“Por la autoridad de los ministros”: observaciones sobre los letrados en una alegación de Juan Bautista Larrea (primera mitad del siglo XVII)
Paola VOLPINI\*.
Università di Pisa.
RESUMEN.
En este artículo se analizan algunos aspectos de la dinámica política de la Monarquía española durante los años Treinta del siglo XVII, así como quedan reflejados en la actividad y en los escritos de Juan Bautista Larrea (1589-1645), jurista, magistrado y luego consejero durante el valimiento del Conde Duque de Olivares.
La experiencia de Larrea refleja la función de los letrados en esta fase, así como el recorrido que muchos de ellos realizaron y los lazos de interés y estrecha colaboración que tuvieron con el Olivares, el cual caracterizó su gobierno con una política a un mismo tiempo reformadora y autoritaria. Se reflexionará sobre la forma de proceder de muchos personajes dotados de relevantes poderes, pero situados por debajo de la cumbre del poder político. Durante la primera parte del reinado de Felipe IV, el camino de estos personajes solió caracterizarse tanto con una alta adhesión a los objectivos reformadores como con una considerable tensión hacia el cambio; en un momento posterior, en cambio, tras varios fracasos, fue caracterizado por el progresivo alejamiento de éstos de las perspectivas reformadoras.
La relación entre la práctica política de los letrados y la administración de la justicia se ha estudiado a través del análisis de una allegatio de Larrea. Este texto se debe a un episodio del cual fue víctima un magistrado que, calumniado, estuvo a punto de perder la vida y la honra, antes de que se le retiraran los cargos. Del texto existen dos versiones: una circuló en castellano, titulada Por la autoridad de los ministros a Su Magestad; otra está en latín y se encuentra incluida dentro de las Allegationes Fiscales, una de las importantes recopilaciones de textos jurídicos del Larrea (Lugduni, 1642 e 1645, 2 vols.). A partir de la defensa del juez calumniado, Larrea reflexiona sobre la función de los letrados en el sistema político, fundando su opinión sobre la tratadística política y jurídica de la época.
La lectura detallada del texto, en la cual se ha incluido el análisis de sus referencias a los tratados polí- ticos y jurídicos, presenta una relación viva y dinámica entre el poder real y sus letrados, compuesta de colaboración y enfrentamientos, de intercambios y pretensiones. Según Larrea, esta relación debería fundarse sobre la confianza mutua y sobre el reconocimiento público por parte del rey del papel político, económico y social de los letrados. De no ser así, según su visión todo el sistema administrativo-judicial podria collapsar.
Palabras claves: Alegato, magistrados, Autoridad, Ministros, sistema administración de justicia.
“Por la autoridad de los ministros”: Observation about the letrados in a Juan Bautista Larrea’s allegatio (first half of seventeenth century)
ABSTRACT.
In this work we examine some aspects of the political dinamic of the Spanish kingdom during the Thirties of the XVII century, as they are reflected in the activity and in the texts of Juan Bautista Larrea (1589-1645), jurist, judge and later counsellor during the valimiento of the Count-Duke of Olivares.
The experience of Larrea reflects the function of letrados (spanish lawmen and judges) in this phase, the path that many of them followed and the ties of interest and colaboration that they kept with Olivares, who caracterized his government by reformer and, at the same time, authoritarian policy. We will reflect on the way in which acted persons which, although had kept relevant power in the government and in the justice administration system, didn’t reach up to the top. During the first part of the reign of Philip IV, the activity of these letrados was characterized, in a first phase, by an high adhesion to the objectivies of reform an by an important pression to introduce changes. Later, otherwise, due to a lot of unsuccesses, it was characterized by a progressive neglect of the perspectives of reform. The relationship between the political activity of the letrados and the justice administration has been studied analysing an allegatio of Juan Bautista Larrea. This text was due to a case in which a judge was calumniated and arrived close to loose his professional position and even his life, before that he could demostrate to be innocent. Two versions of this text are avialables. One, in spanish, is entitled Por la autoridad de los ministros a Su Magestad; the other, in latin, is inserted as a part of Allegationes Fiscales, one of the most important juridical works of Larrea (Lugduni, 1642-1645, 2 vols.). Starting from the defense of the calumniated man, Larrea reflects about the function of letrados in the political system, basing his opinion on political and juridical tractises.
The deep analysis of the text, in which the analysis of his references to the political and juridical tractises has been included, shows a vital and dynamic relationship between the king and his letrados, made of colaboration and disputes, of claims and exchanges. Larrea thought that this relationship should be based on reciprocal trusts and on the King’s public acceptance of the political, economic and social rule of the letrados. If not, the complete monarchical system could collapse.
Keywords: Allegatio, jurists, auctority, letrados, justice administration system.
Entre la producción del jurista español Juan Bautista Larrea, activo en la primera mitad del siglo XVII en Granada y más tarde en Madrid, figura una alegación suelta, o porcón, escrita entre el 1634 y el 1638 y titulada Por la autoridad de los Ministros1. Dicha alegación trata un tema que tenía singular importancia para nuestro letrado, la autoridad de los ministros, consejeros y altos magistrados2 en la Castilla del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, y pone en evidencia de forma excelente cuales fuesen, según el autor, los principales problemas con los que el grupo letrado tenía que confrontarse en el ejercicio de su profesión3.
Como se sabe, cuando don Gaspar de Guzmán, conde, y más tarde conde-duque de Olivares, tomó las riendas del gobierno de la monarquía, quiso orientar la dirección política en oposición a aquella del duque de Lerma que, durante el reinado anterior, había limitado el ingreso de los letrados en los altos organismos de gobierno, favoreciendo, en cambio, la facción nobiliaria que tenía cercana4. Al comienzo del reinado siguiente, condenada comúnmente esta práctica, se respiró un aire de renovación y fueron proyectados por el nuevo valido amplios programas de reformas. No es preciso indicar aquí con detalle la finalidad de sus proyectos, analizados en numerosos estudios5. Baste decir que ellos se centraron en dos ideas: una consistía en la restauración de la reputación, que habría tenido que realizarse a través de la reafirmación de la hegemonía de la monarquía española en Europa, y la otra en la “reformación”, como entonces se decía, puesta en marcha a través de un conjunto de intervenciones que tenían el fin de mejorar las condiciones económicas y políticas de los reinos que componían la monarquía.
Olivares llamó a juristas y magistrados, ya presentes en los altos niveles de la administración de la justicia y del gobierno, para que colaboraran activamente en la realización de sus proyectos. Con este impulso reformador el valido se proponía, entre otras cosas, contrarrestar el exceso de poder que tenían algunas familias de Grandes y remitirse a una tradición, importante en Castilla en épocas precedentes, que admitía e incluso favorecía el empleo de los letrados en todos los niveles de la administración de la justicia y del gobierno, colocándolos muy cerca de la cumbre de la dirección política.
