La disputa por la Alcaldía de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid en 1769. El ingreso en la magistratura de Francisco Romá y Rossell.
The dispute for the Mayor of Hijosdalgo in the Chancillería of Valladolid in 1769. Francisco Romá y Rossell.
ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ.
Universidad de Alicante.
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Cómo citar: GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, “La disputa por la Alcaldía de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid en 1769. El ingreso en la magistratura de Francisco Romá y Rosell”, en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, Extraordinario I (2021), pp. 345-354.
DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.0.2021.345-354.
Resumen: Francisco Romá y Rosell fue uno de los más destacados mercantilistas españoles de la segunda mitad del siglo XVIII, autor de Las señales de la felicidad de España, y medios de hacerlas eficaces, y defensor del sistema gremial. Fue magistrado durante el reinado de Carlos III, cuya carrera inició en la Chancillería de Valladolid en 1769 con el apoyo del Conde de Aranda, y que culminó como Regente de la Audiencia de México desde 1776 hasta su fallecimiento en 1784.
Palabras clave: Carlos III; mercantilismo; Chancillería de Valladolid; Conde de Aranda; Audiencia de México.
Abstract: Francisco Romá y Rosell was one of the most prominent Spanish mercantilists of the second half of the 18th century, author of Las señales de la felicidad de España, y medios de hacerlas eficaces, and defender of the union system. He was a magistrate during the reign of Carlos III, whose career began in the Chancery of Valladolid in 1769 with the support of the Count of Aranda, and which culminated as Regent of the Audiencia of Mexico from 1776 until his death in 1784.
Keywords: Charles III; mercantilism; Chancery of Valladolid; Count of Aranda; Audiencia of Mexico.
En enero de 1769 Jacinto Bretón Sarabia era ascendido a oidor de la Chancillería de Valladolid1 , de la que era alcalde de hijosdalgo desde 1760. En 1759, cuando la Compañía de Jesús informaba al Secretario de.
Gracia y Justicia de aquellos catedráticos de las Universidades mayores estimados con capacidad suficiente para formar parte de Audiencias y Chancillerías, Bretón, aunque sin prendas sobresalientes, sí fue considerado poseedor de aquellas «que conducen a ser un buen ministro»2 , y por ello nombrado un año más tarde para la alcaldías de hijosdalgo del tribunal vallisoletano, pues aunque tomista, «y de corto concepto en literatura» era tenido por hombre «estudioso y de virtud»3 . Bretón ocuparía su plaza de Oidor hasta su fallecimiento en 1777.
El 18 de enero de 1769 se elevó consulta al Secretario de Gracia y Justicia con los nombres de los doce juristas propuestos para ocupar la vacante. Como era preceptivo, tres de ellos llegaban respaldados por la Cámara de Castilla, y los nueve restantes por miembros del Consejo de Castilla.
Encabezaba la lista Froilán Feijoo de Sotomayor, juez de apelaciones de Santiago de Compostela por nombramiento del arzobispo Bartolomé Rajoy Losada, quien con anterioridad le había encomendado la jurisdicción de diversos señoríos eclesiásticos de aquella diócesis. Había ingresado en 1745 como abogado de la Audiencia de Galicia, ejercido como tal en el Real Hospital de la ciudad y defendido los intereses del cabildo eclesiástico y de diversas órdenes religiosas. Intervino en la expulsión de los jesuitas desempeñando funciones de alcalde mayor de Santiago, en colaboración con el alcalde del crimen de la Audiencia gallega Jerónimo Romero, nombrado «director del viaje», junto a con los de Pontevedra, Monforte y Monterrey para el traslado de los religiosos a Ferrol4 . La actuación de Froilán Feijoo en Santiago durante los primeros días de abril de 1767 resultó decisiva para que la Cámara lo propusiera para alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid y oidor de la Audiencia de Mallorca (agosto y diciembre de 1768). Subrayaba la consulta que Feijoo había desempeñado «con el mayor acierto la orden que se le comunicó para la expulsión y ocupación de temporalidades de los regulares de la Compañía del Colegio de la expresada ciudad de Santiago»5 .
