Moneda, privilegio e impuesto: La Diputación de Aragón y la ruta imperial de los metales preciosos (1516-98) 1.
José Antonio Mateos Royo2.
Recibido: 30 de junio de 2019 / Aceptado: 1 de abril de 2020.
Resumen. A través del caso estudiado, este artículo demuestra que instituciones regionales y reales podían pactar en territorios forales medidas que facilitasen la construcción del Estado fiscal y el funcionamiento de los mercados en la España Moderna. Aunque esta política contradecía las leyes del reino y reducía sus ingresos, la Diputación de Aragón permitió a la monarquía hispánica trasladar sus bienes libres de aranceles a través de este reino entre 1516 y 1598. La monarquía pudo enviar monedas de oro y plata a Italia para sus actividades militares y diplomáticas en Europa a menor coste, incrementando así los flujos monetarios en este continente. A cambio, la Diputación pidió a la monarquía no avalar propiedades de mercaderes, nobles y clérigos como bienes reales. Este acuerdo permitió a la Diputación fijar controles más estrictos para acabar con estos fraudes de particulares, especialmente desde 1566. Sin embargo, el decreciente poder de la Diputación y menor colaboración de la monarquía redujo estos controles y estimuló los fraudes durante la última década del siglo XVI.
Palabras clave: impuesto; moneda; monarquía; instituciones regionales; Aragón; siglo XVI.
[en] Coins, privileges and taxes: The Diputación of Aragon and the imperial route of precious metals (1516-98)
Abstract. Through one case study, this article shows that regional and royal institutions could agree in historic territories some measures that did help the building of the fiscal State and the operation of markets in early modern Spain. Although this policy was against regional laws and reduced its incomes, the Diputación of Aragon allowed the Spanish monarchy the tariff-free transit of its assets through this kingdom between 1516 and 1598. The monarchy could send gold and silver coins to Italy in order to finance its military and diplomatic activities in Europe at lower cost, thus increasing monetary flows in this continent. In return, the Diputación asked the monarchy not to endorse properties of merchants, clergymen or nobles as royal assets. This agreement allowed the Diputación to set up stricter controls regarding royal assets in order to suppress these frauds from particulars, especially since 1566. However, the decreasing power of the Diputación and lesser cooperation of the monarchy reduced these controls and prompted frauds during the last decade of the $1 6 ^ { \mathrm { t h } }$ century.
Key words: tax; coin; monarchy; regional institutions; Aragon; sixteenth century.
Sumario: 1. El reinado de Carlos V (1516-56), 2. El reinado de Felipe II (1556-98), 3. Conclusiones, Fuentes y bibliografía.
Cómo citar: Mateos Royo, J. A., Moneda, privilegio e impuesto: la Diputación de Aragón y la ruta imperial de los metales preciosos (1516-98), en Cuadernos de Historia Moderna 45(1), 111-132.
Mediante el estudio del caso tratado, este artículo contribuye al debate abierto sobre la incidencia de la fragmentación jurisdiccional en la eficacia del Estado fiscal y la integración de mercados en la España Moderna, valorando las aportaciones tanto de economistas como de historiadores de las instituciones sobre el tema. Frente a teóricos de la Nueva Economía Institucional como North, quien consideró al Estado español como absolutista o fiscalmente depredador a imagen del francés3 , Grafe ha destacado en fechas recientes su incapacidad para imponerse a poderosos grupos locales y regionales, amparados en su autonomía política y legal. Esta debilidad obligó a la monarquía de los Austrias durante los siglos XVI y XVII a moderar sus ingresos en los territorios forales (País Vasco, Navarra, Corona de Aragón) e incluso abandonar reformas mercantilistas bien diseñadas para preservar la fidelidad de estos grupos a la Corona4 . Mantenida bajo la más centralizadora administración borbónica durante el siglo XVIII, la fuerte fragmentación jurisdiccional propia de este “Estado policéntrico” dificultó – siguiendo la argumentación de Epstein– la coordinación fiscal y normativa entre los mercados locales y lastró su eficiencia e integración a nivel regional y nacional5 . Sin negar los conflictos, estudios políticos y jurídicos sobre la monarquía hispánica habían ya señalado que instituciones reales y forales podían alcanzar consensos6 . Este artículo añade que, bien favorecidos por ciertas circunstancias o impuestos por la necesidad, algunos acuerdos podían facilitar la construcción del Estado fiscal y el funcionamiento de los mercados en la España Moderna en vez de erigirse en sus obstáculos.
Frente a la atención preferente prestada al Estado español como creador de un gran Imperio por parte de la historiografía, esta revisión requiere conocer los intereses de las elites regionales, que solían manifestarse en los territorios forales en la actuación de instituciones que allí retenían competencias legislativas y administrativas propias. Impulsada por los sentimientos nacionalistas emergentes en diversas regiones de España durante las décadas de 1970 y 1980, una duradera corriente historiográfica subrayó el enfrentamiento de las instituciones forales con las reales en los siglos XVI y XVII para defender tanto privilegios políticos y legales asociados a la identidad del territorio como los intereses de sus elites7 . Otra línea historiográfica nacida hacia 1990 y vigente en la actualidad estudió la implantación de la política estatal en el Imperio español mediante la creación de redes clientelares de agentes reales, que intentaron introducirse e influir en estas y otras muchas instituciones8 . Caso de tener que aplastar rebeliones contra su autoridad en estos territorios –Aragón en 1591, Cataluña en $1 6 4 0 { - } 5 2 { - } ^ { 9 }$ , la monarquía reducía el poder de estas instituciones forales recortando sus competencias y designando a sus miembros10, o integraba a las elites en la administración estatal para evitar nuevas revueltas11. Al concebir la construcción estatal como relaciones de poder entre centro y periferia políticos, ambas líneas historiográficas consideraron que las cesiones fiscales y jurisdiccionales fluían desde el territorio foral hacia el Estado, quien concedía a su vez cargos y honores a las elites regionales que las habían favorecido12. Pese a la utilidad de este esquema al analizar asuntos tratados entre monarquía y elites a corto plazo como los servicios votados en Cortes, su simplicidad ha dificultado la comprensión de otras negociaciones sobre políticas econó- micas relevantes en el largo plazo, ocluido las medidas regionales planteadas frente a las estatales e impedido así valorar su eficacia.
