Indalecio Prieto y el “problema vasco” (1930-1931)
Luis Sala González1.
Resumen.
Este artículo analiza la posición política de Indalecio Prieto respecto a las aspiraciones de autogobierno del País Vasco en los meses inmediatamente anteriores y posteriores a la proclamación de la Segunda República española. La nula respuesta que el dirigente socialista obtuvo por parte del sector mayoritario del nacionalismo vasco a su propuesta de constituir un bloque antimonárquico en la región, unida a la situación generada en Cataluña el 14 de abril y a la pretensión del PNV de dar al proyectado Estatuto vasco un carácter confesional católico, determinó que el proceso autonómico se ralentizara y a la postre se convirtiera en caballo de batalla electoral.
Palabras clave: Indalecio Prieto; Estatuto de autonomía; Segunda República española; País Vasco;Pacto de San Sebastián; Cataluña; nacionalismo.
[en] Indalecio Prieto and the “Basque Issue” (1930-1931)
Abstract. The article analyzes Indalecio Prieto’s political position with regard to the self-government aspirations of the Basque Country in the months inmediately before and after the proclamation of the Spanish Second Republic. The lack of response the socialist leader obtained from the mayority of the Basque nationalism in his proposal to create an antimonarchical bloc in the region, united to the situation originated in Catalonia on april 14th and the determination of the PNV to give the Basque Statute a Catholic confessional character, slowed down the process leading to autonomy and eventually turned the matter into an electoral central issue.
Keywords: Indalecio Prieto; Statute of Autonomy; Basque Country; Spanish Second Republic; Pact of San Sebastian; Catalonia; Nationalism.
Sumario. 1. El espíritu liberal y democrático de los fueros. 2. “La utonomía se conquista”. 3. El Pacto de San Sebastián. 4. El Estatuto”obra de concordia”.
Cómo citar: Sala González, L. (2016): Indalecio Prieto y el “problema vasco” (1930-1931). Cuadernos de Historia Contemporánea 38, Núm. Esp. 311-322.
El 13 de marzo de 1930, en un banquete en San Sebastián en honor de Eduardo Ortega y Gasset, Indalecio Prieto expuso por primera vez su plan de articular el movimiento republicano español de acuerdo a estructuras de tipo regional en las que participaran todas las fuerzas antidinásticas. Su propuesta, en concreto, era la siguiente:
“Si es difícil una estructuración nacional de lo que hoy es un deseo pujante del pueblo, que se busquen estructuras de tipo regional en las que se agrupen, coordinados, olvidando recelos, diferencias y antagonismos, todos aquellos elementos que coinciden en una aspiración mínima”. “El nexo de unión –añadió- podía ser, en lo nacional, la aspiración republicana; y en lo regional, el anhelo de dejar sustantivadas las aspiraciones autonómicas del País Vasco”2 .
Una semana más tarde, el editorial de El Socialista, órgano oficial del PSOE, descalificaba con dureza su propuesta: “Iniciar la política redentora de España por pequeños movimientos de carácter regional es un grave error y una confusión a la que no deben prestar su colaboración los socialistas”. Y lanzaba sobre su autor una seria advertencia: “Faltará a su deber y comprometerá seriamente la disciplina del partido quien, sin autorización de los órganos directivos de éste, adquiera compromisos de la naturaleza de los que acabamos de citar”3 .
En respuesta, el periódico de Prieto, El Liberal de Bilbao, reprodujo un artículo de Alcíbar (pseudónimo de Rafael Picavea), en el que este prohombre guipuzcoano, muy próximo entonces al PNV, hacía votos para que “en Bilbao fructifiquen las palabras que aquí sembró” el dirigente socialista. Palabras que “fueron dichas -precisaba- para los hombres y para la juventud del nacionalismo vasco de Vizcaya”4 .
En efecto, Prieto pretendió implicar al principal adversario político del socialismo vasco en la aventura republicana, ofreciéndole a cambio alguna fórmula de autogobierno. Con ello, introducía una cuña en el proceso de reorganización interna que el nacionalismo vasco había emprendido en 1930 y que a finales de año desembocaría en la reunificación del PNV y en el nacimiento de ANV, un pequeño partido nacionalista, liberal y aconfesional5 .
