LA NOCIÓN DE «BIEN COMÚN» EN UNA SOCIEDAD DE PRIVILEGIO: ACCIÓN POLÍTICA E INTERESES ESTAMENTALES EN LOS CONCEJOS CASTELLANOS (SIGLOS XV-XVI)\*.
The Notion of «Common Good» in a Society of Privilege:Political Action and Estate Interests in the Castilian Councils of the Fifteenth and Sixteenth Centuries.
Corina LUCHÍA\*\* Universidad de Buenos Aires.
RESUMEN: En este trabajo se abordará el estudio de los significados que cobra el principio del Bien Común en la dinámica política de los concejos castellanos entre los siglos XV y XVI. Consideramos que se trata de una noción polisémica que expresa las cualidades estamentales de la organización social en la cual se inscribe; de allí que las elites privilegiadas y el Común del concejo le otorgan distintos sentidos. La identificación de esos usos diferenciados y contradictorios permite comprender las características del diálogo entre los diversos grupos sociales y de la acción política en el medio urbano.
PALABRAS CLAVE: Bien Común. Sociedad de privilegio. Acción política. Concejos castellanos. Siglos XV-XVI.
ABSTRACT: This essay is concerned with the different meanings attached to the Common Good principle in the political dynamics of the Castilian Councils in the fifteenth and sixteenth centuries. A polysemic concept that reproduces the qualities of the different orders into which that society is organized, the Common Good principle means something different for both the privileged elites and the common members of the concejo or council. The identification of these differing and contradictory uses allows us to understand the dialogue established between the different social groups and the political action at work in the cities.
KEYWORDS: Common Good. Society of Privilege. Political Action. Castilian Councils.
Fifteenth and Sixteenth Centuries.
SUMARIO: 0. A modo de introducción. 1. Apuntes historiográficos. 2. El Bien Común como práctica política. 2.1. Bien Común e interés estamental. 2.2. Bien Común y hegemonía: apuntes críticos. 3. Reflexiones finales.
0. A MODO DE INTRODUCCIÓN.
El principio del bien común, de largo arraigo en la cultura occidental, se postula como el objetivo que debe guiar la acción política contemporánea; sin embargo, la relevancia que ha adquirido en nuestras sociedades no debe impedirnos reconocer la especificidad que su uso adquiere en otros contextos1 . Esta colaboración intenta ser un aporte al conocimiento de una noción tan difundida como problemática, que asume en el ámbito urbano castellano de los siglos bajomedievales un papel destacado.
En las páginas que siguen no se pretende revisar el derrotero que el concepto ha atravesado a lo largo de siglos, de Cicerón a Rousseau, por citar sólo algunos de los autores que han producido una rica reflexión sobre la cuestión; ni tampoco abordar sus implicancias dentro la filosofía política2 . Por el contrario, aquí proponemos comprender el bien común en su sentido práctico3 ; es decir, reconocer su significación en la praxis política de los diferentes actores4 . Para ello, el estudio de los concejos castellanos entre los siglos XV y XVI posibilita un acercamiento en profundidad a los usos y alcances de esta idea dentro de la dinámica política de las ciudades5 .
Pecheros y sus representantes, elites villanas, regidores y caballeros, oficiales regios y hasta los propios soberanos emplean el bien común en diversas ocasiones y con fines no siempre coincidentes. De allí que reconocer los sentidos que cobra este referente ideológico dentro de las prácticas políticas de los concejos y advertir sus vínculos con las cualidades estamentales de la organización social tardomedieval sean los objetivos fundamentales de este trabajo.
1. APUNTES HISTORIOGRÁFICOS.
A partir del siglo XIII, con la recuperación de los escritos de la antigüedad y las elaboraciones de Tomás de Aquino6 se produce la aparición medieval del concepto de bien común7 . Sin embargo, será el dinámico medio urbano europeo del siglo XV el escenario privilegiado en el que se difunde esta idea8 ; idea a través de la cual se expresarán y procesarán las contradicciones sociales y políticas del período9 .
