Un tránsito intersecular fecundo: la economía de la España democrática al comenzar el siglo XXI.
José Luis GARCÍA DELGADO Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Cada uno a su modo, Antonio Fernández García y Guadalupe Gómez-Ferrer han sido fieles, y ejemplarmente, al entendimiento del oficio de historiador que José María Jover Zamora trasmitió toda su vida y con toda su obra: esa suerte de “artesanía intelectual” que es, ante todo, orden y esmero, tenacidad y precisión, paciente búsqueda y buen acabado, profundidad interpretativa y cuidada escritura. Dedicarles a ambos –y con ellos a la memoria del común admirado maestro– estas breves páginas reporta a quien las firma la satisfacción de expresar, a un tiempo, aprecio intelectual y estima personal muy hondos.
Breves páginas sobre el pasaje intersecular más cercano de nuestra historia contemporánea: el que enlaza el ocaso del novecientos con el despuntar de este nuevo siglo, que tan deprisa corre ya. Un tramo temporal –el que suma el lustro que ha cerrado una centuria y el que ha inaugurado otra– pleno de interés, ciertamente, desde la perspectiva que ofrece la evolución de la economía1.
1. Una interacción positiva.
El decenio que está a caballo de la centuria del novecientos y del siglo XXI, ha prolongado –con signos de culminación en más de un caso– los años que han conducido a hacer de la economía española una economía con un alto nivel de prosperidad, plenamente integrada en Europa y con acusada presencia empresarial y comercial en los otros continentes: provechoso decenio en que desemboca ese tiempo abierto con la transición democrática que tanto ha elevado el “nivel histórico” de España, por decirlo con expresión orteguiana.
Es la década que abarca el ciclo del euro, relevo, a su vez, del que, en los diez años precedentes, estuvo focalizado por la adhesión española a Europa y cuyo final recesivo alcanzó su mayor agudeza en 1993. En efecto, desde el ecuador de los años noventa, afianzada la recuperación hasta entonces sólo titubeante, se inicia el ciclo de la economía española que se despliega sin solución de continuidad hasta el presente, saltando, por consiguiente, no sólo la convencional barrera finisecular, sino también, lo que tiene más interés, las demarcaciones del calendario político, ya que sucesivamente enlazará el último mandato del presidente González con los dos de Aznar, prolongándose durante el del presidente Rodríguez Zapatero, tras los comicios de marzo de 2004. Un ciclo dominado todo él por la disciplina exigida y los alicientes creados por la incorporación de España a la unión monetaria continental. Un recorrido intersecular que ofrece un balance global ciertamente positivo: con una población que ha registrado la mayor tasa de crecimiento de toda Europa como consecuencia de la masiva e incesante incorporación de inmigrantes (el 80 por 100 de los nuevos 4 millones de personas censadas entre 1995 y 2005), la renta española por habitante es al final de 2005 un 30 por 100 superior a la de 1995, y el mayor ritmo de crecimiento aquí registrado, en comparación con el promedio de los quince países de la Unión Europea en esa última fecha, ha permitido recortar en cerca de ocho puntos porcentuales el diferencial que aún nos separa de esas economías (del 83 al 91 por 100, ocho puntos que alcanzan a ser casi diez si la comparación se circunscribe a los países del euro).
Es verdad que al saltar de un siglo a otro ha cedido ligeramente el tono expansivo de los años precedentes, pero también lo es que durante el primer quinquenio del siglo XXI la pauta de crecimiento se ha demostrado más duradera y vigorosa de lo esperado. No se olvide, además, que así como la expansión del último tercio de los años noventa se produce en el marco del intenso crecimiento de la economía de Estados Unidos, de los espectaculares avances de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las favorables expectativas alentadas por el proceso de unificación europea, en cambio, durante el primer quinquenio de este siglo, el sostenido crecimiento de la economía española se ha logrado en medio de profundas conmociones de todo orden a escala internacional, cuando a la vez una severa atonía ha hecho mella en las economías de Alemania, Francia e Italia.
En conjunto –dígase otra vez–, el decenio intersecular presenta buenas credenciales: un cuadro macroeconómico marcado por el equilibrio de las principales variables, crecimiento claramente superior al de la media de los socios europeos y mantenido clima de confianza de y entre los agentes económicos.
Dilata todo ello –también se ha dicho ya– el capítulo más fructífero de la realidad contemporánea española, el que contempla la recuperación de las libertades y el afianzamiento de la democracia. Conviene subrayarlo. También en lo que concierne a la economía, la España recuperada de la democracia ha hecho un recorrido sobresaliente. Ha conseguido ganar posiciones en el desarrollo comparado a escala europea. Ha conocido una larga cadena de transformaciones en la estructura social y en la estructura productiva. Y ha sido capaz de construir un complejo sistema de bienestar social, con un volumen acrecido de recursos públicos, la mitad ya competencia de las administraciones territoriales del Estado.
