Las milicias ciudadanas en las revoluciones liberales europeas: el caso del primer liberalismo español.
Citizen militias in the European liberal revolutions: the case of first Spanish liberalism.
Gonzalo BUTRÓN PRIDA Universidad de Cádiz.
RESUMEN.
La movilización armada de la sociedad propiciada por la revolución liberal incluyó el fomento de la idea de comprometer con el nuevo orden a los ciudadanos completos, aquellos que no solo habían de disfrutar en exclusiva de los derechos políticos, sino también del derecho a portar armas. Se formaron, en consecuencia, una serie de milicias ciudadanas dependientes normalmente de los ayuntamientos y con un fuerte componente de clase, herederas en gran medida de las ya existentes en la Edad Moderna, pero con la particularidad de contar con un significado y una implicación política muy superior.
La necesidad de defender lo propio, junto al interés por posicionarse en el nuevo escenario abierto por la revolución, sacó a las burguesías locales de su aversión a los alistamientos y las implicó ampliamente en los nuevos cuerpos armados. Sin embargo, las milicias acabaron resultando un problema conforme el Antiguo Régimen fue derrotado y la revolución fue revisada en sentido moderado. Por un lado, por las pugnas internas por su control, y por otro por su conversión en foco de contestación del poder central, sobre todo cuando estaba ocupado por el enemigo político.
PALABRAS CLAVE.
Milicias ciudadanas; Revolución liberal; Burguesías locales; Primer liberalismo.
ABSTRACT.
The military mobilization of society fostered by the liberal revolution included the promotion of the idea of the entire citizenship committing to the new order. They were not only to enjoy political rights alone, but also the right to bear arms. Consequently, a series of citizen militias, usually dependent on the municipalities and with a strong class component, were formed, heirs to a large extent of those existing in the Modern Age, but with the particularity of having much greater political implications and significance.
The need to defend their own interests, together with the importance of them achieving strategic positions in the new scenario opened by the revolution, shook the local bourgeoisies from their usual aversion to enlistment and led them to get involved in these new armed militias. However, as the Old Regime was defeated and the revolution was revised towards a more moderate stance the militias became a problem: On the one hand, because of internal struggles for their control, and on the other, due to them becoming a focus of opposition to the central power, especially when the position was occupied by the political enemy.
KEYWORDS.
Citizen militias; Liberal revolution; Local bourgeoisies; First liberalism.
BUTRÓN.
Durante las guerras revolucionarias se asistió a una militarización de la sociedad europea sin precedentes en el pasado inmediato. El fenómeno se dio primero en Francia, con la creación de la Guardia Nacional en 1789 y con las levas en masa republicanas de 1793, y paralela y progresivamente se extendió por el resto de Europa, en unos casos como reacción a la amenaza ideológica y militar francesa, mientras que, en otros casos, como resultado directo de la proyección del modelo francés, tanto en los territorios que fueron quedando bajo su órbita, como también en los que, como la España antifrancesa, la impronta del discurso revolucionario había influido de forma clara en un sector clave de sus elites.
Las milicias ciudadanas ocuparon un lugar destacado en este proceso de militarización, que también afectó al continente americano, donde la movilización armada popular fue una constante en la lucha anticolonial, primero en los territorios de dominio británico y, poco más tarde, en los de dominio español. En Europa, estas milicias, que contaban con una larga tradición en la Edad Moderna, experimentaron un notable despliegue y fueron cobrando una creciente importancia en el incierto tablero político y social planteado por los años del cambio del siglo XVIII al XIX. Pese a la evidente diversidad de tradiciones y prácticas, estas guardias y milicias cívicas contaban con elementos comunes y distintivos en la mayor parte de los casos, entre los que destacaban el fuerte sesgo social burgués o pequeñoburgués y la prioridad dada a la defensa del orden y la propiedad, dos elementos ya bien representados, por ejemplo, en las famosas rondas nocturnas inmortalizadas con maestría por la pintura flamenca del siglo XVII.
A la hora de analizar su origen y primer desarrollo es recurrente el recuerdo de la influencia ejercida por la obra de Maquiavelo en la creación de estos cuerpos armados en Europa1 , no solo por su crítica a los ejércitos profesionales, generalmente compuestos de extranjeros mercenarios, y de los que el político florentino desconfiaba por la fragilidad de su lealtad y por su falta de compromiso más allá del apego al dinero que recibían como salario y al botín que podían conseguir en sus acciones; sino también por su recomendación de crear un ejército propio basado en unas milicias compuestas de nacionales, con preferencia burgueses realmente interesados en la defensa de lo propio, esto es, sus ciudades, sus familias, sus casas, sus propiedades y sus negocios.
Hasta el inicio de las revoluciones liberales coexistieron, por tanto, esos dos modelos de cuerpos armados: de un lado, los ejércitos regulares, preponderantemente mercenarios y sometidos a la voluntad real, que estaban pensados para intervenir en el exterior en defensa de los intereses de la Corona o para proteger el territorio contra la amenaza de un enemigo externo; del otro lado, las milicias ciudadanas, que permitían conciliar el desempeño de los intereses familiares y profesionales de sus integrantes con el objetivo de mantener el orden interno, sobre todo a nivel local, espacios en los que, por la propia naturaleza de estos cuerpos armados y por el evidente sesgo social de su composición, ejercían una influencia notable.
A pesar de que, como señalara Contreras Gay, los ejércitos habían evolucionado junto al Estado hasta convertirse en uno de los pilares básicos del poder en la Edad.
