El peso social de los creyentes en la España democrática (La etapa socialista 1982-1996)
José SÁNCHEZ JIMÉNEZ Universidad Complutense de Madrid firstname.lastname@example.org.
Los datos estadísticos más recientes sitúan a los jóvenes españoles en el peor momento, si se mira o atiende a su declaración como creyentes, que se ha precipitado a la baja en los últimos años. Se ha acelerado sorprendentemente el alejamiento de la juventud de la Iglesia, puesto que, hace sólo diez años, el 77 por ciento se declaraba católica, en tanto que hoy no llegan al 50 por ciento los que explicitan su fe en las encuestas1.
Según datos de la misma Fundación Santamaría, en 1999 la cuarta parte de los jóvenes españoles decían que “pasan de Dios”; pero, seis años más tarde, el porcentaje se reduce hasta cotas que han llevado a la Conferencia Episcopal Española a pronunciarse de formas tan divergentes que incluso algunos obispos osaron dudar de la fiabilidad del estudio que así lo constataba2.
Esto quiere decir que no corren entre nosotros, pese a todo, vientos de esperanza y optimismo a lo largo de los últimos años. En el pasado verano, además, y entre otros muchos ejemplos, en un curso universitario en Aranjuez, el arzobispo de Pamplona afirmaba contundentemente que “estamos en la segunda generación de un continente en el que no amanece Dios” 3. Deberá ser cierto, porque es cada vez más común y compartida la sensación de que la sociedad española es mucho más aconfesional de lo que se presupone en las formulaciones constitucionales de 1978 y en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1978/9, a los que los representantes jerárquicos aluden como paraguas de sus exigencias al gobierno
“La indiferencia religiosa, también hoy, es mayor que la imaginada”. En la primavera de 2005 –y el comentario procede de un magnífico ensayo de Antonio Albarrán en la revista FRONTERA– se hacían públicos los resultados de una encuesta, encargada por la Fundación BBVA, y realizada por Metroscopia, a 3.000 jóvenes universitarios de la mayoría de universidades españolas. El perfil que se obtiene es el de un estudiante que relativiza sus principios y muestra una alta tolerancia con las opciones de vida de los demás:
Para ellos es válido vivir en pareja sin casarse, pero también la reproducción asistida, el matrimonio gay, las madres y padres solteros, la eutanasia, el aborto y la adopción de niños por parejas homosexuales. A todo ello le dan un notable o notable alto, cuando se les pregunta si podrían justificar estas situaciones (en proporción similar los que se profesan no creyentes y los católicos). En lo que se refiere a su adhesión a la fe y a la iglesia, estos datos destacables: un $47 \%$ afirma que no profesa ninguna religión y un $45 \%$ se dice católico. Más de la mitad $( 5 2 \% )$ afirma que no se siente nada religioso. La práctica religiosa, aparte las bodas, los bautizos y los funerales, bastante escasa. Los que van al menos una vez al mes apenas suman un $1 0 , 7 \%$ . En una lista de 10 instituciones (gobiernos, ONG, medios de comunicación, empresas), la iglesia católica obtiene un 2,9 sobre 10 (p. 70)4.
Ahora bien, ¿esta perenne preocupación, esta persistente referencia a la compleja y complicada relación entre sociedad y religión, casi siempre concretada ésta última como Iglesia, responde al dominio de una sobre la otra, o es fruto de la siempre presente necesidad de que las instituciones que las representan, Estado e Iglesia, sean a la vez autónomas y colaboradoras? O, para decirlo con palabras del fundador del Movimiento Cristiano “Comunión y Liberación”, “¿abandonó la Iglesia a la sociedad, o fue ésta la que se separó de la Iglesia?”. Tampoco aquí la respuesta es fácil, tanto por la complejidad de la réplica como por las motivaciones que, en el punto de partida, condicionan la visión y percepción de este imparable proceso secularizador.
