Guerra de Independencia e inicios de Revolución.
War of Independence and beginnings of Revolution.
LLUÍS ROURA i AULINAS Universidad Autónoma de Barcelona.
RESUMEN.
El artículo analiza el sentido de los conceptos “independencia” y “revolución” aplicados respectivamente a la guerra contra las tropas napoleónicas y a la situación política vivida en España entre 1808 y 1814, poniendo una atención especial en el uso de ambos conceptos por parte de los contemporáneos de aquellos acontecimientos. Se analizan las continuidades y rupturas que iban a caracterizar el largo proceso de la revolución liberal española, iniciada en aquel momento, y se pone en evidencia la superficialidad de la mitificación nacionalista de aquel episodio.
Palabras clave: Época napoleónica, España, guerra de la Independencia, revolución liberal, Revolución Francesa, ilustración.
ABSTRACT.
This article analyzes the sense of the concepts "independence" and "revolution" applied respectively to the war against the Napoleonic troops and to the political situation lived in Spain between 1808 and 1814; paying special attention to the meaning that both concepts had at that time. This essay also studies the continuities and ruptures that characterized the long process of the Spanish liberal revolution, initiated in that moment, putting in evidence the shallowness of the nationalist myth surrounding this episode.
Keywords: Napoleonic era, Spain, Peninsular War (war of Independence), liberal revolution, French Revolution, Enlightenment.
¿Guerra de independencia?
Tradicionalmente se ha considerado que la calificación de la guerra contra la ocupación napoleónica en España como guerra de independencia, tenía su origen en las memorias y obras posteriores al conflicto, y especialmente en la historiografía del siglo XIX.
Sin embargo, aunque los contemporáneos no definen el conflicto como $^ { \infty } L a$ Guerra de la Independencia”, éste término sí fue utilizado –y proclamado─ en un buen número de textos significativos que nos han legado sus protagonistas. La cuestión está, por tanto, en saber cuál era el significado que le daban los coetáneos a la palabra independencia, o la percepción que tenían de ella, aplicada al conflicto contra las tropas napoleónicas. Algunos ejemplos extraídos de personajes relevantes y con actitudes dispares, pueden ser muy ilustrativos a este respecto.
En 1811 el diputado reaccionario Pedro Inguanzo argumentaba en Cádiz durante los debates de redacción de la Constitución que las Cortes se habían congregado por dos razones:
“para atender al estado y urgencia de la patria y proveer el remedio a las calamidades que la afligen; [y] para precaver en lo futuro se reproduzcan iguales males, asegurando los derechos e independencia de la nación con providencias sabias que afiancen su Constitución”1 .
Para Inguanzo la palabra independencia aparece claramente asociada a un significado político. Pero a la vez implícitamente se la asocia también a un significado militar, al referirse a las “urgencias de la patria” y a las “calamidades que la afligen”.
En octubre de 1809 el influyente contador militar del ejército de Cataluña, Antonio de Elola y Acevedo, escribió un informe titulado “Memoria sobre la necesidad indispensable de organizar el método administrativo en España para conservar la Independencia. Concretada principalmente al Principado de Cataluña, donde se escribe” [el subrayado es mío]. Es evidente que Elola se refería directamente a la independencia respecto de la ocupación militar y al dominio francés,2 pero en su argumentación asociaba también la independencia, con un argumento de más calado, a la dimensión política de soberanía:
“Reducido a condición salvaje por el aliado que prometía regenerarle, despertó el pueblo español de su sueño o letargo [...]. A las sucesivas explosiones del pueblo sensible, a las revoluciones de mayo y junio de 1808, debe España su independencia. De aquella autoridad creada a ciegas [...] por un pueblo que recobra los derechos de soberanía [...] se deriva el orden que respiramos de autoridades sucesivas, cuya cumbre es la soberanía representativa del idolatrado Fernando, depositada en la Junta Suprema”. 3.
Por su parte Antonio de Capmany, rebatiendo a O´Farril ponía en evidencia, en agosto de 1810, que tanto para el uno como para el otro el concepto de independencia en relación al contexto que ambos estaban viviendo, no les era extraño. Así se evidencia a través de la virulenta invectiva de Capmany contra la argumentación del afrancesado que él mismo reproducía en su periódico La Centinela de la Patria: 4
“El no adherir con sinceridad a un gobierno que nos ofrecía una constitución liberal la integridad del territorio y la independencia nacional ─decía O’Farril─ me pareció el mayor extravío de la razón humana”.
Afirmación contra la cual anatemizaba Capmany:
“¿Qué entiende por constitución ese enamorado de las invenciones francesas? […] $\dot { \zeta } \mathrm { Q u e }$ entiende por liberal este calificador de constituciones […]? […] Sobre la independencia nacional no sé qué tiene que agradecer a la constitución: parece que antes no éramos nación, o que vivíamos esclavos de otra. Esto es injuria […]
Si la demolición y la nueva planta y alzado de este edificio es obra toda del tirano de Europa, para cuya custodia ha destinado una vivienda como alcayde o mayordomo al hermano José, ¿qué independencia […] hay entonces […]?”
