Crisis, facciones cortesanas y revuelta popular en el País Vasco. Los alborotos de Vizcaya en 1804 ∗.
Crisis, Court Factions and Popular Revolt in the Basque Country. The 1804 Riot.
ANDONI ARTOLA RENEDO y DANIEL BERMEJO MANGAS
UPV/EHU
Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América. Facultad de Letras
Paseo de la Universidad, 5, 01006 Vitoria-Gasteiz
email@example.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5588-2392 (Andoni Artola)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2803-6913 (Daniel Bermejo Mangas)
Recibido /Aceptado: 28.05.2019 / 16.IX.2019
Cómo citar: ARTOLA RENEDO, Andoni y BERMEJO MANGAS, Daniel, “Crisis, facciones cortesanas y revuelta popular en el País Vasco. Los alborotos de Vizcaya en $1 8 0 4 '$ , en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 39 (2019), pp. 81-108. DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.39.2019.81-108.
Resumen: Este trabajo inserta los alborotos ocurridos de agosto de 1804 en Vizcaya (la conocida como Zamacolada) dentro de la crisis estructural de la Monarquía Hispánica. Este conflicto ha sido abordado según parámetros básicamente localistas. El enfrentamiento de las provincias vascas con una monarquía cada vez más centralizada ha sido el molde interpretativo en el que se ha generado buena parte de la producción historiográfica sobre la cuestión. Junto con ésta, otra lectura en clave de conflicto clasista entre comerciantes, terratenientes y clases populares ha sido especialmente privilegiada desde la década de 1970. Sin negar el acierto parcial de cada una de estas dos interpretaciones, el presente trabajo se propone contextualizar los hechos en la crisis global de la Monarquía, en los cambios locales producidos por las luchas por el poder cortesano y, por último, en la ofensa a los valores políticos de las clases populares.
Palabras clave: Revueltas, País Vasco, Zamacolada, Monarquía, Crisis.
Abstract: The aim of this paper is to contextualize the 1804 Biscay riot within the much broader structural crisis of the Spanish Empire. So far, scholars have analyzed the riot within a localist paradigm. The antagonism between the Basque Country and a gradually centralized Spanish Empire has traditionally been the main working hypothesis. Since the 1970s, a materialist interpretation of the subject, which sees the riot as the outcome of a conflict between merchant bourgeoisie, landowners and commoners, has come to join the aforementioned traditional interpretation. Without undervaluing these approaches, our work takes into consideration a triple - but closely linked - context: the Spanish Empire’s crisis, the regional effects of the courtesan power struggles and the grievance against the plebeian political values.
Keywords: Popular Revolt, Basque Country, Zamacolada, Monarchy, Crisis.
INTRODUCCIÓN.
El 16 de agosto de 1804 un amplio grupo de vecinos de la anteiglesia de Begoña, en las inmediaciones de Bilbao, comenzaba una intensa agitación. La comunidad, que celebraba sus fiestas anuales, exigía a su fiel regidor que informara sobre la aprobación, en las Juntas Generales clausuradas dos semanas antes en Guernica, de un plan de servicio militar obligatorio. Consistía éste en la formación de compañías locales de 50 hombres armados, uniformados e instruidos para la defensa y la vigilancia del orden público de Vizcaya. El plan, en una lectura algo tendenciosa, supuestamente amenazaba la exención militar garantizada por su Fuero a los vizcaínos1 . La negativa del fiel regidor a informar sobre el tema fue contestada a la mañana siguiente con el toque de campanas para un concejo abierto, en el que una multitud le exigió una copia del plan, que negó tener. El fiel fue inmediatamente arrestado. Después, enfurecidos, los aldeanos de Begoña descendieron a Bilbao pidiendo pena de muerte para el notable provincial Simón Bernardo de Zamácola, el corregidor, el consultor del Señorío de Vizcaya, los diputados generales y, por extensión, para todos los partidarios de la facción llamada zamacolista, a la que consideraban responsable del plan. La revuelta se extendió con rapidez hacia otros lugares del territorio después de este primer hecho.
El alboroto produjo episodios de elevada tensión: los amotinados reclamaron el armamento que custodiaba la Diputación de Vizcaya, capturaron al corregidor, a los recién nombrados diputados generales y a otros integrantes (reales o supuestos) de la facción liderada por Zamácola. Obtenida por la fuerza la anulación de aquel plan de servicio militar, y con varios notables zamacolistas apresados bajo amenaza de muerte, golpeados e insultados, consiguieron que se convocara una nueva Junta en Guernica. Los ataques continuaron durante varios días, hasta la celebración de la Junta General en la que, además de confirmarse el rechazo del servicio militar, fue nombrado un nuevo gobierno por aclamación de los representantes de los pueblos. La comunidad tenía, ahora, una nueva cabeza. En compensación por la exención del servicio militar, la Junta amotinada ofrecía a la Corona un donativo de un millón de reales2 .
La represión fue ejemplar. El 21 de septiembre llegaba la primera avanzadilla de las tropas reales bajo las órdenes del brigadier Benito de San Juan, quien asumiría las funciones de gobernador político y militar de Bilbao, comandante general y corregidor de Vizcaya. Reprimida la revuelta, fue repuesta la diputación existente antes de los hechos. El territorio quedaba militarizado. La sentencia definitiva se hizo pública en 23 de mayo de 1805: en total, 384 personas fueron condenadas a diversas penas de cárcel, destierro o multas. Las villas e anteiglesias involucradas en el motín tendrían que abonar en los siguientes años 12 millones de reales por daños, sanciones y gastos de manutención ocasionados durante la ocupación militar. Entre los condenados, los había de extracción popular, que eran mayoría, pero también clérigos, artesanos, abogados, notables locales y, dato importante, un grupo de potentados, antaño servidores insignes de la Corona, pero en el ostracismo, ahora, por su oposición a Manuel Godoy – caso del teniente general de Marina, José de Mazarredo, o el célebre ministro Mariano Luis de Urquijo.
El alboroto constituye una clara expresión del poder comunitario en rebelión. Resulta también, en cierta medida, sorprendente, por cuanto algunos días antes, el país reunido en Juntas Generales había aprobado por unanimidad el mencionado plan de servicio militar. En aquella misma ocasión, Simón Bernardo de Zamácola informó también a la Junta de la aprobación de la Corona al proyecto de una ciudad portuaria en la anteiglesia de Abando, de propiedad pública, que acabaría con el poderío de la élite de Bilbao al retirarle el monopolio comercial, en favor del conjunto de Vizcaya. Y aquí se encontraba una de las claves del asunto: el servicio militar obligatorio parecía la contrapartida necesaria al visto bueno de la Corte para este proyecto, obra de la facción zamacolista.
