Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE.
Roberto MUÑOZ BOLAÑOS Universidad Camilo José Cela.
El 8 de septiembre de 1976, el presidente del Gobierno español Adolfo Suárez se reunió con los altos mandos militares para informarles sobre su proyecto político. En dicha reunión, Suárez les aseguró que en las futuras elecciones democráticas que tuvieran lugar, el Partido Comunista de España (PCE) no participaría, pues no estaba dispuesto a legalizarlo. Siete meses más tarde, el 9 de abril de 1977, Suárez legalizó el PCE sin consultar previamente a los Ejércitos, lo que provocó un fuerte enfrentamiento con la cúpula de las Fuerzas Armadas (FAS)1.
El objetivo de este trabajo es describir y explicar el impacto de la legalización del PCE en las FAS, cuestión que tuvo gran importancia para el proceso de democratización en España porque demostró tres cosas: la primera, que el futuro sistema democrático no iba a basarse en la exclusión de ninguna fuerza política; la segunda, que la puesta en marcha de este sistema se basaría en la acción combinada de los partidos políticos y la opinión pública; y la tercera, que las FAS eran incapaces de tutelar este proceso de cambio político, utilizando formas de intervención no golpistas – influencia y extorsión.
Para desarrollar este objetivo, se hace necesario entender el papel de las FAS en el ámbito político español, así como los cambios operados en el proceso de transición a la democracia a partir de la elección de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Por ello, la primera parte del trabajo se centrará en el papel de las FAS en los inicios de la transición. A continuación, se abordará el proyecto político de Suárez en relación con las FAS y el PCE. Seguidamente, se analizará el proceso de legalización de este partido y su impacto en los Ejércitos. En la última parte del trabajo, explicaremos las consecuencias que tuvo la legalización del PCE en la actitud de los militares hacia el proceso de cambio político.
Las FAS y el proceso de transición.
Las FAS eran, a la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, el principal sostén del régimen. A diferencia de la Iglesia católica y del Movimiento Nacional, no se había producido en su seno un proceso de fragmentación que abriera la puerta a la aparición de diferentes tendencias, más allá de la muy minoritaria Unión Militar Democrática (UME). A la muerte del general Franco, las FAS conservaban una doble característica que les convertía en un poderoso actor en el escenario político: por un lado, eran una institución autónoma dentro de la Administración del Estado, dependiente directamente del Jefe del Estado y dotada de amplias atribuciones en el.
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ámbito del orden público2, y por otro, eran parte del gobierno del Estado, con plena conciencia de su misión de vigilancia sobre el proceso político3. Esta misión de vigilancia se expresaba en una capacidad única para frenar cualquier proceso de cambio político que se pusiera en marcha si no era de su agrado, al estar legitimadas para ello por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado. En él se establecía que “Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional”4.
Durante el Gobierno de Carlos Arias Navarro (XI/1975-VI/1976), la intervención de las FAS en el proceso político se iba a desarrollar bajo la forma de influencia, siguiendo la terminología de Samuel Finer5. Si bien es cierto que durante este período el Ejecutivo careció de un proyecto articulado para iniciar la transición a la democracia, la jerarquía militar ejerció una función vigilante y actuó por dos cauces. El primero fue la presencia de cuatro militares en el Gobierno (el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa; el almirante Gabriel Pita da Veiga Sanz, ministro de Marina; el teniente general Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, ministro del Ejército, y el teniente general Carlos Franco Iribarnegaray, ministro del Aire), que no dudaron, especialmente Pita da Veiga, en hacer declaraciones insistiendo en el papel político de las FAS. Así, en la Pascua Militar de 1976, el almirante no dudó en afirmar6:
Los Ejércitos, al orientar las virtudes heroicas del pueblo hacia el logro de los fines sustantivos y trascendentales del Estado, cumpliendo su misión, hacen política en su más alta acepción. Mas si, confundidos fines y medios, se desviasen de lo sustantivo a lo adjetivo del quehacer político cotidiano, degradarían en ideologías sus ideales.
El segundo cauce fueron las reuniones que los sectores más involucionistas de la élite política y militar franquista mantuvieron con esos ministros militares – especialmente De Santiago y en menor medida Álvarez-Arenas–, para que evitasen cualquier cambio institucional que fuera el comienzo del fin del Estado del 18 de julio. Entre estas reuniones, destacaron dos. La primera fue la que De Santiago y ÁlvarezArenas sostuvieron con José Antonio Girón de Velasco, líder del sector falangista y no monárquico del franquismo, y el teniente general en situación B, Carlos Iniesta Cano, su correligionario militar y amigo íntimo, el 12 de enero de 1975 en el restaurante Casa Gerardo de Las Rozas (Madrid). En ella, tanto Iniesta Cano como Girón advirtieron a los dos representantes del Gobierno de la responsabilidad en la que incurrirían si permitían que se iniciara un proceso de cambio político7. La segunda fue la reunión que.
De Santiago tuvo el 8 de marzo de 1976 con el teniente general Alfonso Pérez Viñeta – otro azul–, el teniente general Iniesta Cano, el general de división Tomás Liniers y Pidal –comandante general de Melilla– y el general de brigada de Infantería Juan Cano Portal. En ella se discutieron el deterioro de la situación política de España que se había producido desde la muerte de Franco y la necesidad de rectificar la línea política del Gobierno. Para lograrlo, acordaron enviar un escrito al Rey donde se plasmasen las inquietudes del Ejército y se pidiese ese cambio político. El escrito, redactado bajo la supervisión de Pérez Viñeta y con la aprobación del teniente general De Santiago, fue presentado al Jefe del Estado, quien recomendó al militar que se atuviera a sus competencias y no se entrometiese en las del presidente del Gobierno8. Precisamente, Arias Navarro, al enterarse de lo que había ocurrido, no dudó en dirigirse a los militares de su Gobierno durante un Consejo de ministros para indicarles que tomasen el poder de una vez. Según Areilza: “El general De Santiago se pone nervioso y musita unas excusas diciendo que jamás las Fuerzas Armadas aceptarían hacerse cargo del poder”9. Y el militar tenía razón: ellos no querían gobernar directamente, solo tutelar la acción del Gobierno10.
Esta situación de impasse existente durante el Gobierno de Arias Navarro, cambiaría tras la llegada de Adolfo Suárez a la jefatura del Ejecutivo el 3 de julio de 1976.
