Las parroquias y el Poder Urbano en Zaragoza durante los siglos XIV y XV\*.
Parishes and urban power in Zaragoza during the 14th and 15th centuries.
Susana LOZANO GRACIA.
Universidad de Zaragoza firstname.lastname@example.org.
RESUMEN.
Estudio de la estructura institucional del municipio de Zaragoza, en especial de los oficios de jurado, consejero y zalmedina. Función de las parroquias como circunscripciones electorales y de asamblea, en el marco del concejo. Estrategias de promoción política y alianza matrimonial entre varias familias a finales del siglo XIV: Azuara, Canudo, Borau.
Palabras clave: Zaragoza. Parroquia. Concejo. Jurado. Consejero. Zalmedina. Procurador. Familia. Ciudadano. Siglos XIV y XV.
ABSTRACT.
A study of the institutional structure of the municipality of Zaragoza, particularly the offices of parish councillor, city councillor and ordinary judge. The role of parishes as districts for elections and assembly within the framework of the city council. Strategies for political promotion and matrimonial alliances among various families at the end of the fourteenth century: Azuara, Canudo, Borau.
Key words: Zaragoza. Council. Parish councillor. Ordinary judge. Borau. Azuara. Canudo. Aragon. 14th and 15th centuries.
SUMARIO: 1. La norma real. 2. El Concejo y la parroquia. 3. Sociología del poder: la estrategia de los Borau.
A lo largo de los siglos XIV y XV es posible trazar la línea decreciente de participación e influencia de las parroquias en el poder urbano de Zaragoza. Las reformas de los primeros trastámaras se convierten en el punto de inflexión1. De acuerdo a estas directrices el estudio presentado se divide en tres apartados. El primero describe las ordenanzas emitidas por el poder real sobre la ciudad y la consecuente intervención en la composición social del cuerpo de gobierno a través del acceso a los cargos de jurado, consejero y zalmedina. El segundo apartado determina las características de organización de las parroquias, para lo cual es esencial conocer la aplicación del apartado anterior en una doble escala, la urbana y la parroquial. En el tercer y último punto se analiza la incidencia del referente topográfico en los individuos con especial énfasis de los vínculos entre la familia, la casa y la parroquia.
1. LA NORMA REAL.
La historia de la ciudad escrita por Luis López en 1630 señala como los jurados constituían uno de los Tribunales mas Ilustres que tiene este Reyno, y en donde se conserva la autoridad y grandeza que tenian los consules romanos. Se encargaban de todas las cosas pertenecientes al gobierno, y buenas costumbres, assi en los comercios, en los oficios y artes como en otras muchas cosas, y solían intervenir acompañados de los consejos y de ciudadanos antiguos. El recuerdo de sus vestiduras en fiestas solemnes con una togata de terciopelo carmesi y franjas de oro por afuera y de felpa blanca y carmesi por adentro… con manga abierta hasta el suelo, y gorra de terciopelo carmesi2 constituía una muestra reconocida de su categoría.
Aunque la comparación con las instituciones políticas romanas sea un tanto arriesgado el autor no se equivoca en absoluto cuando prioriza este cargo sobre los demás en competencias y atributos materiales. Les otorga la potestad casi absoluta de los cónsules interviniendo sobre todos los negocios públicos. En efecto, el municipio de Zaragoza estaba presidido por un número determinado de jurados que regí- an la ciudad solos o junto a un grupo limitado de consejeros, instituyendo así el capítulo y consejo como una asamblea con los poderes legislativo y ejecutivo3. Disponían del poder reglamentario, intervenían en la disposición del uso de los bienes comunales. Su poder incluía también la política económica más allá del suministro de cereales. El ejercicio de sus funciones se desplegaba sobre todos los momentos de la vida privada y los acontecimientos públicos.
Se denomina reunión de Concejo cuando a la participación de los citados jurados y consejeros se sumaban un centenar de vecinos. Su convocatoria fue cada vez más limitada a pesar de la antigüedad de su estatuto y ni siquiera se le reconocía un carácter consultivo dado que se limitaba a ratificar lo establecido. Es elocuente el año 1442. De las sesiones casi diarias registradas en el libro de Actos Comunes, que fueron más de 260, tan sólo constan cinco invitaciones a las cient personas del concello. Las puertas de la sala donde ejercían los regidores les eran abiertas después de haberse planteado los temas a tratar. Una vez dentro se procedía a una relación de los nuevos asistentes. Tras testificar el 27 de febrero el nombramiento de los oficiales de la ciudad por parte de la reina María, lugarteniente de Alfonso V, no volvieron a entrar en las Casas Comunes o del Puente, sino para intervenir en cuatro sesiones más, concretamente en el nombramiento de los procuradores, y en las concesiones de inmunidades a los jurados y licencias a los síndicos y mensajeros en Cortes, así como a los notarios encargados de confeccionar la lista de vecinos4. En proporción era más frecuente la intervención del consejo de ciudadanos, a petición de los jurados, que colaboraban en un número variable, de cuatro a veinticinco personas, para asesorar en materia fiscal y sobre las relaciones diplomáticas con la reina5.
