La defensa del absolutismo en el reinado de Fernando VII: Antonio Gómez Calderón, regente de España.
The defense of absolutism in the reign of Fernando VII: Antonio Gómez Calderón, regent of Spain.
Resumen: Antonio Gómez Calderón, abogado prestigioso en el Madrid del tránsito del siglo XVIII al XIX favorecido por la monarquía absolutista, rechazó con firmeza el sistema liberal durante la Guerra de la Independencia; de hecho, apoyó el absolutismo como síndico del Ayuntamiento de Madrid y diputado en Cortes, firmante del Manifiesto de los Persas. Posicionamiento que le valió el agradecimiento de Fernando VII en 1814, nombrándolo fiscal del Consejo de Indias. Exiliado en Francia tras el restablecimiento del liberalismo durante el Trienio, no cejó en sus ideas reaccionarias y conspiró para el retorno del poder absoluto. En 1823 acompañó a los Cien Mil Hijos de San Luis en su invasión de España como miembro de las instituciones creadas para el gobierno del país, la Junta Provisional y la Regencia, recompensándole su lealtad Fernando VII con su consolidación en la élite política nacional durante la Década Ominosa. Gómez Calderón representa un ejemplo paradigmático de los miembros de la alta administración del Estado de tendencia realista (entre los que se encontraban los ministros López Ballesteros, Calomarde, etc.) que con su labor de apuntalamiento del absolutismo contribuyeron a que el Antiguo Régimen continuara en España durante más tiempo que en otros países de Europa occidental, por lo que con el presente trabajo realizamos una aportación de interés para comprender la mencionada persistencia y la tardanza en la introducción definitiva de la alternativa liberal.
Palabras clave: Absolutismo; Antiguo Régimen; Fernando VII; Biografía; Antonio Gómez Calderón.
Abstract: Antonio Gómez Calderón, a prestigious lawyer in Madrid during the transition from the 18th to the 19th century favored by the absolutist monarchy, firmly rejected the liberal system during the Peninsular War; in fact, he supported absolutism as a trustee of the Madrid City Council, a deputy in the Cortes and signatory of the Manifesto of the Persians. His position earned him the gratitude of Fernando VII in 1814, who appointed him as prosecutor of the Council of the Indies. Exiled in France after the reestablishment of liberalism in the Liberal Triennium, he did not give up on his reactionary ideas and plotted for the return of absolute power. In 1823 he accompanied the Hundred Thousand Sons of Saint Louis in their invasion of Spain as a member of the institutions created for the government of the country, the Provisional Board and the Regency, and because of it Fernando VII rewarded his loyalty Fernando VII with his consolidation in the national political elite during the Ominous Decade. Gómez Calderón represents a paradigmatic example of the members of the high administration of the State of realistic tendency (among which the ministers López Ballesteros, Calomarde, and others were) whose work of propping-up of absolutism contributed to the continuity of the Old Regime in Spain longer than in other Western European countries. So, with this work we will make a contribution of historiographical interest to understand the aforementioned persistence and the delay in the definitive introduction of the liberal alternative.
Keywords: Absolutism; Old Regime; Fernando VII; Biography; Antonio Gómez Calderón.
Sumario: Introducción. 1. Una trayectoria vital entre dos siglos. 1.1. Orígenes familiares, formación y primeros pasos profesionales. 1.2. La Guerra de la Independencia: los inicios de su carrera política. 1.3. El Trienio Liberal: profundización en su labor absolutista. 1.4. Los últimos años: el reconocimiento fernandino a su tendencia reaccionaria. 1.5. Su pensamiento político: una visión complaciente del poder absoluto. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
En las últimas décadas, la historiografía ha vuelto a prestar una especial atención a los individuos, cuya mayor manifestación ha sido el auge de la biografía, desprendida, por supuesto, de la deriva hagiográfica de la vieja historia y considerada como un medio fundamental para el conocimiento histórico1 .
En relación a la elaboración de la biografía de un personaje histórico, a la hora de pergeñar un estudio científico el objetivo principal no debe ser la realización de un simple quién es quién, esto es, no se debe aportar sólo una cantidad de datos y fechas, sino que se ha de perfilar un estudio interpretativo de la evolución vital de los biografiados y del papel ejercido en la vida pública por los mismos. De esta forma se podrá explicar los motivos que los guiaron para decidir la permanencia de algunas rémoras del pasado y para determinar el sentido de los cambios político-administrativos, socioeconómicos y culturales que se introdujeron en unas etapas concretas de la historia, gracias a ello se definirán mejor las características y las circunstancias de los distintos procesos históricos, así como la continuidad de unas y el grado de implantación de los otros2 .
Como se ha puesto de manifiesto en varias aportaciones historiográficas sobre la importancia en la investigación histórica de la biografía de figuras clave de la contemporaneidad y la metodología científica aplicada en su estudio, resulta indiscutible la necesidad de conocer el devenir de los personajes más sobresalientes de cada período y proceso histórico precisamente para entenderlos3 . De hecho, recientemente se han publicado múltiples biografías individuales y colectivas, sobresaliendo los numerosos diccionarios biográficos que se han editado sobre grupos y períodos diversos, lo que evidencia la enorme impronta que este género representa en la historiografía actual4 . No obstante, se debe tener en cuenta que la biografía tiene límites para el conocimiento completo de la historia, pero nos aproxima a su comprensión junto con otros campos de estudio; en este sentido, en palabras de la profesora Burdiel: “Un individuo no puede explicar completamente un grupo, una comunidad o una institución, y viceversa, un grupo, una comunidad o una institución no puede explicar completamente a un individuo.”5.
A partir de estos planteamientos, con este trabajo desarrollamos el análisis de una de las figuras más relevantes de la política y la administración española del reinado de Fernando VII, aunque prácticamente desconocida, desde sus orígenes familiares, formación y actividad profesional hasta su papel en la vida pública y su pensamiento político. Miembros de la élite de poder fernandino cuya activa defensa del absolutismo posibilitó la supervivencia en el primer tercio del siglo XIX de las estructuras del Antiguo Régimen, que sustentaron con mayor o menor tenacidad según sus posturas ultrarrealistas o tendentes al absolutismo moderado; su estudio nos permitirá un mejor conocimiento de las causas por las que aquellas permanecieran y se extendieran durante un dilatado tiempo en España, así como sobre los obstáculos que frenaron el avance del sistema liberal.
1. UNA TRAYECTORIA VITAL ENTRE DOS SIGLOS
1. 1. Orígenes familiares, formación y primeros pasos profesionales.
Antonio Gómez Calderón Carro nació en Baena (Córdoba) el 27 de julio de 1758 en el seno de una familia de comerciantes rurales con pretensiones de ennoblecimiento. Su padre, Lucas Ambrosio (en algunas fuentes aparece como Antonio) Gómez Calderón, nació en Mata de Hoz, jurisdicción de Reinosa (Cantabria), pero emigró en su juventud a Baena, donde se dedicó al pequeño comercio textil; mientras que su madre, Salvadora Carro Tarifa, era natural de la mencionada localidad cordobesa e hija del propietario de origen gallego de un almacén y comercio de quincallería en esta población6 . Por tanto, pertenecía a una familia de ascendencia humilde –en el caso de la paterna procedente de las montañas cántabras–, aunque enriquecida gracias a su actividad comercial, que le permitió amasar un considerable patrimonio inmobiliario; pese a su preeminencia económica, las oligarquías baenenses más linajudas no olvidaron cuáles fueron sus orígenes populares, remarcando la diferente categoría social de los Gómez Calderón; de hecho, el concejo de Baena no le reconoció a Lucas Gómez Calderón que fuera hijodalgo, por lo que éste inició a finales del siglo XVIII un pleito de hidalguía en la Real Chancillería de Granada para lograr su aspirado estatus social7 .
