Republicanos excombatientes mutilados. Del abandono al reconocimiento\*.
Republican ex-combatants mutilated. From neglect to recognition.
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Resumen: El estudio que presentamos analiza el proceso de reconocimiento de los republicanos excombatientes mutilados que permanecieron en el interior de España al finalizar la guerra civil en abril de 1939. A diferencia de los Caballeros Mutilados, no fueron integrados en ninguna institución que les protegiera ni tuvieron acceso a los privilegios concedidos a los excombatientes mutilados del ejército rebelde. Desde finales de los años sesenta comenzaron a reclamar derechos sociales y económicos, iniciando un largo proceso jurídico y reivindicativo que duró más de dos décadas. En el periodo de la Transición se aprobó un conjunto legislativo que satisfizo sus demandas, aunque se caracterizó por la lentitud y una gran complejidad burocrática.
Palabras clave: Ejército Republicano, Excombatientes mutilados, Dictadura de Franco, Transición.
Abstract: This study analyses the process of recognition of mutilated Republican ex-combatants who remained in Spain at the end of the civil war in April 1939. Unlike the Caballeros Mutilados, they were not integrated into any institution that protected them, nor did they have access to the privileges enjoyed by the mutilated ex-combatants of the rebel army. From the end of the 1960s, they began to demand the recognition of social and economic rights, initiating a long legislative and vindicatory process that lasted more than two decades. It was not until the 1980s that their demands and identification as former members of the republican army were satisfied.
Keywords: Ex-combatants, Republican Army, Mutilated Ex-combatants, Franco’s dictatorship, Transition.
Sumario: 1. Introducción. 2. Situaciones extremas. Vencidos y mutilados. 3. El largo camino hacia el reconocimiento de un colectivo incómodo. 4. El proceso hacia la consecución de una legislación reparadora. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
El origen de la figura del “excombatiente” se encuentra en la experiencia de la guerra, una vivencia que condicionó la identidad de quienes fueron alistados. Entre el gran contingente de soldados se encontraban los mutilados e inválidos, los más perjudicados por las acciones bélicas. En 1937 se creó en zona rebelde la Dirección de Mutilados, una entidad encargada de organizar el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria. Mientras tanto los republicanos se agruparon en torno a las ligas creadas en plena campaña y con continuidad en el exilio, especialmente en Francia.
Los excombatientes mutilados republicanos constituyen un colectivo que resurgió a finales de los años sesenta, cuando quedaron liquidadas las responsabilidades derivadas de la Guerra Civil. Fueron los perdedores de los perdedores, convertidos en mendigos o sobreviviendo con grandes dificultades económicas y la amenaza constante de la represión. Los que se marcharon al exilio resistieron las circunstancias complejas de la Segunda Guerra Mundial y de su adaptación a entornos foráneos donde su vida fue muy complicada en un contexto de posguerra.
El objetivo que planteamos en esta investigación es analizar el proceso de reconocimiento jurídico de los republicanos mutilados excombatientes que permanecieron en España al finalizar la guerra en abril de 1939. Nos preguntamos quiénes promovieron las acciones reivindicativas, cuándo y cómo las iniciaron y qué argumentos se esgrimieron para retrasar la adquisición de derechos y la equiparación con los Caballeros Mutilados. Partimos de la hipótesis de que su estado físico y el temor a ser identificados les mantuvo en la invisibilidad durante las décadas de los cuarenta y cincuenta. A partir de los años sesenta, con una cierta apertura a la legalización de asociaciones y la normativa que indicaba la prescripción de las causas derivadas de la Guerra Civil, animaron a los más activos a presentar iniciativas para crear un organismo que les agrupara y gestionara el reconocimiento de sus derechos.
Las investigaciones sobre los excombatientes españoles son escasas, aunque el fenómeno de los veteranos de guerra se ha analizado extensamente fuera de nuestras fronteras1 . En nuestro país destaca el estudio pionero de Paloma Aguilar2 , en el que estableció una comparativa entre los veteranos. El análisis de Ángel Alcalde se ha centrado, sobre todo, en el modo en que fueron desmovilizados y la distinta experiencia vivida3 . En las investigaciones relativas al ejército sublevado destacan, asimismo, las realizadas por este autor4 o José Luis Rodríguez5 . El primero se ha focalizado, entre otros aspectos, en la cultura de guerra y en la contribución de estos hombres al asentamiento del franquismo desde los círculos de los poderes locales. Rodríguez, en cambio, ha examinado la configuración del colectivo como uno de los ubicados en la extrema derecha, defensor de la dictadura y partícipe de actividades antidemocráticas en plena etapa transicional. Los pertenecientes al ejército republicano, en cambio, apenas han recibido atención. Investigaciones específicas, como las de Antonio José Juan o Emilia Martos sobre la actuación de los mutilados republicanos son excepcionales6 .
