11. LA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA: UN ESPACIO GRÁFICO PRIVILEGIADO.
ELISA RUIZ GARCÍA
1. Un tipo de documento ignorado.
Los testimonios escritos llamados «cartas ejecutorias de hidalguía» resultan muy atractivos ya que constituyen una valiosa fuente de información para investigadores de diversas especialidades. Archiveros, diplomatistas, paleó- grafos, genealogistas, heraldistas, historiadores del arte, juristas, modernistas, sociólogos y, asimismo, estudiosos de otras disciplinas pueden encontrar una auténtica cantera de noticias en tales documentos, cuya producción abarca un arco temporal que va desde finales del siglo XV hasta comienzos del XVIII1 .
A pesar de su interés, estas piezas no han sido objeto de un examen detallado y riguroso desde una perspectiva global2 . Algunas muestras son mencionadas en publicaciones de carácter bibliófilo o bien son citadas de pasada como testimonios artísticos, mas no existe, a mi conocimiento, un catálogo completo de las mismas —y ni siquiera un inventario— que permita conocer el número de las unidades conservadas y sus características específicas, informaciones básicas para poder enjuiciar el alcance de un comportamiento social y valorar su significado.
Mi propósito en la presente ocasión es apuntar algunos aspectos concretos que en un futuro deberán ser completados. A continuación paso revista a los puntos más relevantes.
2. Origen del documento: la distinción estamental.
La primera cuestión es dilucidar la razón de ser de la carta ejecutoria de hidalguía ya que cada tipo de documento es creado para responder a una necesidad funcional. En este caso la clave reside en la distinción de los estamentos.
Como es sabido, la delimitación del régimen jurídico de las personas, según los criterios vigentes en cada momento, constituyó una preocupación que cobró gran importancia en la frontera de la Modernidad. La tendencia hacia la mejora de la situación social alcanzada o el afianzamiento de la misma en el marco de los estados tradicionales trasluce una aspiración de los individuos encaminada a afirmar su puesto en el medio en el que se desenvolvían. Dentro de esta corriente generalizada hay que incluir un sector de la población cuyo encumbramiento dependía en gran medida de la adscripción, real o posible, de los interesados a un linaje de hidalgos, de ahí el afán por ser reconocidos como miembros integrantes de la nobleza.
El mantenimiento de la distinción de los estamentos era una tarea propia de los concejos de los municipios, entidades que debían conocer, en teoría, la situación jurídica de las personas avencidadas en las respectivas localidades por razones fiscales, judiciales y sociales. Ciertamente, el procedimiento idó- neo a tal fin era la consulta del padrón o registro en el que figuraban por separado los pecheros y los hidalgos. Ahora bien, muchas ciudades y villas tenían listados poco fidedignos o incompletos; de igual modo, numerosas poblaciones no disponían de semejante instrumento por diversos motivos, en cuyo caso las fuentes de información se basaban en signos externos o funcionales (ostentar escudos de armas, poseer casas solariegas, ser patronos de capillas, estar exentos del servicio de alojamiento, pertenecer a determinadas cofradías nobiliarias, desempeñar ciertos cargos municipales, no ejercer oficios manuales, etc.). La variedad y la falibilidad de los criterios aplicados a la hora de determinar la pertenencia de algunos individuos a un grupo privilegiado fueron la causa de que se promoviesen numerosos litigios. La conjunción de distintos factores3 propició la frecuentación de un cauce judicial para dirimir ciertas cuestiones referentes al estatuto nobiliario. En algunas ocasiones las entidades locales solicitaban de los organismos competentes que se pronunciasen sobre la condición social de un administrado, pero las más de las veces el pleito se iniciaba a petición de parte por una persona que se consideraba menoscabada en sus derechos a este respecto.
El interés por conocer el auténtico estatuto jurídico de un individuo o de una familia radicaba en un conjunto de causas. Como es sabido, el afán de los plebeyos por formar parte de un círculo aristocrático se justificaba por las numerosas ventajas que ofrecía tal incorporación en el terreno material, jurídico y social. El pechero tenía la obligación de pagar los tributos establecidos, amén de no poder acceder a algunos cargos y prebendas ni disfrutar de la consideración dispensada a los nobles; en cambio, el hidalgo estaba exento de tales imposiciones y gozaba de numerosos beneficios, puntualmente detallados en su naturaleza y número por el tratadista Juan de Arce de Otálora4 . La comprobación de esta sustanciosa diferencia constituía una poderosa razón para el aspirante, a quien le merecía la pena pleitear con el fin de alcanzar o reivindicar tal condición, según se dudase o no se hubiese respetado la pertenencia a un linaje de hidalgos. Por otra parte, la distinción también era importante para los concejos ya que sus arcas se nutrían en gran medida de las sumas de dinero aportadas por los contribuyentes. En definitiva, se observa durante el período estudiado una tensión latente entre las autoridades locales de los municipios y las personas que se consideraban a sí mismas merecedoras del título de hidalguía, como deja entrever la lectura de documentos transmisores de los procesos habidos por esta causa.
No es fácil averiguar cuántos particulares pudieron obtener el reconocimiento de su demanda o la revalidación de su situación a través de estos medios. En cualquier caso, el afán generalizado de alcanzar un estado ambicionado fue en aumento hasta finales del siglo XVI aproximadamente5 . Los antecedentes de esta corriente ascensional se pueden rastrear siguiendo la trayectoria de las principales disposiciones legislativas dictadas por la Corona en lo que respecta a este particular, ya que las normativas traslucen los problemas y las tendencias que se advierten en la sociedad. Sin pretensiones de exhaustividad se mencionan a continuación algunas de las medidas adoptadas en orden cronológico. La serie comienza con la respuesta proporcionada por Juan I en las Cortes de Burgos del año 1379 sobre las sentencias declaratorias de hidalguía6 ; luego vienen las leyes dadas en Toro por Enrique III (a. 1398) y en Medina del.