El 12 de febrero de 2005 escribió Juan Pablo II una curiosa carta a los obispos franceses, referida a las celebraciones gubernamentales del centenario de la “leyes laicas” de 1905. “El principio de laicidad, muy arraigado en vuestro país –decía el Papa en esta carta –, pertenece también a la Doctrina Social de la Iglesia porque pertenece a una justa separación de poderes, que se hace eco de la invitación de Cristo a sus discípulos: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Efectivamente, el Papa acepta “una sana y legítima laicidad”, que no sea “ni una separación hostil ni un antagonismo”. Pide al primer ministro francés “espíritu de cooperación y respeto” y “confianza mutua”; porque todas las fuerzas sociales –incluida la Iglesia – “deben estar al servicio de toda la población”. Porque, cuando se respeta públicamente la dimensión religiosa de la vida, se ayuda a que no haya sectarismos religiosos y se facilita el diálogo entre creyentes y no creyentes. No hay que temer “la expresión religiosa de personas y grupos sociales” en el espacio público, siempre que respeten la autonomía del Estado con sus leyes y las instituciones civiles.
Cuando España llega a consolidar su estructura democrática, a partir del referéndum constitucional y del acceso a una “estabilidad democrática”, y aligera su paso para integrarse económica y políticamente en Europa, la Iglesia católica estaba ya perdiendo “protagonismo y presencia” en una sociedad “legalmente laica”, que observaba y percibía cómo la jerarquía eclesiástica iba reduciendo su audiencia incluso en sus sectores tradicionales, vivía una división interna aún no demasiado preocupante, y fomentaba un discurso poco coherente y atractivo hacia dentro y hacia el exterior. Como ha reconocido F. Carmona, siguiendo el pensamiento y el diagnóstico de J. M. Laboa, al tiempo que la sociedad experimenta gran euforia con el acceso de los socialistas al poder, y hasta rentabiliza el éxito de la visita del Papa a España en el otoño de 1982, la Iglesia española explicita un cansancio que acabaría resultando perturbador. La muerte de Pablo VI trajo ya cambios importantes en la Nunciatura de Madrid; la Conferencia Episcopal se remodelaba entonces “en sintonía con los aires de restauración romana, y se iba generalizando con más prisa que pausa el “modelo pastoral del pasado”5.
Este reciente proceso acabó dificultando las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno socialista, que había accedido al poder respaldado por más de diez millones de votos, y que generó sorpresas nunca antes imaginadas. Porque, cuando los socialistas alcanzaron el gobierno optaron muy pronto por una línea de diálogo institucional con la Jerarquía eclesiástica, del que se iba a encargar directamente, ante la sorpresa de los obispos, el vicepresidente del Gobierno, don Alfonso Guerra, cuya aureola anticlerical se había reafirmado mucho antes con sus actos y declaraciones a lo largo de los años de la transición política.
Es curioso observar que llegaban los socialistas al gobierno, en octubre de 1982, arropados por la reacción popular a los intentos desestabilizadores que dieron lugar al fracasado $\ddot { } \textrm { } 2 3 \textrm { } \Gamma ^ { \ ' }$ , por una aplastante victoria en las elecciones de octubre de 1982, por el juego extraordinario, cuidadoso y bien trabado, de unos jóvenes alentados por la disciplina y el triunfo, frente al clima de anarquía de los cuadros de UCD, y ante la afluencia a su proyecto y propósito de corrientes ideológicas diversas, en un contexto y entorno, atrayente y tranquilizador para las clases medias urbanas que eran su clientela y semillero. Con la afectividad volcada hacia el PSOE y su joven líder,
Felipe González, se generó un clima de entusiasmo, esperanza y compromiso general. Los creyentes no fueron ajenos a todo este movimiento, y así lo muestran los resultados electorales que constatan cómo el porcentaje de votantes en el mapa cató- lico no era distinto del mapa general español.
Resulta, pues, innegable que el triunfo de los socialistas en el 82, no sólo no traumatizó a la Iglesia española, sino que una gran parte de los miembros de las organizaciones de apostolado, comunidades de base, grupos comprometidos, sacerdotes y religiosos, pensaron que su ideal de una sociedad más justa y más solidaria pasaba por el triunfo electoral del partido fundado por Pablo Iglesias, que poco antes había renunciado públicamente a su proyecto republicano y a su credo marxista.
