El final del Antiguo Régimen en Italia (1780-1820)
The end of the Ancient Regime in Italy (1780-1820)
CARLO CAPRA\* Università degli Studio di Milano.
RESUMEN.
Los efectos de la Revolución Francesa, indiscutibles en toda Europa, se sintieron especialmente en la Península Itálica. El presente artículo hace un seguimiento histórico de los Estados italianos antes, durante y después de las Guerras Napoleónicas. Las últimas páginas están dedicadas a reflexionar sobre los orígenes del Risorgimiento, un importante tema de debate en la historiografía italiana.
Palabras clave: Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte. Italia. Siglos XVIII-XIX.
Risorgimiento.
ABSTRACT.
French Revolution’s effects were indubitable in all Europe, but especially in Italian Peninsula. The present essay follows the History of Italian States before, during and after the Napoleonic Wars. Last pages focus on an Italian historiography’s fundamental debate: the origins of Risorgimiento.
Keywords: French Revolution. Napoleon Bonaparte. Italy. Risorgimiento.
1. De las reformas del 700 a la Revolución Francesa.
Tras medio siglo de guerras y cambios dinásticos, el orden político de Italia se estabilizó con la paz de Aquisgrán, que, en 1748, puso el punto final a la Guerra de Sucesión austríaca. El acercamiento entre Austria y Francia, magistral obra diplomática del conde de Kaunitz, tuvo como efecto la neutralización de la península, que, de hecho, no se vería directamente envuelta en la Guerra de los Siete Años (1756-1763). El único conflicto armado que continuó abierto fue el que enfrentaba a la Córcega rebelde con la República de Génova, que, para librarse del mismo, cedió la isla a Francia en 1768. Las antiguas repúblicas aristocráticas (Venecia y Lucca, además de la propia Génova) y el Estado Pontificio, que se extendía desde las Marcas y la Romagna hasta el Lacio, apenas se vieron afectados por el movimiento de reformas, que, de hecho, incidió de pleno sobre los Estados bajo la órbita de los Habsburgo (el Trentino, la Lombardía austríaca, el Gran Ducado de Toscana, el Ducado de Módena y Reggio) y a los gobernados por ramas de la casa de Borbón (Reinos de Nápoles y de Sicilia, Ducado de Parma y Piacenza).
Los cambios incidieron, en primer lugar, sobre las relaciones con la Iglesia, cuyos privilegios y riquezas fueron objeto de una ofensiva alimentada tanto por las tradicionales concepciones regalistas, como por las críticas de origen ilustrado o las corrientes jansenistas y rigoristas. Las orientaciones reformadoras afectaron asimismo a la administración y las finanzas, que fueron sometidas a un doble proceso de centralización y de equidad tributaria; a la justicia, donde se dejaron sentir los criterios humanitarios y racionalizadores propios de la centuria; y al alargamiento de la esfera de intervención del Estado a sectores tradicionalmente reservados a las comunidades locales o al clero, como la instrucción, la asistencia pública, la salud. Un caso particular es el del Estado sabaudo, que comprendía el Piamonte, algunos territorios transalpinos (Niza y Saboya) y Cerdeña, donde las reformas se concentraron en los primeros decenios del siglo y tuvieron una impronta claramente absolutista que continuó siendo dominante hasta la irrupción de los ejércitos franceses.
Al margen de las directrices gubernativas y de las peculiaridades locales, los aspectos sociales y culturales siguieron pautas de evolución idénticas, más o menos acentuadas, en todas las áreas del país. La amplia difusión por medio de la prensa periódica, los libros y el teatro de las nuevas ideas y de los nuevos gustos y modelos de comportamiento, provenientes en su mayoría de Francia, modificó sensiblemente la cultura y el estilo de vida de los grupos sociales medio-superiores y, en particular, de la aristocracia. El proceso general de laicización de la segunda mitad del siglo se tradujo, por un lado, en una contracción numérica del clero y, en especial, del clero regular, objeto de ataques cada vez más vehementes; por otro lado, en un respeto cada vez menor hacia el magisterio de la Iglesia y los preceptos de la moral católica.
La tradición y el principio de autoridad tendieron a ser sustituidos, como criterios de juicio, por la conformidad con la razón, el prestigio de la ciencia o el cálculo utilitario. A estas actitudes mentales, se añadiría una costumbre social y familiar más libre e informal, patente, por ejemplo, en el cicibesismo, es decir, en el derecho de las mujeres casadas a hacerse “servir” por un hombre distinto del marido. El culto por el esplendor de la Casa pierde terreno frente a la búsqueda de la felicidad y del bienestar individual. En claro declive aparece el uso de destinar al claustro a las hijas solteras o el de privilegiar al primogénito en el reparto de las herencias. Mucho más que en el pasado, los nobles se plantean la necesidad de justificar sus privilegios con una vida ocupada en el servicio a la comunidad. Se mezclan además con una ‘clase civil’, cada vez más rica y numerosa, de profesionales, funcionarios, hombres de negocios a los que encuentra en lugares públicos (teatros, cafés, bailes), en “conversaciones” privadas, en academias y en logias masónicas, que, también en Italia, tuvieron enorme fortuna.
De estos cambios en la cultura y las costumbres quedaron prácticamente excluidas las masas populares urbanas y, sobre todo, las rurales. Mayoritariamente analfabeta, dominada por la necesidad de asegurarse el pan cotidiano, inmersa aún en un universo mágico-religioso, la plebe italiana continuaba tenazmente sujeta a una fe de impronta contrarreformista, a sus ritos propiciatorios y de consuelo, a sus modelos de la santidad y milagros, a una predisposición hacia la irrupción de lo sobrenatural en la vida cotidiana. En estos sectores de la sociedad, no tendrían ningún éxito los modelos de piedad austera e ilustrada que plantearon los monarcas reformadores y los prelados jansenistas, como lo demostraron las reacciones populares a las reformas eclesiásticas en Toscana y en Lombardía. Incluso las intervenciones de los gobiernos en otros ámbitos, como la privatización de los bienes comunales, la disolución de las corporaciones artesanas y de oficios o la abolición de las prohibiciones de exportación de cereales, fueron interpretadas por estos sectores populares como un ataque a sus hábitos y a sus posibilidades de subsistencia, que se veían ya amenazadas por el incremento demográfico, por el aumento de precios de los productos de primera necesidad y por el agravamiento de los pactos de aparcería. Una consecuencia no deseada de las reformas del siglo XVIII fue, por tanto, la creciente polarización de la sociedad entre elites cultas y acomodadas y las masas populares, que demostrarán su aversión a las novedades políticas, económicas, religiosas en los motines legitimistas y sanfedistas de finales de siglo.