Las explicaciones que se han dado posteriormente comenzaron a fraguarse durante los mismos alborotos y, sobre todo, durante las semanas posteriores a éstos. Según una hipótesis que se difundió en aquel momento, los acontecimientos fueron resultado del manejo de una facción descontenta con la política de la Corona. En esta línea, décadas después, el Príncipe de la Paz encuadraría lo ocurrido en Vizcaya dentro del conjunto de ataques patrocinados por sus enemigos para apartarle de la Corte. La anulación del proyecto de la ciudad portuaria de Abando, protegido por él, habría sido el objetivo indirecto de aquel alboroto, que sus adversarios manejaron con el pretexto del plan de servicio para espolear la ira popular3 .
Historiografías de diverso signo han tendido a subrayar el papel de un sector de la élite en la movilización popular, o a hacer de los alborotos de 1804 un mero epifenómeno de la lucha entre distintos grupos de poder. Durante largo tiempo, aquellos acontecimientos se estudiaron como expresión de la secular rivalidad de Vizcaya con Bilbao, o como resultado del choque de la dinámica centralizadora de los Borbones con los tradicionales privilegios de las provincias vascas. Posteriormente, desde los años 1970, se añadió una explicación desde la historia socioeconómica de corte annaliste, según la cual, en los sucesos de 1804 aflorarían las contradicciones de clase entre campesinos, notables rurales y burguesía emergente de Bilbao. Según esta interpretación, los comerciantes bilbaínos, devenidos propietarios gracias a la inversión de capital mercantil en inmuebles, se aprovecharían de la ira de los campesinos contra los notabilidad rural zamacolista para destruir el proyecto del nuevo puerto, que amenazaba con reducir el alquiler de los pisos que desde hacía poco poseían en Bilbao4 . En este sentido, el aparente móvil de la revuelta, “la disconformidad manifestada por los grupos populares con el Plan de Servicios (…) no era más que una pantalla que ocultaba las diferencias (…) en el seno de la élite dominante (burguesía comercial bilbaína, por una parte, y ciertos propietarios vinculados a las ideas reformistas de la Ilustración, por la otra)”5 . Los hechos se reducen, pues, a apéndice de un enfrentamiento en el seno de la élite.
En las siguientes páginas pretendemos ofrecer, integrando las perspectivas hasta aquí reseñadas, una lectura renovada del alboroto de 1804. Insertamos los hechos en un triple contexto interrelacionado: la crisis de la Monarquía, el ciclo revolucionario francés y, por último, la competencia imperial entre Francia e Inglaterra. Con algunas fuentes inéditas, sugerimos la imposibilidad de reducir la explicación a un único parámetro interpretativo. Para ello, establecemos distintos puntos de observación (los notables de Vizcaya, la Corte, las clases populares) que nos permitan tratar los elementos que figuran en el título (crisis, facciones, revuelta). En coherencia con el monográfico en el que se inserta este artículo, la cuestión abordada no se entiende sino como parte de una crisis de mayor escala en la Monarquía.
1. EL EFECTO DEL CICLO REVOLUCIONARIO FRANCÉS.
La reconsideración del objeto requiere situarlo en una más amplia escala causal. En concreto, ha de enmarcarse en el conjunto de transformaciones que, desde la guerra de los Siete Años (1758-1763), provocó la competencia entre Francia, Gran Bretaña y la Monarquía Hispánica. Esta confrontación imperial requirió, en cada una de estas entidades políticas, una serie de reformas institucionales tendentes a diseñar un aparato de gobierno más eficiente. Estos cambios provocaron, a su vez, importantes resistencias del orden corporativo, que en algunas ocasiones se manifestaron violentamente. El ciclo revolucionario francés puede ser comprendido en esta causalidad que, en el caso hispánico, ha sido aplicada fundamentalmente a las periferias ultramarinas, aunque puede también suministrar algunas claves interpretativas para el ámbito peninsular6 .
El encuentro del País Vasco con la Revolución francesa fue un acelerador de tensiones sociales. Las desastrosas campañas de 1794 y 1795, que supusieron primero la ocupación de Guipúzcoa por las tropas republicanas y, después, efímeramente, la de Vizcaya y parte de Álava, ocasionaron profundas fracturas en el seno de las provincias vascas7 . En el caso guipuzcoano, fue de entidad la fricción entre aquellos que permanecieron en el país ocupado, considerados traidores por la entrega de la provincia a los revolucionarios, y aquellos que emigraron para unirse a la resistencia organizada por la Corona y la Diputación8 . En Vizcaya, la división se reprodujo especialmente en Bilbao, donde el grupo dominante se fracturó por la misma razón, dando lugar a un conflicto interno que se alargaría durante los siguientes años9 .
Se produjo una cierta alteración de las jerarquías establecidas. La dominación de las élites sobre sus comunidades se vio debilitada en los últimos años de la centuria. Durante la guerra contra la Convención, vieron su autoridad cuestionada por protestas populares dirigidas a evitar la formación de compañías para luchar contra los republicanos franceses en Guipúzcoa, medida considerada por los vizcaínos contraria al Fuero al comportar servicio fuera de sus fronteras10. Por otra parte, la gestión de la defensa del país ante los revolucionarios franceses provocó el desprestigio de parte del grupo dominante ante la Corona. En el curso de los siguientes años esas élites procuraron sacudirse la desconfianza de ciertos sectores de la Corte, de la que en buena medida dependía su hegemonía provincial11.
En este contexto, en el entorno de Manuel Godoy se comenzaba a plantear, desde la firma de la paz de Basilea (1795), la conveniencia de “la unión de las Provincias y el resto de la Navarra sin las trabas forales que las separan y hacen casi un miembro muerto del Reino”. Una mayor decisión reformista, que aprovechara la debilidad de las élites vascas en aquella hora, aumentaría “los fondos y la fuerza de la Monarquía” con grandes sumas recaudadas en las aduanas de Bilbao, San Sebastián y la frontera de Navarra, así como con la recluta de miles de hombres para servir en los reales ejércitos12.
El deterioro de la situación material de las clases populares no fue determinante en el desencadenamiento de la revuelta de 1804. Durante los alborotos, brillan por su ausencia las menciones explícitas en ese sentido. De hecho, con los escasos datos disponibles, se ha sostenido que la crisis de 1803-1804, dentro de su gravedad, tuvo en Vizcaya y Guipúzcoa una menor incidencia que en otras zonas – gracias, en parte a la diligencia de las autoridades provinciales en el abastecimiento de granos13.
No obstante, cierto deterioro material se venía produciendo desde la década de 1790. Los conflictos derivados de la competencia entre la Monarquía Hispánica, Francia y Gran Bretaña a finales de siglo tuvieron su influencia en ello. En cuanto a la producción agrícola, endémicamente deficitaria en la región, se observa un estancamiento a finales del XVIII tras una fase expansiva durante la centuria. El ciclo bélico que comenzó en 1793 tendría un negativo efecto en el desenvolvimiento de la economía, en general, y de la producción agrícola, en particular, como resultado de los embargos, las requisas, los saqueos o la movilización forzada que restaba brazos al agro14.
