Después de la tormenta. Arqueología de la represión en América Latina.
After the storm. Archaeology of repression in Latin America.
Andrés ZARANKIN\*, Melisa A. SALERNO\*\*
\*Departamento de Sociologia e Antropologia, FAFICH/UFMG. Antonio Carlos 6627. Belo Horizonte, Brasil. firstname.lastname@example.org \*\*Departamento de Investigaciones Prehistóricas y Arqueológicas, IMHICIHU/CONICET. Saavedra 15, 5to piso (1380). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. email@example.com.
RESUMEN.
En este trabajo ofrecemos un panorama general sobre los estudios en “arqueología de la represión” (sensu Funari y Zarankin 2006), centrándonos en el caso de América Latina. Nos referimos a las investigaciones que discuten las prácticas represivas de las dictaduras de la región durante las décadas de 1960 y 1970.
PALABRAS CLAVE: Arqueología de la represión. América Latina. Dictaduras.
ABSTRACT.
In this article we offer an overview of the studies on the “archaeology of repression” (sensu Funari and Zarankin 2006), specifically focusing on the case of Latin America. We review different investigations that explore the repressive actions of dictatorial governments during the 1960s and 1970s.
KEY WORDS: Archaeology of repression. Latin America. Dictatorships.
SUMARIO 1. Introducción. 2. Breve historia de las dictaduras latinoamericanas. 3. Arqueología de la represión en América Latina. 4. Palabras finales.
1. Introducción.
Durante las décadas de 1960 y 1970, América Latina –como tantas otras regiones del mundo– sufrió las consecuencias sociopolíticas de gobiernos dictatoriales. En un contexto internacional dominado por la Guerra Fría, miles de personas fueron perseguidas, detenidas, exiliadas, torturadas e incluso asesinadas por manifestar diversas formas de oposición. Los discursos oficiales no sólo negaron la actuación represiva de los regímenes de turno, sino que también intentaron distorsionar la percepción de la realidad. Por un lado, la censura de los medios de comunicación, y el ocultamiento y destrucción de los documentos de estado fueron mecanismos comúnmente empleados por los sectores dominantes. Por otra parte, la construcción de imágenes negativas sobre la “subversión” fue una de las estrategias especialmente diseñadas para legitimar la presencia de los dictadores como “guardianes de los intereses de la patria”.
Durante la década de 1980, el retorno de la democracia posibilitó que América Latina despertara de un largo letargo. Al mismo tiempo que comenzaron a ganar fuerza las voces de los organismos de derechos humanos, algunos medios de comunicación decidieron hablar sobre el terrorismo de estado. A medida que la represión retrocedía, las personas comenzaron a organizarse y reclamar verdad y justicia. En este escenario, nuevas generaciones de arqueó- logos asumieron el compromiso político de contribuir al esclarecimiento de los crímenes cometidos por los represores. De esta manera, intentaron desafiar el “saber-poder” (sensu Foucault 1988) de una disciplina científica, especialmente interesada en la prehistoria y la defensa de la neutralidad ideológica. Se iniciaron así los primeros estudios de un campo que recientemente fue denominado “arqueología de la represión” (sensu Funari y Zarankin 2006).
Partimos del presupuesto de que la arqueología posee el potencial para “democratizar” el pasado (sensu Funari 1999). Como ya mencionamos, la mayor parte de los documentos que hacen referencia a la actuación de las dictaduras excluye, minimiza o distorsiona la presencia de los sectores afectados. A diferencia de estos registros, la materialidad de los cuerpos, los objetos y el espacio participa en la cotidianeidad de todas las personas. Al centrarse en su análisis, la arqueología puede dar voz a los grupos silenciados, construyendo narrativas diferentes a los discursos dominantes (Bellelli y Tobin
1985). Este trabajo intenta ofrecer un panorama general sobre las investigaciones interesadas en discutir –desde una perspectiva arqueológica– las “estrategias” represivas y las “tácticas” de resistencia a las dictaduras latinoamericanas (sensu De Certeau 1980).
2. Breve historia de las dictaduras latinoamericanas.
En líneas generales, los regímenes dictatoriales se definen por oposición a los democráticos. Por este motivo, en primer término creemos necesario explicitar algunos rasgos característicos de las democracias. Sólo a partir de su contraposición podremos comprender mejor ciertas características básicas de las dictaduras. De acuerdo a Przeworski et al. (2000), las democracias constituyen sistemas en los que los puestos gubernamentales (principalmente, ejecutivos y legislativos) son ocupados mediante elecciones concursadas entre diversos partidos. En cambio, las dictaduras son regímenes en los que los gobernantes acceden a sus posiciones sin el desarrollo de este tipo de elecciones. Estas circunstancias se asocian con la ausencia de partidos políticos o la presencia de partidos únicos. Las dictaduras suelen ser producto de golpes de estado; es decir, de cambios en las pautas de sucesión al poder (que pueden ser generados por los mismos gobernantes en ejercicio de sus funciones o miembros de la oposición).
