Nepotismo, clientelismo y fidelidad. De Floridablanca a Godoy (1789-1798)
Nepotism, political customs and loyalty. From Floridablanca to Godoy (1789-1798)
FRANCISCO ANDÚJAR CASTILLO Universidad de Almería.
RESUMEN.
Durante el reinado de Carlos IV, y en especial durante el período en que todo el poder estuvo en manos de Godoy, la arbitrariedad en las decisiones políticas provocó incertidumbre entre los principales actores sociales de la monarquía. El poder absoluto del monarca se transfirió hacia otros espacios en los que el protagonismo estuvo en los primeros ministros, que beneficiaron a sus paisanos, clientelas y parentelas, y que tuvieron una influencia decisiva sobre las principales instituciones de la monarquía al valerse para el nombramiento de agentes del rey de una excepcional vía ejecutiva sustentada en la arbitrariedad y el nepotismo. A la deslegitimación del sistema político contribuyó un modo de nombrar a los principales cargos de gobierno que subvertía el orden tradicional de la monarquía vigente hasta entonces. Godoy logró acumular un extraordinario poder, y so capa de transformar las viejas instituciones de la monarquía, buscó ante todo su lucro personal y contar con una extensa clientela política deudora de sus favores que le posibilitara su perpetuación en el poder. A tal fin ejerció un férreo control sobre los principales cargos de la hacienda, de justicia y de la milicia.
Palabras clave: Carlos IV. Conde de Floridablanca. Godoy. Crisis de la monarquía. Clientelismo. Elites. Nepotismo. Redes de poder.
ABSTRACT.
During the reign of Carlos IV, and especially during the period of time in which the power was in Godoy’s hands, arbitrary actions in political decisions caused uncertainty among the main social actors of the monarchy. The King’s absolute power was transferred to other places where the major figures were the Prime Ministers. They benefited their relatives and customers and had a great influence upon the main monarchy institutions. They also used an exceptional executive way to appoint the king’s officers, which was based on nepotism and arbitrariness. This meant a change in the monarchy’s traditional order. Godoy got an extraordinary power, he looked for his own profit and had a big number of political customers who let him perpetuate his power. In order to achieve it, he controlled the main offices of Justice, Army, and Treasury.
Keywords: Carlos IV. Floridablanca Earl. Godoy. Monarchy crisis. Clientele. Elite. Nepotism.
La abundante producción bibliográfica relativa al reinado de Carlos IV ha abordado diferentes aspectos de la denominada “crisis de la monarquía absoluta” y buena parte de ella incide en centrar sus análisis en la segunda etapa de gobierno de Manuel Godoy, entre octubre de 1801 en que obtiene el título de “generalísimo de las armas de tierra y mar del rey de España” y su caída en marzo de 1808. Por otro lado, la historiografía más reciente ha rescatado su figura para interpretar su trayectoria política como un reformista ilustrado que trató de transformar aquellos resortes del Antiguo Régimen que suponían un freno para la modernización del país. La obra de Emilio La Parra, que continúa la estela trazada en su día por Seco Serrano, constituye la principal punta de lanza de este nuevo acercamiento a la figura de Godoy.1.
Sin embargo, a mi juicio, queda aún mucho por indagar acerca de dos cuestiones básicas de su biografía: el proceso de acumulación de riqueza que le hace convertirse en una de las principales fortunas de la época y, relacionado con ese proceso, la forma en que ejerció el poder durante sus dos etapas de gobierno.2 Al conocimiento de esta segunda cuestión pretende contribuir esta aportación, partiendo de un análisis comparativo entre el período final del conde de Floridablanca, y la primera etapa de gobiernos de Godoy, es decir entre su nombramiento como Secretario del Despacho de Estado en noviembre de 1792 y la exoneración de todos sus cargos –que no salariosen marzo de 1798. Por tanto, nuestro período de estudio abarca entre los años 1789 y 1798, etapa en la que, como comprobaremos, Godoy, amparado en el favor que le dispensaban los monarcas, y sobre la base del camino allanado por el ministro murciano, hizo del nepotismo su principal arma para gobernar la monarquía.
A pesar de que la historiografía reciente se ha esforzado por analizar el problema de la continuidad o ruptura entre las elites políticas del Antiguo Régimen y el liberalismo, sigue sin conocerse en profundidad el radical cambio que se produjo en la configuración de esas elites durante los veinte años que duró el reinado de Carlos IV. Difícilmente se pueden establecer parámetros de comparación cuando no disponemos de demasiados trabajos que aborden el estudio de las principales instituciones de gobierno político de la monarquía y de los hombres que estuvieron al frente de las mismas. Por el momento, desde la perspectiva de las elites políticas, los únicos estudios monográficos disponibles se han centrado en los magistrados,3 y en los consejeros de Castilla.4 Seguimos careciendo para el reinado de Carlos IV de una obra similar al excepcional trabajo que Janine Fayard realizara en su día sobre los consejeros de Castilla entre 1621 y 1746.5 Más significativa aún es la falta de estudios para otros ámbitos esenciales de gobierno, como los capitanes generales6 o el personal de hacienda.
El poder absoluto del monarca: la implantación de la vía ejecutiva.
Cuando se ha aludido al período de inestabilidad política que caracteriza al reinado de Carlos IV siempre ha sido para señalar manifestaciones evidentes de ese clima que, en el ámbito de los agentes de gobierno, se tradujo en los ceses de algunos cargos de las altas magistraturas por cuestiones de mera fidelidad política, la extraordinaria movilidad en el ejercicio de los cargos, la arbitrariedad en los nombramientos y, en suma, el nepotismo como principal emblema de una nueva cultura política. Las consecuencias de tales prácticas son obvias: la presencia de jóvenes en determinados cargos que para otras personas requerían de largos años de servicios, la formación de unas redes de poder sustentadas en unas claras relaciones de paisanaje; la existencia de cursus honorum con “anomalías” que permiten acortar trayectorias conducentes hasta los más altos empleos de la monarquía; la arbitrariedad y discrecionalidad como “norma” reguladora de determinadas carreras; y, por último, la derivación del poder absoluto del monarca hacia un sistema sustentado en el nepotismo, no ya del soberano, sino del primer ministro, del Secretario del Despacho de Estado, primero de Floridablanca y luego de Godoy. Respecto a este último, nadie mejor que García de León y Pizarro describió el extraordinario poder que alcanzó cuando llegó a afirmar que todas las providencias que se tomaban en los distintos ministerios pasaban por su dictamen para que pusiera su “resolución magistral”, además de todas aquellas que, sin noticia del ministro respectivo, despachaba en derechura con el rey.7.
Pero hasta ahora no se han estudiado los métodos utilizados para la implantación de un modo de gobernar basado en tales premisas, en la arbitrariedad de la decisión política para nombrar los principales agentes de gobierno. Menos aún se ha cuantificado semejante forma de gobernar que supuso una evidente alteración en el tradicional sistema de gobierno. Tan sólo ponderando la importancia de los métodos excepcionales y comparándolos con la práctica consuetudinaria podremos valorar su significación y relevancia en una coyuntura política en la que la parcialidad se erigió en guía y norte de la articulación del sistema político.
En el ámbito de la justicia, de las altas magistraturas de la monarquía y de los corregimientos, el método utilizado para gobernar sin respetar normas ni méritos acumulados fue la extensión o, uso y abuso, del decreto decisivo o ejecutivo, mediante el cual el monarca nombraba a un servidor –casi siempre condicionado por la influencia ejercida por sus ministros- sin que hubiese mediado consulta alguna de la Cámara de Castilla. El soberano se limitaba a comunicar al órgano consultivo su voluntad para que por esa vía de la Cámara se expidiesen los correspondientes despachos y títulos de nombramiento. El órgano colegiado debía acatar la decisión regia y proceder al trámite burocrático de la misma.
Todo ello supuso el progresivo predominio de la vía ejecutiva frente a la consultiva en materia de nombramientos de los principales agentes de gobierno de la monarquía. A pesar de algunas interpretaciones que consideran los nombramientos sin consulta de la Cámara como propios del reinado de Carlos IV, “después de más de doscientos años de haber usado la Cámara este trámite”,8 lo cierto es que poco se innovaba con esta práctica, pues venía a ser la reimplantación de un sistema de larga tradición en la monarquía hispánica que había aflorado en coyunturas muy concretas, vinculadas a menudo a la venalidad de los cargos. Lo hemos demostrado por extenso para el período 1704-1711, cuando las necesidades de numerario para financiar la Guerra de Sucesión obligaron a una ingente almoneda de cargos y honores que abarcó desde los corregimientos hasta los virreinatos pasando, entre otros, por las magistraturas de justicia y los puestos de consejero.9 Igualmente lo hemos constatado para otros períodos venales del mismo siglo,10 e incluso para etapas en las que no parece que se vendiesen cargos. Desde luego, el vínculo entre vía ejecutiva y venalidad existía ya al menos desde el siglo XVII, cual lo reconocía un decreto de marzo de 1701 que, al tratar de suspender la venalidad de los cargos de Indias reconocía como venales todos aquellos que se hubiesen concedido por decreto decisivo con anterioridad a esa fecha.1 1.
Si la intensificación de los decretos ejecutivos o decisivos coincidía con períodos de venalidad podríamos colegir que la extensión de esta práctica en el período de 1789-1798 respondería a esa misma lógica, a la presencia del dinero. Elementos claramente indiciarios de esa posibilidad serían los nombramientos “supernumerarios” y de hombres jóvenes en puestos que requerían una dilatada experiencia profesional. Pero determinar con exactitud lo que es algo más que una simple hipótesis requeriría disponer de otras fuentes –fundamentalmente de hacienda- que conservaran con detalle los ingresos de esos años, siempre y cuando se tratase de una venalidad institucionalizada y no de una simple corrupción política y económica, en cuyo caso la búsqueda de cualquier rastro se tornaría en tarea imposible. Que sepamos, fuentes hacendísticas con esas características brillan por su ausencia. Nuestra hipótesis es que debió funcionar la venalidad pero con mayor grado de ocultación que en épocas anteriores, con un nivel más sofisticado de alteración o eliminación de los documentos y que, con toda probabilidad, en paralelo, debió crecer el grado de corrupción. En esta misma dirección apunta la profesora María Victoria López-Cordón en un reciente estudio sobre esa misma coyuntura.12.
