La Parra, Emilio y Casado, María Ángeles, La Inquisición en España. Agonía y abolición, Madrid, Catarata, 2013, 224 págs., ISBN: 978-84-8319-793-6.
Si hubo una institución simbólica del Antiguo Régimen español, ésa fue la Inquisición. Más allá de los Pirineos, desde las mismas bases de la leyenda negra de tiempos de Felipe II, pasando por las críticas dieciochescas de ilustrados como Montesquieu, hasta el “Nobody expects the Spanish Inquisition” de Monty Phyton, este tribunal ha venido siendo considerado una representación de la intolerancia y la ignorancia españolas. En España, el Santo Oficio ha sido percibido también como un símbolo, bien de la supuesta esencia hispana (según la tradición ultramontana y la escuela “menendezpelayista”), o bien ‒desde una perspectiva más científica‒ del Antiguo Régimen español, una sociedad sacralizada y gobernada por un monarca por derecho divino.
Dicho simbolismo, innegable por otra parte, ha sido afrontado de manera incorrecta a la hora de estudiar la fase final de la vida del tribunal. Por regla general (con honrosas excepciones como los trabajos de Dufour o Sciuti), el ocaso inquisitorial ha sido interpretado desde una perspectiva teleológica, insertándolo en un contexto general de agotamiento del absolutismo y pujanza de las nuevas ideas políticas y sociales derivadas de la Ilustración y el liberalismo. Por lo tanto, las últimas décadas de vida del Santo Oficio han tendido a ser tratadas como un epígono decadente sin demasiada entidad propia.
Este hecho constata la pertinencia de la publicación de libro objeto de esta reseña. La Inquisición en España. Agonía y abolición, aborda el estudio de las últimas décadas de vida del Santo Oficio, desde el siglo XVIII hasta su abolición definitiva en 1834; y lo hace situando al tribunal en el centro de la cultura política española del momento. Con independencia de su pérdida de identidad e influencia en la sociedad española, los debates sobre la conveniencia (o no) de su supresión tuvieron un gran calado político captado con gran acierto por los autores de la obra. De manera que, un repaso por el contexto en el que se produjeron las cuatro aboliciones de la Inquisición (1808, 1813, 1820 y 1834), lejos de ser un inerte estudio sobre una institución decadente y desnaturalizada, suponen un punto de partida imprescindible para conocer la atmósfera política y cultural de la Crisis del Antiguo Régimen español; elevando a la desaparición del tribunal a “la categoría de acontecimiento histórico de primera importancia” (p. 19).
La mencionada aspiración (sobradamente cumplida) de los autores de retratar la compleja atmósfera española del primer tercio del XIX ‒protagonizada por un complejo elenco de patriotas y afrancesados, liberales y serviles, isabelinos y carlistas‒ justifica la renuncia de la obra a abordar los aspectos económicos de la decadencia del Santo Oficio, así como su vertiente americana.
El primer capítulo del libro es una necesaria mirada hacia la situación del Santo Oficio en el siglo XVIII. La tradicional imagen de decadencia y pérdida de influencia inquisitorial en dicha centuria requiere ciertos matices, como se deriva de los estudios de Domínguez Ortiz, Egido y Lea. Tras la última gran “caza” de judaizantes tras la Guerra de Sucesión, podemos decir que la Inquisición se reinventó, persiguiendo otro tipo de delitos, entre ellos, los políticos, derivados del cuestionamiento del absolutismo iniciado en el siglo de las luces. El llamado “pánico” de Floridablanca, producido tras la Revolución Francesa, vería reverdecer la influencia del Santo Oficio, y demostraría que el tribunal era, ante todo, un instrumento de represión política. El racionalismo ilustrado cuestionaba la alianza trono-altar, por lo que la persecución del delito de “proposiciones” fue de gran utilidad para la monarquía, tal y como constatan los autores.
En el último tercio del XVIII, en los círculos intelectuales ilustrados (los que más tenían que temer de la Inquisición) se fraguó una cierta oposición al tribunal. Personajes influyentes y cercanos a estos círculos, como Aranda, Godoy y Jovellanos, tuvieron en mente, si no la supresión, al menos su reforma, aunque, como sabemos, no pudieron o no supieron llevar a cabo esas ideas. Como apuntan La Parra y Casado, el Santo Oficio era una herramienta muy apetecible para la monarquía como para prescindir de ella, o incluso reformarla (apartándola de la esfera civil) y “modernizarla” (suprimiendo prácticas abusivas y antediluvianas como el secreto). Si a esto unimos el “talante timorato en materias de creencias religiosas de los dos últimos reyes de la centuria, Carlos III y Carlos IV” (p. 37) podemos concluir que la abolición de la Inquisición nunca estuvo realmente encima de la mesa.
