La Arqueología urbana en Málaga (1986-1992): una experiencia a debate.
Carmen Peral Bejarano\*.
Antes de entrar en tema debo reconocer la parcialidad de la visión que se va a exponer, siendo lo más difícil el intento -no creo que logrado-, de objetivar la experiencia y hacerla comprensible. El método escogido de historiarla pretende corregir dicho fallo y se aspira a subsanar los errores de interpretación de la realidad a través de la argucia del debate que recoge el título. De todas formas ha supuesto un ejercicio de reflexión muy saludable que recomendaría a todos los participantes en dicha experiencia.
Resulta difícil hacer, públicamente, la valoración crítica de una realidad que no es bien conocida, pues, pese a tener una andadura de más de siete años la arqueología urbana que se realiza en Málaga no se ha difundido suficientemente, ni siquiera la estructura de su organización, ni los cambios habidos en materia de gestión, o el proceso y alcance de la investigación abordada. Indudablemente, la forma obvia de divulgación debía haber sido a través de los estudios editados, o mediante la presencia y participación en coloquios, congresos y encuentros, si bien la desproporción entre el número de intervenciones y las publicaciones resulta alarmante y un claro exponente de las limitaciones del trabajo realizado 1, a cuyas causas pretendemos llegar.
En realidad, no sería comprensible todo este fenómeno que vamos a abordar, si no lo observamos y valoramos como el resultado parcial de un proceso de mayor envergadura, como fue la gestación de una alternativa crítica al sistema establecido de organización de estos estudios; cuando la capacidad de actuación y el poder de decisión radicaba en las esferas universitarias y en los Museos, donde, pese a disfrutar de una situación muy consolidada, heredada de antiguo y siendo escasamente cuestionada su eficacia, cualquier interesado en estos temas podría darse cuenta de la escasez de resultados en datos elaborados para la historia, proporcionados por la investigación.
Este interés por renovar, reorganizar y lograr mayor y mejor control sobre los estudios que nos atañen, -debemos recordar que responde a una actitud general y manifiesta de cambio surgido de la transición democrática y avalado por la primera legislatura del P.S.O.E.-, fue impulsada por los más sobresalientes técnicos, quienes haciendo gala de una gran capacidad de gestión, representan un gran avance en la puesta en valor de la importancia del Patrimonio Histórico y se plasma en la promulgación de la Ley 16/85 2, que revoluciona el marco donde ha de moverse el trabajo y resulta obligado referirse a ella, aunque no entremos en su análisis.
Considero oportuno descender a lo concreto y abordar ya el tema haciendo mención de los ANTECEDENTES que este tipo de estudios históricos ha tenido en nuestra ciudad hasta la creación del Servicio Municipal de Arqueología. Al revisarlos se hace patente que nos hallamos en una ciudad sin tradición historiográfica, desvinculada por razones históricas de la tradición humanista y ese mirar al mundo grecolatino que supone el renacimiento -la conquista cristiana se produce al filo ya del siglo XVIy ni se puso de moda ”coleccionar objetos”, ni ese “gusto por lo antiguo” que podemos reconocer en otras sociedades desde el s. XVII.
Así, cuando se inicia la búsqueda de reliquias bajo una ideología religiosa no queda constancia de casos de curiosidad por esos hallazgos3 hasta Cristóbal Medina Conde, ligeramente posterior, y quizá debido al influjo de los viajeros ingleses. Debemos llegar a la visión iluminista del XVIII, cuando se recogen las primeras noticias de actividades arqueológicas entre nuestra élite ilustrada (La Sociedad Económica de Amigos del País que indaga en la villa romana de Churriana, empleando reclusos en el peonaje).
En realidad, hasta la aparición de Rodríguez de Berlanga4 a principios del presente siglo, organizando dentro de la mejor tradición anticuaria, la colección de la casa Loring, con pocos objetos obtenidos de actuaciones arqueológicas locales, pero ya participando en las corrientes positivistas al realizar estudios numismáticos, de catalogación y reseña de los hallazgos, no destaca nadie más en la defensa de ese Patrimonio que desaparece bajo la acción del “progreso” y el desarrollo de la ciudad. Así refleja en sus escrito su impotencia ante la demolición, sin estudio, ni sistema de recogida de datos de la Muralla de la ciudad (1907).
Ya en el siglo $\times ,$ durante los años 50 se produce el descubrimiento del Teatro Romano, motivado por las obras de edificación de La casa de la Cultura, iniciándose la recuperación y restauración de la Alcazaba, con el esfuerzo y participación de una generación de técnicos (Orueta, Juan Temboury5, Torres Balbás, cuya obra acerca del monumento sigue siendo válida), dirigida a intervenir en los edificios de carácter monumental que permitió una lectura estética por parte de la ciudadanía y simultáneamente abunda en el concepto de engrandecimiento cultural de la ciudad.
Mientras en los arrolladores años 60 se pierde la fisonomía arquitectónica del casco histórico, en la década de los 70 la existencia de un Colegio Universitario marca un cambio de sentido en este proceso destructivo. En la Facultad de Filosofía y Letras se inicia la actividad de los departamentos, así el de PREHISTORIA se dirige hacia la investigación del megalitismo en la Provincia. El Departamento de Hª ANTIGUA excava entonces por indagación de yacimientos concretos en Torrox (complejo con Termas, Villae, Horno y Necrópolis), así como en Mangüarra y San José en Cártama.
También en el Departamento de Medieval Manuel Acién inicia la enseñanza de la Arqueología Medieval, realizando la excavación de la Población de Bezmiliana a 12 Km. de la capital, y se plasma el proyecto de estudio de la Cultura Material del Emirato, que se ha ido concretando en los yacimientos de Bayyana (Pechina. Almería) y la prospección del de Rayya (Archidona). Ahora se forman los profesionales6 que trabajarán en el Plan de Arqueología propiciado por el Ser vicio de la Diputación Provincial, creado por Bartolomé Ruiz y se realiza la primera excavación urbana en la Plaza de la Merced, pues aunque no deja de ser una experiencia aislada, la promoción de la arqueología medieval será una de las principales apuestas de cambio, y ello pasa, necesariamente en el caso de Málaga, por acometer los sondeos urbanos.
No se podría entender este despegue sin señalar el apoyo inicialmente prestado por el Museo Provincial en la persona de su director Rafael Puertas y la aportación que suponen sus trabajos sobre Iglesias rupestres o la sistematización de los fondos cerámicos de la Alcazaba.
Simultáneamente se está redactando el P.G.O.U. de la ciudad7, cuyos autores, sensibles al destrozo del Casco Histórico, en tanto que pertenecen a esa avanzadilla profesional y culta integrada por geógrafos, arquitectos o urbanistas8, recogen unas normas de protección y estudio de los bienes arqueológicos en los artº 103 al 106, fruto del trabajo de elaboración y la labor de difusión de B. Ruiz desde su puesto en la Diputación Provincial. En ellos se establecen tres niveles de protección para dichos bienes:
A) Una INTEGRAL para los recogidos en un sucinto catálogo (Alcazaba, Gibralfaro, Teatro Romano, Yacimiento Fenicio-Romano del Guadalhorce, Cerro de la Tortuga.... donde no pueden realizarse operaciones de desarrollo urbanístico.
