El divorcio en Valladolid durante la II República (1931- 1937) \*.
The divorce in Valladolid during the Second Spanish Republic (1931-1937)
Resumen: En 1932, el gobierno republicano aprobaba la Ley de Divorcio, en el marco de una nueva regulación de la legislación matrimonial en España, reforzando los cambios sociales y jurídicos del papel de la mujer acaecidos en esta etapa. Esta medida, como otras aprobadas en el periodo, suscitó un debate social y movilizó a los sectores más conservadores del país, entre ellos la Iglesia católica. En el presente artículo analizamos el impacto real de la Ley de 1932, examinando la demanda social y aplicación legal del divorcio, mediante un estudio detallado de los expedientes de divorcio en Valladolid hasta 1937.
Palabras clave: divorcio; Segunda República; guerra civil; legislación republicana, Valladolid.
Abstract: In 1932, the Spanish republican government approved the Divorce Law in the context of new adjustments to marriage legislation in Spain, reinforcing the social and legal changes in the role of women that had emerged at the time. This measure, much like others that were approved during that time period, gave rise to social debate and mobilized the most conservative sectors of society, including the Catholic Church. In this research paper we will analyze the real impact of the 1932 Law by examining social demand for and the legal application of divorce through a detailed study of divorce files inValladolid until 1937.
Keywords: divorce, Second Spanish Republic, Spanish Civil War; legislation of the Second Spanish Republic; Valladolid.
Sumario: Introducción; 1. La escasez de estudios existente; 2. Las posibilidades ofrecidas por el análisis de textos literarios de la época; 3. Las opiniones de los contemporáneos vertidas en encuestas, prensa, folletos y libros; 4. El divorcio republicano en el contexto del mundo de entreguerras; 5. La aplicación de la ley en el conjunto de España. ¿Por qué tasas de divorcio bajas?; 6. La aplicación de la ley en la provincia vallisoletana; Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
Dos de los aspectos más innovadores y progresivos de las políticas reformistas con las que inició su trayectoria la República estrenada el 14 de abril de 1931 consistieron en la inclusión de un capítulo referido específicamente a la familia, en la Constitución aprobada por las Cortes el 9 de diciembre de aquel año y en la ampliación del derecho de sufragio, circunscrito hasta entonces a los varones, al colectivo femenino, y que formó parte también del texto constitucional tras superar arduos y poco edificantes debates. Ello no dejaba de formar parte de la considerable ampliación del “territorio de los derechos del hombre” que Jiménez de Asúa estimaba como una de las características del nuevo derecho constitucional desarrollado en los tiempos posteriores a la I Guerra Mundial1 .
En este trabajo no nos proponemos obviamente el tratar de la segunda vertiente pero entendemos que ambas reflejan o son la consecuencia de una nueva mirada sobre las mujeres no exenta sin embargo de contradicciones y limitaciones desde la perspectiva de afianzar, cuando menos en la legislación, un tratamiento menos sesgado hacia el género masculino como hasta entonces habían acreditado los propios códigos o como la infinidad de actos jurídicos que se resolvían teniendo en cuenta sus prescripciones2 . Aunque España había quedado un tanto apartada de los debates y movilizaciones rotuladas como feministas que se venían desarrollando desde hacía tiempo en otros países, eso no implica que algunas de las reivindicaciones femeninas básicas no formaran parte del horizonte de expectativas de mejora que el cambio político estaba situando ante los ojos de las españolas a comienzos de la década de 1930. Otra cosa bien distinta es si existía en España una presión importante, hecha visible a través de masivas movilizaciones de mujeres en pro de la universalización del sufragio3 , de la implantación del divorcio o de otros avances con un sentido igualitario. Con todo, parece que su plasmación progresiva a partir de 1931 pudo ser la consecuencia, no solo de los ideales democráticos y laicistas tan vivos en las culturas políticas del republicanismo o del socialismo, sino también del largo y dificultoso camino recorrido por varias generaciones de mujeres que habría acabado configurando una identidad de género íntimamente relacionada a su vez con la reivindicación global de la ciudadanía política y social para las mujeres4 . Resulta sintomático a este respecto el incremento de la presencia pública de las mujeres desde la década de 1920, que cabe detectar en planos distintos como el festivo, el periodístico, el de la sociabilidad5 .
Esa genealogía feminista, de la que ofrecemos algunas pinceladas más abajo ha de ser, pues sopesada, a la hora de interpretar la inflexión que 1931 supuso en lo que respecta a los derechos de las mujeres en España, si bien no debemos perder de vista que la concatenación de factores (prácticas, discursos, transacciones con el otro género) que van a dar por resultado aquella reivindicación se había ido tejiendo en ámbitos sociales muy minoritarios lo que se pone aún más de manifiesto si se compara el caso español con otros países europeos o americanos. Por lo que respecta concretamente al divorcio es muy ilustrativo, por ejemplo, el desnivel existente entre la España de la Restauración y la Italia postunitaria en donde la demanda de que el Parlamento legislara en tal sentido se hallaba mucho más arraigada en la sociedad6 .
La acción política femenina a la que aludimos se había manifestado también en la fundación de organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la Cruzada de Mujeres Españolas o la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas, siendo miembro fundador de estas dos últimas Carmen de Burgos.
La Cruzada de Mujeres Españolas, en una acción definida por la propia Carmen de Burgos como “el primer acto público de las sufragistas españolas”, presentó en 1921 al Congreso de los Diputados un texto solicitando la igualdad entre hombres y mujeres en materia de derechos civiles y políticos7 , pretendiendo acabar con la situación de inferioridad legal de las mujeres y reclamando para estas “el lugar que le(s) corresponde en las sociedades modernas”. La petición podía situarse en la línea de las conclusiones del VIII Congreso de la International Woman Suffrage Alliance. Este hecho se acompañó de una distribución del manifiesto por las calles de Madrid por grupos de mujeres procedentes de diversos estratos sociales. Explícitamente no solicitaban el divorcio, pero sí la modificación sustancial de los artículos del Código Civil que afectaban a la situación femenina8 . Este código, desde una perspectiva patriarcal como han señalado algunas autoras, colocaba a las mujeres en una posición propia de los menores de edad, debiendo obediencia al marido o siendo este el administrador de sus bienes, entre otros aspectos que limitaban la autonomía femenina9 .
Diversas organizaciones feministas persistieron en las demandas de igualdad en la situación legal y social de hombres y mujeres, reclamando entre otros derechos la regulación del divorcio. En 1927 el “Comité femenino de mejoras sociales de Barcelona” solicitaba “igualdad del hombre y la mujer en las causas de divorcio”10. Ello explicaría que el nuevo régimen republicano favoreciera un mayor espacio de movilización política para las mujeres, aprovechado por diversas agrupaciones para extender una militancia feminista, pero también republicana. Sería el caso de la Unión Republicana Femenina, que prestó una especial atención a las cuestiones legislativas que afectaban a las mujeres –consideraba que la República había influido positivamente en la condición moral femenina al convertir a las mujeres en sujeto de derechos sociales y políticos- organizando conferencias para exponer la utilidad de las nuevas leyes o la necesidad de mejoras, como la impartida a finales del año 1931 por Matilde Huici, Clara Campoamor y Ramón Salazar Alonso sobre la ley de divorcio11.
En este artículo nos planteamos el estudiar qué incidencia tuvieron en la provincia de Valladolid algunos de los preceptos contenidos en el apartado constitucional sobre la familia, muy en especial, el divorcio, descartando el hacerlo sobre otras cuestiones tales como el tratamiento dado a los hijos ilegítimos. Tampoco incidiremos sobre otra cuestión relevante como la ausencia de una modificación sustancial de la legislación civil o laboral que pusiera las bases para una consideración más equitativa en la relación entre las esposas y sus maridos o entre las trabajadoras y sus patronos u otros actores de la negociación colectiva, como los sindicatos. Y eso que la Constitución republicana establecía, en su artículo 43, que “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos” y que ello debería haber llevado a una modificación en el futuro del Código Civil12. Por último, nuestro estudio se ha basado en la documentación producida por los juzgados y la Audiencia territorial de Valladolid que hemos podido consultar en el Archivo de la Real Chancillería –la sección de Justicia contemporánea- y en el Archivo Histórico Provincial.
1. LA ESCASEZ DE ESTUDIOS EXISTENTE.
Uno de los motivos que más nos ha animado a emprender esta investigación es la escasez de la producción académica en torno al divorcio en la etapa republicana, lo cual no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que esta medida legislativa, promulgada el 2 de marzo de 1932 no deja de figurar siempre, y en una posición destacada, en la enumeración de las medidas reformistas introducidas durante el primer bienio13. Aunque al hablar de escasez conviene puntualizar que dentro de la argumentación o relato basado en el enfoque de género al que hemos hecho referencia con anterioridad, dicha medida recibe una atención particular siendo valorada como uno de los resultados principales de la lucha de los colectivos y personalidades feministas en pro de la igualdad y de la obtención de la ciudadanía, no solo política, sino también social. Un interesante texto de Rosario Ruiz Franco, centrado precisamente sobre la ley del divorcio aporta, creemos, el ejemplo más reciente de ese tipo de acercamiento al tema que nos ocupa 14. En él, además, se aportan datos valiosos acerca de la presencia del divorcio en el debate público antes de 1931 (la autora se detiene sobre todo en la labor pionera de Carmen de Burgos), en el análisis de encuestas como la realizada por la revista Estampa o en las reacciones de condena por parte del papa y de la jerarquía católica, aunque no deja de señalar que la llegada de la derecha al poder en el segundo bienio no acarreó su suspensión o derogación (a diferencia, por ejemplo de la Ley de reforma agraria). No entra sin embargo en la aplicación efectiva de la norma en cuestión que es, a nuestro juicio, uno de los principales retos pendientes a la hora de estudiar el divorcio republicano.
