Las independencias americanas. Reflexiones historiográficas con motivo del Bicentenario1.
Pedro PÉREZ HERRERO (Universidad de Alcalá de Henares) email@example.com.
Recibido: 14 de febrero de 2010
Aceptado: 23 de junio de 2010.
RESUMEN.
Este texto tiene como finalidad ofrecer una reflexión general sobre los avances historiográ- ficos realizados en las últimas décadas (especialmente desde 1960) referidos a los movimientos de las independencias en América Latina con la explícita misión de intentar ordenar el diálogo académico que se ha abierto en la disciplina antes que tratar de cerrar un debate. Por motivos de espacio, se han seleccionado sólo algunos temas y se ha optado por citar únicamente las obras más emblemáticas, tratando de incluir en la muestra seleccionada la diversidad regional del continente americano.
Palabras clave: Independencias. América Latina. Historiografía. Guerras. Constitucionalismo. Monarquía hispánica. Liberalismo. República. Federación. Reformismo borbónico.
Historiographical notes on the bicentenary of the American Independences.
ABSTRACT.
This text aims to provide a general reflection on historiographical advances made in recent decades (especially since 1960) related to the independence movements in Latin America in order to sort the academic debate that has been opened in the discipline rather than trying to conclude it. Due to space limitations, we have selected only a few issues and have chosen to quote only the most outstanding works, although trying to include America’s regional diversity in the selected sample.
Keywords: Independence. Latin America. Historiography. War. Constitutionalism. Hispanic monarchy. Liberal. Republic. Federation. Bourbon reformism.
1. Introducción.
Los movimientos de las independencias de comienzos del siglo XIX están siendo, a comienzos del siglo XXI, un tema importante de debate. El motivo no es casual. Tras décadas de un paciente acopio de materiales, conocemos mejor los procesos y estamos en mejor disposición para ensayar nuevas interpretaciones. La situación actual de la región está haciendo además que se investigue cuáles son las debilidades-fortalezas del pasado a fin de poder diseñar con más libertad el modelo de sociedad que se quiere construir en el futuro. Los bicentenarios fueron diseñados en su origen como una conmemoración de la libertad política alcanzada en los campos de batalla (tras no haberse llegado a un acuerdo pacífico de cómo volver a organizar la monarquía imperial tras la crisis derivada de la abdicación de Fernando VII en 1808), un reconocimiento de la esencialidad del modelo liberal del Estado moderno y una reclamación de la necesidad de potenciar los sentimientos nacionalistas (considerados en peligro ante los embates de la globalización). No obstante, la dureza de la crisis financiera internacional (acelerada por la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008), con el consiguiente recorte en los gastos presupuestados para financiar los fastos conmemorativos, hizo que ante las resquebrajaduras del modelo de desarrollo existente (político, económico, social, cultural) surgieran voces que se preguntaran hasta qué punto la libertad política alcanzada tras las guerras de independencia logró transformar las dinámicas plurales de las sociedades estamentales de Antiguo Régimen en verdaderas naciones con sentimientos unitarios y economías integradas. El análisis histórico de la independencia cobró nueva importancia para estudiar en profundidad cómo se construyó el EstadoNación a comienzos del siglo XIX; y los bicentenarios acabaron convirtiéndose (por ventura para el medio académico) en espacios de reflexión en vez de meros actos patrióticos conmemorativos cargados a menudo de una combinación de orgullos nacionalistas con ocultos complejos de culpa2 .
Este texto tiene como finalidad ofrecer una reflexión general sobre los avances historiográficos realizados en las últimas décadas (especialmente desde 1960) referidos a los movimientos de las independencias en América Latina con la explícita misión de intentar ordenar el diálogo académico que se ha abierto en la disciplina antes que tratar de cerrar un debate. Por motivos de espacio, se han seleccionado sólo algunas cuestiones y se ha optado por citar únicamente las obras más emblemá- ticas, tratando de incluir en la muestra seleccionada la diversidad regional del continente americano.
2. ¿Historia continental, nacional, local? ¿Visión de largo, medio, corto plazo?
Hasta mediados del siglo XX existía una imagen bastante extendida en los libros de texto de las enseñanzas primaria y secundaria en América Latina que transmitía la idea de que los movimientos de sus independencias se podían explicar partiendo de un modelo continental cuasi uniforme. Se interpretaba (con ligeros retoques según las distintas regiones) que los libertadores se enfrentaron a los absolutistas en sangrientas guerras de liberación; que la modernidad y la ilustración triunfaron sobre el oscurantismo y la tradición; que los valerosos guerreros libertadores, convertidos en héroes nacionales, eran la encarnación de los sentimientos patrióticos; y que las batallas habían funcionado como un fuego purificador para las nacientes Repúblicas independientes. No obstante, cada proceso independentista era narrado como una historia nacional excepcional y diferente.
Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han mostrado que tras las historias nacionales existía una rica diversidad de experiencias regionales y que el modelo explicativo era más complejo de lo imaginado, teniéndose que incluir más tonalidades a fin de poder construir una narración más rica del proceso histórico. Se ha comprobado que las historias continental (revoluciones atlánticas), nacional (nacionalismos) y regional (localismos) tuvieron ritmos, ideales, causas, discursos y protagonistas diferentes, pero no por ello tuvieron que ser excluyentes o antagónicas. A su vez, se ha constatado que las independencias deben analizarse combinando las perspectivas del tiempo largo (punto de inflexión entre los siglos de la época colonial y los de la independiente), medio (finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX) y corto (entre 1808 entendido como el origen del proceso y 1826 como el final del ciclo bélico)3 . La primera perspectiva acostumbró a centrar el análisis en variables económicas y sociales; la segunda en aspectos políticos, haciendo especial referencia a las ideas; y la tercera en temas militares-estratégicos con una abundante profusión de datos biográficos sobre los héroes. A todo ello hay que añadir que una constante en esta literatura de mediados del siglo pasado fue interpretar que una concatenación de crisis coyunturales (corto o medio plazo) podían explicar los procesos de cambio estructural de comienzos del siglo XIX (largo plazo). La subida de precios, el impulso demográfico, la exportación masiva de metales preciosos o la llegada de un número elevado de nuevos gestores-administradores procedente de la Península Ibérica, el deterioro en la relación del intercambio, la llegada de nuevas ideas políticas, la evolución de los acontecimientos internacionales (Independencia de los EEUU, revolución francesa), la abdicación de Fernando VII en Bayona fueron, sin duda, elementos necesarios que pueden ayudar a entender el proceso en cada caso región y momento histórico, pero no deben ser entendidos como variables suficientes exclusivas tomadas por separado para explicar la profundidad de los cambios que se generaron a partir de 1808. También en este caso se ha aprendido que una correcta combinación de variables de larga, media y corta duración es preferible a la utilización de un enfoque u otro como si se tratara de argumentos independientes, excluyentes o incluso antagónicos.
