Ruidos y r encillas en la catedr al. Las faltas de los beneficiados y la jur isdicción disciplinar ia del cabildo catedr alicio de badajoz en época pr etr identina.
Fr ancisco Luis Rico Callado1 Universidad de Extremadura.
Resum en.
En esta contribución se analiza la jurisdicción disciplinaria del cabildo catedralicio de Badajoz antes del Concilio de Trento. A través de los procesos conservados se reconstruyen las tensiones y las faltas de los capitulares. Este estudio permite comprender mejor su mentalidad y también el uso partidista que algunos de ellos hicieron de dicha jurisdicción. En este sentido, la intromisión en las atribuciones de la audiencia episcopal y la falta de rigor frente a algunas de las faltas más graves fueron la norma. Se aportan claves para estudiar una cuestión poco explorada en otras catedrales castellanas a cuyas corporaciones se concedieron atribuciones similares.
Palabras clave: cabildo catedralicio, faltas, jurisdicción eclesiástica, Concilio de Trento.
Abstr act.
This contribution analyzes the disciplinary jurisdiction of the cathedral chapter of Badajoz before the Council of Trent. Through the study of the processes which have been preserved, the author reconstructs the tensions and the faults of the capitularies in that period. This study provides information about the mentalities and the partisan use which some of them made of such jurisdiction. In fact, there were a frequent interference with episcopal audience and a lack of rigor to punish the most serious “crimes”. This study provides some keys to study a question which remains unexplored although most of the Castilian cathedrals enjoyed such a jurisdiction.
Keywords: cathedral chapter, faults, ecclesiastical jurisdiction, Council of Trent.
Los estudios sobre la vida del clero y su mentalidad en la España de la Edad Moderna y, particularmente, los referidos a sus faltas y delitos son numerosos. A este respecto, ha habido un evidente interés por el Concilio de Trento y el proceso de “profesionalización” del clero. Sin embargo, el ámbito de los cabildos catedralicios sigue siendo, en gran medida, desconocido2 .
En este trabajo pretendemos estudiar las faltas de los beneficiados de la catedral de Badajoz en el período pretridentino y, más concretamente, la labor judicial desarrollada por el cabildo para mantener la disciplina en su seno. A este respecto, tenemos constancia de que en otras corporaciones catedralicias castellanas las faltas cometidas por los capitulares fueron vistas por el cabildo. Ésto ocurrió, al menos, con las que tuvieron un carácter leve, puesto que las graves, esto es, aquellas en que había derramamiento de sangre, la apostasía o un ataque contra la autoridad episcopal debían ser juzgadas por el obispo o su provisor quienes, en su caso, podían contar con el asesoramiento de algunos de los miembros del cabildo nombrados ad hoc3 .
Así pues, los comportamientos poco decorosos, la desobediencia a las órdenes o a las constituciones, las injurias o los insultos de los beneficiados fueron sancionados por los cabildos. Esto incluyó a otras personas vinculadas a las catedrales como los capellanes de coro. En la segunda mitad del siglo XV se generalizaron los estatutos donde se establecieron las penas para los infractores4 .
En una de las sesiones del Concilio de Trento donde se asentó la potestad episcopal para visitar y mantener la disciplina de los cabildos, se estableció que en aquellas diócesis donde sus titulares no hubiesen gozado de una potestad omnímoda debían contar en los procesos criminales con el consejo de unos adjuntos que debían ser nombrados por los capitulares. Tras dicho concilio, numerosos cabildos mantuvieron una pugna con sus obispos para demostrar dicho extremo y hacer cumplir el precepto conciliar correspondiente. La pretensión de imponer la autoridad de los obispos se encontró, pues, con la existencia de una serie de instituciones y ordenamientos jurídicos que implicaron la exención de determinadas instituciones o, en su caso, una limitación de su poder “absoluto”5 .
En el caso de Badajoz dicha polémica acabó en un proceso judicial que se llevó ante el nuncio. Uno de los argumentos que empleó el cabildo para sostener su derecho fue su jurisdicción para corregir las faltas de las personas vinculadas a la catedral, circunstancia que puede explicar la conservación de la documentación que estudiamos.
Los obispos se empeñaron, sin embargo, en no aplicar dicha atribución6 . Durante el episcopado de Marín de Rodezno (1681-1706) el cabildo quiso hacer valer el breve Alejandro VII, expedido en 15 de diciembre de 1666, que amparó el derecho de la institución de nombrar adjuntos. Esta disposición fue refrendada más tarde, tras la apelación del fiscal diocesano7 . Los capitulares recurrieron las actuaciones del obispo Rodezno, quien procedió contra algunos de ellos sin contar con los adjuntos. La disputa judicial correspondiente se saldó en 1701 cuando dicho obispo decidió desistir de sus apelaciones y respetar las atribuciones de aquellos8 .
Cabe decir que, más allá de los procesos o visitas desarrollados por la administración diocesana, está pendiente de estudio el ámbito disciplinar que tratamos en la Edad Moderna, temática que no sólo aporta datos valiosos sobre la forma de vida y la mentalidad de los capitulares sino también sobre las vías de resolución de sus conflictos más allá de los juicios ordinarios. Hemos de tener en cuenta que la opacidad de ciertas pugnas o delitos viene dada no sólo por una falta de estudio de los tribunales exentos, sino también por la dificultad que plantea el estudio de procedimientos disciplinarios extrajudiciales o, simplemente, la resolución de los conflictos mediante un acuerdo entre las partes o mediante treguas9 . El uso del entramado jurisdiccional constituye, por otro lado, una cuestión de gran interés para comprender los límites impuestos por los procesos de disciplinamiento del clero, particularmente tras el Concilio de Trento10. Los capitulares pacenses no fueron, a este respecto, una excepción, como veremos a continuación.
I. L a jur isd icc ión de l c ab ild o y los límite s impue st os por l os obisp os de Badaj oz.
En el siglo XV las atribuciones jurisdiccionales del cabildo pacense fueron amplias. Esto se deduce de la información realizada, tras la intervención en un cabildo del provisor Bartolomé Pérez en 29 de diciembre de 1445, para inquirir por qué razón el primero prendió al canónigo Gonzalo García y lo depositó en casa del capitular Martín Alonso. Dicho capitular afirmó que ese acto constituyó un menosprecio de la jurisdicción episcopal. Las declaraciones de los testigos confirmaron, a la luz de las prácticas instauradas en la diócesis, que no fue así. Así, por ejemplo, Pero González de Castañeda, afirmó que el obispo fray Juan de Morales (1461-1470) requirió al cabildo que castigase al canónigo Alvarianes, quien le amenazó de muerte. Por tanto, a mediados del siglo XV en cabildo pacense entendió en casos que podemos considerar graves, entre los que figuraron aquellos en los que hubo sangre o lesión de miembro como, por ejemplo, el que aconteció también entre el canónigo Pero Martínez Villarino y el racionero Hernán González, cuyos destalles desconocemos11.
Las razones de los desencuentros entre el cabildo y los representantes del obispo se evidencian en un escrito dirigido en mayo de 1532 por el procurador del primero, Juan de Medina, a los jueces apostólicos que intervinieron para resolver los procesos existentes entre el cabildo y la administración diocesana. En dicho documento se dejó constancia de los abusos cometidos por el provisor, el licenciado Cieza y el vicario general, el bachiller Herrera con la colaboración, entre otros, de Bartolomé de Aguiniga, quien fue el mayordomo del obispo12.