Puede sostenerse, en suma y sin forzar el hilo argumental, que en la España de nuestro tiempo se ha producido una suerte de interacción positiva entre democracia y economía. La democracia ha sido un marco idóneo para el crecimiento económico, una buena aliada de la modernización económica; la libertad, dicho de otra forma, ha potenciado la creatividad de individuos y grupos sociales, ha enriquecido el capital social y el conjunto de instituciones civiles que sustentan el tejido productivo, impulsando las iniciativas empresariales y la búsqueda de soluciones negociadas. A su vez, la economía española, con rebrotadas capacidades antes inertes o subutilizadas, ha coadyuvado a asentar la democracia, revelándose aquélla más capaz de lo que muchos creían, más consistente de lo que se presumía, más adaptativa de lo que casi nunca se pensó; sorprendiendo, de hecho, a casi todos en esos no pequeños desafíos que han sido, primero, la asimilación por parte de nuestra estructura productiva de los impactos de la crisis de los años setenta; luego, la adhesión al espacio comunitario europeo; más tarde, el puntual cumplimiento de los deberes de equilibrio macroeconómico impuestos por los criterios de convergencia nominal para participar en la puesta a punto de la moneda única, el euro, y por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.
Razones para la autoestima, pues, no escasean: en no pocos aspectos –otra vez términos orteguianos– al “todavía no” durante tanto tiempo prevaleciente, ha sucedido el “por fin” por tantos hoy reconocido.
2. Una triple apuesta.
Ese sustancial avance modernizador de la economía española ha implicado tres apuestas decisivas para la suerte misma de la prosperidad y la libertad; tres apuestas o componentes nunca antes coincidentes en el escenario de la España contemporá- nea o, al menos, nunca con tanta notoriedad.
Primera, la apuesta por la estabilidad. Estabilidad económica para un país estable que puede alardear de gobiernos duraderos, seguridad jurídica y una continuada y activa búsqueda de grandes acuerdos sociales. (Repárese, por cierto, en esta comparación apabullante: entre 1902 y 1923, es decir, en los veintiún años que transcurren entre la jura de la Constitución por Alfonso XIII y el golpe militar de Primo de Rivera, la cartera del Ministerio de Hacienda cambia 44 veces de mano; por el contrario, en los últimos veintiún años, desde el verano de 1985 al del 2006, sólo ha habido cuatro ministros de Hacienda en España: Solchaga, Solbes, Rato y, de nuevo, Solbes).
Alcanzar un cierto grado de estabilidad económica no ha sido fácil y ha llevado su tiempo, resistentes algunas de las adherencias desestabilizadoras del crecimiento, particularmente las que alimentan tensiones inflacionistas. Lo conseguido, empero, es mucho, si se miran las cosas con cierta perspectiva histórica y, sobre todo, si se considera el descreimiento generalizado que durante mucho tiempo ha dominado en la sociedad española acerca de las ventajas de apostar resueltamente en esa dirección, comenzando por las que trae el valor estable de la moneda. Ahora un principio básico ha acabado por calar hondo en la opinión mayoritaria: que no hay prosperidad duradera sin estabilidad; que la falta de ésta siempre se resuelve, antes o después, en una contribución negativa a la actividad económica; que la estabilidad aporta confianza, y la confianza —acaso la palabra más importante también en economía— es el mejor lubricante de iniciativas inversoras y de proyectos empresariales. La savia que nutre eso que hoy se ha dado en llamar «capital social», y que sirve para resaltar la importancia de la cohesión y de la confianza recíproca entre sujetos individuales y agentes sociales para el progreso material y moral de un país.
La internacionalización de las empresas españolas es la segunda de las apuestas determinantes. Una multiplicada y creciente toma de posiciones en la economía globalizada de nuestro tiempo. En apenas tres quinquenios a partir del comienzo de los años noventa, efectivamente, las empresas españolas –con las energéticas a la cabeza– han hecho gala de una capacidad no poco extraordinaria de iniciativa y de capacidad gestora, de determinación y de saber hacer. Sin duda, todo un formidable ejercicio de extraversión empresarial, participado por largos centenares de firmas y que ha convertido a España en país emisor neto de capitales, accediendo a la elite de los principales países inversores del mundo.
Una internacionalización que, primero, se ha afirmado en Iberoamérica –aprovechando las ventajas de un condominio lingüístico que reúne a más de cuatrocientos millones de hablantes en una veintena de países y doce millones de kilómetros cuadrados–, pero que después ha ampliado el espectro de su irradiación hacia Europa, América del Norte y, paso a paso, hacia Asia, al compás de una también mayor diversificación de firmas y actividades productivas. Todo un signo, –mírese por donde plazca– de empuje económico y dinamismo gestor en el complejo orbe económico mundializado.
