10. FUENTES DOCUMENTALES PARA LA INVESTIGACIÓN NOBILIARIA EN LA EDAD MODERNA.
CONCEPCIÓN MENDO CARMONA.
Introducción.
Las fuentes documentales para el estudio de la genealogía, la heráldica y la nobiliaria, que se custodian en los archivos españoles, son muy numerosas y ricas en información para profundizar en los distintos aspectos que estas disciplinas nos ofrecen en el ámbito peninsular e iberoamericano. Dada la importancia del tema se han realizado diversos trabajos1 para dar a conocer los archivos más significativos. Estas obras se caracterizan por describir los fondos conservados en cada uno de ellos, comenzando por los grandes archivos históricos y continuando por las distintas categorías de eclesiásticos, militares, municipales, etc.
El presente estudio es fruto de un curso2 sobre estas materias y por ello constituye una pequeña parte de un trabajo más amplio y completo dedicado a la heurística nobiliaria. Por cuestiones de espacio, se analizan sólo unas pocas instituciones de la Edad Moderna elegidas por el valor y riqueza de sus documentos y porque permiten ejemplificar el esquema expositivo que se propone. Para la mejor comprensión de las fuentes, la estructura adoptada parte del análisis de la institución productora, de sus funciones y del procedimiento seguido en la génesis documental. Se expone luego la historia de la custodia del fondo hasta nuestros días, razonando el porqué de su dispersión archivística, en el caso de producirse ésta.
Entre las fuentes utilizadas para la preparación del trabajo, además de la bibliografía y de las guías que se citan, quiero destacar los recursos electró- nicos que ofrece la Subdirección de Archivos Estatales a través del portal del Ministerio de Cultura3 . En concreto se han tenido presentes las descripciones realizadas de acuerdo con la Norma Internacional de Descripción Archivística (ISAD-G) y los cuadros de organización de fondos elaborados recientemente para los archivos nacionales.
Justicia y gobierno.
El Estado Moderno, que surgirá por evolución natural a partir de las reformas de los Reyes Católicos, se caracteriza por la interrelación de poderes, esto es, por hacer participar a los diferentes órganos tanto de la función de gobierno como de la de justicia; y por la idea de que las instituciones actúan por potestad delegada, de modo que no ejercen mermando el poder del soberano, sino en su nombre. Estas dos características las observamos en las audiencias y chancillerías y en el régimen de los consejos.
Las audiencias en el Antiguo Régimen adquirieron la categoría de órganos judiciales superiores en los distintos reinos de la monarquía hispánica. En la Corona de Castilla la audiencia surge en la Edad Media como un instrumento de la justicia personal del rey, ligado a la cancillería, lugar donde se sellaban los documentos emanados de la autoridad real. La audiencia quedó perfilada al aprobar Enrique II, en las Cortes de Toro de 1371, el «Ordenamiento sobre administración de justicia» que establecía la composición y normas de la misma. En un primer momento fue ambulante, Juan II fijó su sede en Valladolid en 1442. En 1489 recibió de los Reyes Católicos ordenanzas y la denominación Real Audiencia y Chancillería. De esta manera, se separa la justicia del rey en dos sedes: la corte y consejo, junto al rey; y la audiencia y chancillería en Valladolid.
La diferencia entre ambas instituciones radica en el procedimiento, no en los órganos a los que se atribuye, ni tampoco en las materias o asuntos a tramitar; la verdadera distinción se encuentra en las vías de tramitación y despacho de los negocios. Los asuntos de justicia no lo eran «per se» sino que se convertían en tales al tramitarse por vía de proceso; los asuntos de gracia, se tramitaban por la vía de cámara, más rápida y ágil. La dualidad de funciones: gobierno y justicia, tienen su correlato en la doble vía procedimental: gobierno por vía de expediente, que significa tramitación expedita, rá- pida; mientras que la justicia se hará por vía de proceso, que requiere una tramitación lenta, basada en la búsqueda, aportación y análisis de pruebas.
Esta doble vía tendrá su correspondencia en los archivos: archivos de justicia: chancillerías y audiencias; archivos de gobierno, siendo Simancas el primer archivo de Estado.
Reales Chancillerías de Valladolid y Granada.
El ámbito territorial de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid fue, en un primer momento, todo el territorio de la Corona de Castilla. En 1494 se creó otro tribunal superior en Ciudad Real, que fue trasladado a Granada en 1505, estableciéndose el curso del río Tajo como línea divisoria entre las dos jurisdicciones4 .
Carlos I determinó que hubiese cuatro Salas de Oidores para lo civil, con cuatro oidores por sala; y así quedó constituida la Chancillería hasta el siglo XIX: un presidente y dieciséis oidores distribuidos en cuatro salas; cuatro alcaldes de lo criminal en una sala; un juez mayor de Vizcaya para la sala de este nombre, dos alcaldes de hijosdalgo (luego cuatro) en una sala; y dos fiscales para lo civil y lo criminal. Además, un alguacil, un pagador, un chanciller, relatores, escribanos y desde 1607 un archivero. Esta organización se mantuvo con pequeñas variaciones hasta 1834, en que los cambios en la organización judicial influyeron en las competencias y jurisdicción de la chancillería, convirtiéndola en la moderna Audiencia Territorial y segregando de ella dos salas con las que se fundaron las nuevas audiencias de Burgos y Albacete.
Las atribuciones de este órgano de administración de justicia eran amplias:
— Como tribunal de primera instancia tenía conocimiento de los casos surgidos en el rastro de la chancillería, área jurisdiccional de cinco leguas alrededor de la sede del tribunal; y de los denominados «casos de corte» es decir: aquellos cuyo conocimiento avocaba el rey por diversos motivos. Como tribunal de apelación le correspondía el conocimiento de las apelaciones por los distintos jueces y tribunales del reino, tanto los pertenecientes a la jurisdicción real, como las especiales.
Los pleitos se resolvían y fallaban por salas, los escribanos tenían por misión recoger la documentación y entregarla en el archivo al finalizar cada uno de ellos. Por el fuero común se tramitaban los procesos seguidos en las salas de lo civil y lo criminal; mientras que en las Salas de Hijosdalgo y de Vizcaya se hacía por fuero especial.
Lo mismo en la Chancillería de Valladolid que en la de Granada había una sala exclusivamente dedicada a tratar los pleitos de hidalguía y los asuntos relacionados con los hidalgos. La Sala de Vizcaya estaba reservada a Valladolid solamente, en ella no existían oidores ni alcaldes, solamente el Juez Mayor de Vizcaya, que tenía categoría de oidor. En todas las cuestiones relacionadas con los vizcaínos de origen, tanto en lo civil como en lo criminal, sólo él podía entender y fallar; aunque pasasen fuera del territorio del señorío.
