Las primeras elecciones celebradas con el Estatuto Real de 1834.
Natividad ARAQUE HONTANGAS (Universidad Complutense de Madrid) email@example.com.
Recibido: 4 de febrero de 2009
Aceptado: 14 de abril de 2009.
RESUMEN.
Las elecciones de 1834 tienen especial interés para los investigadores por el hecho de ser las primeras celebradas durante el reinado de Isabel II, teniendo como base normativa el Estatuto Real. Para estudiar el desarrollo de estas elecciones se ha utilizado el método histórico, las fuentes documentales del Congreso y la prensa de la época, que se han cruzado con la bibliografía disponible. Este trabajo muestra unas elecciones deformadas por un exiguo número de electores, mayoritariamente grandes contribuyentes, la inexistencia de partidos políticos dentro de la amalgama liberal, y el fraude motivado por el intervencionismo gubernamental heredado del Antiguo Régimen. Por último, se hace una interesante aportación sobre la composición de las Cortes.
Palabras clave: Elecciones. Reinado de Isabel II. Estatuto Real. Liberales. Fraude electoral.
Procuradores a Cortes.
The first election based on the “Estatuto Real” (1834)
ABSTRACT.
The 1834 Spanish election is highly interesting to researchers because it was the first held during the reign of Isabel II, based on the so-called “Estatuto Real”. In order to study the development of this election I have employed the historical method, the Spanish Congress sources and the press of the period, combined with the available literature. This work shows a distorted election due to the small number of voters —mostly large taxpayers—, the absence of political parties within the liberal amalgam and the fraud motivated by the government interventionism inherited from the Ancien Régime. Finally, it is an interesting contribution on the parliamentary composition.
Keywords: Election. Reign of Isabel II. “Estatuto Real”. Liberals. Electoral fraud. Members of the Spanish Parliament.
Las elecciones de 1834 fueron las primeras que se realizaron durante la regencia de María Cristina, fruto de la transición hacia un incipiente proceso liberal llevado a cabo por el Gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, con la promulgación del.
Estatuto Real del 10 de abril de 1834, de corte extremadamente conservador, que pretendía mantener la organización social del Antiguo Régimen mediante la concesión de amplias facultades al monarca para designar próceres, convocar, suspender y disolver las Cortes. Según Fermín Caballero: “los autores del Estatuto hicieron el servicio de abrir la primera brecha al alcázar de la tiranía”1 . Se establecía el bicameralismo, con unas Cortes compuestas de dos estamentos, el de próceres y el de procuradores del Reino, de los que sólo el segundo tenía carácter electivo. Se establecía la forma de elección indirecta en dos grados, a través de las Juntas de Partido y de las Juntas Provinciales. El establecimiento de un Estamento de Procuradores significaba una novedad, de tal manera que se constituía mediante un procedimiento electoral que, aunque restrictivo, daría pie a que los representantes de la burguesía ocupasen sus escaños2 .
Los procuradores debían ser elegidos por sufragio censitario, mientras que sólo podían ser próceres: los grandes de España, por derecho propio3 ; los nombrados por el monarca, con carácter vitalicio, de entre los obispos, títulos de Castilla con 80.000 reales de renta, altos funcionarios de la Administración, propietarios o industriales con 60.000 reales de renta, que anteriormente hubiesen sido procuradores, y, por último, los profesores o funcionarios con igual renta o sueldo.
Fermín Caballero señaló que las únicas novedades del Estatuto, con respecto a las Cortes antiguas, eran el aumento del cuerpo mixto de notables y el incremento del derecho de voto a 451 cabezas de partido en lugar de las 37 ciudades privilegiadas anteriormente, incorporándose personas con riqueza industrial y mercantil junto a los grandes propietarios hereditarios, entre los que se encontraban aristócratas ilustrados, abogados, militares y lo que denomina la “aristocracia moderna de la riqueza efectiva”4 . Según Sánchez León, el Estatuto Real superaba los problemas que se imputaron a la Constitución de Cádiz, puesto que daba cabida a los distintos intereses “de primera importancia” dentro del cuerpo social de la época, satisfaciendo las ideas populares para convertirlas en partidarias de la monarquía5 . En este aspecto, María Cristina como reina gobernadora había manifestado que no quería asociar una divisa de parcialidad a su nombre ni al de su hija, sino a “la bandera tutelar de la Nación”6 . Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo fue perdiendo confianza en la capacidad de la Corona para liberalizar el sistema político y actuar como un verdadero poder moderador, debido al evidente apoyo de la Corona al proyecto moderado7 .
