Religión y derecho en la España de la primera década del tercer milenio $\mathbf { M } ^ { \mathrm { a } }$ Luisa JORDÁN VILLACAMPA Universidad de Va l e n c i a
1. Introducción.
Dar una visión global de lo que está aconteciendo en este país en materia de religión y de derecho, es una tarea compleja y no exenta de riesgos porque el binomio religión-derecho plantea en su relación tal riqueza de matices que es muy difícil de abarcar en su totalidad, especialmente si el análisis se dirige a efectuar algunas reflexiones que aunque intenten incidir en lo fundamental conllevan el riesgo de dejar de lado aspectos que para algunos pudieran ser relevantes.
No obstante, voy a abordar el tema desde aquellos aspectos que considero más significat ivos por sus repercusiones sobre la ciudadanía y que, básicamente van a referirse a tres puntos fundamentales: el mapa georreligioso, la relación religión-derecho y el marco jurídico de lo religioso en la España actual.
2. Modificación del mapa georreligioso de España.
Durante siglos España ha sido, como sabemos, un país confesional, salvo determinados momentos históricos. En la actualidad, y por primera vez en su Historia, es un país democrá- tico en el que se reconocen constitucionalmente las libertades públicas y, en consecuencia, la libertad ideológica, religiosa, de conciencia y de culto.
La situación, que desde el punto de vista religioso ha variado notablemente si se la co mpara con la de etapas precedentes, se halla en un interesante momento de evolución. Los ciudadanos deben enfrentase a los nuevos retos provenientes de los cambios de coyuntura que produce no solo la pertenencia de España a la Unión Europea, sino, también, las tensiones originadas en el ámbito de los países ribereños de la Mediterránea a los que geográ- ficamente se halla unida y, al arribo de muchos ciudadanos provenientes de la Europa del Este, de Iberoamérica o de los países As i á t icos. Toda esta realidad está influyendo de modo muy significativo en la modificación del mapa georreligioso del país sobre el que reflexionaremos a continuación. Pero, en aras de la coherencia conviene hacer alusión a sus antecedentes próximos.
En primer lugar, hay que recordar que la apertura que en materia religiosa se ha producido en España comenzó realmente cuando aquella inició su andadura al promulgarse la Ley de Libertad religiosa de 1967, la cual posibilitaba el refrendo legal de los grupos religiosos no católicos. Dicho refrendo permite entender, entre otras causas, el hecho de que comenzaran a proliferar en España nuevos grupos o movimientos religiosos provenientes del extranjero y que se desarrollaran, también, las denominadas sectas pseudorreligiosas, según terminología que hoy es considera inadecuada por parte de algunos sectores pero que, sin embargo, continúa vigente en muchos países de la Unión Europea.
Esta proliferación de grupos religiosos, de muy diversa índole y procedencia, potenció el cambio radical que en materia religiosa se estaba produciendo en la geografía española. De tal manera, que durante las últimas décadas del siglo XX y, muy especialmente, en su última década, el panorama religioso de la España católica tradicional varió completamente su idiosincrasia, no sólo de facto sino, también, de derecho, hasta arribar al tercer milenio en el que se mantiene prácticamente en una situación pareja.
La realidad existente en esta materia, fácilmente constatable por cualquier observador medianamente atento, es sumamente contradictoria y al propio tiempo interesantísima para el estudioso que, desde diversas disciplinas, pretenda analizar su idiosincrasia dadas las implicaciones de todo tipo que lo religioso genera en los más diversos ámbitos y, que pueden abarcar desde las relaciones con la divinidad a los flujos económicos o la enseñanza de la religión en los colegios públicos, por ejemplo.
Sin embargo, realizar un análisis que detecte las verdaderas líneas de fuerza de lo que está aconteciendo es sumamente difícil porque, es muy sencillo perderse y, por tanto, detenerse en lo superfluo, en lo que se ve fácilmente, en lo que llama la atención cuando lo realmente importante, porque está influyendo o pretende influir en el cambio de la sociedad, permanece soterrado u oculto.
