Oportunidades y retos de la transición política. Las autoridades de Zacatecas frente al cambio de régimen, 1808-1835.
Martín ESCOBEDO DELGADO Universidad Autónoma de Zacatecas.
Hacia fines del siglo XVI y durante las dos siguientes centurias, el cabildo de la ciudad de Zacatecas se consolidó como la máxima autoridad local y regional. De acuerdo a la concepción organicista de la sociedad, la institución municipal se convirtió en la cabeza de una zona que crecía y se afianzaba, determinando con cierta liberalidad pautas, preceptos, instrucciones, normas y disposiciones.
Sin duda, la importancia de la ciudad minera aumentó paulatinamente por la abundancia mineral de sus entrañas, pero también por la administración que ejerció el gobierno local. En este sentido, el cabildo preparó las condiciones para que en el centro urbano confluyera una extensa red de intereses económicos, muy grande y poderosa, en que operaban los hombres y familias más acaudaladas de la Nueva España. Esta elite local trascendió el espacio provincial y ubicó su área de influencia en la misma Ciudad de México, lo que le permitió construir vínculos entre la región minera y la capital novohispana. Esta tendencia, implantada por los grandes mineros y comerciantes que tenían intereses en Zacatecas, fue el soporte para que en el ámbito de la política también se confeccionaran lazos entre el centro y la periferia. De acuerdo con Frédérique Langue, en el espacio local coincidieron los grupos privilegiados que vieron ensanchar sus oportunidades gracias a las circunstancias económicas favorables y a la creciente capacidad política. que se materializó en la negociación y la colaboración con otros grupos poderosos del Virreinato y de la misma Península1 .
El poder de la élite zacatecana acuerpada en el cabildo fue incuestionable. Desde el órgano capitular se dictaban las instrucciones que se cumplían en la ciudad y repercutían en un radio dilatado. Por esta razón, cuando en 1786 se ordenó la implementación de la Ordenanza de Intendentes en la Nueva España, la región zacatecana fue reconocida como intendencia. Fue justamente al año siguiente cuando el proceso de cohesión territorial de la jurisdicción de Zacatecas se formalizó2 .
A contrapelo de lo que señala una buena parte de la historiografía que aborda el tema y el período, la cual afirma que la implementación de la Ordenanza derivó en la centralización de los procesos administrativos, económicos y políticos del Reino de la Nueva España, nuestra posición es que las intendencias favorecieron el regionalismo.
ESCOBEDO.
Los intendentes fomentaron el progreso material de sus respectivas jurisdicciones, apoyados, en muchos casos, por los cabildos capitalinos. Con la nueva división territorial, las jerarquías cambiaron. La intendencia de Zacatecas dependió en menor medida de Guadalajara y la Ciudad de México. En las materias de hacienda, policía y justicia, fueron las autoridades de las intendencias las que tuvieron potestad de resolver la mayoría de los asuntos. Sin embargo, en lo que concierne al interior del territorio zacatecano, lejos de debilitarse, el poder provincial materializado en el cabildo se fortaleció. Es cierto que, de acuerdo a los preceptos de la Ordenanza, el intendente, como representante del rey, ocupó la presidencia del cabildo mientras que los subdelegados hicieron lo propio en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, esto no significó que los cabildos disminuyeran sus funciones y perdieran autoridad. En el caso particular del cuerpo municipal de la ciudad capital, se afianzó, porque se convirtió formalmente en cabeza de la intendencia, desde donde dejó sentir su predominio en el resto de la jurisdicción.
Así se apreció en el complicado episodio de la crisis política que cimbró los pilares de la Monarquía en el año de 1808. Luego de conocerse los lamentables hechos relativos a la invasión del ejército francés a la Península, las abdicaciones regias y la apropiación del trono de la Monarquía española por parte de Napoleón, los integrantes del cabildo de la ciudad de Zacatecas se reunieron para acordar y emitir una posición al respecto. Sabedores de que su postura sería avalada y secundada por la intendencia en su conjunto, estudiaron la complicada coyuntura con el detenimiento que les permitió el apremio de la circunstancia. A la pretendida abdicación de Carlos IV, respondieron con un argumento contundente emanado del horizonte jurídico hispano. Los integrantes del cuerpo capitular aseveraron que “renuncia tan insólita, ya deja traslucir que fue inspirada en el dolo y el ardid unidos a la fuerza y la violencia”3 . Este posicionamiento remató con el siguiente apotegma: “El rey, cuya grande alma es un vivo depósito de las Leyes, no es creíble que olvidara aquella sanción de oro dictada sabiamente por la misma Nación, que el nono Rey Alonso mandó insertar en el Código de las Partidas. ‘Fuero é establecimiento’ (son terminantemente sus palabras) hicieron antiguamente en España que el Señorío del Reino no fuese repartido ni enajenado”4 .
En adelante, el rol político del Ayuntamiento se vio todavía más fortalecido porque pasó del discurso a los hechos: condenó la invasión, encabezó donaciones patrióticas, publicó manifiestos a favor del rey legítimo, participó en solemnes juras y organizó elecciones para diputado a Cortes. Es cierto que hubo reacciones similares en todos los puntos de Iberoamérica debido a que en este vasto territorio existió una cultura política compartida5 , pero también es verdad que en la particularidad zacatecana estas prácticas y representaciones fueron apuntaladas por el cabildo de la capital y una incipiente clase política, que consumió la información que circuló en toda la monarquía y reelaboró las ideas y conceptos políticos que dieron lugar a singularidades propias de esta provincia.
Hasta aquí no hay nada extraordinario. El vendaval de los hechos acaecidos a partir de 1808 no arrasó con el Ayuntamiento de la capital. Por el contrario, inmerso en la crisis política, el órgano utilizó el poder acumulado durante siglos para expresar su sentir. Como ya se enunció, en la primera convocatoria a Cortes, el Ayuntamiento cabeza de intendencia dejó en claro que, ante la coyuntura de descabezamiento de la Monarquía, era necesario retrotraer para sí la parte de la soberanía que le tocaba. De este modo, en la Instrucción que remitió al diputado por la Nueva España, Miguel de Lardizábal y Uribe, manifestó
que se restituya a la nación congregada en Cortes el poder legislativo, se reformen los abusos introducidos en el ejecutivo, y los ministros del rey sean responsables de los que se introdujeren o intenten en adelante: que se establezca el más perfecto, justo e inviolable equilibrio no solo entre los dos poderes, sino también en la representación nacional en dichas Cortes, mediante el aumento que debe recibir a consecuencia de la soberana declaración citada, de que las Américas son parte esencial integrante de la Monarquía, acomodando con la prudencia y tino que exige la importancia de la materia el espíritu de las antiguas leyes a las actuales circunstancias del día6 .
De la cita anterior, es importante resaltar la tendencia política del Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas. Regidores, síndico procurador y alcaldes definieron una clara posición política, donde construcciones conceptuales afloraron con significados nuevos: nación, división y equilibrio de poderes, responsabilidad sancionable de los ministros del rey, representación nacional. Esto fue posible debido a un hecho inédito en la historia política de la ciudad: el Ayuntamiento se arrogó la parte de la soberanía que le correspondía, notándose ya una concepción de soberanía popular en este planteamiento. Esto queda más explícito en una proclama que el Ayuntamiento dirigió a los habitantes de la intendencia en 1809, justamente para refrendar su postura acerca de los acontecimientos peninsulares: “El diputado del reino de Nueva España que ha de representar la porción que os ha cabido de la soberanía nacional”7 .