Moderna2 , a finales del siglo XVIII la mayoría de los Estados europeos mantenía cuerpos de milicias de entidad. En aquellos momentos, estos eran especialmente importantes en Suiza y Gran Bretaña, donde también ejercieron como fuerzas de defensa, más allá del papel de refuerzo del orden local y de ejército de reserva que compartían con los mismos cuerpos en el resto de Europa. En cuanto a su composición, respondían en general a un perfil de clases medias y artesanas, aunque en algunos contextos se llegó a aceptar el reclutamiento de clases trabajadoras, una decisión que permitía a los burgueses descargarse de tareas, si bien les generaba al mismo tiempo cierta ansiedad, dadas las dudas que albergaban sobre su capacidad para mantener el control y la lealtad de estos cuerpos3 .
También en España existieron en el Antiguo Régimen milicias provinciales y locales junto a los ejércitos reales. Centradas en la defensa del territorio más cercano, donde llegado el caso llegaban a suplir las funciones del ejército, contribuían igualmente al mantenimiento del orden como fuerza policial disponible para hacer frente a los conflictos internos y aplacar las tensiones y protestas sociales, tan del interés de las oligarquías locales4 .
Milicia y revolución.
En el contexto revolucionario, y por ende contrarrevolucionario, iniciado en Europa en 1789, las milicias ciudadanas no solo se reactivaron, sino que cobraron nuevo sentido. En el caso de Francia, surgieron en el verano de aquel año como respuesta espontánea a la extensión de los desórdenes y tomaron pronto la forma de Guardia Nacional, un cuerpo que no tardó en ser institucionalizado por la Asamblea constituyente, que lo vinculó a los ayuntamientos.
Como es bien conocido, los primeros pasos hacia la movilización de fuerzas voluntarias se dieron al comienzo mismo del proceso revolucionario francés y, como ha reivindicado Micah Alpaugh, tuvieron desde el inicio un fuerte componente de clase. En efecto, las primeras milicias armadas, formadas entre el 12 y el 13 de julio, respondieron a la iniciativa de los electores del Tercer Estado, que reafirmaron la identidad burguesa de estos cuerpos con el fin de hacer frente a los disturbios y saqueos protagonizados por las clases populares, esto es, a la anarquía que no solo amenazaba sus vidas y sus propiedades, sino que les podía hacer perder el control y la dirección del proceso de cambio recién iniciado5 . Rebautizada pronto como Guardia Nacional, los representantes del Tercer Estado marginarían de ella a los no burgueses que participaron en los sucesos de los días siguientes, de modo que esta milicia ciudadana se consolidaría como un cuerpo de marcado sesgo social destinado a preservar el orden burgués y a garantizar el avance logrado en sus reivindicaciones ante una eventual reacción de las fuerzas aristocráticas6 .
Con el tiempo, esta estrategia de exclusión sería obviada por el relato oficial, centrado en cambio en subrayar el carácter espontáneo del origen de la Guardia Nacional. Así lo haría la Constitución de 1791, que en su título IV legitimaría la iniciativa de los burgueses parisinos y presentaría a los guardias nacionales simplemente como ciudadanos comprometidos con la llamada al servicio de la fuerza pública: “Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’Etat; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique” (art. 1, punto 3).
Pese a lo ambiguo de su definición oficial, se trataba, en la práctica, de un cuerpo voluntario burgués y pequeñoburgués, que ya apuntaba, en primer lugar, al concepto exclusivo y excluyente de ciudadano pleno desarrollado en los Estados Unidos, donde la capacidad económica, las relaciones de apego y el arraigo y el compromiso con la prosperidad de la comunidad –esto es, la capacidad de demostrar $^ { 6 6 } a$ stake in society”– centraron el debate inicial sobre los límites al disfrute de los derechos políticos completos7 ; y, en segundo lugar, a la conocida propuesta de incorporar la categoría de ciudadano activo planteada por el abate Sieyès en la Asamblea francesa aquel mismo mes de julio de 1789, cuando señaló que no todos los ciudadanos podían tener derecho a intervenir activamente en la formación de los poderes públicos.
En este sentido, Bianchi y Dupuy consideran que la forma de armar selectivamente a la población por la que se decantó la Guardia Nacional se erigió en un criterio de emancipación tanto o más importante que el derecho al voto, ya que otorgaba a sus integrantes la capacidad de condicionar al poder. En concreto, han ponderado que aglutinara a una masa de ciudadanos que se iba a mostrar, en adelante, comprometida con la búsqueda de alternativas y soluciones a los problemas de la comunidad, tanto en sentido extenso, en favor de la consolidación de los valores del nuevo discurso liberal; como en sentido restrictivo, atendiendo a su interés particular, traducido especialmente en la preservación del derecho a la propiedad. Con esta concepción de la Guardia Nacional, ya no solo se apartaba a los pobres del derecho al voto, sino también del derecho a portar armas, una exclusión que algunos damnificados recriminarían que no se había dado al principio del proceso revolucionario, cuando no se impuso límite fiscal alguno a la hora de arriesgar la vida por el cambio8 .
Thomas Hippler también ha profundizado en la misma idea de que la participación en estos cuerpos armados estuvo claramente vinculada a la definición de ciudadano activo y al disfrute exclusivo de los derechos políticos, pues se consideraba que solo aquellos con un nivel mínimo de ingresos –que la Constitución de 1791 fijaría luego en el pago de impuestos equivalente a tres salarios o jornales– tenían interés real en el mantenimiento del orden, mientras que, por el momento, armar a los pobres era visto como un peligro para ese mismo orden. Inicialmente, como hasta junio de 1790 no hubo una legislación nacional al respecto, la decisión sobre quién tenía el derecho y el deber de pertenecer a la Guardia Nacional se tomó a nivel local y los ayuntamientos excluyeron generalmente a los miembros de los estratos más bajos de la sociedad, en la misma medida que, a la inversa, el mando fue confiado prácticamente en exclusiva a los notables locales. Por fin, en junio de 1790 se legisló al respecto para toda la nación, en tanto que, algo más tarde, la citada Constitución de 1791 institucionalizó y unificó el vínculo directo entre la ciudadanía activa y la Guardia Nacional en un doble sentido, esto es, era necesario acreditar que se era ciudadano activo para formar parte de la Guardia Nacional e igualmente ser miembro de la Guardia Nacional era uno de los requisitos obligados para ser considerado ciudadano activo9 . Esta última cuestión volvería a ser debatida durante la Monarquía de Julio de 1830-1848, cuando en un contexto de restricción mayor de los derechos políticos, se reclamó el reconocimiento de la ciudadanía activa para los miembros de la recién recuperada Guardia Nacional10.
