El confesor fray Luis Aliaga y la expulsión de los moriscos.
Father Luis Aliaga confessor and the expulsion of the moriscos.
Emilio CALLADO ESTELA Universidad CEU – Cardenal Herrera. Valencia.
Resumen:
El presente trabajo analiza la intervención del confesor de Felipe III fray Luis Aliaga en la expulsión de los moriscos, a partir del estudio de algunos aspectos cruciales para la historia de este episodio en torno a los cuales se suscitaron toda suerte de debates en la corte. Entre los más sonados, el destino de los niños, la distinción entre moriscos antiguos y modernos, el caso murciano o la posibilidad de un segundo destierro para los cristianos nuevos del Reino de Valencia, todos ellos con una activa participación del religioso.
Palabras clave: Confesor real; Fray Luis Aliaga; Moriscos; Expulsión; Siglo XVII.
Abstract:
This paper analyzes the intervention of Philip III confessor father Luis Aliaga in the expulsion of the moriscos. For it some crucial aspects are studied in the history of this episode, which great debates provoked in the court. Among the most important, the fate of children, the distinction between ancient and modern moors, Murcia case or the possibility of a second exile to the new christians of the Kingdom of Valencia, all with an active religious participation.
Keywords: Royal confessor; Father Luis Aliaga; Moriscos; Expulsion; XVIIth Century.
Entre las numerosas publicaciones dedicadas a la expulsión de los moriscos, de la que hace apenas unos años se celebraba su cuarto centenario1 , no se encuentra ninguna sobre el papel en ella desempeñado por un personaje de primer orden en la España de Felipe III. Lo fue sin duda el confesor regio, cuyo protagonismo, más allá de las atribuciones inherentes a su oficio, derivaba del trato privilegiado con el soberano y su participación en las principales instituciones de la Monarquía2 . Hallábase entonces monopolizado el primer confesionario del Reino -y lo estaría de manera ininterrumpida a lo largo de toda la centuria- por la orden de Predicadores3 . Conocida resulta, al menos para el caso de los territorios catalanoaragoneses, la actitud de los dominicos hacia las minorías religio.
Versión Definitiva: 29/04/2014 email@example.com
sas, cuya atención espiritual les había sido encomendada por la corona durante el Medievo4 . Nada hace suponer que tales frailes cambiaran de estrategia con el arribo de la Época Moderna. Desde luego no en el caso de los musulmanes, la conversión masiva de los cuales daría una nueva dimensión al problema de la integración, con la aparición de los moriscos. Frente a ellos, adoptaron los hijos del Patriarca de Caleruega una postura conciliadora bastante clara, próxima a la corona aunque difuminada al compás de los reiterados fracasos de las políticas asimiladoras y las cuitas internas de la propia orden, que romperían cualquier unidad de criterio previa dando cabida a opiniones para todos los gustos5 .
Interesan ahora las de aquellos religiosos ocupados de la real conciencia. En especial los cuatro confesores habidos por el tercero de los Felipes hasta el extrañamiento de los cristianos nuevos. Sabemos que ninguno de los primeros se mostró muy proclive a las medidas radicales contra este colectivo escuchadas desde comienzos del Seiscientos en determinados ámbitos políticos. Actitud que valdría a fray Gaspar de Córdoba y fray Diego Mardones -que lo fueron por su parte hasta 1604 y 1606- algún que otro enfrentamiento con el todopoderoso valido don Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma6 . Su sucesor, el padre Jerónimo Xavierre, superó a ambos en contundencia antes incluso de llegar al confesionario, como Provincial de Aragón primero y Maestro general de la orden de Predicadores después7 .
Ocupando todavía esta última dignidad, fray Jerónimo se opuso a la diáspora barajada en la junta celebrada en Madrid el mes de enero de 1602, donde se habló de tal posibilidad, a instancias del arzobispo de Valencia Juan de Ribera, como único remedio eficaz para atajar la contumacia morisca. La apuesta del padre Xavierre por una nueva campaña misional en el levante peninsular, acompañada por el perfeccionamiento de la red parroquial existente, logró aparcar tan drástico recurso durante los años que ejerció como confesor del duque de Lerma. Los escasos frutos obtenidos, sin embargo, obligaron a la corona a reunir otra junta en 1607, de la que volvió a formar parte el religioso, ya titular del confesionario regio. Fray Jerónimo defendió otra vez una política de paz y moderación con los cristianos nuevos para insistir en las bondades de la evangelización a cargo de sacerdotes aptos y ejemplares, como acabaría disponiendo Felipe III. Tampoco los resultados de esta enésima instrucción fueron los esperados. De nuevo las soluciones radicales cobraron fuerza frente a la voz contraria del dominico, que investido a finales de año con la púrpura cardenalicia proponía al Consejo de Estado, en su reunión del 30 de enero de 1608, otra junta de obispos valencianos encargada de organizar un último intento misional8 . Volvió a salirse con la suya el padre Xavierre. Aunque su óbito, sobrevenido el 2 de septiembre de aquel mismo año, hizo incontenible la expulsión, con la que tocó bregar al nuevo inquilino del confesionario regio, su hermano de hábito y criatura fray Luis Aliaga, director espiritual del valido hasta la fecha9 .
