PAZ MORO, Agurtzane; GARCÍA-GÓMEZ, Ismael; FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, Jon Andoni; LEMA PUEYO, José Ángel; DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio; GARCÍA ZÚÑIGA, Mario; MUNITA LOINAZ, José Antonio; DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón, “Por merçed e mandado de mi sennora”. El señorío de María de Mendoza a fines de la Edad Media: nuevos textos para el estudio de la sociedad alavesa (1332-1511), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2019, 464 pp. (Colección “Inéditos de Historia”, 14), ISBN: 978-84-1319-032-7.
DOI: https://doi.org/10.24197/em.21.2020.532-537.
Como libro de responsabilidad compartida por sus ocho autores se presenta esta obra, resultado de un proyecto de investigación. Díaz de Durana, sólidamente afianzado sobre su investigación personal ‒que aquí se plasma en bastantes contenidos concretos‒, firma una expresiva introducción, que predispone al lector a aprovechar la información proporcionada. El resultado forma parte de un conjunto de obras planteadas y desarrolladas con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la sociedad vasca –en este caso, en especial, de la nobleza señorial‒ en los últimos siglos medievales y el inicio de la época moderna, utilizando como fuentes primarias un rico conjunto documental de variada procedencia y diversa entidad temática, que constituye el eje vertebral de la investigación.
Seis “estudios” componen una primera parte, en la que los distintos y complementarios contenidos resultan de la colaboración de los ocho autores, entre tres y cuatro en cuatro de los capítulos, mientras que dos de éstos responden a una sola firma.
Entre los dos primeros, destinados a esclarecer los orígenes del linaje y la formación de la nueva casa señorial de los Mendoza señores de Mártioda y su evolución hasta principios del siglo XVI, tal vez habría sido más adecuado presentar, en primer lugar, el estudio genealógico desarrollado por Dacosta, Paz y Díaz de Durana, completado por un interesante cuadro ilustrativo. En cambio, aquí, antes de esto, Paz, Lema y Díaz de Durana dedican las primeras 35 páginas a la presentación de los miembros del linaje en cuestión, remontándose hasta la antigua tradición genealógica sobre el origen de los Mendoza. El interés se centra, sobre todo, a partir del reinado de Alfonso XI y, especialmente en los tres siguientes, dado que el origen del linaje se vinculó a la constitución del señorío, en la tercera década del siglo XIV, integrado principalmente por los lugares de Mártioda, así como Hueto de Suso y de Ayuso. En esa época, la titularidad del mismo ‒marcada por una homonimia generadora de epítetos‒, pasó de Juan Hurtado de Mendoza “el Viejo” a su hijo homónimo, “el Limpio” o “El Mozo”, que dio paso a su heredero, Ruy Díaz de Mendoza, padre de la protagonista principal del estudio, María de Mendoza, cuyo señorío se iniciaba en 1404, a la muerte de su progenitor, enmarcada en una etapa de tutela parental.
Durante un largo período, desde los inicios del siglo XV hasta su fallecimiento, en 1472, María de Mendoza se situó al frente del gobierno de sus señoríos y de la administración de su patrimonio. Tras una compleja estrategia matrimonial, cuajó al fin su unión con Diego Pérez Sarmiento, titular del señorío alavés de Salinas, cabeza de la futura casa condal de este nombre. Según era habitual, la unión propició las relaciones con el linaje del esposo, los Sarmiento ‒en el testamento de esta señora se atribuían responsabilidades al conde de Salinas, y el apellido aparece también entre los testigos‒ y lo usual habría sido la unión de ambas armas y patrimonios en manos de un heredero de los Sarmiento–Mendoza. Sin embargo, una circunstancia especial, la falta de descendencia, impidió dicha fusión, sin que en el linaje femenino de los señores de Mártioda, el masculino dejara su impronta, dado que siguió su evolución aparte, vinculado a los hijos que el esposo tuvo de su primer matrimonio. Mientras, la viudedad prematura de María de Mendoza, en 1433, le devolvió el protagonismo absoluto, durante casi cuatro décadas en que ejerció como señora de esos lugares en la Llanada alavesa, según sucedió en numerosas ocasiones en prácticamente todas las casas de la nobleza señorial. En su titularidad, tuvo que afrontar el gran reto: la consolidación de la Casa, estableciendo o fijando los necesarios indicadores de identidad y elementos de representación: el uso onomástico, las armas, la fijación de la casa-solar, así como la designación del lugar de referencia tras la muerte, además de la búsqueda de descendencia y la fijación de los criterios de sucesión.
