El fracaso del proyecto regenerador de la Unión Liberal (1860-1863): el fin de las expectativas de cambio.
Ignacio Chat o Gonzal o Instituto de Educación Secundaria “Jaranda”, de Jarandilla de la Vera (Cáceres) firstname.lastname@example.org.
Recibido: 04/05/2010
Aceptado: 24/02/2011.
Res umen.
En este artículo se analiza cómo, a consecuencia del incumplimiento de su proyecto regenerador, la Unión Liberal frustró las pretensiones renovadoras existentes dentro de sus filas, provocando la disidencia y posterior defección de sus principales promotores. Una opción de cambio que el progresismo recibió con benevolencia, mostrando una imagen de partido gubernamental, a la espera de que ese proceso reformista supusiera la liberalización del régimen y el establecimiento de un sistema de alternancia en el poder. Pero la frustración de estas expectativas y la posición inconsistente del unionismo dentro del sistema de partidos, impidiendo la llamada al gobierno de los progresistas, derivó en el retraimiento electoral y la posterior estrategia revolucionaria.
Palabras clave: Unión Liberal, partido progresista, regeneración política, conciliación liberal, reforma constitucional de 1857, retraimiento electoral.
The Failure of the Project of Regeneration of the Liberal Union: The end of the Expectations of a Change.
Abstract.
This article analyses how, consequence of the failure to comply with his regenerator project, Liberal Union dashed the wishes to change present inside this party, causing the dissidence and subsequent defection of the main leaders. The progressive party welcomed with benevolence this proposal to change, showing an image of a governmental party and expecting for this reforms was causing the liberalization of the politic regime and the establishment of a system to turn in the power. But the frustration of these expectations and the inconsistent position of the Liberal Union in the party system, preventing progressive party to be called to govern, resulted in the electoral withdrawal and subsequent revolutionary strategy.
Key words: Liberal Union, progressive party, politic regeneration, liberal conciliation, constitutional reform (1857), electoral withdrawal.
Sumario: 1. El incumplimiento del programa reformista de la Unión Liberal. 2. Los progresistas ante la expectativa de formar gobierno: de la benevolente espera a la ruptura impaciente. 3. Conclusiones.
1. El incumplimiento del programa reformista de la Unión Liberal.
El gobierno largo de O’Donnell vino a significar, en el devenir del liberalismo español, el más importante intento por regenerar un sistema político que, ya entonces, daba muestras de agotamiento. Expresó la más clara toma de conciencia de la ineludible necesidad de afianzar de una vez el parlamentarismo, de superar la prolongada etapa constituyente y prescindir, definitivamente, del binomio revolución y reacción asentado en la práctica política. Los propios unionistas se consideraron imbuidos de esa misión renovadora, encargados de aplicar en España el mismo proceso reformista que habían identificado en la Regeneração. portuguesa encabezada por Saldanha o en la connubio orquestada por Cavour entre los partidos italianos . Para ello, trataron de hacer del “unionismo” -un remedo del “fusionismo” ensayado en Portugal- la clave de su proyecto político, entendiendo que sólo a través de un programa conciliatorio y transaccional era posible la reformulación del sistema de partidos. La Unión Liberal tenía así como objetivo la sustitución de los partidos históricos, que consideraban disueltos y moribundos, por una nueva entidad suprapartidista, un “partido nacional” que diera cierre al dualismo encarnado en moderados y progresistas. No obstante, el unionismo no fue capaz de articular una propuesta política coherente, chocando en su seno propósitos y planteamientos divergentes en relación a su propia naturaleza política y el alcance de sus reformas. De este modo se esgrimieron formulaciones contrapuestas en cuanto a su condición o no de partido, superando la simple coalición parlamentaria y ministerial defendida por un importante número de “resellados”, o en relación al lugar a ocupar en la pugna entre los partidos, considerándose como uno más en la contienda –un “tercer partido”, un nuevo “partido medio”-, contradiciendo a los que proponían la formación de un “único partido” que aniquilara, por innecesarios, a los demás1 .
Pero el choque principal que tuvo lugar en el seno de la Unión Liberal -y que provocó, a la postre, la génesis de sus disidencias- fue consecuencia de las diferencias existentes en torno al alcance y el ritmo de las reformas. Es cierto que, en sus comienzos, el unionismo, al objeto de alcanzar el mayor número de apoyos y adicciones, rebajó el horizonte de sus transformaciones y alteraciones del régimen vigente. Escarmentado del proceso que devino en revolucionario durante el Bienio, y hasta de la aprobación del Acta Adicional de 1856, O’Donnell se cuidó de no realizar una mínima alteración constitucional, manteniendo la constitución de 1845 y aun la reforma ultraconservadora introducida en 1857 por el gobierno Narváez-Nocedal2 . No obstante, esta cautela inicial, pasados los años, se hacía prescindible, convirtiéndose la adenda constitucional en punto señalado de las expectativas de gran parte de los unionistas, que consideraban la eliminación de la reforma de 1857 la imagen y realidad de sus anhelos reformistas. Aún más para los progresistas puros, que aceptando con cierta benevolencia su participación activa en la nueva definición del régimen político, acatando a regañadientes un texto caracterizadamente moderado –lo que daba muestras de su atemperación y sumisión al orden legal instaurado-, no podían admitir el mantenimiento por más tiempo de esa sombra reaccionaria3 . “¿Pueden desconocer los Sres. diputados –[preguntaba Olózaga en las Cortes]- lo que significa la reforma de la constitución en el sentido que se han hecho las reformas por el poder, para privar a los cuerpos colegisladores de muchas de sus facultades y disminuir la libertad de los pueblos? Pues la reforma tiene siempre, aunque no lo manifiesta, el objeto de anular el gobierno representativo; todos los hechos de este siglo en España, desde nuestra primera revolución política hasta el año de 1852 y aun hasta el año 57, no significan otra cosa”4 . El líder progresista identificaba claramente la parálisis del ministerio ante las reformas en la difícil conjugación, en el seno del gobierno y de la mayoría afín, de un par de contrarios que neutralizaba cualquier avance en la definición del régimen. Pero era precisamente esa indefinición, esa pasividad, la que el gobierno, en palabras de Posada Herrera, seguía promoviendo y aplicando por conveniente, aplazando cualquier modificación, rectificación siquiera, del texto constitucional: “Nuestra política consiste precisamente en alejar todas aquellas cuestiones que puedan dividir los ánimos de las diferentes fracciones del partido liberal, y puedan dividirlos esté- rilmente con perjuicio de los verdaderos intereses de ese partido, apartándole de las grandes e importantes cuestiones que están por resolver en este país”5 .
