados los dos prebostajes y enviase noticia al Consejo Real. Quien también recibió información del preboste de Portugalete sobre su enfrentamiento con el de Bilbao. Que alegó que todos los derechos de la mar le pertenecían a él, puesto que Portugalete tenía puerto de mar y Bilbao no, ni jurisdicción sobre el mar, ni podía cobrar los derechos del mar, correspondiendo pues todos los derechos al preboste de Portugalete; de modo que debía cobrarse únicamente un derecho, correspondiente a este último. El nuevo enviado regio que debía entender en el asunto dispuso que las mercancías cargadas en Bilbao en barcas con destino a ser embarcadas en barcos fondeados en Portugalete, no debían abonar derecho alguno al preboste de Bilbao mientras durase el pleito entre los prebostes; otro tanto debía ocurrir con las cargadas en barcas en Portugalete, llevadas por el canal de la ría a descargar a Bilbao, de las que no podía cobrar nada el de Portugalete; tales derechos debían ser recaudados por fieles mientras durase el pleito. Además, ordenó al preboste de Portugalete, que demandaba 3mrs. por fardel de carga, que no cobrase más de dos; los mismos que debía llevar el fiel puesto en esa villa. Por su parte, el Consejo Real acordó que no se exigiese a los mercaderes dos veces el prebostaje. El incremento de las exigencias afectó también al hierro guipuzcoano, por la compra del cual se venía abonando, de forma inmemorial, una blanca por quintal. Sin embargo, la universidad burgalesa denunció ante los Reyes, en 1497, que Bernabé de Zúñiga, vecino de Valladolid, y Alonso de Aguirre, vecino de San Sebastián, exigían a quienes compraban hierro en Rentaría cuatro o cinco maravedís por quintal, alegando que tenían merced real para ello. Los burgaleses solicitaron de los Reyes que los mismos mostrasen al Consejo Real las autorizaciones para cobrar estos derechos y que mientras tanto se respetase la tasa tradicional 35.
Otras veces era la universidad la encargada de entender en los nuevos impuestos exigidos por los Reyes. Caso de la renta de la Hermandad. Para el sostenimiento de esta nueva institución los monarcas demandaron ciertas cantidades a cada ciudad, que ésta decidía como recaudar. A los mercaderes de Burgos, que comerciaban por mar, les cupo pagar 2 millones de maravedís, los cuales fueron repartidos por su prior y cónsules. Quienes asignaron a Juan de Frías la cantidad de $1 5 . 0 0 0 \mathrm { m r s } .$ ; el cual protestó ante los Reyes, alegando que no traficaba con mercancías por mar 36.
En ocasiones los excesos en la exigencia de los impuestos se producían por cuestiones técnicas. Como en 1494, cuando un barco bilbaíno con mercancías procedentes de Andalucía se vio en la necesidad de fondear en el puerto de Muros, en Galicia, para reparar unas vías de agua, y a bajar temporalmente a tierra las mercancías. Lo que aprovecharon los arrendatarios para demandar diezmo de las mismas. Hecho que motivó la queja de la universidad burgalesa, pues las mercaderías ya habían pagado los impuestos correspondientes en Sevilla y Cádiz, donde habían sido cargadas, “e avnque no los ovisen pagado por ser caso fortuyto non heran obligados a pagar el tal derecho” 37.
En 1488 la ciudad de Brujas se sublevó contra el emperador Maximiliano, por lo que éste y su hijo Felipe ordenaron el traslado de los consulados extranjeros a Amberes, con los mismos privilegios 38. Al año siguiente Brujas contraatacó, confirmando por la ley de la ciudad los privilegios de los españoles, como el que disponía que cuando fuesen detenidos por cuestión de deudas o multas, bajo la caución de los cónsules de su nación, no podrían ser hechos prisioneros ni encerrados por la justicia local, incluso en caso de heridas, siempre que el herido no corriese riesgo de muerte o mutilación. Siguiendo con esta pugna de concesiones para atraerse a los mercaderes foráneos, en 1490 el conde de Nasau, primer chambelán del rey de romanos y lugarteniente general de Flandes, anunció a los oficiales de justicia que, a ruegos de los cónsules y mercaderes de la nación de España en Brujas, los había tomado bajo su salvaguarda personal. Comoquiera que el comercio en la ciudad continuó durante el enfrentamiento, los españoles también solicitaron seguros a la misma, como el obtenido ese mismo año para una carga de lana.
Cuando el enfrentamiento con el emperador tocaba a su fin los mercaderes se plantearon su retorno a Brujas desde Amberes, por lo que entonces fue esta ciudad la que comenzó una puja de ofrecimientos con la primera para retenerlos en su suelo. En 1493 la universidad de mercaderes de Burgos envió a Diego de Covarrubias con el encargo de negociar el retorno a Brujas. A su llegada a Amberes se reunió con todos los miembros de la nación de forma plenaria, mientras que los mercaderes todavía residentes en Brujas se hicieron representar por dos delegados, Rodrigo de Cifuentes y Pedro Pardo. Tras esta primera reunión se encargó entender en el asunto a una comisión de 20 miembros. Compuesta por el embajador de la universidad de Burgos, Diego de Covarrubias, los 3 cónsules del consulado en Amberes y 16 miembros de la nación, de los que 15 residían en Amberes. Esta comisión decidió enviar una delegación a Brujas. Cuyos miembros fueron designados por la universidad burgalesa: Diego de Covarrubias, el cónsul Diego de Gomiel, Pedro de Medina, de Amberes, y Pedro Pardo, de Brujas. Los cónsules de España prometían volver a fijar su residencia en Brujas, bajo ciertas condiciones, llevando allí sus lanas y mercancías después del día de S. Juan de 1494 y antes del de Santiago. Poco después, el magistrado de Amberes eximía a los cónsules y mercaderes de la nación de España de todos los derechos llevados en la ciudad. Más adelante, los mercaderes españoles prometían volver a Brujas si se les eximía de todos los derechos de embarque y peaje, lo que les fue concedido. E incluso obtuvieron la facultad de no pagar corretaje si no usaban a los corredores. Finalmente, los magistrados de Brujas y los diputados de la nación de España acordaron los derechos y tasas a pagar. Así como una indemnización a los españoles por la toma de mercancías en 1490, durante el levantamiento de los rebeldes. Aunque continuaron las negociaciones.
De nuevo el cónsul de la nación de España, el diputado del prior y cónsules de la universidad de Burgos y los diputados de la nación de España residentes en Amberes (tras haber excluido de la negociación al representante de los mercaderes residentes en Brujas), en virtud de los poderes que les habían sido dados por los mercaderes y factores, prometieron al magistrado de Brujas, con arreglo al acuerdo firmado, volver a la ciudad y tener allí su sede de comercio de lanas antes de Santiago próximo, o a mas tardar en la fiesta de septiembre siguiente. Luego se dio una convención entre el magistrado de Brujas y los diputados de la nación de España para poner en un nivel razonable la tarifa del tonlieu. Tal y como acordaron en el contrato para que volviesen a instalarse en la ciudad. Así como una declaración del colegio de escabinos, para que volviesen los cónsules y mercaderes de España, asegurándolos contra todo caso hostil 39.