La actividad comercial vivió una esplendorosa época hasta el final de la guerra de los Siete Años. Las dificultades posteriores vinieron tanto de la política reformista de la Corona como de los vaivenes internacionales. En 1763 se privilegió al puerto de Santander para el tráfico de lanas, y en 1765 se excluyó a Bilbao del libre comercio con América, lo que se tradujo en una contracción del comercio. La segunda liberalización del comercio (1776), que tampoco comprendió a ningún puerto vasco; la guerra contra Inglaterra (1779-1783), la reforma arancelaria de 1783, la guerra contra la Convención y, finalmente, el bloqueo inglés de finales de siglo provocaron una crisis del sector mercantil que se hizo evidente en el gozne secular15.
La siderurgia, sector dinamizador de la estructura económica del país por su conexión con el resto de actividades, era clave en el equilibrio de la balanza comercial en un territorio deficitario en lo agrícola. Daba ocupación complementaria a amplios grupos dedicados, principalmente, a la agricultura. Sin embargo, entró en una difícil situación estructural por el estancamiento tecnológico, la política arancelaria de la Corona con respecto a los productos vascos desde 1783 y la pérdida de los mercados internacionales ante la competencia del hierro sueco, el crecimiento de la producción siderúrgica rusa y los comienzos de la revolución industrial inglesa. La guerra contra la Convención tuvo, también aquí, un efecto coyuntural, pero desastroso16.
Estas crisis, claramente agravadas por la dinámica bélica de finales de siglo, provocaron el empobrecimiento de ciertos estratos sociales. En la posguerra, los grupos dominantes comenzaron a inquietarse por el incremento de la población marginal y por el aumento del bandidaje. La petición de recursos, por la Corona, para la guerra contra Inglaterra a finales de siglo aumentó la presión fiscal sobre unos sectores ya depauperados17. Por consiguiente, aunque la situación económica no explica la revuelta popular, es innegable que influyó en la formación de un trasfondo conflictual.
2. LA GUERRA, LA FISCALIDAD, LAS FACCIONES.
En cambio, la cuestión fiscal contribuyó decisivamente a acentuar las contradicciones internas. La guerra produjo enormes desembolsos. Se ha calculado que los distintos cuerpos que constituían Vizcaya (villas, anteiglesias, gobierno del Señorío, etc.) se endeudaron en 18 millones de reales para sufragar la defensa del país. Para hacer frente a esa deuda, era necesario replantear el sistema impositivo, basado hasta entonces en el reparto vecinal y algunos arbitrios sobre el consumo. Los intentos dirigidos, ya durante la guerra, a gravar la riqueza, limitando la subida de impuestos sobre el consumo, encontraron la oposición de los grandes propietarios y, sobre todo, de los comerciantes de Bilbao. No obstante, en agosto de 1794, las Juntas Generales aprobaron un impuesto del $6 \%$ sobre las rentas de los pueblos, las procedentes de bienes inmuebles y las ganancias del comercio, la industria, las artes liberales o cualquier otro oficio.
Como era de esperar, este impuesto suscitó una viva oposición patricia. De hecho, el gobierno de Vizcaya electo para el bienio 1794- 1796, liderado por dos representantes de familias potentadas de Bilbao, desobedeció la decisión de la Junta General. Es más: en 1796, los intereses de los mayorazgos y del gran comercio se impusieron con la aprobación de un plan de arbitrios sobre el consumo que perjudicaba, evidentemente, a la mayoría de la población. Desde este momento se hizo patente la importancia de una facción de notables, dirigida por Simón Bernardo de Zamácola, opuesta al sector dominante de la élite instalado en Bilbao18.
Recurriendo a la Corona para conseguir su protección, los pueblos dominados por esta facción blandían el interés de los más humildes contra aquellos comerciantes y mayorazgos, “grandes propietarios (…) que viven con opulencia en la Corte, y otros Pueblos fuera de Vizcaya que por cálculo prudente absorben los dos tercios” de la propiedad, casi libres de impuestos, mientras los “Colonos infelices (…), los Pobres Jornaleros y algunos pequeños hacendados” se verían obligados a cargar con el peso financiero de una guerra en la que, además, se habían batido con las armas en la mano19. La impugnación de la hegemonía de la élite, debilitada tras la guerra, es más que evidente en este discurso.
Estaban emergiendo una serie de tramas familiares de notables, de sólidas bases de poder local, que desde finales de los años 1780 se habían ido oponiendo al dominio de las parentelas que tradicionalmente habían gobernado el espacio provincial. Según sus contrarios, esta facción emergente promovía “la desunión y la discordia para mejorar de suerte”, arrastrando a los “sencillos e ingenuos infanzones” de Vizcaya, a los que tenían ganados con “persuasiones, con el influjo, con el poderío, y no pocas veces con una especie de despotismo”20.
En efecto, los desequilibrios causados por la guerra abonaron el terreno para que estos grupos de notables propusieran un proyecto de adaptación de las instituciones tradicionales a los nuevos tiempos. El fracaso ante las tropas republicanas había mostrado la insuficiencia del sistema de defensa foral. Y los mecanismos fiscales habían quedado obsoletos a todas luces. En los años finales del siglo, el progresivo control de esta nueva facción sobre las Juntas Generales le permitiría emprender un proceso de reestructuración política, económica y fiscal de Vizcaya, cuyo punto álgido sería el mencionado proyecto de nueva ciudad portuaria en la anteiglesia de Abando. Este proyecto no era, sin embargo, sino una pequeña parte de un plan más vasto, por el cual el poder ejecutivo de la Diputación se situaría por encima de todos los demás cuerpos provinciales (villas, anteiglesias, consulado de comercio de Bilbao, jurisdicciones comarcales, corregidor, etc.), que plantearían en ocasiones una feroz resistencia21.
En la última década del siglo XVIII, las Juntas Generales de Vizcaya dejaron de ser un foro en el que se representaban los intereses de cada entidad municipal, para convertirse en un espacio en el que se confrontaban los de “una compleja red social formada por grupos de propietarios”22. En puridad, a cada núcleo municipal correspondía un representante en Juntas, pero como ciertos notables influyentes concentraban la representación de varios, contaban con mayor cantidad de votos en la asamblea23. Este método, junto con la presencia continuada en las comisiones que las Juntas nombraban para solucionar asuntos concretos, permitieron a la facción zamacolista hacerse con un poder que, a la altura de 1804, una parte del país miraba con recelo, como puede observarse en este burlesco credo preparado por sus enemigos:
Explicación de la Doctrina Cristiana de un Dios tan verdadero que es Zamácola.