La década de 1780-1790 supuso el apogeo del reformismo, con las audaces innovaciones en el ámbito eclesiástico, judicial y político de José II (1780-1790) en la Lombardía austríaca; con la promulgación del código penal (el primero en Europa que abolió la pena de muerte) y la elaboración de un proyecto de constitución por parte de su hermano menor, Pedro Leopoldo, Gran Duque de Toscana; con la creación del Consejo de Finanzas (en el que entraron ilustrados como Giuseppe Palmieri y Gaetano Filangieri) y el esbozo de una política anti-feudal en el Nápoles de Fernando IV y María Carolina; con la abolición de la Inquisición y la elaboración de un catastro en la Sicilia del virrey Domenico Caracciolo (1781- 1785). Sin embargo, con la muerte de José II y el traslado a Viena de Pedro Leopoldo, que reinaría con el título de emperador Leopoldo II, los temores suscitados por la Revolución Francesa y por la agitación popular que provocaron el malestar económico y la carestía, empujaron enseguida a los gobiernos a cerrar el periodo de reformas, a acercarse de nuevo a la Iglesia de Roma, a estrechar las mallas de la censura y a adoptar medidas severas contra los partidarios de las ideas de libertad e igualdad. Estas ganaron prosélitos, sobre todo, entre los jóvenes educados en las escuelas y universidades reformadas, que vieron ascender de nuevo a las viejas jerarquías, frustrando sus esperanzas de promoción social, y entre la burguesía culta formada por abogados, médicos y eclesiásticos embebidos de jansenismo. Incluso algunos colaboradores de los monarcas absolutistas, como.
Pietro Verri en Milán, Mario Pagano en Nápoles o Francesco Maria Gianni en Florencia, manifestaron su comprensión y simpatía hacia las deliberaciones de la asamblea nacional parisina.
La participación de casi todos los Estados de la península italiana en la coalición antifrancesa que se constituyó en 1793, tras la ejecución del rey Luis XVI y la radicalización de la propaganda revolucionaria, propició que, en varios centros de la península (Turín, Bolonia, Nápoles, Palermo), se formasen grupos conspirativos o club, como a menudo se denominaron, y se preparasen conjuras que, una vez descubiertas, dieron lugar a las primeras condenas a muerte, así como al exilio o a la fuga de los implicados en las mismas. Muchos de estos prófugos se juntaron en Oneglia, en la parte occidental de Liguria, cuando, en la primavera de 1794, la ciudad fue ocupada por un ejército francés, desempeñando el cargo de comisario civil el toscano emigrado Filippo Buonarroti, futuro compañero de Babeuf en la Conjura de los Iguales. En estos ambientes, se forjaron los primeros proyectos de democratización y unificación del conjunto de la península. La nación italiana, desde hacía mucho sentida como comunidad lingüística y cultural, se convertiría en una nación deseada como comunidad política, resultado inevitable de un movimiento que desde abajo aspiraba a cambiar los antiguos gobiernos y sustituirlos por ordenamientos republicanos inspirados en los modelos franceses.
Todo parecía apuntar a que tales expectativas estaban próximas a realizarse cuando, en marzo de 1796, se puso al frente de la armada de Italia un joven general corso, al que se le atribuían orígenes toscanos, así como la voluntad de llevar a cabo una guerra de liberación. Mediante una serie de maniobras de enorme arrojo, Napoleón Bonaparte venció por separado a los ejércitos piamontés y austríaco, obligó al rey de Cerdeña Víctor Amadeo III a firmar el armisticio de Cherasco (28 de abril de 1796) y el 15 de mayo siguiente entró triunfante en Milán. En los meses posteriores, sometió a las Legaciones pontificias de Emilia-Romagna, penetró en territorio veneciano, donde rechazó tres contraofensivas austríacas sucesivas, asedió y conquistó la fortaleza de Mantua e impuso al papa Pío VI una paz onerosa (febrero de 1797).
En la primavera siguiente, entró en territorio austríaco y estipuló con los representante imperiales los preliminares de paz de Leoben (18 de abril de 1797), seguida, meses después, de la paz de Campoformio (17 de octubre de 1797), que asignó a Austria el Véneto, a cambio del reconocimiento de las conquistas francesas en el norte de Italia. Aquí, en junio de 1797, se crearon dos repúblicas “hermanas” de diferente extensión: por un lado, la Cisalpina, con capital en Milán, compuesta por la antigua Lombardía austríaca, los territorios de Módena y Reggio, las legaciones pontificias de Bolonia, Ferrara y Rávena y por las provincias venecianas de Bergamo y Brescia; por otro la Ligúrica, que tomó el lugar de la antigua República de Génova. Ambas recibieron de manos de Bonaparte sendas constituciones elaboradas bajo el modelo de la francesa de 1795. Tras la partida de Bonaparte de Italia (noviembre de 1797), se proclamaron las Repúblicas Romana (febrero de 1798) y Napolitana (enero de 1799), al tiempo que la pequeña República de Lucca era asimismo “democratizada”. Con la anexión a Francia del Piamonte (diciembre de 1798) y con la ocupación militar de la Toscana (marzo de 1799), toda la Italia peninsular, a excepción del Véneto y el ducado de Parma y Piacenza, quedó bajo el control directo o indirecto de Francia.
Los acontecimientos que acaban de ser referidos demuestran que el trienio republicano (también denominado trienio revolucionario) se redujo en la mayoría de los casos a menos de dos años o, incluso, a pocos meses. En realidad, durante 1799, el inicio de nuevas hostilidades por parte de la segunda coalición antifrancesa, condujo a la expulsión de los ocupantes de toda la península italiana, con la única excepción de Génova, donde se había atrincherado el general Massena con el resto del ejército francés. La brevedad y precariedad de esta experiencia política, la pesada tutela impuesta a los diferentes gobiernos por parte de las autoridades francesas y la explotación financiera a la que sometieron a las poblaciones, la inexperiencia y, en algunos casos, la falta de honestidad de la que dieron prueba las autoridades públicas, la imposibilidad de aplicar, por falta de tiempo y de recursos, iniciativas de carácter social, como las leyes antifeudales en el Mezzogiorno o la distribución a los menos acomodados de los bienes confiscados al clero, el sólido dominio que mantenían sobre las masas rurales y urbanas la religión católica y la fidelidad a los antiguos gobiernos, todo ello contribuyó al fracaso de las esperanzas que habían alimentado los patriotas (llamados giacobini por sus adversarios) a favor de una alianza entre revolucionarios y masas populares, construida en nombre de los grandes principios de libertad y de igualdad.