El cuarto confesor de Felipe III había nacido allá por 1565 en Zaragoza, donde su familia regentaba un modesto comercio de paños10. Como su hermano menor Isidoro, fue acogido tempranamente bajo la protección del padre Xavierre, por entonces prior del convento de Predicadores de aquella localidad11. En este cenobio ingresó el joven Aliaga, que hizo su profesión religiosa el 3 de noviembre de 1582, de manos del propio fray Jerónimo12. A su lado -ya como fray Luis- trabajó en los orígenes del colegio dominicano de San Vicente Ferrer y de la Universidad cesaraugustana. Del primero fue alumno aventajado, llegando a obtener los grados de lector y maestro en Teología13; de la segunda, catedrático de esta misma materia hasta su renuncia en 1605 para dirigir el convento de San Ildefonso14, erigido en Zaragoza bajo el mandato del nuevo Maestro General de la orden, no otro que el padre Xavierre. Auxilió a éste en el gobierno del orbe dominicano, en calidad de socio y con el título de Provincial de la Tierra Santa de Jerusalén y Visitador de Portugal15. Concluido el generalato de su mentor, fray Luis Aliaga permaneció junto a él en la corte ocupándose de la conciencia del duque de Lerma, de quien se convirtió en hechura16. A finales de 1608, y apoyado por el valido, sustituiría al padre Xavierre al frente del confesionario regio1.
El nuevo confesor tuvo en la cuestión morisca -prácticamente sentenciada ya- el primer asunto de enjundia al que atender en su recién inaugurada condición de director espiritual del monarca y como miembro habitual de las numerosas juntas de eclesiásticos reunidas en los meses sucesivos para resolver las implicaciones ultraterrenales de la expulsión. En las antípodas del difunto cardenal Xavierre y sus predecesores, fray Luis contribuiría desde ambas responsabilidades a “fomentar la propensión racial del pobre rey”, según G. Marañón. Porque el religioso no encarnaba sino la línea más dura de la orden de santo Domingo, en la órbita del duque de Lerma y favorable a una operación quirúrgica que acabase con los criptomusulmanes. La mudanza operada en el real confesionario habría resultado decisiva en este sentido para la definitiva aplicación de tal medida…18.
La interpretación propuesta ha constituido durante décadas un extendido tópico entre la historiografía. V. Navarro Latorre trató de desmitificarlo calificando de burda y escasamente fundada la afirmación del doctor Marañón, cuando no contradictoria, al contar al padre Aliaga entre los frailes opuestos en materia morisca a su gran valedor en la orden dominicana y sumarlo por el contrario a los adláteres del valido, de quien muy pronto empezaría a distanciarse el nuevo confesor19. El tema, pues, merecía un análisis en profundidad que aclarara la participación de fray Luis en este episodio. Es el que ofrecen las presentes páginas, a partir sobre todo de algunos aspectos cruciales para la historia de la expulsión en los que el aragonés intervino de manera activa, entre los más sonados el destino de los niños, la distinción entre moriscos antiguos y modernos, el caso murciano o la posibilidad de un segundo destierro para los cristianos nuevos del Reino de Valencia. Se ha contado para ello con las consultas y opiniones que sobre el particular emitió el mismo religioso, conservadas mayoritariamente en el Archivo General de Simancas, y editadas sólo en parte por P. Boronat y Barrachina20. Otros tantos pareceres, autógrafos e inéditos, se han localizado entre la miscelánea de Papeles del padre confessor fray Luis Aliaga que guardan tanto la Biblioteca Nacional de España21 como la Biblioteca Bartolomé March de Mallorca22.
1. Los niños moriscos.
La cuestión de los niños moriscos que debían permanecer en España tras decretarse el destierro de sus mayores sintetiza no pocas de las contradicciones y dudas suscitadas por la toma final de esta determinación. Participarían en tal debate teólogos, arbitristas y consejeros reales, cuya opinión al respecto del tema quedó dividida según la constante heredada de la anterior centuria. Es decir, de un lado los partidarios de la asimilación, a favor de la conversión del vencido entendida como salvación individual, que no cultural. Y los defensores de la extirpación radical, cada vez más numerosos e influyentes, del otro23.
Todavía a finales de verano de 1609, a unas semanas tan sólo de iniciarse el extrañamiento de esta minoría por el Reino de Valencia, seguía discutiéndose sobre la suerte de los infantes moriscos en el levante peninsular. El arzobispo Juan de Ribera acababa de rechazar la posibilidad de echar a los menores de once años, a quienes como bautizados no podía condenárseles por la apostasía de sus padres, además de que tampoco esta edad hacía suponer una posible resistencia armada. Los muchachos y muchachas exceptuados debían quedar, en opinión del prelado, bajo la tutela de los cristianos viejos hasta los veinticinco o treinta años, con obligación de servirles a cambio comida y vestido. Mayores dificultades planteaban los lactantes, cuya crianza a cargo de los señores de lugares afectados podría costearse a partir de los bienes dejados por sus progenitores24.
Así las cosas, Felipe III sometió el asunto a la consideración de su nuevo confesor, “como cosa en que se atraviessa la conçiençia”25. En su dictamen del 1 de septiembre, el padre Luis Aliaga se mostraría más próximo al anterior titular del confesionario regio, opuesto a la expulsión de los niños bajo cualquier pretexto, que a su hermano de hábito fray Jaime Bleda, quien atendiendo a criterios exclusivamente religiosos consideraba inútil su permanencia, dada la imposibilidad de conversión de los mismos a la verdadera fe aún atándoseles desde la más tierna infancia26. El dominico suscribiría buena parte de los argumentos recientemente esgrimidos por el Patriarca Ribera, insistiendo en que
“[…] siendo los niños de diez a onze años abaxo bautiçados, y por esto hijos de la Yglesia, capazes de ser instruydos en nuestra sancta fee, por la façilidad con que la buena enseñança y dotrina se les olvidarán los herrores que sus padres les huvieran enseñado, no se puede ni deve dexarles los de aquella hedad abaxo”27.