B) Una segunda medida de protección a los presumiblemente existentes restos o bienes que encerrase el subsuelo afectado por una reducida interpretación del Casco Histórico identificado con el interior del Recinto Murado Nazarí y aplicada mediante sondeo arqueológico preceptivo, previo a la edificación o a cualquier operación de desarrollo urbano.
C) Una tercera medida mediante la cual se protegen “los bienes con emplazamiento desconocido o inexacto” utilizando la VIGILANCIA como instrumento.
Ya se recoge también el plazo de tiempo en que deberá efectuarse dicho análisis de campo (un mes), así como el de redacción del informe consecuente (otro mes) cuyo resultado condicionará la concesión de licencia de obra.
Tales determinaciones se mantienen como una declaración de principios, sin aplicación efectiva, desde la aprobación del Plan hasta dos años más tarde al crear la Gerencia de Urbanismo la Unidad de Arqueología, denominación suficientemente grá- fica de la organización de este servicio para definir su dotación de personal.
En la propuesta recibida, literalmente: “para excavarle al Ayuntamiento” subyacía obviamente, más que un interés prioritario por contribuir a la investigación histórica de nuestro pasado, un intento de control del tema desde la esfera municipal9, ya que las competencias en materia de Patrimonio habían sido transferidas a la Comunidad Autónoma y, a raíz de la primera intervención urbana referida en la Plaza de la Merced, que supuso una paralización de casi cuatro años, se presentaba la existencia de restos en el subsuelo como un impedimento a la construcción, como algo conflictivo, o cuanto menos retardador o paralizador de solares y, francamente impopular cuando se trataba de impulsar el crecimiento y el despegue económico de una ciudad, que ya conocía cómo incide el factor inmobiliario como motor de desarrollo. Se plantea más bien la prestación de un Servicio que venga a atender el conglomerado de intereses que se barajan en la Ciudad.
No obstante, esa Corporación fue la primera de entre todas las de capitales de provincia andaluza que determinó la creación de ese tipo de servicio, siguiendo el ejemplo de otras capitales del país: Zaragoza o Valencia... Pero, no es que hubiera diferencias de opinión en torno al sistema a seguir, funciones, proyectos o métodos de investigación, sino que no existían criterios al respecto por parte de la entidad creadora, más bien la necesidad, (por presiones de la Consejería de Bienes Culturales) había forzado una decisión y se adoptó esta fórmula con un carácter, llamémosle, ”experimental”...
Esa situación sin precedentes que actuasen como determinantes y esta actitud o posición administrativa podría haber sido válida para hacer del sondeo de urgencia una verdadera excavación preventiva sistemática, ya que se contaba con el apoyo político suficiente por parte del Gerente de Urbanismo de entonces, el abogado Venancio Gutiérrez, para imponer su obligatoriedad a los particulares; pero el sistema de financiación, -inicialmente la Gerencia corría con todos los gastos-, y sobre todo el escaso margen de tiempo previsto, operaban en un sentido muy restrictivo (dejándose niveles sin excavar, no pudiendo efectuar ampliaciones que permitiesen analizar lo detectado, etc... desde la primera inter vención), si bien la Administración competente en la materia, La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, entendía que ya se había dado un paso importante y no se debían “forzar” las cosas.
Este primer conflicto que se presentaba a la investigación se mantuvo soterrado, puesto que no afectaba ni lesionaba los intereses urbanísticos. No obstante, se planteaban ya cuestiones decisivas acerca de cuando era conveniente proseguir una investigación, las formas de conservación de los restos, su extracción, desplazamiento o permanencia “in situ”; si exentos o cubiertos, etc... El papel de árbitro debía corresponder al órgano asesor de la propia Delegación, pero tanto la presencia interesada de algunos de los integrantes de la Comisión Provincial del Patrimonio como su manipulación para evitar choques o roces de competencia, restó eficacia al papel de la misma hasta convertirla en un órgano sin representatividad, sin posibilidad de ejercer la capacidad para la que fue creada, dictaminar y asesorar.
Debidamente representado en ella, el estamento universitario se vió también superado por una situación en que perdía prerrogativas, pero que, por otro lado, le brindaba la oportunidad de cierta presencia, a la vez que potenciaba proyectos de calidad acomodada en la financiación de sus proyectos sistemáticos. Mientras, los representantes de las “fuerzas vivas” adoptaron, según su calidad personal, por opciones arriesgadas de defensa del patrimonio, que perjudicaron su caché profesional o se beneficiaron de su posición preponderante para sacar sus temas hasta el punto de entrar en contradicción con los supuestos teóricos por los que estaban allí convocados y presentes10.
Para dar idea del ritmo en que se fueron sucediendo las cosas sirve de guía el número de intervenciones programadas: si en el ejercicio anual del 86 se contabilizan 5 sondeos, al año siguiente ascienden a 15 (Sirva de ilustración la fotografía 1 y el Anexo I. Listado anual de las intervenciones). Ello provocó una demanda inesperada de técnicos, justo cuando las primeras promociones, la de los pioneros, más conscientes de las implicaciones que suponían descender al terreno y del compromiso adquirido, habían consolidado su actividad profesional en otros campos.
No obstante, la respuesta de los arqueólogos a la nueva experiencia fue voluntariosa, acometiendo los trabajos con una gran dosis de valentía, con un tiempo y medios materiales mínimos, acaso ignorantes de nuestra mediana preparación, y teóricamente amparados en una justificación basada en el hecho de que, ante los sistemas destructivos impuestos por la edificación, nuestra tarea rescataba datos materiales irremisiblemente perdidos para la historia local. (Aunque nadie había excavado antes en urbana, ni en cortes con el nivel freático a 1 m. cuando había que bajar otros tres, ni de entibación en unos rellenos blandos que se desplomaban por efecto del agua y alteraban la coloración de los perfiles....). Para mayor exactitud en la dificultad de ejecución de los sondeos en la ciudad se remite a las fotografías ${ \mathsf n } ^ { \circ } \ 3 , 4 \ \mathsf y \ 5$ , donde se ponen de manifiesto las características aludidas.
De las ocho personas que participaron asiduamente en los sondeos urbanos durante estos dos primeros años, sólo tres se consolidaron profesionalmente, suprimiendo los encargos a quienes no ofrecían resultados11. Aunque con esta medida se genera otra fuente de conflictos, no hacerlo perjudicaba comparativamente a los más responsables, afectados por la sensación de “ir obligados”, en una dinámica forzada e impuesta por la aleatoria demanda de solicitudes de licencias de edificación, que implicaba sobre todo, la dispersión de los sondeos, y que en un afán de cumplir y hacer cumplir la norma -incluso se lograron llevar fuera de la delimitación inicial por todos los puntos históricamente poblados de la ciudad aún no estando explicitados-, convertía los resultados en columnas de datos inco$\mathsf { n e x o s }$ , haciendo imposible, durante esos tres primeros años, alcanzar una visión de conjunto por no disponer de suficiente perspectiva.
No hay que perder de vista que este primer período se cierra tras el conflicto de la Marina y ya se definía una nueva acepción para el término expolio, a mi juicio producto genuínamente derivado del sistema de organización de la excavación urbana: “el expolio por omisión”. Este comprendería tanto los efectos de una inadecuada metodología de excavación, sea por falta de medios, de tiempo o, sobre todo, de planteamientos adecuados, sea debido a la inexperiencia tanto como a una excesiva tolerancia o a la dejación de funciones por parte de la Administración competente, es decir, la Consejería de Cultura y el Excmo. Ayuntamiento, quienes tienen la obligación legal de velar por ese patrimonio.
