Las Comprobaciones del Catastro del marqués de la Ensenada en Galicia. Una serie del Archivo General de Simancas en Internet.
El Catastro de Ensenada (o, por su auténtico nombre, la Magna averiguación para la Única Contribución) constituyó un hito dentro de los intentos de reforma que, en ese apartado que la literatura dedica tradicionalmente a las del siglo XVIII (las llamadas reformas borbónicas), destaca por su complejidad, ambición de objetivos, recursos invertidos, conceptualización teórica, novedad administrativa… y fracaso absoluto. Otros proyectos tan complejos y ambiciosos como éste (v.g., la expulsión de los jesuitas, que se llevó a cabo en todo el imperio español simultáneamente el mismo día, 2 de abril de 1767, luego de un año de preparación)1 tuvieron un rotundo éxito. Sin embargo, el proyecto de reforma fiscal que dio origen a la averiguación de rentas que hoy conocemos como Catastro de Ensenada, a pesar de haber ocupado a una gran parte de la administración durante cuarenta años (1750-1790) no produjo más que una copiosísima cantidad de documentación que todavía los investigadores se afanan en digerir y concordar.
1. El eterno problema de la Hacienda.
Hasta mediados del siglo XVIII la recaudación de rentas reales en España constaba, grosso modo, de tres ramos: las rentas generales (impuestos aduaneros, tanto exteriores como entre los reinos de la monarquía), las rentas estancadas (sal y tabaco) y las rentas provinciales. Los dos primeros no tenían más complicación que el cabal conocimiento de ellos (derechos de aduana, almojarifazgo, puertos secos y mojados, etc.) y de sus tasas e importes, ya que se cobraban en puntos muy determinados (puertos y estancos). El problema venía al considerar la miríada de rentas locales (las rentas provinciales). Más allá de los grandes importes de alcabalas, encabezados o arrendados a particulares, estaban los millones, unos por ciento, servicios (ordinarios y extraordinarios), consignados sobre derechos de sosa, barrilla, joyería, pesca, chocolate, café, té, tejidos (cada clase con el suyo), especias, goma, aguardiente… Además de los propios derechos con los que estaban gravados algunos de esos productos en mercados locales. A mayores, las rentas eclesiásticas (diezmos, primicias, voto de Santiago, las cedidas a la Corona –tercias reales, Cruzada, subsidio y excusado–) y rentas señoriales y concejiles (con frecuencia muy dispersas y cruzadas, donde sobre un predio podían encontrarse varias cargas con diferentes sujetos y diferentes perceptores)2 .
En 1713 José Patiño Rosales, felipista de primerísima hora, fue nombrado superintendente de la Generalitat de Cataluña, encargado de aplicar en el principado los Decretos de Nueva Planta. Como hombre contemporizador que era prefirió no trasponer directamente el sistema de rentas provinciales de Castilla sino elaborar uno nuevo. Para ello decretó dos contribuciones generales, una «real», o sobre bienes raíces, y otra «personal», sobre la renta personal. Naturalmente, dichas contribuciones, en principio teóricas, se deberían basar en una evaluación de las fincas y rentas de cada sujeto impositivo (exceptuando, naturalmente, clero y estamento noble, exentos de contribución directa y de muchas indirectas). A tal efecto ordenó llevar a cabo un catastro general de fincas y rentas del principado, realizado con bastante éxito (para la época); los trabajos se llevaron a cabo en $1 7 1 6 \ \mathrm { y }$ 1717 y sirvieron, mal que bien, como base de recaudación hasta mediados del siglo $\mathrm { X I X } ^ { 3 }$ .
