Revolución de 1868 y esclavitud: atonía de la libertad.
The Revolution of 1868 and slavery: The apathy of freedom.
CARMEN SERVÁN
Universidad de Sevilla. Facultad de Derecho. Avda. La Enramadilla, 18-20, 41018 Sevilla
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ORCID:
Recibido/Aceptado: 04-09-2017 / 29-11-2017
Cómo citar: SERVÁN, Carmen, “Revolución de 1868 y esclavitud: atonía de la libertad”, en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 37 (2017), pp. 98-131. DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.37.2017.98-131.
Resumen: Cuando en 1868 triunfó en España la revolución y se aprobó la Constitución de 1869, los territorios de Ultramar aún conservaban la esclavitud. Los derechos y las libertades proclamadas no fueron suficientes para cancelar un sistema esclavista que se sustentaba en la propiedad, el orden y los intereses económicos. La primera normativa abolicionista estuvo caracterizada por el gradualismo y la ambigüedad.
Palabras clave: Esclavitud; Revolución; Constitución; Derechos; Legislación.
Abstract: When in 1868 the revolution triumphed in Spain and the Constitution of 1869 was approved, the overseas territories still retained slavery. The rights and freedoms proclaimed were not enough to cancel a slave-holding system that was based on property, order and economic interests. The first abolitionist norm was characterized by gradualism and ambiguity.
Keywords: Slavery; Revolution; Constitution; Rights; Legislation.
Sumario: Introducción. 1. Gloria y desdoro de la Revolución 2. Miscelánea revolucionaria 3. Mutismo constitucional 4. Normativa abolicionista: atonía de la libertad. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
La revolución que se inició en Cádiz en septiembre de 1868 reclamó para España la honra que la monarquía borbónica habría arrastrado por el lodo de la corrupción, la inmoralidad y la tiranía: “Hollada la ley fundamental […]; corrompido el sufragio; dependiente la seguridad individual, no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el municipio […]; tiranizada la enseñanza; muda la prensa […]”; había llegado el momento de que la.
Nación recobrara su soberanía, manifestara su voluntad y se cumpliera1 . Todas las fuerzas políticas contrarias al régimen isabelino se habían unido con el propósito común de derrocar a la monarquía, pero pronto se pondría de manifiesto que tan encomiable comunión no alcanzaba ni al ideario político ni a su concreción en el derecho2 . El pueblo vino a sumarse a la empresa revolucionaria, y se formaron unas juntas populares que aportaron también sus propios proyectos de cambio. La Junta Provisional Revolucionaria de Madrid se dirigió a las juntas de todas las capitales para pedirles que secundaran el “grito Santo de libertad”3 .
Es en este contexto en el que ha introducirse una cuestión de tanta trascendencia como fue la abolición de la esclavitud, pues precisamente fue ese anhelado reemplazo de la tiranía por la libertad el que confirió a la Revolución su condición de Gloriosa, y fueron las proclamas de derechos y libertades realizadas por las juntas revolucionarias las que le otorgaron una impronta nueva en la historia del derecho español, sin olvidar la aprobación de un texto constitucional que inauguró en España el constitucionalismo de derechos.
1. GLORIA Y DESDORO DE LA REVOLUCIÓN.
Las juntas revolucionarias protagonizaron los primeros momentos de la Revolución y le infundieron una clara inclinación por la libertad y los derechos. De entre las muchas declaraciones que se sucedieron merece especial mención la que suscribió la Junta Superior Revolucionaria de Madrid4 , dado que en ella que se incluyeron novedosas libertades junto a reformas largamente esperadas: sufragio universal, libertad de cultos, libertad de enseñanza, libertad de reunión y asociación, libertad de imprenta sin legislación especial, juicio por jurados, unidad de fueros o abolición de la pena de muerte, entre otras5 . Fue esta Junta también la que encargó al General Serrano la formación de un Gobierno que fuera “la más genuina y directa personificación de una revolución que aspira a levantar […] el ejercicio incontrastable de las públicas libertades”6 , y que finalmente se constituyó con carácter provisional el 9 de octubre de $1 8 6 8 ^ { 7 }$ .
Sin embargo, en la solemne proclamación de derechos y libertades de la Junta de Madrid no hubo lugar para la cuestión esclavista. Era una ausencia clamorosa cuando tanto se insistía en la libertad, aunque el defecto se reparó unos días más tarde ya que aquella propuso al Gobierno provisional una medida de “urgencia” y “salvadora”, que sirviera de “desagravio de la justicia ofendida”, dado que la esclavitud era “un ultraje a la naturaleza humana”, “una afrenta a la Nación”, y “una de esas instituciones repugnantes” que debían desaparecer. Sin embargo, la libertad caminaría del brazo de la oportunidad, pues la propia Junta mantuvo que la extinción de la esclavitud había de quedar vinculada a la adopción de medidas previas y coetáneas que la hicieran eficaz, y que debía actuarse con reflexión en un asunto que estaba conectado con todos los ámbitos de la vida en las Antillas. Por eso, en su opinión, lo oportuno era esperar a que “las Cortes Constituyentes, oyendo a los diputados de Ultramar”, decretaran su abolición, aunque eso no era obstáculo para que el Gobierno provisional declarara “libres todos los nacidos de mujer esclava, a partir del 17 de septiembre de $1 8 6 8 ^ { \prime \prime 8 }$ . Según sus propias palabras, si se adoptaba esta medida no habría que temer ninguna de las complicaciones que obligaban a esperar el acuerdo de las Cortes, posiblemente porque era consciente de que lo que proponía sólo significaba una extinción gradual de la esclavitud, comenzando por el principio más básico de liberar el vientre de las esclavas, dado que, según el derecho tradicional, el hijo seguía la condición de la madre9 .