Aparte de la peor consecuencia que a mi juicio produjo, quebrar las posibilidades de continuar en la línea inicialmente propuesta, como refleja la salida de la Dirección General de un profesional de enorme capacidad y gestor del período de mayor coherencia en la protección del Patrimonio que ha disfrutado esta Comunidad, junto a otra cómica en la imposibilidad de convertir a M. Acién en “maldito” oficial a nivel local, a quien debemos agradecer su constante y positiva labor de colaboración de forma ininterrumpida. En ese mismo nivel local también motivó la retirada de apoyo al Ser vicio de Arqueología y como tal abandono y desentenderse debemos interpretar la aplicación de la Ordenanza Fiscal12 por la que recayó el coste de los trabajos en los promotores, casi en su totalidad.
Aunque temporalmente la G.M.U. continuó asumiendo los honorarios de los directores de los sondeos, en base a la defensa de la teoría de la necesaria independencia de criterio de que debe gozar un técnico a la hora de realizar el informe, a partir del año 90, se suprimen los encargos y contrataciones desde Gerencia, cuando aún el colectivo no estaba preparado, o mejor respaldado por ningún organismo, para desenvolverse autónomamente, como demuestran los tres casos de trabajos impagados en ese año....
No obstante, parece, que el escándalo de la Marina fue beneficioso para quien supo aprender del ejemplo, sobre todo en otras ciudades, (por ejemplo en Granada la aparición del Cementerio Islámico en Calvo-Sotelo/Triunfo supuso un logro en el tiempo y medios necesarios para realizar la investigación precisa) a nivel local supuso un enorme retroceso.
La nueva situación requería una respuesta adecuada, capaz de desmontar tanto la visión tendenciosa creada alrededor de la arqueología como factor inmobilista, de la que creíamos haber salido a base de prestar una alta “eficacia administrativa”, en la tramitación de expedientes, como evitar la inevitable “quema” de los intervinientes.
En este sentido se aprecia el esfuerzo de los mismos de siempre por ofrecer resultados y obsérvese cómo, durante los años 89 y 90, se produce una cierta concentración de publicaciones13. Se acentúa la necesidad de desarrollar las medidas cautelares en el Planeamiento y en la elaboración de los proyectos, así como la imperiosidad de adjudicar presupuesto propio para las intervenciones preventivas en las Obras Públicas14, por ello se realiza el trabajo sobre la Prospección del Trazado de la Ronda Este y se publica en la Revista del Colegio de Aparejadores, a fin de insertar esta máxima entre los colectivos profesionales presentes en la construcción15.
Gracias a la colaboración del Servicio de Planeamiento se logra dar un paso más en este sentido de planificación cautelar, con la redacción del Plan Especial de Reforma Interior del Centro, que incluye una Ordenanza de Protección del Recinto Medieval (Anexo II), donde se especifican, paso a paso, los trámites y obligaciones a observar por los demandantes de licencias de obra y se deslinda su trazado en el parcelario con el ${ \sf N } ^ { \circ }$ de Zona1. En los restantes artículos, se aborda el problema de la dispersión espacio-temporal de los sondeos, precisando 15 zonas con yacimientos definidos y, lo que es más importante, en el Informe previo se hace un balance del estado de los conocimientos que permite definir en cada una los objetivos de investigación tipificados.
En la fotografía 6 se presenta la documentación gráfica que completa dicha Ordenanza y donde, siguiendo las pautas de crecimiento, aproximado, del solar urbano en conjunto, se definen zonas delimitadas según los rasgos morfológicos más relevantes y los yacimientos conocidos, cuyos perímetros deben hallarse inscritos, por lo menos teóricamente. Por ejemplo: la Zona 13,
Comprende el yacimiento conocido como Cementerio Islámico de Yabal Faruh, y las intervenciones deberán dar respuesta a la morfología, cronología, extensión o límites, etc... del mismo a la vez que a la secuencia de ocupación anterior, datos sobre la conformación del terreno, rasgos del trazado urbano, etc... Las intervenciones en la Zona 6 deberá contestar a las preguntas sobre la sucesiva ocupación doméstica de época medieval, su cronología inicial, la modalidad del asentamiento, características de la superposición y contacto con la ocupación cementerial precedente (incineraciones s. II), límites de ésta, características del sustrato inferior, etc....
La Ordenanza, como ya hemos dicho, va dirigida a la regulación de la actividad constructiva y, aunque se redacta de cara a respaldar la actividad investigadora, carece de elementos expresos o normativos dirigidos a los arqueólogos regulando las pautas a observar en el proyecto o acerca de los contenidos exigibles al informe16.
Por otra parte, en dicho texto se ha conseguido duplicar el margen de tiempo previsto para los trabajos de campo en la zona norte y, aunque supone una mejora, no resuelve el problema en excavaciones multiestratigráficas, con potencias que alcanzan entre 4 y 6 m. y cuya ejecución completa supone un coste que excede los porcentajes presupuestarios destinados por el contratista, cuya repercusión en el coste total haría inviable la promoción en muchos casos, y no me estoy refiriendo a pequeños propietarios que autocostruyen, sino a proyectos movidos por promotoras de cierto peso.
La imposibilidad actual de agotar la secuencia mediante excavación, con los medios y apoyos disponibles, parece insuperable, de modo que durante su redacción se observa la necesidad de detener el proceso destructivo con la creación de la figura de Reserva Arqueológica que afecta tanto a los niveles intocados, o sea, pendientes de investigación, pero que se mantienen inaccesibles bajo una losa de hormigón, como a los pequeños solares donde no se profundiza hasta el yacimiento a fin de no agotar la información en períodos de alarmante vértigo constructivo, considerando que no se adopta como solución ideal, sino como la menos nociva entre las que se pueden llevar a la práctica.
No obstante, a mi juicio, todas estas limitaciones no son el principal obstáculo para el desarrollo de una investigación histórica, sino la falta de interpretación de esos datos extraídos, fundamentalmente por estar desvinculados de proyectos de investigación. En el caso de Málaga la mayoría de los técnicos no se encuentran vinculados a ningún equipo, ni han matriculado tesis, u otros trabajos para postgraduados. Esta “emancipación” de la tutela de las cátedras sin que un control administrativo real y efectivo halla venido a velar por la cientificidad del ejercicio arqueológico, ni a tomar determinaciones respecto a qué aspectos de la intervención primar, resulta sumamente grave.
Desconozco, durante todos estos años, caso alguno en que la Consejería o la propia Delegación de Cultura haya solicitado completar, ampliar, puntualizar, modificar, reelaborar o responder a determinadas cuestiones en los proyectos o informes afectados por el procedimiento de emergencia o urgencia, práctica absolutamente normal en las relaciones con otros colectivos profesionales durante el examen y la tramitación ordinaria de los proyectos en la Gerencia, sin que nadie se ofenda por ello.
Por otra parte, en bastantes casos, el planteamiento se vuelve contra los propios directores, quienes a sabiendas de la inoperancia resultante de ejecutar determinadas catas, en solares de características mecánicas adversas, por la conformación de rellenos muy sueltos con freáticos muy altos, careciendo de fuerza suficiente para obligar al propietario a entibar, puesto que dependen del mismo, deben actuar aún cuando difícilmente podremos obtener la información buscada.
