Camilo Alonso Vega y sus hombres. Los perpetradores de la Guardia Civil en el primer franquismo\*.
Camilo Alonso Vega and his men. The perpetrators of the Civil Guard in the first Francoism.
Arnau FERNÁNDEZ PASALODOS Universidad de Granada.
RESUMEN.
El presente artículo analiza la figura de uno de los principales perpetradores del régimen franquista: Camilo Alonso Vega. Francisco Franco lo eligió para liderar, organizar y supervisar la lucha antiguerrillera desplegada contra la resistencia armada antifranquista entre 1943 y 1952, y bajo su dirección en la Guardia Civil destacaron oficiales y números del Cuerpo que se convirtieron en verdugos. Por ello, esta investigación analizará la figura y la acción de estos hombres desde el campo de estudio de los Perpetrator studies, y se servirá para ello de la bibliografía de referencia y de numerosa documentación de archivo.
PALABRAS CLAVE.
Guardia Civil; perpetradores; resistencia armada antifranquista; Franquismo.
ABSTRACT.
This paper analyses the figure of one of the main perpetrators of the Franco regime: Camilo Alonso Vega. Francisco Franco chose him to lead, organise and supervise the anti-partisan war against the armed anti-Francoist resistance between 1943 and 1952, and under his direction in the Civil Guard, their officers and troops stood out and became executioners. For this reason, this research will analyse the figure and action of these men from the field of study of Perpetrator studies and will make use of the reference bibliography and numerous archival documents for this purpose.
KEYWORDS.
Civil Guard; perpetrators; armed anti-Francoist resistance; Francoism.
Esta investigación tiene como objetivo analizar la figura de uno de los principales perpetradores del régimen franquista: Camilo Alonso Vega. A pesar de la centralidad de este oficial en el entramado represivo de la dictadura, todavía no se ha escrito ninguna monografía ni biografía que haya analizado su figura. Ese vacío historiográfico resulta sorprendente si se tiene en cuenta que, entre otras cuestiones, Alonso Vega fue el encargado de liderar, organizar y supervisar la guerra antipartisana desplegada contra la resistencia armada antifranquista entre 1943 y 1952. Por tanto, fue el hombre elegido directamente por Franco para hacer frente a la mayor amenaza interna que tuvo que afrontar la dictadura en sus primeros años de construcción y solidificación. Precisamente, este trabajo va a centrar su análisis en los perpetradores que actuaron en los teatros de operaciones de la lucha antiguerrillera. Es más, entre 1957 y 1969, el control del orden público estuvo bajo el mando de Alonso Vega mientras fue ministro de la Gobernación, por lo que entre 1943 y 1969 ocupó cargos de máxima relevancia en el sistema represivo franquista. El presente artículo, por una limitación de espacio, se ocupará de su etapa al mando de la Benemérita, pero resulta evidente la necesidad de que futuras investigaciones profundicen en el papel que jugó en los años 1960.
En las siguientes páginas vamos a aportar nuevas claves vinculadas al papel de Alonso Vega en la lucha contra las guerrillas, tratando de responder a algunas preguntas que no han sido debidamente atendidas hasta el momento: ¿cuál fue su papel en la lucha desplegada contra la resistencia armada antifranquista?, ¿qué tipo de órdenes emitió a sus subordinados?, ¿estuvo implicado en estrategias antipartisanas que podrían ser constitutivas de crímenes de guerra y lesa humanidad?, ¿qué grado de marcialidad, dureza e intransigencia estableció en el seno de la Benemérita durante más de una década?, ¿qué influencia tuvieron sus órdenes y su forma de proceder en sus más inmediatos subordinados y en el resto de la tropa del Cuerpo? Estas y otras preguntas serán trabajadas a lo largo de la investigación, construida principalmente mediante fuentes documentales de archivo, buena parte de ellas inéditas, y a través de la bibliografía de referencia.
Por otra parte, es imposible entender el papel representado por Alonso Vega sin conocer a sus más inmediatos subordinados, es decir, a aquellos oficiales de la Guardia Civil que se encargaron de aplicar sobre los teatros de operaciones las políticas de la violencia organizadas desde la cúspide del Cuerpo y de la dictadura. Por ello, a lo largo de este artículo irán apareciendo algunos hombres que, vestidos con tricornio y correajes, se convirtieron en perpetradores bajo la supervisión de Alonso Vega.
Con todo ello, el presente artículo trata de insertarse dentro de los Perpetrator Studies, un campo de estudios que ha quedado relegado en los márgenes de la historiografía española, pero que goza de un gran potencial, tal y como ha demostrado el último trabajo de Antonio Míguez Macho, o las publicaciones de los integrantes del grupo interdisciplinar REPERCRI, liderado por el catedrático de Comunicación Audiovisual Vicente Sánchez-Biosca y el profesor de literatura y cultura latinoamericana Jaume Peris Blanes1 . Por eso, antes de continuar, resulta interesante citar la definición que el grupo REPERCRI ha aportado en torno a los conceptos de perpetrador, verdugo o victimario:
El concepto perpetrador produce, en el entorno lingüístico del español, cierto desconcierto y extrañeza. Más familiarizado con términos como verdugo, victimario o ejecucionario. [...] De procedencia anglosajona, el término perpetrator es definido con claridad por los principales diccionarios de lengua inglesa. El Oxford English Dictionary define el término perpetrator como “a person who perpetrates something, esp. a crime or evil deed”. 2.
Camilo Alonso Vega y su llegada a la Guardia Civil.
La historiografía española se encuentra repleta de análisis de víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista, mientras que los perpetradores han quedado relegados en los márgenes. Son muy escasos los trabajos que se han centrado específicamente en analizar a miembros de la Benemérita, y entre ellos destacan casi en solitario las contribuciones del historiador Francisco Javier García Carrero sobre el oficial Manuel Gómez Cantos3 . En este sentido, Antonio Míguez Macho publicó recientemente un artículo sobre la figura de uno de estos verdugos, Tomás Garicano Goñi, y denunció la necesidad de analizar más perfiles ante la escasez de estudios sobre los mismos4 . Precisamente, en este trabajo también se le va a otorgar el estatus de perpetrador/verdugo a Alonso Vega, igual que ocurre en el trabajo de Antonio Míguez sobre Tomás Garicano, ya que los perpetradores no solo fueron aquellos que dispararon un arma o torturaron directamente a un detenido, sino también quienes organizaron operativa y logísticamente el aparato represivo o formaron parte del sistema que orquestó buena parte de las políticas de la violencia, tal y como hicieron estos dos individuos. No obstante, sobre esta cuestión entraremos en detalle más adelante.
Una particularidad de los perpetradores franquistas la encontramos en el hecho de que apenas unos pocos dejaron memorias escritas antes de fallecer5 , y la ausencia de este tipo de fuentes, así como la gran dificultad para acceder a fondos documentales familiares o a la voz de los descendientes de los represores, complica sobremanera el trabajo de los historiadores y dificulta el conocimiento de las motivaciones, las trayectorias y las consecuencias de las órdenes y de las acciones cometidas por estos hombres. No obstante, ese vacío puede ser parcialmente resuelto gracias a los archivos civiles y militares, así como a las investigaciones que sobre los espacios locales, regionales o provinciales fueron publicadas a partir de los años 1980. Los archivos permiten acceder a parte de la correspondencia de los perpetradores, a sus órdenes y a informes con sus aterradores resultados, y mediante esta vía tenemos las pruebas físicas de órdenes y operativos que les señalan como autores intelectuales y materiales de numerosos crímenes, al tiempo que la conservación de algunos de sus discursos nos permite entender mejor su ideología y sus valores. Por otra parte, los trabajos realizados por la historiografía oral, en los que hubo guardias civiles que fueron entrevistados y explicaron su papel en el sistema represivo, pero también y sobre todo el de sus superiores, nos permiten sumar teselas para formar un mosaico lo más amplio posible. Precisamente, este trabajo se basa en esos dos tipos de fuente, que han permitido construir una imagen mucho más completa de Camilo Alonso Vega, pero también de algunos de los hombres que bajo su mando se encargaron de llevar a cabo una guerra de exterminio contra la resistencia armada antifranquista y las poblaciones rurales.