Campo por Juan II (a. 1436). Como en otros tantos temas jurídicos, doña Isabel y don Fernando sentaron unas bases fundamentales a este respecto en la pragmática dada en Córdoba (a. 1492)7 . Ambos monarcas y después su hija doña Juana I y, posteriormente, su nieto don Carlos fueron aquilatando las normas relativas a los testigos y las probanzas8 . Sobre esta cuestión también legisló Felipe II, quien volvió sobre el mismo asunto intentando poner diques de contención a unas prácticas que iban en detrimento de los intereses del poder político (a. 1593 y 1594). El espíritu de sus intervenciones era restringir nuevas concesiones. A tal efecto ordenaba vigilar el modo de obtener las pruebas testificales y revisar las hidalguías otorgadas en los últimos veinte años. Por último, Felipe IV dictó la ley de los tres actos positivos (a. 1623). Las necesidades económicas de la Hacienda real explican las facilidades dispensadas por el monarca.
El estado de la nobleza estaba formado por un conjunto de individuos que gozaban de unos privilegios claramente establecidos y que reconocían entre sí la existencia de un ius convivium y un ius connubium, mas este estrato de la población no constituía un grupo homogéneo ya que en su seno existía una jerarquía de límites no bien definidos. La estructura piramidal del estamento aristocrático tenía en su base un escalón inferior que se correspondía con la hidalguía, límite que ambicionaba transitar el pechero aspirante a mejorar su situación social. Sin embargo, este grado tampoco gozaba de una unidad sustancial. Era considerado hidalgo auténtico sólo el de sangre. Así lo proclamaba Alfonso X el Sabio, quien sentenciaba que «Fidalguía es nobleza que viene a los omes por linaje»9 . Asimismo, la jurisprudencia de corte tradicionalista sostenía que: Princeps potest plebeium inmunem et exemptum facere, et illi concedere ius nobilitatis; non tamen potest eum vere et essentialiter nobilem facere10. Los argumentos genealógicos propugnados en estos pasajes no eran aceptados por todos ya que, en realidad, existió un prolongado debate en la sociedad entre los defensores de la nobleza adquirida por mérito personal frente a la heredada, no obstante, la concepción arcaizante predominaría. De hecho, se distinguía entre «hidalgos solariegos», la categoría más antigua11; «hidalgos notorios» carentes de solar y de otro título, pero tenidos por tales desde antaño; e «hidalgos de privilegio», aquellos que habían alcanzado el umbral nobiliario por designación real. En tales casos la concesión podía estar motivada por méritos civiles o militares, posesión de bienes, adquisición u otras vías12. La mercantilización de cargos, estatutos y títulos nobiliarios se incrementó en la época de los Austrias menores, aunque fue una praxis iniciada en reinados anteriores, debido a una situación de decadencia política que se traducía sobre todo en problemas de naturaleza dineraria. No obstante, el ofrecimiento de venta de hidalguías fue una operación poco rentable para el poder a juzgar por los testimonios disponibles13. Quien se postulaba para tal ennoblecimiento era mal visto por el concejo y el pueblo llano a causa del perjuicio económico que les ocasionaba su exención fiscal, pero tampoco era bien acogido por las oligarquías locales, celosas de sus privilegios y poco proclives a aceptar a un advenedizo. Por tal motivo la compra de hidalguía no fue una vía muy utilizada y se prefirieron otros procedimientos menos expeditivos, tales como ganarse el preciado don a través de la milicia. Marcos de Isaba describe los esfuerzos denodados de algunos pecheros quienes, habiéndose enriquecido desempeñando oficios tenidos por viles, procuraban dejar documentos y testimonios de todo tipo que avalasen sus pretendidas proezas con el fin de alcanzar la condición de hidalgos para sí o para sus descendientes14. En realidad, una situación económica aventajada fue en muchas ocasiones el mejor camino para lograr el objetivo perseguido. Lope de Vega levanta acta del hecho con su proverbial maestría:
No dudes que el dinero es todo en todo; es príncipe, es hidalgo, es caballero, es alta sangre, es ascendiente godo15.
Por último, habría que añadir a las variantes anteriores los «hidalgos de ejecutoria», así llamados en virtud del nombre asignado al documento judicial que acreditaba tal condición del litigante, habiendo conseguido el refrendo de sus pretensiones mediante un pleito16. Por supuesto, la estimación social de los miembros pertenecientes a unas y otras categorías era muy diferente.
El complejo entramado descrito someramente explica la existencia de numerosos conflictos en torno al concepto de distinción de los estados, pues mediaban intereses muy opuestos. Se trataba, por un lado, de amparar las prerrogativas de los que justamente pertenecían a un sector minoritario, pero no se les reconocía su dignidad; por otro, se intentaba excluir a los que indebidamente pretendían acceder a una categoría que no les correspondía en derecho. A este respecto Juan Huarte de San Juan opinaba que: «Hay muchas secutorias ganadas en España por la buena industria y maña del hidalgo, del cual se podría decir con más verdad que recibió la hidalguía de mano de los testigos y del receptor que del rey»17.