Pronto abandonó su Baena natal al ser enviado cuando era aún un niño a Reinosa con la familia de su padre y allí recibió la primera educación. A continuación, tras dos años de estudio en la Universidad de Granada logró en 1780 el título de bachiller en Cánones, prosiguiendo su formación en la Universidad de Valladolid, donde obtuvo los grados de Filosofía y Jurisprudencia Civil y Canónica8 .
En 1784 marchó a Madrid en busca de fortuna. En la capital de España abrió su bufete de abogado, que en 1806 se situaba en el número 7 de la céntrica calle de la Concepción9 . Gracias a sus amplios conocimientos jurídicos y a sus éxitos en los tribunales, pronto alcanzó notoriedad, por lo que atrajo sobre su persona el favor de la corte; de hecho, contó con la protección del conde de Floridablanca, secretario del Despacho de Estado de Carlos III y Carlos IV, quien le encargó distintos servicios. Asimismo, ejerció como examinador del Colegio de Abogados de Madrid10.
1. 2. La Guerra de la Independencia: los inicios de su carrera política.
Reacio a las ideas revolucionarias francesas, rechazó la administración josefina, e incluso el liberalismo, mostrándose durante la Guerra de la Independencia como un férreo opositor a la dominación francesa de España y un firme partidario de la monarquía absoluta, que tanto le había beneficiado hasta entonces y que le continuará favoreciendo en épocas posteriores.
Al parecer permaneció en Madrid durante la ocupación francesa, pero no desempeñó ningún cargo público. Tras la entrada en la capital de España del ejército aliado hispano-británico al mando del duque de Wellington en agosto de 1812, acogió el nombramiento por parte del gobernador militar de la ciudad, el conde de España, de procurador general síndico primero del ayuntamiento madrileño y en septiembre siguiente el de las Cortes de vocal en la clase de seglar de la Junta de Censura de Madrid, encargada de vigilar la recién establecida libertad de imprenta11; además, integró como síndico del municipio de la villa y corte la Junta Preparatoria para la celebración de las elecciones de diputados a Cortes por la provincia de Madrid de $1 8 1 2 ^ { 1 2 }$ . Durante el ejercicio de este cargo municipal ya mostró su frontal oposición a la ideología liberal, dada su negativa a la aplicación de varios decretos de las Cortes de Cádiz13.
No obstante, su actividad pública sobrepasaría en breve la política local para alcanzar la nacional. En las elecciones de Cortes ordinarias celebradas el 1 de agosto de 1813 en Córdoba fue elegido diputado, obteniendo 9 de los 12 votos electorales. Sin embargo, sus poderes no fueron aprobados por las Cortes hasta el 20 de enero de 1814 porque fue entonces cuando los presentó; juró dos días después y causó baja el 10 de mayo de 1814 tras la disolución de la Cámara dispuesta por Fernando VII, por lo que ocupó el escaño parlamentario menos de cuatro meses14.
La elección de Gómez Calderón como diputado en Cortes se efectuó pese a que los electores parroquiales de Madrid le retiraron su derecho al voto en dos ocasiones debido a que en las elecciones generales de 1812, al parecer, no obedeció la constitución15. Además, al conocerse la elección de Antonio Gómez Calderón, nueve electores de los que integraron en 1812 la primera junta para la elección de diputados por la provincia de Madrid en una solicitud fechada el 9 de septiembre de 1813 pidieron a las Cortes que no pudiera ocupar su escaño, dado que según el artículo 25 de la constitución al encontrarse sometido a un proceso criminal tenía suspendidos sus derechos ciudadanos y por tanto no podía ser admitido como diputado en el Congreso hasta que se resolviese el juicio16. Sin embargo, no nos consta que esta petición fuese ni siquiera planteada en un pleno de la Cámara.
En cuanto a su tardanza en prestar juramento, según la carta fechada en Madrid el 29 de octubre de 1813 que enviaron a las Cortes 12 diputados absolutistas electos incluido Gómez Calderón, no pudieron acudir a las sesiones parlamentarias que se iniciaron el primer día de aquel mes al detenerse en Córdoba por la epidemia de fiebre amarilla que padecía Cádiz. A continuación, el 12 de octubre viajaron a Madrid después de conocer el Decreto del día 4 del mismo mes que disponía el traslado de las Cortes a la capital de España. Sin embargo, continuaron reunidas primero en Cádiz y luego en la Isla de León, mientras que ellos permanecían en Madrid, por lo que proponían con insistencia que el Congreso se trasladase cuanto antes a la villa del Manzanares para proseguir allí sus sesiones; para ello incluso habían localizado el edificio idóneo, el Banco Nacional, que disponía de un amplio salón y de las oficinas necesarias. La Cámara, como una muestra de lo poco sugerente que le resultaba la propuesta a la mayoría de sus miembros presentes en tierras gaditanas, ni siquiera decidió su discusión, se limitó a acordar que este escrito pasara a la comisión en la que se encontraban los antecedentes sobre el asunto, sin ni siquiera concretar cuál era17.
Con esta iniciativa los proponentes pretendían ejercer presión para que las Cortes se situaran cuanto antes en Madrid; así, se alejarían de Cádiz, donde los liberales gozaban de una notoria fuerza, considerando los absolutistas que en la villa y corte dispondrían de una mayor ascendencia sobre el legislativo. En este sentido, no se puede obviar que los diputados que por las razones expuestas se concentraron en Córdoba, de marcada tendencia reaccionaria – de hecho, diez de ellos firmarán pocos meses después el conocido Manifiesto de los Persas–, celebraron al parecer varias reuniones secretas en la ciudad de la Mezquita –en las que participaron el también diputado electo Bernardo Mozo de Rosales y otros líderes absolutistas–, por lo que se constata la actitud conspirativa contra las Cortes liberales de los parlamentarios partidarios del absolutismo antes incluso del retorno de Fernando VII18.
Gómez Calderón no disimuló en las Cortes sus ideas en defensa de la monarquía absoluta y de las instituciones del Antiguo Régimen, liderando junto a Mozo de Rosales el sector realista. Este claro posicionamiento político le atrajo las críticas de la prensa liberal y de varios de sus colegas diputados; en este sentido, por ejemplo, El Redactor General, diario liberal, denunció sus estrechos lazos con la Inquisición, mientras que Bartolomé José Gallardo, periodista liberal y antiguo bibliotecario de las Cortes de Cádiz, llegó a dedicarle el apodo de “Caldo pútrido” en el periódico que él dirigía, La Abeja Madrileña19.
A diferencia de la mayoría de los diputados por Córdoba y pese a su breve estancia en la Cámara, desarrolló una activa labor parlamentaria. Votó en numerosas ocasiones, siempre con los diputados absolutistas. Perteneció desde marzo de 1814 a las comisiones de: Responsabilidad de los empleados públicos por infracción de la Constitución; Arreglo de decretos sobre empleados; y Examen a las adiciones al proyecto de ley sobre responsabilidades de los infractores de la Constitución. También, fue uno de los 30 diputados entre los que se sortearía la composición del Tribunal de Cortes, formado por 10 miembros, resultando elegido por el pleno en la votación del undécimo puesto por 65 votos, frente a los 39 del diputado Almansa y a otros 8 que obtuvieron varios parlamentarios; pero en el posterior sorteo su nombre no estuvo entre los escogidos20.