Si durante los años Veinte hubo fases en las cuales pareció posible la realización de algunas de estas reformas, a partir de los años Treinta estas medidas, colocadas en un marco, tanto interior como internacional, sensiblemente empeorado, fueron mucho más difíciles de aplicar y bajo muchos puntos de vista menos orgánicas. Ya después de la implicación en la Guerra de Mantua del 1628, que requirió un esfuerzo financiero notable, la dinámica política se caracterizó tanto por tensiones internas (como los motines del País Vasco del 1631 y de Évora del 1637) como por los intentos del valido de reforzar su política autoritaria. A partir de 1635, debido a la gravedad del conflicto militar y especialmente tras la entrada en guerra de la cercana Francia, los proyectos de reforma interna fueron fuertemente reducidos y el objetivo del restablecimento de la reputación, a través en primer lugar de la confrontación bélica, fue identificado como prioritario.
Muchos aspectos de su programa de reformas, tras un prometedor despegue, sufrieron una considerable declinación. Mas el proceso fue gradual y, durante los años Treinta, muchos magistrados y consejeros, aunque estuviesen cada vez más insatisfechos de las elecciones del valido, siguieron empeñándose en la realización de este programa. Como muchos otros letrados, Larrea, durante largo tiempo, compartió muchos de los objetivos del Conde-Duque.
Es en los años en los que crecía la insatisfación en muchos sectores de la sociedad por el estado del país –cuyas condiciones por otro lado, según la opinión de muchos, permitirían todavía una recuperación– donde debe situarse el caso que se trata en estas páginas. En una fase en la que eran otras las prioridades indicadas por el grupo dirigente, el letrado ejercía presión, con los medios de los que disponía, para que la monarquía interviniera para consolidar la autoridad real en el país y para reformar algunos aspectos de la administración de la justicia.
1. Abriremos el discurso con un breve perfil profesional de Juan Bautista Larrea. Después de haber cursado los estudios en utroque iure, tras ser admitido en el colegio mayor llamado “de Cuenca”, la carrera de nuestro letrado había empezado en la universidad de Salamanca, donde había desempeñado la actividad docente. Sucesivamente había entrado en la chancillería de Granada, ejerciendo de oydor entre 1621 y 1634. Posteriormente había accedido a los consejos centrales donde, entre 1634 y 1638, había sido fiscal en el consejo de Hacienda. Más tarde había entrado en el consejo de Castilla, en un primer momento, con tareas parecidas, y, finalmente, como conclusión de una carrera brillante, como consejero (1642). En un primer momento Larrea había recorrido las etapas comunes para un colegiado de Salamanca: una plaza de oydor, de fiscal o de alcalde de Corte representaban, de hecho, las profesiones más habituales para estos letrados. Pero menos común era alcanzar el papel de consejero, para el cual no eran suficientes las buenas capacidades profesionales. Se trata, es decir, de una progresión profesional no obvia. Otros elementos habían tenido un papel, como la presencia de lazos personales y políticos que el letrado había establecido a lo largo de su actividad con personas que ocupaban puestos importantes en los organismos de gobierno.
En 1636, dos años después de finalizar su actividad de oydor en Granada, el jurista había dado a la imprenta el primer volumen de Decisiones Granatenses, una recopilación de escritos jurídicos con caracter práctico fruto de su actividad de juez de segundo grado en la Chancillería de dicha ciudad6. La concesión, en el mismo año, del hábito de caballero de la Órden de Santiago daba un reconocimiento social de su éxito personal y profesional.
El primer volumen de Decisiones tuvo un gran éxito editorial, como se atestigua en la nota colocada en la apertura del segundo. Tras el excelente resultado inicial7, el camino estaba abierto y el autor enriquecía su propia figura profesional con la producción de otros escritos jurídicos. Posteriormente publicó un nuevo volumen de escritos jurídicos cada tres años: en el 1639 el segundo de Decisiones8, luego, en 1642 y en 1645, los dos volúmenes de Allegationes Fiscales, donde el jurista colocaba y comentaba los casos sacados de su experiencia no solo como fiscal sino también como consejero de los consejos de Hacienda y de Castilla9. Se trata de obras de tipo jurídico-práctico que tuvieron una difusión muy amplia: hoy todavía son conservadas en muchísimos fondos antiguos de las bibliotecas europeas.
El segundo volumen de Allegationes, publicado por Larrea cuando era un letrado de renombre en el panorama político, refleja que él habia alcanzado una posición de prestigio, desde un punto de vista tanto profesional como político. El autor declara, en la portada, que este volumen no presenta exclusivamente un carácter jurídico, destinado, es decir, a un público especializado, sino que trata también de cuestiones directamente políticas. Se dirige entonces a un público amplio y con intereses diversos:
“Allegationum Fiscalium pars secunda in qua, ultra iuridica, plura politica elucidantur”10.
Y es de una intervención de tipo político del jurista que este trabajo trata. A partir de un caso concreto Larrea reflexionó sobre la relación entre soberano y magistrados, que él veía marcada por una crisis profunda. Antes de pasar al análisis de los contenidos puede ser interesante analizar el tipo de difusión que este texto tuvo, para acercarnos, por este camino, a los debates más generales en los cuales se insertó. El texto de Larrea abre un diálogo con muchos otros textos, tanto precedentes como contemporáneos. Sin embargo, en estas páginas nos ocuparemos solamente de algunos de ellos. Dejaremos de un lado la tratadística especificamente jurídica, para concentrarnos en el análisis del diálogo que Larrea enlaza, directa o indirectamente, con algunos tratados políticos.
Por un lado, nos detendremos en la variedad de tipos de escritos mediante los cuales la información y el debate político circulaban11. Por otro lado, reflexionaremos sobre la relación entre el poder soberano y el poder de los altos magistrados y consejeros. El letrado incluyó en el problema de amplio alcance del poder soberano la cuestión de los ataques a la credibilidad y a la autoridad de los magistrados: es en este marco que este escrito adquiere toda su relevancia.