Salvo raras excepciones, las masas urbanas y rurales, de hecho, no se sublevaron contra los antiguos gobiernos y contra los grupos privilegiados, sino contra los franceses y sus aliados italianos, originando por todas partes, aunque con particular crueldad en el Mezzogiorno, la Toscana y el Piamonte, importantes levantamientos sanfedisti (denominados así por la Santa Fe, en cuya defensa los insurgentes a menudo afirmaban movilizarse). Quienes participaron en el gobierno de las varias repúblicas y los patriotas, que se habían ocupado de la publicación de opúsculos y periódicos por toda la península, así como de la organización de sociedades populares y de círculos constitucionales para la propagación del verbo revolucionario, se refugiaron mayoritariamente en Francia, cuando no fueron víctimas de las venganzas de los gobiernos restaurados, como sucedió sobre todo en Nápoles, donde un centenar de patriotas, la flor y nata de los círculos cultos partenopeos, perecieron en las horcas borbónicas.
2. La época napoleónica (1800-1815)
Las lecciones que se sacaron de estos trágicos sucesos estuvieron en el origen de dos obras destinadas a ejercer una influencia enorme sobre los lectores italianos de comienzos del siglo XIX. La primera que salió impresa (Milán, 1801) fue el Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del $I 7 9 9$ de Vincenzo Cuoco, un prófugo meridional, imbuido de las enseñanzas de Maquiavelo y de Vico. Aunque reafirmaba el carácter históricamente necesario de la Revolución Francesa, Cuoco rechazaba sus excesos y, sobre todo, criticaba su imitación al pie de la letra por los patriotas italianos, que, en realidad, habrían debido averiguar las necesidades y sentimientos del pueblo, pues era la única vía para conseguir que se aceptase una “revolución pasiva” como la importada por los ejércitos transalpinos. Al año siguiente se publicaban, de nuevo en Milán, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, una novela epistolar del poeta de origen veneciano Ugo Foscolo, en la cual los sufrimientos, las peregrinaciones y el suicidio final del protagonista, un joven rechazado por la familia de la doncella que ama, no sólo expresaban la desilusión amorosa, sino también la amargura de una generación que se sentía traicionada en sus aspiraciones de libertad por el comportamiento de Bonaparte y, en particular, por el tratado de Campoformio. Aunque muy diferentes por su inspiración y contenido, ambos libros tenían en común un vigoroso sentimiento nacional, el culto a la naciente patria italiana y el rechazo al sometimiento político y cultural al extranjero.
Así, al naufragio de los ideales democráticos del Trienio sobrevinieron las aspiraciones de unificación y de independencia nacional, motivos que inspirarían los tumultos y peticiones de los emigrados italianos en Francia, en 1799. Tales objetivos no parecían en un principio incompatibles con el nuevo orden político y social instaurado por Bonaparte tras el golpe de Brumario. La victoria que obtuvo en Marengo sobre los austriacos, el 14 de junio de 1800, permitió reconstruir el dominio francés sobre la Italia septentrional. Así, tras un periodo provisorio, el Piamonte y el ducado de Parma y Piacenza primero, y Liguria más tarde, fueron directamente anexionados a Francia en 1802 y 1805, respectivamente. La República Cisalpina, por su parte, fue transformada en 1802 en República Italiana y se le otorgó una nueva constitución de carácter autoritario. Eran enormes los poderes que concentraba el Presidente de la República, cargo que asumió el propio Bonaparte, haciéndose representar en Milán por un vicepresidente y por ministros que él mismo nombraba. Francesco Melzi d’Eril, el patricio milanés elegido para la vicepresidencia, aspiraba a que la República Italiana fuese lo más autónoma posible de las injerencias francesas, pero su margen de maniobra era bastante reducido, sobre todo después de que se reiniciasen las hostilidades entre Francia e Inglaterra (1803), que colocaron en primer plano la necesidad de aprovechar al máximo los recursos financieros y humanos de los países vasallos.
En pocos años, con todo, el gobierno de Melzi llevó a cabo una imponente obra de modernización de las estructuras administrativas y jurídicas. Creó casi de la nada un fuerte ejército, reclutado mediante el sistema de leva obligatoria, desconocido hasta entonces en esta parte de Italia; instituyó las prefecturas, con poderes bastante parecidos a los que tenían los órganos franceses análogos; estipuló con la Santa Sede un concordato que reconocía al catolicismo como religión del Estado, pero que aseguraba su subordinación a las exigencias del propio Estado; saneó las finanzas mediante la creación de deuda pública, administrada con nuevos criterios de corrección y transparencia; y renovó desde la base el sistema judicial y la instrucción media y superior. En la formación de este entramado estatal eficiente y moderno participaron muchos veteranos de las batallas políticas del Trienio, convencidos ya de que sólo así se podrían crear las premisas – desde el punto de vista jurídico y desde la óptica del espíritu público – con las que lograr en el futuro una independencia efectiva.
La reorganización política de la península italiana prosiguió a un ritmo acelerado a partir de 1805-1806, tras la proclamación del Imperio francés y el triunfo de sus ejércitos sobre las fuerzas de la tercera coalición. En marzo de 1805, la República Italiana se trasformó en Reino de Italia, cuya corona ceñiría Napoleón, ahora representado en Milán por su hijastro, Eugenio Beuharnais, en calidad de virrey. Al reino se agregó al año siguiente el Véneto, arrebatado a Austria; en 1808, las Marcas, desmembradas de los Estados Pontificios; en 1809, el Trentino y Alto Adige, como compensación por la pérdida de Istria y Dalmacia, unidas al nuevo reino de las provincias Ilíricas. Por el contrario, se anexaron al imperio, la Toscana, en 1807, poniendo fin al efímero Reino de Etruria; en 1808, Parma y Piacenza (bajo administración francesa desde 1802); en 1809, el Lacio y Umbria, últimos reductos del poder temporal del papa, deportado a Francia. El Reino de Nápoles, que, incauto, había participado en la tercera coalición antifrancesa, sería ocupado por el ejército galo desde febrero de 1806. En un primer momento, se asignó su corona a José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, y, cuando fue enviado a España, en 1808, habría de ser Joaquín Murat, marido de una de las hermanas del emperador, quien ocupase el trono. En 1810, al término de estos turbulentos cambios, el mapa político de la península italiana se había simplificado de forma notoria. Al noreste y a lo largo del Adriático, se extendía el Reino de Italia, con cerca de seis millones y medio de habitantes; otros tantos contaban los departamentos anexados al imperio, desde los Alpes hasta el sur del Lacio, y otros cinco y medio reunía el Reino de Nápoles, reducido a sus antiguos límites. Fuera del sistema napoleónico quedaban las dos islas mayores, Sicilia y Cerdeña, que, refugio la primera de los Borbones de Nápoles y la segunda de la corte sabauda, permanecieron bajo protección de la flota británica.