No acabaron aquí las mercedes de la ciudad de Brujas para procurar el retorno de los consulados extranjeros. Ese mismo año concedieron nuevos privilegios a los mismos, entre ellos a los de Vizcaya, Castilla y Aragón-Cataluña. De los que los más sustanciosos fueron los obtenidos por los primeros, contenidos en una carta de 51 capítulos 40.
Frente a las amplias ventajas obtenidas por los vizcaínos, los castellanos, que no contaban con flota, solamente arrancaron a Brujas una carta de privilegios con 37 artículos (de los cuales algunos fueron iguales para los catalanes, que sólo obtuvieron 26), que son los siguientes 41:
1. Si algunos de la nación fuesen dañados en cuerpo o bienes, en Flandes, por las gentes de la Esclusa u otras, la ciudad se comprometía a restañar los daños y gastos. 2. Frente a los de Vizcaya, con los que se había acordado que ningún maestre de navío ni otros de esa nación pudiesen ser arrestados en Brujas y hasta el puerto de la Esclusa, por la justicia, por deudas contraídas fuera de Flandes, los de España no querían tener ese privilegio, sino solamente comprar, vender y bien pagar; pero se les prometió tener sus mercancías libres y francas, como desde tiempos de los duques Felipe y Carlos.
41 La carta va firmada por el burgomaestre, escabinos, consejo, tesorero, notables y hombres buenos de la villa de Brujas. En el encabezamiento se expone que, a causa de las guerras que desde hacía tiempo habían reinado en el país de Flandes, y en especial en Brujas, los mercaderes de la noble nación de España se habían trasladado a Amberes. Para que retornasen, la ciudad había tenido comunicación con sus diputados, con los que acordaron ciertos puntos por ellos demandados; también se envió a un representante ante los venerables señores prior y cónsules de la universidad de mercaderes de Burgos, quien negoció con ellos como representantes de todos los mercaderes del reino de España, para que volviesen los mercaderes a Brujas. Se esperaba que el acuerdo fuese luego confirmado por el rey de romanos y su hijo el archiduque. Lo que hicieron días después. Al mes siguiente fue suscrita una carta de obligación acordada por la ciudad con los cónsules de España para la compra de la casa de Gómez de Soria, e instalar allí el consulado; para lo cual se les cedió, por tres años, el producto de la grúa, hasta 400 libras de gruesos (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire de l’ancien..., 170-185).
3. A fin de que los bienes y los mercaderes de España pudiesen pasar sin presión, se les prometió, por consentimiento del señor del peso de la ciudad, ordenar una casa situada en la calle de los Españoles, en el lugar más conveniente, en la que sería puesta una balanza para pesar sus bienes y mercancías por gentes idóneas, jurados, y como conviniese, agradables a los cónsules de la nación de España; que deberían jurar en presencia de los mismos, y llevar a cada uno su justo peso sin beneficiar al burgués o al extranjero. Para que cada uno supiese su peso, se pondrían marcas en las piedras y plomos del peso.
4. A causa de que algunos cargaban mezcladas lanas de Inglaterra con paños de Courtrai, lo que había dado lugar a que ciertos pañeros tomasen en pago de los paños las lanas de Inglaterra y los hiciesen con ellas, en España se había prohibido la venta de courtrais, lo que perjudicaba a Brujas, por lo que la ciudad ordenó que ningún comerciante pudiese tomar en pago de la lana paños de Courtrai para revenderlos.
5. Por cuanto los paños ingleses se podían comprar y vender en Brabante y Zelanda y otras ciudades del señorío, y algunos mercaderes españoles los querían comprar para llevarlos fuera del mismo, podían hacerlo sin descargarlos o venderlos en Flandes; para ello se rogaría al archiduque que les diese permiso para sacarlos.
6. Todos los de la nación que en adelante cargasen mercancías en naves del rey y reina de España pagarían averías a la nación de España, y si por ello se siguiesen debates con la ciudad, en adelante ésta actuaría al respecto como si se tratase de dineros de carga o de descarga.
7. Cuando alguno de la nación se casase en la ciudad y se convirtiese en burgués, tanto factores, como servidores o compañeros de algunos mercaderes, estaría obligado en el plazo de un año a ir a España para rendir cuentas a su maestro, no obstante el casamiento o franqueza de burguesía que en ese caso no le servirían; de lo contrario podría ser hecho prisionero y llevado a los cónsules de la nación para ser trasladado a España ante sus maestros o compañeros.
8. Se les prometió, según los privilegios anteriores que tenían, que no les impondrían nuevas exacciones sobre bienes y mercancías. Así como no ayudar a nadie contra ellos.
9. En la calle de los de la nación no se podrían albergar otros no pertenecientes a la misma. Si otros quisieran alquilar las casas, los dueños deberían denunciarlo a los cónsules de la nación para que viesen si alguno de la misma la quería alquilar por el mismo precio, y en ese caso tendría preferencia, si no se ponían de acuerdo en el precio éste sería acordado por un escabino diputado por los cónsules de la nación.
10. Se les prometió que cuando los de la nación fuesen condenados por los cónsules con multas pecuniarias y éstos no quisiesen pagar, se haría ejecutar la sentencia por los sargentos de la ciudad.
11. Ningún factor de la nación podría obligar la marca de su maestro sin haber procuración ni poder suficiente para ello, de lo contrario lo que hiciese sería reputado por nulo.
12. No se permitiría a los corredores enviar a sus oficiales a la calle de los Españoles en compañía de mercaderes que quisiesen comprar lana, pues eran ellos los que deben ir en persona; de lo contrario, se debía dejar ir a los mercaderes solos, los cuales, cuando comprasen las lanas, harían ellos mismos el pago, respondiendo por la comisión de los corredores; que en ausencia de los mercaderes podrían comprar por ellos la lana con su autorización. 13. Los corredores pagarían sus comisiones a la nación.
14. Si ocurriese que algunos deudores de la nación quisiesen tomar créditos y cambios de la ciudad, éstos no serían obligados a aceptarlo; si había debate, la ciudad haría pagar a los de la nación lo que se les debiese.
15. Los de la nación debían pagar por cada fardo una tasa sin decir de qué estaba compuesto, esta costumbre sería tenida en firme.
16. Un hombre justo, pagado por la ciudad, llevaría la contabilidad de las lanas, tomando nota de quién compraba y quién vendía, y cuánto pesaban. 17. Como a los tapiceros de Tournay, Oudenas, Enghien y Bruselas se les cobraba corretaje de los tapices llevados a Brujas a vender a los españoles, éstos pretendían ir a comprarlos a esas ciudades, por lo que se les rebajó el corretaje. También para las pieles y otras mercancías vendidas por los de la nación fue rebajado el corretaje a la mitad, excepto para el aceite y el vino. No se pagaría nada si no participaba en la venta ningún corredor, salvo de lana, de la que en cualquier caso se pagarían los 4 gruesos del capítulo 12. 18. Se dispondría un almacén, o dos, donde meter los tapices para ser vendidos, sin que en adelante se hiciese en la casa de los corredores.
