Los fugitivos y el título sobre ellos del Liber Iudicum.
Amancio Isla Frez \*.
RESUMEN.
ABSTRACT.
El artículo critica la idea de que las leyes visigodas sobre fugitivos reflejan la continuidad de la esclavitud clásica y, además, una especie de caos final en el último momento del reino. Un estudio cronológico de las leyes y sus cambios pone de relieve un Estado que busca defender su papel tradicional, aunque los poderes locales ya no están interesados en esa defensa. La evolución de las disposiciones legales muestra también el abandono de las áreas rurales por los grandes propietarios a fines del siglo VII. También se destaca la complejidad detrás del término fugitivo.
The paper argues against the idea of the Visigothic laws on fugitives expressing the continuity of classical slavery and besides a kind of final chaos at the end of the kingdom. Studiyng the different laws and their changes chronologically arises the picture of a State anxious to defend its traditional role in which its own local powers are not interested. The evolution of the legal dispositions shows the abandonment of the rural areas by the rich landowners at the end of the seventh century. Complexity in the meaning of who these fugitives were is also stressed.
PALABRAS CLAVE: Esclavismo. fugitivos. Asentamientos rurales. Ley visigoda. Reino visigodo.
KEY WORDS: Slavery. Fugitives. Rural settlements.
Visigothic law. Visigothic kingdom.
El título referente a los fugitivos recoge en la edición de Zeumer del Liber Iudicum veintiuna leyes. No se trata en sí de un número excepcional, por cuanto hay títulos con muchas más disposiciones, pero resulta una cantidad considerable para un tema tan concreto.
De esta profusión de leyes se ha deducido la impor tancia del tema e, incluso, cier to dramatismo del mismo. En efecto, dada la promulgación en época recesvindiana del Liber y, más aún, la existencia de algunas novellae sobre el problema, se ha destacado un crescendo que concluiría con la destrucción del reino de los godos, es decir, la cuestión de los fugitivos sería testimonio de la gran debacle visigoda en el aspecto social, económico y político 2.
Quizá debería observarse esta cuestión con mayor ponderación. Algunos ejemplos, próximos en muchos sentidos, podrían haber advertido de la complejidad del fenómeno: también son abundantes y, sobre todo, crecientes las disposiciones sobre los judíos y, sin embargo, no derivamos de ellas una multiplicación del número de hebreos, sino que las relacionamos con fenómenos ideológicos y culturales.
Las leyes y el propio tema de los fugitivos tienen notable interés para precisar una serie de realidades sociales y económicas próximas, fundamentalmente la pretendida perduración del esclavismo antiguo, que tendría en estas disposiciones una muestra de la crisis y, al tiempo, de su perduración. En opinión de Bonnassie en los últimos años del siglo VII –de nuevo, pero no finalmente– “el sistema está al borde del desplome” 3.
Por otro lado, un análisis de este título del Liber puede ayudarnos a comprender cómo era construido un código legal como el visigodo.
Las leyes del título sobre los fugitivos contenidas en el Liber Iudicum no forman un todo homogéneo, en realidad pueden clasificarse en varios grupos en función de su cronología. Estaríamos ante:
– Un bloque mayoritario compuesto por las antiquae. Son 16 leyes, las tres cuartas partes del total.
– Hay una antiqua reformada en modo poco precisable por Chindasvinto.
– Cuatro leyes nuevas. Una de Chindasvinto, dos novellae de Ervigio y una de Egica/Vitiza.
Una primera mirada al conjunto muestra el carácter repetitivo de las disposiciones. Exploraremos en primer lugar las antiquae y destacaremos las cláusulas básicas:
La prohibición de acoger al fugitivo y el castigo de entregar uno propio en 1 es paralela a la primera parte de una ley constantiniana (C. J., VI, 1, 4). Estas disposiciones se acompañan en la segunda ley del Liber de la prohibición de ayudar a escapar a un fugitivo ya prisionero. El castigo es económico (10 solidi) o físico (100 flagelos) y, además, en caso de no hallarse al fugitivo el infractor tendrá que entregar al propietario un siervo o a sí mismo (2).
Con la 3 aparecen las posibles dudas ante la condición personal del fugitivo. Allí se dice que, si se acoge un servus, debe llevarse al juez en un plazo de ocho días; en caso contrario, como vemos que es castigo habitual, habrá de pagar al propietario un siervo, o dos si no aparece el fugitivo.
En la 4 se analiza el problema ya intuido en la anterior, que lo eludía bajo la forma de afirmar mancipium inventus o Si cuiuslibet servus ad aliquem latens advenerit. Aquí, en la 4, se trata el tema de quien recibe a alguien creyendo que es un viajero y le da albergue. Si el acogimiento es muy breve –una noche o similar– quien lo recibe se exime con un juramento, pero, si es más tiempo, debe encargarse de averiguar el recorrido del servus.
La 5 vuelve al tema de la ayuda deliberada al siervo fugitivo 4. El castigo ya no es econó- mico, sino la entrega de dos servi junto con el huido. El asunto tiene su interés, porque de hecho, deja sin efecto 2 que castigaba comportamientos similares con un esclavo. Mas también se opone a lo previsto en 1 que castigaba el acogimiento al fugitivo con un esclavo; en 5 se duplica esa pena.