Mucho más explícito que el arzobispo sería fray Luis en cuanto a la tutela de los menores, a cargo de cristianos viejos desde luego, campesinos u oficiales mecánicos pero nunca “armeros ni cosas de letras”, porque “quando sean grandes no aspiren a más de aquello que les huvieren enseñado”. Garantizaríase con ello la desactivación de cualquier tipo de resistencia futura, ya fuera violenta o intelectual, aún a costa de frustrar toda posibilidad de promoción social de los exceptuados. Las diferencias de matiz serían aún mayores en el caso de los niños de teta. El confesor recelaba de la buena fe que pudieran albergar los señores para con los hijos de sus antiguos vasallos, “porque lastimados de su pérdida no curarán desto”. De ahí que derivara la responsabilidad sobre éstos a obispos y párrocos, “los quales, assí como han de hazer otras limosnas, será bien que hagan ésta, proveyendo lo que faltare para la criança y sustento de los niños en quanto no tuvieren hedad para començar a servir”. En cualquiera de los casos, concluía el padre Aliaga,
“[…] se debe encargar mucho a los que criaren los dichos niños, y a todos, que no los traten de moriscos ni les acuerden que lo son, si no como si fuesen sus hijos, para que con esto y con la buena dotrina y enseñança olviden totalmente su natural y sean tenidos por christianos viejos”28.
El rey tuvo presente en parte la opinión de su confesor a la hora de redactar el bando de expulsión de los moriscos valencianos, promulgado el 22 de septiembre. Los pequeños podrían quedarse en el territorio según lo dicho, aunque sólo hasta los cuatro años, para mayor seguridad de su asimilación y en evitación de un exceso de exceptuados. Cláusula ésta, no obstante, revisada en los meses sucesivos, toda vez que el número de infantes dejaba de preocupar ante la eficacia de los embarques 29.
A principios de abril de 1610 Felipe III consultaba a una Junta de Teólogos, reunida en la localidad de Lerma, la posibilidad de elevar hasta los siete años la edad de los niños que todavía permanecían en Valencia, a quienes debía trasladarse hasta Castilla para ser puestos a cargo de los cristianos viejos, erradicándose con ello toda presencia morisca en el litoral30. Fray Luis Aliaga y los padres José González, Ricardo Haller y Francisco de Arriba -Provincial de Castilla de la orden de Predicadores el primero y los dos últimos confesores de la reina y la infanta- dieron el visto bueno a la propuesta del soberano. El primero, sin embargo, alertó sobre la conveniencia de aclarar el destino concreto de estos muchachos antes de su traslado al reino vecino, “porque si se truxessen antes de saber dónde y cómo se an de repartir, sería confussión, embaraço y gasto a que se podría diffícilmente acudir y forçosamente abrían de padeçer mucho”. Planteaba Aliaga para soslayar estos inconvenientes que
“[…] vuestra magestad se sirva de mandar al Consejo de Estado que mire en qué districtos y lugares se abrán de repartir, ordenando a las justicias que, con sabiduría de los perlados, hallen de qué personas christianas y piadosas se encarguen dellos, ordenando que ayuden a esto por medio de algunos religiosos que tengan buen crédito en los lugares para que persuadan a las tales personas a encargarse de la criança y enseñança de los dichos niños […]”31.
El padre confesor propuso incluso el nombre de dos clérigos de su más entera confianza -el doctor Ancón, religioso de la orden de Alcántara, y el cura de Hornachos, de la de Santiago- para ocuparse de tal menester. La manutención de los niños debía correr entretanto por cuenta de las rentas de los colegios erigidos para su educación, y no de los obispos, cuyas haciendas bastantes necesidades tenían ya que atender32. Por eso la posterior intervención del dominico en el funcionamiento de algunos de estos centros, a través de la participación en el nombramiento de sus rectores33.
De momento las dificultades expuestas hicieron que Felipe III abandonara su proyecto de conducir a Castilla a los moriscos menores de siete años -catorce al final- contentándose con apartarlos de la costa. Fray Luis seguiría muy de cerca estos últimos movimientos. De hecho, reclamó puntual información sobre el estado de tales niños en la diócesis valentina34. Por lo que respecta a Orihuela, desestimó los reparos que a las recientes disposiciones regias opuso su ordinario, el también dominico fray Andrés Balaguer, pues “no queda qué proveer en esto más”35.
Para entonces la expulsión morisca habría llegado a otros rincones de la Monarquía, y con ella el dilema de qué hacer con los críos. En Andalucía se había decretado la medida a comienzos de 1610, disponiéndose que los padres, caso de no dirigirse a territorios cristianos, dejaran a sus hijos de menos de siete años36. El confesor regio se mostró preocupado por el sustento y educación de éstos últimos, “ineludible obligaçión de conçiencia” cuya ejecución podía encomendarse esta vez a los obispos, a quienes debía ordenar el rey “se sirvan para esto de personas que les conviene que sean las que han de tratar de cosa tan del servicio de vuestra magestad”37.
