La Segunda República en perspectiva. Pervivencias y cambios en la historiografía sobre el periodo 1931– 19361.
La Segunda República en perspectiva. Pervivencias y cambios en la historiografía sobre el periodo 1931– 1936.
Mª CONCEPCIÓN MARCOS DEL OLMO
Universidad de Valladolid, Filosofía y Letras. Plaza del Campus, s/n, 47011, Valladolid. email@example.com
Cómo citar: MARCOS DEL OLMO, Mª Concepción, “La Segunda República en perspectiva. Pervivencias y cambios en la historiografía sobre el periodo 1931–1936”, en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, Extraordinario I (2021), pp. 585-626.
DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.0.2021.585-626.
Resumen: Artículo centrado en el resurgir de los estudios sobre el periodo 1931–1936, destacando la amplitud temática y diversidad metodológica con que se aborda ese crucial quinquenio de nuestra historia contemporánea. Se presta específica atención a la siempre polémica cuestión religiosa, hoy comprometida con aspectos y enfoques claramente superadores de las visiones reduccionistas que triunfaban en el pasado, así como a esos aspectos políticos que ya estuvieron en la base de la renovación historiográfica que tuvo lugar en los años setenta y ochenta del siglo pasado y siguen presentándose en la actualidad como uno de los más atractivos campos de análisis.
Palabras clave: Segunda República, 1931–1936, Historiografía, cuestión religiosa, aspectos políticos.
Abstract: This paper explores the recent boom in the studies concerning the years 1931–1936, highlighting the wide diversity of topics and methods used to study a crucial period in Spain’s contemporary history. Particular attention is paid to the always controversial religious issues, with new approaches clearly overcoming past reductionist visions, as well as to the political aspects that were at the basis of the historiographical renewal experienced in the 1970s and 1980s and that continue to be a very promising field of study.
Keywords: Spain’s Second Republic, 1931–1936, Historiography, Religious issues, Political aspects.
Sumario: 1. Un interés que persiste; 2. La polémica continúa; 3. “De la historia eclesiástica a la historia religiosa”; 4. La renovación de los estudios políticos. A modo de Conclusión.
1. UN INTERÉS QUE PERSISTE.
Objeto siempre de una reseñable atención historiográfica, el interés por el período 1931–1936 se acrecentó de manera exponencial durante la transición, en el transcurso de esa década que va de finales de los setenta a finales de los ochenta para ser más exactos, de forma que –según afirmaba Payne a la altura de 1988– “los estudios académicos sobre la República y la Guerra Civil han proliferado hasta igualar en cantidad a toda la producción precedente”2, superándose en 1992 los cuatro mil quinientos títulos (4.544), más de la mitad de los cuales eran monografías según Gloria Núñez Pérez3. Y el interés persiste, llegando hasta nuestros días, bien que con mucha menor intensidad si como afirmaba Eduardo González Calleja en 2017 los trabajos aparecidos desde entonces pudieran cifrarse en torno a más menos “un millar”4.
La situación, ciertamente, ha experimentado cambios de alguna envergadura desde aquel tiempo en el que Tuñón de Lara organizaba el Tercer y Cuarto Coloquios de Segovia sobre Historia contemporánea de España, respectivamente centrados en el Primer y Segundo Bienio, analizado en este caso junto a la etapa del frente Popular5, siguiendo la estela de sus famosísimos Coloquios de Pau. A día de hoy, los grandes congresos –y es de manera muy especial el caso de los celebrados cada dos años por la Asociación de Historia Contemporánea– no dedican ninguna atención preferente a la Segunda República, arrollada de alguna manera por la confluencia de dos/tres factores que entendemos clave: un evidente salto adelante en el interés historiográfico, desplazado ahora hacia el franquismo y la Transición, que se manifiesta tanto en la decida proliferación de sesiones monográficamente dedicadas a esos períodos cuanto en la reseñable presencia que tienen en otro tipo de talleres; pero también una modificación en los planteamientos que lleva a optar por la división temática en lugar de la cronológica, lo que permite pasar de la compartimentación cronológica clásica a la transversalidad de propuestas tales como esa “Cultura en la España Contemporánea. Problemas alrededor del concepto y la práctica historiográfica de la historia cultural” que presentaban Eduardo Hernández Cano y Rubén Pallol Trigueros en el último Congreso, celebrado en Alicante los días 20–22 de septiembre de $2 0 1 8 ^ { 6 }$ . Ni siquiera puede olvidarse la separación –cada vez más frecuente en los estudios sobre el periodo– entre los años 1931–1936 y la época de la Guerra.
No conviene, sin embargo, exagerar. Estamos hablando de un proceso que afecta al conjunto de la Historia Contemporánea por no referirme sino a la disciplina más próxima, y que la etapa republicana ha logrado sortear de manera mucho más airosa que otros periodos de nuestra historia reciente. No solo los más alejados y siempre menos transitados. También, incluso, periodos con el atractivo historiográfico de ese Sexenio democrático que con el desarrollo del nuevo formato –el de carácter temático me refiero– no merece sesión monográfica sino con motivo del 150 aniversario de su inicio. Sensu contrario, la República ha contado, más allá del taller que en 2016 se dedicó a la España del Frente Popular7, con el que dos años antes se ocupara del periodo en su conjunto, planteándose para mayor prueba de vitalidad investigadora, como un debate abierto8 y se hace presente, además, en no pocos de los otros talleres.
Y si de los Congresos organizados por la AHC pasamos a su órgano de expresión, esa revista Ayer que es todo un referente para el contemporaneismo en este país, la situación se perfila incluso más optimista ya que dos de sus dosieres han estado monográficamente dedicados al periodo9 y la etapa ha estado presente en otros varios números de esta prestigiosa revista, bien en la sección miscelánea o bien porque fuera parte substantiva de dossiers más propiamente temáticos10.