Desde el triunfo de los movimientos independentistas, América Latina sufrió una constante tensión entre gobiernos democráticos y dictatoriales (Meyer y Mena 1989; Becker 2008). En esta primera sección del trabajo, describimos las dictaduras que se desarrollaron en distintos países de la región durante las décadas de 1960 y 1970. Sin lugar a dudas, cada uno de estos regímenes contó con características particulares, que dependieron de circunstancias socioculturales específicas (Davis 1995). A pesar de ello, creemos posible brindar un panorama general sobre sus rasgos. De esta manera, pretendemos comprender las principales razones que promovieron el silenciamiento y la distorsión de la historia del período. Asimismo, proponemos contextualizar los aportes que –desde hace algunos años– los arqueólogos intentan realizar a su entendimiento.
Las dictaduras latinoamericanas de 1960 y 1970 se encontraron especialmente lideradas por sectores militares. Estos últimos instauraron formas de gobierno características, usualmente conocidas como “juntas” (Feitlowitz 1999). Las juntas comprendieron comisiones integradas por diversos oficiales de las fuerzas armadas (ya sean de primera o segunda línea). Por lo general, los jefes de esas comisiones ejercieron funciones presidenciales. Una vez en el poder, los grupos militares instituyeron “leyes marciales”. Éstas supusieron una serie de excepciones a la aplicación de las leyes ordinarias; es decir, al orden de cosas comúnmente establecido por la constitución. En este contexto, las fuerzas militares contaron con facultades extraordinarias para enfrentar “estados de emergencia” (situaciones en que las instituciones judiciales resultaban aparentemente incapaces de asegurar la paz y el bienestar de la nación). De esta manera, los sectores en el poder se arrogaron el derecho de limitar y/o suspender las libertades civiles, dando lugar a juicios breves y castigos severos.
Desde la Revolución Cubana de 1959, los movimientos de izquierda experimentaron un fuerte crecimiento en toda la región (Avelar 1999). Como señala Wright (2007), este desarrollo se manifestó en la creación y consolidación de grupos revolucionarios, el aumento de las huelgas y manifestaciones, y el descontento y organización de los sectores campesinos y obreros. En algunos casos, los partidos de izquierda lograron alcanzar posiciones significativas en las elecciones democráticas. El gobierno populista de João Goulart en Brasil y el de Salvador Allende en Chile constituyen ejemplos de este proceso (Becker 2008). En otras ocasiones, los movimientos de izquierda recurrieron a acciones militarizadas con el objetivo de desestabilizar los gobiernos de turno. De esta forma, se encontraron envueltos en acciones guerrilleras (Wright 2007). A pesar de su diversidad, las agrupaciones de izquierda en América Latina usualmente compartieron los fundamentos de la ideología marxista. En este sentido, destacaron las condiciones de desigualdad fomentadas por la economía capitalista y las posibilidades de construir una realidad social más justa.
Durante las décadas de 1960 y 1970, la mayor parte de los países de América Latina se transformó en regímenes dictatoriales. Entre éstos es necesario mencionar Argentina (1966-1973 y 1976-1983), Bolivia (1964-1982), Brasil (1964-1985), Chile (1973-1990), Ecuador (1963-1966), Honduras (1963-1971 y 1972-1982), Panamá (1968-1989), Perú (1968-1980) y Uruguay (1973-1985). Mientras tanto, otros países contaron con gobiernos autoritarios que se remontaban a épocas anteriores. Éste fue el caso de República Dominicana (1930-1978), El Salvador (1931-1982), Guatemala (1921-1986), Haití (1957-1990), Nicaragua (1936-1979) y Paraguay (1949-1989). Este breve panorama histórico permite comprender la fuerza de los gobiernos de facto en la región. Estos no comprendieron simples sistemas transicionales. Por el contrario, lograron consolidarse como formas de gobierno relativamente estables durante largos pe-ríodos de tiempo.
Los sectores militares en América Latina intentaron legitimar su acceso al poder mediante la construcción de diversos discursos. Durante la década de 1970, insistieron sobre la necesidad de proteger los valores de la sociedad occidental y cristiana (Salerno 2007). Por un lado, los movimientos de izquierda fueron presentados como una amenaza actual o latente contra el orden establecido. Por otra parte, se caracterizó a las instituciones democráticas como organismos momentáneamente incapaces de asegurar una vida social armoniosa. En este contexto, los grupos militares destacaron su importancia como “guardianes de los intereses de la patria”. Por lo general, su llegada al poder contó con el apoyo de un importante número de civiles (Jordán 1993), entre los cuales se encontraban personas pertenecientes a los grupos acomodados (que temían la pérdida de sus posiciones de status) y los sectores populares (que preferían distanciarse de la escalada de violencia producida por el enfrentamiento de la guerrilla y las fuerzas del estado).