Sobre esta base, el presente artículo estudia la política aplicada por la Diputación de Aragón durante los reinados de Carlos V (1516-56) y Felipe II (1556-98) a los flujos de moneda, metales preciosos y otras mercancías en tránsito propiedad de la monarquía hispánica. Estas directrices asumían la inserción de Aragón, reino caracterizado durante la Baja Edad Media por una endémica escasez de moneda, en las vías comerciales y financieras gestadas en el siglo XVI que drenaban desde Castilla hacia el resto de Europa las piezas acuñadas con el oro y la plata extraídos en las minas americanas. Y el papel ejercido por dichas monedas y mercancías para asegurar la supremacía política y militar de dicha monarquía en este continente. Frente al énfasis en la circulación de moneda real como un problema financiero, mayoritario entre la historiografía española, este estudio lo replantea como un problema fiscal –si bien sus soluciones podían verse influidas por intereses financieros– en el Nordeste español: allí donde la ruta imperial del oro y la plata atravesaba territorios que contaban con instituciones forales, dotadas de políticas fiscales, comerciales y monetarias propias, distintas a la estatal.
La elección de la Diputación de Aragón como observatorio privilegiado de la política regional sobre este tema no sólo deriva de la calidad de sus fuentes, sino de sus amplias atribuciones políticas y administrativas, gestadas ya en el siglo $\mathrm { X V } ^ { 1 3 }$ . Tras aprobar su creación en 1364 para recaudar servicios reales, las Cortes aragonesas de 1436, 1461 y 1467 le encomendaron la representación del reino y salvaguarda de sus leyes, pacificación y defensa. Desde 1436, agrupaba a dos diputados por cada estamento representado en dichas Cortes: alta nobleza, baja nobleza, clero y ciudadanos. El predominio de los grupos privilegiados entre sus ocho miembros rectores aseguró así la salvaguarda de los intereses de las elites frente al poder de la monarquía. Desde 1446, eran elegidos cada año por sorteo entre una lista de aspirantes confeccionada por los diputados y revisada por las Cortes. Pese a sus limitadas competencias militares, financieras y jurídicas, el elevado poder político de la Diputación contó en el siglo XVI con diversas ventajas. Asociada a las ideas de reino, nación, bien común y respeto a los fueros ya desde el siglo XV, presentaba su gestión como útil al conjunto del reino. A la vez que ganó autonomía para nombrar a sus miembros, mantuvo cierta influencia en la designación de cargos en instituciones reales o del reino. Disponía de sustanciales ingresos, superiores a los disponibles para la hacienda real en Aragón: basados en los aranceles cobrados en las fronteras, crecieron con gran fuerza en el segundo tercio del siglo XVI impulsados por el dinamismo comercial14. Sólo equiparable en la Corona de Aragón a su homóloga en Cataluña15, este poder político erigió a la Diputación de Aragón en nexo principal entre rey y reino. Al emanar su autoridad de las Cortes, se convirtió en la interlocutora esencial de la monarquía para resolver el tema aquí tratado.
1. El reinado de Carlos V (1516-56)
1.1.  La definición de las exenciones arancelarias de la monarquía.
Durante el reinado de Carlos V, primer rey de Aragón perteneciente a la casa de Austria, la Diputación tuvo que abordar el tratamiento fiscal dispensado a mercancías y dineros que pertenecían al monarca o a particulares a quienes este quería favorecer, avalándolos como bienes reales. Como se verá, su gestión obvió a menudo la aplicación estricta de las leyes aprobadas por las Cortes aragonesas para favorecer acuerdos con la monarquía en diversas materias. Única gestora de los derechos aduaneros, negociaba soluciones con sus arrendatarios y decidía en conflictos sobre la imposición de aranceles a bienes reales, incluso siendo parte implicada. Sus sentencias y acuerdos en litigios entre arrendatarios, particulares y la Diputación fueron considerados ley entre 1519 y 1535. Sólo a partir de este año, los arrendatarios elevaron excepcionalmente agravios antes las Cortes o pleitos ante la Corte del Justicia de.
Aragón, principal tribunal garante de los fueros aragoneses, en especial en pleitos entre la monarquía y sus súbditos16.
Prueba de la importancia del tema, ya las primeras Cortes aragonesas del reinado de Carlos V determinaron en 1519 mediante un acto de corte que los miembros de la familia real (los reyes, sus hermanos, hijos y nietos) no pagarían aranceles de entrada y salida por sus joyas, vestidos, dineros y otras mercancías destinadas a su propio servicio sólo si dichas personas transitaban con estas a través del reino. De no ser así, debían abonar los derechos aduaneros, como era tradición en Aragón17. No obstante, según se procedía con monarcas de la dinastía Trastámara como Fernando el Católi$\mathsf { c o } ^ { 1 8 }$ , la Diputación compensó a los arrendatarios de derechos aduaneros por los tributos no cobrados sobre estos bienes obviando este requisito, según se recoge en su contabilidad entre 1522 y 1536 –véase la tabla $1 -$ . Costeó de igual modo los que recaían sobre regalos que la casa de Austria intercambiaba con reyes, personalidades e instituciones políticas europeas, como los caballos remitidos por representantes del reino de Nápoles a Carlos V en $1 5 2 2 ^ { 1 9 }$ . Y sufragó los ligados a otras mercancías consideradas propiedad del monarca, como los suministros militares –la artillería es citada en $1 5 3 0 \mathrm { - }$ , desplazados para su utilización en Aragón o en tránsito hacia otros territorios20.
La monarquía intentó extender esta exención tributaria a los bienes de particulares que tomaba bajo su protección. La Diputación informó así a Carlos V en septiembre de 1525 mediante una embajada de que había rechazado cédulas de tránsito con su firma por contravenir el acto de corte de 1519, al tiempo que obedecido aquellas ajustadas a derecho21. No obstante, pagó las tasas aduaneras que recaían sobre algunas personas de relieve político y su séquito –véase la tabla 1–. Así sucedió en 1522 con Adriano de Utrecht al atravesar Aragón con su Corte camino de Roma tras haber sido elegido papa, ya que su condición no le eximía de aranceles en Aragón, a diferencia de Cataluña. Los reyes de Francia y Portugal, los embajadores de Rusia, algunos nobles franceses y varios capitanes reales lograron en 1527 eludir el pago, gracias a unas cartas firmadas por Carlos V que calificaban sus pertenencias como bienes reales. Según se obró con la visita de Carlos V en 1528, todo el séquito que acompañó a la emperatriz Isabel de Portugal hasta Monzón para presidir las Cortes aragonesas en 1533 resultó exento. La Diputación compensó a los arrendatarios de los derechos aduaneros en los tres casos con 90.000, 56.965 y 64.000 sueldos, sumas estimadas en ocasiones por árbitros22.
Tabla 1. Valor de las exenciones aduaneras sobre mercancías y dinero en tránsito en Aragón
concedidas por la Diputación (1521-36).