Si se tiene en cuenta lo publicado desde una perspectiva historiográfica, la monografía que hasta ahora ha sido más útil, casi la única, ha sido el libro de Ricardo Lezcano, El divorcio en la II República15 que, a pesar de consistir de modo principal en una glosa muy detallada y bien razonada de los debates parlamentarios en torno a esta cuestión, aporta informaciones de gran utilidad sobre los diputados miembros de la comisión o que presentaron enmiendas. Así, por ejemplo, sobre aquellos intervinientes que eran médicos de profesión, como Juarros o Sanchís Banús y cuyas opiniones pesaron mucho, lo mismo que la de juristas muy destacados, como Felipe Sánchez Román o Ángel Ossorio y Gallardo.
Pero como decíamos, la bibliografía disponible no es muy amplia: pocos autores han tratado específicamente la cuestión, ya sea en tesis general, como hace Ana Aguado en un artículo suyo de $2 0 0 5 ^ { 1 6 }$ (pero que trata en realidad de más cuestiones) o en un plano más local como ha hecho Alberto González en un trabajo centrado en la provincia de Toledo17. Aparte hay que contabilizar otras aportaciones, antiguas en algunos casos, contenidas en artículos, capítulos de libros u obras más generales sobre los avances o la situación jurídica de la mujer en la España contemporánea (y, en particular, en el periodo republicano) que revisten bastante interés18, o acerca de la evolución de la familia en España, con referencia concreta al siglo $\mathrm { X X } ^ { 1 9 }$ . Además de trabajos más recientes que reflejan muy bien las nuevas orientaciones vigentes hoy en la historia de las mujeres en España20. Un texto que conviene resaltar, si bien está a caballo entre la historia y la sociología es el estudio que publicó, en el año 1979, la socióloga Inés Alberdi, con una breve pero sustanciosa referencia al divorcio republicano en donde subrayaba el carácter tan avanzado de la norma española, especialmente por la introducción de la posibilidad del divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges21.
La figura del divorcio, al ser objeto de una regulación jurídica, ha sido y es un asunto abordado también desde esa perspectiva, como acreditan algunas tesis doctorales, realizadas aproximadamente en la década de 1980 en la Universidad de Navarra, por Antonio Corella Cebriá22, en la de Alicante, por Carmen Bragado23 o en la Complutense de Madrid, por Luis Barroso González24 pero algo lejanas en el tiempo y con un enfoque primordialmente jurídico25. Y cabe citar, por último, algunos artículos sobre la cuestión a cargo, entre otros, de Jesús Daza o de Rafael Navarro Valls26 o, con un enfoque cronológico mucho más amplio, por Enrique Gacto.
Afortunadamente, sin embargo, cuando escribimos estas líneas, se han vuelto accesibles, a través de Dialnet, varias tesis doctorales, en las que, bien de forma monográfica o concediéndole una importancia destacada, se ha tratado del divorcio republicano. Se trata, por un lado, de la realizada por Máximo Castaño Penalva27 cuya parte más interesante está constituida, lógicamente por los capítulos centrados en la preparación y aprobación de la ley (comenzando por la mención expresa al divorcio ya en la propia Constitución republicana, sobre lo que no existió unanimidad), en su aplicación, en el impacto sobre la opinión pública, especialmente la femenina, en la jurisprudencia producida por el Tribunal Supremo en los casos en que se apelaba la sentencia de un tribunal inferior, etc. Aquí el autor proporciona informaciones de interés sobre las opiniones divorcistas y antidivorcistas en la prensa de la época, revistiendo un atractivo particular las páginas que dedica a la prensa femenina, clasificable en algunos casos como rosa y cuyas opiniones oscilaron entre la frivolidad y la seriedad, así como la revisión que efectúa –arrancando en realidad de más atrás- de la producción teatral y cinematográfica referida específicamente al divorcio.
La oposición de la derecha católica y de la propia iglesia a la ley es abordada también por este autor señalándose cómo los obispos publicaron varias cartas pastorales en 1932 previniendo a sus diocesanos contra la norma divorcista esgrimiendo, incluso, argumentos como que los divorciados no podrían ser inhumados en el camposanto; o que la CEDA llevaba en su programa electoral su abolición.28 Estos pronunciamientos episcopales se sumaban al que el propio pontífice, Pío XI, había efectuado a finales de 1930 con su encíclica Casti Connubii. En el caso específico de la legislación divorcista española, el pontífice se pronunciaría, alertando de sus consecuencias negativas en otro documento, la Dilectissima nobis, de junio de $1 9 3 3 ^ { 2 9 }$ .
Otro trabajo académico reciente en el que se aborda de manera detallada la cuestión del divorcio republicano es la tesis de César Mateu, que la estudia dentro de su propósito más general de analizar la aplicación de la legislación de la II República en Mallorca30. A nuestro juicio, el interés mayor que reviste es que se ha basado, igual que nosotros, en los expedientes de divorcio fallados por la Audiencia de Palma de Mallorca y procedentes de las Islas Baleares entre 1932 y 1936, que suponen una cifra más elevada que la hallada para Valladolid (222 divorcios y 30 separaciones)31. Dejando de lado, sin embargo el interés de los datos que aporta, el autor opta, más que por hacer un análisis de conjunto, por seleccionar, para cada uno de los años citados, seis casos de cada uno de los cuales ofrece una descripción de lo ocurrido en el seno de la pareja y que motiva la demanda que pone a su vez en relación con las causas tipificadas por la ley especificando también el resultado final. Es lástima porque la documentación hallada podría haberle dado mucho más de sí.
2. LAS POSIBILIDADES OFRECIDAS POR EL ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS DE LA ÉPOCA.
La literatura constituye un buen espejo de las preocupaciones de una sociedad e, incluso, en algunas circunstancias ciertas obras literarias tienen el mérito de suscitar un determinado tema, de orientar el debate, etc. En la Francia de la II República, por ejemplo, sendas obras de Alexandre Dumas (hijo) y de Paul Féval contribuyeron en no pequeña medida a alimentar la polémica entre divorcistas y antidivorcistas que había puesto en marcha el trabajo legislativo de Alfred Nacquet, y que se tradujo en la ley de mayo de 1884 que restablecía el divorcio, en los términos que lo había hecho otra norma anterior de 1803. Las obras a las que nos referimos fueron $L a$ question du divorce (1880), de Dumas, y la réplica que recibió de Paul Féval, que apareció bajo el título de Pas de divorce! (el mismo año). Pese a lo cual, sin embargo, según Nicolas White, hasta fechas recientes no se había estudiado la abultada producción literaria que rodeó a la ley Nacquet32.
También en Italia, donde pese a no llegar a aprobarse una ley específica, hubo cualificadas voces, dentro del arco político que lucharon tenazmente presentando proposiciones de ley pidiendo que se estableciera el divorcio (sería el caso, especialmente, de Tommaso Vila), esta cuestión estuvo en el debate público desde las últimas décadas del siglo XIX. Hubo aquí una considerable movilización católica para impedirlo, articulada a través de la Opera dei congressi y algunas escritoras italianas hicieron oír su voz por medio de obras literarias, artículos periodísticos y panfletos, bien en el lado divorcista o en el antidivorcista. Entre las primeras figuraron Sibilla Alleramo y su novela Una donna, de 1901, o Grazia Deledda con Dopo il divorzio, otro relato, de 1902. El punto de vista católico, en cambio lo representó bien la escritora Luisa Anzoletti con su discurso, publicado en 1902, Il divorzio e la donna33.
Por lo que se refiere a España, tanto antes como después de la aprobación de la norma de 1932, el divorcio halló su reflejo en la producción literaria, tal y como ha expuesto M. Castaño. Habría que mencionar en primer término a Carmen de Burgos, verdadera pionera en la introducción de este tema en el debate público español ya que, además de una encuesta de $1 9 0 4 ^ { 3 4 }$ , dio a la imprenta varias novelas cuyas tramas constituían alegatos a favor del divorcio, tales como El artículo 438 (con una referencia literal al de esa numeración del Código penal, referido al delito de adulterio) y La malcasada, de probables tintes autobiográficos, reiterando la necesidad de regular el divorcio en La mujer moderna $y$ otros derechos35. Obras a las que habría que añadir algunas piezas teatrales a cargo de Manuel Linares-Rivas, escritor, político y jurisconsulto, quien estrenó dos obras referidas al divorcio: Aire de Fuera, en 1903, y La garra, en 1914. En esta última resaltaba la falta de humanidad y de sensibilidad en la aplicación de la ley por parte de los jueces, sobre todo en materia de familia.