$\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ había sucedido para que esta institución tradicional se decantara por una transformación política? Hacia principios del siglo XVIII, los grandes mineros y comerciantes abandonaron los cargos en el Ayuntamiento de la capital debido a que se concentraron en las diputaciones de comercio y minería. De esta forma, el Ayuntamiento fue ocupado por miembros de la elite secundaria integrada por profesionistas, pequeños propietarios, comerciantes medianos, dueños de regulares fundos mineros, etcétera. Formados en los colegios seminarios y en la Universidad de Guadalajara, o simplemente dotados con una cultura letrada, estos individuos comenzaron a consolidar un nuevo grupo político, cuyo núcleo fue la representación. Al respecto, recordemos que a partir de Cádiz “el consentimiento de los gobernados sería la única fuente de legitimidad política”8 .
ESCOBEDO.
El año de 1810 fue complicado. Estando en marcha el proceso constitucional, estalló la guerra civil en la Nueva España. Esto enrareció sobremanera la atmósfera local, porque llegaron rumores de que una enorme tropa insurgente se dirigía a la capital de la intendencia con el fin de tomarla a sangre y fuego, como había ocurrido en Guanajuato. Los primeros días del mes de octubre, la muchedumbre se insolentó en el centro urbano y amenazó con saquear los comercios de la gente acaudalada. Rebasada la autoridad del intendente, éste abandonó la ciudad el 8 de octubre, dejando el cargo a su teniente letrado, quien a su vez encomendó el mando de la intendencia a un abogado que gozaba de prestigio en la ciudad, pero que al ver su vida en peligró huyó sin importarle el puesto. Si a esto se le agrega que la mayoría de los miembros del Ayuntamiento se marchó de la ciudad porque consideraron que su vida peligraba, a estas alturas el gobierno en la capital era inexistente. El protocolo para transferir el poder en ambas instancias se había roto. El dañino vacío del poder se hacía presente, por lo que era necesario que alguien tomara el control de la situación. En esta difícil circunstancia, apareció un grupo de hombres que habían formado parte del Ayuntamiento el año anterior. Ellos reinstalaron el cuerpo municipal, nombraron un intendente y devolvieron el orden a la ciudad; además de pactar la entrada pacífica de la tropa insurgente, “organizaron el trabajo en las minas y haciendas de beneficio, contuvieron tumultos y saqueos y protegieron la vida de los peninsulares que no lograron huir”9 .
Durante la segunda década del siglo XIX, la revolución liberal y la guerra civil alteraron diametralmente el orden en la Nueva España, y en particular en la provincia de Zacatecas, pues el complejo sistema de regiones ligadas al centro sufrió un serio descalabro. Pese a ello, el Ayuntamiento no perdió su papel protagónico. Como principal instancia del poder local, se sobrepuso al terremoto que representó la política liberal con epicentro en Cádiz y a la lucha armada. Con el regreso de Fernando VII y la reinstalación del Antiguo Régimen, el Ayuntamiento mantuvo su autoridad y la tendencia que había adoptado desde hacía algún tiempo: propensión a la autodeterminación, actitud práctica y defensa de los intereses locales.
Nuevos actores e instancias en el escenario político estatal.
La intendencia de Zacatecas se integró originalmente con las subdelegaciones de Mazapil, Sombrerete, Fresnillo y Sierra de Pinos, más el distrito de la ciudad capital. De 1787 a 1810, el territorio evolucionó de tal manera que, en el umbral de la revolución liberal y la guerra insurgente, la intendencia contaba con nueve subdelegaciones y el centro urbano, es decir, con 10 ayuntamientos. Con los cambios suscitados por Cádiz, durante la primera vigencia de la Constitución, el número de cuerpos capitulares se elevó a 19, disminuyó a 10 en el sexenio absolutista y aumentaría de nueva cuenta a 24 en el lapso del Trienio liberal10. Esta variación de órganos municipales no afectó la preponderancia del Ayuntamiento de la capital, pero hacia 1822 el contexto político estaba cambiando.
Tras la promulgación de la Independencia, los órganos de gobierno y representativos no solo se negaron a renunciar a sus prerrogativas, sino que lucharon por su derecho de autodeterminación. Durante los primeros meses del Imperio mexicano, el Ayuntamiento zacatecano mostró el músculo al controlar la designación de electores de los diputados locales que asistirían al Congreso constituyente convocado por Iturbide. No obstante, en este proceso se dio un cambio que a la postre sería trascendental: en la elección participó otro actor político antes ignorado, el Ayuntamiento de Aguascalientes11.
En el alba de la Independencia, los acontecimientos se sucedían a una velocidad extraordinaria. En el ámbito de la política local, a los ayuntamientos se le sumó un protagonista más: la Diputación Provincial. Recordemos que en los dos interregnos en los que estuvo vigente la Constitución de Cádiz, Zacatecas formó parte de la Diputación Provincial de la Nueva Galicia, primero, y del órgano provincial de San Luis Potosí, después. No obstante, y gracias a la determinación de las Cortes de que en cada intendencia se formara un cuerpo provincial propio, Zacatecas hizo lo necesario para erigirse en Diputación. Con la nación independizada, las provincias tomaron como base el antecedente jurídico anterior y pugnaron por constituirse en centros de poder. Así, en el espacio local hubo tensión entre Ayuntamiento e intendente en la conformación de la Diputación provincial: el primero exigió la instalación de un cuerpo provincial propio, mientras que el segundo trató de contener el poder del cuerpo capitular postergando la instalación de la Diputación. Después de un breve proceso de enfrentamiento y posteriores acuerdos, finalmente la Diputación Provincial de Zacatecas entró en funciones el 24 de marzo de 1822, asumiendo “las facultades propias de la soberanía, en tanto se reinstalaba el Congreso”12.
Con dos órganos políticos que reclamaban el poder para sí, muy pronto aparecieron los conflictos. A finales de mayo de ese año, cuando en la ciudad se requirió celebrar la coronación del emperador Iturbide, el Ayuntamiento se negó a colaborar; no obstante, la ceremonia se realizó a instancias de la Diputación13. A partir de este desencuentro, la Diputación Provincial comenzó a tomar en sus manos el poder de la provincia, primero sutilmente y, más tarde de forma terminante: el 18 de junio el órgano provincial publicó un decreto donde especificó que “la Diputación sería la primera autoridad de la provincia hasta que se formara la Constitución”14. Con ello desplazó al Ayuntamiento del lugar de privilegio que gozó durante siglos, pero no solo eso: además dejó claro que, instalado el Congreso y redactada y promulgada la Carta estatal, la potestad suprema en la jurisdicción pertenecería al cuerpo legislativo.
