De la paz general al seguro regio. Para la comprensión jurídica de un concepto y su aplicación en la Castilla de los Reyes Católicos.
From the General Peace to Royal Security. Toward a juridical understanding of a c oncept and its Application in the Catholic Monarchs’ Castile.
Remedios Morán Martín Universidad Nacional de Educación a Distancia firstname.lastname@example.org.
Mª Concepción Quintanilla Raso Universidad Complutense. Madrid email@example.com.
RESUME N.
Primera parte: Líneas generales de una revisión del tema de la paz, como institución propia del Derecho germánico, que se desarrolla y transforma en nuestro Derecho altomedieval. Segunda parte: Aplicación de la paz y la protección de la monarquía, mediante el seguro regio, como instrumento de gobierno, en su relación con la nobleza, en el reinado de los Reyes Católicos.
Palabras clave: Paz general, paz del rey, seguro regio, Corona de Castilla, relaciones monarquía-nobleza, reinado de los Reyes Católicos.
ABSTRACT.
First part: A general review of the subject of the general peace, as an institution derived from Germanic law, which develops and becomes our early medieval law. Second part: The monarchy’s implementation of peace and protection through regal insurance as an instrument of government in its relationship with the nobility, during the reign of the Catholic Monarchs.
Key words: General peace, k ing’s peace, r egal insurance, Crown of Castile, monarchy-n obility r elations, r eign of the Catholic Monarchs.
Sumario: 1. De la paz general al seguro regio. Notas para la comprensión jurídica de un concepto. 1.1. Posición ante un tema. 1.2. Paz general, paz especial. 1.3. Paz del rey y seguro regio. El Derecho privilegiado personal. 1.4. Paces privadas, seguro regio y Derecho señorial. 2. El seguro regio en la Corona de Castilla en el reinado de los Reyes Católicos. 2.1. Significado y alcance de las cartas de seguro regio. 2.2. El seguro regio y la relación monarquía-nobleza. 2.2.1. La concesión del seguro regio a favor de la nobleza. 2.2.2. El seguro como instrumento de presión monárquica frente a los excesos nobiliarios. 2.2.3. El seguro regio y la protección de vasallos contra señores. 2.2.4. El seguro señorial a vasallos: ¿mímesis de la monarquía o presiones del poder real?.
El trabajo que aquí se presenta trata de ofrecer, combinando métodos propios de juristas e historiadores, un anticipo de las líneas generales de una revisión del tema de la paz, para, finalmente, concluir con un estudio de la fórmula de aplicación de la paz del rey, plasmada en el seguro regio, en el marco sociopolítico de la Corona castellanoleonesa a finales de la Edad Media1 .
Por lo que se refiere a la primera parte, la paz es entendida como institución propia del Derecho germánico, que se desarrolla y transforma en nuestro Derecho altomedieval. En este apartado se observa la evolución desde la paz general a la paz del rey, de forma que a partir de los principios germánicos, la paz general de rey sobre su reino surge tardíamente, cuando ya se han consolidado las diferentes monarquías germanas y se han modificado gran parte de los principios consuetudinarios germánicos a la luz de la influencia romana.
En la segunda parte se aborda el alcance y la trascendencia de la paz regia en la Corona de Castilla en las últimas décadas del siglo XV, en su manifestación como seguro regio, una interesante fórmula casi desconocida en la historiografía, de la que existen para ese período numerosos testimonios diplomáticos, cuyo estudio nos permite, además, contar con otro elemento para el mejor conocimiento de la acción de gobierno de la monarquía de los Reyes Católicos.
1. DE LA PAZ GENERAL AL SEGURO REGIO. NOT AS PARA LA COM PRENSIÓN JURÍDICA DE UN CONCEPTO
1.1. POSICIÓN ANTE UN TEMA.
En este trabajo no se va a entrar en la cuestión de si en el Derecho altomedieval existe o no una gran influencia germánica, sino que nos remitimos a la bibliografía existente, muy conocida, partiendo de la tendencia que considera que durante el sistema jurídico medieval (siglos VIII-finales del siglo XII), nuestro Derecho, en todos los territorios de la Península, tuvo una enorme influencia de Derecho germánico, que afloró tras la caída del Estado visigodo con motivo de las condiciones materiales de vida de la Reconquista y solo en los puntos específicos que afectan al tema que aquí se aborda se analizará la historiografía más relevante que lo ha tratado.
La “paz”, como tema monográfico de estudio, ha sido fundamentalmente tratado por tres historiadores del Derecho que han centrado sus estudios en diferentes ámbitos de “paz especial” y cronológicamente han sido Luis García de Valdeavellano, que se centra en la paz del mercado2 , José Orlandis que aborda la paz de la casa3 y Rafael.
Gibert que centra su trabajo en la paz del camino4 . Son trabajos de referencia imprescindibles, que todos ellos parten de la obra de Eduardo de Hinojosa como marco general en el que encuadran sus respectivos estudios, donde aborda fundamentalmente el tema de la pérdida de paz, sus formas y sus consecuencias5 . Consideramos que los tres primeros parten de una base común que debe ser revisada: el razonamiento de que las paces especiales eran consustanciales al Derecho medieval, como subespecies dentro de la paz general del rey, que protege a espacios determinados (la casa, el mercado o el camino y los transeúntes, en su caso); por otra parte, Gibert se apega al principio de considerar al Derecho medieval deudor inapelable del Derecho romano, y Valdeavellano y Orlandis mantienen que el reforzamiento de la paz en esos lugares tenía como efecto el ser agravantes de la penalidad; en este sentido es por lo que el segundo afirmaba que el concepto de paz es el centro alrededor del cual gira el Derecho penal en la Edad Media. Por lo tanto, ninguno de ellos, ni tan siquiera Hinojosa de forma explícita, abordan la raíz del tema de la paz y de los principios jurídicos en los que se sustenta.
Se pueden mirar las fuentes por ellos mismos utilizadas desde un prisma diferente, que, dentro del sentido general del Derecho altomedieval, parece más correcto, en cuya base está que la paz general de rey sobre su reino surge en el Derecho germánico tardíamente, cuando ya se han consolidado las diferentes monarquías germanas y se han modificado gran parte de los principios consuetudinarios germánicos a la luz de la influencia romana. El concepto de paz fue inicialmente un concepto consuetudinario consustancial al pueblo, motivo por el cual, Heinrich Brunner diferencia entre la paz popular y la paz real6 , o Eugen Wohlhaupter, que centrado fundamentalmente en el Derecho territorial castellano, contrapone la paz de Derecho popular o consuetudinario, surgida en las Asambleas y pactada (la paz de las Sippen) a la paz de carácter legal impuesta por los monarcas7 , en el sentido, interpretamos, de ser la primera de base germánica y la segunda reelaboración contaminada de Derecho romano, cuando el rey merovingio (porque son éstas las fuentes que fundamentalmente estudia) ya debe actuar en su reino con una realeza fortalecida por el Derecho imperial romano, pero que se puede aplicar al Derecho visigodo y posteriormente a nuestro Derecho medieval que tiene una fuerte influencia de Derecho germánico, pero ya muy evolucionado, especialmente en Derecho público.
Este mismo proceso se aprecia en el tema de análisis, de modo que el concepto inicial de paz, impregnador de toda la convivencia de las pequeñas comunidades de aldea, era de origen popular, sin intervención real8 . Es el motivo por el cual las primeras fórmulas correctoras de este principio de origen consuetudinario germánico, fueron de naturaleza jurídico–privada: las alianzas personales o seguros privados, la pérdida de confianza, la consideración de enemigo, etc. en las que el rey tampoco tenía intervención. Solo posteriormente, cuando las comunidades empiezan a crecer y sus miembros desarrollan una actividad fuera de la comunidad, cuando el rey empieza a tener mayor fuerza sobre su reino, cuando retoma la idea de la paz general para crear espacios y tiempos de especial protección, ya con fines correctores de la contravención de la paz general, como modo de atraer hacia sí la materia represiva de conductas contra el orden establecido.
Este es el motivo por el cual, como sintetiza José Manuel Pérez-Prendes, cuando apreciamos la paz en las fuentes medievales, su naturaleza se delimita solo a partir de un sentido negativo9 , por comparación a lo que sucede cuando se pierde y se cae en enemistad o inimicitia. Asimismo, “se concreta en manifestaciones particulares de esa idea general, por lo que es correcto hablar de paz general como opuesta a las paces especiales: todo sujeto del Derecho es, por serlo, un portador de paz en cuanto que hay pie para un castigo, si se ataca cualquier sector de sus derechos subjetivos. Pero, además, ese acto tiene que realizarse en alguna parte, y en función de ésta, la paz tiene variadas manifestaciones. Estas formas concretas de encarnar la paz requieren unos sujetos declarantes (Dios, Rey, Concejo, particulares)”10.
Sobre esta hipótesis, están elaboradas las siguientes páginas.