Las formas de circulación de los debates políticos en la España de los siglos XVI y XVII eran numerosas y llegaban a involucrar grupos sociales muy amplios12. Estos materiales iban desde escritos sobre las estructuras y los equilibrios políticos existentes en los organismos de gobierno hasta las indicaciones sobre las costumbres en ellos establecidas; desde las recopilaciones que conservaban memoria de un acontencimiento hasta los pamphlet y los avisos que propagaban las voces y los secretos conservados por quienes controlaban la dirección política13. Podía tratarse también de textos contiguos a los ámbitos de producción de la tratadística contemporánea, que podían alimentar y de la cual, a su vez, recibían influjo14. El texto de Larrea tuvo una difusión análoga a la de este último caso. El texto, de hecho, circuló en dos versiones: una titulada, como ya se ha dicho, Por la autoridad de los ministros, dedicada prevalentemente a un público español, y que tenía la forma de breve tratado sobre la autoridad que el soberano tenía que reconocer a los magistrados. Otra versión, escrita en latín, estaba constituida por el grupo de alegaciones que iba desde la número C hasta la CIII de las Allegationes Fiscales. En él el autor volvía a proponer los materiales del pequeño tratado redistribuyéndolos entre cuatro alegaciones, en cada una de las cuales profundizaba un aspecto del amplio tema15. De esta manera Larrea preparaba las alegaciones para un público diferente, el del Derecho Común. Publicadas en latín dentro de la recopilación de las Allegationes Fiscales, dichas alegaciones estaban destinadas a circular entre los juristas de Europa, mucho más allá de la época en la cual habían sido escritas.
El escrito aquí examinado se denomina allegatio cuando forma parte de las Allegationes Fiscales, y tractatus en su versión –casi igual por los contenidos y ligeramente modificada en la forma– de texto suelto. Se trata de un texto para el cual la definición de un género específico –alegación o tratado– no se adapta plenamente, puesto que adquiere, cuando hace falta, configuraciones parcialmente diferentes. Aunque revele, a través de una lectura atenta, su original destino de alegación, es decir, de escrito elaborado por el abogado de la parte en defensa de su cliente16, este material era potencialmente adaptable a usos diversos. Nuestro letrado consideró que pudiese emplearse, bajo la forma de pequeño tratado o texto suelto, como escrito con el cual participar a la discusión política en acto.
En los años del Conde-Duque el empleo de la propaganda fue notable y provocó a menudo serios contrastes. Sobre el uso de la propaganda, que abriría un tema de reflexión mucho más amplio de lo que estas páginas permiten, queremos resaltar dos aspectos. El primero tiene relación con las medidas de control de los textos tanto literarios como políticos. El segundo, por el contrario, es relativo al uso que Olivares quiso hacer de la propaganda, a través de textos producidos por letrados que colaboraban estrechamente con él. En cuanto al primer punto, hay que recordar que desde el comienzo del reinado de Felipe IV, en 1621, la Junta de Reformación había obtenido el encarcelamiento de más de cien personas que poseían escritos subversivos, como pasquines y textos sueltos. Pero esta disposición estaba en conexión con el clima de transición y de renovación que se respiraba tras la caída del duque de Lerma, valido de Felipe III, y más aún con el despegue del nuevo reinado. Posteriormente, en pleno valimiento de Olivares, se emitieron otras disposiciones que prohibían o limitaban la circulación de algunos tipos de escritos. En 1625 se prohibió, al menos formalmente, la impresión de comedias y novelas. Desde el 1627 el material de información política como “letters and relations, apologies and panegyrics, gazettes and news-sheets, sermons, discours and papers on affairs of state and government” tenía que recibir la aprobación del consejo de Castilla para la publicación17. Fueron, éstas, medidas importantes para el control de la difusión de estos materiales.
Sobre el segundo aspecto hay que observar que, aunque no existiese, en Castilla, una gaceta como la que se difundió en Francia desde el 1631, el valido activó “an unending stream of avisos and relaciones conveying officially inspired or authorized information”18. Él puso en marcha campañas propagandísticas, encargando su difusión también a algunos letrados de confianza. Muchas bibliotecas conservan pruebas de ello. Para limitarnos al tipo de materiales aquí tratado, baste recordar los gruesos volúmenes de alegaciones, impresas como textos sueltos en español y más tarde encuadernadas juntas, que se pueden encontrar todavía hoy en los fondos antiguos de dichas bibliotecas. La encuadernación, que a menudo colocaba una tras otra las alegaciones producidas por las dos partes interesadas, permite a veces recorrer las etapas dialógicas de los enfrentamientos en cuestión. Se trata, entonces, de un tipo de material muy interesante para reflexionar sobre las características del debate político a propósito de los altos organismos de gobierno que actuaron en la capital madrileña. Un debate que, en la España de los siglos XVI y XVII, involucraba en muchas ocasiones a amplios sectores de la sociedad19.
Dentro de la producción de Larrea, la alegación es un tipo de escrito muy común. Como se ha dicho, él las recopiló en dos volúmenes de Allegationes Fiscales. Pero, además, de muchas de ellas existe una versión en castellano como texto suelto. Algunos ejemplos sacados de los textos de Larrea pueden ilustrar sus características y permiten entender cual puede haber sido su empleo y su difusión. El tipo más común de alegación presenta características estrictamente jurídicas: en ella el fiscal del consejo de Hacienda o de Castilla (ciñéndonos a la experiencia de Larrea) defiende la monarquía en contra de las pretensiones de un particular. En este caso los argumentos son de varios tipos, pero a menudo se originan por unos contratos estipulados entre un particular, por ejemplo un arrendandor de impuestos, y el Estado que concedía dicho arrendamiento. Las modificaciones a las condiciones del arrendamiento (y sus consecuencias en los términos económicos del acuerdo) estaban generalmente en el centro del pleito: tanto porque era el arrendador que pedía que fueran introducidos cambios, debido a la aparición de condiciones de arrendamiento insoportables; como porque dichos cambios habían sido introducidos por el Estado y conllevaban un empeoramiento del arrendamiento.
En otras alegaciones, el letrado ilustraba o justificaba en términos jurídicos iniciativas del rey o del valido. A veces se trataba de defender en términos jurídicos una decisión política. He aquí el caso de un escrito en el cual Larrea defendía la licitud de algunas intervenciones reales en materia de alienación de oficios municipales, que se titula: “Por Costumbre universal de España, en los más lugares de la Corona de Castilla eligen los Concejos Alcaldes ordinarios”20. En otros casos la producción de estos textos podía estar relacionada con las iniciativas de tipo financiero, como es el caso de algunos expedientes, introducidos por la monarquía en las fases más dificiles de los años Treinta, que tenían el fin de procurar nuevas entradas o de obligar a los grupos sociales exentos a participar en las necesidades provocadas por las guerras. Este es el caso de una alegación que se titula: “Por el Rey Nuestro Señor el doctor don Ivan Bautista de Larrea, cavallero de la orden de Santiago, fiscal del consejo. Sobre los dos puntos generales, que estan vistos en la junta de la cavalleria de las ordenes, para que den substitutos los padres por los hijos, y los cavalleros de abito, criados de Su Magestad, aunque le acompañen, le den tambien a la orden”21. Se trata en todos estos casos de escritos encargados por el equipo dirigente al letrado para que defendiese la introducción de nuevos expedientes financieros tan comunes en aquellos años.
