La Reforma constitucional durante el Gobierno Largo de O’Donnell\*.
Carmen GARCÍA GARCIA Universidad Autónoma de Madrid.
La Unión Liberal en el poder: rechazo y reivindicación de la Constitución de Cádiz.
Cuando el 1 de diciembre de 1858 se inauguraban las Cortes del conocido como Gobierno Largo de O’Donnell sólo un pequeño grupo de diputados seguían considerándose herederos directos de la labor desarrollada por los legisladores de Cádiz. Esa veintena de diputados constituía el bloque de los progresistas puros, que precisamente habían concurrido a las elecciones generales de octubre con un programa en el que se declaraba que los principios de su partido seguían siendo “los que proclamaron en Cádiz los legisladores del $1 2 ^ { \circ , 1 }$ . Declaraciones similares de algunas de sus figuras más destacadas se oyeron en el hemiciclo a lo largo de la legislatura, como la que, por ejemplo, formuló Sagasta en la sesión del 31 de diciembre de 1858, quien volvió a reiterar que habían ido a las Cortes a defender el gran principio de la “libertad de los pueblos”, tal y como se había proclamado en $\operatorname { C a d i z } ^ { 2 }$ . A pesar de esas declaraciones retóricas, y como se destacó a lo largo del Seminario que da origen a este artículo, hacía tiempo que los progresistas habían abandonado buena parte de los preceptos recogidos en la Constitución de $1 8 1 2 ^ { 3 }$ . Así se recordó en la Cámara, al señalar que ya en la Constitución de 1837 el ala más radical del liberalismo, con “los Calatrava y Canga Argüelles” a la cabeza habían “aceptado los principios conservadores”, que no eran otros que los de la Monarquía inglesa4. Para Olózaga, más que renunciar a sus principios, lo que entonces hicieron los progresistas fue un acto de generosidad puesto que habían reformado la Constitución gaditana, conformándose con “las opiniones dominantes en España y en otros países constitucionales en aquella época”, con el fin de conseguir un marco constitucional que sirviese a todos los partidos5. Aunque estuviese lejos de los preceptos de 1812, lo cierto es que para el progresismo, en horas bajas a la altura de 1858, la apelación y defensa de los principios gaditanos, especialmente el relativo a la soberanía nacional, era ante todo un símbolo de unidad, una forma de afirmar su identidad frente a la sangría de resellados que venía sufriendo el partido a favor del unionismo6. De hecho, en el mencionado programa con el que se presentaron a las elecciones de octubre se había señalado que todas las constituciones que servían de estandarte al partido, la del 12 pero también la del 37 y la del 56, tenían el mismo origen, “la soberanía de la nación”, y el mismo objeto, “dar al pueblo español toda la libertad posible dentro de una monarquía constitucional”7. Las variantes que existían entre ellas se debían “exclusivamente a las diferencias de los tiempos y a las necesidades del momento”8.
Si cuando menos en el terreno de las doctrinas y grandes principios para los hombres del progreso Cádiz era un punto de referencia, un símbolo político que amalgamaba y daba entidad al partido, en el extremo opuesto de esos planteamientos se situaba el resto de la Cámara9. No es que la labor legislativa de Cádiz fuese un punto de discusión en el Parlamento Largo, pero sí hubo una serie de alusiones a ella motivadas en la mayoría de los casos por las intervenciones de los progresistas. En esos debates, los argumentos en contra del modelo político diseñado en la constitución gaditana no eran nuevos, pues venían señalándose cuando menos desde la década de 1830. Así, para la otra minoría del Congreso, la constituida por la treintena de moderados históricos, la obra gaditana no era ningún símbolo ni fuente de inspiración en tanto en cuanto sus legisladores no se habían preocupado por “eslabonar” en ella “los tiempos pasados con los presentes”, era una simple traslación de los principios y doctrinas de la vecina Francia. Tal postura fue defendida por el que en las fechas que comentamos pasaba por ser el líder en la Cámara del muy debilitado moderantismo, Luis González Bravo. Para él la constitución gaditana resultaba antiespañola puesto que era una copia mimética de la francesa de $1 7 9 1 ^ { 1 0 }$ . En total sintonía con ese planteamiento se declaró el único representante en la Cámara de los neocatólicos, el diputado valenciano Aparisi Guijarro, quien remachó el argumento del antiguo progresista señalando que ya en 1812, una vez acabada de redactar la constitución, un diputado catalán que conocía muy bien el castellano, el señor Capmany, dijo al presidente de la Cámara: “puede usted mandarme la Constitución a casa que yo la pondré en castellano porque huele a gálico”11.
