el uso de la eXcomunión en las diócesis españolas de la edad modeRna a tRavés del estudio de la documentación de los obispados eXtRemeños.
Francisco luis rico callado Universidad de Extremadura (Grupo de Investigación ARDOPA)
resuMen.
La pretensión de este trabajo es contribuir al estudio del uso de la excomunión y del procedimiento utilizado para decretarla y promulgarla en las diócesis españolas en el período postridentino a partir de documentación procedente, básicamente de obispados extremeños. La excomunión fue la censura utilizada con mayor frecuencia en la jurisdicción eclesiástica y constituyó una herramienta importante no sólo del gobierno de las diócesis sino también de los procedimientos judiciales. A partir del Concilio de Trento se redujo paulatinamente su uso, que fue reservado a los casos más graves. Este estudio revela la importancia de la excomunión latae sententiae y la simplificación de los procedimientos empleados hasta principios del siglo XVII, circunstancia que contrasta con lo establecido en el Derecho Canónico de la época.
Palabras clave: Derecho Canónico, excomunión, obispado, Edad Moderna, Concilio de Trento.
aBstract.
The aim of this work is to contribute to the study of the excommunion from the point of view of the procedure to decree and to publish it in the Spanish dioceses in the Postridentine period, basically, through the study of documentation of the extremenian dioceses. The excommunion was the censure used more usually by the ecclesiastic authorities. It was their most important tool not only to rule the dioceses but too to administer law in the trials. Episcopal authorities reduced the use of this censure from Council of Trent, reserving it for the most serious subjects. This study also reveals the importance of excommunion latae sententiae and the simplification of the procedures until the beginning of the XVIIth Century. From this point of view episcopal practices contrast with Canon Law of the same period.
Keywords: Canon Law, excommunication, bishopric, Early Modern Age, Council of Trent.
La importancia de la que gozó la excomunión como instrumento del ejercicio jurisdiccional de la Iglesia en la Edad Moderna es indudable. No en vano, fue calificada como el “nervio de la disciplina católica”. Se trataba de una de las amenazas más severas que pesaban sobre las personas que contravenían las normas de la Iglesia o sus mandatos. No sólo la herejía u otros atentados contra el dogma o los ordenamientos eclesiásticos podían ser castigados con ella sino que a ellos se sumaban los casos en que se incurría en contumacia1 . Si tenemos en cuenta que en el siglo XII, a partir de las aportaciones de Graciano, cambió sustancialmente la concepción de esta última podremos entender hasta qué punto la excomunión ab homine, esto es, decretada por un juez, fue reiterativa y frecuentemente empleada en las diócesis. En efecto, si anteriormente la contumacia consistía en una oposición obstinada a la Iglesia, a partir de Graciano se estableció que era fruto de la desobediencia a un mandato2 .
El uso de la excomunión se enmarcaba en el ejercicio de la autoridad coercitiva. Esta consistía en la capacidad de juzgar no sólo las causas criminales sino también en “… cuidar que los clérigos cumplan con los deberes propios del cargo, imponiéndoles penas disciplinares cuando no lo hagan, procurar la enmienda de todos los cristianos y corregir y castigar y excluir del gremio de la iglesia a los que fueren rebeldes en el delito”3 . A este respecto estaba vinculada a la “potestad de las llaves” y, consecuentemente, a la capacidad jurisdiccional4 . De este modo, cuando el obispo o su provisor delegaban una causa o unas diligencias en un juez inferior, en la comisión correspondiente señalaban, con frecuencia, que les otorgaban una potestad vicaria que implicaba la capacidad de utilizar la excomunión5 .
Por otro lado, es evidente la diferencia que había entre las sanciones eclesiásticas y las que se imponían en el fuero laico puesto que las primeras eran, en muchos casos, de carácter espiritual. Privaban, por tanto, de algunos de los bienes esenciales de los fieles que estaban relacionados con el bienestar espiritual o la salvación. De cualquier forma, la excomunión tenía un carácter “medicinal”, puesto que su objetivo no era tanto castigar como que el contumaz se plegase al mandato de la autoridad eclesiástica. Las penas, en cambio, implicaban una punición que se imponía a los delincuentes por su falta y perseguían, en consecuencia, su satisfacción6 .
Frente a una concepción en que las censuras y la penitencia se confundían, con la separación del fuero interno del externo las primeras pasaron a depender de este último, de modo adquirieron un carácter punitivo que atañía especialmente a quienes no querían plegarse a la autoridad eclesiástica, circunstancia que explica la importancia de la contumacia7 . Las censuras eran: la excomunión, la suspensión y el entredicho.
La más importante, si tenemos en cuenta la frecuencia con la que se utilizó tanto en el ámbito judicial como en el legislativo o gubernativo fue, sin duda, la excomunión. Se puede definir como “… el acto de arrojar (o privar) a uno de la comunión de la Iglesia”; apartaba de la participación de los sacramentos y sacramentales y, asimismo, de la comunión de los fieles. Por tanto, privaba de las oraciones y los sufragios de la Iglesia así como de la comunicación con el resto de feligreses. El excomulgado, pues, no podía asistir a los oficios divinos, cosa que incluía no sólo la misa sino también las procesiones públicas u otros actos devotos8 . Incluso, se le prohibía estar próximo a los oficios divinos u oír las oraciones9 . Frente a otros teólogos, Enrique de Villalobos pensaba, de cualquier forma, que esta censura no eximía de la obligación de rezar si bien ésto debía hacerse en secreto. Otros efectos de la excomunión eran que se excluía al difunto de ser sepultado en un lugar sagrado10 y que inhabilitaba para el ejercicio de cargos eclesiásticos.
Algunos teólogos establecieron que un excomulgado podía recibir el sacramento de la penitencia de una manera válida, si bien cometía un pecado y no recibía los dones correspondientes de una manera correcta si ocultaba su situación a sabiendas. En cambio, cuando el penitente incurría en esta falta por un olvido inculpable o actuaba por ignorancia, el sacramento tenía plena validez11.
De cualquier forma, la excomunión no despojaba de la communio interna ligada a los bienes de la fe, la gracia y la caridad si bien el pecado que la motivaba podía implicar una carencia de la segunda12. Tratadistas como Guillermo de Auvernia diferenciaron la pérdida provocada por el pecado, que atañía a la comunión interna de la Iglesia, de la externa, decretada por la autoridad eclesiástica y que privaba de la recepción de los sacramentos13.
Esta censura debía aplicarse, en todo caso, a un hombre o mujer que hubiesen sido bautizados a cuyo superior competía emplearla. Por esta razón, se censuró que se usase para combatir las plagas de langosta u otros seres irracionales, ocasiones en las que cabía emplear, por el contrario, sacramentales como el agua bendita, los conjuros santos, etc.14.