Como solar de referencia todo indica que fue elegido Mártioda, con su casa fuerte y su iglesia de San Juan Evangelista en cuya bóveda quedaron instaladas las bandas, panelas y lobos, representación de las armas de los Mendoza, de los Hurtado de Mendoza y de los Ayala, respectivamente. Por otra parte, su testamento, fechado en Vitoria 19 octubre 1470, dos años antes de su muerte, nos informa de la construcción, financiada y dispuesta por ella, de una sepultura en el coro en el monasterio de San Francisco de Vitoria, lo que demuestra su voluntad de establecer un panteón familiar, como elemento de identidad y recurso de representación de linaje y Casa.
Es precisamente el último aspecto, el de la descendencia y la sucesión, en el que los autores destacan la originalidad y la extraordinaria personalidad de quien, habiendo procreado un hijo natural –habido con su confesor‒ no dudó en contraer de nuevo matrimonio con un pariente, Juan de Mendoza señor de Urrialdo, para dar cobertura linajística a ese hijo, de nombre Juan, una vez legitimado, como heredero. Finalmente, las circunstancias que rodeaban a quien debía heredarla –su condición de legitimado‒ determinaron la decisión de la señora de sucederla, en 1463, como heredero del linaje y “señor natural” –prescindimos aquí de la atención a la trascendencia de dicho concepto‒ de los lugares bajo su jurisdicción. Con su sucesión, se daba paso a un nuevo período en la evolución de la Casa, que respondía a los parámetros habituales entre la nobleza señorial de no muy elevado rango, apuntalada sobre las usuales bases de poder y prestigio –patrimonio, señoríos, rentas‒, pero con una importante particularidad ‒tal vez insuficientemente destacada en el libro‒, como fue la ausencia de la fórmula del mayorazgo, ya por esas fechas absolutamente generalizada, sobrepasando el estatus nobiliario para alcanzar incluso al sector de la burguesía. En todo caso, su hijo y sucesor, Juan de Mendoza, tomaba el relevo en el último cuarto del siglo XV, para continuar la trayectoria de la Casa señorial en las siguientes décadas, dejando, a su vez, como heredero del señorío de Mártioda y los Huetos, al mayor de sus hijos Luis de Mendoza.
A continuación, se analiza la formación y administración de ese “pequeño señorío nobiliario”, que, además, era “el primer señorío jurisdiccional” surgido en Álava, como lo califican los cuatro autores de este tercer capítulo, Munita, GarcíaZúñiga, Díaz de Durana y Dacosta. Respecto a Mártioda, han tenido que desenvolverse en el silencio documental, y, al hilo de varias interpretaciones –su posible carácter de antiguo solar del linaje, o bien de donación regia, o, incluso, de adquisición onerosa entre 1332 y 1390‒ han sido capaces de proponer que el lugar y su torre, construida entre finales del siglo XIII y principios del XIV, ya pertenecían a los Hurtado de Mendoza desde entonces, según se analiza detalladamente en un interesante y detallado estudio histórico-arqueológico, a cargo de Ismael García-Gómez, presentado, con las correspondientes ilustraciones, como sexto capítulo. Sí está documentada la constitución, en dos etapas, del señorío de las aldeas de los Huetos, con ocasión de la disolución de la Cofradía de Arriaga, o de Álava, bajo el gobierno de Alfonso XI. En la primera, en 1332, el rey concedió con carácter hereditario a Juan Hurtado de Mendoza esos dos lugares, con el término, rentas, pechos y derechos y con capacidad para poblarlos con ochenta vecinos pecheros, hidalgos aparte. La donación, con su fórmula diplomática retórica, otorgaba al señor capacidad de dominación sobre los habitantes, sin que la monarquía accediera a desprenderse de los atributos de gobierno y jurisdicción. Su alcance respondía a las circunstancias de lugar y época, pero hay que tener en cuenta que, con anterioridad, bastantes señoríos castellanoleoneses estaban obteniendo “privilegio de inmunidad” –entre otros, el señorío leonés de Benavides, en $1 3 0 6 -$ , por el que la Corona preservaba el lugar de la entrada de agentes regios, de modo que, convertido en señorío inmune, esperaba el paso definitivo al señorío jurisdiccional pleno iure, ya bastante difundido en época pretrastámara. En este caso, en cambio, fue en 1342, en el marco de la política señorial abordada por la monarquía –no tanto en razón del “reducido tamaño del señorío”, como aquí se argumenta‒, y, a solicitud del señor, cuando Alfonso XI lo convirtió en temprano “señorío cumplido”, es decir, señorío de jurisdicción, que implicaba los consabidos derechos de gobierno y administración de justicia, aunque a reserva de los iura regalia, fundamentalmente la mayoría de justicia regia.
