Opinión pública y revolución liberal.
CELSO ALMUIÑA Departamento de Historia Contemporánea Universidad de Valladolid.
RESUMEN.
El punto de partida de la libertad de prensa en España arranca del denominado «período gaditano» (1808-1813). De ahí la importancia que esta etapa tiene también para el campo de la opinión pública, sobre todo en tres momentos de la evolución legislativa: Carta otorgada de Bayona (1808), Ley de Prensa de 1810 y Constitución de 1812.
Además de esta legislación, durante la Guerra de la Independencia surgen dos modelos de prensa relacionados con el paradigma autoritario (napoleónico) y el patriota.
ABSTRACT.
Freedom of press in Spain dates back to the «Cádiz years» (1805-1813), hence the relevance of this period to the history of public opinion. In connection with the legislation it emerged from, three successive stages con be singled out as landmarks on the process: Bayonne granted chart (1808), Press Law (1810) and Constitution of 1812.
Also, two distinct press models evolved throughout the War of Independence: the authoritarian, napoleonic paradigm and that of the patriot.
«Su empresa (la napoleónica) envolvía siempre un peligroso atractivo, acompañada como iba de una apelación sagaz y un poco seductora a los adelantamientos, tendencia, índole y cultura de su siglo, apelación que era urgente contrarrestar antes que se resfriase la efervescencia de los ánimos, antes que se apagase el ardor de las pasiones, que por su misma exaltación no podía ser permanente. Por todas partes se criticaba que lo único que se oponía a las reformas del usurpador (Napoleón) era una inflexible y temerosa adhesión al sistema restrictivo que ahogaba en los españoles los sentimientos de heroísmo y gloria a que no podía alcanzar la obediencia pasiva».
(AGUSTÍN ARGÜELLES)
No es descubrir nada nuevo si recordamos los profundos cambios, pese a las muchas permanencias y/o rupturas incompletas, que introduce el período gaditano. Los cambios son notables en el terreno político/militar, en el económico y social, pese a que nuestra revolución liberal en este sentido podemos calificarla de mancata, pero también en el ideológico/cultural, dentro del cual entra la opinión pública. El horizonte mental postgaditano, pese a las muchas pervivencias, al menos para el nuevo sector liberal, es muy diferente al heredado del período anterior. En este sentido, los medios de comunicación social representan un papel tan importante como a la postre decisivo en la configuración de una opinión pública favorable como a la larga la creación de una nueva mentalidad liberal.
Es cierto que la prensa española a lo largo de la segunda mitad de la centuria ilustrada, especialmente en los años centrales de Carlos III, había alcanzado cierto desarrollo y grado de movilidad, pero siempre bajo el imperativo de estar al servicio de los poderes tradicionales (político y religioso) y por ende bajo la doble censura previa real e inquisitorial. Basta que los aires revolucionarios transpirenaicos soplen sobre la península para que el doble mecanismo censor se ponga en marcha y no dude incluso en prohibir taxativamente todo tipo de publicación periódica (1792).
Sin descontar la apertura ilustrada no debemos olvidar que estamos bajo un modelo (absolutista) dentro del cual la palabra libertad no tiene cabida e incluso es conceptuada como una herejía ideológica tanto religiosa como política. Sólo si se tiene en cuenta este punto de partida, se podrá apreciar en toda su extensión el gran salto, al menos en el terreno de los principios, que tiene lugar durante ese quinquenio que convenimos en apellidar como gaditano.
Pese a los denodados intentos del revival fernandino por reimplantar el viejo modelo, lo cierto es que la semilla liberal, debatida y aprobada en la etapa anterior, va a germinar con fuerza e incluso con violencia ante las trabas con que se va a encontrar, tanto por parte del aún poderoso sector tradicional como por la impaciencia del más radical. Durante el Trienio se pondrá de manifiesto esta realidad que luego, tras el último intento reduccionista, los años treinta acaban por rubricar el nuevo modelo liberal; lo cual no quiere decir que la lucha esté acaba ni muchos menos.
Con lo dicho, me parece que queda remarcada la importancia del período gaditano también en el campo de la opinión pública, puesto que subyace el principio ideológico/político del paso de súbdito a ciudadano; de fondo el reconocimiento de la soberanía popular y por ende la necesidad o cuando menos conveniencia de ganarse la voluntad del nuevo ciudadano. Nuevo principio que, no a muy largo plazo, supone la introducción de un nuevo poder en la tríada del gobierno de la res publica.
Si en la configuración de la opinión publica la prensa escrita es el instrumento más fácilmente visible y posiblemente a través de la cual el poder intenta actuar más directamente, sin embargo, por lo menos a lo largo del período analizado, hay otra serie de medios mucho más potentes y efectivos que los escritos en la formación de opiniones, aunque ciertamente menos llamativos, posiblemente porque son habituales (tradicionales), como los orales —sermones, discursos, charlas, etc.—, dramatización de la palabra —teatro, canciones, etc.—, iconográficos, etcétera.
En todo caso, sí es cierto que es en la prensa escrita donde mayor y más perceptible es el cambio, precisamente en función de ese nuevo segmento social medio en el que la nueva ideología (liberal) trata de calar.
I. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DENTRO DEL MODELO ILUSTRADO.
Es un falso planteamiento, en el que se suele caer habitualmente, al referimos al sistema viejorregimental, incluida la etapa ilustrada, hablar de carencia de «libertad de prensa». Concepto totalmente extraño para el modelo tradicional. Dentro del pensamiento del XVIII, por muy ilustrado que lo califiquemos, salvo para una minoría posiblemente más restringida de lo que creemos, la prensa sigue siendo considerada como un simple instrumento al servicio del poder monárquico/eclesiástico. El gobierno, a través de sus instituciones político/administrativas, y la Iglesia, por medio de la Inquisición, no sólo controlan férreamente a todos los medios de comunicación social, sino que, además ni siquiera es aceptada como doctrina política ortodoxa que la prensa tenga libertad tal y como nosotros la entendemos. La prensa, como el resto de las instituciones del estado, tiene asignado un papel social muy concreto al servicio de la ortodoxia ideológica/política.
El concepto de prensa libre sería tanto como hablar de prensa antisistema. Nos estaríamos refiriendo a planteamientos heterodoxos: pecado y subversión social. Sólo en todo caso, ese papel correspondería a la prensa clandestina, la cual durante el siglo XVIII es realmente escasa y de un impacto social muy limitado. Lo cual ciertamente no presupone ignorar y menos desconocer la existencia de algunos periódicos clandestinos y de sus «valores históricos», pero también reconocer su escasa virtualidad conformadora de opiniones. Es más una prueba que un instrumento real de impacto social.
La escasa prensa que se edita en el XVIII, ya lo hemos señalado en varias ocasiones1, está lo suficientemente controlada desde su misma génesis hasta que el producto llega al público como para que existan posibilidades reales de poder difundir de forma sistemática «semilla subversiva»2. La licencia previa para autorizar la nueva «empresa», la censura previa de cada número, la estrecha vigilancia de las diversas autoridades (Juzgado de Imprentas, Chancillerías, Audiencias, Autoridades civiles y militares, así como Inquisición, ordinarios y delatores más o menos «espontáneos», en algunos casos aún más peligrosos por puntillosos hacen prácticamente imposible que la prensa escrita se salga de la más rígida ortodoxia (política y religiosa).
Hasta tal punto se tiene un planteamiento radicalmente distinto acerca del papel de la prensa y tan arbitrarios son los poderes censores, que en muchos casos el censor de turno no autoriza un escrito no porque contenga materias peligrosas o simplemente dudosas, sino porque a criterio del censor/orientador «no aporta nada de interés». Ya no es tanto el juego de contenidos, desde el punto de vista legal/ilegal como el del paternalismo ilustrado, en que las supuestas autoridades del saber rechazan trabajos por «no ser de interés», por «no aportar nada». Si esto es posible, qué no va a ser cuando el motivo del rechazo apunta en dirección de la heterodoxia e ilegalidad.
Así, es coherente que al examinar los contenidos de la prensa del XVIII desde una perspectiva ideológico-política, salvo servir de instrumento propagandístico del poder, no encontremos nada de interés. Es más, el poder político se reserva como parcelas suyas, sin que, por principio pueda nadie inmiscuirse en ello, todo lo referente a la política interior, exterior (relaciones diplomáticas), etc. La «razón de Estado» es traída a colación continuamente.
Algo semejante, e incluso aún más acentuado, podríamos predicar del libro como instrumento de difusión. Los cuantiosos y encontrados intereses económicos en juego3, el rígido control —más estricto si cabe— y su escasa difusión le priva de cualquier dimensión social desde una proyección cuantitativa.
Va a ser a través de la iconografía popular, de cierto teatro, medios clandestinos (algún periódico, folletos, etc.) y rumorología el que permita que la «subversión», es decir, el pensamiento y planteamientos no oficiales (ortodoxos), puedan circular.
Ante este panorama, no es raro que los espíritus ilustrados más críticos desconfíen abiertamente de toda esta literatura e instrumentos de propaganda claramente intervenidos, cuando no simples apéndices del mismo poder.
Lo que ocurre es que tras una fase de «silencio calculado» frente a los acontecimientos que están teniendo lugar allende los Pirineos y que de alguna forma se filtran hasta España, pese a todos los «cordones sanitarios», no va a quedar más remedio —como señala Domergue4— que cambiar de táctica: el silencio despreciativo es sustituido por una propaganda denigradora y claramente sesgada. Lo que ocurre siempre en estos casos es que una contrapropaganda (antirrevolucionaria) termina por informar, ofrecer ciertas pistas (efecto eco o resonancia) acerca de los acontecimientos reales. Para combatir el regicidio, pongamos por caso, previamente hay que dar a conocer el hecho que los revolucionarios han asesinado a Luis XVI, y así sucesivamente. Toda contrapropaganda lleva implícita siempre una cierta dosis de propaganda; es decir, de difusión de aquello que precisamente se trata de combatir.
Esta vía indirecta, junto con la rumorología y esos medios —escasos— clandestinos5 son los canales de difusión a través de los cuales los españoles menos conformistas, más críticos, pudieron entrar en contacto con lo más inmediato que estaba pasando al norte de nuestras fronteras y para intercambiar puntos de vista comunes.
