La política del libro y las ferias del libro de Madrid (1901-1936)
Book politics and the Book Fairs in Madrid (1901-1936)
Ana MARTÍNEZ RUS.
Universidad Complutense de Madrid.
En este artículo se analiza la política del libro entendida como el conjunto de iniciativas oficiales y particulares que contribuyeron a la difusión de lo impreso durante el primer tercio del siglo XX en el seno de la sociedad española, destacando especialmente la celebración de las Ferias del Libro en el Madrid republicano. Se estudian las relaciones profesionales y corporativas existentes entre editores y libreros en relación con la producción, distribución y venta de publicaciones, sin olvidar el papel del Estado. En concreto se aborda la profesionalización de sus asociaciones, las diferencias de estos gremios, y la falta de regulación del comercio y venta del libro al público. De hecho las Ferias del Libro desataron un conflicto de intereses y de poder en la Cámara Oficial del Libro de Madrid, pero al mismo tiempo facilitaron a la difusión social del libro. También se tratan otras cuestiones como el establecimiento de la Fiesta del Libro en $1 9 2 6 { \mathrm { y } }$ la creación del Instituto del Libro Español en 1935.
PALABRAS CLAVE.
Historia de la Edicion Política del Libro Editores y Libreros Ferias del Libro de Madrid.
This study is about book politics in Spain in the first third of the Twentieth century, focusing on the celebration of the Book Fairs (Ferias del Libro) in the republican Madrid. «Book politics» means the public and private plans as a whole that helped towards the diffusion of the printed matters in the Spanish society. It explains the professional and corporate connections between publishers and booksellers about the production, distribution and sale of publications, without forgetting the role played by the state. In this particular stance it tackles how their associations became professional, the differences between them, and the absence of regulation in books’ marketing and retail. As a matter of fact the birth of the Book Fairs unleashed a fight inside the Official Chamber of Publishers and Booksellers (Cámara Oficial del Libro) in Madrid, but in the same time they made easy the social diffusion of the book. Other discussed subjects are the founding of the Book Fair in 1926 and the creation of the Spanish Book Institute (Instituto del Libro Español) in 1935.
KEY WORDS.
Publishing History
Book Politics Publishers and
Booksellers
Book Fairs in Madrid.
A continuación vamos a estudiar las relaciones entre editores y libreros así como las distintas iniciativas emprendidas por estos profesionales y por el Estado que contribuyeron a la difusión del libro, es decir la política del libro1 . A principios de siglo surgieron dos importantes asociaciones de carácter corporativo que culminaron con la creación de las Cámaras del Libro de Madrid y Barcelona en 1918 y 1922 respectivamente. Desde el siglo XVII funcionaba la Hermandad de San Gerónimo de Mercaderes de Libros de Madrid. Esta corporación gremial de carácter religioso representaba los intereses de los libreros de Castilla que se dedicaban a la fabricación, impresión y venta del libro. Pero en el siglo XIX entró en crisis al fracasar su intento de controlar a todos los libreros ya que en la sociedad liberal definida por el mercado los controles gremiales dejaron de tener sentido. Además esta antigua institución no agrupaba a la figura emergente del editor que transformará y controlará la industria del libro2. Desde la celebración del Congreso Literario en 1892 con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América, el gremio de editores y libreros estudiaron las distintas posibilidades de unirse para mejorar e intensificar la exportación de libros a los mercados americanos, controlados por editoriales extranjeras especializadas en publicaciones en castella$\mathrm { n o ^ { 3 } } .$ . Aunque finalmente decidieron agruparse para tratar todas las cuestiones que afectaban al mundo del libro. Ambas asociaciones nacieron para regular las relaciones entre los profesionales del libro, tras la aparición del editor como profesión autónoma diferenciada del comercio de librería. Plantear sus reivindicaciones y problemas a los distintos organismos oficiales, y promover actividades que desarrollasen la industria editorial y el comercio de librería como los sindicatos de exportación, la Fiesta y las Ferias del Libro. Al igual que otros sectores industriales y mercantiles desde la aprobación de la Ley de asociación en $1 8 8 _ { 7 }$ se agruparon para defender sus intereses. La asociación de editores y comerciantes es un capí- tulo más del proceso de asociacionismo de comerciantes y fabricantes que se inicia a mediados del siglo pasado con la libertad de industria y comercio4.
El 6 de junio de 1900 se constituyó en Barcelona el Centro de la Propiedad Intelectual formado por editores, libreros y titulares de derechos de propiedad intelectual de toda clase, literarios, artísticos y musicales, residentes en la ciudad condal. Los fines de esta asociación según sus estatutos fundacionales eran los siguientes: «establecer entre todos sus miembros firmes relaciones de fraternidad y buena armonía social y mercantil; defender los intereses generales de las industrias representadas procurando su mejora y desarrollo; constituir ante los poderes públicos una representación legal autorizada para defender y velar por los intereses de los asociados en todo lo relacionado con la Ley de Propiedad Intelectual de 1879; y por último proporcionar si fuera necesario árbitros o peritos para el examen de las cuestiones contenciosas entre las distintas profesiones». Al año siguiente el gremio de libreros y editores junto con algunos miembros de industrias anexas fundaron en Madrid con carácter nacional la «Asociación de la librería, de la imprenta, del comercio de la música, de los fabricantes de papel y de todas las industrias y profesiones que concurren a la fabricación del libro y a la publicación de obras de literatura, ciencia y arte», más conocida como Asociación de la Librería de España. Esta sociedad de defensa mutua fue impulsada por las casas de BaillyBaillière e Hijos, José Ruiz y Compañía, Saénz de Jubera Hermanos, Fernando Fe, Eugenio Páez de la casa Hernando y Compañía, y por Victoriano Suárez. No es casualidad que estos libreros madrileños fueran los fundadores de la asociación profesional ya que eran los más importantes del momento por su actividad editorial, su volumen de ventas, su antigüedad y prestigio en el mundo del libro. Entonces la actividad del librero era más importante que la del editor, ya que además de tener un establecimiento de librería, editaban con cierta regularidad, distribuían las obras que editaban los propios autores, y se ocupaban del comercio de libros con América. Además habían participado intensamente en todos los intentos de unión de los profesionales del libro desde 1892, ya que eran libreros tradicionales que se dedicaban al mismo tiempo a la producción y al comercio del libro. Debían coordinar sus intereses con los nuevos editores y con los libreros que únicamente se dedicaban a la venta de obras. Para informar a sus asociados de las actividades realizadas y del movimiento bibliográfico nacional la Asociación inició la publicación de la revista Bibliografía Española. En 1923 se convirtió en portavoz de las Cámaras Oficiales del Libro y pasó a llamarse Bibliografía General Española e Hispanoamericana hasta el comienzo de la guerra civil. Este boletín primero de aparición quincenal y desde 1923 mensual es una fuente fundamental para conocer las características del mundo del libro y las relaciones de sus profesionales. La Asociación de Librería en 1909 organizó la celebración en Barcelona de la I Asamblea Nacional de Libreros y Editores para abordar la reforma de la Ley y Régimen de la Propiedad Intelectual, los $\ll$ obstáculos» que dificultaban la exportación a los mercados americanos y la situación del comercio de librería en España. Se aprobó la propuesta de la Asociación de Libreros de Bilbao que defendía la concesión por parte de todos los editores a los libreros intermediarios de un descuento mínimo del $2 5 \%$ en todas las obras. A cambio los libreros debían hacer una intensa propaganda entre su clientela de toda la producción bibliográfica nacional y vender el libro al precio impuesto por el editor en todo el país5. En la II Asamblea de Libreros y Editores organizada en Valencia en 1911 se aprobó la creación de una sociedad de librería para organizar conjuntamente la venta del libro en los países de habla hispana, aunque nunca se puso en marcha. Y se insistió en fijar el beneficio mínimo de los libreros con los descuentos otorgados para garantizar la marcha de sus negocios ya que contribuían a la difusión del libro6. Debido a los cambios que experimentó la organización de la industria del libro en 1917 la Asociación cambió su nombre por el de Federación Española de Productores, Comerciantes y Amigos del Libro diferenciando así la actividad del editor de la del librero, que había sido desplazado de la producción del libro.