1. La convocatoria electoral.
En la orden de 14 de abril de 1834, enviada por el ministro de Estado, Francisco Martínez de la Rosa, a los agentes diplomáticos de España, se contemplan tres puntos capitales como justificación a la convocatoria de Cortes: el primero estaba basado en la necesidad de celebrar Cortes en base al "advenimiento de un nuevo Monarca, y, sobre todo, si es menor de edad"; el segundo señalaba la necesidad de restablecer las antiguas leyes fundamentales, en beneficio del Trono y de los pueblos, y, por último, el tercer punto señalaba la necesidad de reafirmar el Trono de Isabel II, rodeándose de los próceres del Reino y de los procuradores de las ciudades y villas8 .
El decreto de 20 de mayo de 1834 articuló el procedimiento electoral por sufragio restringido, censitario (masculino), secreto, igual, personal e indirecto (de segundo grado), mediante la Junta de partido y de provincia; plurinominal, con las provincias como circunscripciones, que se sustentaba en un reducido cuerpo electoral, contrario a los deseos de soberanía nacional de los liberales más progresistas. El Consejo de Ministros mandó una exposición de motivos a la Reina gobernadora, en base a las siguientes consideraciones9 :
1) Necesidad de convocar las Cortes, como institución, para fortalecer la minoría de edad de Isabel II a través de la potestad de la Reina gobernadora y el amparo de los procuradores de la Nación.
2) Unas Cortes fieles a la Monarquía, y contrarias a la facción rebelde, que intentaba usurpar el Trono, que no dudarían en utilizar las medidas necesarias para defender legítimamente a la Nación.
3) Las Cortes eran el único medio legal para evitar las pretensiones injustas del infante don Carlos de Borbón y afianzar la paz futura del Estado.
El presidente del Gobierno, Francisco Martínez de la Rosa, publicó el decreto de convocatoria electoral, sancionado por la Reina gobernadora el 20 de mayo de 1834, en base a la exposición de motivos del Consejo de Ministros, ya comentada anteriormente, y fundamentándose en la ley $5 ^ { \mathrm { a } }$ , título $1 5 ^ { \circ } { } _ { ; }$ , partida $2 ^ { \mathrm { a } }$ , y las leyes $1 ^ { \mathrm { a } } \mathrm { y }$ $2 ^ { \mathrm { a } } { \mathrm { : } }$ , título $7 ^ { \circ }$ , libro $6 ^ { \circ }$ de la Nueva Recopilación, con arreglo a las bases establecidas en el Estatuto Real; estableciendo el día 24 julio como fecha de apertura solemne de las Cortes en Madrid, y de reunión de los próceres y de los procuradores elegidos por las provincias10.
El duque de Gor, gobernador de la provincia de Madrid, expresó sus deseos de que las resoluciones de la Reina fueran reconocidas por los pueblos, como la base de la prosperidad y la felicidad de la nación11. La prensa se hizo eco de los solemnes actos y festejos con que se había promulgado el Estatuto Real y el decreto de convocatoria electoral en multitud de pueblos y capitales de provincias españolas12.
2. Los distritos electorales.
La división de las provincias en distritos electorales se realizó según la nueva división provincial del 30 de noviembre de 1833, y a la subdivisión en partidos judiciales, efectuada por decreto de 21 de abril de 1834. De tal forma que los partidos judiciales cumplieron las funciones de distritos electorales.
