Gobierno y participación en el poder: las ciudades y villas de la Transierra oriental y el área manchega en la Baja Edad Media1.
José António Jara Fuente2.
Recibido: 19 de octubre de 2022 / Aceptado: 28 de febrero de 2023.
Resumen. La participación política en el mundo urbano medieval se ha reducido básicamente al examen del colectivo que controla el proceso de toma de decisiones. Se trata de una visión parcialmente correcta, que considera el papel jugado en estos procesos por los linajes que controlan el acceso a los espacios centrales de la dominación. Pero también, limitada pues se centra en sujetos definidos apriorísticamente como privilegiados y apenas analiza de una manera descriptiva la multiplicidad de espacios, formales e informales, que rodean ese centro dominante, participan en áreas menores de la dominación, y se presentan como espacios para la promoción sociopolítica y económica de los sujetos capaces de hacerse presentes en ellos. En este estudio, una revisión historiográfica, se considerarán las diversas áreas abiertas a la participación política de un grupo de actores que se extiende más allá del colectivo que controla efectivamente los resortes de la dominación; explicitando las conexiones existentes entre las vías abiertas a su promoción socioeconómica y política.
Palabras clave: Corona de Castilla; Transierra; Castilla-La Mancha; siglo XV; ciudades; oficios públi cos; promoción social.
[en] Urban Society, Power and Political Participation. The Cities and Towns in the Eastern Transierra and the Region of Castilla-La Mancha in the Late Middle Ages.
Abstract. Political participation in the medieval urban world has been limited to the analysis of the group controlling the decision-making process. It is a partially correct approach that considers the role played in these processes by the lineages controlling the core of domination. But it is limited since it tends to focalize its analysis on actors that are aprioristically defined as privileged and to examine on a descriptive basis the multiplicity of formal and informal areas around that dominant center, not giving due consideration to these areas’ meaning in the process of sociopolitical and economic promotion of the actors present in these spaces. In this state-of-the-art summary, I will examine the various areas opened to the political participation of a group different to the central one controlling domination; and I will also consider the connecting links between the means open to their socioeconomic and political promotion.
Keywords: Crown of Castile; “Transierra”; region of Castilla-La Mancha;15th century; towns; public offices; social mobility.
Sumario. 1. Introducción. 2. Las plantas de oficios municipales en el siglo XV. 3. Constricciones e instrumentos de control de la participación política. 4. Los agentes de la política urbana: procedencia, inserción y promoción. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.
Como citar: Jara Fuente, José Antonio (2023), Gobierno y participación en el poder: las ciudades y villas de la Transierra oriental y el área manchega en la Baja Edad Media, en En la España Medieval, 46, 127-146.
1. Introducción.
Nobleza y caballería; caballería villana, de alarde y de nómina; pecheros y ciudadanos: una compleja malla social que remite a condiciones jurídicas, económicas y políticas diversas. A diferencia de otras áreas de la Corona de Castilla, en el sector examinado se percibe la realidad del enfrentamiento político, pero también de la cooperación y más raramente de la violencia intraurbana. En esto Toledo es excepcional. Lo que se explica no sólo por la instalación de linajes de la alta nobleza en su interior sino por la formulación de modelos de organización política de naturaleza aristocrática, a diferencia del resto de ciudades y villas de esta región, incluso de aquellas sometidas por más o menos tiempo a señorío. Esa presencia señorial en los núcleos urbanos o en su vecindad, y su capacidad para insertarse en sus estructuras de dominación o para “tomarles” distritos, lugares y vasallos –vía merced regia o usurpación–, explican en muchos casos la evolución política experimentada por aquellos centros y sus estructuras de poder. Sin necesidad de referirnos a las villas sometidas, transitoriamente o no, a administración señorial laica –caso de Albacete o Chinchilla– o eclesiástica –Talavera de la Reina–, es lo que se observa en algunos de los principales concejos de este sector, Cuenca y su vecino Huete.
Es por ello que el análisis de las plantas de oficios, su evolución y los colectivos de individuos incorporados a su servicio, debe tener presente la realidad política que se experimenta en estos concejos tanto hacia su interior como al exterior, donde hubieron de construir su devenir y tejer sus redes de relaciones, incorporando, nolens volens, a una nobleza territorial que perseguía su propia agenda política.