Actividad en las Cortes que implementó con distintas iniciativas y con su participación en varios debates sobre temas diversos. Presentó sendas proposiciones para que las Cortes ordenasen que las diputaciones provinciales pagaran los gastos de viaje de los diputados desde sus localidades de residencia y se decidiera si los diputados que iniciaron su traslado sin poder llegar a Cádiz por la epidemia podían percibir sus dietas y desde qué fecha, lo que le afectaba personalmente al encontrarse en esa situación; la comisión de Legislación dictaminó que se aprobara la primera propuesta y que respecto a la segunda que se abonasen desde el día posterior en que concluyeron su viaje en Cádiz, lo que fue aprobado por el Congreso21. Expresó su inmensa alegría por el retorno a España de Fernando VII y sugirió al pleno que se informara a las provincias de la grata noticia para que realizaran las rogativas previstas por este acontecimiento, lo que fue aprobado22. Propuso la conveniencia de que desaparecieran las partidas de persecución de contrabandistas al aprobar las Cortes la liberalización del comercio del tabaco23. Planteó que, si era necesaria la provisión del arzobispado de Valencia, se procediera a ello, pero, si se rehabilitaba el obispado de Játiva como había dictaminado la comisión de Legislación encontrándose pendiente de la aprobación de las Cortes, se desmembrarían24. Pidió que se reintegrasen las casas y los bienes confiscados al clero regular en el marco de la incipiente desamortización eclesiástica25. Y, recomendó que se añadiera a la normativa sobre la recuperación de los derechos y los empleos por los afrancesados que los que hubiesen iniciado las diligencias de purificación ante los ayuntamientos fueran repuestos en sus derechos ciudadanos y empleos públicos sin necesitar de una rehabilitación judicial, propuesta que fue respaldada por la Cámara26.
Su decidido y constante apoyo al absolutismo fernandino como parlamentario lo culminó siendo uno de los inspiradores y firmantes del Manifiesto de los Persas, texto fechado el 12 de abril de 1814 dirigido a Fernando VII por 69 diputados absolutistas, en el que, además de criticar con dureza a los diputados liberales, le solicitaron que no aceptase los cambios introducidos por las Cortes, incluida la Constitución de 1812, y que restaurase el régimen absoluto27. Pocos días después, el 4 de mayo, una vez obtenido el apoyo militar de los generales Elío y Eguía, Fernando VII rubricó el Decreto de Valencia, por el que quedaba abolida no solo la constitución, sino también la obra legislativa introducida por las Cortes, lo que suponía la reimplantación del Antiguo Régimen; asimismo, suspendió las Cortes, restableció las instituciones existentes antes del inicio de la Guerra de la Independencia e inició la persecución de los liberales, siendo encarcelados numerosos diputados de esta tendencia. Precisamente, en este contexto, tal fue el compromiso de Gómez Calderón con el absolutismo que incluso llegó a informar a las autoridades represoras de los liberales en contra de los parlamentarios de esta ideología antiguos compañeros de escaño, a los que llegó a tachar de republicanos28.
Este intenso activismo a favor de la causa realista le fue premiado por Fernando VII tras la reimplantación del absolutismo con los nombramientos otorgados en julio de 1814 de consejero y fiscal para los asuntos relativos a Perú del Consejo de Indias, cargos que desempeñó hasta el restablecimiento del sistema liberal en 1820, seis años coincidentes con las guerras de emancipación en América29.
1. 3. El Trienio Liberal: profundización en su labor absolutista.
Al inicio del Trienio Liberal, intentó exiliarse en Francia para eludir sus responsabilidades por la firma del Manifiesto de los Persas y sus ataques al liberalismo30, pero durante su viaje fue reconocido, detenido y encarcelado en el convento de San Francisco de Tolosa (Guipúzcoa)31. A finales de mayo de 1820 logró fugarse y cruzó a pie los Pirineos disfrazado de pastor, por lo que, pese a su ya avanzada edad, tenía 62 años, logró alcanzar el territorio galo.
En Francia pasó varios meses en Bayona, trasladándose posteriormente a París. En la ciudad del Sena procuró influir en el gobierno de Luis XVIII para que colaborase en el retorno de la monarquía absoluta de Fernando VII y se situó entre los partidarios de un texto constitucional a semejanza de la carta otorgada francesa que recogiese la existencia de un parlamento bicameral y la posibilidad de veto de las decisiones parlamentarias por parte del monarca absoluto, por tanto más tibio en derechos y libertades que la Constitución de 1812; iniciativa alentada por el ejecutivo francés, al considerar que con ella se evitaría una nueva revolución liberal. Precisamente, quien entonces desempeñaba la jefatura del gobierno galo, Jean Baptiste de Villèle, lo captó, pagándole al parecer 12.000 francos32, y le asignó la misión de que convenciera al ya mencionado Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida desde 1817 –con el que Gómez Calderón mantenía una determinada cercanía al menos desde que ambos fueron diputados de las últimas Cortes de la Guerra de la Independencia–, situado al frente del exilio español más reaccionario, para que aceptara la solución del conflicto español con el establecimiento del ya enunciado régimen de carta otorgada; esta propuesta conllevaría que la monarquía constitucional auspiciada por los liberales fuera sustituida por una de carácter moderado, evidenciándose el fracaso de la misma tras la liberación de Fernando VII en octubre de 1823 ante la cerrada oposición del propio monarca y de los ultrarrealistas españoles que planteaban incluso un régimen fernandino aún más absoluto. Mataflorida se negó a transigir, lo que conllevó que el gobierno de Villèle dejase de respaldar a la ultrarrealista Regencia de Urgel y apoyase la creación de instituciones formadas por exiliados españoles de tendencia absolutista, aunque menos intransigentes, como era el caso de Gómez Calderón, frente a las posturas más conservadoras de la Regencia33. En este sentido, el barón de.
Eroles comunicó a Mataflorida que el ejecutivo francés había decidido la creación de un “consejo supremo de gobierno para España” establecido en Paris e integrado por el general Eguía, el arzobispo de Tarragona, el obispo de Urgel, Erro, Gómez Calderón y el propio Eroles34.
A continuación, procuró que la Santa Alianza interviniera militarmente en España y en aquel mismo año 1822 viajó a Urgel y Tolosa para la planificación de la actividad conspirativa que acelerase la expulsión de los liberales del poder.
A finales de enero de 1823, una vez obtenido el beneplácito de las potencias reunidas en el Congreso de Verona respecto al planteamiento de Francia de intervenir en España para acabar con el sistema liberal, Luis XVIII en el discurso que pronunció en la apertura de las cámaras francesas hizo pública su decisión de enviar un ejército a España, los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando de su sobrino el duque de Angulema, para reponer el absolutismo y “liberar” a Fernando VII del supuesto yugo liberal –como el propio monarca español había manifestado en sus misivas a las potencias de la Santa Alianza en solicitud de ayuda–. La invasión se inició el 7 de abril de 1823 tras cruzar las tropas regulares francesas el Bidasoa, apoyadas por unos 35.000 efectivos reclutados entre los absolutistas españoles, iniciándose una campaña militar que duró varios meses35. Dada la ascendencia de Gómez Calderón entre los exiliados españoles en Francia con ideas reaccionarias aunque supuestamente más moderadas que los que apoyaban a la Regencia de Urgel y sobre todo por su ya enunciada colaboración con el gobierno de Villèle, formó parte de las instituciones creadas por influencia francesa para asumir el poder ejecutivo hasta la reposición como rey absoluto de Fernando VII y para otorgar legitimidad a las decisiones de Angulema.
Al mismo tiempo que comenzó la invasión de España, el ejecutivo galo facilitó su nombramiento como vocal de la Junta Provisional de Gobierno de.
España e Indias, cargo que ocupó desde el 9 de abril al 25 de mayo de 1823, esto es, durante el mes y medio de existencia de la misma. Creada por los franceses, quedó instalada y reconocida por el duque de Angulema en su cuartel general de la guipuzcoana localidad de Oyarzun el 9 de abril de 1823, aunque tres días antes publicó en Bayona su primer manifiesto, y acompañó a los Cien Mil Hijos de San Luis en su invasión de España. Por tanto, el ejecutivo de Luis XVIII dio la espalda a la ultrarrealista Regencia de Urgel y, apoyó a la mencionada Junta Provisional en su papel de representación de las posturas absolutistas españolas y como institución para el gobierno de España hasta la “liberación” de Fernando VII36.