Llegaría a continuación el turno de Aragón, donde el asunto de los niños adquirió notable trascendencia. Si en Valencia, territorio con mayor población morisca y de carácter bastante más beligerante, el problema había sido la edad de las criaturas, aquí se discutiría fundamentalmente sobre la legitimidad de su separación del seno familiar38. La Junta de Teólogos de Lerma fue consultada de nuevo39. Entre los pareceres de sus miembros destacó el de fray Luis Aliaga, para quien no existía razón teológica alguna que impidiera al soberano expulsar a los niños moriscos aragoneses, “por los delictos passados de los padres cometidos contra el real servicio de vuestra magestad”. Y añadía, para rebatir a cuantos no lo creyeran así:
“[…] no basta contra esto que quedarán los hijos en poder de los padres, enemigos de la fee, que les enseñarán las cosas contra ella de que ellos usan, por que si esto fuera de consideración, tampoco se les pudiera haver permitido a los padres que criaran sus hijos en su compañía, porque el mismo peligro tenían de mala enseñança viviendo los padres en España del que tendrán viviendo en otras tierras de christianos”40.
Cierto que existían una serie de circunstancias que debían valorarse antes de concretar el destino de estos menores. Particularmente “el peligro que puede haver en quitar los hijos a los moriscos” o los inconvenientes de expelerlos con ellos, en un contexto internacional marcado por las amenazas que se abatían sobre la Monarquía. El mismo confesor había querido hacer partícipe del caso a un grupo de eclesiásticos enraizados en este Reino -como el vicario general, el deán de la catedral y el Inquisidor de Zaragoza, los dominicos fray Jerónimo Bautista de Lanuza y fray Juan de Losilla, el agustino fray Jerónimo Aldovera y Monsalve o el jesuita Bautista Godoy- para conocer su juicio41. El bien público y la salvación de la corona, en cualquiera de los casos, estaban por encima de todo:
“Es de gran consideración la duda que ay de si tendrá peligro el quitarles a los moriscos sus hijos o si no lo tendrá. Y como tengo dicho en otra consulta, en haviendo duda a de juzgar a favor de la causa pública, y eslo temer ynconvenientes si no se les permitiese a los moriscos llevar sus hijos. Y assí, no tengo ningún scrúpulo en que vuestra magestad pueda mandar salir de Aragón a los moros dándoles licençia para llevar a sus hijos”.
Como el padre Aliaga sugería, Felipe III permitió al final la salida de los niños moriscos aragoneses, según el bando publicado en Zaragoza el 29 de mayo de $1 6 1 0 ^ { 4 2 }$ . Algo posterior sería el decreto para el caso de Castilla. Los confesores de la Casa Real volvieron a ofrecer antes su opinión acerca del futuro de los menores, estimando unánimemente que “se espelan todos los que passan de siete años”. Ahora bien, con su voto particular fray Luis distinguiría diferentes grupos entre estas criaturas. Estaban en primer lugar aquellas cuyos padres pusieran rumbo a otros territorios cristianos, y que por tanto podían marchar con ellos “sin excepción ninguna”. E igualmente las más pequeñas, “porque ay obligaçión de mirar por sus vidas y es evidençia que, sin sus padres, morirían por la impossibilidad que abrá de quien los pueda criar siendo tantos”. El resto no era preciso que abandonara el reino, con una salvedad,
“los que casi con evidençia se viere que están pervertidos, que estos se deven espeler, porque en duda evidente se debe juzgar en favor de la causa común y no dexar ninguno que, con el tiempo, pueda infiçionar los otros”43.
En sus apreciaciones no había contemplado el padre Aliaga cómo proceder con los huérfanos que, aún mayores de siete años, carecían de edad suficiente para valerse por sí mismos. A ello tuvo que responder a instancias de una consulta formulada con posterioridad por el Consejo de Estado. Echar a éstos, contestaría entonces, era abocarlos a una muerte casi segura, “y esto sería contra la ley natural y grave pecado”44.
El 10 de julio se promulgaba la expulsión de los moriscos castellanos una vez resueltas las dudas suscitadas con los niños45. No así sobre los destinatarios de tal providencia, objeto de una nueva controversia en la que se dejaría oír de nuevo la voz del confesor regio.
2. Moriscos antiguos y modernos, buenos y malos….
Con el nombre de mudéjares o moriscos antiguos se conocía a aquellos moriscos autóctonos de Castilla convertidos a la fe católica antes y después de la real cédula promulgada por los Reyes Católicos en $1 5 0 2 ^ { 4 6 }$ . Tal denominación, que pretendía diferenciarlos de los cristianos nuevos llegados más tarde del Reino de Granada, y por tanto con distinto grado de asimilación, generaría toda suerte de dudas a la hora de ejecutarse el extrañamiento, cuya orden no había hecho referencia explícita a los mudéjares, dándose a entender que podían quedarse. Tampoco facilitarían las cosas las demandas por parte de distintas autoridades locales solicitando la permanencia de ciertos grupos de moriscos, avalados por su sincera conversión, pobreza o inocuidad para la seguridad de la Monarquía, etcétera47.
Ambos asuntos, largamente discutidos en la corte, seguían todavía candentes cuando llegaron al despacho de fray Luis Aliaga. El 24 de septiembre de 1610 se pronunció sobre el segundo de ellos a propósito de la solicitud del duque de Pastrana para que los mejores cristianos nuevos de esta localidad quedaran exceptuados de la expulsión. Conformándose con la opinión mayoritaria del Consejo de Estado, aceptó el religioso un plazo de gracia de cuatro años, transcurridos los cuales “se diesse raçón a vuestra magestad de cómo eran passados” a fin de tomar una resolución definitiva48. Apenas un mes después fray Luis volvía sobre el tema con mayor detenimiento, liberando al monarca de cualquier peso de conciencia caso de consentir que los cristianos nuevos de Ávila, entre los más buenos del Reino según determinados informes, continuaran en sus casas:
“[…] suponiendo la verdad de este parecer, entiendo que en la suspensión de esta execución no ay escrúpulo. Pero a de ser mandando vuestra magestad lo que aya en el caso, porque no es negocio este para dexarle de la mano asta que esté acabado del todo con entera expulsión desta mala gente, sin que quede hombre que no se entienda seguramente que sea verdadero cristiano”49.