El espacio seleccionado para realizar este estudio incorpora a la Transierra oriental castellana a la que pertenece el arco septentrional formado por Toledo, Cuenca, Huete, Guadalajara, y Madrid, el resto de la actual comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuyas conexiones políticas con aquellos concejos resultan intensas en el período examinado y facilitan una imagen más completa de los procesos desarrollados en este espacio geográfico.
Como sucede en general para el examen de las ciudades y villas castellanas, deben tenerse presentes los problemas que plantean las fuentes disponibles, cuyo grado de conservación y variedad de registros impiden efectuar un análisis homogéneo para el conjunto de concejos aquí considerados. Aunque en la mayoría de concejos se han preservado los libros de privilegios y, hasta cierto punto, los registros de la correspondencia con la monarquía, así como otra documentación de naturaleza similar –como los libros del cabildo de Jurados de Toledo–; es menos habitual el poder disponer de un volumen notable de registros fiscales –libros de cuentas y padrones fiscales– y de libros de actas, entre otros. En este último caso, de los tres concejos más importantes de nuestro estudio, Toledo carece de actas de sesiones seriadas hasta entrado el siglo XVI; las de Madrid se inician tarde, en 1464, y no resultan completas en todos los años de la centuria del Cuatrocientos; y sólo en el caso de Cuenca disponemos de fuentes que arrancan en 1417 –con unas decenas de documentos– y que desde la década de 1420 están paulatinamente mejor conservadas.
Debido a esta constricción documental pero también a la indudable influencia que el regimiento tuvo en el desarrollo de los sistemas políticos urbanos castellanos, el estudio se centrará en el siglo XV, alcanzando hasta 1480, momento en el que las reformas introducidas por las Leyes de Toledo y especialmente la consolidación de la presencia de agentes reales en el seno de las corporaciones urbanas –los corregidores–, proporcionarán otra dinámica a aquellos sistemas y sobre todo a las relaciones de poder tejidas en su interior y en las relaciones de la agencia urbana hacia el exterior. Dada su naturaleza de síntesis, el artículo constituye una reflexión alrededor de los problemas identificados, sobre la base de la producción científica existente.
2. Las plantas de oficios municipales en el siglo XV.
El área de estudio supone una buena representación del desenvolvimiento de los sistemas urbanos de dominación y de las agencias superiores en cuyo seno se desarrollan: Talavera de la Reina es villa del señorío arzobispal de Toledo; la vida de las villas de Chinchilla y Albacete –y en cierto sentido la de Alcaraz– transcurre entre el realengo y el señorío, acabando en el siglo XV en el seno del marquesado de Villena; Huete y Ciudad Real, aunque concejos de realengo, serán entregados ocasionalmente como infantado a miembros de la familia real; Madrid –salvo por su breve cesión, en 1391, a León V de Armenia, junto con Ciudad Real y Andújar–, y Toledo, Cuenca y Guadalajara sí constituyen concejos de realengo en sentido estricto, pero sus sistemas políticos no resultan enteramente homogéneos, como ilustran Toledo –el sistema político privilegia a los colectivos nobles– y Cuenca –la participación política no se vincula a la ostentación de un estatuto privilegiado3 .
En términos de planta político-administrativa, nada de ello conduce a establecer diferencias significativas en la organización del sistema de oficios públicos, salvo el caso específico de Toledo, debido a su carácter “aristocratizante”. Esto se percibe incluso en la introducción del regimiento, muy tarde en Toledo, en 1422 –podría retrotraerse a su antecedente de 1411–, mientras que las primeras referencias en Castilla son de 1325, 1326, 1327 y 1328 (Murcia, Arjona, Sevilla y Córdoba), escalándose en el resto de la corona durante el resto de la centuria. En nuestra área de estudio, se documenta en Madrid en 1346; entre 1359 y 1362, en Cuenca –primera referencia explícita, en $1 3 9 0 -$ ; antes de 1367, en Huete; 1398, en Talavera –primera mención–; 1405, en Guadalajara; y 1407, en Ciudad Real –también primera mención conocida.
Tardías son las referencias a Chinchilla y Albacete, posiblemente en o alrededor de 1413; y a Alcaraz, acaso en 1413 o en 1429 –primera mención conocida. En Chinchilla y Albacete, su tardía recepción se explicaría por su condición señorial –señorío de don Juan Manuel–, pues un mayor control de los lugares bajo administración señorial habría conducido a una “replicación” más gradual de la institución en áreas de señorío. El caso de Alcaraz se explicaría por razones similares pues con los Trastá- mara la villa se convierte en infantado ocasional de reinas e infantas de la casa –caso de doña Juana, viuda de Enrique II, y de la infanta Catalina, hermana de Juan $\mathrm { I I ^ { 4 } }$ .