19. Los de la nación podrían llevar sus vinos a la ciudad sin estar obligados a descargarlos en Damme, les sería dada calle para guardarlos y, si lo necesitaban, muelle para descargarlos.
20. Por los paños comprados por los de la nación de España en Flandes fuera de Brujas, y allí llevados para ser peinados, sólo deberían pagar el derecho de almacenaje, según privilegios anteriores y una sentencia obtenida por la nación.
21. Se les prometió hacerles buena provisión, tanto en el peso como en el muelle.
22. Para evitar procesos, se prometió instalar tres paneles, uno estaría en el gran peso de la villa, otro en el muelle (grúa) y el tercero en el almacén o lonja, en los cuales se escribirían los pesos y artículos acordados con los de la nación tocantes a los paños de Courtrais de dicho peso, muelle (grúa) y almacén.
23. Se les prometió que los pensionados, conserjes de casa, clérigos y otros sirvientes de la nación serían eximidos de pagar por el vino que consumiesen en su casa, sin poder revenderlo por dinero, pagando por cada uno una pequeña suma.
24. En adelante sobre los vinos bastardos y otros parecidos que se vendiesen en la villa no serían puestos mayores impuestos que sobre los vinos de Gascuña y Poiteau.
25. Si las gabelas cobradas en ese momento por los vinos durasen más de un año, en adelante las pagaría la ciudad por los de la nación.
26. Para que el puerto de la Esclusa fuese mas frecuentado, se acordó que en el momento que los de la nación llegasen al mismo podrían descargar sus mercancías a otras naves que quisieran y reenviarlas a Brabante, Holanda, Zelanda u otras partes, sin estar obligados a llevarlas a Brujas; mientras que todas las lanas y aceites que llegasen a la Esclusa serían llevados a Brujas sin llevarlos a otras partes. Nada se podría descargar a tierra, porque si no pagaría portaje.
27. Las mercancías pertenecientes a los de la nación, traídas de los lugares antes citados, se podrían cargar en naves para reenviarlas fuera de Flandes sin obligación de llevarlas a Brujas, pagando el derecho debido, sin descargar nada en tierra.
28. Por cuanto antes se habían sostenido procesos entre la ciudad y la nación a causa de que éstos no debían vender menos de 6 balas de lana, 6 toneles de aceite ó 6 de vino de una vez, y cómo los mercaderes habían usado de lo contrario, en adelante podrían hacerlo como hasta ahora, sin poder vender al detalle, pero sí comprar y vender entre ellos siendo de los reinos del rey y reina de España, para luego revenderlo a los burgueses o extranjeros, a cambio de dinero o mercancías.
29. Podrían los de la nación vender cera en la ciudad.
30. Para los negocios de la nación, se acordó el lunes primer día de la semana para haber audiencia en la cámara, y los siguientes antes que otros mercaderes.
31. Cuando los de España llevasen a sus deudores de la ciudad a la cámara de la villa, y no compareciesen tres veces, se investigaría la denuncia del demandante y se daría plazo al demando para replicar, si no acudía a la segunda audiencia sería condenado en la demanda del demandante.
32. Cuando los de la nación fuesen arrestados en la villa por deudas o multas, si daban caución por mercaderes de la misma, solventes y residentes, serían tenidos como burgueses y no serían llevados a prisión. Si cometiesen crímenes se les mantendría arrestados hasta haber información, si las heridas causadas no tenían riesgo de muerte o amputación, el reo podría ser avalado por mercaderes solventes, como se ha antedicho. Se tratarían los delitos en la cámara, por honor y reverencia a la nación, en caso de que requiriesen pena corporal.
33. Si mercaderes de la nación o sus bienes fuesen arrestados por el príncipe, se les declararía francos de gastos y daños de la ciudad.
34. Las cartas de marca dadas por los príncipes por revancha contra mercaderes españoles, contra el rey de España, no serían ejecutadas en Flandes, según los privilegios de los españoles, pero se les podría hacer descargar sus mercancías en Flandes por la causa anterior.
35. Los privilegios serían guardados a todos los de la nación, aunque no residiesen de forma habitual en Brujas, por el hecho de ser de la universidad y estar bajo la jurisdicción del prior y cónsules de la ciudad de Burgos.
36. Se les prometió comprar y darles la casa situada en su calle, perteneciente a Gómez de Soria, junto a otras pequeñas casas, para que los de la nación hiciesen una casa y capilla honestas y honorables a su placer.
37. Si en adelante no se guardase algo de lo antedicho, se comprometían a restituir los daños con sólo la certificación de los cónsules que fuesen en ese momento.
Sin embargo, algunos de estos privilegios fueron incumplidos más adelante. En 1498 los cónsules de la nación de España protestaron contra un edicto del 15 de mayo de ese año que imponía obligación de “etaple” (venta en una determinada plaza pública) en Brujas para todos los mercaderes. Días más tarde los cónsules, por medio de su abogado, presentaron ante los escabinos y burgomaestre un escrito con los siguientes puntos:
1. Que tenían por privilegio poder reenviar sus mercaderías desde la Esclusa a otras partes, transbordándolas sin descargar a tierra, excepto lana, aceite y hierro.
2. Que se habían publicado cartas y patentes contra los privilegios de la nación que les impedían reenviar sus mercancías, pues estaban sujetas a “etaple”, las cuales sólo podían llevar a Brujas, bajo pena de confiscación. 3. Que los de la nación harían esto porque residían en Brujas, no por obligación, sino por placer, pues no se les podía obligar.
4. Los cónsules pidieron que les fuesen confirmados sus privilegios por los perjuicios que en adelante les pudiese acarrear esta nueva ley.
5. Que los mercaderes no habían entendido las consecuencias de dicha ley, que según los cónsules no les perjudicaba, la cual había sido hecha por el archiduque y no por la ciudad.
6. Que todo ello se lo habían dicho a los mercaderes de la nación, pero éstos insistían en que sí iba contra los privilegios.
7. Por ello pedían que se pusiese por escrito que podrían usar dichos privilegios sin ser constreñidos a llevar todas las mercancías a Brujas a “etaple” como otros mercaderes, firmado por la cámara y confirmado por el archiduque.
8. En caso contrario, los cónsules protestaban por los perjuicios causados o que les pudiesen sobrevenir a causa de la citada ley.
9. Que se expidiesen cartas de confirmación de los privilegios de exención de la citada ley patente.
10. En caso de rehusar, o dilación, protestaban por el daño y perjuicio.
La ciudad les respondió que el burgomaestre había ido a la corte para tratar este asunto. Los cónsules recurrieron entonces al archiduque. Quien respondió que de momento se mantendrían las cosas como estaban hasta que obtuviese información al respecto. Al año siguiente el archiduque confirmaba los derechos de averías a los cónsules de la nación residentes en Brujas. En 1501 se desataron diferencias entre la ciudad de Brujas y los cónsules de la nación con arreglo al derecho de “etaple” ejercido en la Esclusa. Como los cónsules se quejaron a los escabinos, se les contestó que podrían reenviar sus productos transbordándolos sin descargar, bajo cartas donde se constatase lo transbordado y de quién era, redactadas por los cónsules. También se les eximió a los de la nación de contribuir en la ciudad como burgueses, que era otra de las quejas presentadas 42.