La 6 vuelve a tratar el tema del acogimiento de alguien del que no está clara su condición. Establece medidas semejantes a 3. Que se presente al iudex, al que se añade aquí el vicarius e, incluso, el maior loci para que se produzca el interrogatorio que lleve a su identificación social 5. Si ello no se hace en el plazo de ocho días, quien lo ha acogido se convierte en firme receptor y su castigo es de un esclavo más el fugitivo, si éste no aparece, de dos.
También 6 se opone a 5, pues, en los castigos que establece y en su planteamiento, 6 sigue la tradición de las primeras leyes del título, especialmente de 3, precisando el desarrollo de esa interrogación del fugitivo. Aparte de esta matización sobre la investigación, la 6 habla del acogimiento de un ignotus homo, de alguien del que se duda su condición, mientras que la 3 se refería directamente a servus.
La 7 vuelve a tratar sobre la ayuda prestada al fugitivo, aunque lo hace desde una perspectiva novedosa, la del servus que indica el camino a seguir al fugitivo. El castigo es obviamente físico: cien latigazos. El castigo físico no resulta elevado en comparación con leyes anteriores. La ayuda a recuperar la libertad era en 2 castigada con cien flagelos, además de la recuperación del siervo o la compensación al dominus por el mismo. Gracias a esta ley podemos suponer que el castigo de cien latigazos en 1 se refiere fundamentalmente a personas de condición servil.
La 8 vuelve al tema de la investigación a realizar sobre el fugitivo y a la obligación de quien lo ha acogido de presentarlo ante los maiores –aquí denominados priores loci–, los vilici o praepositi. Una vez cumplido este paso, puede guardarlo el tiempo que tarde en aparecer el dominus del esclavo e, incluso, si éste huye, queda quien lo acogió libre con un juramento de no haber propiciado la nueva fuga.
No se explicita en 8 el plazo de esta presentación como hacían 3 y 6, ni los castigos derivados de tal incumplimiento. Tampoco consta en 8 la obligación de acudir al iudex, de lo que hay que colegir un control más $1 2 \times 0$ por parte de la autoridad que en 3 y también que en 6 6.
IX, 1, 10 es una ley sobre un tema concreto, que afecta a quien ha vendido un servus fuera del reino y, habiendo retornado, lo pone a la venta de nuevo. La ley hace pensar en una geografía –y también en una cronología– en la que había un gran desarrollo del reino visigodo al norte de los Pirineos. Estaríamos posiblemente ante una ley redactada con anterioridad al 507, pero que aún quedaba recogida en el Liber un siglo y medio más tarde a pesar de su escasa utilidad.
La 11 trata de evitar que la huida y el acogimiento sean una trampa urdida por el dueño del fugitivo para obtener alguna compensación del propietario de donde se ha refugiado. Como advierte Zeumer, la fuente es una ley de Constantino recogida en C. J., VI, 1, 4.
La 12 trata el tema de los fugitivos que se hacen pasar por libres, llegando así a obtener trabajo, recibiendo, por tanto, una merces, un salario. Quien lo ha empleado queda libre de castigo, debiendo entregarse al dueño del esclavo los salarios obtenidos. En la ley no figura, sin embargo, ningún procedimiento investigador. Quizá porque el fugitivo ha conseguido engañar a quienes lo interrogaron o, más bien, porque en ciertos casos, inducidos por aspectos diversos, especialmente los externos, algunos individuos eran acogidos y obtenían trabajo como asalariados sin que hubiera pesquisa sobre su condición.
Por ello en la recensión ervigiana esta ley recibirá varios añadidos. Uno en este sentido apunta a cierta actuación judicial, pues el juez no lo ha de considerar siervo fugitivo. La apostilla cierra la cuestión, pero lo hace desde la propia legislación de Ervigio como veremos. Al menos antes de ella parece que quedaba abierta la posibilidad a que en determinadas situaciones no hubiera investigación o en cualquier caso que ésta dejara mucho que desear, de modo que casi se daba por bueno que un servus ingenuum se esse dicat.
El encabezamiento de la 13 hace referencia a los fugitivos que han sido hallados en una casa, pero su interés se centra en la situación que ha de soportar el así encontrado hasta que se cierre el procedimiento. La ley indica que ha de ser entregado a quien lo reclama, pero quien lo acogió debe obtener seguridad de que el supuesto dueño no lo someterá a tormento hasta que se dirima si es siervo o libre. Si quien lo ha reclamado no da tales seguridades, ha de quedar el siervo en poder de quien lo acogió hasta que se lo reclame el juez.
La 14 introduce un tema no apuntado hasta entonces. Quienes capturaban y retornaban a uno de estos fugitivos tenían derecho a una bonificación. El premio establecido es el de un tremís por cada treinta millas de distancia entre el lugar de captura y el de procedencia. La norma es interesante, pues pone de relieve que el legislador está pensando en recorridos relativamente cortos; distancias más largas podían suponer un excesivo gasto para el dominus. Además, la ley nos muestra que podían producirse situaciones derivadas de estos traslados. Por una parte, cabía la posibilidad de que el fugitivo volviera a huir ; también que el fugitivo, mediante merces, obtuviera del captor ayuda para seguir su huida. En tal caso, el captor habría de entregar un siervo o dos si el fugitivo no pudiera volverse a apresar.