El carácter aristocrático del sistema toledano se proyecta más allá del regimiento, aunque presenta notables equilibrios de poder diseñados para reducir la conflictividad política en el interior de la ciudad. Este modelo descansa en tres escalones de oficios: los mayores, los regimentales y las juradurías. Los primeros, integrados por dos alcaldes y un alguacil mayores, proceden del período previo, son vitalicios y se hallan ocupados por miembros de la alta nobleza asentada en Toledo. Son los cargos más importantes de la ciudad. Presiden las sesiones de ayuntamiento y su “pertenencia” a los más importantes linajes nobles de Toledo coloca el sistema político-decisional urbano bajo su control. La introducción del regimiento en 1422 tiene un antecedente en 1411, cuando Fernando de Antequera reforma los sistemas de la administración política de Sevilla, Cuenca y Toledo, con el objetivo de reducir la conflictividad que la introducción del regimiento no había acabado de eliminar. Así, en 1411, el de Antequera perfila un sistema presidido por los oficiales mayores y participado por tres caballeros e hidalgos y tres hombres buenos, en representación de los vecinos de la ciudad y escogidos por éstos cada dos años. La ordenanza autorizaba, además, la presencia en los ayuntamientos de todos los caballeros, con voz aunque sin voto –lo que sería fuente de continuos conflictos–, pero no la del común. Con el fin de eliminar esos conflictos, en 1422, Juan II, a petición de la ciudad, introduce un regimiento de dieciséis regidores vitalicios, caballeros y hombres buenos por mitades, limitando las sesiones de ayuntamiento a los oficios mayores y regimentales. También introdujo una institución concebida como contrapeso de aquellas dos agencias y de máximo órgano de representación del común de la ciudad, el Cabildo de Jurados. Éste quedaría integrado por dieciséis jurados, hombres buenos escogidos de entre las diecinueve collaciones de la ciudad. Sin voto en las sesiones de ayuntamiento, su presencia servía para fiscalizar la actuación de oficiales mayores y regidores, y limitar su autonomía de acción. Junto a estos oficiales, actúan otros de menor relevancia política5 .
En Talavera, pese a la proximidad espacial y política a Toledo, el arzobispo toledano no tuvo interés en potenciar el papel político de una nobleza que pudiera llegar a discutir su superior autoridad. Por ello, el modelo talaverano será similar a lo que se observa en Madrid, Huete o Cuenca, en cada caso con sus particularidades –así, en.
Talavera se constata una relativa penetración de linajes nobles en el regimiento, caso de los Álvarez de Toledo, señores de Oropesa, o los Ayala, señores de Cebolla. En Talavera, los oficios son monopolizados por los caballeros de alarde o villanos, cuya riqueza, por aplicación de las leyes del reino (Ordenamiento de Alcalá de 1348), les obliga a dotarse de caballo y armas de guerra, reservándoles, en compensación, un acceso privilegiado a los oficios públicos en sus concejos –en Talavera disfrutarán también de exención fiscal. Copan los oficios regimentales, de carácter vitalicio, y los principales oficios de la villa, como las escribanías; y la designación del resto de oficios menores del ayuntamiento, sometida a los regidores. Aquí también el señor proporcionó representación a los pecheros de la tierra a través de un procurador y, en su momento, también de sexmeros –representantes de los distritos del alfoz–, prohibiendo al concejo, en 1438, que se abordaran y decidieran en sus sesiones cuestiones fiscales, estatutos y ordenanzas sin la participación de estos. Si bien la representación pechera no se extendió a la villa, en la práctica debió operar informalmente pues no es infrecuente observar cómo el regimiento, en ocasiones con la anuencia del corregidor y su alcalde mayor –oficiales del señor–, incumple la obligación de convocar a los representantes de los pecheros de la tierra pero sí se hace asesorar por miembros de las collaciones de la villa en cuestiones relacionadas con la fiscalidad6 .