El carácter exclusivo y excluyente del nuevo cuerpo provocaría reacciones contrarias entre los excluidos. Conocemos el caso de los obreros de Nantes estudiados por Samuel Guicheteau, quien ha patentizado la atracción ejercida por la Guardia Nacional entre las clases populares durante los primeros compases de la revolución. Sin embargo, su condición de ciudadanos pasivos les impedía cumplir con su deseo de contribuir a la causa patriota desde sus filas, lo que abrió una nueva vía de resentimiento social. Éste se reproduciría más tarde con motivo de la apertura parcial de la Guardia Nacional que tuvo lugar en 1791, en un contexto crítico de temor a la involución que permitió una relajación de los criterios de admisión. Y es que, una vez en la Guardia Nacional, los obreros vivieron la contradicción de tener que llegar a actuar contra sus iguales, siendo encima controlados y dirigidos por la burguesía, que no dejó de dominar el estado mayor y la oficialidad11.
Los fundamentos de la formación de un cuerpo armado de reserva preferentemente burgués y destinado a la preservación del orden sostuvieron a la Guardia Nacional mientras que Francia no estuvo en guerra, pero irían resquebrajándose conforme se asistió al deterioro de la posición francesa en Europa y creció la necesidad de reunir un mayor número de tropas. De un lado, el verano de 1791 se decretó el desvío de efectivos desde la Guardia Nacional hacia el ejército con el fin de reforzarlo con voluntarios social y políticamente fiables, ciudadanos activos a fin de cuentas; en tanto que la declaración de guerra en abril de 1792 y la declaración de la patria en peligro en julio siguiente condujeron a la declaración en servicio permanente de todo miembro de la Guardia Nacional capaz de portar armas. En este punto, la diferencia entre ser soldado por obligación, propia del ejército, y movilizarse con la voluntad de cumplir con un deber cívico, propia de la Guardia Nacional, empezaba a desdibujarse y la nueva institución armada perdía parte de su significación social y política de origen. En definitiva, terminaba confluyendo con un ejército que desde febrero de 1793 había.
BUTRÓN
empezado además a ser reclutado a través de un decreto de la Convención que ya no presentaba la obligación militar como consecuencia directa de la calidad de ciudadano, sino más bien como una contribución del conjunto de la comunidad al esfuerzo de la guerra, lo que en parte le devolvía el sentido que había tenido en el pasado prerrevolucionario12.
Las soluciones arbitradas por la Francia revolucionaria se extendieron por Europa, donde la militarización de la sociedad y el despliegue de milicias ciudadanas también fue notable. Por un lado, en los nuevos estados que se situaron directamente bajo la órbita francesa, como fue el caso de los vecinos Países Bajos, primero bajo la forma de República Bátava y luego como Reino de Holanda, o del reino de Nápoles bajo el mandato de Joaquín Murat, que también estableció un cuerpo de milicias cívicas destinado al mantenimiento del orden interno. Por otro lado, en los Estados que lograron resistir el envite francés, como fue el caso de la España liberal, a la vez influida y enfrentada a la Francia revolucionaria. En todos ellos surgiría la cuestión del alcance y los límites de la movilización en los cuerpos de milicias ciudadanas, pues sus integrantes no solo coincidirían en la resistencia a la lucha en los campos de batalla y la integración en cuerpos militares regulares, sino también en la preferencia por defender lo propio y cercano desde la permanencia en sus ciudades y territorios, donde eran conscientes de la necesidad de posicionarse con inteligencia en unos momentos de fuerte incertidumbre, en los que se estaban sentando las bases de un nuevo orden político y social.
En los Países Bajos contaban con el precedente cercano del amplio alcance mostrado por la movilización armada popular en la década de 1780, en los últimos años de la República Neerlandesa, en el contexto general de la guerra franco-británica y en el particular del enfrentamiento interno entre patriotas y orangistas. Las milicias armadas pronto proliferaron en el bando patriota, donde, articuladas principalmente desde el ámbito local, se abrieron inicialmente a toda la sociedad, con independencia del origen social o el credo religioso, si bien pronto, y en la práctica, sí que se establecieron distinciones, en función justo de la capacidad o no de autofinanciarse el uniforme y el armamento13.
En aquel contexto, el movimiento patriota había demostrado que las milicias ciudadanas voluntarias podían ser una alternativa a los ejércitos profesionales siempre que la motivación fuera consistente y que las elites locales se implicaran; como también que, por el contrario, cuando estos dos factores fallaban, el entusiasmo por el alistamiento y por la propia lucha decaía. Esta circunstancia se dio en las décadas siguientes, y permite entender el fracaso de los intentos de orientar militarmente a la nueva Guardia Nacional de inspiración francesa. Así lo ha constatado Herman Amersfoort, que ha puesto de manifiesto los problemas experimentados por la República Bátava para la formación de una Guardia Nacional de voluntarios pensada para reforzar el ejército, que iba a ser organizada en regimientos y entrenada para luchar contra tropas profesionales enemigas. Años más tarde, ya bajo el reino de Holanda, Luis Napoleón, presionado por su hermano para aprobar una ley de conscripción como la francesa, trató de satisfacerlo revitalizando la Guardia Nacional, aunque los intentos de militarizar este cuerpo y pasarlo del ámbito local al estatal generaron de nuevo un amplio descontento. Su propuesta consistía en crear milicias locales en todas las poblaciones de más de 2.500 habitantes, a las que deberían incorporarse todos los varones de entre 18 y 50 años, si bien solo un quinto de ellos estaría en activo, mientras que el resto permanecería en reserva. Su función sería mantener el orden público a nivel local y su mando quedaba, consecuentemente, en manos de las autoridades municipales. El problema radicaba en que también se esperaba de ellos que desempeñaran funciones militares a tiempo completo si las tropas de guarnición tenían que desplazarse al frente. La situación se agravó en 1809, con el inicio de la guerra contra la Quinta Coalición, cuando el rey se autoproclamó comandante en jefe de la Guardia Nacional y trató de transformarla definitivamente en una fuerza verdaderamente militar. Las protestas ante esta concepción de la Guardia Nacional como cuerpo de carácter local, pero bajo mando real y con posibilidad de recibir un encargo de lucha como fuerza militar fuera de sus ciudades, fueron tales que Luis Napoleón no tuvo otra opción que dar marcha atrás14.