Además de los jurados y consejeros se fueron incorporando al nombramiento periódico otros oficiales con competencias específicas en materia económica (mayordomo, almutazaf, sindico, racional), judicial (zalmedina, vergueros, capdeguaytas, guardas, etc.), representativa-consultiva (síndicos y abogados) y urbanística (veedores, maestros y sogueadores). Además de una serie de cargos destinados a colaborar en el ejercicio de los anteriores, ya fuera como notario, asesor, ejecutor o mensajero. En suma, la ciudad quedaba dotada de instituciones propias, órganos políticos con capacidad de decisión jurídica reconocida y autonomía de gestión. La intervención externa por parte de la monarquía viene caracterizada tan sólo por el progresivo interés, de acuerdo al buen gobierno, en establecer el orden público y asegurar los recursos financieros para sus empresas territoriales.
A lo largo de los siglos XIV y XV la creación y regulación de los cargos de gobierno sufrió transformaciones notables. Respecto al tema que nos ocupa detendremos la atención en el sistema de elección de los jurados, los consejeros y el zalmedina, máximas instancias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial laico de la ciudad cuyas ventajas consistían en la buena remuneración que reciben de las arcas del concejo, la intervención en la designación de otros cargos menores y la directa influencia en todos los ámbitos de la ciudad. Conocer este mecanismo es esencial para determinar los medios empleados para su participación y por tanto, el grado de intromisión de las parroquias.
El cargo de jurado ha sido objeto de regulación desde 1271, año en que Jaime I (1208-1276) dispuso que hubiese en la ciudad doce jurados que debían renovarse anualmente por un sistema de votación en la que participaban los predecesores en el oficio (cooptación directa)6. Los elegidos debían de ser presentados al rey o, en su ausencia, a su representante. De 1278 se conserva la confirmación real de los nombramientos, aunque en este caso solo constan los nombres de seis jurados, dos por cada una de las tres manos en que se organizaba la ciudad (mayor, menor y mediana)7. Determinar el número de estos oficiales crea cierta confusión, especialmente cuando documentamos en un mismo año, como el de 1283, la mención a los citados seis jurados y a viginti iurati Cesaraguste8.
También durante el reinado de Jaime II (1291-1327) se procedió a regular los oficios de la ciudad con el fin de resolver las alteraciones que por el sistema de gobierno se produjeron en los tres primeros años de su reinado. El desorden alcanzo tales magnitudes que obligó a una primera intervención en 12939, en la cual se resuelve cancelar la validez de la elección realizada que atentaba contra la equidad y los privilegios, y se ordena que los nuevos jurados sean parciales en sus oficios y no se dobleguen por hombres ni corporaciones10.
De esta sentencia se despunta una realidad que consistía en el manipulado uso de los resortes de representación que dispensaban las parroquias para alcanzar un mayor número de jurados. Al margen de las dimensiones de las circunscripciones urbanas, parece ser que obtenía directamente un representante por cada una de ellas. Sin embargo una lectura detallada del texto impide tal confirmación porque quince eran las parroquias y doce los jurados de la ciudad. Por tanto, existía una distinción entre ellas que favorecía de manera inevitable las discrepancias.
Finalmente, en 1311 el monarca introduce algunas novedades en el sistema de elección de cargos11 debido a los desacuerdos y los escándalos que no cesaban entre sus súbditos zaragozanos. En primer lugar, se reconoce la circunscripción del espacio urbano en quince parroquias, clasificadas en mayores y menores (inferius nominatis)12. Y es que dadas las dimensiones de la capital aragonesa no podía obviarse los recursos que ofrecen las células de ordenación del territorio más esenciales.