Con el objetivo de proteger los “intereses de la nación”, los sectores militares frecuentemente utilizaron la fuerza represiva del estado. De esta forma, llevaron a cabo una “guerra sucia” contra cualquier forma de oposición civil. Las acciones represivas emplearon mecanismos como la censura, el exilio, la detención, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. El terrorismo de estado generó campañas de acción psicológica, generalizando el miedo entre la población. A partir de ello, procuró desalentar cualquier intento de resistencia, promoviendo una verdadera “caza de brujas” (Salerno 2007). Los gobiernos militares intentaron controlar la información sobre los efectos más controvertidos de su actuación. Para ello recurrieron a la censura de los medios de comunicación, y al ocultamiento y destrucción de documentos oficiales. En este sentido, las versiones dominantes de la historia del período buscaron silenciar las voces de los sectores afectados por la violencia estatal.
La acción represiva de los gobiernos militares en América Latina se desarrolló en un contexto internacional dominado por la Guerra Fría (Acuña 2003); es decir, el enfrentamiento que –desde finales de la Segunda Guerra Mundial– se produjo entre dos sistemas de organización política, económica y social: el capitalismo (representado por los Estados Unidos de América) y el socialismo (representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Esta oposición se caracterizó por un estado de tensión permanente, sin una declaración formal de guerra. Los Estados Unidos entendieron que el crecimiento de la izquierda en América Latina constituía una amenaza contra su seguridad nacional (Lernoux 1980). Por este motivo, decidieron apoyar la presencia de sectores militares que pudieran controlar los grupos que atentaban contra los fundamentos del sistema capitalista. Este apoyo se expresó en términos políticos, económicos y militares (lo que incluyó la prestación de servicios de inteligencia y la instrucción de los oficiales al mando).
Resulta posible identificar similitudes entre los mecanismos represivos utilizados por las dictaduras latinoamericanas durante el período de estudio. Muchas de estas semejanzas permiten señalar la existencia de una estrategia concertada entre distintos países de la región (Acuña 2003). De acuerdo a la información provista por algunos documentos desclasificados, en 1975 se implementó una campaña de represión política regional conocida como “Plan Cóndor” (McSherry 2002). Este programa de acción militar –que contó con el apoyo de los Estados Unidos– se desarrolló en el extremo sur del continente americano. Entre otros países, incorporó a Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En pocas palabras, el Plan Cóndor tuvo como objetivo generar acciones de inteligencia que permitieran perseguir y exterminar a los grupos opositores a las formas de gobierno implantadas.
Las dictaduras latinoamericanas experimentaron su desmoronamiento desde fines de la década de 1970. Este proceso se inició en Ecuador (1979), y se extendió a Perú (1980), Honduras (1981), Bolivia y El Salvador (1982), Argentina (1983), Brasil (1984), Guatemala y Uruguay (1985), Chile y Paraguay (1989), Nicaragua y Panamá (1990), entre otros países (Rico 1997). En la mayor parte de los casos, la caída de los gobiernos militares no se encontró asociada con procesos revolucionarios abruptos (Catterberg 1989). Por el contrario, se halló estrechamente vinculada con factores nacionales e internacionales de larga duración (Rico 1997). Por un lado, hacia fines de 1970 los regímenes autoritarios experimentaron profundas crisis económicas, polí- ticas y sociales como resultado de medidas implementadas en el pasado. Por otra parte, durante el mismo período comenzaron a sufrir las consecuencias de un contexto internacional adverso. En este sentido, el fin de la Guerra Fría dificultó que los sectores militares continuaran utilizando el temor al comunismo como principal justificación de su presencia.
Tras la caída de las dictaduras, los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos contaron con la posibilidad de hacer oír sus protestas sobre los excesos cometidos por los sectores militares. Por primera vez, la mayor parte de los latinoamericanos sintió una creciente necesidad de conocer su historia política reciente. Este movimiento fue inicialmente impulsado por las investigaciones que intentaban reunir pruebas para procesar a los culpables de los actos represivos. Asimismo, fue proseguido por numerosos trabajos realizados por sobrevivientes e investigadores en ciencias sociales. Desde la década de 1980, los arqueólogos comenzaron a interesarse por el estudio de las consecuencias de las dictaduras. En ese momento, los profesionales no sólo contaron con un mayor grado de libertad para llevar adelante sus trabajos; también se vieron favorecidos por un escenario académico internacional que desafiaba las pretensiones cientí- ficas del positivismo. Los trabajos englobados bajo el rótulo de “postprocesualismo” destacaron la importancia de integrar la variabilidad cultural, la especificidad de los contextos locales, las voces de los sectores marginados y el compromiso político de los investigadores (Trigger 1990; Van Pool y Van Pool 1999).