Entre los propuestos por la Cámara, figuraba en segundo lugar el vallisoletano Manuel Santos Aparicio y García. Nacido en 1718, había ejercido como catedrático de Decretales Mayores de la Universidad de Salamanca desde 1737 hasta su nombramiento en 1747 como alcalde mayor de su ciudad natal. Más tarde, pasó a desempeñar las alcaldías mayores de Zamora (1756), León (1760) y Granada (1764). En 1768 fue propuesto para oidor de la Audiencia de Canarias6 . Tras su paso por la alcaldía mayor de Badajoz, Santos Aparicio ingresó en enero de 1774 en la magistratura como alcalde del crimen de la Chancillería de Granada con medio sueldo. Sustituyó a Benito Clemente de Aróstegui, ascendido a oidor de la misma Chancillería, cargo que el propio Aparicio alcanzó en enero de 1779 tras el fallecimiento de Pedro Dávila y Cárdenas. No se le tenía por un gran letrado, pero suplía sus carencias con una dedicación plena: hasta su fallecimiento en 1788, a los 77 años, asistió casi a diario a las sesiones del tribunal, y jamás se le conoció «vicio alguno», según el presidente de aquel tribunal granadino, Juan Mariño de la Barrera7 .
El situado por la Cámara en tercer lugar de la terna era el colegial mayor de San Bartolomé de Salamanca Íñigo Hortes de Velasco y Salcedo. Hasta su llegada a la universidad salmantina había cursado leyes en la de Toledo, de cuya Academia canónico-legal de San Juan Nepomuceno8 había sido miembro. Se licenció por la capilla de Santa Bárbara de la universidad salmantina, ubicada en el claustro de la catedral vieja, donde se elegía rector y tenía lugar la colación del grado de licenciado9 . En diciembre de 1768 Íñigo Hortes contó con el apoyo de los consejeros Manuel Ventura Figueroa y Francisco José de las Infantas. En 1775 logró ser nombrado alcalde del crimen y de hijosdalgo de la.
Chancillería de Granada, de la que fue oidor en 1780, respaldado por el informe favorable del arzobispo de Salamanca e Inquisidor General Felipe Bertrán, quien lo consideraba, a más de letrado conocedor de las leyes patrias, persona «de un porte irreprensible y de mucha aplicación»10.
Los consejeros que presentaron candidatos fueron Pedro Colón de Larreátegui, Miguel María de Nava, Francisco José de las Infantas, el fiscal Campomanes y el presidente del tribunal, el conde de Aranda.
Pedro Colón lo hizo con Miguel Cuber y Joaquín Fuertes Piquer. Miguel Cuber y Aniñón, colegial del de San Salvador de Oviedo de Salamanca, ya había sido consultado sin éxito para su ingreso en las Audiencias de Aragón y Sevilla y como alcalde del crimen de la Chancillería de Granada. Nunca pasó de pretendiente tras su presentación para la alcaldía de hijosdalgo de Valladolid, pues aquel mismo año lo fue sin éxito para oidor de Canarias y alcalde del crimen de la Audiencia de Cataluña, y un año después, (junio y septiembre de 1770) para oidor de Granada y alcalde del crimen de la Audiencia de Aragón.
El segundo de los presentados por Colón, el turolense Joaquín Fuertes, había cursado Derecho en la Universidad de Alcalá, y asistido allí a las Academias jurídicas de Santa María de Regla y de San José, fundadas en 1737 y 1743. Su ingreso en la magistratura se produjo en marzo de 1772, cuando fue designado para alcalde del crimen de la Audiencia de Aragón, ocupando una de las plazas reservadas a naturales del Reino aragonés. Previamente había sido consultado para oidor y fiscal de la Audiencia de Canarias (mayo y julio de 1769), alcalde del crimen de la de Cataluña (octubre de 1769), oidor de Aragón (agosto de 1770 y febrero de 1772) y para alcalde del crimen de ese mismo tribunal (septiembre de 1770). En 1785, cuando Fuertes Piquer alcanzó el cargo de oidor del tribunal aragonés, contaba más de 65 años y su salud se había deteriorado. Aquejado de «perlesía incurable», una parálisis muscular progresiva que le provocaba fuertes temblores, en 1787 dejó de asistir al tribunal. El capitán general de Aragón, presidente de la Audiencia, y el arzobispo de Zaragoza, pidieron su jubilación. Según O’Neill, Fuertes «se halla enteramente inhábil y privado del uso de sus potencias de resulta de los accidentes de perlesía que hace años ha padecido, sin que haya esperanza alguna de su restablecimiento. Ha servido muy bien y con honor; esto, y su actual triste situación le recomienda a que la piedad de S. M. se digne concederle su jubilación con el sueldo por entero»11. Similar solicitud elevó el arzobispo zaragozano Agustín de Lezo Palomeque, por considerar que Fuertes Piquer se encontraba «perlático y sin que pueda servir nunca»12.