Las fuentes utilizadas para esta investigación se encuentran en diversos archivos y son de tipología heterogénea. En primer lugar, se han examinado los fondos existentes en el Archivo General de la Administración (AGA) y el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), donde están depositados los fondos de la Liga de Mutilados, Inválidos y Viudas de la Guerra de España. En segundo lugar, se ha consultado la legislación en el BOE, el Boletín de las Cortes y el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, éstos últimos disponibles en el Archivo del Congreso de los Diputados. En tercer lugar, hemos recurrido a fuentes hemerográficas generalistas, algunas disponibles en el Archivo Linz, y a publicaciones especializadas conservadas en la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa, como el periódico Mutilado, y Ayuda. Semanario de la solidaridad. Finalmente hemos accedido a las publicaciones testimoniales de Pedro Vega, Antonio Tellado y Antonio Trabal, expresivas de la experiencia autobiográfica vivida durante la dictadura7 .
1. SITUACIONES EXTREMAS. VENCIDOS Y MUTILADOS.
Desde los primeros combates de la Guerra Civil en julio y agosto de 1936 comenzó la penosa situación de los heridos cuya recuperación no fue total por la gravedad de las lesiones que acabaron produciendo discapacidades físicas.
En zona republicana se organizó en mayo de 1937 una asamblea de la Liga Nacional de Mutilados e Inválidos de Guerra, consolidada como asociación en agosto de 1938 en un congreso en Valencia8 . Entre las resoluciones tomadas en el Pleno, la Comisión fundadora afirmó su voluntad de no pertenecer a ningún partido u organización, siendo el hilo común el estado físico de los afiliados. Los Estatutos recogieron la posibilidad de integración a los mutilados del ejército rebelde y la equiparación en derechos a ambos contendientes una vez finalizado el conflicto. Prevaleció, por tanto, el criterio de la defensa mutua puesto que se entendía que todos, aunque en ejércitos enfrentados, habían ofrecido sus servicios a España. Asimismo, consideraron que la guerra sorprendió a muchos en zonas geográficas contrarias a sus convicciones ideológicas, de ahí que se propusiera la necesidad de agrupar a quienes se hallaban en condiciones físicas mermadas. Esta idea del alistamiento en un ejército u otro por accidente geográfico fue reiterada en escritos y declaraciones posteriores, un matiz relevante recogido por la historiografía9 .
En aquellos primeros momentos organizativos se expresó el descontento por la lentitud con que se llevaba a la práctica la incorporación de los mutilados e inválidos a los puestos de retaguardia y los deseos de mejorar el nivel cultural a través de la creación de escuelas de capacitación y reeducación profesional para aquellos que necesitaran un trabajo diferente al realizado hasta ese momento. La recolocación laboral constituyó una de sus principales metas para evitar el desamparo económico de las víctimas. En este sentido se diseñaron carteles propagandísticos con mensajes utópicos animando a los civiles a ceder sus puestos, como el que decía: “Combatiente mutilado, ocupa mi puesto”, pretendiendo que el trabajador que lo cediera se marchara al frente10.
A través de las publicaciones de Mutilado y Ayuda. Semanario de la Solidaridad, se dio información y apoyo a las demandas orientadas a la gestión de las pensiones, la creación de residencias, la financiación de ortopedias y cursos de formación a fin de mejorar su vida e integración social11. Estos acuerdos fueron tomados en pleno éxito militar de la ofensiva del Ebro y cuando parecía que la República podía recuperar algunos territorios.
Si durante la Guerra Civil los mutilados estuvieron relegados en las prioridades de las autoridades republicanas, sumidas en la urgencia de ganar el conflicto y atender a quienes podían ser activos en las batallas, en 1939 su condición empeoró profundamente. Además de la persecución y la intensa represión que les condujo a las cárceles, los fusilamientos o los campos de concentración, sufrieron la circunstancia de la limitación física. Muchos no tenían trabajo ni medios de subsistencia. Los empleos adaptados a sus facultades y conocimientos fueron ocupados por los pertenecientes al Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, protegidos por la legislación franquista que asignaba cupos obligatorios en puestos de la administración pública12. Ni siquiera pudieron recurrir al Auxilio Social porque el hecho de estar lisiados y sin protección era un indicador de que habían luchado en el lado perdedor y la solicitud de ayudas podía originar su detención y consecuente envío a algún centro penitenciario13. E. Martos señala que algunos aceptaron incorporarse a la Asociación de Nacional de Inválidos Civiles como una posibilidad para la supervivencia, aunque su repercusión fue muy reducida14. En comparación con los mutilados del ejército sublevado, dignificados con pensiones especiales, los republicanos fueron vejados, humillados y repudiados, incluso desde el punto de vista caritativo. En algunas ocasiones entidades, como la ONCE, sortearon las restricciones del franquismo y recogieron en sus oficinas a los excombatientes ciegos15. Sin embargo, los testimonios reflejan el rechazo de algunas empresas cuando conocían que la mutilación había ocurrido siendo soldados del Ejército de la República16.