EN SUELDOS JAQUESES
Periodo	Propiedad real	Propiedad particular	Total
Enero-diciembre 1521	0	0	0
Enero-noviembre 1522	24.414,25	90.000	114.414,25
Diciembre 1522-mayo 1523	22.069,25	0	22.069,25
Junio 1523-mayo 11524	28.156,75	0	28.156,75
Junio 1524-mayo 1525	117.483,66	0	117.483,66
Junio 1525-mayo 1526	59.300,5	0	59.300,5
Junio 1526-mayo 1527	6.415	56.965	63.380
Junio 1529-mayo 1530	228.977,25	0	228.977,25
Enero1531-mayo11532	84.491	0	84.491
Enero1532-mayo 1533	109.932	64.000	173.932
Junio 1533-diciembre 1533	22.055	0	22.055
Enero 1534-mayo 1535	26.382,5	0	26.382,5
Junio 1535-mayo 1536	34.626,83	0	34.626,83

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Fuentes: ADPZ, ADR: Ms. 115, fo. 108r-110r, Ms. 117, fo. 135r-137r, Ms. 120, fo. 82r-84r, Ms. 124, fo. 113r, 127r-129r, Ms. 129, fo. 150r-154r y CDR, Ms. 116, fo. 180v, 181v, Ms. 122, fo. 174r, Ms. 130, fo. 179r, Ms. 133, fo. 176r, Ms.134, fo. 178r, Ms. 138, fo. 171r, Ms. 142, fo. 180r. Nota: A raíz de la adopción del peso y ley vigentes en Castilla en las acuñaciones de monedas de oro y plata realizadas en Aragón decretada por las Cortes de 1519 y 1528, el sueldo jaqués utilizado como moneda de cuenta pasó a equivaler a medio real castellano o aragonés.
Si bien la Diputación consideró estos pagos como atenciones hacia la monarquía hispánica o los particulares exentos, su utilización regular dañaba a la hacienda del reino y su concesión a extranjeros indignaba a los regnícolas por cuanto las leyes aragonesas estipulaban que toda persona debía pagar derechos aduaneros, salvo la familia real en las condiciones fijadas en 1519. Por este motivo, un acto de corte aprobado en 1533 precisó que tanto oficiales, domésticos y criados reales como príncipes, embajadores, nobles y eclesiásticos regulares y seculares debían pagar aranceles por sus bienes, aunque se hallasen al servicio del monarca23. Su promulgación facilitó la contención de la defraudación. En 1535, la Diputación aceptó ante Carlos V eximir los bienes de la familia real sin revisarlos; pero no así los de los cortesanos y mercaderes que lo acompañaron a las Cortes de Monzón ese año24. En agosto de 1538, al rehusar nobles y embajadores extranjeros pagar aranceles por ignorar las leyes del reino o llevar cédulas reales de paso que impedían el examen de sus bienes, la Diputación envió a un delegado para obligarles con educación a declarar sus bienes y abonar estos impuestos25.
La Diputación frenó asimismo las evasiones fiscales de algunos comerciantes antes de que estas prácticas se generalizasen y mermasen gravemente sus ingresos. Estos utilizaron en 1529 cédulas reales de libre tránsito para enviar telas de calidad –sedas, brocados, tejidos de oro y plata– desde la Corte real en Castilla hasta Barcelona libres de derechos. Tras asesorarse por letrados, la Diputación embargó estos tejidos en julio de 1529, argumentando su proceder ante Carlos V ese mismo mes y la emperatriz Isabel en marzo de $1 5 3 0 ^ { 2 6 }$ . Este problema se reprodujo ocasionalmente, sobre todo al visitar la Corte Aragón: en 1542, ciertos mercaderes recurrieron a estas cédulas reales para vender telas a criados de la casa real en Monzón durante las reuniones de Cortes27.
Con estas actuaciones, la Diputación satisfacía las demandas de los arrendatarios de derechos aduaneros, burgueses dedicados a actividades mercantiles bien integrados en el concejo zaragozano y que practicaban uniones matrimoniales con la baja nobleza; pero que carecían de vínculos con la monarquía y raras veces lograban adquirir señoríos. Algunos miembros de las familias más acomodadas –Torrero, Zaporta, Funes– ejercieron varias veces este cargo, en solitario o asociados: desde tres hasta siete trienios28. Único prestamista conocido de la monarquía, ennoblecido por Carlos V en 1542, el mercader zaragozano Gabriel Zaporta reclamó a la Diputación ante el Justicia de Aragón durante las Cortes de 1552 más de 20.000 ducados (440.000 sueldos jaqueses) por los aranceles impagados en 1548 por el cardenal de Trento y otros miembros del séquito de Fernando I, rey de Bohemia y Hungría, archiduque de Austria y hermano de Carlos V. La solución aprobada por las Cortes, acordada previamente por una comisión formada por miembros de sus cuatro brazos, respaldó a la Diputación: un acto de corte le confió fijar una compensación máxima de 34.000 sueldos, la suma que la Diputación ya había ofrecido a Zaporta para renunciar al pleito29.
1.2. El tránsito de moneda real.
Política arancelaria común en Europa, la entrada de piezas de oro y plata se hallaba libre de aranceles en Aragón para favorecer su circulación. Esta medida se extendió a la plata y al oro en barras o lingotes por las Cortes en 1519 y la Diputación en 1536, respectivamente, para facilitar la acuñación de moneda con estos metales30. A diferencia del arancel del $5 \%$ aplicado en Cataluña a la salida de monedas de ambas calidades31, la exportación de piezas de plata y florines de oro estaba exenta en Aragón y la de ducados y escudos sólo pagaba un arancel del $2 { , } 5 \%$ durante el siglo $\mathrm { X V I } ^ { 3 2 }$ . Ya vigente a mediados del siglo XV al carecer el reino de acuñaciones autóctonas y utilizarse piezas de oro y plata fabricadas en otros territorios de la Corona de Ara$\mathrm { g o n } ^ { 3 3 }$ , esta política arancelaria se vio completada con la adopción del peso y ley utilizados en Castilla en los reales, ducados y escudos aragoneses decretada por las Cortes en 1519, 1528 y $1 5 6 4 ^ { 3 4 }$ . Iniciada bajo los reinados de Juan II y Fernando el Católico (1458-1516), esta asimilación facilitó el uso de piezas castellanas y mejoró así la oferta monetaria de oro y plata en Aragón durante el siglo XVI sin realizar grandes emisiones de moneda, lastradas por el desinterés de la monarquía al verse privada de señoreaje35. Condicionada por el déficit de la balanza comercial de Castilla y los empréstitos de la monarquía hispánica36, que drenaban las piezas de oro y plata allí acuñadas hacia otros territorios europeos, su circulación por Aragón difirió sustancialmente. Si la escasez de moneda de oro ya detectada en los años cuarenta forzó a la Diputación a prohibir su exportación a Francia y el Bearn durante las tres últimas décadas del siglo $\mathrm { X V I } ^ { 3 7 }$ , el mercado aragonés dispuso de un buen suministro de reales entre 1516 y $1 5 9 8 ^ { 3 8 }$ .