En la segunda mitad de 1822, las relaciones entre el Ayuntamiento capitalino y la Diputación siguieron tirantes. El cuerpo municipal exteriorizó varios reclamos, lo que produjo que otros ayuntamientos se le unieran. Las instituciones locales defendieron su derecho de autogobierno y las prerrogativas de los pueblos a quienes representaban y gobernaban, mientras que la Diputación Provincial se manifestó a favor de la autonomía regional, eso sí, dejando en claro que este cuerpo era el depósito de la soberanía de toda la demarcación.
A pesar de que la Diputación quedó integrada con miembros de los ayuntamientos más poderosos, estos cuerpos no figuraron en su agenda. Más bien, los puntos prioritarios que se trataron en las sesiones abordaron las relaciones de la provincia y el Gobierno central. Desde la Diputación se fijó la postura respecto al poder de la nación, descuidando la articulación de los ayuntamientos que conformaban su territorio. Al asumir la soberanía del territorio bajo su control, la Diputación se constituyó en la única autoridad con competencia para intervenir en la resolución de los asuntos internos de la provincia y en los relativos a las relaciones exteriores. Desde esta óptica, el órgano provincial se pronunció por el federalismo, pero al mismo tiempo postuló la idea de mantener un centro como factor de unidad “que conciliara el interés particular de las provincias con el general de la Nación”15.
En el ámbito nacional, Zacatecas y otras seis provincias calificaron de ilegítimo al Congreso general que se conformó después de la caída de Iturbide, reconociéndole autoridad únicamente para convocar la formación de otro con carácter constituyente. Asimismo, la Diputación zacatecana reconoció al Supremo Poder Ejecutivo conformado por tres integrantes y le conminó a que primero definiera el sistema de gobierno que regiría al país y posteriormente organizara la nación. La intención encubierta de la Diputación era apuntalar el federalismo y declarase estado integrante de este sistema de gobierno, bajo amenaza de romper el pacto de unidad nacional si no se cumplía su demanda.
En el período de transición de provincia a entidad federativa, la Diputación de Zacatecas defendió el principio de autodeterminación llevando a la práctica el ejercicio de la soberanía: el órgano se hizo cargo de los asuntos de la Casa de Moneda, declaró su independencia judicial respecto a los tribunales de la Nueva Galicia y organizó una milicia cívica, por lo que la institución provincial, además de poseer la legítima representación política, ostentó un poder nada despreciable que fue muy útil para ejercer presión en instancias centrales16. Entretanto, el ministro del Interior, Lucas Alamán, maniobró para que el Gobierno central se opusiera a la pretensión de algunas provincias de autoproclamarse estados libres. Las posturas encontradas propiciaron una creciente tensión. En determinado momento se pensó en la posibilidad de concretar una opción militar por parte del Gobierno de la unión contra las provincias pro-federalistas. Finalmente, se convocó a una reunión conciliadora en Lagos, donde se firmaron acuerdos consistentes en que Jalisco y Zacatecas reconocieron el poder central, pero a cambio de que el federalismo se instalara como sistema de gobierno y de que en sus respectivas demarcaciones las provincias organizaran su gobierno interior y erigieran un Congreso constituyente. Al suscribir las partes este documento, en lo inmediato se distendió de una posible separación de las provincias implicadas.
Entre los años de 1822 y 1823, la Diputación Provincial local libró una intensa lucha en dos frentes: el nacional y el provincial. En el primero, con una liga de provincias consiguió la convocatoria a un segundo Congreso constituyente, mientras que en el segundo prosiguió con su afán de restarle protagonismo y poder al Ayuntamiento de la capital zacatecana. Esto fue evidente cuando la Diputación intervino en la conformación de una junta electoral, cuya función fue organizar el proceso para elegir a los diputados al segundo Congreso.
Las sesiones que cotidianamente desarrolló la Diputación local muestran la prioridad que tuvieron los asuntos nacionales. No es que en dichas reuniones se omitieran temas provinciales, es más, éstos representan la mayoría, pero la cuestión general fue la que captó el interés de los integrantes del cuerpo. En esta tesitura, en la sesión del 17 de junio de 1823, la Diputación, ejerciendo su facultad soberana, se declaró estado libre: “esta provincia se declarará, como se declara conforme a la voluntad de sus pueblos, estado libre y federado […] y en consecuencia protestaban no reconocer ni admitir otra forma de gobierno que la de popular representativo federado”17. No tardaron las reacciones al interior de la demarcación. El Ayuntamiento de Aguascalientes reclamó airadamente la determinación aduciendo que no había sido consultado. Cuestionó la capacidad de autodeterminación del órgano provincial y recordó que éste se había constituido con el consentimiento general, por lo que – argumentó– decisiones de tan hondo calado debían discutirse con detenimiento en los cuerpos municipales antes de cualquier dictamen provincial.
En la segunda mitad de 1823 era innegable que las relaciones entre los ayuntamientos de la provincia y la Diputación local estaban deterioradas, y no obstante la Diputación seguía privilegiando el contexto nacional. Así, en las sesiones que se efectuaron del 10 y el 12 de julio.
Zacatecas se declaró “soberano de sí mismo”, independiente de otro estado pero comprometido con el bien general; afirmó el derecho de elaborar la Constitución estatal; a los habitantes les otorgó los derechos de igualdad, seguridad, libertad y propiedad; definió el ámbito de sus competencias y jurisdicción ante Jalisco y la ciudad de México e instaló una junta provisional gobernadora que haría las veces de ejecutivo provisional18.
El mes de septiembre de 1823, la Diputación se dedicó a realizar los trabajos preparatorios para la instalación del Congreso, proyecto que se materializó el 19 de octubre del mismo año. En el Congreso constituyente se clarificaron las cosas. En cuanto a la relación estado-federación, Zacatecas puso por encima los intereses de la entidad en demérito de los nacionales, cediendo solo una mínima parte de su soberanía a la unión para que el gobierno central funcionara correctamente. En lo que se refiere a la situación interna, Ayuntamiento capitalino y Congreso caminaron al unísono, no así el representante de Aguascalientes, que en la menor oportunidad ponía en entredicho las iniciativas del constituyente. El clero, los soldados y los ricos agricultores y ganaderos de esa villa se opusieron a varias propuestas del Congreso, lo que provocó cierta repulsa de la localidad hidrocálida de mantenerse en territorio zacatecano19. En consonancia con sus representados, el diputado aguascalentense avivó la antigua rivalidad entre los dos centros poblacionales, rivalidad que dificultó la marcha de los trabajos legislativos.
El 19 de octubre de 1823 se instaló el Congreso zacatecano y dos días después hizo lo propio el Congreso general, cuyo propósito fue dotar de un cuerpo normativo a la nación. Luego de la publicación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, se siguió discutiendo y elaborando la Constitución, que se promulgó el 4 de octubre de 1824. De esta ley se desprende que el nuevo régimen de la nación sería la “república representativa popular federal”; además, la nación quedaría conformada, no con la reunión de todos los ciudadanos, como aconteció años atrás en la Monarquía española de 1812, sino con la unión de estados libres y soberanos. Esta nueva organización nacional se adoptó, en parte, ante el temor de una segregación, ya que en el cono sur de la antigua América española las reales audiencias se habían convertido en naciones soberanas. Tratando de que las audiencias de la Nueva Galicia y de México se mantuvieran unidas, se les concedieron amplios poderes a las entidades estatales que, dicho sea de paso, presionaron fuertemente a la federación para ensanchar su poder en menoscabo del Gobierno central, dándose así en la práctica un régimen confederalista en el que los estados asumieron poderes plenos en diversos ámbitos, lo que se tradujo en el ejercicio efectivo de las soberanías estatales y un debilitamiento de la administración federa l20.
