Una perspectiva de la educación en España: De la enseñanza útil a la formación profesional. Siglos XVIII y XIX.
A perspective of the education in Spain: From useful teaching to professional training. 18th and 19th centuries.
Resumen: Las páginas que siguen ofrecen una perspectiva de la educación en España desde la óptica de los planteamientos programáticos en los siglos XVIII y XIX. En el primero asistimos al inicio de la implicación del Estado en la formación del mayor número posible de ciudadanos, con la meta de la regeneración económica del país, en el segundo a leyes generales que contemplan una instrucción universal y gratuita, diferenciada por sexos, en su primer nivel y dirigida a las capas más altas de la sociedad en el secundario y esencialmente en el superior. Aportan también el análisis de algunas realizaciones concretas en el ámbito de la formación profesional en una ciudad de provincia, León, que puede ser un ejemplo de la atención a esta parcela educativa en muchos puntos de la nación.
Palabras clave: Ilustración, enseñanzas útiles, liberalismo, educación universal, formación profesional.
Abstract: The following pages offer an overview of education in Spain from the perspective of programmatic approaches in the 18thand 19th centuries. In the first, we witness the beginning of the State's involvement in the education of the greatest possible number of citizens, with the goal of the country's economic regeneration; in the second, general laws that contemplate a universal and free primary education, differentiated by sexes, which is then passed on to the upper strata of society at the secondary and higher levels. They also provide an analysis of some concrete achievements in the field of vocational training in a provincial city, León, which can be an example of the attention paid to this educational area in many parts of the country.
Keywords: Enlightenment, useful teachings, liberalism, universal education, vocational training.
Sumario: Introducción. 1. Una Instrucción útil en el siglo XVIII. 2. El marco decimonónico. 3. Un modelo de formación: Escuelas profesionales en León en el siglo XIX. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
La historia de la educación, como la de casi todos los ámbitos que pertenecen al desarrollo intelectual del ser humano, permite, y aún requiere, miradas diversas. La que presentan las páginas que siguen se centra en un tiempo en el que el Estado toma conciencia de la necesidad de impulsar y ordenar una parcela de la vida de los ciudadanos que descubre esencial para su propio desarrollo. En el siglo XVIII la razón de esta nueva preocupación de los poderes públicos es fundamentalmente económica, ningún hombre, ninguna mujer de aquella sociedad jerarquizada puede quedarse atrás en su proyecto de regeneración y crecimiento material, independientemente del grupo social al que pertenezca.
Lentamente, mucho antes sobre el papel que en la realidad, el siglo XIX camina hacia una concepción distinta de la educación, desligándola de un interés económico concreto. Intelectuales y políticos abogan por un control estatal de lo que comienza a considerase un servicio público y plantean diferentes planes nacionales, en los que se implica a instituciones de índole diversa. La atención legislativa es continua y en los ordenamientos asoman criterios de universalidad, gratuidad y otros, todavía muy mermados en su contenido real. Varones y mujeres, elites y mayoría social tienen espacios distintos y atención diferenciada en el articulado legal. Con todo, se aprecian mejoras cualitativas en los distintos niveles educativos y realidades puntuales que afectan todavía a un reducido número de ciudadanos. Este estudio ofrece algunos ejemplos de ellas.
1. UNA INSTRUCCIÓN “ÚTIL” EN EL SIGLO XVIII.
La idea de lo “útil” se impone en el siglo XVIII a todos los niveles. En el terreno de la educación los ilustrados defendieron el saber útil para todas las capas de la sociedad, en oposición al conocimiento “inútil” derivado de los sistemas de enseñanza tradicionales, especialmente en sus niveles superiores.
Feijoó había planteado ya esta idea1 y el padre Isla había criticado los estudios de Lógica “que no sirven para nada”, después Jovellanos abogaría por la dedicación a la Naturaleza, a la Economía política, al Derecho Natural y otras ciencias que constituirían todo un entramado para la prosperidad y la felicidad pública2 . En este sentido Lorenzo Normante decía en Zaragoza, dirigiéndose a los sabios: “conoced que la providencia no os ha concedido los talentos para vivir…en contemplaciones, ni para engañar al pueblo curioso con objetos meramente brillantes, sino para perfeccionar al hombre físico y moral y para proporcionarle los posibles alivios con las ciencias económicas”3 .
Con este hilo conductor, se implanta un nuevo modelo formativo que en algunos aspectos traspasa la centuria. Se encuadra en la corriente que, hacia 1770, se tradujo en el primer intento de imponer la autoridad del Estado en todas las cuestiones relativas a la educación de los ciudadanos4 , reconoce una sociedad estamental jerarquizada y acepta su articulación, considera la enseñanza un vehículo esencial para el logro de una felicidad casi utópica5 y propone la formación de los individuos con un enfoque eminentemente utilitarista y con carácter universal6 .
En el caso de la instrucción primaria, debe hablarse de una permanente declaración de intenciones y de una avalancha de directrices, más que de una política sistemática, y ello se traduce en iniciativas variadas y aportaciones significativas de algunas instituciones, además de en una falta de medidas eficaces para sustentarlas por parte de los sucesivos gobiernos. El referente es indudablemente el Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, en el que Campomanes traza un modelo diferente para cada grupo social y sexo. A pesar de afirmar la igualdad de los hombres y las mujeres, plantea la formación de las niñas y jóvenes del pueblo para acabar con su ociosidad, preservarlas de “la corrupción de las costumbres” y hacerlas “útiles a su familia y al Estado”. Propone dos tipos de escuelas: las de Primeras Letras, donde las maestras, pagadas por el erario público, las enseñarían a leer, las labores propias de su sexo y la doctrina cristiana y las Patrióticas, en las que las jóvenes aprenderían hilados, tejidos y bordados7 .
La red de establecimientos femeninos que surgió a raíz de esta idea se acomodó a ella y fue el primer intento de incorporar a la mujer del pueblo a la alfabetización y al mundo del trabajo, con la meta en el menor número de inactivas posible y la formación más adecuada para las activas8 . Campomanes entendía que para que la nación prosperase debían generalizarse las ocupaciones útiles y dentro de ellas las más sencillas como las más convenientes, puesto que podían aprenderlas todos los ciudadanos. Por ello debían instalarse escuelas de hilar y tejer al servicio de las necesidades económicas, en las que, además de estas tareas concretas, se enseñaría a las adolescentes a realizar otras complementarias.
Estas ideas y otras contemporáneas a ellas tuvieron acogida en el prototipo de institución ilustrada que fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País. La Matritense, la de Santiago, la de Ávila, la de Soria, la de Valladolid, la de León, la de Lugo, la de Zamora, la de Valencia, la de Zaragoza y otras pusieron en marcha centros de este tipo, con diferente suerte, pero indudable significado, entre 1775 y 1808.
La mayor parte de ellos fueron escuelas de Primeras Letras que atendían una alfabetización básica para las futuras madres de familia. En cada caso, acogieron a algunas decenas de niñas (habitualmente entre treinta y cincuenta) y cubrieron un vacío, dado que la educación femenina gratuita era algo absolutamente excepcional. Tuvieron un funcionamiento irregular porque estuvieron sometidas a los vaivenes de la financiación de las Económicas, desigual y aleatoria en cuanto dependiente de instituciones particulares o eclesiásticas y de sus relaciones con los poderes locales, Ayuntamientos, sobre todo, que les traspasaban algunos de sus fondos. Ellos y las reducidas cuotas de los Amigos del País mantuvieron esta y sus demás actividades, con escasísima regulación por parte del poder central9 .
Otras tuvieron una orientación más profesional. En ese periodo, la Matritense puso en marcha cuatro escuelas Patrióticas y otras de carácter similar como la Escuela de Encajes, la Escuela de Bordados, la Escuela de Blondas, la Escuela del Retiro o la Escuela de Flores de la Reina. En la mayor parte de ellas, además del oficio, se enseñaba a las niñas a leer y doctrina cristiana; a la del Retiro iba dos veces por semana un maestro de las de niños, para enseñar las reglas básicas de la aritmética a las más adelantadas10. La Aragonesa fundó una de hilado, donde se formaba a las jóvenes con el método Vaucanson para el hilo de seda y otra de “hilar al torno hilaza gruesa, regular, fina y finísima de lana, estambre, lino cáñamo y seda rasgada”. Llegó a tener treinta y siete tornos y más de cincuenta alumnas. En las memorias de los premios que se les entregaron en 1778, puede leerse que la peor de las tres premiadas “ha hilado más que la mejor de Madrid”11.