Prieto pudo decir sin sonrojo en San Sebastián, ante más de ochocientos comensales, que, en su historia política, no era “sospechoso de aversión a las aspiraciones autonómicas del País Vasco”. Ya en su primera intervención en el Congreso de los Diputados, el 17 de abril de 1918, defendió la foralidad, aunque atacó al nacionalismo vasco por antiliberal, antidemocrático y separatista. El órgano de prensa del.
PSOE publicó esta intervención suya al día siguiente en grandes titulares, elevándola a la categoría de “La opinión socialista respecto al nacionalismo vasco”6. En realidad, el Partido Socialista no tuvo una posición oficial acerca de la cuestión de las nacionalidades hasta su undécimo Congreso, clausurado en Madrid en diciembre de aquel año7 . La posición aprobada entonces -a favor de una “confederación republicana de las nacionalidades ibéricas”- resultó influida, seguramente en exceso, por la euforia autodeterminista que desataron los catorce puntos del presidente Wilson. Pero más allá de las declaraciones teóricas, el hecho de que a la altura de 1918 el nacionalismo vasco hubiera alcanzado en Vizcaya unas cotas de poder (en la Diputación provincial y en el Ayuntamiento de Bilbao) que ni los más atrevidos habrían soñado unos años antes, obligó a los socialistas a fijar su posición respecto a la cuestión de las autonomías.
1. El espíritu liberal y democrático de los fueros.
Prieto lo hizo con claridad en el manifiesto electoral con el que en 1918 resultó elegido por primera vez diputado a Cortes por Bilbao. Ante el “triste espectáculo” de la descomposición del Estado español, el dirigente socialista estimaba ya en esa fecha “perfectamente razonable” el resurgir de la aspiración de las provincias vascas “en pro de la restauración del espíritu de sus fueros”. Un espíritu que, en línea con el pensamiento de Gregorio Balparda, estimaba “enormemente democrático” y “profundamente liberal”8 .
El problema de la autonomía, por tanto, no era de fondo sino de forma. Prieto no ponía reparos a las aspiraciones vascas de autogobierno, siempre que éstas se plantearan ante los poderes del Estado de manera que fueran aceptables para el conjunto de España; y siempre que se garantizara también la elección democrática de las instituciones (diputaciones provinciales) de los territorios históricos. Para solventar la primera cuestión proponía extender al resto de regiones españolas la autonomía que el País Vasco pedía para sí. Y para la segunda, su fórmula pasaba por reforzar el autogobierno hacia dentro; esto es, equilibrar el poder de las diputaciones con mayor autonomía municipal e individual. En definitiva, democratizar las viejas instituciones forales regulando por ley sus competencias y su sistema de elección.
En junio de 1923, ante la asamblea que reunió en San Sebastián a representantes de ochenta municipios en defensa de la industria armera eibarresa, Prieto volvió a comprometerse no sólo a defender la renovación del Concierto económico “en sus actuales moldes”, sino a luchar “por su ampliación, y por obtener –si las circunstancias son adecuadas- que en sus bases vayan incluidos los cimientos de una autonomía no sólo económica, sino política”9 . En términos muy parecidos se expresó en abril de 1924, ya en plena dictadura, en el escrito que envió a la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Vascongada que debatía esta cuestión:
“Soy de antiguo firme partidario de la ampliación para el País Vasco no sólo del Concierto económico, sino del régimen autonómico, y antes de ahora (…) mostré fervor por el restablecimiento de las libertades vascongadas, utilizando su esencia democrática y acomodándola a las complejidades actuales de la administración pú- blica, a las que no se podrían ya ajustar sistemas semipatriarcales. Aunque aspiración tal no se fundara en añoranzas de la tradición, yo la compartiría por este motivo: la capacidad, bien demostrada, del país para regirse y administrarse por sí mismo”. “Los hombres de espíritu liberal –y yo siento cada vez más fuertemente arraigado en el mío el liberalismo- no debemos olvidar que (…) ha sido el Estado el más fuerte cimiento de la libertad en el País Vasco, y no podemos perder de vista las acometidas –hoy persistentes y recias como nunca- para convertir la región en un pequeño Paraguay, gobernado dictatorial e inquisitorialmente desde Loyola y Deusto. En más de una ocasión tengo dicho que si me asustaba el nacionalismo vasco era, primordialmente, por reaccionario y no por separatista”10.