Los líderes del mismo, los triunfadores, parecían convencidos además de que su relación con la Jerarquía eclesiástica no iba a ser ni complicada ni agresiva; porque, como repetía el mismo Alfonso Guerra, “la Iglesia es un tigre de papel”. Minusvaloraron su peso social, y nunca llegaron a tener una verdadera política religiosa.
En realidad, Felipe González y Alfonso Guerra confiaban en que bastaría mantener la subvención estatal al culto y clero y ofrecer “gestos de entendimiento” para que el Episcopado se mostrara razonable con la reforma educativa y ante la despenalización parcial del aborto, los dos principales asuntos calientes que se les venían encima en aquel momento, y que eran el “banderín” del “progresismo” de su programa. Contaban, además, como acaba de referirse, con el apoyo de los militantes cristianos progresistas y con la seguridad de que la Jerarquía Católica no deseaba la confrontación, sino que apostaría, una vez más, por el entendimiento y diálogo.
1. El tejido moral de la sociedad española: del diálogo a la confrontación.
La Jerarquía eclesiástica había dejado traslucir, en los últimos años del Régimen de Franco, una cierta “oposición”, que pudo parecer clara en alguna de sus personalidades y en buen número de organizaciones y publicaciones de inspiración cató- lica que habían ido rompiendo progresivamente su identificación con el anterior status. El cardenal Tarancón, fundamentalmente, como líder de la Iglesia de aquel periodo, apoyado tanto por Pablo VI y por el cardenal Benelli –último secretario de estado– como por el nuncio en España, mons. Dadaglio, había sentado firmemente en la homilía de los Jerónimos la actitud abierta, aperturista y de franca colaboración de la Iglesia con el Estado para favorecer la transición y la puesta en marcha de la democracia.
La “colegialidad” de los obispos en la Conferencia Episcopal, puesta en marcha en 1966, intentaba conducir, o cuando menos reducir, o nublar, la voz de cualquier obispo diocesano en una toma de posturas y decisiones que iban a condicionar el futuro de la acción pastoral, ahora obligada a actuar de manera conjunta; pero en la práctica se mantuvieron e incluso en ocasiones se potenciaron diferencias, y llegaron a justificarse de manera explícita mediante el recurso y el apoyo en el Código de Derecho Canónico vigente, que seguía refrendando la autoridad y jurisdicción de cada prelado en el entorno de su diócesis. Sin embargo, el claro liderazgo del cardenal Tarancón, apoyado desde todas las instancias superiores, y la necesidad de consenso entre los obispos ahogaron toda posibilidad de interferir en la actitud oficial de la Iglesia Española; una postura de estilo comprensivo, amistoso y colaborador en esta primera etapa de la transición y restauración democrática española.
Entretanto, el Partido Socialista, renovado en la clandestinidad, y liderado por D. Felipe González, no procedía de la cultura anticlerical mantenida hasta la Guerra Civil; ni de momento parecía considerar la secularización de la sociedad como el primer paso hacia la modernización, que percibían más relacionada con el cambio económico, con una política social adecuada y con la más eficiente apuesta por el proceso de democratización.
Sabían además, desde el inicio de su ascensión al poder, que los cristianos, dada la rectitud anunciada y declarada de la Jerarquía, que había optado por la más exquisita neutralidad, iban a jugar un papel decisivo en la consecución del pretendido cambio socialista. Muchos de los dirigentes del PSOE habían salido de las filas de los movimientos especializados de la Acción Católica y bastantes habían sido educados en colegios religiosos y en el seno de familias cristianas. La postura del mismo Santiago Carrillo, líder del PCE que, a través de las comunidades cristianas de base, había conseguido adhesiones de gran importancia del campo católico, les hizo ver a los dirigentes del PSOE que había que modificar sustancialmente el tono de sus afirmaciones y posturas, y que no podían infravalorar la importancia de la Iglesia Española en la sociedad democrática: la armonía político-social pasaba obligatoriamente, al menos en ese momento, por el mantenimiento de relaciones cordiales y respetuosas con las instituciones católicas6.
Muchos católicos españoles participaron, pues, de la inversión afectiva de toda la sociedad española en el PSOE y en Felipe González; quizá también porque desde 1980 se venía produciendo una desafección masiva de la población hacia el Gobierno de la UCD, ante la pérdida de liderazgo de Adolfo Suárez y el vacío de poder que tal merma generaba; crecidas ambas –pérdida y merma– aún más por la inseguridad agudizada tras los acontecimientos del 23-F.