No muy alejados de ese tipo de planteamientos se encontraba el grueso de la Cámara, constituido por la mayoría de los diputados unionistas, aunque eso sí, sus alusiones a la Constitución del 12 siempre se realizaban en un tono más respetuoso que el utilizado por el neocatólico. Como ya se ha señalado, su crítica a Cádiz no se fundaba en razonamientos nuevos, pero la novedad en este caso es que esos argumentos habían calado también en un sector del progresismo, precisamente en el sector que había pasado a integrarse en la Unión Liberal. Lo que ligaba a los progresistas puros con Cádiz, el principio de la soberanía nacional, era precisamente lo que alejaba a los unionistas de la Constitución de 1812. Así, para un recién estrenado en las lides parlamentarias como Figueroa, en Cádiz no se proclamó una verdadera Monarquía constitucional, al fundamentarse el régimen político entonces definido en el principio de la soberanía nacional. Ese principio era “un error” que había nacido “en las escuelas disolventes del siglo XVIII”, a él se apeló en la Constitución francesa de 1791, “porque es sabido que el principio que guiaba en este punto a los legisladores de 1791 era el Contrato Social y de allí se tomó en $1 8 1 2 ^ { \circ }$ . En definitiva, según el diputado, el principio de la soberanía nacional era propio de las escuelas revolucionarias, que no de las liberales y ya no era aceptado por buena parte de los progresistas que habían pasado a apoyar el principio conservador de que el poder legislativo, el poder político y constituyente radicaba en las Cortes con el rey12. En la misma línea se movieron las argumentaciones de un antiguo demócrata como Ulloa, al defender que sin el veto absoluto para la Corona él no admitía la Monarquía, pues “es un absurdo, es una República disfrazada por más que hayamos tenido Constituciones al parecer muy monárquicas que de buena fe hayan incurrido en un error tan lamentable”13.
En realidad, con esas formulaciones doctrinales, defendiendo un régimen político muy distinto al doceañista, formulaciones en las que había que introducir una serie de matices que más tarde comentaremos, lo que pretendían los unionistas era remarcar la comunidad de principios que existía en el nuevo partido político creado por O’Donnell. Era una forma de defenderse de los continuos ataques no sólo de los progresistas puros sino también de los de los moderados. Para unos y otros la Unión Liberal carecía de cuerpo doctrinal, de una ideología definida y coherente, la agrupación del conde de Lucena, en palabras del que se atribuía haberla bautizado con el nombre de.
GARCÍA Reforma constitucional de 1857.
Unión Liberal, el progresista Fernández de los Ríos, “vino a ser la duda erigida en sistema, la negación de todos los principios, la incertidumbre, la confusión, el caos, lo imposible”14. No mucho más aduladoras resultaban las calificaciones de González Bravo para quien el partido unionista “no es más que un hombre y ese hombre no tiene ninguna idea” 15. Antes de pasar a analizar si realmente ese hombre, el general O’Donnell, tenía alguna idea o no sobre cómo debía resolverse a la altura de 1858 la llamada “cuestión constituyente”, conviene hacer una serie de precisiones16. Y conviene hacerlas porque pueden ayudar a entender cuál era la postura de los unionistas, o mejor la postura del Gobierno unionista, respecto a esa cuestión constitucional.
En cierto sentido los detractores del Gobierno O’Donnell no andaban muy descaminados cuando acusaban a la Unión Liberal de ser “más una serie de negaciones que de afirmaciones”, pues realmente la confluencia en 1858 del moderantismo y el progresismo fue posible por la necesidad de imponerse a una fuerza negativa que amenazaba con destruir el régimen liberal17. En efecto, no se trataba solamente de poner freno a la labor involucionista desarrollada por el último Gobierno Narváez de 1856-57, dominado por los ultraconservadores y neocatólicos, sino incluso de abortar las conspiraciones absolutistas, con ramificaciones carlistas, alentadas por el círculo clerical de Palacio y propiciadas, cuando no organizadas, por el mismo rey consorte18. Ante tales perspectivas se entiende que hombres del progresismo templado como Velo declarasen que apoyaban al Gobierno “mientras no vea claro como la luz del día que va a ser reemplazado por otro más liberal que él”19. Algo similar señalaban otras figuras del progresismo histórico como Luzuriaga, San Miguel o Moreno Nieto20. Al miedo a la contrarrevolución había que añadir otro temor que igualmente sirvió de amalgama y que venía gravitando sobre las dos familias liberales desde los conflictos sociales de la época del Bienio: la revolución democrática y socialista. En estos términos expresaba Alonso Martínez los fines de su partido:
La Unión Liberal tiene por objeto: primero, impedir à todo trance que el poder llegue a manos de la reacción; y para esto cuidar de los grandes intereses morales y tradicionales del país, y sobre todo inspirar al Trono y a la nación la confianza, la seguridad de que estando el poder en manos de la unión liberal no peligra el orden público, porque esta es el arma más poderosa de la nación; y segundo, impedir la invasión de las ideas democráticas y socialistas; y para esto dedicarse con esmero à afianzar, à consolidar y desenvolver las conquistas legítimas de la revolución, haciendo además cuanto pueda mejorar la condición material y moral de las clases pobres; pero sin permitir que se pervierta nunca la idea del trabajo, la idea de la propiedad, la idea de la familia, ni ninguno de los grandes principios sobre que descansa la sociedad21.