Miguel María de Nava propuso a Miguel Calixto de Acedo y a Juan Antonio Santelices. El primero se encontraba en América desde 1763 como magistrado de la Audiencia de Santo Domingo, en la isla Española, para donde partió cuando era colegial huésped del de San Bartolomé de la universidad de Salamanca. Nava ya lo había propuesto en julio de 1768 para oidor del Consejo de Navarra, y en 1771 fue consultado, también sin éxito, para Alcalde de Corte del mismo Consejo navarro. Sin embargo, su carrera se desarrolló en tierras americanas: en la Audiencia de México, en la que fue alcalde del crimen, oidor y regente, hasta que en 1786 fue destinado a la Casa de Contratación de Cádiz. En 1789 fue consejero de Indias, y camarista del mismo Consejo en $1 8 0 7 ^ { 1 3 }$ .
La figura de Juan Antonio Santelices es la del eterno pretendiente: nunca llegó a ingresar en la magistratura pese a que su valedor Nava lo recomendaba como «juicioso, prudente, recto, capaz y de buen porte», y por más que entre 1761 y 1770 fue consultado en más de 15 ocasiones para la práctica totalidad de Audiencias y Chancillerías del reino. Cuando Nava lo propuso para la alcaldía de hijosdalgo de Valladolid ya había sido consultado en diez ocasiones, y en años sucesivos lo sería para otras cinco plazas en las Audiencias de Galicia, Canarias y Chancillería de Granada, esta última en enero de $1 7 7 0 ^ { 1 4 }$ .
Dos fueron los candidatos avalados por Pedro José de las Infantas, quien fuera presidente de la Chancillería vallisoletana desde 1753 hasta 1757, cuando fue ascendido al Consejo de Castilla. Su predilecto era Antonio Melgarejo, Colegial mayor en los salmantinos de San Bartolomé y Cuenca, del que había sido rector, y abogado de pobres de las cárceles reales de Salamanca, Melgarejo y Dávalos. Fue consultado sin éxito desde 1766 para fiscal, alcalde del crimen y oidor de la Chancillería de.
Granada y para las Audiencias de Galicia, Sevilla, Mallorca y Aragón. Tras no lograr la alcaldía de hijosdalgo de Valladolid en noviembre de 1769 alcanzó la plaza de alcalde mayor de la Audiencia de Asturias. En ella permaneció hasta su muerte en 1786, pese a que insistió en sus pretensiones de sentar plaza como regente de Audiencia de Mallorca o Sevilla, u oidor de las Chancillerías de Valladolid y Granada. Su dilatada estancia asturiana le proporcionó la oportunidad de intervenir decisivamente en la mejora de la carretera desde Oviedo a Gijón y en las obras del puerto de Avilés15.
El otro candidato presentado por Infantas fue Pedro Pablo Montenegro, quien en los dos años anteriores había sido consultado para la alcaldía del crimen de Valladolid, donde era catedrático de Clementinas. Montenegro había sido colegial huésped de Santa Cruz y vicerrector de la universidad pucelana.
Luis Álvarez de Mendieta fue el candidato del fiscal Campomanes. Vinculado en su trayectoria como magistrado al fiscal del Consejo, Álvarez era abogado de pobres de Valladolid desde 1755, al igual que Melgarejo en Salamanca y Romá y Rossell en Barcelona. Pero con ocasión de la expulsión de los jesuitas y la incautación de sus temporalidades Álvarez de Mendieta gozó de la confianza del fiscal, quien ya en 1768 lo propuso para alcalde del crimen de la Chancillería vallisoletana. Si bien no logró la alcaldía de hijosdalgo en 1769, en junio de 1770 obtuvo la de alcalde del crimen de la Audiencia de Valencia. Pesó en ese nombramiento la recomendación de Campomanes al Secretario de Gracia y Justicia Manuel de Roda: «han corrido por él un crecido número de procesos tocantes a los créditos demandados contra las temporalidades, cuyo examen ha requerido bastante práctica, como él la tiene, y diligencia»16. Ascendido a oidor del tribunal valenciano, en 1780 se convirtió en Alcalde de Casa y Corte, y su designación como Consejero de Hacienda (25 de abril de 1784)17culminó su carrera como «criatura» de Campomanes.
Como presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda propuso dos candidatos: Pedro Manuel de Soldevilla y Saz y Francisco.
Romá y Rosell, quien obtendría la plaza. Soldevilla, nacido en Viguera, obispado de Calahorra, con estudios en la Universidad de Valladolid y doctor en Cánones por la de Irache, era académico honorario de la Historia desde finales de $1 7 5 0 ^ { 1 8 }$ . Según informó en ese mismo año el presidente de la Chancillería de Valladolid Manuel de Montoya Zárate19, Soldevilla había desempeñado con éxito diversas comisiones encomendadas por el tribunal, lo que le valió ser nombrado alcalde mayor de Logroño en enero de 1751. En años posteriores fue candidato al ingreso en la magistratura en las Audiencia de Canarias y Mallorca; finalmente, en 1772 fue nombrado fiscal del crimen de la Audiencia de Aragón. Culminó su carrera en 1783 como fiscal del Consejo de Navarra, donde el capitán general y virrey de aquel Reino, el teniente general Manuel Azlor de Urríes, hizo grandes elogios de su persona en 1787 por considerarlo «de singular talento, literatura universal, celo, aplicación, bondad de genio, desinteresado y muy laborioso»20.