En 1917 el Centro de la Propiedad Intelectual convocó en Barcelona una Conferencia de Editores y Amigos del Libro para tratar los problemas que afectaban al mundo de la edición y del comercio de libros. Los profesionales aprobaron solicitar de la Administración la compensación de la subida de los precios de las materias primas, especialmente los del papel, una mayor garantía en los derechos de la propiedad intelectual, y más facilidad en todos los enví- os de la producción editorial y su reembolso, así como el establecimiento de fiestas y medios de propaganda que favoreciesen la difusión del libro. Asimismo el editor Gustavo Gili reclamó la necesidad de crear una poderosa asociación hispanoamericana denominada $\ll$ Cámara del Libro Español o Asociación de los Amigos del Libro $\gg$ para fomentar la expansión del libro español y proteger sus intereses: «Años hace que los editores y libreros españoles nos lamentamos y preocupamos, con mejor voluntad que acierto, de las dificultades con que tropezamos para el ejercicio de nuestra industria, de los elevados precios de los papeles de edición, de la competencia extranjera, de la vida lánguida en que se desenvuelve el comercio de librería y de la escasa atención que los Poderes públicos han dispensado a los problemas del libro. Años hace también que sentimos la necesidad de mancomunar nuestros esfuerzos para la defensa de nuestros intereses. (...) Todo ello demuestra que ha llegado la hora de que cuantos del libro viven, cuantos al libro dedican sus energías, emprendan una nueva política tan grande y noble en su finalidad como fructífera en sus resultados: la política del libro»7 . De este modo en 1918 el Centro de la Propiedad Intelectual de Barcelona se transformó en la primera Cámara Oficial del Libro. Esta iniciativa de los profesionales catalanes impulsó la polí- tica estatal del libro. En 1920 nació el Comité Oficial del Libro por Reales Ordenes del 26 de abril y del 9 de noviembre del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria para seleccionar los tipos de papel destinados a la edición de libros y establecer sus precios, además de asesorar a la Administración en relación con las Cámaras sobre todo lo relacionado con la producción y expansión del libro. En marzo de 1922 la Federación Española de Productores, Comerciantes y Amigos del Libro se convirtió en la Cámara Oficial del Libro de Madrid atendiendo al R. D. de 15 de febrero sobre la constitución de las Cámaras del Libro. Estas corporaciones de derecho público eran cuerpos consultivos del Estado encargadas de desarrollar la industria editorial y el comercio librero, a imitación de las Cámaras de Industria y.
Comercio8. Debían articular una esfera de influencia común que facilitase las relaciones entre el Estado, representado en el Comité Oficial del Libro, y los profesionales del libro. De hecho las funciones asignadas a las Cámaras del Libro eran iguales a las que tenían las Cámaras creadas a fines del siglo pasado para agrupar a todos los grupos fabriles y mercantiles: «proponer a los Poderes públicos cuantas reformas puedan y deban hacerse en las leyes y disposiciones vigentes en beneficio del libro; fomentar, coordinar y proteger los intereses y actividades relacionadas con el libro y demás publicaciones culturales; organizar y celebrar conferencias y cursos de carácter científico, artístico o técnico; congresos, exposiciones, ferias y concursos; escuelas para empleados y viajantes de librería y misiones de estudio en el extranjero». Además debían dirimir mediante juicios arbitrales las diferencias surgidas entre sus miembros y evitar la competencia ilícita y desleal en todas sus formas y manifestaciones. Las Cámaras del Libro representaban los intereses de los profesionales del libro y recogían sus reivindicaciones sobre temas que afectaban a la industria y al comercio librero para influir en las decisiones estatales. De ahí las constantes quejas y el pesimismo con el que se dirigen siempre a la Administración sobre la marcha y situación de sus negocios. La Cámara de Barcelona comprendía las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia y Baleares. Todas las demás quedaban bajo la jurisdicción de la Cámara madrileña. La incorporación a las respectivas Cámaras era obligatoria para todos los industriales y comerciantes del libro9.