Así pues, ante la división y fragmentación de los dos partidos históricos, fenómeno especialmente notorio en el moderantismo pero al que tampoco escapaba el progresismo desde el fracaso del Bienio, parecía que había llegado el momento oportuno de resucitar la vieja idea de conciliación liberal22. Esa idea que con relativo, aunque muy temporal, éxito había sido ya ensayada en 1852-54, en las alianzas realizadas para combatir los proyectos involucionistas de Bravo Murillo, en el Centro Parlamentario del Bienio, junto con la breve experiencia de gobierno del conde de Lucena en 1856. En 1858 la coyuntura parecía más favorable a que el proyecto fraguase de forma más estable pues se contaba, cuando menos de momento, con el beneplácito de Isabel II. En efecto, la reina no parecía ya contemplar al moderantismo histórico como la única fuerza posible de gobierno. Muy al contrario, ante el fracaso de los diversos gabinetes que se sucedieron entre 1856-58 de conciliar las enfrentadas fracciones del partido, había vuelto sus ojos hacia la opción, dentro de las consideradas admisibles por Isabel II, que parecía poderle asegurar una cierta estabilidad política. Es decir, la reina ya no veía a los unionistas como una solución temporal para deshacerse de los progresistas como había ocurrido en 1856, sino como una opción estable de gobierno. Tras su defenestración en octubre de 1856 esa opción había vuelto a reaparecer en la escena pública en mayo de 1857 con un sonado discurso de O’Donnell en el Senado, en el que junto a las ideas de conciliación y tolerancia, la mano tendida hacia todos los que se considerasen liberales y estuviesen dispuestos a aceptar la monarquía constitucional, había ofrecido todo un programa de Gobierno23. Además, la nueva entidad política ofrecía la ventaja de estar dirigida por el conde de Lucena, que pasaba por ser el general que contaba con más autoridad y mayores apoyos dentro del Ejército, ya que, a la altura de 1858, buena parte de sus mandos estaban lejos de la fidelidad a Narváez de otros tiempos24.
Gracias a esas premisas se organizó la Unión Liberal que se presentaba como una alternativa de centro, dispuesta a salvar al liberalismo frente a las amenazas que sobre él se cernían a derecha e izquierda25. Para ello se iba a conciliar y aglutinar al grupo más liberal del moderantismo, los que retomando la vieja denominación puritana.
GARCÍA Reforma constitucional de 1857
se llamaban monárquicos-constitucionales, junto con el bloque más templado de los progresistas. A pesar de ser la formación política que consiguió el gobierno más largo de la era isabelina, la Unión Liberal no ha suscitado en el ámbito académico un interés equivalente al del Partido Moderado y el Progresista, pues son escasos los estudios monográficos que se le han dedicado26. Puede que ese escaso interés esté relacionado con la interpretación que de ella ha hecho un sector de la historiografía, que habitualmente la ha considerado como una mera extensión del moderantismo de la Década Moderada, retomando la interpretación que en su momento hicieron los progresistas. No obstante, en la línea que ya apuntó Nelson Durán hace más de treinta años y ha insistido y completado más recientemente Isabel Burdiel, cabe defender que el unionismo fue algo más que una simple y oportunista continuación del moderantismo. En relación con lo que hemos apuntado más arriba, la Unión Liberal se configuró como un “partido conservador” pero también como una agrupación “netamente liberal”, puesto que pretendía “una renovación sustancial del moderantismo histórico que aislase a sus sectores más reaccionarios, aquellos que rozaban cada vez más posiciones anticonstitucionales y, por lo tanto, antiliberales”27. Así pues, las aspiraciones en el plano político se dirigían a la protección del régimen representativo, dentro de los términos defendidos por el liberalismo doctrinario. Como no podía ser de otra forma dado los supuestos de los que se partía, el correlato de esas aspiraciones en el ámbito económico y social implicaba, igualmente, como señalaba Alonso Martínez, el mantenimiento de las “legítimas conquistas” logradas por esa revolución que había comenzado a afianzarse en los años treinta. Esos logros no solamente estaban siendo cuestionados desde la izquierda, sino incluso algunos de ellos, y es el caso de la desamortización, eran rechazados por las fuerzas involucionistas que habían retomado el poder en octubre de 1856. Si esos eran los objetivos, otra cosa muy distinta es que esa fuerza renovadora que pretendía ser la Unión Liberal fuese capaz de llevar a cabo el programa reformista a través del cual aspiraba a mantener el régimen constitucional y adecuarlo a sus homólogos europeos28. Tomando como eje la anulación de la reforma constitucional de 1857 trataremos en las siguientes páginas de acercarnos, siquiera brevemente, a las causas que condujeron al fracaso de ese proyecto renovador.
La postergada cuestión constituyente.