Parroquias mayores:SantaMarialaMayorodelPilar	Parroquias menores:San LorenzoSan NicolasSan Miguel de los NavarrosSan PedroSan Juan el ViejoSan Andres
San Pablo
San Felipe
San GilSanta CruzSan JaimeSan Juan del Puente	San Gil
Santa CruzSan Jaime
San Salvadoro La SeoSantaMariaMagdalena

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Esta distinción no debe ser olvidada o mucho menos minusvalorada en este aná- lisis porque si bien queda claro que es una forma de regular el mayor o menor compromiso y participación en los cargos públicos de la ciudad, desconocemos con exactitud cuales fueron los criterios de selección13. La estructura interna de la ciudad como núcleo urbano quedaba constituido por doce distritos dentro del perímetro de la muralla romana y tres fuera de ella surgidos en el siglo XIII. De las seis parroquias menores, cinco de ellas se encuentra intramuros y sus dimensiones oscilan entre las 0,9 y 3,3 hectáreas; en total $^ { 9 , 5 \mathrm { H a } }$ ., que se suman a las casi diez de San Miguel. A simple vista parece que el criterio espacial es suficiente para localizarlas, aunque si examinamos la extensión de las parroquias mayores se detecta unas cifras mucho más dispares, desde las 63,1 Ha. de San Pablo hasta las casi dos de San Jaime14. Lamentablemente los textos jurídicos son escuetos en este sentido; por el contrario, las fuentes fiscales conservadas permiten avanzar en la explicación aunque con magros datos. Como hipótesis nos aventuramos a pensar que la capacidad contributiva, es decir, la población fiscal de la ciudad por parroquias es un factor determinante. Las cantidades recaudadas por los compartimentos municipales permiten una interesante lectura demográfica de sus vecinos. Durante la segunda mitad del siglo XIV encabezan las asignaciones San Pablo, San Gil, Santa María y la Magdalena, seguidas de las también parroquias mayores de San Felipe, San Salvador, Santa Cruz y La $\mathrm { S e o } ^ { 1 5 }$ . Con todo, topamos con las excepciones de San Jaime y San Juan del Puente, dos circunscripciones de pequeñas dimensiones cuyas aportaciones a las arcas del concejo apenas difieren de las de las parroquias menores. Tal vez sea un dato elocuente al respecto el índice simétrico de relación entre la población fiscal y la oligarquía urbana elaborado por E. Mainé para el periodo 1370- 1410, según el cual los más altos valores se registran en estas dos parroquias, aunque también en cuatro de las menores16. Tampoco podemos despreciar un tercer criterio posible de clasificación: la proximidad a los principales puntos de la vida económica y política. En un plano de la ciudad las parroquias mayores ocupan completamente la mitad izquierda en torno a los puntos dinamizadores del mercado del Rey17 y la calle San Gil, sede de las más importantes factorías y boticas comerciales de este periodo.
Queda por señalar, retomando la normativa de 1311 que el procedimiento de nombramiento instaurado intercalaba la decisión y la suerte que finalmente se resolvían con tres candidatos por las parroquias mayores y dos por las menores. De estas últimas saldrán, para paliar el desequilibrio, los aspirantes para ejercer los oficios de portero, procurador general y obrero de muros.
A finales del siglo XIV, a petición de la ciudad, Juan I (1387-1396) procede a aclarar el sistema de elección de los jurados establecido en las ordenanzas de Jaime II. Aprovechando la coyuntura crea el cargo de consejero, cuya función era colaborar con los jurados en el despacho de los diversos trabajos. Eran un total de treinta y nueve, elegidos tres por cada una de las nueve parroquias mayores y dos por cada una de las seis menores. De esta forma se ampliaba los mecanismos de proximidad a los regentes de la ciudad y cada parroquia podía contar de dos a cuatro de sus miembros en capítulo y consejo.
Después del conflictivo periodo del interregno, el rey Fernando I (1412-1418) decide proceder contra el regimiento existente y confió en el jurista Berenguer de Bardají para que elaborase unas ordenanzas (salubres constituciones) que no atentaran contra los privilegios de la ciudad18. El arsenal legislativo de 1414 era indispensable para asegurar la presencia contra los particularismos urbanos que habían tomado fuerza durante el periodo del interregno en el cual la capital se había convertido en el campo de batalla político de los linajes partidarios a la causa de la sucesión al trono aragonés.
A través de estas reformas trastámaras se introducen tres cambios fundamentales. En primer lugar, se reduce el número de jurados a menos de la mitad, de doce a cinco. Esta composición se mantendrá a lo largo de la centuria, salvo por una disposición de relativa vigencia, desde 1430 a 1442, que elevo de nuevo a doce el número. De igual modo afecta a los consejeros que se reducen a veinticuatro, en relación de dos o un candidato según el tipo de la parroquia. Además, se abandona ese vaivén de sorteos y nominas para fusionar el proceso de elección de consejeros y jurados. Por último, se jerarquiza la magistratura en grados con atribuciones específicas, además de las competencias conjuntas19. El fenómeno socio-político más inmediato que provocan estos cambios es el duro golpe al recurso de las parroquias como células de articulación del poder urbano. Se pasa de una participación de base topográfica en la cual era determinante el grado de influencia en la propia circunscripción y en todas las restantes posibles, a una noción de poder menos arraigada al espacio porque los candidatos se podían escoger de entre los adscritos en cualquier punto de la ciudad. Sus limitadas funciones y obligaciones en el organigrama polí- tico quedan establecidas en estas últimas ordenanzas con la regulación de las competencias del representante o procurador de las parroquias.
