Las uniones estratégicas de los comerciantes e industriales madrileños (1800-1813)
MARIANO CABALLERO ESPERICUETA Universidad Complutense de Madrid.
RESUMEN.
Con la llegada de las ideas ilustradas, ciertos sectores de la sociedad madrileña se sumaron a los cambios que se extendían por toda Europa. Los fabricantes y miembros del comercio no fueron ajenos a estos cambios, cambios que intentaban paliar la serie de crisis económicas y de subsistencia que asolaron el panorama económico y social de España a finales del siglo XVIII y durante el primer decenio del siglo XIX; a este hecho, debemos añadir la caótica situación producida por la guerra de Independencia. El grupo estudiado en estas páginas, activó una sucesión de estrategias que intentaban proteger al máximo sus inversiones y negocios. Por un lado, se impulsaron las uniones estratégicas en torno a un grupo con idénticos fines, como también las realizadas en torno a la familia, al paisanaje y las clientelas políticas. Todas ellas, buscaban la protección y el apoyo mutuo de sus inversiones y negocios, así como la consolidación del prestigio y el ascenso social de sus componentes.
ABSTRACT.
With the arrival of new Enlightenment ideas, some groups of Madrid society accept the changes spread out on many European countries. Manufacturers and commerce people agreed with those changes, which were adopted to prevent economical and subsistence crises which were the normal problem of XVIII Century as well as the first decade of XIX one. It is necessary to remind also the chaotic situation due to Independence War (Peninsular War) Group studied in the following pages activated strategies to protect, as much as possible, its own economical business and investment procedures. From one side, they promoted strategic unions around groups with similar scope, as well around those which were familiar, country or politics ones. All of them looked for protection and mutual support as far as their businesses were involved, as well as concerning their social status levels defence.
1. INTRODUCCIÓN.
Durante el primer decenio del siglo XIX, un cúmulo de acontecimientos políticos y sociales condicionaron las actividades e inversiones de tipo económico, por un lado, las iniciativas que surgían de manos privadas, aunque también se encontraron influenciadas las que alentó y fomentó la monarquía para controlar ciertos sectores estratégicos. A lo largo de estas páginas, nos encargaremos de analizar estas circunstancias así como las uniones y alianzas de los comerciantes e industriales, inmersos en una década fundamental para la historia contemporánea de nuestro país. Un grupo destacado en la vida de la sociedad madrileña, que precisó buscar nuevas alternativas a las tradicionales tácticas de consolidación y mejora de sus negocios e inversiones.
Partimos de unas premisas esenciales para su estudio; hemos de tener muy presente la convulsa situación que atravesaba España en los comienzos del siglo. La reciente coronación del rey Carlos IV, las luchas partidarias de los grupos imperantes y personas más relevantes de su corte, la regresión y las crisis de subsistencia sufridas por España —Especialmente graves fueron las crisis de subsistencia de 1793, 1798 y, por supuesto, con el inicio del nuevo siglo, la crisis que sobrevino en 1804— produjeron unas condiciones poco propicias para el desarrollo del comercio y la industria nacionales. El objetivo de las próximas páginas será el de ahondar en el comportamiento social y económico de los comerciantes e industriales madrileños, incidiendo en las alianzas tácticas que se produjeron entre este grupo tan decisivo para el desarrollo de una sociedad en proceso de cambio.
Efectivamente, con la llegada al trono de Carlos IV, apareció nuevamente el fantasma de la crisis y la regresión. El centralismo político del Antiguo Régimen sometía a un anquilosamiento de las estructuras económicas y sociales que, de igual forma, debían sobrellevar la presión estamental. La corte del nuevo monarca conservó esta rigidez; los nuevos vientos premonitorios de la Revolución Francesa pusieron en guardia al gobierno de la nación, así como a determinados personajes públicos más aferrados al inmovilismo, paralizando un tímido intento de cambio en lo social, en lo político y, por supuesto, en lo económico, excluyendo asimismo de raíz, cualquier tentativa o a toda persona sospechosa de llevarlo a cabo. Este temor por las nuevas ideas, puso en funcionamiento la Real Cédula de su majestad fechada en 1791, en la cual se prohibía la introducción en España de toda carta o papel sedicioso y contrario a la fidelidad y a la tranquilidad públicas, mandando a las autoridades correspondientes proceder en este asunto con la máxima contundencia. No nos resistimos a transcribir algunas frases:
«...Informado el mi Consejo de que se habían introducido, esparcido y publicado en el Reino papeles que contenían especies de mucha falsedad y malignas dirigidas a turbar la tranquilidad y fidelidad de mis vasallos... Teniéndose ahora noticias muy fundadas de que se intenta introducir y esparcir en el Reino desde el de Francia, papeles sediciosos y contrarios a la fidelidad debida a mi soberanía... Prohibo la introducción y curso en estos mis reinos y señoríos de cualquiera papeles sediciosos y contrarios a la fidelidad y a la tranquilidad pública... Dada en San Ildefonso a 10 de septiembre de $1 7 9 1 = \mathrm { Y } _ { 0 }$ el Rey...»1 .
El conde de Floridablanca desató una represión política que alejó a Jovellanos de la Corte, apartó a Campomanes del consejo de Castilla y permitió iniciar un proceso a Francisco de Cabarrús2; en este último caso, Floridablanca y Cabarrús se encontraron otra vez enfrentados con la llegada del nuevo siglo; en 1808, Floridablanca se convertiría en Presidente de la Junta Central Suprema Gubernativa y el conde de Cabarrús en ministro de Hacienda de José Napoleón I, rey «intruso» de España.
En 1797, el retorno al poder de los ilustrados empleó a personajes tan acreditados como el mismo Jovellanos, Francisco de Saavedra, Juan Meléndez Valdés o Mariano Luis de Urquijo, quienes tuvieron que enfrentarse a un progresivo empeoramiento de la situación económica a consecuencia de la debilidad política de Carlos IV. Llegaba un nuevo siglo y las antiguas anomalías y carencias, debían ser sustituidas por políticas más realistas; era el momento en el que algunos de estos notables proyectaron hacer efectivo su programa regenerador. Todos ellos abrazarían para lograrlo distintos partidos unos pocos años más tarde; afrancesados y leales a la antigua dinastía conocidos como fernandinos— buscarían, no obstante, la puesta en funcionamiento, desde distintas posiciones, de unas ideas que habían compartido y desarrollado conjuntamente años antes, unos planteamientos en lo económico aún mercantilistas aunque con atisbos de lo que años más tarde consumarían las políticas liberales.