La discusión de la historia oficial de los gobiernos militares en América Latina presentó diversos resultados. En el ámbito judicial, los efectos obtenidos fueron parciales. Si bien algunos miembros de las fuerzas armadas fueron enjuiciados, no siempre se pudo castigar a los oficiales de alto rango (Rico 1997). Conviene señalar que en la mayor parte de los países de la región la transición hacia la democracia fue pautada por los mismos gobiernos dictatoriales. Ello permitió que los jefes militares se encontraran protegidos por sus múltiples conexiones con los nuevos sectores gobernantes. A pesar de estas circunstancias, las investigaciones sobre dictaduras en América Latina obtuvieron importantes logros a escala nacional e internacional. Estos trabajos no sólo desafiaron las historias sugeridas por el poder oficial. También desarrollaron un creciente proceso de concienciación sobre los riesgos de las dictaduras e influyeron en algunas de las cartas internacionales sobre derechos humanos que se encuentran vigentes en la actualidad (Wright 2007).
3. Arqueología de la represión en América Latina.
Desde sus orígenes en la década de 1980, los proyectos sobre arqueología de la represión en América Latina comparten un compromiso político-social con la búsqueda de la verdad. A pesar de ello, cada uno de estos trabajos articula diferentes intereses y objetivos específicos. A continuación, realizamos un esfuerzo por sistematizar la diversidad identificada1 . Para ello proponemos agrupar los análisis efectuados según sus principales ejes de discusión. Entre éstos destacamos: 1) las reflexiones teóricas sobre arqueología de la represión, memoria y usos del pasado; 2) la recuperación e identificación de restos de personas desaparecidas; 3) el estudio de centros clandestinos de detención; 4) el análisis de objetos asociados a la represión; 5) el estudio de casos representativos.
3.1. Reflexiones teóricas sobre arqueología de la represión, memoria y usos del pasado.
Son varios los investigadores interesados en discutir las bases epistemológicas, conceptuales y metodológicas de la arqueología de la represión en América Latina (Funari y Vieira de Oliveira 2006; Haber 2006; López Mazz 2006). Algunos interrogantes planteados incluyen: ¿cuál es el objetivo de los trabajos desarrollados en el marco de una arqueología de la represión? $\mathrm { \ i D e }$ qué manera deben ser abordados los temas analizados? $\dot { \iota }$ Cuáles son los efectos de este tipo de estudios en el contexto académico y el contexto sociocultural más amplio? $\it { i Q u e }$ marcos teóricos pueden ser incorporados o desarrollados por los arqueólogos? ¿Cuáles son las particularidades de trabajar con los aspectos materiales de la represión? Dentro de esta orientación, en los últimos años se han generado diferentes espacios de diálogo en congresos y jornadas. El $I y U$ Encuentro Internacional sobre el Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas (Buenos Aires, 2003 y 2007), el simposio Historias Desaparecidas (IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en América del Sur, Catamarca, 2007) y la mesa Archaeology and the Failures of Modernity (World Archaeological Congress VI, Dublin, 2008) constituyen algunos ejemplos de ello.
Probablemente, uno de los primeros artículos que propone generar una reflexión teórica sobre los estudios en arqueología de la represión sea Archaeology of the Desaparecidos (Bellelli y Tobin 1985). Este trabajo fue escrito cuando se desarrollaron los primeros juicios a los militares responsables de cometer actos de represión en el contexto de la última dictadura argentina. El principal objetivo de Bellelli y Tobin consistió en alentar a los arqueólogos a comprometerse políticamente con la búsqueda de la verdad. A partir de ello, los autores enfatizaron que la disciplina ofrecía las herramientas necesarias para colaborar en el esclarecimiento del secuestro y desaparición de miles de personas.