P- Decidme sois Vizcainos / R- Sí por la gracia de Zamacola / P- En qué consiste el ser Vizcaino / R- En ser partidario de Zamácola /
P- Cuántos Dioses hay en Vizcaya / R- Uno /
P- Cómo llamáis a ese Dios / R- Zamacola /
P- Cuántos Apóstoles / R- Muchos /
P- Cuáles son / R- Benito Batis, Quintana, Arcaute, Renteria y otros muchos24 / (…) / Creo en Dios nuestro señor que es Zamacola defensor de los Vizcaínos: creo en su único hijo el Manchuelo25, y en los Santos apóstoles Arcaute y Renteria con el.
Espíritu Santo el señor consultor26 (…) Creo en el Puerto de la Paz y en su Virrey Zamacola. Creo en todo lo que cree la Santa Iglesia Zamacolana27.
La concentración del poder a la que se hace referencia en el texto se venía gestando desde hacía años. La facción que acabó liderando Simón Bernardo de Zamácola consiguió un peso cada vez mayor gracias a la hegemonía de sus miembros sobre algunas comarcas. En las merindades de Arratia y Durango la facción tenía una fuerte influencia. Incorporó también a notables de otras zonas, como José María de Orbe y Elio, marqués de Valdespina, que sería uno de sus hombres clave; José Nicolás Bátiz; el poderoso consultor del Señorío de Vizcaya, Francisco de Aranguren y Sobrado; Nicolás Ventura de Eguía, de una de las principales familias mayorazgas de las merindades de Zornoza y Durango; José Joaquín Loizaga, o el insigne autor ilustrado José Agustín Ibáñez de la Rentería28. El grupo consiguió controlar las instituciones provinciales para plantear, desde dentro, una transformación por la que serían capaces de afrontar los nuevos tiempos que el choque con la Revolución y las exigencias de la Corona para financiar su pugna imperial habían abierto.
Hacia finales de siglo, la facción había conseguido notables avances en su proyecto para Vizcaya. Bajo su influencia, las Juntas Generales de 1798 abolieron los arbitrios sobre el consumo de 1796, imponiendo de nuevo el $6 \%$ sobre las propiedades y el producto del comercio. La élite bilbaína se avino a un acuerdo de nuevos arbitrios que le perjudicaban, sí, pero no tanto como el $6 \%$ . Este frágil consenso se rompió en 1800 tras la petición, por parte de la Corona, de un donativo de más de 3 millones de reales en el contexto de la guerra contra Inglaterra, que requería de la obtención de nuevos recursos. Una comisión especial de las Juntas Generales de 1801, formada por el núcleo duro de la facción zamacolista (José Joaquín de Loizaga, Nicolás Ventura de Eguia, el consultor Francisco Antonio de Aranguren y Sobrado y José Agustín de Ibáñez de la Rentería) se encargó de aprobar una serie de arbitrios que dañaban claramente al comercio.
La continua resistencia de Bilbao y su Consulado a contribuir a los gastos del país había motivado el proyecto, aprobado por las Juntas de 1801, para la construcción de una nueva ciudad portuaria en la anteiglesia de.
Abando. Este nuevo puerto estaría bajo control de las instituciones provinciales. De él podrían beneficiarse las finanzas de Vizcaya, pues podrían imponerse sustanciosos gravámenes sobre las destacables ganancias del comercio, que hasta entonces habían quedado en pocas manos. Por otra parte, todos los vizcaínos tendrían acceso a la actividad comercial, dejando fuera de juego la exclusividad de Bilbao y de su Consulado. El 31 de diciembre de 1801, una real orden aprobaba el proyecto29.
3. EL FAVOR DE LA CORTE. LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA CLIENTELA EN LAS PROVINCIAS.
Las desavenencias en el seno de los grupos dominantes encontraban su origen, al menos parcialmente, en las exigencias financieras y reformistas de la Corona. Contrariamente a lo que se haya podido afirmar en ocasiones, la política monárquica con respecto a las provincias vascongadas no fue en esta época específicamente antivasca. Los intentos de reformar la Monarquía produjeron desequilibrios en diversas latitudes. En la segunda mitad del siglo XVIII, el pacto de la Corona con las élites de algunas de sus posesiones americanas fue sometido a una profunda redefinición. La reforma de estos espacios se centró en dos áreas principales que, de alguna manera, se ensayarían también en la Vizcaya de comienzos del XIX: la reorganización completa del sistema defensivo y la reactivación de las economías locales, de manera que generaran recursos, aliviando en lo posible a la Real Hacienda30.
No deja de ser llamativo que, también al otro lado del Atlántico, los territorios marcados por una fuerte identidad territorial, celosos de sus usos, costumbres y privilegios, que habían resistido con cierto éxito a los intentos reformistas de la Monarquía, presentaran ciertas características comunes con la situación de las provincias vascas a finales del siglo XVIII. Como ha podido comprobar José María Portillo, en la provincia india de Tlaxcala la presión reformista de la Corona provocó la crítica a los grupos dominantes por otros apartados del poder, la división de la provincia en facciones que buscaban el apoyo de instancias superiores de gobierno y el cuestionamiento de la eficacia del tradicional entramado institucional31. En Vizcaya, como veremos, para sortear la fuerte oposición que iba a encontrar su intervención, la Corona promovería especialmente a una de las facciones en liza, de manera que un nuevo grupo de intermediarios le sirviera para desplegar su política.
En situaciones de inestabilidad esto podía entrañar peligros. En el Antiguo Régimen, las relaciones jerárquicas que unían a la Corte con el espacio local hacían que una alteración en la primera se reprodujera, también, en el segundo. Como ha señalado José María Imízcoz, en “una estructura piramidal, de redes verticales (…) el pacto en la cúspide asegura la paz en la base”, pero “el enfrentamiento en la cabeza desgarra desde arriba hasta abajo todo el tejido social32.
Sin llegar a producirse un conflicto dinástico, comenzaba a configurarse en la Corte un partido de oposición a la concentración de poder en manos de Godoy. Y lo que ocurría en la Corte tenía efectos en la articulación de las relaciones de poder locales. Durante la investigación de los alborotos de 1804 se descubrió que uno de los muchos implicados en las conmociones, sacerdote, se había dedicado a difundir que el Príncipe de la Paz pretendía la regencia del reino. Decía, además, que se hacía “poco aprecio (…) de sus Altezas los Señores Príncipe, y Princesa de Asturias”33. Es decir, se iban difundiendo algunas posiciones del partido llamado napolitano o inglés, después fernandino, que en aquel momento buscaba, a través de la esposa del Príncipe de Asturias, y contra Godoy, frenar el avance napoleónico en Italia, promoviendo la alianza con Inglaterra34.
