“La correspondencia con los que escriben la Historia destos tiempos”. La Monarquía española y la producción historiográfica entre Castilla e Italia (1630-1661)1.
Massimo Carlo Giannini
Università degli Studi di Teramo
e-mail: email@example.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2348-6571
https://dx.doi.org/10.5209/chmo.97437.
Recibido: 31 de julio de 2024 • Aceptado: 16 de septiembre de 2024.
Resumen. Este trabajo pretende analizar cómo los ministros de la Monarquía de Felipe IV se relacionaron con la escritura de libros de historia. La obsesión por la escritura de la historia – ampliamente compartida a nivel europeo– nacía del deseo de vigilar el flujo de información, tanto la difundida por avisos y gacetas, como por obras manuscritas e impresas, consideradas un importante vehículo de propaganda cultural y política. Al interés de los ministros de Felipe IV por el estudio del pasado no correspondió una inversión de recursos, tanto materiales como inmateriales, capaz de competir con la capacidad de la corte de Francia para establecer vínculos efectivos y sólidos con los historiadores italianos más exitosos de la época. En la imposibilidad de contar con autores de renombre, dispuestos a escribir sobre los acontecimientos recientes desde una perspectiva favorable a la Monarquía, los ministros del rey católico terminaron por intensificar las prácticas censoras en la Península Ibérica.
Palabras clave: Felipe IV; conde-duque de Olivares; historiografía; censura; Vittorio Siri; Pier Giovanni Capriata.
EN “La correspondencia con los que escriben la Historia destos tiempos”: the Spanish Monarchy and historiographical production between Castile and Italy (1630-1661)
Abstract. This paper aims to analyze how the ministers of Philip IV’s monarchy related to the writing of history books. The obsession with history writing –widely shared at the European level– stemmed from the desire to monitor the flow of information, both in the form of notices and gazettes and in manuscripts and printed works, which were considered an important vehicle for cultural and political propaganda. The interest of Philip IV’s ministers in the study of the past was not matched by an investment of resources, both material and immaterial, capable of competing with the ability of the French court to establish effective and solid links with the most successful Italian historians of the time. Unable to count on famous authors willing to write about recent events from a perspective favorable to the Monarchy, the Catholic king’s ministers ended up intensifying censorship practices in the Iberian Peninsula.
Keywords: Philip IV; count duke of Olivares; historiography; censorship; Vittorio Siri; Pier Giovanni Capriata.
Sumario: 1. “Este género de gente”: la corrección de la Historia di Pier Giovanni Capriata. 2. Ajustarse más con la verdad: los libros de historia al examen del Consejo de Estado. 3. ¿Qué historia para la Monarquía? 4. Los historiadores italianos: plumas desenfundadas, plumas en venta. 5. “Se toque y establezca con la atencion y pesso que conviene la justicia de los titulos de mis Reynos”. 6. Consideraciones finales. Bibliografía.
Cómo citar: Giannini, Massimo Carlo (2024). “La correspondencia con los que escriben la Historia destos tiempos”. La Monarquía española y la producción historiográfica entre Castilla e Italia (1630-1661), en Cuadernos de Historia Moderna 49.2, 381-419.
En este artículo deseo enfocar y analizar un tema poco abordado por la historiografía, con la excepción de los estudios fundamentales de Antonio Domínguez Ortiz2, Fernando Bouza3 y Richard L. Kagan4: cómo, durante una fase particularmente crítica del largo reinado de Felipe IV, los ministros de la Monarquía se relacionaron con la escritura de libros de historia. De hecho, al igual que otros soberanos europeos, el rey católico, su valido (el conde duque de Olivares Gaspar de Guzmán), varios ministros del Consejo de Estado y representantes del soberano en Italia intentaron influir en lo que los historiadores italianos de la época escribían.
En la base de esta especie de obsesión por la escritura –ampliamente compartida a nivel europeo– se hallaba naturalmente el deseo de vigilar el flujo de información, tanto la difundida por avisos y gacetas, como por obras manuscritas e impresas, consideradas un importante vehículo de propaganda cultural y política. De hecho, la relación osmótica entre la narración histórica de los acontecimientos recientes y contemporáneos, propia de los libros, y la exposición de hechos en avisos y gacetas –ambos con una fuerte caracterización internacional– era un elemento estructural de la comunicación y la cultura del siglo XVII5.
Ante todo, cabe recordar que sobre los historiadores italianos del siglo XVII ha pesado durante mucho tiempo –y tal vez aún pesa– el juicio de Benedetto Croce, quien destacó su actitud anti-literaria, poniendo de relieve la “negligenza e rozzezza” estilística que consideraba una reacción no del todo ilegítima ante la vacuidad retórica de la época6. El panorama se tornaba aún más negativo por la consideración de que tal elección anti-literaria había provocado la caída de la escritura de la historia en manos de “mestieranti e trafficanti, di gazzettieri e d’impiastricciatori di carte per trarne lucro”. Esta mezcla entre historiografía y periodismo le parecía a Croce causa de venalidad, partidismo y servilismo7 . Luego hubo quienes, como Giorgio Spini, trataron de recuperar su actitud naturalista, siempre, sin embargo, dentro de un paradigma interpretativo centrado en la parcialidad, la falta de delimitación entre historiografía y polémica política y, finalmente, la ausencia de capacidad interpretativa de los autores en cuestión8. Aún en 1973, Sergio Bertelli criticó las obras históricas de los escritores italianos del siglo XVII como “storiografia di tipo consumistico”, censurando su vocación de responder a las exigencias del mercado editorial de la época9. Solo en años más recientes, los trabajos de Brendan Dooley, Claudio Costantini, Caroline Callard, Filippo De Vivo y Nina Lamal han contextualizado muy bien dicha producción, destacando las significativas conexiones entre circulación de noticias, escritura, propaganda, espionaje, manipulación de los acontecimientos y política en la Italia del siglo XVII10. También hay que tener en cuenta la renovación de los estudios sobre la historia de la opinión pública y de la circulación de noticias en el mundo ibérico de la época moderna, gracias a los trabajos de Carmen Espejo, Henry Ettinghausen, Héloïse Hermant y otros11.
En esta misma perspectiva metodológica, me propongo, por un lado, reexaminar las necesidades, motivaciones y herramientas de las políticas de la corte de Madrid, destinadas a crear o apoyar una historiografía capaz de proporcionar elementos para la propaganda política y, por otro, analizar los mecanismos de censura/ revisión/manipulación de obras históricas, publicadas en la Península Ibérica y en Italia, con el fin de prevenir daños a la reputación del soberano y de la Monarquía. Una investigación en la encrucijada entre la historia política y cultural, la historia de las escrituras históricas y la censura de libros y manuscritos, con la que intentaré poner de relieve la complejidad de un ámbito que no puede reducirse ni a la condena moralista ni a la verificación de tipo positivista sobre la “verdad” de los resultados de la historiografía del siglo XVII. Dicha investigación debe dar cuenta más bien de la articulación, la estratificación y la interacción entre los intereses y las estrategias de los poderes y de los individuos involucrados. De hecho, además de la tradicional desconfianza hacia los errores de los historiadores que hacía ver la censura con buenos ojos por parte de muchos autores españoles de la época12, la vigilancia sobre las obras históricas era una práctica ampliamente vigente en la Europa de la Edad Moderna, tanto en las grandes monarquías, como Francia e Inglaterra13, como en las repúblicas de Génova y Venecia14.
Richard L. Kagan, al examinar la relación entre la dinastía de los Austrias y la historiografía de los siglos XVI y XVII, ha señalado la imposibilidad de ejercer un control centralista sobre la producción de obras históricas, debido a la pluralidad de intereses que había en la escritura de la historia dentro de una monarquía compuesta15. Fabien Montcher ha prestado particular atención a la dimensión policéntrica de la historiografía ibérica entre los siglos XVI y XVII, poniendo de relieve la existencia de redes de comunicación entre estudiosos, capaces de trascender la voluntad centralizadora de la corte16. Sin embargo, ambos estudiosos han analizado predominantemente la situación de los territorios ibéricos, descuidando los intercambios políticos y culturales con la realidad italiana. Creo, en cambio, que la interacción de los hombres de gobierno ibéricos con varios autores italianos de éxito en el siglo XVII constituyó un elemento no despreciable, dada la notable compenetración a nivel cultural e intelectual existente entre las dos penínsulas.
Las historias producidas por estos últimos fueron, de hecho, un género de éxito en el mercado editorial europeo del siglo XVII –hambriento de noticias sobre los acontecimientos bélicos y políticos contemporáneos17– que tenía en Venecia uno de sus principales centros de impresión y difusión. Aquí eran numerosos los escritores dedicados a menudo a actividades que hoy juzgamos poco honorables, como escribir por dinero y favores, chantajear, espiar, inventar noticias falsas18, etc. De hecho, ha notado Daniela Frigo,
biografie e vicende dei singoli ci aiutano […] a ricostruire forme e percorsi della circolazione delle informazioni nell’Europa del tempo, mostrandoci altresì la loro apposita “costruzione”, se necessario, come merce di scambio con corti e principi19.
Por su parte, Brendan Dooley ha subrayado cómo la gran cantidad de errores, mentiras y manipulaciones contenidas en las obras sobre los eventos contemporáneos –escritas por autores deseosos de servir al poder– contribuyó a difundir ampliamente una imagen de escasa fiabilidad de estas entre el público de los lectores20.
En este sentido, un punto de observación útil lo constituye la correspondencia entre el marqués de la Fuente, embajador ante la República de Venecia (1642-1656), y Felipe IV. Este intercambio epistolar permite, por un lado, verificar cómo se movieron las altas esferas de la Monarquía en relación con algunos importantes autores italianos y, por otro, examinar el modo de trabajo de estos últimos, siempre en la búsqueda ansiosa de documentos oficiales, avisos y noticias, que obtenían a través de canales más o menos lícitos y utilizaban de manera más o menos evidente en sus volúmenes o para su actividad como informadores21. Fundamental aparece, una vez más, el papel de Venecia que, en el siglo XVII, aunque había perdido su rol de principal centro editorial europeo –al menos en lo que se refiere a la producción de obras autorizadas– seguía siendo un nudo primordial para la recolección de “avisos” e informaciones de todas partes del mundo conocido, una ciudad bulliciosa de informadores, confidentes y espías, donde se podían conseguir fácilmente noticias de todo tipo, incluso las más secretas22.
1. “Este género de gente”: la corrección de la Historia di Pier Giovanni Capriata.
En septiembre de 1629, el genovés Pier Giovanni Capriata desembarcó en Barcelona, huyendo de Génova, donde temía ser arrestado por su implicación en la conspiración de Giulio Cesare Vachero y Gio. Antonio Ansaldi, que había pretendido entregar la República al duque Carlos Manuel I de Saboya: un complot descubierto y duramente reprimido en marzo de 1628. Capriata había adquirido cierto mérito con la publicación, en 1625, de los dos primeros libros de la Historia sopra i movimenti d’arme successi in Italia dall’anno di N.S. 1613 fino al 1618, reeditados en forma ligeramente ampliada en Milán en 1628. La obra había narrado los acontecimientos de la primera guerra del Monferrato con una perspectiva proespañola y decididamente antisaboyana, lo que le había ganado la prohibición de circulación en los estados del duque de Saboya23.
Durante el año 1630, el historiador genovés logró hacer llegar al conde duque de Olivares la propuesta de imprimir en Castilla la nueva versión ampliada de su Historia, en doce libros. De una interesante “Censura de los libros de Capriata”, redactada por Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, V conde de Oñate, miembro del Consejo de Estado y exembajador en Viena y Roma, aprendemos que Gaspar de Guzmán le había encargado examinar la obra de Capriata, involucrando en la tarea a fray Hortensio Félix Paravicino24. Este era un religioso trinitario, destacado predicador real y muy cercano a Olivares25. Según Paravicino, no era conveniente imprimir esta Historia debido a los continuos elogios al duque de Saboya y al hecho de que “carece de una invectiva contra los gobernadores y generales que mandaron aquellas armas opuestas contra él”. Además, Capriata mostraba una gran hostilidad hacia Juan Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla y gobernador del Estado de Milán entre 1592 y 1600, cuyo segundo gobierno (1611-1612) no mencionaba. Peor aún era el tratamiento reservado al marqués de la Hinojosa, Juan Hurtado de Mendoza (gobernador del Estado de Milán de 1613 a 1615), “culpándolo de inteligencias tan indignas, que si son falsas recibe mucho agravio y si fueran verdaderas, queda muy culpable la memoria de quien no las castigó”. Otros ministros del rey católico también eran tratados desfavorablemente y, en general, Capriata atribuía en los eventos favorables más gloria a los italianos que a los españoles. Sobre la base de estos elementos y otros que sus muchas ocupaciones no le habían permitido anotar, el fraile trinitario consideraba poco decoroso para el rey católico que se imprimiera una obra que ponía los esfuerzos de un potentado extranjero contra los ejércitos españoles, haciendo dos veces la paz con el rey católico y siendo descrito “más como victorioso que como vencido”26.