El nuevo presidente del Gobierno y la élite política franquista reformista que le apoyó iban a iniciar una transición hacía un sistema democrático que, como indican Soto Carmona y Ferran Gallego, se articuló sobre la improvisación y complejos procesos de presión y negociación entre los partidarios de distintos proyectos políticos, en los que resultó determinante el papel de la sociedad civil, ya que, si bien las negociaciones entre las elites políticas fueron importantes, no debe olvidarse que estas fueron siempre por detrás de las demandas de los ciudadanos, y eso las obligó a cambiar y a adaptar su acción política. En todo caso, los reformistas franquistas liderados por el nuevo presidente del Gobierno fueron los triunfadores del proceso, ya que recibieron el apoyo de los ciudadanos, al comprender que estos lo que querían era un “cambio sin ruptura”11.
Aunque Suárez carecera de un proyecto de cambio político definido, sí había asumido la idea de que las FAS eran la única institución del Estado con capacidad para bloquear cualquier proceso de cambio que se pusiera en marcha y que, por tanto, era necesario neutralizar esa capacidad para intervenir corporativamente en el proceso político, a semejanza de lo que ocurrió con la clase política franquista, que se disolvió en múltiples facciones. Si bien no logró la subordinación de las FAS al poder civil, el objetivo último que perseguía, sí consiguió disolver la unidad corporativa de los militares y su capacidad para intervenir institucionalmente en el ámbito político12. En ese proceso representó un papel fundamental el capitán general (honorario) Manuel Gutiérrez Mellado, quien sustituyo a De Santiago como vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa el 23 de septiembre de 1976, y desde entonces desarrolló una política militar articulada en dos frentes. El primero fue la creación de un nuevo organigrama institucional, estructurado en torno a un nuevo ministerio de Defensa – creado el 15 de junio de 1977 y que sustituiría a los tres ministerios militares existentes– , cuyo objetivo era acabar con la autonomía de las FAS13. El segundo consistía en una nueva política de ascensos donde los criterios objetivos utilizados hasta entonces – antigüedad y hoja de servicios14– serían sustituidos por otros subjetivos –lealtad a la política reformista del Gobierno–, lo que trajo como consecuencia que el alto mando de las FAS, especialmente el del Ejército, perdiera su unidad corporativa. El punto culminante de esta política se produciría el 18 de mayo de 1979, con la elección del recién ascendido teniente general José Gabeiras Montero para el cargo más importante de la fuerza militar de Tierra: el de Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME). Eso provocó una auténtica fractura en el Consejo Superior del Ejército (CSE)15.
Suárez actuó con gran habilidad para poner fin al poder político de las FAS, como se manifestaría en un acontecimiento clave: la reunión del 8 de septiembre de 1976 sostuvo con la jerarquía de las FAS en el edificio de Presidencia del Gobierno del Paseo de la Castellana, $\mathbf { n } ^ { \circ } \mathbf { \Theta } ^ { 3 }$ , en Madrid. Este encuentro se organizó con la finalidad de explicar a los Ejércitos su proyecto de reforma política y conseguir su apoyo, o al menos su neutralidad frente a él. Sobre este hecho, uno de los militares más destacados de este período, Sabino Fernández Campo afirmó que “esta idea no suponía dar muestras de subordinación a las Fuerzas Armadas, ni considerarlas como poder fáctico, sino un gesto de buena voluntad que habría de dar los mejores resultados”16. No obstante, lo que realmente reflejaba esta reunión era que Suárez, en esos momentos, necesitaba hacer sentir a las FAS a través de sus principales mandos que eran depositarias del legado del general Franco y, por tanto, las únicas que podían autorizar su modificación. Se trataba de una jugada política muy hábil, destinada a ganar tiempo.
A la reunión asistieron los miembros de los Consejos Superiores de los tres Ejércitos. Excepto uno –el teniente general Ángel Campano López–, todos los asistentes eran oficiales o cadetes/guardiamarinas en 1936, y habían apoyado la rebelión contra la II República. Además, la casi totalidad de los tenientes generales del Ejército y la totalidad de los del Ejército del Aire habían sido alumnos de Franco en la Academia.
General Militar (AGM) de Zaragoza entre $1 9 2 8 \mathrm { ~ y ~ } 1 9 3 1 ^ { 1 7 }$ . Es decir, se trataba de un conjunto de ancianos franquistas, convencidos de la legitimidad de la Guerra Civil18 y de las bondades del Estado del 18 de julio, y por tanto reacios a una modificación profunda del mismo.
La trascendencia de la reunión motivó que determinados sectores de la élite política franquista no reformista la vieran como la última oportunidad de evitar la desaparición del régimen vigente, y así se lo hicieron saber a los jefes militares más importantes. Gonzalo Fernández de la Mora, el ideólogo monárquico contrarrevolucionario, se entrevistó pocos días antes con el almirante Gabriel Pita da Veiga y con el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil. Al primero le dijo que Suárez les iba a reunir para obtener de ellos la tácita o expresa aprobación para desmontar el Estado de las Leyes Fundamentales. Ante la sorpresa del almirante, le comentó que él conocía bien al presidente del Gobierno y sabía que había aceptado la empresa liquidadora. Por eso, “estaba seguro de que trataría de venderles su estampita al modo gitano”19. Con De Santiago, que había tratado de retrasar la celebración de la reunión para no implicar a las FAS en el proyecto de reforma política y estaba más predispuesto a tomar en consideración sus argumentos20, la conversación discurrió por otros derroteros21.Fernández de la Mora llegó a redactar dos notas para el teniente general. En la primera de ellas, el antiguo ministro de Obras Públicas exponía al teniente general cuál podía ser el significado de la reunión y como deberían enfrentarse los militares a los proyectos de Suárez, insistiendo en el alcance de la reforma que se planteaba, y si iba a incluir la legalización del $\mathrm { P C E } ^ { 2 2 }$ . La segunda nota constituía una declaración de principios que De Santiago debería leer durante la reunión y donde se incluía una clara advertencia al Gobierno al invocar el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado23.
