Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España.
Roberto Carlos RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Universidad de la Laguna.
RESUMEN.
Presenta este trabajo un análisis del proceso de creación y de aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 y de la limitación de sus resultados. Se destaca su importancia por ser el primer marco legal para las Confesiones no Católicas, promovido por el Gobierno español después del Concilio Vaticano II.
Palabras clave: Libertad Religiosa. Confesiones no católicas en España.
An example of failed adaptation to a multireligious framework: The initial phase of the application of the Law of Religious Freedom of 1967 in Spain.
ABSTRACT.
This paper analyzes the drawing up and application of the Law of Religious Freedom of 1967, as well as its limited results. This law is particularly important because it is the first legal framework for non Catholic Confessions established by the Spanish Goverment in the period following the second Vatican Council.
Key words: Religious Freedom. Non Catholic Confession in Spain.
SUMARIO 1. Introducción. 2. Los opositores dentro de la iglesia Católica española. 3. La postura de la Comisión de Defensa Evangélica. 4. El proceso de aplicación de la Ley de Libertad Religiosa. 5. El caso de Testigos de Jehová. 6. Problemas planteados por las Comunidades Hebreas de Barcelona y Ceuta y por la Comisión de Defensa Evangélica ante el desarrollo y aplicación de la Ley. 7. Los puntos de encuentro. 8. Conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN.
En el año 1967 se promulga en España una ley que regulaba el ejercicio del derecho de libertad religiosa. Que esto se produjese en un país que se definía como confesional no nos debe resultar extraño si tenemos en cuenta los acuerdos que se habían tomado durante el Concilio Vaticano II, que se concretaron en la Declaración Dignitatis Humanae, que establecía la necesidad de que el ordenamiento jurídico de los Estados reconociese la libertad religiosa como un derecho fundamental de la persona. La sumisión de las leyes españolas a las de la iglesia Católica, establecida en.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España la Ley Fundamental del 17 de mayo de 19581, llevó a que pronto se pusieran en marcha los engranajes necesarios para la elaboración de una ley que regulase el derecho a la libertad religiosa. La promulgación de esta ley significaba pasar de una situación en la que se toleraba en el país la existencia de personas no católicas a un nuevo orden en el que a los individuos se les reconocía el derecho a elegir su religión, y en el caso de que ésta no fuera la de la mayoría, no ser considerados ciudadanos de segunda categoría.
Durante el desarrollo de los Anteproyectos, y del propio Proyecto de Ley, existieron una serie de intervenciones externas, provenientes de la Iglesia Católica y de la Comisión de Defensa Evangélica, que buscaban, mediante el envío de correspondencia al Ministerio de Justicia, intentar acercar el texto definitivo de la Ley de Libertad Religiosa a sus postulados.
A pesar de ser la inspiradora inicial de esta Ley, vamos a ver cómo algunos sectores de la Iglesia Católica española se muestran reacios a aceptar un nuevo marco legal en el que los individuos puedan elegir otras formas, distintas a la católica, de vivir la religión, sin que esto conlleve el salir de la legalidad establecida. Este grupo estará encabezado por el Arzobispo de Sión, Vicario General Castrense, D. Luis Alonso Muñoyerro.
Al frente de las iglesias Cristianas no católicas se encontrará D. José Cardona Gregori, como secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica Española, que toma el papel de intermediario único entre el Ministerio de Justicia y el movimiento evangélico español.
Las comunicaciones establecidas entre los citados y el Ministerio buscaban la rectificación, o aclaración, de los aspectos que ellos estimaban necesarios dentro de los textos del Anteproyecto. Como veremos, los intereses de estas partes se mostraban opuestos, obligando al Ministerio de Justicia, y en concreto a la Comisión para el Estudio del Anteproyecto de Ley, a establecer una redacción que contentase a todos, sobre todo a la iglesia Católica española.
2. LOS OPOSITORES DENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA.
Como nos señala el Cardenal Tarancón en sus memorias2, a la Iglesia Católica española le cogió por sorpresa la celebración del Concilio y, sobre todo, las conclusiones a las que se llegó acerca del derecho a la libertad religiosa. Sin duda alguna, existirán sectores que no se mostrarán a favor de la apertura hacia las demás confesiones religiosas de la manera que planteaban las declaraciones conciliares. Éstos serán los que se encuentren más cercanos al régimen dictatorial o, por lo menos, más.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España vinculados a sus instituciones y se podrá observar en sus posturas serias reticencias a que fructifique en España cualquier religión que no sea la católica. Los protestantes son considerados por ellos como protagonistas de un error perpetuado a lo largo de los siglos, recordando la postura de estos católicos a situaciones más propias de la Contrarreforma que a momentos postconciliares. Para este sector, cualquier grupo religioso no católico será una secta, con todas las connotaciones negativas que esta palabra conlleva.
Varias cartas conservadas en el Archivo General del Ministerio de Justicia nos dan una idea de cuál era el sentir del sector más reaccionario de la iglesia Católica.
El 22 de septiembre de 1966 se fecha una de estas misivas enviada por el arzobispo de Sión, Vicario General Castrense, Don Luis Alonso Muñoyerro, al ministro de Justicia, D. Antonio Oriol3, donde se plasman una serie de observaciones sobre el segundo Anteproyecto de Ley. Pide que éstas sean tenidas en cuenta «considerándolas como dimanantes de mi deseo de contribuir con aportación objetiva a esa Ley que se trata de hacer». Esta «contribución objetiva» buscará, por una parte, la limitación de los derechos que se quieren asegurar para las confesiones no católicas de España y, por otra, tratará de enfatizar el papel preponderante de la religión cató- lica en el país.