1.2. PAZ GENERAL , PAZ ESPE CIAL.
La paz general se establecía de modo relativamente natural y ágil en comunidades locales pequeñas, como fueron las que surgieron a consecuencia de las condiciones sociales de la Reconquista, en las cuales los grupos familiares (Sippen) aseguraban, entre otras cosas, un clima social regido por la paz (Fried), basado en el conocimiento y la confianza mutua, principio rector concebido no como mera recomendación, sino como obligación jurídicamente exigible a todos y cuya ruptura constituía un delito castigado con la enemistad (Faida) o exclusión de la paz general, quedando expuesto quien la sufría a la venganza del ofendido. La Sippe, además, creó el ambiente y los instrumentos adecuados para el nacimiento y aplicación del concepto jurídico central llamado “Ewa”, que consiste en la conciencia colectiva de lo justo, que vivifica la idea de que existe el orden jurídico que consiste en la paz (Fried) entre todos los miembros de la comunidad, y cuya ruptura desencadena el específico juego de reacciones penales y procesales de la Faida11. Estos principios eran la base de su Derecho consuetudinario que predominó en los diferentes territorios de la Península Ibérica durante el periodo altomedieval.
Es en el ambiente de pequeñas comunidades de aldea, en el que el Derecho consuetudinario es la principal y exclusiva fuente del Derecho donde los principios que aquí se tratan surgen como única forma posible de convivencia. La paz en estas comunidades era un objetivo, pero también un efecto provocado por los principios de confianza mutua, de literalidad, de publicidad de los actos y de ratificación de los mismos. Este es el motivo por el cual en las fuentes más primitivas que conocemos no se aluda a la paz general, ni a las paces especiales, ni a las aseguranzas privadas, ni al coto regio, porque éstos son mecanismos correctores de los principios generales, puesto que no siempre la vida en comunidad, por pequeña que fuera, era idílica y es en este momento de confrontación personal y familiar (porque el sujeto del Derecho es colectivo), donde el sentido general del Derecho altomedieval empieza a crear espacios, tiempos y personas con una protección especial que los salvaguarde de cualquier contravención de esa paz general que se torna quebradiza.
El primer paso en dicho proceso va a ser el reforzamiento de la paz general de la comunidad mediante pactos jurídico–privados, entre los miembros de la misma, estableciéndose lazos de amistad que dentro del sentido general del Derecho germánico siempre habían sido frecuentes. Los vínculos de sujeción personal entre los miembros de la comunidad reforzaban el sentido de la paz general, de modo que se creaban vínculos que potenciaban la defensa mutua y agravaban las consecuencias de ruptura del orden jurídico establecido en caso de que se contraviniera a la “paz pactada”, puesto que suponía la ruptura de una doble paz: la general y la especialmente pactada. Estos reforzamientos de vínculos personales siempre fragmentaban el orden jurídico establecido, creando espacios en los que predominan la ejecución privada de la justicia, motivo por el cual cuando el poder real inicia el fortalecimiento de su autoridad, intenta dinamitar dichas alianzas y atrae hacia la regulación real tanto la regulación como el conocimiento de los casos en los que se han producido alianzas privadas como sería, como paradigma, la muerte de algún miembro de la comunidad con un seguro pactado (muerte segura), según se verá más adelante.
En los textos locales más primitivos o los que están fechados avanzado el siglo XII o principios del XIII, pero que mantienen preceptos más antiguos, como el Fuero de Plasencia, aunque combina su regulación con preceptos más modernos e incluso de influencia romano–canónica, como puede ser el Fuero de Soria, es donde aparecen los indicios sobre el quebrantamiento de la paz general y en los cuales se puede seguir el rastro de las primeras paces pactadas por particulares.
Todo el Fuero de Plasencia, otorgado por Alfonso VIII, aunque romanceado en época de Fernando III y refundido a finales del siglo XIII12, recoge un Derecho que respira principios germánicos de forma muy clara. Se podrían citar muchos de sus preceptos, pero con la cita de algunos es suficiente para apreciar el momento de quiebra que se está observando en ciudades como Plasencia respecto a la ruptura de la paz (de la confianza que debe reinar entre los miembros de la comunidad), la penalización de las conductas que la provoca y la generalización de las paces pactadas, como por ejemplo el siguiente precepto:
[50] [Del que convidare a alguno a su casa e lo matare] Ley IIII.
Todo ome que a alguno a su casa convidare a comer o a bever o a conseio lo lamare & allí lo matare, metan el vivo so el muerto. Esta pena aya aquél que su sennor cuyo pan comiere & su mandado fiziere, lo matare: métanlo en poder de sus enemigos que fagan dél lo que quisieren. Otrossí todo omne que su compannero en carrera matare confiando en él, meter el vivo so el muerto; et si algunos d’éstos lo negaren & con testiguos vençer non lo podiere, sáluse (sic) con XII vezinos o fijos de vezinos, et si salvar non se pudiere, despendello assí commo dicho es; todavía sea en escogimiento del quereloso de reçebir salvo o de responder a su par13.
Se podrían citar preceptos como éste en diferentes fueros, reproducidos de forma reiterada en otros trabajos y ediciones de textos, pero consideramos suficientemente claro éste para diferenciarlo de lo que se suele entender “la paz de la casa”, que supone la exclusión de la casa de los oficiales reales para perseguir un delito o ejecutar una prenda, como un privilegio concreto a determinados lugares, que sería un privilegio de non entroito, al igual que en otros espacios inmunes de mayor extensión, pero que no sería la inicial paz de la casa que claramente establece el precepto citado, en el que se incluye una gama de posibilidades en las cuales se defrauda la confianza mutua de las personas, no pactada.
En un momento posterior, cuando el rey empieza a reforzar su autoridad, es cuando se reelabora el concepto, primero en el de la paz especial que protege a la persona del rey y sus bienes, y de ahí hacia la “paz del rey”, en el que se ha invertido la fuente de emanación de la paz, desde la base de la comunidad como un principio jurídico de obligado cumplimiento, hacia la cúspide del rey, como fuente de creación de la paz impuesta. En este contexto es en el que se crean paces especiales como modo de afirmar su misma autoridad en tiempos (treguas), espacios (asambleas populares, camino, mercado, iglesias, etc.) o personas (seguro o salvo), al tiempo que atrae hacia sí el conocimiento de las contravenciones a estas paces especiales.
Es el sentido último que tiene el concepto de coto regio, procedente del latino cautum: seguro, rodeado de garantías; pero sin olvidar que es participio de caveo, que expresa desconfianza y posibilita el tomar medidas para prevenir, de lo que nos han derivado vocablos como cavero (asesor) o el que aquí analizamos de coto, que tanto significa espacio protegido, como precepto en virtud del mandato regio (Bannus). Por otro lado, debe llamarse la atención sobre cómo en los mismos textos en los cuales aparecen las paces especiales, también se excluyen de dicha protección determinados espacios, por tener una protección ya establecida antes que la autoridad real, por la misma comunidad y por los grupos familiares, como las mismas personas o la casa.
Éste es el sentido que puede tener la polémica que se mantuvo en torno a la paz del mercado entre los autores franceses y alemanes de principios del siglo pasado, en la cual Huvelin, consideraba que la paz del mercado era anterior a la paz del rey14; por su parte, Mayer, refiriéndose a la diferencia entre ferias y mercados, habla del pago pro cauto para el rey en caso de contravención en las ferias, llamándola mea feria15, a lo que García de Valdeavellano opone que debe referirse a la feria generalis concedida por Alfonso VIII a Sahagún, en cuyo documento se establece la protección especial del mercado, que no aparece en el documento de concesión de mercado semanal de $1 0 9 3 ^ { 1 6 }$ , o cuando el profesor Gibert se empeña en demostrar el origen romano de la paz del camino17, aludiendo a que es la ciudad y el mercado el que irradia la paz especial del rey hacia el camino, como una reconstrucción medieval del camino romano; todo lo cual viene a ratificar lo que aquí se está defendiendo: que el Derecho medieval más primitivo no establecía dichas paces especiales, sino que fue fruto de la elaboración posterior, como cautela ante las infracciones, claramente en el caso del mercado y del camino, puesto que surgen al amparo de las nuevas condiciones de vida mercantil que propicia la introducción de principios romano–canónicos y con ellos la impregnación del Derecho altomedieval, de influencia germánica, que nada conocía de mercados y en nada le afectaba el camino, que era lo mismo que decir lo que estaba fuera de la comunidad, de la que expulsaban precisamente a los que rompían la paz general de la comunidad. Son significativos de este concepto inicial preceptos como el del Fuero de Nájera otorgado por Sancho el Mayor: “Si homo fuerit occisus in illo camino pro qualibet causa proinde plebis naiarensis nullum debent homicidium”18.
Lógicamente la evolución fue hacia la concesión de la protección especial del coto regio19 en diferentes monarquías a partir de la asunción real de nuevas funciones asociadas al fortalecimiento de su poder, una vez fueron cambiando las condiciones materiales de vida y las comunidades fueron abriéndose hacia el comercio y el traslado de personas y mercancías, en el tema que nos ocupa, pero, en general, cuando las comunidades empezaron a modificar su estructura cerrada inicial, dando paso a la entrada de desconocidos y a la exigencia de medidas correctoras de principio general de la paz que se sustentaba en la confianza mutua.