Sin embargo, cuando se celebró la reunión en la fecha citada, el presidente del Gobierno no oiría esta amenaza de boca de De Santiago, pues el vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa no se atrevió a leer la nota24. Años después, justificaría esta actitud afirmando que no habló para evitar que se produjese un fuerte choque entre los presentes25. Lo que era cierto. La reunión comenzó con una larga exposición de Suárez sobre su proyecto político, que prometía respetar la Corona, la unidad de España y la bandera bicolor26, y tras la misma dos tenientes generales con mando en Región Militar –Mateo Prada Canillas y Francisco Coloma Gallegos– expusieron sus temores respecto al cambio político. El teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, entonces jefe del Estado Mayor Central (EMC), afirmó respecto de este hecho que “hablaron dos tenientes generales que no tenían que haber hablado, porque nosotros habíamos tenido una reunión previa y decidimos que en nombre de todos hablara el ministro. Pero estos dos se saltaron el pacto y hablaron de la preocupación por la subversión y de estas cosas”27. Uno de ellos, Coloma Gallegos –que se había entrevistado poco antes de la reunión, con Fernández Campo, su antiguo subordinado en el Ministerio del Ejército, y le había comentado que “este muchacho nos va a oír”28– leyó unas cuartillas, cuyo contenido era29:
Aun reconociendo que toda obra necesita adaptarse al tiempo que vive, tengo mis dudas sobre el rumbo que parece pretende darse a la Política de nuestra Patria. Alguien dijo que “el pueblo que olvida su pasado se ve condenado a repetirlo”. Y los partidos políticos, el separatismo, la lucha de clases, la inseguridad en las calles y las huelgas salvajes que paralizan la economía, nos trajeron una cruenta guerra civil. El régimen que la ganó y corrigió aquellos errores nos ha dado cuarenta años de paz y colocado como décima potencia industrial del mundo. Yo creo que sería injusto desechar sus principios y leyes fundamentales y volver a meternos en un callejón incierto.
Las palabras de Coloma, que reflejaban una oposición clara al programa de reforma, eran muy similares a las que Fernández de la Mora había escrito para De Santiago, y desde luego tuvieron que dejar a Suárez consternado. Sin embargo, eran solamente dos capitanes generales. Más importante era lo que tenía que decir el tercer teniente general que tomó la palabra: el ministro del Ejército, Félix Álvarez-Arenas y Parditas, que leyó unas cuartillas sobre los acuerdos tomados en el CSE, celebrado poco antes, explicó al presidente cuáles eran las preocupaciones de los mandos militares – orden público, terrorismo y unidad nacional– y ofreció su colaboración30 . En opinión de Gutiérrez Mellado, el ministro “estuvo muy bien”31 porque Álvarez-Arenas no mostró su rechazo a reformar el sistema político. Tras escuchar al ministro del Ejército, De Santiago comprendió que, a pesar del apoyo que Prada Canillas y Coloma Gallegos pudiesen brindarle, no contaba con el del resto de sus compañeros militares del Gobierno, ni tampoco con el de la mayoría de los presentes, y ante la tesitura de dar la imagen de una jerarquía de las FAS dividida, prefirió no leer las notas que llevaba y permaneció en silencio.
Por su parte, Suárez, tras escuchar a los militares, tomó la palabra y contestó a las preguntas que se le habían planteado. Tras finalizar su exposición, invitó a los reunidos a tomar una copa de vino, y durante la misma fue preguntado sobre diferentes aspectos. Alguno de los presentes sacó el tema de los partidos políticos que se iban a legalizar, y más concretamente el del $\mathrm { P C E } ^ { 3 2 }$ , tal como les había indicado Fernández de la Mora a través de De Santiago. Y Suárez contestó a la pregunta. Sin embargo, su respuesta ha sido objeto desde entonces de una apasionada discusión. Para algunos de los militares presentes que hablaron sobre el tema, como Gómez de Salazar o Vega Rodríguez, Suárez prometió no legalizar a los comunistas33; otro, como Villaescusa, no recordaba las palabras exactas del presidente del Gobierno, aunque afirmó que “a la mayoría no nos pareció bien que vinieran los comunistas, pero tuvimos que aguantarnos”34. Carlos Fernández recogió el testimonio de uno de los asistentes, según el cual el presidente dijo que “las elecciones generales que se celebren resultantes de la Ley de Reforma Política que pienso presentar a las Cortes no contarán con un partido comunista legalizado, por muchas presiones que reciba en este sentido”35. El testimonio que coincide con el de Fernández Campo, según el cual Suárez dijo: “estaos tranquilos, que en ese punto yo pienso como seguramente pensáis vosotros: partidos políticos, sí; pero no Partido Comunista”36.
Esta supuesto –Suárez prometió no legalizar el PCE– fue compartido, también, por el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Políticos, Alfonso Osorio,37 y por José Mario Armero –encargado en esos momentos, por el propio presidente del Gobierno de mantener conversaciones con el líder comunista Santiago Carrillo–, quien habló con Suárez pocas horas después de celebrarse la citada reunión38. Únicamente el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado apoyó al presidente, afirmando que “Adolfo Suárez dijo que mientras el Partido Comunista mantuviera una actitud revolucionaria, no sería legalizado”39. Pero esta opinión –mantenida mientras fue vicepresidente del Gobierno, y en los años siguientes, por su amistad con Suárez– varió con el tiempo. Así, en una entrevista realizada el 24 de noviembre de 1995, Gutiérrez Mellado afirmaba que “seguramente el tema se tocó, porque el Partido Comunista era el enemigo nuestro en la guerra. Seguramente que le preguntaron algo sobre ese asunto. Y Suárez diría que el Partido Comunista no se iba a reconocer. ¡Pero es que luego el Partido Comunista se convierte en otra cosa! Es un partido que reconoce la bandera, la Corona y todo lo demás”40.
La conclusión que se extrae de estas palabras es determinante: Suárez prometió no legalizar el PCE. Esta promesa sirvió para distender el ambiente, algo cargado hasta entonces pues, en la copa que se ofreció a los presentes tras acabar la reunión, el teniente general Prada Canillas –el mismo que había hablado en la reunión en contra de la reforma– dijo a Suárez: “Presidente, ¡viva la madre que te parió!”41. Las consecuencias de esta frase, que resumía la aquiescencia del Ejército a los planes del presidente del Gobierno42, no se hicieron esperar. El 10 de septiembre, Suárez presentó por televisión la Ley para la Reforma Política. La ley era un reflejo de pacto que el presidente del Gobierno había sellado con la elite política del franquismo, ya dividida en multitud de facciones, y sería la llave para reformar el sistema político vigente43. La demolición del Estado de 18 de julio había comenzado, con el apoyo o la neutralidad de los principales mandos militares44.