Para realizar sus aclaraciones al texto se apoya, inicialmente, en las palabras que pronunciara el Cardenal Bea en el Concilio Vaticano II, en las que plantea que los principios del ecumenismo, aun siendo universales y eternos, han de ser aplicados de una forma adaptada a las circunstancias de tiempos, lugares y personas. En este sentido, Muñoyerro intentará, basándose en este principio, reducir con mucho la incidencia de las confesiones no católicas mediante la reformulación de alguno de los artículos del segundo Anteproyecto. Un ejemplo de esto lo tenemos en su petición de que se incluya en el articulado una prohibición expresa de realizar «propaganda callejera o domiciliaria y la que signifique alguna manera de ataque a la religión católica». Esto se debe de poner en relación con lo que menciona la carta más adelante, en su página 4, donde se habla sobre el derecho al culto público, que el Anteproyecto recoge en el artículo 22, planteando Muñoyerro la posibilidad de que, amparándose en este artículo, se celebren, ya no actos públicos, sino publicistas en lugares céntricos (señala en la carta la Plaza de la Cibeles o La Puerta del Sol) que, sin duda alguna para el arzobispo, sería ir en contra del debido respeto a la religión católica. Por lo tanto, y según la opinión de Muñoyerro, cualquier acto de las confesiones no católicas que alcance una notoria publicidad podrá ser interpretado como un acto irrespetuoso hacia la Iglesia Católica y, en efecto, más adelante veremos cómo la formulación definitiva del artículo $2 ^ { \circ }$ de esta ley4, y a pesar de las quejas de los no católicos, dejará un marco de acción amplio a determinados sectores de la.
Iglesia Católica para que éstos puedan denunciar las actividades públicas celebradas por los no católicos.
Estas peticiones y otras más, de haber sido aceptadas, harían de la Ley de Libertad Religiosa una ley para el control de las confesiones no católicas, saliendo de un régimen de tolerancia religiosa para entrar en una nueva situación donde la actividad de estos grupos religiosos estaría seriamente limitada y, además, lo que no ocurría durante el régimen de tolerancia, fuertemente controlada. En todo caso, de haberse promulgado una Ley bajo estas condiciones, pongo en duda que los propios grupos religiosos se hubiesen acogido a ella.
El arzobispo Muñoyerro también expondrá una queja acerca de la posible creación de una Dirección General de cultos no católicos, queja que vendrá argumentada por las decisiones tomadas en su día por la Comisión Episcopal de Ortodoxia sobre algunos aspectos iniciales que podrían definir el desarrollo posterior de esta Ley, y que se adjuntan como anexo al contenido de la carta. En estas conclusiones se señala que es un «peligro» la constitución en el Ministerio de Justicia de una Dirección General de cultos no católicos ya que supondría un primer paso para que, si cambiase la coyuntura en un futuro, se pudiese establecer una única Dirección General de Cultos que equiparase administrativamente a todas las confesiones, teniendo que:
el simplismo de unos y el afán confusionista de otros, además de la meta a que aspiran los protestantes de igualdad con la Iglesia Católica, habría de convertir en equiparación en otros aspectos… eso si no viene algún avatar que establezca la libertad de cultos5.
Por lo tanto, el miedo de los representantes de la iglesia Católica española radica en que, en un futuro, puedan perder su estatus diferenciado con respecto a otras confesiones religiosas o, simplemente, éstas obtengan el mismo nivel de reconocimiento que la iglesia Católica por parte del Estado.
En definitiva, estas quejas van en relación a la posible consecución, por parte de las confesiones no católicas, de un estatus legal equiparable al de la iglesia Católica. Verdaderamente, no se busca una mejora en la aplicación de la Ley, tampoco se aportan ideas para hacerla más efectiva en el sentido de que, según exige la Declaración Dignitatis Humanae, el derecho a la libertad religiosa pueda ser un hecho en nuestro país. Lo único que pretende el arzobispo Muñoyerro es asegurar la situación de privilegio de su iglesia, continuando, como si nada hubiese ocurrido en el seno del catolicismo, con el statu quo que sobre los no católicos pesaba en España.
Se introduce en una dinámica competitiva en la que lo que verdaderamente importa es estar mejor situado, política y socialmente, que las demás confesiones. Y así, manteniendo este talante, se despide diciendo:
Reconsidere la Comisión el asunto. No saque las cosas de su lugar. Si se obstina en su opinión, podrá ser acusada de favorecer a las sectas, en un momento que pueden considerar como triunfal para ellas.
Esta actitud nos muestra cómo la elaboración de esta Ley se ve por parte de algunos sectores de la iglesia Católica española, más que como un hecho derivado de su propia política interna sancionada por el Concilio Vaticano II, como un logro victorioso de las confesiones no católicas.
3. LA POSTURA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EVANGÉLICA.
También en enero de 1967 se recibe otra carta en el Ministerio de Justicia firmada por D. José Cardona Gregori, secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica. En ella expone una serie de consideraciones y sugerencias sobre el Anteproyecto de Ley.
Cree necesario que se tengan en cuenta en el Proyecto de Ley una serie de cuestiones que, si no se modifican, perjudicarían a los no católicos.
En primer lugar, pide que, teniendo en cuenta las peculiaridades de algunas comunidades cristianas evangélicas que no buscan un reconocimiento legal por parte del poder civil, se permita que éstas queden sin inscribirse como Asociaciones confesionales en el Registro especial.
Esta petición no podrá ser satisfecha porque uno de los objetivos que se busca con la Ley es tener registrados a todos los grupos religiosos no católicos de España. No tiene sentido que, siendo así, se permita que algunos grupos no se inscriban y continúen en un estado de alegalidad, ya que desde el gobierno se insiste en que es la inscripción el primer paso que se debe de dar para poder reconocerle, a la asociación confesional, los derechos comunitarios recogidos en el capítulo tres de la Ley.
En segundo lugar, D. José Cardona plantea que el propio reconocimiento legal conllevaría el sometimiento al control y a la vigilancia de las actividades religiosas de las comunidades no católicas, obligándolas a pedir un sinnúmero de permisos gubernativos, además del sufrimiento de interferencias administrativas que convertirían la Ley en una norma reguladora tremendamente burocratizada que pondría trabas a un verdadero ejercicio de la libertad religiosa.
Sin duda alguna esto parece ser así. El fuerte aparato burocrático que se establece en torno a esta Ley hace sentir a las confesiones no católicas que se acojan a ella bajo un control excesivo. Esto lleva a que, como se estima en tercer lugar, en algunos aspectos la situación de los no católicos ha empeorado ya que, durante el régimen de tolerancia, se podía pedir un permiso especial para abrir un lugar de culto sin necesidad de constar en ningún registro previo, mientras que a partir de ahora sólo podrán pedir este permiso las Asociaciones inscritas en el Registro.
