Listas negras. La prohibición de trabajar en medios de comunicación durante la última dictadura argentina (1976-1983)
Blacklists. The prohibition of working in the media during the last Argentine dictatorship.
Fernando RAMÍREZ LLORENS Universidad de Buenos Aires.
RESUMEN.
Durante la última dictadura militar argentina se prohibió trabajar en medios de comunicación a un amplio grupo de personas: desde actores, pasando por técnicos, hasta periodistas. Los objetivos del artículo son reconstruir los antecedentes y el contexto de la lista negra de medios, así como analizar su proceso de constitución, lógica y dinámica represiva. El trabajo fue realizado a partir de la consulta combinada de tres archivos de la represión, del uso de recortes de prensa y de la realización de entrevistas. La investigación colabora con la profundización del conocimiento sobre la violencia estatal en el período y con la problematización de la importancia de los medios en el proyecto autoritario dictatorial. A partir del análisis, se propone diferenciar conceptualmente la prohibición de trabajo en medios de la censura de obras, a partir de proponer que las listas negras apuntaron a objetivos cualitativamente diferentes y más profundos de disciplinamiento o destrucción de la subjetividad de las personas que participaban del campo de la comunicación y la cultura.
PALABRAS CLAVE.
Dictadura; represión política; trabajo; medios de comunicación; Argentina.
ABSTRACT.
During the last Argentine Military Dictatorship, a large group of people were banned from working in the media. Actors, technicians, and journalists, among others, were included on blacklists. The objectives of this article are to reconstruct the background and context of the media blacklist, as well as analyze the process of its creation, its logic, and its repressive dynamics. The research has been carried out based on documents from three archives of the political repression, press clippings and interviews. The paper contributes to furthering knowledge of state violence in the period and the problematization of the importance of the media in the authoritarian project of the dictatorship. This analysis proposes to conceptually differentiate the prohibition of media work from the censorship of works, proposing that blacklists aimed at qualitatively different and more profound objectives of disciplining or destroying the subjectivity of the people who participated in the field of communication and culture.
KEYWORDS.
Dictatorship; political repression; work; media; Argentina.
El estudio de las modalidades represivas durante la última dictadura argentina (1976- 1983) es un proceso inevitablemente abierto. En esto incide, no solo la disponibilidad de nueva documentación a partir de la apertura a consulta pública de diversos “archivos de la represión”1 sino, mucho antes, el estado del campo de la historia reciente argentina, que en las últimas dos décadas ha diversificado y complejizado su abordaje sobre el tópico para profundizar en distintas víctimas –los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los exiliados, los exiliados internos, los familiares de desaparecidos– más allá de la centralidad que continúa teniendo la cuestión de los desaparecidos2 . En este marco de creciente profundización y complejización del análisis sobre las características represivas del Estado dictatorial, la identificación en el año 2013 de un legajo con profusa documentación sobre listas negras de medios, recuperado del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina, junto a un conjunto mayor de materiales sobre las Juntas Militares, habilita el cruce con los archivos de la represión ya conocidos para continuar ampliando nuestra comprensión sobre la violencia estatal en el período.
$\it { i Q u e }$ fueron las listas negras? ¿Qué tipo de represión implicaron y cómo se articuló con el resto de los dispositivos represivos del Estado terrorista? ¿Quiénes fueron sus víctimas? ¿Cuáles sus objetivos? ¿En qué temporalidades se desplegó? Estas son las principales preguntas que se propone responder este trabajo.
Listas negras (en plural) es una denominación nativa: las víctimas de esta política de marginación llamaban así a un listado secreto de nombres cuya existencia la dictadura negó públicamente y de manera sistemática, pero que era reconocida abiertamente en el interior de los ámbitos en los que se aplicó. La intención denunciadora de la utilización de un término con carga negativa resulta evidente. Esta denominación permitía conectar la experiencia represiva argentina con otras previas, de distintas latitudes –la asociación con el macartismo fue explícita e insistente–. Si bien la comparación no necesariamente guardaba suficientes similitudes, esto facilitaba una rápida inteligibilidad del problema en el debate público. Así, es importante retener la denominación como elemento que forma parte de la experiencia, a la vez que resulta preciso construir una definición operativa del término, para comprender la especificidad de esta estrategia particular en el contexto represivo en el que estaba inserta.
La falta de una definición conceptual se retroalimenta con la percepción tradicional de que la prohibición de obras y la de personas fueron dos prácticas que formaron parte de la misma lógica censora3 . Si bien resultan evidentes las consecuencias negativas de las listas negras de personas en la cultura, su indiferenciación con la censura de obras puede provocar el efecto de interpretar dos fenómenos diferentes desde una clave genérica que desdibuje las especificidades propias de cada experiencia.
Como veremos, listas negras, como término nativo, caracterizaba un tipo de violencia que no se ejercía de manera directa sobre el cuerpo del reprimido (tanto respecto de su integridad como de su libertad), aunque desde ya, en la práctica podía estar en interacción, o superposición, con modalidades de represión física. Más allá de esto, en su especificidad consistía en un tipo de segregación en el ámbito público, basado en la imposición de trabas para el desempeño laboral-profesional, con evidentes consecuencias sobre la vida privada de las personas afectadas. En concreto, listas negras remite específicamente al sometimiento a un proceso acusatorio ilegal y/o inconstitucional, de tipo administrativo, mayormente secreto y sujeto a reglas difusas, cambiantes y discrecionales, orientado principalmente a provocar hostigamiento laboral.
Por la lógica de elaboración de las listas negras, y dados los documentos disponibles hasta el momento, la denominación en plural parece adecuada, en la medida en que todo indica que existieron diferentes listas con distintos alcances u objetivos. En particular, en este trabajo me concentraré en el listado denominado “Personal interdicto en los medios de comunicación social”, una nómina de personas de la comunicación y la cultura que tenían prohibido trabajar en radio, televisión, cine y teatro estatales, y a quienes también se les ponían trabas en los espacios privados homólogos4 .
Si bien las listas negras de la cultura son un hecho conocido, el vacío existente sobre la cuestión es muy importante. Por caso, es sabido que la prohibición de trabajo en medios en la época no fue exclusiva de Argentina, pero la ausencia de estudios que analicen en profundidad la problemática en otros países de la región dificulta una adecuada contextualización5 . Por esta razón, resulta preciso revisar otras políticas represivas estatales que hayan apuntado a la segregación laboral, con independencia de que puedan haberse denominado del mismo modo o no, o de que hayan tomado la forma de nóminas de personas, para comprender a las listas negras dentro de una serie temporal mayor, así como la convivencia con otras experiencias de época. En síntesis, los objetivos de este trabajo son reconstruir los antecedentes y el contexto de la lista negra de medios de comunicación, así como analizar su proceso de constitución, lógica y dinámica represivas, como aporte a la comprensión de la prohibición de trabajo como estrategia del Estado autoritario en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX.
