Crecimientos, reducciones y no cabimientos de juros. Tres episodios de gestión irresponsable de la deuda pública consolidada en la España del siglo XVII1.
Alberto Marcos Martín2.
Recibido: 16 de febrero de 2017 / Aceptado: 12 de mayo de 2017.
Resumen. El crecimiento incesante de la deuda pública en forma de juros durante el siglo XVI obligó a la Hacienda Real de Castilla a aumentar la recaudación fiscal con el fin de atender a su financiación. Llegado el siglo XVII, sin embargo, el empeoramiento de las condiciones generales de la economía y la prosecución del gasto de la Monarquía, que enseguida superaría los niveles hasta entonces conocidos, hicieron cada vez más difícil el cumplimiento de dicho objetivo, habida cuenta además de que la emisión de nuevos títulos continuó. A la Corona, por tanto, no le quedó otra salida que actuar sobre la propia deuda, adoptando medidas tendentes a reducir la carga de los intereses que anualmente había de pagar. En este artículo se analizan algunas de dichas medidas, pero sobre todo se evalúan las consecuencias que de ellas se derivaron tanto para la propia deuda y la política de la Monarquía como para el proceso económico y social en general.
Palabras clave: monarquía de España; absolutismo; siglo XVII; deuda pública; juros; fiscalidad.
[en] Crecimientos, reducciones y no cabimientos de juros. Three Episodes of Irresponsible Managment of Long-Term Debt in Seventeeth-Century Spain.
Abstract. During the sixteenth century the Royal Treasury of Castile felt compelled to increase tax collection in order to meet its funding needs, as a consequence of the ceaseless growth of the public debt in the form of juros. However, by the seventeenth century, it was becoming more and more difficult to comply with that target, as the general economic situation was getting worse and the Monarchy’s expenditure persisted to an exceeding degree, whereas new securities continued to be issued. Therefore, the Crown had no choice but trying to control its own debt, taking measures to reduce the interest to be paid annually. This article analyses some of those measures but, above all, it assesses their consequences not only for the public debt and the monarchical policy, but also for the general financial and social course.
Keywords: Monarchy of Spain; Absolutism; Seventeenth Century; Public Debt; Bonds; Taxation.
Cómo citar: Marcos Martín, A. (2017): “Crecimientos, reducciones y no cabimientos de juros. Tres episodios de gestión irresponsable de la deuda pública consolidada en la España del siglo XVII”, en Cuadernos de Historia Moderna 42.2, 553-584.
Sabido es que los monarcas españoles de la Casa de Austria para financiar el déficit presupuestario de su Hacienda, ese que resultaba del remontarse los gastos por encima de los ingresos, acudieron, con insistencia y de manera creciente, al crédito, tanto al que les proporcionaban, a corto plazo y a un coste no pequeño precisamente, los hombres de negocios y banqueros cosmopolitas mediante asientos y factorías (deuda flotante) como a ese otro que les deparaban, a largo plazo y a un coste menor, sus súbditos del interior (y también, aunque en una proporción sensiblemente más baja, los de otros territorios de la Monarquía, sobre todo italianos) a través de los tí- tulos (juros) que adquirían (deuda consolidada). Ambas clases de deuda, que lejos de caminar por separado mantuvieron en todo momento estrechos vínculos entre sí (y no solo con ocasión de las operaciones de consolidación de la deuda flotante o titulización de los préstamos a corto plazo subsecuentes a las mal llamadas bancarrotas), experimentaron un notable aumento en el transcurso del siglo XVI y el crecimiento continuó durante las primeras décadas del siglo XVII3 .
Para respaldar la primera y sostener la segunda, la Corona se vio precisada a aumentar las recaudaciones, tanto por la vía tradicional de los impuestos como por la menos convencional –y mucho más gravosa en general– de los arbitrios y expedientes, y si bien es verdad que Carlos V y Felipe II cosecharon un relativo éxito a la hora de lograr dicho objetivo4 , no es menos cierto que los esfuerzos realizados a tal fin por los súbditos contribuyentes comportaron costes sociales importantes que habrían de tener funestas consecuencias para la evolución futura de la población y la economía del país. Además, llegado el siglo XVII, el propósito de seguir aumentando la recaudación tributaria (sobre todo de las rentas ordinarias o fijas, que en puridad eran las que podían sostener la deuda consolidada de los juros, aunque pronto empezarían a situarse también juros sobre la hacienda extraordinaria, y en particular sobre los servicios de millones) se tornó cada vez más difícil de alcanzar habida cuenta de que las condiciones generales de la economía (ahora de signo marcadamente recesivo) limitaban la eficacia de esta vía y la enfrentaban a un techo imposible de franquear.
Así pues, con unos impuestos incapaces de sostener toda la carga financiera (suma de los intereses) que imponía la deuda en circulación, esta de los juros, la cual por otra parte no cesaría de crecer a lo largo de la centuria, por más que lo hiciera a un ritmo menor que en el siglo anterior, y habiendo aparcado asimismo la idea de una amortización de los títulos, para la que en realidad nunca dispuso de los fondos necesarios, la Corona, además de persistir en el intento de incrementar los ingresos, cosa que hasta finales de los años 30 o comienzos de los 40 todavía pudo conseguir5 , aunque a base de incurrir en un verdadero paroxismo fiscal, optó por la única salida que en realidad le quedaba: actuar sobre la propia deuda, o mejor, sobre sus intereses, adoptando una serie de medidas encaminadas a reducir la carga que tales intereses representaban. En el presente artículo vamos a tratar de algunas de esas medidas, las que se mencionan en el título que lo encabeza, y que tienen en común el ser anteriores en el tiempo a la más unilateral, violenta y heterodoxa de todas, es decir, la que se institucionalizó a partir de 1635 en las medias anatas o valimientos de los intereses de la deuda6 . Pero al igual que esta, también aquellas tuvieron su parte de responsabilidad en el menoscabo progresivo de la estimación de los títulos y contribuyeron, por ende, a socavar el crédito mismo de la Monarquía.
La primera de dichas medidas no era tal en realidad pues se basaba más bien en la deliberada inacción de la Corona, circunstancia que se materializaba cada vez que el sistema fiscal (o, mejor dicho, cada una de sus partes por separado) dejaba de respaldar el volumen de deuda situado sobre él y aquella se desentendía de sus obligaciones como deudora. Téngase en cuenta, para una correcta comprensión de este hecho, que cada juro se emitía sobre un impuesto y una caja determinada y no sobre el conjunto de ingresos de la Corona (o sea, no existía algo parecido a una caja única, ni había unidad de tesorería). Por lo tanto, cuando por quiebra o menoscabo de tal o cual renta se producía un descenso de su recaudación, el situado que pesaba sobre ella dejaba de pagarse en la misma proporción y tiempos. La Corona, en principio, no se sentía obligada a pagar los juros que no cabían en la referida renta, ni tampoco a compensar de otra manera ni en otras rentas reales a los juristas afectados7 . De ahí la importancia que tenía la situación de cada juro, esto es, la calidad, rendimiento y seguridad de la renta sobre la que estaba situado, pero también su antelación, ya que en los casos de no cabimiento parciales los réditos de los juros se pagaban atendiendo rigurosamente a la antigüedad de los títulos en cada partido y renta donde procedía la quiebra, dos particularidades, situación y antelación, de las que dependía al cabo su cotización, o sea, su consideración como juros buenos, menos buenos o malos, sobre todo de cara a su posible negociación en el mercado secundario de deuda.
Casos de juros que no cabían se dieron ya en el siglo XVI8 , pero fueron mucho más frecuentes, lógicamente, en el XVII, coincidiendo con la quiebra de determinadas rentas y el descenso del rendimiento unitario de muchas otras. Algunos, como los juros situados en la Casa de la Contratación de Sevilla, sufrieron contratiempos de este tipo prácticamente desde su misma emisión, y más claramente desde que fracasara el proyecto, puesto en práctica en 1560, de hacer de la dicha Casa una especie de banco comercial y, a la vez, caja de la deuda pública de la Monarquía, tal como en su génesis y detalles estudiara en su día Felipe Ruiz Martín9 . A esta clase de títulos pertenecían, por ejemplo, los 318.303 mrs. de juro al quitar, a 14.000 el millar, propiedad de doña Juana Manrique de Lara, condesa de Valencia, los 208.544 de ellos por cesión de Alonso de Espinosa y los 109.759 restantes por cesión del licenciado Lorenzo de Tejada, de cuyos corridos, desde 1582 hasta fin de junio de 1610, se le estaban debiendo, no obstante las muchas diligencias que había realizado para poder cobrarlos, 9.071.735 mrs., que ahora reclamaba por medio del pertinente memorial, y que junto con los 4.456.116 de su principal hacía todo 13.527.751 mrs. Tenía además la susodicha condesa, por otras tres cartas de privilegio, 3.000.000 mrs. de juro al quitar, a 20.000 el millar, situados en la renta de los naipes de Castilla la Vieja con la Corte, de los que se le adeudaban solo los intereses del medio año que había cumplido en junio de 1610; sin embargo, durante bastantes años, tales juros tampoco habían cabido, a resultas de lo cual doña Juana había pasado “muy grande neçesidad” y se le habían seguido “muchas incomodidades y costas” por no tener, aseguraba en un segundo memorial enviado al monarca, otra hacienda con que sustentar su casa, lo que indica que a estas alturas ella misma ya no consideraba como tal hacienda los susodichos juros de la Casa de la Contratación10.
Claro que no siempre los juros sin cabimiento procedían del descaecimiento o quiebra de las rentas sobre las que estaban situados. Había juros que no cabían por la sencilla razón de que Su Majestad se valía de la renta que los sostenía en lo que se nos presenta como una versión anticipada (aunque con características propias) de los valimientos que se sucederán, de manera generalizada, a partir de 1635. Mucho dio que hablar, en este sentido, el juro que el Monte de Piedad de Florencia tenía en cabeza de Lorenzo Salviati, de 16.596.534 mrs. de renta, situado sobre la renta de los esclavos negros que se navegaban a las Indias: hasta fin de 1607 se debían de réditos de dicho juro 54.654.087 mrs., los 22.261.019 de ellos por no haber cabido en el valor de la renta y los 32.393.068 por haberlos tomado Su Majestad (con otros 37.500.000 mrs. pertenecientes a los dueños de otros juros) del valor de dicha renta para servirse de ellos en las necesidades que se ofrecieron. Esta deuda con el Monte seguía en pie en 1618 y algunos consejeros de Hacienda entendían que no se debía pagar11.
De todas formas, se insistirá, la historia de los no cabimientos de juros, si nos atenemos a las fechas a las que nos remiten los ejemplos citados en los párrafos anteriores, no había hecho más que comenzar. La multiplicación de los títulos como consecuencia de las nuevas emisiones y, paralelamente, la mengua del valor de las rentas sobre las que se situaban, en un contexto socioeconómico obstinadamente recesivo (mengua a la que contribuían también, en una medida aún por determinar, los fraudes practicados por aquellos que estaban en condiciones de cometerlos)12 hicieron que el fenómeno fuese adquiriendo cada vez mayor entidad a medida que transcurría el Seiscientos. De este modo, en 1687, fecha que tampoco cabe considerar como un punto de llegada, de los 12.297.155 escudos de a 10 reales que montaba el situado de los juros en circulación, nada menos que 4.157.823, o sea una tercera parte del total, carecían de cabimiento13, no obstante las medidas –arreglos– adoptadas prácticamente desde el comienzo de la centuria con el fin de reducir la carga que imponía semejante clase de deuda. Es lógico, por tanto, que la mudanza de juros de una situación de escasa o nula solvencia a otra que ofreciera mayores garantías de cobro, cosa que solo podía hacerse si mediaba la oportuna licencia regia (es decir, casi con independencia de que los títulos tuviesen o no cláusula que contemplase expresamente esa posibilidad), se convirtiese en una verdadera obsesión para aquellos juristas que comprobaban cómo de la noche a la mañana sus juros quedaban sin el entero respaldo que habían tenido o, en el peor de los casos, totalmente en el aire, proceso este de petición y, en su caso, obtención de licencias para mudar juros que sería interesante desmenuzarlo y estudiarlo en todos sus pormenores por lo mucho que podría revelarnos sobre el carácter de las relaciones establecidas entre los juristas (o determinados juristas) y la Corona14.