Pero entre los propósitos originarios de la Unión Liberal y la realización política que el gabinete de O’Donnell estaba llevando a efecto se iba abriendo un foso que Nicolás $\mathrm { M } ^ { \mathrm { a } }$ Rivero hacia ver a la mayoría que apoyaba al gobierno: “¿Queréis vosotros establecer en España un gran sistema constitucional, basado sobre la libertad electoral, basado sobre la descentralización administrativa, sobre la práctica sincera del sistema constitucional, que después de todo, no es más que el sistema de representación nacional tal cual se practica en Inglaterra? ¿Queréis todo eso o no lo queréis? ¿Lo queréis? Pues entonces ¿dónde está vuestro credo político, dónde está vuestro programa, dónde están vuestros principios? ¿Queréis hacer todo eso? Pues entonces, ¿por qué votáis con ese gobierno que nada piensa, que nada siente, que nada hace?6 ”Una inacción que el líder demócrata también diagnosticaba en la composición contradictoria del unionismo, en el “falso equilibrio entre moderados y progresistas” que formaban la coalición parlamentaria –la “confusión liberal”-, pero no el partido, el sistema político que pudiera dar vida a la actividad ministerial. Calvo Asensio insistía en la incoherencia de la labor política unionista, al observar con impaciencia el incumplimiento de las reformas prometidas, tachando al gobierno de actuar con “hipocresía política”7 . Una hipocresía que venía a ejemplificar en la forma en que el gobierno mantenía, sin reforma alguna, y aplicaba la todavía vigente ley de imprenta implantada por el último gobierno de Narváez.
Progresistas y demócratas trataron de describir e identificar una deriva reaccionaria en la Unión Liberal, muy distinta de la apariencia liberal y reformadora que había presentado en sus inicios, que iban a utilizar para justificar su creciente oposición8 . El demócrata Fernando Garrido desvelaba el significado político de los unionistas en el gobierno: «la Unión liberal entró en el poder en 1858, ofreciendo a los amigos del progreso lo que sabía que no había de cumplir, para continuar bajo la careta de falso liberalismo y de tolerancia la reacción que los neos no pudieron llevar a cabo de frente. Las apariencias fueron al principio liberales como las promesas en el fondo y sin ruido, la obra de O’Donnell fue tan reaccionaria como la de Nocedal: el fin era el mismo, aunque los artistas y los procedimientos diferían»9 . Nicolás María Rivero, acusando al gobierno unionista de aplicar una política intolerante y represiva contra el partido demócrata, insistía en la frustración de las expectativas puestas en la Unión Liberal: “¿no es verdad que cuando la unión liberal ha aparecido por segunda vez creísteis que iba a inaugurar una época de tolerancia y de expansión? Y sin embargo ¡qué decepción! […} Una vez en el poder en esta segunda época la unión liberal, lo primero que hizo fue eliminar al partido democrático de la esfera política”10.
La cuestión de Italia había venido a demostrar las preferencias políticas del gobierno, negándose al reconocimiento del nuevo estado tal y como habían hecho los principales gobiernos europeos. De igual modo, las relaciones mantenidas con la Santa Sede y la firma del nuevo Concordato, ponía de manifiesto, a ojos de de la democracia, la connivencia del ministerio con los postulados reaccionarios y clericales. Acusaban al gobierno de utilizar un doble rasero para tratar las cuestiones de índole social o demócrata, comparando la respuesta represiva y sangrienta dada a los sucesos de Badajoz o de Loja con las medidas absolventes resueltas en la intentona carlista de.
San Carlos de la Rápita11. Sagasta denunciaba: «El sistema político del gobierno consiste en ver con gusto y auxiliar y favorecer por cuantos medios le es posible, toda tentativa, todo movimiento, todo síntoma que propenda a la destrucción de la libertad y al entronizamiento del absolutismo, y mirar por el contrario con disgusto, y contrariar […] toda tendencia liberal»12. Y si estos síntomas no resultaban suficientes para identificar el rumbo conservador del ministerio, el propio partido moderado, en voz de González Bravo, venía a confirmarlo, confesando sentirse reflejado en la acción –e inacción- política del gobierno, que valoraba esencialmente conservadora y afín a sus principios13.
