Gestión del patrimonio cultural contextualizada: reflexiones sobre sus posibilidades más allá del turismo.
Rodrigo Ruiz Rubio1.
Recibido: 11/04/2021 / Aceptado: 20/08/2021.
Resumen. Es de dominio común que los procesos institucionales de intervención sobre el patrimonio arqueológico, en los países en desarrollo, tengan en la actividad turística su principal impulso. Esta situación no solo es motivada por los gestores públicos o privados que presumen los múltiples beneficios, principalmente económicos, que esto produciría donde se suscite, sino, además, es parte del imaginario del ciudadano común.
Bajo esa perspectiva, gran parte de las iniciativas orientan sus diferentes acciones hacia el desenvolvimiento de la llamada puesta en valor, estructurada hacia el consumo turístico, y, de manera subordinada, hacia un proceso de patrimonialización más o menos estandar. El cual dirige sus principales esfuerzos hacia la habilitación y gestión del patrimonio cultural pensando en las necesidades y sensibilidades del turismo, olvidando o subordinando las necesidades e intereses de las personas que cohabitan o se encuentran en territorios adyacentes. A partir de estas reflexiones, nos enfocaremos en analizar algunas sucesos que evidencian el papel asignado al patrimonio en las políticas, acciones y discursos del desarrollo en el Perú. Para luego, explorar las posibilidades que puede ofrecer una perspectiva de gestión del patrimonio cultural contextualizada, centrada en la inclusión del habitante del entorno para el ejercicio de sus derechos culturales y recreativos.
Palabras clave: inclusión social, derechos culturales, recreación, puesta en valor, turismo.
[en] Contextualized Cultural Heritage Management: Reflexions on your Possibilities Beyond Tourism.
Abstract. It is common domain that the institutional processes of intervention on archaeological heritage, in developing countries, have their main impulse in tourism. This situation is not only motivated by public or private managers who presume the multiple benefits, mainly economic, that this would produce where it arises, but is also part of the imaginary of the common citizen. From this perspective, a large part of the initiatives orient their different actions towards the development of the so-called enhancement, structured towards tourist consumption, and, in a subordinate way, towards a more or less standard patrimonialization process. Which directs its main efforts towards the qualification and management of cultural heritage thinking about the needs and sensitivities of tourism, forgetting or subordinating the needs and interests of people who cohabit or are in adjacent territories. From these reflections, we will focus on conducting a historical analysis of the role assigned to heritage in the policies, actions and speeches. To then explore the possibilities that a contextualized cultural heritage management perspective can offer, centered on the inclusion of the inhabitant of the environment for the exercise of their cultural and recreational rights.
Key Words: social inclusion, cultural rights, recreation, enhancement, tourism.
Sumario. Introducción. En el Perú, lo más moderno es el pasado. ¿Salvo el turismo, el patrimonio es ilusión? Analizando las posibilidades de gestión desde los derechos humanos. La gestión contextualizada del patrimonio cultural. Los espacios patrimoniales para el ejercicio de derechos. Reflexiones finales. Bibliografía.
Como citar: Ruiz Rubio, R. (2021): Gestión del patrimonio cultural contextualizada: reflexiones sobre sus posibilidades más allá del turismo. Complutum, 32(2): 673-688.
Introducción.
El expresidente Alejandro Toledo mencionó, en el simbólico acto de su investidura en Machu Picchu “He realizado esta ceremonia con un propósito místico pero también para dar un mensaje al mundo.Vengan a ver el Perú, tengo el firme propósito, de que al concluir mi gobierno, por lo menos habremos captado tres millones de turistas al año. El turismo es una fuente enorme de trabajo y Dios es grande y andino la mayor parte de las veces” (Valenzuela 2001).
La asociación entre turismo, desarrollo económico, bienestar y modernidad no se inaugura con el expresidente mencionado, ahora pró- fugo de la justicia. Sin duda, es un momento expectante para entender el desenvolvimiento de la actividad y su intrínseca relación con el patrimonio cultural prehispánico, pero no es su momento fundante. Las raíces y perspectivas del proceso tienen larga data, aunque su transcurrir no tuvo siempre el mismo impulso ni los niveles que adquirió en otras partes del mundo, sin embargo siempre estuvieron articuladas a las dinámicas internacionales del turismo.
Aunque, no es objetivo de este texto hacer un recuento histórico del turismo en el país, si es importante recordar algunos episodios que nos pueden dar luces de su consolidación dentro del imaginario nacional. Los cuales, han logrado erigirla como la actividad irrefutable e idónea en el marco del discurso del desarrollo sostenible (Ruiz 2011).
El Perú posee una destacable diversidad natural, cultural y una trayectoria histórica milenaria que ha dejado una serie de evidencias materiales de las sociedades que antecedieron a la llegada de los europeos. Estos vestigios están distribuidos en casi todo el territorio nacional y es usual su situación de abandono y constante deterioro por el paso del tiempo o destrucción antrópica. Salvo algunas excepciones, cuando se le presta atención y surge el interés por su protección y habilitación para las visitas es por las posibilidades de que el sitio arqueológico pueda generar interés para la actividad turística.
De esta manera, es frecuente que cualquier autoridad comunal, distrital, provincial o regional sea convencida de manera exógena o se automotive ante el supuesto valor turístico que puede tener el bien cultural que se ubica en su jurisdicción. Situación similar experimenta el ciudadano común, quien tiene una imagen bastante positiva y muestra su rápido beneplácito a las oportunidades del desarrollo turístico en su localidad. De esta manera, cuando se proyecta cualquier tipo de intervención sobre el patrimonio cultural, la asociación directa que se realiza se justifica por los beneficios que podría desencadenarse en su relación con el turismo.
Son muchos los factores que producen esta actitud pero, mayormente se orientan a las expectativas de mejora de las condiciones de vida que tiene la población, con mayor énfasis, en las zonas rurales empobrecidas del Perú, que, aunque sea marginalmente, esperan recibir algún tipo de beneficio.
Este concepción parte de una especie de ecuación que propone una visión bastante idí- lica de la actividad turística, construida, en gran medida, a partir de los discursos sectoriales públicos y privados. En esta mirada, se asume que casi cualquier bien cultural podría motivar el interés de visita por los turistas y su sola presencia generar ingentes recursos para las alicaídas economías locales. Se entiende que es una actividad que solo requiere un esfuerzo de implementación con niveles básicos de habilitación del recurso, para que sumado a ciertas características paisajísticas y algunas tradiciones e historias reinventadas con algún tipo de sustento patrimonial (Endere 2016), se conviertan en un producto turístico. Que además de generar beneficios, promueva la conservación del patrimonio cultural y natural en cuanto se convierte en la mercancía que se oferta y que, por tanto, es necesario que perdure bajo los criterios y gustos de los nuevos hiperconsumidores (Lipovetsky y Serroy 2015) del legado.