Hablar de los perpetradores es hablar de un pasado tremendamente incómodo, pero necesario, tan necesario como lo ha sido hablar de sus víctimas. De hecho, la incomodidad que generan las trayectorias violentas de estos personajes se percibe muy bien si acudimos a la entrada de Camilo Alonso Vega en el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, en la que nos encontramos ante una biografía completamente aséptica del personaje. Se habla de sus hazañas militares en espacios coloniales y se citan las unidades del Ejército rebelde en las que estuvo integrado o que comandó, pero nada de su papel en materia represiva. Es más, de la extensa entrada que configura su biografía, el siguiente párrafo es el que hace alusión a su etapa más oscura, cuando se consolidó como uno de los represores más importantes de la naciente dictadura:
Finalizada la guerra, el general Varela, ministro del Ejército, le nombró director general de Enseñanza Militar, puesto que desempeñó hasta hacerse cargo de la Subsecretaría del Ministerio del Ejército en agosto de 1940. En enero de 1942 fue promovido al empleo de general de división y confirmado en su cargo. Un año después fue designado procurador de las recién constituidas Cortes Españolas y en agosto de 1943 se hizo cargo de la Dirección General de la Guardia Civil. En marzo de 1947 ascendió a teniente general y continuó desempeñando el cargo hasta que, en junio de 1955, dejó de estar en activo y quedó en situación de disponible6 .
No hay ni una sola mención a su papel como organizador de una guerra antipartisana que, tal y como ha demostrado la historiografía, se convirtió en una guerra de exterminio que afectó por igual a guerrilleros y civiles7 . No se menciona que bajo su mandato al frente de la Benemérita se permitió asesinar a miles de hombres y de mujeres bajo el paraguas de la ley de fugas, pero tampoco se cita cómo la tortura se sistematizó bajo su mando y permitió y ordenó la quema de bosques o las deportaciones de comunidades rurales enteras, entre otras prácticas contrainsurgentes que según el derecho internacional podrían ser constitutivas de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Entre 1936 y 1939 hubo partidas guerrilleras formadas por paisanos que escaparon de la represión rebelde, y otras creadas al calor del Ejército Republicano, el conocido como el XIV Cuerpo, que se convirtieron en un problema de notable envergadura en las retaguardias golpistas. No obstante, abril de 1939 no supuso el final real de la Guerra Civil, puesto que en numerosas sierras de todo el Estado continuaron actuando los guerrilleros republicanos, y durante los años 1940 se fueron creando otras partidas y agrupaciones. Entre 1939 y 1943, los distintos mandos del Ejército, pero sobre todo de la Guardia Civil, que ya desde el verano de 1936 había quedado señalada como la agencia preferente para la lucha antiguerrillera, no fueron capaces de someter a los resistentes armados. Por ello, Franco se vio en la necesidad de reorganizar la guerra antipartisana, entre otras cuestiones, y en 1943 decidió nombrar a Camilo Alonso Vega como director general de la Guardia Civil. El Generalísimo tuvo dudas entre nombrar al ferrolano o a Juan Yagüe. No obstante, con el primero había forjado una buena amistad tras compartir lecciones y camastros en la Academia de Infantería de Toledo, pero sobre todo durante su etapa en el Rif. De hecho, cuando Franco fue nombrado director de la Academia General de Zaragoza en 1928 no se olvidó de su amigo, al que nombró profesor, como tampoco lo hizo en 1943, cuando necesitó a alguien de confianza para comandar la Benemérita8 . Es más, el propio Alonso Vega también acabó basándose en criterios de afinidad y confianza personal para nombrar a los oficiales al frente de las regiones más afectadas por la guerra antipartisana, tal y como reconoció en una carta al Gobernador Militar de Asturias en 1950. En ella le decía que él mismo era el encargado de seleccionar a los jefes de las comandancias que debían afrontar espacios de lucha antiguerrillera y que toda designación la realizaba tras “una escrupulosa selección”9 . Precisamente, en este trabajo vamos a conocer mejor a varios de estos hombres que gozaron de su máxima confianza, y que se convirtieron en auténticos señores de la guerra. Presentar sus nombres y parte de sus trayectorias en este texto tiene como objetivo demostrar el potencial que tiene y tendrá el análisis de sus trayectorias en investigaciones futuras. Sabemos mucho sobre sus víctimas, pero muy poco sobre sus trayectorias personales y profesionales.
Siguiendo con la figura de Alonso Vega, debemos tener en cuenta que su paso por la dirección del Cuerpo se caracterizó por seguir de cerca a todas las unidades encargadas de la contrainsurgencia, y actuó con la máxima dureza e intransigencia ante cualquier muestra de indisciplina o falta de profesionalidad. Siempre mantuvo en tensión a sus subordinados a través de órdenes verbales y circulares escritas, y apoyó prácticamente cualquier extralimitación que cometieron los guardias. Además, para mantener el ánimo entre la tropa contrainsurgente promovió una novedosa política de premios económicos y de ascensos10. Sin ir más lejos, tal fue la centralidad de Alonso Vega en la lucha antiguerrillera que el coronel Antonio Díaz Carmona le dedicó su libro Bandolerismo contemporáneo, señalándole como el “principal artífice de una época que ratificó el triunfo de España sobre sus enemigos interiores y exteriores”11.
El estado de control absoluto que se instauró en la Guardia Civil durante la dirección de Alonso Vega puede entenderse a la perfección en lo que le ocurrió al guardia Antonio Villalobo Velasco, del destacamento de La Mezquitilla (Málaga), quien se hizo pasar por un partisano y envió cartas para extorsionar a algunas familias de Vélez-Málaga. Francisca Belda Agüera, vecina de la localidad, fue una de sus víctimas, lo cual la llevó a presentar la carta que había recibido ante el capitán de la localidad. Lo que ocurrió a continuación lo describió el guardia José Ruiz Rubio y es una muestra más del control absoluto que tuvo el ferrolano sobre su tropa:
Un infeliz […] hizo el anónimo como un parte de la Guardia Civil y no escribiría muy bien, porque con un cuadernillo hizo unas rayas… [el capitán] Quilis estaba… y fue a averiguar, preguntándole a los guardias civiles. Dijo que iba a pasar revista, y a este le hizo abrir su maleta; le encontró el cuadradillo y le dijo: “¿Esto para qué lo quiere?”, “para escribir”. Puso el anónimo encima, y coincidía con el cuadernillo. Además, la forma de escribir y la letra de los partes que estaban en el puesto también coincidían. Quilis inspeccionó a los guardias civiles solteros, porque desconfiaba de ellos […] En aquello intervino la jurisdicción militar. […] Me contaron el fusilamiento, que fue impresionante, tras sacarlo de la cárcel […] me lo contó un cabo que venía blanco como la pared […] el jefe de la prisión dijo que aquello era una injusticia, que lo que hizo no era para fusilarlo; además, era una excelente persona… el guardia civil dijo al capitán que no moría como un cobarde, que él era un guardia civil; se dirigió al pelotón diciendo que él había hecho una barbaridad y que no siguieran su ejemplo; luego, pidió permiso para abrazar a los compañeros que lo iban a fusilar, cosa que le permitieron. Dijo también: “No os avergoncéis de mí, que no he sido un cobarde”. También dijo: “Mi capitán, ¿puedo mandar yo el piquete?” El capitán dijo “no, hombre, lo siento, eso no está en mis atribuciones”. Y este que dije lo había presenciado. Lo mandó fusilar don Camilo [Alonso Vega], por radio: “Fusílesele”.12.
No obstante, para tapar el escándalo que podía generar el conocimiento público de este caso, tanto de la actuación delictiva del guardia como su ejecución, se dijo que había muerto combatiendo a los guerrilleros. Es más, el teatro que se orquestó para encubrir lo ocurrido fue de tal refinamiento que su féretro formó parte de un cortejo con otros tres más en los que descansaban los cuerpos de tres compañeros muertos en combate en Antequera.