Este es el Derecho que ya se nos presenta de forma más acentuada en los fueros municipales, breves y extensos, como de forma muy significativa observamos desde el Fuero de León (1017), con lo que hasta ahora se ha considerado en dicho texto como la paz de la casa (XXXIX y XLII) o la paz del mercado (XLVII), y es en textos como éstos en los que claramente se aprecia este momento de transición, porque parece recoger un enfrentamiento entre el Derecho popular y el Derecho real, cuando se dice:
XXXIX. Ad hortum alicuius hominis non uadat maiorinus uel sagio inuitio domino horti ut inde aliquid abstrahat, nisi fuerit seruus regis.
XLII. Et mandamus ut maiorinus uel sagio, aut dominus soli, uel aliquis senior, non intrent in domum alicuius hominis in Legione commorantis pro ulla calumpnia, nec portas auferat a domo illius.
Estos preceptos, que han sido interpretados comúnmente como propios de la paz de la casa, deben más bien considerarse como restos de la paz general de origen popular que salvaguardaba los espacios de la comunidad y a los que estaba vedado el paso a los oficiales reales, una vez que éstos empiezan a tener presencia en el concilium. A diferencia del contenido de estos dos preceptos, sí se establece en el texto la paz del mercado, donde es el oficial real, el sayón, el encargado de cobrar la multa por quebrantar la paz establecida en dicho espacio:
XLVII. Qui mercatum publicum quod IIIIa feria antiquitus agitur perturbarit cum nudis gladiis, scilicet ensibus et lanceis, LX solidos monete urbis peersoluat sagioni regis20.
Como puede apreciarse, los preceptos relativos a la paz de la casa en su sentido estricto, establecen la protección de dicho espacio de la ingerencia no solo de oficiales reales, sino de los propios vecinos, siendo considerado un espacio exclusivamente privado y seguro frente a la entrada de cualquiera, siempre que no fuera por motivos justos, dentro del sentido que arriba recogimos del sentir general (Ewa), por lo que se permite en los casos de escodriñamiento, seguimiento del rastro, etc.21, motivado porque la paz general prevalece sobre la especial, dentro del sentido germánico del Derecho22; por esa razón existían tantas cautelas para los casos de contravención, a diferencia de las paces especiales que establece el rey cuando va acotando espacios o tiempos, que ya son privilegios de contenido concreto, por lo tanto Derecho privilegiado, que se configuran como cotos en los cuales la penalidad es más severa cuando se contraviene en los mismos la paz “reglada” creada por el rey y en los cuales la actuación de los oficiales reales es por ello más contundente.
En realidad, podemos replantearnos a partir de temas como el que nos ocupa (aunque no exclusivamente por éste) la naturaleza misma del Derecho local altomedieval, sobre el que vengo incidiendo hace años en algunos trabajos23, en los cuales considero que gran parte de los textos que conservamos, significativamente los fueros extensos a partir de principios del siglo XIII, son ya elaboraciones de un Derecho local diverso, yuxtapuesto en cuanto a sus preceptos y que es de imposible aplicación por sus contradicciones internas. Sin embargo, es cierto que los iurishistoriadores nos centramos con mucha frecuencia en estos fueros locales para la elaboración de estudios monográficos sobre gran parte de los temas que nos ocupan. Por este motivo, consideramos de interés la elaboración de trabajos en los que se contrasten dichos textos con documentos de aplicación del Derecho, así como el contraste de métodos entre juristas e historiadores, como el que aquí se presenta.
1.3. PAZ DEL REY Y SEGURO REGIO. EL DERECHO PRIVILEGIADOPERSONAL.
Recortadas las posibilidades del Derecho consuetudinario altomedieval de poder mantener la paz en su comunidad –ya desde momentos tempranos, pero de modo muy especial a medida que avanzaba la Reconquista y el tráfico de personas se acrecentaba para la repoblación de otros lugares especialmente propiciados no ya por las presuras espontáneas de los grupos familiares, a veces en torno a monasterios pequeños que subsistieron al Estado visigodo, sino por la repoblación oficial– es cuando se perfilan las paces especiales que se han aludido y de modo más concreto para el tema que aquí se analiza, el seguro regio.
El seguro regio hay que entenderlo como una paz especial que afecta a determinadas personas, que desde ese momento tienen un estatuto personal especial o Derecho privilegiado personal. Es en este ámbito de elaboración medieval del antiguo Derecho germánico en el que el rey, junto con otras paces especiales, como las arriba citadas, inicia la protección de personas. Dicha protección se dirigía a personas que emprendían un viaje y de forma concreta en dos ámbitos: el que se deriva de los viajes para acudir a la Corte regia, a la llamada real o a otra gestión con el rey, que aquí nos me interesa de forma especial, y la derivada de la paz del mercado, ampliando su ámbito de protección a los que acuden al mismo, así como a los comerciantes extranjeros que circundan los caminos para llevar sus mercancías a los mercados y por extensión a los caminos; así se creaba, por una parte el conductus, el salvo regio (salvoconductus), como protección personal de los viandantes, y la paz del camino, como espacio especialmente protegido para mercancías y personas que lo circundaran, que ha sido ya estudiado, como ha sido ampliamente citado en las páginas anteriores24.
Parece desprenderse del Edictus Rothari (año 643) que es el primer texto conservado sobre la protección especial del rey a personas, protegiendo en concreto a “baronibus nostris” que acuden a su encuentro, por lo tanto, nobles que tienen una relación vasallática con el rey; a continuación, se ampliaba la paz a otras personas que acudieran hacia el rey, en la ley siguiente25.
Su continuidad podemos apreciarla en los numerosos preceptos que desde finales del siglo XII y principios del siglo XIII encontramos en el Derecho de los diferentes territorios, con motivo de la protección regia a personas que acuden a su llamada o van a la Corte a pedir justicia u otros temas relacionados con el rey. Pueden verse sobre el tema los preceptos de Cortes catalanas y aragonesas recogidos por Rafael Gibert26. En mi caso, he estudiado preferentemente las Cortes castellano-leonesas y en ellas el rey va elaborando una normativa específica de protección personal de los llamados a Cortes, que se inicia desde las primeras convocatorias y que van modelando la protección especial de las personas como un Derecho privilegiado personal, emanado del rey, que los ampara en diferentes momentos y tiempos relacionados con la administración de justicia ordinaria, en su recorrido de ida y vuelta causado por la llamada real, desde sus lugares de procedencia a la Corte y su retorno, etc.
En efecto, es en los decretos de las Cortes de León de 1188, en el primero que se recoge el salvo real a los que vayan contra la justicia real en el ejercicio de sus funciones:
Addiddi etiam, quod nemo contradicat iustitiis, nec pignora auferat, quando alicui facere directum voluerit. (...) et si reus, vel debitor, nom potuerit habere de quo satisfaciat petitori, iustitie et alcaides prendant corpus eius, et omnia que habuerit sine calumnia, et reddant eum et omnia sua petitori; et si necesse fuerit, conducan eum in suo salvo, et si quis eum per vim abstulerit, tanquam violentus invasor puniatur $( . . . ) ^ { 2 7 }$.
En segundo lugar, desde los primeros momentos se extiende el seguro regio a los que son llamados a Cortes: “que los que venir quisieren envíen, antes que a nos vengan, por nuestras cartas porque vengan seguros”28 o a cualquier otro llamamiento real o administración de justicia ante el rey29; finalmente también se solicita poner orden cuando hay desmanes por parte de los oficiales reales, tanto en la recaudación de tributos, como sobre personas con especial protección30.
Sirvan estas breves notas para llamar la atención sobre la interpretación que defendemos en torno al concepto de paz, como consustancial a la convivencia dentro del sentir germánico del Derecho y la transformación que sufre dicho concepto a medida que la sociedad se va abriendo y de forma especial en el Derecho medieval. En este ámbito, la tendencia del rey a asumir facetas que antes no tenía, absorbiendo las que antes tenía la comunidad, va reelaborando el concepto de paz, para ampliarlo a la paz del reino y compartimentando ésta cuando hay bienes jurídicos que interesa proteger de forma específica, como el mercado o el camino, sobre el que se refuerza con una paz especial; en estos casos, además, llegaba a ser considerada la contravención un agravante de la pena. Esta es la gran quiebra que se produce respecto al Derecho germánico inicial, que de ser la paz consustancial al ordenamiento jurídico, pasa a ser espacios y tiempos de especial protección que agravan la pena en caso de ruptura. No obstante, creemos que queda abierta esta vía de interpretación para un estudio más amplio sobre el tema, que abarque las fianzas de salvo, las treguas y otras instituciones derivadas de la nueva forma de reforzamiento de la paz, en un ambiente romanizado que le era ajeno, pero manteniendo los principios germánicos que logran prevalecer mediante su adaptación.