Pese a esta moderación arancelaria, la decisión de Carlos V de enviar ducados de oro desde Castilla a Barcelona a través de Aragón entre 1521 y 1529 para costear la guerra con Francia –véase la tabla $2 -$ abrió una segunda disputa fiscal con la Diputación. En los años iniciales, estas remesas eran modestas y no rebasaban Cataluña: todo el dinero registrado por la Diputación entre diciembre de 1522 y mayo de 1525 fue remitido así a Perpiñán para la defensa del Rosellón39. La prolongación del conflicto propició el aumento de las remesas y ya en 1528 la extensión de su camino hasta Italia, ruta utilizada con regularidad durante una década. Su puerto de llegada preferente sería Génova, donde la alianza con el almirante Andrea Doria había facilitado a Carlos V ese mismo año ampliar los préstamos solicitados a sus banqueros40.
Forzada a pagar mayores compensaciones a los arrendatarios de los derechos aduaneros conforme crecían las remesas enviadas a Barcelona, la Diputación elevó sus quejas a Carlos V en vano: pese a denunciar la remisión de 270.000 ducados entre mayo y fines de julio de 1529 con cédulas firmadas por Isabel de Portugal, comprobó que otros 149.858 ducados más fueron enviados entre agosto de 1529 y mayo de $\bar { 1 } 5 3 0 ^ { 4 1 }$ . En 1529 y 1530, constató que las cédulas suscritas por el emperador y la emperatriz no solo avalaban moneda real, sino otra perteneciente a caballeros y otros particulares42. Sus misivas a la pareja imperial en 1529, 1530, 1535 y 1536 indicaron que las pérdidas ocasionadas a la hacienda del reino dificultaban el abono de salarios de sus oficiales, pensiones de su deuda censal y su contribución a los servicios reales43.
Tabla 2. Dinero de propiedad real en tránsito por Aragón (1521-33).

EN DUCADOS CASTELLANOS
Periodo	Cuantia
Enero-diciembre 1521	0
Enero-noviembre 1522	0
Diciembre 1522-mayo 1523	10.535
Junio 1523-mayo 1524	25.800
Junio 1524-mayo 1525	113.984
Junio 1526-mayo 1527	0
Junio 1529-mayo 1530	299.558
Enero 1531-mayo 1532	153.620
Junio 1533-diciembre 1533	40.100

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Fuentes: ADPZ, ADR: Ms. 115, fo. 108r-110r, Ms 117, fo. 135r-137r, Ms. 120, fo. $8 2 \mathrm { r } { - } 8 4 \mathrm { r } ,$ Ms. 124, fo. 113r, 127r-129r, Ms. 129, fo. 150r-154r, Ms. 143, fo. 13v-14r; CDR, Ms.134, fo. 178r, Ms. 138, fo. 171r.
En la primavera de 1535, los arrendatarios de derechos aduaneros iniciaron un pleito contra la Diputación ante la Corte del Justicia de Aragón para reclamar los impuestos debidos por la moneda y pertrechos remitidos desde Castilla a Barcelona para abastecer la armada imperial preparada para la conquista de Túnez. Antes de partir con su flota, Carlos V pidió a fines de mayo a la Diputación que entregase a Juan de Nueros, abogado fiscal del rey en Aragón, una carta donde le ordenaba defender sus intereses en este litigio según los datos que dicha institución le aportase44, cooperación que facilitó futuras soluciones a las restricciones impuestas por las leyes aragonesas. Presionado por dicho pleito, Carlos V ordenó a la emperatriz Isabel que enviase los lingotes de oro y plata que necesitaba desde Sevilla a Barcelona a través del reino de Valencia en vez de Aragón, como en principio se había trazado45. En sus cartas a la emperatriz y al Consejo real en julio de 1535, la Diputación aconsejó esta ruta para toda moneda o lingote por remitir a Barcelona, dado que los bienes reales no pagaban aranceles en Valencia. Según sus cálculos, los 90.000 ducados anuales que cruzaban Aragón para financiar al almirante genovés Andrea Doria generaban derechos aduaneros cifrados en 1.000 ducados46. El desvío de las remesas reales por Valencia aliviaría a la hacienda del reino, ya endeudada en 14.000 ducados (308.000 sueldos jaqueses) por costear estos aranceles desde inicios del reinado de Carlos V. Por último, suplicó al emperador que ordenase a los secretarios reales restringir estas cédulas a sus propiedades sin incluir ropas de mercaderes y miembros de la Corte, por más que estos lo abrumasen a peticiones47.
Pese a sus frecuentes quejas, la moderada cuantía de las indemnizaciones propició la colaboración de la Diputación48. La decisión imperial de remitir piezas de oro por Aragón hacia Barcelona y Génova, vital para financiar la campaña de Túnez de 1535-36 y la guerra contra Francia en 1536-38, pudo así prevalecer sin trabas. Si ya en agosto de 1532 la Diputación rebajó los aranceles sobre ducados y escudos propiedad del rey a un $1 { , } 2 5 \%$ en el contrato de derechos aduaneros aplicable entre 1534 y 1536, al arrendarlos en mayo de 1536 para el trienio 1537-39 eximió de aranceles todos los bienes reales, práctica continuada en todos los contratos cerrados en el siglo $\mathrm { X V I ^ { 4 9 } }$ . Tras comunicar a Carlos V en mayo de 1536 esta decisión, solicitó de nuevo que parte de las remesas fueran enviadas desde Castilla a Barcelona a través de Valencia y las cédulas reales de libre tránsito se limitasen a avalar la verdadera hacienda real50. Concluidas las campañas contra Francia, el Imperio otomano y los piratas berberiscos, al tiempo que Carlos V recurrió menos a los banqueros genoveses por el alto coste de sus préstamos entre 1542 y $1 5 5 2 ^ { 5 1 }$ , el tránsito de remesas por Aragón y los conflictos entre la monarquía y la Diputación remitieron en los años cuarenta y cincuenta del siglo $\mathrm { X V I } ^ { 5 2 }$ .