La autonomía del Reino de Italia se redujo a límites más estrechos con respecto a los años de gobierno de Melzi: “Aunque Milán estuviese en llamas – mandaba escribir Napoleón al virrey Eugenio – habrá que dejar que Milán se queme y atender mis órdenes”. Mayores veleidades de independencia manifestó en Nápoles Joaquín Murat, aunque, ni siquiera él (al menos hasta 1813, cuando el edificio imperial comenzó a derrumbarse) pudo jamás obviar los intereses políticos y económicos de Francia y oponerse a la voluntad de quien dominaba Europa, cuya sola palabra bastaría para apearlo del trono. En realidad, las instituciones y leyes francesas, directamente aplicadas en los departamentos italianos anexionados, fueron asimismo introducidas con pocas y someras modificaciones en los dos Estados vasallos, comenzando por los códigos napoleónicos, que se impusieron sin tener en cuenta la elaboración de proyectos autónomos por parte del gobierno de la República Italiana. En concreto, el código civil excluía por primera vez todo recurso a otras fuentes jurídicas y disciplinaba orgánicamente todos los sectores del derecho, haciendo propios los valores fundamentales de la Revolución, desde la salvaguardia de los derechos individuales de la mujer y de los hijos, aunque permaneciesen bajo la autoridad del pater familias, a la supresión de los mayorazgos y de los fideicomisos; desde la definición plena del derecho a la propiedad a la proclamación de la libertad del trabajo, la contratación y el comercio. Todo ello contribuiría a la disgregación de la casa nobiliaria y patricia, poniendo las bases para un desarrollo social de carácter individualista y burgués.
Entre los resultados más importantes de esta nueva concepción del derecho, se encontraría la liquidación del feudalismo en el Mezzogiorno italiano, combatido inútilmente por los reformadores del siglo XVIII. Al decreto que abolía los derechos de prohibición (monopolios baronales) y las prestaciones de carácter personal, promulgado por José Bonaparte el 2 de agosto de 1806, seguiría la creación, el 11 de noviembre de 1807, de una comisión especial, encargada de dirimir, caso por caso, la espinosa cuestión de la propiedad de los dominios públicos feudales, que enfrentaba a barones y comunidades. En tres años de duro trabajo, la comisión acabó su cometido. Con todo, la partición de los dominios establecida en las sentencias que aquélla dictó, confiada a los comisarios repartidores, se alargó en el tiempo y, a menudo, se ejecutó de modo parcial y distorsionado, favoreciendo a los galatuomini (notables y acomodados locales) a expensas de los pobres. De forma semejante, las ventas de bienes nacionales, iniciadas antes incluso de 1800, durante la República Cisalpina, y continuadas en los años sucesivos, no se hicieron en beneficio de los campesinos sin tierra, como querían los democratici, sino que, en su mayoría, supusieron el incremento de la grande y mediana propiedad de origen noble y burgués, gracias a la frecuente intermediación de especuladores que compraban los terrenos para venderlos más tarde a precios más elevados.
La integración de la península italiana en el sistema napoleónico no trajo consigo cambios de importancia en el régimen de propiedad de la tierra, a excepción de la fuerte disminución que experimentaron los dominios eclesiásticos. En ausencia de un desarrollo significativo de la actividad manufacturera y del comercio, los grupos de propietarios continuaron siendo la principal base social del “gobierno de notables” que Napoleón impuso, aunque, ahora más que nunca, se tratase de parvenus que traían a la explotación del suelo un nuevo espíritu emprendedor. Con todo, otro componente esencial de esta base social la constituían las clases cultivadas, que poseían “talentos” y conocimientos desvinculados ya de sus orígenes y las únicas con capacidad para asegurarle al Estado los contingentes de administradores, magistrados, técnicos, enseñantes y oficiales que con tanta urgencia necesitaba. Esta doble composición de la clase dirigente napoleónica queda bien reflejada en un célebre pasaje de Vincenzo Cuoco, director en Milán, entre $1 8 0 4 \mathrm { y } 1 8 0 6$ , del oficioso Giornale italiano: “La propiedad, en la nueva forma de gobierno, se ha convertido con razón en la base de las constituciones. A la propiedad se le confía la custodia de las leyes; los propietarios, como dice el propio Aristóteles, son los más aptos para ese fin. ¿Cómo no, si las leyes están hechas todas ellas para defender a los propietarios? Sin embargo, cuando no se trata de custodiar, sino de actuar, cuando no basta con la voluntad, sino que se necesita la mente, resulta necesario sustituir la simple propiedad por la educación, lo que significa poner el mérito personal al mismo nivel que la propiedad”. La misma distinción que Cuoco establecía se vería confirmada en términos más perentorios por Gian Domenico Romagnosi en su obra Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa (1815): “Los grandes propietarios deben dar lustre y consistencia; los doctos, luz y dirección; el resto, obediencia y socorro”.
Por consiguiente, si para los cargos en que la función de lustre y representación era primordial, como era el caso de los grandes dignatarios de la Corona o de los senadores del Reino de Italia, se escogía naturalmente a nobles o a ex-nobles (se instituyó una nueva nobleza en el Reino de Italia, como en el Imperio francés, mientras que en el Reino de Nápoles se conservaron los antiguos títulos); para el personal de los ministerios, de las prefecturas o de las cortes de justicia se dio preferencia a la capacidad y a la experiencia administrativa. De esta forma, se abrió la vía al reclutamiento de esas energías intelectuales de extracción “civil” o pequeño-burguesa que se habían sentido oprimidas y sacrificadas por los antiguos gobiernos y que, en 1796-99, acogieron a menudo con entusiasmo las ideas revolucionarias. Al hombre de letras o al filósofo que en el siglo XVIII se proponía primero como consejero de los príncipes y, más tarde, como guía de la nación en ciernes, le sustituiría en la época napoleónica el dotto, el hombre de cultura o de ciencia que se pone al servicio del gobierno con el objetivo de trabajar para el proceso civil y, al mismo tiempo, para la formación de una conciencia nacional, cuya ausencia se había puesto trágicamente de manifiesto durante los sucesos de 1799. El vocablo tuvo una especie de consagración oficial cuando, durante los Comicios de Lyon, se instituyó el colegio electoral de los doctos (dotti), junto al de los terratenientes y al de los comerciantes. Con todo, a los intelectuales se les contentó también mediante la creación de un Instituto Nacional (más tarde, Real), presente tanto en Milán como en Nápoles, con la institución en Pisa de una Escuela Normal Superior bajo el modelo de la parisina, con el impulso dado a la instrucción universitaria y a la apertura de liceos y escuelas secundarias en todas las capitales. En opinión de Foscolo, Napoleón transformó a los científicos y hombres de letras ilustres “en profesores de universidad, en miembros de su Senado y de su Instituto Real, algunos como ensalzadores y poetas de sus nobles gestas, otros como directores y censores de sus periódicos”. A los mayores, como Vincenzo Monti, Antonio Canova, Alessandro Volta, Vincenzo Cuoco, se los colmó de honores, de comisiones y de prebendas como raramente había sucedido en el pasado. Unos pocos, como Ugo Foscolo o Melchiorre Gioia, alternaron fases de cercanía al régimen, con posiciones de crítica y de protesta.
