“Desaforar” el reino. Consentir y aprobar la actuación regia por encima de las leyes (Valencia, siglo XVII) \*.
A lawless kingdom. Consent and approve royal action above laws (Valencia XVII century)
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Palabras clave: Reino de Valencia; Fueros; Estamentos; Edad Moderna; Pactismo.
Abstract: This paper analyzes an unknown issue in the functioning of the Kingdom of Valencia in modern foral times, the possibility that the kingdom, embodied by the institutions that represented it, consented to a partial and temporary repeal of the fueros. This resource, which is cited as "desaforar" must have been used on very few occasions and only in exceptional situations, in fact only two examples of this type of action have been found in 1607 and 1648.
Keywords: Kingdom of Valencia; Fueros; Estates; Early Modern age; pactism.
Sumario: Introducción; 1. La erección de la segunda sala civil de la Real Audiencia en 1607; 2. La persecución general del bandolerismo de 1648; Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
El Reino de Valencia en el periodo foral tenía un sistema político basado en un contrato o pacto que unía al rey con la república mediante el cual el monarca se comprometía a administrar y gobernar con justicia y el reino a obedecer y ser leal vasallo. Ese compromiso tenía su representación ceremonial en el juramento de los reyes, en los que el nuevo soberano se obligaba a respetar los fueros, actos de corte y privilegios del reino mientras que los Brazos juraban su fidelidad y acordaban servir en el auxilium et consilium1 . En consecuencia, una de las principales obligaciones del monarca era la de gobernar respetando las leyes del reino. Tal situación no era solamente propia del caso valenciano, sino que era usual en los demás territorios ibéricos y europeos que compartían un mismo bagaje conceptual y jurídico2 .
La necesidad de someterse a las leyes valencianas se hacía especialmente evidente en el caso de los fueros y otras leyes de carácter paccionado. Se consideraba que los fueros y actos de corte hechos en reunión de las Cortes.
Generales3 adquirían la condición de leyes pactadas y, por ello, tenían fuerza de contrato vinculante. Tal situación ha provocado que se vea a las Cortes como un proceso de intercambio, un do ut des en el que los tres Brazos Eclesiástico, Militar y Real ofrecían una ayuda económica o militar al soberano y este a cambio accedía a mejorar las leyes. En consecuencia, las nuevas normas emanadas de la asamblea parlamentaria debían ser inviolables también para el rey, pues había recibido un pago a cambio de su aprobación. De tal suerte que solamente un nuevo pacto suscrito entre los mismos contrayentes podía sustituir al anterior, por lo que para modificar un fuero o acto de corte era necesario el acuerdo de los Brazos y la aprobación del rey en una nueva reunión de las Cortes Generales4 .
Precisamente la observancia y cumplimiento de las leyes pactadas era uno de los elementos fundamentales de lo que se conoce como pactismo. El monarca como juez supremo era el garante del cumplimiento de esos pactos y debía velar por que todas las actuaciones de sus oficiales fuesen ajustadas al derecho del reino. No obstante, ello no dejaba las manos completamente atadas al rey, pues entres sus facultades estaba también decidir en qué situaciones y contextos se podía recurrir al uso de la potestad absoluta que le permitía actuar en circunstancias extraordinarias por encima de las reglas ordinarias.
Asimismo, el reino representado por los tres Brazos o Estamentos contaba con medios para vigilar que se observasen las leyes. No hubo en Valencia un fuero de la observancia como se conocía en Cataluña a la constitución Poc valria5 . Sin embargo, en el reino de Valencia había sobrada normativa que regulaba los resortes institucionales para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Uno de ellos, quizás el más importante era la denuncia de agravios y su reparación6 .
Sobre las quejas estamentales y la defensa de la observancia trató el vicecanciller Crespí en sus Observationes. En su opinión para que la inobservancia de una ley –ya fuera en la aplicación o en la redacción de nueva normativa– pudiese ser considerada como agravio debía haber voluntariedad. Por consiguiente, si un magistrado u oficial regio no observaba un fuero por desconocer su existencia debía considerarse que no era su intención contravenirla y por ese motivo podía considerarse no haberse producido vulneración alguna7 . Asimismo, tampoco podía considerarse haber contravención en aquellos casos en que el oficial o magistrado expresase una interpretación probable de la legislación. Sobre este caso se refería que frecuentemente los síndicos de comunidades o los electos del reino solían alegar otra interpretación, lo que podían hacer recurriendo a la justicia, al virrey o, en última instancia, al mismo soberano. Aunque el monarca se pronunciase en favor de una interpretación distinta a la aplicada inicialmente, en opinión del vicecanciller estos casos tampoco podían ser considerados como agravios8 . En todo caso, aunque el derecho hubiese sido vulnerado,
Crespí defendía que bajo ninguna circunstancia podía haber resistencia de los súbditos a los mandatos y sentencias9 . Ello no excluía que los vasallos pudieran defender sus argumentos y la que creían que había de ser la correcta interpretación, pero debían hacerlo por los cauces reglados. Si algún príncipe o magistrado se convertía en opresor del pueblo en lugar de resistir se confiaba en que Dios los juzgase y les diese castigo eterno. “Faxit Deus ut ita regii ministri iusti sint, ut iniuste maledicantur, quibus a Domino praemium redditur”10.
