Milicia y orden público: crisis en el sistema de seguridad español del siglo XVIII y el Expediente de Reforma1.
Enrique MARTÍNEZ RUIZ Magdalena DE PAZZIS PI CORRALES.
Universidad Complutense.
RESUMEN.
Balance de la situación de la seguridad pública existente en España a finales del siglo XVIII, con las principales fuerzas del ramo y las preocupaciones imperantes, esbozando, además, unas tendencias para su mejora y adecuada puesta a punto, pues se evidencia la crisis de un sistema que se había levantado a lo largo del siglo de manera poco sistemática, desembocando en una «atomización» y división de fuerzas poco operativas en la práctica, resultado de las diversas tendencias que confluyeron en su formación, dando lugar a variadas situaciones «legales» e institucionales, difíciles de congeniar y tan diversas, que su mantenimiento resulta complejo y no siempre operativo.
Palabras clave: Historia Moderna, siglo XVIII, seguridad y orden público, Ejército y milicia, historia militar.
Military Service and public order: crisis in the $\mathrm { C l } 8 ^ { \mathrm { t h } }$ Spanish security system and the reform proceedings.
ABSTRACT.
A weighing up of the public-order situation in Spain at the end of the C18th, with the main forces involved and the overriding concerns. An account is also given of the moves to improve the situation and bring it up to date. For there were evident signs of crisis in a system that had by now broken down into an «atomisation» and a division of forces that made them almost inoperative in practice. This was the result of the largely unsystematic growth of the system over the century, with many conflicting strands influencing in the formation of the public-order forces. There was by now a hotchpotch of largely incompatible «legal» and institutional situations, so diverse that it was at times hard even to maintain them or put them into practice.
Key words: Modern history, eighteenth century, security and public order, army and military service, military history.
SUMARIO: El sistema de seguridad borbónico en la España de la Ilustración.— El expediente de 1799: su autor y contenido. a) Compañía suelta de Fusileros del Reino de Valencia. Coste mensual. b) Compañía Suelta de Aragón. c) Compañías de Andalucía. d) Compañía suelta de Castilla la Nueva. e) Esquadras de Valls, en el Principado de Cataluña. f) Sobre la necesidad de formar Compañías de esta clase en Castilla la Vieja, Extremadura y provincia de la Mancha.— Los comentarios del Inspector General de Infantería y del Fiscal Togado del Consejo de Guerra.— Continuismo y aplazamiento de la renovación.
En varias de nuestras publicaciones2 nos hemos referido —más o menos de pasada— a un expediente que hace un balance de la situación de la seguridad pública existente en España a finales del siglo XVIII, balance que se aplica a las principales fuerzas del ramo. El texto es realmente excepcional y aunque su contenido no es completo, por cuanto no se refiere a todas las tropas empleadas en esos menesteres, sí da una idea bastante gráfica de cómo estaba la seguridad por entonces y las preocupaciones imperantes, además de esbozar unas tendencias para su mejora y adecuada puesta a punto, evidenciado la crisis de un sistema que se había levantado a lo largo del siglo de manera poco sistemática, desembocando en una «atomización» y división de fuerzas a la postre poco «práctica», resultado de las diversas tendencias que confluyen en su formación, pues unos cuerpos se levantan por iniciativa particular, otros son el resultado de demandas de autoridades territoriales y otros nacen en los aledaños del poder central, dando lugar a variadas situaciones «legales» e institucionales, difíciles de congeniar y tan diversas, que su mantenimiento resulta una gran complicación. En suma, se ha originado un mosaico de realidades procedentes de diversos orígenes, cuyas piezas no acababan de encajar con precisión y como las tendencias que lo originaron seguían vigentes a fines de siglo, se abre camino la opinión de que es necesaria una reforma para resolver la crisis en la que se había desembocado, como los hechos demostraban y ratificaba el criterio de los expertos y profesionales del ramo.
Las nuevas referencias encontradas en la documentación nos han decidido a ocuparnos de dicho expediente con el detenimiento que merece. En él vamos a ver iniciativas muy diversas relativas a la formación de fuerzas de seguridad, pareceres procedentes de niveles e instituciones diferentes y puntos de vista distintos que nos ayudan a entender mejor las claves de una cuestión crítica en la España de Carlos IV, que hasta ahora ha quedado oscurecida por otros aspectos más llamativos para el estudioso y el lector, pero en la que podemos encontrar algunos elementos que nos permiten valorar mejor las dimensiones conflictivas de la época. Tal es nuestro objeto en estas páginas.
EL SISTEMA DE SEGURIDAD BORBÓNICO EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN.
No merece la pena que nos detengamos en algo en lo que ya hemos insistido con reiteración en ocasiones anteriores, por lo que nos limitaremos a señalar que a la llegada de los Borbones al trono español en 1700 con Felipe V, las fuerzas más representativas de la lucha contra el delito y los malhechores, es decir las hermandades, se habían quedado anticuadas y carecían, prácticamente, de eficacia. Si a esto añadimos el hecho de que en 1702 se desencadena la guerra por la sucesión al trono español y que en esa guerra los reinos de la Corona de Aragón se sublevan contra el rey, comprenderemos que una de las principales preocupaciones del soberano fuera el control de esos territorios y las gentes que los habitan, para lo que necesita unos medios adecuados, que serán las nuevas fuerzas de seguridad creadas al efecto como una especie de «ejército de ocupación» o guardia permanente.
De esta forma comenzaba la proliferación de instituciones de semejante naturaleza, que se ven desbordadas, obligando a nuevas creaciones, especialmente abundantes en los inicios del reinado de Carlos III. Es entonces cuando se consolidan y se ponen en marcha algunos de los elementos más significativos del sistema3, pero la aparición de nuevas fuerzas y el destino dado otras dificulta el control y no permite un conocimiento preciso del sector en diferentes niveles y ámbitos. Es más, la misma terminología empleada no se utiliza siempre con los mismos criterios ni por individuos con igual preparación y dedicación. Extremos que nosotros hemos podido comprobar en la documentación consultada, pues esa falta de uniformidad nos ha producido no pocas dudas y confusiones que hemos ido desvelando poco a poco mediante hallazgos documentales afortunados en unos casos, no tanto en otros, pero ilustrativos siempre de la complejidad de un ramo que nosotros vamos a reflejar recurriendo a unos cuadros que nos parecen suficientemente significativos, en los que están incluidas las compañías cuya existencia hemos podido comprobar, así como su actuación contra malhechores y omitimos todas aquellas que aún no hemos esclarecido por más que sospechemos su vinculación al ramo de la seguridad4.
El primer cuadro que nos interesa es el siguiente:

Fuerzas de Seguridad
Companias Sueltas	Compania suelta de fusileros de Aragón
Compania suelta y de migueletes de Barcelona
Compania de fusileros de Valencia
Compania de fusileros Guardabosques Reales
Compania de Castilla la Nueva
Compania de Castilla la Vieja Compania de Escopeteros voluntarios de Andalucia
Companias Fijas Compania de Nerja Compania de Escopeteros de Getares Companiade Melilla	Compania de Aragon Compania de la Plaza de Rosas Compania de Infanteria de la costa de Granada: ·Compania de Almunecar Compania de Marbella Compania de Niebla

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Y omitimos —reiteramos— aquellas que no tenemos constancia plena de sus cometidos. Pero en cualquier caso, la relación es significativa y entre compañías sueltas (las que actúan en un área más amplia y con los efectivos diversos en varios lugares, sin conexiones directas con regimientos o cuerpos superiores) y compañí- as fijas (más «sedentarias» al tener un emplazamiento fijo y determinado desde donde desempeñan el cometido para el que fueron creadas) hay un abundante número de unidades repartidas por toda la geografía española, algo que vemos más claramente el cuadro que sigue:

Reparto provincial5	Fuerzas de Seguridad
Aragon 一	Compania suelta de Fusileros de Aragón (1776) (Jerónimo de
Torres) Compania fija de Aragon
Compania de voluntarios (Felipe Perena)
Compania de indultados aragoneses

Reparto provincial	Fuerzas de Seguridad
Cataluna	Compania de Escuadra (1719) (Pere Antón Veciana) Compania fija de Rosas (1787) (Ramón Castelló y Vila) Rondas volantes extraordinarias de Cataluna o Rondas volan- tes del Pirrot (1779) Compania suelta y de migueletes de Barcelona
Valencia	Compania de Araneses Compania suelta de fusileros de Valencia (1774)
Pais Vasco	Compania de voluntarios del senorio de Vizcaya Compania de vascos franceses (1794) Compania de emigrantes vascos (Pedro Sorhayende)
Galicia	Compania de Galicia (1705)
Castilla	Compania de fusileros Guardabosques Reales (1761) Compania suelta de Castilla la Nueva (1792) Compania suelta de Castilla la Vieja Companias de Caballeria de Castilla Compania de Palencia (1767?)
Andalucia	Compania de infanteria fija de la Costa de Granada: Companias fijas de Almunécar, Marbella, Niebla, Nerja, etc. Compania fija de escopeteros de Getares (1710)
Norte de Africa	Compania Suelta de escopeteros voluntarios de Andalucia Compania fija de Alhucemas Compania fija de Melilla Compania fija del Penon de Velez de la Gomera
Otras Companias	Companias de Canarias Compania de voluntarios de Cartagena (Pedro Ubeda) (1793)

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Y si estos elementos los reflejamos en un mapa, podremos percibir la «densidad geográfica» del fenómeno, quedando de manifiesto la abundancia de unidades y su desconexión, pues no hay ningún organismo que vertebre sus acciones ni canalice los esfuerzos en una misma dirección o en función de un plan conjunto, ya que cada compañía actúa en su territorio y sólo en contadas ocasiones y en circunstancias excepcionales hay contactos mutuos y circula entre ellas información que les facilite cumplir mejor con su finalidad. Posiblemente, esta realidad sea una de las principales causas de que se llegara a la situación que vamos a ver puesta de manifiesto más adelante y que resultará definitiva a la hora de plantearse la racionalización del ramo. También hemos llamado la atención ya sobre una cierta paradoja y es que mientras se levanta el edificio de una Monarquía centralizada en todos sus elementos orgánicos e institucionales, el ramo de la seguridad y el orden público se «descentraliza» en una multiplicidad de elementos sin que se encuentre una razón de peso que explique tal tendencia, que consideramos resultado de la improvisación y de atender a las necesidades a medida que éstas se presentan, pero sin un plan previo ni previsiones a largo plazo. Veamos cómo queda un mapa de la Península en el que han sido incorporados los componentes del cuadro anterior:
El grado de efectividad es muy diferente de unos elementos a otros, de manera que junto a la eficacia de algunos (los Mozos de Escuadra se hicieron con una buena reputación), tenemos la ineficacia o desidia de otros. Pero $\mathrm { \Omega } _ { j } \mathrm { Y }$ el conjunto? ¿Qué podemos decir sobre su eficacia, viabilidad y problemas suscitados? Recurramos al expediente.
EL EXPEDIENTE DE 1799: SU AUTOR Y CONTENIDO.
El expediente que nos ocupa no nace de forma espontánea. Ya existían precedentes que apuntaban a una valoración global del ramo, sin que se hubiese avanzado gran cosa. De acuerdo con esos precedentes y a raíz de una decisión real tomada en 1797, relativa a la creación de otra unidad, toma cuerpo el expediente, cuyo origen explica así su autor:
«Para presentar a V. M. este plan, he reconocido todo lo que resulta de los antecedentes que existen sobre estas Compañías, cuya utilidad acreditada por la experiencia de muchos años, y apoyada en diversos tiempos por más de veinte Capitanes Generales y varios Tribunales de las Provincias, fue causa de que en el de 87, mandase el Augusto Padre de V. M., al Conde de Floridablanca formase un plan general para todo el Reino, a fin de establecer en todas las Provincias las Compañías necesarias. No hay noticia en esta Secretaría de ninguna resulta en el asunto; de lo qual puede inferirse, que aunque tan útil, no tuvo efecto y por lo tanto, habiendo V. M. mandado que se formase un Expediente General sobre el particular, quando el Consejo de Castilla hubiese despachado la consulta sobre la Propuesta del Teniente Coronel D. Antonio Troncoso, relativa al aumento de la de Valencia, que V. M. tuvo a bien resolver se verificase hasta las doscientas plazas por Rl. Resolución de 30 de Octubre de 97, lo haré todo presente.6.
