Transiciones y europeísmo: de la Península Ibérica a la Europa Central1.
GUILLERMO A. PÉREZ SÁNCHEZ2 Departamento de Historia Contemporánea Instituto de Estudios Europeos. Universidad de Valladolid
«Si el mundo civilizado no quiere limitarse a observar, temblando de espanto qué más puede ocurrir aquí... Sólo tiene una opción: no esperar desde la indiferencia».
(VÁCLAV HAVEL, Discursos políticos)
PRESENTACIÓN.
La consolidación del sistema constitucional y representativo fundamentado en el Estado de Derecho en Portugal y en España hizo de los estudios comparados de los procesos de transición a la democracia un objeto de interés privilegiado para juristas, economistas, politólogos, sociólogos e historiadores. En este sentido, el llamado «modelo de transición española» ha sido considerado como punto de referencia fundamental en otras áreas geográficas y procesos similares3, en especial, en Iberoamérica, pero también en la antigua Europa del Este a partir de las llamadas «revoluciones gloriosas»4 de 1989. Al mismo tiempo, como ya sucediera en Portugal y España, en los países de la Europa Central y Suroriental la realización de la transición tuvo como objetivo paralelo e irrenunciable el «regreso a Europa», entendido éste como la vinculación a las instituciones de la Unión Europea, proceso actualmente en marcha.
Para reflexionar, analizar y comparar los procesos de transiciones en la Europa Central, en este caso concreto con los países del Grupo de Visegrado5: Polonia, Hungría, República Checa y República Eslovaca, y sus posibles semejanzas o diferencias, y la importancia en relación con dicho proceso del objetivo de integración en la Unión Europea, como ocurrió en los casos de Portugal y España, organizó el Departamento de Historia Contemporánea este Seminario Internacional Complutense que contó con la participación de embajadores, responsables políticos, ministros y secretarios de legaciones, juristas, economistas, politólogos, sociólogos e historiadores de Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia y España.
1. TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y EL «RETORNO A EUROPA»
Como señaló en su intervención Fernando Álvarez de Miranda6, las transiciones tanto en la Europa del Sur (Portugal y España) como en los países de la Europa Central y Suroriental, en este caso los del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia), fueron hechos trascendentales de la historia reciente de estos Estados, como lo fue también la aspiración a integrarse en la Unión Europea, aspecto éste que ofrece la mayor semejanza entre países de ámbitos geográficos tan alejados y con una evolución política y socioeconómica marcadamente opuesta.
Para todos los países citados, la integración en la Unión Europea significaba y todavía hoy en día significa la consolidación de la democracia y la definitiva normalización política sobre la bases de las ideas-fuerza del europeísmo que hizo suyas hace ya más de cincuenta años el Consejo de Europa: el «buen gobierno», la «paz perpetua» y el «bienestar socioeconómico de los pueblos»7. Desde los inicios de las transiciones en las zonas del Sur y el Centro del Viejo Continente, los nuevos gobernantes democráticos y reformistas reafirmaron su fe en los valores que inspiraba el proceso de integración europea y que habían sido negados por los anteriores regímenes, de forma mucho más radical por los establecidos en los países sovietizados del socialismo real.
España, por el régimen político instaurado por el General Franco, fue estigmatizada por el Movimiento Europeo, como también lo fueron los paí- ses de la Europa Central y Suroriental dominados por la Unión Soviética por el carácter totalitario del sistema socialista real. No obstante, en España los valedores del europeísmo lograron que el régimen no rompiera del todo sus vínculos con las Comunidades Europeas, impulsando negociaciones desde finales de los años cincuenta con las autoridades comunitarias que dieron sus frutos con la firma en 1970 del Acuerdo Preferencial, el único acuerdo posible entre una régimen autoritario y las Comunidades Europeas. La consolidación de las ilusiones europeístas debía suponer previamente la reinstauración de la democracia en España, aspiración que, con el lema de «tierra y libertad» como sinónimo de reconciliación de las dos Españas, acompañó las reivindicaciones de cambio político desde los años sesenta.