El licenciado Cieza, contra la costumbre de que los beneficiados fuesen retenidos en el domicilio de otros capitulares, encerró en la prisión diocesana a los canónigos Francisco López de Chaves y Luis Delgado, así como a los racioneros García Hernández, Blandianes de León y otros capellanes. No conocemos los motivos de la actuación contra dichos beneficiados pero, como veremos, estuvieron implicados en un buen número de los escándalos y conductas desordenadas que tuvieron lugar en el cabildo en esa época. Todos ellos apelaron la audiencia metropolitana si bien acabaron renunciando a sus recursos debido, según la versión que conocemos, a las presiones del provisor, quien utilizó como medida disuasoria el encarcelamiento en la prisión diocesana que, al parecer, fue especialmente dura. Es más, no sabemos si con la intención de corregir las faltas existentes o de entrometerse en los asuntos de la catedral, el mismo provisor se empeñó en realizar una visita de la catedral de la que los capitulares apelaron nuevamente a Salamanca, recibiéndose una resolución negativa a dicha reclamación de la que la corporación recurrió a Roma13.
Otro tanto ocurrió con el nombramiento del repartidor de becerros, cosa de la que también se apeló a Salamanca. Por otro lado, según el mismo cabildo, el juez diocesano quiso negarle el cobro de la parte del diezmo de las tierras del obispo que le correspondía. También menoscabó el derecho de la corporación de nombrar el cogedor en sus tierras, así como el de que dos o tres beneficiados, junto con el mayordomo del obispo, eligiesen el mismo cargo para el diezmo que se repartía entre cabildo y obispo. Lo mismo aconteció con los contadores, cuestión cuyo recurso estaba pendiente de resolución en ese entonces en la audiencia metropolitana. Incluso, se pusieron cortapisas a la marcha de la administración de la fábrica14.
La capacidad jurisdiccional del cabildo se redujo, de cualquier forma, a partir de 1500. En ese año, las constituciones aprobadas por Alonso de Manrique (1499-1516) supusieron una restricción de sus atribuciones. En dicha normativa la autoridad diocesana se reservó las sanciones relativas a la prohibición de que el personal de la catedral, incluyendo los capellanes o los mozos de coro portase armas, especialmente dentro de la iglesia.
De cualquier forma, quedaron en manos del cabildo las causas relativas a las “... palabras injuriosas o contumeliosas en el coro o cabildo, dentro de la iglesia”. Antes de ello los implicados debían resolver la cuestión amistosamente y, en su caso, había de castigarse a quien reusase hacerlo15. En el curso de sus actuaciones disciplinarias, los capitulares debían encargar la realización de una información a dos beneficiados. A resultas de ella se establecía una pena que era más grave en el caso de quien hubiese provocado el incidente, esto es, “los dos serán castigados, el que se excedió por un mes” y el otro “en el mes o menos”. Al parecer, si había una agresión física, la cuestión se debía remitir al obispo o a su provisor.
Durante el pleito de los adjuntos, los abogados del obispo Marín de Rodezno manifestaron que en 1500 se produjo una reducción notable de la autonomía del cabildo que pasó a estar sujeto a la autoridad episcopal. Por el contrario, este último argumentó que dado que en dicho ordenamiento sólo se citaban expresamente las faltas relativas al uso de las armas o las injurias que los beneficiados o clérigos de la catedral profiriesen, no correspondía la derogación de las atribuciones que no se nombrasen “... aunque haya igual o mayor razón, especialmente en los que se cometieron fuera de la iglesia...”16.
Los documentos indican que el cabildo actuó en las causas sumariamente y, en algunos casos, no respetó preceptos legales básicos. Buena prueba de ello es el proceso que se siguió contra el tesorero Gutierre de Trejo quien recurrió una sanción disciplinaria17. En su apelación expuso que los capitulares, siendo menor de edad, actuaron contra él sin nombrar un tutor. A diferencia de otras apelaciones, la corporación otorgó al tesorero su petición, cosa que hizo sin perjuicio de su derecho puesto que, como manifestó en su respuesta, no cupo apelación en un procedimiento asentado por vía de “corrección”18 y donde se actuó de un modo sumario, sin respetar los formalismos de los juicios ordinarios19. Esto último se confirma a la luz de las preguntas planteadas a los testigos de las informaciones sobre si conocían la jurisdicción ejercida por la institución y que en ella se procedía “… breve y sumariamente y sin figura de juicio... “20.
Los abogados del obispo Marín de Rodezno identificaron las actuaciones sumarias que estudiamos con una actuación ajena a un proceso judicial21. La interpretación del cabildo fue contraria y adoptó una postura que resulta fácilmente comprensible a nuestros ojos, si bien es engañosa, puesto que uno de sus argumentos se basó en las resoluciones de los procesos que tuvieron forma de sentencia, circunstancia que implicó, en su opinión, que los autos correspondientes no tuvieron un simple carácter económico o de corrección fraterna22.
En cuanto a la iniciación de los procedimientos podemos distinguir dos vías: cuando un particular presentó la denuncia y otra, que fue la más frecuente, donde el “fiscal” del cabildo expuso una acusación verbalmente o, más raramente, por escrito. Fueron los procuradores del cabildo quienes se ocuparon de esta labor, en la mayoría de los casos Sebastián Gutiérrez y, en alguna ocasión, Rodrigo de Almaraz23. Tras ello, el cabildo encargó la información a dos receptores quienes mayoritariamente fueron dignidades y canónigos, si bien en algunos casos se nombró para ello a racioneros como Baltasar Briceño24. El interrogatorio que se planteó a los testigos, quienes comparecieron sistemáticamente antes de responder a él para prestar juramento, se rigió por la relación de preguntas que elaboraron los fiscales a partir de los cargos contra los imputados.
Detectamos dos elementos que nos permiten concluir que el procedimiento no tuvo suficientes garantías. En primer lugar, algunos receptores tuvieron enfrentamientos con los imputados antes de desempeñar su cometido y, en segundo lugar, los testigos fueron mayoritariamente los propios beneficiados. Así, por ejemplo, en una de las causas donde, contra lo habitual, el cabildo procedió de oficio, tenemos que en la reunión donde se incoó el expediente correspondiente intervinieron el arcediano Francisco de Ceballos, el maestrescuela Juan de Ceballos, el prior Benito de Aguilar y los canónigos Hernán Vázquez, Hernando Muñoz y Manuel García. Todos ellos, salvo el prior fueron, a su vez, testigos de la causa25.
Los testimonios de estos últimos fueron la prueba de cargo en los procesos, de acuerdo con lo establecido en la normativa del obispo Alonso Manrique, donde se afirmó que de acuerdo con ellos debía ser “... penado el que excediere...”26. Por tanto, tras la información el capítulo dictaba, sistemáticamente, la sentencia. Sólo en una ocasión se recibió la confesión de los encausados27.
No es de extrañar que algunos imputados tachasen bien a los testigos bien al propio tribunal, como veremos. En este sentido, es significativo que en una causa donde se procedió contra el racionero Rodrigo Blandianes y los canónigos Luis Delgado, Diego de Aguilar y Hernán Martínez, personajes que estaban enfrentados con un sector del cabildo, como veremos a continuación, los testigos no fuesen, contra la norma que hemos descrito, otros capitulares28.