En este sentido, resulta significativo observar lo que está aconteciendo tras las diversas corrientes de pensamiento y los distintos planteamientos sobre la divinidad o sobre lo trascendente o sobre los grupos religiosos que operan en la sociedad. Se trata, sin duda, de indicadores velados de los intereses que subyacen tras los mismos y, que van expandiéndose, al mismo tiempo, que los distintos planteamientos se van desarrollando en la sociedad pese a su apariencia externa puramente inocua e incluso contradictoria.
Esta aparente dicotomía parece indicar que el interés del análisis a realizar debe radicar, necesariamente, en vislumbrar lo que de real subyace tras lo aparente.
En consecuencia, conviene estar atentos a los diversos tipos de corrientes de pensamiento que simultáneamente están coexistiendo en nuestra sociedad. Desde esta óptica, hay que constatar que paralelamente a la eclosión de nuevos movimientos religiosos se produce en España, un nuevo boom, la proliferación de grupos de todo tipo, sectarios, de videncia, de adivinación, de esoterismo, de vudú, de tarotistas, de búsqueda espiritual, etc. A l propio tiempo, y coexistiendo con todos ellos, permanecen las tres grandes religiones monoteístas, judía, islámica y cristiana, que ven incrementados su número de creyentes a causa de los flujos migratorios debidos al crecimiento demográfico, a la globalización y a la situación recesiva de la economía mundial. Como telón de fondo, se viene insistiendo desde diversos ámbitos, en los medios de comunicación, acerca de las negativas consecuencias emanadas de la secularización de la sociedad, sobre la pérdida de valores, el individualismo imperante, la vaciedad de la sociedad de consumo o, el materialismo existente en el entorno que nos rodea.
Junto a esta rica y variada amalgama surgen con fuerza los grupos solidarios muchos de ellos en forma de ONG que con o, sin vinculaciones religiosas pero con un horizonte bien definido intentan adaptarse al nuevo contexto que se esta afianzando en la sociedad y que va dejando atrás el concepto religioso de caridad para ir adentrándose en lo que se considera la búsqueda de la justicia social unida a una nueva ética de la sociedad emanada del reconocimiento y la tutela de los Derechos Humanos.
En toda esta amplia esfera del espectro religioso y de la ética social, cuyas connotaciones se producen simultáneamente en el tiempo y en el espacio, están adquiriendo un protagonismo cada día más relevante los flujos migratorios. Pero, $\it \dot { \omega }$ es la razón de tal relevancia en nuestro país? En relación a la temática religiosa su incidencia radica en que están actuando como un factor fundamental en la modificación del mapa georreligioso español. Aportan múltiples beneficios pero en ocasiones pueden producir, también, un componente tensional derivado de las propias necesidades de acoplamiento que pueden surgir cuando los recién llegados aportan una cultura y una religión propia y distinta a los de la población mayoritaria del país de acogida. En estos supuestos, parece indudable que el camino hacia la integración requerirá un mayor esfuerzo por parte de ambos colectivos pero, posiblemente, también, genere mayores beneficios derivados de la diversidad.
Como se sabe los movimientos migratorios forman parte de nuestra Historia, al igual que sucede en otros muchos lugares del mundo. Durante décadas España ha sido un país de emigrantes pero, desde mediados de la década de los setenta, el flujo migratorio se ha invertido y, el territorio nacional ha devenido en receptor de inmigrantes. Se trata de personas que suelen llegar de sus países de origen con una cultura y una religión propia, en ocasiones diferenciadas de las propias de la mayoría de la población del lugar de arribada. Esta realidad, al igual que sucedió en el resto de los países de la Unión Europea, se está incrementado en España, dado que se trata de un fenómeno, que lejos de desaparecer está afianzándose y que, a tenor de los indicadores derivados de algunos análisis sociológicos no ha hecho mas que empezar.
Parece ser, según los indicadores, que el incremento de la población mundial, en términos globales, es una realidad incuestionable y, si efectivamente, se cumplen las previsiones en el año 2.100 podrían haber en el mundo 10.000 millones de personas. Este crecimiento, unido a la insuficiencia alimentaria prevista para los países del Norte de África a consecuencia de la desertificación y de los problemas estructurales de tipo económico, podría producir, según los analistas, una presión de la emigración hacia Europa, que hipotéticamente generaría tensiones de diverso calado al entremezclarse lo religioso, lo jurídico y lo político.