Ya en el mencionado manifiesto de la Junta Provisional fechado en Bayona el 6 de abril, además de considerar que los tres años de la segunda experiencia liberal española representaron una época de anarquía y de expresar su agradecimiento al apoyo para la restauración del absolutismo en España de las tropas francesas a las que procuró desligar de la comparación con las invasoras de 1808, se clarificó cuáles eran sus objetivos principales: la supresión de las instituciones liberales, además de sus acuerdos, y el retorno de la monarquía absoluta. Para el logro de estos fines, pese a su efímera vigencia, las medidas que introdujo demostraron su evidente interés en la restauración del Antiguo Régimen con rapidez y la represión de los partidarios del liberalismo con firmeza; de hecho, la primera iniciativa que dispuso el mismo día de su establecimiento consistió en la destitución de varios cargos político-administrativos y judiciales –en concreto los jefes políticos, los alcaldes constitucionales y los jueces de primera instancia–, así como la sustitución de los ayuntamientos establecidos por los liberales por los existentes en 1820 antes de la vuelta a la Constitución de 1812, primer paso para la recuperación del orden institucional absolutista partiendo de la administración local y provincial. Además, ordenó el desarme de la Milicia Nacional (medida introducida el 9 de abril), permitió la circulación de la moneda francesa de oro y plata de menor valor en metal que la española a la que fue equiparada lo que provocó el atesoramiento de esta (el 13 de abril), liberó a los presos políticos contrarios al sistema constitucional (el 17 de abril), puso las bases para la persecución en el seno de la administración de los liberales –a través de la depuración al determinar cuáles serían las reglas para el cese de los empleados públicos designados tras la caída del absolutismo en 1820 y la vuelta a sus puestos de los expulsados por su rechazo del liberalismo– (el 18 de abril), eliminó de los espacios públicos los símbolos liberales –en especial las lápidas conmemorativas de la Constitución de 1812– (el 8 de mayo), restituyó en sus cargos y condecoró a los diputados firmantes del Manifiesto de los Persas –entre los que se encontraba el propio Gómez Calderón– para resarcirlos de los “padecimientos” sufridos al inicio del Trienio Liberal cuando fueron recluidos en conventos y procesados en las Cortes (el 9 de mayo), etc.37.
Tras la ocupación de Madrid por los franceses, formó parte de la Regencia Provisional del Reino que sustituyó a la mencionada Junta. La Regencia fue designada, en este caso en nombre del rey de Francia, por el duque de Angulema –quien consideraba que en la Junta Provisional existía una mayoría de ultraconservadores y siguió los planteamientos del escritor y diplomático François-René de Chateaubriand, a la sazón ministro encargado de las relaciones exteriores de Luis XVIII, para que una vez Madrid fuese tomada se reemplazara la Junta que tenía un marcado carácter interino con una regencia y un ejecutivo provisional que dependería de la misma–, a partir de la propuesta de sus miembros realizada por los consejos de Castilla y de Indias, con el encargo de ocuparse del gobierno del país ante el vacío de poder generado por la imposibilidad de Fernando VII de ejercer como monarca con plenas atribuciones. Gómez Calderón la integró desde su constitución el 25 de mayo hasta el 1 de octubre de 1823, cuando Fernando VII quedó libre, es decir, durante algo más de cuatro meses38.
La Regencia adoptó una serie de decisiones continuistas respecto a las de la Junta Provisional y que profundizaron aún más en la vuelta al Antiguo Régimen y en la persecución de los liberales, consistiendo las principales en: el nombramiento de un gobierno nada más constituirse la misma en cumplimiento de los deseos de Angulema, siendo ministro de Estado y a la sazón presidente del mismo dados sus amplios poderes el clérigo y confesor del rey Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor; la reimplantación de los consejos con la promulgación de distintas disposiciones de mayo a junio de 1823, como el Consejo de Castilla, reinstalado por Real Cédula de la Regencia de 16 de junio de 1823; la reposición del diezmo y los señoríos; la eliminación por completo de la legislación emanada de las Cortes; la supresión de las sociedades secretas; la continuidad de la represión, pero aún con mayor dureza que la iniciada por la Junta Provisional, de los partidarios del liberalismo, disponiendo por ejemplo la declaración de alta traición y la confiscación de los bienes de los diputados que participaron en la sesión en la que se inhabilitó al rey, así como la obligación de que los empleados públicos se sometieran a un proceso de purificación –recogido en el Decreto de 27 de junio de 1823– para determinar cuál fue su nivel de apoyo al sistema liberal, designándose con tal fin a los miembros de la Junta de Purificación situada en Madrid, aunque también se constituyeron juntas similares en las provincias – proceso de depuración que además afectó al ejército–; la fundación de los cuerpos de voluntarios realistas en junio de 1823, convertidos en el instrumento contrarrevolucionario del absolutismo, utilizado incluso en los años siguientes por los más reaccionarios contra el propio régimen fernandino al sospechar de un acercamiento a los liberales; la supresión de las contribuciones establecidas por el liberalismo y la recuperación de las antiguas rentas por el Decreto de 9 de junio de 1823; el logro de fondos para hacer frente a los ingentes gastos del Estado y al desbocado déficit público, contratando para ello a mediados de julio de 1823 un empréstito con el banquero francés Luis Guebhard por 334 millones de rs. de valor nominal en unas condiciones leoninas próximas a la usura; etc.39.
Asimismo, en el periodo en el que fue regente se incorporó a la reconfigurada en 1823 Junta Apostólica –una de las sociedades secretas de absolutistas intransigentes– y, entre otros documentos, firmó el manifiesto $L a$ Regencia del Reino durante la cautividad del rey nuestro señor. A los soldados del ejército llamado nacional del 3 de junio de 1823, en el que se exaltó la causa absolutista; así como la proclama de la Regencia fechada en Madrid el 19 de junio de 1823 declarando que el rey había sido destronado por el gobierno liberal al oponerse a su traslado a Cádiz40.
Denodada y activa colaboración con la invasión absolutista que le valió que fuese tildado de desleal por los liberales, estableciéndose en el Real Decreto de 11 de julio de 1823, en cumplimiento del Decreto de Cortes del día 2 del mismo mes y año, que disponía, en parte como represalia respecto a las decisiones de la Regencia, la anulación de los derechos constitucionales para los que apoyasen al enemigo, quiénes quedaban comprendidos en la norma legislativa indicada; ya en el artículo primero del mencionado Real Decreto se recogió la nómina de los integrantes de la Junta Provisional y de la Regencia, entre los que se encontraba Gómez Calderón, considerándoseles como: “indignos del nombre español y traidores en el mas alto grado à su patria y à su Rey, y serán habidos y tratados como tales”41. Dos días después, el Decreto de 13 de julio de 1823 de Fernando VII auspiciado también por los liberales declaró nulas las medidas de la Regencia y sujetos de traición a los secretarios del despacho designados por Angulema42.
Por su parte, la Regencia presidida por Infantado y en la que participaba Gómez Calderón, además de mostrarse implacable con la persecución de los liberales, tomó distintos acuerdos que hicieron que resultase aún más conservadora que la de Urgel según el gobierno francés43. Por tanto, el duque de Angulema no estuvo demasiado acertado al creer que con la sustitución de la Junta Provisional por la Regencia la tendencia del que fuera poder ejecutivo español ejercido sobre aquellos territorios controlados por los Cien Mil Hijos de San Luis sería menos conservadora, al igual que sucedió por las razones ya apuntadas en páginas anteriores con la aspiración del gobierno galo de que se estableciera una monarquía moderada en España como la francesa44.