En la 15 se introduce el servus fugitivus que se afirma ingenuo. En tal caso –así se deduce de la ley– podía asentarse en algún lugar y unirse a alguna mujer libre, convenciendo a los padres y parientes de la mujer, o incluso al juez, que podría inspeccionar la situación a instancia de la mujer. El dueño del esclavo no podrá hacer nada contra la mujer ni sus hijos, que siguen la condición de la madre. Parece apuntarse, incluso, la posibilidad de un acuerdo entre las par tes para que el esclavo se quede con su familia.
La 19 a primera vista es una ley que no parece muy relacionada con las demás. Se refiere a cuando un libre o un esclavo sabiéndolo da cobijo a ladrones. La norma pone de manifiesto una de las actividades propias de los esclavos fugitivos, como ya preocupaba a Símaco 7.
La 20 considera elementos que habían aparecido en otras leyes. Allí se establecen garantías para que el fugitivo sea entregado con todo aquello que se le encontró. Tales preocupaciones estaban también en 14 y de manera difusa en 17 y en 12. Quizá hay interés por bienes del dueño que pudiera haber robado el fugitivo en el momento de la huida, pero también podríamos estar ante cosas que formaran parte del peculio del fugitivo, sobre las cuales se sentía con derecho el propietario.
Además de estas leyes antiquae hay una ley enmendada por Chindasvinto, la 17. La ley hace referencia a posibles ingresos que el fugitivo pudiera acumular en su huida. Si son debidos a su trabajo (de artificio suo), han de quedar en poder del dominus, si proceden del robo –de nuevo aparece una de las dedicaciones posibles de estos personajes–, deben retornarse a quienes lo sufrieron. Si hizo algún daño, debe compensarlo quien lo haya acogido.
La novella de Chindasvinto, la XI, 1, 18, explica en primer lugar un elemento tópico, pero quizá muy apropiado en esta ocasión: las leyes antiguas están siendo pervertidas. Se difiere el retorno del fugitivo para poder utilizar su trabajo y los dueños tienen que hacer largos y costosos viajes. Ante tal situación se produce con esta ley de Chindasvinto un aumento de las penas. En efecto, frente a toda la tendencia anterior que iba en el sentido tradicional de componer el doble, la ley castiga a quienes se retrasan en las entregas a dar cuatro siervos o cinco si no se presenta al fugitivo. Estamos, pues, ante un salto muy notable, que la propia ley justifica por el escaso cumplimiento de la norma anterior. Por tanto, se pone de manifiesto una importante revelación que esta legislación sobre los fugitivos apenas tenía efecto. El legislador espera que con la multiplicación de penas pueda combatirse el fenómeno.
Esta preocupación por el fenómeno de los fugitivos debió ser creciente y en época de Ervigio se produjo una verdadera revisión del problema. La ley 9 trata de dar una respuesta general a las diversas situaciones que se puedan producir. De hecho, lo que hace es reorganizar el material anterior: si el fugitivo es recibido temporalmente e incluso obtiene alguna limosna, el receptor queda libre; si es acogido durante más días debe darse notificación a los priores loci, al iudex, vilicus o praepositus en el plazo de ocho días. Si el dueño está lejos, debe el captor ocuparse del traslado, por lo que recibirá un tremís por cada treinta millas, estableciéndose incluso un procedimiento para que este viaje pueda acortarse.
Si ni lo presenta al juez ni lo entrega al dueño, tiene que entregar otro siervo, por tanto serían dos junto al fugitivo. Así pues, vemos cómo se obvian en esta ley las duras disposiciones de Chindasvinto, que, como hemos visto en 18, castigan a los disruptores con la entrega de cuatro o cinco servi. También se ignora lo dispuesto en 5, que establecía la entrega de dos servi más el fugitivo. Es una vuelta a las penas habituales, lo que muestra una voluntad de mantener la tradición, pero también parece testimoniar la renuncia a unos castigos que no solucionaban el problema.
La tarea de Ervigio ha sido la de reunir el material disperso y sistematizarlo. Por ello, quizá alguna ley que había encontrado lugar en recensiones anteriores, quedó en la ervigiana apeada. Es el caso de la 8, pero en cualquier caso su aportación pasó a la ley ervigiana.
Una de las novedades que son recogidas en esta ley es la aparición de un testigo idóneo que ha de acudir con quien denuncia al posible fugitivo. Obviamente estamos ante una innovación cuyo sentido es confirmar esa actuación, de manera que no pudiera ser negada con posterioridad.
La otra ley ervigiana es la 16. Un problema quedaba al margen de la 9 que, sin embargo, había recibido tratamiento en una antiqua. En el caso de que el prófugo, tenido por libre, se uniera a una mujer de esta condición y engendrara hijos.
Si la ley 9 era una recopilación y ordenación del material precedente, la 16 implica un paso más en el castigo contra los fugitivos, pero, de hecho, para reforzar el castigo, se cambiaba el sentido de la legislación anterior.
La 16 dictamina que el dominus no sólo tendría derecho al fugitivo, sino también a los hijos e incluso el peculio. El cambio de sentido es tan brusco que en algunos manuscritos llegaron a introducirse salvedades en el sentido de lo tratado en la 15.
De este modo, vemos cómo se producían las leyes visigodas, sobre todo las leyes nuevas. En ellas se intenta una puesta al día en función de los problemas y, en nuestro caso, se advierte una cierta tendencia al aumento de las penas. Además, se quiere dar un carácter más sistematizado a un conjunto muchas veces disperso y reiterativo.