En tanto que máximo responsable de la Benemérita, Alonso Vega no solo debió centrar la mayor parte de sus energías en organizar la guerra antipartisana a nivel operativo, como veremos a continuación, sino también en establecer en el seno de la institución una cultura castrense y un sistema represivo interno que convirtió en un auténtico calvario la vida de varios miles de guardias civiles. Por ejemplo, a través de la orden general del 20 de diciembre de 1945 quiso justificar su dureza al mando del Cuerpo, y presentó la filosofía de vida que debían seguir los guardias destinados en espacios de lucha antiguerrillera:
En la profesión militar quien se limita a cumplir con su deber vale muy poco para el servicio […]. El servicio con riesgo es el que da honor o lo quita. La pulcritud en el vestir, la obediencia al superior, la perfección de los ejercicios teóricos y prácticos, el levantamiento de atestados y redacción de actas, el servicio peculiar en condiciones normales, constituyen obligaciones de fácil desempeño, de carácter burocrático o de mera policía, que, si bien contribuyen notablemente para el buen concepto profesional, ni implican riesgo grave, ni dan gloria. En la lucha contra la criminalidad, a veces en campo abierto, cuando es necesario adoptar una actitud militar y acometer una función de armas, es la ocasión para mostrarse a la altura de la dignidad que exige el uniforme y para cumplir con las más rigurosas obligaciones que a la Guardia Civil imponen su condición de fuerza armada y el Reglamento del Cuerpo […]. Cuando la conducta no es la adecuada y el servicio de las armas no proporciona honores, acarrea justas sanciones, proporcionadas a la gravedad del caso. Así el Código de Justicia Militar en su artículo 390 establece la pena de prisión militar para el que estando obligado a ello no se halle en una alarma y en cualquier función de armas con la debida prontitud13.
En tanto que la Guardia Civil había sufrido un proceso de militarización, Camilo Alonso Vega utilizó la amenaza del Código de Justicia Militar para atemorizar a todos los miembros del Cuerpo y con ello obligarles a actuar con el mayor celo posible. No obstante, esta actitud terca e intransigente, que le valió el mote de Don Camulo y El director de hierro, generó no pocas críticas entre los miembros del Cuerpo. Por ejemplo, el general de brigada Díaz-Quijada señaló directamente al ferrolano como el creador de un sistema represor “especialmente duro, que hacía que las prisiones militares estuviesen prácticamente llenas de jefes y oficiales de la Guardia Civil. Pero no sólo eran los jefes y oficiales castigados, sino que eran los guardias que ante cualquier equivocación se les castigaba con unos criterios muy duros”. En palabras, de Díaz-Quijada, se generó un ambiente irrespirable y fanático que en algunos momentos pudo provocar que los guardias actuasen con mayor violencia contra los guerrilleros y las poblaciones civiles, “porque como la organización era dura con ellos, ellos también eran duros con los demás. El ambiente de dureza era generalizado”14.
Esta disciplina espartana favoreció la creación de espacios en los que hubo oficiales de alto rango de la Benemérita que se convirtieron en auténticos señores de la guerra, la mayor parte de ellos figuras muy cercanas a Alonso Vega. En este sentido, el guardia Tomás Cossías dijo en referencia al general Manuel Pizarro Cenjor, máximo responsable de la contrainsurgencia en la provincia de Teruel, que “la opinión que pude detectar entre compañeros, mandos y público en general, no era buena. Se comentaba que era una persona con excesiva soberbia y se creía que después de Franco estaba él”15. Es más, el guerrillero Chaval aseguró que era de conocimiento publicó que Pizarro Cenjor había dicho que “si en tres meses no acabo con las guerrillas, acabaré con toda la Guardia Civil de la provincia”16. La figura de Pizarro Cenjor es otra de las que requiere una revisión urgente.
Por otra parte, la dictadura necesitó un aparato represivo que pudiera ejecutar prácticas violentas con diversos fines, y en los espacios rurales la Guardia Civil fue la institución más relevante en este sentido hasta los años 1950, ya que sus integrantes fueron quienes ejercieron un mayor grado de violencia en toda España, tanto cuantitativa como cualitativamente. A la altura de 1951, la victoria ya casi total sobre la resistencia armada provocó la aparición de diversos discursos desde las jerarquías militares, entre los cuales destaca uno del propio Alonso Vega, en el que se puede entender a la perfección cómo los hombres del Cuerpo se sentían garantes del Nuevo Estado y constructores de él, y se pone de manifiesto la enorme relevancia del Instituto Armado para el propio régimen:
Formáis un cuerpo excepcional, firme sostén de la Patria. Con la satisfacción de mandaros estoy orgulloso de ser vuestro Coronel, y os prometo que, con la ayuda de Dios, la asistencia del Generalísimo y vuestra leal colaboración, el paso firme con que marchamos, que nos permitió ya acometer y resolver graves problemas, nos conducirá pronto a las cimas del mayor prestigio y de la mayor Gloria, para bien de España y honor del uniforme que vestimos17.
La centralidad de Alonso Vega en la guerra antipartisana.
Organizar y supervisar la lucha contra la resistencia armada antifranquista fue la tarea principal a la que tuvo que hacer frente Camilo Alonso Vega tras su llegada a la dirección del Cuerpo en 1943. Esta afirmación se sustenta en la documentación hallada en los boletines oficiales de la Guardia Civil, una fuente de información obviada generalmente en la historiografía y que nos ofrece una visión muy reveladora al respecto. De esta manera, el auge guerrillero que se produjo a partir de 1944 y 1945 provocó que todas las órdenes generales emitidas por el ferrolano en enero de 1946 estuviesen relacionadas con la lucha antiguerrillera. Sin ir más lejos, de las 76 órdenes generales cursadas en 1947 por Camilo Alonso Vega, nada menos que 63 estuvieron relacionadas con la guerra antipartisana, el $82 \%$ en total18.
En los boletines oficiales se publicaron de forma mensual relaciones de todos los efectivos del Instituto que habían sido recompensados por acciones que eran meritorias de recibir una distinción, haciéndose público “para general conocimiento, estimulo de todos y satisfacción de los interesados”. Por ejemplo, entre enero y diciembre de 1946 se recompensó a 188 guardias, y todos menos seis lo fueron por su éxito en operativos contrainsurgentes. Mientras tanto, en 1947 hubo un total de 297 guardias premiados, de los que 292 lo fueron a consecuencia de operativos antiguerrilleros, es decir, que el $9 8 { , } 3 \%$ de las recompensas estuvieron relacionadas con la guerra antipartisana19. Dicho de otra manera, sin la continuación de la guerra en los montes se habría premiado a un guardia civil cada 73 días, pero su existencia provocó un contexto extraordinario que provocó que se entregase una recompensa cada 30 horas. Las distinciones debían contar siempre con la aprobación final de Alonso Vega, por lo que si seguimos los números entendemos que el director general recibía a diario en su despacho documentación en la que se narraban los operativos y la identidad de los perpetradores que debían ser distinguidos, así que gestionar cualquier cuestión vinculada con la guerra irregular se convirtió en su cotidianeidad hasta 1952.
Precisamente, este sistema de recompensas fue implementado por Camilo Alonso Vega con el objetivo de estimular a su tropa. De esta manera, fue el creador de un sistema en el que se generó un espacio de oportunismo para quienes combatían en las sierras. Las fuentes analizadas del propio Instituto sitúan en 2.173 los guerrilleros que fueron liquidados entre 1943 y 1952, mientras que entre 1944 y 1952 se entregaron 811 cruces al mérito militar, y muchas de estas medallas se concedieron como recompensa por haber matado a más de un partisano, por lo que no resultaría descabellado afirmar que se entregó una media de una recompensa por cada dos guerrilleros muertos. Por tanto, en este sistema, se premió de forma extraordinaria a la tropa y a la oficialidad, con una frecuencia muy poco común si lo comparamos con otros escenarios bélicos, una muestra más de la importancia que la dictadura otorgó a la contrainsurgencia y de la necesidad de aportar incentivos en un tipo de conflicto particularmente difícil y penoso. En este sentido, la continuación de la guerra en su forma irregular hasta 1952 terminó convirtiéndose en un contexto que permitió solidificar las bases del nuevo régimen, ya que las políticas de la violencia no solo lograron la eliminación o la reclusión del guerrillero o de su real o potencial colaborador, sino también la adhesión de aquellos elementos afines al Nuevo Orden a través del ofrecimiento de mayor seguridad, de las recompensas económicas, los ascensos en los escalafones militares, el acceso a pensiones o a puestos de trabajo. En definitiva, la guerra antipartisana fue destructora de vidas, pero también generadora de lealtades, y Camilo Alonso Vega representó un papel central en ello.