El vínculo europeísta de los países sovietizados pudo ser mantenido con grandes sacrificios personales por sus exiliados vinculados en los Estados de acogida al Movimiento Europeo y al Consejo de Europa. El objetivo de los exiliados del Este era, como la documentación bibliográfica y de archivo y los ejemplos biográficos han demostrado, terminar con el socialismo real y la instauración del sistema democrático del Estado de Derecho vigente en la mayor parte de la Europa Occidental. También en el interior de los países sometidos a la dominación soviética dicha máxima de «tierra y libertad» comenzó a vislumbrarse plenamente a partir de la segunda mitad de los años ochenta cuando Gorbachov decidió enterrar la doctrina de soberanía limitada, pero no debemos olvidar que desde los años cincuenta la contestación al sistema socialista de tipo soviético fue una constante en todos estos países —las llamadas crisis recurrentes8— por medio de protestas sociales o mediante el revisionismo político: Polonia y Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968 y Polonia en 1980, por señalar sólo los casos más significativos. Por ello, cuando al final de la década de los ochenta se produjeron las «revoluciones gloriosas» de 1989, el paso siguiente fue la ruptura radical con el viejo sistema (mientras que en España el cambio político se hizo desde la legalidad anterior a través de la Ley para la Reforma Política de 1976), para levantar en su lugar otro nuevo a imagen y semejanza de la democracia occidental fundamentada en el Estado de Derecho. A partir de ese momento, en los países de la Europa Central y Suroriental junto al proceso de transición en marcha comenzó a perfilarse el objetivo añadido de la adhesión a la Unión Europea: el gran sueño de los exiliados pasaba a convertirse en una aspiración política concreta y realizable; aspecto éste que también había orientado la política exterior de Portugal y España desde los inicios de sus respectivas transiciones a la democracia.
2. TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y «RETORNO A EUROPA» DE PORTUGAL Y ESPAÑA.
Según el Profesor Hipólito de la Torre9, las transiciones en Portugal y España se fraguaron en función de cambios fundamentales operados en el interior de estos países: la «revolución de los claveles» en el primer caso, la muerte del General Franco en el segundo. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos internacionales —los cambios en el ámbito soviético como catalizador de la transformación operada en la parte de Europa bajo su dominación10— fue decisiva en el caso de los países de la antigua Europa del Este para lograr la ruptura con el socialismo real e impulsar la transición política, económica y social.
Este último aspecto —el «retorno a Europa» es la única coincidencia apreciable entre la transición portuguesa y la transición en la Europa Central y Suroriental. En Portugal, como señaló el Profesor Josep Sánchez Cervelló11, se solapó el final de la etapa colonial con la instauración de la democracia. Fue con la salida de los comunistas del poder y la entrada en vigor de la Constitución de 1976 cuando, junto al objetivo de las tres $\left. \mathbf { D } \right.$ (Descolonizar, Desarrollar y Democratizar), tomó carta de naturaleza el compromiso de los dirigentes políticos moderados con el ideal europeísta y con la Europa Comunitaria como objetivo añadido a los tres anteriores.
En el caso de España, también la coincidencia fundamental con los países de la Europa Central y Suroriental fue el objetivo del «retorno a Europa». En estos ámbitos citados, la diferencia básica está, según el Profesor Álvaro Soto Carmona12, en que en el caso de España la transición tuvo sólo carácter polí- tico, con el protagonismo de la sociedad civil como muestra de desarrollo social, mientras que en la antigua Europa del Este las transiciones tuvieron su origen en las revoluciones de 1989 ya mencionadas, motivo por el cual el modelo de transición española no es equiparable ni exportable a ningún proceso de este tipo, ya se trate de la Europa Central o incluso de Iberoamérica. En el caso español, la reinstauración de la democracia y la adhesión a la Europa Comunitaria son caras de la misma moneda: romper definitivamente con el aislamiento del país y lograr la normalización política del Estado de Derecho conforme al modelo europeo occidental.
3. TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y DE LOS PAÍSES DE VISEGRADO: POLONIA, HUNGRÍA, REPÚBLICA CHECA Y REPÚBLICA ESLOVACA.