Refutada la posibilidad de desobediencia ante la inobservancia de las leyes, solo cabía encauzar el descontento por las vías institucionales de protesta11. Dentro de ese ámbito existían dos tipos de remedio para la contravención, uno el ordinario y otro el extraordinario. Nótese como estas dos vías son coincidentes con las dos potestades del príncipe: la ordinaria que limitaba al soberano a actuar según las leyes y la extraordinaria que lo facultaba a actuar por encima de ellas12. Por la vía ordinaria se presentaba apelación judicial y suplicación de nulidad de la sentencia o mandato ante los tribunales, mientras que la vía extraordinaria estaba limitada a aquellos casos en que el asunto no pudiese dirimirse por la vía judicial ordinaria y cuya resolución quedaba en manos del monarca. Quizás la tipología de denuncia más estudiada hayan sido los contrafueros, que se enmarcan en la vía extraordinaria. En aquellos casos se consideraba que estaba en juego la vigencia de la ley y “como todo el reino es interesado por lo que importa que los fueros se guarden y le toca la defensa de su observancia se muestra parte y prosigue las instancias para que se reparen”13. Todos los casos, los resueltos por la vía ordinaria de justicia o por la extraordinaria podían acabar siendo suplicados por la vía extraordinaria que, en última instancia, consistía en acudir directamente al soberano y que este proveyese del remedio que considerase más conveniente14.
Tanto dentro como fuera de las Cortes se observa que las funciones de los actores implicados en el proceso de denuncia y reparación de agravios y contrafueros eran las mismas. Por un lado, los Brazos o Estamentos en nombre del reino eran los encargados de velar y vigilar por la observancia y en caso de sospechar de transgresiones de la legalidad debían denunciar la situación. Por otro lado, el rey, actuando como juez supremo debía declarar sobre las presuntas vulneraciones de la legislación y proporcionar remedio en caso de que considerase que el derecho podía haber sufrido algún tipo de daño. El objetivo de todo ese proceso de denuncia y reparación era devolver la fuerza al contrato mediante el que se había instituido la legislación. El reino, como una de las partes contratantes, había mostrado su disconformidad con algunas actuaciones que supuestamente iban en contra de aquellos pactos, mientras que el rey declarando que la norma lesionada mantenía su fuerza restituía el contrato al estado original.
La situación descrita es, a grandes rasgos, conocida gracias a diversos trabajos realizados en las últimas décadas. Este estudio se dedica, sin embargo, a un aspecto del sistema pactista valenciano hasta ahora desconocido y que es prácticamente inexistente en la tratadística y doctrina valenciana, el consentimiento de los representantes del reino a la no observancia de los fueros. El vicecanciller Crespí lo cita brevemente en su Observatio III haciendo alusión al contexto de 1648. Se emplean aquí principalmente en fuentes documentales que permiten estudiar dos ocasiones en las que los Estamentos valencianos y los electos de ellos emanados consintieron y aprobaron que el rey o su lugarteniente actuasen sin atender a lo que disponían los fueros.
Estos ejemplos son enormemente interesantes si se estudian desde el punto de vista del contractualismo o del pactismo. Como se ha dicho, la legislación pactada solamente podía modificarse o derogarse mediante un nuevo acuerdo en Cortes hecho por los mismos contrayentes. Por tanto, un acuerdo solo podía alterarse con otro pacto entre las mismas dos partes. Partiendo de esta teoría no se debe descartar que si fuera de Cortes eran los tres Estamentos y los electos por ellos nombrados en los que recaía la representación de la república, pudiesen en ciertas circunstancias establecer y modificar algunos de los pactos establecidos con el monarca15. No se han hallado casos en que estos representantes del reino modificasen extraparlamentariamente fueros y actos de corte, pero sí dos casos en los que el Reino de Valencia, representado por sus electos, consintió y accedió a que no se observasen algunas de las leyes pactadas atendiendo a circunstancias excepcionales. Este mecanismo en ocasiones viene citado como “desaforar”, es decir, quitar los fueros. En resumen, se trataba de dar al rey libertad de actuación en un asunto extraordinario incluso permitiéndole actuar contrariamente a lo dispuesto por la legislación foral.