El expediente estaba concluido a primeros de abril de 1799, pues Gilman —que durante siete años fue archivero del Consejo de Castilla y que por entonces debería ser uno de los empleados de cierta calificación en la Secretaría de Guerra, posiblemente— así lo comunica al destinatario de sus cartas, al que confiesa que le ha costado dieciocho días de trabajo: once para reunir todos los antecedentes existentes en el archivo desde 1706 y los restantes para «escribir, borrar, hacer cuentas y procurar la concisión que no es fácil para puntos tan diversos». Pero su experiencia no procede sólo de los conocimientos adquiridos en sus siete años de archivero. Hay, además, una serie de vivencias personales que lo cualifican para opinar sobre el tema, aunque le costará hacerse oír, pues desde entonces hasta el momento en que el expediente llegue a las esferas gubernamentales van a pasar ocho meses largos:
«En mis juventudes anduve a contrabandistas, circunstancias que me proporcionaron bastantes conocimientos en este asunto y lo primero es de saber el verdadero motivo de la constante resistencia que en todos tiempos ha puesto el consejo de Castilla a esta clase de establecimientos. no es la principal causa el zelo por la justa inversion de los caudales de propios, sino de que estos son como una hueca o mina para todos los dependientes de aquel tribunal. Pudiera citar, en apoyo de esta verdad, muchisimos casos sucedidos en el tiempo de mi archiverato...»7.
El párrafo plantea una cuestión que no hemos visto reflejada en ningún otro lugar, posiblemente porque no tendría eco en la documentación de la Secretaría de Guerra o del Ejército, donde se decidía la puesta en marcha de este tipo de fuerzas: nos referimos a la oposición del Consejo de Castilla al levantamiento de tales unidades pagadas por los pueblos (algo que sólo era cierto en unos casos, pero no en todos). El motivo de tal oposición, que se achaca a razones económicas —ser un pozo sin fondo donde se hunden los caudales de propios de los municipios—, puede estar en íntima conexión con otro nada desdeñable: la ineficacia de dichas fuerzas, pues... si fueran útiles en la medida que se espera de ellas y que la necesidad exige, ¿se opondría el Consejo esgrimiendo los costos que considera excesivos? Por lo demás, todo parece indicar en esos meses había una cierta inquietud por el tema en ambientes muy diversos: en el Consejo, en la Secretaría de la Guerra, en las mismas unidades afectadas, en el Ejército...
En cartas posteriores nuestro archivero nos da información muy diversa, pero siempre valiosa, constituyendo una especie de mosaico variopinto que anticipa el contenido del expediente y que ilustra en cierta medida el ambiente en que discurrirá toda su tramitación. En efecto, además de decir a Córdoba que el señor Díaz y el reglamento de la Compañía Suelta de Castilla la Nueva8 son los culpables de «haberme metido en este berengenal», es partidario de la inclusión de efectivos de caballería en estas unidades para que puedan cumplir mejor su cometido9, porque «se hacen indispensables» y su costo insensible, repartido entre muchos centenares de pueblos. Señala que le parece urgente el arreglo de las de Andalucía, sobre todo, y que10 las de Aragón se hallaban desde agosto con 200 hombres y sin oficiales ni suboficiales para su gobierno y servicio; la de Valencia tenía apenas 40 plazas útiles y en la de Castilla la Nueva crecían o continuaban «los abusos que ya se han expuesto lo que demuestra esta situación la urgencia de su arreglo». Igualmente se queja de las presiones que recibe por lo que suponemos es la defensa de sus puntos de vista («el caso es que de un mes a esta parte los interesados o sus apoderados me embisten y acosan de palabra o por escrito, condenándome en la multa de portes de cartas») e insiste en señalar que en lo que respecta a las compañías de Aragón, sus fusileros no se costean de propios «sino de una contribución que se cobra con la del canal y utensilios» y pide que se le comunique algo a este respecto porque no hacen más que preguntarle. Por otro lado, entre sus informes aparecen nombres de personas que son expertas en el tema de la seguridad, como cuando dice que ha sabido que Torres (debe tratarse del coronel D. Antonio de Torres, primer Capitán de la Compañía de Aragón) ha pedido traslado a la Corte y aconseja que se reúna con Alavés (Comandante de las de Andalucía), porque le puede ayudar en la elaboración de un buen reglamento, pues es un hombre que «lleva 30 años de servicio».
Por un momento nuestro hombre parece desesperar, cuando se queja11 de que «llevo tres años ocupándome de este arreglo de las compañías y mi insistencia es que debe realizarse sin dejar nada pendiente, pues es de gran importancia y porque vamos entrar en un invierno calamitoso y que aumentará el numero de malhechores que en el día de hoy es crecidísimo»12. Pero su trabajo prosperó y finalmente llegó al rey:
«En conseqüencia de las repetidas instancias de varios Capitanes Generales, y de lo mandado por V. M. para el arreglo de las Compañías sueltas del Reino: Propongo a V.M. el plan que parece más conforme a lo que han dicho los Capitanes Generales para las de Valencia, Aragón, Andalucía, y otras; y baxo los principios que se tuvieron presentes para las citadas de Andalucía y la de Castilla la Nueva»13.
El autor del expediente señala que «desde el año 1719 en que se formaron las Esquadras de Valls [la primera de las denominaciones de los Mozos de Escuadra] en el Principado de Cataluña» para combatir a malhechores y contrabandistas, se organizaron otras con el mismo objetivo: «la Compañía de Fusileros de Aragón en 66, la de Valencia en 74, las de Andalucía en 76 y ultimamte. en 92 la de Castilla la Nueva, con preciso destino y limitación a las cercanías de Madrid y Sitios Reales». Son las unidades que constituirán centro de atención preferente para el autor del expediente, un expediente cuya finalidad última es la racionalización y homogeneización de las diversas unidades que tienen como objetivo común la lucha contra el delito, pues las diferencias entre ellas eran manifiestas, debidas en unos casos a sus diversos orígenes y en otros a la propia evolución. Su aparición responde a una dinámica que se explica de la siguiente forma:
«En todo nuevo establecimiento, sucede que la experiencia manifiesta progresivamente los defectos que entonces no se pudieron tener presentes. Así fue en este asunto: se crearon las Esquadras de Valls, baxo unos principios, creídos en aquella sazón los mejores; pero la práctica acreditó lo contrario; y la Compañía de Aragón, fue la primera que se estableció baxo unas reglas más análogas a su destino. La del Reino de Valencia, aunque posterior de 8 años a la de Aragón, tuvo mayores defectos, porque se conformó mucho más en sus principios con los de la de Valls. Para evitar estos inconvenientes, en la creación del Cuerpo de Escopeteros de Andalucía, en Marzo de 76, se procedió baxo las reglas que de común acuerdo, propusieron el Gobernador del Consejo, Dn Ventura Figueroa, y el Inspector de Infantería, Conde de Orreilly; y se consiguió un establecimiento con menos vicios que los anteriores, pero no exento de algunos que se han tenido que corregir posteriormente como se dirá más adelante. Finalmente en el año de 92 tuvo a bien V. M. mandar se formase la Compañía suelta de Castilla la nueva; y para su creación y gobierno interior, aprobó el reglamento, único que hay en esta clase, fruto de un maduro examen de todos los antecedentes relativos a las citadas Compañías14 desde su formación, y en el qual corrigiendo los defectos que hubo en aquellas, se puso15 en el mejor pie posible, combinando con acierto, los principios más propios para que rindiese todas las utilidades de que es susceptible; y sólo ha faltado para conseguirlo que se haya observado dho. reglamento en todas sus partes, como se dirá en su lugar.
En todas las Provincias se experimentaron los mejores efectos luego que se establecieron estos Cuerpos; pero los vicios referidos, en unas, y en otras, diferentes razones que se irán exponiendo sucesivamente, han hecho indispensable, un nuevo arreglo que uniforme y rectifique el modo posible, su fuerza, servicio y gobierno interior».
Y tras semejante preámbulo, nuestro hombre pasa revista a las diferentes unidades citadas, empezando por las de Valencia, que es la analizada más detenidamente. En el ejemplar que manejamos nosotros, en notas que siguen al texto del expediente o en anotaciones al margen, se recogen las opiniones de las personas o instituciones que opinan sobre el particular, lo que realza enormemente el valor de este documento, toda vez que se convierte en el reflejo de un interesante debate sobre la realidad existente en el ramo de la seguridad, la viabilidad de las propuestas y alternativas de contrapartida, si las hay. Circunstancias todas que iremos indicando en nuestro resumen y comentarios.
a) Compañía suelta de Fusileros del Reino de Valencia.
Esta unidad se formó en $1 7 7 4 ^ { 1 6 }$ con una fuerza compuesta por el capitán que la mandaba, que gozaba un sueldo mensual de 600 reales, un teniente, con 400 reales de sueldo, un subteniente, con 300, cuatro sargentos que cobraban cada uno 6 reales diarios, ocho cabos con un haber de 5 reales al día y cincuenta y seis fusileros, que recibían 4 reales al día; tales sueldos, más el vestuario y los demás gastos corrían por cuenta de los propios de los pueblos del reino de Valencia. Los problemas originados por la doble dependencia de autoridades civiles y militares —algo habitual en estas unidades— no tardan en producirse: «aunque sugeta al Capitán General, lo está demasiado a la Rl. Audiencia y si se cuentan los Fusileros que esta emplea en servicio de sus Ministros y otras funciones agenas de su instituto, uniendo las baxas de enfermos, no quedan seguramente 30 hombres empleados en las que son propias a esta Compañía».
Como institución, parece haber disfrutado de un reconocimiento generalizado, pues nuestro hombre escribe:
«En los principios no tuvieron fuero militar; pero se les declaró en Enero de 81. Tampoco han tenido Reales Despachos, y les corresponde gozar de esta distinción como las demás de su clase.
A pesar de las imperfecciones del establecimiento y corto número de Plazas, produxo esta Compañía las mayores utilidades; y desde el conde de Sayve, todos los Capitanes Generales de aquel Reino han clamado por su aumento y arreglo, apoyando su propuesta con las reflexiones más convincentes».
De tales escritos se refiere con detenimiento al presentado en 1794 por D. Antonio Troncoso, Capitán agregado a la plaza de Valencia, quien proponía no sólo aumentar dicha compañía, sino también formar otra a sus expensas. Troncoso se había destacado en la guerra del Rosellón, donde combatió con el Batallón de Voluntarios de Valencia, formado por él, distinguiéndose en varias acciones y abandonando la vida activa más tarde, como consecuencia de una grave enfermedad; para su retiro obtuvo la agregación de Teniente Coronel a Valencia. Este proyecto es el tercero que presentaba Troncoso. El primero se remitió junto con el segundo —redactado con alguna variante un poco después— en 28 de octubre de 1793 al Gobernador del Consejo, entonces el Conde de la Cañada y luego, en febrero de 1798 se enviaron al Conde de Ezpeleta. Gilman no se detiene en su análisis, pues el tercer plan de Troncoso los modifica bastante con una nueva propuesta de la que tratan «la Real Audiencia de Valencia y el Consejo de Castilla en su consulta de 6 del corriente». Una propuesta que básicamente es como sigue:
«En esta tercera propuesta ofrece el Interesado aumentar a su costa la Compañía actual hasta 100 plazas y formar otra de igual fuerza, dando el vestuario completo y costeando el armamento, correaje y demás a todas las plazas de aumento. Para el número de Oficiales se ha arreglado a lo que V. M. tiene aprobado para los Escopeteros de Andalucía, y suprime la plaza de Habilitado o Pagador con 600 rs. Al mes, respecto a que el ayudante puede exercer sus funciones y las de tal Habilitado. La fuerza de estas Compañías, inclusas las 13 plazas montadas que propone será como demuestra el plan número 4, cuyo resultado es el siguiente:

Efectivos	Rs Vn
Comandante	1.500
Ayudante .	600
Suma .	2.100
Primera Compania
Capitan ..	700
Teniente..	500

Efectivos Rs Vn
Subteniente.. 400
Sargentos, 5... 900
Cabos, 10 . 1.500
Soldados escopeteros,71. 8.520
Tambor.... 120
Caballeria
Sargento, 1 .. 200
Cabos, 2 .. 300
Soldados, 1. 1.200
Suma.. 16.440
Segunda Compania
Igual a la primera . 16.440
Coste mensual... 32.880
Al ano . .394.560

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La oferta de Troncoso no es altruista. A cambio de los compromisos que está dispuesto a asumir, solicita se le nombre Comandante del Cuerpo que constituirí- an las dos compañías con el grado de Coronel en recompensa a sus servicios anteriores «y se le conceda el beneficio de los empleos de Ayudante, dos Tenientes y un subteniente», quedando el de Capitán para el teniente que servía en esos momentos en la única compañía existente; ahora bien, si van a ser los propios los que costeen el aumento «y en caso de que V. M. tenga a bien proveer los empleos o que su beneficio sea a favor de los Propios», entonces Troncoso se conformaría con la Comandancia y «ofrece no omitir cuidado ni fatiga para que todo se verifique con la posible perfección».