Entre 1989 y 1990 los países de la antigua Europa del Este lograron sin apenas violencia (salvo en el caso de Rumanía), romper con el sistema del socialismo real vigente hasta esos años en la zona. A partir de ese momento, y sin solución de continuidad, comenzó para todos ellos una nueva etapa, la transición, que concluiría con la consolidación del sistema democrático-parlamentario del Estado de Derecho, la instauración de la economía social de mercado y la consiguiente modernización socioeconómica. Desde este punto de vista, se puede afirmar que la transición en la Europa Central y Suroriental ha tenido un carácter único, no comparable a otros procesos de cambio ya mencionados, y con múltiples facetas al afectar a la estructura política, económica y social de estos países13. Se trató, pues, de una gran transformación que afectó a la cuestión nacional, al marco constitucional y a la ordenación económica; aspectos todos ellos de gran importancia a la hora de reinstaurar en la zona el Estado-nación, la economía social de mercado y la democracia representativa.
Consumada la ruptura con el socialismo real y renunciando expresamente por utópica a la llamada «tercera vía», los países de la Europa Central acometieron una impresionante tarea para coronar con éxito sus respectivos procesos de cambio, condición inexcusable para abordar el otro gran objetivo del «retorno a Europa», es decir, de la adhesión a la Unión Europea. Dicha tarea —la denominada triple transición— consistió, en primer lugar, en transformar las estructuras políticas, en un doble sentido: a) recuperando la «independencia y soberanía» al clausurar la Unión Soviética de Gorbachov la doctrina de soberanía limitada; y b) construyendo el Estado de Derecho conforme al modelo occidental. En un segundo momento, debía producirse el cambio de las estructuras económicas, según las pautas de la economía social y de mercado libre. En tercer y último lugar, en lo que respecta al universo de las mentalidades colectivas, fue necesario restaurar el protagonismo de la sociedad civil y recuperar las señas de identidad socioculturales, profundizando en el «aprendizaje o reaprendizaje» de la democracia14.
Otro de los grandes retos que, como ya hemos apuntado, se plantearon los revolucionarios del Este fue el «retorno a Europa»15, afán que fue muy bien recibido por los dirigentes de las Comunidades Europeas. Los responsables comunitarios, por medio del comunicado del Consejo Europeo celebrado en Estrasburgo los días 8 y 9 de diciembre de 1989, animaron a los países de la Europa Central y Suroriental a perseverar en el camino recientemente iniciado hacia la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos; prometiéndoles, al mismo tiempo, todo el apoyo de las instituciones comunitarias en la tarea de reconstrucción en la que estaban inmersos. A continuación, las Comunidades Europeas decidieron establecer con estos países acuerdos especiales de asociación, denominados también «acuerdos europeos» por la importancia que se les dio a los mismos. En virtud de todo ello, en diciembre de 1991, las Comunidades Europeas firmaron acuerdos de asociación con Polonia, Hungría y Checoslovaquia (después Chequia y Eslovaquia). Este avance significativo en las relaciones entre la Comunidad Europea y los paí- ses de la Europa Central no presuponía una vinculación de derecho de estos últimos a las estructuras comunitarias, pero debía facilitar la paulatina adhesión a las Comunidades Europeas de los Estados asociados: el 31 de marzo de 1994, Hungría presentaba oficialmente su candidatura de integración a la Unión Europea, y el 5 de abril lo hacía Polonia. Una año después, el 27 de junio, lo hacía Eslovaquia y Chequia el 17 de enero de 1996. En diciembre de 1997, el Consejo Europeo de Luxemburgo autorizaba la puesta en marcha del proceso de ampliación, cuyas negociaciones comenzaron el 31 de marzo de 1998, siendo seleccionados en un primer momento Polonia, Hungría y la Repú- blica Checa (además de Eslovenia, Estonia y Chipre); pero en un segundo momento, el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 estableció que desde el 1 de enero del año siguiente la República Eslovaca también se incorporara a la negociación en marcha (lo mismo que Rumanía, Bulgaria, Letonia y Lituania)16.