Muchos de los preceptos que se han utilizado para elaborar la teoría de la paz de la casa, de la paz del mercado o de la paz del camino, consideramos que se deben interpretar desde la perspectiva aquí propuesta, que supone una lenta pero efectiva labor real por asumir el concepto de paz, con unos principios muy diferentes a los meramente de protección del camino y los viandantes propios del Derecho romano, para el que también era fundamental la seguridad de los mismos. Sin embargo en el Derecho medieval, fronterizo con la Recepción del Derecho común, se ha reelaborado el concepto de paz general germánico para asumirlo el rey y establecer, además, paces especiales, todas ellas bajo su potestad, con un proceso muy similar tanto en Castilla como en Aragón, de modo que en preceptos como los recogidos por los Fueros de Aragón (1247), se aprecia de forma clara:
De violatoribus regalis protectionis”. For. I Iacobus I. Osca, 1247:
El que violare la protection real, haziendo daño a personas, clerigos o religiosos, viudas y huerfanos, o bienes que estuuieren so la protection Real, esta a merced del Rey en persona y bienes, y ha de pagar los daños hechos.
De confirmatione pacis. For. I Idem. Osca, 1247.
Debaxo de esta paz estan constituydas todas las Yglesias cathedrales y sus sufraganeas, monasterios y lugares religiosos, con sus ciminterios, todas las personas y bienes seglares y ecclesiasticos y de qualesquer religiones: y especialmente de S. Ioan de Hierusalem, y todos los caminos publicos, y los que van por ellos, y los que hazen guera sino desisten, ayude el Rey al obediente, lo mesmo es si matare alguno sin desafio de diez dias, hecho delante tres Milites, o sus bienes occupare so pena de traydor, & exemptionis a pace, Item todos guarden el deuido honor al Rey, y le ayuden en la defensa de caminos publicos, hombres ylugares, y el que no lo hiziere pierda la gracia del Rey, y honor; y si algun Milite grande o pequeño, matare a alguno, hiriere o detuuiere, hagase del justicia corporal; y si es noble, sea detenido preso a merced del Rey, procediendo judicialmente, los demas sean luego ahorcados, y el ladron manifiesto que sera hellado con el hurto, sea luego ahorcado. Y ninguno peñore a su deudor en camino, sino en villa delante testigos: y los mercaderes estrangeros no sean peñorados en villa, o de fuera della, sino que estén personalmente obligados, o sean fiadores por otros y ninguno reciba las cosas hurtadas, sino los officiales del Reyno, los queales las restituyan a su dueño sin pagar nada, y si no lo hizieren ellos esmienden a la parte del daño, de su hazienda, y por el ladron que dexaron yr esten al mandado del Rey; y ninguno offenda a los vassallos del Rey. Todos juren esta paz, y luego toda la corte jura este fuero”31.
1.4. PA CES PRI VADAS , SE GURO RE GIO Y DERE CHO SEÑORIAL.
El quebrantamiento de la paz en el Derecho germánico, significa la ruptura del orden jurídico establecido, por lo tanto la expulsión de todas las esferas de protección del Derecho y la total vulnerabilidad de los que son excluidos por diferentes motivos de dicha protección. Pero la convivencia siempre es difícil y cuando las comunidades se amplían y el Derecho evoluciona, no bastan los principios generales relativos a la paz general, sino que se inicia un proceso de reforzamiento de la misma, que empieza con las paces personales.
Los vínculos personales propios del Derecho germánico posteriormente fueron evolucionando hacia las “paces privadas” como forma que tienen los grupos familiares de reforzar su posición dentro de su comunidad. Dichas paces suponen no solo un pacto de no agresión mutua, sino fundamentalmente un reforzamiento de la autoayuda y ejecución privada de la justicia, basadas en la fidelidad propia del Derecho germánico, por lo que la ruptura de dicho pacto afecta a todo el conjunto de efectos propios de la pérdida de la confianza, además de un agravamiento de la penalidad, que suponía la declaración de enemistad y sus máximas consecuencias penales.
No es una idea que haya sido vista de forma unidireccional, de modo que Rudolf His consideraba que la paz sobre las personas es solo una aplicación de la paz general a personas que no estaban bajo la protección de la paz general32; y ésta es la idea que se aplica a determinadas personas por el Derecho germánico, como puede ser el extranjero, o a determinados grupos como la Asamblea. Con posterioridad, también se asume por el rey para determinados grupos de personas, como los peregrinos, los judíos, etc. Rafael Gibert, que sigue en gran medida a His, se diferencia de él al considerar que dichas paces son objetivas, frente a un tipo de paz que es subjetiva, personal, que él diferencia entre lo que denomina la “paz otorgada”, que es la que afecta por una ley a un colectivo y la “paz entre partes o paz pactada”, que tiene unos rasgos diferentes, que lo llevan a considerarla una paz especial, pero que participa de los rasgos generales de la paz otorgada, en cuanto que debe seguir los pasos establecidos33; frente a la idea de Mayer de considerar la paz entre particulares como una obligación reforzada fundamentalmente tras la comisión de un delito para fortalecer el estado de paz que se consigue tras el desafío y el restablecimiento de la misma.
Posiblemente, tenga que pensarse que lo que existió fue, como venimos defendiendo, una evolución desde los principios iniciales a una progresiva absorción por el rey de la paz general, que antes había sido emanada por la comunidad, y la creación de paces especiales, como las vistas arriba, pero no se eliminan los pactos privados de defensa mutua y no agresión, por el contrario se van incrementando en los diferentes territorios, especialmente en momentos de crisis de la realeza, en los cuales los bandos nobiliarios pretenden oponer su poder al real, motivo por el cual, en las Cortes es un tema recurrente y de rápida respuesta real a las peticiones de las ciudades.
En definitiva, coincidimos en que los llamados “casos de corte”, no son sino atracción a la jurisdicción ordinaria, por tanto la jurisdicción real, de los delitos procedentes de la contravención a las paces especialmente pactadas, con lo que el rey arrebata de cualquier otra jurisdicción especializada y de la autodefensa, dichos casos, que se perfilan en 1274, pero que ya se venían esbozando en Cortes anteriores y se fueron perfilando con posterioridad34. Así, en el precepto 45 de las Cortes de Zamora de 1274 es donde de forma más clara se aprecia el proceso final de la continuada tendencia real de atraer hacia sí la materia relacionada con el quebrantamiento de la paz especialmente pactada. Por eso, desde este momento no solo van a ser juzgados por la jurisdicción ordinaria dichas causas, sino que con este precepto lo que antes suponía un reforzamiento de la ejecución privada de la justicia, a partir de ahora se convierte en una materia bajo la exclusiva ejecución de la justicia del rey, reforzándola con la alegación a la costumbre, innecesaria de haber sido realmente “siempre usadas de librar por la corte del rey: muerte segura, mujer forzada, tregua quebrantada, salvo quebrantado, casa quemada, camino quebrantado, trayción, aleve y riepto”35.
No podía sino ser un precepto de Cortes convocadas por Alfonso X, siguiendo el sentido que recogen las Partidas y la diferencia que establece en las “paces privadas”, entre tregua, que es propia de los hijosdalgo y seguro (segurança), que son las realizadas por el resto de los hombres36. Tanto a través de las Partidas como a partir de esta ley de las Cortes de Zamora, Alfonso X atrae hacia sí cualquier acto de quebrantamiento de la paz pactada por particulares37 (tregua quebrantada, salvo quebrantado y aleve), como las paces especiales dictadas por el rey (casa quemada y camino quebrantado), así como el homicidio agravado por un seguro, regio o no (muerte segura) y la anulación del propio procedimiento de ejecución privada de la justicia (el riepto), que encauza hacia un procedimiento reglado y supervisado por la jurisdicción ordinaria. Y, finalmente, la monarquía asume mantener bajo su jurisdicción directa lo que sí era siempre acostumbrado juzgar en la corte del rey: la traición, como el mayor de los delitos38.
A partir de este momento se va estrechando el paso de la autodefensa y ejecución privada de la justicia y, por consiguiente, también la eficacia de los pactos privados como forma por la que el rey va reglando en Cortes su ejercicio, especialmente la exigencia de desafío, que se regula de forma pormenorizada en diferentes cuadernos de Cortes39.
Tratando el concepto de delito en la Edad media, José Orlandis expone que la gravedad del mismo estaba en relación con el círculo de personas a las que afectaban de tal forma que “los delitos especialmente graves originaban un estado de pérdida general de la paz, en virtud del cual quedaba su autor falto de protección frente a toda la comunidad política de que formaba parte, y su castigo. Equivalía esta situación a una pena de muerte cuya ejecución no se reservaba a la autoridad pública. Más reducidos eran los efectos del segundo grupo de los delitos que causaban quebrantamiento de la paz; faltaba en ellos la circunstancia que los hiciera, como a los anteriores, particularmente odiosos, y por ello las consecuencias de aquella ruptura eran más limitadas; el estado de indefensión jurídica del autor dábase solamente frente a un determinado grupo de personas, las directamente ofendidas por el delito, que podían ejecutar legí- timamente la llamada venganza de la sangre, mientras el poder público y los demás miembros de la comunidad permanecían en una actitud puramente pasiva, absteniéndose tanto de participar en el castigo como de oponerse a $\mathrm { é l } ^ { \mathord { \circ } \ b { * } 0 }$ . Como consecuencia de estos actos de ruptura de la paz se fue elaborando un procedimiento que, una vez reglado, conocemos como desafío y riepto y que Manuel Torres estudió y diferenció claramente del duelo41.