Desde la propia Iglesia existirían en adelante voces críticas con el Santo Oficio. A finales de siglo, durante la secretaría de Estado de Mariano Urquijo, los mal llamados “jansenistas” (partidarios de una profunda reforma de la Iglesia, volviendo a sus valores primitivos) tuvieron una considerable influencia. Entre sus proyectos se encontraba el aumento de la influencia de los obispos en los asuntos de la Iglesia, idea que chocaba con la Inquisición (recordemos, dependiente del rey y del Papa).
No obstante, a pesar de la incapacidad de los políticos ilustrados para reformar la Inquisición, ésta no fue totalmente ajena al espíritu del siglo. Como bien apuntan el autor y la autora, el tribunal humanizó en cierta manera sus métodos, suavizando el tratamiento de los reos y las penas. Toda institución está formada por personas, y éstas no pueden vivir totalmente de espaldas a la época en la que viven. Como sabemos, uno de los más firmes partidarios de la reforma del Santo Oficio, Juan Antonio Llorente, fue un inquisidor. En los mismos expedientes de censura podemos encontrar igualmente a algunos inquisidores de un talante alejado de los tiempos de los autos de fe.
La primera abolición de la Inquisición tendría que venir de mano de los franceses (capítulo 2), aunque no desde el principio. Incluso Napoleón tuvo que renunciar a sus proyectos iniciales de supresión del tribunal. Tan asociado estaba éste al catolicismo en el corazón de los españoles que sus consejeros españoles le hicieron ver que era mejor que lo dejara seguir viviendo para no dar la razón a los que quisieran presentarlo como extranjero, invasor e impío. Pero una vez estallada la Guerra de la Independencia, el espíritu conciliador perdió utilidad alguna y Bonaparte suprimiría el Santo Oficio como parte de sus derechos de conquista, lo que fue un espaldarazo para su propaganda como héroe civilizador en el resto de Europa. Para La Parra y Casado, fueron los Decretos de Chamartín los que realmente abolieron la Inquisición, y no la Constitución de Bayona, como otros autores han defendido).
Mientras tanto, en la España autodenominada “patriótica”, la Inquisición tampoco vivía un buen momento. Sin un Inquisidor General que la dirigiera y sin nadie en el gobierno que se esforzara realmente en volverla a poner en funcionamiento, el Santo Oficio vivió prácticamente impotente ante fenómenos como la libertad de prensa y la formación de cortes constituyentes.
No quisieron los diputados de Cádiz afrontar un tema tan peliagudo como la supresión del Santo Oficio hasta que la Constitución fue proclamada; “sabían perfectamente […] que si se introducía este asunto en el debate parlamentario exigiría mucho tiempo y se convertiría en tema preferente de la opinión pública” (pp. 97-98). Las páginas dedicadas por los autores a los debates sobre este asunto nos presentan los argumentos esenciales de liberales y serviles. Si, para los primeros, el tribunal era hijo del despotismo, y responsable del atraso español; para los segundos se trataba de un elemento indispensable para la defensa de la religión, esforzándose en presentar a sus enemigos como “cismáticos”.
Ciertamente, la columna vertebral de la obra son los capítulos (3, 5 y parte del 6) dedicados a la actitud de los liberales ante la Inquisición. Si bien las Cortes de Cádiz y las del Trienio abolieron el tribunal, no se ha de olvidar que esto no supuso el fin de la persecución por motivos religiosos. La confesionalidad católica del Estado liberal español, estudiada ‒entre otros autores ‒por Alonso, Dufour, La Parra y Portillo, supuso la continuación de la intolerancia religiosa en España. Ni siquiera los liberales más progresistas se plantearon el laicismo del Estado, aspirando, sobre todo, a la independencia del poder político del espiritual y al control de los aspectos terrenales de la Iglesia por parte del poder civil. La religión católica, sustento ideológico también del nuevo régimen, seguiría siendo protegida. Las Cortes de Cádiz llegarían a erigir unos tribunales de la fe, dependientes de los obispos y sólo competentes en asuntos espirituales. Una medida que, como bien apuntan los autores, es hija del regalismo y el episcopalismo dieciochescos. En 1820, el gobierno del Trienio permitiría sorprendentemente la formación de unas Juntas Diocesanas de censura. Por lo tanto, una cosa fue la supresión de la Inquisición y otra bien distinta el fin del espíritu inquisitorial.