Por otro lado, hemos de considerar que existía una graduación de la excomunión, que podía ser mayor o menor. La primera se llamaba mortal y “...se impone a los reos de delitos más graves que no obedecen las amonestaciones”. Despojaba, asimismo, de la communio fidelium. Por el contrario, la menor sólo privaba de la communio in sacris et spiritualibus. No cabía en este caso la separación del resto de los fieles ni de la communio externa. Por otro lado, la mayor llevaba implícito un pecado mortal. Finalmente, la menor no estaba reservada, de modo que el sujeto podía ser absuelto por su párroco u otro sacerdote15. Cabe decir que esta última perdió peso y se reservó preferentemente a quienes tenían contacto con los excomulgados mayores vitandos, circunstancia a la que nos referiremos a continuación.
Hemos de añadir a las consideraciones anteriores una referencia al anatema. Éste fue calificado como una excomunión mayor de carácter solemne que “… extendía y, en cierto modo aumentaba la … que se impone sin ninguna solemnidad y el anatema… (es) una especie de aumento y adición de imprecación, por el que se aumentaba la excomunión misma, no en virtud de la separación, sino más bien por el horro de tales execraciones”. De hecho, en el Pontifical Romano se dispusieron tres tipos de excomunión: menor, mayor y el anatema16. Éste requería, necesariamente, de “... ciertas ceremonias como son, tener los presbíteros unas candelas encendidas en sus manos y dada la sentencia se arrojan las candelas en tierra y se pisan, añadiendo maldiciones y execraciones verbales para terror de los demás”17. Se imponía, por tanto, ad terrorem18.
En consonancia con lo anterior, el jurisconsulto Graciano dispuso que el anatema se hiciese efectivo mediante un rito en el que se proferían ciertas palabras deprecatorias y se apagaban unas candelas que representaban el alma del anatematizado, si bien no se sabe con certeza si durante la Edad Media se aplicó esto sistemáticamente19. Durante la Edad Moderna se propuso, de cualquier forma, una versión simplificada de este ceremonial. Por otro lado, la excomunión solemne aparece en las Partidas del rey Alfonso $\mathrm { X } ^ { 2 0 }$ .
Asimismo, la excomunión de dividía en a iure y ab homine. La primera estaba establecida en las leyes y constituía la sanción que recaía de un modo inmediato sobre quienes las incumplían. En el segundo caso, en cambio, era fruto de una disposición adoptada por una autoridad eclesiástica y sólo era efectiva, en principio, si se había juzgado y condenado al sujeto.
Había otra distinción que se refería al momento de aplicación de la censura. Ésta podía ser latae sententiae cosa que implicaba que se incurría en ella sin que mediase una sentencia del juez y, aunque según muchos tratadistas ésto se verificaba tras la comisión de un delito grave y la comprobación de la contumacia, este tipo de excomunión fue aplicado de un modo generalizado en el caso de faltas leves o, incluso, en las reclamaciones de deudas, como veremos a continuación. En cambio, la excomunión ferendae sententiae requería una sentencia previa, así como una monición, citación y prueba. La coincidencia de latae sententiae y a iure y, paralelamente, las censuras ferendae sententiae y la excomunión ab homine no fue, de cualquier forma, directa en el período estudiado como comprobaremos a continuación21.
I. LA PRUDENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LA EXCOMUNIÓN.
Éste es, sin duda, un aspecto que ocupó un lugar destacado en las reflexiones de esta época sobre esta censura. Ya en la Edad Media se denunció el uso excesivo que hicieron de ella las autoridades eclesiásticas. Se utilizaba, entre otras cosas, para reforzar la obediencia de los fieles, obligar a los deudores a pagar lo que debían, etc.22 Fue a raíz de las disposiciones tridentinas cuando se postuló que se debía aplicar solamente a los casos graves. La normativa diocesana de finales del siglo XVI y de las décadas posteriores se hizo eco de ésto, circunstancia que demuestra hasta qué punto las dinámicas previas no abandonaron hasta ese momento.
En las constituciones sinodales de la diócesis Barbastro, por ejemplo, se comparaba esta censura con la pena de muerte que se aplicaba en el caso de los delitos capitales, de modo que su uso debía ser restringido23. Los ordenamientos diocesanos de Pamplona reflejan, por otro lado, la preocupación por el hecho de que los individuos no comprendiesen sus implicaciones, de modo que muchos incurrían en ella. Por ello, se prohibía su utilización salvo en asuntos graves y urgentes. Los notarios de los obispados, al parecer, contribuyeron a difundir su empleo incluyendo la cláusula penal correspondiente en los documentos que elaboraban sin que hubiese una orden expresa por parte de los jueces eclesiásticos24.
Por tanto, a partir del Concilio de Trento, se postuló que la excomunión debía constituir el último resorte o instrumento que debían emplear los jueces eclesiásticos. En el caso de las reclamaciones económicas se establecieron límites pecuniarios a su uso. Éstos eran, en ocasiones, una “cantidad de un ducado arriba”25. En las constituciones del priorato de Uclés de la Orden de Santiago se dispuso que no se debían dar cartas de excomunión en asuntos de poca monta, esto es, por cantidades menores a veinte ducados de vellón. Además, si el caso se refería a un hurto de hasta dieciséis reales, la censura no era firme de un modo inmediato. En otras materias había que tener en cuenta antes de aplicarla circunstancias como “... la importancia de aquella, el lugar, la persona y el tiempo y examinada con mucho acuerdo la causa”26.
De cualquier forma, se insistió en que las autoridades eclesiásticas diocesanas debían recurrir a otras herramientas para hacer cumplir sus mandatos, ya fuesen judiciales, ya de otro tipo. Así, por ejemplo, en el caso de la archidiócesis Granada se estableció que:
“En las causas judiciales, cualesquiera jueces eclesiásticos de cualquier estado y dignidad que sean, no den censuras eclesiásticas ni procedan a entredicho cuandoquiera que por su propia autoridad en cualquier parte del juicio puedan hacer ejecución real o personal contra las partes; lo cual guarden así en la orden del proceder como en el de determinar y siendo causas civiles y contra lego en los casos en que de derecho pueden proceder, háganlo imponiendo penas pelas dichas cartas de excomunión, sin embargo de cualquier derecho o costumbre o prescripción, aunque sea inmemorial, que para darlas hasta aquí haya tenido, so pena de cada ocho ducados por cada vez que las diere... Y, cuando sucediere caso sobre que se hayan de dar, nos lo remitan para que sobre ello proveamos lo que convenga, que las censuras o excomuniones que se dieren sea por cantidad a lo menos de dos ducados en dinero o en una pieza y se tome juramento a la parte o al procurador con poder de que no puede por justicia averiguar lo que pide, y hayan poder de la parte para pedir estas censuras” (ib., 148v).