El decreto de 20 de mayo de 1834, en su artículo $2 ^ { \circ }$ , establecía que los pueblos cabeza de partido serían los designados en la división judicial, recogida en el real decreto de 21 de abril de 1834, de manera que la nación quedó dividida en 456 distritos electorales13. Un exiguo número, teniendo en cuenta que la Constitución de 1812, con las Juntas de Parroquia, extendió el derecho a prácticamente la totalidad de los municipios españoles, que en 1834 ascendían a los $2 1 . 0 0 0 ^ { 1 4 }$ . Estos distritos se distribuyeron provincialmente de forma desigual, alcanzando un máximo de 16 distritos electorales la provincia de Alicante, y un mínimo de cinco, la provincia de Soria.
Los distritos formaban parte de una circunscripción plurinominal, por lo que en ellos cada elector votaba tantos candidatos como le correspondía nombrar a la provincia. Por ejemplo, cada uno de los electores elegidos en las 16 Juntas de partidos judiciales de Alicante debía votar, en la Junta provincial, a seis candidatos, que era el número de procuradores asignado a esa provincia.
3. El censo electoral.
El decreto de 20 de mayo de 1834, en su artículo $1 0 ^ { \circ }$ , señalaba que podían ser electores:
– Los miembros del Ayuntamiento del pueblo cabeza de partido, incluidos los síndicos y diputados. – Los mayores contribuyentes que hubiesen concurrido a la elección15.
Sería elector todo ciudadano que fuese español o hijo de españoles, tuviese 25 años cumplidos, llevase más de un año de residencia en algunos de los pueblos de la provincia y acreditase ser:
Propietario de predios rústicos o urbanos que le rentasen 6.000 reales al año; o fuese colono, que pagase 6.000 reales anuales por arrendamiento; o fuese propietario, dedicado a cultivar sus tierras, cuyo producto anual fuese de 3.000 reales. En el caso de que el elector fuese propietario de predios rústicos o urbanos, que estuviesen en distintos pueblos o provincias, se sumarían las rentas de todos ellos para determinar su derecho al voto. De igual manera se haría para un colono que tuviese en arrendamiento varias tierras. También se seguiría dicho criterio para las personas propietarias de una o varias fincas.
Comerciante que pagase 400 reales de contribución por subsidio de comercio en Madrid, Barcelona, Sevilla o Cádiz; 300 reales en las demás capitales de provincia o en los puertos habilitados para el comercio extranjero, y 200 reales en cualquier otro pueblo de la Monarquía.
Fabricante que pagase 6.000 reales por el arrendamiento de su fábrica o que, siendo propia, justificase que le produciría 3.000 reales de renta anual si la tuviese arrendada.
Empleado de nombramiento Real en cualquier pueblo del partido y que tuviese un sueldo anual de 6.000 reales.
Abogados con estudio abierto, incorporados en cualquiera de los Colegios.
Relatores y escribanos de Cámara.
Catedráticos y profesores de ciencias con nombramiento Real.
Directores, censores y secretarios de las Sociedades Económicas de Amigos del País.
Directores, censores y secretarios de las Academias Reales.
Vocales de las Reales Academias de Medicina y Cirugía.
El carácter oligárquico del régimen del Estatuto Real se mostraba en el limitado número de electores, que se circunscribía, prácticamente en su totalidad, a la esfera de los grandes contribuyentes que, según comentó La Revista Española, tenían interés por las “reformas juiciosas”, evitando cualquier tipo de desorden público16. El prólogo del Estatuto Real muestra la ideología conservadora del Consejo de Ministros al señalar que solamente debían tener influencia en los asuntos políticos aquellas personas de determinada clase social “que tenían depositados grandes intereses en el patrimonio común de la sociedad”17.
Los ciudadanos excluidos de la condición de elector eran los siguientes:
– Los procesados criminalmente. Los condenados por un Tribunal a pena infamatoria. Los incapacitados físicamente, notoriamente y perpetuamente. Negociantes declarados en quiebra o en suspensión de pagos. Propietarios con sus bienes intervenidos. Deudores a los fondos públicos, en calidad de segundos contribuyentes.