Sirva todo ello de exordio para un asunto que era de suma trascendencia y gravedad, incluso para la población de color, y que siguió pendiente de resolución transcurridos los primeros momentos revolucionarios ya que el Gobierno provisional no tomó el testigo que la Junta le entregó, a pesar de que había reconocido de forma expresa que el alzamiento de Cádiz no se había llevado a cabo “en beneficio exclusivo de los habitantes peninsulares”. En materia de esclavitud estimaron que si dictaban disposiciones que afectaran a la condición de la población de color de las Antillas se estarían extralimitando los poderes que habían recibido de la Nación y que ejercían de manera interina. Tan sólo se consideraron autorizados para emitir una idea general al respecto: la revolución no “atropellará derechos adquiridos al amparo de las leyes, ni alterará “de un modo brusco y ocasionando gravísimos conflictos” la condición de la población agrícola de Ultramar10.
La discordancia estaba en el hecho de que ese mismo gobierno no dudó en aprobar disposiciones trascendentales para la península en clave de derechos y libertades, pues a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 1868 quedaron reconocidas la libertad para fundar establecimientos de enseñanza, la libertad de imprenta, la libertad de reunión y la de asociación11. Consciente de ello, es decir, consciente de que se habían adoptado “resoluciones decisivas en asuntos graves” que interesaban al territorio peninsular, la inhibición para el caso de la esclavitud se justificó argumentando que no se podía actuar de igual manera respecto a los habitantes de Ultramar, puesto que era la representación del país la que estaba llamada a decidir junto a los diputados ultramarinos12. En esa línea se mantuvo el Gobierno sin variar su postura13, e incluso vino a confirmarla en disposiciones posteriores, pues estuvo decidido a “no resolver ninguna de las cuestiones capitulares que constituyen el modo de ser político, social y administrativo de esas colonias sin el recurso a sus Representantes en las Cortes”14.
En palabras de Rafael María de Labra, cuya autorizada opinión en materia de esclavitud pocos pueden poner en solfa, “las declaraciones de septiembre no pasaron de una fórmula simpática de términos muy modestos y dentro de la tendencia de encomendar la resolución del problema ultramarino a los Poderes Públicos organizados”15.
La libertad, así considerada, no era sólo condición del individuo, sino materia a disposición de los poderes. Cuando el Gobierno provisional impuso la prudencia a la libertad, le interesaba más la tranquilidad del orden político y de los propietarios de esclavos que la esperanza truncada de la raza negra. Y todo ello porque hemos de entender que la libertad, a pesar de las rimbombantes proclamas, no era sólo un atributo individual, sino una atribución de los poderes constituidos, que bien podía ser el constituyente, bien el poder doméstico e incluso el poder colonial16. Este último, aunque no se mencionaba expresamente, estaba en la base de régimen ultramarino, articulado en torno a una especialidad normativa que permitía disponer completamente de un territorio y de su población17. Ese sistema de especialidad, consolidado constitucionalmente18, dejó subsistente todo un entramado basado en la autoridad y potestad de quienes ejercían el dominio sobre el territorio. La colonia y su población, que no encajaba en el concepto de civilización, bien podían sostener un sistema esclavista a mediados del siglo XIX, mientras en la península se afirmaba con rotundidad que era una “institución repugnante”. Tal era la idiosincrasia del sistema, que al esclavo le bastaría “con sólo respirar el aire de nuestras costas peninsulares y de sus islas adyacentes, y con sólo pisar esta tierra” para ser declarado libre; en ese caso no se había de reconocer validez al título de propiedad que ostentaba el amo19. Era necesario traer a colación este último asunto porque la propiedad confería al amo potestad, y consolidaba otro de los poderes capitales en este asunto como era el poder doméstico.
La potestad y autoridad doméstica se extendían no sólo sobre los hijos o la mujer, sino también sobre los trabajadores, los indígenas y los esclavos. Les mermaba su subjetividad jurídica, e incluso la anulaba, y los supeditaba a un sistema de jerarquía en el que predominaba la condición del pater, único que ostentaba la plenitud para el derecho. Pudo así ejercer sin cuestionamiento la facultad de corregir y castigar a sus esclavos, del mismo modo que podía hacerlo con su esposa y sus hijos. Los reglamentos de esclavos para Puerto Rico (1826) y para Cuba (1842) sirvieron para regular el trato que podían dar a la población esclava y sus obligaciones como amos20, y estuvieron vigentes durante la
20 El reglamento para Puerto Rico databa de 1826 y el de Cuba de 1842, con una reforma de 1844. Sobre su contenido se detiene TARDIEU, Jean-Pierre, Morir o dominar. En torno al reglamento de esclavos de Cuba (1841-1866), Madrid, editorial Iberoamericana-Vervuert, 2003. Con una perspectiva más amplia, CARLO-ALTIERI,
Revolución y hasta el momento mismo de la abolición21. En febrero de 1870, la autoridad puertorriqueña se vio obligada a recordar su cumplimiento a fin de evitar los abusos por parte de los propietarios. Precisamente recurriendo a la figura del padre respecto de sus hijos, y del tutor respecto de los huérfanos, y a su capacidad para llevar el rigor del castigo hasta la obediencia, negaba que esa misma potestad del dueño se dilatara hasta “exprimir la existencia” del esclavo sin respetar las nociones de la justicia y la humanidad. Había que cortar de raíz los abusos que se justificaban invocando la necesidad de obediencia y respeto, aunque para ello, consumada una Revolución que inscribió en su frontispicio la libertad, no se hizo otra cosa que recurrir a unos reglamentos esclavistas que, de por sí, eran su negación más evidente. Se mantendría en vigor, según se indicaba, hasta que los poderes soberanos extirparan “ese cáncer terrible”22.
En todo caso, mientras la Cortes Constituyentes no se reunieran y los diputados ultramarinos no llegaran, el problema de la esclavitud quedaría sin resolver y, entre tanto, “se podrá acusar a España del mayor de los crímenes y considerarla como indigna de las libertades que acaba de conquistar”23.
2. MISCELÁNEA REVOLUCIONARIA.
Emilio Castelar, con la distancia que le permitía el tiempo transcurrido desde que se iniciara revolución, se preguntaba a mediados de 1870 por la causa del retraso en las reformas antillanas, y concluía atribuyéndolo a la idiosincrasia de la propia revolución, en la que no hubo “ni unidad de ideas, ni conformidad de propósitos en sus elementos primordiales”. A su juicio, hubo unidad en las negaciones, pues no se quería una monarquía despótica, aunque “la diferencia estaba en las afirmaciones”24, y una prueba evidente de la certeza de su reflexión se halla, precisamente, en la disparidad de criterios que se utilizaron al abordar la cuestión de la esclavitud.