En definitiva, Alfonso X, tanto en las Partidas como en las Cortes de Zamora (de modo similar a lo que había hecho Jaime I en 1247), ha logrado atraer hacia la jurisdicción real toda la materia relacionada con las paces privadas y sus consecuencias, que ya en este momento habían quedado prácticamente reducidas a los fijosdalgo.
Es, además, de modo muy significativo, la vía de señorialización (en el sentido de convertir el Derecho real en Derecho señorial)42, que evoluciona en el mismo sentido en el Ordenamiento de Alcalá de $1 3 4 8 ^ { 4 3 }$ para cerrar el círculo en el Fuero Viejo de Castilla (1351, en la versión que conservamos de Pedro I), en el que encauza la forma de desafío como forma de ruptura de la paz, que considera general, entre fijosdalgo, en lugar de exigencia de pactos privados de los nobles. Pedro I consigue fijar el Derecho señorial, anquilosándolo, quitándole la posibilidad de su modificación por los mismos señores, ni a través de su apelación a la costumbre, que en el Fuero Viejo queda mutilada (como ya había sido en las Partidas, puestas en vigor en el Ordenamiento de Alcalá), ni con un Derecho señorial que antes no haya pasado por el tamiz real44. Consideramos que el proceso se cierra con el precepto del Ordenamiento de Alcalá, en el cual la muerte segura45, la que aglutina al quebrantamiento de cualquier paz, se aclara de la siguiente manera:
Como se entiende muerte segura. Algunas veces façemos perdones en que perdonamos la nuestra justicia, salvo muerte segura: Et toman dubda los judgadores, como se entiende muerte segura. Por ende tenemos por bien que en los perdones que fasta aqui feçimos, do perdonamos salvo muerte segura, a que se entienda ser segura la que fue fecha sobre tregua o asegurança puesta por Nos, o por nuestra carta, o otorgada por la parte. Et en los perdones que fiçieremos de aquí adelante, establescemos que toda muerte sea segura, salvo la que se probare, que fue peleada46.
Como se habrá podido apreciar, en lo expuesto hasta aquí quedan indicadas las principales directrices sobre las cuales pueda interpretarse una visión general del tratamiento que ha sufrido la cuestión estudiada en la historiografía disponible más conocida. Con mayor amplitud y desarrollos espero volver a tratar el tema sobre el que sigo trabajando.
2. EL SEGURO REGIO EN LA CORONA DE CASTILLA EN EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS.
En el apartado anterior ya ha quedado expuesto el proceso por el que la monarquía, paralelamente al fortalecimiento de su poder, se esforzó por asumir el concepto de paz general y por desarrollar paces especiales dirigidas a la protección de determinadas personas. Todo esto se observa en la Corona de Castilla, especialmente desde el siglo XIII, cuando la monarquía logró convertirse en fuente y emanación de la paz47.
Examinado ya el marco jurídico, nos centramos a continuación en el estudio de los testimonios de aplicación del derecho a finales del medievo, puestos de manifiesto en la fórmula del seguro regio, que hay que interpretar, en principio, como una paz especial concedida a determinados beneficiarios, los cuales, desde ese momento, alcanzaban un estatuto especial, en el marco de un Derecho privilegiado.
El hecho determinante consistía en que la Corona decidía tomar bajo el “anparo e defendimiento real” a quienes solicitaban la protección regia por encontrarse sometidos a una situación de temor y recelo frente a riesgos más o menos abstractos, y, sobre todo, frente a ataques y agresiones concretas. Por eso, antes de entrar de lleno en el tema, conviene tener en cuenta la importancia de un determinado tipo de sentimiento, el miedo rotundo, o el recelo, como base, lo cual conduce a aludir previamente al marco de las emociones en las relaciones sociopolíticas, para lo que hay que analizar conceptos y términos utilizados para designar las manifestaciones emocionales, aunque atendiendo a las necesarias precauciones en cuanto al método48. Con todo, éste es un terreno que cada vez más se va abriendo a la investigación en el terreno de la Historia, que, en este caso, debe contar con la Sicología –encargada de la concepción cotidiana de las emociones, como se plasman en el vocabulario–, imbricándose ambas con la Antropología. En este sentido, hay que tener en cuenta que el sentimiento de miedo –el “metus” latino, como perturbación angustiosa del ánimo por un daño o incluso sólo por un riesgo–, inminente, o, incluso probable, lejano, acompañado por el recelo -la sospecha o falta de confianza o el temor sentido hacia algo o hacia alguien-, han venido actuando siempre como uno de los motores en las relaciones sociales.
Por otra parte, el tema de la protección como concepto y como realidad apenas ha recibido atención historiográfica. En parte se relaciona estrechamente con la paz, de modo que, aunque paz y protección han sido considerados como conceptos distintos, se pueden trazar líneas de contacto entre ambas, y, además, por derivación natural de la protección se pasa al seguro49. Por tanto, protección, paz y seguro, realidades con sus propios contenidos jurídicos, religiosos, culturales, y, naturalmente, políticos, constituían pilares básicos de la realidad sociopolítica50.
En el período tardomedieval en el que nos centramos ahora, la información proporcionada por las relativamente numerosas y explícitas fuentes diplomáticas del reinado de los Reyes Católicos, nos permiten abordar dicha realidad, insuficientemente tratada en la historiografía, que alcanzó, como veremos, indudable importancia, entre otros aspectos, en el marco de la relación entre la autoridad regia y el poder nobiliario.
La documentación referente a la Corona de Castilla a fines del medievo abunda en testimonios de quienes “se temían de” o “se recelaban de” algo o alguien; y, ante esta situación, iniciaban sus propias reacciones –“actio quod metus causa”–, consistentes en la defensa propia, pero también en la búsqueda de la protección externa por parte de poderes o instancias superiores, como nobles, prelados, y, fundamentalmente, la propia monarquía. Naturalmente, era sobre todo ésta la institución con más poder y capacidad para el ejercicio de la protección, o, dicho de otro modo, de la paz, general o particular, más allá de otro tipo de capacidades correspondientes, en otros niveles, a otros poderes, como la Iglesia o incluso la nobleza.
Desde el punto de vista de la Corona, el otorgamiento de seguro, sin duda, puede considerarse como la puesta en práctica de uno de los atributos de poder regio, y como un recurso de gobierno acorde con los objetivos de búsqueda de la paz social. Los testimonios empiezan a ser abundantes en el reinado de isabelino, momento en el que la monarquía ponía en marcha una acción de gobierno fundamentada en la búsqueda de la paz y la estabilidad del reino, mediante un intenso desarrollo de la actuación judicial, en la que el seguro regio se planteaba como un importante recurso51.
La realeza, en tanto que instancia protectora, desde su posición de superioridad, ofrecía al protegido una seguridad que podía tener una carga emocional, pero que, a la vez, presentaba un sentido institucional y jurídico. Además, el seguro regio no solo se concedía como prevención ante riesgos o peligros abstractos, sino que, en la mayoría de las ocasiones, la protección de alguien llevaba aparejada la condena –más o menos explicita–, y, sobre todo la consiguiente amenaza dirigida contra el causante o causantes del temor o recelo de quien necesitaba ser protegido por la monarquía, para evitar sus abusos y agresiones.
Es importante subrayar que los monarcas, una vez otorgada su protección, intentaban asegurar su cumplimiento, amenazando a quienes quebrantaran esa fórmula de indudable alcance y trascendencia que era el seguro regio. Precisamente, en relación con esto, sabemos que en todo el período medieval también fue objetivo de la monarquía atraer hacia sí la jurisdicción sobre el quebrantamiento de paces, y, por derivación, de los seguros regios.
2.1. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LAS CARTAS DE SEGURO REGIO.
A la corte de los Reyes Católicos llegaban constantemente numerosas solicitudes de una protección regia que, para su efectividad, debía ser canalizada a través de esta fórmula de la carta de seguro regio. En relación con esto, los monarcas accedieron favorablemente a tales peticiones, relativamente frecuentes, y de las que existen testimonios diplomáticos cada vez más numerosos, según avanzaba su reinado. Los solicitantes presentaban un carácter muy diverso, –desde distintas instituciones hasta todo tipo de particulares, aislados o en grupos–, y, en correspondencia con esta diversidad, también las razones eran bien distintas, según los casos. Esas cartas de seguro podían estar firmadas por algunos altos cargos de la administración, como el Condestable, o bien por el Consejo Real, el Consejo de Castilla y de León, o incluso el Consejo del Norte de los Puertos, pero en la mayoría de los casos, eran los propios monarcas, conjuntamente, o, específicamente la reina o el rey, quienes atendían directamente tal solicitud, procediendo al otorgamiento del seguro.
