“El Año Cristiano” de 1832 y el debate sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor en el siglo XIX.
Jesús A. MARTÍNEZ MARTÍN Universidad Complutense de Madrid firstname.lastname@example.org.
En el siglo XIX la formulación y desarrollo del derecho de autor supuso el reconocimiento jurídico y social del trabajo intelectual. Fue el resultado siempre abierto de un largo debate que tiene sus orígenes en el siglo XVIII, aunque no con el mismo ritmo y naturaleza en todos los países occidentales. La propiedad intelectual resultó ser una cuestión central al suponer uno de los fundamentos del negocio editorial, donde se mezclaban los intereses de editores, impresores, libreros y autores. Por lo tanto, abarcaba dimensiones jurídicas y políticas ligadas a las transformaciones de un largo período de transición hacia el reconocimiento de los derechos individuales, pero también con dimensiones económicas o sociales del Antiguo Régimen en las que se cruzaban intereses comerciales de libreros e impresores. Todo ello se proyectó en varios niveles que estaban en sintonía con los cambios del último tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX hacia la configuración del estatuto jurídico del autor, la construcción de un mercado editorial abierto, las relaciones contractuales entre autores y editores, las condiciones de vida de los escritores, la rentabilidad de las manifestaciones artísticas, la regulación de las nuevas formas de expresión, y el peso de las organizaciones corporativas.
Desde la Edad Moderna se concebía el derecho de autor como un privilegio de los impresores o libreros, a quienes el autor vendía su obra, de una vez y para siempre, por la cantidad que ambos negociaran. No existía un sentido de propiedad del autor sobre de sus escritos, ni el concepto del reconocimiento de la originalidad de la creación. Los monarcas concedían a los impresores o libreros el privilegio de publicar, y de ello se derivaba la propiedad de una obra que les había sido vendida. Los conflictos surgían entre los propios impresores, y la disputa entre quién tenía el privilegio y quién se aprovechaba de una situación ambigua o interpretaba en su favor la caducidad del permiso. Y este fue el origen de las primeras corporaciones de impresores para defender sus privilegios.
La propiedad intelectual y los derechos de autor fueron objeto de debate en la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque inicialmente de una forma implícita que se desprendía del asunto central de los privilegios de impresión y las fórmulas de su mantenimiento en claves de Antiguo Régimen. Ese debate tuvo una de sus piezas intelectuales más acabadas en la polémica desplegada entre las obras.
Condorcet (“Fragmentos sobre la libertad de prensa”) y Diderot (“Carta sobre el comercio de librería”). Condorcet argumentaba el servicio social de las ideas del intelectual, mientras que Diderot insistía en la originalidad de las ideas y su carácter individual. Se trataba, además, de un contexto político e intelectual en el que empujaba cada vez con más fuerza la cuestión de la libertad de imprenta, y en el que se entremezclaban las preocupaciones del gremio de la librería y el ropaje corporativo que les adjudicaba los privilegios de impresión, el control de la circulación de las ideas y la aplicación de la legislación en este ámbito. En esta polémica se sitúan buena parte de los argumentos que definirán las distintas formas de entender en la España del siglo XIX la propiedad intelectual y sus dimensiones individuales o colectivas.
En Francia desde principios del siglo XVII (1618), la "comunidad", o corporación de los gremios de París que reunía a los oficios relacionados con el libro, impresores, tipógrafos y libreros, tenía adjudicados los privilegios de impresión a partir de una complicada trama de normas, reglamentos y permisos. En el siglo XVIII, la referencia mayor era el Reglamento de 1723, que regulaba la organización corporativa del sector, y fijaba los derechos de la comunidad para obtener privilegios en forma de autorizaciones para imprimir. Como tales, estos privilegios otorgados por el rey, una vez que los textos habían superado la censura, tenían una duración limitada, lo que provocaba frecuentes conflictos, además de que fueron cada vez más habituales los permisos tácitos o verbales durante la segunda mitad del siglo. En la práctica, esta situación ponía en dificultades los privilegios de la corporación que veía amenazados sus intereses por la piratería editorial o por los libros impresos en el extranjero (Suiza, Holanda), o por los permisos tácitos o consentimientos que sustituían a las autorizaciones expresas, o simplemente por la multiplicación de impresiones al calor de la ambigüedad en el tiempo en el que se movían las autorizaciones o permisos. Las normas eran transgredidas con frecuencia, en contexto muy sensible a la proliferación de publicaciones. En muchas ocasiones las autoridades fueron tolerantes con los circuitos clandestinos, pero también se aplicaron las normas con severidad, siendo frecuente el destino penal de libreros, lo que, a su vez, estimulaba muchas impresiones marcadas con la vitola de la censura.