Las actuaciones del cabildo fueron, por otro lado, secretas. Sin embargo, el canónigo Diego de Aguilar tuvo conocimiento a través del racionero García Hernández de Aguilar de que se procedía contra él, como reconoció en una declaración jurada29. Por tanto, los inculpados no pudieron realizar ningún acto judicial en su defensa y sólo les cupo, como veremos, la posibilidad de apelar de las sentencias.
II. Una “f ot o fija ” de la situaci ón del cabild o en l os a ños ve inte y tre int a de l sig lo XVI.
Una buena parte de los cargos vistos por el cabildo se refieren a los desacatos e injurias proferidos contra la institución o sus miembros. Por regla general, y de acuerdo con lo establecido en las constituciones de Alonso Manrique, los hechos acontecieron en la catedral si bien, en algunos casos, las faltas se cometieron en otros lugares por lo que podemos considerar que el cabildo se excedió en el ejercicio de su autoridad.
En principio, hemos de hablar de la reacción de algunos de sus miembros contra las sanciones disciplinarias que se les impusieron. El primer caso de este tipo que conocemos data de 1512. El día 29 de diciembre de ese año el racionero Rodrigo Yáñez Navajón entró a vestirse cuando los capitulares estaban reunidos en cabildo. Su secretario, el arcediano de Badajoz, aprovechó para sacar un libro y leer una ordenanza donde se estableció que todos los beneficiados debían tener una mula o un caballo que habían de adquirir hasta el día de Navidad bajo pena de una multa, cosa que echaron en cara al racionero. Éste dijo que apelaba de ello ante el obispo y se “... metió luego el dedo en el carrillo por dentro de la boca e dio un soplo e dijo que no lo podían los señores hacer más que el soplo que dio...”30.
Más tarde, en abril de 1521 se siguió un proceso contra el tesorero, Gutierre de Trejo, quien fue sancionado anteriormente por no asistir a una procesión. A raíz de esta multa dijo públicamente que se discriminaba a algunos de los capitulares. Asimismo, comentó que no se hacía “... cuenta de los beneficiados mancebos como si no toviesen prebendas”. Por otro lado, afirmó que él era mejor que todo el cabildo junto y que algunos de sus miembros hacían su voluntad porque no había quien los castigase, de modo que “... a cada uno tomaban lo que querían que otro tiempo vendría que hubiese quien los castigase”.
El caso del canónigo Luis Delgado confirma la discriminación de la que algunos beneficiados se sintieron víctimas. En agosto de 1535 hubo una reunión donde se trató un punto en el que estaban en desacuerdo el cabildo y los canónigos Delgado y Hernán Vázquez. El objetivo de la discusión fue evitar un pleito. Delgado se ofreció a sufrir una pena de punto en caso de que no se le diese la razón y añadió que una parte de los capitulares eran “robadores o ladrones” y que hurtaban su “capa y su hacienda” puesto que: “... las cosas propias vuestras no son nada y las de los contrarios hacéis muy graves”31.
Buena prueba de las tensiones existentes en el cabildo es el caso del canó- nigo Francisco López de Chaves, quien aparece en diferentes ocasiones en la documentación, puesto que se vio implicado en una buena parte de los conflictos. Así, por ejemplo, tuvo un encontronazo con el racionero Baltasar Briceño a quien acusó de intentar sobornar a otros capitulares para obtener el cargo de mayordomo32.
Posteriormente, el mismo Chaves se enfrentó con el canónigo Luis Delgado. El día 23 de febrero de 1521 ambos discutieron. Delgado desafió a Francisco López, afirmando que sabía que no le tenía ninguna estima. Este último lo despreció y afirmó que: “no era su honra tomarse con él, pues que era mejor”. A esto repuso Delgado que era tan bueno como él y lo injurió a continuación33. Posteriormente, el 23 de abril de 1523 el mismo Chaves riñó con el canónigo Pedro Cabezas en el coro. Dicho día los capitulares trataron la respuesta que se había de dar al obispo. Cabezas afirmó que se debía discutir seriamente sobre el asunto a lo que respondió Chaves, refiriéndose al racionero Baltasar Briceño, quien comunicó al cabildo las palabras del prelado, que “... es venido un gaitero, mándenle una gaita que responda al provisor”. A raíz de ello ambos canónigos se enzarzaron en una disputa34.
Las pugnas podían tener, en todo caso un tono “deportivo” como la carrera a caballo que celebraron, tras provocarse mutuamente, el 9 de octubre de 1521, Gonzalo Muñoz, el arcediano de Jerez y Lorenzo Yánez, mediorracionero35.
El desprecio hacia otros miembros del cabildo y la altanería de la que hicieron gala algunos beneficiados se evidencia en el trato que recibieron de ellos los racioneros. En agosto de 1519 el chantre Pedro Manrique profirió palabras contra estos últimos afirmando que, dado que se les admitía en el cabildo, él enviaría a su mula para que participase también en las reuniones36. Estas tensiones venían de atrás, como evidencia la información de la que fue objeto el racionero.
Navajón en 1501 a raíz de la discusión que tuvo con el maestrescuela Nuño García, quien le invitó a abandonar el cabildo. El racionero profirió amenazas contra este último como respuesta37. El racionero Blandianes denunció al canó- nigo Diego de Aguilar porque le denigró tras pedirle un tintero que era suyo. Al parecer, le llamó rapaz y bellaco y llegó a decir, alzando el tintero: “juro a Dios don Rapaz, si no estuvieseis en la iglesia, si nos lo quebrara en la cabeza”. Añadió, a continuación, en tono amenazador: “juro a Dios don Rapaz que vos me lo paguéis”38. Otro caso interesante al respecto es el del tesorero Gutierre de Trejo, que conocemos a través de la causa incoada en 17 de mayo de 1522. El tesorero recibió dos órdenes, transmitidas por el capellán Alonso Anes, de que permaneciese en la catedral, puesto que había pocos beneficiados. Hizo caso omiso a ellas, hablando con ira dijo a dicho capellán:
“... anda y os dé ay, e se vino para él e alzó el brazo el brazo derecho e echó un golpe a manera de bofetada o puñada e le alcanzó en el buche del brazo izquierdo un recio golpe y este confesante le dijo que no le tratase de aquella manera y el tesorero con soberbia tornó a decirle que se fuese e así se vino con lo que avía pasado...”39.
Otro episodio similar es el que aconteció entre el racionero Hernando Muñoz y Alonso Yánez en diciembre de 1526. Se produjo en el coro donde el capellán tomó un breviario, a la sazón llegó Hernando Muñoz quien sin decirle nada se lo arrebató, a lo que el primero repuso que estaba rezando y que cuando acabase se lo daría. Ambos discutieron al respecto y el canónigo Muñoz llegó a decir que si no hubiese estado en el coro hubiese dado en la cabeza con el libro al capellán40. Esto demuestra que las sanciones disciplinarias disuadieron, en cierta medida, a los beneficiados de cometer una agresión física41.
