El Regimiento de Milicia Cívica de Málaga.
Marion REDER GADOW Universidad de Málaga firstname.lastname@example.org.
Fecha de recepción: 28 de septiembre de 2010
Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010.
RESUMEN.
Durante la Guerra de la Independencia se crearon numerosas unidades en ambos bandos, una de las más características en el ejército napoleónico en España fueron las Milicias Cívicas. Creadas como elemento de ayuda al orden público, se instauraron en Málaga en 1810 siguiendo la experiencia de Sevilla; las complejas relaciones con las autoridades civiles y militares de la ciudad marcaron su desarrollo y organización. Elemento característico de la milicia malagueña es su organización como Regimiento, en lugar de los batallones que se crearon en Sevilla y otras ciudades andaluzas.
Palabras clave: Milicia Cívica, Cívicos, Guardia Cívica, Málaga, guarnición, Guerra de Independencia, afrancesados.
ABSTRACT.
During the Peninsular War a number of military units were raised by both sides. Civic Militias were one of the most characteristic forces in the Napoleonic army in Spain. They were designed as an aid instrument to public order, being established in Malaga in 1810 following the experience of Seville. Their development and their organization were marked by difficult interactions both with the civilian and the military authorities of the city. A feature element in the Malaga militia was their military organization as a full regiment, instead of the battalions raised in Seville and other Andalusian cities.
Key word: Civic Militia, Civics, Civic Guard, Malaga, garrison, Peninsular War, afrancesados.
El 19 de noviembre de 1809 un poderoso ejército español, mandado por Juan Carlos de Areizaga, se enfrentó a los franceses junto a la villa manchega de Ocaña y sufrió un terrible descalabro. Esta derrota dejaba libre al enemigo el camino de Andalucía. José I no desaprovechó la favorable coyuntura y el 20 de enero de 1810 inició la gran ofensiva. Sus soldados franquearon sin mucha dificultad los pasos de Sierra Morena y avanzaron como un alud incontenible por las tierras del Mediodía. Cayeron, sin oponer resistencia, Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla. Málaga intentó resistir y fue tomada al asalto, al caer la tarde del 5 de febrero. En esa misma fecha las vanguardias francesas llegaban a las proximidades de Cádiz pero allí encontraron una firme resistencia y la ciudad se convertiría en el baluarte de la lucha por la Independencia1 . A la victoria militar, parecía unirse el triunfo político, ya que la Junta Central no sólo abandonó el día 27 Sevilla, sino que apenas reunida en Cádiz se disgregó traspasando el poder a una Regencia formada por cinco miembros2 .
Tras esta fácil conquista de Andalucía, José I vive días pletóricos de felicidad y proyecta recorrer la región recientemente sojuzgada. El lunes 12 de febrero de 1810 parte de Sevilla sin avisar previamente al Cabildo catedralicio que le esperaba reunido. Jerez y el Puerto de Santa María son los destinos inmediatos de José. En ambas localidades los recibimientos dispensados se prodigan en colgaduras en los balcones y una muchedumbre acompaña al monarca en su entrada. Las diputaciones de Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda presentan su adhesión a su real persona. En su gira visitará Ronda, Málaga, Granada y Jaén, regresando a Sevilla el 12 de abril de $1 8 1 \mathrm { \overline { { 0 } } } ^ { 3 }$ .
Los órganos de propaganda josefinos trabajan a destajo durante esta expedición regia por Andalucía y difunden infinidad de noticias en favor de la imagen de José4 . Por aquellos días hacen publicar en las gacetas que “el rey está resuelto a recorrer todos los lugares en que haya españoles que conducir al interés común”5 . Años después, el conde de Toreno recogería los reproches de otras provincias a los andaluces, acusados de ser “hombres de escaso patriotismo y de condición blanda y acomodaticia”6 por haber aclamado a José Bonaparte en su viaje triunfal por Andalucía. En Málaga, “la acogida de que fue objeto sobrepasó todo lo que se podía esperar de la afección del más sumiso de los pueblos”. Tan caluroso recibimiento (flores, colgaduras en las calles, bailes, corridas de toros, etc) causó extrañeza a los mismo franceses. Con tantas expresiones de afecto público, José ganaba en autoestima y potenciaba su dignidad real. Cerca de diez días permanece Bonaparte en la capital malacitana y la continuación de su periplo andaluz le lleva a Antequera.
Durante su estancia en nuestra ciudad el Rey firma tres decretos por los que se crean sendas unidades formadas por españoles, que estarán presentes en la vida cotidiana malagueña durante los más de dos años en que la capital estará bajo el dominio napoleónico. Estas unidades serán un regimiento de infantería de línea y la denominada “Milicia Cívica”, con un Regimiento y un Escuadrón, llamado “Guardia de Honor de Málaga”. Si bien José I, antes de penetrar en Andalucía, ya había procurado atraerse a los militares españoles a su servicio. En efecto, el 14 de Enero de 1810 se dirigía desde Almagro a los soldados a los que pronto iba a enfrentarse ofreciéndoles medidas de gracia si se sometían: El militar que se presentase voluntariamente, fuese de la clase que fuese, podría retirarse a su domicilio, si lo tenía en territorio ya sumiso o si respondiesen por él “personas abonadas”; una segunda opción era ser admitido y colocado en las tropas nacionales (las que servían al ejército josefino), en el arma en que había servido hasta entonces conservando el empleo. Para reforzar esta oferta se apelaba a la recompensa económica, si los soldados se presentaban llevando caballo o armamento recibirían por aquel, si fuese de servicio, 500 reales, 60 por un fusil o carabina, y 20 por cada pistola7 .
Pero estas unidades no serían las únicas que se formasen en Málaga durante la ocupación francesa, estas son algunas de las creadas en la provincia malagueña8 :
Regimiento de Milicia Cívica (RD 6 de marzo de 1810). Escuadrón de Caballería Cívica (RD 9 de marzo de 1810) Compañías Milicia Cívica, de infantería, en Antequera (RD 14 de marzo de 1810) Compañía de Milicia Cívica, de caballería, en Antequera (idem) Regimiento infantería de línea Fijo de Málaga (RD. 6 de marzo de 1810), posteriormente denominado $6 ^ { \circ }$ de línea. Compañía de Cazadores de Montaña (RD 31 de marzo de 1810) Brigadas de Escopeteros (RD 2 de agosto de 1810) Compañías de Caballería de la Costa (RD 31 de marzo de 1810) Unidades de Guías  Partida de Villarreal.
LOS ORÍGENES.
El 7 de marzo de 1810, Gonzalo O’Farrill firmaba en Málaga un oficio, dirigido al Corregidor y Ayuntamiento de esta ciudad, con el que remitía una copia del Real Decreto, de fecha 6 de marzo, que disponía se formase un Regimiento de Milicia Cí- vica de dos Batallones de a seis compañías, nombrando al mismo tiempo los oficiales que lo integrarían. Señalando:
Al Coronel digo lo conveniente para que cuanto antes se realice su formación, y espero que V.S.S. con su celo y patriotismo contribuirán eficazmente por su parte para que a la mayor brevedad pueda este Cuerpo empezar a hacer el servicio a que se le destina9 .
La Ciudad conoció la noticia al día siguiente, en la sesión de cabildo de 8 de marzo de 1810, presidido por D. Justo Martínez de Baños, Alcalde mayor y Corregidor, al que concurrieron los Regidores: D. José de Ortega y Rengel, D. Francisco de Paula Ayala, D. Luis de Molina, D. José Tentor, D. Manuel Rengel, D. Andrés de Ortega, D. Andrés Suárez (Diputado del Común) y D. José de Lara (Síndico)10.
El 13 de ese mismo mes, D. José Cervera comunicaba al Corregidor de Málaga una orden, de fecha 9 de marzo, por la que se disponía la creación de un Escuadrón de Milicia Cívica en la ciudad, denominado “Guardia de Honor de Málaga”. En él se establecía la doble dependencia de la nueva unidad de los ministros de Interior y de Guerra11. Ambos fueron vistos en cabildo, al día siguiente, acordando quedar enterada la Ciudad12.
El paso del Rey por Antequera, dio lugar a la creación de nuevas unidades de esta Milicia Cívica, aunque de menor entidad que las de la capital. En efecto, el 14 de marzo José Bonaparte firmaba en esta ciudad un decreto por el que se creaban dos Compañías de Milicia Cívica de Infantería y una de Caballería, bajo el pie y reglas determinadas por un Decreto de 6 de febrero de 1810, primera disposición sobre la formación de milicias cívicas en Andalucía.
Además de estas unidades se crearía un regimiento de infantería de línea, cuya formación sería simultánea a la Milicia Cívica. En efecto, el 6 de marzo el Ayuntamiento malagueño ofreció levantar, vestir y mantener un regimiento de Infantería de línea compuesto de 1.200 plazas para la defensa de la ciudad y su costa, proponiendo atender a estos gastos con el arbitrio de un impuesto de 4 maravedíes en el consumo de aceite y carne en la Provincia, supliendo la falta que hubiese por repartimiento del vecindario13.
La respuesta fue inmediata y ese mismo día se publicaba un Real Decreto que era comunicado al Concejo por el Ministro O’Farrill, también en la misma fecha, señalando que el regimiento tendría 1.200 plazas, formándose inicialmente a partir de los dispersos y otorgando el nombre de Regimiento Fijo de Málaga, como una prueba del aprecio con que miraba el Rey José este ofrecimiento14. Además, se nombraba Comandante de su primer Batallón al Teniente Coronel D. Joaquín Tentor, al que se le encomendaban todas la tareas para llevar a cabo la formación de la nueva unidad15. Pero esta carga resultaría demasiado pesada para la ciudad y meses más tarde, en oficio de 7 octubre de ese mismo año la Municipalidad indicaba al Conde Sebastiani, General en Jefe del $4 ^ { \circ }$ Cuerpo:
No debemos ocultar a V. E. que se ha acordado representar a Su Majestad suplicándole rendidamente se digne exonerarnos de lo que costará el Regimiento $\boldsymbol { \mathrm { \Omega } } ^ { \circ } \left( \boldsymbol { \mathrm { \Omega } } \right) ^ { \circ } \left( \boldsymbol { \mathrm { \Omega } } \right)$ , que se está levantando pues esta carga agregada a las demás que el presupuesto expresa, la graduamos superior a cuantos arbitrios podamos discurrir16.
La situación de inseguridad en Andalucía, daría pie al establecimiento de otras unidades menores, como las compañías de Cazadores de Montaña, y la revitalización de otras ya existentes, como las compañías de Caballería de la Costa, a finales de ese mismo mes de marzo.