En resumen, es digno de notar la relación dialéctica establecida desde finales del siglo XV entre el poder y los individuos que se reclamaban ser hidalgos. Como ya se ha anticipado, esta tendencia fue en alza. La situación crítica entre las partes se resolvía mediante el recurso a la acción judicial. Ciertamente, la consecución o revalidación del apetecido estado se plasmaba en un escrito, cuyo contenido se fue perfilando con el paso del tiempo. En efecto, la especificidad de los asuntos tratados requirió la elaboración de unos cauces documentales propios, aspecto que será examinado a continuación.
3. Metodología de análisis de la carta ejecutoria de hidalguía.
La documentación judicial puede ser estudiada desde diversas perspectivas. Cada uno de estos enfoques generaría una tipología específica de análisis y una manera diferente de valoración y de conceptualización del escrito considerado. Mi propósito es esbozar algunas pautas metodológicas en lo que se refiere a una forma de descripción archivística, diplomática y codicológica de la carta ejecutoria de hidalguía.
3.1. La descripción archivística.
Como es obvio, el primer paso consiste en delimitar la vía de acceso a este tipo documental, cuyo lugar de depósito tendría que ser, por su naturaleza, el archivo, mas no siempre sucede así. Casi me atrevería a afirmar que la mayoría de las unidades se encuentra en bibliotecas o en mano de particulares18. A causa de su dispersión, y para clarificar una situación ambigua, propongo un modelo de ficha técnica que contiene los datos esenciales que deberán ser cumplimentados con el fin de crear una base de datos con esta categoría de escritos (Cuadro I)19. Una vez establecido el protocolo, resultará más sencillo reconstruir los termini o fases de la acción judicial y comprender el mecanismo de generación y la ordenación de los documentos dentro del sumario. Muchos de los descriptores son comunes a todas las cartas ejecutorias con independencia de la sala de la que procedía; en cambio, otros son propios de los pleitos de hidalguía. La información requerida para «henchir» el modelo de ficha propuesto puede ser fácilmente obtenida a través de una simple lectura del tenor del documento. El resultado de esta exploración supondría disponer de los datos archivísticos necesarios con vistas a la identificación de la pieza. Como los puntos de acceso no ofrecen mayor dificultad, resulta superfluo comentarlos.
3.2. La descripción diplomática.
Una segunda operación sería el tratamiento de la carta ejecutoria de hidalguía como un tipo documental propio e independiente. Las Ordenanzas de los Reyes Católicos del año $1 4 8 9 ^ { 2 0 }$ reconocían la existencia de cuatro tribunales superiores en la Chancillería de Valladolid21. Uno de ellos fue precisamente la Sala de los Hijosdalgo, presidida por un alcalde mayor22. En el
22 Durante la Edad Media el nombramiento de este cargo era real y estaba vinculado a ciertas familias, siendo el puesto heredado de generación en generación. Con el paso del tiemmismo escrito se establecía que en los pleitos estuviesen presentes dos alcaldes23, un notario de la provincia a la que perteneciere el demandante, el procurador fiscal del rey y dos escribanos. A partir de este momento el poder político delegó la función de velar por la pureza de los procedimientos empleados para dirimir estas cuestiones en la Chancillería de Valladolid y, posteriormente, también en la de Granada; en consecuencia, ambas instituciones centralizaron el desarrollo de todos los procesos relacionados con esta problemática. Ciertamente, las resoluciones de los tribunales de ambas Chancillerías cuyo ámbito de aplicación trascendía el marco competencial de estas instituciones revistieron siempre una forma diplomática específica que se ha venido identificando con la de una real provisión en lo que respecta a la estructura del tenor. Sin embargo, desde sus orígenes, los documentos de este tipo expedidos por dichos órganos judiciales a petición de parte y como garantía de un derecho recibieron la denominación de «cartas ejecutorias». Esa denominación me parece muy apropiada ya que, en efecto, estas piezas tienen una acusada personalidad, debido a lo cual resulta conveniente diferenciar tales escritos del patrón genérico que responde al nombre de «real provisión», auténtico cajón de sastre que, a modo de comodín, ha sido utilizado con finalidades múltiples. La carta ejecutoria, como tal, no ha recibido todavía toda la atención que merece. Los autores de los escasos trabajos en los que esta modalidad es mencionada siguen otorgándole la denominación co$\mathrm { \ m i n } ^ { 2 4 }$ , salvo $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Antonia Varona García, quien en su día defendió la conveniencia de respetar la nomenclatura originaria25. En su artículo la diplomatista enuncia una definición muy ajustada: «Entendemos, pues, que la Carta Ejecutoria es el documento que los diferentes tribunales de las Chancillerías expiden a petición de parte, como garantía de sus derechos y cuyo contenido esencial es la sentencia o sentencias que los correspondientes jueces han dado en el proceso».
Tal distinción se ha respetado en el plano archivístico ya que en la Sección del Registro de la Real Chancillería de Valladolid existen dos subsecciones: una para las reales provisiones y otra para las cartas ejecutorias. En el Archivo de esta institución se conservan afortunadamente los registros referentes a este tipo de documentos desde la época de los Reyes Católicos.
Por supuesto, los originales fueron entregados en su momento a los interesados, de ahí su dispersión26.