Por su parte, el conde de Oñate, aunque se mostró de acuerdo con dicho juicio y consideró el libro “obra de hombre no muy docto, ni bastantemente informado de las circunstancias y particularidades de lo que ha pasado”, opinó que no se trataba de un vasallo de Felipe IV y que probablemente no habría querido desechar el esfuerzo que le había costado escribir la obra. De hecho, en Italia y fuera de ella, había muchos lugares donde podría haberla impreso según el gusto de quien mejor le gratificara, si en Castilla no se le concediera el permiso. En esencia, según Oñate, negar la licencia de impresión no impediría que la obra se imprimiera en otro lugar con tonalidades aún más antiespañolas. A su juicio, por lo tanto, el texto debería ser enviado a algún ministro del Estado de Milán que, teniendo claro conocimiento de los acontecimientos descritos, lo reorganizara de la mejor manera. Naturalmente, se debería informar a Capriata y proponerle una gratificación para que aceptara las modificaciones “sin faltar a la verdad”. Para ello, el soberano podría conceder una ayuda de costa a Capriata para remediar sus necesidades económicas y mantenerlo bien dispuesto. De hecho, aunque no lo hubiera merecido por lo que había escrito, había servido cuando estaba en Génova “en cosas de su profesión” y, sobre todo, “este es el medio que puede haber para ganar este género de gente”. Así que el dinero era el único instrumento para obtener una revisión del texto más favorable a la Monarquía.
En particular, el conde de Oñate llamó la atención sobre el tratamiento de Capriata acerca del llamado primer sitio de Casale (entre mayo de 1628 y marzo de 1629) por parte de las fuerzas de Gonzalo de Córdoba. Capriata, de hecho, en el último libro de su obra, por un lado, había reportado los discursos sobre el poco fundamento de esa acción armada, pero, por otro lado, había referido los de aquellos que habían juzgado positivamente la intervención del rey católico y del emperador. El propósito de los dos soberanos se indicaba en la voluntad de apoderarse de los estados de Mantua y del Monferrato, para que Francesco Giacinto, hijo natural del duque Fernando Gonzaga, pudiera ser admitido en la sucesión: cosa que había hecho esa empresa “digna de la grandeça y piedad de sus Majestades”27.
Fue en julio de 1631, cuando el Consejo de Estado examinó la censura propuesta por Oñate. En la discusión intervino, en primer lugar, Antonio Álvarez de Toledo, V duque de Alba, quien subrayó que se trataba de una cuestión que requería máxima atención: de hecho, “las personas que escriben estas Historias siempre pretenden que se les dé premio y se les suelen dar pensiones”
y que no era conveniente que Capriata fuera a imprimir su obra en otro lugar. Por lo tanto, era apropiado que el soberano hiciera ofrecer alguna suma en secreto al genovés, asegurándose de que su trabajo fuera examinado por alguien que lo revisara de acuerdo a los intereses del rey, en concordancia con Gonzalo de Córdoba, que poseía información particular de todos los eventos en cuestión desde el tiempo del marqués de la Hinojosa. Por su parte, el conde de Oñate añadió que se podría socorrer a Capriata con 500 ducados de inmediato, prometiéndole otros 1.000 o 1.500 cuando terminara esta edición de su Historia “en la forma que lo dispusiere la persona a quien Vuestra Majestad lo mandare remitir”.
Diego Messía Felípez de Guzmán, marqués de Leganés, afirmó que el asunto era de gran importancia y que requería mucha atención. Por lo tanto, el soberano podría ordenar que se diera dinero a Capriata, pero, en secreto y no en forma de pensión oficial, “y que no se dé ocasión para que se hable de la fidelidad y verdad de la Historia”. También intervino Gonzalo de Córdoba, estando de acuerdo con el conde de Oñate y señalando que Giovanni Battista Visconti, miembro del Senado de Milán,
está particularmente informado de muchas de las cosas que en esta Historia se escriven y que tiene notadas en unos cuadernos con atención que a él se le podría encomendar tratar estas materias con Capriata y que fuese dando quenta al duque de Feria para que se procediera con mayor resguardo28.
Visconti había sido elevado al cargo de senador en 1613, precisamente durante el gobierno del marqués de la Hinojosa y, en su obra, declaró haber tenido acceso a cartas y escritos originales de los príncipes, evidentemente gracias al propio gobernador29.
Finalmente, Lorenzo de Cárdenas y Valda, IX conde de la Puebla del Maestre, propuso entregar dinero en secreto a Capriata y que, mientras tanto, su obra fuera retenida con el pretexto de revisarla. Además, se debían proporcionar al genovés “relaciones más ciertas de las cosas de esta corona”, para cuidar la reputación de las personas involucradas en la narración. En conclusión, el conde de la Puebla juzgaba menos inconveniente que la Historia fuera impresa –si fuera absolutamente necesario– fuera de los reinos de Felipe IV, siempre que no hablara “indecentemente de las acciones de esta Corona y de personas tales cuya reputación se debe proteger”. Finalmente, el monarca aceptó la idea de conceder una ayuda de costa a Capriata. Mientras tanto, los libros compuestos por el genovés debían ser revisados por un “historiador, hombre docto que sea cuerdo, que prepare este libro para que pueda publicarse”30. Además, como ha sacado a la luz recientemente Francisco Javier Álvarez García, Felipe IV escribió directamente al jurista milanés para que hiciera llegar los “quadernos y apuntamientos” sobre la guerra del Monferrato a Gonzalo de Córdoba31.
En octubre de 1631, el Consejo de Estado, esta vez con la presencia del inquisidor general cardenal Antonio Zapata de Cisneros, el duque de Alba, el confesor regio fray Antonio de Sotomayor, el marqués de Flores Dávila Pedro de Zúñiga Palomeque y Gonzalo de Córdoba, volvió a discutir la cuestión, ya que Capriata había informado a Gonzalo de Córdoba que estaba muy disgustado e impaciente por tener que mantenerse en la corte de Madrid. Había entregado el primer libro de los que debía imprimir: en realidad era el tercero, dado que los dos primeros ya habían sido impresos. Sobre todo, el historiador no tenía intención de quedarse en la corte durante todo el tiempo necesario para completar el examen y las demás diligencias que el soberano había ordenado. En consecuencia, don Gonzalo pedía saber qué responder, considerando que el asunto se demoraría a la espera de que los documentos del senador Visconti llegaran desde Italia. Quizás se hubiera ahorrado no poco tiempo si el examen de la obra de Capriata se hubiera remitido directamente a Italia32.
El Consejo de Estado informó a Felipe IV que, por todas las consideraciones mencionadas anteriormente y por el hecho de que “este es hombre con quien es menester tener algún género de contemplación”, podría ordenar que los 1.000 ducados dispuestos como ayuda de costa a su favor fueran pagados efectivamente y que se le dijera a Capriata que esperara los documentos del senador Visconti33. Don Gonzalo, conformándose con este parecer, añadió que, en caso de no haber disposición para pagar, se remitiera el asunto a Gómez Suárez de Figueroa, III duque de Feria y gobernador de Milán, “para que se ajusten estos libros valiéndose de lo que tiene apuntado el senador Visconde”. Basándose en esta consulta, Felipe IV escribió al duque de Feria encargándole revisar los libros de Capriata, utilizando el trabajo de Visconti, y entregar al genovés 1.000 ducados, recomendándole que terminara su obra para recibir la merced conveniente34.
Lamentablemente, no es posible documentar los pasos posteriores del asunto. Sin embargo, es seguro que, probablemente entre 1632 y 1633, Capriata logró regresar a su patria con un cargo no muy claro en la embajada del rey católico ante la República de Génova. Fue allí donde, en 1638, después de obtener el año anterior el permiso necesario de los inquisidores de Estado35 –la magistratura que presidía, entre otras cosas, la censura de libros– pudo imprimir la primera parte de su Historia, relativa al período entre 1613 y 1634, dedicada al genovés Ottaviano Raggi, auditor de Cámara del papa Urbano VIII. La obra, sin embargo, suscitó numerosas y durísimas reacciones: el pontífice, el duque de Saboya y la República de Venecia se sintieron, de alguna manera, ofendidos. Sin embargo, el fraile servita Fulgenzio Micanzo, consultor in iure de la Serenísima, apreció la obra y se expresó a favor de su impresión en Venecia, con la convicción de que sería un éxito editorial36. Las autoridades genovesas decidieron finalmente prohibir el libro, aunque permitieron al autor seguir publicando las partes siguientes37.
2. Ajustarse más con la verdad: los libros de historia al examen del Consejo de Estado.
En diciembre de 1630, el Consejo de Estado, en esa sesión integrado solo por el confesor del rey fray Antonio de Sotomayor, el conde de Castrillo y el conde de la Puebla, presentó a Felipe IV una consulta en la que recordaba la orden impartida por el soberano el 18 de noviembre de 1629 al Consejo de Castilla –que tenía amplia jurisdicción sobre la materia libraria, incluido el ingreso en el reino de obras impresas fuera de sus fronteras– para que no diera licencia de imprimir libros de historia sin la censura y licencia del Consejo de Estado38.
A pesar de la escasez de información disponible, es posible ver en funcionamiento el dispositivo en cuestión con motivo de la revisión del texto de la Vida y acciones del rey Don Juan el segundo, obra del caballero de la Orden de Cristo y escritor portugués Agostinho Manuel de Vasconcelos, terminada en 1624: habiendo decidido publicarla en Madrid, solicitó y obtuvo la licencia correspondiente del Consejo de Castilla. En 1629, el volumen estaba en proceso de impresión, cuando Manrique da Silva, marqués de Gouveia, lo denunció al Consejo de Estado39. La revisión del libro fue asignada al fraile carmelita calzado fray Francisco de Jesús Jódar quien, en su dictamen de diciembre de ese año, señaló que, al escuchar las razones de Vasconcelos, había descubierto que este estaba perfectamente al tanto del contenido de las acusaciones, haciendo que el necesario secreto del procedimiento se viera comprometido. Al parecer, el marqués de Gouveia se había quejado porque las críticas al rey portugués João II (1455-1495) perjudicaban a la casa de la cual él era el único descendiente. El carmelita, sin embargo, hizo notar que los acontecimientos narrados eran verídicos y análogos a los descritos en todas las obras antiguas y modernas que habían hablado de ese soberano: en consecuencia, las pretensiones del denunciante parecían débiles, ligadas al temor que suscitan los acontecimientos más terribles. Como máximo, comentó el fraile, se podría desear “mas dolçura y menos dureça” de la que usó el autor, pero se trataba, precisamente, de un deseo y no de “deuda forçosa”. Además, fray Francisco de Jesús se preguntaba por qué el marqués de Gouveia no había recurrido a las autoridades del Reino de Portugal, donde quizás, gracias a una mayor comprensión de la materia, sin duda hubiera sido favorecido. Asimismo, el religioso, dado que la obra ya había recibido el permiso de impresión del Consejo de Castilla y que ya estaba en proceso de publicación, consideró que se debía dejar imprimir sin otras intervenciones40. Finalmente, fray Francisco de Jesús señaló que “nuestra nación” estaba desacreditada ante los extranjeros a causa de las historias que en ella se escribían “tan defectuosas en todo respecto de las leyes rigurosas que deberían guardar”. En particular, denunció el caso de la quinta parte de la Historia pontifical y catholica, escrita por su cofrade fray Marcos de Guadalajara, que “sin más noticias que las que puede alcançar de gaçetas y de otras relaciones semejantes” había opinado “en las mayores materias”, como le había parecido mejor. Por ejemplo, se había puesto “a historiar” sobre los acontecimientos relacionados con el supuesto matrimonio entre el príncipe de Gales y la infanta María de Austria, en 1623. Lamentablemente para el fraile Marcos, su autoritario cofrade había formado parte de la Junta de teólogos que había examinado la posibilidad de tal matrimonio, por lo que fray Francisco de Jesús tuvo fácil declarar que el autor de la quinta parte de la Historia pontifical se había aventurado demasiado:
hasta tocar en los tratados más secretos, siendo çiertas aqui dos cosas, la una él lo ignora todo, no aviendo visto (como lo confiessa) los papeles de estado que lo contienen, y la otra que referido todo este suçeso con menos puntualidad o menos destreça de las que conviene podria ser en mucho deserviçio de Su Magestad y de toda esta Monarchia41.