1.4. Los últimos años: el reconocimiento fernandino a su tendencia reaccionaria.
Una vez triunfante de nuevo Fernando VII, quien anuló como hizo en 1814 las decisiones del gobierno liberal y de las Cortes, al mismo tiempo que respaldó las de la Junta Provisional y la Regencia, Gómez Calderón logró que por segunda vez su fidelidad al monarca absoluto fuese recompensada con la concesión de honores y el impulso de su carrera en la cúpula del Estado. A finales de 1823 acogió la designación de académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando –institución de la que ya era consiliario desde 1821, puesto en el que fue confirmado en 1824 sin necesidad de someterse a la purificación de cargos y empleados públicos ya mencionada establecida por el absolutismo–45, pero sin duda el puesto políticoadministrativo más relevante que ocupó durante la Década Ominosa fue el de consejero de Estado, un cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
Por el Real Decreto de 3 de diciembre de 1823 se renovó el Consejo de Estado, que quedó formado por algunos de los miembros que lo componían antes de que Fernando VII aceptase la Constitución de 1812 en 1820, los ministros en activo y otros integrantes destacados por sus carreras en la administración del Estado y su fidelidad al rey, primando entre ellos la tendencia ultrarrealista46. Este posicionamiento ideológico mayoritario en su seno provocó que las diferencias políticas con los ejecutivos moderados del marqués de Casa Irujo y del conde de Ofalia fueran cada vez mayores –incrementadas además por la circunstancia de que en el Consejo se debatían los asuntos de gobierno trascendiendo de forma amplia el mero papel de órgano consultivo que tendría en otras épocas–, por lo que en febrero de 1824 el Consejo de Estado quedó en suspenso.
Sin embargo, casi dos años después, el 28 de diciembre de 1825, reinició con fuerza su actividad, por imposición del también ultra duque del Infantado, entonces secretario de Estado –quien en octubre de aquel año había sustituido en esta cartera ministerial al moderado Francisco Cea Bermúdez– y antiguo presidente de la Regencia de la que formó parte Gómez Calderón; Infantado dada la afinidad ideológica con los planteamientos más reaccionarios de la mayoría de los consejeros de Estado implementó la trascendencia política de esta institución para que ejerciera como un auténtico gobierno; de hecho, en enero siguiente otorgó al Consejo un nuevo reglamento “convirtiéndose en la suprema autoridad del país, hasta el punto de vigilar, intervenir e inspeccionar la gestión de los propios secretarios de Despacho”47. Además, por esta reforma quedó reducido a solo seis miembros, que se reunirían todos los días con el rey en el Palacio Real, debiendo cada ministro consultarle los asuntos de su competencia un día a la semana. El poder del Consejo de Estado creció de tal manera que incluso las sesiones del Consejo de Ministros dejaron de celebrarse de diciembre de 1825 a septiembre de 1826. No obstante, al dimitir el duque del Infantado de la mencionada secretaría a mediados de agosto de 1826, en el mes siguiente se restituyó el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado retornó a su cometido de órgano consultivo, con las funciones principales de asesoramiento de los ministerios y de emisión de informes sobre los asuntos que se le presentaban48.
Gómez Calderón, al mismo tiempo que ejerció el puesto de consejero de Estado, asumió los nombramientos de presidente de distintas juntas y comisiones gubernativas de carácter económico-hacendístico con una enorme importancia nacional, al encontrarse relacionadas con la perentoria reforma de la Hacienda Pública y el imprescindible impulso de la economía española en el contexto de la profunda crisis económica que sufría el país –consecuencia de las continuas guerras en las que participó España desde finales del siglo XVIII, la emancipación de la mayor parte de las colonias americanas con el consiguiente varapalo para el comercio español y el disparado déficit público–.
A partir de 1824 el monarca absoluto lo nombró para que presidiera a la vez varios organismos dependientes de la Secretaría del Despacho de Hacienda que resultaban axiales en el programa de reformas económicas y hacendísticas de la España de la segunda restauración absolutista formulado por el titular de dicha cartera, Luis López Ballesteros49.
Esta designación representa una muestra inequívoca de la considerable confianza que Fernando VII tenía depositada en el antiguo regente. De hecho, Gómez Calderón asumió la jefatura de unos organismos técnicos cuando su experiencia en Hacienda era prácticamente nula, por lo que en su nombramiento debió pesar más no solo su lealtad a Fernando VII, sino en especial su ideología absolutista, que al ser más ultra que moderada resultaba un freno al excesivo, según los más reaccionarios del régimen, afán reformista de López Ballesteros. En concreto, presidió: la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, desde abril de 1824; la Comisión de Inscripciones de la Deuda Pública, a partir de marzo de 1824; y, la Junta de Arreglo de Sueldos y de Reforma de Gastos del Estado, desde abril de $1 8 2 5 ^ { 5 0 }$ .
A la mencionada Junta de Fomento, creada por el Real Decreto de 5 de enero de 1824 por iniciativa de López Ballesteros y cuyo antecedente inmediato fue la Junta General de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de Extranjeros existente en el siglo XVIII, se le asignó el notorio objetivo de plantear las medidas necesarias para la superación de los obstáculos que perjudicaban el progreso económico del país, centrando su cometido en: la agricultura, la industria, el comercio y la navegación; el análisis de la legislación vigente en aquel momento y la propuesta de normas que favorecieran a la industria rural, fabril, comercial y minera; así como el estudio e impulso de los sectores más importantes de la economía51. Tras el inicio de su actividad también actuó como un órgano consultivo del gobierno al que se le remitían distintas iniciativas de desarrollo económico y diversos problemas que lo impedían para que elaborase informes que facilitasen las decisiones gubernamentales.
Por la Real Orden de 6 de abril de 1824 quedó conformada con los miembros correspondientes, entre los que se encontraba Gómez Calderón como presidente en sustitución del también consejero de Estado Juan Pérez Villamil, que falleció en febrero52.
La Junta se estableció el 23 de aquel mismo mes y año en la sala primera del Supremo Consejo de Hacienda y para que realizara su labor y lograra sus fines el propio Gómez Calderón firmó una circular fechada el 30 de abril de
1824 en la que solicitó el envío de informes y proyectos que necesitaba el nuevo organismo, relativos al “alta y baja de la riqueza pública razonada por periodos y países, con experiencias y datos para hacer la Junta fructuosas sus discusiones y medidas”; sin embargo, en la circular también evidenció el sentido conservador que tendrían las decisiones de la Junta, puesto que “en el vasto campo de los proyectistas, si bien sembrase pueden semillas importantes, suele abrigarse y desenvolverse el espíritu de excesiva novedad y subversión”, al mismo tiempo que dejó claro cuál era su fin último remarcando de forma propagandística el interés político y benefactor de la monarquía absoluta en la creación de este organismo, puesto que debía: “contribuir a levantar sobre la gran base de nuestra restauración política el edificio de la prosperidad pública, que es el más vivo deseo del corazón de S. M., y el complemento de la gloria de su Trono.”53 En consecuencia, unos objetivos muy amplios y abstractos que permitían a la Junta la elaboración de propuestas y el desarrollo de actividades de ambicioso calado económicohacendístico, pero siempre con un notable trasfondo reaccionario.
De inmediato, esta Junta comenzó sus trabajos, remitiendo al ministro de Hacienda dictámenes sobre asuntos diversos, como por ejemplo los relativos a: la plaga de “cucaracha” que devoraba las vides de algunas localidades de Jaén, incluyendo distintas medidas para acabar con ella en aplicación de las recomendaciones de Juan Antonio Melón y Antonio Sandalio de Arias, profesores de Ciencias Naturales, cuya asesoría científica solicitó la Junta; los trabajos de los que se dedicaban a la extracción de oro en polvo o escamas de ríos y arroyos de la Península Ibérica, estableciéndose por una Real Orden publicada al efecto la necesidad de su protección y apoyo por parte del Estado; las disposiciones que impidiesen la destrucción de máquinas de las fábricas de la provincia de Gerona, concretadas en la Real Orden de 24 de junio de 1824; las reglas que debían observarse en la concesión de privilegios exclusivos por la invención, introducción y mejora de máquinas, que se plasmaron en un Real Decreto; la autorización para la fabricación y venta de fósforos, recomendando la Junta su impulso, como así se promulgó por Real Orden; la solicitud de los cosecheros de vinos de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda para que no se cobrase el $1 2 \%$ del derecho de puertas a los aguardientes que se introducían para el cabeceo de los vinos, lo que fue denegado por la Real Orden de 14 de marzo de 1825; etc.54.