Concluida la exposición de la propuesta de Troncoso, Gilman la pondera seguidamente a fin de establecer los términos reales de la misma y facilitar la decisión que debe tomarse sobre ella. Se refiere primero al parecer de la Audiencia de Valencia; en el terreno económico pone de relieve que los sueldos son los mismos que tiene reconocidos la Compañía de Andalucía, salvo el del teniente, que aquí disfruta de 50 reales más y el costo de las 126 plazas de aumento, que Troncoso debe asumir, se cifra en 125.800 reales de vellón, solicitando a cambio el beneficio de las dos plazas de Teniente y los empleos de Ayudante y de Subteniente, que si bien no se pueden considerar como los del Ejército, su beneficio superará los 200.000 reales de vellón,
«lo qual añadido al empleo de Comandante parece excesivo premio. Pero en atención al largo tiempo que ha que sigue esta pretención, y a sus servicios; y sobre todo al conocimiento del País y de sus naturales que adquirió en sus anteriores comisiones; en caso que V. M. tuviese a bien concederle la Comandancia con el grado de Coronel, pudiera ser la condición de que pague la mitad del costo que tenga el aumento, la otra mitad se costeará de los propios del Reino; y los quatro empleos se beneficiarán a favor de ellos, como propone la Audiencia. Pero es preciso encargar estrechamente al Capitán General zele con todo el cuidado que exige el asunto, para que los sujetos en quien se beneficien tengan todas las calidades necesarias. Acaso se lograría mejor elección, no beneficiando dichos empleos, y nombrando para ellos, a propuesta del Inspector de Infantería Oficiales a propósito y con la indispensable circunstancia de ser valencianos, pues no siempre se hallan unidos en un sugeto el dinero para beneficiar el empleo y la suficiencia para su desempeño.
El considerable sobrante que tienen los Propios de Valencia, hace menos necesario el beneficio...».
En el parecer del Consejo de Castilla encontramos datos de la biografía profesional de Troncoso: cuarenta y dos años de servicios iniciados como cadete de Artillería, destacando «en Oran y en la última Guerra... también se hace mérito de su proposición y de las repetidas instancias de los Capitanes Generales Wanmarke [se refiere a Wanmarck], Crilloso [se trata de Crillón]17, Croix18, Navia, Roca19 y Castropignano para el aumento de aquellas Compañías». Para formar su criterio, el Consejo estudia el parecer de la Audiencia de Valencia, remitido al Consejo en octubre de 1798, donde el tribunal manifiesta que si bien considera que el aumento de efectivos es conveniente, cree inútil los empleos de Comandante y Ayudante, pues no es necesaria más que una compañía y para el aumento de las plazas a 160 basta un Teniente; además, evalúa el rendimiento de los beneficios solicitados superior a los gastos que le produciría a Troncoso el aumento propuesto. La Audiencia define, además, su criterio en relación a la dependencia de la Compañía, su naturaleza y distribución de efectivos.
En cuanto Troncoso tiene noticia de que el parecer de la Audiencia había sido enviado al Consejo, dirigió por la vía reservada su última propuesta con reflexiones contrarias al parecer del Tribunal. A la afirmación de que el que sean dos las Compañías con sus oficiales sólo supone un aumento de gastos, lo mismo que las plazas de caballería que se proponen, replica
«que además de ser conforme a Ordenanza20 que pasando de 150 hombres los mande un Comandante, y comprobada la utilidad de este empleo por la experiencia del.
Cuerpo de Andalucía, es absolutamente contrario a todo principio militar el que 160 (o más bien, doscientos hombres) que siempre han de obrar en partidas, separadas, solo tengan quatro oficiales. Aun las Compañías del Exercito destinadas a obrar en masa los tienen; por consiguiente son precisos los tres en cada una de las de Fusileros, y un Ayudante para que entienda en el gobierno y economía de ambas, reciba las demás funciones de su Empleo, pues de lo contrario, tendría que desempeñar este encargo uno de los oficiales de Compañía distrayéndose de su primera atención».
En lo del beneficio de los empleos, Troncoso limita su demanda a la comandancia y al grado de coronel, «así por el decoro del empleo, como porque el Capitán de los Fusileros de Aragón se halla con él y el de los de Andalucia con el de Brigadier; y también, por que cree que sus servicios y zelo le hacen digno de esta gracia». Y resume Gilman:
«Pero esfuerza mucho, sobre que estos empleos no recaigan en sujetos labradores como propone la Audiencia; y sí, en hombres instruidos en el Servicio, y adornados de las demás circunstancias».
En su réplica a la Audiencia, Troncoso aborda otra de las cuestiones más debatidas de las fuerzas de seguridad y es su naturaleza, es decir si deben o no disfrutar del fuero militar, algo que además de definirlas puede resultar determinante en lo relativo a su dependencia, cuestión en la que él se manifiesta sin rodeos: «Que estas Compañías gozen del fuero militar y estén sujetas a la Rl. Audiencia, es una contradicción que se demuestra con sólo exponerla». Justamente por ello se muestra contrario a que los fusileros de estas unidades presten servicios de ordenanza, un servicio que la Audiencia reclamaba para el Presidente y los demás ministros de la misma, lo que supone dedicar 17 individuos a esos menesteres, a los que hay que sumar los que prestan ese mismo servicio para el Capitán General, el Comandante y el Sargento Mayor de la Plaza21 y los relevos de todos ellos, es decir un total de 40 fusileros; si a ellos se suman unos 15 que suelen estar de baja por hallarse enfermos, heridos o de licencia, hay un total de 55 fusileros que no cumplen con los cometidos específicos de su unidad. Con tales argumentos —bastante reales, por otra parte—, no puede sorprender que discrepe también con la Audiencia en lo relativo a la distribución de efectivos:
«En quanto a la distribución que propone la Audiencia, de esta tropa en Valencia, Castellón y Sn. Felipe, demuestra Troncoso... que guarneciendo mui bien las ocho leguas en contorno de la Capital, queda libre toda la costa del mar y frontera de Aragón, Cataluña, Castilla y Murcia, para el contrabando, y entren y salgan los malhechores»22.
«Es consiguiente según este principio un Comandante en estas dos Compañías, como lo tienen las de Andalucía y corresponde lo mismo a las dos que propone para los doscientos hombres de la de Aragón aquel Capitán general».
21 En nota al margen: «Sólo el General debiera tener la Ordenanza de estos Fusileros, pues como pagados de cuenta de las Provincias donde existen, no deben hacer servicio de Plaza, sino en casos mui raros y urgentes».
22 Tras la pertinente llamada, al margen se lee: «La distribución de las Partidas debe ser por el Comandante de estas tropas, baxo las Ordenes del Capitán General; y solo con anuencia de estos, podrán las.
El final del escrito de Troncoso, como Gilman recoge con precisión, es una mezcla de retórica y otra vuelta de tuerca en relación a los costos y los propios:
«su objeto [el de Troncoso al hacer la propuesta] es el de evitar la calamidad que padece aqul Reino, cuyos propios son los más pingües de la Monarquía, pues sólo el sobrante del ocho por ciento y generalidades, asciende a $1 3 0 ~ \mathrm { M i i } \bar { 1 }$ pesos al año, sin contar los asientos de vino, nieve23, y otros ramos. En la misma representación acredita con certificaciones de la Contaduría del Tabaco (y lo confirma la Audiencia) que esta Renta ha sufrido en los años de $9 6 \mathrm { ~ y ~ } 9 7$ por la venta fraudulenta de Tabaco, cerca de 5 millones, de pérdida cada uno».
Pues bien, el Consejo de Castilla emite su parecer sobre tales antecedentes, algunos de los cuales estaban en su poder desde 1793 (por eso dice Gilman que «Después de seis años, ha remitido finalmente la consulta sobre la Propuesta de Troncoso»). El juicio del Consejo es completamente contrario al proyecto. Elaborado el dictamen en la sala de gobierno, los fiscales se opusieron a su aprobación por considerar que los propios no estaban en condiciones de recibir nuevas cargas. Una negativa en consonancia con lo que venía siendo la actitud del Consejo respecto a estas unidades y en lo que es una muestra de coherencia o de actitud recalcitrante y encastillada, los fiscales fundan su juicio en una consulta del mismo Consejo, de 1793, «denegando el establecimiento de una Compañía en Castilla la Vieja, que propuso la Chancillería de Valladolid». Su argumentación concluye así, según el resumen que hace Gilman:
«En aquella y en esta consulta, dice el Consejo y sus Fiscales, que si las Justicias cumplen exactamente con lo que les está mandado, es seguro que se exterminarán los malhechores y contrabandistas; y de lo contrario, de nada servirán los fusileros que se aumenten, sino de quitar estos individuos a la Agricultura y a las Artes. Añade el Consejo, que sin duda tuvo mayor fundamento la Chancillería de Valladolid, para pedir la expresada formación; y no obstante no halló acogida en el Consejo, que tuvo por bastante remedio el excitar de nuevo el zelo y vigilancia de las Justicias en el asunto.
Por lo qual es de dictamen que V.M. deniegue el aumento que se solicita».
Después, bajo el rótulo de «Nota», Gilman analiza el dictamen del Consejo, centrando la cuestión desde lo que podemos considerar la «óptica» de los militares o propugnadores de la creación de las unidades que nos ocupan. En efecto, de entrada señala que la formación de dos compañías de fusileros en Valencia, de 100 plazas cada una, está aprobada por el rey desde octubre de 1797 y que se le comunicó al consejo en enero de 1798, indicándole que la voluntad del soberano era que esas compañías se «arreglaran» a las de Andalucía y Castilla la Nueva y que la consulta no tiene en cuenta esa cuestión y en lo que añade, se puede ver entre líneas una cierta descalificación del parecer del Consejo:
«es conveniente advertir, que para la creación de las demás Compañías nunca se ha pedido la Consulta del Consejo, sobre si era o no conveniente su establecimiento, sino como encargado del cuidado de los Propios del Reino. Pero aun a pesar de esta restricción, siempre ha manifestado una total oposición, como lo acredita, entre otros exemplares, la Consulta que hizo después de establecido el Cuerpo de Escopeteros de Andalucía, y el Augusto Padre de V. M. no tuvo a bien conformarse con ella. Entre los antecedentes que cita el Consejo, omite este y otros varios de que tiene noticias originales, y así consta en los Expedientes que existen en esta Secretaría. Solo cita la Consulta con la qual se conformo V. M. denegando la formación de la de Valladolid; pero la causa de haberse negado, fue el mal pie con que se quería establecer, reduciendo sus individuos a unos meros Alguaciles, criados de los Ministros del Tribunal, al modo que se hallan en el día las Esquadras de Valls, y que por lo tanto, han menester una nueva planta para que rindan la utilidad debida».
Después, nuestro hombre procede a desmontar la argumentación del Consejo, señalando que su negativa se basa en dos motivos. Uno es el que no se ajusta al destino de los propios y otro, que si las Justicias se esfuerzan, esos fusileros no serán necesarios y podrán dedicarse a alguna actividad productiva. Las dos réplicas que da merece la pena conocerlas. Respecto al primero de los motivos (al de que los «Propios tienen destinos de pública y común utilidad»), dice:
«Si el asegurar la vida y propiedad de los particulares, contra los insultos de los Malhechores, y facilitar la libre comunicación limpiando los caminos de esta peste, para que no teman los caminantes y tragineros perder en ellos o el caudal o las vidas, no es un objeto el mayor y más urgente de pública utilidad, no se comprende quales son los que juzga preferentes el Consejo.
Este reparo recae al tratar de los Propios más pingües del Reino, como lo son los de Valencia, pues solamente los de la Capital tienen 120 Mil pesos anuales y un sobrante de $1 4 ~ \mathrm { { M i l } }$ ; y repartidos los $2 0 ~ \mathrm { M i l }$ del costo total que se propone entre ella y los demás Pueblos de su Provincia, es insensible la carga. Menos Pingües son los quatro reinos de Andalucía sin comparación, y no solo pagan con facilidad los 387.880 rs. a que asciende anualmente la manutención actual de los Escopeteros, sino que hasta el día no se ha verificado la menor reclamación; prueba convincente de que los naturales conocen la utilidad que les resulta de su establecimiento».