En la presente ocasión quiero dar un paso más. Los distintos tribunales superiores expedían cartas ejecutorias diferentes en función de la naturaleza del proceso. En consecuencia, los escritos resultantes no eran homogé- neos ni por la forma ni por el contenido. Sin embargo, dentro de este conjunto cabe distinguir una parcela, de acusada tipificación, formada por ciertas resoluciones expedidas por la Sala de los Hijosdalgo. Se trata de las cartas ejecutorias procedentes de las actuaciones de los jueces de dicha Sala referentes a pleitos cuya sentencia final se sustanciaba en el reconocimiento de la condición de noble de la parte demandante. En tales casos el beneficiario podía solicitar la expedición de un documento, en pergamino, hecho con gran esmero caligráfico y, por lo general, con algunas ornamentaciones. La pieza era manufacturada en forma de cuaderno27. Los escritos de esta naturaleza son muy singulares por sus caracteres externos e internos. Si a ello añadimos el hecho de que proceden de un único organismo emisor, el tribunal de los alcaldes de los hijosdalgo, y versan sobre un mismo tipo de asuntos28, resultará evidente la necesidad de conferirle un apellido propio y un tratamiento específico en tanto que es un subgénero documental. A mi juicio, tales escritos deben ser denominados con toda propiedad «cartas ejecutorias de hidalguía». Evidentemente las causas no se saldaban siempre con el apetecido resultado en favor del pechero o del hidalgo cuestionado. Cuando esto sucedía, el documento era elaborado en papel y el texto trazado en una escritura cursiva propia de los organismos judiciales, puesto que no era solicitada por una de las partes la confección de un original solemne; en consecuencia, los caracteres externos diferían grandemente en uno y otro caso. Si reservamos la denominación señalada para las resoluciones favorables a los intereses personales frente a los de la administración, resulta aconsejable proponer la siguiente definición, habida cuenta de la formulación anterior: Carta ejecutoria de hidalguía es el documento expedido por los tribunales de los alcaldes de los hijosdalgo de las Chancillerías de Valladolid y de Granada, a petición de parte, y cuyo contenido esencial es la sentencia o sentencias dictadas por los correspondientes jueces, en virtud de las cuales se amparan los derechos de los reclamantes sobre su condición de hidalgo.
Dada la complejidad del tenor de estos documentos, conviene realizar un estudio diplomático de los ejemplares.
3.2.1. Análisis de la carta ejecutoria de hidalguía como tipo documental.
La Diplomática ha tenido como objeto de estudio unas prioridades temá- ticas que, hasta el momento presente, han excluido el análisis de la carta ejecutoria de hidalguía. Ésta se inscribe en el ámbito de la actuación judicial, cuyos escritos son aquellos generados normativamente durante la tramitación de un proceso, respondiendo por tanto a necesidades funcionales del procedimiento. Como es sabido, dicha documentación es el fruto de una acción dramática que se desarrolla en el tiempo a modo de un diálogo entre el tribunal y los litigantes con el concurso de uno o dos escribanos que dan fe pública de cuanto acontece29. El tribunal actúa como un poder regulador y sentenciador respecto de las dos partes enfrentadas, el demandante y el demandado. En verdad, hay pocas noticias sobre la forma de desarrollarse la práctica procesal castellana en sus dos fases: la instrucción y la resolución. Por tal motivo la carta ejecutoria encierra gran interés porque nos permite reconstruir virtualmente el hilo de los acontecimientos o, si se quiere, las fases o términos según el lenguaje jurídico. La estrategia narrativa del tenor del documento permite este acceso. En primer lugar, el punto de vista de la enunciación se sitúa en la persona del rey quien toma la palabra en su condición de intitulante30. Este hecho se suele subrayar a través de la representación de su retrato en el propio escrito. A continuación, el monarca explicita las personas físicas o jurídicas a las que se dirige y saluda. Tras estos trámites protocolarios de rigor, pasa a describir «que pleito pasó y se trató en la nuestra Corte y Chancillería ante los nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario del reino de Castilla, que están y residen en la villa de Valladolid —o en su caso— de Granada...». Luego, indica las partes implicadas con mención de sus nombres y dignidades, el motivo del pleito, y la relación completa del proceso con todas las actuaciones puntualmente relatadas. Tras una extensa exposición de motivos, el monarca anuncia su participación activa: «lo cual visto por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario, proveyendo sobre ello, fue por ellos acordado que debíamos de mandar dar y dimos esta dicha nuestra carta ejecutoria de la dicha sentencia definitiva...»31. Su disponibilidad se manifiesta a través de una fórmula de asentimiento: «Nos tovímoslo por bien...» y, por último, recuerda su mandato a las personas citadas en la dirección corporativa: «por que vos mandamos a vos los sobredichos concejos, jueces [...] sea fecho y guardado y cumplido y ejecutado todo lo contenido en las dichas sentencias». Luego, la representación se cierra, una vez alcanzado el clímax, con los elementos tradicionales de cualquier tenor: cláusulas finales, fórmula de corroboración y aparato validativo. El rey ha actuado como una voz en «off» y por ello no suscribirá la carta, pero sí aparecerá el refrendo del escribano público, quien ha posibilitado el desarrollo de la narración a través de los documentos que ha ido redactando y que constituyen el grueso del sumario de la acción judicial. Voluntariamente he utilizado la voz «representación» para designar la naturaleza del hecho documentado ya que se trata de una auténtica puesta en escena. El tenor del escrito tiene tensión dramática, elementos corales —gracias al testimonio de los testigos— y un final feliz para una de las partes, la del demandante, quien alcanza el reconocimiento de su condición privilegiada. En el fondo de la carta ejecutoria de hidalguía subyace un núcleo argumental que responde en todos sus pormenores al esquema estructural analizado magistralmente por Vladimir Propp en lo que se refiere a la morfología del cuento32.