La decreciente intervención en la elección de consejeros se acentúa definitivamente a partir de las reformas de Alfonso V (1416-1458). La guerra sostenida con el rey de Castilla y las banderías ciudadanas derivadas de la adopción de la dinastía trastámara conducen a pequeñas modificaciones en el regimiento entre febrero y marzo de $1 4 3 0 ^ { 2 0 }$ . Respecto al tema que nos ocupa la novedad radican en la elección por parroquias de doce jurados, uno por cada una de las mayores y otro por cada dos de las menores. Los aspirantes debían poseer bestia para cabalgar y residir en una vivienda propia en la parroquia por la que se era elegido. Se retomaba así la referencia al espacio que se había mantenido hasta 1414; no obstante se trató tan sólo de un canto de cisne. La condena definitiva a la designación por parroquias llegó en 1442.
Sin duda la intervención de mayor trascendencia para la vida pública de la ciudad y los mecanismos de acceso al poder vinieron de la mano de este mismo monarca, representado en la lugartenencia de su mujer la reina María, con la implantación de la insaculación y con ello el sistema de elección de los integrantes del poder local21. Si con estos cambios se pretendía asegurar un acceso lo más imparcial posible al ejercicio de las funciones de gobierno se consiguió todo lo contrario, porque a partir de este momento se hacían más indispensables los lazos de clientelismo y una formación adecuada para optar con la calificación de sufficient para ser introducido entre los candidatos. Solo para aquellos que habían logrado figurar en las listas cerradas la insaculación era un verdadero privilegio cuyo disfrute era cuestión de tiempo, más breve si puede cuando se opta, como era lo normal, en varios oficios.
Sino también cabía la posibilidad de ocupar otros cargos que se cubrían por elección, como el de notario de los jurados.
En lo que respecta a la organización institucional parece necesario poner de relieve también el sistema de elección del cargo de zalmedina, funcionario real con capacidad jurisdiccional en Zaragoza y sus términos22. Desde el reinado de Jaime I las parroquias también tuvieron participación en este nombramiento. La normativa de 1256, completada un siglo y medio después en 1391, establecía que el monarca debía designar a uno de los seis ciudadanos propuestos por la ciudad mediante un sistema de rotación de parroquias. Este procedimiento fue modificado de igual forma con el ingreso de la dinastía trastámara. Fernando de Antequera establece en el año 1414 su designación real y directa. El discurso político que justifica tal decisión menciona la importancia de la formación y las capacidades de los candidatos por las repercusiones que sus decisiones ejercen en el orden público:
Primerament considerantes quel jutge ordinario de la dita ciudat, que es vulgarment clamado çalmedina, el qual en tiempos passados iuxta tenor de algunos privilegios a la dita ciudat atorgados es acostumbrado seyer puesto, servada cierta forma de sleyr seis personas de las quales a nos presentadas de necesidat una havia a seyer por nos al dito officio, asumpta muchas vegadas havia de seyer inhabil a tan grant e notable officio exercir e por su ineptitud la verga de justicia e correccion menospreciada de que grandes danyos a la cosa publica no solament de la dita ciudat mas encara de todo el Regno se han dado e subseguido23.
La mediación ciudadana, y no digamos parroquial, quedaba de esta forma excluida de la deliberación. Y aunque su sucesor Alfonso V, a petición de los jurados retomó al sistema anterior, no fue sino una decisión pasajera.
Se trataba de un cargo tan codiciado como las magistraturas de jurado y consejero. El ejercicio de sus funciones quedaba en manos del monarca ante el mejor postor, no siempre del agrado de las autoridades locales. Por todo ello, no es de extrañar el desenlace de tensas sesiones en las Casas del Puente de la ciudad como la desa-rrollada en 1472 en la cual se cuestionaban los requisitos del aspirante de la última elección real24.
2. EL CONCEJO Y LA PARROQUIA.
La parroquia incluye tres acepciones distintas según sus funciones. La primera de ellas está en relación a su dependencia con el concejo de la ciudad para su organización política, fiscal y militar; es decir debían intervenir en el sistema de elección de los cargos municipales, en la recaudación de los compartimentos y en la organización de la defensa.
En segundo lugar destaca su función como circunscripción autónoma, que ligada al punto anterior, trata de garantizar el orden público. En esta faceta las inquietudes se orientan, entre otras, al mantenimiento de las infraestructuras comunales, la organización de festejos o la aplicación de los estatutos contra el juego. En este aspecto la decisión se convierte en norma aceptada para la comunidad.
Por último, destaca una tercera extensión de competencias relacionada con la propia iglesia sobre la que se articula y que concede a algunas de sus reuniones un matiz de cofradía25. Incluye los pagos de primicias, el bacín de los pobres y otras obras de caridad, así como la administración de la propia corporación.