Durante el periodo republicano se estrenaron otras obras teatrales, así como películas36 en las que la temática divorcista suministraba el argumento. Sería el caso, por lo que respecta a las primeras, de la obra $A$ divorciarse tocan, de Jacinto Capella y José de Lucio, estrenada en realidad antes de que la norma fuera aprobada y en la que sus autores ofrecían una visión favorable y humana del divorcio. A ella habría que agregar la comedia del afamado autor Pedro Muñoz Seca, Anacleto se divorcia, estrenada en Madrid exactamente dos meses después de la aprobación de la norma que era tratada de forma satírica tomando pie el autor en sus disparatados efectos sobre los personajes para cargar contra la República y sus novedades. Y, en fin, La moral del divorcio, de Jacinto Benavente, también de 1932, de ribetes críticos también aunque aceptando pese a todo el divorcio por su utilidad para ciertos matrimonios. No nos parece, sin embargo, que esta temática diera lugar a una producción literaria tan densa como en Francia o, incluso, en Italia.
3. LAS OPINIONES DE LOS CONTEMPORÁNEOS VERTIDAS EN ENCUESTAS, PRENSA, FOLLETOS Y LIBROS.
Los escasos estudios existentes sobre el divorcio en España –con anterioridad, claro está, a la ley de 7 de julio de 1981- señalan como una fecha liminar la de 1904 en que la periodista de El Universal, Carmen de Burgos recopiló abundantes opiniones de intelectuales, literatos, políticos españoles a favor o en contra del divorcio37, que posteriormente recogió en un libro publicado ese mismo año. Un “plebiscito”, como lo denomina su impulsora que vendría a suponer “los primeros pasos para el planteamiento de esta mejora social”38 y que cabría poner en paralelo con otras encuestas sobre esta cuestión como la realizada en 1908, en Francia, por Gustave Téry39 .
Según Máximo Castaño, después de la realización de esta encuesta habría sobrevenido, hasta la proclamación de la Segunda República, una ausencia casi completa de opiniones cualificadas, vertidas por intelectuales, a favor del divorcio40. Una valoración, no obstante, que no compartimos enteramente ya que el tema –y la opinión favorable al mismo- si que está presente en algunos trabajos académicos41 o en la obra de algunas mujeres escritoras, bien de forma expresa, como en la propia Carmen de Burgos42 o de modo más o menos indirecto, abordando la infelicidad de muchas parejas, obligadas a mantener el vínculo matrimonial por el peso tan marcado de la iglesia sobre la legislación española y por el comportamiento de jueces y magistrados, como puede advertirse en algunos textos de Margarita Nelken o de Isabel Oyárzabal de Palencia43. No deja de ser irónico, no obstante, que la separación matrimonial –“de mesa, tálamo y habitación”- que podían conceder los tribunales eclesiásticos fuera denominada divorcio, a pesar de que dicho término estaba ausente del Código canónico en su versión más reciente, la promulgada por Benedicto.
XV y cuyo índice analítico y alfabético había sido obra del cardenal Gasparri44.
Una vez instaurada la República, aparecieron en la prensa algunas encuestas muy iluminadoras como la realizada en la revista Estampa entre más de 3.600 mujeres y en que se las preguntaba por los motivos que las llevarían a pedir el divorcio situando entre las razones principales y por orden decreciente, el alcoholismo, la infidelidad y los malos tratos45, no así la falta de amor en la pareja, lo que no deja de ser un dato relevante.
Otra encuesta interesante es la que realizaron José María de Barbáchano y Juan de Gredos, que se publicó como libro, con un prólogo de Luis Jiménez de Asúa46. Su interés reside en el relieve público de los encuestados y en la opinión mayoritariamente favorable a la implantación del divorcio que revelan, no obstante algunas manifestaciones en contra (como las de Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura) o, la más matizada de María de Maeztu quien, aún no siendo partidaria del divorcio, terminaba por dar su apoyo a la ley por la rehabilitación de los hijos ilegítimos que propiciaba47.
Por lo que respecta a Valladolid, la prensa que hemos consultado, así, el principal periódico local, El Norte de Castilla, nos ha sorprendido por lo poco que aparece en sus páginas la temática divorcista48, a pesar de que su director en los años treinta, Francisco de Cossío publicó un artículo muy citado, pero en las páginas de un diario madrileño, El Sol, titulado “El divorcio español” en el que vaticinaba, equivocadamente, que la implantación del divorcio iba a beneficiar solamente a millonarios y artistas o a gente que viajaba mucho49. Para la etapa republicana solo hemos localizado en El Norte un artículo de Colombine en el que hacía una referencia pasajera al divorcio en los Estados Unidos en una colaboración destinada principalmente a proporcionar argumentos a favor del sufragio femenino50. Está algo más presente, en cambio en el cotidiano católico, Diario Regional, ya sea en editoriales o artículos firmados por colaboradores habituales como el jurista católico Salvador Minguijón51 o el Magistral de Burgos52, o en algunos sueltos como uno muy significativo, publicado pocos días antes de que la nueva norma fuera publicada la Gaceta53 en el que se ironizaba sobre la supuesta necesidad del divorcio al haberse vuelto imposible, según parecía la vida conyugal, para muchos ciudadanos54. Había otros asuntos, en nuestra opinión que entonces preocupaban mucho más a la Iglesia y la derecha católica, como la cuestión escolar.
4. EL DIVORCIO REPUBLICANO EN EL CONTEXTO DEL MUNDO DE ENTREGUERRAS.
Según el estudioso que ha realizado el trabajo probablemente más completo acerca del divorcio en el mundo occidental, Roderick Philipps, la ley española de 1932, en su forma final fue “el código de divorcio más liberal en la Europa contemporánea55. Y eso que la norma republicana se inscribía en una tendencia europea, patente a partir de la conclusión de la I Guerra Mundial, muy proclive al divorcio. De hecho y según este mismo autor, las tasas de divorcio en los países donde estaba reconocida esta figura aumentaron de forma dramática, en parte porque se abarataron los procedimientos para hacerlo, como sucedió en Inglaterra en donde la vía de los llamados “pauper divorces”, restringidos hasta entonces a quienes no acreditaban poseer bienes superiores a más de 25 libras se amplió al fijar ese umbral mínimo en las 100 libras56. En el caso de Francia, también después de la Guerra, las tasas de divorcio se incrementaron, destacando especialmente los medios urbanos. Así, tan solo en la aglomeración parisina, la tasa de divorcios se habría cuadruplicado a contar de la instauración de la paz, según el sociólogo Li Mon57. Y eso sin hablar del caso estadounidense, donde había surgido una “industria del divorcio” muy en relación con el abaratamiento y relajación de los requisitos demandados a las parejas para romper el vínculo matrimonial, como sucedió en estados como Nevada, Arkansas, Idaho, etc. No cabe olvidar, de todos modos, el impacto que pudo tener en la forma de enfocar las relaciones familiares lo que estaba sucediendo contemporáneamente en la joven Unión Soviética, donde se puso en marcha una política familiar radicalmente distinta de las pautas a las que estaba acostumbrada la sociedad occidental por cuanto –basándose en Marx y Engels- se pensaba que la familia era una institución que fomentaba y reforzaba los valores sociales burgueses. Las autoridades soviéticas, pues, por medio de disposiciones adoptadas en 1917 y 1918, buscaron la desaparición de la familia tal y como era conocida en la sociedad burguesa. Y el divorcio era una piedra angular del nuevo código familiar puesto que suprimía la compulsión que iba implícita en la indisolubilidad matrimonial (el propio Lenin se pronunció a favor de una completa libertad en esta materia58) Así, en la ley de divorcio de 1918 era suficiente el deseo de ambos cónyuges o de uno de ellos, de divorciarse para obtenerlo. Por ello, a comienzos de los años veinte, la tasa de divorcios en Rusia se había convertido, con mucho en la más elevada de Europa, veintiséis veces superior a la de los países occidentales donde el divorcio estaba legalmente implantado59.
Sería éste el contexto internacional de la legislación sobre el matrimonio y la familia en el que se inscribió tanto la idea de hacer figurar el divorcio en la nueva Constitución, como el de su regulación específica por medio de la ley 2 de marzo de 1932. Y en España se optó por un enfoque muy progresista en la regulación de la ruptura del vínculo matrimonial inspirándose sobre todo el legislador en la normativa uruguaya que había producido un gran impacto en Luis Jiménez de Asúa, el presidente de la comisión encargada de elaborar el proyecto constitucional60. Dicha normativa contemplaba el divorcio bilateral61, así como el instado por voluntad exclusiva de la mujer62, posibilidades que no aparecían en cambio en otras legislaciones europeas de la época, como la francesa donde el divorcio por consentimiento mutuo solo se introdujo en la tardía fecha de $1 9 7 5 ^ { 6 3 }$ . En realidad, la gran diferencia entre las legislaciones radicaba en la aceptación o no del mutuo disenso para su declaración.
Todo ello no implica, sin embargo, que en la determinación de las causas de divorcio, en la fijación de la edad mínima para poder solicitarlo, en si los cónyuges divorciados eran libres o no para contraer nuevas nupcias, en la fijación de una pensión alimenticia, etc., el legislador no tuviera presente el modo cómo se regulaban estas cuestiones en otros países donde el divorcio existía, para lo cual hubo de resultar muy útil la atención que prestaron algunos juristas a la legislación comparada, caso, por ejemplo, de Eugenio Tarragato64, Benito Sanz y Manuel Hilario Ayuso65, o, en fin, el ya citado Delgado Iribarren66. Al propio tiempo, otros juristas publicaron obras de comentario de las sentencia, pero para sacar a la luz aspectos escabrosos o picantes en el marco de las costumbres amatorias de la época67.
5. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA. ¿POR QUÉ UNAS TASAS DE DIVORCIO BAJAS?
La Constitución de 1931 y la ley española de 1932 allanaban, pues, el camino para el divorcio, habiéndose barajado, incluso, la posibilidad –no recogida luego en ninguno de los dos textos legales- de que la mujer pudiera solicitarlo sin alegación de causa, como ocurría en Uruguay68, para prevenir la probable censura social o para no tener que desvelar datos embarazosos de su vida conyugal, pero esta eventualidad no fue finalmente recogida en la ley imponiéndose a ambos cónyuges la obligatoriedad de alegar causa (salvo en los casos de divorcio por mutuo disenso)69. Por otro lado, los aranceles y tasas judiciales fijados para el procedimiento se fijaron en unos niveles bastante módicos abriéndose la puerta, además, a que los interesados pudieran litigar como pobres, en caso de que la demanda de pobreza presentada fuera fallada positivamente por el juez70.
Dadas esas circunstancias cabría pensar que en la España republicana un buen número de personas casadas y cuya vida matrimonial era insufrible o inexistente, optaría por acogerse a las facilidades dadas por la ley pero sin embargo y a tenor de las estadísticas de 1932-1933 se puede decir que la decisión de divorciarse estuvo muy lejos de ser algo masivo, lo que suscita la pregunta de si la nueva legislación divorcista venía al encuentro de una necesidad social conscientemente sentida por los interesados como afirmaría más tarde Salvador de Madariaga71, si respondía más a una posición ideológica acorde con el reformismo avanzado de la coalición que gobernaba en aquellos momentos en España o si, en fin, lo que el legislador pretendía en realidad, era fortalecer y sanear la institución matrimonial, al facilitar la disolución de aquellos matrimonios que estaban ya rotos sin remedio y ofrecer la opción a los ya divorciados de emprender una nueva vida conyugal en condiciones de mayor armonía72. Hay que tener en cuenta, con todo, que el divorcio en España era una novedad y que quizás por ello el número de divorcios resulta más bajo de lo que potencialmente podría haber sido en el caso de que llevara años ya establecido y contara, por tanto, con una mayor aceptación entre la población73.
Las únicas cifras disponibles sobre la incidencia de la legislación divorcista son las que se refieren al bienio $1 9 3 2 \ – 1 9 3 3 ^ { 7 4 }$ , careciendo de datos oficiales para los tres años siguientes75 (o para los de la Guerra Civil en la parte de España controlada por el gobierno legítimo). Tales cifras, modestas (casi 4.000 divorcios y separaciones fallados positivamente por las audiencias provinciales que supondrían solo el 0,09 por 1.000 habitantes, tomando como referencia la población española en 1932), desmentirían los temores de los publicistas católicos o del espectro conservador de que la ley iba a acarrear una crisis del matrimonio y de la institución familiar.
Los temores y expectativas que podían existir acerca del recurso a la modalidad del divorcio por mutuo disenso76 (que singulariza a la norma española dentro de la legislación europea de la época) se zanjaron, vistas las cifras, con una incidencia minoritaria, ya que solo en el $2 { , } 1 0 \%$ de los casos se invocó dicho motivo como causa de divorcio. Por otra parte, la aplicación de la ley arrojó, cuando menos, dos sorpresas: la del predominio de las mujeres a la hora de pedir el divorcio, lo que relativizaría el supuesto de que muchas o la mayoría de las mujeres, inmersas en una situación conyugal desgraciada no se atreverían a iniciar los trámites del divorcio salvo que se les facultara a no desvelar la causa (algo más del $9 5 ~ \%$ lo fueron alegando alguna de las 13 causas que especificaba el artículo $3 ^ { \circ }$ ), y, en segundo lugar, la del elevado porcentaje de demandantes pertenecientes a la clase obrera (más del $3 1 \ \%$ , atendiendo a la profesión del esposo) lo que suponía un mentís neto a algunos críticos, como F. de Cossío, el cual ponía en cuestión que la ley pudiera servirle de algo al proletario, al empleado modesto, al pequeño rentista y venía, en suma a considerarla como algo postizo e innecesario, argumentando que la ley no podía crear la costumbre77.
6. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN LA PROVINCIA VALLISOLETANA.
Entramos en la parte que aspira a ser más novedosa de nuestra aportación y la que conlleva una mayor elaboración de datos originales. Puesto que el divorcio era un mecanismo para la disolución del vínculo matrimonial que debía tramitarse por la vía judicial, viendo primero la demanda el juez en cuyo partido figurara la localidad en donde vivieran los cónyuges78 y, en un segundo paso, la Audiencia provincial que era la instancia jurisdiccional que dictaba sentencia, hemos dirigido nuestras pesquisas a la documentación de los juzgados de primera instancia de la provincia vallisoletana, por un lado, y a la emanada de la Audiencia Territorial que tenía su sede en Valladolid, entre 1932 y 1938, por otro, al objeto de trazar un cuadro más completo de la incidencia de la ley del divorcio en dicha provincia que la aportada por la Estadística de 1932-1933. Aquí incluimos también las separaciones por cuanto con la norma citada debían de tramitarse siguiendo los mismos pasos procesales que las demandas de divorcio.
Recordemos brevemente el procedimiento fijado por la ley hasta que la demanda de divorcio o separación fuera fallada por la Audiencia79. Dicha demanda era presentada ante el juzgado de $1 ^ { \mathsf { a } }$ instancia en cuyo territorio estuviera ubicado el domicilio conyugal, un requisito que se hacía necesario acreditar por medio del padrón de vecinos, lo cual podía suscitar problemas a mujeres que pedían el divorcio de sus maridos en el caso, por ejemplo de que el cabeza de familia, el varón, hubiera omitido empadronarse. Podían plantearse asimismo conflictos de competencias entre juzgados en el caso de cambios de residencia.
Así, era el titular del juzgado donde radicara el último domicilio quien debía instruir el sumario, practicando las pruebas pertinentes –entre ellas, el interrogatorio de los testigos- que podían incluir cartas, fotografías u otros documentos (una radiografía, incluso, en un caso)- dar parte al cónyuge presuntamente culpable el cual, en ocasiones, también expresaba su voluntad de divorciarse o formulaba una reconvención tratando de demostrar que la culpabilidad recaía en realidad sobre el que había presentado la demanda, aunque también hemos encontrado casos –en un número bajísimo- en los que el cónyuge demandado se opone al proceso. A menudo, no obstante, el demandado no comparecía y era declarado rebelde. Todo ello explica, sobre todo en los procesos muy disputados, el que estos sumarios puedan ser muy voluminosos.
No era el juez inferior, sin embargo, quien decidía sobre la demanda formulada sino que, al término de la fase de instrucción procedía a hacer un resumen razonado de las pruebas y un informe en el que, sin zanjar la cuestión, sí que sopesaba las razones o fundamentos jurídicos para conceder o no la petición. Por otro lado, y puesto que la ley establecía que, caso de ser admitida la demanda era imperativo separar a los cónyuges, fijarle un domicilio a la esposa, y señalarle alimentos en caso de que careciera de medios de subsistencia80, todos estos pasos tenían que ser tramitados también por el juez de $1 ^ { \mathsf { a } }$ instancia como piezas separadas, para no entorpecer la marcha del proceso principal (lo mismo ocurría con las demandas de pobreza, muy frecuentes, como se verá).
Los autos se remitían luego a la Audiencia provincial (que en el caso vallisoletano se solapaba con la territorial), se emplazaba a las partes –en un plazo máximo de diez días- y se designaba un magistrado ponente, y se citaba a los litigantes para la sentencia fijándose un día para la vista, que podía celebrarse a puerta cerrada “cuando así lo exijan la moral y el decoro…”. Caso de ser estimada la demanda, el cónyuge culpable podía plantear un recurso ante el Tribunal Supremo cuyos pronunciamientos, con frecuencia denegatorios, resultan más accesibles81 y han sido más estudiados, tanto en la época de vigencia de la ley como en estudios contemporáneos.
En total hemos registrado 164 divorcios-separaciones si bien y puesto que algunas de las demandas de divorcio planteadas en los meses inmediatamente anteriores al desencadenamiento de la Guerra Civil no tenemos constancia de que llegaran a fallarse (hubo, no obstante, dos casos sentenciados en 1937) o porque el sumario, por razones que ignoramos, no está completo en los legajos de la Audiencia, hemos operado, con vistas a desarrollar nuestro argumento y a explicitarlo en tablas y gráficos, con un número algo menor, 160, para los que sí disponemos de la documentación necesaria. Hemos confrontado nuestros datos, lógicamente, con los que, para Valladolid, aporta la Estadística de 1932-1933 pudiendo advertir, de entrada, que existe discrepancia ya que si en este recuento el número total de divorcios y separaciones sentenciados era de 80, nuestra cifra es inferior, 66, para esos dos años iniciales. Deseamos aclarar que, a los efectos de este artículo, razonaremos en base a nuestros datos, que aparte de más completos pues llegan hasta 1937, nos parecen enteramente fiables al provenir de la fuente original, compulsada por nosotros en los archivos vallisoletanos.