A casi todos ellos, eso sí, podemos encuadrarlos en un afrancesamiento cultural, debido a la impronta que produjo en su carácter la lectura de obras francesas y los acontecimientos anteriormente descritos. Sin embargo, una buena parte de notables, junto a empleados y otros ciudadanos que no tuvieron más remedio que desempeñar sus funciones en los territorios ocupados más tarde por las tropas del rey José, fue denominada con el término de afrancesados desde el punto de vista político. En este último grupo podemos distinguir a su vez dos tipos diferentes de afrancesados; primeramente, los que se hallaron sin remedio en la zona ocupada por los franceses (empleados públicos denominados por Artola «juramentados», comerciantes, industriales, y otros ciudadanos)3. Todos se encontraron ante la obligación de colaborar debido a la inminente pérdida de sus sueldos, posesiones o haciendas; a ellos debemos añadir todos los ciudadanos que se plegaron a la nueva situación, abrumados por la superioridad imperial. En segundo lugar, todos aquellos ilustrados que intentaron poner en práctica las ideas que predicaron en el anterior régimen y que se vieron truncadas por otros grupos mejor situados en las estructuras de poder. Para hacer efectivo este proyecto regenerador, era necesaria una dinastía fuerte capaz de contrarrestar cualquier intento revolucionario que diese al traste con sus intenciones. De igual forma, pertenecían a este segundo grupo otros ciudadanos que hallaron en la nueva dinastía una forma rápida de ascender económica y socialmente.
Entre las personalidades más destacadas de este partido, encontramos a los ya nombrados Cabarrús o Urquijo, junto a Miguel José de Azanza, Gonzalo O’Farrill, Miñano, Lista o Arribas; no obstante, fue Francisco de Cabarrús quien teorizó de una forma sobresaliente sobre los grandes males que sufría España y su manera de remediarlos.
2. LAS UNIONES ESTRATÉGICAS EN TORNO A UN GRUPO O ASOCIACIÓN.
Este horizonte político fue el que vivieron los comerciantes e industriales madrileños, un grupo nada ajeno a tales partidos y a una división fraguada durante varios años de confrontación, como veremos más adelante. La necesidad de preservar e, incluso, potenciar sus negocios y transacciones, les impulsó a desarrollar unas tácticas que les afianzasen y les otorgasen garantías. Tradicionalmente el gremio se había ocupado de resguardar y apoyar a sus integrantes, en él se buscaba la seguridad, el apoyo y la protección, pero también oprimía la posibilidad de dinamizar cualquiera de las actividades productivas. No obstante, los comerciantes y fabricantes también encontraban en otro tipo de uniones la seguridad necesaria para fortalecerse, proteger y fomentar sus negocios. El Antiguo Régimen había aportado a los sectores sociales, políticos y económicos unas condiciones y conductas que llegaron a traspasar y confundirse con los nuevos aires transformadores.
Los gremios de Madrid, se habían convertido antes de la llegada del nuevo siglo, en unos poderosos instrumentos de protección de los intereses particulares de los negociantes y artesanos. El establecimiento en 1686 de los Cinco Gremios Mayores de Madrid gracias a la unión de los mercaderes de tejidos de seda, de plata y oro, de mercería, especiería y droguería, de paños, joyería y de lienzos, significó para la economía madrileña un importante avance, además de una nueva forma de abordar los negocios. El establecimiento de la poderosa institución dividió en dos a los gremios madrileños: por un lado, los Gremios Mayores y, por otro, los denominados Gremios Menores, que reunían a herreros de grueso, vidrieros, zapateros, ebanistas y una extensa lista. Asimismo, debemos tener en cuenta los artesanos no sujetos a gremio, como impresores, boticarios, grabadores o mercaderes de ropería. Todos ellos conformaban un nutrido grupo de artesanos, comerciantes y profesionales madrileños —de mayor o menor entidad— que actuaban en la vida cotidiana de la ciudad.
Fue precisamente durante el siglo XIX cuando se liquidaron los restos gremiales en España. El reinado de José Napoleón I ya pretendió la erradicación de los gremios mediante una nueva legislación —la de patentes— que eliminase de una vez la estructura gremial y los privilegios reales para la explotación de una industria determinada, abriendo la posibilidad de instalar cualquier fábrica o taller a toda persona interesada en ello, con el mero hecho de pagar su correspondiente patente4. Este hecho no fue recibido con mucha efusión por los industriales que veían duplicadas sus obligaciones contributivas; por un lado, las rígidas estructuras de los gremios seguían existiendo y exigían las correspondientes contribuciones, por otro, el Estado requería de ellos el pago de los derechos de patente, cuestión que no facilitaba la intención del naciente estado bonapartista de fomentar la instalación de nuevas actividades industriales; las necesidades económicas de la Guerra de Independencia actuaron de una forma más precisa y se impusieron a las ideas de regeneración de los afrancesados.
Además de resistirse a su desaparición, los gremios continuaron funcionando con relativa normalidad. Aunque las cartas de examen para el acceso a los gremios quedaron drásticamente reducidas durante todo el período josefino, las medidas liberalizadoras no consiguieron su total erradicación; los Gremios Menores continuaron su actividad y los Cinco Gremios Mayores siguieron ofreciendo sus servicios a las nuevas autoridades en materia de préstamos, cobro de impuestos, etc.
El verdadero aldabonazo sufrido por los gremios fue el otorgado por la Regencia en 1813 para la libre instalación de fábricas o «artefactos» de cualquier clase a todos los españoles y extranjeros avecindados en España; igualmente, se derogaba la costumbre gremial de efectuar cualquier examen para poder desarrollar un oficio o instalar una industria en España, tan sólo se requería el respeto a las normas de salubridad adoptadas en los distintos pueblos, sin necesidad de obtener del Estado un permiso o una licencia para desarrollar cualquier actividad5.
El resto de los gremios, conocidos como Gremios Menores, seguían encontrándose a la altura de la Guerra de Independencia en manos de modestos artesanos; su método de trabajo se limitaba a elaborar o reparar productos directamente al cliente, aunque algunos de ellos —sin dejar de lado este método preindustrial de trabajo— podían efectuar una mediana producción exportable a otras provincias españolas. Claro está que la tendencia de los Gremios Menores era el abastecimiento interno de la capital; no obstante, esta diferencia con los Gremios Mayores de Madrid, que extendían su influencia al terreno estatal, continental y colonial, —además de poseer la propiedad y participación de algunas de las industrias más importantes de España y el exterior—, no le restaba un cierto protagonismo y predominio a esta agrupación de artesanos, un protagonismo que era capaz de evitar cualquier implantación industrial que no fuese controlada por su organización. Ciertamente, los Gremios Menores encontraban en los nuevos aires liberalizadores muchos más motivos para convertirse en un grupo hermético y remiso a todo cambio en el comercio y la actividad fabril, ya que suponía la incorporación a cualquier actividad, de un buen número de individuos ajenos a los gremios y a su disciplina.
Debemos referirnos también a otra de las uniones típicas conformadas en torno a los intereses del comercio y la industria nacionales: la que surgió con la creación de las Reales Sociedades de Amigos del País y de las comisiones que se crearon en torno a ellas dedicadas a su fomento y desarrollo. Como todos conocemos, estas sociedades nacieron de la mano de la nobleza ilustrada, una elite implicada en el cambio y la regeneración social y económica que, como ya hemos observado, también se implicó en la regeneración polí- tica de España.