Los espacios de guerra irregular provocaron centenares de bajas en las filas estatales. Aproximadamente unos tres centenares de guardias civiles murieron combatiendo a la guerrilla, por lo que Camilo Alonso Vega también tuvo que lidiar con esta cuestión. Por ejemplo, en 1947 murieron 144 guardias en los teatros de operaciones irregulares, con lo que fue el año en que más hombres murieron durante el conflicto. Por eso mismo, el director del Cuerpo exigió precaución y concentración, y el siguiente escrito firmado por el ferrolano nos permite entender mejor cómo la guerra antipartisana fue un problema de primer orden para el régimen:
La situación por la que atraviesan algunas regiones de la Península en relación con el orden público motivada por la presencia de partidas de bandoleros y el confirmado propósito de estos de agredir al personal del Cuerpo, siempre que la ocasión les sea propicia, no solo por considerar a la Guardia Civil como el principal obstáculo que encuentran en la realización de sus fechorías, sino también para destruir la confianza puesta en el Cuerpo por el elemento civil, y a la vez utilizar como propaganda dentro y fuera de España, la supuesta eficacia de su actuación armada frente a las fuerzas encargadas de velar por el orden público en las zonas rurales; obliga, sin excusas y pretextos, a que las fuerzas de la Guardia Civil tomen las necesarias precauciones en evitación de todo riesgo inútil e incluso perjudicial para el cumplimiento de su misión peculiar.
Los Jefes de Comandancia y mandos que les están subordinados impedirán la permanencia y circulación de Guardias Civiles aislados aun sin estar de servicio en los lugares en los que sea posible cualquier intento de agresión, ya sea dentro o fuera de las poblaciones. Asimismo, se recuerda está prohibido la concurrencia a tabernas […] y cuando excepcionalmente su presencia en tales lugares sea necesaria se permanecerá en ellos el tiempo indispensable, adoptando las medidas precisas tales como colocar vigilancia en el exterior, para impedir cualquier sorpresa. También se evitará, en lo posible, la presencia del personal del Cuerpo en aquellos lugares que, sin estar prohibidos por el Reglamento, no son recomendables, así por ejemplo las casas de comida, posadas, etc., siendo preferible si es que se tiene que utilizar por realizar alguna comida que ésta sea adquirida allí; pero se consuma fuera de las mismas, pues en lugares de esta índole suelen ser fáciles las sorpresas y agresiones.
Aunque no es posible dar reglas absolutas, los Jefes de Comandancia deberán en cada caso dar las instrucciones precisas según el espíritu de esta orden; que no es otro que, como queda dicho, evitar sorpresas y agresiones en las que las fuerzas de la Guardia Civil puedan estar en condiciones de inferioridad, sin ventaja alguna para el servicio20.
Camilo Alonso Vega y sus hombres.
En el marco de la guerra antipartisana, la dictadura franquista y la Guardia Civil como agencia encargada de la contrainsurgencia aplicaron una serie de estrategias que podrían ser constitutivas de crímenes de guerra y lesa humanidad. Que estos hechos sean juzgados y definidos como tales tras una condena depende del papel exclusivo de los jueces, y no de los historiadores, pero en tanto que somos nosotras y nosotros quienes vamos a los archivos, y nuestros métodos y conocimientos nos permiten interpretar y explicar el pasado a través de las fuentes, tenemos la obligación de exponer ante la academia y la sociedad lo que para muchos es un hecho ya indiscutible a estas alturas: que la dictadura franquista siguió políticas de la violencia que en otras regiones y en las mismas cronologías fueron tipificadas, juzgadas y finalmente condenadas como crímenes de guerra y lesa humanidad, tal y como ocurrió en los Juicios de Nuremberg.
Precisamente, Camilo Alonso Vega, en tanto que máximo responsable de la guerra antipartisana, ordenó y supervisó la aplicación de estrategias que, según la normativa internacional, podrían ser constitutivas de crímenes de guerra y lesa humanidad. Por ejemplo, la llegada del ferrolano a la dirección de la Guardia Civil en 1943 resulta fundamental para comprender el uso discrecional hasta 1952 de la ley de fugas, es decir, del asesinato masivo e indiscriminado de guerrilleros y de cualquier civil del que se sospechase que pudiera colaborar con las partidas. Es más, una vez finalizó la lucha contra la guerrilla, las aplicaciones sistemáticas de la ley de fugas desaparecieron, para sorpresa de nadie. A finales de 1943, el director del Cuerpo convocó en Madrid a los oficiales del Cuerpo responsables de la contrainsurgencia y les hizo saber la voluntad del Gobierno de acabar con las partidas a cualquier precio. En esta reunión comentó a sus subordinados que sería preferible no atacar de forma directa a las partidas, sino acabar con sus redes de enlaces, además de incentivar las delaciones mediante los premios en metálico. No obstante, antes de concluir su discurso, Alonso Vega fue directo con sus hombres de máxima confianza: debían utilizar de forma masiva la ley de fugas21. Los perpetradores quedaban facultados para actuar con total libertad.
Esta lógica eliminacionista que se siguió en la Guardia Civil se inserta directamente en un contexto europeo y global en el marco de la primera mitad del siglo XX. No hay que olvidar que la violencia masiva contra civiles desarmados generó más víctimas que entre los combatientes, una característica que se replicó en el marco de la guerra antipartisana en España, donde buena parte de las víctimas mortales de la contrainsurgencia fueron civiles. No obstante, lo más interesante es ver que estos contextos de ejecuciones masivas y estructurales requirió el esfuerzo de miles de perpetradores, desde las más altas jerarquías hasta la base, hombres que debían estar dispuestos en todo momento o durante una parte del contexto bélico y represivo para torturar y matar. Estos victimarios no eran delincuentes comunes o individuos enloquecidos que ejercían violencia como consecuencia de una patología mental, sino que trabajaban en grupo, en grandes equipos y con el conocimiento, la organización y la supervisión de autoridades superiores. En el caso de la Guardia Civil, sus hombres, al igual que ocurrió en la Alemania nazi o en la Italia fascista, actuaban en un contexto social y político que les apoyaba, pues gozaban del amparo del régimen gobernante, que eran a su vez el que les había ordenado y permitido convertirse en perpetradores22.
De esta manera, y siguiendo los planteamientos de Christopher Browning en su célebre Aquellos hombres grises, la presión de grupo representó un papel fundamental en la aparición de estos perpetradores. La dinámica social se convirtió en un elemento central, y lo ocurrido en la Guardia Civil en el primer franquismo resulta paradigmático, en tanto que sus efectivos, al igual que les ocurrió a los soldados alemanes en el Frente Oriental, también se convirtieron en victimarios al estar sometidos a unas condiciones concretas de presión: aislamiento de su comunidad de origen, desarrollo de sus funciones en un teatro de operaciones, señalización de un enemigo irregular que no merecía el estatus de combatiente, identificación de la población civil como potenciales enemigos, brutalización de los compartimentos, exposición prolongada a la violencia a través de la comisión de asesinatos y torturas sistemáticas, y una supeditación absoluta ante unos mandos intransigentes que mostraron una férrea supervisión23.