A instancias de la Cámara de Barcelona y en colaboración con el Comité Oficial del Libro se estableció por R. D. de 6 de febrero de 1926 la fiesta anual del libro español el día 7 de octubre, fecha del nacimiento de Cervantes, para promover la difusión del libro. Este día debían celebrarse actos académicos, conferencias y lecturas de obras en Academias, Universidades, Institutos, escuelas públicas y privadas, cuarteles y centros de beneficencia. Las Diputaciones provinciales cada año y en conmemoración del 23 de abril tenían que crear al menos una biblioteca popular en el territorio de su provincia respectiva. Todos los Ayuntamientos estaban obligados a destinar una cantidad que variaba del medio al tres por mil, según el presupuesto y el número de habitantes, a la creación de bibliotecas populares o al reparto de libros entre los establecimientos de enseñanza, de beneficencia y entre los niños más desfavorecidos. Y las corporaciones y las entidades que percibían alguna subvención del Estado, de la provincia o del municipio debían dedicar el 1 por 1.000 de esas ayudas a la compra y el reparto de volúmenes. Además de divulgar el libro español y fomentar la lectura pública y privada esta Fiesta perseguía la promoción comercial del libro con el incentivo del descuento del $1 0 \%$ aplicable a todas las ventas efectuadas ese día. En 1928 la fiesta a efectos comerciales se convirtió en Semana del Libro por acuerdo de las Cámaras del Libro, y en 1930 se trasladó la fiesta al 23 de abril, día en que se conmemoraba la muerte del escritor del Quijote, para alejar la fiesta de las compras de textos escolares de septiembre y colocarla en primavera con un tiempo más favorable10. Los libreros sacaban puestos de libros a la calle, en las aceras de sus establecimientos para atraer al público. En 1927 el Comité Oficial del Libro organizó por R. O. del 6 de octubre de 1926 la Conferencia Nacional del Libro en Madrid sobre los temas que inquietaban a los profesionales: la defensa de la propiedad intelectual, la política arancelaria que gravaba los bienes de equipo y las materias primas imprescindibles en la producción del libro, la protección y expansión del libro, la organización de la industria editorial y librera, así como la mejora y abaratamiento de las comunicaciones y transportes11.
La política oficial del libro culminó con la creación del Instituto del Libro Español (ILE) por R. O. del 27 de abril de 1935. Este Instituto, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y bellas Artes, apareció en respuesta a las necesidades derivadas del proyecto de instalar depósitos de libros en Hispanoamérica, según Orden del 1 de marzo de 1935, para sistematizar el comercio con aquellos mercados. Pero, por un nuevo Decreto reglamentario del 1 de agosto, se convirtió en «un organismo encargado de la tutela económica y cultural del libro». Las funciones asignadas al ILE eran diversas y complementarias: formar y difundir la bibliografía del libro en lengua española; cooperar con el Depósito legal y con el Registro de la Propiedad Intelectual; llevar la estadística comercial de la producción del libro y el registro de autorizaciones y contratos con autores y editores extranjeros; vigilar los Tratados de propiedad intelectual, sobre todo en los países iberoamericanos; realizar cada año un plan de publicaciones para completar o perfeccionar la bibliografía española; organizar periódicamente Ferias y Exposiciones del libro español en el extranjero ; y crear los depósitos de libros en las principales capitales americanas.
Aunque nació con vocación coordinadora, con las normas dictadas para el funcionamiento de los depósitos intervenía en la exportación de libros, muy a pesar de los editores y libreros. Esta situación explica las fricciones surgidas con la Cámaras Oficiales del Libro, tras la satisfacción inicial con que fue recibida la propuesta gubernamental. Las protestas respondían, en primer lugar, a la escasa representación de las Cámaras en la Junta del Instituto siendo una corporación oficial, así como del gremio de editores y libreros en particular. Reclamaban mayor protagonismo de las Cámaras de Madrid y Barcelona, en la organización de los depósitos, ya que en última instancia esta tarea correspondería a sus asociados, y no al Estado. En este sentido manifestaron su disconformidad con la organización comercial del.
Instituto porque recelaban del intervencionismo estatal en la exportación de libros. Las actividades del ILE debían ser principalmente de asesoramiento y de respaldo económico a imitación del antiguo Comité Oficial del Libro, que había colaborado en los trabajos de las Cámaras. Consideraban que este organismo debía ayudar a los editores y libreros en la conquista del mercado americano, pero sin actuar directamente, dejando a los profesionales del libro que desarrollaran las cuestiones comerciales. De este modo el Instituto se encargaría de informar sobre las leyes de propiedad intelectual de cada país y sobre la situación del mercado librero en América. Y contribuiría en la elaboración de catálogos y bibliografías de obras en castellano realizadas por la Cámara Oficial, y a la organización de ferias y exposiciones del libro español en el extranjero. El Instituto nació relacionado con el comercio librero en América pero, intentó abarcar todo el mundo del libro. De esta manera se atribuyó funciones que eran competencia de la Cámara del Libro desde su creación. La entidad más antigua reclamaba la organización de los depósitos de libros argumentando su experiencia en la difusión del libro. Y el nuevo Instituto encargado de realizar esa función pretendía dirigir toda la actividad relacionada con la industria del libro, dejando sin razón de ser a la propia Cámara. Por otra parte eran dos organismos que respondían a concepciones distintas. La Cámara era una corporación de profesionales del libro que colaboraba con el Estado y tenía respaldo oficial. Y el Instituto era un organismo estatal encargado de la política del libro que pretendía colaborar con los editores y libreros. De este modo el enfrentamiento también reproducía un conflicto entre la iniciativa privada y el Estado. Los editores y libreros se habían mostrado incapaces de organizar el comercio con América. De ahí las constantes quejas y escritos enviados a los Ministerios de Comercio y de Estado solicitando ayuda para superar los numerosos obstáculos que entorpecían dicho comercio. Pedían respaldo económico e institucional pero, cuando el Estado intervino para regular la situación se opusieron. Ante esta situación los editores reconocieron las actividades del ILE en relación con la política del libro en el extranjero, pero reivindicaron para las Cámaras la labor de difusión y propaganda del libro en España.