La predilección del manteísta Campomanes por la libertad de comercio hizo que se acrecentase su interés por dichas sociedades, instituciones que nacieron desde el ámbito privado, si bien se encontraban protegidas y alentadas por la monarquía. Las sociedades debían ser el estímulo para la industria y el comercio españoles, así como las promotoras de un plan de regeneración económica cuyo programa había diseñado el conde en su Discurso sobre el fomento de la industria popular. En esta obra se sugería la creación de Sociedades como «el mejor instrumento para difundir las luces y fomentar el desarrollo de la economía».
No obstante, otros notables personajes —Macanaz, Ensenada, Nipho o Ward— se unieron en la voluntad de alentar unas mejoras tan necesarias para el país. En el caso de Bernardo Ward, éste recorrió casi toda Europa para recoger los proyectos económicos más novedosos y presentarlos en la Corte de Madrid para su análisis. Según su criterio, España necesitaba unas profundas reformas económicas, por consiguiente, consideró que éstas se debían aplicar por toda España; este cometido debía ser encargado a una comisión creada para tal efecto. Asimismo, Ward proponía la creación de un «Banco Nacional» —más tarde dirigido por el conde de Cabarrús— encargado de otorgar créditos a las diferentes iniciativas privadas; el banco debía ser gobernado por la tutela de una «Junta de Mejoras». La junta debía encargarse de vigilar la inversión y promover la aparición de cajas o «Contadurías» en cada Partido, lo que aseguraba que los municipios y todos los campesinos que así lo solicitasen, se viesen favorecidos por tales ventajas. La «Junta de Mejoras» también debía encargarse —como más tarde lo hicieran las posteriores Sociedades Económicas— de fomentar los avances en materia agrícola o en las obras públicas. La junta debía, a su vez, establecer una serie de «Sociedades Provinciales» que potenciasen esta idea. Sobre la creación de reales sociedades, Ward señalaba en su «Proyecto económico...»:
«...La idea de unirse cierto número de celosos patricios para promover los intereses de su nación no es nueva en Europa, habiendo en Suecia, Toscana y Bretaña de Francia academias destinadas a perfeccionar la agricultura por medio de sus especulaciones, experimentos y sabias observaciones... Pero en ningún establecimiento de este género iguala a la Sociedad de Dublin, en Irlanda... Se compone principalmente de los señores y caballeros hacendados del reino, y los vocales que se hallan en Dublin asisten a las conferencias un día cada semana y celebran cuatro juntas grandes y generales en el año...»6.
La creación de comisiones dentro de las sociedades, en las que se encuadraban algunos de los «patricios» y «hacendados» más adelantados, promovieron y premiaron las novedades surgidas en todos campos de la agricultura, el comercio y la industria, patrocinando, de la misma forma, nuevas invenciones para las mejoras de estas actividades. Igualmente, las reales sociedades se ocuparon de compilar todos los avances técnicos dentro de las llamadas «ciencias útiles». Con respecto al fomento de la industria, la Sociedad Bascongada se preocupó sobre todo de los avances de los metales —especialmente el acero— mediante la comisión de Ciencias y Artes útiles. Por otro lado, en Castilla y, por supuesto en Madrid, los avances y mejoras industriales se concentraron en las hilaturas y todo lo que representaba su desarrollo. De igual forma, la Real Sociedad Matritense, comenzó a establecer unos premios para el fomento del cultivo del lino y cáñamo en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Segovia, Ávila y partido de Talavera de la Reina7 .
La producción de esta materia prima se vio efectivamente incrementada gracias a las actuaciones de las sociedades económicas. Asimismo, la monarquía premiaba el fomento de la actividad mercantil mediante privilegios reales —derechos exclusivos sobre algunos productos y materias primas— y la concesión de títulos de nobleza y privilegios de hidalguía a los industriales y comerciantes más destacados, fomentando tales actividades aunque, como contrapartida, fortalecía la estratificación social. Un notable ejemplo de ambos supuestos es el del marqués de Pejas, don Diego Baquerizo y Dáva$\mathrm { 1 o s ^ { 8 } }$ benefactor y activo promotor de sus ideas, quien promovió desde la Real Sociedad Económica de Madrid la producción de la seda, la lana y el lino. Para aumentar y fomentar estas producciones, se pusieron en práctica las directrices de las reales sociedades9. De igual forma, se premiaron las iniciativas por las cuales se establecían telares «como los que se consumen de fábricas extranjeras», así como a todo tipo de productos que igualasen la calidad de las manufacturas de importación.
Por otro lado, las Escuelas Patrióticas, se convirtieron en uno de los instrumentos utilizados por las reales sociedades para el fomento de la industria popular10. Se intentaba instalar, mediante la enseñanza, ruecas en distintos hogares para cubrir momentos de ocio en los que se podía obtener un beneficio complementario. Así, las Sociedades de toda España crearon Escuelas Patrióticas que otorgaban premios a sus discípulas más aventajadas en estas artes. La matritense estableció cuatro. Por otro lado, las Reales Fábricas incluyeron tales academias, adosándolas en algunas ocasiones a las instalaciones de las mismas y nutriéndolas con sus componentes tras la formación y aprendizaje de los oficios de las personas más desfavorecidas de la zona.
La llegada al trono de Carlos IV no favoreció el fortalecimiento de las reales sociedades; la adscripción de sus componentes a las ideas ilustradas, la posibilidad de difusión de los principios revolucionarios en las mismas y el anhelo de sus componentes por el cambio de las estructuras de una monarquía que representaba y poseía todos las imperfecciones del Antiguo Régimen, ralentizaron y, en ocasiones, neutralizaron su normal actividad. Época, por tanto, de paralización, aislamiento e, incluso, regresión de las reformas emprendidas desde tales instituciones.
Con la nueva España del «intruso» las personalidades que apoyaron su gobierno, buscaron y alentaron nuevas fórmulas que diesen impulso al fomento del comercio y la industria nacionales. En Madrid, las más altas jerarquías afrancesadas tomaron las riendas de la Matritense, en la que también se implicaron notables patricios de la vida social. La Real Sociedad Matritense de Amigos del País de la etapa josefina11 sufrió un retroceso durante los primeros meses del conflicto bélico debido a las fuerzas españolas; tras la rápida salida de José I en agosto de 1808, la Junta Central Suprema Gubernativa creada en Aranjuez comenzó una persecución de algunos de sus miembros, lo que, efectivamente, no benefició su impulso. Tras su nueva entrada en Madrid, el rey «intruso» reactivó la sociedad gracias a la participación de hombres de su confianza como el marqués de Almenara, el conde de Cabarrús, José de Mazarredo o Carlos Cambronero —todos ellos muy ligados a las elites mercantiles madrileñas, como veremos a continuación—.
Durante este período, Almenara desempeñó el cargo de presidente, junto a José de Mazarredo, subdirector, y a José María de Siles como secretario. En 1811 cambió la dirección de la sociedad, siendo nombrado Manuel María Cambronero como nuevo director y Claudio Boutelou subdirector. Este último fue nombrado en enero de 1813 director de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País.