Entre las frecuentes Memorias de la época que se ocuparon de esta situación marcada por las tensiones entre el control de los privilegios de impresión por los gremios y el mantenimiento de su hegemonía, por un lado, y el aumento de demanda de libros e impresos que se orientaban a circuitos clandestinos ajenos al monopolio corporativo, por otro, se encuentra la citada Carta sobre el comercio de librería de Diderot escrita en $1 7 6 3 ^ { 1 }$ . Este texto de Diderot fue encargado por la propia "comunidad" con el objetivo de representar sus intereses ante los poderes públicos como respuesta a la situación descrita. Pero en él se encuentran las piezas de reflexión, todavía de forma inmadura, del concepto de derecho de autor. Una aparente contradicción en la que para defender un conjunto de privilegios clásicos del intervencionismo del Antiguo Régimen se invocaban derechos de la propiedad intelectual y de la autoría de los textos. Y, es en cierto modo, el proceso por el que a partir del privilegio se desembocaría en la propiedad literaria2.
La Carta se desplegó a partir de dos centros neurálgicos para construir sus argumentaciones: la defensa de la obra literaria como una propiedad del autor y la seguridad de impresores y libreros para desarrollar su actividad. Estas argumentaciones eran tributarias de un contexto intelectual a largo plazo en el que se había empezado a valorar favorablemente la defensa de los derechos de autor a partir de la asociación del concepto de propiedad –libre, circulante, capitalista– con el de buen ciudadano, que adjudicaba a la obra literaria esa idea de propiedad inalienable de su autor: el autor es dueño de su obra o nadie en la sociedad es dueño de sus bienes , y como tal podía ser transmitida con las mismas características de una tierra o una casa. En 1725 Louis d’Hericourt en su Memoria había situado la idea de que la creación pertenecía a su autor, y el texto era producto de un trabajo personal y por lo tanto un derecho independiente del editor y de su privilegio para publicarlo3. No fue el único texto sobre el particular. Otros muchos, con firma o anónimos, se orientaron en esa dirección que los manuscritos eran bienes de su autor, y en la filosofía de la propiedad libre e individual tenía la misma naturaleza del resto de bienes como el dinero, los muebles o las tierras. En la Carta, Diderot hacía descansar aquí sus razonamientos:
¡Lo digo y lo repito!: el autor es dueño de su obra o nadie en la sociedad es dueño de sus bienes. El librero entra en posesión de aquélla, como antes fue posesión del autor: tiene el derecho incontestable de sacar el partido que mejor le convenga de sus reiteradas ediciones, y tan insensato sería impedírselo como condenar a un agricultor a dejar sus tierras yermas, o al propietario de una casa a conservar las estancias vacías4.
En Diderot se encuentra, pues, esta idea de que la obra literaria es una propiedad del autor, para vincularla después con la segunda pieza de su discurso: el derecho del propietario nos da la verdadera medida del derecho del comprador. 5 Así, revalorizando la posición de los autores, confirmaba la posición de los libreros y de sus privilegios. La propuesta de Diderot consistía en identificar el privilegio –que hasta entonces era una autorización para imprimir pero sin carácter permanente al ser una concesión política– con el reconocimiento jurídico de un derecho de propiedad, que el librero habría adquirido mediante un contrato particular con el autor y por concesión política de la administración. En segundo lugar, la seguridad de los libreros vendría por el mantenimiento de la protección de los libreros parisinos frente a los de provincias y del extranjero, manteniendo los permisos tácitos o consentimientos que funcionarían como privilegios. Estos eran considerados como una salvaguarda, y el planteamiento entendido como la consolidación de las leyes emanadas durante dos siglos. Como conclusión, se trataba de un razonamiento que vinculaba privilegio del editor con derecho de propiedad del autor. Los libros adquiridos eran considerados así inatacables, y la fuerza legal del derecho del autor y su autonomía derivaba del reforzamiento del privilegio de los libreros. Por ello se escondía una idea revolucionaria, como era la del autor dueño de su obra.