La escasa regulación del precio y venta del libro provocó los debates y enfrentamientos entre editores y libreros. Desde la diferenciación de la profesión de editor del comercio de librería se dieron distintos y numerosos casos de competencia desleal. Existían libreros que no vendían las obras al precio fuerte marcado en la cubierta, perjudicando a compañeros que sí lo hacían y desacreditando a las editoriales. Estos comerciantes preferían disminuir sus beneficios para atraer al público. Asimismo muchos editores vendían directamente a los lectores sin tener establecimiento de librería ni licencia lesionando los intereses de los libreros, que perdían ingresos al ahorrarse las editoriales la comisión concedida a las librerías para la venta del libro. Precisamente una de las funciones de la Asociación de Librería y de la posterior Cámara Oficial del Libro era evitar y perseguir por todos los medios la competencia ilícita, así como solventar amistosamente las diferencias entre los distintos gremios, pero en 1936 todavía no se había logrado un acuerdo entre editores y libreros para reglamentar el comercio de librería. Se entiende por reglamentación de la venta del libro el conjunto de reglas comerciales que fijaban las relaciones entre editores y libreros y las de los libreros con el público. En la Conferencia Nacional del Libro de 1927 en la sección sobre la protección y expansión del libro, se abordó la aprobación de las normas para la delimitación y represión de la competencia ilícita en cualquiera de las manifestaciones de la industria o comercio del libro. Se consideraba competencia ilícita aquella que realizaran los industriales y comerciantes contraria a la legislación vigente sobre la propiedad intelectual e industrial, o a los usos y prácticas de comercio o industria establecidos en la localidad y que hayan sido respaldados por la Cámara del Libro. En concreto establecían varios casos como la oferta al público en librerías de nuevo con descuento en el precio marcado en las publicaciones; la venta al público de libros en escuelas, universidades y demás centros de enseñanza oficiales o particulares sin pagar la contribución de comercio correspondiente al respecto; toda clase de venta de libros nuevos con rebaja al público en los establecimientos de librería de lance. Los infractores serían sancionados con una amonestación pública y otra privada, así como con una multa de $5 0$ a 500 pesetas según la gravedad de los hechos. Y además se comunicaría a los proveedores para suprimir el servicio de ventas al asociado. Para perseguir los casos de competencia desleal cada Cámara del Libro establecería una inspección mercantil. En la Conferencia también se abordó la posibilidad de autorizar a los editores para que sin necesidad de pagar la contribución de librero pudiesen vender las obras que constituían su fondo editorial al contado o a plazos, petición hecha a la Dirección General de Contribuciones en 1925 sin éxito. Este apartado desató una fuerte discusión entre editores y libreros. El director de la casa Juventud, Zendrera, consideraba que los editores afrontaban muchos gastos de propaganda y lanzamiento de ciertos libros que debían compensarse con la venta directa de ellos. Además señalaba que varias sociedades pagaban ambas contribuciones y sin embargo se habían visto envueltas en expedientes porque existía distinto régimen para la industria editorial que para el comercio del libro. El editor Montiel señaló que los editores recibían muchos pedidos de libros directos de particulares a los que debían responder, y en muchas poblaciones no existían librerías. Los libreros Romo y San Martín por el contrario señalaron las dificultades de muchas librerías por la competencia de los editores, que se verían obligadas a desaparecer. En este sentido Esteban Dossat advirtió que con frecuencia toda la propaganda que se realizaba de una obra fomentaba «la venta en casa del editor, tanto con la venta al contado, con rebaja, como con la venta a plazos, que inutiliza totalmente al librero. También es sabido que algunos editores de obras importantes venden directamente al público en forma de suscripción antes de ponerse la venta en las librerías». Abogó por la venta de libros en las librerías y por los libreros. Debido a la falta de acuerdo entre editores y libreros se retiró este artículo de la Conferencia y se propuso crear una comisión de editores y libreros en las Cámaras del Libro para resolver las relaciones comerciales entre los profesionales del libro. También enfrentó a los libreros y a los editores la venta de libros en los quioscos. Los libreros consideraban que eran un caso manifiesto de competencia ilícita porque vendí- an hasta la una o las dos de la madrugada y los domingos, cuando las librerías estaban cerradas. Debían pagar la contribución comercial como libreros. Zendrera afirmaba que existía un público reacio a entrar en las librerías al que había que facilitar el contacto con los libros. Se debía permitir la venta en los quioscos y en toda clase de establecimientos. Y para compensar a los libreros se les debía conceder el descuento máximo y autorizarles a revender a los quioscos y otros comercios. El editor Gili también consideraba que en un país donde había resistencia a la lectura, el libro debía ir al comprador y no el comprador al libro. Los libreros debían organizar la venta de libros en los quioscos como había hecho una sociedad francesa en Barcelona, en clara referencia a la Sociedad General Española de Publicaciones. Nuevamente ante el enfrentamiento la presidencia retiró la propuesta que consideraba la venta de libros en los quioscos un ejemplo de competencia ilícita12.
La celebración de las ferias del libro desató un conflicto de poder y de intereses en el seno de la Cámara del Libro de Madrid entre editores y libreros por la venta y el precio del libro. Aunque este problema era antiguo se agudizó debido al protagonismo editorial y a las condiciones de venta en la feria. Los libreros de nuevo, que tenían una mayor representación y peso en la Cámara desde la reforma del reglamento en junio de 1932, se opusieron a las ferias. Las relaciones entre la Sección de Editores y la de Libreros fueron muy agrias y tensas en el Consejo y Pleno de la Cámara, según reflejan las actas de las sesiones. Debido a este enfrentamiento las secciones gremiales se convirtieron en asociaciones profesionales de defensa. El gremio de los libreros, más tradicional y pionero en la producción del libro, se verá seriamente amenazado por las nuevas editoriales, que no sólo los han desplazado de la industria del libro, sino que se introducen en la venta del libro al público, parcela de trabajo que consideraban exclusiva13. La idea de organizar una feria de libros surgió en la Escuela de Librería, que funcionaba en la Cámara Oficial del Libro de Madrid desde 1929. El editor y profesor de $\ll ^ { \prime }$ Técnica comercial del libro», Rafael Giménez Siles, en marzo de 1933 presentó el proyecto a sus compañeros de la Cámara como iniciativa de los alumnos. La feria se desarrollaría durante varios días en la calle para salir al encuentro de los lectores, aprovechando la Fiesta del Libro del 23 de abril. Los libreros de nuevo rechazaron la propuesta y la Sección de editores aunque respondió favorablemente no se atrevió a ponerla en marcha por los riesgos económicos que suponía y la premura de tiempo14. Pero, un grupo de editores, encabezados por Ruiz Castillo, Manuel Aguilar, Antonio Sáenz de Jubera y Giménez Siles, decidieron realizar independientemente la feria, aunque contaron con el patrocinio de la Cámara. Finalmente fueron veinte las editoriales madrileñas que participaron en la feria: Editorial Fénix, Sociedad Bíblica, Espasa-Calpe, Plus Ultra, Sociedad General Española de Librería, Sáenz de Jubera Hermanos, Biblioteca Nueva, Editorial Cenit, Manuel Aguilar, Biblioteca Atenea, América, Saturnino Calleja, Editorial Dédalo, Editorial Pueyo, Viuda de J. B. Bergua, Editorial Estudio (Juan Ortiz), José María Yagües, Revista de Occidente,
Revista de Pedagogía y Editorial Castro. Los editores acordaron destinar el $30 \%$ del total de las ventas para cubrir los gastos de instalación de la feria, aunque la Cámara adelantó los fondos. Y para atraer al público ofrecían un descuento del $10 \%$ en todas las obras, que era el descuento fijado por los libreros para la Fiesta del Libro15. El éxito y el carácter popular de la Fiesta sirvieron de experiencia a Giménez Siles y a sus compañeros para impulsar la feria.