En los primeros años del siglo XIX apareció un elemento relativamente novedoso: el desbordamiento del enfrentamiento cortesano a una naciente opinión pública que impregnaba a todos los estratos sociales, clases plebeyas incluidas35. En el caso que nos ocupa, los zamacolistas hicieron circular versos en los que se hacía referencia a la igualdad jurídica de los vizcaínos, violentada por las potentadas élites de Bilbao, en claro intento de capitalizar las aspiraciones populares. Sus oponentes hacían otro tanto, utilizando los mismos medios36.
Desde que en 1801 se aprobara el plan para un nuevo puerto en la anteiglesia de Abando, se desató una enconada lucha por la obtención del favor cortesano. En particular, por captar el de Godoy. El propio Simón Bernardo de Zamácola había sido nombrado diputado en Corte para defender el proyecto, consiguiendo su aprobación gracias al favorito. Por su parte, el ayuntamiento, el Consulado, el cabildo eclesiástico y los propietarios de casas de Bilbao movilizaron, también, sus contactos en la Corte para conseguir la anulación del proyecto. Entre los favorecedores de los bilbaínos se encontraban destacados integrantes de la élite vasca en la Monarquía, como Lope de Mazarredo, sobrino del teniente general José de Mazarredo – quien, sin embargo de su gloria pasada, engrosaba ahora las filas de los enemigos batidos por Godoy. Las familias que habían gozado del acceso a la Corte en el siglo XVIII, conectadas al comercio atlántico, a la administración del Estado y al ejército, se encontraron de pronto privadas de favor monárquico, cuando algunos años antes habían contado con ministros de la influencia de Diego de Gardoqui o el ahora desgraciado Mariano Luis de Urquijo. Incluso el corregidor de Vizcaya se posicionaba abiertamente, en contra de los anteriores, con el partido zamacolista, mediando con la Corte a favor de sus intereses37.
Los dos bandos enfrentados comenzaron una carrera por la protección del Príncipe de la Paz. En 1803, el ayuntamiento de Bilbao le nombró alcalde honorario, obsequiándole con un retrato suyo realizado por Francisco de Goya. El nombramiento fue celebrado con salvas de artillería, música, inscripciones loando a los reyes, banderas, iluminación especial por las calles, corridas de novillos, bailes públicos, bailes de gala y fuegos artificiales38. Por su parte, los zamacolistas mandaron colocar un busto de Godoy en un lugar destacado de la futura ciudad portuaria, denominada en adelante Puerto de la Paz en honor al favorito. Igualmente, ofrecieron un nuevo donativo de un millón de reales para sufragar los gastos de la boda del príncipe de Asturias. Por último, Simón Bernardo de Zamácola propuso que las Juntas Generales concedieran el patronato de la iglesia de Lemona a la esposa del Príncipe de la Paz.
El 17 de noviembre de 1803, se ratificaba la real orden para la definitiva habilitación del Puerto de la Paz. Los agentes de la facción zamacolista en la Corte celebraron su triunfo, tras la movilización de sus relaciones, sobre “todo el Poder Bilbaíno”. Las muestras de satisfacción se conjugaban con noticias sobre nuevos nombramientos en puestos de alta influencia que, en el futuro, podrían ser de utilidad, como el del conde de Montarco para gobernador del Consejo de Castilla o el del mariscal de campo José de Urbina para intendente de Madrid. “En fin cayeron y vamos adelante”, aseguraba un contacto de los zamacolistas en la Corte, confiado en la seguridad que daba el apoyo de la Corona para apuntalar la hegemonía provincial39. El proyecto del Puerto de la Paz era señal de la protección del rey – y, por lo mismo, de desgracia de la facción enemiga.
En las Juntas Generales de julio de 1804 abundaron los vivas al rey, al Príncipe de la Paz (“ilustre bienhechor” del país) y las muestras de agradecimiento a otras personalidades de la Corte. El día 25, un triunfante Simón Bernardo de Zamácola ofreció un extenso discurso, primero en castellano y después en vascuence, sobre todas las gestiones realizadas al efecto. Resumía, asimismo, los ataques lanzados desde Bilbao contra el conjunto del Señorío de Vizcaya, recriminando especialmente su negativa a consensuar el repartimiento de los arbitrios para el pago de los 3.481.260 reales del donativo exigido por el monarca en 1800.
El discurso finalizaba informando sobre la necesidad de aprobar un plan militar. Puede que la Corona lo exigiera como requisito para dar el visto bueno a la creación del Puerto de la $\mathrm { P a z } ^ { 4 0 }$ . Pese a lo polémico del plan, no hubo problema alguno para que los representantes en las Juntas Generales lo aprobaran. La posición de los zamacolistas era aparentemente segura. En diez años, habían conseguido ser la referencia del partido dominante de la Corte en la provincia, desbancando a los sectores de la élite que lo habían sido anteriormente. Sin embargo, su posición se sostenía sobre una base relativamente endeble como era una monarquía cada vez más inestable. Solamente la protección cortesana permitía que no emergiera, como lo haría en breve, “el disgusto general del País contra los que llaman del Partido Zamacolista a causa de que en todas las anteriores Juntas, estos han dispuesto (…) las autoridades y Empleos del Señorío, todos de su partido y devoción; y (…) han manejado el gobierno, caudales y Empleos a su arbitrio”41.
4. DESDE EL CENTRO DEL IMPERIO. LA LECTURA DE LOS DESÓRDENES DE VIZCAYA EN EL PALACIO REAL.
La correspondencia de los monarcas con el Príncipe de la Paz muestra que, a diferencia de lo que la historiografía vasca ha podido defender, los desórdenes de Vizcaya no eran sino una manifestación más de una crisis general del sistema. Los reyes estuvieron bien informados de lo ocurrido, desde el comienzo. Encargaron a Godoy que neutralizara a los que consideraba principales cabecillas de la revuelta, que según se decía no eran otros que sus enemigos, Mariano Luis de Urquijo y José de Mazarredo. La reina María Luisa apuntaba especialmente al primero de ellos, cuya huida hacia Inglaterra o Estados Unidos, “en donde nos haría más mal aún que aquí”, afirmaba, había que evitar42.
Cuando se conocieron los hechos de Vizcaya, resonaron en la mente de los reyes otros surgidos como consecuencia de su política en los últimos años. Por ejemplo, los que se produjeron en el reino de Valencia en 1801, que compartían con los alborotos de Vizcaya varias características: la exigencia militar a la población como desencadenante, atentados populares contra una parte de las élites del país y rápida extensión del conflicto de la ciudad hacia el campo43. En base a esta amarga experiencia, había que actuar con dureza:
siempre es preciso castigarlos a estos principales pues de no hacerlo serán malas las resultas, p[ara] lo demás del Reino, particularmente Valencianos y Catalanes, y esa blandura que se usó con los primeros (…), da más osadía a todos los malvados y publicar somos débiles; (…) se tranquilicen los vizcaínos, y todo se componga, no se debe dejar de castigar (y no con blandura) a esos cabezas revolucionarios44.