Los sínodos y la misma tratadística, haciéndose eco de sus disposiciones, insistieron en que la pena mínima para que se promulgasen las censuras era de veinte ducados y que no era adecuado ni justo que se empleasen en casos de poca cuantía (F. ortíz de salcedo, Curia eclesiástica para secretarios de prelados, jueces eclesiásticos ordinarios, apostólicos y visitadores y notarios ordinarios apostólicos y de visita, Madrid, Manuel Fernández, 1733, 254).
25 BadaJoz, archivos eclesiásticos de la diócesis de Mérida-BadaJoz, Fondos de Órdenes Militares, Sección Santiago, exp. $\mathrm { n } ^ { \circ } 2 0 3 9 4$ .
26 Constituciones sinodales del Priorato de Santiago de Uclés, nullius dioecesis Hechas y publicadas en Sínodo que se celebró en la iglesia parroquial de Santiago de Santa Cruz, año 1741 por el ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Diego Sánchez Carralero, prior del dicho priorato, predicador del Rey nuestro señor y del Consejo de su Majestad, Murcia, Felipe Diaz Cayuelas, 1741, libro VI, título XIII, capítulo VIII. La moderación debía regir, por tanto, el uso de esta censura. A este respecto eran también eran también muy expresivas las constituciones sinodales de Badajoz aprobadas durante el obispado de Roís de Mendoza (Constituciones promulgadas por el ilustrísimo, reverendí- simo Roís y Mendoza, obispo de Badajoz... en la santa sínodo que celebró domínica de Sexagésima, primero de febrero de 1671 años. Madrid, José Fernandez de Buendía, 1673, 445).
cuniarias o sacando prendas o prendiendo las personas en la forma de derecho permitida. O, si fueren clérigos, por privación de beneficios o otros remedios jurídicos si a los tales jueces no pareciere otra cosa y las tales penas pecuniarias las ejecuten y distribuyan en obras pías y, no pudiéndose hacer ejecución real o personal, ni conviniendo usar de los remedios dichos y habiendo contumacia si les pareciere a los dichos jueces, procedan por censuras demás de otras penas que les pareciere y la misma orden guarden en las causas criminales con que habiendo de imponer sentencia de excomunión preceda a lo menos bina monición por edito si el caso o el delito lo requiriere, como se manda en el Concilio de Trento, sesión 25, capítulo 3...”27.
Por otro lado, es interesante señalar que algunos grupos, como los recién convertidos, quedaron al margen de los mandamientos monitorios que portaban frecuentemente una cláusula de excomunión. Estos documentos constituían, en muchos casos, el primer paso para que la censura se hiciese efectiva, como veremos a continuación28.
En el caso de la diócesis de Badajoz se estableció que, de un modo general, los provisores, visitadores o vicarios no debían utilizar la excomunión mayor, concretamente la que se calificaba como ipso iure, esto es, latae sententiae en los casos menores, sustituyendo este instrumento por las penas pecuniarias o de cárcel. Se citaba como una cuestión de especial gravedad donde se debía actuar con todo rigor el quebrantamiento de la inmunidad eclesiástica29.
Existía, por otro lado, la posibilidad de que los excomulgados no se plegasen a los mandatos eclesiásticos pese a la gravedad de la situación en que se encontraban. Si una persona permanecía irredenta durante más de un año se podía sospechar que “... no sienten bien de las cosas de la fe” o que, en cierto modo, era un hereje, motivo por el que había que actuar con dureza. Esta circunstancia se planteaba a principios del siglo XVI en los ordenamientos diocesanos sevillanos sugiriendo que los clérigos debían ser:
“... encarcelados y los frutos de sus beneficios aplicados la mitad a las fábricas de sus iglesias y la otra mitad a la obra de la Iglesia Catedral y que no sean sueltos hasta que satisfagan de la desobediencia e pertinacia e merezcan beneficio de absolución. Y, si fueren legos y permanecieren en excomunión por medio año en adelante, incurran por cada mes en pena de cien maravedís para la iglesia e si pasare de un año pierda la tercia parte de sus bienes, la mitad para el fisco real e la otra mitad para la fábrica de la iglesia de su parroquia”30.
Algunos, sin embargo, perseveraban en tal estado porque la autoridad eclesiástica lo desconocía. Por esta razón, en la diócesis de Urgel se ordenó a los curas de las parroquias que informasen en un memorial sobre quiénes habían permanecido excomulgado más de un año, haciendo constar su nombre y apellidos, así como el tiempo y la cantidad por la que habían sido censurados31.
Pese al carácter terrible de esta censura hay noticias sobre personas que contravinieron las restricciones impuestas. Así, por ejemplo, el día de San Martín del año de 1636 en Salamanca, cuando el obispo se disponía a predicar, entró el corregidor quien estaba excomulgado. El obispo le instó a que abandonase la iglesia, cosa que no hizo, de modo que el obispo se marchó32.
31 Constituciones sinodales del obispado de Urgel para los párrocos y clérigos. Por el muy ilustre y reverendísimo señor don fray Antonio Pérez, obispo de Urgel, Barcelona, 1632, 136-7.
32 De acuerdo con la información de Andrés Mendo de Segovia. acadeMia de la historia, Jesuitas, ms. 9/3686.
II. LOS TRÁMITES DE LA EXCOMUNIÓN33.
Desde el punto de vista del procedimiento seguido por las autoridades diocesanas, se puede establecer una diferenciación que viene dada por el tipo de excomunión. La que hemos calificado como a iure se aplicaba, en principio, inmediatamente, sin ningún tipo de monición, puesto que bastaba el enunciado de la ley. En cambio, en la excomunión ab hominem debían cumplirse ciertas solemnidades y trámites. En principio, era necesario que se acordase mediante una sentencia. A la luz de la documentación hay que plantearse, sin embargo, si esta censura entrañaba un acto dispositivo de la autoridad y correlativamente la emanación del documento homónimo. Podemos responder que no hubo sentencia en numerosos casos, al menos a la luz de la documentación estudiada, correspondiente a los siglos XVI y XVII. Esta circunstancia se debió, en gran medida, a la incomparecencia del censurado y, evidentemente a su contumacia. Así, por ejemplo, el provisor de la diócesis de Badajoz ordenó a los curas del obispado que, bajo pena de excomunión, acudiesen a Badajoz con sus sobrepellices para instruirles sobre el modo en que debían realizar en sus iglesias unas oraciones para cumplir una cédula real de Felipe II. En el auto en que declaró la excomunión se decía que: “... han incurrido en la sentencia de excomunión que contra ellos y cada uno de ellos fue puesta”, haciendo una clara referencia al mandamiento en cuestión34.