La Feria se celebró durante la semana del 23 al 29 de abril de 1933 con éxito de público y de ventas. «Durante toda la semana la Feria ha estado concurridisíma. Desde muy de mañana hasta el momento de cerrar los puestos se veían constantemente asediados por el público, hasta el extremo que resultaba muy difícil aproximarse a ellos. Todo Madrid, en una pequeña peregrinación cultural ha desfilado por el paseo de Recoletos»16. La feria del libro puso en contacto el libro con toda la sociedad, ya que las librerías no eran frecuentadas por trabajadores, su clientela principal estaba formada por intelectuales y estudiantes: «... el pueblo no entra a las librerías. Por su aspecto y por su tradición, las librerías tienen algo de recinto sacro, para iniciados solamente. Por eso la República debería invitar al libro a salir a la calle con frecuencia. Debería fomentar en el libro el espíritu golfo. Es una de las pocas cosas que puede hacer la República sin que se enfaden mucho sus enemigos. Ayer, por ejemplo, al inaugurarse la feria del libro, no cerraron sus balcones los palacios de Recoletos y la Castellana. Y bien sabe Dios que ésta era una fiesta bastante más republicana que la parada militar de hace unos días»17. De hecho una de las principales características del período republicano fue la ruptura de los circuitos de lectura socialmente restringidos gracias a la extensión de las bibliotecas públicas y a estas ferias que salían al encuentro del lector. La gran innovación e interés de la feria residía en que la mayoría de las obras que presentaron las editoriales eran novedades y libros que permanecían en el comercio diario de librería, y además más baratos. No había ni un resto de edición, ni un lote ya que la feria no se aprovechó para sacar libros de difícil venta, sino para mostrar la producción bibliográfica más moderna. Esta situación contrastaba con la Fiesta del Libro, donde se vendían con descuento muchas obras antiguas de difícil salida. Las ventas totales fueron de 43.399,75 pesetas, siendo el sábado el día que más libros se vendieron por valor de 10.087,75 pesetas, y el domingo de la inauguración el que menos se recaudó con 4.102,05 pesetas. Con el $30 \%$ de la recaudación, 13.020,85 pesetas se pagaron las $_ { 1 2 . 8 0 8 , 3 0 }$ de gastos, dejando la diferencia para la organización de la próxima feria. Los editores no sólo cubrieron costes sino que obtuvieron beneficios.
La enorme repercusión y sus resultados económicos favorables impulsaron a los editores a realizar una segunda en 1934, pero se encontraron con la oposición de los libreros de nuevo. En el Pleno del 12 de julio de 1933 presentaba la dimisión la Junta directiva de la Sección de Libreros, Suárez, San Martín, Pérez y Mateus, por estar en desacuerdo con la organización de la feria de libros por parte de los editores. Y el nuevo presidente, Mariano Bailly-Baillère, lamentaba que no se hubiese invitado a los libreros a participar en la II Feria, teniendo en cuenta el perjuicio que suponía para las librerías por el desplazamiento del mercado. Pero, se decidió que ninguna desavenencia de la Cámara impidiese la celebración de la feria porque fomentaba la difusión del libro, y se reconoció el derecho de la Sección de editores a organizarla, aunque se contaría con los libreros18. Además los libreros consideraban que la feria del libro fomentaba la venta callejera en carritos, práctica ilegal contra la que se venía luchando muchos años atrás. Había que llevar el público a las librerías en lugar de sacar los libros a la calle en busca de los compradores. En el Pleno de 29 de enero de 1934, en que se concedió el patrocinio de la Cámara a la feria, los libreros comunicaron su disposición a participar en la feria, pero en condiciones diferentes a las establecidas por el Comité organizador, integrado por Ruiz Castillo, Giménez Siles y Sáenz de Jureba. Reivindicaron su protagonismo en la venta de libros al público, se opusieron al descuento porque malacostumbraba a los lectores y obligaba a las librerías a vender en las mismas condiciones durante los días de la feria, y por último solicitaron la creación de una Comisión mixta para organizar conjuntamente la feria. Se aprobó la creación de una Comisión de libreros para superar las dificultades con los editores, pero Giménez Siles y sus compañeros no aceptaron la participación de los libreros en el Comité organizador, a pesar de la petición del librero-editor Beltrán en la reunión de la Sección de Editores el 2 de octubre de $1 9 ^ { 3 3 ^ { 1 9 } }$ .
En la Junta General de 22 de febrero los libreros rechazaron la nueva propuesta presentada por los editores ya que mantenía el descuento del $1 0 \%$ al público y además los libreros no podían vender las obras de los editores feriantes para evitar la competencia. En caso de coincidir en una misma persona la doble condición de editor-librero sólo podía acudir como editor y exclusivamente con su producción. Además cada librero debía abonar una cuota fija de $7 5 0$ pesetas para contribuir a los gastos de la feria, en vez de establecer un porcentaje sobre las ventas como ocurría entre los editores. Los libreros consideraban que la venta de libros por parte de los editores en la feria era un caso grave de competencia ilícita, problema que se pretendía solventar con una reglamentación aprobada por todos los profesionales del libro de ambas Cámaras. Para evitar estas fricciones insistieron en la necesidad de que las siguientes ferias fuesen organizadas por la Cámara con representación de todos los sectores corporativos, ya que esta entidad no podía autorizar una feria que perjudicase a un grupo numeroso de sus asociados. También se propusieron medidas de fuerza si la feria se realizaba en los términos fijados por los editores. En el Pleno del 23 de febrero los vocales libreros cuestionaron la posición del Presidente de la Cámara, Ruiz-Castillo, ante este conflicto ya que también presidía la Sección de Editores y era miembro del Comité de la feria. Finalmente se acordó que los libreros participasen en la feria aportando el $10 \%$ del importe de sus ventas a beneficio del público, y otro $1 0 \%$ a pagar los gastos previstos. Se les permitía exponer todas las obras que considerasen oportunas sin limitación alguna. El editor-librero asistía en calidad de editor y si su casa era de escasa importancia completaría el stand con el fondo de otra editorial de similares características. Si la feria generaba déficit se dividiría entre todos los libreros y editores que concurrieran a ella20. De este modo el Comité atendió en parte a las pretensiones de los libreros, que en Junta Directiva del 2 de marzo decidieron asistir a la feria. Dentro de cada sección profesional también surgieron diferencias ya que existían editores con comercio de librería y libreros que editaban obras, que tenían representación en ambos gremios.