La movilización contra las listas negras es un capítulo aún poco conocido de la resistencia a la dictadura. Su gran relevancia para el campo de la historia reciente y la consecuente necesidad de reponer el tema de manera exhaustiva dado su olvido historiográfico exigen un espacio del que no dispongo aquí, por lo que su desarrollo queda pendiente para un trabajo posterior.
El artículo ha sido realizado principalmente a partir de la consulta de legajos de los denominados “archivos de la represión”6 . En particular, se consultaron legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) entre los años 1956 y 1983, del Fondo del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) que abarca los años 1976-1983, así como del legajo sobre listas negras existente en los documentos del Fondo denominado Hallazgo Cóndor, en ese mismo período. También he trabajado con el fondo documental del diario Crónica y con el de la Secretaría de Prensa y Difusión, organismo dependiente de Presidencia de la Nación. Por último, he realizado tres entrevistas a informantes clave y he analizado las entrevistas de época realizadas por el periodista Carlos Barulich7 .
La calificación ideológica.
En la década de 1930 se consolidó en Argentina un fuerte entramado represivo estatal orientado a la criminalización del denominado peligro rojo8 . En ese marco, las suspensiones y exoneraciones de docentes de distintos niveles, acusados de comunistas, resultaron un hecho recurrente9 . En la década siguiente, la intención de restringir la influencia del comunismo también orientó al peronismo en la proscripción de numerosos trabajadores de medios10. Luego del golpe de Estado de 1955, el anticomunismo y el antiperonismo se solaparon. La sospecha fantasmática sobre la existencia de listas negras oficiales en las radios era realimentada por la constatación de que las acusaciones amplias y difusas realizadas por comisiones investigadoras creadas ad hoc a diferentes personalidades del espectáculo generaban una exposición a la humillación pública suficiente para dañar la popularidad de las estrellas. También fueron exonerados nuevamente docentes y personal administrativo de todos los niveles educativos, a lo que se sumaron trabajadores judiciales, de la salud y de otras dependencias estatales, además de establecerse cláusulas discriminatorias para concursar o acceder a cargos en el ámbito del Estado11.
Al margen de la aparente continuidad respecto a períodos anteriores, luego de 1955 comenzó a producirse gradualmente un cambio cualitativo, a medida que el concepto de enemigo interno ganaba impulso como principal hipótesis de conflicto en las Fuerzas Armadas12. En este nuevo clima se desarrolló la noción de criptocomunismo –la actividad comunista enmascarada tras fines sociales, culturales, científicos, deportivos, etc.–, considerada de máxima peligrosidad, justamente por su carácter supuestamente oculto o infiltrado13. El Estado nacional, la Policía Federal y la de la provincia de Buenos Aires, la Gendarmería, la Prefectura y cada fuerza armada tenían su propio organismo de inteligencia, y en conjunto formaban lo que denominaban la comunidad informativa14, que colaboraba en la identificación y seguimiento de personas y organizaciones consideradas sospechosas por su posicionamiento ideológico.
La influencia cada vez mayor sobre los militares de las doctrinas del enemigo interno tuvo su cauce en el Gobierno a partir de la participación del ejército en la toma de decisiones políticas. En mayo de 1963, asumió la conducción del Ministerio del.
Interior el subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Osiris Villegas, pionero entre los oficiales argentinos en organizar los principios teóricos y operativos de la guerra revolucionaria15. En ese marco, el entonces presidente José María Guido dictó el decreto ley 4214/1963, titulado “Disposiciones legales que preservarán el orden jurídico y las instituciones democráticas del país frente a la acción subversiva del comunismo”. La norma declaraba ilegal al Partido Comunista (que en rigor había sido proscrito hacía cuatro años)16. La prohibición de trabajar en la administración pública a los comunistas incluida en la nueva disposición tampoco resultaba una completa innovación. En cambio, por primera vez se establecía de manera formal la previsión de suspender a los empleados estatales que fueran procesados por comunistas, así como exonerar definitivamente a los que finalmente resultasen condenados. También les quedaba prohibido explícitamente el desempeño de la docencia, en este caso tanto en establecimientos estatales como privados.
Para llevar adelante las disposiciones de este decreto, en el ámbito de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) se creó la Comisión Asesora para la Calificación Ideológica Extremista (CACIE)17. En los archivos de la DIPPBA pueden encontrarse algunos legajos que contienen decenas de antecedentes de personas que fueron evaluadas y eventualmente calificadas de comunistas. Allí podemos hallar sindicalistas, dirigentes políticos, médicos, productores agropecuarios, panaderos, escritores, estudiantes y muchos docentes, entre otros18. Un documento de inteligencia de 1957 planteaba la necesidad de realizar seguimiento en “los medios intelectuales y artísticos, en especial en los Teatros Independientes”19, mientras que otro destacaba nuevamente al teatro entre las entidades susceptibles de infiltración comunista20. En conjunto, podemos inferir que los medios de comunicación masivos no estaban en la mira de las tareas de inteligencia en esta primera época, al menos no recortados de manera específica.
La norma tuvo corta vida, dado que al año siguiente el nuevo presidente constitucional Arturo Illia impulsó en el Congreso la derogación de todas las leyes de represión política vigentes con el argumento de su inconstitucionalidad e ilegitimidad21. Sin embargo, la continuidad de la lógica y efectos de la norma de calificación ideológica fue notoria.
Respecto a las continuidades de sentido, en 1965 una organización privada, pero con muy probables vínculos con las Fuerzas Armadas, la policía y los organismos de inteligencia, denominada Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas (FAEDA)22, publicó una onerosa serie de solicitadas en varios diarios de la capital del país23. En ellas se propuso denunciar organismos, instituciones y personas vinculadas al comunismo. La última solicitada fue dedicada a acusar a editoriales, publicaciones y a 71 personas pertenecientes a lo que denominó “campo artístico cultural”24. Se trata de una lista un tanto confusa y por demás descuidada, pero que realiza un primer ejercicio por enfocar en radio, televisión y cine, además del campo intelectual y el teatro.
De la documentación también surge con claridad que el trabajo de la CACIE no se detuvo a pesar de la derogación de la norma sobre calificación ideológica. Durante la vigencia del Estado de derecho en la presidencia de Illia, el presidente firmó la exoneración de al menos un profesor secundario por sus antecedentes ideológicos. El decreto de cesantía sostenía en sus considerandos, de modo tan explícito como contradictorio, la vigencia de la norma derogada25. Luego del golpe de Estado de junio de 1966 que estableció un nuevo período dictatorial, los miembros de esta comisión calificadora se plantearon el problema de la ausencia de un marco legal para la tarea y se propusieron elaborar un nuevo borrador de ley, al mismo tiempo que FAEDA y otras organizaciones anticomunistas solicitaban públicamente la sanción de una nueva normativa represiva26.