Unos años más tarde, en 1777, el debate culminó con los decretos que acababan con la situación de los privilegios de librería. Ya antes de la revolución, pues, se produjo el primer intento de regulación del derecho del autor en sentido moderno, que se tradujo en los decretos de 30 de agosto de 1777. Paso previo que estaba en sintonía con la crítica cada vez más acentuada al sistema de privilegios de todo tipo del Antiguo Régimen y que tomo cuerpo universal con la revolución. Durante ésta se promulgaron dos decretos en aquella dirección. El primero, de enero de 1791, se refería a la propiedad de los espectáculos y representaciones. En su fase republicana, democrática y jacobina, la revolución reconocía en 1793 la propiedad literaria como derecho exclusivo de los autores. También el de sus herederos diez años después de su muerte. Con ello se reconocía la figura del autor como independiente y generador de su propia obra, y consideraba la originalidad de ésta. De hecho, la cuestión de la originalidad tendrá una gran importancia en el tratamiento de los aspectos relativos a la propiedad intelectual. Era la culminación de un largo proceso. Esta legislación de 1793 desplegó su influencia sobre otros países6. Abría el siglo XIX con un nuevo concepto, como categoría legal, cuyos matices y versiones se irán desplegando durante las dos centurias siguientes, manteniendo lo fundamental del principio moderno de autor.
Similar proceso se produjo en Inglaterra durante el siglo XVIII. La Stationer´s Company, corporación de libreros e impresores de Londres, tenía el monopolio sobre los copyrights y la perpetuidad de su propiedad sobre los títulos registrados ante la corporación. Su actividad funcionaba como un monopolio, pues no se podía editar una obra que ya hubiera sido publicada por alguno de sus agremiados7. Esta situación comenzó a cambiar lentamente a lo largo del siglo, en un proceso en el que se individualizó la figura del autor, valorándose la originalidad de la creación y por tanto a entenderse la propiedad intelectual como un derecho del creador8.
Pero el predominio de la Stationers’ Company había comenzado a cuestionarse ya en el siglo XVII con los numerosos pleitos surgidos entre sus agremiados y los nuevos editores e impresores. El copyright no protegía la obra en sí misma, ni su originalidad, sino el derecho de copia de un impresor9. Por el Statute of Anne (1710)
los miembros de la Stationers’ Company empezaron a perder sus privilegios. En efecto, en 1710 un Statute votado por el Parlamento comenzó a desmantelar las reglamentaciones del sistema de publicación a base de privilegios, limitando la duración del copyright a catorce años, más otros catorce si el autor seguía con vida, e introducía la posibilidad de que fueran los autores los que lo solicitaran para ellos. Atribución que secaba el privilegio de los libreros e impresores y reconocía al autor. La Stationer $\mathit { \Pi } _ { \overline { { S } } }$ londinense trató de mantener sus privilegios tradicionales, ahora limitados, de derecho perpetuo y exclusivo sobre los títulos para los que habían obtenido copyright, y lo hizo a través de tratar de reconocer el derecho perpetuo del autor sobre su obra, y por definición el derecho perpetuo del librero que la había adquirido. Los argumentos cruzaron dos dimensiones para legitimar sus intereses ahora cuestionados. Acudieron al derecho natural como lo articuló Locke al considerar la producción de los textos como fruto de un trabajo y, por tanto de propiedad sobre ellos. Pero también la consideración de la obra como un producto original, una expresión singular e irrepetible del autor, desplazando el argumento hacia la originalidad intelectual de la obra y no sólo desde las categorías jurídicas o materiales, es decir independiente de sus formas o momentos de transmisión. Así el texto tenía las señas de identidad del autor, sus sentimientos y su lenguaje propio, y que existía en sí mismo, más allá de las formas particulares que adquiriera.