El sistema de convocatoria para el primero de los casos fue reglamentado por el rey Alfonso V en 1430 siguiendo el modelo establecido por su predecesor Juan I26. El protocolo establecido era el siguiente: Los jurados de la ciudad, con o sin los consejeros, remitían a los procuradores de cada parroquia una cédula de papel sellada para instarles a que todos los vecinos de la misma se reunieran en capitulo para resolver los asuntos pertinentes. Además se señalaban la gestión que debía realizarse, los motivos que lo requerían y el plazo de contestación. El tenor de la carta solía seguir el siguiente formulario:
De part de los jurados, capitol e consello de la ciudad de Caragoca al jurado de la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat notificamos que, por proveyr a los deudos, execuciones, cargas e otras necesidades de la sobredita ciudat, es necesario fazer compartimento en el anyo present. Por aquesto vos intimamos que clamado e tenido capitol en vuestra parroquia el domingo primero venient sliedes e diputedes vuestra persona de los vezinos de aquella, la qual el lunes apres subsiguient sia al capitol e consello que se tendra en las Casas del Puent toquada la campana de tercia en la Seu por deliberar e concordar con los de las otras parroquias la quantia que ha compartir se havra. En otra manera, sino sleyeredes e diputaredes la dita parroquia pora fazer el dito acto sera proceydo con los de las otras parroquias segunt que por tenor de las ordinaciones de la dita ciudat trobaremos seyer fazedero. Dada en Caragoca asetze dias del mes de março anno a nativitate Domini $\mathbf { M } ^ { \circ }$ CCCCº XXXVº.
Una vez recibido el aviso era pregonado por las calles y plazas habituales por orden del procurador. El mismo corredor encargado del llamamiento levantaba el acta de la reunión y dictaba al notario requerido la relación de los asistentes. En esta nomina se hacían constar en primer lugar los nombres de ciudadanos y notables vecinos, comenzando por el procurador de la parroquia y el mayordomo de la misma. A continuación se procedía a la reunión en sí donde se leía la carta recibida, se planteaban los temas, y por último se debatían y votaban las propuestas. Esta imagen reproduce en una escala muy reducida las características del gobierno urbano.
Esta relación directa entre el concejo y la parroquia quedaba activada, como ya hemos señalado, en función de las ordenanzas vigentes, para el nombramiento de los cargos públicos, y las contribuciones de impuestos y de hombres, es decir para la defensa.
Durante el siglo XIV se solicitaba la intervención de las parroquias para el nombramiento de cargos públicos. Del procedimiento requerido sirve como ejemplo la parroquia de San Gil en la cual la concentración espacial de ciudadanos en función de la población fiscal alcazaba cifras significativas28. Nos consta que en la festividad de la virgen del mes de agosto del año 1393 se reúnen en la casa de los vecinos de la parroquia casi una veintena de hombres para participar en el proceso de elección del zalmedina (procuración al calmedinado)29 En esta ocasión se nombra al notario Jaime de Gurrea como representante encargado de escoger, junto al resto de procuradores de la ciudad, a los candidatos al cargo sobre los cuales tendrá que optar el monarca. Al día siguiente se elige, en una primera sesión, a tres consejeros por ser parroquia mayor: Los honrados Miguel de Capiella, Juan Jiménez de Balconchán y Martín de Suñén reciben aquel poder que al dito acto se conviene con los otros conselleros ensemble de las otras parroquias. Posteriormente se procede a una tercera procuración para asistir a la reunión en la cual se presentaba la memoria de las cuentas de la ciudad (procuracion a oyr los contos) y cuyas funciones asignadas consistían en escuchar, examinar, y si fuera necesario impugnarlas. En esta ocasión son diputados dos vecinos, el notario Juan Capiella y Juan de Septiembre, de manera que lo que uno comenzase pudiera ser mediado o terminado por el otro30.
Sin embargo parece que las anomalías se repetían con tal frecuencia que los jurados recordaban a cada parroquia las condiciones que debían cumplir los representantes encargados de acudir a las Casas del Puente de la ciudad, estos son, ser mayor de edad, capacitado (sufficient) y natural de la ciudad, residir al menos diez años en la misma, poseer casa propia, estar exento de fraudes y denuncias, y no pertenecer ni estar protegido por la Iglesia. Estos requisitos pretendían evitar la intrusión de todos aquellos que no ejercieran los derechos y deberes de vecino de la ciudad, es decir, los incapacitados para participar en los negocios públicos locales: los forasteros, los nobles y los eclesiásticos. En este sentido es muy significativa la carta dirigida a los parroquianos de San Felipe el 14 de agosto de 140031:
De part de los jurados a los parroquianos de Sant Phelip.