Siguiendo esta misma línea de discusión, diversos investigadores actualmente reflexionan sobre las formas en que la arqueología puede analizar las consecuencias del terrorismo de estado, generando información sobre hechos que permanecieron largamente silenciados. Algunos trabajos que plantean ideas interesantes son Una mirada arqueológica a la represión política en Uruguay; 1971-1985 y Arqueología de la Represión y la Resistencia en Amé- rica Latina (1960-1980). En el primer caso, José María López Mazz (2006) considera las particularidades que caracterizan el registro arqueológico de la violencia política y sus diversas formas de resistencia. En el segundo, Pedro Funari y Andrés Zarankin (2006) definen la “arqueología de la represión” como un área de estudios especialmente orientada a desafiar la historia oficial de las acciones represivas mediante el análisis de materialidades. De esta manera, los autores plantean que las investigaciones desarrolladas por esta perspectiva comúnmente se encuentran asociadas con el estudio de los grupos “sin historia” (sensu Wolf 1982).
Otros trabajos proponen comprender por qué los estudios sobre arqueología de la represión en Amé- rica Latina no han contado con un lugar relevante en el escenario académico durante años. En Arqueología del Conflicto en Brasil, Pedro Funari y Nancy Vieira de Oliveira (2006) centran su atención en las especificidades del caso brasileño. A partir de ello, analizan un proyecto arqueológico sobre los desaparecidos de la dictadura que surgió durante la dé- cada de 1990. A lo largo de su desarrollo, este proyecto encontró diferentes obstáculos que impidieron finalizarlo. Entre otros factores, los autores consideran que la continuidad de funcionarios de la dictadura durante los gobiernos democráticos comúnmente limitó la viabilidad de este tipo de estudios. Mientras tanto, en “Tortura, verdad, represión, Arqueología” Alejandro Haber (2006) establece una desafiante comparación simbólica entre las representaciones de la conquista europea de América en el siglo XVI y las dictaduras militares del continente en el siglo XX. En este sentido, señala que el establecimiento de “regímenes de verdad” en arqueología comúnmente condicionó (y aún condiciona) las miradas sobre el exterminio de miles de personas.
3.2. Recuperación e identificación de restos de personas asesinadas.
Sin lugar a dudas, la “desaparición de personas” fue una de las fórmulas más siniestras empleadas por las dictaduras latinoamericanas para eliminar a sus opositores. Por lo general, implicó el secuestro de las víctimas mediante la actuación de grupos paramilitares que funcionaron como organizaciones clandestinas del estado. En este contexto, el destino final de las personas usualmente permaneció desconocido por sus allegados y el resto de la sociedad. Según María Celeste Perosino (2007), la desaparición supuso un estado de “detención indefinida”; una especie de suspensión entre la vida y la muerte que logró prolongarse más allá de la duración de las dictaduras. A partir de ello, creemos posible afirmar que los mecanismos represivos constituyeron estrategias fundamentadas en la desinformación. Éstas no sólo buscaron negar la existencia de los secuestros y asesinatos, dejando a la población sin capacidad de reacción. También intentaron garantizar la impunidad de los perpetradores, manteniéndolos alejados de las acusaciones que se pudieran efectuar en su contra.
Fueron necesarios varios años para que la sociedad descubriera que la mayor parte de los desaparecidos fueron asesinados, y sus cuerpos terminaron destruidos o escondidos en distintas localizaciones. En el caso argentino, el General Videla (primer presidente de la Junta Militar que gobernó el país durante la última dictadura) intentó justificar la desaparición de personas de la siguiente manera: “No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban los manuales de la represión en Argelia, en Vietnam. Estuvimos todos de acuerdo. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero ¿qué es lo que podíamos señalar? $\romannumeral 1$ mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo” (Seoane 2001: 215).
En América Latina, los regímenes dictatoriales hicieron desaparecer a miles de personas de todas las edades y ocupaciones (ver figura 1). Ni vivos ni muertos, los desaparecidos fueron personas cuyas historias de vida fueron interrumpidas por las circunstancias que rodearon el secuestro y detención (Funari y Zarankin 2006). Como mencionamos anteriormente, la arqueología puede ayudar a recuperar y reconstruir su memoria. $\it { i Q u e }$ pasó con las víctimas? ¿Dónde están? Éstas son algunas de las preguntas que distintos grupos de antropólogos forenses están intentando resolver en la actualidad. Desde 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desarrolla tareas interdisciplinarias con el objetivo de detectar, exhumar e identificar los cuerpos de cientos de personas definidas como “NN” (es decir, individuos sin “ningún nombre” o identidad conocida). Este trabajo lo transformó en uno de los equipos de antropología forense más reconocidos a nivel mundial (EAAF 1991, 1992, 1993; Doretti y Fondebrider 2001) (Tabla 1).