Siguiendo con la figura de Alonso Venga, hubo oficiales de la Guardia Civil que reconocieron su implicación en las políticas de exterminio en espacios contrainsurgentes citadas anteriormente. Por ejemplo, el oficial Manuel Prieto López comentó lo siguiente:
Bueno, eso era transmisión oral como tú comprenderás [refiriéndose a la aplicación de la ley de fugas]. Aunque vaya contra los derechos humanos, el procedimiento es eficaz, no hay que darle vueltas. Yo calculo que Franco coge al Director General de la Guardia Civil (estos son cálculos, no es que yo lo sepa) y le dice: “No quiero Consejos de Guerra: bandolero que se pille, palma”. El Director General de la Guardia Civil tiene unos cuantos tenientes coroneles para hacer las cosas en condiciones y les transmite los deseos de Franco. Y la prueba está en que estos tenientes coroneles, que no llevan a casi nadie a Consejos de Guerra, son los que han acabado con el bandolerismo. Y son los que han matado a más bandoleros conocidos […] La “ley de fugas” se ha aplicado infinidad de veces, se cogía a un desgraciado, que se ha hecho muchísimo… había que justificarse24.
Por otra parte, Prieto López entendió que estas políticas de la violencia con fines eliminacionistas podían estar relacionadas con el contexto internacional:
Supongo, y es algo que algún día se sabrá, que Franco no quisiera que hubiese Consejos de Guerra de asesinos convictos y confesos por temor a la impresión que podría causar en la ONU, por estos Consejos de Guerra con penas de muerte. Franco pudiera ser que dijera: “Yo no quiero Consejos de Guerra; yo no quiero todos los días penas de muerte”. Si los que los detienen, en lugar de entregarlos vivos los entregan muertos, no hay movimiento en contra. Entonces, el único inconveniente está en cómo se explica una orden que, prácticamente, si no existió, que sí me calculo que debió existir, reservada o verbal, que Franco dijera a Don Camilo: “Consejos de Guerra, ninguno” […] y Don Camilo, muy ligado a Franco en todo orden, busca una cantidad de jefes suyos y dice: “Acabadme con el bandolerismo. Consejos de Guerra, ninguno”25.
De hecho, el Ejército, la Guardia Civil, los gobiernos militares y las autoridades provinciales de Falange pidieron autorización para no hacer prisioneros durante toda la existencia del conflicto, y recibieron la correspondiente aprobación. Así, en mayo de 1945 la Jefatura Provincial de Asturias escribió a Madrid explicando que sus militantes auxiliaran a la Guardia Civil en los operativos contrainsurgentes “siempre y cuando a la par se les diesen consignas de rigor que permitieran la eliminación inmediata de todo aquel que fuera sorprendido formando la partida armada”26.
Los jefes de las comandancias provinciales afectadas por la guerra antipartisana se convirtieron en ejecutores y supervisores de la política de exterminio organizada por Alonso Vega. El poder que les otorgó el ferrolano en sus provincias fue total y absoluto, tanto que podemos afirmar que varios de ellos se convirtieron en auténticos señores de la guerra. De esta manera, a partir de la segunda mitad de 1946 los tenientes coroneles Arturo Puga Noguerol, en Cáceres, y Eulogio Limia Pérez, en Toledo, se coordinaron para exterminar a los guerrilleros y enlaces de la $1 ^ { \mathrm { a } }$ Agrupación. Para ello se sirvieron de la ley de fugas, al tiempo que perfeccionaron otras estrategias, como el uso de las contrapartidas, las infiltraciones, las delaciones y las recompensas en metálico. En la provincia de Córdoba no se quedaron atrás, y el teniente coronel Ángel Fernández Montes de Oca, bajo la estrecha supervisión del coronel jefe Santiago Garrigós Bernabéu, se encargó de ordenar la aplicación de la ley de fugas de forma masiva. De hecho, fue el capitán Francisco Aznar Iriarte el encargado de desplazarse presencialmente por los teatros de operaciones para efectuar algunas de las matanzas y asegurarse de que todos los demás miembros del Cuerpo seguían las órdenes. Por su parte, el teniente coronel Luis Marzal Albarrán también regó de sangre las zonas montañosas de Jaén hasta julio de 1952. De hecho, su papel en materia contrainsurgente fue recompensado con el cargo de subdirector de la Guardia Civil en 1958, mientras que el periódico Ideal dijo de él en 2008 que “este guardia civil fue muy conocido y querido por la inmensa mayoría de los jienenses por su carácter y amabilidad con todo el mundo”27.
Estos mandos de la Benemérita son los nombres que el oficial Prieto López no se atrevió a dar al ser entrevistado. Nos situamos ante guardias civiles que gozaban de trayectorias marcadamente violentas desde el estallido de la sublevación militar, tal y como la historiografía ha demostrado a través de algunos perfiles, como el de Manuel.
Gómez Cantos, aunque este no fuera el único28. Por ejemplo, cuando estalló el golpe de Estado en la provincia de Sevilla, Santiago Garrigós Bernabéu era el jefe de la comandancia, y además gozaba de una posición destacada en las jerarquías locales tras haber sido nombrado delegado de Orden Público. El investigador y capitán de la Guardia Civil José Luis Cervero definió a este oficial como un “auténtico segundón sin nada destacable en su ajuar castrense”, y que había promocionado únicamente por sus vínculos y afinidades con sus superiores. El grado de violencia ordenado por Garrigós Bernabéu afectó a miles de familias sevillanas, ya que realizó grandes esfuerzos para rescatar las listas de los republicanos que se habían librado de los fusilamientos en las primeras semanas, y gracias a ello asesinarlos. También redactó personalmente nuevas listas y ordenó que se fusilase todos los días excepto los domingos, el 10 y el 12 de octubre, para celebrar el día de la Raza. Desde entonces, fue ascendiendo progresivamente y estuvo destinado en espacios de guerra antipartisana en la década de 1940. Finalmente, tras llegar a la edad de jubilación la dictadura le recompensó con una pensión mensual de 2.775 pesetas, una auténtica fortuna en aquella época, que disfrutó de forma vitalicia principalmente como premio por su papel en la lucha antiguerrillera29.
El capitán Francisco Aznar Iriarte, que tal y como se ha señalado sembró el terror en Córdoba a finales de los años 1940 bajo la supervisión de los oficiales Ángel Fernández Montes de Oca y Santiago Garrigós Bernabéu, también contaba con una dilatada experiencia represiva y una marcada aversión a la República. En 1935 era el comandante de la línea del barrio zaragozano de Movera y un conocido defensor de los intereses de los derechistas, un hombre de firmes ideales ultraconservadores que llegó a decir que “España nunca será roja, liquidaré a cuantos opositores necesite para mantener la unidad patria y el orden tradicional”30. En julio de 1936 se sumó al golpe de Estado y dirigió las razzias que provocaron el asesinato de decenas de vecinos, al tiempo que se mostró públicamente de forma habitual, y la prensa local solía noticiar estos hechos, como ocurrió en la jornada en la que se volvieron a colocar los crucifijos en las escuelas y en otros espacios públicos: “presidía dicha manifestación patriótico-religiosa el bizarro jefe del puesto de la Guardia Civil de Movera don Javier Aznar”31.
Las figuras de Aznar Iriarte, Montes de Oca y Garrigós Bernabéu resultan paradigmáticas para entender los distintos niveles de ejecución existentes en los procesos de perpetración. A este respecto, los Perpetrator studies han establecido tres niveles: macro, meso y micro. Pues bien, en el contexto de la Guardia Civil encontramos en el nivel macro a Camilo Alonso Vega. En este nivel se sitúan los arquitectos, es decir, los que detentan las mayores responsabilidades en la toma de decisiones; en esa posición también podríamos incluir al propio Franco, que siempre estuvo enterado y vinculado con la toma de decisiones y la organización de la guerra antipartisana. En el segundo nivel, el meso, hallamos a los organizadores, que en este caso serían los oficiales de alto rango, como Ángel Fernández Montes de Oca y Santiago Garrigós Bernabéu; desde sus despachos en las capitales de provincia, al mando de las comandancias del Cuerpo, en este caso la de Córdoba, fueron los que pusieron en marcha la maquinaria represiva mediante órdenes concretas. Mientras tanto, en el escalón más bajo, el micro, hallaríamos la figura del capitán Francisco Aznar Iriarte, encargado de apretar el gatillo y de asegurarse que el resto de los guardias a su mando también lo hicieran32.