La Unión Liberal había tratado de justificar su pasividad política en el legado recibido por los anteriores gobiernos moderados, que exigía, como primer cometido, el «poner un dique a la reacción». Así lo había asumido Ríos Rosas, argumentando que la tarea del gobierno no había podido ser, en ese tiempo, positiva en el ámbito legislativo: «ha sido un gobierno de negación, es verdad, de negación de la reacción, de negación de la inconstitucionalidad, un gobierno de negación de la arbitrariedad»14. Pero, transcurridos más de dos años de gobierno, se hacía necesario para un grupo cada vez mayor de unionistas, incluido el propio Ríos Rosas, un cambio de rumbo en la política del gobierno. Tras el paréntesis que había supuesto la Guerra de África, y una vez cumplido el objetivo inicial de terminar con la deriva reaccionaria implantada por los últimos ministerios moderados, después de restablecer la calma política y la estabilidad institucional resultaba inaplazable el terminar el período de “negaciones” y llevar a cabo una política activa y afirmativa15. Caracterizados personajes del unionismo venían a despertar una actitud crítica frente al gobierno y la permisividad de la mayoría, señalando el verdadero sentido y significado que había encarnado a la Unión Liberal16. Y es que su cometido, tal y como lo expresaba Salazar y Mazarredo, no era otro que el de la regeneración política del país, colocando nuevamente en la mira central del quehacer del gobierno la eliminación de la reforma constitucional de 1857, elemento principal para la estabilidad del régimen político, recordando los otros elementos que conformaban el programa unionista: el “restablecimiento de la verdad electoral”, la “descentralización prudente” de la administración del estado, la desamortización civil y el “desenvolvimiento de la riqueza”17. Dado que el gobierno no había avanzado, como se esperaba, por esa senda reformista, acusaba al ministerio –y especialmente a Posada Herrera, principal responsable de la política practicada por el ejecutivo- de haber formado la “unión liberal bastarda”, un “cuarto partido” que había incumplido los compromisos del verdadero credo unionista18.
Posada Herrera defendía la prudencia del gabinete a la hora de afrontar la cuestión de la reforma constitucional, que sólo podría acometerse después de llevar a cabo otros objetivos políticos. El primero de ellos era el “desenvolvimiento económico de la nación; es decir, de la organización de su hacienda y del fomento de los intereses materiales del país”, que consideraba punto principal del quehacer del ministerio. En un segundo período, que era el que en esos momentos se estaba iniciando, se proponía desarrollar las reformas administrativas anunciadas –la ley de ayuntamientos, de diputaciones provinciales, del consejo de estado-, aplazando sólo para después, y en una fecha indeterminada, cualquier tentativa de modificación de la constitución. Reconocía el Ministro de la Gobernación lo inconveniente que resultaba tratar de la reforma de 1857 y confesaba la intención del gobierno de evitarla: “Tengo el íntimo convencimiento de que no hay mayor calamidad para una nación que el agitarla continuamente, con las convulsiones de períodos constituyentes, que el provocar esta clase de debates completamente estériles para la felicidad del país, y que únicamente sirven para dividir las pasiones y encender los ánimos”. Y es que el gran propósito del ministerio había sido el asegurar la estabilidad política, el “realizar en España lo que por desgracia no habían podido realizar los demás partidos; fundar aquí el gobierno con la constitución y por la constitución; era el gobernar con la observancia ciega de todas las leyes establecidas, era demostrar prácticamente al país que se puede gobernar con el sistema representativo”19. Al objeto de conseguir esa estabilidad, consideraba inconveniente cualquier alteración o modificación del texto constitucional, evitando de una vez la dinámica política basada en el continuo recurso a los cambios y modificaciones constitucionales20. Lo cierto es que, para Posada Herrera, cualquier planteamiento reformista quedaba fuera de sus propósitos, que no iban más allá de garantizar la estabilidad política y la continuidad de la vida parlamentaria, confundiendo voluntaria y conscientemente los medios con el fin: “Nosotros queríamos antes que todo y primero que todo, y esta era la condición cardinal de la unión liberal, el gobierno por el Parlamento y con el Parlamento; y dábamos tanta importancia a esta condición, que con tal de asegurarla renunciábamos de buen grado a todas las demás. […] nuestro propósito principal el objeto a que se dirigían todos nuestros esfuerzos, era el de tener el mayor tiempo posible funcionando el Parlamento, para que en él tuviera lugar la libre discusión de todos los actos del gobierno […]. Este era nuestro sistema”21.
Ríos Rosas, uno de los padres de la idea de la conciliación política, que desde la corriente puritana patrocinó el nacimiento de la Unión Liberal, pasó a convertirse en el principal adalid de la disidencia unionista. En ningún caso admitía entonces la demora del gobierno en acometer la cuestión de la reforma constitucional, avisando de que “prolongar por tres años más la cuestión constituyente, es comprometerlo todo; comprometer el Trono, comprometer la libertad, comprometer al país; comprometer lo presente y lo porvenir22”. Denunciaba el cambio de rumbo que el gobierno de O’Donnell había verificado, no sólo con respecto a la reforma de 1857, sino también en relación a las leyes de ayuntamientos, electoral y de imprenta presentadas a las Cortes, distanciándose de los presupuestos iniciales del unionismo y traicionando su programa político: “un sistema reaccionario, retrógrado, que no está en consonancia, ni guarda relación, ni con la existencia, opiniones y antecedentes de la unión liberal, ni con los compromisos del gobierno”23. Confirmaba esta apreciación el hecho de que el gobierno frustrase de nuevo las expectativas de una pronta abolición de la reforma constitucional, al comunicar O’Donnell que esta tarea sólo podían acometerla unas nuevas Cortes convocadas para tal efecto24.
Al objeto de evitar la desintegración de la mayoría unionista y el debilitamiento del gobierno, hubo iniciativas conciliadoras, como la de Alonso Martínez, que trató de neutralizar la “guerra de familia” que venían a declarar los disidentes. O el intento de Méndez de Vigo de cerrar filas a favor de la política encarnada en O’Donnell y Posada Herrera, presentando una proposición en el Congreso de apoyo al gobierno25. A pesar de que el ministerio iba a contar con el respaldo suficiente de la mayoría, la brecha surgida con los unionistas disidentes iba a resultar insalvable. Ni siquiera la rectificación del jefe del gobierno, anunciando su intención de derogar finalmente la reforma constitucional, que a la postre incumpliría, iba a servir de acicate para la reconstrucción de la unidad perdida26. Una iniciativa que llegaba demasiado tarde y que resultaba estéril para la consolidación de la estabilidad política. Así venía a sentenciarlo Nicolás $\mathrm { M } ^ { \mathrm { a } }$ Rivero: “Si el gobierno actual hubiera aceptado la misión constitucional que tenía, hoy nosotros estaríamos grandemente avanzados, y no hubieran tenido lugar los acontecimientos de Loja ni los demás que amenazan, porque la política actual no puede menos de traer perturbación en los partidos, trastornos en las ideas, descontento en el espíritu público, y por consiguiente, la posibilidad de que estallen otros movimientos”27. Y es que, ciertamente, los sucesos de Loja introdujeron de nuevo el temor a un pronto estallido revolucionario. Si la Unión Liberal, en sus inicios, se había ocupado de contener a la reacción, su objetivo ahora era el detener a la revolución28. El diputado unionista Saavedra Meneses declaraba con rotundidad que «la gran lucha hoy es la de los partidos medios contra la democracia”29.