Por aludir a uno de los ejemplos citados anteriormente, la condesa de Valencia solicitó en 1610 que los juros incobrables a 14.000 el millar que tenía sobre la Casa de la Contratación, con sus réditos corridos, reducido todo a juros a 20.000 el millar, se le mudaran a la casa de la moneda de Segovia y, en su defecto, se le pagasen en el servicio ordinario y extraordinario de dicha ciudad o en cualquier otro derecho que el Reino concediese en su lugar. El referido servicio, pero en este caso de Madrid y Toledo, y sus provincias, fue solicitado asimismo por la condesa como nueva situación para los otros tres juros que le pertenecían sobre la renta de los naipes, pues, aun cuando dicha consignación parecía más segura que la que deparaban los juros de la Casa de la Contratación, no todos los años llegaban a caber en ella los tres cuentos de maravedís que tenía derecho a cobrar o no los recibía a los plazos debidos, lo que le causaba igualmente muchas incomodidades y costas.
A pesar de la calidad de la persona, el Consejo de Hacienda, a quien el monarca encomendó por medio de su valido Lerma el examen de dichas peticiones, se mostró contrario a las pretensiones de la condesa, y de manera particularmente rotunda con relación a los juros situados en la Casa de la Contratación. Estos juros no valían “en la plaza” sino al 11 o 12 por ciento, más aún tratándose, como era el caso, de juros de cesionarios, razón por la que no se libraban réditos de ellos ni se mudaban a otra situación “por ningún caso”, amén de que existían órdenes expresas del monarca, despachadas en diversos momentos, para que no se le consultasen corridos de juros de esta clase y se excusase el fundar nuevos títulos con ellos. Querer trasmutar juros malos, sin apenas valor, en juros nuevos, renovados, aun cuando en lo sucesivo corriesen a un tipo de interés más bajo, era para el Consejo, que callaba sin embargo respecto de las verdaderas causas de la depreciación de aquellos, una desmesura que de ninguna de las maneras podía aceptarse. Pero menos aún debía atenderse la petición de la condesa de hacer del servicio ordinario y extraordinario nueva situación de los dichosos juros (o de los situados sobre la renta de los naipes), porque “no es renta fixa sino que se conçede en las Cortes, y hasta que está concedida, no se debe”, sentenció asimismo el Consejo, manifestando de paso que esta había sido la causa de que hasta la fecha no se hubieran vendido juros sobre dicho ingreso como pasaba con otras rentas de la Corona, una prevención por cierto que se dejaría a un lado más adelante cuando las emisiones de esta clase de títulos, como consecuencia de las dificultades financieras crecientes, empezaron a extenderse no ya sobre el viejo servicio ordinario y extraordinario sino también –e incluso antes y en superior cantidad– sobre los nuevos servicios de millones, dependientes igualmente de la aprobación de las Cortes.
Otras dos razones al menos intervenían, a juicio de los consejeros, para no disponer del llamado servicio de pecheros como respaldo de la deuda pública a largo plazo en la línea de lo solicitado por la condesa de Valencia: la primera, que el Reino “sentiría mucho tal introducción”, frase no carente de significado precisamente, y la segunda, la que más peso podía tener en esos momentos, que “sería consequençia para que personas de mucha consideración que tienen juros que no cauen en las rentas donde están situados importunasen a V. Md. pretendiendo se hiciese con ellos lo mismo”. En consecuencia, el Consejo de Hacienda se limitaba a manifestar que quedaba con cuidado de que se pagarían a la condesa, cada año, los tres cuentos de maravedíes de los juros sobre la renta de los naipes, los cuales, reconocíalo asimismo el Consejo, por haber estado dicha renta en administración, no se le habían librado con la puntualidad debida. Pero desde luego nada de proponer mudanzas en el sentido planteado por doña Juana Manrique en sus memoriales; solo si hubiere y se ofreciesen fincas en que se pudieren fundar tales traspasos, se harían estos, promesa que no comprometía a nada en realidad “porque agora –ni en el futuro presumiblemente– no las ay”15.
No fue la consecución de una licencia para mudar juros la única manera de hacer frente a las situaciones de indefensión en que los fenómenos de no cabimiento colocaban a los tenedores de juros; se dieron, en efecto, por parte de los juristas otras respuestas encaminadas a contrarrestar, siquiera fuese parcialmente, los efectos negativos que para sus bolsas se derivaban de las mencionadas situaciones, respuestas que, si en puridad no cabe calificar de fraudulentas, sí entraban dentro del anchuroso campo de la picaresca.
Una de ellas, quizá la más practicada, consistía en vender a los hombres de negocios que concertaban asientos con el monarca los principales y réditos de los juros afectados por tales impagos a un precio inferior –no podía ser de otro modo lógicamente – al de su valor nominal. Se originaba así un tráfico desigual que las Cortes enseguida denunciaron, pero no tanto por las grandes sumas de maravedíes que en virtud de tales operaciones perdían los naturales propietarios de juros devaluados, forzados por las circunstancias a desprenderse de sus títulos $^ { - \mathrm { a } }$ malvenderlos en definitiva–, cuanto por lo mucho que con ellas ganaban los hombres de negocios extranjeros que los adquirían a bajo precio con fines especulativos16. En concreto, se acusaba a estos de arrancar al monarca, en los asientos que negociaban, generalmente por adehala o cualquier otra condición, la promesa de que se les pagaría por su entero precio los réditos y principales de unos juros que habían comprado regalados o casi regalados, o de los que eran cesionarios, consumiéndolos en los libros de la Real Hacienda sólo en su beneficio. Tanto era el daño que se seguía de estas prácticas, sobre todo porque los naturales de estos reinos perdían grandes cantidades de dinero mientras que el monarca las pagaba por entero, aunque en beneficio solo de los asentistas extranjeros, que los procuradores, tratando de excusarlo, pusieron por condición, en la escritura del servicio de los segundos 18 millones que se aprobó el 28 de agosto de 1619, el prohibirlas, a fin de evitar “las colusiones y engaños que en contravención de esta condición se podían hacer”, lo cual, insistían los representantes de las ciudades, muy en su papel de defensores de los intereses del grupo jurista, en manera alguna suponía que Su Majestad “pueda dejar de estar obligado a pagar, como es justo, los réditos de los juros que debiere a los dueños de ellos”17.
Obviamente, siempre hubo “personas de mucha consideración” y con capacidad y/o posibilidad de influir en la real voluntad de Su Majestad a las que de forma extraordinaria se concedió el traslado de sus juros, cuando no cabían, a otras rentas e, incluso, el reconocimiento del pago de los intereses no cobrados por esa misma razón. Sin embargo, quienes más pudieron beneficiarse de esta clase de mercedes fueron, una vez más, los individuos que mantenían tratos financieros con la Monarquía, entre otras cosas porque tales reconocimientos y traslados a menudo formaban parte de las negociaciones que los vinculaban.
Acabamos de hacer alusión a los asentistas que en los asientos concertados con el monarca conseguían como adehala licencias para “consumir” (amortizar) en los libros reales, por su entero precio, juros sin cabimiento que habían comprado muy por debajo de su valor nominal, o que, mediante pacto o acuerdo interesado, les habían sido cedidos previamente con ese fin por los propietarios de los mismos. Desde las esferas del gobierno este tipo de gracias se justificaba por los servicios que los hombres de negocios hacían al monarca de encargarse de proveer las grandes sumas de dinero que este necesitaba (y en tiempos tan “apretados” como los presentes, solía añadirse), y en consideración de los gastos y daños que habían de tener al encargarse de semejante cometido, y para que mejor lo pudiesen hacer18, lo que de entrada representa una indicación de los amplios márgenes de ganancia que con su convalidación podían conseguir. Añadamos que, en ocasiones, no eran exactamente los principales de juros que no cabían el objeto de semejantes operaciones, sino sus réditos. De ello da cuenta el asiento concertado con Pablo y Agustín Justiniano el 19 de febrero de 1629 sobre la provisión de 390.000 escudos y ducados: de los 167.150.000 mrs. que se les consignaron para su reembolso, pago de intereses, adehalas, etc., 9.375.000 mrs. lo fueron en réditos de juros no pagados por falta de cabimiento; se les permitía, además, comprar estos en la calle valuados al 18 por ciento en vellón (un precio ciertamente irrisorio), garantizándoseles además que si tras la operación de consumo el precio de los réditos así adquiridos no llegaba a la citada cantidad de 9.375.000 mrs., la suma que faltare se les había de dar en principales de juros de millones contados a razón de 17.000 el millar19. Es decir, capitales y/o réditos de juros incobrables por no caber adquirían nueva vida en virtud de estas concesiones a los hombres de negocios, si es que no daban lugar, una vez “consumidos”, a nuevos juros en otras situaciones. Esta última operación, que en el asiento de los Justiniano citado se contemplaba solo como una posibilidad, habría de convertirse en algo relativamente frecuente en asientos posteriores formalizados con otros hombres de negocios. Es lo que se desprende, valga asimismo el ejemplo, de una cláusula del asiento tomado con Carlo Strata el 12 de mayo de 1637 sobre la provisión de 250.000 escudos en Flandes, Génova y Madrid, por la que se le autorizaba a consumir 337.500 mrs. de renta de juro perteneciente a las personas que con nombres y apellidos se relacionan en el documento, de que se debían además 2.650.000 mrs. de réditos corridos y no cobrados; la operación, empero, no acababa aquí pues se contemplaba que lo que montasen dicho principal e intereses le sería pagado en un juro de a 20.000 el millar en los millones de Burgos y Sevilla por mitad20.
Claro que la mudanza propiamente dicha de juros de una situación en la que no cabían a otra en la que la cobranza de sus réditos parecía factible (es decir, sin pasar por los consumos susodichos), tanto si se trataba de títulos propios como de cesonarios, o incluso comprados expresamente para el efecto, es algo que siempre estuvo en las miras de los asentistas, quienes procuraron arrancar al rey, en los asientos que negociaban, tales prerrogativas a modo de adehalas o gratificaciones suplementarias por los servicios financieros prestados, convirtiéndolas por tanto en una fuente adicional de beneficios. Que a Octavio Centurión se le concediera facultad, por un asiento tomado con él en 10 de marzo de 1624, para mudar 2.000 ducados de renta de juro de alcabalas que no cabían (facultad que le fue ampliada por otro asiento de 23 de enero de 1625, confirmado a su vez por el Medio General de $1 6 2 7 ) ^ { 2 1 }$ no era un acontecimiento que haya que calificar de extraordinario o que se debiera al reconocimiento de sus servicios como “el financiero de los Austrias”22; similares concesiones se hicieron por las mismas fechas a otros hombres de negocios (y se continuarían haciendo en el porvenir)23, por lo que cabe considerarlas como un resultado hasta cierto punto normal de las negociaciones crediticias. Otros conciertos con la Hacienda regia permitían a sus protagonistas disfrutar del mismo trato de favor. Manuel Cortizos, arrendatario del derecho de las lanas, por ejemplo, consiguió en 1633 que un juro de 400.000 mrs. de renta que tenía sobre dicho derecho, pero que no cabía en su valor, se le mudase a otras rentas de la Corona; en la petición que con este motivo elevó al rey, pudo alegar, entre otros servicios, el realizado en dicho arrendamiento, pues había conseguido aumentarlo en once cuentos de maravedíes más cada año, algo sin embargo que no le debió parecer fundamento bastante para mantener allí el referido juro, prefiriendo buscar otra situación más segura para $\dot { \mathrm { e l } } ^ { 2 4 }$ .