En el Perú, lo más moderno es el pasado.
Desde que el viejo mundo recibió las primeras noticias de la existencia del fantástico imperio de los Incas, el Perú quedó predestinado como país de Turismo (Alayza L. y Paz Soldán 1947: 5).
La concepción positiva del turismo descrita en la sección anterior, que lo concibe como una actividad casi idílica, puede encontrar parte de su explicación en expresiones como el oxímoron que titula esta sección. El cual en realidad contiene un elemento presente, de manera no tan subyacente, en las iniciativas y discursos de construcción de la República y que tienen relación con el posterior desarrollo del turismo, como veremos más adelante.
Aunque ya en el siglo XIX había una constante presencia de viajeros extranjeros en misiones de investigación o comerciales, para los cuales existía incipientes servicios, esto no se configura propiamente como el inicio de la actividad turística. Por su parte, los nacionales, particularmente los sectores altos y medios, tenían una dinámica recreacional en los alrededores de la ciudad, lo que fue contribuyendo al desarrollo de nuevas zonas de vivienda para las élites (Armas 2018). Solo a inicios del siglo XX podemos hablar de las primeras iniciativas relacionadas directamente con lo que llamamos turismo y donde el patrimonio arqueológico es el eje central.
Es necesario hacer la contextualización de la situación social del país durante estos años. Donde, a pesar de la evidente supremacía de una visión vertical y discriminatoria presente en las élites criollas y extranjeros afincados en el país, se fueron modificando algunas expectativas y formas en que ciertas élites locales querían consolidar o lograr privilegios y construir una imagen de país que los justifique “las élites criollas construyeron un discurso de reivindicación del pasado prehispánico en la formación de la nacionalidad peruana y un lenguaje incluyente del indio contemporáneo. Los criollos se presentaban como los restauradores de la libertad de los tiempos del Tawantinsuyu y legítimos herederos del gobierno independiente” (Rojas 2009: 94). Aunque, hay cierto debate al respecto, en cuanto otros investigadores señalan que si bien el discurso de las élites se apropiaba del “glorioso pasado incaico”, menospreciaba a la mayoritaria población originaria, buscando neutralizar las reivindicaciones políticas que pudieran tener los propios indígenas (Mendez 2000). En lo que sí hay unanimidad es que no se buscaba realmente democratizar la sociedad, sino, legitimar las renovadas estructuras de poder “los discursos criollos aspiraban cambiar el sistema político y reformar la cultura, pero no se plantearon ni se imaginaron cambios en la estructura socioeconómica, ni la relación de interdependencia entre economía, política y cultura” (Rojas 2009: 95).
En ese sentido, quizás un elemento interesante que colabora en este análisis es la temprana organización en Lima de la Gran Exposición Nacional de 1872, que intentando emular a las grandes exposiciones internacionales que inician en 1851 en Londres, tratan de posicionar una imagen de país teniendo como referente a Europa. Perspectiva presente en las palabras del discurso de inauguración de Santa María, entonces ministro de gobierno peruano “Esta espléndida exposición es algo más que una protesta elocuente contra los que nos acusan de permanecer estacionados en medio de los progresos de la humanidad” (Fuentes 1872: 73).
Es importante señalar que a diferencia de las circunstancias que promovieron las exhibiciones en las potencias coloniales, la economía peruana no estaba percibiendo un desarrollo industrial capitalista que amerite la realización del evento. Sin embargo, estaba en una carrera hacia “la modernidad” con la construcción de ferrocarriles. Posicionándose a la vanguardia del continente, aunque como señala Pennano (1979: 1), ligada a una estrategia de desarrollo hacia afuera y no al fomento de la integración nacional ni al cambio de la estructura primaria exportadora que nos acompañaba desde la colonia: “De acuerdo a la ideología del momento este desarrollo significaba construcción ferroviaria. Es decir, articular más eficientemente el espacio peruano con el mercado internacional, modernizar la estructura de la comercialización, pero sin modificar la estructura de la producción” (Bonilla 1974: 156).
Posteriormente, en 1919 asume la presidencia el empresario Augusto Bernardino Leguía, en cuyo gobierno el tema indígena y el pasado Inca se plantea de una manera instrumental como el eje simbólico de proyecto modernizador bajo el epíteto de la Patria Nueva, lo que motivó el entusiasmo de muchos intelectuales de diversos tintes políticos. Al mismo tiempo, Leguía, impulsaba una fuerte apertura a las inversiones extranjeras que consolidaron al capital estadounidense como el hegemónico. En ese mismo contexto se desarrolló un bullente movimiento intelectual promotor del folclore con epicentro en Cusco, que otrora fue la capital del imperio inca. Este movimiento fue impulsado por el potencial comercial que podí an tener estas representaciones para el turismo, como elemento complementario del interés internacional sobre los monumentos arqueológicos (Mendoza 2006: 28). Incluso, tomando como referencia las celebraciones incaicas por el solsticio de invierno, que a decir de los cronistas españoles se celebraba en el incanato, se recrea la llamada fiesta del Inti Raymi. Si bien “la organización de esta celebración reivindicaba un espíritu nacionalista inspirado en un glorioso pasado autóctono, tenía una clara orientación hacia una visión de modernidad cosmopolita con miras al desarrollo de la actividad turística” (Ruiz 2019: 56). Como se puede vislumbrar en las palabras vertidas en 1944 por Humberto Vidal Unda, uno de los recreadores de esta celebración:
“La fiesta del Inti Raymi podría convertirse en una de las grandes fiestas mundiales, como la Semana Santa de Sevilla, el Carnaval de Venecia. Estas fiestas dan vida a esos pueblos (...). El gobierno mismo tendría que verse obligado a dotarnos de todas las comodidades, pistas de aterrizaje, carreteras asfaltadas(...). Podrían hacerse nuevas industrias, derivadas del turismo” (Mendoza 2006: 187).
Todo este proceso se dio a la par del surgimiento de una serie de posturas indigenistas producidas por grupos no indígenas, con diferentes matices ideológicos y perspectivas (Lemogodeuc 2006) que, en sus diferentes expresiones, la mayor parte, “terminó entroncándose con los ideales turísticos –en plena maduración mundial como actividad económica– por sus deseos de enrumbar a la modernidad a su región y de mostrarla al mundo” (Armas 2018: 283). Bajo ese norte, parte significativa de las intervenciones, y el interés por la actividad y sitios arqueológicos se orientaban a ese fin. Incluso, el segundo libro publicado por Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, “Antiguo Perú. Primera época”, fue editado por la Comisión Organizadora (del cual también Tello fue miembro) del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo, que se celebró en Lima en 1929.