En 1743 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, un hidalgo riojano que había hecho toda su carrera de la mano de Patiño hasta llegar al marquesado de Ensenada por servicios de guerra, es nombrado ministro por Felipe V en sustitución de su mentor Patiño como Secretario de Estado y Despacho Universal de Hacienda. Tres años después es Secretario de Estado y del Despacho de cuatro secretarías a la vez (Guerra, Hacienda, Marina e Indias) en el primer gobierno de Fernando VI. Mientras que José de Carvajal y Lancáster se ocupaba de la Secretaría de Estado y las relaciones internacionales, a Ensenada le tocaba lidiar con el siempre menos lucido gobierno interior, empezando por la Hacienda, lo que hizo con notable éxito y gran propaganda: una corte refulgente, una armada reconstruida y amenazadora (que fue, en gran medida, causa de su caída) y hasta un concordato con la Santa Sede en el que cedía numerosas rentas a la monarquía. En cuanto a la Hacienda, en su célebre Representación de 1747 a Fernando VI diseñó un plan general de racionalización (que no contención) del gasto y sobre todo de ordenación del ingreso, cuya propuesta más radical era la sustitución de la plétora de rentas provinciales (que en muchos casos estaban pignoradas a particulares) por una única contribución, a la manera de lo realizado en Cataluña por Patiño, sobre predios y rentas personales; para lo que, de la misma forma que en Cataluña, se imponía una averiguación de términos y calidades de tierras y sus frutos, así como de las rentas de todos los súbditos de la Corona (en este caso, de Castilla). Dicha averiguación fue el mayor trabajo que nunca había llevado a cabo la burocracia española y se prolongó, en dos etapas, desde 1750 a 1770, y generó una ingente documentación (un catastro de rústica, un catastro urbano, un nomenclátor, un vecindario, un censo de masas forestales, un censo ganadero, otro de instalaciones industriales, etc., además de millones, literalmente, de páginas de documentación en bruto)4 que desde el siglo XIX conocemos como el Catastro de Ensenada.
2. El proceso averiguador.
Con los ejemplos del catastro de Patiño en Cataluña, el catastro saboyano de 1730 y el de Milán de 1733, Ensenada y su equipo se deciden por una reordenación radical del ingreso, recuperando para la Corona tanto rentas entregadas como rentas arrendadas asumiendo la gestión directa. Como la gestión del sistema se presentaba como imposible, se optó por cambiar el sistema manteniendo la presión fiscal. Tras un animado debate en el seno de la Administración se decide su ejecución (10 de octubre de 1749), a cargo de una Real Junta de la Única Contribución creada a tal efecto.
La averiguación catastral (una vez descartado el amillaramiento individual de las fincas, por su manifiesta imposibilidad de realización) se realizaba en dos etapas: una individual, donde se tomaba declaración a todos los titulares de cualquier bien (incluidos nobleza, clero, personas jurídicas –concejos, abadías, monasterios, etc.–) y otra concejil, donde el concejo debía responder a un cuestionario de cuarenta preguntas sobre la demarcación, sus tierras, calidades y frutos, rentas, bienes de propios, comercio e industria, etc.. Toda esta información se habría de verter en dos libros por término, uno de lo «real» (bienes raíces y sus cargas y derechos) y otro de lo «industrial–comercial» (utilidades personales derivadas de la profesión). Para todo ello se entrenaron equipos de investigadores denominados audiencias encabezados por los intendentes de las provincias, un escribano real, un oficial de la Administración para la confección de los libros, varios escribientes y varios agrimensores (prácticos), que podían ser empleados fijos de la audiencia o contratados ad hoc en cualquier población; entre estos prácticos se incluían maestros albañiles (alarifes) para certificar el valor de las edificaciones. Habida cuenta de que el número de concejos a visitar rondaba los $1 5 . 0 0 0 ^ { 5 }$ enseguida se demostró la imposibilidad de llevar a cabo la averiguación desde las primeras operaciones piloto (se tardó un año en elaborar la averiguación para los veintidós primeros concejos), así que se nombraron intendentes–comisionados para apoyar los trabajos en las provincias de mayor densidad, se autorizó el nombramiento de jueces subdelegados con sus propias audiencias y se comisionaron a las Contadurías provinciales para la revisión de datos y elaboración de copias, descargando a las audiencias de ese (inmenso) trabajo. De resultas de lo cual se pusieron en marcha 1.200 audiencias con más de 6.000 empleados, más los 3.000 de las Contadurías provinciales, que se enfrentaron a la multiplicidad de derechos, censos, foros, exacciones y excepciones que constituían la propiedad fundiaria española. A mayores, en 1754 cae Ensenada (demasiado buen ministro, especialmente de Marina, para los gustos del nuevo gabinete encabezado por el anglófilo Ricardo Wall y muy influido por el embajador británico Keane) y el proceso, aun no deteniéndose, pierde su impulso motor más fundamental.