Si la reunión del 8 de septiembre y la Ley para la Reforma Política reflejaban la capacidad para la negociación y el pacto de Suárez con la elite franquista, quedaba otro polo donde debía desarrollar esas virtudes si quería llevar a cabo un proceso efectivo de cambio político: la oposición. Como afirman Soto Carmona y Ferran Gallego, en este ámbito, Suárez y la elite política franquista reformista pusieron en marcha un mecanismo que combinaba presión y negociación, con un doble objetivo: el primero y fundamental, controlar en todo momento el proceso de transición; y el segundo, vinculado con el anterior, que los grupos opositores rebajaran sus objetivos políticos, paso previo sine qua non podrían incorporarse al nuevo sistema democrático que se estaba poniendo en marcha45. Este mecanismo sería especialmente efectivo en el caso del PCE, que presentaba dos características que lo hacían único: por un lado, para el imaginario colectivo de la élite franquista, especialmente la militar, simbolizaba al bando vencido durante la Guerra Civil; pero, por otro, gozaba de la legitimidad de ser el principal grupo opositor durante los 36 años de vida del régimen.
El problema de cuál iba a ser el destino del PCE había comenzado a vislumbrarse cuando la vida del general Franco tocaba a su fin. En 1974, el entonces príncipe de España envío a su amigo Nicolás Franco Pascual de Pobil, sobrino del dictador, a entrevistarse en París con el líder del PCE, Santiago Carrillo, para informarle de la necesidad de evitar toda movilización a la muerte de Franco y pedirle paciencia, pues en un par de años el partido sería legalizado46. Esta misma idea se la trasladaría, siendo ya rey de España, en julio de 1976, al ensayista liberal francés Jean-Francios Revel: “Legalizaremos al partido comunista y veréis que en las primeras elecciones libres obtendrá un máximo del $10 \%$ y bajara todavía más a continuación”47. Por su parte, el entonces presidente de las Cortes Torcuato Fernández-Miranda, protector inicial de Suárez, “jamás concibió el proceso de reforma sin la integración del PC, y ello por dos razones que elaboró teóricamente: porque no creía en una verdadera transición sin la integración del partido mas importante de la oposición y porque no quería dejar el campo libre al [Partido Socialista Obrero Español] PSOE con una preocupante capacidad de aglutinar a toda la izquierda”48.
Sin embargo, para que la legalización del PCE fuera un hecho, tuvieron que producirse cinco acontecimientos. El primero fue el masivo apoyo popular a la Ley para la Reforma Política, que fortaleció la posición de Suárez y de la élite franquista reformista, al legitima su política de “reforma democrática” frente a la “ruptura democrática” que preconizaba la oposición, fundamentalmente PCE y el PSOE. El segundo, la moderación mostrada por los miembros del PCE tras el asesinato de cinco abogados laboralistas del partido en la calle de Atocha n.º 55, de Madrid, el 24 de enero de 1977. El tercero, el triunfo electoral del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, James Carter, que supuso el cese de Henry Kissinger, firme opositor a la legalización del PCE, como secretario de Estado. El cuarto, el cambio en el imaginario colectivo español de la percepción del PCE, ya que los partidarios de su legalización pasaron del $2 5 \%$ en octubre de 1976 al $5 5 \%$ en abril de 1977, como demostró una encuesta realizada por la empresa Gallup49. Y el quinto, la aceptación de las condiciones impuestas por Suárez a Carrillo si quería entrar en el juego político – monarquía y bandera roja y gualda- tras la entrevista que ambos sostuvieron el 27 de enero de 1977; lo que significaba una renuncia expresa a la “ruptura democrática”, y la aceptación por el PCE de la “reforma pactada” que proponía Suárez50.
Tras estos cuatro acontecimientos, el PCE había sido reconocido de facto como un actor más en el proceso político. Pero, quedaba su reconocimiento de iure.
La legalización del PCE.
El proceso de legalización del PCE siguió la siguiente cronología:
11 de febrero (viernes). El PCE presentaba en el Ministerio de la Gobernación sus estatutos de acuerdo con el RD 2281/1976, de 16 de septiembre por el que se regulaba el Registro de Asociaciones Políticas51. Eran unos estatutos blancos, más moderados que los del PSOE, hasta el punto que el democristiano conservador Osorio afirmó que eran “tan asépticos como los de una sociedad anónima”52.
22 de febrero (martes). El Gobierno envió la solicitud de admisión del PCE, así como la documentación anexa, a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo –Sala Cuarta– para que dictaminase sobre la licitud o ilicitud de la inscripción del PCE53.
1 de abril (viernes). Durante el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Landelino Lavilla Alsina, informó a sus compañeros de que la citada Sala se inhibía y devolvía el expediente al Gobierno54. Ese mismo día, el Gobierno disolvía el Movimiento Nacional55.
 4 de abril (lunes). Suárez se reunió con Ignacio García, ministro secretario general del Movimiento Nacional; Landelino Lavilla; Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación; Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, y Alfonso Osorio, vicepresidente del Gobierno para Asuntos Políticos, para anunciarles su decisión de legalizar el PCE. Esta postura fue apoyada por los tres primeros ministros citados. Gutiérrez Mellado se mostró reacio, pues temía las consecuencias que se pudieran producir en el estamento militar. Igual posición adoptó Osorio, argumentando que, si la decisión se adoptaba de manera discrecional por el Gobierno, podía traer como consecuencias, por un lado, que se acusase al mismo de una interpretación laxa del Código Penal, y por otro, que los militares se sintiesen engañados56. Esta afirmación de Osorio era la prueba más patente de que Suárez había prometido a los militares no legalizar el PCE. Por ello, y para evitar problemas al Gobierno del que formaba parte, se mostró partidario de encontrar un dictamen jurídico sobre el que fundamentar la decisión de legalizar a dicho partido57.
5 de abril (martes). Durante una cena informal, el magistrado del Tribunal Supremo, Jerónimo Arozamena, dio a Martín Villa la clave para la futura legalización del PCE al comentarle la posibilidad, tras la inhibición del Tribunal Supremo, de pedir un dictamen a la Junta de Fiscales sobre el carácter lícito o ilícito de la inscripción58.