La cifra total de electores fue de 17.896, que representaba el 0,15 por 100 de un total de 12.286.941 habitantes18. El exiguo número de electores, que forjó el asentamiento de una burguesía revolucionaria, contraria al absolutismo, fue objeto de crítica por algunos procuradores, como el marqués de Torremejía, que expresamente calificó de “despreciable” la base electoral en función del número de habitantes; al igual que Fermín Caballero afirmó que se trataba de un modo “mezquino” de buscar la opinión nacional, que tendría una corta vigencia, puesto que hasta los procuradores elegidos por este sistema eran partidarios de ampliar el electorado19. Por otro lado, Alcalá Galiano justificó el escaso número de electores comparándolo con Francia, donde había una mesocracia inclinada en parte a la democracia y moderada por una Administración “fuerte y bien compuesta y montada, y por estar el derecho electoral concedido a escaso número de electores”20.
4. La campaña electoral.
La escasa información periodística en materia de elecciones tuvo su origen en la eliminación de la prensa de oposición por el Gobierno, al prohibir la publicación de los periódicos El Universal, La Nación, Eco de la Opinión y $E l$ Tiempo, por considerar que sus doctrinas eran opuestas a los principios conservadores sancionados en el Estatuto Real21. Mientras la prensa conservadora negaba a estas elecciones la importancia que se merecían, por ser las primeras del reinado de Isabel $\mathrm { I I } ^ { 2 2 }$ , favoreciendo el desinterés de los ciudadanos ante unas elecciones de carácter restringido, que sólo afectaban a una reducidísima élite de la población, máxime cuando existían problemas tan graves como la guerra civil, que se convirtió en un conflicto abierto que amenazaba la supervivencia del régimen; la epidemia de cólera-morbo, que se desató ese verano, y la crisis de subsistencia, que provocaron uno de los más graves declives demográficos del siglo XIX.
La existencia de un único partido político aceptado en la pugna electoral hizo inviable una campaña electoral por parte de los candidatos, que únicamente se distinguían por ser liberales (“jamás se separen, pues, los dos nombres de libertad y moderación”) frente a los enemigos absolutistas, por lo que la etapa previa a las elecciones se desenvolvió “en un clima de muy escasa tensión”23. Sin embargo, a pesar de que todos los candidatos se presentaron bajo el emblema de liberales, ya comenzó a introducirse el sesgo diferencial entre “ministeriales” y “oposición”, que continuó latente en elecciones posteriores24. Evidentemente, la percepción ideológica de la política era muy distinta de la actual, puesto que a un partido se le consideraba como el conjunto de muchos individuos que tenían intereses comunes o una misma opinión, que se hallaba “en oposición a otro conjunto de personas con intereses y opiniones contrarias”25.
El Boletín Oficial de Madrid utilizó la propaganda política para convencer al electorado de la gran importancia de estas elecciones para una nación que, desolada por el combate de los partidos y por la lucha de opiniones, había aprendido a desconfiar del despotismo y de la anarquía, buscando la salvación en las antiguas instituciones, en una “monarquía moderada” y en un Gobierno libre establecido bajo las bases de la moderación y de la justicia. Sin entrar en denominaciones, comenta la existencia de las facciones absolutista y anarquista, que no participaron en las elecciones, y a las que consideraba perjudiciales, porque perseguían el retroceso y la destrucción de la sociedad, respectivamente26.
Los periódicos no publicaron ninguna candidatura, porque la mayoría de los candidatos pertenecían a la misma amalgama liberal, y porque se reservó esa información, exclusivamente, para el reducido número de electores que eran los únicos interesados en conocer el nombre y las capacidades de los candidatos. Sin embargo, el periódico progresista Eco del Comercio hizo comentarios sobre la ideología polí- tica que podían tener los candidatos que acudiesen a las elecciones. En este sentido, realizó una descripción escueta de tres tipos de candidatos:
Los carlistas: reaccionarios y enemigos del Trono de Isabel II. Los indiferentes: cuya flexibilidad iba en contra de los intereses del pueblo, que habían servido a todos los Gobiernos sin afectación política por ninguno, sin interés por los negocios públicos, sino por sus propios negocios, e indiferentes hacia el bien general y, por tanto, no debían elegirse por desconocer su opinión moral y política.