Respecto a estos ejemplos, el caso considerado en este trabajo presenta algunas diferencias: en él nuestro autor empleó el mismo tipo de escrito, pero con un fin distinto, es decir, la defensa en términos políticos de la figura del letrado que obraba dentro del sistema administrativo-judicial, y, en primer lugar, de la del juez. Los letrados, magistrados y altos oficiales, de hecho, aunque fuesen una constelación que presentaba en su interior muchas diferencias, se reconocían en muchos aspectos como un único grupo22. En este sentido la allegatio “Por la autoridad de los ministros”, o “peculiar tratado”, como Larrea la define, se coloca en el interior de la lucha política directa. En ella el jurista planteaba los problemas y las solicitudes de su grupo, insertándolas en un discurso que atañía a los términos amplios del proyecto de fortalecimiento político, así como Olivares lo estaba desarrollando durante estos años.
El pequeño tratado del que se habla aquí había circulado sin duda en los circuitos más elevados de la dirección política. Un ejemplar, de hecho, está presente, desde 1637, en las colecciones de la Biblioteca Real. Aunque su colocación, junto con textos de interés narrativo (“Libros varios de diversas lenguas”) en vez que con los tratados sobre “Gobierno y Estado”, pueda sugerir que de ello se haya hecho una lectura atenta más a los aspectos literarios que a los contenidos políticos, su presencia en el catálogo de la Biblioteca Real es sin duda la señal del interés que dicho escrito debió de suscitar hasta en el mismo soberano23.
Junto con otros materiales muy importantes, a menudo ya conocidos al menos en parte por los historiadores –de las crónicas a las relaciones, de los panegíricos a los tratados–, creemos que sería oportuno considerar como material de información y de discusión política el que se utiliza en este ensayo: alegaciones que están estrechamente relacionadas con el debate político del momento, aunque vistan a menudo, pero no siempre, el hábito de texto jurídico.
2. La alegación Por la autoridad de los ministros, y la allegatio C, titulada Magistratuum auctoritas, que reproducía en el texto latino una amplia parte inicial del texto en castellano, se abría contando que un alto magistrado había sido calumniado por las personas involucradas en el pleito en el cual él era juez. Debido a estas denuncias, que en un primer momento habían sido consideradas válidas, el juez había arriesgado el honor y había puesto en peligro la vida:
“Cum his diebus adversus Magistratum magni nominis a litigatoribus delatio facta de crimine quod ipsi obiiciebant false et calumniose, quia illos in lite damnaverat, et ex accusatione Magistratus, fama, honor et vita posset periclitari, nisi Deus, qui semper iustitiam tutatur, calumniam detegeret, ex praeceptis politicis et iuridicis haec Maiestati Principis reverenter pro iustitiae tutela animavertenda propono”24.
En la alegación, Larrea dedicaba amplio espacio, en las primeras páginas, a la discusión del peligro que los máximos jefes de gobierno, como reyes y pontífices, habían corrido por haber aceptado arbitrar algunas contiendas internacionales. Citaba muchos ejemplos relativos a emperadores, reyes y pontífices de las distintas épocas históricas que demostraban, a su modo de ver, que había habido casos de máximos gobernantes que habían preferido renunciar al poder que su posición les otorgaba, con tal de no correr los riesgos que el arbitraje de una contienda conllevaba.
Observaba a continuacion que, si tanto habían arriesgado dichos soberanos, mucho más peligroso tenía que ser ejercer la función de árbitro para un juez particular.
“Y para que Vuestra Magestad conozca, que ni los Pontifices, Reyes, y los mayores Monarcas han podido librarse deste peligro de juzgar, o del odio y enemistad con el que les condeno: y quanto menos podra un Juez particular escusar el enojo de aquel a quien le va su vida, o toda su hazienda en una condenacion que haze por la obligacion de su oficio”25.
El soberano tenía que dar a los magistrados un especial apoyo, para que ellos, amparados por su favor y por su autoridad, pudiesen ejercer la profesión de juzgar con el justo equilibrio, y pudiesen emitir condenas conmensuradas con la culpa sin temer por su propia vida:
“La gravedad deste delito, que por ser tan ordinario atreverse a los juezes, es digno de mayor castigo, siempre parecerá atroz a todas luzes, aunque se mire al mas piadoso vislumbre: porque imputar delito por vengança a un juez de superior puesto que, seguro en el amparo de Vuestra Magestad en el real nombre, fiado en su autoridad, y respeto, y la razon con que procede, haze justicia, no puede la malicia humana pensar atrevimiento mas pernicioso a Vuestra Magestad a la causa publica, quietud, y seguridad de sus reinos, y vassallos”26.
Emitiendo una condena no indulgente frente a las presiones de ciertos grupos sociales, los jueces arriesgaban tanto los bienes como su vida. En sus escritos, Larrea tuvo ocasión más de una vez de tratar los diversos aspectos de este problema.
Podríamos estudiar a fondo las conexiones que estos ataques a los magistrados pueden tener con el problema de la recusación de los mismos magistrados. ¿A través de cuáles instrumentos un magistrado puede ser recusado? Nos podríamos preguntar asimismo qué motivos se considerarían suficientes para obtener su recusación. Se trata de una serie de cuestiones que fueron siempre de gran relevancia para los mismos magistrados. El mismo Larrea ha tratado de ellas en muchos escritos. En las Decisiones Granatenses ha discutido De recusatione Senatoris ex uxoris, vel familiae facto en la decisio XLVIII27. En otras ocasiones se ha enfrentado con otros aspectos del problema, como en la allegatio número II, que lleva el título de $D e$ recusatione Fiscalis. Como indica la misma colocación del escrito, ocupando esta alegación un lugar de gran evidencia en la organización interna del volumen, la cuestión era de gran relevancia para el mismo Larrea. No hay que olvidar que el autor dedicó a la profesión de fiscal los años de su vida quizás más importantes desde el punto de vista profesional. Preparando las alegaciones que abren la primera parte de las Allegationes Fiscales, después de tratar De officio fiscalis (allegatio I),
Larrea pasa a reflexionar sobre las formas mediante las cuales dicho alto oficial podía ser atacado, y sobre todo de las posibilidades de recusación28.