6 de abril (miércoles). Martín Villa informó a Suárez de la fórmula que le había propuesto Arozamena, y el presidente del Gobierno, a su vez, se la consultó al ministro de Justicia, dando ambos el visto bueno para que se pusiera en marcha. Martín Villa se dirigió entonces a la Dirección General de Política Interior para que le informase de qué procedía hacer tras la declaración de incompetencia del Tribunal Supremo, y su jefe, José Luis Gómez Dégano, informó que procedía remitir la documentación sobre el PCE a la Fiscalía del Estado para que dictamine su licitud o ilicitud penal. Y eso fue lo que se hizo. A partir de ese momento, según Martín Villa, el Gobierno puso en marcha la estrategia para la legalización del PCE59:
La estrategia, basada en dos puntos tan típicamente franquistas como la sorpresa y el adoptar las grandes decisiones en vacaciones, era muy simple: dispersión del Gobierno y de la clase política en Semana Santa; petición mía al ministerio fiscal del informe sobre el que apoyar la definitiva inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas y cobertura del mundo militar por parte de Gutiérrez Mellado.
Dentro de esta estrategia, los dos últimos puntos eran los verdaderamente trascendentes. Martín Villa cumplió su cometido, y el Fiscal del Reino, Eleuterio González Zapatero, suspendió sus vacaciones y regresó a Madrid, donde se dispuso a localizar a los miembros de la citada Junta, que se encontraban en sus respectivos lugares de descanso60. Por su parte, Gutiérrez Mellado informó a los tres ministros militares de que se estaba a la espera de un dictamen jurídico, que si era positivo, permitiría la legalización del PCE. Así lo ha atestiguado uno de los miembros de su gabinete, el entonces comandante de Artillería DEM Ángel de Lossada y de Aymerich61.
9 de abril (sábado). A las nueve de la mañana se reunió la Junta de Fiscales Generales. Tras deliberar, emitía un informe, en el que afirmaba62:
El Fiscal del Reino, oída y de conformidad con la Junta de Fiscales Generales, dice: primero, de dicha documentación no se desprende ningún dato que determine de modo directo la incriminación del expresado partido en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su reciente redacción.
Eran las doce de la mañana. El Gobierno ya tenía el dictamen jurídico que precisaba. A partir de ese momento, se procedió a llevar a cabo la legalización. Primero, se levantó la suspensión que pesaba sobre el PCE para que se inscribiese en el Registro de Asociaciones. A continuación, con la ayuda de los magistrados Joaquín Arozamena y Rafael Mendizábal, ambos del Tribunal Supremo, se procedió a redactar el documento por el que se legalizaba a dicho partido, fundamentándolo jurídicamente en el dictamen de la Junta de Fiscales Generales63. Ya solo quedaba hacer pública la noticia. Andrés Reguera Guajado, ministro de Información y Turismo telefoneó a su subsecretario, Sabino Fernández Campo, y le indicó que, esa misma tarde, debía trasladarse a una reunión en el Ministerio de la Gobernación, en sustitución suya, y que una vez concluida esta, le informase de lo tratado. Fernández Campo narró así lo ocurrido en dicho encuentro64:
Llegué al Ministerio, en la Calle de Amador de los Ríos, y me recibió enseguida en un despacho el Ministro Rodolfo Martín Villa. Estábamos solos, sin el resto de los asistentes que yo había imaginado.
El Ministro me dijo:
–Te hemos llamado para que en vuestro Ministerio se instrumente con rapidez la forma de dar la noticia del reconocimiento del Partido Comunista.
Mi sorpresa fue grande.
El hecho de haber estado destinado en la Secretaría de seis Ministros del Ejército durante 20 años había dado lugar a que continuara manteniendo el contacto de amigos y compañeros militares con los que cambiaba frecuentemente impresiones en aquellos.
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momentos delicados de la transición y me informaban de detalles interesantes. Ellos me habían proporcionado copias de las cartas, escritos y circulares que se habían cursado después de la importante reunión a que tantas veces me he referido. De esos documentos se deducía claramente la certeza de que aquel reconocimiento no iba a tener lugar. Por eso me permití preguntar a Martín Villa:
$- \dot { \iota } ^ { \mathrm { Y } }$ los militares? ¿Se les ha dicho que cambiaron los planes y las promesas? [...].
Pero hube de insistir:
$- \mathrm { { S i } }$ no se le ha dicho a la cúpula militar, ¿será procedente que se enteren por los medios de comunicación? $\therefore \mathrm { N o }$ es grave que llegue a su conocimiento como un hecho consumado?
Rodolfo Martín Villa se quedó pensativo. Me pidió que esperara un momento y dejó el despacho durante un rato.
Cuando volvió se limito a decirme:
–Este tema está solucionado.
La noticia se dio a conocer públicamente a las seis de la tarde del citado día, por RNE, en la voz de Alejo García.
A partir del momento en que la legalización del PCE fue un hecho público, comenzaron los problemas para el Gobierno en el ámbito castrense. A los militares les importó muy poco, al contrario de lo que pensaba Osorio, el hecho de que la legalización estuviese fundamentada jurídicamente, como tampoco dieron la menor trascendencia a los cambios que se habían producido en los estatutos de dicho partido que –como afirmaba Sabino Fernández Campos– Suárez debería haber comunicado a los altos mandos militares en una nueva reunión, ya que podían traer como consecuencia su legalización65.
En estas circunstancias, los altos mandos de las FAS consideraban que seguía vigente la promesa de Suárez. Por tanto, cuando recibieron la noticia de la legalización del PCE, se sintieron engañados y pusieron en marcha diferentes operaciones de blackmail o chantaje, con el objetivo de obligar al Gobierno a cambiar su política y volver a supeditarla a las FAS.
La reacción en medios militares.
El primero en actuar fue el almirante Pita da Veiga, que el día 11 de febrero, presentó la dimisión irrevocable de su cargo. La causa era su desconocimiento de que se iba a producir la legalización del PCE. De la misma forma se expresaron Franco Iribarnegaray, ministro del Aire, cuya dimisión anunció El Alcázar66, y Álvarez Arenas. Los tres afirmaron que se habían enterado de la legalización por los medios de comunicación67. Este hecho fue, sin duda, el más espinoso de todos y sobre el que giran el resto de los acontecimientos. La versión de los tres ministros militares fue rechazada por el ya citado comandante Lossada, quien afirmó, como ya sabemos, que el vicepresidente del Gobierno llamó a los ministros militares el miércoles 6 de abril por la mañana, así como por el propio Gutiérrez Mellado, quien declaró: “yo llamé personalmente a los tres ministros militares, por encargo del Presidente Suárez, anunciándoles la inmediata posibilidad de la legalización del Partido Comunista si el informe judicial que se había solicitado era positivo”68. En este párrafo no dijo ni la fecha ni la hora en que tuvieron lugar estas llamadas, pero poco antes de morir, en su última entrevista, afirmó69:
P: ¿Qué pasó el día de la legalización entre usted y los tres ministros militares? R: Suárez, me dice: “Llama a los ministros militares y diles que si una autoridad judicial da un informe en el que no pone pegas a la legalización, se va a legalizar el Partido Comunista”. Yo llamé a los ministros y todavía tengo por ahí perdidas unas cuartillas. Pero yo les llamo, les digo eso y les digo también que para ese tema el presidente les recibe en el acto si ellos quieren. Hablo con Franco Iribarnegaray, que era muy amigo mío; hablo con Félix Álvarez-Arenas y hablo con Pita. Los dos primeros no dicen nada y Pita me dice: “¿Qué juez?”. Yo le contesto: “No sé, pero si llamas al Presidente, él te lo explicará”.