Desgraciadamente dichas previsiones parecen haber comenzado su andadura, como se desprende del endurecimiento de las leyes de inmigración en los países de la Unión y, también, en España como puerta de Europa y como país que debe atenerse a los compromisos asumidos en Tampere en 1999, dada su pertenencia a la Unión. Resulta preocupante esta situación por cuanto sería deseable e, incluso necesario que en el tercer milenio se afianzaran los derechos de todos los seres humanos del planeta a una vida digna y acorde con las libertades fundamentales reconocidas en el milenio anterior. Lo contrario evidenciaría un estancamiento y el triunfo de los involucionistas.
En consecuencia, el sentido común parece indicar que las mencionadas previsiones deberían manejarse con el máximo cuidado por los países implicados procurando establecer para sus ciudadanos las medidas conducentes a evitar los problemas que se anuncian. Tales medidas deberían adoptarse por los Estados desde arriba, en un esfuerzo de colaboración, y proporcionando condiciones de vida y libertades acordes a los derechos fundamentales a todos los ciudadanos si, realmente, se desea vivir en un mundo en paz.
Es evidente que, estamos caminando hacia una sociedad plurirreligiosa, multiétnica y multicultural que se ha iniciado ya, y que requiere políticas de coexistencia pacífica, de tolerancia , de integración y de respeto. Políticas, en definitiva, que reconozcan y tutelen los derechos fundamentales para todos los seres humanos.
La cuestión se complica al comprobar que los derechos fundamentales no tienen el mismo alcance, ni significan lo mismo en la Declaración de Derechos Humanos de los Países Musulmanes que en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Si bien es cierto que tienen muchos aspectos coincidentes, también, muestran divergencias evidentes puesto que para unos, el punto de partida es teocrático y, para otros es laico lo que desemboca en un concepto sobre la libertad de religión, la dignidad o la igualdad de la persona, por poner un ejemplo significativo, que se plasma en un reconocimiento de los derechos fundamentales con contenidos diferentes.
Dicha diferencia en materia de libertades se traduce en que no a todos los seres humanos se les reconoce el mismo grado de libertad, así, mientras a unos se les prohíbe v. gr. cambiar de religión o de creencias o no tener ninguna a otros seres humanos sí se les reconoce su derecho a ello. La incertidumbre que genera el distinto alcance y contenido de los derechos fundamentales se refleja, obviamente, en las relaciones internacionales entre los distintos países y en las dificultades de suscripción de los convenios internacionales cuando el compromiso adquirido por algunos países se hace depender de esta diversa realidad y a reserva de ella. Pero, las dificultades mayores se pueden originar cuando, a consecuencia de los flujos migratorios, deben convivir en el mismo territorio personas con un distinto estatus jurídico en sus derechos fundamentales porque así lo establecen sus correspondientes derechos nacionales.
Tales consideraciones plantean, por consiguiente, la importante y compleja temática de determinar $\it { i Q u e }$ normativa le es de aplicación a los extranjeros en España? ¿La de sus países de origen o la española? O, acaso la respuesta $\dot { \iota }$ deba depender no, de si son extranjeros o no son extranjeros sino, más bien, del título por el que estén en el país, como refugiados, en tránsito, como turistas, como estudiantes, como residentes etc.? La cuestión es de todo menos baladí y, de la misma manera que puede alejar acusaciones fáciles de xenofobia, muestra no solo las complejidades internas de las normas de derecho internacional privado aplicables al caso concreto sino, también, que, en ocasiones, es difícil de determinar la normativa aplicable. Esta dificultad puede tener lugar, muy especialmente, cuando concurren distintos ordenamientos jurídicos al incidir diversos elementos de extranjería. Por poner un ejemplo cada día más frecuente, se puede dar en situaciones de conflicto en matrimonios mixtos en los que la normativa a aplicar hace distinciones por razón de religión y de género, en caso de fallecimiento de marido musulmán, marroquí o de otra nacionalidad sujeto al derecho islámico, cuya esposa católica española no podría heredar según la ley musulmana pero sí según la ley española y, en el caso de que falleciera la esposa el viudo sí podría heredar de su esposa cató- lica según la ley islámica.