La disputa entre editores y libreros por la venta directa al público se agravó un mes antes de la celebración de la II Feria, cuando la Dirección general de Rentas públicas por Orden del 6 de abril autorizó a las editoriales, que no tuviesen establecimiento de librería abierto, a vender a los lectores las obras de su fondo en el propio local, siempre que abonasen el recargo del $2 5 \%$ sobre la cuota de editor, sin necesidad de pagar la doble tarifa de editor y librero como exigían los libreros. Asimismo este conflicto dinamitó el proyecto de reglamentación de la venta del libro para evitar la competencia ilícita entre los profesionales del libro, presentado en sesión conjunta de los gremios de editores y libreros de la Cámara de Madrid, el 17 de abril de 1933. Pero, tras las modificaciones posteriores de ambas Cámaras el proyecto perdió toda eficacia al desaparecer las sanciones. Esta situación provocó que los profesionales acudieran a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio para que aprobase un proyecto de reglamentación firme que castigase a los todos los que no cumpliesen las normas de venta del libro21. En Francia había bastado el acuerdo de los industriales y de los comerciantes para fijar el reglamento. Además de los problemas generados por la feria la reglamentación se vio obstaculizada por el suministro de libros a la Junta de Intercambio y adquisiciones de libros para las bibliotecas públicas (JIAL). En 1932 Ruiz Castillo consiguió que se aceptara una propuesta conjunta de libreros y editores en el concurso de la compra pública de libros. Pero, en 1933 la editorial Reus ofreció libros a la Junta de Intercambio con un descuento del $1 5 \%$ en libros científicos y un $2 0 \%$ en libros literarios, violando los acuerdos establecidos entre los profesionales del libro en la Cámara para las ventas a organismos estatales, fijado en el $1 0 \%$ . Para evitar incidentes similares la JIAL exigió en 1934 la aprobación de la reglamentación del libro, y mientras tanto elegiría las propuestas más beneficiosas econó- micamente22. Aunque posteriormente decidió prorrogar los contratos antiguos o bien seleccionar ofertas que no superasen las condiciones mínimas del concurso para no interferir en las gestiones de la Cámara.
La II Feria se amplió a diez días, del 6 al 16 de mayo, porque el tiempo aconsejaba celebrarla en la primera quincena de mayo, y además se evitaba coincidir con la Fiesta del Libro, ya que los libreros habían decidido sustituir el descuento del $10 \%$ en las ventas por el regalo de un libro23. Se establecieron cuarenta stands a lo largo del andén derecho del Paseo de Recoletos desde la plaza de Cibeles hasta la Biblioteca Nacional24. Predominó la representación editorial, destacando la presencia de tres importantes casas catalanas, otras tres editoriales oficiales y un stand de la producción bibliográfica mexicana, mientras que sólo acudieron nueve librerías madrileñas. Los organizadores contaron con una subvención del Ayuntamiento de Madrid de 10.000 pesetas y consiguieron compras oficiales por valor de $3 5 { \cdot } 5 0 0$ pesetas. El pedido de la Guardia Civil fue suministrado particularmente por la Librería Crédito Editorial Hernando con un descuento del $2 0 \%$ sobre el precio de los libros, vulnerando las normas de la feria. Además este caso de competencia ilícita complicaba las difíciles relaciones entre editores y libreros, y entorpecía los proyectos de reglamentación de la venta del libro, aunque demostraba la necesidad de regular el comercio del libro. Las ventas totales de esta feria alcanzaron la cifra de 213.396,15 pesetas, el día de mayor negocio correspondió al último día, miércoles 16 de mayo con 29.134, 25 pesetas, y el viernes 11 sólo se recaudaron 14.140 pesetas. Se recaudaron 169.000 pesetas más que en la primera feria. A este notable incremento respecto a 1933 contribuyeron las compras públicas, la mayor duración de la feria y la extraordinaria afluencia de público. Los gastos del stand del Patronato Nacional de Turismo y el déficit de 431,70 pesetas del país mexicano fueron pagados por la caja de la feria. Asimismo cada uno de los stands ocupados por los nueve libreros arrojó un déficit de $8 4 9 , 8 0$ pesetas, que sumaban una deuda de 7.648,20 pesetas. Pero, las casetas editoriales aportaron, después de pagar sus costes, un superávit de 7.914,39 pesetas para cubrir los descubiertos de los otros stands. La mayoría de las obras expuestas fueron novedades, de hecho muchos lanzamientos aparecieron con motivo de la feria, sentando una tradición clá- sica en el mundo editorial español que llega hasta nuestros días. Se repartieron más de
500.000 catálogos de todas las editoriales y librerías concurrentes para conocer toda la producción bibliográfica nacional y fomentar la expansión del libro.
Los libreros también eran contrarios a la constitución de la Agrupación de Editores Españoles porque sus actividades lesionaban sus intereses en la sesión de la Junta directiva de la Sección de 29 de agosto de 1934. Además no estaban conformes con el patrocinio otorgado por la Cámara a esta asociación, y con el derecho exclusivo de ésta a organizar la III Feria del libro. Los libreros se opusieron a la celebración de la primera feria pero, tras el éxito de público y ventas quisieron participar activamente en las siguientes. Consideraban que la Cámara debía organizar la feria ya que la iniciativa había surgido en el seno de la corporación y se había realizado con fondos de la misma. Asimismo en respuesta a la autorización de los editores a vender directamente a los lectores sin necesidad de darse de alta como libreros, Bailly-Baillière solicitó al Ministerio de Hacienda que los libreros pudiesen editar doce libros anuales abonando sólo el $2 5 \%$ más de la cuota que abonaban como libreros. Y en la reunión de la Junta Directiva de la Sección de Libreros del 20 de noviembre de 1934 se afirmó que la Agrupación de Editores nació en contra de la voluntad de los libreros y tenía que someterse a las leyes fiscales, mercantiles y sociales del país por sus ventas en los camiones librerías, sin ningún privilegio. La tercera Feria fue organizada por la Agrupación de Editores Españoles, creada en julio de $\boldsymbol { \mathbf { \rho } } _ { 1 9 } 3 _ { 4 }$ para la difusión y propaganda del libro en castellano. Giménez Siles también fue su promotor. El editor barcelonés Gustavo Gili manifestó que la feria del libro «ha de llegar a ser la fiesta republicana por excelencia, la gran fiesta cultural del pueblo madrileño, que atraiga a todos los españoles, que sustituya noblemente a las tradicionales fiestas de San Isidro»25. Su duración se amplió a quince días, $\mathrm { d e l } _ { 5 }$ al 20 de mayo de 1935. Pero debido a la persistente lluvia y a las gestiones del II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, que se celebraba en esos días en Madrid, para que los congresistas de todos los países realizaran una visita oficial a la feria el día 25 se prolongó varios días hasta el 26 de mayo, aunque definitivamente se interrumpió el 23 de mayo por el mal tiempo26. De los 33 stands de editores, veintiséis fueron ocupados por las casas que formaban la Agrupación de Editores, y los siete restantes se ofrecieron a todos los editores por mediación de las Cámaras Oficiales del Libro. Finalmente participaron 39 casas comerciales27, respecto al año anterior concurrieron tres editoriales catalanas más y tres librerías menos, ya que los libreros no podían exponer las obras de los editores feriantes. De hecho los libreros se lamentaron del escaso número de establecimientos participantes, además las invitaciones se habían hecho particularmente sin dirigirse a la Sección.