Como se habrá podido colegir, el uso que se hacía de estas prerrogativas por parte de sus beneficiarios25, su convalidación material en definitiva, suponía que el empeño de Su Majestad, en vez de aminorarse al compás de la disminución del producto de las rentas, se extendía a aquellas otras que todavía podían sustentarlo o a las nuevas que se iban creando. De esta manera, el teórico provecho que para la Corona se derivaba de las situaciones de no cabimiento desaparecía en no pocos casos, agravándose su empeño todavía más, a la par que aumentaba el coste de su endeudamiento. Es lógico por tanto que los consejeros de Hacienda dudaran cada vez que tenían que pronunciarse sobre peticiones como la presentada en 1649 por Antonio de Valladolid Peredo, quien se había ofrecido a comprar en la media anata de mercedes 305.021 mrs. de renta de juro pagando su precio de contado, pero con la condición de que se le mudasen a este derecho otros 305.021 mrs. de juros que tenía en las alcabalas de Toledo y en el maestrazgo de la Orden de Alcántara, donde no cabían. Aunque el Consejo partía del reconocimiento de que Su Majestad estaba obligado, teóricamente, a mudar a otras rentas los juros de este género en caso de no tener cabimiento, por haber pagado en su primera fundación el principal debajo de dicha cláusula, era consciente también de que una operación de este tipo “en todos los tiempos ha tenido y tiene suma dificultad y en el estado de las cosas [presente], la tiene mucho mayor”, con lo cual, concluía en primera instancia, de ninguna manera se debía admitir este medio “porque sin duda es de los más costosos y dañosos que se pueden practicar”. Sin embargo, dado que para las ocasiones de gasto que se ofrecían era necesario disponer de dinero contante y sonante, propuso finalmente al monarca, en un nuevo quiebro argumental tan propio de la retórica y la política barrocas, usar de la referida oferta, eso sí, con la prevención –que tenía mucho de autoexculpación– de que si Su Majestad venía en aceptarla, “se sirva de mandar que esto no sirva de ejemplar para otros”, ante lo cual Felipe IV se limitó a responder como era previsible que lo hiciese –“hágasse así por la urgente necesidad”– sin reparar para nada en las contradicciones que le había señalado el Consejo de Hacienda26.
Bien es verdad que la opinión oficial en relación con los no cabimientos de juros siempre estuvo más clara de lo que episodios como el que acabamos de comentar parecen dar a entender. Digamos que ante la disyuntiva de si los réditos de juros que no cabían los debía pagar la Real Hacienda o si habían de correr la misma fortuna y riesgos que las rentas donde sus propietarios de su voluntad los habían situado, alternativa que dividía no solo a teóricos y tratadistas sino también a los mismos gobernantes y ministros del rey, la Corona se decantó casi siempre por esta segunda postura, que era lógicamente la que más le favorecía, lo cual no implica que en ocasiones (y por razones diversas como se ha visto) pudiera actuar de otro modo. Distintas órdenes reales promulgadas en diferentes momentos dejaron, además, bien sentada esa posición y fijaron el procedimiento a seguir en semejantes casos.
Sea, por ejemplo, la que con fecha 18 de diciembre de 1622 fue remitida al Consejo de Hacienda, en la que se le instaba a que “tuviese la mano” en consultar al rey la paga de réditos de juros que no cupieren en sus situaciones, a menos que tocasen a personas necesitadas y en cantidades moderadas. Es más, ninguna porción de los réditos de dichos juros (como tampoco de gajes, entretenimientos, sueldos u otras deudas de esta calidad) se podría pagar del dinero que procediese de asientos hechos con los hombres de negocios, ni del que se recogiese en las arcas de la Tesorería General, ni del que saliese de la acuñación de moneda de vellón, ni de deudas extraordinarias, ni del servicio ordinario y extraordinario, ni de los servicios de millones… Al contrario, el montante de dichas deudas, advertía el rey a su Consejo, así como el de las que en adelante se le consultasen de personas necesitadas, solo podría librarse en fincas de alcabalas y otras rentas reales, y en rezagos de millones de hasta fin de 1619, pero “no en otra cosa”, lo que era tanto como decir que no se pagaría nunca. Todo lo cual, en fin, había de cumplirse y ejecutarse “inviolablemente por agora, y hasta que mi hacienda tenga mejor dispusiçión para la paga de todo lo que deue”27.
Y, sin embargo, no todo era mandar… y que lo dispuesto se obedeciese al instante y sin rechistar. Los inconvenientes que resultaban de guardarse una orden como esta le fueron referidos sin rodeos a Felipe IV por el Consejo de Hacienda en consulta de 23 de enero de $1 6 2 3 ^ { 2 8 }$ . Si no todos, sí una mayoría cualificada de consejeros, encabezada por su presidente, el marqués de Montesclaros, y formada por los licenciados Gilimón de la Mota y don Diego Corral y Arellano, y por don Pedro Mesía de Tovar, Diego de Herrera, Luis de Alarcón, Juan de la Serna y don Diego de Bazán, mostró abiertamente su disconformidad con la medida. Por lo pronto, repararon los citados consejeros, aunque por “la forma de las palabras” se podía entender que la orden dejaba abierta la puerta para que el Consejo pagase algo de lo que debía la Real Hacienda, “la sustancia es que no se pague nada”, ni tan siquiera a las personas necesitadas y en cantidades moderadas, pues realmente no había finca alguna en las rentas señaladas para ello (“ni esperanza de que las abrá”, añadieron); antes bien, en todas estaba situado lo que producían, “y en muchas más de lo que valen”. Tampoco servían para ese propósito, en contra de lo que aseguraba la orden regia, los rezagos de millones de hasta la última paga de 1619, ya que estaban tan “apurados” y salían tan “inciertos” que librar alguna cantidad en ellos, más que beneficio de las partes, era daño, habida cuenta de que gastarían otra tanta suma en enviar a cobrarla, y eso en el caso de que los deudores llegasen a pagar realmente lo que debían.
Había, por otro lado, un problema de orden moral en este asunto que los consejeros dichos en manera alguna podían soslayar. ¿Hasta qué punto no cargaba la real conciencia un decreto general que en cuanto a este género de deudas proclamaba en sustancia que no se pagase lo que se debía, incluso si los acreedores eran personas necesitadas, iglesias, monasterios, capellanías, memorias de difuntos, cofradías, huérfanos y viudas? Al fin y al cabo, los particulares, cuando debían algo, si no lo pagaban, eran ejecutados sin miramientos por los acreedores, los cuales disponían para tal efecto de alcaldes, corregidores, Chancillerías y Consejos. Sin embargo, los acreedores a quienes el monarca debía intereses de juros sin cabimiento no tenían alcalde, juez ni Consejo a quien acudir, pues “V. Md. y universalmente los reyes por su soberanía no tienen juez que les haga pagar lo que deuen”, palabras gruesas sin duda, que necesariamente tenían que provocar cierta incomodidad en los oídos del rey, pero que al mismo tiempo venían a reconocer el hecho, evidente para todos, de que frente al soberano no cabía fiscalización alguna. De ahí que quienes las pronunciaban, poniéndolas además por escrito, tuviesen que situar su reclamación del cumplimiento de la obligación que este tenía de honrar todos sus compromisos con los juristas en un plano puramente desiderativo o moral, sin remisión al derecho. No había, ciertamente, otra posibilidad.
Ya en un terreno más técnico, la parte mayoritaria del Consejo de la que hablamos sabía perfectamente (¡cómo no iba a saberlo!) que la causa de los impagos a los juristas radicaba en la “precisa falta de hazienda”. Rechazaba, empero, que la que había (o la “sustancia” de ella al menos) tuviera que destinarse íntegramente a pagar asientos y provisiones de dinero de dentro y fuera del reino. En su opinión, no todos los recursos disponibles podían caer de ese lado; por el contrario, “es bien se reparta algo en los pobres vasallos que dieron sus haziendas sobre la fee real y se hallan sin ellas pasándolo miserablemente”. Su Majestad debía tener presente que quienes verdaderamente le servían y pagaban los tributos eran los naturales de estos reinos, es decir, sus vasallos e hijos, “cuyo señor y padre es V. Md.”. Sin embargo, se estaba haciendo con ellos justo lo contrario de lo que por sus obras merecían, esto es, se les quitaba la esperanza de cobrar tales réditos y se les invitaba de algún modo, al no ofrecérseles otra salida, a que como hacienda perdida la diesen “perdidamente” a los hombres de negocios genoveses a muy bajos precios (“por seis y siete [el millar] lo que antes dauan por veynte y cinco y treinta”), siendo así que estos, por adehalas de los asientos que negociaban, lo cobraban enteramente de la hacienda más “prompta” del rey. En consecuencia, si el decreto se hubiese de guardar cumplidamente, vendría a resultar en disfavor de los pobres vasallos y en beneficio de cuantos extranjeros adquirieran dichos réditos a un precio muy inferior al que hasta entonces habían tenido29.
También el crédito de la Monarquía, recordaban los consejeros a su rey, se resentiría gravemente con la medida en cuestión. Desde luego, la parte de la Hacienda consistente en juros recibiría un daño seguro, pues no habría personas que quisieran comprar aquellos títulos que estaban en las últimas fincas si sabían de antemano que, no cabiendo, se les dejaría de librar en otra cosa. Pero incluso los mismos hombres de negocios con quienes se negociaba el crédito a corto plazo rechazarían recibir, en parte de pago o en resguardo de sus asientos, los juros que hasta ahora habían aceptado, a no ser que fuera a precios mucho más bajos (o sea, con quebranto) y con garantías adicionales, cosa que de producirse no haría sino añadir nuevos motivos para su depreciación, amén de encarecer el endeudamiento regio. En cualquier caso, a lo que de ninguna de las maneras se podía faltar era a la justicia, que en eso al fin y al cabo consistía el pagar a los acreedores, dando a cada uno lo que le pertenecía, o en socorrerles con algo “quando como agora no se puede con todo”; pero menos aún se debía faltar a la piedad, que es precisamente lo que ocurriría si se cerraba la puerta a la misericordia que había de tenerse con las personas necesitadas que cada día demandaban el pago de sus réditos.
Cerraban, pues, estos consejeros el círculo de su argumentación volviendo al punto justo del que habían partido, es decir, al ámbito de la moral, el mismo al que pertenecían los conceptos de justicia, piedad y misericordia a los que apelaban, los únicos en fin que de asumirse plenamente podían constituirse en frenos, para todo cuanto en este caso se ventilaba, frente a la potestas absoluta ordinaria del soberano expresada en el decreto. No cabía, recalquémoslo, otra posibilidad. Es más, los mismos consejeros, consecuentes con una concepción del mundo y de las cosas profundamente providencialista, parecían tener claro que no por acudirse a esas necesidades tan justas había de faltar para las públicas: “antes”, aseguraban a su rey, “por el socorro destas se puede esperar ayudará Dios por otros caminos”30.