La reina María Luisa insistía en que la opinión pública no asimilara la idea de que la Corona estaba en posición de debilidad:
Amigo Manuel, no pretendo que no se tenga prudencia, p[ues] conozco es muy precisa, así como creo lo es paguen esos pícaros bilbaínos motores de todos estos ruidos, es cierto que son unos miserables en concepto y en todo, pues por hacer más, hasta los mosquitos lo hacen, no tengo inquietud ni les doy tanto valor a esos bichos rampantes p[ero] sé son despreciables, pues por que el público vea no es este Gobierno débil, se hace preciso que en sabiendo todo lo que ha ocurrido, paguen ellos esas osadías o bajezas pues son traidores, como muchos de los que nos rodean45.
Los reyes no escaseaban en argumentos para justificar la mayor severidad. Igual que aludían a los desórdenes ocurridos tres años antes en Valencia, recordaban también los terroríficos episodios de la Revolución francesa. Según su lectura, por pura inacción, el primo de Carlos IV dejó que la monarquía francesa derivara hacia una espiral de violencia. No podía repetirse tal situación, por lo que apremiaban a Godoy a presionar a su amigo, José de Marquina, consejero del Consejo de Castilla, para que no se mostrase indulgente con los vizcaínos:
Cuánto gusto nos das al Rey y a mí con el vigor que quieres se castiguen a esos protervos, como nos dices, y que a esos Ladrones sea echa rápidamente la ejecución, no dejes de la mano a Marquina no afloje; y es una verdad la que dices de si Luis XVI hubiese tenido fortaleza no hubiese costado unas cuantas cabezas, la suya no hubiera llevado igual suerte ni millares de gente como fueron víctimas de la debilidad46.
La reina se mostraba temerosa del alcance del alboroto. Lo ocurrido en las inmediaciones de Bilbao podía tener sus consecuencias en la Corte. Según afirmaba, la intervención militar que se había decidido para reprimir la revuelta podía inclinar a una parte de los vizcaínos hacia el partido napolitano:
pues ellos maquinarán [los bilbaínos] con más tino y reserva que ahora, pues ellos se han de vengar (…), pues no dudes que los Vizcaínos e Italianos se unen para hacernos daño, el tiempo lo dirá, esa Reina de Nápoles [María Carolina de Habsburgo] quiere mandar todos los Reinos (menos el suyo) con su hijita [María Antonia de Borbón Habsburgo, esposa del príncipe Fernando] aquí nos han de dar sin merecer. Ni el Rey ni tú me queréis creer, y lo siento47
5. LA DINÁMICA POPULAR.
La reducción de la revuelta a epifenómeno de las luchas faccionales del grupo dominante fue, como hemos indicado, una de las principales hipótesis explicativas desde el momento mismo de los acontecimientos. Posteriormente, los estudiosos que se han ocupado del tema la han reproducido con insistencia. Es indudable que hubo movilización de los sectores populares por parte de los notables. De hecho, significativamente, el conjunto de las capas plebeyas vizcaínas no se movilizó en un mismo sentido. La merindad de Arratia, dominada por la facción zamacolista, se alzó en armas en apoyo de su carismático líder. No en vano, en aquellas fechas, la correspondencia privada de algunos particulares hablaba de “tiempo de guerras civiles”48.
La documentación generada durante la investigación insiste en los manejos de los notables como explicación de la movilización popular. Francisco de Aranguren y Sobrado, uno de los zamacolistas apresados por los amotinados, aseguraba que uno de los notables que lideraron la revuelta en la sombra, Juan Antonio Ventades, ambicionaba, en realidad, la consultoría del Señorío de Vizcaya que él tenía a perpetuidad. El enfrentamiento personal por el poder estaría en el origen de su promoción del alboroto. Valiéndose del poder e influencia que le procuraban sus propiedades (y las de los condes de Cancelada que administraba en la merindad de Uribe) sobre sus inquilinos “y otros que dependen de él con motivo de los diezmos y presentaciones de beneficios, que les corresponde en varios pueblos de Vizcaya”, fomentó el levantamiento. Y “tiró a conmover los ánimos de los labradores” asegurando “que se habían cometido muchos contrafuero s”49. Según otros testigos, los amotinados afirmaban públicamente tener protectores de altura, enemigos personales de Manuel Godoy, como Mariano Luis de Urquijo o José de Mazarredo. Estos “buenos padrinos (…) les protegían en todo”50. Si el populacho revuelto andaba “de aquella manera, era porque se lo aconsejaban grandes y buenas cabezas”51.
Desde fechas tempranas, hubo quien cuestionó la participación de aquellos “Magnates de Carácter (…) en la tramoya”. Ni “Mazarredo, ni Urquijo, ni ninguno de los más fuertes personajes del Pueblo” habían estado, se decía en correspondencia privada, en el origen del tumulto52. En las cartas que una amiga envió al secretario de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, informando de los hechos desde Bilbao, se refería que “están muy enardecidos todos estos (…) a quienes les ha llegado al alma eso de sacar de aquí tropa. Piden que quieren sus fueros como han sido hasta aquí. Y que primero morirán que ir soldados”53. No había alusiones a la instrumentalización por parte de las élites.
Puede ser que fuera al revés: esto es, que los revoltosos tomaran por sus cabezas, pese a ellos, a patricios como Mazarredo o Urquijo, considerados enemigos de Godoy, frente a la facción zamacolista. En cualquier caso, las mismas fuentes que apuntaban a una agencia patricia en la movilización plebeya revelaban la existencia de una dinámica propiamente popular. Si algunos notables consiguieron activar los resortes de la protesta, fue porque arbolaban las aspiraciones populares. En efecto, les aseguraban que en adelante “serían todos iguales”, que si no se “arrimasen a su partido quedarían por pecheros”54; que “era el tiempo en que debían salir de la tiranía y opresión de los que gobernaban el Señorío: que era una maldad lo que hacían unos pocos” o que, de no levantarse, “irían soldados”55.
La participación de notables o de líderes faccionales en la movilización no resta su importancia a las reivindicaciones populares. Es más, como muestran algunos de los estudios más atinados sobre la protesta plebeya, el apoyo a una facción es uno de los medios utilizados para hacer valer tales reivindicaciones56. Ya el 12 de agosto, fecha de la toma de posesión de la Diputación General nombrada por las Juntas Generales que aprobaron el servicio militar, las autoridades fueron recibidas en Abando con silbidos, cencerradas e insultos que expresaban el descontento popular57.