La reincidencia de algunos beneficiados es manifiesta a la luz de los procesos y esta circunstancia se hace evidente en los estudios sobre las faltas cometidas en otros capítulos catedralicios. Como hemos visto, el canónigo Francisco López de Chaves fue imputado en diferentes ocasiones y fue uno de los protagonistas de la turbulenta vida del cabildo. En julio de 1521 se incoó un proceso contra él donde se acumularon varias acusaciones. Entre ellas, figuró la de que en septiembre del año anterior, tras las vísperas, dicho canónigo con capa abierta y una espada ceñida arremetió con su caballo en la catedral. Asimismo, se le acusó de no respetar el secreto del cabildo y revelar sus decisiones a personas ajenas a él. Por otro lado, se le inculpó por no haber cumplido la comisión que se le dio para que hablase con el marqués de Pliego sobre el arcediano de La Parra, caso que trataremos más adelante y que tuvo otro implicado directo. Finalmente, el mismo mes en que se incoó el proceso al que nos acabamos de referir, en el transcurso de un cabildo, se invitó al Chaves a que dejase un negocio en manos de la corporación a lo que él respondió con furia, varias veces, que se negaba a ello. Posteriormente, el mismo canónigo se vio sometido a otro proceso 23 en octubre de 1521 por el desacato que cometió contra el cabildo cuando afirmó que renegaba de las vísperas que se debían rezar42.
La percepción de las porciones correspondientes a los capitulares fue un factor de tensión, si bien los problemas suscitados por dicha cuestión no sólo se debieron a los agravios que se pudieron cometer en su reparto o en las sanciones, sino también a los excesos cometidos por quienes fueron apoderados por el cabildo para cobrar los diezmos u otros derechos. En 12 de marzo de 1521 se inició un procedimiento contra el canónigo Francisco López de Chaves por las amenazas que profirió contra Vázquez Abegón, cogedor de los diezmos de Valverde un sábado por la noche mientras cenaba con otras personas en una posada de dicha localidad. Entre ellas se encontraba el racionero García Hernández de Aguilar. El canónigo se presentó con una espada al cinto y con uno de sus criados armado de la misma guisa y, ante la respuesta de Abegón, de que el trigo se estaba subastando, afirmó que había de coger el que le correspondía puesto que portaba una cédula del cabildo para ello. El racionero Aguilar expresó sus dudas al respecto y refrendó las palabras del repartidor. Tras ello, el canónigo renovó sus amenazas e injurias contra ambos, pese a que algunos de los presentes intentaron tranquilizarlo43.
La actuación del cabildo en esta ocasión se puede tildar como irregular. En esos momentos la sede estaba vacante y la jurisdicción recayó en dicha institución que utilizó el procedimiento sumario de carácter interno que hemos descrito anteriormente. Por esta razón, además de acusar al cabildo de parcialidad, el canónigo Francisco López de Chaves denunció que:
“… los dichos señores no pudieron, ni pueden, sentenciar ni aplicar así al pena e repartirla sin me dar copia ni traslado de ningún auto ni escritura, mas de hacerlo como a ellos bien visto fue más ser intereses particulares que por castigo”44.
Ante estas circunstancias el juez elegido por ambas partes para resolver la cuestión, Pedro de Osuna, canónigo en la misma catedral se vio obligado a dar la razón al canónigo Francisco López y reponer el proceso a su estado original.
Esta no fue la única actuación que podemos calificar como irregular. En julio de 1521, cuando la sede aún no había sido ocupada por un prelado, se procedió contra el racionero García Hernández de Aguilar de una manera que podemos calificar como expeditiva. Un par de meses antes fue elegido para ir a negociar con el marqués de Pliego, quien además era conde de Feria, una cédula para sacar doscientas fanegas de trigo y cincuenta de cebada de dicho condado que debían remitirse al cabildo. Se hizo el repartimiento y se recogió el cereal pero el racionero no lo entregó y afirmó, una vez vuelto a Badajoz, que no usó dicha cédula. Más tarde se descubrió su engaño. En este caso, bastó un testimonio notarial donde se hicieron constar los hechos para que el racionero fuese condenado sin más autos. En esta ocasión el cabildo sobrepasó sus atribuciones y se entrometió en el ámbito jurisdiccional diocesano.
Un indicador de las anomalías que se produjeron en los remates del cereal recaudado fue la presencia en Valverde del racionero García Hernández de Aguilar. Como hemos visto, el canónigo Francisco López de Chaves lo injurió. Para descargarse de culpas este último pidió que el racionero Aguilar prestase juramento sobre si estaba en la población cumpliendo una orden del cabildo. El susodicho lo negó y afirmó que “... no fue por mandado del cabildo, salvo por si y por otros particulares para si pudiera comprar para si e para ellos algún trigo de lo que se avía de vender...”45.
La gestión de los asuntos económicos del cabildo provocó frecuentes desencuentros. El tres de mayo de 1521 se inició un proceso contra el prior don Benito de Aguilar por las injurias que pronunció contra el maestrescuela don Íñigo López de Mendoza. Este último reprochó a Aguilar la gestión que realizó del cobro de los diezmos y tercias. Le echó en cara que sólo hubiese cobrado el tercio de la cebada y que no hubiese hecho las gestiones oportunas para recaudar el diezmo del pan del arciprestazgo de la Parra. Asimismo, le acusó de no haber hecho lo oportuno con otros derechos que correspondían al obispo y al cabildo en dicho arciprestazgo. A esto respondió el prior con enojo y calificó al maestrescuela de ladrón y “mohatrón”, esto es, de haber realizado en otra ocasión una venta fraudulenta46.
Por otro lado, el canónigo Pedro Cabezas fue juzgado en septiembre de 1523 por desacato tras resistirse a que el secretario asentase por escrito que el cabildo había nombrado como médico al doctor Lucio. Esto ocurrió dos meses después de que los capitulares hubiesen elegido los oficiales y personal de la catedral, cosa que se hacía todos los años en San Juan. Se dio la circunstancia de que en esas fechas el secretario estuvo ausente. Al parecer, el canónigo Cabezas requirió a este último que dejase constancia de su oposición a la voluntad de la mayoría47.
El trato de favor que recibieron ciertos miembros del cabildo provocó las quejas de algunos de sus componentes. En febrero de 1527, el racionero García Hernández de Aguilar fue procesado por difamar a Baltasar Briceño quien fue enviado por el cabildo a cobrar ciertos derechos y rastras fuera de la ciudad, si bien se decidió anteriormente que fuese otra persona a cumplir dicho cometido. Tras ello no se le tomaron las cuentas correspondientes, contraviniendo la constitución que establecía que una dignidad, un canónigo y un racionero debían realizar dicha revisión. En palabras de Aguilar: “... no le tomaban cuenta al dicho racionero Briceño y que se la tomaba el prior a él y el al prior y que el uno al otro se entendía y que no avía cuenta ni razón...”48.
Los excesos referidos a las vestiduras poco acordes con su condición o el uso de armas, hechos que, por otro lado, se ligaban a la adopción de una actitud pendenciera fueron habituales entre algunos de los miembros del cabildo. No conocemos con detalle los delitos cometidos por los beneficiados antes del concilio de Trento y, particularmente, los que fueron vistos por la autoridad episcopal a la que, de acuerdo con las constituciones de Alonso Manrique, se reservaron las contravenciones relativas a las armas. Ésto se debe a que no se han conservado los procesos de la audiencia episcopal de la época. De cualquier forma, los datos que contiene la documentación analizada son significativos respecto a las actitudes de los capitulares49.