II. CONMOCIÓN MILITAR Y OPINIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA.
La invasión militar francesa en 1808, presentada además como traición e incluso felonía —de ahí la importancia simbólica del dos de mayo6 sumados todos los demás dos de mayo de cada provincia7—, supone no sólo la ruptura del dique controlador, sino que además es necesario recurrir a los medios de comunicación social para movilizar a los combatientes; es decir, colaborar con el levantamiento y por parte de ciertos sectores, vamos a llamar gaditanos (liberales), hacerles cómplices del nuevo proyecto político, Agustín Argüelles, entre otros, no lo puede expresar con más claridad. Porque lo que está en juego, en lucha, en el terreno propagandístico es la dialéctica no ya entre el viejo modelo absolutista, aun no derrotado del todo, como se pondrá de manifiesto en esos dos reintentos del primer tercio de este siglo XIX, sino entre el modelo imperial napoleónico y ese nuevo modelo con el que sueñan los liberales (libertad de prensa) aunque posiblemente la mayoría de ellos no pretendían llegar hasta donde va a desembocar lo que podemos bautizar como modelo patriótico. La conmoción militar va a ser la responsable al menos de forma directa de un nuevo modelo de concebir a los medios de comunicación social tanto por parte francesa, cuyo primer proyecto para España es la carta otorgada de Bayona (1808); como por parte española el modelo (liberal) parece ser el que late detrás de la ley de 1810, que es el resultado directo de ese primer liberalismo español que luego se plasma en la Constitución (1812). Analicemos, pues, esos tres momentos: Estatuto de Bayona (1808), Ley de 1810 y Constitución Gaditana (1812).
1. La pugna entre el sistema preventivo y represivo8.
La Carta Otorgada de Bayona del 7 de julio de 1808 separa dos épocas totalmente distintas en la historia de la legislación española en materia de imprenta. Ciertamente que lo legislado en Bayona en el terreno práctico no tiene la más mínima incidencia; sin embargo, en el terreno teórico se puede considerar como el primer asalto al viejo sistema imperante en la dirección de abrir alguna brecha en dirección liberal a los medios de comunicación en España, aunque dentro de unos límites muy estrechos. No obstante, la novedad es realmente significativa en cuanto denota la aparición de nuevas formas (liberales) de concebir a los medios de comunicación.
En puridad la «Constitución» de Bayona no se detiene en la prensa perió- dica que pueda expresamente al margen bajo la inspiración directa o indirecta de Napoleón. La moderación con que se trata la cuestión de la libertad de imprenta en este texto obedece a la consigna de Napoleón de no aplicar reformas demasiado bruscas en la Península por miedo a que fuesen mal recibidas por los amplios sectores reaccionarios9. Una Junta Senatorial de Libertad de Imprenta compuesta por cinco miembros del Senado —nombrados directamente por el monarca— es la responsable de velar para que esta libertad se ejerza con moderación. Aparte de este instrumento de control, se retrasa la puesta en práctica de lo legislado hasta dos años después de haber entrado en funcionamiento la «Constitución»10.
De hecho la normativa de Bayona nunca llegó a aplicarse y en materia de prensa Napoleón tiene buen cuidado de no recortar su facultad de intervención, buen conocedor de las grandes posibilidades de este instrumento de dominio11. Esta es la única disposición legal dictada por los franceses con carácter general acerca de la libertad de imprenta, aunque son múltiples las disposiciones particulares, según los avatares de la guerra; sin embargo, por su carácter extraordinario no merece que nos detengamos en ellas, puesto que en último término están dictadas desde París con un fin propagandístico e imperan sólo en la parcela dominada en cada momento por el ejército invasor. A la hora de la verdad, la única ley es la voluntad de Napoleón o del general de turno sin tener en cuenta para nada los aspectos legales.
Hay simplicidad legislativa en este sentido, aunque mejor será hablar de falta de cualquier norma escrita legal en el campo francés durante su dominación, pero en todo caso la prensa está sometida en última instancia a la voluntad omnímoda de Napoleón, que contrasta fuertemente con la situación jurí- dica y la praxis en los territorios bajo la soberanía de las cortes de Cádiz entre 1810 y el retorno de Fernando VII en 1814. Años decisivos en la evolución histórica de los medios de comunicación social españoles.
2. La cristalización de la libertad de prensa en España.
El marco legal da un giro radical a partir de 1810. Antes de este momento más que libertad lo que priva es una legislación de tipo negativo asentada sobre la prohibición como norma general y una serie de trabas múltiples comenzando desde luego por la censura previa, que coarta como es bien sabido de raíz cualquier tentación en sentido liberal de los medios de comunicación social. Así se inaugura el siglo XIX, cuya tónica general será la libertad, salvo en los momentos de reacción fernandina.