Los juristas al servicio de la corona ya se habían preocupado por justificar teóricamente y definir que en situaciones de extrema necesidad para la república el rey podía proceder con potestad plena tomando las medidas que fuesen necesarias incluyendo en ello la posibilidad de actuar por encima de las leyes positivas del reino, no obstante, los casos aquí tratados no son exactamente aquellos en que el soberano actuaba por encima de las leyes en favor de la conveniencia pública, sino aquellos otros casos en que fueron los representantes políticos del reino quienes autorizaron y permitieron al monarca actuar sin atender a las restricciones de los fueros16.
Una defensa teórica de esa posibilidad se dio durante las Cortes Generales celebradas en Monzón en el año 1626 cuando, el General de la orden de Nuestra Señora de la Merced y Redención de Cautivos, Gaspar Prieto, imprimió una serie de escritos defendiendo que los valencianos debían contribuir a la Unión de Armas. En uno de ellos argumentaba la posibilidad de que, si las circunstancias lo requerían, desaforar el reino:
“Y si cuando el bien de la república lo pide, ahora por el castigo de los facinerosos, ahora por otra grande causa se saben privar de la libertad de sus fueros estos estados, porque no sean amparo de los malhechores las leyes que solo fueron premio de merecimientos. Quando todo obstara es tal y tan grande la obligación que ocurre y el bien de la república que se ofrece tan importante que si fuera necesario se debían desaforar los naturales para que se consiguiesse”17.
En los casos aquí descritos se observa la aplicación aquello que Prieto solicitaba, la posibilidad de que los Estamentos accediesen a que se tomasen medidas teóricamente prohibidas por la legislación foral. La situación es notablemente diferente a aquellas situaciones en las que el monarca actuaba sin atender a la legislación utilizando de su suprema potestad, pues en estas circunstancias las dos partes contratantes del acuerdo que hacía inviolable la legislación eran las que acordaban una excepción temporal y limitada de la estricta observancia de la normativa foral.
1. LA ERECCIÓN DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA REAL AUDIENCIA EN 1607.
Una primera actuación localizada en este sentido fue la erección de la segunda sala civil de la Real Audiencia en 1607. En el fuero 7 de las Cortes Generales de 1585 ya se había dispuesto su creación18. Sin embargo, quedó suprimida en las Cortes Generales de 1604 mediante el fuero 1. Felipe III decretó positivamente sobre la súplica de los Brazos de reducir las salas a dos una civil y otra criminal, de modo que un nuevo acuerdo en forma de Fuero sustituía al de las anteriores Cortes de $1 5 8 5 ^ { 1 9 }$ .
No se pretende a analizar las razones y contexto en los que en 1585 se creó la segunda sala y, más tarde, en 1604, se suprimió, que han sido estudiadas por Teresa Canet20. De ese proceso aquí interesa el procedimiento mediante el cual se decidió y se pudo recuperar esa segunda sala civil y lleva a pensar que en ningún caso se debe entender que con ello se vulnerase el fuero de 1604.
Nuestro recorrido comienza el 6 de marzo de 1607 cuando en la Junta del Estamento Militar se leyó la real carta de 10 de febrero de 1607 en la que Felipe III exponía a los tres Estamentos que había conferido con el virrey sobre la conveniencia de tener una segunda sala civil en la Real Audiencia. El problema residía en que según los fueros 1 y 18 de 1604 solo podía haber dos salas en la Audiencia y por ello proponía a los Estamentos que deliberasen los medios para poder hacerlo hasta que la erección de la nueva sala quedase confirmada en las siguientes Cortes Generales. El Estamento Militar decidió al respecto nombrar cuatro electos para que formasen una junta con los nombrados por los otros dos estamentos y consultasen los medios mediante los cuales se podía crear nuevamente la segunda sala civil21.
Sin embargo, la junta tardó en formarse, dado que ciertos contrafueros estaban centrando la actividad estamental, lo cual obligó al Estamento Militar ya el 11 de mayo a enviar cuatro embajadores, dos nobles y dos caballeros, al virrey marqués de Caracena, para explicar las causas del retraso en la respuesta22. De hecho, tan solo dos días más tarde, se revocó el poder que tenían los electos nombrados para escribir la carta de respuesta al rey y se nombraron otros seis electos para que juntamente con los nombrados por los otros dos estamentos escribiesen a su majestad. Finalmente, el día 25 de mayo de 1607 el Estamento Militar nombró sus electos que el día 4 de junio de 1607 redactaron juntamente con los electos de los otros dos estamentos la carta de respuesta al rey en la que el Reino de Valencia accedía a la creación de la segunda sala civil en la Real Audiencia23.