La creciente atención que la historiografía ha prestado a la implicancia de esta noción dentro de la cultura política de los siglos finales de la Edad Media10, se corresponde con la renovada preocupación por la participación política de las ciudades castellanas11.
Dos representaciones del bien común configuran las interpretaciones dominantes: por un lado, se sostiene que todo el campo político cultural de las sociedades urbanas adhiere y comparte este referente ideológico que funciona como fundamento de la acción política12; por otro, se asume la manipulación del concepto por parte de los sectores de poder con el fin de ocultar y promover sus intereses privados13.
Los dominantes encontrarían en este principio un límite al que debe ceñirse su actuación política; a la vez que se valdrían de él para legitimar su dominación, coparticipando de ella a los dominados14. De este modo, el bien común se presenta como el opuesto del beneficio particular15, a partir de la caracterización de una cultura política dual en la cual se asignan valores y comportamientos opuestos a unos y otros16. Mien
14 JARA, «Legitimando la dominación», p. 109.
tras que entre los caballeros principales la promoción del interés privado se encuentra en tensión no sólo con el bienestar general del concejo sino con las propias necesidades corporativas de su estamento17, los pecheros expresarían un genuino ideario legalista, pacifista, defensor de lo comunal18. No obstante, consideramos necesario matizar esta caracterización, en tanto en los siglos bajomedievales la tajante distinción entre los aspectos públicos y privados del poder y de la riqueza aún no se ha produci$\mathrm { d o } ^ { 1 9 }$ .
La oposición entre interés privado y bien común ilumina tanto como ensombrece la existencia histórica de la noción que estudiamos. El bien común no sólo es el inverso de la lógica patrimonial de familias e individuos privilegiados, sino que constituye un medio eficaz al servicio de la consecución de esos mismos intereses. De esta manera, no se trata de una noción unívoca cuyo significado sea compartido por todos los actores, como buena parte de la historiografía ha señalado20; ni tampoco su utilización por los sectores dominantes locales constituye una mera estrategia de ocultamiento y manipulación en función de garantizar sus posiciones de preeminencia21. En este sentido, al tomar distancia de los planteos que advierten en el empleo de este significante complejo un medio para superar la primacía elitista de los intereses particulares22, reconocemos la centralidad de la configuración estamental en el significado que unos y otros otorgan al concepto que revisamos en estas páginas. El estudio de las fuentes municipales sobre las que se concentra este trabajo permite sostener una mirada diferente sobre el problema.
2. EL BIEN COMÚN COMO PRÁCTICA POLÍTICA.
La apelación recurrente al tópico del bien común en el medio político urbano nos permite apreciar su carácter polisémico y ambivalente23. Se trata de un significante abierto que es adoptado por los diferentes grupos para alcanzar objetivos divergentes24. García Fernández afirma que privilegiados y no privilegiados, caballeros y pecheros “se sirvieron indistintamente de dicho concepto político. El bien e pro común fue una expresión que escondía intereses específicos diferenciados y contrapuestos, dependiendo de quien la utilizar a”25.
A propósito de su estudio sobre las implicancias del concepto en las comunidades del Languedoc, Challet reconoce el empleo del bien común tanto como argumento de legitimación de las decisiones regias, como sostén del rechazo que algunas de ellas generan entre los no privilegiados26. De esta manera, el bien común se define en la situación particular y su contenido depende de la posición que ocupa quien se vale de él dentro del orden estamental feudal.
En la gestión cotidiana de los concejos, los distintos protagonistas recurren habitualmente a este principio para legitimar sus aspiraciones y justificar sus decisiones.27 En cierto modo, parecería corroborarse la interpretación ampliamente aceptada por la historiografía respecto del papel central que cumple esta noción en la sanción positiva de la acción de gobierno28. “La finalidad y el deber del buen político consiste en gobernar por y para el bien común de las gentes”, afirma Bonachía Hernando29.