Por otro lado, se extendió el uso de la excomunión latae sententiae. Esta implicaba: “excommunicatio quae ipso facto incurritur sine criminis admissione, sine sententia iudicis; ut si dicatur, “qui hoc fecerit sit excomunicatus” aut “ipso facto excommunicatur” aut subiaceat excommunicationi”35. La contumacia, como hemos visto, era siempre un elemento clave y se verificaba tras comunicación del mandamiento correspondiente, de la que se dejaba testimonio escrito. A este respecto, son significativas las órdenes donde se instaba el pago del diezmo, caso en el que se recomendaba actuar con especial dureza. En el que se dirigió a quienes cultivaban tierras en la heredad de Zagala, muchos de ellos vecinos de Alburquerque y Villar del Rey se afirmaba que:
“... haciendo lo contrario, pongo e promulgo en vos e cada uno de vos que rebelde fuere, sentencia de excomunión mayor e vos excomulgo en estos escritos e por ellos ...”36.
La inexistencia de una sentencia de excomunión propiamente dicha con posterioridad a la orden se confirma, nuevamente, a través del mandamiento dirigido contra Isabel Ibáñez por la misma razón, esto es por retener el pago de la tasa correspondiente al diezmo de quesos y de lana en los años de 1589 y 1590 y que se expidió en 15 de junio de $1 5 9 0 ^ { 3 7 }$ .
La situación descrita coincide con la que había en las diócesis francesas de la misma época. En algunas de ellas, sin embargo, se separaba la sentencia de excomunión del mandamiento monitorio. Una de las razones que Jacques Eveillon daba para que esto se hiciese así era que se trataba de dos cosas diferentes, puesto que una preparaba la otra y, por tanto, no era conveniente que un mismo documento contuviese ambas. Como veremos a continuación, tras los monitorios correspondientes se pronunciaba la sentencia, a partir de la cual se ordenaba que los censurados fuesen denunciados como tales. Esta forma de actuar fue calificada por Eveillon como moderna y, por tanto, se introdujo en Francia pocos años antes de la publicación de su obra. En cambio, hasta entonces imperó la práctica calificada como antigua y que, al parecer estuvo generalizada38. Ésta era similar a la que hemos descrito anteriormente de modo que en un mismo documento aparecía el monitorio y la sentencia de excomunión que “encores qu’elle prononce par paroles de present ne doit neantmoins avoir effet sinon après que tous les termes assignez pour obeïr seront passez”. Este documento se calificaba como edictum perentorium. Se usaba mayoritariamente en las causas de particulares. Bastaba que a los interesados se les comunicase “... une fois le monitorie avec le commandement ou defences y contenuës, les divers termes assignez par iceluy portant chacun leur monition canonique et temps suffisant pour former une contumace en punition de laquelle ils puissent encourir l’excommunication comme si c’estoit une censure ordonnée de droit”39. Los motivos por los que se utilizó este edictum eran, por un lado, que permitía ahorrar gastos a las partes y, por otro, causaba un mayor temor a los involucrados, circunstancia que se evidenciará cuando hablemos más adelante del procedimiento seguido para “reagravar” la excomunión40.
En cuanto a la primera razón que hemos citado, hemos de tener en cuenta que los tribunales eclesiásticos intentaron abreviar los juicios. En este sentido, destacó el juicio monitorio. Este se creó en el siglo XIV, a través de la constitución de Clemente V Saepe contingit (1306). El procedimiento en cuestión tenía un carácter “indeterminado” y, por tanto, se podía aplicar en cualquier tipo de acción41. Se iniciaba, en su caso, con la orden dada por el juez para que se pagase o se hiciese una cosa determinada (de solvendo vel tradendo) antes de conocer la causa (ante causa cognitionem). Hubo al respecto una coincidencia entre los tribunales eclesiásticos y los laicos, puesto que en ambos casos se expedía un “... mandamiento de ejecución por la cantidad líquida que resulta deberse, por la décima y costas... pero si reconociendo una firma o vale o carta negare el deudor que es suya, aunque lo pruebe el actor, debe seguirse la demanda en la vía ordinaria y cesa la ejecutiva”42. En el caso de los jueces diocesanos es importante subrayar que se amenazaba a quienes incumpliesen un mandamiento con la excomunión. Esto último se observa no sólo en Castilla, sino también en las diócesis de la Corona de Aragón. En la de Mallorca, muchos de los casos en que se recurrió a sus jueces en los siglos XIV y XV tuvieron que ver, entre otras cuestiones, con las deudas, de modo que no sólo fueron los eclesiásticos sino numerosísimos los seglares que acudieron a ellos. Esto se debió, evidentemente, a que dispusieron de un instrumento de excepcional fuerza que se cifraba en la censura que estudiamos43.
En este sentido se utilizaron frecuentemente documentos llamados monitorios, que se otorgaban a instancia de las personas cuyos intereses habían sido lesionados por un robo u ocultación (Sanctissimus de Pío V), si bien en algunos casos se podían expedir de oficio. Esto último ocurría en los que se dirigían “... contra los detentadores de cosas eclesiásticas si no las restituyen o para que los denuncien los que tuvieren noticia de ellos”, de acuerdo con el papa Juan XXII, de Furtis. Debían ser emanadas por el obispo y, en su caso, si contaban con un mandato especial para ello, por los vicarios tanto generales como foráneos.
Cuando en su origen se encontraba la reclamación de un particular se decía que se emanan in subsidium, esto es, si no había otro medio de obtener la verdad44. Debían cumplimentarse ciertas condiciones para que se expidiesen. La primera era que las cosas que se reclamaban tuviesen un cierto valor o importancia. A este respecto, Barbosa afirmaba que el demandante debía jurar acerca del valor de la cosa y si tenía testigos, documentos u otras pruebas para hacer valer la acción correspondiente45. No se concedían las monitorias en causas criminales ni se permitía en virtud de las revelaciones producidas a raíz suya demandar criminalmente, si bien se podía intentar una acción civil46. El compromiso de no incumplir estas normas se expresaba en la petición que se hacía a la autoridad diocesana como, por ejemplo, ocurrió en la que hizo Alonso Corral, vecino de Llerena, quien pidió un monitorio destinado a descubrir el destino del dinero de su madre, Ana María de la Peña y que se había escondido en la cama donde ella dormía47. Otro tanto ocurrió con la petición hecha por Ángela Cano y Ponce a través de su padre para averiguar el paradero de sus bienes dotales.
Por otro lado, era necesario que las monitorias se publicasen en tres días festivos si bien ésto no se podía hacer en la Natividad, Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Corpus y otras ocasiones de igual o mayor solemnidad si no había causa grave para ello.