Como vemos, los flujos migratorios implican una variable no solo en las relaciones interpersonales, sino en las relaciones entre los pueblos y, también, en relación a los grupos religiosos que van modificando su idiosincrasia y su situación en el espacio territorial.
Esta realidad, se va produciendo asimismo entre nosotros. De tal manera, que es suficiente para constatarlo observar cómo el mapa georreligioso español se ha modificado hasta el punto que, según datos del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, en 1998 además de las 11.081 entidades de la Iglesia católica, estaban inscritos en las secciones correspondientes 570 grupos religiosos pertenecientes a la Federación de Entidades religiosas Evangélicas de España (FEREDE), a la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCI) y a la Comisión Islámica de España (CIE) y entre las Confesiones sin Acuerdo de cooperación suscrito con el Estado y las entidades creadas por aquellas aparecían inscritas 329. Ello, sin tener en cuenta a los grupos religiosos que vienen solicitando su inscripción en el citado Registro sin que por el momento se haya efectuado aquélla, cual es el caso de los Testigos de Jehová.
Los grupos religiosos minoritarios que, proporcionalmente, están creciendo de modo mayoritario en España en la última década, como efecto de los flujos migratorios, son los islá- micos. No obstante, los datos reales en materia religiosa resultan de difícil acceso debido al amparo constitucional existente en la materia y dado que, los datos estadísticos son, también, orientativos debido a las denominadas cifras oscuras de los mismos. A pesar de ello, a la vista de los datos estadísticos y de la constatación de la realidad proveniente de la observación de la realidad, fácilmente constatable por el incremento de las comunidades correspondientes, es evidente el cambio significativo que se esta produciendo en España. Este cambio está conformando una nueva realidad que debe ser asumida por la mayoría de la población como expresión de la multiculturalidad y de la plurirreligiosidad a que nos aboca la sociedad del tercer milenio. Es cierto, que en ocasiones, puede generar tensiones de diverso calado y dificultades que podrían considerarse bien como derivadas de la fase de acoplamiento, o de la propia convivencia o, incluso de las diferencias de contenido de los derechos fundamentales provenientes de las distintas Declaraciones de Derechos Humanos a las que no hemos referido anteriormente.
3. Doble aspecto de la relación religión-derecho.
La relación existente entre religión y derecho se incardina en un doble marco, por una parte son muchos los grupos religiosos que desarrollan normas internas de carácter jurídico e, incluso algunos generan un verdadero sistema de derecho, de derecho religioso. En definitiva, crean “ab intra” sus propias normas, sus propios sistemas jurídicos, con derecho sustantivo, procesal y Tribunales propios, como el Derecho musulmán, el Derecho talmúdico o el Derecho canónico.
Por otra parte, los Estados, también, establecen normas jurídicas sobre lo religioso. Intentan regular el hecho religioso en la sociedad aplicando por medio del derecho, la política que van a desarrollar en materia religiosa. Lo cual se manifiesta, como sabemos, en una amplia gama de políticas religiosas que van desde aquellas que persiguen lo religioso, a las que potencian un Estado confesional o las que mediante la laicidad defienden la libertad religiosa.
Sean cuales fueren las políticas adoptadas, las cuestiones conflictivas o las situaciones tensionales pueden aparecer, y de hecho aparecen, en cualquier momento porque las religiones y los Estados al tener como destinatarios a los mismos individuos, a los mismos ciudadanos regulan o intentan regular todos los aspectos de la vida de la persona desde su nacimiento hasta su muerte pasando por la enseñanza, el matrimonio, la contribución de parte de sus ingresos económicos, la alimentación, la bioética, y un largo etcétera. Ello, sin tener en cuenta que los grupos religiosos, en cuanto tales y como instrumento de relación societaria, intentan, también, que se les otorgue un estatuto especial que les beneficie por su carácter religioso de un tratamiento favorable tanto en lo económico y fiscal como en materia de patrimonio, de política urbanística, de cementerios o de cualquiera de los aspectos que inciden en las denominadas materias mixtas.