Las tareas del EAAF se iniciaron con el retorno de la democracia a la Argentina. En 1983, varios organismos de derechos humanos –que contaban con cierto apoyo del gobierno estatal– decidieron investigar cuál fue el destino de las personas desaparecidas durante la última dictadura. Fue así que las Madres de Plaza de Mayo invitaron al país a distintos especialistas con el propósito de que colaboraran en la búsqueda de las víctimas. Entre otros profesionales, resulta importante mencionar la presencia de Clyde Snow (uno de los antropólogos forenses de mayor prestigio en el mundo). A lo largo de su carrera, Snow había logrado desarrollar una serie de procedimientos para “leer” diversos tipos de datos contenidos en los esqueletos. Éstos constituían herramientas útiles para identificar los restos de personas con fines judiciales (Segura 2005). Teniendo en cuenta estas técnicas, Snow decidió entrenar a un pequeño grupo de estudiantes y jóvenes graduados en arqueología que finalmente conformaron el EAAF.
Tabla 1.- Distribución de desaparecidos por países (fuentes de organismos de derechos humanos).

Pais	Numero de personas desaparecidas
Argentina	30.000
Peru	5.900
Chile	3.000
Brasil	1.500
Uruguay	500

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Desde sus orígenes, los estudios desarrollados por el EAAF permitieron conocer las estrategias represivas utilizadas por gobiernos autoritarios de Argentina, y otros países de América Latina y el mundo. En el caso argentino, los primeros trabajos consistieron en excavar tumbas de NN, donde se constató la existencia de individuos con signos de tortura y asesinato (muchas veces enterrados en fosas comunes). La evidencia sobre las circunstancias que rodearon la muerte de las personas se utilizó frecuentemente en juicios contra los responsables de los crímenes. Asimismo, muchos restos fueron y aún continúan siendo identificados y devueltos a los familiares. En este sentido, vale la pena señalar que desde el año 2007 el EAAF ha puesto en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Este proyecto tiene el objetivo de aumentar la identificación de individuos mediante la recolección de muestras de ADN (sangre de familiares y restos óseos de las víctimas) que serán comparadas de forma masiva (EAAF 2008).
Siguiendo el ejemplo del EAAF, muchos países latinoamericanos incluyeron en sus equipos médico-legales la presencia de antropólogos forenses. En el año 2003, se creó la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF 2007). Esta organización contribuyó a la consolidación de este campo de estudio en la región. Existen diversos investigadores y equipos de trabajo que actualmente desarrollan actividades de antropología forense en América Latina. En Guatemala, la Fundación de Antropología Forense investiga los asesinatos cometidos por las fuerzas represivas durante el conflicto armado que enfrentó al país en las últimas décadas (Suasnávar y Moller 1999). En el caso de Chile, Iván Cáceres analiza la destrucción de enterramientos clandestinos por parte de los militares como forma de ocultar los actos desarrollados durante la dictadura (Cáceres 1992, 2004; Carrasco et al. 2003, 2004). Por su parte, José Vicente Rodrí- guez Cuenca (2004) realiza un estudio sobre la matanza ocurrida en 1985 en el Palacio de Justicia de Colombia. Asimismo, un equipo dirigido por José María López Mazz (2006, 2007) efectúa exploraciones en diversos cuarteles militares uruguayos con el objetivo de identificar fosas clandestinas. Además de los grupos de trabajo mencionados, equipos peruanos, nicaragüenses y de otras nacionalidades se encuentran interesados en el estudio de los actos genocidas producidos por el terrorismo de estado.
3.2.1. Estudios de Centros Clandestinos de Detención.
La desaparición de personas durante los gobiernos dictatoriales generalmente estuvo asociada a otro dispositivo represivo: los “Centros Clandestinos de Detención” (CCD). Estos campos de concentración actuaron como prisiones donde los secuestrados eran mantenidos en cautiverio por días, meses e incluso años. Los CCD constituyeron espacios donde se interrogaba a las personas de forma sistemática mediante el empleo de procedimientos de tortura. Sin lugar a dudas, su carácter clandestino los convirtió en una especie de “no-lugares”, lo cual significó que su existencia no fue oficialmente reconocida por las autoridades gubernamentales (Zarankin y Niro 2006). Frente a estas circunstancias, los represores pudieron decidir de forma completamente libre el destino de quienes se encontraban en su interior.
Los CCD buscaron destruir la identidad de los detenidos. La privación de la visión, la limitación del movimiento, la aplicación de torturas, la falta de alimentos, las condiciones climáticas extremas, la prohibición de la comunicación y la sustitución de los nombres por códigos constituyeron algunos de los dispositivos empleados en estos espacios. Éstos tuvieron como principal centro de atención la corporalidad y subjetividad de los secuestrados, transformándolos en “desaparecidos”. Los CCD representaron un nuevo modelo punitivo, construido a partir de elementos de diversos sistemas represivos (tanto modernos como antiguos). Tal vez por las dimensiones de violencia que asumió el terrorismo de estado (y el carácter de laboratorio que los Estados Unidos otorgaron al país con el objetivo de contener el avance de las ideologías de izquierda), Argentina fue uno de los casos donde existió una mayor cantidad de CCD. Según informes de organismos de derechos humanos, entre 1976 y 1983 hubo más de 550 centros, por los que pasaron aproximadamente
30.000 personas. Estas circunstancias finalmente dieron lugar al nacimiento de varios proyectos arqueológicos interesados en excavar estos sitios.
