Régimen JuRídico del factoR Religioso en ee.uu.: teoRía y pRaXis Relativa a los ministRos de culto y las confesiones
antonio sánchez-Bayón ISPE/GiDeCoG – Universidad Camilo José Cela1
resuMen.
El fin de este estudio es múltiple: dar a conocer el régimen jurídico estadounidense sobre el factor religioso, desmontándose parte de las confusiones que existen al respecto; exponer cómo se reconoce la personalidad jurídica y la capacidad de obrar en el Derecho estadounidense a los sujetos religiosos cualificados (ministros de culto y organizaciones religiosas); explicar cuáles son los principales litigios en los que se ven inmersos dichos sujetos, y cuál suele ser el régimen de responsabilidades al respecto.
Palabras clave: Estados Unidos de América (EE.UU.), Ordenamiento jurídico, factor religioso, clero, organizaciones religiosas, litigios.
aBstract.
This paper has a multiple purpose: to show the U.S. legal system for religious factor, fixing typical mistakes; to expose how to recognize the legal status (recognition & will) for religious subjects (religious ministers and organizations); to explain the main lawsuits and proceedings for these type of subjects, and which is the typical accountability for those trials.
Keywords: The United States of America (U.S.), Legal System, religious factor, clergy, religious organizations, lawsuits and proceedings, accountability.
I. PRESENTACIÓN.
Los temas tratados en este estudio (e.g. personalidad, capacidad y responsabilidad jurídica), acerca del régimen jurídico del factor religioso en los Estados Unidos de América (EE.UU.), se corresponden con la regulación de desarrollo del iuseclesiasticismo estadounidense o American Civil Church Law (ACCL)2 . En este caso, se presta especial atención a los sujetos religiosos cualificados, conforme a las reglas generales sobre la materia –sin pretensión de exhaustividad–. Luego, la delimitación del estudio es la que sigue: a) materialmente, se centra la atención en la regulación acerca del clero (e.g. reverendos, pastores, sacerdotes) y las organizaciones religiosas (e.g. corporaciones, asociaciones, fundaciones); b) espacio-temporalmente, se restringe el estudio a la regulación de alcance doméstico, con especial atención a la generada durante las Administraciones Clinton y W. Bush –como ejemplo de polos que pueden llegar a tocarse–.
II. RÉGIMEN JURÍDICO DE SUBJETIVIDAD
1. reconociMiento de personalidad y capacidad.
En el Ordenamiento estadounidense, se reconocen como conceptos jurídicos válidos, con un status propio, los términos clergy/clergyman [clérigo/religioso] y church [iglesia/ organización religiosa]. Con el primero, se identifica al líder religioso, y con el segundo, la organización. Tanto en la jurisprudencia (sobre todo de las Cortes de Apelación o Segunda Instancia), como en las compilaciones normativas, The Uniform Rules of Evidence [las reglas uniformes de evidencia –ley de enjuiciamiento civil y penal–] y The Internal Revenue Code [el código de recaudación interna –código de Derecho financiero y tributario–], se tipifican estos términos, con sus sinónimos genéricos y específicos3 .
En cuanto a su status, debido a su labor espiritual y social, tienen reconocidos una serie de privilegios:
A. Privilegios e inmunidades del clero: pese a las restricciones históricas, que datan incluso desde los primeros años de los EE.UU. (e.g. abolición de beneficios del clero por el Congreso en 1790), en la actualidad, el clero aún goza de las siguientes prerrogativas4 :
Exención de impuestos (IRS): de ingresos, no teniendo que realizarse en muchos casos la declaración –correspondiéndole a la iglesia; de la vivienda – idem; etc.
Exención de deberes públicos: de ser jurado en un juicio5 ; del servicio militar6 , etc.
Privilegios de trato por la Administración: ventajas penitenciarias7 , prioridad con el servicio de inmigración8 , etc.
Facultades de prestación de servicios: para celebrar matrimonios9 , bautizos, etc.
4 Para la realización de algunas de estas prerrogativas, algunos Estados piden además, que el religioso solicite una licencia, esté inscrito en un Registro público especial e informe de actuaciones.
5 El clero esta excusado en muchos Estados (e.g. Hawaii Revised Statutes –612-6, Exempt when, 1987) y en los que no lo está, basta con que pida su recusación por diversas causas: prejuicios y/o familiaridad con los hechos y las partes.
6 Tanto el clero como los estudiantes de teología reciben un trato especial, pues aunque la Selective Service Act, les obliga a registrarse, no son luego llamados a filas.
7 Tanto el clero como el preso, no pueden ser obligados a desvelar el contenido de sus conversaciones (e.g. Alabama Rules of Evidence, Rule 505, Communications to clergymen).
8 De acuerdo con la Religious Workers Act of 2000.
9 Hay Estados que exigen al clero disponer de una licencia y comunicar las actuaciones (e.g. Alabama Code – 30-1-7, Persons authorized to solemnize marriages, 1988).
B. Privilegios e inmunidades de las organizaciones religiosas:
Ventajas en urbanismo (Zoning Law & Building Codes [Derecho urbanístico y códigos de construcción]): puede impedirse el establecimiento de licorerías a menos de dos manzanas de una iglesia. Cabe también prohibir la apertura en domingo de bares y licorerías. La cesión de terrenos para la edificación de lugares de culto –pero el propietario no sería la iglesia, sino la comunidad local; etc.
Ventajas fiscales: las propiedades eclesiásticas están exentas o tributan a precios distintos de mercado; las donaciones a las iglesias tienen beneficios fiscales; etc.
Ventajas de trato con la Administración: debido a su labor de asistencia y promoción social, puede solicitarse ayudas públicas –no importa si la organización es religiosa o no, sino la labor que realiza; puede disponerse de propiedades públicas para sus servicios –en algunos casos, siendo necesario pagar un alquiler mínimo; puede mostrarse símbolos propios en espacios públicos –ya que muchos de estos símbolos poseen un valor secular; puede distribuirse literatura religiosa en espacios públicos y aceras –siempre y cuando se respete el orden público; puede recibirse asistencia legal gratuita por parte de la Fiscalía (a través de The First Freedom Project); etc.
2. vías de FuncionaMiento.
Para iniciar el abordaje de la cuestión, el ACCL ofrece diversas posibilidades, siendo las principales y más recomendadas por los despachos especializados (e.g. RJ&L Religious Institutions Group), la vía ex novo y la de tracto sucesivo (basada en la Ecclesiastical Corporation Sole)10.
A. Régimen ex novo: como ya advirtiera Marx, lo atractivo del protestantismo –como macrovariedad religiosa dominante en los EE.UU.–, es que cada persona común puede ser ministro de culto e iglesia. Luego, por esta vía, bastaría con constituir una entidad, que fuera reconocida como organización religiosa por un organismo público, y a sí mismo (al sujeto que constituye la entidad), como su representante legal o como su empleado (de acuerdo con la Self-Employment Constributions Act y la Federal Insurance Contributions.
Act). La mejor forma de lograr dicho reconocimiento es mediante el Internal Revenue Service [Servicio de recaudación interna] (IRS). Para obtener el reconocimiento del IRS, como iglesia y religioso, sólo es necesario solicitarlo por escrito en una carta, tramitar anualmente el Formulario 990 o el 990-EZ, y cumplir los requisitos tipificados en la secc. 501(c)(3) del $I R C ^ { \mathrm { n } 1 }$ (e.g. ser una organización sin ánimo de lucro, con actividades de caridad, etc.), y últimamente, además, se exige no haber hecho campaña contra ningún candidato político.