Podía darse que fuera acogido por un servus, en cuyo caso éste recibiría el castigo físico habitual de cien latigazos. Mas si el fugitivo no apareciera finalmente, el dueño del siervo que lo había acogido debería compensar con otro.
Algo de todo ello podemos ver en la ley de Egica, la ley dada en Córdoba en el 702, la $L / , \left| \mathsf { X } , \ \right| , 2 !$ . Estamos ante una extensa norma que se enfrenta al problema general de la existencia de los fugitivos.
En la exposición de motivos vuelven a aparecer dos “tópicos” sobre los que volveremos: la ineficacia de las leyes antiguas y la dimensión del problema. Establece el principio de que si se halla un fugitivo se devuelva o se entregue al juez. Si tal cosa no se hiciere, el que lo acogiere, si es servus o libertus, habría de sufrir ciento cincuenta latigazos y, si es libre, recibiría cien y habría de pagar una libra de oro y, en caso de que no la tuviese, recaerían sobre él otros cien azotes.
Varias cosas llaman la atención de este texto. Por un lado, el aumento de la pena. El servus ha visto aumentar su castigo un $50 \%$ y el que recae sobre el libre es muy duro. Por otra parte, resulta de extraordinario interés que la figura del libertus se equipare a la del esclavo, no sólo en lo que se refiere al número de latigazos, sino en que no se considera la posibilidad de hacer recaer sobre él penas económicas. Para el legislador, el liberto resulta alguien que sólo puede ser castigado en su cuerpo, que carece de bienes o que, sobre los pocos que tiene, hay derechos de terceros, obviamente del patrono.
Si la ley de Ervigio descuidaba quizá el procedimiento a desarrollar una vez capturado el fugitivo, la de Egica se detiene en él. La notificación y la colaboración se han de obtener de los habitatores loci –no figura referencia a ningún maior–, incluso de los servi, sean de la Iglesia o del fisco, o de cualquier otro propietario, que habiten en una determinada ubicación. Sobre todos ellos recae la responsabilidad y la amenaza de severos castigos –semejantes a los ya reseñados– si no denuncian al fugitivo y, dice la ley, lo expulsan de la possessio, es decir, no lo acogen en ella.
La norma dictamina que los habitatores han de reunirse para conseguir información del detenido, incluso por tormentos, para así saber de él el nombre de su propietario, lo cual constituía el objetivo central de estos interrogatorios. Como puede verse, se han dejado a un lado las medidas garantistas y las posibles distinciones con respecto a la libertad del detenido. Si no actúan de esta manera, todos los habitatores de la condición que fueran habrían de recibir doscientos latigazos.
Se trata de un castigo considerable que es comparable al de los libres sin posibilidades económicas, tal y como aparecía en la parte más genérica de la ley.
Además, todos los oficiales del reino deben involucrarse en esta tarea, tanto los tiufados y vicarios, como los actores y procuratores del fisco o de las propiedades regias o los sacerdotes. Ellos a su vez estarán vigilados por los condes y los obispos, sobre quienes también recaen penas si no cumplen lo dictaminado a total satisfacción.
En este sentido, la ley de Egica incide en el aumento de las penas y, sobre todo, desarrolla la represión del fenómeno, en lo que parece un intento de combatir la tendencia poco activa de las autoridades en estos casos.
Las penas mencionadas en la ley 21 no son en general económicas. Los habitatores reciben fuertes castigos físicos, pero no han de entregar esclavos junto al que se ha fugado y han acogido. Si con Chindasvinto se había incrementado el peso de esta compensación, sorprende su total desaparición en la ley de Egica.
En efecto, ya hemos visto cómo parecía poco útil este tipo de sanciones que suponían una entrega abultada de esclavos. De hecho, el interés de la ley por el comportamiento de los habitatores, fueran servi o no, revela, por un lado, la actitud de estas poblaciones, al tiempo que apunta a que se trata de grupos en los que difícilmente podrían aplicarse estas penas por carecer de recursos económicos y de esclavos.
Lo que la ley de Egica testimonia es que los esclavos no eran un producto abundante a la altura del 702 y que, de hecho, en las zonas rurales los campesinos no tenían a su disposición ninguno. La novedad de la ley de Egica radica precisamente en que se dirige a solventar el problema de los fugitivos en las zonas rurales, en áreas donde los habitatores tienen un papel central y las autoridades aparecen un poco lejanas, un tanto distantes también en el sentido de sus preocupaciones. El empleo del término habitatores está revelando nuevas situaciones en las que un colectivo campesino es designado por la tierra que ocupa sin entrar en precisiones sobre su condición jurídica. En realidad, nos consta que podía estar integrado también por esclavos que, junto a los campesinos libres, formaban un conjunto de cierta homogeneidad.
Lo interesante en cuanto al panorama que reflejan las leyes antes mencionadas es que:
– Las antiquae estipulan castigos de entrega de un esclavo aparte del fugitivo o a veces, además, un castigo económico; esta multa (de 10 solidi en 2) podía convertirse en golpes de flagelo y, desde luego, se trataba de latigazos cuando el responsable era de condición servil; las antiquae implican al iudex o a unos maiores loci que han de dirimir la condición del sospechoso; por supuesto, el fugitivo habría de ser devuelto con todo lo que tuviera o hubiese ganado honestamente y habría de compensarse a quien lo llevara hasta el propietario.