A. Transición a la democracia y «retorno a Europa»: el caso de Polonia17.
La Profesora y Subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Grazyna Bernatowicz, comenzó su ponencia «El camino de Polonia y España hacia la democracia y una Europa común»18 señalando que los afanes y vínculos europeístas entre estos dos países se remontan al menos al siglo XIX impulsados por una firme voluntad intelectual, y que lograron recomponerse en las últimas décadas del siglo XX. En este sentido, la consolidación de la democracia en España y su integración en las Comunidades Europeas fue seguido con mucho interés y aplicación en Polonia. Así, afirmó la Profesora Bernatowicz, si bien es cierto que los procesos de transición entre España y los países de la Europa Central no son comparables, ambos tienen elementos comunes muy significativos. Entre los más importantes de éstos resaltan el carácter pací- fico de dichos procesos de transición a la democracia y el firme e irrenunciable compromiso de los gobiernos democráticos con el ideal europeísta y su apuesta por la integración en la Europa comunitaria. En este objetivo, la sociedad civil española por sus convicciones europeístas, y más desarrollada que la polaca debido a la evolución de sus estructuras sociales y económicas desde los años sesenta (el momento del gran cambio sociológico en España, lo que, entre otras cosas, explica que el principal protagonismo y responsabilidad en la transición lo tuvieran los grupos salidos del franquismo), contribuyó de manera fundamental al éxito del gran proyecto nacional que fue la definitiva integración en la Comunidades Europeas.
En cuanto a Polonia, con una sociedad civil mediatizada por décadas de socialismo real, las pretensiones europeísta fueron puestas en cuestión por ciertos sectores nacionalistas muy celosos de la soberanía recuperada después de los años de dominación impuesta por el comunismo de tipo sovié- tico; lo cual no contradice sino que resalta por lo que significa el apoyo mostrado a la integración en la OTAN, objetivo conseguido en 1999. Además, al operarse al mismo tiempo los cambios políticos y económicos con los costes sociales que ello supuso dificultó el camino hacia la integración en la Europa comunitaria. Sin embargo, la consolidación democrática y la apertura económica influyeron positivamente en la ciudadanía impulsando el cambio de las mentalidades mediante la recuperación de la identidad cultural y el aprendizaje o reaprendizaje de los valores propios del Estado de Derecho fundamentados en la tolerancia y la democracia. Sobre esto último se centró la ponencia de Isabela Barlinska, Secretaria General de la Asociación Internacional de Sociología: «La sociedad civil en Polonia durante la transición». En la misma, se puso de manifiesto la influencia negativa que en las actitudes de la ciudadanía ejercieron las pautas de comportamiento vigentes en Polonia durante los cuarenta años de socialismo real. Sin embargo, como también resaltó la ponente, después de la ruptura con el comunismo la sociedad civil apoyó decididamente el cambio hacia la democracia de tipo occidental, con el deseo de terminar definitivamente con la situación política, económica y social creada por el régimen socialista, para hacer posible la instalación de Polonia en la «normalidad» que representa las formas de vida y de gobierno de los países miembros de la Unión Europea19.
Como explicó Jerzy M. Nowak, Embajador de Polonia en España, en su ponencia «Europa y Polonia: socios en la Unión Europea, pasado y futuro», en los postulados anteriormente comentados, y que hemos denominado el «retorno a Europa», fijaron los países de la Europa Central sus grandes esperanzas de transformación una vez liberados del comunismo, lo que debía suponer al mismo tiempo cerrar un pasado de casi medio siglo de opresión y represión impuesto y mantenido incluso manu militari por la Unión Soviética. Por todo ello, el objetivo básico del proceso de transición consistió en Polonia, como ya hemos apuntado, en «normalizar» sus estructuras políticas y socioeconómicas, rechazando al mismo tiempo todo proyecto fundamentado en «terceras vías» experimentales. Así, y sin negar las dificultades que todavía deben superarse en el proceso negociador en marcha, existe en Polonia un gran acuerdo nacional sustentado por los principales partidos políticos y la mayoría de la sociedad civil para seguir avanzado en la transformaciones estructurales que la aplicación del acervo comunitario demanda y lograr lo antes posible la integración de Polonia en la Unión Europea, el gran objetivo de la mayoría de los polacos al iniciarse el nuevo siglo que promete —como desea el Embajador Nowak de manera irreversible y enriquecedora, una vez cerradas las viejas heridas y superadas la negaciones sufridas por este país durante el siglo XX— la esperanza de una Europa unida.