Existían en los testimonios documentales distintos términos para hacer referencia a esta práctica. A veces se utilizaba la expresión de “anparo”, en lugar de “seguro”, y aunque por el contexto de algunos ejemplos concretos podría pensarse que presentaban distinto sentido -en el primer caso la protección de una propiedad o de un derecho concreto, frente a una protección más general y abstracta, en el caso del “seguro”- en realidad, no parece que sea posible ni conveniente tal distinción. Así, por ejemplo, los documentos emanados de la cancillería regia otorgaban a veces “seguro” a alguien en la posesión de una dehesa –cuando, según esa posible diferenciación la protección debería haber sido denominada “anparo”–, mientras que, en otros casos, se concedía “anparo” en un pleito con un concejo –aunque debería hablarse de “seguro”–, y, además, en ciertas ocasiones los monarcas daban su “anparo y seguro” a quien necesitaba protección en su persona y en sus propiedades y derechos52. Algo que, incluso, podía expresarse con mayor rotundidad, como se hace en algunos documentos que hablan de la concesión regia de, literalmente, un “seguro y anparo en su persona y bienes”, o de una “carta de seguro, protección, anparo e defendimiento real”53, sobre cuyo contenido, alcance y trascendencia se trata a continuación.
Los documentos que recibían esa denominación expresaban públicamente el contenido de la protección otorgada por la Corona, generalmente a petición del interesado. A través del análisis detallado del contenido de uno de ellos podemos apreciar mejor el proceso y mecanismo por el que se solicitaba la protección regia, así como la entidad y alcance tanto de la solicitud como de la respuesta54.
En el encabezamiento se indicaba el nombre del beneficiario o beneficiarios de la carta de seguro y la entidad del documento, con la siguiente expresión: “seguro”, o “seguro en forma”-. A continuación, los monarcas se dirigían al justicia mayor, sus lugartenientes, alcaldes de Casa y Corte y Chancillería, corregidores, asistentes y justicias del territorio en cuestión, así como “de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios”, para manifestar que habían recibido una solicitud de protección, motivada por miedo o recelo –a veces temor a agresiones físicas, en otros casos miedo a la pérdida de bienes–, expresado en estos términos: “nos fizo relaçion por su petiçion que ante Nos en el nuestro Consejo presentó”; en dicha solicitud, se justificaba el solicitante –en este caso concreto un vecino de la villa cordobesa de La Rambla– de este modo: “dizyendo quel se teme e reçela”; las razones del temor se relacionaban con “odio, enemistad e malquerençia” que tenía contra él alguien cuyo nombre se menciona expresamente, un miembro de la poderosa nobleza señorial cordobesa, “don Alfonso Fernandez de Montemayor”, pero también algunas personas de su entorno, es decir, “e sus omes e criados e parientes e paniaguados”-; de todos ellos se decía que, literalmente “lo quieren matar e feryr e lisyar e prender, enbargar o fazer algun mal o daño e desaguisado alguno en su persona e bienes contra derecho e justiçia”. A continuación, los monarcas notificaban la súplica recibida: “e nos suplicó e pidio por merçed que sobrello lo proveyesemos de remedio con justiçia”; un remedio que consistiría, por encima de todo en la protección de su persona y las de sus familiares más directos, así como de sus propiedades: “mandandole poner a el e a su muger e fijos e sus bienes so nuestro seguro e anparo e defendimiento real”.
A partir de aquí, se incluye la correspondiente reacción regia consistente en la voluntad de asumir la seguridad de personas y bienes, mediante el otorgamiento del seguro real: “e Nos tovímoslo por bien e por la presente tomamos e reçibimos al dicho…e a su muger e fijos e a sus bienes so nuestra guarda e anparo e defendimiento real”. Y a este respecto, es interesante observar que, además, los monarcas mencionaban a la persona o personas contra las que se concedía esta carta de seguro, afirmando textualmente que “los aseguramos del dicho don Alonso Fernandez de Montemayor e de sus parientes e omes e criados”. Se incluía también el mandato regio para que los oficiales públicos arriba mencionados, literalmente, “guardeys e conplays e fagays guardar e conplir” dicho seguro, que, además, debía ser publicitado según la orden regia expresa: “que lo fagades asy pregonar públicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados”.
Por último, en el documento se incluía la advertencia contra una situación muy frecuente, el quebrantamiento del seguro, con las pertinentes cláusulas conminatorias: “que vos, las dichas justiçias, proçedays contra los tales e sus bienes con las mayores penas çeviles e criminales que fallaredes por derecho commo contra aquellos que quebrantan seguro e pasan seguro puesto por quenta e mandado de su Rey e Reyna, señores naturales”.
Así, por tanto, tras la disección del texto, se puede apreciar que la firme voluntad regia de protección de una parte, generalmente implicaba la no menos firme denuncia de la otra parte y la correspondiente advertencia amenazante a esta última para asegurar el cumplimiento del seguro real.
2.2. EL SEGURO REGIO Y LA RELACIÓN MONARQUÍA-NOBLEZA.
De entre las numerosas cartas de seguro regio otorgadas por los monarcas abundan las que se relacionaban con la nobleza señorial. Y el conocimiento de muchos de estos ejemplos permite proponer una nueva perspectiva en el modelo de relación entre ambos poderes, la Corona y la alta nobleza.
2.2.1. la c onc esión del seg uro reg io a fav or de la nobleza.
Algunas de estas seguridades concedidas por la monarquía tuvieron como destinatarios a distintos miembros de la cúspide nobiliaria. Entre los testimonios de la aceptación por parte de la Corona de dicha solicitud de protección y defensa regia de los intereses de los grandes nobles, que culminaba en el otorgamiento de las correspondientes cartas de seguro, podemos distinguir distintas situaciones.
Por un lado, algunas de esas cartas eran solicitadas por grandes señores, necesitados de la protección regia por temor a algún peligro en abstracto. Entre otros ejemplos de esta situación, podemos señalar el de Pedro Carrillo de Albornoz, cuyos bienes y vasallos quedaron, en la primavera de 1489, bajo seguro real, durante el tiempo que estuvo ausente del reino, cuando los reyes lo enviaron al ducado de Bretaña55. En esta línea, una situación parecida se observa respecto al amparo de las posesiones del duque de Nájera y del Condestable de Castilla, duque de Frías, otorgado por los monarcas en el verano de $1 4 9 9 ^ { 5 6 }$ .
En la mayoría de las ocasiones, sin embargo, el seguro era requerido ante las amenazas de particulares o instituciones concretas, momento en el que la monarquía decidía tomar bajo su protección al asegurado frente a quienes estaban atentando o se pensaba que podrían atentar contra la integridad de las personas, Casas y estados de los grandes señores; en situaciones como ésta la Corona lo hacía, incluyendo la correspondiente amenaza contra los posibles agresores. Así, por ejemplo, los monarcas dieron su seguro en enero de 1496 a la viuda del conde de Camiña, temerosa ante las actitudes del arzobispo de Santiago y el obispo de Tuy, así como de sus oficiales, que iba acompañada de la correspondiente advertencia regia a estos grandes prelados respecto de su comportamiento57.
Otros testimonios documentales nos informan de la protección regia otorgada a favor de un miembro de la nobleza, en contra de otro noble, respecto del cual el primero manifestaba su temor e inseguridad. Tal realidad se enmarcaba en el gran esfuerzo realizado por la monarquía para acabar con las violencias y bravuconadas de la alta nobleza, para lo cual trataron de deshacer las ligas nobiliarias, prohibiendo las “asonadas” y “juntamientos de tropas” y obligando a los señores a “derramar a sus gentes” para, según dicen literalmente los documentos, “poner paz”58. En este orden de cosas, en la primavera de 1485, los Reyes Católicos accedieron a otorgar su seguro a favor de Iñigo López de Mendoza de quien se dice en el documento que, literalmente, “se recela” de Pedro Carrillo de Albornoz, en relación con la fortaleza de Ocentejo y su villa y vasallos59. Cuatro años más tarde, los monarcas otorgaron la carta de seguro a Pedro de Portocarrero, señor de Moguer, defendiéndolo de los agravios que sufrían los mercaderes que llegaban a su villa, así como sus embarcaciones, por parte del duque de Medina Sidonia60. Y sabemos que, en septiembre de 1492, el Consejo, en nombre de la monarquía, concedía la solicitada protección regia a Catalina Enríquez y sus criados, ante el temor que tenían respecto del señor de Belvis, Fernando de Monroy61.
En ciertos casos, incluso se trataba de un doble seguro regio concedido de forma recíproca, al mismo tiempo, a sendos señores de título temerosos y recelosos entre sí, como tenemos documentado que ocurrió en el verano de 1485, cuando el Consejo Real dio carta de seguro al marqués de Astorga, defendiéndolo del conde de Luna y de su hijo, de quienes recelaba, y, al mismo tiempo se la dio también a éstos, que se mostraban igual de recelosos respecto del marqués62.
Así las cosas, es fácil observar que las consecuencias del mecanismo del seguro regio que se ponía en marcha en relación con la nobleza, presentaba un doble sentido: por un lado, la monarquía trataba con ello de evitar los abusos nobiliarios; sin embargo, al mismo tiempo, protegía los intereses de los componentes de ese mismo grupo noble. Tal actitud ambivalente se encuentra en distintos ejemplos en los que los monarcas utilizaban su capacidad de protección, tanto en contra como a favor de un mismo representante de la nobleza titulada; un caso expresivo lo constituye el de Bernardino Pérez Sarmiento, conde de Ribadavia: en el verano de 1488 los Reyes Cató- licos se situaban frente a él, intentando frenar sus abusos, al conceder su seguro a un vecino de Ribadavia, vasallo del conde, que recelaba de su comportamiento, pero, en sentido contrario, poco antes de esta carta, los monarcas, habían accedido a proteger al conde, otorgándole un seguro real para su persona, familia, estados y fortalezas63.
