Los límites del primer intervencionismo estatal en el mercado laboral: la Inspección del Trabajo y la regulación del empleo de las mujeres (Cataluña, 1900-1930)1.
José María BORRÁS LLOP (Universidad Complutense de Madrid) firstname.lastname@example.org.
Recibido: 3 noviembre de 2008
Aceptado: 16 marzo de 2009.
RESUMEN.
Este artículo se propone analizar el impacto en el mercado de trabajo de la normativa reguladora del empleo femenino, en el primer tercio del siglo XX. La investigación se centra en la actividad de la Inspección del trabajo. En una primera parte, se estudian los recursos de la Inspección del trabajo en Cataluña y las características de la población obrera visitada por los inspectores. En la segunda parte, más extensa, se analiza el seguimiento que los inspectores hicieron del cumplimiento de las normas, tomando como indicadores básicos el número de infracciones, contrastándolo con las condiciones concretas de trabajo y las prácticas de los agentes sociales. Se observa también la evolución desglosada de infracciones y sanciones. Cabe destacar dos conclusiones: a) el discurso de la domesticidad tuvo un reflejo muy escaso en la normativa laboral y en los afanes de la Inspección; b) la única repercusión concreta de dicha normativa fue una tardía y limitada exclusión de las mujeres del trabajo nocturno, que no frenó la feminización de la industria textil.
Palabras clave: Siglo XX. Historia social. Historia del trabajo. Trabajo de las mujeres.
Legislación laboral. Inspección del Trabajo. Cataluña. España.
The limits of the first state intervention in the labour market: the Labour Inspectorate and the regulation of the employment of women (Catalonia 1900-1930)
ABSTRACT.
This article aims to analyse the impact of labour legislation on gender segregation of work during the three first decades of the twentieth century. Labour inspection is at the centre of the research. Its first section focuses on the resources of the Inspectorate in Catalonia and the characteristics of the working class population subject to inspection. The second part has a wider focus and analyses how the inspectors followed established rules, taking the number of infractions reported as the basic indicators and comparing these with the actual working conditions and the common practices of the representatives of workers. A breakdown of infractions and sanctions is also included. Two conclusions can be of particular interest: a) the discourse of domesticity had little or no influence on labour norms or on the efforts of the Inspectorate; b) the only concrete repercussion of the regulation was a belated and limited exclusion of women from night work, which, however, did not prevent the textile factories from making full use of female workers.
Keywords: $2 0 ^ { \mathrm { t h } }$ century. Social history. Labour history. Women’s work. Labour legislation.
Labour Inspectorate. Catalonia. Spain.
Dos líneas se han interrogado, de forma distinta, sobre los inicios del intervencionismo estatal en el mercado laboral. Los primeros planteamientos, en los años setenta, se interesaron por los presupuestos ideológicos y políticos del reformismo intervencionista. Se puso entonces el acento en la concepción estatal y conservadora de “la cuestión social como cuestión de orden público” (Montoya, 1975; Palomeque, 1975-76). El más reciente auge de la historia de las mujeres condujo a interesarse por las circunstancias que hicieron de las mismas, junto con los menores de edad, destinatarias singularizadas de las primeras medidas intervencionistas. Denominador común de perspectivas historiográficas diversas ha sido la atención prestada al contexto cultural y discursivo de debates y procesos legislativos. Gracias a ello se ha hecho visible el planteamiento de “la cuestión social como cuestión de género” desde finales del siglo XIX (Arbaiza, 2000 y 2003). Más concretamente, se ha subrayado el “sesgo de género” que caracterizó a la legislación laboral en sus orígenes (Nielfa, 2003). Como telón de fondo de tales políticas se apunta al discurso o ideología –según los autores- de la domesticidad (Nash, 1993; Martínez Veiga, 1995; Aresti, 2001), partidario de separar a las mujeres de los espacios públicos, y singularmente de los productivos, con un propósito moralizador de las clases obreras que enfatizaba la función procreadora asignada a las mujeres. Difícilmente puede afirmarse que se trata de un discurso propio de las clases medias o burguesas, sino de la vieja y dominante cultura patriarcal de amplio consenso interclasista. Claro que, desde los últimos años del XIX, se afirma “el ideal de la buena madre difundido por el movimiento higienista (como) parte de un programa de reforma social más amplio” (Morata, 2004: 310), que habría dejado sentir su impronta en la legislación laboral con especificidad de género. No obstante, conviene tener presente que las primeras actuaciones contra la mortalidad infantil y en pro de la maternidad obedecieron a iniciativas filantrópicas y municipales, en las que el Estado estuvo ausente (Ocaña, 1996).
En España son contados los trabajos consagrados a las primeras normas de regulación del empleo de las mujeres, desde posiciones feministas. Coinciden en cuestionar el objetivo tutelar o protector que gobiernos y Administración laboral declaraban como prioritario. Para Adelina Núñez (1989) toda la normativa que afectaba a las mujeres trabajadoras, en el primer tercio del XX, perseguía disminuir la mortalidad infantil y asegurar la procreación, antes que ocuparse de las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras. Gloria Nielfa (2003 y 2004) ha apuntado que el carácter segregado de la legislación comportaba un propósito de “remodelación del mercado de trabajo”. En la práctica, se habría generado un desplazamiento de las mujeres hacia el trabajo a domicilio, contenido por “el sistemático incumplimiento de las leyes”.
La importancia del marco institucional en la construcción de la segregación ocupacional, junto con otros factores condicionantes de la oferta de trabajo, ya ha sido puesta de manifiesto (Sarasúa y Gálvez, 2003; Borderías, 2007). Conocemos sobradamente cuáles fueron las políticas estatales que pudieron incidir en la segregación de género, tanto las estrictamente laborales como las educativas. Pero desconocemos cabalmente los efectos concretos de las primeras en el mercado de trabajo. El presente ensayo se propone analizar las posibles repercusiones de las primeras normas reguladoras del empleo de las mujeres en el sector industrial, centrándose en Cataluña, delimitación socio-espacial de obvia relevancia.
He recurrido fundamentalmente a la documentación generada por la Inspección del trabajo, así como al resto de publicaciones del Instituto de Reformas Sociales; también a los expedientes de archivos locales, agrupados generalmente bajo el epí- grafe de “reformas sociales”, que permiten aproximarse a las particularidades de casos precisos, posibilitan establecer generalizaciones fundadas y resultan esclarecedores acerca de las relaciones de la Inspección con los poderes locales. Estos archivos municipales o comarcales fueron seleccionados teniendo en cuenta la diversidad del tejido industrial catalán y su distribución geográfica. Por ello, la documentación consultada procede de municipios del Llano y de municipios de la Montaña. Sin las Memorias anuales publicadas por la Inspección, entre 1908 y 1930 inclusive, este estudio no habría podido realizarse. Se trata de una fuente de sobra conocida y citada, la única huella de la Inspección de aquellos años, salvo papeles escasos y dispersos. Un tratamiento sistemático de las estadísticas e informes de los inspectores – recurriendo a la creación de bases de datos y de textos- creo que posibilita un conocimiento más amplio y complejo de la actividad de la Inspección.
He considerado toda la normativa que afectaba distintamente a las mujeres, y a los niños en algunos casos, con una importante excepción impuesta por los límites de un artículo: he dado menos espacio del que merece al cumplimiento del decreto de 1908 que prohibía el trabajo infantil y el de mujeres menores de edad en determinadas industrias. Apenas he contemplado la ley de la silla (1912), porque se aplicaba exclusivamente al comercio, se extendió pronto a los varones (1918), y los inspectores –dedicados al sector secundario- le prestaron escasa atención.
Es evidente que la gestación de normas jurídicas y su posterior aplicación, por insertarse en procesos sociales, requieren de una imprescindible contextualización. Con este fin, he abordado también las siguientes cuestiones: a) Las condiciones de producción de las normas, los debates anteriores y posteriores a su aprobación, la configuración definitiva de los temas regulados y el seguimiento de su eventual reglamentación y posible modificación posterior.-b) La relación de los textos normativos con los discursos de género dominantes.- c) Las prácticas de los agentes sociales, empresarios y asociaciones obreras, que ya son bastante bien conocidas.
Las páginas que siguen se dividen en dos grandes apartados. El primero de ellos estudia la población obrera visitada por la Inspección, evaluando la representatividad de la misma, y considerando también los recursos de la propia Inspección del trabajo en Cataluña. El segundo, de mayor amplitud, analiza el seguimiento que los inspectores hicieron del cumplimiento de las normas destinadas exclusivamente a las mujeres trabajadoras, tomando como indicadores básicos el número de infracciones, comparándolo con el correspondiente a otras normas, teniendo en cuenta su cronología y contrastándolo con la organización concreta de la actividad laboral: evolución de las jornadas legales y efectivas del trabajo y distribución según el sexo del trabajo nocturno, principalmente. Finalmente, en un epílogo se estudia la evolución de las sanciones, comparando el desglose de algunas infracciones con las actas levantadas por los inspectores y las multas impuestas.
Este artículo constituye la segunda aportación de una investigación acerca de los límites del primer intervencionismo, en relación al trabajo de las mujeres y de los niños. En la primera, ya publicada (Borrás, 2007), me propuse analizar -también en Cataluña- un componente fundamental del entramado institucional compuesto por todo el aparato administrativo de control del cumplimiento de la legislación laboral. Se trata de las Juntas locales de Reformas Sociales, cuya implantación supuso la renuncia del Estado al monopolio intervencionista y el traslado a los municipios y poderes locales de facultades inspectoras y sancionadoras. En el contraste o la dialéctica entre la acción del Estado, las normas y reglamentos concebidos por el mismo, por un lado, y la realidad social en la que se introducen, por otro, se encuentra una problemá- tica crucial para el análisis histórico.
1. La población obrera visitada por la Inspección.
Desde sus inicios en 1906, los primeros límites de la actividad inspectora residieron en sus propios recursos humanos. Fueron más que exiguos en los primeros años, reducidos a los inspectores regionales y a los provinciales que tardaron en extenderse por todas las provincias (en Lérida en 1914). Las Memorias de la Inspección reclamaban insistentemente su ampliación, entre $1 9 1 3 \mathrm { ~ y ~ } 1 9 1 5 ^ { 2 }$ . La geografía industrial española, con su desigual distribución, sólo comienza a ser reconocida en los primeros años veinte cuando se instalaron inspectores auxiliares lejos de las capitales, especialmente en Cataluña. En 1930 se constata todavía, en toda España, el desfase entre “acopio de legislación social” y medios para controlar su aplicación (Rey, 1992: 346). El retraso de la primera legislación laboral española, con relación a la europea, se observa también en el volumen del cuerpo de inspectores. En 1923 había tantos inspectores en Cataluña (30) como en la circunscripción parisina a comienzos de siglo (Viet, 1994, I: 216)3 .