En definitiva, ambos modelos iban destinados a hacer “útil” a la mujer para la sociedad, en el primero primaba una instrucción general, en el segundo otra más técnica. En todos los centros se procuraba que las alumnas acudiesen “limpias y aseadas”, mantuviesen “modesta actitud” y aprendiesen doctrina cristiana, tal como dictaba una Real Cédula de 11 de mayo de 1783. Se buscaba así el modelo de mujer que aquella sociedad preconizaba para “esa buena mitad del género humano”, en consideración de Campomanes, que no podía permanecer al margen de la regeneración nacional perseguida.
La alfabetización de los varones había tenido una mayor cobertura, sobre todo desde los años centrales del siglo XVIII. A la labor tradicional de instituciones religiosas y en menor medida locales, se habían unido escuelas particulares, fuera de cualquier control público, en la mayor parte de las ciudades y en muchas villas españolas. Estaban regentadas por maestros que enseñaban a los niños a leer, escribir, las reglas esenciales de aritmética y en ocasiones algo de gramática.
En 1743, Felipe V había autorizado a la Hermandad de San Casiano examinar a los futuros docentes y a expedir títulos de Magisterio, de acuerdo con las directrices del Consejo12. En la misma línea, una Real Provisión de julio de 1771 establecía la normativa para ejercer como maestro de primeras letras, oficio que, en adelante, iba a requerir ser aprobado de doctrina cristiana por el ordinario eclesiástico, acreditar buena vida y costumbres y superar un examen relativo a la “pericia en el arte de leer, escribir y contar”. Las pruebas necesitaban el visto bueno de la Hermandad y cumplidos estos requisitos, el Consejo de Castilla expedía el título de maestro. En 1791 el Colegio del Noble Arte de Primeras Letras que había sustituido a la institución de San Casiano, once años atrás, fue relevado a su vez por una Academia de Primera Educación, bajo la dependencia de la primera Secretaría de Estado. Por otro lado, desde 1780 funcionaba en Madrid una escuela, exclusivamente masculina, para la formación de maestros de este nivel educativo, embrión de las Escuelas Normales que se extendieron por España en la primera mitad del siglo XIX.
Esta breve pincelada es muestra de una atención mayor a los varones que las mujeres por parte de los poderes públicos. Ella, junto a la labor conocida de jesuitas (hasta su expulsión) escolapios, dominicos, franciscanos o mercedarios13, indica que la alfabetización de los niños iba por delante de las niñas en el último tercio del siglo XVIII. Tal vez por ello el pensamiento ilustrado se centró más en su formación profesional y abogó por escuelas de Dibujo, Matemáticas, Mecánica o Agricultura14.
De nuevo fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País las encargadas de establecerlas, a semejanza de las Academias de Artes de Madrid, Sevilla o Valencia “porque las artes y los oficios que inmediatamente no necesitan el dibujo o la geometría, se ven precisadas a valerse de ellos para dar a conocer sus instrumentos, máquinas y operaciones”15. La idea es de Campomanes, pero otros contemporáneos la alentaron también. Vidal Cabasés enumeraba los oficios que necesitaban el dibujo y las matemáticas para su desempeño16 y Alcalá Galiano insistía en la necesidad de que los aprendices asistiesen a las clases de estas materias17.
Este fue uno de los encargos más firmemente cumplidos por los Amigos del País. Prácticamente todos sus institutos contaron con una academia de este tipo, donde tres o cuatro decenas de alumnos estudiaban dibujo artístico y lineal, aritmética, fundamentos de geometría y a veces mecánica. Algunos, como el de León, dotaron becas para los jóvenes más aventajados. En este caso se trató de un estudiante de Arquitectura en la Academia de San Fernando y otro en la de Escultura de Toledo. Cada uno percibía una pensión de cuatro reales diarios18. Las escuelas de Dibujo traspasaron la centuria y tuvieron una trayectoria muy larga en la siguiente. Cambiaron el objetivo de su alumnado, pero su base de formación técnica y profesional permaneció inalterada.
Para la mayor parte de los intelectuales españoles de la Ilustración, el concepto de utilidad que venimos describiendo debía afectar a todos los niveles de la educación del individuo. En el caso de los superiores se oponía a los programas que se impartían en las universidades, tan denostadas por muchos de ellos como “tristes reliquias de la gótica edad”, según Meléndez Valdés, o incluso como “cloacas de la humanidad que no hacen más que exhalar la corrupción y el error”, en la pluma de Cabarrús. Por su parte, Jovellanos propuso, en su Informe en el Expediente de la Ley Agraria:
la supresión de tantas cátedras de latinidad y de añeja y absurda filosofía como hay establecidas en todas partes contra el espíritu y aún contra el tenor de nuestras sabias leyes, tantas cátedras que no son más que un cebo para llamar a las carreras literarias a la juventud destinada por la naturaleza y la buena política a las artes útiles y para amontonarla y sepultarla en las clases estériles, robándola a las productivas, tantas cátedras, en fin, que solo sirven para que superabunden los capellanes, los frailes, los letrados, los escribanos y sacristanes, mientras escasean los arrieros, los marineros, los artesanos y los labradores19.
La conciencia de la necesidad de adecuar los estudios universitarios a la nueva realidad y hacer de ellos un vehículo para el fin que teóricamente perseguían es muy temprana. Sabido es que las Facultades de Cánones y Leyes, sobre todo las de las tres universidades mayores de Salamanca, Alcalá y Valladolid, proveían prácticamente todos los altos cargos de la administración del Estado. Hasta finales del siglo XVIII, ambas constituyeron en buena medida un cuerpo único, no solo porque los graduados en una u otra disciplina cursasen cátedras en las dos, sino porque estas estaban abiertas a la promoción de sus catedráticos indistintamente. Era necesario el grado Cánones o Leyes para la primera oposición de la Facultad respectiva, pero posteriormente se ascendía de forma conjunta. En 1713, el Consejo pidió informe a los claustros universitarios para establecer una serie de modificaciones en los estudios de Cánones:
[…] puesto que la mayoría de sus catedráticos esperan salir de las cátedras de su profesión a las plazas de ministros de las Chancillerías, Audiencias y Tribunales […] y […] se experimenta estar muy capaces en las materias para gobernar eclesiásticos, pero muy ajenos de las que tocan a su ministerio y encargo”. Desea el Consejo un cambio en la enseñanza, para que “así los que trabajan como los que oyen puedan sacar las materias prácticas que se necesitan para ser instruidos los que deben entrar en el ministerio de las Audiencias, Chancillerías y demás Tribunales20.
El primer intento serio de reforma vino de la mano del Plan de Estudios para la Universidad española que el Secretario de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, encargara a Gregorio Mayans, puesto en práctica a comienzos de la década de los setenta. Fracasó en buena medida y fue revulsivo en algún modo de la conciencia de los problemas de la institución, anclada en un respeto reverencial a la tradición, como denunciara Pablo de Olavide al hacer la propuesta de reforma de los estudios de la de Sevilla21. En 1798 Jovellanos fue llamado al Ministerio de Gracia y Justicia para abordar de nuevo la remodelación de las carreras universitarias, entre otras razones. La caída de Godoy y los acontecimientos posteriores frenaron la línea política de reformas del reinado de Carlos IV. Con todo, en 1807, en un nuevo intento, se suprimieron las universidades menores y se intentó homologar los planes de estudios de las restantes con los de Salamanca que había implantado cátedras nuevas: Química, Física, Derecho Penal, Economía Política, Cirugía y otras, para sintonizar a profesores e investigadores españoles con los de Upsala, Oxford o Bolonia, por ejemplo, y conducir su formación por líneas novedosas22.