Los mandamientos que amenazaban con la excomunión a quienes no los obedeciesen fueron empleados como herramientas de coerción en el gobierno de la diócesis e, incluso, tuvieron un uso legislativo48. No eran, pues, únicamente documentos de carácter judicial, aunque se utilizasen frecuentemente en procedimientos contenciosos. En efecto, hemos de tener en cuenta que uno de los resultados de las visitas episcopales, que como es sabido permitían un mejor conocimiento del estado de la diócesis, eran los mandatos cuyos dispositivos eran reforzados con una cláusula penal de carácter espiritual que contenía la excomunión49. De cualquier forma, la generalización del uso de esta censura conllevó una simplificación de su promulgación, en claro contraste con lo que había ocurrido anteriormente.
Por otro lado, en los mandamientos de la autoridad eclesiástica dirigidos a los oficiales diocesanos se empleaba con cierta asiduidad la amenaza de la excomunión. Así, por ejemplo, ocurrió en el caso reseñado anteriormente, cuando el provisor Luis Picado ordenó a los sacerdotes de Jerez de los Caballeros que cumpliesen una cédula real de Felipe $\mathrm { I I } ^ { 5 0 }$ . En esta ocasión, se empleó el término de “excomunión latae sententiae”, de modo que quienes incumplieron la orden fueron inmediatamente excomulgados.
Así pues, el origen de no pocas excomuniones estaba en los mandamientos de las autoridades eclesiásticas emanados a raíz de reclamaciones relativas a intereses particulares o que, en su caso, afectaban a la Iglesia. Ésto ocurría, por ejemplo, en los casos en que se había producido una intromisión en el fuero eclesiástico.
En estos documentos podían aparecer los dos tipos de excomunión que hemos descrito anteriormente. La primera era ferendae sententiae que se imponía, como hemos dicho, a través de una “… sentencia pronunciada por el juez”51 cosa que en los mandamientos monitorios se expresaba mediante fórmulas como: “excomúlguese, sepárese” o bien “mandamos bajo pena de excomunión”. Estas cláusulas tenían, por tanto, un valor conminatorio, es decir, se amenazaba sin condenar efectivamente.
En cambio, tal y como hemos visto, la censura latae sententiae se imponía automáticamente cuando el reo incumplía un mandato o precepto, sin que mediase una sentencia o decreto posterior. En estos casos, la cláusula penal se expresaba del siguiente modo: “sea excomulgado en el mismo acto, o incurra en excomunión ipso jure”52.
Esta realidad fue reflejada por los canonistas, quienes hablaban de una cláusula penal “comunicatoria” o “conminatoria” que coincidía con la que hemos descrito en primer lugar y que era: “so pena de excomunión que se haga o se deje de hacer tal o tal cosa”, o bien: “cualquiera que hará tal cosa será excomulgado”. Se interpretaba que, en estos casos, “el que hiciere algo contra semejante mandamiento, pecará mortalmente pero no incurrirá excomunión alguna porque aquello era conminatorio solamente”53. Por tanto, era necesaria una sentencia o decreto posterior.
En cambio, se podía considerar que la censura se hacía efectiva de un modo automático si la cláusula empleada era latae sententiae, como cuando se decía: “so pena de excomunión latae sententiae” o bien si se afirmaba que se incurriría en ella “ipso facto o ipso iure o cuando dice: eo ipso sit excomunicatus”54. Martín de Azpilcueta concluía que:
“... cuando el canon o juez manda alguna cosa so pena de excomunión, no es luego descomulgado el que hace lo contrario, porque las tales palabras no significan voluntad presente del que descomulga, desde luego, ni para cuando tal o tal cosa hiciere, mas son dichas por modo de amenazas que entonces lo descomulgarán. Ni aunque digan descomúlguese. Mas si dijese “sea descomulgado” el que hiciere lo contrario luego lo será, salvo cuando otros derechos declaren lo contrario”55.
Por esta razón, en el caso de los mandamientos dirigidos a quienes no habían pagado los diezmos se decía que “... el término pasado los declararé por público excomulgado...”56.
Las cláusulas utilizadas en los documentos tuvieron que ser, en todo caso, precisadas en las disposiciones diocesanas, que intentaron responder a la confusión existente. Así, por ejemplo, ocurrió con la interpretación de la fórmula “desde ahora para entonces los descomulgamos” que se asociaba a la excomunión mayor latae sententiae. Para que ello fuese posible era necesario, en todo caso, que se demostrase la contumacia:
“Por excusar dudas y escrúpulos que pueden ofrecerse, santa sínodo apelante, mandamos que ningunas letras conminatorias en las cuales el juez usare de excomunión conminatoria con esta cláusula: desde ahora ara entonces los descomulgamos o otra semejante, liguen hasta que se publiquen y lean a la parte contra quien van y no desde el tiempo que las libra o concede el juez y sean habidas por condicionales; conviene a saber, si se leyeren a la parte, salvo en los casos expresados en Derecho, que se puede notificar a las puertas de su morada”57.
Al parecer, en la diócesis Jaén existía un problema en cuanto a la comprensión de los mandamientos de los jueces de la audiencia, puesto que en algunos casos se encargaba a un presbítero que declarase la excomunión una vez pasado el término asignado. Esto causó una considerable confusión, ya que algunos no se consideraban excomulgados si no precedía una declaración y, en cambio, otros pensaban que las censuras eran efectivas una vez cumplido dicho plazo58.
Podemos distinguir en todo caso dos tipos de mandamientos a raíz de lo que, por ejemplo, se estableció en la diócesis de Granada, aquellos que “ligaban” de un modo automático y otros donde se concedía un trámite de audiencia:
“En ninguna carta de excomunión o suspensión condicional, ni en monitorio con audiencia se haga denunciación hasta que el juez haya conocido y determinado sobre el cumplimiento de la condición y, siendo la tal carta sin condición podrase hacer la dicha denunciación para que le eviten, pues por ella parece estar excomulgado”59.
Cabe decir que en la época, y este hecho se comprueba en la documentación de los obispados extremeños, se impuso el uso de la “excomunión mayor”, si bien en los documentos estudiados encontramos una evidente irregularidad en las expresiones utilizadas para expresarla. En efecto, se articulaba mediante la expresión “excomunión mayor”, aunque los tratadistas reconocían que si no se decía nada más, la palabra “excomunión” equivalía a ella60. Como hemos visto, el hecho de que los mandatos incorporasen la cláusula de excomunión latae sententiae permitía omitir la sentencia establecida en la normativa canó- nica. De este modo, se emanaba inmediatamente un auto donde se manifestaba que los involucrados ya estaban incursos en tal censura, circunstancia que demuestra que los mandamientos monitorios permitían omitir la sentencia correspondiente. Esto se evidencia en el tenor de los autos “declaratorios” o “denunciatorios”61:
“... sabed que el bachiller Juan Peinado, Bartolomé Martínez e Gómez de la Vega e Francisco de Buitrago, clérigos o curas de la dicha ciudad de Jerez están incurridos en sentencia de excomunión mayor por no haber querido cumplir otros mis mandamientos dados contra ellos”62.