Además de una burocracia en fuerte expansión por número y prestigio, otro componente de relieve dentro de la sociedad napoleónica se encontraba en los militares. El sistema de leva obligatoria, desconocido durante el Antiguo Régimen fuera del Piamonte sabaudo, se introdujo en la República italiana desde agosto de 1802. Preveía un sorteo entre los sujetos en edad para ser reclutados hasta completar el contingente de soldados estipulado para cada año, con la posibilidad de exención a quien pudiese presentar un sustituto (es decir, los grupos acomodados que podían pagarlo). Las mismas normas se aplicaron en el Reino de Nápoles desde 1806. Tras algunas dificultades iniciales, la constitución de un ejército nacional – fuertemente ambicionado por Melzi que esperaba así reducir la dependencia política y el tributo debido a Francia– progresó rápidamente y consiguió reunir cerca de 70000 hombres en armas, que tomaron parte con honor en las campañas napoleónicas, desde Europa central a España y Rusia, pagando una alto precio (125000 muertos en diez años). Lo mismo cabe señalar, en proporciones más reducidas, con respecto al ejército que Murat creó en la Italia meridional. No sólo por cuanto se refiere a los cuadros de oficiales, que serán un elemento importante de oposición a los gobiernos restaurados, sino también en relación con la tropa, esta experiencia constituyó un potente factor de “desprovincialización”, contribuyendo a hermanar hombres de diversa procedencia y a inculcarles, al menos, el germen del sentimiento nacional.
Tanto en los Estados vasallos como en los departamentos anexionados, la reorganización de las finanzas tuvo resultados notables. Con el fin de obtener una mejor distribución de los tributos sobre los bienes de raíz, se procedió por doquier a la reelaboración de los catastros; la recaudación de los impuestos indirectos, que ya no estaba en manos de arrendatarios, se hizo más regular y eficiente; se procedió a la consolidación de la deuda pública mediante la transformación de la deuda fluctuante en títulos que daban a sus poseedores un interés anual fijo y moderado. En Nápoles, el equilibrio presupuestario se alcanzó en 1813, mientras que en Milán, las cuentas anuales del ministro Prina se consideraron un modelo de claridad y funcionalidad.
Los costes del ejército y de la marina engullían al menos la mitad e, incluso, dos tercios de los presupuestos estatales. Descontados los gastos necesarios para el funcionamiento de la máquina del Estado, no era mucho lo que quedaba para las obras públicas, que, aún así, asumieron proporciones notables, sobre todo en el Reino de Italia (baste pensar en la vía del Sempione, que se llevó hasta las puertas de Milán, donde se erigió un arco de triunfo; en la realización del canal Milán-Pavía; en el trasvase de agua del Rhin hacia el Po). Las capitales estatales o departamentales, especialmente Milán, Nápoles y Turín, se embellecieron con edificios y monumentos inspirados en el nuevo estilo neoclásico y conocieron además sus primeros planes reguladores. En el sur, fue asimismo notable el desarrollo de centros provinciales como Bari y Salerno.
Frente a estas realizaciones, conviene señalar la persistencia en amplios sectores de la población de un clima de desconfianza y extrañamiento. Una parte de la nobleza añoraba los privilegios perdidos y se mostraba reluctante a integrar la nueva elite de propietarios que querían los gobiernos napoleónicos. Comerciantes y empresarios se resentían del trato de favor que abiertamente se daba a los productos franceses y de las restricciones que, a partir de 1806, supuso la activación del bloqueo continental, perjudicando, en particular, la actividad de puertos como Livorno, Génova y Venecia. Aunque algunos ámbitos productivos (como la siderurgia, la industria de armas, los lanificios) experimentaron avances gracias a los encargos militares, otros (en concreto, la industria de la seda) se vieron seriamente afectados por la competencia francesa. La agricultura conoció algunos años favorables, pero el regreso, en 1810-1811, a un régimen de precios altos, trajo consigo en Italia como en Francia malestar y descontento. A la impopularidad del régimen contribuyeron la elevada carga fiscal, la recluta militar obligatoria (que dio lugar a fenómenos extendidos de rechazo a la leva y de fuga de los establecimientos militares) y las ofensas al sentimiento religioso provocadas por la deportación del papa Pío VII a Savona primeramente y, más tarde, a Francia.
En 1805 estallaron sublevaciones contra el gobierno por todo el Apenino piacentino, así como en el Véneto y Emilia-Romagna, sobre todo cuando, en 1809, se introdujo un impuesto sobre la molienda. El bandolerismo era endémico en determinadas áreas y, en especial, en Calabria, donde los ingleses lo fomentaban y donde, en 1810, fue necesario organizar una auténtica campaña militar para poner orden, que se vio acompañada de toda suerte de atrocidades por ambas partes. Una oposición de mayor carácter político afloró en las sociedades secretas, ya fuesen las de naturaleza religiosa y reaccionaria, como las Amicizie cristianas de Piamonte, o las que se desgajaron del tronco de la Masonería, reorganizada por Napoleón para que sirviese de soporte al régimen. Entre éstas últimas, la más importante fue la Carbonería, difundida inicialmente en el Mezzogiorno y, después, propagada por el centro-norte gracias a los ejércitos de Murat. En la Carbonería y en las otras sectas que le eran afines (Adelfa, Guelfia) confluían varios y difusos motivos de descontento, entre los cuales se encontraba el rechazo a la pretendida hegemonía intelectual de los franceses, las aspiraciones de independencia y de unidad nacional, los fermentos liberales que se vieron alimentados, sobre todo en los últimos años, por la propaganda inglesa y por el ejemplo de las constituciones promulgadas en España y Sicilia, en 1812.
El desastroso resultado de la campaña de Rusia (otoño de 1812) creó, también en Italia, una situación de incertidumbre y expectativa ante eventuales cambios, que se acentuó tras la derrota de los ejércitos napoleónicos en la batalla de Leipzig (16-19 de octubre de 1813). En este sentido, el comportamiento de los soberanos de los dos Estados vasallos fue diferente. Eugenio Beauharnais se mantuvo hasta el final fiel al emperador francés y defendió palmo a palmo su propio territorio frente a la invasión enemiga, atrincherándose a comienzos de 1814 en torno a la línea del Mincio.