Así, la ley 17.401, finalmente sancionada en 1967, vino a restaurar la vigencia de la norma de calificación de 1963. En los fundamentos de la nueva legislación se establecía explícitamente la necesidad de controlar los ámbitos de infiltración comunista, identificados ahora de manera más precisa: la educación, el arte y la cultura. La ley definía algunas cuestiones que ya funcionaban de hecho desde 1963. En principio, establecía que la calificación la realizaría la SIDE en coordinación con el resto de la comunidad informativa y la colaboración de todas las dependencias y organismos públicos, quienes eran requeridos a aportar cualquier dato que diera lugar a la identificación de un sospechoso27. Además, se establecía que el proceso era secreto, aunque el calificado debía ser notificado de la calificación para que pudiera tomar vista del expediente y producir descargo ante fuerzas policiales o de seguridad. Por último, se contemplaba la posibilidad de apelar la decisión administrativa ante la justicia.
Desde 1967, la calificación de comunista implicaba la prohibición de trabajar en cualquier nivel estatal. La norma volvía a impedir ejercer la docencia, a lo que agregaba dirigir medios, en ambos casos tanto en el ámbito estatal como privado. En cambio, era claro que la restricción no alcanzaba al desempeño como trabajador de la comunicación, fuera en roles técnicos o artísticos. Un artículo periodístico de época menciona al pasar que para obtener un simple puesto de cartero había que esperar a que los “órganos especiales” se expidiesen sobre los antecedentes del aspirante28. Esto sugiere que, al menos en algunos períodos, la norma fue observada con rigurosidad.
En el momento de su sanción, la ley recibió importantes críticas públicas, que argumentaban que instauraba el delito de opinión, no precisaba la tipificación de los hechos que se consideraban punibles, afectaba a los principios de igualdad ante la ley y defensa en juicio y establecía proscripciones políticas y civiles, entre otras29. De todos modos, su derogación recién llegaría cinco años después de sancionada, en mayo de 1973, al inicio de un nuevo período constitucional y en el marco de la abrogación de las leyes represivas sancionadas en los años previos30. Sin embargo, nuevamente para la segunda mitad de 1973 ya se encuentran documentos con reuniones de la CACIE, ahora denominada Comisión Asesora de Antecedentes (CAA), en las que se deja registro de la continuidad de la tarea de calificación. De los documentos surge que, para actuar, se amparaban en el decreto regulatorio de la ley de correos, que establecía la calificación de la correspondencia sospechosa de tener un “contenido delictuoso”31. Quizás por esta razón, en esta etapa la Comisión empezó a desarrollar en paralelo la calificación de impresos y de personas32.
Por otra parte, en 1973 se sancionó también la ley de prescindibilidad, que autorizaba al despido sin causa a los empleados de la administración nacional y de empresas estatales con argumentos de racionalización y eficiencia de la administración pública. La norma no distaba mucho de otra del mismo tenor, sancionada en 1967. Sin embargo, en este caso, durante el debate en el Congreso se planteó de manera explícita su utilidad para apartar infiltrados de izquierda33. De hecho, la denominada misión Ivanissevich –una brutal operación represiva estatal y paraestatal en el campo de la educación– se basó en esta norma para justificar la cesantía de miles de docentes secundarios y universitarios sospechosos de izquierdistas durante los años 1974 y
$1 9 7 5 ^ { 3 4 }$ . Estas acciones se desplegaban sobre un trasfondo en el que el discurso político, así como la lógica de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, habían virado desde la noción de comunismo hacia la de subversión, en un proceso de inflación de la percepción de la peligrosidad de la denominada delincuencia subversiva35.
En este contexto de escalada represiva, ese mismo año de 1974 la organización armada paraestatal Triple A comenzó a publicar listados de personas vinculadas a medios, a quienes impelía a exiliarse bajo amenaza de asesinato36. No corresponde forzar la continuidad lineal de este hecho con el despliegue de la política de calificación estatal que se venía desarrollando desde 1963, pero cabe insistir en que la vigilancia ideológica no había terminado de consolidar a los medios como objeto de particular interés, incluso teniendo en cuenta el antecedente de FAEDA y la insistencia en la idea genérica de la cultura como ámbito de infiltración. La Triple A anticipaba el cambio de clima respecto al interés que asumirían las personas vinculadas a la comunicación y la cultura para el aparato represivo estatal en los próximos años. Este desplazamiento parece basarse en la triple confluencia entre la politización del mundo cultural $- \mathbf { y } _ { \mathrm { : } }$ , específicamente, de las estrellas del espectáculo– alrededor del retorno del peronismo en $1 \bar { 9 } 7 3 ^ { 3 7 }$ , la recuperación de una posición dominante del Estado en la radioteledifusión a partir de la estatización de las productoras y canales capitalinos de televisión en $1 9 7 4 ^ { 3 8 }$ y el auge represivo estatal y paraestatal desatado ese mismo año39.
El proceso de elaboración de la lista negra de medios en la última dictadura.
El mismo día del golpe de Estado de 1976, la Junta Militar sancionó la ley 21.260 que establecía el despido sin indemnización de todo personal vinculado de cualquier modo al Estado nacional (incluyendo a los poderes Ejecutivo y Legislativo, empresas con capital estatal y obras sociales) “que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras”40, o las apoyase de algún modo. Tres días después fue sancionada una nueva ley de prescindibilidad, la 21.274. La norma, que ahora explicitaba en su texto la intención de servir para combatir la infiltración marxista, establecía la pérdida del derecho a indemnización para quienes hubieran sido “designados sin cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre información previa favorable por la Secretaría de Informaciones de Estado”41. Pocos meses después, la ley 21.381 ampliaba los alcances de la 21.260 a los docentes del ámbito privado de todos los niveles educativos y establecía sanciones para los establecimientos que incumplieran.
Por su parte, el Acta Institucional del 18 de junio de 1976 otorgaba a la Junta Militar la facultad de evaluar la conducta de aquellas personas “que hayan ocasionado perjuicios a los superiores intereses de la Nación”42 y establecía diversas penas, entre las que se encontraba la inhabilitación para el empleo público y la prohibición para ejercer la profesión. Las sanciones relativas al trabajo se aplicaron en conjunto con las penas de pérdida de derechos políticos y gremiales –lo que no dejaba de ser una brutal ironía, dado el contexto represivo–, así como de internación43. A su vez, estas penalidades se superponían en numerosos casos con decretos presidenciales de detención a disposición del Poder Ejecutivo o con medidas de restricción dictadas por el Poder Judicial, lo que generaba una interrelación que potenciaba los efectos represivos. Dar cuenta de todas estas posibles interacciones extendería mucho el trabajo. Baste mencionar, como una particularmente relevante, que según la ley 21.400, la detención a disposición del Poder Ejecutivo podía ser argumentada por los empleadores como causa de despido44.