Durante esos años la asociación entre turismo, modernidad y desarrollo estaba bastante presente, como lo señala un diario de viaje de ese entonces: “Es inexplicable cómo siendo el Cuzco un admirable centro de atracción para el turismo, hasta ahora nada se haya hecho para favorecer esa actividad, que al mismo tiempo que la riqueza hace el progreso de muchos pueblos, de lo que muestra evidente son Italia y Suiza” (Armas 2018: 383).
En 1947 se organiza el Primer Congreso Nacional de Turismo. Este evento contó con la presencia de delegados de 32 organismos que incluyó a dos actores importantes del sector privado como eran la International Petroleum Company, filial de la Estándar Oil, que tuvo una larga y ventajosa hegemonía en la explotación petrolera en el país, y la Peruvian Corporation, dueña de gran parte de los activos del Perú. Dato curioso es que este congreso estuvo organizado en 10 comités temáticos (Lostaunau 2019), entre los cuales se encontraron el Comité V: Inventario, Utilización y Defensa del Patrimonio Turístico. Es interesante comentar sobre el uso del término de patrimonio turístico a lo que en ese momento era conocido como monumentos históricos o patrimonio arqueológico a pesar de que presidió dicho comité uno de los intelectuales referentes del indigenismo, Luis E. Valcarcel.
En 1968, asume el poder mediante un golpe de Estado el General Juan Velasco Alvarado, quien con un discurso reivindicativo inicia un proceso de nacionalización de los recursos y activos del país y declara una profunda reforma agraria. Este gobierno guio sus acciones a partir del denominado “Plan Inca” que recién fue dado a conocer en 1974 en el marco de las celebraciones por el 153 aniversario de la independencia de España. Para efectos del análisis, nos centramos en lo que concierne al turismo y el patrimonio. Al respecto se plantea como objetivo el “Incremento sustancial del ingreso de divisas por turismo receptivo y acceso de las mayorías al turismo interno”, lo cual demuestra una intención de promover el turismo social. Pero lo más resaltante son las acciones que propone, entre las que destacan: Orientar e incentivar la inversión privada al desarrollo del turismo; Promover el turismo basado en nuestro patrimonio natural, cultural y folkló- rico. Y, las más interesante de todas, “Utilizar el turismo como instrumento para arraigar en las grandes mayorías el amor por el país y para exaltar su nacionalismo”.
Es sintomático que precisamente el denominado “gobierno revolucionario” de las fuerzas armadas, que aglutinó a casi toda la intelectualidad de izquierda, cifre en la actividad turística, basada en el patrimonio con papel preponderante de la inversión privada, el desarrollo arraigo, orgullo e identidad nacional. Vale recordar que al siguiente año de instalación del gobierno militar, se inaugura la Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural, Perú-Unesco, más conocido como Plan Copesco que también contó con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este plan es la materialización de las propuestas esbozadas en el “Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico” más conocido como las Normas de Quito de 1967, este documento se elaboró en el marco de las acciones y compromisos establecidos ese mismo año en la Reunión de Jefes de Estado Americanos convocada por la OEA (Organización de los Estados Americanos) para promover La Alianza para el Progreso, el cual fue un programa de intervención económica encabezado por los Estados Unidos que buscaba convertirse en una alternativa de desarrollo y seguridad hemisférica frente al avance del socialismo luego del triunfo de la Revolución Cubana (Ruiz 2019: 60).
En esa perspectiva, las Normas de Quito fueron el nuevo marco que impulsaría la intervención física sobre el patrimonio cultural bajo la premisa de su utilización como un nuevo insumo o recurso para el desarrollo econó- mico a través de su explotación turística (Ruiz et al. 2019: 61). Tal como se señala en dicho informe “Partimos del supuesto de que los monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico constituyen también recursos econó- micos, al igual que las riquezas naturales del país” (ICOMOS 1967).
Otro episodio expectante se da en la década los noventa con el programa de ajuste estructural planteado por el gobierno de Alberto Fujimori, que privatiza y/o entrega en concesión todas las empresas públicas y activos del Estado. En ese marco se impulsa la posibilidad de que el patrimonio cultural pueda ser administrado directamente por el sector privado, obviamente con la mira en los sitios turísticamente más rentables, quien invertiría en infraestructura y servicios para su explotación turística. Esto motivó incluso la indignación del desaparecido premio Nobel José Saramago quien, en sus Cuadernos de Lanzarote, ironiza sobre esa visión privatista y señala “De regreso de un viaje a Bolivia y Argentina mis cuñados María y Javier traen el periódico Clarín del 30 de agosto. En él viene la noticia de que va a ser presentada al Parlamento peruano una nueva Ley de Turismo que contempla la posibilidad de entregar la explotación de zonas arqueológicas importantes como Machu Picchu y la ciudadela preincaica de Chan Chan a empresas privadas mediante concurso internacional” (Saramago 2002). Luego, continúa dramatizando este afán privatista para terminar con un célebre y contundente párrafo: “Y finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo (...). Y, metidos en esto, que se privatice también la puta que los parió a todos”. Iniciativas que recogen estas visiones, pero con algunas reformas, se han generado en los años subsiguientes siendo el último intento la promulgación del Decreto Legislativo 1198 del 2015. El cual buscaba otorgar a entidades privadas la administración de componentes del patrimonio cultural prehispánico, para administración de servicios complementarios (Diario El Peruano 2015). Finalmente, ante protestas ciudadanas masivas en Cusco y el desacuerdo del Congreso de la República, este Decreto fue derogado.
¿Salvo el turismo, el patrimonio es ilusión?
Recordando otra frase del expresidente, Alejandro Toledo, pronunciada en la misma ceremonia ya referida, “Prometo en estos cerros hacer todo lo que esté a mi alcance para poder integrar la modernidad y la competitividad, sin desgarrar los rasgos de nuestra identidad nacional. Pongo como testigo a estas murallas, prometo que lucharé contra la pobreza en el Perú” (Valenzuela 2001).
Como ya hemos visto, es evidente que el expresidente no fue el único que incluyó el turismo en su repertorio discursivo asociado al desarrollo del país. Ni fue el único que usó de referente y escenario al patrimonio cultural. Si recordamos, el también expresidente, Alan García, pronunció un discurso el 2009, desde el Santuario Arqueológico de Pachacamac, en el marco de la promulgación de una nueva ley de turismo que promovería una “actividad sostenible, inclusiva, descentralista, que mantiene la esencia cultural del país y es también un instrumento de lucha por el trabajo, el desarrollo y la erradicación de la pobreza” (Andina 2009). Cabe indicar que dicho presidente, aprovechando su investidura, había llevado el ídolo prehispánico del Dios Pachacamac a la sede de Palacio de Gobierno, siendo devuelto al santuario por el siguiente gobierno (RPP 2012).