Así es como las diversas resoluciones en torno de la regulación del espacio30, las obras públicas31, el abastecimiento urbano32, los intercambios33 y las concesiones de vecindad34 tienden a validarse a través de este principio. El órgano político local, aún siendo controlado por los sectores privilegiados y sus amplias redes de apoyo, fundamenta muchas de sus resoluciones en la satisfacción del pro comunal, que en numerosas ocasiones debe contemplar los intereses de los pecheros. El concejo se erige como la instancia superior que pretende limitar los beneficios particulares en favor de la preservación de equilibrios sociales y productivos básicos. El resguardo de las economías pecheras ante la ofensiva de las elites de propietarios y la contención de la conflictividad forman parte de los objetivos que insumen la energía de los ayuntamientos. De modo que la protección de los no privilegiados importa una acción polí- tica estratégica en pos de preservar el propio orden social.
La disputa surgida en Madrid con motivo del acuciante problema de las exenciones tributarias da cuenta de la presencia de esta lógica. A comienzos de 1484, ante las demandas de los representantes aldeanos del Pozuelo que elevan sus quejas por la proliferación de excusados, el concejo resuelve:
…que entendiendo que cunple así a serviçio del Rey…e al pro e bien común del dicho conçejo de Pozuelo…los pecheros mayores e medianos non se escusen de los dichos pechos e hazenderas conçejales e aquello quellos han de pechar non se cargue sobre los pecheros que poco pueden35.
Las ordenanzas que establecen las cuantías del padrón fiscal se ratifican y con ello se pone un freno a las excusas de pechos que perjudican a los más débiles. El pro e bien común del concejo sirve de garante de esta decisión. El concejo local, las organizaciones aldeanas y la propia hacienda regia se involucran activamente en esta cuestión; que no obstante genera la oposición de algunos segmentos del colectivo pechero y de muchos miembros de la elite urbana beneficiados por la proliferación de exenciones en favor de sus clientelas rurales.
La protección de los pecheros se convierte en este caso en una prioridad de la acción institucional que debe garantizar la relación de dominación; de allí que el bien común exprese una diversidad de intereses sociales que encuentran en la preservación de los productores un objetivo estratégico primordial.
Como se ha señalado ya, las acciones de gobierno, en particular las de los poderes urbanos, parecieran estar guiadas por la realización del pro comunal36; de modo que la actuación de los oficiales concejiles encontraría legitimidad en la satisfacción del bien colectivo. No obstante, este aspecto merece algunas precisiones, en tanto las decisiones políticas perjudican tanto como favorecen intereses disímiles. Así, ante las desavenencias surgidas en el concejo de Guadalajara a propósito de la obtención de recursos para financiar la reparación del puente de la ciudad, los caballeros y escuderos de la villa manifiestan que
…todo lo susodicho era bien e pro común de la dicha villa e su tierra e serviçio del dicho señor rey, porque el reparo de la dicha puente se devía fazer de los propios e rentas e ervajes e alcançes de derramas e otros maravedís que el conçejo tenía e podía prestamente aver e non de derrama que agora nuevamente se oviese de echar37.
Los regidores rechazan la propuesta, advirtiendo que …ellos non darán logar a lo gastar en el dicho reparo, por quanto aquellas maravedíes de propios e otras cosas sobredichas sean sacados para el reparo de los adarves de la dicha villa e para los salarios e otras necesidades que de cada día ocurren a la dicha villa…si algunos querían estorvar la dicha derrama por do oviere de çesar el reparo de la dicha puente que los dichos regidores fuesen por culpa e cargo dello e el rey nuestro señor se tornase por ello a los tales destorvadores38.