Las leyes mencionadas y el Acta Institucional brindaban un marco para revivir, con creces, el espíritu de la ley de calificación 17.401. Sin embargo, no se volvió a sancionar una norma del estilo. Un documento de octubre de 1977 producido por el Comando en jefe del Ejército, titulado “Lo subversivo en los medios culturales”, revela la razón de esta omisión: a pesar de los antecedentes normativos, la nueva dictadura asumía que el tipo de sanciones que había establecido la ley derogada resultaban abiertamente inconstitucionales, tal como había sido señalado por las críticas de 1967, por lo que se decidió actuar en la clandestinidad45. La dictadura no se expondría a nuevas impugnaciones públicas de la calificación ideológica.
El proceso de elaboración de la lista negra de medios resultó lento. Como veremos en el próximo apartado, la marginación de personas de los medios de comunicación se decidió desde un primer momento, pero se encontraron importantes escollos para implementar una prohibición sistemática inmediata. En primer lugar, el hecho de que las personas de los medios no hubieran sido objeto de interés específico de la calificación ideológica hasta entonces implicaba que en muchos casos no se poseyera aún una evaluación, e incluso siquiera antecedentes de inteligencia de ellas. Además, existieron dificultades para hacer observar su implementación.
En los archivos que se preservan, podemos encontrar rastros del trabajo en progreso por coordinar el aporte de los distintos servicios de inteligencia que conformaban la comunidad informativa en la elaboración de un listado unificado de interdictos en los medios. Archivos de la DIPPBA mencionan la existencia de una lista denominada “Integrantes que apoyan en la superficie a la subversión”, elaborada por la SIDE en 1976, y de la que no se conocen más datos, pero de la que existen referencias que sugieren que podría haber servido como insumo46. Otro listado diferente, hecho circular en octubre de 1977, divide a 407 personas del espectáculo en distintos grupos: “cantantes, actores y conjuntos”, “artistas”, “autores de obras de teatro”, “compositores e intérpretes”, “actores”. Estas listas, a su vez, se subdividen en tres categorías: con antecedentes favorables, dudosos o desfavorables. Llama la atención un télex enviado por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, en respuesta a la distribución de este listado por parte de la DIPPBA. En él se informa escuetamente de que “(e)sta unidad se encuentra abocada a un trabajo similar”. Es posible que otros organismos también estuviesen elaborando sus propios listados. Así, cobraría sentido la presencia de una segunda lista en el mismo legajo, sin fechar, que también corresponde a personas que trabajan en el espectáculo. Los 343 nombres que contiene esta nómina se dividen en cuatro categorías: “blanco”, “gris”, “negro” y “sin encasillar”. Se aclara que, en la lista de color negro, los nombres que aparecen subrayados (que no son todos ni la mayoría) son los calificados como comunistas según la CAA. Respecto al resto, no se menciona el origen. Así, todo parece indicar que en el primer año y medio o dos de dictadura existió una multiplicidad de listas (fueran de aplicación efectiva, o borradores).
Un documento de junio de 1977 registra un intento –quizás el primero– por coordinar esfuerzos en pos de un único listado. Los organismos que participaron del ensayo fueron la Secretaría de Información y Prensa (SIP), la SIDE, el Servicio de Información Naval (SIN): el Servicio de Información de Aeronáutica (SIA) y las jefaturas II y III del Estado Mayor del Ejército. No queda claro si esta actividad se dio en el marco del funcionamiento de la CAA, si respondía a la conformación de un Equipo de Compatibilización Interfuerzas (ECI), si se trató de una convocatoria de la SIP, etc.47 Como sea, en este grupo se debatió la existencia de “autores teatrales e intérpretes que, no obstante sus conocidos antecedentes ideológicos negativos, actúan en el Teatro General San Martín y en algunas radios y canales de televisión oficiales”48, y se planteó la necesidad de tomar medidas para que las autoridades de esos espacios respetasen los listados existentes. También se definieron –siempre respecto a los medios y el teatro– las profesiones u oficios en los que se iba a poner el foco en lo sucesivo, lo que expresaba la intención de ampliar el alcance represivo. Estos eran: directores teatrales; libretistas teatrales y de TV; cantores y cancionistas; autores de letras musicales; conjuntos musicales; directores de cine; libretistas de cine; sellos discográficos; directores artísticos de radio y TV; directores de cámaras de TV; jefes o directores de departamentos informativos o de noticieros de radio y TV; periodistas radiales y de TV; periodistas de diarios y revistas; críticos literarios, musicales, de cine, de teatro y de TV; corresponsales extranjeros; periodistas de agencias noticiosas extranjeras; escritores; editoriales; librerías; artistas plásticos; publicaciones políticas y off the record, así como un genérico “otros”49. En el legajo se encuentra una copia de la primera de las listas ya mencionadas, junto al agregado manuscrito de nombres adicionales, lo que sugiere el inicio de un trabajo de unificación de al menos dos listados. Como resultado de esa reunión, se programó un nuevo encuentro para un mes más tarde (julio 1977), del que no se preserva acta, en el que la consigna era que los distintos organismos aporten sus propios listados a partir de los criterios establecidos.
Un documento de octubre de ese año producido por la SIP permite confirmar que la tarea continuaba en proceso. En él se expresa que para entonces había finalizado la valuación ideológica de actores y actrices, pero que aún faltaba mucho trabajo y tiempo para completar “la calificación para todas las personas que se desempeñan tanto en el ambiente artístico, como en el periodístico”50. Aún en marzo de 1979, la DIPPBA recibió un envío consistente en dos listados independientes de proscriptos, uno compuesto de 82 nombres, principalmente de actores y actrices, junto a otro que identificaba a 230 personas, en su mayoría periodistas51.
Los documentos del Hallazgo Cóndor muestran que en 1979 se logró alcanzar un listado unificado. El legajo que se preserva nos permite afirmar con certeza que esta lista es un subproducto de la calificación ideológica de la CAA de la SIDE, en coordinación con la SIP y las oficinas de inteligencia de las tres fuerzas armadas y la Policía Federal52. En concreto, la lista es una nómina de “comunicadores clave”53, lo que suponía asumir implícitamente que se trataba de un listado inacabado, que solo se refería a personas que se considerasen particularmente importantes o influyentes54.
La única nómina completa que se conoce es de enero de 1980. Allí se enlistan 725 nombres, divididos en cuatro categorías. Fórmula 1 significaba: “sin antecedentes ideológicos marxistas”; fórmula 2: “los antecedentes que registra no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista”; fórmula 3: “registra algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no son suficientes a juicio de esta secretaría para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.” Por último, fórmula 4: “Registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.”. Estas “fórmulas” no existían aún a mediados de 1977, y en su lugar la CACIE/CAA utilizaba tres categorías, de las cuales la 1 y la 3 ajustan con precisión a las nuevas fórmulas 1 y 4 respectivamente. Por su parte, las fórmulas 2 y 3 aportan una diferenciación dentro de la vieja categoría 2.

Gráfico 1. Calificación ideológica por año. Elaboración propia en base a la “Nómina de las personas del ambiente artístico” de enero de 1980.
