El Consejo Real de Castilla durante la minoría de Juan II1.
The Royal Council of Castile during the minority of John II.
Santiago GONZÁLEZ SÁNCHEZ firstname.lastname@example.org.
RESUMEN.
Trayectoria, funcionamiento y estructura del Consejo Real a lo largo de la minoría de Juan II. Desde los comienzos de esta etapa hasta mediados de 1420, el Consejo Real pasó por diferentes fases, esencialmente tres, y en todas ellas los encargados del gobierno del reino trataron de controlarlo, porque de su control se derivaba el de Castilla. Esto implicó, en ocasiones, el incremento del número de consejeros, sobre todo nobles y, en menor medida, eclesiásticos y letrados, lo que nos permite estudiar su composición: momentos de nombramiento, inclinación política y sus lugares de reunión.
Palabras clave: Consejo Real. Castilla. Poder. Política. Nobleza. Consejeros. Cortes. Juan II. Infante Don Fernando. Doña Catalina. Enrique III. Regentes. Ordenamiento. Siglo XV.
ABSTRACT.
This article analyzes the development, function and structure of the Royal Council during the John II’s minority. From the early years of this period until the mid-1420’s, the Royal Council went through different phases, mainly three, during each of which the representatives of the kingdom’s government tried to control the Council in order to control Castile itself. This situation meant, occasionally, an increase in the number of advisors, especially nobles, and, to a lesser extent, church authorities and university graduates, which facilitates this study of the Council’s members: their moments of designation, political inclinations and meeting places.
Keywords: Royal Council. Castile. Power. Politics. Nobility. Advisors. Court. John II. Infante Don Fernando. Lady Katherine. Henry III. Regents. Legislation. 15th Century.
Sumario: Introducción. 1. La reforma y atribuciones del Consejo Real. 2. El incremento del número de consejeros ¿refl ejo del poder nobiliario? 3. El Consejo Real $\dot { \iota }$ limitador del poder de las Cortes? 4. La composición del Consejo Real y sus lugares de reunión. Conclusión.
INTRODUCCIÓN.
El interés por el estudio del Consejo Real podemos fecharlo en el siglo $\mathrm { X I X } ^ { 2 }$ , aunque con anterioridad ya se había tratado de forma parcial o exclusiva3 . Un estudio moderno sobre esta institución, además de completo y exhaustivo, es el de Salustiano de DIOS, ampliado con otros trabajos suyos que nos permiten tener una idea más exacta de su importancia en el gobierno de Castilla4 . Este autor pone de manifi esto los orígenes bajomedievales del Consejo Real y descarta la idea de su precedente en la Curia Regia5 , que mantienen otros6 . Se hace eco de la polémica sobre la distinción entre gobierno y justicia, entre lo gubernativo y lo contencioso, que puede afectar al Consejo, respecto a lo cual señala, basándose en Gustavo Villapalos, que “el gobierno no era más que un aspecto de la justicia”7 . Y también se encarga de clarifi car, por la confusión que ha provocado en algunos, la diferencia entre la vía de petición y la de merced8 . Estas consideraciones de Salustiano de DIOS se hacen necesarias al comienzo de un trabajo que aunque no pretende entrar en aspectos de carácter teórico, ya tratados por este autor o por otros, intenta completar, en la medida de lo posible, lo que les falta a los estuDIOS de éstos sobre el Consejo Real durante la minoría de Juan II de Castilla.
1. LA REFORMA Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REA L.
Al margen de los orígenes inmediatos, así como los avatares de esta institución durante la regencia de Enrique III, este monarca reorganizó el Consejo con las.
Ordenanzas promulgadas en Segovia el 15 de septiembre de $1 4 0 6 ^ { \circ }$ y en su testamento volvió a ocuparse de él al establecer el número de consejeros y la función que le correspondería a esta institución en el gobierno del reino10. Estas Ordenanzas tratan de convertir al Consejo en un órgano de gobierno y en la institución más importante “de la administración central”11. Con ellas el rey trataba de regular el buen funcionamiento del Consejo, al disponer el horario, las intervenciones, el lugar de celebración y su custodia, las cuestiones de carácter secreto, las comparecencias, la resolución de las discrepancias entre los consejeros, las atribuciones, etc12. Sin duda, Enrique III consideraba necesaria una puesta al día de la institución, sobre todo si se tiene en cuenta el papel que había desempeñado durante su minoría de edad. Para este monarca el Consejo tuvo una alta consideración, como lo probaría, por ejemplo la selección que hizo de consejeros13. Así, exponía al pontífi ce el inconveniente que se derivaba del nombramiento de un arzobispo de Toledo que no fuera castellano, pues su dignidad llevaba aneja su condición de miembro del Consejo Real14. Esta sería una razón, entre otras varias, que le hizo oponerse a la elección papal de Benedicto XIII en su sobrino y homónimo Pedro de Luna, aragonés.
Las atribuciones del Consejo Real eran muy amplias15. De acuerdo con su naturaleza se las ha agrupado en cuatro bloques: deliberativas, decisorias, ejecutivas y consultivas. O bien en tres, teniendo en cuenta si las competencias eran del monarca, del rey con el parecer del Consejo, o de este último sin tener que consultar al rey16.
De ahí que el Consejo tomase parte muy activa en los numerosos problemas que surgieron a lo largo de este período. Desde un punto de vista temático el Consejo se ocupó de cuestiones relacionadas con el gobierno –tanto en lo que se refi ere a política interior como a exterior–, la guerra, la hacienda y la justicia.
1.1. LA POLÍTICA INTERIOR.
El comienzo de la minoría de Juan II registra una gran actividad del Consejo Real así, por ejemplo, se le asigna un importante papel en la resolución del problema de la guardia del rey17. Las decisiones que tomó respecto al gobierno del reino, y estrechamente ligadas a la guerra con los granadinos, fueron acordar que la reina permaneciese en Castilla, mientras el infante estuviese en la campaña militar18, y, sobre todo, la división del reino en provincias que administraría cada uno de los dos regentes, en cumplimiento del testamento de Enrique $\mathrm { I I I } ^ { 1 9 }$ , lo que comportaba la división de los órganos de gobierno, entre otros el Consejo Real20, y que se mantuvo hasta 1416, en que murió el rey de Aragón.
La separación física de los regentes no hizo más que ahondar las diferencias que les separaban, y en estas circunstancias, el Consejo, ideado como un mediador entre ellos21, se convirtió en el lugar donde dirimir quién de los dos tenía el poder. Con la vuelta del infante don Fernando a la corte, después de la campaña militar de 1407, quedó clara la necesidad de controlar el Consejo. La imagen que nos ha llegado es la de una oposición frontal en la que las trabas e impedimentos eran cotidianos, en la que se enmarca la salida apresurada de la corte de Juan Fernández de Velasco y de Diego López de Stúñiga, que puso al descubierto quién controlaba el Consejo que asistía a doña Catalina. La mediación posterior de los consejeros no consiguió solucionar las diferencias existentes entre ambos regentes22. A juicio del infante, que en esta ocasión es juez y parte, uno de los males que aquejaban a la corte era el de los “Consejos apartados de la reina”23. Es decir, que se habría pasado de los consejos paralelos a los consejos privados24. La decisión de don Fernando fue llegar a un acuer$\mathrm { d o } ^ { 2 5 }$ , en el que una de sus cláusulas vetaba la posibilidad de tener consejos apartados, habida cuenta los inconvenientes y disensiones que generaban, y otra que los consejeros de la reina tenían que quedar libres de cualquier juramento para que pudiesen expresar sus opiniones26. La vuelta atrás de la reina propició la reacción del infante, que expulsó de la corte a varios de los personajes más allegados a doña Catalina. El alcance de esta medida afectó al Consejo, a la Cancillería y a la cámara de la propia reina, con lo que el regente pasó a ejercer prácticamente todo el poder en solitario.