Durante los difíciles años de posguerra hubo quien decidió permanecer en casa el mayor tiempo posible para no llamar la atención de las autoridades y evitar su identificación. Eran aquellos que tenían hogar y disponían de un mínimo sustento económico familiar, una situación que les permitió ocultar las marcas de la derrota. Otros no tuvieron más salida que la mendicidad, formando parte de un grupo sujeto a la caridad del viandante, excepto cuando el Régimen los aprovechó para sus proclamas propagandísticas referidas al buen trato que se otorgaba a los vencidos17. A finales de los cincuenta algunos accedieron a trabajos callejeros como limpiabotas, abrecoches o cerilleros ambulantes, en una España que parecía dejar atrás la intensa represión inicial y se abría camino hacia el desarrollismo18. La inmensa mayoría siguió percibiendo la amenaza de la persecución y para soslayarla se ocultó el origen de sus heridas y de su identidad.
2. EL LARGO CAMINO HACIA EL RECONOCIMIENTO DE UN COLECTIVO INCÓMODO.
A mitad de la década de los sesenta un reducido número de excombatientes mutilados de la República se agruparon en una Comisión Nacional con el objetivo de estar unidos para la defensa de sus intereses. Eran momentos de reactivación del asociacionismo, incluido el sindical, como lo muestra el nacimiento de Comisiones Obreras, y de movimientos sociales con demandas de mejoras salariales, legislativas y políticas. Desde entonces emprendieron gestiones jurídicas, humanitarias -ante la Conferencia Episcopal Española- e informativas con los medios de comunicación a fin de visualizar su situación y encontrar soluciones. La difusión en la prensa de la noticia de que mutilados republicanos tenían intenciones de asociarse significó la constatación de su existencia, y, en consecuencia, un hecho destacable en el marco social del tardofranquismo19.
El 30 de octubre de 1967, un grupo de 27 dirigidos por su presidente Florencio Martínez Durán20, escribió una solicitud a Presidencia del Gobierno en la que pedían su rehabilitación, acogiéndose a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y a las leyes internacionales que concernían a todos los mutilados con los mismos derechos y deberes, independientemente del lado en el que lucharon21. Entendían que España era el único país occidental en que ocurría esta discriminación y consideraron que, apelando a la normativa universal relativa a la libertad de reunión o asociación, el gobierno les prestaría mayor atención. Sin embargo, este primer escrito no recibió respuesta, a pesar de las visitas que realizaron a diversas autoridades y de que el gobierno estaba organizando una Comisión Conmemorativa del Año Internacional de los Derechos Humanos con motivo de los veinte años de su proclamación.
Ante el silencio recibido, decidieron que la mejor vía era fundar una organización propia. En junio de 1968 iniciaron los trámites para pedir la inscripción de la Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España (LMIGE) en el Registro de Asociaciones22. Calcularon un número de cuatro o cinco mil personas, sin contar las viudas de los mutilados fallecidos. Su intención era la elaboración de un censo nacional, la superación moral e intelectual de su dramática situación y la fijación de una pensión vitalicia en relación con el grado de discapacidad. Vieron el momento de acabar con las desigualdades entre ambos ejércitos, esgrimiendo el argumento de que no habían sido responsables de la guerra ni del desencadenamiento de la misma, y que su integración en el Ejército Popular obedecía, en muchos casos, a la localidad donde residían. Asimismo, alegaron que se trataba de un gobierno legalmente constituido cuya desobediencia hubiera significado traición a la bandera y al juramento prestado23. La iniciativa comenzó a ser bien acogida entre los afectados que, poco a poco, perdieron el miedo a ser identificados y a estar agrupados en una asociación pública.
La solicitud fue denegada por la Dirección General de Política Interior en febrero de 1969 fundamentando defectos en los estatutos $- ^ { 6 6 } ( \dots )$ no hay precisión en los órganos directivos, no se regula el procedimiento de admisión de socios, no se indica el patrimonio fundacional $( \ldots ) ^ { \mathfrak { V } _ { - } }$ y la incompatibilidad con la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 debido a que presentaba dudas respecto a las actividades que la nueva entidad se proponía desarrollar. Se consideró que no encajaban en los fines asistenciales, educativos, culturales o deportivos que establecía la $\mathrm { l e y } ^ { 2 4 }$ . Ante tal respuesta los dirigentes de la Liga presentaron recurso, pero fue de nuevo rechazado.
En abril de 1969, en el marco del treinta aniversario del final de la Guerra Civil y de la caducidad de las responsabilidades legales y políticas, según constaba en el Decreto-Ley 10/1969 de 10 de marzo, realizaron un segundo intento para inscribir legalmente la asociación. A tal fin, mejoraron los estatutos y adaptaron la propuesta a las exigencias de la legislación, pero su solicitud fue también denegada arguyendo que ya existía una asociación nacional de inválidos civiles a la que podían afiliarse25. La LMIGE no aceptó la resolución adoptada porque consideró que su condición era la de soldados mutilados en acción de guerra pertenecientes a un ejército y no de discapacitados fortuitos de la vida civil. Asimismo, se estimó que una asociación de civiles no podía atender las carencias que habían sufrido desde que acabó el conflicto de 1936, como ya se demostró con algunos republicanos que aceptaron integrarse para disponer de atenciones básicas26. Lo que pretendían era conseguir un status jurídico, social y económico adecuado y un trato de igualdad con el Cuerpo de Caballeros Mutilados, que contaba con un organismo específico. Desde su punto de vista la aprobación de la Liga sería el síntoma más evidente de que la guerra española habría terminado a todos los efectos.