Tanto la Junta Suprema Central como el gobierno de las Cortes de Cádiz o la Regencia del Reino, pese a estar comprometidos en una feroz lucha para desalojar al invasor, en el campo ideológico suscriben muchos de los principios teóricos del revolucionarismo francés, porque al mismo tiempo que se desarrolla una guerra de liberación se está llevando a cabo una revolución polí- tica12, por ello no debe extrañar que sea precisamente la Junta Suprema Central la que señale como una obligación ineludible de la Regencia —a la que entrega el poder— que envíe lo antes posible un proyecto de ley a las Cortes que asegure la libertad de imprenta13.
Esta recomendación de la Junta es atendida por la Regencia con puntualidad. Reunidas las Cortes en Cádiz el 24 de septiembre de 1810, pocos días más tarde el activo diputado asturiano Argüelles presenta un proyecto de ley sobre libertad de imprenta, que será discutido con preferencia a cualquier otro asunto pendiente, de tal forma que el 10 de noviembre de ese mismo año se puede promulgar14 mediante decreto de Cortes un «reglamento»15 sobre libertad política de imprenta. Reglamento de una importancia decisiva en nuestra legislación16, puesto que representa un puente entre un sistema basado en la rígida censura previa y el nuevo que sólo recurre en segundo término al sistema represivo17.
Un cambio tan radical es indudable que tenía que chocar con no pocos obstáculos. El primer gran obstáculo a vencer es la hasta entonces maquinaria inquisitorial firmemente asentada sobre la censura previa; en segundo lugar, esta legislación aplicada sobre base social acostumbrada hasta entonces a un rígido control y más en momentos que se pretende una amplia reconciliación nacional frente a las profundas divisiones introducidas por el revolucionarismo francés, topa con no pocos obstáculos. Sin embargo, pese a todas estas consideraciones —presentes en los diputados de Cádiz18—, la libertad política de imprenta sale adelante por resultar ya inaplazable para poner en marcha el pro
«Art. l.– Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las instrucciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto».
ceso reformador o mejor revolucionario que se pretende iniciar19 y evitar el retroceso a situaciones anteriores20.
La libertad reconocida por las Cortes es casi absoluta de tal forma que hasta la Revolución de 1868 no tendremos en España otro paréntesis semejante21. Sin embargo, encontramos algunas limitaciones en materia religiosa, puesto que los obispos son los encargados de ejercer la previa censura en esta materia, según es ya práctica habitual y legal desde el Concilio de Trento. Los mismos impresores serán castigados cuando impriman una obra de este tipo sin la licencia previa del ordinario. Como contrapartida el ordinario tiene la obligación de revisar la obra y escuchar las razones del autor en caso de que se le quiera negar la licencia. En última instancia, si el ordinario insiste en su postura negativa, el interesado puede recurrir a la Junta Suprema de Censura, adjuntando los argumentos del ordinario para no concederla. Sí la Junta disiente y estima que la obra en litigio merece publicarse la envía de nuevo al ordinario para que recapacite, lo que equivale a una invitación para que dé luz verde a la publicación. En el caso de que la autoridad eclesiástica se refrende en su postura se le amenaza con «recursos ulteriores», los cuales no se especifican en este reglamento22.
Salvo en esta materia, el reglamento es enormemente optimista, liberal y confiado. El autor es responsable de lo publicado, aunque si lo desea puede no poner su firma al pie de la obra; sin embargo, nunca podrá faltar el pie de imprenta, con el nombre y apellidos del impresor para tener en todo momento un responsable. Responsabilidad que el editor podrá remitir al autor.
Las penas impuestas a los transgresores son mínimas y fundamentalmente pecuniarias23, pero la novedad más interesante nos la brinda el artículo 9.° que ordena la publicación en la Gaceta oficial del nombre del transgresor y el castigo impuesto. Publicidad gratuita que animará a no pocos a burlar las leyes24.
Tanto para garantizar la libertad como para contener los abusos se crea una Junta Suprema de Censura, institución máxima en esta materia. Esta Junta está formada por nueve miembros de los cuales tres obligatoriamente han de ser eclesiásticos. En cada provincia se crea asimismo otra junta dependiente de la central formada por cinco miembros, de los cuales dos tienen que ser también eclesiásticos.
El autor, aparte de poder recurrir a la Suprema, tiene el derecho de que ésta examine la obra por dos veces, si por la primera confirma la sentencia de la provincial. El autor puede presentar todos los alegatos que estime convenientes a su favor y en contra de veredictos anteriores. Se trata de dar el mayor número de oportunidades al autor para evitar cualquier posible error perjudicial para la libre emisión del pensamiento a costa de recargar el trabajo de las juntas. En el caso de que la Junta Central estime que en la obra existen injurias personales, se prohibirá la publicación y el agraviado podrá recurrir por injurias ante un tribunal ordinario25.
En suma, el reglamento de 1810, pieza angular en nuestra legislación sobre esta materia, respira libertad desde el primer al último artículo, que contrasta notablemente con la restrictiva legislación anterior. Un viento nuevo sopla sobre nuestra legislación26; incluso con cierto intervencionismo en materias propias de la Iglesia, pero sin atreverse a una intervención a fondo en el campo religioso como era el deseo de algunos diputados. En el campo teórico al reglamento se le puede achacar falta de precisión en varios aspectos y otros en los que ni siquiera entra, sobre los que habrá de legislar e incluso rectificar no tardando mucho; pero de momento todo es júbilo y confiado optimismo heredado del reformismo del XVIII, que la amarga experiencia de los últimos veinte años no había conseguido ahuyentar27.