Esos 160 divorcios-separaciones se escalonaron siguiendo una línea descendente desde la aprobación de la norma en 1932 hasta 1937 en que, como dijimos, la Audiencia vallisoletana falla todavía dos demandas82. En efecto, la cota de 1933, con 49 sentencias –fruto, tal vez, de la concentración de casos en que el matrimonio estaba en la práctica disuelto desde hacía muchos años y cuyos miembros aprovechan ahora la oportunidad para darle una forma legal a su ruptura- ya no se volvería a alcanzar por cuanto que en los tres años siguientes se fue reduciendo paulatinamente el recurso a la ley por parte de los parejas mal avenidas, llegándose en 1936 a la cifra más baja, tan solo 21 sentencias. Bien es verdad que, de haberse podido evitar la Guerra Civil, la tendencia del primer semestre parecía augurar que iban a superarse al menos las reducidas cifras del año precedente, 1935 (24 solamente).
TABLA 1: DEMANDAS DE DIVORCIO/SEPARACIÓN PERSONAS Y BIENES. VALLADOLID-1932-1937.
Fuente: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCH), Audiencia Territorial. Elaboración propia.
Lo moderado de las cifras y el ritmo descendente con que se fueron dictando las sentencias parecen indicar, pues, que la aplicación del divorcio no estaba constituyendo una amenaza seria para la institución matrimonial en Valladolid aunque es difícil aventurar qué habría ocurrido en el futuro de haberse mantenido esta normativa. Con el matiz, además, de que no todas las parejas se divorciaron dado que algunas optaron por la separación sin ruptura del vínculo, es decir, por una situación personal no muy diferente de la acarreada por las sentencias de los tribunales eclesiásticos antes del 2 de marzo de 1932.
Como se percibe también en las tablas nacionales para los dos años primeros de vigencia de esta ley, las parejas involucradas en estos procesos en Valladolid se inclinaron mucho más por el divorcio en lugar de por la separación: 133 en el primer caso y 27 en el segundo, lo que suponía el $8 3 , 1 2 5 \ \%$ en el primer supuesto y el $1 6 , 8 7 5 \ \%$ en el segundo. Y, del mismo modo, la iniciativa a la hora de plantear la demanda corrió mucho más a cargo de las esposas que de los esposos, especialmente por lo que respecta a las separaciones83. En el conjunto, unidos ambos supuestos, de los 160 casos sentenciados de los que tenemos constancia, en el $7 3 , 7 5 \%$ de los mismos fueron ellas las que plantearon la demanda haciéndolo los maridos solamente en el $2 6 { , } 2 5 \ \mathrm { ~ \% ~ }$ de los casos restantes, unos porcentajes que parecen situar a la provincia vallisoletana entre aquellas en las que fueron sobre todo las esposas las que se acogieron a este procedimiento legal para intentar poner fin a su unión matrimonial, desviándose de los porcentajes nacionales relativos a ambos géneros en los que, aún figurando un claro sesgo femenino, los demandantes de uno y otro sexo no estaban tan alejados (43,92 para los hombres y 56,08 para las mujeres en 1932-33)84.
TABLA 2. PROCESOS DE DIVORCIO/SEPARACIÓN SEGÚN CÓNYUGE DEMANDANTE.
Fuente: ARCH, Audiencia Territorial. Elaboración propia.
La aplicación de la ley se dejó de notar esencialmente en los ámbitos urbanos y tampoco en este aspecto la provincia vallisoletana fue una excepción: en efecto, de los 160 casos sobre los que estamos argumentando, 130 se sustanciaron en los dos juzgados de la capital –Audiencia y Plaza- al estar el o la demandante avecindados en ella y solo 30 en los juzgados emplazados en los pueblos cabeza de partido situándose los de Medina del Campo, Villalón y Nava del Rey en primer lugar, con cinco casos cada uno de ellos.
El divorcio era decidido por la Audiencia que podía estimar convincentes las pruebas aducidas por la parte demandante (o, también por la demandada en algunos de los sumarios estudiados) en base a las diferentes causas desarrolladas en el artículo 31 de la ley, pero que también podía desestimarlas y fallar que no había lugar al divorcio o la separación requeridos. Esas dos alternativas las podemos apreciar bien en la jurisprudencia vallisoletana: en efecto, de los 152 sumarios completos, es decir, que llevan aneja la sentencia, en 120 el fallo de los jueces fue positivo, disolviendo el matrimonio o dando lugar a una nueva situación matrimonial, de separación legal, en tanto que en los 32 restantes el fallo fue negativo, desestimándose la demanda (en términos porcentuales ello nos daría el 78,94 y el 21,06 respectivamente). Y eso que los jueces, tal y como veremos en algunos casos concretos, fueron bastante exigentes en cuanto a la aceptación o no, de las pruebas aducidas por los demandantes o sus testigos.
Resulta también interesante observar la circunstancia de que la toma en consideración o no de las demandas por los jueces no parece viniera sesgada por la cambiante situación política a lo largo de los años republicanos, sino que varió según el mayor o menor número de las mismas que cada año le tocó dirimir al tribunal. Y el hecho, por ejemplo, de que entre 1934 y 1936 la República virara hacia unas posiciones crecientemente conservadoras y la iglesia católica recuperara parte del terreno que había perdido, no nos parece, a la vista de las cifras de esos años que se concretara en una mayor proporción de demandas desestimadas. Si acaso, disminuyó el número total de las que se presentaron, pero quizás ello haya que atribuirlo a que había desaparecido el efecto de novedad aportado por la ley.
Se verifica asimismo, para este caso concreto, el dato, ya apuntado por Ricardo Lezcano, de que las posibilidades de poner fin a la situación matrimonial (o de variarla, si se optaba por la separación) fueron aprovechadas sobre todo por los sectores modestos de la sociedad, cobrando un peso específico los demandantes pertenecientes a familias obreras –en el caso vallisoletano se individualizan los trabajadores del ferrocarril- y ello tanto por la gran abundancia, en la documentación judicial de estos años, de las demandas de pobreza para poder litigar, como por la contabilización y clasificación socio-profesional que efectuaremos en los casos en los que sí consta el empleo del esposo.
Hemos examinado, en efecto, las demandas de pobreza para litigar en proceso de divorcio –o separación- que llegaron a los dos juzgados de la capital vallisoletana entre 1932 y 1936 y son cuantiosas: un total de 118 incluyendo algún caso en que el interesado/a reitera la demanda85. Ello parece indicar que, pese a la voluntad del legislador de establecer unas tarifas judiciales moderadas y de fijar un tope a las minutas de abogado y procurador, el coste del proceso no era asumible para un buen número de vallisoletanos cuyo matrimonio estuviera en dificultades por lo que precisaban de acudir al turno de oficio, aún cuando hemos detectado algunos casos en los que nos consta que los interesados provenían de familias en una posición desahogada por lo que no estaría justificada tal demanda: así, en el de V. R., perteneciente a una familia de propietarios acomodados de Palacios de Campos o en el de M. A. P.-H. en cuyo expediente figura el dato de que su enlace matrimonial con el militar L. C. se celebró en el oratorio privado de la casa paterna.
Eso no obsta para que una mayoría de los demandantes careciera de recursos suficientes por lo que socialmente sería preciso adscribirlos a la clase obrera o, valiéndonos de un concepto más amplio e impreciso, a los sectores populares de la urbe vallisoletana. $\dot { \iota } \mathrm { Q u e }$ proporción supusieron estos peticionarios respecto del total de divorcios que tenemos registrado? Para calcularla debemos previamente unificar aquellas peticiones en los que, primero un cónyuge y, luego, el otro, se personan ante el juzgado para iniciar los trámites del divorcio/separación, alegando motivos y una historia de reproches hacia el otro. Son, en total, diecisiete los casos, con los que el número de parejas involucradas en procesos de divorcio en el que uno o los dos miembros –en este caso- pidieron litigar como pobres se nos reduce a la cifra de 101.
Esta cifra debe aminorarse aún más teniendo en cuenta que del total de peticiones localizadas, una parte de las mismas no se continuó o no culminó con el proceso de divorcio/separación propiamente dicho por cuanto el sumario correspondiente no figura ni en el juzgado de $1 ^ { \mathsf { a } }$ instancia ni en la Audiencia Territorial86. Suponemos que los peticionarios desistieron de continuar o, en el caso de quienes iniciaron el trámite unos meses antes del inicio de la Guerra Civil, no pudieron o no quisieron debido al ambiente hostil que debió de crearse respecto de las parejas divorciadas o en trance de serlo (y por la legislación que el Nuevo Estado promulgó a partir de 1938). En conjunto se trata de 18 casos, con la particularidad de que 10 de ellos se presentaron en 1935, un hecho para el que de momento no tenemos explicación, salvo las aventuradas hace un momento.