Hubo, no obstante, opiniones discrepantes, las cuales se incorporaron al cuerpo de la consulta como votos particulares. Una de ellas, la de Juan de Gamboa, tenía por “muy conveniente” lo que Su Majestad había mandado en cuanto a que el dinero de que se podía disponer (el que se proveía por asientos con los hombres de negocios fundamentalmente, pero también el que por diferentes conceptos entraba en arcas de la Tesorería General, el procedente del servicio ordinario y extraordinario o el de la moneda de vellón que se labraba) no se divirtiera u ocupara en gajes de gentileshombres, entretenimientos, sueldos y otras deudas semejantes, y menos aún en la satisfacción de réditos de juros que no cabían, de que se estaba debiendo, como el propio Gamboa reconocía, una gran suma, “que pasa de millones”. Para él, firme defensor de la tradicional estrategia de la Monarquía de exportar la guerra para no tenerla dentro, mucho más preciso e inexcusable que todo eso (y que cualquier otra cosa en realidad) era acudir a la guarda de la mar y fronteras, “y a desbiar destos reynos la ruina y trauajos que podrían padeçer si no se apartase dellos la guerra que se entretiene fuera, resistiendo los ereges y enemigos que tanto procuran aniquilarlos y destruirlos, y ofender a nuestra santa fee”31. Desde luego, si los recursos del monarca fueran suficientes, semejante dilema no se plantearía, pero evidentemente ese no era el caso.
Pesaba, además, en la postura de Juan de Gamboa un cálculo de costes-beneficios. El suspender la paga de los intereses de los juros que no cabían era una decisión que supuestamente no conllevaba costes excesivos, que salía barata por tanto y que además se había tomado muchas otras veces, “en tiempos menos apretados y de más hazienda”. En cambio, el dinero que se empleaba en lo “muy forzoso” se tenía que proveer con “grandes y eçesiuos” intereses, y aún así, no era fácil hallarlo (“se padeçe mucho”), pues había que ofrecer a los asentistas consignaciones para los años de adelante, además de excesivas adehalas, comodidades y resguardos. Destinar, pues, parte de ese dinero caro a cosas que no eran tan forzosas e inexcusables tenía que parecer (a quienes pensaban como Juan de Gamboa) un desatino, máxime cuando lo conseguido a precios tan elevados no alcanzaba a cubrir (“es notorio y se toca con la mano cada día”) todas las obligaciones precisas de la Monarquía.
Menos elaborado, el parecer de Juan de Soria se limitaba a expresar su conformidad con lo dispuesto en la orden real, no sin recordar que lo que Su Majestad debía de réditos de juros y gajes, sueldos y otros emolumentos pasaba de “millones de ducados”, sin aventurar cifra concreta alguna, que era tanto como decir que se trataba de una deuda imposible de pagar.
Por su parte, Miguel de Ipeñarrieta, último consejero en manifestarse y el tercero de los que componían el pequeño grupo de discrepantes, sí justificó su voto por extenso, echando mano para ello de distintos argumentos. En su opinión, la orden que motivaba la consulta no era tan dura como el presidente y los consejeros que le seguían habían expuesto, habida cuenta además del estado por el que atravesaba la Real Hacienda y de las grandes provisiones de dinero –siempre forzosas e ineludibles– que se hacían dentro y fuera de estos reinos, tanto para defensa de ellos y de la fe católica como para el sustento del real estado “en todas partes”. Cierto es que el pagar las deudas constituía un acto de justicia y el dejar de hacerlo, cargo de conciencia, pero no era exactamente esa la situación en la que se encontraba la Corona. Forzando en extremo la comparación, Ipeñarrieta sostenía que esta se hallaba en la misma la situación que el deudor imposibilitado de cumplir con sus acreedores, al que sin embargo las leyes, la razón y la “equidad natural” le aplicaban de su hacienda aquello que honestamente había menester para sus alimentos y sustento, mientras que de la parte restante se hacía pago a sus acreedores conforme a una graduación de calidades y tiempos. Por consiguiente, si este era el proceder que se seguía con tantos caballeros y personas particulares32, con cuanta más razón y justificación no había de hacerse lo mismo con Su Majestad, aplicándole, de toda su Hacienda y arbitrios, aquello que fuera necesario para la defensa de la Monarquía, en la que se gastaban (y no en otra cosa) las grandes sumas de dinero que el empeño de Castilla testificaba, hasta el punto de que el propio Ipeñarrieta se maravillaba de que dichas cantidades hubiesen podido salir de la “sustancia” de estos reinos, creyendo más bien que Dios “milagrosamente a socorrido y ba socorriendo a esta Corona con hazienda y medios de qué proveerla para cossas tan justas y santas como lo son [aquel]las para [las] que sirbe”; pero justamente porque las cosas ocurrían así, no se podían negar al monarca las cantidades que precisase para el sustento de su real estado, administración de la justicia y “el gobierno político”, eso sí, siempre que se acudiese a ello con la decencia requerida y se redujesen los gastos a lo inexcusable. Solo después de haber cumplido con lo referido (de acuerdo con las prioridades de gasto establecidas) se podría acudir a la paga de cuanto el monarca debía, así de réditos de juros como de “otras muchas cosas”, si es que en la Real Hacienda había “sustancia” para ello33.
Esta última salvedad no era inocente. A fin de cuentas, todo el mundo sabía –“es tan notorio que ninguno lo ynora”– que lo que no quedaba era precisamente “sustancia”. El mismo Ipeñarrieta había dejado claro este extremo al recordar que todas las rentas ordinarias estaban vendidas a juro perpetuo o al quitar, y que las extraordinarias se hallaban empeñadas por algunos años adelante. Pues bien, considerando tales circunstancias, lo que de ningún modo se podía hacer, en su opinión, era desviar hacia la paga de réditos y deudas de juros (“que montan una suma muy grande”) el dinero destinado para la provisión de las cargas forzosas del sustento de la Monarquía y aquellas otras que se ofrecían en defensa de la fe católica. Al igual que Juan de Gamboa, Ipeñarrieta reconocía que ese dinero, al obtenerse por vía de asientos, salía muy caro, por los elevados intereses y muchas adehalas que los hombres de negocios exigían; pero también, y con mayores costes incluso, cuando procedía de la ejecución de arbitrios y expedientes, muy lesivos por lo general. El de la moneda de vellón constituía un ejemplo muy ilustrativo a este respecto, pues para atender a las necesidades de la Corona se había labrado “gran cantidad” de esta moneda, “sin reparar en que solo ella es bastante causa para la ruyna destos reynos, aunque V. Md. no tuviera ningunos enemigos”. A pesar de ello, se había preferido ir tirando a base de usar de este medio, “con ser beneno mortal que va obrando poco a poco”, que no dejarlo perder todo de golpe. Cosa muy diferente, en cambio, era que “solo” para la paga de los réditos de los juros que no cabían y otras deudas atrasadas se tuviese que labrar todavía más cantidad de moneda o usar de otros arbitrios muy perjudiciales, de que se había sacado gran suma de hacienda; o que se hubiesen de incrementar los tratos con los banqueros internacionales para conseguir nuevos créditos34. Ese “solo” en boca de Ipeñarrieta estaba cargado de significado y revelaba hasta dónde parecía aconsejable que llegase el monarca en el cumplimiento de sus compromisos con los juristas afectados; pero indicaba también que los costes derivados de no pagar los intereses de los juros que no cabían, costes en términos de confianza y consenso político-social sobre todo, eran considerados más fáciles de asumir por la Corona que los propiamente económicos que pudieran resultar de cualquier iniciativa financiera o fiscal que diese satisfacción a los tenedores de deuda.
La real orden citada de 18 de diciembre de 1622 contenía las respuestas pertinentes a estas cuestiones. Su cumplimiento permitiría, por otra parte, acabar con algunas malas prácticas que se habían introducido y que Miguel de Ipeñarrieta denunciaba también en su voto particular. Y es que, según él, no todo lo que se libraba y pagaba por el Consejo de Hacienda se repartía de acuerdo con las calidades y tiempos de las deudas, ni siempre eran preferidos los más necesitados ni las causas más piadosas, como sin duda la mayoría de los consejeros sabía; por el contrario, corría la voz de que se usaba de muchas “negociaciones”, sin que el Consejo fuese capaz de evitarlas por no alcanzar a saber siquiera el interés o premio que intervenía en ellas, dado “el secreto grande con que se hazen”. Tampoco era verdad que la orden cerrase completamente la puerta a los acreedores de réditos de juros más necesitados y en cantidades moderadas, y menos aún que las consignaciones previstas para ello fuesen de tan escasa cuantía como se decía. Además, la orden no era para siempre, sino para ahora, “y hasta que la Real Hazienda tenga mejor dispussiçión”.
Coincidía Miguel de Ipeñarrieta con sus colegas del Consejo en que los réditos de juros que no cabían en sus situaciones no iban a tener tan buena salida como hasta ahora. Pero en su empeño por justificar la decisión regia iba más allá e insistía en el hecho de que los más de los títulos de los que esos réditos procedían habían sido adquiridos por sus actuales propietarios por la mitad o por el tercio (e incluso por menos) de su primera imposición. Muchas personas, según él, habían comprado 1.000 ducados de renta de juro de a 20.000 el millar, cuyo principal montaba en principio 20.000 ducados, por 10.000, 8.000 y 7.000 ducados, y algunos por 6.000, y en la misma proporción otros juros de más o menos cantidad; sin embargo, cuando se libraban sus réditos los cobraban enteramente, resultando que con una inversión de 6.000, $7 . 0 0 0 \mathrm { ~ u ~ } 8 . 0 0 0$ ducados gozaban, “aunque con alguna dificultad de su cobranza”, de 1.000 ducados de renta35. Además de ser poco creíbles, para estas fechas, rentabilidades entre el 12,5 y el 18,6 por ciento como las que se desprenden de los ejemplos citados, es evidente que Miguel de Ipeñarrieta retorcía un tanto la realidad cuando exponía los fundamentos de su argumentación, pues si bien en el mercado secundario de juros se estaban vendiendo títulos por debajo de su valor nominal, no es menos verdad que esa pérdida de estimación estaba causada, en primer lugar, por la caída de su rentabilidad real como consecuencia de los fenómenos de no cabimiento, descenso de los tipos de interés y otras medidas que la Corona venía tomando últimamente con respecto a la deuda consolidada. Lo que no quiere decir, eso debe quedar claro también, que no hubiese gentes, bien informadas y acostumbradas a moverse en medio de las dificultades generales, que medrasen y supieran sacar provecho de unas situaciones que se habrían de repetir con insistencia en el porvenir.
Felipe IV, en respuesta a la consulta del Consejo de Hacienda de 23 de enero de 1623 y a otra de su presidente de 1 de febrero, que volvía sobre los mismos argumentos, tuvo por bien suspender la ejecución de la dichosa orden de 18 de diciembre de 1622 “asta que yo mande otra cosa”. Es posible que en la toma de esta decisión influyeran, junto a las consideraciones de política hacendística y fiscal, otras relacionadas con el alivio y descargo de su conciencia, a las que reiteradamente había apelado la mayoría del Consejo, así como las consultas de otras personas e instituciones36. En la práctica, sin embargo, la suspensión iba a tener escasa trascendencia. Con real orden o sin ella, estuviese esta en vigor o en suspenso, lo que no se podía hacer, con una recaudación fiscal a la baja en lo que respecta a las rentas ordinarias, era, por mucho que se pretendiese, pagar los intereses de todos los juros que con el tiempo se habían ido imponiendo sobre ellas, por la sencilla razón de que no cabían. Además, como ya hemos comentado, la Corona no se sentía obligada a hacerlo en otras partes ni a compensar a sus propietarios de otra manera: y, desde luego, tampoco era partidaria de destinar a tales efectos partidas de ingresos que pudieran servir de consignaciones para los asientos, y menos aún desviar parte del dinero procedido de estos o de los arbitrios, expedientes y demás cosas extraordinarias puestos en marcha, ya que obtenerlo por estas vías resultaba caro y dificultoso. Digamos que la Corona siempre tuvo por mejor y más barato asumir los costes de no pagar a los juristas los réditos de los juros sin cabimiento que dejar de acudir a las necesidades precisas que el mantenimiento de su hegemonía en el exterior y la defensa de la santa fe católica imponían, necesidades que necesariamente habían de financiarse con el crédito a corto plazo (bastante más costoso) de los asientos, lo cual no significa que esta otra clase de deuda (deuda flotante) no estuviera sometida también a periódicas suspensiones de pagos de las consignaciones previstas inicialmente, esto es, a las mal llamadas bancarrotas.