A este respecto, hemos de destacar que el propio cabildo tomó cartas en estas materias. Gracias a ello se conservan expedientes que nos permiten hablar de la existencia de una solidaridad surgida en ciertos sectores del cabildo y, más particularmente, entre los miembros más jóvenes y revoltosos, términos que empleó, no sin cierta comprensión, el cabildo. Esto incumbió concretamente del racionero Blandianes de León y los canónigos Luis Delgado, Diego de Aguilar y Hernán Martínez. Los dos primeros fueron procesados anteriormente, en agosto de 1525, por los desacatos que cometieron contra el cabildo y, en el interrogatorio correspondiente, se preguntó a los testigos si Delgado y Blandianes eran personas deshonestas que daban mal ejemplo50.
Estos dos últimos, junto con los que hemos citado anteriormente, hicieron un requerimiento al cabildo mediante un notario expresando su deseo de revocar el poder que el cabildo había dado antes al maestrescuela Francisco de la Vega para negociar ante Carlos V varios asuntos. Dicho acto contravenía las constituciones de la institución puesto que cualquier actuación de este tipo debía realizarse ante el secretario capitular. Por dicha razón todos ellos fueron condenados en junio de 1530 a quince días de punto y se les privó, asimismo, del derecho de asistir a cabildo. El mismo día en que se acordó dicha pena se suscitó una discusión acalorada en la catedral entre el maestrescuela Francisco de Vega y el racionero Blandianes, quien echó mano a un puñal que portaba51. En el curso del procedimiento correspondiente uno de los testigos acusó a este último de ser “... desmandado en sus palabras y no tiene el respeto y acatamiento que es obligado a los capitulares”52.
Unos días más tarde se inició una causa contra este mismo racionero y los canónigos Luis Delgado y Hernando Muñoz por el escándalo que provocaron con su comportamiento. Las declaraciones de los testigos evidenciaron que todos ellos iban armados con puñales o espadas, tanto dentro como fuera de la iglesia. También portaban armas defensivas, como broqueles. Los inculpados fueron sancionados con un mes de punto. Al parecer, el racionero Blandianes reincidió puesto que, de acuerdo con un proceso incoado contra él en agosto de 1531, seguía portando armas y vestía con poco decoro53.
Hay otros datos sobre la falta de decoro en las vestiduras. En 15 de julio de 1524, el canónigo Luis Delgado fue imputado por portar jubón de terciopelo y calzas “sin otro hábito alguno” en el corral del cementerio de la catedral. Asimismo, se le acusó de llevar armas tanto fuera como dentro de la iglesia. No hubo, en todo caso, una coincidencia entre los dos testigos, circunstancia que implicó, a falta de una “plena probanza”, que no se condenase a Delgado54.
Las actuaciones del cabildo en este ámbito son interesantes, puesto que las causas de este tipo estaban reservadas al obispo. Pese a ello, la corporación aprobó una constitución en la que se estableció un mes de punto a quienes contraviniesen las regulaciones establecidas al respecto55. El cabildo se vio también forzado a recordar el cumplimiento de las constituciones sinodales y capitulares respecto a las vestiduras y reforzarlo con la amenaza de multas. Ésto se tuvo que hacer el 19 de agosto de 1519 tras comprobar que algunos beneficiados “... no andaban en hábito decente, trayendo el cabello largo e las coronas muy pequeñas y sayones escotados y con mangas... y coletos de seda y otros hábitos indecentes...”56.
La intromisión en el ámbito de la jurisdicción episcopal no quedó aquí, puesto que el cabildo trató faltas que tuvieron lugar fuera de la catedral. Este fue el caso del racionero García Hernández de Aguilar, procesado en junio de 1517 tras proferir blasfemias contra Dios y sus santos mientras el cabildo realizaba una procesión, cuyo destino era la iglesia de San Pedro. Asimismo, durante la procesión pronunció unas palabras que parecen esconder un reproche contra el cabildo: “... pues en la tierra no avíe justicia que del cielo viniese...”. De acuerdo con la declaración del racionero Baltasar Briceño, Aguilar guardaba inquina a otros prebendados y afirmó que los del cabildo eran “ladrones y le robaban lo suyo”57.
El mismo Hernández de Aguilar fue procesado el mes siguiente tras cometer una falta parecida. Tras intimarse en cabildo un mandamiento del provisor, el licenciado Cabezón, dicho racionero afirmó que los beneficiados no reconocían ningún superior. Tras ello, compareció ante el cabildo para dejar constancia ante notario de que se afirmaba en dichas palabras y echó en cara a los capitulares que “... no conocían superior, ni a Dios, ni al rey e que no avía para ellos justicia en el cielo ni en la tierra e si Dios absolutamente no lo remediaba que no avía otro que lo remediase...”58.
El origen de los desencuentros de los beneficiados con otros miembros del cabildo o sus oficiales se evidencia en los procesos. Éste es el caso del racionero Blandianes quien difamó e injurió a los provisores de la Cueva y a su sucesor en el cargo el licenciado Cieza, al racionero Briceño, al canónigo Hernán Vázquez y también a Sebastián Gutiérrez. Este último no sólo fue procurador del cabildo sino que ejerció en diversas ocasiones el cargo de fiscal59. En la sentencia correspondiente no sólo se condenó a Blandianes por haber llamado a este último, entre otras cosas, “puto judío”, sino también a resarcir al cabildo por el proceso entablado en contra del racionero por su gestión como mayordomo del cabildo y que Blandianes llevó en apelación a la audiencia metropolitana. Buena muestra de su resistencia al cabildo fue el escándalo que provocó en una votación60.
Una fuente importante de las tensiones existentes en el cabildo pacense se encuentra en los enfrentamientos con los provisores u otros miembros de la audiencia episcopal, cuestión en la que la corporación tomó medidas disciplinarias. Las pugnas con los oficiales diocesanos se arrastraban desde el siglo XV y se siguieron produciendo a lo largo de los siglos XVII y XVIII por diferentes razones. A este respecto, algunos miembros del cabildo fueron encausados por revelar supuestamente secretos del cabildo y socavar sus intereses. En este sentido, es interesante el proceso que tuvo lugar contra el canónigo Diego de Aguilar en la primavera de 1532. Se le acusó de tener y promover en su casa conversaciones con personas que difamaron al cabildo. Asimismo, en el interrogatorio se preguntó a los testigos si en “... algunas causas criminales y perjudiciales que contra ellos se movían en la audiencia episcopal el dicho Diego de Aguilar les favorecía e ayudaba y andaba buscando testigos para que [se] presentasen”61. Por otro lado, se le atribuyó el cargo de que había importunado a capellanes y clérigos para que desobedeciesen al cabildo. Varios testigos, como el racionero García Hernández de Aguilar o el clérigo Gonzalo Pérez, confirmaron que o bien comunicó al mayordomo Bartolomé de Aguiniga, las discusiones del cabildo o bien lo apoyó tanto a él como al provisor. Francisco López de Chaves dijo que el provisor, el licenciado Cueva, entró en casa de Aguilar a comer. No está claro, de cualquier forma quién informó a Aguiniga, puesto que Chaves afirmó que en una ocasión este último le hizo saber que eran el canónigo Peinado y el racionero Briceño quienes lo hacían. El racionero Baltasar Briceño dijo, incluso, que Aguilar sobornó a una persona para que declarase en contra de un beneficiado. De esta animosidad dejó constancia también García Hernández ante quien el canónigo dijo en varias ocasiones que “... llevaría a cualquier clérigo o capellán de la iglesia al provisor e le haría echar en la torre”. Francisco López de Chaves, quien participó en las tertulias que tuvieron lugar en casa del canónigo, acusó al clérigo Juan Mota y a su hermano Pedro Mota de ser los únicos que hablaron mal del cabildo. En dichos encuentros participaron también el canónigo Luis Delgado y el racionero Blandianes quienes, como hemos visto, estaban molestos con las actuaciones del cabildo, circunstancia que siembra dudas sobre las afirmaciones del canónigo Chaves.