Otra crítica que se realiza desde la Comisión de Defensa Evangélica está en la ambigüedad existente en la redacción del párrafo $3 ^ { \circ }$ del artículo 2, ya que no se define dónde están los límites a ese respeto a la iglesia Católica. Se pide, por lo tanto, que sea eliminada toda ambigüedad a ese respecto.
En quinto lugar, esta Comisión, por boca de su secretario, expone sus temores de que, apoyándose en el texto de la Ley, el Gobierno aplique el derecho a la libertad religiosa de manera restrictiva e intolerante. Se pide, por tanto, que el espíritu de tolerancia que se venía observando hacía algunos años continúe presente a la hora de aplicar esta Ley.
El 29 de marzo de 1967 se fecha otra carta de la Comisión de Defensa Evangélica Española, esta vez firmada por todos los representantes de las iglesias que conforman esta Comisión6, en la que, en un tono inicial de cordialidad hacia el ministro de Justicia D. Antonio Oriol, se muestran satisfechos por los esfuerzos realizados por el Gobierno español para encontrar una adecuada ordenación del derecho a la libertad religiosa, pero creen que éstos se deben encaminar por las siguientes vías:
a. Siendo fundamental para estas iglesias el principio de separación Iglesia – Estado, se pide que el poder civil no se inmiscuya en los asuntos internos de las iglesias, y así quede reflejado en la Ley. Esta capacidad de inviolabilidad que se pide parece del todo imposible dentro de un Estado cuyo Gobierno ha aceptado a duras penas, y con muchos recelos, elaborar una Ley que abra las puertas del país a otras religiones ajenas a la Católica.
b. Se señala que también se debe exponer claramente que el especial reconocimiento atribuido a la iglesia Católica debe ser compatible con el respeto «en grado sumo del derecho de libertad religiosa de otras iglesias». La formulación final de la Ley, asegurará el respeto a todas las confesiones, pero en su texto se excluirá el término «en grado sumo» ya que este uso estará reservado únicamente a la iglesia Católica. De esta manera, estaremos ante un sistema que, de hecho y de derecho, establece la existencia de una «religión» y de muchas «Asociaciones confesionales no católicas».
c. En tercer lugar, se dice que, el derecho a abrir nuevos lugares de culto, está reservado a las asociaciones confesionales cuando debería estar reservado a las iglesias. Sobre este respecto vemos que existe un problema de definición, expresamente buscado por los elaboradores de la Ley, entre Asociación confesional e iglesia. Parece ser que se busca el no establecer el mismo concepto para definir a la religión católica y a las demás religiones. En definitiva, lo que se busca es negar la denominación de iglesia a éstas últimas.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España
d. En cuarto lugar, la Comisión de Defensa Evangélica se queja de que en el Proyecto de Ley no se recoge el derecho que deben tener las iglesias a crear centros docentes, culturales y benéficos. Pero esto no se corresponde con la realidad ya que, si bien en el Proyecto de Ley no se utiliza el término iglesia sino el de Asociación confesional no católica, tenemos que tanto el artículo 22 como el 29 y el 30 del Proyecto de Ley regulan este aspecto en los términos marcados por la Comisión de Defensa Evangélica. Por lo tanto, es curioso que se denuncie la falta de este aspecto que, como se puede comprobar, sí está recogido en el Proyecto de Ley. ¿Acaso esto puede entenderse como producto de una deficiente lectura del Proyecto? Parece ser que no es así, ya que esta petición debe interpretarse como la búsqueda de que sean las propias iglesias, y no las Asociaciones confesionales registradas en cada provincia, las que estén facultadas para establecer estos centros docentes, benéficos, etc., de manera que éstos lugares puedan ser considerados como propiedad del conjunto de las Asociaciones confesionales no católicas que pertenecen a una misma iglesia o confesión religiosa. Si esto fuese así se conseguiría también, y es la petición de fondo que se esconde bajo esta queja, el reconocimiento oficial de las iglesias como tal y no como Asociaciones confesionales, hecho que, como hemos visto, no están dispuestos a aceptar los elaboradores de la Ley.
e. Otra de las quejas de la Comisión de Defensa Evangélica está en relación al uso subjetivo que se puede hacer del $2 ^ { \circ }$ párrafo del artículo 2 del Proyecto de Ley. En concreto al uso de la palabra «seducción». Ya se ha hablado con anterioridad de las puertas abiertas que deja la Ley para que, basándose en criterios totalmente subjetivos, sean limitadas las libertades a las Asociaciones confesionales no católicas. En cuanto a la introducción de la palabra «seducción», dicen los firmantes que puede ocasionar problemas en la práctica administrativa ya que puede limitar el «derecho de testimonio cristiano». Se debe entender, por tanto, que este testimonio es, por sí mismo, seductor, constituyendo entonces una falta al derecho de libertad religiosa. Desde luego, esta es una interpretación particular de los miembros de esta Comisión, pero lo que no se puede negar es que, en los términos en los que se redacta el artí- culo 2, cualquier cosa o acto que la iglesia Católica considerase como una falta al debido respeto que hacia ella se ha de tener, sería, en principio, susceptible de ser prohibida por los poderes públicos.
Después de esta misiva, la Comisión de Defensa Evangélica envía otra fechada el 24 de junio de 1967 en la que, abiertamente, llaman la atención sobre el Proyecto de Ley en los siguientes términos:
Que existe unanimidad en todas las iglesias en cuanto a la fidelidad inquebrantable que deben a sus principios y que ven profundamente amenazados en las restricciones contenidas en el Proyecto de Ley que tanto les afecta7.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España.
El tono de esta carta es mucho menos respetuoso, ya que, en los trámites de Cortes, ven cómo la redacción de la Ley no se está ajustando, ni de lejos, a sus peticiones.
La primera denuncia hace referencia a la ya conocida lucha por que sean reconocidas como iglesias y no como simples asociaciones. Dicen que:
Esta naturaleza de Iglesia está por encima de las concepciones que cualquier otra institución ya sea civil o eclesiástica les atribuya.