El principal escollo con el que se encontraron quienes defendieron las tesis abolicionistas fue la existencia de una propiedad, en teoría legítima25, que reforzaba la potestad del dueño del esclavo. Desde el principio de la Revolución, el Ejecutivo sostuvo que se respetarían los derechos adquiridos al amparo de las leyes y, transcurrido un año desde su consumación, el Ministro de Ultramar seguía insistiendo en el respeto que merecían los intereses creados, y en la necesidad de que cualquier progreso se hiciera con el conocimiento del hecho que le precedía, “siquiera sea injusto; porque injusto y todo ha originado relaciones humanas”26.
Si antes de 1868, el debate sobre la esclavitud, en líneas generales, enfrentaba a sus partidarios y a sus detractores, consumada la Revolución septembrina pocos se atrevían a defenderla abiertamente, y los términos de la discusión se situaban entre una abolición inmediata o gradual, dependiendo del mayor o menor posicionamiento a favor de la propiedad esclavista.
A este cambio habrían contribuido poderosamente distintos factores, entre los que se hay que incluir la condena general de la trata de esclavos, a la que parecía que se le había dado el golpe definitivo en 1867 con la aprobación de algunas disposiciones que se ocuparon de su represión y castigo. Se habría privado al sistema esclavista de uno de los motores de su desarrollo, pues desaparecía un mercado de hombres que había permitido mantener la esclavitud con todo su vigor durante los siglos anteriores. Se había ordenado también la formación de un empadronamiento o censo de esclavos, considerándose libres los negros no inscritos, y sin ningún valor los actos o contratos relativos al dominio de un esclavo que no se inscribiese, creándose a estos efectos unas plazas de “registradores de esclavos27. La Revolución no introdujo cambios a este respecto, salvo los más instrumentales de atribuir las funciones de los registradores de esclavos a los administradores y colectores de contribuciones en el caso de Cuba, y a los secretarios de los corregimientos en el caso de Puerto Rico28.
También se contaba ya con los trabajos que para asuntos ultramarinos, esclavitud incluida, había realizado la Junta de Información creada en $1 8 6 5 ^ { 2 9 }$ . El Gobierno provisional reconoció que era una “ventaja” poseer los “importantes datos que suministró”, y que habría de llevarlos a la Asamblea para que pudieran servir de guía en la discusión de las reformas30. Tanto los comisionados reformistas de Puerto Rico como los de Cuba habían propuesto en dicha Junta la abolición de la esclavitud31, aunque merece destacarse, por su coincidencia con futuros planteamientos, el Proyecto para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico que presentaron los puertorriqueños Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta y Francisco M. Quiñones. En él se encontraban argumentos que bien podrían adscribirse al futuro credo revolucionario: “¿Qué es ante todo emancipar a un siervo? Es devolverle su personalidad y los derechos que le son inherentes […] La esclavitud en los tiempos modernos no tiene otro fundamento que el mayor desarrollo de la producción […] suprema razón de la economía”32.
Sin embargo, a nivel social, tal vez fue la creación y desarrollo de la Sociedad Abolicionista española el factor más determinante en la formación de una conciencia antiesclavista, y aunque había suspendido sus trabajos en 1866, se reorganizó con vigor tras el triunfo de la revolución, incluyendo entre sus socios a muchos de los grandes políticos del movimiento revolucionario33. En su reunión de 22 de octubre de 1868 ya había recogido el testigo de la honra reclamada en Cádiz por los Generales, y José Echegaray alzó su voz para proclamar que no podrían considerarse dignos de la libertad que se había conquistado si no se hacía “partícipes de ella a los pobres negros, haciendo para ellos estéril la sangre vertida en Alcolea”34. En el momento de constitución de su nueva junta, a primeros de noviembre de 1868, algunos de sus miembros pidieron que se redactara un manifiesto dirigido al Gobierno provisional para que declara la “abolición instantánea” de la esclavitud en la isla de Cuba35. Si hasta estos momentos su principal labor había consistido, particularmente, en procurar que la población tomara conciencia de la existencia de la esclavitud, después del estallido revolucionario reclamó insistentemente la abolición definitiva. Presionó desde la prensa y desde la tribuna para que el Gobierno y las Cortes decretaran el fin de la esclavitud, y rebatió con fuerza los argumentos de los esclavistas.
Porque, como era de esperar, la anunciada libertad de los revolucionarios septembrinos hubo de provocar las reacciones de quienes seguían defendiendo el sistema esclavista, aunque lo parapetaran detrás de toda una panoplia de argumentos en torno al patriotismo y el interés de la Nación, incluido el de la población de color. Según sus opiniones, una raza semi-salvaje, propicia al vicio y a la brutalidad, no estaba preparada para recibir la libertad36. Trataron de demostrar que la raza negra era moralmente inferior a la blanca, y por eso necesitaba ser preparada con tiempo y prudencia. Concederles la libertad sin más sería origen de crímenes y desórdenes, que podrían conducir, incluso, a la pérdida de las colonias37.
Tampoco ayudaba mucho a la causa abolicionista la guerra de Cuba. El levantamiento de Carlos Manuel Céspedes al grito de “cuba libre es incompatible con Cuba esclavista” desató el miedo de muchos propietarios de esclavos, y justificó las reservas del Gobierno y de las Cortes llegado el momento de resolver el problema antillano38. Aunque también en Puerto Rico, coincidiendo con los primeros momentos del levantamiento peninsular, hubo un conato revolucionario conocido como el “grito de Lares” por ser éste el nombre del pueblo donde se inició la noche del 23 de septiembre de 1868, ni su base ideológica ni su desarrollo social y temporal permitieron equipararlo al independentismo cubano. Tanto fue así que el Gobierno no dudó en conceder una completa amnistía a los españoles “que hubieren tomado parte directa o indirectamente en la sublevación”39. En cualquier caso, la cuestión cubana siempre fue un lastre para las reformas ultramarinas, aunque tuvieran como destinataria única a la menor de las islas. Según la valoración de Rafael $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ de Labra, Puerto Rico quedó siempre “bajo la influencia desastrosa de la insurrección cubana, utilizada hasta lo inverosímil por los enemigos de toda clase de reforma colonial”40.