El letrado trató también de la recusación en un marco más amplio, hablando de la recusación para los miembros de los Consejos29. En la allegatio titulada De recusatione Senatoris el autor abarca la cuestión en unos términos muy extensos: retomando el hilo de las cuestiones precedentes, se refiere, por un lado, a la tratadística jurídica y, por el otro, a sus propios textos precedentes.
Larrea conoce entonces profundamente las problemáticas jurídicas antes que directamente políticas relacionadas con el tema de la recusación. Sin embargo, en el escrito que aquí nos sirve de guía, dedicado a “La autoridad de los ministros…”, el autor quiere subrayar las implicaciones en primer lugar políticas de la práctica muy extendida de delación en contra de los magistrados y, en suma, del desamparo en el que se encontraban los magistrados.
Otro aspecto del problema, que Larrea subraya en este escrito, es relativo a los riesgos de venganza que los jueces pueden sufrir por parte de las personas hacia las cuales emiten sus condenas. El desamparo en el que la política del valido dejaba a los magistrados suponía para ellos un riesgo altísimo de este tipo. En este sentido se trata de un escrito en el cual los problemas políticos se enlazan de forma significativa con los de tipo social.
El eje de las conclusiones de Larrea atañe a un discurso de conjunto sobre la profesión letrada en el marco de las líneas de gobierno y de reforma adoptadas por el valido. El interés de este escrito, en efecto, reside a nuestro modo de ver especialmente en el enfoque político y social que el autor ha elegido. Bajo este punto de vista, el tema era de harta actualidad: se trataba del poder de los altos magistrados, puesto en tela de juicio cuando uno de ellos había sido falsamente acusado de un delito.
Aquel juez que se hubiese sentido inseguro e indefenso porque no estaba suficientemente apoyado por la voz del soberano habría temido las reacciones del pueblo a la sentencia que estaba llamado a emitir. Y, el hecho más importante, si hubiese hecho público este temor, no habría podido imponerle la obediencia. Toda autoridad real, la representada por los magistrados y la encarnada por el mismo soberano, habría sufrido un duro golpe a causa de esta situación. Escribía el letrado:
“Menos importa, que con la mano, y favor de su Rei exceda el Ministro en algun caso por demasiado rigor, que no padezca, y paresca desestimada la publica potestad; que de los dos estremos de benignidad, o rigor, este es menos peligroso, pues aunque engendra aborrecimiento, causa temor, y respeto, con que se afiança la quietud del Pueblo, pero la mansedumbre, y demasiada indulgencia da ocasion a menosprecio, y aventura la obediencia de los subditos”30.
Ante de este riesgo, el letrado pedía que el rey apoyara de una forma muy amplia a los magistrados. Sin embargo, esta actitud del soberano podría empujar, por otro lado, a los magistrados hacia un ejercicio de su profesión demasiado severo. En presencia de un soberano que ejercía un firme poder sobre sus súbditos, el juez podría infligir penas excesivamente duras. Se trataba de la eventualidad contraria a la precedente. Este caso, afirmaba Larrea con decisión, constituía un riesgo de escasa gravedad y no era entonces condenable porque, entre las dos eventualidades, es decir, entre los “extremos de benignidad, o rigor”, el segundo era el menos peligroso.
Se percibe en estas palabras el eco de la pregunta de Machiavelli –sacada, como es sabido, de Il principe– si para el príncipe fuese mejor ser temido o amado31, a la cual tanto el segretario fiorentino como Larrea habían respondido prefiriendo el rigor (por parte del rey o del magistrado). Para la comprensión del pasaje es preciso remitirnos, por un lado, al recorrido de las opiniones de Larrea, y, por el otro, a la tratadística política contemporánea. En particular, ella, en el lapso de tiempo, largo y lleno de acontecimientos muy graves, transcurrido tras la redacción del famoso libro de Machiavelli, se había desarrollado bajo formas nuevas. A partir del final del siglo dieciseis, detrás de la cobertura del antimaquiavelismo, se ocultaban problemas nuevos32, como “i temi della sovranità, della ragion di stato, della praticabilità o meno di una scienza politica a dominare le dispute teoriche”33. Las observaciones de Larrea, aunque conexas al texto del Principe, se insertan entonces plenamente en las discusiones que se habían desarrollado en la segunda mitad del siglo XVI y en la primera del siglo XVII sobre los nuevos problemas surgidos: desde los gravísimos acontecimientos de las guerras de religión hasta las relaciones con los reinos “heréticos”, desde las alianzas lícitas o ilícitas hasta los instrumentos que la Razón de Estado podía facilitar a los gobernantes. La paráfrasis de la pregunta de Machiavelli tiene su significativa relevancia, pero tiene que ser colocada en una coyuntura política muy diferente. En especial modo, en el periodo de Larrea era apremiante la cuestión de la obediencia. La pregunta del segretario fiorentino, por lo tanto, ha sido retomada en este sentido por Larrea, que la ha anclado eficazmente al momento presente.
Aunque se haya observado a menudo que el reino de Castilla había vivido, durante el valimiento del Conde-Duque, en una condición de substancial quietud, hubo también momentos de tensiones, especialmente entre Olivares y algunos grupos sociales: un caso importante fueron las tensiones y los rozamientos con los nobles de alto rango, que con el curso del tiempo se agravaron. Durante los últimos años él llegó a un punto de ruptura con muchos de ellos, con consecuencias desastrosas para su propio porvenir. La cuestión puesta por Larrea, relativa al mantenimiento de los súbditos en un estado de obediencia, se estaba imponiendo con fuerza en el gobierno de la monarquía española. En la redacción de esta alegación Larrea demuestra tener conocimiento de ello, y toca las teclas justas.
En el escrito que estamos analizando Larrea criticaba de modo especial la práctica de calumniar a altos oficiales y magistrados a través de la difusión de libelos anónimos. Ya los Capítulos de reformación, que habían surgido de una precedente fase política, habían condenado esta práctica, prohibiendo que los memoriales sin firma fuesen admitidos en las investigaciones34. Pero al tiempo de Larrea esta práctica, según su misma denuncia, estaba muy extendida. Según él era necesario desarraigarla, infligiendo penas más duras contra quien cometía el “crimen de falsedad”.
“Quando proceden nuestras leyes en qualquier delito particular, y testigo falso, justissimamente se deben encrudecer para su castigo por la naturaleza del crimen de falsedad”35.