Aunque el sistema beneficia a quienes menos cuestionan y más barato trabajan, en una situación de competencia, a veces salvaje, se registra en algunos técnicos un cierto malestar por el papel obligadamente “colaboracionista” en el proceso orquestado de sustitución y vaciado del subsuelo, cumpliendo el papel de cubrir las necesidades de los promotores, más que en el de ser considerados investigadores. Todo esto ha propiciado y creado una situación de hecho: la extendida consideración de ser un “técnico” a quienes se disculpa de saber lo que excava por emergencia, en contraposición a los “especialistas” a quienes se encomiendan los proyectos sistemáticos, como bien se ha evidenciado en estas Jornadas17.
Esta indecisión de la Gerencia de Urbanismo en no apoyar de forma más resuelta la investigación, se justifica primero en que atiende y prima lo que se considera su objetivo prioritario, la edificación o las necesidades de vivienda y en segundo lugar es consciente de que se está dando una delegación /dejación de funciones y la ausencia de interés de la instancia superior, y vuelve a encontrar justificación en “estamos haciendo más que nadie” y “más que nunca por la arqueología”.
Por ello, aunque si consideramos un logro satisfactorio de la G.M.U. el haber conseguido sistematizar la práctica del sondeo urbano exploratorio e insertar el tema arqueológico en el proceso constructivo, y aún siendo conscientes de que se ha avanzado bastante en el conocimiento de la ciudad, en realidad, al valorar y sopesar la falta de respuestas a todo tipo de incógnitas que se desprenden, sea de orden investigador o con respecto a la conservación, podríamos opinar que la experiencia ha fracasado ante el tratamiento del tema como un obligado cumplimiento de la norma de intervención. Esto ha favorecido la afluencia de técnicos, profesionales libres, (al parecer libres incluso de la obligación de historiar), en los que no prevalece un afán investigador.
Cuando nos planteamos cómo superar esta situación se hace obvio que estamos ante la principal incoherencia del nuevo sistema propuesto: De una parte se planteó atender un enorme patrimonio en transformación con una dotación insuficiente. Ante la dificultad de mantenerse y profesionalizarse, se produce una inestabilidad en los equipos que conlleva la falta de dedicación (nulo tratamiento y estudio de materiales, escasa interpretación, parcial o total ausencia de planteamientos de mayor alcance por falta de perspectiva) y por ende, ausencia de resultados. En contrapartida al no aportar los medios suficientes la administración no tiene capacidad suficiente para exigir resultados o negar la “venia”, es decir nuevo permiso si existen otros pendientes, si los resultados son deficientes o acientíficos y, en definitiva, va a remolque de los acontecimientos.
Por otra parte esa explicación parece, cuanto menos, parcial y poco convincente: No podemos ampararnos en la falta de medios para explicar el fracaso de la experiencia, porque el caso próximo y diametralmente opuesto de Mértola, por ejemplo, viene a negar esa evidencia y apunta una segunda causa para esta situación. El éxito del ejemplo portugés sólo se explica por estar fundado en una convicción profunda, firme y compartida por una mayoría, de esos ”valores” teóricamente admitidos, protegidos y promulgados, pero no asumidos por la mayor parte de nuestra sociedad. Por eso, claramente y en general, los políticos y técnicos redactores del planeamiento, no “ven” el alcance de los planes o las ordenanzas en su dimensión investigadora, sólo como mediatización a la actividad estrictamente constructora. Por ello cuando a los problemas de conservación planteados por la urbana se une la elevación de los costes en las obras públicas o privadas “se enfrían” las determinaciones de Protección y Conser vación e Integración Arqueológica18.
Es decir, que hay que ser muy conscientes de que estos temas no importan, realmente, a casi nadie. O más bien, interesan muy superficialmente, no sólo a las Administraciones, que aún no son conscientes de la responsabilidad histórica que les compete en la conservación de un patrimonio limitado que va desapareciendo a pasos agigantados, en la misma medida que los 50 hicieron desaparecer el patrimonio inmobiliario urbano, sino que tampoco parece importar a los distintos profesionales de la Construcción, donde el nivel de respeto “cultural” más alto se halla representado por “el coleccionismo”, y desgraciadamente también, debemos admitirlo, resulta el esquema en el que se incluyen algunos arqueólogos, que continúan descendiendo a la excavación motivados por el afán del “hallazgo”.
Así, 6 años de materiales se acumulan sin siglar y en ninguna parte obran depositados los diarios o los registros obligatorios, por otra parte de lo más dispar, con los cuales se podría “revisar” la lectura estratigráfica de los sondeos y, en definitiva, debemos concluir que no hemos sabido corregir la situación que pretendíamos cambiar y nos movemos en una situación de irresponsabilidad colectiva. Indudablemente, la inconsciencia sobre el alcance del destrozo que se está ocasionando no nos va a eximir de ir con la cabeza gacha de aquí a cinco años.
Debemos hacer notar, pese a que la advertencia induce a caer en un pesimismo profundo, que es inútil agobiarse ya que el hecho de no haber alcanzado los objetivos propuestos no es fracaso privativo de nuestro campo, sino que los proyectos de reforma en temas más candentes y socialmente demandados como podría ser en el ámbito de la Sanidad el experimento de los Centros de Salud, hoy por hoy se presentan como frustrados; lo que no quiere decir que la línea propuesta inicialmente no sea correcta, y que el proceso no pueda ser reconducido.
De lo expuesto hasta aquí podríamos deducir, que, al parecer, estamos en los umbrales de una tercera fase, en ella la organización puesta en marcha queda garantizada desde el Colegio de Doctores y Licenciados, recientemente constituída la Comisión de Arqueología, ámbito donde podrían dirimirse algunas situaciones profesionales, a la vez que actuar como grupo de presión interesado en la buena marcha de la investigación, si bien está aún por llenarse de contenido y definir el papel a desempeñar, conocidos los ejemplos del denominado “Sistema Madrid”, expuestos en esta misma reunión19 donde según los mismos implicados lamentan: “el código deontológico deja en manos subjetivas la interpretación del tratamiento adecuado de un patrimonio público”.
De todas maneras debe existir una fórmula para no tirar por la borda el esfuerzo desmedido por parte de todos en estos años y a mi juicio, sólo se conseguiría encadenando el trabajo: básicamente consistiría en partir del análisis de lo realizado antes de que se pierda para formular hipótesis previas, desestimar o demostrar las teorías tradicionales, para formular nuevas y hacer explícitas las preguntas pendientes. Aunque ello exigiría varias medidas en distintos campos: a) Unas dirigidas a las Administraciones implicadas y otras b) De cara a los técnicos. Sobre todo mediante la realización de una convocatoria abierta, de una invitación renovada para la contribución personal a la investigación histórica, que parece, de momento, inviable.
A.- En este sentido, se diseñó y envió en Junio del 92 a la Consejería de Cultura una propuesta de realización conjunta para acometer la realización de un “Proyecto de Investigación sobre la Evolución Urbana de Málaga” cuyo objetivo sería “Racionalizar la práctica de las intervenciones arqueológicas, en vías de realización y la Revisión de algunas ejecutadas”....”Estudio que deberá responder a los temas de investigación prioritaria propuestos”:
1) El paso de la topografía natural al establecimiento de la ciudad romana.
