El Consejo de Guerra en el AGA: una aproximación a la serie de “Causas, cruces, retiros y casamientos” del siglo XVII.
Elisa AVILÉS BETEGÓN\*.
Archivo General de la Administración.
RESUMEN.
El objetivo de este artículo es analizar la documentación del siglo XVII perteneciente a la serie de “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos”, custodiada en el Archivo General de la Administración y producida por el Consejo de Guerra en el ejercicio de sus funciones de personal. Analiza en primer lugar la historia archivística del fondo, la historia institucional del Consejo de Guerra y la tipología documental. Apunta posibles líneas de investigación a partir de esta documentación.
Palabras clave: Archivo General de la Administración, Historia Institucional, Consejo de Guerra, Consejeros.
ABSTRACT.
The aim of this article is to analyse the files produced by the War Council in the seventeenth century, who belong to the series “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos”, today in the General Archive of the Administration. Firstly it analise the archival history of the fonds, the institutional history of the War Council and the documental tipology. It ends by showing some possible lines of investigation provided by this files.
Keywords: General Archive of the Administration, Institutional History, War Council, Counsellors.
INTRODUCCIÓN.
El presente artículo tiene como objeto la presentación de una serie documental prácticamente desconocida para la comunidad de investigadores, en particular por aquellos especializados en la historia de la Edad Moderna. Desconocida a pesar de de contar con una base de datos descriptiva a nivel de unidad documental compuesta, es decir de expediente. Se trata de la serie “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos”, conservada desde 1998 en el Archivo General de la Administración en el Grupo de fondos de Marina, sección 2.
Antes de analizar la historia archivística e institucional de esta serie, conviene realizar un breve recorrido de la Historia institucional del Consejo de Guerra, y de la prosopografía de las élites militares y administrativas. Las obras de Feliciano Barrios $- E l$ Consejo de Estado de la Monarquía Española1–, y más específicamente las publicaciones de Francisco Andújar Castillo sobre el Consejo de Guerra y sus componentes durante el siglo $\mathrm { X V I I I } ^ { 2 }$ , constituyen las principales referencias. El estudio institucional del Consejo de Guerra ha sido abordado con notable rigurosidad por Juan Carlos Domínguez Nafría en su Tesis Doctoral3. Deben destacarse también textos como el firmado por Fernández Conti sobre los Consejos de Guerra y Estado en la época de Felipe $\mathrm { ~ \bar { I } I ^ { 4 } }$ , cuyo estudio de la estrecha relación entre ambos consejos aporta no pocas claves para entender adecuadamente el lugar que ocupaba el puesto de consejero de Guerra en la carrera militar.
Otro punto de interés lo constituye el estudio de otras instituciones del sistema polisinodial, básico para el análisis de los conflictos competenciales del Consejo de Guerra. En esta línea hay que reseñar, sin duda, a Arrieta Alberti con su trabajo sobre el Consejo de Aragón5, y el texto de Carlos Morales acerca de las redes de patronazgo y clientelismo en el Consejo de Hacienda6.
Asimismo a la hora de abordar el funcionamiento de la Administración española, sus funcionarios y la tramitación administrativa, todos ellos temas de notable complejidad, obras como las de Bermejo Cabrero7, Fernández Albadalejo8 o la más reciente de Escudero9 sobre la administración de Felipe II resultan fundamentales.
Del mismo modo se han de destacar las investigaciones de García Marín10 sobre la burocracia castellana bajo los Austrias, basadas en la literatura jurídica y política de la época. De especial relevancia han resultado las tesis propuestas por este autor, en su examen sobre el peso del factor técnico y de la experiencia en el acceso a la función pública, así como la gradual pérdida del papel político de la nobleza y el consiguiente ascenso de los letrados. En este mismo campo, igualmente, deben reseñarse los trabajos sobre la nobleza castellana de García Hernán11, Gerbert12, Pérez Marcos13 o Atienza14, este último sobre la casa de Osuna. Líneas de estudio cuyos antecedentes principales pueden localizarse para el siglo XVIII en los estudios de Molas Ribalta15 o de Mateu Ibars16.
El contexto general sobre la organización militar en el siglo XVII se encuentra en la obras ya clásicas de Thompson17 sobre la vinculación entre la administración de la guerra y la decadencia en la Monarquía Hispánica; o las de René Quatrefages18 sobre los Tercios españoles, así como las investigaciones surgidas a raíz del debate sobre la influencia de la guerra y su administración en la evolución de los estados modernos –Rogers19, Parker20, etc.–. Por último se han de mencionar los trabajos sobre la formación de los estados modernos, a través del estudio de las mentalidades políticas, de José Antonio Maravall21, Antonio Hespanha22 y Bartolomé Clavero23.
HISTORIA ARCHIVÍSTICA Y SITUACIÓN DESCRIPTIVA DE LA SERIE24.
En el Archivo General de la Administración, creado por el Real Decreto de 8 de marzo de 1969 como archivo intermedio de la Administración General del Estado, se encuentra la serie “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos”25. Serie que ingresó en el AGA mediante dos transferencias procedentes del Ministerio de Defensa, relativas al Consejo Supremo de Justicia Militar (1939-1987) en 1995 (Registro General de Entrada $\mathrm { n } ^ { \mathrm { o } } 1 0 1 8$ ) y en 1998 (Registro General de Entrada $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \mathbf { o } } \ 1 0 3 6$ ) y entre cuya documentación se encuentran expedientes del Consejo de Guerra del siglo XVII. Dos subseries se pueden distinguir dentro de este grupo documental: la de “Causas”, instruida por la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar, y la de “Cruces, Retiros y Casamientos”, acordada por la Sala de Gobierno. Integrada por 3.156 cajas y 196.357 expedientes, consta de un inventario ordenado alfabéticamente por apellidos y de una base de datos.
La documentación producida por el Consejo de Guerra se localiza en su mayor parte en el Archivo General de Simancas26, en la sección de Guerra y Marina, y se halla integrada a su vez por tres grupos documentales: Guerra y Marina (siglos XVI y XVII); Secretaría de Guerra (siglo XVIII) y Secretaría de Marina (siglo XVIII). Documentación que al mismo tiempo forma tres subsecciones por su diferente procedencia, carácter y fecha de ingreso. La primera de dichas agrupaciones documentales, tradicionalmente denominada “Guerra Antigua”, es la de mayor interés para abordar nuestra temá- tica. Sus fechas extremas son 1386-1700, y cuenta con un inventario de la época que sólo proporciona el número de legajo, el año y un título somero que ofrece una idea muy incompleta de su contenido. “Guerra Antigua” está compuesta por tres series que obedecen a la separación del siglo XVII de los asuntos de Tierra y de Mar, tituladas respectivamente: “Tierra y Mar” (1386-1639); “Tierra” (1639-1699); y “Parte de Mar” (1600-1678). Esta tercera serie continúa para el siglo XVII en la subsección correspondiente a la Secretaría de Marina.