B. Transición a la democracia y «retorno a Europa»: el caso de Hungría20.
El Embajador de Hungría en España, Pál Varga Koritár, resaltó en su ponencia «El proceso de transición en Hungría y el reto de Europa»21, el gran proyecto de integración que representa la Unión Europea y la oportunidad histórica para la «reunificación» de Europa con la ampliación hacia el Este. Este afán europeísta, tal como se entendía en la Europa Occidental en los años de la guerra fría y como oportunamente recordó el Embajador Varga Koritár, ya estaba presente en los revolucionarios húngaros de 1956 cuyo objetivo era terminar con socialismo real impuesto por la Unión Soviética, romper con el Pacto de Varsovia como primer paso para recuperar plenamente la soberanía nacional y poner las bases del sistema representativo y pluripartidista de la democracia parlamentaria22. En este sentido, y desde 1989, una vez que las negociaciones entre comunistas reformistas y la oposición hicieran posible el inicio del cambio de régimen, como proyecto político avalado por todos los gobiernos democráticos, Hungría reafirmó su voluntad europeísta para formar parte de la Europa comunitaria y consolidar así la democracia fundamentada en el Estado de Derecho y los cambios estructurales en función de la economía social de mercado. Desde el punto de vista político, tal como resaltó el Embajador, la transición en Hungría fue rápida y pacífica, y en función de la evolución de este proceso hacia la «normalidad» constitucional —sin interferencias de las Fuerzas Armadas o de la Iglesia y con el apoyo de los medios de comunicación— y las posteriores reformas económicas y sociales, se pudo hacer realidad el proyecto de integración en la Unión Europea actualmente en marcha, además de la incorporación de Hungría a la OTAN en 1999.
En la ponencia presentada por Andraç Inotai, Profesor y Director General del Instituto para la Economía Mundial (Budapest): «Rasgos característicos de la transición en Hungría», se puso de manifiesto el carácter único de las transiciones en la Europa Central en función no sólo de los avatares históricos propios sino, sobre todo, de la realidad socioeconómica de la que partía cada país. Con todo, los países de la antigua Europa del Este se debieron enfrentar desde 1989 por voluntad propia con tres grandes retos: en primer lugar, la consolidación del cambio político a la democracia; en segundo lugar, el establecimiento de las bases socioeconómicas modernas para llevar a cabo en el menor tiempo posible la integración en la Europa comunitaria; y en tercer lugar y en función de lo anterior, hacer frente a los desafíos de la globalización. Según el Prof. Inotai, a lo largo de la década de los noventa, los países de Europa Central, y en especial Hungría, dieron una respuesta positiva a los retos planteados en su proceso de modernización, logrando también la necesaria transformación de las mentalidades colectivas. En este sentido, con el apoyo de la ciudadanía, realizada la transición política y consolidada la democracia y el Estado de Derecho, con una economía integrada, modernizada, productiva y estable, y puestas en marcha las ineludibles transformaciones jurídicas para asumir el acervo comunitario, Hungría, según explicó Inotai, está preparada y dispuesta para su inmediata integración en la Unión Europea. Por ello, retrasar la incorporación de Hungría más allá de mediados de la presente década podría suponer una gran desilusión e incluso una enorme frustración en función de los grandes esfuerzos realizados por toda la sociedad húngara.
C. Transición a la democracia y «retorno a Europa»: el caso de la República Checa23.
Según explicó Pavla Havrlikova, Segunda Secretaria de la Embajada de Chequia en España, en nombre y representación del Embajador Martin Povejsil, en su ponencia «La República Checa en su camino hacia la Unión Europea»24, desde el año de 1989, el momento auroral de la «revolución de terciopelo», los ciudadanos checos no dejaron de proclamar la consigna «volvamos a Europa», y esa aspiración de integración en la Unión Europea es en la actualidad el objetivo fundamental de la política exterior checa, afán en el que cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas y de la población en general. Para no defraudar las expectativas creadas en la sociedad civil, los representantes políticos, con el Gobierno y los parlamentarios al frente, a lo largo de la década de los noventa, y en especial desde 1993 con la fundación de la nueva República Checa, no han cejado en su empeño reformista desde los inicios de la transición política y socioeconómica para hacer de Chequia una democracia constitucional y pluripartidista, fundamentada en el Estado de Derecho, además de un país moderno y desarrollado sobre la base de la economía social de mercado. Así, la adhesión a la Unión Europea es sentida por el conjunto de los ciudadanos checos no solamente como el gran referente histórico —por su apuesta por la paz, el buen gobierno y la prosperidad socioeconómica, aspectos que han caracterizado la evolución de los países comunitarios en el último medio siglo—, sino también como el ámbito natural de actuación y realización del proyecto común que ahora más que nunca, con la próxima integración de los países de la antigua Europa del Este, consiste en lograr y consolidar la unidad del Viejo Continente y en el cual la República Checa quiere colaborar como socio de pleno derecho de la Unión Europea lo antes posible.
