Por haber sido traidores a la corona real de estos reinos. El Archivo General de Simancas y la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520–1522)
Por haber sido traidores a la corona real de estos reinos. The General Archive of Simancas and the War of the Comunities of Castile (1520–1522)
Resumen: Los legajos de la división ‘Comunidades de Castilla’ de la colección Patronato Rea del Archivo General de Simancas constituye desde el principio (1545) el acervo documental más nutrido y completo que existe para el estudio de las Comunidades castellanas.
Palabras clave: Archivo General de Simancas; Comunidades de Castilla.
Abstract: The files of the ‘Communities of Castile’ division of the Patronato Real collection of the General Archive of Simancas is, from the beginning (1545), the most extensive and complete documentary collection that exists for the study of Castilian Communities.
Keywords: The General Archive of Simancas; Comunities of Castile (War).
En ocasiones las conmemoraciones proporcionan un número exquisitamente redondo, y en el caso del levantamiento de las Comunidades de Castilla en este 2021 se ha celebrado el quinientos aniversario, si no del principio, sí del final. Como es harto sabido el 23 de abril de 1521 las tropas de Carlos I al mando del Almirante y el Condestable de Castilla derrotaban en Villalar a los últimos restos del ejército comunero. Al día siguiente, 24 de abril, fueron sentenciados –que no condenados, que ya lo estaban desde cinco meses antes– a muerte y ajusticiados, punto final de un proceso penal de lesa majestad que se había iniciado en diciembre de 1520 y que se llevó a cabo con todas las formalidades procesales.
Simancas fue una de las villas más implicadas en la guerra de las Comunidades. Fue un importantísimo bastión realista de la mano del conde de Oñate, Pedro Vélez de Guevara, que la mantuvo guardando el acceso expedito a Valladolid1 . Fue también su castillo prisión de capitanes comuneros, como Pedro Maldonado, al que no se ejecutó en Villalar –a diferencia de su primo, Francisco Maldonado– por haber intercedido por él su tío, el conde de Benavente, y que fue preso en el castillo de Simancas hasta su posterior ejecución en 1522. Pero sobre todo fue prisión del celebérrimo Antonio de Acuña, obispo de Zamora y también uno de los líderes (y no el menos combativo, bien al contrario) de las Comunidades. El obispo Acuña permaneció encarcelado hasta 1526 en una de las torres del castillo (que precisamente se conoce desde entonces como ‘el cubo del obispo’) hasta que decidió fugarse, matando al teniente de alcaide de la fortaleza. No llegó a pasar de la muralla: fue de nuevo apresado, juzgado y ejecutado a garrote en el mismo patio de ronda del castillo. Por haber ejecutado a un eclesiástico, el emperador tuvo que solicitar del papa la absolución para él –que fue rápida– y para los implicados –que no lo fue tanto–.
Pero sobre todo Simancas custodia el grueso de la documentación conservada sobre la guerra de las Comunidades, así que es el centro natural de referencia para cualquier investigación sobre el tema. La colección de Patronato $\mathrm { R e a l } ^ { 2 }$ se formó en el Archivo de Simancas desde el principio (1545) seleccionando de todos los fondos del archivo los documentos que pudieran ser mayor relevancia para la defensa de los derechos de la Monarquía. A partir de 1564 el archivero Diego de Ayala completó la colección. En 1820 el archivero Tomás González ordenó los legajos que contenían documentación relativa a las Comunidades de Castilla en una división, denominada desde entonces precisamente así, Comunidades de Castilla3 , que completó con algunos más de su elección. Esta división es, con diferencia, el acervo documental más nutrido y completo que existe para el estudio de las Comunidades.