El Consejo de Estado, remitiéndose a la disposición real de 1629, informó a Felipe IV que, conforme a la opinión del carmelita, se podía remitir la cuestión al Consejo de Portugal42. La obra solo superó los obstáculos de la revisión de las autoridades lusitanas en 1638 y finalmente se imprimió en Madrid al año siguiente43. Quien tuvo bastantes problemas, al menos en Roma, fue fray Marcos de Guadalajara: la quinta parte de la Historia pontifical y catholica fue prohibida en 1634, donec corrigatur por la Congregación Romana del Santo Oficio y sería incluida en el Índice por orden del papa Alejandro VII en $1 6 6 7 ^ { 4 4 }$ .
La denuncia de fray Francisco de Jesús impulsó al Consejo de Estado a representar a Felipe IV el incumplimiento de las disposiciones de 1629, obteniendo un nuevo pronunciamiento regio el 29 de enero de 1630 para que el Consejo de Castilla retirara de la circulación los libros publicados sin la licencia del de Estado. La razón de la orden de 1629 había sido que
pasando los libros de Historia por el examen deste Consejo, se ajustasen más con la verdad, porque con la noticia que en él se tiene de las materias no se padeziesen las equivocaciones que se topan en muchos libros, no contando los casos con la realidad que pasaron, y poniendo nota en acciones y resoluciones, que si se refiriesen como ellas fueron, no solo tendrían inconviniente, sino que serían dignas de mucha aprovación45.
Posteriormente, el monarca ordenó que el mismo Consejo de Estado examinara una consulta del Consejo de Portugal sobre la Historia del sr. Rey Don Sebastián y la solicitud del monje benedictino fray Martín Martínez para poder imprimir un volumen titulado Apología por San Millán de la Cogolla46.
El Consejo de Estado, muy preocupado, expresó la duda de si el soberano había pretendido que este examinara los textos literalmente, porque en tal caso “en tomos tan grandes como se imprimen es imposible que haya tiempo para verlos, aun quando no huviera otro negocio”. De la misma manera, si algún miembro del Consejo tuviera que examinar completamente los libros, no le bastaría el tiempo para hacerlo. Considerando los dos volúmenes en cuestión, “vendrían a ser inmortales las aprobaciones, pues nunca se cumpliría con ninguna”. Lo ideal sería, por lo tanto, que el soberano autorizara a dos personas “señaladas de la erudición, confiança, y partes necesarias”, a quienes se les asignaría la tarea de leer atentamente tales libros de historia, para luego informar a un miembro del Consejo de Estado, de modo que este pudiera reportar lo esencial a la asamblea, y así se pudiera conceder o rechazar, según el caso, el permiso de impresión. Felipe IV aprobó la opinión de sus ministros, aunque declaró que sería difícil encontrar a los lectores expertos47.
Sin embargo, poco más de un mes después, en enero de 1631, el Consejo propuso al monarca una serie de personas a las que asignar la revisión de los libros de historia. Cada consejero propuso algunos nombres: el conde de Oñate indicó a Gil González Dávila y Alonso Carrillo; el confesor del rey, al fraile carmelita descalzo fray Francisco de Jesús Jódar, a Gil González Dávila y Alonso Carrillo; el marqués de Flores, a Gil González Dávila, Alonso Carrillo y Francisco de Rioja; el conde de Castrillo, a Gil González Dávila y Alonso Carrillo; el conde de la Puebla, a fray Francisco de Jesús Jódar, Francisco de Rioja y Francisco Guajardo (personaje, este último poco conocido, y del cual sabemos solo que hasta 1626 había sido bibliotecario del cardenal infante, siendo sustituido por motivos de salud). Además, el Consejo sugirió que se nombraran a más de dos revisores y que se les permitiera poder asignar los libros también a otros sujetos a su discreción. Felipe IV aprobó los tres nombres propuestos por el conde de la Puebla, más Alonso Carrillo, y ordenó que, en caso de necesidad, el Consejo le pidiera permiso para nombrar a un cuarto48.
Detrás de la decisión del rey no es difícil entrever la mano del valido. Los revisores elegidos por el monarca eran, de hecho, personajes muy cercanos a Olivares: el fraile fray Francisco de Jesús había sido miembro de la Junta de Reformación y revisor de libros de la Inquisición49, mientras que Francisco de Rioja, cronista regio desde 1621, bibliotecario de Olivares, así como su consejero y amigo personal, y bibliotecario del rey desde 1634, participó en varias juntas sobre cuestiones histórico-teológicas relacionadas con la publicación de volúmenes50.
En cualquier caso, el asunto quedó una vez más sin una solución clara ni definitiva: hecho aún más grave porque comenzaban a publicarse obras sobre el reinado de Felipe IV, en las que la propaganda (negativa o positiva) y la historiografía estaban estrechamente ligadas. En este sentido, se puede leer el itinerario biográfico de Tomás Tamayo de Vargas, canónigo y profesor en Toledo, que entre 1621 y 1625 fue secretario del embajador en Venecia, Fernando Álvarez de Toledo. Podemos solo suponer que el contacto con la realidad veneciana fue una experiencia enriquecedora para el erudito eclesiástico. En 1626 fue nombrado cronista del reino de Castilla y, dos años después, publicó un largo relato histórico sobre la reconquista de San Salvador de Bahía51. Tamayo de Vargas redactó en 1634 dos dictámenes sobre una obra escrita por Gonzalo de Céspedes y Meneses, La primera parte de la Historia de D. Felipe el IIII rey de las Españas, publicada en Lisboa en 1631 con licencia del Santo Oficio portugués y dedicada a Jorge de Cárdenas Manrique, duque de Nájera y Maqueda, marqués de Elche, capitán general del Reino de Portugal52. Gonzalo de Céspedes tenía tras de sí una existencia complicada: autor de una obra novelesca acusada de obscenidad, había huido de Castilla en 1619 para refugiarse en el reino de Aragón. Aquí se había reinventado como historiador de las alteraciones de 1591-1592 sobre las que, en 1622, había publicado en Zaragoza una Historia apologética, que había suscitado numerosas críticas, tanto por plagiar a otros autores, como por su enfoque, de modo que fue prohibida primero por las autoridades del reino de Aragón y luego, en 1625, por el Consejo de Castilla53. Céspedes, en este punto, se había trasladado a Lisboa, donde había decidido dedicarse a la biografía de Felipe IV, llena de elogios al soberano y a su valido54.
El segundo dictamen de Tamayo de Vargas es bien conocido por los estudiosos55, pero vale la pena repasar algunos elementos. Él mismo recuerda que, en un primer dictamen previo, se había limitado a señalar solo los inconvenientes surgidos de la lectura del volumen:
singular deservicio a la gloria de las proeças, y a la memoria augusta de Su Magestad, y al acierto singular y desvelo incomparable de su ministro superior en aver con este libro ocasionado a que la atencion de todas las naciones regule por sus desaciertos la felicidad de las acciones gloriosissimas del gobierno en paz y en guerra de las cossas de Hespaña por faltarle la autoridad de los materiales que para el an sido necessarias; la verdad puntualissima de lo que se trata y la decencia del estilo que debia tener materia tan alta y gloriosa, como la de este libro.
Sin embargo, al haber sido solicitado por el cliente de entrar más en detalle, el cronista de Castilla quiso formular su opinión de una manera más extensa. En primer lugar, atacó las fuentes utilizadas en el volumen: estas, de hecho, eran solo “las relaciones mentirosas de los libros, que con nombre de Mercurio salen en Francia y en Alemania y de las gazetas ordinarias y relaciones de ciegos de que se componen”. Al punto de que Gonzalo de Céspedes había mencionado a algunos autores con el título de historiadores, cuando en realidad eran simplemente autores
de los Mercurios Francés y Flamenco o Alemán; libros que solamente tratan de entretener con quentos del vulgo a los que leen por ser un agregado de gazetas escriptas por hombres ociosos en todas partes sin más auctoridad que la de las consejas56.
La mayoría de ellos eran herejes y enemigos de España, acostumbrados a mentir “de oficio y de voluntad”. A estos se sumaban aquellos súbditos del rey católico, que habían compuesto las relaciones que venden los ciegos, que ordinariamente se escriben a gusto de los interesados, o con el testimonio de alguna simple carta y sin auctoridad y muchas veces se fingen (como no pocas veces se a experimentado) para hacer grangería engañando al vulgo que las cree por impressas, y a los demás que por poco dinero leen cosas estrañas.
Después de señalar varios pasajes del volumen de Gonzalo de Céspedes dignos de particular censura, el cronista afirmaba que, aunque había algunos elementos veraces, toda la obra seguía estando viciada por las fuentes utilizadas y la mezcla con tantas y tan grandes falsedades que no podía recibir ningún crédito. En resumen, un libro para mirar con toda sospecha, porque se realizó de mala fe:
cosa que en historia tal como esta tiene tantos inconvenientes para los amigos de estas coronas y maiores para con sus enemigos, pues an de querer desdorar al esplendor de España publicando que tiene por verdades lo que ellos fingieron, o que mendiga la sinceridad de las hazañas de los españoles de la affectación de sus embustes57.
A todo esto, Tamayo de Vargas añadió también “la indecencia del estilo de toda esta historia, porque parece que no se escribió con otro fin que el que tienen las satyras y libellos infamatorios, pues se lastima a tantos en ella tan pesadamente, que cada día crecen las quexas”. En particular, el revisor denunció la libertad con la que se hablaba del papa y de sus ministros, del emperador, del rey de Francia, del duque de Saboya, de la nobleza de Nápoles, del pueblo de Cataluña, de Felipe IV y de sus ministros, del cardenal de Lerma, del duque de Uceda, del confesor del rey, de Rodrigo Calderón, del duque de Osuna, del arzobispo de México y de otros58. En conclusión, el juicio de Tamayo de Vargas era demoledor. A su parecer, el volumen contenía
discursos muy largos de lo que el vulgo novelero platica en qualquiera materia, que de ordinario son ridículos o de mala consequencia; y lo que hace esto de peor condición es querer muchas veces satisfacer a estos discursos tan flacamente que quedan por verdaderos los vulgares. De aquí nace que tiene por verdaderas las relaciones falsas, a veces con daño de terceros y mas quando se refieren cosas que trahen consigo el perjuicio y se debieran callar por el exemplo o por el inconveniente59.
Es interesante notar que, durante el año 1635, Céspedes, tal vez para hacerse perdonar este traspié, se lanzó de lleno en la polémica antifrancesa redactando el duro panfleto Francia engañada, Francia respondida, editado en Zaragoza ese mismo año, con el seudónimo de Gerardo Hispano60.
La agria polémica de Tamayo de Vargas contra los autores de relaciones y las gacetas no era en absoluto una novedad. Esta debe ser leída en el marco de la estrategia del conde duque de Olivares para tratar de poner un freno a la circulación de informaciones, noticias y de cualquier texto que pudiera dañar la autoridad y el prestigio de la Monarquía y el suyo propio. Incluso las obras de entretenimiento habían entrado en el campo de acción de los ministros de Felipe IV: ya en marzo de 1625, la Junta de Reformación, con el pleno apoyo del valido, había propuesto que el Consejo de Castilla no concediera más permisos de impresión para las obras consideradas perjudiciales para la juventud: “libros de comedias, novelas ni otros deste género”61. Al parecer, tal decisión, teniendo validez solo para Castilla, fue fácilmente eludida por libreros e impresores con falsos lugares de edición. Diversos autores, además, obtuvieron la licencia de impresión del Consejo de Castilla. De todos modos, la prohibición fue desvaneciéndose hasta, de hecho, no ser más aplicada durante los años treinta62.
Además, en junio de 1627, un decreto real había prohibido la impresión de libros no necessarios o convenientes, ni de materias que devan o puedan escusarse o no importe su lectura, pues ya ay demasiada abundancia dellos; y es bien que se detenga la mano y que no salga ni ocupe lo superfluo y de que no se espere fruto y provecho común.