El número real, pues, de peticiones efectivas en que la pareja involucrada recibió una sentencia de divorcio o separación fue de 83, un guarismo que si lo ponemos en relación con los 130 casos documentados para la capital vallisoletana nos da un porcentaje de 63,84, que estimamos bastante expresivo, por un lado, de cómo el nuevo instrumento legal para disolver el vínculo matrimonial o para pasar a una situación de separación legal fue utilizado especialmente por los sectores más modestos de la ciudad, y, por otro, que los costes del proceso, a pesar de la posibilidad de recurrir a esta vía, disuadieron, seguramente, a otras parejas de acogerse a la ley de 1932.

GRÁFICO 1. DIVORCIOS VALLADOLID, 1932-1937, SEGÚN SENTENCIA.
Fuente: ARCH, Audiencia Territorial. Elaboración propia.
Esta vertiente de la cuestión, a saber, la de la determinación de los grupos sociales que sobre todo recurrieron a la legislación divorcista cabe establecerla de otra manera y es la de examinar la profesión del esposo y en algún caso, cuando lo que figura es este dato, de la esposa87. Disponemos para ello de un total de 118 casos de divorcio/separación procedentes de todos los juzgados de $1 ^ { \mathsf { a } }$ instancia de la provincia (incluyendo esta vez, pues, a los rurales) en los que hemos localizado la profesión y es sobre esa cifra sobre la que extraeremos los porcentajes correspondientes para una serie de categorías socioprofesionales que hemos agrupado en varias grandes rúbricas: a) obreros, donde entrarían, además de los que vienen nombrados de esta manera, los jornaleros, ferroviarios, artesanos dependientes, camareros y sirvientas (un caso); b) clase media baja (empleados y funcionarios, comerciantes y representantes, maestros…); c) fuerzas armadas; d) burguesía empresarial y agraria, profesional, rentista; e) otros.
TABLA 3. DEMANDANTES DE DIVORCIO SEGÚN LA PROFESIÓN DEL MARIDO

Grupo socioprof.	N°	%
Clase obrera	71	60,16
Cl. Media baja	24	20,33
F.armadas	8	6,77
Burguesia	14	11,86
Otros	1	0.84
TOTAL	118	100

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Fuente: ARCH, Audiencia Territorial. Elaboración propia.
Pues bien, si referimos las sumas parciales de esas diferentes categorías a la cifra de 118 casos antes apuntada, obtenemos que una mayoría indiscutible de parejas que se embarcaron en un proceso de divorcio/separación pertenecía a la clase obrera, el $6 0 , 1 6 \%$ dentro de la cual los ferroviarios ocupaban una posición descollante (25 parejas en las que el esposo tenía esa profesión), junto con otros que vienen definidos únicamente como obreros o jornaleros. Sorprende también el relativamente elevado número de chóferes, 5 en total, junto a los que hemos clasificado como artesanos o menestrales, 9, en donde entran profesiones como la de barbero, pintor, carpintero, frutero… En cualquier forma, las cifras y porcentajes globales que se aportan en otras obras sobre el divorcio republicano – basadas siempre en la Estadística referida al bienio 1932-1933- se quedan muy por debajo, especialmente por lo que respecta a la categoría “obreros” (solo el $3 1 \ \%$ en la clasificación que ofrece R. Lezcano88).
¿Invocando qué causas se solicitaron los divorcios/separaciones? Procederemos aquí al análisis de las invocadas por los demandantes en aquellos casos –la mayoría-, en que se tramitaron por alguna de las especificadas en la ley y no por mutuo disenso. Para ello nos basaremos en las sentencias producidas en los juzgados de la capital, si bien no en todas ellas se explicitan, aunque sí en una mayoría. Resulta bastante frecuente, además, como aparece en estudios de carácter más general, que se invoquen no una sino varias, al ser varios también los motivos que llevan a la (o al) demandante a querer poner fin a su vida matrimonial.
El abandono del hogar, los malos tratos, el desamparo económico, la separación de hecho durante al menos tres años, el adulterio, son las razones más frecuentemente invocadas por las partes89 –las mujeres, especialmente, si bien, en lo que atañe al adulterio, recogido en la causa 1ª, fue un motivo aducido tanto o más por los maridos-, junto con otras, algo menos frecuentes, como el contagio de enfermedades venéreas, alegada solo en 5 casos, la violación de algunos de los deberes que impone el matrimonio o la conducta inmoral de uno de los cónyuges, la inducción a la prostitución, etc. Las causas $2 ^ { \mathsf { a } }$ (bigamia)90 y la $1 3 ^ { \mathrm { a } }$ (enajenación mental) aparecen escasamente: al menos dos casos por lo que respecta a la $2 ^ { \mathsf { a } }$ y otros tres en los que la enajenación mental constituye uno de los factores que sustentan la demanda: así, una en concreto en la que el marido alegó que su mujer sufría epilepsia y que podría ajustarse por ello a la $1 3 ^ { \mathsf { a } ^ { 9 1 } }$ . Son poco frecuentes asimismo, pese a que los legisladores, al debatir las causas posibles de divorcio, sopesaron el introducirla, las diferencias entre los esposos por motivos de creencias92, aunque sí que nos han aparecido algunos casos, bastante sustanciosos, en que este motivo se invoca por una de las partes (habitualmente, por la esposa).
Sin embargo, las causas admitidas por los Tribunales distan de las cifras citadas, denotando una gran escrupulosidad para admitir probadas las causas93.
GRÁFICO 2. CAUSAS ALEGADAS POR LOS CÓNYUGES DEMANDANTES.
Fuente: ARCH, Audiencia Territorial. Elaboración propia.
Pero veamos algunas sentencias para acercarnos un poco más a la realidad de la vida conyugal de, no nos cabe duda, bastantes parejas en aquella época. Lógicamente, y puesto que la necesidad de introducir el divorcio en la legislación se había en buena medida justificado en la voluntad de legalizar situaciones en las que la vida en pareja desde hacía mucho tiempo era inexistente, viviendo cada esposo por separado (con lo que ello suponía de hipocresía, de búsqueda de nuevos emparejamientos que forzosamente no podían quedar amparados por la legislación vigente hasta 1931) o porque uno de los dos, habitualmente el marido, había emigrado y no se había vuelto a saber nada de él, en las primeras fases de aplicación de la ley vamos a encontrarnos con un cierto número de ejemplos en los que la causa $1 2 ^ { \mathsf { a } }$ va a ser la invocada siendo asimismo esa situación de separación prolongada la que justificará las demandas de divorcio/separación por mutuo disenso. Sin embargo, ya hemos aludido a la extremada escrupulosidad de los Tribunales para admitir las causas de divorcio, pues entienden que deben darse una serie de requisitos para admitir que es una separación libremente consentida, y no consecuencia del abandono.
GRÁFICA 3. CAUSAS ADMITIDAS COMO MOTIVO DE DIVORCIO/SEPARACIÓN POR LOS TRIBUNALES.
Fuente: ARCH, Audiencia Territorial. Elaboración propia.
Un buen ejemplo nos lo brindan los autos de divorcio llegados a la Audiencia desde el juzgado de Medina del Campo en el que el demandante, vecino de Buenos Aires, invocó precisamente la causa citada para justificar la petición de divorcio de su esposa, vecina de Pozaldez aduciendo que llevaban separados prácticamente desde su matrimonio, contraído en la lejana fecha de 1897 y que su separación fue amistosa (aunque la esposa lo niega), viviendo ella de sus propios bienes94. No son los únicos en los que una ausencia prolongada, definitiva en realidad, causada por la emigración a América de uno de los cónyuges da pie a alegar el supuesto $1 2 ^ { \circ }$ de la ley aún cuando, como apreciamos en uno de ellos, esa marcha pudo haber tenido como desencadenante los malos tratos de palabra y obra causados a la esposa, que es la que emigra a Argentina, donde residían ya varios hermanos suyos. Este ejemplo, además, tiene el interés de que la sentencia disolviendo el matrimonio fue dictada en diciembre de 1936, seis meses después de la sublevación militar95.
Es verdad que vivir alejados durante por lo menos tres años podía ser la consecuencia de otras causas especificadas por la ley: así, en otra demanda de separación llegada del juzgado de Villalón, relativa a un matrimonio acomodado, la esposa, J. C. P., incluye también otros supuestos que tienen como fundamento el comportamiento donjuanesco y libidinoso de su marido, T. P. R. T. el cual, por sistema, acosaba a cuantas sirvientas entraban en el domicilio conyugal para el servicio doméstico y que, para más escarnio, estaría viviendo amancebado con su amante en la misma localidad en la que ella residía y donde radicaban sus bienes, Villacid de Campos. Es significativa en este caso la reconvención que formula la otra parte, alegando que, por la educación religiosa de su mujer, ésta no cumplía con sus deberes conyugales por lo que se sintió defraudado en su vida matrimonial96. Este otro tipo de factores, pues, que tienen que ver con la vida sexual de las parejas, con anomalías, frustraciones, perturbación de la misma nos permitirían atisbar otro capítulo esencial de la vida matrimonial.
De todos modos, y con independencia de si se alegaba o no la causa $1 2 ^ { \mathsf { a } }$ u otras que, con matices distintos lo que contemplaban era el abandono del hogar, la ausencia prolongada y no consentida o acordada, etc., nos parece significativo el que en una porción no menor de sentencias, 29, el cónyuge al que se imputa la culpabilidad no se persone en los autos y sea declarado rebelde. Habitualmente se trata del varón, pero no son infrecuentes los casos, asociados comúnmente al supuesto de infidelidad o de vida disipada, en que es la mujer la declarada rebelde.