Por el momento sí que podemos avanzar nuevos conocimientos sobre las características de los nombramientos que se hacen por la vía ejecutiva. La primera es la utilización de la senda de las “resultas” como método para generar una cascada de decretos decisivos en los que la Cámara de Castilla queda marginada por completo del proceso. Se trata de una forma subrepticia de prescindir de ese órgano consultivo para ampliar el margen de potestad del ministro de Gracia y Justicia y, sobre todo, del primer ministro. Por ejemplo, el ascenso por decreto ejecutivo de un alcalde de Casa y Corte a una plaza de un Consejero de Castilla podía provocar, y de hecho provocó, varios nombramientos más por la misma vía del decreto, al aprovechar el rey –sus ministros, más bien- las vacantes que dejaba el nuevo consejero para ascender a un oidor a la alcaldía de Casa y Corte que había quedado vacante, promover a un alcalde del crimen a esa plaza de oidor vacante y, por último, nombrar a un nuevo alcalde de crimen, primer escalón de la carrera judicial. Lo mismo sucede cuando se produce el ascenso por decreto de un individuo en la carrera de varas desde un corregimiento a otro de categoría superior. De este modo, las “resultas” funcionan como un poderoso instrumento en manos de los círculos de poder próximos al monarca que aprovechan la cascada de nombramientos para colocar a sus clientelas políticas en magistraturas y corregimientos.
Por otro lado, amén de los títulos que simplemente contienen el decreto decisivo del rey a la Cámara para que ejecute su voluntad, hay que señalar que su extensión coincidió con la proliferación de despachos en calidad de “supernumerarios”, es decir, nombramientos realizados cuando estaban ocupadas todas las plazas que por planta formaban parte de una audiencia, de un Consejo o de una Secretaría del Despacho.13 El nombrado por encima de la planta aguardará pacientemente a que quede una vacante para ocupar el puesto para el que ha sido nombrado en régimen similar al de “futura”, esto es, en expectativa de que una plaza quede libre. Todos los que fueron nombrados “supernumerarios” durante estos años no fueron controlados por la Cámara de Castilla sino que se beneficiaron de un decreto regio que les situaba en la antesala de un puesto como “numerarios”. Más sofisticada aún era una segunda fórmula que encubría igualmente una expectativa de destino y que aunque en buena parte de los casos respondía realmente a su significado, en otros era el paso previo a la obtención de un empleo efectivo. Aludo a los “honores”, que si bien no comportan ejercicio de empleo alguno, a partir del año 1794 encontramos algunos casos que juegan la misma función que los empleos supernumerarios, es decir, servir de antesala a un nombramiento del empleo del número. Cuando los “honores” van acompañados de las percepción de un sueldo, o del medio sueldo, correspondiente a un cargo, es inequívoco que estamos ante un nombramiento equivalente a supernumerario. Lo mismo sucede cuando un individuo consigue los “honores y antigüedad” de un determinado cargo.14 En este caso, entrar en el goce de la antigüedad desde la fecha en que se recibe el nombramiento con carácter “honorífico” es sinónimo de obtención de una plaza supernumeraria que va a situar al beneficiario en el mismo nivel de prelación que quien ha obtenido un cargo cuando están ocupados todos los de la planta de una institución. La compleja casuística se estudia más adelante, a propósito de la “red de Godoy”.
Todos estos procedimientos son los que explican y dan sentido a lo que ha precisado María Victoria López-Cordón, que la opinión pública considerara que se estaban conculcando las cualidades y méritos requeridos para el ejercicio de una plaza o que se estaban infringiendo procedimientos consolidados desde hacía tiempo.15 Cuando se utilizaban los métodos referidos y los nombramientos excepcionales tenían lugar en el entorno familiar de Godoy o de sus ministros, se podrían entender dentro de la lógica del favor dispensado a la parentela. El problema radica en que muchos de los favorecidos por los decretos ejecutivos carecían de parentesco alguno con los que dispensaban tales favores. En este caso hay que pensar en la formación de clientelas, en la creación de las tradicionales “hechuras” de los ministros, en una posible venalidad de los cargos, si es que el dinero tenía como destino las arcas reales, o en una hipotética corrupción si acababa teniendo como destino cuentas y bolsillos particulares.
Las consecuencias del sistema son obvias en dos planos bien distintos. El rey puede nombrar a un consejero de hacienda o un oidor directamente, sin necesidad de conocer ni sus años de servicio ni las funciones desempeñadas con anterioridad. No hace falta ni siquiera disponer de una Cámara de Castilla adocenada y servil. Simplemente se prescinde de ella. Es verdad que el rey puede nombrar al propuesto en tercer lugar por la Cámara, pero por medio de un decreto ejecutivo puede ignorar por completo a tan alto Consejo. Para preservar algunas de las prerrogativas de la vieja institución consultiva, el monarca continúa nombrando a algunos de sus servidores tras la tradicional terna –aunque las consultas suelen incluir más de tres nombres- pero al mismo tiempo hace uso discrecional de su extraordinaria potestad de nombrar servidores sin que preceda consulta alguna, utilizando un simple decreto. En ese juego, en el peso en cada momento de una u otra vía, está la facultad del soberano de hacer uso de su absoluta potestad y la capacidad de su entorno político –con la figura del primer ministro a la cabeza- de favorecer a sus respectivas clientelas, familiares, amigos y paisanos.
En el otro lado de la balanza se sitúan los beneficiados y damnificados por la aplicación de los decretos ejecutivos. Los primeros se valen de esa vía excepcional para alcanzar hasta las más altas cotas del gobierno y de la administración de justicia, utilizando la senda del favor que les coloca a edades muy jóvenes y con escasa experiencia en puestos que para otros requieren largos años de servicio. Estos últimos sufren el peso de lo arbitrario y no tienen otra opción que el silencio, o ser incluidos en alguna de las ternas que de cuando en cuando la Cámara eleva al rey, o tal vez esperar para promocionar en su carrera por esa misma vía excepcional por la que transitan otros. Se generan pues, dos tiempos, dos velocidades de cursus honorum, uno reglado u ordinario y otro excepcional o extraordinario fundamentado en el favor, en el clientelismo y en la fidelidad política.
Por otro lado, en el extremo opuesto a los nombramientos, la implantación de esta vía ejecutiva sirve también para jubilar por decreto a quienes no profesan la fidelidad política al ministro de turno. Cuando un decreto que viene a jubilar a un consejero de Castilla o de Hacienda se identifica con un individuo anciano, todo se inserta en el espacio de lo ordinario, de lo normal. Lo que resulta más extraño es que del mismo modo que el decreto ejecutivo del rey puede encumbrar a un juez o a un consejero, el mismo método se puede utilizar para eliminar de una institución a cualquier persona que no profese la misma línea política del ministro. La destitución de cuatro consejeros de Castilla en 1794 por haber emitido una sentencia en contra del alcalde de Casa y Corte, José Acedo Rico, hijo del conde de la Cañada - presidente del Consejo de Castilla-,16 fue encubierta mediante sendos “decretos de jubilación”. Por tanto, algunas jubilaciones encubrían depuraciones practicadas con quienes no seguían los dictados del “jefe”. El sistema tenía una ventaja añadida, pues se colocaba en lugar del depuesto a un hombre de probada fidelidad, al cual, casi siempre, se le solía nombrar por la misma vía utilizada para “jubilar” – eufemismo utilizado a veces para encubrir esas depuraciones-, esto es, por la vía del decreto decisivo o ejecutivo del monarca a la Cámara.
La puesta en marcha del sistema: los últimos años de gobierno de Floridablanca.
Las cifras hablan por sí solas. Durante las postrimerías del reinado de Carlos III el decreto es tan excepcional como que a lo largo del año 1787 tan sólo se registran un total de cuatro decretos del rey a la Cámara.17 Al año siguiente el número de decretos se incrementa hasta la cifra de 25, pero la mayor parte son de miembros del tribunal del protomedicato, títulos de Castilla y, sobre todo, los numerosos títulos de “secretarios del rey con ejercicio de decretos” que siempre se nombraban por esta vía ejecutiva.18 El inicio del reinado de Carlos IV marca una cesura fundamental en esta dinámica del recurso a la vía ejecutiva. En total en 1789 se registran 105 decretos decisivos del rey a la Cámara, de los cuales gran parte de ellos corresponden, amén de a títulos de secretarios del rey, a títulos honoríficos de alcaldes del crimen concedidos a corregidores que recompensan unas carreras de varas que no han podido culminar en las anheladas audiencias. Del mismo modo, los numerosos aspirantes a sentarse en el Consejo de Castilla se tienen que consolar con unos simples “honores de consejero” que no suponen desempeño efectivo de ese puesto. El grupo se completa con la concesión de varias Grandezas de España y Títulos de Castilla, así como unos pocos nombramientos de corregidores. Estos últimos no son novedosos, por cuanto se puede constatar durante toda la centuria que algunos despachos para servir corregimientos fueron otorgados mediante decretos ejecutivos, en clara contraposición a la gran mayoría de provistos por la vía consultiva de la Cámara.
Es en 1789, cuando Floridablanca se halla en la cima de su poder, el momento en que la vía extraordinaria del decreto emerge con toda su plenitud en forma de nombramientos supernumerarios de consejeros.19 En total son cinco, entre ellos los navarros Cenón Gregorio Sesma Escudero 20 y Jerónimo Mendinueta Múzquiz, nombrados respectivamente consejeros de Navarra y de Hacienda, así como un alcalde de Casa y Corte supernumerario, el mallorquín Miguel Cayetano Soler. Pero lo más relevante no está en esos nombres sino en que entre los consejeros supernumerarios de Hacienda se halla José Godoy, padre de Manuel Godoy, el cual consigue de los monarcas, en una fecha tan temprana en la trayectoria personal del favorito regio como la del 8 de agosto de 1789, situar directamente a su progenitor como consejero. Godoy, sin que su padre tuviese experiencia alguna en asuntos de hacienda, valiéndose del poder absoluto del rey, consigue colocarlo en un puesto que para muchos requiere largos años de servicio en el manejo de cuentas. No contento con ello, cuando aún no ha cumplido los tres años como consejero, en mayo de 1792, Godoy logra que el rey nombre a su padre gobernador del Consejo de Hacienda. Conociendo estas fechas, y los méritos de José Godoy, la justificación de su nombramiento publicada por la Gaceta de Madrid constituye todo un tratado de la invención y/o falsificación del mérito de cara a la opinión pública, y por ello merece ser reproducida en su literalidad: “Teniendo el rey por conveniente a su servicio y al mejor y mas pronto despacho de los negocios que se tratan en el Consejo de Hacienda nombrar por su gobernador a uno de los Ministros de continua asistencia versado ya en ellos y libre de otras comisiones o encargos; ha venido S. M. en conferir este empleo al Ilmo. Sr. D. Joseph Godoy, actual ministro de capa y espada de él, por la seguridad que tiene de que concurren en su persona la aptitud, mérito y demás circunstancias que se requieren para su buen desempeño”.21.