Por otra parte, la importancia de la religión se pone de relieve, de modo muy significativo, en la conformación de los sistemas jurídicos vigentes. MARIANI y FUENTES, en su interesante trabajo sobre el universo jurídico mundial, indican que hay seis categorías de sistemas jurídicos operantes en la actualidad: sistemas de derecho civil, sistemas de Common Law, sistemas de derecho consuetudinario, sistemas de derecho musulmán, sistemas de derecho talmúdico y sistemas de derecho mixtos por combinación de alguno de los anteriores.
Curiosamente el derecho canónico, el derecho de la Iglesia Católica, no es considerado por dichos autores como un sistema de derecho religioso al estilo del talmúdico o del musulmán. Esta exclusión la justifican por entender que, si bien, se trata de un derecho informado por los dogmas religiosos, sin embargo, su origen es de tradición humana, además de tener un componente de tradición civilista.
No obstante, debemos recordar que, el Derecho Canónico esta vigente en múltiples paí- ses. Concretamente en España se aplican muchas normas jurídicas canónicas a través de la técnica del reenvío. Además, conviene no olvidar que las resoluciones emanadas de los Tribunales Eclesiásticos en materia matrimonial, tanto las de nulidad como las dispensas de matrimonio rato y no consumado, pueden tener efectos civiles si así se solicita al Tr i b u n a l Civil correspondiente siguiendo el procedimiento establecido por la legislación del Estado según el Art. VI del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español en 1979.
Siguiendo con la clasificación realizada por MARIANI y FUENTES, resulta ilustrativo constatar como el derecho musulmán se aplica en treinta y seis países en total, dentro de un sistema mixto en treinta y cuatro, y como sistema de derecho musulmán propiamente dicho en dos países: Afghanistán y las Islas Maldivas.
Dentro de los sistemas mixtos con tradición de derecho musulmán se distinguen:
“1.- Los sistemas mixtos de derecho musulmán y de derecho civil que se aplican en once países.
2.- Los sistemas mixtos de derecho musulmán y de Common Law que se aplican en nueve países.
3.- Los sistemas mixtos de derecho musulmán, de derecho civil y de derecho consuetudinario que se aplican en tres países.
4.- Los sistemas mixtos de derecho musulmán, derecho civil y de Common Law que se aplican en cinco países.
5.- Los sistemas mixtos de derecho musulmán, de Common Law y de derecho consuetudinario que se aplican en seis países”.
4. Marco jurídico del hecho religioso en la actualidad española.
El referente que marca la política religiosa en la España del tercer milenio se sitúa necesariamente: en la Constitución, de 27 de diciembre de 1978, artículos 16, 14 , 9.2 y concordantes, así como en la normativa que los desarrolla como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 5 de julio de 1980, o las múltiples leyes, ordenes, normas reglamentarias, etc. que inciden de forma directa o indirecta en los diversos aspectos que sobre lo religioso afectan a los ciudadanos o a los grupos religiosos. Todo ello, sin olvidar el referente de los Tratados, Declaraciones de Derechos y Acuerdos internacionales ratificados por España que enmarcan la política nacional así como los convenios que están elaborándose en el seno de la Unión Europea y que afectan indirectamente, también, al hecho religioso.
Como se recordará, estamos ante un Estado social y democrático de derecho en el que está garantizada la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin mas limitación que la del orden público protegido por la ley y sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
Además de la normativa mencionada y concordantes, hay que recordar, de modo muy especial, tanto los Acuerdos de cooperación suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede y que han sustituido al Concordato de 1953, como los tres Acuerdos de cooperación suscritos en 1992 entre el Estado Español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCI) y la Comisión Islámica de España (CIE). Estos acuerdos que marcaron un hito histórico por su carácter paradigmático en materia de libertad religiosa han cumplido diez años. En el momento presente continúan su andadura pero las reacciones que provocan son muy diversas, para unos sus contenidos no se han cumplido, para otros son insuficientes y para otros los Acuerdos deberían ser reformados y ampliados sobre la base de las diferencias existentes entre las distintas confesiones que conforman las diversas federaciones. Lo cual significa que los Acuerdos no tendrían porque continuar siendo simétricos. En definitiva, los grupos religiosos continúan considerando que los Acuerdos tuvieron un valor testimonial indudable, en relación a la libertad religiosa, cuando se promulgaron y que, sin duda, tal valor se mantiene en la actualidad pero que convendría su reforma y ampliar su contenido dada su escasa operatividad.