A pesar de todo, en 1756 se dan por terminadas las averiguaciones: un producto del reino (el PIB, vamos) resulta de 2.732 millones de reales $8 7 \%$ laicos, $1 3 \%$ eclesiásticos), por lo que para obtener 110 millones de reales anuales, que era lo que se calculaba se iba recaudando con las rentas provinciales, bastaría un casi ridículo $4 \%$ de única contribución. Se habían generado más de 80.000 volúmenes de libros –más de 40 millones de páginas en limpio e innumerables en borrador; todos los molinos de papel del reino se pusieron a trabajar exclusivamente para ello y a pesar de eso hubo que hacer importaciones de papel de Francia– y ocupado a unas 10.000 personas durante siete años.6
3. Las comprobaciones del Catastro.
En 1760 el recién entronizado Carlos III decide revisar los datos obtenidos en la primera averiguación con el objeto de implantar definitivamente la única contribución. Para ello nombra otra Junta, la Segunda Junta de la Única Contribución, que debería de encargarse de comprobar la evolución de los datos tomados una década antes. Las diferencias con la primera averiguación eran, fundamentalmente, dos: la primera, que no habría audiencias ni funcionarios comisionados para esta tarea: la realizarían las autoridades locales; y la segunda, que se permitirían descuentos en los valores de los productos (principalmente de las tierras y edificios). Con ello se pretendía, por una parte, ahorrar a la Real Hacienda los enormes gastos de la primera averiguación ya que en esta segunda no tendrían que hacerse cargo más de la revisión de los datos y la composición de los libros; y por otra, acelerar de alguna forma la implantación de la única contribución, ya que las rentas provinciales, cuya administración ya había pasado a manos de la Real Hacienda, no producían ni siquiera lo que producían con el arrendamiento y en no pocas ocasiones eran condonadas por el rey.7.
Si con la primera averiguación ya había habido problemas con la tasación de calidades y valores (todo el mundo rebajaba el valor en la creencia, cierta, de que se les impondrían tasas en función del valor), problemas que habían destacado todos los subdelegados e intendentes, y eso teniendo en cuenta que el personal de las comisiones no tenía intereses en las averiguaciones más allá de la fidelidad de las mismas, podemos hacernos una idea del desastre que supuso encargar la tasación a los propios interesados. Es más, para no pagar más que los lugares vecinos hubo una especie de competición a la baja, con los consiguientes agravios para los que no se habían atrevido a disminuir los valores tanto como otros. Disminuciones del valor en un $7 5 \%$ no eran raras, y en un $5 0 \%$ eran comunes, siendo el promedio de todo el reino un $3 8 \%$ , porque «los hombres no somos ángeles».8.
Finalmente, aunque en 1770 se decidió imponer la única contribución atendiendo a un $6 { , } 8 \%$ sobre el valor, dicho porcentaje reflejaba una diferencia enorme entre provincias (casi 290 reales per capita en Madrid frente a los 40 de Galicia), consecuencia lógica de la división simple del producto general (considerablemente disminuido en las comprobaciones) por el número de habitantes. La cantidad de recursos que los concejos presentaron ante la Real Hacienda –las cantidades de la única contribución resultaron ser, en muchísimos casos, superiores a las que se pagaban con el sistema de rentas provinciales– amenazó con desbordar la maquinaria de la Administración y hacer inútil el cobro de nada.
4. La averiguación en Galicia9.
De todas estas cifras correspondían a las siete provincias del reino de Galicia (La Coruña, Santiago, Betanzos, Mondoñedo, Tuy, Pontevedra, Lugo y Orense) unos 15.000 libros que averiguaron 29 millones de parcelas. La extrema fragmentación de la propiedad de la tierra en Galicia (el minifundio gallego es un tópico historiográfico y no por casualidad) resultaba en parroquias con quince o veinte mil parcelas. A mayores, el clero gallego, que detentaba una gran cantidad de ellas (y de derechos sobre ellas) no fue muy proclive a colaborar con los intendentes y subdelegados, casi todos ellos desconocedores de la complejísima realidad de la propiedad y derechos fundiarios de Galicia. Tampoco se disponía de agrimensores cualificados y el uso del gallego como lengua ordinaria de comunicación no favorecía tampoco el entendimiento con las audiencias. De tal forma que la ocultación de predios y rentas se demostró tan fácil que parroquias hay donde las declaradas no llegaron al $1 0 \%$ de la superficie; contando con todos los problemas (el propio desconocimiento de la magnitud de las tierras, la falta de agrimensores, la mala evaluación de los propios, baldíos y montes y la ocultación deliberada) en conjunto las tierras (fincas, ferrados, montes y yermos) declaradas no llegan a ser el $2 5 \%$ de la superficie de Galicia. Las producciones se valoraban de forma muy distinta entre parroquias contiguas, lo que producía grandes diferencias de evaluación y, posteriormente, de imposición.