Preceptos del IRC sobre clero e iglesia12: I.R.C. $\ S \ 7 9$ Exemption of Church Plans from Limitations on Group Term Life Insurance. I.R.C. $\ S 7 4 ( \mathrm { b } )$ Certain Exceptions for Prizes and Awards in Recognition of Religious Achievement. I.R.C. $\ S \ S \ S$ Rental Value of Parsonages. I.R.C. $\ S \ 1 7 0 ( \mathrm { b } ) ( 1 ) ( \mathrm { A } )$ Limitations on Charitable Contributions to a Church. I.R.C. $\ S \ 1 7 0 ( \mathrm { f } ) ( 6 )$ Disallowance of Charitable Contribution Deductions. I.R.C. $\ S \ 4 0 1$ (a)(9)(C)(iv) Church Plan Exception to Required Distributions for Qualified Pension, Profit-Sharing and Stock Bonus Plans. I.R.C. $\ S 4 0 2 ( \mathrm { g } ) ( 7 ) ( \mathrm { B } )$ Special Rules for Certain Organizations Regarding Limitations On Exclusion for Elective Referral. I.R.C. $\ S 4 0 3$ (b) Taxability of Beneficiary Under Annuity Purchase by $\ S 5 0 1$ (c) (3) Organization. I.R.C. $\ S$ 404(a)(10) Contributions By Certain Ministers to Retirement Income Accounts. I.R.C. $\ S 4 1 0 ( \mathrm { c } ) ( 1 ) ( \mathrm { B } )$ Application of Participation Standards to Certain Plans. I.R.C. $\ S 4 1 0 ( \mathrm { d } ) ( 1 ) \& ( 2 )$ Election By Church to Have Participation, Vesting, Funding, etc. Provisions Apply. I.R.C. $\ S 4 1 1$ (e)(1)(B) Application of Vesting Standards to Certain Plans. I.R.C. $\ S ~ 4 1 2 ( \mathrm { h } ) ( 4 )$ Exceptions to Minimum Funding Standards. I.R.C. $\ S \ 4 1 4 ( \mathrm { e } )$ Church Plan Defined. I.R.C. $\ S \ 4 1 4 ( \mathrm { p } ) ( 1 1 )$ Church Plan Payments Classified as Qualified Domestic Relations Order. I.R.C. $\ S \ 4 1 4 ( \mathrm { q } ) ( \mathrm { q } )$ Highly Compensated Employee Definition. I.R.C. $\ S 4 1 5 ( \mathrm { c } ) ( 7 )$ Special Rules for Church Plans on Limitations for Defined Contribution Plans. I.R.C. $\ S \ S \ S 0 1 ( \mathrm { c } ) ( 3 )$ , (d) Exemption from Taxation for Religious Organizations. I.R.C. $\ S \ S 0 1$ (h)(5) Disqualified Organizations Expenditures by Public Charities to Influence Legislation. I.R.C. $\ S 5 0 1$ (i) Prohibition of Discrimination by Certain Social Clubs. I.R.C. $\ S \ 5 0 1 ( \mathrm { m } ) ( 3 ) ( \mathrm { D } )$ Certain Organizations Providing Commercial-Type Insurance Not Exempt from Tax. I.R.C. $\ S \ S$ 508(a), (c) Exceptions to Special Rules with Respect to 501(c)(3) Organizations. I.R.C. $\ S 5 0 9$ (a)(1) Churches and Religious Organizations Are Not Private Foundations. I.R.C. $\ S \ S 1 2 ( \mathrm { b } ) ( 1 2 )$ Specific Church Deduction for Unrelated Business Taxable Income. I.R.C. $\ S \ 5 1 4 ( \mathrm { b } ) ( 3 ) ( \mathrm { E } )$ Special Rule for Churches When Land is Acquired for Exempt use Within 10 Years. I.R.C. §§ 530(b)(4)(A)(i), (b)(4)(A)(ii) Coverdell Education Savings Account Application to.
Religious Schools. I.R.C. §642(c)(2)(B) Deductions Paid or Permanently Set Aside for Charitable (including religious) Purposes. I.R.C. § 999(b)(3)(iii) Participation In or Cooperation With an International Boycott. I.R.C. $\ S$ 1402(a)(8) Tax on Self-Employment Income for Ministers of a Church Members of a Religious Order. I.R.C. $\ S \ S$ 1402(a)(14), (j) Church Employee Income Special Rules. I.R.C. $\ S \ S$ 1402(c)(4),(e),(g) Self-Employment Income Definitions and Exemptions For Churches, Ministers, Members of Religious Order. I.R.C. $\ S 2 0 1 1$ (d) Credit for State Tax Deaths and Additional Limitations for Cases Religious Uses Under $\ S 2 0 5 5$ . I.R.C. $\ S 2 0 1 ^ { \angle }$ (f) Credit for Foreign Tax Deaths and Additional Limitations for Cases Religious Uses Under $\ S 2 0 5 5$ I.R.C. $\ S 2 0 5 3$ Estate Tax Deduction for Death Taxes on Gifts to Churches, If Tax Savings Given to Churches. I.R.C. $\ S 2 0 5 5$ Estate Tax Deduction for Religious Gifts. I.R.C. $\ S \ : 2 1 0 6$ Estate Tax Deduction for Religious Gifts by Non-Resident Decedents. I.R.C. $\ S$ 2522 Gift Tax Deduction for Religious Gifts. I.R.C. §§ 3121(b)(8)(A), (b)(8)(B) Employment Definitions For Calculating Employment Tax, Does not Include Ministers, etc. I.R.C. $\ S 3 1 2 1$ (w) Federal Insurance Contributions Act; Exemption of Churches and Qualified Church-Controlled Organizations. I.R.C. $\ S \ 3 1 2 7$ Exclusion of Religious Organizations and Employees from Social Security Tax Where Religious Tenants are in Opposition to Government Provided Benefits. I.R.C. $\ S 3 3 0 6$ Religious Service Overseas Exempted from Employment Definition. I.R.C. $\ S \ S$ 3309(b)(1), (b)(2) State Law Coverage of Services Performed for Non-Profit Organizations or Governmental Entities. I.R.C. $\ S \ 3 4 0 1$ (a)(9) Exclusion of Duly Ordained, Commissioned, or Licensed Minister of a Church from Wage Definition for Employment Tax Purposes. I.R.C. $\ S \ 4 9 8 0 \mathrm { B } ( \mathrm { d } )$ Church Plans Excluded for Failure to Satisfy Continuation Coverage Requirements of Group Health Plans. I.R.C. $\ S \ S$ 4980D(b), (c)(2)(B) Failure to Meet Certain Group Health Plan Requirements. I.R.C. $\ S \ 4 9 8 0 \mathrm { F ( f ) ( 2 ) ( B ) }$ Church Plan Excluded From Tax Imposed for Failure of Applicable Plans Reducing Benefits Accruals to Satisfy Notice Requirements. I.R.C. $\ S 5 1 2 2$ (c) Occupational Tax, Limited Retailer Definition Includes Church. I.R.C. $\ S \ 6 0 3 3$ (a)(3)(A)(i) Returns Required to Be Filed by Exempt Organizations. I.R.C. $\ S 6 0 4 3$ (b)(1) Exempt Organization Return Requirements Following Liquidation, etc. I.R.C. $\ S 6 0 5 7$ (c) Annual Registration Concerning Pension Plans Including Church Plans. I.R.C. $\ S \ 6 1 1 5$ Value of Intangible Religious Services Received in Exchange for Contribution Does not Reduce Charitable Contribution Deduction. I.R.C. $\ S \ S 6 1 1$ Restrictions on Church Tax Inquiries and Examination. I.R.C. $\ S ~ 7 7 0 1$ (a)(19) (v) Definitions of Savings and Loan Association Included if 60 Percent of the Total Asset is Loans Primarily for church Purposes. I.R.C. $\ S 7 7 0 2 ( \mathrm { j }$ ) Certain Church SelfFunded Death-Benefit Plans Treated As Life Insurance. I.R.C. $\ S 9 8 0 2$ (c) Special Rules for Church Plans Regarding Prohibiting Discrimination Against Individuals and Beneficiaries Based on Health Status; et al.
B. Régimen de tracto sucesivo: es la vía más recurrente, pues se aprovecha la estructura y trayectoria consolidada de familias confesionales, donde existe un sistema tasado de formación y acreditación interna, pudiendo llevarse a cabo por ordenación, como comisionado o bajo licencia, según se trata de una iglesia o una congregación.
Proceso de selección de clero por las iglesias (e.g. católica, ortodoxa, anglicana): lo habitual es que el candidato, primero se forme en los seminarios correspondientes, y luego sea seleccionado por la jerarquía de su organización para encargarse de una delegación local.