Es evidente que para los dos, independencia tenía un sentido político (estrechamente relacionado con soberanía y constitución), pero también para ambos tenía el sentido de “libertad” respecto de otras potencias (para O’Farril sobretodo en un sentido propio de la política internacional; y para Capmany además en un sentido directamente militar ─en relación con la expulsión de las tropas de Napoleón─). Por otra parte Capmany aludía también a la independencia como valor de referencia para la patria, en su “Informe a la Comisión de Cortes” de 17 de octubre de 1809, aunque al mismo tiempo criticaba a aquéllos que no se daban cuenta de que hablar de libertad y de independencia suponía un claro peligro que debía evitarse, ya que podía fomentar el afán emancipador de América… Y se exclamaba por el hecho de que,
“todos nuestros escritores políticos [repitieran] con entusiasmo la voz patria, sin definirla de independencia, sin explicarla de libertad, sin circunscribirla de pueblo […]”5
y recordaba que todo ello se hallaba ya arraigado en buena parte de los territorios históricos de la monarquía española –como era el caso de los de la antigua Corona de Aragón. En este sentido Capmany subrayaba, precisamente, el paralelismo entre la pérdida de la libertad bajo la imposición borbónica de principios del siglo XVIII en estos territorios con la actual pérdida de independencia bajo Napoleón:
“La Francia nos despojó a principios del siglo pasado a los restos de nuestra antigua libertad, y a principios del presente la misma Francia nos viene a imponer las cadenas de la esclavitud para que hasta la memoria perdamos de lo que fuimos”.6.
Probablemente cuando Capmany denunciaba a “todos nuestros escritores políticos”, tenía muy presentes textos como el que su paisano José Batlle había enviado a la Comisión que había formulado la consulta al país, en el que este presentaba un extenso documento como propuesta de una nueva Constitución. Pero, a pesar de las diferencias entre Capmany y Batlle (este menos brillante, pero defensor de un liberalismo con rasgos políticos que podemos calificar de bastante más radicales que los planteamientos de Capmany) tanto para uno como para el otro la independencia era inseparable de la soberanía:
“Si quando uno con su gente y dinero gana una Provincia injustamente ocupada por otra ─argumentaba Batlle─ puede establecer las leyes positivas a su arbitrio, mayor derecho tiene hoy España, que no solamente ha reconquistado su Reyno injustamente ocupado, sino que al mismo soberano le conquista su libertad voluntariamente perdida;”
y concluía:
“El único remedio es la unión general constitutiva del Estado”. 7.
Un interés parecido puede tener para nosotros la respuesta a la consulta al país que envió la Junta Superior de Cataluña el 21 de junio de 1809. Se trataba prácticamente de una proclama, ya que no se ceñía a las pautas ni a las preguntas que había formulado la Comisión. Todo el texto gira en torno a la satisfacción expresada por la convocatoria de Cortes, así como a las esperanzas depositadas en dicha convocatoria y a la urgencia de su celebración. Para la Junta Superior de Cataluña las Cortes son la mejor forma de facilitar y coordinar los recursos que se requieren para sostener “la santa guerra en que nos hallamos empeñados”. Esta prioridad a las urgencias de la guerra le lleva a plantear la necesidad de reservar para la paz posterior la mejora de “nuestro sistema y nuestras instituciones”, pero también a entender aquellas urgencias como el camino imprescindible para que la patria pueda liberarse de quienes se han apoderado de ella. Ya es hora, decía la Junta, de que todos se den cuenta
“del tremendo peligro que amenaza a nuestra patria, de la grave lucha en que se halla empeñada, del fin funesto a que corremos si nuestros esfuerzos, por débiles o poco ilustrados, no son poderosos para arrebatarla de las manos del enemigo”.8.
El sentir y la conciencia de que la lucha contra los franceses no era sólo para recuperar una independencia respecto del dominio militar napoleónico, sino también un concepto asociado al de la libertad colectiva y por tanto a la soberanía, tuvo una de sus más claras expresiones en el Manifiesto de la Junta Central sobre la convocatoria de Cortes, que escribió Quintana a inicios de 1809 y que en su momento no llegó a publicarse. Éste afirmaba con contundencia:
“Que sepan desde ahora [nuestros detractores] que vuestros combates, al mismo tiempo que son por la independencia, son por la felicidad de vuestra patria. Sepan que no queréis depender en delante de la voluntad incierta o del temperamento alterable de un hombre solo; que no queréis seguir siendo juguetes de una corte sin justicia, de un insolente privado o de una mujer caprichosa [...]”.9.