También se denuncia que los derechos de libertad quedan anulados ya que se introducen en el Proyecto de Ley más limitaciones de las que se pueden entender necesarias para mantener el orden público.
Además se proclama el principio de separación de Iglesia - Estado, no sólo para impedir la injerencia del Estado en los asuntos internos de las confesiones religiosas, sino para denunciar los estrechos vínculos, sin hacer mención expresa de ello, entre la iglesia Católica y el Estado español. Esta relación, según la carta, limita el derecho a la libertad religiosa de las demás «iglesias existentes en la nación». Y siendo esto así, las iglesias que forman parte de esta Comisión preferirán permanecer bajo el estatus, no acogiéndose a la Ley, que han mantenido hasta el momento.
Para que no se tenga que llegar a esta situación, se solicita lo siguiente:
a. Que las iglesias puedan mantener normal relación con las confesiones religiosas y afines en el extranjero. b. Que se reconozca el estatuto de iglesia a estas confesiones religiosas, dejando de ser consideradas meras asociaciones legales. c. Que se reconozca y garantice de parte del Estado el derecho de las iglesias cristianas no católicas a: «regirse por sus propias normas», «honrar a la divinidad en culto público», «ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa», «promover instituciones en las que colaboren sus miembros con el fin de ordenar la propia vida según los principios religiosos» y «la enseñanza y profesión pública de su fe».
Todo esto forma parte de las libertades fundamentales que, según la Comisión de Defensa Evangélica, toda iglesia debe tener, no debiendo estar sujeta a las circunstancias particulares del poder civil, es por ello la exigencia que se hace sobre los aspectos mencionados.
En definitiva, la Comisión de Defensa Evangélica se opone al modelo de Ley que presentó la Comisión de Leyes Fundamentales a Las Cortes, pero este Proyecto no variará de manera significativa, por lo que de poco sirvieron las quejas plasmadas en esta carta.
De todo lo que se acaba de exponer, se debe prestar especial atención al tono utilizado en la redacción de la carta. Debemos de tener en cuenta que las comunicaciones a los ministerios se suelen producir en tono de ruego o súplica, incluso en un tono confidencial, pero en este documento se puede entrever, por un lado, verdadero disgusto, y por otro, impotencia al sentir que el único medio de presión que se posee es el de continuar en la semiclandestinidad, o sea, continuar como se había estado hasta el momento, pero con el agravante de que, al existir una Ley que ya regula la situación de estas entidades religiosas, terminarán siendo obligadas a inscribirse en el Registro especial de Asociaciones confesionales no católicas.
4. EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA.
El 5 de octubre de 1967 ve la luz el primer informe sobre la aplicación del régimen de libertad religiosa en España. Es emitido por la Comisión de Libertad Religiosa, que lleva en funcionamiento desde el 28 de julio de 1967 exponiéndose los problemas que se han observado en el corto periodo de aplicación de esta Ley, que había entrado en vigor el día 21 de julio de 1967.
En el informe se expone la necesidad de realizar un desarrollo reglamentario de determinados aspectos mencionados en la Ley. De entre ellos destacan dos puntos:
El que hace referencia a la celebración de reuniones familiares.
Y el que trata sobre el régimen de las iglesias o comunidades locales.
En cuanto a las reuniones familiares, debemos de tener en cuenta que una familia, perteneciente a una confesión religiosa no católica, que se reúna en un lugar público –por ejemplo en un restaurante– para celebrar cualquier festividad relacionada con sus creencias religiosas, aunque este acto sea privado, puede ser acusada de realizar culto público en un local no autorizado para ello. Es por esto que, para celebrar estas reuniones familiares, si nos ceñimos únicamente al texto de la Ley, se debería de pedir un permiso especial al gobernador civil, lo cual parece excesivo. Por lo tanto este aspecto se debe reglamentar.
El segundo punto resulta, en su exposición, llamativo. Desde un principio, se había desestimado el uso del término comunidad local para definir lo que la Ley llamará «secciones locales». Resulta curioso que este informe vuelva a utilizar este concepto desechado, pero aun más lo parece que utilice el de «iglesia», definición rechazada totalmente por los redactores de la Ley por los motivos ya sabidos. Por lo tanto, observamos cómo de manera pública, sancionada en la Ley, se niega el término de iglesia para denominar a las diferentes religiones cristianas no católicas pero, en cambio, si es utilizado en los informes del Ministerio de Justicia que no veían la luz pública puesto que los elaboradores eran conscientes de que este término era el que mejor definía a las confesiones.
En otro orden de cosas, el informe también contempla una serie de instrucciones dadas a los gobernadores civiles en el que se exponen los principales problemas que se están teniendo en las provincias en este primer periodo de aplicación de la Ley. Existirá un plazo, hasta el 31 de diciembre de 1967, para que los grupos religiosos no católicos presentes en España se constituyan en Asociaciones confesionales no católicas. A lo largo de este periodo de tiempo, se intentará aplicar una norma de actuación a caballo entre la tolerancia y la libertad religiosa.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España.
Los gobernadores civiles recibirán unas pautas de actuación, ya que aplicar directamente la Ley no hubiese sido correcto en tanto en cuanto se necesita un periodo de tiempo para adaptarse a la nueva situación, por ello, se comunicó a los gobernadores, en una primera circular, que permitiesen, a las confesiones no católicas, realizar todo aquello que les era permitido en el régimen de tolerancia.
Después de esta comunicación se produjo, por parte del gobernador civil de Vizcaya, la clausura de un local destinado al culto de un grupo protestante, lo que originó el envío de una segunda circular en la que se pedía, como acto de buena voluntad y para un correcto desarrollo del derecho a la libertad religiosa, que no se clausurara ningún lugar de culto mientras durase el periodo de adaptación.
Se busca con estas medidas establecer un clima de concordia que, según este informe de la comisión de Libertad Religiosa, también preside las reuniones con los representantes de las confesiones no católicas. Ante esto, se les ha asegurado a estas personas que, la Ley de Libertad Religiosa, sólo ofrecerá problemas en aquellos casos en que se pretenda utilizar para fines no religiosos.