Sobre esta base, no es de extrañar que el desarrollo de lo religioso esté adquiriendo en este milenio unas connotaciones de las que carecía en épocas precedentes. De tal modo que son varios los grupos religiosos que han solicitado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia que les sea reconocido su notorio arraigo en España, a tenor del artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Por el momento, sólo ha prosperado la solicitud de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones), cuya presencia en España data de 1967 cuando, se establecieron en el país, al amparo de la Ley de Libertad Religiosa de la misma fecha. En un día histórico, el 23 de abril de 2003, la Comisión Asesora les reconoció el notorio arraigo. La importancia de dicho reconocimiento radica, entre otras causas, en que abre la vía a un posible inicio de negociaciones entre dicha confesión y el Estado Español como paso previo a la potencial suscripción de un Convenio de cooperación, conforme al artículo 16.3 de la Constitución española.
En este contexto, es lógico que el binomio libertad religiosa-igualdad religiosa adquiera un especial predicamento tanto, en el ámbito individual como a nivel societario, debido a la diversificación de la oferta de las opciones religiosas por el numeroso incremento de los grupos religiosos.
En este sentido, son numerosas las confesiones religiosas, especialmente aquellas que han suscrito Acuerdos de Cooperación con el Estado, como la FEREDE, FCI y CIE, que solicitan su equiparación con los beneficios de que goza la Iglesia católica en España. Sus aspiraciones vienen referidas a aquellos aspectos en los que se consideran discriminadas respecto de la Iglesia mayoritaria, al entender que se vulnera su derecho de igualdad religiosa. Las materias sobre las que reclaman mayor atención suelen coincidir con las que, con mayor frecuencia, generan situaciones tensionales tales como, la enseñanza de la religión en las escuelas y su correspondiente financiación o, la financiación directa de las confesiones religiosas. Se trata de cuestiones que, sin embargo, tampoco son pacificas respecto de la Iglesia católica y que no solo no se hallan completamente resueltas sino que, incluso, están pendientes de recurso de inconstitucionalidad.
Uno de los aspectos en el que dichas confesiones religiosas consideran que se da una mayor desigualdad en el tratamiento que reciben a nivel estatal es el económico. Creen que deberían ser financiadas de modo directo por el Estado. Si bien es cierto que la financiación indirecta, vía exenciones tributarias, esta contemplada en los tres Acuerdos de cooperación de 1992, la financiación directa no fue incluida en los mismos.
Por ello, tanto la Comisión Islámica de España, como la Federación de Entidades Evangélicas de España estarían de acuerdo con la aplicación, para sus comunidades, del mismo sistema que se aplica a la Iglesia católica por parte del Estado en materia de financiación directa. Como se recordara, uno de los aspectos de dicho sistema consiste en que los ciudadanos destinen un porcentaje de sus impuestos previa conformidad en sus declaraciones sobre la renta de las personas físicas para la Iglesia. La Federación de Comunidades Israelitas se opone, sin embargo, a que a ella se le aplique dicho sistema. Como fundamento de su negativa alega razones históricas. Ello no significa que la Federación renuncie a solicitar la financiación mediante otra formula más adecuada.
De hecho, la cuestión de la financiación directa de las Confesiones o grupos religiosos es un tema que per se es complejo, delicado y difícil. Por una parte pensemos que la aplicabilidad a la Iglesia católica del sistema actual, previsto en el Acuerdo, de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Económicos, suscrito entre la Santa Sede y el Estado español, ya adolece de defectos que impiden el cumplimiento de sus distintas fases, la última de las cuales prevé el deseo de la Iglesia de llegar a la autofinanciación. Resulta cuando menos significativo que los señalados grupos religiosos aspiren a que se les aplique, también, a ellos un sistema con deficiencias que debe aplicarse a la Iglesia católica de modo transitorio hasta que ésta consiga su autofinanciación.