El pro comunal, que aparece íntimamente vinculado con el servicio al rey, sostiene dos orientaciones contrapuestas. Mientras que el segmento marginado de la elite local reclama el uso de los propios del concejo para subvenir los gastos que demande la obra pública; los oficiales principales, adhieren a ese mismo universo de representaciones para imponer una nueva derrama que sin dudas recaerá sobre el común de la ciudad. $\dot { \mathcal { Q } } \dot { \mathbf { u } } \dot { \mathbf { e } }$ interés subyace a cada una de las posiciones que apelan tanto al rey como al beneficio comunal? Sería apresurado atribuir a unos y otros la persecución de objetivos colectivos y particulares, respectivamente. Sobretodo si se considera que frente a los regidores se encuentran los miembros inferiores del estamento privilegiado urbano39. En este caso, pareciera tratarse más de una tensión que emana de las diferentes ubicaciones institucionales de los actores. Mientras que la elite dirigente debe velar por el mantenimiento de los recursos permanentes del concejo, dentro de los cuales los bienes de propios tienen un papel destacado, el estamento caballeresco modesto –que suele acaudillar tras de sí al común tributario40– se ve compelido a enfrentar las decisiones que lesionen sus intereses económicos inmediatos. ¿Quién “oculta” entonces su interés particular, sectorial, corporativo detrás de la apelación a la lógica servicial y al bien común?
Todas las prácticas sociales que afectan la vida colectiva son enjuiciadas a la luz de este principio rector. Así puede advertirse en las diversas medidas que involucran la gestión y regulación de las actividades cotidianas de las comunidades41. Las sanciones previstas contra las habituales violaciones de las ordenanzas vigentes demuestran la incidencia de los intereses particulares en las actividades concejiles y la necesidad del órgano político de imponerles límites.
La consolidación de las elites urbanas y en particular su cristalización política con la instauración del regimiento dan lugar a una agudización de la conflictividad social que expresa tanto el antagonismo entre propietarios privilegiados y pecheros, como las contradicciones entre los diferentes grupos privilegiados. Esta intensificación de las disputas otorga centralidad a la presencia de la Corona, a través de sus delegados, en el encauzamiento y resolución de los litigios derivados de la propia lógica patrimonial que afecta el ejercicio de los poderes locales42.
Así se aprecia en la carta que en 1479 los Reyes Católicos concedieran al lugar de Fontiveros, aldea de Ávila, ante la generalización de la violencia que enfrenta a los bandos privilegiados. La formación de ligas y confederaciones de caballeros, fenó- meno difundido en Castilla a lo largo del siglo $\mathrm { X V } ^ { 4 3 }$ , sumerge la vida concejil en un clima de conflictividad que sin dudas impacta negativamente sobre los productores. Los soberanos intervienen para salvaguardar la paz del lugar, prohibiendo las ligas e imponiendo una tregua entre los grupos rivales44. Pacificación, servicio al rey y bien común son elementos conexos que expresan la superior voluntad de la Corona45.
Las disputas en torno del nombramiento de regidores permiten reconocer la apelación regia a la noción de bien común en clave del mantenimiento del statu quo concejil46: queriendo proveer çerca del regimiento del dicho logar, conmo cunple a nuestro serviçio e al bien público de los vezinos $d \acute { e } l ^ { \ast 7 }$ , se prescribe que los regidores sean puestos por aquellas personas que fasta aquí han acostunbrado de los poner e nonbrar, e que sean vezinos del dicho logar, buenas personas ydóneas e pertenesçientes, de buena fama e conçiencia48. En otras palabras, se trata de preservar el control de los oficios regimentales en manos de la elite originaria, ante la amenaza de los nuevos grupos en ascenso que pugnan por compartir las posiciones institucionales de preeminencia. Los mecanismos tradicionales de designación son defendidos; ya que de ese modo los cargos recaerán sobre personas que fagan e administren, conmo deven, las cosas del dicho conçejo que los otros regidores antepasados acostumbraban proveer e regir e administrar, buena e fielmente, syn parçialidad alguna49.