El arreglo alcanzado en 1536 colocaba a la Diputación en una situación difícil por cuanto los contratos de arriendo firmados obviaban la legislación aragonesa. El fuero De iuribus generalitatum regni, aprobado por las Cortes aragonesas de 1547, permitió salvar este obstáculo legal al disponer que todo bien de propio uso no pagase arancel, incluso si quien lo entrase o sacase del reino no se hubiese servido de este, siempre que jurase ser de su propiedad53. En adelante, toda moneda y mercancía propiedad del monarca será presentada como bien de su propio uso ante las aduanas del reino. Esta reforma tenía como precedente una ley votada por las Cortes catalanas en 1537 que declaró las ropas, moneda y ciertas mercancías del rey como bienes de propio uso, consideración extendida en 1555 a los suministros del ejército y la armada reales54. Hábilmente, el fuero aragonés de 1547 eximía a todo viajero natural o extranjero del arancel sin la obligación de probar el uso previo de estos bienes, lo que facilitó el apoyo de amplios grupos sociales. A diferencia de las leyes votadas (1547, 1585, 1599) y discusiones sostenidas (1564) por las Cortes catalanas para evitar los fraudes asociados a estas exenciones55, las Cortes aragonesas no aprobaron ninguna legislación adicional durante el resto del siglo XVI: la ejecución del fuero de 1547 quedó al arbitrio de la Diputación, junto con las medidas para frenar los abusos.
2. El reinado de Felipe II (1556-98)
2.1.  Mercancías reales y exenciones a particulares.
Fijadas las condiciones sobre el paso de moneda y mercancías reales bajo Carlos V, la Diputación estableció durante el reinado de Felipe II métodos de control más estrictos que evitasen las defraudaciones de particulares, en su mayoría nobles o mercaderes. Buscaba así incrementar sus ingresos al garantizar a los usufructuarios de los derechos aduaneros una menor evasión fiscal: estos ingresos aumentaron con fuerza entre 1537 y 1569; pero sufrieron una evolución decreciente con altibajos durante las tres décadas siguientes conforme el dinamismo comercial vivido en Aragón durante el segundo tercio del siglo XVI se estancó en el último56. A diferencia de las Diputaciones de Cataluña y Valencia, que gravaban la producción textil y adoptaban aranceles más bajos –por lo común, un $1 , 7 \%$ y $3 , 7 5 \%$ del valor de la mercancía–, la Diputación de Aragón impuso aranceles más elevados –un $5 \%$ era el más usual– por cuanto sus ingresos dependían por entero de la recaudación de tasas aduaneras57.
La Diputación supeditó a veces este control a la conveniencia política, siempre consciente del sacrificio económico que entrañaba y su carácter excepcional impuesto por el marco legal. Tras entregar 81.290 sueldos en marzo de 1561 a los arrendatarios de los derechos aduaneros por obsequios remitidos a Felipe II por el papa Pío $\mathrm { I V ^ { 5 8 } }$ , la Diputación estipuló en los contratos de arriendo de estos derechos en vigor entre 1564 y 1599 que sus usufructuarios renunciaban a toda compensación por aranceles sobre bienes de la Santa Sede59. Por el contrario, ciertos privilegios requeridos por miembros de dinastías extranjeras fueron moderados por la Diputación, incluso si estos estaban emparentados con la casa real española. Si bien concedió a Felipe II en noviembre de 1568 que el archiduque Carlos de Austria era nieto de la reina Juana para eximirle de abonar aranceles, informó al monarca de que todo su séquito sí debía pagarlos60.
Felipe II presionó para que la Corte real y sus invitados extranjeros disfrutasen de exenciones fiscales al visitar Aragón. Un buen ejemplo es el viaje realizado en 1585 para celebrar en Zaragoza en marzo el matrimonio de su hija Catalina Micaela con Carlos Manuel I, duque de Saboya, y presidir las Cortes de Monzón en mayo y junio. Ya en noviembre de 1584 Felipe II solicitó a la Diputación que Amadeo de Saboya, al ser su sobrino político como hermano de Carlos Manuel, fuera dispensado de aranceles junto con su séquito. El abogado fiscal del rey Juan Pérez de Nueros reclamó con éxito en enero de 1585 a la Diputación aplicar el fuero de 1547 sobre los bienes de propio uso al cortejo que acompañó al monarca a Aragón ese año61. Deseosa de congraciarse con Felipe II tras sofocar este la rebelión fuerista en 1591, la Diputación eximió a la Corte que le acompañó a Tarazona para celebrar allí Cortes en $1 \bar { 5 } 9 2 ^ { 6 2 }$ .
Frente a esta tolerancia con la Corte real para favorecer su presencia en Aragón, los controles sobre los bienes remitidos o recibidos por la monarquía hispánica se intensificaron: al margen de pertrechos militares63, solían consistir en regalos –joyas, obras de arte– intercambiados con miembros de otras casas reales y nobiliarias sitas en Francia, Austria e Italia o podían formar parte del equipaje de la familia real si viajaba por Ara$\mathrm { g o n } ^ { 6 4 }$ . En julio de 1566, la Diputación solicitó a Felipe II que todas las propiedades reales procedentes de Castilla que cruzasen Aragón viniesen acompañadas de sus cé- dulas reales, las cuales fueron recogidas en las Actas de esta institución conservadas entre 1568 y 1588. Según la costumbre, los embajadores y virreyes debían aportar una relación detallada de los objetos de valor remitidos desde el extranjero. Estas precauciones agilizarían los trámites de inspección y evitarían demoras65. En marzo de 1573, transmitió al monarca su disgusto porque cartas y paquetes a nombre del monarca iban destinados a particulares de su Corte incluyendo joyas o dinero, según se demostró al abrirlas. Por este motivo, le pidió que ordenase a sus embajadores y virreyes no realizar nuevos envíos semejantes, así como firmar de su puño y letra toda cédula que avalase bienes en tránsito pertenecientes a miembros de la casa real66.
La mayor debilidad política de la Diputación ante la monarquía hispánica tras su incapacidad para aplacar la rebelión fuerista que estalló en Aragón contra Felipe II en 1591 forzó a reducir a fines del siglo XVI los estrictos controles antes practicados67. El abasto del ejército real que entró en Aragón en noviembre de 1591 para aplastar la revuelta y permaneció en Zaragoza hasta septiembre de 1593 abrió una nueva vía de evasión fiscal. Ya en marzo de 1593, junto a la partida del ejército, la Diputación solicitó al monarca crear una comisión formada por delegados reales y diputados para revisar las quejas de los arrendatarios de los derechos aduaneros sobre el envío de ropas, provisiones y otras mercancías como bienes reales sin cédulas de aval: caso de no mediar compensaciones, temía no poder volver a arrendar el cobro de estos aranceles68.