Los comerciantes de la nación española establecidos en Brujas gozaron a partir de entonces de una situación preponderante. En las cuentas de la ciudad del año 1495 figuran entre sus deudas las sumas siguientes: 4.800 libras a la nación de Vizcaya; 7.871 libras a la nación de España, más 2.400 al español Gómez de Soria por comprar una casa para servir de hotel a dicha nación. Por su parte, en 1494 la ciudad cedió a la nación de Vizcaya dos casas para construir su hotel 43.
Hacia 1504 continuaban los enfrentamientos entre los cónsules de Castilla (Burgos) y los de Vizcaya (Bilbao) en Brujas. En este caso por la ratificación de las treguas hecha con los marinos alemanes 2 años antes, la cual los cónsules vascos se resistieron a firmar, por lo que el rey Fernando pidió explicaciones al prior y cónsules de la universidad de mercaderes de Bilbao, de la que dependían los cónsules vizcaínos de Brujas. Quienes alegaron que tradicionalmente las treguas las firmaban sus cónsules en Brujas en solitario, pues los castellanos apenas contaban con barcos y no tenían obligación de hacer armada ni firmar treguas. Por su parte, los del consulado de Burgos alegaron que las treguas beneficiaban a todos, por lo que debían ser suscritas también por los cónsules castellanos, que representaban a todo el reino, y no sólo por los vizcaínos, que representaban a una única provincia 44.
4. ASPECTOS JUDICIALES.
La clave para la transición entre una corporación, como simple agrupación de carácter particular, a un gremio, como asociación de todos los miembros de una misma profesión con reconocimiento institucional público, se encuentra en la potestad judicial. El contar con jurisdicción general en el término de una ciudad y sobre cualquier practicante de un oficio determinado, es lo que dotaba a una formación laboral de carácter público e institucional, y la convertía en gremio. Sin embargo, los gremios mercantiles precisaron, además, de jurisdicción universal, más allá del mero alfoz de las ciudades donde estaban implantados, pues el ámbito de sus negocios trascendía el comercio local y se extendía de forma ilimitada. De ahí el surgimiento de los consulados.
De las tres formas de jurisdicción, poder ejecutivo, legislativo y judicial, tal vez sea la última la más efectiva a la hora de dotar a una organización privada de una potestad pública. Para que no hubiese necesidad de comparecer ante los tribunales ordinarios, distantes y poco accesibles para el pueblo llano en el período medieval, así como desconocedores de los aspectos técnicos que rodeaban al mundo artesanal y mercantil, y por ello poco preparados para dictaminar en asuntos de negocios y causas laborales, se dotó de capacidad judicial a las asociaciones de artesanos y comerciantes. Que se constituyeron en tribunales de primera instancia especializados en las causas de su oficio, más cercanos a sus usuarios. Lo que descargó de trabajo a los tribunales ordinarios, que quedaron para las apelaciones como tribunales de segunda instancia.
De esta forma las corporaciones laborales se constituían en gremios, pues el nuevo tribunal, aparte de gozar de un carácter público, extendía su jurisdicción a todos los miembros del oficio, perteneciesen o no a la asociación a la que había sido concedido, con lo que ésta se convertía en una institución pública de carácter general, que agrupaba, o al menos tenía potestad, sobre todos y cada uno de los miembros de un oficio. Convertida en pública la institución corporativa por vía de las competencias judiciales, también se transformaban en públicos sus órganos rectores, los cargos de gobierno con competencias judiciales, ejecutivas, inspectoras, punitivas y policiales. Del mismo modo, la normativa de estas organizaciones privadas devenía pues en derecho público de obligado cumplimiento, también para los que no eran miembros de ellas 45.
El derecho procesal, por lento y poco técnico, fue inadecuado para resolver de forma fluida las disensiones surgidas en el seno de determinadas profesiones, de manera que la falta de especialización de los órganos judiciales llevó a prescindir de ellos cuando se plateaban problemas concernientes a una determinada profesión, lo que dio lugar a la aceptación del arbitraje como medio de encontrar soluciones más rápidas y eficaces. De esta forma, el juez ordinario se vio postergado frente al juez árbitro, perito perteneciente al mismo oficio que los litigantes. Esto dio lugar a la organización de una vida judicial paralela a la común. El arbitraje fue un procedimiento sustitutivo para resolver controversias entre comerciantes derivadas del trato mercantil, para eludir los defectos técnicos del orden judicial ordinario, sin el formalismo oficial ni la servidumbre de los procesos lentos y costosos; se trató, por tanto, de una instancia única dotada de gran brevedad y fluidez, en la que los árbitros aplicaban el derecho más beneficioso a los compromitentes, que voluntariamente se sometían a su laudo. La postergación de la jurisdicción ordinaria hizo que se fuese constituyendo una jurisdicción gremial con base en el arbitraje, para atender a los agremiados con reglas simples, rápidas y precisas, a partir de los planteamientos técnicos de su oficio. De forma que los jueces árbitros se aplicaban en averiguar la verdad real y no la formal. Inicialmente, estos juicios arbitrales sólo eran posibles entre los miembros de la corporación gremial para actos propios de la misma. Que no siempre podían aplicar esta normativa particular puesto que no contaban con respaldo legal. Aunque estos tribunales, con los que se rehuía el proceso ordinario para dar cauce a los problemas derivados de la contratación, fueron las bases para el surgimiento del sistema consular. Puesto que los comerciantes fueron adquiriendo conciencia de la garantía de acudir a los tribunales consulares, aún antes de que éstos fuesen dotados de jurisdicción por el Estado. Los mercaderes pertenecientes al gremio o universidad estaban obligados a someterse a su jurisdicción consular, en caso contrario eran expulsados de ella y no podían optar a ocupar sus puestos rectores ni gozar de sus ventajas 46.
De esta forma, los consulados mercantiles, aparte de como gremios de comerciantes, actuaron como organismos judiciales o tribunales especiales autónomos dotados de jurisdicción propia. Su cometido era resolver los litigios derivados del intercambio comercial, en especial del marítimo. Para ello dictaban derecho, o hacían justicia juzgando, creando con ello un corpus jurídico de normas que se iban conformando a partir de la actividad económica y el ejercicio del comercio. Un derecho que podemos, por tanto, calificar de mercantil, con el que regular un determinado tipo de conductas, ordenar comportamientos habituales en las transacciones comerciales 47.
Hacia 1484 la universidad de mercaderes de Burgos no contaba todavía con jurisdicción plena en materia judicial. Por lo tanto actuaba más como tribunal arbitral que como uno de primera instancia especializado. Ello se deduce del caso desatado entre Pedro de Ayala y Pedro de Gomiel, quienes no se pusieron de acuerdo con arreglo a las cuentas de su sociedad. Por lo que el primero consiguió una carta real para que el prior y cónsules de la universidad (Fernando de Covarrubias, Fernando de Castro y el regidor Diego de Soria) interviniesen en el debate. El hecho de la solicitud de la autorización real, y que ésta no actuase de oficio, nos habla de la potestad limitada de la universidad como tribunal de justicia. Además, como las figuras rectoras de la misma cesaron en su cargo al poco de empezar a conocer el pleito, y como la carta les autorizaba a ellos a entender en el mismo en función de que ocupaban dichos cargos, en adelante no podían proseguir con el mismo, sino que éste debía iniciarse nuevamente ante los nuevos rectores de la universidad. Por ello, Ayala solicitó de los Reyes que autorizase a los anteriores a continuar el proceso mediante una comisión personal, a lo que éstos accedieron.