Joaquín Murat, por el contrario, puso fin en esos mismos meses a las relaciones ambiguas que había mantenido hasta entonces, y, aliándose con Austria, ascendió con un ejército por la península, con el fin de tomar parte en las operaciones contra el Reino de Italia. Las esperanzas que albergaba el virrey Eugenio de salvar el trono se vieron frustradas por un protesta popular contra su gobierno que estalló en Milán el 20 de abril y que desembocó en el linchamiento del ministro de hacienda, Giuseppe Prina. En la organización de la revuelta participaron, con diferentes intenciones, los partidarios de Austria y los así llamados italici puri, que querían la independencia de todas las potencias extranjeras. El resultado inevitable, sin embargo, fue el abandono del Reino por parte de Eugenio y la entrada de las tropas austríacas en Milán (26 de abril).
A lo largo de 1814, otros soberanos que Napoleón había destronado, como el papa Pío VII, el rey Víctor Manuel I de Cerdeña, y el gran duque Fernando III de Toscana tomaron de nuevo posesión de sus Estados. La situación del rey de Nápoles continuaba siendo incierta, pues su suerte dependía de las decisiones que adoptasen las potencias reunidas en el Congreso de Viena. Murat prefirió apostar por la vía de las armas y, en marzo de 1815, declaró la guerra a Austria y ocupó la Romagna, lanzando desde Rímini una proclama en la que exhortaba a los italianos a que se uniesen bajo su bandera. El llamamiento, sin embargo, calló en saco roto y Murat, derrotado por los austríacos en Tolentino, tuvo que renunciar al trono. En lo que no pasó de ser una trágica aventura, aún intentó un desembarco en Calabria, en octubre de ese mismo año, al que de inmediato siguió su captura y fusilamiento a manos de los borbónicos.
3. Los inicios de la Restauración.
También en Italia, el principio de legitimidad sólo fue parcialmente respetado por las potencias reunidas en el Congreso de Viena, que, en 1815, sancionó un nuevo orden europeo, tras la caída del Imperio napoleónico. Ninguna de las antiguas repúblicas fue restaurada. Lucca fue agregada al Gran Ducado de Toscana, Génova al Reino de Cerdeña (en el marco de un fortalecimiento general de los Estados limítrofes con Francia), mientras que una parte del territorio de la República de Venecia fue en parte incorporada al Imperio Austríaco (Istria y Dalmacia), quedando el resto unido a una nueva monarquía, también sujeta a la autoridad de Viena: el Reino Lombardo-Véneto, constituido por acto imperial de 7 de abril de 1815. La supremacía austríaca en la península se vio reforzada además mediante la presencia en Emilia y en Toscana de parientes estrechos del emperador Francisco III de Austria. Su hija María Luisa, mujer separada de Napoleón, fue nombrada duquesa de Parma y Piacenza; Francisco IV de Austra-Este, su primo, se convirtió en duque de Módena y Reggio; Fernando III, su hermano menor, retomó el título de Gran Duque de Toscana, que ya había sido suyo entre 1790 y 1799. Por otro lado, se reconoció a Austria el derecho a tener una guarnición militar en Ferrara, dentro de territorio pontificio. En la práctica, los únicos dos Estados que obtuvieron cierta independencia fueron el Reino de Cerdeña, ampliado, como se ha referido, con la antigua República Lígure, y el Reino de Nápoles, restituido a Fernando IV de Borbón, que desde diciembre de 1816 comenzó a intitularse Rey del Reino de las Dos Sicilias.
Los gobiernos restaurados no adoptaron una posición uniforme con respecto a la herencia de la época napoleónica. El esfuerzo por resucitar el pasado prerrevolucionario fue más marcado en el Reino de Cerdeña y en el Ducado de Módena, cuyos soberanos se apresuraron a llamar a los jesuitas (restablecidos por Pío VII en 1814), a poner de nuevo en vigor las antiguas leyes y a restablecer los privilegios nobiliarios y feudales. En Florencia, Fernando III prefirió retomar las tradiciones reformistas y humanitarias de su padre Pedro Leopoldo, mientras que María Luisa llegó incluso a adoptar un código civil más avanzado que el napoleónico. En los Estados Pontificios, el enérgico secretario de Pío VII, el cardenal Conslavi, conservó el ordenamiento centralizado de Napoleón y se negó a reintroducir los derechos feudales, aunque su política sería contestada bajo el pontificado de León XII (1823-29), durante el cual prevaleció el partido de los llamados zelanti. En Nápoles, donde Austria y Gran Bretaña presionaron para que se evitase toda persecución, las orientaciones reaccionarias del ministro de la policía, el príncipe de Canosa, se toparon con la moderación del ministro del interior, Luigi de’ Medici, que aunque gozó de su favor, acabó perdiendo la simpatía de los liberales con un concordato ampliamente favorable a la Iglesia. En el Reino Lombardo-Véneto, finalmente, se trató de conciliar la continuidad de la centralización napoleónica en el terreno administrativo y financiero con un regreso parcial a la autonomía de la que habían gozado los cuerpos locales en tiempo de María Teresa. En Milán residía un virrey, el archiduque Rainiero, aunque los gobiernos separados de Milán y de Venecia recibían órdenes directamente de Viena, sobre todo en lo referente a cuestiones de policía, particularmente atentas a erradicar cualquier asomo de oposición política. Il Conciliatore, la célebre revista que fundaron los liberales y los románticos que giraban en torno al conde Federico Confalonieri, fue suspendida en 1819, después de apenas un año de vida. Aunque más lenta y pesada que la napoleónica, la administración austríaca se distinguía con respecto al resto de la península por ser más escrupulosa y por dar mayor atención a las exigencias de la población en el ámbito de la instrucción, la sanidad y las obras públicas.
Los de 1816 a 1819 fueron años de malas cosechas y de crisis económica, aunque, poco después, tanto la población como las actividades comenzaron de nuevo a expandirse, sobre todo en la Italia septentrional. En algunos sectores sociales, con todo, crecía cierto descontento, producido por diferentes motivos. Los grupos nobiliarios, en parte, añoraban los antiguos privilegios y las formas perdidas de autogobierno y, en parte, compartían la inquietud de la burguesía de negocios y de los grupos profesionales por la falta de libertades y por la estrechez de miras políticas y económicas. La desmovilización del ejército y de la burocracia napoleónica dejó sin empleo y sin perspectivas a muchos ex-oficiales y funcionarios aún jóvenes, que echaban de menos el dinamismo y las posibilidades de carrera propias del sistema desaparecido. La difusión de las corrientes románticas, finalmente, alentaría el sentido de pertenencia a una nación italiana que, si bien no existía aún sobre el mapa (“una expresión geográfica” fue la célebre definición de Italia que acuñó el príncipe de Metternich), existía en las tradiciones, en la cultura, en las conciencias: “una de armas, de lengua, de altar – de memorias, de sangre, de corazón”, como cantaba en la oda Marzo 1821 Alessandro Manzoni, que con I promessi sposi daría muy pronto al país esa epopeya nacional-popular que aún faltaba.