La renuncia a supervisar las cartas y paquetes reales iniciada a mediados de 1595 resulta igualmente elocuente. Con el beneplácito de sus abogados, la Diputación se negó en septiembre de 1595 a examinar ciertas arcas y cajas transportadas por el embajador del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II y avaladas por una carta de Felipe II. En vano Jaime de Funes, arrendatario de los derechos aduaneros, presentó una relación de sus contenidos que incluía regalos dirigidos a cortesanos y otros particulares sujetos al pago de aranceles. Por fin, el nuevo rey Felipe III ordenó en junio de 1599 que todas las cartas y cajas dirigidas al monarca o remitidas por este que transitasen por Aragón no fueran retenidas ni exigidas fianzas si no disponían de la cédula real que avalase su contenido, anulando así el procedimiento anterior69.
2.2. El tránsito de moneda real.
Reducido el transporte de remesas reales por Aragón en los años cuarenta y cincuenta del siglo XVI y compuesta estas básicamente de reales, libres de arancel, los conflictos aduaneros durante los inicios del reinado de Felipe II fueron esporádicos. Vinieron propiciados por los permisos de exportación de metales preciosos concedidos por Carlos V y Felipe II a sus financieros entre 1551 y $1 5 6 0 ^ { 7 0 }$ , al sospecharse que algunos obtenían falsas licencias reales de libre tránsito para su oro. En abril de 1559 Melchor de Robledo y Antonio de Villegas, factores del banquero Hernando López del Campo, presentaron una cédula firmada por Juana de Austria como regente de España. Esta cédula eximía de pago a los 3.036.000 reales de plata y 45.240 escudos de oro que transportaban. Pese a las quejas de Sebastián de Erbás y Gabriel Zaporta, arrendatarios de los derechos aduaneros, la Diputación concedió el albarán de paso, sin permitirles probar su suposición de que una parte de los escudos pertenecía a mercaderes y otros particulares. Embargado este caudal en Barcelona en mayo por orden de la Diputación de Cataluña, los diputados aragoneses solicitaron el reconocimiento de la reclamación de dichos arrendatarios si se confirmaba el fraude. Todavía en diciembre, Felipe II ordenaba a dicha Diputación de Cataluña su restitución, aduciendo los costes que la dilación de su envío a Italia generaba como intereses de nuevos préstamos contraídos71.
Estos controles más estrictos derivaban de que, al gravarse la salida de piezas de plata y oro con un arancel del $5 \%$ –rebajado al $2 { , } 5 \%$ entre 1585 y 1599–, las licencias fraudulentas ocasionaban un mayor perjuicio fiscal en Cataluña que en Aragón72. En ambos territorios, las suspicacias sobre los mercaderes genoveses crecieron al erigirse estos desde 1561 en los principales prestamistas de la monarquía hispánica, sobre todo entre 1577 y $1 6 2 7 ^ { 7 3 }$ . Socios o delegados de empresas sitas en Génova y en contacto con sus compatriotas afincados en Madrid y Barcelona, una colonia mercantil genovesa amplió sus negocios en Zaragoza durante el último tercio del siglo XVI, destacando miembros de las ricas familias Spínola, Lercaro y Negro. Aprovechando la retracción del capital mercantil autóctono, dominó el comercio en Aragón desde 1580 hasta su quiebra en $1 6 2 0 ^ { 7 4 }$ . Junto a la extracción de reales hacia Italia, que ganó fluidez al eximirse de aranceles su exportación con fines comerciales desde Aragón al principado por parte de catalanes a partir de $1 5 6 4 ^ { 7 5 }$ , algunos mercaderes practicaron la exportación ilegal de sus escudos utilizando licencias reales.
Con menor capacidad de presión sobre la Diputación que en Barcelona dado que Zaragoza no era una plaza cambiaria ni un centro financiero equiparable76, los genoveses hallaron la oposición de los arrendatarios de los derechos aduaneros, puestos que seguían ocupados por mercaderes aragoneses77. Uno de estos, Francisco Serra acusó ante la Diputación en marzo de 1569 a Antonio Palavesino, mercader genovés residente en Zaragoza, de añadir 11.000 escudos de su propiedad a la plata real hasta alcanzar los 20.000 ducados avalados en la cédula. Como prueba, presentó una copia notarial de una cédula concedida por Felipe II a Lorenzo Espínola, mercader genovés afincado en Madrid, para exportar 175.000 ducados a través de sus reinos. Incluía el permiso para hacer pasar 12.000 de estos ducados –unos 11.250 escudos– como propiedad real con el fin de evitar pagar aranceles en las distintas aduanas78.
Los escudos de oro centraron la supervisión de la Diputación conforme el tránsito de remesas reales por Aragón ganó cuantía y regularidad en el último tercio del siglo XVI por un cúmulo de circunstancias. Desde 1566, Felipe II destinó grandes sumas a luchar contra el Imperio otomano y, sobre todo, aplastar la sublevación de los Países Bajos, levantando ese año la prohibición de exportar metales preciosos de Castilla decretada en $1 5 6 0 ^ { 7 9 }$ . Obstaculizado su envío a Flandes a través del mar Cantábrico por piratas ingleses y holandeses desde 1568-69, el traslado por Francia efectuado entre 1572 y 1578 se tornó impracticable debido a las guerras de religión. La solución final adoptada en la década de 1570 fue transportar sobre todo reales desde Sevilla y Madrid hacia puertos mediterráneos y embarcarlos hacia Génova para ser redistribuidos por Europa según los intereses militares y diplomáticos de la monarquía hispánica80.
Para un mejor control, tal y como procedía con las restantes mercancías reales, la Diputación recogió las cédulas firmadas por Felipe II que certificaban su propiedad de las remesas en las Actas de cada año administrativo comprendido entre 1568 y 1588. Caso de detectar omisiones en las cédulas que avalaban la cantidad, calidad y propiedad real del dinero transportado, los guardas aduaneros exigían a los tesoreros reales pagar aranceles por las sumas no justificadas: para no demorarse, algunos preferían pagarlos de su bolsillo para reclamarlos al monarca y este a los arrendatarios por mediación de la Diputación81. A diferencia de Barcelona, los comerciantes autóctonos y extranjeros residentes en Zaragoza no podían solicitar licencias reales para exportar moneda a las autoridades reales o forales. Pese a centralizar su control sin intromisión de la Audiencia o el virrey, los diputados aragoneses se limitaron a avalar de forma colegiada las cédulas reales, cuya legitimidad no solían discutir dada la dificultad de probar los fraudes, modesta cuantía de los escudos sobre el total de moneda transportado –véase la tabla $^ { 4 - }$ y conveniencia de favorecer la circulación monetaria. Al carecer de la facultad de otorgarlas a título individual tras su petición por particulares, evitaron provocar la corrupción, el fraude y evasión fiscal que generó su concesión en Barcelona82.