Si la universidad tenía problemas para actuar en materia judicial en caso de litigios entre sus miembros, nulas resultaban sus competencias cuando éstos se desataban entre los mismos y mercaderes ajenos a ésta. En 1485, Andrés de la Cadena, prior de la misma, tuvo que recurrir ante los Reyes, pues un mercader de Segovia, Ruy López, había tomado ciertas mercancías prestadas de algunos mercaderes burgaleses a cambio de cierta cantidad de dinero que luego no les había pagado, sino que se había dado a la fuga. Los monarcas mandaron localizar al denunciado y prendarlo, para ser llevado ante la justicia real. También ordenaron embargar todos sus bienes, muebles, semovientes y raíces. Todavía en 1495, a pesar de haber obtenido el año anterior el Consulado, la universidad tenía dificultades para ejecutar sus sentencias, sobre todo en los lugares de señorío, teniendo que recurrir para ello a los Reyes en caso de prófugos, para que las localidades donde se habían acogido los prendasen, sin poder hacer valer aun su jurisdicción directamente ante ellos. Caso de Rogel Cocón, vecino de Valladolid, que debía cierta cantidad de dinero a mercaderes burgaleses y se había refugiado en Benavente; por lo que el prior, Diego de Villena, tuvo que acudir a los Reyes, quienes se dirigieron a las autoridades de la citada villa, recordándoles una ley aprobada en las Cortes de Toledo de 1480 que impedía acoger a prófugos, y ordenando que la observasen.
La falta de competencias plenas de la universidad en materia jurisdiccional no se tradujo solamente en problemas para resolver cuestiones de litigios entre sus asociados, o entre éstos y otros mercaderes, como acabamos de ver, sino que tampoco podía actuar con solvencia en caso de que alguien actuase contra los intereses de la misma, aunque fuese uno de sus propios miembros. Como ocurrió en 1484, cuando el prior y cónsules de la cofradía de mercaderes tuvieron que recurrir a los Reyes para que el mercader Gil de Palencia, vecino de Burgos, les restituyese 200 libras de gruesos de Flandes (unos 300.500mrs.) que les debía. Las cuales le habían sido confiadas en Brujas, ciudad que abandonó con el dinero para refugiarse en lugares de señorío. La universidad solicitó de los Reyes que le fuesen embargados sus bienes para hacer frente a esta deuda.
Estos inconvenientes quedaron obviados cuando se constituyó el Consulado, que gozó de jurisdicción judicial plena. Convirtiendo al prior y cónsules en jueces mercantiles, y no ya meros árbitros y mediadores; en asuntos relativos a pleitos entre mercaderes, pleitos entre compañías, a los factores, cambios, compra-ventas, seguros y fletes. Y lo que es más importante, su jurisdicción se extendía no solamente al ámbito de la ciudad de Burgos, sino que se hacía universal y comprendía a todos los mercaderes incluidos en el consulado, tanto burgaleses como de otras ciudades, dondequiera que se encontrasen sus negocios y factores 48.
Sin embargo, el mismo, a poco de su fundación en julio de 1494, todavía no funcionaba plenamente. De forma que, aunque debían haber pasado a su jurisdicción los pleitos pendientes hasta esa fecha, en noviembre de ese año el Consejo Real seguía entendiendo por vía de apelación uno primeramente fallado por un alcalde de Burgos, entre Fernando del Hoyo, vecino de Laredo, y la universidad de esa ciudad (a la que todavía no se la denomina como Consulado), su prior y cónsules, sobre 4 fardeles de velartes tomados por el citado Fernando del Hoyo aprovechando una carta de marca y represalia real, que tenía de los Reyes Católicos sobre los mercaderes de Flandes. Uno de los asaltados fue Juan de Sedano, vecino de Santa María del Campo, en Burgos, mercader estante en Flandes, quien, para evitar futuros asaltos en virtud de dichas cartas de marca y represalia, más arriba vistas, solicitó un salvoconducto a los Reyes para andar sobreseguro por sus reinos, tanto él, como sus hacedores, factores, criados, bestias y mercancías. La falta de operatividad inicial de Consulado llevó a que los mercaderes pertenecientes a la universidad siguiesen presentado pleitos ante otros tribunales en los años inmediatamente posteriores a su constitución. Caso de lo ocurrido en 1497, año en el que García de Matanza, mercader burgalés, recurrió al Consejo Real para reclamar por la dilación y tardanza que el teniente del corregidor de la Transierra (Laredo, Castro Urdiales, Santander y San Vicente de la Barquera) estaba teniendo en el fallo de un pleito que ante él interpuso, en el que denunciaba que su factor en Brujas, Juan de Arlanzón, había cargado en la nao de Sancho del Castillo, vecino de Castro Urdiales, un fardel de velartes de Courtrai por valor de unos 100 ducados, al que puso su marca y señal, para que fuese llevado a Castilla. El cual no había sido entregado a su dueño, a pesar de que el maestre de la nao había sido requerido para ello y había confesado que había retenido dicho fardel en Laredo, el cual alegó que quería empeñar por cierta necesidad de dinero que tenía, para entregarlo más adelante; aunque en realidad lo había vendido en el mismo condado de Flandes, para lo cual le quitó la cobertura que llevaba con la marca y señal de la casa del mercader burgalés y se las cambió por otras. Los Reyes Católicos ordenaron al corregidor que concluyese en breve el proceso, dando su sentencia en 20 días. Ese mismo año, Fernando de Nájera, también mercader burgalés, denunció ante el Consejo que en Alicante había cargado 700 quintales de pasas, 180 en la nao de Juan de Licona, vecino de Lequeitio, 220 en la de Sancho de la Rentaría, vecino de Ondárroa, y 300 en la de Pedro Ibáñez de Ezcárraga, para llevarlos en flete a Brujas o a Zelanda; los cuales firmaron los documentos donde se acreditaba que habían recibido dicha carga. Sin embargo, se marcharon con la misma y la de otros mercaderes a sus casas. Los cuales reclamaron a los navieros que continuasen viaje a Flandes, pues de lo contrario se perdería la mercancía consistente en fruta si no llegaba antes de cuaresma. Sin que éstos atendiesen sus peticiones, lo que dio lugar a que se perdiese el cargamento, pues salieron con el mismo pasada la cuaresma, y se desperdició la oportunidad de vender las pasas antes de la misma en Flandes; y aún más, llegados allí hicieron con la pasa lo que quisieron. Los Reyes mandaron hacer justicia al corregidor de Vizcaya 49.