Por tanto, los dos Secretarios de Estado, el que ejercía en 1789 y el que iba a ocupar el cargo en noviembre de 1792, Manuel Godoy, se benefician de esta especial puerta que se abre ahora para que discurra por ella, en toda su extensión, la práctica del favor y de la marginación de instituciones de gobierno como la Cámara.
Puede servir como elemento de referencia que, a lo largo del reinado de Carlos III, tan sólo se despacharon cinco títulos de consejeros supernumerarios para ejercer en todos los Consejos de la monarquía, la misma suma que los firmados por su sucesor en el trono durante el año de 1789.
La dinámica abierta durante ese año se consolida en 1790. Un total de 88 decretos se asentaron en los libros-matrícula de la Cámara de Castilla. Buena parte de ellos corresponden a los títulos nobiliarios concedidos a los diputados que asistieron a la jura del príncipe de Asturias en las Cortes celebradas en 1789. Se trataba pues del viejo recurso de la “fidelización” de los diferentes territorios de la monarquía mediante una generosa derrama de mercedes a algunos miembros de las oligarquías locales.22 La gran novedad, el gran giro, está en que en 1790 aparecen por vez primera los decretos para la provisión de plazas de justicia de chancillerías y audiencias. Que sepamos, los precedentes de esta anulación de la potestad de la Cámara para proponer magistraturas de justicia mediante decreto ejecutivo tienen lugar en el siglo XVII y en el reinado de Felipe V y, por lo estudiado hasta ahora, sabemos que tanto las concedidas para ejercer en Indias como las que tenían como destino los tribunales de España correspondían a ventas de dichas plazas. 23 El problema es que hasta ahora la historiografía ha negado sistemáticamente que la justicia, a nivel de magistraturas, se enajenara.
Como hemos señalado, resulta muy difícil determinar si los decretos ejecutivos concediendo plazas de justicia tienen su origen en la venalidad. Tan sólo una investigación monográfica podría arrojar alguna luz, aunque no estamos seguros de que los resultados pudiesen ser demasiado fructíferos, sobre todo, si lo que hubo realmente fue más corrupción que venalidad. De momento podemos recurrir al análisis de algunos elementos indiciarios que revelan nombramientos extraños, y por ahora, mientras no aparezcan nuevos datos, tan sólo podemos afirmar que, sobre el papel, parecen responder al favor dispensado por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia de turno o por los todopoderosos primeros ministros, Floridablanca y Godoy. Sin duda, el decreto ejecutivo constituye el mejor elemento de canalización del ejercicio efectivo, en materia de nombramientos de agentes de la monarquía, del despotismo y nepotismo ministerial que impera durante estos años.
Los datos son concluyentes. Aquellos individuos que ingresan en la magistratura o consiguen un ascenso merced a un decreto decisivo tienen tres características muy singulares: son jóvenes, consiguen promocionar en los años siguientes por el mismo sistema y, algunos de ellos, tienen claros vínculos de paisanaje con quienes les han colocado en esos puestos. Al ser favorecidos por este método, de inmediato se integran en la clientela del patrón que los ha promocionado por tan excepcional método. En este sentido, la vía del decreto ejecutivo, y no sólo para los cargos de justicia, sino para todos aquellos que son provistos por este medio, es el mejor camino para la creación de clientelas y para la consolidación de fidelidades políticas. Ya no se trata de un simple patrocinio sino de la conformación de sólidas redes de poder que se tejen en torno al acceso a los cargos públicos por una vía a la que no todos los servidores del rey o aspirantes a serlo tienen acceso. El privilegio, el favor y la diferencia, se consiguen cuando se puede acceder a una vía que altera por completo el escalafón reglado, el cursus honorum ordinario, la necesaria experiencia en un cargo para ascender al siguiente.
Los casos comparativos siguientes son harto elocuentes. Manuel Vicente Cano no era paisano directo de Floridablanca, pues había nacido en Chinchilla, pero cursó estudios de Filosofía y Derecho en el colegio de San Fulgencio de Murcia. Su relación con Floridablanca debía ser tan directa como que éste había estado detrás de la carrera de su tío, Antonio Cano Manuel, a la sazón consejero y camarista de Castilla desde febrero de 1790. Tres meses más tarde, con esa formación académica y sin experiencia docente ni haber ejercido la abogacía, un decreto ejecutivo nombra a Manuel Vicente alcalde del crimen de la Chancillería de Granada.24 Por entonces cuenta con tan sólo 26 años de edad.25 En contraposición, en el mismo tribunal, había ingresado un mes antes que Cano, el gallego Felipe Gil Taboada Lemus, que llega a Granada a la edad de 41 años y con un amplio currículum iniciado en su Santiago de Compostela natal, en donde cursó Derecho, proseguido luego como colegial del Colegio Mayor de los Españolas de Bolonia y culminado en mayo de 1784 como catedrático de cánones de la Universidad de Bolonia.26 La diferencia entre ambos es ostensible en edad y en formación jurídica. El primero goza de la protección de Floridablanca y de su tío, y se vale de la vía ejecutiva, en tanto que el segundo es propuesto por la Cámara de Castilla. El problema que plantea la comparación entre ambas carreras es si el nombramiento del primero responde simplemente al favor dispensado por el ministro murciano o si ese favor se ha sustentado además en el pago de una cierta cantidad de dinero.
Los ejemplos se pueden multiplicar. Basta señalar que en 1790 las plazas de justicia concedidas por decreto ejecutivo en chancillerías y audiencias –incluidas las fiscalías- ascienden a un total de nueve, que no llegan a representar un tercio del total de los títulos de magistrados de ese año.27 Como hemos señalado, algunos de los nombrados por esta vía ejecutiva repiten en los años siguientes valiéndose del mismo procedimiento. Así, José Sánchez Mendoza, que ingresa por decreto decisivo en la Chancillería de Granada en 1790 como alcalde del crimen y de la sala de hijosdalgo, asciende a oidor en abril de 1795 por el mismo método.28 Lo mismo sucede en el caso de Manuel María Junco, que en 1790 es nombrado por decreto para ejercer las dos fiscalías –alcalde del crimen e hijosdalgo- de Valladolid y que en 1795 es promocionado a oidor por la misma vía ejecutiva.29.
En 1791 se mantiene la misma tónica que en el año anterior. De un total de 67 decretos del rey a la Cámara, nueve de ellos corresponden a plazas de justicia. Es la vía por la que transitan dos eclesiásticos para encaramarse hasta las más altas instancias de gobierno de la monarquía. A la edad de 36 años, Ramón de Arce Rebollar y Pedro de Acuña Malvar pasan a ocupar sendos sillones en los consejos. El primero en el Consejo de Hacienda, en donde se curte durante unos años para dar el salto en 1797 al Consejo de Castilla y al año siguiente al puesto de Inquisidor General. Miembro del partido que dirigen la reina y Godoy en 1798,30 Ramón de Arce se encuentra vinculado desde un primer momento a Manuel Godoy. Por su parte, Pedro de Acuña abandona su puesto de provisor y gobernador general de Santiago de Compostela –en el que ha sido nombrado por su tío, el arzobispo de Santiago, Sebastián Malvar Pinto- para ocupar una sorprendente plaza eclesiástica de Consejero de Castilla en el mes de octubre, y un mes después el puesto de camarista de Castilla.31 Su carrera es una de las más excepcionales de todo el reinado de Carlos IV, y tan sólo se puede explicar por la protección de Godoy, de cuyo primer gabinete formó parte, pues fue nombrado en julio de 1792 Secretario del Despacho de Gracia y Justicia cuando tan sólo acreditaba una experiencia en la gestión política de unos cuantos meses como camarista.
Durante el año de 1791 el poder del conde de Floridablanca comienza a debilitarse en la misma medida en que crece el de Manuel Godoy, sobre todo tras el nombramiento de este último en el mes de julio como Sargento Mayor de las Guardias de Corps. Los dos eclesiásticos referidos –Arce y Acuña- obtienen sus puestos de consejeros en los dos últimos meses del año. La familia “civil” de Godoy comienza también a verse favorecida por esta especial puerta de acceso a las magistraturas. El paisano de Godoy, y futuro familiar al casar con una prima suya, Antonio Vargas Laguna, consigue en el mes de octubre de ese mismo año, merced a un decreto ejecutivo, una plaza de oidor de la chancillería de Valladolid.32 Su trayectoria hasta ese momento constituye toda una excepción en la magistratura española del siglo XVIII. Había ingresado en la carrera judicial en octubre de 1790 como alcalde de cuadra de la audiencia de Sevilla y cuando aún no había ejercido un año, en septiembre de 1791, ascendió a la chancillería de Valladolid para hacerse cargo de las dos alcaldías –la del crimen e hijosdalgo-, pero por poco tiempo, pues en el mes de octubre de 1791 un decreto regio lo catapultaba hasta una plaza de oidor de aquel tribunal. El “mérito” de su amistad con Godoy se saldó con un ascenso a la alcaldía de Casa y Corte en enero de 1793, y poco tiempo después se valió de los métodos excepcionales de promoción para seguir escalando puestos en la magistratura, comenzando por un nombramiento como consejero supernumerario del Consejo de Órdenes en agosto de 1794 que desempeñaría de forma efectiva desde diciembre de 1797 merced a un nuevo decreto regio.33 En suma, el favor de Godoy, transformado en pura arbitrariedad, hizo que Antonio Vargas Laguna escalara en el plazo de cuatro años todos los peldaños de la carrera judicial, pasando fugazmente por empleos en los que cualquier magistrado debía permanecer durante varios años antes de pensar en una promoción al empleo superior. Y además lo hizo siendo tan joven como que consiguió la plaza de consejero de Órdenes cuando tenía 31 años, una edad anormal e inédita en toda la historia de ese Consejo.