Pero hubo otro argumento con un peso específico en la resolución del problema de la esclavitud, y fue el que conectaba esclavitud y riqueza o, más concretamente, el que frenaba la abolición en aras del mantenimiento de la prosperidad económica de las Antillas y, por ende, de la península41. Mucho hubo de discutirse este asunto, ya que en opinión de algunos el declive de la producción esclavista era un hecho consumado por esas fechas, pues la abolición de la trata le había asestado un golpe mortal, y el trabajo libre, entonces también realizado por la población asiática, había terminado imponiéndose42.
Propiedad y economía frente libertad y dignidad, porque no podía ignorarse que era precisamente la dignidad del esclavo lo que recomendaba la moral, y en el caso de España esa moral coincidía esencialmente con el cristianismo. Por este motivo, los principios del catolicismo también se invocaron para defender el final de la esclavitud43. La estrategia de los propietarios de esclavos consistió en defender el buen trato que se ofrecía a la población esclava y su adecuación al sistema de trabajo que realizaba, ya que se le entregaban tierras para cultivar, animales para criar, mayor salario del que ganaba un hombre libre, e incluso asistencia en su enfermedad44. Pero los abolicionistas no cesaron en su empeño de vincular la esclavitud a la inmoralidad. En el discurso inaugural de las conferencias antiesclavistas celebradas en Madrid en 1872, Fernando de Castro causó sensación en el auditorio cuando, refiriéndose a la moral de los propietarios de esclavos, exclamó: “¡Cuantas veces si son verdaderos cristianos, despertarán sobresaltados en las tinieblas de la noche, creyendo oir la voz de Dios que les pregunta como a Caín! «¿Qué has hecho de tu hermano?»”45.
3. MUTISMO CONSTITUCIONAL.
Cercano el día en el que había de celebrarse la apertura solemne de las Cortes Constituyentes, el Ministro de Ultramar promulgó un decreto en el que volvió a ponerse de manifiesto la dicotomía del nuevo orden: “cualquiera que sea la extensión radical de los principios proclamados por la revolución, estos no pueden ni deben plantearse allí [Ultramar] desde luego en toda su latitud, sin las prudentes y bien graduadas modificaciones que exigen las condiciones diferenciales”46. Sin embargo, una vez reunidas aquellas, su presidente, Nicolás $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Rivero, se dirigió al hemiciclo para proclamar con rotundidad la esencia de libertad que habría de impregnarlas, y de la cual resultaría la consagración de los derechos, “no como concesión de ninguna institución o poder, sino como derechos inherentes a la personalidad humana […] derechos absolutos, ilegislables […] superiores a todas las instituciones y a todos los poderes”47.
La comisión nombrada para presentar un proyecto de constitución se mantuvo en la misma línea, y presentó un texto que, al hilo de las aspiraciones revolucionarias, estaría adornado con caracteres propios y distintivos y, en particular, un proyecto que desarrollaba “los derechos individuales, condiciones indeclinables que forman el carácter del ciudadano”; una norma, en definitiva, “fundada en la naturaleza humana” que habría de permitir “la libre expansión de todas las libertades humanas”48.
Se iba a inaugurar en España un constitucionalismo de derechos, y se pretendía hacer de la libertad una premisa de la constitución49. Era de esperar, por tanto, que con tales presupuestos de partida, la cuestión de la esclavitud se planteara de inmediato pues, en opinión de los abolicionistas, la libertad cercenada en Ultramar era del todo incompatible con los principios constitucionales.
Ya en la discusión de su artículo primero hubo ocasión para suscitar el debate. El Título I, consagrado a los españoles $y$ sus derechos, consideraba como tales a “todas las personas nacidas en los dominios de España” (art. 1.1º), pero el concepto mismo de “persona” podría resultar excluyente de los esclavos. Persona era un concepto que existía tradicionalmente para el derecho, vinculado a estatus y condición, y excluyente de por $\mathrm { s } \acute { 1 } ^ { 5 0 }$ . Si los esclavos, por su sujeción incondicional al poder doméstico del amo, por su total ausencia de libertad, no tenían subjetividad jurídica, no existían para el derecho o, dicho de otra forma, no eran personas, no podrían disfrutar de ninguno de los derechos que reconocía la norma constitucional. Individuo, sin embargo, era un concepto mucho más genérico, que servía para encuadrar al ser humano en general, por eso Fernando Garrido presentó enseguida una enmienda al artículo en la que precisamente pedía la sustitución de la palabra “persona” por la de “individuo”. En su defensa argumentó que mientras que la esclavitud estuviera vigente, la persona habría de identificarse con el hombre libre51, porque “los esclavos jurídicamente considerados no son persona”. Para evitarlo, proponía la introducción de ese otro término, individuo, que significaba “todo ser humano”. La comisión constitucional le respondió sin contradecir la esencia de su planteamiento, y Segismundo Moret explicó en la Cámara que, en sentido jurídico, el individuo no era la persona sino la unidad de la especie, por eso no iban a admitir la enmienda, porque la persona era el ser jurídicamente considerado. Las consecuencias que a estos efectos tuviera el mantenimiento de la esclavitud habrían de ser consideradas cuando llegaran los diputados ultramarinos52.
En torno a este concepto restrictivo de persona se presentó otra enmienda defendida por Ramón Soriano, que insistió en el hecho de que el artículo primero, al referirse a la “persona”, no incluía a los esclavos porque no tenían personalidad y, en su opinión, ya habría ocasión de discutir qué derechos habían de atribuírseles cuando se planteara la abolición. De momento, persona significaba “hombres libres”, y su único objetivo era que entre ellos no hubiera “distinción de raza ni color”53. Tampoco en esta ocasión la enmienda fue tomada en consideración, y la única modificación que se realizó en el texto del artículo fue la que solicitó José Jimeno Agius, que propuso en su enmienda la sustitución de la expresión “nacidas en los dominios de España” por la de “nacidos en territorio español”, al objeto de que el texto constitucional se pusiera en armonía con los nuevos principios que no permitían ver “en los habitantes de aquellas apartadas regiones pueblos conquistados, sino pueblos hermanos”54.