En el futuro, por tanto, la historia de la deuda pública consolidada en forma de juros habría de convivir con la existencia de los no cabimientos, aunque en realidad lo venía haciendo así desde fechas anteriores a la del episodio que acabamos de comentar. De dicha historia formaban parte, en efecto, los movimientos realizados por los juristas perjudicados por tales vicisitudes con el propósito de recuperar los réditos no cobrados y/o conseguir la mudanza de sus juros a situaciones más sólidas que las originarias; las especulaciones sobre el mercado secundario de títulos, comprando y vendiendo juros afectados por semejantes contingencias, ejecutadas generalmente por personas que de un modo u otro participaban del sistema político-financiero, empezando por los asentistas de la Corona; las instancias hechas por quienes tenían capacidad para ello (y en primer lugar, de nuevo, los mismos hombres de negocios que prestaban dinero al rey) de cara a ver reconocidos dichos títulos por su entero precio, tanto en el trance de ser amortizados como a la hora de ser canjeados por otros nuevos… En fin, capítulos de una historia tan intrincada como esta eran también los fraudes cometidos por aquellos que a nivel local debían garantizar, más aún en situaciones de no cabimiento, el cobro ordenado de los intereses de los juros (o la parte que de ellos cupiere) según sus calidades y antigüedad, esto es, las oligarquías municipales encargadas de recaudar los tributos y de conceder los servicios en las Cortes, fraudes que hay que contemplar, al cabo, como una consecuencia más de esa suerte de cesión de soberanía fiscal a los poderes locales propia de un sistema fiscal descentralizado como era el castellano de esta época.
La situación que se vivía en Sevilla a mediados del siglo XVII no debía ser infrecuente y puede tomarse como ejemplo de esto último que acabamos de indicar. La ciudad se hallaba encabezada por sus alcabalas por el tiempo de la prórroga del encabezamiento general que corría desde principio de 1643 en 164.000.000 mrs. al año, cantidad toda ella situada a juros. Llegado el año 1648, sin embargo, Sevilla hizo dejación del referido encabezamiento, con el pretexto de que el número de vecinos y la actividad económica de la ciudad habían decaído mucho en los últimos años. No lo entendió exactamente así el Consejo de Hacienda, que achacó más bien la quiebra de la renta37 a los muchos fraudes que se cometían, protagonizados, entre otros, por “algunos de los que tienen parte en el gobierno”. El caso es que tampoco se estaban pagando los juros situados en ella “sino a los regidores y los que ellos quieren”, en daño a los restantes juristas a los que no les quedaba otra opción que vender las cartas de pago de sus réditos a precios muy bajos. De ahí que la propuesta hecha por el Consejo de Hacienda, en consulta de 21 de octubre de 1648, de poner arcas en la ciudad donde recoger el dinero procedido de las alcabalas y nombrar para la administración de ellas a don Juan de Córdoba, que desempeñaba la plaza de alcalde de hijosdalgo en la Chancillería de Valladolid, fuese mal recibida por los veinticuatros sevillanos. Los consejeros habían adelantado de todas formas cual podía ser el motivo de ese rechazo: “por la mano que se les quita de cobrar y pagar como quisieren”38.
Está claro, sin embargo, que la reducción drástica de la carga que imponían los intereses de la deuda consolidada, una vez que la Corona se decidió a dar este paso, desentendiéndose así de una parte de sus compromisos como deudor, exigía la puesta en marcha de políticas más activas que las que podían provenir de los simples fenómenos de no cabimiento. Dicha exigencia tuvo una primera concreción en la pragmática de 26 de enero de 1608, que ordenó que en lo sucesivo no se pudiesen imponer o fundar juros o censos al quitar a menos precio que el de a 20.000 el millar, al tiempo que dispuso que los de por una vida corrieran a 10.000 el millar y los de por dos vidas a 12.000 el millar39. Era la primera vez, si prescindimos de aquella de 1563 en que Felipe II mandó, por real cédula de 31 de octubre, reducir a razón de a 14.000 el millar todos los juros que estuviesen vendidos a menor precio40, que se decretaba la reducción unilateral del tipo de interés nominal de los títulos de la deuda consolidada41. Conviene insistir, no obstante, en que la medida en cuestión, sobre todo por lo que respecta a los juros al quitar, afectaba únicamente a los títulos que fuesen a constituirse en el porvenir y no a los ya constituidos, a cuyo servicio se destinaban por esas fechas más de cinco millones de ducados de las rentas ordinarias42, cantidad en la que no entraban obviamente los intereses de los juros que no cabían. Desde la perspectiva de la Corona, por tanto, urgía encontrar el modo de acabar con semejantes desembolsos, que como una sangría estaban debilitando, no ya la Hacienda Real, sino el cuerpo entero del reino, cuyos habitantes al cabo eran los que con sus impuestos hacían frente a la financiación de un volumen tan grande de deuda.
La fórmula ideada en un principio para ello le fue propuesta a Felipe III, según parece, por los hombres de negocios genoveses afectados por el decreto de suspensión de consignaciones de 7 de noviembre de 1607, y alcanzó sus perfiles definitivos en el transcurso de las negociaciones que condujeron a la firma, entre dichos asentistas y la Hacienda regia, del Medio General de 14 de mayo de 1608. Consistía la receta, al menos en cuanto a los aspectos que nos interesa destacar aquí, en la facultad concedida a la representación cualificada de dichos hombres de negocios (la llamada Diputación del Medio General, encargada de cerrar cuentas y de saldar deudas pendientes con el rey) para desempeñar juros y “otras cosas” (alcabalas y tercias fundamentalmente) que estaban empeñadas de la Real Hacienda y volverlas a vender a mayores precios (bien a los mismos que ya los poseían, o bien, en su defecto, a otros nuevos), para con la diferencia (el crecimiento) ir haciéndose pagados de los doce millones de ducados que les adeudaba Su Majestad según lo pactado en el sobredicho Medio General. En concreto, por lo que respecta a los juros al quitar, se trataba de amortizar títulos impuestos originariamente a 14.000 el millar para ponerlos de nuevo a la venta a 20.000 o más el millar, y de obtener, por tanto, en cada operación de crecimiento una apreciable ganancia43.
Las Cortes se opusieron a estas prácticas, y en general a la existencia misma de la Diputación. Salió a relucir el tema del crecimiento de los juros durante el breve periodo de sesiones de 1615. Ya entonces se denunció, por boca del procurador burgalés don Diego Gallo de Avellaneda, que aquellas que se presentaban como operaciones de desempeño, si bien suponían una reducción del “rédito” o tipo de interés nominal, se traducían de hecho en un aumento del principal de la deuda, lo que hacía que en el futuro su redención (amortización) se tornara más difícil44. Llegaron incluso las citadas Cortes a redactar un borrador de memorial para Felipe III, el cual se leyó y discutió en la reunión de 2 de mayo, aunque finalmente los procuradores presentes acordaron, por mayor parte, que se dejara de hablar del asunto “por ahora”. Eso sí, en una sesión posterior, la del 1 de julio, ante la inminente clausura de las Cortes, se determinó incluir in extremis, como uno de los capítulos que habían de suplicarse al rey, lo que en realidad ya se había instado en el anterior periodo de sesiones acerca de que cesara el Medio General de los hombres de negocios, “por el daño e inconvenientes que la experiencia ha mostrado que de haberle resultan”45.
El negocio, al haber quedado en suspenso, volvió a plantearse nada más abrirse, en 1617, las siguientes Cortes. Esta vez, además, no hubo vacilaciones entre los procuradores, y en un nuevo memorial, redactado en tiempo récord, el Reino pidió, no ya que cesara de una vez por todas la Diputación del Medio General, negándosela cualquier nueva prórroga que le permitiera seguir funcionando46, sino que rindiese cuentas ante él de cuánto había procedido el dichoso medio y se verificasen todas sus actuaciones pasadas47. La respuesta del Consejo de Hacienda, al que el monarca remitió el referido memorial para su consideración, no se hizo esperar, y tomó forma en una durísima consulta, fechada el 3 de septiembre de 1617, en la que aquel, amén de justificar las actuaciones de la Diputación y de aplaudir los beneficios que se habían obtenido de ellas (tanto para los asentistas como para el propio monarca), llegaba incluso a cuestionar el carácter y el poder de la representación parlamentaria de los procuradores48, documento que ya ha sido analizado por diversos autores49.
No pararon las Cortes, sin embargo, en su empeño por impedir que el Medio General de los hombres de negocios genoveses pasase adelante50. Y si bien todo apunta a que la intervención de la Diputación en la negociación del arbitrio del “desempeño, crecimiento y nueva venta de juros” expiró a finales de 1617 al haberse alcanzado los objetivos para los que fue creada51, el Reino junto en Cortes continuó sin creerse que tal cosa hubiese sucedido realmente, por lo que todavía durante algún tiempo persistió en la postura de solicitar su desaparición52. Es más, para asegurarse de que “no pueda volver a haber el dicho Medio General”, los procuradores, recelosos, acordaron incluir tal exigencia entre las condiciones del servicio de los 18 millones que por entonces había empezado a negociarse, incorporándola finalmente como la condición 36 del $5 ^ { \circ }$ género de la escritura de millones aprobada el 28 de agosto de $1 6 1 9 ^ { 5 3 }$ .
Cesó la Diputación en sus actuaciones, ciertamente, pero no así la mentada negociación por la utilidad que los consejeros de Hacienda pensaron que podía seguir obteniéndose de ella, máxime a partir de ahora en que, una vez arregladas las cuentas y pagado lo que se adeudaba a los hombres de negocios genoveses, todo el caudal que se fuera granjeando ingresaría enteramente en las arcas del rey o se invertiría en el deseado desempeño del patrimonio real. De hecho, la propuesta formulada en este sentido por el Consejo de Hacienda en consulta de 8 de julio de 1618, fue muy bien recibida por Felipe III, que no dudó en responder: “continúese esta negociaçión por dos años y después se verá lo que convendrá para adelante”54.
Seguían militando para ello las mismas razones de conveniencia y utilidad que cuando el arbitrio estuvo en manos de los genoveses de la Diputación del Medio General, extremo que el Consejo se ocupó de recordar a su soberano, solo que ahora la cuestión del desempeño pasaba a primer plano, señalando los consejeros cuál debía ser la preocupación fundamental de los crecimientos. Se trataba, en efecto, al margen de cualquier otro objetivo, de desempeñar juros y otras cosas que estuviesen empeñadas y de volver a vender esas mismas cosas a mayores precios para con el crecimiento desempeñar otras de la misma calidad, “y hazer en esto muchos empleos y reempleos” hasta dejar completamente extinguida la deuda y el patrimonio real liberado de hipotecas. Consecuentemente, no había necesidad de buscar nuevos argumentos que justificaran tales desempeños: estos se hacían usando de la condición que para ello había en los mismos privilegios de juros y cosas empeñadas, y cumpliendo escrupulosamente con la literalidad de la mentada condición. Además, el Consejo tenía el convencimiento de que las personas a quienes estaba empeñada la hacienda del rey accederían gustosamente a los crecimientos, sin necesidad de que se les hiciera fuerza alguna, “y así son justos y líçitos y sin agravio de terçeros”55.
Sí que había, empero, una diferencia, y no pequeña, en que las operaciones corrieran a partir de este momento por cuenta y mano de la Real Hacienda. Hasta entonces, gracias al crédito de los propios genoveses representados en la Diputación56, se habían podido hacer “muchos” desempeños de juros, incluso si faltaba en el depositario el dinero preciso, pues, aun cuando los dueños acudiesen con puntualidad por el principal de ellos porque no les quisiesen crecer, se les daba entera satisfacción del mismo con el dinero que se proveía sobre dicho crédito. De cara al porvenir, sin embargo, esto no sería factible hacerlo “sino sólo teniéndose consideración al dinero que hubiere en depósito y a la calidad de las negociaciones que se hicieren”.