Las cosas no son diferentes en Diacronie, una revista italiana tan adaptada al tiempo presente como demuestra su formato on line, que ya dedicó un monográfico a “Spagna anno zero, la guerre como solucione” contando con algún artículo centrado en los últimos tiempos de la República en $\mathrm { p a z } ^ { 1 1 }$ y en 2020 ha publicado otro sobre discursos y prácticas religiosas en tiempos de la Segunda República que cuenta con las colaboraciones de Ángel Luis López Villaverde, César Rina, José Ramón Rodríguez Lago, Rafael Serrano, Sofía Rodríguez Serrador, Matteo Tomasoni y Concepción Marcos, que además corrió con la coordinación del número12. Y la situación se reproduce, salvadas las distancias, en otras revistas de referencia, no faltando tampoco los proyectos de investigación que dedican al periodo todo o parte de su esfuerzo.
2. LA POLÉMICA CONTINÚA.
Baste lo dicho como prueba de la siquiera relativa actualidad que conserva este período, que de alguna forma se resiste a desaparecer del centro de gravedad historiográfico. Lo cual tiene lógica ya que se trata de una etapa crucial en nuestra historia reciente, que encima no es fácil de abordar. Tiene un importante grado de complejidad y es polémica donde las haya.
Lo fue ya en el momento de los hechos. Para unos coetáneos divididos entre quienes consideraban revolucionario el proceso iniciado en abril de 1931 y aquellos otros que entendían decididamente insuficiente el amplio programa de reformas que pusieron en práctica los gobiernos del Primer Bienio, también llamado reformista en atención precisamente a las políticas de esa naturaleza que de manera tan preclara lo definieron.
Trasladadas a la historiografía, opiniones tales han dado lugar a lo que hoy se conoce como “tesis del fracaso” y “paradigma de la frustración”13. Aquellos ven la experiencia republicana a la luz de su trágico final, buscando responsabilidades al mismo, por lo que se detienen en los aspectos, personajes o hechos que conducen de manera más directa al resultado que buscan. Así, se recuerdan –parafraseando a Niceto Alcalá Zamora– “los defectos de la Constitución de $1 9 3 1 ^ { 1 4 }$ y, de manera especial, lo que consideran un desaforado parlamentarismo, olvidando que si bien creó un Parlamento con poderes superiores a los que tradicionalmente tuviera el órgano legislativo, no dejó al ejecutivo completamente inerme, como en ocasiones se quiere hacer ver. Existió un efectivo control al Gobierno por parte del Congreso, pero también una milimétrica constitucionalización de las circunstancias y condiciones en que debía ejercerse, lo que no dejaba de ser una garantía jurídica. El famoso artículo 81, por el cual podía destituirse al Presidente, como efectivamente se hizo en la primavera de 1936 con el mencionado Alcalá Zamora es un buen ejemplo. El Presidente (mandato 6 años) podía disolver una vez el Parlamento (4 años) sin ningún tipo de cortapisa y, si decidía hacerlo por segunda vez, sabía de antemano a lo que se exponía.
Otro aspecto al que suelen referirse, y lo colocan en lugar primordial, como error fundamental, son las relaciones entre la Iglesia y el Estado que diseñaba el texto constitucional y desarrollaron leyes complementarias, de manera especial la ley de secularización de cementerios, la disolución de la Compañía de Jesús y la ley de divorcio que vieron la luz al poco tiempo de aprobarse la Constitución, entre finales de enero y comienzos de febrero de 1932, y la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas cuya aprobación en Cortes se retrasó hasta la primavera de 1933. Consideran que se trata de una política errática por lo que tiene de excluyente sobre todo para esas órdenes religiosas a las que se prohibía el ejercicio de la enseñanza, lo que presentan como auténtica conculcación de los derechos individuales.
Y si del Estado republicano en cuanto tal, el aparato institucional, pasamos al más amplio modelo político, dando cabida a los diferentes agentes políticos y sus principales mecanismos de acción, la tesis del fracaso está igualmente presente en la base de interpretaciones que a su vez son variadas pero bajo las cuales subyace siempre la idea de fracaso; ese extrapolar la guerra hacia atrás, buscando responsabilidades para el desastre que vive el país entre 1936 y 1939. En este sentido, se insiste unas veces en el hundimiento del centro o la extrema polarización entre izquierda y derecha. Se alude en otros a comportamientos extremos por parte de algún líder político, cargando en ellos la responsabilidad, o en el error de no adaptarse a las necesidades del país.
Es la idea que defendieron las narrativas franquistas pero no deja de estar presente en el pensamiento que elaboran a posteriori hombres como Gil Robles, Lerroux, Chapaprieta y en la historiografía anglosajona que aquí difundieron hispanistas del calado de Jackson, Carr, Hugh Thomas o Preston15; una idea que, lejos de ser pasajera, como inicialmente se pensó, llega de alguna manera hasta nuestros días. Reforzada, de hecho, al calor del ese revisionismo académico que entiende la República en términos de “patrimonialización del poder” por parte del socialismo y “políticas de exclusión” durante el primer bienio16.
La otra gran corriente interpretativa, la conocida como el “paradigma de la frustración”, tiene que ver con las expectativas depositadas en un régimen rupturista con el pasado en cuanto que de naturaleza democrática, que no pudo dar lo esperado por mor de los importantes obstáculos y poderosos enemigos a los que debe enfrentarse. Empezando por una pésima coyuntura económica, tras la que llegó un paro rampante, una conflictividad socio– laboral en alza y una innegable pérdida de apoyos sociales que se acrecentó al calor de esa política reformista que los sectores más conservadores entendieron antesala de la revolución y amplios sectores de la clase obrera consideraron que no dejaba de apuntalar el orden socio–económico capitalista.