Los municipios de Madrid y Barcelona, en los que se concentró el mayor número de inspectores, siguieron una evolución análoga, si bien criterios quizás políticos dieron siempre alguna prioridad a la capital. Durante la primera década no hubo más de cuatro inspectores en ambas ciudades, que llegaron a treinta al finalizar los años veinte, mientras que en Bilbao no superaban la media docena. En toda Cataluña (Gráfico 1) el conjunto de los inspectores, dominado por los ocupados en Barcelona, se mantuvo también exiguo y casi invariable hasta 1916 (entre 5 y 6 inspectores). En 1917 se crearon inspecciones auxiliares para atender a la nueva división del municipio de Barcelona en zonas diferenciadas de inspección, igual que se hizo en Madrid. Se crearon además plazas de inspectores auxiliares en núcleos industriales importantes de la provincia. Tales plazas sólo se estabilizan a partir de 1920, cuando el número de inspectores se duplica (18 en toda Cataluña). La Inspección regional considera necesario todavía un mayor refuerzo, con el fin de dar residencia a inspectores auxiliares en las cabezas de partido judicial y en zonas cruciales de observación y control como las cuencas de los ríos Llobregat, Cardener, Freser y Besòs. La extensión a Girona, con una industria textil muy dispersa, considerada precisamente en esos años como área de mayor resistencia al cumplimiento de la legislación laboral, no se llevó a cabo.
El aumento que experimenta el cuerpo de inspectores en los últimos años veinte, hay que atribuirlo a una cierta feminización de la Inspección, limitada a Madrid y.
Barcelona. El Instituto hizo suya una recomendación de la Conferencia Internacional de Washington (1919), reconociendo “la eficacia inspectiva de la mujer en cuanto se refiere a los trabajos propios de su sexo, como son particularmente las llamadas labores de la aguja”4 . En 1917 y 1918 se incorporaron a la Inspección las dos primeras mujeres, en Madrid primero, en Barcelona después, cuando ya se oían algunas voces de feministas y obreristas exigiéndolo5 . En ambas ciudades las inspectoras auxiliares pasaron de cuatro a trece, entre $1 9 2 4 \mathrm { ~ y ~ } 1 9 2 8 ^ { 6 }$ , después de que se publicara (1927) el reglamento de aplicación de la normativa regulando el trabajo a domicilio. La experiencia europea tardó en ser asimilada. Desde comienzos de los años 90 los países más industrializados habían ya comenzado a dedicar inspectoras al control exclusivo del empleo de mujeres7 . En esos mismos años lo reclamaba la Segunda Internacional (Abelló, 1996).
5 ECHARRI, María de: Diario de una obrera. Folleto de propaganda social, Sevilla, El Correo de Andalucía, 1912 (la autora, sindicalista católica, fue inspectora del trabajo durante un año); NELKEN, Margarita: La condición social de la mujer en España, Madrid, CVS, 1975 (ed. original: 1919). Echarri reclamaría mayor número de inspectoras y su extensión a otras poblaciones (El trabajo de la mujer. Conferencia, Madrid, Publicaciones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1921).
6 En Bilbao no hubo más de dos inspectoras.
Gráfico1.
En 1930, los 43 inspectores radicados en Cataluña -una cuarta parte del total español- tenían una distribución territorial muy desigual. La mayoría radicaba en el municipio de Barcelona, donde la inspección femenina representaba casi un tercio de los inspectores activos en Cataluña. En la provincia se asentaron inspectores auxiliares en Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa, Igualada y Manresa. En Girona y Tarragona, además del inspector provincial, sólo había un auxiliar en Sant Feliu de Guixols y otro en Reus, respectivamente. Las repetidas quejas del desbordado inspector provincial residente en Girona capital, obligado a viajar constantemente por su demarcación, resultan totalmente comprensibles.
Como es lógico (Gráfico 1), la cantidad de centros visitados por la Inspección tiende a crecer con el aumento de sus recursos humanos. A la hora de decidir los itinerarios, uno de los criterios mantenidos por la Inspección lo constituía el dar prioridad a la repetición de las visitas, con el fin de vigilar eventuales rectificaciones tras los apercibimientos señalados. La menor cuantía de centros visitados por primera vez y su crecimiento, más irregular, pero casi constante en la década de los veinte, acelerado incluso a finales de aquellos años, indica la lentitud con la que operó la Inspección, y el insuficiente aumento y distribución de sus efectivos. Desde comienzos de los años veinte, cuando se dobla el número de inspectores, la Inspección se propuso centrar sus visitas en la pequeña industria donde advertían un mayor incumplimiento de la normativa laboral. Por otra parte, el crecimiento de los centros visitados por primera vez, a finales de aquella década, hay que atribuirlo a dos factores. En primer lugar, la relativa feminización de la Inspección, a partir sobre todo de 1924, y la puesta en marcha de la inspección del trabajo a domicilio en la llamada “zona femenina” de Barcelona8 . Desde 1924, los centros visitados en la industria del vestido comienzan a superar a los del textil. Esta mayor atención al vestido confirma de nuevo el propósito de la Inspección de atenerse a la normativa acerca del trabajo de las mujeres. En segundo lugar, también se produce tardíamente una mayor diversificación en los subsectores visitados: los centros correspondientes a la metalurgia y a la alimentación se acercan e incluso se igualan al textil, en los últimos años veinte.
Las orientaciones dadas a los inspectores por el Instituto de Reformas Sociales solían ser precisas, incluso puntillosas como lo era en general toda su gestión administrativa. No lo fueron, sin embargo, las que se referían a la “función estadística” de los inspectores. Se reconocía el quehacer empírico de los inspectores, el de sus observaciones parciales y cambiantes, pero, en un empeño incoherente, se pretendía derivar del mismo la elaboración de un ilusorio Censo obrero, imposible de confeccionar a partir de datos dispersos9 . Con las papeletas rellenadas por los inspectores, siguiendo un modelo único, se confeccionaban los resúmenes estadísticos provinciales y regionales10 que contabilizaban la población obrera visitada cada año, teniendo en cuenta diferencias de sexo, grupos de edad y tipos de industria. En las Memorias de la Inspección, los datos agregados por provincias y capitales de provincia sólo se dieron a conocer entre 1908 y 1920. Se continuaron publicando cifras de infracciones y centros visitados, pero un dato tan importante como el de la población obrera visitada se silenció tras la integración del IRS en el nuevo Ministerio de Trabajo.
Las Instrucciones dadas a los inspectores optaban por cifras aproximadas antes que ausencia de las mismas: “Cuando se desconozca el número preciso de los obreros, se le fijará por aproximación. Igual criterio se seguirá con cualquier otro dato que no se conozca exactamente”11. Los inspectores nunca dejaron de sostener el valor aproximativo del conjunto de sus recuentos. Negaron que de sus observaciones pudiera derivarse cualquier pretensión de llegar a establecer un Censo obrero12, responsabilidad que –recordaban- debía corresponder a otra de las Secciones (la $3 ^ { \mathbf { a } }$ ) del Instituto de Reformas Sociales, la que se ocupaba de la Estadística del Trabajo. Conocían sus dificultades, las circunstancias que pesaban sobre sus itinerarios y visitas. Las dudas manifestadas desde el comienzo acerca del “valor absoluto” de los datos reunidos – considerados más bien como “una expresión aproximada de la realidad”13- nunca se disiparon en las Memorias de la Inspección.
Los inspectores iniciaron su labor con una profunda ausencia de datos cuantitativos sobre industrias y trabajadores. Ausencia que pesaba también en el quehacer de otros sectores de la Administración pública14. Después de algunos proyectos frustrados y escasos precedentes (Castillo, 2005 y 2006), la Estadística del trabajo comienza realmente a desarrollarse en España de la mano del Instituto de Reformas Sociales (Palacio Morena, 1988), que siempre contó con serias dificultades en su labor, a pesar de que se dotó de la ya mencionada Sección $3 ^ { \mathrm { a } }$ . El IRS nunca pudo llevar a cabo el Censo obrero reconocido por todos los reformadores como pieza esencial de la Estadística del trabajo15. Las administraciones locales y provinciales, civiles y militares, obligadas a suministrar a los inspectores informaciones estadísticas, no parece que estuvieran en condiciones de mínima fecundidad. Los empresarios constituyen otro problema. Ni ellos ni las Juntas de Reformas Sociales dieron facilidades a los inspectores. Las quejas son constantes. Las Juntas carecían normalmente de datos, antes de que se llevaran a cabo los listados para la elección de las comisiones de arbitraje. La falta de colaboración patronal fue un leitmotiv en las Memorias. En Cataluña los inspectores se encontraron nada más comenzar con un claro “recelo” por parte patronal: los empresarios falseaban o negaban datos sobre número de obreros, edades y salarios16. Según los inspectores, la hostilidad frontal no habría tardado en remitir. Pero seguían lamentando una extendida falta de registros de personal en las empresas visitadas (1913: 77).
Las normas que regulaban el funcionamiento de la Inspección exhibían una clara ambigüedad en cuanto a los deberes patronales. Por un lado (art. 43), se estipulaba como obligación empresarial el suministro a los inspectores de cuantos datos necesitaran en el desempeño de su misión, incluidos libros y registros de consulta autorizada en el Código de comercio. Por otro (art. 9), la negativa a proporcionar dicha información se consideraría “como obstrucción al cumplimiento de los deberes del Inspector”, sólo “en algunos casos”17. No ha de extrañar que la “obstrucción” fuera apenas penalizada por la Inspección. Entre 1908 y 1930, las actas que los inspectores levantan por “obstrucción” nunca representan más del cinco por ciento del total de actas levantadas. En Cataluña las cifras son incluso menores18. Pero en Cataluña, antes de la Dictadura, la Inspección deploraba todavía la existencia de actitudes “de indiferencia, casi de obstrucción” por parte de la “clase patronal” (Memoria, 1918: 63-64).