Uno de los problemas que requirió más atención del Consejo Real durante la minoría de Juan II fue la situación de desgobierno en algunas ciudades. Los dos ejemplos más paradigmáticos, aunque no los únicos27, y de los cuales nos han llegado más noticias son los de Sevilla y Murcia. En relación con la primera se plantearon dos problemas: la restitución de su forma de gobierno28 y la inestabilidad banderiza, que fue el que más perduró29. En Sevilla, centro de los enfrentamientos, el concejo se dirigió al Consejo Real a fi nales del mes de agosto de 1414 dándole cuenta de la delicada situación por la que atravesaba30. Por lo que el monarca decretó el cumplimiento de una tregua a partir del 8 de octubre de 1414, facultando al doctor Fortún Velázquez que mandase comparecer ante los de su Consejo, puestos por su tío el rey de Aragón, a los que la incumpliesen31. Las reiteradas violaciones de los acuerdos establecidos llevaron a muchos caballeros, pertenecientes a los diferentes bandos, a prisión, de la que salieron bajo fi anza acordada por el Consejo, tras la muerte de la reina32. Posteriormente el Consejo se dirigió a Sevilla para que pagase el salario al alcalde de la justicia33, y uno de sus miembros, el doctor Juan Alfonso de Toro fue nombrado corregidor de la ciudad por seis meses34. Al margen de esto, Sevilla pleiteó ante el Consejo Real por distintos motivos, como por ejemplo con Pedro Ponce de León, señor de Marchena, sobre los términos de Alcalá de Guadaira que consideraba suyos35.
El caso de Murcia fue más complejo, pues en él se manifi estan dos problemas: el enfrentamiento entre la monarquía y el concejo, que trata de defender las libertades municipales, y los intentos hegemónicos de la nobleza al frente del gobierno del municipio y su enfrentamiento en bandos nobiliarios. El gobierno de la ciudad de Murcia empeoró con la marcha del infante don Fernando como rey de Aragón. Muestra de ello fue el asesinato del bachiller en Leyes y alcalde real, Luis Gómez de Salamanca, lo que motivó el envío como pesquisidor a la ciudad del licenciado Marcos Fernández36. A ello hay que sumar la competencia nobiliaria por el control político de la ciudad, que contribuyó a deteriorar más la situación. Por lo que entre 1413 y 1420 hubo dos sectores enfrentados sobre lo conveniente o lo improcedente de que hubiese un corregidor en la ciudad. Así, el concejo daba cuenta en la sesión de 8 de mayo de 1413 que algunas personas, vecinos y moradores de la ciudad, –creo que sería una facción del concejo–37 habían escrito a los señores del Consejo Real diciendo que en la ciudad de Murcia se producían muertes, robos y otros muchos malefi cios, y que quienes los cometían se iban de la ciudad por falta de justicia38. Por ello, los miembros del Consejo querían proveer de corregidor a Murcia. El concejo señala la falsedad de estos hechos y decide enviar un representante ante el Consejo Real39 y dos hombres con cartas a don Fernando40. A mediados de mayo de 1413, el rey de Castilla, a iniciativa de su tío y regente, citaba a varios destacados personajes del concejo murciano para que comparecieran ante los de su Consejo41. Meses más tarde, la reina y el Consejo Real habían nombrado un corregidor para Murcia42. Año y medio después se habla del envío de un corregidor43 y el concejo de la ciudad manda a un representante ante el Consejo, alegando que la ciudad no lo quería y que iba en contra de la ordenanza regia el enviarlo donde lo pidiese la mayor parte44. Desde mediados de junio se señala que el Consejo había nombrado corregidor45, sin embargo, o no fue así o de otro modo la actitud del concejo es difícil de entender, ya que acordaron enviar un hombre con peticiones al rey y a los de su Consejo para que no nombrasen corregidor46. Dos días más tarde, en una sesión del concejo de Murcia, se dio a entender que el rey y los de su Consejo, que estaban por el rey de Aragón, habían nombrado corregidor para Murcia a Álvar Rodríguez de Escobar; siendo proveido por el rey de Aragón, mostrando sus preferencias de que antes viniese como corregidor el condestable Ruy López Dávalos47. Hay que esperar hasta 1418 para que se vuelva a dar una situación semejante. A fi nales de abril varios caballeros comparecían ante el Consejo Real pidiendo el envío de un corregidor para Murcia48.
La situación creada tras la muerte de la reina doña Catalina en junio, pudo colaborar en el nombramiento del condestable Dávalos como nuevo corregidor para la ciudad a comienzos de agosto49.
Existen numerosas referencias a las relaciones entre Murcia y el Consejo Real que sería prolijo detallar y que prueban el destacado papel del Consejo en el gobierno del reino50.
En efecto, la importancia del Consejo en el gobierno del reino motivó que las crisis políticas tuvieran su correspondiente traslación y lo afectaran. Así se puede ver en 1408 cuando, a la tradicional discrepancia entre la reina y el infante, se añaden las rivalidades nobiliarias entre los parciales de cada uno de ellos y el enfrentamiento por el restablecimiento del Consejo tal como lo había dispuesto Enrique $\mathrm { I I I } ^ { 5 1 }$ , que provocaron el mal gobierno del reino52. La desaparición del regente supuso la reunifi cación del Consejo53 y la concentración del poder en manos de don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, el almirante Alfonso Enríquez, el condestable Dávalos, Juan Fernández de Velasco, Diego López de Stúñiga y Pedro Manrique, adelantado de León54. Los problemas del Consejo en esos momentos fueron esencialmente dos. El primero es la usurpación de funciones por parte de un pequeño grupo formado alrededor de la reina55, y el segundo fue el malestar creado por el creciente protagonismo de don Sancho de Rojas, Juan Fernández de Velasco y Diego López de Stúñiga56. La muerte de la reina doña Catalina también implicó una remodelación del Consejo Real que, entre otras cosas, conllevó una mayor apertura en relación con los años anteriores, y una cierta relajación, al menos momentánea, de la línea política seguida en relación con los bandos de las ciudades57. Entre el óbito de la reina $^ { - 2 }$ de junio de 1418– y la entrega del regimiento a su hijo–7 de marzo de 1419– el Consejo desempeñó la función ejecutiva, al ocuparse del gobierno del reino58. Tras la mayoría de edad del rey, en 1419, la crisis del Consejo, que ya se venía arrastrando, se agravará. En ella pueden diferenciarse dos etapas, una primera cuya manifestación más clara fue la división del Consejo por tercios de año, y que acabó por desmantelar el sistema en el que el arzobispo de Toledo era la pieza clave. Y una segunda generada por las aspiraciones de los infantes de Aragón59, que arracaban desde la muerte de doña Catalina y cuya manifestación más evidente fue la toma del poder por don Enrique. La situación del reino, seguramente exagerada por la defensa del Condestable Dávalos, años después, para tratar de justifi car su actitud en Tordesillas, se presenta plagada de hechos en los que el Consejo, de ser ciertos, habría tenido mucho que ver: provisión de ofi cios a los parciales de los gobernantes, muchas dádivas, gastos desordenados, etc60. El Consejo volvió a quedar dividido, lo que unido a la infl uencia de algunos consejeros le restó autoridad61. El propio monarca62, aunque se desdijo más tarde63 y la reina64 lo citan para justifi car la acción de Tordesillas.
Se ha considerado que una de las razones de la decadencia de las Cortes fue la importancia que tuvo el Consejo para la Iglesia65 y para la nobleza. Sin embargo, las ciudades quedaron excluidas de él66, a pesar de la petición que plantean en las Cortes de Madrid de $1 4 1 9 ^ { 6 7 }$ . La ilegalidad del “golpe de Tordesillas” llevó al infante don Enrique a ofrecer a las ciudades representación en el Consejo, siendo una de sus primeras medidas de gobierno. En tal sentido se cursaron misivas a Carmona68, Ciudad Rodrigo69, y a Murcia70, aunque no sabemos si enviaron sus representantes. Sin embargo, fueron las circunstancias las que les obligaron a ello, pues los mismos que se alzaron en Tordesillas manifestaban en 1419 que el rey “para bien regir hubiese consejo, así de los Grandes de su Reyno, como Perlados e Doctores”71, sin mencionar a las ciudades para nada. Incluso el propio monarca tras el “golpe” expresaba su intención de guiarse por las disposiciones que su padre había dado en Segovia en $1 4 0 6 ^ { 7 2 }$ , en las que no se aludía a esta cuestión. Con la posible inclusión de las ciudades en el Consejo, el infante y sus partidarios trataban de conseguir la adhesión a su causa, lo que hubiese incrementado el número de consejeros; problema heredado de la minoría73.
Conocemos pocos testimonios de las relaciones entre las ciudades y el Consejo, al margen de las reclamaciones de las primeras y de los mandatos del segundo. Sabemos, eso sí, que la ciudad enviaba comisionados ante el Consejo por asuntos que le incumbían74 y que, en ciertos momentos, se convertía en su informadora75. También que, a pesar del estricto reglamento, relacionado con la seguridad del lugar de celebración y de los consejeros, pudo existir algún caso de soborno a los porteros y ballesteros del rey que custodiaban al Consejo76.