Por otra parte, Camilo Alonso Vega también fue el responsable de potenciar el uso de las contrapartidas. Estas unidades actuaron en los teatros de operaciones utilizando el disfraz, de manera que se movían por las sierras y se presentaban en los cortijos vestidos de guerrilleros, y entre varios objetivos tenían la misión de recabar información y combatir a las guerrillas sobre el terreno. El director general decidió apostar por estas unidades y fomentó la recluta voluntaria a través de un aumento de los sueldos que recibían sus integrantes. Para ello consiguió incrementar los presupuestos y pagar 10 pesetas diarias extras a los efectivos de las contrapartidas, una cantidad que se sumaba a las 14 pesetas diarias que cobraba un guardia raso, por lo que no faltaron voluntarios33. Es más, Alonso Vega estableció que los jefes de cada contrapartida recibieran 200 pesetas extras por liderar estas unidades, además de fijar que por cada guerrillero muerto todos los guardias que componían la unidad recibirían pluses de 1.000 pesetas y un mes de permiso34. Mientras tanto, logró que se dictase una Orden Ministerial, concretamente la del 7 de marzo de $1 9 5 0 ^ { 3 5 }$ , en la que se reconocía que liderar una contrapartida se equiparaba directamente con ser jefe de puesto o destacamento, un contexto que sumaba muchos puntos en la aptitud para los ascensos futuros, por lo que comandar una contrapartida fue un deseo anhelado por muchos guardias civiles.
Las contrapartidas se especializaron en aplicar la ley de fugas y en torturar a las poblaciones civiles que vivían en los teatros de operaciones. El trabajo estaba supervisado estrechamente por Alonso Vega, que para mejorar la eficacia de estas unidades estableció que sus integrantes no debían dar cuentas ante ningún oficial que no fuera el jefe de la comandancia provincial, al mismo tiempo directamente conectado con él. De esta manera, las contrapartidas, según el testimonio del general de brigada Ángel Martín Díaz-Quijada,
actuaban siempre a las órdenes directas del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, y nadie más mandaba sobre ellas. Actuaban constantemente. Tenían un calendario de actuaciones a lo largo del mes, y de hecho estaban casi siempre en las zonas abruptas de los maquis y de vez en cuando regresaban a Valencia para darles un descanso de una semana aproximadamente36.
Resulta plausible afirmar que todo lo aquí descrito pudo contribuir a que los integrantes de las contrapartidas se percibieran a sí mismos como parte de una elite especial de hombres distinguidos por sus sacrificios, e incluso como la vanguardia del Instituto, dado el nivel de exposición al que estuvieron sometidos al actuar directamente sobre los teatros de operaciones, lo cual es probable que facilitase su alineamiento con los principios defendidos por la dictadura franquista.
A través de la biografía del guardia Juan Barrero Macías podemos entender mejor la existencia de perfiles de hombres marcadamente politizados y adscritos al Nuevo Orden que se enrolaron en las contrapartidas. Tras marchar voluntario al Frente Oriental con la División Azul, regresó a España e ingresó en la Benemérita, y a través de su experiencia podemos conocer que hubo efectivos que pidieron ir a las provincias afectadas por la guerra antipartisana. Según su testimonio, decidió ingresar en el Cuerpo por “mi espíritu guerrero”, y sus decisiones sostienen tal afirmación, ya que su primer puesto en la comandancia de Sevilla le pareció poca cosa y por ello “enseguida solicité una zona de maquis, bandoleros, concretamente la $1 1 1 ^ { \mathrm { a } }$ Comandancia de Huesca”. Juan Barrero terminó enrolándose en una contrapartida al mando del comandante Galán Hidalgo, y de su paso por ella no quiso hablar de la violencia que había desplegado, solo quiso explicar lo dura que había sido la experiencia en lo físico:
recuerdo que a mí me daba por asar las latas de sardinas. El comandante me pedía que se les calentará a él también. Y me decía que las sardinas de lata calentadas estaban mejor… Nos sentaban bien, porque teníamos el cuerpo molido de andar por la sierra37.
La guerra antipartisana desplegada por Alonso Vega no solo necesitaba oficiales de alto rango que supervisasen las políticas eliminacionistas, sino también y sobre todo hombres que desde la base del Cuerpo terminasen convirtiéndose en el brazo ejecutor de todo este sistema, cuyo objetivo era exterminar a la resistencia armada antifranquista.
Merece la pena terminar este apartado recuperando el testimonio del oficial Manuel Prieto López para conocer las implicaciones de Alonso Vega en la cotidianeidad de la guerra. El entonces teniente de la Benemérita había logrado que el guerrillero José Merediz Víctores Tarbes delatase a sus compañeros tras ser detenido en enero de 1947. Tarbes le había facilitado unas cartas anónimas con las que el teniente había logrado desarticular parte de las estructuras del PCE granadino, al tiempo que comenzó a dar información acerca de la identidad y la localización de los guerrilleros y de sus enlaces. Es más, Prieto le permitió volver a la sierra para que diese con el paradero de más excompañeros. Para ello, el oficial se comunicó con Camilo Alonso Vega, quien le dijo: “tú lo que quieres es la garantía de si vas a viajar con este tío por España y se te escapa, no te pasará nada”. El director de la Guardia Civil entendió el potencial de la operación y dio su visto bueno, además de proveerle del dinero que necesitaría para ello38.
Conflictos y tensiones en el aparato represivo franquista.
Diversa documentación generada por Camilo Alonso Vega, y que se custodia en el Archivo General Militar de Ávila, nos permite conocer mejor una cuestión que hasta la fecha ha pasado desapercibida: los conflictos y las tensiones que se generaron en el interior del aparato represivo franquista, y que afectaron directamente a cuestiones vinculadas con el estudio de los perpetradores. Ya hemos visto que Alonso Vega fue uno de los principales organizadores del sistema represivo y que la supervisión de que todas las directrices que emanaban desde la cúspide de la dictadura, y del Cuerpo, fueran ejecutadas. No obstante, la organización y mantenimiento de ese sistema chocó con los intereses de otros hombres que formaban parte de las altas jerarquías del régimen.
En marzo de 1945, el contexto internacional no podía ser más desfavorable para la supervivencia de la dictadura franquista. Cuando apenas quedaban unas pocas semanas para la entrada de las tropas soviéticas en Berlín, Camilo Alonso Vega se mostró muy preocupado de que el final del conflicto mundial pudiera suponer un auge de la actividad guerrilla en España. Por ello, decidió iniciar un intercambio de cartas con el ministro de Justicia, Eduardo Aunós. Unos pocos meses atrás la dictadura ya había podido aprender y entender el estrecho vínculo que tenía la guerra europea con el conflicto irregular que se mantenía abierto en España, pues entre octubre y diciembre de 1944 se produjeron las infiltraciones de maquis desde Francia. Alonso Vega se mostró preocupado de que la derrota definitiva de la Alemania Nazi provocase nuevas oleadas de infiltraciones a través de los Pirineos, pero también expresó su inquietud ante una cuestión que para él resultó palmaria: la posibilidad de que las partidas ya existentes, y las futuras que se pudieran crear si estos maquis se infiltraban con éxito, se pudieran nutrir de los republicanos que estaban saliendo en libertad condicional o de los que se evadían de los recintos penitenciarios y batallones de trabajo. Para evitar que esta situación se produjese en los meses siguientes, Alonso Vega creyó oportuno que se dictasen nuevas órdenes que prohibiesen a los libertos residir cerca de las regiones afectadas por la guerra antipartisana. Estableció una distancia mínima necesaria para ello, 100 kilómetros, y llegó a señalar algunas provincias que podían ser particularmente problemáticas, como la de Ciudad Real, donde una notable cantidad de paisanos que estaban saliendo en condición de libertad vigilada se estaban asentando en el distrito minero de Puertollano, donde se concentraba la “población extremista” de la zona. En su opinión había que alejarlos de los teatros de operaciones para evitar que se sumasen a las partidas o que les pudiesen brindar su colaboración convirtiéndose en enlaces, pero también de todas aquellas regiones “poco amantes del orden o aquellas en las que abunda el personal de ideas extremistas enemigas del régimen”.