No obstante, Toledo es quien tuvo una referencia mayor al patrimonio cultural prehispánico y promocionó activamente el turismo. Vale recordar su participación como anfitrión y guía, junto a su esposa, en la serie de programas especiales (Peter Greenberg s/f) llamadas “The Royal Tour”, en la que recorren los destinos turísticos más importantes del país (principalmente asociados a patrimonio cultural prehispánico) que fue emitida en noviembre del 2004 por The Travel Channel. Al igual que Alan García, contraviniendo las medidas de protección del patrimonio, Alejandro Toledo traspasó, junto al afamado periodista Peter Greenberg, la protección del calendario solar de Machu Picchu para posar sus manos y a través de una “experiencia mística, recargar energía”.
Como se vislumbra, al revisar la historia republicana del Perú, el patrimonio cultural prehispánico estuvo presente como referente polí- tico y como promesa de desarrollo mediante el turismo. En ese sentido, las acciones públicas han priorizado, aunque no restringido, su intervención en algunos sitios que, por su monumentalidad o importancia, podrían generar el interés de visita. En primer lugar, de turistas extranjeros, y de manera subsidiaria, hacia turistas nacionales.
Ello ha generado un proceso de dos vías. Por un lado, que se priorice las intervenciones en lugares que se consideran con mayores oportunidades turísticas. Por otro lado, que las intervenciones, comúnmente, estén asociadas a destinos turísticos importantes o no, tengan como referente para estructurar su puesta en valor, al turismo extranjero o nacional. Esta aseveración no descarta que en algunos sitios arqueológicos el proceso haya tratado de equilibrar su intervención también hacia públicos locales, pero el proceso hegemónico es tal cual.
Esta dinámica no es producida de manera autónoma por las instituciones rectoras y los gestores del patrimonio cultural prehispánico, sino, responde al papel medular en que se ha ubicado al patrimonio cultural prehispánico en el discurso del desarrollo nacional. Este se refiere a servir como elemento para el crecimiento económico a partir de su uso turístico. Más aún, este discurso es incisivo si los sitios arqueológicos, incluidos los más “importantes”, se encuentran en territorios con altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas.
Esta tendencia se problematiza con una circunstancia que pasaremos a detallar.
En julio del 2020, en el primer año de la pandemia por la COVID-19, el Ministerio de Cultura publicó la Política Nacional de Cultura (PNC) al 2030. Este detallado documento presenta un interesante diagnóstico y delimita el problema público sectorial, que lo define de la siguiente manera: “El limitado ejercicio de los derechos culturales de la población” (Ministerio de Cultura 2020: 18). La causa de esta situación se explica por cuatro categorías de factores: históricos, de capacidad estatal, económicos y socio culturales (Ibid. 24), que en resumen entre sus principales argumentos plantean lo siguiente: Que aun estamos definidos por las estructuras sociales coloniales en la construcción del proyecto de nación republicano, que reproducen el racismo, el paternalismo y la desigualdad étnico-racial. A lo que se suma los episodios traumáticos de nuestra vida republicana, como el periodo de violencia 1980-2000 y la capacidad estatal para la gestión de un Estado pluricultural, a parte de temas de eficiencia y disponibilidad económica.
Frente a esta situación se plantean 6 objetivos prioritarios que se orientarán a trabajar en la construcción de un futuro deseado: “Al 2030, en nuestro país, las personas conocen, respetan y ejercen sus derechos culturales en todo el territorio nacional en el marco de una ciudadanía y una democracia intercultural” (Ibid. 93). Asimismo, específicamente respecto al patrimonio cultural se proyectan un escenario prometedor:
Contamos con una gestió n integrada de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial para su protección y salvaguardia. Los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso, valoración, transmisión y uso social de manera sostenible, en igualdad de oportunidades y sin discriminación. Esto se manifiesta en que el porcentaje de la població n que visitó al menos un patrimonio cultural con la finalidad de apreciarlo alguna vez en el año, es mayor al $50 \%$ (Ibid. 93).
Sin duda el escenario vislumbrado es bastante auspicioso y está articulado con la Visión del Perú al 2050 planteada por el Acuerdo Nacional en el marco del Bicentenario de la Independencia. Aunque esto contrasta con que la actual situación política, económica y de salud, agudizada por la pandemia, es calamitosa. Vale recordar que todos los expresidentes vivos, desde 1975 en adelante, tienen procesos penales por graves imputaciones de violaciones a los derechos humanos, corrupción y otros delitos. Llegando a tener, hace menos de dos años, en simultáneo, a tres expresidentes detenidos, uno prófugo y otro que se suicidó cuando lo iban a detener.
Los objetivos prioritarios (OP) planteados en la PNC directamente relacionados al patrimonio prehispánico son dos: OP4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural y; OP5. Fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural para su uso social. Su consecución no solo dependerá de las acciones directas del Ministerio de Cultura, sino, además, se articularían con diversos objetivos nacionales. Sin embargo, en lo concreto se alineararía con algunas de las 11 políticas, 6 planes y 1 estrategia nacional con los que se relacionan los 6 objetivos prioritarios.
Este planteamiento de articulación para superar el problema público, a través de la concurrencia de otras iniciativas de diversos sectores gubernamentales, reconocen la multiplicidad de factores que limitan el ejercicio de los derechos culturales. Y aunque no se plantea en ese nivel en la PNC, las circunstancias que reproducen esos factores, además de otros no presentes en el diagnóstico, aún están muy vigentes en la estructura de la sociedad y siguen replicándose en la política pública.
Aunque las políticas emanadas por los gobiernos de turno suelen apelar a fines de interés público de las grandes mayorías. “Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de la sociedad. Es decir, son las respuestas que el Estado formula a través de sus funcionarios, con la finalidad de prevenir o solucionar una problemática o demanda específica de su población” (Ministerio de Cultura 2015: 74). No necesariamente esa atención tiene como prioridad la solución mas idónea, sostenible y eficiente para el bien común. Es recurrente que muchas políticas públicas se estructuren a partir de dinámicas, con procesos de corrupción o no, hacia $^ { \mathrm { \tiny { s } } } ( . . . )$ un conjunto articulado de (inter)acciones y comunicaciones colectivas intencionales, llevadas a cabo bajo el liderazgo del Gobierno, resultado de la lucha de grupos sociales por la captura de recursos públicos y/o bienes privados asignados por el Estado para atender intereses particulares y solucionar problemas privados” (Zebral 2013: 45).
Sumado a ello, si algo identifica la trayectoria política del Estado en nuestro país es su inestabilidad y los cambios que se pueden producir con cada gobierno, producto de esa dinámica de captura de recursos públicos para intereses particulares. Es por ello que, salvo la estructura en que se fundamenta la política económica desde la década de los noventa, las políticas y planes sectoriales pueden tener poca continuidad, muchos vaivenes, su cumplimiento real suele ser bastante limitado o, lo que es peor, terminan, de manera premeditada o no, promoviendo intereses contrarios a los que enuncian.