2.2.2. El seg uro c om o instrum ento de presión m onárq uic a frente a los exc esos nobiliarios.
La mayor parte de los seguros regios relacionados con la nobleza responden a la situación contraria, es decir, se trata de manifestaciones de la protección a distintos particulares, oficiales, instituciones, o incluso vasallos de señores, precisamente contra la actuación de los miembros del grupo nobiliario. La mayoría de piezas documentales centradas en el tema de este instrumento de protección bajo el amparo de la monarquía consistían en seguros reales otorgados a personas e instituciones que, como se indica en los documentos, “se temen e recelan” ante la posibilidad, o bien la probabilidad, o incluso el hecho consumado, de las agresiones cometidas por parte de algún miembro de la clase señorial. Por tanto, en estas situaciones, la nobleza aparece en clara posición de intimidación respecto del poder y la autoridad real.
A veces se trataba de concejos que, mientras pleiteaban con un determinado miembro de la nobleza señorial, se veían en la necesidad de solicitar la protección de la Corona. De ese modo sucedió en febrero de 1492, cuando los monarcas otorgaron su “anparo” al concejo de la ciudad de Sevilla, durante el pleito sostenido con Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia y conde de Niebla, sobre el Andévalo64.
Más allá de las instituciones eclesiásticas, con las que la nobleza sostuvo frecuentemente pleitos y debates, y que lograron en numerosas ocasiones seguro regio contra los señores, nos referiremos sólo a personas particulares que, agraviados por los señores reaccionaban solicitando tal protección. Entre las fuentes diplomáticas algunas se refieren a la protección que la monarquía tuvo que otorgar a determinados eclesiásticos, frente a grandes nobles, como, por ejemplo, a un sacristán vecino de la tierra de Cuéllar, a quien concedieron en el verano de 1495 carta de seguro contra el duque de Alburquerque, señor de la villa; o a unos clérigos de Castrogeriz, protegidos por el seguro regio en la primavera de 1496, frente al conde de Castro y sus vasallos y criados; y también a un clérigo de Mansilla y otro de Toral, que, temiendo al conde de Valencia de Don Juan, recibieron en septiembre de ese año una carta de seguro de la reina65. Con carácter más institucional y corporativo, no faltan los seguros regios otorgados al titular de una sede episcopal y a su clerecía, contra determinados miembros de la nobleza, como sucedió en febrero de 1488 respecto del obispo de Calahorra y los clérigos de la diócesis, que mostraban fuertes recelos sobre el comportamiento de varios miembros de la nobleza titulada, como los duques de Plasencia y de Medinaceli, los condes de Aguilar, Nieva, Salinas y Urueña, algunos miembros del linaje de los Velasco, y otros66.
Con frecuencia, determinados oficiales públicos, cuya actuación a menudo se veía dificultada ante el temor que determinados miembros de la nobleza les inspiraban, se vieron obligados a solicitar la protección regia. Como testimonio de ello, podemos señalar que, en marzo de 1489, los guardas de los términos de Segovia solicitaron, y obtuvieron el seguro real, porque, literalmente, “temen e se recelan” del duque del Infantado; también, en la primavera de 1495, los Reyes Católicos otorgaron carta de seguro a un alcaide y corregidor de Jerez de la Frontera, defendiéndolo contra el conde de Valencia de Don Juan, y dos años después, entre otros beneficiarios de la protección regia del seguro se contaban dos arrendadores del servicio y montazgo, atemorizados por el duque del Infantado y sus vasallos vecinos de La Torre de Esteban Hambrán67.
En este contexto, una situación específica y de interés la protagonizaron los judíos y conversos, durante el proceso de la expulsión. En la compleja estrategia establecida por la nobleza señorial en relación con los judíos que formaban parte de su “staf” financiero y los que vivían en sus estados señoriales, observamos que, de un lado, los intereses nobiliarios se hicieron sentir en el modo de gestionar la salida de los hebreos que vivían bajo su dominio, de modo que recibieron de la monarquía numerosas compensaciones por los inconvenientes y las pérdidas que les acarreó la salida de los judíos de sus dominios68. Pero también tuvieron que proceder los monarcas, en muchos casos, en sentido contrario, es decir, asegurando a judíos y conversos, temerosos y recelosos del comportamiento de sus señores. Así, por ejemplo, en marzo de 1492 los Reyes Católicos dieron carta de seguro al rabino Mosé Hadidi y sus hermanos, vecinos de Medellín, que temían la actitud del conde de Medellín; un mes después tuvieron que hacer lo mismo respecto de una familia de judíos que solicitaban seguro regio ante el secuestro y malos tratos sufridos por parte del duque de Nájera, en relación con la entrega del importe de unas rentas; y una situación similar se produjo en junio respecto de la protección real de unos judíos contra el duque de Béjar69. Incluso en los años siguientes, los monarcas se vieron impelidos a asegurar la situación de muchos conversos, frente a los abusos de la nobleza señorial, como sucedió en mayo de 1494 con el conde de Oropesa, y en octubre del mismo año con el de Coruña, advertidos ambos de no quebrantar el seguro regio otorgado en favor de los conversos, temerosos de dichos señores70.
Entre los particulares agredidos por la alta nobleza, y deseosos de la protección regia se contaban todo tipo de profesionales. Así, el texto analizado en detalle antes, se refería a un herrero71; y entre los testimonios diplomáticos no faltan los referentes a los mercaderes, que, temerosos de los grandes señores, pedían protección a los monarcas, como lo hicieron en diciembre de 1496 unos vecinos de Guadalajara para, literalmente, la cuestión de “meter del vino” en dicha ciudad, ante el miedo que sentían por las posibles afrentas por parte del arzobispo Diego Hurtado de Mendoza y del conde de Tendilla. Similar fue el caso de otro comerciante al que los monarcas tuvieron que defender en el verano de 1497 respecto del conde de Salvatierra72.
Entre los seguros regios otorgados a particulares un caso bastante generalizado se relacionaba con la inseguridad que generaba para cualquier persona la obtención de una sentencia a su favor, en un proceso en el que se enfrentara en contra de un miembro de la clase señorial; en esos casos era muy frecuente la solicitud de apoyo regio, por esa expresa vía de la carta de seguro, por parte del beneficiario de dicha sentencia favorable. Así se indica en un documento otorgado por el Condestable y el Consejo en junio de 1489, defendiendo a un particular que, tras haber obtenido una sentencia a su favor, contra el conde de Aguilar, se mostraba temeroso ante la reacción de éste73.
2.2.3. el seg uro reg io y la protecc ión de v asallos c ontra señores.
La documentación manejada permite observar la frecuencia con la que, a finales del siglo XV, se otorgaba esa fórmula de protección regia de los vecinos de las villas y comunidades rurales contra los señores. Sin duda, estos testimonios invitan a abordar desde una nueva óptica la relación entre señores y vasallos y también entre los primeros y la monarquía, cada vez más comprometida a evitar los abusos señoriales, aunque es evidente que los resultados no fueran siempre los planteados en estas medidas regias.
En este panorama se observan distintas fórmulas. De un lado, sabemos que el seguro regio se utilizó con bastante frecuencia frente a la nobleza señorial, pero a solicitud de vasallos de otros señoríos. Existen ejemplos muy ilustrativos de ello, y, en algunos casos, permiten un seguimiento detallado de los hechos. Por lo general se trata de situaciones en las que se observa el desarrollo de conflictos, a veces muy fuertes y prolongados, entre poderosos miembros de la clase señorial con dominios vecinos, que, por razones de fiscalidad de tráfico de personas y mercancías, o por la explotación de tierras cercanas, o, incluso con motivo de la emigración de vecinos de unos señoríos a otros, hacían estallar enfrentamientos, incluso armados, entre sus respectivas villas y vasallos contra las del oponente. Como ejemplo, nos referiremos a uno bien documentado en el reino de Córdoba: se trata del seguro real otorgado en noviembre de 1499 a Juan Jiménez Jimeno, “veçino de Luçena” –señorío del Alcaide de los Donceles– que, literalmente “se teme e reçela de don Alonso Ferrández de Córdoua, cuya es la Casa de Aguilar” –titular de señoríos próximos a Lucena y enemigo acérrimo del Alcaide–74. El documento alude expresamente al temor del solicitante, respecto de que, literalmente, “le ferirán o matarán o lisyarán o prendarán”, y a la decisión regia expresada de este modo: “tomamos e resçebimos al dicho… so nuestra guarda e anparo e defendimiento real e lo aseguramos del dicho don Alonso.
Ferrández”75. Un caso similar, y en el mismo territorio cordobés, se produjo en el contexto del expansionismo señorial y los enfrentamientos subsiguientes entre el señor de la Casa de Aguilar y el conde de Cabra, mantenidos a lo largo de años hasta que, al terminar la década, la gravedad de la situación motivó que, en el verano de 1499, Pedro Sánchez de la Cruz y otros vecinos de Aguilar acudieran a la protección regia, solicitando una carta de seguro, frente a la hostilidad del conde de Cabra76.