Podemos concluir, por tanto –la tesis la formuló Juan Pablo Fusi hace más de treinta años-, que “la política socialista en el País Vasco, en la medida en que la representó Prieto, tuvo desde muy pronto una dimensión regionalizadora que, desde 1930-31, se concretó en el apoyo a una autonomía vasca inscrita en el marco constitucional de una España democrática”11.
Más allá de la táctica electoral, Prieto fue políticamente sensible al “hecho diferencial” vasco12. Dos conversos al socialismo desde las filas del primer nacionalismo vasco, Tomás Meabe y José Madinabeitia, fueron amigos entrañables de juventud que influyeron decisivamente en su formación política. El eibarrés Toribio Echevarría, que mantenía las tesis más avanzadas y abiertas hacia la cuestión nacional, fue el primer socialista vasco al que llamó a su lado cuando necesitó colaboradores de confianza en el Ministerio de Hacienda. Prieto no compartía la correlación directa que tanto Madinabeitia como Echevarría hacían entre reconocimiento nacional y derecho a una forma política estatal específica, pero desde 1918 era partidario de articular una vía hacia el autogobierno vasco con dos premisas fundamentales: su encaje en España (y su potencial extensión a otras regiones) y su contenido democrático13.
Su idea de la autonomía no suponía la aceptación de una nacionalidad vasca (jamás empleó el neologismo Euzkadi), ni que asumiera en modo alguno los dogmas enunciados por Sabino Arana (del que, por otra parte, habló siempre con respeto). Se basaba, como hemos visto, en una cuestión eminentemente práctica: la probada capacidad del país para administrarse por sí mismo de forma eficiente. Para Prieto, la autonomía era, si se permite la expresión, una suerte de Concierto político.
Prieto sostuvo siempre que el de diputado provincial de Vizcaya fue el cargo más grato de cuantos desempeñó en su larga vida política. El Concierto, como institución que mejor expresa la autocomprensión de los vascos como cuerpo social particular y su peculiar entendimiento de la relación con España, era algo que le acompañó por tanto desde los inicios de su actividad política. En un artículo que publicó en El Imparcial en 1925, con motivo de la renovación del Concierto recién acordada –gracias, en buena medida, a las gestiones de su entonces amigo y mentor el empresario Horacio Echevarrieta-, señaló como la principal ventaja del especial régimen económico-administrativo de los territorios forales, no la desigualdad tributaria con respecto al resto de España, que era escasa, sino la “mejor administración” que se daban a sí mismas las provincias por medio de sus diputaciones y ayuntamientos “al asumir servicios que en otras partes corren a cargo del Estado”. Sin negar los defectos, algunos graves, que existían en el funcionamiento de las instituciones provinciales, Prieto afirmaba que, “cuando se pusieron a sustituir al Estado, dejaron a éste muy atrás, mostrándose más ágiles, más previsoras, más competentes y más honestas”. Suprimir o reducir el Concierto era, por tanto y principalmente, un error: significaba “desorganizar una región bien organizada” y que funcionaba de manera razonable. Por esta razón, Prieto fue siempre partidario no solo de defender el Concierto sino de pugnar por su extensión14.
2. “La autonomía se conquista”
Ante la asamblea socialista de Bilbao encargada de analizar su actitud en abril de 1930, Prieto se jactó de que su oferta a los nacionalistas vascos para que se sumaran al bloque antidinástico había provocado la reacción inmediata del cardenal primado y del obispo de Vitoria, Mateo Múgica. Este último habría ejercido presión sobre algunas personalidades nacionalistas en contra de un entendimiento con los republicanos.