– Las novellae nos muestran el sentido de la evolución. La de Chindasvinto (18) supone un notable aumento de las penas, interesada en amenazar con fuertes castigos, habida cuenta que no se devuelven los fugitivos mientras que se utiliza su trabajo. Sus apreciaciones, de hecho, no fueron continuadas por otras disposiciones. La IX, 1, 9 ervigiana es una recopilación/racionalización de las leyes anteriores. Es la ley del 702 la que nos proporciona un panorama más completo. Por un lado, como antes la ervigiana, recoge lo anterior, mas, al reforzar los castigos físicos sobre todo tipo de poblaciones, nos muestra algo de lo que sucede.
Lo que ocurre es que no han de entregarse servi para compensar al huido, porque ciertamente no hay propietarios que tengan esos bienes. Todo lo más hay campesinos libres que por eso son castigados con ese elevado número de latigazos, $| 0 0 + | 0 0 \|$ . Son simples aldeanos y las diferencias sociales son de cincuenta latigazos, a favor del esclavo y en detrimento del pobre: obviamente se consideraba mayor la responsabilidad del libre, pero, por otro lado, la ley hacía muy desalentadora la condición del libre pobre. Existen liberti, pero estos reciben un tratamiento homologable al de los esclavos. Dicho de otra manera, las condiciones prácticas de vida de todo este colectivo eran muy semejantes y las diferencias que se apuntan entre ellos son limitadas.
Por otro lado, ya no hay domini que acojan a los fugitivos, sino poblaciones entre las que falta la figura dominical. Estos grupos humanos, formados por personas de condición jurí- dica diversa, no muestran mucho interés en denunciar a los huidos. Probablemente era la situación que ya recoge oscuramente la ley de Chindasvinto. No parece que haya maiores, pues la referencia a la diversidad de gens, genus, ordo y honor, se dirige a evitar que alguien eluda la norma, puesto que difícilmente la ley acudiría a castigos físicos tan severos si presumiera la presencia de verdaderos honorati en la zona.
Quienes figuran en este paisaje rural de época tardovisigoda son los habitatores, amenazados por igual con los 200 latigazos; éstos desarrollan ciertas actividades comunitariamente. Son, en efecto, los pobladores en su conjunto los que se han de reunir (congregentur in unum) y proceder a investigar sobre los fugitivos, llegando incluso a practicar tortura sobre los sospechosos; también se destaca una obligación colectiva para que estos fugitivos sean retornados a sus dueños. Obviamente, el conjunto es responsable de cualquier dejación de esa responsabilidad. De este modo, la norma parece señalar la existencia de un cierto sentido de pertenencia a una comunidad y una cierta precisión geográfica de la misma, lo que nos remite a comunidades con un relativo grado de cohesión y organización. La ley menciona la obligada actuación de los habitatores en la expulsión del fugitivo de possessione sua, lo que pone de relieve que era este criterio, el de propiedad, uno de los elementos que habilitan la comprensión del grupo humano en el espacio, pero parece tener más consistencia el denominado locus, que se sitúa por encima de las referencias patrimoniales y que ha de aludir al hábitat campesino más allá de los vínculos de propiedad de la tierra.
Ante, precisamente, la “dejadez” de estos colectivos campesinos, el legislador tiene necesidad de acudir a otros: los delegados del poder también ocupan una posición relevante en esta ley. Los primeros que son mencionados son los agentes de nivel secundario más los sacerdotes. Sin embargo, tampoco parece haber excesiva confianza en la diligencia de todos ellos, de manera que se encarga a obispos y condes de una tarea de vigilancia sobre su conducta al respecto. Mas, si ellos no obran con la necesaria aplicación, dejando sin castigo a estos delegados tan poco atentos, se les amenaza a su vez con severas sanciones.
Esta serie de noticias acerca de la escasa motivación de los agentes regios a la hora de cumplir la normativa es digna de atención. Obviamente, los delegados territoriales estaban poco interesados en hacer retornar a sus lugares de origen a personas que podían trabajar los campos del fisco, la Iglesia o de particulares. En lo que parece surgir de la preocupación por la necesidad de mano de obra, los pequeños agentes locales podían propiciar el asentamiento de nuevas gentes, sin preocupación por su condición anterior e, incluso, también podían convencer –si es que era preciso– a las mayores autoridades del territorio, obispos y condes, de la escasa utilidad de la denuncia de los fugitivos.
No es tanto que el problema de los fugitivos tuviera un incremento desproporcionado, una especie de radicalización en torno al 700 y que así se llegara a una situación en la que el territorio se llenara de ellos. Lo que podemos derivar de estas leyes es que había fugitivos por todas partes en virtud de un movimiento prolongado a lo largo de los años. En realidad, que las viejas relaciones habían periclitado hacía tiempo y que todos, incluidos los teóricos delegados regios, se comportaban como señores atentos a aumentar el número de sus dependientes.
La monarquía visigoda trataba de mantener la tradición del viejo Estado esclavista romano, pero la situación resultaba muy diferente. Lo que la ley pone de relieve es que ni la sociedad, ni los aldeanos, ni los poderes, ni siquiera los possessores, participaban en la voluntad de capturar a los fugitivos y devolverlos a sus propietarios. La necesidad de mano de obra y, de hecho, la propia configuración del campesinado, cuyas condiciones en buena medida podían equipararse, tendían a que el problema fuera percibido de manera diferente, lo que interesaba era acoger fugitivos, no combatir el fenómeno.
