Justificaciones doctrinales de la soberanía fiscal regia en la baja Edad Media castellana.
Ideological Fundamentals of Royal Fiscal Sovereignty in the Castilian late Middle Ages.
Pablo ORTEGO RICO Universidad Complutense de Madrid.
RESUMEN.
Análisis de los elementos justificadores y legitimadores del proceso de conformación de la soberanía fiscal del rey, así como de su papel como redistribuidor de la riqueza, a través de las argumentaciones presentes en fuentes jurídicas, políticas, religiosas y literarias, preferentemente castellanas, entre los siglos XIII-XV.
Palabras clave: Fiscalidad, tributo, ideología monárquica, política, Castilla, siglos XIII-XV.
ABSTRACT.
Analysis of justificatory and legitimating elements of the process of promoting royal fiscal sovereignty, as well as the king’s role as a redistributor of wealth, through the arguments in preferably Castilian legal, political, religious and literary sources, between the thirteenth and fifteenth centuries.
Key-words:Taxation, tax, monarchical ideology, politics, Castile, thirteenth-fifteenth centuries.
Sumario: 1. Introducción: revolución fiscal bajomedieval y fundamentos ideológicos. 2. La justificación de la imposición. 3. Fundamentos ideológicos del impuesto justo o legítimo. 3.1. La finalidad de la imposición. 3.2. La causa eficiente: la soberanía fiscal del rey. 3.3. La medida y forma de llevar a cabo la exacción. 4. El rey como redistribuidor de los tributos: justicia distributiva, liberalidad y largueza. 5. Tiranía, tributación y administración económica del reino. 6. Conclusión.
1. INTRODUCCIÓN: REVOLUCIÓN FISCAL BAJOMEDIEVAL Y FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS.
Uno de los campos de análisis de la historia política occidental que más interés ha despertado desde hace algunas décadas es el estudio de lo que se ha dado en llamar génesis del “estado moderno” como proceso de larga duración desarrollado entre los siglos XIII y XVIII, a lo largo del cual aparecen nuevas formas de reparto y participación en el poder político, así como una concentración de este en manos de una instancia superior –la monarquía– que lo ejerce de acuerdo con una noción de supremacía general en convivencia con otros poderes locales, territoriales y socio-políticos. Dentro de este complejo proceso, autores como M. Á. Ladero, J. P. Genet o R. Bonney han asignado un importante papel cimentador tanto a las estructuras fiscales y financieras de - sarrolladas por las monarquías, como a la redistribución de los recursos captados. En este sentido, los estudios llevados a cabo desde los años sesenta han demostrado que entre mediados del siglo XIII y mediados del XIV se operó una profunda transformación en las estructuras fiscales que puso en manos de las monarquías un nuevo conjunto de recursos, enmarcada en el paulatino tránsito –según la teoría de J. Schumpeter– del llamado “estado de dominio territorial” a un “estado fiscal” asentado sobre los nuevos principios políticos y jurídicos de base romanista, en el cual los elementos públicos tenían asignado un mayor peso. Este hecho favoreció la aparición de impuestos que gravaban al conjunto de los súbditos y no solo a los hombres del entorno más próximo, sin que ello significara que los elementos privados o patrimoniales desaparecieran del plano fiscal, dado el importante papel que en la sociedad estamental tenían las redes de parentesco y las clientelas 1 .
En el caso castellano la denominada “revolución fiscal bajomedieval” adquirió un especial impulso en los reinados de Alfonso X (1252-1284) y el efectivo de Alfonso XI (1330-1350), momento en el que aparecieron o se desarrollaron nuevas fuentes de ingreso, entre las que encontramos el recurso a la fiscalidad extraordinaria en forma de servicios de cortes; el servicio y montazgo sobre el tránsito y uso de pastos del ganado trashumante; el recurso a las quiebras monetarias; el impuesto sobre el tránsito de mercancías o aduanas; una reordenación de las salinas; o el impuesto indirecto sobre las compraventas, la alcabala, que si bien comenzó a ser recaudado por Alfonso XI de forma excepcional, a finales del siglo XIV fue convertido por Enrique III en renta ordinaria, por cierto, la principal fuente de ingreso ordinario para la monarquía 2 .
Sin embargo, paralelamente a las realizaciones prácticas operadas por el poder monárquico en materia fiscal se desarrolló todo un conjunto de argumentos retóricos y discursivos que buscaban por un lado apoyar y justificar, de cara a la construcción de un necesario consenso social 3 , el derecho que se había arrogado la monarquía para llevar a cabo la imposición de tributos, y por otro la definición de unos marcos de equidad y justicia en los que llevar a cabo la exacción, los cuales a su vez actuaban como elementos limitadores teóricos de la potestad fiscal regia. La mayoría de estas reflexiones y discusiones particulares sobre problemas relacionados con la soberanía fiscal se encontraba en una amplia tipología de obras entre las que cabe destacar la literatura de tipo sapiencial 4 y los tratados políticos para la educación de los príncipes o Specula principum 5 , obras que tal y como ha constatado E. Isenmann estaban reforzadas por el comentario teológico sobre las escrituras y los escritos de los primeros Padres de la Iglesia, por el estudio desde el siglo XII del derecho romano y canónico, y más adelante, por el redescubrimiento de la obra filosófica de Aristóteles, especialmente la Ética a Nicómaco y la Política 6 . Además del estudio de estos tratados de amplio contenido político es necesario abrir el análisis hacia todo un elenco de compendios legales y obras literarias, cronísticas y religiosas –sermones, comentarios bí- blicos...–, quizás más modestas en lo que a reflexión intelectual se refiere, pero que dejan traslucir igualmente imágenes comunes sobre la soberanía fiscal y la capacidad redistribuidora de la realeza a través del empleo de una retórica semejante en muchos aspectos a la desplegada por las obras de mayor calado intelectual.
2. LA JUSTIFICACIÓN DE LA IMPOSICIÓN.
A la hora de justificar la imposición de tributos jugó un papel principal un conjunto de elementos en relación con la legitimidad de la autoridad o potestas que lo imponía y el origen o naturaleza del estado y de la sociedad. Partiendo de los textos bíblicos, los autores medievales llevaron a cabo todo un esfuerzo argumentativo a la hora de dotar de legitimación la existencia de imposiciones, tomando en especial consideración la doctrina expresada por san Pablo en su Carta a los Romanos 7 y en su $I$ Carta a Timoteo 8 según la cual, para que el soberano –cuyo poder procede de Dios– pudiera cumplir adecuadamente su oficio y función de preservación del orden interno y de defensa del reino frente a la amenaza exterior, sus súbditos debían poner a su disposición los medios necesarios bajo la forma de contribuciones. Junto a esta formulación, las palabras de Cristo (Mat. 17, 23-25; 22, 16-21) incidían a los ojos de los pensadores escolásticos, moralistas y canonistas medievales en la estrecha vinculación existente entre el pago de impuestos y la sumisión debida a la autoridad del soberano. Sin embargo, la sentencia “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” fue interpretada de forma diferente, atendiendo al fin deseado. Así, por ejemplo, mientras en los Castigos del rey don Sancho (hacia 1292-1293) permitía justificar la separación entre poder temporal y espiritual 9 , en otros textos, como el Fuero Real de Alfonso X, se vinculaba con el origen divino de los derechos fiscales del monarca 10. A fines de la Edad Media –hacia 1485– Gonzalo García de Santa María recurría de nuevo a la misma referencia bíblica para asegurar que el tributo que se pagaba en tiempos de Cristo atendía al esfuerzo realizado por los romanos ya que “por defension de la tierra exercitauan la caualleria e campo, e defendian la patria de ladrones e enemigos: e conseruauan la paz entre los ombres”. Incluso aseveraba como fundamento legitimador que el propio Cristo había satisfecho el pago por sí y por san Pedro 11 tal y como constaba en el Evangelio (Mat. 17, 24-27). Si el mismo Cristo había pagado las contribuciones exigidas, ¿cómo podría un simple humano oponerse a la exacción fiscal promovida por una realeza cuyo poder procedía directamente de Dios?