Obreros, estudiantes, amas de casa, vecinos de los barrios y otros colectivos se estaban movilizando en estos años del tardofranquismo en demanda de derechos y libertades en la España del turismo y el desarrollo27. Alentados por este marco social reivindicativo y, a pesar de las negativas recibidas, la intención de crear una asociación no decayó. Con tal objetivo los republicanos de nuevo procedieron a la entrega de escritos a personalidades de la Iglesia Católica – la Conferencia Episcopal o al cardenal arzobispo de Toledo Vicente Enrique y Tarancón, entre otros–, y políticas, como al presidente de las Cortes Antonio Iturmendi, reclamando apoyos para legalización de la asociación. En prensa se difundió su petición, alegando que no cabían argumentos en su contra como el del comunismo o el revanchismo porque entre ellos había gente “de derechas y de izquierdas; republicanos, monárquicos, falangistas, sin partido; creyentes y no creyentes”28, unidos por la característica común de haber quedado mutilados en su lucha por la Patria en el ejército vencido. En junio de 1970 se concentraron en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid en protesta porque la Dirección General de Seguridad había prohibido una reunión para hablar de las gestiones que estaban realizando.
En las Cortes franquistas su caso fue siendo conocido gracias a un reducido número de procuradores que vieron la necesidad de atender las peticiones de los republicanos. Entre otros destacaron Manuel Escudero Rueda, procurador por el tercio familiar, perteneciente al ámbito del catolicismo vasco y con una trayectoria de marcado carácter social, conocido por el impulso que dio a los convenios colectivos29. Tuvo intervenciones de gran tensión con otros procuradores por los derechos de los mutilados del ejército vencido y la necesidad de que la asociación se legalizara. En esta misma línea actuó Jesús de Esperabé de Arteaga, también del tercio familiar por la provincia de Salamanca, muy activo en la presentación de iniciativas jurídicas para equiparar el trato con los Caballeros Mutilados30. Además de los mencionados, destacaron Antonio Pedrosa, Eduardo Tarragona Corbella o Juan Manuel Fanjul Sedeño, hijo del general Joaquín Fanjul. Todos ellos coincidieron en las Cortes elegidos por el tercio familiar en el periodo 19671-1971, con diferentes orígenes y matices ideológicos, pero coincidentes en la necesidad de reconocer a los republicanos31.
Fue el procurador Manuel Escudero y Rueda, miembro de la Comisión de Defensa Nacional, el primero que planteó una proposición de ley sobre “indemnizaciones a mutilados de Guerra no incluidos en el Régimen General de la materia” en marzo de 1971 a fin de abordar el problema, pero ni siquiera fue discutida a pesar de recibir el apoyo de varios procuradores32. Los motivos para no hacerlo residían en que la legislación estaba basada en principios que impedían dar acogida a los mutilados excombatientes del Ejército republicano33.
En diciembre de 1972 la Comisión de Presupuestos de las Cortes, a propuesta de estos procuradores, discutió la inclusión de un párrafo reconociendo al colectivo y garantizando la percepción de una pensión, pero la enmienda no llegó a aprobarse34. Sin embargo y a pesar de la negativa, la cuestión de elaborar una legislación reparadora de sus derechos sociales y económicos estuvo presente en las Cortes del tardofranquismo.
Al año siguiente Escudero Rueda y Esperabé de Arteaga plantearon al ministro del Ejército, Francisco Coloma Gallegos, la creación de un fondo nacional para mutilados de guerra no incluidos en el Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria. Pero la propuesta fue denegada básicamente porque el gobierno se resistía a admitir la existencia de miembros de un ejército estructurado y organizado que pudieran igualarse en el escalafón militar. Seguía vigente la idea de que se trató de una lucha contra enemigos de la patria integrados en hordas incontroladas de marxistas a las que el ejército “nacional” derrotó. Escudero Rueda aprovechó otras sesiones en las que se discutían los presupuestos para presentar peticiones avaladas por más firmas a fin de que se elaborara una ley que resolviera la cuestión de los mutilados. En un acto de solidaridad, el procurador Antonio Pedrosa, mutilado de guerra del ejército sublevado, rechazó un homenaje que le ofrecían los Caballeros Mutilados hasta que no se solucionara la situación jurídica y económica de los republicanos. Mientras tanto, en las Cortes se discutían normativas, como el decreto de 1974 que reguló las retribuciones complementarias para el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, del cual quedaron excluidos los republicanos. La equiparación era inviable.