Proceso de selección de clero por las congregaciones (e.g. bautista, metodistas): normalmente, suele ser la congregación la que oferta el puesto y elige al candidato.
A este respecto, las disputas que puedan surgir de la selección del candidato, no suelen ser admitidas por los tribunales civiles; otra cosa es, las posibles responsabilidades derivadas de la elección del candidato y sus actuaciones, cuestiones que sí entran a ser conocidas por los jueces. Como última regla general al respecto, lo habitual es que la relación entre el religioso y la iglesia sea por vía contractual, por lo que se aplica la teoría general de los contratos, eso sí, observándose las especialidades de la materia.
III. LITIGIOS, RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES.
Desde mediados de de la década de 1810, surge la Church Authonomy [doctrina de la autonomía religiosa], lo que supone un cierto distanciamiento del poder civil respecto del religioso. Los tribunales civiles, en aplicación estricta de las cláusulas de la Primera Enmienda, renuncian a conocer de las disputas internas eclesiásticas y de los litigios planteados contra las organizaciones religiosas, sustentándose en la figura de la Charitable immunity [inmunidad caritativa] –se trata de un privilegio cuyo origen se remonta al Derecho medieval13. Esta situación perdura hasta la década de 1940, comenzando a variar cuando algunos tribunales estatales emprenden un cierto cuestionamiento de los fundamentos de dicho privilegio. A finales de la década de 1970, con el pistoletazo de salida del caso Barr y otros análogos, los tribunales empiezan a flexibilizar los criterios de admisión de causas contra el clero y las iglesias14.
A raíz del caso Barr v. United Methodist Church (90 Cal. App. 3rd 259, 1979) y demás jurisprudencia continuadora de la tendencia (Chellew v. Hope Lutheran Church 1980, Frank Tyler Allen v. Presbyterian Housing Program, Inc 1982, Bozeman Deaconess Foundation $\nu .$ Yellowstone Conference of the United Methodist Church 1981, Minor v. Southern Baptist Convention 1981), de este modo, arranca una normalización (por aceptación como condición general y ordinaria), de la admisión de litigios frente al clero y las iglesias (más otros entes dependientes sin ánimo de lucro), pudiéndose exigir responsabilidades e indemnizaciones, cada vez más copiosas, obligando en consecuencia a tener que contratar seguros15.
Litigios eclesiasticistas más relevantes/Lawsuits (causas de disputas civiles y/o pleitos penales)
A. Litigios en contra del clero y las iglesias
1. Fraud (fraude, estafa, defraudación)
2. Defamation (difamación e injurias)
3. Negligence (negligencia - Común: own liability (responsabilidad propia) - Especial: clergy malpractice (malpráctica clerical)
\* Regla de imputación: vicarious liability & respondent superior (responsabilidad del vicario y respuesta del superior)
4. Abuse (abuso)
Child abuse (abuso infantil y personas vulnerables) Sexual misconduct & sexual harassment (conducta sexual indebida y acoso sexual) Brainwashing (lavado de cerebro/pseudoconversión)
B. Litigios a favor del clero y las iglesias
1. Religious Discrimination (discriminación religiosa): education, employment, housing, landing, public acomodation, public facilities (educación, empleo, vivienda, urbanismo, asistencia pública y facilidades)
2. Religious Bias Crimes (delitos religiosos): crimes against persons and property based on religion (delitos contra personas y propiedad de carácter religioso).
3. Protecting Religious Freedom (protección de la libertad religiosa): religious land use, institutionalized persons (uso religioso del suelo, personas institucionalizadas/bajo supervisión institucional)
Para compensar el posible desequilibrio financiero de las iglesias y sus entes dependientes, en la década de 1990, los tribunales, igualmente, comenzaron a admitir la posibilidad de recepción de fondos públicos por parte de las iglesias, para el desempeño de funciones sociales (educativas, sanitarias, etc.) y mejora del bienestar general. Ello explica la constitución y consolidación de las Faith-based iniciatives (vid. supra), programa directamente dependiente de la Casa Blanca, y cuya significación y alcance se expone a reglón seguido.
IV. ESTUDIO DE CASO: ORGANIZACIONES E INICIATIVAS DE BASE COMUNITARIA Y DE FE (FAITH-BASED & COMMUNITY ORGANIZATIONS/INICIATIVES - FBOS)
Como inciso preliminar de la cuestión, únicamente, se desea prevenir al lector de la lógica por la que en los EE.UU., debido a su comprensión secular de la religión, entonces, su regulación al respecto, es compilada en su mayoría en el Título 42 del U.S. Code, pues atañe principalmente a la Salud y Bienestar Público –en la más pura tradición del Social Gospel [evangelismo social –versión protestante de la doctrina social católica–]. Así se constata del listado de más de cien actividades que en tal sentido vienen desarrollando el clero, los religiosos, las iglesias y sus entes dependientes, de entre las que se destacan las siguientes16: A.- Actividades y servicios (e.g. servicios de adopción, orfanatos, centros de acogida de menores, asistencia de madres solteras, programas de apoyo a jubilados, centros de recreo juvenil, centros de recreo de mayores, centros de retiros espirituales, clínicas de salud, servicios de apoyo al inmigrante, fondos de caridad, santuarios, programas de rehabilitación, programas de apoyo psicológico, programas de alimentación a indigentes); B.- Organizaciones y actividades patrocinadas (e.g. escuelas de enfermería, colegios de educación elemental, institutos de educación secundaria, escuelas bíblicas, seminarios teológicos, universidades, fundaciones de educación, centros de convenciones, cursos de estudio en casa, seminarios públicos, centros de meditación, librerías, archivos, bibliotecas, editoriales –de libros de religión y educación–); C.- Bienes y productos ofrecidos por las iglesias (e.g. libros, revistas, documentales, programas de radio, programas de televisión, blogs, webs); D.- Actividades recreativas y sociales (e.g. grupos de teatro, clubes de hombres, clubes de mujeres, centros de juventud, centros de mayores/jubilados, campamentos de verano, zonas de picnic/merenderos, parques infantiles, bazares, clubes sociales, clubes de solteros); D.- Organizaciones afiliadas (e.g. granjas, tiendas de objetos religiosos, conventos, monasterios, cementerios, servicios de inspección y certificación de comida –kosher–, programas de mutuas aseguradoras).
En términos generales, la política social de las Administraciones W. Bush –como ya se mencionara– es heredera del impulso intervensionista federal de los programas iniciados por Clinton (e.g. Charitable choice, International Religious Freedom Monitoring, No child left behind, etc.)17, sólo que con un sesgo discursivo neoconservador18. En términos más específicos, ello aclara la paradoxología manifiesta en torno a las políticas públicas de W. Bush, pues pese a tratarse de un republicano y evangélico converso, sus programas federales de intervención comunitaria, en realidad, son vías de financiación de Faith-based & Community Organizations/Iniciatives [organizaciones/iniciativas basadas en la fe y (el servicio a) la comunidad] (FBOs). Con esta denominación eufemística, se está haciendo referencia a las organizaciones e iniciativas religiosas, especialmente, a aquellas variedades surgidas del último despertar religioso (frente a las well-established)19, y cuyos fieles conforman buena parte de la base electoral de W. Bush.
Formuladas las debidas aclaraciones preventivas y contextualizadoras, a continuación, se procede a una breve y expeditiva presentación de las FBOs, abordándose cuestiones como: a) ¿en qué consiste y qué relación se tiene con la Casa Blanca?; b) ¿qué regulación le atañe?; c) polémicas y aporías.