Ciertamente, el procedimiento diegético empleado es muy hábil porque el proceso judicial no es otra cosa que un conflicto entre partes. Su origen radica las más de las veces en el hecho de que un vecino ha sido incluido en el padrón de pecheros de la localidad en la que habita, lo cual le obliga a pagar los tributos correspondientes. En el caso de que el interesado se negase a satisfacer la deuda, un oficial del concejo podría tomar algún objeto o bien, propiedad de aquél, que equivaliese a la cantidad impagada. Esta acción de la justicia era denominada «sacar prendas»33. Por lo general, la persona afectada, ante esta situación, procedía a interponer una demanda acompañada del testimonio de la prenda y de un poder al procurador. Este trámite señalaba el inicio de una acción judicial. La parte contraria, la administración concejil y el procurador fiscal del rey, al contradecir al demandante, le obligaría a presentar escritos testimoniales34 y pruebas testificales. El procedimiento judicial seguido respecto de estas últimas era un auto del tribunal por el que se designaba a uno o más oficiales de la Chancillería35 asignados para el cumplimiento de tal comisión. Cuando los testigos podían desplazarse, acudían a Valladolid o a Granada; en caso contrario, los miembros nombrados iban a tomar declaración al lugar en donde aquéllos se encontrasen. Su labor consistía en la recepción de las deposiciones de las personas convocadas bajo juramento, lo cual evidencia el reconocimiento de la tradición oral y el valor concedido a las palabras emitidas bajo un compromiso solemne personal. El procedimiento arbitrado se centraba en torno a la averiguación de las siguientes cuestiones:
• antigüedad del linaje y descendencia por línea directa de varón
• legitimidad de nacimiento
• limpieza de sangre.
La confirmación o denegación de tales aspectos se confiaba sobre todo al principio de la fama, entendiendo por tal «la pública voz y la común opinión»36, medio en el que se cimentaba la fuerza de la prueba con el fin de sustentar jurídicamente el objetivo perseguido, de acuerdo con el axioma proclamado por los tratadistas medievales de que la nobleza in commune reputatione et fama plerumque consistit. El parecer social transmitido por el canal de la oralidad garantizaba la posesión de unos derechos y de unas obligaciones. Las prerrogativas adquiridas por la vía de la sangre desde fecha inmemorial constituían un punto considerado capital. La definición tradicional rezaba así: «Llamamos hidalgo de sangre a aquellos que no hay memoria de su principio ni se sabe por escritura en qué tiempo comenzó ni qué rey hizo la merced, la cual oscuridad tiene la república recibida por más honrosa que saber distintamente lo contrario». Tal formulación figura en el famoso tratado de Juan Huarte de San Juan, quien, de paso, critica el concepto de nobleza sustentado en la genealogía y los medios espurios utilizados a veces para alcanzar el reconocimiento de la hidalguía37. Como la antigüedad era un valor sustantivo, las probanzas se establecían interrogando a personas de avanzada edad38 con el fin de que el interesado y sus descendientes pudiesen acreditar los derechos alegados ad perpetuam rei memoriam. Dichas intervenciones son del mayor interés desde un punto de vista sociológico e historiográfico. En ellas se acredita el conocimiento de familiares ascendientes del demandante y sus circunstancias biográficas. Tales pruebas se atenían a un formulario previamente establecido39. Los argumentos expresados en los distintos documentos que hasta aquí he estudiado para la elaboración de este trabajo coinciden en su mayoría. Los escritos resultantes de esta gestión reproducían los testimonios proporcionados por los individuos designados por el demandante. Los principales juicios emitidos sobre la persona juzgada solían abordar las siguientes cuestiones:
• Tener conocimiento del interesado y, eventualmente, de algunos familiares.
• Indicar el estado civil y, en su caso, mención de la esposa con sus datos de filiación.
• Afirmar la condición de hidalgo notorio por línea recta de varón.
• Asegurar que el demandante no desciende de moros, judíos o conversos.
• Declarar que no es hijo bastardo ni espurio.
• Manifestar que no ha sido preso o penitenciado por el Santo Oficio.
• Conocer las armas y divisas del linaje.
• Saber que no pechó ni contribuyó en derramas reales o concejiles de ningún tipo.
• Testimoniar que no formaba parte de los alardes hechos por caballeros.
• Señalar que percibía la refacción correspondiente a los hidalgos.
• Manifestar el desempeño de ciertos cargos.
• Pertenecer a algunas cofradías.
• Etc.
La suma de las declaraciones registradas arroja un abanico de cuestiones que nos precisa los requisitos exigidos para poder disfrutar de la condición de noble. El contenido de estas testificaciones, incluidas en el sumario del caso40, constituía la prueba fundamental a tener en cuenta a la hora de dictar sentencia el tribunal.