Una vez examinado el proceso de legitimación del poder señorial, podría haberse completado la información atendiendo al procedimiento de exhibición del mismo, a partir de un documento publicado en la colección documental $\boldsymbol { ( \mathrm { n ^ { o } ~ 1 6 , } }$ , editado en 1994 por Díaz de Durana). En él se describe ‒aunque sin tantos detalles sobre la ritualidad como acostumbran a incluir los documentos de este tipo‒ una sencilla toma de posesión de señoríos, en febrero de 1463, con presencia de clérigos, hidalgos y pecheros, para la que María de Mendoza no eligió como locus la casa fuerte de Mártioda, sino la iglesia parroquial de Hueto de Yuso, lo que probablemente indica, por un lado, una actitud de acercamiento señorial a los vecinos, y, por otro, la importancia concedida por la señora a su capacidad de acción y decisión sobre las iglesias situadas bajo su patrocinio señorial. Por otra parte, este mismo documento proporciona información sobre el destacado papel de los alcaides de las fortalezas señoriales, aludiendo a su obligación de prestar el preceptivo pleito homenaje para el ejercicio de su tenencia.
Con buen criterio, el estudio se ha centrado especialmente en la hacienda señorial, en especial en lo relativo al capítulo de ingresos, aprovechando una espléndida documentación contable incluida en varios cuadernos, analizada con soltura y precisión y plasmada en una serie de listados. Se trata de un tema árido ‒ muy del gusto de quienes nos adentrábamos en los estudios señoriales a partir de la década de los ochenta del pasado siglo‒, pero muy necesario de abordar: poder y patrimonio, es decir, rentas e ingresos, eran realidades indisolubles. En este sentido, lo importante no es sólo situar al linaje en un ranking cuantitativo –que, sin duda, viene a demostrar la discreta posición de estos señores, en comparación con la poderosa nobleza dueña de extensos estados señoriales‒, sino valorar la capacidad de María de Mendoza y sus sucesores para exigir entregas vasalláticas de determinadas cantidades en especie y, cada vez más, en dinero, y conocer los conceptos en función de los cuales llegaban hasta sus arcas dichos ingresos por la explotación de sus propiedades y como reconocimiento de su autoridad señorial, como los censos, semoyo, buey de marzo, servicio, yantar, botija, filandera, derechos de alcaldía, o los derivados de la administración de justicia. Interesa señalar la inclusión de los derechos correspondientes a la esfera eclesiástica, principalmente los diezmos, obtenidos en función del patronato, una atribución ansiada por la nobleza señorial ‒no sólo por su rentabilidad económica, sino por su carga de poder real y simbólico sobre los vecinos‒, cuya presencia en este señorío llama la atención de los autores por su escasez en ese territorio. Los apuntes contables dibujan la imagen de una hacienda señorial de menor entidad, gestionada, sobre todo, por el alcaide de la torre de Mártioda, y con un claro sentido arcaizante, en el que no parecen tener cabida las “rentas nuevas”, como las ansiadas alcabalas, aunque los autores sí valoran la introducción de los señores en los circuitos mercantiles próximos, en lo relativo a sus excedentes en especie.
Resulta muy apropiado el detallado análisis de algunos de los tributos vasalláticos realizado en un capítulo específico a cargo de Fernández de Larrea. En el marco, ya complejo de por sí, de dichas cargas y tributos, sabemos que solían superponerse variantes particulares, con una terminología específica. Situado ante esos vocablos ‒a veces de etimología incierta‒ el historiador debe indagar su origen y su sentido, mediante una metodología comparativa, como la que aquí se ha utilizado, permitiendo localizar paralelos para la botija, por ejemplo, en los “botoyers” bearneses, titulares de tenencias serviles, y en la documentación burgalesa plenomedieval para otra carga vasallática, cuyo nombre, la filandera, no deja lugar a dudas sobre su vinculación a una actividad artesanal de índole femenina. A reseñar aquí la breve relación bibliográfica con que se concluye el capítulo, que habría resultado conveniente incluir también en cada uno de ellos, o en un apartado general.