Significado y alcance: se trata de un conjunto de programas de actuación social, calificado por el propio Presidente W. Bush como “una de mis más importantes iniciativas (…) para ensalzar la gran compasión estadounidense, mediante unos EE.UU. con un corazón, un alma, y una conciencia al mismo tiempo”20. Partiendo de la reforma del Estado de bienestar iniciada por Clinton con el conjunto de programas Charitable choice, el Presidente W. Bush, recondujo las ayudas previstas, incrementándolas, y donándolas a organizaciones locales basadas en la fe y el servicio comunitario –bajo la excusa de acercar la Administración al ciudadano, sin necesidad de niveles intermedios, evitándose así un excesivo papeleo, el goteo de fondos, etc. Para vertebrar el sistema, el Presidente W.BUSH, en el año 2001 nombra como Director de la Oficina de la Casa Blanca para FBOs a J. Towey –sustituido en 2006 por J.F. HEIN, quién además ocupa el cargo de Vicesecretario del Presidente–, sirviendo de enlace con unos ciento cincuenta programas en curso de otros Departamentos (e.g. Agricultura, Comercio, Educación, Salud y Servicios Sociales, Vivienda y Desarrollo Urbanístico, Justicia, Trabajo, Asuntos de Veteranos, Administración de Pequeños Negocios, etc.), y gestionando la concesión de más de mil programas de ayudas y becas (con un presupuesto de cientos de millones de dólares). Todas estas ayudas están abiertas a la solicitud de cualquier organización con actividades de promoción social y bienestar general (e.g. caridad, educación, salud, ayuda a minusválidos). No hay fondos exclusivos para las organizaciones basadas en la fe –salvo pequeños programas algo más específicos, como Compassion Capital Fund [Fondo de capitales para la compasión]–, sino que todas las ayudas están abiertas a cualquier organización y/o iniciativa con vocación de ayuda a los demás y contribución al bien común. La fiscalización de las ayudas concedidas se realiza a través de un procedimiento de cinco pasos:
Informes financieros: se exige cumplimentar el Standard Form 269 [formulario tipo 269], que asegura estar al corriente de los pagos tributarios y de la adecuada situación financiera. Copatrocinio: no es un requisito obligatorio para todas las ayudas, pero sí bastante frecuente. Consiste en pedir datos de las otras organizaciones que también contribuyen a financiar el proyecto.
Custodia de documentación: se pide al receptor de la ayuda, que guarde la documentación presentada, así como las facturas de los gastos, durante un periodo aproximado de tres años (e.g. si se recibe la ayuda en 2003, hasta 2006, entonces, es necesario guardar la documentación hasta 2009).
Notificación periódica: mientras se reciba la ayuda, existe el deber de informar periódicamente, en los plazos fijados para cada convocatoria, dando detalle de la evolución del proyecto, con sus gastos, sus resultados, etc.
Auditoría: por la recepción de los fondos públicos, la Administración se reserva el derecho de auditoría. Normalmente, para fondos inferiores a 500.000 dólares, se suele permitir la auto-auditoría de la organización receptora de la ayuda; para más de 500.000, habitualmente, se solicita a la organización que contrate a un auditor externo; para cuantías mayores, es la propia Administración la que audita.
Regulación: ésta es normativa de desarrollo de rango diverso, ya que comprende desde Órdenes/Decretos Ejecutivos Presidenciales, pasando por Leyes Parlamentarias y Reglamentos Departamentales/Ministeriales, hasta Órdenes de Agencias autónomas.
Executive Orders [Órdenes/Decretos Ejecutivos Presidenciales] (E.O.): E.O. 13397, para la creación de un nuevo centro para FBOs en el Departamento de Seguridad Nacional (7 de marzo de 2006); E.O. 13280, para exigir una igual protección para FBOs (12 de diciembre de 2002); E.O. 13199, para la creación de la Oficina de la Casa Blanca para FBOs (29 de enero de 2001); E.O. 13198, para la creación de cinco centros para FBOs (29 de enero de 2001); etc.
Public Acts/Bills [Leyes orgánicas y ordinarias]: Charity Aid, Recovery, and Empowerment Act of 2002 [Ley de ayuda a la caridad, la recuperación y su vinculatoriedad]; Savings for Working Families Act of 2002 [Ley de ahorros para las familias trabajadoras]; etc.
Final Rules [Reglamentos Departamentales/Ministeriales] (F.R.): a) F.R. del Departamento de Educación: Participation in Education Department Programs by Religious Organizations; Providing for Equal Treatment of All Education Program Participants [Programas de participación en educación por las organizaciones religiosas; dándose un tratamiento igualitario a todos los participantes en los programas de educación] (4 de junio de 2004); b) F.R. del Departamento de Asuntos de Veteranos: Homeless Providers Grant and Per Diem Program; religious organizations [Ayudas proporcionadas a los sintecho y programas diarios (de asistencia)] (8 de junio de 2004); c) F.R. del Departamento de Agricultura: Equal opportunity for religious organizations [igualdad de oportunidades para las organizaciones religiosas] (9 de julio de 2004); etc.
Polémicas y aporías: resulta de dudosa constitucionalidad el uso que a veces se ha hecho de los fondos concedidos, para actividades próximas al proselitismo (e.g. campañas de salvación de almas y de abstención sexual); al mantenimiento religioso (e.g. rezos por el bienestar general); etc. Incluso, se ha llegado a aplicar estos fondos para financiar la contratación de los seguros de responsabilidad civil, tal y como se expone a continuación.
V. SEGUROS ECLESIÁSTICOS.
Cuando se habla de seguros en el ámbito eclesiástico, ya no se hace referencia a los tradicionales seguros contra incendios, robos o desastres naturales, que meramente protegían las propiedades. Hoy en día, con la decadencia de la doctrina de autonomía religiosa y la pérdida del privilegio de caridad –ambas figuras eran el escudo judicial del clero y las iglesias frente a posibles reclamaciones de propios y terceros ante los tribunales civiles–, entonces, para poder desarrollar sus actividades sociales con cierta normalidad, resulta necesario destinar parte del presupuesto a la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Dicho seguro, viene a cubrir casi todos los tipos y causas que se abordan con inmediatez (vid. supra), facilitando la cobertura jurídica debida que necesite el asegurado y llegando a pagar por éste la indemnización pertinente, si se diera el caso.
Los contratos de seguros más atractivos, son los de las mutuas de las iglesias aseguradas de una misma familia confesional (e.g. Church Mutual Insurance Co., Brotherhood Mutual). En otro caso, es necesario buscar aquel seguro que ofrezca la cobertura más amplia y con cuotas asumibles. Tal y como está el mundo actuarial, resulta prácticamente imposible lograr un contrato donde ambas partes negocien cada una de las cláusulas, pero sí existen una serie de cláusulas tipo que todo seguro debe contemplar: a) provide full cooperation in the defense [dar plena cooperación para la defensa]; b) provide timely notice [dar constancia periódica]; c) duty to defend the insured [obligación de defender al asegurado]; d) legal demonstration of liability [demostración jurí- dica de la responsabilidad]; etc.
a) Plena cooperación: el asegurado está obligado a colaborar en la investigación y defensa del caso, debiendo incluso permitir la consulta de documentos internos, si fuera preciso. La obstaculización en dicho
sentido, libera a la compañía de seguros de sus obligaciones.
b) Constancia periódica: la parte asegurada ha de notificar periódicamente acerca de aquellos hechos que podría considerarse posible causa de litigio.
c) Obligación de defensa: la aseguradora, antes de indemnizar, tiene el deber de proveer de la mejor defensa posible al indemnizado –pues la credibilidad de su asegurado es muy importante. Los tribunales, suelen interpretar de forma favorable al asegurado la covertura del contrato, pues sólo quedan excluidas de protección aquellas causas que se indican expresamente (e.g. Evangelical Lutheran Church in America v. Atlantic Mutual Insurance, Co. (169 F. 3rd 947, 5th Cir. 1999).
d) Demostración jurídica: la aseguradora sólo ha de responder cuando el daño causado no sea por un acto deliberado y posea causa legal suficiente.
VI. LITIGIOS EN CONTRA DEL CLERO Y LAS IGLESIAS
1. acusaciones Más Frecuentes.
Se contemplan en este epígrafe los ejemplos más representativos y arraigados de tort o litigios civiles derivados de ilícito21 –que alguno puede, por su gravedad y alcance social, acabar como litigio penal o crime–22, cuya responsabilidad puede acarrear el pago de indemnizaciones copiosas, además de las costas del juicio. De ahí que, en la actualidad, el clero (y sus iglesias) han de prestar especial atención a las reclamaciones de responsabilidad, por el servicio prestado, debido al riesgo de acusaciones de: a) fraud [fraude, estafa, defraudación]; b) defamation [difamación e injurias]; c) negligence [negligencia y malpráctica]; d) abuse [abuso y acoso].