Una muestra del interés del gobierno josefino en la creación de estas unidades son las recomendaciones que el nuevo Comisario Regio de Granada, D. Andrés Romero Valdés, incluía entre sus primeras disposiciones, el 31 de marzo de 1810, a los ayuntamientos:
Promueva V. con la mayor actividad el cumplimiento de las órdenes de S.M. relativas a la formación de Guardias cívicas y completo de los regimientos que se han mandado formar, y menos las fábricas de armamento y vestuario, haciendo entender a los pueblos que el debido cumplimiento de ellas en esta parte, es el único recurso que tienen los pueblos de librarse del gravamen de mantener las tropas extranjeras que pesan sobre ellos17.
Pero la creación de todas estas fuerzas no sería suficiente para garantizar la seguridad de la ciudad y su entorno. Al menos eso parece, puesto que el 2 de agosto de ese año, todavía se crearían las brigadas de escopeteros en los cuatro Reinos de Andalucía, para vigilar los caminos que salían de las poblaciones. Siendo establecidos los detalles de su formación en una orden general del ejército del Mediodía, de fecha 11 de agosto18. El Cabildo malagueño, el 6 de septiembre, comisionó a sus Capitulares D. Nicolás Muñoz y D. Dionisio Juan Caballero, para estudiar la forma de aplicar las disposiciones del decreto y la orden general19, los cuales presentaron un detallado informe una semana más tarde20.
ORGANIZACIÓN DE LAS MILICIAS CÍVICAS.
Su creación en Andalucía se remonta al 6 de febrero de 1810, cuando José I dispone por Real Decreto que se formen unidades de este tipo en Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada, para cuidar de la tranquilidad interior de los pueblos, estableciendo que su uniforme sería de paño azul turquí, cuello recto y vuelta encarnada con portezuela azul, botón blanco y grabada en él una corona cívica, chupa y calzón blanco y botín negro. Esta medida atendía, supuestamente, a las peticiones de muchos vecinos de esas ciudades para que se permitiese armar a una parte escogida del vecindario que se encargase de la protección de personas y bienes y asegurar el orden público. Además se anunciaba la extensión progresiva al resto de las ciudades.
Como ya hemos señalado, en Málaga se forman, prácticamente un mes más tarde, un regimiento, un escuadrón y, al menos, tres compañías independientes (dos de infantería y una de caballería), que son las que describiremos a continuación.
Regimiento de milicia cívica.
Se formó bajo el pie y reglas determinadas por el decreto de 6 de febrero y se compondría de dos Batallones de seis Compañías cada uno. Usando el uniforme establecido para ellas.
Para el gobierno josefino, su creación se justificaba así: el vecindario de la ciudad se había acarreado, “desgraciadamente”, los males de la anarquía por no hallarse armados sus propietarios y hombres de oficio, el deseo manifestado por los vecinos al monarca y la intención real de acreditarles la confianza que le inspiraba “su buen celo”.
Se nombró Coronel de este Regimiento a D. José María Maury; Mayor a D. Fernando de Rodas; Comandantes de Batallón a D. Juan Monsalve y a D. José Lachambre; Ayudantes a D. Domingo Rigal y D. Antonio de Zea; y Abanderados a D. Antonio de León y D. Eugenio Agacino.
Los Capitanes, Tenientes y Subtenientes de las Doce Compañías de este Regimiento serían los que a continuación se expresan:
Capitanes Tenientes Subtenientes D. Nicolás Muñoz D. Jaime Mayor D. Joaquín Sotelo D. Joaquín Cueba D. Jorge Osman D.Antonio Mendiberri D. Diego López D. Juan de León D. Manuel Mandli El Conde de la Quinteria D. Salvador Ximénez D. Dionisio Lasserra El Conde de Guadiana D. Rafael Arana D. Luis Duran D. Manuel Brenan D. Emilio Chuy D. José Jauregui D. Antonio Rubio D. José de Lara D. Antonio Rocha D. Juan Ahumada D. Fernando Barrientos D. Feliciano Bastante D. Francisco Vargas D. Juan de Lara D. Juan Muller D. José Echabarry D. Lorenzo Pomar D.Fco Saenz de Tejada D. Andrés Ortega D. Francisco Milla D. José de Luna D. Juan Montemayor D. Juan Entero D. Manuel Maroto.
El desarrollo y ejecución del decreto quedaba a cargo de los Ministros de Interior y de la Guerra, dando lugar a una doble dependencia que se repetirá en las sucesivas unidades creadas, medida que posteriormente se convertirá en foco de conflictos con las autoridades locales21.
Escuadrón milicia cívica.
Según el decreto de creación, este Escuadrón constaría de tres Compañías y su uniforme sería: casaca encarnada, solapa, cuello y vuelta negra, vivos blancos, botón dorado, un león bordado en el cuello, el centro anteado y botas. Su cuadro de mando inicial era: Comandante, D. Cristóbal María Rubión; Ayudante, D. Francisco de Milla y Portaestandarte, D. Luis José de Castro.
Los Capitanes, Tenientes y Subtenientes de las tres Compañías eran los que a continuación se expresan.
Capitanes Tenientes Subtenientes D. Antonio Mantilla D. José Hurtado D. José Santaella D. Antonio Santaella D. Diego Felipe Suarez D. Manuel Romero de León D. Federico Hoppe D. Jaime Zeta D. Diego López.
Además contaba con un Capitán agregado: D. José Molina y Fernández22.
La promoción de estos oficiales y los nuevos ingresos que, como veremos, dependían de la propuesta del Ayuntamiento, fueron una constante como pone de manifiesto un memorial de D. Luis de Castro en que solicitaba se le diese testimonio del Real Decreto de 9 de marzo en que se le nombró oficial en el Escuadrón de Caballería Cí- vica de esta Plaza; al cual la Municipalidad acordó se le diese el testimonio que solicitaba en cabildo de 17 de diciembre de $1 8 1 0 ^ { 2 3 }$ .
Milicia cívica en Antequera.
El Secretario de Estado y del despacho universal de la Guerra del gobierno josefino, D. Gonzalo O’Farrill, comunicaba el 14 de marzo al Ayuntamiento antequerano que el Rey, accediendo a su propuesta, había aprobado por Decreto de este día la formación de dos compañías de Milicia Cívica de Infantería y una de Caballería, esperando del celo y patriotismo del Cabildo que no omitirían diligencia alguna para su más pronta formación. El vestuario de esta Milicia, será el mismo que ya usaba para evitar el gasto que de lo contrario resultaría24.
Los mandos nombrados para las unidades de Infantería eran, el Capitán D. Antonio Enriquez y el Comandante, Don Josef Fernández. Tenientes: Don Francisco Aozturra y D. Francisco Guerra. Subtenientes: D. Juan de Narváez y D. Fernando de Narodes, y Ayudante D. Francisco Eyo. Para mandar la compañía de Caballería los designados eran: Capitán, el Conde del Castillo al Tajo; Teniente, D. Josef Gómez Regidor y Subteniente, D. Miguel Querios Jurado25.
Reglamentos e Instrucciones.
El 15 de abril de 1810 se da nueva forma a la Milicia Cívica en Sevilla26. Así, se establece que en cada uno de los cuatro cuarteles en que estaba dividida esta ciudad, se formarían dos batallones con la denominación de primero y segundo batallón de aquel cuartel. Cada uno de ellos constaría de diez compañías, y cada una de éstas se compondrá de 100 hombres, o más según el número de los alistados.
El alistamiento se debería hacer por barrios, de forma que si alguno de estos no diese la fuerza de una compañía, se completaría con los alistados del barrio inmediato. Serían inscritos para servir en esta milicia: Los padres o cabezas de familia que tuviesen propiedad o arraigo “de cualquiera especie que sea”, hasta la edad de 60 años; los hijos primogénitos de estas cabezas de familia que hubiesen cumplido la edad de 17 años; los artesanos que tuviesen tienda abierta, o propia; y los empleados civiles y los reformados y retirados, civiles y militares, que gozasen sueldo del erario público.
La urgencia de la reforma era tal que tan sólo se dan tres días a la municipalidad hispalense para que los comisarios de barrio formasen este alistamiento, recogiendo en el tercero las listas de cada compañía y batallón. En ese mismo día debería proponer seis candidatos, por compañía, para oficiales; los cuales tendrían que elegirse - siempre que fuese posible- entre los alistados de cada barrio pero, en todo caso, siempre debían estar entre los del cuartel del batallón. Esta propuesta la pasaría el Corregidor al Intendente de la provincia que elegirá, a su vez, a tres de los propuestos por cada compañía para los empleos de capitán, teniente y subteniente de ésta, remitiendo esta propuesta junto con su dictamen al ministro de lo Interior para la aprobación real.
El proceso de selección de mandos no se quedaba a nivel de las compañías. Así, en cuanto a los batallones, el Corregidor tenía que proponer un número doble de los comandantes de batallón, ayudantes, mayores y abanderados que se necesitasen; en este caso la selección se haría entre todos los propuestos para oficiales de las compañías por la Municipalidad. Una vez formada, esta propuesta debía ser entregada al Intendente, que en este caso tan sólo adjuntaría su dictamen y la enviaría para su resolución al Ministro de lo Interior.
Los batallones estarían mandados por un oficial general, con las funciones de inspector. Éste no podría intervenir en la ordenación del servicio diario a que se destinase a esta tropa, ya que esta función quedaba especialmente reservada al Comandante de la Plaza. Además, para reunir más de dos de estos batallones sería preciso un decreto especial que tendría que ser expedido por el Rey para la ocasión; en estos casos, los mandaría el citado inspector.
El servicio de la milicia cívica se limitaba, exclusivamente, al interior de la ciudad y su recinto, ya que había sido instituida especialmente, según citaba el decreto, “para apoyar el respeto debido a las leyes y conservar la quietud de los pueblos”. Sus miembros, para el servicio que les correspondiese, podían hacerse sustituir por otros cívicos, o por individuos que hubiesen servido en el Ejército; pero eran responsables de la exactitud con que el suplente respectivo debía acudir al paraje de reunión que se señalase.
Para desarrollar el decreto, se encomendó al Ministro de la Guerra que presentará una instrucción que arreglase en todas sus partes el servicio y gobierno interior de estos batallones. Finalmente, se establecía que las demás disposiciones adoptadas en el decreto de 6 de febrero de 1810 para la milicia cívica, que no contradijesen las de este decreto seguirían en su fuerza y vigor.