Procedimiento y tipos documentales.
La sala de los Hijosdalgo generó entre el siglo XV y 1834 básicamente tres tipos de procedimientos: pleitos, expedientes provisionales y probanzas5 .
a) Pleitos.
El pleito tiene lugar porque hay contradicción entre las partes, un verdadero litigio. Surge cuando el concejo incluye a una persona de condición noble en el padrón de pecheros, le reclama los tributos correspondientes y, al no pagarlos, le toma alguna de sus propiedades en calidad de prenda. El procedimiento se inicia al presentar el litigante en la chancillería su demanda, acompañada del testimonio del bien tomado y del poder al procurador.
La fase de tramitación comienza con el estudio de la demanda por los Alcaldes de Hijosdalgo. En una Real Provisión se recogían los extremos de la demanda y se pedía al concejo, justicia y regimiento que declararan si era justa la toma de prenda. Ante la denegación del concejo de las razones aducidas por el demandante, se iniciaba la fase probatoria en la que el fiscal de S. M. obligaba al litigante a presentar las consiguientes pruebas:
— Declaraciones de testigos relativas a la posesión de hidalguía de él y sus ascendientes en los pueblos donde vivieran, y a la legitimidad y limpieza de su origen. Testimonios de padrones anteriores. Partidas sacramentales. Esta prueba se pide con posterioridad a la celebración del Concilio de Trento, donde se estableció la obligato
riedad de llevar registros de la administración de sacramentos por parte de cada parroquia.
Reconocimiento de casas solares o capillas.
Algún privilegio o concesión de hidalguía.
En vista de las pruebas aportadas, sentenciaba el Tribunal de Alcaldes de los Hijosdalgo. La sentencia podía apelarse al Tribunal de Oidores y, posteriormente la dictada por éste podía apelarse en fase definitiva de revista6 . Pronunciada la sentencia y pasado el plazo de apelación se daba por firme. Tomaba el pleito el nombre de «fenecido» cuando terminaba con revista, y «olvidado» cuando terminaba en la apelación ante los Alcaldes o la primera Sala de Oidores. El proceso completo del pleito, en cada una de sus instancias, tenía lugar en la Chancillería. Se generaba un expediente, reflejo documental de cada una de las fases, que se cerraba con el documento más importante para el litigante, la carta ejecutoria de hidalguía. Ésta se define como la sentencia por la cual se obliga al Concejo a que acepte por hidalgo al litigante y en la cual se recoge la prueba documental y testifical presentada en el juicio. Es considerado el documento nobiliario más perfecto7 , pues reconoce la nobleza de quien ha obtenido la ejecutoria; el más completo ya que contiene la demanda, un resumen de las pruebas y las sentencias; y muy solemne ya que se expedía en pergamino, se adornaba con el escudo de las armas del linaje y se encuadernaba en pergamino o en raso de distintos colores8 . El original se le entregaba al litigante, quedando copia en el registro de la chancillería, formando la actual serie registro de ejecutorias. Los descendientes de quienes habían ganado carta ejecutoria de hidalguía sólo tenían que probar su genealogía para obtener la sentencia necesaria.
b) Expedientes provisionales.
A diferencia de los pleitos, este procedimiento tenía lugar cuando un hidalgo cambiaba de vecindad por casamiento, adquisición de bienes u otros motivos. Para ingresar en el padrón de hijosdalgo del lugar donde se avecindaba, necesitaba demostrar ante el concejo su condición de noble. Se generaba un expediente, equivalente a la ejecutoria de los pleitos, y denominado expediente provisional por terminar en una Real Provisión. Se iniciaba el procedimiento a petición del interesado que solicitaba a la chancillería una provisión de «dar estado conocido» en que se le autorizase a presentar las pruebas de su condición noble. Las pruebas, iguales a las de los pleitos ya comentadas, eran presentadas al concejo quien acordaba recibirle como hidalgo cuando hubiesen sido aprobadas por la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería. La tramitación continuaba con la presentación por el interesado de otra petición acompañando las pruebas y el testimonio del acuerdo del concejo. Después del informe del fiscal, que velaba por el patrimonio real, se despachaba la real provisión que daba fin al expediente; llamada de un mismo acuerdo por constar en ella que el concejo estuvo en el mismo acuerdo y parecer que la chancillería. Este procedimiento tenía lugar entre el concejo y la chancillería.
c) Probanzas «ad perpetuam rei memoriam»9.
Su objetivo era preventivo para que no desaparecieran las pruebas testificales que el hidalgo o sus descendientes podían necesitar más tarde. Consistían en la toma de declaración a determinados testigos en base a un interrogatorio propuesto por la parte interesada. Se realizaban ante la sala de hijosdalgo y el escribano recogía y ordenaba los testimonios presentados. El fiscal que informaba dejaba siempre a salvo todo cuanto pudiera perjudicar al real patrimonio.
Estas pruebas eran independientes de cualquier pleito de hidalguía. Eran simples actos de notoriedad. La ley XIX, del Título XXVIII, Libro XI de la Novísima Recopilación, promulgada en Barcelona en 12 de abril de 1533 y ratificada en 24 de mayo de 1552, indica cómo deben realizarse estas probanzas. El expediente que se genera comienza con una alegación del peticionario en la se solicita la probanza de nobleza «por ser los testigos muy viejos o impedidos de manera que si se muriesen le faltaría el modo de probar y padecería su justicia».
Algunas de estas pruebas son el complemento y adorno del pleito de hidalguía y se llevan a efecto después del mismo. Aunque en conjunto son escasas, el mayor número de ellas corresponde a las incorporaciones en los litigios negativos para el postulante y en los olvidados ante los alcaldes. Otras son las efectuadas sólo para obtener un testimonio, prueba únicamente de carácter testifical que se solicitaba al escribano de la sala de hijosdalgo.
Resultaban por sí mismas ineficaces en un pleito al no acompañarse de otra documentación genealógica o nobiliaria. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aunque en las Chancillerías y Audiencias no se tomó como positivo este acto para declarar la nobleza, en las Órdenes Militares si resultó suficiente muchas veces, principalmente en expedientes de los siglos XVII y XVIII, en donde la prueba nobiliaria consiste en la aportación de este testimonio de probanza.
La custodia de las fuentes10.