Desde el acceso al poder de O’Donnell, en junio de 1858, la mano tendida hacia la conciliación se manifestó en la limitada renovación funcionarial, en la revisión de las listas electorales que desde tiempo atrás venían reclamando los progresistas y en el nombramiento para el Senado y otra serie de instituciones clave de un nutrido número de figuras del sector más radical del liberalismo29. Además, el programa unionista incluía, junto a la reiterada aspiración de promover el desarrollo económico, algunas de las viejas reivindicaciones de los progresistas, parte de las cuales procedían de Cádiz, como la desamortización civil y eclesiástica, que ahora se prometía tras la negociación con Roma, y otras, que si bien no estaban en la letra del texto doceañista, sí cuando menos en el espíritu de sus legisladores como el jurado para los delitos de imprenta30. También se recogía la descentralización administrativa “bien entendida”, alejada por tanto de la radicalidad gaditana, y la creación de un Consejo de Estado en sustitución del Consejo Real en el que tendrían cabida las figuras más eminentes de todas las formaciones políticas31. Un programa, por tanto, insuficiente para los sectores constitucionales más radicales, pero también una buena muestra de las fórmulas transaccionales por las que se abogaba y que marcaba una clara frontera con los gobiernos moderados de 1856-58. Esos principios permitieron la integración en el nuevo partido de aquellos grupos sociales que deseaban esa política de orden y progreso que decía simbolizar la Unión Liberal; una política alejada del moderantismo involucionista, pero también de las veleidades revolucionarias de los progresistas, aunque no de su legislación económica, pues la modernización llevada a cabo durante el Bienio en ese ámbito (Leyes bancarias, la Desamortizadora, y la del Ferrocarril) se consideraba indispensable para el progreso económico. De hecho, el mantenimiento y recuperación de ese marco legal fue un buen banderín de enganche para captar a determinados sectores del progresismo en el proceso de formación de la nueva entidad32.
En lo que más nos interesa aquí, el marco constitucional, la postura del Gobierno O’Donnell fue ambigua y un tanto contradictoria. Y fue oscura y evasiva porque se mantuvo el modelo conservador, la Constitución del 45, pero nunca quedó claro a lo largo del mandato si se iba a aplicar en sus términos originales, tal y como se había utilizado durante la Década moderada, o si por el contrario se pensaba orientar en un sentido más liberal, lo que para buena parte del unionismo habría supuesto el restablecimiento del Acta adicional de $1 8 5 6 ^ { \dot { 3 } 3 }$ . La adenda elaborada durante el primer gobierno O’Donnell simbolizaba para el ala izquierda del partido, y en ello insistió su autor, Rios Rosas, la transacción entre la constitución progresista del 37 y el texto moderado del $4 5 ^ { 3 4 }$ . Para este sector, el Acta Adicional, que limitaba el poder de la.
Corona y reforzaba el de las Cortes, era en definitiva el símbolo de la conciliación liberal, la que permitía y aseguraba la integración en un mismo espacio político de progresistas y moderados35.
No obstante, no sólo se mantuvo vigente la Constitución de 1845 sino que incluso no se derogó la reforma ultraconservadora de 1857, aunque eso sí, con el compromiso expreso de no desarrollar las leyes necesarias para que realmente se hiciese efectiva en su totalidad. En palabras de Jover, esa postura supuso que la modificación constitucional Narváez-Nocedal quedase en una especie de “vigencia latente aunque no efectiva” durante todo el Gobierno Largo36. La reforma suponía en buena medida la recuperación de los proyectos de Bravo Murillo y, de hecho, durante su debate en 1857 ya se señaló jocosamente en el Congreso que los tribunales debían aplicar una multa a sus autores por plagio37. En efecto, la Ley constitucional implicaba retomar la revisión autoritaria del régimen isabelino que el sector más reaccionario del moderantismo llevaba intentando implantar desde 1852. No era un proyecto tan global como el diseñado por Bravo Murillo, pero sí recogía algunos de sus puntos principales en su esfuerzo por reforzar el papel de la Corona y devaluar el de las instituciones representativas38. En la línea apuntada durante el Gobierno Lersundi, una vez más se reformaba la Cámara Alta, que se nutría de tres categorías de senadores: de designación regia, natos (altos dignatarios del Estado, del Ejército y de la Iglesia) y hereditarios (Grandes de España con una renta superior a los 200.000 rs.). Al mismo tiempo se restringía la autonomía e independencia de las Cortes, al establecer que los reglamentos del Congreso y Senado se fijarían a través de una ley39. Como ya se ha señalado, el Gobierno había prometido convertir en letra muerta los dos aspectos más significativos y controvertidos de la reforma para los que se necesitaba la aprobación de la correspondiente norma: por un lado, el restablecimiento de las vinculaciones con el fin de asegurar a los grandes de España la senaduría hereditaria; por otro, el artículo relativo a que los reglamentos parlamentarios serían regulados por ley40.