Sin duda, los inspectores recibieron escasas facilidades por parte de la Administración local y de los empresarios para su labor de observación, control y cómputo. Lo lamentaron frecuentemente, sin que sus propios informes dieran cuenta de un cierto espíritu investigador, interesado en otras fuentes de información. Quizás no tuvieron acceso a censos obreros locales no impresos, pero nunca utilizaron la información desarrollada y publicada por el IRS, en los primeros años veinte particularmente, como la de mercado laboral. Tampoco mostraron interés por los Censos obreros y patronales que, con fines electorales –para le elección de comisiones de arbitraje-, se confeccionaron en diferentes municipios catalanes, a partir de 1919.
A pesar de las condiciones en las que se estableció el recuento de la población obrera inspeccionada, así como de sus límites cronológicos, una comparación con los datos correspondientes de los Censos de población activa de 1910 y 1920 (Tabla 1) revela su interés. Dos cuestiones principales se desprenden de dicha comparación: la subvaloración censal y la puesta en práctica de otro de los criterios prioritarios de la inspección, aquél que daba preferencia en las visitas a las industrias más afectadas por la ley de 1900, la que regulaba el trabajo de mujeres y niños19. Como es ya conocido, el Censo de 1920 merece mucha más fiabilidad que el de 1910. No obstante, los altos porcentajes de la población obrera femenina visitada en 1920, con relación a la censada ese mismo año, indican el persistente subregistro del trabajo de las mujeres, mayormente en la confección, a cuya inspección se da mucha más relevancia en ese último año. La distribución de la población obrera por tipos de industrias, aparte de confirmar el diferencial sexual registrado en otros censos, corrobora la expresada voluntad de controlar la regulación del trabajo femenino.
Tabla 1: Comparación entre población activa en los Censos Nacionales de Población y población obrera visitada por la Inspección del Trabajo (Cataluña: 1910 y 1920)

1910	1920
Ha	Hb	Hc	Ma	Mb	Mc	Ha	Hb	Hc	Ma	Mb	Mc
Aimertacin	125	79	48	11.7	34	Q6	361	49	56	700	1.5	21
Quimicaypapel	2260	1.5	161	267,8	Q9	35	77.5	52	127	954	38	72
Artes graficas	13.5	41	27	783	03	Q4	49.3	45	71	47.5	23	21
Textil	276	29.3	396	842	638	763	392	231	287	426	750	630
Confeccin	11.5	109	61	41.2	282	165	644	36	74	940	104	19.3
Crrosypides	281	24	33	3153	Q1	06	558	26	46	237	11	05
Mdraymbiliario	79	108	42	10	26	Q0	161	101	52	94	Q7	Q1
Mtalurgiaydtros metale	231	97	11.0	2240	03	09	25.3	166	13.3	265	28	14
Construccicn	47	200	46	-	：	Q1	92	167	48	61.5	Q1	Q1
Oras indstrias*	442	35	76	2222	Q4	12	263	127	106	850	25	41
Total	204	100	100	704	100	100	31.5	100	100	507	100	100

\*Otras industrias comprende: eléctricas, cerámica y vidrio, además de varias. H: Hombres; M: Mujeres a: $\%$ de población visitada con relación a la censada; b: distribución de la población censada $( \% )$ ; c: distribución de la población visitada por la Inspección $( \% )$ . Fuente: Censos Nacionales de Población y Memorias de la Inspección.
La muestra de población activa derivada de las visitas de los inspectores, pese al valor aproximado de sus datos –en el que tanto insistían las memorias-, merece un cierto crédito, a la luz del Censo de 1920. Observemos su evolución, en España y en Cataluña en particular (Gráficos $2 \ y \ 3 \mathrm { \ }$ , entre 1908 y 1920, a sabiendas de que el periodo es corto y deja fuera los años de mayor crecimiento de la Inspección. Probablemente haya que atribuir a una mejora en la organización e intensidad de la inspección, en sus primeros años, el aumento más estable de la población visitada en todo el país, precisamente cuando el número de inspectores cambiaba poco. La caída posterior a 1912, con dificultad de recuperación hasta 1920, habría que imputarla a la combinación de dos factores: el mayor número de centros visitados por segunda vez20, y la interrupción de las visitas en tiempo de elecciones o de conflictos laborales, prevista en las instrucciones que regulaban el funcionamiento de la.
Inspección21. En los gráficos se advierte claramente la incidencia de las huelgas y conflictos de 1913 y 1919, o de los periodos electorales de 1915 a 1917, y 1919 también. Sin embargo, el aumento del número de inspectores parece que contrarrestó las adversas circunstancias de 1920.
Sin duda, la industria textil, el sistema de fábrica concretamente, hizo más visible la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo. En el caso catalán, la ocupación femenina tiene una presencia mucho mayor que en el conjunto español. La feminización de la industria textil catalana, en las primeras décadas del siglo constituye un hecho ya documentado. Pero la muestra de población obrera visitada en Cataluña por la Inspección (Gráfico 3) contiene un sesgo advertido en la comparación con la población activa censada en 1910 y 1920. El número de mujeres supera al de hombres entre 1908 y 1914, y apenas se separa de este último en los años siguientes. No puede dudarse, pues, que la Inspección prioriza el control del empleo femenino cuando el incipiente intervencionismo estatal en el mercado laboral está dominado por la regulación de la ocupación femenina e infantil en fábricas y talleres no familiares. Ahora bien, queda por ver si dicho control resultó efectivo, si pudo inducir cambios en las condiciones de trabajo de las mujeres y en su participación en el mercado laboral. Los datos facilitados por la Inspección únicamente permiten medir cuantitativamente el alcance del sistema de control y sanción puesto en práctica por el Estado.
2. La Inspección y el trabajo de las mujeres.
Antes que nada, conviene resaltar un hecho discursivo básico. El Estado optó por regular a la vez, en un principio al menos, el empleo de mujeres y niños de ambos sexos. La ley de 1900 será siempre nombrada como la “de mujeres y niños”. Hay incluso medidas específicas que se aplican por igual a unas y otros, unidos por el denominador común de población débil, necesitada de tutelaje. Esta infantilización, o minorización si se prefiere, de las mujeres, sanciona su segregación del resto de la mano de obra adulta. El patrón seguido por las estadísticas de la Inspección reproduce esa amalgama, de manera que muchas veces resulta imposible separar los datos de menores y de mujeres. La subordinación y descalificación del trabajo femenino se revela singularmente en los grupos de edad contemplados por dichas estadísticas, recogidos de las propias normas reguladoras. Igual que la primera legislación laboral traslada al mercado de trabajo la mayoría de edad de las mujeres establecida en el Código civil de 1889 (23 años)22, la estadística de la Inspección establece una separación entre mujeres de 14 a 23 años, y mujeres mayores de 23. En el caso de los hombres, no distingue entre mayores de 16 años. Ciertamente, “el límite de edad se fija de acuerdo con un criterio legal, no biológico” (Nielfa, $2 0 0 6 \colon 3 2 9 ) ^ { 2 3 }$ , en el caso exclusivo de las mujeres. Y no hay ningún otro criterio: las estadísticas ignoran el estado civil de las trabajadoras, pertinente en el caso de algunas disposiciones (prohibición del trabajo nocturno), y reconocido ya en los Censos de población activa. El IRS no promovió ninguna encuesta concreta acerca del empleo industrial de mujeres casadas, un tema central en el discurso de la domesticidad, de tan amplio espectro social24.
Por otra parte, la diferenciación por edades computada por la Inspección, además de escasamente útil para la investigación de la segmentación del mercado de trabajo, resulta en la práctica poco fiable. Los inspectores carecieron de una información conveniente acerca de las edades de los trabajadores de uno y otro sexo. No dejaron de reiterar que uno de los mayores obstáculos a su labor lo constituía la extendida ausencia de los certificados de edad requeridos a menores y mujeres por la ley de 1900. Las mujeres debían acreditar su mayoría de edad, en las industrias y trabajos considerados peligrosos o contrarios a la moral, y presentar además siempre, como niños y niñas, certificados de vacunación y de ausencia de enfermedad contagiosa. Hubo que esperar a 1910 para que Gobernación dispusiera la gratuidad de todos estos certificados $( 1 9 1 0 ) ^ { 2 5 }$ , lo que no acabó por trasladarse a la práctica hasta el punto que, en 1912, Gracia y Justicia presentó como una exoneración el pago de 50 cts. para la obtención de extractos de actas de nacimiento, en los Registros civiles, con exclusivos fines laborales26. En las pocas fechas (1911 a 1917) en las que la estadística de la Inspección separa la ausencia de certificados de edad del resto de la documentación solicitada a menores y mujeres, puede advertirse el elevado grado de incumplimiento (Gráfico $4 ^ { 2 7 }$ ), sobre todo en Cataluña, hasta el punto que cabe interrogarse por la validez de las edades recogidas por la Inspección. En 1929 y 1930 la no presentación del conjunto de certificados requeridos continuaba siendo la mayor de las infracciones registradas por la Inspección (alrededor de una cuarta parte del total).

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de la Inspección
2.1 Alcance de la regulación del trabajo de las mujeres.
No se trata aquí con detalle de la legislación acerca del trabajo de las mujeres, ni del marco social y político en el que se configuró, un tema en el que ha abundado la historiografía. Pero es obligado empezar con una mirada de conjunto a dicha legislación. Una mirada sintetizadora de la letra de proyectos, debates y dictámenes, del conjunto del proceso parlamentario de conformación legislativa, permite evaluar el alcance de la normativa finalmente aprobada.
En líneas generales, las cuestiones básicas que se plantearon en la escena política y que inspiraron la regulación específica del trabajo femenino fueron las mismas en Europa y Norteamérica. En la Europa de finales del XIX y comienzos del XX, los temas centrales de dicha regulación giraron en torno a los permisos de maternidad y las restricciones de la jornada laboral, especialmente en el horario nocturno. Sólo en los Estados Unidos y en Australia se prestó mayor atención a los salarios (Wikander, Kessler-Harris y Lewis, 1995).