Con la simpatía volcada hacia el PSOE y su joven líder Felipe González, se generó un clima de entusiasmo, esperanza y compromiso general; a los que no fueron ajenos –conviene reiterarlo– los creyentes, según lo muestran estadísticas diversas, cuyos resultados revelan que el porcentaje de votantes en el mapa católico no era distinto del mapa general español.
En líneas generales cabría afirmar, sin grandes desacuerdos, que a lo largo de los primeros años de gobierno socialista, la Jerarquía eclesiástica no quiso convertirse en una oposición sistemática ni beligerante contra el PSOE, aún cuando poco a poco fue explicitando motivos, al verse afectada en temas nucleares para ella como la enseñanza, la familia o la moral.
La confrontación Iglesia-PSOE se manifiesta y crece una vez que modernidad y secularización se empiecen a formular tanto en términos ideológicos, como en discursos y actuaciones políticos, que los obispos interpretan o denuncian como interferencias abusivas; y el conflicto se desata una vez que lleva a la discusión, reducción o negación del papel de la Iglesia en la sociedad española y en el ámbito de su hegemonía cultural. Los conflictos más evidentes, habitualmente precedidos de denuncias de posturas laicistas, se refieren casi siempre a temas éticos y morales.
Pero el avance progresivo e intenso de la secularización y la modernización fue sorprendente, sobre todo por lo rápido e imparable; y la jerarquía eclesiástica agudizará entonces la confrontación por la hegemonía cultural, ya aludida, sobre todo en materia moral, a finales de los 80 y comienzos de los 90: en la “era Suquía”, elegido presidente de la Conferencia Episcopal en febrero de 1987. El tono amistoso y apacible, que caracterizó el estilo de las autoridades católicas con la democracia a principios de la transición, y que se luchó por mantener en los años en que el arzobispo de Oviedo fue presidente de la Conferencia (1981-1987), dio paso a un discurso y una clima menos dialogantes y más agresivos, especialmente tensos, a partir de la publicación, en 1990 .del documento de la Conferencia, “La verdad os hará libres”, en el que se acusa directamente al Gobierno de la nación de las tendencias de modernización y secularización, de laicismo militante, y de sus vicios inherentes, que han precipitado la crisis moral de la sociedad española.
Las manifestaciones episcopales se suceden, y se acusa de “maniobra política del PSOE” el propósito de privatizar la Iglesia, reducir la práctica de la religión a una cuestión privada, y de imponer a los católicos los criterios de presencia y actuación conforme al modelo de convivencia civil7.
2. La política religiosa del gobierno socialista.
La desconsideración con el que desde el Partido Socialista se ha tratado a la Iglesia, fundamentalmente no valorando su importancia como fuerza social (e histó- rica) y el tratamiento agresivo que ha recibido la Iglesia, a la hora de aceptar la hegemonía cultural de ésta y sobre todo la postura de la Iglesia en cuanto a la ética y moral que, según ellos, tratan de imponer a la sociedad, se fue confirmado en actitudes de frivolidad que la jerarquía interpretó cuando menos injustas. El nombramiento de Puente Ojea como embajador ante la Santa Sede; la línea crítica, cuando no tendenciosa, del diario El País, el malestar general y creciente por la actitud del Ministerio de Asuntos Sociales en relación con instituciones y asociaciones de la Iglesia como Cáritas; las críticas y “ninguneos” a la escuela católica; la información religiosa en los medios de comunicación y la imagen falseada que difunden; la agresividad con la que la Iglesia era tratada, y la actitud frívola que en algunos aspectos el partido y gobierno socialistas habían manifestado asuntos y aspectos que los creyentes valoran, veneran o manifiestan. Todos son datos que alumbran, y a veces aclaran, la pérdida de hegemonía cultural, nunca aceptada por la jerarquía que llega a reaccionar desde posturas de nostalgia a manifestaciones de agresividad8.