Es indudable que el sistema federal surgió, entre otros factores, por presión de las elites regionales, por acuerdos entre los dirigentes civiles, militares y eclesiásticos y por coerción de las provincias, lo que explica el contexto de tensión que antecedió y precedió a la promulgación de la Carta mexicana. Desde las discusiones del proyecto de Constitución, algunos estados –entre ellos Zacatecas– optaron por fortalecer sus respectivas regiones en perjuicio de la unión. Las elites políticas y económicas priorizaron el desarrollo de sus demarcaciones, sin importarles sobremanera el destino de la república, a la que le otorgaron mínimas facultades, sobre todo en el terreno económico. Cada estado se atribuyó amplias prerrogativas para el cobro de alcabalas, impuestos mineros y otros rubros tributarios, mientras que a la federación se le adjudicó potestad para recaudar contribuciones derivadas de las aduanas, bienes nacionales, correo y monopolios de sal, lotería y pólvora21. En esta coyuntura de impotencia, el Estado nacional hizo lo posible por mantener su autoridad y someter a los estados, lo que generó constantes enfrentamientos entre las partes constitutivas de la nación.
El nacimiento de la república federal se caracterizó por la dispersión de intereses repartidos en igual número de estados de la unión y un poder central disminuido. Poco después de promulgarse la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, comenzaron a aparecer las Cartas estatales. En una y otras, desde el principio se percibieron dos posturas distintas: la que reivindicó una unión fuerte, solidaria, congruente y participativa, donde la soberanía pertenecía a la nación, y otra que promovió la confederación o liga de estados fuertes unidos por un centro débil. Zacatecas pujó por esta última creyendo que así atendía las necesidades de sus representados, velaba por el progreso de la entidad y salvaguardaba su propia soberanía.
Fue justo en esta coyuntura de posiciones contrapuestas cuando se promulgó la Constitución de Zacatecas. Revisando el articulado de dicho documento dado a la luz el 17 de enero de 1825, se advierte que, al igual que las otras entidades y con base en el Acta Constitutiva y la Constitución de 1824, la entidad se constituyó como un estado libre e independiente, que por voluntad de sus habitantes “conservará las relaciones que establece la Confederación general de todos ellos […], el gobierno del estado es republicano, representativo popular federado”22. En consecuencia, el documento reafirma: “En todo lo que toca exclusivamente a su gobierno y administración interior, es enteramente libre y soberano”23. En este sentido, como ciudadanos de una entidad autónoma y confederada, los habitantes del estado tendrán como principal obligación “Ser fieles a la Constitución, obedecer las leyes y respetar a las autoridades legítimamente constituidas”. En cuanto a los derechos políticos que garantizaba la Constitución y el Gobierno estatal, se especificó que.
El estado ejerce sus derechos en la forma adoptada de gobierno. Primero, por medio de los ciudadanos que eligen a los miembros de que se compone el cuerpo legislativo. Segundo, por medio del cuerpo legislativo que forma y decreta las leyes conforme a la Constitución. Tercero, por medio del poder Ejecutivo que las hace cumplir a todos los habitantes del estado. Cuarto, por medio de los ministros de justicia que las aplican en las causas civiles y criminales. Quinto, por medio de los funcionarios que cuidan y administran sus intereses en lo político-económico24.
Este entramado político, judicial y administrativo representó la base misma de la maquinaria estatal, ya que los ciudadanos configuraron la plataforma que sostuvo a las leyes y a las instituciones: la Constitución, el cuerpo legislativo, el poder ejecutivo, el aparato de justicia y el grupo de funcionarios que se encargarían de darle funcionalidad y pertinencia al Gobierno.
Esta concepción del estado de Zacatecas fue aprovechada por los ayuntamientos. La política moderna inauguró un nuevo sistema electoral donde paulatinamente se dejó de creer que las designaciones de representantes y autoridades eran decididas por.
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poderes divinos25, del mismo modo que las corporaciones dejaron de emitir sufragios colectivos. A partir de las primeras elecciones para ayuntamientos constitucionales efectuadas en la Nueva España entre los años de 1813 y 1814, y a pesar del sufragio indirecto, la elección fue ejercida por individuos. Entendiendo este aserto, si los pueblos se integran por ciudadanos ¿quién se encarga de representar a los pueblos? La respuesta era fácil de dar: los ayuntamientos.
Con el tablero de la política delimitado, los ayuntamientos hicieron sentir su peso en el ámbito estatal al refrendar su posición como representantes de sus respectivos pueblos. Al igual que en el Antiguo Régimen y en el período de la crisis política de la Monarquía, la Constitución zacatecana de 1825 no solo dejó intactas las facultades de los ayuntamientos, sino que las fortaleció. Lo anterior se vio reflejado en las prerrogativas de las que gozaron para ejercer el gobierno político-económicoadministrativo-electoral de su respectiva demarcación, y también para proponer al Congreso proyectos de ley, así como emitir su opinión sobre lo que estuviera discutiendo el Legislativo, que tenía prohibida la sanción de ley alguna sin contar antes con la opinión y el consentimiento de los cuerpos municipales.
En el mismo sentido, la Constitución local consignó que el gobernador del estado debía elegirse a partir de una terna propuesta por cada ayuntamiento. Reunidas todas las ternas, correspondía al Congreso designar al perfil más idóneo. Esta práctica se llegó a considerar un exceso, pues, según la Sociedad Patriótica de Amigos del País, las ternas eran negociadas y manipuladas por los presidentes de ayuntamientos, a quienes calificó de “reyes municipales”26, porque formaban coaliciones al interior de la entidad para imponer a personas que favorecieran sus intereses27.
En el rubro fiscal, la legislatura cuidó de que los ingresos generados en el territorio se quedaran en Zacatecas, instruyendo a los ayuntamientos a no acatar alguna orden de la federación en esta materia. Sin embargo, en el mismo tenor que el estado guardó respecto a la federación, los ayuntamientos reportaron cantidades mínimas a la capital. Ejerciendo el principio básico de la autodeterminación, utilizaron lo recaudado para cubrir necesidades locales. Esto produjo fricciones entre ambas instancias.
Hacia 1825, con las facultades ampliadas, los ayuntamientos comenzaron a disputarle el poder al gobierno del estado de la misma forma en que éste lo hacía con la administración federal. Si en el plano nacional el radicalismo de Zacatecas se caracterizó por anteponer los intereses estatales a los de la unión, en el ámbito local los ayuntamientos hicieron lo propio. Al saberse las instituciones políticas más cercanas al pueblo, los ayuntamientos practicaron un fuerte autonomismo respecto al poder estatal.