En diversos proyectos de ley españoles se manifiesta el interés por no quedar rezagados de otros países. Pero hubo que esperar a la Conferencia de Berlín (1890) para que la Comisión de Reformas Sociales confeccionara las bases del primer proyecto de ley dedicado exclusivamente al trabajo de las mujeres (1891)28. Como es sabido, la ley no se hizo efectiva hasta 1900, conjuntamente con la regulación del trabajo infantil. En el intermedio se gestaron cinco proyectos de ley. El de la Comisión de Reformas Sociales $\left( 1 8 9 1 \right) ^ { 2 9 }$ inspira a todos los demás, con diferencias a veces importantes30: el presentado en el Senado por Cánovas (1891), los presentados en el Congreso por los liberales Alberto Aguilera (1894) y Trinitario Ruiz de Capdepón (1899), y el más decisivo, el presentado por el conservador Eduardo Dato (1899). Las restricciones de la jornada laboral constituyeron una cuestión desde luego crucial, sobre todo la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, el artí- culo más conflictivo, tanto que desapareció de la ley de 1900. En la letra de los sucesivos proyectos y en los debates se reprodujo recurrentemente una disensión básica manifestada en la votación de las conclusiones de la Conferencia de Berlín: la posición mayoritaria fue partidaria de aplicar las restricciones de la jornada laboral sin distinción de edades; la posición minoritaria, en la que se incluía la representación española, sólo a las más jóvenes (en este caso menores de 21 años). Esta orientación, la que confundía minoría de edad jurídica de la mujer con debilidad física e incluso moral, prevaleció a lo largo del primer tercio del siglo XX, compartida por conservadores y por krausistas-institucionistas, por los distintos componentes del reformismo social partidario de “un intervencionismo moderado, ‘tutelar’”(Montero, 2004). Por otra parte, no deja de resultar paradójico, en el caso español, que un lugar común de referencia como la protección de la maternidad no iniciara su aparición, en el campo del derecho laboral, hasta el proyecto de ley presentado por Eduardo Dato31. Puede decirse que lo ocurrido en la década anterior a 1900 anuncia el proceso que se desarrolla en las dos décadas siguientes: resistencias, límites y demora en la prohibición del trabajo nocturno; lentitud e inoperancia en la protección de la maternidad.
Otro denominador común de la legislación occidental fue la expulsión de las mujeres de procesos de producción considerados únicamente peligrosos para las mismas. Esta segregación se disponía en el proyecto de ley de la Comisión de Reformas Sociales y en los de 1894 y 1899, sin distinción de edades. Desapareció del proyecto de Dato para reaparecer en el reglamento de la ley de 1900 -con escasa precisión- y más netamente en forma de decreto en 1908, limitada entonces a las menores de edad.
El único artículo que se repite literalmente en los cinco proyectos de ley y en el texto final aprobado en 1900, concierne a una preocupación de orden moral, muy compartida a la vez que inconsecuente: obliga a la separación de sexos en alojamientos comunes, raros en la geografía industrial española. Parece más una medida simbólica de un orden deseado, utópico por inviable. Sólo así se pueden comprender los primeros comentarios de Segismundo Moret, quien oponiéndose al grueso de las bases adelantadas por la Comisión de Reformas Sociales, “considera importantísima” esta base $5 ^ { \mathrm { a } } { } _ { ; }$ , defensora de la “decencia y decoro del trabajo de la mujer”32.
Ciertamente no se puede tratar de la actividad de la Inspección sin tener en cuenta primero que la materia legal, acerca de cuyo cumplimiento debían velar los inspectores, era muy limitada, trufada de largos distingos y también de excepciones, inviable en algunos casos, rozando incluso la entelequia. Veamos a continuación si es posible medir el grado de observancia de las diferentes disposiciones, a través de las infracciones detectadas por los inspectores.
2.2 Moralidad, espacios y tiempos de trabajo segregados.
En la España del cambio de siglo, seguía dándose una amplia anuencia, en la que participaban desde conservadores, partícipes del catolicismo social particularmente33, hasta socialistas y anarquistas (Nash, 1993, Enrech, 2007, Ibarz, 2007): fábricas y talleres no domésticos, en la medida en que se identificaban como espacios natural y prioritariamente masculinos, sólo podían pervertir la moral propia de las mujeres34. Maestros y mayordomos, los más reprobados por la prensa obrera, acusados de maltrato y acoso sexual (Enrech, 2003a), llegaron a lamentar los actos de “censurable inmoralidad”, atribuyéndolos a la “mezcla” de hombres y mujeres, a la vez que defendían la necesaria “dirección facultativa por varones” 35. Desde el obrerismo feminista36, e incluso desde la Inspección del trabajo37, se abogó sin éxito por la supervisión exclusivamente femenina del trabajo realizado por mujeres.
La estricta separación de sexos raramente llegó a ser invocada como proyecto de regulación efectiva, aunque formaba parte de un imaginario patriarcal. En su Curso Elemental de Higiene Privada y Pública (1872), Juan Giné y Partagás, catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona, apelaba a la ya vieja autoridad de Villermé para proponer “la perfecta separación de sexos en los establecimientos fabriles y haciendo de modo que salgan de estos antes las mujeres que los hombres”38. En Europa hubo algunas prácticas que segregaron sexualmente los tiempos de salida y entrada en las fábricas (Lewis y Rose, 1995; Quataert, 1983).
Decencia y moral fueron términos, repetidos en los debates que condujeron a la redacción de las Bases presentadas por la Comisión de Reformas Sociales, invocados sucesivamente a la hora de argumentar la prohibición del trabajo nocturno femenino. Pero, como ya se ha dicho, la única propuesta normativa conocida de separación de sexos se limita al infrecuente caso de “alojamiento” compartido. El empresario sabadellense Juan Sallarés, que tendría un claro protagonismo en los debates parlamentarios posteriores, cita un desconocido proyecto de ley en cuyo articulado se dispone la “completa separación de los obreros de distinto sexo que no pertenezcan a la misma familia”, en todos los “establecimientos industriales”. Lo que importa de su cita es el comentario que la acompaña. Considera inviable tal “prescripción categórica y universal”. Los “fines morales de la ley” no encontrarían “oposición por parte del patrono”, mientras no se le exigieran “sacrificios inútiles que deben evitarse”39.
Por otra parte, el dictamen que modificó el proyecto presentado por Eduardo Dato (1899), y que introdujo en la futura ley un cambio substancial, auspiciado por los empresarios catalanes del textil (Montero, 1981, Bengoechea, 2007, Borrás, 2007), abrió por primera vez el camino a una prohibición incorporada finalmente a le ley de 1900: la del trabajo de mujeres menores de edad y de niños menores de 16 años –equiparados ambosen talleres donde pudieran producirse textos o imágenes susceptibles de “herir su moralidad” (art. 6). Quizás se trató de un contrapunto del conservadurismo católico a las modificaciones más substanciales promovidas por el Fomento del Trabajo Nacional. En cualquier caso, el muy escaso contenido directamente moralizador de la ley de 1900 no suscitó reacciones de los intereses patronales.
¿Cuál fue la aplicación concreta de tan limitada y equívoca normativa? Un destacado inspector regional y colaborador del Instituto de Reformas Sociales, Gonzá- lez de Castro, tergiversaba en 1914 la letra de la ley y su proyección en la organización del trabajo. Quizás confundiera deseos con realidades:
El art. 11 de la Ley de 13 de marzo de 1900 impone la separación de sexos en talleres y fábricas. En los grandes establecimientos se cumple bien el mandato legal, debido a la acción constante de los Inspectores.40.
Tabla 2: Infracciones específicas del empleo femenino. Cataluña (1908-1930)

Tipo de infracciones	niim.	%
moralidad	105	0,01
maternidad y lactancia*	75	0,01
restricciones jornada	24.892	2,81
trabajo nocturno (a)	13.435	1,52

39 SALLARÉS Y PLA, Juan: El trabajo de las mujeres y de los niños. Estudio sobre sus condiciones actuales, Sabadell 1892, p. 51. Sallarés publica el texto completo del citado proyecto de ley en las pp. 158-162, sin citar fecha del mismo. Cuando escribió su libro, Sallarés desconocía seguramente las Bases aprobadas por la Comisión de Reformas Sociales, dadas a conocer en 1891. Según dice, escribió su libro para responder a una “Comisión de información del Senado sobre el Proyecto de Ley para regularizar el trabajo de las mujeres y de los niños”, presidida por José Maluquer de Tirrell, a quien Sallarés dedica su libro.

industrias peligrosas	777	0.09
ley de la silla (b)	86	0,01
certificados requeridos (c)	846.037	95,55
infracciones totales	885.407	100,00

.
Fuente: Memorias de la Inspección \* desde 1918 se suman las dos rúbricas
(a): a partir de 1914
(b): a partir de 1914
(c): incluye certificados médicos y de edad.
Los inspectores ignoraron totalmente las disposiciones expresamente moralizadoras de la ley de 1900. No se encuentra en las Memorias ninguna acotación acerca de las mismas. Además, las infracciones advertidas por los inspectores, a este respecto, carecen de entidad alguna (Tabla 2). Del total de 105 infracciones observadas, veintidós conciernen específicamente a la separación de sexos en “alojamientos” compartidos (art. 11). Las restantes, se amalgaman con las correspondientes al artículo 6 de la ley de 1900, por lo que incluyen también a niños menores de dieciséis años, como ocurre con la contabilidad de otras infracciones. Ambas rúbricas desaparecieron incluso de las estadísticas de la Inspección en cinco años no consecutivos. En definitiva, si las disposiciones legales apenas daban cuenta del peso del propósito moralizador en el discurso de la domesticidad, las infracciones apuntadas y el silencio de los inspectores revelan como letra muerta los mandatos legales indicados.
2.3 La inconsistente y reiterada protección de la maternidad.
De nuevo nos encontramos con el mismo encadenamiento entre el ámbito de los consensos discursivos y la acción estatal. Una vez más, un componente fundamental del discurso de la domesticidad, la llamada “función social” de la mujer, fijada en la maternidad, carece de proyección significativa tanto en la regulación laboral como en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la corta letra de la ley. Las cuatro semanas de reposo posparto obligado, pero no pagado, recomendadas por el Congreso de Berlín, acabaron por desaparecer del proyecto final presentado por la Comisión de Reformas Sociales, para reaparecer y quedar luego reducidas a tres semanas en la ley de 1900, extensibles a cuatro, con certificado médico, según el reglamento de dicha ley que también dispone un cese laboral en el octavo mes de embarazo, igualmente no pagado, pero con derecho a la reserva del puesto laboral. La historiografía ha abundado en el proceso legislativo que sólo culmina con el decreto republicano que hará efectivo el Seguro obligatorio de maternidad, en
$1 9 3 1 ^ { 4 1 }$ . En esas tres décadas, entre 1900 y 1931, no hubo más que una ampliación del descanso obligatorio posparto hasta seis semanas, primero con prescripción médica, en 1907; y sin dicho requisito en 1923, cuando se implanta además un “régimen provisional de subsidio tutelar de la obrera que dé a luz”42. Sin duda, “la protección a la mujer trabajadora en su maternidad no figura, al menos en la bisagra de los años veinte, entre las preocupaciones del gobierno español” (Cuesta, 1988: 497).