Las cuestiones relacionadas con la Iglesia también fueron objeto de atención del Consejo Real. Al margen, al menos, de una provisión sobre los excomulgados77, el Consejo se ocupó sobre todo de la defensa de la jurisdicción regia sobre ciertas cuestiones eclesiásticas. En este sentido, nombró a un consejero, el doctor Juan Rodríguez, para que el obispo de Burgos, Pablo de Santa María, no se entrometiera en dar benefi cios, visitar y dar licencias de sepulturas en las iglesias de la abadía de Covarrubias, puesto que le correspondía al rey como patrón78; y los regentes, tras consulta al Consejo, defendieron sus prerrogativas sobre el nombramiento de los conservadores de la Universidad de Salamanca, que se pretendía atribuir la Santa.
Sede79. También parece que intervino, de una u otra manera, en el confl icto suscitado por la posesión de la mitra de Plasencia entre don Gutierre Gómez de Toledo y don Gonzalo de Stúñiga, al encomendar el monarca a Pero Niño entrar en la ciudad para desposeer a este último80. Con una clara vertiente externa, aunque se trate preferentemente de una cuestión interna, estuvo el intento del infante don Enrique, amparado por el Consejo, de enviar al arcediano de Guadalajara ante Martín V, para legitimar el “Golpe de Tordesillas” y hacerse con la propiedad de las villas y lugares del Maestrazgo de Santiago81.
1.2. LA POLÍTICA EXTERIOR.
Las relaciones con el reino granadino, incluyendo la guerra, fueron uno de los asuntos que directa o indirectamente ocupó a los consejeros castellanos buena parte de su tiempo. Poco después de la muerte de Enrique III y con anterioridad a la campaña militar de 1407 el Consejo y los regentes examinaron los agravios que los nobles denunciaban y dar satisfación a sus demandas82. La importancia del Consejo Real parece incrementarse después, pues recibe las denuncias de los abusos cometidos por las tropas en los pueblos de los alrededores de Sevilla, por la demora en el comienzo de la campaña de $1 4 0 7 ^ { 8 3 }$ , participa en la elección del objetivo a atacar84, aconseja al infante las acciones previas85, le insta a abandonar el cerco a Setenil86, y deja oír su opinión sobre quiénes tenían que quedar como fronteros87.
Al año siguiente, $- 1 4 0 8 -$ el cerco granadino a Alcaudete puso al descubierto las diferencias existentes entre el Consejo y el regente don Fernando, que cedió en sus pretensiones de hacer la guerra88. Como el mismo infante expresa en una misiva dirigida a Murcia el Consejo acordó hacer las paces –entiéndase treguas– con el reino nazarí89.
En cualquier caso, no es la fortaleza de esta institución la que se estaba midiendo, sino la que a través de ella desarrollaban la reina y el infante, siendo la guerra con el reino de Granada un motivo más de enfrentamiento entre ambos regentes90. El dominio del Consejo, en ese contexto, se revelaba como fundamental para cortar las posibles aspiraciones de cualquiera de ellos. Su control por don Fernando a partir de 1408 hizo de este organismo un instrumento más dócil para su política.
Ya en 1410, y junto al regente, el Consejo convocó a los procuradores del reino a la ciudad de Córdoba, para que otorgasen el pedido y monedas necesarios91 para la nueva campaña92. En esa misma ciudad el Consejo participó en la elección de Antequera como objetivo militar93, y trató de impedir la marcha precipitada del infante hacia el frente94. Su actuación durante el cerco nos es prácticamente desconocida, sabemos, eso sí, que tras la batalla de la Boca del Asno, don Fernando, con su acuerdo y ante el requerimiento granadino, decidió enviar un embajador ante la corte nazarí. Un año después el Consejo tomó parte en la imposición de un pedido y monedas para proseguir la guerra contra el reino de Granada95. Sin embargo, con el establecimiento de treguas entre Granada y Castilla, se convirtió en garante de su cumplimiento, como ocurrió en 1413, cuando el rey, con su opinión dio la orden de que se investigara quiénes la habían quebrantado en Lorca y en Cartagena96. Ese mismo año, el propio don Fernando, ya rey de Aragón, solicita del Consejo cumplimiento de justicia por una queja del rey de Granada, referida a la carga que habían tomado los del bajel del condestable de Castilla a uno de sus naturales97. En 1417 el Consejo Real y el de la reina decidieron otorgar treguas a los granadinos. La discusión no se centró como en anteriores ocasiones en si hacer guerra o conceder treguas, sino en si éstas serían de carácter anual, como hasta entonces, o bianual, como se concedieron98.
En relación con la guerra contra el reino de Granada y el ámbito fronterizo, el rey, de acuerdo con el Consejo, sin duda para atraerse la voluntad de las poblaciones fronteras murcianas y no disminuir su posible capacidad de combate, ordenó el cumplimiento de los privilegios que tenían concedidos desde tiempo atrás y que eran cuestionados, como la exención del pago de alcabalas en los botines de expediciones a tierras musulmanas99. Las competencias del Consejo Real se extendían mucho más, como se puede ver con la orden de proveer sobre la falta de pan y las pagas, que acumulaban un retraso de dos años en Alcalá la Real100, o con la entrega de la plaza de Tarifa al almirante Alfonso Enríquez101.
Por otra parte, el recurso a los dictámenes del Consejo, al menos en lo concerniente a las campañas militares frente al reino nazarí, dejaría a las claras la consideración que le merecía al regente, que trata de escudarse en él para eludir posibles responsabilidades por los errores que se pudieran cometer102.
En diversos momentos de estos años el Consejo Real trató cuestiones relacionadas con la Corona de Aragón, la más importante de ellas, sin duda, aunque tenga un vertiente interna, fue la decisión de avalar al infante don Fernando como candidato castellano al trono de Aragón103, y derivada de ésta la de enviar tropas en apoyo de sus partidarios en ese reino104, así como de prestarle apoyo jurídico en el derecho que decía poseer105. El matrimonio entre la infanta doña María y el infante don Alfonso de Aragón también fue asunto del que se ocupó el Consejo, en concreto el de la reina doña Catalina, ya que la dote asignada en principio a la infanta comportaba la entrega del marquesado de Villena, fronterizo con el reino de Aragón106. Las implicaciones geopolíticas que podía tener en el futuro hicieron que se cambiase por una dote en dinero. El pago posterior de la dote pudo ser también considerado por el Consejo, pues la reina doña María envió diversas cartas a personajes infl uyentes en la corte castellana, entre otros a algunos consejeros, en las que les daba cuenta de la ida del arcediano de Niebla para reclamar la satisfacción de uno de los pagos107. Sin embargo, ignoramos la razón última del envío de Álvaro de Luna por el Consejo ante la corte de Alfonso V de Aragón, pocos días después de la muerte de doña Catalina108.
En las relaciones con el reino de Navarra existe constancia de que el problema suscitado por huida de don Fadrique hacia ese reino motivó la convocatoria de un Consejo que decidió el envío de embajadores –Diego López de Stúñiga y a Diego Gómez de Sandoval– ante la corte de Pamplona. Este Consejo se reunió entre el 12 de marzo y antes del 5 de julio de 1411, por decisión del infante don Fernando, quien expuso la gravedad que representaba para Castilla la actitud del ex duque de Benavente109.