Cuatro días más tarde se amplía a todas las ciudades y pueblos la obligación de crear una milicia cívica, siguiendo los criterios establecidos para el alistamiento en la de Sevilla. Además de este punto, el decreto firmado en el Real Alcázar de Sevilla en 19 de abril27 establecía que en las municipalidades, donde la milicia cívica no se hallase todavía establecida, se debía proceder a formarla sin dilación, conforme al decreto de 20 de julio de 1809. Aunque podía suspenderse su puesta en marcha en aquellas en que los prefectos y gobernadores militares de provincia lo juzgasen conveniente, dando cuenta sobre ello al ministerio.
Inmediatamente después de la publicación del decreto, debían ser inscritos de derecho en la milicia cívica de cada municipalidad todos aquellos que según el decreto de 15 de abril citado debían ser alistados.
Los Ministros de la Guerra y de lo Interior, poniéndose de acuerdo, darían las instrucciones necesarias para la formación de los batallones y compañías, y para el arreglo de la milicia cívica, conforme a las disposiciones contenidas en el referido decreto y otros posteriores. En tanto estas instrucciones pudiesen ejecutarse y quedasen formados estos batallones y compañías, todos los individuos inscritos en la lista de la milicia cívica de cada municipalidad estarían obligados a hacer el servicio que exigiese la seguridad de su término, según las órdenes que diesen los alcaldes respectivos. Para atender a la defensa los alcaldes tendrían que preocuparse de que cada cívico fuese armado inmediatamente, bien a sus propias expensas, si tuviere medios para ello, o bien a expensas de la municipalidad.
En contrapartida, se hacía responsable al Municipio en caso de no rechazar las incursiones de cualquier tipo, “los atentados y violencias”, que las guerrillas, o cuadrillas de bandidos e insurgentes, realizasen en su territorio; quedando sujetas a las penas impuestas para estos casos, así por las leyes precedentes como por citado decreto de 20 de julio de 1809. Aquellos individuos que impidiesen o disuadiesen a las municipalidades de esta “justa defensa”, serían considerados como cómplices de los atentados que aquellas cometieren, y juzgados por las juntas criminales extraordinarias formadas hasta entonces, y las que se formasen en adelante.
Además, cumpliendo lo mandado en el decreto del 15, el mismo día 19 se dicta una Instrucción para el servicio y gobierno interior de los batallones y compañías de la milicia cívica28. En ella se fijan las reglas por la que debían actuar estas unidades, para que sus miembros conociesen sus obligaciones respectivas y cumpliesen “con el único y especial objeto de su institución”; así, se agrupaban los distintos aspectos de la vida de estas unidades en dos partes: Órdenes y disposiciones generales; y Arreglo y distribución del servicio diario. A ella se ajustarán también las unidades de la Milicia Cívica en Málaga.
Órdenes y disposiciones generales.
Los comandantes de los batallones o compañías de milicia cívica, una vez que ésta comenzase a prestar servicio y, desde entonces, el primer día de cada mes, entregarían al comandante de la plaza un estado de la fuerza de su tropa, con la alta y baja ocurridas en el mes anterior. Todo alistado en la milicia cívica que se mudará de domicilio, estaba obligado a participarlo al comandante de su batallón; y si el cambio implicaba trasladarse de cuartel lo debía notificar, igualmente, al comandante del nuevo batallón en que se alistase.
Cada batallón contaría con un sargento veterano, “de conocido despejo y aptitud”, encargado de las funciones de sargento de brigada. Además, para los aspectos administrativos, habría una junta de administración, compuesta del comandante del batallón, el ayudante primero y dos capitanes, con cuyo acuerdo se deberían tomar las determinaciones pertenecientes al gobierno económico del Cuerpo. Esta junta sería responsable, igualmente, de la filiación de personal; para lo cual dispondría de un libro para cada compañía, con tantas hojas sueltas como milicianos hubiese en ella. En la hoja de cada individuo (hoja de filiación), que tenía que firmar el miliciano, se debía recoger su nombre, ocupación, domicilio y día de la prestación de su juramento de fidelidad al Rey y a la Constitución.
Para atender las composturas del armamento y el pago de las gratificaciones que se señalasen a: los oficiales y sargentos que instruyesen la tropa; la de dos tambores de órdenes “que enseñen” y la de los músicos; así como al sueldo de sargento de brigada y otros gastos menores, se establecía en cada batallón un fondo. Para alimentar y mantener éste, se ordenó fuese destinado al mismo el producto de la retención de dos reales de vellón en la gratificación que entregaban los alistados a los que les substituí- an en el servicio. De todo ello llevaría cuenta el sargento de brigada, bajo la dirección de la junta de administración.
Aunque las Milicias Cívicas no contaban con un acuartelamiento propiamente dicho, si debían establecer uno o dos depósitos para las armas de cada batallón. Éstos estarían el cuartel, o barrio, de la ciudad al que correspondía el batallón respectivo, que sería el responsable de establecer una guardia que vigilase del depósito o depósitos, en cada uno de ellos permanecerían dos soldados veteranos que cuidasen de tener en buen estado las armas.
En cuanto a organización interna de las compañías, el capitán de cada una era el responsable de la misma, para lo que la dividirían en escuadras de 20 hasta 30 hombres y propondrían al comandante de batallón los cabos y sargentos que necesitasen, a razón de dos cabos por escuadra y cuatro sargentos para toda la compañía.
El control de las unidades organizadas en cada prefectura estaba a cargo de los inspectores de la milicia cívica, los cuales debían vigilar el buen desempeño y exactitud en el servicio de los individuos que la componían, con una doble dependencia en su labor, por un lado de los Gobernadores Militares y por otro del Ministro de la Guerra. A los primeros debían solicitar el permiso cuando quisieran revisar uno o dos de los batallones existentes en su jurisdicción; en este caso era obligación del sargento de brigada avisar a los capitanes para que estos reuniesen a sus compañías para la inspección. Al segundo debían remitirle, en el primer día de cada mes, un estado de fuerza de los batallones, expresando las armas y cajas de guerra (tambores) que tuviese cada uno, el número de individuos que contasen con vestuario, y los empleos vacantes en la clase de oficiales; además, debían informar al Ministro -en oficio separado- sobre los individuos que acreditasen mayor celo y puntualidad en el servicio.
Arreglo y distribución del servicio diario.
Quedaba al juicio del Comandante de cada Plaza los puestos que debería de cubrir la Milicia Cívica, así como determinar la fuerza que ésta tendría que destinar a cada puesto.
En general, de los dos ayudantes con que contaba cada batallón, el primero ejercía las funciones de mayor y el segundo acudiría diariamente a casa del Comandante de las Armas, a la hora que éste le señalase, dándole parte de las novedades que hubiesen ocurrido y recibiendo la orden y noticia de los puestos que su batallón debería cubrir ese día. Acabado este acto el mismo ayudante pasaba al alojamiento de su jefe para darle parte de todo y, enterándose de lo que éste tuviese que añadir, nombraba el servicio y distribuía la orden a las compañías. Recordemos que en el caso del Regimiento de Málaga, se había designado un mayor para todo el Cuerpo reduciendo el número de ayudantes a uno sólo por batallón.
El servicio se debía nombrar por antigüedad en cada clase, por el orden de los nombramientos y alistamiento; éste debía ser realizado por el mayor que, a su vez, entregaría copias al ayudante, a partir de ellas éste nombraba al personal -desde oficial a soldado- para todos los servicios asignados al batallón. Para tener constancia de estos nombramientos, el ayudante escribiría en su libro de orden diaria el nombre de los oficiales y sargentos a quienes correspondiese el servicio de cada día, dejando un espacio para anotar el puesto a que se destine el oficial o sargento que lo haya de mandar; anotando a continuación la orden que hubiese recibido de la plaza y la de su jefe. La distribución de este servicio se haría, en cuanto fuese posible, para cada batallón en sus barrios o cuartel respectivo; el oficial primer nombrado ocupaba el primer puesto de su clase, y así los demás, sin necesidad de sorteo, y lo mismo los sargentos.
Para conocer y controlar al personal, el sargento de brigada debía llevar un libro con las listas de las compañías del batallón, por su orden; en ésta se debía expresar los nombres de cada individuo y la casa en que vivía. Además cada cívico tendría asignado un número que correspondería al alistamiento general. Un tercer libro, a cargo igualmente del sargento de brigada, era el del servicio diario de guardias para sargentos y cabos; en él se anotaban los nombres de sargentos y cabos que cada día entrasen de guardia, con expresión de los puestos a que fuesen destinados, y el número de soldados de cada compañía que debían entrar de servicio.
Para asegurar el cumplimiento del servicio señalado a su batallón, cada sargento de brigada tenía la obligación de avisar a cada uno de los nombrados para el servicio del día siguiente y si no lo hallaba en su casa le dejaba una papeleta que señalase el puesto asignado.
Las reclamaciones contra el nombramiento del servicio debían hacerse ante el mayor del batallón, o regimiento, pero nunca se debían plantear al sargento de brigada, ni siquiera la más mínima: “Nadie puede hacer al brigada la menor reconvención sobre injusticia del servicio para que se nombre”. En caso de no satisfacer la decisión de éste, se podría acudir en segunda instancia al comandante del batallón; siempre y cuando el servicio no se atrasase, en caso contrario primaba cumplir éste.
En el caso de las sustituciones para aquel servicio, desaparece la posibilidad de que el suplente sea un antiguo miembro del ejército, señalando taxativamente que: “precisamente debe también ser individuo de la milicia cívica”. En estos casos, y siempre que alguno de los nombrados para el mismo servicio tuviese causa justificada para proponer un sustituto, el interesado debería comunicarlo al sargento de brigada, quién avisaría entonces el sustituto, quedando a cargo del nombrado la puntualidad de su asistencia. En cambio, el simple cambio de puestos entre los nombrados debía ser solicitado al primer ayudante y contar con el permiso del comandante del batallón.
El servicio se iniciaba con la reunión cada día de la tropa que tuviese que entrar de facción -a la hora que hubiese señalado el comandante de la plaza- junto a la casa o depósito de las armas del batallón respectivo; en dicho sitio concurrían también el sargento de brigada y el segundo ayudante. Una vez recogido el armamento y despedidas las guardias, el sargento de brigada entregaría al ayudante la relación de los cabos y soldados que aquel día entrasen de servicio; el ayudante, a su vez, daría otra al comandante del batallón que expresase los oficiales, sargentos, número de cabos y soldados, así como los puestos que ocupen. Así mismo, en cada batallón también se nombraba diariamente un retén, compuesto de un oficial, un sargento y veinte hombres entre cabos y soldados; este retén no tenía asignado un puesto fijo, pero si debía estar fijado el modo de reunirlo rápidamente, bien para reforzar algún puesto, bien para servir de patrullas.