Toda la documentación expedida por la Real Chancillería de Valladolid se conserva en el archivo de la propia institución. Las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489 dispusieron que dentro de la audiencia se estableciera una cámara con dos armarios distintos: uno para los pleitos fenecidos y otro para los privilegios, pragmáticas y otras escrituras expedidas por la chancillería11. Ello dio origen a la aparición de dos archivos: el de «Pleitos» a cargo del archivero y registrador que custodiaba tanto la documentación del registro, como los pleitos que los escribanos de cámara remitían al archivo concluida su tramitación; y el llamado del «Real Acuerdo» porque para el gobierno de la chancillería se reunían el presidente y los oidores reunidos en «acuerdo general»12. Bajo la custodia de su presidente recogía la documentación de carácter burocrático y normativo, producida y recibida por la institución. A estos dos archivos se unió en la segunda mitad del siglo XVIII el de la sala de Gobierno del Crimen, que custodia la documentación de carácter interno producida por el órgano que le da nombre. Tras la supresión de la Chancillería en 1834 como órgano de justicia y sus sustitución por la Audiencia Territorial, el archivo pasó a depender del Ministerio de Gracia y Justicia. En 1906, por la Ley de $1 ^ { \circ }$ de enero de 1904, su custodia fue encomendada al Cuerpo Facultativo de Archiveros, adscrito al entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
De toda la riqueza documental custodiada en este archivo interesa destacar para el tema que nos ocupa las siguientes secciones y series:
Sala de Hijosdalgo
— Pleitos de hijosdalgo (1488-1834). Esta serie reúne los pleitos, expedientes y probanzas originados para probar la hidalguía de sangre. Comprende los procedimientos arriba mencionados: pleitos propiamente dichos, expedientes provisionales y probanzas.
— Protocolos y padrones (1386-1847). Como se ha descrito en el procedimiento, entre las pruebas de nobleza se incluían «padrones de distinción de estados». A veces se aportaba el padrón original, aunque lo más frecuente era la presentación de copias autenticadas de los mismos. Esta serie se formó con estos documentos organizados por concejos, porque se consideró la forma más útil para su localización. Los documentos que figuran en esta serie no son sólo de hidalguía, sino que cualquier litigio, de la clase que fuera, en que interviniera un hijodalgo se tramitaba y fallaba por esta sala.
Sala de Vizcaya.
Comprende las series: Pleitos de Vizcaya (1450-1841) y Sentencias (1475- 1833). Se trata de apelaciones civiles y criminales de las Justicias del Señorío de Vizcaya, y juicios en primera instancia para los que vivían fuera de él. Estas series son de interés porque los pleitos daban lugar a que se aportaran como pruebas los más variados y antiguos documentos: privilegios, fueros, albalaes, monografías históricas de monasterios, concejos y familias, para litigar los bienes de herencia o mayorazgos a que creían tener derecho. Constituyen una fuente incuestionable para el estudio de la nobleza de sangre.
Archivo y Registro
— Registro de ejecutorias (1395-1835). Se trata de documentos que siempre consignan una sentencia, se refieren tanto a las salas de fuero común como a las de fuero especial. Interesa aquí destacar las de estas últimas salas. Como se ha comentado más arriba la carta ejecutoria de hidalguía se entregaba al litigante, quedando en la chancillería copia de la misma en el registro. Contienen, además de las sentencias, el relato completo del pleito, de ahí su extraordinario valor como fuente. Además, como las cartas originales no siempre se han conservado en los archivos nobiliarios correspondientes, son una fuente insustituible. Esta ordenado cronológicamente según se producían13.
— Registro de Provisiones (1477-1847). Forman una serie similar a la anterior, se trata de documentos resolutivos de un pleito, aunque menos expositivos. Son documentos expedidos por todas las salas y presentan también un orden cronológico.
El Archivo de la Real Chancillería de Granada14 hasta mediados del siglo XIX estaba constituido por las secciones: Registro y Real Acuerdo. Los Escribanos de Cámara custodiaban sus protocolos y los consideraban como parte de sus bienes patrimoniales y por tanto objeto de venta o transmisión por herencia. La consecuencia de esta práctica fue la dispersión documental y la pérdida de muchos litigios. Esta situación se mantuvo hasta la Real Orden de 12 de mayo de 1854 por la que se dispuso que los Escribanos de Cámara entregasen los protocolos a la Audiencia, se organizase una Junta destinada a hacer el expurgo de los papeles útiles e inútiles y que se creara el Archivo General.
Sección Pergaminos (775-1834)
Comprende esta sección documentos reales como privilegios rodados, privilegios, mercedes y confirmaciones que pueden resultar de interés para los estudios genealógicos y nobiliarios.
Escribanías de hijosdalgo.
En esta sección se encuentran documentos sobre construcción de capillas, enterramientos, fundación de patronatos, capellanías, mayorazgos, y estatutos de cofradías entre otros. En todos ellos se ofrecen datos interesantes desde el punto de vista genealógico y nobiliario.
Secretaría de la Sala de Hijosdalgo.
Comprende esta sección la documentación generada por los pleitos y pruebas aportadas en los mismos, de todos aquellos miembros de la nobleza que consideraron lesionados sus derechos o tuvieron que probar su hidalguía. Es muy variada la tipología documental que abarca: árboles genealógicos completos, copias de partidas sacramentales, padrones de vecindad, escrituras de fundación o transmisión de bienes, declaraciones de testigos, etc. Es una fuente de primer orden para la investigación genealógica y nobiliaria. Figuran datos de numerosos apellidos, avecindados al sur del Tajo, en el distrito de la Chancillería en el siglo XVI.
Registro.
Ejecutorias, Reales Provisiones y Probanzas: (1480-1834). Esta documentación fue custodiada por el chanciller desde los inicios de la institución. Constituye un resumen de toda la documentación emanada del tribunal de la chancillería, recogida en los protocolos del chanciller. Las ejecutorias contenían además de la sentencia un resumen del pleito, el original escrito en pergamino quedaba en poder del solicitante y la copia pasaba a custodia del chanciller.
Colecciones
— Reales Cédulas y Reales Provisiones: (1427-1765). Formado por documentos. en papel suscritos por los Reyes Católicos y sus sucesores. Figuran mercedes, títulos e hidalguías, etc.
— Pergaminos: Estos documentos han sido desglosados de los pleitos a los que se aportaron como prueba. Predominan ejecutorias de hidalguía, confirmación de privilegios, títulos de bachiller, títulos de propiedad, etc.
Las audiencias creadas con posterioridad tuvieron otro significado. Se trataba de una territorialización de la justicia. La primera de ellas, Galicia en 1480, fue fruto de la transformación de la gobernación creada por los RRCC, con importantes competencias gubernativas además de las judiciales, en primera instancia y en apelación; y con suplicación de los asuntos importantes, ante la Chancillería de Valladolid. La Audiencia de Canarias, creada en 1526, también con notables competencias en gobierno; tenía como tribunal de apelación la Chancillería de Granada; y desde 1566 la Audiencia de los Grados de Sevilla, creada en 1525. Esta de Sevilla tiene un carácter intermedio entre el resto de las audiencias y chancillerías acercándose más a éstas, al ampliar su territorio por Andalucía y limitar las apelaciones a la Chancillería de Granada para los pleitos civiles de considerable cuantía. En el siglo XVIII aparecerán las restantes audiencias castellanas: Asturias en 1717, creada a imagen de Galicia, con competencias gubernativas y judiciales, y apelación a Valladolid en los asuntos de mayor cuantía; y Extremadura, establecida en 1790, con apelación en lo civil a Granada. Las audiencias indianas eran organismos civiles supremos sometidos a la autoridad del ejecutivo y con poderes para resolver asuntos judiciales, legislativos y ejecutivos. Al mediar el siglo XVIII había en América española once audiencias, con los Borbones se definen sus responsabilidades hacia el ámbito judicial.