Para este teólogo, ex-rector del Seminario de Madrid y ex-decano de la Facultad de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, “esto explicaría, al menos en parte, el malestar de la jerarquía católica en relación con los medios de comunicación y con la cultura promovida por el partido socialista. De esta misma manera ven algunos en determinadas intervenciones de la jerarquía, a propósito de la promulgación de algunas leyes, no tanto la expresión del derecho a discrepar de unas iniciativas que son perfectamente criticables, cuanto una muestra de esa nostalgia de esa época en que el legislador imponía al conjunto de la población una cosmovisión propia de los católicos, como ha sucedido en la legislación reguladora del matrimonio civil o en la de las reformas de la enseñanza. Así también se explicarían otras declaraciones desafortunadas de algunos obispos sobre la marginación de los católicos y su reducción a ciudadanos de segunda categoría”9.
Para los obispos, se estaba desarrollando un “Laicismo Fundamentalista Operante”, que muchos creyentes, sin embargo, aun cuando admitieran o se explicaran la preocupación episcopal, lo percibían, una vez más, como expresión de irreligiosidad o de anticlericalismo, y como poderoso lastre, arrastrado por la Iglesia y la sociedad a lo largo de los dos últimos siglos.
Fue precisamente en la llamada “era Suquía” cuando más directamente se acusó la actitud combativa, el enfrentamiento y, posiblemente, la potenciación de este anticlericalismo, ahora diagnosticado más de “laicismo”, si es que se admite su existencia precedente.
A las veinticuatro horas, no más, del referéndum de la OTAN, el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Suquía, daba, en conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, uno de los peores diagnósticos de todo el período:
“En lo que toca a la vida pública [reiteraba el próximo presidente de la Conferencia Episcopal], la actual Iglesia española se mantiene en un equilibrio difícil frente a las tormentas políticas que se han levantado desde la restauración de la democracia. Prefiere mantenerse a distancia con exquisita prudencia –según algunos, excesiva–. Busca el diá- logo con todos los políticos, para salvaguardar los derechos de los católicos; pero la verdad es que los resultados quedan cortos. Se ha despenalizado el crimen del aborto; se procura ahogar lenta, pero progresivamente, la libertad de enseñanza; se dificulta a las congregaciones religiosas la asistencia sanitaria desde centros propios; se relegan al rincón los programas religiosos en radio y televisión; se desprestigian sistemáticamente desde RTVE los valores religiosos y la moral católica; se da un tratamiento claramente injusto al tema del patrimonio artístico de la Iglesia”10.
Frente a este diagnóstico, que fue aún más retador cuando en el coloquio siguiente a la Conferencia, el arzobispo de Madrid refería la necesidad que de los católicos tenía el Partido Socialista a la hora de asegurar con votos el ejercicio del poder, la opinión de los católicos progresistas y liberales en torno a la actitud hostil que había ido tomando progresivamente la Jerarquía, resultaba igualmente preocupante11.
Con el acceso de monseñor Elías Yanes a la presidencia de la Conferencia Episcopal, en febrero de 1993, cambió el signo de las relaciones; pero la insatisfacción generalizada respecto al socialismo en la sociedad española no era ajena a la jerarquía eclesiástica. Prueba de ello, es que, en declaraciones de monseñor Yanes al diario El País, en noviembre de 1994, parece alumbrarse un discurso de confianza en la política; aun cuando reiteraba que quienes la ejercen habrían de restaurar un clima de limpieza de miras y de esperanza, como forma de hacer viable un “crédito de honestidad” y la vuelta a valores éticos perdidos:
Lo que está ocurriendo en los últimos años en España [comentaba el presidente de la Conferencia Episcopal] ha generado en la sociedad inquietud y el deseo de que haya una renovación de tipo ético. Es una expectativa que tienen todos los ciudadanos. Quien no asume esto en serio no sabe lo que está pasando en la sociedad; hay un despertar de la conciencia del ciudadano que pide renovar los valores morales no solamente en la vida privada sino también en la pública12.