El comandante de cada batallón debía visitar con frecuencia los puntos ocupados por su tropa, para vigilar y asegurarse de su exactitud en el servicio. Por otro lado, al finalizar el servicio diario, los oficiales y sargentos que mandasen guardia, debían dar parte por escrito al comandante de la plaza, y al comandante de su batallón de las novedades que hubiesen ocurrido durante el mismo; sin perjuicio de que lo hiciesen sin dilación cuando el asunto lo requiriese.
EQUIPAMIENTO.
La creación del regimiento fue lenta y laboriosa, el 7 de abril de 1810, apenas un mes después de haberse ordenado su formación, su Coronel D. José María Maury dirigía un oficio al Ayuntamiento de Málaga, expresando la necesidad de crear una banda de tambores para la Milicia Cívica y que se dotase de vestuario y correajes a la tropa, todo a cargo del Municipio y por equiparación con el Regimiento fijo, al igual que sucedía con el armamento:
Aunque la organización del regimiento no hace los progresos adecuados, atendiendo a su importancia, el estado en que se halla de Armamento, Plazas, y el Servicio que hace, existe la necesidad absoluta de una Banda de Tambores; en el Reglamento para la formación de estos Cuerpos, se manda que halla dos tambores por Compañía, y puesto que los Oficiales desempeñan sus funciones sin asignación alguna, el entretenimiento de dichos tambores debe ser costeado por los Caudales de los Propios de esta Ciudad.
Igualmente puesto que todos los domingos concurre alguna tropa Cívica a la parada, y que el Rey manda terminantemente que por cuenta de dichos fondos se den vestuarios y correajes a aquellos que no puedan sufragar estos gastos, dispongan el que se me entreguen algunos de los que se han fabricado, o estén fabricando, pues siendo V. S. S. tan interesado en el lucimiento de dicha Tropa y estándoles igualmente recomendada la formación de dichos Cuerpos, creo que podrán sin obstáculo alguno facilitarme dichos correajes con igualdad al regimiento Fijo de esta Plaza, así como, de orden superior, se verifica con el Armamento que se está habilitando29.
Ante esta petición los representantes de la Ciudad, atendiendo a los escasez de fondos en que se hallaban los caudales públicos que no alcanzaban para cubrir sus precisas cargas, y con la finalidad de contribuir por su parte a ver formadas las Milicias Cívicas para tranquilidad del vecindario, acordaron el 9 de abril que se facilitasen mensualmente el sueldo correspondiente a un tambor mayor y ocho tambores y doscientas fornituras y dar cuenta de esta determinación al Intendente de la Provincia para su aprobación30.
Sin embargo, la solicitud era un puro formulismo ya que tras ser comunicada la decisión al Coronel, éste notificaba el día 13 de abril que ya tenía un Tambor Mayor instruido y ocho tambores; por lo que esperaba que los regidores determinarían con la brevedad posible que se equipasen con regular decencia, puesto que una de las representaciones de un regimiento era la banda de tambores31.
La cuestión de los tambores pone de relieve el difícil desarrollo de una unidad tan peculiar como ésta. Así, a pesar de la decisión municipal, apenas seis meses más tarde era el Prefecto de la provincia, José Cervera, quien reclamaba se completase el equipo de la banda de tambores, ordenando se facilitasen cuatro cajas al regimiento cívico; el mandato, de fecha 19 de septiembre de 1810, iba acompañado de la orden para que la Municipalidad arreglase el Cuerpo de Guardia que servía de Cuartel en el ex convento de San Agustín. Este oficio fue tratado en el cabildo de 22 de septiembre de 1810, acordándose que pasase a la junta de Propios para que diese las disposiciones convenientes para cumplir las órdenes de la Prefectura32.
Ante la imposibilidad de atender las obras con el fondo de Propios, la Municipalidad acudiría en los días siguientes al Prefecto, José Cervera, quién con fecha 31 de octubre de ese mismo año, desestimaría el realizar obras en el supuesto Cuartel de la Milicia Cívica; apoyándose en que las órdenes que regulaban estos cuerpos no contemplaban la existencia de cuarteles para ellos:
Considerando por un lado la imposibilidad en que se halla el fondo de Propios y Arbitrios de esta Ciudad de costear la obra de que trata el acuerdo celebrado por V. S. S. en 23 del corriente que certificado me han remitido con oficio de 26 del mismo por sus muchas cargas y empeños que tiene contraídos, y por otro que el Real Decreto de 20 de Julio de 1809 expedido para el establecimiento de las Milicias Cívicas nada dice de Cuarteles para estos Cuerpos, y por la inversa manda que las Armas de estos se depositen en los castillos o casas fuertes de los pueblos respectivos, y donde no los haya en las Casas de Cabildo, por decreto de este día, he desestimado la expresada solicitud, y lo aviso a V. S. S. para su inteligencia gobierno y cumplimiento33.
A pesar de esta negativa, tan rotunda, a la posibilidad de que la Milicia Cívica contase con cuarteles, lo cierto es que la referencia a estos era permanente. Así, en cabildo de 9 de octubre de 1810, se había tratado un memorial del Presbítero José $\mathrm { M } ^ { \mathrm { a } }$ Alcalde, por el que solicitaba el pago de 21.689 reales y 20 maravedíes que se le adeudaban por el arriendo de una casa de su propiedad, situada en calle Carretería, destinada para cuartel de Milicias, así como que se ejecutase la obra que necesitaba; la petición iba acompañado de un informe del Comisario Ordenador, redactado como consecuencia de la disposición del Prefecto de Málaga al recibir, en primera instancia, dicho memorial. El conflicto de intereses era evidente y la Municipalidad al no haber tenido intervención ni conocimiento en el pago del arrendamiento que se reclamaba, y tener noticias de que hasta entonces el pago se había hecho “de los fondos del Regimiento Provincial”, decidió devolver el expediente al interesado para que acudiese al tribunal competente34.
Un aspecto fundamental en el equipo de toda unidad era el armamento, y los cívicos malagueños no dejarían de reclamar su dotación para un servicio adecuado. Así, en el cabildo de 22 de noviembre de 1810, ya se abordó el asunto del armamento de la Milicia. En esta ocasión, como consecuencia de un oficio, firmado el día anterior por el Gobernador Militar de la Plaza, Coronel Berton, comunicando que había mandado hacer 400 fusiles, y ordenando que se fuesen reponiendo los fondos para su pago por la Ciudad. La Municipalidad, una vez enterada, acordó se pasase oficio al Prefecto de la Provincia para que decidiese lo que debía practicarse35. La orden de Berton era clara y taxativa:
Conforme a la autorización con que me hallo del Duque de Dalmacia para vestir y armar la Guardia Cívica de esta ciudad, prevengo a V.S.S. que he mandado hacer a los Armeros cuatrocientos fusiles para cuya pronta obra les he dado orden de mandar a los pueblos vecinos a buscar cañones y cajas; y V.S.S. tendrán la bondad de dar sus disposiciones para ir reuniendo los fondos para a medida que los maestros vallan entregando fusiles a el Coronel D. Joseph Maury, puedan V.S.S abonar su importe bajo el recibo que dicho Sr Coronel les dará36.
Apenas un mes más tarde volvería a ser abordado este asunto por la Municipalidad. En efecto, en el cabildo de 31 de diciembre el Corregidor, informaba a los regidores que el Gobernador Militar de la Plaza le había comunicado que, de acuerdo a la orden del Duque de Dalmacia relativa a que se diesen fusiles a los cívicos, tenía reunida una remesa traída de Marbella37 y quería que le acompañase para su reconocimiento y entresaca de los útiles para su composición y entrega; una vez enterados se acordó que fuese el propio Corregidor quien determinase lo que considerase oportuno, teniendo presente que por Real decreto estaba mandado que a los cívicos se les diesen los fusiles de los Almacenes Reales38.
El equipamiento de los llamados cívicos fue un tema recurrente durante la ocupación francesa. Así, en abril de 1811, el nuevo Comandante General y Subinspector de las tropas Españolas en la provincia de Málaga, el general D. Carlos de Reding , pasaba revista a la Milicia Cívica de la ciudad el día nueve por la tarde –uno de sus primeros actos en su nuevo cargo-; aunque su impresión general fue bastante buena, en cuanto a los cívicos equipados, no dejaría de observar que algunos integrantes de la Milicia no estaban adecuadamente vestidos y equipados. Por ello, al día siguiente, ordenaba al Coronel del regimiento activase las medidas para completar el equipamiento de su unidad:
Por resultas de la revista que pase ayer tarde al Regimiento de la Guardia Cívica del cargo de V. S. debo manifestarle lo complacido que quedé al ver la uniformidad en las personas, vestuario y armamento de la parte ya organizada, así como de su adelanto en la instrucción, de modo que el todo hace honor a los Jefes que lo mandan, y a los oficiales y noble vecindario que contribuye a este interesante objeto; y debiendo estimular a que en el todo del Cuerpo no se note diferencia espero del celo de V. S. y demás a quienes toca continuarán con energía y actividad hasta su conclusión, haciendo presente a los individuos que no estén vestidos ni armados la obligación en que están para ejecutarlo y en el caso, no esperado, de negarse alguno teniendo posibles, hacer lo practique brevemente, y para los que no lo tengan pasará V. S. nota a la Municipalidad recordando el cumplimiento de lo prevenido en el artº $5 ^ { \circ }$ del Real Decreto de 19 de abril último, pues para aquel caso le inserto con esta fecha el presente.
Al mismo tiempo, se dirigía a la Municipalidad recordándole la obligación que ésta tenía de atender al vestuario y equipo de los milicianos que no pudiesen hacerlo por si mismos; y para facilitarla cuestión proponía la cantidad de treinta equipos mensuales para no obstaculizar el cumplimiento del resto de las obligaciones, igualmente urgentes, que aquélla tenía41. La comunicación de D. Carlos de Reding fue tratada en el cabildo de 18 de abril, donde una vez visto el oficio y enterada la Municipalidad, se acordó que se contestase al Comandante General que se obedecería como era debido el Real decreto de 6 de febrero sobre el vestuario de los Cívicos, en cuanto lo permitiese el estado de los Propios y Arbitrios asignados para las cargas que en él se imponían a la ciudad de los individuos cívicos que le fuesen presentados por nota de su Coronel; eso sí, después de cerciorarse de la imposibilidad de costearlos por sí mismos. Añadiendo que ante la falta de medios de la ciudad, por las muchas atenciones que rodeaban a la Municipalidad, se consideraba muy oportuna la determinación del Comandante General de uniformar sólo treinta cívicos al mes42.