Desde el ámbito de la reflexión filosófica escolástica la justificación de la imposición regia más difundida en la baja Edad Media fue la propuesta por Tomás de Aquino en sus comentarios sobre los mismos textos bíblicos, en el De regimine Judaeorum, en la Suma Teológica y en su inacabado De regimine principum, textos en los cuales se seguía insistiendo en que el servicio a Dios en su gobierno realizado por los príncipes legitimaba su derecho a percibir tributos de sus súbditos como contribución a su entrega tanto por el mantenimiento de una patria en paz y tranquilidad como por la consecución del bien común, elemento novedoso introducido directamente del aristotelismo político 12.
La reflexión política castellana tiene en las Siete Partidas de Alfonso X uno de sus hitos fundamentales, y en lo que atañe a la fiscalidad regia un primer planteamiento directo de su importancia para hacer frente al sostenimiento de todas aquellas empresas destinadas al mantenimiento del reino 13. Semejantes reflexiones justificativas aparecen a fines del siglo XIII en El libro de los cien capítulos, uno de los más acabados ejemplos de la literatura sapiencial castellana, en el que el “aver” –fruto de la percepción fiscal– se presenta como “fortaleza del rey e enderesçamiento del regno” de cara al crecimiento de la justicia y de la seguridad, así como “abivamiento del señorío y la mejor arma que el rey puede aver con sus enemigos” 14 vinculándose de forma directa la percepción tributaria tanto con la fortaleza del poder monárquico y las virtudes derivadas del mismo –cuya mejor formulación había sido expresada en la Segunda Partida alfonsina– como con la necesaria defensa del reino. Y todo ello en un momento en el que las realizaciones prácticas en materia fiscal puestas en marcha por la monarquía de Alfonso X habían dado como fruto la aparición de un nuevo sistema hacendístico capaz de hacer frente a nuevos gastos relacionados precisamente con el fortalecimiento de la figura regia 15.
Estas consideraciones aparecieron unidas a la tradicional imagen corporativa que hacía del rey la cabeza del cuerpo social, y por tanto el elemento director a la hora de llevar a cabo la defensa de los súbditos. Por ejemplo, Tolomeo de Lucca expresaba en su continuación al De regime principum de santo Tomás 16 la similitud existente entre cualquier reunión de hombres –reino, ciudad, campamento– y el cuerpo humano, lo cual le llevaba a comparar el tesoro real con el estómago, receptor de alimentos y redistribuidor de los mismos a las demás partes del cuerpo 17; del mismo modo, en la Suma Política de Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470) a la hora de definir las obligaciones de los súbditos con respecto a su rey se señalaba lo siguiente:
“Lo II.º consiste esta reuerencia e obediencia e subjección socorriendo e ayudando al rey con las propias faziendas. Ca los súbditos son obligados de ayudar a su rey e príncipe con sus faziendas propias aujendo las menester para soportar los cargos de su real estado e para defensión de la república, a la que son los súbditos obligados por justicia distributiva. Onde es mucho de notar que no sin cavsa los sabios antiguos compararon al rey a la cabeça en el cuerpo vmano, pues manifiesto es que entre todos los mjembros del cuerpo vmano sola la cabeça es aquella que assí como soberana tiene más cargos” 18.
Al mismo tiempo, y como derivación de la vinculación entre la imagen corporativa del rey 19 y su capacidad de percibir tributos, Sánchez de Arévalo incidía, tal y como lo había hecho Tolomeo de Lucca, en la capacidad redistribuidora de la cabeza regia con respecto a los demás miembros del cuerpo social, ya que si el rey “no tiene riqueças nj los suyos le socorren, estonce estará flaco e no podrá resistir a los contrarios nj defender a sus súbditos, nj podrá esso mesmo jnfluyr en ellos faziendo les gracias e mercedes. Assí mesmo estará muy feo e torpe, e pocos aurá que le querrán veer nj segujr ni fazer reuerencia, e avn qualqujer uiento, conujene saber, qualqujer enemjgo suyo le podrá ofender” 20.
A pesar de estas consideraciones, no todos los autores interpretaron en términos positivos la existencia de una percepción tributaria –especialmente la de carácter extraordinario– al servicio de la institución monárquica. Así, el canciller Pero López de Ayala en su Rimado de Palacio realiza un planteamiento crítico basado en la consideración de la avaricia como pecado originario de la tributación, en relación con las necesidades bélicas puestas al servicio del poder: “esta [la avaricia] trae los pechos en los pueblos cuitados/ monedas, alcabalas, empréstidos doblados/ sueldo a caballeros e homnes escudados/ galeotes, ballesteros por ello son echados” 21.
3. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL TRIBUTO JUSTO O LEGÍTIMO.
Tal y como ha señalado E. Isenmann la justificación de la imposición se encuentra en íntima relación con el análisis de las condiciones que debían concurrir en los gravámenes para que estos fueran considerados como justos hasta el punto de obligar moralmente a los súbditos a su pago. Las respuestas principales a la cuestión partían de las reflexiones de Alberto Magno y Tomás de Aquino, en las cuales se definían las categorías que aseguraban la justicia de las leyes humanas atendiendo a tres criterios –fin, autoridad y forma de las mismas– sometidos en última instancia a la ley divina. De esta forma, la justicia y por lo tanto la legitimidad de la exacción fiscal se verificaba, siguiendo los esquemas escolásticos, a través del cumplimiento de una triple causalidad –causa final, eficiente y formal–, a la que otros autores como Gabriel Biel y Tomás de Vio añadieron respectivamente una causa material, en relación con el sujeto sobre el que pesaba el gravamen, y la concerniente a la utilización correcta del importe del impuesto, que de hecho estaba ya incluida en la causa final 22. En el caso castellano es posible rastrear diferentes variantes sobre el asunto de la justicia de la imposición a través de textos de muy distinta naturaleza –políticos, jurídicos, morales, religiosos y literarios– los cuales comparten un interés manifiesto a la hora de legitimar el derecho del rey a imponer tributos al tiempo que expresan ciertas limitaciones en el ejercicio de estas facultades fiscales.
3.1. LA FINALIDAD DE LA IMPOSICIÓN.
La finalidad otorgada al tributo constituye el primero de los elementos legitimadores de la exacción fiscal desarrollados por el pensamiento escolástico presente en los textos políticos de la baja Edad Media 23. Este criterio finalista relaciona directamente la justicia del fin perseguido al que se destina el tributo con la justicia y legitimidad de su imposición, atendiendo siempre, siguiendo la tradición aristotélica y romanista, a una necesidad virtuosa en consonancia con la búsqueda del bien público –utilitas communis, utilitas publica, bonum commune– o de la preservación de la sociedad –communis conservatio societatis–, en los términos expresados por Tomás de Aquino 24.
En el caso castellano, esta concepción que expresa el vínculo entre legitimidad del impuesto y finalidad pública aparecía definida en el Libro de los cien capítulos (1280-1285) en relación con actuaciones en “pro del regno e a su dapño de los enemigos” 25. Sin embargo era fundamental de cara a articular una justificación más profunda de la imposición dotar de contenido concreto la expresión utilitas o necessitas, que la Tercera Partida vincula al mantenimiento del rey “honradamente en sus despensas”, al amparo de “sus tierras y sus reinos”, y a la necesidad de “guerrear contra los enemigos de la fe”, objetivos que debían lograrse cumpliendo la máxima de “excusar sus pueblos de echarles muchos pechos y hacerles otros agravios” 26. Poco después de la formulación alfonsina, desde la perspectiva netamente clerical presente en el Libro de las confesiones de Martín Pérez 27 (1316) se censuraban las imposiciones regias consideradas “desaforadas” o contra derecho, ya que aunque para su recaudación se argumentara su necesidad de cara a la guarda y mantenimiento de la tierra, esos gastos debían ser cubiertos con las rentas ordinarias, cuyo fundamento estaba precisamente –siguiendo a san Agustín– en la labor de defensa encomendada a los reyes. De lo contrario, si estos defensores tomaran rentas según su albedrío se convertirían en robadores de toda la tierra, ya que “por pecho la estragan”. Incluso desaprobaba la imposición de pechos desaforados con fines asistenciales o benéficos, pues “non se puede fazer limosna de lo ageno, nin se quiere Dios honrar sinon de lo bien ganado”, apoyándose en un pasaje evangélico (Lc, 3, 13-14). Por el contrario, las rentas aforadas habían sido establecidas con justos fines entre los que se encontraban el pago de las soldadas a los caballeros y oficiales de justicia, el mantenimiento de la tierra y las casas, y la labor benéfica con la Iglesia y los pobres 28.