En esta entrevista se decía claramente que las llamadas tuvieron lugar el mismo día de la legalización, pues la Junta de Fiscales se reunió el sábado y ese mismo día, emitió su informe70. Por tanto, existe una contradicción entre el testimonio de Lossada, y el de Gutiérrez Mellado, pero también con los de Sabino Fernández Campo y Martín Villa, quienes afirman que hasta ese momento se había tenido al margen a los ministros militares71.
En todo caso, y nada más conocer la noticia de la legalización del PCE, suspendieron sus vacaciones y regresaron a Madrid. En la capital de España, y a pesar de que era domingo, acudieron a sus despachos oficiales, donde recibieron multitud de llamadas críticas con la actuación del Gobierno. Pita da Veiga fue el que más, por el asesinato masivo de miembros del Cuerpo General de la Armada, incluido su propio padre, en los primeros momentos de la Guerra Civil, crimen del que siempre se acusó a militantes del PCE. Allí conocieron que Gutiérrez Mellado les había informado de que el PCE iba a ser legalizado cuando la Junta de Fiscales había enviado ya su informe positivo y el documento para justificar la decisión estaba redactado. Es decir, cuando el PCE ya estaba legalizado de iure. Así se desprende del testimonio de Osorio, quien
69. VV. AA., Memoria de la Transición, p. 472.
71. Martín Villa, Al servicio del Estado, p. 67. Contra esta opinión se alza el testimonio del hoy teniente general Miguel Iñiguez del Moral, miembro del gabinete de Gutiérrez Mellado, quien afirma: “A los ministros se les comunica varios días antes…, antes desde luego de la Semana Santa, que el Gobierno tiene intención de legalizar el Partido Comunista. Hubo un informe, en el que se estudian las razones para actuar así, que se les pasó a los ministros. Lo que se dice en ese informe es que la intención del Gobierno es legalizar al PCE, que se les va a legalizar si el fiscal del Reino no dice nada en contra… Estos días, Gutiérrez Mellado se reúne personalmente con los tres ministros militares y se lo explica. No estoy seguro, pero creo que a esta reunión incluso asiste el presidente Suárez. La noticia ahí se les da claramente”. Medina, Memoria oculta del Ejército, p. 302-303. Esta reunión no es reconocida por ninguno de los protagonistas, ni siquiera por el propio Gutiérrez Mellado.
narró una conversación que mantuvo con Suárez el 11 de abril y cuyo contenido es esclarecedor de lo ocurrido72:
Pero –le pregunto– ¿no me aseguraste que Manuel Gutiérrez Mellado había obtenido la conformidad de los ministros militares? Bueno –me ha contestado elusivamente–, quizá se retrasó, pero ya está hecho y hay que afrontar la sustitución. El problema ahora es que va a ser difícil encontrar un almirante en activo para sustituir a Gabriel Pita.
Este hecho nunca fue reconocido por Gutiérrez Mellado. Sin embargo, lo cierto es que Pita da Veiga dimitió porque no se le había advertido con tiempo de lo que se estaba preparando. La dimisión del almirante fue una forma de blackmail o chantaje que ha sido característica de la Armada en algunos países democráticos occidentales, como fue el caso de la revuelta de los almirantes que tuvo lugar en EE.UU. en $1 9 4 9 ^ { 7 3 }$ . Esta intervención es propia de este Ejército, el menos capaz, por su naturaleza, de proyectar su poder en el ámbito interno de un país. Su desarrollo sigue siempre los mismos parámetros: primero, se produce la dimisión de su más alto mando, y a continuación el resto de los mandos se niegan a ocupar su puesto, lo que crea una fuerte tensión con el Gobierno con el objetivo de provocar un cambio en la política de éste. Para que esto ocurra, es necesario que exista un fuerte espíritu corporativo. En el caso de la Armada española, este siempre ha existido, existía en $1 9 7 7 ^ { 7 4 }$ , e incluso continúa existiendo en la actualidad. Por eso, tras la dimisión de Pita da Veiga, el resto de los almirantes españoles en activo se negaron a ocupar su puesto75.
Ante esta tesitura, Suárez planteó dos soluciones: nombrar a un civil o hacerse cargo del Ministerio él mismo. Ambas soluciones eran negativas, pues hubieran creado más tensión en el seno de la Armada. Fue en este momento cuando apareció el vicealmirante Pascual Pery Junquera. Este marino se había retirado por propia voluntad, seis años antes de cumplir la edad reglamentaria, tras un enfrentamiento con Pita da Veiga, que le había cesado del cargo de subsecretario de Marina Mercante. Era uno de los escasos miembros de la Armada que estaba en posesión de la Medalla Naval Individual (MNI), segunda condecoración en importancia tras la Cruz Laureada de San.
Fernando76. Pery aceptó el cargo –como en 1949, hizo el vicealmirante Forrest Sherman con el de jefe de Operaciones Navales, en los EE.UU. –, tras entrevistarse con Gutiérrez Mellado y hablar telefónicamente con Suárez el 13 de abril77. La toma de posesión tuvo lugar el día 15. Así se cerraba uno de los capítulos de esta crisis, en el que la Armada, a pesar de su fracaso al no conseguir que el Gobierno modificase su política, había actuado con un fuerte espíritu corporativo, algo que no iba a ocurrir en el resto de los Ejércitos, especialmente en el más importante, el de Tierra.
Si existía una fuerza capaz de frenar el proceso de cambio político, esa era el Ejército de Tierra, el más capaz de proyectar su poder en el ámbito interior.