LOS MANDOS.
Los cuadros nombrados en el momento de la creación del Regimiento no fueron permanentes. Y a lo largo de los dos años de existencia del Cuerpo fueron varios los cambios, bien por ascenso o promoción dentro del cuerpo, bien por nuevos nombramientos para cubrir bajas.
El trámite para hacer efectivos los ascensos era muy similar al señalado en las órdenes ya reseñadas. Así la propuesta enviada al Ministro de la Guerra, era enviada por éste al Comandante General respectivo para su informe; tras recibir éste la propuesta y su informe pasaban a la aprobación del Rey, una vez aprobados los ascensos eran comunicados al responsable de las tropas españolas –remitiendo con él un oficio firmado por el Ministro de la Guerra a la Municipalidad- que sería el encargado de trasmitir la promoción a la Municipalidad; era ésta la que debía comunicárselo al Coronel para que éste lo trasladase a cada uno de los interesados.
Este procedimiento se seguiría en noviembre de 1810, cuando se ascendió por Real decreto del 6 a tres oficiales. Al día siguiente el Ministro de la Guerra, Gonzalo O´Farrill, redactaba dos escritos, uno al Capitán General, Conde de la Conquista, y otro a la Municipalidad de Málaga, comunicando los ascensos en el Regimiento de la Milicia Cívica de la ciudad. En el primero señalaba:
Habiendo aprobado el Rey la propuesta de los empleos vacantes del Regimiento de Milicia Cívica de esa ciudad que V.E. me devolvió con su informe de 16 del mes anterior, le incluyo adjunto el oficio para que se sirva pasarlo a la Municipalidad, y ésta acredite a los interesados su nombramiento43.
El segundo era el que contenía los nombres de los agraciados con el ascenso: D. Jayme Mayor, Teniente, a Capitán de la $5 ^ { \mathrm { a } }$ Compañía del $2 ^ { \circ }$ Batallón en la vacante de D. Andrés Ortega. D. José de Luna, Subteniente, a Teniente de la $1 ^ { \mathrm { a } }$ Compañía del $1 ^ { \mathrm { e r } }$ Batallón en la vacante de D. Jayme Mayor. Y D. Cayetano Orduña a Subteniente de la $5 ^ { \mathrm { a } }$ Compañía del $2 ^ { \circ }$ Batallón en reemplazo de D. José de Luna44.
Sin embargo, la lentitud del sistema se pone de manifiesto si comprobamos las fechas en que son comunicados estos ascensos a la Municipalidad y a los propios interesados. Así, el Conde de la Conquista no enviará el oficio del Ministro de la Guerra a la Municipalidad hasta el 24 de noviembre45, más de dos semanas después de la firma del decreto. Éste será tratado dos días más tarde, así en cabildo de 26 de noviembre de 1810 se vio este oficio del Conde de la Conquista, Capitán General de la Costa y Reino, y es entonces cuando la Municipalidad acuerda quedar enterada, que se acuse el recibo al Capitán General, y que se pasen oficios a los agraciados para su conocimiento por el conducto del Coronel46.
Dos días más tarde, Jose $\mathrm { M } ^ { \mathrm { a } }$ Maury, Coronel del Regimiento de Milicia Cívica, acusaba recibo a la Municipalidad de la comunicación ministerial, así como haberlo trasladado a los interesados:
He recibido el oficio de V.S.S. fecha 26 del corriente, y en virtud de lo que en él se sirven prevenirme, he pasado a poder de los interesados, los nombramientos, que V.S.S. me incluyen para acreditarles la promoción, que S.M. se ha servido hacer en el Regimiento Cívico de mi mando47.
El ciclo administrativo se cerraría el 4 de diciembre, cuando en cabildo de ese día se vio este oficio y la Municipalidad acordó “quedar enterada”48. Así pues, se tardó prácticamente un mes para dar efectividad a unos ascensos; pero esto no sería un caso excepcional, si no lo habitual en la vida de Málaga y de su regimiento de Milicia Cívica.
El 19 de noviembre había sido firmado otro Real decreto con nuevos ascensos en el cuerpo. El oficio del Ministro a la Municipalidad –de fecha 20 de noviembre- recogía en esta ocasión cinco nuevos ascensos: D. Jorge Ostman, a Capitán de la $2 ^ { \mathrm { a } }$ Compañía del $1 ^ { \mathrm { e r } }$ Batallón; D. Luis Durán, a Teniente de la misma; D. Miguel Narciso Power, a Subteniente de la $5 ^ { \mathrm { a } }$ del $1 ^ { \circ }$ ; D. Dionisio de Lacerra a teniente de la $9 ^ { \mathrm { a } }$ del mismo; y D. Baltasar de Sola a Subteniente de la $4 ^ { \mathrm { a } }$ Compañía del propio49.
A su vez, el Conde de la Conquista no remitiría dicho oficio, junto con el traslado del que le había enviado dicho Ministro en la misma fecha del 20, hasta un mes mas tarde, el 19 de diciembre; siendo tratado en cabildo de 20 de diciembre, donde se acordó quedar enterada la Municipalidad y que se acusase el recibo al Capitán General, pasándose oficio a los agraciados para su conocimiento por el conducto de su Coronel50. Si tenemos en cuenta que la propuesta inicial había sido remitida al Ministerio por el mismo Capitán General el 19 de octubre51, los ascensos tardaron en resolverse más de dos meses.
La información de que disponemos es fragmentaria y no tenemos constancia de todos los ascensos y nombramientos de los mandos del Regimiento, por lo que no podemos asegurar que los plazos fuesen en todos los casos similares. No obstante, la promoción entre empleos pone de relieve ascensos o nombramientos anteriores. Así ocurre con Enrique Grevigne, que ascendería de Subteniente a Teniente por Real decreto de 26 de marzo de 1811, sin que conste cuando promocionó al primer empleo de oficial. Precisamente en esa misma disposición ascendería, además del citado Grevigne (de Subteniente a Teniente de la $5 ^ { \mathrm { a } }$ compañía del $2 ^ { \circ }$ Batallón), D. Joaquín Sotelo, de Subteniente a Teniente de la $1 ^ { \mathrm { a } }$ compañía del $2 ^ { \circ }$ Batallón, y se nombrarían tres nuevos oficiales con el empleo de Subteniente: D. Juan Plan, de la $1 ^ { \mathrm { a } }$ compañía del $1 ^ { \mathrm { e r } }$ Batallón; D. Luis José de Castro, de la $2 ^ { \mathrm { a } }$ compañía del $2 ^ { \circ }$ Batallón52; y D. Mateo Hudson, subteniente de Bandera del $1 ^ { \circ 5 3 }$ .
La documentación del Ministro O’Farrill, relativa a estos ascensos, sería enviada a la Municipalidad por Carlos de Reding el 25 de abril de $1 8 1 1 ^ { 5 4 }$ . Siendo tratado en cabildo de 29 de ese mismo mes, cuando la Municipalidad acuerda quedar enterada y que se pase oficio a los agraciados por medio de su Coronel, acusando el recibo al Comandante General55.
Los cambios en los mandos también llegarían a la jefatura del Regimiento y así en septiembre de 1811 sería nombrado Coronel del Regimiento de la Milicia Cívica. D. Cristóbal María Rubión. En efecto, el 14 de septiembre el Inspector General de las tropas españolas notificaba el nombramiento al Subinspector de Málaga, el general Carlos de Redíng, el cual se lo comunicaría a la Municipalidad al día siguiente insertando en su oficio la comunicación que había recibido:
El Sr. Inspector General me dice con fecha de ayer lo que sigue.
“Incluyo a V. S. el adjunto nombramiento que el Excmo. Sr. Duque de Dalmacia se ha servido expedir para Coronel del Cuerpo Cívico de esta Plaza a favor de D. Cristóbal Mª Rubión que lo era retirado en la misma, haciendo V. S. preste éste el juramento de fidelidad, se dé a reconocer por tal coronel, y se le entregue al interesado el referido nombramiento, participándoselo así mismo a la Municipalidad = D etc” 56.
La comunicación sería tratada dos días después, en cabildo; limitándose la Municipalidad a acordar quedar enterada57. Recordemos que el nuevo Jefe del Regimiento había sido nombrado en marzo de 1810 Comandante del Escuadrón de Milicia Cívica creado en Málaga58.
Como ya ha quedado de manifiesto en los reglamentos y disposiciones citadas, las Milicias Cívicas estaban controladas por los Subinspectores de las tropas españolas. En Málaga ejercería esta función inicialmente el Capitán General de la costa D. Rafael Vasco, siendo sustituido tras su fallecimiento por D. Carlos de Reding, según comunicaba el Conde de Montarco, Comisario Regio General de Andalucía, el 1de mayo de 1811, al Conde de Casa Valencia, Prefecto de Málaga, al trasladar los nombres de los respectivos Subinspectores de las tropas españolas al servicio del Rey José; los cuales le habían sido comunicados por el Teniente General D. José Joaquín Martí en un oficio de fecha 29 de abril:
Consecuente con disposiciones del Excmo Sr. Mariscal Duque de Dalmacia, se hallan encargados de la Subinspección de las tropas española en el Reino de Córdoba el Mariscal de Campo D. Juan Bautista de Castro, en el de Granada el de igual clase D. José Juncar, en el de Jaén el Brigadier D. Juan Antonio Caballero, y en Málaga el Mariscal de Campo D. Carlos Reding. En este concepto y para que dichos Generales puedan llenar en un todo los deberes afectos a sus encargos; he de merecer a V. E. tenga a bien expedir sus órdenes a los Sres. Prefectos de las referidas Provincias para que entendiéndose con aquellos, y los Ministros de Hacienda de las mismas, subministren con preferencia a los Cuerpos el haber que devenguen, y las cantidades necesarias a su equipo59.
CONFLICTIVIDAD.
Aunque las dependencias y misiones de la Milicia Cívica parecían estar meridianamente claras en las disposiciones que las crearon y en las instrucciones posteriores, fueron frecuentes los conflictos entre las mismas autoridades malagueñas y, en ocasiones, entre éstas y las francesas por diversas causas, entre las que podríamos destacar: su empleo en determinadas misiones, la exención del servicio o el alistamiento.