“Emperò, considerats los dits motius de la gran affectió y amor que té vostra magestat al dit regne y lo desvelo y cuydado grandissim de la utilitat de aquell que han mogut y obligat a vostra magestat a tractar de fer-li dita mercé y la urgent y precissa necessitat que y ha de que sia eregida y formada la dita nova sala per a la bona y prompta administració de la justicia y expedició de les causes y per altres rahons que a este propòsit se han trastejat y considerat en les dites juntes finalment se ha determinat y resolt tot lo dit Regne que, besades primerament infinites vegades les reals mans de vostra magestat per tan senyalades mercés se represente per medi de aquesta que encara que per ocasió de la dita gran y urgent necessitat y de les dites y altres qualsevol conveniències fos o serà servit vostra magestat de manar eregir y formar la dita sala se tolere y permeta per lo benefici públich y universal, no obstant que la dita erectió parega xocar o encontrar-se ab alguns furs de les Corts Generals ultimament celebrades com se senyala eb la dita real lletra.
Y per a en dit cas de que vostra magestat de son propri motiu mane eregir la dita sala nos ha ordenat los dits Estaments representem ab aquesta a vostra magestat les coses y advertiments infrascrits los quals per ser tan del servey de Nostre Senyor Déu y de vostra Magestat y benefici del dit Regne tenen per molt cert se servirà manar-los aprovar decretar y eixecutar”.
De modo que los tres Estamentos respondieron al rey que fuera de Cortes Generales no tenían capacidad para modificar los fueros, sin embargo, accedían a que el rey, dada la gran necesidad, mandase formar la segunda sala criminal “no obstant que la dita erectió parega xocar o encontrar-se ab alguns furs de les Corts Generals”. Paradójicamente los argumentos utilizados frecuentemente por la Corona a la hora de actuar por encima de la ley eran empleados por los Estamentos. Utilizando la excusa de la conveniencia de la república, eran los representantes del Reino quienes aplicaban la cláusula “non obstante”, para que Felipe III pudiese actuar al margen de los Fueros 1 y 18 de $1 6 0 4 ^ { 2 4 }$ . Todo ello muestra que, si bien.
Estamentos y Corona con cierta frecuencia defendían posturas distintas, compartían un mismo bagaje conceptual que les servía como referente a la hora de hacer política25. Para acceder a ello ponían una serie de condiciones:
1) Que la erección de la segunda sala civil no sirviese como ejemplo ni pudiese servir como precedente ni hacer perjuicio alguno a los fueros y que en las siguientes Cortes Generales se tuviese que hacer un fuero que corroborase esta decisión.
2) Que se quitase un oidor de la sala civil y otro de la criminal, quedando la civil con cuatro y la criminal con tres.
3) Que la nueva sala solo estuviese formada por cuatro oidores que cobrasen 600 libras cada uno, sacando 1600 libras de los salarios de aquellos que se quitaban de la sala civil y criminal y las otras 800 libras del salario del resto de oidores civiles, de manera que la nueva sala no supusiese gasto alguno para las arcas del General.
4) Según el fuero 18 de 1604 se disponía que las causas de menos de mil libras llegasen en grado de suplicación a la sala criminal y sin salario, ahora se solicitaba que la suplicación de las causas de menos de mil libras pasase de una sala civil a la otra sin que tampoco se percibiese salario alguno.
Con esta respuesta, el Consejo de Aragón elevaba una consulta a Felipe III en la que defendía la conveniencia de erigir la segunda sala civil y exponía que para ello se había contado con el “parescer del virrey y Audiencia y la voluntad de los tres Estamentos de aquel reino que lo suplican a vuestra magestad unánimes y conformes”. Por lo que el Consejo había redactado la pragmática que sería la que firmaría el rey el día 9 de agosto de $1 6 0 7 ^ { 2 6 }$ . Los capítulos sobre el funcionamiento de la segunda sala se recogían casi literalmente las condiciones puestas por los Estamentos para aceptar su creación. Más tarde, en 1626, se produjo la conversión en ley pactada en el fuero $2 2 ^ { 2 7 }$ .
Ante la solicitud del rey de modificar una legislación pactada hecha en Cortes Generales se evidenció la imposibilidad de hacerlo de forma extraparlamentaria, pero los Estamentos alegaron necesidad y conveniencia de la república para que, “no obstant” los fueros hechos en 1604, el rey mandase formar una segunda sala civil en la Audiencia. Para acceder a ello, el reino planteó una serie de condiciones que fueron aceptadas y se les dio forma de ley, primero en la pragmática en 1607 y luego en 1626 como un fuero.
Si bien procedimental y legalmente puede resultar cuestionable, por realizarse fuera de Cortes, la Pragmática de 1607 para la erección de la segunda sala civil puede considerarse la modificación del pacto establecido en 1604. En 1607 rey y reino acordaron los medios para poder implementar esa medida, lo que teóricamente no se podía hacer fuera de Cortes Generales, pero sin embargo se buscó un medio para poder aplicarlo inmediatamente y que tal acto no supusiese daño ni menoscabo para fueros y actos de corte y con la condición de que los acuerdos alcanzados fuesen hechos leyes pactadas en la siguiente convocatoria parlamentaria. Con ello se puede pensar que se está ante una nueva expresión del pactismo político, ya que un acuerdo establecido entre dos partes, rey y reino, fue modificado sobre la marcha por esas dos mismas partes. El problema residía en que los tres Estamentos extraparlamentariamente no tenían tan amplia representación de la república como cuando estaban reunidos en Cortes Generales, por lo que hasta la siguiente convocatoria no fue posible refrendar lo acordado dándole forma de fuero. Sin embargo, el fuero 22 de 1626 había sido negociado y pactado 19 años antes y Felipe III en su Real Pragmática había recogido ya los pactos alcanzados con los representantes del Reino, por lo que en 1626 solo hubo que convertirla en ley paccionada.