Esto propició que tanto el legislativo como el ejecutivo estatales protagonizaran acres debates y enfrentamientos con los cuerpos municipales en los temas fiscal, electoral, administrativo y judicial.
Durante los primeros cuatro años de vigencia de la Constitución zacatecana, el gobierno estatal libró una lucha en dos frentes. En el federal disputó palmo a palmo la parte de la soberanía que, según su parecer, le pertenecía, mientras que en la esfera local intentó por todos los medios someter el autonomismo municipal. En los dos escenarios, la mezcla de ciudadanos con amplias facultades, ayuntamientos con autodeterminación y un estado que pugnaba por un radicalismo federal resultó explosiva, como se verá más adelante.
Dos golpes de timón en distintos niveles de gobierno.
La Constitución de 1825 asentó que el territorio estatal estaba conformado por 11 partidos y 29 ayuntamientos. Esta proliferación respecto a la división política del sistema de Intendencias significó para la autoridad estatal ceder jirones de soberanía a los cuerpos municipales. Con más ayuntamientos, las negociaciones entre los poderes municipales y estatales se complicaban, porque aumentaron los órganos de gobierno y representativos. Para el ejecutivo y el legislativo, no era fácil persuadir a 29 ayuntamientos, y menos si estos se habían empoderado y además construido un liderazgo palpable. Por ejemplo, el partido de Aguascalientes se erigió en la punta de lanza de reclamos, cuestionamientos y oposiciones fraguados por algunos ayuntamientos contra el gobierno del estado. Pese a la oposición de varios cuerpos municipales, Zacatecas avanzó sin mucho sobresalto durante los primeros cuatro años desde su instalación como estado libre. Hubo dos aspectos que contribuyeron a su estabilidad. El primero lo constituyó el trabajo colaborativo entre ejecutivo, legislativo y el Ayuntamiento de la capital, lo que favoreció que el primer gobernador constitucional, José María García Rojas, construyera bases consistentes sobre las cuales caminaría el desarrollo de la entidad. El segundo fue la relativa calma en que avanzó la política nacional.
La producción minera de Zacatecas proporcionó el numerario suficiente para que el gobierno del estado atendiera sus compromisos. Recordemos que los impuestos derivados de la minería eran recaudados por la autoridad estatal, pero además la acuñación que se hacía en la Casa de Moneda local era administrada por las autoridades de Zacatecas, por lo que las arcas públicas gozaron de buena salud. Durante el lustro que comprendió de 1825 a 1829, la acuñadora local tuvo una producción muy por encima de la que registraron las Casas de Moneda de la ciudad de México, Durango, Guadalajara y Guanajuato. Tan solo en este período, la fábrica local elaboró 18.843.252 monedas, cifra que contrasta con las 5.075.666 producidas en Guanajuato en el mismo lapso28. Según Josefina Zoraida Vázquez, en estos años la buena marcha del gobierno local redituó en beneficios palpables: la minería fue impulsada gracias a la reducción del pago de derechos de amonedación, pero también con la llegada de capital inglés, que se tradujo en la incorporación de nuevas tecnologías y mayor productividad; los campos agrícolas aumentaron su rendimiento, y el mercado estatal se cerró a artículos extranjeros con la intención de promover la industria de la entidad. Estas medidas propiciaron que en 1826 Zacatecas tuviera un superávit de 74.000 pesos, cantidad que aumentó al año siguiente en 13.000, un comportamiento extraño en el concierto de los estados de la república, pues, sin duda, la tendencia general era el déficit. Los números negros que registró la economía estatal motivaron al Gobierno que en 1828 encabezaba García Rojas a fundar una compañía con valor de 100.000 pesos para explotar la mina Las Bolsas, ubicada en Sombrerete. Este contexto de florecimiento económico perfiló a la entidad como la más rica y fuerte de la república29.
Mientras esto sucedía en ese espacio estatal, en el ámbito nacional la inestabilidad política asomaba. Las elecciones de 1828, donde compitieron por la presidencia de la república Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, dieron el triunfo a este último, aunque Santa Anna se levantó en favor de Guerrero. El Congreso del estado de Zacatecas, que había votado por Gómez Pedraza, se opuso a la intentona del militar veracruzano, pero Aguascalientes apoyó decididamente el pronunciamiento por lo que, para evitar un disenso mayor dentro de la entidad, el gobierno zacatecano se vio forzado a sumarse al plan de Santa Anna. Al año siguiente hubo varios motines en distintas partes del país para expulsar a los españoles. En diciembre de 1829, Anastasio Bustamante se levantó contra Guerrero y forzó su caída. El mismo año se realizaron elecciones en Zacatecas. El poder ejecutivo quedó en manos de Francisco García Salinas, quien desde el principio de su administración impuso su sello personal. Si bien el legislativo había sido el poder preponderante durante el gobierno anterior, García Salinas lo subordinó. En los cinco años que permaneció al frente, fue el hombre fuerte del estado. Con dinero a su disposición proveniente de la recaudación pública, contó con los medios para procurar el crecimiento económico y el desarrollo del estado.
García Salinas ideó un ambicioso proyecto, cuya finalidad fue convertir a Zacatecas en el estado más influyente de la nación. Para ello, en el plano económico, reforzó la actividad de la Casa de Moneda, que en el quinquenio 1831-1835 acuñó un promedio de 5.306.948 monedas por año. Asimismo, abrió la puerta a más inversiones inglesas y, con acciones procedentes de fondos públicos, fundó tres compañías que trabajaron las minas de Palmita y Santa Rita en el municipio de Nieves, San Nicolás en Sombrerete y Proaño en Fresnillo. Mención especial merece esta última, ya que fue la que mantuvo una producción de marcada superioridad, no solo durante el periodo garcíasalinista, sino durante el resto del siglo XIX.
Aprovechando la estancia en Zacatecas del geólogo alemán Carl de Berghes, el gobernador lo comisionó para que se trasladase a Fresnillo, explorara la mina de Proaño y anexas –que para la década de 1830 se encontraban abandonadas– y emitiera un informe sobre la conveniencia de explotarlas30. Al término de su encomienda, Berghes concluyó que el mineral fresnillense era de buena ley y que su explotación sería muy productiva31.
Conocido el dictamen del ingeniero alemán, García Salinas apremió al Congreso local a autorizarle recursos económicos para comenzar con la explotación del prometedor fundo. Con la venia del legislativo y los recursos de las arcas públicas del estado, adquirió el terreno donde se localizaban las minas. No obstante, el dinero proporcionado por el gobierno no alcanzó: la explotación requería más fondos, por lo que admitió en la compañía acciones de particulares y solicitó a la Hacienda pública nacional 150.000 pesos, dinero que utilizó para sufragar los gastos que generaría la explotación del mineral. Dejando de lado las críticas sobre el despilfarro del dinero público, García Salinas comenzó a explotar a gran escala el mineral. Mayor pragmatismo no podía haber en Zacatecas durante este período. A fines de 1832, las minas de Proaño reportaban una producción de plata que ascendió a 757.866 pesos, y la cantidad se duplicaría en los años posteriores32.