Los liberales o independientes, coherentes con sus ideas, que preferían la expatriación en lugar de retractarse de las ideas que proclamaban, que podrían ser buenos candidatos, siempre que no defendiesen la Constitución de 1812, sino el Estatuto Real, amando la libertad de la patria por encima de cualquier norma suprema, y que no fuesen inflexibles, haciendo una guerra parlamentaria al Gobierno27.
La prensa ministerial publicó un artículo con el título “De la oposición” que, además de distinguir entre candidatos ministeriales y de oposición, criticaba la existencia de una oposición al Gobierno, basada en el interés personal o de partido de algunos candidatos, que aplaudían todo o se oponían a todo, dejándose llevar por la sinrazón, perniciosa y fruto de la contrariedad de intereses, que terminaba prevaleciendo sobre la oposición noble y demostrativa de la independencia y dignidad de carácter que debía partir de la diversidad de opiniones. En dicho artículo también se comentaba la existencia de parlamentarios extranjeros que en las tribunas parecían los mayores defensores de la libertad, y al tomar las riendas del poder se declararon acérrimos partidarios del sistema restrictivo, de manera que para conocer el verdadero fundamento de la oposición, a través del parlamento o de la prensa, era necesario indagar el principio de donde partía ésta y las intenciones que animaban a los que la profesaban28.
5. El desarrollo de las elecciones.
El objetivo de las Juntas provinciales era la elección de procuradores a Cortes, los cuales debían cumplir, según el artículo 14 del Estatuto Real, los requisitos siguientes:
$1 ^ { \circ }$ . Ser español e hijo de padres españoles.
$2 ^ { \circ }$ . Tener treinta años cumplidos.
$3 ^ { \circ }$ . Estar en posesión de una renta propia anual de 12.000 reales.
$4 ^ { \circ }$ . Haber nacido en la provincia que le nombre, o haber residido en ella durante los dos últimos años, o poseer en ella algún predio rústico o urbano o capital de censo que reditúen la mitad de la renta necesaria para ser Procurador a Cortes del Reino.
La persona elegida para ser procurador a Cortes debía justificar que poseía la renta propia anual que la ley establecía, según los siguientes criterios:
Si procedía de propiedad territorial, y ésta estaba arrendada, se justificaría la renta por copia legalizada de la escritura de arrendamiento; si no había escritura de arrendamiento, por los recibos del pago de la contribución de frutos civiles.
Si el propietario habitaba su casa, o labraba sus tierras, justificaría la renta por certificación jurada por dos peritos nombrados por el Ayuntamiento del pueblo en que estuviesen situadas las fincas, y visada por el Ayuntamiento. Del mismo modo la debían certificar los dueños de fábricas.
Los inquilinos debían justificarla con los recibos del pago del arrendamiento. Los propietarios de censos, la justificarían con los recibos del pago de la contribución de frutos civiles.
Los comerciantes, la acreditarían por las cartas de pago del subsidio.
En las Casas consistoriales de la capital de cada una de las provincias se celebraron las Juntas provinciales, con la asistencia de los electores y presididas por los respectivos gobernadores civiles, procediéndose a la designación de un secretario y dos escrutadores, y cumplimentándose otras formalidades, como eran la comprobación y aprobación de las acreditaciones de los electores y el juramento de cada uno de ellos para pasar, seguidamente, a la votación que debía hacerse de forma separada para cada uno de los procuradores que correspondiera elegir, entendiéndose elegido procurador a Cortes el que reuniese mayor número de votos. Es decir, que tuviese la mitad más uno, computándose el número de electores que concurriesen a la votación, según disponían los artículos 31 y 32 del Real Decreto de 20 de mayo de 1834.
Los componentes de las Juntas electorales pertenecían a los más altos estratos sociales, figurando aristócratas, militares, eclesiásticos, abogados, que además tenían la condición de hacendados, y cuya adscripción política era liberal, identificada mayoritariamente con las ideas triunfantes de las Cortes de Cádiz y experimentados diputados durante el Trienio liberal, que querían ver realizados sus planteamientos políticos, aún dentro del restringido marco del Estatuto Real.