En el Archivo General de la Administración, archivo por definición intermedio, encontramos sin embargo documentación producida por el Consejo de Guerra. La presencia en el AGA de esta serie de “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos” con fechas extremas 1597-1997, responde a la evolución orgánica del Consejo de Guerra. Aunque el sistema archivístico organizado por Carlos V, y desarrollado por Felipe II, establecía que la documentación de los Consejos había de ser transferida al archivo de Simancas, era frecuente que, dada la distancia, los secretarios prefirieran conservar la documentación de mayor interés en el Palacio de los Consejos. Razón que explica la presencia de documentación de los consejos en el Archivo Histórico Nacional, ya que, al ser suprimido el sistema polisinodial en 1834, toda la documentación almacenada en el Palacio no pudo ser trasladada a Simancas, por falta de espacio, y terminó formando la sección de Consejos Suprimidos en el Archivo Histórico Nacional. Un segundo factor a tener en cuenta para entender la historia archivística de los fondos producidos por la Administración es el hecho, por otra parte obvio, de que los organismos o instituciones sucesores no sólo heredan funciones sino también la documentación producida en el desarrollo de dichas funciones, utilizada como antecedente. Así la serie en estas páginas estudiada pasó de secretaría en secretaría de los órganos que heredaron las funciones judiciales ejercidas por el Consejo de Guerra (1586-1714): Consejo Supremo de Guerra (1714-1810 y 1814-1834), Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería (1834-1869), Consejo Supremo de Guerra (1869-1875), Consejo Supremo de Guerra y Marina (1878-1931), Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (1931-2000), Consejo Superior de Guerra (1931-1936), Alto Tribunal de Justicia Militar (1936-1939), Consejo Supremo de Justicia Militar (1939-1987) y Tribunal Central Militar (1987-2000). Al contar el Ministerio de Defensa con su propio sistema de archivos es en el Archivo General Militar de Segovia27, en la Sección de Justicia, donde se encuentran los fondos procedentes del Tribunal Supremo de Justicia Militar, que se complementan con los fondos del mismo organismo conservados en el AGA.
La serie “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos” se refiere tanto al personal militar de las armas de tierra y mar como a los cuerpos de carabineros y de la Guardia Civil, permitiendo el seguimiento de la actividad profesional a través de las Hojas de Servicio. En ellas constan los empleos y grados obtenidos, las faltas y correcciones, las condecoraciones, los testimonios notariales de cesamiento, causas judiciales, autorizaciones matrimoniales, concesiones de pensiones, derechos pasivos... En los expedientes del siglo XVII encontramos, aunque en menor número, el antecedente de algunas de estas hojas de servicio: cédulas y memoriales que en el siglo XVIII se convertirían en las Hojas de Servicios Militares, conservadas en Simancas. En su mayoría se trata de expedientes de nombramiento de personal del Consejo de Guerra.
En el año 2002 el Departamento de Descripción y Conservación del AGA realizó una base de datos introduciendo los nombres y apellidos de todos los expedientes personales. Dicha base de datos consta de los siguientes campos: signatura de origen, signaga28 en caso de tenerla, número de expediente, título que consiste en el nombre y apellidos, año y número del Registro General de Entrada que nos indica cuando y como entró esta documentación en el archivo. Se ha elaborado así mismo una ficha descriptiva siguiendo la norma internacional ISAD(G) a nivel descriptivo de serie documental, en la que se encuentra un breve estudio institucional.
CONTEXTO HISTÓRICO: EVOLUCIÓN ORGÁNICA DEL CONSEJO DE GUERRA.
Antes de abordar el análisis documental, se ha de esbozar, aunque sea brevemente, el contexto institucional en que se creó dicha documentación, es decir la evolución orgánica y funcional de la entidad productora.
El Consejo de Guerra, cuyo antecedente directo es el Consejo de Estado de Carlos V, se erigió como cúspide de la jerarquía militar administrativa. Cuerpo consultivo formado por expertos militares y diplomáticos, entre sus funciones estaban todas las referidas a los aspectos de la defensa peninsular, planificación estratégica y logística, justicia militar, reclutamiento, nombramientos, ascensos...
La función de esta institución se vertebró en un triple eje: agente del gobierno real, representante del estamento militar y tribunal administrativo y judicial con sus propios intereses corporativos inherentes, ya que la defensa del fuero militar se consideró esencial para la autoridad de los generales, la seguridad de las fronteras y la preservación de la grandeza, poder y reputación de las armas españolas. No obstante, conviene subrayar que el Consejo de Guerra nunca monopolizó los asuntos militares, al estar su autoridad restringida a la península Ibérica, el norte de África y las islas del Mediterráneo y el Atlántico. De la misma manera, su jurisdicción estuvo constantemente limitada por las competencias coincidentes con los demás consejos: Estado, Castilla, Hacienda, Órdenes e Indias y los provinciales de Aragón y Portugal. A todo esto se añadió que la administración de la guerra era un microcosmos de la estructura gubernamental en su conjunto, ya que consistía en una serie de jerarquías paralelas encabezadas por el Consejo de Guerra, siendo la división básica la existente entre el Ejército y la Marina.
A partir de $1 5 8 \bar { 0 } ^ { 2 9 }$ sus funciones se modificarían en una coyuntura marcada por los innumerables compromisos militares, que obligó a la Monarquía a recuperar la totalidad de la institución militar de manos de particulares en quienes había sido delegada. De este modo, en 1586, a raíz de los preparativos de la invasión de Inglaterra, se produjo una importante reforma encaminada a su profesionalización, y a lograr su independencia del Consejo de Estado. Los nuevos nombramientos de consejeros recayeron sobre distinguidos soldados con un expediente de servicio activo tanto en el campo de batalla como en el gobierno militar, produciéndose en las secretarías una similar profesionalización, que desembocó en la creación de dos secciones correspondientes a Tierra y Mar. Iniciado el proceso de especialización, con el paso del tiempo, se definirían de forma precisa las atribuciones mediante la ampliación del sistema de juntas dentro del propio consejo en campos concretos de los asuntos militares (Junta de Galeras, Junta de Indias, Junta de Armadas, Junta de Fábricas...). El resultado de esta reforma no tuvo el éxito previsto, y poco tiempo después volvieron a entrar en el Consejo numerosos aristó- cratas, siendo el principal obstáculo para el buen funcionamiento del Consejo los conflictos de autoridad inherentes a la naturaleza misma del sistema gubernamental de los Austrias.