El porcentaje de mujeres mayores de 23 años, con relación a la población obrera femenina visitada por la Inspección en Cataluña, osciló entre el 40 y algo más del 59 por ciento, en los años de 1908 a 1920, antes de que las visitas se extendieran a los pequeños talleres del vestido. Cabe pensar, por consiguiente, que la presencia de casadas y madres en el mercado de trabajo no fuera en absoluto menospreciable. Desgraciadamente, el estado civil y la condición de la maternidad obrera son cuestiones de obvia importancia con las que la historiografía sigue en deuda. No obstante, diversos estudios coinciden en apuntar el aumento de la tasa de actividad de mujeres casadas y maduras, en las primeras décadas del siglo XX, en distintas localidades industriales de Cataluña (Nicolau, 1983; Ferrer, 1995, Camps, 2002).
Los inspectores apenas prestaron atención al incumplimiento de la legislación concerniente al parto y la lactancia, a unas infracciones que consideraban de “muy difícil comprobación”. Se limitaron a señalar lo que para muchos constituía una clara evidencia:
La ley prohíbe el trabajo a las obreras en un plazo de cuatro a seis semanas posteriores al alumbramiento: pero mientras no se asegure el jornal a estas obreras, sea por prescripciones reglamentarias, sea por la institución de Cajas de Maternidad u otras análogas, habrá siempre interés en ocultar estas infracciones (Memoria de 1911: 394).
Este texto se repite literalmente en Memorias sucesivas, siempre en los resúmenes referidos a todas las regiones de la Inspección. El texto sugiere que las obreras tendrían interés en ocultar su embarazo, a la vez que elude referirse a las posiciones patronales43. Con respecto a Cataluña, en uno de los muy raros comentarios acerca de unas infracciones generalmente descartadas (Tabla 2), la.
Inspección regional apunta que las 22 infracciones -por incumplimiento de la normativa relativa al embarazo y parto- contabilizadas excepcionalmente en 1926, fueron “imputables siempre a ellas (-las obreras-), que no declaran su estado”44. Entre 1908 y 1918, año a partir del cual las infracciones por maternidad y lactancia se computan conjuntamente, sólo hubo 2 infracciones en cada uno de los dos conceptos.
Como se sabe, la ley de 13 de marzo de 1900 reconocía a las madres trabajadoras el derecho a disponer de una hora al día, divisible en dos periodos de treinta minutos, no deducibles del jornal, para dar el pecho a sus hijos. La Inspección siguió mostrándose desinteresada y ambigua (Borrás, 1996) con relación a un derecho carente de garantías:
También se observa en todas las fábricas la obligación de destinar horas determinadas á la lactancia, siquiera de ordinario las obreras eligen para ello parte del tiempo que dedican á las comidas, á pesar de la libertad en que se las deja para fijarlas, sin duda debido á que la mayoría trabaja á destajo45.
Como “alivio del trabajo femenino”, consideró la Inspección la Real Orden de 28 de junio de 1913 que extendía “los beneficios por razón de lactancia, a las mujeres que trabajaban a destajo” (Memoria, 1914:376). Dicha orden, dispuesta a raíz de un escrito dirigido a Gobernación por la Junta local de Reformas Sociales de Sevilla, disponía que se pagara a las trabajadoras a destajo concernidas, además del valor de la tarea efectuada, una cantidad correspondiente al valor medio de lo producido en una hora46. Asegurando entonces el gobierno una mayor garantía del derecho de lactancia, la infracción -más visible- debía resultar más fácil de comprobar. Pero ello no tuvo ninguna repercusión en la Inspección, que ignoró en lo sucesivo la nueva normativa. Ni siquiera se añadió a las rúbricas con las que se confeccionaba cada año la estadística de infracciones. Tampoco se mencionó en la “clasificación” de la legislación obrera que se adjuntaba en los Apéndices de las Memorias. Incluso no se incluyó en el repertorio legislativo para uso de los inspectores, contenido en el Manual (1918) propuesto como guía auxiliar de los inspectores47. Tanta omisión y negligencia es de hecho consecuente con los criterios propuestos a los inspectores. Así rezaba la sexta de las nueve reglas que debían aplicar los inspectores:
Respecto al cumplimiento de la Ley de Mujeres y Niños, fijar principalmente la atención en las infracciones sobre el trabajo nocturno, jornada máxima, horas de trabajo para los menores de catorce años y condiciones higiénicas de dicho trabajo48.
2.4 El control del tiempo de trabajo: la reducción de la jornada.
Los tres primeros proyectos de ley sobre trabajo de las mujeres coincidieron en fijar en diez horas la jornada máxima de las menores de edad, una hora más que la propuesta en la Conferencia de Berlín (1890) para todas las mujeres. Los proyectos presentados por Ruiz de Capdepón y Eduardo Dato extendían las diez horas a las mujeres de cualquier edad. Pero resultado de la “transacción”49 del ministro Dato con la firme oposición de los empresarios catalanes (García Ninet, 1975a, Montero, 1981, Bengoechea, 2007) fueron las 11 horas establecidas en la ley de 1900. El texto de la misma, suficientemente ambiguo, determinaba dicha jornada máxima “para las personas objeto de esta Ley” (art. 2). Es cierto que Dato dejó claro en los debates parlamentarios previos que dicha jornada se extendía a los varones adultos (Montero, 1981). Azcárate y Moret reaccionaron, doctrinariamente, contra una supuesta y larvada amenaza de intervencionismo en la libre contratación de mano de obra masculina adulta50. No hay espacio en estas páginas para un análisis pormenorizado de tan interesante y equívoco debate. Lo que se impuso fue la consagración de una realidad, puesta de manifiesto en el Congreso por los propios empresarios diputados51. Algunos creyeron que se hacía una concesión a las mujeres, mientras que la ley consagraba de hecho la desigualdad entre hombres y mujeres, en el tiempo de trabajo, desfavorable a las primeras. Las mujeres, con jornadas de 11 a 12 horas en la industria textil, trabajaban muchas veces de 2 a 3 horas más que los hombres (Enrech, 2007: 133). Por otra parte, la misma ley facultaba a las Juntas locales de Reformas Sociales para permitir la recuperación de horas perdidas por causas diversas, hasta 12 horas semanales. Se concedía un plazo de dos años para la aplicación efectiva de esta normativa. Un decreto de $1 9 0 \hat { 2 } ^ { 5 2 }$ dio por terminado el plazo de adaptación y permitió a las empresas computar las horas de trabajo semanalmente (66 horas en lugar de jornadas máximas de 11 horas). En resumen, la ley no hizo más que sancionar la continuidad, sin dar a los empresarios de las cuencas fluviales –donde se hacían jornadas más largas- ningún motivo de alarma.
En las dos décadas siguientes la reforma del tiempo de trabajo se aceleró, como es ya sabido. Las 60 horas semanales en 1913, y la jornada de 8 horas, en 1919, aplicables por igual a hombres y mujeres, dejaban jurídicamente obsoleta la regulación de 1900, no sin dificultades y abiertas resistencias. El Real Decreto de 24 de agosto de 1913 que se propuso acabar con la, hasta entonces, mayor huelga del textil, protagonizada por mujeres que reivindicaban las 9 horas de jornada ordinaria, no determinaba claramente la duración de la jornada (García Ninet, 1975b, Enrech, 2007). Fijaba un total de 3.000 horas anuales, repartidas en semanas de 60 horas como máximo, en días laborables, para ambos sexos. Obligaba a los empresarios a poner a disposición de los inspectores la distribución precisa de las 60 horas, algo que no dispuso el decreto de 1902 con respecto a las 66 horas semanales aplicables exclusivamente a mujeres y menores. Además, el decreto de 1913 parecía empeñarse en un mejor cumplimiento de la legislación laboral, que afectaba exclusivamente a mujeres y niños, reclamado por las asociaciones obreras a cargo de varones adultos (Enrech, 2007). Agilizaba la imposición y pago de sanciones. Elevaba el límite máximo de las multas a 2.500 pesetas, un pago muy superior al estipulado en cualquier otra regulación, salvo en el reglamento de la ley sobre jornada máxima en las minas $( 1 9 1 0 ) ^ { 5 3 }$ . No hubo reglamento del Real Decreto de 1913, a pesar de los intentos del IRS. El Instituto optó, finalmente, por un proyecto de ley presentado y muerto en el Senado, en 1916 (García Ninet, 1975b)54. Recogía, resumiéndolo, el articulado del proyecto de reglamento aprobado por el IRS en diciembre de $1 9 1 3 ^ { 5 5 }$ . Ambos proyectos profundizaban en el mayor rigor anunciado ya en el decreto que puso término a la huelga de 1913. Por primera vez se había pretendido regular minuciosa y ampliamente la “obstrucción” empresarial a la labor de la Inspección, tratándola de “infracción” e incluyendo en la misma tanto los impedimentos al acceso de los inspectores a las fábricas o a la consulta de la documentación laboral de las mismas, como la ocultación de mano de obra y las ausencias de registros de personal, de horarios visibles donde constara la distribución del trabajo, de libros de visita y de certificados reglamentarios de los menores. Las Juntas de Reformas Sociales, controladas por las élites locales, pasaban a ser relegadas a meros informantes en la aplicación de sanciones56, trasladando estas competencias a los gobernadores civiles, algo que no se integraría en la normativa laboral hasta 1919 (Borrás, 2007). La oposición patronal, más aguda en las cuencas fluviales, estuvo muy generalizada. Muchos empresarios se declararon en franca rebeldía. La Federación de fabricantes de hilados y tejidos de Cataluña consideraba que la expectativa de reglamentación de la reducción de jornada, verdadera “espada de Damocles”, había dado alas a la reivindicación obrera. Añadía: “No habiendo aceptado voluntariamente las disposiciones del Real decreto de 24 de agosto, no podemos aceptar en modo alguno su reglamentación”57.