En la mañana del 12 de abril, el capitán general de la I Región Militar, teniente general Federico Gómez de Salazar –amigo y compañero de promoción de Gutiérrez Mellado–, decidió convocar en el edificio de Capitanía General una reunión urgente, a la que asistieron todos los mandos de la Región, incluido el más importante, el general de división Jaime Milans del Bosch y Ussía, jefe de la División Acorazada Brunete n.º 1 (DAC), la gran unidad más importante del Ejército español. Este encuentro tuvo lugar en un ambiente extraordinariamente crispado. Según algunos testimonios, el jefe de la DAC estuvo a punto de sacar los carros de combate a la calle. Si no lo hizo fue porque no contaba con el apoyo del Rey78. Por el contrario, el entonces coronel Sáenz de Tejada, asistente a dicha reunión, afirmó que lo que realmente se discutió fue que el ministro del Ejército también debería dimitir como lo había hecho Pita da Veiga79. En todo caso, y esto fue lo realmente trascendente, esta diferencia de criterio en el Ejército, que no existía en la Armada, demostraba que el objetivo de Suárez de acabar con el espíritu corporativo en el seno de las FAS comenzaba a lograrse, ya que ni siquiera los mandos de una región militar eran capaces de acordar una postura común. Y eso aunque todos estuviesen en desacuerdo con la legalización del PCE, como demostró el Estado de opinión de las Unidades de la I Región Militar correspondiente al mes de abril80.
La dimisión de Pita da Veiga había supuesto un jaque al Gobierno y la reunión de los mandos de la I Región Militar, una manifestación clara del malestar que afectaba a todos los escalafones del Ejército. Pero el mismo día en que tuvo lugar ese encuentro el Gobierno habría de sufrir otro contratiempo. Álvarez-Arenas se había visto obligado a convocar una reunión urgente del Consejo Superior del Ejército (CSE) para el martes, día 12 de abril81. La reunión, que no estuvo presidida por el ministro del Ejército –se puso enfermo esa tarde–, sino por el JEME, teniente general José Miguel Vega.
Rodríguez (segundo en la jerarquía del Ejército español), iba a tener un carácter muy borrascoso como, posteriormente reconoció el propio Gutiérrez Mellado82.
Un grupo de tenientes generales, encabezados por Francisco Coloma Gallegos – capitán general de la IV Región Militar– y Pedro Merry Gordon –capitán general de la II Región Militar–, dos militares muy prestigiosos y más antiguos en el empleo de teniente general que Gutiérrez Mellado, se dedicó a azuzar a los demás en contra del Gobierno.83 Por el contrario, Antonio Ibáñez Freire –un hombre de Gutiérrez Mellado y director general de la Guardia Civil–, intentó defender la postura del Ejecutivo. Una posición similar mantuvo Gómez de Salazar, capitán general de la I Región Militar84. Estos dos militares no tenían tanta ascendencia entre sus compañeros como los anteriores, pero los mandos que ocupaban los convertían, desde el punto de vista operativo, en los tenientes generales más importantes del Ejército español.
Los argumentos de unos y otros demostraron de nuevo la efectividad de la política de ascensos de Gutiérrez Mellado, pues de manera similar a lo que había ocurrido en la reunión de los mandos de la I Región Militar, los integrantes del CSE fueron incapaces de acordar una postura común. Ni forzaron la dimisión del ministro del Ejército, porque nadie quería sustituirlo85, ni se atrevieron a sublevarse, porque estaban divididos. En consecuencia, optaron por mantenerse en la legalidad. A la vez, estuvieron de acuerdo en advertir al Gobierno, mediante la emisión de un comunicado donde implícitamente se le amenazaba con el empleo de la fuerza si se ponía en peligro “la Unidad de la Patria, el honor y respeto a su Bandera, la solidez y permanencia de la Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas”. No obstante, esta amenaza quedaba empañada con otro párrafo donde se afirmaba que “El Consejo Superior consideró que la legalización del Partido Comunista de España es un hecho consumado que admite disciplinalmente, pero consciente de su responsabilidad y sujeto al mandato de las Leyes expresa la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efectos unilateralmente, dada la gran trascendencia política de tal decisión”86. Es decir, el CSE se limitaba a advertir al Gobierno de que no pusiera en peligro un conjunto de conceptos claves para los militares, pero no iba a tomar ninguna decisión inmediata para oponerse a la legalización del PCE. De este modo, y a pesar del supuesto contenido amenazador del comunicado, los altos mandos del Ejército renunciaban a tutelar y mucho menos a detener el proceso de cambio político al carecer de una postura consensuada frente a la política del Gobierno.
A pesar de que el comunicado constituía realmente el comienzo del fin del “poder militar como Gobierno”, su contenido podía ser considerado una auténtica ofensa para el Gobierno, y así lo entendió su presidente. Suárez telefoneó el 13 de abril, a Álvarez-Arenas y a Vega Rodríguez y, en palabras textuales de Gutiérrez Mellado, los “peinó”87 por lo ocurrido en la reunión. Esta actitud del presidente demostraba lo mucho que había cambiado su relación con las FAS ya que, si siete meses antes había pedido su apoyo para poner en marcha el proceso de cambio político, ahora, tras el apoyo popular conseguido con la Ley para la Reforma Política, era capaz de enfrentarse con los dos principales mandos del Ejército y afearles su conducta. Los dos militares debieron comprender este cambio, ya que decidieron repudiar el primer comunicado, que se calificó de no oficial, y elaboraron otro más moderado –lo hicieron Vega e Ibáñez Freire–, que fue emitido el 14 de abril por el Gabinete de Prensa y Relaciones Públicas de la Secretaria Militar y Técnica del Ministerio del Ejército. Decía así88:
EL MINISTRO DEL EJÉRCITO A TODOS LOS GENERALES, JEFES, OFICIALES Y SUBOFICIALES:
Por una inadmisible ligereza de la Secretaría Militar de este Ministerio, se envió un documento dirigido a los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales del Ejército exponiendo unos hechos que no corresponden a la realidad, con el peligro de producir gran confusión entre nuestros Cuadros de Mando.
Dicho documento no había obtenido mi aprobación ni la del Jefe de Estado Mayor del Ejército, pero su precipitada difusión no pudo ser totalmente evitada.
El documento que mereció mi aprobación fue del siguiente tenor:
“Es de gran interés que llegue a conocimiento de todos los componentes profesionales del Ejército que en relación con la legalización del Partido Comunista, no me fue posible informarles oportunamente de las razones y justificación de dicha legalización porque el documento justificativo llegó a mi poder el viernes, día 8, por la tarde y la legalización fue oficial el sábado, día 9.