Antes de entrar a conocer las causas y los tipos de litigación, se enuncian algunas de sus reglas procesales elementales (con su terminología técnica y jerga habitual), aplicables para la determinación de la responsabilidad.
A. Modalidades de responsabilidad: éstas pueden clasificarse según el sujeto responsable y el alcance de sus actos, así como, por el tipo de organización religiosa de que se trate.
Sujeto responsable:
Direct or own liability [responsabilidad directa]: es la responsabilidad directa e inmediata del sujeto acusado. De dicha responsabilidad puede acusarse, por ejemplo, al clero, a los religiosos, a los trabajadores (e.g. abogados, médicos, profesores, técnicos de limpieza y mantenimiento), a los voluntarios, etc.
Ascending or derivate liability [responsabilidad derivada]: es la responsabilidad de los sujetos acusados, hecha extensible a su iglesia, por ser la que les contratara o en nombre de la que se actuara. En los casos de las entidades derivadas (e.g. colegios o centros de salud religiosos), cabe prolongar la responsabilidad a la iglesia de la que dependan.
(Respondent) superior liability [responsabilidad del superior]: es la responsabilidad achacable al superior directo del acusado, si existiera obligación de rendirle cuentas y hubiera dispuesto de indicios. También se conoce la institución como vicarious liability & respondent superior [responsabilidad del vicario y respuesta del superior].
Organización religiosa:
Iglesias jerárquicas (e.g. católicos, ortodoxos, anglicanos): debido a su estructura interna, de tipo piramidal, cabe exigirse la superior liability, quedándose en el nivel del Obispo o Vicario, pues el responsable de zona –ello explica, que en los casos de acusación de pedrastía a curas bostonianos, sólo se exigiera la responsabilidad de su superior, el Obispo de Boston (jefe de su diócesis), y no se pudiera ascender en la escala de mandos hasta el mismisimo Papa.
Iglesias congregacionalistas (e.g. bautistas, metodistas): su organigrama es más bien horizontal, por lo que las iglesias locales gozan de gran autonomía, siendo dificil extender la responsabilidad, pues la coordinate liability es muy difícil de probar y de escasa repercusión.
Vías de indagación de responsabilidad: en primer lugar, para determinar la imputación de responsabilidad y posible extensión de la misma, a la iglesia local y/o a su superior, han de comprobarse los registros públicos y los documentos internos de gobierno. Si no quedase clara la relación, puede seguirse la pista de la denominación (el nombre de la iglesia local, que la vincule a una familia religiosa de alcance regional o nacional) y los folletos informativos.
2. causas y tipos de litigios.
A. Fraud [fraude, estafa, defraudación]: se trata de cualquier intento deliberado de engañar a otro, sacando un provecho. Sus requisitos son el engaño, el conocimiento del engaño, el intento de obtener beneficio, causar un daño y el nexo entre todo ello. Uno de los casos más emblemáticos, es U.S. v. Ballard (322 U.S. 78, 1944), por los puntos que toca (fraude y estafa) y su condición precursora23. Se plantea, entonces, una causa de fraude religioso y otra de estafa postal, por parte de I Am Movement [movimiento yo soy]. En cuanto al fraude religioso, relativo a la falsedad de sus creencias, aunque el tribunal decide no entrar a conocer, en cambio, sí sirve el caso para iniciar un cierto criticismo frente a los nuevos movimientos religiosos (cults [sectas]), cuyo apogeo está en la década de 1970. Sobre la estafa postal, basada en el envío de literatura y solicitud de fondos, el error de la Fiscalía fue permitir a la Defensa conectar la estafa postal con el fraude religioso, haciendo imposible determinar la falsedad de las promesas por ser materia religiosa.
La lección de Ballard fue aprendida, como prueban los casos U.S. v. Kuch (288 F. Supp. 439, DDC 1968) y Thomas v. Review Bd. Employment Service Div. (450 U.S. 707, 1981). En el primero, sobre la Neo-American Church, constituida para el consumo de mariguana, se consideró un timo. En el segundo, se consideró que si la causa principal del litigio no era religiosa, no cabía la protección de la Primera Enmienda. Otros casos donde las doctrinas religiosas, sin ser juzgadas directa y expresamente, sí son valoradas por los jueces, por guardar un papel crucial en la consecución de la confianza de los demandantes, que más tarde se sienten engañados. Así se desprende de: a) Marcus v. Jewish Nacional Fund (557 NYS 2nd 886, App. Div. 1990), siendo un caso de donaciones de caridad, donde se recaudaban fondos para financiar reclamaciones territoriales en Israel, pero no se llevó a cabo; b) Tilton v. Marshall (125 S.W. 2nd 672, Tex. 1996), donde el Rev. R. Tilton prometía (en su programa de televisión) leer, tocar y rezar con sus donantes, no haciéndolo luego; c) Safsten v. LDS Social Services, Inc. (942 P. 2nd 949, Utah App. 1997), una mujer se sintió engañada, presionada para dar en adopción a su hijo, lo que el tribunal entendió que fue por mala fe de la congregación mediante; etc. Recientemente, uno de los casos más polémicos es el del curandero, ya que se trata de un sujeto que ejerce de médico-sacerdote, sin tener licencia para ninguna de estas dos profesiones. Antes de concluir la actual causa de litigio, otra dimensión que comprende y a apuntar de inmediato, es la defraudación fiscal. La misma consiste en recurrir a las formas religiosas para obtener los beneficios y excepciones reservadas a las iglesias, o no comunicar debidamente los cambios sustanciales. Así se resolvió en los siguientes casos: a) Church of Chosen People v. U.S. (548 F. Supp. 1247, D. Minn. 1982), donde un grupo homosexual pretendía ser reconocido como iglesia para obtener sus ventajas fiscales; b) National Association of American Churches v. Commissioner (82 T.C. 18, 1984)24, idem, pero para una familia que pretendía obtener para sí las ventajas fiscales de las iglesias; c) Mutual Aid Association of the Church of Brethren v. U.S. (578 F. Supp. 1451, D.C. Ks. 1983), donde la iglesia perdió su esención fiscal por exceder su límite estatutario de fondos, superior a 150.000 dólares, sin la comunicación debida; etc. Una figura fraudulenta típica, para la que el IRS tiene unos protocolos de actuación específicos25, es la del mail-order ministries [ministros ordenados por correo] que desde 1978 son objeto de investigación prioritaria y sometidos a auditoría periódica. Finalmente, sólo se apunta por encima, el supuesto de missappropiation of funds [apropiación indebida de fondos], por combinar la dimensión de fraude, estafa y defraudación, más apuntar maneras en la línea de la malpráctica clerical –como se aclara al tratar la negligencia específica, más adelante–. Un caso ilustrativo, por ejemplo, es el de Commonwealth v. Nichols (206 Pa. Super 352, 213 A.2nd 105, 1965), donde el Obispo Nichols, a través de unas cuentas, desvió fondos de la African Methodist Episcopal Church de Filadelfia, vulnerando entre otros preceptos, la Sección 827 del Código Penal de Pennsylvania.
B. Defamation [difamación e injurias]: es una comunicación dañosa, que vulnera la reputación de un individuo, negocio, grupo o gobierno, con la única intención de afectar a su buena opinión y fama. Puede tratarse de una ofensa hablada y transitoria (slander), o escrita y permanente (libel). Sus requisitos son, la ofensa pública, el daño en la fama y el nexo entre ambos. La difamación religiosa debe ser cometida por una persona vinculada a la iglesia, principalmente, el clérigo, y ha de tratarse de una acusación relativa al incumplimiento de fe o bajeza moral del afectado (e.g. hipocresía, adulterio, etc.), lo que acarrearía una sanción ostracista de la comunidad. Entre los casos más sobresalientes, de gran popularidad en su momento y generador de la doctrina excesive publication [excesiva publicidad], se llama la atención sobre Gorman v. Swaggart (524 So. 2nd 915, 1988). En 1986, el televangelista J. Swaggart, en su programa, acusó a otro ministro de culto (M. Gorman) de haber cometido inmoralidades con una mujer. Gorman renunció a su posición como pastor de su iglesia y fue revocada su condición de ministro de culto de su confesión. Aun así, Swaggart siguió difamando, hasta que Gorman le demandó. Swaggart pretendió defenderse apelando al libre ejercicio religioso y la figura del privilegio del foro –creada para los periodistas y la libertad de prensa. El tribunal entendió que, como clérigo tenía un cierto privilegio de comunicación pública, aunque restringido al interés de su iglesia; empero, la excesiva publicidad dada acababa con dicho privilegio –máxime porque Gorman era ya un seglar más. En cuanto a los temas tabú de estrecha relación con la difamación, el que más ha evolucionado en los últimos tiempos ha sido la blasfemia. Ésta ha sido retirada ya, como tipo especial, de la protección penal de los Derechos estatales, aunque perdura su observación como causa de desorden público (e.g. la ofensa religiosa que provoca una pelea en la calle). Los otros temas tabú vigentes son el antisemitismo y el racismo con las iglesias negras.