La prevención, tal como la formulaba el Consejo, no estaba, desde luego, fuera de lugar, pues dinero, lo que se dice dinero aparejado y dispuesto para tal fin, fue precisamente lo que faltó desde un principio. De la negociación pasada no había sobrado más caudal que 223.831 ducados en efectos “no muy çiertos ni pronptos” y 20.640 ducados de renta de juros “que no cauen”, y de la Real Hacienda no se hallaba forma, a su vez, de proveer ningún socorro para la dicha negociación por la “ocurrencia” de las grandes necesidades de Su Majestad57. Por consiguiente, era muy probable que la nueva negociación, ante la carencia de dineros, naufragara o deviniera completamente “estéril”, más aún cuando la anterior había actuado ya sobre los mejores juros, o sea, los vendidos a más bajos precios, en tanto que para la de adelante no quedaban sino los vendidos a precios más altos.
Nadie podía garantizar, además, que el caudal que se granjease siguiera empleándose y reempleándose en el dicho desempeño y negociación o que no se divirtiera en otros usos habida cuenta de la creciente precariedad de las finanzas regias. Como se ha dicho, la finalidad del arbitrio consistía en desempeñar juros vendidos en empeño al quitar a precios bajos (o rentas reales empeñadas) y volverlos a vender a otros mayores, y en emplear y reemplear tales crecimientos58, no ya en pagar a los hombres de negocios lo que se les debía como en la negociación pasada, sino en ir desempeñando y beneficiando la Real Hacienda. Por lo tanto, si se obraba de manera diferente, no sólo se dejaría de conseguir aquel intento, sino que quedaría con mayor empeño la Hacienda del rey, cerrándose así la puerta a que en el futuro se pudiera hacer cualquier arbitrio en ella.
La falta de un fondo de reserva inicial no obstante la relativa paz de que había disfrutado la Monarquía en los años anteriores59 fue la causa principal de la escasa actividad de la nueva negociación, cuyos objetivos en el fondo se reducían, como señalaba Gaspar de Pons en voto particular incorporado a la consulta que comentamos, “a padeçer menos intereses el empeño de la Real Hacienda”60. De este modo, la pretensión (vana, esa es la verdad, y basada en no pocos errores de cálculo) de que los más de cinco millones de ducados que Su Majestad pagaba en concepto de intereses de juros cada año quedasen reducidos a tres (como resultado del crecimiento, por vía desempeño, de los títulos de 14.000 a 20.000 el millar) se disipó rápidamente, como también se convirtió en una quimera la aspiración de lograr algún día el desempeño total de la deuda y ganar, no ya dos millones de ducados de renta, sino cinco, a pesar de que, como desde las altas esferas del gobierno se reconocía, “no ay otro remedio para que se puedan aliviar los vasallos destos reinos de las muchas cargas que pagan sino este”. De ahí que no faltaran las propuestas para constituir ese caudal inicial, como la formulada por el consejero don Diego de Bazán, también mediante un voto particular, consistente en la acuñación de 600.000 ducados efectivos de moneda de vellón y en la venta de un regimiento perpetuo acrecentado en todas las ciudades, villas y lugares del reino, tanto de realengo como de señorío. Con tales arbitrios (de cuya ejecución se seguían lógicamente otros inconvenientes en los que sin embargo no se reparaba) se podría sacar hasta un millón de ducados, una cantidad que el citado consejero consideraba suficiente para continuar haciendo los crecimientos de juros (y de rentas reales) que hasta entonces habían hecho los diputados y comisarios del Medio General de 14 de mayo de 1608, y a partir de ahí emplear y reemplear una y otra vez dicho caudal y lo que de él procediere para ir avanzando en el ansiado desempeño61.
Quienes no estaban por la labor de facilitar semejantes designios eran los representantes en Cortes, a los que el Consejo de Hacienda venía reprochando (y no sin razón) el actuar demasiado a menudo como valedores de los intereses del grupo jurista antes que como defensores del bien común (un comportamiento, en cambio, que el Consejo sí que atribuía a la Corona). El devenir de los acontecimientos, empero, les obligaría a modificar su posición. Y es que, como se ha analizado ya, primero se opusieron a las subidas de los juros por vía de desempeño, por considerar que perjudicaban seriamente a los juristas y beneficiaban solo a los hombres de negocios genoveses; pero cuando los crecimientos se institucionalizaron y empezaron a hacerse por el Consejo de Hacienda, esto es, cuando comprendieron que el arbitrio no tenía marcha atrás, pensaron que la del desempeño (o sea, la amortización anticipada de los títulos a los precios en que fueron adquiridos) era la forma menos mala de llevarlos a cabo frente a otras (el crecimiento puro y simple del tanto al millar, es decir, la reducción unilateral del tipo de interés) que pudieran instrumentarse y que se les antojaba mucho peores.
Tales preocupaciones eran lógicas y afloraron en una proposición presentada por los comisarios encargados de preparar la escritura del servicio de los 18 millones que en esos momentos se estaba negociando, proposición que fue debatida en la sesión de 3 de agosto de 1618; en ella, en efecto, se declaraba, como si se tratase de una verdad demostrada, pero dejando transparentar al mismo tiempo el temor a que tal cosa fuera a acontecer, que el monarca no podía, “por ningún caso que suceda”, crecer los juros a mayores precios de los que constaban en los mismos privilegios si no era pagando primero a los dueños los precios a que los habían comprado, y siempre “en la misma especie y valor que en ellos se contiene”. Pues bien, aunque finalmente los procuradores desestimaron poner por condición del citado servicio semejante proposición, seguramente porque a estas alturas consideraron que era un acto innecesario62, al menos dejaron constancia de que no contemplaban otra forma posible de crecimiento de los títulos de la deuda consolidada que la que discurriera por la vía del desempeño. Es más, la mención que en la misma proposición hacían a que las redenciones de juros, caso de tener que llevarse a cabo, se ejecutasen en las mismas especies de monedas y del mismo valor que cuando estos se constituyeron tampoco era baladí; sin duda tenían fundados motivos para sospechar que tales desempeños fueran a realizarse con moneda de vellón (lo que depreciaría los títulos), ahora precisamente que el monarca acababa de autorizar, por sendas reales cédulas, nuevas acuñaciones de esa clase de moneda63.
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Los peores presagios se cumplieron, sin embargo. El empeoramiento del estado de la Hacienda después de que la crisis de Bohemia (mayo de 1618) hubiera encendido de nuevo las hogueras de la guerra en Alemania y de que estas se avivaran todavía más con la ruptura de la tregua en Flandes (abril de 1621), acontecimientos que impusieron la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para poder hacer frente al aumento espectacular de los gastos, si por un lado pudo llevar a los procuradores en Cortes a pensar que las amortizaciones de los juros en circulación iban a frenarse o a paralizarse del todo, al carecer la Corona del dinero necesario para efectuarlas, por otro les hizo temer que esta, para aliviarse del peso de la deuda e impedir que los intereses de la misma siguieran consumiendo todos sus ingresos ordinarios, optase por acudir a procedimientos mucho más expeditivos que ese de los desempeños que en principio se habían mostrado remisos de aceptar, como ciertamente así iba a terminar ocurriendo.
Una pragmática fechada en San Lorenzo a 7 de octubre de 1621 y promulgada al día siguiente extendió, en efecto, a los juros y censos ya constituidos lo que la pragmática de 1608 había dispuesto únicamente para los juros y censos que se hubieren de fundar en el futuro, con el fin de que quedara hecha reducción y baja de la renta de todos a razón de a 20.000 el millar, “y a este respecto se cuenten y paguen adelante, y no a más”64. En el preámbulo de la citada ley se insistía en los quebrantos que para la Hacienda se seguían de que persistiese el tipo de interés de los juros a 14.000 el millar, máxime en las circunstancias presentes en que “hauiéndose hecho con ella los desempeños y crecimientos que se ha podido está imposibilitada de hazer otros”65. Es decir, se daba por agotada la vía, apenas transitada, de los desempeños y se imponía la mucho más resuelta de decretar la reducción forzosa y unilateral del tipo de interés. Además, al igual que se había hecho en 1608, juros y censos eran colocados bajo el mismo patrón, y ello debido a una razón que se callaba pero que resulta fácil de imaginar, pues lo que se quería evitar al obrar de esta manera era, ante todo, que el ahorro de los particulares fluyera con preferencia al crédito privado si en dicho empleo se mantenía mejor retribuido y que se viesen mermadas por tanto las posibilidades de financiación del crédito público.
La decisión, en cualquier caso, no se tomó de forma apresurada, extremo este que se desprende asimismo de la lectura de la pragmática: algunos consejeros y ministros, se decía en ella, habían hablado largamente sobre dicha medida y consultado al monarca porque así se lo había pedido66. Pero ¿qué ministros exactamente y desde cuándo? Al menos desde finales de 1619, siendo los tales ministros y consejeros los miembros de una Junta presidida por el conde de Benavente y formada por el cardenal Zapata, los presidentes de Indias y Hacienda, los señores Melchor de Molina y Gilimón de la Mota, el regente Caimo, Juan de Gamboa y Miguel de Ipeñarrieta. Dicha Junta había remitido al monarca, el 13 de diciembre, una consulta dándole cuenta del estado de la Real Hacienda de Castilla y de Italia, y de cómo la de Castilla se hallaba incapacitada para proveer nada de lo que Su Majestad había mandado para el socorro de Alemania, y menos aún los 20.000 escudos mensuales para el sustento de una armada de 20 galeones que importaba tanto que estuviese formada en Flandes “para quando se acaue el término de la tregua con Olanda”67. En su respuesta a la citada consulta, sin embargo, Felipe III cerró los oídos a las dificultades que le acababa de representar la Junta e instó a sus componentes a que buscaran y le propusiesen los arbitrios necesarios para allegar las cantidades que se necesitaban. Es más, en una orden aparte, que vino con aquella el 29 de diciembre, les señaló por dónde tenían que ir las propuestas: deberían tratar, entre otras posibilidades, del crecimiento de los juros de 14.000 a 20.000, y los de 20.000 a 30.000, ejecutándolo todo por ley como se hizo cuando se mandó que no se impusiesen nuevos juros a menos de a 20.000 el millar68.
Cuatro reuniones sucesivas de la Junta bastaron para que se decantaran las posiciones en relación con lo que el monarca proponía69. Fue en las dos primeras (las de 31 de diciembre de 1619 y de 2 de enero de 1620) cuando más se habló de la conveniencia o inconveniencia de crecer los juros por ley, esto es, contra la voluntad de sus dueños. Concretamente, en cuanto a la posibilidad de que los juros que estaban situados a 20.000 el millar se subiesen a 30.000 el millar todos los miembros referidos, salvo Juan de Gamboa, vinieron en que se trataba de un arbitrio “contra justiçia y conçiençia, y daño particular de V. Md. y destos reynos”. Sin embargo, respecto a que los juros de a 14.000 el millar se creciesen a 20.000, las opiniones se mostraron mucho más divididas: cinco junteros de nueve (el cardenal Zapata, los presidentes de Indias y Hacienda, Melchor de Molina y Miguel de Ipeñarrieta) mantuvieron también su parecer contrario a estos otros crecimientos.