Uno de los principales proyectos de excavación de un CCD en Argentina fue el del “Club Atlético”, cuyo plan de trabajo se inició en 2002 con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Weissel 2002). Una de las particularidades de este proyecto fue que la dirección de las tareas se encontró a cargo de una Comisión compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, el gobierno de la ciudad, familiares de desaparecidos, sobrevivientes del centro y diversos profesionales (ingenieros, arquitectos y arqueólogos). Por lo tanto, las propuestas de los arqueólogos sólo representaron una perspectiva entre otras posibles. Frente a estas circunstancias, sus ideas debieron ser continuamente consensuadas en el marco de la comisión. En el año 2003, parte de los objetivos y la metodología de trabajo fueron modificados como consecuencia de una nueva convocatoria (Bianchi Villelli y Zarankin 2003a, 2003b). Las metas del proyecto se reordenaron en función de dos ejes diferentes: por un lado, generar un estudio sobre la arquitectura y la organización espacial del CCD; por otra parte, construir una memoria material sobre la represión del período (Zarankin y Niro 2006).
Dentro de esta línea de estudio, podemos destacar las tareas realizadas en Mansión Seré o Atila (un CCD localizado en el municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires). En el año 2000, un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires inició un proyecto de excavación que se transformó en el primer trabajo de su tipo en Argentina. Las actividades se centraron en la reconstrucción de la memoria del lugar, para lo que se conjugaron testimonios de vecinos y sobrevivientes con evidencias materiales recuperadas durante las excavaciones (Bozzuto et al. 2004). Otras investigaciones que están desarrollándose desde hace algunos años incluyen el “Pozo de Rosario” en Santa Fe (Bianchi et al. 2008) y el “Pozo de Vargas” en Tucumán. Los resultados de los trabajos presentados en este apartado permiten comprender los aspectos funcionales y simbólicos de los CCD, definiéndolos como instrumentos fundamentales de los sistemas represivos de Argentina y América Latina.
3.2.2. Análisis de objetos asociados a la represión.
El estudio de la materialidad de los mecanismos represivos no sólo depende de la posibilidad de analizar el espacio construido de los CCD. Dentro y fuera de esos lugares, también se pusieron en juego diversas expresiones de la cultura material que desarrollaron un lugar preponderante en los procesos de dominación y resistencia de las personas. Uno de los trabajos que se enmarca en esta línea de estudios es “Algo Habrán Hecho…” La Construcción de la Categoría “Subversivo” y los Procesos de Remodelación de Identidades a través del Cuerpo y el Vestido (Argentina, 1976-1983). En este caso, Melisa Salerno (2007) utiliza documentos oficiales para comprender las formas en que el vestido y la apariencia de los sectores perseguidos pudieron ser utilizados por los regímenes militares para construir y estigmatizar la categoría “subversivo”. Desde esta misma perspectiva, la autora analiza testimonios de sobrevivientes y restos de vestimenta recuperados en diversas exhumaciones conducidas por el EAAF con el objetivo de discutir los mecanismos represivos empleados por el estado para destruir la categoría “subversivo” que anteriormente había elaborado. Teniendo en cuenta estas ideas, Salerno señala que las transformaciones en la apariencia de las personas durante su cautiverio y muerte (principalmente mediante el desnudo, la tortura y los cambios de vestido) contribuyeron al desdibujamiento de sus identidades y la construcción de su condición de “desaparecidos”.
Siguiendo esta línea de análisis de la cultura material, otros trabajos se han interesado por discutir las particularidades de los procesos de resistencia. En Rayando tras los Muros: Graffitti e Imaginario Politico-Simbólico en el Cuartel San Carlos (Caracas, Venezuela), Rodrigo Navarrete y Ana María López (2006) interpretan el imaginario carcelario a partir del análisis de graffitis y otras expresiones figurativas y textuales localizadas en los recintos del Cuartel San Carlos. Para los autores, estas “manifestaciones parietales” representan formas alternativas mediante las cuales los prisioneros intentaron reinventar la realidad en que se encontraban inmersos. Por su parte, en Una mirada arqueológica a la represión política en Uruguay; 1971-1985 José María López Mazz (2006) plantea la posibilidad de discutir situaciones de resistencia entre los presos políticos de la última dictadura militar uruguaya. Desde este enfoque, su estudio propone abordar la materialidad de las situaciones de fuga o de pequeñas conductas cotidianas (como la construcción de juguetes) que permitieron escapar a la violencia impuesta por las fuerzas de la represión.