En su ponencia sobre «La transformación del sistema constitucional en la República Checa: desde la separación de Checoslovaquia hasta la integración europea», el Prof. del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Carolina de Praga, Ivo Slosarcik, señaló el firme compromiso de la República Checa con los valores democráticos constitucionales y el Estado de Derecho. Como afirmó el ponente, en los años noventa se produjo en Chequia un renacimiento constitucional como se demostró con las sucesivas reformas del antiguo texto comunista de 1968 hasta la aprobación de la Constitución de 1993. En este sentido, uno de los ámbitos básicos de actuación fue el de la protección de los derechos humanos, en consonancia con lo que había sido una reivindicación constante de la oposición al régimen del socialismo real: recuérdese a estos efectos el ejemplo cívico mostrado desde los años setenta —el momento de la segunda normalización impuesta con la aplicación manu militari por parte de los soviéticos de la llamada «doctrina de soberanía limitada» después de los acontecimientos de la «Primavera de Praga» de 1968— por los disidentes del grupo «Carta $7 7 \mathrm { \times }$ o del «Movimiento para la Defensa de las Personas Injustamente Perseguidas» y, ya en los años ochenta, por otras asociaciones opositoras25. Al mismo tiempo, y con el objetivo de hacer compatible el ordenamiento jurídico checo con el acervo comunitario, el Parlamento checo ha dado el visto bueno a una serie de reformas puntuales de la Constitución, incluida la reorganización territorial del Estado mediante la creación de nuevas entidades regionales.
D. Transición a la democracia y «retorno a Europa»: el caso de la República Eslovaca.
Con el propio título de su ponencia, «La triple transición de Eslovaquia y el desafío europeo»26, el Embajador de la República Eslovaca en España, Ján Voderadsky, quiso resaltar cómo desde el momento de la consumación de la independencia de su país (efectiva desde el 1 de enero de 1993), el Estado eslovaco, en consonancia con los postulados teóricos de la llamada «neociencia de la transitología», iniciaba una triple transición socio-política, económica y nacional27. Así, los cambios políticos y sociales efectuados coadyuvaron a la estabilidad del sistema democrático y constitucional28. En cuanto al cambio económico, las transformaciones operadas una vez desarticulado el obsoleto e ineficaz sistema de planificación centralizada han ido logrando paulatinamente la modernización de las estructuras productivas conforme a las pautas de la economía social y de libre mercado. Finalmente, por lo que se refiere al Estado nacional, y una vez asumido por la ciudadanía el objetivo de las «dos naciones» defendido por los independentistas, desde 1993 se ha trabajado sin descanso para consolidar las nuevas instituciones soberanas y el reconocimiento internacional del país. Como también señaló el Embajador, todo lo anterior hubiera sido mucho más difícil y traumático de lograr sin el objetivo añadido, y defendido por los políticos y la ciudadanía, de la incorporación a la Unión Europea. El reto europeísta, por tanto, ha sido fundamental para hacer de Eslovaquia una democracia estable y funcional, con una economía social de mercado respaldada por la OCDE y una sociedad comprometida con lo valores de la Europa unida.
En su ponencia «Los derechos humanos y de las minorías en Eslovaquia. Del totalitarismo a la democracia», el Prof. de la Universidad Comenius de Bratislava, Miroslav Kusy, resaltó el compromiso de los disidentes checos y eslovacos con los derechos y libertades fundamentales y la recuperación de la dignidad personal y nacional después de décadas de dominación y opresión comunista. Este movimiento reivindicativo, fuente del actual compromiso en favor de los derechos humanos tanto en Chequia como en Eslovaquia, surgió en los años setenta al amparo del Acta Final de la Conferencia de Cooperación y Seguridad en Europa29, firmada en Helsinki el 1 de agosto de 1975. En dicho documento se hacía mención expresa al respeto de los derechos humanos en todos los Estados participantes en la Conferencia, aunque no obligaba a su cumplimiento al no ser en sentido estricto un tratado con valor jurídico internacionalmente reconocido. Sin embargo, las disposiciones aprobadas en el Acta Final, incompatibles con la legalidad comunista, impulsaron la fundación el 1 de enero de 1977 del ya mencionado movimiento «Carta 77» con el objetivo de obligar a los dirigentes del país el cumplimiento de los postulados del Acta Final que, refrendada por el Gobierno socialista checoslovaco en octubre de 1976, entraba en vigor en marzo del año siguiente. La ausencia de respuesta positiva por parte de las autoridades no arredró a los firmantes de la «Carta del $7 7 \mathrm { \times }$ y a lo largo de la década de los ochenta la contestación de la disidencia continuó y sirvió de embrión a la oposición para luchar por la recuperación de la dignidad, la libertad, la justicia y la democracia: en los momentos aurorales de la de finales de 1989 se creaba en Praga el «Foro Cívico» y en Bratislava «Público contra Violencia».