Se escudaban dichos ministros en que las Ordenanzas del Consejo de Hacienda de 1593 reservaban a este el tratar de todas las materias de arbitrios y expedientes conducentes a hacer y acrecentar hacienda, siempre y cuando fueren justos y convenientes y sin perjuicio de nadie. Más allá sin embargo de esta cuestión de procedimiento o de competencias, el crecer los juros por ley equivalía, a su juicio, a quitar a los juristas sus haciendas, con tanto daño y en tanta suma que no era bien sino daño público el que se podía hacer, más aún cuando las fuerzas y conservación del reino se fundaban, según ellos, en “la justicia, verdad y seguridad de lo que cada uno tiene”. Es decir, aludían a la inseguridad jurídica, tan perniciosa en todos los ámbitos, que inexorablemente había de derivarse de una decisión como esta, para la que no cabían excusas posibles, aunque tuviesen justificación en las precisas y urgentes necesidades del soberano.
Que la pragmática de 1608 hubiese declarado que los juros y censos que de allí adelante se impusieren lo fueran a razón de a 20.000 el millar confirmaba, a juicio de los cinco ministros dichos, dos cosas: primera, que era injusto subir a sus dueños los juros y censos constituidos antes de esa fecha; y segunda, que la única salida que tenían los deudores en caso de que considerasen gravosos los réditos que pagaban respecto de su principal era la redención, pero nunca el crecimiento unilateral, como a fin de cuentas sugería el monarca. Quitar a los juristas su hacienda, que es lo que ocurriría si se bajaba unilateralmente el tipo de interés, les parecía, además, un acto contrario al derecho natural, pues la satisfacción y socorro de las necesidades comunes se debían satisfacer de forma común y no correr solo por cuenta de unos pocos. ¡Ya bastante crecidos estaban de facto los juros que no cabían o los situados en malas fincas como para encima ver menoscabados los demás con medidas como la que se proponía! Y es que si aquellos títulos, computados por los réditos que efectivamente percibían sus dueños, salían en la práctica a más de 80.000 el millar, teniéndose que vender, llegado el caso, al 30 o al 25 por ciento (o incluso menos) de su valor, estos otros experimentarían con los crecimientos una reducción de por lo menos un tercio de su valor, pérdida que únicamente a Su Majestad aprovechaba, y esto además solo en apariencia.
Insistían los cinco ministros contrarios a la propuesta regia, al respecto de esta última cuestión, en que si se apartase del “cuerpo universal de la república” toda esa cantidad de renta que pertenecía en justicia a los propietarios de juros, tanto las rentas reales como la de los particulares bajarían en mayor suma aún. Muchas casas y personas quedarían, en efecto, destruidas, y permanecerían imposibilitadas, no ya de consumir lo mismo que antes, sino ni siquiera de “entretenerse ni biuir”, llegando a perderse por falta de hacienda. También la recaudación de las rentas reales se vería afectada a corto plazo a resultas de la contracción del consumo, o lo que es lo mismo, de la reducción del número de personas que “gastasen y consumiesen y sustentasen” como consecuencia del empobrecimiento provocado por las pérdidas sufridas en sus juros y censos. Al fin y al cabo, como recordaban dichos ministros, en materia de imposiciones de arbitrios y tributos no se debía atender “a lo que de presente se puede sacar, sino a lo venidero y a lo que a de durar y a la conseruaçión del todo”, pues de lo contrario el daño resultante sería bastante mayor que el provecho que en principio se había pensado obtener.
Palabras gruesas, sin duda, por lo que tenían de crítica a la política fiscal y financiera practicada hasta ahora por la Corona, pero no tan duras como aquellas con las que los cinco ministros dichos finalizaban su voto. Todos los que habían adquirido juros y dado sus haciendas por ellos conforme a derecho, aseguraban, quedarían engañados si salía adelante la pragmática de la que se hablaba. Este sería, en definitiva, el mayor daño que podrían padecer, sobre todo porque sacarían la conclusión de que no se podía tener por contrato seguro el que se hacía conforme a derecho. De nuevo, pues, la cuestión (trascendental) de la inseguridad jurídica asociada a actuaciones concretas del Estado era traída a colación. En todo caso, la ley que se pretendía promulgar formaba parte de esos “finales y rematados medios” que debían reservarse para las situaciones últimas, de manera que si se aplicaba anticipadamente, se corría el peligro de destruir estos reinos de Castilla “por pretesto del bien de otros en que no contribuyen los demás que son interesados como lo es esta Corona”70.
El conde de Benavente, el licenciado Gilimón de la Mota y el regente Caimo se manifestaron a favor de que por ley se dispusiera que todos los juros y censos de a 14.000 el millar o de menos de a 20.000 el millar se creciesen a este último precio. Esa era ahora la “justa y común” estimación de los títulos, por lo que dejar que siguiesen corriendo a razón de a 14.000 el millar constituía, a su juicio, una “injusticia”, tanto para los que carecían de dinero para redimir los censos que pagaban a este precio como para la Real Hacienda que a su vez se hallaba en la imposibilidad de redimir los juros que había puesto en circulación. Correspondía, pues, al monarca (más aún, era obligación suya) “quitar de la república esta desygualdad”, y hacer ley de ello para que los jueces supieran a que atenerse. Resulta sorprendente de todas formas que este grupo de consejeros utilizase el argumento de considerar a la Corona como una víctima más de esa “desigualdad” y comparase a su soberano con los “pobres y menesterosos” que por falta de caudal dejaban de redimir los censos que tenían en contra. Se adivina, empero, cuál era la intención que se escondía detrás de dichas declaraciones, y en particular de esa tan retorcidamente barroca de que, en el caso de que los tales pobres y menesterosos fuesen capaces de redimir los censos que habían contraído, a los dueños de los mismos les sería prácticamente imposible, dadas las presentes condiciones del mercado crediticio y el actual curso de las cotizaciones, volver a emplear sus principales a menos de a 20.000 el millar, “de manera que lo que gozan de preçio a preçio sale de la sangre y imposibilidad de los pobres”71. Es decir, si de la sangre de los pobres procedía también (y aquí descubrimos todo el sentido de la mentada asimilación) lo que el monarca tenía que pagar de más si los juros se mantenían a 14.000 el millar, ¿no era completamente lícito y justo reducir por ley el tipo de interés que los retribuía y que tanto daño estaba haciendo a la Corona y, por ende, a sus pobres vasallos?
El último miembro de la Junta en emitir su voto, Juan de Gamboa, se conformó en lo sustancial con el parecer de estos tres ministros, pero añadió, tratando de reforzarlo, nuevos y más extensos argumentos. Para él el presente estado de la Hacienda era muy preocupante. Precisamente por no provenir de las rentas ordinarias “ninguna cosa”, al tenerse que destinar los más de cinco millones de ducados que producían a pagar los intereses de los juros (y aun faltar más de 300.000 ducados para dicho menester), y por estar asimismo empeñada para “años adelante” la demás hacienda, todavía no había sido posible cerrar los asientos con los hombres de negocios para proveer las cosas forzosas y ordinarias de 1620, dada “la flaqueza de las consignaciones” que se les ofrecía y largos plazos en que las habían de cobrar. Es más, por no quedar para los años venideros ninguna cosa de la que pudiera valerse Su Majestad (ni siquiera para atender a gastos tan forzosos como la propia comida), salvo lo aleatorio de las flotas de Indias, advertía, “es fuerza quebrar” y no poder cumplir con los compromisos contraídos con los hombres de negocios. Por consiguiente, Juan de Gamboa pedía al monarca, como habían hecho otros consejeros en años anteriores, que se sirviese, ante todo, de excusar los gastos y guerras que no fueren “muy forçosas”, ya que de ello se seguía “aún más apretada neçesidad de buscar hazienda”.
Cuantiosos eran los gastos que había que hacer solo con lo que se tenía “dentro de las entrañas y caueça de la Monarchía”. Estos, además, sí podían considerarse como gastos inexcusables, para los cuales había que procurar, fuera como fuese, la hacienda necesaria, pues de lo contrario “la ruyna es evidente y se puede por tener acauado todo”, máxime si se perdía lo de Alemania y se llevaba tras de sí los estados de Flandes y toda Italia, “como amenazan y confiesan todos”. Para Gamboa, la alianza de los herejes de Alemania, Inglaterra, Flandes y los hugonotes de Francia (y de otros enemigos secretos de la Monarquía) era un hecho cierto, y la potencia resultante de ella muy grande, situación que pedía “socorro y ayuda sustancial y prompta”, porque ahora se podía remediar y prevenir lo que a buen seguro “no se hará después con mucho”. Defensor firme de la alianza con la otra rama de la casa de Austria, “que tanto importa conseruar y defender”, para él el objetivo esencial de la política regia era la defensa de la Iglesia y el amparo de los católicos en todas partes, misión divinal (la defensa de la fe en definitiva) al servicio de la cual el soberano español debía “poner toda su autoridad, poder y fuerças”. Nadie que estuviere en su sano juicio podía defender que desamparando al emperador y a los católicos se podría conservar la Monarquía. Antes al contrario, se perdería “toda”, como se perderían también las Indias Orientales y Occidentales, donde ingleses y holandeses ya habían entrado “y están tan poderosos”.
Así, pues, se hacía necesario, tanto para lo “particular” que tocaba a España como para lo “general” en que entendía Su Majestad y el Consejo de Estado, buscar hacienda y arbitrios, discriminando dentro de estos los que fueren “menos dañosos y más suaues”. El crecer los juros de 14.000 a 20.000 el millar le parecía a Juan de Gamboa que podía ser uno de estos últimos, aunque no se le ocultaban las dificultades que entrañaba su ejecución, sobre todo por afectar a tanta gente, razón por la cual había sido desestimado en ocasiones anteriores, tantas al menos cuantas se había querido poner en marcha. No ocultaba además Gamboa, despejando así cualquier duda que pudiera haber al respecto, que el modo de crecimiento de los juros que planteaba era justamente aquel que se tenía por “violento” respecto de las condiciones con que los títulos se habían fundado y no ese otro, el del desempeño previo, considerado “justo y voluntario”, el cual corría por medio de la Diputación que había quedado después de que hubiese cesado la que se hacía con asistencia de los hombres de negocios72. Los aprietos de la Hacienda y la coyuntura internacional no permitían, de todas formas, otra cosa; concurrían además otras “causas legítimas” que empujaban igualmente a llevar a la práctica dicha opción.
Ponía el acento en primer término Juan de Gamboa en que las rentas sobre las que se situaban los juros estaban experimentando ya una importante disminución como consecuencia de los conflictos internacionales y que esa quiebra sería aún mayor si no se ponían fuerzas en la mar y se aseguraba la entrada y salida de mercancías en estos reinos. Además, si esto sucedía ahora, con Alemania, Flandes o Italia formando parte del ámbito de la Monarquía, ¿qué ocurriría si estos territorios se perdían finalmente?, ¿cómo quedarían entonces los juros?, ¿quiénes podrían cobrar sus ré- ditos? Llamaba la atención Gamboa, en segundo lugar, sobre las dificultades que encontraban los juristas para cobrar sus réditos y las pérdidas que tal circunstancia les ocasionaba; y esto en los casos de juros que tenían cabimiento, pues si no cabían sus propietarios no cobraban nada por los intereses a no ser que los vendiesen por la cuarta parte a los hombres de negocios, a quienes luego, por adehala de sus asientos y prevaliéndose de su posición, se pagaban enteramente. En fin, pocos juros de los que corrían al presente, afirmaba asimismo Gamboa, habían sido adquiridos por sus actuales dueños al precio en que fueron emitidos en su día; lo normal, sobre todo los comprados por los naturales de estos reinos a los hombres de negocios, era que hubiesen sido adquiridos a menor precio, circunstancia que en varios momentos había llevado a la Real Hacienda a plantearse la oportunidad de su desempeño a tales precios, aunque en realidad nunca había llegado a concretarla “teniendo por dificultosa la averiguación y por otras causas”.