La todavía mayoría afín veía justificado su apoyo al gobierno en los logros que exhibía como realización de su labor política. “Un gobierno que simboliza la observancia del régimen constitucional, la legalidad, la tolerancia, la seguridad individual, el orden y la tranquilidad pública, la moralidad en la administración de los intereses públicos; un gobierno que ha sabido dar gloria, poder, esplendor, engrandecimiento y lustre a España a los ojos del mundo», eran condiciones que Modesto Lafuente consideraba más que suficientes para asegurar su fidelidad30. Pero en su contra, las minorías progresista y moderada venían a coaligarse con los unionistas disidentes para hacer oposición conjunta contra el ministerio31. El disidente Alfaro Sandoval presentaba una nueva proposición en las Cortes relativa a la reforma constitucional, instando al gobierno a cumplir lo anunciado en el Discurso de la Corona, insistiendo en que resultaba el modo más conveniente de conjurar los peligros que pudieran amenazar al régimen vigente32. Ni la presentación del proyecto ley de ayuntamientos y de la nueva ley de imprenta, ni la aprobación de la de diputaciones provinciales, ni las nuevas reformas anunciadas en la última legislatura de la Unión Liberal, conseguían evitar la progresiva desintegración de la mayoría33. Como efecto perverso e inverso a la coalición política que vino a constituir el unionismo, cada vez se hacían más patentes las diferencias entre las corrientes progresista y moderada que venían a componerla. Rivero evidenciaba una fragmentación que él siempre consideró constitutiva en el nuevo partido: «con la fracción progresista por un lado, con la fracción moderada por otro, con estas condiciones, ¿creéis que puede haber unión liberal? No; lo que hay es una perturbación liberal; lo que hay es la perversión de toda idea, la anarquía en el gobierno, el desorden que viene de arriba, el verdadero caos; pero el caos en el gobierno, el caos al frente del estado”34.
La división de la mayoría unionista y el riesgo de su descomposición definitiva llevaron a O’Donnell, finalmente, a la modificación ministerial de enero de 1863, sacando del gobierno a Posada Herrera, con el que se había identificado la política del ministerio hasta ese momento. Como reconocía el conde de Lucena, este cambio pretendía “ver si era posible que disensiones que yo deploro tanto como el primero, y que habían surgido en el seno de esta situación, tuviesen un término, y que los que habían formado la unión liberal, los que habían contribuido a formar esta situación y se habían separado después de esta mayoría que tan decidido y leal apoyo había prestado al gabinete que tuve la honra de presidir, volviesen otra vez a sus filas a formar un todo»35. El nuevo rumbo que O’Donnell anunciaba, volviendo a las esencias conciliatorias y transaccionales propias del unionismo, conseguía, al menos, la benevolente expectativa de los más insignes disidentes, como eran los casos de Ríos Rosas o de Cánovas36. Pero este último intento de resucitar a la Unión Liberal llegaba tarde. Los propósitos conciliadores del nuevo gabinete, de la mayoría y aun de los disidentes no consiguieron hacer sobrevivir el proyecto unionista37. A finales del mes de febrero de 1863, la Reina aceptaba la dimisión del ministerio y se suspendían temporalmente las Cortes.
El unionismo no fue capaz de responder a las demandas reformistas que reclamaba buena parte de sus miembros. Conformándose con mantener una inercia parlamentaria que aseguraba la anhelada estabilidad política, O\`Donnell creyó cumplir gran parte de sus propósitos, prescindiendo del carácter regenerador y transformador que englobaba el movimiento salvífico que encabezaba. La insatisfacción que provocó en sus filas, especialmente con respecto a la anulación de la reforma constitucional de 1857, cuyo mantenimiento simbolizaba su política elusiva e inconsistente, derivó en el abandono y disidencia de los más destacados artífices y sostenedores del proyecto conciliador que le dio vida. Convertida la Unión Liberal en un partido más en la pugna política, resistentes los partidos tradicionales a las propuestas diluyentes del unionismo, la situación política se hacía más compleja. Arrogándose la posición de partido medio, empujando al moderantismo hacia la derecha del arco político, en contigüidad con el carlismo, se trastocaba el pretendido bipartidismo defendido por el partido progresista. Y es que el progresismo, que pensaba en convertirse en una pronta alternativa de gobierno, trataba de establecer un nuevo esquema dual, haciendo de este partido el antagonista natural de un conservadurismo que, superando al viejo moderantismo, fuera capaz de englobar las fracciones deshechas del unionismo. Pero esta estrategia chocaba con la oposición de unionistas y moderados, celosos, cada uno, de su espacio político propio y de sus respectivas identidades partidistas, de las que no estaban dispuestos, por el momento, a prescindir38.