Pero en cualquier caso, lo que podía suponer el concepto independencia en relación con la guerra contra Napoleón lo explicitaba, a finales de 1808, el propio emperador en el párrafo final de su Proclama dictada en Madrid el 7 de diciembre. En ella subrayaba que aunque sus victorias le autorizaban a lavar con sangre los ultrajes que se le habían hecho, sin embargo había adoptado una actitud de clemencia; y señalaba que muy pronto iba a liberar a los españoles de la presencia de los ejércitos británicos, que según él eran quienes les dominaban. Napoleón se presentaba además con voluntad de ser el regenerador de España y subrayaba que, sabiendo que los españoles eran víctimas del engaño, incluso estaba dispuesto a alabar el mérito de su esfuerzo en la lucha contra sus propias tropas. Proclamaba que había destruido todo aquello que se oponía a la prosperidad y a la grandeza de este país y destacaba que lo había dotado de una Constitución liberal. Pero acababa con una clara referencia a lo que iba a suponer para los españoles el hecho de mantenerse en el empeño de no prestarle confianza:
“il ne me restera qu’à vous traiter en provinces conquises, et à placer mon frère sur un autre trône. Je mettrai alors la couronne d’Espagne sur ma tête et je saurai la faire respecter des méchants, car Dieu m’a donné la force et la volonté nécessaire pour surmonter tous les obstacles”. 10.
El concepto de independencia se vive, pues, durante el conflicto contra la ocupación napoleónica asociado principalmente a la idea “positiva” de emancipación, y no solamente a la idea “negativa” de desvinculación. Una emancipación esencialmente colectiva, que era formulada como emancipación política (nacional), pero que dejaba entrever también la emancipación social; y que se relacionaba a su vez con la emancipación individual. A fin de cuentas, pues, como vamos a ver, la independencia aparecía asociada a la idea o a la realidad de la revolución.
¿Espejismo o realidad de revolución?
Para muchos contemporáneos los hechos vividos en 1808 fueron una verdadera revolución. Un testimonio anónimo de lo sucedido en Cataluña relataba así el carácter revolucionario de aquellos acontecimientos:
“A primeros de junio [de 1808] prendió como una llama la revolución […]; y todo el Principado en armas, los forajidos tomaron la ocasión más oportuna de vengarse so pretexto que los tales eran gavachos sospechosos y espías, llenándose los caminos de gentes armadas, ciudades amotinarse [sic] con las campanas de todos los pueblos que tocaban a rebato […]. En casi todas las ciudades y villas de Cataluña se formaron desde luego Juntas de Gobierno a imitación de la que se había formado en Madrid cuando marchó Fernando. […] En todas esas Juntas principales alarmaron al público con proclamas, exponiendo la conducta leal de nuestro gobierno para con la Francia y la felonía que había correspondido la conducta inaudita de Napoleón, y desde luego comenzaron las Juntas en pedir préstamos a los que tenían dinero y a los que no lo tenían, y nadie gozaba [por “osaba”] a resistirse, que si no le daban el título de traydor a la patria y de godoyísta […]. Luego los predicadores en los púlpitos enardecían al pueblo […]. La gente estaba tan dispuesta a la rebuelta que bastaba que uno solo dixese “fulano es gavacho”, “es traidor”… para prenderle, mandarle saquear la casa y cometer los mayores martirios. En los diarios que se publicaban e imprimían en las ciudades […] se escribía sin discernimiento. […] En la mayor efervescencia salían de los pueblos la gente alborotado como una especie de frenesí, calentando los sesos con la lectura de dichos papeles y algunos eclesiásticos indiscretos en los púlpitos y el continuo toque de campanas a rebato parecían días de Juicio […]”.11.
La ocupación napoleónica y la guerra generaron actitudes y sentimientos contradictorios que, sin embargo, no tendían a contrarrestarse. Por un lado el conflicto acentuaba la crisis estructural (política, económica, social), pero por otro contribuía a disimular su impacto con la excepcionalidad de que se revestían los acontecimientos; y al mismo tiempo, facilitaba los factores que tendían a aglutinar al conjunto de la sociedad en torno al poder, propiciando la formación de un imaginario de unanimidad, de exaltación heroica y de patriotismo que en este caso se veían reforzados por los sentimientos xenófobos que desde el principio acompañaban al conflicto. Por su parte la ocupación militar (tanto la de los ejércitos napoleónicos, como la militarización general que comportaba la presencia de los ejércitos y formaciones militares propias) trastornaba los comportamientos habituales y generaba una multiplicidad de conductas contrapuestas que se materializaban en revanchismo, colaboracionismo, posibilismo, connivencias, complicidades... Todo lo cual daba lugar de manera inmediata a una situación propia de un contexto de guerra civil.
Sin duda la ocupación extranjera, junto con la abdicación de la monarquía, fueron factores clave de un marco en el que no dejaron de surgir iniciativas y planteamientos de signo claramente revolucionario, asociadas a un grado importante de movilización popular armada, al recelo hacia la actuación de los poderes e instituciones del Estado, y a la recuperación de la capacidad de iniciativa política local.
Junto a esta realidad compleja y contradictoria, la revolución de 1808 iba acompañada no sólo de una cierta difusión de ideas revolucionarias, sino principalmente del impacto y de la proximidad ─temporal y geográfica─ de la Revolución Francesa. De modo que la revolución no era un simple referente abstracto: remitía a una realidad inmediata. Así, en tanto que la idea de revolución llegaba asociada a Francia ─y consecuentemente a la ocupación francesa y a la guerra─ su profunda carga transformadora se desactivaba, facilitando los argumentos de quienes, con un falso silogismo, identificaban el combate contra los franceses con el combate contra la revolución.