Cada uno de los reinos que integraban la Corona de Aragón tenía su propia audiencia, de origen similar a las castellanas, ligadas a las cancillerías, que administraban justicia superior ante la imposibilidad de que lo hiciera el rey personalmente: Cataluña (1493), Aragón (1528) y Valencia (1507). La Guerra de Sucesión supuso su transformación en Chancillerías, conforme al modelo castellano. A partir de 1716, con la Nueva Planta, todas las audiencias tendrían una estructura uniforme, excepto en número de magistrados. Las audiencias de Mallorca (1571) y Cerdeña (1562-64), nacieron más tardíamente bajo el reinado de Felipe II, hasta esa fecha la impartición de justicia estaba adscrita al regente de la Chancillería o al Gobernador General.
Firma posesoria de Infanzonía.
En Aragón el documento equivalente a la Ejecutoria de Hidalguía es la Firma posesoria de Infanzonía15. Los trámites son muy semejantes a los pleitos castellanos. Este documento lo expedía la Corte de Justicia de Aragón hasta la creación de la Audiencia de Zaragoza. A partir de la dinastía Borbón son las distintas audiencias las que en las diferentes regiones tramitarán estos asuntos. En Valencia son los «caballeratos o generosos»; en Cataluña, la generalidad los «pleitos de ciudadanía»; en Navarra la Cámara de Comptos y después su audiencia, dirimen los derechos de los «palacios cabos de armería»; etc.
Régimen de los consejos.
Desde el punto de vista institucional lo más significativo es el comienzo del régimen de los consejos, órganos polisinodiales de carácter colegiado y consultivo con funciones de gobierno, que alcanzó su plenitud con Carlos I. La estructura interna de cada una de estas instituciones llegó a ser muy semejante. Tenían un número variable de miembros, entre ocho y veinte; a su frente había un presidente o gobernador, uno o varios fiscales, secretarios, escribanos, etc.; funcionaban en pleno o por salas.
Cámara de Castilla.
Se ha atribuido la fundación del Consejo de la Cámara de Castilla16 a Carlos I y a su madre la reina Juana. Salustiano de Dios prefiere hablar para esta época de «consolidación de la cámara, entendida ésta como despacho específico en la corte de negocios de gracia, merced y patronato real. Un avance importante respecto de la fase de formación ocurrida con los Reyes Católicos, pero todavía lejos de la madurez como consejo definido que alcanzará con la instrucción de Felipe II de $1 5 8 8 \gg$ .
La cámara se fue conformando como un órgano separado del Consejo Real para atender a los negocios de gracia, merced y patronato eclesiástico, funciones que las primeras ordenanzas habían atribuido al consejo, quien entendía en ellas con carácter consultivo. Así pues, las relaciones entre ellos fueron muy intensas por las remisiones de negocios de la cámara al consejo y del consejo a la cámara. Pero existía una diferencia fundamental entre ellas: al consejo se remitían las peticiones y demandas de justicia y a la cámara los memoriales de gracia. Si ante la cámara llegaban asuntos que afectaban intereses de partes, este organismo debía remitir su determinación al consejo; por eso muchas peticiones y memoriales llevan anotada la siguiente providencia en el reverso: «al consejo». En caso de incumplimiento, cuando las peticiones y memoriales afectaban a negocios de justicia y la cámara se atrevía a librar las cartas y cédulas, cabía el recurso de suplicación ante el consejo por la parte agraviada17.
La palabra cámara va ligada a un concepto de intimidad, de algo privado y particular, reservado o secreto. Desde 1520 comenzó a utilizarse el término Consejo de la Cámara18. Otras denominaciones como vía de cámara o despacho de la cámara expresan su diferencia con el Consejo Real, dos vías distintas para la tramitación de los asuntos: vía de despacho frente a la de vía de consejo.
Su estructura como verdadero consejo quedó asentada en las citadas instrucciones de 1588. Se instituyeron tres secretarías: Real Patronato, Gracia y Justicia, todos ellos con funcionamiento colegiado. Su composición fue siempre reducida: un presidente que lo era también del Consejo de Castilla; un número reducido de camaristas, consejeros también de Castilla; tres secretarios, un relator y un portero. Prácticamente esta estructura se mantuvo intacta hasta el siglo XVIII; en 1707 la supresión del Consejo de Aragón determinó la creación de una nueva secretaría denominada «Gracia y Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón»19.
Las regalías mayores y menores eran el objeto específico de los despachos de la cámara. Sus atribuciones se identifican con el poder soberano del monarca, que comprende el derecho de gracia y merced, los distintos supuestos de la facultad graciosa del monarca20.
a) Una regalía era el patronato eclesiástico, la intervención del monarca en los bienes de los beneficios eclesiásticos vacantes y en la designación de sus titulares. La presentación de obispos no correspondió de derecho a la realeza castellana hasta 1523, cuando Adriano VI concede a Carlos I el patronato universal por una bula expresa, otorgándole a él y a sus sucesores el derecho de presentación de las vacantes en iglesias metropolitanas y catedrales, abadías y monasterios. Posteriormente, por acuerdo de las Cortes de Toledo de 1525 se establece que las presentaciones de iglesias, monasterios, abadías, priorazgos, beneficios y capellanías de patronato real habían de expedirse por medio de cartas patentes, firmadas del nombre del rey, sellados con el sello real y señaladas por los miembros del Consejo de la Cámara.
$^ b$ ) Concesiones de nobleza: títulos nobiliarios para perpetuar los linajes; escudos de armas; hidalguías, que llevaban consigo además de exenciones la perpetuación de la honra adquirida en sus linajes; caballerías, fuente de privilegios y de honras para los beneficiarios, para sí y sus descendientes.
c) Provisión de oficios públicos: por la cámara y por carta de merced pasaban la mayoría de los nombramientos de los oficios de corte, pero también otros de ámbito territorial, y casi todos los de las ciudades de realengo, fueran por provisión regia o por confirmación. Sin embargo, en los nombramientos de oficios relacionados con la justicia, intervenía el Consejo Real.
d) Cartas de naturaleza, de vecindad, de perdón de la justicia regia y de legitimación de hijos habidos fuera del matrimonio, dictadas a veces, contra el derecho común o general del cual los reyes dispensan, relajan o abrogan su eficacia para el caso concreto, restituyendo «in integrum» a una condición de que carecían y podían haber poseído21.
e) Mayorazgos. Concesión de licencias para su fundación, para la perpetuación de casas y linajes. Pero también concesión de licencias para desvincular o alterar los bienes del mayorazgo.