Una buena distinción geográfica general de partida sigue siendo la que realizó Jaime E. Rodríguez O. a comienzos de la década de 1990. Dicho autor diseñó cuatro modelos de comportamiento: 1) Zonas centrales de Nueva España, Guatemala, Nueva Granada, Quito, Perú, Alto Perú, caracterizadas por la complejidad de sus sistemas económicos (minero-manufactureros) y sociales; 2) Nueva Galicia, América Central, Chile y Río de la plata, en tanto que zonas agrícolas surtidoras de las demandas de productos básicos a los mercados internacionales y a las zonas centrales; 3) Cuba, Puerto Rico, Venezuela, y partes costeras de Nueva Granada, Guayaquil, Nueva España y Perú, con agriculturas de exportación de productos tropicales basadas en mano de obra esclava; y 4) las zonas de frontera como el septentrión de la Nueva España, el sur de Chile y Río de la Plata, la Banda Oriental y la región del interior de Paraguay4 .
La apertura de nuevos centros de investigación regionales en bastantes países de América Latina y la llegada de fondos para algunos archivos locales durante la dé- cada de 1990 (resultado en parte de los procesos de descentralización políticoadministrativa) han ayudado a potenciar las investigaciones sobre las respectivas realidades municipales. En algunos casos, siguiendo el esquema interpretativo de las historias nacionales, se ha acumulado una ingente cantidad de datos con la misión de ensalzar el protagonismo de los héroes locales o de subrayar la relevancia de las historias regionales como apoyatura de las demandas de autonomía; pero en otros se ha comenzado a realizar una importante tarea reflexiva sobre las diferencias y coincidencias observadas en cada caso.
Hay que mencionar también que la tendencia de excepcionalidad del caso de las independencias americanas que caracterizó buena parte de la historiografía latinoamericana al menos hasta mediados del siglo XX ha comenzado a revisarse. Vigorizado por los sentimientos nacionalistas, cada país se recreó durante décadas en su propia historia, sin ver la necesidad de levantar la mirada para preguntarse si lo que sucedía en la región tenía alguna conexión con lo que había acontecido en otros rincones del planeta. Sólo la historia de Estados Unidos parecía importar. Las últimas investigaciones están subrayando que no se puede seguir sosteniendo que lo que falló durante la primera mitad del siglo XIX en América Latina fue el insuficiente ahorro interno que fomentara adecuadamente las inversiones productivas, la escasa presencia de burguesías emprendedoras competitivas, la ausencia de clases medias numerosas participativas, la debilidad de un sistema de partidos digno de tal nombre, la escasa preparación y mala salud de los trabajadores como consecuencia de la insuficiente inversión en educación y sanidad (lo cual se tradujo en una reducción de los años reales laborales y de su productividad), la reducida presencia de infraestructuras que facilitaran la extensión de mercados internos, etc. Sin negar la importancia de todas estas variables, se ha comenzado a sostener que no tienen la suficiente potencia explicativa por sí solas para entender los cambios en el largo plazo, ya que buena parte de estos mismos males fueron compartidos por una gran cantidad de países europeos durante la primera mitad del siglo XIX. América Latina ha comenzado a dejar de ser vista como la permanente excepción, pero urge seguir potenciando la realización de trabajos comparativos.
3. ¿Revoluciones liberal-burguesas, guerrillas, reacciones étnicas, luchas de clases?
La historiografía nacionalista acostumbró a interpretar durante décadas que la Nación se forjó en América Latina sobre la base de la existencia de una ciudadanía homogénea que optó de forma unánime por la independencia a comienzos del siglo XIX para superar las estructuras opresivas estamentales de Antiguo Régimen y alcanzar las libertades y la movilidad social propias de las sociedades liberales.
Las últimas investigaciones han puesto de relieve que hubo diferencias en el comportamiento de los distintos grupos sociales en cada momento y región. Cada día sabemos mejor que en las guerras de independencia participaron tanto el grupo de los notables (reclamando mayor participación política y económica) como el resto de la sociedad (campesinos, sectores urbanos de bajos ingresos, comunidades étnicas, esclavos, etc. demandando mejoras en sus condiciones de vida), pero también es verdad que se ha podido definir que cada grupo lo hizo de una forma distinta. No puede interpretarse que grandes conjuntos de la sociedad fueron las víctimas pasivas del sistema imperial, que se levantaron como una clase explotada contra los abusos cometidos por una Metrópoli absolutista, o que sus luchas fueran el resultado del despertar de un nacionalismo dormido5 . No resulta tampoco adecuado interpretar que cada grupo social se comportó de una forma diferente en función del color de su piel. Las categorías indio, negro, blanco, mestizo, mulato, zambo, etc. transmiten una fuerte carga racista al identificar una relación directa entre un comportamiento sociopolítico-identitario y un color de piel. Los trabajos realizados en los últimos años están demostrando que los cambios fueron bastante más complejos de los imaginados y que se combinaron continuidades y transformaciones en un intrincado panorama en el que primaron las pluralidades. Inés Quintero ha subrayado para el caso de Nueva Granada que si bien las guerras de independencia no pueden entenderse como el resultado de una tensión de clase, no debe olvidarse tampoco que la introducción de la lógica liberal (movilidad social) con la consiguiente superación de los privilegios estamentales propios de las sociedades de Antiguo Régimen permitió que grupos como el de los comerciantes, que no tenían el debido reconocimiento social por no pertenecer a linajes ni disponer de títulos, pudieran encumbrarse a partir de entonces a la élite. Los cambios, por tanto, favorecieron más a los grupos que ya gozaban de ciertos privilegios que al resto de la población de menos recursos e influencias como el de los pardos6 .