La invención del autor, según este proceso inaugurado en 1710, estaba más ligado a la defensa del antiguo sistema de privilegios de los libreros londinenses que a una nueva concepción de la propiedad y la definición del autor en términos de libertades y derechos individuales y de mercado. Los libreros londinenses pretendían mantener el privilegio exclusivo y perpetuo sobre los títulos con copyright e inventaron al autor propietario, como instrumento de lucha contra los libreros de provincias10. Pero, si bien no estableció la noción de propiedad literaria, limitó estos privilegios y abrió cauces orientados a la consideración de la figura del autor11.
En el siglo XVIII se fue definiendo, pues, la concepción de la autoría como la originalidad de la creación individual. El autor se empezó a considerar como una pieza central en la difusión de las ideas, y el sujeto de una concepción de originalidad de la obra entendida como única12. Esa noción del autor como creador individual estaba en sintonía además con idea del mercado, ya que el era el propietario. Este hecho favorecía a los editores, impresores y libreros ya que este derecho permitía legalmente la publicación de textos adquiridos, ya en términos de mercado.
El reconocimiento legal del derecho de los autores al disfrute de las creaciones de su pensamiento en España fue un producto del siglo XIX en sintonía con la construcción del sistema liberal, pero su origen, como en Francia o en Inglaterra, estuvo más bien relacionado con el sistema de protecciones y privilegios del Estado absoluto. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII la fórmula para la edición de libros consistía en los privilegios que la Corona otorgaba para imprimir en exclusiva, con una duración entre cinco y diez años, que podía ser renovado o pasar a otro impresor o librero, y todo a cambio de una cantidad. A veces funcionaba el procedimiento de una licencia que el titular del privilegio podía a su vez traspasar. Los conflictos y pleitos fueron constantes, entre la Hermandad de San Gerónimo de Mercaderes de Libros de Madrid y otros libreros de Madrid, y entre aquella y la Hermandad de San Juan de los impresores, con denuncias sobre las impresiones que no respetaban los privilegios y sobre las impresiones realizadas fuera de España y que entraban clandestinamente con la implicación de los propios libreros e impresores. También en Barcelona y Zaragoza la rivalidad entre impresores y libreros provocó numerosos pleitos.
La primera pieza para el reconocimiento de los derechos del autor en España fue en el contexto del proteccionismo borbónico que, al romper el sistema de privilegios en la forma en la que estaba contemplado, adjudicó el carácter vitalicio de los derechos de autor y la potestad de éste para traspasarlos a sus herederos. Se trataba de las leyes XXIV, XXV y XXVI, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación. Por la primera, Carlos III en 1763 ordenaba “que de aquí en adelante no se conceda a nadie privilegio exclusivo para imprimir ningún libro, sino al mismo autor que lo haya compuesto”. Los privilegios habían creado notables conflictos, y aunque continuaron algunos, el recurso al reconocimiento del autor era una fórmula que permitía la garantía de continuidad a impresores y libreros. Pero también prolongando el privilegio a sus herederos. En 1764 quedaba redactada la ley XXV: “He venido en decretar que los privilegios concedidos a los autores no se extingan por su muerte, sino que pasen a sus herederos, como no sean comunidades o manos muertas, y que a estos herederos, se les continúe el privilegio mientras lo soliciten, por la atención que merecen aquellos literatos, que después de haber ilustrado a su patria no dejan más patrimonio a sus familias que el honrado caudal de sus propias obras y el estí- mulo de imitar su buen ejemplo”13.
La primera experiencia liberal sistematizada en las Cortes gaditanas de 1810 entendió en términos de ruptura todo lo relativo a los derechos individuales y la afirmación de la soberanía nacional. La densa labor de las Cortes de Cádiz entre esa fecha y 1813 estuvo dedicada a la doble tarea de desmantelar jurídicamente el Antiguo Régimen, y definir las relaciones económicas y sociales en función de la lógica del mercado, y de elaborar una Constitución que diera lugar a la creación de un nuevo sistema político y a una nueva configuración del Estado. Con ello cambiaban teóricamente las condiciones de producción, difusión y consumo de escritos, y también los protagonistas de la escritura. La propia Constitución recogía la libertad de imprenta como una seña de identidad de las nuevas reglas de juego y establecía en su artículo 371 la “libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes”. Era un principio general que luego se desplegó en lo relativo a los autores.