En particular, se establecía la prohibición de publicar, sin previa licencia de la corona, cualquier tipo de textos (relaciones, cartas, apologías, panegíricos, gacetas, noticias, sermones y discursos) sobre asuntos de estado y de gobierno, así como arbitrios, coplas, diálogos, “aunque sean muy menudas y de pocos renglones”63. La dificultad de imponer la ejecución efectiva de rígidas disposiciones censorias es bien conocida no solo por los historiadores, sino también por los contemporáneos. De hecho, en diciembre de 1637, el jesuita Sebastián González comentaba en una carta a un compañero que se había dado orden a Pedro Marmolejo, oidor del Consejo de Castilla, para que hiciera “averiguacion de los noveleros, y los destierre de esta Corte, y también a los amancebados” (la asociación de las dos categorías es en sí misma indicativa del desprecio social en el que teóricamente estaban acumuladas). El religioso comentó con ingenio que las casas y las calles de Madrid se vaciarían si la medida se aplicara con rigor…64. Después de todo, como es bien sabido, Felipe IV y el conde duque de Olivares no despreciaban los servicios de autores de obras de entretenimiento y de avisos favorables a ellos65.
3. ¿Qué historia para la Monarquía?
El interés de Felipe IV por la historia es bien conocido, así como el hecho de que su pasión por la lectura de obras históricas fue el resultado de los estímulos de Gaspar de Guzmán, a su vez bibliófilo y ávido coleccionista de manuscritos66. La imagen del soberano amante de los textos de historia es confirmada por su famosa traducción al castellano de la Storia d’Italia de Francesco Guicciardini y, sobre todo, por la presencia de nada menos que 868 libros sobre este tema –que incluye autores antiguos y modernos, de los cuales 138 son relativos a la historia italiana– contenidos en la biblioteca del Alcázar de Madrid, según el índice de 1637, finamente estudiado por Bouza67.
Diversos elementos han llevado a los historiadores a creer que Olivares tenía el proyecto de promover la edición de una historia de la Monarquía: en una reunión del Consejo de Estado de octubre de 1634, dedicada a la solicitud de Franz Christoph von Khevenhüller, encargado por el emperador Fernando III de Habsburgo de escribir la historia de su tiempo, de poder consultar los documentos del Archivo de Simancas, el valido afirmó que, entre los muchos errores de los líderes de la Monarquía, estaba “lo poco que se cuida de la historia” y que sería conveniente que el soberano ordenase de escribirla “a alguno de sus historiadores o alguna persona capaz de hacerlo”68.
Es interesante subrayar cómo el valido no solo –y quizás no principalmente– miraba a uno de los cronistas reales, sino también a quien, sobre todo, fuera capaz de escribir una obra en la perspectiva deseada. Olivares pareció encontrar a su hombre en Juan Adán de la Parra, fiscal de la Inquisición de Murcia, quien le había enviado pocos meses antes una obra suya polémica contra la alianza entre Francia y los príncipes protestantes alemanes, con el elocuente título Conspiratio haeretico-christianissima. Convencido de las capacidades de De la Parra, el valido lo señaló, junto con otros dos o tres personajes no especificados, entre aquellos que podrían ser convocados a la corte para realizar tal empresa historiográfica69. Los planes de Olivares parecieron tomar forma en abril de 1635, inmediatamente después del estallido de la guerra con Francia, mediante la creación de una Junta de cronistas, formada enteramente por letrados vinculados al valido (Francisco de Calatayud, Alonso Guillén de la Carrera, José de Nápoles, Juan de Palafox, Juan Adán de la Parra). Este organismo debería haber escrito una historia del último decenio, desde 1624 hasta 1635. En la práctica, sin embargo, se dedicó solo a redactar manifiestos antifranceses: una solución que Kagan ha definido como “history on demand”70. Otra Junta de cronistas, formada por Gil González Dávila, Tomás Tamayo de Vargas y José de Pellicer se reunió por orden real en 1641 para examinar la cuestión de las tablas de plomo descubiertas en Granada, solicitadas por la Santa Sede para un examen detallado71. En el ámbito de la política americana es interesante notar que, en diciembre de 1641, Felipe IV se preocupó de ordenar el respeto de la cédula emitida por Felipe II en 1560, que había establecido la obligación de licencia previa del Consejo de Indias para todos los libros tanto impresos en las Indias, como que trataran de las mismas72.
Aún mayor fue la inversión de Olivares en un militar y escritor italiano, el marqués Virgilio Malvezzi, perteneciente a una noble, aunque decadente, familia de Bolonia. Este, paralelamente a su largo servicio como soldado y consejero político en varios territorios de la Monarquía, se había dedicado a la escritura, destacándose ante los ojos de Gaspar de Guzmán por su obra $I I$ ritratto del politico privato cristiano (1635), escrita gracias a su estrecha relación mantenida con Juan Antonio de Vera y Zúñiga, conde de la Roca, embajador en Venecia y colaborador del conde duque, quien le había pasado varios materiales. Llamado por el valido a Madrid, en 1636, Malvezzi debería haber escrito la historia oficial del reinado de Felipe IV. Sin embargo, fue inmediatamente insertado en varias juntas y en el Consejo de Guerra, como hombre de Olivares, entrando en el círculo de intelectuales bajo su patrocinio. En apoyo del papel del poderoso valido, escribió La libra (1640) e I successi principali della monarchia di Spagna nell’anno 1639 $( 1 6 4 0 ) ^ { 7 3 }$ . Justamente en 1639 comenzó la escritura de la Historia de los primeros años del reinado de Felipe IV, que se benefició de una orden del soberano para que pudiera acceder a todos los documentos de Estado, cartas y consultas, relativos a Alemania, Flandes, Inglaterra, Francia e Italia, producidos desde 1620 hasta la muerte de Gustavo Adolfo de Suecia, en 1632. Además, pudo utilizar cartas de embajadores, avisos y otros papeles74. La obra de Malvezzi, sin embargo, quedó casi inmediatamente interrumpida, porque él, desde 1640, fue destinado a una larga serie de delicadas misiones diplomáticas y políticas, por cuenta del conde duque, hasta su caída en 1643, y luego de Felipe IV, hasta que obtuvo licencia para retirarse a Bolonia, dos años después75.
Solo nuevas investigaciones podrán responder a la pregunta de por qué el omnipotente valido no logró su intención de hacer componer una historia de la Monarquía que pudiera contraponerse a las obras circulantes. Es probable que cierta responsabilidad en tal sentido la tuviera la urgente necesidad de utilizar las mejores plumas al servicio de la corona para elaborar obras de propaganda, especialmente después del estallido de la guerra con Francia, en 1635. En otras palabras, la necesidad de contrarrestar la agresiva guerra de escritos introducida por el cardenal de Richelieu para propagar y apoyar las razones de Luis XIII, llevó al conde duque a concentrar las mejores energías intelectuales de sus escritores en ese ámbito76.
Otro elemento que quizás jugó algún papel fue el temor que Olivares sentía respecto a una obra histórica que podría haber sido motivo de ataques desde muchas partes, es decir, de los adversarios extranjeros, pero también de los muchos detractores internos del conde duque. No encuentra muchas otras explicaciones el hecho de que, para complacer y deleitar a Felipe IV, el valido hiciera imprimir apresuradamente –“de la noche a la mañana”– solo 12 copias de los dos primeros libros escritos por Malvezzi, para regalárselos al monarca y a sus amigos más cercanos, sin luego insistir en que el boloñés completara la obra o al menos en que lo escrito fuera publicado y difundido77.
Junto al fallido intento de elaborar una historia de alguna manera oficial, el soberano y el conde duque recurrieron a prohibiciones con la esperanza de controlar lo que se escribía sobre los acontecimientos contemporáneos. En febrero de 1637, Felipe IV informó al virrey de Aragón de haber comunicado al Consejo de Aragón la orden de que “no dé licencia y disponga que no se imprima ninguna cosa de calidad que toque a historia ni de sucesos dignos de ponerse en ella”, sin antes haber informado al soberano. De la misma manera, debería retirar todos los documentos de los que tuviera conocimiento, referentes a tales materias78.
Es interesante notar, una vez más, cómo la competencia sobre la materia histórica, en la propia visión de los altos cargos de la Monarquía, oscilaba entre los Consejos de Castilla y de Aragón, por un lado, y el de Estado, por otro. A principios de 1645, después de la caída de Olivares, el soberano ordenaba a Jerónimo de Villanueva, protonotario de la Corona de Aragón, uno de los fieles del valido depuesto, que los libros de historia fueran revisados por ministros del Consejo de Estado: sin su aprobación, no podrían ser impresos, incluso si ya habían sido autorizados por el Consejo de Castilla o el de Aragón, como lamentablemente había sucedido. Para evitar malentendidos, era necesario prestar atención, de modo que, en caso de haber libros “con diferentes títulos que de historia o de materia de guerra”, fueran revisados por su contenido y, si era necesario, remitidos al Consejo de Estado79. En resumen, Felipe IV tenía en mente tanto la necesidad de restablecer alguna supervisión del Consejo de Estado sobre los libros de historia, como la de contrarrestar uno de los clásicos expedientes, es decir, poner a los volúmenes títulos que no daban cuenta de su verdadero contenido.
Por otra parte, queda patente el interés del monarca por proveer sus bibliotecas de libros impresos en sus dominios, por tanto, también de obras históricas, así como de temas jurídicos y religiosos. En mayo de 1637, Felipe IV, reiterando una disposición ya dada en 1619 y 1632, ordenó al virrey de Nápoles, Manuel de Acevedo Zúñiga y Ulloa, VI conde de Monterrey, que enviara 13 ejemplares de todos los volúmenes impresos en aquel reino a la biblioteca del Real Monasterio de El Escorial y a los miembros del Consejo de Italia, como se hacía en Castilla. La orden especificaba que los 13 ejemplares se sumaban a los ya previstos para el virrey, los regentes del Consejo Colateral de Nápoles y el secretario del Reino. La obligación de enviar los ejemplares al funcionario designado al efecto recaía sobre los propios impresores. Por último, Felipe IV especificó que la disposición tenía valor retroactivo y que debían enviarse ejemplares de todas las obras impresas en el Reino desde $1 6 1 9 ^ { 8 0 }$ .
4. Los historiadores italianos: plumas desenfundadas,plumas en venta.
El problema de la relación con la historiografía contemporánea parece más descifrable a través de la creciente atención de los ministros de Felipe IV hacia los autores italianos. En la primavera de 1644, Gaspar de Teves y Tello de Guzmán, marqués de la Fuente y embajador del rey católico en Venecia, informó al soberano que el monje benedictino Vittorino, conocido como Vittorio Siri, “que trahe la pluma desembaynada” contra la corona, le había solicitado que, si quería que la obra histórica que estaba comenzando hablara “de los succesos de España”, debía proporcionarle los documentos oficiales españoles. Dado que la entrega de los materiales solicitados podría generar no pocos problemas, sin saber quién era el religioso y cuánto se podía confiar en él, Felipe IV pidió al embajador información sobre el sujeto en cuestión, manteniéndolo mientras tanto “con buenas palabras y esperanças”81.
Vittorio Siri, monje de la Congregación Cassinense, residía en Venecia desde 1638, en la importante abadía de San Giorgio Maggiore, donde enseñaba matemáticas. Sin embargo, sus intereses eran de tipo historiográfico y polémico, ligados a su orientación filofrancesa y, al mismo tiempo, filofarnesiana. En 1641, Siri había comenzado a componer el Mercurio politico, ovvero Historia de’ tempi correnti. Nombrado en 1643 con el cargo –poco más que honorífico, dado que era compartido con varios otros personajes– de historiador real de Luis XIV de Francia, Siri había dedicado el volumen al duque Gastón de Orléans, quien, como agradecimiento, le había obsequiado un collar y dos medallas de oro, por un valor aproximado de 150 doblas82.