La réplica al segundo motivo merece, igualmente, nuestra atención y vamos a recogerla íntegra, aunque es algo larga. Pero pensamos que merece la pena, por las notas ambientales que ofrece y que sólo puede ponderar un experto con el enfoque siguiente:
«El segundo motivo que da el Consejo... si las Justicias cumplen lo que les está mandado, no es menester más para exterminar los malhechores, y si no lo cumplen, serán inútiles los Fusileros. La experiencia tiene desmentida esta proposición; y por los hechos que cada día se repiten, y pudiera citar a V. M. infinitos de los que existen en el negociado de Malhechores, es constante que el Consejo tiene mandado a las Justicias armen gente para perseguir los bandidos: lo es que muchas lo executan; pero también lo es, que después de pagar sus jornales, a los Mozos, distrahiendolos de sus tareas, rara vez se verifica una aprehensión. Es indispensable que así suceda, porque estos pobres mozos, procuran ir siempre por el camino opuesto al que creen han tomado los que buscan; pues de encontrarlos, ningún bien personal les resulta y sí mucho riesgo. Hay también otra causa: si el forajido es del Pueblo o de otro inmediato, el Alcalde o Regidor que se empeña en perseguirle, suele pagar bien caro su zelo, por que si no le dan la muerte, es muy freqüente el ver sus árboles cortados, taladas sus mieses o incendiados sus haces en las heras por los parientes o Amigos del perseguido: si los Malhechores son muchos y armados, (como sucede en el día) media docena bastan para atemorizar todo un pueblo, pues ninguno quiere ser el primero a exponer su vida a un riesgo evidente. Hay exemplares de haber bloqueado, una docena de hombres arrestados, todo el vecindario de un Pueblo a la hora de Misa Mayor, y robado el Pósito, el fondo de Propios y casas particulares. Aún la tropa reglada, no es tan útil para hacer este servicio, como la de estas compañías, no solo por tener menos agilidad y experiencia para estas empresas, sino también porque son menos temidos de los forajidos que los de gambeto (que asi llaman a los Fusileros) y en prueba de ello, se pudieran citar muchos casos de haber huido una quadrilla numerosa el encuentro de una tercera parte de Fusileros.
Dice también el Consejo que sobre el costo con que se gravarían los Propios, con el aumento, se quitarían estos 100 hombres a la Agricultura y Artes. Si fuese posible tener noticia exacta del numero de Mozos que se arma, se vería palpablemente que son infinitos, y los jornales que se les pagan a costa de los Propios, bastarían para sostener muchas compañías».
Como vemos, nuestro hombre conoce bien el ramo. El resto de su argumentación se mueve en el derrotero que acabamos de ver para concluir dando la razón a las demandas de Troncoso, tras ofrecernos nuevos entresijos de una dimensión ambiental poco conocida que nosotros no nos resistimos a recoger literalmente:
«La situación de la Península, confinante con dos Reinos extranjeros, rodeada del mar y sus costas mui accesibles; cortada en su interior por sierras montuosas y ásperas y con espacios en algunas Provincias, casi despoblados, la constituyen expuesta a la plaga de Malhechores. En lo antiguo, las Hermandades contenían los excesos y multiplicación de los forajidos. Con el transcurso del tiempo se vició aquel excelente establecimiento; ha venido a menos desde mediados del Siglo pasado, quedando en el día, solo para memoria de qe. existió, la Hermandad de Toledo y la de Ciudad Rl. sin más que el nombre de tales. Si como dice el consejo, fuesen suficientes las órdenes y exortos repetidos que cada día pasa a las Justicias; ha tiempo que el mal habría cesado: sucede lo contrario, luego es claro que hay que apelar a medios más eficaces; y el mejor de todos, menos gravoso al vasallo y el que mejor admite, porque toca desde cerca su utilidad, es el de estos Cuerpos de Tropa ligera, siempre que se establezcan baxo de un buen pie.
Las trece plazas montadas por Compañía son de una utilidad tal, que sin ellas, se frustran con freqüencia las ocasiones de exterminar las quadrillas de contrabandistas. Si estos anduviesen constantemente a pie y por terrenos impracticables a la Caballería, serían estos Soldados montados inútiles, pero en los caminos, Cañadas y sitios accesibles, transitan con sus cargas y caballos. Acometidos por una partida, si esta es inferior, la rechazan, antes que pueda reforzarse, lo qual se lograría mejor pidiendo auxilio con un buen caballo, que a carrera de hombre: si se ven acosados y no les queda otro arbitrio, cortan los cordeles de sus tercios, montan y huyen con ventaja respecto de hombre a pie; pero si hubiere dos o tres a caballo que ganándoles la cara los contuviesen, hasta que llegase la Infantería, eran cogidos sin remedio y se evitarían los resultados de mayores daños; pues el contrabandista que huye despojado, roba y mata para recuperar lo que ha perdido. Cada día suceden casos que acreditan esta verdad».
Mostrada tan radical discrepancia respecto al parecer del Consejo de Castilla, la argumentación se cierra apoyando en todo el plan de Troncoso, tanto en la conveniencia de la existencia de las plazas de Comandante y Ayudante, como en que «la mayor representación del Xefe, redunda en mayor decoro del Cuerpo y subordinación de sus hombres» y en que «los Tribunales y Justicias Ordinarias, se detienen tanto más en suscitar altercados, quanto es mayor el carácter de aquel con quien han de haber; y los Pueblos forman también el concepto de la tropa en razón de la dignidad y crédito del que la manda». Lo cual es un apoyo explícito a la demanda del grado de Coronel de Troncoso.
Tras dejar constancia clara de cuál es el parecer sobre el aumento de las Compañías de Fusileros de Valencia, el siguiente centro de atención es la Compañía aragonesa.
b) Compañía Suelta de Aragón.
Creada en 1766, se mantiene con su dotación inicial de 100 plazas hasta 1798, en que por real resolución a 29 de julio a instancias del marqués de Alós, «Comandante interino de aquel Reino», se elevaron las plazas a 200 con dos capitanes y un subteniente24. Dicho aumento fue informado por el referido marqués, el Intendente y el Ministerio de Hacienda, resultando que el aumento de los efectivos incrementaba en 28 maravedíes al año la aportación de cada vecino contribuyente25. Según el autor del expediente, el aumento era deseado por los naturales de Aragón, «a fin de asegurar sus vidas y Haciendas, lo qual esperaban conseguir, en vista del Servicio que la Compañía con solos 100 hombres había hecho desde su creación».
Pues bien, a propósito de la referida real resolución, el Capitán General de Aragón, d. Jorge Juan de Guillelmi, avisó de su cumplimiento y de que ya se habían cubierto todas las plazas «con mozos robustos, ágiles y de buena nota, todos voluntarios», procediendo en el reclutamiento con una minuciosidad y rigor que se consideran modélicas26. Con tal motivo, Guillelmi envió un reglamento donde contemplaba la división de la fuerza en dos compañías con un Comandante y un ayudante para ambas, señalando al Comandante el mismo sueldo que tenía el Capitán de la Compañía de Castilla la Nueva, es decir 1.000 reales al mes, y 800 a cada Capitán; los sueldos de los Tenientes y subtenientes, eran iguales a los propuestos para la de Valencia y asignaba 300 al cirujano, un gasto que se podía excusar, como se había hecho en Granada, donde un cirujano del ejército se ofreció a desempeñar su función en las Compañías de Andalucía sin ser retribuido por ello, pues se cree que «no faltarán muchos buenos facultativos que hagan lo mismo en Zaragoza y Valencia».
También proponía el Capitán General de Aragón que se aumentara el sueldo a los sargentos (en 30 reales mensuales), cabos (en 20) y fusileros (en 10), desempeñando las funciones del Ayudante uno de los subalternos propuesto por el Comandante y aceptado por el Capitán General Inspector del Cuerpo: solución diferente a la arbitrada en la Compañía de Valencia, donde el Ayudante, como hemos visto, se proponía que fuera un empleo separado. En lo que restaba del reglamento enviado por Guillelmi se respetaba lo establecido en el anterior para el gobierno interno y el servicio, pero el artículo décimo le parece al realizador del expediente «mui esencial, en quanto esfuerza mucho sobre que estas Compañías gozen del mismo fuero en todas sus partes, como la demás tropa del Exercito, y respecto a que sufren los descuentos de Inválidos, la opción a ellos, que se les ha concedido, aunque no está formalmente declarado».
Otro personaje que se manifiesta sobre la reforma de la Compañía aragonesa es su primer Capitán, d. Antonio de Torres, «deseoso de contribuir al mejor arreglo de ella». Basa su actitud en la experiencia que ha acumulado en los 33 años de servicio que lleva prestados desde que empezó a servir como Subteniente, cuando Jerónimo de Torres, su padre, levantó esta unidad, que ahora proponía el Capitán General dividir en dos, respecto a lo que el primer Capitán aducía unas consideraciones que nos parecen de interés:
«Que el soldado Aragonés y aún más estos Fusileros, sirven con disgusto mandados por oficiales de otras Provincias, y mucho más si son extranjeros: esto se comprueba con lo sucedido en la guerra pasada quando, habiéndose publicado que se admitían Voluntarios en la Compañía, se presentaron hasta 380 hombres, sobre los 100 de que se componía. Con ellos sirvió el Exponente a las órdenes de Castelfranco: mandados por sus oficiales acreditaron su valor y denuedo27; pero hubo exemplar de ir tibios al servicio, baxo las de oficial extranjero».
Torres continuará con sus atinadas y «profesionales» observaciones, refiriéndose seguidamente a otras dos cuestiones de importancia, que hasta ahora no hemos visto planteada; una es de gran interés en el tipo de fuerzas que nos ocupa: el conocimiento del terreno y de sus habitantes; la otra va encaminada a la adecuada recompensa de los servicios prestados:
«Además de este motivo, hay otros dos mui esenciales, para que los de esta Compañía sean Aragoneses: es el primero, la utilidad que resulta de que tengan conocimiento práctico del terreno de su Provincia, y relaciones de amistad o trato, en los Pueblos de ella; lo qual facilita muchas empresas difíciles o impracticables, sin estas circunstancias; y debe entrar en cuenta el gusto con que la tropa sigue a un Xefe de su país, que le trata conforme requiere su carácter; valiente y arrestado, pero bronco y alfo feroz. El segundo motivo es la atención que merecen los actuales Sargentos28, que han llegado a serlo después de muchos años de buenos servicios... no sólo en su peculiar servicio, sino también en la última Guerra en los Exércitos de Navarra y Aragón por lo qual dos de ellos obtuvieron el grado de Subteniente de Infantería... que si V.M. tiene a bien destinar a otros Cuerpos, en donde puedan ser más útiles, los subtenientes que entraron en esta Compañía quando su aumento (el uno es Suizo, y el otro Andaluz) y atender el mérito de los Sargentos; se conseguirá que sobre el zelo con que los agraciados se sacrificarán desempeñando sus obligaciones, producirá también una emulación en todos los Cabos y Fusileros».29.
A continuación, Torres critica la práctica introducida por el Capitán General, de licenciar a los fusileros antes de que cumplan los ocho años de empleo, «de lo qual nace que pierda la Compañía los mejores mozos». Por eso, sostiene que para dar las licencias se pida previamente informe al Capitán «y que el que la obtenga, dexe a beneficio del fondo de vestuario mil rs. de vellón; con lo qual serán menos los que la pretendan, y el que lo haga indemniza al fondo de los gastos que ha ocasionado». En cuanto al personal, Torres cree que son necesarios dos tambores, uno para cada Compañía, tanto para instruir a los fusileros como para que vayan con las partidas numerosas que salen frecuentemente de servicio y se alojan en los pueblos, pues con sus toques pueden reunir a los fusileros con más rapidez que por el procedimiento seguido hasta ahora de ir avisando a los hombres por sus alojamientos. Además:
«El imprevisto toque de caxa —citamos una de las anotaciones del margen izquierdo—, voces simuladas de mando, y el fuego graneado, puede en una noche oscura, desordenar y atemorizar a un Cuerpo superior de tropas; y con mas razón a una quadrilla de contrabandistas por fuerte y numerosa que sea».
Torres resalta la conveniencia de que hubiera en la Compañía, como las hay en la de Castilla la Nueva, 15 o 20 plazas de caballería, «para remediar la fuga de los Malhechores, que estando a caballo, lo consiguen con freqüencia» y concluye insistiendo en que todos los individuos de estas Compañías sean naturales de Aragón, «pues el Reino paga esta contribución mas gustoso quando ve que sirven los empleos sus mismos paisanos».