Según Larrea, si el rey hubiese escuchado estas calumnias, los magistrados no habrían estado protegidos contra el odio que mucha parte de la sociedad sentía hacia ellos, contra “el odio natural que todos tienen contra los Ministros”. Los súbditos, escribía el letrado, “en lo interior maquinan siempre” para provocar la ruina de ministros y consejeros, aunque no puedan oponérseles explícitamente. Cuando hablaba de ello, Larrea empleaba tonos dramáticos:
“Y de verdad toca a la autoridad de juzgar, que los que goviernan no parezcan en los ojos de los subditos maltratados sin mucha causa, por el odio natural que todos tienen contra los ministros, y la condicion libre de los hombres, que aborrecen a aquellos a quien se han de sujetar, y mas a los consejeros, que como por la representacion de Vuestra Magestad no pueden en lo descubierto dexar de mostrar les obedecen […] en lo interior maquinan siempre contra ellos”36.
La posibilidad para cualquier persona de atacar a un juez a través de las denuncias anónimas constituía para él la faceta más grave del problema, tanto que llegaba a pedir la pena capital para quien emplease este canal:
“La pena capital y rigor en esto es el fiador de la entereza, y valor de los ministros”37.
Defendía su propio punto de vista y la solicitud de una pena “gravissima corporal”, ilustrando así sus razones:
“Representase a Vuestra Magestad, que por ser este delito atroz, y de tan pernicioso exemplo, vengarse del consejero porque hizo justicia, no debe parar en sola pena pecuniaria su castigo, sino en gravissima corporal, que satisfaga a lo publico que estará ofendido, y leso, con ver que en el govierno, y ministerio de juzgar debaxo del amparo, y en nombre de Vuestra Magestad, no solo no aya seguridad, sino el mayor peligro que a los trabajos de governar, que se podia dar algun alivio con el respeto y decoro al ministro se les aya quitado este descuento con los atrevimientos que ha avido tan continuos y arrojados, que hemos visto juezes saliendo de su tribunal muertos por hazer justicia; y a otros perseguidos con graves testimonios, y calunias, y que esté un superior, magistrado, y de gran puesto expuesto al mayor peligro de la honra y vida, con la falsedad, y calunia, a que no ai cosa que condignamente corresponda, sino la pena de sangre”38.
La posibilidad de sufrir la venganza por parte de los condenados se concretiza aquí en las palabras de Larrea. Este peligro envolvía también las relaciones personales, la familia y la vida del magistrado. Ante de esta posibilidad, el letrado pedía la pena más dura para los culpables, único camino para que los jueces pudiesen seguir en sus tareas.
La aplicación de dicha pena a quien había calumniado al magistrado, confiaba el letrado, podría tener efectos de disuasión:
“Assi, señor, en tiempo de Vuestra Magestad, hijo de tan santo, y justo padre, y cuyos inmediatos ascendientes han sido el mayor espejo de la justicia, y que han dado el decoro, y autoridad a los consejos, y sus ministros, quando con la atencion de Vuestra Magestad los estragos de otros siglos se han mejorado, que los subditos se atrevan contra la potestad publica, y su ministro, porque los castigó, o sentenció haziendo su oficio, quedaria un exemplo pernicioso, si juntamente con la delacion falsa no se refiriesse tan grande escarmiento, que a todos ponga horror, y miedo para adelante”39.
Además Larrea pedía que el procedimiento contra el delator no tuviese que iniciarse por la denuncia del magistrado:
“No es bien, que el ministro pida el castigo, y se querelle, assi por ser indecente a su oficio, como porque no se atribuya a la mano del la pena del acusador”40.
Para llevar a cabo una acción contra quien había atacado al magistrado hacía falta un sujeto capaz de no temer las reacciones del acusado. Ahora bien, este sujeto podía ser únicamente el soberano que, dada su posición, no temía la venganza de un súbdito41.
Por otro lado, Larrea ponía también el caso de un magistrado que mereciera algún “castigo”. En esta eventualidad, sugería el autor, el rey tenía el deber de esconder sus defectos, debido al papel que el alto oficial estaba representando cuando ejercía su función. Según su modo de ver, la defensa y el fortalecimiento del poder de los magistrados pasaba también a través de cierta protección y amparo de sus faltas frente a los súbditos:
“Importa mucho al servicio de Vuestra Magestad honrar, y favorecer a sus Ministros de manera, que no aya ocasion para que se les atrevan a perder el decoro que conviene tengan, y se conseguira procurando encubrir sus defectos; y quando en alguno los huviere, dando color al desvio, o castigo, si pareciere no se puede escusar, y procediendo severamente contra el que injustamente se atreviese al Magistrado; pues, aunque no sea tal, se le ha de reverenciar por la representacion de su oficio”42.
Este pasaje indica cómo Larrea, aún sin entrar en la discusión sobre la licitud de la disimulación, había asimilado la reflexión política de quienes, incluso entre aquellos que eran más respetuosos con los preceptos de la religión católica, habían admitido su uso. Es importante subrayarlo, puesto que pone en evidencia una convicción profunda del autor sobre una cuestión central. Aún así, como hombre práctico y prudente, Larrea no pedía al príncipe que disimulase y se limitaba a pedirle que los defectos de los magistrados fuesen ocultados, evitando de este modo entrar en un terreno muy insidioso.
El terreno insidioso era el de la tratadística sobre la Razón de Estado: un concepto, este, que Larrea tiene sin duda presente, aunque lo introduzca muy raramente en sus escritos. El debate sobre la Razón de Estado fue, como es sabido, de alcance europeo, con desarrollos y tiempos diferentes en los distintos estados43. En algunos de los países desde donde había surgido a mediados del siglo XVI, como Italia, un siglo más tarde estaba prácticamente acabado, mientras que en otros, como Alemania, donde había comenzado más tarde, perduró durante todo el siglo $\mathrm { X V I I ^ { 4 4 } }$ . Como es conocido, “il nucleo problematico dell’azione ispirata alla Ragion di Stato, cioè la liceità di violare le regole correnti del diritto e della religione in funzione dell’interesse, fu discusso subito dopo la pubblicazione del Principe (1532) ed ebbe Machiavelli come sfondo”45. Si bien hubo actitudes diferentes, muy pronto la polémica contra Machiavelli fue abierta por los “uomini più intransigenti ed austeri della Riforma cattolica”46.