En noviembre de 1644, el marqués de la Fuente envió a Felipe IV un largo informe sobre la figura de Vittorio Siri, destacando cómo sus costumbres eran poco acordes con el hábito benedictino. También para liberarse del rigor de los superiores, el monje había dirigido su mirada hacia la corona de Francia: había comenzado a establecer contactos con Gaspard Coignet, señor de La Thuilerie (embajador en Venecia entre 1632 y 1637), escribiendo un librito titulado Venetia festiva con motivo del nacimiento del Delfín de Francia (1638). Posteriormente, había publicado $I I$ politico soldato monferrino (1640) bajo el seudónimo de Latino Verità: se trataba de un panfleto filofrancés centrado en el asedio de Casale de ese año. Tras la respuesta –que el marqués atribuía erróneamente al abad Giovanni Francesco Fossati– Siri había replicado con Lo scudo e l’asta del soldato monferrino (1641), bajo el seudónimo de Collenuccio Nicocleonte83. A partir de entonces, Siri había comenzado a “profesar estrechez con cuantos franceses” llegaban a Venecia. En este punto, gozando finalmente de los títulos de limosnero e historiador del rey de Francia, había dejado la enseñanza privada de los jóvenes nobles venecianos, pero se había ocupado de mantener los contactos que había creado a lo largo de los años, con el fin de hacerse “más necesario y más estimado de los franceses”. De este modo, el hábil monje había logrado convertirse en árbitro de las acciones del actual embajador francés, Nicolas Bretel, señor de Grémonville, e incluso “dueño de su secretaría”.
Otro patrocinador de Siri, señaló el marqués de la Fuente, era el cardenal Alessandro Bichi, ya criatura barberiniana y gran amigo del cardenal Giulio Mazzarino, quien en 1643 había sido encargado por Luis XIII de Francia de las negociaciones para evitar que la República de Venecia, el Gran Ducado de Toscana y el Ducado de Módena entraran en guerra en apoyo al duque de Parma contra Urbano VIII por la cuestión de Castro. Según la información del marqués de la Fuente, Siri transmitía a Bichi información gracias a sus contactos con dos procuradores de San Marcos y algunos senadores. A su vez, el cardenal había obtenido de la corte francesa una pensión de 600 francos y un donativo de 2.000 para el monje. El marqués de la Fuente dedicó especial atención a subrayar la escasa originalidad de Siri, acompañada de la tendencia a utilizar escritores fantasmas: de hecho, Il politico soldato monferrino era en gran parte obra del nuncio papal Francesco Vitelli y Lo scudo e l’asta del soldato monferrino era atribuible a la pluma de Maiolino Bisaccioni. Finalmente, el primer volumen del Mercurio era solo una colección encuadernada de
quantas gazetas, manifiestos, y papeles le han dado, de manera que los que haviamos leydo los originales attentamente hallamos casi inalterada, no solo la sustancia, pero las palabras, reconociendose en cada nueva narracion la differencia de estilos84.
Cabe señalar que dicho volumen había sido objeto de laboriosas negociaciones: en 1643, una copia del manuscrito fue sometida al cardenal Mazzarino en París, mientras que las autoridades de la Serenísima habían hecho examinar el texto por los consultores en iure Fulgenzio Micanzio y Gasparo Lonigo, y habían discutido sobre la conveniencia de imprimir la obra, después de haber hecho eliminar del texto la información considerada demasiado delicada o problemática con otros príncipes, comenzando por Urbano VIII. Finalmente, el Mercurio se publicó en 1644 con una falsa indicación de lugar y de impresor, ya que las autoridades venecianas estaban preocupadas por los ataques al papa Urbano VIII y a los Barberini contenidos en la obra85.
El juicio del embajador español sobre el volumen era acertado, dado que el método de trabajo de Siri consistía esencialmente en la recopilación de documentos –de gran interés– obtenidos a través de sus numerosos contactos, reunidos sin ningún escrúpulo filológico o interpretativo. Entre los proveedores de documentos oficiales estaban la corte de Parma, el nuncio Vitelli y el embajador francés Grémonville. El monje era muy sensible al dinero y a los honores que podía obtener de escribir historia, pero también estaba activo como redactor de avisos, al igual que muchos otros personajes más o menos conocidos86. El marqués de la Fuente dedicó una atención especial a la destrucción de la persona de Siri: “la conciencia no es muy estricta y el modo de vida es de gran escándalo”; nada respetuoso con la disciplina monástica, dedicado a la vida social y nocturna, poco propenso a asistir a misa y, de hecho, algunos incluso lo consideraban un “ateísta”.
Respecto a la idea de entregar documentos oficiales a Siri, el embajador juzgó que no era oportuno confiarle lo que se quería mantener en secreto ante los franceses. La solicitud que había hecho el escritor no derivaba, de hecho, del deseo de servir al rey católico, sino de la falta de información sobre lo que había ocurrido en España, dado que no llegaban gacetas de allí, y así poder tener materiales para escribir sobre los acontecimientos de $1 6 4 2 ^ { 8 7 }$ .
A pesar del informe poco alentador del marques de la Fuente,en Madrid se consideró seriamente la posibilidad de entregar algunos documentos a Siri, aunque con cierta lentitud. En mayo de 1645, Felipe IV respondió a su embajador en Venecia que aún se estaban examinando los documentos solicitados para determinar cuáles se podían entregar al interesado y cuáles no. Mientras tanto, ordenó que se le dieran al monje 200 ducados de ayuda de costa, a cuenta de los fondos de la embajada, y que se le informara que se tendría en cuenta su persona: “tratando las cosas como debe”, sin duda obtendría una pensión anual88.
La desconfianza española no era, sin embargo, el principal problema de Siri en esos meses: de hecho, después de la elección del papa Inocencio X (1644), los motivos del gobierno veneciano para permitir que el monje escribiera contra los intereses de la Santa Sede comenzaron a disminuir. Por otro lado, sus continuos contactos con miembros de la nobleza en busca constante de información reservada, útil para la redacción de los nuevos volúmenes del Mercurio, llevaron a las autoridades de la Serenísima a ordenarle que interrumpiera tales relaciones, empujándolo a alejarse prudentemente de Venecia89. Además, ya desde hacía tiempo había estado construyendo estrechos lazos con el gran duque de Toscana, Fernando II de’ Medici, a quien envió los manuscritos de sus obras, y con el cardenal Giovanni Carlo de’ Medici, obteniendo a través de él no solo el ansiado título de abad, sino también la invitación a trasladarse a Florencia90.
Sin embargo, el marqués de la Fuente seguía vigilando a Siri, e informó a Madrid que, si los documentos solicitados no llegaban pronto, el historiador se las arreglaría sin ellos. En cuanto a la ayuda de costa prometida por Felipe IV, la cantidad era bastante baja no solo en comparación con la grandeza del rey católico, sino también porque el abad había recibido recientemente 500 escudos del duque de Módena y más de 1.000 del gran duque de Toscana. Se trataba, en resumen, de respetar el rango monástico y la autoridad del historiador. Para no hacer quedar mal al monarca, el embajador en Venecia decidió entregarle el dinero personalmente en nombre del soberano, pero de manera que pareciera una decisión propia, insistiendo nuevamente en lo que podría obtener “el que toma la pluma desapasionadamente”. Sin embargo, no fue posible encontrarse con Siri, quien temía la reacción francesa y, sobre todo, deseaba conservar sus títulos y la pensión de 1.000 escudos anuales. El marqués de la Fuente hizo saber al abad, a través de su propio confesor, que si le concedía una audiencia, no tendría de qué arrepentirse. No obstante, no puso nada por escrito, ya que no quería dejar a Siri una prueba que pudiera utilizar para ganarse méritos con los franceses y demostrar que incluso el rey católico quería “comprar su pluma”91.
De todos modos, en noviembre de 1645, Siri se dirigió a la corte de los Médici, siempre bajo la atenta vigilancia de los agentes españoles, y fue recibido con honores superiores a los debidos a un religioso, tanto que el marqués de la Fuente sospechó que el viaje había sido ordenado por el rey de Francia, ya que era difícil creer que de otro modo se le hubieran permitido “la demora y la confidencia en la corte de un príncipe, que todos consideran austriaco, y particularmente dependiente” del rey católico. Una “sombra” que crecía, especialmente dado que los principales ministros del gran duque eran “de ánimo francés”92. Pasados cuarenta días, Siri se dirigió a Parma y a Módena, donde fue recibido con gran confianza por el duque93. Sin embargo, continuó manteniendo relaciones con el nuncio en Venecia, al menos hasta principios de 1646, pasándole avisos e información sobre lo que se estaba imprimiendo en la ciudad lagunar, obtenida gracias a sus numerosos contactos94.
No solo el abad despertaba el interés del marqués de la Fuente. Desde noviembre de 1644, había informado a Madrid que había intervenido para impedir la impresión de un manifiesto justificativo de la “desunión” de Portugal, elaborado por el escritor veneciano, aunque de origen genovés, Giovanni Battista Birago Avogadro. El embajador había intervenido haciendo imprimir un manifiesto contra el “tirano” de Portugal, en latín e italiano, de acuerdo con Manuel de Moura y Corte Real, marqués de Castel Rodrigo, representante de Felipe IV en Roma, utilizando para redactarlo a un jurista siciliano no especificado y, sobre todo, haciéndolo pasar como una obra de Birago Avogadro95.
Los métodos que el marqués de la Fuente consideraba para impedir que el escritor trabajara a favor del duque de Braganza fueron reportados por el interesado en una carta al soberano de febrero de 1645:
viendo desvanecidos los medios para urtarle estos papeles, y que el hazerlo con violencia, aunque no era difficultoso, me parecia poco a proposito, procure que un confidente suyo aconsejado de otro, que no podia conocer que lo era mia, solicitasse disuadirle de perficionar la obra, representandole los riesgos en que entrava, escriviendo derechamente contra un monarca tan grande, y de este reparo declino a ponderarle quanta mayor conveniencia y seguridad de su vida hallaria offreciendome el dejar de escrevir, pues era cierto que por este medio tendria en mi un solicitador para que V.M. le acomodasse en forma que no necessitasse de otra fortuna, y tambien se valio de la desconfianza en que havian entrado los Portugueses, no assegurandose enteramente de las razones que el representaria para justificar que no havia escritto [sic] la respuesta al manifiesto del duque, pero nada pudo persuadirle.
Ante el fracaso, el embajador había actuado para que la Serenísima no concediera licencia para imprimir el libro y había puesto bajo vigilancia los lugares donde las autoridades solían permitir tácitamente la impresión de obras que consideraban motivo de vergüenza. No estaba, sin embargo, seguro de haber frustrado la operación, ya que había experimentado que no había manera de estar seguro de un negocio hasta que no estuviera concluido96.
Es interesante notar que la acción de contrapropaganda llevada a cabo por De la Fuente –hacer imprimir una obra filoespañola con un falso lugar de impresión de Augsburgo y a nombre de Birago Avogadro97– llevó a este último a componer otra obra en favor del soberano lusitano, suscitando la preocupación del podestá de Brescia, quien no había querido aceptar la dedicatoria del libro, temiendo irritar a los ministros españoles98. A pesar de las intervenciones del marqués de la Fuente, el volumen de Birago se publicó en 1644 con la indicación de Lyon, aunque había sido impreso en secreto en Brescia, en territorio de la Serenísima, con dedicatoria al embajador francés, el señor de Grémonville. Antes de que se pusiera en venta, De la Fuente logró obtener una copia que envió al soberano para que la examinara, declarando despectivamente que el autor había tomado la pluma “solo para locuras, y desvergüenzas”99.
Más tarde, por razones poco claras, el propio Birago Avogadro informó al marqués de la Fuente que se había arrepentido de su comportamiento, que imploraba el perdón del rey católico y estaba dispuesto a presentarse ante él para arrojarse a sus pies y entregarle los privilegios recibidos de Francia, de la Serenísima y de la Santa Sede, así como todos sus documentos originales y todas las copias impresas, salvo 30 o 40 que ya habían sido distribuidas. Además, se declaró dispuesto a retractar su obra de la manera en que el soberano ordenara. Astutamente, el escritor pidió 400 escudos de oro que, dada su pobreza, no estaba en condiciones de pagar al impresor para compensarlo por la venta no realizada100.
El embajador no le otorgó mucha credibilidad a Birago Avogadro. Sin embargo, después de consultar con los principales ministros del rey en Italia –Juan Alonso Enríquez de Cabrera, IX almirante de Castilla y virrey de Nápoles, Antonio Sancho Dávila y Toledo, III marqués de Velada y gobernador del Estado de Milán, y Juan Velasco de la Cueva y Pacheco, III conde de Siruela y embajador ante la Santa Sede– consideró que era posible utilizar a Birago Avogadro, si no para sus “avisos”, siendo esos personajes venales e insinceros, al menos como confidente para conocer las intrigas de los portugueses y los franceses. De hecho, el escritor estaba en contra de Grémonville, quien no le había dado un centavo por la dedicatoria, y de los portugueses que no le habían dado todo lo que le habían prometido.