Para el caso concreto de las comunidades étnicas (especialmente para el mundo andino y Mesoamérica) algunas investigaciones han comenzado a poner el acento en la complejidad de las luchas, poniendo de relieve que si bien no fueron sujetos pasivos en las guerras de independencia, no pelearon siempre por las mismas causas y propósitos. Sin duda, no se pueden identificar sus luchas como las de unos campesinos que exigían un cambio en las relaciones de producción y una modificación de la estructura del sistema político. Tampoco pueden etiquetarse como las de un colectivo que, tras haber estado relegado durante siglos, se vio obligado a tener que usar las armas para reclamar su derecho a ser parte de la Nación. Hoy día, sabemos mejor que, por lo general, fueron luchas locales de ámbito rural que demandaban a veces la perpetuación de derechos comunitarios tradicionales o la resolución de conflictos sobre límites y uso de las tierras, apoyándose para ello tanto en los privilegios que les concedía el Libro VI de la recopilación de las Leyes de Indias de 1680 como en la ventana de oportunidad política que les abrió la Constitución de Cádiz al potenciarse la creación de pueblos (con la consiguiente adquisición de la entidad jurídica de representación política que hasta la fecha no habían gozado). Fueron luchas violentas, pero cortas en el tiempo. Por lo general, las reclamaciones y los conflictos se establecieron entre las comunidades y las autoridades locales y los propietarios de la región, en vez de contra el virrey o el Monarca. Tampoco se aprecia una vigorización en intensidad y cantidad de las mismas antes o después de $1 8 1 2 ^ { 7 }$ .
Algunos autores han calificado a estos movimientos de rebeliones e insurrecciones campesinas, subrayando que las comunidades participaron en las luchas exigiendo tierras para poder seguir alimentando (con una tecnología rudimentaria) a una población que iba en aumento en unas tierras que menguaban ante el avance de las haciendas (cultivos para la exportación o para el consumo urbano). No obstante, cuando se leen sus peticiones se confirma con claridad su enojo y angustia por la situación de pobreza y hambre en la que vivían, pero no se aprecia un plan independentista, ni se detecta un discurso revolucionario con la explícita misión de promover un cambio en la estructura del Estado, una modernización del sistema social, una modificación de la estructura productiva y una transformación de las identidades colectivas. Muchas investigaciones suelen coincidir en señalar que si sus formas de lucha (la propensión a los litigios por parte de las comunidades fue algo habitual desde el siglo XVI) no variaron mucho a partir de 1808, sí cambió en algunas ocasiones su discurso político8 . En otros casos se ha comprobado que algunas comunidades desarrollaron una sociabilidad política híbrida (republicana-representativa liberal y comunitaria de Antiguo Régimen) que les permitió ser parte integrante de las nuevas sociedades sin tener obligatoriamente que transformar de forma radical su identidad para entrar a formar parte de la nueva Nación9 . Todo ello se ha traducido en que las nuevas investigaciones han abierto el abanico de preguntas, superándose, en consecuencia, los enfoques centrados en el color de la piel como variable primordial para explicar los comportamientos socio-políticos10.
A su vez, la nueva historiografía puso de relieve hace años, a través del estudio detallado de la microhistoria de la dinámica de algunas familias, del análisis de los discursos políticos empleados por cada uno de los grupos y de la reconstrucción de los ingresos y gastos de la Monarquía, que no hubo una guerra civil entre peninsulares y criollos, entre el absolutismo tradicionalista peninsular y el reformismo liberal americano, tan frontal como repitió la historiografía nacionalista durante el siglo XIX. Durante bastantes décadas se insistió en la validez de la capacidad explicativa de la tesis que interpretaba que la independencia era el resultado de una lucha entre dos bandos: los de fuera, los extranjeros, los peninsulares, los colonialistas, los imperialistas, los propietarios de las haciendas, contra lo propio, lo local, los de dentro, los desposeídos, los sin tierra y los defensores de la autonomía. Se repitió que con motivo de las políticas recentralizadoras borbónicas se vigorizó el conflicto colonial entre los nuevos administradores peninsulares y los tradicionales grupos de poder locales americanos, subrayando que los segundos se enfrentaron a los primeros para recuperar lo que consideraban sus espacios naturales de influencia arrebatados de forma brusca por la nueva política etiquetada de neocolonialista (reconquista de los espacios americanos por la nueva administración borbónica, identificada con la figura de Gálvez). Se explicaba que el aumento de la presión fiscal, la llegada de nuevos gestores políticos nombrados por la administración borbónica y la entrada en escena de comerciantes andaluces como resultado de la apertura comercial se había traducido en una reducción de la autonomía de gestión política de los grupos de poder locales americanos sobre sus territorios con el consecuente aumento de la tensión entre los criollos y los peninsulares11. Jorge I. Domínguez sostuvo en las mismas fechas que las guerras de independencia fueron la consecuencia de un regateo político entre el gobierno y las élites americanas mal resuelto tras una etapa de crecimiento caracterizada por una mala distribución de los ingresos (espacial y social)12. A su vez, fue habitual insistir en el mismo período, partiendo de un esquema colonialista, que las comunidades indígenas (se defendía que estaban compuestas por campesinos) se rebelaron contra una situación rural insoportable que había ido empeorando a lo largo del siglo XVIII y en especial durante su segunda mitad. Fue habitual hablar de un ciclo de rebeliones, haciendo especial referencia a Túpac Amaru en el caso del Perú, y debatiéndose, en este caso, si debía entenderse como un precedente o no de la independencia13.