2) La transición del Mundo Antiguo a la Ciudad Islámica.
3) El impacto de la Conquista Cristiana y el desarrollo del urbanismo moderno.
En él se propone estudiar la fórmula de adscribir equipos con proyectos sobre determinados yacimientos por períodos de dos, prorrogable a 3 años, exigiendo resultados, desde el convencimiento de que la reiteración de excavaciones de urgencia en un mismo yacimiento puede arrojar una suma de datos comparable al conocimiento proporcionado por una excavación sistemática, si esos datos reciben un tratamiento adecuado, como parece indicar el caso que ha recibido mayor atención y dedicación en Málaga el Cementerio Islámico (véanse notas 1 y 19).
En cuanto al desajuste entre la Gerencia y la Consejería se observa una deficiente regulación de los mecanismos de apoyo a la ejecución de actividades, genérica, que no explícitamente, delegadas, mientras que no se traspasan mecanismos de control. De hecho, la experiencia de Málaga-ciudad en la verificación de la Protección arqueológica ha significado una delegación de funciones por parte de la Consejería de BB. Culturales, sin contrapartida de fórmulas de fomento -ni convenios, subvenciones, u otros medios- para verificar dicha ejecución, mientras conocemos los casos de otras CC.AA donde anualmente se suscriben dichos convenios a fin de equilibrar las acciones de “tutela” con las de “fomento” y son de uso corriente mientras la experiencia de estos años es negativa a nivel institucional en ese aspecto. Resultando un agravio comparativo, que en otras provincias, donde no existen iniciativas municipales de protección las cargas sean asumidas directamente por la Dirección General.
En el Proyecto propuesto se incide en la creación de un equipo científico con representación de todas las instancias públicas intervinientes, que coordine la actividad, y donde se comparta el coste de la misma. En general la aplicación de las fórmulas contenidas en la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico de Andalucía, con la creación de los órganos consultivos mixtos, cuya opinión y criterio vendría a agilizar la toma de decisiones, otra medida sería la regulación de los procedimientos casi inmediata.
Aunque la experiencia demuestra que todo ello es papel mojado si no existe interés en exigir responsabilidades. Se hace necesaria la redacción de un Conjunto de Normas a cumplir, incidiendo especialmente en cuanto a la Planteamientos de objetivos de estudio explícitos e inser tos en Proyectos de Investigación, con rigor metodológico y homogeneización del Registro, exigencia de suficiente Documentación gráfica y determinado nivel en la redacción de Informes junto a la obligación de depositar copia del sistema de registro (Fichas de UU.EE, etc...) con todas las garantías y condiciones exigibles de consulta.
La iniciativa propuesta a la Gerencia de Urbanismo de modificación del sistema de financiación con un reparto de las cargas a toda actividad constructiva, reduciría el impor te tan al mínimo que no hallaría oposición y de esta forma no pesase directa y únicamente sobre el interesado en una promoción concreta. Nos moveríamos, de esta forma con un márgen más amplio para acometer problemas de conservación, de modificación de proyectos, etc....o iniciativas de investigación no vinculadas directamente a la tramitación de licencia, prorrogar las intervenciones necesarias, realizar prospecciones en el área periurbana, etc.
En cuanto a la Universidad, salvo honrosos casos, mira los toros desde la barrera, no baja a la arena a implicarse, y considera que la guerra urbana no es suya. Indudablemente el tratamiento arqueológico en favor del programa urbanístico o desde su total subordinación, casi ignorando el fin último de Investigación, puede resultar un revulsivo. El hecho de que la construcción obliga y somete a su servidumbre a los yacimientos y los hace desaparecer, además maltratándolos, es innegable, pero la responsabilidad es de todos, y quizá sea la Universidad la única instancia capaz de arbitrar o mediar en esta contienda.
De otro lado, una más realista preparación de los titulados, adecuada al inmediato ejercicio profesional al que se incorporan cuando aún no dominan la metodología a aplicar, es responsabilidad de las áreas docentes implicadas y su puesta al día se hace absolutamente precisa.
B.- En cuanto a la parte de responsabilidad que nos corresponde a los técnicos, con seriedad nos convendría aclarar el concepto de profesional de la arqueología, suscitar el debate en torno al papel de arqueólogo-historiador y la necesidad de acabar con la rareza del tipo. De todo este proceso lo que resulta a mi jucio más chocante es la ridícula e incomprensible actitud general que lleva a la imposibilidad de trabajar en equipo.
Una muestra de este hecho queda clara con la publicación en el año 88 de dos intervenciones consecutivas en el mismo solar del barrio del Perchel, dirigidas en dos fases por dos especialistas distintos. Pues bien, no existió disposición de acuerdo ni para redactar una memoria común. La interpretación de la intervención se reduce a una yuxtaposición de datos, aunque se podían haber mostrado dos hipótesis contrapuestas y dejar pendiente la confirmación posterior.
La superación de esta postura desconfiada hasta el infantilismo, por no asumir las propias limitaciones del trabajo y eludir la necesidad de controles, empieza por el debate entre los iguales y acaba por aceptar los marcos necesarios impuestos desde la administración, y este es un hecho que sólo se puede superar a base de cientificidad.
Los arqueólogos debemos convencernos de que los “proyectos de investigación” surgen de la curiosidad intelectual que derivan necesariamente de la práctica en nuestra disciplina, y son siempre resultado de un proceso de implicación personal, esté o no esté programado administrativamente, y presentado por escrito en los plazos previstos.
Para concluir, quisiera transmitir una certeza: la colaboración que requiere nuestro oficio, que surge de sentirse parte de un proceso ininterrumpido de elaboración20.
Debemos ser conscientes de la necesidad de intercambiar la información, de sacar a la luz, de publicar “todos los datos”, de validar lo que sabemos. Estamos mal acostumbrados a la obligatoriedad de la Memoria con el formato reducido de los Anuarios, cuando la redacción de los informes previos son aún más deficientes, y sólo se podrá superar el concepto de pequeña propiedad por miras más amplias.
Sinceramente confío en que todas estas cuestiones, apenas esbozadas, tengan en la consideración del lector interesado, mejor solución que las que aquí se han barajado.
NOTAS
1 Este hecho resulta revelador e indicativo de que algo falla si contemplamos los siguientes datos: a nivel provincial, una colaboración teórico-práctica de I. FERNANDEZ Y C. PERAL en el Curso sobre Patrimonio Histórico organizado por el C.E.P. Abril-Junio de 1990; en el marco de la Comunidad Autónoma, PERAL BEJARANO, C.. “Arqueología Urbana y Conflicto”. Curso de postgraduados organizado por el Fondo Social Europeo. Univ. de Granada, Jaén, 1990.
Aparte la obligada publicación de las urgencias en los Anuarios A.A./85, 86, 87 y 88, van saliendo los resultados en la revista de arqueología de la Diputación Provincial. Por orden cronológico:
PERAL BEJARANO, C.: “Los niveles medievales del sondeo arqueológico en el Colegio de San Agustin”. Maínake, VI-VII (1984- 85), pp. 203216.
ACIÉN ALMANSA, M.: “La cerámica medieval del Teatro Romano de Málaga”. Maínake, VIII-IX (1996-87), pp. 225-240.