En sucesivas misivas, Alonso Vega propuso a Eduardo Aunós que se mejorasen las condiciones de vida en las colonias y campos de trabajo, sobre todo en materia de alimentación, ya que esto evitaría la evasión de numerosos reclusos. También le planteó la posibilidad de que si esto no era posible por una cuestión de recursos económicos, lo mejor sería cerrar cualquier destacamento penitenciario que estuviera cerca de las zonas afectadas por la lucha antiguerrillera, con lo que pedía el desplazamiento de la población reclusa a otras comarcas o provincias que no tuvieran presencia de guerrilleros. El director de la Benemérita justificó estas medidas argumentando que desde 1943 y 1944 las partidas se habían nutrido de nuevos miembros y enlaces que habían salido en libertad vigilada y se habían convertido en una fuente inagotable de nuevos combatientes, tanto que “si de los casos ocurridos en el escaso tiempo transcurrido del presente año nos remontásemos al pasado, resultaría interminable este escrito por las numerosas evasiones producidas”.
No obstante, el ministro de Justicia le expresó su malestar ante estas peticiones, y lo hizo argumentando que la retirada de los destacamentos penitenciarios situados en las regiones afectadas por la continuación de la guerra podría ser un escenario aprovechado por los enemigos de la dictadura para lanzar sucesivas campañas calumniosas, ya que podrían argumentar que los problemas de seguridad interna estaban obligando a las agencias de la dictadura a cambiar su sistema penitenciario. Era una muestra de debilidad que no se podían permitir. Además, señaló que los reclusos que trabajaban al aire libre en las colonias difícilmente se acostumbrarían a trabajar en recintos cerrados y más controlados, por lo que en realidad los intentos de fuga aumentarían. A Eduardo Aunós también le preocupaba que aplicar un cambio tan sustancial en la política represiva ocasionase problemas para la débil economía de la dictadura, puesto que, de suprimirse los centros enclavados en esas regiones, habría muchos penados que se quedarían sin los jornales que, según las estimaciones de su Ministerio, permitían en aquellos meses la subsistencia de unas 8.000 familias. Por otra parte, el ministro llegó a comentar a Alonso Vega que la puesta en práctica de las medidas que le había planteado supondría también el aumento de la prostitución clandestina, del estraperlo y de la mendicidad en general, ya que el dinero que dejarían de percibir por su trabajo sería sustituido de forma mayoritaria por esos tres medios de subsistencia.
Según Eduardo Aunós, los problemas más importantes se podían producir en la construcción y en el mantenimiento de las grandes obras estratégicas, como las presas, las líneas de ferrocarril o las carreteras. Los destacamentos estaban proveyendo a la dictadura de mano de obra barata imprescindible para acometer todas esas obras, por lo que cambiar el sistema penitenciario también podía provocar problemas de suministro de carbón, lo que provocaría el colapso de la industria siderúrgica, entre otros tantos “quebrantos cuantiosos a la economía nacional”. Por ello, estimó que las propuestas del director de la Benemérita no podían cumplirse de ninguna manera, y este carteo se convierte en una muestra perfecta de las diferencias existentes entre los políticos de carrera y los militares. Estos últimos situaron la victoria total sobre la guerrilla a cualquier precio, mientras que el sector político del régimen tuvo más en cuenta los quebrantos que las políticas antiguerrilleras podían provocar en la economía y en la industria.
Es más, el ministro de Justicia hizo patente su desacuerdo con otra de las medidas propuestas por Alonso Vega, como la de los destierros a más de 100 kilómetros de las localidades de origen, que en su opinión eran totalmente contraproducentes. Su argumento se basó en que si un liberto volvía a su localidad podía ser controlado por los falangistas y otros hombres de confianza del régimen, que ya conocían al individuo y a sus familiares. En cambio, si los enviaban a ciudades o pueblos donde nadie los conocía, iban a gozar de mayor libertad de acción. Enviarlos a regiones en las que no tenían redes de apoyo familiar o vecinal provocaría que estos hombres “sean presa de las organizaciones revolucionarias y la mujer de la fácil prostitución”. Además, si los excarcelados podían recurrir a sus seres queridos en caso de necesidad, estos podrían acogerlos, de manera que la reconstrucción de los hogares se contemplaba como una medida mucho más eficaz que su aislamiento. No obstante, Eduardo Aunós quiso tener en consideración las preocupaciones mostradas por Alonso Vega, por lo que le propuso un aumento de la vigilancia mediante una mejora de las plantillas del personal de prisiones. De hecho, llegó a plantear la posibilidad de militarizar el Cuerpo de Prisiones, lo que no llegó a materializarse. Finalmente, el carteo entre ambos terminó con una crítica por parte de Aunós Pérez, pues se quejó de que el estamento militar estaba acaparando los cupos de tejidos y cueros. Esto impedía que el Ministerio de Justicia pudiese mejorar la vestimenta de los reclusos y con ello sus condiciones de vida, lo cual habría contribuido a reducir los riesgos de fuga39.
Por otra parte, hemos comprobado que los guardias civiles tuvieron que participar en las ejecuciones irregulares de los partisanos y de la población civil, pero esos mismos hombres también llevaron a cabo las ejecuciones legales resultantes de las sentencias de los consejos de guerra. A raíz de ello, desde finales de 1939 y hasta 1945, la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Ejército mantuvieron discusiones sobre el papel del Instituto en los piquetes de ejecución. La documentación hallada en diversos archivos militares, sobre la que se sustentan los siguientes párrafos, demuestra hasta qué punto las distintas agencias fueron conscientes de la necesidad de articular de la mejor manera posible las labores represivas de sus perpetradores.
La movilización de tropas provocada por el golpe de Estado del verano de 1936 y el inicio de la guerra provocaron que los guardias civiles tuvieran que hacerse cargo de las ejecuciones regulares e irregulares en las retaguardias rebeldes. No obstante, a partir de finales de 1939 la Dirección General la Guardia Civil consideró que el contexto ya no era el mismo, y solicitó que los guardias no tuviesen que participar en los fusilamientos resultado de sentencias judiciales. No obstante, el Ministerio del Ejército denegó cualquier propuesta al respecto, alegando que a pesar de que el Ejército republicano había sido vencido, todavía debía realizarse un largo proceso represivo, y para ello se necesitaría la colaboración del Ejército y de la Guardia Civil. Así, el ministro del Ejército ordenó que “las fuerzas de la Guardia Civil alternen con las del Ejército en la prestación de dichos servicios, mientras subsisten las circunstancias que aconsejan esta resolución”. También la Policía Armada formó parte de los piquetes de ejecución, ya que, en algunas zonas, como en Aragón, los oficiales de este cuerpo mandaron pelotones formados exclusivamente por policías40.
La respuesta no fue bien recibida en la dirección de la Benemérita, aunque la orden se acató y los guardias se alternaron con los soldados durante los siguientes años. El reglamento de la Benemérita no contemplaba que su tropa hubiera de llevar a cabo estos servicios, una cuestión que no fue tenida en cuenta por el resto de las agencias del régimen. El artículo 16 del Cuerpo era muy claro al respecto: “No se empleará la Guardia Civil en custodiar reos en capilla y escoltarlos hasta después de ser ejecutados, pues esto es peculiar de tropas del Ejército”. En 1942, el entonces director general de la Guardia Civil, Eliseo Álvarez-Arenas, solicitó que se ejecutase a los reos mediante el garrote vil con el único fin de evitar que los guardias tuviesen que seguir participando en los fusilamientos, pero se le respondió con una negativa porque no había suficientes verdugos para ello. Alonso Vega siguió la línea de sus predecesores en la dirección del Instituto Armado, pero no logró grandes avances al respecto en sus primeros años al mando. Es más, a partir de febrero de 1945 el Cuerpo de Ejército de Aragón ordenó que no se obligase a los soldados a participar en los fusilamientos, y que en su lugar los piquetes estuviesen formados en exclusiva por hombres de la Guardia Civil. Lo justificó argumentando que las circunstancias extraordinarias que se venían produciendo desde 1939 no habían desaparecido.