Para garantizar esto, según el dominico, debían extremarse las oportunas averiguaciones por parte de quienes se ocuparan de ellas:
quebrantamiento de su maldita seta, como son beber vino y comer tocino. Y a quien no le haçe esto buen estómago [es] porque de niño se acostumbró a no lo comer; creo que no le haçe tanpoco buen estómago la Ley de Cristo quanto más […]rá la notoriedad que se a de proveer de que sean buenos cristianos, sino voz común y fama pública de que fueron y son buenos cristianos. Y esto no pareçe que se pueda provar verdaderamente sino en pocos”50.
Las escasas esperanzas del padre Aliaga en la veracidad de tal bondad por parte de estos moriscos se harían todavía más evidentes a comienzos de 1611. Fue entonces cuando, a preguntas del Consejo de Estado, se mostró partidario de facilitarles la salida, con la sóla excepción de aquellos ya autorizados a permanecer en Castilla, cuyo destino último dejaba al arbitrio de una nueva junta:
“[…] todos los moriscos modernos que han pretendido y pretenden quedarse, por las informaciones que se han cometido a los perlados de que son buenos christianos, sean espelidos luego destos reynos para tierras de christianos, dándoles passo libre y sin difficultad por los principales [lugares] que mejor les estuviere salir, pues aunque se preçien de buenos christianos estarán mejor fuera por escusar los inconvenientes que se han visto. Y porque se entiende que algunos destos tienen ya permissión para quedarse por notorios buenos christianos […], pareçe que los que ya lo tuvieren entendido por avérseles declarado se detengan por agora y que se trate deste punto por la junta, para ver lo que convendrá hazer. Pero que todos los demás modernos salgan luego […]”51.
Precisamente en esa nueva junta aludida por el religioso se abordaría también la antigüedad de los moriscos castellanos afectados por la expulsión, asunto que seguía generando no menos incertidumbre. La convocatoria de ésta había sido reclamada con el nuevo año por el arzobispo cardenal de Toledo e Inquisidor general don Bernardo de Sandoval y Rojas, primera autoridad eclesiástica de la Monarquía52. Integrada por teólogos, juristas y otras figuras de renombre, debía aclarar de una vez por todas si los mudéjares estaban incluidos en la medida, y de ser así, cuáles se entendían por tales, “porque ay diversas calidades dellos”53. El confesor regio avaló la propuesta del prelado, sugiriendo que el comité en cuestión, para ganar tiempo y diligencia, estuviera compuesto por no más de tres o cuatro miembros, entre ellos el obispo de Canarias don Nicolás Valdés de Carriazo, “por la mucha noticia que tiene desta materia”, el letrado Gil Ramírez de Arellano y el conde de Salazar, que “ha tratado mucho dello”. A ellos, añadía, podría sumarse un representante del Consejo de Estado, en la persona del propio cardenal Sandoval y Rojas, a quien el dominico buscaba complacer54.
Felipe III terminó aprobando la constitución de la referida junta en los términos indicados por el padre Aliaga, al que incluyó en la misma con el beneplá- cito del Consejo de Estado, cuyo voto estuvo detrás de la sustitución de Ramí- rez de Arellano por el alcalde Gregorio López Madera, que “más de buen letrado tiene mucha plática desta materia de moriscos por las comissiones en que ha andado”55.
Entre mediados de febrero e inicios de marzo se desarrollarían las deliberaciones de esta junta reunida en casa del arzobispo cardenal de Toledo. De sus conclusiones levantó acta el confesor, encargado de participarlas a la corona. Según éstas, los moriscos modernos -incluidos los notados de buenos cristianos, “por la gran sospecha destas informaçiones”- debían ser expatriados de manera general, conforme había defendido con anterioridad el mismo fray Luis. Idéntico destino se indicaba para los mudéjares, al menos para cuantos “ubieren vivido en pueblos o barrios o calles separadas, aviéndose tratado como tales, alistándose, pagando la farda u otro pecho de moriscos en que no contribuyesen los christianos viejos”56.
Asumido el dictamen de la junta por el Consejo de Estado, el 22 de marzo de 1611 se promulgaba un nuevo decreto de expulsión para Castilla despejando las dudas todavía existentes sobre quienes debían abandonar el territorio. Todo hacía presagiar que los mudéjares del Reino de Murcia correrían igual suerte a la de los moriscos castellanos antiguos, no sin que el confesor del rey terciara antes en el asunto.
3. Los mudéjares murcianos y el padre Pereda.
El 8 de octubre de 1611 Felipe III firmaba en El Escorial la orden de extrañamiento de los mudéjares murcianos57. La medida se dilataría todavía más de dos años, sin embargo, de nuevo por las voces alzadas a favor de un colectivo cuya fe cristiana parecía incuestionable58. Los informes y memoriales en tal sentido, llegados a la corte desde el sureste peninsular, acabaron en manos de fray Luis Aliaga para su estudio. En vísperas de Navidad, el religioso aconsejó supender el último decreto a la espera de verificar semejantes noticias. Él mismo se encargaría de designar a una persona de su confianza para viajar a Murcia, investigar sobre el terreno y salvaguardar la real conciencia59. Resultó ser elegido un dominico del convento de Santo Tomás de Ávila, el padre Juan de Pereda, a quien el confesor personalmente encargó
“[…] fuesse al reyno de Murcia y averiguasse si los moriscos que al presente hay en él, llamados mudéxares, han vivido y viven virtuosa y christianamente; si sus passados han serbido en las guerras, y particularmente en la de Granada; si están mezclados y enparentados con cristianos viejos; y si se tienen por tales sin influençia en nada de sus costumbres […]”60.