El relato de los hechos recogidos en la carta ejecutoria es un trasunto fiel de los documentos independientes que se fueron generando durante el desarrollo del proceso judicial y cuyo conjunto constituía el sumario. Este material, abundante y heterogéneo tipológicamente, pudo quedar depositado en la propia Chancillería o bien permanecer en poder del escribano público que había formado parte del tribunal41. En la actualidad, se conservan unos 30.000 legajos procedentes de la Sala de los Hijosdalgo de Valladolid42. La carta ejecutoria era expedida habitualmente en papel. Ahora bien, los interesados podían solicitar de la administración la elaboración de un ejemplar lujoso en pergamino. Esta opción era escogida en muchas ocasiones, sobre todo cuando el titular de la concesión disponía de medios económicos para sufragar los gastos que ocasionaba43. Con independencia del soporte y modalidad elegidos, el documento era registrado. Esta copia era depositada en el archivo de la institución. Luego, el original se pasaba a la dependencia donde estaban los sellos para proceder a su aposición y, finalmente, era entregado al destinatario previo pago de los aranceles establecidos44. El interesado, una vez en posesión de la carta ejecutoria, tenía que notificar al concejo de su localidad la existencia del escrito probatorio de su hidalguía con el fin de recabar el cumplimiento de la orden real. Este trámite era un requerimiento de ejecución que se saldaba con un acta notarial mediante la cual el concejo reco
42 El dato está tomado de Alfredo BASANTA DE LA RIVA, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Sala de los Hijosdalgo. Catálogo de todos sus pleitos, expedientes y probanzas, Madrid, 1955-1956, 4 vols. La cita en vol. I, p. 2. En este número se contabilizan las cartas ejecutorias de hidalguía, las probanzas y los llamados «expedientes provisionales», esto es, la documentación que había que solicitar de la Chancillería cuando un hidalgo cambiaba su lugar de residencia. En tal caso se expedía un escrito para «dar estado conocido» en el que se autorizaba al interesado a presentar las pruebas y se ordenaba al concejo de su nueva vecindad que lo incluyese en el correspondiente padrón, tras una serie de trámites que se cerraba con un documento expedido por los jueces de la Sala de los Hijosdalgo, denominado «de un mismo acuerdo», por constar en él que el concejo era del mismo parecer que la Chancillería. No se dispone de una información archivística similar referente al organismo granadino.
43 Tras la resolución del pleito el litigante disponía de un plazo de sesenta días para encargar una versión suntuosa.
44 Las anotaciones de esta naturaleza suelen figurar en el folio 1r. del ejemplar.
nocía los derechos del demandante. Este último documento aparece incorporado al original y su presencia indica la finalización definitiva del litigio.
En resumen, la carta ejecutoria de hidalguía constituye un tipo de escrito que permite reconstruir el iter de un pleito y, al mismo tiempo, ejemplificar las categorías de las piezas expedidas, desde una perspectiva archivística y diplomática, dentro del marco genérico de la documentación judicial explicitado en los Cuadros I y II ya que, en efecto, se trata de un texto que resume el conjunto de las unidades generadas durante el desarrollo del proceso. La peculiar estructura de su tenor, sobre todo en la extensa parte que constituye la exposición de motivos, la forma de hilar las distintas fases de la instrucción y la posibilidad de obtener un original muy caracterizado son rasgos que aconsejan otorgar un nombre propio al producto resultante y no asimilarlo a la real provisión desde el punto de vista de clasificación diplomática de la pieza.
3.3. La descripción codicológica.
Este tipo de documento por su extensión y formato debe ser descrito en sus caracteres externos con mayor detenimiento que otras piezas diplomáticas45. Comparte rasgos comunes con ciertos escritos asociados al mundo nobiliario, tales como la sobrecarta de una ejecutoria de hidalguía, la certificación de nobleza expedida por un rey de armas, la declaración de fundación de un mayorazgo, la carta de privilegio, el título de nobleza, etc. Todo este material merecería ser estudiado en su conjunto.
La carta ejecutoria de hidalguía en su versión solemne, que es la aquí estudiada, es un ejemplar que puede presentar uno o más cuadernos46. En consecuencia, su confección material sigue las mismas pautas observadas a la hora de elaborar un manuscrito librario. Como estas piezas alcanzan su mayor expansión durante el siglo XVI, tales creaciones reflejan el agotamiento formal de los productos manuales que consiguieron sobrevivir al impacto de la imprenta. Los artesanos recurrían a fórmulas manidas en lo que respecta a los esquemas de construcción de la obra y a la propia tarea de copiar el texto del documento. La escritura utilizada es caligráfica, pero anquilosada y falta de originalidad. Los caracteres son dibujados más que trazados, al igual de lo que sucedía en los libros litúrgicos del momento. Desde el punto de vista paleográfico su valor es escaso: tales productos simplemente testimonian el fenómeno denominado «canonización» gráfica por la tratadística italiana.
Mayor interés encierra la presencia de elementos icónicos, entendiendo por tal las letras de aparato, las orlas y las miniaturas o viñetas que ocasionalmente enriquecen y completan el significado global de la carta ejecutoria. La primera modalidad consiste en algunas iniciales y secuencias textuales distintivas que rompen la monotonía de una página escrita a línea tirada, pero ahí se agota su misión. Es decir, esas aplicaciones no tienen un valor demarcativo, función primaria encomendada a tales recursos en los momentos áureos del libro manuscrito. La colocación de letras de adorno y de cartuchos no se corresponde con los puntos de articulación del discurso diplomático. Tal arbitrariedad denota una estética manierista y un gusto por la decoración superflua. Incluso la disposición del trazado de esos elementos ornamentales dificulta el sentido de la lectura (Fig. 1). Estos rasgos son indicios de una modo de proceder al margen de cualquier inspiración. La segunda variedad ornamental son las orlas, las cuales responden a diseños consagrados por los álbumes de modelos que circulaban de los talleres de los profesionales dedicados a la decoración bajo distintos registros. Como era de esperar, se observa un claro predominio de motivos renacentistas en sus distintas versiones de origen septentrional o meridional. El último complemento icónico de tales documentos son las viñetas o miniaturas de carácter ilustrativo. Esas creaciones, al margen de su valor artístico, que es muy oscilante y mayoritariamente escaso, interesan porque reconstruyen a través de un material grá- fico una realidad social y un universo simbólico que de otra forma se habrían perdido irremisiblemente. En verdad, los tres aspectos fundamentales que sirven de fuente de inspiración son la función judicial, el estamento nobiliario y la religiosidad.