La universidad apenas evolucionó, sin embargo, a lo largo del último cuarto del siglo XVIII, iniciaron su andadura otros centros de investigación y nuevos estudios superiores con éxitos y fracasos. colegios de Medicina, Cirugía, Veterinaria, Comercio o Náutica, cátedras de Agricultura o institutos como el Depósito Hidrográfico, el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Gabinete de Máquinas, donde se realizaron importantes experimentos de telegrafía óptica dirigidos por Betancourt, el Real Gabinete de Historia Natural o el Real Laboratorio Químico, establecidos en Madrid. En Barcelona, la Academia de Ciencias abordó las primeras demostraciones de telegrafía eléctrica y, en Gijón, el Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía proponía una formación integral de los alumnos y aplicaba en ella una línea que entonces se iniciaba: la secularización de la educación, con separación de la enseñanza profesional y la religiosa. Como otros ilustrados, su mentor, Jovellanos, dio una gran importancia a la relación entre la formación, la investigación y la internacionalización. Cuando trataba de concienciar a los asturianos sobre la necesidad de impulsar el estudio de las matemáticas, la química, la mineralogía y otras ciencias para el avance de las artes, el comercio o la agricultura, recomendaba:
[…] que se busquen dos jóvenes que hayan estudiado…que se les pensione primero en el Seminario de Vergara y posteriormente en un viaje a Francia, Inglaterra y a algunas provincias del Norte para examinar los métodos, operaciones, máquinas e instrumentos usados en otros países y dar después cuenta de ello en el Instituto23.
Entre estas realizaciones cabe destacar también la creación, en 1802, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, bajo la dirección de Agustín de Betancourt. Se suprimió en 1814, se restableció en 1820 y volvió a cerrarse tres años más tarde. En 1834 abrió de nuevo sus puertas, esta vez con carácter definitivo y una impronta muy sólida en la formación de los profesionales del ramo.
A la vez que Campomanes escribía su discurso programático para la red de Sociedades Económicas, la Vascongada, que llevaba años funcionando, ponía en marcha una Escuela provisional que fue aprobada en una Junta general, celebrada en Bilbao en septiembre de 1775. Comenzó su andadura en noviembre del año siguiente en el antiguo colegio de los jesuitas de.
Vergara. Carlos III la legalizó y declaró válidos para todos los organismos oficiales los cursos realizados en ella. El Real Seminario Patriótico de Vergara, como se denominó definitivamente, estableció un modelo original de formación24 dividido en dos ciclos: Enseñanzas Generales y Enseñanzas Particulares. En el primero, los escolares seguían cursos iniciales de letras y matemáticas, en el segundo, estudiaban las lenguas castellana, latina y francesa, física experimental y matemáticas entre otras disciplinas. Allí se dotaron las primeras cátedras de Química y Mineralogía de España, se organizó un laboratorio de Química y se adquirieron las obras más novedosas para su biblioteca25. Funcionó hasta 1840 y fue un centro de estudio e investigación que mantuvo contactos importantes con la ciencia y los científicos europeos26.
Esta institución se concibió como parte del programa ilustrado de “educación útil” para la elite social y en él también se confió un papel significado a los Amigos del País. Campomanes entendía que la primera obligación de las Reales Sociedades era la preparación de los hombres que habían de mantenerlas y proponía para ellos una formación diferente a la que estaban siguiendo en las universidades, en orden a un cambio de mentalidad que permitiese su incorporación a la tarea de reforma y regeneración del país. Ello debía hacerse en Seminarios de Nobles similares al vasco. A pesar de su afán y de las órdenes posteriores del Consejo de Castilla27, solo la Matritense puso en marcha uno de ellos.
Sin embargo, los Amigos del País establecieron cátedras de Agricultura, de Botánica y de Economía política, gabinetes de Física, de Química, de Matemáticas, de Mineralogía y de otras materias, que tuvieron “distinto carácter, distintos métodos, distinto espíritu del de las Universidades”28. No hay un ordenamiento sistemático de estos centros de estudio y de trabajo, ni para crearlos, ni para mantenerlos. Como otros, fueron frutos efímeros de la nueva concepción de la educación a todos los niveles y reflejo de un pensamiento europeo, que en algunos países se tradujo en su despegue hacia derroteros diferentes de los andados. En España, esta circunstancia no llegó a producirse en aquel tiempo.
Pero hubo logros muy destacables, como los de la Sociedad Económica Aragonesa. En Zaragoza sobresalieron la Escuela de Matemáticas y la de Economía Política, de larga y fecunda vida. La primera se orientó inicialmente a los artesanos, con una formación limitada a dos cursos, pero en los últimos años del siglo su programa docente se extendió a cuatro, en los que se estudiaba Hidráulica, Hidrostática, Aritmética, Geometría, Astronomía, Aplicación de Álgebra a la Geometría y Jurisprudencia civil, con la intención de convertirla en un sustituto o, al menos en un complemento importante de la formación universitaria. La segunda fue la más relevante de las que se establecieron en España de esta materia, además del objeto de ataques que la consideraron auténticamente heterodoxa. En la Real Orden que la aprobaba, Carlos III incitaba a los Amigos aragoneses, a “escoger entre los mejores autores italianos, franceses e ingleses lo más interesante que mejor se pueda acomodar para formar un Curso completo de esta ciencia”29. De lo que se trataba era de ahondar en el análisis de los recursos del país y practicar la política más adecuada para su aprovechamiento económico. En definitiva, una materialización de la creencia ilustrada en un mundo social mecánico y racional.
A raíz de estos principios y del intento de impulso de la felicidad terrenal, que Normante pregonara en sus lecciones, la Cátedra acabó ante el Santo Oficio de la mano de Fray Diego de Cádiz, un predicador que se escandalizaba de aquella escuela de “lujo y usura” en el “perverso y maldito siglo del error”. Esta vez, el pensamiento característico de aquel “maldito siglo” ganó la partida de la mano de Floridablanca y Campomanes, y el Consejo se pronunció a su favor. En 1798, Carlos IV felicitó a la Sociedad Económica por ella a través de Jovellanos. Tenía entonces casi sesenta alumnos que se formaban durante tres cursos.
La Sociedad aragonesa fue, con la Matritense y la Vascongada, la más activa en este ámbito. En las dos últimas décadas del siglo XVIII, puso en marcha, además de los citados, otros centros que podríamos considerar de nivel secundario o incluso superior, si miramos algún momento de su trayectoria. Una Escuela de Dibujo, convertida en Academia de Bellas Artes de San Luís en 1792, con Estatutos redactados por Meléndez Valdés y de la que Goya y Bayeu fueron académicos de honor, una Cátedra de Agricultura y una Academia de Cirujanos, impulsada por Hernández Larrea. Las propuestas de las de Botánica, Química e Historia Natural quedaron en interesantes proyectos, a pesar de los esfuerzos de Ignacio de Asso y otros. Algo similar ocurrió con la Escuela de Veterinaria que acabó estableciéndose en el siglo XIX30.
Pero incluso los planes que no cuajaron, por falta de financiación y de apoyo racional de los gobiernos de turno la mayor parte de las veces, no quedaron en la nada. Los ciclos de conferencias, los gabinetes de ensayos de disciplinas diversas o las prácticas de investigación de distinta índole fueron muy frecuentes en los años ochenta y noventa del setecientos, en esa y en otras Económicas.
2. EL MARCO DECIMONÓNICO.
La concepción de la educación en el siglo XIX tiene profundas raíces en el tiempo de la Ilustración. Los primeros liberales comparten con los ilustrados su preocupación por ella, aunque sus motivos distan. Para estos habían sido fundamentalmente económicos, para aquellos eran esencialmente políticos. A nivel teórico los grupos sociales han perdido su papel particular en la sociedad, para conformar un bloque de ciudadanos con una serie de derechos inalienables que debían estar garantizados por el Estado. En ese contexto, la educación, de nuevo utilizada como fórmula para terminar con los problemas del país, se propone en términos de universalidad, unidad, carácter público, fraternidad y libertad.