F.: DIPPBA, Mesa Ds, legajo 16.850.
En este listado figura, al lado del nombre de cada persona, la fecha de la última calificación que le fuera realizada por la CACIE/CAA. De los informes de antecedentes (que, salvo muy contadas excepciones, no están disponibles) surge al menos un caso de recalificación, luego de una década. Por lo tanto, la fecha que figura en el listado puede no coincidir con la de ingreso en el sistema de calificación. Desconocemos qué tan habitual era esta tarea de reevaluación, pero cabe advertir sobre la posibilidad de un sesgo que subrepresente el volumen de la producción de calificaciones hacia los primeros años del listado. A su vez, las calificaciones de años previos están normalizadas a la categorización en cuatro fórmulas implementada en la última dictadura. En este sentido, todo parece indicar que las personas incluidas en la vieja categoría 2 fueron total o mayormente ubicadas en la nueva Fórmula 2, dado el comportamiento de la Fórmula 3, que recién recluta su primer caso en el año 1975. Por último, se desconoce la razón por la que no figuran calificados previos a 1967. Solo caben dos posibilidades: la primera, que todos los ingresados antes de 1967 hubieran sido recalificados posteriormente (lo que sugeriría que se trataba de pocos casos); la segunda, que para la construcción de este listado no se tuviesen en cuenta las calificaciones previas a la ley 17.401.
Hechas las aclaraciones, se observan dos modas: una hacia 1969 (que, por lo ya aclarado, podría ser más importante que lo que expresa el gráfico) y otra hacia 1979. Solo este último año se calificó o recalificó el $21 \%$ del listado, lo que implica que a principios del año 1980 las listas negras estaban en plena actividad y crecimiento. La presencia dominante en los últimos tres años de calificados Fórmula 4 (y, en menor medida, 3) reafirmaría la idea de que no se trató de una tarea exhaustiva, sino selectiva: se elegían personas sobre las que existiera algún principio de sospecha. Un modo alternativo de apreciarlo es que la calificación ideológica se había tornado tan estricta que en los hechos funcionaba como una suerte de profecía autorrealizada, en el que el proceso de evaluación de antecedentes producía de manera casi inevitable argumentos para ser condenado.
1979-1980 son también años de importantes transformaciones respecto al modo de seleccionar a los proscriptos de los medios y de implementar las prohibiciones, lo que nos vuelve a poner sobre la pista de que el dispositivo todavía no estaba asentado.
En febrero de 1979 el entonces recién asumido secretario de Información Pública, coronel Antonio Llamas, se dirigió a los secretarios de los jefes de Estado Mayor de las tres fuerzas para advertir dificultades para la implementación de la restricción de trabajar en medios y proponerles cambios55. Hasta entonces se prohibía trabajar en medios, tanto a los Fórmula 4 como a un grupo de los Fórmula 3. Esta última categoría se subdividía en: puede trabajar; puede dirigir, pero no actuar; puede participar en programas de espectáculos, pero no regulares, y no puede trabajar56. Llamas encontraba que estas diferenciaciones resultaban contradictorias y, por tanto, de poca utilidad. También advertía que a la SIP le resultaba imposible implementar una supervisión centralizada de todo lo que salía al aire por los medios de todo el país, lo que provocaba que las prohibiciones no se estuvieran aplicando de manera homogénea y que fueran particularmente ignoradas en el interior. Para salvar esta última dificultad, se proponía transferir la responsabilidad por la supervisión de las interdicciones a los directivos de cada medio57. Esto incluía la sugerencia a los privados de que acompañasen las prohibiciones58. En esa línea, proponía modificar el tratamiento de los Fórmula 3: en adelante se pasaría de la prohibición a la autorización vigilada. En resumen, planteaba que, en caso de que “se propale un programa cuyo contenido total o parcialmente posea ideologías disolventes, se aplicará [sic] sanciones al Director o Interventor del medio y al individuo que produzca el hecho se lo incluirá en la lista $4 ^ { , \dag , 5 9 }$ .
En febrero de 1980, los secretarios de los jefes de comandancia propusieron crear un ECI para revisar los listados y dividir a los Fórmula 4 en autorizados a trabajar y no autorizados, al estilo de lo que había sucedido hasta 1979 con los Fórmula 3. No queda claro si los efectos de la intensa actividad de la CAA estaban detrás de la decisión, pero la consecuencia inevitable de la tarea fue que se acotaría la cantidad de prohibiciones. El ECI fue integrado por cinco personas: uno por cada fuerza militar, uno por la SIP y uno por la SIDE. Se reunieron de manera regular entre febrero y agosto de 1980 para revisar los legajos de inteligencia de cada una de las 331 personas en Fórmula 4, y eventualmente solicitar más información a la SIDE, así como para evaluar las declaraciones de descargo que habían realizado algunos de los proscriptos con el objetivo de que los rehabilitaran para trabajar. Las propuestas del ECI eran consideradas en las reuniones de secretarios generales de la Junta Militar, lo que a su vez implicaba llevar la toma de decisiones a un rango superior al que se había manejado hasta ese momento60.
Como resultado, el ECI elaboró un nuevo listado, aprobado en agosto de 1980, en el que 149 personas quedaron habilitadas para trabajar, a pesar de no haber sido removidas de Fórmula 4. En cambio,182 permanecieron como no autorizadas. En esta instancia, el ECI agregó una persona calificada en Fórmula 2 al listado de prohibidas y se autopropuso para “analizar la situación de las personas vinculadas con los Medios de Comunicación Social que no estando incluidos en la F.4., evidentemente revelan una actuación condenable”61. Las conclusiones del propio ECI eran que la purga realizada debía complementarse con el ingreso de nuevos prohibidos. Lo que había comenzado como un aligeramiento del listado se había convertido en una mera autonomización entre la calificación ideológica y la prohibición de trabajar. En definitiva, parecía estar en juego la pérdida de confianza en la valoración ideológica de la CAA como método para identificar las personas a proscribir, a favor de un mecanismo que se concentrase de manera principal en lo que estaba pasando efectivamente en los medios en tiempo real.
En el expediente del Fondo Hallazgo Cóndor figura la transcripción de dos escuchas de programas radiofónicos producidas por la propia Fuerza Aérea en diciembre de 1979, en los que se criticaban abiertamente medidas tomadas por el Gobierno. En ambos casos, a partir de la lectura de la transcripción, y con posterioridad a la autorización al ECI para que evaluara nuevos casos, se solicitó a la oficina de inteligencia de la Fuerza que identificase a los responsables de esos comentarios, para a continuación pedir los antecedentes a la SIDE. Si bien son dos hechos aislados, sabemos que existía una superposición de vigilancias sobre los medios: a la responsabilidad de los interventores militares de radios y canales de televisión estatales, se sumaba la evaluación previa de lo que iba a emitirse en esos mismos medios por parte de la SIP, y el control de toda la radiotelefonía estatal y privada por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)62. A esto hay que sumar aún, al menos, el monitoreo
permanente que el Ejército realizaba de radio, televisión, impresos, teatro y música63.