La Guerra de la Independencia, como anteriormente la guerra contra la República francesa, puso a la sociedad española ante el fenómeno de la revolución en pleno contexto de crisis del Antiguo Régimen; pero en ambos casos la revolución resultó frustrada. En el primer episodio ─la guerra de 1793/95─ el “contagio revolucionario” se frenó por el recurso a las armas, a la religión, al patriotismo y a la atemorización; en el segundo ─la Guerra de la Independencia─ porque además de las analogías con el primer episodio, los primeros pasos de una revolución “propia” ─y no “importada”─ serían contemplados como fenómenos excepcionales (y por tanto provisionales o circunstanciales) que se correspondían a la excepcionalidad del momento... (una excepcionalidad que era sinónimo de aislamiento y que tendría su culminación en el referente más emblemático de la revolución política: las Cortes de Cádiz); de modo que una vez finalizada la situación excepcional, pudo parecer lógico que finalizara también la viabilidad de la revolución….
De modo que la realidad o capacidad revolucionaria se iba a ver reducida a poco más que un espejismo; y el fin de la guerra y la inmediata restauración emprendida tras el golpe de Fernando VII acabarían de consagrar esa visión de aislamiento y excepcionalidad de la revolución vivida, a pesar de que su resurgimiento reiterado en las décadas siguientes en parte lo desmentiría.
Bajo el espejismo se amagaba, en efecto, una dimensión revolucionaria que no hay que pasar por alto. La penetración de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa y el pensamiento surgido en el cambio de siglo (y que en España tendrían su máxima expresión en las Cortes de Cádiz y en la proclamación de la Constitución) habían establecido las bases y los primeros pasos efectivos de lo que iba a ser la revolución liberal española. A pesar de que estos pasos iban a estar marcados a su vez por el peso de las continuidades del Antiguo Régimen.
El alcance de la primera revolución liberal: continuidades y ruptura.
Como veremos más adelante, la revolución liberal no fue sólo fruto de un marco excepcional, sino también de los procesos y anhelos de transformación que habían surgido en el seno del Antiguo Régimen. De ahí que no deba sorprendernos el peso de las continuidades. Incluso en aquellos aspectos en que la Guerra de la Independencia ha sido considerada como un momento de cambio importante, la historiografía actual insiste en los matices: frente a la idea de crisis profunda en la evolución de la población, esta mantuvo sus características anteriores; frente al choque que supuso la guerra en la política de la monarquía, esta se comportó esencialmente en una línea de continuidad; pese al carácter excepcional de la guerra, ésta siguió dentro de las pautas previsibles en la sociedad tradicional setecentista –tanto en lo que se refiere a la movilización popular y guerrillera como al ejército regular (especialmente el del aliado británico)─. 12.
Asimismo en los planteamientos reformistas que se manifestaban en estos años hallamos sobre todo elementos de continuidad con los ya formulados en el siglo XVIII; lo cual se convertía a su vez en un argumento añadido para rechazar todo lo que pretendiera ir más allá. Así, las contradicciones que habían caracterizado al llamado reformismo ilustrado español contribuían también a reforzar el inmovilismo. La timidez de las formulaciones del reformismo y su debilidad frente a los adversarios, habían impedido cualquier tipo de reforma significativa tanto en las cuestiones agrarias, como en la fiscalidad, la administración del Estado, las instituciones, el sistema colonial o las cuestiones relacionadas con la Iglesia. Lo cual había supuesto un reforzamiento continuado de una Reacción que, consecuentemente, cada vez estaba menos dispuesta a transigir en la defensa de sus principios e intereses.
Y, sin embargo, en ese contexto ─como también en el del reinado de Carlos IV (o de Godoy)─ había surgido paralelamente la expresión de un pensamiento que iba a hacer posible la dimensión rupturista que culminaría en Cádiz. Se trata, a fin de cuentas, de la estrecha continuidad entre lo que se ha dado en llamar la “ilustración radical” y el primer liberalismo (dos realidades que en buena medida se correspondían con el carácter tardío y excepcional que había caracterizado a la Ilustración española).
Hablar de ruptura es hablar de revolución, pero estudiar la revolución que tuvo lugar en torno al período comprendido entre 1808 y 1814 requiere, como hemos dicho antes, que se analicen como mínimo dos niveles: el de la excepcionalidad del contexto y el de la voluntad o intencionalidad revolucionaria. A ambos, pues, vamos a referirnos.
La dimensión rupturista que deriva del contexto resulta obvia: derrumbe de la monarquía (con la caída de Godoy, la sumisión a Napoleón con la salida a Francia de los monarcas y las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII); paralización de las instituciones administrativas y políticas del Estado; imposición de una nueva monarquía en la persona de José Bonaparte y establecimiento de un nuevo marco político y administrativo próximo a una refundación del Estado; y estallido y continuidad de un conflicto que supone a la vez una guerra contra la ocupación extranjera y un conflicto civil. El alcance revolucionario de tales rupturas llevó a Karl Marx a decir que “gracias a Napoleón el país se había desembarazado de su rey, de la familia real y de su gobierno; así quedaban rotas las cadenas que siempre habían impedido al pueblo español desplegar sus energías naturales”.13
“Naturales” o “advenedizas”, lo cierto es que tal como ya hemos apuntado antes, las energías de la revolución no pueden explicarse tan sólo por el contexto o por un carácter fundamentalmente exógeno. Sin duda uno de los factores que contribuyeron a una fermentación revolucionaria endógena fue la penetración, formulación y difusión de nuevas ideas ─por muy condicionadas que estuvieran por el peso de la censura–. Cabe mencionar en este sentido tanto la fermentación derivada del pensamiento ilustrado como del influjo de la Revolución Francesa. Pero hay que subrayar las expectativas generadas por una efervescencia social y política capaz de llevar hasta la necesidad de convocar la reunión extraordinaria de Cortes. Todo lo cual tan sólo había sido posible gracias a una progresiva conquista de la libertad de opinión y de imprenta, que eran ya en sí mismas revolucionarias.