La Constitución de 1812 dedicó un Título entero (el IX) a la instrucción pública. En él se señalaba que debía abrirse una escuela de Primeras Letras en todos los pueblos de la Monarquía, en la que se enseñaría a leer, escribir y contar, las verdades cristianas del catecismo y una síntesis de las “obligaciones civiles”. A la vez se creaba una Dirección General de Estudios que debía encargarse del desarrollo y puesta en marcha del articulado. Más adelante se proclamaba que “desde 1830 deberán saber leer y escribir todos [los españoles] que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadanos”. Un sueño de alfabetización de unos diez millones de personas en dieciocho años, ya que entonces solo un quince por ciento de la población, como máximo, sabía al menos leer, escribir y las reglas básicas de la aritmética.
El gobierno encomendó a una comisión de sabios, presidida por Manuel José Quintana, una propuesta para organizar la instrucción pública. Fue el origen del Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios para proceder al arreglo de los diversos ramos de la industria pública, de septiembre de 1813, que planteaba la educación “igual completa y universal (a todos y de todo), uniforme, pública, gratuita y libre”. Se impartiría en tres niveles: las escuelas de Primeras Letras, establecidas en las capitales de provincia y regentadas por maestros examinados y habilitados, Los centros de Enseñanza Secundaria, con tres líneas de formación, Física y Matemáticas, Literatura y Artes y Ciencias Morales y Políticas, y las universidades, limitadas a diez, para todo el país, donde se estudiaría Derecho y Teología. El organigrama se completaba con una Universidad Central, en Madrid, y una red de escuelas superiores para cursar Medicina, Farmacia, Veterinaria, Navegación, Ingeniería y otras ramas consideradas técnicas. A juicio de Ruiz Berrio, en este informe se aprecia la influencia de Jovellanos, Meléndez Valdés, Marchena y otros reformistas de finales del siglo XVIII31. Por otro lado, cabe destacar en él la ausencia de alusiones específicas a la educación de las mujeres.
La segunda legislatura de las Cortes de Cádiz abordó con carácter prioritario un proyecto de ley que estaba ya dictaminado por la Comisión de Instrucción Pública presidida por Martínez de la Rosa, en el momento de la vuelta de Fernando VII. En él estaban presentes los hilos conductores del Informe Quintana. En esencia concebía la enseñanza, fundamentalmente en sus niveles básicos, como la formación de todos los individuos en “orden al discernimiento que suaviza las costumbres y contribuye al bienestar de los particulares…al mismo tiempo que proporciona la felicidad a la nación”32.
Pero los que durante un corto espacio de tiempo habían sido ciudadanos, dejaron de serlo el cuatro de mayo de 1814, por un Real Decreto que declaraba “nulos y de ningún valor” la Constitución de 1812 y los Decretos de las Cortes33. La educación volvió a ser competencia del Ministerio de Gracia y Justicia.
En junio de 1821 se elaboró un Plan General de Educación. Retomó los principios de 1812 y dio lugar a un amplio debate en las Cortes que redactaron un Reglamento General de Instrucción Pública para regular la enseñanza de niños y jóvenes de ambos sexos. En él se ordenaba establecer una escuela pública en cada pueblo de más de cien vecinos, con un maestro pagado por el Ayuntamiento. Además, se advertía a las Diputaciones Provinciales que debían tomar las medidas necesarias para que las poblaciones más pequeñas no se vieran privadas de uno de estos centros. La Iglesia y otras instituciones adquirieron amplias competencias y libertades en este campo, como probable signo de las dificultades para poner en marcha una infraestructura educativa (aún en este nivel) al margen de ellas. Por su parte la Dirección General de Estudios elaboró una exposición sobre la educación estatal un año más tarde. Contenía un proyecto para la enseñanza primaria y secundaria y en algunos aspectos establecía “el mismo plan, sistema y orden para los varones que para las mujeres”.
La entrada en vigor de esta normativa dependía de una serie de disposiciones complementarias, lo que impidió su aplicación inmediata. La reacción absolutista de 1823 cortó toda posibilidad de desarrollo legislativo posterior, porque la primera medida del nuevo gobierno en este terreno fue derogar el Proyecto de 1821.
Las novedades no llegaron hasta 1825 con el Plan Carlomade. El dieciséis de febrero de ese año, un Real Decreto aprobaba el Plan Reglamentado de Escuelas de Primeras Letras del Reino que consideraba diferenciada por sexos la educación básica, e iba acompañado de una normativa de pruebas para la provisión de plazas de maestros. En él se establecían escuelas clasificadas en cuatro categorías, con enseñanzas progresivas, para las niñas y los niños. Sin embargo, la diferencia era significativa: en los exámenes de magisterio se consideraba un mérito en las aspirantes femeninas saber escribir y contar, pero el desconocimiento de estas materias no era obstáculo para que obtuviesen su licencia. Se entendía que la enseñanza de “contar” era muy precisa para las jóvenes, por ello podía recurrirse al auxilio de un maestro o pasante “que hubiera cumplido cuarenta años…y enseñase a las más adelantadas”34.
Desde 1806, las maestras de Primera Educación habían podido abrir escuelas en Madrid o “en cualquier ciudad, villa o lugar del Reino” siempre que hubiesen obtenido el correspondiente título del Consejo. Pero, en el primer cuarto del siglo XIX, muchas de ellas no realizaban los exámenes correspondientes, ni tenían por tanto el título para ejercer como tales. Cualquier mujer, que supiera costura y leer, podía reunir en su casa a un grupo de alumnas a las que “educaba” por un corto salario, con muy escaso control de las autoridades locales. Se establecían ofreciendo su curriculum a las instituciones que patrocinaban centros de enseñanza, o simplemente solicitando permiso a los Ayuntamientos. Unas y otros solían ceder, en un panorama de falta de escuelas femeninas gratuitas públicas o subvencionadas.
Esa era la realidad en el mundo urbano español, de manera que, en el mejor de los casos, unas pocas niñas que podían pagar aprendían algo de doctrina cristiana, a leer medianamente y las labores que aquella sociedad consideraba propias para ellas. En el rural, lo era habitualmente la falta de cualquier tipo de establecimiento. Se paliaba, en muy escasa medida, por Ayuntamientos o instituciones como las Sociedades Económicas que solían exigir un cierto nivel a las docentes de las escuelas que respaldaban.
Sirva como ejemplo lo que los Amigos del País de León pedían a las que concursasen a regentar alguna de las que mantenían, en 1816 y 1820. Buscaban “mujeres de sólida conducta moral, con buenos conocimientos de lectura, escritura, rudimentos matemáticos y toda clase de labores domésticas, esencialmente corte y confección de piezas de costura de todo tipo, y tejido de calceta”35.
En el caso de los niños, la similar escasez de centros públicos era mitigada por los que ofrecían distintas órdenes religiosas, como escolapios, agustinos, dominicos y otras. Por lo demás, sus programas de enseñanza comprendían siempre, además de la doctrina cristiana, la lectura, la escritura, las reglas básicas de aritmética y algo de gramática, en ocasiones abarcaban también nociones de geometría, de geografía y de historia.
Después de la muerte de Fernando VII, a finales de 1833, las ideas y las políticas liberales influyeron de forma notoria en la planificación del sistema educativo español, y pusieron una atención especial en la enseñanza secundaria y universitaria destinada a las clases medias y altas, como escribiera Gil de Zárate:
a las más activas y emprendedoras, a las que se hallan apoderadas de los principales magisterios de Estado y de las proposiciones que más capacidad requieren, a las que legislan y gobiernan, a las que escriben, inventan, investigan y dan impulso a la sociedad conduciéndola por diferentes vías de civilización, en suma, a las que son el alma de las naciones36.
Todo ello para los varones, las mujeres no entraban en el proyecto. Para ellas seguía habiendo una instrucción elemental que se reducía a asistir algún curso a la escuela primaria con programas que no habían variado, y solo para unas pocas de la inmensa mayoría que componía las clases populares. Las de las privilegiadas podían aspirar a un poco más: lectura, escritura, aritmética rudimentaria, unos saberes culturales, compuestos por algo de música, francés, geografía e historia, normas de urbanidad y doctrina cristiana.