Después de reflejar los pareceres de Torres y del Capitán General de Aragón, Gilman da su opinión en una nota, en la que no profundiza en lo dicho por Guillelmi, pues conduce a «uniformar con ventajas, estas Compañías y las de Valencia, con las de Andalucía»; se limita a señalar que en vez de la subida de los sueldos de fusileros y suboficiales, se le podría conceder el abono de pan con el descuento de 16 maravedíes, tal como en noviembre de 1797 se le había otorgado a la de Castilla la Nueva; dado que al fusilero de la de Aragón se le descuenta 4 cuartos al día y 6 cuartos a sargentos y cabos para costearse el vestuario, armamento y correaje —descuento que no existe en las de Valencia y Andalucía—, si se le concediera el abono de pan, se mitigaría la diferencia retributiva existente entre los miembros de unas y otras Compañías con poco gravamen para la Hacienda real. Gilman apoya la demanda del Capitán General de que se abonen al Comandante y a los oficiales la raciones correspondientes, obligándoles a tener caballo propio, «pues de lo contrario, no pueden servir», de la misma forma que considera bajo el sueldo del Comandante (1000 reales), pues en 1776 se asignó al de la de Andalucía 1.500 reales, «con más razón deben tenerle igual en el día los de Valencia y Aragón, pues sobre hallarse Torres y Troncoso con mayor graduación que Alavés quando le obtuvo, en el día representan menos los 1500 que los mil en el año de 76; y los gastos que estos han de hacer, no son inferiores, ni de otra naturaleza que los de aquel».
Llegados a este punto, Gilman se detiene en otra de las cuestiones más debatidas en relación con estos cuerpos especiales y su opinión merece la pena recogerla íntegramente:
«Repetidas veces han solicitado los Xefes de estas Compañías el fuero castrense, con apoyo de los Capitanes Generales. En el día le solicitan del mismo modo, y aunque anteriormente se les ha negado, parece que hay ahora más que nunca, razones mui poderosas en su favor sucesivamente se ha declarado, ya una, ya otra parte del fuero militar a estas Compañías, y siendo la razón en que la Patriarcal se ha fundado, la de que no eran considerados como parte del Exército, no parece que hay la misma fuerza en ella, quando gozan del fuero, inválidos y Montepío Militar. Si el soldado de línea defiende la Patria del enemigo esterior; estos luchan de continuo con los que la perturban en lo interior. Menos fatiga tiene el veterano en guarnición, que estos, en la continua persecución de Malhechores. Arriesga aquel su vida durante una o dos Campañas; este, la tiene expuesta a cada momento. Halla el veterano en su rancho lo que se compra en el mercado; las partidas de Fusileros, de corto número y siempre en movimiento, no pueden tener rancho, ni aun que comer en los montes y despoblados por donde suelen andar por muchos días; y estos hombres impelidos de la imperiosa necesidad, cometerán mil quebrantos, que se excusarían por la concesión del fuero castrense».
Y antes de pasar al análisis de otra fuerza, Gilman confiesa al rey que «hay otros puntos que omito para no cansar la soberana atención y son necesarios para uniformar entre sí estos útiles cuerpos, tan necesarios, sobre todo, en qualquier ocasión en que sea preciso desguarnecer de tropas lo interior del Reino». Mostrar esos puntos de manera abreviada, pero clara, es la finalidad del «Plan de arreglo de las Compañías Sueltas de la Península», una especie de organigrama donde se presenta la situación actual de esos cuerpos y los aumentos y otras medidas que se proponen para homogeneizarlos todo lo posible «y si fuese de su Rl. aprobación, se formará un reglamento, para cada uno de estos Cuerpos, tomando lo que sea adaptable, según sus particulares circunstancias, de los que en el día gobiernan parta las Compañías de Aragón y Castilla la Nueva».
c) Compañías de Andalucía.
Cuestiones diferentes vamos a ver planteadas en relación con las Compañías andaluzas, creadas en 1776 como Cuerpo de Escopeteros Voluntarios de Andalucía, cuya manutención corría a cargo de los pueblos y anualmente importaba 387.880 reales. Los problemas en relación a esta fuerza se plantean a raíz del artículo $8 ^ { \mathrm { o } }$ de su reglamento, por el que se facultaba a los Presidentes de la Chancillería de Granada para encausar a los escopeteros.
«La multitud de alteraciones y disputas que de aquí resultaron, con los Capitanes Generales de la Costa, y las continuas quexas del Comandante, originadas de las extorsiones que sufrían los Fusileros, por la dilatada instrucción y gastos de sus causas, movieron el Rl. ánimo de V.M. a mandar en 14 de septiembre del año anterior, que sólo en las faltas de los Fusileros interviniese el Presidente de acuerdo con el Comandante; y que por lo tocante a Cabos Sargentos y oficiales, nadie pudiese conocer sino sus Xefes militares».
Pues bien, el Presidente de la Chancillería granadina presenta cinco preguntas relacionadas con la aplicación de la referida real orden. En primer lugar desea saber si él como presidente y el Comandante de la fuerza han de ser los jueces de las causas de los escopeteros y si éstos gozan del fuero militar. Gilman responde, no sin cierta sorpresa, que efectivamente ambos han de ser considerados jueces «y no se advierte en qué estriva la duda de si gozan fuero o no, quando no puede ignorar el Presidente que tienen Inválidos y todo lo demás a él relativo, menos el castrense». La segunda cuestión que plantea el presidente es de carácter jurisdiccional, pues quiere saber si la sentencia «se ha de arreglar por derecho común o por la ordenanzas; y si se ha de consultar, y a quien». La respuesta que recibe es concisa y clara: «Sentado que gozan el fuero, es claro que deben ser juzgados por la ordenanza»; la consulta debe hacerse al Capitán General de la Costa y «de él, si fuese necesario, al Consejo de Guerra», a quienes corresponden ver las apelaciones, si las hubiere, como el presidente de la Chancillería preguntaba en tercer lugar.
En cuarto lugar, la autoridad judicial plantea el caso de que por un mismo delito fuesen encausados un soldado y un suboficial. En tal circunstancia cómo se ha de sustanciar la causa: «baxo las reglas señaladas para el soldado, o conforme a lo prevenido para cabos y sargentos» y se le responde que «conforme a todo principio de justicia, que el mayor no sufra perjuicio del menor... el caso que propone el Presidente, corresponde el privativo conocimiento y formación de la causa al Juzgado militar». Por último, el Presidente de la Chancillería pregunta si por razón de sus muchas obligaciones puede delegar en el Gobernador de la Sala del Crimen, a lo que se le responde:
«Para evitar la repetición de preguntas ociosas, sería conveniente declarar: que los Soldados de estas Compañías, quedan única y enteramente sujetos al Juzgado militar, como los Cabos, Sargentos y oficiales, y al modo que lo están los de las demás de esta clase».
El informe del Capitán General de la Costa de Granada tiene como referencia los escritos dirigidos por Josef Alavés, Comandante de los escopeteros, escritos de diverso tenor todos ellos relacionados con la vida de los hombres y de las unidades que manda. Empieza por plantear una cuestión de tipo jurisdiccional
«la dilatada prisión que sufre desde Febrero de 94, el Cabo de la 2.ª Compañía Josef Sánchez por la muerte que dio a un vecino de Granada, de cuyo conocimiento no ha querido desprenderse el Presidente; por lo qual y con arreglo a la expresada Rl. orden de 14 de setiembre, pide se de orden a dicho Ministro para que le entregue los Autos y el Reo».
Petición que apoya por completo el Capitán General, diciendo que está conforme que las causas de esta naturaleza se pasen al comandante «para su conclusión, evitando tan largas y crueles detenciones a los reos».
Después Alavés solicita el retiro para varios de sus hombres que han quedado inútiles para el servicio. Los interesados son el Teniente Coronel Don Miguel Salcedo, Capitán de la Primera Compañía, con cuarenta y tres años de servicio, repartidos en el Regimiento de América, donde estuvo veintidós y en este Cuerpo, donde ha llevado a cabo más de mil aprehensiones de contrabandistas y malhechores, con grandes cantidades de tabaco, caballos y armas; según real orden desempeñó interinamente el cargo de comandante del resguardo en Málaga y bajo su gestión se aumentó en más de nueve millones los valores de la Real Hacienda, lo que le fue agradecido en nombre de Su Majestad y se le recomendó para su colocación en un empleo adecuado, recomendación a la que se dio curso el 1 de enero de 1798. Como consecuencia «de sus muchas fatigas y trabajos, no puede ya continuar en el incesante del instituto de este cuerpo; por lo qual, pide empleo en Rentas correspondiente a su mérito y graduación». El Capitán General «le recomienda particularmente por sus excelentes prendas y distinguido mérito que ha contrahido».
El segundo recomendado es Miguel Sesé, Sargento de la Segunda Compañía, de treinta y tres años de servicio, veinte de ellos en su clase para quien solicita el retiro de Subteniente agregado a Zaragoza. La misma solicitud pero para establecerse en La Carolina hace a favor de Fernando Morales, Sargento de la Primera Compañía, que lleva dieciocho años de servicio en este grado de los veintinueve que tiene en total. Otro sargento para el que se pide el retiro es Juan Gabaldón, de veintiún años de servicio, once en su grado, solicitando el pase a esa situación en la Compañía de La Alhambra. Recomendaciones parecidas se hacen a favor de Juan Perena, Cabo de la Primera Compañía, con veintisiete años de servicio, dieciocho de ellos como tal, que igualmente pide el retito para la unidad de la Alambra, idéntica petición se hace para los también Cabos Antonio García (veintinueve años de servicio) y Manuel Blanco (veintisiete). El Capitán General «juzga muy propio de la real piedad» la concesión de estos retiros, que dejando el cuerpo sin individuos inútiles, recompensa el mérito de los agraciados y estimula a los demás a merecerlos.
La siguiente observación del Comandante del cuerpo es una queja por haber apartado a una unidad de su destino:
«Representa los daños que ocasiona el hallarse, la $1 ^ { \mathrm { a } }$ Compañía de Escopeteros ausente de Granada y empleada a los órdenes del Brigadier Dn. Juan Ortiz. Dice, que los soldados se hallan desnudos y enfermos; acosados los pueblos del Reino de Granada por los facinerosos, como ya lo ha representado varias veces la Rl. Chancillería; por todo lo qual pide que dicha compañía se mande volver a su primitivo destino».
De nuevo, el Capitán General apoya la petición de su subordinado, señalando que el Brigadier tiene suficiente tropa en Lucena, donde está destinado para llevar a cabo una comisión que no tiene nada que ver con los objetivos para que fue creado este cuerpo.
A continuación se plantea una variación del uniforme, el uso de solapa encarnada en el de los oficiales, por supuesto apoyada por el Capitán General. Luego nuestro informante centra su interés en cuestiones relacionadas con el servicio, pues «las continuas marchas que executan los Fusileros y heridas que con freqüencia reciben en los choques» hacen necesaria la asistencia de un cirujano, asistencia que se ha ofrecido a prestar don Josepf Calizalbo, «cirujano aprobado por el Rl. Protomedicato, y elegido en Granada para reconocer los reemplazos del Exercito y milicias, sin más interés que el nombramiento y fuero de cirujano de Exercito»30. Una solución del agrado del Capitán General, tanto por las razones que da su subordinado como por la cualificación profesional de Calizalbo.
La siguiente cuestión es doblemente interesante. Por un lado, se refiere a preceptos religiosos que difícilmente pueden guardar los escopeteros; y, por otro, se planeta una dimensión del fuero militar nada conocida. Vamos a recogerla literal, así como el parecer del Capitán General, igualmente de interés:
«Expone las dificultades que hallan las Partidas para observar el precepto quadragesimal, en las continuas ocasiones que andan por los montes y despoblados; siguiéndose muchos excesos que cometen promiscuando y faltando al ayuno; por lo qual sería conveniente a fin de evitar estos pecados y el escándalo que siempre se origina, que se les concediesen los privilegios castrenses, así como ya están en posesión de lo restante del fuero militar.
Dice Vasco que como este es un punto de jurisdicción eclesiástica no se atreve a pedirle; pero se inclina a que sería muy conveniente esta concesión, no solo por lo que dexa expuesto el comandante, sino también porque en realidad los fusileros son más bien tropa ligera por su continua fatiga, que tropa fixa, sujeta al ordinario eclesiástico; y por consiguiente, los juzga acrehedores a los goces de los cuerpos de tropa ligera, los quales tienen su Jurisdicción Castrense»31.
También relacionada con el servicio plantea una cuestión que ya hemos visto con antelación, referida a las otras unidades: la necesidad de aumentar los efectivos de las Compañías con plazas montadas, que él cifra en veinte el número de las necesarias y que justifica de la siguiente forma:
«A fin de exterminar los contrabandistas, que en el día abundan más que nunca y ocasionan muchos millones de pérdida a la Real Hacienda, con la introducción fraudulenta. Acompaña un plan del costo primero, y del que anualmente tendrá su manutención. Fixa el costo de todo lo necesario a las 40 plazas a 150.220 reales, que repartidos entre los 374.171 vecinos contribuyentes, les toca a $1 3 \ { ^ 1 / } _ { 2 }$ maravedis de carga por una vez. El aumento de su anual manutención es de 86.275, y repartido entre los vecinos ya dichos les cabe a 8 maravedis al año. Se extiende a manifestar las innumerables utilidades que de este aumento resultaría a aquellas Provincias y a la Rl. Hacienda en general; y son las mismas que ya tengo expuestas tratando de las Compañías de Valencia».