Tras más de una década de existencia, una vez introducido el sistema liberal, por el Real Decreto de 20 de julio de 1835 esta Junta fue suprimida por la Reina Gobernadora, puesto que sus atribuciones formaban parte del Ministerio del Interior55.
En cuanto a la Comisión de Inscripciones de la Deuda Pública, con el fin de proceder al pago ordenado de los acreedores del Estado y de esta forma conseguir la mejora de la solvencia de España para atraer créditos privados a nivel internacional con los que hacer frente a los ingentes gastos del Tesoro, por el Real Decreto de 4 de febrero de 1824 se creó la Real Caja de Amortización de la Deuda Pública, sucesora del Crédito Público. La finalidad de la Real Caja consistía en el pago periódico de los intereses de los empréstitos obtenidos por el Estado –con la única salvedad de los negociados en época constitucional, que no fueron reconocidos, lo que afectó de forma negativa a la credibilidad de España para lograr más créditos y en condiciones ventajosas, e incluso en la mayoría de las bolsas europeas los títulos de la deuda española no cotizaban– y el reembolso del capital de los mismos en los periodos acordados; con ello se pretendía obtener préstamos internacionales para hacer frente a los gastos corrientes del Estado. Para la consecución de estos objetivos, la mencionada Real Caja debía inscribir en el denominado “Gran Libro de la Deuda Pública” los créditos contra el Estado, eliminar los que habían sido liquidados y afrontar el abono de los intereses de las nuevas obligaciones financieras contraídas por la Hacienda pública. A la Comisión de Liquidación de la Deuda Pública creada por otro Real Decreto de aquella misma fecha, se le otorgó las atribuciones de la comprobación y del pago de las créditos concedidos al Estado56.
A continuación, por el Real Decreto de 8 de marzo de 1824, se dispusieron los procedimientos reguladores del Gran Libro y se creó la Comisión de Inscripciones de la Deuda Pública, cuyas funciones eran consultar al rey sobre las sumas que se registrarían en el Gran Libro tras ser “liquidadas por la Comisión de Liquidación y reconocidas por la Contaduría de Valores”, así como “autorizar con su presencia el acto de inscribir los capitales en el Gran Libro”57.
Sin embargo, el inicio de los trabajos de la Comisión de Inscripciones tardó, puesto que hasta el 9 de mayo de 1824 no quedó constituida en la dirección de la Real Caja de Amortización y se abrió el Gran Libro; al acto asistieron distintas autoridades y varios representantes de los acreedores del Estado tanto nacionales como internacionales, caso de los cónsules de Francia y Gran Bretaña, el Tesorero General, los directores de Rentas, los contadores de Valores y Distribución, el director de la Comisión de Liquidación, el intendente general del Ejército, el director del Banco de San Carlos, el vicepresidente de la Compañía de Filipinas, dos negociantes extranjeros, tres comerciantes de Madrid, dos corredores de cambios y los titulares del empréstito Guebhard. El presidente de la Comisión, Gómez Calderón, pronunció un discurso en el que al mismo tiempo que ensalzó la decisión de Fernando VII de proceder al pago de los acreedores del Estado, alabó su poder absoluto, expuso las causas que en su opinión habían provocado la pésima situación socioeconómica del país y no desaprovechó la ocasión para denostar con firmeza el periodo liberal, afirmando que:
Una obra de tal naturaleza, y tan interesante por las grandes consecuencias que es capaz de producir, solo podía emprenderse en aquella feliz época en que restituido nuestro augusto SOBERANO al pleno ejercicio de los derechos heredados de sus virtuosos Progenitores, e inseparables de su soberanía; derechos de que en la mayor parte había sido despojado por una facción tan impía como pérfida e ingrata, pudiera dedicar toda su Real atención a facilitar a sus pueblos los medios de conseguir el bienestar, de que habían gozado en tiempos menos desgraciados, y de que habían sido privados por unas guerras casi continuas, por unas alianzas acaso más ominosas en sus resultados definitivos que las mismas guerras, por una invasión extranjera la más cruel y exterminadora, y finalmente por unas rebeliones atroces, de cuyo carácter inmoral y sanguinario no se hallará semejante en la historia58.
Seguidamente, se procedió a la instalación de la Comisión y a la inscripción de 600 millones de rs. de vales consolidados y de otros 30 millones de rs. para el pago de los intereses dispuestos en el ya mencionado Real Decreto de 8 de marzo de 1824. Esta decisión supuso el primer paso del gobierno fernandino para el implemento de la confianza de los inversores en el Estado español y así favorecer el crédito público de España según manifestó entonces el propio Gómez Calderón59.
Estas medidas, al parecer, demuestran que durante el reinado de Fernando VII el gobierno absoluto tuvo un enorme interés en el pago periódico y regular de los réditos a los acreedores, con el fin de solucionar los importantes problemas hacendísticos de la España de la época, aunque sin demasiado éxito, puesto que, según Suárez, se debe tener en consideración que: “La renovación de métodos administrativos en la Real Hacienda, iniciada por López Ballesteros, corrigió evidentes defectos, pero no puede afirmarse que resolviera los problemas de la Hacienda, ni siquiera los referentes a la Deuda Pública.”60 Es más, para Fontana en relación a la Caja de Amortización:
Nada funcionó como se había previsto. La caja no recibía, ni de lejos, el importe que se le había consignado […] y se la cargaba con pagos que no le correspondían, porque el tesoro no los podía atender. Era un mal antecedente para ponerse a negociar empréstitos extranjeros que, por otra parte, eran muy difíciles de obtener, ya que las bolsas europeas no querían saber nada de un gobierno que había repudiado el pago de una deuda contraída pocos años antes [en relación a la del Trienio Liberal] con la aprobación expresa del propio rey, que ahora se negaba a hacerse cargo de ella61.
Por su parte la función más significativa de la Junta de Arreglo de Sueldos y de Reforma de Gastos del Estado consistió en el saneamiento de la administración para reducir el gasto. Los objetivos del plan de reforma de la Hacienda Pública de López Ballesteros no se cumplieron, por lo que resultaba fundamental la rebaja de los desembolsos estatales con el fin de recuperar el equilibrio entre gastos e ingresos para hacer frente al ingente déficit público62. Con esta finalidad la Junta, cuya organización fue encomendada por Fernando VII a Gómez Calderón en la Real Orden de 2 de abril de 1825, firmada por Luis López Ballesteros y dirigida de forma expresa a aquél, debía establecer un plan relativo a los sueldos de todas las categorías de los empleados del Estado en relación “a su rango e importancia”, así como proponer la reforma de todos los desembolsos del Estado63. En la mencionada Real Orden se dispuso que sus reuniones se celebrasen en la casa de Gómez Calderón al ser su presidente y se incluyó también la lista de quiénes la conformarían, siendo todos cargos de nivel alto y medio en la administración del Estado y procedentes de distintos ministerios, lo que demuestra la relevancia que se le dio a la mencionada Junta por el gobierno fernandino. Al mismo tiempo, en la propia Real Orden se recogió lo urgente que resultaba su labor e incluso se le facultó para que pudiera solicitar toda la información precisa para su actividad a los distintos organismos estatales:
Quiere S.M. que en el desempeño de esta comisión se encargue a V.E. el mayor zelo y la brevedad que sea compatible con la magnitud e importancia de sus objetos. Que la junta esté autorizada para pedir directamente las noticias necesarias a todas las autoridades y cuerpos directivos de la corte, y que al efecto se les pasen las órdenes convenientes64.
Por tanto, en estos años el poder y la influencia de Gómez Calderón alcanzaron un nivel tan elevado que durante seis meses dispuso incluso de la autoridad para otorgar empleos, honores, sueldos y pensiones65.