Sin embargo, en la primera parte de su obra, Martín Pérez establecía la justicia de un tributo “aforado” como el portazgo –quizás en contraste con los pechos desaforados impuestos por Alfonso X entre 1268 y $1 2 7 6 ^ { 2 9 } -$ en relación con el “defendimiento de la fe e de la tierra contra los moros” –idea muy vinculada con la guerra justa por excelencia, la mantenida contra el infiel–, fin al que se sumaba la ya comentada “guarda de la tierra contra los ladrones” y de forma genérica “cualquier otra razón buena e nesçesaria” 30. Idéntica reflexión sobre la justicia y legitimidad de la imposición tributaria en relación con la guerra contra el infiel se puede extraer de otros textos posteriores mucho más pragmáticos como la Soplicación e rrequerimiento elevada por el rebelde Pero Sarmiento a Juan II en 1449, en la cual se justificaba la imposición, en este caso de tributos extraordinarios, “por grande necesidad, para fazer guerra a los enemigos de la Ley” 31. Como se puede apreciar, en el caso castellano el sostenimiento de la guerra religiosa tuvo un especial calado como fundamento articulador, como consecuencia del condicionamiento ideológico impuesto por el estrecho vínculo existente entre las ideas de “reconquista” y cruzada.
Junto a estas reflexiones, el mantenimiento de la paz adquirió como fin justo un relieve principal, tal y como ponía de manifiesto siguiendo la tradición tardoantigua el aragonés Juan Fernández de Heredia a finales del siglo XIV en su traducción a la Historia adversus paganos de Orosio 32. Igualmente, en la obra de fray Ambrosio Montesino Sermones de Epístolas y Evangelios por todo el año, impresa en 1512, se señala como segundo criterio para reconocer la justicia del tributo su empleo en el mantenimiento de “la paz y tranquilidad de los subditos”, de cara a garantizar, por ejemplo, la seguridad en los caminos –elemento muy relacionado con el desarrollo comercial de la época–, o en un plano más general la necesidad, siempre y cuando esta fuera virtuosa 33, tal y como ponían también de relieve los procuradores en una de las peticiones formuladas en las cortes de Santa María de Nieva de 1473 34.
Sin embargo, tal y como ha señalado J. M. Nieto, el fin último globalizador que obtendrá un mayor reconocimiento a la hora de legitimar la tributación será la búsqueda del “bien común”, argumento típicamente escolástico que cumplía un importante papel a la hora de asegurar un amplio respaldo a la hora de llevar a cabo la exacción o más concretamente, por ejemplo la concesión de servicios extraordinarios en las cortes 35. Esta argumentación conllevaba una despersonalización de los bienes del monarca operada gracias a la diferenciación entre sus bienes patrimoniales y los que gestionaba por el interés del reino, a la que se sumaba la consideración pública tanto de los tributos percibidos por el gobernante como de su acción de gobierno 36. Aunque ya se ha puesto de relieve la presencia temprana de este argumento en el Libro de los cien capítulos (1280-85), es la literatura del siglo XV la que ofrece algunos de los ejemplos más acabados de su empleo como justificación de la exacción. Así, en el Libro de las veynte cartas e quistiones del burgalés Fernando de la Torre (1416?- 1475), la tributación o entrega de los “averes” del pueblo al rey aparece íntimamente vinculada a la finalidad intrínseca del ejercicio del poder regio como cosa pública, que no es otra que la búsqueda del “prouecho común” de aquellos que son regidos 37. Sin embargo, el propio autor era consciente, al igual que lo habían sido de una forma un tanto difusa otros escritores de su época como Rodrigo Sánchez de Arévalo 38, del uso propagandístico –se habla explícitamente de “mentira”, concepto que consideramos afín y relacionado intrínsecamente con el de propaganda– que el poder regio podía hacer, y de hecho hacía, de la necesidad unida al concepto de bien común como argumento legitimador de tributaciones excesivas e indebidas.
“Las rentas deuen ser por ygual en lo neçesario que non desiguale de lo honesto; e digo neçesario tanbién para proueerse de algúnd thessoro ençerrado non abarientamente, mas para alguna neçesidad de guerra sy se cabsare, en quantía razonable segúnd la facultad del reyno, como para su gasto ordinario, e sy aliende se toma de lo neçesario es yr contra el exerçiçio real, mas el mintroso nonbre de franqueza que agora se vsa entre los onbres, e señaladamente entre los reys, es en esta parte grand desipador del real exerçiçio, ca faze ser neçessario lo que es muy sobrado e non deuido, ca la franqueza es dar lo que conbiene e lo que conviene es honesto, e lo honesto es el fundamento e cabsa del reynar e reyno, e guárdase asý mesmo atando e conseruando el común e general prouecho” 39.
Todos estos fines señalados, cuyo origen estaba en gran medida en el pensamiento escolástico de corte aristotélico, fueron empleados por la misma monarquía de forma individual o en su conjunto como elementos legitimadores de una justa tributación requerida. Bastará con señalar, sin ánimo de ser exhaustivo, algunos ejemplos de aplicación pragmática de estos presupuestos en Castilla a lo largo del período bajomedieval.
La guerra como fin justo legitimador de la exacción está presente en numerosos textos de cortes. Por ejemplo, las necesidades derivadas de las guerras sostenidas por Juan I contra Portugal y sus aliados ingleses permitieron legitimar la petición de tributos extraordinarios y el empeño de parte del patrimonio real 40. Así, en un discurso pronunciado por el propio rey ante las cortes reunidas en Valladolid en 1385 en el que se reconocía el daño que había supuesto la imposición de estas “necesarias” exacciones extraordinarias, el propio monarca trataba de obtener el consenso en torno a sus medidas fiscales mostrando una imagen piadosa a través de una cuidada escenografía –vestimentas de luto, trasunto del duelo en que se hallaba el “corazón” del rey– en profunda conexión con su discurso 41. Incluso, en las cortes de Bribiesca de 1387 se apelaba a las recomendaciones de los “sabios antiguos” según las cuales “a las cosas que nueuamente acaesçen deuen ser puestas prouisiones e rremedios”. De forma paralela, los “grandes menesteres” provocados por la guerra contra Portugal justificaban medidas fiscales como la devaluación monetaria, máxime si tal y como quería hacer ver el rey a los procuradores, de esta manera se conseguía relevar “a los nuestros rregnos de pechos e de dannos” 42.
La guerra contra el infiel –la guerra justa por excelencia– como fin alegado por la monarquía para exigir tributaciones, también tiene de nuevo su reflejo más allá de la teoría en la documentación práctica de la época. Por ejemplo, tras la campaña de Antequera, el infante don Fernando solicitó en las cortes de Valladolid de 1411 un servicio extraordinario con el que hacer frente tanto a los gastos de la guerra pasada como a los necesarios para emprender nuevas campañas contra los “moros enemigos de la
41 “La segunda rrazón por que tenemos este duelo en el coraçon, sy es por que commo bien sabedes, despues que nos rregnamos, avemos seydo e somos en grandes menesteres de guerra, por lo qual nos fue forçado deuos echar muchos pechos, e de nos seruir de uos en muchas maneras, delo qual se ha seguido e sigue muy grand dapno alos nuestros rregnos. E como quier que destos pechos e destos dapnos que se siquen dellos pese a vos otros, enpero deuedes entender que mucho mas pesa a nos, ca bien sabedes que nos en quanto Rey deuemos vos aver açerca del nuestro rregno, asy commo el padre çerca del su fijo; e por ende ser çiertos que quando avemos echar algund pecho para nuestros menesteres que nos avemos, padesçemos muy grand pesar en nuestro coraçon”. Cortes, II, Cortes de Valladolid de 1385, pp. 329-231.
fe” 43. De nuevo, más adelante, en un expresivo alvalá de Enrique IV datado en mayo de 1474 podemos observar la unión discursiva de otros de estos criterios finalistas señalados por los teóricos –necesidad, pacificación, bien común del reino, obligación de servicio al rey– a la hora de justificar la petición en las cortes de Santa María de Nieva (1473) de un servicio extraordinario de noventa y tres millones de maravedíes 44.