Dezimos vos que cras grant manyana fagades capitol general en vuestra parroquia e juxta la forma del privillegio e ordinaciones que la ciudat ha de los officios. Criat de vos de los mayores e mas sufficientes dos prohomes, los nombres de los quales nos enviedes scriptos en sendas cedulas a las Casas del Puent por gitar en suert al officio de la jurada e a los otros officios, certifficandovos que si no sleyedes de los mayores e mas sufficientes non vos los recibremos. E non criedes personas qui hayan allegado corona, ni se sian deffendidos por aquella, ni persona otra alguna que no sia natural de la ciudat si ya por tiempo de diez anyos no haya stado e habitado en la ciudat e de present haya casas proprias, sines frau e efeccion alguna, en la parroquia do electo o nombrado sera; en otra manera non vos lo recibremos. Et enviat procuradores con poder bastant a las ditas Casas del Puent por gitar en suert al officio del çalmedina.
Scripto sabado a XIIII dias de agosto anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo.
Las ordenanzas de Fernando I delimitaban las competencias atribuidas a los procuradores de cada parroquia que se reducían a tres: la primera, protestar y requerir en beneficio de los negocios del común de la parroquia a la que se pertenecía; la segunda, ejecutar el llamamiento a capitulo de la parroquia cuando sea requerido, y una vez celebrada plantear los casos, contar los votos, concluir la sesión y demás funciones de presidente; y por último, intervenir en el procedimiento de distribución de los compartimentos de la ciudad32.
Las reformas trastámaras añadieron que el procurador de la parroquia debía ser escogido de entre los consejeros de la ciudad, si los había de aquella parroquia. Las noticias de San Gil son de nuevo ilustrativas: en 1421 la parroquia delega en Nicolás Burzes y Martín de Luna los poderes de representación porque precisamente son los consejeros por dicha parroquia ese año33. Lo mismo sucede al año siguiente con Martín de Torralba y Gil de Villareal no sin antes recibir una misiva de los jurados recordando lo dispuesto en las nuevas ordenaciones34:
Sia stablido que aquellas personas qui seran slitas en conselleros en la dita parroquia por el capitol de la dita parroquia deven seyer nuevament constituydos procuradores de aquella dandoles solament poder a protestar e requerir. Et como Martín de Torralba e Gil de Villareal, menor, sian conselleros slitos en la dita parroquia agora nuevament por aquesto vos dezimos, notifficamos e requerimos que por el domingo primero vinient fagades clamar e ajustar capitol de la dita parroquia e en aquell constituades procuradores a los ditos Martin de Torralba e Gil de Villareal, menor.
En el caso de que ningún parroquiano de la misma fuese consejero, se elegían a los que a juicio del capitulo parroquial fueran más aptos para el cargo35. A partir de las disposiciones de 1442 la parroquia no será tanto un medio de canalizar las decisiones y disponer del nombramiento de los cargos públicos sino de todo lo contrario porque el control de la demarcación solamente podía ser posible si se era elegido para el cargo de consejero que estaba reservado para los insaculados en la bolsa.
Al margen de las limitadas maniobras que paulatinamente ofrecía los estatutos, la parroquia se identificaba como un medio apropiado para canalizar el diálogo con las autoridades urbanas. Buena prueba de ello es la acusación que en el año 1471 se emprende desde la parroquia de Santa María la Mayor contra los jurados (porque algunos son remisos) y los consejeros (que no aguardando lo que aguardan) Diez procuradores son los encargados de transmitir a los oficiales el malestar de los vecinos encarnando por tanto las inquietudes de interés local. Las peticiones parecen muy esclarecedoras. Directamente se exigía la nulidad del contrato de arrendación de las carnicerías efectuado el año anterior. El gran danyo de la cosa publica de aquesta ciudat alegado consistía en ciertas irregularidades de los acuerdos dado que no se había respetado el precio acordado de ocho dineros la libra de peso ni siquiera se había realizado el sacramento de homenaje que debían prestar los beneficiarios. Para ello se concede a los diputados poder para que procedan a favorecer a aquellos que cumplieran lo convenido36. Aunque a pesar de estas medidas de presión, una nueva reunión de la parroquia un mes después insistiendo en la reclamación del contrato, nos conduce a pensar en el escaso grado de presión ejercida sobre los titulares del poder urbano37.
Una vez señalados los mecanismos de convocatoria y la evolución de los canales de intervención en el gobierno de la ciudad, queda analizar en este punto la composición vecinal de las reuniones parroquiales. Los asistentes de las mismas representan una parte importante de la población estable38. Las actas del capítulo, testificadas ante notario, ofrecen un excepcional inventario de hombres entre los cuales es posible discernir la mayor o menor influencia en función de su asidua participación y los cargos desempeñados. Entre su composición se encontraban prelados, escuderos y vecinos de toda índole, aunque no todos ellos disponían de capacidad de participar en el nombramiento de los cargos públicos ya que los caballeros, escuderos y clérigos quedaban excluidos39. Esta norma fue motivo de reiteradas reivindicaciones por parte de la nobleza urbana para obtener alguna parcela de la vida política local como la documentada en la parroquia de la Magdalena en 1392. En este caso las peticiones de los infanzones se saldaron con la regulación de la participación de cada estamento en el seno de la institución parroquial, por mediación del arbitraje de Miguel de Capiella, sabio en derecho40.