Si bien la concepción monárquica del bien público como fin del buen gobierno50 anticipa una instancia política que se imponga sobre los intereses particulares de las distintas fracciones dominantes, se convalida el ejercicio exclusivista del poder político, concentrando la toma de decisiones en una minoría selecta y arraigada51. La mo
46 Peter Blickle sostiene que en los siglos XIV y XV el término Gemeinnutz se asocia al mantenimiento de la paz en el convulsionado medio urbano europeo: BLICKLE, «El principio del Bien Común», pp. 32-33.
47 RGS, II, Doc. 82, 4 de noviembre de 1480, p. 197.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Como destaca Neagle, “Un roi qui ne respecte pas les exigences du bien commun est un tyran et il risque de perdre le pouvoir”: NEAGLE, «Bien commun et réforme», p. 329.
narquía establece un delicado juego de alianzas con las elites urbanas que realizan su jurisdicción, a partir de la consolidación del sistema político concejil. Sin embargo, en ocasiones la Corona se ve obligada a poner coto a las pretensiones privadas de los poderosos caballeros locales haciendo lugar a los reclamos de los no privilegiados.
En la medida en que el recurso a la monarquía –en la persona del rey o de sus funcionarios– se convierte en una práctica habitual para el común de los concejos, el bien común es indisociable de la lógica servicial52, aspecto clave de la cultura política urbana bajomedieval53. El bien común, el bien de la ciudad, la utilidad pública, el pro $y$ honra de la comunidad, el servicio al rey remiten a cualidades teóricamente diferenciadas pero cuyo empleo práctico resulta coincidente.54.
Si bien el tópico servicial es empleado por todos los actores políticos del mundo concejil, es en la praxis de los pecheros donde se advierte la más intensa asociación entre bien común y servicio al monarca55. Veamos a propósito de ello un documento que expresa la iniciativa política de los no privilegiados de la Tierra para garantizar y defender sus intereses. En 1419, los pecheros de la aldea mirobrigense de El Saúgo presentan un Memorial de Agravios ante las apropiaciones de términos que padecen a manos de los vecinos de Robleda, detrás de cuyas acciones se encuentran los propios regidores urbanos. Situación generalizada en todos los concejos del área, en este caso resulta singularmente relevante el modo en que formulan su reclamo ante el juez de la ciudad. Luego de advertirle sobre los costos que podría significarles su incorrecta actuación, pues por vuestra culpa e negligençia puede acaeçer, señalan:
bien sabedes que por nuestra parte fuestes requerido que supiésedes quien ayudava a los del conçejo de Robreda, e le tomásedes juramento por saber quién guarda el serviçio del rey e provecho comunal desta çibdad, lo qual vos non quesistes fazer…por ende requerimos vos que…sepades la verdat…que nuestro señor el rey vea quien rrige la su çibdat e si es mereçedor de tal regimiento56.
Los representantes pecheros construyen con habilidad un discurso en el cual se identifican con los intereses del realengo; a la vez que denuncian el apartamiento de los regidores de los principios que deben guiar la acción política legítima.
La acción institucional dirigida a organizar y gestionar la vida económica y productiva de los municipios, al concentrar las decisiones en una elite cuya determinación estamental57 la vuelca a la preservación y ampliación de sus propiedades se presenta como la contracara aparente del bien común, enunciado como principio de integración colectiva por los no privilegiados. Sin embargo, este principio también inspira la actuación de los dominantes locales; aunque como veremos en el siguiente apartado, el sentido que le otorgan no coincide plenamente con el que le confiere el común del concejo58.
2.1. Bien común e interés estamental.
A mediados del siglo XV los pecheros de Ciudad Rodrigo vuelven a denunciar los agravios que padecen de parte de una elite regimental a la que caracterizan como arbitraria, discrecional y movida por la obtención del beneficio particular. Pero en esta oportunidad, el bien común con el que se identifican los pecheros y contra el que se lanzarían las acciones de los regidores se vería dañado por las mismas normas que emanan del concejo: le son fechos e se le fazen muchos agravios e delitos e daños e opresiones por vosotros señores, ansý en las hordenanças que fazedes contra el bien común e público della conmo en muchas otras cosas que apropiades a vosotros59.