Pero la finalidad del tributo no solo fue empleada como argumento para legitimar su percepción, sino que, más allá de su uso por la realeza, estuvo en la base del intento de limitación teórica del poder regio expresado en las cortes de Ocaña de 1469, en las que sin atacar en ningún momento su origen divino los procuradores enunciaron, tal y como ha puesto de manifiesto J. M. Nieto, un concepto del oficio regio como servicio a las necesidades del reino que lo mantiene, por el cual el rey –que es llamado “mercenario”– percibiría como “soldada” parte de los frutos y ganancias de sus súbditos 45. De este modo, y aunque el texto no lo explicite, la falta de atención a esas necesidades y el empleo de los recursos obtenidos por el rey en otros fines no relacionados con las anteriores, podría llegar a legitimar la limitación o incluso supresión de esa “soldada” que como mercenario recibía.
3.2. LA CAUSA EFICIENTE: LA SOBERANÍA FISCAL DEL REY.
A lo largo del período bajomedieval la cuestión de la soberanía fiscal, y por tanto de la legitimidad de los poderes para imponer tributos, se desarrolló a partir de las argumentaciones aportadas por los juristas del derecho romano y canónico, según las cuales, las facultades fiscales formaban parte de los atributos de la summa potestas del emperador. Sin embargo, frente a la aparente simplicidad de la formulación aparecerían controversias a la hora de discernir si los reyes y otros poderes subordinados, como los señores territoriales o las ciudades, poseían el derecho de imponer tributos en virtud de una cesión del emperador en forma de privilegio, que según Bertachinus no podía ser revocada dado su carácter de acuerdo o contrato. Igualmente, el derecho eclesiástico limitaba la facultad de exigir tributos solo a aquellos poderes que contaran con la autorización de emperadores, reyes, del concilio de Letrán o que fueran fruto de la costumbre inmemorial. Sin embargo, Enrique de Susa Hostiensis y Juan Andrés entendían por reyes solo a los emperadores electos, lo cual arrancaba a los simples reyes una soberanía fiscal, que doscientos años después el Panormitano sí les reconocía. No obstante, la interpretación del derecho romano realizada por legistas y canonistas permitió el asentamiento de un modelo de estado secular en el cual los monarcas, que reivindicaban la equivalencia del poder imperial en sus propios reinos, ejercían el monopolio fiscal, habida cuenta de que el soberano era el poder más capacitado para desempeñar la utilitas publica en beneficio del conjunto del reino 46.
Estas conceptualizaciones pasaron a formar parte de la literatura político-jurídica y moralista castellana de los siglos XIV y XV en distintos grados, partiendo de la expresión más nítida de la facultad regia para recabar impuestos aparecida en la Tercera Partida (III, 28, 11):
“Las rentas de los puertos y los portazgos que dan los mercaderes por razón de las cosas que sacan o meten en la tierra, y las rentas de las salinas y de las pesquerías, y de las herrería y de los otros metales, y los pechos y tributos que dan los hombres son de los emperadores y de los reyes” 47.
De este modo solo el rey, equiparado en su reino al emperador, ostentaba el monopolio de la imposición sobre este importante conjunto de rentas conforme a su papel como cabeza del reino, y a su labor en defensa y mantenimiento del mismo, sin que por ninguna parte aparezca la posibilidad de cesión a otros poderes, en consonancia con la idea de una monarquía poderosa imaginada por Alfonso X. Por el contrario, el ya aludido Libro de las confesiones de Martín Pérez (1316) a la hora de determinar la legalidad del portazgo se hacía eco casi de forma literal de las disposiciones eclesiásticas que atendían a la causalidad eficiente, asignando las facultades impositivas a la Iglesia, el rey o emperador, y a “otro señor de la tierra que aya tal poder de derecho o de uso bueno e con consentimiento de los otros que avian derecho de tales cosas ordenar”, lo cual podía romper de alguna manera el monopolio fiscal erigido en torno al rey, especialmente en caso de conflicto entre monarquía e Iglesia por la imposición de tributos al clero. A estos elementos portadores de soberanía fiscal se yuxtapondría la costumbre como fundamento legitimador, ya que si el portazgo “es ya tan antiguo que non se acuerden los omes de commo fue puesto, devemos entender que bien asi fue puesto, ca asi lo dize el derecho” 48. Del mismo modo, la reflexión sobre los elementos concurrentes en la legitimidad de los gravámenes impuestos realizada en uno de los sermones del franciscano fray Ambrosio Montesino antepone como primera causa “la auctoridad de aquél que lo puede imponer, como es del rey o del emperador” 49.
Estas reflexiones teóricas tendrían su reflejo en textos de aplicación práctica como los cuadernos de cortes. Así, en el de Burgos de 1373 o en el de Segovia de 1386, los procuradores se quejaron de la imposición de nuevos tributos como portazgos, rondas o castillerías por parte de “algunos ricos omes e caualleros e escuderos e rricas duennas” en lugares donde no era costumbre o donde no se cobraba cuando el territorio era de realengo, lo cual iba en contra de la facultad regia de imponer tributos, o de ceder su cobro siempre mediando una licencia 50.
Igualmente, el uso de esta facultad fiscal regia tuvo su reflejo en la literatura de la época. Por ejemplo, a comienzos del siglo XV, Gutierre Díaz de Games en El Victorial toma del Poema de Alexandre una definición de las capacidades del rey en la cual, junto a las atribuciones legislativas se hace referencia a su capacidad de imponer tributos, lo que permite valorar la amplia aceptación e imbricación en las estructuras mentales que había alcanzado la soberanía fiscal regia.
“Tres cosas vos demando. La primera, que me resçibades por señor. La segunda, que me dedes tributo. La terçera, que me demandedes alguna buena ley o costunbre por donde bivades, ca yo ando a fazer justiçia de los reyes ynjustos e de los falsos juezes” 51.
Similares concepciones a las expresadas en el Poema de Alexandre en relación con la capacidad regia de recaudar, ordenar mandamientos e impartir justicia –elementos que forman parte de lo que se conoce como “estado real” 52– fueron expuestas en las cortes de Valladolid de 1447, en las cuales los procuradores hicieron ver a Juan II la degradación que habían alcanzado tales funciones propias de la realeza y el consiguiente peligro que ello implicaba para la paz del reino.
“E sy dexando se de dia en dia de començar arreparar por rreçelo de inconvinientes se va llegando atal estado que non se pueda rremediar, este seria el mayor inconviniente, pues donde los fechos son ya llegados, muy virtuoso rrey e sennor, en estado que vuestra justiçia non es temida nin executada nin vuestros mandamientos obedeçidos nin acatados commo deuen, e vuestras rrentas tomadas e enpachadas en tanto grado quanto jamas nunca fue, de que se sigue todo abaxamiento de vuestro rreal estado, non se deuen dubdar ningunos inconvinientes antes osariamos dezir que sy el caso se ofreçiese, a todo peligro se deuia de poner por lo rreparar, ca seria guerrear por la paz; quanto mas sennor, que entendemos Dios mediante que mucho se podria emendar e syn grandes dificultades” 53.