2. Los progresistas ante la expectativa de formar gobierno: de la benevolente espera a la ruptura impaciente.
Los progresistas, durante los años del gobierno largo de O’Donnell, con el horizonte de una próxima entrada en el poder, trataron de conciliar su legado ideológico con la imagen de un partido ministerial. Un complicado ejercicio de equilibrismo político por el que debían amortiguar o maquillar sus aspiraciones transformadoras del régimen existente, con una constitución, la del cuarenta y cinco, que difícilmente podían mantener vigente, sin que vinieran a traicionarse sus principios y, muy especialmente, el de la soberanía nacional39. De ahí que, sin renunciar a los elementos que habían ido definiendo su cultura política, llevaran a cabo una relectura atemperada de sus componentes doctrinales. Una de las primeras inconsistencias a la que tenían que dar respuesta era la cuestión de su monarquismo, asentar de una vez su respeto a la monarquía y a la dinastía reinante, puesto en cuestión por moderados y unionistas40. Olózaga iba a encargarse de definir el concepto de monarquía constitucional que albergaban los progresistas, que corregía los vicios e inercias de los abusos partidarios practicados por el moderantismo y del consiguiente falseamiento del sistema parlamentario: “yo no sería monárquico, si la historia no me enseñara que los Reyes por sí naturalmente son los mejores amigos de los pueblos, los más interesados en su bienestar, sin que puedan tener ningún interés en contra de ellos. Pero no sería constitucional si no supiera que los cortesanos, que los favoritos, los que cercan al Trono, son los que le exponen a abusos tan graves, que serían frecuentes las revoluciones si no viniera a impedirlas un gobierno representativo, cuando el Parlamento se compone de los hombres que representan fielmente los intereses y la voluntad de la nación”41. Pero para los progresistas no era fácil sustraerse de las difíciles relaciones mantenidas con Isabel II y de las veleidades dinásticas a las que había derivado, exteriorizadas durante el Bienio en la deseable entronización de un miembro de la familia real portuguesa42. Era Olózaga, nuevamente, el encargado de dar prueba de la fe dinástica del progresismo y de matizar, de paso, las aspiraciones iberistas lanzadas por su partido: “en un gobierno constitucional es imposible que haya ningún partido constitucional que sea antidinástico si el Rey constitucional cumple con sus deberes, si no es Rey de ningún partido, si no favorece a nadie en particular, si no proscribe a nadie, si todos son iguales para él”43.
Otro de los elementos que se creían constitutivos de la cultura política del progresismo era el recurso a la insurrección, la llamada a la participación directa de las masas populares por medio de procesos revolucionarios. Este tema colocaba a los progresistas en una posición incómoda, cuestionados en cuanto a su sincero respeto al orden legal vigente, lo que podía truncar sus aspiraciones a una pronta llamada al gobierno44. También en esta cuestión Olózaga se veía obligado a constatar la mesura de su partido con respecto a su carácter pretendidamente revolucionario: “porque somos enemigos de todo desorden, porque sabemos que sólo puede servir a los enemigos de la libertad, porque sabemos que sólo puede servir para apoyar malas causas, que sólo puede servir para encubrir malas causas, que sólo puede servir para encubrir malas intenciones; porque, señores, lejos de ver con placer ninguna manifestación de desorden, veríamos con la pena más grande que el orden público se turbara; que no es por medio del desorden, sino por medio de la opinión nacional unánimemente formada y de sucesos notables como esperamos el triunfo legal de nuestras ideas”45. Relacionada con el recurso a la insurrección se presentaba el asunto de la Milicia Nacional, institución ligada al credo progresista, al menos desde un punto de vista estratégico, y que, en cuanto se mantuviera en la intención política de este partido y se postulase su restablecimiento, redundaba en el recelo de su respeto a la legalidad. Ruiz Zorrilla defendía su carácter puramente circunstancial e histórico, negando el uso de la fuerza como principio consustancial al progresismo: “Se dice que nosotros tenemos como principio la Milicia Nacional. ¡Qué modo de jugar con las palabras! Pues qué ¿la fuerza puede ser nunca un principio? La Milicia Nacional no ha sido para el partido progresista más que un medio, y este medio todos comprenden por qué ha tenido que emplearlo el partido progresista: no necesito decirlo, porque está en la conciencia de todo el mundo”46.
Los líderes progresistas creían ya llegado el momento de su acceso legal al poder. Su discurso político se encaminó no sólo a justificar la posición del partido en relación a las vías extrapolíticas y revolucionarias adoptadas tiempo atrás, consecuencia de su exclusión de las esferas del gobierno, sino a hacerse merecedor de su derecho legítimo a ocupar al poder47. De ahí que el argumento victimista que vino a construir, centrado en las ideas del “desheredamiento histórico” y de la existencia de “obstáculos tradicionales”, que impedían a los progresistas su llamada a los consejos de la corona, tratara de hacer imposible el funcionamiento legal del régimen constitucional sin la presencia de los progresistas en el gobierno. $^ { \circ } \mathrm { { : } } \mathrm { { E s } }$ así posible la monarquía constitucional? – (se preguntaba Olózaga en las Cortes)- Así no puede existir, señores; y ejemplos bien recientes que deben tenerse en cuenta hacen ver que no ha existido ni puede existir ningún Monarca ni ninguna dinastía que no se conforme con los individuos de todos los partidos que obtengan predilección en la opinión pública, que está representada en la mayoría de los cuerpos colegisladores. Y como si no bastara esa tan grave declaración; como si no tuviera toda la intensa trascendencia que tiene, (…) lo que yo me avergüenzo de no haber dicho con tanta claridad: “Que hay obstáculos tradicionales que se oponen a la libertad de España”48. Y añadía, cumpliendo su propósito de erigirse en una alternativa real y disolver las prevenciones que todavía despertaba la posibilidad de ver a los progresistas en el gobierno: “Así, lo único que nosotros tenemos que decir al pueblo español es que somos los defensores de su libertad, de toda su libertad compatible con el orden y con todas las prerrogativas de la Monarquía constitucional; que somos sobre todo los defensores de la propiedad y de la familia; los enemigos más próximos y más seguros y quizás los más eficaces del socialismo, que no se ha combatido como se debe, y que estando como estamos los más próximos al pueblo, somos los que podemos inspirarle más confianza e influir sobre él, y que tenemos grande satisfacción en ver que el espíritu público nos hace justicia”49.