En este contexto, cabe retomar la tesis planteada en su día por Thompson30 sobre los problemas de Madrid para controlar las actividades cotidianas de los gobiernos locales o de sus propios ministros (a través de las visitas y del fenecimiento de cuentas), lo que conllevó una incapacidad manifiesta de llevar a cabo un programa efectivo de reforma administrativo-militar. El crecimiento desorbitado de exigencias después de 1580, amenazaba no sólo con multiplicar los abusos ya aparentes dentro de la Administración, sino también con socavar todo el sistema de administración real directa. Esta tendencia hacia la afirmación del control administrativo directo, impulsada por Felipe II en todos los ámbitos, sufrió un cambio radical a lo largo del siglo XVII: iniciado el reinado de Felipe IV, los métodos de administración y control directos ya habían sido sustituidos en gran parte por un conjunto de alternativas indirectas basadas en la delegación. Transformación que puede ser explicada como el resultado de las presiones materiales de la guerra y las finanzas, dentro de un contexto marcado por el valimiento en el que la ideología dominante era profundamente hostil al gobierno directo del monarca.
La evolución del Consejo de Guerra durante el siglo $\mathrm { X V I I } ^ { 3 1 }$ estuvo marcada por tanto por dos fenómenos: el valimiento y las juntas, a lo que hay que añadir los cambios en la coyuntura internacional con respecto al papel a jugar por la Monarquía Hispánica (el pacifismo de Felipe III y la espiral militar de Felipe IV). En principio el valimiento no supuso modificación alguna en el funcionamiento de los Consejos, salvo el hecho de que el despacho de los asuntos se pasó a realizar con el Duque de Lerma y no con el rey. Para Domínguez Nafría dicho cambio con el paso del tiempo ayudó a introducir una nueva dinámica más ágil en la tramitación administrativa, a la vez que este proceso mejoraría la coordinación entre los diversos consejos. En este organigrama el valido continuó siendo la pieza central de enlace32. Lerma tenía acceso al Consejo de Guerra en calidad de consejero de Estado y desde su nombramiento de Capitán General de la Caballería también como autoridad militar. De modo que dicho nombramiento de Capitán General de la Caballería –siguiendo las tesis de Nafría- ha de interpretarse como el deseo explícito del valido de entrar en el consejo en calidad de autoridad militar, interpretación que concuerda con el manifiesto interés de Lerma por intitularse consejero de guerra33.
En lo que respecta al desarrollo de las juntas, los diversos autores que han analizado su existencia, han concluido en que su proliferación ha de explicarse tanto como una manera de luchar contra la ineficacia de la máquina burocrática polisinodial, como por el deseo de los diversos validos de controlar la acción de los consejos, reservando el conocimiento de los asuntos más controvertidos y delicados a juntas formadas por personas de su confianza34. Se trataría de una instrumentación política que refleja una doble tendencia: la eliminación de los consejeros no afines al valido, y el aumento constante de consejeros, como se puede deducir del notable número de nombramientos que hemos encontrado en los expedientes analizados.
Lerma potenció durante su valimiento la importancia de la esfera judicial, consolidando su papel como tribunal supremo en el ámbito del fuero militar, proceso que culminaría ya en el siglo XVIII. En palabras de Nafría, “Lerma fortalecía la esfera militar frente a la civil”35. El valimiento de Olivares también supuso una serie de transformaciones importantes. Su nombramiento como Lugarteniente General de todos los Ejércitos se tradujo en el notable incremento de un poder ejercido en detrimento del Consejo, que se vería abocado casi en exclusiva a ejercer de tribunal jurisdiccional, y a generar una dependencia meramente burocrática con sus miembros más preparados, dispersos en multitud de juntas. La reforma de la Junta de Ejecución en 1642 supuso que esta junta tuviera competencias en el ámbito de las operaciones bélicas, del mando militar, político y económico de los ejércitos y de todo lo referente a infantería, caballería, presidios, fronteras, armadas, galeras, fábricas... centralizando el mando de los frentes de Cataluña y Portugal. A la altura de 1647 la dinámica de los valimientos y de las Juntas había agotado “las posibilidades del Consejo en la política de la Monarquía, reduciéndolo a las misiones de revisar memoriales y poco más, a los que se añadía, eso sí, su función jurisdiccional”. El elevado número de consejeros ya señalado convirtió al Consejo en “una cámara ilustre aunque poco eficaz” y fue precisamente esta falta de eficacia, unida al poco sigilo sobre los asuntos tratados por el Consejo, lo que llevó a plantear una reforma de la plantilla en 1647, quedando reducida a cuatro. A finales del reinado de Carlos II el binomio validos-secretarios del despacho universal terminó por reconvertir las funciones de los Consejos, prácticamente reducidas a administrativas y judiciales especializadas, fuera del núcleo del poder político de decisión36.
Al Consejo le quedaron por tanto básicamente las funciones de personal y de justicia, de ahí que nos detengamos en las funciones de personal: ascensos y nombramientos que marcaron la carrera militar. Por lo que respecta a la carrera militar, estudiada a partir de los “memoriales de servicios” de la sección Guerra Antigua de Simancas, Quatrefages señala que los ascensos y mercedes se otorgaban a partir de los certificados de servicio: el estado (hoja o certificado) de servicios (denominado “mis papeles o mis servicios”), que recibía el soldado en caso de licencia por cualquier motivo (traslado, reformación de su compañía...) como prueba de haber cumplido el servicio37. El expediente del protomédico Juan Herrera, quien solicita una recompensa por los servicios prestados, es un buen ejemplo: está formado, entre otros, por el certificado de servicios del Veedor y Contador de la Gente de Guerra y Fábricas de la Frontera y Provincias de Extremadura y la copia del certificado del Capitán General de Extremadura de los servicios prestados38. Cuando se producía un hecho notable se añadía un certificado de él dando testimonio.
Los candidatos al ascenso, sobre todo para obtener el grado de capitán (para ejercer de tales y reclutar su compañía debían obtener la patente), redactaban una memoria y la remitían al Consejo de Guerra, apoyada por su presencia en la corte. Existía una norma de antigüedad, generalmente respetada y que según Marcos de Isaba era la siguiente: 5 años de soldado raso a cabo, 1 año de cabo a sargento, 2 años de sargento a alférez y 3 años de alférez a capitán. El Consejo de Guerra, sin embargo, no analizaba todos los ascensos ya que normalmente les correspondía a los oficiales superiores o a los capitanes de las compañías reclutadas. El capitán y los oficiales superiores eran a su vez nombrados por el Capitán General, mientras el puesto de maestre general y demás mandos superiores lo otorgaba el rey, tratándose en estos casos normalmente de favores reales y correspondiendo al campo de los asuntos de Estado.