Los documentos posteriores como la carta declaratoria no tenían otra función que ordenar a las autoridades diocesanas que hiciesen público que se había incurrido en la censura. Ninguno de ellos contenía, en todo caso, la disposición que ligaba al excomulgado, que se expresaba con términos como “excomulgamos”, propios de la sentencia.
De cualquier forma, antes de la promulgación de la censura, era necesario atender a las circunstancias de cada uno de los casos. Los tratadistas planteaban que si una persona incumplía un mandato para pagar una deuda bajo pena de excomunión latae sententiae incurría en ella salvo que:
60 “... todas las veces que el derecho o el juez pone excomunión se ha de entender de la mayor, si no es que de las palabras constase otra cosa” (e. de villaloBos, Suma de la Teología, o. c., 418).
“... si el tal deudor no puede pagar la dicha cantidad dentro del plazo, no incurre en alguna excomunión. Porque a lo imposible no hay ley que obligue, aunque haría bien obedecer en no estar en los oficios divinos para evitar el escándalo de los prójimos. Ni menos incurre si no paga dentro del plazo que le asignó el juez cuando se lo alarga el acreedor. Porque como aquella excomunión fue dada a favor del dicho acreedor, si él da más tiempo, ninguna injuria se le hace, como tampoco si él perdonase la deuda”63.
En cuanto a las excomuniones contenidas en los mandamientos de bienes ocultos o monitoria, tampoco se podían considerar efectivas:
“... si la cosa es totalmente secreta y no en detrimento de la comunidad o de la fe, no es obligado a obedecer, porque de las cosas totalmente ocultas no tiene el juez que entremeterse. Y conforme a la ley natural somos obligados a callar lo que en secreto nos ha sido encomendado”.
Esta circunstancia no operaba en caso de que el hecho fuese en detrimento del interés público o de la fe64.
III. LA PROMULGACIÓN DE LA EXCOMUNIÓN
1. la declaración de la excoMunión.
Como hemos dicho, antes de declarar a una persona incursa en la excomunión, se podía conceder al contumaz un nuevo plazo para plegarse a los mandamientos de la autoridad eclesiástica. En este caso, el juez procedía a expedir un documento llamado “benigna” o “carta de equidad”. No hemos podido establecer la norma que regía su uso, si bien existen pistas en la normativa diocesana, donde se limitaba su empleo a ciertas materias:
“En los mandamientos que se despacharen con censuras no den nuestros jueces declaratoria sin preceder benigna con carta, excepto en las causas de inmunidad y en las materias decimales en que se guardará el estilo”65.
En otras diócesis se estableció otra circunstancia que justificaba su empleo. Este es el caso de la de Ávila donde, si una compulsoria no era notificada en persona, antes de “declarar” la excomunión debía utilizarse una “... benigna y no agravatoria”66.
Por otro lado, frente a lo postulado en los ordenamientos diocesanos, resulta evidente que, hasta mediados del siglo XVII, la excomunión se utilizó contra los clérigos en la diócesis de Badajoz. Esto ocurrió no sólo en el caso del provisor sino también en el de los jueces de primera instancia como el arcipreste de Alburquerque. En este sentido, se pueden apuntar varios casos como el mandamiento emanado por el arcipreste Alonso Martín Folleco contra el sacerdote Juan de Alburquerque para que en el plazo de tres días pagase a Juan López Sastre cuatro ducados que le debía por una pieza de tela que éste le vendió67. Otro tanto se hizo cuando Francisco Vezarano reclamó al presbítero Francisco de Amaya setenta y cinco reales que le adeudaba de la bellota que consumió una piara de su propiedad en una dehesa de Alburquerque68. En estas ocasiones se emanaron sistemáticamente benignas.
2. la puBlicidad de la excoMunión.
Como hemos dicho anteriormente, la excomunión debía ser publicada con el fin de que se evitase al censurado. Esta disposición tenía un claro sentido ejemplificador. Por otro lado, es importante señalar que sólo se consideraba efectiva la censura si se procedía a hacer pública la “difamación” en la que había incurrido una persona concreta69.
Esto se hacía de dos formas, en primer lugar mediante la lectura en una ocasión solemne, particularmente el ofertorio de la misa mayor, de la identidad de los censurados, esto es, “nombrándolos por sus nombres” y haciendo referencia tanto al juez como a la causa de la excomunión. En algunos casos se estableció que “las censuras generales no se lean en relación sino a la letra enteramente tres veces en diferentes días de fiesta y los vicarios y rectores lo hagan cumplir”70.
Había ocasiones en que no se podía hacer ésto y, llegado el caso, se protegía a las representaciones de Dios de ello:
“Siempre que esté descubierto el santísimo sacramento y en los días del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de su Resurrección, Ascensión y el de Pentecostés y Corpus Christi y el de la Asunción de Nuestra Señora y el día en que se celebrare fiesta a los titulares de las iglesias no se lean censuras generales, ni se declaren algunos excomulgados...”71.
Por otro lado, la excomunión también se hacía pública mediante carteles o tablas. Éstos se situaban tanto en la catedral como en las parroquias a las que pertenecían los excomulgados. En algunas constituciones, como las de la diócesis de Salamanca, se describían sus características:
“… una tabla de madera con barniz blanco de yeso, en lugar público donde todos la puedan ver y leer en la cual escriba el cura los nombre y conombres (sic) de sus parroquianos que estuvieren denunciados por descomulgados y la causa de la excomunión. Y mandamos al cura de nuestra Iglesia Catedral y al cura o beneficiado que fuere semanero y de las iglesias de nuestro obispado, so pena de excomunión mayor, que los domingos y fiestas de guardar, a la misa mayor, lean o hagan leer en voz alta e inteligible los que estuvieren escritos en la dicha tabla”72.
A ello se añadía, como hemos dicho, el anuncio en las ceremonias dominicales:
“... una tabla en lugar público donde todos la puedan ver y leer, en la cual se escriban los nombres de los parroquianos que en la tal parroquia estuvieren descomulgados y la causa de la tal excomunión. Y mandamos al rector o vicario, so pena de tres escudos, que todos los domingos a la misa mayor, a voz alta e inteligible para que el pueblo los conozca por tales y se aparte y evite de su conversación los denuncie”73.