La actividad conspiradora de los grupos carbonarios, presentes sobre todo, como se ha indicado, en el Mezzogiorno, se intensificó en 1820 bajo influencia de los sucesos de España, donde, en enero, un pronunciamiento militar había obligado al rey Fernando VII a promulgar de nuevo la Constitución de 1812. El estallido de la insurrección se produjo a comienzos de julio, en la guarnición militar de Nola, propagándose rápidamente entre las filas del antiguo ejército de Murat. De inmediato, el rey Fernando I, atemorizado, otorgó una constitución elaborada según el modelo de la española y, entre agosto y septiembre, se eligió un parlamento. Entre tanto, otro motín de carácter separatista estallaba en Palermo, donde el gobierno napolitano tuvo que enviar tropas para restablecer el orden, debilitando así su propia capacidad de resistencia ante un previsible ataque austríaco. La decisión de intervenir para poner fin a la revolución se tomó durante el congreso que reunió a las principales potencias en Troppau, a propuesta de Metternich, quien consiguió que en una próxima reunión, a celebrase en Lubliana en enero, se invitase también al rey Fernando I. Éste obtuvo la autorización de partir con la promesa de que desempeñaría una labor de mediación, pero lo cierto es que, en Lubliana, rechazó al gobierno napolitano y se declaró víctima de la violencia. Un cuerpo expedicionario austríaco descendió entonces por la península y, encontrando escasa resistencia por parte del desorganizado ejército borbónico, a finales de marzo de 1821 se hizo con el control de Nápoles, donde se reinstauró el gobierno absoluto de los Borbones.
La hostilidad frente a la intervención austríaca fue una de las causas que motivaron el más circunscrito levantamiento en el Piamonte, en marzo de 1821. También aquí, el origen debe buscarse en la febril oposición de las logias y en las inclinaciones liberales que sentían los oficiales del ejército, confiados en que habían de contar con el apoyo del príncipe heredero Carlos Alberto. Entre el 9 y el 10 de marzo de 1821, los conspiradores se hicieron con la ciudadela de Alessandria, izaron la bandera tricolor y proclamaron la constitución española de 1812. Frente a la noticia de una propagación de la revuelta a otros centros, el rey Víctor Manuel I prefirió abdicar a favor de su hermano Carlo Felice. En su ausencia, asumió la regencia Carlos Alberto, que, en un primer momento, admitió las demandas de los insurgentes y juró la constitución de España (15 de marzo), si bien, más tarde, cambió su postura y obedeció las órdenes de Carlo Felice, decidido a emplear la fuerza contra aquéllos. El 8 de abril, las tropas fieles a la dinastía, apoyadas por batallones austríacos, vencieron fácilmente a los rebeldes, que habrían de sufrir una dura represión.
En Milán, las tramas de conspiradores fueron descubiertas en el otoño de 1820, antes de que pudiesen provocar cualquier intento insurreccional. A continuación, se inició un proceso que concluiría con algunas condenas a muerte, conmutadas con dura prisión en la fortaleza de Spielberg. De esta experiencia, nació el libro Le mie prigioni de Silvio Pellico, que, publicado en 1832, tendría un eco enorme en Italia y Europa. Otra ola más contundente de arrestos, cuya víctima más ilustre sería Federico Confalonieri, tuvo lugar a finales de 1821, efectuada por la policía austríaca, que consiguió así decapitar al movimiento liberal.
Los motines de 1821 funcionaron como bisagra natural entre lo que, también nosotros, denominamos de forma abusiva los “orígenes del Risorgimento” y el propio y verdadero proceso de unificación que llevará, cuarenta años después, a la proclamación del Reino de Italia y que exigiría un análisis mucho más extenso. Fijándonos, sin embargo, en el tumultuoso periodo del que nos hemos ocupado, no parece inútil concluir con algunas consideraciones sobre la historiografia que lo ha estudiado. Muchos historiadores del siglo XIX y de inicios del siglo XX, de inspiración nacionalista y moderada, y una parte de la historiografía fascista, compartieron la opinión acerca de las repercusiones de la Revolución francesa que Benedetto Croce, en la Storia del Regno di Napoli (1924), resumía en estos términos: “que la Revolución trajo conmociones y perjuicios a Nápoles y a toda Italia y que, si no hubiese tenido lugar, si no se hubiese extendido a Italia, si el impulso reformista, protegido por las monarquías, hubiese continuado, nuestra fortuna habría sido mucho mejor y antes se habrían alcanzado los fines nacionales, evitando revoluciones”. El propio Croce, Adolfo Omedeo y otros muchos rechazaron este juicio a-histórico, que, con todo, asoma en las pretensiones de algunos publicistas coetáneos por revalorizar los motines sanfedisti de finales del siglo XVIII, vistos como verdadera expresión del alma nacional frente al “colaboracionismo” de los jacobinos nativos, aliados del extranjero. Tales reivindicaciones, nunca o casi nunca acompañadas de investigaciones documentales serias, no merecen que les otorguemos aquí la más mínima consideración, si no es para que nos demos cuenta de los fenómenos de continuidad y discontinuidad que se aprecian en estos decenios cruciales.
En el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, la influencia que la cultura marxista ejerció sobre la historiografía y, en particular, la publicación de los Quaderni del carcere de Antonio Gramsci, con su insistencia en el concepto de “revolución pasiva” y en el problema de la falta de revolución agraria, como fundamentos interpretativos de todo el Risorgimento italiano, marcaron los estudios sobre el final del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX en función de dos temá- ticas principales. Por un lado, se analizaron las tendencias evolutivas de la economía, el progreso de las manufacturas y las transformaciones del régimen de propiedad de la tierra relativas a la venta de bienes nacionales, a la desaparición del feudalismo y a la división de los dominios feudales y comunales, manifestaciones de la ascensión de la burguesía como nueva clase dirigente. “La mayor efervescencia en la vivencia social – escribía Guido Quazza en $1 9 4 8 - \mathrm { y }$ la potente sacudida de la gran revolución, colocaron en un primer plano a esa clase burguesa, a esos grupos medios de la sociedad emprendedores y esforzados que, en el siglo XVIII, ya habían conducido el proceso reformador ilustrado y que ahora tenían la posibilidad de acceder al poder político”. Al contrario, en el campo de la historia de las ideas, por influencia incluso de un libro aparecido durante el periodo bélico, Utopisti e riformatori del Settecento de Delio Cantimori (1943), la atención se concentraba en los patriotas más radicales, los llamados giacobini del trienio 1796-1799 y en sus programas de revolución política y social, de regeneración moral y de reforma religiosa. Desde los años de 1950 y 1960, historiadores como Venturi y Diaz alertaron frente a una excesiva valoración de esta corriente política e ideológica y destacaron la necesidad de adoptar perspectivas temporalmente más amplias, que considerasen la etapa del reformismo dieciochesco y su evolución.