Tras su creación en marzo de 1810, la Milicia Cívica fue reclamada para diversos servicios relacionados, de alguna forma, con el orden público. Así, en una Orden dictada por el Ministerio de la Policía por la que se establecían medidas preventivas para evitar contagios y conservar la salud, trasladada por el Intendente José Cervera al Corregidor de Málaga con fecha 7 de mayo de 1810, se propone la utilización de estas unidades para controlar los accesos de las ciudades:
Si se prohíben en todas partes las introducciones clandestinas, o llegan con prontitud a noticia del Gobierno es muy fácil cortar la propagación de una enfermedad contagiosa que haya podido desarrollarse ya en un pueblo, y también lo es evitar por las precauciones de incomunicación, cuarentena y purificaciones los espantosos estragos que pudiera ocasionar. Las Milicias Cívicas que S. M. ha establecido tan oportunamente harán este servicio importantísimo guardando las entradas que se dejen abiertas en los pueblos cuando llegue el caso de necesitarse esta precaución para dar parte de todo lo que viene a ellos, reconocerlo o estorbar su entrada, según la diferencia de los casos, y de las reglas que se prescriban por las circunstancias60.
Más tarde, cuando se ordenó la creación de Brigadas de Escopeteros en todas la ciudades andaluzas, un oficial del Regimiento de Línea $\boldsymbol { \mathrm { \Omega } } ^ { \circ } \mathrm { \Omega } 6$ (también denominado Fijo de Málaga), el capitán Rafael Arroyo, presentó una propuesta a la Municipalidad para suplir estas unidades en Málaga con una partida de 100 hombres de su regimiento61. En el informe que realizaron dos de los Capitulares, Nicolás Muñoz y Dionisio Juan Caballero, el 13 de septiembre de 1810, entre otras cosas se señalaba:
Las Milicias Cívicas podían exclusivamente llenar los deberes de la guarnición, mientras que la partida de los cien hombres del $\boldsymbol { \mathrm { \Omega } } ^ { \circ } \left( \boldsymbol { \mathrm { \Omega } } \right) ^ { \circ } \left( \boldsymbol { \mathrm { \Omega } } \right)$ , que se reforzaría si las circunstancias lo exigiesen de su cuartel, expurgaba los caminos, y según lo previene la orden de Su Excelencia, artº 9, bajo la dirección del Sr. Comandante de la Plaza, obraba sola o agregada a las tropas Imperiales62.
Además, proponían que la organización que pretendían para Málaga fuese seguida por otras poblaciones, bien poniendo en movimiento, si la tuviere, tropa de línea de los regimientos que empiecen a formarse, bien utilizando la Milicia Cívica, o bien reuniendo a vecinos honrados que conociendo que la tranquilidad y seguridad de los caminos redunda en su beneficio se animasen y concurriesen a limpiarlos de forajidos63.
Ciertamente, la utilización de la Milicia Cívica en la defensa de las ciudades fue tomando cada vez más cuerpo, superando así el mero concepto de orden público. Así lo ponía de relieve un Real Decreto de 17 de noviembre de 1810 sobre defensa de pueblos y ciudades, en el que entre otras cosas se señalaba en relación a los Cívicos:
Las ciudades y pueblos cuya milicia cívica se halla armada, estará obligada a defenderse contra igual número de bandidos, que intenten insultarla. Las justicias podrán circunvalar o tapiar las bocas calles de su pueblo, o tomar cualesquiera otra precaución de defensa que juzguen necesaria. Se dará conocimiento a las justicias de los puntos centrales en que se halle establecida una guarnición de tropas de línea, pronta a acudir a la defensa de los pueblos amenazados.
Todo pueblo en que entren algunos bandidos, después de la publicación del presente decreto, por no estar formada su milicia cívica, o en número igual o inferior a ésta, o que se deje coger por fuerzas superiores, sin haber dado aviso a los puntos centrales en que se halle situada la tropa que debe protegerlos, será sentenciado a pagar una contribución extraordinaria, sin perjuicio de las demás penas a que haya lugar en justicia contra los promotores o cómplices de los bandidos. En todo lo que no exprese este decreto, quedará en fuerza y vigor lo prevenido por el que expedimos en Sevilla el 19 de Abril de este año64.
Esta disposición sería comunicada por el Ministro de Interior al Prefecto de Málaga con fecha 30 de noviembre de 1810, el cual no lo trasladaría a la Municipalidad hasta dos meses después, en escrito del 20 de Enero de 1811. Retrasos quizás achacables a la dificultad de las comunicaciones, ocasionada por la actividad de las Partidas de guerrillas que frecuentemente hacia que se perdiesen los correos65.
Unos meses más tarde el Coronel de la Guardia Cívica, José Maury, se dirigía al Prefecto de Málaga solicitando una aclaración a las competencias sobre su Regimiento66. En efecto, el 14 de agosto de 1811 escribía un oficio a dicha autoridad, el Conde de Casa-Valencia, poniendo de manifiesto las órdenes contradictorias que se le habían dado con motivo de la celebración del cumpleaños de Napoleón67 (al día siguiente) y, concretamente, la de un Te Deum previsto con ese motivo. Se le había ordenado poner sobre las armas a toda la fuerza disponible del Regimiento Cívico -en la orden de la Plaza dictada por el Gobernador Militar- pero, además, dicha autoridad había dispuesto que el Coronel y los oficiales de los cívicos que no estuviesen en formación acudiesen a su residencia para acompañarle al acto; horas más tarde era el Prefecto el que ordenaba la asistencia de la misma representación a su domicilio con idéntica finalidad y a la misma hora.
Tan contradictorias órdenes fueron aprovechadas por Maury para poner de manifiesto al Conde de Casa-Valencia su enojo por las injerencias de la máxima autoridad civil en los asuntos de la Milicia Cívica malagueña. Así, en el citado escrito le decía que su orden sólo le había importado por que le demostraba, lo distantes que estaban ambos en cuanto a la organización de las Guardias Cívicas. Maury estaba convencido de que la economía, instrucción, y demás ramos interiores de estos Cuerpos, estaban bajo la vigilancia y autoridad de los Subinspectores; y sus movimiento y destinos eran cuestión de los Comandantes Militares de las Provincias o Distritos; esta creencia se basaba en las órdenes de oficio, que continuamente dirigían al Coronel de los Cívicos, el sistema general de las Provincias, y las repetidas órdenes que le comunicaban los citados Comandantes, como consecuencia de las órdenes superiores que recibían del Mariscal del Imperio Duque de Dalmacia68.
Continuaba Maury destacando que el Prefecto no podía ignorar que el régimen interior, y el movimiento de la fuerza armada, eran las únicas partes que correspondían a cualquier Cuerpo y que éstas pertenecían a la autoridad de los expresados Jefes militares. Por ello, señalaba: “creo el carácter de V. E. [el Prefecto] demasiado elevado, para que su Autoridad reclame mi obediencia, sólo en lo ceremonial”. Finalmente, ante la imposibilidad de multiplicarse y con el deseo de no separarse de los deberes que le imponían el Rey y el Duque de Dalmacia, solicitaba al Conde de CasaValencia que le comunicase si tenía algunas instrucciones particulares que se opusiesen a la autoridad ejercida por los Jefes Militares, para en ese caso pedir que le pusiesen en condiciones de observar su deber sin una conducta contradictoria69.
El alistamiento.
A pesar de lo establecido en Reales Decretos sobre el alistamiento de los cívicos, a medida que pasaba el tiempo fue cada vez más difícil completar la plantilla del regimiento, debido sobre todo a la resistencia de los posibles afectados a prestar este servicio. Además, la forma de llevarlo a efecto y las competencias de la Municipalidad en el mismo serían un nuevo foco de conflictos.
Así, en abril de 1811 se produce una serie de reclamaciones y órdenes a la Municipalidad, por parte de las autoridades militares españolas responsables de la Milicia Cívica, para que la Corporación asuma sus obligaciones relacionadas con el alistamiento para completar sus unidades en Málaga. El día 19 rompía el fuego el Subinspector de la Provincia, Carlos de Reding, ordenando a la Municipalidad completar las plazas que faltaban por cubrir en el Regimiento de Milicia Cívica de Málaga. A estos efectos, tras haber comprobado en los estados de fuerza que al citado Cuerpo le faltaban 377 plazas para estar al completo, ordenó a su Coronel que reclamase a la Municipalidad para que cumpliese cuanto prescribían las órdenes del Rey en este asunto. Al mismo tiempo, comunicaba a la Corporación que había dado esa orden recordando la obligación que ésta tenía en estos aspectos y que no demoraría, lo más mínimo, la ejecución de este “interesante servicio” expidiendo para ello las más enérgicas providencias70.
Unos días más tarde, el Coronel del Regimiento de Milicia Cívica, José Maury, se dirigió al Corregidor y demás componentes de la Municipalidad requiriendo que aquella asumiese sus responsabilidades en el alistamiento. En el oficio, de fecha 23 de Abril, recordaba que al decretar el Rey que la Guardia Cívica de Málaga se aumentase en un batallón se había encargado el alistamiento a su Municipalidad, ya que ésta debía tener conocimiento del número y clase de su vecindario. Sin embargo, continuaba, dicho alistamiento no se verificó con la exactitud debida, por defecto de los Padrones o por falta de celo de los Alcaldes de Barrio a quienes se mandó concurrir con los habitantes de sus demarcaciones. Al tener conocimiento del disgusto y murmuraciones de varios individuos, que se quejaban71 de haber sido alistados cuando otros de más haberes no se hallaban incluidos en la milicia, el Coronel había decidido intervenir indagando que vecinos se hallaban, aún, fuera de las listas del Cuerpo Cívico. A medida que los había ido descubriendo los había ido incorporando a su Regimiento72.
Aún así, José Maury reconocía en su comunicación que no era la Autoridad competente para alistar a las personas que debían incluirse en la Milicia Cívica y que no podía saber él todos los que se habían sustraído a sus deberes; por lo que temía ser acusado de parcialidad, en contra de su buena reputación. Además, su regimiento se hallaba con un déficit de 380 plazas sin cubrir, a lo que se añadía un gran número de solicitudes de exclusión que, preveía, habría que conceder. Por eso, consideraba “imprescindible” que la Municipalidad nombrase una comisión que "con celo y actividad”, señalaba, se encargase de sacar de los Padrones todos aquellos vecinos que debían ser alistados en la Guardia Cívica, con arreglo al Real Decreto de 19 de abril de 1810, para formar los listados correspondientes; estas listas, indicaba Maury, le debían ser remitidas para confrontarlas con las del Regimiento cívico a fín de comprobar quienes no estaban aún inscritos en él. Una vez localizados estos individuos, tendría que ser la propia Municipalidad la que se encargase de llamar a estas personas para su alistamiento. Así, pensaba el Coronel de los Cívicos, se lograría de una vez y por los conductos regulares cumplir los Decretos del Rey73.