Se establecieron tres modelos de tributación para costear los gastos de la feria: para los editores agrupados se fijó el $30 \%$ de sus ingresos, asumiendo los riesgos de déficit, los editores no agrupados también aportaban el $30 \%$ de las ventas, pero estaban exentos de afrontar pérdidas, a cambio de un anticipo de 1.000 pesetas, reintegrables al terminar la feria, para responder a los gastos del stand, en el caso que desistiesen de concurrir después de estar comprometidos. A los editores que concurrían por primera vez a la feria se les exigió, a parte del $30 \%$ de la caja, un pago de 1.000 pesetas en concepto derechos de participación. Y por último a los libreros se les pedía el $5 \%$ de sus beneficios y una cuota de 1.000 pesetas. Se confeccionó un catálogo general de todas las casas feriantes con una tirada de 2.000 ejemplares, que se vendió al precio de 0,25 pesetas. La feria recibió una subvención de 25.000 pesetas del Ayuntamiento de Madrid, y otra de igual cuantía de Presidencia del Gobierno. Realizaron compras en la feria los numerosos centros oficiales y entidades bancarias: los Ministerios de Marina, de Instrucción pública, de Estado, y el de la Guerra, que empleó 10.000 pesetas en la adquisición de libros, la Presidencia del Gobierno gastó 2.000 pesetas, el Congreso de los Diputados, la Inspección General de la Guardia Civil realizó un pedido por valor de 19.000 pesetas, la Dirección general de Prisiones consignó 5.000 pesetas para las bibliotecas de los centros penitenciarios, el Patronato de Misiones Pedagógicas destinó 5.000 pesetas, el Banco de España invirtió 10.000 pesetas, el Banco Mercantil e Industrial dedicó 800 pesetas, la Diputación de Madrid invirtió 3.000 pesetas, el Ayuntamiento de Madrid se gastó 5.000 pesetas, y el Círculo de Bellas Artes 400 pesetas. La recaudación total rondó las 300.000 pesetas ya que las ventas durante los diecinueve días de feria fueron de 285.122,09 pesetas, quedando pendientes unos pedidos por importe de 13.000 pesetas correspondientes a organismos oficiales. El primer día se vendieron libros por valor de 32.000 pesetas, casi tantos como los vendidos en los ocho días de la primera feria que recaudó 43.000 pesetas. Las ventas respecto al año anterior aumentaron en $6 5 { \cdot } 7 ^ { 3 0 , 8 4 }$ pesetas. Los ingresos de la feria alcanzaron las 134.897,40 y los gastos sumaron 99.404,35 pesetas, de este modo la organización obtuvo un superávit de $3 5 { \cdot } 4 9 ^ { 3 } { , } 0 5$ pesetas. Las casas que más vendieron fueron la Librería Sousa y Pereda con 28.674,49 pesetas (19.000 correspondían al pedido de la Guardia Civil), la Editorial Aguilar con 17.247,5 pesetas, la Librería El Hogar y La Moda con $1 1 . 8 4 3 . 5 0 $ pesetas, la Editorial Espasa-Calpe con 11.673,40 pesetas, la casa Sopena con
11.477,40 pesetas, y la Editorial Labor con 11.065,60 pesetas. Y los feriantes que menos recaudaron fueron la Editorial de Revista de Pedagogía con 1.512,20, la Editorial Fénix con $1 . 5 8 8 { , } 8 0$ pesetas, Salvat Editores con 2.212,95 pesetas. Ediciones Morata con 2.661,95 pesetas y la casa Dalmau Carles Pla con 2.701 pesetas.