Toda esta reflexión en favor de la soberanía fiscal regia llegaría a su punto cumbre con la inclusión de las atribuciones fiscales en algunas de las formulaciones realizadas sobre el poderío real absoluto, unidas a un concepto transpersonalizador de Corona Real como imagen de síntesis del cuerpo político y de la inalienabilidad del reino 54, al que debían ir asociados unos buenos recursos financieros como medio para lograr su engrandecimiento. Por ejemplo, Fernando de la Torre señalaba hacia 1465 en una carta a Enrique IV lo siguiente:
“Otra es por çierto la exçelençia e grandeza de la corona real de Castilla, e la subjectión de sus señores, e la grand libertad e poder absoluto de su estado real, ca non se fallará en sus reynos nin señoríos grande nin chico, çibdad nin villa, aldea nin casa, fablando genialmente, que non la responda cada vn año con çierta renta, inposiçión e tributo, quier alcavala, si la fiziere, pecho o moneda, escriuanía o yantar, o otras maneras de tributos, segúnd la calidad e condiçión del estado, e de cada vno e de su libertad” 55.
3.3. LA MEDIDA Y FORMA DE LLEVAR A CABO LA EXACCIÓN.
La tercera causa que intervenía a la hora de determinar la justicia de una imposición era la forma, en relación con la cuantía de la exacción, y en un sentido más general con el modo operativo de llevarla a cabo. El Libro de los cien capítulos (1280-1285) planteaba con claridad la cuestión al señalar cómo “non deve el rey sobrelevar su pueblo nin pedido más de lo que pueden”, ya que de esta manera no se estaría sino horadando la capacidad y riqueza de la base del cuerpo social regido por la monarquía 56. Apreciaciones semejantes –aunque de índole más práctica– en relación con los términos en los que llevar a cabo la exacción ya habían sido consideradas anteriormente en el Libro de los doze sabios, redactado entre 1237 y $1 2 5 5 ^ { \scriptscriptstyle 5 7 }$ , en el que se recomendaba al rey recaudar los tributos por fracciones mensuales y no de forma anual para evitar que la población sufriera los estragos de una elevada presión fiscal concentrada en un momento puntual 58.
El mismo argumento esgrimido en el Libro de los cien capítulos seguía vigente en textos del siglo XV. Por ejemplo, Fernando de la Torre seguía defendiendo la “quantía razonable segúnd la facultad del reyno” a la hora de efectuar la exacción, tanto para hacer frente al gasto ordinario como al extraordinario, representado fundamentalmente por las necesidades bélicas 59. Y ya a comienzos del siglo XVI, en un sermón de fray Ambrosio Montesino, se admitía la legalidad del impuesto siempre y cuando su medida fuera “templada y con mesura a fin que los pobres no sean en el mundo agraviados”. Incluso el propio autor interpretaba como un ataque directo a Dios la imposición de tributos nuevos y no acostumbrados o el incremento del importe de uno ya existente, lo cual recalcaba la importancia de la medida a la hora de legitimar la exacción 60.
Pasando del plano de la reflexión intelectual al de la praxis, los cuadernos de cortes son muy expresivos en lo que a procedimiento fiscal práctico se refiere, y suelen incluir en las peticiones relacionadas con la forma de llevar a cabo la exacción argumentaciones vinculadas con las consecuencias derivadas de un mal reparto de la presión fiscal, especialmente el empobrecimiento del reino, en oposición al ideal de “bien común” formulado en el lenguaje de la época como “pro e guarda de la tierra” 61. Por ello, como elemento discursivo de cara a lograr el consenso, Fernando “el de Antequera” en su petición de un servicio extraordinario en las cortes de Valladolid de 1411 se encargó de recalcar la necesidad de llevar a cabo la recaudación “por las vias e maneras que entendieremos que mejor e mas syn danno lo podrá pechar e cunplir el rregno” 62.
En los mismos términos de mesura aparecen las consideraciones sostenidas anteriormente por Juan I en el citado discurso ante las cortes de Valladolid de 1385, en el cual deja traslucir una imagen regia de “pater patriae”, que contra su voluntad, y en virtud de unas necesidades originadas por sus pecados, se ve en la disyuntiva de elevar temporalmente la presión fiscal.
“La terçera rrazon por quel dicho duelo está prinçipal mente enel nuestro corazon, sy es por que segund diximos en quanto Rey, asi commo padre de aqueste rregno somos tenudo e obligado de aliuiar los pechos en quanto pudieremos, e veemos que por nuestros pecados en tal manera estan agora los fechos, que en lugar [de aliuiar] los pechos, fuerça nos fue delos acresçentar, pero contra nuestra voluntad, por los grandes menesteres enque estamos, segund vosotros sabedes” 63.
Incluso, en el ordenamiento de Bribiesca de 1387 Juan I, tras el otorgamiento de una alcabala del diezmo y un servicio extraordinario por las cortes, garantizaba de nuevo, como forma de garantizar el consenso, la mesura en la exacción en relación proporcional con el grado de necesidad en que se hallaba el reino:
“A esto vos rrespondemos que agradesçemos atodos mucho las buenas obras que sienpre nos avedes mostrado en todos nuestros menesteres, e avn sabedes vos otros bien que mas desto nos dauades sylo nos quisieramos, lo qual vos agradesçemos mucho commo dicho avemos; pero nos queriendo fazer lo que sienpre ffizimos en non leuar de nuestros rregnos saluo aquellos que nos fuese neçesario, e eso mesmo commo a nos es conçencia leuar mas de aquellos que entendemos que nos faze menester; e otrosy conosçiendo commo sienpre avemos fallado presto todo lo vuestro cada vez quelo ouimos menester, entendemos que fariamos syn rrazon en vos demandar mas delo que nos fuese nesçesario” 64.
Igualmente, según se deduce de la lectura de algunos textos cronísticos, el mismo argumento formalista era tenido en cuenta a la hora de determinar la injusticia e ilegitimidad de la tributación. En su Crónica de Enrique IV Alonso de Palencia se hace eco de ello al describir la Hermandad creada por los Reyes Católicos en 1476, en parte con una finalidad recaudatoria, como institución “grandemente hostil a la nobleza y onerosísima a los pueblos, a unos por lo injusto de las exacciones, a otros por lo intolerable de los gastos” 65.
Así mismo –y el anterior texto así lo señala– en relación con los términos en que llevar a cabo una legítima imposición fiscal se enmarcaba la cuestión de sobre qué sujetos era justo y legítimo establecer tributos. A este respecto, el mismo Alfonso de Palencia en su Universal Vocabulario no entra en demasiadas valoraciones, aunque tras un aná- lisis etimológico se encarga de señalar la relación entre tributo y tierra, trasunto de la estrecha relación que existía entre el vínculo de naturalidad y el derecho a la imposición tributaria ejercido por la realeza 66 en virtud del pago por el ejercicio de su oficio:
“Tributum se dize que se racabdaua de todas las tribos segund que agora se recabda de las comarcas e tierras pagando los subsidios a sus principes la renta, e que tributo se entienda por sueldo afirmalo pomponio, que se nombra de contribuçión, o por que se da a los guerreros segund pone Ulpiano de la significaçión de las palabras” 67.
Sin embargo, como es bien sabido, no todos los naturales del reino pagaban todos los tributos –especialmente en Castilla los directos–, lo cual hacía necesario desplegar todo un elenco de justificaciones ideológicas en las cuales basar esta exención. Por un lado, los tratadistas que abordaron el hecho nobiliario en el siglo XV se encargaron directamente de la cuestión al relacionar la exención fiscal de la nobleza con una libertas originaria asentada sobre un concepto de nobilitas vinculado a la sangre. Así lo expresaba por ejemplo Fernando Mejía a fines del siglo XV:
“Siguense que como vengan antigua mente de onbres libres. E ellos ayan nasçido en libertad sin contribuçion de ningund tributo quelos tales sean nobles. E por el contrario el que es nuevo noble como venga de onbres no libres. Mas tributarios e pecheros. E el tal noble nueuo sea nasçido en tributo o tributario e sin libertad. Siguense quel tal no sola mente no es ygual al noble de antiguedad como es prouado e claro. Mas a vn por las mismas conclusiones se prueua no ser noble. Pues segund el filosofo dize que nobleza es antiguedad de libertad e cetera” 68.