Por lo demás, la Inspección General de Instrucción Pública iba haciendo cumplir la ley en lo referido a las titulaciones de magisterio. Inicialmente los.
Ayuntamientos y otras instituciones se opusieron a que esta se impusiera de forma drástica alegando que, dada la escasez de maestros titulados, muchos niños quedarían desatendidos y se verían privados incluso de tan rudimentarias enseñanzas como las que se impartían en la mayor parte de las escuelas. Las presiones no fueron obstáculo para que muchos establecimientos públicos, privados o mantenidos con fondos institucionales tuviesen que cerrar sus puertas. Poco a poco fueron sustituidos por otros regentados por los nuevos docentes, eso sí, en un número mucho menor.
En algunas ciudades como León, el panorama mejoraba considerablemente en los años treinta. En 1835 los “innumerables” centros femeninos de enseñanza primaria abiertos en la década anterior se habían reducido a nueve, todos ellos a cargo de maestras tituladas. Estaban dirigidos por una comisión de vecinos de la ciudad, elegidos por el gobernador civil a propuesta del Ayuntamiento. Cuatro de ellos eran gratuitos, mantenidos con fondos municipales. La Sociedad Económica subvencionaba otro, al que asistían alumnas gratuitas y de pago37. En este, el plan de estudios comprendía: lectura, escritura, rudimentos matemáticos, doctrina cristiana, urbanidad y comportamiento social y labores domésticas. Las seis horas diarias de clase se dividían en mañana y tarde. La primera parte del día se dedicaba a las labores domésticas, exceptuando la de los jueves destinada al estudio de la urbanidad, la segunda, de lunes a viernes, a lectura escritura y reglas aritméticas. La tarde del sábado se ocupaba con la religión38.
En los años treinta se publicaron diversos reglamentos y planes de estudios, sin que una ley general abordase el ordenamiento y el control de la enseñanza en todos sus niveles. De ellos cabe destacar el Plan General de.
Instrucción Pública de 1836, inspirado por el Duque de Rivas. Planteaba la educación gratuita como principio absoluto, establecía Escuelas Normales para la formación de maestros y una específica para profesores de secundaria. No llegó a entrar en vigor.
El veinticinco de julio de 1838, las Cortes aprobaron el capítulo para la Instrucción Primaria de un nuevo Plan de Estudios en el que se sentaron las bases de su institucionalización. Fue inspirado por Pablo Montesinos, director más tarde de la Escuela Normal de maestros de Madrid, establecida ese mismo año. Se desarrolló mediante un Reglamento que fue considerado un documento pedagógico de gran significado ya en el siglo XIX39.
Afectaba esencialmente al magisterio y a los programas de enseñanza y estaba integrado por once títulos, precedidos de un preámbulo que puede considerarse una autentica guía didáctica para los maestros. Estos regentarían las escuelas públicas de las ciudades y pueblos de España por nombramiento de sus respectivos Ayuntamientos, previo examen en una Comisión Provincial que, de ser aprobado, les habilitaba para la obtención del título que expedía el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Dividía los centros primarios en elementales y superiores y reglamentaba la formación de los alumnos de cada nivel. En el primero, principios de religión y moral, lectura, escritura, principios de aritmética “o sea las cuatro reglas de contar por números abstractos y denominados”, y elementos de gramática castellana “dando posible extensión a la ortografía”, en el segundo, que se establecería en toda ciudad o villa de mil doscientos o más vecinos, mayores nociones de aritmética, elementos de geometría y sus aplicaciones más usuales, dibujo lineal, nociones generales de física y de historia natural “acomodada a las necesidades más comunes de la vida, particularmente la geografía y la historia de España”. Maestros y estudios quedaban directamente a cargo de una Comisión Superior de Instrucción Pública que se establecería en cada capital de provincia40.
En 1845, el siguiente Plan General de Estudios, se dedicó fundamentalmente a regular la enseñanza secundaria y universitaria. De carácter centralista y uniforme, dejaba la educación definitivamente en manos del Estado, declaraba la libertad de enseñanza y abría la posibilidad de establecer centros privados de secundaria, aunque sometidos a los requisitos que el gobierno estableciese, así como a su autorización expresa.
El nueve de septiembre de 1857 se publicó una nueva Ley de Instrucción Pública, la del Ministro de Fomento Claudio Moyano. Contempló todos los niveles de formación y la dividió en tres fases: la primera podía cursarse en las escuelas, públicas o privadas de Primeras Letras, la segunda en centros públicos o privados, la tercera en las universidades o escuelas profesionales públicas. Por otro lado, desarrollaba todo un programa de gestión escolar y reconocía el estatus que el Concordato de 1851 había otorgado a la Iglesia católica. El Plan concebía la enseñanza como un todo jerarquizado, desde las primeras letras al doctorado, y planteaba un principio: instrucción para todos, pero no igual para todos.
El Estado controlaba todo el sistema, los establecimientos públicos y los privados, pero sufragaba exclusivamente la educación superior. La primaria se declaraba obligatoria entre los seis y los nueve años y gratuita para todos aquellos que no pudieran pagarla, quedaba a cargo de los Municipios, aunque se contemplaba una ayuda estatal para aquellos que no pudieran suvencionarla, con una previsión reducida a un millón de reales anuales para todo el territorio nacional. La secundaria se encomendaba a las instituciones provinciales. Este sistema de financiación fue uno de los obstáculos que pusieron distancia entre el ordenamiento y su aplicación, especialmente en lo referido a las escuelas infantiles. Muchos Ayuntamientos fueron incapaces de abordar los gastos de su instalación y mantenimiento y por tanto de hacer efectiva la obligación que marcaba la ley, sobre todo en el mundo rural.
Se planteaba una instrucción primaria diferente para cada sexo. Si asistía a la escuela, un niño podía aprender a leer y escribir, adquirir nociones de aritmética, agricultura, historia natural, historia y geografía y una pequeña formación profesional que comprendía rudimentos de industria y comercio, geometría y dibujo lineal, además de doctrina cristiana. En la misma situación, una niña también aprendería a leer y escribir, principios de aritmética y doctrina cristiana, conocería la base de la higiene doméstica y se ejercitaría en las labores propias de su sexo y en los fundamentos de dibujo aplicados a ellas41.
Los estudios de secundaria debían comenzar a los nueve años y se estructuraban en dos ciclos. Las materias del primero venían a ser una ampliación de las de la escuela, el segundo ofrecía asignaturas predominantemente humanísticas. Se impartiría en un Instituto de Enseñanza Media que debía establecerse en cada capital de provincia y en algunas otras ciudades con una población importante, como Gijón o Vigo por ejemplo42.
El nivel más alto se circunscribía a las universidades y a diferentes escuelas superiores. Las primeras ofrecían carreras de Medicina, Farmacia, Teología, Derecho (Leyes, Cánones y Administración), Ciencias (Exactas, Físicas y Naturales) y Filosofía y Letras (Lengua, Literatura, Historia y Filosofía), aunque en muy pocas, de las diez que se contemplaban para el territorio nacional, podían cursarse todas o la mayor parte de ellas. Las segundas formaban en Ingeniería, Arquitectura y en las llamadas ramas profesionales: Veterinaria, Náutica, Profesorado Mercantil, Maestro Aparejador, Maestro Agrimensor y Maestro de Primera Enseñanza. El grado de doctor solo podía obtenerse en la Universidad Central de Madrid43.
La que se considera reorganización definitiva de los estudios superiores tiene en realidad tres momentos: la Ley de Bases de diecisiete de julio de 1857, la Ley de Instrucción Pública de nueve de septiembre del mismo año, de la que venimos hablando, y el Reglamento General para la Administración y Régimen para la Instrucción pública de 20 de julio de 1859. Para Celso Almuiña, en el ordenamiento hay una amalgama de “progresismo descafeinado, moderantismo, tecnocracia y unionismo centrista que tal vez sea la clave de su larga permanencia”, que él lleva hasta 1919/21. Por otro lado, encuentra algunos de sus principios como centralización, jerarquización, control, organigrama, financiación, secularización, igualdad y otros más, en el texto de Gil de Zárate de $1 8 4 5 ^ { 4 4 }$ .