Para ello, desde principios de marzo y hasta finales de abril de 1612, el enviado de fray Luis recorrió todos los lugares mudéjares de aquel Reino. Entrevistó a partidarios y contrarios al destierro de sus habitadores; trató con las primeras autoridades eclesiásticas diocesanas y del Santo Oficio; preguntó la doctrina cristiana a niños y ancianos, a hombres y mujeres; confesó y administró otros sacramentos; participó en fiestas y celebraciones religiosas, etcétera. De las dificultades halladas en esta comisión sabría el confesor regio en el mes de junio a través del propio padre Pereda:
“Sin duda, padre reverendísimo, que el averiguar ciertamente lo que su magestad fue servido mandarme es cosa difficultíssima, porque por una parte hallé por testimonio digno de todo crédito, y yo mismo lo experimenté, que esta gente […] tiene muchos enemigos, hora por castigos de los excesos que han hecho los christianos viejos que viven en sus lugares, ora por competencias en los offiçios públicos y goviernos, ora por cudiçia de querer quedarse con sus bienes mediante su expulsión”61.
Aun así andaba convencido fray Juan de la cristiandad de los investigados, pues “a mi parecer hay bastantíssimo testimonio para darlos por suffiçientemente aprobados en raçón de buenos christianos y fieles vassallos a su magestad”62.
Las informaciones del religioso no dejaban lugar a la interpretación. Lo entendió así el padre Luis Aliaga, que tras consultarlas con el arzobispo cardenal de Toledo y loar la labor realizada por su hermano de hábito escribía al rey, con fecha 17 de julio, recomendando la permanencia de los mudéjares:
“[…] me pareçe que se debe juzgar que dichos moriscos an vivido y viven christianamente, y que si alguno a caydo desta vivienda será alguno. Y assí, como por beneficio público, se deçía que se podían expelir todos, aunque ubiesse algunos buenos christianos, porque el cuerpo y comunidad dellos estaba gastado y no se podía averiguar sin peligro quiénes fuessen los buenos, assí agora al contrario, pues consta que el cuerpo y comunidad destos moriscos es bueno, fiel y cathólico no podrá ser expelido, aunque aya alguno que no sea tal”63.
La opinión de nuestro protagonista pesó. Pero no lo suficiente para dar el asunto por cerrado. Durante los meses siguientes continuaría debatiéndose sobre él en el Consejo de Estado, hasta que la postura contraria del duque de Lerma terminara imponiéndose64. A ella hubo de plegarse el padre Aliaga. Aun considerando cristianos a los afectados, el 19 de diciembre de 1612 daría vía libre a su expulsión -siempre y cuando fueran llevados a tierra católica- en aras del interés público y en descargo de la real conciencia65. Sobre el conde de Salazar recayó la responsabilidad de hacerlo, a partir del mes de octubre del año siguiente66.
Sólo el tiempo revelaría el éxito de una medida que no había logrado poner punto y final a la cuestión morisca. Desde luego no en Valencia, a juzgar por las noticias de fray Jaime Bleda y el nuevo arzobispo de aquella diócesis, hermano ni más ni menos que del confesor regio.
4. Por una segunda expulsión.
No existe acuerdo entre los historiadores sobre la efectividad de la expulsión. Para unos fue prácticamente total67. Otros, por el contrario, consideran que numerosos moriscos consiguieron sustraerse a ella, permaneciendo en la Península de manera clandestina. En Valencia -también en Aragón- el apoyo encontrado por éstos resultó mínimo, y casi siempre interesado. Algunos trataron de quedarse entregándose como esclavos a particulares. Los hubo que se internaron en las sierras convertidos en bandoleros. A todos ellos se sumaron finalmente quienes regresaron a casa en cuanto pudieron68.
De los primeros en dar la voz de alarma fue el dominico fray Jaime Bleda. Ya en mayo de 1610 se había dirigido a Felipe III para denunciar el caso valenciano y recordarle la suerte corrida por Saúl al perdonar a los amalecitas69. Desde entonces no habían cesado sus llamadas de atención, más dramáticas si cabe a partir de los últimos meses de 1613. En carta al monarca, describió entonces el religioso un apocalíptico panorama más propio de tiempos pretéritos. Cientos de moriscos, hombres mujeres y niños, habían eludido el extrañamiento quedando en el Reino. Otros tantos eran los que volvían a él. Algo y urgente debía hacerse, pues es “grande el desorden con que viven, y […] por ir creziendo el número de esta jente ay preçissa necessidad de que, o se trate de su educazión y buena enseñanza, o de expelerlos de todo punto”70.
Tales denuncias fueron derivadas por el soberano a una junta reunida al efecto en casa del arzobispo cardenal de Toledo. La integraban, además de éste, el confesor y el comendador mayor de León. Acordaron los tres contrastar la situación relatada por el padre Bleda recabando información del Santo Oficio de Valencia, el virrey del lugar y por supuesto su arzobispo, recién llegado a aquella sede episcopal tras regir las de Albarracín y Tortosa. Hablamos del padre Isidoro Aliaga, hermano menor de fray Luis y dominico como él, en la corte por aquellos días71.