Pero en esta cuestión, el Capitán General, discrepa de su subordinado, pues no cree necesarias dichas plazas, ya que la costa cuenta para su defensa con las Compañías de ella y su regimiento de Caballería «y que lo montuoso del Reino de Granada32, no permite que obre la Caballería; a esto se agrega el recargo de contribución a los Pueblos; por todo lo qual no es de sentir qe. se haga el aumento que propone Alavés».
A continuación, en una «Nota», el autor del expediente vuelve a hacer un ejercicio de unificación, señalando que el aumento es excesivo y que podría reducirse por compañía a 10 soldados, dos cabos y un sargento, es decir, 26 en total, las mismas plazas propuestas para Valencia y Aragón; de esta forma, la cantidad para los contribuyentes sería de 9 maravedíes como costo inicial y 5 por la manutención anual; y en cuanto a su conveniencia, precisa en discrepancia con el Capitán General:
«Es cierto que las 13 Compañías de la Costa y el Regimiento de Caballería, la resguardan mui bien; pero no es aquel ni ha sido nunca el distrito señalado a estas Compañías, que tien por objeto lo interior de los quatro Reinos y las fronteras de Portugal, Mancha, Extremadura y Murcia. Parece excusado repetir la grande utilidad que de estas pocas plazas en cada Compañía, ha de resultar a la Rl. Hacienda, y su falta, no la suplirán jamás ni las Rondas montadas, ni las de Fusileros; porque la repetida y continua experiencia ha hecho ver, que los primeros, no gustan de empeñarse en grandes riesgos; y los segundos, no obran de acuerdo, sobre todo si van a las órdenes del Comandante de la Partida de Fusileros; y esta es otra razón más, para que los oficiales de las Compañías sueltas, tengan precisamente caballo... La Rl. Hacienda no se grava más que en las raciones de cebada y paja, objeto que no merece atención, así por ser apenas 120 raciones entre las 6 Compañías de Andª. Valenª. y Aragón... Conviene hacer memoria de que por las relaciones de las Contadurías de Tabaco del Reino de Valencia, resultó en dos años por el fraude del Tabaco, el desfalco de cerca de 4 millones a la Renta del Tabaco ¿Qual será el que se remediaría en Andalucía?».
d) Compañía suelta de Castilla la Nueva.
Levantada en 1792, esta unidad fue una de las últimas creadas, cuyo objeto era perseguir a malhechores y contrabandistas en la orillas del Tajo, proximidades de Madrid y Sitios Reales; su plantilla la componían 100 plazas de Infantería y 30 de Caballería, a las órdenes de un Capitán, un primer Teniente, un segundo Teniente, un subteniente; para la infantería había cuatro sargentos y ocho cabos y la caballería dos sargentos y cuatro cabos. «Los sueldos, iguales a los de los Fusileros Guarda Bosques, se pagan de cuenta de la Rl. Hacienda». Sobre su situación, merece la pena leer el párrafo siguiente:
«Si desde su creación se hubiese gobernado por el Reglamento que para el efecto se formó con Rl. aprobación, y es lo mejor que existe en esta clase, hubieran sido las utilidades aún mayores de las que se esperaban; pero ha sucedido lo contrario, y en el día se hace preciso remediar el mal. Este ha procedido de varias causas, entre otras, de haber los Capitanes Generales de la Provincia destinado estos Fusileros a objetos enteramente agenos de aquellos que les están señalados...
Su creación fue para las cercanías de Madrid y Sitios Reales; y sin embargo, se halla una Partida establecida en Sepúlveda, y otra en el corral de Almaguer33.
Se emplean también en conducir reos y acompar a particulares a los Pueblos y Puertos más distantes de la Capital: con el Duque de Frias fueron seis o siete a Lisboa; otros fueron también a acompañar y conducir desde el mismo Lisboa las Religiosas Salesas que han fundado el nuevo convento; y en el día, se halla casi toda la Compañía, con su capitán, en el Burgo de Osma, más de quatro meses; sin que en esta Secretaría, haya la menor noticia del motivo que ha mediado para darla un destino tan contradictorio con los principios que se tuvieron presentes quando se creó.
...y sucede muchas veces qe. el Capitán no sabe el paradero de algunas partidas, por que se destinan de orden del Capitán General sin su noticia...
Todavía es mayor y de peores conseqüencias el abuso de emplear en el mismo Madrid a estos Fusileros, cosa que a la verdad, parece infundada; porque para conservar en la Corte la policía, buen orn. y estorbar la introducción de contrabandos, hay en ella suficiente guarnición, Guarda de Puertas y del resguardo, y todas las rondas de los Alcaldes de casa y Corte. Por manera, que sólo se consigue el que se vicien estos hombres, y pierdan la robustez y disciplina, en los garitos y tabernas de Madrid.
Mucho más pudiera decirse sobre este particular, pero basta lo expuesto para demostrar la necesidad que hay de que esta Compañía se gobierne exactamente por su Reglamento, y que luego que vuelva de la Comisión en que se halla, se la pase una prolixa revista de Inspección; previniendo que en adelante no se distraiga a ninguno de sus Individuos del Servicio que le es peculiar; pues su corto número no basta para atender a otros objetos».
Como hemos podido comprobar, la desnaturalización de la Compañía no podía ser mayor, apartada por completo de sus fines iniciales, perdidos sus hombres en escoltas, misiones que ignora su capitán y servicios en la capital innecesarios por poderlos cubrir otras fuerzas e instituciones. Semejante panorama no deja lugar a dudas de que no era gratuito plantearse una reforma que remediara semejante situación.
Por lo demás, Gilman propone un aumento de plazas consistente en dos de sargentos, pues de los cuatro existentes uno no sale del cuartel por hacer de furriel, con lo que raramente van las partidas a las órdenes de un suboficial de esta clase «siendo mui disonante que $1 2 { \mathrm { ~ y ~ } }$ a veces 20 hombres lleven por Comandante un simple cabo»; otra plaza de nueva creación sería para un tambor y en el futuro «pudiera escusarse en el armamento de las 30 Plazas de Caballería las Carabinas, que son inútiles a esta Compañía, como a las demás».
e) Escuadras de Valls, en el Principado de Cataluña34.
Creadas después de la Guerra de sucesión en el año de 1719, compuestas por un Comandante primero, otro segundo y 105 Mozos, «exentos de todo cargo concegil, pero no gozan fuero, y en realidad, son alguaciles armados que dependen de la Audiencia, aunque el nombramiento de Comandantes y Cabos corresponde al Capitán General». La manutención la pagan los pueblos del Principado, al igual que hacen los de Aragón, Andalucía y Valencia con sus fuerzas respectivas.
Por entonces, los Mozos estaban mandados por Felipe Veciana, nieto del fundador y graduado de Teniente Coronel. El autor del informe anota al margen: «Es digno de reparo que un comandante con grado de Tente. Coronel, mande tropa que no tiene fuero militar, y lo es que solo pueda usar bastón con puño de plata». El segundo comandante es hijo del anterior, Pedro Mártir, que obtuvo el grado de subteniente el 14 de octubre de 1797.
Por lo demás, los intentos de reforma de las Escuadras vienen desde bastante atrás y los detuvo el Consejo de Castilla:
«En diversos tiempos se ha tratado de dar a estas Esquadras una forma estable y libre de los defectos esenciales que en el día tienen.
La Audiencia de Cataluña formó mas ha de 20 años un Reglamento para su régimen y servicio, el qual remitió el Consejo de Castilla para su aprobación; y no parece que se haya verificado hasta hoy...
Por tanto me parece que convendría, si fuera del agrado de V.M., pedir al Capitán General de Cataluña, todas las noticias que pueden conducir al efecto y oir lo que se le ofrezca sobre el particular.
Puesta la Compañía o Esquadras de Valls, baxo un buen pie, con fuero militar y demás goces, tendría sobre las otras utilidades, la de que, siempre que lo exigiesen las circunstancias, se presentarían a porfía para servir en ella, y se tendría, como en la de Aragón durante la última Guerra, un Cuerpo de $5 0 0 \mathrm { ~ o ~ } 6 0 0$ hombres, ágiles, determinados y los más a propósito para descubiertas y servicio de tropa ligera.
Hay también en aquel Principado las Rondas volantes del Pirrot; pero no corresponde su gobierno a este Ministerio, sino al de Hacienda».
f) Sobre la necesidad de formar Compañías de esta clase en Castilla la Vieja, Extremadura y provincia de la Mancha.
La necesidad de fuerzas de esta naturaleza en los territorios que no las tienen resulta obvia para el autor del expediente que comentamos y la sintetiza expresivamente:
«En quanto a Castilla la Vieja, queda demostrada esta necesidad, con solo el hecho de haber tenido que enviar al Burgo de Osma, la Compañía de Castilla la Nueva; y por lo que hace a las Provincias de Extremadura y Mancha35, es claro que si en Andalucía, Valencia y Aragón se ven acosados los Malhechores, se retiran a estas Provincias; lo qual no sucedería si en todas hubiese Fusileros que los persiguiesen.
Para proceder en esto con todo el conocimiento que requiere el asunto, se pudiera pedir informe sobre el particular a los respectivos Capitanes Generales e Intendentes de Exercito y Provincia, y en vista de todo, acordaría V.M. lo que fuese de su Rl agrado».
Por lo demás, tampoco son nuevas estas propuestas de creación, pues ya en 1787, con ocasión de la planificación que Carlos III le encomienda a Floridablanca, pudo comprobarse que los que más insistieron sobre el particular fueron «varios Monasterios y Conventos de Castilla, que son siempre los más expuestos a los insultos de los forajidos; y por lo tanto contribuirían tan gustosos como los demás vecinos a su manutención, para asegurar su vida y bienes contra semejantes atentados»
Concluida la exposición de los antecedentes y datos que Gilman ha podido reunir, éste cierra el expediente con una «Conclusión», que constituye una buena síntesis de los elementos fundamentales que confluyen en la variada panorámica que acabamos de conocer:
«Esto es Señor quanto me ha parecido debía hacer presenta a V.M. sobre un punto, que aunque a primera vista no presenta la mayor importancia, penden muchas vidas y muchos caudales de su buen o mal estado. Las mejoras propuestas, no ocasionan a la Rl. Hacienda más gasto que el de las raciones de cebada y paja; y las utilidades no pueden calcularse: el que se aumenta a las Provincias, sobre ser corto, repartido entre todos sus vecinos contribuyentes, le pagan gustosos; y será mucho menor, si, como sucede en el Reino de Valencia, se pagase de los caudales de Propios. Las razones de conveniencia y necesidad que hay a favor del arreglo de estos Cuerpos, tienen de su parte las instancias de muchos Capitanes Generales, de varios Tribunales, las Consultas del Consejo de Guerra en diferentes épocas; y lo que es más: la multitud de hechos por espacio de 30 años, que constan en los Expedientes examinados para formar este, y contra los quales no hay reflexiones que puedan debilitar su fuerza».
A la vista de cuanto antecede, hemos comprobado la existencia de una variada casuística, consecuencia de la falta de un criterio organizador de aplicación general, cuyo resultado fueron muchas iniciativas y soluciones diferentes, que era preciso armonizar. El expediente es la plasmación del intento de homogeneizar, congeniar y unificar tan variopinto panorama. En efecto. Hemos visto que siguen produciéndose aportaciones procedentes de iniciativas ajenas a los medios gubernamentales, como la de Troncoso, aunque él sea militar. De la misma forma que desde círculos profesionales del Ejército y la Administración salen planes que se traducen en realidades, en ocasiones con bastante trabajo y dilación, como consecuencia de la desidia, falta de entusiasmo u oposición del Consejo de Castilla. Una actitud que podemos valorar desde dos enfoques diferentes: por un lado, vemos la confianza de esta institución en soluciones tan tradicionales como poco eficaces —el armamento de paisanos—, que demuestra la insuficiencia de las justicias y la necesidad de recursos más operativos, que a veces ni siquiera los proporcionan los cuerpos de seguridad existentes —por eso se pide su ampliación y reforma-. Por otro, podemos pensar que estamos ante una de las dimensiones de la pugna entre «civiles» y «militares», que se mantiene a lo largo del siglo y entre cuyos alicientes están las interferencias de jurisdicciones (entre la militar y la ordinaria), que se resuelven, como hemos visto, a favor de la primera (caso de las unidades granadinas), confirmando la consolidación de los militares en la Administración y el aumento de su influencia en las esferas del poder36. Justamente, el retraso en responder del Consejo de Castilla —en algunos casos, en torno a seis años— puede no ser otra cosa que una forma de entorpecer la ascensión de sus «rivales» militares.