No hubo en España otra ley general de instrucción pública hasta 1970, por lo que la Ley Moyano estuvo vigente, al menos como punto de referencia, muchas décadas. En ellas, algunos de sus aspectos se modificaron con enfoques diferentes, pero su espíritu y muchos de los fundamentos en los que se asentó permanecieron.
3. UN MODELO DE FORMACIÓN. ESCUELAS PROFESIONALES EN LEÓN. SIGLO XIX.
El concepto de formación profesional está directamente entroncado con la cultura del saber útil a que se ha hecho referencia en páginas anteriores. Esta parcela de la educación tiene una atención parcial por parte del Estado en el siglo XIX. Ya en el informe de la Junta que presidiera José Quintana, para materializar la intención del Título IX de la Constitución de 1812, se contemplaba la enseñanza profesional y técnica que se impartiría en Escuelas particulares, pero solamente para estudios superiores, como Medicina o Ingeniería. Como se ha visto, los grandes ordenamientos posteriores (las Leyes de Gil de Zárate o de Claudio Moyano, por ejemplo) se ocuparon de ella también, pero siempre en sus niveles más altos.
El espacio que pudiéramos considerar de grado medio o medio-elemental no se atendió a nivel nacional por iniciativa estatal hasta 1886, con la puesta en marcha de escuelas de formación profesional para artesanos y obreros. En ese año una ley reformó la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, y creó siete más en Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago de Compostela y Villanueva y la Geltrú, con el objetivo de formar maestros de taller, contramaestres, maquinistas y artesanos y promover la creación de pequeñas industrias45.
El ámbito de formación de los nuevos centros, que podríamos considerar herederos de las escuelas artesanales del siglo XVIII, tenía entonces una larga tradición sustentada por instituciones locales, en muchos lugares de España. Escuelas de Artes y Oficios y otros establecimientos de formación profesional funcionaban hacía varias décadas entonces, promovidos y mantenidos, en todo o en parte, por Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Sociedades Económicas, y en menor medida por Ateneos y otras asociaciones de corte liberal. Ellos habían cubierto, y seguirían haciéndolo después de 1886, la formación técnica a nivel popular.
Las Sociedades de Amigos del País, distintas en muchos aspectos de sus antecesoras del setecientos, conservaron en el siglo XIX algunos de los postulados que las habían alentado en sus primeros años, como la convicción de la necesidad del trabajo universal que la mentalidad burguesa había traído consigo, o el significado de la educación y su utilidad para el individuo, hombre o mujer, y para el Estado. Ambos están relacionados y en sí mismos no pertenecen a una corriente política determinada, aunque en España se estableciesen de la mano del Absolutismo ilustrado.
En la segunda mitad del ochocientos, las Económicas viven un momento histórico muy interesante, vinculado eficazmente a sus entornos locales y apartado, en esencia, de programas políticos orientados por la ideología de turno. Ello y una notable mejora en su financiación, les permitió centrarse en proyectos como la atención a la instrucción profesional que tuvieron un significado notable en muchas ciudades de provincia como León.
La Sociedad leonesa había mantenido, con alguna interrupción, una Escuela de Dibujo desde los primeros años de su existencia46. Aquel centro
46 Casi desde su fundación, la Económica leonesa mantuvo una Academia de Dibujo. En 1794 la traspasó al Ayuntamiento por problemas económicos. En esta primera etapa funcionó hasta 1808. “Estableció una Escuela de Dibujo que costó muchos reales disponer, en una pieza de formación de trabajadores cualificados buscó nuevas metas en el siglo XIX, mudó el signo de su alumnado y amplió sus objetivos, pero su base de utilidad práctica permaneció inalterada. En la declaración de intenciones de una de sus reestructuraciones, en 1838, se planteaba que su fin esencial era la “promoción de la riqueza pública” a través de la atención al artesanado, porque se consideraba más necesario “para la provincia y para la nación el cultivo de las artes útiles que el de las ciencias especulativas”. Con él se intentaba completar el Plan General de Educación preparado por el Gobierno que contemplaba un Instituto de Enseñanza Media y un Seminario para León. En estos se estudiarían ciencias humanísticas, en aquel otras más prácticas. En consecuencia, su plan de estudios comprendía las asignaturas de Dibujo artístico y lineal, Aritmética y Geometría, con dos recorridos de formación, uno de dibujo y otro de economía práctica en relación con las artes47.
Los dos centros oficiales tardaron varios años en abrirse, pero entonces se entendía que con ellos y el de la Sociedad se cubría someramente la educación de la juventud masculina leonesa. El deseo de mantenerle en la línea de formación profesional se hace patente ese mismo año, cuando se rechaza la propuesta del profesor y algunos alumnos de la clase de matemáticas para dar a esta sección mayor autonomía y profundidad, introduciendo en ella estudios de álgebra y otras materias que se considerasen esenciales como preparación para carreras superiores. La Sociedad entiende que estas disciplinas no son necesarias para la formación del artesanado, que era su objetivo prioritario48.
En los años siguientes pasó por diversas vicisitudes, ligadas esencialmente a problemas de financiación, pero también al aumento de asignaturas de forma anárquica y a la asistencia irregular de los alumnos, por lo que en muchos casos su formación se consideraba deficiente. Acabó cerrando sus puertas en 1845. En esta etapa se ubicó en una pieza cedida por el Ayuntamiento en el Consistorio de la Plaza Mayor.
Diez años más tarde se restableció con una orientación distinta en un aula acondicionada en el antiguo convento de las Catalinas. Se planteó como la escuela artesanal que había sido, pero también como una de grado medio, base para el acceso a Ingenierías o Bellas Artes. Ofrecía dos líneas de estudios: dibujo artístico, en cuatro cursos y dibujo lineal, en tres; los alumnos podían matricularse en una o en ambas y su instrucción no implicaba la permanencia de un número determinado de años porque se les daba la facilidad de estudiar dos cursos a la vez, ya que todos ellos se impartían en el mismo aula y horario. El periodo lectivo iba de comienzos de noviembre a finales de mayo, con clases por la tarde, de seis a ocho en invierno y de siete a nueve en verano. No se toleraban faltas de asistencia injustificadas y tres eran motivo de expulsión.
En esta etapa los estudiantes fueron de pago y gratuitos. Estos procedían de familias pobres, o de artesanos humildes, aquellos lo eran preferentemente de las de Amigos del País. Una vez que cubrían sus plazas, la matrícula se abría a cualquier adolescente de la provincia que pudiera pagar veinte reales por curso, u ochenta desde 1875. En ambos casos debían ser mayores de doce años y saber leer y escribir correctamente. Su número total y los porcentajes de cada colectivo variaron bastante de unos años a otros. Dos ejemplos: en el curso 1864-65 se matricularon cincuenta adolescentes, quince de “gracia” y treinta y cinco de pago49, el 1879-80 sesenta y dos, veintiséis del primer grupo y treinta y seis del segundo50. En el caso de los primeros, las solicitudes solían ser bastante superiores a las admisiones. Habitualmente eran aprendices de carpintería o ebanistería, sobre todo hijos de viudas y jornaleros o miembros de familias numerosas sin recursos.
A lo largo de su historia decimonónica la Sociedad leonesa cuidó de forma extrema el nivel académico del profesorado de sus centros. La Escuela de Dibujo no fue una excepción. En los años veinte y treinta Fernando Sánchez Pertejo, arquitecto municipal y Amigo del País, se encargó de la enseñanza de dibujo y Mariano Álvarez, ingeniero e hijo de socio, de la de matemáticas. Ambos lo hicieron de forma gratuita. En la segunda mitad del siglo, la colaboración económica del Ayuntamiento y la Diputación permitió convocar a oposición la entonces única plaza de profesor, con un salario de seis mil reales anuales. En 1860 los seleccionados en una primera vuelta fueron: un delineante de la Dirección de Caminos en el distrito de Ponferrada, un alumno de la Academia de Bellas Artes de Valladolid, un topógrafo con conocimientos de matemáticas y arquitectura, un maestro de dibujo formado en la Academia de la Purísima Concepción de Oviedo y un especialista en dibujo de ornato. Se otorgó el puesto al primero, Lorenzo Fuentes, que lo desempeñó varios años.