Aunque no tardaron en llegar los pleitos a la jurisdicción del ahora Consulado. Al año siguiente de su constitución, 1495, los Reyes comunicaban al prior y cónsules que los mercaderes burgaleses Alonso de Santo Domingo y Diego de Soria, para evitar los inconvenientes de los juicios formales, habían sometido sus disputas ante ciertos jueces árbitros, cuyos fallos habían perjudicado al primero, por lo que apeló los mismos ante los Reyes. Quienes, por su parte, se los remitían al Consulado para que hiciese justicia. Poco a poco este recién estrenado tribunal mercantil echó a andar, al principio todavía de forma imperfecta. Meses más tarde los Reyes enviaron una carta al corregidor de Burgos y a su alcalde en el oficio, así como a los mercaderes Pedro de San Juan y Diego de Cadaga, que habían intervenido en el juicio entre los mercaderes Rodrigo de Valladolid, vecino de Burgos, y Diego Rodríguez de Astorga, vecino de esa villa, posiblemente en grado de apelación, pues estaba contemplado en la pragmática de fundación del Consulado que las apelaciones las viese el corregidor asesorado por dos mercaderes. En ella les comunicaban que la sentencia por ellos dada en dicho juicio, mediante la que condenaron al mercader astorgano a pagar al burgalés 186.400mrs. que le debía de la liquidación de sus cuentas en sus negocios comunes, no había sido cumplida por el primero. Lo que movió al segundo a solicitar la intervención real. Que instó al tribunal a ejecutar la misma. Lo cual denota un funcionamiento todavía imperfecto del mismo, que de oficio, o a instancia de parte, debía haber ordenado la actuación del merino y las justicias locales para llevarla a ejecución, sin necesidad de tener que recurrir a las instancias reales. Otro pleito fallado en primer lugar en instancias reales y luego, en 1496, remitido al tribunal consular fue el habido entre el licenciado Fradique de Padua, quien había realizado un cambio con Alonso de Salamanca, mercader vecino de Burgos, ya difunto por esas fechas, por valor de 725 ducados, que el segundo no devolvió al primero, por lo que tuvo que hacer un recambio y pagarlo por mandado de los Reyes. Pero por cada ducado le debía haber devuelto $4 1 0 \mathrm { m r s } .$ , aunque se los pagó solamente a $3 7 5 \mathrm { m r s }$ ., al precio oficial. Quedando sus hijos a cargo de abonar la diferencia. Los Reyes ordenaron al prior y cónsules llamar y oír a las partes y averiguar la verdad, para hacer cumplimiento de justicia 50.
En ocasiones, para evitar dar lugar a procesos judiciales, el tribunal consular intervenía para mediar entre los mercaderes. Caso de lo ocurrido el año 1495, cuando los Reyes comunicaron al prior y cónsules del mismo que, a petición de Diego de Castro, mercader burgalés, habían dado una provisión para que el también mercader burgalés Gonzalo Pardo, en el plazo de 8 días, se reuniese con el anterior ante el tribunal, o las personas por el mismo diputadas, para arreglar cuentas sobre una compañía común que ambos habían tenido 51.
Los jueces de la universidad-consulado, prior y cónsules, seguían practicando su oficio durante el tiempo que ejercían el cargo, lo que podía dar lugar a conflictos, dada su doble condición de mercaderes y jueces de los mercaderes $\it { i Q u e }$ ocurría cuando uno de los mismos inmerso en algún pleito era al tiempo uno de los cargos electos de la universidad o Consulado, y por tanto juez y parte? Pues en 1496 se planteó esta situación. Inés de Yanguas, y en su nombre su marido, Juan de León, tuvieron que elevar al Consejo Real un pleito contra el cónsul Fernando de Covarrubias, el cual fue condenado a pagarle 8.000mrs., así como a mostrarle sus libros a dos hombres buenos determinados por las partes, para establecer las pérdidas y ganancias de su negocio común. Pero, cuando fue mostrada la carta ejecutoria del.
Consejo para que el cónsul mostrase sus libros, como éste era muy poderoso (“enparentado”) y rico, ningún hombre bueno se mostró dispuesto a intervenir revisando sus libros, ni él los quería mostrar, por lo que no se podía averiguar el dinero que debía a la demandante. De forma que la misma reclamó a los Reyes que nombrasen a las personas que debían revisar las cuentas y ordenase al cónsul mostrarles sus libros. Lo que éstos encomendaron al corregidor de Burgos 52.
Y ¿qué ocurría cuando en los juicios debía intervenir algún juez con intereses contrarios a una de las partes? Otro pleito visto en primera instancia por jueces árbitros llegó al tribunal consular en 1496. Ese año los Reyes comunicaban al prior y cónsules de la universidad que a Diego de Castro, vecino de Burgos, Gonzalo Pardo, también burgalés, le debía de su anterior compañía común unos 400.000mrs., y que desde hacía tres años el segundo no se quería igualar con el primero, por lo que dos años y medio atrás habían puesto el caso en manos de dos jueces árbitros, que en dicho tiempo no habían dado sentencia alguna; por lo que Diego de Castró reclamó ante el Consejo Real, que dispuso que el caso fuese visto por otros mercaderes de Burgos en un plazo determinado, que tampoco actuaron porque uno de los nuevos jueces era sobrino del segundo mercader, Gonzalo Pardo. Por lo que el primero solicitó a los Reyes que fuese remitido el pleito a la instancia consular, para que fuese visto “segund vso e estilo de mercaderes”, mandando que, puesto que Diego de Soria, prior de la universidad, le “hera muy odioso e sospechoso” por ciertas deudas que con él tenía el otro mercader, Gonzalo Pardo, no interviniese en el proceso. Los Reyes lo pusieron en manos de la universidad, que, para evitar parcialidades, debía hacer actuar en el mismo, junto a sus jueces, a dos acompañados previstos en la ley; debe referirse a los dos mercaderes que debían asesorar al corregidor en las apelaciones. Lo cual no fue suficiente caución, de modo que el demandante, Diego de Castro, volvió a dirigirse a los Reyes quejándose de que la universidad dilataba el proceso y no emitía sentencia, a causa de que el demandado, Gonzalo Pardo, era amigo y pariente del prior y de uno de los cónsules de la misma. Los Reyes ordenaron al tribunal emitir sentencia en el plazo de 6 días 53.
Como hemos visto, el gremio-consulado de la nación española en Flandes gozó de jurisdicción para juzgar los pleitos surgidos entre sus nacionales. En cuanto se tratase de pleitos civiles. Los criminales quedaban bajo la jurisdicción de la justicia local. Así como los pleitos entre naciones o los de los castellanos con los burgueses de Brujas. Según los privilegios concedidos por el duque Felipe el Bueno en 1428, los cónsules y gobernadores, con los de la nación de España, podían tener “loge et assemblée” en la ciudad de Brujas para allí deliberar y ordenar las medidas que les pareciesen útiles al comercio y conocer todas las acciones civiles entre gentes de su nación, sin perjuicio de los derechos del duque y otras personas no pertenecientes a la misma. Las gentes de la cual podía llevar sus causas ante el tribunal de los cónsules y sus recursos ante la ciudad de Brujas y ante los oficiales del duque 54.