La estrategia del partido progresista consistió en identificarse como garante de los verdaderos principios constitucionales y principal valedor del sistema parlamentario. Ruiz Zorrilla se encargaba de dibujar la imagen del progresismo como vigilante de las esencias de la monarquía constitucional y, de paso, reforzar la fe monárquica de su partido: “Nosotros somos monárquico-constitucionales, tan monárquicos como constitucionales, tan constitucionales como monárquicos, todo lo que en nuestro país se oponga a la marcha del sistema representativo, a la marcha del gobierno constitucional, estamos dispuestos a removerlo”50. Asimismo, reclamaba el reconocimiento de su participación y contribución en la instauración del estado liberal y en el sostenimiento de la monarquía, que los moderados, y aun los unionistas, pretendían arrogarse de forma exclusiva. Olózaga venía a defender el papel trascendental del progresismo en la defensa del trono y del sistema constitucional, sin renunciar a la tradición insurreccional de su cultura política: “Y ese pueblo liberal, y esa Milicia nacional que el partido moderado ha considerado incompatible con su Gobierno, esa señores, contribuyó con el ejército leal, con el ejército valiente, a colocar, a asegurar en la cabeza de Isabel II la Corona que de otro modo era imposible que la hubiera tenido ni un año siquiera después de la muerte de su padre. $ { \dot { \zeta } } ^ { \mathrm { Y } }$ qué tengo yo que decir aquí? Que el partido progresista, ora en la Milicia nacional, ora en el calor del ardimiento de todos los pueblos de España, estuvo haciendo sacrificios heroicos durante siete años”51.
Olózaga avisaba de los peligros que podrían amenazar a las instituciones en el caso de persistir los “obstáculos tradicionales” e impedir a los progresistas alcanzar legalmente el poder. Creía suficientemente probados los derechos y garantías dados por su partido para convertirse en alternativa de gobierno: “no podíamos nosotros suponer que reconociéndose sus servicios se oyese como cosa natural y legítima que estaba desheredado como si no tuviera el partido progresista derecho para alternar en el poder como el partido que más elementos y fuerza moral tenga”52. El líder progresista, en aplicación de su concepción bipartidista del sistema parlamentario, venía a considerar a los progresistas como el único partido de oposición, avisando de que era ya el momento de que los unionistas les cedieran el poder53. El propio Prim, disidente también él mismo del unionismo, invocaba en el Senado la necesidad de que el partido progresista accediera legalmente al poder: “Y es conveniente que así sea; es un ensayo que se debe hacer para bien de la monarquía y del país; porque es preciso que se vea un día si el partido progresista sabe o no gobernar: hasta ahora no ha podido saberse ni juzgársele, porque siempre ha llegado al poder por las puertas de la revolución, y yo quiero que llegue a él por las puertas legales: sólo así se puede probar si un partido sabe o no sabe gobernar; pues el que alcanza el poder por la revolución no gobierna como quiere, sino como puede”54.
La dimisión del último ministerio de la Unión Liberal abrió la posibilidad de que el partido progresista pudiera ser llamado a formar gobierno. Una oportunidad histórica para observar la alternancia pacífica y legal en el poder, valorar el efecto de la dinámica conciliatoria introducida por los unionistas durante su largo gobierno y medir, de paso, el grado de consolidación del régimen liberal. Para los progresistas suponía el examen de su trayectoria política, de los esfuerzos realizados en los últimos años por aunar su cultura política, sus principios constitutivos y tradicionales, con la imagen de un partido capaz de asumir las labores de gobierno. De la decisión que adoptara el trono y, por tanto, el resto de las fuerzas políticas, iba a depender, en un corto y medio plazo, la actitud y la estrategia a adoptar por el progresismo, que vendría a debatirse entre la participación dentro de un sistema político que le entreabría sus puertas y la revolución55. El nombramiento de Miraflores como nuevo presidente del consejo de ministros, si bien frustró esta primera expectativa, no negaba definitivamente la oportunidad de alcanzar por vías legales el poder. En esta ocasión, la decisión de la Reina se había fundado en las valoraciones de los líderes de las diversas fracciones políticas, incluyendo a los progresistas, tomando como posibles todas las opciones56. Los progresistas confiaban en que, más temprano que tarde, se adoptara una situación acorde con los principios entonces predominantes: “Según datos innegables, todas las personas llamadas estos días a formar ministerio, desde Armero hasta Narváez, han hablado de la necesidad de liberalizar la situación, condenando así de paso la política de la unión malamente liberal, y declarándola absurda y concluida”57. González Bravo, fiel a la tendencia renovadora y liberalizadora que había capitaneado dentro del moderantismo, daba por muerta, como los progresistas, la experiencia de la Unión Liberal y apostaba por la revitalización de los dos partidos históricos: “establecer la lucha natural entre los partidos que deben disputarse el mando y el poder, puesto que los hay, puesto que están organizados y tienen sus nombres, sus doctrinas, sus influjos y sus adeptos que los siguen”58.