Analizando las posibilidades de gestión desde los derechos humanos.
Retomando el problema público definido en la PNC, las intervenciones sobre el patrimonio cultural prehispánico inmueble deben priorizar la ampliación del ejercicio de los derechos culturales de la población. Por tanto, corresponde que los procesos de habilitación, o de puesta en valor, anticipen esa misión y subordinen la actividad turística. Esta afirmación podría parecer polémica, pero hay que tener en cuenta que el propio Objetivo Estratégico Sectorial 1 (OES1) del Ministerio de Cultura señala que se debe “Garantizar los derechos culturales de la población, sobre todo de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, como elemento fundamental para la democracia, la libertad y el desarrollo” (CEPLAN 2016: 64). Objetivo que es ratificado en el Plan Estraté- gico Institucional 2021-2024 (Ministerio de Cultura 2020).
Si bien los diagnósticos y estrategias sectoriales plantean un escenario expectante para enfrentar el problema público, hay limitaciones respecto a las acciones concretas del sector y en su interrelación con políticas públicas de otros sectores. Esta situación no necesariamente es generada por carencias analíticas de los especialistas que elaboraron estos documentos, sino, además, es originada por los límites del modelo de desarrollo o sistema político económico desde el cual esbozan sus supuestos y deben enmarcar sus propuestas. Aunque el diagnóstico de tendencias del Plan Estraté- gico Sectorial Multianual 2017-2021 considera que, en el escenario nacional, el modelo económico de corte (neo) liberal ha producido una “mayor hegemonía de los intereses privados sobre los intereses públicos” (CEPLAN 2016: 25), no realizan un escrutinio para dilucidar cómo ha influido sobre la situación del sector Cultura y en específico en la situación y acciones desplegadas sobre el patrimonio cultural prehispánico inmueble. Finalmente, aunque no esté planteado en el documento, esa hegemonía condicionará, de manera premeditada o no, el marco de acciones que se despliegan frente al patrimonio. No solamente desde el ente rector, sino, además, de gran parte de los diferentes actores que se relacionan con y/o intervienen sobre el patrimonio. Esto sucede porque dicho modelo está constituido sobre un marco de pensamiento que autoreproduce dicha hegemonía.
Teniendo en cuenta el problema público y los objetivos planteados para subvertir esta situación, es importante considerar algunos elementos concurrentes para analizar el potencial de la gestión del patrimonio cultural con un enfoque de derechos humanos.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se ha desenvuelto una progresiva ampliación de la mirada sobre las múltiples dimensiones y aspectos de la vida social sobre las que operan los derechos. Si algo queda claro es que las tres generaciones de derechos humanos (los civiles y políticos, los económicos sociales y culturales y, los derechos solidarios) “son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” (Naciones Unidas 1993: 19). Al respecto, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una Declaración (Naciones Unidas 2019) en la que pone énfasis en la imposibilidad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin dar cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ya que estos son pilares fundamentales del mismo.
El Perú, como Estado Parte de las Naciones Unidas, ratificó el PIDESC en 1978 (Ministerio de Energía y Minas 1978). Estuvo involucrado en la construcción de la agenda 2030 de los ODS y su compromiso de cumplimiento ha sido ratificado por los últimos gobiernos (PNUD 2016).
El panorama para la consecución de estos compromisos parecería propicio en cuanto la economía que se genera en el Perú ha tenido un crecimiento continuo las últimas dos décadas, siendo uno de los países con mayor crecimiento en el mundo y que en el periodo 2000-2018 cuadruplicó su PBI. Además, redujo considerablemente su pobreza monetaria pasando de más del $5 4 . 7 \%$ el 2004, a $2 0 . 4 \%$ el 2019 (Banco Mundial $\mathrm { s / f }$ ). Incluso el 2014, el gobierno de ese entonces, iniciaba las gestiones para que el país ingrese a la OCDE para el año 2021, en el marco de su Bicentenario (Económica 2014).
No obstante, el escenario del país es mucho menos auspicioso que las cifras macroeconó- micas, y con la pandemia del COVID-19 no solo se ha dramatizado, sino, además, se han visibilizado muchas características intrínsecas de reproducción de desigualdad y exclusión de este modelo de desarrollo. Para tener un panorama más claro, nos puede servir la alineación realizada por el comité del PIDESC, en su última Declaración, con algunos ODS esenciales. Esto es muy importante por que ayuda a evaluar como el país puede estar avanzando en el sentido del cumplimiento de los ODS y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y es de utilidad para situarnos sobre el escenario del problema público del sector cultura y sus probabilidades de mejora. A partir de esa relación, se elabora el presente cuadro que nos ayuda a analizar el contexto, teniendo en cuenta que América Latina es la región con más desigualdad del mundo y el Perú es el cuarto país con más inequidad de esta región (Perú21 2012).
La promesa de no dejar a nadie atrás, es la frase que encabeza la última declaración del comité del PIDESC. Es sugerente esta frase, porque se remite a un escenario común en que las políticas de desarrollo dejan atrás a parte importante de la población o en que aumenta la desigualdad con el crecimiento económico. En ese sentido, aunque hay cierta ambigüedad, señala que las personas se “han quedado atrás a causa de la pobreza, la exclusión socioeconómica y cultural y la marginación” (Naciones Unidas 2019: 3), luego da cuenta que existe una discriminación sistemática que se manifiesta “en normas legales, políticas o prácticas, o de actitudes culturales predominantes y prácticas consuetudinarias en el sector público o privado que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros” (Ibid.).
Teniendo en cuenta la propuesta de análisis del problema público del sector cultura, es importante destacar que no toda la población experimenta de forma horizontal la misma situación respecto a la limitación del ejercicio de sus derechos culturales. Está claro que hay sectores de la población que tienen mayores restricciones y el menoscabo se experimenta según la posición socioeconómica o cultural donde estés ubicado en el contexto de país. Y, es en esa trama que vamos a realizar el análisis para esbozar una propuesta de gestión del patrimonio arqueológico prehispánico contextualizada, que promueva el avance del ejercicio de los derechos culturales y otros derechos fundamentales como la recreación.

ODS	DESC	Contexto pais
(Objetivos 1y2,6y7,y11 a 16)	El derecho de toda personaa un nivel de vida adecuado,incluso alimentacion, vestidoy vivienda adecuados,asicomo al agua.	El Peru es el octavo pais con mayor reserva de agua dulce. En sucapital, Lima, las familias pobres sin red de agua publica, que sonla quinta parte de la poblacion, pagan en promedio 1O veces maspor este recurso (Gestion 2021).El 43.4% de las viviendas notienen sistema de alcantarillado en todo el pais (INEI s/f).