Desde finales de la década de 1980 distintos trabajos pusieron de manifiesto, una vez analizados algunos casos concretos de dinámicas de historias de familia y estudiado las cuentas de ingresos y gastos de la Corona, que dicho modelo explicativo basado en la tensión criollo-peninsular no funcionaba correctamente. Los peninsulares y los criollos no actuaron como si se tratara de dos grupos sin ninguna vinculación entre sí; y los beneficios fiscales y comerciales no estuvieron siempre monopolizados por el primer grupo14. Los recién llegados no podían ser considerados como extranjeros en el contexto de la Monarquía imperial, ni se mantuvieron como un grupo externo, ya que en bastantes casos acabaron vinculándose (matrimonio, negocios, intereses) con los notables locales. Además, no debe olvidarse que el aumento del gasto público (militar, gestión de lo público) en bastantes casos acabó beneficiando a los grupos indianos. Que hubo enfrentamientos entre uno y otro no se ha puesto en duda. Lo que se ha subrayado las últimas investigaciones es que el lugar de nacimiento no debe seguir entendiéndose como uno de los elementos explicativos centrales de los movimientos de las independencias. Prueba de ello es que tras las guerras de liberación no se produjo de forma automática una fractura o escisión de las estructuras familiares de los notables. Lo que nos están mostrando los datos recientes es que fueron más importantes las formas de gestión del poder y de control de los intereses económicos que el lugar de origen de los individuos o su color de piel. Los cambios de nombres en las familias ayudan a entender que unos grupos no desaparecieron de forma masiva de la noche a la mañana; y que la tan citada expulsión de peninsulares a comienzos del siglo XIX no fue tan masiva como se presentó15. Que el modelo imperialista y los procesos de recentralización fueran defendidos y apoyados con mayor vigor por individuos que habían nacido en la Península Ibérica, y que la autonomía en la gestión local-regional-municipal fuera la bandera de casi todos los grupos de poder locales indianos, no permite establecer una relación mecánica entre una interpretación del funcionamiento de la Monarquía imperial y el lugar de nacimiento. Tampoco puede sostenerse que éstos acabaran defendiendo las tesis republicanas-liberales y aquéllos las monárquico-absolutistas.
El enfrentamiento entre lo nacional y lo extranjero ha demostrado ser también un argumento teñido de tesis colonialistas que no reproduce bien las dinámicas de la época16. A mediados del siglo pasado se subrayó que las independencias no fueron una consecuencia mecánica de la incorporación de las ideas revolucionarias francesas o estadounidenses (como se defendió en el Primer Congreso Hispanoamericano de Historia celebrado en Madrid el octubre de 1949), sino más bien una tensión política entre el mundo americano y la Península provocada por el resquebrajamiento de la estructura política de la Monarquía imperial tras la abdicación de Bayona17 Desde entonces, se ha escrito mucho sobre la dificultad de interpretar que fueron una mera copia de la revolución de independencia estadounidense18.
A su vez, el entendimiento de las guerras libertadoras como revoluciones burguesas ha sido motivo de un amplio debate que no ha acabado de cerrarse. Unos autores se inclinaron por interpretar que no se trató de revoluciones burguesas, sino de levantamientos que terminaron precisamente subrayando la condición rural del continente y el ascenso de los militares al poder para mantener el orden19; otros optaron por denominarlas “revoluciones inconclusas”20, y otros siguen defendiendo que fueron “revoluciones liberal-burguesas”21. François-Xavier Guerra sostuvo a comienzos de la década de 1990 la necesidad de entender las independencias en el cruce de influencias entre las dinámicas de las sociedades de Antiguo Régimen que no acaban de desaparecer y la modernidad liberal que no terminaba de enraizarse22. Se escribió también mucho durante las décadas de 1970-1980 sobre la procedencia de interpretar si las independencias fueron la cristalización de los sentimientos del patriotismo criollo23, pero hace poco se ha puesto de manifiesto lo inapropiado de identificar dicho planteamiento con un discurso protonacionalista24. Recientemente, se ha recordado que el miedo a la invasión napoleónica (suponía una centralización en la toma de decisiones que se traducía en una pérdida de autonomía de las distintas piezas de la Antigua Monarquía imperial hispánica) fue gestionado en bastantes ocasiones tanto por el clero (construyó un discurso que identificaba a la Francia postrevolucionaria como profundamente anticatólica y por tanto enemiga de la Monarquía católica hispánica) como por diferentes grupos civiles para preservar los valores autonomistas contarios a cualquier proceso que supusiera una centralización política (del signo que fuera). Ha quedado patente que el discurso anti-francés y anti-bonapartista no puede ser entendido en modo alguno como independentista. Los leales americanos reclamaban el regreso al orden y a la tradición del mundo hispánico, no la ruptura y la modernidad, recordando para ello ser los garantes de los derechos legítimos de Fernando VII y los enemigos de Napoleón25.