Los concursos posteriores tuvieron una tónica similar. A partir de 1868 el examen exigía dos ejercicios, uno teórico consistente en una prueba oral sobre aritmética, geometría plana, principios de perspectiva y sombra y órdenes de arquitectura, y otro práctico con dos partes: presentación de una serie de trabajos realizados por el aspirante, uno de los cuales, a elección de los jueces, debía ser copiado en el acto y resolución de un caso práctico propuesto por el tribunal. En una ocasión el concurso se dejó desierto porque ninguno de los aspirantes alcanzó el nivel exigido. Entre 1868 y 1881, año en el que las enseñanzas de la Academia se integran en la Escuela de Artes y Oficios, solamente hubo dos profesores, ambos como titulares únicos, separados por un corto periodo de tres meses cubiertos por un interino51
¿Qué significó este centro en León? ¿En qué medida influyó en la formación de los jóvenes de la capital? Dadas las cifras de matrícula debe hablarse de una importancia cualitativa más que cuantitativa y esta reflexión trasladarse también al nivel de formación de sus alumnos. Su permanencia en la Escuela suele estar entre dos y tres años, pero eso no significa que en ese tiempo completasen sus estudios. A pesar de las reiteradas advertencias de expulsión por faltas de asistencia, estas debían ser, si no habituales, si frecuentes. En muchas ocasiones hubo quejas de los profesores al respecto, y denuncias en su repercusión negativa en el grado de formación de algunos al final del curso. Por otro lado, no todos los matriculados rendían cuentas en los exámenes que se celebraban y no eran muchos los que obtenían calificaciones aceptables. De nuevo el aludido año académico 1879-80 puede servir de referencia, porque los porcentajes no variaron mucho entre este y otros. Se examinaron la mitad de los alumnos oficiales, es decir treinta y uno, tres de ellos de asignaturas de dos cursos distintos. Diecisiete habían entrado en noviembre en la Academia, era por tanto su primer año en ella, otros diez estaban en el segundo y solo uno en el cuarto. Once de esos ejercicios obtuvieron la calificación de sobresaliente, entre ellos el que pertenecía al estudiante del último curso, seis la de notable, catorce la de bueno, uno la de aprobado y tres la de suspenso52.
En 1859 la Sociedad tenía una cierta holgura económica que se propuso destinar a algún asunto de utilidad pública. Los socios optaron por poner en marcha una Escuela de Música, ya que no existía en la ciudad ningún establecimiento de este tipo, con el fin de dar una profesión útil a unos y “un adorno o una educación esmerada a otros”. Por diferentes cuestiones retrasó su apertura hasta 1863 y funcionó de forma independiente hasta 1881.
Su ordenación académica planteó los estudios divididos en tres secciones: “solfeo y piano”, “instrumentos de cuerda” e “instrumentos de viento y percusión”. Al frente de cada una de ellas hubo inicialmente un maestro, aunque no siempre fue así. En ocasiones un solo director llevaba el peso de la enseñanza, aunque entonces contaba con uno o dos ayudantes. El periodo lectivo era de diez meses anuales, con los de julio y agosto de vacaciones; las clases se impartían de cinco a ocho en otoño e invierno y de seis a nueve en primavera.
Los alumnos eran de pago, preferentemente hijos de socios, que abonaban diez reales de matrícula y ocho mensualmente, además de aportar su instrumento de estudio, excepto el piano, y gratuitos, comprometidos a una permanencia de al menos cinco años y a formar parte de la orquesta que inmediatamente se creó con estudiantes de cuerda y viento. Unos y otros debían tener a su entrada al menos diez años y saber leer y escribir53. A mediados de los años setenta se unieron a ambos grupos soldados nacidos en León y pertenecientes al batallón “Castilla la Vieja”, futuros músicos de una banda que su coronel trataba de formar54, y adolescentes del Hospicio de la capital55. De esta forma, treinta y cinco muchachos pasaron a engrosar las filas de matriculados en el curso 1876-77. Ese año fueron ochenta y cinco en total, los anteriores habían sido entre cincuenta y poco más de sesenta. La mayor parte de ellos tenía entre catorce y dieciocho años56 .
La Academia estuvo bien dotada. El Ayuntamiento cedió una buena parte de los instrumentos necesarios: treinta y seis de viento, clarinetes, flautas, trombas, trombones… y siete de percusión, bombo, platillos redoblante…, procedentes de la antigua orquesta municipal de la ciudad. La Sociedad compró algunos más: nueve violines, una viola, dos violoncelos y un piano, así como obras de texto de maestros como Albéniz, Romero, Cordero, Esteba y otros. El material se complementaba con atriles, diapasones, otros utensilios necesarios para la docencia y la interpretación y los métodos básicos para el estudio de la cuerda y el viento57.
El nivel del profesorado puede apreciarse en los curricula de los opositores cada vez que una de las plazas quedaba vacante. Entre ellos encontramos al maestro de capilla de la Iglesia Mayor de Santo Domingo de la Calzada, al director de la orquesta del teatro de Oviedo, a un catedrático de piano y órgano del Conservatorio de Zamora, al músico mayor del Regimiento Provincial de León, o a otros que simplemente se definen como profesores de diferentes instrumentos. No hubo muchos maestros en los casi veinte años que el centro funcionó independiente, la permanencia es también la tónica en él. Su salario varió entre los tres mil y los seis mil reales anuales, dependiendo de que su dedicación fuera exclusiva, o no, y de que además dirigiesen la orquesta en sus actuaciones58.
La orquesta de Escuela se convirtió en poco tiempo en la oficial de la ciudad. Estuvo compuesta por en torno treinta músicos, con escasas variaciones en el tiempo. Desde la primavera de 1867 tuvo una vida muy activa y ofreció conciertos gratuitos todos los domingos en el paseo de San Francisco, según la costumbre de las bandas de música subvencionadas con fondos que, en todo o en parte, procedían de Municipios o Diputaciones. La de la Sociedad buscaba así tanto prestigiar su Academia, como justificar las ayudas económicas que recibía. Las autoridades y las instituciones locales públicas y privadas (el Ayuntamiento, el Casino, el Círculo de Amistad y otras) la requirieron con frecuencia para procesiones, funciones de teatro, conciertos, veladas musicales, bailes y otros eventos59. Estas actuaciones eran remuneradas y sus beneficios se repartían entre la Económica, que se quedaba con la mitad, y los profesores y alumnos que se distribuían el resto a medias. Las funciones de teatro reportaban entre sesenta y ochenta reales, las procesiones entre ciento cinco y ciento sesenta, un baile nocturno ciento veinte, uno de tarde sesenta, un contrato para las fiestas de León mil. A modo de ejemplo cabe señalar que la orquesta obtuvo ocho mil reales por sus contratos en 1867, de los que cada músico -entonces eran treinta y dos- se llevó sesenta y seis con sesenta céntimos60.
En 1881 la Sociedad estableció una Escuela de Artes y Oficios en la que se fundieron las diversas líneas de formación que mantenía. Además de las enseñanzas de las Academias de Música y Dibujo, acogió otras que la institución venía ofreciendo a modo de cursos anuales: Francés, Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros que, a su vez, eran los flecos de una malograda idea de poner en marcha una Escuela de Comercio. Su modelo fue el de sus homólogas de Madrid y Barcelona61. En ese momento estos centros comenzaban a extenderse en España, no solo en las grandes ciudades, sino también en otros lugares. Valladolid, por ejemplo, solicitó el suyo, como anejo a la Academia Provincial de Bellas Artes y le fue autorizado por la Dirección General de Instrucción Pública en el mismo año en que se ponía en marcha el de León62.