Sin embargo, comprendidos o no los esclavos en el texto constitucional, lo evidente es que no se incluyó en éste referencia alguna a la esclavitud. Al menos no de forma expresa, pues indirectamente algunos de sus preceptos pudieron ser interpretados en favor o en contra de su existencia. Si nos atenemos al proyecto presentado por la comisión, y a la primitiva redacción del art. 29 que consideraba lícito todo lo que no estaba expresamente prohibido por la Constitución y las leyes, la esclavitud quedaría intacta tras la aprobación de la norma fundamental pues ésta no la proscribía del ordenamiento. En consecuencia, el republicano Fernando Garrido presentó de nuevo una enmienda para que las Cortes aprobaran la siguiente adición: “Queda prohibida la esclavitud en todo el territorio español”. Su defensa se apuntalaba en razones de moralidad y de justicia, de honra nacional, y ni el recurso a la prudencia de la comisión, ni sus intentos por retrasar la discusión a momentos más convenientes, le hicieron desistir de su propósito, sino más bien reafirmarse en la opinión de que era precisamente en sede constitucional donde debía quedar resuelta. En un último intento por defender el silencio de la norma fundamental, el ministro de Marina Juan Topete manifestó que “el poner en la Constitución un artículo decretando la abolición, sería un lunar en ese Código y la Constitución debe quedar limpia de toda mancha”55.
A lo largo del debate constituyente, advirtiendo la comisión que tal y como estaba redactado el artículo 29 los derechos podían quedar supeditados a la constitución y las leyes, y mermarse el valor superior que pretendía atribuírseles, ofreció un explicación sobre su verdadero sentido: “no se entienda nunca que lo que quiere es una simple enumeración de los derechos como límite de los mismos derechos, que era lo que antes se hallaba establecido, sino que la no negación es también fuente de derechos y origen por consiguiente de libertades para el individuo”56. Para evitar recelos se decidió cambiar la redacción, que fue aprobada en los siguientes términos: “La enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquiera otro no consignado expresamente”.
En ese caso, la abolición de la esclavitud tal vez hubiera podido deducirse de la posición primera de la libertad; pudiera ser que el derecho a la integridad personal, aún sin estar consignado en la constitución, resultara operativo para la población esclava, pero para ello habría sido necesario que el texto constitucional se aplicara en los territorios ultramarinos, y tal posibilidad, de entrada, no se contempló. El artículo 108 de la norma descartó de forma transitoria su operatividad ultramarina: “Las Cortes constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de Ultramar cuando hayan tomado asiento los Diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución”.
La insurrección cubana hizo imposible la elección de los diputados cubanos, pero los puertorriqueños eligieron a sus representantes57, y al salir de Puerto Rico se dirigieron a los habitantes de aquella Antilla para asegurarles que “la España regenerada no concluye en las playas de Andalucía”58. Una vez presentes en las Cortes, el ministro de Ultramar, Manuel Becerra, creyó conveniente la creación de una comisión para discutir y proponer las bases de los proyectos sobre las reformas políticas y administrativas en Puerto Rico, y sobre la abolición de la esclavitud en dicha isla. Cuba, sin embargo, levantada en armas contra España, exigía en esos momentos la defensa del territorio y, en consecuencia, un aplazamiento de las reformas59.
El gobierno era consciente de que había un problema de desencaje entre los antiguos y los nuevos principios, puesto que el espíritu de la Revolución era irreconciliable con un sistema colonial privado de la participación social, y gobernado arbitrariamente por unas autoridades que disfrutaban de un cúmulo amplísimo de facultades conocidas también como la “omnímodas”60. El ministro reconoció abiertamente que existía “una deplorable y pertinaz tradición de despotismo”, y que su voluntad era “llamar a las colonias al pleno goce del derecho”. Era urgente llevar a efecto un cambio tanto político como administrativo, y “declarar y respetar los inalienables derechos de la persona”. Sin embargo, cuando abordó el problema de la esclavitud volvió a reproducir los mismos argumentos que ya se habían esgrimido antes de aprobarse la constitución en torno al respeto a los intereses creados y a la discreción61. La citada comisión había de evacuar su informe en un plazo de 30 días y se disolvió el 27 de octubre de $1 8 6 9 ^ { 6 2 }$ . Su constitución no tuvo consecuencias prácticas en el campo del derecho, aunque seguramente sirvió para preparar a la opinión pública y a los propietarios de esclavos para los cambios que se avecinaban.
Tan sólo un mes después, cumpliendo con el mandato constitucional, Manuel Becerra presentó a las Cortes un proyecto de ley modificando varios artículos de la Constitución del Estado, para aplicarla a la isla de Puerto $R i c o ^ { 6 3 }$ . Una vez más se ensalzó la Revolución, y una vez más se proclamó de forma solemne el propósito de que “allí donde el sol de España alumbre al hombre, allí le sean reconocidos y garantidos los derechos que nacen de su propia naturaleza, anteriores a toda ley positiva, superiores a ella y por lo tanto ilegislables”. Pero esta doble corriente de principios e intereses que guiaba al gobierno terminó por dejar intacta la esclavitud, pues no podía desaparecer de improviso sino tomando en consideración criterios de conveniencia e intereses existentes. Prometió éste presentar un proyecto de abolición en un corto plazo de tiempo, pero mientras no llegara los esclavos seguirían privados de los derechos constitucionales. Y no es conjetura historiográfica, sino prescripción del referido proyecto ministerial: “Los derechos consignados en la presente Constitución no serán aplicables a los individuos que se hallen en estado de servidumbre” (Disposición transitoria)64. El proyecto no llegó a aprobarse, pues la disciplina de lo conveniente se impuso sobre las exigencias de la libertad, y el mutismo constitucional permitió, finalmente, el sostenimiento del sistema esclavista y delegó en el poder constituido la concreción de sus preceptos.