3. La progresiva digresión institucional.
En las declaraciones con motivo de la clausura de la Asamblea de la Conferencia Episcopal, el 23 de febrero de 1995, los obispos referían “el clima de frustración, sospecha y desesperanza” que iba cundiendo en la sociedad española a consecuencia de los eventos y noticias que se sucedían casi en cadena, desde los primeros noventa, sobre todo los casos de corrupción en RENFE, IBERCOP, BOE, FILESA, MATESA, Time Export, que habían salpicado al gobierno socialista, y los más recientes, entre los que destacaron por su gravedad, los crímenes del GAL, los escándalos del CESID con las consiguientes dimisiones de los ministros Serra y García Vargas, la inoperancia de la Justicia, el asesinato del catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Tomás y Valiente, etc.
Sospechaban e insistían entonces en la importancia de la moral en la vida personal y comunitaria, privada y pública; y remitían al documento, indicado más arriba, La Verdad os hará libres, divulgado el 20 de noviembre de 1990.
Un año después de las declaraciones de 1995 aludidas, concretamente el día 14 de febrero de 1996, a tres semanas de la caída del gobierno socialista tras las elecciones de marzo, y en nuevo documento, Moral y Sociedad Democrática, reiteraban su duda respecto a las decisiones judiciales y políticas que no aclaraban los casos aludidos, ni establecían las responsabilidades en que las autoridades habrían podido incurrir. A continuación se manifestaban con claridad:
Será, sin duda, necesario adoptar medidas adecuadas de orden legal y administrativo, para evitar, en lo posible, el deterioro de las instituciones y de los propios mecanismos de la vida democrática, al que conduciría la repetición de tales desórdenes en la conducta de las personas y de los grupos con responsabilidades sociales. Confiamos en que las personas e instituciones a quienes compete actuar lo hagan con justicia y con la mirada puesta en el bien común de toda la sociedad”13.
Reconocen más adelante cómo “la opinión pública es cada día más consciente de los resultados de una libertad y de unas libertades vividas a menudo sin apenas otra referencia que la misma ‘libertad’, entendida como la mera capacidad de elegir y hacer cualquier cosa”; pero matizan e indican que “está a la vista de todos… la sospecha –más de una vez probada ya– de que los cargos públicos son utilizados como medio de enriquecimiento ilegítimo”. Acabarán luego refrendando que “nuestra responsabilidad pastoral nos mueve a seguir iluminando la relación profunda de la vida social con la moral y con la fe”; y tratarán de alentar “a todos, muy en particular a los católicos presentes en la vida pública y a los llamados a estarlo, a reflexionar seriamente sobre estos asuntos y a actuar en consecuencia y en conciencia”.
Lo que subyace en todo este planteamiento y discurso es la convicción, y hasta el enfrentamiento a lo que algunos llamaron, por imitación, “el rodillo secularizador y modernizador”, que vino a favorecer toda la trama política y socialmente auspiciada para llevar a la Iglesia a un status oficial irrelevante, que progresivamente tendría que ir disminuyendo y acomodándose a los patrones de la sociedad secularizada y laicista.
Faltó una clarificación y un reforzamiento de la propia identidad eclesial para reafirmar su autonomía histórica, institucional, doctrinal y vital. Afrontó esta confrontación con el déficit grave de una conciencia, no suficientemente extendida entre los creyentes, de pertenecer a una comunidad concreta y diferenciada, con sus valores y sus señas de identidad propias y valiosas.
Durante la larga etapa socialista, la Iglesia y el Gobierno de Felipe González, procuraron mantener un modus vivendi, salpicado de conflictos: desde la “guerra de los catecismos” a la “crisis del condón”; aunque las principales desavenencias han girado en torno a la enseñanza, la utilización de RTVE y la moral familiar (divorcio, aborto, etc.). Al final, la Iglesia, ante el ruidoso fracaso de la ética socialista en la vida pública, retomó la bandera del rearme moral; pero la inversión afectiva de los creyentes en el PSOE llevó al partido a pensar que muchos católicos estaban más cerca de su programa sobre el divorcio, el aborto o la enseñanza que con la doctrina oficial de la Iglesia.
Este convencimiento hizo que el Gobierno Socialista, en su largo mandato, haya seguido adelante sin variaciones notables con su política prevista en estos “puntos calientes” sin temor excesivo a una conflictividad grave, a pesar de la actitud crítica de la jerarquía católica para con los dirigentes socialistas. Es más, estos reproches les vinieron incluso bien para preservar su imagen “progresista” ante su electorado natural de izquierdas.