Truncada la llamada directa a formar ministerio, el horizonte progresista se situaba en la disputa electoral que vendría a verificarse tras la inminente disolución de las Cortes, en la que confiaban prevaleciera una opinión pública que consideraban mayoritariamente favorable a un gobierno de su partido. La Iberia se hacía eco de los preparativos que las distintas fracciones efectuaban, en una dirección que llevaba a revitalizar los partidos históricos y, en ningún caso, a resucitar el unionismo59. Era el acta de defunción de la Unión Liberal: “Si la muerte de los antiguos partidos hubiera sido un hecho y un bien, ¿cómo todos apartarían la vista de la unión liberal para fijarla en los antiguos partidos? $\it { i } \mathrm { C o m o }$ en los antiguos partidos, en que suban al poder, en que alternen en él (lo que anularía la unión liberal por completo), se ponen todas las esperanzas? $\it \Omega _ { \mathrm { i } } \mathrm { N o }$ es, esto que está ocurriendo, la condenación más completa de la unión liberal, la prueba de su esterilidad, la más clara demostración de que no ha sido una idea, de que no ha echado raíces, de que hasta como aspiración la ha asesinado la situación del general O’Donnell”60.
La contienda preelectoral se centró, principalmente, en el examen de la capacidad de gobierno del progresismo, en la compatibilidad de sus principios con el régimen vigente. Después de más de cinco años de mesura y contención, los progresistas se veían de nuevo en la tesitura de mostrar fidelidad a sus principios y, al mismo tiempo, dar garantías de gobierno y de estabilidad política. Sus principios más controvertidos volvían a plantearse como difícilmente sostenibles para el mantenimiento del régimen liberal. Ocurría con la Milicia Nacional, institución sobre la que los progresistas no podían evitar mantener cierta ambigüedad y aplazar cualquier decisión al respecto: “Si la Milicia Nacional debe reaparecer, no han de decidirlo cuatro periódicos enemigos nuestros, rodeados de cuatro docenas de hombres, que siempre la combatieron; han de decidirlo, primero el tiempo y la forma en que el partido progresista llegue al poder: ha de declararlo la voluntad nacional, solemnemente formulada en Cortes”61. También sus referentes constitucionales y el carácter constituyente de su acción política eran vistos con fundados recelos, ya que implicaban, en el caso de que el partido progresista accediera al gobierno, la formulación de una nueva constitución y la derogación de la vigente. Los progresistas trataban de justificar y defender su fidelidad a las constituciones que les servían de referencia –las de $1 8 3 7 { \mathrm { ~ y ~ } } 1 8 5 6 -$ presentadas como textos transaccionales: “El partido progresista ha querido siempre que la constitución fuese un campo neutral. Si no lo ha sido, cúlpese al partido moderado, que ha hecho constituciones de partido y en odio declarado al nuestro: por eso el partido progresista no ha sido radical en sus constituciones, y no ha puesto en ellas más que una parte de su credo, dando margen a que los espíritus superficiales le considerasen doctrinario, cuando no lo es ni puede serlo. Quería evitar convulsiones políticas, quería impedir el flujo y reflujo de la reacción y la revolución armada; quería que el progreso se consiguiese pacíficamente; quería que el sistema constitucional fuese una verdad”62.
No menos recelos provocaba la tradición insurreccional y revolucionaria de los progresistas, que el moderantismo histórico no quería olvidar y de la que el propio progresismo no tenía intención de prescindir63. Calvo Asensio venía a justificar y legitimar ese componente insurreccional: “El partido progresista, cuando se ha presentado como revolucionario, ha sido para librarse de la tiranía que desastrosamente ha pesado sobre este país, y ha intentado a costa de su vida reconquistar las libertades inicuamente holladas por los que han mirado el país como propiedad suya; el partido progresista, cuando se ha presentado como revolucionario, cuando se ha levantado contra la tiranía y la iniquidad, ha respondido de sus actos. Cuando le ha tocado ser diezmado, ser mártir de esos hechos, allí ha presentado su cuello ante la cuchilla del verdugo, pero no ha rehuido la responsabilidad de sus compromisos”64. En cuanto a su capacidad para el mantenimiento del orden y de la tranquilidad pública, otro de los aspectos derivados que provocaban la suspicacia de las fuerzas conservadoras, Olózaga daba garantías de “que no habrá jamás ningún gobierno que cuide más atentamente de mantener el orden, de remover las causas que puedan alterarlo; porque los gobiernos progresistas saben que cuanto mayores son los derechos que se conceden a los ciudadanos, mayor facilidad hay de que abusen de ellos, y deben los gobiernos vivir más vigilantes que aquéllos que escatiman el ejercicio de esos derechos, y tienen que ser más prontos y severos para la represión; porque representantes de los intereses y de las necesidades de la vida social, saben perfectamente que todo se desquicia y cae en el caso tan pronto como se turba el orden”65.
Los progresistas, en contraste con la disolución de los unionistas y la fragmentación persistente del moderantismo, pretendieron dar una imagen de partido sólido y organizado, contando con la baza del regreso de los “resellados”. Esta reunión de los progresistas más atemperados redundaba en la idea de contención y mesura, además de robustecer al partido con personajes de alto valor político. De ahí la trascendencia con la que anunciaron el reencuentro de los disidentes unionistas con sus antiguos compañeros de filas y, muy especialmente, el regreso del general Prim al seno del progresismo66. Para el progresismo, su objetivo inicial consistía en hacer desaparecer a la Unión Liberal de la contienda electoral y del propio juego político, estableciendo un sistema bipartidista en el que los progresistas vinieran a enfrentarse –y alternarsecon el partido moderado. Reconocían en el nuevo ministerio un efímero y transitorio gobierno conservador, pero en ningún caso un nuevo experimento unionista67. De hecho coincidían en el mismo propósito de trabajar en “la reconstrucción de los dos partidos políticos históricos ya semidisueltos, confundidos y perturbados a la sazón”, tal y como el propio Miraflores vendría a confesar68. Éste fue uno de los puntos de encuentro en la entrevista que Miraflores mantuvo con Olózaga y que debía servir para plantear una pronta llegada de los progresistas al poder. No obstante, las recomendaciones o condiciones que el jefe del gobierno expuso al líder progresista, que suponía el “renunciar a ciertas utopías ya envejecidas, abandonándolas del todo, y muy especialmente el pensamiento de hacer reaparecer la Milicia Nacional”69, resultaban inaceptables. Una cosa era dar una imagen atemperada de sus objetivos políticos y otra muy distinta el prescindir de sus principios. Tal y como manifestaba La Iberia: “La posición, en fin, de nuestro partido, reconocido como indispensable en el poder por sus propios adversarios, firme en sus doctrinas, fuerte con sus principios, animado de su perseverancia, adquiriendo cada día que pasa una nueva razón en apoyo de su conducta, (…); sin desaliento, pero sin ilusiones; sin impaciencia, pero sin vocación de mártir perpetuo; comprendiendo que su interés verdadero, mientras es objeto de la atención general, consiste en no distraer la suya del camino porque avanza seis años hace”70. En las Cortes vino a manifestarse ese recelo expresado por Miraflores de que los progresistas pudieran entrar en el gobierno sin alterar sustancialmente el régimen vigente. Asimismo, se dudaba de la solidez real y efectiva de ese partido, de su capacidad de mantener unidas a las fracciones más centradas que habían optado por su “resellamiento” y, muy especialmente, de que se vieran obligados a decantarse, si llegaban al poder, hacia los postulados radicales defendidos por los demócratas71.