Alrededor de 1913 las horas de trabajo en el Llano oscilaban entre las $6 0 \mathrm { ~ y ~ } 6 3$ horas semanales, mientras que en las cuencas del Lobregat y Cardener, en las del Ter y Fresser, dominaban las 66 horas, salvo raras excepciones, según la Inspección del trabajo58 que apuntaba jornadas incluso de $1 2 \mathrm { ~ y ~ } 1 4$ horas en fábricas del Ter y el LLobregat (Memoria, 1916: 83). A finales de la década, esa desigualdad regional seguía manteniéndose59. Entre 1913 y 1919, la provincia de Girona acumuló nada menos que el 96 por ciento del total de infracciones registradas en Cataluña (1.858), a la regulación de las 60 horas semanales60. Los inspectores alegaban que la falta de reglamentación del Real decreto de 1913 les impedía “exigir su cumplimiento con igual celo que el de los restantes preceptos” (Memoria, 1915: 83). Lo inaudito es que la Inspección siguiera contabilizando infracciones a la regulación de las 66 horas semanales (normativa de 1900 y 1902), aplicada exclusivamente a menores y mujeres, prueba del escaso arraigo del decreto de 1913, de su incumplimiento, y de la amalgama practicada en la estadística agregada de la Inspección.
Desde 1908 a 1930 (año en que dejan de publicarse las Memorias), dicha estadística contempla en una misma y heterogénea rúbrica todas las reducciones de jornada estipuladas para mujeres y menores. Las de estos últimos llegaron a diferir según los grupos de edad: seis horas en la industria y ocho en el comercio para los comprendidos entre $1 0 \mathrm { ~ y ~ } 1 4$ años (art. 2 de la ley de 1900); ocho horas en el trabajo nocturno y no más de 66 horas semanales, para los comprendidos entre los $1 4 \mathrm { ~ y ~ } 1 6$ años (art. 7 del reglamento de 1900). Es imposible separar las infracciones tocantes a la normativa con especificidad de género que, de todas formas, fue de muy corta duración, puesto que quedó formalmente superada en 1913 y sobre todo en 1919. El total de infracciones a la reducción de jornada que figura en la Tabla 2 no es más que el resultado de todo aquel dispar amasijo. Cabe suponer que las infracciones que se apuntan en esta heterogénea rúbrica, sobre todo después de 1919, deben referirse más bien, o exclusivamente, a las referidas a los menores de 16 años, de uno y otro sexo. Hay que observar también que el desglose anual del total de infracciones revela una gran irregularidad en la práctica de la Inspección. La mayor parte de las infracciones contabilizadas en este caso corresponden a la industria textil (62 por 100). Pero un tercio de las mismas se acumula en un solo año (1911) y, en dicho año, en una región sobre todo. La llamada “zona sur”, la de los ríos Cardener y Llobregat, acumula la mayoría de las infracciones correspondientes a 1911 (casi 63 por 100). En 1911 hubo casi nueve infracciones por centro visitado, mientras que en el resto de los años es muy raro que se llegue a una infracción por centro. Los inspectores siempre se quejaron de los obstáculos interpuestos por las Juntas de Reformas Sociales para imponer multas, pero eran ellos principalmente quienes debían detectar las infracciones.
Poca incidencia pudo tener la reducción de la jornada con segregación de género, la estipulada en la ley de 1900. En primer lugar, porque ya era una realidad en muchas fábricas de Cataluña. Y donde no lo era, porque las resistencias fueron muy tenaces, la ley permitía excepciones y los empresarios se atenían a las mismas, amparados por las Juntas de Reformas Sociales61. Muchas trabajadoras debieron seguir padeciendo jornadas más largas que los hombres, incluso después de establecida la jornada máxima de ocho horas. Desde 1919, los inspectores no dejaron de repetir en las Memorias que la instauración de las ocho horas había contribuido a reducir considerablemente “las infracciones relativas al exceso de jornada”. Pero añadían otras observaciones que apuntaban hacia la persistencia efectiva de jornadas imposibles de medir a través de la documentación institucional y las fuentes de fábricas. Tales indicios sugieren la conveniencia de tomar en consideración las experiencias de los sujetos y las historias de vida, desgraciadamente poco recuperables ya:
Y para terminar hemos de hacer constar que en el presente año se ha venido observando cierto incremento en el abuso que citábamos en la Memoria del año anterior; nos referimos al excesivo trabajo que las mismas mujeres y los niños se proporcionan - en otros centros o en su domicilio - fuera de la fábrica o del taller donde habitualmente se hallan ocupados, después de su jornada ordinaria, hecho originado principalmente por la reducción de salarios que se inició tiempo atrás y por el mayor tiempo que deja libre la jornada de ocho horas. (Memoria, 1927: 103)
2.5 El control del tiempo de trabajo: la prohibición del trabajo nocturno.
Más de tres décadas duró el proceso de regulación del trabajo nocturno de las mujeres, hecho de adelantos y retrocesos, de derogaciones incluso. Aun con largos retrasos, se desplegó paralelamente al debate internacional acerca de esta cuestión, desde la Conferencia de Berlín de 1890, a la de Berna de 1906, hasta el Convenio aprobado en Washington por la OIT, en 1919, que tuvo que esperar a 1932 para ser ratificado. Los diferentes proyectos de ley previos a 1900, que tanto debían a la iniciativa de la Comisión de Reformas Sociales, en 1891, incluyeron siempre cierta prohibición del trabajo nocturno, generalmente a menores de edad o sólo a menores de 18 años. El proyecto de Dato extendía la exclusión a todas las mujeres. El resultado es conocido: la ley de 1900 limitaba la prohibición, con eventuales excepciones, a menores de 18. El gobierno español nunca ratificó el Convenio Internacional salido de la Conferencia de Berna (1906) pero abrió una información pública62 e inició el debate que culminaría años después en la escueta ley de 1912 (García Ninet, 1975b). Prohibía el trabajo de las mujeres en “talleres y fábricas”, entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana, horario considerado habitualmente como nocturno. Los párrafos más largos de la ley estaban dedicados a tratar como excepción la industria textil. Quedaba claro que la prohibición iba destinada preferentemente a las madres: a partir de 1914 se prohibía el trabajo de casadas y de viudas con hijos. El trabajo de las otras mujeres se iría reduciendo en un 6 por 100 anual hasta la exclusión del trabajo nocturno de todas las mujeres en 1920. No hubo nunca reglamento de la ley, aunque se puso en marcha el proceso de su elaboración en 1923. Un decreto-ley de 15 de agosto de 1927 justificaba la ausencia de aquel y derogaba la ley de $1 9 1 2 ^ { 6 3 }$ , dando consentimiento a una reivindicación patronal (Rey, 1986). La nueva regulación pretendía hacer compatible la ley de las ocho horas y la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres. Quedaban excluidos de la misma, los talleres de familia, el trabajo a domicilio y el servicio doméstico. Nuevamente la industria textil devenía protagonista. Con el fin de legalizar el trabajo y el relevo de las mujeres en sendos equipos con jornadas que sobrepasaban las ocho horas (en atención a las excepciones previstas a la jornada máxima legal), se reducía el horario considerado nocturno en una hora (art. 9). No fue suficiente: otro decreto-ley (2 de marzo de 1928), dedicado expresamente a la “dificultad insuperable de aplicar el nuevo régimen a la industria textil de la Alta Montaña de Cataluña”, autorizaba a limitar el horario nocturno, en dicha industria, de diez de la noche a cuatro de la mañana (dos horas menos que en la ley de 1912), permitiendo así ampliar las jornadas diurnas de sendos equipos de mujeres, e incluso “reducirse aún la noche en el tiempo indispensable” para la recuperación de las horas perdidas64, una reivindicación constante de los empresarios de fábricas de río.
Con la normativa acerca del trabajo nocturno de las mujeres, el discurso de la domesticidad parecía tomar cuerpo en una segregación de género efectiva en el mercado laboral. Entre el heterogéneo grupo de los reformadores se reproducían argumentos afines para abogar por esa exclusión: moralidad, debilidad femenina, salud e higiene, protección de la maternidad65. Pero en el proceso legislador y parlamentario se hicieron evidentes las resistencias al impacto de dicha construcción de género en la organización del trabajo, por empresarios que seguramente defendían la preeminencia masculina en el seno de su propio habitat social. La resistencia patronal fue de nuevo insistente y exitosa dentro y fuera del debate parlamentario, donde nuevas voces recogieron el testigo de Sallarés y Ferrer Vidal (García Ninet, 1975b; Rey, 1986; Luque, 1999; Bengoechea, 2007). Por su parte, las asociaciones obreras, partidarias generalmente de la aplicación de la legislación sobre el trabajo de mujeres y niños (Borderías, 2007), defendieron la supresión del trabajo nocturno femenino y el subsiguiente reemplazo de mujeres por hombres. En Madrid o en Manlleu, los socialistas lo reclamaron, cuando aún no se había aprobado la ley de $1 9 1 2 ^ { 6 6 }$ . Lo reivindicó todavía en 1931, sin éxito, el Sindicato Único del Arte Fabril de Cataluña (CNT), en las bases de trabajo que negociaba con las asociaciones patronales del textil de la Media y Alta Montaña67. Las voces de las mujeres, sin embargo, nos han llegado con más dificultad, mediatizadas por los empresarios68 y por los inspectores69. A pesar de ello, parece claro que las obreras no aceptaban el abandono del horario nocturno, como había ocurrido en otros países (Wikander et al, 1995; Nielfa, 2006). Al menos sendas comisiones de trabajadoras, en la cuenca del Ter, pidieron tolerancia a los inspectores antes de cumplirse el plazo de aplicación total de la ley (Memoria, 1916 y 1917). Las casadas y viudas con cargas familiares, las primero excluidas formalmente, fueron las más interesadas. Como se sabe, alegaban mayor compatibilidad del horario nocturno con el trabajo doméstico. Hacia 1916, en la Alta Montaña, trabajaban “de cuarenta y ocho a cincuenta horas semanales en cinco días, contra sesenta o sesenta y seis, o más, en seis, en el trabajo de día” (Memoria, 1916: 83). Valoraban particularmente disponer de un fin de semana sin jornada fabril en la noche del sábado70, lo que no siempre parecía asegurado en jornadas nocturnas71.
Carles Enrech (2003b) ha estudiado la desigual distribución territorial de la industria textil catalana en el último cuarto del XIX. Una trama compleja, porque a los contrastes comarcales se superponía la heterogeneidad local. En grandes líneas, a las conocidas diferencias en los procesos productivos se sumaban las diversas formas de organización del trabajo, que ya han aflorado en estas páginas: jornadas más largas, salarios más bajos y trabajo nocturno más intenso en la Montaña. Este último se circunscribía generalmente a la hilatura, “proceso con unos costes energé- ticos proporcionalmente más altos” (Enrech, 2003b: 93), proceso feminizado desde la introducción de las máquinas continuas (Smith, 1995; Enrech, 1997). En las fá- bricas del Ter, especializadas en la hilatura, el trabajo nocturno constituía un recurso más extendido que en las del Llobregat, dedicadas también al tejido, aunque, a diferencia del Llano barcelonés, en ambas zonas fuera decisivo el aprovechamiento del motor hidráulico.