El artículo 46 del decreto de 20 de mayo de 1834 señala la existencia de algunos pueblos cabezas de partido sin Ayuntamiento en Asturias y Galicia, de manera que los gobernadores civiles debían enviar un comisionado especial para formar en esos pueblos una Junta electoral, compuesta por doce de los mayores contribuyentes del partido, a fin de que nombrasen, bajo la presidencia de dicho comisionado, los dos electores que debían concurrir a la Junta electoral de provincia.
El desarrollo de las elecciones en las provincias vascongadas y Navarra fue diferente del resto, debido a la mayor crudeza de la guerra civil, según dispuso el artículo 47 del decreto electoral, siendo las respectivas Diputaciones, compuestas de todos los individuos que tenían voto en ellas, junto con dos vocales del Ayuntamiento y el Síndico Procurador general del pueblo donde residía la Diputación, y, además, un número igual de las personas más pudientes de la provincia, las que procedieron a nombrar a los procuradores, verificándolo por el mismo método y con las mismas formalidades establecidas legalmente.
Con respecto a las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el artículo 48 del decreto de 20 de mayo de 1834 disponía que se reuniese una Junta electoral en las ciudades de Santiago de Cuba, La Habana, Puerto Príncipe, Puerto Rico y Manila, bajo la presidencia del Capitán General respectivo o de la Autoridad en quien delegase su competencia, y compuesta, cada una de ellas, por los miembros de los ayuntamientos de dichas capitales, y de un número igual de las personas más pudientes, elegidas de antemano por el mismo Ayuntamiento; procediéndose a la elección de los procuradores a Cortes por el método y forma prescritos legalmente.
6. La participación electoral.
La participación en las Juntas de partido fue del 94,7 por 100, teniendo en cuenta que la cifra de votantes ascendió a 16.946 personas, según señala Caballero, con cierta ambigüedad29. El electorado de las Juntas provinciales quedó reducido a 1.164 electores, de los cuales votaron 1.125, que representaban el 96,7 por 100, un dato que hubiese tenido especial relevancia si se hubiese tratado de un electorado significativo con respecto a la población del país, pero sólo fue el fruto de un sufragio censitario muy restringido y de una criba realizada en las Juntas de partido.
Evidentemente, debido al escaso número de electores de las Juntas provinciales, y tratándose de personalidades notorias, no se produjeron abstenciones voluntarias que pudiesen desacreditar su honor, salvo en casos de fuerza mayor, que les impedía asistir a votar a la capital o a la localidad designada para celebrar la Junta electoral provincial, por tratarse de enfermedades, como ocurrió en Madrid con uno de los electores del partido de Getafe30; accidentes, epidemias (que obligaban a establecer cordones sanitarios que bloqueaban las salidas de los pueblos) o la falta de seguridad debida a la guerra civil. En resumen, de acuerdo con el profesor Jover, la existencia de un ambiente de escasa atención y tensión era consecuencia, por una parte, de que la preocupación de los electores estaba centrada en las vicisitudes mencionadas anteriormente, recalcando que otro de los factores que entorpecieron una mayor participación estuvieron motivados por la estructura indirecta del sufragio y la reducida composición del cuerpo electoral31.
7. El fraude electoral.
Las autoridades provinciales, bajo el mando del gobernador civil, desarrollaron una intensa actividad, junto con los alcaldes de los pueblos cabeza de partido, para que la primera fase de los comicios fuese un éxito. El sistema indirecto y restringido del sufragio propició la intervención gubernamental en las provincias mediante “apremios de los intendentes de rentas a determinados municipios morosos, ceses de empleados públicos, destituciones y nombramientos de corregidores y alcaldes mayores, etc.”32.
La prensa denunció las prácticas electorales fraudulentas, fruto de la elección de procuradores en función de simpatías personales por sus talentos y virtudes, obviando la aplicación escrupulosa de la Ley Electoral, tratándose de hábitos propios del absolutismo y no del sistema liberal. En este sentido, La Revista Española informó sobre la elección de eclesiásticos mediante la aplicación de la renta propia del estipendio que recibían por su trabajo; empleados públicos haciendo la misma aplicación de su sueldo; maridos a los que se les había contado como propiedad personal la dote o legítima de su mujer, que era privativa de ella. De tal manera que en muy pocas localidades se realizó el censo electoral según lo dispuesto por la ley33, pudiendo asegurar que el 10 por 100 de los componentes del Estamento de procuradores no cumplía los requisitos de renta establecidos legalmente34, incluso después de que varios electos renunciasen a ser procuradores al confesar, durante la discusión de las actas por las Cortes, que carecían de las rentas estipuladas legalmente35.