La creación del regimiento en Guadalajara obedece a un modelo de presencia noble más cercano al de los concejos optense y conquense, con una intervención intensa del linaje Mendoza –futuros marqueses de Santillana y duques del Infantado– en su espacio de proyección. Ya en 1395 Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla, tomaba para sí los oficios de justicia y procuración de Cortes; y, entre 1394 y 1404, se sabe que Enrique III le concedería “el regimiento de la dicha villa”, lo que suponía el reconocimiento de su primacía política frente a la capacidad de acción de los caballeros y pecheros de la villa. Posiblemente como reacción a un modelo de gobierno cada vez más señorial, y aprovechando el fallecimiento del almirante en 1404, los pecheros de Guadalajara aprobaron, en octubre de 1405, las llamadas “Ordenanzas de la villa del tiempo que no avía regidores en ella”, un documento dirigido a los caballeros y escuderos arriacenses, proponiendo la instauración de un regimiento de ocho regidores –seis designados por caballeros y escuderos y dos, por los pecheros–; que las alcaldías fueran servidas anualmente por sorteo, por hombres buenos abonados –caballeros, escuderos o pecheros–; y que el resto de los oficios –jurados, alcaldes de cañadas y alcaldes de montes– fuera designado por los caballeros y escuderos, y por los pecheros. La ordenanza sería jurada y aprobada por los caballeros y escuderos en diciembre de ese mismo año. La generosidad de la propuesta pechera se explica, primero, por la consciencia de la fuerza de dicho colectivo, capaz de asumir una acción concertada; segundo, el amplio despliegue de las estructuras sociopolíticas y económicas caballerescas en la villa y su tierra; y tercero, la voluntad pechera de poner límites a esa proyección, incluso si eso suponía compartir un espacio polí- tico cuya construcción se concebía conscientemente desequilibrada7 .
En Madrid opera un modelo de organización política intermedio, sin grandes presiones de la nobleza territorial y haciendo recaer el peso del aparato político-decisional en los caballeros, hidalgos y caballeros de cuantía, como se venía haciendo en Talavera, Huete y Cuenca. Como sucediera en Toledo en 1422, el regimiento se introduce en 1346 “a petición del concejo”, apareciendo integrado con posterioridad, en su mayor parte, por caballeros y escuderos –coparían seis de los ocho oficios, correspondiendo los otros dos a los pecheros. Como en Talavera, los caballeros villanos o de cuantía disfrutan de exención fiscal, lo que contribuye a separar sus intereses de los pecheros. En todo caso, en 1381, Juan I transforma el regimiento original, de oficios temporales, en otro de doce oficios vitalicios, si bien se ignora el modo en el que se distribuirían entre los dos colectivos. Aquí también, y ante las protestas de los “simples” pecheros, se dotará a éstos de instituciones de representación, dando lugar a la designación de un procurador de los pecheros de la villa y tres sexmeros para los de la tierra, integrados en el ayuntamiento con funciones similares a las talaveranas o toledanas –estos oficios se conocen por su restauración en 1418 por concesión de Juan II, por lo que sin duda son anteriores–; de hecho y a imitación de Toledo, se constituirán en una Junta de Pecheros, conociéndose la existencia de un procurador de los pecheros de la villa desde la instauración del regimiento, en 1346. Estos ayuntamientos están integrados por los regidores y los oficiales de justicia, que proceden de la tradición foral –previa al regimiento–, como sucede en la mayor parte del urbanismo castellano: dos alcaldes y un alguacil, escogidos por el rey de entre una propuesta que le presentaba el concejo –incorporando cuatro nombres para las alcaldías y dos para el alguacilazgo–; y un escribano mayor para levantar acta de lo debatido y acordado. Junto a ellos y al margen de los procesos de toma de decisiones, figuran otros oficios de apoyo administrativo, como el mayordomo o receptor, los caballeros de monte –que controlan el cumplimiento de las ordenanzas dictadas por la villa en el alfoz y el respeto de su integridad jurisdiccional–, los fieles –ligados al control del mercado urbano–, y los letrados de la villa. A partir de las Cortes de Toledo de 1480 y con el fin de dar cabida a la mayor representación vecinal que aquellas contemplan, se incorpora a los ayuntamientos a 20 representantes pecheros de la villa y su tierra8 .