Implantada la República, en un mitin electoral en Bilbao, volvió sobre estos mismos argumentos, después de que Ramón María Aldasoro hablara del fracaso de sus gestiones para incorporar a los nacionalistas vascos al Pacto de San Sebastián:
“Pretendí (…) la formación en Vizcaya de un bloque antidinástico que nos reuniera a todos los elementos políticos que estuviéramos frente a la monarquía. Y los primeros que desertaron de esta obligación (…) fueron los nacionalistas vascos. ¿Por qué? Porque entonces, concurrentes a las primeras conferencias de carácter privado que nosotros realizamos para examinar las posibilidades de este bloque, una fuerza superior, la misma que ahora les domeña, una llamada al palacio episcopal de Vitoria, dio por consecuencia que los nacionalistas, antes sumisos al poder romano que al afán de independencia de su país, se negaran a combatir con nosotros contra la monarquía”15.
Su oferta al nacionalismo vasco coincidió prácticamente en el tiempo con los intentos de sumar al movimiento republicano a los elementos catalanistas de izquierda. El 23 de marzo se celebró en Barcelona la famosa reunión de intelectuales castellanos y catalanes. El objetivo declarado de los anfitriones (Aiguader, Pompeu Fabra, Nicolau d’Olwer y Rovira i Virgili, entre otros) era agradecer el apoyo recibido desde Madrid “en los días de persecución y negación” de la lengua y la cultura catalana durante la dictadura. Pero políticamente el encuentro fue mucho más lejos. Especialmente, después del discurso en el que Azaña consideró seriamente la posibilidad de una secesión catalana y apostó por la federación como fórmula para “vivir juntos”16.
La presencia de socialistas en aquella reunión fue destacada (Araquistain, Álvarez del Vayo y Fernando de los Ríos) y no pasó desapercibida. Prieto, desde la distancia, tampoco quiso quedarse al margen y aprovechó unas declaraciones a un diario lisboeta para hacer un guiño a los catalanes y subirse al carro de la federación. Preguntado por la vieja idea de la confederación ibérica respondió: “¿Los españoles desean confederarse? Pues tienen mucho que confederar sin meterse con Portugal, nación libre, justamente orgullosa de su libertad”17.
A finales de mayo, Prieto llevó su campaña política en favor de la república al Colegio de Abogados de Madrid. Ángel Ossorio ejerció de anfitrión y asistieron, entre otros, Sánchez Guerra y Miguel Maura. La prensa, muy censurada, apenas pudo recoger el contenido de su intervención, pero su posición respecto al problema territorial no había variado:
“Yo creo que no debe negarse la autonomía a aquellas regiones que lo soliciten. Salvada la autonomía y la libertad individuales, debe darse a Cataluña, a las provincias vascongadas y a todas las regiones que lo soliciten, la autonomía, sin más limitaciones que las que quieran ellas mismas imponerse, en armonía con los intereses generales del Estado”18.
Prieto volvió sobre este tema con motivo de una encuesta del diario La Tarde sobre las aspiraciones autonómicas del País Vasco. En su respuesta apuntaba que “la autonomía no se logra por donación generosa (…), sino que se conquista o como premio a la cooperación con elementos triunfantes, o arrancándola a viva fuerza a quien se sienta débil para negarla”. Respecto al alcance de este proceso, añadía que “si aspirásemos a una cesión graciosa, habríamos de atenernos a lo que nos dieran (…), pero si vamos limpia y gallardamente al combate, será nuestro cuanto ganemos en él”. Por su parte, dos eran los límites que ponía al autogobierno: “el respeto a la libertad de conciencia y a cuantos derechos son atributo de la personalidad humana (…) y el enlace con España, de cuyas innegables ventajas corresponde la mejor parte al País Vasco, engarzado industrial y financieramente a toda la economía española”19. De sus palabras a este diario, controlado entonces por el ala reformista del nacionalismo vasco (de la que más adelante nacería ANV), se desprende que, en vísperas de la decisiva reunión de agosto en San Sebastián, Prieto mantenía la expectativa de unir al menos a una parte del nacionalismo vasco al frente antimonárquico.