2. LA PERSECUCIÓN GENERAL DEL BANDOLERISMO DE 1648.
El segundo caso en el que los Estamentos accedieron a que se actuase al margen de leyes y fueros fue en 1648 en el contexto de la Persecución General del bandolerismo28. En los años posteriores los Estamentos defenderían que esa actuación se produjo debido al consentimiento de los Brazos y no a causa de la capacidad del rey para actuar por encima de los fueros.
Los hechos de 1648 fueron estudiados hace unos años por el profesor Lluís Guia y tuvieron importantes consecuencias en la vida estamental ya que años más tarde, en 1656 la decapitación de Tomás Anglesola fue denunciada como contrafuero. Aquella sangrienta demostración contra un noble y caballero de hábito sin preceder proceso ni sentencia fue una de las consecuencias más conocidas de aquella Persecución General29.
La actividad de bandoleros y parcialidades era un problema endémico y permanente en el Reino de Valencia en la época foral. En 1648 el robo sacrílego de las sagradas formas en el convento de San Joaquín de Paiporta fue interpretado como una nueva infamia, elevando la alarma por la gravedad de los hechos. Al robo, sucedido el martes santo 7 de abril, siguió el inicio de una investigación por parte de la Sala Criminal de la Real Audiencia con escaso resultado. En aquellos días se sucedieron diferentes reuniones estamentales y el día 15 de abril el Estamento Militar acusó de responsables del delito sacrílego a los bandoleros, por lo que se propuso buscar los medios para castigar el delito y “perseguir-se esta gent fins a extirpar-la y extinguirla del tot”. En consecuencia, se propuso al virrey crear una junta de electos en la que también participaría el Alter Nos, para debatir los medios a emplear para tal fin30.
El conde de Oropesa31 aceptó la propuesta y el 17 de abril se nombraron los electos del Estamento para formar la junta a los que se dio “tan ample y bastant poder ad decidendum com lo dit Braç lo ha pogut conferir y donar amplament y sens llimitació alguna”32. Dos días más tarde se hizo la primera reunión de la junta de electos con el virrey en el Palacio Real con el compromiso de mantener en secreto sus debates y ni siquiera las reuniones quedaron registradas en las actas estamentales. De inmediato se alcanzaron acuerdos, pues algunos de los más importantes cabezas de facción fueron detenidos.
El vicecanciller Crespí transcribe en su obra la decisión de una Junta de Teólogos que fue consultada para saber si era posible castigar a los malhechores sin hacerles proceso de día 11 de mayo y también la decisión de la junta de electos nombrada para la extirpación de los bandos en reunión del 4 de mayo de $1 6 4 8 ^ { 3 3 }$ .
En la decisión de la junta de electos de los tres Estamentos se ponía énfasis en que los Estamentos habían delegado en sus electos “poder decisiu”. Haciendo uso de tal poder, como “de ninguna manera és possible conseguir tan sant $y$ convenient intent dels Estaments per la via y camí ordinari”, fue acordado que:
Los procehiments y rigors que en altres occasions pareixerien encontrar-se ab alguns de dits Furs, privilegis y Actes de Cort y ab los usos y bons costums del Regne de ninguna manera es poden encontrar ab ells en occasió tan urgent y gran com és, tant que ha pogut obligar al Regne a fer demostració tan inusitada, procurant obtenir ab ella lo mateix efecte que fins ara ha solicitat y no pogut conseguir per lo camí y medis ordinaris y regulars.
Como se observa, los electos de los Estamentos autorizaban al virrey a actuar con medios más rigurosos de los que permitían las leyes del reino, sin embargo, se preocuparon por garantizar que aquella situación no serviría como precedente para futuras transgresiones de la normativa foral y aseguraban al virrey que, en caso de que se diese un contexto similar que necesitase de medios tan graves, los Estamentos saldrían nuevamente a reparar cualquier daño a la república como lo estaban haciendo en aquella ocasión34.
El razonamiento de la junta de electos de los Estamentos en esta decisión muestra bien el modo en que se entendía la observancia práctica de los fueros. Una junta de electos autorizó al virrey a utilizar en esa excepcional ocasión medios que en situaciones ordinarias parecerían ser contrarios a fueros y actos de corte. Como los mismos electos argumentaban, el objetivo de los fueros era la conservación de la quietud, pero en aquellas circunstancias los representantes del reino consideraban que lo más interesante para restaurar la quietud era actuar con mayor dureza de la que permitía la normativa foral.