Y así, los liberales de Cádiz, recogiendo el ejemplo revolucionario francés, decretaron el 10 de junio de 1813 (Decreto CCLXV de las Cortes extraordinarias) que sólo los autores o las personas por ellos autorizadas podían imprimir sus obras, y sus herederos durante diez años. Incluía reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras y su sentido se situaba en el reconocimiento de un derecho más que una forma de otorgar privilegios, a diferencia de las reformas ilustradas del siglo anterior.
En un contexto de guerra las disposiciones tuvieron poca ocasión de prosperar, y en este caso más aún puesto que en menos de un año la respuesta absolutista clausuró la ruptura de los liberales. Pero el principio había quedado sentado y vinculado a los autores como derecho. Igual situación se produjo en la segunda experiencia liberal. El 5 de agosto de 1823, en los momentos finales del periodo constitucional, las Cortes lograron la sanción real para un proyecto que también reconocía el principio de la propiedad de los autores, aunque no profundizó en las derivaciones de este derecho y no tuvo ninguna expresión práctica. Sin embargo un tiempo histórico acelerado por las transformaciones permitió la multiplicación de los escritos a lo largo y ancho del país y en las más variadas formas textuales, libros, periódicos, hojas volantes, pasquines, folletos...Y con ello la necesidad de redefinición del estatuto del autor, que descubrió en la práctica las nuevas condiciones de publicación y difusión.
En 1832 la polémica que habían alimentado Diderot y Condorcet volvió a ponerse de manifiesto en España con motivo de un pleito en la concesión de una licencia para imprimir una obra. El 7 de diciembre de aquel año, Honorato DuBlaisel, en nombre de su esposa Josefa Formenti, poseedora de la antigua imprenta y librería de Fuentenebro, solicitó licencia para reimprimir la obra Año Cristiano del P. Croiset según la edición de la Compañía de Impresores y Libreros. La solicitud hacía referencia a la real cédula de 9 de julio de 1778 incluida en la Novísima Recopilación y especificaba que la edición sería igual en texto, pero añadiéndola una colección de 426 láminas de su propiedad y con una impresión en tamaño más pequeño y letra diferente, con la fórmula se suscripción, además de suprimir de la edición los seis tomos de dominicas y vida de Jesucristo. La licencia fue concedida ocho días más tarde. Ante esta situación la Compañía de Impresores y Libreros del Reino recurrió esta decisión y se inició un extenso pleito entre las dos partes, cuyos argumentos respectivos son la expresión más palpable del larguísimo debate acerca de la propiedad de las obras, de su naturaleza y de los derechos derivados de ellas, en un momento de transición, 1832, sujeto a las tensiones entre la red de privilegios y licencias propia del Antiguo Régimen y la consideración de la propiedad en términos más abiertos.
Esta obra fue una de las más difundidas en el último tercio del siglo XVIII y una de las más vendidas durante todo el siglo siguiente, al tratarse de una guía de la liturgia y la devoción cristianas de uso entre todos los colectivos de letrados. La solicitud de impresión llevaba además todos los ingredientes con los que los nuevos presupuestos editoriales provocarían la mayor circulación de libros: una morfología más cómoda, con tamaño más pequeño y letra más apropiada, introducción de ilustraciones y venta por suscripción, apta para ser leída en cualquier lugar y por los iletrados con el apoyo de las ilustraciones. Se escondía, por tanto, un gran negocio y de ahí la defensa firme de los argumentos por las partes en litigio.
La Compañía de Impresores había comprado a las temporalidades de los regulares expulsos de la Compañía de Jesús la obra en francés, de la que estaban traducidos al español 11 tomos, por lo que la Compañía de Impresores tuvo que traducir el tomo doce y los seis tomos de las dominicas, coste de más de cien mil reales. Y la editó en 1818. Según su argumento era un contrato de compra-venta y por tanto no se podía reimprimir sin su permiso, aunque fuera con cambios.