Hay también otras cuestiones de gran complejidad, sin duda, como es la relativa al fuero militar, cuya concesión a estos cuerpos no fue nada generosa y, además, se aluden a unos matices «castrenses» que es insólito que aparezcan cuando se trata de este fuero; justamente esos matices, el carácter militar de la oficialidad y que unos cuerpos gocen del fuero y otros no, provocan situaciones tan confusas, que son difíciles de esclarecer para los ajenos al ramo o para quienes no tienen los antecedentes adecuados relativos a cada uno de los casos, máxime cuando se producen cambios en su naturaleza original. Este es uno de los grandes valores del expediente, pues fija con exactitud la situación de cada cuerpo en relación al fuero militar, cosa que no sucede en la mayoría de los casos, dando lugar a simplificaciones, generalizaciones e inexactitudes, cuando no errores que la bibliografía especializada decimonónica recogió, incorporó y difundió induciendo a confusión a no pocos, por no ver en su momento ciertos apriorismos de esa producción historiográfica37. Desde ahora, en cuestión tan vidriosa como la aplicación del fuero militar a las fuerzas de seguridad —por lo menos a las más significativas— ya sabremos a qué atenernos.
Otra cuestión que sobre el papel parece lógica y evidencia la racionalización del sector que se persigue, es el establecimiento de una doble dependencia: del Capitán General y sus jefes para todo lo «profesional» y de las Justicias, Audiencias o Chancillerías, por lo general, para la prestación del servicio. Sin embargo, ese dualismo degenera en numerosas ocasiones, traduciéndose en un reparto de efectivos con criterios diferentes, establecimiento de puestos fijos lejos de los distritos que tienen encomendados (como sucede con los de la Compañía de Castilla la Nueva) y utilizaciones inadecuadas (escoltas, alguaciles, etc.).
Así pues, el escrito de Gilman, el expediente analizado, parecía hacer diagnósticos certeros de la situación, ofreciendo soluciones para remediar los errores y deficiencias advertidas. Por eso, no deja de sorprender que una mano escribiera al final del mismo: «El plan esta mui propio, pero no es del día la resolución. Téngase presente para mejor ocasión». Sin embargo, este veredicto no fue muy duradero, pues según vemos en otro añadido manuscrito al expediente, inserto en las hojas en blanco del final, con fecha de 19 de diciembre de 1799 se ordena que se pase el expediente al Inspector General de Infantería y al Fiscal Togado del Consejo de Guerra para que, teniendo en cuenta los elementos en juego, manifiesten «la forma que convenga darles en todas sus partes, procurando uniformarlos en todo lo que sea adsequible y qe. a la mayor brevedad digan bajo este principio lo que convenga».
LOS COMENTARIOS DEL INSPECTOR GENERAL DE INFANTERÍA Y DEL FISCAL TOGADO DEL CONSEJO DE GUERRA.
El encargo real a ambas autoridades se cumple en esa misma fecha de 19 de octubre de $1 7 9 9 ^ { 3 8 }$ , a través de la Secretaría de Guerra, dándole instrucciones precisas con llamadas de atención sobre los asuntos que se consideran clave para el arreglo de los temas pendientes en las Compañías sueltas de Aragón, Valencia y Andalucía para que a su juicio, teniendo en cuenta cómo se costean, su constitución actual, la clase de servicio que prestan y las circunstancias de las provincias donde se actúan, propongan cuanto crean conveniente, se les indica qué arreglo es urgente y que «para mejor ilustración de la materia, conviene tener presente que la compañía de Castilla la Nueva goza en todo de las mismas consideraciones que la tropa del exercito, excepto el fuero castrense, que en el día reclaman el Comandante de las dos de Andalucía y el Capitán de las de Aragón». Para facilitar su labor, se les deja constancia de que se le
«concedió a la misma Compañía de Castilla, el pan que tienen los cuerpos veteranos, sujetándola al descuento de 16 mrs. En las de Aragón, Valencia y Andalucía, varían los goces de fuero y opción a retiros, pero éstos se han concedido por práctica constante a todos los individuos de ellas, que han acreditado sus buenos servicios. También se han concedido en diversas ocasiones varias gracias a los que han sido heridos en choques con los malhechores y contrabandistas o que se distinguieron particularmente en ellos (en los choques), y a los hijos, viudas o parientes de los que murieron en dichas acciones».
Las indicaciones a ambos personajes culminan con las demás observaciones hechas por Gilman en la conclusión del informe, sobre la finalidad y adecuada utilización de los efectivos de estos Cuerpos, evitando los abusos y anomalías imperantes. El Inspector General, don Joaquín de Oquendo y el Fiscal Togado, don Juan Pérez Villamil, dirigen su respuesta al Secretario de Guerra, don Antonio Cornel a principios de mayo del año siguiente39.
El comienzo del nuevo documento que vamos a recoger, es un claro reconocimiento de todos los extremos señalados anteriormente por Gilman, insistiendo en algunos de sus tintes más preocupantes con nuevos elementos:
«Es ocioso ponderar en quanta importancia sea que los caminos señaladamente los principales del Reino esten seguros de toda violencia, de manera que los que por ellos van, y vienen, vayan sin zozobra, y riesgo en sus personas y bienes. Quando el Gobierno no ha llegado a alcanzar esta seguridad, está sin duda defectuoso en un ramo importante de Policía.
Para proveer al qual se ha pensado con buen acuerdo en establecer compañías sueltas con el destino de perseguir Malhechores auxiliando a las Justicias en obra tan saludable.
Es mui cierto que la falta de educación e ignorancia de los Pueblos es una de las causas de que ande por algunas de las Provincias del Reino multitud de Malhechores que se forman de la gente valdía de los Pueblos y de los malmorigerados que se crían en las Poblaciones grandes. Pero esta causa, y otras que ocasionan la abundancia de tales gentes, durarán por desgracia demasiado tiempo; y mientras haya malhechores, que a manera de fieras, huyendo de la sociedad, se acogen a los Bosques, y sitios desamparados para acechar desde allí al inocente viandante, y salir a robarle a salvo, es necesario trabajar en remitirles y se pudiera ser en exterminarlos.
Es vano persuadirse de qe. las Justicias puedan con Zelo, y vigilancia dexar esta necesidad pública satisfecha; la experiencia tiene acreditado lo contrario.
Aún los mui Zelosos, y vigilantes, ni tienen la conveniente fuerza pa. reprimir la audacia de los qe. en quadrilla infestan los transitos; ni la con que suelen salir a perseguirlos es de calidad de que se empeñe donde hay conocido riesgo; ni la pueden juntar y emplear en todo tiempo.
Tales son, básicamente, los elementos que van a mover a nuestros dos hombres en sus observaciones, quienes antes de entrar de lleno en el encargo que se les encomienda, se detienen en consideraciones de indudable interés, como la que sigue, relativa a la misión del Ejército, que bien merece la pena recoger íntegra con sus propias palabras:
«La fuerza armada ha tenido desde su primer establecimiento dos objetos que responden a dos especies de facultades, o derechos, en cuyo exercicio se encierra el poder supremo: a saber, defender a los ciudadanos de los enemigos de fuera, a cuya necesidad responde el exercicio de los derechos que llaman transeúntes del Soberano; y asegurar en paz, y dentro del estado la quietud pública, sosiego, y seguridad de los moradores a que corresponde el exercicio de los derechos inmanentes del mismo poder supremo.
La ordenanza militar ha provisto al reglamento de la fuerza armada, que ha de obrar contra los enemigos de fuera; pero el otro objeto, desde que las famosas hermandades establecidas en el siglo XV, vinieron a decaer, ha estado casi abandonado al débil brazo de la Justa. mientras que en varios tiempos señaladamente en los de guerra, se han visto inundadas las Provincias de Andalucía y Extremadura de malhechores, que entorpecían el Comercio interior y asustavan los Pueblos, y particulares pudientes con sus robos y violencias».
También son de gran importancia la distinción que hacen entre los fuera de ley y los matices respecto a su comportamiento, cuestiones que consideran importante tener en cuenta para acertar mejor en su dictamen sobre la cuestión que se les ha planteado:
«Los más ciertos eran los que llaman contrabandistas: de los quales, mientras la situación de las cosas, desahogándose el estado de sus urgencias, no de lugar a mejorar el sistema de estancos, será dificultoso que las fronteras de Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura y León se vean libres, y de los males que acarrean al Estado tales gentes.
Para su persecución se han expedido en estos años muchas órdenes e instrucciones; y hay porción de fuerza armada destinada de propósito a este servicio, auxiliando las fuerzas de los resguardos, la qual no alcanza por si a contener aquel mal.
Nuestro propósito ahora es examinar como pueda ser más ventajoso el establecimiento de Compañías sueltas pa. persecución de los demás malhechores.
Porque conviene mucho separar los dos objetos: a saber, la persecución de contrabandistas de la de los demás delincuentes. El contrabandista no roba al viandante, ni le mata, ni se entra por los Pueblos cortos para saquear la casa de algún pudiente: su objeto es despachar bien y prontamente el género qe. conduce para negociar su tráfico. Háseles visto en ocasiones a los tales dar mano fuerte a la Justicia para hacer prisiones arriesgadas de otros malhechores; y aunque no hay línea qe. separe a los unos de los otros, todavía es cierto que el contrabandista, mientras no vea perdido su trato, no suele pasar a ladrón, y malhechor que infeste los caminos, y tránsitos de los Pueblos».
Semejante distinción entre los comportamientos y actitudes de ambos tipos de delincuentes es de indudable interés para conocer algunas dimensiones del mundo del delito, en las que sólo se detienen fuentes muy específicas. Nuestros informantes las destacan porque les sirven de preámbulo para otro tipo de observaciones, igualmente interesantes y dignas de ser tenidas en cuenta en la planificación que se proyecta. Son las siguientes:
«De este modo de mal vivir diferente ha provenido un efecto, que es a la verdad el punto capital de este negocio. Porque los Pueblos no miran con horror al contrabandista, antes suelen auxiliarle algunos, y tienen partido casi por todas partes, por que en el tráfico que exerce activa, y pasivamente interesan muchos. Pero al homicida, al Ladrón, y salteador de caminos que cortó con el resto de los hombres sus relaciones, y trato, todos le aborrecen, y desean su justicia, por que todos interesan en ella, y están expuestos a su furor.
No pudiendo el Estado acudir a tantas necesidades como han recrecido en estos días, con las rentas ordinarias, y extraordinarias, ha sido poner a cargo de los Pueblos el entretenimiento de la fuerza armada de las Compañías Sueltas, destinadas a la persecución de los malhechores.
Y los Pueblos han concurrido gustosos a la manutención de este establecimiento y lo harán siempre mientras no se distraiga a esta fuerza de aquel objeto. A la verdad la República interesa en ello; y pa. los gastos de esta parte de administración de justicia, en falta de penas de cámara, que sirven para las necesidades comunes de los Tribunales del Reino, siempre se ha hechado mano de los propios o de repartimientos para acudir a ellos. Pero el modo de acudir cada Provincia a estos gastos, ha de ser en cada una proporcionado al estado de sus Pueblos, y sobre ello se debe oir al respectivo Capitán General, Intendente y demás Gefes que puedan dar luz, y conocimiento de los hechos, siempre que se trate de establecer alguna compañía de nuevo, como más adelante se propondrá».
Con tales antecedentes, el Inspector General y el Fiscal Togado consideran que el «primer principio» que debe prevalecer en el establecimiento de nuevas Compañías y que es que no se aparte de su finalidad de perseguir a los malhechores y a sus cómplices en los pueblos, sin emplearlos como escoltas, alguaciles ni ordenanzas, con lo que «se han avillanado, y decaído de aquella dureza de vida que requiere este linaje de tropa pa. desempeñar su objeto». Por eso, recomienda que la gente de estas Compañías no permanezca «de sentada en los Pueblos», ni sirvan a Magistrados ni Justicias, «ni dependan de ellas, para evitar radicalmente torne a introducirse tal abuso», pero eso no significa que las partidas desoigan el llamamiento de esas autoridades cuando las reclamen para cumplir objetos propios de su instituto, de la misma forma que cuando lleguen a los pueblos, deberán presentarse a las Justicias para que éstas tengan conocimiento de ello y por si necesitan su auxilio, pero no podrán detener a las partidas para realizar prisiones que ellas podrí- an hacer sin esta ayuda, salvo que se trate «de un caso urgente de grave necesidad por la calidad del malhechor, en que sea indispensable dar mano fuerte para su prisión». Tampoco tolerarán las Justicias que las partidas estén ociosas o se detengan dentro de los pueblos más de lo necesario para equiparse.