Así, el carácter de la Comisión de Libertad Religiosa, en principio, será dialogante y buscará una aplicación de la Ley que se ajuste al espíritu de la Declaración Dignitatis Humanae. Será por esto que la relación con la Comisión de Defensa Evangélica mejorará con respecto a meses anteriores, cuando ésta temía que la aplicación de esta Ley supondría un perfecto medio para controlar las actividades de estos grupos.
Días antes de la presentación de este informe se celebrará en Albacete una Convención Bautista en la que sus miembros acordarán no someterse a esta Ley, lo cual provoca airadas reacciones entre los altos cargos de los ministerios de Justicia y Gobernación, incluyéndose en el orden del día de la reunión convocada por la Comisión de Libertad Religiosa para el día 6 de octubre de 1967 un análisis de las conclusiones a las que llegó esta convención. De esta manera, el Director General de Política Interior, D. Jesús Aramburu Olarán, enviará un informe al presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, D. Alfredo López8, en el que da su parecer sobre esta negativa dada por la Convención Bautista, señalando que «resulta pintoresco que un grupo de españoles acuerden y hagan público su propósito de no someterse a una Ley de carácter imperativo, por la sencilla razón de que esa Ley no les agrada. Por la misma causa podrían anunciar su voluntad de no satisfacer un impuesto […] Los principios bautistas, por muy respetables que sean están por debajo de la Ley […]». El texto continúa hablando sobre la necesidad de que el día 31 de diciembre las diferentes confesiones religiosas presentes en España se hayan acogido a los términos que marca la Ley, porque, en caso contrario, crearían a los poderes públicos un gran problema ya que la única solución pasaría por la clausura de todos los centros que no cumpliesen con lo legislado, lo que provocaría una gran conmoción fuera del país.
De esta manera, el redactor del informe es consciente de que las autoridades españolas están siendo observadas desde el exterior y que cualquier acción coercitiva hacia los no católicos sería interpretado como una involución del régimen que puede tener consecuencias negativas en las relaciones internacionales. Es por ello que el informe continúa diciendo «[…] saben [los protestantes] que las circunstancias están a su favor siempre y cuando sus pretensiones no sobrepasen ciertos límites». Pero, a pesar de los problemas que pudiese acarrear una confrontación directa con las confesiones no católicas, y en concreto con las iglesias Cristianas no católicas, D. Jesús Aramburu se mostrará partidario de acabar, a partir del 1 de enero, con las actividades de aquellas religiones que no se acojan a la Ley, pero no sin antes establecer un proceso de diálogo junto con una campaña mediática que rebata las conclusiones a las que llegó la Convención Bautista. No cabe duda que este llamamiento final para que la Comisión de Libertad Religiosa entable un diálogo nace del reconocimiento de que la aplicación firme de la Ley, con el cierre de los lugares de culto y reunión de los no inscritos que ésta acarrearía, no traería más que problemas internos y, sobre todo, de carácter internacional, ya que era consciente de que la aplicación de esta Ley era observada con interés desde los países del entorno europeo y EE.UU.
A este respecto cabe destacar el informe elaborado por la Appeal of Conscience Foundation, con sede en Nueva York, tras la visita al país de una delegación encabezada por su presidente, el Rabino Arthur Schneier, y su vicepresidente, el Dr. Harold A. Bosley, de la iglesia Metodista. Ambos conocerán de cerca la situación que estaban viviendo las minorías religiosas del país entre los días 9 y 14 de diciembre de 1967. Los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores se mostrarán muy interesados en que estas personas se encuentren lo más cómodas posible en el país y darán todo tipo de facilidades para que puedan realizar su labor. En todo momento, y así lo refleja el informe, colaborarán con los miembros de esta fundación y mostrarán un espíritu de apertura. A pesar de ello, en el informe también se recogerán los problemas surgidos durante la elaboración de la Ley que regulaba el derecho a la libertad religiosa, señalándose que su redacción final diferirá del espíritu ecumé- nico y aperturista que la había inspirado. Como ejemplo se señala la necesidad que establece la Ley de que las confesiones no católicas declaren todos sus bienes y pongan en manos de la administración sus libros contables, requisitos que no se les exigen a la Iglesia Católica, entendiéndose esto como una discriminación entre confesiones.
A pesar de los inconvenientes, la Appeal of Conscience Foundation cree que estos problemas podrán ser solucionados en un futuro gracias a la buena voluntad de los dirigentes españoles, lo cual no deja de ser llamativo pero demuestra el interés del gobierno español por dar una imagen aperturista hacia el exterior, mientras que la realidad interior continuaba siendo mucho más compleja.
El gobierno español era consciente de que un informe negativo por parte de una asociación u organismo extranjero podía suponer un serio revés en su política inter.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España nacional, y por ello puso todos sus esfuerzos para que la delegación extranjera saliese del país satisfecha de lo que había visto y oído.
Los problemas surgidos llevarán a que, por Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1967, mientras que todavía permanecía en el país la delegación de la Appeal of Conscience Foundation, se amplíe el plazo de inscripción a las confesiones no católicas, y consiguientemente también se amplíe el periodo de transición caracterizado por una pervivencia del régimen de tolerancia, hasta el 31 de mayo de 1968, lo cual fue entendido por la delegación extranjera como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno.
El 1 de junio de 1968 se emite otro informe de la Comisión de Libertad Religiosa. En él se hace referencia a las tres posibles situaciones en las que quedarán los grupos religiosos no católicos en España una vez acabado el plazo concedido por la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1967.
Las situaciones que se podrán contemplar serán las siguientes: a. Confesiones religiosas que hayan obtenido su reconocimiento legal: en cuyo caso podrán ejercer normalmente los derechos comunitarios contenidos en la Ley. Este reconocimiento legal será comunicado a los gobernadores civiles. b. Confesiones religiosas que hayan solicitado el reconocimiento legal, pero se encuentren en espera de una resolución del Ministerio de Justicia: a las que será aplicado el mismo trato que se les venía dando durante el periodo de tolerancia religiosa. La lista de las confesiones religiosas que se encuentren en esta situación será comunicada a los gobernadores civiles.
c. Confesiones religiosas que no hayan solicitado su reconocimiento legal: cuya actuación no afectará de manera individual a los miembros de estas confesiones, pues éstos podrán disfrutar de los derechos individuales descritos en la Ley. En cambio, los derechos comunitarios sólo podrán ser disfrutados previa constitución en Asociación confesional. De tal manera que, si se poseyeran centros de enseñanza de carácter confesional, éstos deberán de cerrar en el curso siguiente. No se permitirá la apertura de ningún lugar de culto nuevo, y los que venían funcionando bajo el régimen de tolerancia se podrán dejar en funcionamiento temporalmente. Se buscará una fórmula para que, las confesiones a las que sólo les interesa tener garantizadas las actividades de culto, puedan registrar, solamente, los lugares de culto y los ministros a su cargo.