(Objetivo 4);	El derecho de toda persona ala educacion.	Solo el 31% de las escuelas publicas de todo el pais cuentan conlos servicios de agua, desague y electricidad (Peru21 2020).Solo el 52.2%de escuelas publicas tiene suficientes pizarras;ademas solo el 77.1% posee carpetas suficientes para los alumnos(RPP 2019).
(Objetivos 9y 10)	El derecho de toda personaa gozar de los beneficios delprogreso cientifico y de susaplicaciones.	El 41.8% del total de hogares del pais no cuenta con unarefrigeradora en casa.En el caso de los hogares pobres,la cifrasube hasta el 78% (El Comercio 2020).En el ultimo censo nacional se da cuenta de que el 72% de loshogares no tienen acceso a internet (INEI s/f).Para el ano 2020 el 55% de los peruanos no tiene acceso alsistema financiero o posee una cuenta de ahorros (Gestion 2020).

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La gestión contextualizada del patrimonio cultural.
Una perspectiva contextualizada parte de una premisa democratizadora de la gestión del patrimonio cultural que involucra un proceso participativo, inclusivo e intercultural que tiene como base la consideración de las características económicas, sociales y culturales de las comunidades ubicadas en los entornos patrimoniales para promover el ejercicio de sus derechos culturales.
En ese propósito, si nos situamos en el escenario país desde esa visión democrática de la gestión, deberíamos dar preponderancia a la necesidad de contribuir a la resolución del problema público planteado en la Política Nacional de Cultura. No obstante, como ya hemos reseñado, el problema público no es horizontal a todos los peruanos, sino que tiene un escalonamiento que se intensifica, principalmente, según tu condición socioeconómica y cultural.
Anteriormente, nos hemos referido a que la intervención sobre el patrimonio cultural prehispánico ha presentado una dinámica hegemónica, a todo nivel, en la cual el recurso cultural tiene como principal misión convertirse en un producto turístico para su explotación económica. Circunstancia estructurante de un proceso en el cual el por qué, para qué y cómo se interviene hasta el cómo se investiga, habilita, interpreta y presenta, es pensado fundamentalmente desde las motivaciones turísticas.
En ese contexto no se problematiza si el turismo puede ser una experiencia accesible para toda la población y se asume que la experiencia turística basada en el patrimonio cultural está al alcance de todos. Para dilucidar este entuerto, es necesario recordar la definición de turista: “Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar de su visita aunque no tenga que pagar por el alojamiento, y cuyo principal motivo del viaje es el ocio u ocupación del tiempo libre, negocios, peregrinaciones, salud, u otra, diferente a una actividad remunerada en el lugar de destino” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2019: 32). Este turista puede ser extranjero o nacional y obviamente se excluye a los que se movilicen para visitar un lugar de interés dentro de su entorno habitual.
Aunque es obvio, hay que recalcar que el turismo es intrínsecamente una actividad económica, por lo tanto, su razón de ser es que las visitas generen intercambio económico. Si bien, un visitante de un sitio arqueológico que es del entorno puede generar algún movimiento de dinero, puede prescindir de transacciones comerciales para dicha finalidad, o solo gastar un monto mínimo. Por ejemplo, pagando una entrada. Circunstancia que no se ajusta al escenario ideal, cuando se invierte sobre el patrimonio con la esperanza de que contribuya al desarrollo económico. Y tal como hemos señalado, es el principal anhelo de las iniciativas de gestión del patrimonio cultural. Bajo esa ló- gica, el patrimonio cultural (recurso) tiene que convertirse, a través de la puesta en valor, en un producto turístico constituido por $\mathbf { \omega } ^ { \mathsf { c c } } { } _ { \mathrm { e l } }$ conjunto de componentes, tangibles e intangibles que incluyen recursos atractivos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos, para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística” (Ibid. 23). Este proceso posee una dinámica inmanente que va a priorizar el fin crematístico trascendental del testimonio cultural, que incluso pueden construir e interpretar el bien bajo ese objetivo: “Dado que lo científico no siempre es espectacular, los procesos de mercantilización tienden a reescribir la historia en línea con los (supuestos) pre-conceptos de los consumidores. En muchos casos se producen narrativas del pasado, reinventadas, empobrecidas, triviales o incluso desconectadas por completo de lo que la disciplina acepta como evidencia” (Herrera 2013: 4).
Siguiendo el análisis sucede que muchas veces, a partir de una inadecuada interpretación y conocimiento de lo que significa e implica la actividad turística, se imagina que el turismo es una actividad democrática que puede ser practicada por toda persona. En tal sentido, es importante tener en cuenta las condiciones específicas que dieron nacimiento, promueven y definen quienes pueden ejercer la actividad turística. Quedando claro que, históricamente y actualmente, no es una actividad de disfrute homogéneo en la sociedad.
Sin embargo, si persistimos en la idea de que el turismo podría cumplir un papel preponderante y democrático en el reconocimiento de la historia, la identidad y el sentido nacional por los peruanos, como postulaba el Plan Inca. Debemos conocer y analizar algunos elementos claves que definen la dinámica actual del turismo nacional y que cuestionarían el papel del turismo en ese designio.
Según cifras de PromPerú, al 2019, 1.662.939 peruanos realizaron al menos un viaje por recreación u ocio al interior del país, donde permanecieron siquiera una noche. Esta cifra está compuesta específicamente por personas de los niveles socioeconómicos A, B y C. Nivel socioeconómico corresponde a la la posición que un hogar o persona ocupa en la estructura de la sociedad.No solo por el ingreso económico sino por una serie de variables, como el nivel educativo, tipo de vivienda, servicios y bienes con que cuenta, que evidencian su calidad de vida. El nivel A es el superior y el E es el inferior. En el nivel A solo se ubica el $1 . 6 \%$ de los hogares del país. El $8 6 \%$ de los peruamos que realizaron al menos un viaje al interior del país son de Lima y el otro $14 \%$ son básicamente de otras cinco ciudades. El $67 \%$ tiene educación superior y del total solo el $21 \%$ visitó un sitio arqueológico (PromPerú 2019).