Hay que aclarar también que bajo la etiqueta de liberales y liberalismo se dieron diferentes planteamientos y discursos en la época que variaron tanto en el tiempo como en el espacio, y que los diputados americanos que participaron en las discusiones de las Cortes de Cádiz no presentaron un esquema homogéneo. Joaquín Fernández de Leiva fue un liberal radical; Vicente Morales Duárez fue un moderado; Antonio Joaquín Pérez y Salvador Sanmartín fueron claros defensores del absolutismo; Mariano Mendiola y Juan José Guereña son de difícil adscripción por moverse entre una y otra tendencia; Andrés de Jáuregui se caracterizó por la defensa del continuismo y el inmovilismo; Ramos Arizpe y Mejía Lequerica se distinguieron por su radicalismo26. También hay que recordar que no todos los grupos americanos estuvieron de acuerdo con las ideas de Cádiz. Sirva de ejemplo que, en septiembre de 1811, el Consulado de Comerciantes de la ciudad de México sometió a debate en las sesiones de las Cortes un documento que defendía que en el continente americano no todos los individuos debían ser considerados iguales (no pudiéndose en consecuencia hablar de una ciudadanía única) subrayando que había indios, castas, negros (a los que se calificaba literalmente de asquerosos, indecentes, zafios y monos gibones). Era evidente que si bien los comerciantes del Consulado de México estaban de acuerdo en lograr un mayor grado de autonomía para la gestión de sus asuntos, disentían frontalmente con la tesis liberal de transformar una sociedad de privilegios de Antiguo Régimen en otra marcada por la igualdad ante a ley de todos los ciudadanos27. Hay que recordar también que los términos de independencia y autonomía se manejaron en muchas ocasiones de forma casi indistinta entre 1808 y 1821, por lo que la tesis del enfrentamiento entre el absolutismo peninsular y el liberalismo criollo americano parece ser más una simplificación.
En suma, no parece oportuno seguir hablando de una tensión entre las elites coloniales liberales americanas y el gobierno central absolutista de España. Menos aún entre poseedores de tierras y desposeídos, hacendados y campesinos, esclavistas y esclavos. La historia de los siglos XVI, XVII y XVIII muestra que en muchos casos se dieron luchas sociales y revueltas a veces violentas tanto en la Península Ibérica como en los espacios americanos, pero en ningún caso se planteó un cambio (revolución) en la estructura de gobierno y menos la independencia. La Monarquía imperial hispánica estaba integrada por distintos reinos con características y diná- micas propias; no todos los súbditos de los reinos americanos (por el hecho de residir en el continente americano) se enfrentaron a la Junta Central y la Regencia en 1810, ni debe entenderse que dicha oposición pueda interpretarse como un rechazo a la Monarquía; no puede identificarse de forma automática a todos los habitantes de la Península Ibérica como centralistas, absolutistas; es inapropiado hablar de España en 1808-1812 como un Estado y una Nación, ya plenamente construidos y cerrados, ya que las independencias supusieron también para los reinos de la Península Ibérica una redefinición de su identidad política, al romperse la articulación de la Monarquía imperial; los términos “realistas”, “americanos”, “liberales”, “conservadores”, “patriotas”, “constitucionalistas”, etc., esconden diversas connotaciones y denotaciones cambiantes en el tiempo y cada región, y las comunidades no pueden identificarse de forma mecánica como campesinas, extrapolando con ello una lógica y comportamiento de clase. Sin duda, necesitamos buenas historias de vida que reflejen las biografías de diferentes actores socio-políticos para analizar con precisión dónde estuvieron las rupturas y las continuidades, los solapamientos y las diferencias, en una película en color en vez de una foto fija en blanco y negro. Ni todo acabó en 1808, ni todo comenzó en 1812.
4. ¿Maduración de unas naciones preexistentes?
Las independencias fueron entendidas por buena parte de la historiografía tradicional durante décadas como procesos de maduración histórica de las sociedades y por tanto como historias inevitables. Se defendió que la propia evolución de las sociedades latinoamericanas a lo largo de los siglos, y de forma especial a partir de mediados del siglo XVIII (apoyado por el crecimiento demográfico y el cambio social, el impulso e internacionalización de sus economías y la extensión de las ideas liberales), junto con la aplicación de las políticas recentralizadoras impulsadas por los últimos Borbones (Carlos III y Carlos IV) se tradujeron en una llegada masiva de nuevos administradores-gestores (visitadores, intendentes, subdelegados) procedentes de la Península Ibérica, lo cual produjo un enfrentamiento entre los grupos de poder locales americanos y los recién llegados de la Península Ibérica al sentirse los primeros desplazados. Esta interpretación (bautizada con los términos de neo-imperialismo o neo-colonialismo y popularizada por John Lynch a comienzos de la década de $1 9 7 0 ^ { 2 8 }$ ) tuvo una gran aceptación en América Latina por vincularse adecuadamente con otras dos tesis. La primera defendía que las independencias no eran sino la superación de la época colonial y por tanto la recuperación de las tradiciones de la época precedente a la conquista29. Los seguidores de estas tesis coincidían en señalar que las guerras se habían hecho contra España y representaban el triunfo de la libertad de los pueblos americanos contra la opresión metropolitana30. La segunda tesis sostenía que antes de 1808 una multitud de luchas (algunas de ellas bastante violentas) había preparado el camino para una explosión revolucionaria que fue impulsada por una subida de precios a comienzos del siglo XIX, causante de un profundo malestar social31.