A pesar de la evidente confesionalidad religiosa de la obra legislativa gaditana, La Parra y Casado puntualizan. No se puede obviar un cambio fundamental motivado por el mismo espíritu que llevó a la supresión del Santo Oficio: con los liberales, la religión no se situaría ya “en el centro de la vida política y social, impregnándolo todo, sino en el interior del individuo (la fe) y en sus actos (la caridad)” (p. 129).
Consideran los autores que el artículo 2 de la “Ley contra infracciones a la Constitución”, de julio de 1813 (“El que conspire directamente y de hecho a establecer otra religión en las Españas, o que la Nación española deje de profesar la religión católica, apostólica y romana, será perseguido como traidor y sufrirá la pena de muerte”) ha sido malinterpretado, achacando a las Cortes una intolerancia extrema que no fue tal. Así, este decreto se referiría a quien intentase alterar la confesionalidad católica de la nación (delito político), no a quien individualmente expresase su opinión religiosa.
La abolición del Santo Oficio por parte de los dos bandos que lucharon en la Guerra de la Independencia lo dejaría herido de muerte, tanto en su prestigio como en su infraestructura. La Inquisición ya no volvería a tener la influencia de antaño.
En 1814, Fernando VII la restableció y la utilizó para perseguir a sus enemigos políticos (cap. 4), pero, en 1823, la presión del gobierno francés (cuyo ejército había devuelto al monarca su poder absoluto) y el poco interés de Fernando VII en devolver a la vida a un tribunal que limitaba su jurisdicción (al ser en parte dependiente de Roma) evitaría una segunda restauración del Santo Oficio (cap. 6).
Sin embargo, insistimos en que el espí- ritu inquisitorial no moriría con la Inquisición, que formaría parte del imaginario de lo que los autores llaman “subcultura tradicional” española, encabezada por el sector reaccionario y ultramontano que acabaría agrupándose bajo el carlismo. Con la anuencia, pero sin el apoyo, del gobierno de Fernando VII, se formarían a lo largo del país unas Juntas de Fe Diocesanas que reemprenderían la labor del Santo Oficio. Una de las más poderosas, la Junta de Valencia sería la triste responsable de la última ejecución por motivos de fe en España, la del maestro de escuela Cayetano Ripoll, el 31 de julio de 1826.
Fallecido Fernando VII, los liberales isabelinos suprimirían la Inquisición para siempre (15/07/1834) iniciando el desmantelamiento definitivo del Antiguo Régimen.
Se cierra la obra con un apéndice documental y un breve estado de la cuestión sobre la historiografía dedicada al Santo Oficio en España en general y a su abolición en particular. En ella, constatan los autores que si bien la bibliografía sobre el primer aspecto es “abrumadora”, el número de obras dedicado al segundo es “exiguo”. Esto, como ya se ha dicho, refleja la pertinencia del libro aquí reseñado. La bibliografía citada en el texto, una cuidada selección de obras primarias y secundarias (abarcando, estas últimas, tanto estudios globales como las imprescindibles investigaciones sobre tribunales locales), supone también una útil herramienta.
En definitiva, en La Inquisición en España. Agonía y abolición, los especialistas encontrarán una acertada visión de conjunto sobre un periodo trascendental de la historia de España. Una obra magníficamente escrita y plagada de valiosí- simas reflexiones producto de la riqueza del tema y del buen hacer de sus contrastados autores que, lejos de rehuir las diferentes controversias historiográficas, se posicionan ante ellas con valentía y solvencia.
Para terminar, no quiero dejar de destacar otra de los grandes aciertos del libro, como es su condición de potencial lectura para el gran público. Los historiadores tendemos a quejarnos de la poca repercusión de nuestras publicaciones entre los lectores no especializados sin caer en la cuenta de que, en muchos casos, esto se debe a nuestra poca versatilidad a la hora de transmitir el conocimiento. La Parra y Casado, en cambio, salen más que airosos de esta empresa, añadiendo inteligentemente pequeñas acotaciones (definiendo “regalismo” o “ultramontanismo”) y renunciando a la saturación de notas a pie de página, sin que por ello la obra pierda un ápice de su rigor científico. La historiografía española está falta de obras de como ésta, ensayos sobre temas fundamentales de la historia del país que estén escritos por especialistas, y no por intrusos que se benefician de la demanda del gran público de este tipo de obras para publicar retahílas de estereotipos.