En cuanto a Nápoles, las milicias cívicas establecidas por Murat se transformarían en 1813 en la llamada Guardia di sicurezza interna. Su papel en el mantenimiento del orden en los últimos compases del mandato de Joaquín I fueron ponderados en la época, cuando fue presentada como la fuerza de “uomini onesti” que había sido capaz de frenar los excesos de la “insolente plebaglia” y salvar a la capital napolitana de la anarquía15.
En España, como en otros estados europeos, fue justo la reacción contra la Francia revolucionaria la que revivió y renovó las milicias armadas de voluntarios, siendo más tarde, en el contexto de la propia revolución española, cuando el liberalismo las reconduciría en forma de Milicia Nacional. España contaba con distintas tradiciones de cuerpos ciudadanos armados en sus diferentes territorios, organizados bajo diversas denominaciones (alarmas, somatenes, migueletes) y vinculados generalmente a la necesidad de autodefensa por parte de los pueblos frente a amenazas de distinto tipo. Estos cuerpos recobraron protagonismo a finales del siglo XVIII ante la incapacidad del absolutismo para hacer frente a las necesidades de movilización militar generadas por la reacción del gobierno de Carlos IV contra la revolución francesa. En su organización, acelerada por el inicio de la guerra de la Convención, desempeñaron un papel destacado los poderes locales y provinciales, que tuvieron que suplir las carencias pronto demostradas por el poder central16.
Milicias ciudadanas, cuerpos de voluntarios y compromiso en la guerra de la Independencia: el caso del Cádiz sitiado.
Durante la guerra de la Independencia, en un contexto de manifestación de fisuras y carencias por parte del ejército español del Antiguo Régimen, precisado de una obligada renovación para enfrentarse al nuevo escenario bélico europeo, se asistió a un impulso en la formación de milicias y cuerpos de voluntarios armados. Entretanto los nuevos poderes surgidos de la crisis del absolutismo definían el ideal de fuerzas armadas y legislaban para ponerlo en marcha, los pueblos y sus habitantes asumieron la responsabilidad de buscar respuesta inmediata a los saqueos y requisas que sufrían por parte de todo tipo de tropas y partidas, generalmente las imperiales, pero no en exclusiva, como constató José Saldaña para las zonas de frontera en las que fluctuaba el dominio de los ejércitos beligerantes y donde incluso los a priori aliados, como las tropas inglesas o las partidas armadas, llegaron a ejercer sobre los pueblos una presión similar a la francesa17.
Si la administración josefina se anticipó en 1808 con el intento de formar una milicia cívica, la España patriota, políticamente desarticulada, tardó en definir su propio modelo, y habría que esperar a la reunión de las Cortes a partir de septiembre de 1810 para el planteamiento y debate tanto del ideal de fuerzas armadas, como del encaje que habían de tener las milicias ciudadanas dentro de las mismas. Sin embargo, mientras que las Cortes definían el nuevo modelo, la urgencia de la guerra imponía su propia dinámica. De este modo, al inicio del levantamiento antifrancés se sucedieron los alistamientos a filas, que lograron movilizar, no sin grandes dificultades, a importantes contingentes de población en todo el territorio, y lo hicieron además con un componente de modernidad que se sobreponía a los parámetros habituales de reclutamiento dominantes en la España del Antiguo Régimen.
Por ejemplo, la Junta de Valencia decretaría un alistamiento general forzoso en mayo de 1808, cuya motivación fue presentada a principios de junio con un lenguaje nuevo, que abandonaba el concepto de vasallo y las exenciones del antiguo sistema: “Todo Ciudadano debe tomar las armas”18. Algo más tarde, fue reestructurada la alarma asturiana, que incorporó condicionantes económicos en su organización, poniendo especial énfasis en la productividad, que en la línea de lo comentado para Europa, era la que “otorgaba derechos políticos en un marco recíproco de solidaridad hacia la comunidad”19.
Las necesidades de la guerra también llevaron a la Junta Central a organizar unos cuerpos de voluntarios, o milicias honradas, de marcado carácter de clase, el mismo que tendría la futura Milicia Nacional, pues sus integrantes tenían que hacerse cargo de su armamento y uniforme En consonancia con este carácter de clase, las milicias honradas estuvieron comandadas por miembros destacados de la comunidad local, los más interesados en la preservación del orden público, que además entendieron pronto la relación que se estaba estableciendo entre compromiso militar y responsabilidad política. En el caso de Ayamonte, donde su Junta llegó a formar un batallón de milicias honradas y “varias escuadras de voluntarios honrados”, los mandos de las milicias pasaron a formar parte, en calidad de tales, de las nuevas instancias de poder creadas durante la guerra, así como a participar de forma activa en las luchas planteadas a nivel local por el posicionamiento y el control de la nueva realidad sociopolítica a la que la guerra estaba dando lugar20.