Las antiquae insistían en que, si alguien acogía a un fugitivo, podría ser castigado y tendría que entregar al fugitivo más otro esclavo. Claramente se presentaba a fugitivi que eran recibidos por domini, cuyos bienes eran penalizados, si bien estas antiquae reservaban castigos físicos para algunos casos, en principio, para un servus que ayudara a otro o lo acogiera.
Los problemas que se presentan y que estas leyes buscan evitar son varios. En algún caso las antiquae salvaguardan a quien los acoge, ya sea de posibles argucias del dominus del siervo (11) o de inopinadas fugas, una vez avisado el propietario (13). Otras veces arbitran plazos para que quien lo haya acogido lo denuncie y lleve ante el juez; o establecen qué hacer con los ingresos que puedan llegar a manos del fugitivo.
En general, las coordenadas que presentan estas leyes antiguas se refieren a actuaciones y relaciones entre propietarios que poseen población servil. La tesitura, sin embargo, fue cambiando paulatinamente en el ámbito de la legislación. Con Ervigio perdura un intento de reorganizar la normativa, utilizando incluso el material de leyes anteriores, reforzando el procedimiento a seguir para combatir el fenómeno. Sin embargo, la ley de Egica pone en evidencia que la monarquía visigoda creía que el elemento clave a la altura del 700 era la poca atención de las autoridades y sus delegados a controlar el acogimiento de fugitivos. Esta tendencia al desinterés se mostraba también en la ley ervigiana (IX, 1, 9), donde se abunda en la elaboración de escritos y en la presencia de un testigo que ha de acudir con quien presenta al fugitivo ante el juez, quizá porque quien juzgaba podía quedarse con el fugitivo y, por eso mismo, éste permanece en manos de quien lo ha aportado al tribunal.
Tras décadas de proliferación del problema es evidente la imposibilidad de la monarquía visigoda para controlarlo, más aún porque tampoco resultaba contrario a los intereses de muchos, incluidos los encargados de su control. Tal situación no revela el desplome del Estado visigodo, sino los procesos de trasformación que le afectan en un sentido “feudalizante”.
Desde luego, tampoco parece que fuera en contra de los intereses de los aldeanos, sin duda deseosos de obtener refuerzos para múltiples tareas agrarias y quizá también para hacer frente a cargas de diverso tipo. Acogimiento que está muy lejos de la dicotomía libre/esclavo propuesta por Bonnassie.
Sin embargo, en este cambio de actitud presente en las leyes de Ervigio y Egica se advierte otro fenómeno, sobre todo en la norma del 702, menos afectada por la voluntad de reelaborar viejas disposiciones. Frente a los propietarios que acogen fugitivos en sus posesiones, como queda reflejado tantas veces en las antiquae, aparecen aquí los aldeanos. Por tanto, volvemos a posiciones que ya conocíamos. Cuando el legislador se dirige a controlar el fenómeno no acude a los possessores, no tanto porque éstos no estuvieran teóricamente dispuestos a actuar, sino porque quizá venían alegando desconocimiento, pues posiblemente en los campos hispanos del siglo VII y de principios del VIII, no se encontraban grandes propietarios que pudieran ser responsabilizados de este tipo de situaciones.
El tratamiento que ha merecido el título de los fugitivos en la historiografía ha sido precisamente el unánime de destacar la abundancia de leyes referidas al tema y la continuidad del fenó- meno hasta los últimos años del reino visigodo.
Esta cuestión de la abundancia de leyes al respecto, tiene que ver con el modo en el que se elaboraban estos códigos, conteniendo material diverso, incluso contradictorio y sólo muy tardíamente dando de baja alguna norma, al tiempo que se producían, muy moderadamente, nuevas leyes. A veces estas nuevas leyes daban pie a reconsiderar las anteriores y en este sentido se llevaban a cabo supresiones e interpolaciones, como ocurre en la 6 y la 12, por más que en realidad podían quedar superadas por las recientes disposiciones. Mas el proceso de su anulación era extraordinariamente lento, en relación con el tradicionalismo inherente a los textos legales. En última instancia, el reino visigodo se sentía heredero del Imperio y mostraba una encarnizada voluntad de hacer permanecer sus disposiciones y su realidad social.
Todo ello viene a destacar las dificultades que entraña afrontar desde el Liber el estudio de una sociedad. Los análisis desde la legislación visigoda deben partir de investigaciones concretas con el suficiente detenimiento. Además, conviene tener presente la disparidad cronológica a veces amplísima entre las leyes y cómo, de hecho, algunas disposiciones resumen o abolen otras anteriores, es decir, hay que considerar el Liber como un verdadero repertorio en el que se citan diversos momentos históricos.
Para concluir, conviene incidir en otro problema. Se trata de una cuestión nada anecdó- tica, la de quiénes son estos fugitivos.
En el año 683, en el XIII concilio de Toledo celebrado durante el reinado de Ervigio, se tomaron medidas contra quienes acogían a clé- rigos y monjes que, abandonando sus lugares de procedencia, buscaban refugio en nuevos destinos 8.
La disposición prohíbe que se reciba (suscipere) o proponga la fuga (ad fugam suadeat), ofrezca escondite (latibulum), se acoja o dé hospedaje (humanitas), y se pretenda ignorancia. Quien recibiera a uno de estos fugitivos –el canon menciona presbíteros, abades, diáconos, subdiá- conos o monjes– y afirmara que lo hizo sin conocimiento de su situación, debería probar su inocencia, cuando en un período inferior a ocho días presentara ante el juez, iuxta legum sanctionem, a quien hubiera acogido. Así mismo habría de devolver al fugitivus a donde se escapó.