Se trata de una tendencia surgida en círculos izquierdistas (Ramos Oliveira, Tuñón, Tamames) y de base estructural, especialmente atenta a los factores de esta naturaleza, que ganó enjundia a medida que superaba las tesis del primer Tuñón, excesivamente basadas en una lucha de clases que lógicamente existió pero estuvo lejos de ocuparlo todo17. Entre otras cosas porque –ya lo dijo Santos Juliá18– las divergencias, más que la unidad de acción, marcaron tanto la existencia del bloque hegemónico como la de su antagonista y, desde luego, entre estos y sus representaciones políticas, variadas y hasta contrapuestas. Dando entrada en el relato a un sistema de partidos con personalidad propia y no en la posición de dependencia que les colocaba la historiografía más claramente marxista, concediendo un papel – y no precisamente desdeñable– a ese multipartidismo que alcanza su momento culminante en 1931–1933.
Lo más característico con posterioridad a los años setenta es, sin embargo, la eclosión de los estudios locales, bien imbricados en el paradigma del cientifismo que triunfaba allá por los ochenta, y encontraba en estos pequeños espacios el mejor marco para la aplicación de esas metodologías de base cuantitativa a las que en algún momento se rindió auténtica pleitesía.
En cuanto a los análisis de carácter sectorial, la otra gran vía de renovación historiográfica, han respondido a metodologías muy diferentes y evolucionado al calor de corrientes interpretativas de más largo alcance, siendo ahí donde mejor pueden rastrearse las grandes líneas de evolución y cambio. De manera especial –creemos– en lo referido a la cuestión religiosa y los estudios de naturaleza más estrictamente política que pasamos a comentar.
3. “DE LA HISTORIA ECLESIÁSTICA A LA HISTORIA RELIGIOSA”19.
Objeto como el período mismo de gran interés durante los años de la transición, especialmente entre quienes triunfó el paradigma de la admonición, la llamada cuestión religiosa conoció hacia finales del siglo XX, con posterioridad a ese momento para ser más exactos, un nuevo momento de algidez. Solo que esta vez revalorizado el período por mor tanto de las circunstancias políticas –una vez superada la euforia que en los primeros tiempos generó el modelo de transición– cuanto por efecto de las mejores condiciones en que podía abordarse su estudio una vez abierto el magnífico archivo de Vidal i Barraquer. A él siguieron los de Gomá, cardenal arzobispo de Toledo desde 1933, sobre el que trabaja Miguel Ángel.
Dionisio Vivas20 y el Papa Pío XI, cuya documentación referida a la Republica española publicara Cárcel $\mathrm { O r t } ^ { 2 1 }$ . Incluido el Diario de Tedeschini que vio la luz en $2 \dot { 0 } 1 9 ^ { 2 2 }$ y vino a completar la visión del personaje que ya habían ofrecido los trabajos de José Ramón Rodríguez Lago entre otros23. En conjunto han permitido una muy ajustada visión de la por otra parte compleja y poliédrica realidad de la Iglesia española desmontando, entre otros mitos, la idea de una Iglesia monolítica, hecha a imagen y semejanza del integrista Pedro Segura.
Obviamente, no se trata de negar el conservadurismo que rezumaba el grueso de la jerarquía eclesiástica, fruto entre otras consideraciones de la educación recibida en los Seminarios; pero tampoco pueden olvidarse aspectos tales como el magisterio pontificio y el seguimiento mayoritario que, en consecuencia y según han demostrado los trabajos de Carmen Frías24, tuvo la actitud de acatamiento al poder establecido que partió de la Santa Sede y de manera ejemplar representó el Nuncio Tedeschini.
La existencia, en cualquier caso, de figuras dotadas de singular y muy diferenciada personalidad se ha consolidado al calor de trabajos como el de Marisa Tezanos sobre los sacerdotes diputados en las Constituyentes de $1 9 3 1 ^ { 2 5 }$ , la aportación que hiciera Giuliana Di Febo sobre Vidal i Barraquer26, la monografía que coordinaran Feliciano Montero, Marisa Tezanos y César Cantano con el significativo título de “Otra Iglesia… Clero disidente”27, o los análisis que realizara Marcos del Olmo sobre Gómez Rojí y Jerónimo García Gallego, canónigos de Burgos y El Burgo de Osma respectivamente28.
Más allá de ese auténtico descubrimiento que ha sido la comprobación de una diversidad tanto más acusada cuanto que afecta a los más variados planos, incluyendo el de naturaleza espacial que tanta fuerza adquiere en los trabajos de Ángel Luis López Villaverde29, los análisis sobre la cuestión han evolucionado en el sentido que Feliciano Montero definió como el paso de la “historia eclesiástica a la historia religiosa”; esto es, el cambio hacia una visión más globalizadora en la que tienen cabida, ocupan de hecho un lugar preferente, los seglares en general y muy particularmente, esa movilización católica que comenzó con anterioridad al advenimiento de la República pero alcanzó su momento culminante en el transcurso de la misma y en relación directa con la política laicista del Primer Bienio. Una movilización que tuvo su dimensión más conocida en el ámbito de los estrictamente político a juzgar por los trabajos de Inmaculada Blasco, Rosana Gutiérrez Lloret o Mónica Moreno entre otros30, pero se planteó igualmente en el terreno religioso–espiritual a través de movimientos tales como La Obra del Amor Misericordioso, de cuyo avance daba cuenta en fechas recientes el profesor Requena31, o esa Acción Católica cuya reorganización y auge en estas fechas estudiaban de forma monográfica Inmaculada Blasco, José Ramón Rodríguez Lago, ChiaKi Watanabé o Enrique Berzal, coordinados por el maestro Feliciano Montero García32.