El cabildo, por otro lado, se vio obligado a contrarrestar la enemistad contra los provisores. De acuerdo con la denuncia de Sebastián Gutiérrez, cursada 20 de febrero de 1527, en el otoño del año 1526, el racionero García Hernández de Aguilar, quien fue a Valladolid a entregar al obispo una carta relativa al breviario y los misales y otras cuestiones de la catedral, aprovechó su misión para entregar al prelado unos “capítulos” contra el provisor, el licenciado Cueva. De lo mismo se acusó más tarde a los canónigos Hernando Vázquez y Andrés Sánchez quienes fueron a entrevistarse por orden del cabildo con el obispo también en Valladolid. Ambos afirmaron haber respondido a un interrogatorio del prelado pese a su enemistad manifiesta con el provisor. Según Hernando Vázquez, el canónigo Sánchez causó escándalo entre la familia del obispo por sus declaraciones contra el juez diocesano a quien acusó, entre otras cosas, de favorecer a los clérigos de vida deshonesta y castigar, por el contrario, a los más rectos. Algunos de los sirvientes del obispo pidieron a Hernando Vázquez que templase a Sánchez. De cualquier forma, la sospecha de haber entregado los artículos recayó sobre otro de los enviados del cabildo si bien desconocemos el curso de las pesquisas posteriores62.
En cuanto a los miembros del cabildo de vida supuestamente licenciosa podemos decir que, aparentemente, hubo una cierta tolerancia. Algunos datos los conocemos a raíz del proceso que se entabló contra Francisco López de Chaves y el maestrescuela don Íñigo López de Mendoza. El origen estaba en la misión que ambos realizaron para comunicar secretamente al marqués de Pliego las irregularidades cometidas por el arcediano de La Parra cuando se ausentó de Badajoz durante una epidemia de “pestilencia” y tuvo una manceba en San Juan de La Parra. El maestrescuela acusó a Chaves de deslealtad por presentar un “libelo” o acusación donde se manifestó que no había cumplido la misión encomendada por el cabildo. Como hemos visto, el mismo Chaves fue imputado por el mismo hecho63.
El procedimiento contra el maestrescuela se inició en julio de 1521. Se le acusó de no haber guardado el secreto exigido a su misión, de modo que comunicó los cargos contra el arcediano ante personas ajenas así como que, finalmente, no había dado la información al marqués. En su declaración, el canónigo Ló- pez de Chaves afirmó que el arcediano alcanzó al maestrescuela por el camino y, una vez en Almendral, cuando ambos estaban hablando en la iglesia de San Pedro, vio cómo este último profirió voces y se apartó. Al parecer, el arcediano amenazó al maestrescuela con hacer saber las faltas cometidas por otros canónigos como el maestrescuela o el canónigo Aguilar quien, según su versión, tuvo una manceba en casa. Asimismo, el arcediano dijo que descubriría que López de Mendoza “había cabalgado” a la hermana del marqués64. El maestrescuela, según la versión del arcediano, que conocemos a través de Chaves, amenazó con dar “diez puñaladas” al de la Parra. Otros testigos, como el canónigo Cabezas o el deán confirmaron que había hecho saber el objetivo de su misión al marqués ante ellos y que éste no quiso ver la información.
Del comportamiento poco recomendable del maestrescuela queda constancia en otro proceso. En septiembre de 1523 se celebró un cabildo donde se concedió la limosna que los frailes de San Francisco pidieron. El canónigo Pedro Cabezas pidió que se hiciese una donación de trigo a las monjas de Santa Lucía. Ante la afirmación de otros capitulares de que las monjas no habían solicitado dicha merced, Cabezas añadió que era conveniente aprovechar la ausencia del maestrescuela para otorgársela, puesto que una vez vuelto éste: “… él tendría como se le hiciese para que las monjas le alzasen las piernas hacia arriba” y que, además, entraba en el convento “… día y noche y hacía cuantas bellaquerías quería”. Ante la censura que otros capitulares hicieron a Cabezas diciéndole que, según les había contado el canónigo Francisco de Chaves, lo había visto rondando el convento en su mula y que, por tanto, se le podía imputar el mismo cargo, el canónigo Cabezas respondió lanzando improperios contra Chaves al que acusó de mentir65. Como hemos visto, anteriormente ambos se enfrentaron en el cabildo unos meses antes de ese mismo año en un cabildo.
De cualquier forma y a falta de que se entablase un proceso o, en su caso, hubiese una condena desconocemos la base real de lo que podemos dejar en simples rumores, si bien es cierto que estos sirvieron en la época para actuar judicialmente contra una persona.
Hemos de decir, en todo caso, que las referencias a dos de las desviaciones más habituales entre los miembros de otros cabildos y también del clero no abundan en la documentación estudiada. Éstas se refieren a dos cuestiones: los amancebamientos y el juego66. Aparentemente, en el primer caso, la mala fama de los beneficiados no dio lugar a una actuación en su contra. Es más, parece que el provisor tampoco tomó cartas en el asunto. Por otro lado, el juego trascendió en el caso del canónigo Diego de Aguilar, quien fue finalmente condenado por otras cuestiones. De cualquier forma, los testigos de otros procesos reconocieron que las timbas eran frecuentadas por los beneficiados. En el proceso contra el maestrescuela don Francisco de la Vega en diciembre de 1529, al que nos referiremos con más detalle a continuación, consta que este beneficiado practicaba los juegos de azar. El cabildo de Badajoz prohibió expresamente que sus beneficiados jugasen “... ni pública ni secretamente ningún juego deshonesto, ni ande en cuerpo jugando a la ballesta, ni en otros juegos deshonestos en ninguna parte que pueda dar escándalo...”67.
Un caso diferente fue el del canónigo Francisco López de Chaves, donde la actuación del cabildo se debió al escándalo que provocó dicho beneficiado entre los asistentes a una procesión del Corpus tras invitar a una mujer casada con un noble, con quien se rumoreaba que mantenía relaciones carnales68. El canónigo la puso, junto a otras mujeres, tras un “paño de pared” encima de la puerta de la catedral, sobre las capillas, cosa que provocó la mofa y el escándalo de los asistentes. A este respecto, varios testigos confirmaron la pregunta quinta del interrogatorio donde se decía que los presentes murmuraron sobre la pasividad del cabildo y del obispo frente a la relación referida anteriormente. Por otro lado, uno de los testigos, el canónigo Diego de Aguilar confirmó que Chaves jugaba a los naipes. En cambio, el canónigo Francisco Martínez Peinado dijo que Chaves se había quejado de ciertos caballeros que fueron a su casa a importunarle para que jugasen69. En este caso no hubo sentencia. Los testigos solamente refirieron los rumores que había sobre la relación entre ambos y, por tanto, hablaron de oídas.