En ese marco, la proscripción en tiempo real no revestía una dificultad operativa.
Las lógicas de la proscripción.
A pocos días de iniciada la dictadura de 1976, un comunicado de la Asociación Argentina de Actores (Actores) expresaba públicamente “su preocupación por actos de discriminación que, especialmente en TV, afectaron a algunos asociados”64. Sin embargo, algunos testimonios de proscriptos expresan que solo en ciertos casos las prohibiciones fueron un hecho inmediato al golpe. Por caso, en el libro mencionado de Barulich, que contiene entrevistas realizadas en 1983 a personas que –aún en ese momento– figuraban en la lista negra65, se les consulta en qué momento habían empezado los problemas de trabajo. Mientras algunos identificaban una continuidad incluso previa al golpe de Estado de 1976, otros expresan no haber comenzado a tener dificultades hasta entrado el año 1977. Otro ejemplo lo da la actitud del entonces interventor militar de la radio estatal Splendid, vicecomodoro Jorge Pedrerol, que visitó la sede de Actores a poco de producido el golpe, para invitarlos a colaborar en conjunto en una serie de proyectos, de los que efectivamente se concretó una audición radial semanal. El presidente y el secretario general de la Asociación, Jorge Rivera López y Luis Brandoni estaban incluidos ya en las primeras listas negras que mencionamos – Brandoni incluso figuraba en la referida lista de “Integrantes que apoyan en la superficie a la subversión”–. Además, el autor de la primera obra que se emitió era Carlos Gandolfo, que también figuraba en las primeras listas y hasta había sido incluido en aquella temprana de FAEDA de 1965. No cabe suponer que un espacio así se hubiera podido habilitar en una de las principales radios de la ciudad de Buenos Aires si hubiera existido una estricta orden de respetar listados de interdictos66. De hecho, la audición se levantó abruptamente del aire poco antes de cumplir un año, en julio de 1977. En esa oportunidad, Actores denunció públicamente que la propia asociación tomaba unilateralmente la medida, en rechazo a la existencia de una “lista de actores prohibidos”, de la que se habían enterado en ese momento por la conducción de la emisora, y a la que se les exigía ajustar la participación de los intérpretes del ciclo en adelante. La fecha coincide con los documentos hallados que solicitaban tomar medidas para efectivizar las prohibiciones. Esto sugiere que, hasta el momento, las autoridades de la Asociación sabían de la existencia de actores con problemas para trabajar, pero no de la existencia de un listado67.
A partir de la revisión de los antecedentes personales de inteligencia queda en evidencia que hechos como firmar una solicitada, trabajar con alguien ya calificado de comunista, o participar en una producción considerada “disruptiva” por los organismos de inteligencia, podían resultar elementos suficientes para fundamentar una calificación de Fórmula 4. Pero como fue dicho, la idea de “comunicadores clave” parece orientar mejor la lógica de persecución que los antecedentes tomados de manera aislada. Por mencionar un caso, llama la atención que Víctor Proncet no figure en ninguna de las listas negras que se conocen. Proncet había sido autor, guionista, realizador musical y protagonista de la película militante Los traidores (1973), del director cinematográfico Raymundo Gleyzer, miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores y desaparecido en los primeros meses de la dictadura68. Desde la lógica de inteligencia debieron resultar antecedentes sobrados para calificar y proscribir a Proncet. Sin embargo, no se había destacado previamente como actor en grandes producciones, durante toda la dictadura cultivó un bajo perfil rayano con el ostracismo y se dedicó exclusivamente a musicalizar películas. Esto pudo haber sido suficiente para que se lo ignorase.
En contraste, entre los Fórmula 3 prohibidos en los medios hasta 1979, encontramos al productor teatral, director cinematográfico, guionista y actor Gerardo Sofovich69. Es difícil imaginar el motivo por el que una persona sin una trayectoria política definida y con posiciones cambiantes como Sofovich fuera calificado de marxista. Más allá de que una reconstrucción pueda hallar alguna explicación a esta prohibición, la masividad de sus productos –Sofovich era uno de los realizadores más exitosos de la televisión desde hacía casi 15 años– puede haber influido tanto o más que su ideología en la proscripción70.
Se precisa un trabajo de reconstrucción muy grande para establecer con precisión en qué medida las radios y canales de televisión privados (más extendidas en el interior del país que en Buenos Aires, donde todas las emisoras televisivas y la mayoría de las radiales eran estatales), así como los teatros independientes o particulares observaron las prohibiciones. En los testimonios ya mencionados del libro de Barulich, varias personas coinciden en mencionar que, en la jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército, el control de la medida era tal que no resultaba posible trabajar siquiera en pequeños teatros privados, lo que por omisión sugiere que en otras zonas la interdicción podría haber sido un poco más flexible71. Experiencias como el ciclo Teatro Abierto en 1981 –donde participaron numerosos actores, dramaturgos y directores que estaban en la lista negra– expresan dos caras de la misma moneda. Al tratarse de un emprendimiento autogestionado –por ende, privado–, no estaba alcanzado formalmente por la prohibición. Sin embargo, a poco de su inicio, la sala en la que se desarrollaba fue incendiada intencionalmente. En otros casos, ante la actuación en teatros privados de personas interdictas, hubo amenazas anónimas de bomba o se arrojaron pastillas fumígenas. Resulta difícil establecer con precisión si el amedrentamiento era parte de la misma política de hostigamiento laboral, una suerte de continuidad represiva que permitiese llegar hasta donde no alcanzaban las listas, pero sin dudas existía algún tipo de continuidad entre la prohibición en el ámbito estatal y estas formas de agresión en el privado.
En los expedientes encontramos algunas –pocas– excepciones de personas que, aun estando en la lista negra, podían trabajar en ámbitos vedados. Destaca en la documentación el caso de la actriz y directora teatral Alejandra Boero, calificada como Fórmula 4 y quien desde el inicio de la dictadura trabajó con continuidad para el teatro oficial San Martín, perteneciente a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. En un documento en el que se recogen explicaciones sobre la actividad de personas proscriptas, se deja constancia de que fue autorizada por el intendente de la ciudad, brigadier Osvaldo Cacciatore. Esto sugiere la existencia de cierto grado de discrecionalidad o flexibilidad en la aplicación de las listas, que podía lograr eludir o matizar las prohibiciones72.