La primera categoría comprende la representación de los jueces y los retratos reales. Como muestra, véase la figura 2, la cual reproduce el escenario donde se celebraban los procesos de hidalguía. Las salas en las que se oían los pleitos eran llamadas genéricamente estrados por el tipo de mobiliario empleado. En ellas había una tarima central cubierta con una alfombra y otras gradas escalonadas. El paramento del fondo de la estancia estaba protegido por un dosel en cuya colgadura de terciopelo granate había sido bordado un escudo de las armas reales47. Debajo de esta protección discurría un banco corrido con cojines, en donde tomaban asiento los cuatro magistrados. Allí mismo podía ocupar un quinto puesto algún miembro de la alta nobleza si la naturaleza del pleito lo requería48. La persona que ostentaba la presidencia era señalada mediante la colocación a sus pies de dos almohadones de la misma materia y color que el dosel. Los jueces iban vestidos con sus garnachas. En los dos laterales de la sala había otros bancos destinados a los abogados, procuradores y otros representantes y asistentes al proceso. En primer término se encontraban los escribanos públicos, situados en frente del tribunal. La persona que tomaba la palabra tenía que solicitar la venia y descubrirse. Las distintas alturas de las gradas se correspondían con la ordenación jerárquica de los ocupantes, siguiendo un criterio proxémico. La escena desarrollada en el documento refleja con fidelidad el recinto y la disposición de los intervinientes a juzgar por las noticias aportadas por otras fuentes. Por otra parte, las representaciones reales son muy interesantes porque denotan una tendencia a establecer un tipo de retrato oficial (Fig. 3). El estudio de este aspecto tendría que ser objeto de una monografía. Al tratarse de escritos datados, se puede seguir cronológicamente la evolución de los modelos utilizados. La presencia figurativa del monarca, por lo general dibujado en la inicial que abre el tenor, sugiere subliminalmente que es el propio rey quien toma la palabra para proclamar la hidalguía del demandante.

Fig. 1: Muestra de escritura de aparato. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don Pedro de Mederos, vecino de Atienza. Valladolid, 4 de agosto de 1565. Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 19071, f. 19v.

Fig. 2: Tribunal de la Sala de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don Juan Gutiérrez de Solórzano. Valladolid, 10 de diciembre de 1611. Madrid, Archivo Histórico Nacional. Sección Diversos. Títulos y familias, carp. 72, p. 136.

Fig. 3: Retrato de Felipe III. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don Juan Gutié- rrez de Solórzano. Valladolid, 10 de diciembre de 1611. Madrid, Archivo Histórico Nacional. Sección Diversos.Títulos y familias, carp. 72, p. 140.

Fig. 4: Retrato de matrimonio con sus hijos en actitud orante. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don Alonso González. Valladolid, 21 de agosto de 1613. Madrid, Colección particular, f. 2r.

Fig. 5: Árbol genealógico. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don Juan de Ballesteros Saavedra. Granada, 2 de marzo de 1602. Madrid, Museo Municipal, Inv. 5792.
La temática nobiliaria constituye otro polo de atracción, quizá el más importante por el número y la variedad de los asuntos tratados. No suele faltar el retrato del beneficiario, por lo general acompañado de su familia. Tales ilustraciones aportan mucha información sobre el número de hijos, las modas vestimentarias, los gestos corteses, etc. (Fig. 4). Estas imágenes se pueden complementar con escenas que glosan gestas del linaje en cuestión. Tales recreaciones narrativas dejan entrever la escala de valores sociales de la época, entre otras cosas. El aparato emblemático suele ocupar un lugar importante bajo la forma de representaciones heráldicas y árboles genealógicos (Fig. 5), construcciones simbólicas que proporcionan datos de difícil localización en otras fuentes por tratarse de personas pertenecientes al grado inferior de la nobleza.
La religiosidad constituye una tercera fuente de inspiración. Generalmente se plasma a través de estampas devotas aisladas o bien en conexión con los miembros del linaje. El seguimiento de los asuntos reproducidos permite trazar las líneas maestras de unas prácticas de piedad privada. Las distintas advocaciones e imágenes de santos representadas reflejan formas de culto y de veneración ligadas a ámbitos geográficos o estamentales. Dentro de este apartado hay que señalar la presencia casi constante de un tópico visual: la composición denominada Santiago Matamoros, efigie cargada de resonancias caballerescas. La recuperación de todo este material iconográfico permitiría reconstruir una parcela del imaginario de los hidalgos castellanos durante el reinado de los Austrias.
Queda por averiguar el procedimiento aplicado en la ejecución de la parte artística. Tal vez estos trabajos fuesen encargados a talleres locales previo contrato con los beneficiarios de la carta ejecutoria, ya que hay una serie de elementos que singularizan las piezas. Aquí no se encuentra la aplicación mecánica de unas recetas en unos espacios determinados. Esta variedad supone una adecuación al gusto y demanda de la clientela. Tal aspecto está por estudiar, al igual que las diferencias artísticas existentes entre las obras vallisoletanas y las granadinas.
El último elemento codicológico que ofrece la carta ejecutoria es la encuadernación. Quizá este complemento sea el más valioso desde un punto de vista cualitativo dentro de la serie considerada. Hay magníficas piezas mudéjares decoradas en seco y otras con exquisitos motivos en oro; prácticamente todos los estilos ligatorios cultivados en esos siglos se encuentran representados. Conviene tener presente que los revestimientos librarios fueron muy estimados en los medios aristocráticos. La idea de la excelencia se cifraba en el aspecto exterior: los materiales nobles encarnaban hasta cierto punto la propia nobleza del propietario del manuscrito en cuestión. Esta reflexión nos llevaría a considerar los aspectos simbólicos que el documento por sí mismo vehicula, máxime en una época en la que triunfan el manierismo y el barroco, como vías de expresión artística.