Tabla 3: Trabajo diurno y nocturno en la industria textil de Cataluña (1908-1920) Población obrera visitada por la Inspección
Fuente: Memorias de la Inspección

Anos	Turno de dia	Turno de noche
H	M	M(%)	Hn	Mn	Mn (%)
1908	15.935	30.591	65.8	863	2.193	71.8
1909	14.372	30.681	68,1	1.841	3.004	62.0
1910	12.368	29.848	70,7	1.886	3.924	67,5
1911	20.812	52.566	71,6	3.121	6.644	68.0
1912	21.572	52.430	70.8	2.832	5.494	66,0
1913	11.999	29.004	70,7	2.346	5.227	69,0
1914	25.687	55.281	68.3	2.736	6.322	69,8
1915	15.455	32.539	67,8	1.944	3.671	65,4
1916	14.020	30.793	68,7	2.414	4.843	66,7
1917	11.028	27.347	71,3	1.284	2.924	69,5
1918	21.052	44.114	67,7	3.540	5.288	59,9
1919	14.087	28.757	67,1	1.205	3.371	73,7
1920	20.154	42.430	67,8	2.557	4.369	63,1

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Los datos de la población obrera visitada por la Inspección (Tabla 3) ponen de relieve la permanencia de la feminización del trabajo nocturno, en las dos primeras décadas del siglo XX, sin percibirse repercusión alguna del desarrollo de los plazos para el cumplimiento de la ley de 1912. El desglose provincial de los porcentajes de trabajadoras en horario nocturno, resulta revelador de la mayor feminización en las fábricas de la Alta Montaña. En la provincia de Girona dichos porcentajes se sitúan mayoritariamente en los setenta y tantos, entre 1908 y 1920; en la de Barcelona - más heterogénea-, en los cincuenta y tantos72. Si se tienen en cuenta localidades dominadas por la hilatura, la feminización es casi completa. En 1911, en Torelló (cuenca del Ter) casi el 80 por 100 de la mano de obra nocturna es femenina, empleada en máquinas continuas y en mecheras73. En 1909, en una localidad de producción mixta (hilado y tejido), en Manlleu (en la misma cuenca), todo el trabajo nocturno de las hilaturas lo desempeñan “mujeres” y “niños”. El trabajo infantil tiene más peso en las empresas más pequeñas74. Probablemente, entre los contabilizados como “varones” por la Inspección (H[ombres] en Tabla 3) se encuentra un número desconocido de niños.
Siendo muy diferente la distribución regional de la hilatura y, consecuentemente, la del trabajo nocturno feminizado, se comprende que la resistencia patronal a la exclusión de las mujeres fuera también diversa, aun dándose reacciones comunes (Bengoechea, 2007). Después que la ley de 1912 entrara en vigor en la industria textil, en 1914, los inspectores más bien apuntan un incumplimiento extendido de la misma, estimulado por la coyuntura de la Gran Guerra. En el Llano debió reproducirse entonces lo que venía siendo práctica común, ya a finales del XIX, cuando se acostumbraba a recurrir al turno de noche sólo para afrontar un crecimiento de la demanda (Enrech, 2003b). Ahora bien, con la crisis de posguerra, los obreros de Sabadell –por ejemplo- no tardaron en reclamar el cumplimiento estricto de la ley de 1912, aplicada en 1920 a todas las mujeres (Luque, 1999). En esos primeros años veinte, los inspectores comienzan a repetir que en el Llano se ha “corregido en gran parte” el “abuso” que supone el empleo nocturno de las mujeres (Memoria, 1922: 73). Los numerosos reglamentos conservados, de fábricas textiles de Sabadell, son ilustrativos a este respecto. Desde 1920, admiten generalmente la jornada única de ocho horas y el recurso “cuando el patrono estime necesario” a dos turnos de trabajo diurno75. La Delegación local del Consejo de Trabajo de Sabadell asume, en septiembre de 1924, el reciente decreto-ley sobre prohibición del trabajo de las mujeres, y puntualiza los horarios que deben considerarse nocturnos, según los turnos. En las fábricas con un solo turno las mujeres no podrán trabajar entre las 19 horas y las 6 de la mañana. Cuando se implanten dos turnos, el trabajo de las mujeres nunca dará comienzo antes de las 4.30 de la madruga, y nunca acabará después de las 22 horas, salvo cuando por recuperación de festivos se trabaje quince minutos más por turno76. En la empresa algodonera Vda. de J. Tolrá (en el Maresme) las jornadas diurna y nocturna fueron substituidas desde 1923 por dos turnos de día (Llonch, 2004b).
En las cuencas fluviales, donde el trabajo nocturno estaba asociado al uso intensivo de la energía hidráulica, los empresarios ofrecieron una tenaz resistencia a su regulación (palabras reiteradas por los inspectores), durante todo el primer tercio del siglo XX. Alcaldes, empresarios y Juntas locales de Reformas Sociales del alto Ter actuaron siempre al unísono para reclamar la no aplicación de la ley de $1 9 1 2 ^ { 7 7 }$ , para desechar las infracciones impuestas por la Inspección y declararse de hecho en rebeldía frente a la ley78. En 1920 la Junta de Campdevanol da por hecho el incumplimiento extendido por toda la comarca y decide suspender la aplicación de sanciones propuestas por el inspector:
Considerando que si bien es cierto que las disposiciones legales vigentes prohíben el trabajo nocturno de las mujeres según previene la ley de once de julio de 1912, ello no obstante se sigue trabajando en todas las fábricas movidas por fuerza hidráulica no sólo en las de este pueblo sino también en las de las poblaciones vecinas, en las de toda la comarca y aun en las de casi todas las situadas en los rí- os donde existen fábricas dedicadas a la industria textil, de lo cual resulta que prácticamente ha caído en desuso en todas partes la disposición vigente sobre la materia objeto de ambas denuncias79.
Según los inspectores, los empresarios de las cuencas fluviales preferían incluso pagar unas multas forzosamente escasas, antes que introducir cambios en la organización del trabajo. Por falta de recursos humanos las visitas de la Inspección no excedí- an de una al año (Memoria, 1922). Recordemos que precisamente en Girona la Inspección era especialmente exigua. Pero en lugares tan diversos como Sabadell (Llano) o Castellbell i el Vilar (ribera del Llobregat), ambos en la provincia de Barcelona, donde la Inspección contaba con mayores recursos, los libros de visita de algunas fábricas ponen de manifiesto que las ausencias de los inspectores podían durar de dos a diez años consecutivos80. Desde los primeros años de aplicación de la ley (después de 1914) los inspectores lamentaban además las dificultades para controlar el estado civil y la eventual maternidad de las obreras, dando por supuestas las ocultaciones de casadas y viudas primordialmente afectadas por la regulación (Memorias, 1915 y 1916). En cualquier caso, antes de que la ley se aplicara a todas las mujeres (en 1920) los inspectores reconocían, igual que los empresarios, que las reducciones anuales estipuladas por la misma (del 6 por 100) nunca se hicieron efectivas (Memoria, 1919: 68).
La distribución cronológica del número de infracciones confirma esto último. Alrededor del 95 por 100 del total de las infracciones a la normativa del trabajo nocturno (Tabla 2) corresponde a la industria textil (12.789). Si exceptuamos las inusuales, por reiteradamente elevadas, tasas de infracción (número de infracciones por cada centro visitado) referentes a la ausencia de certificados médicos y de edad, o las debidas al exceso en la duración de la jornada, nada más que en la industria del vidrio de los primeros años veinte, es en la industria textil, y con relación a las jornadas de noche, donde se dan, en años continuos, tasas ligeramente superiores a la unidad. No cabe duda de la menguada disposición sancionadora de los inspectores. Se ajustaba a la realidad el diagnóstico de los empresarios que demandaban continuidad en la “tolerancia”, cuando se acercaba el fin de los plazos de la ley de 1912. Antes, sólo hubo una o dos infracciones por centros visitados en 1916 y 1917, en la coyuntura generada por la Gran Guerra. La ausencia de multas es igualmente elocuente: cuatro multas propuestas por los inspectores desde 1914 hasta 1919. Inmediatamente después de iniciarse la aplicación completa de la ley, entre 1920 y 1922, volvió a darse una intensificación de las infracciones, que alcanzaron su mayor nivel en 1920 (3,70). Recordemos que fue entonces cuando se duplicó el número de inspectores y algunos se instalaron en núcleos industriales. A partir de 1923 los inspectores dan cuenta de un cumplimiento más extendido de la ley, limitado al Llano sobre todo. Lo atribuyen a la implantación de la jornada de ocho horas con dos turnos diurnos para las mujeres. Es cierto que a finales de la década las infracciones anotadas se encuentran en su nivel más bajo, pero las sanciones no dejaron de ser más estrictas a partir de 1920. Desde esa fecha, casi todas las actas de infracción derivaron en propuestas de multa81, lo que no tardó en devenir práctica generalizada de la Inspección (Gráfico 5).
En la ribera del Ter los dos turnos se tienden a establecer tardíamente, a finales de esos años, después del decreto de marzo de 1928 que concierne específicamente a las fábricas de dicha cuenca. Las bases de trabajo acordadas un mes más tarde por asociaciones obreras y empresarios textiles del Ter y el Fresser iban incluso más lejos del citado decreto: reducían el tiempo considerado nocturno a las horas comprendidas entre las once y media de la noche y las cinco de la mañana82. En Manlleu, los dos turnos de mujeres se ordenan en reglamentos de fábricas textiles de 1929 y 1930, firmados por patronos y obreros. Los hombres trabajarían en dos turnos, uno de día y otro de noche, de $5 2 \mathrm { ~ y ~ } 4 8 $ horas respectivamente. Las mujeres en dos turnos de 50 horas, considerados de día o de “tarde”: uno de las 5 a las 14 de lunes a viernes y los sábados hasta las 13; otro de las 14 a las 23, y los sábados hasta las 22, con descansos de media hora cada turno83. Las mujeres eran excluidas sólo de una parte de la noche, trabajando dos horas más que los hombres en jornada nocturna. No ha de extrañar que, según los inspectores, muchas mujeres todavía se opusieran “a no trabajar parte o toda la noche, por convenir a su modo de vida, que le(s) deja libres bastante horas diurnas, en perjuicio de su salud” (Memoria, 1929: 116). Probablemente también, porque se trataba de jornadas mas cortas y seguramente mejor pagadas. En la práctica, las jornadas continuaron siendo más largas que las estipuladas legalmente, y siguieron persistiendo las diferencias regionales:
La recuperación de fiestas tradicionales, el procedimiento aceptado de hecho de la llamada semana inglesa, las horas extraordinarias y recuperaciones de fuerza mayor, especialmente en las fábricas enclavadas en la alta montaña, son causa del aumento diario de la jornada, en forma que el trabajo en los dos turnos no permite adaptarlo sin invadir parte del periodo nocturno, ni que la mujer obrera tenga las doce horas consecutivas de descanso entre jornada y jornada (Memoria, 1930: 116).