Por lo que respecta a las mercedes39, en el sentido de remuneraciones que conllevaran el aumento de la paga, existía la costumbre de que, dadas las penalidades de la vida del soldado y los atrasos, muchos de ellos se dirigieran al rey en demanda de un medio para mejorar su situación. Felipe II estableció por Real Decreto que las mercedes habían de pedirse por conducto del Capitán General, prohibiendo el traslado a la corte de soldados y capitanes. A la acumulación de sueldos y ventajas hay que sumar las rentas por servicios prestados que concedía el rey a personajes importantes. A los soldados rasos se les concedía, por ejemplo, la exención del pago del valor del equipo, mientras que a los soldados de alguna calidad por su graduación o posición social se les concedían ayudas de costa para pagar los gastos de largos tratamientos médicos, viajes a España por necesidad... En este sentido podemos mencionar el caso del alférez Juan Mendalde, destacado en Flandes desde 1689, quien presentó en 1693 un certificado del Maestre de Campo de Flandes del valor y eficacia demostrados, para impulsar la petición de un aumento de sueldo40.
Domínguez Nafría, en su obra sobre el Consejo de Guerra, al analizar los emolumentos de los que gozaban los consejeros, afirma que no dispusieron de un sueldo fijo hasta el siglo XVIII. Lo cual no suponía que no cobraran ningún salario, ya que podían desempeñar al mismo tiempo otros cargos en la administración o empleos militares41. En esta época el sueldo era simplemente una más de las partidas de que gozaban los consejeros, por encima de la cual se situaban otros emolumentos extraordinarios, un antecedente, en palabras de Nafría, de los gastos de representación actuales: las propinas, concedidas por el monarca a su voluntad; las luminarias, de carácter ordinario o extraordinario, que consistían en una cantidad otorgada por el rey para que en las festividades y acontecimientos señalados se mantuvieran las casas iluminadas y el aposento, especie de compensación por tener que residir en la corte y por tanto tener que hacer frente a los costosos alquileres42.
Otra merced muy apreciada era la concesión del hábito de la Orden de Santiago y la renta que conllevaba, aunque sólo hemos encontrado referencias a caballeros de la orden de Santiago entre los secretarios del Consejo de Guerra.
ESTUDIO DIPLOMÁTICO.
Dentro de la serie de “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos”, en los expedientes relativos al siglo XVII, destacan dos tipos documentales, por lo que se refiere al estamento militar dentro del Consejo de Guerra: los expedientes de nombramiento de consejeros y los certificados de servicios militares:
Cuadro 1. Tipos documentales

Tipos documentales	N° de expedientes
Expedientes de nombramiento de consejeros delConsejo de Guerra	94
Expedientes de nombramiento de personal delConsejo de Guerra (mayoritariamente secretarios y ofi-ciales de la secretaria,pero tambien relatores,fiscales...)	27
Expedientes de pago de sueldo a personal del Consejode Guerra	24
Expedientes de nombramiento de militares (nombra-miento de sargentos)	2
Certificados de servicio de militares	5
Expedientes varios (un médico,dos proveedores,uncontador de la Contaduria de Presas de Granada,unministro de guerra sin mas precisiones,un consejeroreclamando su antigiedad...)	13
TOTAL	165 expedientes

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Fuente: Elaboración propia.
• EXPEDIENTES DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DEL CONSEJO DE GUERRA.
A la hora de analizar los expedientes de nombramiento de consejeros y oficiales del Consejo de Guerra, se ha de partir de un conjunto de premisas relativas al personal de las instituciones de los Austrias. La gracia real como elemento que daba consistencia a todo el sistema polisinodial43 y la importancia de las mediaciones personales en la dinámica de las instituciones de gobierno, son dos elementos a tener en cuenta. El aparato burocrático del consejo estaba encabezado por una plantilla de consejeros y secretarios que actuaban condicionados por la situación de las facciones cortesanas. No hay que olvidar tampoco que el Consejo de Guerra, al igual que el de Estado estaba presidido, al menos teóricamente, por el rey, aunque en la práctica su presencia fuera muy puntual y limitada a consejos plenos en los que se fueran a tratar temas de gran importancia. En sus inicios, en tanto el Consejo de Guerra no ofreció a sus componentes una cobertura institucional y el juego de facciones mantuvo altas cotas de virulencia, estos acudieron con profusión a los medios personales para solucionar sus problemas, tanto privados como del servicio real. Estas prácticas estaban amparadas en la costumbre por la que cualquier ministro de Felipe II podía dirigirse al monarca para hacerle llegar su opinión sobre asuntos que consideraba de interés. Según fue adquiriendo el Consejo un mayor grado de formalización dentro de la institucionalización general del gobierno, a partir de la década de los ochenta, disminuyó esta tendencia, aunque no podía desaparecer en un sistema basado en las relaciones de patronazgo. En estos años, por tanto, se potenciaron los canales burocráticos encabezados por el secretario de guerra. La muestra más significativa de la evolución del cargo de secretario es precisamente la naturaleza de los personajes que lo integraron: primero lo ejercieron los interinos, mientras los titulares realizaban otras actividades, luego y hasta 1586 lo ejercieron los propietarios que eran oficiales madurados en los vericuetos de la administración central. En 1586 se desdobló en Mar y Tierra y quedó en manos desde entonces de personajes cuya experiencia se había forjado sobre el terreno y con nulas aspiraciones políticas44.
El trámite administrativo45 de nombramiento de los consejeros se debe analizar dentro de este marco teórico. Se ha de partir de la base de que ningún cargo militar garantizaba la entrada en el Consejo, todos los puestos eran por tanto electivos, sin que existieran los consejeros natos, y su nombramiento le correspondía al rey. Aún así en el expediente del Conde de Alcudia figura su solicitud de nombramiento de consejero de Guerra en consonancia con su acceso al cargo de Almirante de la Armada del Mar Océano46. De forma parecida en el Real Decreto de nombramiento de Gaspar Velasco se indica que se le hizo merced del cargo de consejero al convertirse en General de la Flota de la Nueva España47. El caso de este militar resulta aún más indicativo de la capacidad real de nombramiento, ya que fue privado del nombramiento por negarse a embarcar en la flota de Nueva España de la que era general, aunque posteriormente se revocó dicha decisión. Nafría considera sin embargo que por principio todos los consejeros de Estado eran miembros natos del de Guerra. En determinados momentos parece que el Comisario General de la Infantería y Caballería de España y el Capitán General de la Artillería fueron considerados miembros natos. En los momentos en que no lo eran por lo menos acostumbraban a asistir a las sesiones y con el tiempo terminaban recibiendo el título de consejeros48.