Los alborotos de las Comunidades permean también, como no puede ser de otra forma, otros fondos y secciones de Simancas: en la Contaduría Mayor de Cuentas, organismo de intervención de todas las cuentas de aquellos que manejaban caudales públicos, se encuentran las cuentas de los administradores de los bienes que fueron confiscados a los condenados por la rebelión; el Registro General del Sello conserva los registros de todas las reales provisiones incluyendo, naturalmente, todo lo relacionado con las Comunidades (órdenes del emperador a los gobernadores, del Consejo Real a los alcaldes de Casa y Corte para procesar a los insurrectos, etc.). De la misma forma, los libros registro de cédulas contienen las copias de las expedidas por los gobernadores y el rey (v.g., los nombramientos de los alcaldes de Casa y Corte que sentenciarían a los comuneros en Villalar).
El Archivo General de Simancas ha preparado durante estos dos últimos años tres exposiciones (virtuales, por mor de la pandemia) sobre tres acontecimientos fundamentales de la guerra de las Comunidades: la quema del archivo real en casa del licenciado Mota en Burgos, en 1520; la sentencia de los Comuneros; y, finalmente, una exposición monográfica sobre el obispo Antonio de Acuña.
1. EL ARCHIVO REAL VIOLENTADO.
Exposición:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/
exposiciones-actividades/exposiciones/mota.html.
En junio de 1520 una turba burgalesa quemó la casa de Garci Ruiz de la Mota. Hubiera sido un altercado más dentro del movimiento comunero si no hubiera sido porque Ruiz de la Mota, hermano del obispo de Badajoz Pedro Ruiz de la Mota, que era consejero áulico de Carlos I en Bruselas, tenía en custodia parte del archivo real que, naturalmente, ardió con su casa.
Garci Ruiz de la Mota había ascendido en la corte de la mano de su hermano. Aun siendo procurador por Burgos en las Cortes de La Coruña de 1520 y llevando orden de oponerse a la concesión del dinero que el rey Carlos pedía al reino para su coronación imperial, Ruiz de la Mota habló en primer lugar –como hablaban los procuradores de Burgos– a favor de la concesión lo que provocó las iras del concejo burgalés que le había ordenado lo contrario; bien es verdad que no fue un caso único –en Segovia llegaron a ajusticiar a uno de sus procuradores–, pero sí muy notorio ya que los procuradores de Burgos hablaban en primer lugar por el reino. Apenas se pudo recuperar de toda la documentación los testamentos de los Reyes Católicos, aunque su viuda consiguió recuperar algunos más, que depositó en el convento de San Francisco de Burgos. Allí los localizó Antonio Catalán, archivero de Simancas; en 1545, entre ellos las capitulaciones de boda de los hijos de los Reyes Católicos con los del emperador Maximiliano. Figuran, desde 1565, en la colección de Patronato Real del Archivo de Simancas, con indicaciones de haber estado en el convento de San Francisco. Y, naturalmente, gran cantidad de documentación por la que se pueden seguir las vicisitudes de todo el caso.
La lección aprendida por Carlos I en la quema de la casa de Garci Rodríguez de la Mota fue fundamental para que en 1540 ordenara definitivamente la recogida y concentración de la documentación concerniente a la salvaguarda de los derechos de la Monarquía en manos de personal de confianza y en un lugar controlado directamente por el rey: el castillo de Simancas, que se inauguró así como archivo real.
2. LA SENTENCIA DE LOS COMUNEROS EN SU CONTEXTO.
Exposición: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/ exposiciones-actividades/exposiciones/sentencia-comuneros.html.
El 23 de abril de 1521 las tropas del Condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, y del Almirante, Fadrique Enríquez, derrotaban al ejército comunero de Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado en los campos de Villalar. Al día siguiente se les tomó declaración, se les sentenció a muerte y se les ejecutó allí mismo.