Además de las personalidades relevantes por todos conocidos, los demás componentes y miembros de número de la Matritense pueden ser considerados notables defensores de las luces. Manuel María Cambronero, alicantino y afamado jurista, llegó a alcanzar el cargo de secretario de la presidencia del consejo de Castilla, oidor de la Real Chancillería de Valladolid y ministro honorario del consejo de Hacienda. Consejero de Estado del «intruso» (desde 1809) llegó a convertirse en su ministro de Justicia en 1810. Tras su exilio francés, regresó a España tras el Trienio Liberal, contribuyendo a numerosos proyectos gubernamentales. Asimismo, Claudio Boutelou, provenía del mundo científico, habiendo sido director del Real Jardín Botánico.
La sociedad siguió apoyando proyectos tradicionalmente relacionados con las mejoras en materia económico-social; no obstante se intentó potenciar la deteriorada agricultura mediante la creación de una comisión dedicada a tal ocupación y otra comisión dedicada a promover las artes. Se fomentó, igualmente, la aparición de nuevas máquinas, estimulando la promoción de los inventos relacionados con las hilaturas. En un ambiente bélico muy poco propicio, continuaron apareciendo invenciones al abrigo de la sociedad Matritense; junto a esta protección, la nueva ley sobre las patentes industriales12, intentaba crear un ambiente necesario para el despegue de la industria que tradicionalmente tanto deseaban los inversores más modestos así como las elites mercantiles madrileñas; en especial, las que colaboraron y se beneficiaron de la nueva situación política.
Otra de las organizaciones que quiso potenciar y favorecer los intereses de algunos comerciantes e industriales —gracias a una combinación de afinidades e inclinaciones coincidentes— fue la masonería. Estas sociedades efectivamente estaban compuestas por algunos componentes que provenían de las más diversas adscripciones. Si bien encontramos entre los maestros masones una gran variedad de procedencias sociales, —clases populares, alta burguesía— la gran masa pertenecía a grupos de pequeño-burgueses, clases medias en las que estaban integrados los fabricantes, maestros artesanos y comerciantes13. A lo largo del siglo XVIII la masonería se fue implantando en España con mayor o menor éxito, dependiendo del panorama político imperante. Si durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III los masones fueron perseguidos, —aunque con la llegada del último monarca al trono consiguieron extender su influencia— fue durante el siglo XIX cuando esta institución consiguió asentarse de una forma más sólida.
La nueva dinastía Bonaparte fomentó en España la implantación de nuevas logias. Los ejércitos napoleónicos las extendieron, aunque tampoco debemos olvidar el origen familiar del rey José I. Ciertamente, el rey «intruso» procedía de una familia de funcionarios públicos; su padre, Carlo Bonaparte era abogado y él mismo se inclinó por los estudios de jurisprudencia. Asimismo, su esposa Julie era hija de un rico comerciante marsellés. Algunos autores no dudan en atribuir una adscripción masónica al rey José; tanto la condecoración fundada en Nápoles, la Orden de las Dos Sicilias, como la Orden Real de España, ambas creadas para recompensar en ambos reinos los servicios prestados por sus súbditos más cercanos, nos evocan en su forma —una estrella de cinco puntas— una de las representaciones más utilizadas por los iniciados francmasones del Gran Oriente que José I presidió en Francia.
El rey José no sólo alentó, promovió y protegió su aparición en toda España, se convirtió en el Gran Maestre de España. De igual forma, la abolición de la Inquisición mediante un decreto del emperador de 4 de diciembre de $1 8 0 8 ^ { 1 4 }$ , eliminó cualquier impedimento a su implantación. Así, en Madrid nacieron logias —al servicio del monarca— como Santa Julia y Beneficencia josefina15. Fernando VII volvió a perseguir las actividades masónicas y a sus efectivos; la restauración del tribunal de la Inquisición puso en la clandestinidad a un buen número de afrancesados y liberales y, por supuesto, iniciados que partieron al exilio francés16.
Todas estas uniones estratégicas complejas implicaban a nuestro grupo analizado en instituciones jerarquizadas en las que concurrían afinidades profesionales y otros intereses; no obstante, los comerciantes e industriales también se inclinaron hacia formas más simples de alianza, unas asociaciones que se basaban en el parentesco, la vecindad e, incluso, la amistad y la camaradería política.
3. LAS UNIONES ESTRATÉGICAS EN TORNO A LA FAMILIA.
Tradicionalmente, las uniones familiares que potenciaban las actividades mercantiles, habían sido utilizadas tradicionalmente siglos atrás como una forma segura de robustecimiento y consolidación de sus negocios17. Unos compromisos muy efectivos que se conseguían con uniones matrimoniales entre parientes próximos o la fusión de negocios familiares semejantes.
Estas alianzas, ciertamente, debemos precisarlas por el nivel de riqueza; entre los grupos más poderosos, los arreglos matrimoniales se producían con bastante frecuencia, normalmente entre personas adscritas al mismo entorno social y su finalidad era normalmente la mejora con el consiguiente fortalecimiento del negocio, del mismo modo era usual la endogamia18 —muy usual entre primos y primos hermanos— y, por supuesto, el matrimonio entre cuñados por fallecimiento del cónyuge, evitando así la disgregación de los capitales. No obstante, los comerciantes e industriales más modestos utilizaban también estas fórmulas, aunque hemos de precisar un contraste con las elites; las ventajas sociales que otorgaba la endogamia a la gran masa de comerciantes y detallistas madrileños provienen de salvar una carencia más que de consolidar o acrecentar la abundancia, es decir, se produce una unión estraté- gica para superar una debilidad —sobre todo en las fechas que nos ocupan— , consiguiendo la misma finalidad que las elites: el fortalecimiento por este medio de su negocio.
Durante la Guerra de Independencia, tales hábitos se acentuaron como una forma de protección y afianzamiento. Este hecho se podía producir entre los nacionales, pero también entre comerciantes e industriales extranjeros —tradicionalmente establecidos en la capital o recién llegados junto a la corte del rey José—.
El caso de algunos comerciantes extranjeros es significativo. En el Madrid de 1809, encontramos una familia francesa, la familia Genieys propietaria de la famosa casa fonda «Francesa» instituida en la capital algunos años antes del conflicto bélico. Ante las adversidades sobrevenidas por la guerra, la estrategia producida fue muy coincidente con los planteamientos aquí expuestos. Juan Genieys, quien había casado con su prima hermana Francisca, hija del propietario, pasó a gobernar la misma años más tarde:
«... Habiendo determinado don Pedro retirarse a su país y quitarse de tanto tráfico... por lo que de común acuerdo y conformidad trató con don Juan, su hijo político y sobrino dejarle dicha casa fonda...»19.
La guerra contra los franceses había desatado una represión del pueblo madrileño contra todos los naturales de ese país; los convecinos de don Pedro, movidos por el resentimiento, iniciaron un acoso contra sus posesiones:
«... El día de San José de 1808, se me saqueó la comida, provisiones y batería de cocina, además de facturas incobrables, siendo el completo de tantas pérdidas lo que me ocasionó la inesperada salida de S. M. en el mes de julio de dicho año, cuya suerte como francés tuve que seguir, dejando puerta en esta Corte... a la vuelta a Madrid, me encontré la fonda desfalcada de los mejores muebles, así que para abrir la fonda, mi único medio de subsistencia, pedí un préstamo con notables intereses...»20.