Tanto en sus textos legales como en sus intervenciones públicas, el argumento más utilizado por el Gobierno, a la hora de justificar su postura respecto a la muy reaccionaria Ley del 57, se fundamentaba en la inoportunidad de la revisión constitucional en aras a la concordia y estabilidad política. Esa revisión conduciría a debates estériles que únicamente aumentarían las discordias en un país en extremo agitado por ellas. Tras medio siglo presidido por la dinámica revolución-reacción había llegado el momento de conseguir la estabilidad institucional, huyendo del recurrente recurso a la reforma y contrarreforma constitucional. Con el espíritu pragmático y un tano cínico que le caracterizaba, para Posada Herrera cualquier constitución era buena siempre y cuando se respetase lealmente y permitiese la libre discusión en la prensa y en las cámaras legislativas41. Por eso ya se había anunciado en la famosa circular de septiembre de 1858 a los Gobernadores civiles que el Ministerio mantenía la Constitución vigente “seguros de que el país recogerá más frutos de la estricta obediencia a sus preceptos, que una mudanza de ellos, por halagüeña que fuese, que aumentaría la ya dolorosa inestabilidad de nuestras leyes fundamentales” 42. De aquí también que, dado que no había “mayor calamidad para una nación que agitarla continuamente con periodos constituyentes”, para el Ministro de la Gobernación la misión fundamental de la Unión Liberal consistía en consolidar el régimen representativo y una vez alcanzado ese horizonte llegaría el momento de plantearse otros asuntos43. De momento, dentro de las cuestiones a resolver, para Posada Herrera la prioritaria era el desenvolvimiento de la riqueza pública, la machacona máxima del Gabinete de “el fomento de los intereses materiales del país”, pues tal y como señaló contestando muy demagógicamente a Olózaga: “¿qué pedazo de pan le va a dar el señor Olózaga al pueblo español con la reforma (constitucional), a ese pueblo de que tanto se habla y del que tan pocos se compadecen”44. En la misma línea se movieron las argumentaciones del Presidente del Gobierno para quien lo fundamental era mantener y respetar la práctica parlamentaria que tanto había sido erosionada por los gobiernos moderados45.
Desde su acceso a la jefatura de Gobierno la prioridad de O’Donnell era conseguir un clima de estabilidad política que le afianzase personalmente en el poder y que consolidase la frágil, y presumiblemente coyuntural, unidad de la tan denostada por sus adversarios políticos familia feliz46. Por esto, junto con el consabido reparto de puestos públicos, para lograr ambos objetivos su estrategia se orientó en un doble sentido. Por una parte, evitar cualquier fuente de conflicto que pudiera dividir a la heterogénea coalición política en la que se apoyaba y de ahí el interés en posponer a toda costa la modificación constitucional. La experiencia del Bienio estaba demasiado próxima y había temor a que el debate sobre la Ley fundamental abriese viejas fisuras y adquiriese una radicalidad no deseada. A fin de cuentas, como reconoció una persona tan alejada de los intereses de la Unión Liberal como era el demócrata Nicolás María Rivero, lo que durante más de treinta años venía separando a los partidos españoles eran las cuestiones de “derecho constituyente”47. Por otra, y al margen de otra serie de consideraciones, una campaña exterior que diluyese las tensiones domésticas y actuase como elemento de cohesión interna. La expedición militar que don Leopoldo venía fraguando desde que se hizo cargo de la presidencia del Ejecutivo acabó concretándose en la Guerra de Marruecos de 1859-60, conflicto que le reportó excelentes réditos políticos en el sentido que pretendía el general48. Por el contrario, no fue tan afortunada su estrategia de salvar las desavenencias internas a partir de evitar aquellos debates políticos que se consideraban especialmente conflictivos. De hecho, la inacción del Gobierno respecto a la herencia legal recibida de los ultraconservadores, que a la postre se mantuvo durante todo el mandato del conde de Lucena, acabó siendo uno de los elementos que más desgastó y desestabilizó a la agrupación unionista. Así vino a reconocerlo uno de sus miembros, que además fue uno de los hagiógrafos de O’Donnell, Navarro y Rodrigo, al considerar que la no derogación de la reforma constitucional supuso una de las “grandes faltas políticas” del Gobierno Largo49.
No pretendemos magnificar el papel perturbador de la cuestión constitucional, pero no cabe duda de que la postura del Gabinete respecto a la Ley del 57 fue un tema recurrente durante el Parlamento Largo y se convirtió en un símbolo de toda la política unionista, y especialmente se convirtió en un símbolo de las incumplidas promesas de renovación del régimen en un sentido netamente liberal. Desde luego en manos de sus oponentes políticos pasó a ser una excelente herramienta con la que poner de manifiesto la incongruencia e inconsistencia del Gobierno y, en lo relativo a los propios unionistas, acabó provocando justamente el efecto que a toda costa se quería evitar: divisiones y deserciones.
Muchos fueron los argumentos que tomando como eje la reforma constitucional esgrimió la oposición para atacar al Gobierno pero todos ellos tuvieron una misma base: mostrar las contradicciones, tanto en la forma como en el fondo, del Gobierno unionista. En la forma porque, como ya señaló Olózaga, no se podía admitir la reforma del 57 y al mismo tiempo declarar que no se iba a cumplir, lo que colocaba al Gobierno, según apostilló Sagasta, en la ilegalidad y en la postura del “ser y no ser” del “querer y no querer”. En el fondo porque ningún gabinete que se declarase liberal y dispuesto a realizar una política de progreso podía admitir la Constitución del 45 reformada en el $5 7 ^ { 5 0 }$ . A fin de cuentas, como indicó Calvo Asensio, el texto del Gobierno NarváezNocedal “era la parodia de la parodia del señor Bravo Murillo” y eso era en última instancia la Unión Liberal, “la parodia de la parodia del señor Bravo Murillo”51.