El camino abierto en los últimos años de gobierno de Floridablanca de nombramientos por decreto a agentes del rey –fundamentalmente en la magistratura y en los Consejos- lo va a aprovechar Godoy para favorecer a una extensa red de clientes y paisanos. Como acabamos de ver Manuel Godoy se beneficia de la extensión de la vía ejecutiva para colocar como consejero a su padre o para convertir la carrera de su amigo Vargas Laguna en una de las más meteóricas de la magistratura del siglo.
XVIII. En ese sentido pues, Godoy no hace sino proseguir una práctica política que le ha permitido a Floridablanca constituir una extensa red clientelar, sustentada en buena parte, en relaciones de paisanaje y de amistad con los beneficiados por su patronazgo. La diferencia entre un ministro y otro –aun a falta de un análisis exhaustivo comparativo con el período de gobierno de Floridablanca- radica en que Godoy aprovechó la vía ejecutiva con mayor arbitrariedad que su predecesor por anudar una extensa red clientelar y de paisanaje. Con Godoy puede afirmarse que se entró -parangonando la expresión acuñada por Burkholder y Chandler en su estudio sobre las audiencias americanas- en una verdadera “edad del nepotismo”.
La edad del nepotismo. Godoy y su redes de poder: el control de la hacienda, la justicia y el ejército.
El control de la hacienda.
Desaparecido de la escena política el conde de Floridablanca, y aún en el breve mandato de Aranda como Secretario del Despacho de Estado, entre febrero y noviembre de 1792, Manuel Godoy continúa ejerciendo su influencia antes de ser nombrado como primer ministro de Carlos IV. Durante esos meses y, sobre todo, desde noviembre de ese año en que se convierte en dueño absoluto de la voluntad de los monarcas, la vía ejecutiva la utiliza con gran prodigalidad para colocar a familiares, amigos y paisanos extremeños, fundamentalmente, pacenses.
Su estrategia está perfectamente definida. Inicialmente, detiene los nombramientos por decretos ejecutivos de magistrados de audiencias y chancillerías que con tanta profusión había utilizado Floridablanca y que habían continuado durante el breve mandato del conde de Aranda. Desde su nombramiento como primer ministro hasta noviembre de 1793 en que se vuelve a reanudar la vía ejecutiva, todos los nombramientos de magistrados circulan por el camino habitual de la vía consultiva de la Cámara. En su lugar, Manuel Godoy prepara un minucioso plan de asalto al Consejo de Hacienda, con su padre a la cabeza como gobernador. Sin méritos algunos para ocupar los sillones de este Consejo, varios familiares acompañarán a José Godoy. Dos meses antes del nombramiento de éste como gobernador del Consejo de Hacienda, había ingresado en una plaza eclesiástica del mismo Consejo, por decreto ejecutivo, José Eustaquio Moreno Cidoncha, hermano de Cándido, cuñado de Godoy.34 Hasta entonces la experiencia de José Eustaquio se limitaba a haber sido visitador del obispado de Cuenca, pero justo tres años después de su nombramiento en Hacienda, en el mes de febrero de 1795, sería elevado hasta el Consejo de Castilla mediante un nuevo decreto decisivo.35 Otro familiar que incorporará al Consejo de Hacienda en agosto de 1793 por esa misma vía será Pedro Félix Cevallos Guerra -casado ese mismo mes con su prima Josefa Álvarez Faria- cuando servía por entonces como encargado de negocios en la embajada de España en Portugal.36.
Desde 1793 todos los nombramientos de consejeros de hacienda tendrán el carácter de supernumerarios, tanto los togados como los de capa y espada, y todos ellos serán nombrados mediante decretos ejecutivos. Entre la nómina de la docena de nombrados hasta 1797 se encuentran nombres tan extraños como el de Cristóbal Ramírez Cotes, cuyo mérito al ser nombrado consejero en 1793 era ser regidor perpetuo de la ciudad de Palencia,37 o jóvenes como José Acedo Rico, primogénito del conde de la Cañada –de la clientela de Godoy- que tras fallecer su padre en diciembre de 1795 es promovido un mes más tarde a consejero togado a la edad de 34 años.38 A ellos habría que sumar otros nombres de personajes poco conocidos en la administración de la hacienda borbónica como el de Bernardo Febrer o el de Manuel Valenzuela Maellas, que acceden al Consejo de Hacienda en calidad de supernumerarios merced a sendos decretos regios.
La familia y los “conocidos” de Godoy copan importantes parcelas de la administración de hacienda. Caso especial es el de su cuñado, Cándido Moreno Cidoncha que, de subteniente del regimiento de milicias de Trujillo, pasa a recibir directamente los honores de tesorero de ejército, la tesorería principal de rentas generales –en calidad de tesorero alternante- y con ella tesorerías tan importantes como las de las rentas del plomo, pólvora y salinas.39 En junio de 1793 abandonó la Corte para marchar a servir la intendencia de Extremadura, desde la cual luego sería elevado por su cuñado al puesto de Asistente de Sevilla y años después a la nobleza titulada como conde de Fuenteblanca.40 Fallecido el padre de Godoy en 1805, su cuñado lo designaría para ocupar la presidencia del Consejo de Hacienda. De este modo, la máxima institución de hacienda quedaba en manos de la familia. El otro tesorero principal de rentas nombrado en ese año de 1792, Víctor Rascón Cornejo, debía ser miembro de la extensa red de Godoy, pues antes de llegar a Madrid toda su experiencia en materia de hacienda se resumía en haber desempeñado la contaduría de la administración del tabaco en Badajoz, curiosamente la provincia natal de Godoy.41 En enero de 1796, junto con Vicente Alcalá Galiano, fue ascendido a director general de rentas.
El círculo, en otro ámbito, lo completa el propio Manuel Godoy. Se ha escrito mucho sobre su fulgurante carrera militar desde las Guardias de Corps,42 de sus tres ascensos en 1791 desde coronel hasta teniente general, pero ha pasado desapercibido por completo que en el mes de marzo de 1790, seguramente por gracia regia, es nombrado Tesorero General del Consejo de Órdenes Militares, un puesto totalmente ajeno a su carrera militar pero que le proporciona unos buenos ingresos, en concreto el dos por ciento de todos los libramientos y rentas de dicho Consejo.43 Cuando comienza su ascenso en las Guardias de Corps, Godoy cede ese puesto a su hermano Luís, que lo conserva hasta septiembre de 1793 en que se lo pasa a otro hombre de la clientela de Manuel Godoy, a su paisano, compañero en las Guardias de Corps y esposo de su prima Carmen Álvarez Faría, Joaquín Manuel Villena Mendoza, hijo del conde de Víamanuel.44 En este caso, la tesorería del Consejo de Órdenes, no funciona tanto como un elemento fundamental en el manejo de la hacienda por parte de la familia sino como un salario adicional que acumular a los que percibe por el desempeño de otros puestos ajenos a dicha tesorería. Y en el mismo sentido la acumulación de sueldos e ingresos se completará con la concesión de encomiendas a la familia del favorito, comenzando desde luego por su propia persona.45.
Las relaciones de Godoy con la administración de hacienda exceden con mucho a ese estrecho círculo familiar. Recientemente, Thomas Glesener ha constatado que durante esta primera etapa de gobierno de Godoy, desde las Guardias de Corps, en las que el favorito regio controlaba desde su puesto de Sargento Mayor el acceso y promoción de su oficialidad, comienzan a salir hacia empleos de hacienda de España e Indias oficiales formados en ese cuerpo.46 En tanto que la salida natural de los oficiales de Guardias de Corps durante todo el siglo XVIII habían sido los cuerpos del ejército regular y los empleos político-militares, en la década de los años noventa cambian de rumbo para dejar de ser “soldados” y convertirse en “administradores de hacienda”. El cambio, sin duda, tuvo que ver con esa forma de gobierno que iba a implantar Godoy basada en los vínculos personales y en la formación de extensas redes clientelares.
¿Por qué el interés de Godoy por controlar las instituciones de hacienda? El estudio más reciente sobre el favorito de Carlos IV sustenta la tesis de que la desorbitada riqueza que consiguió acumular en pocos años fue fruto del favor dispensado por el monarca al antiguo hidalgo extremeño. 47 Para corroborar esa tesis sería precisa una amplia investigación monográfica que ponderara de forma precisa la diferencia entre los salarios acumulados por Godoy, más las rentas percibidas por las múltiples mercedes que recibió, y el patrimonio e inmensa riqueza que llegó a acumular en propiedades urbanas, rústicas, joyas y pinturas. Nuestra hipótesis es que la incalculable fortuna que llegó a atesorar no fue producto tan sólo de los favores dispensados por el monarca sino del ejercicio corrupto del poder.
Un breve apunte puede ser revelador del procedimiento de enriquecimiento –con certeza, ilícito- seguido por Godoy desde que comenzó a gozar del favor de los monarcas. En 1792 Carlos IV le había dado a Godoy el señorío de la Alcudia, una de las dehesas de invernadero para la trashumancia más importantes del siglo XVIII.48 Al año siguiente, Godoy, ya como duque de Alcudia, hizo diversas compras de tierras y de ganado en el valle de la Alcudia, de las cuales tan sólo una de ellas le supuso un desembolso de 8 millones de reales.49 En ese mismo año compró a los herederos del marqués de Castillejos, por algo más de 2,5 millones, de reales su cabaña lanar trashumante.50 Sobra subrayar que dichas sumas eran, con mucho, muy superiores al total de los sueldos percibidos desde su llegada a la Corte en 1784 para servir como cadete de la compañía española de Guardias de Corps, y muy superiores a las rentas que hubiera podido producir la dehesa de la Alcudia en el breve plazo de un año. Si además añadimos que en 1792, antes de ser nombrado miembro del gobierno, adquirió una casa en El Escorial y comenzó a construirse en ese mismo año casa propia en Aranjuez, parece obvio que semejante acumulación de riqueza no debía responder exclusivamente al favor real sino a la obtención de ingresos por vías poco lícitas. Una simple operación matemática evidencia que los gastos en estos primeros años superaron, de largo, a la totalidad de los ingresos.