Del alcance revolucionario de aquellas Cortes iban a dar fe tanto sus debates y su obra legislativa ─y muy particularmente la redacción y aprobación de la Constitución de 1812─, como los drásticos decretos de su supresión firmados por Fernando VII al restablecer la monarquía absoluta.
Ilustración, Revolución Francesa y primer liberalismo español.
La continuidad entre la Ilustración y el primer liberalismo viene caracterizada por el peso de la clandestinidad en la que se formulaban y difundían los argumentos de ambos movimientos; una realidad que se acentuó especialmente tras el impacto de los acontecimientos revolucionarios en Francia. Aunque la Revolución Francesa no había sido la causa del reaccionarismo sin duda resultó, para los sectores inmovilistas, un pretexto emblemático; de modo que demonizando la imagen de la revolución, la Reacción acentuó aún más la necesidad de precaución y disimulo a que se veían abocados tanto los ilustrados como los liberales.
Todo ello potenció, entre los partidarios del progreso y de las transformaciones, el peso del historicismo, que se convirtió en expresión de la necesidad de legitimación que requería cualquier formulación política que transpirara ideas de renovación o de racionalismo.
A pesar del influjo directo de la Revolución Francesa en hombres como Marchena, Santibáñez o Picornell ─es decir, el entorno del núcleo “radical” de la Universidad de Salamanca─, y a pesar de la difusión de la declaración de Derechos del Hombre y de la Constitución, es muy escaso el rastro directo y explícito que podemos hallar de la Revolución en la mayor parte de los escritos del pensamiento político español entre 1790 y 1808. Y sin embargo no deben ignorarse algunas constataciones que revelan una incidencia mayor de la aparente. En este sentido pueden mencionarse un número significativo de propuestas de nueva Constitución política que tanto algunos particulares como instituciones enviaron como respuesta a la Consulta al país formulada en 1809 por la Comisión de Cortes.14 Por ejemplo, el ya citado D. José Batlle y Jover, doctor en derecho, dirigió a la Junta General un texto que era una pormenorizada propuesta de Constitución que se materializaba en 135 artículos (mas un Plan para la Judicatura y una Conclusión, todo ello precedido de unas reflexiones introductorias de presentación relativas a la consulta al país a la que respondía el escrito de Batlle). Él mismo indicaba al inicio de la presentación que catorce meses antes, en Valencia, había pronunciado una conferencia que generó una reacción condenatoria contra las ideas por él defendidas, pero que el contexto actual le animaba de nuevo a denunciar libremente los males que padecía España y los remedios que debían buscarse a dichos males. Consciente del carácter rupturista de algunas de sus formulaciones (sobre soberanía nacional, representación popular, sobre las limitaciones a las que había que someter al clero, a la nobleza y a los militares, o el carácter fundacional que debía tener la Constitución…) y defendiéndose de antemano, argumentaba al final de su escrito introductorio que
“la libertad nacional solamente la llaman revolucionaria los que no la entienden qual es en sí, o los hombres ambiciosos o de mala fe que intentan eternizar el abatimiento pasivo del pueblo”.15.
Ya hemos visto que seguramente Capmany cuando escribió su informe sobre el conjunto de las respuestas dadas a la Consulta… aludía también al texto de Batlle, especialmente cuando denunciaba que
“...todos nuestros escritores políticos repiten con entusiasmo la voz patria, sin definirla de independencia, sin explicarla de libertad, sin circunscribirla de pueblo sin demarcarlo y de soberanía cuando menos dejan de esta al soberano”.16.
El extenso texto constitucional propuesto por Batlle empezaba además, de manera solemne con la siguiente proclamación, que servía de encabezamiento al articulado:
“Nos, la Nación Española, que somos más que Vos el Rey, constituimos, ordenamos y mandamos...”