Los consejeros eran nombrados por real decreto enviado por el monarca al secretario del Consejo, quien comunicaba al interesado su nombramiento, anotándose en el expediente el día en que se hacía, tal y como aparece en la práctica totalidad de los expedientes. Al igual que señala Feliciano Barrios para los consejeros de Estado, no se expedía un título de cancillería, al contrario que en los nombramientos de la secretaría 49. Los nombramientos podían ser individuales o múltiples, en cuyo caso se establecía el orden de nombramiento a efectos de antigüedad, como se observa en alguno de los expedientes analizados50.
Para que el nombramiento tuviera efecto el interesado debía jurar ante el Consejo, tras haber pagado la media annata. En la práctica totalidad de los expedientes consultados aparece una anotación marginal de la secretaría que indica el pago de la media annata, sirva de ejemplo el expediente de nombramiento del marqués de Francavilla51. Se trataba de una ceremonia formal con reminiscencias vasalláticas pero también de un acto administrativo a partir del cual empezaba a contar la antigüedad. En el expediente relativo al nombramiento de Tomás Laraspur encontramos una nota interna sobre la necesidad de convocar a todos los consejeros para que asistan a su juramento52, ya que el juramento debía hacerse en su presencia y, durante el siglo XVII, ante el decano del Consejo de Estado y puede que de varios de los consejeros de Estado53. El futuro consejero debía esperar fuera hasta que el portero del Consejo le comunicara que el organismo estaba reunido. Dicho trámite queda muy bien reflejado en el expediente del Conde de Morata54. En algunos expedientes se conservan los borradores de los juramentos, como en el del Conde de Peñarrubia55 e incluso en el caso de Fernando Piñateli se encuentra un oficio de remisión de un modelo de juramento y la anotación marginal “el rey queda con esta noticia”56. Una vez realizado el juramento, éste había de ser comunicado al rey, tal y como observamos en la consulta del Consejo de 1646 dando cuenta al rey del juramento del consejero Luis Alencastro, Marqués de Málaga y hermano del Duque de Abrantes57.
En principio la fecha de juramento era el elemento a tener en cuenta a la hora de establecer la antigüedad, de ahí la constante referencia a la imposibilidad de jurar por hallarse ausentes de la corte y en concreto ocupando cargos efectivos en el ejército de la Monarquía Hispánica. En el siglo XVII debió de ser frecuente el privilegio real de que la antigüedad empezara a contar desde la fecha del real decreto y así se especifica en numerosos casos en el propio nombramiento. Un buen ejemplo es el expediente del Conde de Saint Remi, que solicita al rey le permita jurar en Cádiz donde se encuentra esperando a embarcarse como General de la Flota de Nueva España58. De la misma manera se encuentran casos de juramentos en manos de determinados personajes de la corte, como Juan Antón Vicentelo que juró en manos del Duque de Alba en $1 6 7 7 ^ { 5 9 }$ o Mateo del Haya que juró a su vez en manos del Marqués de los Vélez en $1 6 8 8 ^ { 6 0 }$ . Son constantes las referencias a los problemas surgidos en torno al reconocimiento de la antigüedad, en consonancia con la política real de nombramientos, superiores en número al de plazas existentes. Ya se ha hecho alusión a los problemas de ineficacia que conllevó el aumento de consejeros y a la conversión del consejo en una cámara ilustre pero poco ágil. Para acceder al ejercicio de consejero había que esperar al turno marcado por la fecha del real decreto de nombramiento. De un porcentaje de 66 expedientes de nombramiento de consejeros se hace referencia a esta cuestión en 7 casos.
Por lo que respecta a la duración del cargo, en principio se trataba de nombramientos de por vida, aunque hemos encontrado en varios casos referencias a la mala salud de los consejeros, a su elevada edad y a su deseo de jubilarse. Un buen ejemplo de estas circunstancias es el del secretario de Estado, nombrado consejero de Guerra en 1699, Crispín González Botello61, jubilado para no agravar su pésimo estado de salud, de hecho moriría poco después, en 1703.
• CERTIFICADOS DE SERVICIO DE MILITARES.
A pesar del escaso número de certificados de servicio encontrado en el fondo documental analizado, se ha optado por dedicarles unas líneas por la información que proporcionan sobre la carrera militar. En el Archivo General de Simancas, en los legajos de Guerra y Marina, se encuentra el grueso de los memoriales de servicios, así como sus sucesores, las hojas de servicio del $\mathrm { X V I I I } ^ { 6 2 }$ . En el apartado relativo al Consejo de Guerra ya se ha resaltado como dicho Consejo establecía la carrera militar a través de los certificados de servicio que aportaban los propios interesados para defender su postulación como capitán... o merecedor de mercedes. En esta época, al no estar regulado el retiro, ni las recompensas, todo se basaba en solicitar al rey una merced que pudiera aliviar una precaria situación económica en la vejez. De ahí que se tuviera que recurrir a enviar un memorial a la Corte, que posteriormente era dictaminado por el Consejo de Guerra, los denominados “memoriales de servicios”, o bien a presentar una relación de servicios con los certificados de todos los cargos ejercidos.
Un buen ejemplo de relación de servicios es la que consta a nombre de Don Francisco Contino Canaeo de Meneses63 en la Secretaría de Guerra de Tierra a partir de los originales por él presentados. La estructura es la siguiente: primero se hace constar que ha servido durante seis años, ocho meses y diez y seis días continuados, desde 1643 hasta 1650, de soldado en una compañía de caballería en la frontera de Ciudad Rodrigo. Tanto el Maestre de Campo como los capitanes de caballería a cuyo cargo estuvo certifican que ejerció como “muy honrado y valiente soldado y leal y fiel vasallo” durante otros diez meses más a su costa “con caballo y armas propias”. A continuación se narran algunas de sus acciones más gloriosas. Pero en estos casos era habitual también hacer referencia al insigne linaje, es decir retomar los méritos de.
Don Luis Contino en este caso, quien había sido paje de Felipe II, caballero y gentilhombre de la boca de Felipe III, así como gentilhombre de la Cámara de Felipe IV. A continuación se hace referencia a la vida del propio Francisco Contino antes de la sublevación de Portugal, donde había gozado desde pequeño de 500 ducados anuales de renta eclesiástica en prebendas e Iglesias del Obispado de Coimbra y de los “alimentos que le tocaban por hijo de su Casa”. El párrafo clave es el que explica como al estallar la sublevación de Portugal, en vez de quedarse en la Corte donde se encontraba en ese momento, prefirió presentarse en Ciudad Rodrigo a servir a su costa, finalizando la narración de la manera siguiente: “que en consideración de sus servicios [...] y de haber perdido tan considerable hacienda, no se le ha hecho merced alguna ni se le ha dado socorro como a los demás caballeros de aquel Reino”. Cierra el documento un certificado del grefier de la Casa Real que corrobora, a partir de los libros del Bureo, los datos sobre los servicios prestados por el padre.