Las propias ordenanzas concejiles son percibidas por los representantes pecheros como expresión jurídica del interés sectorial de los grupos dirigentes locales. Hasta aquí nada parece corregir el esquema dual que ha sostenido buena parte de los investigadores respecto de las culturas políticas de privilegiados y no privilegiados. Sin embargo, es en la respuesta de los regidores ante las quejas pecheras donde se aprecia el diferente sentido que unos y otros atribuyen a la noción de bien común.
En primer lugar, se desacredita la autoridad del representante pechero para tener incumbencia en los hechos que denuncia:
por poder que se dize tener de los pecheros de la dicha çibdat, por el qual recontó que le heran fechos çiertos agravios deziendo ser contra el bien común público de la dicha çibdat e que le heran fechos por nosotros e por la justiçia de la dicha çibdat, dezimos en lo a nosotros tocante que el dicho sesmero non es parte nin mostró bastante poder, so el qual se comprendan las cosas por él requeridas60.
A continuación se defiende la marginación de los pecheros del ámbito de toma de decisiones del ayuntamiento: nunca el sesmero desta çibdad tobo voz nin preeminencia para poder estar en conçejo61, justificando esta exclusión en el bien común, tal como lo entienden los regidores: sy esto él dize que es contra el bien común, mírelo bien, ca antes creemos que, sy voz el dicho sesmero toviese e en conçejo entrase syenple quando a él proguiese seguir, serýa grand daño a la dicha çibdat e su tierra62.
La demanda de participación política de los tributarios se funda en el mismo principio al que apela la elite dirigente para negarles ese derecho. El bien común resulta de este modo un significante que adquiere contenido de acuerdo con la posición estamental de los actores que apelan a él. Si en la voz de los pecheros se reivindica su acceso a las discusiones de los actos de gobierno en pos de salvaguardar el bien colectivo que los contiene como contribuyentes; en la concepción de la oligarquía mirobrigense, el bien común importa su exclusión para resguardar un orden social fundado en la desigualdad y el privilegio63.
La condición inferior de los sexmeros es señalada por los regidores como justificación de su apartamiento de las decisiones concejiles: el dicho ofiçio de sesmeria consista comúnmente…en presonas de pequeño estado e autoridad64; la mayor amenaza radica en su carácter representativo: que han de dar a muchos cuenta, asy a labradores conmo a otras muchas personas de todo lo que se faze e dize e trata por ellos65, razón por la cual coligen que non podrían retener nin reternían los secretos que en nuestro consistorio secretasen66.
La acción política debe ser celosamente guardada en el espacio cerrado de un concejo en el que los intereses particulares se indiferencian del ámbito “público”. Este contraste de significados revela el carácter estamental que asume el bien común en las sociedades concejiles bajomedievales.
El empleo de esta noción por la minoría elitista contribuye a sancionar la condición privilegiada, basada en criterios de exclusión y de desigualdad manifiesta67. Esta lógica del privilegio es ratificada por la propia monarquía a la hora de otorgar los principales oficios concejiles a los miembros de las familias principales68.
Veamos en relación a ello los términos con que los soberanos conceden una regiduría vacante en Ávila:
Por fazer bien e merçed a vos, Matheo de Ribadaneyra, fijo del mariscal Pedro de Ribadaneyra, nuestro vasallo e de nuestro consejo, alcalde mayor de la muy noble çibdad de Toledo…entendiendo que cunple asý a nuestro serviçio e al bien e procomún de la çibdad de Ávila…para en toda vuestra vida seades nuestro regidor de la dicha çibdad de Ávila en lugar del dicho mariscal…por quanto el dicho mariscal, vuestro padre, lo renunçió e traspasó en vos69.