Las comprobaciones fueron incluso más surrealistas, empezando por la aventura de distribuir los más de 15.000 libros entre las casi cuatro mil parroquias gallegas para el cotejo de los primeros datos con los nuevos; la falta de alfabetización general, que llevó a confiar exclusivamente en los párrocos o a contratar, por parte de concejos y parroquias, escribientes avispados que se ofrecían a rellenar los cuestionarios con los datos que buenamente ofrecieran los vecinos; o la falta casi absoluta de peritos agrimensores. En Madrid se revisaron 29 millones de partidas en cuatro millones y medio de folios, todos generados por vecinos y justicias locales y de calidad más que discutible, terminando en 1764.
5. La documentación del Archivo General de Simancas.
Tanto durante la primera averiguación como durante las comprobaciones, uno de los puntos de la instrucción establecía la obligatoriedad de hacer una copia de todos los libros en limpio. La copia de las respuestas generales (el cuestionario de cuarenta preguntas) de la primera averiguación, y la copia de todos los libros de las comprobaciones (respuestas generales más libros de lo real y libros de lo personal tanto de legos como de eclesiásticos) debían enviarse a las.
Juntas (primera y segunda) de la Única Contribución, de donde pasaron, vía la Dirección General de Rentas, al Archivo de Simancas. La copia de los libros reales y personales (o de respuestas particulares, por oposición a los de respuestas generales) se enviaba de ordinario a la cabecera de la provincia, donde los que han sobrevivido han permanecido hasta hoy, por lo general en los fondos de las Delegaciones de Hacienda de los Archivos Históricos Provinciales.
De las primeras averiguaciones se conservan en Simancas 672 libros con las Respuestas Generales, es decir, las respuestas al interrogatorio general de los lugares. De las comprobaciones, 1.186 libros con los expedientes completos de todas las comprobaciones, donde cada expediente incluye:
Estadillo (mapa, en la terminología de la averiguación) comparativo de las primeras y segundas averiguaciones.10.
Autos y diligencias de la convocatoria del concejo. En ocasiones se incluye hasta una copia de la instrucción de dieciocho artículos de 1760, y en ocasiones esta copia va anotada al margen con explicaciones destinadas a una mejor comprensión de los artículos por parte de los encargados de la comprobación (que, recordemos, eran los propios vecinos, no siempre duchos en la fraseología de la Administración).11 Normalmente incluye también, aunque no siempre y no solamente, la convocatoria al concejo y peritos, la designación y juramento de los dichos peritos, el acta de entrega de los libros (en blanco, para rellenar), el auto de convocatoria de los vecinos para declarar y finalmente el auto de notificación de todo ello.
El libro de las respuestas generales, o respuesta al interrogatorio propuesto por la Junta. En la copia de las respuestas a la primera averiguación sólo se contiene este libro.12.
Los libros de lo real (bienes raíces y rentas sobre ellos). Dos, uno para la población eclesiástica y otra para la seglar (real de legos).13.
Los libros de lo personal (ingresos y utilidades del comercio, industria y actividad profesional). Igualmente dos, uno de eclesiásticos y otro de legos.
Todos ellos con sus correspondientes autos y diligencias de publicación.

Fig. 1. – Mapa de comprobaciones de San Salvador de Limiñón, provincia de Betanzos. AGS, DGR,1RE,1008,9 Se pueden observar las columnas que evalúan la primera averiguación y la comprobación. En este caso la diferencia es un $5 6 \%$ menos de valor declarado.

Fig. 2. – Ejemplar del cuestionario de las respuestas generales. AGS, DGR,1RE,985,5 (al margen, anotaciones explicativas).

Fig. 3. – Respuestas generales. Feligresía de San Vicente de Villamea, provincia de Mondoñedo. AGS, DGR,1RE,932,5.

Fig. 4. – Libro real de legos de San Salvador de Junqueras, provincia de Tuy. AGS, DGR,1RE,968,5.
A diferencia de las Respuestas Generales, que han sido mucho más estudiadas, las Comprobaciones no han tenido excesivo interés para los investigadores, a pesar de que constituyen un conjunto archivístico mucho más completo; ciertamente, la reconocida y pública duda sobre la veracidad de los datos que contienen ha sido un factor para su poca consulta. Pero si bien los libros reales y personales de la primera averiguación están dispersos en diferentes archivos, cuando no han desaparecido, las copias de dichos libros en la comprobación están disponibles para los investigadores. Los 3.843 expedientes de comprobaciones y siete legajos de cuentas y reparos de las siete provincias del reino de Galicia están descritos en la plataforma PARES, incluyendo la digitalización de más de medio millón de páginas. Allí se pueden encontrar todos, bien por la denominación y provincia de la época o por la denominación actual14.
Bibliografía.
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