Junto a la nobleza, el clero como grupo exento desarrolló sus propios argumentos en defensa de su exención, que siempre podían ser combinados con el recurso a la amenaza de excomunión. Así, en la Primera Partida (I, 9, 2) se recoge la legitimidad de la excomunión “cuando las potestades o los cónsules o los regidores de algunas villas o de otros lugares toman pechos a los clérigos contra el derecho” 69 sin que aparezca referencia alguna a la imposición de tributos al clero por parte del poder regio. Y a comienzos del siglo XVI Montesino señalaba de la misma forma en defensa de su estamento cómo “si alguno tomare de los clerigos peaje o algun otro derecho, al qual ellos no son obligados, es descomulgado de hecho y no puede ser absuelto sin primero restiuyr lo que tomo” 70.
4. EL REY COMO REDISTRIBUIDOR DE LOS TRIBUTOS: JUSTICIA DISTRIBUTIVA, LIBERALIDAD Y LARGUEZA.
La soberanía de la monarquía a la hora de llevar a cabo la imposición de tributos solo podía ser entendida desde la mentalidad político-religiosa medieval si los recursos captados permanecían transitoriamente en manos del rey, de forma que de acuerdo con los planteamientos de la justicia distributiva, la riqueza obtenida fuera repartida entre los miembros del cuerpo social, atendiendo a su distinta calidad y condición, de acuerdo con un principio de actuación regia basado en la mesura 71. De este modo se fue consolidando la imagen del monarca como redistribuidor de la riqueza captada entre los distintos miembros del cuerpo social, aderezada con consideraciones principalmente morales sobre la liberalidad y la largueza 72, más adelante complementadas con una concepción netamente política de la redistribución como pago de la fidelidad.
Tal y como ha señalado A. Boureau, a finales del siglo XIII se produce la exaltación de la riqueza material del monarca como elemento público al servicio del bien común. Por ejemplo, en un sermón italiano anónimo de mediados del siglo XIV aparecían seis cualidades por las que un príncipe difunto había sido grande, entre las que se encontraba la abundancia de su tesoro (copiositas thesaurii), y de la misma forma, el dominico florentino Remigio de Girolamo en una oración fúnebre por Felipe el Hermoso de Francia le loaba por ampliar su riqueza (opulentie ubertatem) 73. Sin embargo, otros autores como Egidio Romano habían mostrado su recelo ante un acopio de riquezas por parte del príncipe que pudiera derivar en una escasa o mala redistribución de las mismas, y en una elevación de la presión sobre los súbditos que conduciría necesariamente al despoblamiento de la tierra 74. En cualquier caso, la cuestión no se centraba tanto en la legitimidad de la existencia de un tesoro y hacienda regia –necesario según Tolomeo de Lucca para alcanzar la magnanimidad y lograr el bien del pueblo 75 o según Juan García de Castrojeriz para ensalzar y engrandecer a los reyes 76 – sino en la forma de llevar a cabo su adecuada redistribución en beneficio del reino, atendiendo a una serie de consideraciones morales y éticas que contribuían a la creación de un modelo de príncipe virtuoso 77.
Por ejemplo, en el Libro de los cien capítulos soberbia y desmesura aparecen como vicios causantes de la disminución de las rentas y empobrecimiento del reino en relación con el gasto llevado a cabo por el rey 78. Sin embargo, la mesura se concretaba como virtud moral en la liberalidad, que aparecía en la Ética a Nicómaco (IV, 3) como el término medio regulado por la prudencia entre la avaricia y la prodigalidad, siendo el primer vicio más grave que el segundo tal y como señalaba en 1285 durante una disputa Godofredo de Fontaines, maestro de teología en la universidad de París 79. De la misma manera, en relación directa con la reflexión sobre la monarquía, se había expresado Egidio Romano en su De regimine principum (1278) en el cual colocaba la liberalidad y la magnificencia inmediatamente después de las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, al tiempo que señalaba cómo “la avaricia no aprovecha a ninguno, mas el gastamiento aprovecha a muchos, ca el gastador a sí solo es malo e a todos los otros es bueno”. Sin embargo, aun anteponiendo la prodigalidad a la avaricia, la liberalidad seguía siendo preferible a cualquiera de las dos anteriores, pues “el gastador se departe del liberal porque no da así como deve, ni a quien deve, ni por la razón que deve más que ninguna de estas condiciones. E el liberal guarda siempre estas condiciones, las cuales puede todo gastador bien guardar en dando” 80.
En el caso castellano se llegó a establecer un conjunto de condiciones a la hora de distinguir las concesiones regias que atendían a la virtuosa liberalidad de las que caían en el vicio de la prodigalidad. Juan García de Castrojeriz establecía tres: la forma de la dádiva expresada en la cuantía de los dineros distribuidos “porque no den menos de cuanto deven”; la calidad del receptor, evitando dar dádivas a “lisonjeros ni a garzones o a malos ommes”; y la finalidad, “por cuál razón lo dan que lo no den a vanagloria ni a pompa ni a loor del mundo” 81. Todo ello en consonancia con el sistema de causas que regulaba la justicia o injusticia de la imposición de un tributo. Así mismo, siguiendo su concepción religiosa de la política, el glosador asignaba a la limosna un papel fundamental dentro de las dádivas fruto de la liberalidad regia, estableciendo como modelo la figura de Luis IX de Francia “que contó todas las rentas de su reyno e partiólas, así que más daba a los pobres que tenía para sí”, lo cual habría estado en la base de la intervención divina para multiplicar su reino de forma que “todas las rentas primeras que falló mandó partir e sennalar para limosnas que se mantuvo siempre en lo que Dios le acrescentó” 82. Pero no solo el ejercicio de la limosna era importante, pues desde otras perspectivas el reparto de dones entre los naturales y vasallos de forma liberal permitía el engrandecimiento del propio rey, cuya situación quedaba reflejada como en un espejo en las condiciones de su propio reino. Así lo expresaba el Ordenamiento de Alcalá (1348):
“Pertenesce a los Reys, e a los Grandes Principes de dar grandes dones, faciendo mercet a los sus naturales, e a sus Vasallos, porque sean onrrados, e ricos, ca tanto es el Rey, e el su estado mas onrrado, quanto los suyos son mas onrrados, e mas abundados” 83.
Sin embargo, a pesar de que las implicaciones de índole teologizador y moral estaban muy presentes en este tipo de reflexiones, comenzaron a aparecer otros elementos propios de una concepción más realista y pragmática del hecho político vinculada con la atracción de fidelidades. Así, en sus glosas Juan García de Castrojeriz señalaba al príncipe la conveniencia de llevar a cabo el reparto de las riquezas ya que “annaden e acrescientan al omme muchos amigos, ca siempre son los ommes amigos de aquellos que les dan algo. E si el rey ha menester muchos amigos más que otro ninguno, mucho le comple e le conviene partir muy bien sus riquezas e sus algos” 84. De la misma forma, en el Libro del caballero Cifar se presentaba la liberalidad como forma de atracción de bondades y amistades 85, y el Jardín de nobles doncellas, escrito por fray Martín Alonso de Córdoba en torno a 1468-1469 en defensa de los derechos al trono de la futura Isabel I, ponía el acento en la virtud de la comunicabilidad –semejante a la justa redistribución– “por cuanto por ella los hombres unos a otros se comunican sus bienes”, lo cual fundamentaba parte de la cohesión política en torno al gobernante 86.