Se trata de una movilización especialmente vinculada al catolicismo político que representaron Ángel Herrera y El Debate en un primer momento y la CEDA después; pero también otros proyectos en los que el catolicismo ocupó un lugar igualmente relevante. No solo el integrismo – esos otros católicos de los que habla Moral Roncal, cuyo entramado periodístico analizan Cristina Barreiro Gordillo o Eduardo González Calleja33. También ese monarquismo autoritario sobre el que ya trabajara Julio Gil Pecharromán34 en los años finales del siglo XX y sobre cuyo aparato periodístico volvió Cristina Barreiro Gordillo en $2 0 0 4 ^ { 3 5 }$ , el conservadurismo de raigambre liberal que se refugia en el Partido Nacional Agrario, del que diera cuenta Luis Teófilo Gil Cuadrado en su tesis doctoral36, y un fascismo cuyo conocimiento no solo se ha visto enriquecido al calor de la polémica que mantienen Carlos González Cuevas, quien destaca la “irrelevancia del fascismo en España”, y Ferrán Gallego, para quien la situación viene definida por la “relevancia del fascismo en la Segunda República”37, sino que ha sido abordado en sus diversos componentes: lo mismo el Partido Nacionalista Español, analizado por Julio Gil Pecharromán en el año $2 0 0 0 ^ { 3 8 }$ , que Falange, expresamente analizada en relación con la cuestión religiosa por Matteo Tomasoni,39 autor a su vez de la más completa monografía sobre Onésimo Redondo, realizada con profusión de fuentes, entre las que destaca el propio archivo personal del conocido como Caudillo de Castilla40.
Mención especial en esta línea de avance y diversificación analítica merece un anticlericalismo que la historiografía mantuvo en el olvido, pese a la innegable visibilidad que le proporcionó su carácter extremadamente violento, muy superior al que poseyeron sus homólogos de los países más próximos según se ha puesto de manifiesto una y otra vez, pero cuyo análisis ha emergido con relativa fuerza en los albores del siglo XXI, contando entre otras cosas con las benéficas aportaciones que años antes se hicieran desde las ciencias políticas, la sociología o la antropología, destacando en este sentido los trabajos de Manuel Delgado Ruiz41. Llegaba entonces el momento de vincularlo a la cultura política republicana, a la que según Julio de la Cueva, proporcionó su más rotunda seña de identidad42, y situarlo siguiendo a José Manuel Barrios Rozúa en la base de la legislación secularizadora que llevan a cabo los gobiernos del Primer Bienio republicano43, aunque tampoco falte quien lo explica desde coordenadas exclusivamente políticas44. Sonaba también la hora de una historia local, muy pronto convertida en fructífera vía de investigación, merced a la cual la geografía de la violencia anticlerical desbordaba con creces el marco de aquellas ciudades andaluzas que centraron los primeros estudios sobre las jornadas incendiarias de mayo de $1 9 3 1 ^ { 4 5 }$ , para asentarse con fuerza en tierras valencianas, infiltrar igualmente el espacio aragonés que estudia Pilar Salomón Cheliz46 y llegar incluso a la conservadora Logroño según ha puesto de manifiesto Carlos $\mathrm { G i l } ^ { 4 7 }$ . Poco después llegarían los disturbios anticlericales a otros lugares de Castilla, incluida esa ciudad de Burgos donde los violentos episodios que se vivieron en noviembre de 1931 acabaron con la muerte de una mujer48.
Se trataba, a juicio de López Villaverde, de manifestaciones inicialmente bien incardinadas en las coordenadas estratégicas que mantuvo el anticlericalismo desde las primeras décadas del siglo XX, no siendo sino en octubre de 1934 cuando se produjo el giro que directamente desembocó en la violencia clerófoba que caracterizaría los comienzos de la Guerra Civil. Es también a través de estos análisis locales como emerge con toda su riqueza el cúmulo de prácticas encaminadas a desacralizar el espacio público. De manera especial, las prohibiciones y cargas que afectaron al tañido de las campanas y a esas modificaciones en el nomenclátor callejero, que en algún caso hasta han dado lugar a estudios monográficos49.
Una última línea de investigación dotada de cierta entidad y proyección temporal tiene que ver con estudios de base comparativa que insertan la realidad española de los años treinta en un proceso de más largo alcance: la secularización que, siguiendo el modelo de la Tercera República francesa, afecta a diversos países del occidente europeo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, llegando al vecino Portugal tras el estallido revolucionario de 1910. Precisamente es ahí, en el referente que proporciona la experiencia portuguesa, la más próxima a nuestra Segunda República en todos los sentidos, donde se han encontrado indicios más que suficientes para cuestionar el superior radicalismo que tantas veces se atribuyó a la legislación religiosa del Primer Bienio republicano.
Solo dos ideas que ratifiquen el aserto. La disolución de las órdenes religiosas, decretada con carácter general en el país vecino, solo afectó aquí a la Compañía de Jesús, sin que sus miembros, además, tuvieran necesidad de abandonar el territorio nacional. Más aún. “Mientras el gobierno español reconoció a la Iglesia, «con sus miembros (…) personalidad y competencia propias» (artículo $6 ^ { \circ }$ de la Ley de Confesiones), su homólogo portugués, no solo había desmantelado la organización y jerarquía eclesiásticas, llegando a la explícita prohibición de mantener correspondencia con el Pontífice, sino que había terminado con el voto religioso. Fundamentales diferencias también se observan en lo relativo a la gestión y dirección del culto, que aquí conserva la propia Iglesia y en Portugal corre a cargo de unas asociaciones –las cultuais– en las que de manera explícita se prohíbe la entrada de sacerdotes”50.
Todo, finalmente, sin olvidar las redes transnacionales de las que se ha hecho eco Rodríguez Lago51, lo que en modo alguno significa agotamiento de las posibilidades historiográficas. Más bien todo lo contrario. La historia local, por ejemplo, tiene un importante camino que recorrer y no solo para el mejor afianzamiento de interpretaciones como las apuntadas. También para el desarrollo de líneas de investigación apenas planteadas en la actualidad, destacando en este sentido el conocimiento de la situación que vive el clero en su vida diaria en estos tiempos difíciles, en la línea del modélico trabajo que realizara González Gullón sobre el clero de Madrid52.