Igualmente, los calificadores se muestran coincidentes con Gilman en la conveniencia de suprimir los puestos fijos, pues tanto los contrabandistas como los demás delincuentes los evitaban fácilmente «e infestaban a su salvo lo demás de la Provincia», por lo que recomiendan que en el reglamento se incluya otra condición: que estas Compañías «jamás tengan puesto fixo, debiendo recorrer los caminos principales de toda su Provincia, pero sin salir de ella a no exigirlo un caso urgente para lograr la aprehensión de algún malhechor», entendiéndose las partidas entre sí, tanto las de la misma provincia como «las de Provincias comarcanas, para convinar su expediciones, y que en todas partes sean temidas por la incertidumbre de sus marchas».
Coinciden también con lo sostenido en el expediente que informan respecto a la necesidad de plazas de caballería en dichas unidades, pues «malhechores famosos se hallan provistos de caballos», con lo que pueden escapar de una tropa fatigada que marcha a pie y en el combate, incluso, tienen ventaja. En consecuencia, consideran que cada Compañía debería tener un número de plazas montadas equivalente al $10 \%$ de la fuerza, poco más o menos. Y en cuanto a las necesidades de armamento y equipo de la gente de estas unidades, señalan:
«Una tropa en continua fatiga, que sólo se acoge a poblado de quando en quando, rompe mucho su ropa, y necesariamente destroza mas su armamento, que la que está a pie quieto. La vida de los individuos es dura además, y trabajosa mucho, y es necesario que este mayor trabajo se compense.
Decimos esto por que creemos absolutamente indispensable, que a todos los soldados, Cabos y sargentos de estas Compañías se les de el Pan en los Pueblos, del modo que se da al resto de la tropa, y el necesario alojamiento, y utensilio en su corta mansión y transito. Y este es otro principio de los que establecemos, como constitucionales de estos Cuerpos; por manera que a los individuos de a pie, y de a caballo se les trate en todo como a la tropa de su clase sin disminución en lo futuro. Y para evitar abusos se expresarán en el Reglamento las precauciones qe. convengan».
Y como era de esperar, el tema de la naturaleza de estas fuerzas no podía estar ausente en el parecer de los informantes, un parecer que interesa tanto por lo que de clarificador tiene para el tema concreto que nos ocupa, como para el debate que todavía existe entre nosotros sobre la naturaleza que deben tener nuestras fuerzas de seguridad actualmente, en donde los que defienden la conveniencia de que no sean militares, tienen en contra a quienes sostienen lo contrario, asegurando su criterio con argumentos historicistas donde recogen la tendencia «militar» imperante en los cuerpos de seguridad en España. Recurramos de nuevo a sus palabras:
«Siendo verdaderamente militares estos Cuerpos por que sus funciones son las que en tiempo de paz la fuerza armada presta dentro del Estado, conviene que en todo lo demás como Premios, Inválidos, y otros goces sean reputados tamvien como el resto de las tropa. Gozarán asi mismo del fuero militar sus individuos mientras estuvieren en actual servicio en todo lo qe. dependiese de él, y en las acciones personales, y delitos militares y comunes; pero no en las acciones Rs. ni en hechos de policía, contribuciones, y casos de fraude, y contravando, pues por todas estas relaciones dependerán de las Justicias y Jueces privativos, como los demás vasallos no aforados. Del mismo modo le gozarán sus mugeres y sus hijos; pero no serán unos ni otros de la Jurisdicción castrense».
En cuanto a la dependencia y organización, también se muestran decididos y partidarios de dejar clarificada reglamentariamente tan importante cuestión:
«Por la misma consideración habrán de depender únicamente las Compañías en lo general del servicio, y distribución por toda la Provincia respectiva, de los Capitanes Generales; quedando a los Gefes, como lo está en los demás cuerpos militares, la jurisdicción, y faculta en lo económico, y se guardará la ley de la subordinación con el mayor rigor, templándose en el Reglamento lo demás a la naturaleza y calidad de estos Cuerpos».
Por otra parte, sostienen que los jefes de estas unidades deben ser «personas de partes, y graduación conveniente» y su sueldo, como el de los demás oficiales, debe permitirles mantenerse con decoro y ser proporcionado a su grado y empleo. Y la selección llegará también a la gente de tropa, pues recomiendan nuestros opinantes que
«en la admisión de Soldados se tenga la cuenta que se tuvo en la Compañía de Aragón, a lo menos algún tiempo. Por que ¿qué se puede esperar de un vicioso o vagamundo, o de un hombre sin obligaciones? Esto debe el Gefe tener por una principal obligación; y arraigado este modo de pensar, será fácil sostenerlo. Y para ello convendría que de hoy en adelante fuese su nombre el de Compañías de Voluntarios honrados u otro semejante, y no el de Miñones con que son ahora conocidos».
En cuanto a la homogeneización de todo el ramo, sostienen la conveniencia de que se redacte un reglamento único y que se aplique tanto a las Compañías existentes como a las que se levanten de nueva planta. Tras citar las existentes —en realidad, las que aparecen en el expediente de Gilman—, se manifiestan respecto a las necesidades o conveniencias del momento:
«Pero es cierto qe. para la Mancha era necesaria una; para Murcia otra; para Extremadura otra; y dos para Castilla la Vieja, y el Reyno de León.
Y convendría extinguir las Rondas del Pirrot40, por que levantadas con gente corrompida, y envejecida en el mal, continuaron sus Individuos en servicios, y se aprovecharon para hacerlo de su propia constitución, y facultades».
Consecuentemente con los principios que exponen y sostienen, los firmantes del informe aconsejan que la primera Compañía de Escopeteros de Andalucía (agregada, como se ha señalado, a la comisión que el Brigadier Juan Ortiz desempeña desde el 1 de mayo de 1795) vuelva a Granada a cumplir con su servicio peculiar, pues desde entonces aquella tierra está «infestada de malhechores de lo qual se han quexado sentida, y repetidamente el tribunal territorial, y las justicias de aquel Reyno». Y para cerrar su informe, nuestros hombres dicen a Cornel, su ministro:
«Así que si V. E. calificare de acertadas nuestras reflexiones, se podría servir de mandar, que conforme a ellas se extendiese un Reglamento, teniendo a la vista el qe. para la Compañía de Castilla la Nueva se hizo, que es mui bueno, en quanto sea adaptable; y gustosos le examinaremos, ya hecho, para asegurar la conformidad con los principios que hemos indicado aquí.
La nueva Compañía que se propone para el Reyno de Valencia, se podría poner en Murcia; y si la huviere en este Reyno, tal vez, no sería en aquel tan necesaria. Más por ahora bastaría que se aumentase con el número correspondiente de caballos, que deberían tener todas.
Tal es nuestro dictamen; pero con el más acertado de V.E., resolverá S.M. lo mejor».
CONTINUISMO Y APLAZAMIENTO DE LA RENOVACIÓN.
En sus recomendaciones, Juan Pérez Villamil y Joaquín de Oquendo insisten en que, aunque el arreglo de las antiguas Compañías y la formación de otras nuevas puede llevar tiempo, es muy conveniente acelerarlo lo más posible
«porque sólo se podrá conseguir el exterminio de tantos facinerosos que infestan las provincias. Quando no hallen refugio en ninguna, hallando en todas una fuerza armada, la que más temen, y que realmente es la única que puede conseguir el efecto deseado: objeto tan interesante y de primera atención que la Francia en su anterior gobierno, contaba en su marechaussee más de 20.000 hombres de infantería y caballería sin otro destino que este».
Estas consideraciones nos parecen especialmente interesantes, pues ya plantean la conveniencia de que todas las provincias estén con la debida cobertura de fuerzas armadas destinadas exclusivamente a combatir el delito y los delincuentes. Es decir, propone que se incremente el aparato de seguridad extendiéndolo a todo el territorio para que los fuera de la ley no encuentren zonas donde puedan refugiarse. Estamos ante una propuesta en cierto modo premonitoria, pues si bien es cierto que se mantiene el mosaico de fuerzas existente durante el siguiente medio siglo, no lo es menos el que ya aparecen referencias a un cuerpo único de seguridad de inspiración francesa, una realidad que no es nueva, pues en otras ocasiones se ha invocado ese mismo modelo y se llegó a proponer en 1781 al conde de Aranda, cuando estaba de embajador en París, un plan para establecer en España una Marechaussée semejante a la francesa, un plan que Aranda remitió a Madrid, pero no tuvo trascendencia ninguna41.
Por lo demás, la única cuestión de la que tenemos constancia que se decidiera como consecuencia inmediata del expediente y los informes que hemos visto, es la relativa a la primera Compañía de Andalucía... y es una solución que llega tarde (como casi todas las decisiones que se toman relacionadas con la seguridad y el orden público), pues la cuestión había sido planteada reiteradamente por el Capitán General de la Costa de Granada y el Presidente de la Real Chancillería granadina en repetidos informes a la Secretaría de Guerra y a la de Gracia y Justicia, sobre los males que se derivaban de que la primera Compañía de Escopeteros Voluntarios de Andalucía hubiera abandonado su servicio peculiar para ponerse a las órdenes del Brigadier Ortiz, según real orden de 25 de junio de 1797. El informe del Capitán General de 14 de octubre de 1798, dirigido a Cayetano Soler, resultó más eficaz, pues el ministro le responde el 10 de julio de 1800 (¡la respuesta se demora casi dos años!, si bien, desde el informe del Inspector General de Infantería y del Fiscal Togado del Consejo de Guerra no habían pasado más que unos dos meses) diciéndole que
«teniendo presente que el cuerpo de Escopeteros de Andalucía se creó con el preciso destino de exterminar malhechores que infestaban aquellas provincias, y para auxiliar a la justicia real, y siendo justo que no se distraiga de este cometido cuando su mantenimiento es por cuenta de los pueblos de los cuatro reinos, el Rey ha resuelto que los oficiales y escopeteros de esa Compañía se separen inmediatamente de la comisión de Ortiz y vuelvan a Granada a las órdenes del Brigadier Don Josepf Alaves, Comandante de ese Cuerpo. Y que en adelante, ninguna partida se separe bajo pretexto del servicio propio de su instituto».
De todo lo demás planteado en el expediente y en los informes, nada se hizo. La situación se mantiene sin alteraciones significativas, a la espera de una mejor ocasión.
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En definitiva, como puede verse a lo largo de estas páginas, la seguridad y el orden público se ha encomendado a un mosaico de fuerzas, cuya realidad se ha formado a lo largo del siglo merced a iniciativas diversas refrendadas por los gobiernos; un mosaico que presenta claras deficiencias y que se pretende dinamizar mediante la creación de nuevas Compañías sueltas y el arreglo de las existentes, como la mejor forma de poner coto a contrabandistas y malhechores y llenar los vacíos existentes en ciertas regiones, según se denunciaba con regularidad; esa sería la mejor forma de proteger al conjunto de la población española contra el desorden y la inseguridad y defender los intereses de la Real Hacienda. Ese es el objetivo del expediente y de los informes que hemos analizado, a los que hemos visto coincidir en los análisis de la situación imperante, en los diagnósticos sobre los males que padece y en los remedios propuestos.
Pero, en la práctica, lo que se realizó fue algo tan menguado como anecdótico, aunque el hecho evidencia uno de los males más generalizados del sistema que se pretendía reformar, insistiéndose una vez más en el cumplimiento forzoso de la finalidad para la que habían sido creadas estas unidades a fin de no distraerlas con otros cometidos entorpeciendo su servicio.
Para terminar, como balance general, podríamos insistir en algo ya señalado: el paso del tiempo demostró la realidad innegable de que pese a su posible eficacia, efectividad y razón de ser en algunos momentos, todos estos cuerpos evidenciaron unos rasgos comunes en la escasez de efectivos, indefinición o superposición — que no complementariedad— de cometidos, restringida área de actuación, poca disciplina en ciertas ocasiones y ausencia parcial o total de coordinación con institutos semejantes. Posiblemente, esta conjunción de factores y opiniones como las que acabamos de recoger determinaran la tendencia hacia un solo cuerpo de seguridad para abarcar la totalidad del territorio, con una visión de conjunto y conocedora de las realidades y necesidades de todas y cada una de las zonas. Es una solución que desde principios del siglo XIX la veremos aparecer con una cierta intermitencia hasta acabar por consolidarse finalmente unos cincuenta años después. En la explicación del retraso influyen, además, los avatares políticos de la primera mitad del siglo XIX, que entorpecieron la lenta elaboración e implantación de las nuevas ideas y planes sobre el mantenimiento de la seguridad y el orden público.