En relación con Portugal, el Consejo Real intentó poner fi n a una etapa de hostilidades que, de manera más o menos esporádica, se prolongaba desde la década de los años ochenta del siglo anterior. Tras la muerte del rey don Enrique el Consejo Real envió embajadas para hablar de paz con los comisionados portugueses110. Sin embargo, las distintas posturas de los regentes, las elevadas pretensiones castellanas, la lentitud o interrupción de las negociaciones111, o problemas puntuales derivados de la vecindad, prolongaron una situación cada vez más difícil de sostener. En los primeros años de la minoría de Juan II el Consejo censuró la acción portuguesa de invadir ciertas aldeas112. Actitudes de este tipo también infl uirían en los debates que enfrentaron a sus miembros sobre la concesión de treguas o aceptar la demanda portuguesa de una paz perpetua113. No hay que olvidar las preferencias de los consejeros por uno u otro de los dos regentes, que en esta cuestión parecían estar enfrentados114. Si el Consejo, de forma conjunta, dio su beneplácito a una implicación directa de la reina en las negociaciones con los portugueses115, tampoco se puede desvincular del apoyo explícito que habría pedido el infante en sus pretensiones al trono de Aragón, quizá se pueda hablar de una transacción. En estas circunstancias, los argumentos esgrimidos por el Consejo116 como la menor edad del rey, sus posibles derechos al trono portugués, las relaciones con el reino de Granada, las intenciones meriníes de querer pasar a la Península Ibérica o la pobreza del reino117, fueron importantes, pero otras razones de fondo obligaron a la fi rma de un acuerdo. La reina, en una misiva que envía a Juan I de Portugal pidiéndole diez o doce galeras para reemprender la guerra con los nazaríes en 1412, da cuenta de cómo tuvo que convencer a los del Consejo, entre otros, para alcanzar el acuerdo118.
Después del tratado de 1411, y a pesar de ciertos problemas fronterizos119, los recelos hacia Portugal se debieron a sus preparativos de una armada. El Consejo Real, sin duda, tuvo conocimiento de toda la serie de bulos, quizá motivados, que circulaban sobre el objetivo de la fl ota portuguesa, entre los que se citaba a Sevilla. Por este motivo el Consejo120 se dividió sobre la postura a adoptar. Las posiciones han quedando personalizadas en el obispo de Ávila, don Juan de Guzmán, y en el adelantado de Cazorla, Alfonso Tenorio de Silva121. El primero aconsejaba tomar una postura defensiva, mientras que el adelantado de Cazorla sugería no hacer ningún movimiento del que se dedujera recelo alguno por lo que hacían los portugueses. Su propuesta de enviar embajadores se aceptó, y cumplió el objetivo que buscaba: la fi rma del tratado por parte del rey de Portugal122, ya que los representantes portugueses no se habrían presentado en $1 4 1 2 ^ { 1 2 3 }$ .
Con la mayoría de edad de Juan II, en 1419, se plantea otra vez la pretensión portuguesa de alcanzar una “paz perpetua”, quizá temiendo represalias por el inicio de hostilidades entre Castilla e Inglaterra; de nuevo se manifi estan diversas opiniones en el Consejo, y se demora una solución defi nitiva con la determinación de enviar embajadores ante la corte portuguesa124. Sin embargo, con el triunfo del “Golpe de Tordesillas” a mediados de julio de 1420, se puso en peligro el acuerdo que se había alcanzado un día antes125, y lo que es más grave el tratado establecido en 1411. En efecto, el Consejo se dividió sobre la actitud a adoptar, pero al contrario que en ocasiones anteriores, ahora la línea moderada no pudo imponerse en su seno. Al fi nal, la imposibilidad de llevar a cabo una empresa militar contra Portugal acabó triunfando, pues la convocatoria a las ciudades no sirvió de nada; lo elevado de la operación126 y la evolución política del reino pusieron fi n a sus aspiraciones.
Los testimonios de la intervención expresa del Consejo Real en asuntos referidos a Francia y a Inglaterra son muy escasos y poco explícitos. La conclusión que se puede sacar de ellos es que las relaciones con estos dos reinos debieron de ocupar poco tiempo a los miembros del Consejo Real. Pero, podría ser errónea, pues existieron importantes intereses comunes. Con origen en el primer reino, aunque su procedencia fuera del “cónsul del rey e procurador delos sus súbditos e mercaderes deste reyno” llegaron varias cartas al concejo de la ciudad de Burgos, que envió alguna de ellas a los señores del Consejo127. Respecto a Francia, en 1418 llegaron embajadores de su rey solicitando ayuda militar contra el rey de Inglaterra, por lo que de acuerdo con las alianzas establecidas entre los dos reinos y las circunstancias que concurrían en el trono castellano se decidió convocar Cortes128. Procuradores y consejeros se reunieron y decidieron repartir doce monedas en el reino para una armada que tendría que acudir en ayuda de Francia129 y contra Inglaterra130.
1.3. LA HACIENDA.
El Consejo Real tuvo entre sus competencias en esta materia ver las apelaciones que se hacían de lo que librasen el alcalde o alcaldes de las aduanas131, determinar las diferencias entre los arrendadores y mercaderes sobre la cuantía a pagar de las rentas de los diezmos de la mar132, librar cartas sobre los derechos que tenían que satisfacer los mercaderes133, o mandar ejecutar los alcances que hacían los alcaldes mayores en los deudores de los concejos134. Al margen de ello, sus acuerdos en materia de hacienda diferenciaban entre contadores mayores y contadores de cuentas135.
Alguna de sus medidas, relativas al comercio interior, eran claramente proteccionistas y trataban de salvaguardar los intereses de la burguesía mercantil. Así ocurrió en Burgos, al impedir a los arrendadores poner guardas a puertas de la ciudad para solicitar a sus mercaderes que diesen cuenta de sus paños y mercancías136.
En relación con el ámbito fronterizo y el comercio exterior es probable que el Consejo tratase sobre el impuesto de la Quema, sobre lo que se le habría solicitado su opinión, aplazada para mejor ocasión, a la llegada a la corte de Castilla de una embajada procedente de Aragón137. También se sometió a su dictamen si se debían de satisfacer o no ciertos derechos, como la exea y corredura de los moros de ciertas villas fronterizas con el reino de Granada, a un ofi cial del rey138. Además, en el Cuaderno de los diezmos y aduanas, y ante los incumplimientos de la saca de las cosas vedadas, se estipuló que lo que librasen el alcalde o alcaldes de dichas aduanas sería únicamente para los del Consejo del rey y para los contadores, y se encomendó a este organismo que dispusiese sobre las amenazas de algunos miembros de los estamentos privilegiados a los arrendadores reales, puesto que con ello se reducían sus rentas139.
El Consejo también fue el garante de que no se enajenara parte del tesoro regio. En caso de necesidad y si existía diferencia entre los regentes se debía seguir la opinión de la mayoría de sus integrantes140. Garantías que, en alguna ocasión, los procuradores de las ciudades también quisieron extender a las monedas otorgadas en Cortes141.
Otra competencia del Consejo Real, según las Ordenanzas de 1406, era enviar cartas de apremio a arrendadores, cogedores y fi adores, así como a cualquier deudor de las rentas reales142, o que impidiese su recaudación143. Con la fi rma del Consejo, el rey se dirige al tesorero mayor de Tierra de Vizcaya regulando la recaudación de los pechos y derechos de las anteiglesias de Vizcaya144. También lo hace a los arrendadores, directa o indirectamente, en varias ocasiones, para reclamar145, esclarecer las condiciones del arrendamiento y evitar confl ictos con mercaderes146, o para impedir que pidan el pago de la alcabala por los botines obtenidos en tierras granadinas147. Además, los consejeros tenían prohibido arrendar monedas, alcabalas y cualquier otra renta real, vetándoseles ser fi adores de los arrendadores148.
1.4. LA JUSTICIA.
Con la toma del poder por Juan II se llevó a cabo una reordenación y división del Consejo. En relación con esto último, de las palabras de PÉREZ DE GUZMÁN149, algún autor ha deducido la posible existencia de un doble Consejo: “un órgano especializado dentro de otro más amplio”. Un Consejo reducido, compuesto por un pequeño número de personas, cinco posiblemente, al que denomina Consejo secreto, que se ocuparían de despachar las cuestiones más complejas, así como las de gracia y merced; y otro Consejo, más amplio, el Consejo de la justicia, encargado de librar los asuntos de justicia y de gobierno, que tendrían que llevar la fi rma de varios consejeros150.