$f )$ Licencias, dispensas y habilitaciones. Aunque la mayoría de las situaciones anteriores se podrían incluir en el grupo de las dispensas por tratarse de disposiciones dadas en contra de determinadas leyes, el casuismo era infinito22.
g) Mercedes. La concesión de señoríos ocupaba el rango más elevado. En la época de los Reyes Católicos no se prodigaron y en los reinados posteriores menos aún. Un rango inferior lo tenía la concesión de fortalezas y castillos. Pero también existía un amplio abanico de concesión de derechos patrimoniales de la corona: explotación de minas, dineros, juros o rentas, temporales de por vida o por heredad; siempre mercedes requeridas u obtenidas por los servicios prestados al monarca.
Procedimiento y tipos documentales.
La cámara se identifica con la persona del rey y esto se observa en las intitulaciones de las provisiones, cédulas y algunos albalaes emanados de la vía de cámara, que siempre precisaban de la intitulación real en los encabezamientos, la firma autógrafa del rey y el refrendo de los secretarios. Se diferencia del Consejo Real en que de éste último podían emanar provisiones sin la firma real y con sólo la firma de los consejeros23.
El documento emanado de la cámara era el «expediente de merced»24, instruido con un procedimiento mucho más ágil y simple que el del resto de los consejos. Éste podía iniciarse de oficio, esto es por decisión de la propia institución, o a instancia de parte o de peticionarios que dirigían sus solicitudes al rey.
a) De oficio: los documentos que daban comienzo al expediente contenían informes o bien órdenes del rey dirigidas a las distintas instituciones del reino. De esta manera, se iniciaban diferentes procesos encaminados a actos tales como designación de oficiales públicos y de provisión de oficios eclesiásticos. El secretario estaba encargado de llevar un registro en el que se iban anotando los oficios del reino y el nombre de las personas que los solicitaban. Cuando uno de los oficios quedaba vacante se elaboraban informes sobre las personas más idóneas para ocuparlo, los oidores de la cámara se reunían a consulta o audiencia y expresaban su parecer, y lo mismo hacía el presidente, aunque la decisión final recaía en el monarca. Para ello, el secretario se auxiliaba de un documento, denominado «memorial de oficios vacos», en el que se escribían, en forma de nómina, las vacantes de oficios, beneficios y mercedes, y los candidatos a los mismos; en ocasiones también reseña de los méritos o argumentos aducidos por los solicitantes para justificar su pretensión, y la existencia de un valedor que intercedía a favor de quien solicitaba la merced. En el dorso de las peticiones se pueden encontrar con frecuencia la anotación «al memorial», remitiendo la solicitud al memorial de oficios vacos.
b) A instancia de parte: se iniciaba el procedimiento por memoriales o peticiones dirigidas por los solicitantes al monarca y presentados en la cá- mara ante su secretario. A veces, este memorial o petición se acompañaba de una documentación probatoria de cuanto se solicita, aportada voluntariamente por el peticionario; sobre todo en demandas de perdón, a las que acompañaban las exculpaciones de la parte ofendida, etc.
A continuación, comenzaba la fase de tramitación en la que la cámara estudiaba las peticiones, y sobre las que emitía su parecer. Éste quedaba reflejado al dorso del memorial con la providencia: «que se vea», o «véase», seguida de la rúbrica del secretario y, posteriormente, del parecer definitivo con nueva rúbrica del secretario tras el reconocimiento del examen de los documentos aportados. En ocasiones era necesario exigir más información, algo semejante a la pesquisa judicial. En estos casos, en el reverso de los memoriales se ve el acuerdo de la cámara reclamando más información con el fin de que se obtuviera un mejor conocimiento del asunto a tratar antes de emitir su parecer.
La decisión final en todos los asuntos, la resolución, recaía siempre en el monarca; la cámara sólo tenía una facultad consultiva. La consulta era el acto mediante el cual expresaba la cámara su parecer o propuesta al rey. Este acto podía efectuarse por vía oral o por escrito, entendiéndose en este último caso por consulta el documento donde se recogía la relación del asunto o el parecer de la cámara, a la espera de la decisión real recogida en sus márgenes. A continuación, el secretario después de asentar en el dorso de las peticiones y memoriales la resolución, finalizaba el expediente añadiendo la palabra: «fecho». La ejecución de la resolución real se realizaba a través de cédulas y provisiones, en algunas ocasiones también albalaes, expedidos por los secretarios a partir de las notas y borradores de las resoluciones. Tanto la cédula como la provisión iban firmadas por el rey, refrendadas por el secretario y rubricadas por los letrados encargados del despacho de la cámara. Las provisiones o cartas de merced recogían en el dorso los derechos o tasas habidos por la expedición del documento (registro y sello) fijados por arancel. Sin embargo, las cédulas no pasaban por el registro público de la corte, ni por el sello real, pero se copiaban en los «Libros de Cédulas».
La expedición de las cartas de privilegio, sólo se efectuaban si los beneficiarios deseaban elevar a instrumento más solemne la carta de merced. Su redacción correspondía a los concertadores y a los escribanos mayores de los privilegios. Los recursos de suplicación se tramitaban por el Consejo Real.
La custodia de las fuentes25.
Los documentos emanados de la Cámara de Castilla se conservan en el Archivo General de Simancas (AGS) y en el Archivo Histórico Nacional (AHN). Esta situación se plantea con otros consejos debido a que estas instituciones, desarrolladas en plenitud durante la Edad Moderna, tienen su fin en la primera mitad del siglo XIX como se ha visto. El Archivo General de Simancas recibió remesas de documentos procedentes de la administración del Estado, a medida que en sus instituciones los documentos dejaban de ser útiles para la resolución de los asuntos. A finales del siglo XVIII este archivo entra en crisis y cuando se produce el fin del régimen polisinodial los documentos de estos órganos de gobierno no pueden ser enviados a Simancas por falta de espacio y medios para custodiarlos. La documentación de los consejos quedó conservada en el edificio que había servido de sede en sus últimos años. La creación en 1858 del Archivo General Central del Reino en Alcalá de Henares supuso la salida de estos documentos para su custodia en este archivo. Tras la creación del Archivo Histórico Nacional en 1866 gran parte de los documentos de la Sección Histórica del Archivo General se remitió al nuevo archivo por su carácter histórico. Así se produjo la dispersión de los fondos de la mayoría de los consejos, en lugar de producirse la reunión de todos los documentos en una misma institución archivística.