Para tener el panorama completo sobre el contexto de los turistas nacionales, el 2019, la población peruana ascendía a 32.495.500. Si tenemos en cuenta que la cifra de peruanos que viajan ha sido proyectada en base a la población de 18 a 64 años y en el escenario nacional ellos representan más del $60 \%$ de la población, podemos estimar que el porcentaje de población que viaja en ese rango etario sería en promedio menos del $10 \%$ . Se pueden argumentar múltiples factores, como la existencia de un porcentaje que viaja por turismo fuera del país, entre otros. Sin embargo, existen condicionantes para convertirse en turista, y aquí nos vamos a centrar solo en dos factores fundamentales. En primer lugar, tener un nivel de ingresos económicos que permita acumular un excedente para usarlo en el turismo. En segundo lugar, tener el derecho de vacaciones pagadas o tiempo libre con posibilidad de gasto que pueda realizar sin menoscabar sus condiciones de subsistencia. En el primer caso, tal como se puede ver en el documento de PromPerú, los sectores D y E están fuera de su ámbito de estudio porque simplemente no realizan turismo. Este sector representa más del $50 \%$ de la población (APEIM 2020). Además, hay que tener en cuenta que el sector C solo destina como gasto promedio 94 soles para el rubro recreación, cultura y otros bienes y servicios, lo que significa unos 25 dólares por hogar al mes. Y que la diferencia entre ingresos y gastos mensuales que permita acumular excedente es limitada en el sector C y casi inexistente el D y E.
Aunque esto aún nos deja un rango amplio de personas que podrían realizar turismo, empero, aquí viene el segundo factor. Para el año 2019, el $7 2 . 8 \%$ del empleo es informal en el país y si nos referimos al ámbito rural, la cifra aumenta a $9 5 . 3 \%$ (Castillo 2020). A ello le debemos sumar que parte de los empleos del sector formal tienen modalidades que limitan los derechos laborales y que casi el $3 . 9 \%$ de peruanos estaba en calidad de desempleados. En resumen, gran parte de la población laboral del país no acceden a beneficios como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, seguro de vida, seguridad social en salud y pensiones, entre otros beneficios sociales (Gestión 2018) que influyen directamente en la capacidad de poder realizar turismo. Obviamente, el escenario planteado por la pandemia agudiza este panorama.
Considerando los datos presentados, cuando planteamos una gestión contextualizada del patrimonio cultural nos referimos a una propuesta que tenga como principal motivo el ejercicio de derechos de los sectores de población excluidos o en riesgo de serlo, y en esa razón, descentrada, del turismo.
Los espacios patrimoniales para el ejercicio de derechos.
Como se referenció anteriormente, el problema público sectorial es el limitado ejercicio de los derechos culturales de la población. Pero este derecho no puede ser ejercido de manera abstracta de otros derechos humanos que le son interdependientes y relacionados a brindar las condiciones mínimas para una vida digna. En consecuencia, los mismos sectores que experimentan esa limitación en el ámbito cultural, comparten las restricciones en gran parte de las tres generaciones de derechos humanos. Dentro de ese amplio abanico de derechos hay uno sobre el que podemos explorar una fructí- fera relación, y que puede tender puentes entre el ejercicio de derechos humanos y la preservación del patrimonio cultural arqueológico.
Tal como hemos discutido, el turismo en el Perú es una actividad económica restringida a un sector minoritario de la población. Su ejercicio está mediado por la transacción económica a través del pago de una serie de servicios estructurados según las preferencias y necesidades del mercado turístico, dentro del cual se incluye el pago de acceso a los sitios arqueológicos. Por otro lado, tenemos el derecho al ocio y la recreación, que en el proceso de profundización de la mercantilización de las relaciones sociales se orienta que estos derechos humanos sean ejercidos a través del consumo. Pero, un derecho humano es innato a la persona, sin distinción de su posición o facilidades económicas y no puede estar mediado por una relación comercial que dependa de que pueda pagarlo. Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no alude específicamente a la recreación, sí nos habla del “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (Naciones Unidas 1948: 7). A lo cual se le suma que la persona tiene derecho “(…) a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes (…)” (Ibid. 8). En esa dirección, se asume que su participación en la vida cultural la ejerce en el tiempo libre al que tiene derecho. No obstante, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 de la OEA, sí se indica que “Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico” (OEA 1948: 3). Este derecho nos abre un abanico interesante, referido a las alternativas del uso del tiempo libre, a través de la recreación, para el bienestar de la persona. Si bien casi la totalidad de los demás instrumentos de derechos humanos no han profundizado en los aspectos referidos a la recreación, la Declaración y la Convención de los Derechos del Niño sí hace referencia a este derecho (ONU 1959). Sería interesante indagar por qué la recreación no ha estado presente en otros instrumentos. Podríamos especular que puede haber primado una visión que considera que la persona adulta ya está inserta en la vida laboral y ejercería la recreación a través del consumo. Pero esto contravendría su ejercicio como derecho. Solo en el caso de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006 se señala que se debe “Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas” (UNESCO 2006: 26).
Por otra parte, aunque no constituye un instrumento internacional de derechos humanos, la Declaración de Sao Paulo de 1998 del Congreso Mundial del Tiempo Libre, promovida por el organismo consultor de Naciones Unidas, la World Leisure Organization, señala, revindicando el derecho a la recreación, que “Todos los gobiernos deben preservar y crear ambientes-culturales, tecnológicos, naturales y construidos-donde las personas tengan tiempo, espacio y oportunidad para expresar, usufructuar y compartir socialmente la recreación y el tiempo libre” (World Leisure Organization 1998: 3).
Asimismo, al revindicar la recreación como un derecho humano en clara concomitancia con los derechos culturales, podríamos argumentar que los sitios arqueológicos pueden erigirse como un espacio físico idóneo para el ejercicio de derechos. Esta es una perspectiva muy necesaria en escenarios como el peruano, teniendo en cuenta el contexto histórico, social, económico y político, que define el problema público del sector cultura, limita los derechos de parte mayoritaria de la población.
A tal efecto, los sitios arqueológicos prehispánicos podrían habilitarse a través de lo que llamaremos gestión patrimonial contextualizada, que se define como un proceso participativo para la generación de experiencias inclusivas a través de acciones concebidas y realizadas de manera contextualizada e intercultural, priorizadas hacia los habitantes de los entornos patrimoniales, buscando generar su bienestar en el marco del ejercicio de sus derechos humanos.
Esta propuesta destaca varios aspectos que es necesario detallar, desglosando sus enunciados:
– un proceso participativo para la generación de experiencias inclusivas: que prioricen e incorporen a los grupos sociales que por diferentes circunstancias tienen mayores limitaciones para el ejercicio de sus derechos culturales, recreativos y otros. Teniendo en cuenta que los derechos culturales incluyen acceder, participar y contribuir en la vida cultural. obtenidas a través de acciones concebidas y realizadas de manera contextualizada e intercultural: este aspecto es fundamental, en cuanto requiere que la habilitación del patrimonio, respecto a la interpretación, contenidos y presentación del espacio, y las actividades que se desarrollen, sean acordes al contexto socioeconómico, educativo y cultural de las poblaciones adyacentes. Con mayor razón, cuando tenemos un país multicultural y con amplias desigualdades. A ese respecto, el patrimonio arqueológico debe convertirse en un espacio públicos de integración, ejercicio de derechos y promoción de la interculturalidad.