Tras hechos traumáticos como las guerras de religión en Francia, y acontecimientos gravísimos como el asesinato de Enrique III de Francia y la decapitación de María Stuart, surgió la necesidad de reflexionar sobre la separación entre la moral y la polí- tica, de definir cuáles eran los instrumentos lícitos de la política, y de distinguir entre la “buena” y la “mala” razón de estado. Los temas de la “disimulación”, de los instrumentos de gobierno, e incluso del derecho de los súbditos de rebelarse contra los gobernantes, fueron entonces el centro de las reflexiones de muchos. Pero ya en los años anteriores, en el lugar donde el enfrentamiento político era ferocísimo, la Francia de las guerras de religión, Jean Bodin había elaborado la obra que constituyó una etapa fundamental en el recorrido hacia la construcción de una ciencia de la política. Con Les six livres de la République, publicados por primera vez en francés en 1576, Bodin realizó “una delle condizioni fondamentali della Ragion di Stato: la separazione della funzione e degli scopi dello Stato dalla funzione e dagli scopi delle chiese”47. Él llevó la reflexión medieval a sus extremas consecuencias: afirmó de hecho que el poder absoluto del rey consistía en la derogación de las leyes civiles, en la ausencia de limites de tipo jurídico, excepto que por aquellos que derivaban del derecho divino-natural48. Como es sabido, la derogación estaba ya presente en las teorías políticas medievales, pero se consideraba una excepción, admitida y, al mismo tiempo, limitada por muchas cautelas. La novedad introducida por Bodin fue transformar esta derogación en “la nota essenziale della sovranità stessa, la sua peculiarità specifica”, aunque en la práctica seguía representando un caso extremo49.
Algunos textos pueden ayudar a enmarcar, bajo ciertos aspectos, la cuestión de la influencia de Bodin en la península ibérica: baste pensar en un plagio español de la République de la primera mitad del siglo XVII, el Norte de Príncipes de Juan Pablo Mártir Rizo. Con formación, probablemente, no universitaria pero con intereses que fueron desde la literatura hasta la política, pasando por la participación en la polémica panfletística, tan vivaz durante el reinado de Felipe IV, Rizo, en su Norte de Príncipes, plagiaba los primeros capítulos de la République, pero los integraba con pequeñas correcciones relacionadas con las cualidades necesarias de un buen monarca. Tratando del poder monárquico (“De la monarquía real”), él afirmaba, entre otras cosas, que el soberano no podía prescindir del respeto a la religión. Introducía de esta forma un nuevo requisito con respecto al texto bodiniano, como ha notado Juan Antonio Maravall50.
La République suscitó un notable interés y fue bien conocida por los autores ibé- ricos, los cuales, sin embargo, consideraron a menudo más prudente no citarla como fuente de sus trabajos. A partir de finales del siglo XVI, de hecho, de ella circulaba, tras alternas vicisitudes, una versión en español y modificada51. Traducida en 1590, había sido incluída en el Índice en 1591 con la condición del “donec expurgatur”. A pesar del intento del traductor Gaspar de Añastro Isunza de evitar la adscripción introduciendo algunas variaciones en sus contenidos, de hecho, la inquisición española había entresacado algunas razones religiosas y de propaganda política para no aprobar su circulación, si no era con las citadas limitaciones. Los aspectos de propaganda política condenados estaban relacionados con la imagen de algunos reyes españoles, que no aparecían “muy favorecidos en el enjuiciamiento de algunas de sus intervenciones”52. Aunque dichas condiciones se cumplieran, en el Índice de 1612 la République fue prohibida completamente. En un Índice impreso en Sevilla en 1632, sin embargo, esta versión de la principal obra de Bodin no comparecía en la lista de las obras condenadas. Cuando, en 1640, un nuevo Índice fue compilado, fue incluída de nuevo entre las obras que debían ser expurgadas53.
Frente a la sólida teorización bodiniana de la soberanía, para los monarcas que obraban en la órbita católica faltaba un modelo con el cual combatir la pugna polí- tica. A esta exigencia quería responder Giovanni Botero, cuando, en 1589, escribió Della Ragion di Stato, reuniendo en un nuevo tratado muchas observaciones de autores precedentes sobre la política, según los parámetros de la Razón de Estado católica54. Esta, como es sabido, es “notitia di mezi atti a fondare, conservare, e ampliare un Dominio”: se trata de una definición que intentaba ocultar el carácter arbitrario y la ausencia de escrúpulos que caracterizaban la política. Botero admitía, en efecto, la licitud de algunos expedientes asociados a la “mala” Razón de Estado, como la “disimulación”, mas por lo general “si sforzava di dare delle regole valide per tutti”, es decir, válidas también para quienes obedecían a los preceptos de la moral católica55.
Se había desarrollado de este modo, a través de la obra de Machiavelli y la de los sucesivos tratadistas, una distinción entre la “buena” Razón de Estado, la que se proponía reunir la moral católica y la política, y la “mala” Razón de Estado, de derivación maquiavélica, que admitía el empleo de instrumentos muy lejanos a la moral católica56.
En España la corriente que se desarrolló alrededor de la “buena” Razón de Estado se originaba en Pedro de Rivadeneyra, una de sus figuras principales, y seguía con Jerónimo Gracián (Diez lamentaciones del miserable estado de los atheistas de nuestro tiempo, Bruselas, 1611), con Juan Márquez (El governador Christiano, 1612) y Claudio Clemente, (Maquiavelismo degollado, edición en latín: 1628; en español: 1637).
Rivadeneyra, en su Tratado de la religión y virtudes del 1595, había indicado a Machiavelli como principal blanco polémico, según informaba en la parte final del título de su obra57. En la invocación “al cristiano y piadoso lector”, sin embargo, precisaba que sus objetivos polémicos eran también otros: tras Machiavelli, indicaba, entre otros, a Bodin58. También en España, en efecto, los autores de fines del siglo XVI y de la primera mitad del siglo XVII enmarcaban sus reflexiones dentro de un antimaquiavelismo que perduraba pero que no había adquirido características específicas, y se referían más bien a los nuevos apremiantes problemas del momento59.
Después de haber asentado el principio de la defensa de la religión católica como elemento básico en la vida del Estado, incluso la elaboración católica de la Razón de Estado no podía rechazar todos los argumentos de la “mala” razón de Estado. De hecho, Rivadeneyra explicaba que los reyes tenían que defenderse de los enemigos que los rodeaban y que “con las artes de Maquiavelo y una fina hipocresía” intentaban continuamente engañarles. Frente a estos peligros los responsables del gobierno podían armarse con sus mismas armas, y era lícito, concluía, “que con los disimulados usen de alguna disimulación”60. Más tarde Saavedra Fajardo habría afirmado que la “disimulación” podía ser empleada por el soberano, en el cual este acto se justificaba por razones de Estado, pero no por los súbditos, en los cuales era señal de duplicidad61.
Como se ha dicho anteriormente, en Por la autoridad de los ministros Larrea, tratando de los instrumentos que los magistrados precisaban para ejercer la profesión, había insistido sobre la necesidad de un reconocimiento de su autoridad por parte del rey, incluso pidiendo cierta “disimulación” de sus faltas frente a los súbditos.