La única explicación a esos fabulosos desembolsos, muy superiores a los $1 1 ~ \mathrm { m i }$ llones de reales, se puede hallar en que hubiera utilizado para algunas de esas inversiones el mismo procedimiento que empleó en 1795 para adquirir la dehesa de La Serena, esto es, pagar su importe de 13.299.436 reales mediante un recibo de Nicolás Ambrosio Garro, marqués de las Hormazas, tesorero general, aplicado al caudal de “gastos secretos”.51 Es obvio que, con gran habilidad, lo que Manuel Godoy hizo fue efectuar una compra privada con dinero procedente de las arcas públicas. Además, es más que probable que hubiera preparado la compra de la dehesa de La Serena desde años antes, llegando incluso a controlar directamente el precio de tasación, pues no puede ser una mera coincidencia que el 2 de enero de 1792, cuando llevaba poco más de dos meses de consejero de hacienda, Pedro Acuña Malvar fuese nombrado juez comisionado para la venta de todos los derechos pertenecientes a la hacienda real en la dehesa de la Serena,52 y que en julio de ese mismo año fuese colocado como Secretario del Despacho de Gracia y Justicia pasando a formar parte del primer gabinete ministerial de Godoy.
La compra de una propiedad privada con fondos públicos fue una práctica que Godoy pudo continuar bajo otras formas en los años siguientes, pues en marzo de 1807 amplió sus bienes en la misma dehesa de La Serena al comprar las propiedades que pertenecían a la obra pía del cardenal Belluga y que, tasadas en 1.312.000 reales, pagó su apoderado mediante tan sólo 7.606 reales en efectivo y el resto en vales reales.53 La interrogante es obvia: ¿se trataba de vales reales de su propiedad, de un nuevo “favor real”, o de pura apropiación de caudales públicos?54 Desde luego lo que está claro es que la compra de La Serena no la hizo con los fondos obtenidos del producto de la dehesa de la Alcudia, la que se consideró el “gran regalo” de Carlos IV a Godoy que le permitiría luego inversiones de mayor calado.55.
Sabemos que Godoy pudo obtener ingresos extraordinarios como los procedentes de la venalidad de los empleos. Lo hemos demostrado en un estudio sobre la venta de cargos militares en la España del siglo XVIII.56 Sus intentos de reforma del ejército en 1802 estuvieron precedidos por su participación en derivaciones de la venalidad cercanas a la corrupción. Las necesidades de nuevos cuerpos de ejército para afrontar la guerra contra la Convención obligaron a levantar varios regimientos cuya financiación se hizo mediante la habitual venta de empleos, y a tal fin se creó en 1793 un “fondo de beneficios” en las oficinas de la Secretaría del Despacho de Guerra en el cual se fue ingresando el producto de esas operaciones. No es una mera casualidad que entre los levantadores de nuevas unidades hubiese cuatro extremeños, los marqueses de la Isla y de Monsalud, Manuel Laguna Moscoso y un hábil negociante estrechamente vinculado a Manuel Godoy, Juan del Castillo Rodríguez. Para el buen fin de sus ofertas, en todos los casos fue decisiva la mediación de Godoy, pero en el caso de Juan del Castillo hubo algo más que una mera relación de paisanaje. En la primera oferta que hizo al rey para formar el regimiento de Granaderos de Estado – que luego no cumpliría por entero- se comprometió a levantarlo cediendo al rey el nombramiento de los empleos de la plana mayor, pero en lugar de dejar a beneficio de la hacienda real un porcentaje de los demás empleos que se debían vender, dicha cesión la destinó al peculio personal del duque de Alcudia. El artículo octavo de la contrata ofrece pocas dudas: “Deja al Duque de Alcudia ocho compañías para que las dé a su arbitrio y a quienes sean de su agrado”.57 Traducido en otros términos, dicho artículo venía a dejar muy claro que más de un tercio de los puestos de la oficialidad serían para beneficio particular de Godoy.58.
El “regalo” que ofreció Juan del Castillo a Godoy tenía importe exacto, pues según las minuciosas cuentas que se hicieron en la Secretaría de Guerra para ver las compañías que debían quedar para el favorito real, el monto total ascendió a una suma de entre 1.800.000 y 2.000.000 de reales, importe de la venta de empleos correspondientes a seis compañías. Ignoramos el destino exacto final de la parte que le cupo a Godoy en este reparto pero tenemos la absoluta certeza de que las seis compañías que correspondían a la parte “pública-privada”, las de Godoy, se vendieron finalmente, si bien en el momento de la venta no figuraron como pertenecientes al duque de Alcudia sino como las “compañías que se beneficiaban de cuenta del rey”, para diferenciarlas de las que pertenecían al levantador del regimiento. 59 Comparando con el sistema utilizado por el propio Godoy para la compra de la dehesa de La Serena, observamos que el procedimiento es el mismo: la utilización de lo público y del nombre del monarca para su personal beneficio privado. En la Serena utiliza un artificio contable, mientras que en la formación de estas compañí- as se vale de un hipotético regalo del rey que, en la práctica y a la luz de la documentación conservada, se revela como una hábil maniobra para embolsarse el producto de la venta de esos empleos militares. En este caso no es preciso el control de ninguna institución de la hacienda sino el pacto y el negocio directo con un paisano y amigo dispuesto a compartir los beneficios de una empresa mercantil.
El control de la justicia.
Más arriba hemos señalado que desde el nombramiento de Godoy como primer ministro hasta el mes de noviembre de 1793 se detienen los decretos ejecutivos para nombrar nuevos magistrados. En febrero de 1794 se reanuda esa vía que margina a la Cámara de Castilla, algo que se podría interpretar como obra del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, a la sazón Eugenio Llaguno, amigo personal de Manuel Godoy, que se hace cargo de ese ministerio el 23 de enero de 1794 en sustitución de Pedro Acuña Malvar, jubilado –léase cesado- por decreto ejecutivo de esa fecha. Pero curiosamente, el primer magistrado nombrado por decreto ejecutivo a partir de la reanudación de esta práctica será Pedro Gómez Labrador, extremeño y amigo de Godoy.60 Todo apunta hacia la arbitrariedad de Godoy. Hasta entonces Gómez Labrador servía como oficial de la Secretaría del Despacho de Estado que dirigía Godoy y en ella se había visto favorecido por su paisano en 1792, tanto como para ascenderlo en el corto período de tiempo de siete meses desde oficial noveno a oficial cuarto de dicha secretaría.61 Su caso es inaudito no sólo porque ascendió directamente por decreto de 16 de noviembre de 1793 a una plaza supernumeraria de oidor de Sevilla sino porque además una orden particular de Godoy de enero de 1794 mandó que a pesar de ser supernumerario –y por ende no ejercer la plaza- percibiese el salario correspondiente a una plaza efectiva o del número.62 Por entonces Gómez Labrador tenía 29 años de edad, muy joven como para ejercer aquella magistratura sin, además, haber seguido el cursus honorum habitual de haber tenido experiencia previa en el ejercicio de alguna alcaldía del crimen.
Pero más allá de nombres individuales, en el año de 1794, tras la incorporación de Eugenio Llaguno a Gracia y Justicia y con Godoy al frente de todas las decisiones políticas, se producen dos cambios trascendentales en materia de nombramientos de magistrados. El primero es el absoluto predominio de la vía ejecutiva frente a la consultiva, hasta el punto de quedar esta última como algo residual. Las cifras son concluyentes: de un total de 27 magistrados –oidores, alcaldes del crimen y alcaldes de Casa y Corte- nombrados para servir en chancillerías y audiencias, 20 de ellos obtienen los nombramientos por medio de decretos decisivos. Que las propuestas de la Cámara afecten a tan sólo una cuarta parte de los nombrados significa que lo que se impone es el predominio del absolutismo, la arbitrariedad, el clientelismo y el favor como principales ejes vertebradores de la práctica política. Es ahí donde el ministro de justicia y el primer ministro tendrán un amplio margen de maniobra para colocar a sus deudos e incluso para, potencialmente, enajenar los despachos de magistrados. La comparación con la etapa de Floridablanca permite situar en su contexto la realidad de ambos periodos de gobierno –el del murciano y el de Godoy- en relación a los nombramientos de magistrados. En 1791, último año completo que Floridablanca permaneció en el poder, fueron nombrados un total de 19 jueces, de ellos 6 mediante decretos ejecutivos y el resto mediante consulta de la Cámara, es decir, en un porcentaje inverso al de la etapa de Godoy.63.
Por la vía del decreto ejecutivo y de la decisión en un cerrado círculo que no debió exceder de dos personas –Eugenio Llaguno y Godoy- ingresaron en las audiencias y chancillerías o llegaron a la sala de alcaldes de Casa y Corte, jóvenes jueces con escasos méritos. Algunos de ellos eran claros protegidos de Godoy, como el valenciano José Navarro Vidal,64 otros eran antiguos clientes de Floridablanca que en su día se beneficiaron de nombramientos por decreto y que ahora con Godoy seguían instalados en la misma dinámica, caso de Manuel Vicente Cano Ramírez de Arellano que obtuvo una plaza de oidor de Granada en 1794 por medio de un decreto decisivo cuando tan sólo tenía 30 años de edad.65 Casi siempre se observa una plena coincidencia entre edades jóvenes y nombramientos ejecutivos, cual sucede en los casos de Joaquín Antonio Rada Ichaso, alcalde del crimen de Sevilla a los 28 años o de Sebastián Torres Portocarrero, alcalde de Casa y Corte a los 33 años. Además, muchos de ellos parecen estar especializados en “carreras por decreto”, sin que la Cámara de Castilla llegue a tener conocimiento alguno de sus trayectorias profesionales, porque, entre otras razones, no les interesa que lo tenga, ya que pueden promocionar por otra vía. De este modo fue posible la elaboración de “vertiginosas” carreras, como la del citado navarro Joaquín Antonio Rada, que con tan sólo estudios de bachiller en leyes en la Universidad de Oñate, y tras conseguir en junio de 1794 la alcaldía del crimen de Sevilla por decreto, promocionó por el mismo método en septiembre de 1796 a una plaza de oidor de ese mismo tribunal para acabar como consejero del Consejo de Navarra supernumerario dos años después mediante el mismo sistema del decreto decisivo cuando tenía 32 años de edad.66.