Sabedor de que los frutos del subsuelo aumentarían con una explotación eficiente, García Salinas presentó una propuesta de ley para la creación de una escuela superior de ciencias mineralógicas, con la intención de formar expertos en la explotación minera. En la misma tesitura, el gobernador apostó fuertemente a la educación. Convencido de que una sociedad letrada tenía mayores posibilidades de apuntalar el progreso general, diseñó una serie de acciones encaminadas a educar a los zacatecanos. Por principio de cuentas, consiguió que el Congreso autorizara en 1831 la Ley General de Enseñanza Pública, precepto que organizó por primera vez la educación a cargo del estado en tres secciones: primera, segunda y tercera. Calificó de “indispensable y necesaria” la primera enseñanza, estableciéndola obligatoria para niñas y niños, otorgó facultades a los ayuntamientos para vigilar el trabajo de los maestros, elaboró un reglamento para el funcionamiento de las escuelas primarias y destinó un fondo especial para financiar los gastos de las escuelas elementales33. Asimismo, puso en marcha la primera biblioteca pública del estado. En el rubro del nivel superior o tercera enseñanza, inauguró la formación de maestros con el reordenamiento de la Escuela Normal de la Constitución. Este centro escolar comenzó a operar en 1826 enseñando a leer y escribir a los niños a través del método lancasteriano, pero no fue hasta 1831 cuando amplió su oferta a la preparación de instructores de primeras letras a cargo del prestigiado educador Ignacio Ribott. También cerró el Colegio de San Luis Gonzaga, institución de Antiguo Régimen considerada perniciosa y fuera de tono para los nuevos tiempos, y abrió en su lugar la Casa de Estudios de Jerez, dedicada a la formación de abogados.
Conocedor de los problemas que enfrentaba el campo zacatecano, García Salinas promovió la creación de una escuela práctica de agricultura con la intención de introducir innovaciones en el sector y así aumentar la producción del agro local. En el mismo sentido, ordenó la apertura provisional de un Banco de fomento agrícola. En la exposición de motivos, el gobernador justificaba su iniciativa dejando entrever que su propósito fundamental consistía en promover medidas en contra de la ominosa concentración de la propiedad rural, a la que veía como severo obstáculo para el desarrollo del joven estado de Zacatecas34. No obstante, el plan de apertura del Banco tocó intereses poderosos, por lo que hubo airadas protestas contra su aplicación. Los propietarios de grandes extensiones de tierra se opusieron al proyecto porque eso.
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representaba ceder parte de sus posesiones a campesinos depauperados que se convertirían en los nuevos dueños de esas superficies; además, el clero objetó la forma en que el gobierno pretendía desincorporar sus propiedades de obras pías. Al final, el proyecto del Banco no pudo concretarse, pero la idea de su erección es un signo distintivo de las pretensiones políticas de García Salinas y del grupo de liberales que lo secundaban.
Precisamente, el gobernador reunió a los políticos que apoyaban la causa liberal con la intención de difundir las ideas políticas de la administración que encabezaba. Así, fundó la Gaceta del Supremo Gobierno de Zacatecas, en cuyas páginas escribieron los ideólogos más connotados del liberalismo local: Marcos de Esparza, Luis de la Rosa, Teodosio Lares, Antonio García Salinas, Valentín Gómez Farías, José Guadalupe Gómez Huerta y Fernando Calderón, entre otros. Más que simple publicación de notas, el contenido de la Gaceta representó una consistente pedagogía política, que tuvo como propósito la formación de ciudadanos35.
Otro rubro que el gobernador atendió con especial cuidado fue el de la Milicia Cívica local. Este grupo armado hunde su origen en la coyuntura de la guerra civil iniciada en la Nueva España en 1810. Con un ejército permanente incapaz de derrotar a la insurgencia, hubo necesidad de que en cada población se organizaran regimientos irregulares para su defensa. Esta medida implementada por Félix María Calleja desencadenó un proceso de movilización y militarización de la población civil, que trascendió el cambio de régimen36. En 1822 la Milicia Nacional cambió de nombre a Milicia Cívica. Así, para el año de 1828 existía un reglamento de este cuerpo en Zacatecas, solo que inoperante, pues la guardia ciudadana carecía de armas y caballos. Bajo la administración de García Salinas, la milicia se fortaleció debido a la enorme cantidad de recursos destinados a su consolidación. De acuerdo a la memoria elaborada por el equipo del gobernador, hacia 1834 el cuerpo armado local contaba con ocho batallones de infantería que sumaban 6.751 hombres, tres compañías de artillería con 320 cívicos y ocho regimientos de caballería integrados por 7.749 milicianos. Esta cantidad de civiles armados superaban el número total de efectivos con que contaba el ejército federal. Además del gasto que se erogaba para mantener esta tropa irregular, el gobierno del estado cubría lo relativo al armamento, municiones, uniformes, pólvora, monturas y demás pertrechos de guerra, dando como resultado un importe estratosférico en el sostenimiento de la milicia37. ¿Para qué necesitaba el gobierno de Zacatecas una fuerza armada de tremenda envergadura? Recordemos que hacia 1830 una buena parte de la clase política nacional se había convencido de que era necesario un viraje en la política seguida hasta ese entonces. Los hombres del gobierno coincidían en que debían vigorizarse el Gobierno central y el ejecutivo federal, y al mismo tiempo restarle fuerza a los estados, todo con el objeto de terminar con los levantamientos militares y darle estabilidad a la nación. Zacatecas se resistió, argumentando que tal pretensión le haría perder su soberanía38. La entidad radicalizó su postura respecto a su relación con el Gobierno federal: comenzó a impulsar una confederación donde la libertad y la soberanía de los estados se sobrepusiera a los intereses nacionales, actitud que tuvo como soporte a la milicia cívica, brazo armado del estado que garantizaba la seguridad de la jurisdicción ante cualquier amenaza interior o exterior. En palabras de García Salinas, “con tales soldados, el estado hará respetar siempre la independencia y la soberanía de que afortunadamente está en posesión”39.
Como se puede apreciar, el plan de gobierno construido por García Salinas, que incluyó el impulso a la economía, el fomento a la educación, la publicación de un órgano informativo y el fortalecimiento de la milicia cívica, fue coherente en el marco de la ideología liberal hecha en Zacatecas.
Hasta aquí, todo parece indicar que la política garcíasalinista era coherente y que el gobierno del estado contaba con el apoyo de sus partes integrantes, pero no fue así. Como se había señalado con antelación, el ejecutivo cuidó mucho su relación con el legislativo y con el órgano municipal de la ciudad de Zacatecas, pero desatendió el vínculo con la mayoría de los ayuntamientos, que no desaprovecharon oportunidad para desatender instrucciones del Congreso y del mismo gobernador. Aguascalientes siguió encabezando la oposición al interior del estado. En 1830, frente a pretensiones de intromisión por parte del ejecutivo, afirmó con energía que su Ayuntamiento
está y debe estar en el goce de las libertades municipales que por la Constitución le pertenecen; y así es que puede deliberar en su gobierno interior lo que crea más conveniente a su bien y felicidad en cuanto no se oponga a la Constitución general y del estado40.