4. LA RENOVACIÓN DE LOS ESTUDIOS POLÍTICOS.
Un último aspecto a considerar es la renovación que han conocido los estudios referidos a los principales agentes políticos, hoy vistos desde una perspectiva más cultural pero tradicionalmente considerados en su totalidad, en su global individualidad podríamos decir. Primero fueron los partidos políticos, su ideario, programa, estructura organizativa y estrategias, quienes merecieron la atención de politólogos e historiadores, destacando entre estos últimos las pioneras monografías de Ruiz Manjón sobre el Partido Radical , Montero Gibert sobre la CEDA, Espín sobre Acción Republicana54, Contreras en torno al PSOE, Avilés Farré acerca de la izquierda burguesa55 o los estudios sobre el sistema de partidos que llevaron a cabo tanto Molas56 como Varela Díaz57 y con posterioridad, ya en la década de los noventa, Borja de Riquer58 lo mismo que Tuñón59, José Luis de la Granja60 o, muy especialmente, Ramírez Jiménez, quien en 1991 publicaba su Sistema de partidos en España 1931–1990 y volvía sobre el asunto en 2006, esta vez centrado en el periodo republicano y para reflexionar sobre el sistema de partidos en relación con el Parlamento61. A este catedrático de Derecho político, digno representante del diálogo interdisciplinar, se debe también un madrugador estudio sobre los grupos de presión62 y su incidencia en la vida política, aspectos de los que luego se ocuparían Aisa y Arbeloa63 o Manuel Redero64 en el caso del sindicalismo ugetista, Juan José Castillo en el caso de la Confederación Nacional Católico Agraria o Mercedes Cabrera para el conjunto del asociacionismo patronal65.
La biografía irrumpió en los años noventa a través de Julio Gil Pecharromán o Santos Juliá, autores de sendas biografías sobre José Antonio Primo de Rivera y Manuel Azaña respectivamente66, y penetró el siglo XXI con el empuje y fuerza que denotan los trabajos del propio Gil Pecharromán sobre Alcalá Zamora67, Grandío y Rodero sobre Santiago Casares Quiroga, Julio Aróstegui sobre Largo Caballero o Manuel Álvarez Tardío entre otros estudiosos de la figura de Gil Robles68.
En cuanto a los estudios de naturaleza prosopográfica, se consolidaron entre finales de los años noventa y comienzos de este siglo XXI, especialmente a través de ese magno proyecto que fue el Diccionario de Parlamentarios españoles que dirigió Mikel Urquijo69 pero también del que, dedicado a los parlamentarios de la región castellano y leonesa, dirigió desde Valladolid y con carácter pionero el profesor Carasa Soto70. Ninguno de ellos abarcó el período que aquí nos ocupa, pero quienes ejercieron labores parlamentarias durante el quinquenio republicano se hallan bien representados en los trabajos de García Alix sobre los diputados valencianos de las Cortes Constituyentes, del propio Urquijo y varios miembros de su equipo sobre los parlamentarios vascos, de Jerónimo Mansilla Escudero en tono a los diputados que tuvo Ciudad Real o de Leandro Álvarez Rey sobre los andaluces71.
Y no solo los grandes líderes y hombres de gobierno han merecido atención historiográfica. También esos “nuevos actores políticos” que dice Ángel Luis López Villaverde refiriéndose a las mujeres diputadas72. De manera especial las tres que ocuparon escaño en el Parlamento constituyente, que han sido analizadas en conjunto, con alguna pretensión de tipo prosopográfico73, lo mismo que de forma separada, bien sea en el formato monografía que le dedicó Dolores Ramos a la figura de Victoria Kent74, con forma de artículo o capítulo de libro al modo que con ella misma hicieron José Peña González y Rosa María Capel en 2010 y $2 0 0 6 ^ { 7 5 }$ o como entrada en el diccionario que publicara Martín Nájera en 2010 incluyendo en el universo socialista a esa Margarita Nelken76 de la que en años posteriores se ocuparía Pablo Villalain77. Clara Campoamor, la que fuera tercera y última de las diputadas que tuvo el Parlamento constituyente, cuenta con las semblanzas más o menos largas y profundas que le han dedicado Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Pilar Díaz Sánchez, Rosa $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Cid López, Jorge Vilches, José $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ García de Tuñón o la reincidente Rosa $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Capel entre otros 78 .
Por lo que se refiere a las mujeres que accedieron por primera vez al Parlamento en las Cortes de 1933 y 1936, carecen del tirón historiográfico que poseen las mencionadas hasta el momento, salvo quizás Dolores Ibarruri, aunque a esta se la estudia más por su papel en la Guerra Civil o por lo que significó durante la Transición que por su condición de diputada por Oviedo en las Cortes de $1 9 3 6 ^ { 7 9 }$ . No han quedado, sin embargo, en el olvido historiográfico ni María Lejárrraga, diputada en 1933, aunque es más conocida por su faceta de escritora80, tal y como también le ocurre a Matilde de la Torre81, quien ocupó escaño tanto en 1933 como en 1936, ni Julia Álvarez Resano82, parlamentaria en representación de la circunscripción madrileña a la altura de 1933 y bien identificada por haber sido la primera mujer que ocupó el cargo de Gobernadora Civil (Ciudad Real), ni Francisca Bohigas83, la única diputada que tuvo la derecha a lo largo del período.
Otro camino que se recorre en el análisis de las realidades políticas es aquel que enfatiza su dimensión más propiamente cultural. Pionero fue en este sentido el trabajo de Enric Ucelay sobre las culturas políticas populistas de la Cataluña republicana84, que abordó desde una perspectiva verdaderamente interdisciplinar. Después vendrían las obras de Javier Ugarte sobre los orígenes socioculturales de la sublevación del 36 en Navarra y el País Vasco 85 o de Chris Ealham sobre el conflicto barcelonés de la etapa 1898–193786.