La preferencia del conde de Aranda se inclinó, no obstante, por Francisco Romá y Rossell. Ejercía desde 1751 como abogado de pobres de la ciudad de Barcelona, en sustitución de Mariano Seriol y ya en propiedad desde 1761. En 1760, en una noticia reservada sobre abogados adscritos a la Audiencia de Cataluña, se había notificado al marqués de Campo de Villar, Secretario de Gracia y Justicia, que Romá y Rosell era «docto en materias civiles y excelente en las criminales»21. En 1767 redactó un «Proyecto del Abogado General del Público», en el que reivindicaba, mediante la propuesta de un cargo de nuevo cuño, cierta autonomía provincial frente al centralismo imperante, lo que lógicamente fue rechazado22. Aquel mismo año 1767, Romá dejó su plaza en excedencia y marchó a Madrid. La propuesta de Aranda para su ingreso en la Chancillería de Valladolid era la primera que recibía; nunca hasta entonces había sido consultado, y no cabe descartar el propósito de alejarlo de Cataluña. Su ingreso en la magistratura tuvo lugar el 19 de febrero de $1 7 6 9 ^ { 2 3 }$ .
Además de la fracasada propuesta de un abogado del pueblo cuando aún estaban recientes los motines de la primavera de 1766, debió pesar en su elección la publicación en 1768 de su libro Las señales de la felicidad de España, y medios de hacerlas eficaces, que según Sempere y Guarinos «le valió la toga al Señor Romá»24. Según Ernest Lluch, Romá aborda con gran originalidad temas controvertidos tales como la demanda de mano de obra o el delicado asunto del lujo —en el que distinguía entre el lícito y útil y el perjudicial para la sociedad— la necesaria intervención del gobierno para la mejora de la agricultura, cierto intervencionismo de tono colbertista en las manufacturas, y la defensa del sistema gremial barcelonés, al que dedicó en 1766 otro libro, Disertación histórico–legal por los colegios $y$ gremios de la Ciudad de Barcelona25.
Su ascenso a oidor del mismo tribunal llegaría en 1775, en la vacante que produjo el fallecimiento el año anterior de Santiago Rico Palmero. No hubo consulta previa y su nombramiento fue publicado en la Gaceta el 14 de marzo de $1 7 \dot { 7 } 5 ^ { 2 6 }$ . Contaba con un excelente informe del presidente de la Chancillería, José Martínez Pons, quien lo presentaba como «buen criminalista y práctico, de despejado entendimiento, admirable capacidad y feliz explicación. Está adornado de las noticias de la Historia y demás que conducen a formar un buen jurisconsulto, con especialidad en las materias de gobierno y política ciencia»27.
Un año después, Romá sería designado regente de la Audiencia de México. A fines de noviembre de 1777 embarcaba en Cádiz en el navío “El Rosario”, fletado de cuenta de la Real Hacienda. Le acompañaba su esposa Narcisa, Paurachs y Marimón, su hijo Francisco, su secretario, y criada, paje y ayuda de cámara28. Tres años más tarde solicitó con cargo al fondo de temporalidades un suplemento de mil pesos anuales para atender a «los enormes empeños que ha contraído para ponerse con su familia en México con una decencia que aún dista mucho de ser correspondiente a su carácter»29. Justificaba su petición en el ingente trabajo que suponía la regencia del tribunal, así como la presidencia de las múltiples juntas que trataban de los «graves negocios de todos los ramos de esta vasta monarquía». Al no ser experto en jurisprudencia, sino teniente general, el virrey delegaba en su persona los asuntos relativos a justicia, enajenaciones y apelaciones; a todo lo cual había que añadir lo relativo a los bienes que fueran de la Compañía de Jesús en la extensa provincia jesuítica mexicana. A todo ello se sumaba que al fallecer el virrey Antonio María de Bucareli en abril de 1779, le correspondió a Romá ejercer el cargo con carácter interino hasta la llegada del nuevo virrey Martí de Mayorga. Romá y Rossell permanecería al frente de la Audiencia mexicana hasta su muerte, acaecida el 15 de diciembre de 1784.
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