En el Archivo general de Simancas se custodia la documentación de la Cámara de Castilla que ingresó en distintas remesas, la última en 1718 y comprende los siglos XVI y XVII26. Las secciones y series más interesantes para el tema que nos ocupa son las siguientes:
Cámara de Castilla27
— Memoriales y expedientes (1323-1700): esta serie se ha formado a partir de los memoriales de los peticionarios, acompañados de justificantes. Suelen llevar al dorso anotaciones de las consultas de la cámara, así como la resolución real.
— Caballeros de Cuantía (1560-1595): Documentos relativos a esta clase de caballeros creada por los Reyes Católicos, que constituían una especie de milicia en Andalucía. Merecen destacarse por su información genealógica y nobiliaria los padrones de estado y los nombramientos de caballero.
— Órdenes Militares: Comprende esta serie los memoriales enviados por los peticionarios solicitando oficios, hábitos y otras mercedes para el ingreso en las órdenes militares. Abarca el período correspondiente a la segunda mitad del reinado Felipe II.
— Renuncias de oficios (1500-1700): Son los justificantes de la transmisión de los cargos. Contienen información relativa a la calidad de quien solicita el oficio.
— Perdones de Viernes Santo (s. XVI y XVII): La serie recoge los procesos presentados solicitando el indulto que la corona solía conceder en esta fiesta religiosa.
— Libros de relación (1528-1697): Contiene el registro de todas las provisiones y cédulas despachadas por la cámara. Los asientos están agrupados por sesiones, indicando la fecha de la reunión.
— Libros de Cédulas (1494-1699): Esta serie está constituida por los cedularios donde el secretario hacía registrar la copia de todas las cédulas expedidas por la cámara, tanto las que solicitaban información a los particulares, como a los órganos u oficiales regios dentro del procedimiento, como las que contenían la resolución real. Dentro de esta serie destaca la subserie: Libros generales donde se asentaban las cédulas que contenían concesiones de mercedes, títulos, oficios, licencias, etc.
— Títulos rasgados (1446-1699): títulos originales de oficios, inutilizados al despacharse otros a los sucesores en el cargo. Están ordenados por años.
Patronato Eclesiástico (Secretaría de Patronato)
— Memoriales y expedientes (1512-1700): Esta serie está formada por solicitudes, decretos, consultas, información y correspondencia sobre provisión de prebendas.
— Procesos y expedientes (s. XVI-XVII): Completa la serie anterior ya que reúne documentos sobre beneficios, patronatos, capellanías etc. Serie interesante también por contener información de carácter nobiliario y genealógico.
Registro del sello de Corte.
Las denominaciones de esta sección del archivo han cambiado a lo largo del tiempo: «Registro», «Registro de Corte», «Registro del sello de Corte», «Registro General del Sello» o «Registro del Sello». Se conserva documentación desde 1475 a 1689. La serie está conformada por los registros de las provisiones que ejecutaban una resolución real, que eran autorizados con el sello «mayor» o «grande» de placa. Quedan excluidas como ya se ha dicho las cédulas, las misivas, o los privilegios estos últimos porque solían llevar sello de plomo. Tampoco los procedentes de organismos que tenían sello propio, como las audiencias, o varios consejos. Pero si se incluyen aquí todos los documentos despachados por la cámara, como ya se ha explicado, de ahí su gran interés para el tema objeto de este trabajo.
La Sección Consejos del Archivo Histórico Nacional custodia los documentos que completan las secciones Gracia y Justicia28 y Patronato Real, que acabamos de comentar.
— Consultas de gracia (1570-1820): Esta serie contiene los expedientes consultivos que por orden del rey se tramitaban por la vía de cámara para la concesión de gracias, títulos de Castilla, oficios de escribanos, alcaldes; facultades y licencias para vender bienes vinculados, etc.. Precedía el memorial y seguía el decreto de gracia. Es muy interesante para la genealogía española.
— Decretos de Gracia (1604-1833): Completa la serie anterior. Los documentos siguen un orden cronológico.
— Corregimientos (s. XVIII): Expedientes de nombramiento de corregidores por orden alfabético de pueblos.
— Facultades (1641-1836): Expedientes instruidos pidiendo la concesión de licencias y facultades para enajenar bienes vinculados, censos, mayorazgos, etc. Se completa con la serie Libros de información de facultades29
— Procesos (1701-1815): Se trata de los expedientes a los que da lugar la solicitud de licencias y facultades para fundar vínculos y mayorazgos o para enajenar bienes vinculados. Se dividen en tres subseries: concedidos, negados y pendientes.
— Relaciones de méritos (1600-1836): Se trata de documentos muy variados: hojas de estudios, relaciones de méritos en carreras literarias y servicios prestados por aspirantes a empleos públicos, las hay de abogados, académicos, alcaldes, arzobispos, archiveros, barones, boticarios brigadieres, capitanes, catedráticos, condes, coroneles, cronistas, escribanos, frailes, magistrados, médicos, músicos, oidores, rectores, reyes de armas, etc.
— Las siguientes series son continuación de las existentes en el AGS: Indultos de Viernes Santo (1640-1834) Libros generales (1671-1833) Libros de relación (1698-1836).
— Patronato de Castilla (1576-1834): Se refiere a documentación, referente a la parte eclesiástica, producida en el ejercicio de este derecho real para la Corona de Castilla e Indias. Completa la documentación existente en el AGS (Sección Patronato Eclesiástico) y en el Archivo General de Indias (Sección Patronato)30.
Cancillería. Registro del Sello de Corte (1690-1893)
Está serie está formada por el registro y copia de las disposiciones, nombramientos, títulos, licencias y ejecutorias de pleitos seguidos en la cámara, tanto en lo civil como en lo eclesiástico. Hay en ella copias de reales cédulas y decretos de concesión de Títulos del Reino y Grandezas de España, concediendo empleos y oficios, licencias, facultades y ejecutorias de pleitos sobre vínculos y mayorazgos, estados y señoríos. Completa la Sección Registro del Sello de Corte del AGS. Es una de las fuentes principales para el estudio de la nobleza31.
— Hidalguías (1692-1893): Se trata de la copia de reales cédulas concediendo privilegios de hidalguía, desglosadas del sello de Castilla32.
— Además de las series citadas contienen información interesante para el tema que nos ocupa: Formulario general de la Secretaría de Gracia; Libros de justicia y los Libros de información de oficios.
Consejo de las Órdenes.