3. El Pacto de San Sebastián.
Llegamos así a la reunión del 17 de agosto en la capital donostiarra. El encuentro se había fijado a los doce del mediodía en el hall del hotel Londres, junto a la playa de La Concha. Era domingo, lucía un sol espléndido y San Sebastián celebraba sus fiestas de agosto, con lo que la animación era grande. Los invitados fueron llegando al lugar de la cita y después de los saludos se acordó, por deferencia a los republicanos donostiarras, que la reunión se celebrara a las tres de la tarde en el Casino de la Unión Republicana, en el número 4 de la calle Garibay. La conferencia propiamente dicha empezó pasadas las tres y media de la tarde y duró poco más de dos horas. Hacia las seis y cuarto, Prieto entregó a los periodistas una nota redactada por él mismo que decía:
“En el domicilio social de Unión Republicana, y bajo la presidencia de Fernando Sasiain, se reunieron esta tarde los señores Alejandro Lerroux y Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, por el Partido Republicano Radical Socialista; Alcalá Zamora y Miguel Maura, por la Derecha Liberal Republicana; Manuel Carrasco y Formiguera, por Acció Catalana; Maciá Mallol Bosch, por Acció Republicana; Jaime Aiguader, por Estat Català; y Santiago Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega, entidades que, juntamente con el partido federal español –el cual en espera de acuerdo de su próximo congreso, no puede enviar ninguna delegación- integran la totalidad de los elementos republicanos del país.
A esta reunión asistieron también, invitados con carácter personal, los señores Felipe Sánchez Román, Eduardo Ortega y Gasset e Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir Gregorio Marañón, ausente en Francia, y de quien se leyó una entusiasta carta de adhesión en respuesta a la invitación que con el mismo carácter se le hizo.
Examinada la actual situación política, todos los representantes concurrentes llegaron en la exposición de sus peculiares puntos de vista a una perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente confirmada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas.
La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras, que en el acto previo de hoy no estuvieron representadas, para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que, sin desmayos, pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político”20.
La nota ponía el acento en la presencia de todos los elementos republicanos –tratando con un argumento dudoso de justificar la ausencia de los federales- y en la unanimidad lograda a la hora de autorizar alianzas con otras fuerzas opositoras, los dos asuntos sobre los que pivotaban las conversaciones con los socialistas. Como apuntó Lerroux, “lo que interesaba –y para ello se formó aquel comité sin mi presencia- era decidir al partido socialista, con sus organizaciones obreras, a prestar su concurso a la revolución política republicana”21.
Nada se decía, en cambio, de los dos temas centrales que se trataron en la reunión: la formación del comité encargado de preparar el movimiento revolucionario y, sobre todo, el acuerdo con los partidos catalanistas. El pacto no se plasmó por escrito, ni se firmó documento alguno, lo que dio lugar a interpretaciones y no pocas controversias posteriores22. Los delegados catalanes sí redactaron antes de regresar a Barcelona un texto que su prensa recogió en estos términos:
1. Los reunidos en San Sebastián reconocen unánimemente la realidad viva del problema de Cataluña y convienen por tanto que el triunfo de la revolución suponga al mismo tiempo el reconocimiento de la personalidad de Cataluña y el compromiso por parte del Gobierno revolucionario de dar una solución jurídica al problema catalán.
2. La solución del problema tendrá por base y fundamento la voluntad de Cataluña expresada en un proyecto de Estatuto o Constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña y aceptado por la voluntad de la mayoría de los catalanes expresada en referéndum votado por sufragio universal.
3. El Estatuto propuesto y votado por Cataluña habrá de estar sometido, en la parte referente a la delimitación de atribuciones entre el poder central y el Gobierno autónomo de Cataluña, a la aprobación soberana de las Cortes Constituyentes.