Menos cualificada fue la respuesta a la Consulta que envió el fraile Miguel de Sala, religioso del convento de Berga; pero resulta muy significativa de la efervescencia y de la circulación de nuevas ideas políticas, así como de la presencia y el influjo que en ellas seguía ejerciendo el legado de la Revolución Francesa a pesar de la aversión que se tenía hacia ella. Fr. Miguel de Sala presentó también un proyecto de Constitución, titulado Proyecto de Constitución para la España, ideada $y$ escrita en octubre de 1792. En su escrito de presentación, dirigido a Jovellanos, dice que lo escribió cuando él tenía 27 años, “sin otras noticias previas que la lectura de Tito Livio y la de algunos papeles públicos y periódicos franceses de aquella época”, por lo que añade un apéndice escrito en 1808 después de transcurridos 16 años en los que confiesa que ha podido leer otros libros “aptos” de los que había carecido entonces. El preámbulo del texto constituye un excelente ejemplo de cómo la revolución francesa había sido observada por sectores amplios de la sociedad española, y de cómo en 1808 seguía siendo un factor de referencia:
La Revolución francesa, que ha llenado al mundo de asombro y ha enriquecido los diccionarios de una quantidad de voces hasta ahora no conocidas sino de los eruditos, libertad, igualdad, propiedad, derechos y deberes del hombre y del ciudadano, monarquía, aristocracia, democracia, oligarquía, demagogia, poder legislativo, judicial, executivo, etc. y que ha dado ocasión a sus literatos revolucionarios de fabricar proyectos de constitución, cada cual a medida de su gusto. También a mí se me ha antojado idear y fraguar una adaptada a la España, no con el intento de revolucionarla, sino para ahorrarla las desgracias que sufre y tendrá que sufrir la Francia de resultas de esta revolución, cuya causa fundamental ha sido el gobierno demasiado absoluto que desde el ministerio del cardenal Richelieu se havía establecido en ella.
Y subrayaba unas líneas más adelante:
La publicación de las ideas reformatorias que han cundido por todo el mundo; la ilustración general de las gentes pues ya todos pensamos; la dulzura del trato y costumbres, ya no permiten que subsistan aquellas opiniones que de 200 años en esta parte nos havían enseñado los mismos franceses de que el Rey era absoluto en todo, que no debía dar razón a nadie de su gobierno, que por más tirano que fuese nadie podía ponerle en orden. Ya ha llegado el tiempo en que los más buenos y sabios realistas juzgan que el Rey debe dar razón a su pueblo […].17.
Sin duda entre los casos más relevantes de la intencionalidad rupturista (o revolucionaria) a la que me estoy refiriendo, hay que mencionar la voluntad política de hombres como León de Arroyal, que materializó su pensamiento en escritos diversos, entre los que se halla también la redacción de un interesante proyecto de Declaración de Derechos y de Constitución.18 O el de Luis Gutiérrez, que nos dejó en sus Cartas amistosas y políticas al rey de España,19 un significativo ejemplo de defensa de la tolerancia y de la libertad, de condena de la Inquisición, e incluso un amago de apología republicana –todo ello al mismo tiempo que enfatizaba un forzado distanciamiento explícito de la Revolución Francesa20–. Las Cartas amistosas... no dejan de tener, además, una cierta analogía con algunas de las reflexiones privadas y algunos de los comportamientos que podemos hallar en ciertos textos y conductas de personalidades relevantes del primer liberalismo, como el propio Jovellanos.21 La Memoria de Quintana, escrita en 1818 sobre el proceso del que había sido objeto en 1814, resulta particularmente significativa en este mismo sentido;22 y Agustín Argüelles, cuando hizo balance en su obra La reforma constitucional en $\dot { C } \dot { a } \dot { d i } z ^ { 2 3 }$ se refirió de forma explícita al “posibilismo” con el que se tuvieron que revestir las más profundas convicciones y conductas liberales al aprobar el artículo 12 de la Constitución, en estos términos:
“En el punto de la religión se cometía un error grave, funesto, origen de grandes males, pero inevitable. Se consagraba de nuevo la intolerancia religiosa [...]. [Pero] para establecer la doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya [...]. Por eso se creyó prudente dejar al tiempo, al progreso de las luces [...] a las reformas sucesivas y graduales de las Cortes venideras, que se corrigiese, sin lucha ni escándalo, el espíritu intolerante que predominaba en una gran parte del estado eclesiástico”.
Bajo ciertas concesiones y equívocos, pues, el liberalismo gaditano dio pie a la formulación de un pensamiento político innegablemente revolucionario. Así se puso de manifiesto ya en uno de los primeros textos preparatorios de la convocatoria para la celebración de Cortes, el ya citado Manifiesto que redactó Quintana como preámbulo para dicha convocatoria, en nombre de la Junta Central, donde proclamaba:
“Vuestros combates al mismo tiempo que son por la independencia, son para la felicidad de vuestra patria. Sepan que no queréis depender en delante de la voluntad incierta o del temperamento alterable de un hombre solo [...]; y que al recomponer el edificio augusto de vuestras leyes antiguas queréis poner una barrera eterna entre la mortífera arbitrariedad y vuestros imprescriptibles derechos. Esta barrera, españoles, consiste en una buena constitución [...]. Sin ella los pueblos no son más que rebaños de esclavos”.24.
Claro está que, como ya hemos dicho, la propia Junta iba a ser incapaz de asumir su contenido, y la versión definitiva de dicho Manifiesto sería notablemente modificada.
La libertad de imprenta.