Las consecuencias de aquella decisión fueron muy duras, el inicio la Persecución General del Bandolerismo. El día 12 de mayo, unos días después de que la Junta de electos de los tres Estamentos para la extirpación de los bandos diese su consentimiento a que el virrey actuase desligado de las limitaciones legislativas. Con ello comenzó una persecución contra los bandoleros de forma simultánea por todo el reino. Aquella mañana iniciaron su acción un total de seis batallones repartidos por todo el reino, dando inicio a una guerra sin precedentes y que se alargaría por más de cuatro meses35. Fray Francisco Gavalda opinaba sobre ello que “fueron todas estas diligencias tan acertadas que en espacio de tres meses apenas se hallaba bandolero de nombre en el reino, los más advertidos le dexaron y lo que o no pudieron por estar tomadas las rayas o no quisieron, muertos o vivos pararon en la horca”36.
Incluyendo incluso la decapitación de Tomás Anglesola, caballero de Santiago, sin que se le hubiese hecho proceso ni dado sentencia.
Años más tarde, en 1655 cuando la Real Audiencia consideró que la decisión estamental del 4 de noviembre de 1648 había permitido esa demostración por considerarse que “el Reyno estaba desaforado”37. Una opinión que los propios Estamentos reconocieron en 1676:
“Y fue menester que interviniesse al consentimiento de los tres Estamentos que le dio con deliberación de 4 de mayo de 1648 para que se pudiese proceder contra los bandoleros y sus valedores con todo el rigor que permitiera el fuero interior de la conciencia, sin observar fueros y privilegios, por quanto avían llegado los insultos y homicidios que se cometían a perturbar el sossiego de la paz pública y se reconoció que no podía tener remedio de otra suerte daño tan universal y gravísimo, protestando empero que los efectos d·esta resolución no pudieran ser sacados en conseqüencia por ningún tiempo”38.
En el caso de 1648 se observa que en un contexto totalmente distinto y con una motivación muy diferente a la de 1607 que los Estamentos acordaron dar libertad de actuación al virrey conde de Oropesa para perseguir los malhechores que actuaban en el reino, aplicando la máxima de que a grandes males se debían dar grandes remedios. La solución propuesta a un problema de tal envergadura fue la derogación temporal de las leyes del reino, un hecho sin precedente conocido en la historia foral valenciana.
CONCLUSIONES.
En ambos casos, el de 1607 y el de 1648, los representantes del reino dieron su consentimiento a que el rey o su Alter Nos actuasen por encima de fueros paccionados redactados en el seno de las Cortes Generales, accediendo a su inobservancia. En aquellas circunstancias los Estamentos cedieron utilizando, paradójica, pero también lógicamente, los argumentos conocidos y desarrollados en la doctrina con el fin de ensanchar el campo de actuación de la monarquía por encima de los fueros. En las dos ocasiones la justificación fue similar, era lo que convenía a la república, todo ello se relaciona con lo que se ha desarrollado en este apartado y otros anteriores, la ley debía ser justa y conveniente y no siendo así aquella norma carecía de utilidad.
En lo que es otra expresión del campo de actuación de los representantes del reino, la vigilancia de la observancia, también se preocuparon de hacer constar que no podrían servir como precedente para futuras actuaciones y que ello no significaría merma alguna para la normativa foral. En consecuencia, se observa una doble vía de acción la ordinaria y la extraordinaria, pero en estos contextos fueron los Estamentos quienes consintieron que se actuase por la vía extraordinaria.
Los dos episodios estudiados ganan en interés si se analizan desde un punto de vista contractualista, pues los acuerdos pueden ser modificables si ambas partes contrayentes están de acuerdo, en los dos ejemplos se observa como los representantes del reino y la corona acordaron actuar al margen de los fueros. Por tanto, un pacto alcanzado entre el rey y el reino de forma extraparlamentaria sustituyó al de la observancia de las leyes pactadas, establecido entre los mismos contrayentes en Cortes Generales, aunque se hizo estableciendo ciertos límites.
Todo ello aporta nuevas informaciones sobre la capacidad política de los Estamentos y de sus juntas delegadas fuera del ámbito parlamentario. La actuación y funcionamiento de los tres Estamentos que hablaban en nombre del Reino de Valencia, son todavía hoy poco conocidos39. La casi nula legislación que regulaba su actividad no ayuda a comprender qué eran, cómo funcionaban, desde cuándo existían y cuáles eran sus funciones. Asimismo, su propia naturaleza no facilita la situación, pues los tres Estamentos hablaban en nombre del Reino de Valencia, pero también cada estamento Eclesiástico, Militar y Real, actuaba por sí mismo y en su propia representación y también de ellos derivaron un sinfín de juntas que actuaron con poder delegado.