4. NORMATIVA ABOLICIONISTA: ATONÍA DE LA LIBERTAD.
A finales de mayo de 1870, el ministro de Ultramar, Segismundo Moret, presentó en las Cortes un proyecto sobre abolición de la esclavitud. Comenzaba invocando la honra anhelada desde hacía tiempo y la libertad “a tan alto grado levantada” en la constitución, pero a medida que su exposición avanzaba se podía comprobar que el amor a esa libertad no era suficiente porque no se aplicaba también su lógica65. El proyecto, aún adornado con el discurso que le precedía, no era de abolición total, sino de extinción gradual; no ponía fin a la esclavitud, sino que daban los primeros pasos para su desaparición, de ahí que se le terminara considerando como una ley preparatoria.
El gradualismo y la ambigüedad que le caracterizaron provinieron de su afán por respetar la propiedad esclavista, y por intentar conjugar la libertad y la economía política, sin que en ningún caso se planteara la posibilidad de resarcir a los esclavos66. Abolir la esclavitud sin perjudicar a los dueños suponía asumir que no sólo importaban los derechos de libertad, sino los derechos adquiridos a la sombra de las leyes, de ahí que una abolición gradual fuera lo más conveniente si se quería contar con el apoyo de los propietarios. El propio ministro expresó su singular satisfacción de presentar el proyecto “de acuerdo con los mismos propietarios de esclavos […], eterno blasón de gloria”, pero en opinión de los abolicionistas éste era precisamente uno de los cargos más grave que podía hacérsele a la norma67. Éstos negaban incluso que esa propiedad que se estaba reconociendo fuera legítima pues, una vez prohibida la trata, todas las adquisiciones ilegales de negros que habían sido resultado de un acto de piratería no tenían validez y no permitían al poseedor del esclavo ostentar un título legítimo de propiedad68. Más aún, la posesión misma de un ser humano se consideraba un abuso, tal y como denunció en la Cámara Emilio Castelar: “Se nos dice: «Olvidáis que esta ley debe ser una ley de transacciones porque se refiere a la propiedad» ¡Propiedad! ¿Propiedad de quién? ¿Propiedad de qué? […] ¿cómo exigís lo imposible, cómo establecéis la propiedad, sobre lo que es, inapropiable para el amo e irrenunciable en el siervo?”69.
La libertad, en consecuencia, no fue una cuestión de individualidad, sino de fechas, de edad, de actitud, e incluso de voluntad política. Tal es, al menos, la conclusión que se extrae del articulado de la norma. En primer lugar se concedió la libertad a los hijos de madres esclavas nacidos después de publicada la ley (art. 1), y a los esclavos cubanos que hubieran servido bajo la bandera española o auxiliado a las tropas durante la insurrección, pues en opinión del Gobierno “la bandera española al ondear sobre su frente los ha convertido en hombres libres”, y también a todos los que hubieran sido declarados libres por el gobernador superior de Cuba (art. 3). El beneficio de la libertad alcanzó, además, a los que tenían 60 años en el momento de publicarse la ley, y a quienes los cumplieran en adelante (art. 4), ya que así vivirían “tranquilamente al lado del antiguo dueño” y morirían “tranquilamente”, “fraternizando con sus dueños”70. Este último supuesto suscitó cierta controversia, pues no faltaron voces que denunciaron la posibilidad que se ofrecía a los esclavistas para librarse de quienes, por su edad, ya no les reportaban utilidad ni riqueza, o pronosticaban que se realizarían alteraciones en la edad de los esclavos en función de los intereses de sus propietarios. Esta última posibilidad se reveló una realidad en la práctica, y en unas reglas aprobadas por el Gobernador de Puerto Rico para aplicar la ley de abolición se instó a las autoridades para que averiguaran con certeza la edad haciendo uso de todos los medios posibles. En el caso de que “hubiere resultado malicia por parte del dueño” lo habrían de comunnicar al objeto de resolver según correspondiera71.
También fueron declarados libres todos los esclavos que por cualquier causa pertenecieran al Estado (art. 5) y, en consecuencia, adquirieron la libertad los nacidos desde el 17 de septiembre de 1868 hasta la publicación de la ley72, porque la norma ordenaba en primer lugar su adquisición por el Estado (art. 2) y, en cuanto le pertenecieran, adquirirían la libertad. Es una concesión indirecta de la libertad que tuvo el propósito, a nuestro entender, de que la emancipación se concediera mediando una indemnización a los dueños, que recibirían una cantidad por ser privados de su propiedad.
La ley mencionaba expresamente a quienes, como emancipados, estaban “bajo la protección del Estado”, y les reconocía el ejercicio de los derechos de los ingenuos (art. 5). Éstos, en rigor, no eran esclavos, sino aquellos que una vez prohibida la trata habían sido capturados por cruceros de guerra o descubiertos por las autoridades al desembarcar, y que habían quedado bajo la dependencia del Estado por temor a los peligros que pudieran resultar de su incorporación a la sociedad isleña. Eran obligados a trabajar, en ocasiones bajo unas condiciones peores que la de los esclavos, y el Estado dispuso de ellos como una manifestación más del ejercicio del poder colonial73. Que era un asunto pendiente de resolución, a pesar de la normativa anterior que se había dictado para regularizar su situación, lo demuestra el hecho de que fueran incluidos expresamente en la ley de abolición.
Tras el paso del proyecto por la comisión de Cortes se incluyó un artículo que establecía que el delito de sevicia, “justificado y penado por los tribunales”, también traería consigo la libertad del siervo que sufriera los excesos (art. 17) 74. Finalmente, serían considerados libres todos los esclavos que no aparecieran inscritos en el censo (art. 19)75.