De momento, la libertad es total28 y pronto se incorporará al derecho constitucional español29. El reglamento de 1810 propicia a un tipo de prensa «popular, espontánea y patriótica»30, producto del torrente contenido, de las divisiones internas y contradicciones de la sociedad española y, en último término, de la plausible tolerancia de las autoridades. La explosión es considerable, cada día nacen y desaparecen infinidad de folletos, panfletos, hojas volanderas y periódicos en toda España y especialmente en Cádiz, centro neurálgico de la nación en este momento. El deseo de expresar las propias ideas por medio de la imprenta parece como una especie de fiebre contagiosa31. Todo el mundo tiene algo que decir y no se arredra en decirlo por escrito para que quede constancia de sus razones o sinrazones. Los castigos fueron prácticamente nulos y no precisamente porque los improvisados publicistas respetasen escrupulosamente la ley32, puesto que la pasión se apodera tanto de los defensores a ultranza como de encarnizados enemigos de la libertad33.
De sobra conocida hasta convertirse ya en tópico es la incorporación de la libertad política de imprenta a la Constitución de 1812 gracias a los artículos 131 y $3 7 1 ^ { 3 4 }$ . La Constitución del 19 de marzo sanciona la libertad existente y la incorpora al derecho constitucional español35. La libertad se proclama y reconoce como un derecho inviolable de todo español de forma tajante. A partir del mencionado artículo 371 podemos afirmar que, desde un punto de vista legal, los medios de comunicación españoles alcanzan una libertad política acorde con el espíritu más vanguardista y que generaciones futuras levantarán como bandera y recordarán como edad dorada de la libertad de prensa.
Antes del 10 de junio de 1813 lo legislado en este campo tiene escasa importancia36 En esta fecha se dicta un decreto rectificando y puntualizando el del 10 de noviembre de 1810, después de una serie de peticiones y aclaraciones37. En realidad en esta fecha se dictan tres decretos distintos, de los cuales los dos primeros vienen a complementarse38. El tercero está pensado «para conservar a los escritores la propiedad de sus obras»39, puesto que reconoce al autor la propiedad absoluta de su obra mientras viva y a sus herederos durante diez años más y en caso de ser el propietario un cuerpo colegiado la propiedad se fija en cuarenta años. Desde el punto de vista de la prensa periódica interesa este decreto porque incluye a los «periódicos» como propiedad privada, con lo que se pretende atajar reimpresiones fraudulentas40.
Desde el estricto punto de vista de la libertad el primer decreto tiene gran interés, porque vienen a acentuar la independencia de la censura de cualquier autoridad —salvo de las Cortes41— y al mismo tiempo responsabiliza a los censores de su delicada misión. Para evitar intromisiones se prohíbe que ninguna persona con jurisdicción civil o eclesiástica pueda ser miembro de las juntas y para no caer bajo controles personales se decreta la renovación regular de sus miembros. Las juntas no podrán nunca actuar de oficio, los ayuntamientos donde esté afincada la Junta respectiva nombrarán un letrado con funciones de fiscal, cuya obligación es precisamente denunciar lo impreso que contravenga la normativa vigente; de esta forma los ayuntamientos tienen en sus manos el poder de denuncia, aunque luego se evita por otra parte que controlen a la junta respectiva. Este es el meollo del decreto, puesto que el resto se limita a una serie de puntualizaciones para calificar los delitos de prensa42, interesante en cuanto viene a unificar criterios.
Los eclesiásticos, cuando escriban de materia no religiosa, quedan sometidos a la norma común para evitar privilegios que habían gozado algunos hasta el presente escudados en su condición religiosa, para tratar asuntos que se salían fuera de la materia específicamente reservada y sobre los cuales las juntas carecían de poder.
El decreto complementario sobre «Reglamento de las Juntas de Censura» únicamente viene a regular el funcionamiento interno de las mismas, puntualizando hasta el máximo, con el fin de uniformar la actuación de estos tribunales. En conjunto las Juntas salen reforzadas como instituciones, aunque a escala personal se produce una mayor movilidad43. La Suprema queda descargada de parte del trabajo44, sin duda por la cantidad de asuntos acumulados hasta entonces en Madrid, aunque lo cierto es que todas las autoridades actúan con gran liberalidad y los casos denunciados no son precisamente muchos.
A partir de este triple bloque legislativo, antes de la llegada de Fernando VII, no se produce ningún otro decreto o reglamento digno de mención45.
Si el reglamento, decreto o ley —según los diversos autores— del 10 de noviembre de 1810 es la punta de flecha más en vanguardia de la legislación europea en materia de imprenta en este momento; el decreto de 13 de junio de 1813, que lo rectifica en parte, pero sobre todo complementa, es el broche necesario que cierra estos tres años durante los cuales la imprenta española en general y la prensa en particular disfrutan al menos teóricamente (marco legal) de libertad muy amplia.