Preeminencia política que estuvo acompañada por su ascenso social, enlazando de forma indirecta con la nobleza titulada. Cuando ejercía como fiscal del Consejo de Indias fue padrino y testigo en la boda celebrada el 17 de marzo de 1818 entre Eugenio de Miota (natural de Lima, hijo de Eugenio de Miota y de Juliana Maturana, estaba emparentado con María Luisa Maturana, condesa de Pozos Dulces, que en este enlace asistió como madrina y testigo) y su sobrina Josefa Frías (natural de Baena, hija de Francisco Frías y de María Cecilia Gómez Calderón)66.
Falleció en Madrid el 8 de diciembre de 1827 –a la edad de 69 años y al parecer sin descendencia–, motivo por el que la prensa oficial de la época le reconoció en una hagiográfica necrológica su notorio apoyo a Fernando VII y a la Iglesia, así como sus servicios al poder absoluto, dedicándole entre múltiples calificativos laudatorios la siguiente afirmación rotunda: “El Rey ha perdido en él un vasallo de los más decididos por su Real Persona y soberanía, la Iglesia un celoso defensor, el Estado un Magistrado completo, y cuantos le trataron un verdadero amigo.”67
1. 5. Su pensamiento político: una visión complaciente del poder absoluto.
Gómez Calderón fue autor de sendos folletos relativos a su gestión político-administrativa68 y traductor de una monografía en dos tomos sobre historia (difundida tras su fallecimiento al editarse en 1828)69, pero sin duda la publicación más relevante para conocer sus ideas políticas fue Ojeada sobre el espíritu del siglo, editada en español y de forma también póstuma en Paris en 1828 en la imprenta de Gaultier-Laguionie, pudiéndose localizar como se indicó en la portada en la misma capital del Sena en la Casa de H. Seguin y en México en esta misma librería.
En las 137 páginas de este ensayo, agrupadas en 11 capítulos, además de otras 17 páginas correspondientes al prólogo, se reflexiona sobre las ideas que caracterizaron la vida pública de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. En ellas su autor presta un especial interés en argumentar su severo rechazo desde una marcada postura reaccionaria a los principios de la Ilustración, de ahí que cuando alude tanto en el título como en el contenido al espíritu del siglo hace referencia al Siglo de las Luces, denominación con la que también ironiza.
Sin embargo, la mayor parte del mismo no recoge los planteamientos originales de Gómez Calderón, sino que es una traducción de otra obra publicada siete años atrás en francés, sin autor conocido y titulada Coup d'oeil sur l'esprit du siècle, ou De la dégradation morale de l'homme sous le règne des lumières et de la désorganisation politique de la société sous le gouvernement de l'opinion70. Es más, el título de la obra en español signada con el nombre de Gómez Calderón es prácticamente idéntico al principal de la editada en 1821, puesto que se traduce como Una mirada al espíritu del siglo, o Sobre la degradación moral del hombre bajo el reinado de las luces y la desorganización política de la sociedad bajo el gobierno de la opinión; asimismo, los títulos de todos los capítulos son una traducción de la obra primigenia.
En la mencionada obra en francés, su autor expuso distintas ideas reaccionarias, como: una feroz crítica a la Ilustración y a sus representantes (en especial a Rousseau) –al considerar que sus propuestas de reforma fueron llevadas a cabo por los liberales–, la Revolución Francesa, la época napoleónica, el sistema liberal, el constitucionalismo y el empleo del jurado en los juicios porque suponía entregar la justicia a personas sin cualificación y sugestionables a las influencias políticas; la introducción de una educación diferenciada por categorías sociales sin que las clases populares tuviesen que aprender siquiera a leer al no ser necesario para su trabajo y siempre con una notoria presencia de la religión; la existencia de una única confesión reconocida por el Estado, la católica; el menosprecio de los principios de la independencia, la igualdad, el gobierno representativo y la soberanía nacional, por ser consustanciales a la democracia; la defensa de la desigualdad en derechos entre las distintas clases sociales basada en la riqueza, por lo que no hizo referencia a la típica división de la sociedad estamental, reconociendo que ya no existían los privilegios en Francia; el fomento del pensamiento único basado en el orden social imperante a través de la educación; etc.
También, muestra su oposición a varios de los derechos y libertades introducidos por la carta otorgada de 1814 de Luis XVIII –al que elogia–, aunque la acata e incluso mantiene cuál es en su opinión el candidato modelo idóneo en las elecciones de diputados, debiendo caracterizarse por su talento y no por su ambición de sentarse en el escaño.
En consecuencia, quien la elaboró sería un realista galo, partidario de la dinastía borbónica que aceptaba algunos de los principios y derechos concedidos en el mencionado texto constitucional de la restauración francesa para edulcorar el absolutismo, pero denostaba otros por considerarlos tendentes al liberalismo que rechazaba con viveza. Exaltación del poder absoluto que también moderó al asumir algunos cambios como la libertad de imprenta con limitaciones.
Respecto a la consideración de que Gómez Calderón no fue el autor de la mencionada obra, se sustenta en que, pese a que cuando se publicó en 1821 el que fuera fiscal del Consejo de Indias se encontraba exiliado en Francia, en la misma se realizan continuas referencias a diversas características peculiares de la política francesa precedidas de los adjetivos posesivos nuestros/nuestras o se utilizan formas verbales referidas a aquellas en primera persona del plural –en la tabla 1 se indican varios ejemplos–. En este sentido, quien la escribió debió ser un ciudadano francés, que no era el caso de Gómez Calderón, que se limitó a traducirla de forma prácticamente literal –recordemos que también tradujo al español una obra en italiano– o a disponer que la tradujeran, así como a difundirla para sustentar su propio pensamiento político al coincidir con varias de sus ideas relativas a un cierto absolutismo moderado, aunque alejado del despotismo ilustrado dieciochesco que defendieran otros miembros de esta tendencia política dentro del régimen de Fernando VII.
Tabla 1. Algunos ejemplos del uso de los posesivos nuestros / nuestras o de la primea persona del plural

Coupd&x27;oeil sur l&x27;esprit du siecle...	Ojeada sobre el espiritu del siglo...
“Nous avons eu, comme les Anglais,desclubs,des pétitionnaires,des jurys；nousavons eu, comme ä Rome,des tribuns,desconsuls.....，comme ä Rome aussi，dessénateurs..." (p.84)	“Como los ingleses hemos tenido tambiennuestros clubs,nuestros peticionaris ynuestros jurys.Como en Roma，hemostenido nuestros consules; y como en Romahemos tenido tambien nuestrossenadores..." (p.61)
“Aprés avoir joué ä la république et äl&x27;empire, nous voulons jouer un peu aussi ala Constitution anglaise.Nosliberauxpeuvent pendre, s&x27;ils le trouvent bon, le titrede radicaux, et nos marquis le titre de lords;mais nos bons et loyaux députés n&x27;en serontpas plus honores pour s&x27;étre donné celuid&x27;honorables.Nous avions aussi autrefois en France uneConstitution，puisqu&x27;aujourd&x27;huimémenous vivons sous l&x27;empire de certaines loisconstitutives et fondamentales qui, n&x27;étantpas énoncees dans la Chartre,appartiennentapparemment ä une Constitution antérieuredont nous reconnaissons au moins, sur cepoint,&x27;existence et la légitimité.” (pp. 84-85)	“En una palabra nosotros queremos jugar unpoco a la constitucion inglesa, después dehaber jugado a la republica y al imperio.Nuestros liberales podran tomar, si gustan,el titulo de radicales,y nuestros marquesesel de lords;pero nuestros buenos y lealesdiputados no seran mas honradosporhabersedadoeldehonorables.Tambiénantes de ahora teniamos en Francia unaconstitución,pues que aun hoy mismovivimos bajo el imperio de ciertas leyesconstitutivasy fundamentales, que noestando anunciadas enla Carta,pertenecensegun toda verosimilitud a otra constituciónanterior,cuya existencia y legitimidadreconocemos a lo menos sobre este punto."(p. 62)
“Autrefois, pour comprendre cesmots:honneur et patrie,il eut suffi de rappeler lavie de ces preux,antique honneur de notrehistoire; de ces preux que la France montraitavec orgueil ä ses ennemis et ä sesenfans."(pp. 153-154)	“En otro tiempo,para comprender estaspalabras,honor y patria,habria bastadorecordar la vida de aquellosvalientes,antiguo honor de nuestra historia,deaquellosvalientes,quelaFranciamanifestaba con orgullo á sus enemigos y äsus hijos." (p. 131).