Con todo, la sucesión de derrotas y los evidentes problemas y limitaciones a la hora de hacer frente a la imponente maquinaria militar francesa abrieron paso al despliegue de soluciones pragmáticas de urgencia. Estas contemplaron, en primer lugar, la guerra de guerrillas, cuya relación con las formas de guerra pequeña ya ensayadas en la guerra de la Convención fue señalada hace años por Lluís Roura, que las explicó como una práctica de continuidad con las experiencias de movilización armada de la España absolutista21. Protagonistas destacadas de la resistencia antifrancesa, las guerrillas fueron merecedoras en la época de la admiración de la Europa antinapoleónica y más tarde de la mitificación en el relato canónico de la historia de la España liberal. Sin embargo, su imagen heroica e intachable ha sido revisada en las dos últimas décadas, por ejemplo por hispanistas del peso de Ronald Fraser y Charles Esdaile, que han puesto de relieve que la guerrilla y los guerrilleros aterrorizaban y afligían igualmente a los pueblos22. En segundo lugar, contemplaron la constitución de cuerpos de voluntarios como reacción a la amenaza francesa, que contaron con la particularidad de formarse en el contexto extraordinario del desfonde del Antiguo Régimen y la construcción del estado liberal en España.
En este estudio nos interesan estos últimos, de los que los Voluntarios de Cádiz, objeto de un reciente trabajo de Helios González de la Flor, son un buen ejemplo. Estos voluntarios alcanzaron un protagonismo notable en la época y por ello fueron más tarde presentados como patriotas insignes tanto por la historiografía, como por la literatura. Sin embargo, el hecho de que la población gaditana respondiera de forma tan masiva al alistamiento en estos cuerpos también ha sido últimamente reconsiderado y puesto en relación con el hecho principal de que la participación en ellos garantizaba la permanencia de los voluntarios en Cádiz.
Originalmente, la respuesta de los gaditanos a las llamadas a filas fue limitada, y solo cuando la Junta de Cádiz los convocó, el 11 de junio de 1808, para cubrir tres mil plazas de voluntarios para la guarnición de la ciudad, la respuesta fue firme. Se entendía entonces que era posible conciliar los intereses particulares con los deberes para con la patria, de ahí que se reunieran las originalmente llamadas Milicias para la Defensa de Cádiz. Ahora bien, la relativa lejanía del peligro relajó la tensión inicial y hubo que esperar a finales de 1809, con el evidente avance de los franceses hacia el sur peninsular, para acometer la reactivación del proceso de movilización y militarización ciudadana. Esta fue obra, en gran medida, de Francisco Javier Venegas, nuevo gobernador de la plaza, que manifestaría, en enero de 1810, que “los batallones de Buenos Ciudadanos” existentes ya no eran suficientes para la guarnición y defensa de todos los puntos de la ciudad, avisando pocos días después que quienes no respondieran a la llamada y se incorporaran a estos cuerpos quedarían expuestos a ser reclutados para el ejército.23.
Movilizar a los propietarios y comerciantes liberales no era igual si el destino esperado se localizaba lejos o cerca del frente, de ahí la fuerza del mensaje de Venegas y su amenaza de sacar a estos ciudadanos de su población si fuera necesario. La preferencia por la lucha en casa y el deseo, ya comentado, de no dejar pasar la oportunidad de posicionarse en el nuevo orden en construcción, acabaría animando al alistamiento a los que hasta el momento lo habían evitado. El efecto combinado de la propaganda y el fervor patriota, unido a los privilegios concedidos por la Junta Central, que otorgó abiertamente a los voluntarios prioridad en la defensa de Cádiz con respecto a otras tropas, permiten explicar la considerable respuesta conseguida, de modo que estos voluntarios, que presentaron desde el principio un fuerte componente de clase, acabaron siendo organizados en cuerpos caracterizados por la posición social dominante entre sus integrantes. De este modo, incorporó, pero no mezcló, tanto a los que podían costear los gastos de uniforme, como a los que no. Se formaron entonces distintos cuerpos, desde los representativos de las clases más acomodadas, reunidos en los Voluntarios Distinguidos de Línea, a los de las más modestas, representadas por los Artilleros Voluntarios o Voluntarios Gallegos, pasando entre otros por las Milicias Urbanas, integradas por propietarios, y la Infantería Ligera, que agrupaba a los artesanos24.
El gran número de alistamientos y la elevada cuantía de los donativos entregados inicialmente por los gaditanos a la causa patriota fueron presentados en la época como muestra palpable de la solidez del compromiso adquirido en la lucha antifrancesa. Sin embargo, es posible cuestionar la firmeza de los pilares que habrían sostenido ese compromiso con la patria si se revisan las circunstancias en las que se desarrollaron los alistamientos a la luz, por ejemplo, de las reflexiones de Esdaile sobre el deseo y la capacidad de las clases acomodadas para librarse de la vida de campaña y servir en cambio en sus propias ciudades25.
Situaciones cotidianas como la deserción, tan crecida en la guerra de la Independencia, o como la aversión al reclutamiento, patente en todo tipo de estrategias de escape, desde la huida o el escondite hasta la simulación de enfermedades y defectos físicos, solo fueron superadas cuando el horizonte del compromiso se limitaba al ámbito de influencia vital más cercano, justo el que ofrecían los cuerpos de voluntarios, y se generalizaban en cambio cuando estas condiciones no se cumplían. Esto permite entender los tumultos suscitados en Cádiz por las conscripciones obligatorias, agravados cuando el destino de los alistados se encontraba fuera de la ciudad, esto es, cuando se avistaba la perspectiva de dejar de defender lo propio e inmediato, lo que constituye un buen reflejo de la fuerza que el impulso a la autodefensa tuvo en el imaginario de los alistados. Esta particular percepción del compromiso con la defensa de la patria la confirma la celebración del primer sorteo regular de quintas en la ciudad, que dio lugar a la reclamación de la exención general de los gaditanos del servicio militar, justificada no solo con el argumento de haber superado ya la capital gaditana el cupo exigido con los primeros alistamientos, sino con el más significativo de realizar los voluntarios funciones militares en la ciudad. En febrero de 1809, la movilización de los gaditanos ante el temor a una nueva quinta, en la que los voluntarios tuvieron un protagonismo claro, les permitió arrancar a la Junta Central el mencionado reconocimiento de prioridad en la defensa de Cádiz con respecto a otras tropas, lo que no solo les libraba de batallar en campo abierto26, sino que les permitía seguir atendiendo a sus familias y sus empresas, para las que la guerra cerraba y abría por igual oportunidades de negocio27.