No cabe duda que los legisladores de Cádiz fueron sorprendidos en su ilustrado optimismo y desbordados muy pronto en la praxis cotidiana. En este casi sí podemos asegurar que los españoles no estaban preparados de momento para utilizar con responsabilidad dicha libertad en un momento tan sumamente delicado, explicable por tener que recorrer en sólo tres años tres largos siglos de rígida censura previa y un control total de los medios de comunicación. No era obviamente fácil pasar de la noche a la mañana de un régimen de tutela total (minoría de edad) a poder expresar con cierta libertad, al menos legalmente.
No obstante, la experiencia fue provechosa en multitud de aspectos, aunque tuvo la mala suerte de coincidir con el momento menos propicio por la división interna de la sociedad española. Los ex legisladores de Cádiz se mostrarán en adelante más cautos a la hora de conceder libertad en este campo tan sensible de la opinión pública y, salvo los grupos más radicales, muchos ex doceañistas conspicuos llegarán al convencimiento íntimo de que la libertad de prensa, ciertamente necesaria y conveniente, ha de ser sometida a normas que impidan radicalizar la situación e incluso abocar a situaciones límites.
De este modo la libertad de prensa será en adelante uno de los principios más celosamente defendidos por el liberalismo español, aunque siempre dentro de restricciones más o menos severas, según el talante del gobierno de turno. Podemos asegurar, en este sentido, que periodismo y liberalismo en adelante irán estrechamente unidos e incluso en determinados momentos, generalmente de críticos, llegarán a confundirse46. De ahí la importancia decisiva de este quinquenio gaditano tanto para el nacimiento y cristalización de la opinión pública española como para el triunfo del liberalismo en España.
III. DOS CONCEPCIONES INFORMATIVAS ENFRENTADAS.
Si lo anteriormente dicho hace referencia al modelo teórico o si se prefiere al marco legal, la realidad es en buena medida distinta, al tiempo que tira del marco legal hacia delante de forma más que evidente; es decir, si no existiesen las circunstancias de una guerra ideológica y ocupación militar a la que hacer frente, sin duda, los mismos sectores que conocemos como doceañistas, sin esa presión de lo inmediato y e inaplazable, muy seguramente, sin gran temor a equivocarse, hubiesen avanzado mucho más lentamente. Pero la realidad y el contraste de ideologías imponen sus reglas. El resultado es el enfrentamiento de dos modelos o paradigmas informativos, más bien propagandísticos en este momento, como son el napoleónico o autoritario y el patriótico español. Lo cual no deja de ser paradójico, puesto que el patrió- tico va a operar en una sociedad mucho más tradicional que su homóloga francesa del momento, la cual se halla inmersa desde hace ya casi dos décadas (Ilustración aparte) en pleno proceso revolucionario (1789), mientras que la española llevaba, cuando menos, siendo optimistas, esas dos décadas de retraso en la dirección liberal. Sin embargo, el modelo autoritario o de fuerte control de la prensa impera en Francia y en el resto del imperio napoleó- nico, mientras que en la parte patriótica (gaditana) se va a imponer un modelo mucho más aperturista o progresista si se quiere. Lógicamente este es un efecto directo de la ocupación de las tropas francesas de la Península y del posterior levantamiento.
a) Modelo napoleónico.
Es un modelo autoritario, detrás del cual subyace una filosofía política que parte de concebir a los medios de comunicación en instrumentos del estado, al menos en la etapa de consolidación de la revolución liberal. Los revolucionarios están convencidos que la labor de los medios es imprescindible no sólo desde un punto de vista militar, como quinta columna propagandística, sino también como instrumento imprescindible para ganar la batalla de las mentes, la batalla ideológica.
Es un modelo, en el terreno de los principios —no de los fines— con más concomitancias de las que parece con el modelo ilustrado (XVIII), puesto que considera que una misión básica de los medios de comunicación es formar (adoctrinar), aunque el horizonte buscado sea distinto. También es un modelo jerarquizado y fuertemente centralizado. La finalidad última y justificadora es la movilización total de recurso en la consecución de un «buen fin».
En el terreno de las formas o si se quiere de la teoría de la comunicación, se produce un avance espectacular tanto en la renovación del lenguaje periodístico como en la decidida voluntad de «universalización» (generalización) de los media. Así en la práctica, el modelo liberal en versión autoritaria e incluso imperialista presenta novedades importantes, tanto en los fines como en la utilización de los mismos47.
Los medios de comunicación social dentro del modelo bonapartista, lógicamente en aquellos territorios que controla, se convierten en puros instrumentos propagandísticos del poder. Sólo existe una versión dogmática de entender la «libertad» y ésta es la que se trata de propalar. Para cortar cualquier otra versión y máxime reaccionaria (contrarrevolución), se pone en marcha toda un amplia y novedosa maquinaria propagandística. Creando a tales efectos gabinetes omnipotentes de propaganda e imagen. Tentación recurrente a lo largo de toda la historia.
En cualquier caso, la propaganda juega un papel decisivo, dentro de ese nuevo planteamiento de guerra total, contra el viejo estamentalismo. Estamos ante la quinta columna napoleónica.