La contracara de lo anterior es la posible superposición de criterios de prohibición o listas de prohibidos. Si bien sabemos con seguridad que desde 1979 existía una única lista de medios, es posible que se solapara con los criterios de alguna fuerza o medio particular, con las decisiones discrecionales de algún jerarca, o que interactuara con la continuidad de lógicas represivas que persistían a pesar de las modificaciones formales que se operaran. Por caso, el actor Héctor Alterio volvió a filmar en Argentina en 1980. Esto es consistente con la documentación hallada, que confirma que fue removido de las listas negras en el lote de los 149 habilitados ese año. Sin embargo, un informante clave me relató que no fue posible llevar a Alterio a la televisión para que promocionara el estreno de sus películas, debido a fantasmales órdenes de arriba, que persistían a pesar de que los rodajes eran expresión clara de que había sido habilitado. Por su parte, el periodista Eduardo Aliverti menciona que quiso invitar a su programa de radio a la actriz María Rosa Gallo, que entonces trabajaba en el teatro San Martín. Esto no le fue permitido por las autoridades de la emisora, con el argumento de que figuraba en las listas negras73. Sin embargo, Gallo estaba calificada en Fórmula 2, y no figura como interdicta en ninguno de los listados que se conocen, por lo que no debería haber tenido dificultades.
Distintos testimonios expresan que, en el momento de ser despedidas, las personas eran informadas sobre su inclusión en la lista negra –en muchos casos por sus propios compañeros–. También se encuentran documentos que registran reclamos de personas prohibidas para gestionar la modificación de su situación, lo que implica necesariamente el previo conocimiento de esta. Sin embargo, al tratarse de una medida clandestina, la información no era completa, e incluso es posible que en muchos casos la promoción en la víctima de una sensación de inestabilidad e incertidumbre haya sido parte del hostigamiento. Como relató el cantante Horacio Guarany:
(en 1979) me presenté en el Ministerio del Interior […]. Se me prometió investigar todo lo relacionado con mi caso, así lo hicieron y a los dos meses me dijeron: “usted puede actuar en todo el país, no hay absolutamente nada en su contra”. Sin embargo, seguí estando prohibido en televisión, en radio y en todo sitio que dependa del Estado74.
Según consta en la documentación, Guarany no fue habilitado a trabajar hasta principios de 1983.
La lógica de prohibir a partir de supervisar el contenido de los medios, institucionalizada en 1980, se refleja en el testimonio de Pepe Eliaschev75. Según su relato autobiográfico, este periodista había decidido partir al exilio en el inicio del auge represivo previo al golpe de Estado, en 1974. Sin que pesara ninguna prohibición sobre él, en 1979 consiguió trabajo como corresponsal en Nueva York de Radio Mitre y canal 9. El periodista parece sugerir que un reportaje que realizó al senador estadounidense Ted Kennedy, emitido por la televisión argentina y en el que este abordó el tema de los desaparecidos, fue el motivo que llevó a su inclusión en la lista negra y su consecuente despido de ambos medios76.
Por último, al menos en la etapa del colapso del régimen posterior a la guerra de Malvinas, los propios militares especularon con notable maleabilidad sobre prohibiciones y habilitaciones para intentar mejorar la imagen pública de la dictadura y, al mismo tiempo, sostener la vigencia de la lista. En la documentación constan tres ejemplos ilustrativos. En un documento de la segunda mitad del año 1982, se deja registro de la idea de invitar a la popular cantante Mercedes Sosa, que para entonces ya poseía una importante proyección internacional, a realizar una presentación especial para la televisión en los primeros meses de $1 9 8 3 ^ { 7 7 }$ . Los militares sabían que en abril de ese año Sosa saldría de gira por países europeos y, a pesar de que en los documentos se explicita que no tenían ninguna intención de rehabilitarla, entendían que simular que lo habían hecho, permitiéndole una única actuación en un medio local previo a su viaje, podía resultar beneficioso para la imagen de la dictadura en el exterior. Otro caso debatido fue el de Luis Brandoni, que para 1982 continuaba siendo el secretario general de Actores. A pesar de que el ECI consideraba que debía seguir proscripto –y de hecho, el actor permaneció en el listado hasta el último día de la dictadura–, se evaluó la posibilidad de su rehabilitación, especulando que con esto podrían morigerar los reclamos de la Asociación en contra de las listas negras, lo que facilitaría a los militares mantener otras proscripciones78. En este sentido, el actor Víctor Laplace fue efectivamente rehabilitado a partir de considerar que, dada su popularidad, su temprano retorno podría favorecer la imagen del Gobierno militar79.
En conjunto, lo elaborado en este apartado permite concebir que la marginación laboral no estaba relacionada por completo con la censura de las expresiones públicas y obras de quienes se consideraran ideológicamente peligrosos. Si bien ese objetivo no debe descartarse, es posible imaginar una aspiración mayor, asociada a disciplinar a figuras relevantes de los medios, enredándolos en un sistema de hostigamiento, discrecionalidad e inestabilidad, en el que la posibilidad de toparse con alguna prohibición o precisar permiso para trabajar no desapareciese nunca del horizonte de posibilidades. Más que modelar los mensajes, esto apuntaba a establecer una dependencia de los trabajadores de la comunicación respecto a las autoridades militares, que iba mucho más allá de las obligaciones de la relación contractual con el medio. Los cambios en la actualización de las listas implementados en 1980 podían acercar un poco más los efectos de las interdicciones a los de la censura, pero también reforzaban la idea de estar a merced de la conducción de la política mediática en todo momento. Se trataba mucho más del disciplinamiento de la persona que de la prohibición de su obra.
El final de las listas.
Como fue dicho, la lucha contra las listas negras durante la última dictadura merece un artículo aparte que la reconstruya en detalle, por la capacidad que tuvo de articular la protesta interna y la denuncia internacional, así como la sólida asociación de binomios que la lucha logró establecer (dictadura-censura y democracia-libertad), que terminaría resultando clave para fundamentar la política cultural del primer Gobierno posdictatorial. Además, resulta preciso reconstruir las características y alcance de una estrategia de visibilización mediática de los proscriptos por parte de un conjunto de medios de prensa escritos, que habrían colaborado en mantener vigentes a numerosas figuras prohibidas. Resultan aspectos clave para comprender el final de las listas, pero por una cuestión de espacio no puedo desarrollarlo aquí. Baste decir que desde 1979 la denuncia de las proscripciones logró crecer hasta convertirse en un importante elemento de deslegitimación de la dictadura, en buena medida porque el testimonio de personas célebres que denunciaban públicamente su propia interdicción no podía ser justificada de ningún modo por las autoridades que, como ya se ha dicho, en todo momento negaron públicamente la existencia de las listas.
Sin embargo, hasta después de la derrota de la guerra de Malvinas el tema no sería considerado un problema de entidad por los militares. Con fecha 25 de agosto de 1982, la SIP resumió la situación a los secretarios de los comandos de las fuerzas. El punto de partida era que, una vez restablecido el Estado de derecho con el retorno de un Gobierno democrático, lo más probable era que las prohibiciones cesaran. Eliminarlas era un modo de tomar la iniciativa respecto a lo que de todos modos iba a ocurrir. Además, con esto se intentaba evitar el desgaste frente a la opinión pública. De todos modos, una preocupación importante para las jerarquías militares era que la rehabilitación de los prohibidos les podía abrir un frente interno, por la reacción negativa que la medida podría provocar dentro de las propias Fuerzas Armadas.