Medidas bien en moneda física o de cuenta, las sumas avaladas por la monarquía hispánica entre 1568 y 1588 en sus cédulas han sido expuestas en la tabla 3. Dado que estas cédulas se recogían en las Actas de la Diputación en ocasiones sin un claro orden cronológico, dichas cifras se consideran aproximadas pero mínimas. Los informes de los arrendatarios de los aranceles recogidos en dichas Actas y las licencias reales de tránsito conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón han sido utilizados para estimar los datos relativos a los años contables de 1558-59 y $1 5 9 3 - 9 6 ^ { 8 3 }$ . Han permitido compensar la menor fiabilidad de las cédulas registradas en las Actas a fines del siglo XVI como indicador de las remesas transportadas tras decrecer su número junto con el control de la Diputación sobre el tránsito de moneda real durante este decenio.
Tabla 3. Dinero de propiedad real en tránsito por Aragón (1558-96).

ENDUCADOSCASTELLANOS
Periodo	Cuantia
Junio 1558-mayo 1559	317.497,33
Junio 1568-mayo 1569	32.867,13
Junio 1572-mayo 1573	0
Junio 1575-mayo 1576	40.559,44
Junio 1576-mayo 1577	396.606
Junio 1578-mayo 1579	800.480,2
Junio 1582-mayo 1583	0
Junio 1584-mayo 1585	600.111,88
Junio 1587-mayo 1588	342.986
Junio 1593-mayo 1594	107.324
Junio 1594-mayo 1595	5.000
Junio 1595-mayo 1596	2.006.764,04

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Fuentes: ADPZ, ADR: Ms. 184, fo. 10v-12v; Ms. 205, fo. 128r, 131v-113r, Ms. 230, fo. 74r, 118r, Ms. 231, fo. 106r, 228r, 229r, 230r, 236r; Ms. 238, fo. 47r, 140r, 146r, 192r, 212r, 259r, 260r, Ms. 23, fo. 69r, 120r, 205r, 267r, Ms. 251, fo. 12r, 100r, 101r, 102r, 123r, 124r, 125r, 180r, 200r, Ms. 271, fo. 270v-271v, Ms. 280, fo. 202r-203r, 240v-241r y ACA, CA, SA, legajo 54, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } 2 6$ y legajo 55, $\mathrm { n } ^ { \circ } \ : 1$ , 14, 15, 16. Nota: Contadas en la documentación en ducados, escudos de oro, reales y maravedíes, las cifras expuestas han sido convertidas en ducados castellanos para su comparación según el valor legal asignado a estas piezas por la real pragmática de 1566. Sólo la cuantía del período 1558-59 ha sido estimada a partir del valor legal del escudo fijado por las Cortes de Castilla en 1537.
Con estos matices, las sumas expuestas en la tabla 3 prueban el ascenso de los envíos de las remesas en el último cuarto del siglo XVI, en especial entre 1576 y 1596. Sus fuertes fluctuaciones no solo derivan de las variables necesidades financieras impuestas por las guerras de Flandes, como ya se constató para Cataluña84, sino de la elección entre Aragón o Valencia como ruta para transportar el oro y la plata castellanos hacia Italia. Las posibilidades de utilizar los puertos de Vinaroz y Alicante así como los servicios de las colonias mercantiles genovesas de Valencia y Alicante aumentaron las preferencias de ciertos prestamistas de Felipe II por la ruta valenciana a fines de siglo85. La excepcional afluencia de moneda real por Aragón en el año contable 1595-96 vino provocada así al solicitar varios prestamistas castellanos y genoveses entre julio de 1595 y enero de 1596 por causas desconocidas que muchos pasaportes de libre tránsito de su moneda en principio extendidos para el reino de Valencia fueran sustituidos por otros que lo facultaban para atravesar Aragón y Cataluña hasta llegar a Barcelona86.
La dedicación preferente de las sumas a financiar la supremacía militar y política de la monarquía hispánica en Europa explica que la mayor parte del dinero transportado a través de Aragón hacia Barcelona tuviera como destino último Italia, con toda probabilidad las plazas financieras de Génova, Milán y Florencia87. Así sucedió con un $9 1 \small { , } 6 8 \%$ , $9 9 , 1 7 \%$ y un mínimo del $8 2 , 8 4 \%$ de las sumas enviadas desde junio de 1576, 1578 y 1587 hasta fines de mayo del año siguiente. Las sumas restantes se emplearon en la defensa de Cataluña: un $6 { , } 5 6 \%$ del total computado en el año contable de 1576-77 se destinó a fortificar el castillo de Perpiñán y la frontera del Rosellón con Francia, y otro $0 { , } 9 3 \%$ del registrado en el ejercicio de 1578-79 a avituallar las galeras fondeadas en Barcelona y proteger Perpiñán. En algunos años, sumas aún más modestas –un $1 { , } 7 6 \%$ del total para $1 5 7 6 - 7 7 -$ fueron remitidas a Menorca con fines defensivos similares88. Por el contrario, pese a la habitual injerencia política y militar de Felipe II en sus guerras civiles, solo se ha localizado el envío de 5.000 ducados en enero de 1595 a Francia89.
Tabla 4. Especies de la moneda de propiedad real en tránsito por Aragón (1558-96).

ENPORCENTAJES SOBRE EL TOTAL
Periodo	Plata	Oro
Junio 1558-mayo 1559	86,30	13,30
Junio 1568-mayo 1569	29,65	70,35
Junio 1575-mayo1576	97,70	2.30
Junio 1576-mayo 1577	84,72	15,28
Junio 1578-mayo l1579	76,72	23,88
Junio 1584-mayo 1585	51,99	48.01
Junio 1592-mayo 1593	8,69	91,31
Junio 1594-mayo 1595	0	100

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Fuentes: ADPZ, ADR: Ms. 184, fo. 10v-12v; Ms.205, fo. 92r-93v, 128r-133r, Ms 230, fo. 74r, 118r, Ms. 231, fo. 106r, 228r, 229r, 230r, 236r; Ms. 238, fo. 47r, 140r, 146r, 192r, 212r, 259r, 260r, Ms. 23, fo. 69r, 120r, 205r, 267r y ACA, CA, SA, legajo 55, $\mathrm { n } ^ { \mathrm { o } } \ 1$ y 15.