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Además, pese a que se hace referencia a las circunstancias políticas de distintos países, sobre todo de Francia y Gran Bretaña, tanto históricas como de la época coetánea de su autor, ni siquiera se menciona una sola vez a España, al contrario que en el prólogo del libro con el nombre del que fuera consejero de Estado en el que sí se hacen varias alusiones a la situación española. De hecho, al comparar ambas monografías, comprobamos que en el caso de la obra publicada en español por Gómez Calderón únicamente el prólogo y una mínima parte del capítulo primero dedicado a la educación –en concreto solo las páginas $1 { \cdot } 3 \ \mathbf { y } \ 9$ de un total de 29 páginas que contiene este apartado– los habría redactado él mismo, mientras que la responsabilidad del resto correspondería a un autor francés anónimo. En todo caso, aunque solo sea el traductor al español de un opúsculo del que no consta su autoría, circunstancia que no menciona en la propia obra, dada la ideología de Gómez Calderón con su divulgación evidenciaba que estaba de acuerdo con las convicciones expresadas en el original.
Una vez realizadas estas aclaraciones imprescindibles para concretar qué planteamientos serían propios de Gómez Calderón, centrándonos en los del antiguo miembro de la Regencia, en las primeras páginas del prólogo presenta sin reservas su ideología reaccionaria, se muestra partidario del poder absoluto del rey y ensalza a la Iglesia católica –por lo que repite la vieja máxima de los absolutistas de la unión entre el altar y el trono–. Además, asegura que son los filósofos ilustrados con sus propuestas antirreligiosas los causantes de las revoluciones y menosprecia el Contrato Social de Rousseau, la Declaración de los derechos del hombre y la Revolución Francesa71. En las páginas siguientes, critica con ahínco los principios del liberalismo, que afirma son rechazados por el pueblo español y fueron impuestos durante la Guerra de la Independencia cuando: “La gran mayoría de la nación se batía por intereses positivos, por su rey y por su independencia; mientras un partido poco numeroso, trabajaba por una exagerada y fantástica libertad apoyándose en las doctrinas democráticas”; y, persiste en aportar su versión sesgada sobre los acontecimientos posteriores:
[…] arrojados los enemigos de otro lado de los Pirineos y vuelto el monarca al trono de sus abuelos, claramente se vio que la nación no admitía ni quería admitir las innovaciones introducidas á la sombra de sus laureles. Cuando seis años después una rebelión militar resucitó la repugnada constitución, su efímera existencia de tres años demostró que si antes la nación no la había adoptado por hallarla opuesta á sus hábitos y á sus antiguas leyes, ahora debía rechazarla por la imposibilidad material de vivir bajo un sistema impracticable72.
A continuación, rechaza las constituciones, la libertad, la igualdad, la soberanía nacional y la libertad de imprenta y de opinión, al considerarlas ideas liberales nefastas y que solo habían causado perjuicios73. También, afirma que con esta obra se rebate con la razón todas estas ideas falsas a su parecer, para dejar patente las mentiras de los liberales que habían llevado a España a la anarquía durante el Trienio Liberal y que los españoles no las creyesen como verdaderas, manifestando que la difusión de este ensayo “es un verdadero servicio hecho al pueblo español”74; por tanto, el propio Gómez Calderón expone que con su publicación persigue un marcado objetivo propagandístico.
En este sentido, la obra en cuestión forma parte de un grupo de publicaciones coetáneas realizadas por reaccionarios españoles, ya fueran ultrarrealistas o moderados o incluso liberales reconvertidos en realistas, para con una finalidad adoctrinadora enunciar las a su parecer enormes ventajas del absolutismo e infravalorar el sistema liberal, sobre todo el de la etapa del Trienio, tanto en España como en el exterior75. De este modo, se contrarrestaría la intensa actividad de los liberales de formación en su credo ideológico del pueblo español durante los períodos en que gobernaron y de fomento desde el exilio a nivel internacional de una opinión pública favorable a sus intereses con el objetivo de acabar con la monarquía absoluta de Fernando $\mathrm { V I I } ^ { 7 6 }$ .
Asimismo, Gómez Calderón, con la edición de esta obra difundió las ideas absolutistas con una tenue tendencia moderada, lo que debió influir en publicarla y divulgarla inicialmente fuera de España para así evitar a la censura española e incluso la confrontación directa con los que eran más ultras que el propio Fernando VII –consideremos que se publicó en el contexto de las luchas de poder en la cúpula del Estado entre los absolutistas más intransigentes y los partidarios de algunos cambios, así como poco después de la rebelión de los malcontents de $1 8 2 7 ^ { 7 7 } -$ , puesto que con ello apoyaba de forma indirecta algunas ideas reformistas, bastante escasas, del autor del original en francés, que pese a su carácter reaccionario podrían chocar con las posturas más inmovilistas del régimen fernandino y perjudicarle en su carrera política. Además, contribuía a laminar los argumentos de los liberales al otro lado de los Pirineos, sin menoscabo de que también se divulgara en el interior de España una vez superada una posible prohibición oficial.
CONCLUSIONES.
Antonio Gómez Calderón, procedente del medio rural alejado de Madrid y de una familia dedicada al comercio al por menor, por su activa carrera profesional en el ejercicio de la abogacía y sus servicios a algún que otro integrante de las élites de poder de la monarquía borbónica en el paso del siglo XVIII al XIX alcanzó el favor del régimen absoluto, manifestando su ideología reaccionaria sin disimulo en especial cuando fue diputado en Cortes en 1814. Además, sobresalió en su época por su firme actividad contra el incipiente sistema liberal y mostró una fidelidad inquebrantable a Fernando VII, que le premió con su promoción en la vida pública al designarle para distintos cargos.
Precisamente, la culminación de su cursus político-administrativo lo alcanzó a partir de 1823, cuando fue miembro de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias y de la Regencia Provisional del Reino, consejero de Estado y presidente de varios organismos estatales de una enorme trascendencia económico-hacendística, como fueron la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, la Comisión de Inscripciones de la Deuda Pública y la Junta de Arreglo de Sueldos y de Reforma de Gastos del Estado, pese a su falta de experiencia en los asuntos que debían abordar. En estos últimos puestos, al asumir la presidencia de ambas juntas y de aquella comisión, desempeñó un papel significativo en la gestión de la Hacienda pública y en la propuesta de iniciativas para el desarrollo de la economía española, en el marco de la profunda recesión del primer tercio del siglo XIX, pero con una escasa formación en la materia y desde una perspectiva conservadora con el consiguiente lastre para el programa de reformas de la Hacienda pública de López Ballesteros.
En definitiva, fue uno de los miembros de la alta administración del Estado y de la política nacional española que posibilitó en gran medida la larga continuidad del Antiguo Régimen con transformaciones muy limitadas y la frustración de las dos primeras experiencias de introducción del liberalismo en España por diversas razones, como fueron: su inclinación hacia un débil absolutismo moderado, su resistencia al cambio y su interés en la continuidad del régimen fernandino del que era beneficiario. Asimismo, pese a una cierta atracción por algunos postulados de la carta otorgada de Luis XVIII, no supo o pudo llevarlos a la práctica en España –más allá de su conveniente para sí mismo y la causa fernandina acercamiento al ejecutivo galo durante su exilio y su pertenencia a las instituciones de gobierno españolas creadas por aquel– debido a su tendencia reaccionaria, su acérrimo apoyo a Fernando VII, su estrategia ambivalente en el contexto de las pugnas entre los más recalcitrantes y los reformistas en el seno de la cúpula de la monarquía absoluta, así como por sus ambiciones políticas.
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