Este posicionamiento no fue, en todo caso, exclusivo de Cádiz, pues hay ejemplos de otros contextos en los que se siguió la misma dinámica, como el recogido por Lluís Roura para Cataluña, donde constató el abandono precipitado de los Tercios de Partidas Patrióticas en 1811 ante el rumor de que iban a ser destinados a luchar fuera del Principado28.
La institucionalización de las milicias ciudadanas en España.
La formación de milicias y cuerpos de voluntarios armados por parte de las instancias de poder surgidas al inicio de la guerra fue acompañada de la organización institucionalizada de los mismos tanto desde la España josefina, como desde la España liberal.
En un principio, y al igual que sucediera en la República Bátava, en la España josefina también se ensayó la importación del modelo de Guardia Nacional. Su formación, que fue ordenada en Madrid tras la reconquista de la ciudad por los franceses, seguiría el patrón conocido, esto es, el de un cuerpo de voluntarios que comprometiera a los beneficiarios del cambio político en la defensa del nuevo régimen, todo ello bajo el control de la municipalidad, encargada de organizar las tareas de vigilancia y control del orden.
En su momento, Juan Sisinio Pérez Garzón no detectó una aplicación efectiva del decreto de creación de la Guardia Nacional, si bien pudo trazar las líneas básicas de las milicias cívicas y urbanas creadas entre junio y julio de 1809 por José I, pensadas para ser impulsadas desde el ámbito municipal y para ser controladas por las clases acomodadas, pues apelaban a “los padres o cabezas de familia que tengan propiedad o arraigo” y excluían expresamente a los “jornaleros, menestrales y criados de servicio”. Dadas las circunstancias, la habitual finalidad de preservación del orden en las ciudades vendría acompañada de la de persecución de los bandidos, que era como desde el lado francés se hacía referencia a las partidas, ya fueran de delincuentes o de guerrilleros, un.
BUTRÓN
esquema que sería repetido poco más tarde en Andalucía, donde estos cuerpos fueron renombrados como guardias cívicas29. Jean-Marc Lafon, que ha recordado que se trataba de unas fuerzas de las que los mandos franceses generalmente desconfiaban, ha constatado las dificultades encontradas para establecerlas tanto por Suchet en Aragón, como por Soult en Andalucía. Las primeras se crearon con lentitud y casi siempre a la fuerza, en tanto que las segundas quedaron muy lejos de cumplir las expectativas oficiales, pues apenas contaban con tres mil hombres a finales de 1811, cuando el total proyectado era de $4 0 . 0 0 0 ^ { 3 0 }$ , y eso que las condiciones de servicio eran, en origen, muy ventajosas, pues no se contemplaba el servicio fuera de los propios municipios31. Algunas de las claves de la debilidad del respaldo de los andaluces a la milicia cívica las ha explicado Marion Reder para el caso de Málaga, donde la incapacidad para completar los batallones de este cuerpo respondía por igual tanto a la resistencia de los potenciales aspirantes, como a la complicidad de la municipalidad32.
En cuanto al liberalismo español, sus preocupaciones respecto a la cuestión militar se reflejaron en los debates de las sesiones de las Cortes reunidas en Cádiz desde septiembre de 1810, que plantearon la necesidad de renovar el ejército por motivos tanto militares, como políticos. De un lado, había que hacer frente a la invasión francesa, de ahí la propuesta de generalizar los alistamientos para reforzar la capacidad militar del Estado. De otro lado, había que garantizar el equilibrio de poderes defendido por el nuevo orden liberal, de ahí la idea de desdoblar las fuerzas armadas en ejército y milicia. El principal valedor de este desdoble fue el conde de Toreno. En su perspectiva, había que evitar que los recursos militares dependieran en exclusiva del poder ejecutivo, pues se podía correr el riesgo de volver a la situación del Antiguo Régimen, cuando el monarca podía disponer del ejército en función de sus intereses personales y dinásticos. En consecuencia, consideraba conveniente articular una fuerza militar libre de ese control único33.
En este contexto surgiría la Milicia Nacional, cuyas virtudes fueron ponderadas por Argüelles, que la creía llamada a convertirse no solo en un complemento cuantitativo del ejército regular, sino también en un refuerzo cualitativo, pues podía llegar a ejercer de freno del citado riesgo de uso espurio del mismo y a contener, de este modo, el peligro de una potencial involución34. En fin, en el plano del reparto territorial de poderes, entendemos que la institución de la Milicia Nacional también respondía a una búsqueda del equilibrio y la suavización de las tensiones entre las fuerzas y poderes periféricos, de los que iba a depender y a los que en buena medida iba a representar, y la tendencia natural al centralismo del nuevo Estado liberal, que al colocar al ejército como uno de los pilares de su poder, tenía necesariamente que recelar de la fuerza y del protagonismo que la Milicia Nacional podía alcanzar.