En 1975 el gobierno aceptó valorar una moción presentada una vez más por Escudero Rueda relativa a que el Estado atendiera a los españoles que hubieran sufrido mutilaciones como consecuencia de la guerra y que no pudieran integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria. La Comisión de Gobernación, encabezada por Luis Peralta España, decidió que se atendiese únicamente a aquellos que carecieran de medios económicos suficientes, una solución que los dirigentes de la Liga calificaron de humillante, caritativa y claramente insuficiente.
Con la muerte de Franco la LMIGE vio el momento de que se reconocieran los derechos de sus socios desde el 1 de abril de $1 9 3 9 ^ { 3 \bar { 5 } }$ . Tras una década de perseverancia, el 5 de octubre de 1977 la Liga consiguió su legalización mediante sentencia del Tribunal Supremo. Diez días después se aprobó la Ley de Amnistía, pero no afectó a los veteranos republicanos, impidiendo su incorporación a los escalafones militares que les correspondían. En abril se había legalizado el PCE y en junio se celebraron las primeras elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado desde los tiempos de la II República. No tenía mucho sentido marginar una asociación compuesta de personal excombatiente que, por su edad y condición, no representaba ningún peligro para la naciente democracia. Como ya se ha mencionado, desde su resurgimiento en el tardofranquismo se había insistido en la ideología plural de sus componentes, y en tiempos de la democracia se confirmó esta diversidad, así como en la circunstancia geográfica que obligó a muchos alistarse al Ejército Popular36. Lo que esperaban de unas cortes democráticas era simplemente:
... una resolución efectiva y realista que reconozca nuestra condición de mutilados de guerra por la patria, una necesaria asistencia médica, devolución de los efectos incautados, y una gestión democrática con intervención de mutilados que la Liga designe en todos los organismos o comisiones que traten temas relacionados con los mutilados de guerra37.
Finalmente, en abril de 1978, cuarenta años después de la celebración del primero, tuvo lugar el Segundo Congreso Nacional de la Liga en el Palacio de Exposiciones de Madrid. En las distintas sesiones se abordaron las condiciones deficientes en las que vivían los mutilados republicanos y se expresaron quejas acerca de la escasa atención que les prestaban los partidos que defendieron la República38. El colectivo dirigió escritos al presidente Adolfo Suárez en diciembre de 1976, febrero de 1978 y mayo de 1980, en solicitud de la derogación de leyes que impedían la obtención de derechos reconocidos en todos los países democráticos, aunque la respuesta recibida fue el silencio administrativo. Todavía celebraron un tercer congreso en octubre de 1981, al que acudieron delegados de toda España solicitando las mismas demandas que venían realizando desde el principio de su fundación, especialmente la doble nacionalidad para los exiliados. Incluso se organizó un IV Congreso en noviembre de 1985, también en Madrid, al que asistieron representantes de Comisiones Obreras, del PCE, expresos políticos, excombatientes republicanos, exiliados y delegados de las provincias, enfatizando en la misma solicitud la equiparación y la voluntad de reconciliación.
La legalización de la LMIGE trajo como consecuencia la creación de iniciativas de similares características. Aunque no eran excombatientes mutilados, citaremos aquí el ejemplo de la Asociación de Viudas de la Guerra Civil Rosario de Acuña, fundada en Asturias en 1977 por María de las Alas Pumariño Fernández39. Los objetivos eran similares a los de sus compañeros, es decir, la solución de problemas económicos, sociales y jurídicos que afectaban a las viudas de republicanos mutilados. Eran mujeres marginadas, sin derecho a pensión durante largas décadas hasta que les fue reconocida una retribución en sucesivos decretos aprobados en la Transición. Hasta entonces su situación fue muy precaria, estando excluidas de la atención sanitaria y de otras prerrogativas que las viudas del ejército rebelde habían adquirido desde finales de la Guerra Civil.
3. EL PROCESO HACIA LA CONSECUCIÓN DE UNA LEGISLACIÓN REPARADORA.
La normativa que abrió el camino para la reparación económica y social se aprobó algunos meses después de la muerte de Franco. Fue el Decreto 670/1976 de 5 de marzo regulador de las pensiones40. Se consideró como una medida básica que pudiera atender la discapacidad física y psíquica resultado de heridas recibidas en o como consecuencia de acciones de guerra. El decreto estableció categorías diferentes según el grado de invalidez y las correspondientes pensiones, pero su cobertura fue incompleta porque la pensión vitalicia únicamente lo era a título personal, con lo cual quedaban desprotegidas las esposas y sus descendientes, y no contemplaba la asistencia médico-farmacéutica. Además, los Caballeros Mutilados recibían la retribución desde 1939, mientras que para los republicanos se fijó como fecha de recepción el siguiente día de aprobado el decreto y no el momento de la mutilación. El presidente de la LMIGE Martínez Durán insistió en que sus demandas no eran cuestión de revancha sino de igualdad, es decir, seguridad económica y sanitaria, y reconocimiento como españoles que lucharon por su patria41. La discriminación con respecto a los mutilados del ejército rebelde, por tanto, continuó en los meses incipientes de la Transición.