RECIO RUIZ, A.: “Arqueología Urbana en Málaga. Informe preliminar sobre el sondeo de San Agustín”. Mainake, VIII-IX (1986-87), pp.129-144.
FERNÁNDEZ GUIRADO, I.: “Una necrópolis musulmana en la ciudad de Málaga”. Mainake, $\times$ (1988), pp. 213-228. ACIÉN, M., PERAL,C. y RECIO,A.: “Informe preliminar de la intervencion arqueológica efectuada en la ${ \sf C } /$ Ollerías de Málaga. Mainake, $\rtimes$ (1989-90), pp. 233-250.
Una única publicación en la Revista del Colegio de Aparejadores: PERAL BEJARANO, C.: Prospección Arqueológica en la Ronda Este. Dintel, Vol. 23 (1989). pp. 32 a 41.
Sólo los resultados de una excavación se han llevado al I Encuentro sobre Arqueología y Patrimonio, IÑIGUEZ SANCHEZ, C. y MAYORGA MAYORGA, J.: “Un alfar emiral en Málaga”, (Salobreña 1990). Granada
1993. En cuanto a investigaciones más amplias a partir de datos arrojados por los sondeos, la colaboración en el V Coloquio Internacional de Cerámica del Mediterráneo Occidental, ACIÉN ALMANSA, M. et alii.: “Evolución de los tipos cerámicos en el S.E.de Al-Andalus”. Rabat, 1992 (en prensa) y PERAL BEJARANO, C.y FERNANDEZ GUIRADO, I.: El Cementerio Islámico de Yabal Faruh. Málaga, 1990. Sobre el mismo tema, el Grupo de Investigación La Islamización y Arabización de Al-Andalus programó, con la colaboración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Encuentro sobre cementerios islámicos andalusíes, celebrado el 29 y 30 de Abril de 1992, cuyas actas se encuentran en prensa.
2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. 29 de junio de 1985) y Real Decreto nº 11/1986, de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la Iey (B.O.E. 28 de Enero de 1986).
3 Recomendamos por su rigor y actualidad la crítica de GARCIA BERLANGA, M.: “Malaca”. $N ^ { \circ }$ monográfico del Boletín de Información Municipal. Málaga. (s/a 1910?).
4 Una buena semblanza del personaje y su obra publicada en OLMEDO CHECA, M.: “Manuel Rodríguez de Berlanga: Un hombre singular en la Málaga del $\times \lvert \times \ '$ Jábega, 49; (1985) pp. 71-89.
5 La obra de éste último mejor difundida y conocida. Para Temboury véase CLAVIJO, A.: “Juan Temboury ALvarez”. Jábega, 10 (1987). El depósito documental de su trabajo se encuentra recogido en la Sala que lleva su nombre de la Biblioteca de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
6 Medievalistas o interesados en el período Víctor Becerra, Francisco Castillo, Rafael Martínez, Pilar Pastor, Manuel Pérez, Antonio Riñones, Alfredo Rubio, Antonio Vallejo,...
7 En el año 85 el Plan recibió el Premio Nacional de Urbanismo.
8 Quizás los más destacados L. Machuca, R. FernándezBaca, Luis Bono en Diputación. Entre los redactores del Plan, el primer Gerente de Urbanismo, Salvador Moreno, Damián Quero, José Seguí, Carlos Miró. Entre los profesionales libres se destaca César Olano, metido de lleno en la rehabilitación de Torres y en el estudio de la red militar medieval de la provincia.
9 Desde muy temprano se hizo patente un conflicto de competencias entre el Gobierno Autónomo y algunos Municipios de cierto peso en Andalucía (Jerez, Córdoba o Málaga...) que se reflejará también en estos temas.
10 Actualmente, alguno de sus componentes tienen expedientes administrativos abiertos por su actuación irregular.
11 Los principios de eficacia defendidos para la Administración, nos hicieron rechazar el sistema de bolsas de trabajo, aunque los encargos verbales se hacían por designación directa, sin que mediasen contratos, con la inestabilidad consiguiente.
12 1) ORDENANZA FISCAL N° 22. Fechas de aprobación definitiva en Pleno 28-3-88. Anuncio B.O.P. 27-9- 88. Vigencia a partir de 28-9-88. Aunque no se aplica, fué interpuesto recurso por la Asoc. de Promotores y Constructores ante la Audiencia de Granada.
2) ORDENANZA FISCAL $\mathsf { N } ^ { \circ } ~ 2 0$ . Publicación en el B.O.P. de Málaga a 31 de Diciembre de 1989. aplicada a partir de Junio de 1990. Recurso de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga con fecha 4 de Marzo de 1990. Sentencia favorable de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga.
3) ORDENANZA FISCAL $\Nu ^ { \circ } ~ 2 0$ . Acuerdo del Ayuntamiento de 25 de Octubre de 1991 modificación de las cuantías, incremento por actualización de costes de la Ordenanza fiscal ${ \mathsf { n } } ^ { \circ } 2 0 .$ Aplicación: texto publicado en el B.O.P. de Málaga a 30 de Diciembre de 1991. Recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Constructores (entre otras) contra la Ordenanza que regía las Tasas sobre Protección Arqueológica publicadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dictámen favorable al Ayuntamiento de fecha 3 de Febrero del 93.
13 Véase nota 1.
$1 4 \ Y _ { \mathrm { { 2 } } }$ existía normativa reguladora al respecto Real Decreto 111/86 de 28 de Enero, de cuya aplicación en el Término Municipal de Málaga no conozco ejemplo alguno.
15 Véase Nota 1.
16 Estamos ante la necesidad de pulir el texto de errores materiales de forma y subsanar equívocos de fondo, que quedarán definitivamente redactados para la Revisión del P.G.O.U. que concluye a mediados de este año. Por otro lado se remite al propietario y al arqueólogo unas normas sobre el mínimo contenido exigible al informe del Sondeo, aunque la regulación de la dimensión arqueológica de la actividad constructiva no se aborde aún, insistimos en sus causas más adelante y hay que plantearlo.
17 Remitimos a la idea desarrollada por V. SALVATIERRA en su ponencia “Arqueología Urbana: ¿Investigación, protección, Conservación?," en este mismo coloquio.
18 Debemos hacer mención de la creación de otra plaza de Arqueólogo en Septiembre de 1991, cubierta por oposición por Dña. Mª Esperanza Carranza y Shell, convocada por el Área de Cultura Municipal.
19 Una acertada valoración al respecto se incluye en este volumen y fué expuesta por M. Menasanch: Empresas de Arqueología y Arqueología Urbana: Investigación, Negocio, Profesión.
20.- En tal sentido se facilitan desde Gerencia al arquitecto A. JIMENEZ MARTIN los planos con la orientación de las Mezquitas funerarias aparecidas en $\mathsf { C }$ Agua, que contribuyen, junto a muchos otros casos, a puntuailzar su interesante estudio sobre “Ia quibla desorientada”. II Jornadas de Madinat al-Zahra. Córdoba 1992. (En prensa en los Cuadernos de Madinat al-Zahra, 3.). Ha sido otro motivo de satisfacción poner a disposición la documentación gráfica sobre los tipos de estelas funerarias aparecidas, incluidas en la ponencia presentada por Mª ANTONIA MARTINEZ NUÑEZ: “La estela funeraria en el mundo andalusí”, en Actas del V Congreso Internacional de estelas funerarias, celebrado en Soria del 28 de Abril al 2 de Mayo de 1993. (En prensa).