Más grave fueron para los intereses del Gabinete las disidencias que provocó en sus filas. Sin duda fue el miedo a provocar divisiones en la familia unionista una de las principales razones de la permanente demora del debate constitucional. Y es que, como ya se señaló, era más fácil mantener unida a la agrupación odonellista en su política de “negación de la reacción, de negación de la inconstitucionalidad, de negación de la arbitrariedad”, por retomar las palabras de uno de sus principales inspiradores, Ríos Rosas, que en una política afirmativa, constructiva52. No cabe duda que había un sustrato común sobre el modelo político y social a seguir, aquel que ya se había planteado en los años treinta como alternativa al doceañista, un modelo caracterizado por la serie de transacciones y concesiones a la Corona, pero dentro de esa opción cabían una serie de importantes matices a los que no parecían dispuestos a renunciar ninguno de sus defensores. Parece claro que para el sector del unionismo proveniente del moderantismo histórico el único texto admisible era la Constitución del $4 5 \mathrm { ~ y ~ }$ , de hecho, esa fue la opción elegida cuando finalmente se derogó la Ley del 57, derogación llevada a cabo en 1864 por un Gobierno dirigido por Mon y con Cánovas del Castillo en el Ministerio de la Gobernación. Desde luego el peso de este bloque dentro del partido no era despreciable pues a las personalidades ya citadas había que añadir otras como Mayáns, Bermúdez de Castro, Armero y buena parte de los generales vicalvaristas: Ros de Olano o los hermanos Concha, Manuel y José. Además, los estudios de los que se dispone para diversas regiones han puesto de manifiesto que en el proceso de formación del partido hubo un ligero predominio de la vertiente moderada sobre la resellada53.
Por el contrario, para el sector más crítico con la política del Gobierno, constituido por los antiguos puritanos y progresistas, la anulación de la Ley del 57 debía ir acompañada del restablecimiento del Acta Adicional de 1856. En un primer momento la postura de buena parte de los resellados fue expectante, pues, como declaró el antiguo progresista Modesto Lafuente al comienzo del mandato, no exigía al Gobierno la aplicación inmediata de todos los principios que defendía54. La inicial complacencia acabó trocándose con el paso del tiempo en una crítica abierta. Y es que para el bloque de disidentes se podía entender la postura inicial de cautela, pero no la permanente y a la postre definitiva demora de las reformas prometidas. Si el conflicto venía fraguándose desde tiempo atrás, las voces críticas de los unionistas empezaron a manifestarse en el Congreso durante los primeros meses de 1861. La cohesión parlamentaria que hasta ese momento había demostrado el unionismo parecía comenzar a resquebrajarse ante la hostilidad de un cada vez más nutrido grupo de diputados. La falta de voluntad por desarrollar el proyecto reformista que había alumbrado la creación del partido estaba dando lugar, según palabras de un antiguo puritano, Salazar y Mazarredo, a una “Unión liberal bastarda”55. En el mes de febrero un resellado, Alfaro Sandoval, presentó un proyecto de ley para la anulación de la revisión constitucional Narváez-Nocedal. Según su opinión el texto más acorde con los planteamientos del partido era la Constitución de 1845 con el Acta Adicional, pero de momento se contentaba con la simple anulación de la adenda moderada56.
Mucho más duras fueron las acusaciones del que era considerado como uno de los padres de la Unión Liberal, Antonio de los Ríos Rosas. Con la vehemencia y dotes oratorias que le caracterizaban, el 11 de abril del mencionado año de 1861, interpelaba al Gabinete, colocándose “en una situación de disidencia, de oposición respecto al Gobierno de S. M.”. Si las críticas abarcaban diversas facetas de la administración desarrollada por el Ministerio O’Donnell –política de Ultramar, ley de ayuntamientos, de imprenta y electoral–, las mayores invectivas se dirigían a la “cuestión constituyente”. Para el antiguo puritano, “desde el punto de vista de los antecedentes, de los compromisos, de los principios que representa el Gobierno que está sentado en ese escaño, desde ese punto de vista era absolutamente indispensable que propusiese la abolición de la reforma, no podía adoptar otro camino…”. Con la demora en acometerla, la Unión Liberal traicionaba su programa, entraba en un “sistema reaccionario, retrógrado”, se ponía en peligro “lo presente y el porvenir” 57.