Estas tesis (de gran difusión en las décadas de 1970-1980) fueron analizadas en profundidad en los años siguientes, procediéndose a contrastar sus argumentos y revisar sus fuentes. En dichos trabajos quedó patente que los movimientos anteriores a 1808 no pueden ser entendidos como prolegómenos de la independencia, ni deben ser etiquetados como explosiones proto-nacionalistas o movimientos antimonárquicos. Cuando se analizan sus reclamaciones no se detecta que reivindicaran la independencia. Casi todos los participantes de dichas revueltas coincidieron en gritar la conocida consigna de “Viva el Rey y muera el mal gobierno”. Unos luchaban por entender que habían recibido una abusiva injerencia en la gestión de sus asuntos por parte de los poderes centrales o locales, otros protestaban contra la subida de impuestos o de los precios, otros se quejaban contra el desabastecimiento de bienes básicos ocasionado por el monopolio en coyunturas de malas cosechas, y otros pedían mayores libertades para comercializar sus productos o gestionar sus giros, pero en ninguno de ellos se planteó un cambio en la estructura política ni se discutió una alternativa clara al sistema monárquico32. Desde el punto de vista conceptual se ha subrayado también la dificultad de aplicar el concepto de Nación (con la acepción de identidad histórico-cultural compartida por el conjunto de la ciudadanía) en los distintos momentos históricos, sin hacer las debidas distinciones las dinámicas de las sociedades estamentales del Antiguo Régimen y las liberales. En la Monarquía imperial católica de finales del siglo XVIII, por Nación se entendía a todos los integrantes de la misma (relación súbditos-rey), incluyendo a todos los miembros de los distintos reinos, grupos locales, pueblos o etnias. El propio Sieyès no diferenciaba en Francia en la época de la Revolución de 1789 entre Nación y pueblo. Las relaciones de poder en la Monarquía católica se basaban en la vinculación entre el vasallo y el rey (tesis pactista). Con la aparición del liberalismo, por Nación pasó a entenderse a los ciudadanos (iguales ante la ley) de un territorio dado que conformaban un Estado con una Constitución aprobada que definía sus derechos y obligaciones. En consecuencia, no parece procedente, al menos teóricamente, hablar del pueblo náhuatl o aymará como Nación preexistente de los Estados mexicano, peruano o boliviano del siglo XIX respectivamente. Hoy sabemos que en el caso de.
América Latina primero se proclamaron las soberanías (derechos políticos) y después se fueron construyendo lentamente las naciones (derechos civiles), a diferencia del caso europeo, en el que primero se fueron adquiriendo los derechos civiles para posteriormente conquistar los derechos políticos y sociales33.
Al mismo tiempo, la tesis de que el tercer cuarto del siglo XVIII fue una etapa de crecimiento, orden, progreso e ilustración en todo el continente americano ha recibido críticas en los últimos años. Durante bastantes décadas se defendió que la etapa del reformismo borbónico se había comportado como una época proto-liberal (las medidas liberalizadoras comerciales y los cambios administrativos fueron identificados como precedente del liberalismo). Se defendía que las medidas reformistas habían impulsado el crecimiento de finales del siglo XVIII y se interpretaba que la independencia era el punto de llegada de un proceso de cambio que había comenzado a mediados del siglo XVIII, o incluso antes según algunos autores34.
No obstante, tras años de paciente trabajo de archivo para confeccionar series estadísticas completas (aún no contamos con un mapa completo de todas las regiones del continente), se ha podido constatar que el aumento en la producción no debe ser entendido como sinónimo de elevación de la productividad, pudiendo entonces interpretar que aquélla se dio en buena medida sobre la base de un aumento de los factores de producción (tierra y trabajo) y de una vigorización de la compulsión política. Con ello no se puso en duda que se produjeran y exportaran más kilos de metales preciosos (plata y oro) y de mercancías (cueros, cacao, añil, sebo, henequén, azúcar) durante la segunda mitad del siglo XVIII y que se abrieran nuevos puertos y rutas al comercio. Solamente se recordó que la capacidad adquisitiva de cada uno de los kilos de metal producidos fue mermando conforme fue aumentando la inflación; que el crecimiento no se transformó en desarrollo; que no se crearon economías de escala con eslabonamientos internos hacia adelante y hacia atrás, no generándose en consecuencia mercados internos debidamente integrados e interconectados; que el aumento de la producción dedicada a las exportaciones debió reducir la producción destinada al consumo interno, provocando tensiones entre ambos sectores; que la expansión de las exportaciones de metales se tradujo en una reducción notable de la oferta monetaria en las economías americanas con los consiguientes desajustes derivados del encarecimiento del crédito; y que el aumento en la compulsión política y la elevación de la presión fiscal generaron numerosas tensiones sociales35.
En suma, algunas investigaciones pusieron de relieve que el aumento en las exportaciones y el aumento en los ingresos fiscales debieron ir acompañados de tensiones regionales, desequilibrios entre los distintos sectores productivos, enfrentamientos entre los grupos de poder, y la expansión de un cierto malestar social. Evidentemente, ninguno de estos factores explica por sí solo los movimientos de las independencias, pero ayuda a comprender que éstas no fueron el final de una etapa de crecimiento, y que la época inmediatamente posterior a la independencia no se caracterizó por el fracaso debido a la masiva destrucción de infraestructuras y a la eliminación de un porcentaje elevado de la mano de obra como resultado de las guerras36. Parecería entonces más apropiado interpretar que si los años de la postindependencia no fueron sino el resultado de un crecimiento desequilibrado heredado de décadas de contradicciones, de luces y sombras, las guerras de independencia no deberían ser vistas como la causa de la desaceleración del crecimiento de la primera mitad del siglo XIX37.
Esta revisión de la interpretación de la segunda mitad del siglo XVIII se vinculó con la tesis, desarrollada especialmente a partir de 1990, que recordaba que las guerras de independencia no debían ser entendidas como un parte-aguas entre un antes (colonial, dependiente) y un después (republicano), tras detectar que una vez establecidas las repúblicas y eliminadas en teoría todas las trabas que habían impedido el desarrollo autónomo la región no había discurrido por los canales esperados. Una abundante historiografía comenzó a subrayar que las independencias no se tradujeron en el cambio radical imaginado en las estructuras productivas y sociales, poniendo de relieve que siguieron perdurando muchas de las dinámicas heredadas del sistema del Antiguo Régimen. La famosa frase pronunciada por Simón Bolívar en el Congreso Constituyente de la República de Colombia el 20 de enero de 1830 ("¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás”) se repitió una y otra vez en los textos académicos. En esta ocasión los excelentes trabajos de François-Xavier Guerra pusieron de manifiesto que la modernidad se resistía a aparecer y que la tradición perduraba más de lo imaginado38. Diferentes monografías recordaron que la Iglesia siguió ocupando un papel relevante en las nuevas Repúblicas; la división de poderes fue más nominal que real; la ciudadanía no surgía de forma automática como resultado de la simple proclamación de elecciones ni sus dinámicas y efectos eran los esperados en todos los casos (en algunas localidades, por ejemplo, fueron empleadas para perpetuar las desigualdades, las exclusiones, las diferencias y los privilegios del pasado); el discurso de la violencia y la permanente alusión al desorden eran empleados por algunos grupos sociales para legitimar su posición y seguir controlando el poder; las estructuras familiares siguieron siendo la base para el diseño del reparto del poder; los sentimientos de la Nación no acababan de generalizarse; las estructuras económicas no sólo no cambiaron sino que se fortaleció la orientación externa mono-exportadora; las desigualdades sociales no se redujeron; no se construyó una fiscalidad adecuada; la administración pública profesional brilló por su ausencia; los territorios se fragmentaron generándose una balcanización; y los poderes centrales no pudieron frenar los impulsos autonómicos de los municipios.