Más allá de este tipo de trabajos específicamente centrados en las raíces culturales de un determinado fenómeno aplicado a colectividades muy localizadas, la cultura política en sentido amplio impregna los estudios de Ángel Duarte sobre el republicanismo87; Elorza y también de José Luis de la Granja sobre la cultura comunitaria del nacionalismo vasco 88 o del propio Antonio Elorza sobre el sindicalismo de $1 9 3 4 - 1 9 3 6 ^ { 8 9 }$ . Cultura política y movilización ciudadana constituyen, por su parte, el eje articulador de obras colectivas tales como la coordinada por Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma en $1 9 9 7 ^ { 9 0 }$ o la que editó Marcos del Olmo sobre El Primer Bienio republicano91.
4.1. Persistente interés por las elecciones.
Mención específica merecen los estudios centrados en el análisis de los procesos electorales, muy pronto convertidos en una de las principales y más fructíferas líneas de investigación. Fue así desde el principio. Desde aquellos años ochenta en que la sociología electoral de tradición francesa dominaba el panorama historiográfico nacional, abriendo camino además a otra igualmente fructífera y longeva donde las haya: la historia local, que ha estado en la base de los sucesivos procesos de renovación historiográfica, prácticamente sin distinción de campos o temas.
Ese, el de carácter provincial, fue el formato más habitual en los estudios de carácter electoral. Y estuvo tan extendido que lo difícil acaba siendo encontrar una provincia que no tenga su estudio de sociología electoral. El ámbito castellano y leonés no iba a ser una excepción. Más allá de los trabajos que publicaran Luis Palacios Bañuelos sobre las elecciones en la provincia burgalesa y de Maximiliano Barrio sobre las correspondientes al territorio segoviano92, la sociología electoral se hizo en esos primeros momentos con los trabajos de Martín Vasallo para Salamanca, Carmelo Romero para Soria, Miguel Ángel Mateos para Zamora o Marcos del Olmo para Valladolid y Palencia93, los casos que analizó de manera individualizada antes de abordar el espacio regional en su conjunto y ya no desde una perspectiva sociológica, sino –era un nuevo paso– con la vista puesta en el régimen, en un modelo político cuyo carácter democrático se daba por cierto en los estudios de sociología electoral, carentes de todo valor si no era en un contexto de esta naturaleza, pero necesitado –creímos– de alguna comprobación empírica que demostrara su verdadero alcance al tiempo que sus innegables límites.
Las continuidades se hicieron manifiestas a nivel de personalidades, en lo relativo a la frecuencia con que las listas de candidatos se nutrieron de “viejos políticos”, parlamentarios procedentes de la época monárquica reconvertidos a la sazón en independientes o agrarios cuando no integrados en formaciones políticas de carácter republicano, aunque fueran de nueva creación y tan hechas a su medida como esa ARP que daba cobertura en Ávila al exdiputado Nicasio Velayos. El cambio se hizo patente, no obstante, en el modus operandi que antes o después acabaron haciendo suyo buena parte de estas gentes que comparecieron en candidaturas de alianza interpartidista y se plegaron a la realización de actividades propagandísticas tan diferentes a las del pasado, como demuestra la general sustitución de los viejos banquetes–homenaje –lo más parecido a un acto de afirmación ideológica de los últimos años de la Restauración– por multitudinarios mítines en los que el contenido doctrinal ser hallaba tanto más cuidado cuanto que debía resultar apropiado para el conjunto de quienes integraban las a menudo variopintas coaliciones electorales. Las urnas, en fin, se llenaron de votos efectivamente emitidos con los que sustituir la hasta entonces habitual “escritura” de actas94.
Por lo que se refiere a las elecciones de carácter municipal, comenzaron a despertar el interés de los historiadores ya en los años setenta del pasado siglo, continuando como objeto de atención preferente en la década siguiente. El interés desciende entre finales del XX y comienzos de la actual centuria, aunque sin llegar a desaparecer, pero se asiste a una nueva reactivación –bien que sin llegar a los niveles de épocas pasadas– entre 2010 y 2020 (Cuadro $ { \mathbf { n } } ^ { \circ } { \mathbf { 1 } } )$ . Con la particularidad de que el impulso que actualmente conocen los estudios de esta naturaleza no se limita a las elecciones celebradas en abril de 1931, prácticamente las únicas analizadas hasta ese momento, sino que el interés se extiende ahora tanto a las realizadas en Cataluña en $\dot { 1 } 9 3 4 ^ { 9 5 }$ cuanto, sobre todo, a las parciales que tuvieron lugar en abril de 1933 para cubrir los Ayuntamientos que dos años antes se habían constituido mediante artículo 29.
Cuadro $ { \mathrm { n } } ^ { \circ } \ 1$ . Trabajos específicamente dedicados a las elecciones municipales de la etapa republicana, clasificados por fecha de edición

Intervalo cronologico	N° de trabajos	%
Entre1970-1979	3	11,11
Entre1980-1989	8	29,62
Entre1990-1999	5	18.51
Entre2000-2009	3	11,11
Entre2010-2019	7	25.92
2020-2021	1	3,70
TOTAL	27	100

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Elaboración propia sobre datos ofrecidos en Dialnet (febrero 2021).