El antecedente del Consejo de las Órdenes hay que situarlo en los consejos de los Maestres, instituciones medievales que auxiliaban a éstos en el gobierno de los territorios de cada una de las órdenes militares. Entre 1488 y 1498 se unieron administrativamente las tres órdenes en la persona del monarca y hacia $1 4 9 5 ^ { 3 3 }$ se creó un Consejo que gozó de jurisdicción privativa, momento en el que parece que dejaron de actuar los consejos de los maestres. En 1515 Carlos I recibió por Bula de León X la administración de los maestrazgos, pero aún con carácter vitalicio; a partir de 1523 cuando Adriano VII concedió la bula de incorporación perpetua de los maestrazgos a la Corona de Castilla, se convirtió en institución permanente. La incorporación de la Orden de Montesa, creada en el s. XIV, no se producirá hasta 1587, en el reinado de Felipe II.
Era el órgano burocrático de gobierno, administración y justicia de las órdenes, de sus vasallos y de sus súbditos; con un doble carácter temporal y espiritual. En lo temporal representaba al rey y en lo espiritual al papa. En cuanto a sus funciones, habría heredado las de los consejos de los maestres:
justicia en materia temporal y espiritual, en la que tenía voto decisivo; merced y patronato (provisión de oficios, beneficios, capellanías, vicarías, gracias de hábito etc.), con voto consultivo; y gobierno de las órdenes: nombramientos de justicia como visitadores, revisores de visita etc. Los miembros del consejo ejercían sus funciones asistidos por «jueces de letras», pues los caballeros carecían de formación en leyes. Se componía de dos salas Santiago y Alcántara, y Calatrava, así como dos secretarios.
La actividad característica del Consejo durante el s. XVII fue la admisión de las personas (religiosos y religiosas) que habían de vivir en el seno de las órdenes, y de los caballeros de hábito; y se concretaba en averiguar si los aspirantes reunían los requisitos que los estatutos y las definiciones exigían. Para ser admitidos en los conventos de las órdenes se necesitaba probar limpieza de sangre y oficios, y hasta el siglo XVII también hidalguía, luego este requisito desapareció34. El consejo no fue totalmente suprimido en 1834, sino que recibió una nueva estructura y denominación en la etapa constitucional, puesto que el Tribunal Especial de las Órdenes heredó sus competencias y archivos perdurando hasta 1931. De todas las funciones que desempeñó el Consejo: gobierno, gracia y justicia, interesa destacar los asuntos relacionados con la gracia, tales como: provisiones de encomiendas, nombramientos de oficios y villas y especialmente la concesión de hábitos de caballeros.
En los distintos trabajos que $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Jesús Álvarez-Coca ha dedicado al estudio de esta institución35, refleja de forma magistral la complicada tramitación de los asuntos en manos del secretario y los dos escribanos de cámara, uno para los asuntos de Santiago y otro para los de Calatrava, Alcántara y, a partir de 1587, Montesa. A diferencia de los otros consejos, los escribanos controlaron los asuntos de gracia y gobierno, reservándose el secretario la función de comunicación entre el consejo y el rey. La consecuencia de esta irregularidad en el procedimiento se manifiesta en la tramitación y posterior custodia de los documentos entre las dos oficinas: secretaría y escribanías. Esta situación tiene su reflejo archivístico en la dispersión de los documentos que componían el trámite documental y en la actual custodia de los mismos en diferentes fondos, aunque todos ellos están reunidos en el AHN.
La concesión de hábitos a partir del siglo XVI convirtió al consejo en instrumento de discriminación social, puesto que la posesión de hábito era considerada reconocimiento externo de nobleza. La corona vio en la concesión de hábitos de las órdenes un instrumento con el que sustituir las mercedes monetarias para el pago de servicios prestados. Por el contrario, el consejo, que examinaba las calidades del pretendiente, veía en peligro la idoneidad de éstos y decidió exigir requisitos de ingreso cada vez más rigurosos. En el capítulo de 1550 quedaron fijadas las cualidades necesarias para ser investido con un hábito. De esta manera se aseguraban la defensa de la nobleza de sangre frente a la cada vez más numerosa nobleza de servicios. Así pues, el consejo se constituyó en un tribunal de honor con voto decisivo e inapelable en cuanto a las pruebas de caballeros para las que se exigían cuatro limpiezas: hidalguía, legitimidad, limpieza de sangre y de oficios. El candidato presentaba al consejo la prueba de legitimidad por medio de su genealogía; la hidalguía paterna y materna, y de los respectivos abuelos; la limpieza de sangre, siempre factor determinante de posición social, era exigida por las órdenes dado su carácter y origen religioso; los candidatos debían probar que la sangre de toda su ascendencia era limpia de judío, moro o converso. Finalmente, la limpieza de oficios puesto que se consideraba incompatible con la nobleza el desempeño de determinadas profesiones consideradas «oficios viles»: mercaderes, cambiadores, oficios mecánicos y los que trabajan con las manos36.
Procedimiento y tipos documentales.
El largo y complicado proceso de concesión del hábito comenzaba cuando el interesado elevaba al rey un memorial conteniendo su petición y los mé- ritos alegados para argumentarla. Estos documentos eran enviados a los diversos consejos para comprobar su veracidad.
El expediente se iniciaba de oficio, por medio de una cédula real en la que el monarca informaba al Consejo de Órdenes de su voluntad de conceder la gracia y pedía que se juzgara la idoneidad del caballero. A continuación, el pretendiente presentaba una genealogía detallada con quince ascendientes directos en los que debía figurar: nombre, apellidos y lugar de nacimiento de cada uno de ellos, aunque bastaba con que las averiguaciones fueran efectivas solamente sobre siete.
La fase inquisitiva o de recogida de pruebas la realizaban los comisarios: un caballero y un religioso de las órdenes, las informaciones eran secretas y las pruebas que recogían eran orales puesto que el secreto impedía que fueran acompañados de escribanos. Las informaciones se realizaban a partir de un mínimo de veinticuatro testigos, número que podía elevarse si así lo consideraban los comisarios. Como complemento a las pruebas orales se acudía a otras escritas cuya finalidad era aclarar dudas en los expedientes: tales como libros parroquiales, padrones, testamentos, cartas de dote y otros documentos públicos y privados. La hidalguía se probaba con tres padrones de hijosdalgo y la limpieza de oficios con el título de oficios distinguidos. Una vez finalizadas las pesquisas, el comisario ponía en orden las declaraciones de los testigos, hacía un resumen en el que incluía una valoración personal y presentaba los documentos al tribunal. La fase de valoración de las pruebas era lenta y se dilataba en el tiempo, a veces por la propia complejidad del procedimiento, pero en otras ocasiones de forma intencionada para retrasar indefinidamente la concesión. La calificación del tribunal constituía el acto final, los jueces decidían por lo alegado, no por lo probado, y el fallo consistía en la aprobación o reprobación del título. Esta decisión no se podía impugnar y tampoco tenía el rey la facultad de modificarla. La competencia de concesión del hábito recaía exclusivamente en el Consejo.37.