Con todo ello se puso de manifiesto la procedencia de analizar el período 1760- 1840 para rastrear cambios y continuidades, en vez de seguir mirando los años de 1808-1812 como fechas mágicas que simbolizaban un cambio de rumbo en las dinámicas sociales y económicas.
5. ¿Influencia de las ideas revolucionarias y de modernización francesas y anglosajonas?
Durante casi todo el siglo XIX fue bastante habitual que muchos historiadores defendieran que las independencias fueron en buena medida el resultado de la aplicación de las ideas revolucionarias que se habían originado en el pensamiento francés y anglosajón a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Esta interpretación resultaba útil para argumentar que la modernidad había llegado con la incorporación de los planteamientos teóricos políticos y económicos que habían dado origen a las nuevas formas del Estado liberal y al capitalismo, con la consiguiente superación del absolutismo y del mercantilismo. Dado que se argumentaba que lo nuevo había llegado de fuera, las tradiciones hispánicas debían ser arrinconadas al baúl de los recuerdos por inservibles y caducas. La tesis desarrollada por Max Weber en 1904 de que la ética protestante, y en especial la calvinista, había contribuido al desarrollo económico al favorecer el comportamiento racional, fortaleció aún más la extensión de esta oposición entre la modernidad (Gran Bretaña,
Francia, Estados Unidos) y el atraso (España). Puesto que había que superar esta maldición bíblica se hizo necesario demostrar que América Latina se había a desvinculado de sus anclajes tradicionales hispánicos que lastraban su desarrollo. Fue así como las batallas de comienzos del siglo XIX fueron presentadas como guerras de depuración que sepultaban para siempre las hipotecas del pasado y abrían las puertas del futuro39.
Estos argumentos han sido profusamente analizados en las últimas décadas. A mediados del siglo XX, Manuel Giménez Fernández y Carlos Stoetzer40 demostraron que muchas de las ideas manejadas por los pensadores americanos para comprender, explicar y legitimar las independencias no procedían de Francia, Inglaterra o Estados Unidos, sino de los pensadores neo-escolásticos españoles del siglo XVI. En las mismas fechas publicó Jean Sarrailh su magna obra sobre la ilustración española en la que demostró la originalidad de pensadores como Cabarrús, Jovellanos, Campomanes, Feijóo, Cavanilles, además de anotar la importancia de los autores italianos para comprender la época41. Coincidente en el tiempo Nettie Lee Benson, en una obra pionera, demostró la conexión entre las ideas políticas del primer federalismo mexicano y las Cortes de Cádiz, poniendo de manifiesto la existencia de un pensamiento hispánico que conectaba ambas orillas del Atlántico42.
Recientemente, Jaime E. Rodríguez O. y Mónica Quijada han analizado la importancia y relevancia del pensamiento escolástico (Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana, Francisco Suárez y Fernando Vázquez de Menchaca) para la construcción de las ideas que se manejaron el ámbito atlántico en el momento de las independencias43. Ivan Jacsik ha puntualizado a su vez que figuras como Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Lucas Alamán, José Victorino Lastarria, al temer el desorden generado por los esquemas de la revolución francesa, optaron por el gradualismo y la relectura de los autores clásicos de tradición hispánica, sin dejar por ello de ser liberales confesos y defensores de la independencia44. Por su parte, Javier Fernández Sebastián ha trabajado sobre lo que ha denominado iberconceptos, poniendo de relieve la importancia de la recuperación de las investigaciones de las ideas políticas en el ámbito hispánico45. Esta visión del problema ha posibilitado entender que los procesos revolucionarios latinoamericanos no fueron una copia fallida del modelo anglosajón y francés, sino una revolución que tuvo principios, metas y fases distintas que evolucionó con ritmos diferentes y transitó por otros derroteros.
Paralelamente, en la primera década del siglo XXI bastantes autores han subrayado la importancia de analizar las independencias en el contexto atlántico, y de forma especial en el marco hispánico (entendiendo éste como la suma de todos los reinos integrantes de la Monarquía hispánica), que no español (Península Ibérica). Una de las consecuencias de este enfoque es haber subrayado que los distintos pensamientos liberales (venezolano, argentino, chileno, español, portugués, italiano, mexicano, venezolano, colombiano, etc.) decimonónicos tuvieron un sustrato co-mún hispánico46; y que la Constitución de Cádiz de 1812 debe ser comprendida ricano del siglo $\mathrm { X I X } ^ { 4 7 }$ . Incorporaba la figura de los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales; creaba una estructura integrada con leyes iguales para todas las partes (en la práctica se partía de un esquema de federación de reinos dentro de la Monarquía española); restringía el poder del monarca; ampliaba el papel político de las Cortes; otorgaba el derecho al voto a todos los hombres (exceptuando a los de origen africano por su condición de esclavos) sin condicionarlo a tener estudios o propiedades; abolía la Inquisición, el tributo, el trabajo forzado; subrayaba la supremacía del Estado sobre la Iglesia; establecía un gobierno divido en tres niveles (municipio, provincia, monarquía); y permitía a las poblaciones de más de 1.000 habitantes convertirse en pueblos (ayuntamientos)48.