El expediente del capitán Rodrigo Velázquez Gastelu64 es otro buen ejemplo. Consta de un memorial del duque de Ganzano, a la sazón probablemente Capitán General de las plazas de Orán y Mazarquivir, en que ensalza la carrera militar de este capitán y pide “se sirva honrar sus buenos servicios con las mercedes correspondientes”. Completan el expediente dos certificados de los servicios prestados del Veedor de la Gente de Guerra, Artillería, Obras y Fortificaciones de las Plazas de Orán y Mazarquivir y del Pagador General del Ejército y Presidios.
En conclusión, se trataba de presentar cuantos más certificados de servicios prestados y de acciones militares desarrolladas como fuera posible y siempre era recomendable contar con memoriales de los superiores jerárquicos en que intercedieran ante el Rey.
APUNTES PARA LA INVESTIGACIÓN.
A partir de lo planteado hasta el momento, la documentación aquí analizada, al menos, podría ayudar a esclarecer en una línea de investigación como la aquí definida, tres temas de gran calado.
Criterios de selección: importancia de la carrera militar previa.
Posición del Consejo en el escalafón militar y administrativo.
Estudio de las carreras militares.
Los criterios de selección de personal no fueron siempre los más acertados. Tal y como señala Fernández Conti, el Consejo de Guerra fue utilizado para ocupar en el gobierno a personajes que carecían tanto de experiencia castrense como, en un principio, del rango necesario para entrar en el Consejo de Guerra. El mejor ejemplo de esta práctica durante el reinado de Felipe II, el caso de Juan de Idiáquez65. En época de Felipe II este Consejo distaba todavía de madurez institucional y por tanto del grado de prestigio que había de revertir en sus integrantes; aunque fue a partir de 1566 cuando se inició el proceso de diferenciación respecto del Consejo de Estado, que se materializó en la introducción de acreditados especialistas en el arte de la guerra. A las sesiones del consejo podían ser llamados para informar u opinar sobre asuntos concretos todos los que se considerasen oportunos. En general Thompson dibuja un contexto de bajos salarios, que obligaba a contar con un patrimonio propio consistente, complementados por pagos extraoficiales, y de prácticas corruptas66. Las relaciones personales y el derecho de patronazgo de las distintas autoridades constituían un problema a la hora de seleccionar los mejores candidatos. Frente al ideal de nombrar a foráneos y por tanto con redes sociales menos desarrolladas, los locales resultaban más baratos, dado que el sueldo no les permitía mantenerse. Los sustitutos suponían otro gran problema al ser los que más quejas acumulaban y a la vez convertirse en la cantera de los nuevos funcionarios.
Cuadro 2. Servicios previos al nombramiento de Consejero

Servicios previos	N° de expedientes
Tierra	45
Mar	8
Militar indeterminado	1
Secretario	4
Embajador	1
Virrey	1
Consejero de Hacienda	1
Sin informacion sobre origen profesional	32

.
Fuente: Elaboración propia.
La tendencia a la patrimonialización de los cargos tenía una serie de ventajas para la Corona, se trataba por ejemplo de hombres que ya habían adquirido considerable experiencia de primera mano. Pero en época de Felipe III se llegó a una situación insostenible: sucesiones que formaban parte de la dote de la hija del titular, nombramientos de niños como sustitutos interinos… En este sentido cabe traer a colación los casos de Lucas Basterra67, oficial mayor de la secretaría de Nápoles, quien presentó en 1693 un memorial pidiendo una serie de emolumentos para su hijo, Juan Basterra Urbina, con 14 años de servicio en la misma secretaría, quien a su vez presentó una serie de memoriales en 1698 solicitando la futura a la muerte del padre68. Más significativo es quizás el expediente a nombre de Andrés Doriga, quien accedió al cargo de fiscal a través de su matrimonio con María Angulo. Juan.
Angulo, secretario de estado y del despacho universal, había obtenido en 1694 la futura de fiscal para la dote de su hija69.
El elemento clave de esta mentalidad era el concepto de oficio como merced, como recompensa a los servicios prestados en el pasado por el beneficiario o por sus antepasados. El expediente del marqués de Francavilla es muy ilustrativo en este sentido, ya que se le concede el cargo de consejero en 1689 “por sus servicios y los de su casa”70. El oficio tenía por tanto algo de deuda y mientras su titular siguiera estando capacitado para servir y cumpliera con sus obligaciones, no se le podía privar legítimamente ni de sus beneficios ni de las funciones de su cargo.
Como ya se señalara en el apartado sobre la evolución institucional, desde 1586 los nuevos consejeros no fueron nobles ni consejeros de Estado, sino soldados distinguidos, produciéndose el mismo fenómeno entre los secretarios, que pasaron de ser burócratas cortesanos a expertos en la administración militar. En este sentido cabe destacar el nombramiento de los antiguos secretarios de Juan de Austria o del Duque de Alba. Este fenómeno conllevó un consejo y una secretaría más profesionales e independientes, así como una mayor especialización a través del sistema de Juntas, que a su vez supuso que mermaran las competencias del Consejo de Guerra. Con Felipe III aumentaron de nuevo los aristócratas como consejeros aunque también se nombró a insignes militares.
Llegados a este punto conviene recordar la evolución del número de consejeros, que varió desde un consejo anterior a la reforma de 1586 sin plantilla fija, oscilando entre cuatro y seis consejeros de Estado especialmente designados para asistir, hasta los esfuerzos realizados durante el siglo XVII para limitar su número. En 1586 se determinó que integraran el Consejo cinco, en su mayor parte militares, a los que había que añadir el Comisario General de la Infantería y Caballería de España, con la presencia de algún veedor general y con la posibilidad de que participaran los consejeros de Estado que lo estimasen oportuno. Pero durante el reinado de Felipe III este número aumentó considerablemente, hasta el punto de que en 1647 se consideró necesario volver a establecer una plantilla de cuatro y en caso de que se produjesen ausencias se llamaría al siguiente en antigüedad. En 1691 de nuevo se intentó limitar su número a cuatro, más el Capitán General de Artillería y el Comisario General de la Infantería y Caballería de España. La profusión de títulos de consejero otorgados y las sucesivas reformas limitando su número, llevaron a la aparición de los consejeros supernumerarios, aquellos quienes a pesar de haber sido nombrados no formaban parte de la plantilla. Para Nafría, el motivo de la abundancia de nombramientos era el deseo de los reyes de honrar a sus fieles, el propósito de los validos de colocar a gente de su confianza en puestos clave, y el de asegurar la presencia de un número suficiente de consejeros, teniendo en cuenta su avanzada edad y las comisiones que se les encomendaba fuera de la Corte71.