Los argumentos de los poseedores de la nueva licencia señalaron que el concepto absoluto de propiedad no podía extenderse a las obras extranjeras, puesto que cualquiera podía traducirlas al idioma castellano, como había ocurrido con otras obras y hace referencia a una resolución de 1785. Pero aludían sobre todo a que en caso de que hubiera sido originalmente la obra de la Compañía, no podría tener el privilegio puesto que los de las manos muertas (como la propia Compañía) quedaron abolidos en 1763 como perjudiciales a los progresos de las letras, la industria tipográfica y el comercio de libros. La obra que pretendían imprimir era considerada como diferente y nueva con las modificaciones expuestas, y se dirige al fondo de la cuestión a partir de la naturaleza de la propiedad:
Se invoca Señor, el derecho de propiedad y se pretende alucinar con lo sagrado del dominio; pero es necesario distinguir de propiedades, porque según su naturaleza así puede ser más o menos exclusivo el uso de ellas. Ya queda sentado que no hay tal propiedad esclusiva respecto al Año Cristiano, más aunque la hubiera ¿podrán equipararse los derechos del dueño de un libro a los que tiene el señor de una finca? La legislación patria y la de todos los pueblos del mundo civilizado distingue los bienes raíces, los muebles, los semovientes, las acciones y los diferentes modos de adquirirlos, enagenarlos y prescribirlos. La naturaleza misma de la propiedad ha exigido esta diversidad de reglas, así acerca del uso, como en el tiempo y manera de gozarlo y perderlo. Una propiedad territorial no se posee del mismo modo que los bienes muebles; estos se disfrutan de diferente manera que un predio urbano; y las leyes que protegen estas propiedades no siguen ni pueden seguir iguales principios que las que tratan de propiedades intelectuales. El que imprime y vende una producción de su talento renuncia a favor de sus semejantes las ventajas y usos útiles que pueden sacar de su obra; todos están ya autorizados para valerse de sus doctrinas, de sus máximas y de sus expresiones; de aquí viene la frase común de que el autor que imprime una obra la da al público, esto es la cede, la traspasa, vende y enagena a favor de cuantos gusten aprovecharse de ella. El precio de esta enajenación es el valor de los ejemplares, la gloria y el concepto que el autor puede adquirirse y los ascensos y ventajas que esta buena fama pueden proporcionarle. La propiedad que más se asemeja a la de las obras literarias es la invención de una máquina...14.
La Real Compañía de Impresores centraba su argumentación en el derecho de propiedad por la compra realizada y no en el privilegio. La resolución del Consejo a favor de la concesión de la licencia compartió los razonamientos de que existía libertad de reimprimir libros con modificaciones, toda vez que
... en las propiedades intelectuales es donde menos trabas pueden oponerse al comercio. Lo que constituye la propiedad en esta clase de negocios, son expresiones, pensamientos, raciocinios, publicados por escrito y que todo el mundo lee; mal puede guardarse esta riqueza como un tesoro escondido, andando en manos de todos y habiéndose llevado un precio al lector15.
Y más adelante concluye con la singularidad de la propiedad intelectual respecto a otras y el dominio público al que está sujeta, tal y como años más tarde recogería la filosofía de la ley de 1847:
Si los escritos y obras del entendimiento pudiesen constituir una propiedad real, como los bienes raíces y muebles, jamás llegaría el caso de que careciesen de dueño; pasarían de unos a otros por testamento o abintestato, por ventas, permutas y demás modos de adquirir, y cuando no hubiese título legítimo para poseer, se echaría sobre la propiedad literaria el ramo de mostrencos. He aquí la razón porque sentamos que las propiedades del entendimiento no se pueden equiparar a las materiales, ni aplicarse las leyes comunes de éstas para las primeras16.
Este debate, planteado en los mismos términos que durante el siglo anterior, se prolongaría con el tiempo para tender a descansar jurídicamente en el dominio público de un derecho individual.