1988 1 Plaza de la Marina. 2 3 C/ de la Victoria, 48. C/ Alvaro de Bazán (Vigilancia). 4 C/ Cerrojo, 18. 5 C/ Cañaveral (Vigilancia). 6 C/ Rita Luna II.
7 C/ Cañaveral (Sondeo).
1989 1 C/ Alcazabilla, 3. 2 C/ Beatas, 12. 3 C/ Cañón, 10. 4 C/ Victoria, 64 - 66. 5 C/ Victoria, 132. $C ^ { \circ }$ HH. Maristas (Vigilancia) = 6 C/ Agua, 7 (Vigilancia). 7 C/ Mármoles, 22 (Vigilancia). 8 Torre de la Quirosa (zona los Almendrales).
1990 1 C/ Agua, 8 - 12. 2 C/ Afligidos, 3. 3 C/ Nosquera, 5. 4 C/ Victoria, 29 esq. Coto Doñana (Vigilancia). 5 C/ Especerías, 14. 6 C/ Sancha de Lara (Vía pública). 7 C/ Granados, 6 - 8.
8 C/ Tejón y Rodríguez, 7 - 9. I 9 C/ Fajardo, 4. 10 C/ Ollerías, 6 - 8. 11 C/ Parras, 37 - 39 (Vigilancia). 12 Plaza de la Victoria, 11 (Vigilancia). 13 C/ Peña esq. C/ Jinetes (Vigilancia). 14 C/ Agua, 15 (Vigilancia). 15 C/ Armengual de la Mota esq. C/ Dº Cristian y Montes de Oca. 16 Parque Tecnológico (Campanillas).
ANEXO I.
RELACIÓN DE SONDEOS EFECTUADOS ANUALMENTE
1991 1 C/ Agua, 22 - 30. 2 C/ Agua, 5 (Vigilancia). 3 C/ Alarcón Luján, 3. 4 C/ Victoria, 58 - 60. (Vigilancia). 5 C/ Correo Viejo, 10 (Vigilancia). 6 Plaza Arriola, 9. 7 Plaza Arriola 12 y Hoyos Esparteros,10. 8 Plaza Arriola y Hoyos Esparteros, 11. 9 C/ Trinidad esq. C/ Tiro. 10 C/ Zurradores.
1992 1 C/ Ollerías, 45 - 47. 2 C/ Capitán, 4. (Vigilancia). 3 C/ Martínez, 3. 4 C/ Gigantes, 15 (Vigilancia). 5 C/ Carretería, 18. 6 C/ Granada, 36. 7 C/ Almacenes, 3. 8 C/ Granada, 66. 9 Río Guadalmedina. 10 C/ Denis Belgrano. 11 C/ Alcazabilla, 1. 12 C/ de la Victoria 77 - 79 (Vigilancia). 13 Plaza de la Merced esq. C/ Madre de Dios (Vigilancia). 14 C/ Trinidad, 18. 15 C/ Trinidad, 23. C/ Jara, 33.
ANEXO II. Texto parcial del Plan Especial de Reforma Interior del Centro.
Capítulo 10.
ORDENANZA ARQUEOLOGICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA MURALLA DEL RECINTO MEDIEVAL.
Art. $5 8 ^ { \circ }$ .- Definición y zonas.
Las heterogéneas condiciones en que se encuentran los lienzos, tanto en su estado material de conservación, con hitos emergentes, casas ocupando el espacio demolido, distintas alturas en relación a la rasante y cotas de la calle, con huecos y puertas, edificaciones encabalgadas, etc, como en la forma en que incide la Normativa Urbanística en general, sea en relación a la reglamentación de volúmenes edificables, que a su vez es un criterio variable según el Sector urbano que atraviesa, o contenida en el subsuelo de inmuebles de variopinto carácter -alguno de los cuales disfrutan de Protección Arquitectónica y se hallan catalogados-, nos obligan a sectorizar el trazado de la Muralla y analizar y estudiar las cacterísticas que inciden en ella, dotando el ámbito concreto del trazado de una Normativa cautelar.
Partimos del trazado propuesto para la Muralla, mayoritariamente aceptado, en razón a las noticias manejadas desde el siglo XV, y basando su reflejo gráfico en el plano de J. Carrión de Mula de 1791, completado por la información proporcionada por H. Torelll en 1694.
A ello se suman los enclaves contrastados arqueológica o visualmente en el seguimiento realizado por la Unidad de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo para una mayor exactitud en la localización y que revela ciertos desplazamientos cuyo origen creemos, radica en la imprecisión de los sistemas de medición y de reproducción cartográfica de los siglos anteriores.
A tenor de los antecedentes señalados, es posible distinguir a grandes rasgos tres situaciones:
Supuesto 1.- Zonas donde la localización del trazado es inexacta, pero probable. Ello en razón a las noticias conocidas de las demoliciones efectuadas y a la dirección de su transcurso. Estas zonas se hallan representadas con líneas discontinuas en el Plano Anexo.
Supuesto 2.- Restos emergentes. Son conocidos enclaves puntuales donde se localizan por encima de la “Cota Cero”, es decir, puntos emergentes cuyo estado material y grado de conservación posibilita la visita así como su inclusión en los itinerarios monumentales e históricos de la Ciudad. No descartamos la posible aparición de más tramos en estas condiciones, dado que las actuales construcciones enmascaran y se superponen al mismo.
Supuesto 3.- Restos subyacentes, conservados bajo la rasante actual de la calle o inmuebles. En algunos sectores urbanos se constata cómo su ubicación ha determinado la alineación de fachadas (caso del Pasillo de Santa Isabel, evidenciando una elevación de la rasante en éstas y la calle en relación al interior de las viviendas).
Art. $5 9 ^ { \circ }$ .- Condiciones.
Serán de aplicación con carácter general, y en todos los supuestos antes mencionados las siguientes medidas:
A.- La definición de una Zona Cautelar de interés Arqueológico, recogida en el Plano Anexo con trazado (amarillo).
Comprende un área de 20 a 25 mts. de anchura, es decir variable y determinada por la alineación de la fachada de la acera frontera externa en el extramuro del trazado o cuerpo de muralla, donde deben disponerse los cubos correspondientes a las torres adelantadas en la dirección del foso, los posibles pontones para salvar éste desde las Puertas, y en algunos tramos la presencia de un antemuro o barbacana.
Hacia el interior del Recinto del casco urbano se preservarán tantos metros como determine la anchura de la calle circundante que debe superponerse al antiguo camino de ronda para acceso a las Puertas, donde pueden extraerse mediante sondeo los datos de la composición y factura del alzado que, aunque arrasado, puede presentarse como rellenos laterales con cuya indicación será posible reconocer su fecha de edificación.
A.1. Queda expresamente determinada en esta Zona la aplicación preceptiva del artº 105 del P.G.O.U., que regula la excavación o sondeo arqueológico como norma de obligado cumplimiento.
A.2. Por respeto y como salvaguarda del Derecho a la Investigación de las generaciones venideras, en el caso que se cubran los restos hallados tras la excavación, se destinará a cubrir los restos el mismo relleno extraído: en la creencia de que la evolución de las técnicas arqueológicas y los métodos científicos de análisis harán avanzar en precisión el Estudio y por ende el conocimiento de nuestro pasado, posibilitando de esta forma su reexcavación y nueva lectura.