La expectativa por alcanzar en breve el gobierno estaba tan fundada entre los progresistas, que Olózaga lo anunciaba abiertamente en las Cortes: $ { \mathrm { ~ ~ \mathscr ~ { ~ } ~ } } { \mathrm { ~ ~ \mathscr ~ { ~ } ~ } } { \mathrm { ~ ~ \mathscr ~ { ~ } ~ } } { \mathrm { ~ ~ \mathscr ~ { ~ } ~ } } { \mathrm { ~ ~ \mathscr ~ { ~ } ~ } } ,$ qué se pregunta si el partido progresista está en disposición de gobernar al país? Yo lo he de decir con toda lisura: porque se cree ya, contra lo que hasta aquí se ha creído, que esto es posible, y más o menos probable y más o menos cercano. Personas que pueden saberlo mejor que yo, y a cuya opinión cedo yo con respeto, creen que en efecto han desaparecido o están próximos a desaparecer los obstáculos tradicionales que se habían hecho proverbiales”72. Pero una parte considerable de las fracciones políticas –y por ende la opinión de la propia Corona- consideraban insuficientes las garantías dadas por el partido progresista para ser llamado, legalmente, a formar gobierno. Y es que si bien no había unidad de criterio en cuanto al mínimo exigible a un partido ministerial, tampoco los progresistas habían sido capaces de construir un discurso exento de ambigüedades y de elusiones73. La nueva crisis ministerial, provocada por los sucesos derivados de las celebraciones del 2 de mayo, mostró la falta de voluntad política para permitir que los progresistas pudieran tener opción de formar gobier$\mathrm { n o } ^ { 7 4 }$ . A partir de ese momento, confirmada la imposibilidad de un acceso directo al poder, el partido progresista adoptó una línea de mayor franqueza y firmeza en la defensa de sus principios75. Ahora declaraba abiertamente lo que antes sólo insinuaba, proclamando la necesidad de un proceso constituyente, instando a que la próxima convocatoria a Cortes recogiese este carácter: “si quieren constituir una situación que no sea por su propia naturaleza transitoria, han de apelar a un estado constituyente; retardar este estado es retardar el advenimiento de una situación estable, y al decirnos que estamos imposibilitados de gobernar porque tendríamos que apelar para legalizar nuestra situación a unas Cortes constituyentes, y al huir de que esas Cortes se reúnan, sólo parece que se trata de impedir que cese la interinidad política que tanto lamentamos y que nos parece tan peligrosa”76. Con esta salida hacia delante, el progresismo rompía con los límites que la mayor parte de las fuerzas políticas estaban dispuestas a aceptar y consentir77. Un cambio constitucional planteado de forma directa e inmediata impedía cualquier opción de consenso.
3. Conclusiones.
A partir de ese momento, las intenciones y voluntades políticas de las distintas fracciones moderadas y unionistas variaban sustancialmente en relación al partido progresista. En plena campaña electoral, La Iberia denunciaba ese cambio de expectativas y posibilidades, que implicaba un claro cierre a toda opción de formar gobierno y a disponer, siquiera, de una representación parlamentaria acorde con su pretendida posición política. Los progresistas retomaban nuevamente en su discurso político el recurso del victimismo histórico: “Pues bien: tan poco ha durado aquel súbito y tierno interés que por el partido progresista se fingía, y tan despiadado es el desquite, que ahora no sólo no se desmiente ya lo de los desheredamientos y los obstáculos tradicionales; no sólo se borra ya la esperanza, tan verosímil puesto que venía de los enemigos más encarnizados del partido progresista, de que llegaría tranquilamente al poder, sino que se pide a gritos, que se le cierre el camino legal de las elecciones”78. En efecto, el gobierno de Miraflores adoptó las providencias necesarias para que el proceso electoral fuera controlado por los habituales resortes administrativos, ejerciendo la consabida “influencia moral”79. El partido progresista, justificado ahora en las circulares emitidas por el ministerio, confirmaba su huida revolucionaria, decidiendo su retraimiento de las elecciones y, por tanto, de toda participación parlamentaria. Una nueva estrategia política, la del “todo o nada” -que Olózaga popularizaría meses después-, que rompía con el régimen vigente e impedía, en un medio plazo, cualquier otra tentativa de entendimiento. Una actitud intransigente con la que el progresismo reforzaba su identidad política, pero que venía a confirmar los recelos de unionistas y moderados, temerosos de ver superados los límites políticos y constitucionales que, en ningún caso, estaban dispuestos a permitir. Una vez más, los progresistas, celosos de sus señas de identidad y de sus fórmulas políticas, rechazaban la senda conciliatoria y apostaban por la vía de la revolución.