Ciudad Real y Huete comparten un mismo problema de concepción superestructural de su condición urbana: en ambos casos, la monarquía los utilizará como infantado, detrayéndolos del realengo puro en diversas ocasiones lo que, junto con la presión de los comendadores calatravos en el primer caso, y de miembros de la nobleza territorial, en el segundo, afectaría a sus respectivas capacidades para desarrollar unas estructuras sociopolíticas capaces de desarrollar adecuadamente su autonomía. En Ciudad Real es sintomático que en su fundación se le otorgara el Fuero de Cuenca, en 1255, y que, tras una breve implantación del Fuero Real, se retornara a la legislación conquense en 1302; aunque se percibe, también, cierta influencia de la vecina Toledo, pues los caballeros cuantiosos ciudadrealeños recibirán las mismas franquezas que los de Toledo. Del regimiento, cuya primera referencia es de 1407, apenas disponemos de información: estaría integrado por caballeros –de una u otra condición–, algunos de ellos, conversos; en 1475, se sabe de catorce regidores, aunque no es seguro que este fuera el número original. El ayuntamiento estaría integrado por la justicia –tres alcaldes y un alguacil elegidos por las collaciones–, el regimiento y el escribano del concejo. Aparte de los demás oficios administrativos de segundo nivel –mayordomo, contador, almotacén, letrados–, constan los de representación pechera, concebidos como mecanismo de control de las actuaciones del regimiento: los jurados, integrados en un cabildo similar al toledano, en número de seis y escogidos por los pecheros de las tres collaciones de la ciudad por un período de dos años –su primera mención es de $1 4 4 7 - ,$ y los fieles, con funciones similares a los anteriores pero, al menos desde 1466, con un mandato sólo anual –en 1480, quizás fundándose en prácticas previas, los hidalgos reclaman a los reyes que se les reserve el servicio de las cuatro fieldades9 . En Huete, el fuero se otorga con posterioridad a 1281 y también a imitación del de Cuenca y, por lo mismo, vemos operar en la ciudad un sistema idéntico de reserva de oficios a la caballería de cuantía. A comienzos del siglo XV, bajo señorío de doña Catalina –nieta de Pedro $\mathrm { I - } .$ , se configuran las instituciones de gobierno que se desarrollan durante el siglo XV: el regimiento, de carácter anual, integrado por nueve oficiales, de los que seis son elegidos por los caballeros y tres por los pecheros. A su lado, integran las sesiones de ayuntamiento el guarda mayor –una figura institucional propia de esta área, también la encontraremos en Cuenca, y que suele ser ostentada por un miembro de la nobleza regional, aquí los Acuña–, los procuradores de los “estados” –uno por los caballeros y escuderos, otro por los pecheros de la ciudad y uno por los de la tierra–, y los veintes. Estos últimos son una institución nueva en Huete, y recuerdan a los jurados toledanos, aunque en Huete son escogidos por mitades por caballeros y escuderos, y pecheros. Así, tanto en el caso de los veintes como en el de los procuradores, se intentó equilibrar la presencia de privilegiados y no privilegiados en el ayuntamiento. Sólo el servicio de los oficiales forales –alcaldes, alguacil, almotacén, caballeros de la sierra– se reserva a los caballeros, aunque se trata de oficios de un poder muy limitado y que, acaso por ello, aparecen poco en la documentación10.
En Cuenca, el fuero privilegiaba a la caballería villana, lo que no solo no cambia con la introducción del regimiento sino que se consolida con la reforma antequerana de 1411. Ésta introduce un ayuntamiento integrado por los seis regidores, la justicia –cuatro alcaldes y un alguacil–, el mayordomo, los letrados de ciudad y tierra, los procuradores de ciudad y tierra, y el escribano del concejo. Junto a ellos, el oficio de guarda mayor –patrimonializado desde la década de 1420 por los Mendoza, señores de Cañete y marqueses a fines de siglo– se hace presente –como en Huete. La presencia política de esta nobleza es significativa, especialmente en las dos primeras décadas del siglo XV, cuando Mendozas y Acuñas –señores de Buendía y condes a mediados de siglo– contienden por el (fallido) control de la ciudad; y en los años finales de la guerra civil, cuando ambos linajes extienden su apoyo a Enrique IV y luego a Isabel I (Mendozas) y al pretendiente Alfonso y a doña Juana (Acuñas). La plantilla de oficios se completa con el resto de oficios forales, cuyo servicio se halla abierto en exclusiva a los caballeros de cuantía: además de alcaldes y alguacil, un notario, un almojarife y un almotacén, cuatro caballeros de la sierra y dos fieles de caballero de la sierra –con funciones coincidentes a las de los caballeros de monte de Madrid11.