En consecuencia, el Consejo Superior del Ejército fue convocado para la tarde del día 12 del corriente al objeto de informar a los Altos Mandos de dichas razones, que se justificaban con base en los más altos intereses nacionales en las circunstancias actuales, para que, a su vez, dichos Mandos trasmitieran a sus subordinados las conclusiones del Consejo Superior, que se reproducen a continuación y que fueron objeto de una posterior nota oficial:
El Consejo Superior del Ejército acordó por unanimidad informar al Sr. Ministro de los siguientes extremos, según el Acta levantada al efecto:
–La legalización del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las Unidades del Ejército.
–No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado.
–El Consejo considera debe informarse al Gobierno de que, el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las Instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.
Para evitar cualquier confusión en relación con lo anterior, me interesa exponer que el acuerdo del Consejo fue unánime en la redacción de las conclusiones y que es un deber ineludible de todos nosotros hacer honor a lo que en las mismas se dice.
Así pues, quiero expresar mi seguridad de que todos cuantos orgullosamente pertenecemos al Ejército español, sabremos cumplir con nuestro deber de mantenernos disciplinadamente unidos, confiando plenamente en nuestros mandos, a los incondicionales órdenes de nuestro Rey y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, así como al servicio de España, dentro del mayor respeto y acatamiento a las decisiones de nuestro Gobierno, que no tiene otra mira que laborar incansablemente por el bien de la Patria y con la más absoluta lealtad a la Corona, al tiempo que con la mayor consideración y afecto para las Fuerzas Armadas.
Madrid, 16 de abril de 1977, FÉLIX ALVÁREZ-ARENAS Y PACHECO.
MUÑOZ BOLAÑOS Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE.
Además de descalificar el primer comunicado, el ministro del Ejército asumía la culpa por no haber informado a las unidades militares de la inmediata legalización del PCE, de la que había sido informado el día 8 de abril. Esa actitud fue muy criticada por los sectores de extrema derecha89.
Con la modificación del contenido del comunicado del CSE, parecía superada la crisis en el seno del Ejército, pero sus altos mandos decidieron enviar una nota reservada al Rey, redactada por el propio Consejo Superior y cuyo contenido era90:
ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DEL EJÉRCITO.
Hacer llegar a S.M. el Rey directamente el disgusto del Ejército y que su figura se está deteriorando a consecuencia de la actitud del Gobierno (Dejaciones, pasividad, falta de autoridad, indecisión...).
Hacer saber al Presidente del Gobierno:
La burla que para el Ejército ha supuesto su actitud en contra de lo que dijo a los tenientes generales de Tierra y Aire y almirantes de la Armada.
Que es inadmisible que por un “error administrativo” se tenga al ministro del Ejército en la ignorancia de una decisión trascendental.
Qué es responsable de un “error administrativo” salga del Gobierno.
Que garantice que la actuación del Partido Comunista, no interferirá en lo más mínimo a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión.
Que se adopten las medidas para que por ningún medio se ataque: LA UNIDAD DE LA PATRIA, LA CORONA Y A LAS FUERZAS ARMADAS, que éstas están dispuestas a defender por todos sus medios.
Esta nota, muy parecida al primer comunicado, tomaba la forma de blackmail, pues buscaba un cambio en el Gobierno que llevase aparejado el cese o dimisión de Gutiérrez Mellado, al que se consideraba responsable último de no haber informado al ministro del Ejército de la inmediata legalización del PCE. Para dar mayor fuerza a sus pretensiones, advertían al Jefe del Estado del deterioro que estaba sufriendo su figura.
No es de extrañar, por tanto, que el Jefe del Estado, nada más conocer el contenido de la nota, tomara las medidas oportunas para obtener información de primera mano sobre lo que realmente había ocurrido en la reunión del CSE. Para ello, recurrió al general de brigada de Artillería Alfonso Armada Comyn, jefe de la Secretaría de S.M. el Rey y su hombre de confianza en las FAS, al que ordenó que se entrevistase con los asistentes a la reunión e intentase conseguir la mayor información posible sobre lo que allí se había hablado, informándole de que existía una fuerte desconfianza hacia el gobierno que también afectaba al Rey91. Sin embargo, a pesar de esa desconfianza y de esa amenaza de una posible intervención, ni el Jefe del Estado retiró su confianza a Suárez, ni éste hizo lo propio con Gutiérrez Mellado, con lo que fracasó este nuevo intento de blackmail por parte del CSE.
El sábado 16 de abril, con la crisis ya superada, los diarios anunciaban en primera página la decisión del Consejo de Ministros, adoptada el día anterior, de convocar para el 15 de junio de 1977 las primeras elecciones legislativas92.
Conclusión.
La legalización del PCE provocó una grave crisis política en España y marcó un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y las FAS, con las siguientes consecuencias:
La primera, demostró que el proyecto de reforma de Suárez tenía por objeto el establecimiento de una democracia plena en nuestra nación, que no estaría tutelada por las FAS ni limitaría las opciones ideológicas que podrían elegir los españoles en elecciones libres.
La segunda, creó un fuerte clima de desconfianza, incluso rencor en las FAS, hacia los dos responsables del hecho, Suárez y Gutiérrez Mellado, rencor que a veces se convirtió en odio y que, desde luego, nunca se superó. En este sentido, el futuro almirante Liberal Luccini, gran colaborador de Gutiérrez Mellado, escribe a propósito de este acontecimiento: “Sin duda, la forma en que se hizo creó tensiones y complicaciones que no resulto fácil resolver, con la consecuencia irremediable de que el presidente Suárez perdió la credibilidad ante las Fuerzas Armadas, que siempre se consideraron engañadas”93.
La tercera, demostró la incapacidad de las FAS como institución, y del Ejército de Tierra como vector más importante de las mismas, para actuar de forma corporativa frente al proceso de cambio político que había iniciado el presidente Suárez. En este sentido, la política de ascensos de Gutiérrez Mellado fue clave para romper la unidad dentro del alto mando de las FAS.
La cuarta fue que, como consecuencia de este fracaso corporativo de las FAS para enfrentarse al Gobierno a propósito de la legalización del PCE, determinados sectores de las mismas y también de las Fuerzas de Orden Público (FOP), llegaron a la conclusión de que solo podría modificarse el proceso de cambio político iniciado,
MUÑOZ BOLAÑOS Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE
mediante operaciones de desplazamiento94 o suplantación95, es decir, mediante acciones de carácter golpista. Se abriría el tercer período del intervencionismo militar durante la transición, en el que se producirían las principales operaciones golpistas de esta etapa histórica.