También se podía realizar el envío por los oficiales del duque, y por la ley del lugar, a los gobernadores de la nación de España de los factores o socios de un mercader de este país que rehusaran rendir cuentas a su maestro o asociado, para que fuesen conducidos a España, al lugar de residencia del maestro o asociado. Del mimo modo, se podía dar prisión al factor o socio del mercader español que administrase mal los negocios, si los gobernadores de la nación de España podían demostrar esta dilapidación ante la ley del lugar 55.
Estos aspectos quedaron regulados por las ordenanzas de 1441. Los pleitos y debates habidos entre los mercaderes de la nación de España debían ser llevados a
55 FINOT, Etude historique..., 157-160. En 1444 Diego de Soria, factor de su hermano Alfonso, sustituido por éste, reclama ante los cónsules de los mercaderes de la nación española, Martín de Archiaga y Gómez de León, residentes en Brujas, el pago de una deuda; su sustituto apela a los escabinos de Brujas que le dan la razón. En 1459 Felipe el Bueno limita las apelaciones de las sentencias en caso de mercaderes extranjeros para que se haga justicia entre ellos. En 1451 el rey se dirige al agustino Alfonso de Barrios, que en un principio había sido el encargado de entender en ciertos debates entre castellanos y alemanes residentes en Flandes, para que en adelante “vos no entremetades en cosa alguna dello, mas que lo dejedes todo al estado en que agora esta por cuanto asi cumple a mi servicio. E otrosi que luego dedes y entreguedes a los consules de Castilla que estan en el dicho condado de Flandes cualesquier capitulos y otras qualesquier escripturas y cosas que tenedes tocantes a lo susodicho para que ellos me las enbien porque las yo mando ver y proveever en ello como entienda que cumpla a mi servicio”. En 1454, los escabinos de Brujas determinan en un debate previamente fallado por los cónsules de la nación de España entre dos mercaderes españoles, ratificando la sentencia de los cónsules. Luego vuelven a intervenir en una nueva cuestión presentada por los cónsules de la nación de España a causa de un naufragio de una nave española, sobre la tasa que preveía la ley de Brujas a pagar a los rescatadores. Y, más adelante, al año siguiente, fallan sobre el descargo de la flota que había llegado de España con arreglo a las leyes de Brujas. En 1458, se emite una sentencia del colegio de escabinos sobre un debate por cuestión de averías establecido entre el cónsul de la nación de España, demandante, y un mercader de Pisa, pues los mercaderes de la nación de Génova y otros debían pagar las averías que les pedían los de la nación de España cuando cargaban sus mercancías en sus naves, mientras que los de España hacían lo propio cuando cargaban mercancías en las naves genovesas. El pisano alega que los de Génova no tenían costumbre de pagar averías a la nación de España y que él no pertenecía a esta nación. Los de España contestaron que sí, pues había transportado sus mercancías y ropas en una nave española y según las ordenanzas que habían redactado debía pagarlas. Los escabinos dan la razón a los españoles, pero deberían devolver las averías en caso de que el pisano las hubiese pagado ya al patrón de la nave española. En 1460, los cónsules de la nación de Génova detienen ciertos bienes transportados por naves de Vizcaya pertenecientes a mercaderes genoveses, con la oposición de los capitanes vizcaínos, por ello, los cónsules de la nación de España y los escabinos pronuncian sentencia anulando la detención (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire de l’ancien..., 27-28, 43-44, 61-64, 66-67, 79-80, 82-83; CORONAS GONZÁLEZ, Derecho mercantil..., 153-154).
juicio ante los 6 jueces, o ante la mayor parte de ellos, quedando los pleiteadores obligados por sus sentencias. Las cuales debían ser emitidas en el plazo de 6 días, prorrogables a 3 más. Los que se mostrasen en desacuerdo con éstas podían apelar a la justicia local de la ciudad de Brujas. Los jueces contaban con un emplazador, con un salario acordado por los miembros de la nación; el cual tenía como cometido llamar a presencia de los mismos a los mercaderes firmantes de las ordenanzas, bajo la pena que les fijasen por incomparecencia. Los juicios se celebrarían por dos de los jueces los lunes y los viernes, de 9 a 11; si el juicio lo requería por su importancia, podían hacerlo los 6 a la vez. Aparte de en los pleitos entre particulares, los jueces debían intervenir en los asuntos colectivos, como aquéllos que afectaban a la fama y buen nombre de la nación. Como cuando alguien cometía un deshonor o agravio a la misma.
Las competencias judiciales del consulado castellano en Brujas, tanto para juzgar a sus miembros como para intervenir cerca de la justicia local en asuntos concernientes a los mismos, no siempre funcionaron correctamente. Lo que obligó en ocasiones a solicitar la actuación de los gobernantes flamencos o incluso la mediación de los reyes de Castilla. Como en 1480, cuando los Reyes Católicos solicitaron del duque de Borgoña la libertad para el mercader burgalés Rodrigo Catalán, a petición de Pedro Gómez de Celada, el cual llevaba preso en Brujas unos cinco o seis años por la acusación de los administradores de los bienes del cambiador y banquero Nicolás de Amaya con negocios en Brujas. En este mismo sentido enviaron los Reyes otras cartas al prior y cónsules castellanos residentes en Brujas, así como a los escabinos y autoridades locales de esa ciudad 56.
En 1499 se desató un conflicto entre la ciudad y los cónsules, por el arresto de un mercader de Salamanca que había pronunciado palabras injuriosas contra los escabinos, en la asamblea plenaria en la cámara de Brujas; los cuales pidieron para él caución y que no se le diese prisión. Para lo cual alegaron que las palabras las dijo como cónsul de la nación ejerciendo su consulado, por lo que pedían pagar su fianza. La ciudad alegó que esto se podía hacer por personas individuales pero no por “cuerpo de nación”. Finalmente se fijó una suma como fianza, y varios mercaderes se diputaron para pagarla en nombre de los cónsules. Mientras que en 1502 se dio un juicio entre maestros de naves de la flota de España contra los mercaderes de la nación de Vizcaya que se negaban a pagar los derechos de averías fuera de lo estipulado en las cartas partidas. El archiduque, a petición de los cónsules de las naciones de España y Vizcaya de Brujas, ordenó pagar las averías. En 1511 el Consejo de Flandes daba la razón a los cónsules de la nación de España de Brujas en un caso contra el burgomaestre y los escabinos de la misma, porque el primero hizo prender a un factor de la nación en un lugar publico, en contra de sus privilegios, sin que pudiese haber sido sometido a caución pagando la fianza correspondiente 57.
5. ASPECTOS RELIGIOSOS Y MUTUALISTAS.
Como se recoge en el preámbulo de la pragmática de 1494, mediante la que se dio fundación al Consulado de Burgos, la universidad de mercaderes gozaba de un privilegio mediante el cual podía exigir averías de sus asociados. Derechos que se cobraban sobre las mercancías embarcadas, con los que se sufragan los gastos de la misma. Entre ellos el pago de los salarios de quines supervisaban los embarques. Pero sobre todo como seguro contra los daños y robos de las mercancías.