A.3. Al objeto de legar a las futuras generaciones este Bien Histórico, y en el sentido de preservación que sostiene la actual Ley de Patrimonio Histórico, se desestima esta zona para ubicación o emplazamiento de sótanos, con la única salvedad que contempla el apartado 3.1. de esta Ordenanza.
En relación a las medidas concretas que cada uno de los supuestos especificados sugiere se determina lo siguiente:
1.1. En relación al supuesto 1 podrán ser de aplicación con carácter experimental sistemas de teledetección y arqueometría a cargo de los particulares, a fin de constatar o no su presencia.
2. Atendiendo al supuesto 2 recogido en el enunciado “Restos emergentes”, y en previsión de que los actuales inmuebles enmascaren parte del alzado, se determina:
2.1. La obligatoria intervención y Vigilancia de un Arqueólogo en las demoliciones que se solicitasen en el sector y que, bajo la Dirección de la Unidad de Arqueología de la Gerencia, permita recoger pruebas documentales, mediante alzados, fotogrametría y plantas los restos detectados, así como verificar su análisis estructural, siendo los medios materiales para la ejecución de dichos actos deberán ser proporcionados por los administrados afectados.
A continuación se procederá según establece el artº 105 del P.G.O.U. y el apdo. A.1. de esta Ordenanza.
Al finalizar la intervención el informe arqueológico preceptivo deberá ponerse en conocimiento de la Propiedad, y ser facilitado a la misma, al objeto de que su integración sea tenida en cuenta y contemplada en el Proyecto de Edificación. Este deberá ser aprobado por trámite ordinario.
2.2. Se considera deseable y conveniente, allí donde apareciesen destacados elementos recuperables se proyecten soluciones de consolidación, conservación e integración para visita u otros usos culturales.
Tal caso parece advertirse y puede cumplirse en el trayecto que desde Puerta Nueva y a través de Pozos Dulces y la Torre de San Francisco llega a la puerta de Buenaventura, parte de cuyo recorrido murario se podría recuperar mediante sótano, si el buen estado de conservación de los restos lo avala.
2.3. En el caso de que la conservación o integración fuese incompatible con la edificación, por escasa dimensión del solar a edificar u otras circunstancias concurrentes, el Consejo de Administración de Gerencia remitirá el informe técnico a la Comisión Provincial del Patrimonio a fin de que se pronuncie sobre su forma de conservación en el plazo máximo de dos meses. Se establece dicho plazo en razón al perjuicio que recibe el administrado en caso de mayor demora y al objeto de evitar el deterioro tanto de los restos como del entorno urbano. En caso de pasar los dos meses sin contestación el Consejo de Administración de la Gerencia podrá tomar la determinación que considere más oportuna en función de sus posibilidades.
Recibido dicho informe el Consejo de Administración de Gerencia podrá recabar, si así lo considera oportuno, de los Organismo Competentes de la Junta de Andalucía, la financiación necesaria para la conservación de los restos emergentes, tanto para la indemnización a propietarios como para la obra en sí.
3. En relación al tratamiento del supuesto 3 “Restos subyacentes” o bajo “Cota cero”, aparte de las medidas de carácter general anteriormente enunciadas, y en razón de su posición en el solar, pueden presentarse problemas de cimentación en los proyectos de edificación, siendo deseable y conveniente hacer compatibles ambos optando siempre por aquel sistema menos lesivo, desestimando la apertura de zapatas en los restos y considerando idóneos los pilotes u otros procedimientos que no incidan ellos (losas flotantes, forjados volados, etc.).
En todos los casos, la Gerencia determinará el sistema estructural idóneo, sin menoscabo de las propuestas que los particulares pudiesen proyectar.
3.1. En relación al tramo que va desde la Puerta Nueva a la de Buenaventura las zonas bajo rasante pueden ser, en algún sector a determinar, incorporadas por medio de galerías subterráneas o sótanos a los enclaves emergidos dejando los restos visitables. Siendo ésta la única excepción a la regla contenida en el apdo. A.3.
En este caso el uso del sótano debería ser compatible con los restos arqueológicos aparecidos de forma que comporten beneficios para el sector privado como la realización de actividades comerciales (siendo lugar idóneo para el emplazamiento de anticuarlos, librerías, etc.) pues el desarrollo de tales funciones garantizaría una mejor conservación y el no deterioro progresivo de los restos incorporados al disfrute de la ciudadanía.
3.2. En cuanto al caso de los vanos, foso y pontones que quedarán en algunos casos bajo viales o aceras públicas, será de aplicación igualmente obligatoria el Sondeo arqueológico, así como cualquier otra medida de las enunciadas que se considere, cuando se efectúen obras que impliquen levantamiento de pavimentos sea por iniciativa pública o privada.
4. Para el desarrollo de esta Ordenanza se elevará a la consideración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía propuesta, en el sentido de establecer un acuerdo con la Gerencia Municipal de Urbanismo, que con carácter anual establezca unos fondos económicos destinados a afrontar presupuestariamente los gastos ocasionados por el mantenimiento y conservación de los bienes patrimoniales.
Según se desprende de lo anteriormente enunciado no se trata en definitiva de un Proyecto realizable a corto plazo, sino que se irá desarrollando en la medida que el propio crecimiento urbano lo demanda y posibilite, por ello las fases de su ejecución se deberán recoger en la redacción de un informe anual, que a su vez servirá de base o argumentación previa para la declaración de Bien de Interés Cultural.
2.- Las parcelas afectadas en el Plan como equipamiento público o de titularidad privada, podrán mantener su uso actual, permitiéndose a los más, obras de consolidación conservación y reparación que requieran las exigenclas funcionales del uso preexistente. Esta situación se mantendrá mientras la Administración no considere urgente por interés público, su obtención y destino al uso de cualquier otro equipamiento comunitario que el Ayuntamiento por interés público considere.
3.- El tipo de equipamiento propuesto por el Plan, no se considera vinculante, optando en cada momento el Ayuntamiento por las necesidades más urgentes.

Fig. 1 Plano de las intervenciones en el Casco Histórico (1986-1992)

Fig. 2. orcentaje de solar excavado. En gris, superficie del corte inicial (11 m.s.n.m.), en negro, cata en el nivel romano (5 m.s.n.m.) (ALC. 3. MA. 89)

Fig. 3. Ampliación de la excavación anterior. A la derecha el corte inicial con el nivel freático estabilizado. Al centro, más elevadas estructuras del nivel nazarí reutilizado en época cristiana. A la derecha sótano del S. XVIII que ha vaciado la información medieval. Fig. 4 Sirva como referencia de la debilidad que la acción del agua comporta en los rellenos: Ejemplo del sistema de entibación para realizar el trabajo (ALC. 1 - 3. MA. 92)

Fig. 5. En relación a la dificultad de ejecución y coste: estado de un corte tras el descanso fin de semana en C/. Victoria 45 - 49. El agua se estabiliza a la profundidad del nivel de enterramientos 3. Existen otros cuatro más abajo.

Fig. 6 Plano de zonificación del casco urbano. El contorno más claro revela el ámbito de protección del perímetro murario nazarí regulado por la ordenanza contenida en el Anexo II (Zona 1).