Lema, Munita y Díaz de Durana abordan, a continuación, el marco de relaciones señor-vasallos, desde los inicios del siglo XV hasta 1511, contando, sobre todo, con la expresiva documentación judicial de la Real Chancillería de Valladolid, que les permite establecer distintas tendencias, a lo largo de tres generaciones. La primera estuvo marcada por la “relación idílica” de María de Mendoza con sus vasallos ‒de la que se sorprenden por su singularidad respecto de las generalizadas reclamaciones de los vasallos en los señoríos alaveses‒, que dio paso a períodos de tensión, en época de sus dos inmediatos sucesores. El intento de asesinato señorial documentado, en 1491, bajo el mandato de su hijo, Juan de Mendoza, por parte de un “criado”, vecino de Hueto, determinó una compleja situación, cuyo seguimiento permite observar el funcionamiento de la administración de justicia en el señorío. Así, se observa que, por parte del señor, fue activada la primera instancia judicial, el alcalde o juez local, lo que dio como resultado una dura sentencia condenatoria, con pena de horca; no obstante, el acusado, habiendo huido, puso en práctica el derecho de apelación a la justicia regia, presentándose ante los jueces reales, que dictaron, al fin, una sentencia de pena de destierro. El hecho demuestra que en las últimas décadas del siglo, las circunstancias estaban cambiando y las tensiones entre vasallos y señores se canalizaban pacíficamente por la vía judicial, en la corte regia, haciendo así realidad lo que anteriormente resultaba inviable en la práctica, el derecho de alzada al rey, tras agotar la justicia local y, después de la primera apelación a la justicia personal del señor.
Más allá de esa situación excepcional ‒que, aunque pudiera responder a un ambiente general de tensión antiseñorial, podría deberse a motivos particulares‒, en la siguiente etapa, bajo el señorío de Luis de Mendoza, los autores recogen las tensiones existentes entre la propia comunidad aldeana, en la que los pecheros insistían en compartir con los hidalgos el ejercicio de las alcaldías. Además, se estudian las reclamaciones vasalláticas a las que tuvo que enfrentarse el señor, que respondían a situaciones muy generalizadas en los dominios nobiliarios. Entre ellas, disputas por los derechos de ocupación del suelo, irregularidades en el nombramiento de las alcaldías, exigencias extraordinarias en la entrega de ciertos tributos, o prohibición de caza y pesca en el término. Todo ello determinó la decisión de los vecinos de recurrir a la justicia regia, cuyos responsables reaccionaron en algunos asuntos dictando sentencias condenatorias del señor, obligado a pagar las costas ‒según sabemos que era habitual en esa época‒, mientras en otras cuestiones se establecía la necesaria diferencia entre usos y abusos señoriales –con frecuencia difuminados y confusos en los memoriales de agravios presentados por los vasallos‒, de forma que esta documentación judicial nos informa de la tendencia regia al equilibrio entre el reconocimiento pleno de la jurisdicción señorial, de un lado, y la fijación de sus derechos regios, de otro.
Cierra el libro una amplia y espléndida segunda parte –páginas 177 a 442‒ dedicada al estudio de la documentación, a cargo de dos autores, Munita y Paz. El conjunto documental va precedido de un extenso análisis diplomático modélico, en el que se incluye un interesante apartado de contenidos temáticos, del que destaca, entre otros aspectos, la sistematización de la información económica y de las cláusulas de los testamentos de María de Mendoza y de su hijo Juan. Igualmente detallada y precisa es la presentación de la metodología de edición, que da paso a la transcripción de la treintena de documentos de diversa procedencia y tipología – documentos judiciales, normativos, etc.‒, inéditos en su casi totalidad, que, entre 1332 y 1511 iluminan la historia del linaje y de sus señoríos.
Un índice onomástico y una cuidada selección de fotografías cierran este valioso estudio sobre la compleja realidad de un discreto dominio señorial, que se consolidó bajo titularidad femenina, al tiempo que se construía una nueva Casa nobiliaria en la Llanada alavesa.
Los autores se muestran, en la introducción, dispuestos a avanzar en el estudio de los procesos y realidades bajomedievales en este ámbito espacio-temporal de su interés, y afirman sentirse satisfechos de lo realizado. Leída detenidamente, con el interés que siempre he sentido por los temas tratados y el que sus contenidos concretos me ha despertado, me siento completamente de acuerdo con ellos: su “aventura investigadora” ha resultado un éxito.