El peso del factor técnico y la experiencia frente a la ascendencia noble dentro del Consejo de Guerra evolucionó en consonancia con el resto de la administración española, tal y como estudiara García Marín. En opinión de Domínguez Nafría, hasta la entrada de los consejeros togados en el siglo XVIII, el Consejo estuvo en su mayoría formado por militares. Sin embargo hay que resaltar la existencia de los denominados “consejeros políticos” ya en el siglo XVII. En este sentido se pueden mencionar secretarios del Consejo de Estado, como Antonio de Aróstegui, consejeros de Hacienda, veedores generales o diplomáticos72.
Entre la documentación conservada en el AGA encontramos el caso de Gaspar Tebes, nombrado consejero en 1672 siendo embajador en Venecia, cargo que siguió ejerciendo como se deduce de que no pudiera jurarlo por encontrarse en Venecia73. En el caso de los consejeros de Estado que acudían al Consejo de Guerra, en su mayoría eran militares. No hay que olvidar tampoco que para desempeñar las tareas judiciales que tenían encomendadas, se constata la presencia de asesores letrados desde mediados del siglo XVI, en concreto de dos consejeros de Castilla, que adquirirían el estatus de consejeros togados ya a principios del siglo XVIII, en 1714.
En algunos reales decretos de nombramiento hay referencias explícitas a la experiencia en materia militar. En la mayoría de los casos, cuando contamos con información sobre los servicios previos, los militares nombrados tenían una dilatada carrera militar a sus espaldas. En el caso de Francisco Andía Irarrazábal, en la cédula de nombramiento se hace referencia explícita a los servicios prestados y “a la experiencia y plática en las cosas de la Guerra”74. En su obra sobre el Consejo de Estado Feliciano Barrios establece, a partir de la literatura política de la época, la preferencia por nobles de alta alcurnia y amplia experiencia75. Thompson y Barrios analizan como el puesto de consejero de Estado se reservó a la nobleza titulada, mientras que el de Guerra fue ocupado mayoritariamente por consejeros expertos en la materia, tras años de servicio en los ejércitos de la Monarquía Hispánica, como necesario complemento al de Estado, al que siempre estuvo vinculado. De la misma manera Nafría destaca el ennoblecimiento del Consejo de Guerra durante el reinado de Felipe III, del que formaba parte no tanto una nobleza cortesana como una nobleza con una amplia experiencia militar. Este fenómeno Nafría lo interpreta como el resultado de un cambio de mentalidad de los nobles con respecto al mundo militar o incluso del modelo de favoritismo político instaurado por Lerma76. Este autor señala que la profesionalización e independencia ganadas por el consejo en época de Felipe II se convirtieron en un hecho irreversible. En consonancia con esta profesionalización de los consejeros, las secretarías continuaron siendo ocupadas por expertos burócratas con una dilatada carrera en destinos militares. En este sentido cabe destacar, teniendo en cuenta que sólo en una minoría de los expedientes se hace referencia a los servicios prestados con anterioridad, a personajes como Juan Bautista Arespacochaga quien fuera secretario de don Juan de Austria y ejerciera en la secretaría de guerra tras 41 años de servicios77. Otro caso muy representativo es el de Pedro Zárate Herrera, caballero de la Orden de Santiago, quien empezó en la Secretaría de Tierra hasta convertirse en oficial mayor en 1660, para posteriormente ser el secretario del Duque de Medinaceli, secretario del Consejo de Órdenes, secretario en el Consejo de Italia (Milán, Sicilia y Nápoles) y por último en 1695 secretario de la parte de Mar, aun manteniendo la propiedad de la Secretaría de Nápoles78. En varios casos los expedientes de nombramiento nos informan de la culminación de la carrera administrativa de estos burócratas con el nombramiento de secretario de Estado e incluso, en los casos de Antonio Aróstegui en $1 6 2 2 ^ { 7 9 }$ , Blasco Loyola en $1 6 6 4 ^ { 8 0 }$ y Crispín González Botello en $1 6 9 9 ^ { 8 1 }$ , con el nombramiento de consejero de Guerra. En el caso de este último en el real decreto de nombramiento se especifica que no ha de pagar la media annata y que se le mantengan el salario, la casa de aposento y las luminarias ordinarias y extraordinarias de que gozaba como secretario.
Un aspecto que convendría desarrollar ulteriormente para futuras líneas de investigación es el del lugar que ocupaba el puesto de consejero de Guerra en el escalafón de la carrera militar y el de secretario en la carrera administrativa. Ya hemos analizado someramente el dilema entre experiencia y preparación técnica como criterio de selección, sin embargo convendría avanzar un poco más y establecer en qué momento de la carrera militar se recibía el honor de ser nombrado consejero. En la documentación analizada se encuentran ejemplos que apuntan en direcciones diferentes, que habría que analizar explotando tanto las razones esgrimidas en el real decreto para nombrar a tal persona, como toda la información que proporcionan los mismos reales decretos y sobre todo los memoriales y certificados de servicios.