A estas confesiones no se les permitirá tener ningún tipo de publicación y tampoco se permitirán sus reuniones, exceptuando las que se realicen en los lugares de culto, o locales tolerados, teniendo que ser éstas de carácter religioso. Sí se permitirán, según el artículo 24 párrafo $3 ^ { \circ }$ de la Orden Ministerial de 5 de abril, las reuniones de menos de 20 personas que se celebren en el domicilio de una persona que profese una religión distinta a la católica.
Estos serán los distintos casos que se podrán observar después de que se cumpla la fecha establecida por la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1967, pero se.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España observa que, con fecha de 10 de julio de 1968, se habían presentado, en todo el Estado, solamente 106 solicitudes de reconocimiento.
Ante este escaso interés hacia el registro, por parte de las confesiones no católicas, la Comisión de Libertad Religiosa envía una circular a los gobernadores civiles en la que se les pide que tomen las siguientes medidas hacia los grupos no registrados:
a. No cerrar, por el momento, los lugares de culto así como otros centros utilizados por estas confesiones. b. No se les debe permitir ninguna manifestación externa. c. No se les debe autorizar ninguna actividad. Estas medidas de presión iban encaminadas a obligar a estos grupos a registrar
se.
5. EL CASO DE TESTIGOS DE JEHOVÁ.
Pero hubo confesiones que, a pesar de realizar la solicitud de manera temprana, tuvieron serios problemas en su registro. Este fue el caso de los Testigos de Jehová, que aparecen como protagonistas de una carta enviada desde el Secretariado Nacional de Ecumenismo al Ministerio de Justicia el 10 de diciembre de 19689. En ella se muestran serios inconvenientes para llegar a reconocer como Asociación confesional a este grupo, adjuntándose en la misiva un escrito dirigido a éstos.
En primer lugar, se hace palpable las fuertes diferencias existentes entre éstos y las iglesias protestantes, con las que se mantenían conversaciones, constatando que, para éstos, resulta ser un perjuicio pues “los fieles” tienden a confundirlos.
En segundo lugar, se asegura que los Testigos de Jehová, en su manera de actuar, lesionan los derechos de los cristianos y, por lo tanto, deben quedar fuera de la Ley. Las argumentaciones serán las siguientes:
a. Según experiencias de personas que han tenido contacto con ellos, se dice que,
en principio, no suelen presentarse como Testigos de Jehová, por lo que se les suele
confundir con protestantes. b. Se autodenominan personas cristianas, pero pronto, según se plantea en esta
carta, se muestran contrarios a cualquier confesión cristiana y, en general, a cual
quier confesión organizada. c. Se les acusa de manipular La Biblia, convirtiéndola en un lugar de separación
más que en una referencia común de los cristianos. d. Como nos dice la carta, gracias al testimonio de una persona que abandonó
esta confesión religiosa, se pudo saber que una de las actividades desempeñadas por
algunos de los Testigos de Jehová era la de conversar con los seminaristas para apar
tarlos de su vocación. De hecho, se les acusa de «enredar a algún sacerdote –desti.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España nado a Hispanoamérica– en cuestiones de faldas», con lo que se logró que éste se secularizase y abandonase su labor.
e. También se expone que abusan de las personas de escasa cultura; que se valen de la coacción moral, de las dádivas y las promesas, que captan de manera engañosa... en fin, que van en contra de todo lo estipulado en el artículo 2 de la Ley que regula el derecho a la libertad religiosa.
Al margen de estas acusaciones, también se pone en duda que su actuación sea por «celo de Dios», ya que si fuera así, se marcharían a países sin evangelizar «y no a España, en donde hay más de 35.000 sacerdotes y más de 100.000 religiosas que se ocupan de la educación cristiana de los fieles».
En definitiva, esta carta pone de manifiesto el interés nulo que tiene la Secretaría Nacional de Ecumenismo porque los Testigos de Jehová sean reconocidos como Asociación confesional. Entre otras cosas se les tacha de tener un espíritu antiecuménico y de ir en contra de las confesiones que la Ley quiere proteger, porque, lo que también parece claro, es que esta Secretaría se alinea con las posturas encontradas que tienen las iglesias del ámbito protestante hacia los Testigos de Jehová.
Todo este conjunto de acusaciones se completa con la censura hacia la postura antipolítica que muestra este grupo, sacando a relucir las posibles críticas realizadas por miembros de esta confesión hacia el Gobierno.
De esta manera, la conclusión de la Secretaria Nacional de Ecumenismo es que en los Testigos de Jehová «existe una mentalidad y una manera de ser y de actuar que es intrínsecamente dañosa al orden público, a la buena fama de otros cristianos, y a la convivencia armónica de los españoles». Es por todo esto que no se cree posible el poder dar de alta en el Registro a los Testigos de Jehová.
Pero, a pesar de esta exposición de hechos altamente desfavorable, serán reconocidas legalmente las Asociaciones de Testigos de Jehová, aunque el 31 de Julio de 1971, la Comisión de Libertad Religiosa remitía una circular a los gobernadores civiles en la que se informaba de la moción, formulada al Gobierno por la Comisión de Defensa Nacional de las Cortes, que pedía que se investigase el comportamiento de un número elevado de miembros de los Testigos de Jehová, pues su comportamiento no corresponde con lo establecido en sus Estatutos10.
Estas peticiones de vigilancia por parte de la Comisión de Defensa de las Cortes y, en general, los informes desfavorables sobre este grupo, llevan a que, paulatinamente, las Asociaciones de Testigos de Jehová sean dadas de baja del Registro.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España
6. PROBLEMAS PLANTEADOS POR LAS COMUNIDADES HEBREAS DE BARCELONA Y CEUTA Y POR LA COMISIÓN DE DEFENSA EVANGÉLICA ANTE EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY.