La iconografía del XIX ha presentado a los tres comuneros como mártires de las libertades castellanas, ejecutados sin proceso ni juicio. Y no es cierto que no lo tuvieran, y bien largo y notorio. Después de la toma de Tordesillas, en diciembre de 1520, Carlos I condenó en el llamado Edicto de Worms4 a muerte y confiscación de bienes y oficios a 296 personas implicadas en el movimiento comunero –incluyendo a los tres capitanes– sin necesidad de procedimiento extenso al ser público y notorio su delito de traición y anulando las posibles reclamaciones por falta de proceso judicial completo, precisamente por lo público, notorio y grave del delito, Además, se facultó a los gobernadores (el Almirante de Castilla, el Condestable de Castilla y el cardenal Adriano de Utrecht) para que procedieran –ya sumaria, ya ordinariamente– contra todo aquel que además de los citados se levantara contra el rey.
La acusación así autorizada se presentó en 1521 por parte del procurador fiscal, en la que se pidió condena a muerte para 260 implicados de acuerdo con el procedimiento sumario –como estaban autorizados a hacer–, citándolos en Burgos para declarar. Dicha acusación se publicó en Burgos, bastión realista… y en Valladolid, ciudad comunera, donde, en justa reciprocidad, la Junta condenó a otros tantos partidarios realistas. El emperador se apoyó especialmente en el Condestable para todo el procedimiento, ya que el cardenal Adriano y el Almirante eran más partidarios del perdón general y del sobreseimiento de las causas; pero fue especialemente el Consejo Real el que mantuvo –como le correspondía– el tenor del procedimiento.
Finalmente, el 24 de abril en Villalar, y estando presentes tres alcaldes de casa y corte –como exigía el procedimiento penal–, se levantó acta de sentencia en el juicio, que se había iniciado cinco meses antes, condenando a muerte a Padilla, Bravo y a Francisco Maldonado –y no a su primo Pedro, que era el primer condenado, ya que era sobrino del conde de Benavente, del bando realista, e intercedió por él; fue ejecutado, eso sí, un año más tarde–.
Ya en el siglo XIX la mitificación de las Comunidades y de los comuneros como origen –un tanto remoto, pero origen– del liberalismo español promovió toda clase de actos de homenaje, comenzando por la búsqueda de sus restos o el establecimiento exacto del lugar de la batalla de Villalar. El archivo de Simancas fue consultado acerca de la documentación existente sobre tales acontecimientos.
Simancas conserva la documentación que permite reconstruir todo el proceso, desde el edicto de Worms hasta las copias de la sentencia de Villalar, de la que no se ha conservado el original sino dos traslados.
3. EL OBISPO ACUÑA: LA ESPADA COMUNERA DE DIOS O DEL DIABLO.
Exposición:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/
exposiciones-actividades/exposiciones/acunya.html.
Si la iconografía decimonónica ha consagrado las figuras de Padilla, Bravo y Maldonado (empezando por el famosísimo cuadro de Antonio Gisbert y terminado con estatuas de cada uno de ellos en Toledo, Segovia y Salamanca) y otros líderes comuneros (el madrileño Juan Zapata, el zamorano Hernando de Porras, el palenciano Gonzalo de Ayora) como adalides del (sic.) primer movimiento liberal español, no ha ocurrido nunca algo semejante con otro de los más señalados líderes, tanto por su calidad como por su entrega al movimiento: el obispo de Zamora Antonio de Acuña.
Bien es cierto que ni forzando la definición hay forma humana de encuadrar al obispo Acuña en ningún tipo de liberalismo. Recuerda mucho más a los curas trabucaires de 1808 que a otra cosa. Pero su calidad de obispo y su energía a la hora de recaudar, reclutar y combatir, así como su final, le granjearon un puesto destacado entre los líderes comuneros, por más que no fuera uno de los reivindicados por el liberalismo español del XIX.