Algunos ejemplos servirán para ilustrar diferentes políticas de nombramiento. En primer lugar el proporcionar un retiro honroso a personas de avanzada edad, con largos años de servicio a sus espaldas. Un buen ejemplo es el del Duque de San Juan, nombrado consejero en 1695, a la vez que se le exoneraba de seguir ejerciendo el cargo de General de las Galeras de Sicilia debido a su estado de salud82. Diego Gómez Espinosa, Maestre de Campo General del Ejército de Flandes, también fue nombrado consejero en 1690 para permitirle dejar el servicio activo en Flandes dada “su crecida edad”, en el real decreto se explica incluso que había pedido ser jubila$\mathrm { d o } ^ { 8 3 }$ . Otra política diferente era la de nombrar consejeros a personajes que iban a ocupar puestos de gran responsabilidad en la administración militar, quizás como recompensa o como manera de acrecentar su prestigio personal y el del puesto. Así un caso completamente diferente a los anteriores es el del sargento general de batalla Agustín Robles, nombrado en 1690 consejero a la vez que gobernador de Buenos Aires, no pudiendo de hecho jurar el cargo por hallarse en Cádiz esperando a embarcar84. El Conde de Saint Remi, al que ya se ha hecho referencia anteriormente, también fue nombrado consejero y “general de la flota próxima a navegar a las provincias de Nueva España” al mismo tiempo, en 1692, en su expediente encontramos memoriales pidiendo se le permita jurar en Cádiz y se le reconozca la antigüedad85. El caso de Gaspar Velasco86 también es parecido, ya que en el real decreto se especifica “cuando le nombré general de la flota de Nueva España le hice merced de la plaza de consejero de Guerra”. En otros casos como ya se ha señalado al tratar el tema de la experiencia versus la preparación técnica, se valoraba la carrera militar desempeñada; se trataba por tanto de seleccionar militares con una amplia experiencia para conformar un cuerpo consultivo altamente especializado. El nombramiento del Marqués de la Florida87 en 1663, “antes de que pase a castellano de Amberes” y por tanto en principio alejado de la corte y sin posibilidades de ejercer como consejero, podría responder al deseo de premiar una larga y exitosa carrera militar. Algunos nombramientos eran la recompensa de acciones militares especialmente importantes. En el nombramiento de Manuel Guzmán se menciona su participación en la “Jornada de Brasil”88, así como en el de Vicente Monsuri se hace referencia explícita en su nombramiento como consejero a “su valor en la defensa de Cremona”89. En el expediente de Francisco Marcos Velasco se indica su “valor en el combate de Mons”90 y en el del Marqués de Valparaíso, gobernador de Ceuta, al largo asedio sufrido91. Por último mencionar los casos de Matías Alburquerque, nombrado consejero “por sus servicios y su valor en Pernambuco en fondar y quemar navío”92 y de Tomás Laraspur, quien fue nombrado consejero en 1629, tras un “último servicio trayendo a salvamento los Galeones de la Plata”93.
A través de los certificados y memoriales, que como hemos indicado son un antecedente de las hojas de servicios, se puede reconstruir en parte la carrera militar tanto de soldados como de mandos superiores. En concreto podemos citar como especialmente significativo el expediente del soldado Marcos Rodríguez94 compuesto por certificados de sus superiores de acciones militares excepcionales y de servicios cumplidos, de los años 1686-1708. A través de esta documentación podemos saber que Marcos Rodríguez sirvió durante 49 años en el ejército en Orán y Mazarquivir, pasando de soldado aventajado a capitán y en ínterin gobernador del castillo de Santa Cruz. El último certificado fue solicitado por su hija en 1708 tras su muerte a causa de las heridas sufridas. En el expediente de Rodrigo Velázquez García95, fechado en 1691, aparecen un certificado del veedor de los servicios realizados durante treinta y cinco años y un memorial pidiendo se le otorgue alguna recompensa, para lo cual narra su participación en diversas acciones militares. Dichos certificados nos proporcionan la siguiente información: empezó en la compañía de su padre, llegó a capitán de una compañía de infantería en Orán, y fue hecho cautivo.
Francisco Contino Cananeo de Meneses debió presentar su hoja de servicios para solicitar alguna clase de ayuda, aunque sólo nos ha llegado la relación de servicios prestados, pudiéndose averiguar que pasó seis años en la frontera, en Ciudad Rodrigo, como soldado sencillo en una de las “compañías de caballos”96.
Respecto a la carrera militar, Quatrefages subraya que “la milicia no consistía en sí una carrera”, sino que era un paso obligado para las personas de superior condición social que quisieran hacer carrera al servicio del rey97. Los Tercios por el contrario no eran “una estación se paso” sino que ofrecían y exigían una carrera específica. En ellos terminaba su vida la mayoría de los que se alistaban, siendo su objetivo máximo alcanzar el grado de capitán. La carrera tipo del infante consistía en pasar por todos los grados hasta capitán, al final de su servicio activo y finalizar su vida como castellano. En este sentido se pueden mencionar los casos del Marqués de la Florida, en cuyo nombramiento como consejero se hace referencia a su futura situación de castellano de Amberes98, el de Francisco Marcos Velasco también castellano de Amberes99 y el de Luis de Costa Quiroga, castellano de Gante100. En principio el cargo de gobernador era menos frecuente, aunque encontramos varios ejemplos en la serie analizada. Tanto Antonio Pimentel Prado101 como Pedro Roca Villagutiérrez102 aparecen como gobernadores de Charleroi, mientras el Marqués de Covarrubias era gobernador de Ostende103 y Rodrigo Godiner Brochero gobernador de Mesina104. El cargo de castellano era un ascenso, cuando éste no podía producirse por falta de vacante, pero sobre todo una recompensa. Hay que tener en cuenta también que las ventajas de las que gozaba un titular en un destino no pasaban automá- ticamente a su sucesor.
En los Tercios no existía un límite de edad establecido para el servicio activo, siendo el único límite la muerte y la incapacidad física establecida por el veedor, en este último caso sólo había cinco posibilidades de retiro. La primera era regresar a casa; la segunda, beneficiarse de una “plaza muerta” en un castillo o de una plaza en las Guardias de Castilla. De hecho los castillos o fortalezas de los Países Bajos supusieron para los inválidos de los tercios una forma de terminar dignamente sus vidas. La tercera opción era la de pasar a engrosar el número de los que pretendían un puesto de administrador en alguna de las múltiples instituciones de caridad o bien ingresar en las órdenes religiosas. Por último, las casas de juego autorizadas constituían otra salida, utilizada sobre todo por los retirados de la Península o de los presidios del Norte de África, mientras que los veteranos de los tercios preferían permanecer en los grandes castillos del Milanesado o del reino de Nápoles, verdaderas casas de retirados.
CONCLUSIÓN.
Un estudio prosopográfico de los consejeros de guerra, de su linaje y preparación técnica y en especial de su carrera militar y de los lugares geográficos donde se desarrolló sería sumamente interesante. Dicho estudio permitiría analizar el perfil quizás más técnico y específico del Consejo de Guerra, en comparación con el resto del sistema polisinodial, al estar en su mayor parte compuesto por militares y probablemente al resultar ausentes los eclesiásticos, que ocuparon un porcentaje importante de los puestos de la administración de los Austrias. Estudio que se ha de enmarcar en un contexto similar al que describe Feliciano Barrios para el Consejo de Estado. La política de nombramientos del Consejo de Guerra tenía muchos elementos en común con la del Consejo de Estado. El nombramiento de consejero en ambos casos suponía la coronación de la carrera, un premio a una acción militar o el pago de determinados servicios. Incluso parece que se utilizaba para afianzar la posición de los candidatos a un alto cargo105. Se trata de una política de nombramientos por tanto común al menos a los Consejos de Estado y Guerra, como ya hemos visto anteriormente. Para todo ello los expedientes analizados en estas páginas pueden resultar una aportación interesante, como complemento de la documentación conservada en Simancas, ya utilizada por la investigación.