El segundo cambio que tiene lugar en 1794, tan trascendental como el anterior, tiene que ver con la extensión de una peculiar forma de nombramientos que encubría su verdadera significación bajo un conocido “paraguas” en la práctica de gobierno de la monarquía, cual era la concesión a un individuo de los “honores” de un cargo. En principio, los “honores” no suponían desempeño efectivo del cargo anexo al que se concedían sino que tan sólo conferían prestigio a su poseedor. Durante los primeros años del reinado de Carlos IV los “honores de alcalde del crimen” de las audiencias proliferaron para recompensar las carreras de algunos corregidores que pretendían acabar sus días con un reconocimiento honorífico superior al que habían desempeñado durante su trayectoria política. Sin embargo, el giro radical que se produce en 1794 es que muchos de esos honores equivalen a nombramientos supernumerarios, es decir, títulos que se convierten en la antesala para la obtención de un puesto efectivo o numerario, a veces mediante un despacho intermedio de supernumerario y en otras ocasiones directamente como paso previo a la obtención de una plaza del número. Este cambio se manifiesta claramente en el mundo de la magistratura, desde las audiencias y chancillerías hasta los consejeros que sirven en las más altas instituciones de gobierno de la monarquía. Es una vía más en poder de Llaguno y de Godoy para favorecer a su clientela o, potencialmente, para obtener algún beneficio pecuniario. El profesor Molas Ribalta explicó que Francisco de Zamora, socio de la Matritense y fiscal de la sala de alcaldes de Casa y Corte, se vio favorecido por Godoy en su nombramiento como consejero de Castilla en 1795.67 Pues bien, el paso previo fue la concesión de unos honores de consejero en julio de 1794 mediante un decreto del rey a la Cámara que hizo posible que a la edad 38 años se sentara en la más alta magistratura de la monarquía.68 Otro hombre de la clientela de Godoy, José Navarro Vidal, cuando era oidor de Valencia, obtuvo una plaza honoraria de alcalde de Casa y Corte en julio de 1794, paso previo a la consecución de un puesto de supernumerario del mismo tribunal en abril de 1795 –ambos logrados mediante sendos decretos- que acabaría transformándose en plaza del número en julio de 1796, gracias igualmente a un decreto ejecutivo del rey a la Cámara.69.
Entre los múltiples ejemplos que se pueden reseñar de esta práctica ninguno la refleja mejor que el cursus honorum de Manuel del Pozo, que llegó hasta consejero de Castilla por la vía ejecutiva y por la obtención de plazas honorarias como paso previo a los destinos efectivos. Asesor de guerra del gobierno y comandancia de Madrid en 1786, obtuvo primero unos honores de oidor de la audiencia de Sevilla en 1789, que no se tradujeron en un puesto efectivo, pero en 1791 logró mayor distinción al recibir los honores de alcalde de Casa y Corte que acabaron convirtiéndose en una plaza efectiva de ese tribunal en junio de 1794 merced a un decreto ejecutivo. En agosto de 1797 recibió los honores y antigüedad de consejero de Castilla, lo que significaba en la práctica una plaza numeraria que finalmente consiguió en febrero de 1799 sin que ninguno de esos nombramientos pasase por la Cámara de Castilla. Este era el sistema para contar con Consejo dócil que sirviese a los intereses de quienes habían situado a los consejeros en tan alta magistratura utilizando el poder absoluto del monarca y prescindiendo por completo del “deber de consejo”.70.
Ignorar a la Cámara en el nombramiento de agentes de la monarquía tan fundamentales como eran las magistraturas tenía relación directa con la práctica del absolutismo en toda su extensión. Desde el mes de junio de 1794 hasta marzo de 1798 en que Godoy abandona el poder, la totalidad de las plazas de alcaldes de Casa y Corte fueron provistas por decreto. Semejante práctica no era algo baladí, pues las alcaldías de Casa y Corte, junto con las presidencias de audiencias, las fiscalías de los Consejos y los puestos de consejeros del Consejo de Órdenes, eran el paso inmediato a la obtención de una plaza en el más alto tribunal de la monarquía, el Consejo de Castilla. Y precisamente porque las presidencias de audiencias y chancillerías funcionan como puerta de entrada en el Consejo de Castilla la selección de los presidentes responde a la misma lógica que venimos exponiendo para las plazas de jueces. Un ejemplo comparativo deja bien claro el peso del favor, el clientelismo y, en última instancia, el nepotismo en la decisión política de nombrar a unos o a otros agentes de gobierno de la monarquía. En abril de 1793 es nombrado regente de la audiencia de Cataluña –por consulta de la Cámara- José Joaquín Navascués, hasta entonces oidor del Consejo de Navarra, cuando tenía una edad de 62 años y una experiencia en el mundo de la magistratura desde el año 1771 en que había sido nombrado alcalde de la corte mayor de Navarra.71 Desde tan prestigiosa audiencia tan sólo pudo llegar a ocupar una plaza del Consejo de Órdenes Militares en 1799, tras haber recibido una expectativa de conseguirla –merced a una plaza supernumeraria- seis años antes de esa fecha. José Joaquín Navascués falleció en 1802 sin haber alcanzado el siempre ambicionado Consejo de Castilla.72 Por el contrario, en septiembre de 1792 fue nombrado regente de la audiencia de Sevilla – por decreto ejecutivo- el asturiano Bernardo Riega Solares, sobrino del conde de la Cañada,73 presidente del Consejo de Castilla y hombre de la clientela de Godoy. Por entonces Bernardo Riega tenía una edad de 42 años y en tan sólo once años de ejercicio de la profesión había llegado a la cima del tribunal sevillano. El favor de su tío no se hizo esperar demasiado tiempo, y en junio de 1794 cuando aún no habían transcurrido dos años de su nombramiento como regente de Sevilla, le hizo consejero del Consejo de Castilla.
Los tres últimos años de la etapa de gobierno de Godoy mantienen la misma dinámica iniciada en los años precedentes. Las cifras totales de nombramientos de magistrados hablan por sí solas: de un total de 50 títulos despachados de alcaldes del crimen, oidores y alcaldes de Casa y Corte, más de la mitad, el $58 \%$ , se tramitan sin conocimiento de la Cámara, por influencia directa en la decisión del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, del Gobernador del Consejo de Castilla o del propio primer ministro, Manuel Godoy. Entre 1795 y marzo de 1798 en que abandona Godoy su cargo, el año 1795 se individualiza con especial relevancia como paradigmático del ejercicio arbitrario del poder bajo la forma de los excepcionales nombramientos supernumerarios. En ese año se registra la cifra más alta de expectativas o futuras de nombramiento –en forma de plazas supernumerarias- de todo el período estudiado, afectando fundamentalmente a magistraturas de justicia -13 títulos- y a consejeros de los distintos Consejos, con un total de 10 nombramientos.74 Pero esas cifras deben ser corregidas al alza porque durante ese año se mantiene la fórmula de nombramientos “honoríficos” que ocultan inmediatos despachos de plazas efectivas o del número.75.
Este es el método que se utiliza para proceder a nombramientos excepcionales como el del pacense Juan Morales Guzmán, nombrado por Godoy corregidor de Madrid e intendente de Castilla la Nueva en junio de 1792 a la edad de 37 años.76 Sin más experiencia que haber sido diputado en Cortes por Extremadura en 1789, Juan Morales no sólo fue nombrado corregidor sino que además en junio de 1795 recibió los “honores” de consejero de Castilla, sin sueldo alguno, pero con asiento y voto en la primera sala de gobierno.77 Con tales honores y con asistencia al Consejo no hubo problema para que a pesar de sus carencias de formación jurídica y falta de experiencia profesional se transformara aquella plaza en diciembre de 1803 en una plaza del número del Consejo de Castilla.78 Eran las ventajas de haber nacido en la misma provincia que Godoy y de disfrutar del patrocinio de éste.79 Las mismas que debió gozar otro hombre unido también por lazos de paisanaje con el favorito regio, Esteban Antonio Orellana, natural de Medina de las Torres, cuyo primer cargo en la administración fue nada menos que el de secretario de la presidencia del Consejo de Castilla, para el que fue nombrado en mayo de 1794. Luego presentará una carrera estrechamente vinculada a la figura de Manuel Godoy: honores y antigüedad de alcalde de Casa y Corte en junio de 1795, que no se publicaron en la Gaceta de Madrid para que nadie tuviera noticia de semejante nombramiento, y que se transformaron en enero de 1798 en una plaza supernumeraria del mismo tribunal, habiendo obtenido ambos despachos mediante sendos decretos ejecutivos del rey a la Cámara;80 retornado Godoy al poder obtendrá una plaza togada de consejero del Consejo de Guerra en julio de 1802.
El tribunal más importante, el Consejo de Castilla, se nutrió de consejeros por la misma vía ejecutiva que funcionó para chancillerías y audiencias. Ricardo GómezRivero dejó muy claro que de un total de 68 consejeros nombrados durante el reinado de Carlos IV, tan solo fueron consultados por la Cámara 11 casos.81 Si el decreto ejecutivo se utilizaba para los tribunales inferiores, con mayor razón interesaba controlar el más importante, el de Castilla, el que menos prerrogativas había perdido con motivo de las primeras reformas borbónicas del sistema polisinodial heredado de los Austrias. Ahora bien, conviene precisar que durante el reinado de Carlos IV, esta dinámica se inicia cuando aún se halla en el poder el conde de Floridablanca, en concreto en mayo de 1791 –con el nombramiento de Luis Manuel Isla, yerno de Campomanes- y se mantiene inalterable hasta finales del reinado. Por tanto, se constata, una vez más, que en el denominado “tiempo de Godoy” lo que se hace es institucionalizar y extender la dinámica política del “tiempo de Floridablanca” que, en este caso, viene a otorgar todo el poder en el nombramiento de magistrados al Secretario del Despacho y al primer ministro. La primera consecuencia de esta implantación de la vía ejecutiva será un considerable rejuvenecimiento del Consejo de Castilla. La edad media de los seis consejeros que ingresan en 1791 es de 45 años, algo totalmente anormal en la historia de esta institución. Pero su acceso al Consejo no está vinculado a una mejor preparación sino a la influencia y el favor dispensados por sus patronos. Además del referido Isla, yerno de Campomanes, ingresan también: Antonio Alarcón Lozano, paisano de Floridablanca; José Joaquín Colón de Larreategui, de la vieja saga de los “Colones” de larga tradición en el Consejo y con un hermano –Mariano- que sirve de consejero en esa fecha; y Pedro Acuña Malvar, sobrino del arzobispo de Santiago, que estuvo muy vinculado a Manuel Godoy hasta su cese en enero de 1794.