La concesión del título de caballero ponía fin al procedimiento pero quedaba aún por realizar el acto por el que sería armado caballero y recibiría el hábito. Para ello, el caballero tenía que cumplir un año de noviciado, durante el cual había de servir unos meses en las galeras del rey y residir un tiempo en un convento de la orden. Posteriormente, restaba hacer la profesión y los votos de pobreza, castidad y obediencia. Estos votos fueron posteriormente sustituidos por el pago de ciertas cantidades de dinero38.
Este dilatado proceso generaba tres expedientes distintos:
a) Expedientes de concesión del título de caballero (Expedientillos):
Una vez recibida en la Escribanía de Cámara correspondiente la real cé- dula de merced de hábito, se abría el expediente. En el se incluía la genealogía del pretendiente, que sería investigada por los comisarios; concluida favorablemente esta decisiva fase, el escribano recibía del presidente del consejo el decreto de expedición del título.
b) Expedientes de pruebas de caballeros:
Este expediente informativo se iniciaba con la provisión del consejo ordenando el inicio de las informaciones. Acto seguido se nombraba a los comisarios informantes, quienes hacían juramento y los consejeros les entregaban el interrogatorio que debían utilizar para obtener los testimonios orales de veinticuatro testigos, como mínimo. Asimismo, tenían que comprobar las informaciones obtenidas con cuantos documentos fuera necesario aportar al expediente, tales como compulsas de partidas de bautismo, casamientos, entierros, testamentos, capitulaciones, cartas dotales, hijuelas de partición, fundaciones de mayorazgos, executorias o probanzas de nobleza y limpieza.
Los informantes concluida la investigación emitían su informe. El expediente incluía la copia de la genealogía del pretendiente y la minuta del título expedido.
c) Datas de hábito y profesiones.
Concedido el título, el caballero estaba obligado a enviar, en el plazo de cuatro meses, una certificación de la ceremonia de la toma de hábito a la Escribanía de Cámara, acto por el que era armado caballero y recibía el hábito.
La custodia de las fuentes.
Toda la documentación generada por el consejo se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Los documentos que dieron origen a la creación de este archivo procedían de la desamortización eclesiástica, entre ellos se encontraban los archivos generales de las órdenes militares. A estos archivos generales el presidente del Consejo de las Órdenes remitía periódicamente los expedientes de pruebas que, debido a su carácter secreto, se custodiaban en unos cofres cuyas llaves permanecían bajo control del presidente del consejo. Asimismo, se incorporaron a esta sección los documentos de las órdenes extranjeras, como la de San Juan de Jerusalén o el Santo Sepulcro procedentes del Archivo General Central de Alcalá de Henares. El Tribunal Especial de las Órdenes, que como ya se ha comentado había heredado los archivos que el consejo poseía en Madrid (Contaduría, Secretaría, Escribanías de Cámara y Cancillería), remitió al AHN los documentos a partir de 1869. Finalmente, ingresaron en el archivo los documentos procedentes del Archivo Histórico de Toledo, creado en 1869 a partir de la incautación por el Estado de los archivos judiciales que las órdenes poseían en Toledo39.
Por todo lo expuesto, el AHN recoge los fondos conservados por los respectivos órganos productores: la secretaría, la escribanía y el archivo secreto. Las series más interesantes corresponden a los expedientes analizados en el epígrafe anterior40. Además de estas series, que protagonizan la esencia del procedimiento de concesión de la merced de hábito, es conveniente mencionar otras que resultan complementarias.
Entre la documentación generada por la secretaría hay que destacar:
— Registros de despachos de partes en los que se resume la actuación del Secretario.
— Pasos de merced de hábito que era el recurso empleado por la corona para premiar a personas que no reunían requisitos para recibir el hábito, quienes podían traspasar la merced a terceras personas, reservándose el rey el derecho de aceptarlos. Esta documentación corresponde en su mayoría al s. XVII y primera parte del XVIII, puesto que a partir de 1718, Felipe V decretó no conceder ningún paso de merced de hábito.
De la Escribanía de Cámara:
— Registros de asientos de despachos que son una fuente interesante para tener información de cuantos expedientes de caballeros y expedientillos han desaparecido41.
En el Archivo Secreto:
— Pruebas de ingreso de religiosos de cada una de las órdenes, puesto que para ser admitido en los conventos era necesario probar limpieza de sangre, aunque no se exigía condición de hidalguía. Los expedientes de pruebas de religiosos y religiosas de las órdenes contienen información relativa a un interrogatorio muy minucioso realizado a testigos a quienes se preguntaba acerca del pretendiente: edad, procedencia y datos de los padres y abuelos paternos y maternos; legitimidad del pretendiente y de sus padres y abuelos paternos y maternos; limpieza de sangre en cualquier grado por remoto que fuera; limpieza de oficio del pretendiente sus padres y abuelos; antecedentes delictivos, heréticos o de mala vida del pretendiente o de sus antepasados42.
— Pruebas para casamientos de caballeros de las órdenes, ya que al contraer matrimonio debían probar que la mujer elegida gozaba de: legitimidad, calidad y limpieza de sangre43.
— Libros copiadores de genealogías. Como su nombre indica en ellos se copiaban las genealogías aportadas por los aspirantes a profesar en las distintas órdenes militares.

INSTITUCION CONSEJODEORDENES	ARCHIVO AHN	SECCION Secretaria	SERIE -Registrosdedespachosdepartes	FECHAS
escribaniade Camara de Calatrava,	-Pasosdemerceddehabito -DatasdehabitoyprofesionesdelaOrdendeMontesa,	XVII-XIX XVII-XVIII
Alcantara,Motesa.	Calatrava,Alcantara -Expedientesdeconcesiondel titulode caballerodela OrdendeMontesa,Alcantara,Calatrava."Expedientillos” -DatasdehabitoyprofesionesdelaOrdende Santiago	XVIII-XIX XVI-XIX
EscribaniadeCamaradeSantiago	-Expedientesdeconcesiondel titulodecabalerodela OrdendeSantiago"Expedientillos” -Expedientes de Pruebas para el Habito de Mujeres	XVI-XIX XVI-XIX
Seculares Ordende Santiago -Expedientesde Pruebasde Religiososde la Ordende Santiago,Montesa,Calatrava,Alcanra -Expedientesde PruebasdeReligiosasdelaOrdende	1524-1553
Archivo Secreto-Archivos de Puebas -LibrosdegenealogiasdelaOrdendeSantiago	Santiago,Calatrava,Alnra -Expedientesde PruebasdeCasamientosdela Ordende Santiago,Montesa,Calatrava,Alcanra -Expedientesde Pruebasde Caballerosde laOrdende Santiago,ontesa,Calatrava,Alcn	XVI-XIX XVI-XIX XVI-XIX