La comparación entre nuestra alegación, o tratado, y la tratadística política sobre la Razón de Estado revela una coincidencia de problemas y de soluciones adoptadas. Ella es indicativa de la difusión de los debates de un circuito a otro y puede decirnos algo sobre los recíprocos influjos. Plenamente informado del debate que se estaba desarrollando alrededor de la Razón de Estado, nuestro jurista se colocaba entre los que querían proveer al soberano y a sus altos oficiales –magistrados y ministros– de instrumentos específicos para la acción de gobierno.
En suma, tampoco Larrea condenaba en sí misma la práctica de la “disimulación” y, mostrándose dispuesto a evaluar caso por caso si fuese admisible, optaba por el uso extenso de este instrumento. Sobre la relación entre soberano y magistrados, no obstante, no había introducido el término de “disimulación”, que estaba por aquel entonces cargado tanto de condenas como de parciales absoluciones. Había hablado antes bien de “encubrir”, de ocultar los defectos de los jueces. Los de los súbditos, al contrario, no podían ser disimulados por el magistrado, porque con ellos no incurrían las causas de pública utilidad, propias de la Razón de Estado, que podían justificar dicho acto.
Objetivo general de Larrea era el fortalecimiento del poder real, perseguido por vía autoritaria. Era el mismo objetivo tantas veces defendido por Olivares62. En la visión de Larrea, el principal medio para alcanzar este objetivo estaba constituido por los mismos jueces, altos oficiales y ministros de la monarquía. No obstante, para realizar este proyecto era necesario que ellos tuvieran a su disposición, cuando hiciera falta, algunos instrumentos excepcionales: se trata precisamente de los instrumentos de la política elaborados en sede teórica y que no eran siempre conformes a los preceptos de la religión católica.
En este escrito Larrea se ha ocupado del funcionamiento del sistema de gobierno en un sentido amplio, analizando los efectos que la política puesta en marcha por el valido podía tener sobre el gobierno de la justicia. Si este hubiese seguido aplicando su proyecto, que había puesto ante todo la reputación y la confrontación en el plan militar y había colocado en un plano secundario la reformación de la monarquía, los súbditos muy pronto se habrían aprovechado de la situación. Cuando se había hecho evidente para todos que la monarquía no estaba aplicando las disposiciones de fortalecimiento y endurecimiento de la justicia, los súbditos se habrían sentido libres de no respetar el poder soberano.
Finalmente, queremos evidenciar que en estas críticas se advierte el eco de las polémicas, crecientes a lo largo de los años Treinta, sobre la actuación de Olivares. Se criticaba a Olivares especialmente el hecho de que, tras haber adoptado el programa de renovación, no había realizado los esfuerzos necesarios para ponerlo en práctica. No se trataba solamente de los proyectos de sus primeros años de su gobierno, ya recordados: él había llegado a poner en marcha algunas reformas efectivas, como la del consejo de Hacienda en 1626. Pero tras haber involucrado a muchos miembros del aparato administrativo-judicial en sus grandiosos proyectos, empeñándolos incluso en acciones que podían poner en peligro la posición social, el papel profesional e incluso la vida, el valido tenía el deber, según el Larrea, de llevar a cabo dichos proyectos.
Con Por la autoridad de los Ministros Larrea confiaba en ejercer presión en este sentido. Escribía que Felipe IV se hallaba a la cabeza de un reino donde la autoridad y la justicia no eran menos sólidas que durante los reinos de sus ilustres antecesores, como los Reyes Católicos o Carlos V. Por esta razón, en el momento actual el rey tenía el deber de “hazer demonstracion”, es decir, dar una pública señal del castigo destinado para quien no respetase a los magistrados:
“Concluyo, señor, con que en tiempo de Vuestra Magestad, que para autoridad de la justicia no hazen falta los señores Reyes Catolicos, ni el señor Emperador, quando con tanto desvelo, y atencion Vuestra Magestad cuida del bien de sus Reinos, y el aumento de todas virtudes, y destierro de vicios, se debe hazer demonstracion, que corresponda a la necessidad que tiene de escarmiento el atreverse a los Magistrados”63.
Como si estuviera buscando una confirmación visible en un plan concreto, Larrea subrayaba que en el reinado presente la autoridad del rey no temía comparaciones ni con reyes como Fernando e Isabel, o Carlos V.
La referencia a los reinados anteriores, cuya actitud hacia la administración de la justicia estaba envuelta en un ambiente mítico, podía ser un argumento de seguro efecto al comienzo del reinado de Felipe IV. Esta se oponía de forma evidente a la praxis introducida por Lerma, que en estos años había sido ya comúnmente condenada64. Es significativo sin embargo que a la mitad de los años Treinta Larrea haya hecho hincapié en “la autoridad de la justicia”, como se lee en el pasaje anteriormente citado. Esto indica que, a pesar de los numerosos fracasos, el gobierno de Olivares más de un decenio después de su comienzo seguía gozando de cierta credibilidad. Los letrados que operaron a su lado en la realización de los planes de gobierno todavía confiaban en él en plenos años Treinta. Uno de ellos, nuestro Larrea, compilaba esta alegación convencido de la relevancia de su propia intervención y seguro de que no fuesen definitivamente cerradas las perspectivas de reforma interna65.
A lo largo de este trabajo se han analizado las opiniones de Larrea sobre las condiciones de la alta administración de la justicia en la España del conde duque de Olivares. Se ha visto como su texto, aunque presente características de escrito jurí- dico, está insertado de modo directo en el debate político en curso.
El letrado se ha confrontado con la tratadística, empleando conceptos y términos al centro de los debates de la época. El cuadro que se ha evidenciado presenta una relación entre el poder real y sus altos oficiales viva y dinámica, formada por colaboración y enfrentamiento, por pretensiones e intercambios66. Por supuesto, no se trataba de una relación paritaria, pero Larrea, por su parte, expresaba confianza en la relevancia que el valido atribuía a las aportaciones, incluso personales, de los letrados.
Dotado de una amplia experiencia de los mecanismos de administración de la justicia, durante los años Treinta el jurista intervino con una perspectiva constructiva en el debate sobre las reformas. Pensaba que existían márgenes para introducir importantes mejoras. Identificó una serie de prioridades políticas. El punto de partida tenía que ser la relegitimación del poder de altos oficiales, magistrados y ministros al servicio de la monarquía. El de llegada, probablemente, habría tenido que ser el fortalecimiento de la autoridad, tanto cuando era ejercida por el soberano, como cuando lo era por los magistrados. Por lo tanto, en esta alegación, Larrea se ha decantado por un uso duro y riguroso del poder politico.