El carácter eminentemente político de la decisión de disolver gradualmente las interdicciones puede observarse en el nivel jerárquico en el que el tema fue abordado. A partir de este momento, las nóminas serían confeccionadas por un nuevo ECI al que se integraba también la Secretaría General de Presidencia, y la aprobación final de lo actuado dependería de la propia Junta Militar, el máximo nivel de decisión de la dictadura. Se decidió elaborar un listado dividido en cuatro grupos, “prioridades” o “anexos”, según el cual las personas quedarían autorizadas a trabajar en el segundo semestre de 1982, el primero de 1983, el segundo, o continuarían prohibidas hasta el día de la entrega del poder, grupo al que se denominó “anexo $4 ^ { \dag \dag }$ .
El trabajo realizado fue intenso, si nos guiamos por la cantidad de reuniones y actas producidas por este último ECI, del que consta que estuvo activo al menos entre octubre de 1982 y septiembre de 1983. Los nombres que reunión a reunión se iban agregando al listado de “anexo 4” expresa el optimismo que los integrantes del ECI tenían respecto a que podrían sostener un conjunto importante de proscripciones hasta el final80. La última reunión de ECI de la que se conserva acta corresponde al 6 de septiembre de 1983, cuando ya estaba en marcha el proceso electoral y quedaba apenas un mes y medio para la votación del nuevo presidente constitucional. Allí consta la convocatoria a una próxima reunión para el 20 de aquel mes, que no está claro si efectivamente se realizó. Aún quedaba pendiente analizar la situación de al menos diez personas.
Conclusiones.
En una perspectiva de medio plazo, se observa que, si bien la persecución del comunismo reconocía una importante trayectoria previa, 1963 marca un quiebre, a partir de la disposición de la creación de una comisión de calificación ideológica para elaborar un listado de personas identificadas como comunistas. Resulta notable la persistencia de la tarea de calificación, que atravesó regímenes dictatoriales, gobiernos constitucionales con Estado de excepción, así como también presidencias que respetaron formalmente el Estado de derecho. Del mismo modo, tanto en dictadura como en democracia, la Comisión de calificación actuó formalmente apoyada en leyes que reglaban su actuar, pero también en la ilegalidad y en la clandestinidad. En otras palabras, ni el tipo de régimen político ni la condición jurídica de la práctica resultan específicas de las listas negras durante la última dictadura. Como ya fue planteado por Franco81, esto vuelve a poner de relieve la dificultad de comprender la temporalidad de la violencia estatal solo a partir de los cortes institucionales, a la vez que el desafío por establecer las características singulares de cada etapa.
Así, en cuanto a la especificidad del período abordado por este trabajo, justamente la novedad que se pone de relieve es el importante énfasis en la interdicción de personas de medios. Si bien desde 1967 encontramos calificaciones ideológicas de personas de los medios (en un principio, mayormente actores y actrices a partir del foco en el teatro), ni siquiera a los Fórmula 4 se les había prohibido trabajar en medios privados o estatales hasta el golpe de Estado. Se pueden identificar dos subperíodos: un momento de preparación que va del golpe de Estado de marzo de 1976 hasta mediados de 1977 –hemos visto que hay elementos para discutir si el inicio del período preliminar puede incluir desde mediados de 1974–, donde las prohibiciones estaban vigentes, pero existía una pluralidad de listas y un dispar acatamiento por parte de las direcciones de los medios para ponerlas en vigencia. En el segundo momento, las listas comenzaron a ser unificadas y entraron en vigor de manera definitiva y sistemática –queda abierto el interrogante respecto a si cada medio tuvo libertad para agregar sus propias interdicciones discrecionales sobre el listado finalmente unificado–. La vitalidad que se observa en la calificación ideológica desde mediados de 1977 se sostiene en los años siguientes, aun cuando otras estrategias de violencia estatal –como la desaparición de personas– comenzaban a declinar fuertemente. Esto, sumado al hecho de que la Junta Militar no problematizó la inconveniencia de sostener la prohibición de trabajar en medios hasta la crisis abierta por la derrota de Malvinas, habilita a hipotetizar que las listas negras fueron entendidas como una estrategia de largo aliento, un dispositivo represivo idóneo para acompañar (¿y mantener luego de?) el dilatado período de institucionalización que los militares imaginaban antes de entregar el poder a un Gobierno civil.
La única lista completa de personas de los medios que se preserva tenía 725 personas en total, de las cuales poco menos de la mitad estaban en Fórmula 4. Para imaginar la extensión que pudo haber asumido el conjunto de la calificación ideológica, deberíamos considerar a todas las personas que, no teniendo vínculo con el ámbito de los medios y el teatro, también fueron calificadas y, eventualmente, prohibidas en sus respectivos ámbitos profesionales. Resulta razonable pensar que, en total, miles de personas puedan haber sido involucradas en el dispositivo de vigilancia, registro de antecedentes, calificación y prohibición laboral.
La anexión de la calificación de obras a las tareas de la CAA en 1973, que hasta entonces evaluaba exclusivamente personas, así como de una supervisión activa del desempeño de personas en los medios a partir de 1980 con objetivos de interdicción laboral, parece acercar las prácticas de las listas negras a las de la censura de obras. De todos modos, esta estrategia fue en todo momento mucho más allá y resultó cualitativamente diferente del objetivo fundamental de la censura –producir un ajuste expresivo del conjunto de la producción cultural a determinados criterios de decibilidad82– para apuntar alternativamente al disciplinamiento o la destrucción de la subjetividad de las personas que participaban del campo de la cultura. En este sentido, las listas negras resultan una continuidad de las estrategias de represión política antes que de la censura cultural.
La intención de conjurar a los infiltrados de los ámbitos de la comunicación y la cultura, apuntando de manera central a los medios masivos, habla de la importancia que la dictadura reconoció a los procesos de mediatización en los que la sociedad se hallaba inserta para entonces. Esto va de la mano de decisiones políticamente importantes y económicamente onerosas, tales como la construcción de una enorme productora de televisión para la cobertura del Mundial de fútbol de 1978 o la inversión para la transmisión de televisión a color en todos los canales estatales (por mencionar solo dos particularmente autoevidentes, pero podríamos mencionar muchas más). De manera mucho más profunda, en los archivos de la dictadura encontramos, junto a documentación sobre censura de obras y listas negras de personas, planes anuales de comunicación y borradores de legislación sobre radiodifusión, así como los ya mencionados monitoreos de medios, que forman un único conjunto que espera ser problematizado desde una mirada integradora. Solo el olvido memorístico y la pérdida de archivo nos pueden hacer omitir hasta qué punto los autoritarismos argentinos de la segunda mitad del siglo XX –última dictadura incluida– asignaron importancia a los medios de comunicación y a la cultura para la legitimación de un orden autoritario.