4. Colofón.
Los aspectos aquí analizados no agotan todas las posibilidades de estudio de este tipo documental. También se puede extraer enseñanzas aplicables al mundo del Derecho, de la Sociología, de la Historiografía o de la Onomástica, amén de otras disciplinas. En definitiva, la carta ejecutoria de hidalguía tiene entidad propia para ser reconocida bajo este nombre y, además, ofrece suficiente calado para ser investigada en profundidad y en toda su extensión. A lo largo de estas páginas ha quedado patente, a mi modo de ver, que estos escritos constituyen un espacio gráfico privilegiado por su función y por la riqueza de la información transmitida. La presente aproximación sólo pretende demostrar la conveniencia de crear un instrumento válido de localización y de descripción de los ejemplares. Cuando este proyecto sea una realidad, estarán a disposición de la comunidad científica unas fuentes muy atractivas y polivalentes.
CUADRO I.
PROTOCOLO DE DESCRIPCIÓN DE UNA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA.
Signatura:
Jerarquía del tribunal: Tribunal real superior. Sala de Hijosdalgo de una Chancille
Tipo de tribunal: Colegiado: alcaldes de los hijosdalgo y un notario del reino de Ca
Nombres de los jueces Primera instancia: Apelación:
Nombre de los escribanos asignados a la instrucción de la causa:
Tipo de juicio: A petición de parte.
Tipo de procedimiento: Ordinario. Civil.
Grado del proceso Primera instancia: Apelación:
Data crónica Fecha de inicio del litigio (momento en que se produjeron los hechos denunciado Fecha de presentación de la demanda: Fecha de inicio de la instrucción (el tribunal dicta una disposición para que com procedimiento): Fecha de la sentencia en $1 ^ { \mathrm { a } }$ instancia: Fecha de la sentencia en apelación: Fecha de la sentencia definitiva: Fecha de resolución del litigio:
Data tópica Sede del tribunal: Chancillería de Valladolid o Chancillería de Granada Lugar del litigio: Lugar de origen de los litigantes:
Motivo del pleito: Asunto social. Hidalguías.
Litigantes
Según su carácter Particular. Nombre y dignidad del demandante: Institucional. Nombre del concejo:
Según la función procesal Partes personadas en la causa: Procuradores de la parte demandante: de la parte institucional: Procurador fiscal: Procurador del concejo: Escribano, receptor y, en su caso, alcalde encargados de realizar las probanzas: Informantes Testigos que intervienen en las probanzas:
Contenido de la sentencia Contenido del fallo (dictamen judicial sin motivar que se comunica a las partes forma parecida a la de una real provisión): Penas económicas Pago de las costas del proceso: Devolución de las prendas al demandante o bien indemnización:
Requerimiento de ejecución (documento anexo dirigido al concejo por parte del dema Lugar: Datación: Nombre del escribano:
CUADRO II.
ANÁLISIS DIPLOMÁTICO DE UNA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA.
Intitulación: Extensa con fórmula de derecho divino y mención de todos los dominios.
Dirección:
Personas físicas o jurídicas de carácter judicial, incluido el concejo demandado.
Personas encargadas de la recaudación de pechos y tributos.
Otros representantes.
Salutación: «Salud y gracia».
Notificación: «Sepades».
Exposición de motivos:
Existencia de un pleito: «que pleito pasó y se trató en la nuestra Corte y Chancillería ante los nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario del reino de Castilla que están y residen en la villa de Valladolid / Granada...».
Grado del proceso.
Mención de las partes implicadas.
Motivo del pleito.
Relación completa del proceso con todas las actuaciones.
Promulgación de la sentencia de vista y, en su caso, de revista.
Sentencia definitiva.
Dispositivo:
Vista de los miembros del tribunal: «lo cual visto por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario, proveyendo sobre ello, fue por ellos acordado que debíamos de mandar dar y dimos esta dicha nuestra carta ejecutoria de la dicha sentencia definitiva...». Fórmula de asentimiento: «Nos tovímoslo por bien...» .
Mandato a las personas citadas en la dirección: «por que vos mandamos a vos los sobredichos concejos, jueces [...] sea fecho y guardado y cumplido y ejecutado todo lo contenido en las dichas sentencias».
Cláusulas finales:
Conminatoria.
Emplazamiento.
Testimonio del cumplimiento.
Corroboración: Cláusula habitual.
Datación:
Tópica: Valladolid / Granada.
Crónica: Completa. Cómputo: años de Cristo / o simplemente «años».
Validación:
Salvado del documento.
Firma de los jueces que han intervenido en el pleito.
Refrendo del escribano ante quien pasó la causa.
Firma del chanciller y del registrador (en el folio 1r).
Sello de plomo pendiente.
Brevete: Al pie del folio en el que figura el refrendo del escribano: «Sentencia y carta ejecutoria de hidalguía a pedimiento de .... , vecino de la villa de...».
Notas de tasación: Derechos, registro, sello, seda y plomo (en el folio 1r).
Documento anejo:
Requerimiento de ejecución: Acta notarial mediante la cual el demandante notifica al concejo la existencia de la carta ejecutoria de hidalguía y recaba el cumplimiento de la orden real.
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