En justa lógica con el respeto al sagrado derecho de propiedad, la ley de 1870 contempló la abolición mediando indemnización. No para todos los supuestos, pues no en todos había precedido la propiedad a la libertad, pero sí en el caso de los nacidos desde el 17 de septiembre hasta la publicación de la norma, que eran adquiridos por el Estado “mediante el pago a sus dueños de la cantidad de 125 pesetas” (art. 2); o en el caso de los esclavos cubanos liberados por su fidelidad a España o por decisión del Gobernador, cuya liberación daría lugar a una indemnización según “su valor” siempre que sus dueños hubieran permanecido “fieles a la causa española” (art. 3). No hubo, sin embargo, reconocimiento de indemnización para los esclavos mayores de 60 años, a pesar de que sus amos antes de la ley venían ejerciendo sobre ellos unos derechos como propietarios. El diputado Francisco Romero Robledo se planteaba la cuestión en los siguientes términos: si la indemnización no se reconocía porque ya no eran útiles a los amos, porque ya no suponían ninguna pérdida económica, entonces “triste don, miserable regalo el de la libertad”; si por el contrario, aún eran útiles, había que indemnizar a sus amos76.
Así pues, dado que la redención exigía dinero, el gobierno crearía un impuesto sobre los negros que permanecieran en servidumbre y que estuvieran comprendidos entre los 11 y los 60 años (art. 16). Evidentemente, por lo que al esclavo respecta, esta abolición indemnizada daba la espalda a su libertad natural y a sus derechos como individuo, y por ese motivo hubo quien combatió la ley reclamando que en vez de pedir la indemnización para el propietario se pidiera “para el esclavo por el tiempo que ha sido privado de su libertad”77.
Aun así, la emancipación no suponía un acceso a la libertad sin más. Se concedía la libertad, pero se condicionaba el ejercicio de los derechos adquiridos, y se creaban nuevos derechos para los propietarios. Los nacidos a partir de la publicación de la ley, y los nacidos desde el 17 de septiembre, quedaban sometidos al patronato de los dueños de la madre (art. 6)78 , y eran obligados a trabajar para sus patronos hasta la edad de 18 años sin remuneración (art. 7). Hasta tal punto se cuidaron los intereses de los propietarios que, en el caso de los nacidos desde el 17 de septiembre hasta la publicación de la ley, el Estado no sólo les iba a entregar una cantidad por ellos sino que, además, los iba a mantener bajo su potestad como patronos79.
Llegados a la edad de 18 años, ganarían la mitad del jornal “de un hombre libre, según su clase y oficio”, aunque de éste solamente se le entregaría la mitad, porque la otra parte quedaría destinada a la formación de un “peculio” (art. 8). Tan sólo a la edad de los 22 años cesaría el patronato y se le entregaría su peculio (art. 9). A juicio de José $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Labra, fue ésta “una forma hipócrita con que se quiso mantener la servidumbre”, pues el patrono era una especie de amo encubierto al que se le aseguraba “una nueva esclavitud de 22 [años] por lo menos”80.
Este patronato del amo sólo se hacía depender de la voluntad del esclavo en el supuesto de los libertos mayores de 60 años, que podían optar por “permanecer en la casa de sus dueños” (art. 14)81. Adquirían entonces éstos “el carácter de patronos”, dejándoles la ley la potestad de retribuirlos o no, y atribuyéndoles el derecho a ocuparlos “en trabajos adecuados a su estado” (art. 14).
El patrono disfrutaría de “todos los derechos de tutor”, y del provecho del trabajo no remunerado del liberto (art. 7), manteniendo fundamentalmente el poder doméstico que venía ejerciendo sobre ellos. A cambio había de mantenerlos, vestirlos, asistirlos en sus enfermedades y darles la instrucción necesaria para ejercer “un arte u oficio” (art. 7).
Este patronato, así constituido, era transmisible por “todos los medios conocidos en derecho”, de tal modo que el individuo, aún libre, podía seguir siendo objeto de transmisión. También podían reclamarlo los padres libres respecto de sus hijos legítimos o naturales, pero en tal caso habrían de abonar una indemnización al patrono por los gastos que hubiera hecho en beneficio del liberto (art. 11). El patronato cesaba cuando el individuo alcanzaba la edad de 22 años (art. 9), o si el mayor de 60 años decidía salir del patronato de su antiguo amo (art. 15). La comisión añadió otros supuestos de extinción, que pasaron al texto de la ley: el matrimonio de liberto, el abuso del patrono en castigos o su falta a los deberes que la ley le imponía, y la prostitución del liberto impuesta o favorecida por el patrono (art. 10).
Para los esclavos que obtuvieran su libertad por haber ayudado a la causa española en Cuba, por decisión del Gobernador de esta isla, o por su pertenencia al Estado (a excepción de los nacidos desde el 17 de septiembre), no se instituía el patronato sino la “protección del Estado”82, que se limitaría a protegerlos y a proporcionarles los medios para subsistir, con la prohibición expresa de que en modo alguno se les coartara su libertad, añadido este último de especial repercusión en el caso de los emancipados que, como era sabido, habían sido objeto de abusos a lo largo del siglo y seguían sufriéndolos en esos momentos.
La concreta condición jurídica en la que quedaban los esclavos liberados dependía, como se ha podido comprobar, de múltiples factores, pero nunca de la lógica de la libertad. Algunos, como los que pertenecieran al Estado, disfrutarían del “pleno ejercicio de los derechos de los ingenuos” (art. 5); los que quedaran sometidos al patronato, tendrían que esperar a los 22 años para adquirir “el pleno goce de sus derechos”; pero la ley no especificaba, en ningún caso, cuales eran unos y otros derechos. El proyecto de ley les atribuía, en ambos casos, el pleno goce de “sus derechos civiles”, y esta pareció ser también la idea de la comisión, pues aclaró durante el debate parlamentario que no se trataba de los derechos políticos, sino de los “derecho sociales”, que eran “los mismos derechos civiles que se tienen en todas partes”83.