3.2.3. Estudio de casos significativos.
Muchas veces, los proyectos que tienen más difusión en los medios de comunicación corresponden con lo que hemos denominado “casos de estudio emblemáticos”. Éstos dependen del interés que despiertan ciertos personajes y eventos históricos directamente vinculados con la actuación de las fuerzas represivas en la región. Sin lugar a dudas, el proyecto que ganó mayor notoriedad en los últimos años fue el de la búsqueda de los restos del Che Guevara. En 1997, el arqueólogo cubano Roberto Rodrí- guez Suárez (junto con un equipo compuesto por investigadores de diversos países) localizó y recuperó los restos del líder revolucionario en Bolivia (Rodríguez Suárez 2006). En este caso, el éxito del proyecto radicó en la utilización de una metodología específica que involucró técnicas analíticas propias de la antropología forense y la arqueología.
En el caso de México, Patricia Fournier y José Martínez Herrera (2006) discutieron los sucesos ocurridos en 1969 cuando el gobierno desencadenó la represión de una manifestación estudiantil pací- fica que se desarrollaba en la Plaza de las Tres Culturas. Según se sabe, en esa ocasión cientos de estudiantes y personas comunes fueron masacradas por el aparato represivo del estado. Después de 40 años, no se ha terminado de esclarecer lo sucedido, los cuerpos de muchas víctimas continúan desaparecidos y los culpables no han sido castigados. Patricia Fournier y José Martínez Herrera consideran que dentro de este panorama la arqueología se transforma en una herramienta privilegiada “para la recuperación de la memoria”. En este sentido, la disciplina no sólo puede develar lo que realmente ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, sino que también puede contribuir a localizar los muertos y desparecidos en el evento.
4. Palabras finales.
Durante décadas, la arqueología latinoamericana se mantuvo alejada del análisis de la represión, las dictaduras y sus consecuencias, e incluso cerró los ojos ante estos fenómenos. Sólo a partir del retorno de la democracia, nuevas generaciones de arqueó- logos comenzaron a interesarse por este campo de estudio. Sin embargo, en la mayor parte de los casos los trabajos se realizaron de forma aislada. Ello se debió a diversos factores. Por un lado, los sectores asociados a las dictaduras extendieron su poder (o incluso lo aumentaron) durante los gobiernos democráticos, obstaculizando parte de las investigaciones sobre este tema. Por otra parte, diversos arqueó- logos se mostraron reticentes a participar en proyectos interesados en el estudio de la represión, ya sea por encontrarse afectados por el recuerdo de la persecución ideológica o por haber participado directamente en ella. Por último, los ideales positivistas de una arqueología científica y neutral impidieron el desarrollo de cualquier forma de compromiso político por parte de diversos profesionales del área.
Si bien los trabajos en arqueología de la represión continúan siendo minoritarios, el panorama anteriormente descrito ha comenzado a transformarse. En líneas generales, la arqueología no sólo ha contribuido a comprender el funcionamiento de los sistemas que hacen desaparecer a las personas. También ha colaborado con la construcción de una memoria material del genocidio. El desarrollo de nuevos espacios de producción científica en América Latina ha permitido generar un diálogo fructífero entre los profesionales, demostrando las semejanzas y diferencias de los procesos represivos en distintos países de la región. Asimismo, estos espacios de trabajo han abierto la posibilidad de sistematizar un conjunto de estudios que anteriormente se presentaba como fragmentario y desarticulado. Actualmente, el desafío es asegurar la continuidad de los trabajos y fomentar la creación de nuevas investigaciones.
En síntesis, la arqueología latinoamericana cada vez se encuentra más comprometida con las causas sociales. Desde esta perspectiva, se halla dispuesta a asumir la responsabilidad de investigar los sucesos ocurridos durante las dictaduras. A pesar de los intentos de ocultamiento y distorsión de quienes participaron en los gobiernos autoritarios, los resultados obtenidos permiten ser optimistas y confiar en que se puede contar otra historia.
AGRADECIMIENTOS.
Agradecemos a María Celeste Perosino por sus contribuciones con la bibliografía sobre los antecedentes históricos de la represión en el Cono Sur. A Alfredo González Ruibal por invitarnos a participar en este volumen.
NOTA
1. Los ejemplos mencionados tan sólo constituyen una muestra parcial y fueron seleccionados en función de casos conocidos por los autores.
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