En la sesión del 27 de junio de 1934 de la Sección de Editores, Giménez Siles propuso a sus compañeros la creación de un grupo paralelo a la Cámara que se encargase de organizar actos a favor de la expansión del libro, tras el éxito de las dos primeras ferias28. Así nació meses después la Agrupación de Editores Españoles. Las casas agrupadas fueron prácticamente las mismas que participaron en las ferias del libro de Madrid junto a una importante representación de la industrial editorial catalana29. El presidente elegido fue el editor catalán Gustavo Gili, y Giménez Siles, actuó de secretario general. Según el artículo ${ } _ { 2 } \mathrm { { ^ { 0 } } }$ del reglamento la Agrupación estaba obligada a invertir todos sus ingresos, incluidas las subvenciones del Estado y de los organismos provinciales y municipales así como las cuotas de los asociados y otros medios, en la organización de propaganda para difundir el libro en castellano en España y en los demás países con especial atención a Hispanoamérica30. Para llevar el libro a todos los lugares de España, y en especial a las localidades donde no había librerías formaron dos camiones stands, siguiendo el diseño de Arturo Ruiz Castillo31. La idea fue planteada por el Ministro de Instrucción pública, Fernando de Los Ríos, en el discurso de inauguración de la I Feria del Libro, donde habló de la posibilidad de crear una biblioteca ambulante y circulante transportada en camiones y autobuses a los pueblos y aldeas. Los editores llevaron una librería ambulante, pero también dejaban un lote de libros a su paso. Se convirtió en un instrumento eficaz de propaganda del libro, ya que la intención de los editores era fomentar el mercado librero interior. El camión llevaba dos toneladas de libros de las veintiséis editoriales agrupadas. La carrocería del vehículo se abría y en veinte minutos se convertía en una exposición ambulante, en una atractiva librería. Además tenía un circuito eléctrico para iluminar los libros, instalación radiofónica, micrófono, altavoces, tocadiscos y proyector de películas, alimentados por un generador eléctrico conectado al motor del automóvil, y que le proporcionaba suficiente autonomía energética. De este modo pretendían llevar la feria de libros a toda España. A la llegada el camión era recibido por las autoridades, los niños de la escuela, y buena parte de la población, y se instalaba en la plaza, abriendo los escaparates de libros. Después se izaba la bandera tricolor a los sones del himno de Riego. A continuación comenzaban las ventas de los libros, amenizando a los compradores con música. «Nos esperaban todas las autoridades y casi todo el pueblo, que estaba esperando que abriésemos el ‘Camión’ para comprar libros. Se notaba, y luego nos lo confirmó el Alcalde, que estaba todo el mundo preparado de antemano esperando nuestra llegada, de tal manera, que nada más abierto empezó la venta de libros, y en menos de dos horas se vendieron 400 pesetas»32. El camión solía estar un día en los pueblos pequeños y dos días en las localidades más grandes, a veces visitaban en un mismo día dos localidades muy pequeñas. Antes de abandonar el pueblo el jefe del camión con ayuda del alcalde nombraba al representante de la Agrupación de Editores en la localidad para mantener contacto con las editoriales, hacerse cargo de los enví- os posteriores, y difundir los catálogos. También se encargaría de cuidar la Biblioteca Circulante Municipal formada con el lote de libros donados por los editores. Este tipo de biblioteca no exigía al ayuntamiento una sala de lectura ni personal especializado, el lector se llevaba el libro que más le interesase a su casa. En los pueblos donde existía una Biblioteca Municipal creada por la Junta de Intercambio, los libros comprados por el ayuntamiento pasaban a formar parte de los fondos de estas bibliotecas. El camión librería $\mathrm { n } ^ { 0 }$ . 1 realizó giras provinciales, iniciadas en las capitales respectivas. Después se realizaba un recorrido por varios pueblos, donde el público respondió siempre muy bien y adquirió numerosos libros. El $4 0 \%$ de las ventas de cada editorial iba a parar a los fondos de la Agrupación para costear los gastos del camión. La primera salida de Madrid como ensayo fue a San Lorenzo del Escorial el 16 de septiembre de 1934, y fue todo un éxito con la venta de 494 libros por valor de $1 . 2 0 8 { , } 8 5$ pesetas. La Agrupación donaba una biblioteca a cada ayuntamiento que visitaba equivalente a la subvención municipal destinada a la compra de libros, donde figuraban títulos de todas las editoriales agrupadas para dar a conocer la producción bibliográfica de cada una de ellas. El camión recorrió 72 localidades de las provincias de Badajoz, Málaga, Cádiz, y Huelva, dejando a su paso 13.778 libros por valor de $5 \circ . 6 3 3 , 8$ pesetas, cifras más que respetables, teniendo en cuenta que eran zonas de alto analfabetismo y de difíciles condiciones de vida, donde no sobraba precisamente el dinero para comprar libros. Después siguió en las provincias de Ávila, Segovia, Guadalajara y Guipúzcoa.
Tras las elecciones de junio de $1 9 ^ { 3 } 5$ que renovaron el Pleno de la Cámara del Libro de Madrid, el grupo de editores organizadores de las ferias del libro fue desplazado por los libreros tradicionales. Con el apoyo de los libreros de nuevo y de lance, de los fabricantes de papel y de los profesionales de artes gráficas salió elegido el candidato propuesto por la directiva de libreros y representante de artes gráficas, Francisco Lencina, y en contra de la Sección de Editores. De este modo los editores perdieron poder en las decisiones de la Cámara, más preocupados por el Instituto del Libro Español y la creación de depósitos de libros en las capitales hispanoamericanas, en favor de los libreros que hicieron triunfar sus propósitos. En este sentido consiguieron que la Cámara organizase la siguiente feria del libro, retirando la exclusividad a la Agrupación de Editores en el Pleno del 7 de octubre, y además la Agrupación de Editores Españoles desapareció en enero de 1936. En la organización de la IV Feria del Libro, la primera con carácter oficial, los antiguos editores perdieron todo protagonismo, el Comité organizador estaba formado por los libreros Esteban Dossat, Roberto San Martín y el gerente de la Revista de Derecho Privado, Juan Navarro de Palencia, y el de la Editorial Saturnino Calleja, Boris Bureba33. Este nuevo Comité pensó inicialmente suprimir el descuento en las ventas de libros al público, pero conscientes del negativo efecto que tendría decidió mantenerlo, ya que además no se había aprobado el reglamento de la venta del libro. Participaron 32 feriantes, 24 editores y 8 libreros34. Además tuvieron stands los Ministerios de Agricultura, y de Industria y Comercio, la Academia de la Lengua, la Biblioteca Nacional, la Junta para Ampliación de Estudios, y el Banco Central. La representación de los editores catalanes fue muy reducida, tan sólo acudió una única casa, a diferencia del año anterior. La duración fue de diez días, desde el 24 de mayo al 2 de junio de 1936. Las casetas se colocaron en dos filas a lo largo del Paseo de Recoletos para hacer menos fatigoso el recorrido. El cartel anunciador de la feria se colocó en multitud de establecimientos para promocionarla, y en los troles de los tranvías se colocó el banderín con el anagrama de la Cámara para llevar a los barrios más alejados la propaganda del libro. El catálogo recogió los fondos editoriales de las casas concurrentes en cinco mil fichas bibliográficas, clasificadas en veinte grupos de materias y ordenadas alfabéticamente. También incluía un plano general del emplazamiento de los stands en la feria y un índice correlativo de autores, de materias y otro de anunciantes. Las ventas realizadas en los días de feria fueron de 193.666,05 pesetas, a las que había que sumar 45.000 pesetas por compras de centros oficiales y otras entidades, que en total alcanzan 235.000 pesetas. Aunque se dedicaron en la feria días al niño, a la mujer y al obrero, para incrementar la afluencia de visitantes y las ventas de libros, se recaudaron 63.122,09 pesetas menos que en 1935. Resulta significativo que la primera feria no organizada por los editores pioneros disminuyese los ingresos mientras que en los años anteriores las ventas siempre fueron ascendentes.