La Constitución española de 1812 incorporaría estos planteamientos a su articulado, asumiría la idea revolucionaria francesa del ciudadano-soldado y establecería la obligación de los españoles de “defender la Patria con las armas” cuando fueran llamados por la ley, esta vez, a diferencia del Antiguo Régimen, sin excusas ni privilegios. Esto se tradujo en la formación, por un lado, de un ejército permanente, destinado a la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior (art. 356), que sería controlado en gran medida por el rey, a quien correspondían la mayoría de las decisiones relevantes, como la declaración de guerra, el mando de los ejércitos y armadas y el nombramiento de los generales (art. 171, puntos 3, 8 y 9). Por otro lado, contempló la formación de un cuerpo de milicias nacionales, compuesto de ciudadanos dispuestos a luchar en sus provincias cuando las circunstancias así lo requirieran, y sobre el que el control del ejecutivo era más limitado (art. 365).
Definidas en cuatro breves artículos (arts. 362 a 365), estas milicias fueron solo perfiladas por la Constitución, que como apuntara Pérez Garzón parecía inspirarse en este punto en las milicias provinciales del siglo XVIII, con la salvedad de uniformizar el territorio y suprimir los fueros y las diferencias provinciales35. Como establecía el artículo 363, quedaba para futuras ordenanzas la tarea de concretar y desplegar su organización, que finalmente sería dispuesta en dos cuerpos distintos, la Milicia Nacional Activa, una especie de cuerpo de reserva del ejército que se acercaba a lo anunciado por el código gaditano, y la Milicia Nacional Local, un cuerpo de voluntarios independiente del ejército y ligado a los ayuntamientos que, compuesto en un principio de propietarios comprometidos con la causa liberal, ejercería en los pueblos y las ciudades como garante tanto del orden público, como del constitucional.
En definitiva, en Cádiz se instituyó un ejército nuevo, que en junio de 1812 el conde de Toreno se encargó de presentar ante las Cortes como “una porción de ciudadanos armados destinados a proteger y defender las clases pacíficas y productoras del Estado”36, esto es, como una institución que, significativamente, se miraba en el espejo de las milicias ciudadanas burguesas y pequeñoburguesas de la época, que armaron a esta parte de la población con un claro sesgo social y un fuerte componente político, organizadas por tanto, no solo para defender el orden y la propiedad, sino también los derechos y libertades recién adquiridos.
Prejuicio social, luchas de poder y recelos políticos en la primera evolución de la Milicia Nacional.
Como en Europa, el sesgo social de las milicias ciudadanas estaba relacionado con el miedo a armar al pueblo –al que con frecuencia se hacía referencia, sin filtros ni distinciones, con expresiones denigrativas como populacho o hez de la tierra–, y también condujo en España a la configuración de la Milicia Nacional como un cuerpo socialmente diferenciado, llamado a representar a las clases propietarias y sus intereses, como ya demostrara en su momento Pérez Garzón con su completo análisis socioprofesional de la milicia madrileña.
Este miedo o prejuicio social persistiría en las décadas siguientes. Por ejemplo, el marqués de Miraflores se lamentaría en 1824 de que se hubiera acabado dando “entrada en sus filas a los que apenas tenían interés en la conservación del orden”, pues encontraba que no era otra cosa que “armar a los enemigos de la Constitución y de la tranquilidad”37, esto es, en expresión más reciente de Manuel Santirso, armar al pueblo con la seguridad de que defendería exclusivamente el nuevo orden burgués era “conciliar lo inconciliable”38.
El mismo sentimiento de inquietud ante el armamento indiscriminado del pueblo se expresaría también respecto a los Voluntarios realistas, que obviamente fueron criticados por el liberalismo, como haría el recién mencionado Miraflores, que reprobaría el alistamiento de “lo más bajo del pueblo” y el armamento de “la parte más grosera del populacho”39; pero que también lo serían del lado del absolutismo moderado, que a partir de 1823 combatió con fuerza la política ultra de obviar la selección social en el reclutamiento de estos cuerpos que, ideados como la contrapropuesta absolutista a la Milicia Nacional, desempeñaron un papel esencial en la persecución y la represión del enemigo político. A diferencia de los ultras, que consideraban necesaria esta concesión porque desconfiaban de un ejército que veían ganado por el liberalismo, los moderados recelaban a la hora de armar y movilizar a las clases populares, pues no veían garantías de que su acción fuera a completarse siempre en la dirección deseada; de hecho, temían que acabaran creando un toxicosmos de riesgo dentro del propio régimen, con la consiguiente alteración del orden social que tanto había costado restaurar. Así lo observaría el capitán general de Extremadura en 1825, cuando afirmaba que era “bien conocido en política que el pueblo no debe estar armado”, y así lo expresarían los moderados en el Consejo de Ministros en 1828, cuando alertaron de la inconveniencia de confiar en el pueblo armado: “Desgraciados nosotros si el Pueblo puede con la fuerza física trastornar a su arbitrio el Orden legal. Será posible que una vez lo haga con noble fin y a favor de la Justicia, pero ¿quién asegura que otras cien veces no se alzará contra el poder legítimo?”40. Este recelo era compartido en la época más allá de las esferas de poder, como era el caso de las clases medias madrileñas, que consideraban temerario armar a las clases populares y que se sentían amenazadas por “los hombres de la hez de la tierra que poseen ahora las armas”, una opinión compartida por los propios voluntarios realistas de extracción social más acomodada41. En última instancia, el miedo, la aversión y la hostilidad al pueblo armado no fueron, obviamente, exclusivos de las elites y las clases medias españolas, sino que fue compartido por los moderados de otros Estados europeos en los que también se formaron milicias ciudadanas absolutistas, que defendieron igualmente la necesidad de controlarlas y disciplinarlas42.