Quien lo acogiere debería retornar, además, lo que pudiera tener el fugitivo en cuestión (quum his quae habere potuit) y, si el receptor fuera un obispo, sería excomulgado y privado de su dignidad por un tiempo igual al que lo tuvo bajo su potestas. Mas si fuese un diácono u otro clérigo, retornado el fugitivo cum rebus sibi debitis, permanecería un año en penitencia bajo la censura de aquél cuyo fugitivo recibió, obviamente la norma piensa en alguien perteneciente a la jerarquía eclesiástica.
Lo que ocurre en las disposiciones conciliares del 683 está a tono con la propia transformación de la legislación sobre los fugitivos. Se menciona la recepción, la propuesta de fuga, la concesión de escondite o albergue o el que se alegue ignorancia. Estamos, pues, ante el conjunto de posibilidades recogidas por la ley, coincidiendo con las posiciones menos garantistas: aducir ignorancia de la condición de fugitivo del clérigo no evita la responsabilidad. Incluso hay una clara referencia a que el clero ha de retornar con lo que deba tener, lo que puede entenderse desde la perspectiva más amplia que ofrece la ley civil 10.
La disposición conciliar establece que si alguno recibe a los fugitivos ha de saber que será sancionado con penas semejantes a las que prevé la ley sobre fugitivos. No obstante, el canon abría una posibilidad para solucionar los conflictos, puesto que parece que éstos eran abundantes. Así, si la responsabilidad era de sus antecesores, las nuevas dignidades tendrían dos meses desde su ordenación para descubrirlos en su escondite y entregarlos a su dominus.
El paralelismo entre la ley civil y la canónica no resulta extraño, porque, al tratar el tema de un clérigo que abandonando el obispado en el que se había criado –el de Itálica– había sido acogido en el cordobés, el II concilio de Sevilla del 619 había establecido que tendría que seguirse lo que la lex mundialis disponía de colonis agrorum, es decir, allí donde se comenzó –de donde se era originario– habría de permanecer 11. En última instancia, los clérigos también operaban in agro ecclesiae. Por tanto, explícitamente se asimilaban las condiciones de los clérigos a las del colonato con las correspondientes prohibiciones de abandonar el lugar de residencia 12.
Es evidente que el canon del XIII concilio toledano remeda las disposiciones contenidas en el Liber. En efecto, el lenguaje que utiliza para referirse a los diversos conceptos concuerda con el de las leyes que acabamos de mencionar. Es evidente que las penas que se estipulan no pueden ser las mismas 9. No sólo porque no encontramos referencias a la violencia física, sino porque, quien ha dado acogimiento, no es castigado con la entrega de alguien junto a quien devuelve. Ciertamente, la Iglesia no podía considerar imponerse penas análogas en ninguno de estos campos y, por ello el, correctivo se limita a la excomunión por el tiempo que durara la recepción del fugitivo.
Además, el canon sevillano castigaba al obispo que recibiera a un clérigo de otro obispado y que se retrasara en su restitución, con la excomunión hasta que fuera devuelto 13, sosteniendo también la responsabilidad del prelado receptor en propiciar el desplazamiento del clérigo.
La fórmula visigoda que recoge el pacto monástico que el nuevo monje dirige al obispo, autoriza a éste a perseguir al monje si huyera y a obligarle a retornar a la vida monástica 14. También se establece que, quienes acogieran y pretendieran continere vel defendere al huido, serían castigados con la excomunión. Se señalaba así la posibilidad de que el monje fugitivo fuera voluntariamente acogido y encontrara un nuevo patronus, pues no de otra manera hay que entender la referencia a la continentia y la defensio.
El fenómeno debió adquirir ciertas proporciones, si bien no parece que los castigos se llevaran a efecto. Braulio de Zaragoza (m. 651) había acogido a un monje de la diócesis de Wiligildo y lo había promovido al subdiaconado y algo después al diaconado. A pesar de que era consciente de haber contravenido los cánones, Braulio esperaba ser perdonado y no nos consta que hubiera ninguna sanción contra él. El monje huido es denominado por Braulio famulus uester, empleando la terminología que aproxima a los clérigos en su relación con los obispos a los dependientes en su sometimiento a sus domini 15.
Lo que las normas eclesiásticas tratan de evitar es que los clérigos de un centro eclesiástico y, en general, de un obispado, lo abandonaran para ser acogidos en otro. Dicho de otra manera, lo que la Iglesia pretende prohibir es que los eclesiásticos cambien de patrono. En tal percepción, los clérigos eran comparados a las capas más humildes de la sociedad. Con las condiciones que los concilios establecen para los clérigos fugitivos, éstos quedan homologados a libertos o esclavos, según quedan dibujados en el Liber o, como hemos visto, eran directamente asimilados a los colonos.
Que las disposiciones conciliares condenaran la fuga de los clérigos y su refugio en otras iglesias y monasterios, no impedía que eclesiásticos como Braulio de Zaragoza los acogieran. De hecho, lo que las normas y su reiteración ponen de relieve es que el fenómeno era incontrolable y que los miembros de la jerarquía no tenían grandes dudas para acoger a clérigos que habían abandonado su lugar de origen por disensiones con sus dignidades o por cualquier otro motivo.