En la memoria confidencial que José María Murga escribió sobre los acontecimientos, queda patente la incomprensión patricia ante el desarrollo de la conmoción. Según se iba organizando la revuelta, el autor no parecía darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, como si los códigos populares le fueran desconocidos. Pudo observar que la toma de armas por los aldeanos de Begoña en el depósito del Señorío de Vizcaya, “parecía digno de grandes aplausos a las mujeres de la hez del pueblo”58. Los patricios vizcaínos, “sin experiencia de conmociones populares, sobrecogidos de ver aquella con nuevas fuerzas cuando la creíamos sofocada”, tenían dificultades para mediar ante “gentes (…) que estaban acostumbradas a mirarnos como sus enemigos naturales”. Suspendido por la acción popular el plan de servicio militar, “no se sabía en qué consistían [las] nuevas pretensiones” del populacho revuelto, que puso “sus antojos en estilo de decretos”, solicitando nueva celebración de Junta General a través de sus cabecillas, entre los que se encontraban un abogado o los curas de Abando .Cabecillas o líderes que, en realidad, eran mediadores de la multitud, que imponía sus condiciones, abominando colectivamente “de cuantos beneficios hubiesen recibido de Zamácola si habían de venir a parar, como ellos lo entendían, en arrancarlos de sus chozas y ser pródigo de su sangre”59.
Las iras populares se descargaron, en varios pueblos de Vizcaya, sobre los apoderados que habían enviado a las Juntas Generales que aprobaron el servicio militar. Se afirmaba, en Bilbao, que “por odio al plan, todos los pueblos perseguían a los que habían sido sus apoderados en sus últimas Juntas” 60. En realidad, estos ataques se dieron en algunos pueblos, no en la generalidad del territorio. No obstante, todos los pueblos eligieron con rapidez a sus nuevos apoderados para las Juntas convocadas como resultado de la violencia popular61. En el ataque a los primeros apoderados, o en el rápido nombramiento de otros para la Junta rebelde, puede entreverse una de las claves de la cuestión: los representantes dependían estrechamente de la comunidad local, a la que continuamente debían rendir cuentas62. De lo contrario, se legitimaba la violencia verbal o física, como la que se desató contra José de Gorrita en Valmaseda, cuando un tal José de la Arena se acercó a su casa, “y dando espantosas voces dijo que yo era un mal hombre, ladrón del Señorío, traidor a la Patria”, mientras atacaba su casa a pedradas, y le amenazaba de muerte63.
La exigencia de respeto al mandato comunitario continuó después de electa la Diputación General durante la revuelta. En un pasquín aparecido en Bilbao en septiembre de 1804, cuando se tenía noticia del acercamiento de las tropas para reprimir el alboroto, se advertía a la Diputación que acababa de ser aclamada por el país en rebelión, de que “si no hace armar a todos los pueblos del Señorío al instante a fin de que ninguno de los modos entre la tropa, se va a incendiar todas las propiedades dando principio en Bilbao que arderá en vivas llamas”. Era tiempo, consideraban los autores, de que “no nos engañen más” 64. Los gobernantes del país elegidos por la Vizcaya amotinada quedaban responsables de la violencia que se pudiera desatar.
CONCLUSIONES.
Como se ha podido comprobar de la exposición, una lectura atenta de los acontecimientos matiza la tesis de que la revuelta de 1804 en Vizcaya fue la simple consecuencia de un enfrentamiento en el seno del grupo dominante. Puede cuestionarse, también, que fuera fruto de los ataques de una monarquía en fase de centralización a unas provincias que guardaban celosamente sus privilegios corporativos. Redimensionar el contexto en el que se produjeron los hechos ha permitido establecer una causalidad más compleja. En efecto, las repercusiones que sobre la Monarquía tuvo la competencia entre Francia e Inglaterra, así como el ciclo revolucionario, francés conducen en una cadena causal poco explorada a importantes alteraciones en el espacio local.
Podemos destacar algunos elementos a modo de recapitulación:
a) Hemos partido de la síntesis de dos perspectivas historiográficas principales en el estudio del tema. De lo expuesto se concluye que, si bien hubo un deterioro de las condiciones materiales de los estratos sociales más desfavorecidos, esto no explica el desencadenamiento de la revuelta.
b) Tras la guerra contra la Convención, la debilidad de la élite que gracias a su estrecha vinculación con la monarquía había dominado el territorio durante el siglo XVIII, facilitó la consolidación de nuevos grupos que le disputaron la hegemonía. La lucha entre estas facciones del grupo dominante se canalizó por medio de la cuestión fiscal y la necesidad de reformar las instituciones forales.
c) La aparición de esta oposición convergió con el proyecto de imperialización de la Monarquía, que necesitada de apoyos para implantar las reformas que le permitieran obtener recursos, estaba obligada a reformular el pacto con las élites de distintos territorios.
d) Como muestra la correspondencia cortesana, los sucesos de agosto de 1804 en Vizcaya no son sino una expresión más de una crisis del sistema, y no cabe reducirlos al antagonismo de los privilegios vizcaínos contra la dinámica centralizadora de la Monarquía.
a) La obtención del favor cortesano fue un elemento imprescindible para los grupos que se disputaron el poder provincial. En una tesitura de inestabilidad estructural, las alteraciones en la cúspide del sistema provocaban la de todo el entramado comunitario, hasta su misma base. En efecto, junto con la lucha de las facciones del grupo dominante, se observa claramente en la documentación una dinámica reivindicativa propiamente popular, cuya importancia no cabe minusvalorar.
BIBLIOGRAFÍA.
ADELMAN, Jeremy, “An Age of Imperial Revolutions”, American Historical Review, 113/2 (2008), pp. 319-340.
ANGULO MORALES, Alberto, “Hacienda y comercio en las provincias exentas. Las asonadas durante el gobierno del Príncipe de la Paz (1795- 1805)”, en Melón, Miguel Ángel; La Parra, Emilio y Pérez, Fernando (eds.), Manuel Godoy y su tiempo, I, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2003, pp. 543-584.
ARAGÓN RUANO, Álvaro, “Motivaciones políticas, comerciales, familiares y personales en torno a la separación de Guipúzcoa durante la guerra de la Convención”, Iura Vasconiae, 14 (2017), pp. 141-170.
ARDIT, Manuel, Revolución liberal y revuelta campesina: un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793- 1840), Barcelona, Ariel, 1977
-----“Los alborotos de 1801 en el reino de Valencia”, Hispania: Revista española de historia, 113 (1969), pp. 526-542.
ARMITAGE, David y SUBRAHMANYAM, Sanjay, “Introduction: The Age of Revolutions, c. 1760-1840. Global causation, Connection and Comparison”, en Armitage, David y Subrahmanyam, Sanjay (eds.), The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840, Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan, 2010, pp. xii-xxxiii.