En Chinchilla, los caballeros cuantiosos se ven también privilegiados por un acceso exclusivo a los oficios de la ciudad, incluyendo los regimentales, aunque sujetos a la condición de pechar como pecheros enteros o posteros. Esta medida impedía el acceso a los oficios a los pecheros no posteros y a los caballeros e hidalgos, quienes debían renunciar –transitoriamente– a la exención fiscal si deseaban servir estos oficios –algo que concitó oposiciones, forzando su reiteración en una ordenanza de 1441. Por debajo de estos oficios, la caballería de la sierra se abría a los cuantiosos de fortuna y los pecheros con aspiraciones de promoción social, pues el oficio no se hallaba sujeto a requisitos de riqueza –más que la posesión de un caballo para desempeñarlo– y permitía a sus servidores aspirar a una promoción política y económica capaz de incorporarlos a los colectivos de posteros y caballeros de nómina -institución creada por don Juan Manuel en 1336. La incorporación al señorío de los Pacheco verá una sucesión de ordenanzas señoriales limitando el número de vecinos con capacidad de acceso a los oficios –obligando a haber pechado como posteros en los dos años previos y prohibiendo el servicio de ciertos oficios durante dos años consecutivos–; lo que conducirá a concentrar el peso político en un número reducido de familias. Aquí, y a diferencia de lo que sucedería en Alcaraz, el triunfo de los Reyes Católicos no vendrá acompañado de la reclamación de reformas municipales, más allá de la elección de un procurador del común –en $1 4 7 7 -$ aunque hidalgos y caballeros sí aprovecharán el final de la guerra y la derrota del marqués para recuperar y ampliar sus privilegios políticos12. Por su parte, en Albacete observamos las mismas constricciones en el acceso a los oficios. Desde la instauración del regimiento, los ayuntamientos se integran por seis regidores, dos alcaldes, un alguacil y dos jurados, todos cuantiosos y posteros. Como en Chinchilla, los hidalgos y otros privilegiados debían renunciar –transitoriamente– a su exención fiscal para participar en el servicio de los oficios; y también aquí, consta la existencia de un colectivo de caballeros de nómina, si bien en Albacete no los instituyó don Juan Manuel sino Enrique III, aunque su funcionalidad es idéntica, facilitar a un grupo reducido de linajes los recursos económicos para permanecer en el seno de la caballería –y clientelizarlos para la “casa”. Por su parte, aunque los jurados cumplen la función teórica de representar a los miembros del común, su pertenencia al mismo segmento económico que el resto de oficiales del concejo y sus aspiraciones de promoción sociopolítica debieron suponer algún tipo de límite al control ejercido sobre el ayuntamiento en materia fiscal13.
Finalmente, a comienzos del siglo XV, en Alcaraz el sistema de oficios se halla en manos de caballeros cuantiosos e hidalgos, que designan a los principales oficiales forales –juez y alcaldes–; y, a su lado, otros oficios menores –alguacil, personeros, andadores–, y, ya en las dos primeras décadas del siglo XV, los jurados –representando al común. Con la introducción del regimiento, no más tarde de 1429, alcaldes y jurados son sustituidos por los regidores, elegidos por los vecinos mientras la villa –ciudad en 1429– permaneció en el realengo, o por el señor, cuando entregada en infantado. Con el triunfo de Isabel I en la guerra civil, cuyo partido tomó la ciudad, en 1477, se reforma el sistema de oficios, distribuyendo regidores y alcaldes, alcaldes y cuadrilleros de Hermandad, y caballeros de la sierra entre las cinco collaciones, designándolos hidalgos y ciudadanos por mitades; además, proponían dos candidatos por collación para la procuración del concejo, sorteándose su designación. El nuevo sistema abría los oficios al conjunto del vecindario. La guerra civil en la ciudad y el enfrentamiento con el marqués de Villena y sus partidarios, habían facilitado una toma de conciencia colectiva que había conducido a compartir el acceso a los oficios públicos. Una solución que, además, se apoyaba en el hecho de que todos los vecinos intramuros de Alcaraz disfrutaban, desde 1465, de exención de todo pecho, lo que contribuía a igualarlos fiscalmente y a percibir de una manera más “natural” la igualación política14.
3. Constricciones e instrumentos de control de la participación política
$\it { i Q u e }$ representa participar en el sistema político urbano?15 El acceso al sistema de toma de decisiones y el control de sus operaciones por parte de los regidores no significaron necesariamente una presencia continua de estos oficiales en el ayuntamiento, siendo usual un nivel alto de absentismo. Éste no debe interpretarse como indiferencia hacia el gobierno de la ciudad o como falta de coherencia interna de este colectivo; la ausencia de conflictos ante los acuerdos adoptados por una minoría de regidores, en materias sensibles para la ciudad y sus oficiales –en concejos como Toledo, Madrid y Cuenca– remiten a prácticas de debate y acuerdo informales –fuera de las sesiones formales de ayuntamiento– y a colectivos altamente coherentes, capaces de coordinar sus agendas personales e institucionales de objetivos16. En Huete se constata una presencia mayor de regidores y de veintes, lo que quizás se explique por la anualidad de los oficios y las dificultades experimentadas por caballeros y pecheros para controlar la malla de oficios17.