A medida que las instituciones del franquismo desaparecieron o se transformaron en otras adaptadas al proceso democrático, se realizaron avances que beneficiaron a los republicanos. En noviembre de 1978 el PCE presentó una proposición de ley sobre esta cuestión, pero la tramitación quedó interrumpida por la disolución de las Cámaras ante la inminente aprobación de la Constitución. A los pocos días de ser aprobada, se promulgaron los reales decretos 43/1978 y 46/1978 que supusieron un paso relevante en el camino hacia la obtención plena de los derechos de los mutilados42. A partir de entonces se concedieron pensiones a los excombatientes del ejército de la República, milicias populares, Fuerzas de Orden Público y discapacitados en acción de guerra o como consecuencia de la misma. Se fijó la cantidad según lo hubieran sido en acto de servicio y por razón de servicio -efectos de enfermedad que les dejara inutilizados-, y se aceptó la compatibilidad de esta retribución con otras a las que tuvieran derecho. En concepto de indemnización por los años privados de sus gratificaciones, los beneficiarios percibieron un importe equivalente a diez anualidades y lo dispuesto se aplicó a los derechohabientes del personal fallecido. El articulado incluyó la asistencia médica y protésica, la reeducación profesional y la rehabilitación. Sin embargo, los mutilados consideraron que seguían marginados puesto que los beneficios aprobados no les igualaban a los Caballeros Mutilados.
En la primavera de 1979 el PSC presentó una nueva propuesta para lograr la equiparación integrándoles en el sistema de la Seguridad Social y agilizando los casos pendientes de cobro por haberes pasivos43. Los diputados Julio Busquets y Josep Verde alegaron que las anteriores normas dejaban fuera a la tropa y propusieron la inclusión de todos los mutilados que participaron en la guerra, aunque no tuvieran la condición de militares profesionales. Se daba la paradoja de que habían sufrido condenas en Consejos de Guerra en su condición de militares republicanos, pero no eran considerados como tales para cobrar los beneficios que les concedía la legislación recién aprobada. Esta propuesta y los debates generados derivaron en la aprobación de la Ley 5/1979 de 18 de septiembre sobre concesión de derecho a pensión y a asistencia médica a las viudas e hijos de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la guerra civil44.
Sin embargo, la celeridad prometida no se cumplió en el plazo fijado. De ahí que el diputado del PSC Julio Busquets inquirió al gobierno sobre las medidas adoptadas para aplicar lo aprobado45, pero el volumen de documentación de más de 25.000 solicitudes impedía cumplir con los plazos establecidos por ley46. La tramitación de los expedientes era compleja por la documentación exigida y la dificultad de las búsquedas, que obligaba a la consulta en archivos para la obtención de certificados. Los procesos no fueron fáciles y se caracterizaron por la lentitud y las trabas burocráticas.
A principios de 1980 los debates en las Cortes sobre las pensiones a los mutilados republicanos fueron intensos, especialmente por la insistencia del PCE en que se discutieran los términos de su proposición de ley interrumpida en diciembre de $1 9 7 8 ^ { 4 7 }$ . Los problemas pendientes se referían, especialmente, a la retroactividad de los efectos económicos, es decir, si se contemplaba una gratificación equivalente a los trienios devengados por los mutilados franquistas. La negociación fue dura y se prolongó con largas discusiones, especialmente por la implicación en el aumento de los gastos. Tanto en las Cortes como en el Senado hubo enmiendas y votos particulares, pero finalmente fue aprobada por 281 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones48.
El resultado fue la publicación de la ley 35/1980 de 26 de junio presentada por el PCE y denominada “Pensiones a los Mutilados Excombatientes de Zona republicana”, en vez de “Pensiones a los.
Mutilados del Ejército de la Republica”, como se había propuesto con anterioridad49. La diferencia en la denominación era sutil, centrándose en la concreción geográfica y difuminando la existencia del ejército regular republicano. En el preámbulo se argumentó que la restauración de la democracia era el momento de establecer igual trato a quienes no se les hubiera reconocido sus derechos por haber luchado en el ejército leal50.
El ministro de Hacienda del gobierno de la UCD, Jaime García Añoveros afirmó que el coste supondría unos 15.000 millones de pesetas al año, cantidad que habría que añadir los de la aplicación de la ley de 1979 ya mencionada relativa a la concesión de ayudas a viudas y descendientes. Es decir, supondría un incremento del gasto en 1980 para estas pensiones de 38.000 millones de pesetas, una cantidad muy alta no presupuestada sólo factible de recaudar en impuestos especiales.