Por el contrario, los juros que tenían en sus manos los hombres de negocios (en particular los genoveses) eran los mejores y “más bien situados y pagados”, y habían sido emitidos para hacerles pago de lo que se les debía por sus asientos. Tan “grandes y exçesivos” habían sido los intereses que habían llevado a la Real Hacienda por estos contratos de préstamo a corto plazo que se podía entender, a juicio de Gamboa, que ya estaban suficientemente pagados con ellos, estando más que justificada por tanto cualquier medida que aspirase a crecer los juros que hubiesen recibido de más del monarca73. Además, seguía diciendo Gamboa, los genoveses que residían fuera de España y sacaban de ella el fruto de sus juros no contribuían en las sisas y servicios como los demás naturales que tenían juros, por lo que no parecía oportuno (ni justo, ni proporcionado) permitir que se mantuviera un trato tan desigual.
De todas formas, si no había dinero con que acudir a las necesidades presentes, los juros corrían el peligro de perderse del todo. Más les valía a los juristas, por tanto, dar una parte, consintiendo el crecimiento en la cantidad que fuere justa (y aunque fuese de la manera “violenta” que se contemplaba), que exponerse a no recibir nada. Juan de Gamboa estimaba que se podían sacar de este arbitrio, cuando menos, un millón y medio de ducados al año, que era renta de consideración para que Su Majestad se sirviese de ella, e incluso para venderla (o sea, para emitir más juros sobre ella), una posibilidad empero que de momento no juzgaba conveniente. Es más, cuando pasase la “necesidad presente”, dicha cantidad podría destinarse a desempeñar los juros que todavía estuviesen en circulación, que “será una de las mayores cossas que se podrán hazer para que aya hazienda, autoridad y reputación en la Monarquía”74.
Cuatro votos, pues, a favor del crecimiento de los juros sin el consentimiento de los dueños, y cinco en contra. Sin embargo, la opinión favorable al arbitrio acabó por imponerse. Quizá influyese en ello la ratificación que el conde de Benavente, presidente de la Junta de la que hablamos, hiciera de su postura anterior en una consulta particular de 5 de febrero de 1620, en la que declaró, con bastante más contundencia de lo que lo había hecho un mes antes –y desde el “fuero de la conciencia”–, que el justo precio de los juros (en realidad, el tipo de interés que los retribuía) era, en efecto, el de a 20.000 el millar propuesto, o sea, ese que comúnmente corría en la calle, su cotización real de mercado en definitiva, estimando en consecuencia el provecho que se podía obtener de los crecimientos en Castilla en unos 300.000 o 400.000 ducados anuales, una cantidad sensiblemente más baja que la calculada por Juan de Gamboa75. Y desde luego también hubo de jugar a favor de que la posición en principio minoritaria saliera adelante el parecer dado en este asunto por el confesor real e inquisidor general, fray Luis de Aliaga, quien, en otra consulta particular de 16 de marzo de 1620, no halló, “en la parte que mira a la justiçia y conciençia”, nada que comprometiese la subida de los juros en la cuantía y de la manera que se venía hablando76.
La suerte estaba echada. La imponían en realidad, aparte de la decisión que fuese a tomar el monarca a consulta de la citada Junta, el lastimoso estado de la Hacienda regia y la marcha de los acontecimientos internacionales, en particular de la guerra de Alemania (que si no se apaga pronto “ha de ser fuego que ha de durar mucho tiempo”, según pronosticaba el propio Aliaga, previendo en efecto lo que finalmente ocurriría) y la próxima reanudación de las hostilidades en los Países Bajos, por la que tantos a fin de cuentas pugnaban en la Corte. Sorprende, no obstante, que todavía tuviesen que transcurrir varios meses antes de que la propuesta de crecimiento se materializara en la pragmática de 7 de octubre de 1621. Es posible que la causa de semejante retraso haya que buscarla en el hecho de que la tramitación de la ley se alargara en demasía al someterla a consulta de otras instancias (del Consejo de Hacienda, de la Sala de Gobierno del Consejo Real y del propio Consejo de Estado) tal como el confesor real había sugerido que se hiciera. Pero intervinieron también otros factores, que se relacionaban precisamente con las razones aducidas por Aliaga para que el proyecto de crecimiento pasase, como así se hizo, por el Consejo de Estado: era este, al cabo, uno de esos arbitrios que tocaban a muchos, y en materia tan considerable además como “la hazienda de su propio sustento”, lo cual podía causar “movimientos extraordinarios” que era necesario prevenir “con mucho consejo y consideración”77. En cualquier caso, la muerte de Felipe III el 31 de marzo de 1621 y la llegada del nuevo régimen, cargado de propósitos reformistas y deseoso de restaurar la grandeza de la Monarquía, aceleraron la toma de decisiones en el sentido de echar a andar el arbitrio.
A quien la pragmática pilló totalmente desprevenido fue al Reino. Solo dos días antes de su publicación, el señor don Pedro de Sanzoles comunicaba a sus compañeros de asamblea que había entendido que por el Consejo de Hacienda se trataba de crecer los juros de a catorce el millar a razón de a veinte, y que lo que saliese se ejecutaría de forma unilateral, esto es, sin dar a sus dueños el dinero como había obligación, “por ser contrato mutuo y recíproco y condición expresa de los privilegios”78. Aunque en los días siguientes las Cortes se mostraron muy activas (convocatoria de reuniones sucesivas, nombramiento de comisarios para hacer un memorial que llevar a Su Majestad, entrevista con el presidente de Castilla, etc.), primero con el ánimo de conseguir que el monarca aplazase la toma de cualquier resolución antes de ser oídas, y una vez que la pragmática fue promulgada, para que la misma no pasase adelante, nada sustancial consiguieron, de suerte que el crecimiento de los juros, tal como ahora se concebía (esto es, sin compensar a los juristas, “sino reduciéndolo de la renta que al presente goçan”) empezó a ejecutarse79. Todavía el 8 de noviembre de 1621, justo al mes de la entrada en vigor de la pragmática, los procuradores, desorientados, aprobaban un nuevo memorial para entregar al rey y acordaban que los comisarios encargados de este negocio hiciesen todas las diligencias posibles para conseguir lo que el Reino pretendía80. Se notaba, empero, que actuaban con poca convicción y sin esperanza de lograr algo concreto. De hecho, en los años siguientes sus esfuerzos se orientarán a conseguir que no se decretasen nuevos crecimientos de juros a mayores precios que este de a 20.000 el millar, lo que significa que reconocían implícitamente y daban por bueno ese otro de 14.000 a 20.00 que había tenido lugar en $1 6 2 1 ^ { 8 1 }$ .
Teóricamente el decreto de 1621 tendría que haber procurado un alivio importante a la Real Hacienda al reducir la carga financiera de la deuda consolidada en forma de juros. Las cosas, sin embargo, no sucedieron exactamente así. Por lo pronto, el beneficio neto de la operación no fue, ni siquiera a corto plazo, tan grande como algunos –no todos– habían supuesto. De ello hablaban precisamente unas advertencias sobre el estado en que se encontraban el patrimonio real y el reino presentadas en la sesión de Cortes de 13 de mayo de 1623, dentro de las discusiones encaminadas a la creación de una red de erarios y montes de piedad por todo el reino. En el capítulo segundo de dicho documento, al tratarse de que los gastos superaban a los ingresos en cuatro millones cada año, por estar las rentas ordinarias empeñadas y cargadas las extraordinarias con mercedes, se hacía hincapié en que ese déficit se había suplido hasta ahora con enajenaciones del patrimonio regio, pero que estas ya no producían lo suficiente, por lo que se había tenido que recurrir a otros medios de “dureça ynconueniente”. Entre esos medios se encontraba precisamente este del crecimiento de los juros, “que auiendo sido medio tan grande solo fue efectiuo para poder consignar vna pequeña parte del asiento que este año se tomó con los hombres de negocios”, y así, sentenciábase, “lo que fue daño de tantos, fue breue aliuio por vna vez”82. Ciertamente, faltan datos precisos para confirmar o desmentir semejante declaración, pero una cosa sí parece evidente, aunque no haya sido tenida muy en cuenta: que muchos juros, posiblemente los mejor situados, corrían ya a 20.000 o más el millar como resultado de anteriores crecimientos más o menos pactados entre las partes (más o menos voluntarios por tanto) y, muy en particular, de las actuaciones que en este mismo sentido había llevado a cabo la Diputación del Medio General de 14 de mayo de 1608. Es decir, no debían ser ya mayoría los títulos que a la altura de 1621 estaban impuestos por debajo de a 20.000 maravedíes el millar83.
Por otra parte, las reducciones del tipo de interés de los juros tuvieron un efecto en el que probablemente no habían reparado lo suficiente sus promotores al decretarlas, en la medida sobre todo que vinieron a elevar el techo de cabimiento. Sucedió, en efecto, que juros que en algún momento habían dejado de caber volvían ahora a tener cabimiento o que juros que seguían sin caber en una renta encontraban cabimiento en otra si sus propietarios conseguían la anhelada mudanza. Por expresarlo con otras palabras, privilegios cuyas pensiones anuales no se habían hecho buenas total o parcialmente con anterioridad a 1621 por no caber en las rentas sobre las que estaban situadas, volvían ahora a pagarse de nuevo gracias a que quedaban desembarazadas en ellas algunas fincas como consecuencia de las susodichas reducciones, circunstancias que contrarrestaban el teórico beneficio que se esperaba conseguir con aquellas y que la Corona trató, lógicamente, de atajar en la medida que pudo84.
No hay que olvidar, en fin, que las rebajas del tipo de interés nominal de los juros aumentaban al mismo tiempo la capacidad de endeudamiento de la Corona al liberar renta susceptible de volverse a vender en nuevos juros, cosa que en la mayor parte de los casos fue lo que ocurrió, copando de nuevo el situado todo el producto de las rentas. Fueron, no obstante, las nuevas emisiones de títulos, respaldadas con nuevas rentas, y principalmente con los servicios de millones (y aun con el servicio ordinario y extraordinario), hecho ciertamente paradójico, pues lo devengado por tales servicios eran ingresos extraordinarios, no fijos por tanto, las que hicieron que el nivel de deuda siguiera aumentando, aunque a menor ritmo que en la etapa anterior85. Y es que, a pesar de que la vía de la adquisición directa y voluntaria de títulos por los particulares, al menos a su entero valor nominal, colapsó en buena medida después de 1621, debido precisamente a las intervenciones de la Corona sobre esta clase de deuda y a la subsiguiente caída de su rentabilidad, otras fuentes continuaron alimentando el caudal de juros en circulación. Las compensaciones hechas con títulos a los mercaderes y demás particulares a los que se secuestraba la plata que para ellos llegaba de América, expediente que se repitió varias veces a lo largo de la centuria, fue una de ellas. Otra, la que adoptó la forma de ventas forzosas de juros entre el personal de la alta administración y personas adineradas, fórmula reiterada asimismo en diversas ocasiones… Sin embargo, ninguna llegó a ser tan crecida como la constituida por aquellos títulos creados para entregar a los hombres de negocios en pago y/o resguardo de sus anticipos dinerarios, y, sobre todo, para reembolsarles de las cantidades que se les dejaba a deber por sus asientos tras las sucesivas suspensiones de pagos que aún se decretaron en el transcurso de la centuria. En consecuencia, y a despecho de las reducciones de los tipos de interés nominal que paralelamente se estipularon, el situado, considerado globalmente, tampoco dejó de crecer. A la Corona por tanto no le iba a quedar otra salida que aplicar una medida mucho más drástica que las tomadas hasta hora, una medida que al tiempo que le permitiese aligerar el peso que en forma de intereses soportaban sus ingresos ordinarios, le procurase una cantidad pronta de dinero con la que poder hacer frente a sus necesidades inmediatas y negociar nuevos créditos a corto plazo: esa medida, que se venía gestando desde tiempo atrás, será la media anata de juros.