En última instancia, cuando se está hablando de fugitivos se está pensando en todo aquél que abandona a su dominus/patronus. En su comportamiento hacia el tema queda de relieve que la percepción que de los fugitivi tenían los sectores dominantes de la sociedad del período rebasaba el campo de la esclavitud y apuntaba a un conjunto muchísimo más amplio en el que diversos colectivos estaban inscritos, fueran monjes que abandonaban a sus abades, clérigos que huían de su obispo o, por supuesto, campesinos de diversa condición vinculados a un señor.
En efecto, lo que estas referencias destacan es que bajo el concepto de fugitivos no sólo quedarían integrados diversos tipos de campesinos adscritos a la tierra –estos colonos ausentes del Liber– sino incluso clérigos, vinculados a una iglesia y sometidos a unos vínculos que no pueden abandonar.
De hecho, los colonos pueden estar ausentes del Liber Iudicum porque no era necesario aumentar las disposiciones, ya que los colonos estaban afectados por las de los servi. Dicho de otra manera, los colonos no están fuera del Liber. Lo que se pretendía de los colonos ya quedaba dicho con las leyes sobre los servi y fugitivi, que el campesinado dependiente no podía ni abandonar a voluntad los predios, ni, por supuesto, a sus domini/patroni. Lo que testimonia esta borrosa presencia de los colonos en el Liber Iudicum es precisamente el fin de la esclavitud entendida a la manera clásica.
En las normas de la Iglesia se advierten también las dificultades para limitar el movimiento de abandono de unos patronos y la búsqueda de otros nuevos. En este caso, la Iglesia parece mostrarse interesada, pero esa atención recaía en quien perdía un clérigo o un campesino, no tanto en quien lo recibía.
Algo similar le sucedía al reino visigodo en su conjunto, empeñado en poner coto al movimiento de los campesinos dependientes, fueran esclavos o no. Su voluntad de enfrentarse al fenómeno no sería únicamente ideológica. Las deserciones de campesinos dependientes de cualquier condición jurídica afectaban a los possessores, incluido al propio fisco, si bien no podemos valorar si hubo grupos que sintieron con más énfasis el problema. Cabe incluso que esas huidas fueran utilizadas por los possessores o por los propios delegados regios para solicitar exenciones fiscales, aduciendo la merma de brazos para obtener la relajación fiscal 16.
La Iglesia podía resaltar su vinculación a la tradición canónica ya establecida desde Nicea, en el sentido de que los clérigos de la dignidad que fueran no podrían abandonar su sede. Sin embargo, en la práctica el fenómeno se reproducía y desarrollaba, como vemos en los concilios del siglo VII, destacando el toledano del 683 las dificultades para limitar esta tendencia.
APÉNDICE.
Para mayor comodidad se listan las leyes del título sobre los fugitivos del Liber.
IX, 1, 10. Ant. Ut bis venditum servus, per fugam rediens, in libertate permaneat.
DE FUGITIVIS ET OCCULTATORIBUS FUGAMQUE PREVENTIBUS.
IX, 1, 11. Ant. Ut discutiatur mancipium fugitivum, ne propter lucrum fuerit ad domum suscipientis inmissum.
IX, 1, 12. Ant. Si ingenuum se esse mentiens servus sub mercedis condicione aput alium commoretur.
IX, 1, 1. Ant. Si ingenuus vel servus fugitivum celasse repperiantur.
IX, 1, 13. Ant. Si fugitivus in domum cuiuscumque fuerit inventus.
IX, 1, 2. Ant. Si fugitivus vinctus quocumque ligamine absolvatur.
IX, 1, 14. Ant. De mercede eius, qui prendiderit fugitivum.
IX, 1., 3. Ant. Infra quod tempus mancipium latens inventum iudici debeat presentari.
IX, 1, 15. Ant. Si servus fugiens se esse mentiatur ingenuum.
IX, 1, 4. Ant. Si nesciens quis fugitivum susceperit humanitatem concessa.
IX, 1, 16. Ervigio. Si servus fugiens dicat se esse ingenuum et ob hoc mulieris ingenue connubia sortiatur.
IX, 1, 5. Ant. Si alienum mancipium quis persuadeat, ut fugiat, vel humanitatem inpendat.
IX, 1, 17. Ant. emendada por Chindasv. De his, que servus fugiens adquisisse videtur.
IX, 1, 6. Ant. Si ignotus homo susceptus multis diebus aput alium conmoretur.
IX, 1, 18. Chindasvinto, De his, qui perventos servos dominis reformare contemnunt.
IX, 1, 7. Ant. Si servus fugitivum sciens viam ostenderit fugiendi.
IX, 1, 19. Ant. Si ingenuus vel servus latrones celandos susceperint.
IX, 1, 8. Ant. Ut, ad cuius domum fugitivus venerit, vicinis et loci prioribus contestetur.
IX, 1, 20. Ant. Ut iudex cum omnibus rebus, cum quibus fugitivum invenerit, domino advenienti presentet.
IX, 1, 9. Ley de Ervigio. De susceptione fugitivorum, si dominus vel servus suscipiat alterius fugitivum.
IX, 1, 21. Ley de Egica, dada en Córdoba en el 702. De mancipiis fugitivis et de susceptione fugitivorum.