Como hemos visto, una buena parte de las faltas vistas por el cabildo pacense consistieron en desacatos, insultos o difamaciones y las agresiones. Estas últimas fueron relativamente raras en Badajoz pese a que algunos beneficiados adoptaron actitudes amenazadoras y portaron armas. Con esta salvedad, podemos hablar de una coincidencia con lo ocurrido en la catedral de Burgos en el siglo XV. En este caso, la ausencia de procesos sobre la vida sexual de los beneficiados no indica que no hubiese excesos, como permite entrever la insistencia de la corporación burgalesa en que sus miembros adoptasen una vida honesta y las medidas promulgadas contra sirvientes y concubinas, sino que sólo se actuó cuando las infracciones fueron públicas70.
III. ¿Una disciplina rigur osa ? el cuesti onamient o intern o de la pr áctica de la jurisdicci ón capitular.
Con cierta frecuencia, los condenados se presentaron ante el cabildo y, tras reconocer la pena impuesta y asumirla, se procedió a reducirla. Al canónigo Diego de Aguilar se le rebajó la condena una vez y se le conmutó la sanción en otra. Esto último fue criticado por el racionero García Hernández puesto que para adoptar dicha decisión era necesario que todos los beneficiados estuviesen presentes71. Por otro lado, el canónigo López de Chaves fue indultado una vez y se le rebajó la pena otras dos. Todo esto sobre un total de veintinueve sentencias que conocemos72.
Otros beneficiados no se plegaron sin más a las decisiones adoptadas por el cabildo. En este sentido, se descubre la existencia de procedimientos específicos para resolver los recursos y evitar, por tanto, que se entablase un pleito ante una instancia superior. Ésto, al menos, incumbió a las penas arbitrarias, esto es, las que no fueron establecidas expresamente en la normativa:
“... cuando algún beneficiado se sintiere agraviado de alguna cosa el cabildo nombre una persona y el tal beneficiado otra para que lo vean e desagravien e si no se concertaren tomen un tercero y que lo que mandaren y determinaren lo hayan por bien el cabildo y el tal beneficiado…”73.
Ésta fue la vía que propusieron en su apelación el racionero Blandianes y el canónigo Luis Delgado tras ser condenados por el caso que hemos referido anteriormente. La corporación les respondió que, en su caso, no se podía aplicar esta constitución, dado que se fijó la pena de acuerdo con lo establecido expresamente en la normativa74.
En cambio, en diciembre de 1529 se aplicó dicho procedimiento al maestrescuela don Francisco de la Vega. Éste se quejó de la sanción que se le impuso por ausentarse de sus obligaciones en la catedral. Al parecer desoyó el consejo del canónigo Francisco López de Chaves quien le recomendó que fuese a la catedral a asistir al coro al menos una hora si quería cumplir con su residencia y gozar de su porción, puesto que beneficiados debían asistir al servicio de la catedral todos los días al menos una hora y que además en el primer año no se podía gozar de días de recle75. Durante su primer año como capitular, el maestrescuela pidió licencia en varias ocasiones para ausentarse e ir a ver a su madre o a su hermano. Otros testigos afirmaron que se excusó varias veces por estar enfermo y que después lo encontraron en casa del Cristóbal, contador de Calatrava jugando y burlándose del cabildo por ello. Como en otros casos, las garantías del procedimiento no fueron muchas, puesto que en él participaron o declararon personas interesadas. Por esta razón, el maestrescuela tachó a varios testigos.
A partir de la época en la que nos hemos centrado los testimonios de la actividad disciplinar del cabildo son escasos. Sólo disponemos de detalles precisos respeto a los años ochenta. En 1583, el canónigo Juan Morquecho denunció a Francisco de Silva por injurias y por haberle dicho que mentía en el coro76. A su vez, el mismo Morquecho fue encausado en enero de 1584 por las palabras injuriosas que pronunció cuatro o cinco meses antes contra el racionero Juan Franco77. Por otro lado, en el curso del procedimiento el canónigo Morquecho cometió, asimismo, un desacato contra el cabildo. Tras recibirse en él la denuncia del racionero Franco, se le emplazó para que lo abandonase de modo que se pudiese tratar el caso en secreto. Este último se resistió y dijo que no se debía hacer nada en dicho asunto. Por otro lado, echó en cara al chantre que no se tratasen los negocios del cabildo como se debía y que no se castigase a algunos capitulares por sus faltas78.
La razón que puede explicar que conservemos este proceso es que el canó- nigo apeló al provisor de las actuaciones del cabildo. La sentencia dictada por este último es interesante, puesto que si bien confirmó la sanción económica anuló, en cambio, la suspensión del voto activo y pasivo del canónigo, esto es, la condena que le impedía asistir a los cabildos mientras fuese voluntad de la corporación.
Lo cierto es que en las constituciones de Alonso Manrique sólo se dio expresamente al cabildo la capacidad de imponer penas pecuniarias y, por tanto, no se recogió la atribución de privar a un condenado de la asistencia al cabildo. Sin embargo, éste fue un castigo que se impuso habitualmente. Cabe decir que la controversia al respecto fue anterior a la que suscitó el canónigo Morquecho. En efecto, el 20 de junio de 1532, el provisor, el bachiller Lorenzo Vázquez, emanó un mandamiento donde ordenó que se repusiese al canónigo Diego de Aguilar y al racionero Blandianes de León en su derecho de asistir al cabildo del que se vieron privados un año antes, pena que fue prorrogada por este último unos días antes del mandamiento que referimos. Ambos apelaron de esta decisión. Posteriormente, el canónigo Aguilar prestó obediencia al cabildo circunstancia que implicó una rebaja de su pena. En efecto, el cabildo se la remitió en lo que respecta a la entrada en cabildo, derecho que pudo ejercer a partir del día de Santiago. En cambio, Blandianes no cejó en su reclamación. El cabildo afirmó que debía ser oído en juicio y apeló del mandamiento del provisor.
Ésta fue la postura de una parte del cabildo. En cambio, otros beneficiados se plegaron al mandamiento del juez diocesano. Además, hicieron una declaración en la que cuestionaron la decisión adoptada anteriormente:
En cuanto a la pena de punto los firmantes la remitieron al provisor y, asimismo, declararon que las costas debían correr a cargo de quienes apoyaron la postura contraria en tanto que adoptaron la decisión de una manera personal y no en representación del cabildo. Los firmantes del escrito que hemos referido fueron los canónigos Luis Delgado, Hernán Vázquez, Hernando Muñoz y el licenciado Sancho Pérez de la Cueva. En el lado opuesto estuvieron el arcediano don Gonzalo Pérez, el prior don Benito de Aguilar, el canónigo Pedro de Osma y los racioneros García Hernández y Baltasar Briceño, quienes fueron mayoría en cabildo donde se adoptó la decisión polémica ya que tuvieron cinco votos80.