Siguiendo el consejo del almirante de Castilla y del marqués de Velada, De la Fuente decidió entonces poner a prueba a Birago Avogadro, haciéndose entregar las 400 copias del libro con el manuscrito original y obteniendo algunas noticias101. Por su parte, los portugueses devolvieron el golpe, haciendo publicar al dominico flamenco Ferdinand de la Houe, agente al servicio del soberano João IV de Portugal, una versión de la obra de Birago Avogadro, revisada con un enfoque antiespañol, con la falsa indicación de impresión en Ámsterdam 1647. Esto, algunos años después, llevaría a Birago a negar la paternidad de esa edición102.
Mientras tanto, la cuestión de los documentos solicitados por Vittorio Siri para escribir en su Mercurio sobre los acontecimientos de 1642-1643 recibió una respuesta provisional de Felipe IV: el marqués de la Fuente debería continuar con su correspondencia “con estos escritores” y, según el tiempo y la materia en la que hubieran trabajado, debería considerar los documentos y las relaciones que fueran necesarios, pidiendo a Madrid “particularmente lo que por allí no se pudiera ajustar a la verdad y a la conveniencia de esta Monarquía”. A Siri, que había regresado a Venecia, y a Galeazzo Gualdo Priorato, el embajador podría haberle entregado, en momentos distintos y para cubrir los gastos de impresión, hasta 400 o 500 escudos103.
El conde Gualdo Priorato, originario de la República de Venecia, después de haber combatido al servicio de los holandeses y los príncipes protestantes alemanes, se había retirado a su ciudad natal de Vicenza dedicándose a la escritura de obras históricas y relaciones de gran éxito, con un enfoque filofrancés, comenzando con la Historia delle guerre di Ferdinando II e di Ferdinando III, publicada en Venecia en $1 6 4 0 ^ { 1 0 4 }$ .
El marqués de la Fuente era consciente de la voluntad de Felipe IV de continuar “la correspondencia con los que escriben la Historia de estos tiempos”. Sin embargo, no había podido hablar ni con Gualdo Priorato ni con Siri: en el segundo caso, debido a la gran cautela que se debía tener al tratar con él, especialmente ahora que ya se había impreso el segundo volumen del Mercurio. Sobre el abad, subrayaba que era “el director de los embajadores de Francia” en la Serenísima. Además, el señor de Grémonville se había comportado con tan poca prudencia que, en muchas audiencias en los Pregadi, se reconocieron en sus discursos las palabras exactas que se habían pronunciado la noche anterior durante reuniones privadas. Por lo tanto, suponiendo que la información había sido filtrada a través de Siri, los Inquisidores de Estado le habían ordenado no permanecer en el patio del Palacio Ducal ni en el Broletto, absteniéndose de comunicarse con los miembros de la nobleza. Esto había causado cierto temor al abad, así como a sus íntimos confidentes, el procurador de San Marco Alvise Valaresso y los senadores Alvise Molin y Angelo Correr: todas figuras destacadas en la vida política veneciana, con amplia experiencia diplomática internacional105.
El problema, según el embajador español, era que no podía hacer mucho sin los documentos que se le solicitaban para contraponerlos a las noticias que desde Francia se enviaban a Siri y a Gualdo Priorato, hasta el punto de que ya se había publicado el segundo volumen del Mercurio. En resumen, la falta de información desde España y Alemania había hecho imposible llevar a cabo la deseada infiltración historiográfica en los dos importantes autores filofranceses. Siri, además, había partido hacia Florencia, pero el embajador había logrado contratar los servicios de un religioso que actuaba como su secretario, a través del cual contaba con ser informado de sus movimientos106.
Después de la publicación en 1647 del segundo volumen del Mercurio, Siri se vio obligado a abandonar –esta vez de manera definitiva– Venecia, aunque continuaba solicitando los documentos españoles, esta vez relativos a los acontecimientos de Portugal. Antes de partir hacia Módena, el abad informó al marqués de la Fuente que “su pluma nunca serviría a la Corona”, aunque los franceses lo mantenían a su servicio. Para demostrar su buena voluntad, enviaría los dos nuevos volúmenes de su obra, en los cuales también era evidente el daño que podrían causar si se publicaran en ese momento como lo requería el embajador Grémonville: el Bilancio delle confederazioni de’ principi, respuesta al Cavaliere di Stato del padre Santa Maria, y el Disinganno dell’opinione volgare. Discorso di N.N. a Monsignore de Lionne107.
En tales escritos, Siri, a través de citas de autores como Francesco Guicciardini, Antonio Maria Spelta, Giovan Battista Adriani y algunas “relaciones antiguas del Reino de Nápoles”, intentaba demostrar
que el genio español es mas opuesto que el frances al italiano; que el govierno de la Corona de Francia es mas suave que el de V.Md. y para fixar este credito trahe capitulos enteros de las Historias citadas; pero usa de lo que los Hereges en la escritura reservando las palabras subsequentes que perficionando la mejor inteligenzia desvanezen la errada a que dan viso con dejar imperfecto el periodo.
En cualquier caso, el abad volvió a la carga pidiendo al marqués de la Fuente una serie de documentos: el resumen de la reconquista de Tortona, en el Estado de Milán, y las relaciones sobre los acontecimientos bélicos de los ejércitos del rey católico en Italia y España durante los años 1643 y 1644, así como varios materiales relativos a otros asuntos108. El embajador añadía a todo esto que Birago Avogadro, ofendido por Siri, estaba escribiendo contra él otro Mercurio. Por lo tanto, De la Fuente, considerando que esta discordia era conveniente para el rey católico, había hecho llegar la noticia al abad, de modo que este no solo le estaba agradecido, sino que también le había solicitado que suplicara a Felipe IV para que le fueran finalmente enviados los documentos necesarios para escribir contra el libro de Birago Avogadro en apoyo al rey de Portugal. Dado que Siri era un autor acreditado y conocido por su escaso afecto al rey católico, esto causaría una mayor impresión109. En los meses siguientes, desde Módena el abad continuó comunicándose con el embajador, asegurándole su gratitud y solicitando documentos, especialmente en relación con Portugal, para escribir contra Birago Avogadro. De la Fuente, tratando de mantener la buena disposición del escritor, le envió algunas noticias sobre Portugal. También mencionó que podía encontrar entre los manuscritos de su padre “noticias muy conformes a lo que conviene que salga a la luz sobre esta materia”: después de examinarlas detenidamente, se las entregaría a Siri. Sin embargo, subrayó que la posibilidad de ganar al abad para que sirviera abiertamente al rey católico no era realista: sería más sencillo encontrar un historiador que no hubiera atacado a la Monarquía, a diferencia de Siri, quien, por interés, “escribiría contra el Evangelio si fuera necesario”. Más bien, se podría mantenerlo obligado, aunque al servicio de Francia, del papa o de otro príncipe, obteniendo, sin embargo, que en sus escritos “caminase con la atención que pareciere más proporcionada” al servicio de Su Majestad, ya que de esta forma gozaría de mayor crédito110.
Otro caso interesante fue señalado también por De la Fuente en 1648: de hecho, fue abordado por el monje cartujo Cherubino (en la vida civil Girolamo) Brusoni, quien deseaba escribir un compendio de historia universal. Felipe IV pidió al embajador que obtuviera información sobre sus cualidades y “dependencias en Italia y fuera della con todo lo que pudieredes averiguar de su natural y inclinaciones”111. Brusoni era otra figura singular de literato, antiespañol, autor en 1641 de un volumen de Ragguagli di Parnaso, publicado en Venecia. En la capital de la Serenísima, había ingresado en la Academia de los Incógnitos –fundada por el patricio Giovan Francesco Loredan112 y frecuentada por historiadores como Birago Avogadro y Gualdo Priorato (desde 1647)– y había publicado numerosos romances, novelas y diálogos, pero aún no obras históricas, siendo la primera de estas la que saldría en $1 6 5 6 ^ { 1 1 3 }$ . De la Fuente lo describe como un personaje inquieto, de espíritu ardiente, que había salido y vuelto a entrar en su Congregación en varias ocasiones y que ahora vivía a la sombra de un senador veneciano (más tarde abandonaría definitivamente el hábito religioso, en 1651):
desea no perder la opinion de indifferente, ni que le falte a la historia la parte de verdadera, pero en medio de esta attencion, me asseguro que en quanto toccare al servicio de V.M. se governara de manera que sin parecer parcial dara a sus ministros no solo entera satisfacion, pero materia bastante para reconocer en el un affecto grande114.
Otra figura que contactó al embajador en Venecia fue el conde Maiolino Bisaccioni, escritor al servicio de Francia, quien había recibido la Orden de San Miguel y el título de caballero de cá- mara del rey. Había tenido un altercado con el embajador Grémonville, quien lo había acusado de haberse dejado persuadir por el representante español para no escribir contra el rey católico. La noticia llegó a De la Fuente del propio Bisaccioni, quien estaba molesto con Grémonville por no haberle hecho un favor ante las autoridades venecianas y consideraba que en París apreciaban más a Vittorio Siri. Siendo de una condición social muy diferente, Bisaccioni se ofreció para pasar al servicio de Felipe $| \mathsf { V } ^ { 1 1 5 }$ . En septiembre de ese mismo año, el noble propuso a De la Fuente escribir sobre “la quietud del Reino de Nápoles”, quizás una propuesta para remediar la situación del Reino, en ese momento en medio de la revuelta que estalló en verano. El asombrado embajador consideró la cuestión “de calidad que ningún hombre de juicio debería no solo creerla, sino ni siquiera escucharla”. Sin embargo, para no menospreciar al autor –que, además, había vivido entre Nápoles y Avellino de 1621 a 1627– escribió al virrey de Nápoles, duque de Arcos, preguntándole si, al escuchar la propuesta de Bisaccioni, se podría obtener, si no el beneficio prometido, algún consejo que, si se aplicara con prudencia, pudiera “servir de algo en un momento en que conviene servirse de todo”116.
Quedaba sobre la mesa la cuestión de encontrar autores dispuestos a escribir historia en sentido filoespañol. En marzo de 1647 el embajador español en Génova, Antonio Briceño Ronquillo, informó al soberano que Pier Giovanni Capriata, a quien ya hemos mencionado, estaba terminando de escribir el segundo volumen de su Historia y que le había mostrado una parte de ella en la cual había puesto “todo lo que toca a V.Mag.d y sus Reales Armas en mejor forma que hizo la vez passada”. Sobre todo, el escritor mostraba mucho deseo de conseguir relaciones de sucesos “por donde pueda poner la cosa de la Monarquía como es justo”. Con tal propósito, el escritor genovés había conseguido reunir algunas enviadas por ministros españoles. El embajador subrayó que la segunda parte de la obra de Capriata debía ser impresa con alguna ayuda y, por lo tanto, sería muy oportuno apoyarlo financieramente para ganarlo a la causa de la Monarquía117. Briceño Ronquillo fue encargado de entablar negociaciones con Capriata acerca de la publicación de la segunda parte de su Historia, que abarcaba los años de 1634 a 1644, para la cual había obtenido recientemente de las autoridades genovesas el permiso de impresión. Por eso aseguró al representante de Felipe IV que en esta parte se podría ver su afecto hacia la Monarquía. Además, el historiador envió a Briceño Ronquillo un documento en el que solicitaba una subvención para imprimir la obra, obteniendo por ello 500 reales de a ocho. El rey ordenó a Briceño Ronquillo socorrer al escritor genovés (y también a Vittorio Siri) con la suma de dinero que juzgara mejor, a condición de examinar lo que iría escribiendo. En segundo lugar, el embajador recibió el encargo de suministrar a Capriata las noticias necesarias para componer su obra histórica, pidiéndolas a los ministros o las personas que se habían hallado presentes en los hechos118. Capriata quedó muy satisfecho con la cantidad y esperanzado en recibir mayores mercedes una vez que el libro fuera publicado.
El escritor genovés también se ofreció para escribir la historia de las revoluciones de Nápoles de 1647-1648. Para ello, necesitaba “las relaciones de lo que ha pasado”. Por su parte, el embajador consideraba de suma conveniencia que Capriata se dedicara a tal obra,
porque tiene crédito y escrivirase tanto por los mal afectos, y enemigos de la Corona de V. Md. que es necesario prevenir con quien se tenga por independiente della y escriva lo que convenga al servicio de V. Md.