8. Los resultados electorales.
El número total de procuradores a Cortes fue de 188, incluidos los de Ultramar, de los que el mayor porcentaje fue absorbido por provincias con mayor población urbana y con menor influencia carlista, como Alicante, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Granada, Lugo, Madrid, Málaga, Oviedo, Pontevedra, Sevilla, Valencia y Zaragoza, con un máximo de seis, y un mínimo de cinco procuradores. A las provincias de Ultramar, y a las de posible conexión con el carlismo, entre las que se encontraban Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, se les atribuyó uno, dos y hasta tres procuradores. Los candidatos electos de Filipinas no se incorporaron a la Cámara Baja o Estamento de procuradores, porque las Cortes ya estaban constituidas cuando se celebraron las elecciones el 1 de marzo de 1835, debido a que el decreto de convocatoria no se recibió hasta el 2 de febrero de $1 8 3 5 ^ { 3 6 }$ .
La prensa manifestó que todos los procuradores pertenecían a un único partido, que era el liberal, entendiendo que en España sólo había dos partidos: el liberal, que comenzó a desarrollarse a partir de 1812, y el “envejecido absolutismo, sostenido en la ignorancia”, afirmando que los procuradores elegidos eran la expresión verdadera del país y no “la obra de un partido”37.
El Estamento de procuradores quedó constituido por 50 juristas (contando a los magistrados, jueces y abogados), 48 propietarios o hacendados, que no realizaban otra profesión u oficio, a diferencia del resto, que, como Luis Pizarro y Pedro Alcalá Zamora (procuradores por Córdoba), además de militares, tenían importantes rentas derivadas de mayorazgos y posesiones en Salamanca y Córdoba, respectivamente. El periódico El Observador acertó parcialmente sobre las capacidades de estos parlamentarios al afirmar que “las dos octavas partes eran abogados o legistas”38. Las cifras que aporta el mencionado periódico sobre el número de eclesiásticos, médicos, militares, etc., difiere de la realidad, que muestra cómo 52 militares ocuparon el Parlamento (incluyendo los tres pertenecientes a La Habana, Santiago de Cuba y Puerto Rico), representando un porcentaje similar al de juristas; mientras que los comerciantes, fabricantes y banqueros sumaron el escueto número de 17. Menos representativos, si cabe, fueron los 11 funcionarios (sumando los tres de La Habana, Puerto Príncipe y Puerto Rico), los cuatro eclesiásticos, los dos altos cargos de la Administración, un médico y un ingeniero. Con independencia de las capacidades, merecen mención especial aquellos procuradores que portaron su bagaje de haber sido diputados durante el Trienio liberal, y que después de largos años de espera, hicieron realidad lo que nunca fue una quimera39, como fue el caso de Juan Palarea Blanes, José María Queipo de Llano, etc., que, corroborando la tesis de Jesús Cruz, procedían de estratos sociales propios de los políticos del Antiguo Ré- gimen, con independencia de su filiación moderada o progresista, y buscaban la consolidación de un sistema conservador basado únicamente en un cambio institucional y no en una revolución social40.
9.Conclusiones.
Estas elecciones se desarrollaron en base a la normativa establecida por el Estatuto Real del 10 de abril de 1834, de corte extremadamente conservador, que pretendía mantener la organización social del Antiguo Régimen mediante la concesión de amplias facultades al monarca para designar próceres, convocar, suspender y disolver las Cortes.
El decreto de 20 de mayo de 1834 articuló el procedimiento electoral mediante el sufragio restringido, censitario (masculino), secreto, igual, personal, e indirecto (de segundo grado), a través de la Junta de partido y de provincia, plurinominal, con las provincias como circunscripciones, que se sustentaba en un reducido cuerpo electoral, contrario a los deseos de soberanía nacional de los liberales más progresistas.