Las opiniones de José Maury, así como sus peticiones, en relación al alistamiento para la Guardia Cívica fueron apoyadas por el Subinspector de la Provincia, D. Carlos de Reding, ante la Municipalidad. El día 24 de ese mismo mes se dirigía a ésta, recalcando la legitimidad de las indicaciones de aquel y esperando que se tomasen las medidas oportunas para atenderlas, de esta forma:
Por el Oficio y ejemplar que acaba de pasar a V. S. el coronel del Regimiento de la Guardia Cívica, habrá quedado completamente instruido ser de cargo de los ayuntamientos la presentación de los vecinos inscriptos para este servicio. así como la gracia concedida por S. M. C. para la formación de Regimiento; y refiriéndome en todo a lo que manifiesta dicho Jefe que es conforme al particular de que trata la contestación de V. S. de ayer al mío del 19, nada tengo que añadir sobre ambos, que el esperar de su acreditado celo activará este punto cuanto sea posible, como del mayor interés a la defensa y seguridad de esta población y sus habitantes74.
Las esperanzas del Subinspector de las tropas Españolas de una mayor rapidez en el alistamiento, chocarían muy pronto con la realidad de un Ayuntamiento lento y poco interesado en completar satisfactoriamente el Regimiento de Milicias. Y es que tres meses después de haber recibido tanto las propuestas de Maury, como las sugerencias de Reding, se trataba en cabildo una orden del Gobernador Militar de Málaga para que los Padrones para el alistamiento de los Cívicos se presentasen a los Comisionados, y que se incluyesen en ellos a los licenciados de esa Milicia.
En efecto, el 29 de julio de 1811, un cabildo municipal con escasa presencia de Capitulares, tan sólo cinco, presidido por D. Manuel Rengel -como Regidor más antiguo de los concurrentes por ocupación del Corregidor- y los Regidores D. Francisco Vasco; D. José Lachambre; D. Miguel Crook y D. Juan Barrera, trató en primer lugar la citada orden del Gobernador Militar que disponía:
Que los Padrones encargados a los Alcaldes de Barrio para el alistamiento general para el Regimiento cívico a proporción de cómo los vayan acabando se pasen a los Sres. Comisionados en esta operación, y que los licenciados por el Sr. Coronel del mismo Cuerpo se incluyan en los Padrones.
Los asistentes, una vez enterados, acordaron que se pasase el oficio con la orden del Gobernador al Corregidor, para que éste dispusiese que los Alcaldes de Barrio incluyesen en el Padrón general que estaban formando a los que habían sido licenciados del Regimiento Cívico por el Coronel del mismo; y que una vez concluidos aquellos fuesen enviados, rápidamente, a los Regidores comisionados para el alistamiento, D. José Echeverry y D. Juan Monsalve, pasándoles enseguida el mismo oficio con decreto de este acuerdo para su conocimiento76.
A las reclamaciones sobre el alistamiento se unirían, meses más tarde, las relativas a las exenciones del servicio una vez alistados. Así ocurrió a finales de agosto y principios de septiembre de ese mismo año. El responsable de la Milicia, el general D. Carlos de Reding, se dirigía a la Municipalidad el 29 de agosto al tener conocimiento de que la Corporación estaba tratando y resolviendo sobre los recursos que presentaban los vecinos, alegando achaques y otras causas, para ser eximidos del servicio de la Guardia Cívica.
En su oficio, el Subinspector recordaba a los Capitulares que las instrucciones vigentes en la materia prescribían que los individuos comprendidos en las clases señaladas para el alistamiento, no podían ser separados y tan solamente se les permitía que otro individuo hiciese el Servicio que les correspondía a ellos, por lo que la Municipalidad no tenía facultades para contravenir estas disposiciones. Por todo ello, el general Reding terminaba advirtiendo a la Municipalidad que dejase trabajar en las cuestiones del alistamiento a sus propios diputados, designados para este cometido en cabildos anteriores, a los que se les había delegado todas las competencias que tenía la Corporación en estos asuntos y, además, eran buenos conocedores de las órdenes vigentes en este ramo77.
El Corregidor de Málaga, Fernando Ordóñez, contestaba el 6 de septiembre a D. Carlos de Reding informándole que su oficio había sido visto en cabildo por la Municipalidad y se había dado por enterada; así como que había comunicado a sus Capitulares sobre una conferencia entre el Subinspector, el Corregidor y los Jefes de la Guardia Cívica, mantenida en casa del Inspector General en los días anteriores para aclarar como debía realizarse el alistamiento y el servicio de la Guardia Cívica. En vista de lo cual se había acordado prevenir a los municipales comisionados para el alistamiento, D. José Echeverri y D. Juan Monsalve, para que cumpliesen lo mandado por el Inspector General, sin la menor alteración78.
Pero las previsiones de la Municipalidad no debieron ser muy eficaces ya que D. Carlos de Reding se dirigía ocho días más tarde a la Municipalidad previniendo que el alistamiento para completar el Regimiento Cívico, que se estaba ejecutando en esos momentos, debía estar concluido y con instrucción a sus individuos para poder desempeñar su servicio el día 1 de octubre. La Municipalidad trató este oficio en su cabildo de 17 de septiembre, acordando que el mismo pasase a los Capitulares nombrados para el alistamiento a fin de que “lo realicen con la brevedad que se previene”, así como comunicar esta determinación al Subinspector79.
Las exenciones del servicio.
Ciertamente, uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron los responsables, tanto municipales como del ejército, del alistamiento de los cívicos fue el de las siempre numerosas peticiones de los alistados para ser exonerados del servicio. Unas veces, escudándose en sus cargos o empleos municipales, otras alegando su condición personal.
Un ejemplo de los primeros es el de los Escribanos de Cabildo, o Secretarios del Ayuntamiento. Así, en el cabildo de 19 de enero de 1811, el Secretario hizo presente que cuando se estableció el Cuerpo de Milicia Cívica, obedeciendo las órdenes que se expidieron en aquella época, se presentó con su compañero y los dos “de Ausencias” al Coronel de dicho Regimiento y fueron exceptuados los primeros del servicio por las atenciones a que notoriamente están destinados en objetos del Real Servicio y otros importantes ramos; así como que se habían recargado a dichas oficinas desde la entrada de las Tropas Imperiales, a pesar de lo cual tenía entendido que en esos momentos se trataba de alistarlos, circunstancia que comunicaba a la Municipalidad para que determinase lo que tuviese a bien. En vista de lo cual se acordó enviar un oficio al Gobernador Militar, haciéndole presente la dificultad que el Consistorio encontraba en que sus secretarios sufriesen este alistamiento y faltasen a sus obligaciones preferentes a otro servicio, y pidiéndole que los declarase exentos, al menos mientras subsistiesen las apuradas circunstancias del momento que impedían se dedicasen a otro servicio80.
La solicitud no surtiría efecto, ya que seis meses después el Secretario del Ayuntamiento, D. José Sánchez de Castilla, volvería a presentar un memorial solicitando ser exceptuado del servicio en el Regimiento cívico. Su petición fue tratada en el cabildo de 15 de junio de 1811, interviniendo en primer lugar el propio Secretario leyendo un memorial que había dirigido al Comandante General Subinspector de la Prefectura de Málaga solicitando ser exonerado del Cuerpo Cívico, e informó a los Capitulares que el mismo iba acompañado de un certificado de su fe de Bautismo, y otro de los achaques habituales que padecía; así mismo, leyó un decreto de dicho Subinspector en el que disponía se separase del servicio al Secretario y se reemplazase su plaza en el Regimiento. Por lo que se acordó que los Capitulares nombrados para completar el Regimiento Cívico reemplazasen dicha plaza, avisándose por medio de oficio a su Coronel para que le constase, y que se devolviesen los documentos presentados al Secretario81.
Pocos días después, D. José Maury reclamaba el decreto del general Carlos de Reding por el que José Sánchez de Castilla aducía haber sido exonerado, como paso previo a su licenciamiento del Regimiento que aquel mandaba. La Municipalidad, en su cabildo de 20 de junio, acordó que se pasase al citado Coronel el decreto que pedía para que despachase la licencia absoluta82.
El enfrentamiento entre la Municipalidad y el coronel del Regimiento Cívico se extendió a todos los cargos municipales. Así, el 11 de marzo de 1811, tras el juramento y toma de posesión D. Antonio de la Rocha como teniente de Alguacil mayor designado por el Conde de la Quintería, se acordó en cabildo solicitar a dicho Coronel que relevase al nuevo teniente de Alguacil de todo servicio en dicho Cuerpo de la Milicia83. Lejos de acceder a lo solicitado, el Jefe de los cívicos se opuso a la exención del servicio, señalando en su oficio a la Municipalidad que: “Siendo nombrado D. Antonio Rocha teniente del Regimiento Cívico por S. M. no podía permitir le eximiese del servicio el nombramiento de teniente de Alguacil mayor que le había hecho el Sr. Conde de la Quinteria”. Ante lo cual la Municipalidad, en cabildo de 26 del mismo mes, acordó que D. Antonio Rocha desempeñase la vara de Alguacil mayor, cuando no se lo impidiesen las funciones de Oficial Cívico84.
Sorprendentemente, en ese mismo cabildo, y casi simultáneamente, se vio un oficio que había dirigido el Prefecto de Málaga al Corregidor, el cual lo entregó a la Municipalidad, relativo a que los individuos de las Municipalidades debían concurrir con preferencia a los actos de su instituto, estando exentos por lo tanto de todo los actos del Cuerpo Cívico excepto en el caso de alarma, acordando quedar enterada85.
La escalada de peticiones para que los empleados del Ayuntamiento, en todos sus ramos, fuesen eximidos de la Milicia Cívica fue en aumento. A finales de junio de 1811 la Municipalidad comenzó a recibir peticiones de sus Alcaldes de Barrio para que se gestionase la exención de sus ayudantes, los segundos Alcaldes y cabos. Así, un memorial de estos Alcaldes en el que solicitaban “se liberte a sus segundos y cabos de la fatiga del Regimiento cívico para poder llenar sus deberes”, fue tratado en cabildo del día 20 de ese mes, acordando la Municipalidad que aquellos designasen las personas que sin estar sujetas a la Guardia Cívica pudiesen desempeñar las funciones de segundos y cabos86.