Igualmente, los cuadernos de cortes inciden en la importancia de la redistribución como factor político a la hora de lograr el consenso de los poderosos en torno al poder regio, especialmente en momentos conflictivos. Así, en las cortes de Valladolid de 1447 los procuradores expusieron ante Juan II la destacada importancia que tenía para el ejercicio del poder el hecho de contar con todos los recursos de una hacienda saneada sin “tomas” en las rentas que menoscabaran la capacidad regia de atraer fidelidades 87, así como la necesidad de llevar a cabo la redistribución de los recursos allegados siguiendo un principio de mesura, del que Enrique III era presentado como modelo, ya que “con muy gran parte non avia tantas rrentas commo vuestra merçed oy ha, e segund su buena horden e regla e moderada medida que tenia enlas despender e detribuir, el terçio o el quarto de sus rrentas le sobrauan, e de aquellas propias rrentas suyas tenia allegado grandes thesoros commo avuestra merçed es bien notorio” 88. Del mismo modo, en las cortes de Madrigal de 1476, Isabel I ratificaba los argumentos tremendamente realistas que había expresado su hermano Enrique IV en las Cortes de Ocaña de 1469 ante los procuradores que solicitaban la moderación en la política de mercedes y la revocación de las concedidas desde 1464:
“Ya uedes e es notorio que era costrennido por la nesçesidad que en este tienpo me ocurrió e por defender mi rreal persona e por atraer a mi los caualleros de mis rreynos para que me siruiessen, e porque no me dessiruiessen hiçe las dichas merçedes e donaçiones e avn como uedes no soy salido de todo punto de la nesçesidad e menester, e sy agora yo hiçiese esta rreuocaçion en vuestra petiçion conthenida podria rredundar en desseruiçio mio e en dapno e escandalo de mis rreynos, e desto nasçeria que seria puesto en mayor fatiga e nesçesidad que la pasada, e para salir della me seria forçado de dar lo que me ha quedado” 89.
No obstante, hubo otros argumentos en relación con el poder, más allá del pago de las fidelidades y servicios prestados, que justificaban la cesión de rentas por parte del poder regio. Así Sánchez de Arévalo señalaba en su Suma de la Política cómo uno de los intereses que debían mover al rey –“pater patriae” y oficial al servicio de sus súbditos– a la hora de llevar a cabo la redistribución de parte de las rentas obtenidas era el mantenimiento y construcción de ciudades, villas y fortalezas “porque parezca ser más padre o mayordomo dellas que sennor, lo qual no faze el tirano, ca aborrece mucho edificar dinero”. De igual manera, y como muestra de la mentalidad prerrenacentista que impregna su obra, indicaba al rey o príncipe su deber de ejercer labores de apoyo y mecenazgo sobre el saber, favoreciendo “a los estudios e escuelas, ministrando les rentas e mantenjmientos e dando les singulares maestros porque en su reyno aya copia de sabios en diuersos saberes e sciencias porque de la sciencia e esperiencia procede todo consejo” 90. Con ello se expresaba de forma consciente la profunda relación que en todo sistema político existe entre el poder y el saber, tal y como señala M. Foucault 91.
Sin embargo ninguno de estos autores y textos llegó a desarrollar unos planteamientos en una clave tan abiertamente utilitaria como los expresados por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe (1513), tan alejados de los fundamentos moralistas de tradición escolástica imperantes en la reflexión política castellana bajomedieval. En ellos se opera la transformación en “virtud” de los tan denostados vicios de la prodigalidad y avaricia, de cara al ejercicio del gobierno del príncipe, siempre y cuando estos no fueran expresados de forma clara a los ojos de los gobernados. El problema aparece, según Maquiavelo, cuando para mantener esta velada prodigalidad –exteriorizada en toda clase de lujos– el príncipe requiere del consumo de todas sus riquezas, la imposición de excesivos tributos, la rigurosidad en su cobro y “hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero, lo cual empezará a tornarle odioso a los ojos de sus súbditos, y nadie lo estimará, ya que se habrá vuelto pobre. Y como con su prodigalidad ha perjudicado a muchos y beneficiado a pocos, se resentirá al primer inconveniente y peligrará al menor riesgo”. Por ello Maquiavelo antepone la avaricia a la prodigalidad, ya que el príncipe, al ver que “le bastan las entradas para defenderse de quien le hace la guerra y puede acometer nuevas empresas sin gravar al pueblo, será tenido siempre por más pródigo”, lo que supone un ejercicio de simulación que hay que vincular con los afanes propagandísticos del poder.
De este modo, el príncipe necesita practicar “la generosidad con todos aquellos a quienes no quita, que son innumerables, y la avaricia con todos aquellos a quienes no da, que son pocos”, planteamiento relacionado directamente con la consciencia que se tenía de las resistencias que a nivel de opinión pública generaba la elevación de la presión fiscal, y con la necesidad de reducir en lo posible el gasto de la monarquía de cara a garantizar al príncipe unos recursos que pudieran ser empleados en atención a sus propios intereses. El tratadista florentino señala como ejemplos paradigmáticos de seguimiento de este modelo a algunos gobernantes de su época, como el papa Julio II, Luis XII de Francia –“ha sostenido tantas guerras sin imponer tributos extraordinarios a sus súbditos porque, con su extremada economía, proveyó a los superfluos”– y Fernando el Católico –“si hubiera sido espléndido, no habría realizado ni vencido en tantas empresas”–. Finalmente, como conclusión a sus reflexiones Maquiavelo planteaba como clave hacendística el poco reparo que debe tener el príncipe en incurrir en la tacañería, “con tal de que ello le permita defenderse, no robar a los súbditos, no volverse pobre y despreciable, no mostrarse expoliador”; porque –continúa– “éste es uno de los vicios que hacen posible reinar” 92. Nada que ver con la caracterización de la figura de Enrique IV realizada pocos años antes en Castilla por Hernando del Pulgar, en la que seguía presente la tradicional concepción moralizante del rey, al que se acusaba de haber incurrido en el denostado vicio de la prodigalidad.
“Gasto en estos tiempos el Rey todos sus thesoros. E allende de aquellos gasto e dio sin medida quasi todas las rentas de su patrimonio real. E muchas dellas que le tomaron los tiranos que en aquel tiempo eran. De manera que aquel que con el abundancia de los thesoros compraua villas e castillos vino en tanta estrema necessidad que vendio muchas de vezes las rentas del su patrimonio para el mantenimiento de su persona” 93.
Era exactamente la misma idea que los procuradores de las cortes de Ocaña de 1469 trasladaron a Enrique IV en relación con la falta de mesura en el reparto de la renta de la que habían hecho gala tanto él como su padre Juan II apremiados por los conflictos políticos internos, especialmente si las mercedes habían beneficiado a personas consideradas indignas 94.
5. TIRANÍA, TRIBUTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL REINO.
La reflexión política sobre el rey tirano como problema político introdujo consideraciones que vinculaban la tiranía de ejercicio con el mal uso de las facultades fiscales, hacendísticas y de gestión económica reconocidas a la realeza que ponían de relieve su eminencia en la dirección de las actividades llevadas a cabo por sus súbditos en su territorio o en referencia a sus propios bienes 95. Ya Tomás de Aquino en su breve tratado sobre la monarquía había abordado las diferencias entre el tirano y el buen rey en relación con la riqueza. Según su concepción, mientras el tirano necesita de la rapiña para garantizar su seguridad a través de una gran escolta, el buen rey, por el contrario, al agradar a sus súbditos los tiene a todos por escolta y solo otorga dádivas de forma espontánea en virtud de la necesidad 96.
Ya en Castilla, la Segunda Partida presenta el empobrecimiento del reino –que podía ser fruto de la soberbia y la desmesura a la hora de llevar a cabo la exacción fiscal, según la formulación presente en el Libro de los cien capítulos– como uno de los ocho principios que permitían el reconocimiento de una actuación tiránica del rey 97. Por su parte, Egidio Romano había incidido también en el papel director del rey verdadero en el incremento de las rentas del reino –y por consiguiente en su enriquecimiento–, postura sostenida también por su glosador Juan García de Castrojeriz, que señalaba de forma clara las estrechas relaciones habidas entre la tiranía y la exacción negligente, en primer lugar partiendo de una justificación de raíz etimológica, pues “tirano quiere decir como un tirador o llevador, e tirano quiere decir un principado o sennorío, que siempre tiene ojo a tirar e a llevar”, por ejemplo, “los bienes comunes, ca en toda manera punna el tirano por tirar el algo de la tierra, e por despojar los súbditos de sus bienes, para enriquescer a sí” 98. De igual manera, atribuía la tiranía de ejercicio, siguiendo las reflexiones de San Agustín en De Civitate Dei, a ocho principios de actuación negligente, entre los que se encontraban el agravio al pueblo “con tributos malos e con servicios e con pechos desconvenibles” y el despojo de sus bienes 99.