Para definir la propaganda podemos recurrir a la clásica de Lasswell: «Influir la acción humana mediante la manipulación de las representaciones»48. Todo, absolutamente todo, lo van a utilizar, sistemática y conscientemente49, los responsables franceses de la acción propagandística: palabra, letra impresa, imágenes, representaciones, símbolos, etc.
La técnica es muy simple: maniqueísmo y oposición fuertemente escorada en contra del régimen señorial; o sea, entre lo caduco e injusto frente a lo nuevo y justo, el pasado anacrónico frente a la nueva edad, los nuevos tiempos frente a los antiguos.
Como estrategia propagandística una y otra vez la propaganda francesa recurrirá a recordar e incluso a exagerar, las sin duda grandes victorias imperiales, con el fin de presentar a Napoleón y a su ejército como realmente invencibles. La prensa patriótica, por su parte, contraatacará minimizando y, después de Bailén, presentando al gran intruso como ciertamente vencible.
Estamos ante un modelo autoritario cuando no «dictatorial». No es, por tanto, un modelo liberal sin más, salvo que incluyamos dentro del haber de éste también al paradigma autoritario y/o imperialista. El modelo liberal nace con la revolución y, al menos en teoría, en Francia está vigente durante la primera etapa revolucionaria. El período napoleónico es ya otra cosa. La borrachera militar y el objetivo supremo de sembrar a Europa de liberalismo lleva a convertir a los medios de comunicación en simples instrumentos del nuevo objetivo. Los medios de comunicación son un arma más y privilegiada para combatir a los enemigos del nuevo sistema social. En este caso para doblegar, conquistar y «revolucionar» a la nación española y sobre todo a los españoles.
Le Moniteur, desde París, sirve de referencia para toda la prensa francesa y afrancesada. Sus directrices son seguidas y/o impuestas tanto por los generales de turno como por la policía y periodistas y demás plumíferos a sueldo de los franceses.
La trayectoria del Diario de Barcelona puede servir de paradigma, pero también muchos otros diarios y gacetas de diversas ciudades, controladas por los franceses.
Por detrás está la Oficina de Prensa Napoleónica con el fin de «orientar» —dentro del más puro despotismo ilustrado—, controlar —acorde con un régimen autoritario/dictatorial— y utilizar —propaganda— a cualquier medio de expresión, desde la prensa escrita a las mismas campanas.
Todo sirve y todo se pone en función del objetivo previamente marcado. Si además estamos ante una situación de excepción (guerra), cualquier exceso y/o cortapisa se pasan por encima con gran facilidad. Sabemos que en una guerra la verdad es la primera víctima, como suele decirse. Sin embargo, tal vez sería más exacto decir que cada bando tiene su verdad, que además considera sagrada, aunque ninguno de los dos paradigmas informativos tengan nada que ver o estén igualmente distantes de lo que podemos considerar como veracidad.
Hay que desechar el «modelo napoleónico» como sistema de libertad de información, que es una de las señas de identidad del liberalismo. No es sólo autoritario, que tal vez se podría aplicar con cierta benevolencia para Francia, sino más bien dictatorial, aunque lógicamente no llegue —por falta de medios materiales y conocimientos técnicos— a lo que luego se calificará como modelos autoritarios clásicos (fascista, estalinista, franquista, etc.). Napoleón con respecto a España aplica sin ningún tipo de reservas o tapujos una política decididamente manipuladora. El fin bien justifica los medios a utilizar. Si se había recurrido a las armas —la libertad a punta de bayoneta— no se iba a parar ante los instrumentos propagandísticos.
b) Modelo patriótico.
Modelo democrático por excelencia, parte de una visión pluralista de la sociedad y de concebir a los medios de comunicación como voceros de las preocupaciones populares. Se trata, por tanto, de un modelo que parte de abajo hacia arriba. Desde esta concepción, el poder no debe intervenir o al menos facilitar el libre juego de libertad y pluralidad. Están convencidos sus defensores, ganados por el russonianismo, que es suficiente castigo la divulgación de la infracción y el nombre del infractor como suficiente medida disuasoria y correctora.
La desarticulación de España (auténtica primera desvertebración sobre lo cual no se ha insistido suficientemente), fruto de la desigual ocupación por parte de los franceses, propicia el que surja este paradigma de forma espontánea; por ende, profundamente revolucionaria. La necesidad imperiosa de sumar todo esfuerzo posible para expulsar a los franceses nos explicaría esta postura de partida. Hay además otra razón de orden pragmático. La Regencia no tiene medios reales para hacerse obedecer y, por lo tanto, para hacer cumplir la liberal legislación que se aprueba en la España gaditana.