Estabilidad e internacionalización no son ajenas, en fin, a la tercera apuesta determinante de los crecientes niveles de prosperidad y libertad: la que se ha hecho –y ganado– a favor de la empresa, del papel de los emprendedores; a favor de los empresarios; a favor de la renovación de técnicas de gestión; a favor de la profesionalización de las funciones directivas, y de la cualificación y la formación de quienes las ejerzan; a favor, en suma, de la creatividad empresarial. El hecho tiene que ver, ante todo, con la apertura de la economía española y con el predominio creciente del mercado: sólo se innova cuando se compite, de la misma forma que sólo la competencia tensa las capacidades creativas de los empresarios. En una economía intervenida, basta con meros administradores las más de las ocasiones; en una economía libre, por el contrario, el empresario es la piedra angular, el empresario que innova, que atisba oportunidades de negocio, que concita recursos y voluntades, que se expone. Pero la centralidad ya adquirida por la figura del empresario en la economía española, ha de guardar también relación con el clima de estabilidad institucional y de confianza interpersonal que anima a afrontar nuevas actividades e inversiones. Es natural: a mayor estabilidad macroeconómica, menor resistencia a asumir riesgos en la esfera microeconómica; con el asentamiento institucional, gana el mercado, en definitiva.
En todo caso, la España democrática puede hoy presentar en su haber la superación de la tantas veces lamentada escasez de proyectos empresariales. Por supuesto que es algo que también se aprecia, con diversas tonalidades, en los países de nuestro entorno, pero en España tiene mayor significación por la reticencia hacia lo mercantil que ha prevalecido en amplios sectores sociales, a un lado y otro del abanico ideológico. Las cosas han cambiado mucho en poco tiempo: a la parvedad de iniciativas empresariales ha sucedido la proliferación de proyectos, no pocos con marcada ambición, y lo que antes era exclusivo de unos pocos reductos regionales —el hacer empresa en la Cataluña urbana, en el País Vasco más industrializado o en el pujante núcleo madrileño—, hoy ha dado paso a un tejido productivo más diversificado y extendido, con aprecio social de la actividad empresarial, del papel insustituible que le corresponde en una economía desarrollada.
3. Un reto.
Capacidad de crecer bien demostrada en un afianzado sistema de libertades: sazón inmejorable para incrementar aquellas dotaciones de capital tecnológico y humano que aportan calidad al patrón de crecimiento y ofrecen garantías de sostenibilidad. Mayores y mejores dotaciones de capital humano y tecnológico para elevar la productividad y ganar competitividad: no es otro el reto de la economía española que se adentra en el siglo XXI.
La calidad del crecimiento es el distintivo de las economías avanzadas, y la española ha de aspirar a serlo. Su posición en este dominio es, desde luego, defectiva. Sobran indicadores que lo prueban. Cantidad y calidad no han seguido ritmos parejos. Mientras el ritmo de expansión ha doblado en el curso de los últimos años la media europea, España ha perdido terreno en investigación, educación, en la aplicación de innovaciones a la empresa, ese trípode esencial.
En $_ { \mathrm { I + D + i } }$ es bajo su esfuerzo inversor y su stock de capital tecnológico apenas alcanza el 50 por 100 de la media de la Unión Europea; el número de patentes registradas está muy por debajo del nivel que le correspondería por el tamaño y desarrollo de su economía, siendo por ello altamente deficitaria de productos de alta tecnología; y la posición rezagada de España en el proceso de inserción en la sociedad del conocimiento se advierte también en la relación que ordena los resultados comparados de los respectivos sistemas educativos de los países europeos. Cantidad y calidad desparejos.
Algo que también resulta indisimulable en el mercado laboral: no en vano, es la calidad del sistema productivo lo que determina las condiciones que aquél puede ofrecer. En apenas diez años, en España se han creado casi seis millones y medio de empleos –un tercio del total sumado por los quince países de la Unión Europea que la han integrado durante todo ese tiempo–, y se ha conocido la mayor caída de los niveles de paro –del 24 al 8,5 por $1 0 0 -$ , pero en ningún aspecto cualitativo destaca la posición española: la temporalidad es excepcionalmente alta y muy baja la proporción de trabajos a tiempo parcial; en el empleo femenino –tasa de actividad y equiparación retributiva–, se halla lejos de los países que abren camino; siendo muy elevada, absoluta y comparativamente, la siniestralidad laboral.
La calidad es, pues, el reto; la calidad que se gana con crecientes recursos de capital tecnológico y de capital humano. Bueno será subrayarlo aquí, en unas páginas dedicadas a dos universitarios que con su trabajo docente y su labor como investigadores han optado siempre por la excelencia.