Los malos tratos, las injurias graves, el atentado de un cónyuge contra otro, supuestos recogidos todos ellos en la causa $7 ^ { \mathrm { a } }$ constituyeron otro motivo frecuentemente alegado, de forma casi única por las esposas, para solicitar del tribunal que su marido fuera declarado culpable97. Se trata de demandas que permiten aflorar una situación, no nos cabe duda que bastante generalizada, de lo que hoy denominaríamos violencia de género en el espacio familiar98, y que no se documenta solo en este tipo de acciones legales, ya que se había invocado en otras –antes, incluso de la entrada en vigor de la ley de 1932, para justificar demandas ante el tribunal eclesiástico- como las frecuentes peticiones de mujeres para que el juez decretara el depósito de sus personas. No hemos manejado, en cambio, los autos producidos por la justicia municipal en relación con denuncias por malos tratos que no es raro se aleguen en los procesos de divorcio/separación y que posibilitarían dibujar un cuadro mucho más verídico y poblado de la presencia de la violencia en las relaciones de pareja.
Tanto la jurisprudencia del Tribunal supremo, como las opiniones de expertos juristas en torno a lo que los profesionales del derecho estimaban como malos tratos y su aceptación o no como causa de divorcio revelan el distinto criterio existente al respecto entre la época en que estuvo en vigor la ley y la actual. Citaremos la opinión de Sánchez Román, en la discusión del proyecto de ley, tal y como fue recogida por Delgado Iribarren:
Los malos tratamientos de palabra y de obra pueden ser la incomodidad de un momento, el gesto de malhumor, la incontinencia de educación en el seno de un matrimonio, cualquier insulto, por banal y nimio que sea, esto ampliaría la ley del Divorcio en unas proporciones de las que no hay ejemplo en ninguna legislación…99.
A juicio, pues, de este eminente jurista, los malos tratos, si no eran reiterados, sino ocasionales, fruto de un arrebato momentáneo, no deberían de justificar el que se les considerara como causa de divorcio. Algunas sentencias del Tribunal supremo, aunque con otro sesgo argumental, respaldarían con su autoridad ese criterio, así, una de 17 de mayo de 1933:
… Aún dándose por plenamente probados los malos tratos, no podría, en el caso de autos, dárseles el alcance de ser constitutivos de causa legítima de divorcio, porque producidos como consecuencia de la conducta reprobable de la demandante, gravemente perturbadora de las relaciones matrimoniales que la Sala sentenciadora estima justamente demostrada y que por los hechos que la integran declara el divorcio con culpabilidad de la esposa respondiendo al requerimiento que por la reconvención hizo el demandado; y aunque no puedan estimarse los hechos realizados por la demandante como causa de justificación de los que se imputan al recurrente, es lo cierto que quien es culpable del agravio en la calidad y en el tiempo, no puede utilizar como motivo justo cualquier otro naturalmente provocado por el suyo, porque al menos el motivo grave de ella estimulante del que utiliza como causa de pedir quita a éste la trascendencia necesaria para que se pueda imputar sin equivocación evidente a su autor indignidad moral, cuando fundadamente alega $\mathrm { { \acute { e l } } }$ graves actos de infidelidad de la esposa que, bordeando el número $1 ^ { \circ }$ del artículo $3 ^ { \circ }$ de la ley, caen de lleno en el número $8 ^ { \circ }$ del propio precepto100.
Es verdad que otros supuestos diferenciados que la ley contempla, como el desamparo económico, la inducción a la prostitución, la transmisión de enfermedades venéreas contraídas antes del matrimonio y conscientemente ocultadas cabría englobarlos con las anteriores para completar el panorama de la violencia contra la mujer. Es significativo a este respecto el que los supuestos que las contemplan (a los que habría que añadir, estén o no especificados en la ley, otros como el adulterio, la expulsión de la esposa del domicilio conyugal, el alcoholismo…) sean invocados en ciertos casos en conjunción con el que recoge específicamente los malos tratos, y ello con independencia de que el tribunal sentenciador estimara todas las causas aducidas en la demanda.
Veamos algunos ejemplos para documentar estas situaciones en las que se ponía a la luz el encadenamiento de conductas que presuntamente perseguían a la vez el daño físico, la coacción, la humillación, el perjuicio económico, generalmente por parte del marido respecto de la mujer. Bien es cierto que, como hemos dicho, las causas alegadas podían no ser admitidas por el tribunal o solo una de ellas, como fue el caso de la demanda presentada por M. S. J. M. contra su marido, M. F. G., ante el juzgado de Audiencia en la que denunciaba malos tratos, adulterio, desamparo y conducta inmoral (citando expresamente las causas $1 ^ { \mathsf { a } } , 4 ^ { \mathsf { a } } , 7 ^ { \mathsf { a } } \mathrm { ~ y ~ } 8 ^ { \mathsf { a } } )$ , todo lo cual, tras una hábil intervención del abogado de la parte demandada no fue estimado por la Territorial que si aceptó en cambio, decretar el divorcio por la causa $9 ^ { \mathrm { a } }$ , ya que consideró probado que el marido padecía no una sino dos enfermedades venéreas contraídas antes del matrimonio y que, incluso de haberse curado, como alegaba, se le reprodujeron por haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, con mujer a su vez infectada, lo que encajaría plenamente en el supuesto 9º101.
Entre las diferentes causas a menudo alegadas, se intuye que una de ellas puede ser la determinante, como la que plantea por ejemplo J. F. V., contra su esposo, S. L. F., declarado rebelde y en la que si bien ella alega también malos tratos y alcoholismo (además de abandono, pues llevaban separados según la demanda, desde 1923), lo que se pone más en resalte es la poca afición al trabajo del marido102 que la habría sumido en un desamparo completo, razón por la cual tuvo que ponerse a trabajar como ama de gobierno de un conocido médico de la ciudad103. O la que plantea, aunque con otros interesantes matices, D.T. G., contra su marido, E. I. G., tratante de ganado el cual, según la demanda, la habría desamparado por completo desde el inicio mismo de su matrimonio, incurriendo, además, en largas ausencias. Pero ella introduce, además, otro factor de discordancia conyugal –no contemplado entre los supuestos del artículo $3 ^ { \circ } .$ - y que consiste en el desnivel cultural que existiría entre ambos, al ser ella una señorita bien educada…104.
La real o supuesta explotación económica de la esposa por su marido da pie asimismo a diferentes litigios ante los tribunales en demanda de divorcio/separación. En este caso lo más frecuente es que se trate de parejas acomodadas o cuyo tren de vida es más desahogado que el del común de las mujeres que litigan. Uno de los ejemplos que podemos aducir es el de un matrimonio en el que ambos cónyuges son maestros pero en el que la mujer, J. P. Z. ya ejercía en propiedad una plaza de maestra nacional en tanto que su esposo, L. H. V., iba un tanto rezagado en su carrera (aunque afirma que preparaba oposiciones y que desempeñó interinamente la docencia en diferentes pueblos de la provincia). La esposa invocó malos tratos (insultos graves, agresión física) y que había desamparado económicamente a sus dos hijas pero también le reprochaba el haber estado viviendo, en los primeros tiempos de su matrimonio, a costa de ella y de sus padres, un reproche que parece estar en el origen del enfado de él y de su comportamiento irascible105.
Una variante del caso anterior nos la aporta una extensa y documentada demanda de separación que presenta una mujer, A. F. M., perteneciente a una familia acomodada de la ciudad (en la demanda se califica al padre de la demandante como “hombre de brillante posición económica”) contra su esposo, M. M. R., ingeniero de caminos el cual aparece caracterizado en la demanda como un manirroto que vive a costa de la familia de la mujer apareciendo el dato de que a la muerte del suegro se presentaron contra la testamentaría reclamaciones de diversos acreedores por una suma cercana al medio millón de pesetas que, no obstante fueron pagadas por la viuda. En realidad ambos cónyuges habían llegado en 1932 a un acuerdo de separación amistosa bastante ventajoso para el marido por cuanto éste, que se había establecido en Madrid con uno de los hijos del matrimonio recibía una pensión mensual de 2.500 pts. y, además, su mujer se hacía cargo de sus deudas poniendo como condición que su cónyuge cumpliera fielmente el convenio (cosa que no debió de verificarse por cuanto la demandante se quejaba de que, con posterioridad a la firma del mismo, le habían seguido llegando facturas por importes elevados). Lo cierto es que las justificaciones que el demandado formuló en su reconvención parecen endebles y uno saca la impresión de que vivía efectivamente a costa de su esposa. Este caso, de todos modos, y la reconvención mencionada, merecería de un estudio específico ya que ilumina otros aspectos interesantes (sobre la sexualidad dentro del matrimonio, los pruritos de independencia por parte de las mujeres en este periodo de la historia española que coincide con la época de entreguerras, etc.)106.
Pero no sería el único caso. En el del divorcio de P. M. B., la familia de la esposa paga la carrera de Farmacia al marido, manteniéndole incluso siete años en la Residencia de Estudiantes, con la intención de que curse los estudios de Farmacia y así continuar con el negocio del suegro.