64 Memorial Ciudad Rodrigo, p. 276.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 “Ante las reclamaciones de los pecheros no les resultaba difícil apoyarse en estas fuentes de legitimidad para justificar sus prerrogativas exclusivistas en materia de cargos y función pública”, dentro de una “concepción personalista del gobierno”, MONSALVO ANTÓN, «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros», pp. 272-273.
68 Hemos estudiado en profundidad la cuestión en LUCHÍA, C., «La construcción del privilegio: Procesos de negociación de las elites concejiles castellanas en el siglo XV», Anuario de Estudios Medievales, 45/2, 2015, pp. 853-879.
Los tópicos más destacados de la cultura política bajomedieval se encuentran presentes en esta designación. El servicio al rey se ubica a la par de la realización del pro comunal; a la vez que la Corona actualiza su potencia soberana en el acto mismo de la concesión del cargo70. Cobra sentido aquí la identificación originaria entre “bien del señor”, fórmula propia del derecho feudal, y bien común que señalara Peter Blickle a propósito de la evolución del concepto en la Edad Media71. La consagración del privilegio de un linaje con estrechas vinculaciones con la monarquía se manifiesta a partir de la gramática del bien común72; sin que la abierta marginación política de otros segmentos de la elite y la exclusión de los no privilegiados impida el empleo de este referente ideológico.
2.2. Bien común y hegemonía: apuntes críticos.
Si tomamos como punto de partida comparativo la incidencia del bien común en la dinámica política de los estados modernos, su referencia para las sociedades bajomedievales conduce la reflexión hacia las posibilidades de construcción hegemónica73. De igual manera, las lecturas que enfatizan la instrumentalización del bien común por los segmentos dominantes como mecanismo de legitimación de sus acciones, orientan la cuestión hacia el problema del consenso en las sociedades de privilegio74.
¿Es factible considerar la intención de las elites dirigentes de validar sus posiciones de supremacía a partir de la adhesión de los dominados? Si la dominación fundada en una jerarquía social explícita y en un ordenamiento jurídico que sanciona la desigualdad se afirma con la exhibición del privilegio, exhibición de un “poder arrogante” que al hacer visible su superioridad la consagra75, no resulta plausible interpretar este marcador ideológico como herramienta de amortiguación de las contradicciones76. El bien común en el mundo urbano castellano del siglo XV no sería parte de “un discurso consistente de camuflaje social, de fetichismo ideológico de las relaciones sociales”, como nos ha advertido con lucidez Monsalvo Antón77.
En este sentido, si bien el concepto adquiere una innegable difusión dentro de la cultura política urbana, hasta alcanzar incluso para algunos autores “un reconocimiento de categoría política de estado”78, el significado que adopta no es unívoco, ni compartido por los diferentes grupos que apelan a él en la disputa política.
Las medidas favorables a los pecheros justificadas en el bien común lejos están de las elaboradas políticas de los estados nacionales que se presentan como el espacio de mediación de las contradicciones, diluyendo el carácter de extremo de los opuestos reconducidos hacia el interés general. La indiferenciación medieval entre propietarios de los medios de producción y poseedores de los medios de coerción y gestión política79 inhibe la separación de la sociedad civil de las formas políticas y por ende la aparición de mediadores institucionales, en el sentido de la formulación hegeliana80.
Los grupos privilegiados urbanos asumen la dirección política de los concejos como parte de una alianza estratégica que elabora la Corona, dentro del proceso contradictorio de una centralización apoyada en los núcleos de poder locales81; desde esa situación de preeminencia político institucional tienden a fortalecer sus intereses corporativos estamentales. No se han producido aún las condiciones históricas que señalan el paso a una fase política “universal”82. En este siglo XV castellano asistimos al momento preparatorio de esa etapa cuyo requisito fundamental estriba en la superación de un orden social basado en la dominación por el privilegio. De este modo, el bien común lejos de expresar una inexistente construcción hegemónica, actualiza los atributos estamentales de la formación social.