Relativamente ignorados en las primeras décadas de la posguerra, el período que siguió a la batalla de Marengo suscitó a partir de los años de 1970 un número creciente de investigaciones, orientadas a conocer mejor las estructuras del Estado napoleónico: la codificación del derecho, la formación de la burocracia, las prefecturas o intendencias, las finanzas, el ejército, la política eclesiástica, etc. No se pretendía de este modo indagar tanto en los orígenes del Risorgimento, como en los del Estado unitario italiano, que, en muchos aspectos, se haría eco de aquella experiencia de centralización y de modernización.
Tanto el estudio de las estructuras político-administrativas, como la profundización en las ideologías y las expresiones culturales han tenido y aún hoy tiene buenos continuadores, como se aprecia en la bibliografía aneja. Junto a estas cuestiones, sin embargo, han surgido en las últimas décadas temáticas nuevas, entre las cuales se debe subrayar una: los tiempos y modos de la formación de una identidad nacional. La extraordinaria fortuna reciente del tema (de escaso interés durante el periodo post-fascista, como reacción al uso y abuso que durante las dos décadas precedentes se había hecho de términos como patria, nación, italianidad), sin duda, está relacionada con el debilitamiento del propio Estado nacional, como consecuencia, por un lado, de los fenómenos de globalización y de transferencia de poder a organismos internacionales y, por otro, de las tendencias disgregadoras internas. Al mismo tiempo, sin embargo, se ha nutrido también de las orientaciones delineadas por una copiosa literatura internacional acerca de los varios aspectos del nacionalismo y del nation-building, como lo demuestra la traducción al italiano de las conocidas obras de Benedict Anderson, Anthony D. Smith, Gellner, Breuilly, Kellas, Hobsbawn, Thiesse, etc. En relación con el periodo aquí considerado, son sobre todo dos las cuestiones sobre las cuales se insiste: por un lado, el nexo entre innovación política y afirmación de la idea nacional y, por otro, la transición de la experiencia napoleó- nica al ambiente de la Restauración.
Sobre el primero de estos puntos, conviene señalar que las reformas realizadas o proyectadas en los varios Estados italianos del siglo XVIII no cuestionaban per se la división política de Italia, aunque ciertamente modificaban algunos de sus principios, como el respeto por la tradición y la estrechez de los horizontes intelectuales. A lo que representaba el particularismo se contraponía más el cosmopolitismo que el culto a la nación. En realidad, esta continuaría siendo concebida como entidad lingüístico-cultural, como una “nación de naciones”, según la feliz fórmula de Giuseppe Baretti. La lucha por la independencia de los Estados Unidos de América y, en especial, la Revolución Francesa fueron los elementos que suscitarían el problema de la traducción en términos políticos de una idea de nación hasta entonces esencialmente lingüístico-literaria. La crisis del modelo absolutista ilustrado, evidente en escritores de primera línea como Vittorio Alfieri o Pietro Verri, y la consecuente elaboración de proyectos constitucionales basados en su totalidad o parcialmente en el principio de la soberanía popular (como los de Pietro Verri, Dalmazzo Vasco y Gaetano Filangieri, por no hablar del proyecto constitucional del gran duque de Toscana, Pietro Leopoldo), desvinculaban la nación del viejo cuadro estatal absolutista y la proyectaban naturalmente sobre un marco pan-italiano, a pesar de la inmadurez y el atraso de las masas populares, de lo que eran conscientes los autores citados.
El programa independentista y unitario elaborado por los patriotas del Trienio, del cual darían testimonio las disertaciones presentadas al concurso abierto en septiembre de 1796 por la Administración General de Lombardía sobre el tema ¿Qué gobierno libre conviene más a la felicidad de Italia?, se apoyaba sobre la ingenua confianza en una rápida conversión de las plebes a los principios de libertad e igualdad, como respuesta al apostolado y ejemplo de los patriotas. Era, por tanto, patrimonio específico de las corrientes democráticas, que presentaban la unificación de la península “como el propio corolario de la revolución victoriosa”, empleando la elocuente expresión de Giorgio Vaccarino1 . Rápidamente se desvanecieron tales ilusiones, como consecuencia del doble trauma que supuso la “traición” de los representantes de Francia (en absoluto dispuestos a secundar los proyectos revolucionarios de los patriotas) y de las orientaciones sanfediste y legitimistas de las masas, que afloraron con claridad en 1799. La independencia y la “democracia representativa” se transformaron entonces en objetivos a largo plazo, que debían prepararse por medio tanto de la modernización legislativa e institucional, confiada a la mano férrea de Napoleón, como a través de una larga labor pedagógica, capaz de sembrar en los estratos populares, al menos, un germen de conciencia nacional.
Prescindiendo en buena medida de estos presupuestos, Alberto M. Banti y otros investigadores que le son cercanos han planteado una interpretación del Risorgimento en clave antropológico-cultural, poniendo el acento en las “figuras profundas” de la parentela, el honor y el sacrificio elaboradas y conducidas por un discurso artístico-literario, las cuales, por sí solas, explicarían la disponibilidad de tantos italianos, sobre todo jóvenes, a afrontar la prisión, el exilio e, incluso, la muerte por una causa – el rescate de la nación – ajena a sus intereses concretos. Se trata, sin duda, de una dimensión que, ignorada en el pasado, debe ser objeto de la máxima consideración a la hora de examinar las actitudes y orientaciones de la generación romántica. Al mismo tiempo, no se puede olvidar que la construcción de la nación, antes de constituir un conjunto de mitos, de símbolos y de imágenes, fue un programa político concreto, formulado en la efervescencia de los años revolucionarios y posteriormente vinculado, en el contexto diferente del periodo napoleónico, a la construcción del Estado moderno, con sus códices y sus tribunales, la burocracia y el ejército, las escuelas y las universidades, los periodistas y los científicos.
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