En varios de estos pleitos se pone de manifiesto también la sujeción económica de la esposa por lo que se refiere a la administración de sus propios bienes y en el caso de que estuviera facultada para hacerlo, lo sería siempre con el permiso del marido, como se advierte en el sumario del marido supuestamente deudor por elevadas sumas en el que el demandado aduce como un argumento en su favor la benevolencia usada por él para con su esposa en lo tocante a poder cobrar los cupones de valores o efectos mercantiles puestos a su nombre o para abrir una cuenta corriente en cualquier entidad bancaria. Es cierto que la esposa le replicó explicando que la tal benevolencia la había obtenido a cambio de hacerse ella cargo de las nuevas deudas contraídas suyas y que le llegaron después de la firma del convenio.
Otro caso que dibuja un panorama conyugal, con ciertas similitudes con el anterior en cuanto a que el marido vivía a costa de su esposa es el que se detalla en la demanda presentada por C. M. B. contra su esposo, J. T. O., médico de profesión, pero que, por lo que se dice en el escrito de acusación, debió de ejercerla por escaso tiempo. En todo caso, en su primera etapa matrimonial, él no trabajaba, instalándose ambos varios años en Pedrajas de San Esteban donde vivieron a cuenta del producto de los bienes de la esposa. En el pleito se alegan también otras causas (trastorno mental del marido que hubo de ser internado en un sanatorio, relaciones ilícitas…) y posee derivaciones interesantes, como la autorización que ella había solicitado del arzobispo vallisoletano para poder plantear demanda de separación en el marco de la nueva legislación sobre la familia, así como la réplica del esposo el cual, en relación concreta con el reproche de haber mantenido relaciones adulterinas, se justificó argumentando que en cierto modo había sido su esposa la que le habría empujado a ello por su renuencia a mantener relaciones sexuales107.
No son muchos los casos que tenemos, pero sí interesantes en los que las fuertes convicciones religiosas de una de las partes, como ocurre en la anterior demanda, o las discrepancias en torno a la práctica religiosa, la educación de los hijos, etc., se dibujan con fuerza en el trasfondo de la decisión de suspender el vínculo matrimonial. Un caso sugestivo aunque, por desgracia no se explicita bien la versión del marido, es el que aparece en la demanda presentada por M. A. M., que alega malos tratos y desamparo (causas $4 ^ { \mathrm { a } } \ \mathrm { y } \ 7 ^ { \mathrm { a } } )$ pero a la que subyace una fuerte discrepancia entre los cónyuges en materia religiosa. De hecho, y antes de entrar en la exposición de motivos, se señala que “inmediatamente después de celebrado el matrimonio, como consecuencia de las distintas psicologías de los cónyuges, así como de sus diferencias fundamentales en materia religiosa, se produjeron disensiones en las relaciones entre ambos…”
Unas desavenencias que desembocaron en que el marido infiriera a la esposa graves ofensas de obra, que ella optó por pasar por alto si bien eso no impidió que, con el paso del tiempo las diferencias se fueran haciendo más sensibles, llegando la intransigencia de él a un extremo insostenible especialmente en lo referido a las prácticas de la religión católica que su mujer profesaba, ocurriendo frecuentes riñas en las que tuvieron que intervenir los vecinos y hubo necesidad de solicitar auxilio en un cuartelillo de la Guardia Civil próximo a su domicilio en Valladolid.
Siempre según la demanda, la intransigencia marital llegó a tal extremo que se negó a facilitarle a su esposa cantidad de dinero alguna para las necesidades domésticas, viéndose compelida a solicitar el amparo de su madre. No hace al caso que la Audiencia desestimara la demanda al no apreciar suficientemente justificadas las razones por las que fue interpuesta apareciendo, más bien, que el juez habría considerado más lógico, dada la importancia del factor religioso, que la demandante hubiera tramitado su pleito como separación108.
No obstante, el sumario que se origina por la demanda de separación planteada por R. V. O., contra su marido, F. D. P., es aún más interesante desde la perspectiva que ahora estamos estudiando. La demandante pone en primer plano los malos tratos de palabra y obra recibidos del marido, sus correrías con otras mujeres, el abandono al que las tenía sometidas a ella y a su hija, pero luego aparece, “por si todo lo expuesto fuera poco”, la perturbación profunda que la relación con su pareja habría experimentado, desde poco tiempo después de contraer matrimonio:
por las profundas diferencias que les separan en cuestión de creencias religiosas: católica practicante la esposa, es su esposo completamente descreído y ateo y fuera de toda religión y el primer hecho grave por esta causa fue al nacer la hija a cuyo ingreso en el catolicismo mediante el bautismo se ha negado el marido en oposición con los terminantes deseos de su mujer dando esta discrepancia en materia tan delicada lugar a graves disgustos y contrariedades entre los esposos.
Es decir, aparte las causas $4 ^ { \mathrm { a } } \mathrm { y } 7 ^ { \mathrm { a } }$ , lo que cobra un peso específico en la demanda de separación es lo prescrito en el artículo 36, $3 ^ { \circ }$ , es decir, la perturbación ocasionada en la convivencia matrimonial por diferencias de mentalidad, de costumbres o de religión y que constituye una de las bases – junto al desamparo al que el demandado habría expuesto a su familia al abandonar el domicilio familiar e irse a vivir con sus padres- por las que el tribunal falla la separación, considerando probado que no consintió que la hija nacida del matrimonio fuera bautizada.
Se advierte en la sentencia que el tribunal acepta en parte el enfoque que en su reconvención adoptó el demandado, en donde subrayaba las diferencias de nivel cultural entre ambos cónyuges por cuanto mientras él, pese a ser hijo de obreros y obrero él mismo –era ajustador en la Compañía del Norte- habría recibido una educación “no corriente entre los hombres de su clase” y le faltarían solo cinco asignaturas para terminar la carrera de perito electricista, su mujer era “vulgar, sin instrucción, educada en el puesto de verduras de su madre [por lo que] le falta trato social para convivir con su marido”. Lo cual seguramente conllevó también, sin duda, diferencias en materia religiosa ya que, si bien el demandado niega que su esposa fuera tan practicante y devota como ella se pintaba en su demanda, reconoce que la niña estaba sin bautizar, si bien sostiene que tal omisión era fruto de un acuerdo entre ambos cónyuges, posponiendo su bautizo a cuando tuviera uso de razón 109.
CONCLUSIONES.
Hemos procurado hasta aquí reflejar el impacto y desarrollo real de la Ley de Divorcio de 1932 e igualmente las situaciones familiares que condujeron a la solicitud del divorcio. A través del estudio de las sentencias hemos observado elementos de la cotidianidad de numerosos matrimonios - lo suficientes para que la muestra analizada sea significativa-, conociendo incluso los detalles más íntimos de su vida privada, permitiéndonos así asegurar que en la mayoría de los casos únicamente se sancionaba una realidad, la de la separación de la pareja, que ésta llevaba viviendo desde tiempo atrás. Separación que en muchos casos suponía llevar vidas totalmente independientes, llegando incluso a convivir con nuevas parejas de las que se tiene descendencia. Se recurría a esta nueva legislación buscando sancionar la realidad de estos matrimonios fracasados.
Así, el análisis de las sentencias nos permite recomponer una realidad previa de separaciones, que en el mejor de los casos provenían de procesos anteriores en los Tribunales Eclesiásticos, o incluso de acuerdos privados de separación mutua, pero que en la mayoría de las demandas analizadas presentan a mujeres abandonadas, incluso con hijos a su cargo.
El elevado número de procesos que invocan los malos tratos como razón para el divorcio, presenta un panorama de alta tolerancia a la violencia de género. Sin embargo, contrasta con la actitud restrictiva de los Tribunales en cuanto a entenderlo como un motivo justificado de divorcio, pues era necesario demostrar no solo la existencia de aquellos –quedando probados en muchos casos, por testigos, necesidad de asistencia médica, juicios de faltas previos- sino que eran continuados y ponían en peligro la vida de la víctima.
Este proceder, responde a la ya aludida meticulosidad de los jueces (rayana en lo puntilloso) para admitir los fundamentos de divorcio, ateniéndose a los dictados de la Ley, buscando incluso sentencias precedentes que justifiquen la admisión de las razones aducidas. Siempre tras una justificación documental o testifical fiable, por eso los motivos de divorcio admitidos son menor en número que los alegados.
Si bien esta Ley sancionaba las situaciones de auténtica separación que vivían muchos matrimonios, entendemos que los casos analizados – a nuestro juicio, no especialmente elevados- quizá permiten reflexionar sobre la percepción que se tenía de la necesidad de esta Ley en la sociedad española de la época. A pesar de que en las décadas precedentes intelectuales y juristas invocaban la urgencia de legislar sobre el divorcio, y diversos sectores feministas reivindicaron el mismo - entendido como una forma más de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres-, su bajo número plantea la posibilidad del freno que las costumbres sociales y el peso de la tradición católica podían suponer para recurrir a la normativa republicana en materia de divorcio. Y la de que, todavía, para la mayor parte de las mujeres españolas el matrimonio constituía la “auténtica “carrera’ femenina” y solo prescindirían en casos especialmente graves, de las ventajas sociales que aquel les reportaba, según reflexionaría años después de la Guerra uno de los padres de la ley, el jurista Jiménez de Asúa.110.
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