El Consejo habría preparado leyes151, pero además tenía competencias judiciales152, de las que había carecido en un principio153. Juan II, por medio de la pragmática de 23 de enero de 1410, facultó a los grandes ofi ciales de la corte, entre otros a los miembros del Consejo, el poder seguir sus pleitos ante él154. Fruto de esas competencias el Consejo Real entendió en los contenciosos que tenían los miembros de la media y alta nobleza del reino, que recurrieron a él para su resolución155. Así habría ocurrido con los hermanos Lobera, que pretendían querellarse ante el Consejo por la actitud belicosa del conde de Trastamara hacía ellos156. Sin embargo, el caso más importante en los años de nuestro estudio fue el de doña Leonor de la Vega. Esta señora, enfrentada con su hija Aldonza y con su yerno GARCIA Fernández Manrique, por la posesión de Liébana, Pernía y Campo de Suso, obtuvo sentencia favorable a su demanda a fi nales de diciembre de $1 4 0 8 ^ { 1 5 7 }$ . Sin embargo, doña Leonor ante su incumplimiento presentó una demanda de justicia, a comienzos de febrero de 1409, y como el contencioso persiste en los meses siguientes, a pesar del requerimiento de los regentes a su yerno158, y de las protestas de la señora de la Vega159, que seguramente compareció ante el infante y varios miembros del Consejo por esta razón en septiembre de $1 4 0 9 ^ { 1 6 0 } .$ , Juan II determinó que el Consejo no podía cometer ejecución, tenía que enviarla a las justicias ordinarias, salvo en el caso de que ésta fuera negligente161.
Por otro lado, y en un ámbito que podemos denominar hacendístico-judicial se enmarcan los mandamientos del Consejo ordenando la reasignación de ciertas rentas162, entendiendo en pleitos sobre la propiedad de alguna de ellas163, u obligando a algún concejo a pagar el salario de los alcaldes164. En ocasiones, recibía notifi cación de alguna ciudad dándole cuenta de las razones por las que habían establecido cierto impuesto, como ocurrió con Sevilla, a fi nales de noviembre de $1 4 0 6 ^ { 1 6 5 }$ .
Con la división del Consejo tras la marcha de don Fernando a Aragón las ciudades bajo su administración, debían dirigirse a los de su Consejo, que estaban en Castilla, para plantear una querella o hacer una petición166.
El Consejo se relaciona con las ciudades a través de cartas de mandamiento, debiendo comparecer ante él si incumplían sus órdenes167, les pide el envío de ciertas personas168, provee sobre cuestiones relacionadas con el regimiento169, o les requiere cierta cantidad de provisiones para su mantenimiento170. Esta intensa comunicación entre el Consejo y las ciudades, unida a la existente entre el Consejo y los corregidores y jueces de residencia, durante el desempeño de sus ofi cios, se ha considerado una muestra de intervencionismo en la vida de los municipios171. Con la unifi cación del Consejo Real, tras la mayoría de edad del monarca, las ciudades y villas vuelven a dirigirse a él para solventar los pleitos que mantenían172.
El Consejo también proveyó en lo dispuesto sobre las minorías, y en tal sentido suspendió los ordenamientos de Enrique III sobre judíos y musulmanes173.
2. EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE CONSEJEROS. EL PREDOMINIO DE LA NOBLEZA.
Los tres grupos que integraban el Consejo Real: nobles, eclesiásticos y letrados, debían ser similares, un tercio del total de dieciséis, aunque la realidad no fue así. El asiento en el Consejo de los hijos del infante don Fernando, que Enriqu e III reconocía en su testamento, desequilibraba la correlación de fuerzas. Además, durante la minoría de Juan II el aumento en el número de consejeros se debió también a la duplicidad que hubo de consejos, hasta 1416. Por lo tanto, los consejeros, al ser cargos vitalicios, pasaron después a integrarse en uno solo. De ahí que el rey, al alcanzar la mayoría de edad, reconociese que la reina y el infante don Fernando “en tiempo de sus tutorías habían acrecentado muchos Caballeros e Letrados en su Consejo, allende los que el Rey Don Enrique... habia dexado”174. La desproporción de nobles también se constata en la división cuatrimestral del Consejo, pues de los trece consejeros citados, diez son nobles y tres eclesiásticos175. Además, el monopolio de la nobleza tampoco se puede desvincular de su presencia en la corte, por ejercer cargos en ella, por sus vínculos de parentesco, u otras razones176.
En el proceso de predominio de la nobleza hubo varios momentos clave, aunque no en todos los casos se correspondería con un incremento en el número de consejeros. Uno fue, sin duda, el golpe de 1408, cuando don Fernando se hizo con las riendas del poder y dió de lado a la reina. Al margen de razones coyunturales, como las relacionadas con las hostilidades contra el reino granadino, se encontraban otras de índole estructural, como la formación del Consejo y su infl uencia. De ahí que este organismo se convierta en el principal objetivo del infante y que en adelante le sea claramente favorable, más todavía con la vuelta a la corte de Diego López de Stúñiga y de Juan Fernández de Velasco que, según algún autor, “sin vacilar, votaron cuantas decisiones presentó el infante”177. Otro se produjo en 1416, tras la muerte del rey de Aragón, cuando la reina asumió la regencia en solitario y acabaron haciéndose con el control del gobierno del reino Diego López de Stúñiga, Juan Fernández de Velasco y Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo. En estas circunstancias es probable que no se produjera un aumento del número de consejeros, aunque no sea más que por el estrecho control que los citados tenían de las riendas del poder. La tercera fecha a tener en consideración es la de la muerte de doña Catalina en 1418. Tras la cual se dispone que, en adelante, los que habían formado parte del Consejo de Enrique III estuviesen en la corte, para regir el reino, junto al maestre de Santiago, el almirante, el condestable, el adelantado de León, el mayordomo mayor del infante don Enrique y, además, se tratará de apartar de las tareas de gobierno a Juan Fernández de Velasco y al arzobispo de Toledo178. A partir de entonces, se empiezan a confi gurar los dos bloques que se agruparán alrededor de los infantes de Aragón y que culminarán con la división del Consejo por tercios de año. Esta medida supuso un nuevo giro en relación con el Consejo Real, y por consiguiente con el gobierno del reino. Aproximadamente tres cuartas partes del total del Consejo las tienen los nobles y el cuarto restante los eclesiásticos. El momento fi nal de este ascenso lo marca el ejercicio del poder por parte del infante don Enrique, es decir entre mediados de julio y comienzos de diciembre de 1420. Durante este período el infante y los de su opinión utilizaron el nombramiento de consejeros para atraerse partidarios, sobre todo entre los más importantes, logrando que el monarca hiciese de su Consejo a cerca de treinta personas179.
Por otra parte, el dominio de la nobleza en el Consejo no es más que la constatación del que ejercía sobre la sociedad en general. El prestigio social de que gozaban y que podían prestar con su presencia a una institución les proporcionaba un ascendiente que no tenían los letrados o los procuradores de las ciudades. La importancia cada vez mayor de la nobleza en el Consejo ¿no sería también consecuencia del creciente papel de las actividades bélicas durante estos años de la minoría? En efecto, creemos que puede ser un factor a tener en cuenta y que la pertenencia al Consejo, además de una especie de merced por sus actuaciones, se deba a su experiencia en este campo180. Sin embargo, sabemos que los regentes se vieron obligados a formar un grupo de fi eles con los que compartir las tareas de gobierno, recompensar fi delidades, o atraerse a los descontentos con el otro. En ese sentido se habría producido una especie de rivalidad entre ellos que provocó el incremento en el número de ofi ciales181, y que quizá pueda hacerse extensivo a los consejeros. Poco después el infante don Enrique, maestre de Santiago, llevó a cabo la misma política182. El cargo de consejero real también podía servir para resarcir o recompensar al noble, bien es verdad que sólo lo son los más importantes de entre ellos. La monarquía, ante la falta de territorios de realengo para repartirles, optó por concederles esta merced. De su cercanía al monarca se derivaban poder y riqueza183, como las que les proporcionaban los elevados emolumentos que percibían184.En este acceso al Consejo Real hay también una especie de autorregulación por parte de la propia nobleza, que no consentirá que ninguno de sus miembros ocupe una posición predominante. Esto se puede ver durante los años de la minoría de Juan II en la hegemonía de Diego López de Stúñiga, Juan Fernández de Velasco y Sancho de Rojas, tras la muerte del rey de Aragón; en la que ejerció don Sancho de Rojas sólo o acompañado por Juan Hurtado de Mendoza, o en la que trató de imponer el infante don Enrique. En todos los casos, con mayor o menor rapidez se tratará de restablecer un equilibrio entre los miembros del grupo.