A partir del 1 de enero de 1981 la totalidad de expedientes debería haber quedado resuelta51. Sin embargo, varios diputados reaccionaron ante el incumplimiento de los pagos, como Anna Balletbo y Julio Busquets del PSC, Miguel Núñez del PCE, así como los diputados Miguel Ángel Arredonda y José García Pérez del Grupo Parlamentario Andalucista, que preguntaron por los motivos de la paralización de unos 12.000 expedientes en fechas tan tardías como $1 9 8 2 ^ { 5 \bar { 2 } }$ . El ministro García Añoveros, notificó la cifra de 47.555 expedientes recibidos en el Ministerio del Interior a principios de 1980, de los cuales se habían resuelto 20.817 -16.153 positivos y 4.164 negativos-. Quedaban pendientes más de 26.000, y se calculaba que la valoración estaría finalizada en junio de $1 9 8 3 ^ { 5 3 }$ . La lentitud y el retraso en la tramitación de las solicitudes se debía a las dificultades para conseguir la documentación, como hemos señalado, pero también al hecho de que los tribunales médicos tardaban en constituirse y, en consecuencia, las calificaciones de la mutilación se atrasaban.
En enero de 1984, con un gobierno de mayoría absoluta del PSOE, el presidente Felipe González recibió un documento que resumía las aspiraciones más acuciantes, solicitando un plazo máximo de seis meses para la resolución de los expedientes en curso de estudio, teniendo en cuenta la avanzada edad de los interesados. La respuesta fue el silencio administrativo hasta que en febrero de 1985 González recibió a una Comisión de la Liga a la que ofreció garantías de que se cumpliría con la legislación aprobada en las Cortes en el menor tiempo posible. No obstante, dos años después, Carmen García Bloise, del PSOE, preguntó sobre las pensiones del colectivo acogido a la Ley 35/80, puesto que se calculaba que un número aproximado de tres mil afectados se hallaban todavía en una situación de desatención social y médica. Otra complicación fue planteada al año siguiente por Luisa Fernanda Rudi, de Coalición Popular, cuando se detectó que el Ministerio de Hacienda había realizado retenciones indebidas54. Los mutilados percibieron estos retrasos como un modo más de olvido y humillación.
Finalmente, en este recorrido legal por los años transicionales y de asentamiento de la democracia hemos de señalar la presentación de una nueva propuesta a instancias del partido Coalición Democrática, materializada en la aprobación de la Ley 6/1982 de 29 de marzo de pensiones a los mutilados civiles55. Con ella se ultimó un marco legal que resolvió, no sin dificultades, la integración de estas víctimas, sus viudas y huérfanos.
No obstante, la equidad entre los contendientes de ambos ejércitos no se cumplió del todo. Habían transcurrido muchos años con beneficios en derechos sociales para los Caballeros Mutilados frente a los republicanos que acababan de incorporarse al sistema, sin mencionar la exclusión durante décadas de los cupos habilitados para los puestos de trabajo en las administraciones públicas. Así se puso de manifiesto en el planteamiento realizado en septiembre de 1990 por Koro Garmendia, Diputada de Euskadiko Ezkerra, al ejecutivo de Felipe González con una nueva Proposición no de Ley en la que se reclamaba la adopción de medidas que garantizaran la igualdad de condiciones, aunque la iniciativa fue desestimada al considerar que estas diferencias no existían con la legislación en vigor56. En diciembre de 2002, una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobara la condena al golpe militar de 1936, se planteó otra propuesta de similares contenidos. En esta ocasión fue presentada por el PSOE ante el gobierno de José María Aznar, e igualmente quedó rechazada. Los promotores seguían observando diferencias entre los mutilados civiles y militares de ambos ejércitos e incluso diferencias de clasificación de discapacidades en función del sexo. Llamaron la atención sobre la discriminación con los llamados “niños de la guerra”, que tenían alguna carencia física por alguna bomba o proyectil estallado tanto en tiempos del conflicto como en explosiones posteriores.
Tras la aprobación de la Ley 52/2007 conocida como “Ley de Memoria Histórica”, distintos colectivos del movimiento asociativo memorial hicieron ver el modo en que los combatientes de la República habían sido objeto de abandono e ignominia durante la dictadura. Desde su punto de vista también la democracia estaba mostrando una gran desidia hacia las víctimas. La nueva ley de Memoria no satisfizo a los mutilados, especialmente a los civiles que comprobaron el modo en que el Estado equiparó a las víctimas del accidente del Yak 43 con las víctimas del terrorismo y no entendían los motivos por los cuales no merecían un tratamiento idéntico a estos grupos57.
A principios del siglo XXI existían unas doscientas asociaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas y cuestiones de Defensa. Sus actuaciones se centraban en el voluntariado destinado a los militares retirados, las viudas y huérfanos58. Algunas eran de excombatientes mutilados de la Guerra Civil, como la Liga Aragonesa de Mutilados,
Inválidos y Viudas de la Guerra Civil Española 1936/39, nacida en 1989. $\mathrm { E n } ~ 2 0 0 8$ esta asociación era la única que subsistía en España de estas características. Su presidente Juan Luis Serrano Calleja, discapacitado civil en 1961 por el estallido de una bomba de mano de tipo “Otto”, una de las varias enviadas por los italianos al ejército de Franco, manifestó en diversas ocasiones que el abandono había sido total, habiendo sobrevivido como mendigos con el estigma de ser mutilados rojos59.