Fueran cuales fueran las respuestas de los consultados no debieron de diferir mucho de las afirmaciones del padre Bleda. Es más, motivarían que la junta contemplara la posibilidad de ejecutar una nueva expulsión. Así lo sostuvieron sus integrantes, reunidos el 3 de noviembre con la baja del comendador mayor de León y la incorporación en su lugar de un testigo directo como el ordinario valentino. Fue el primero en intervenir el confesor regio. Fundándose en las razones que habían justificado el anterior extrañamiento -incluida “la doctrina que quando ay duda de la seguridad de la causa pública se debe juzgar y executar en favor de ella”- animó a la corona a expeler a todos los moriscos mayores de doce años, con independencia de su sexo o condición de esclavos. Sobre el modo de hacerlo y el destino de los nuevos expulsos, estimaba fray Luis que
“[…] vuestra magestad mandasse a los generales o capitanes, por cuya mano se hubiesse de hazer esta expulsión, que los llebasen a tierra de cathólicos y cuydassen de su buen tratamiento y procurassen no dejarlos en una parte juntos, sino esparcirlos por muchos […]”72.
También para los menores tenía remedio el dominico. Las niñas en primer lugar, y a continuación ellos, pero igualmente “se saquen [todos] del reyno de Valencia y dividan por los de vuestra magestad, encargando las personas de satisfaçión que cuyden de su buena enseñanza”73.
Coincidiría plenamente con estas apreciaciones el padre Isidoro Aliaga, convencido de la inexorabilidad de una segunda expulsión a la vista de lo contemplado desde su arribada a la diócesis de Valencia. Ningún cristiano nuevo debía permanecer allí por más tiempo, según él “porque en la fidelidad y seguridad que deben a Dios y a vuestra magestad no espera mejoría”74.
El Inquisidor general Sandoval y Rojas cerró el turno de intervenciones dando por buenos los argumentos de los hermanos Aliaga. Diferiría sólo en la edad de los afectados por la nueva medida, elevada en cuatro años, y el modo de ejecutarla, por etapas y no en bloque, como terminarían asumiendo fray Luis y fray Isidoro. Lo hicieron también, para satisfacción del purpurado, admitiendo que los menores pudieran seguir en el Reino de Valencia, claro que sin abandonar nunca el lugar donde residían hasta que, cumplidos los dieciséis años y “considerando el estado del negocio”, se les diera una solución definitiva75.
Quiso Felipe III que prelado, confesor y cardenal concretaran más su última propuesta antes de valorarla. Especialmente en lo referido a las fases del extrañamiento y los atañidos por cada una de ellas, así como los tiempos y la financiación de la operación. El 19 de enero de 1614 los eclesiásticos consultados convenían iniciar la salida de los moriscos todavía en territorio valenciano por la zona de La Marina, donde su número era todavía importante, para completarla con el resto de comarcas, según pareciere al lugarteniente general del Reino. Tres etapas escalonarían el proceso, atendiendo a la edad de los afectados:
“[…] se hagan tres partes de todos los que tubieren de 16 años arriba, ansí hombres como mujeres, y que éstos sean expelidos en tres vezes: los mayores de edad en la primera y en la segunda, yendo siempre con atençión a dejar los menores para la terçera y última”76.
Quedaban al margen aquellos cristianos nuevos por debajo de esos años, para quienes reclamaban la piedad del monarca:
“Juzga la junta por muy conforme a la piedad del real ánimo de vuestra magestad que con los que no tubieren 16 años cumplidos no se haga por ahora novedad, porque sería vigor echarlos de estos reynos en edad que ni tienen fuerza para trabajar ni capacidad para buscar su remedio en los estraños, además de que, quanto fueren mayores, irán más instruidos en las cossas de la fee y más firmes en ella”77.
Esta segunda expulsión debía acometerse con la mayor brevedad posible, “como se fueren offreziendo las occasiones de embarcaçión”, y a costa de “la hacienda que en el reyno de Valencia ha quedado de los moriscos expelidos”78. Su éxito dependía en gran medida de la colaboración de las autoridades políticas y eclesiásticas del lugar, a quienes el soberano debía dirigirse en tal sentido.
Bastantes reparos opuso a los planes de la Junta de los Tres el vicecanciller del Consejo de Aragón ante la posibilidad de ser aplicados no ya sólo al caso valenciano, sino al conjunto de los territorios catalanoaragoneses. El doctor Andrés Roig podía aceptar la oportunidad de un segundo destierro, no así los detalles de su materialización. Primero en cuanto al alcance de la providencia, de la que deberían excluirse a los esclavos, si no se indemnizaba a sus dueños, y a los menores de veinte años, alistados y controlados por Audiencias y Gobernaciones en previsión de futuras represalias “si constare que se continúan algunos inconvenientes”. Tampoco una salida graduada contribuiría a facilitar las cosas, antes al contrario “tiene y trae consigo no sólo muchas confusiones, difficultades y casi imposibilidades, pero aún necesaria dilación de largo tiempo y gastos excesivos”. Hablando de dispendios, el recurso defendido por el Inquisidor general, el confesor regio y el arzobispo de Valencia quizá pudiera resultar útil para financiar la operación en este último Reino, pero no en Cataluña ni Aragón, donde las tierras y demás bienes dejados por los moriscos se habían vendido, “y lo procedido lo a dado su magestad y echa merced en parte a la Inquisiçión de Çaragoça y lo demás para pagar gente y cosas de guerra”. Lo mejor por el momento era circunscribir la expulsión al territorio valenciano, tanto de los cristianos nuevos sustraídos de la primera como de los que habían regresado después, mediante la promulgación de un bando ordenando, bajo durísimas penas para los infractores y sus encubridores, “salgan dentro de 30 días del Reyno de Valencia, y de los reynos de España dentro de $6 0 ^ { \circ }$ , por su cuenta y riesgo. De lo contrario, alertaba Roig:
“[…] si esta expulsión se hiziesse de differente manera, por comisarios y embarcaciones como la primera vez, a más de los gastos y otros inconvenientes […], resultaría otro no menos considerable, y es que como dichos moriscos no están congregados y juntos en universidades ni tienen casas proprias y de por sí, si no que están separados en casa de cristianos y amparados dellos, en el mismo punto que entendiesen que yvan comisarios se esconderían y a esto les ayudarían los cristianos, y assí se dilataría más la execución y se arían mayores gastos y jamás tendría fin y conclusión la dicha obra”79.