3. EL CONSEJO REAL ¿LIMIT ADOR DEL PODER DE LAS CORTES?
Consejeros y procuradores de las ciudades se reunieron en las Cortes de Toledo de 1406, donde se trató sobre la cantidad que el reino tendría que pagar para la guerra contra los nazaríes185. Es muy probable, como ocurriría años más tarde, que el Consejo actuase como moderador de dos posturas muy distantes entre sí, que en este caso eran las que mantenían el monarca y los procuradores. La colaboración entre los miembros de las dos instituciones no se circunscribía propiamente a las reuniones de Cortes. En alguna ocasión, consejeros y procuradores participaron con los regentes y decidieron la política a seguir186. En otros momentos, más que hablar de colaboración, a veces forzada por las circunstancias, cabe hablar de oposición, y así el Consejo tuvo que actuar, sino a requerimiento de las Cortes, sí impelido por éstas187. En otra ocasión son las Cortes las que tendrán la última palabra ante las discrepancias existentes en el Consejo188.
Por otro lado, el Consejo se encargó de convocar Cortes cuando faltaron los regentes, como ocurrió en 1418 y en 1419. Sin embargo, lo más destacable fue la participación de algunos de los consejeros regios en alguna de estas asambleas, aunque no en calidad de procuradores. En este sentido, tenemos constancia de que fue así en las de 1419, con el parlamento del arzobispo de Toledo y con las palabras que dirigió el almirante, en nombre de los grandes y de los procuradores de las ciudades189. O en las de 1420, en Ávila, con la alocución de don Gutierre Gómez de Toledo, arcediano de Guadalajara190. En ambos casos, las palabras de los dos prelados del Consejo tratan de encauzar la opinión de los procuradores en Cortes en una determinada dirección política, que puede considerarse la ofi cial o predominante en esos momentos, como se ve con toda claridad en las Cortes reunidas en Ávila.
El Consejo también recibió el encargo de negociar, por parte del monarca, con los procuradores en las Cortes de 1418, para armar una fl ota que fuese contra Inglaterra y en ayuda del rey de Francia. Su labor fue un éxito, pero los procuradores exigieron al rey y a su Consejo jurar que lo acordado en ayuda de Francia no tuviera más que ese destino191.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los miembros y funciones del Consejo Real propiciaban un cierto alejamiento de las pretensiones ciudadanas expresadas en las Cortes. A las Cortes se las ha considerado como un apéndice del Consejo192, y de éste se ha dicho que no sería una permanente de aquellas193. El Consejo pudo limitar, a través de su asistencia al monarca, ciertas demandas de los procuradores de las ciudades. Así parece que ocurrió con algunas de sus peticiones, como las números quince y dieciocho, en las Cortes de 1419. En ambos casos se da una respuesta esquiva, poco comprometedora, que desempeña una función idéntica a una negativa, y en la que se habla de futuro y de tener en cuenta el interés regio194. La soberanía real, con su recurso al Consejo, en determinadas cuestiones, también contribuyó a esa decadencia de las Cortes, y lo que también es evidente es que “ninguna decisión política de trascendencia podía tomarse sin el concurso de la Iglesia y de la alta nobleza”195.
4. LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO REAL Y SUS LUGARES DE REUNIÓN.
Al margen de la elección, idonei dad, o las circunstancias en que los consejeros fueron nombrados, ya tratadas por otros autores, pretendo extraer unas conclusiones generales de cada grupo, tratar de ver su mantenimiento en este órgano, los posibles casos de transmisión familiar, así como la infl uencia que pudieron tener.
4.1. NOBLES, ECLESIÁSTICOS Y LETRADOS.
Los integrantes de la nobleza que pertenecieron al Consejo Real durante la minoría de Juan II y que tenemos constatado, por una o varias fuentes, se elevan a treinta y cuatro, veintidos son los eclesiásticos y catorce los letrados, en total setenta consejeros196. Desde un punto de vista porcentual los nobles representan el 48,58 por ciento, los eclesiásticos el 31,42 por ciento y los letrados el 20 por ciento197. El predominio de la nobleza, es evidente. En ese grupo, quizá mejor que en los otros, se pueden diferenciar tres subgrupos, atendiendo al momento de su nombramiento y a su inclinación política posterior. De acuerdo con el primer criterio encontramos consejeros de la época de Enrique III, caso de Lorenzo Suárez de Figueroa; de los años de la regencia, por ejemplo Diego Gómez de Sandoval; y de la mayoría de edad del monarca como Álvaro de Luna. Si atendemos a su inclinación política a partir de 1419-1420 encontramos que GARCIA Fernández Manrique era partidario del infante don Enrique, que su hermano, el infante don Juan, contaba con fi eles como Pedro de Stúñiga, o que Juan Hurtado de Mendoza apoyaba al monarca. La única homogeneidad del grupo es la que le proporciona su condición, pero más allá se pueden encontrar diferencias en cuanto a su procedencia, por lo que hay representantes de la denominada nobleza de servicio, Ruy López Dávalos, de antiguos linajes nobiliarios castellanos, los Ayala o los Manrique, o de otros reinos peninsulares, Stúñiga, Arellano, Pimentel, por no hacer más extensiva la relación. También hay diferencias económicas, por ejemplo en cuanto a ingresos y al origen de éstos, de lo que se podía derivar una mayor o menor independencia respecto al poder regio.
Los eclesiásticos propiamente dichos, dejando al margen que pudieran serlo también algunos letrados, representaban a quince diócesis y eran el segundo grupo más importante en el Consejo Real198. Encontramos entre ellos a los arzobispos de Santiago, Toledo y Sevilla, a un grupo de obispos, casi todos ellos de sedes de la mitad Norte peninsular y uno sólo de la mitad Sur, a tres arcedianos, a un deán y a un religioso, fray Fernando de Illescas. La formación académica de cada uno de ellos era muy diferente. En efecto, podemos encontrar desde doctores como Pablo de Santa María, obispo de Cartagena, graduado en la Universidad de París, Vicente Arías de Balboa, obispo de Plasencia, o Diego Martínez, arcediano de Niebla, hasta otros prelados de los que ignoramos su nivel de instrución. Pero, sin duda, el que alcanzó mayor importancia en la minoría de Juan II fue don Sancho de Rojas, obispo de Palencia y, a partir de 1415, arzobispo de Toledo. Las percepciones económicas de cada uno de ellos serían un elemento diferenciador, a pesar de lo que pudieran recibir de la Hacienda regia por su cargo de consejeros199.
Nobles y eclesiásticos desempeñarían, con toda cautela, la presidencia del Consejo200. $\it { i } \mathrm { { S e } }$ puede denominar presidente al infante don Fernando, al que su hermano, en las Ordenanzas de 1406, mandaba hacer relación si existían distintas partes enfrentadas y no se podía llegar a un acuerdo?201 Es complicado inclinarse a favor o en contra, por un lado, porque quienes lo ejercieron antes y después de esta fecha fueron eclesiásticos202, aunque cabe preguntarse ¿qué objeto tenía nombrar un sustituto, el obispo de Cartagena, en caso de ausencia del infante? También plantean dudas las afi rmaciones de que el arzobispo de Toledo, don Pedro de Luna, era presidente del Consejo en $1 4 1 0 ^ { 2 0 3 }$ , la misma fecha en la que encontramos otro testimonio en el que se señala que en la campaña de 1410 el infante don Fernando dejó “por cabeza del consejo al arzobispo de Santiago don Lope de Mendoza”204, o ¿era del que lo acompañaba?
Los letrados no representarían ni la quinta parte del total de los consejeros contabilizados. Una característica general a casi todos ellos es su condición de doctores que, aunque no se expresa, sería en Leyes. Es decir, que era condición sine qua non para pertenecer a esta institución205.
Respecto a la presencia de los consejeros en la documentación a lo largo del período estudiado sólo Ruy López Dávalos y el almirante Alfonso Enríquez, aparecen citados a lo largo de siete años, comprendidos entre 1407 y 1420. Seis veces aparece García Fernández Manrique, cinco el infante don Enrique de Aragón y Pedro Manrique, cuatro veces Diego López de Stúñiga y Juan Fernández de Velasco, y el resto, el setenta y cinco por ciento, tres veces y menos. Entre los eclesiásticos el más citado es Sancho de Rojas, que aparece mencionado ocho años, entre 1407 y 1419, le siguen don Gutierre Gomez de Toledo, en cinco y el arcediano de Almazán en tres, el resto, el ochenta y cinco por ciento, una y dos veces. Los letrados más citados son el doctor Pedro Sánchez de Castillo, en ocho años entre 1407 y 1420, el doctor Pedro Yáñez, en seis, el doctor Juan Rodríguez de Salamanca, en cinco, en cuatro el doctor Juan González de Acevedo y el resto, el sesenta y nueve por ciento, en tres y menos.