Antonio de Acuña, hijo natural del obispo de Burgos Luis de Acuña, heredó de su padre tanto la carrera eclesiástica como su carácter combativo –estuvo implicado en todos los conflictos de la segunda mitad del s. XV–. Hizo carrera en la corte de los Reyes Católicos –fue capellán de la Corte sin siquiera tener órdenes mayores– y en Roma, donde llegó a notario papal de Alejandro VI –el valenciano Rodrigo de Borja–. A la muerte de Isabel I consiguió ser nombrado embajador en Roma de Felipe I –el Hermoso–; cuando el rey falleció siguió sirviendo a Fernando El Católico. En 1506 fue finalmente nombrado obispo de Zamora por sus méritos en Roma y sin mediar presentación regia, lo que le enfrentó desde el principio con el Consejo de Castilla. Inmediatamente se le negó el obispado, ordenando a todas las autoridades civiles y eclesiásticas que no lo reconocieran; Acuña levantó tropas y se produjeron varias escaramuzas militares. El Consejo comisionó a Rodrigo Ronquillo para que evitara que Acuña tomara posesión, cosa que consiguió hasta que en 1507 el rey Fernando aceptó el nombramiento en nombre de su hija, la reina Juana.
El episcopado de Acuña fue bastante tormentoso, enfrentado constantemente a todas las autoridades civiles y eclesiásticas de su obispado; intentó volver a ser embajador del rey en Roma, pero Carlos I no lo permitió. Parece que esta negativa fue una de las causas por las que en 1520 Acuña se unió a la rebelión comunera. Tuvo un destacadísimo papel como organizador de campañas de recaudación (o confiscación) y reclutamiento para la Junta en tierras de Zamora, Palencia y Valladolid. La fama del obispo de Zamora llegó al punto de que encabezó la lista de acusados por pertenencia a las Comunidades. La Junta lo nombró administrador del arzobispado de Toledo para que siguiera obteniendo recursos para la sublevación.
Después de la derrota de Villalar, Acuña salió de Toledo, no se sabe bien hacia dónde, y fue apresado en Navarrete (La Rioja), donde permaneció un año. Su calidad de eclesiástico dilató mucho el castigo. A finales de 1522 fue trasladado a Simancas, entonces aún fortaleza real, donde permaneció hasta 1526 ocupado en escribir cartas y solicitar la libertad; el papa (el antiguo gobernador de Castilla, Adriano de Utrecht) no pareció tener intención de permitir el juicio del aún obispo zamorano por aquello de la salvaguarda de la jurisdicción eclesiástica, a pesar de que Acuña encabezaba –también– la lista de exceptuados del perdón comunero de 1522.
Finalmente fue el propio Acuña el que determinó su destino al intentar escapar de Simancas en febrero de 1526, luego de matar a golpes y cuchilladas al teniente de alcaide de la fortaleza, Mendo Noguerol. Fue reducido sin llegar a salir del castillo –donde se había aglomerado parte de la población de la villa con intención de impedirlo–. El encargado de juzgarlo fue el mismo Rodrigo Ronquillo que le impidió tomar posesión, veinte años antes, del obispado de Zamora, que tardó un mes en condenarlo a muerte por garrote. La sentencia fue ejecutada en el patio de ronda del castillo de Simancas el 23 de marzo de 1526.
Como puede observarse, el archivo de Simancas tuvo y tiene un papel principalísimo en el desarrollo, término, averiguación y documentación del movimiento de las Comunidades de Castilla, primero como castillo real, luego como archivo real y posteriormente como archivo de la Corona. En su documentación y en su propia historia se contiene y refleja todo el movimiento de rechazo a las maneras de la nueva dinastía, de reafirmación de la castellanidad del reino, de lo que tuvo de revuelta antiseñorial –y de lo que tuvo de revuelta señorial, que no fue menos–, su tajante final y las consecuencias de todo tipo –económicas, sociales, estructurales y hasta archivísticas– que trajo y finalmente hasta de su recuperación como emblema del primer liberalismo español, precisamente coincidiendo con el aniversario de su tercer centenario durante el Trienio Liberal (1820–1823). De todo ello el Archivo de Simancas ha querido dejar constancia con las exposiciones que les invitamos a visitar.