El 6 de diciembre de 1967 ve la luz un documento en el que se recogen una serie de observaciones, por parte de algunas Comunidades Hebreas y la Comisión de Defensa Evangélica, sobre el articulado de la aprobada Ley que regulaba el derecho a la libertad religiosa. Lo recogido en este documento nos muestra como una parte importante del articulado está expuesto a crítica. Sin lugar a dudas, podemos decir que el contenido de ésta no satisface a los mencionados, pero esperan poder solucionar los problemas que vayan surgiendo mediante el diálogo con la Comisión de Libertad Religiosa.
Las principales observaciones son las siguientes:
a. Los no católicos se muestran incómodos con la afirmación de que la religión católica es la de la nación española porque, esta redacción, parece excluirlos de la comunidad nacional.
b. Se muestra una preocupación por aquello que ya se ha mencionado ampliamente en este artículo: los términos recogidos en el $2 ^ { \circ }$ párrafo del artículo 2. Se dice que, si se realiza una interpretación amplia de éstos, se haría imposible el testimonio de fe de los ministros de culto acatólicos. Ante esto, la Comisión de Libertad Religiosa señaló que se estaban realizando esfuerzos por definir, al máximo, el alcance de cada término utilizado.
c. En cuanto a las posibles discriminaciones que, por cuestiones religiosas podí- an existir, se nos dice que para entrar a formar parte de la Milicia Universitaria se exige una partida de bautismo (católico, por supuesto), lo que supone una discriminación hacia los universitarios varones no católicos ya que, bajo estas condiciones, nunca podrían entrar en este cuerpo. Ante esto, la Comisión de Libertad Religiosa plantea la necesidad de que se elimine la exigencia de presentar una partida de bautismo para poder ingresar en cualquier cargo o función pública.
d. En particular, lo hebreos barceloneses piden que se reconozca a los judíos el derecho a no comparecer ante los tribunales de justicia y oficinas públicas en sábados o en días de fiesta hebraicos. Lo mismo se pide para los estudiantes judíos en periodos de exámenes. También se pide se que permita a los soldados de esta confesión que, en tiempos de paz, se les permita celebrar las principales fiestas en las condiciones que éstas requieran. La Comisión muestra su escepticismo ante que estas peticiones se puedan cumplir, sobre todo la que hace referencia a la comparecencia ante los tribunales, pero tramitará las demás: la referente a las Fuerzas Armadas al Jefe del Alto Estado Mayor, y la de educación, al Ministerio de Educación y Ciencia.
A este respecto se ha de señalar que, años más tarde, en una sentencia del Tribunal Supremo sobre el «descanso dominical» de un trabajador adventista se dice que, a pesar de que este trabajador, por imperativo religioso, deba realizar su descanso en sábado esto no podrá ser así porque puede ir en contra del buen orden y la disciplina en la empresa. Será de esta manera como se antepondrán los usos habituales en los lugares de trabajo y estudio a los usos religiosos, negándose cualquier posibilidad de cambio a todo no católico que lo solicite.
e. La Comunidad Hebrea de Barcelona, en sintonía con lo expuesto por parte de la Comunidad Hebrea de Madrid, alega la necesidad del reconocimiento civil del matrimonio religioso de las confesiones no católicas, estableciéndose, si se cree necesario para darle validez civil al acto, que durante la ceremonia esté presente un representante del Registro civil que tome nota del matrimonio celebrado. Esto, por primera vez, se toma en consideración para un futuro –siempre y cuando las Asociaciones confesionales que los realicen ofrezcan garantía, no se dice cual–, ya que, hasta la fecha, siempre se había rechazado esta idea.
f. En otro orden de cosas, existen quejas por parte de los evangélicos sobre las cualidades reunidas por los las zonas de los cementerios destinadas a los no católicos que, en pueblos pequeños, llegan a ser indecorosas. Esta queja será común entre los no católicos, puesto que, para este fin, se solían destinar zonas marginales del recinto funerario.
g. A este respecto, los judíos de Ceuta piden que se considere los cementerios como un lugar de culto más donde las confesiones religiosas se puedan reunir sin que sea, obligatoriamente, por causa de un entierro.
En definitiva, el proceso de aplicación de la Ley trajo no pocos problemas a las diferentes confesiones no católicas y, por su puesto, a la propia Administración que, como hemos visto, tuvo que reconocer las deficiencias y los problemas de hecho existentes a la hora de aplicar esta Ley.
7. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO.
Pero no todo fueron conflictos ya que también hubo actos y asociaciones cuya principal finalidad era establecer lazos de diálogo entre diferentes confesiones religiosas, si bien éstos se centraron en el mundo cristiano.
Uno de los puntos de encuentro más interesantes se produjo con la constitución del Comité Cristiano Interconfesional, creado en Madrid en 1968 y formado por representantes de la iglesia Ortodoxa, Anglicana, la iglesia Reformada Luterana Alemana, la iglesia Española Reformada Episcopal, la Unión Evangélica Bautista Española, la iglesia Evangélica Española y la iglesia Católica. Su principal finalidad era la de establecer un lugar en el que representantes de las mencionadas confesiones pudiesen mantener un diálogo constante sobre los principales problemas que las afectaban, dándose preferencia a aquellas cuestiones de carácter práctico que interesaban a las iglesias, evitando en lo posible el surgimiento de problemas entre ellas y el establecimiento de un reglamento rígido que, de alguna manera, pudiese limitar este diálogo. En los siguientes años, hasta 1971, las reuniones del Comité Cristiano.
Interconfesional se centraron, sobre todo, en la validez del bautismo cristiano en cada una de las confesiones y en la cuestión de los matrimonios mixtos.