AYMES, Jean-René, La guerra de España contra la revolución francesa (1793-1795), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991.
BALDO LACOMBA, Marc, “Quintos y voluntarios. Los estudiantes de la Universidad de Valencia en la época de Carlos IV”, en Chust, Manuel, (ed.), De la cuestión señorial a la cuestión social. Homenaje al profesor Enric Sebastià, Valencia, Universitat, 2002, pp. 89-112.
BEIK, William, “The Violence of the French Crowd from Charivari to Revolution”, Past & Present, 197 (2007), pp. 75-110.
BILBAO, Luis María y FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano, “La producción agrícola en el País Vasco (1537-1850). Una aproximación”, Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, 2 (1984), pp. 87-196.
-“Auge y crisis de la siderometalurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850)”, en Tedde, Pedro (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. II. Manufacturas, Madrid, Alianza, 1982, p. 133-228.
CATALÁN, Elena, y LANZA, Ramón, “Alimentación, carestías y crisis de mortalidad en la España cantábrica”, Historia Agraria, 67 (2015), pp. 11-42.
EGIBAR, Lartaun, “Notas para el estudio de la Zamacolada: el expediente instructivo sobre alteración de arbitrios aprobados en Junta General (1794-1798)”, en Gracia Cárcamo, Juan Antonio y Mieza, Rafael (coords.), Haciendo Historia: homenaje a María Ángeles Larrea, Bilbao, UPV/EHU, 2000, p. 447-480.
FEIJÓO CABALLERO, Pilar, Bizkaia y Bilbao en tiempos de la Revolución francesa, Bilbao, Diputación Foral, 1991.
------y ORMAECHEA, Ángel María, “Protestas en Vizcaya en tiempo de la Revolución francesa”, Letras de Deusto, 20/46 (1990), pp. 5-32.
FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano, Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco 1100/1850, Madrid, Siglo XXI, 1974.
FRADERA, Josep María, Colonias para después de un imperio, Barcelona, Bellaterra, 2005.
GODOY, Manuel, Memorias, edición de Emilio La Parra y Elisabel Larriba, Alicante, Universidad, 2008.
GONZALEZ PORTILLA, Manuel, “Primera aproximación al estudio de las rentas, ingresos y alquileres en Bilbao en el siglo XVIII”, en Actas de las I Jornadas de Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, Universidad, 1975, pp. 169-181.
GRACIA CÁRCAMO, Juan, Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766- 1833), Bilbao, UPV/EHU, 1993.
GUEZALA, Luis, Bizkaia por sus fueros. La Zamakolada (1804), Bilbao, Diputación Foral, 2003.
GUIARD, Teófilo, Historia de la Noble Villa de Bilbao, IV, Bilbao, Imprenta de José de Astuy, 1912, edición facsimilar de La Gran Enciclopedia Vasca (Bilbao, 1971).
HURTADO CABALLERO, Marisa, Historia de la Noble Villa de Bilbao (1800-2000), Bilbao, Amigos del Libro Vasco, 2000.
IMÍZCOZ, José María, “Las redes de la monarquía. Familia y redes sociales en la construcción de España”, en Chacón, Francisco y Bestard, Joan (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española del final de la Edad Media a nuestros días, Madrid, Cátedra, 2011, pp. 393-444.
-----y BERMEJO MANGAS, Daniel, “La generación perdida. Crisis de la monarquía y desclasamiento social de una clase política, España, 1780- 1840”, en García, Francisco (dir.), Familias, trayectorias, desigualdades. Estudios de Historia social en España y en Europa, ss. XVI-XIX, Madrid, Sílex, 2019 (en prensa).
LA PARRA, Emilio, Fernando VII. Un rey deseado y detestado, Barcelona, Tusquets, 2018.
“De la disputa cortesana a la crisis de la monarquía. Godoyistas y fernandinos en 1806-1807”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VI (2007), pp. 255-267.
------ Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, $1 ^ { \mathsf { a } }$ ed. en colección Fábula, 2005 [2002].
LAFARGA, Adolfo, Aportación a la historia social y política de Vizcaya, siglos XVI-XIX, Bilbao, 1971.
LASALA, Fermín, La separación de Guipúzcoa y la Paz de Basilea, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1895.
LOPEZ ATXURRA, Rafael, La administración fiscal del Señorío de Vizcaya (1630-1804), Bilbao, Diputación Foral, 1999.
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando, Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal, 1700-1853, Bilbao, UPV/EHU, 1994.
MORA, Juan Carlos, y ZAPIRAIN, David, “Guerra y crisis: 1795, Gipuzkoa tras la Paz de Basilea”, Estudios históricos / Museo Tomás Zumalacarregui, IV (1997), pp. 47-96.
MURGA, José María, “Memoria confidencial y justificativa del señor don José María de Murga”, apéndice primero de Villabaso, Camilo, La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada, Bilbao, Delmas, 1887 [1804], pp. 1-75.
NICOLAS, Jean, La rébellion française: mouvements populaires et conscience sociale, Paris, Seuil, 2002.
PORTILLO, José María, Fuero indio. Tlaxcala y la identidad territorial entre la monarquía y la república nacional 1787-1824, México D.F., El Colegio de México / Instituto Mora, 2014.
-----Monarquía y gobierno provincial. Poder y constitución en las provincias vascas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
RIBECHINI, Celina, De la Guerra de la Convención a la Zamacolada. Insumisión, matxinada, dispersión, San Sebastián, Txertoa, 1996.
SAGARMINAGA, Fidel, El Gobierno Foral del Señorío de Vizcaya, Bilbao, Tipografía Católica de José de Astuy, 1892, edición facsimilar de Amigos del Libro Vasco (Bilbao, 1988).
SARASTI, Ignacio Vicente, Memoria de la Revolución Francesa y de la guerra de España por la parte de Navarra y Guipúzcoa en los años 1793, 1794 y 1795, San Sebastián, Diputación Foral, 1993.
YBARRA, Javier, Datos relativos a Simón Bernardo de Zamácola y la Zamacolada, Bilbao, Junta de Cultura de Vizcaya, 1941.
URIARTE AYO, Rafael, Estructura, desarrollo y crisis de la siderurgia tradicional vizcaína (1700-1850), Bilbao, UPV/EHU, 1988.
ZABALA, Aingeru, Mundo urbano y actividad mercantil. Bilbao 1700- 1810, Bilbao, BBK, 1994.
----“Notas sobre la crisis del Antiguo Régimen en Vizcaya”, en Varios Autores, Historia del País Vasco: (siglo XVIII), Bilbao, Deusto, 1985, pp. 295-303.
ZABALA, Mikel, Euskaldunak matxino (matxinadak ulertzeko gida), San Sebastián, Gaiak, 2001.