En definitiva, lo que estaba demandando Ríos Rosas era un voto de censura contra el Gobierno por el incumplimiento de los compromisos adquiridos. Ante tales ataques, pocas novedades aportó la respuesta del Presidente del Ejecutivo, salvo la consideración de que para tratar la reforma había que convocar unas Cortes específicas para tal asunto58. El Gabinete aún contó con el apoyo de la mayoría en la Cámara que siguió la propuesta de Méndez Vigo, para quien la “desaparición hoy del Gobierno actual sería una gran calamidad política”, pues según manifestó “¿cuándo ha habido una situación que durante tres años que cuenta esta de existencia, haya dado al país tranquilidad, orden y seguridad en el interior y lustre en el exterior?”59. De cualquier manera, se había iniciado la “guerra de familia”, como la definió Alonso Martínez, quien intentó, con ningún éxito, llegar a una postura de consenso entre los disidentes y el Gobierno60. El cisma abierto por el sector crítico pudo todavía contenerse ante el levantamiento campesino de Loja en el verano de 1861, pues el miedo a la temida revolución republicana y socialista permitió aletargar la fractura en las filas unionistas, aunque no por mucho tiempo61. De hecho, el fantasma de la revuelta menestral enquistó aún más las diferencias entre ambas facciones, pues para el bloque moderado cualquier liberalización del régimen daba alas a la democracia62. Aún al abrirse en noviembre la legislatura de 1861-62 se volvió a anunciar en el discurso de la Corona la derogación de la Ley del 57, pero una vez más la propuesta quedó en papel mojado. En la nueva legislatura las críticas “de la fracción del Sr. Ríos Rosas, o sea de los que se llaman disidentes” resultaban cada vez más combativas y demoledoras, pues según denunciaba O’Donnell, se habían coaligado, primero en la prensa y más tarde en el Congreso, con “todas las fracciones de la Cámara que combaten al Gabinete”63.
Si la heterogeneidad de la formación unionista condicionó la política del Ejecutivo, otro elemento fundamental a la hora de explicar la inacción del Gobierno frente a las reformas prometidas fue el precario y complicado equilibrio de poder entre el Gabinete y la Corona. Para una Corte impregnada de resabios autoritarios, cuando no absolutistas, quedaba muy lejos de sus horizontes políticos una revisión constitucional en el sentido que reclamaba el ala izquierda del unionismo y las posibilidades de éste, especialmente de su máximo dirigente, de imponer su autoridad sobre esa fuerza reaccionaria siempre fueron limitadas. En este sentido cabe recordar, como ha destacado Isabel Burdiel, que O’Donnell nunca estuvo completamente seguro del apoyo de Isabel II, la reina así se lo hizo ver en numerosas ocasiones, y la sombra de que se reprodujese una situación similar a la que en 1856 le había apartado del poder estuvo presente a lo largo de todo el Gobierno Largo64. Ante esa amenaza, el margen de maniobra del general hacia una política claramente reformista fue limitado. De cualquier manera, también hay que tener presente que O’ Donnell desperdició las contadas ocasiones que su mayor autoridad sobre la reina le hubieran permitido una actuación más autónoma. Entre esas oportunidades perdidas cabe señalar los meses inmediatamente posteriores a la Guerra contra Marruecos y el fallido golpe carlista de San Carlos de la Rápita en $1 8 6 0 ^ { 6 5 }$ . En esos momentos de popularidad y reconocimiento público del titular del recién estrenado ducado de Tetuán, la reina difícilmente hubiera podido abortar la política reformista que demandaba el ala izquierda del partido.
Para el sector crítico, lo que se estaba produciendo era un cada vez más que evidente deslizamiento hacia las posturas moderadas de antaño, lo que el progresista catalán Mariano Castillo definió como que “don Leopoldo esta[ba] embriagado por la.
GARCÍA Reforma constitucional de 1857
atmósfera de Palacio”66. De forma mucho más mordaz y descalificadora lo planteó Ríos Rosas, al denunciar que el Gobierno del duque de Tetuán se mantenía en el poder gracias a “un elemento político fuerte, poderoso, subterráneo, pero al mismo tiempo incontrastable”, que no era otro que “el partido absolutista”67. Al margen de que cargasen las tintas en sus acusaciones al Gobierno, desde luego para la facción disidente no eran convincentes las justificaciones del general de que en la práctica se estaba cumpliendo el Acta Adicional. Según las argumentaciones que venía defendiendo el jefe del Gabinete desde el inicio de su mandato, el sentido del Acta Adicional era “hacer verdad el régimen constitucional, demostrar a los que de ello dudaban que era posible practicarlo en España”. Y eso era lo que a su juicio se venía realizando desde el momento que había accedido a la jefatura de Gobierno puesto que “los Cuerpos colegisladores están reunidos siete y ocho meses, se discuten los presupuestos, y el Gobierno no legisla por Real Orden. Pues bien, ese acta adicional que no pudimos plantear en 1856, la estamos poniendo en ejecución hoy prácticamente”. En definitiva, para el duque de Tetuán, “el gran servicio que nosotros hemos prestado a nuestro país, el día que dejemos nuestros puestos, es el haber establecido aquí costumbres constitucionales, el haber estado sujetos a las leyes, y el haber tenido gran respeto a las Cortes y el hacer muy difícil que los Gobiernos que nos sucedan hagan lo que han hecho otros Gobiernos” 68.