Más allá del alcance–significación que quiera concederse a los resultados en cuanto que medidores de la salud gubernamental96, las municipales celebradas el 23 de abril 1933 se consideran a día de hoy paradigma de la modernización político–electoral que conoció el país tras el advenimiento de la República como consecuencia de una politización que Villa García sustenta en torno a tres realidades fundamentales: unos índices de competitividad electoral claramente superiores a los registrados en convocatorias anteriores por mucho que siguiera habiendo lugares en los que la ratio candidatos / puesto no supera la unidad; el hecho de que fueran mayoría los candidatos que concurrieron ante el público elector con etiquetas bien definidas desde el punto de vista político, demostrando así la existencia de estructuras partidistas mínimamente organizadas también en la España rural, y una tendencia a la efectiva participación de los ciudadanos en el proceso electoral que contrastaba con la generalizada abstención de la que tradicionalmente se sirvió el caciquismo para “escribir” unos resultados a su medida. Contando además con “la neutralidad del gobierno Azaña” y una “mínima presencia de comportamientos fraudulentos”, las mencionadas elecciones –dice el autor que en estos momentos nos sirve de referencia– “consolidaron el papel del cuerpo electoral como árbitro y dispensador del poder local”97.
En esta última década –y de nuevo a cargo de Roberto Villa García– se ha completado también la trilogía de las elecciones legislativas con la aparición de una voluminosa monografía –nada menos que 530 páginas– dedicada al desarrollo que tuvieron en el ámbito nacional los comicios convocados en primera vuelta para el día 19 de noviembre de $1 9 3 3 ^ { 9 8 }$ . Eran el eslabón perdido desde que, hace ya cuatro décadas, Javier Tusell se ocupara de hacer lo propio con las llamadas elecciones del Frente Popular primero99 y las Constituyentes de 1931 después100, pero la espera ha merecido la pena ya que su análisis revela una personalidad que va mucho más allá del cambio en la orientación política de la República que marcaron los resultados.
Tanto o más fundamental que la orientación política de los mismos resulta la manera en que se llegó a ellos; esto es, en el marco de una movilización sin precedentes que ya no se mide en términos de simple competencia, aunque esta haya ganado indudable terreno merced a la existencia de alternativas ideológicas verdaderamente contrapuestas. Se hace, además, teniendo en cuenta la existencia de una bien organizada y muy intensa campaña que sencillamente no fue necesaria en las municipales, dado el personal conocimiento que entonces se tenía de los candidatos, y se nutrió al llegar noviembre de mítines por doquier, celebrados hasta en pequeños municipios donde un acto de similar naturaleza resultaría impensable poco tiempo antes, y un despliegue tal de propaganda escrita que los pasquines, hojas volanderas y similares se contaban por millones y se repartían, llegado el caso, a través de medios aéreos. Eso cuando no se utilizaron las modernas ondas radiofónicas o se montaron películas sonoras con los momentos más brillantes de la campaña llevada a cabo por algún líder nacional. Todo un despliegue de medios materiales, técnicos y humanos al que prestaron su decidido concurso organizaciones partidistas más y mejor organizadas que nunca, destacando en este sentido la poderosa derecha católica ya definitivamente situada en posiciones estratégicas de clara significación ofensiva.
El otro gran fundamento de los comicios, sobre el que Roberto Villa ya había llamado la atención en algún trabajo previo101, fue un ordenamiento jurídico que, lejos de garantizar una representación parlamentaria proporcional a la influencia lograda en las urnas, concedía tan amplia prima a las mayorías que mientras las fuerzas de izquierda debieron contentarse en primera vuelta con el $1 5 { , } 7 \%$ de los escaños pese a haber logrado el $3 3 \%$ de los votos, sus homónimas de la derecha se hicieron con casi el $5 5 \%$ de los asientos en el Congreso aun cuando apenas habían obtenido el $4 7 { , } 5 \%$ de los sufragios y el centro logró atribuirse el $2 9 , 7 \%$ de los escaños no habiendo merecido sino la confianza del $1 9 { , } 5 \%$ de los electores que acudieron a las urnas. Una legislación, por lo demás, que había reducido en tres el número de circunscripciones existentes en el país, agravando aunque fuera en pequeña medida la deriva mayoritaria que ya poseía el decreto aprobado por el Gobierno Provisional en mayo de 1931, e incrementado las exigencias para convertirse en diputado con la necesidad de que al menos uno de los candidatos obtuviera el $4 0 \%$ de los votos escrutados en la circunscripción. Se impuso de esta suerte una tendencia a la creación de grandes coaliciones electorales cuyos efectos distorsionadores se hicieron patentes a diferentes niveles.
La situación se reproduciría en febrero de 1936 aunque la victoria correspondiera entonces a unas fuerzas de izquierda que, decididas a no contravenir las directrices que marcaba el ordenamiento jurídico, se hicieron con una amplia coalición electoral que, englobando al republicanismo de izquierdas lo mismo que al conjunto de las fuerzas obreras, estuvo en condiciones de aprovechar cuantos votos se emitieran en favor de ese segmento del espectro político. Ahí radicaba buena parte del éxito obtenido según la explicación que volvía a dar Roberto Villa García en el trabajo de naturaleza comparativa que publicaba en $2 0 1 6 ^ { 1 0 2 }$ . Sin embargo, su opinión sobre estas terceras y últimas elecciones del quinquenio republicano sufriría un giro de ciento ochenta grados en el transcurso de los meses siguientes, pasando a considerarlas desde la perspectiva del “fraude y violencia” que diera título a la obra editada en 2017 junto con Manuel Álvarez Tardío103.