La convocatoria de Cortes se sustentaba en la necesidad de que existiese una institución que fortaleciese políticamente la minoría de edad de Isabel II, mediante la potestad de la regente María Cristina y el amparo de los procuradores de la Nación. Se perseguía la existencia de unas Cortes fieles a la monarquía y contrarias a las pretensiones del infante Carlos de Borbón, con el objetivo final de conseguir la paz.
Los partidos judiciales cumplieron las funciones de distritos electorales, de manera que la Nación quedó dividida en 456 distritos electorales. Sin duda, un exiguo número teniendo en cuenta que la Constitución de 1812, con las Juntas de Parroquia, extendió el derecho a prácticamente la totalidad de los municipios españoles.
El carácter oligárquico del régimen del Estatuto Real se mostraba en el limitado número de electores, que se circunscribía, prácticamente en su totalidad, a la esfera de los grandes contribuyentes, siguiendo la estela del prólogo del Estatuto Real, de indiscutible ideología conservadora por cuanto señalaba que solamente debían tener influencia en los asuntos políticos aquellas personas que pertenecían a una clase social con intereses patrimoniales. En este sentido, la cifra total de electores fue tan sólo de 17.896, que representaba el 0,15 por 100 de un total de los 12.286.941 habitantes que tenía España en 1834.
La escasa información periodística en materia de elecciones tuvo su origen en la eliminación de la prensa de oposición por el Gobierno, al prohibir la publicación de los periódicos El Universal, La Nación, Eco de la Opinión y El Tiempo, por considerar que sus doctrinas eran opuestas a los principios conservadores. Por otro lado, el escaso tratamiento del tema electoral en la prensa conservadora propició el desinterés de los ciudadanos ante unas elecciones de carácter restringido, que sólo afectaban a una reducidísima élite de la población, máxime cuando existían problemas tan graves como la guerra civil y la epidemia de cólera-morbo, que se desató ese verano, y la crisis de subsistencia, que provocaron uno de los más graves declives demográficos del siglo XIX.
La existencia de un único partido político, aceptado en la pugna electoral, hizo inviable una campaña electoral por parte de los candidatos, que únicamente se distinguían por ser liberales. En cuanto a la participación, en las Juntas de partido fue del 94,7 por 100, teniendo en cuenta que la cifra de votantes ascendió a 16.946 personas, quedando reducido, en las Juntas Provinciales, a 1.164 electores, de los cuales votaron 1.125, que representaban el 96,7 por 100, un dato que hubiese tenido especial relevancia si se hubiese tratado de un electorado significativo con respecto a la población del país, pero sólo fue el fruto de un sufragio censitario muy restringido y de una criba realizada en las Juntas de partido.
A pesar del escaso interés del pueblo por las elecciones, se produjo un fraude fruto del sistema indirecto, y restringido, del sufragio que propició la intervención gubernamental en las provincias mediante apremios de los intendentes de rentas a determinados municipios morosos, ceses de empleados públicos, destituciones y nombramientos de corregidores y alcaldes mayores. Inclusive, la prensa denunció algunas prácticas fraudulentas basadas en simpatías personales, obviando la aplicación escrupulosa de la Ley Electoral, que se aproximaban a las costumbres del absolutismo y se distanciaban del sistema liberal.
El número total de procuradores a Cortes fue de 188, incluidos los de Ultramar, de los que el mayor porcentaje fue absorbido por provincias, con mayor población urbana y con menor influencia carlista. La mayoría de los procuradores eran militares y juristas y en menor medida había funcionarios, un médico y un ingeniero. Algunos tenían una dilatada experiencia política, e incluso habían sido diputados durante el Trienio liberal, como era el caso de Juan Palarea o José María Queipo de Llano.
En conclusión, se puede decir que las Cortes quedaron compuestas por procuradores que pertenecían a estratos sociales propios de los políticos del Antiguo Régimen que, con independencia de su filiación moderada o progresista, perseguían la consolidación de un sistema conservador.