Frente a la actitud contestataria de algunos ayuntamientos, el Congreso local y el gobernador afirmaron que los ayuntamientos incumplían en sus atribuciones: no elegían a la persona más idónea como jefe político, los arbitrios eran manejados con desaseo y no enviaban su opinión sobre los proyectos de ley a sancionar. En este sentido, García Salinas quiso modificar la designación de los jefes políticos y también propuso la elaboración y ejecución de un plan de arbitrio único administrado por el gobierno estatal. Esto, a todas luces, atentaba contra la soberanía de los ayuntamientos.
Con el fin de concretar tales propuestas, Congreso y gobernador acordaron modificar la Constitución de 1825. El 14 de diciembre de 1832 se promulgó la nueva Carta, que derogó “los artículos 86 y 87 de la Constitución de 1825, los cuales establecían que no se podía decretar una ley sin conocer las opiniones tanto del gobernador como de los ayuntamientos”41. Asimismo, se “restringió la participación [de los ayuntamientos] en la elaboración de leyes, se modificó su intervención en la elección del jefe político y se acotaron sus atribuciones administrativas”42, allanándole.
ESCOBEDO
la tarea al legislativo para impulsar reformas de ley sin obstáculo alguno. El nuevo articulado constitucional se tradujo en amplios poderes para el Congreso y la restricción de las prerrogativas autonómicas de los ayuntamientos. Ante este panorama, los cuerpos municipales reaccionaron de manera unánime. El órgano municipal de Tabasco reclamó airadamente se le restituyera el derecho de elegir a su jefe político; Río Grande acusó al ejecutivo de quebrantar su soberanía; Aguascalientes reclamó su derecho de intervenir en la elaboración de las leyes del estado, ya que sus opiniones –esgrimió– le darían la fuerza moral al código estatal; no conforme con ello, a nombre de todos los ayuntamientos exigió la facultad para administrar los recursos de sus respectivos distritos, como en tiempos pretéritos43.
Así las cosas, en el interior del estado García Salinas acotó los espacios de intervención política de los ayuntamientos, lo que motivo una animadversión generalizada de estos órganos hacia su gobierno. En apariencia, el poder estatal se fortaleció, pero el gobernador olvidó un principio básico que se activó en el momento mismo en que se constituyó el estado de Zacatecas: el pueblo y las instituciones, por consentimiento mutuo, acordaron construir un ente político que representara los intereses generales, de modo que “la sociedad se edificaba sobre relaciones de coordinación, no de subordinación, y con la consigna de crear una asociación entre partes iguales”44. Esto que omitió el gobierno en el espacio estatal, lo reclamó en el ámbito de la república mexicana, de tal manera que, contradictoriamente, hacia adentro García Salinas se comportó como el más monárquico de los republicanos, mientras que hacia el exterior, se autoproclamó como el paladín del federalismo. Estas posturas encontradas del gobernador agraviaron tanto a los ayuntamientos como al Gobierno de la república.
En el contexto nacional, la situación se enrarecía. En 1832, Santa Anna organizó una asonada militar para derrocar el gobierno de Anastasio Bustamante. Poco después, una coalición de estados, con Jalisco y Zacatecas al frente, hizo lo propio. En septiembre del mismo año se enfrentaron las tropas del presidente Bustamante contra los pronunciados al mando del general Esteban Moctezuma en la sangrienta batalla del Gallinero, con saldo adverso para la milicia de Zacatecas. Esta derrota significó para los cívicos del estado un golpe contundente. A finales del mismo año, tras la firma de los acuerdos de Zavaleta, Manuel Gómez Pedraza asumió la presidencia de la república para, meses después, entregar la estafeta a Santa Anna. En 30 de julio de 1833 se proclamó el Plan de coalición de los estados de Occidente, cuya finalidad fue “sostener y afianzar el sistema republicano representativo popular”45. Más tarde, se publicaron las reformas constitucionales emprendidas por Valentín Gómez Farías y apareció su contraparte, el Plan de Cuernavaca. En esta compleja situación, el gobierno de Zacatecas seguía manifestando su posición radical. El mismo año salió a la luz un decreto del Gobierno federal que dispuso la intervención de la hacienda de los estados en aras de reforzar las arcas nacionales con el objeto de enfrentar alguna contingencia mayúscula, como las amenazas de intervención a cargo de potencias extranjeras o aplacar las intimidaciones de los enemigos internos. El 31 de marzo de 1835, al ver que las milicias cívicas estatales –sobre todo la de Zacatecas– representaban un serio peligro para la estabilidad de la nación, el Congreso general instruyó a las entidades a disminuir su milicia a un rango mínimo: un efectivo por cada 500 habitantes. El Congreso local se opuso a tal medida argumentando que la federación vulneraba la soberanía estatal. Ante tal desacato por parte del gobierno de Zacatecas, nueve días después el general Santa Anna obtuvo la anuencia del legislativo general para combatir y reducir a los insubordinados.
Santa Anna salió de la ciudad de México al frente del Ejército nacional, que se fue nutriendo en el camino hacia Zacatecas. Sin dificultad alguna, venció el 11 de mayo de 1835 a los milicianos locales quienes, al escuchar los primeros obuses, huyeron. Esto ocurrió a unas cuantas leguas al sureste de la capital, y poco después se repitió en sus goteras. Con este rápido y contundente triunfo de las tropas de la federación, se confirmó que Zacatecas asustaba con el petate del muerto, ya que presumía contar con una milicia bien disciplinada y armada de más de 14.000 efectivos. Con este dato, la autoridad estatal amagó al Gobierno central con una fuerza ilusoria, pues en realidad la cantidad de efectivos y pertrechos eran inferiores. Esta explicación de la derrota ha prevalecido en la historiografía tradicional, pero Serrano y Chust ofrecen otra versión sobre el desastre zacatecano: tras la participación en la batalla del Gallinero en septiembre de 1832, los cívicos locales resultaron vencidos. Combatientes mutilados, pero también huérfanos y viudas acudieron al gobierno del estado solicitando ayuda pecuniaria para sobrevivir. Las arcas públicas no atravesaban por su mejor momento, por lo que las autoridades negaron el apoyo. Dos años después, el horizonte se ennegrecía para Zacatecas, por lo que el gobierno local organizó un alistamiento. La tropa miliciana se reunió con dificultad, enfrentó al ejército profesional de Santa Anna y sufrió una estrepitosa derrota. La hipótesis social planteada por los autores se torna relevante: “¿por qué iban a luchar en el frente de batalla estos ciudadanos que sabían que si morían o quedaban impedidos, sus familias se quedaban en la más absoluta indigencia?”46.