C. Negligence [negligencia]: se hace referencia al descuido o falta de atención debida, por actos involuntarios u omisiones, que terminan provocando un daño. Para que la negligencia tenga cabida, es necesario probar que el acusado era el responsable, así como, que su falta de atención debida –y no mero accidente–, originó la causa del daño. Se distingue en este apartado entre la negligencia común y la específica (o malpráctica clerical).
Negligencia común: una iglesia tiene la misma responsabilidad de ofrecer la seguridad debida al público, como cabe exigírsele a cualquier institución civil. Así se apunta en: a) Glorioso v. YMCA of Jackson (540 So. 2nd 638, Miss. 1989), donde un niño de nueve años murió en el desarrollo de una actividad juvenil; b) Logan v. Old Enter Farms, ltd. (544 N.E. 2nd 998, 1989), donde un adolescente de quince años se cayó de un árbol, quedando tretrapléjico, durante una fiesta organizada para los monaguillos; etc. Ahora bien, una tendencia como la ejemplificada, podría llega a acabar con las actividades de caridad o la prestación de propiedades eclesiásticas para actividades recreativas y de ocio; de ahí que haya cierto recelo a indemnizar, como regla general, para casos así: a) Malaere v. Peachtree City Church of Christ, Inc. (253 Ga. App. 593, 1994), donde un niño se lesionó en una piscina de la iglesia; b) Harmon v. St. Joseph´s Catholic Church (11 Cal. App. 4th 1071, 1992), donde un niño se lesionó al montar en bicicleta en el parking de la iglesia; etc. Para completar la exposición sobre los supuestos de negligencia común, por un servicio social como es la educación, un caso muy revelador es el de Smith v. Archbishop of St. Louis (32 S.W. 2nd 516, 1982), donde se puede observar con cierta claridad la extensión de responsabilidad al superior. Los hechos probados son, que una profesora de un colegio religioso, sin advertir del riesgo a sus alumnos, ponía una vela encendida (durante el mes de mayo) en su escritorio, hasta que un niño se quemó con ella; por ser la diócesis la responsable superior del centro y de la contratación de su profesorado, ello hizo posible la extensión de la responsabilidad al Arzobispo.
Negligencia específica (mala praxis o malpráctica clerical): el presupuesto es que cualquier profesión liberal y de trato directo con el público, dispone de un código deontológico y unos baremos de competencia, a los que está sujeta la obtención y mantenimiento de la licencia de ejercicio profesional, ¿pero todo ello es predicable del clero? El problema radica en que, aunque ciertas prácticas (e.g. celebración de matrimonio), sí se puede exigir licencia por parte de los poderes públicos, en cambio, no resulta posible fijar unos baremos comunes y unas licencias generales para la profesión, porque se vulneraría el derecho de libre ejercicio (free exercise clause) y la igualdad religiosa (pues a las iglesias congregacionalistas se les pediría tener un nivel de establecimiento similar al de las iglesias jerárquicas). El hecho es que, algún tribunal ha sugerido ya positivamente la fijación de un test/examen judicial capaz de medir la malpráctica clerical (e.g. Bird v. Faber (565 N.E. 2nd 584, 1991)). Sin embargo, hasta que se institucionalice de forma generalizada una técnica así, la cuestión sigue quedando en manos del construccionismo judicial y sus riesgos correspondientes. En todo caso, por aportar una sistematización entre la más de una veintena de casos tramitados sobre la materia, cabe distinguirse entre cuatro categorías (citando para cada una de ellas dos ejemplos, aunque muchos de ellos –como se ha dicho– guardan íntima relación, pudiéndose mencionar en las otras categorías):
Malpráctica y suicidio (cases concerning suicides): Nally v. Grace Community Church (47 Cal. $3 ^ { \mathrm { r d } }$ 278, 763 P. $2 ^ { \mathrm { n d } }$ 948, 253 Cal. Rptr. 97, 1988). Handley v. Richards (518 So. 2nd 682, Ala. 1987). Malpráctica y consejo/confidencia (cases involving breach of confidence): Hester v. Barnett (723 S.W. $2 ^ { \mathrm { n d } }$ 544, Mo. 1987). Amato v. Greenquist (679 N.E. $2 ^ { \mathrm { n d } }$ 446, III App. 1997).
Malpráctica y catarsis de fe (cases involving faith healing): Baumgartner v. First Church of Christ, Scientist (141 III. App. $3 ^ { \mathrm { r d } }$ 898, 96 III Dec 114, 490 N.E. $2 ^ { \mathrm { n d } }$ 1319, 1986); Lundman v. McKown (530 N. W. 2d 807, 827 Minn. App. 1995).
Malpráctica y sexualidad (cases involving sexual misconduct): Jones v. Trane (153 Misc. 2nd 822, 591 N.Y.S. 2nd 927, 1992). E.J.M. v. Archdiocese of Philadelphia (424 Pa. Super. 449, 622 A. 2nd 1388, 1993).
Dichas categorías no están desconectadas entre sí, sino que guardan una relación intensa entre ellas, por lo que resulta una práctica habitual de los demandantes, tanto el solicitar indemnizaciones por varias de las citadas causas, como el fundamentar y pedir también por otros tipos ya citados (e.g. fraude) o por tratar (e.g. abuso), y en cualquier caso, siempre añadir una petición de compensación por daños emocionales (severe emotional distress).
Como comentario de cierre, se apunta un par de aporías sobre el tema más polé- mico y actual –aún por resolver y muy conectado en sus resultados con la difamación–, como es el supuesto de invasion of privacy [invasión de la intimidad], por el que el clero puede ser acusado de: a) divulgar la vida privada de alguien, habiendo recibido la información a través de confidencia; b) suplantar o utilizar la identidad de algún feligrés para obtener ventajas; etc.
D. Abuse (abuso): se trata de un tipo agravado, que va más allá de la malpráctica clerical, pues se comete un atropello de autoridad, aprovechándose para ello de la confianza que tienen los fieles en las funciones clericales. Entre la amalgama posible, destacan dos categorías, por ser las más execrables, ya que no sólo suponen un abuso de la confianza de los fieles, sino que resultan una violación de los votos o compromisos adquiridos por los clérigos, como se produce con el abuso infantil/discapacitados, así como, con la conducta sexual inadecuada (que incluye las relaciones extramaritales y el acoso sexual). Se reserva para el final, una categoría en avance, como es la propiciada por la aparición de cults [sectas], acusándose a dichos movimientos de brainwashing o lavado de cerebro.
Abuso infantil/discapacitados: es el atropello físico, mental y/o moral de un niño y/o persona adulta desvalida, por parte de un adulto revestido de autoridad, que se aprovecha de su posición para actuar cruelmente.