6. Autonomía e independencia: la recuperación del enfoque político en el contexto atlántico.
En las últimas dos décadas ha habido un cambio importante en el enfoque de las investigaciones sobre las independencias (americanas y española), al haberse subrayado la necesidad de partir de análisis esencialmente políticos. Jaime E. Rodríguez O., retomando los planteamientos que a mediados del siglo pasado hiciera Nettie Lee Benson49, demostró a comienzos de la década de 1990 que las guerras de independencia no podían entenderse como guerras de liberación nacional (luchas patrió- ticas abanderadas por los libertadores entre buenos y malos), reacciones anticoloniales contra la Metrópoli, lucha de clases entre oprimidos y opresores, poseedores y desposeídos; enfrentamientos entre la modernidad liberal de las sociedades americanas y el absolutismo opresor de la Madre Patria, respuestas a las reformas recentralizadoras borbónicas, o la consecuencia del vacío de poder generado tras la abdicación de Bayona en 1808.
El mismo autor subrayó que dichos procesos debían comprenderse en el contexto atlántico, y en especial en el espacio político (revolución hispánica) generado tras la disolución de la monarquía imperial hispánica50; que no debían etiquetarse como luchas frontales contra “España”; que en un primer momento las juntas de gobierno no reclamaron la independencia sino la autonomía política dentro del marco de la monarquía hispánica con la misión de defender la patria de los ataques franceses, apoyándose para ello en la tradición jurídico-política hispánica, no pudiéndose entender, en consecuencia, como movimientos revolucionarios derivados de ideas francesas o anglosajonas; que era necesario estudiar el proceso desde la óptica de los municipios; que no era posible confeccionar una interpretación única para todo el continente y uniforme para todos los grupos sociales (notables y grandes masas empobrecidas); que había que volver a estudiar el papel de las Cortes de Cádiz en el escenario político atlántico (contrarrestaron las medidas centralizadoras borbónicas, crearon las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales, reacomodaron la estructura política organizativa de la monarquía imperial con la consiguiente ampliación del electorado y la descentralización de la toma de decisiones); que la mayoría de las elecciones que se celebraron en territorio americano en el período 1808-1830 deben considerarse como modernas (en contra de las tesis sostenidas por algunos autores que las etiquetan de fraudulentas o las definen como una mera ficción51); que el vacío de poder generado tras la muerte de Carlos II, la subsiguiente Guerra de Sucesión (1700-1714) y el cambio de la dinastía de los Habsburgo por la casa de Austria a comienzos del siglo XVIII no debían ser etiquetados como hechos comparables con los sucesos acaecidos en 1808, debido a que no hubo a comienzos del siglo XVIII una convulsión institucional ni se puso en riesgo la legitimidad de la monarquía (las Cortes aprobaron el cambio de dinastía)52; y que era urgente entender las fases del proceso histórico distinguiendo bien cada una de ellas entre sí a fin de no confundir los argumentos manejados en cada período o región.
En concreto, señaló que en un primer momento (1808) se identificó a Francia con el terror, la revolución, el anticlericalismo, el desorden, y a Napoleón con las formas de gobierno imperialistas y centralistas que venían a poner en entredicho la autonomía de los reinos de la monarquía hispánica; que el regreso de Fernando VII y la suspensión de la Constitución pusieron en entredicho los espacios políticos ganados y quebraron las dinámicas de las Juntas de gobierno; que la vuelta a la Constitución en 1820 volvió a cambiar el juego político; que los diputados americanos siguieron peleando por gobiernos autónomos dentro del sistema imperial hasta el último momento; y que la independencia en el caso de México llegó no por haber sido derrotada la Corona, sino por el hecho de que los novohispanos dejaron de confiar en el sistema monárquico hispano al no recibir de las Cortes (1812 y 1820) la autonomía política que reclamaban53. La confederación de reinos hispánicos —una especie de Commonwealth pedida por muchos de los representantes americanos en las Cortes de Cádiz de 1812 y de Madrid de 1820 con la intención de recrear la antigua estructura imperial (austriaca en mayor grado, ya que la borbónica se caracterizó por potenciar el poder central del monarca)—, no se materializó no por no haber sido discutida y analizada, sino por haber sido negada repetidamente por la mayoría de los representantes de los reinos de la Península Ibérica, al entender que la proporcionalidad de la representación política beneficiaría al continente americano por tener más población54.
Paralelamente, han ido apareciendo numerosas contribuciones historiográficas de alto valor tanto de autores latinoamericanos como europeos que, partiendo de una mirada atlántica, han confirmado la importancia de recuperar la visión política del proceso de las independencias. Se ha hecho una correcta revisión del período del primer liberalismo hispánico distinguiendo entre “tradición/reforma” y “liberalismo/absolutismo”55; se está avanzando en el entendimiento de las elecciones, la representación política y la transformación de las identidades colectivas, poniéndose de relieve la necesidad de comprender dichos procesos en el contexto de socie-dades liberales nacientes con herencias del Antiguo Régimen56; se está comprendiendo la necesidad de estudiar los cambios políticos como resultado de un conflicto de soberanías, en vez de un choque entre naciones57; se sigue trabajando a buen ritmo en el papel que jugaron los municipios, subrayando la diversidad de situaciones regionales58; se ha profundizado en el tema de la legitimación59; y se han realizado trabajos sólidos sobre el funcionamiento de la fiscalidad60.
En suma, se ha avanzado mucho en el conocimiento sobre las independencias en los últimos 50 años. Se ha dado respuesta a antiguas preguntas, recopilado una ingente información de archivo y abierto nuevos temas de investigación. Sin duda, quedan incógnitas que se irán resolviendo en los años venideros, a la vez que formulando renovados interrogantes de la mano de la revisión de nuevas fuentes y la aplicación de técnicas de análisis más sofisticadas.