Con todo, los seguros regios a favor de los vasallos eran, en general, otorgados para la defensa de éstos contra sus propios señores. Y, en este punto cabe la posibilidad de distinguir entre los oficiales de las casas nobiliarias –criados, escuderos, alcaides de sus fortalezas etc.–, y de los vecinos de los señoríos. Por lo que se refiere a los primeros, existían diversas situaciones, como la que se refleja en la concesión por los monarcas, en febrero de 1486, de una carta de seguro al alcaide de la fortaleza de Sotomayor, contra el conde de Camiña, relevándole del juramento y pleito homenaje por haber sido desposeído injustamente de su tenencia por el hijo del conde; o, en el mismo año, el otorgamiento de un “seguro en forma” a un escudero de la Casa condal de Lemos, temeroso del conde77.
En relación con los vecinos de sus dominios señoriales, a veces se daba el caso de que la solicitud del seguro partía del propio concejo, como sucedió en diciembre de 1477, cuando el concejo de Villena fue asegurado por la monarquía contra el marqués; o, en el caso del concejo de Medellín, que recibió en la misma época la carta de seguro para defenderlo de su propio señor, el conde78. En agosto de 1492 el Consejo del Norte de los Puertos tuvo que otorgar seguro y amparo real a la villa de Valdezcaray por los agravios de su señor, el duque de Nájera; y en diciembre de 1494, fueron los Reyes Católicos quienes otorgaron la denominada “carta de seguro anparo y defendimiento real” al concejo de Valdezcaray y sus cabañas, que, textualmente, “se recelaban” del duque y de sus oficiales79.
Acerca de los numerosos testimonios sobre los vecinos de los señoríos protegidos en sus derechos e intereses por los monarcas contra sus propios señores, podemos señalar cómo varios habitantes de Medellín, cabeza de condado, fueron asegurados por la Corona frente al conde, Juan Portocarrero, tanto en el verano de 1485, como en junio de 1492 desde La Puebla de Guadalupe, y en la primavera de $1 4 9 4 ^ { 8 0 }$ . También solicitó y obtuvo de la Corona en el verano de 1492 “seguro e anparo en su persona e bienes” un vecino de Paredes de Nava, atemorizado por su señora, la condesa de Paredes y su alcaide; y lo mismo cabe decir de varios vasallos del conde de Benavente, entre ellos algunos vecinos de Torremormojón, en enero de 1497, y dos años más tarde, otros vasallos de Castromocho81. Algo parecido sucedió en el caso del conde de Valencia de Don Juan, que vio cómo en 1487 su vasallo Pedro de Ovelar, vecino de esa villa, quedaba protegido en su persona e intereses por la carta de seguro otorgada por los monarcas; o en el del conde de Monteagudo, contra el cual recibió la protección regia en 1499 su vasallo Francisco de Jaén, vecino de Almansa82.
La monarquía no renunció a incluir en sus seguros contra los señores de vasallos a los más esclarecidos señores de título, como los titulares de ducados. Así ocurrió en el caso del duque del Infantado, uno de cuyos vasallos, vecino de Manzanares, que, literalmente, “se temía” del duque y de sus mayordomos, recibió la correspondiente carta de seguro regio en mayo de 1490, mientras que cuatro años después fue un vecino de Hita el que alcanzó tal protección de la Corona, porque, según se indica en el documento, “teme del duque del Infantado por enojo que de él tiene”83. En cuanto al duque de Medina Sidonia, tenemos noticia de que, en abril de 1491, un vecino de esta villa, que se mostraba receloso del duque, obtenía de los monarcas su carta de seguro, y un año más tarde, en marzo de 1492 sucedió lo mismo con otro vecino del mismo señorío84. También otorgaron los reyes protección frente a su señor a algunos vasallos del duque de Medinaceli, por ejemplo, en septiembre de 1492 en relación con dos hermanos que solicitaron el seguro regio cuando emigraron de Enciso a Logroño por la excesiva fiscalidad a que los sometía el duque; o, por causa similar, en el caso de Gonzalo de Olmedo, vasallo de Santa María del Puerto, que temiendo al duque, emigró a Puerto Real, para lo cual obtuvo el amparo de la monarquía, frente a la posible reacción señorial en relación con sus bienes raíces85. Otro de los casos más documentados se refiere al ducado de Nájera, del que sabemos que en septiembre de 1492, cuatro vecinos de Ezcaray, temiendo del duque, su señor, lograban que los Reyes Católicos los acogieran bajo su seguro real86; además, los numerosos pleitos pendientes con el titular del ducado determinaron que los vecinos de Azcaray, Çurraquín y Valgañón buscaran, en septiembre de 1492, protección frente a él, precisamente porque, durante el proceso, temían las represalias señoriales87; y tal circunstancia se confirmaba dos años más tarde, cuando el Consejo Real tuvo que dar al duque la orden de dar carta de seguro a petición de varias vasallos, presos en la corte, para poder llamar a determinados testigos para tratar el pleito con el señor88. Finalmente, señalemos el caso del duque de Alburquerque, en cuyo señorío de este nombre varios vecinos recibieron en marzo y mayo de 1499 seguro regio contra su señor89.
2.2.4. el seg uro señorial a v asallos: ¿m ím esis de la m onarq uía o presiones del poder real?
Como complemento de todo lo anterior, conviene aludir a una realidad poco conocida, que se aprecia a partir de testimonios documentales, consistente en la emisión de cartas de seguro por parte de los señores a favor de sus vasallos. Sabemos que, a veces, los reyes otorgaban su seguro a quien no alcanzaba el seguro de su propio señor, como sucedió respecto de un vecino de Alburquerque, a quien el Consejo prometió en febrero de 1496, que, en caso de no recibir en tres días la carta de seguro del duque, se le concedería el seguro real90. Hechos como éste significan que, en cierto modo, el seguro señorial y el seguro regio podían estaba relacionados. Pero, además, las fuentes diplomáticas permiten abordar otro hecho de interés: el otorgamiento de seguros por parte de la nobleza a sus vasallos, pero a instancias de la Corona. Al margen de la propia voluntad de los señores, en ocasiones, era la monarquía la que los obligaba a conceder este tipo de “carta de seguro”. Como ejemplo, tenemos el caso del duque de Frías, a quien el Consejo ordenó en diciembre de 1494 conceder en el plazo de ocho días ese tipo de protección a un vecino de Torremormojón91. En este contexto, además, sobresale por su interés la situación del seguro otorgado por el señor a su propio vasallo, como en el caso del conde de Cabra, que recibió orden del Consejo Real, en el verano de 1491, de conceder carta de seguro a dos vasallos de su villa de Baena; y lo mismo cabe decir del duque de Medina Sidonia, obligado por los monarcas, en febrero del año siguiente, a otorgar en el plazo de seis días su seguro a uno de sus vasallos92. Respecto al ducado de Nájera conocemos una situación interesante: en marzo de 1494 el Consejo, a petición de varios presos que se encontraban en la corte pleiteando con el duque, le ordenaba a éste dar carta de seguro a ciertas personas para que pudieran acudir como testigos93. En definitiva, el otorgamiento de seguros señoriales a vasallos se presenta como una cuestión relevante, para ser estudiada en otro trabajo, dentro del marco de relaciones de poder de la nobleza en sus estados señoriales, y, al mismo tiempo, en el contexto de las relaciones monarquía-nobleza.
A propósito de esto último, resulta evidente que los miembros de la nobleza señorial, por un lado, a menudo se negaban a otorgar seguros a sus vasallos, pese a las órdenes reales, y por otra parte, no se atenían al respeto y cumplimiento de sus seguros, pero tampoco de los otorgados por los reyes. De ahí que la Corona tuviese que pronunciarse contra los señores que, en abuso de su poder, quebrantaban o hacían quebrantar el seguro regio; así, por ejemplo, tenemos noticia documental de que a principios de febrero de 1492, el Consejo Real tuvo que ordenar al conde de Medellín que soltase de la prisión a un individuo a quien no había respetado el seguro real; y en septiembre del mismo año, se denunciaba que el conde había quebrantado el que los reyes habían otorgado a los concejos de la tierra de Medellín, que lo habían solicitado para escapar de sus agravios94.
Según se observa claramente, la monarquía tuvo especial interés en asegurar el cumplimiento de sus “cartas de seguro, anparo e defendimiento”. Trataba así de evitar y/o penalizar el quebrantamiento del seguro regio, algo que estaba en directa relación con lo que se ha visto en la primera parte del trabajo: el afán de la realeza por atraer hacia sí la responsabilidad de juzgar y penalizar todo acto de quebrantamiento de la paz, tanto la pactada entre particulares, como las paces especiales dictadas por la propia monarquía. Con todo, el alcance y la trascendencia del quebrantamiento, que fue muy frecuente, según se aprecia en la documentación, constituye otra cuestión complementaria, enmarcada en un doble y complejo marco, jurídico y sociopolítico, que podrá ser tratada en detalle en otra ocasión.