La reunión transcurrió en términos de franqueza y absoluta cordialidad. El anfitrión Sasiain dio la bienvenida a los asistentes y enseguida cedió la palabra a Alcalá Zamora, que ejerció como presidente y verdadero promotor del encuentro. Éste aludió a la trascendencia del momento y a la necesidad de establecer un plan de acción conjunto a nivel nacional para derribar la monarquía. “La inteligencia de las fuerzas allí representadas no habría de ser un pacto electoral, sino un concierto de acciones eficaces”. Rápidamente, se pasó al meollo de la cuestión que no era otro que las exigencias de los republicanos catalanes para unirse al movimiento subversivo. Carrasco y Formiguera tomó la palabra y expuso a las claras que el advenimiento de la república sólo les interesaba si, conjuntamente con el hecho de plantear la revolución, se reconocía la personalidad de Cataluña. Reconocimiento que debía concretarse en la redacción de un Estatuto de autonomía, que sería refrendado por las Cortes constituyentes. Maura protestó porque esta forma de plantear la cuestión ponía al resto en una posición forzada, cuando el objeto de la reunión era precisamente buscar coincidencias mínimas y ensanchar la unión de los republicanos. Prieto observó que los catalanes habían hablado primeramente de pacto, para después reclamar libertad absoluta, y advirtió de que los derechos individuales habrían de ser establecidos por las Cortes constituyentes “pues, de lo contrario, dada la idiosincrasia de algunas regiones (…), el nuevo régimen podría suponer para ellas una regresión de las libertades ciudadanas”.
Conformes todos los presentes en conceder a Cataluña facultades para redactar su Estatuto de autonomía y someterlo al voto de las Cortes -en este punto seguimos el relato de Aiguader23-, Casares lanzó una velada acusación de egoísmo a los catalanes y reclamó para gallegos y vascos el mismo trato. El delegado catalán respondió, a modo de defensa, que habiendo en la reunión representantes de ambas regiones, a ellos correspondía demandar lo que considerasen oportuno, comprometiendo el apoyo de los catalanes a sus demandas. En consecuencia, y sin discusión, se acordó conceder a Galicia y al País Vasco un régimen autonómico similar al catalán.
Se iba a proceder entonces a tratar otras cuestiones, cuando entró Azaña, que se disculpó por llegar tarde. Alcalá Zamora pidió a Prieto que hiciera un resumen de lo hablado hasta ese momento, y fue entonces cuando éste, “que había intervenido poquísimo, tal vez nada”, expresó sus temores a que, en manos de un nacionalismo reaccionario, el Estatuto vasco pudiera ser contrario al espíritu democrático de la República. Sasiain se pronunció en el mismo sentido y los catalanes aceptaron entonces que los estatutos compartieran, en todo caso, el espíritu liberal y democrático que se pretendía dar al nuevo régimen. Prieto y Sasiain se mostraron de acuerdo y la discusión sobre este punto se dio por terminada.
La versión de Aiguader coincide con lo que anotó Alcalá Zamora en sus memorias: “Prieto, que en otras ocasiones atacó esta tendencia con violencia y crudeza, estuvo moderado entonces y alegó, con el asentimiento de los vascos, los peligros en aquella región de debilidades del poder central”24. No parece, por tanto, que Prieto pusiera en San Sebastián obstáculos a las demandas autonómicas de los catalanes. Al menos, ni Carrasco ni Aiguader mencionan que lo hiciera. Según la versión de este último, la respuesta más agresiva la dio Albornoz –“¿De manera –dijo-, que ustedes se proponen aprovecharse de la revolución para proclamar la independencia de Cataluña?”- y fue la única de toda la reunión. La presencia del catalanismo de izquierda en el pacto era fundamental y no se trataba de poner palos en las ruedas de un carro que daba sus primeros pasos. Como escribió Carrasco y Formiguera, “después de San Sebastián el problema catalán no estaba resuelto, pero estaba reconocido y encauzado”25.