Lo mismo ocurría en el caso de Tuy donde, además, se debían especificar la identidad de la persona que lo había solicitado74. Incluso, como ocurría en Salamanca o en la archidiócesis de Sevilla había que especificar, en el cartel correspondiente, el motivo:
“... donde todos la puedan ver y leer en la cual mandamos que se escriban todos los nombres de los parroquianos que en la tal parroquia estuvieren denunciados por descomulgados e la causa de la tal excomunión ahora sea por deuda, ahora por estar amancebados, ahora por estar ayuntados sin ser velados o por otra cualquier causa cada calidad de excomunión...”75.
En tales tablas, por otro lado, debían figurar los nombres de los absueltos ad reincidentiam o provisionalmente, disposición cuyo objetivo era evitar el escándalo que el desconocimiento de tal resolución podía ocasionar entre la feligresía y permitir, evidentemente, que sus miembros pudiesen comunicarse con tales sujetos76.
A este respecto, hay que destacar la absolución ad reincidentiam constituía una suspensión de la censura por un cierto tiempo. Era emanada siempre por el juez, si bien podía mediar la aprobación de la parte contraria77. Los provisores tenían la capacidad de suspender las censuras en ciertos momentos del año, cosa que sucedía en todos los obispado. En Sigüenza se observaba, incluso, que los curas estableciesen una moratoria en su aplicación en días señalados como “Pascuas de Navidad y de Resurrección, en los cuales se dan absoluciones de oficio”78.
74 Constituciones sinodales del obispado de Tuy, ordenadas por el ilustrísimo señor don Pedro Herrera de la Orden de Predicadores, obispo y señor de la ciudad de Tuy, del Consejo de su Majestad en la sínodo que celebró en su santa iglesia catedral lunes 19 de abril de 1627. Santiago de Compostela, Ignacio Aguayo i Aldemunde, 1761, 131.
75 De acuerdo con las Constituciones de don Diego Hurtado de Mendoza de buena memoria.., o. c., XLIIIr-XLIIIv. En el caso de la diócesis de Uclés de la Orden de Santiago, había que hacer constar en las tablas los siguientes datos, subrayando su carácter ejemplarizante: “donde estén escritos los nombres, apellidos, o oficios de las personas que en sus pueblos estuvieren denunciados por públicos excomulgados y la causa porque lo están y el día, mes y año en que se denunciaron, la cual esté colgada en la parte más publica de la iglesia, de suerte que todos la puedan leer bien y de ello reciban los tales excomulgados confusión y vergüenza y los otros fieles tomen ejemplo” (Constituciones sinodales del priorato de Santiago de Uclés, nullius dioecesis, o. c., libro VI, título XIII, capítulo I).
76 Constituciones de don Diego Hurtado de Mendoza de buena memoria..., o. c., XLIIIv.
77 F. ortiz de salcedo, Curia eclesiástica para secretarios de prelados..., o. c., 252 infra.
3. el apartaMiento de los excoMulgados “vitandos”
Otro de los efectos de la excomunión mayor era que el censurado debía ser apartado del trato con los miembros de la comunidad en la que vivía. Esto se hizo efectivo mediante un documento que se calificaba como “carta de participantes”. Su función era advertir a todas aquellas personas que tenían trato, o podían tenerlo, con quien había incurrido en la excomunión mayor de que si no la evitaban recaería sobre ellas la excomunión menor.
Como regla general, podemos decir que dicho apartamiento no sólo incumbía a quienes habían sido excomulgados nominatim, es decir, a los censurados mediante una sentencia o decreto judicial, sino también a los públicos “percusores” de clérigos si este hecho era conocido, esto es, “... cuando uno en presencia de muchos dio de palos a un clérigo, de tal manera que por ningún camino puede encubrir su hecho”79. No se precisaba, sin embargo, el número de testigos, puesto que había que atender, entre otras cosas, a su calidad. En caso de que hubiese solamente uno no era necesario evitar al sujeto “porque esa percusión no es absolutamente notoria, sino solamente cierta para con estos y cierto y notorio distinguuntur realiter”80.
Para que la carta de participantes fuese efectiva debía comunicarse mediante las moniciones correspondientes:
“que ha de ser especial y tres veces. Y mucho menos vale la que es puesta por el delegado. Y cuando el juez denuncia alguno por descomulgado si la parte quiere que se dé contra los participantes halos de nombrar para se amonestar nombra.
Resurrección y Pentecostés, mandamos a nuestro vicario general y oficiales, que sin consentimiento de las partes levanten cualesquier censuras, desde la víspera de S. Tomás Apóstol hasta el domingo de Quasimodo, y desde la víspera de Pentecostés hasta el día de la Santísima Trinidad, que en días tan solemnes no han de estar privados los fieles de sufragios de nuestra Santa Madre Iglesia” (Sínodo diocesana del obispado de Huesca, o. c., libro V, capítulo VI).
79 d. Manero, Definiciones morales.., o. c., 154. El concepto de excomulgados vitandos fue establecido en la disciplina moderna por la extravagante Ad evitanda del Concilio Constantiniense (1418). De este modo, frente al derecho antiguo, había que evitar solamente al excomulgado denunciado. Junto a este tipo de excomulgados tenemos también los “tolerados” o no vitandos, con quienes los demás fieles podían comunicarse en caso de que tuviesen necesidad o si había una causa grave (A. M. ortiz, La doctrina jurídica..., o. c.).
Los excomulgados vitandos eran los que aunque habían incurrido en excomunión no habían sido denunciados como tales (J. donoso, Instituciones de Derecho canónico americano, t. 2, Valparaíso, Imprenta y libería del Mercurio, 1848, 414). Ésto se impuso en la iglesia a partir de Martín V, de acuerdo con la normativa titulada Ad evitanda scandala (ib., 414). Sin embargo, Jacques Eveillon recordaba que en el Concilio de Letrán convocado durante el papado de León X y en el de Basilea, así como en el concordato establecido entre este Papa y Francisco I se estableció que se debía excluir a todo el que hubiese cometido una falta notoria castigada con la excomunión. La notoriedad del hecho se oponía a la notoriedad de justicia (J. eveillon, Traité des excommunciations..., o. c., 40).
80 d. Manero, Definiciones morales.., o. c., 155. Sobre esta cuestión ib., 147 y s.
damente que no participen con él, so pena de excomunión que ponen ellos, haciendo lo contrario, pasado el término después que les fuere notificado”81.
Esto iba dirigido, concretamente, contra ciertos usos de las administraciones episcopales de la época que, por ejemplo, expedían cartas denunciatorias contra quienes no se confesaban en Pascua, en cuyo caso se realizaba una amonestación general para que ninguno “participase” con ellos. Estos documentos no eran válidos puesto que “... aquellas cartas no se dan contra aquel que el mismo juez descomulga sino contra los que la constitución sinodal descomulga”82.