Una vez reunidas las Cortes las nuevas ideas y las argumentaciones adquirirían nueva fuerza, como lo demostrarían los grandes debates. Entre ellos, sin duda uno de los más significativos fue el de la libertad de imprenta. La proclamación de este principio no sólo era resultado de una clara dimensión revolucionaria de la asamblea de Cádiz, sino que iba a constituir el elemento más visible de la revolución fuera del ámbito parlamentario, y un instrumento imprescindible en el establecimiento de un sistema político democrático diametralmente contrapuesto al dogmatismo absolutista.
Muñoz Torrero, en octubre de 1810, calificaba, la libertad de imprenta como “uno de los derechos del hombre en las sociedades modernas” y argumentaba que, “si no se le concede al pueblo un medio legal y oportuno para reclamar contra nosotros [es decir, contra quienes le representan], ¿qué importa que le tiranice uno, cinco, veinte o ciento?”25.
Y en el mismo sentido se expresaban el diputado aragonés y magistrado de la Audiencia de Mallorca Isidoro de Antillón,26 y Agustín de Argüelles.2.
El concepto de soberanía.
La cuestión clave en el nuevo discurso político –la soberanía nacional─ halló alguna de sus primeras formulaciones más claras en las discusiones en torno a la supresión de los señoríos. Es el caso de intervenciones como las de Agustín de Argüelles o de García Herreros. Este último preguntaba, por ejemplo:
“Si al señorío es inherente la soberanía, ¿cómo puede haber otro que la nación en que reside? [...] La soberanía reside en la nación, que no es otra cosa que el pueblo español; y si estando éste reunido es el soberano, ¿cómo podrà tener otro señor, estando separado?”28.
Por su parte, el liberal José Espiga –diputado por Cataluña en Cádiz y miembro de la Comisión encargada de la Constitución─ afirmaba con motivo de la discusión sobre el artículo 2 de dicha Carta:29
“La nación es libre e independiente, y ésta es una de las verdades fundamentales de la política [...] Y así como un ciudadano es libre para hacer todo aquello que no dañe ni a los demás ni a la sociedad [...] así una nación es libre para hacer cuanto convenga a su prosperidad y para su gloria, observando el derecho de gentes a que están obligadas recíprocamente las naciones. Vea Vuestra Majestad [...] el derecho que toda nación tiene de establecer el Gobierno y leyes que más le convengan y de que ninguna otra pueda mezclarse ni pretenda embarazarla o impedirla en el ejercicio de estas sagradas facultades que le competen exclusivamente”.
Con ello se llegaba al núcleo de la cuestión en torno al concepto de independencia. Este aparece como indisociable ─y prácticamente equivalente─ al de soberanía política. Y atribuyendo dicha soberanía a la “nación” se revolucionaba tanto el concepto “nación” como, sobre todo, el de “soberanía”.
La Constitución.
Como es sabido, se ha escrito mucho en torno a la dimensión revolucionaria de la Constitución de 1812. Dejando aparte su indiscutible proyección como referente de procesos revolucionarios posteriores, tanto en España como en América y en Europa, últimamente –y desde sectores historiográficos solventes─ se han enfatizado aquellos aspectos que la mantendrían dentro de las coordenadas propias de un texto esencialmente continuista con el Antiguo Régimen. Dicha argumentación se apoya en la consideración de que la Constitución de Cádiz no toma como eje ni como fundamento al individuo y a los derechos individuales, sino a la “nación”; así como en su carácter esencialmente católico (monárquico─confesional).30.
En realidad se trata de una crítica que ya en el contexto de la discusión generada por la elaboración de la propia constitución había sido llevada a cabo por ciertos sectores liberales, y que ya Valentín de Foronda, por ejemplo, formuló sin tapujos en torno a 1812 al denunciar que la Constitución, en su opinión, no especificaba claramente los derechos individuales, que concedía excesivos poderes al rey y que no separaba la política de la religión.31.
Sin embargo una valoración histórica de la Constitución de Cádiz no puede ceñirse exclusivamente al contenido literal, ni al análisis estrictamente jurídico de su texto y articulado. Y no puede obviarse que el movimiento constitucional de Cádiz no surgió de una revolución política previa, sino de un marco en el que coincidían dos grandes acontecimientos excepcionales e íntimamente relacionados: la ausencia y abdicación de los monarcas y la guerra, generada por la ocupación napoleónica. Ambos hechos explican suficientemente la prioridad concedida al protagonismo colectivo que recoge el concepto político de nación. Sin embargo, quienes tenían más clara la concepción revolucionaria que impregnaba al concepto nación no dejaron de escudarse en el contexto de la lucha contra los franceses como estrategia para defenderlo. Así García Herreros decía, en junio de 1811:
“Ya es tiempo que [la nación] recobre sus derechos naturales. ¿Qué habrá hecho el pueblo con arrojar a sus enemigos más allá de los Pirineos, si al volver el rostro a su patria encuentra en ella una servidumbre más indecorosa que la que ha sacudido?”32.