–  priorizadas hacia los habitantes de los territorios o entornos patrimoniales: por ser usuarios primarios por derecho y contexto. Aunque comúnmente la puesta en valor del patrimonio estructura su proceso priorizando, a lo que imaginan que es, la expectativa del esperado visitante exógeno (Ruiz 2018), ello puede generar que el patrimonio cultural del territorio sea, en diversos niveles, enajenado a sus habitantes, que, sobre todo, en los escenarios rurales, o empobrecidos de las ciudades, cuentan con exiguos espacios y servicios para el ejercicio de sus derechos culturales o recreativos. Sin embargo, son estos lugares los que, en gran medida, albergan la mayor cantidad de patrimonio cultural prehispánico y lamentablemente son también espacios sociales con escaso conocimiento científico de la trayectoria cultural del territorio.
En esta apuesta por la gestión del patrimonio cultural contextualizada se tiene en cuenta un principio de realidad evidente y práctico, que puede ser contrario a las aspiraciones de gestores, autoridades y población, que nos señala que no todos los sitios arqueológicos pueden ser de interés o tener viabilidad turística en el corto plazo. Situación sobre la cual hay múltiples razones, como la monumentalidad, la necesidad de onerosas acciones de conservación y puesta en valor, la accesibilidad o el requerimiento de servicios conexos y difusión que permitan la esperada llegada de corrientes turísticas.
En cambio, si optamos por una gestión del patrimonio cultural contextualizada, estas limitaciones descienden, ya que el usuario es local y la habilitación sería participativa y gradual a partir de un trabajo conjunto. Además, las dificultades de accesibilidad serán menores y la necesidad de servicios conexos también disminuiría, como sucede en algunos sitios arqueológicos y museos que son visitados especialmente por habitantes del entorno.
Esta opción no solo muestra indicios de ser viable en ese sentido, sino también en el jurídico, teniendo en cuenta las competencias que tienen los gobiernos regionales y municipales en el país respecto al patrimonio cultural. Como es el caso de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual en su Artículo 47 reconoce como función el “Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región”
(Congreso de la República 2002: 19). Igualmente, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 82 señala que “… tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional entre otras la siguiente: Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos...” (Congreso de la República 2003: 46).
Hay que tener en cuenta que al estar dentro de sus funciones obviamente están facultados para destinar recursos económicos. Lo cual puede ser un panorama expectante al saber que de los 1845 distritos del país, 1202 tienen patrimonio cultural declarado en sus jurisdicciones al 2017 (Ministerio de Cultura 2017). Bajo este marco normativo se podrían articular voluntades con el ente rector, que en su escenario tendencial al 2030 plantea que 10 activos culturales (sitios arqueológicos, iglesias y templos) serían puestos en valor al año (Ministerio de Cultura 2020: 48-49 y 51). Hay que tener en cuenta que el objetivo del Plan Nacional de Cultura es superar el limitado ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Este fin, la posibilidad de plantear una gestión contextualizada del patrimonio cultural, se podría incluir en nuevas ediciones del Plan Nacional de Derechos Humanos, en cuanto “compromete a todos los sectores y niveles de gobierno, y permite proyectar el enfoque de derechos humanos en la intervención de las entidades estatales” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2018: 9). Esto podría desenvolverse a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) entre cuyas funciones está el orientar el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, con especial énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, sector poblacional que es la prioridad de nuestra propuesta.
Un punto importante a destacar es que una gestión del patrimonio cultural contextualizada podría contribuir en la reducción de conflictos sociales ante procesos de patrimonialización verticales que menoscaban derechos humanos y concentran beneficios en élites locales o agentes exógenos (Disko y Tunghendat 2014; Villaseñor 2012). Fenómeno que se produce sobre todo en espacios patrimoniales que motivan dinámicas económicas que sean de interés de los mercados turísticos. Empero, la mayor parte del patrimonio cultural prehispá- nico diseminado en el territorio nacional tiene limitadas posibilidades mediatas de convertirse en un producto turístico que motive agresivos intereses crematísticos. Y en el caso de lugares que tienen algunos niveles de turismo, el desarrollar una propuesta de gestión contextualizada del turismo para el ejercicio de derechos como prioridad no sería excluyente y puede contribuir a una gestión turística más democrática y sustentable.
Reflexiones finales.
Está claro que, así como el ejercicio de las tres generaciones de derechos humanos son interdependientes, hay una serie de factores concurrentes, complicados de aglutinar, para que una gestión del patrimonio cultural contextualizada sea posible o se pueda avanzar firmemente hacia ella. Esto no excluye que se estén llevando o puedan llevarse adelante experiencias con perspectivas cercanas, pero son la excepción a lo hegemónico. Pero, si queremos que una gestión contextualizada del patrimonio cultural tenga un impacto importante en la conservación del legado prehispánico y sea un elemento relevante que contribuya en la ampliación del ejercicio de los derechos humanos en el país, se requeriría lo siguiente:
Por un lado, se necesita de una voluntad política sectorial, que al mismo tiempo requiere estar acompañada de la generación de normativas que promuevan intervenciones bajo esta perspectiva; y gobiernos locales y comunidades que las vayan asumiendo. Como todo proceso, esta propuesta necesita de la generación progresiva de experiencias que se constituyan en el antecedente sobre el cual ampliar las intervenciones en el territorio nacional.
Un campo social de gestores que asuman un enfoque de derechos humanos, intercultural y democrático en la gestión integral del patrimonio cultural prehispánico. Algo bastante complicado teniendo en cuenta las tendencias de formación académica y aspiraciones contemporáneas de los profesionales. Este punto es vital y lamentablemente es uno de las circunstancias más frágiles respecto a la cada vez más exangüe formación humanista en la academia.
Sin embargo, la mayor dificultad, que es el eje articulador de las demás, para prosperar en esa perspectiva, es que se produzca un cambio de paradigma sobre la función social trascendente que debe cumplir la gestión del patrimonio cultural arqueológico en el país. Este cambio es muy complejo, en cuanto la visión crematística, patrimonialista, unilateral y vertical está instalada desde el inicio de los preocupación republicana por la gestión de los bienes arqueológicos. Y, como hemos visto, se consolida con los procesos de puesta en valor bajo los preceptos de las Normas de Quito hace más de medio siglo. Lamentablemente, esta perspectiva es consecuente con los factores históricos y el modelo de desarrollo hegemónico y las políticas públicas que promueve, las cuales provocan esta situación de vulneración de los derechos humanos fundamentales y en específico de los culturales y recreativos.
Lo precedente nos conduce a tener siempre en cuenta la necesidad de perseverar en la construcción de un Estado democrático e incluyente. El cual priorice la búsqueda del bienestar común y el respeto y la promoción de los derechos humanos. Solo de esta manera tendríamos un escenario propicio para avanzar decididamente hacia una gestión contextualizada del patrimonio cultural, más allá del turismo.
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