Por otra parte, la respuesta negativa a la pregunta de si la cooperación que el Estado debe mantener con las confesiones religiosas, en función del artículo $1 6 . 3 \mathrm { C E }$ , implica la obligatoriedad por parte de éste de financiar a las confesiones, plantea de nuevo en España aspectos que deberían estar superados. El tema, difícil y complejo, está en el candelero y no son pocos, en especial los administrativistas los que cuestionan no sólo la financiación directa sino, también, la indirecta al entender que tanto la una como la otra suponen una carga tributaria que no tiene porqué repercutir en el ciudadano no religioso.
De todos modos, volviendo a los Acuerdos de 1992, con la FEREDE, FCI y CIE, hay que recordar que en ellos no se contempló la financiación de la enseñanza religiosa en las escuelas, financiación que, no obstante, ha sido prevista vía legislación ordinaria mediante Ordenes y Resoluciones, con la finalidad de ir equiparando a las distintas confesiones a lo establecido por el Estado respecto de la Iglesia católica. Se trata, no obstante, de una normativa escasamente operativa en la práctica.
No cabe duda de que la temática de la financiación de las Iglesias en España es un tema de hondo calado que no ha sido resuelto de forma satisfactoria por lo que debería ser abordado, sin dilación, de forma global. No puede ni debe hacerse de forma aislada, sino que debe efectuarse en el contexto de la situación y de la realidad plurirreligiosa, pluricultural y multiétnica en la que se halla inserta y, sobre todo, debe hacerse en la consciencia de la carga socio-económica que podría representar para los ciudadanos cualquier solución que se adoptase.
Planteado de otro modo, cabría preguntarse si los condicionamientos históricos justifican la actual política en materia religiosa y si en base a la normativa jurídica vigente ¿cabe la financiación de las confesiones religiosas? Si la respuesta fuera afirmativa habría que continuar cuestionándose $\mathrm { \Omega } _ { i } \mathrm { D e }$ todas las religiones o, solamente de las que han suscrito acuerdos de cooperación con el Estado? ¿España está en situación de poder asumir la financiación indirecta y la directa por el sistema de asignación tributaria u otro similar, sin o con complementos a cargo de los presupuestos generales del Estado, de la Iglesia católica y, de los grupos religiosos pertenecientes a la Comisión Islámica de España, a la Federación de Comunidades Israelitas y a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas?.
La aspiración de los grupos religiosos a la financiación estatal, legítima por otra parte, es una realidad comprensible que, lejos de ser obviada, debería hacer reflexionar muy seriamente a las fuerzas dominantes respecto del tipo de política religiosa que debería seguir el Estado a corto, a medio y a largo plazo. En este sentido, entiendo que habría que aunar esfuerzos para adoptar una política religiosa que garantizara, a un mismo tiempo, el respeto y la tutela real de las libertades y de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos con la finalidad de potenciar la concordia multicultural, multiétnica y plurirreligiosa a que nos vemos avocados en este nuevo milenium.
5. Consideración final.
Como grandes temas del tercer milenio en materia religiosa conviene resaltar desde mi óptica:
1. La variedad de oferta de grupos religiosos en concurrencia directa con las grandes religiones tradicionales, con diversas corrientes filosóficas, con grupos de distinto signo pero, sobre todo con un nuevo concepto de justicia y de ética social emanada del reconocimiento y la tutela de los Derechos Humanos.
2. La influencia de los flujos migratorios como gran reto en el incremento del número de creyentes de los grupos religiosos minoritarios en los países de acogida.
3. El gran debate sobre la viabilidad jurídica y práctica de la financiación de las confesiones religiosas: a) por el Estado b) por distintos medios de autofinanciación.
4. ¿La enseñanza de la religión compete al ámbito público o debe permanecer en la esfera privada?
5. La búsqueda de fórmulas que garanticen la convivencia respetuosa y pacífica en la sociedad multicultural, multiétnica y plurirreligiosa del tercer milenio.