Menores: varía según los Derechos estatales, pero por regla general, se entiende por tal toda aquella persona que no haya cumplido los diecisiete años y sin emanciparse. En el ámbito del Derecho Federal y para prevenir los casos de abuso a menores, se aprueba en 1993 la National Child Protection Act [ley de protección nacional del niño] (reforzando el resto de normativa ya existente al respecto y compilada en el Título 42 del U.S. Code)26. Entre sus medidas más destacadas cuentan la constitución de agencias especializadas27, junto con la imposición ciudadana de notificar supuestos de posibles abusos a menores28. $\it { i } \mathrm { C o m o }$ afecta dichos mandatos al clero? La práctica procesal, permite al clero, poder denunciar los hechos sin tener que revelar la fuente, de modo que no se vulnera el secreto de confesión o consejo/confidencialidad. Un ejemplo ilustrativo, previo a la normativa adoptada desde 1993, es el de Schmidt v. Bishop (779 F. Supp. 321, 1991), donde una mujer madura acusó a un clérigo de haber abusado de ella cuando tenía 12 años; el tribunal rechazó la solicitud ya que habían pasado 31 años de aquello. Otro tema candente es el de las acusaciones a curas católicos de abusos sexuales a niños, como en el caso Kennedy v. Roman Catholic Diocese of Burlington (921 F. Supp. 231, D. Vt. 1996) – así como el de la Diócesis de Boston, donde se extendió la responsabilidad al Obispo, quién presuntamente trató de tapar el tema con una serie de compensaciones económicas; el tema aún está en los tribunales y ya ha causado la bancarrota de la diócesis.
26 Así como otras posteriores, que enmiendan disposiciones relativas al voluntariado y a las actividades caritativas con menores, como por ejemplo, Volunteers for Children Act of 1998 [Ley de voluntarios para los niños].
27 National Center for Child Abuse and Neglect [Centro nacional para (evitar) la negligencia y el abuso infantil]; National Center for Missing and Exploited Children [Centro nacional para niños desaparecidos y explotados]; National Center for the Prosecution of Child Abuse [Centro nacional para la persecución del abuso infantil]; operando todas estas agencias federales con los organismos estatales.
28 Si no se colabora en las investigaciones de abusos a menores, puede castigarse al culpable con prisión de seis meses a un año, y/o multa de 500 a 1.000 dólares.
Discapacitados: existe una amplia regulación estatal al respecto, aunque el gran impulso proviene de la normativa federal, como la Sección 504 de la Rehabilitation Act of 1973 [Ley de rehabilitación], o la American with Disabilities Act of 1992 [Ley sobre estadounidenses con discapacidades], donde la nueva doctrina no exige que se creen programas especiales para discapacitados, pero si éstos son admitidos, entonces, debe prestarse especial atención a sus necesidades. Incluso, existe normativa religiosa en esta línea, como la católica, Pastoral Statement of U.S. Catholic Bishops on Handicapped People (1978) [Carta pastoral a los Obispos católicos de los EE.UU. sobre la gente con discapacidades].
Conducta sexual inapropiada: abarca todo comportamiento sexual del clero con adultos. Se distingue, a continuación, entre las relaciones extramaritales y el acoso sexual.
Relaciones extramaritales: entre la malapráctica y el abuso de confianza, cabe citarse aquellos casos en los que el clérigo, al impartir sesiones de consejo prematrimonial y/o matrimonial, finalmente, viola sus votos o compromisos adquiridos y mantiene relaciones con alguna de las partes: a) F.G. v. MacDonell (150 N.J. 550, 696 A.2nd 697, 1997); b) Sanders v. Casa View Baptist Church (134 F. 3rd. 331, Tex. 1998); c) Destefano v. Grabrian (763 P. $2 ^ { \mathrm { n d } }$ 275, Col. 1988); etc.
Acoso sexual: constituye una serie de agresiones, desde molestias leves (e.g. insinuaciones y gestos obscenos) a violaciones serias (e.g. tocamientos y propuestas sexuales), que en cualquier caso, vuelven hostil el entorno laboral. Se considera el acoso sexual como un tipo de discriminación ilegal, además de una forma de intimidación, pues su oposición puede acarrear consecuencias negativas (e.g. participación en proyectos, promoción interna). Su tipificación más destacada se encuentra en el Título VII y $\boldsymbol { L } \boldsymbol { X }$ de la Civil Rights Act of 1964 [Ley de derechos civiles]29 y, más recientemente, en la Equal Employment Opportunity Act [Ley de igualdad en la oportunidad de empleo], con su agencia principal, la Equal Employment Opportunity Commision [Comisión para la igualdad en la oportunidad de empleo]. Caso ilustrativo, del tránsito de la tradicional normativa sobre la materia y la más reciente (desde la década de 1990), cabe destacar el de Jane Doe v. Special School District of St. Louis County (901 F. 2nd. 642, 8th Cir. 1990).
Lavado de cerebro: se trata de una pseudoconversión o programación, como algunos autores han calificado a esta categoría de abuso30. Consiste en la captación de individuos a los que se les priva del AAII, provocando con ello trastornos mentales (e.g. depresión, estrés) –y en algunos casos, incluso, la muerte. Su tipificación, se ha ido incorporando progresivamente a los Códigos Penales estatales, quedando a su vez, completada con normativa federal, como la Occupational Health and Safety Act [Ley de salud y seguridad profesional], más otras tantas, compiladas en el Título 29 del U.S. Code. Sus requisitos son, la captación de adeptos vulnerables psicológicamente (e.g. se les buscan en funerales, en grupos de apoyo frente a drogodependencias o enfermedades) y ser cultos de captación coercitiva. Son muchísimos los casos, por lo que se han elegido cuatro, que representan los supuestos más típicos y a los cultos más demandados.
Katz v. Superior Court (73 Cal. App. $3 ^ { \mathrm { r d } }$ 952, 141 Cal. Rptr. 234,
1977): la corte, frente al alegato de libertad religiosa, dio la razón a unos padres que secuestraron a sus hijos para frenar su proceso de pseudoconversión de la Unification Church, ya que se consideraba que los niños habían perdido su AAII31. Moroni v. Holy Spirit Association (119 A.D. 2nd, 506 N.Y.S. 2nd
174, 1986): un padre denuncia al culto del que formó parte su hijo, quién murió debido al estrés emocional causado por el agresivo proceso de pseudoconversión. George v. International Society for Krishna Consciousness of California (262 Cal. Rptr. 217, 1989): una madre y su hija demandaron a los krishna por el rapto y lavado de cerebro de la hija. En 1983, un jurado de California condenó a los krishna a pagar 32,5 millones de dólares, que tras su apelación, la indemnización quedó en
2,9 millones. Para su pago, los krishna tuvieron que vender cinco de sus templos y oficinas principales en Los Angeles.
Wollersheim v. Church of Scientology (212 Cal. App. $3 ^ { \mathrm { r d } } ~ 8 7 2$ , 1989): idem, pero la condena fue de 30 millones de dólares, que tras la apelación, la indemnización por daños psicológicos de 5 millones, se redujo a 500.000 dólares, y pago punitivo de 25 millones, se quedó en 2 millones.
Como visión de conjunto final, se aporta un ejemplo de caso omnibus [que da cabida y conecta todos los tipos expuestos], y una serie de reflexiones sobre la gravedad de los tipos y las dudas procedimentales que suscitan a los tribunales.
Por tanto, un ejemplo de caso que reúne en su seno casi todos los tipos por los que se puede reclamar responsabilidad al clero y exigir copiosas indemnizaciones, es Hester v. Barnett (723 S. W. 2nd 544, Mo. 1987), donde un marido y su mujer demandaron a su pastor por defamation, ministerial malpractice, alienation of affections, intencional infliction of emotional distress, invasion of privacy, and interferente with contract [difamación, malpráctica ministerial/clerical, alineación afectiva, provocación voluntaria de daños emocionales, invasión de la intimidad e interferencia de contrato]. Todo ello porque, habiendo pedido consejo pastoral, luego el clérigo le contó al diácono/sacristán y a algún miembro más de la comunidad, que ellos eran unos padres abusivos, deshonestos, etc. Cuando los afectados objetaron dichos comentarios, el pastor lo hizo público desde el púlpito. La corte decidió que el pastor no tenía derecho a su privilegio de comunicaciones, demostrando malicia en sus actos.