¿Qué conclusiones pueden sacarse de ello? En primer lugar, y dejando al margen que hay nombres de consejeros que por distintas razones no aparecen citados, estaría fuera de toda duda la continuidad de otros, sobre todo, los que fi guran al comienzo y al fi nal de la minoría, por citar dos casos, el mariscal Pedro GARCIA y Pedro Ponce de León. En segundo término, las menores referencias, sobre todo a algunos de los miembros pertenecientes a la nobleza, pueden deberse a su nombramiento tardío como ocurrió con Pedro Fernández de Velasco y con Álvaro de Luna, a su vuelta al reino tras una temporada en el extranjero, caso del infante don Juan de Aragón, o a su presencia en el Consejo previo a las campañas granadinas, caso de Carlos de Arellano. En tercer término, un mayor número de referencias presupone una mayor cercanía y permanencia en el entorno de la corte, aunque en realidad tampoco tuviera que ser necesariamente así. Esto plantearía el problema de determinar la mayor o menor infl uencia que pudieron tener que, dejando al margen la de los regentes o la que pusieron en práctica los infantes de Aragón, sólo es evidente en el caso de Sancho de Rojas, tanto en su persona como a través de terceros, de los que puede ser buen ejemplo el de sus sobrinos, Diego Gómez de Sandoval y el mariscal Pedro GARCIA de Herrera, también pertenecientes al Consejo Real. La pertenencia al Consejo Real también es indicativa del nivel alcanzado por el noble y además que es capaz de transmitirlo a su heredero, como ocurrió con Diego López de Stúñiga y con Juan Fernández de Velasco, de quienes lo heredaron sus hijos Pedro de Stúñiga y Pedro Fernández de Velasco, respectivamente. Aunque el mantenimiento del cargo de consejero en la misma familia dependió en ocasiones de la inclinación política del progenitor en un momento dado. Este debió ser el caso del maestre de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa, más favorable a la reina doña Catalina que al infante don Fernando, cuyo heredero, Gome Suárez de Figueroa, no recibió el nombramiento de consejero a la muerte de su padre en 1409, sino en 1421 y por otras razones206.
Uno de los rasgos que caracteriza a buena parte de los consejeros fue su polivalencia, que podemos concretar en tres ámbitos: administrativo, militar y diplomático. En el primero pueden incluirse los nombramientos de los doctores Juan Alfonso de Toro como corregidor de Sevilla, por medio año207, y el de Juan Rodríguez [de Salamanca] de Burgos208. En el segundo hay que decir que la práctica totalidad de los nobles del Consejo Real tomaron parte en las campañas militares contra el reino nazarí durante la minoría de Juan II, al igual que algunos integrantes del estado eclesiástico, como el obispo de Palencia, o el arzobispo de Santiago. De carácter diplomático fue la asistencia del Consejo al infante don Fernando en sus pretensiones al trono de Aragón. En efecto, el Consejo envió una embajada compuesta por tres de sus miembros, don Sancho de Rojas, a la sazón obispo de Palencia, Diego López de Stúñiga y el doctor Pedro Sánchez del Castillo209. En 1412 la embajada tuvo a los mismos integrantes, a los que se añadió esta vez otro miembro del Consejo, el almirante Alfonso Enríquez. Sin embargo, Pedro Sánchez del Castillo desempeñaría después una función diplomático-jurídica al estar presente en la resolución de Cas$\mathsf { p e } ^ { 2 1 0 }$ . El Consejo también envió a dos de sus miembros, Diego López de Stúñiga y Diego Gómez de Sandoval, a Navarra para mediar ante su corte tras la huida de don Fadrique, refugiado en ese reino211. A Portugal ante la preocupación por el destino de la fl ota que armaba ese reino, donde destacó al obispo de Mondoñedo, Álvaro Núñez de Isorna y a Dia Sánchez de Benavides, caudillo del obispado de Jaén212. O tras el hecho de Tordesillas, en julio de 1420, cuando el infante don Enrique recurrió a los ofi cios diplomáticos de don Gutierre Gómez de Toledo, que era uno de sus partidarios y pertenecía al Consejo, para que presentase sus reivindicaciones ante la corte del papa Martín $\mathrm { V } ^ { 2 1 3 }$ .
Estas y otras ocupaciones, como la condición de oidor de muchos de ellos214, añadidas a las propias de su cargo pudieron provocar en los consejeros una gran carga de trabajo, por lo que en alguna ocasión, como ante un requerimiento del concejo de Cuenca, el propio rey les contesta que “los de mi consejo están ocupados en otros muchos negoçios que cumplen mucho a mi serviçio que de present non se pueden veer pero yo las mandaré veer e proveeré sobrello como la mi merçet fuere e cumpliere a mi serviçio”215.
Miembros del Consejo Real durante la minoría de Juan I

Nobles	Eclesiasticos	Letrados
Alfonso Enriquez	Alvar Nunez de Isorna	Diego Rodriguez
Alfonso Tenorio	Arcediano de Almazan	Fernando Gonzalez de Avila
Alvaro de Luna	Dean de Santiago	Fortun Velazquez de Cuellar
Carlos de Arellano	Diego de Anaya Maldonado	Juan Alfonso de Coria
Conde de Benavente	Diego Gomez de Fuensalida	Juan Alfonso de Toro
Diego Fernandez de Cordoba	Diego Martinez,arcd.de NieblaJuan Gonzalez de Acevedo
Diego Fernandez de Quinones	Fray Fernando de Ilescas	Juan Gonzalez de Villegas
Diego Gomez de Sandoval	Gonzalo Rodriguez de Neira	Juan Martinez, cller. sello puridad
Diego Lopez de Stuniga	Gutierre Gomez de Toledo	Juan Pérez de Villegas
Enrique de Guzman	Juan Cabeza de Vaca	Juan Rodriguez de Salamanca
Enrique Manuel	Juan de Guzman	Juan Sanchez de Suazo
Enrique,maestre de Calatrava	Juan de Illescas	Pedro Lopez
Fadrique de Trastamara	Juan Enriquez	Pedro Sanchez del Castillo
FernanPérezdeAyala	Juan Gonzalez de Villegas	Pedro Yanez
Nobles	Eclesiasticos Letrados
Fernando Alfonso de Robles	Juan Vazquez de Cepeda
GARCIA Fernandez Manrique	Juan,obispo de Siguenza
Gómez Manrique	Lope de Mendoza
Infante don Enrique	Pablo de Santa Maria
Infante don Juan	Pedro de Luna
Infante don Pedro	Pedro,obispo de Orense
JuanFernandez de Velasco	Sancho de Rojas
JuanHernandez Pacheco	Vicente Arias de Balboa
JuanHurtado de Mendoza
Lorenzo Suarez de Figueroa
Martin Fernandez de Cordoba
Pedro de Stuniga
Pedro de Velasco
Pedro GARCIA de Herrera
Pedro Lopez de Ayala
Pedro Manrique
Pedro Ponce de León
Per Afan de Ribera
Prior de la Orden de San Juan
RuyLopez Davalos

4.2. LAS MUJERES
¿Cuál fue el papel de las mujeres en el Consejo? La presencia de una mujer en el Consejo Real era un hecho excepcional, en una institución, como tantas otras dominadas por los hombres. La única mujer que tuvo acceso, aunque no en calidad de consejera216, fue la reina doña Catalina. Sin embargo, aunque la reina tomase parte en las resoluciones del Consejo e infl uyese en alguna de sus decisiones de las que se ha dado cuenta, quizá lo más llamativo sea el papel que se atribuye a ciertas mujeres de su entorno, en concreto a doña Leonor López de Córdoba. Según Panzán, doña Leonor pudo acompañar a la reina en algún Consejo217, si eso fue así se estaba vulnerando la Ordenanza de Segovia de 1406, que incluso disponía la salida del lugar donde se celebraba para los referendarios si se trataban asuntos importantes o secretos y prohibía la entrada en él sin licencia218. En cualquier caso, no sería más que una muestra del enorme poder que ejercía sobre la soberana. Sin embargo, lo más destacable de la actuación de doña Leonor habría sido el cuestionamiento de las decisiones del Consejo219, que implicaba el enfrentamiento entre ambos regentes y que a medio plazo provocó su salida de la corte. A pesar de ello, la infl uencia de doña Leonor sobre el Consejo y sus decisiones traspasó el período de su estancia en la corte. Por iniciativa suya se encumbrará a algún personaje que años después acabó formando parte del Consejo Real, como ocurrió con Fernando Alfonso de Robles, que junto con Inés de Torres, también puesta por la privada, a la altura de 1416 “hacían todos los negocios como les placía, sin acuerdo de los Grandes ni de los otros del Consejo”220.