El ejército. La inflación de generales y la creación de fidelidades.
Es cierto que Manuel Godoy intentó dos importantes proyectos de reforma del ejército, uno en $1 7 9 6 ^ { 8 2 }$ –que finalmente quedó en mera tentativa- y otro en $1 8 0 2 ^ { 8 3 }$ que se tradujo en la promulgación de unas ordenanzas que acabaron en papel mojado. La guerra contra Francia en los años de 1793-1795 puso de manifiesto la necesidad de proceder a una profunda reforma del ejército que tratara de solucionar problemas que aquejaban desde muchos años atrás a la institución militar, tales como la débil formación científico-técnica de la oficialidad, la carencia de un mando unificado que coordinase la acción de las distintas armas o la selección de sus oficiales por criterios que ignoraban la capacidad y el mérito. Por ello, en 1796 se planteó, a iniciativa de Godoy, la necesidad de una reforma que pretendía ser el primer intento riguroso –superior incluso a las célebres Ordenanzas de Carlos III de 1768- de abordar cambios sustanciales en una institución que permanecía inalterable desde que Felipe V introdujese en España el modelo militar de la Francia de Luis XIV.84 En 1802 Godoy volvió a la carga pero las reformas contenidas en la ordenanza no se llegaron a acometer a causa de la complejidad, lentitud y elevado coste de su proceso de implantación.
Los intentos reformistas de Godoy chocaron no sólo con los sectores más reaccionarios del ejército –comenzando por las propias Guardias Reales que se negaron a cualquier reforma que mermara su posición de privilegio en el conjunto de la institución militar- sino con las contradicciones existentes entre su pensamiento y sus hechos y acciones de gobierno. Ante la Junta de Generales reunida en 1796 el propio Godoy presentó sus ideas de reforma del ejército, y entre ellas señaló que uno de los grandes males del ejército era el excesivo número de generales y oficiales retirados que constituían una auténtica "plaga" dentro del ejército.85 Evidentemente ocultaba la autoría de esa “plaga”, porque la macrocefalia del ejército borbónico, a la altura de 1796, no era producto de “creaciones de generales” del reinado de Carlos III sino de las masivas hornadas que se sucedieron entre 1789 y 1795, la mayor parte de ellas bajo su mandato y de las que él mismo, su familia y clientela se vieron ampliamente beneficiados. Prueba de esa contradicción es que en 1802, después de considerar el excesivo número de generales como uno de los grandes males del ejército, Godoy volvió a impulsar una vasta promoción de oficiales generales que vino a agravar el problema.
Nunca en la historia de la España Moderna se había producido en el ejército un fenómeno similar al que tuvo lugar entre los años de 1789 y 1795, en cuanto al desmedido incremento del número de generales del ejército. Las causas no se han investigado a fondo y seguimos sin tener una explicación que amplíe la que diera en su día Cepeda Gómez cuando señaló que “el deseo de los ministros de atraerse voluntades y crearse una clientela política entre los profesionales de la milicia” habría comenzado a ser un hecho efectivo “desde que Floridablanca comenzó a promocionar a sus parciales.86 De momento, lo único que sabemos es que algunas de esas hornadas de oficiales generales se hacen con motivo de conmemoraciones regias y celebraciones, comenzando por la de la entronización de Carlos IV, en lo que fue un amplio programa de fidelización de voluntades que incluyó la creación de numerosos títulos nobiliarios. Junto a esa promoción de 1789, la que tuvo lugar en 1794 se hizo con motivo del nacimiento del infante Francisco de Paula, la de 1795 para celebrar la paz ajustada con Francia, y la de 1802 con ocasión del matrimonio del príncipe de Asturias con la princesa de Nápoles María Antonia. Los resultados, antes de esa hornada de 1802, son evidentes: frente a un total de 221 oficiales generales –incluyendo entre ellos a los brigadieres- que había en España en 1779, veinte años más tarde, el Estado Militar de 1799 arroja una cifra de 538, lo que supone que en un período de veinte años, sin que hubiesen aumentado los efectivos del ejército –salvo unos pocos regimientos que se levantan a comienzos de la década de los noventa para la guerra en los Pirineos- el generalato había llegado a casi triplicarse.
Generales sin unidades a las que mandar, provocan a su vez una tremenda movilidad profesional en los regimientos de línea. Los ascensos se aceleran, todos ven mejorar su salario como consecuencia de su promoción y todos los mandos, sobre todo desde el grado de coronel hacia arriba, se benefician de la magnanimidad del monarca.
Nada testimonia mejor la crisis del ejército borbónico que esa tremenda masa de oficiales generales ociosos, adornados con vistosos galones en medio de un ejército que sufría una continua sangría humana como consecuencia del fuerte incremento de las deserciones, y en el que la formación cientifico-técnica y el mérito en el campo de batalla tenían escaso valor. León de Arroyal describió la situación de forma magistral cuando escribió que España a finales del siglo XVIII tenía “un cuerpo de oficiales generales sobrado para mandar todos los ejércitos del mundo; y que si a proporción tuviera soldados, pudiera conquistar todas las regiones del Universo”.87 La interrogante surge de inmediato ¿por qué esas masivas promociones de oficiales generales? ¿por qué en menos de un lustro un oficial del ejército podía llegar desde simple coronel a teniente general cuando este último grado había requerido siempre una dilatada experiencia en los campos de Marte?
Por ahora tan sólo se pueden anotar algunas líneas de investigación que permitan ir más allá de la simple constatación del fenómeno de la macrocefalia finisecular en el ejército borbónico. Son necesarias explicaciones que posibiliten precisar las razones de ese crecimiento desmesurado del número de oficiales generales, de esas fulgurantes carreras militares. Seguimos moviéndonos en el campo de las hipótesis pero las comparaciones con otras parcelas de gobierno nos hacen sospechar en dinámicas paralelas, en el dominio de la potestad absoluta del monarca para estrechar lazos de fidelidad y afianzar las clientelas del favorito. Si el profesor Cepeda Gómez apuntaba a los “parciales de Floridablanca” como explicación inicial, tenemos la certeza de que durante la etapa de Godoy esas parcialidades se incrementan, tanto en número como en grado de arbitrariedad, comenzando por su propia persona que, en medio año, durante 1791, ascendió de coronel a teniente general merced a tres nombramientos sucesivos, de brigadier, mariscal de campo y teniente general, este último cuando tenía tan sólo 24 años de edad, algo totalmente inédito en la historia militar de España.
Se puede comenzar por sus hermanos, Diego y Luís. El primero, en menos de cinco años ascendió de capitán de infantería a teniente general en 1795, cuando acreditaba una experiencia total de siete años de ejercicio profesional, pues había ingresado en el ejército como cadete de caballería en noviembre de 1787.88 Como su hermano Manuel, la precocidad en los ascensos fue tal que con 26 años ya había alcanzado el máximo escalafón del generalato. Luís Godoy, con los mismos años de servicio que Diego, fue promovido a teniente general, un año antes que su hermano, en septiembre de 1795.89 Los favores dispensados por Manuel Godoy a la familia directa también quedaron plasmados en las trayectorias de sus tíos, los Álvarez Faria, que hasta la llegada de su sobrino al poder presentaban carreras normales, pero que súbitamente se dispararon para lograr en muy poco tiempo el grado de teniente general. Juan Manuel Álvarez Faría, notó de inmediato los favores de su sobrino y en tres años escaló todos los grados del generalato hasta convertirse en teniente general y ocupar la capitanía general de Andalucía en noviembre de 1795 y unos meses después la de su Extremadura natal.90 El control de Manuel Godoy sobre todas las instituciones de gobierno extremeñas quedó reflejado en el nombramiento de su tío José Álvarez Faria –que escaló también el generalato con inusitada rapidez- como sucesor de su hermano en la capitanía general de Extremadura, cargo para el que fue nombrado en febrero de 1798.91 Los favores de Manuel Godoy a familiares directos en la milicia se completan con la figura de su cuñado Miguel Grúa, marqués de Branciforte, que se vio altamente recompensado en 1791 al ser nombrado capitán de la compañía italiana de Guardias de Corps, cargo que debía ser ostentado por un Grande de España, de tal modo que junto al nombramiento para mandar tan prestigioso cuerpo de la Guardia Real recibió en la misma fecha de su despacho militar –julio de 1791- el título de Grande de España de primera clase.92 Los favores de Godoy se ampliaron en enero de 1794 cuando Miguel Grúa fue nombrado virrey de Nueva España, cargo en el que permanecería hasta mayo de 1798.
Todo lo relativo a estos familiares directos resulta más o menos conocido. Sin embargo la historiografía apenas ha tenido en cuenta un elemento fundamental en la política militar de Godoy, en tanto en cuanto supuso el control absoluto sobre la jerarquía castrense durante su primera etapa de gobierno: colocó al frente de las principales instituciones de gobierno del ejército, la Secretaría del Despacho de Guerra y los inspectores de las distintas armas, a personas de su clientela política o de su familia, sin importar para nada el prestigio que pudieran acreditar para dirigir los destinos del ejército y, en última instancia, de la monarquía.