Ese respeto a las fórmulas parlamentarias no era suficiente para el cada vez más nutrido bloque de disidentes y cuando finalmente O’Donnell pareció dispuesto a dar el golpe de timón que recuperase la senda reformista, con la formación de un nuevo gabinete en el que se había dado cabida a ala izquierda del partido, la situación política se había complicado en exceso, especialmente por la cuestión mejicana. En efecto, los síntomas de división y agotamiento de la fórmula unionista se mostraron de forma inequívoca a partir de las polémicas internas que desencadenó la intervención española en México69. La retirada de Prim de la alianza tripartita con Francia y Gran Bretaña, además de crear serias tensiones con el principal aliado exterior del Gobierno, provocó las iras de algunos de los poderosos jefes militares unionistas, junto con las del sector del partido más proclive a secundar la política bonapartista70. De aquí que a las sonadas defecciones del grupo de Ríos Rosas y la de Alonso Martínez vinieran a sumarse las de Manuel de la Concha, Mon, Mayáns, Cánovas del Castillo y el mismo $\mathrm { P r i m } ^ { 7 1 }$ .
Ahora bien, una vez más la Corona desempeñó un papel fundamental en la crisis que puso fin al Gobierno Largo de O’Donnell. De hecho, acabó cosechando unos frutos excelentes su tradicional y constante “política de dividir y subdividir a los hombres eminentes políticos del país para que nunca pudiera formarse un partido fuerte que la domine”72. Su aprobación, más o menos explícita, a la actuación desarrollada por Prim en tierras americanas agudizó, e incluso propició, la postura ambigua y vacilante adoptada por el Gobierno sobre la cuestión mexicana. Esa ambigüedad supuso desmoronar aún más a la a la ya fraccionada Unión Liberal. En un intento por recobrar la unidad perdida, O’Donnell llevó a cabo una profunda remodelación del Gabinete en enero de 1863, apartando de las responsabilidades de gobierno al que pasaba por ser el principal artífice de la política desarrollada desde 1858, Posada Herrera73. Del inicial Ministerio sólo permanecía en su puesto el titular de Hacienda, Pedro Salaverría, y en el nuevo se daba entrada al ala izquierda del unionismo y a los sectores más descontentos con la forma en que se había resuelto la cuestión mexicana. Así, el bloque de Ríos Rosas y los resellados progresistas estaban representados en la cartera de Gracia y Justicia (Pastor Díaz) y en la de Fomento (Francisco Luján), mientras que el desairado capitán general de Cuba durante la intervención mejicana, el general Serrano, se encargaba del Ministerio de Estado. Por último, un hombre bien avenido por sus ideas liberales con el bloque más radical del partido, muy próximo a O’Donnell y con buenas relaciones con el grupo de Cánovas, el marqués de la Vega y Armijo, se ocupaba del Ministerio de la Gobernación, mientras que el de Marina se encomendaba a un antiguo demócrata, Augusto Ulloa.
La aparente concordia no duró mucho tiempo, pues poco después de su nombramiento Pastor Díaz presentaba su renuncia, lo que suponía que la conciliación con el sector de Ríos Rosas no se había consumado. No obstante, el factor fundamental que precipitó la crisis fue la actitud de Isabel II, que no parecía dispuesta a sancionar la orientación más liberal del nuevo Ministerio. Con las amplias facultades constitucionales de que disponía, la reina se negó a firmar la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas nuevas elecciones que le demandaba el Gabinete. En el decreto que se preparó para tal efecto, con el fin de que desapareciese “el motivo perenne de.
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alarma para las opiniones sinceramente constitucionales”, se proponía “la abolición de la reforma constitucional consignada en la ley de 17 de julio de $1 8 5 7 ^ { , 9 ^ { 7 4 } }$ . Si realmente en esta ocasión existía la voluntad política de llevar a cabo la postergada anulación de la Ley Narváez-Nocedal es algo que no sabremos nunca, pues O’Donnell, forzado por la reina, tuvo que presentar su dimisión el 26 de febrero de 186375.
En definitiva, tal y como se ha intentado poner de manifiesto a lo largo del texto, la búsqueda de la estabilidad política condujo a una postura demasiado inmovilista sobre la herencia legal recibida de los gobiernos moderados. Ese inmovilismo lo mantuvo el Ministerio unionista a lo largo de casi cinco años y suponía postergar el programa reformista que había hecho posible la formación de la Unión Liberal. El conservadurismo provocó la desafección de buena parte de sus miembros que vieron anuladas sus expectativas de cambio en un sentido claramente liberal. Ello a su vez privó al general O’Donnell de lo que podría haber supuesto una importante herramienta para cumplir su anunciada promesa de permanecer en el poder durante ocho años, un partido sólido y cohesionado. Sólo con una entidad de esas características habría estado en condiciones de poder doblegar la reaccionaria actitud de ese elemento fundamental del sistema político de las décadas centrales del siglo XIX: la voluntad de la reina.