Los Amigos leoneses lo fundaron con el apoyo de Ayuntamiento de la capital que se comprometió a una contribución de quinientas pesetas anuales para su mantenimiento. Se orientó a jóvenes de toda la provincia, a los que pretendía ofrecer una educación con base científica práctica:
porque el principal y el operario de un establecimiento industrial necesitan algo más que saber manejar las herramientas conocidas desde tiempos lejanos, deben poseer varios conocimientos para que su trabajo pueda ser productivo y colocarlo a la altura que alcanza en otras naciones, y esto exige un grado de cultura que deben adquirir, necesitan llevar sus libros de contabilidad, conocer algo de lo que con el comercio se relaciona. Y sin todo esto nunca saldrán del estado de postración en el que se encuentran las artes y los oficios, elementos de producción en que debe fijar su atención el país.
Planteaba tres líneas de estudio. Música, Dibujo y una especie de formación adaptada a un pequeño empresario artesanal o industrial, en cuatro años académicos 63.
El plan de estudios tenía dos recorridos posibles. El primero recogía las asignaturas destinadas a la formación empresarial. En el año inicial: “Elementos de gramática española y ejercicios de comprensión” y “Aritmética elemental y elementos de álgebra”. En el segundo: “Idioma francés” y “Teneduría de libros, usos comerciales, legislación y cambios”, en el tercero: “Geometría aplicada a las artes y oficios. Nociones de levantamiento de planos” y en el cuarto: “Nociones de mecánica aplicada” y “Nociones de geometría descriptiva”. El segundo estaba destinado a los estudios de dibujo y música, con líneas independientes y dos asignaturas, una de cada rama, en tres cursos. En el primero: “Dibujo de figura” y “Primero de solfeo e instrumentos de cuerda y viento”, en el segundo: “Dibujo lineal y topográfico” y “Segundo de solfeo e instrumentación de cuerda y viento” y en el tercero: “Dibujos acotados” y “Tercero de Solfeo e instrumentación de cuerda y viento”. El cuarto año de esta línea excluía la formación específica, sus materias tenían un tinte más general: “Materiales”, “Geografía comercial” y “Física y química”. El periodo lectivo iba del uno de octubre al uno de julio, en horario de cinco a ocho de la tarde, desde comienzo del año académico a febrero y seis a nueve, desde ese mes hasta el fin de curso64.
Los alumnos fueron gratuitos y de pago. Tenían libertad para matricularse en una o varias asignaturas con horarios compatibles o en un curso completo, pero si alguno deseaba hacerlo en unas u otro superiores, sin haber pasado por los correspondientes inferiores, debía acreditar los conocimientos que se le exigiesen mediante un examen. En Francés, Aritmética, Geometría y todas las asignaturas de dibujo, se admitían hasta veinte de los primeros y cuarenta de los segundos, en solfeo, veinte de cada grupo, que se ampliaban a treinta para cursar exclusivamente la instrumentación de cuerda y viento. Estas plazas no eran intercambiables. Los hijos de socios abonaban veinte reales mensuales por estudiar dos asignaturas compatibles y cinco por cada una más que eligiesen; los demás particulares ochenta en el primer caso y diez en el segundo. El acceso a las materias de música podía hacerse con ocho años, el de las demás requería doce, siempre sabiendo leer y escribir. En el curso 1883-84, se matricularon en la Escuela ciento veinticuatro estudiantes65.
El cuerpo de profesorado estuvo compuesto por los maestros que trabajaban en los centros que mantenía la Sociedad, además de algunos nuevos. Todos ellos con un salario de dos mil reales anuales, sin dedicación exclusiva66.
Este fue el único centro de formación profesional que existió en León en los años finales del siglo XIX.
CONCLUSIONES.
Los ilustrados españoles preconizaron dos conceptos en el ámbito educativo: el “saber útil” contrapuesto al conocimiento “inútil” derivado de los sistemas tradicionales de enseñanza y su extensión a todas las capas de la sociedad. En la segunda mitad del siglo XVIII, intelectuales y políticos pretendieron un nuevo modelo formativo, una instrucción universal, muy diferenciada por estamento y sexo, como vehículo esencial para el progreso económico. Fruto de las ideas y de las políticas surgieron ordenamientos varios y establecimientos de índole diversa, que en definitiva fueron los primeros intentos de control de esta parcela de la vida pública por parte del Estado.
En los niveles educativos básicos, las escuelas de Primeras Letras y las artesanales femeninas y masculinas representan los pasos iniciales de un intento de alfabetización y de incorporación al trabajo de una parte mayoritaria de la sociedad, con un programa casi utópico, fiado en buena medida a instituciones locales, Ayuntamientos fundamentalmente, y a las Sociedades Económicas de Amigos del País. Hablamos de unos pocos centenares de establecimientos en capitales o villas grandes que acogieron en cada caso algunas decenas de niñas y niños, con una organización muy escasa a nivel nacional y una financiación irregular, nunca dependiente del Estado.
En los estadios superiores, muchas propuestas y muchos reales decretos, basados, unas y otros, en el reconocimiento, a veces preciso, de las deficiencias del sistema. De todo ello cabe destacar los intentos de reforma de la universidad y algunas realizaciones. En el primer caso, el de comienzos de los años setenta, el de 1798 con Jovellanos en Gracia y Justicia, y el de 1807. No fueron baldíos, aunque el primero chocara con el inmovilismo de los claustros de las universidades mayores, Salamanca, Alcalá y Valladolid, y el segundo y el tercero se malograran, en buena medida, por los acontecimientos políticos relativos a ambas fechas. Algo se logró, y algunos intelectuales y políticos tomaron conciencia de la necesidad de una profunda reforma de la estructura y los usos universitarios. En cuanto a las realizaciones, se establecieron nuevas cátedras, y comenzaron su andadura estudios superiores y centros de investigación en la línea de otros europeos, desde el Real Seminario de Vergara a los distintos gabinetes y laboratorios de Madrid y otras ciudades.
El siglo XIX tiene otro cariz. Los primeros liberales heredaron de los ilustrados la preocupación por la educación. Ahora el motivo es esencialmente político. En el terreno programático, y solo en él, los ciudadanos conformaron un bloque con una serie de derechos que debían estar garantizados por el Estado, y en ese sentido la educación, utilizada de nuevo para terminar con los problemas de la nación, se proponía en términos de universalidad, unidad, carácter público y libertad. Desde la Constitución de 1812 hasta la Ley Moyano de 1857, los sucesivos planes giraron en torno a ellos, los ampliaron, los redujeron o los matizaron para acordarlos a las ideas conservadoras o liberales y los aplicaron, en distinta medida, a todos los niveles formativos.
El nueve de septiembre de 1857 se publicó la Ley de Instrucción Pública, salida del Ministerio de Fomento de Claudio Moyano. Ordenó definitivamente la educación y la dividió en tres niveles: la de Primeras letras que se adjudicó a las escuelas públicas o privadas, la secundaria, también a centros públicos y privados y la superior a las universidades o en las escuelas profesionales, en ambos casos públicas. El Estado financiaba exclusivamente esta última; la primaria, obligatoria y gratuita para todos los que no pudieran pagarla, quedaba en manos de los Ayuntamientos y la secundaria en las de las instituciones provinciales. Esta ley, que con distintos retoques estuvo vigente hasta 1970, establecía una instrucción diferenciada por sexos. En sus primeros niveles tardó varias décadas en hacerse realidad.
Este y otros ordenamientos implicaron en sus planes nacionales a la Iglesia católica y a otras instituciones más o menos privadas. Entre ellas cabe destacar a las Sociedades Económicas de Amigos del País que mantuvieron su actividad en aquella centuria. Como ejemplo pueden citarse los centros de formación profesional que sostuvo una de ellas, la de León, como tantas otras de capitales y villas de España. Se trataba de escuelas de índole diversa que heredaron la línea práctica de su primera actividad educativa, pero que entonces estuvieron dirigidas a sectores amplios de la sociedad poco atendidos en esta parcela formativa, porque hasta 1886 no se contempló la creación de establecimientos profesionales que pudiéramos considerar de grado medio (fueron las Escuelas de Artes y Oficios) a nivel programático y con carácter nacional.
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