Hace unos años Emilia Salvador hizo una interesante reflexión sobre la decadencia de las Cortes Generales del Reino de Valencia en el siglo XVII en la que planteaba que el hecho de que los Estamentos de forma extraparlamentaria asumieran algunas de las principales funciones de las Cortes como denunciar agravios y contrafueros y conceder servicios monetarios o bélicos hacía menos necesaria la convocatoria de aquellas asambleas. Para esta autora la única función que los Estamentos solo podían ejercer de forma exclusiva dentro de las Cortes era la de solicitar nueva legislación pactada en forma de fueros y actos de corte40. Los casos expuestos si bien no permiten afirmar que se hacían nuevas leyes sí ofrecen la posibilidad de plantear que de forma extraparlamentaria se derogaban fueros y se añadían excepciones a su cumplimiento.
Se debe entender que la derogación de las leyes emanadas de las Cortes estaba limitada a una serie de circunstancias: la necesidad y conveniencia de la república y el establecimiento de un nuevo pacto entre rey y Estamentos que sustituía al hecho en el seno parlamentario. En 1607 el nuevo pacto tenía vocación de permanencia y por ello se acordó la realización de una nueva ley pactada en las futuras Cortes Generales, y el trato se cumplió 19 años después en las Cortes de Monzón. En 1648 el acuerdo para “desaforar” el reino tuvo una vida limitada a unos pocos meses. Ello se explica por el objetivo o daño que se quería remediar. Al ser permanente el problema en las dilaciones en la administración de justicia era lógico que se crease de forma permanente una segunda sala civil en la Real Audiencia. En 1648, sin embargo, se pretendía abordar un problema excepcional, por lo que era lógico que la medida empleada para solventarlo decayera cuando las circunstancias lo permitiesen. Con todo, los dos casos expuestos evidencian que existían mecanismos institucionales y resortes del pactismo político valenciano que todavía no son conocidos y que son necesarios nuevos estudios sobre el funcionamiento de las instituciones y del sistema político foral.
BIBLIOGRAFÍA.
ARRIETA ALBERDI, Jon, “La lex regia en la obra de Francisco Martí Viladamor: recepción y evolución del concepto”, Pedralbes: Revista d’història moderna, 28-1 (2008), pp. 103-140.
ARRIETA ALBERDI, Jon, “Observancia y contravención de los Fueros en el Reino de Valencia en el siglo XVII”, trabajo en prensa.
BELLUGA, Pedro, De Speculum Principum, Venecia, 1580.
CALVO MATURANA, Antonio Juan, “Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portugal Monroy y Ayala”, Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia.
CANET APARISI, Teres, La Audiencia valenciana en la época foral moderna, Valencia, 1986.
CANET APARISI, Teresa, Vivir y pensar la política en una monarquía plural. Tomás Cerdán de Tallada, Valencia, 2009.
CANET APARISI, Teresa, La Audiencia valenciana en la época foral moderna, Valencia, 1986, tesis doctoral.
CERDÁN DE TALLADA, Tomás, Veriloquium en reglas de Estado, Valencia, 1604.
CISCAR PALLARÉS, Eugenio (ed.), Las cortes valencianas de Felipe III, Valencia, 1973.
CRESPÍ DE VALLDAURA, Cristóbal, Crespí de Valldaura, Cristóbal: Observationes, decisionibus illustratae Sacri Supremi Regii Aragonum Consilii, Sacri Consilii Sanctae Cruciatae et Regiae Audientiae Valentiae. In duasque partes divisae, Lión, 1730.
DANVILA Y COLLADO, Manuel, Estudios críticos acerca de los orígenes y vicisitudes de la legislación escrita del Antiguo Reino de Valencia, Madrid, 1905.
DE BENEDICTIS, Angela, Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna, Bolonia, 2001.
DE DIOS DE DIOS, Salustiano, El poder del monarca en la obra de los juristas castellanos (1480-1680), Toledo, 2014.
DE LARIO RAMÍREZ, Dámaso (ed.), Cortes del reinado de Felipe IV. I. Cortes valencianas de 1626, Valencia, 1973.
FEBRER ROMAGUERA, Manuel V., “El parlamentarismo pactista valenciano y su procedimiento foral de reparación de agravis y contrafurs” en Anuario de estudios medievales, 34/2 (2004), pp. 667- 712.
FERRERO MICÓ, Remedios, “Greuges presentados en la Cortes valencianas que se celebraron en el siglo XVI”, Ius fugit. Revista de estudios histórico-jurídicos de la Corona de Aragón, 10-11, (2001-2002), pp. 935-961.
FERRERO MICÓ, Remedios, “Greuges y contrafueros en el derecho valenciano”, Dels furs a l'estatut : actes del I Congrés d'Administració Valenciana, de la Història a la Modernitat, València, (1992) pp, 285- 292.