Por otro lado, los comerciantes e industriales españoles —implicados o no en los acontecimientos políticos—, con mayor o menor nivel de riqueza, revitalizaron idénticas estrategias para su supervivencia económica. Familias influyentes en la sociedad madrileña —Dutari, Sainz de Baranda, Bringas— fortalecieron su unidad familiar en momentos tan complicados para la actividad mercantil. Asimismo, otros comerciantes con una importancia menor —pertenecientes a los llamados «gremios menores» o no sujetos a gremio— poseían las mismas estructuras en sus respectivas compañías. En la mayoría de los documentos consultados, hemos encontrado compañías con una composición esencialmente familiar; en otros casos, las compañías se formaban gracias a otras agrupaciones que vamos a abordar más adelante, las motivadas por la afinidad provincial o gremial o la simple amistad.
El ejemplo de la familia Baille nos puede servir de ejemplo a lo aquí expuesto. En las fechas que nos ocupan, falleció don Pedro Baille21, activo comerciante, individuo de los Cinco Gremios Mayores y poseedor de una tienda de joyería en el número 6 de la calle mayor denominada «Pedro Baille y cía.». De origen francés, tras su fallecimiento, su familia fortaleció sus intereses económicos en la capital con un acuerdo tácito; la familia residente en Madrid renunció a la herencia en su ciudad natal a cambio de que su familia en Francia hiciese lo mismo en Madrid22. Efectivamente la familia Baille poseía fuertes intereses en Madrid; don Juan y doña Antonia Baille, sus hermanos igualmente fallecidos, legaron en 1809 a sus herederos, una sustancial cantidad impuesta en los Cinco Gremios Mayores23. Este acuerdo económico en el seno familiar, favorecía el fortalecimiento de todas las partes, ante la disgregación que producía el reparto de la herencia.
Efectivamente, la familia otorgaba a las compañías mercantiles una solidez basada en la confianza y la seguridad. Una relación de parentesco cercano aseguraba a Frutos de Álvaro Benito la posibilidad de emprender nuevos negocios. Frutos de Álvaro Benito, comerciante internacional de lanas y otros productos, había extendido su red comercial —en España y Europa— a lo largo de la última década del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Su capacidad y habilidad para acometer distintas actividades, le llevó en el año 1800 a formar una compañía con su primo Frutos de Álvaro Benito «Menor» en torno a la lana y otros negocios:
«...deseando reunir los vínculos sociales y de sangre, ha determinado el primero interesar al segundo en sus negocios, formando compañía para tratar y comerciar en esta corte en lanas, cambios y otros negocios lícitos y permitidos...»24.
A lo largo de años posteriores, la actividad comercial de Frutos Alvaro Benito «Menor» en múltiples negocios en nombre de su primo, otorgaron al comerciante la posibilidad de dedicarse de lleno en el afianzamiento de su red comercial de lana y barrilla por algunos países de Europa. La voluntad de encomendar la administración de gran parte de sus negocios a un integrante de su familia con idénticos intereses —también era ganadero y comerciante de lanas— reforzaba sus lazos sociales y asentaba las bases de un afianzamiento comercial.
4. LAS UNIONES ESTRATÉGICAS ENTRE COTERRÁNEOS.
Encontramos, de igual forma, otra forma de alianza táctica: la realizada tradicionalmente entre coterráneos que se ofrecían ayuda para su asentamiento en la capital. Por un lado, existieron mediaciones que se limitaban a la protección y a la asistencia; éstas generaban vínculos y clientelas económicas muy útiles para la prosperidad de sus negocios, de igual forma, también se creaban posteriores lazos de amistad entre comerciantes e industriales del mismo ramo o gremio. Por otro, eran de trascendental importancia las uniones matrimoniales entre familias procedentes de una misma región.
Un ejemplo muy representativo va a ser el producido entre la comunidad vasca en el Madrid de los siglos XVIII y XIX. Ciertamente, la solidaridad comarcal funcionó de forma muy eficaz entre la población vasca residente en la villa. Muchos de los comerciantes, maestros gremiales o profesionales liberales emplearon a paisanos como dependientes, oficiales o aprendices, alojándolos en su propia vivienda25. No obstante, este tipo de solidaridad se puede extrapolar a otros comerciantes e industriales con diferentes procedencias peninsulares e, incluso, cuyo origen se encontraba más allá de nuestras fronteras.
Por otro lado, los enlaces matrimoniales entre personas del mismo municipio, fortalecían sus intereses mercantiles en Madrid. Lo que Jesús Cruz Valenciano ha denominado endogamia geográfica26, se constituyó en un acontecimiento muy común en las fechas que nos ocupan. No obstante, la edad de matrimonio solía retrasarse entre los comerciantes; cuando no aparecían los hijos, eran los sobrinos paternos los encargados de suceder en el negocio familiar a sus tíos27, aunque también podemos encontrar —como ya hemos visto más arriba— yernos, cuñados o primos regentando tales compañías.
La llegada a Madrid de familias extranjeras durante el siglo XVIII y XIX, en especial, con las medidas propiciatorias a tal efecto, por los diferentes gobiernos ilustrados, con la finalidad de establecerse en la capital y en otras zonas de España, para desarrollar algún tipo de actividad comercial o industrial, nos ofrece la posibilidad de comparar sus hábitos con los de algunas familias madrileñas de origen español. En las fechas a las que dedicamos estas páginas, hemos encontrado un buen número de familias extranjeras asentadas en el convulso Madrid carolino y posteriormente bajo el gobierno del rey José; este último acompañado por una nueva migración de efectivos extranjeros —sobre todo franceses— a España que buscaban en la flamante corte madrileña, un rápido enriquecimiento.
Entre las familias que se habían establecido en Madrid mucho antes de la guerra de Independencia y habían conseguido integrarse en el gremio de joyeros de los todopoderosos Cinco Gremios Mayores, hemos de destacar a los Baille. Esta familia, cuya actividad principal giraba en torno a una tienda de joyería en el número 6 de la calle Mayor, poseía relaciones económicas con otras familias francesas residentes en Madrid: la familia Finat, Albert o Berand. Don Pedro Baille había formado una compañía —en el año 1797— con don Francisco y don Claudio Finat hermanos, junto a don Juan José Berand, la misma se ocupaba del lucrativo comercio de cambio y giro28, un negocio que, mediante la consiguiente compra del oficio, otorgaba sustanciosos beneficios.
Efectivamente, las uniones entre convecinos de una misma región o municipio no sólo se producían entre los comerciantes e industriales españoles; don Juan José Berand era natural de Monestien de Briamon (Ambrona), la misma localidad de nacimiento de don Pedro Baille. Aún más; estaba casado con doña Teodora Baille —hermana de don Pedro y natural de Salamanca— , junto a la cual tuvo una hija, doña Francisca, quien había casado a su vez con don Francisco Finat29.