La transición de los años treinta y la desarticulación jurídica del Antiguo Régimen entendió desde sus inicios en las dimensiones de la libertad de expresión. Y esta fue la perspectiva desde la que se incluyó el derecho de la propiedad literaria. La transición pactada a base de reformas controladas tomó cuerpo con el Estatuto Real de 1834 y con algunas medidas, en el contexto de la guerra civil, que pronto fueron desbordadas por aspiraciones sociales y políticas de mayor alcance ligadas al discurso liberal. Entre otros aspectos de naturaleza política y económica esta fórmula de transición dio lugar a la publicación del real decreto de 4 de enero de 1834 sobre impresión, publicación y circulación de libros, completado con un reglamento de 1 de junio del mismo año para la aplicación del decreto a la prensa. Creó un marco legal todavía restrictivo pero posibilitó la proliferación de publicaciones, periódicos, libros y folletos en los más importantes núcleos urbanos del país reconstruyendo el poso liberal del Trienio. De hecho, éstas y sobre todo la prensa, se habían convertido en un instrumento de primer orden en la difusión doctrinal y en la agitación política. En el preámbulo del decreto se invocaba la filosofía del justo medio entre la “ilimitada libertad de imprenta” y las “trabas y restricciones que ha sufrido hasta aquí”. El principio de libertad de imprenta, no expresado explícitamente, quedaba sujeto a restricciones por la existencia de censura previa.
En este contexto, el decreto de 4 de enero de 1834 instituyó el principio por el cual la propiedad de las obras originales pertenecía a los autores de por vida y a sus herederos pasados diez años de la muerte del autor: “Nadie de consiguiente podrá reimprimirlas a pretexto de anotarlas, adicionarlas, comentarlas ni compendiarlas”17. El plazo de diez años para los herederos era el mismo que había recogido el decreto de 1813. El derecho se hacía extensivo a los traductores que tendrían la propiedad de por vida, pero se permitían otras traducciones de la misma obra. Reservaba el privilegio del Monasterio de El Escorial y su convenio con la Compañía de Impresores y Libreros del Reino para la impresión del rezo de oficio divino, y también respetaba el privilegio de la impresión y venta del calendario por el Real Observatorio Astronómico. Los demás privilegios de esta clase serían examinados por la Inspección General de Imprentas.
En 1836 se consolidó la ruptura liberal, y con ello el desmantelamiento jurídico de forma irreversible de las piezas maestras del Antiguo Régimen y la definición de un sistema político de naturaleza liberal que tomó cuerpo en la Constitución de 1837, sobre todo en forma de ideario progresista y con él la libertad de expresión sin previa censura. Para entonces el ejercicio de la política formaba parte de una actitud vital y de una actividad intelectual ligada a la escritura. Como veremos una juventud inquieta y animosa que abraza el nuevo marco liberal y cuya actividad literaria forma parte de la política misma.
Dos meses antes de promulgarse el texto constitucional y en un contexto previo de protección a los autores en esta década de transición hacia formulaciones liberales se publicó una real orden de 5 de mayo de 1837, que abundaba en estos términos. Pero esta orden incluía uno de los aspectos más polémicos de los derechos de autor por cuanto era el origen de muchos rendimientos: la representación en los teatros de las obras. En Francia, éste había sido el origen de la revolución de los autores protagonizada por Beaumarchais, al depender los autores de los actores y dueños de los teatros que conculcaban sistemáticamente los derechos. Esta real orden se situaba en un año especialmente prolijo de la ruptura liberal, pero también en consonancia con un género como el teatral, cultivado por buena parte de sus protagonistas por encima de la prosa. La Orden declaraba que las obras dramáticas, aunque se hubiesen impreso y llevado a la escena no podían representarse en el teatro sin permiso del autor18. Los autores como se verá vendían con frecuencia las obras y su representación en los teatros de la Corte, pero en la práctica recibían escasos rendimientos y siempre sujetos a la conculcación de los derechos. Fue la cuestión que provocaría la creación de la primera Sociedad de autores dramáticos en 1844. Aunque se habían redactado proyectos desde $1 8 4 0 ^ { 1 9 }$ , la primera ley que reconoció en España de forma precisa los derechos del autor fue la publicada el 10 de junio de $1 8 4 7 ^ { 2 0 }$ .