La distinta aceptación de los textos legales y la particular concreción de los límites horarios del trabajo considerado nocturno, puso de manifiesto, una vez más, las diferencias entre el Llano y la Montaña. En general, a finales de los años 20, las mujeres quedaron excluidas del trabajo nocturno, pero no totalmente. En Sabadell la noche empezaba como muy tarde poco después de las 22 horas. En la ribera alta del Ter, el trabajo de muchas mujeres podía acabar alrededor de la medianoche, si nos atenemos a los reglamentos de fábrica y a los convenios entre obreros y empresarios.
3. Epílogo: Aplicación de la legislación, discursos y prácticas.
De “halagüeños” calificaba la Inspección los resultados de 1930 (Memoria: 102). Fue una constante en los informes publicados enfatizar los argumentos cuantitativos susceptibles de avalar la eficacia anual de la Inspección. Estos informes nunca cuestionaron los criterios con los que operaba la Inspección -aunque se preocuparan por los límites de sus propios recursos-, poniendo el acento en los obstá- culos externos: resistencia patronal, actitudes de las Juntas, Delegaciones, y más tarde de los jueces. Una mirada a la evolución del conjunto de las infracciones (Gráfico 5), parece apuntar un descenso importante de las mismas, tras los primeros años, y una estabilidad relativa después de 1919, a pesar de la entrada en vigor de nuevas normativas. Pero el desglose de los datos impide inferir de los mismos un supuesto cumplimiento progresivo de la legislación laboral, admitido por algunas interpretaciones historiográficas no exentas de escepticismo. Deducidas las infracciones relativas a los certificados de edad y salud, que tanto peso tuvieron, se observa un punto de inflexión tardío, en 1922, cuando el más lento e irregular crecimiento del resto de las infracciones se estabiliza al alza, sobre todo en los tres últimos años. Crecen en tales años las infracciones observadas con relación a viejas y nuevas regulaciones: descanso dominical, entre las primeras, jornada de ocho horas y trabajo a domicilio, entre las segundas84. No crecen sin embargo las debidas a la prohibición del trabajo nocturno –como sabemos-, la única norma de relativa trascendencia con segregación efectiva de género. El incremento de las infracciones no es ajeno al mayor número de centros visitados en la industria de la confección, superiores a los del textil desde 1924 (Gráfico 1). En 1928 el textil deja de ser también el subsector con mayor porcentaje de infracciones, sustituido por el vestido85. Cabe pensar entonces que la relativa feminización de la Inspección pudiera haber incidido en la detección de infracciones en trabajos dominados por mujeres, fuera de las fábricas (confección y a domicilio), pero de ninguna manera en relación a la normativa con segregación de género, tan exigua e inoperante.

$_ \mathrm { I + R + O }$ : Suma de actas de infracción, reincidencia y obstrucción. Fuente: Memorias de la Inspección.
No hay contradicción en el enorme desfase entre las infracciones observadas por la Inspección –limitadas por otra parte, sobre todo en lo concerniente a maternidad y moralidad- y las sanciones propuestas. Neutralidad, moderación, misión educadora, constituyen reiterados vocablos que configuran criterios substanciales de la actividad inspectora. El inspector debía comenzar con la persuasión. Sólo cuando la misma se agotaba, podía estampar en el libro de visita el apercibimiento, o aviso previo, por infracción detectada, levantando acta por triplicado. Extinguidos los plazos requeridos, contra los que el patrono podía recurrir, correspondía al inspector levantar acta de infracción o, en su caso, de reincidencia y obstrucción, incumbiendo a las Juntas de Reformas Sociales la imposición de sanciones86. Dada la evidente disparidad entre actas y multas propuestas, hasta 1921 (Gráfico 5), se comprenden las reiteradas quejas de los inspectores y del Instituto de Reformas Sociales contra la “lenidad” de las Juntas (Borrás, 2007). Ahora bien, la responsabilidad de las Juntas no debe eludir la del Instituto, las del Estado en definitiva: el total de las actas de apercibimiento, de exclusiva incumbencia de los inspectores, representa algo menos del dos por ciento del total de las infracciones, entre 1908 y 1930; y dichas actas siempre fueron muy mayoritarias en el conjunto de actas levantadas. Por otra parte, el procedimiento diseñado para el seguimiento de la observancia de las regulaciones correspondientes, además de priorizar la moderación implicaba una sucesión de las visitas imposible de consumar siempre con los medios de la Inspección. En 1922, cuando la facultad sancionadora se transfirió a los jueces de Primera Instancia, pudiendo los inspectores proponer las multas87, la distancia entre infracciones y actas seguidas de sanciones se acorta a la vez que las últimas se superponen a las multas propuestas y ambas crecen hasta 1930 (Gráfico 5). En un principio los inspectores celebraron la “gran voluntad y extremada corrección” de los jueces (Memoria, 1924:59), incluso “su más decisivo apoyo” (Memoria, 1926: 74). Entre 1926 y 1928 halagos y desavenencias se combinan; luego, sólo quedan las segundas: los expedientes sin resolución se acumulan, sobre todo en Barcelona; la mayoría de los jueces se han situado “más del lado patronal que de la Inspección, por lo que se refiere a la imposición de las sanciones propuestas, condonándolas o reduciéndolas a términos irrisorios e ineficaces” (Memoria, 1930: 76). Cuando parecían esquivarse las ingerencias y presiones de los poderes locales, impuestas por la estrategia estatal de municipalización de la cuestión social (Borrás, 2007), la Inspección se topaba de nuevo con las resistencias patronales operando ahora desde el poder judicial.
Como hemos visto, en la legislación acerca del trabajo de las mujeres no se encuentra más que un reflejo pálido y desarbolado del discurso de la domesticidad. Nada de extraño hay en ello, si se tiene en cuenta que discursos y prácticas sociales interactúan en procesos que no son ajenos a las relaciones de poder, clase y género. Dar por descontada una proyección directa y totalizadora de la cultura patriarcal en la letra de las leyes destinadas a las mujeres trabajadoras, y en su posterior aplicación, no difiere metodológicamente de las viejas interpretaciones juridicistas que ignoran el contexto de las normas y acaban concediéndoles efectos reguladores inmediatos, carentes de complejidad.
En el primer tercio del siglo XX, la regulación del trabajo de las mujeres, inspirada en la cultura de género, apenas implicó una segregación de sexo en el mercado laboral más aguda de la que ya existía. Las disposiciones referentes a la maternidad carecían de entidad y de potencialidad operativa. Las que pretendían un orden moral sexuado constituían una entelequia, una expresión mitigada de un mundo deseado e irrealizable. Entre ambas no se cuenta más que un acta de infracción y ninguna propuesta de multa, claro indicio de su total ausencia en el mapa intervencionista. La más polémica regulación de la jornada máxima no introducía ninguna novedad y fue superada por las posteriores reducciones de la jornada, sin distinción de sexo y edad. Sólo la prohibición del trabajo nocturno, plasmada en un proceso regulador largo y sinuoso, influido por la intensa presión patronal, y modulado finalmente por la extensión de las ocho horas, tuvo un claro efecto segregador, no carente de límites: las trabajadoras fueron excluidas de las jornadas nocturnas, con el asentimiento de los sindicatos masculinos, pero se les asignaron jornadas que se alargaban más allá de las veintiuna horas, hasta entonces inicio del horario de noche. Tal exclusión, ligada a los dos turnos de trabajo, no supuso su expulsión del mercado laboral.
Finalmente, no hay que olvidar el decreto de 1908 - no tratado en estas páginasque prohibía el trabajo de niños y mujeres menores de edad, en industrias consideradas “peligrosas” y que entrañaba un propósito de masculinización cerrada de distintas industrias y procesos de trabajo. Tenía claros y antiguos mentores en el discurso higienista. Puede decirse, al menos, que apenas fue asumido por la Inspección: las casi 800 infracciones observadas por los inspectores (Tabla 2), más bien en industrias ya feminizadas (textil y vestido sobre todo), únicamente dieron lugar a 22 actas de infracción y 16 multas propuestas. De la investigación de Conchi Villar (2007), se desprende que las estrategias sindicales, sin distinción de ideologí- as, que apelaban al decreto de 1908, con el fin de apartar a las mujeres de trabajos “impropios de su sexo”, en el metal, fueron más determinantes que la inoperancia estatal. Esto último ocurrió también en otras industrias (Borderías, 2007). Cabe pensar, por consiguiente, que los sindicatos masculinos fueron más decisivos que la Inspección del trabajo en el limitado cumplimiento de la legislación laboral destinada a mujeres y niños.
Se ha atribuido a veces a la legislación española con especificidad de género –en la línea de las influyentes tesis de Hartman (1976)– un efecto más que segregador: el desplazamiento de la mano de obra femenina hacia el taller doméstico y la industria a domicilio. Ni el conocido folleto del inspector regional José González de Castro88, ni los informes publicados en las Memorias de la Inspección sostienen esto último. Durante los años de la Gran Guerra y en la década siguiente, cuando se oyen más voces por la regulación del trabajo a domicilio, los inspectores observan un crecimiento del mismo, alimentado por el interés empresarial de mantenerse “fuera del alcance de las Leyes tutelares del obrero” (Memoria, 1921: 62) y por la oferta de mano de obra femenina que persigue ingresos complementarios en años de crisis, y que alarga sus horas de trabajo cuando se reduce la jornada laboral. Probablemente, desplazamiento lo hubo en el caso de “gran número de menores” (Memoria, 1930: 120) que se ocultaban de una mayor visibilidad y regulación, cuestión pendiente aún de investigación. Por otra parte, aunque las prácticas sindicales consiguieron mantener la posición subordinada y descualificada del trabajo de muchas mujeres, no detuvieron la consolidación de la feminización en industrias clásicas (Llonch, 2004a) y su desarrollo en otras más nuevas (Ibarz, 2007; Villar, 2007).
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