Creo que el análisis de la Constitución de Cádiz tan sólo puede reducir el riesgo de la simplificación en la medida que toma en consideración al conjunto del texto constitucional dentro del marco de la discusión en las Cortes y de las opiniones expresadas paralelamente por los protagonistas principales de los debates. Sólo así se puede llegar a reconocer oportuna y convenientemente el peso que tenían determinadas formulaciones que, circunstancialmente, pudieron quedar relegadas en el texto constitucional a ámbitos marginales de su estructura. Una valoración de la Constitución de 1812 centrada exclusivamente en un análisis interno de su redactado, aunque sea un análisis comparado, me parece sumamente arriesgado. Es, en efecto, en su conjunto, que la Constitución de Cadiz marca la ruptura política; una ruptura en el discurso político que se manifiesta a su vez en la proclamación de un buen número de principios esparcidos a lo largo de sus numerosos artículos, a pesar de estar a menudo acompañados de importantes concesiones a la pervivencia del discurso y marco teórico tradicionales.
Es bien sabido que la Constitución de Cádiz comienza con una solemne invocación religiosa:
“En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad;”
y que establece que
“la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquiera otra (art. 12)”;
que reglamenta un sistema electoral que toma como primera instancia y demarcación la parroquia (art. 34); o que reconoce a los eclesiásticos y a los militares el mantenimiento de sus fueros particulares (artículos 249─250); y que en ella se reconocían amplios poderes al rey (título IV ─artículos 168─221)...
Sin embargo, los fundamentos esenciales de la Constitución de Cádiz, más allá de influencias o coincidencias con otras constituciones –especialmente la francesa de 1791─ son por sí mismos claramente rupturistas respecto al Antiguo Régimen. Lo son en primer lugar en razón de los principios políticos que en ella se proclaman. Como es el caso del principio de “soberanía nacional” que encontramos ya en el artículo tercero y en el segundo, donde se subraya que “la nación española no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona”; o por el establecimiento de un sistema político basado en la “representación” y en un sistema electivo (artículo 17). Así mismo hay que tener en cuenta que a pesar de su marcado carácter “nacional” la Constitución remite reiteradamente a unos valores universales que se inspiran en los “derechos legítimos de todos los individuos” (artículo 4), entre los que se mencionan explícitamente la libertad civil, la propiedad y la igualdad jurídica (artículos 4 y 248), la supresión de la tortura (artículo 303), la igualdad tributaria (artículo 340) y el derecho a la instrucción pública (artículo 361). Y, claro está, remite a los valores políticos sobre los cuales se fundamenta toda la estructura constitucional (la separación de poderes, el sistema unicameral o el sufragio universal –masculino, claro está─).
Pero además, la Constitución es también claramente rupturista por muchas de las medidas que plantea, entre las que podemos mencionar la reorganización total de la administración provincial y local (título VI) y la supresión de aduanas (artículo 354). Y lógicamente hay que hacer referencia a las prevenciones que adopta frente al más emblemático de los poderes o instituciones que perduraban, el del propio monarca. Un extenso artículo 172 somete la autoridad del rey a una significativa serie de restricciones que culmina en el artículo 173, por el cual el monarca queda subordinado a la Constitución. El carácter fundacional que supone dicho artículo para la nueva monarquía no sufre menoscabo a pesar de las concesiones que contiene (juramento solemnemente religioso e interés destacado en la preservación de la unidad de los territorios de la Corona). El compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución va acompañado explícitamente del compromiso de respetar, entre otros derechos, “la libertad política de la Nación y la personal de cada individuo” así como del reconocimiento que el propio poder del monarca queda desautorizado por el incumplimiento de su juramento.
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Sin duda la Guerra de la Independencia iba a tener un notable influjo no sólo sobre los acontecimientos posteriores de la historia de España, sino también sobre la memoria y el imaginario colectivos que acompañarían a la propia construcción de un nuevo Estado. No es extraño, pues, que en el contexto del romanticismo decimonónico la propia denominación del conflicto como la guerra de la independencia cargara este concepto de un significado que por lo que hemos visto no se corresponde exactamente ni con la realidad histórica ni con la conciencia que de ella tuvieron sus protagonistas.
Reconocer que el concepto de independencia tenía mucho que ver con la noción de soberanía, nos aporta un factor clave para la comprensión histórica de aquel período, como es la profundidad de los cambios que estaban en juego y las capacidades revolucionarias que ello implicaba. Al mismo tiempo evidencia que para los coetáneos de la ocupación napoleónica y de las Cortes de Cádiz la idea de independencia se asociaba políticamente al concepto racionalista de nación política, antes que a cualquier referente identitario que pueda ser comprendido como precursor del nacionalismo.
La lucha patriótica por la independencia nacional entendida en coordenadas nacionalistas, además de pecar de anacronismo es una construcción que casa mal con la realidad histórica. La visión nacionalista de la independencia presupone además algo tan simple, pero tan alejado de la realidad, como la unanimidad en la lucha contra los franceses. Pero esta supuesta unanimidad no sólo no se dio, como han venido mostrando las más recientes aportaciones sobre el conflicto en la Península Ibérica,33 sino que entre quienes combatieron a las tropas napoleónicas apenas hubo capacidad ni posibilidad de coordinación.
Superados algunos de los clisés románticos que señalaron la Guerra de la Independencia como el momento de la forja del nacionalismo español contemporáneo aparece mucho más nítida la apreciación de que fue precisamente el nacionalismo surgido posteriormente el que construyó aquella imagen al intentar hallar sus propios mitos y raíces en un pasado heroico.