Amén de la cuantía en moneda de cuenta, las cédulas y noticias de las Actas conservadas para algunos años administrativos precisan el tipo de metal amonedado de propiedad real que transitaba por Aragón entre 1558 y 1596, como refleja la tabla 4. Si Carlos V remitió entre 1522 y 1533 sólo moneda de oro, la llegada creciente de plata americana a España desde los años treinta con la consiguiente escasez y apreciación del oro acrecentaron el recurso a la moneda de plata iniciado en $1 5 3 5 ^ { 9 0 }$ . Este predominio de los reales aumentó conforme Felipe II se vio obligado a enviar mayores remesas a través de Aragón en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XVI. Aprovechando la mayor abundancia de piezas de oro existente en el norte de.
Italia frente a España, los mercaderes-banqueros de Génova, Milán y Florencia transformaban con el auxilio de letras de cambio en las ferias de Besançon o Plasencia parte de estos reales llegados desde los puertos españoles en escudos, más fáciles de transportar y exigidos como pago por los ejércitos de Felipe $\mathrm { I I } ^ { 9 1 }$ . El oro guardó cierto equilibrio con la plata en 1584-85, año contable incluido en el breve período de prohibición de exportar metales preciosos que rigió en Castilla entre 1583 y $1 5 8 6 ^ { 9 2 }$ . Y solo predominó cuando estas remesas fueron modestas, como sucedió en 1568-69 y 1594-95, y cuando actuaron factores excepcionales: 98.000 ducados en oro fueron remitidos desde Valencia a Zaragoza en agosto de 1593 para costear las pagas del ejército castellano allí acuartelado antes de ordenar su marcha de la ciudad93.
La incapacidad de la Diputación para evitar la rebelión fuerista de 1591 redujo su control sobre el tránsito de remesas reales. Al frecuente contrabando de piezas de oro hacia Cataluña y Francia practicado desde 1570 en Aragón94, se unió así su exportación fraudulenta con la connivencia de las autoridades reales tras conceder Felipe II licencias para extraer oro de Castilla a particulares, levantando la prohibición de exportar metales preciosos en vigor entre 1590 y $1 5 9 3 ^ { 9 5 }$ . La concesión de pasaportes a prestamistas castellanos –Francisco y Pedro Maluenda– y genoveses –Octavio Marín, Ambrosio y Julio Espínola, Sinibaldo Fiesco, Juan Bautista Justiniano, Nicolás Doria, Felipe Centuriónentre junio de 1595 y febrero de 1596 para trasladar grandes sumas en piezas de oro y plata hasta Barcelona a cuenta de créditos concedidos a Felipe II permitió una notable evasión fiscal96. Distintos arrendatarios de los derechos aduaneros se quejaron así varias veces ante la Diputación del abuso practicado por mercaderes genoveses y de otras naciones, quienes compraban falsas licencias a funcionarios reales por un precio cifrado en el $3 \% \text{‰}$ de las sumas avaladas para pasar sus escudos de oro libres de aranceles a través de las aduanas existentes en las Coronas de Castilla y Aragón97.
3. Conclusiones.
Como conclusiones, la política fiscal de la Diputación de Aragón aplicada al tránsito de bienes y remesas reales por Aragón entre 1516 y 1598 evidencia la capacidad de establecer consensos entre instituciones reales y forales, no sin arduas negociaciones. Diversos intereses facilitaron la colaboración de la Diputación, hasta el punto de eximir las propiedades reales de aranceles obviando las leyes aragonesas: propiciar el favor de la monarquía en distintos asuntos, favorecer la circulación monetaria en.
Aragón y frenar evasiones fiscales de particulares utilizando la exención real para sus bienes y monedas. Con este último fin, pidió a la monarquía que no otorgase cédulas de libre tránsito a caballeros, mercaderes o clérigos y restringiese las concedidas a grupos privilegiados y su séquito por motivos familiares, clientelares o polí- ticos. Orientada a asegurar el cobro de derechos aduaneros, esta actuación redujo la corrupción y aumentó la eficacia estatal, así como favoreció la circulación monetaria desde Castilla hacia otros territorios europeos, dotándoles de la liquidez demandada por los mercados internacionales.
Durante las primeras décadas del reinado de Carlos V, la Diputación redefinió los criterios de gestión aplicados al tránsito de bienes reales. Al principio, indemnizó a los mercaderes aragoneses que arrendaban los derechos aduaneros a cuenta de aranceles impagados por la monarquía o algunos de sus protegidos. Al abrir estos influyentes arrendatarios pleitos contra la Diputación, esta se vio obligada desde 1536 a eximir todos los bienes reales en los contratos de arriendo de estos derechos. Dicha ilegalidad flagrante fue resuelta mediante el fuero aprobado por las Cortes aragonesas de 1547 que concedía la exención arancelaria a regnícolas y extranjeros sobre sus bienes de propio uso, al asociarse toda propiedad real a esta condición. A cambio de esta cesión fiscal, facilitada por la moderación de las remesas y los bajos aranceles sobre la salida de oro, el compromiso tácito de Carlos V de avalar sólo la verdadera hacienda real favoreció que la Diputación redujese los fraudes cometidos por mercaderes, nobles y otros particulares.
Cubierta legalmente así la exención fiscal de la monarquía, la Diputación se vio legitimada para imponer controles más estrictos para combatir la utilización fraudulenta de cédulas reales, con especial vigor durante el último tercio del siglo XVI. Si bien eximió de aranceles los bienes de la Santa Sede en tránsito o los de la Corte real durante sus visitas a Aragón por motivos políticos, en atención a las leyes del reino y el coste financiero que le suponían, limitó las exenciones de grupos privilegiados y revisó con rigor los obsequios intercambiados por la monarquía hispánica con otras casas reales. Sin caer en la corrupción, su supervisión de la moneda extraída del reino por banqueros castellanos y genoveses no cuestionó la validez de las cédulas firmadas por Felipe II ante la moderada cuantía del oro transportado, dificultad de probar los fraudes e interés en evitar la intervención de instituciones reales y favorecer la circulación monetaria. Todos estos controles decayeron conforme la colaboración de la monarquía disminuyó y la Diputación perdió autoridad tras sofocar Felipe II la rebelión fuerista aragonesa de 1591, restando transparencia a la gestión estatal. La exportación ilegal de piezas de oro por parte de mercaderes extranjeros y grupos privilegiados creció así en Aragón a fines del siglo XVI, facilitada en ocasiones por la connivencia de las autoridades reales.
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