La prudencia, la reserva, o la atonía con la que legislador había enfrentado la abolición de la esclavitud se vio reforzada por el precepto de la ley que vinculó su cumplimiento a la aprobación de un reglamento especial (art. 20). Y respecto a la población que aún quedaba en estado de servidumbre, la norma estableció que el gobierno habría de presentar el proyecto de ley de “emancipación indemnizada” cuando hubieran tomado asiento en las Cortes los diputados cubanos (art.21). Este último artículo cambió sustancialmente respecto al proyecto que había presentado el ministro, pues su intención fue que las Cortes le autorizaran para tomar las medidas que estimara necesarias para realizar la abolición total de la esclavitud. La comisión, sin embargo, entendió que la gravedad del asunto no permitía aceptar dicha petición, y cambió la redacción del artículo a fin de que el Gobierno presentara un proyecto de “emancipación gradual” la próxima legislatura. La ley se aprobó finalmente sin que se incluyera el plazo para presentarla, e introduciendo la condición de que habrían de estar en la Cámara los representantes de Cuba84, lo cual, teniendo en cuenta el estado del conflicto cubano, podría suponer que la abolición definitiva se retrasase sine die. Hasta entonces, sólo se ofrecían ciertos paliativos: quedaba suprimido el castigo de azotes que autorizaban los reglamentos de esclavos, y se prohibía que pudieran venderse por separado las madres y los hijos menores de catorce años, o los esclavos unidos en matrimonio (art. 21).
Aprobada y promulgada la ley el 4 de julio de 1870, aún quedaba pendiente su aplicación en las Antillas85. En la isla de Cuba se publicó el
28 de septiembre, pero su ejecución quedó aplazada hasta la aprobación del reglamento requerido por la propia ley; en Puerto Rico, el Gobernador superior dictó, el 12 de octubre de ese mismo año, una serie de reglas a las que debían ajustarse las autoridades y los particulares para llevarla a efecto. A diferencia de lo prescrito en la ley, la edad para poner fin al patronato se fijó en los 21 años, y se incluyeron algunas consideraciones respecto a la situación de los libertos mayores de 60 años 86. Reforzó también la autoridad puertorriqueña la prescripción legal que declaraba libres a los que no se incluyeran en el censo de 1869, prohibiendo nuevos empadronamientos87.
Sin embargo, transcurrido un año desde la publicación de la ley preparatoria, ni la ley de abolición definitiva ni el reglamento se presentaban, y la Sociedad Abolicionista concentró todo su esfuerzo en denunciar el incumplimiento de la ley y en exigir la anhelada abolición. Dirigieron exposiciones a la Nación (febrero, 1871), al ministro de Ultramar, Tomás Mosquera (agosto, 1871), a las Cortes (noviembre, 1871) y a Juan B. Topete, nuevo ministro de Ultramar (enero, 1872). Realizaron una “protesta enérgica y completa”, e insistieron en que su objetivo era “propagar el principio de la abolición INMEDIATA” 88. Reclamaron constantemente la aprobación del reglamento que, según el Gobierno, estaba en el Consejo de Estado desde el 10 de enero de 1871, y condenaron de manera particular la situación de los emancipados que, en la isla de Cuba, y en contra de lo prescrito en la ley, habían sido obligados a firmar unos contratos abusivos aprovechando que ignoraban dicha norma y su condición de libres. Su situación no dudó en calificarse de “trabajo forzoso”, dadas las malas condiciones en que se encontraban, peor incluso que la de los “chinos”89.
El ansiado reglamento se aprobó el 5 de agosto de 1872, dos años después de publicarse la ley de abolición gradual90. Se creaban unas “Juntas protectoras de libertos” y una “Junta Central”, con el objeto de garantizar y velar por sus intereses (arts. 1-27). Se regulaba también el patronato, detallando cuestiones que la ley había dejado sin concretar. Los patronos ejercerían las mismas facultades que las leyes reconocían a los tutores respecto a los menores (art. 38), y los libertos les debían obediencia y respeto “como a sus padres” (art. 39). Poderes constituidos, poder doméstico y poder colonial, siguieron entonces operativos a pesar de la pretendida revolución de la libertad.
CONCLUSIONES.
El 24 de diciembre de 1872, “en nombre de Dios y en respeto de la razón, de la moral, de la justicia, de la conveniencia pública y de la dignidad nacional”, se presentó el proyecto de abolición inmediata de la esclavitud en la isla de Puerto Rico. Si hemos de hacer caso a los argumentos de la época, la situación de la población esclava en este territorio no revestía la importancia que tenía en Cuba91. El ministro temía ofender a las Cortes si trataba de justificarlo: “¡Desdichados de aquellos en quienes el silencio de la conciencia haga necesario el frío lenguaje del raciocinio”. Las justificaciones sobraban, pero se dieron, y entre ellas sobresalió la propicia situación de Puerto Rico para la abolición frente al desfavorable conflicto cubano92. El proyecto fue dictaminado favorablemente por la comisión parlamentaria, que retomó el discurso de los derechos individuales cuando parecía que se había perdido todo rastro: “una vez reconocidos y proclamados en sus más amplias manifestaciones los derechos inherentes a la naturaleza humana, se hacía imposible en todo punto lo que es en esencia la negación de la personalidad del hombre”. La indemnización, según explicaba, ya no estaba fundada en el pago de una expropiación, sino en la intención de procurar a los propietarios los medios de “subvenir la crisis económica en los primeros momentos de la solución del problema”93.
Sin embargo, este periodo concluyó transcurridos cuatro años desde que la Revolución se iniciara al grito de ¡Viva España con honra!, y los esclavos podían seguir haciéndose la misma pregunta que se hacían los abolicionistas:”¿Dónde está la honra que nos prometieron?”94.
La proclamación de la Primer República hizo posible la anhelada legislación abolicionista para la isla de Puerto Rico, aunque el texto de la ley aprobada el 22 de marzo de 1873 difería del proyecto que se presentó a finales de 1872, de manera particular porque incluía la obligación de los libertos de “celebrar contratos con sus antiguos poseedores, con otras personas o con el Estado, por un tiempo que no bajará de los tres años” (art. 2). También les condicionaba el ejercicio de los derechos políticos, pues sólo gozarían de ellos una vez transcurridos cinco años desde la publicación de la ley en la Gaceta de Madrid (art. 7)95.
La libertad había estado tan cautiva de los intereses políticos, sociales y económicos como lo había estado, y lo seguiría estando, la población de color en los ingenios.
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