La efectividad sociopolítica del absentismo –la ausencia, en general, de conflictividad– se halla en función de la coherencia política de cada sistema urbano, del grado de aceptación del sistema en el interior de la estructura sociopolítica, y de su ordenación en diversos escalones de poder, en áreas mayores y menores de dominación, abiertas a un espectro relativamente amplio de la población –privilegiado o no. En los concejos donde esta apertura –incluso si relativa– se observa con mayor claridad, el sistema recibe menos contestaciones y su legitimación es más amplia. En este sentido, salvo en los concejos donde las regidurías no son vitalicias, la llamada a una participación política ampliada gira alrededor de los oficios forales y otros menores. Las referencias a procedimientos electorales diversos, entre los que prima la insaculación, son uno de los fundamentos de la extensión del modelo de participación política en cada concejo18. Lamentablemente, éste es un ámbito de análisis para el que se dispone de una información limitada. Cuenca, una vez más, resulta la excepción y el modelo sobre el que contemplar este espacio. En Cuenca –como en Albacete y Alcaraz–, los oficios forales se sortean el día de San Miguel entre los caballeros cuantiosos que se han inscrito voluntariamente en los padrones de sus collaciones. Padrones cuyo control queda sometido a los regidores, no siendo inusual –tampoco habitual– que éstos tachen a algún vecino del padrón por no cumplir los requisitos de la cuantía. Esta, en general, implicaba un patrimonio suficiente para dotarse de caballo y armas de guerra, y el poseerlos, además de la condición de vecino; y en concejos como Chinchilla se requería, así mismo, pagar impuestos, aunque se ostentara un estatuto privilegiado. Con el tiempo, se incorporarían o matizarían otros requisitos, limitando el acceso a estos oficios a quienes realizaran actividades de dudosa estima social –prestamistas, carniceros y similares–, oficios percibidos negativamente en términos de “honorabilidad” o “dignidad”; lo que no impidió que, en algunos concejos, los menestrales pudieran servir oficios menores como las juradurías –en Chinchilla– o todos los oficios, incluidas las regidurías –en Albacete. Debe tenerse presente que no todos los vecinos que podían aspirar a incorporarse al colectivo de cuantiosos y servir oficios, lo hacen. En Cuenca, el número de los inscritos en los padrones es menor a quienes disfrutaban de la posición socioeconómica de un cuantioso –lo sabemos contrastando los padrones de oficios y fiscales–; en Chinchilla, desde mediados de siglo se observa un creciente desinterés por el servicio de los oficios, con una reducción progresiva de los inscritos en las suertes e incluso la negativa a servir el oficio sorteado –a mediados de siglo, una ordenanza decreta para tal caso la pérdida vitalicia del derecho a servir oficios19.
Dado que la condición de cuantioso debía ser demostrada mediante alardes perió- dicos, no extraña que, en concejos como Cuenca, donde la conflictividad intraurbana se había limitado en gran medida, el regimiento no exija la observación del alarde. Esto beneficiaba al segundo escalón de la dominación y principal beneficiario de los oficios forales; pero también lo sujetaba más firmemente al control de los regidores, que, en cualquier momento, podían denunciar el incumplimiento de ese mismo requisito. En el período considerado, en Cuenca no se documentan alardes y, simultá- neamente, se constata un limitado nivel de protesta relacionado con el acceso a los oficios del fuero –apenas cinco casos. En Albacete también es un requisito que rara vez se cumple. En Madrid sí se celebran, pero con la presencia de no más de una decena de caballeros que suelen presentar armas en mal estado y caballos prestados, incumpliendo la normativa. En Talavera y en Guadalajara el control sobre los alardes es mayor; en la última, la ordenanza de 1427 sanciona el control del común sobre padrones fiscales y militares, facultándolo para rechazar en las suertes a quienes no hubieran realizado el alarde. En Talavera, donde de 3 alardes anuales se pasa a 2 a comienzos del siglo XVI, sí parecen ser objeto de un control real y su incumplimiento suele llevar aparejada la pérdida de la condición privilegiada y la obligación de pechar –el objetivo fiscal es evidente20.