El caso de la ciudad de Zaragoza es particularmente interesante desde este punto de vista. Los únicos agentes activos en materia política, es decir aquellos que podí- an participar en las gestiones de gobierno se reducían a los vecinos. Aún es más, las máximas instancias del poder urbano quedaban reservadas a una categoría específica de los mismos, los denominados ciudadanos honrados o cives honorati41. Los detentores de esta condición, en su mayoría mercaderes, juristas y notarios, además de cumplir tres características básicas, como son la riqueza, el prestigio y la estabilidad42, ofrecen una formación acorde para asumir las funciones de gobierno teniendo en cuenta la complejidad creciente de la vida administrativa y la progresiva aplicación del derecho.
3. SOCIOLOGÍA DEL PODER: LA ESTRATEGIA DE LOS BORAU.
El instinto asociativo del hombre medieval le hace desarrollar relaciones de tipo solidario en multitud de facetas de su vida43. En este sentido la práctica de sociabilidad más inmediata convierte a la parroquia en el marco lógico de organización que cumple las funciones de identificar, unir y proteger a sus miembros44, al mismo tiempo que se convierte en el escenario de manifestaciones de poder. Las pretensiones declaradas de sus vecinos quedaban insertas en un conflicto de mayor amplitud, al conjugarse el parentesco y la vecindad como elementos referenciales de las familias ciudadanas, y así lo demuestra una obra de arte:
En el año 1391, el mismo de la promulgación de las ordenanzas de Juan I, Jimeno Gordo encarga, a los pintores Guillén Levi y Pedro Ollolino, un retablo de pequeñas dimensiones con la imagen central de Santa María, y en sus extremos las figuras de los santos San Felipe y San Gil. No es casual que estas dos últimas iconografías correspondan al nombre de dos parroquias zaragozanas porque como bien ha señalado A. del Campo el encargo fue uno de los pasos dado por este ciudadano y su mujer, Catalina del Hospital, para proclamar la alianza de dos importantes familias a través de sus referentes espaciales, y asimismo ratificar el poder resultante de dicha unión45. Aunque bien es cierto, que lo más habitual para estos fines propagandístico solía ser la representación de las armas de cada uno de los linajes generalmente sobre otros soportes como bancales o paños.
Las referencias a la pertenencia de una u otra parroquia como identificativo, tanto en la documentación notarial como en los ámbitos de representación y ostentación que se mantuvieron en el siglo XIV, fueron desapareciendo paulatinamente a partir las reformas trastámaras, impidiendo así un análisis socio-topográfico detallado de la ciudad. La norma que mutilaba la participación en el gobierno urbano desde los cauces parroquiales tiene su expresión en la práctica. Ni siquiera en los testamentos se mantiene la costumbre tan habitual de disponer de una cantidad destinada a la parroquia a la que se pertenecía. La adscripción vecinal queda tan solo como un resquicio simbólico para los linajes nobiliarios y ciudadanos más enraizados o con deseos de conseguirlo. Los indicios que refuerzan esta hipótesis son el grado de concentración de solares en torno a la residencia o casas mayores, la voluntad testamentaria de mantener la titularidad de la casa con la familia y las estrategias dirigidas a la obtención de un determinado palacio a través de vínculos de parentesco.
El enlace de las familias Canudo-Ninot y Borau-Azuara es muy explícito en cuanto al grado de negociación y conveniencia para salvaguardar los intereses de un linaje y adquirir la insignia parroquial tan deseada de las elites urbanas de Zaragoza.
Los Canudo fueron una de las pocas familias zaragozanas que detentaron entre los siglos XIV y XV la categoría de ciudadanos, un rango superior al de vecinos. Su riqueza y el prestigio adquirido los hacía (claro esta, a los varones de la familia) merecedores de cargos públicos del gobierno urbano, como jurado, consejero, juez del mercado o mayordomo de cofradías46. En este contexto, se enmarca la figura de Alfonso de Canudo que habitaba junto a sus padres y su hermano Sancho en la céntrica parroquia de San Felipe; además fue desde el año 1440 comisionado por el Baile General del reino de Aragón para la recaudación de los impuestos ordinarios reales47. Disfrutaba de la condición hidalga de escudero, al servicio de la casa del caballero Martín de Torrellas, señor del lugar de Naval48, hasta que entre las décadas de los treinta y los cuarenta del siglo XV se esposa con Violante Ninot y de manera casi automática ingresa en el cuerpo de los ciudadanos honrados. La única hija del matrimonio, María de Canudo, queda pronto huérfana, y el zalmedina de la ciudad otorga la tutela en 1444 al abuelo paterno, Domingo Gil Canudo, y a un tío materno, Beltrán Ninot, vecino de la localidad de Tauste (Zaragoza)49. Tras el fallecimiento de su abuelo, en 1452, se canalizan en ella las propiedades de dos generaciones de ciudadanos: casas, campos, viñas y censales cuyo valor ascendían a más de dos mil libras jaquesas.