Comenzando por las inspecciones de armas, como hemos escrito en otros estudios, desde su creación en los primeros años del reinado de Felipe V se convirtieron en el centro neurálgico del poder militar, pues fueron dotadas de amplias competencias en el control periódico de la instrucción, víveres, disciplina, servicio, revistas, manejo de caudales y gobierno interior, y vestuario de los regimientos y, en suma, de todo aquello que redundase en el "buen estado y preparación del ejército". A todas esas atribuciones se añadía otra capital como era informar todas las propuestas de ascensos en todas las unidades dependientes de cada inspección.93 Por tanto, el control sobre todo el engranaje del poder militar se obtenía no sólo por medio de la Secretaría del Despacho sino también por medio de las inspecciones. Y más importante aún: quien era nombrado para ejercer una inspección acumulaba dos sueldos, el de su graduación de oficial general y el de inspector. Todas estas circunstancias explican que el tío de Godoy, Juan Manuel Álvarez Faría, fuese nombrado inspector de infantería en noviembre de 1793;94 que su hermano Diego Godoy fuese designado inspector general de dragones en septiembre de 1796 y que luego en mayo de 1802 fuese nombrado inspector general de caballería; 95 que su hermano Luis Godoy ocupase la inspección general de milicias durante el año 1795; que Antonio Barradas, procedente del mismo cuerpo de Guardias de Corps de Godoy, se hiciese con la inspección general de la caballería en junio de 1791; o que otros protegidos de Godoy, como Ignacio Lancaster Araciel, vizconde de la Armería, ocupara la inspección general de milicias desde noviembre de 1795, y Benito Pardo Figueroa hiciera lo propio con la inspección de infantería entre noviembre de 1797 y agosto del año siguiente.96.
Más importancia tuvieron los ministros de la Guerra. Durante nuestro periodo de estudio, de los tres nombres que ocuparon esa Secretaría del Despacho, uno de ellos, Juan Manuel Álvarez Faria – ministro entre el 21 de septiembre de 1796 y el 4 de septiembre de 1799- nos es familiar por los datos expuestos más arriba en relación a su parentesco con Godoy. Miguel José Azanza estuvo al frente de Guerra unos diez meses, desde el 21 de diciembre de 1795 hasta el 19 de octubre de 1796, fecha en que, en el marco de una remodelación general del gabinete de Godoy, fue destituido por su manifiesta enemistad con el favorito regio. Por último, el mandato más largo correspondió al conde de Campo Alange, que se hizo cargo de la Secretaría de Guerra entre abril de 1790 y diciembre de 1795.
Sin duda, de los tres, la figura más interesante –amén del tío de Godoy- es la de José Negrete Adorno, conde de Campo Alange, no sólo por el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Guerra sino porque durante ese período de algo más de cinco años fue cuando tuvo lugar el desorbitado crecimiento del cuerpo de oficiales generales, cuando vieron la luz un total de cinco hornadas que supusieron un total de 850 nombramientos de brigadieres, mariscales de campo y tenientes generales, y cuyo cenit se alcanzó en 1795 cuando, con un total de 350 despachos de oficiales generales, se publicó la promoción más elevada de la historia de la España Moderna. La trayectoria del conde de Campo Alange la hemos detallado a propósito de su empresa militar-mercantil cuando hizo de asentista de soldados para el ejército de Carlos III en 1769 y luego completó la formación del regimiento de Voluntarios Extranjeros, servicios que le valieron su ingreso en la milicia como coronel de infantería y que en el plazo de catorce años le llevaron desde la total ignorancia del arte de la guerra hasta el rango de teniente general en 1783.97 Después de esa experiencia venal su carrera no fue especialmente relevante –a excepción de su designación como capitán general de Guipúzcoa entre 1783 y 1788- hasta que en abril de 1790 accedió al ministerio de Guerra. Muy pronto, si no antes del nombramiento, intereses comunes iban a unir al conde de Campo Alange y a Manuel Godoy, pues ambos era propietarios de enormes rebaños de ganado en Extremadura, el primero por herencia familiar y el segundo en proceso de expansión durante aquellos años mediante sucesivas compras realizadas a partir de su reciente encumbramiento político.
A la altura de 1790 el conde de Campo Alange y Manuel Godoy tendrán otra comunidad de intereses en lo político y en lo familiar. Si Godoy puede situar a su hermano Diego como teniente general en 1795 a la edad de 26 años, lo propio hará el conde de Campo Alange con su hijo Francisco Javier Negrete, teniente general a los 32 años, después de que sentara plaza de capitán de infantería en el regimiento que levantó su padre a la tierna edad de cinco años, merced al regalo de una patente en blanco de capitán de las que vendía este último.98 Más allá de las recompensas destinadas a premiar a algunos militares que intervienen en la guerra contra la Convención francesa y de recompensar algunas canas, el enorme poder de promocionar en el generalato se convierte en un valioso instrumento en manos de Godoy y del conde de Campo Alange con el que establecer y afianzar sólidas redes clientelares. En los años que transcurren entre 1791 y 1795 es posible alcanzar la cúspide del generalato si se goza de la protección y del favor de ambos ministros. Pueden quebrar, y de hecho la quiebran, la lógica que había regido todo el sistema de organización militar durante toda la centuria. Tan sólo en estos primeros años del reinado de Carlos IV, con Godoy a la cabeza de todas las operaciones, son posibles casos tan inauditos –entre otros muchos de este mismo período- en la historia militar española como el del XIII duque del Infantado, quien en 1793 compró el grado de coronel de infantería al financiar la formación del regimiento de Voluntarios de Castilla, al año siguiente era ya brigadier, ascendió a mariscal de campo en septiembre de 1795 y a teniente general en la hornada de oficiales generales de octubre de 1802.99 Todo un record de carrera –en nueve años de la nada a teniente general-, sustentada primero en la venalidad y luego en el favor de los monarcas y de su valido.
El patronazgo ejercido por Manuel Godoy –en colaboración con el conde de Campo Alange- con sus paisanos extremeños merecería un extenso trabajo monográfico. Por el momento basta anotar que la tupida red de paisanaje que llegó a tejer Godoy tuvo su máxima expresión en la proyección hacia el generalato de un nutrido grupo de extremeños que habían ingresado en el ejército en el reinado de Carlos III con motivo de la formación de nuevos cuerpos de caballería y dragones para la guerra de Portugal en 1762 y de nuevos regimientos de infantería en 1766. Entre los generales de Carlos IV se encuentran un buen número de los compradores de patentes de capitanes –extremeños y de otras procedencias– del regimiento que levantó el extremeño conde de la Roca, comenzando por los tíos de Godoy, los Álvarez Faría y siguiendo por la familia del propio levantador, como su hijo Vicente Javier Vera Guevara, capitán a los 12 años de edad del regimiento que financió su padre, y que será teniente general en la hornada de 1795. $^ { 1 0 0 } \mathrm { E }$ igualmente entre esos generales se hallan algunos de los que en su día, en 1767, compraron despachos de capitanes en el regimiento de Voluntarios Extranjeros, el mismo que financió el conde de Campo Alange que, ahora, en la coyuntura de 1791- 1795, en su calidad de ministro de la Guerra, los elevó hasta lo más alto del generalato.
En el otro lado de la balanza habría que señalar que, por vez primera en la hornada de 1795 tuvo reconocimiento la artillería con el nombramiento de varios oficiales generales procedentes de este arma, encabezados por el joven Tomas de Morla, amigo de Godoy.101 Hasta entonces las armas técnicas –artillería e ingenieros- habían sufrido una notoria marginación en el conjunto del ejército, traducida entre otros aspectos, en los escasísimos oficiales procedentes que solían llegar a generales. El problema fue que a la altura de 1795 ese reconocimiento llegaba tarde en relación a otros ejércitos europeos, y en el marco de una política militar tan contradictoria como la de Godoy que, tras escribir en 1796 que el arma de artillería debía representar, como mínimo, la tercera parte de la fuerza efectiva de infantería, a la altura de 1802 el sistema seguía tan inalterable como que la artillería, lejos de suponer ese $30 \%$ del total de infantería, tan sólo suponía el $3 , 7 \%$ de sus efectivos.102.
En el caso del ejército, como en el de la hacienda y la justicia que hemos visto más arriba, estamos ante el eterno problema en que se movió Godoy durante su primera etapa de gobierno: un ministro cuyo “proyectismo” e intentos de reforma siempre chocaron contra las viejas estructuras del pasado y, sobre todo, con sus propias contradicciones internas. Pregonó un pensamiento –teóricamente ilustrado- pero en muchos aspectos su propia práctica política se caracterizó por su obsesión por ejercer el poder cual si de un rey absoluto se tratase, siempre en beneficio de su patrimonio personal y de su proyección política. Para ello supo tejer unas complejas redes clientelares que sustentaran y ampliaran el enorme poder que continuamente le confiaban los monarcas. Y para desarrollar esa política se encontró con el terreno abonado y sembrado durante los últimos años de gobierno de Floridablanca que, como hemos visto, le permitió intensificar su forma de gobierno en torno al ejercicio del nepotismo.
Sin duda, la arbitrariedad en las decisiones políticas generó incertidumbre entre los más importantes actores sociales de la monarquía. El cambio de “agentes del rey” a “agentes del favorito” –con independencia del lazo que los uniera- creó en el gobierno de la monarquía una situación de crisis, porque el poder absoluto, otrora concentrado en la persona del rey, había basculado hacia otros espacios en los que se movían los amigos de los primeros ministros –Floridablanca y Godoy- sus paisanos, clientelas y parentelas. A mi juicio, la crisis del sistema político de la monarquía de Carlos IV comenzó desde los primeros años de la década de los noventa cuando las principales instituciones sufrieron una gran convulsión como consecuencia de la extensión de la vía ejecutiva que facilitó la arbitrariedad y el nepotismo, y que generó un gran desconcierto entre los miembros de los más importantes cuerpos del Estado. A la deslegitimación del sistema político contribuyó un modo de nombrar a los principales agentes de gobierno que subvertía el orden tradicional de la monarquía vigente hasta entonces. Fue el precio pagado por el rey y la reina por dejar las riendas del poder en manos de un favorito que, so capa de transformar las viejas instituciones de la monarquía, buscó ante todo, en lo material, su lucro personal y, en lo inmaterial, disponer de una extensa clientela política deudora de sus favores que le posibilitara su perpetuación en el poder sin demasiados quebrantos.