En algunos casos, sabemos que en la publicación de las cartas de participantes el cura debía dirigirse explícitamente a las personas que tenían trato más directo con el excomulgado, citando incluso sus nombres. Obsérvese, además que en ocasiones, contraviniendo la legislación corriente, recaía sobre ellas la excomunión mayor, cosa que, por otro lado, también se observa en la documentación procedente de las diócesis extremeñas:
“... cuando se publiquen dichas letras reagravatorias con dicha cláusula de participantes, se notifique y amoneste a dichas personas por el cura, o por el sacerdote que las publicare, nombrándolas por su propios nombres que no comuniquen ni hablen con el excomulgado así reagravado pasadas veinte y cuatro horas después de la notificación, las cuales les señalamos por tres términos, y el último por perentorio; que si pasado dicho tiempo comunicaren con el tal excomulgado incurran en la misma excomunión mayor. Y si el lugar fuere corto, podrá nombrar menos número de personas, y las que nombrare han de ser las que suelen tener más comunicación con el tal excomulgado reagravado, exceptuando las que permite la regla: Lex humile, res ignorata necesse y, si después de dicha amonestación y pasado dicho tiempo comunicaren con el tal excomulgado, incurran en la misma excomunión mayor y constando de ello los declararán por incursos en ella nuestro vicario general y oficial, guardando en todo la forma por Derecho dispuesta. Y, en caso que satisfecha parte fuere absuelto el principal excomulgado, puedan absolver los incursos por participación”83.
En Badajoz, las constituciones del obispo Roís de Mendoza establecieron que en caso de que se suspendiese la excomunión durante un cierto tiempo, esto es, “ad tempus”, era necesario declarar a la persona de nuevo incursa en esta censura con el fin de que quienes tuviesen trato con ella incurriesen en la pena correspondiente84.
4. el agravaMiento de la excoMunión.
La tolerancia tenía un límite que venía dictado por el tiempo que los excomulgados permanecían en su falta o la gravedad de ella. La rebeldía ante los mandamientos de la Iglesia implicaba la necesidad de proceder a la agravación de la censura. Esto se verificaba, particularmente, mediante el anatema. A este respecto, se precisaba que había dos excomuniones:
“Una es solemne y otra no. La solemne la pone el obispo con las solemnidades que dice el Derecho. La otra es sin aquellas ceremonias, aunque algunas veces se publica en la Iglesia, matando una vela y tocando una campanilla, para terror y espanto de los fieles”85.
En algunos casos se establecían medidas para agravar aún más la situación de la persona anatematizada. En el arzobispado de Granada se ordenaba que el párroco debía avisar y amonestar al anatematizado para que saliese del pueblo o, en su caso, para que no abandonase su casa ni se comunicase con los fieles “... y si pasado un día no lo hiciere dé aviso de ello... a la justicia seglar para que se lo mande con pena y a la dicha justicia encargamos mucho por servicio de nuestro Señor”86.
La anatematización seguía inmediatamente a la publicación de la excomunión y los párrocos eran los encargados de promulgarla87.
Las ceremonias de la anatematización tenían un carácter terrible y ejemplarizante. Con ellas se evidenciaba que el alma del censurado era apartada de la Iglesia. Esto se manifiesta en la tónica de los documentos correspondientes como, por ejemplo, los utilizados en la diócesis de Salamanca en el siglo XVII. En efecto, el anatema debía ser anunciado:
“... todos los domingos y fiestas de nueve lecciones continuamente a horas de misa y vísperas, repicando las campanas y matando las candelas en el agua y haciendo la solemnidad que la Iglesia nuestra Madre acostumbra y el Derecho en semejantes casos manda y los maldeciréis en la forma siguiente: Venga sobre ellos la maldición de Dios todopoderoso, trino en personas y uno en esencia de santa María Virgen madre de Jesucristo nuestro redentor y de todos los santos y santas de la corte del cielo. Amén. Maldito sea el pan, vino, agua, carnes, pescados, frutas y otras cualesquier cosas que comieren y bebieren, la tierra que pisaren, bestias en que anduvieren y las armas que se armaren; huérfanos se vean sus hijos y viudas sus mujeres y anden mendigando de puerta en puerta y no hallen quien bien les haga, sino mucho mal y daño; avispas les entren y salgan por los ojos y narices, hasta que mueran como perros rabiando y, cuando en juicio fueren ante Dios nuestro señor, sean puestos y entregados con Judas el traidor en el profundo algo de los abismos. Y sacaréis la cruz alzada, vestida de religión, cantando el salmo Deus Laudem meam ne tacueris, etc. y las antí- fonas media vita in morte sumus, etc. y revelabunt Coeli iniquitatem Judae, etc. Y tiráis tres piedras hacia atrás en señal de la maldición que Dios nuestro Señor echó sobre las ciudades Sodoma y Gomorra y los caudillos Coré, Datán y Abirón, que los sorbió la tierra vivos por pecados que hicieron y esparciréis agua bendita por todas partes para espantar los demonios que así los tienen ligados y encadenados”88.
IV. CONCLUSIONES.
Como hemos visto anteriormente, la excomunión fue un instrumento esencial del gobierno de los obispos y sus oficiales. Hasta principios del siglo XVII se utilizó frecuentemente en los procedimientos judiciales, costumbre que la normativa diocesana intentó frenar. El progresivo abandono de esta censura en las causas menores se evidencia en la documentación judicial de mediados del siglo XVII, tanto en el provisorato pacense como en la diócesis nullius de León, perteneciente a la Orden de Santiago, fenómeno que con toda probabilidad se dio en el resto de diócesis castellanas y que evidencia que las disposiciones tridentinas tardaron décadas en imponerse89.
Por otro lado, en los procedimientos no se solía utilizar una disposición que podamos calificar como sentencia sino que se procedía a declarar la excomunión, inmediatamente, en caso de que se incumpliesen los mandamientos de las autoridades diocesanas, cosa que se debía a que se se amenazaba sistemáticamente la excomunión latae sententiae. A falta de un estudio profundo de la documentación de otros archivos diocesanos, se puede decir que esta fue la práctica habitual de los provisores y vicarios generales, circunstancia que refleja la utilización de un procedimiento abreviado o rápido para saldar las cuestiones judiciales, si bien esto se podía complicar cuando había una oposición por parte de los afectados. En efecto, los mandamientos monitorios incluían sistemáticamente una cláusula de emplazamiento90.
Finalmente, hemos de insistir en la importancia de estudiar la documentación diocesana de la Edad Moderna, tan poco frecuentada por los estudiosos del Derecho o la Diplomática, si bien el análisis de la normativa diocesana y la adopción de una perspectiva comparativa, como la adoptada en esta contribución, son particularmente sugestivas.