Estas uniones entre coterráneos, expresaban igualmente otro deseo: el ascenso social por medio de la adscripción a la tierra de origen. La donación benéfica y la creación de mayorazgos en el lugar de origen familiar, otorgaban el reconocimiento de sus convecinos, así como de las elites nobiliarias y mercantiles madrileñas.
La familia Sainz de Baranda puede convertirse en un ejemplo muy representativo de lo que aquí expongo. Don Pedro Sainz de Baranda había nacido en Quintanaedo (Burgos). Miembro de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, había casado con doña Petronila de Gorriti con la que tuvo a don Joaquín y don Pedro. El comerciante llegó a convertirse en uno de los directores del Banco Nacional de San Carlos.
En el año 1792, don Pedro había fundado una escuela de primeras letras gratuita en Quintanaedo, Cuestaedo, Baranda y Villalazara, con un desembolso de 50.000 reales invertidos en la diputación de los Cinco Gremios Mayores al $3 \%$ que aumentó con 15.000 reales impuestos sobre la renta del tabaco también al $3 \% ^ { 3 0 }$ . Este tipo de beneficencia era muy corriente entre los potentados madrileños —la familia Dutari también se había convertido en benefactora de su pueblo navarro de Zugarramurdi—; por un lado, y como ya se ha dicho, las familias mantenían con sus lugares de origen unos vínculos que otorgaban reconocimiento de sus convecinos y de las elites regionales, por otro, se conseguía el mismo efecto en la capital del reino, aumentando la posibilidad de un ascenso social.
En segundo lugar, la creación de mayorazgos ennoblecía la condición de la familia fundadora, por tanto, se convirtió en un método muy frecuente para el ascenso social de las casas acaudaladas. Las familias madrileñas preferían crear el mayorazgo en la villa de origen familiar. He observado cómo muchas de ellas preferían emplazar el lugar de nacimiento de sus hijos en el mismo solar del mayorazgo, símbolo de ennoblecimiento. Una buena parte de los protocolos notariales estudiados, muestran lugares de nacimiento lejanos a Madrid en familias con una tradicional y permanente residencia en la misma, en ocasiones, con una permanencia en Madrid de muchas generaciones.
Casos como el de la familia Bringas nos muestra el propósito de formar mayorazgos entre las elites comerciales madrileñas. Don Francisco Bringas y Tejera, perteneciente a una de las familias más influyentes del Madrid de finales del siglo XVIII y principios del siguiente, procedía del valle de Carranza, señorío de Vizcaya31. Don Francisco de Bringas y Tejera consiguió fundar un mayorazgo, nombrando más tarde heredero del mismo a uno de sus cinco sobrinos: Francisco Antonio de Bringas y Presilla, contador de los reales ejércitos y uno de los comerciantes más emprendedores de la etapa estudiada. El ascenso social de este último, le llevó a ostentar el cargo de regidor junto al ya mencionado Frutos de Alvaro Benito— en la Municipalidad de Madrid afecta al partido josefino, como veremos a continuación.
A estas formas de ascenso social —ligadas al Antiguo Régimen— debemos sumar la Real Cédula de 1783, que fomentaba el ennoblecimiento por medio del ejercicio del comercio y la industria. El ennoblecimiento se producía si una familia, en tres generaciones, hubiese ejercitado actividades comerciales e industriales útiles al Estado. Por tanto, la Real Cédula puede considerarse crucial para comprender la posterior aparición de nuevos títulos entre los comerciantes e industriales españoles más acaudalados durante el reinado de Carlos III y, en menor medida, durante el de Carlos IV. En efecto, estos intentaban imitar a la aristocracia acumulando terrazgos y otras posesiones y adoptando formas de vida cotidiana muy similares a las de cualquier título. No obstante, y como ya expresé anteriormente, las elites mercantiles más adineradas ansiaban poseer un título de nobleza, conscientes de la obtención de poder y de la preponderancia social que le otorgaba ascender al estrato superior —sobre todo durante el Antiguo Régimen y los años en que persistieron sus estructuras—. La monarquía estaba dispuesta a conceder ciertos títulos debido a causas económicas y se produjo el surtimiento de una aristocracia de nuevo cuño capaz de superar económicamente a viejos aristócratas cuyas fórmulas de obtención de recursos —basadas fundamentalmente en la tierra— habían quedado obsoletas.
El deseo de algunos acaudalados madrileños de diferenciarse de sus más inmediatos compañeros de gremio o actividad, era uno de los motivos por los que los más acomodados, intentaban mantener un nivel de vida aristocrático; por supuesto, este hecho está relacionado con su acercamiento al estrato inmediatamente superior, pero también servía, claro está, para expresar su deseada distinción entre los iguales de su capa social. El ennoblecimiento gracias al desarrollo de actividades industriosas o mercantiles otorgaba esta posibilidad de ascenso social, pero la acertada voluntad ilustrada de Carlos III de anular la ociosidad y el rentismo no produjo todo el efecto deseado, encontrando algunos nuevos títulos, sobre todo en segunda o tercera generación, identificados con su condición nobiliaria pero, a su vez, olvidando el motivo de su nombramiento.
En resumen, por medio del mayorazgo y las obras de beneficencia, los comerciantes e industriales de la villa conseguían un relativo prestigio y el reconocimiento de todas las adscripciones sociales; la acumulación de patrimonios y capitales y la redistribución en sus poblaciones de origen, otorgaban un estatus en ambos lugares que abría la posibilidad de emprender mejores negocios, así como la posibilidad de promover nuevas uniones estratégicas con diferentes y más importantes familias madrileñas. Asimismo, el acercamiento a la Corte podía otorgarle un privilegio real y el ennoblecimiento de su familia, cuestión muy importante en la estratificada sociedad del Antiguo Régimen. El gobierno josefino intentó lograr una ruptura en esta rigidez de la estructura social, lo que terminaba con las grandes trabas que ello suponía para el progreso de las capas burguesas. La constitución de Bayona recogía esta necesidad de reforma; en las disposiciones generales de esta Carta, se hallan dos artículos vinculados a la desaparición del mayorazgo. Se abolía, por el artículo CXXXV, todo mayorazgo cuyos bienes no produjesen una renta superior a 5000 pesos fuertes. Los mayorazgos quedaban regulados por el artículo CXXXIX, que devolvía al rey la facultad de repartirlos por servicios prestados al Estado. Con el retorno del «deseado», y la derogación de toda la legislación josefina, se volvieron a truncar los deseos de modernización de las estructuras del Antiguo Régimen.