3. REFLEXIONES FINALES.
De manera mayoritaria los historiadores coinciden en el origen comunal del bien común, cuya esfera abandona para incorporarse a la lógica del estado moderno temprano83. No obstante, a lo largo de las páginas precedentes hemos podido advertir que se trata en realidad de la pervivencia de un término cuyo contenido ha experimentado una profunda transformación. Lejos de la simbiosis con el sentido que adquiere el bien común en la primera teoría republicana, la noción que aparece recurrentemente en la comunicación política de las ciudades castellanas bajomedie-vales asume un significado específico, determinado por las cualidades de la forma social en la cual se inscribe.
Si bien reconocemos circunstancias puntuales en las que los órganos políticos locales actúan como instancia de mediación de los intereses particulares, no es ésta la cualidad dominante de su acción política. El interés colectivo con que se expresan muchas de las actuaciones importa la preservación del orden social fundado en la desigualdad estamental. De este modo, el empleo de este principio se encuentra estrechamente vinculado a la afirmación de una sociedad de privilegio en la cual cada actor debe procurar el cumplimiento de las funciones propias de su status84.
Elites de poder y representantes pecheros apelan al bien común en los diferentes procesos de negociación y disputa que entablan. Sin embargo, como pretendemos haber demostrado, la referencia al mismo significante no da cuenta de la presencia de una noción compartida por unos y otros85.
¿Qué significado asume esta idea en las intervenciones de los no privilegiados? Esta cuestión obliga a una serie de precisiones respecto de la dinámica política de los concejos castellanos. En primer lugar, la voz del común aparece representada por los líderes comunitarios, que investidos de diferentes atribuciones expresan tanto la defensa de los intereses de sus pares, como la salvaguarda de la dominación local86.
La alusión al bien común en las actuaciones de los procuradores remite al resguardo de la condición de contribuyentes. De allí que se movilice este principio a la hora de asegurar la protección fiscal, ante los abusos de los diferentes poderes señoriales y de reivindicar los derechos sobre los términos y usos comunales, frente a las diversas agresiones que ponen en riesgo el mantenimiento de un régimen consuetudinario de aprovechamientos colectivos. Aún cuando en ocasiones los pecheros parecieran superar la mera defensa de sus intereses inmediatos, sus demandas de participación política se orientan a tener voz en las decisiones que afecten la tributación y la disposición del espacio. El reclamo de inclusión en los debates de los ayuntamientos responde a la necesidad del colectivo de preservar sus economías ante la creciente discrecionalidad de los segmentos regimentales87. El bien común se presenta en todos los casos como el principio legitimador de sus aspira-ciones.
Por su parte, las elites dirigentes de las ciudades castellanas también movilizan esta noción como soporte de las posiciones asumidas en los conflictos88. Así lo hemos podido comprobar en las respuestas que los regidores dan a los reclamos pecheros de Ciudad Rodrigo. No hay velo ideológico alguno en sus dichos; por el contrario, se trata de la abierta afirmación de su supremacía sobre el común del concejo. En esta ocasión, el bien común sostiene el interés estamental de la minoría privilegiada.
Por todo ello, sostenemos que este principio clave de la acción política no constituye un referente común uniforme. Como hemos desarrollado ya, reconocemos sus diversas connotaciones de acuerdo al actor que movilice esta idea en el contexto de las tensiones sociales y políticas del período89. De esta manera, el bien común asume ese sentido práctico que enunciáramos al comienzo de estas páginas. Ni una noción política compartida, ni un mero instrumento de ocultamiento de intereses particulares y sectoriales; por el contrario, esta idea expresa las necesidades estamentales de los distintos agentes. En suma, el orden social jerárquico y privilegiado se actualiza y recrea en la dialéctica política en la cual el bien común cumple un papel tan destacado como contradictorio.