Tras su triunfante regreso a la ciudad de México, Santa Anna fue distinguido por el Congreso como Benemérito de la patria en grado heroico. Esta exaltación no fue un acto ingenuo. El mensaje poderoso que se esparció en toda la nación fue claro: el interés general está por encima del particular. El Gobierno de la república tenía la fuerza suficiente para garantizar el principio básico del federalismo. No obstante, este sistema de gobierno estaba desgastado. Desde 1824 se venían cometiendo excesos que redundaron en el debilitamiento de la administración pública central y en el consiguiente desarreglo de distintos aspectos de los gobiernos locales y general, a saber, un menguado poder central incapaz de poner orden en los ámbitos de su competencia, desacato de los congresos estatales a los ordenamientos del legislativo nacional, persistencia y peligroso aumento de las milicias estatales, conformación de coaliciones regionales que amenazaban la estabilidad y permanencia de la federación, reformas radicales como las planteadas en 1833 por Gómez Farías, frecuentes pronunciamientos militares, pretensiones separatistas y un largo etcétera que debía terminar de tajo. Conscientes de ello, entidades y ayuntamientos del país organizados en vecinos, corporaciones y pueblos remitieron al Congreso general multitudinarias peticiones instándolo a cambiar el sistema de gobierno. Enterados de la pertinencia de las solicitudes, pero también sabedores de la complicada situación prevaleciente en el país, los diputados decidieron dar un viraje al sistema de gobierno con la intención de enderezar y consolidar la marcha de la república47.
En esta coyuntura, el 19 de mayo de 1835 apareció el Plan de Orizaba, seguido del Plan de Toluca, ambos en favor de un gobierno popular, representativo y central. El Ayuntamiento de Zacatecas se pronunció el 30 de mayo de 1835 a favor del primero. En un manifiesto que publicó, externó su deseo de cambio para que esta iniciativa “nos saque del estado de ansiedad y desorden en que nos había sumergido el obstinado empeño de algunos en sostener contra el torrente de la opinión pública claramente manifestada”48. Este pronunciamiento fue secundado casi de inmediato por 14 ayuntamientos más. Los órganos municipales aprovecharon la ocasión para manifestar su descontento contra el gobierno del estado. Fresnillo resumió muy bien la postura generalizada: “aquí en este suelo […] donde invocando libertad se ha desplegado la más detestable tiranía, y apellidando principios y división de poderes se nos ha hecho sufrir todo el peso del más cruel y espantoso absolutismo, principalmente por la azarosa administración de estos seis años”49, refiriéndose, claro está, al gobierno de García Salinas.
Epílogo.
La rebeldía de Zacatecas fue severamente castigada. Tras vencer a la milicia local, Santa Anna destituyó al Congreso y al gobernador constitucional, Manuel González Cosío. En su lugar nombró al general Joaquín Ramírez de Sesma, quien se hizo cargo del gobierno estatal a partir del 12 de mayo de 1835. Más tarde, la federación administró la mina de Proaño, la Casa de Moneda, las rentas del tabaco y del papel sellado y Aguascalientes se segregó de Zacatecas. A pesar de estas medidas, el Gobierno central mantuvo latente el temor de que los zacatecanos organizaran una nueva revolución, por lo que para evitar cualquier posibilidad de que ocurriera, organizó rondas citadinas y patrullas en el medio rural.
Con el advenimiento del centralismo, el número de ayuntamientos disminuyó drásticamente. Si bien la evolución política territorial del estado había admitido la creación de más cuerpos municipales, que en 1835 sumaban un total de 44, con las nuevas leyes un Ayuntamiento podía constituirse con una población de 8.000 almas como mínimo, por lo que la cantidad se redujo a 10. La política centralista no solo se conformó con acotar el número de estos órganos, sino que además les restó facultades al retirarles la soberanía y constreñir su labor al trabajo administrativo. Así, se les negó el derecho de representación, que en lo sucesivo retomaron los individuos. Los jefes políticos, a la vieja usanza de los alcaldes mayores y subdelegados, intervinieron en gobierno local para, entre otras cosas, controlar a los ayuntamientos. A diferencia del régimen de los Austrias, del sistema de intendencias y de la etapa temprana de la Primera República Federal, donde los cabildos se afianzaron como los órganos de mayor poder en el ámbito local, durante el gobierno central los jefes políticos lograron someter a los órganos municipales.
Todo parecía indicar que los engranajes del centralismo funcionaban a la perfección, pero la clase política liberal del estado, si bien sufrió una derrota categórica, al poco tiempo resurgió de las cenizas. La Junta Departamental de Zacatecas que se erigió con el cambio de régimen se integró desde muy temprano con quienes fomentaron el radicalismo de la entidad: Marcos de Esparza, Fernando Calderón, Santiago Villegas, Antonio Vélez, Domingo Velázquez, Luis de la Rosa, Severo Cosío, Manuel González Cosío, Pedro Ramírez, etcétera. Es más, el mismísimo Francisco García Salinas se desempeñó como senador de la república durante el centralismo, de la misma forma que su hermano Antonio llegaría a ser gobernador del estado. Es decir, pese a que, en apariencia, se dio un cambio decisivo en el sistema de gobierno, lo cierto es que en los hechos los federalistas se encaramaron en los órganos de dirigencia para continuar en la función pública, pero ahora inmersos en un federalismo moderado.
La clase política de Zacatecas había forjado su ADN liberal a partir de la revolución iniciada en Cádiz. En 1810 comenzó el desplazamiento político de los ricos mineros y comerciantes radicados en la capital de la intendencia y, paulatinamente, de los sacerdotes. El grupo político emergente se integró por letrados y abogados pertenecientes a las élites secundarias formadas en Guadalajara y en Zacatecas. Los hombres que impulsaron la institucionalización del estado de Zacatecas coparon los espacios en el Senado, el Congreso general, el Poder Judicial, el legislativo local, los ayuntamientos y las jefaturas políticas. Pese al cambio de régimen, la clase política local se mantuvo en el poder gracias a su flexibilidad ideológica.
Los vaivenes de la Monarquía a la República y del federalismo al centralismo ubicaron en distinto lugar a los ayuntamientos y al gobierno provincial-estatal. Como se pudo apreciar, los cuerpos municipales disputaron férreamente el principio de autodeterminación a los poderes del estado. Esta lucha prevaleció entre 1808 y 1835, hasta que con el Gobierno central los ayuntamientos perdieron protagonismo para no recuperarlo durante el siglo XIX: aunque se retomó el federalismo, las prerrogativas de los municipios no regresaron, porque los federalistas habían aprendido muy bien los beneficios del sistema central.
Durante el período de estudio, las autoridades de Zacatecas enfrentaron diversos cambios en el ámbito político: de un Antiguo Régimen tradicional, pasaron por el liberalismo monárquico constitucional, para luego, con la instalación del régimen republicano, navegar en aguas turbulentas caracterizadas por las tensiones entre ayuntamientos, gobierno estatal y administración nacional. Liberalismo y federalismo se entendieron y practicaron particularmente en Zacatecas, a tal grado que los ayuntamientos desafiaron al gobierno del estado y éste a su vez puso en entredicho a la autoridad central. Esta complicada ecuación fue en un primer momento irresoluble para la clase política de Zacatecas, porque su radicalismo les acarreó graves consecuencias. Aprendida la lección, los intereses particulares primaron sobre los del estado y dividieron a la clase política que, en lo sucesivo, participó separadamente entre los distintos proyectos de nación que tomarían forma en el siglo XIX. En este segundo momento, los políticos zacatecanos dejaron de lado el liberalismo radical y mostraron una posición pragmática con el propósito de seguir manteniendo su influencia en la política estatal y nacional.