En caso de que el monarca hubiera estado de acuerdo, sería indispensable ordenar que desde Nápoles se enviaran a Briceño Ronquillo “las noticias más ciertas y más copiosas que huviere”119.
El Consejo de Estado, en una sesión en la que participaron solo el marqués de Castel Rodrigo y Francisco de Andía Irarrazábal y Zárate, marqués de Valparaíso, juzgó que sería conveniente que Capriata asumiera la tarea de escribir la historia de los acontecimientos de Nápoles. Por lo tanto, se deberían enviar a Briceño Ronquillo todos los documentos necesarios. Además, el soberano podría ordenar al Consejo de Italia que reuniera cuantos papeles fueran pertinentes a tal fin. Felipe IV dio su aprobación120 y el embajador en Génova pudo informar de la plena disponibilidad de Capriata, quien comenzaría a trabajar tan pronto llegaran los documentos. De todos modos, era necesario actuar rápidamente porque Raffaele Della Torre, un destacado miembro del gobierno de la República, vinculado a Francia y a los Barberini, estaba escribiendo un libro en latín sobre el mismo tema, con el fin de tener la oportunidad de “derramar todo el beneno que tiene contra la corona” del rey católico121. Sin embargo, la cuestión quedó en suspenso: en noviembre de 1648, el Consejo de Estado señaló que, a pesar de las órdenes cursadas al virrey de Nápoles, Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, VIII conde de Oñate, y al Consejo de Italia, todavía no había rastro de los documentos solicitados y sugirió al rey que urgiera la ejecución de sus órdenes122. Todavía en 1649, Felipe IV insistió en que el virrey de Nápoles reuniera los documentos relativos “a los tumultos passados” y, después de hacerlos examinar por un ministro delegado por él, enviara los documentos pertinentes a Antonio Briceño Ronquillo en Génova, para que el escritor genovés realizara una obra “ajustada y verdadera”123. Al parecer, la obra de Capriata no se escribió y, si lo fue, pasó a formar parte de la tercera parte de su Historia, que abarca el período de 1641 a 1650, publicada póstumamente en 1663 por su hijo Giambattista124. Así fue superado por Della Torre, quien en 1651 había publicado su obra con un lugar de impresión falso125.
Es importante tener en cuenta que, al mismo tiempo, Capriata establecía contactos con el cardenal Mazzarino, quien le agradeció el envío de su libro, declarándose dispuesto a corresponder a su amor y estima, siempre que le diera la oportunidad de demostrárselo126. En los primeros meses de 1649, justo después o al mismo tiempo que la publicación de la segunda parte de la Historia, el cardenal Mazzarino hizo llegar a Capriata una cadena con una medalla que representabaa la reina madre ya Luis XIV,a través de Giannetino Giustiniani,representante oficioso francés en Génova127. Este tenía la tarea de cuidar la propaganda a favor del rey cristianísimo, mediante la producción y divulgación de avisos y textos impresos o manuscritos. El rol de Giustiniani también incluía informar a París sobre los trabajos de la propaganda adversaria, disuadir a los escritores al servicio de los enemigos y, sobre todo, buscar autores para escribir textos a favor de Francia128.
Otro aspecto interesante por considerar es la difusión en el mundo ibérico de las obras de los autores italianos que hemos mencionado. En este sentido, un ejemplo útil es la famosa y riquí- sima biblioteca de Lorenzo Ramírez de Prado (1583-1658). Tras servir varios años en Nápoles, el jurista llegó a ser miembro del Consejo de Indias (1626) y del Consejo de Castilla (1645), ocupando otros muchos cargos importantes. Personaje inclinado a las humanidades, Ramírez de Prado tuvo relaciones con los círculos culturales madrileños. Sus intereses intelectuales se ven reflejados en su imponente biblioteca personal. A su muerte, su viuda –Lorenza de Cárdenas– quiso vender la biblioteca del consejero. El gran número de libros que esta contenía, sin embargo, comportó una larga inventariación: solo en 1662 salió impreso el catálogo de los volúmenes que doña Lorenza quería vender129. Eso permite revelar la presencia de muchos de los historiadores italianos de los que tanto se preocupó el marqués de la Fuente: Siri (cuatro tomos publicados en Casale en 1644; más otros tres publicados en Génova en 1646); Birago Avogadro (con su Mercurio, en la edición de Venecia de 1648); Gualdo Priorato (con la Historia, cuatro volúmenes, cuyo año de edición es erróneamente indicado en 1613); Capriata (con su Historia en dos tomos, más una edición milanesa del primero).
Otro ejemplo es la importante biblioteca, de un miembro de la más alta nobleza, político, bibliofílo y coleccionista de arte: Gaspar de Haro y Guzmán (1629-1687), VI marqués del Carpio, que ha sido recentemiente estudiada por Felipe Vidales del Castillo130. No es de extrañar que también en esta biblioteca se encuentren las obras de Siri, Birago Avogadro, Capriata y Gualdo Priorato.
5. “Se toque y establezca con la atencion y pesso que conviene la justicia de los titulos de mis Reynos”
El deseo de competencia historiográfica con la corona de Francia, frente a la cual la corte de Madrid sentía estar en desventaja, no se concluyó con la caída de Olivares. Incluso en los años siguientes, durante el valimiento de Luis de Haro, hombres como el marqués de la Fuente prestaron especial atención a lo que ocurría en Venecia y a las posibles oportunidades que se abrían para convencer a famosos autores italianos de obras históricas, al servicio de Francia, a cambiar de bando o, al menos, a reducir la aversión hacia la Monarquía española. Sin embargo, persistió la falta de dinero para invertir en esta empresa por parte de la agotada Hacienda del rey católico. Se trataba de intervenciones que requerían tanta liquidez financiera como la falta de escrúpulos y la avidez de escritores acostumbrados a ser bien recompensados por sus servicios por la corona francesa y otros príncipes italianos y europeos. Otro factor importante a considerar es la creciente preeminencia del recurso al derecho para las reivindicaciones políticas y territoriales de la casa de Austria, a la que la secesión de Cataluña y Portugal obligaron a la corte madrileña. Un testimonio elocuente, aunque sin resultados concretos, fue la formación en febrero de 1646 de una junta compuesta únicamente por juristas, encargados de escribir tratados sobre los derechos de la corona sobre cada uno de los territorios de la Monarquía, con la única excepción de Castilla131. No fue diferente la empresa del jurista Juan Alonso Martínez Calderón, quien se estableció en Madrid en 1649 con el encargo oficial de escribir un tratado en defensa de los derechos de la corona. A pesar de recibir muchos elogios, dos años después no superó la censura de otro jurista, Cristóbal Crespí de Valdaura, regente del Consejo de Aragón, quien lo consideró erróneo debido a su perspectiva centrada en Castilla. En consecuencia, la obra permaneció inédita por orden del mismo Felipe $\mathsf { I V } ^ { n 3 2 }$ .
Al mismo tiempo, los diversos intentos de dar vida a una historiografía de la Monarquía fracasaron también debido a la obsesión concurrente por el control y la censura de las obras históricas. Parecía que el temor a las críticas, tanto internas como externas, paralizaba de manera permanente las decisiones estratégicas del rey católico y de sus ministros en este ámbito. Esto explica por qué otro elemento de continuidad fue la política de control y censura de las obras históricas: en enero de 1651, Felipe IV volvió a recordar al Consejo de Castilla la necesidad de respetar la prohibición de imprimir libros de historia y relatos de acontecimientos sin que fueran previamente examinados por el Consejo de Estado. Tal vez esto indicaba que el primer organismo no tenía mucha intención de ceder cuotas de jurisdicción en este ámbito. Esta vez, sin embargo, el soberano estableció que la orden se transmitiera también a los virreyes y a los ministros de la Monarquía, para que hicieran lo mismo, permitiendo al Consejo de Estado “no dar lugar a que salgan libros algunos de este argumento de Historia de las provincias de mi Monarquía”133. En este sentido, el monarca, en marzo siguiente, emitió una orden aún más restrictiva dirigida a los virreyes de los territorios italianos: debido a los abusos que se habían producido en la concesión de licencias de impresión de obras históricas por parte de los virreyes y sus ministros, Felipe IV revocó su facultad de conceder tales licencias sin haber informado previamente al soberano y obtenido su consentimiento expreso para la publicación134. Lo que alimentaba los temores del soberano quedó claro en 1654, cuando Felipe IV ordenó al Consejo de Castilla, al que el literato y jurista pugliese Paolo Antonio di Tarsia había solicitado permiso para imprimir una obra suya sobre los recientes disturbios en el Reino de Nápoles, que se lo negara y que, en caso de haberse concedido, requisara todas las copias del volumen. La motivación del rey católico se basaba en los inconvenientes para el servicio de la corona y la quietud de ese reino135.
No hay que olvidar que el infatigable De la Fuente, en 1654, consiguió hacerse con el borrador de un escrito de Galeazzo Gualdo Priorato relativo a los tratados de paz de 1648. El embajador manifestó al autor “el descredito que era para un Historiador estampar apartandose tanto de la verdad lo que estava tan en la memoria de los que vivimos”. Gualdo Priorato acababa de regresar desde París, donde el cardenal Mazzarino le había proporcionado materiales para su obra. Sin embargo, “profesando el escrivir con indiferencia” se dijo dispuesto a utilizar los documentos que De la Fuente le diera y a escribir “que la una Relazion era de Españoles y la otra de Franceses dejando al lector el juicio”. Las relaciones con Gualdo Priorato sirvieron al embajador en Venecia para instar al soberano sobre la posibilidad de facilitar documentos de estado a autores que no fueran súbditos de la Monarquía, pero que estuvieran dispuestos a publicar la “verdad”. La justificación de esta exigencia por parte del marqués es muy interesante:
si bien este genero de cosas no da ni quita Provincias, estableze tales conzetos en las de fuera que mereze aplicar el cuidado a procurar establezer lo cierto, o, por lo menos, que no corra sin contradicion la mentira136.
De todas formas, solo después de la paz de los Pirineos (1659), el rey católico llevó a cabo un nuevo intento de historia de su reinado. De hecho, quizás a principios de 1661, Felipe IV envió al Consejo de Castilla una orden, en la que declaraba que, por parte de ministros “celosos” de su servicio (¿don Luis de Haro?), se le había informado que
en el discurso de los años de mi reynado y Monarquia, que los escritores de naciones estrañas y mal affectas han publicado Historias del tiempo apartandose de la verdad en la relacion de los successos de mi corona, con offensa de reputacion de ella, y de la de mis subditos y naturales, que me han servido en paz y en guerra, y con ympugnacion ynjusta de los justos derechos con que poseo y me pertenezen los Reynos y estados de que se compone esta Monarquia; y siendo tan de mi real obligacion mantener la justicia de estos derechos, en el credito publico que siempre han merecido y se les debe, y que la historia de los varios successos con que Dios se ha servido de exercitar estos sus Reynos en quarenta años de mi reynado con una guerra de veynte y cynco años, con las mayores potencias de Europa por mar y tierra y dentro de España con las solebaciones de Cataluña y Portugal en que se ha resistido a tantos y tan poderosos enemigos hasta llegar al termino de la Paz, se escriva con sinzeridad de yntencion, y con verdad (que es lo que sobre todo deseo) sin que esta y la reputacion de las naciones y vasallos de mis coronas que con tanta fidelidad y valor me han servido, que expuesta o sujeta a la ympresion que puede hacer en la crehencia de esta edad, y la por venir la malignidad de los escritos contrarios, y que juntamente, y con la ocasion que la historia offreciere y sin salir del estilo y reglas de ella, se toque y establezca con la atencion y pesso que conviene la justicia de los titulos de mis Reynos137.
Las motivaciones expresadas por el rey católico volvían a tocar una serie de puntos dolorosos: el hecho de que, en cuarenta años de reinado, escritores extranjeros y poco afectos a la Monarquía habían escrito obras históricas no veraces, con grave daño a la reputación de la corona y de todos aquellos que la habían servido, y a los derechos del soberano respecto a la posesión de sus muchos estados. Había llegado el momento de hacer escribir una historia de la Monarquía con “sinzeridad de yntencion y con verdad”, para contrarrestar las malignidades de los adversarios, sin renunciar, sin embargo, al “estilo y reglas” de la escritura de la historia.