En definitiva, lo que se pactó fue el procedimiento para que Cataluña accediera a su autogobierno dentro del marco de la República española. Felipe Sánchez Román, abogado que, como hemos visto, asistió a la reunión, lo explicó con claridad en el Congreso durante el debate de la Constitución. “En aquel pacto de San Sebastián hubo lo único que podía haber: la designación de un procedimiento formativo para traer con el mayor prestigio y la mayor garantía el problema catalán al Parlamento”. La discusión posterior, sobre la que ya no hubo acuerdo, versó sobre si en ese proceso la última palabra la tenían las Cortes españolas como única expresión de la soberanía popular –“la soberanía de Cataluña, si la merece, tiene que salir de este Parlamento”, dijo Sánchez Román en expresión muy gráfica- o si se admitía alguna fórmula de cosoberanía. La posición de Sánchez Román, compartida plenamente por Prieto, se resumía en sus palabras finales: “autonomía, sí; soberanía compartida, no”.
En ese mismo debate parlamentario de las enmiendas sobre competencias del Estado y de las regiones, en respuesta a unas palabras de Companys, Prieto dio a entender que en San Sebastián también se acordó que, mientras las Cortes Constituyentes no adoptasen una posición respecto al problema catalán, nadie intentaría realizar por la fuerza ningún acto en pro de la consecución de sus objetivos políticos. Compromiso que, a su juicio, los catalanes incumplieron al proclamar el Estado catalán el 14 de abril. “Se convino –dijo- que nadie realizase por sí nada de su ideario, sino que todo el mundo estuviera pendiente, como era natural y lógico, del voto de estas Cortes constituyentes; pues bien, los republicanos catalanes que asistieron a aquel pacto tan invocado por ellos, lo incumplieron, pues, sin aguardar al voto de las Cortes, crearon en Cataluña un estado de hecho que forzara a las Cortes Constituyentes y al país a sancionar, a aceptar lo que ellos habían realizado contra lo solemnemente convenido en aquel pacto”26.
El nacionalismo vasco no acudió a la cita donostiarra, pese a estar invitado, por varios motivos que José Luis de la Granja ha estudiado con detalle. El principal, que consideraba el asunto monarquía o república como “un pleito ajeno”. A la larga, esto tendría como consecuencia un retraso considerable en la tramitación del Estatuto vasco durante la República. Como reconoció Manuel de Irujo, “cometimos el error de no participar en el pacto de San Sebastián, en agosto de 1930; de haber participado en él, el Estatuto Vasco, incluyendo a Navarra, se habría aprobado al mismo tiempo que el catalán”27.
4. El Estatuto, “obra de concordia”
El reconocimiento de este error no impidió que, una vez proclamada la República, el PNV promoviera de inmediato una amplia movilización de municipios en favor del Estatuto. Prieto recibió el 23 de abril a una delegación del partido jeltzale interesada por seguir la senda catalana hacia la autonomía. La despachó con buenas palabras y con la promesa de que, dentro del régimen republicano, al País Vasco le sería “factible conseguir cosas que hasta ahora creyeron lejanas e irrealizables”28.
Fue durante su primera visita a Bilbao como ministro cuando Prieto estableció las condiciones y el alcance de este proceso. Dirigiéndose a los liberales autonomistas vascongados reunidos para la fiesta del 2 de Mayo, ratificó el compromiso solemne del Gobierno provisional con la autonomía vasca expresada en un Estatuto que, “recogiendo las esencias liberales que palpitaron en los antiguos fueros, ha de ser una obra que ha de salir de las Cortes Constituyentes, de la asamblea constituyente formada libremente por la voluntad de toda España”. Y para conquistar esa voluntad, para atraer esa simpatía, “para que el Estatuto vascongado sea una obra de concordia, enlazada por las cintas de la unidad patria, hace falta que las provincias vascongadas no despierten en el resto de España ningún recelo, ninguna antipatía; que vayan dando la sensación de que aspiran a un régimen de libertad, para que ese régimen no sea un privilegio irritante, sino una norma, un ejemplo, una línea de conducta a seguir por otras regiones españolas29.
Dos días después, en Eibar, “islote sagrado de libertad en tierras de reacción”, insistió en su idea de que el Estatuto vasco debía tener un profundo contenido democrático. “Venimos en esta hora histórica a demostrar que este conjunto de razas, que esta fusión de pueblos que es la España que llevamos dentro del corazón, tiene fuerzas suficientes para ser ejemplo del mundo en su rango de nación libre y democrática”.