Aunque la recuperación de la libertad y de la democracia se cobró el alto precio de la ruptura de la unidad del país30, la herencia con el compromiso por los derechos humanos no fue dilapidada por las nuevas autoridades eslovacas las cuales, como señaló el Prof. Kusy, comenzaron a asumir el acervo comunitario en derechos y libertades fundamentales, creando el Comité Parlamentario de Derechos Humanos y Minorías y la Oficina del Primer Ministro para las Minorías o la Oficina Plenipotenciaria para la Población Gitana. Todo ello resalta la importancia en la nueva Eslovaquia de la cuestión de las minorías, en especial la húngara —con mayor carga política— y la gitana —de contenido eminentemente social—. La solución de dicha cuestión en el ámbito de la Europa unida del siglo veintiuno —como matizó el Embajador Voderadsky— tendrá que venir de la mano de la modernización socioeconómica y de la preeminencia de la «ciudadanía» civil sobre la étnica.
4. APUNTE FINAL.
Como se puso de manifiesto en la mesa redonda de cierre del Seminario Internacional, moderada por el Prof. Juan Carlos Pereira, los procesos de transición llevados a cabo en la Península Ibérica y en la Europa Central por su carácter propio e intransferible no se pueden homologar. Por otra parte, en paí- ses como Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, en función de las características totalitarias del sistema comunista, se produjo una triple transición en lo político-nacional, en lo económico y en lo social. Sólo en el objetivo irrenunciable del «retorno a Europa» se dio una evidente coincidencia entre los países del Sur (España y Portugal) y los del Centro del Viejo Continente: para todos ellos la integración en las Comunidades Europeas era y es la consecuencia lógica de sus afirmaciones europeístas y de un largo proceso de modernización y transformaciones estructurales, y de cambio de las mentalidades colectivas impulsado sin descanso desde los inicios de la transición democrática.
Gracias al coraje cívico y político mostrado por los disidentes y reformistas de la antigua Europa del Este y al apoyo de la Comunidades Europeas al proceso revolucionario iniciado en 1989, tanto en lo político, como en lo social y económico (recuérdese la puesta en marcha por las instituciones comunitarias de los programas de hermanamiento y cohesión económica y social —PHARE—, de transporte y medio ambiente —ISPA— o de reforma agraria y desarrollo rural —SAPARD—, además de la creación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo —BERD—), los países de la Europa Central —Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia— avanzaron resueltamente hacia la democracia, el Estado de Derecho y la economía social de mercado: en diciembre de 1991 firmaron los acuerdos de asociación o «acuerdos europeos» y entre 1994 y 1996 presentaron oficialmente sus candidaturas de adhesión a la Unión Europea.
En el momento actual, como se ha puesto de manifiesto durante los últimos años en las reuniones del Consejo Europeo, llevar a buen puerto la llamada ampliación al Este no sólo es una «responsabilidad histórica», sino el objetivo ineludible del proyecto europeísta al comenzar el siglo veintiuno. Como ha declarado el Gobierno de España en el Plan Marco. Países candidatos a la Unión Europea, 2001-2004, la ampliación supone la incorporación de nuevos países con instituciones estables, capaces de asumir el acervo comunitario, de garantizar el Estado de Derecho constitucional y democrático, y el cumplimiento y salvaguardia de las libertadas fundamentales y de los Derechos Humanos, «ensanchándose así la familia de Estados comprometidos en el seno de la Unión Europea con unos mismos principios y valores».