Para tal fin, Felipe IV comunicó al Consejo de Castilla su intención de confiar la tarea de escribir la historia de su reino a un “ministro” –por lo tanto, no a un escritor o historiador profesional– que, además de poseer “decencia del estilo, noticia y erudición”, fuera de plena confianza, para que se le pudieran entregar “los papeles y avisos reserbados de estado y guerra y los demás que para el asunto fueren menester”138. Otra cualidad que el soberano indicaba para el ministro en cuestión era el reconocimiento público de las competencias legales (“la satisfacción pública de letras legales”), necesario para razonar “con fundamento y circunspección en la justicia de las guerras y derechos de los Reinos”. A esto se añadía el poseer un cierto rango en el servicio real y gozar de crédito por “talento, entereza y doctrina”.
En realidad, no fue la Cámara de Castilla la que propuso el nombre a Felipe IV, sino el Consejo de Estado. Como destacó Bouza, en abril de 1661, el monarca confió la tarea al jurista y miembro del Consejo de Castilla Francisco Ramos del Manzano. El 9 de mayo, un decreto real eximió a Ramos del Manzano de la obligación de asistir a las reuniones del Consejo y le concedió pleno acceso a los documentos del mismo organismo para redactar la historia del reinado de Felipe $| \mathsf { V } ^ { 1 3 9 }$ . Al mismo tiempo, se envió una orden similar acerca de la entrega de documentos y materiales a los Consejos de Estado y de Guerra140.
Después de haber enseñado derecho en la Universidad de Salamanca durante diecisiete años, en 1645 Ramos del Manzano, gracias al apoyo del presidente del Consejo de Italia, el VI conde de Monterrey, fue destinado a presidir el Magistrado de las rentas extraordinarias del Estado de Milán, iniciando una brillante carrera al servicio de la corona. Regresado a la corte, en 1648 fue nombrado regente del Consejo de Italia para Milán y, tres años después, miembro del Consejo de Castilla. Su cercanía al valido y la estima del soberano hacia él pueden medirse por el hecho de que, junto a Luis de Haro, fue uno de los plenipotenciarios encargados de firmar la paz de los Pirineos141.
Erudito y agudo jurista, Ramos del Manzano se puso manos a la obra, aunque fue casi inmediatamente desviado por el otorgamiento del importante cargo de gobernador interino del Consejo de Indias, que ocupó entre finales de 1662 y 1664142. Gracias a Manuel Márquez de la Plata, contamos con una interesante carta de Ramos del Manzano a Felipe IV, fechada posiblemente entre 1663 y 1665, el año de la muerte del soberano, en la que informaba sobre el trabajo realizado. Ramos del Manzano había llevado a cabo una amplia revisión de los escritos en castellano, latín, francés e italiano sobre la historia de la Monarquía desde Felipe III en adelante, totalizando aproximadamente 40 volúmenes. Entre las obras de autores italianos destacan los nueve tomos publicados hasta ese momento del Mercurio de Vittorio Siri, así como las obras de Galeazzo Gualdo Priorato, Maiolino Bisaccioni, Pier Giovanni Capriata, Girolamo Brusoni y Emanuele Tesauro143. Una bonita paradoja, si tenemos en cuenta que estos escritores habían sido considerados no fiables durante varias décadas debido a su orientación filofrancesa, y que precisamente esa situación fue la razón por la cual el soberano y sus ministros habían intentado en varias ocasiones encargar una historia favorable a la Monarquía. Igualmente, en cierto sentido es paradójico, si se recuerda la polémica de Tamayo de Vargas, el hecho de que Ramos del Manzano recordara, como prueba adicional del uso de este tipo de información a nivel historiográfico, que
los Mercurios en lengua franzesa, / y los escriptos en la Española, y las demas / de empresas, y sucessos particulares, que / han de concurrir a formar el cuerpo de / la historia del Reynado de Vuestra Magestad.
Siempre atendiendo al mandato recibido, el ministro también se había dedicado al estudio sobre los justos derechos de los Reynos, Provincias, / y Estados de Vuestra Magestad, que se impugnan por / Escriptores de otras Naciones en diferentes libros, y papeles legales, y Politicos144.
Sin embargo, la lectura de tantos volúmenes no era suficiente para comenzar a escribir la historia solicitada por el soberano, a menos que se hubieran entregado los documentos solicitados a las secretarías de los Consejos y al Archivo de Simancas: evidentemente, las solicitudes de Ramos del Manzano habían quedado sin respuesta. Sin embargo, estos documentos eran esenciales, ya que proporcionarían el necesario “fundamento de autoridad y crédito a lo que se escribiera”. Un segundo punto que el jurista planteó a Felipe IV era la necesidad de saber en qué idioma debía escribir, si en latín o en castellano. Para ello, Ramos del Manzano indicó que había excelentes razones para ambas opciones: el idioma castellano,
el ser esta len-/gua de la Nacion donde Vuestra Magestad tiene la Corte, / y Silla de su Monarchia, a cuya rreputazion / parece conducir, que no se busque leng(u)a ex-/traña para escrivir su historia, como los / Romanos para las suyas no buscaron / la griega y antes rreprehendian escrivir / en ella y no en la latina, y como en España / la coronica general de ella, que se dispuso de orden del señor Rey Don Alonso el savio, fue / en la habla vulgar de aquella Era, y como / tambien se escrivio en Castellano la que / despues se encargó por los Señores Reyes Catho-/licos al Doctor Lorenzo Galindez de Carvajal / de su Consejo, y Camara y Catedrático de Prima de Salamanca.
A esas consideraciones, el ministro añadía que el idioma castellano sería leído por todos en España y por muchos fuera de ella, para quienes era una lengua común145.
A favor del uso del latín militaban razones de igual, si no mayor peso: numerosos eran los ejemplos de autores antiguos y modernos que habían utilizado dicha lengua, que además era “la mas comun y gene-/ral para entenderse, y corresponderse”. Lo que estaba escrito en dicha lengua común facilitaría la circulación del texto, al tener que responder a obras escritas en latín, italiano y francés. Además, dado que se trataría de temas históricos tan graves −la justicia de las guerras, los derechos de los reinos de la Monarquía y cuestiones de.
Estado− este era el idioma de la autoridad, no sujeto a la censura o a la circulación “vulgar” entre aquellos que no lo conocían. Otro elemento a favor del latín era el hecho de que, durante los cuarenta años de reinado de Felipe IV, había habido una gran cantidad de acontecimientos en los que la reputación de algunos, con o sin motivo, había sufrido mucho por el juicio común dentro y fuera de España. Según Ramos del Manzano, la primera obligación de la historia era la “Verdad de los / hechos, como quiera, que estos se rrefieran / con la circumspecion, y templanza” necesarias. Sin embargo, al escribirse en lengua vernácula, tal verdad podría resultar ofensiva para los interesados, aún más expuestos a la “ignorancia o malignidad de los juicios populares”. En su respuesta, Felipe IV confirmó haber dado ya las órdenes acerca de la entrega de los documentos solicitados por Ramos del Manzano y, sobre todo, ordenó que la obra debiese ser escrita tanto en latín, para ser comprendida universalmente, como en castellano, dada su utilidad146.
No se conocen otros aspectos sobre la actividad del jurista en la escritura de la historia del reinado de Felipe IV. La muerte del soberano en 1665 vio, de hecho, a Ramos del Manzano ascender al rol de maestro de Carlos II de Austria (1667) y de miembro del Consejo de Cámara147, viéndose también involucrado como jurista en la oposición a las reclamaciones de Francia sobre la herencia de María Teresa de Austria148.
6. Consideraciones finales.
El escenario que la correspondencia del marqués de la Fuente con Felipe IV ha permitido delinear representa sin duda una parte de un mosaico más amplio, aún por reconstruir en su totalidad. A primera vista, parecería confirmar el juicio de aquellos que, siguiendo la evaluación de Croce149, se han limitado a constatar que el mundo de los historiadores estaba caracterizado por un continuo equilibrio entre corrupción, presiones políticas y deseo de fama y éxito económico. Sin duda, esta relación de los historiadores italianos con el mercado editorial y político de la época fue un hecho. Al igual que muchos otros hombres de su tiempo, eran muy sensibles al binomio de “onore” y “utile”, independientemente de su origen. En este sentido, los ministros de la corona francesa supieron actuar con gran pragmatismo y desinhibición, no escatimando en títulos y dinero a los escritores franceses e italianos que aseguraran el mayor éxito de la propaganda histórica en la escena editorial. Desde el cardenal Richelieu y Giulio Mazzarino hasta Jean-Baptiste Colbert, el ejercicio del patronazgo hacia los historiadores fue un componente esencial de la política cultural de los ministros favoritos franceses150. Esto, además, sin ilusiones sobre lo que estaban comprando. Es muy elocuente el testimonio del cardenal Mazzarino que, en octubre de 1648, escribiendo a Giannettino Giustiniani, se expresó con extrema claridad:
Tiene razón V. E. en que con esta suerte de personas que se dedican a escribir historias, más no la verdad, se necesitan regalos, y si no tuviera tantas cosas en la cabeza, no habría descuidado esta diligencia. Pero lo bueno es que, si los españoles con seiscientos escudos han hecho cambiar seis hojas, aún estaremos a tiempo de que cambien seis más con nuestro dinero151.
La situación en la corte de Madrid era considerablemente diferente. Los esfuerzos de Felipe IV, el conde duque de Olivares y varios ministros importantes en estos ámbitos se caracterizaban no solo por la necesidad de disponer de material para la propaganda, sino también por la conciencia de la importancia y utilidad del conocimiento del pasado como base para la acción política en el presente. Sin embargo, a este profundo interés por el estudio del pasado no correspondió una inversión de recursos, tanto materiales como inmateriales, capaz de competir con la capacidad de los ministros franceses para establecer vínculos efectivos y sólidos con los historiadores italianos más exitosos. Estos, no sin razón, eran vistos en Madrid con gran desconfianza debido a sus múltiples lealtades y a sus actividades, siempre en la intersección entre información, espionaje y chantaje, lo que impedía que los numerosos contactos con ellos establecieran acuerdos y resultados concretos.
Ante la imposibilidad de contar con autores de renombre, dispuestos −ya sea por convicción o por dinero− a escribir sobre los acontecimientos recientes desde una perspectiva favorable a la Monarquía, en contraste con las numerosas obras de orientación filofrancesa, los ministros del rey católico terminaron por intensificar las prácticas censoras en la Península Ibérica. El problema no era nuevo: ya en el siglo XVI se había señalado y criticado la ausencia de una historiografía sobre las empresas ibéricas152. Desde esta perspectiva, no es sorprendente que se intentara establecer un “control” sobre la historiografía a los niveles más altos del gobierno de la Monarquía, como el del Consejo de Estado, que se sumaba al tradicional del Consejo de Castilla. Es difícil decir cuáles fueron los resultados concretos de este intento.
A nivel de circulación de los libros, el resultado efectivo de tal política queda claramente reflejado en los libros mencionados por Francisco Ramos del Manzano. Llamado por el rey católico a un nuevo intento de escribir la historia de su largo reinado, el jurista afirmó tranquilamente haber revisado todas las obras de esos autores filofranceses y de gran éxito (Siri, Birago Avogadro, Gualdo Priorato y otros) que debería contrarrestar.
También hay que recordar que los inventarios de las bibliotecas de Ramírez de Prado y del VI marqués del Carpio no son nada más que una señal de la amplia difusión en los reinos ibéricos de las obras de Siri, Birago Avogadro, Gualdo Priorato y otros autores considerados antiespañoles. Hecho que se pudiera interpretar como un triunfo del mercado del libro de moda sobre la voluntad demasiado tímida del soberano y de sus ministros de hacer escribir una historia oficial de la Monarquía. Casi como si no quisieran ensuciarse demasiado las manos a la hora de promover obras históricas de alcance internacional que satisficieran el gusto de un público poco refinado, más ávido de novedades que de “verdades” históricas.
En segundo lugar, el hecho mismo de que Ramos del Manzano hubiera sido escogido por sus competencias jurídicas −además de ser un ministro experimentado que gozaba de la confianza del rey− era una señal evidente de una creciente intersección entre historia y derecho vinculada a la necesidad de proteger las prerrogativas de la dinastía de los Austrias frente a la intensa competencia de los Borbones. Con la falta de la escritura de la historia por parte de Ramos del Manzano, el fracaso de los intentos por hacer de la Monarquía española una potencia también en el ámbito de las narraciones historiográficas era ya evidente153.
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