4.3. LOS AUXILIARES.
Las tareas auxiliares del Consejo Real fueron competencia, entre otros, de los porteros, escribanos y refrendarios.
Los porteros del rey tenían encomendadas varias funciones, una de ellas sería exigir la devolución de una fortaleza, como ocurrió con el que llevaba la carta real enviado por el Consejo a Tarifa221. Sin embargo, la principal era la guarda de las puertas del lugar donde se celebraba el Consejo. En este cometido es posible que estuviesen auxiliados por los ballesteros de maza, de los cuales, según la Ordenanza de Segovia de 1406, debería haber dos en la puerta del lugar donde se celebraba. Nos consta el celo con el que alguno de ellos se tomaba su trabajo impidiendo presentar ante los del Consejo un testimonio de emplazamiento, “por quanto la Reyna estava ocupada de çiertos negoçios”222. Por el contrario, la probidad de otros podría ser más cuestionable, toda vez que se conoce la remuneración que algún concejo les hacía de forma generosa “por el trabajo que tomaban dando puerta cada vez que lo habían menester, a los ofi ciales del concejo”223, lo que nos lleva a pensar en la venalidad como práctica.
Por su parte, los escribanos tenían encomendado poner por escrito lo tratado en el Consejo. La nómina de los que pertenecían al Consejo Real sería de dieciocho, repartidos en tres grupos de seis224. Su número en las reuniones variaba en razón de la mayor o menor importancia de los acuerdos que se tratasen, y oscilaría entre uno y cuatro, según la Ordenanza de Segovia de 1406. En esta misma disposición se contiene la obligación de avisar al monarca cuando librase algo el Consejo, para “que lo escribiese en un memorial el escribano cuyo cometido era ese libramiento” 225. Sin embargo, su ámbito de actuación no se limitó estrictamente al Consejo, pues alguno también sirvió como escribano de cámara y desempeñó otras funciones. Buen ejemplo de ello es Gutierre Díaz, escribano de cámara del rey, que alternó el libramiento de misivas del Consejo con los documentos fi rmados por los tutores, entre julio de 1408 y febrero de 1414226. Este burócrata fue enviado a la corte granadina para protestar ante su rey por la toma y combate de Priego, estando asentadas treguas227. También estuvo presente en Granada para la ratifi cación de las nuevas, que se otorgaron en 1408 hasta fi nales del mes de marzo del año siguiente228. Casos similares al suyo los encontramos en Ruy López, en Diego Fernández de Vadillo o en Sancho Romero229.
La cercanía de estos escribanos al monarca o la protección de algún importante personaje de la corte, al margen de la confi anza o de su valía, están destrás del ascenso de alguno de ellos. Los dos ejemplos más claros durante la minoría de Juan II nos los ofrecen Fernando Alfonso de Robles y Diego Rodríguez de Valladolid, que pasaron de ser escribanos a miembros del Consejo Real230. Sin alcanzar esta dignidad nos ha quedado constancia escrita de la vivencia de alguno de ellos, como ocurre con Luis Panzán, que se titula escribano del Consejo231 y autor de una obra ya citada.
Los escribanos de cámara, residentes en el Consejo Real, percibían 8.400 maravedíes anuales, a lo que hay que sumar el privilegio de cuatro excusados232.
Los refrendarios o referendarios se encargaban del refrendo de los documentos, sin embargo, al margen de ello las Ordenanzas de Segovia de 1406 les encomendaban organizar los asuntos a tratar por el Consejo, tomar las peticiones que llegasen de todo el reino, y hacer de ellas relación al Consejo, establecer el número de personas que podría permanecer en la sala del Consejo, y redactar un memorial233. Durante la minoría de Juan II habrían sido refrendarios los doctores Pedro Sánchez del Castillo, Pedro Yáñez de Ulloa –Periáñez–, Diego Rodríguez de Valladolid, Gutierre Gómez de Toledo y Fernando González de Ávila234. Por citar tan sólo unos casos de los muchos en los que intervinieron, sabemos que el doctor Periáñez refrendó el testamento de Enrique $\mathrm { I I I } ^ { 2 3 5 }$ , y que estuvo en calidad de refrendario junto a Pedro Sánchez del Castillo, en el juramento de aceptación de la tutoría del rey por los dos regentes236. El doctor Pedro Sánchez del Castillo también tomó parte en la negociación de unas treguas con Portugal en $1 4 0 7 ^ { 2 3 7 }$ . Los refrendarios tenían asignada una ración diaria de 40 maravedíes, que suponían algo más de 14.000 anuales, a lo que hay que añadir las ayudas de costa complementarias238.
4.4. LOS LUGARES DE REUNIÓN.
La citada Ordenanza de Segovia de 15 de septiembre de 1406 también disponía sobre el lugar de reunión del Consejo y las condiciones que debería tener. En ella se señala la cámara del rey, como lugar preferente, o en caso de imposibilidad en las cercanías de donde éste estuviese alojado. Por desgracia, crónicas y documentos son demasiado parcos a la hora de detallar los lugares de celebración del Consejo, en muchos casos podemos intuir que tuvo lugar en los alcázares de las ciudades donde estaba la corte, así habría ocurrido en Guadalajara en 1408, en Córdoba en 1410, o en Segovia en 1419. Por el contrario, conocemos que el lugar de reunión del Consejo, a comienzos del reinado de Juan II, fue en “los palacios” del obispo de Segovia239, o que durante la campaña de ese mismo año $- 1 4 0 7 - \quad$ , fue en la tienda del infante don Fernando240. En 1410, tras la fi nalización de la campaña de Antequera, durante la estancia de don Fernando en Sevilla, cuando se trataron sus derechos al trono de Aragón, el Consejo se reunió primero en $\mathbf { \omega } ^ { \mathsf { c c } } { } _ { \mathrm { e l } }$ palacio del Caracol que es dentro del alcázar”, y después en varias ocasiones en la capilla de los Reyes de la catedral de Sevilla241. Con el mismo fi n lo hizo más tarde en la capilla del monasterio de los Predicadores donde residían el rey y la reina en Valladolid242. Antes de enviar tropas a Aragón se celebró el Consejo en la iglesia del castillo de Ayllón, en $1 4 1 1 ^ { 2 4 3 }$ , y conocida la sentencia de Caspe, a fi nales de junio de 1412, se leyó al Consejo que acompañaba a don Fernando en Cuenca en las casas del obispo244. El rey acordó en.
Madrid, en 1419, que el Consejo se reuniese donde estaba alojado el condestable, por la enfermedad de la gota que le aquejaba a éste245. El Consejo también se celebró en el palacio nuevo de Tordesillas, tras los acontecimientos del 14 de julio de $1 4 2 0 ^ { 2 4 6 }$ , y en los castillos de Montalbán, durante el cerco al rey247, y de Villalba tras su liberación, en diciembre de ese mismo año248.
CONCLUSIÓN.
La trayectoria del Consejo Real durante la minoría de Juan II corrió pareja a los cambios en el gobierno de Castilla. Por ello, pueden diferenciarse tres momentos, el primero que abarcaría hasta la muerte del rey Fernando I de Aragón, aunque se puede extender con algunos matices hasta la desparición de doña Catalina, el segundo, desde entonces hasta mayo de 1419, y el tercero desde esa fecha hasta los acontecimientos de Tordesillas en 1420. En el Consejo Real se dirimen las diferencias, se manifi esta el poder de que disponen, o los apoyos con los que cuentan, los regentes y los nobles que más tarde se hicieron con el gobierno. Unos y otros lo utilizaron para ganar adeptos, creando de nuevo el problema del elevado número de consejeros, que no hizo más que agravarse durante esta etapa. El Consejo fue un útil instrumento de gobierno, por lo que se ocupó de asuntos muy diversos, sobre todo políticos, hacendísticos y judiciales. Refl eja del predominio de las elites sobre el estamento ciudadano, más evidente si cabe desde 1416. Es lugar de promoción de “Hombres de saber”, o letrados, que lo integran, y de una incipiente burocracia. También es una muestra más del eje del poder trazado por la itinerante corte castellana.