Antes de contar con un hospital casi propio, la universidad recibió en 1473 de la viuda de Hernando de Astudillo una serie de bienes que debía administrar para su empleo en obras piadosas. Poco después, en 1479 los Reyes Católicos fundaron un gran hospital en Burgos, el de S. Juan, en el monasterio de igual nombre. En dicha fundación, y en su sostenimiento, colaboró la universidad de mercaderes de la ciudad, cuyo gremio se reunía anualmente en el citado monasterio, al que hacía considerables limosnas; una de las ordenanzas del Consulado de Burgos dispone el pago de una tasa sobre las mercancías con destino a dicho hospital. En contraprestación, la comunidad religiosa les reservaba 4 camas limpias para ser ocupadas por aquellos enfermos que les enviase la universidad 58.
Mayores necesidades mutualistas y religiosas tuvieron los mercaderes burgaleses en tierras extranjeras, por el evidente motivo de ser forasteros. Como vimos más arriba, en 1414 los mercaderes de la nación de Castilla que vivían en la ciudad eran autorizados a recibir sepultura en una misma capilla de Brujas. El 5 de marzo de 1414 el guardián del convento de los frailes menores de Brujas, y todos los religiosos del convento, en capitulo general, según su uso, cedieron libremente, para provecho de su iglesia, a los venerables mercaderes del conjunto de la nación del reino de Castilla, la capilla de la Santa Cruz, fundada en el lado derecho de la iglesia, concediéndoles pleno derecho de construir, decorarla y agrandarla hacia el claustro y poner allí sus armas y emblemas, así como pintarla y ornarla como ellos quisieren. Se les dio también el derecho de sepultura, de forma que nadie que no fuese de ese reino podía ser allí enterrado sin el consentimiento de los mercaderes. Tampoco se podían quitar el crucifijo, virgen y muebles sin el consentimiento de los mercaderes. Concesiones hechas tanto a los mercaderes de Castilla como a sus factores residentes en Brujas. Años después, 1432, en la citada capilla de Santa Cruz, del convento de frailes menores o franciscanos, los mercaderes castellanos podían poner vidrieras con sus blasones, al tiempo que podían usarla con fines litúrgicos, más allá de lugar de enterramiento. Como la fiesta de pascua de 1470, para celebrar la cual fue encargado a un fundidor de cobre poner en la iglesia de los agustinos cuatro pilares de latón adornados con las armas de la nación de España, coronados con cuatro ángeles de latón. En 1474 era firmado un contrato con un vidriero para colocar cinco vidrieras en la capilla de los frailes observantes fuera de Brujas, representando la crucifixión, el jardín de los Olivos, la marcha de los judíos, el árbol de Jesé y Santiago en el desierto, encargadas por García de Contreras. En
1495 el vicario general de las recoletas decidió, ante la queja de los mercaderes españoles, devolver a su sitio las armas de los reyes de España y Portugal quitadas de ciertos ornamentos religiosos de la iglesia, las cuales provenían de las limosnas recibidas de las dos naciones.
Hacia 1500 se hicieron consultas sobre los derechos de la nación de España y la de la de Vizcaya en su capilla común de los frailes menores de Brujas. Originariamente eran un cuerpo y una nación y tenían privilegios, cartas y capilla en común, pero se habían dividido en algunas cosas, aunque mantenían conjuntamente la capilla. Los de España tenían cartas por las que se les hacia donación de la misma, aunque la poseían ambas naciones. Sin embargo, los de España habían edificado otra capilla en los observantes, aunque seguían haciendo las misas acostumbradas en los franciscanos y contribuían a su reparación. Últimamente había habido diferencias entre las naciones tocantes a las armas y decoración, por lo que el rey de Castilla determinó que la capilla la poseyesen ambas naciones como hasta entonces y quienes la decorasen y obrasen que pudiesen poner sus armas sin perjuicio de las armas reales. Y como los de Vizcaya querían agrandar y decorar la capilla, habían preguntado a los de España si querían contribuir; los cuales no habían contestado, pero protestaban que si consintiesen su derecho no se debería ver perjudicado. Para ello preguntaron a un jurisconsulto si la obra de Vizcaya no era una reparación necesaria, sino aumentación, si debían contribuir. Que si esta contribución perjudicaba sus derechos y posesión. Que si en la obra los de Vizcaya quitaban las armas de los de España, como amenazaban, si esta novedad les daba a ellos la propiedad. Y, por último, cómo debían proceder para salvaguardar sus derechos y posesión. El jurisconsulto les respondió que, como la obra no era necesaria, la nación de España no debía contribuir. Finalmente, en 1508 se condenó a los cónsules de Vizcaya a devolver la capilla de la Santa Cruz de la iglesia de S. Francisco a la libre posesión de los cónsules de España. Quienes meses más tarde, autorizaban a la nación de Vizcaya a poner un candelabro de plata en la misma, bajo reserva de sus derechos. En 1513 los religiosos del convento de los Agustinos autorizaron al mercader español Pedro de Salamanca a construir un oratorio o capilla en el lado sur del coro de su iglesia 59.
Según las ordenanzas de 1441, el emplazador, aparte de convocar a los miembros de la nación ante los cónsules que celebraban los juicios, debía hacer lo propio en caso de los funerales u ofrendas religiosas, en pena, a quines no acudiesen, de media libra de cera para la capilla nacional. Si un navío castellano naufragaba y sus tripulantes llegaban a las costas flamencas sin tener de qué sostenerse el consulado correría con su mantenimiento, tomando del arca del mismo lo que los jueces entendiesen que era servicio de Dios.
6. CONCLUSIÓN.
En las páginas precedentes, hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo la universidad de mercaderes de Burgos actuó como un gremio mercantil durante el siglo XV. Que representó a sus asociados, sobre todo ante la Corona; organizó su actividad comercial, las rutas y los fletes dentro y fuera de Castilla; defendió sus intereses fiscales y comerciales; desempeñó actividades religiosas y mutualistas; y, además, sirvió de tribunal de justicia especializado en resolver conflictos comerciales entre sus componentes. Asimismo, estableció un apéndice en la ciudad de Brujas, donde constituyó una organización paralela dependiente de dicha universidad en forma de consulado castellano, con la que desempeñar similares funciones a las antedichas y con ellas dar cobertura a los mercaderes de Burgos, y de otras ciudades castellanas, así como a sus factores, en tierras flamencas, principal destino internacional del comercio burgalés.
Esta labor de defensa y representación la llevó a enfrentamientos con otros grupos (caso de otras comunidades de comerciantes) e instituciones (como concejos y señoríos, por cuestiones fiscales). Sobre todo en Brujas, con los comerciantes y navieros de origen vasco, especialmente con los vizcaínos. Lo que supuso el inicio de una rivalidad que llevó a ambas comunidades a una competencia entre ellas por controlar el comercio con Flandes, y otras rutas extranjeras, que desembocó en la más temprana fundación del Consulado de Burgos en 1494, que encontró su respuesta en la posterior del de Bilbao, en 1511.
El primero surgió así con la vocación de convertirse en una institución de representación y control de todo el comercio castellano, dentro y fuera del reino. Además de órgano de justicia especializado a nivel de toda la Corona. Pero al tiempo, heredó y mantuvo durante su existencia las labores previas de la universidad en lo relativo a defensa y organización del comerció burgalés.