Prieto era muy consciente de que para las derechas vascas la cuestión autonómica iba estrechamente ligada a la política religiosa. Si la defensa del catolicismo llevó al PNV a coincidir con el tradicionalismo, lo que dio un extraordinario empuje al movimiento de alcaldes liderado por José Antonio Aguirre, el bloque antimonárquico trazó su propia hoja de ruta. El 7 de mayo, en el Ministerio de Gobernación, Maura y Prieto se reunieron con una delegación de políticos vizcaínos formada por el republicano Vicente Fatrás, el socialista Ángel Lacort y los peneuvistas Areitiourtena, Urrengoechea y Basterra. Estos dos últimos contaron antes de la reunión a Pello Irujo, hermano del dirigente navarro del PNV, que Prieto estaba dispuesto a llevar a la Gaceta de Madrid el decreto de constitución de un gobierno provisional vasco, de dieciséis miembros, cuatro por territorio (incluida Navarra), con presencia de republicanos, socialistas y nacionalistas de derechas (PNV) y de izquierdas (ANV). Según Urrengoechea, “hombre que inspira total confianza a Prieto”, ese gobierno provisional, con autoridad sobre diputaciones y ayuntamientos, sería el encargado de redactar el proyecto de estatuto o estatutos. “Este Estatuto –añadía Irujo- será la constitución vasca y solamente se presentarían a las Cortes constituyentes las facultades que va a tener la República sobre el País Vasco, dando al país autoridad para referir régimen interior, siempre que no contravenga ninguna norma de la Constitución de la República”. El hermano de Irujo hacía votos por aprovechar la oportunidad que se presentaba:
“Faltan 30 días para las elecciones, no nos pasemos el tiempo en si debe llamarse Euzkadi o Euskalerria o Vasconia. Para las constituyentes debe estar todo hecho y el Estatuto aprobado por plebiscito en la asamblea de ayuntamientos. Está llegando el 14 de abril de Euzkadi. Viva la república que nos lo está trayendo”30.
La expectativa de los nacionalistas bajó muchos enteros después de la reunión con los ministros. La prensa se hizo eco de que el Gobierno aceptaba ampliar el nú- mero de integrantes de las comisiones gestoras de las diputaciones provinciales en la proporción que ellas mismas solicitaran, pero nada se decía del comentado gobierno vasco provisional. Los ministros manifestaron a sus interlocutores el deseo del Gobierno de no intervenir, ni directa ni indirectamente, en la redacción del “estatuto o estatutos que hayan de regir en las provincias vascongadas y Navarra”, de forma que el texto respondiera “totalmente, en su iniciativa y desarrollo, a la voluntad del país”. Como señala José Luis de la Granja, el Gobierno no quiso repetir para Euskadi una solución como la que se vio forzado a admitir en Cataluña: “Las izquierdas gobernantes no se fiaban de las repentinas manifestaciones pro-republicanas del PNV tras el cambio de régimen y no estaban dispuestas a concederle la baza política de un gobierno provisional vasco con carácter preautonómico”31.
A finales de mayo, Eusko Ikaskuntza entregó a los alcaldes el anteproyecto de Estatuto General del Estado Vasco, más conocido como Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos (SEV). El texto, redactado principalmente por el republicano Ramón Madariaga, era de carácter foral y federal, y otorgaba amplias competencias al Estado vasco. Las relaciones Iglesia-Estado quedaban reservadas al Gobierno republicano. Esta circunstancia determinó que los católicos (nacionalistas y tradicionalistas) le dieran enseguida la espalda y apostaran por el que se llamó Estatuto de Estella, confesional y que facultaba al futuro Gobierno vasco a firmar un Concordato con la Santa Sede. Esta era una enmienda inasumible para las izquierdas y se convirtió en el caballo de batalla de la campaña de los dos bloques que concurrieron a las elecciones a Cortes del 28 de junio32.