Así mismo, el incremento desmesurado de la hacienda regia a costa de los súbditos a través de la alteración monetaria constituía, según las reflexiones de Nicolás de Oresme –que eran conocidas en la Castilla bajomedieval–, un acto de tiranía que convertía a la comunidad, siguiendo la concepción corporativa, en “un hombre cuya cabeza es tan grande, tan gruesa, que no puede ser sostenida por el restante débil cuerpo. De la misma manera, por lo tanto, que tal hombre no puede valerse ni así vivir durante mucho tiempo, de la misma manera no podrá durar un reino cuyo príncipe toma para sí riquezas en demasía, como sucede a través de las alteraciones de la moneda” 100. En su concepción, Oresme, que era partidario de la estabilidad monetaria, partía del principio político de que la moneda y el derecho a alterarla en situaciones de emergencia pertenecía a la comunidad, y no al príncipe, al cual solo pertenecían los derechos de acuñación en virtud de la gestión y autentificación del curso legal 101.
Finalmente, a mediados del siglo XV, en la minuciosa caracterización paralela de los perfiles del rey tirano y el buen rey realizada por Rodrigo Sánchez de Arévalo en su Suma de la política 102 entraban en juego numerosas consideraciones que ponían de relieve las importantes facultades que la reflexión política prerrenacentista otorgaba a la monarquía en términos de dirigismo económico y capacidad de exacción, articuladas en los siguientes puntos:
1. Mientras el buen rey ejerce sus facultades como director de la economía buscando la riqueza y abundancia de sus súbditos “quanto cumple a la necessidad e vtilidad de la uida vmana e política” como forma de engrandecimiento de la propia monarquía que recibe su imagen del pueblo, el tirano “trauaja porque los súbditos sean pobres e míseros, por tal que, ocupados en buscar el cotidiano manteimjento no puedan contra él fazer cosa alguna nj le sea necessario tener guardas”.
2. El desempeño de la función redistribuidora de los recursos previamente captados distingue a los buenos reyes, que procuran el “bien común de su reyno” y gastan “las rendas en serujcio de Dios e de la fee e en acrescentamjento de sus reynos”, de los tiranos, que buscan su propio beneficio y “espienden las rendas en deleytes e en cosas dannosas al bien de su reyno”.
3. En conexión con la idea de justicia distributiva y con las virtudes de liberalidad y largueza que deben presidir la actuación regia a la hora de llevar a cabo una justa redistribución, el buen monarca debe otorgar de las rentas anuales de su reino, y no del patrimonio regio, mercedes y beneficios “a sus caballeros e a los nobles e personas uirtuosas de su reyno”, según el mérito de cada uno. Por el contrario, la actuación tiránica es reconocible ya que conlleva el apartamiento de los buenos súbditos “e avn no conociendo su uirtud, faze les todo mal e disfauor”, y a la entrega de mercedes y gracias a los “uiciosos”, “matadores”, “crueles”, “omes bellicosos”, “a vnos por temor, a otros porque le son conformes e le siguen con sus uicios e apetitos tiránicos”.
4. Finalmente, el buen rey permite a sus ciudadanos conservar sus bienes y evita la enajenación del patrimonio regio como forma de impedir la reducción de su autoridad y preeminencia, mientras que el tirano, argumentando en base a la guarda del “estado real e los derechos del reyno, faze continuas uexaciones e pone tributos más de los ordenados a sus súbditos e roba a sus uasallos en diuersas e esquisitas maneras, porque tenjendo mucho dinero, e los del reyno pobres, no se leuanten contra él” 103.
Iguales consideraciones retóricas sobre el ejercicio tiránico del poder en relación con la economía y la tributación aparecen en textos de la época de carácter pragmático, lo cual permite observar de nuevo el grado de asimilación real de lo que en el plano de la teoría política se estaba fraguando. Tal es el caso del cuaderno de las cortes de Burgos convocadas en 1367 por Enrique de Trastámara, en el cual se acusaba a Pedro I –“aquel malo tirano que se llamaua Rey”– de haber empobrecido y despoblado la tierra “por los grandes pechos e tributos que les fazia pagar” 104. Iguales argumentaciones, aunque en este caso vertidas sobre el privado del rey, se observarán años después en la Soplicación e requerimiento elevada por Pero Sarmiento a Juan II en 1449, en la cual se acusaba a don Álvaro de Luna –cuya figura encarnaba la imagen del tirano– de la destrucción del “estado universal” del reino, del robo y destrucción de la tierra y del empobrecimiento y robo de los naturales, al tiempo que se aseguraba que la imposición de pedidos y monedas anuales con el injusto fin de hacer la guerra al propio rey había convertido el reino en tributario 105.
6. CONCLUSIÓN.
La fundamentación ideológica de la soberanía fiscal regia se desarrolló a lo largo de la baja Edad Media castellana de forma paralela a la creación de un sistema fiscal de carácter público desde los tiempos de Alfonso X. Los principales argumentos justificadores de la capacidad regia de exacción estaban basados en la tradición bíblica, reformulada en el período medieval gracias a las aportaciones de índole aristotélico de la escolástica que conformaron una idea teologizadora del poder real basada en el papel del monarca como oficial asentado por Dios en el reino para su guarda y defensa, oficio por el que debía ser remunerado por sus súbditos a través de contribuciones. A esta visión original se fue yuxtaponiendo la imagen corporativa del reino según la cual el rey como cabeza del mismo debía recibir de sus súbditos las riquezas necesarias tanto para garantizar su mantenimiento como de cara a ejercer la redistribución de las mismas entre el resto de miembros del cuerpo social. Pero, al mismo tiempo que se desarrollaban estas argumentaciones, aparecieron un conjunto de elementos que, por un lado legitimaban la capacidad fiscal regia, y por otro imponían a la misma una serie de limitaciones subjetivas, en relación con la justicia de los fines a los que se destinaba el tributo –necesidad, defensa del reino, guerra contra el infiel, pacificación, bien común–; con el poder que imponía la exacción; y con la manera de llevarla a cabo atendiendo a la cantidad, forma de recaudación y grupos objeto de exacción.
Sin embargo, no solo era necesario justificar el derecho a recibir tributos sino la forma de gestionar el gasto del monto percibido. Es aquí donde entraban en juego toda una serie de consideraciones de orden moral que buscaban conformar un modelo regio en el que la liberalidad y la justicia distributiva se elevaban como virtudes principales, modelo que al mismo tiempo limitaba de forma teórica y subjetiva las potestades regias en un contexto de desplazamiento de la ley como límite objetivo a la autoridad real 106. Dar a cada cual según su estado y condición constituyó la máxima sobre la que llevar a cabo el gasto de esa riqueza acumulada, aunque también es cierto que junto a esta concepción apareció otra de carácter más utilitario que entendía conscientemente el gasto como forma de atraer fidelidades en torno al proyecto monárquico.
Finalmente, todas estas reflexiones se complementan con las argumentaciones teó - ricas en torno a la tiranía de ejercicio realizadas por diversos autores, en las cuales aparece una imagen de la función monárquica en negativo que, en lo tocante a la percepción tributaria y su redistribución, queda expresada en acciones como la acumulación de riquezas en el propio beneficio del tirano, el gasto del monto percibido en deleites o en el mantenimiento del poder, el empobrecimiento del reino y la sustracción de bienes a los súbditos.