A finales de diciembre de 2013 la cifra de clases pasivas que tenían relación con la guerra civil hacía un total de 18.496 personas repartidas del siguiente modo60: Mutilados civiles: 2.320; Familiares de Mutilados Civiles: 4.047; Excombatientes (Ley 35/80): 586; Familiares de fallecidos incluidos en la Ley 5/79: 12.065. Estos números permiten ver las secuelas de la Guerra que sufría un importante grupo social en el siglo XXI, tras años de procesos complejos dedicados a la adquisición de derechos básicos y a la estabilización de su situación económica y social.
CONCLUSIONES.
El análisis de la situación de los mutilados del ejército republicano que permanecieron en España tras la Guerra Civil revela un camino largo y complejo hacia su reconocimiento. El tratamiento jurídico, social y político que recibieron permite observar una desigualdad profunda con respecto a los mutilados del ejército sublevado, al haber quedado excluidos del pago de pensiones, de la asistencia sanitaria y de los cupos asignados en la oferta laboral de la administración pública. Amputados de brazos, piernas, ciegos o sordos, el Nuevo Estado nacido a partir de 1939 les redujo a la invisibilidad. Su condición física les impidió realizar muchos trabajos, pero el origen de la condición, haber luchado en el ejército republicano, fue determinante para ser rechazados. Muchos encubrieron ese origen, alegando que había sido fruto de accidentes laborales o circunstanciales porque muy pocos empresarios aceptaban contratar a un republicano.
A partir de mitad de los años sesenta comenzaron a organizarse en el contexto de la aprobación de asociaciones, de importantes movilizaciones sociales y de la liquidación de las responsabilidades de la Guerra Civil. A pesar de que la solicitud de legalización para una asociación fue denegada, no se rindieron y perseveraron con sus reivindicaciones ante las autoridades políticas y religiosas del Estado. Las peticiones llegaron a los medios de comunicación y a las Cortes franquistas, donde una minoría de procuradores insistieron con firmeza ante el resto de representantes planteando iniciativas para el reconocimiento y la reparación de estos excombatientes. En los años del tardofranquismo las propuestas no prosperaron en un entorno político que refutó la existencia de militares profesionales en el seno del ejército republicano. Su presencia desmontaba el relato de que el ejército rebelde había combatido contra “hordas de marxistas” al servicio de Moscú. El problema económico no fue el fundamental en el camino hacia la reparación del trato dado a estos excombatientes, sino el hecho de considerar que fue un ejército profesional contra el que se rebelaron y lucharon.
En los primeros años de la Transición tuvo lugar la legalización de la asociación que les representaba. Fue el momento en que comenzó el lento camino hacia la aprobación de una normativa que, poco a poco, estableció derechos básicos a la pensión, la asistencia médica, protésica y farmacéutica, la reeducación profesional y la inserción laboral de aquellos que todavía tenían cierto margen por su edad. Algunos diputados de las Cortes democráticas, en su mayoría pertenecientes al PCE, PSC y PNV, presentaron iniciativas legislativas para acelerar el reconocimiento de los derechos de los excombatientes mutilados republicanos, como la actualización de las pensiones, el cobro de los retrasos, el pago a las viudas, y otras actuaciones que permitieran cerrar el capítulo de desigualdad en el que se hallaban desde el final de la Guerra Civil. El decreto 670/1976 de 5 de marzo, los Reales Decreto-ley 46/1978 y 43/1978 de 21 de diciembre, las leyes 35/1980, de 26 de junio y 6/1982 de 29 de marzo, además de otras normativas complementarias, concretaron estos derechos para los militares y civiles mutilados en acción de guerra, aunque su aplicación estuvo plagada de trabas administrativas.
Los excombatientes tuvieron que demostrar el empleo o grado alcanzado en el ejército republicano, la causa de la invalidez, la demostración de su situación económica y la de su familia. A tal fin la recogida de la documentación que acreditara estas circunstancias fue muy accidentada y laboriosa por el trabajo que debieron realizar en archivos o en la prensa de la época para certificar su condición. Incluso se vieron obligados a examinar las sentencias de condena dictadas por los tribunales militares del franquismo, un doloroso recuerdo revivido algunas décadas posteriores a los hechos. Esta tarea significó que los expedientes tardaron mucho en resolverse, un retraso acentuado por el aplazamiento en la organización de los comités médicos que juzgaban el grado de mutilación de los solicitantes de pensiones y ayudas. En plena democracia la consecución de estas demandas no fue fácil ni rápida. Problemas presupuestarios, bloqueos de las administraciones o prioridades políticas en una época de dificultades para conseguir la estabilización de la democracia, fueron algunos factores que contribuyeron a la demora en alcanzar una elevada simetría, que no la equiparación total, con los Caballeros Mutilados.
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