De entre los tipos vistos (fraude, difamación, negligencia y abuso), el más peliagudo, es este último, pues medra significativamente la confianza y autoridad que requiere el clero para cumplir sus funciones en la comunidad (breach of fiduciary duty). Además, procesalmente hablando, es el tipo que ocasiona más situaciones de indefensión –limitando la prueba a una mera duda razonable, y no más allá de toda duda razonable, como exigen las Rules of Evidence & Criminal Procedure–, a la vez que, adolece de mayores lagunas jurídicas –cuya integración está en manos del construccionismo voluntarista judicial. Entre las múltiples dudas que se suscitan en su admisión de causa, los tribunales discrepan acerca de: ¿cuál es el plazo, si lo hay, para presentar una reclamación así?32; ¿hasta qué punto los supuestos que se plantean son debidos a la descomposición del sistema por el abuso de privilegios del clero (breach of fiduciary duty) o, por el contrario, resultan un choque cultural generacional fruto de la corrección política?; ¿dónde está el límite entre una observación sobre la vestimenta, por razón de pudor para ámbitos religiosos (o el uniforme para centros sociales), frente a una causa de abuso?; et al.
VII. LITIGIOS EN DEFENSA DEL CLERO Y LAS IGLESIAS.
A diferencia de los tipos y causas vistos en el epígrafe anterior, en los presentes casos, ya no se va judicialmente contra el clero y las iglesias, sino que éstos son objeto de protección jurídica, reconociéndose así su importante labor social y espiritual. Otra diferencia es, que ya no resulta necesario un seguro de responsabilidad que se haga cargo de la defensa legal, sino que esta misma la asume el Ministerio Fiscal (con políticas como The First Freedom Project [Proyecto Primera Libertad]. Para simplificar la exposición, se sintetiza la miscelánea eclesiasticista existente –cuyo incremento de figuras ha llevado un ritmo muy intenso, tanto por parte del Congreso como por la Presidencia–, repartiéndose dicha nueva preceptiva entre tres bloques básicos, según el tipo de litigio resultante: a) los casos de discriminación religiosa; b) los casos de delitos religiosos; c) los casos de protección de la autonomía religiosa.
a) Casos de discriminación religiosa: se trata de aquellos supuestos ya abordados al estudiar la normativa de desarrollo para la protección y garantía del ámbito de autonomía interna del individuo (AAII), a través de la libertad religiosa (en conexión con el resto de derechos y libertades). Entre los casos a los que el Fiscal General, en su Proyecto Primera Libertad, ha prestado un especial cuidado, han sido la discriminación religiosa en materia educativa, laboral, de vivienda, crediticia y de acceso a facilidades públicas, etc.
b) Casos de delitos religiosos: no son tipos penales autónomos –como lo pudiera ser años atrás la blasfemia–, sino que se trata de causas de especialidad de tipos comunes, operando en buena parte de los casos como agravante del delito. Dicha condición de agravante, no es fruto de la propia naturaleza religiosa por sí misma, sino por la valía concedida por la Fiscalía, que puede alegar obstrucción a la justicia, al vulnerarse una prioridad de objetivos (vid. The First Freedom Project)33 –esto es, los delitos contra personas y propiedades de carácter religioso, no lo son tanto por su naturaleza religiosa, sino porque se trata de un objetivo prioritario actual de las Fiscalías (Federal y Estatales), junto con la Sección Criminal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Pues bien, entre los casos más recientes y notables34 acerca de crimes against persons and property based on religion [delitos contra personas y propiedades de carácter religioso], la Sección Criminal de la División de Derechos Civiles ha impulsado la tramitación de los siguientes: a) U.S. v. Ried (2007), donde una mujer mandó una nota de amenazas a su supervisora, por ser musulmana, solicitándose por ello un año de prisión y 100.000 dólares de fianza; b) U.S. v. Laskey, et al. (D.Or. 2006), donde un grupo de supremacía blanca, lanzó rocas a una sinagoga durante la celebración de un servicio, pidiéndose quince meses de carcel por ello; c) U.S. v. NunezFlores (W.D. Tex. 2005), donde un hombre lanzó un cóctel molotov a una mezquita de El Paso, pidiéndose contra él una pena de prisión de 171 meses; d) U.S. v. Dropik (E.D. Wis., W.D. Mich., 2005), donde un sujeto, por odio a los afroamericanos, quemó dos de sus iglesias, por lo que se pidieron 63 años de condena; e) U.S. v. Bryant and Martin (W.D. Va. 2004), donde dos hombres fueron acusados de vandalismo contra dos iglesias históricas afroamericanas, recibiendo por ello una condena de 27 y 21 meses respectivamente; etc.
Casos de autonomía religiosa: se entiende por tales, ya no aquellos supuestos en los que se defendía la independencia de esferas para la resolución de conflictos en los que se hallara inmerso un clérigo o una iglesia –donde un tribunal civil renunciaba a conocer, por considerarse competencia de uno eclesiástico o por aplicación del privilegio de caridad; se hace referencia ahora, a los supuestos actuales de protección de la libertad religiosa cualificada del clero y las iglesias, en relación con el uso del suelo y las relaciones con organismos públicos de internamiento (e.g. cárceles, sanatorios psiquiátricos). Como se viene señalando, desde la década de 1990, se ha producido un aumento considerablemente en el número de leyes orgánicas sobre la religión (e.g. Restauration Act, MOMA, IRFA). Entre ellas, a la que ha apelado la Fiscalía, para sus fundamentar sus intervenciones, ha sido la Religious.
Land Use and Institutionalized Persons Act of 2000 [Ley sobre el uso religioso del suelo y para las personas internadas], distinguiéndose dos tipos de actuaciones realizadas:
Sobre la libertad religiosa en el uso del suelo: la línea de actuación seguida por la Sección de Vivienda y Promoción Civil (de la División de Derechos Civiles), tras revisarse más de ciento treinta casos e investigar más de treinta, ha sido la de promover los derechos de las minorías religiosas para que también puedan disponer de sus espacios públicos. Así se desprende de Albanian Associated Fund v. Township of Wayne (New Jersey 2006); U.S. v. City of Hollywood (Florida 2005); U.S. v. Village of Airmont (New York 2005); etc.
Sobre la libertad religiosa en las personas internadas: la línea de actuación seguida por la Sección Especial de Litigación (de la División de Derechos Civiles), en aplicación de la Religious Land Use and Institutionalized Persons Act y la Civil Rights Institucionalized Persons Act, ha sido la de priorizar el respeto de la libertad religiosa de aquellas personas internadas, frente a las políticas de gobierno de dichas instituciones (e.g. prisiones, psiquiátricos, centros de menores). Los últimos casos tramitados han sido U.S. v. State of Mississippi (por los abusos en Oakley and Columbia Training Schools, en 2005); U.S. v. State of Arkansas (por los abusos en Alexander Youth Services Center, en 2005); etc.
VIII. CONCLUSIONES.
Con este estudio se espera haber puesto de manifiesto la revitalización por las cuestiones relativas al factor religioso y su regulación en los EE.UU., en el marco de la globalización y sus transformaciones. Tal relanzamiento de la materia no sólo es observable en el aumento de la regulación iuseclesiasticista (de Derecho Eclesiástico), sino también en el incremento de casos, tipologías de procesos, etc. Por tanto, en lo tocante a las figuras jurídico-religiosas o eclesiasticistas, debido al pragmatismo estadounidense (que es su principal corriente de pensamiento autóctona), se suele tipificar el marco general en los títulos del Código federal estadounidense dedicados al bienestar general (e.g. Título 42 del U.S. Code), y a la tributación fiscal de actividades profesionales (e.g. Título 26 del U.S. Code). Entre dicha amalgama preceptiva, destaca la regulación relativa al reconocimiento y operatividad del clero y las iglesias, así como, las nuevas reglas para los litigios en los que se hallan inmersos –debido a la pérdida del tradicional privilegio de caridad–. Se ha procurado proporcionar una síntesis y sistemática de las reglas generales básicas, con algunas de sus especialidades y excepciones más relevantes, pues sin ellas no podría comprenderse el significado y alcance pleno de las primeras. Sin embargo, quedan todavía muchas especificaciones y aristas sobrevenidas por analizarse, y otras –incluso– están aún por enunciarse en posibles futuros estudios. Sirva por ahora la contribución de esta aportación, como evaluación de una década que ha finalizado, y con ella dos modelos polarizados de Administraciones (Clinton y W. Bush) –y según sean los resultados de las elecciones presidenciales de 2012 (este estudio se escribió antes), quizá resulte ya el momento de evaluar los resultados de la Administración Obama–.