Aquí encontramos, precisamente por este carácter espontaneísta y por la necesidad que se tiene de los medios de comunicación para combatir al invasor en el terreno ideológico, la primera gran diferencia y variedad que se introduce dentro del vasto territorio nacional. Sólo un estudio detallado de cada provincia o zona liberada nos podrá ilustrar acerca de las concomitancias, pero también de las posibles diferencias zonales en función del correlato entre fuerzas liberales y estamentales, puesto que a medida que tenemos más conocimientos sobre esta materia de forma pormenorizada, el mosaico es cada vez más abigarrado. Lo que ocurre, por ejemplo, en la Cádiz sitiada tiene poco que ver con la política informativa que se está llevando a cabo en otras ciudades españolas, por supuesto, no ocupadas. Así, dentro de la España no ocupada por los franceses, pese a la existencia de una teórica legislación común, anteriormente referenciada; sin embargo, tal vez más por pragmatismo —por mor de las circunstancias— que por puro convencimiento, los tipos de medios de comunicación social son bastante distintos e incluso encontrados entre sí. El modelo lógicamente tiene que ser plural, pese a que la guerra es tarea común unificadora de esfuerzos, al menos de momento, puesto que la complejidad y pluralidad de la sociedad española es evidente y, por otra parte, el sector estamentalista cuenta con fuertes y poderosos valedores, cuyo modelo social evidente es contradictorio con el liberal, amén de las diversas familias que empiezan a apuntar dentro de éste.
El caso de la ciudad de Cádiz puede incluso servir de modelo, pese a tratarse de una ciudad muy concreta y en una situación muy peculiar, como sabemos, particular. Pues bien, dentro de la ciudad encontramos los más diversos medios de comunicación y con planteamientos, dentro del mismo campo liberal, no precisamente coincidentes. Pero no es únicamente dentro de esta ciudad, también Madrid —con sus dos etapas bien marcadas: control francés y liberada—, Sevilla, Asturias, Galicia, Valladolid, Valencia, Barcelona, etc.
La legislación de prensa, a partir de 1810, es especialmente abundante e incluso frondosa. Sin embargo, o tal vez precisamente por ello, dicho marco legal es prácticamente desconocido y/o burlado por los periodistas. Precisamente, la misma abundancia de legislación, en muchos casos contradictoria incluso, lo que viene a demostrar es la escasa cuando no nula incidencia práctica. Sabido es que para tratar de controlar una determinada situación social que se considera desbocada es preciso, en primer lugar, no sólo tener voluntad política decidida, sino que además hay que contar con medios adecuados y suficientes (poder) como para hacer cumplir la ley. En la realidad española de comienzos del XIX, durante el período gaditano, no se cumplen ninguna de las dos premisas, por lo tanto, ninguna autoridad, pese a que lo desease y lo intentase, podía llegar al fin propuesto, porque necesitaba además de forma primaria y urgente el concurso de todos los españoles posibles para hacer frente a la invasión, amén del fuero interno de muchos también para hacer frente al proceso revolucionario. Ninguna autoridad española se podía permitir el lujo de enajenarse plumas en aras de unos principios ideológicos y/o éticos. Cuando además, no se disponía de los suficientes medios coercitivos como para hacer cumplir la ley. De ahí que el modelo surgiese desde abajo y de forma espontánea, aunque el marco teórico (legal) delimitase un modelo muy definido.
Este modelo de libertades, consagrado por el más alto texto legal (Constitución de 1812), se convierte en adelante en un paradigma, en un lugar de referencia. Tanto más idealizado cuanto mayor es la represión que sufran los remembradores (nostálgicos) de cada momento de nuestra contradictoria historia en este sensible campo de los medios de comunicación social.
En la práctica, que es el gran banco de pruebas, para que un modelo funcione la sociedad tiene que hallarse en situación de equilibrio o al menos de una coincidencia mínima como para que el modelo teórico sea viable en el día a día. Al menos una mayoría que imponga sus criterios, con los menores instrumentos represores posibles; pero esa mayoría concorde en esas grandes líneas liberales aun no existe en la España de los albores del XIX. Éste es uno de los objetivos del nuevo liberalismo, el crear esa mayoría de clases/grupos medios, tanto desde un punto de vista ideológico/político como económico/ social con la aprobación de medidas tan revolucionarias como la liberalización jurídico/económica hasta las posteriores desamortizaciones o la aprobación de leyes de libertad de prensa y desde luego el texto constitucional. Tal vez sobre este aspecto no se haya insistido lo suficiente. Necesidad de clases medias y con cierta ilustración (formadas), que son también básicas para el correcto funcionamiento de una prensa que conjugue libertad y responsabilidad.
Pese a esa dicotomía teórico/práctica lo que no cabe duda es que el período gaditano a va suponer, con todas las limitaciones y manipulaciones que se quiera, la presencia por primera vez en nuestra historia de un atisbo de opinión pública, o siquiera, de la presencia, ciertamente tímida y limitada, de la voluntad popular (soberanía) en el negocio de la cosa pública. Y esa voluntad popular o al menos publicitada es posible gracias a que previamente, desde 1808 hasta desembocar en la Constitución de 1812, se ha ido tejiendo una legislación cada vez más aperturista en el terreno de las convicciones políticas (ideológicas), aunque también, no hay que olvidarlo, la fuerza de los hechos fueron decisivos en esa misma dirección.
Lo que pronto se va a llamar cuarto poder acaba de hacer irrupción en la escena española no sólo política sino también social en sentido lato. No olvidemos que ciertamente con retraso en comparación con Estados Unidos de América del Norte y de Francia, pero no del resto de las nacientes naciones de nuestro entorno, puesto que vamos por delante de la mayoría de ellas.