Que los guardias civiles siguieron fusilando lo atestigua la propia documentación generada por el Cuerpo. Sin ir más lejos, hay algunos casos que nos ejemplifican cómo los fusilamientos estuvieron muy lejos de ser una práctica limpia y certera. Por ejemplo, el 14 de octubre de 1944, once reos fueron conducidos hasta el cementerio municipal de Alcalá de Henares, donde les estaba esperando un piquete formado por 33 guardias civiles al mando de un oficial. Uno de los sentenciados no recibió ni un solo disparo:
después de efectuada la descarga, el Oficial, antes de pasar a dar los tiros de gracia, ordenó descargar las armas y en el mismo momento de ir a darlos se abalanzó la Guardia Civil a quitar las esposas de los ya fusilados, imponiéndose el Oficial al quitar tres o cuatro esposas, siendo una de ellas la que sujetaba a Emilio Blanco Mucientes, que no había sufrido la menor herida41.
Entonces, el facultativo se acercó al hombre y verificó que estaba vivo, todo ello mientras el oficial al mando “iba dando los tiros de gracia”. El reo aprovechó que los guardias estaban descargando las armas y que el oficial iba rematando al resto para incorporarse e intentar escapar, pero tras recorrer 150 metros fue alcanzado por disparos que lo hirieron y quedó tumbado en el suelo, momento en el que se acercó el oficial al mando y lo remató: “El teniente disparó sobre su cuerpo los tres disparos de pistola que le quedaban”. La formación de estos pelotones de fusilamiento y las consecuencias psicológicas que pudieron derivarse para los ejecutores, entre otras cuestiones, son cuestiones que deberán ser tratadas en trabajos posteriores.
No obstante, las tensiones no solo se produjeron entre las distintas agencias del régimen, sino también en el seno de la propia Guardia Civil. La guerra antipartisana embruteció y radicalizó el trato entre compañeros de armas, sobre todo entre la oficialidad y la tropa. Los guardias debían dar muestra de su compromiso absoluto ante sus superiores, a quienes debían además una subordinación absoluta, por lo que, dependiendo del perfil de estos oficiales y suboficiales a los que debían dar cuenta, se vieron condicionados a desplegar un mayor o menor grado de violencia. En este sentido, en 1948 Prieto López le escribió una carta a Alonso Vega en la que se mostraba muy crítico con algunos compañeros, y explicó que había guardias que estaban asesinando a vecinos con el objetivo de hacerlos pasar por guerrilleros:
consta que han matado a tantos y eso es mentira, esos no eran bandoleros, sino gente que estaban en un cortijo tranquilamente; y para sembrar el pánico, que no conduce prácticamente a nada, le han puesto una escopeta, le han metido cuatro tiros y lo han enterrado diciendo que se trataba de un bandolero42.
Sin ir más lejos, le explicó a Alonso Vega que los oficiales encargados de la guerra antipartisana en la provincia de Granada iban continuamente a visitar al Gobernador Civil para anunciarle que habían matado a tantos guerrilleros, cuando en realidad habían sido muchos menos, y Prieto López quiso denunciar la corrupción:
yo denuncié esas cosas de mis jefes inmediatos al jefe superior de la Guardia Civil, por escrito. Me iban a echar. Adiós, muy buenas. Luego, Don Camilo se portó bien porque le investigó la verdad. Y entonces vio que yo llevaba razón, y me dio la razón43.
No obstante, las buenas palabras sobre las gestiones de Alonso Vega no deben ocultarnos una realidad imposible de esconder: el director general siempre estuvo de acuerdo y ordenó políticas de la violencia con fines eliminacionistas. Por ejemplo, en los mismos meses en los que se carteó con su subordinado, no dudó en ordenar que, en tierras gallegas, ante el auge guerrillero que se estaba experimentando, se actuase sin límites: “para eliminar en esa demarcación el problema del bandolerismo comunista sin renunciar a ningún método […] combine Usted la persecución con presión sobre los familiares y ofertas de perdón”44. Es más, el director general aprovechó la más mínima ocasión para recordar a los guardias cómo debían proceder. Así, en marzo de 1948 el gobernador civil de Málaga recibió un escrito en el que Alonso Vega le hizo saber que estaba muy satisfecho con los guardias de la provincia “por haber conseguido con su esfuerzo disminuir de manera notable los hechos de bandolerismo en su demarcación”. No obstante, le recordó que los resultados no eran suficientes y finalizó la misiva advirtiéndole de que la resistencia era un problema “que deseo ver pronto totalmente resuelto”45.
Conclusión.
En España, los supervivientes de la guerra antipartisana convivieron con los perpetradores. Ninguno de los hombres que asesinaron o torturaron fue juzgado por los crímenes cometidos, y fueron muriendo entre los años 1970 y 1990, principalmente. Durante el período en el que vivieron en democracia, ninguno de los poderes del Estado les exigió rendir cuentas, y ellos callaron, igual que callaron los que sufrieron las consecuencias de la contrainsurgencia, bien por haber sido torturados, deportados o por haber perdido a algún ser querido a manos de los guardias. Callaron por trauma y por el terror que habían experimentado. No obstante, los perpetradores guardaron silencio por lo incómodo que resultaba su pasado en un momento en el que la guerra ya había quedado muy atrás, y los desmanes cometidos no parecían poder justificarse a ojos de buena parte de la sociedad. Los que participaron en la guerra antipartisana no escribieron memorias, menos de una decena de entre miles de hombres se dejaron entrevistar, y finalmente se llevaron a la tumba sus recuerdos.
Al reflexionar sobre estas cuestiones, suelo recordar a dos hombres en concreto: el sargento Agustín Serrano Arroyo y el guardia Marcelino García Gracia. Estos dos guardias civiles participaron en el asesinato de Manuel Sesé Mur en enero de 1948. A Manuel Sesé le pegaron un tiro en la cabeza tras descubrirse que era colaborador de la guerrilla en el Alto Aragón, y no permitieron que fuese juzgado por un tribunal militar, pues las órdenes eran claras, el propio Alonso Vega lo había dictado así: en la medida de lo posible no había que hacer detenidos, sino fusilados. Estos dos guardias civiles murieron y nunca fueron juzgados por el crimen, pero son muchas preguntas las que deben asaltarnos al pensar en ellos: ¿cómo vivieron aquel 18 de enero en el que fueron a casa de Manuel con una más que probable orden verbal de sus superiores para matarlo cuando fuese detenido? ¿Tras ejecutarlo hablaron con algún ser querido sobre lo que habían hecho? $\it { i } ^ { \mathrm { S e } }$ arrepintieron en algún momento de sus vidas o se valieron de que cumplían órdenes para soportar el peso de llevar una muerte sobre sus espaldas? Son respuestas que quedarán siempre sin responder, y la etapa de la Guerra Civil y el franquismo está copada de miles de hombres como Agustín Serrano Arroyo y Marcelino García Gracia. Detrás de cada víctima hay un verdugo, o varios. Es labor de la historiografía centrar ahora el foco en ellos, en descubrir sus identidades, sus trayectorias y sus crímenes. Una historia lo más completa del siglo XX español no puede tejerse sin estudiar a los victimarios que permitieron y que hicieron que las cosas sucediesen tal y como sucedieron, por lo que es necesario que cada vez más historiadoras e historiadores inserten sus trabajos en el campo de investigación de los Perpetrator studies.
En este sentido, los investigadores contamos con una gran baza a nuestro favor: los archivos. Los perpetradores franquistas sistematizaron la represión hasta tal punto que, por más que hubo intentos por borrar documentos comprometedores, no lo consiguieron. En ellos están sus nombres y apellidos, que aparecen firmados después de relatar una aplicación de ley de fugas, por lo que sabemos, por ellos mismos, la identidad de los que dispararon, quién fue su víctima y dónde ocurrieron los hechos. Los consejos de guerra están llenos de encartados que explican cómo el sargento al mando del cuartel donde los habían detenido ordenó y supervisó que los molieran a palos, mientras que los archivos nos permiten tener entre nuestras manos las órdenes de altos mandos militares que ordenaron matar a diez paisanos si una guerrilla cometía algún acto de sabotaje. Por tanto, la huella de la violencia y de las identidades de sus protagonistas está a nuestro alcance, y ahora es tarea nuestra aprovechar esos documentos, la oralidad y la bibliografía para hacer una historia lo más completa posible de los perpetradores franquistas.