Los Borau pertenecen a una familia nobiliaria establecida en Zaragoza desde el siglo XIV. A pesar de esta condición linajuda Lázaro de Borau obtiene la categoría ciudadana y logra emparentar con los Samper, los Azuara y los Bordalba50, respetadas familias de notarios y médicos de la ciudad. La formación académica como jurista de Lázaro de Borau le confiere los requisitos suficientes para ocupar, desde al menos el año 1449, cargos tan importantes como asesor del zalmedina, lugarteniente del Justicia de Aragón, impugnador de contos, jurado y consejero de la ciudad51. El primogénito de su enlace con Catalina de Azuara, Antón de Borau, se convierte en la esperanza de continuidad del cursus honorum y el patrimonio familiar.
El resultado de las negociaciones entre las partes contrayentes, la doncella María Canudo y al joven Antón de Borau, queda reflejado en el contrato matrimonial que se testificó ante notario y dos testigos en 1453 con un sinfín de cuestiones sobre el régimen económico de la nueva pareja, según los fueros, usos y costumbres del reino de Aragón52. Sin embargo el matrimonio había quedado aplazado mediante palabras de futuro debido a que María no había cumplido todavía los doce años de edad mínima que establecía el derecho canónico para el acceso de las mujeres al sacramento del matrimonio53.

Familia Canudo-Ninot-Borau-Azuara.
El matrimonio consistía ante todo en una alianza económica para el grupo social de ciudadanos honrados al que pertenecían ambas partes, como sucedía también en la nobleza. Cabe destacar a este respecto que en los acuerdos de mayo de 1453 se mencionaba una casa situada en la parroquia de San Felipe. La casa había pertenecido al que fue su abuelo y tutor Domingo Gil Canudo. Sobre ella se estipuló que el marido podía venderla, así como los bienes muebles que contenía, y disponer del precio obtenido a su antojo como marido puede hacer de los bienes traídos por su mujer en ayuda de matrimonio. Esta casa no era cualquier casa porque a los diez mil sueldos en los que quedaba valorada se sumaba el prestigio que reportaba tener como vecinos al mismísimo Justicia de Aragón, Ferrer de Lanuza, y al converso y jurista Luis de Santángel. Mientras una cláusula de las capitulaciones impedía a María entregar o vender los bienes del matrimonio, salvo los suyos, hasta que tuviera la edad de veintidós años, su esposo dispone libremente de la casa aportada por ella, incluso antes de hacerse efectivo el matrimonio por la minoridad de la doncella, vendiéndola a su propio padre por un valor inferior al que estaba tasada54. Poco después se convierte en la residencia habitual de los Borau. La casa simbolizaba mucho más que el ansiado referente toponímico a San Felipe. De hecho es el objeto más valioso que Antón de Borau ofrece en sus segundas nupcias a la doncella Marquesa de Torres, hija del notario de la ciudad Pedro de Torres55.
Dos son los objetivos concretos de este enlace: uno simbólico, la alianza y solidaridad entre los Canudo-Ninot y los Borau-Azuara, y otro material, la casa de los Ninot situada en la parroquia de San Felipe. Sin duda, la localización de la residencia se convierte en un factor de jerarquización social entre los ciudadanos, a pesar de la perdida del interés político de la parroquia.
De cuanto se ha dicho debemos subrayar tres ideas fundamentales: En primer lugar la serie de normas consagradas a los sistemas de elección que evidencian la meticulosidad con la que se pretende controlar la gestión y elección de cargos públicos. Estas disposiciones nos muestran un progresivo interés de la autoridad real por el desarrollo de las más mínimas estructuras de organización de sus dominios.
Por otro lado, las parroquias constituyen canales estratégicos para lograr el control de las candidaturas necesarias para acceder a las magistraturas. El objetivo de los grupos dirigentes, por tanto, se encaminaba en procurarse el control del mayor número de parroquias a través de los miembros de la propia familia o de lazos de dependencia.
Por último, cabe señalar como las reformas trastámaras sobre las ordenanzas de la ciudad provocan la decadencia de la parroquia como centro de operaciones estratégicas quedando su referencia toponímica como un residuo simbólico para los miembros de las elites de la ciudad.