El clasismo del nuevo cuerpo armado liberal sería de igual forma patente en la implicación de los notables locales en su organización, que les llevaría además a monopolizar los mandos. La participación de los notables y los referentes locales confería a la Milicia Nacional mayores dosis de autoridad y respeto ante la comunidad43, si bien en el orden interno las tensiones por el control del cuerpo serían una constante. En este sentido, la práctica unanimidad mostrada en el recelo hacia la integración de las clases populares en el nuevo cuerpo se quebraba a la hora de luchar por su control, una aspiración que enfrentó a las elites locales españolas, que como las europeas fueron conscientes del poder que otorgaba el mando de una fuerza armada local como la Milicia Nacional. Por ello, rivalizaron desde dentro y desde fuera de los ayuntamientos por su dominio, intentaron proyectar sus relaciones clientelares sobre ella y trataron de servirse de la preeminencia alcanzada para la consecución de sus intereses estratégicos y materiales.
El carácter preferentemente municipal propio de la Milicia Nacional, con la ya señalada amplia independencia del poder central, unido al carácter electivo de sus mandos y a su inclusión en las luchas partidistas, añadieron un nuevo rasgo distintivo a este cuerpo armado, que presentaría en adelante, y en todas sus versiones, la doble naturaleza de garante y, al mismo tiempo, amenaza del orden. Esta circunstancia, ya advertida en origen por Pérez Garzón44, ha sido más recientemente recordada, por ejemplo, por Jordi Roca Vernet, que ha valorado la fuerza movilizadora que tuvo la Milicia Nacional en Barcelona en distintos contextos críticos del Trienio, generalmente como instrumento de presión en manos de los exaltados45; y también por Xosé Ramón Veiga, que ha estudiado el caso de Galicia, donde ha señalado su condición de “escuela” de valores constitucionales, más allá incluso del ámbito estrictamente urbano46. Por tanto, la Milicia Nacional no solo se erigiría como una institución vigilante del orden tanto en tareas rutinarias en las ciudades, como en acciones concretas fuera de ellas, siendo clave en la lucha contra el realismo primero y contra el carlismo más tarde47; sino que también acabaría simbolizando para muchos una institución peligrosa para el mismo orden liberal, de la que los moderados acabarían recelando por miedo al desbordamiento.
Al margen de su carácter en buena medida democrático, patente en la capacidad de elegir a sus propios mandos reconocida desde el reglamento de abril de $1 8 1 \hat { 4 } ^ { 4 8 }$ , y de su estrecha vinculación al poder local –pues solo eran remotamente controlados por el poder central a través de la figura del jefe político–, en estos recelos pesaban también los prejuicios ante la apertura a sectores más populares y la consiguiente ruptura de la homogeneidad social del cuerpo. Esto es, y como ha sido analizado desde su concepción por Maquiavelo, las milicias ciudadanas habían sido concebidas para actuar como un instrumento en manos del poder para defender y mantener el orden existente, pero no había que olvidar que también podían convertirse en una fuerza política y social dinámica y en un catalizador de la revuelta y la agitación popular a favor del cambio y en contra del mismo poder que las había creado, sobre todo cuando se ampliaba la base social de su reclutamiento49. En este sentido, Veiga ha demostrado que en el Trienio los milicianos nacionales, que representaban “el ideal de ciudadano armado que jura defender, hasta con su vida, el orden constitucional recién restablecido”, no dudaron a la hora de participar en las pugnas partidistas, de representar las mismas en su propio seno y de, llegado el caso, protestar y desafiar al poder central. De hecho, la presencia de la milicia en el espacio público estuvo también destinada a cumplir el papel de garante del orden constitucional frente a las consideradas traiciones al mismo. Esto llevó a los milicianos a situarse en el centro de la polémica política y a dejar de ser observados, en muchos momentos y por determinados sectores, como representantes de las gentes honradas comprometidas con el orden, para ser vistos en cambio como un peligro de agitación y subversión del orden que supuestamente habían de defender50.
En definitiva, la Milicia, como elemento clave del discurso simbólico y propagandístico del primer liberalismo en España, se convirtió en un arma de lucha política, de ahí que su presencia fuera una constante en el espacio público, donde daría muestras recurrentes de su espíritu político revolucionario, ya no solo en el sentido dado a muchas de sus paradas y desfiles, sino también a través de distintos actos y ceremonias cívicas de afirmación del orden liberal de claro contenido simbólico, ya fueran de orden interno, como juramentos y bendiciones de banderas, ya de orden general, como el acompañamiento a las grandes citas del calendario político festivo construido a partir de 1808.
La experiencia del Trienio condicionaría el proceso de recuperación de los cuerpos de milicias ciudadanas iniciado tras la muerte de Fernando VII que, en principio, se caracterizó por la prudencia. Así lo manifiestan las distintas iniciativas de creación de milicias urbanas desarrolladas durante los meses finales de 1833, que coincidieron de nuevo en la apuesta por la participación de las gentes honradas, esto es, de las personas de arraigo, preferentemente propietarias, dispuestas a contribuir al levantamiento de un dique de contención frente a la anarquía y la subversión del orden social, proveniente en aquel contexto tanto del lado carlista como del revolucionario51.
Las prevenciones iniciales no impedirían la recuperación por unos años del espíritu del primer liberalismo y, en este contexto de mediados de los años 1830, la Milicia Nacional recobraría el amplio protagonismo político y simbólico que había tenido durante el Trienio Liberal. Esta nueva experiencia incrementó el miedo al desbordamiento de parte de los moderados, lo que explica su creciente implicación en la obstaculización de la proyección y consolidación de la Milicia Nacional, así como la conversión en objetivo político de su deseo de despojarla de poder y, a fin de cuentas, desmantelarla. En particular, sobrevolaba sobre las conciencias burguesas el miedo a que, llegado el caso, no fuera posible desmovilizar y desarmar este cuerpo con la misma facilidad que había sido movilizado y armado en origen, de ahí la estrategia moderada de relegar progresivamente el cuerpo hasta su desmantelamiento y disolución en la década siguiente.