FERRO I POMÀ, Victor, “El dret català durant els segles XVI i XVII”, Revista de dret històric català, 12 (2013), pp. 9-108.
FERRO I POMÀ, Victor, “Notes sobre la constitució poc valria”, Revista de dret històric català, 9 (2009), pp. 83-84.
FUERTES BROSETA, Miquel, “Consolidación y legitimación durante la Revolta Catalana: El juramento del príncipe Baltasar Carlos y las Cortes Valencianas de 1645”, en Iglesias, J. J. y Melero, I. M. (eds.), Hacer Historia Moderna: Líneas actuales y futuras de investigación, Sevilla, 2020, pp. 876-888.
FUERTES BROSETA, Miquel, “La embajada de Jerónimo Monsoriu (1650) y la defensa del Reino de Valencia durante la Revolta Catalana”, en Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 36 (2017), pp. 85-104.
FUERTES BROSETA, Miquel, “Los procedimientos de denuncia de Contrafueros en la Valencia foral” en Tiempos Modernos. Revista electrónica de Historia Moderna, 37 (2018), pp. 258-280.
FUERTES BROSETA, Miquel, “Sobre los límites del poder real en el Reino de Valencia: Interpretaciones de la estricta observancia de los fueros en la doctrina valenciana (siglos XVI y XVII)”, Historia, Instituciones, Documentos, 50 (2023), en prensa.
GANDOULPHE, Pascal, “Trayectoria de la tratadística política y jurídica valenciana: Tomás Cerdán de Tallada, del Verdadero Gobierno (1581), al Veriloquium en reglas de Estado (1604)”, en Aranda Pérez, Francisco José y Rodrigues José Damiao (eds.), De Re Publica Hispaniae. Una vindicación de la cultura política de los reinos ibéricos en la primera modernidad, Madrid, 2008, pp. 149-185.
GAVALDA, Francisco, Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su Reino. En los años mil seiscientos quarenta y siete y quarenta y ocho, tiempo de peste, Valencia, 1651, Ss. XXX y XXXI. Edición facsímil con presentación de Mariano Peset, Valencia, 1979.
GUIA MARÍN, Lluís, Felipe IV y los avances del autoritarismo real en el País Valenciano: Las Cortes de 1645 y la Guerra de Cataluña, Valencia, 1982, Tesis Doctoral.
JOUANNA, Arlette, Le Pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, París, 2013.
JOUANNA, Arlette, Le prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, París, 2014.
LORITE MARTÍNEZ, M. Isabel, Las juntas del estamento militar valenciano 1488-1598, Castellón, 2017.
MARTÍ VILADAMOR, Francisco, Praesidium inexpugnabile Principatus Cataloniae, pro iure eligendi Christianissimum monarcham. Historia politica, et iurisprudentia, omniumque divinarum et humanarum rerum armis munitissimum. […], Barcelona, 1644.
MATEU IBARS, Josefina, Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio, Valencia, 1963.
MATEU Y SANZ, Lorenzo, Tratado de la celebración de Cortes Generales en el Reino de Valencia, Madrid, 1677.
PACHECO CABALLERO Francisco Luis, “Non obstante. Ex certa scientia. Ex plenitudo potestatis. Los reyes de la Corona de Aragón y el principio pinceps a legibus solutus est” en Iglesias, A. (ed.), El dret comú i Catalunya: Actes del VII simposi internacional Barcelona 23- 24 maig 1997, Barcelona, 1997, pp. 91-127.
PÉREZ APARICIO, Carmen, “El juramento de los fueros valencianos y el archiduque Carlos”, Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història, 60-61 (2010-2011), pp. 375-394.
PÉREZ APARICIO, Carmen, “El proceso de consolidación de la monarquía autoritaria y la reacción foral valenciana. La Junta de Contrafurs” en Mayans y la Ilustración. Simposio internacional en el bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, Valencia, 1982, pp. 131-151.
PRIETO, Garpar, Parecer […] acerca de la proposición de su magestad en las Cortes que tiene a su nobilíssima Corona de Aragón a los Braços y Estamentos dellas, Huesca 1626.
RIBELLES, Bartolomé, Memorias histórico-críticas de las antiguas Cortes del reyno de Valencia, Valencia, 1810.
ROMEU ALFARO, Sylvia, Les Corts Valencianes, València, 1989.
SALVADOR ESTEBAN, Emilia (ed.), Cortes valencianas del reinado de Felipe II, Valencia, 1973.
SALVADOR ESTEBAN, Emilia, “La atonía de las Cortes valencianas durante los Austrias menores” en Ferrero, Remedios y Guia, Lluís (Eds.) Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions emblematiques en una monarquía composta, Valencia, 2008, pp. 349- 362.
VALLADARES, Rafael, Católico yugo. La idea de obediencia en la España de los Austria, 1500-1700, Madrid, 2021.