Como hemos visto, en 1530 Delgado, Blandianes y los canónigos Hernando Muñoz y Diego de Aguilar fueron condenados por portar armas. También hemos destacado cómo intentaron alcanzar un compromiso con la corporación respecto a la sentencia para lo que propusieron nombrar dos jueces componedores cuya elección correspondía a cada una de las partes. El cabildo respondió negativamente a ello. El enfrentamiento cobró nuevos bríos cuando los condenados solicitaron el amparo de la Chancillería de Granada ante el secuestro que de sus retribuciones hizo el cabildo. Esto fue negado por este último en agosto de 1530 de lo que se dejó constancia en un testimonio notarial donde se afirmó que:
“... no pasa así, antes capitularmente hemos mandado por ante vos al repartidor del pan que acuda a todos los beneficiados con el pan que les cabe de sus prebendas según lo han ganado y ganan conforme a el libro del punto....”81.
Para reforzarlo, en el mismo documento se dejó constancia de la orden dada por el arcediano de Badajoz, quien era a la sazón el repartidor del diezmo, para acudir a todos los beneficiados de acuerdo con libro del punto.
En lo que respecta a Blandianes hemos señalado, asimismo, que fue privado de voto activo y pasivo en un proceso que tuvo lugar en mayo de 1532 y donde el cabildo sancionó, entre otras cosas, su actitud pleiteante. En este caso, el racionero también apeló de un fallo que consideró excesivamente duro. Se ratificó en la apelación y pidió las cartas testimoniales el 24 de mayo de 1532. El cabildo dijo que lo oía y en su momento le daría respuesta. El dos de junio el racionero volvió a pedir los apóstolos, solicitud que renovó los días once y veinte del mismo mes, sin que conste que el cabildo diese ninguna contestación.
La ausencia del asiento correspondiente en el expediente invita a pensar que no lo hizo82.
Podemos suponer que algunos beneficiados pudieron actuar con cierta libertad en los cabildos, dado el absentismo de una parte de sus miembros, cosa que les permitió utilizar la jurisdicción capitular para castigar a sus enemigos o, al menos, abordar sus casos con un mayor rigor. Así, por ejemplo, no es extraño que el racionero Briceño, figura especialmente polémica y que, como hemos visto, sufrió los ataques de, entre otros, el racionero Blandianes, formase parte de los que recurrieron la orden del provisor de restituir a este último en sus derechos. Por otro lado, los hechos que hemos descrito demuestran que algunos de los miembros del cabildo consideraron que éste se excedió en la adopción de la pena de privación del derecho a asistir a las reuniones de la corporación83.
IV. Conclusi ones.
Como hemos visto, en el caso de Badajoz disponemos de unas fuentes de inestimable valor permite reconstruir las faltas de los capitulares en un período especialmente turbulento. La conservación de los procesos que hemos estudiado puede explicarse, probablemente, a partir de la reacción del cabildo frente a los intentos de los obispos de reducir su autonomía jurisdiccional. Éste es el motivo de que se guardasen no solamente los expedientes, sino también de que a los testigos que comparecieron en las informaciones correspondientes se les plantease una pregunta referida a la posesión “inmemorial” de dicha jurisdicción. Con dicha estrategia la institución logró disponer de un valioso soporte jurídico para defender sus derechos84.
Por otro lado, resulta obvio que en el período pretridentino el cabildo utilizó su potestad judicial para actuar en ciertos casos, obviando, en cambio, excesos particularmente graves, cosa que fue denunciada por algunos inculpados. Así por ejemplo, tras ser condenados por portar armas, el racionero Blandianes y los canónigos Luis Delgado y Hernando Muñoz alegaron que el cabildo demostró pasividad en casos más escandalosos85. A ello cabe sumar, al menos hasta los años treinta del siglo XVI, la pasividad del obispo frente a las faltas, como permiten entrever las quejas de algunos procesados sobre la actitud tolerante o injusta de los capitulares86. A este respecto, el absentismo de los obispos es un factor que hemos de tener en cuenta. En las primeras décadas del siglo XVI la gran mayoría de ellos sólo residieron uno o dos meses en la ciudad87.
Los datos señalan que en las primeras décadas del siglo XVI se siguieron dando las faltas más habituales en otros cabildos de la centuria anterior y, particularmente, los insultos y las difamaciones88. En cambio, como hemos visto, las agresiones físicas tuvieron un escaso protagonismo89. Frente a la espontaneidad de éstas, los ataques registrados fueron motivados por las tensiones acumuladas, una buena parte de cuales tenían que ver con la dinámica de la institución y la falta de garantías existentes en ella. Por otro lado, la violación del celibato se produjo con cierta frecuencia, si bien el capítulo pacense no tomó cartas en el asunto, pese a la pasividad de las autoridades diocesanas. Si a ello sumamos el juego y el uso de las armas por algunos capitulares podemos decir que se “respiraba” un cierto ambiente medieval.
Los enfrentamientos de los años ochenta del siglo XVI revelan un cambio sustancial en el tono y especialmente en el contexto, puesto que tras los excesos cometidos por algunos capitulares no se descubren las tensiones existentes en las décadas en las que nos hemos centrado90. Los datos de los casos juzgados por la autoridad diocesana confirman que en el cabildo pacense, de dimensiones en todo caso modestas, no hubo excesos tan numerosos como en otras catedrales. Ésto se puede establecer a partir del memorial en defensa de las atribuciones del obispo Marín de Rodezno, donde se dejó constancia de las actuaciones de los provisores contra el cabildo desde finales del siglo XVI. Dichos datos coinciden, puntualmente, con los que se incluyeron en un proceso sobre las atribuciones del cabildo91. ¿Fue éste el resultado de la actuación de las autoridades diocesanas para disciplinar a los beneficiados díscolos, acción que, probablemente, comenzó antes de Trento? No podemos responder a ello pero, como hemos apuntado, el provisor pretendió visitar la catedral y, por otro lado, los obispos pacenses fueron conscientes a principios de los años treinta de los excesos reiterados de los capitulares.
El estudio de la documentación pacense revela, por otro lado, los canales de resolución de los conflictos que utilizaron los capitulares con el fin de evitar que estos trascendiesen el ámbito de la catedral y fuesen vistos por tribunales ordinarios. Sin embargo, la indefensión frente a los abusos de una parte del cabildo que, como hemos visto adoptó resoluciones particularmente duras en algunos casos, hizo que ciertos beneficiados rompiesen los compromisos existentes circunstancia que, probablemente, animó la intromisión del obispo y sus jueces. Estas tensiones se produjeron en los años treinta y la documentación de los años ochenta del siglo XVI confirma el intervencionismo de las autoridades diocesanas.
Hemos comprobado, finalmente, que los procedimientos del cabildo tuvieron no solamente escasas garantías procesales sino que, además, la reducción de las penas constituyó una práctica relativamente frecuente que, probablemente, redujo la disuasión, circunstancia que se evidencia en la reincidencia de los beneficiados. El corporativismo fue un factor que llevó al cabildo no sólo a sobrepasar los límites impuestos a su autoridad en las constituciones del obispo Alonso Manrique, sino también a incumplir el orden legal, tanto en lo que respecta a atribuciones como en cuanto al procedimiento.