5. LAS UNIONES ESTRATÉGICAS EN TORNO A LAS CLIENTELAS POLÍTICAS.
Como última manifestación de las uniones estratégicas entre los comerciantes e industriales madrileños, es importante aludir a las adscripciones y clientelas políticas que se formaron en torno a los partidos y personalidades de la vida social y política madrileña. La convulsa sociedad de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mostró una necesidad de cambio a través de una renovación de sus ideas. Como ya hemos visto, la dinastía borbónica, contraria a todo atisbo de cambio, se esforzó en erradicar cualquier filtración de ideas procedentes del vecino galo, sobre todo, tras la proclamación de la Convención. Las elites españolas se convirtieron en el más activo acicate de cambio; algunos integrantes de la nobleza —de raigambre y de nuevo cuño— junto a otros personajes sobresalientes de la sociedad española, abanderaron los intentos regeneradores. Desde el punto de vista económico, es importante señalar la falta de una corriente sólida que abanderase los cambios que se estaban produciendo por todo el continente, no obstante, Gaspar Melchor de Jovellanos reflexionó en su Informe sobre el ejercicio de las artes (1785) sobre la necesidad de una profunda reforma en este terreno.
Los comerciantes e industriales y, en especial, las elites mercantiles madrileñas —en modo alguno ajenas a este deseo de cambio— participaron en este intento de transformación de una forma activa, en algunos casos, adscribiéndose al ideario que marcaban los grandes mentores de las mismas. Con esta incorporación, nuestro grupo aspiraba a controlar alguna parcela del poder político, frecuentemente —salvo algunas excepciones— relacionadas con el ámbito municipal.
Durante las fechas que se ocupan estas páginas, encontramos un nutrido número de comerciantes e industriales que decidieron inscribirse en las facciones políticas imperantes en España. Estos grupos, como ya señalé al comenzar, estaban influidos por las obras que consiguieron penetrar nuestras fronteras y que, en su inmensa mayoría, procedían de Francia, no obstante, su interpretación y reflexión hizo que apareciesen diversos grupos que aspiraban a poner en práctica su ideario. Durante el reinado de Carlos IV comenzó esta disparidad y la lucha por el poder, prosiguiendo durante la guerra de la Independencia entre los liberales de Cádiz y los afrancesados. Dos modos de aplicación de las nuevas fórmulas de regeneración del país, dos grupos que, con la retirada de las tropas francesas y el retorno del «deseado», sufrieron el exilio.
Efectivamente, durante estas fechas, algunos integrantes del grupo al que dedicamos nuestro análisis, tomó partido por una u otra formación, bien como un modo de expresión y afinidad de sus ideas, bien como una fórmula de acercamiento a las nuevas estructuras para emplazarse en las altas instancias, consiguiendo todas las ventajas y privilegios que ello conlleva.
Un claro exponente de la adscripción política de algunos comerciantes e industriales madrileños, se produjo durante estas fechas, sobre todo, con la irrupción de las tropas francesas y la posterior instauración de la dinastía josefina. El ya mencionado Frutos de Álvaro Benito, uno de los más importantes comerciantes del Madrid de principios de siglo, había urdido unas excelentes relaciones con las elites sociales de la Corte. El duque de la Roca, la duquesa de Alba, el marqués de Quintanar o el marqués de Montemasi pertenecían al círculo de relaciones de don Frutos, no obstante fue la relación mantenida con el marqués de Almenara, don José Martínez de Hervás, la que le conducirá a su ingreso en las nuevas estructuras políticas del gobierno de José I.
El marqués de Almenara había ocupado diversos cargos relevantes durante el reinado de Carlos IV; fue miembro de la Junta de Comercio y Moneda, embajador ante la Sublime Puerta y embajador en París. En Francia estableció una importante casa Banca —instalada en su parisino Palacio del Infantado— además de tomar un intenso contacto con las corrientes ilustradas que le llevaron, años más tarde, a desempeñar cargos de importancia en el gobierno del «intruso», llegando a ser nombrado ministro de lo Interior.
La relación de Frutos de Álvaro Benito con el marqués de Almenara se remonta al siglo XVIII. Existe constancia de una relación profesional entre ambos tras la guerra contra la Convención; uno de los navíos del comerciante, cargado con lana de exportación, sufrió el ataque de un corsario francés. Don Frutos nombró como apoderado en París a José Martínez de Hervás para recuperar la carga32. No obstante, desconocemos el momento de su inicial amistad; debemos apuntar que el comerciante poseía una densa formación —era abogado— y como hombre de letras, debió participar en las tertulias y círculos sociales y culturales más destacados e influyentes de Madrid.
Su amistad y relación continuó a lo largo de la centuria; convirtiéndose en un lazo de mayor intensidad con la instauración de la monarquía josefina en la Corte. Surgió una clientela política que se consolidó definitivamente con el nombramiento de Almenara durante el reinado de José I como presidente de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, comisario regio en Salamanca y posteriormente ministro de lo Interior de su gobierno. La incorporación de algunos de los comerciantes e industriales más destacados en la recién creada Municipalidad Madrileña por parte del gobierno afrancesado, nos advierte de un síntoma de colaboración con la España napoleónica o, al menos, de una adscripción estratégica de éstos con el nuevo poder, ello les proporcionaba nuevas cotas de poder político en la esfera municipal e, incluso, regional.
El Real Decreto de 30 de agosto de 1809, nombraba corregidor a Dámaso de la Torre, rico propietario, hábito de Santiago y contrario en un principio al cambio dinástico; pronto cambió su determinación tras este nombramiento y el que le otorgaba la encomienda de la Orden Real de España el 24 de agosto de 1810. Asimismo, este decreto distinguía como regidores de la Municipalidad de Madrid a personalidades de la vida comercial e industrial madrileña tales como Martín de Huici, Manuel García de la Prada, el ya citado Frutos de Álvaro Benito, que actuaría como regidor decano, Tadeo Bravo Ribero, Nicolás García Caballero, Juan Antonio Pico, Francisco Javier del Moral, Bernardo González Álvarez, Genaro Faustino del Rincón, Lorenzo Iruegas, Dámaso Hermoso, Francisco Iturmendi, Miguel Oquendo, Juan Manuel de Graviña, Antonio del Castillo Lerin, y José Merin33. Meses más tarde, fueron incorporándose otros notables y comerciantes: por decreto de 3 de octubre de 1809 el rey nombraba como individuos componentes de la Municipalidad madrileña a don Manuel Juez Sarmiento, D. Francisco Antonio de Bringas, D. Diego Barreda y D. José Carranza34.
Durante la estancia en Madrid del rey José y su gobierno, se sucedieron distintas circunstancias que multiplicaron la necesidad de hacer efectivas las alianzas tácticas entre los comerciantes. Una de ellas, el pago de empréstitos forzosos para subvenir los enormes gastos que requería la situación bélica española. Por Real Decreto de 22 de septiembre de 1810, el gobierno exigió un préstamo forzado de cinco millones de reales entre varios capitalistas destacados de Madrid. Habiendo completado todos el pago, fueron reunidos por el prefecto de la provincia don Pedro de Mora y Lomas en una de las salas del extinguido consejo de Indias, en donde se les otorgó a cambio la dehesa de Fresnedas Bajas. Fueron 45 los capitalistas madrileños que se vieron forzados a convertirse en propietarios de la dehesa enajenada a la Encomienda Mayor de Calatrava. El 16 de junio de 1811, se reunieron en las dependencias de la residencia de don Frutos, situada en la calle del Arenal —frecuente punto de encuentro de afrancesados y colaboradores del gobierno josefista— comerciantes como Mariano de Villodas, Antonio Baille, los señores Vesause hermanos o Francisco Antonio de Bringas, junto a otros capitalistas y hacendados. En esa junta, decidieron nombrar como apoderados generales a Frutos de Alvaro Benito, Francisco Antonio de Bringas e Isidro Fernández Castelán, para que gobernasen la dehesa, obteniendo los rendimientos oportunos35.