Las apreciaciones del vicecanciller del Consejo de Aragón devolverían el asunto a la Junta de los Tres, reducida a dos por indisposición de don Bernardo de Sandoval y Rojas. Los hermanos Aliaga evaluaron la propuesta del doctor Andrés Roig antes de dar a conocer su opinión a Felipe III, lo que ocurrió el 8 de agosto de 1614. Que la nueva expulsión era viable en los términos planteados por el magistrado no iban a negarlo ni confesor ni prelado. Aunque dejarían constancia de los muchos embarazos que de ellos podían derivarse. El primero
“[…] es que, no siendo expelidos los dichos moriscos de estos Reynos y llevados a tierras remotas o que la buelta a ellos sea dificultosa, sino que en fuerza del pregón salgan para ir adonde quieren, es muy verosímil que se quedarán en los lugares más vezinos que pudieren a los de España y que luego, o passado algún tiempo, se volverán a ella”80.
Fray Luis y fray Isidoro no confiaban en el poder disuasorio de sanciones y castigos. Ahí estaba si no el precedente de la primera expulsión. De algún modo debía evitarse a toda costa que se repitiera la experiencia. Quizá sólo extremándose el rigor pudiera ponerse fin a la presencia morisca:
“[…] juzgándose por tan conveniente, como se juzga, que no aya en España rayzes de esta jente, pareçe neçessario dar tal traza en que se arranquen de todo punto que, aunque despreciando como desprecian las penas y el riesgo de la vida, quieran volverse acá o no puedan o aya de ser con tantas y tales dificultades que sean muy pocos los que se puedan volver” 81.
Eso para quienes salieran y pretendieran volver. Porque ambos se temían que algunos cristianos nuevos ni siquiera se hallarían en tal tesitura, burlando la orden de destierro para echarse al monte y vivir al margen de la ley:
“[…] podrían juntarse en grandes quadrillas, y aún en compañías formadas de trezientos y quatroçientos hombres y más y quedarse por los montes, salteando en los caminos, robando los ganados y destruyendo los lugares pequeños, particularmente los reçién poblados, con que estarían los reynos muy inquietos y turbados mientras no se remediasse”82.
La segunda dificultad que los religiosos achacaban a la propuesta del vicecanciller del Consejo de Aragón era dejar fuera del extrañamiento a los esclavos para no perjudicar económicamente a sus dueños, que habían pagado por ellos.
Pero se daba la circunstancia que muchas de estas personas privadas de libertad habían sido concedidas a sus amos sin dinero de por medio, en cuyo caso nada debía indemnizarse si se decidía desterrarlos. En las demás situaciones podría pactarse un justiprecio, que la corona asumiera sin gran menoscabo, a partir del siguiente recurso:
“Parece que se podría dar orden a los virreyes que a los cristianos viejos que tubieren condenados a galeras o fueren condenando, que quisieren rescatarse, se les dé lugar a ello, si la calidad de sus delitos lo permitiere, y que en el precio de este rescate compren los esclavos moriscos y los embíen a las galeras en lugar de los que se rescataren”83.
Hasta donde sabemos no hubo ocasión para aplicar las ideas del confesor regio y su hermano, ratificadas desde su retiro por el Inquisidor general. El Consejo de Estado se contentaría con reclamar una mejor información acerca de la permanencia de los cristianos nuevos antes de soñar con un nuevo extrañamiento que muchos, entre quienes parece no se contaban los Aliaga, auguraban un fracaso...84.
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Con este último episodio cierran las fuentes consultadas la participación de fray Luis Aliaga en la expulsión morisca, cuya concreción y delimitación de cabos para los diferentes territorios de la Monarquía coparon la primera etapa de su ministerio al frente del real confesionario. Como tenedor del mismo, había sido su obligación tratar de justificar las decisiones de Felipe III en esta materia, armonizando en la medida de lo posible los intereses de la corona con las razones teológicas y los principios de la Ley de Dios representados por el hábito que vestía, tampoco unánime al respecto del presente negocio85. En pocos casos se mostraría radical el dominico. No especialmente con los niños o los cristianos nuevos de Murcia; con la segunda diáspora si acaso, y quizá condicionado por su hermano el arzobispo de Valencia, afectado en carne propia por los efectos de la primera. Del mismo modo dejaría sentirse en la actitud del confesor -modulada a cada una de las circunstancias y lugares tratados- su deseo si no de congraciarse, de no enemistarse al menos, con las posturas defendidas desde otras instancias cortesanas, el apoyo de la cuales podría serle útil en el futuro para consolidar una fulgurante trayectoria que no había hecho nada más que comenzar.