Otro acto de carácter ecuménico celebrado en España por primera vez fue la Reunión Anual Ordinaria del Presidium y del Comité Consultivo de la Conferencia de Iglesias Europeas, celebrado entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 1969 en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), realizándose también algunos de los actos en la propia capital. En él participaron representantes de la iglesia Ortodoxa, Viejo-Católica, Anglicana, de las iglesias Evangélicas y Luterana, así como de la iglesia Católica. La Conferencia de Iglesias Europeas estaba vinculada al Consejo Ecuménico de las Iglesias, con sede en Ginebra, y tenía todo el apoyo por parte de la iglesia Católica, por lo que asistieron a ella numerosos representantes de ésta, como fueron el Arzobispo de Zaragoza, Monseñor Cantero Cuadrado, el Arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, así como Monseñor A r r i g h i , que se había desplazado desde Roma, pero esto no evitó que las autoridades pusiesen numerosos problemas a la hora de autorizar los actos. En primer lugar, hubo una orden expresa de no autorizar nada que no estuviese presente en el en el programa presentado en el Ministerio de la Gobernación, de tal manera que se desterró cualquier posibilidad de ampliar, por poco que fuera, los actos del Comité. En segundo lugar, desde el Ministerio de Justicia se controlará si aquellos lugares donde tienen lugar las celebraciones religiosas de carácter ecuménico han sido previamente inscritos en el Registro como lugares de culto. Para intentar poner solución a este exceso de celo por parte de las autoridades, desde el Secretariado Nacional de Ecumenismo, dependiente de la iglesia Católica, se pide al Ministerio de Justicia que sea transigente y que no ponga cortapisas a la hora de permitir la celebración de dichos actos ya que, incluso, podría disgustar al Consejo Ecuménico de las Iglesias y al propio Secretariado de Roma, pero estas peticiones fueron desatendidas haciéndose cada vez más palpable la paulatina separación entre el sector de la iglesia Católica que asumió las conclusiones del Concilio Vaticano II y el régimen franquista.
Meses antes de que esto sucediera, a comienzos del mes de marzo de 1969, estaba prevista la celebración de unas conferencias en conmemoración del IV centenario de la Biblia Española, en el que estaba previsto la participación de tres expertos en la Biblia. Dos de ellos no eran católicos, pero el tercero sí.
Cuando se pide la autorización al Ministerio de la Gobernación para celebrar las conferencias, éste la deniega. Ante la protesta de la Comisión de Defensa Evangélica, se demuestra que el motivo de esta desautorización está en la composición del grupo de conferenciantes, dándose la singularidad de que el acto sería autorizado siempre y cuando se sustituyese al conferenciante católico. Esta, en principio, sorprendente contestación por parte de las autoridades no lo es tanto si entendemos que, para los ministros de la Gobernación y de Justicia, la presencia de un católico entre los conferenciantes podía atraer a los actos a una mayor cantidad de público. De esta manera, con la sola participación de expertos no católicos, la administración buscaba la marginalización de la celebración del centenario, limitando su trascendencia social.
Pero algunos hechos visibles mostraban que, a pesar de los impedimentos puestos por los gobernantes, algo estaba cambiando en España. Uno de ellos fue la celebración, desde el 29 de octubre al 1 de noviembre de 1969, del IV Congreso Evangélico Español, el primero que se desarrollaba en libertad y de acuerdo con las autoridades españolas. Barcelona fue la sede de este evento cuyo tema general fue Nuestra común vocación al servicio y al testimonio en España. A cada una de las sesiones del congreso acudieron 1500 personas aproximadamente lo cual da idea de la capacidad de convocatoria de las iglesias Evangélicas, que se habían fijado como objetivo del congreso el avivar las relaciones entre los fieles de las iglesias ya que éstas reconocen que persiguen fines espirituales similares.
En este congreso, se manifestó que el número de miembros de las iglesias Evangélicas podría estar en torno a los treinta mil, teniendo en cuenta que muchas de estas personas pertenecen a iglesias que han optado por no inscribirse en el Registro de Asociaciones Confesionales no Católicas del Ministerio de Justicia.
A este congreso también asistió una nutrida representación internacional que, aunque no participó activamente, pudo comprobar los cambios que se estaban produciendo en nuestro país. Representantes de iglesias de Suiza, Italia, Portugal y Alemania confirmaron la nueva situación que los no católicos comenzaban a vivir en España.
8. CONCLUSIONES.
No cabe duda que la confesionalidad franquista supuso, en un primer momento, un paso atrás para el desarrollo de las actividades de los no católicos ya que aquella, tan presente durante la contemporaneidad española, se había visto potenciada por el régimen de Franco, siendo según éste, un rasgo definitorio del español el ser católico.
En este sentido, el modelo español se asemejaba a otros modelos presentes, por ejemplo, en el Norte de África, donde la confesionalidad estatal era –y es– un rasgo característico de su conformación como unidad política, no entendiéndose otro modelo político fuera de este marco, modelo que tenía que ver más con tradiciones del Antiguo Régimen, que con las conformaciones estatales contemporáneas del entorno europeo o norteamericano. De esta forma, podemos decir que la idea de Estado que tenía el franquismo estaba más cercana a modelos del Antiguo Régimen que a los modelos que imperaban en Europa.
Para Franco, la relación Religión-Estado fue fundamental en su discurso político ya que, como sabemos, la España de la dictadura franquista tenía como distinción la defensa más radical del catolicismo del que se nutría para alumbrar la formulación de sus Leyes.
Un ejemplo de adaptación fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967 en España.
Tuvo que ser, curiosamente por esta misma razón, el primer gobierno en establecer un marco legal en el que desarrollarían sus actividades las confesiones no católicas. Parece una contradicción que, precisamente su confesionalidad, llevase al Estado español a reconocer el derecho a la libertad religiosa, pero lo cierto es que aunque esto terminase con el tradicional régimen de tolerancia religiosa en España, no acabó con la confesionalidad del Estado.
Se pasaría entonces a un régimen donde se reconocían una serie de derechos, individuales y comunitarios, a los practicantes de confesiones religiosas distintas a la católica.
Pero, lo verdaderamente importante de este hecho es que, por primera vez, se estableció un marco legal teórico en el que, en principio, se estipulaba la no discriminación por motivos religiosos y, además, permitía el reconocimiento social y las actividades públicas de otras confesiones distintas a la católica. Estos derechos básicos, y el marco de acción estipulado por esta Ley, establecieron los antecedentes en nuestro país para la creación de una sociedad multirreligiosa.