Se cuestiona ahora la victoria del Frente Popular, entendida como producto de ciertas manipulaciones en el recuento de votos primero y de adscripción fraudulenta de actas protestadas después debido a la presión que ejerció la calle, a consecuencia para ser más exactos de la amenazante actitud que mostraron quienes salieron a celebrar el triunfo de la coalición izquierdista cuando el escrutinio aún estaba lejos de haber terminado. El problema es la renuencia que muestran los datos probatorios, lo que obliga a conclusiones mucho menos rotundas de lo que pudiera parecer a juzgar por un título que Del Rey Reguillo considera “excesivo”104 y para el que Octavio Ruiz Manjón propone una inversión de términos a fin de no alterar el sentido de unas elecciones en las que –afirma– “no parece que el fraude (…) fuera tremendamente decisivo en el resultado de los comicios”, siendo en cambio “la violencia el aspecto verdaderamente definitivo”105. Baste decir al respecto que Álvarez Tardío y Villa García no niegan la victoria del Frente Popular en las urnas. La cuestionan, sí, poniendo entre interrogantes la afirmación, pero lo cierto es que, tras enumerar las coacciones, fraudes y violencia electoral existentes, no concluyen negando esa victoria. Muy al contrario, reconocen que fueron unas votaciones básicamente limpias, que las manipulaciones y fraudes detectados estaban lejos de afectar al conjunto de las secciones y que la mayoría de los escaños –tanto de la izquierda como de la derecha– se adjudicaron en la primera vuelta de manera legal106. El problema vendría, a su juicio, en la segunda vuelta y, sobre todo, en la Comisión de Actas, donde se habría procedido en función de criterios partidistas antes y en mayor medida que a tenor de factores estrictamente legales. Dado que esto se sabía de antemano, la novedad no existiría sino en el caso de haber entrañado un vuelco en la composición del Parlamento. Algo esto último que los autores del mencionado libro parecen defender, pero no lo afirman de manera clara y rotunda. Lo que sí afirman de manera taxativa es que presentan datos diferentes a los que hasta ahora servían de referencia a escala nacional –los ofrecidos por Javier Tusell en 1971–. Y tienen razón. Claro que son diferentes. Pero no porque los anteriores estuvieran de alguna manera manipulados sino porque se ha variado –y así lo reconocen ellos mismos– la forma de adscribir los votos a unos y otros contendientes107.
Nada que objetar –replicaría Ángel Luis López Villaverde– de no ser porque dividiendo los sufragios que obtiene cada lista por el número de votos que puede emitir cada elector se está minusvalorando el apoyo ofrecido a las listas de minorías –constituidas por un menor número de candidatos– al tiempo que se sobrevaloran los de aquellas fuerzas que – como en el caso de la derecha conquense– fueron al copo108. Eso sin contar con las “Cuentas galanas” que denunciaba Santos Juliá refiriéndose al error que supone “agregar los resultados de todas las candidaturas en las que figuraba la CEDA como si se tratara de un frente o coalición”109, olvidando –entre otras cosas–que el catolicismo político compareció en ocasiones junto a personajes más próximos al Frente Popular que a sus coyunturales compañeros de candidatura. Algo fácil de percibir con solo haber recurrido a la bibliografía ya existente, a la que desprecian de manera sistemática en cuanto no coincide con sus propio planteamiento y argumentaciones. Una utilización sesgada de las fuentes que ya denunciara Ángel Luis López Villaverde110 y está en la base del artículo que publicaran en 2018 Eduardo González Calleja y Francisco Sánchez Pérez1.
Realizado ya con la extensión y profundidad propias de una auténtica investigación, el trabajo de estos últimos no solo recoge, ampliando, las críticas ya vertidas por otros autores, desde la falta de originalidad que entraña seguir casi punto por punto los datos y argumentaciones que ya empleara el franquista “Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 julio de $1 9 3 6 ^ { \circ }$ hasta el “fraude intelectual” que implica sumar “a un hipotética oposición de «derechas» lo que queda fuera del Frente Popular”112, pasando por la soberbia de obviar los “no menos de cuarenta estudios sobre las elecciones a nivel provincial o local” que existen en el mercado (p. 863). Dispuestos a poner negro sobre blanco los datos que sustentan las principales tesis del libro, revisan al alza el número de escaños que finalmente tuvo el Frente Popular (286 en lugar de los 279 que decía el Dictamen y recogen los autores de 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular), presentan los resultados que ofreció un periódico tan poco sospechoso como ABC en su edición del 19 de febrero, dando cuenta de ellos provincia a provincia para mayor claridad, y rellenan los pocos huecos que ofrecía esta fuente –cuyos datos estaban referidos a una fase muy avanzada del escrutinio– con las cifras que ofrecen los propios Álvarez Tardío y Villa García. El resultado es un total de 243 diputados – más de la mayoría absoluta– conseguidos antes de que Portela Valladares abandonara el gobierno y se entrara en la fase supuestamente más oscura del proceso, lo que invalida cualquier intento de presentar la victoria del Frente Popular como resultado de las fraudulentas prácticas que hipotéticamente se habrían consumado en fechas posteriores. Si además se comprueba que los actos violentos y el escrutinio “circulan en paralelo, sin apenas interactuar”113 y los propios autores de 1936. Fraude y violencia reconocen que esta última “no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral114, la conclusión parece obvia: se está –en palabras de Eduardo González Calleja y Francisco Sánchez Pérez– ante “un auténtico parto de los montes”115.
A MODO DE CONCLUSIÓN.
La polémica que durante mucho tiempo rodeó los estudios centrados en la llamada cuestión religiosa, hoy mejor instalada en la variedad temática y pluralidad de enfoques, parece haberse trasladado en los últimos tiempos al terreno de los aspectos más netamente políticos, sacudiendo con relativa fuerza ese mundo de las elecciones que fue pionero en el proceso de renovación historiográfica que vivió el país en los años setenta y ochenta del siglo pasado.
La publicación en 2017 de la monografía 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular situó el tema en las antípodas del paradigma democratizador que hasta entonces había servido como marco para el análisis de los comicios celebrados durante el quinquenio republicano. La respuesta, sin embargo, no se hizo esperar, devolviendo el asunto a los parámetros tradicionales una vez comprobado que el Frente Popular ganó las elecciones en primera vuelta, obteniendo la mayoría absoluta antes de que las manifestaciones de júbilo popular hubieran podido entorpecer el normal desarrollo del escrutinio.
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