Sin tiempo a ser aplicada esta medida, se volvería a tratar la petición de uno de estos Alcaldes de Barrio, D. Juan de Alcázar, quien comunicaba que había devuelto las citaciones que había recibido para que sus segundos y cabos prestasen servicio en el Regimiento Cívico; señalando que siendo por entonces el trabajo que tenía de mucha consideración necesitaba que aquellos continuase con él, o bien se le permitiese nombrar seis sujetos para desempeñar sus funciones. La Municipalidad, en cabildo del 25 de junio, siguiendo con el criterio adoptado cinco días antes, acordó que Juan de Alcázar designase las personas que, sin estar sujetas al cuerpo cívico, pudiesen desempeñar las funciones de segundos y cabos87.
La solución no debió ser muy efectiva, ya que un mes más tarde los Alcaldes de Barrio volvían a reclamar la exención de sus cabos, justificándola en esta ocasión en la imposibilidad en que se encontraban de cumplir las “infinitas” comisiones que tenían encomendadas si aquellos no podían cumplir su labor. El memorial fue tratado en cabildo de 23 de julio, acordando enviar un oficio al Coronel del Regimiento Cívico, solicitándole que mientras se realizaba el alistamiento general los segundos Alcaldes y cabos fuesen eximidos de la fatiga en el regimiento de su mando, por sus muchas ocupaciones de la causa pública y Real Servicio88.
La respuesta de las Autoridades militares implicadas fue clara y rotunda. El Gobernador Militar de Málaga comunicaba, el 29 de ese mismo mes, al Ayuntamiento que “los empleados de la Municipalidad, Consulado, Alcaldes de Barrio y otras clases no están exceptuados del servicio cívico, que deben pagar la fatiga y vestir el uniforme para influir a favor del espíritu público”. Mientras que el Coronel del Regimiento Cívico se limitó a recordar que los cabos de Barrio debían pagar su servicio por no estar exentos por los Reales Decretos. Ambos escritos fueron tratados en el cabildo de
31 de julio, dándose por enterada la Municipalidad y decidiendo que los Alcaldes de Barrio cumpliesen con lo que estaba mandado89.
Las exenciones del servicio no se limitaron a los empleados y cargos municipales; en ocasiones fueron concedidas a vecinos por otras causas. Así ocurrió con Francisco Milla, a quién tras recurrir al Ministerio del Interior para ser eximido del servicio cívico por sus muchos achaques le fue concedida la misma. Si bien la Municipalidad supo de ella por una compleja vía: el Ministerio del Interior lo comunicó al Prefecto de Málaga, el Conde de Casa-Valencia, éste lo traslado al Inspector General de las Tropas Españolas en Andalucía, quien a su vez paso el escrito al Subinspector de aquellas en Málaga, el general Carlos de Reding que fue el encargado de enviar la orden a los Diputados encargados del alistamiento de la Guardia Cívica, para que se observase y cumpliese, el 6 de septiembre90. Llegando por esta vía a conocimiento de la Municipalidad. Una cadena compleja que entremezcla autoridades civiles y militares y que pone de relieve las dificultades existentes para el gobierno y organización de las Milicias Cívicas.
Sea por estas causas o por otras José Maury, como Coronel del Regimiento de la Milicia Cívica de Málaga, al ser nombrado como vocal de la Junta Municipal -en julio de 1811- había presentado su renuncia al nuevo cargo, a no ser que fuese relevado del mando del regimiento, exponiendo sus razones al Prefecto de la provincia en oficio de fecha 8 del mismo mes:
Con fecha de ayer me comunica el Sr. Corregidor, que V. E. me ha hecho el honor de nombrarme vocal de la Junta Municipal, previniéndome que hoy a las doce y media deben presentarse en el Ayuntamiento los individuos que componen esta Junta para ser instalados con el correspondiente Juramento.
Estas elecciones, en semejantes circunstancias, suelen producir excusas dictadas puramente por el interés y egoísmo de los que las alegan; pero por una parte, mi acreditado celo por el bien público, y mi completa decisión a el actual Gobierno, me ponen a el abrigo de semejante sospecha, al mismo tiempo que el empleo que S. M. me ha conferido y que he jurado con anticipación, no me permite sobrellevar ninguna carga concejil, por que las tareas que son anejas, exigen una atención exclusiva y una ocupación constante; con todo, como un don gratuito, y una nueva prueba de mi amor a el Soberano, lo que está en mi mano hacer, es concurrir tal cual vez, que mi primitivo empleo me lo permita, para con mis cortas luces, aliviar si tengo acierto, a mis conciudadanos; sólo en este concepto sirviéndose V. E. declararlo de oficio antes del juramento, puedo prestarme, a ser de la expresada Junta, sin que faltase a mi deber, pues únicamente, en el caso de que S. M. a solicitud mía, o por necesitarme para otro destino, me exonere del mando de este Regimiento puedo omitir el celo que es indispensable para su organización, ni dejar su dirección a ningún segundo mío91.
LAS REPRESALIAS.
En agosto de 1812 la Regencia publicaba un Real Decreto, de fecha 11 de dicho mes, disponiendo el cese de los empleos y cargos nombrados por los franceses. Éste sería comunicado al Ayuntamiento de Málaga, el 4 de septiembre, por el gobernador interino Ramón Alburquerque92.
Sería la primera de una serie de medidas, encaminadas a depurar la actuación de quienes habían colaborado con los franceses hasta entonces. Apenas un mes más tarde de su promulgación, las Cortes aprobaban un Real Decreto que aclaraba el anterior. Efectivamente, el 21 de septiembre Andrés Ángel de la Vega Infanzón, Presidente, Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario, y Juan Bernardo O’Gavan, Diputado Secretario, firmaban esta disposición, ante la necesidad de asegurar por todos los medios posibles la confianza de la Nación en los empleados y personas que por su ministerio debían contribuir a mantener el orden en los pueblos, excluyendo a los cesantes de futuros nombramientos, aunque matizaban los límites de la exclusión93.
El mismo día 21 de septiembre las medidas contra los que habían servido a los franceses se extendieron a los integrantes de las Milicias Cívicas. En efecto, para aumentar los Ejércitos que estaban operando contra los franceses, la Regencia decidió aplicar y refundir en los Cuerpos Militares de las armas respectivas a los individuos de tropa, solteros y viudos sin hijos, de las Compañías Cívicas de los pueblos que fuesen quedando libres, los cuales por la fuerza, la pusilanimidad, o por otro motivo de las anteriores circunstancias, obtuvieron del gobierno intruso este destino; con exclusión de aquellos que notoriamente hubiesen acreditado una conducta digna de reprobación por “su conato y oficiosidad en favor de las ideas de dicho Gobierno contra la Patria y sus defensores”. De esta forma, si bien los cívicos no quedaban excluidos de cargos y empleos públicos, se verían sometidos a un alistamiento forzoso; una forma más de depurar su condición de afrancesados, tal y como se recordaba en la exposición del Real Decreto:
Esta porción de hombres escarreados efímeramente de la recta senda de sus deberes de buenos Españoles, admitirán con gratitud el indicado temperamento, y le mirarán como un modo el más sencillo y decoroso de expiar el grado de culpa más o menos grave que tuvieron en el hecho de haber sucumbido a los designios del enemigo” 94.
Siguiendo la línea apuntada, en todos los lugares donde se hubiesen formado Cuerpos formales, o Compañías Cívicas más o menos numerosas, de Infantería o Caballería se debían formar listas de cada una de las Compañías, comprendidos sus Oficiales, con expresión al margen, de los nombres, naturaleza, edad, estado, aptitud para la carrera activa de las armas, y conducta notoriamente observada en cada uno de sus individuos de tropa. Una vez formadas, se debían deducir: los Oficiales, los casados, los inhábiles por su constitución física, y los calificados de “reprobada conducta”. La declaración de útiles comprendía, así, a individuos solteros y viudos sin hijos, de 16 a 45 años de edad, y con la agilidad y robustez necesarias para la fatiga de campaña95.
Los Jefes Militares, Jueces Políticos y Justicias que debían presidir las reuniones para el alistamiento, debían de estar nombrados por el Gobierno, o sus Autoridades delegadas, o en virtud de la Constitución Política de la Monarquía, y de ningún modo por el Gobierno intruso.
Al acto público de alistamiento se convocaría a los vecindarios a las Casas Consistoriales, con asistencia de las Compañías Cívicas en cuerpo, puntualizando “ya extinguidas por la nueva libertad de los Pueblos”; en él se leerían en público, integra, clara y distintamente, tanto la resolución, como las listas de Oficiales e individuos de tropa de las Compañías, recalcando de nuevo: “que sirvieron en ellas durante la ocupación y a las órdenes del enemigo”.
A los considerados útiles, no se les admitiría la excepción de nobles, de empleados civiles o políticos, ni otra que no fuese relativa a su imposibilidad física; justificando esta medida así: “pues que ninguna aprovecharon en su caso para haber eludido honesta y noblemente la ominosa carga que les impuso el enemigo”.
Los alistados, pasaban a ser considerados soldados desde ese mismo momento; debiendo presentarse al tiempo de su partida con los uniformes y armamento completo de que usaban siendo Cívicos. En caso de faltarles alguna prenda o que necesitaran ser reemplazadas, se tomarían de los que habían sido excluidos.
Cada Ayuntamiento debía designar a un individuo a propósito para conducir a sus alistados, debiendo entregarlos al Capitán o Comandante General de su respectiva Provincia, o bien al General en Jefe, o Comandante General o Jefe de División más inmediato de cualquiera de los ejércitos situados en la misma Provincia, siguiendo esa preferencia.
Tanto los Oficiales de las referidas Compañías, como sus individuos de tropa que por casados o la mala nota de su conducta no fuesen aplicados a este servicio, quedaban sujetos y responsables cada uno de la suya a los Decretos de las Cortes, y providencias de la Regencia, ya expedidos y que se expidieren acerca del asunto de purificaciones.
Si alguno de los individuos declarados y alistados por útiles, se ausentaba de su pueblo, o en la marcha, sería reputado, perseguido y juzgado conforme a ordenanza no sólo como desertor en tiempo de guerra, sino además con la circunstancia agravante de traidor calificado a la Patria; extendiéndose la propia pena a áquel que hallándose fuera de su pueblo en el acto del alistamiento, no se presentase cuando fuese requerido96.