En el bando opuesto, —al menos hasta que duró la contienda— hallamos otro nutrido grupo de comerciantes partidarios de las tesis de Cádiz. A la cabeza de la institución municipal, Pedro Sainz de Baranda, ligado a una de las familias de comerciantes del Madrid de estas fechas. Leal a la causa de los liberales de Cádiz, el alcalde Pedro Sainz de Baranda, se convirtió en el edil que posteriormente asistiese al acatamiento de la constitución de Cádiz por parte de Fernando VII, dando inicio al Trienio Liberal. Otros comerciantes que optaron por unirse a este partido como Jaime Mas y José de Rodas, sufrieron el arresto en el cuartel del Retiro —emplazada en las dependencias de la Real Fábrica de la China— por negarse a colaborar con el gobierno «intruso». La represión de gobierno josefista a los colaboradores de la causa de Cádiz, no se diferenció en gran medida a la decretada posteriormente por los vencedores de la contienda.
6. CONCLUSIONES.
A modo de conclusiones finales, debemos puntualizar las diferentes alianzas tácticas aquí argumentadas. Por un lado, podemos considerar a los gremios como las instituciones en torno a las cuales los comerciantes se han reunido tradicionalmente como forma de protección y apoyo mutuo. De igual forma, la masonería, que vela por los intereses de sus maestros y la reunión de un buen número de egregios «patricios» en torno a las reales sociedades de amigos del país, nos muestran de la misma forma, la necesidad de protección y fomento de sus intereses económicos de los comerciantes e industriales.
Debemos considerar igualmente, otras uniones tácticas basadas en la familia; el matrimonio entre parientes y los arreglos matrimoniales, fomentaban el afianzamiento y la fortaleza de las mismas. Este hecho puede trasladarse a los diferentes sedimentos de los comerciantes e industriales; aunque con diferentes adscripciones sociales, poseían idénticas necesidades estraté- gicas para la supervivencia económica. Es necesario recordar que la exogamia, dispersa el poder tanto en lo económico como en lo social y en lo polí- tico. Opinamos, al igual que Jesús Cruz Valenciano, que la solidaridad familiar, el paisanaje y la amistad eran mecanismos para la consolidación de posiciones sociales ya adquiridas en los lugares de origen36. David Ringrose nos habla de un vínculo continuado ciudad/provincia en ciertas familias mercantiles37; a ello debo añadir que la creación de mayorazgos y el fomento de las obras sociales, —sobre todo en el lugar de procedencia-ofrecían la posibilidad de multiplicar el prestigio tanto en la capital como en la localidad de origen familiar, lo que producía un notable ascenso social. Del mismo modo, el modelo que encontramos entre los comerciantes e industriales madrileños es extrapolable a los comerciantes extranjeros instalados en la villa. La imitación de los modos de vida nobiliarios, —de ahí su predilección por el mayorazgo y la beneficencia—, nos muestran estructuras aferradas al Antiguo Régimen, que pervivieron entre las elites mercantiles madrileñas, muy adentrado el siglo XIX.
Por último, debemos significar la importancia de las adscripciones políticas de nuestros protagonistas a los diferentes grupos de pensamiento político. Estas alianzas tácticas proporcionaban la consiguiente seguridad en sus actividades, al igual que un prestigio social innegable. Las nuevas corrientes ideológicas, otorgaban una notable importancia a fórmulas constitucionales capaces de poner en marcha las concepciones renovadoras, una constitución en la que se plasmase el funcionamiento de ese «mecanismo» estatal capaz de acoger la libertad y la propiedad privada y en el que además se recogiesen los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Por tanto, para conseguir la felicidad, se debería dejar atrás el antiguo despotismo ilustrado.
Comenzado el siglo XIX, los afrancesados encontraban en la dinastía Bonaparte el remedio necesario para contrarrestar la «agónica» dinastía reinante a través de una carta otorgada reguladora e impulsora de sus ideas. Durante la guerra de la Independencia, los afrancesados, en las regiones que se hallaban bajo su influencia, abordaron reformas encaminadas a mejorar las estructuras estatales, intentaron incentivar el crecimiento de la población —cosa harto improbable debido a la contienda en la que se encontraron inmersos— unificaron y modernizaron los impuestos, así como liberalizaron el comercio y la industria. Esta modernización debía acompañarse de una flota marítima, más competitiva, activa y eficaz con el comercio de las colonias que fuese capaz de detener el predominio inglés. Los liberales de Cádiz, mediante la elaboración de una carta constitucional —más progresista— perseguían en esencia, idénticos resultados.
Los comerciantes e industriales implicados en el partido josefino, buscaban obtener la protección y el máximo rendimiento a su clientela. Hemos podido comprobar la necesidad recaudatoria del gobierno de José I, realizada por medio de los empréstitos forzados que pretendían sufragar —sobre todo— los gastos bélicos. Ante un descontento generalizado de nuestro colectivo, el gobierno decidió recompensar sus imposiciones con la adjudicación de bienes nacionales enajenados a instituciones de la anterior monarquía así como a individuos afectos a la causa de Cádiz. Las uniones estraté- gicas de éstos en torno a la causa afrancesada, consiguió aminorar los efectos más perjudiciales de un gobierno abrumado por la guerra. Asimismo, esta relación otorgaba a los representantes del comercio y la industria en las nuevas instituciones, un notable prestigio en la sociedad madrileña del período estudiado.
Tras el derrumbamiento del estado josefista y el consiguiente fracaso de los proyectos que se habían puesto en marcha desde su gobierno, sobrevino para sus colaboradores el exilio; el éxodo permitía evitar la represión de los vencedores, no obstante, desposeía al país de algunos de sus más notables representantes. Los vencidos, regresasen o no, intentaron justificar su participación en las más altas esferas del gobierno; Frutos de Alvaro Benito, junto a otros comerciantes, partió hacia su exilio francés, no sin antes intentar un acercamiento sin éxito con las nuevas autoridades preponderantes. En efecto, el decreto de Fernando VII fechado en 1814, ordenaba la expulsión inminente de España a todos los afrancesados, desterrando a todos aquellos que aceptaron un cargo durante el período josefino. Con la creación del Tribunal de Depuración de Actividades, se impusieron importantes sanciones que, en períodos posteriores, también afectaron a los liberales de Cádiz. Los afrancesados dieron paso a los liberales, quienes se enfrentaron a nuevas dificultades para su consolidación en el aparato estatal; la regeneración política, social y económica tan ansiada por la mayoría de los pensadores de la época, se vio truncada con las nuevas medidas que retrocedían a la situación anterior a la irrupción francesa.