Si bien la introducción del regimiento se presentó como una solución a la conflictividad que generaban las sesiones abiertas de ayuntamiento, no en todos los concejos se operó un cierre estricto de estas sesiones. En Madrid y Cuenca, la presencia del vecindario se acepta de manera “natural”, incorporando a un número variado de vecinos que podía alcanzar varias decenas21.
En todo caso, nada de lo examinado impide afirmar que el aparato político-decisional se encontraba controlado por los regidores, singularmente donde el regimiento centraliza la dominación: Madrid, Huete, Ciudad Real o Cuenca y, en menor medida, Guadalajara o Talavera. En estos concejos, los linajes de regidores pudieron aspirar a extender su control más allá del regimiento, chocando con las aspiraciones de promoción social de cuantiosos y simples pecheros, e incluso de hidalgos y otros privilegiados de mediana o ninguna fortuna. Así sucede en Madrid, donde caballeros y escuderos reclaman una mayor participación en el sistema de oficios, especialmente en 1451, dando lugar a una sentencia arbitral, en 1454. La sentencia dejaba a caballeros y escuderos la propuesta de candidatos para los oficios forales en cada collación, otorgando a los regidores el derecho a seleccionar a cada oficial de entre dichas nóminas. La sentencia se cumplió mal, forzando un nuevo acuerdo, en 1477, que ligaría la elección de los oficiales a las collaciones, limitando el control ejercido por los regidores. Reclamaciones similares se producen en Cuenca, en 1442 y en 1465, sin éxito. En el primer caso, caballeros y escuderos, guisados de caballo, y pecheros reclamaron la incorporación al ayuntamiento de cinco representantes de cada “estado”; en el segundo, llegaron a forzar la incorporación a los ayuntamientos de diputados, elegidos por los pecheros, y a reclamar al rey la conversión del regimiento vitalicio en anual. En Chinchilla, el conflicto giró alrededor del acceso a las caballerías de la sierra, únicos oficios para los que no se precisaba ser postero, y que facilitaban la promoción de linajes medio-bajos de la villa. Aquí, a diferencia de lo que sucede en la vecina Alcaraz, la victoria del partido isabelino no se aprovechó para modificar el sistema de oficios, salvo por la introducción de un procurador del común en $1 4 7 7 ^ { 2 2 }$ .
En Talavera de la Reina, la situación es más plana, con una clara separación entre los caballeros –de alarde, sobre todo– y un común relegado del servicio de los oficios, lo que se le compensaría –en 1438 y 1490– con una procuración que le facultaba participar en las sesiones en que se abordaran cuestiones fiscales o se dictaran estatutos u ordenanzas. El regimiento supo “negociar” ambas disposiciones, acudiendo al asesoramiento de representantes “seleccionados” de las collaciones. Algo similar acontece en Toledo donde los problemas formales de participación habían sido resueltos mediante la reforma de 1422, que centralizaba el proceso de toma de decisiones en los 16 regidores vitalicios –caballeros y hombres buenos por mitad–, pero incorporaba el cabildo de Jurados –de representación pechera23.
4. Los agentes de la política urbana: procedencia, inserción y promoción.
Uno de los rasgos que más llama la atención en estos procesos es la capacidad mostrada por la alta nobleza para insertarse en algunas estructuras urbanas, no siempre con el éxito esperado. En Toledo, el éxito de los oficiales mayores resulta innegable, fundado en la ocupación incontestada de estos oficios, su protagonismo sociopolítico, y la consolidación de sus linajes en el seno de la alta nobleza titulada –condado de Fuensalida para los Ayala y de Cifuentes para los Silva bajo Enrique IV, y ducado de Maqueda, para los Cárdenas, con los Reyes Católicos. Además, estos oficios mayores constituyen instrumentos de promoción de sus clientes, pues suelen ser servidos a través de lugartenientes y alcaldes delegados, que, de esta manera, se insertan en las estructuras de dominación de la ciudad24. En Cuenca, tras el fracaso de Acuñas y Mendozas, entre 1417 y 1419, en su intento de controlar la ciudad, los principales linajes nobles tenderán a hacerse presentes en ella a través de sus clientes. Lo mismo sucede en Madrid, especialmente en la segunda mitad del siglo XV; pero no en Huete, donde los Acuña, apoyándose en la guarda mayor y la alcaidía del castillo, usurparán transitoriamente su control político, aprovechando el estado de guerra civil en los últimos años de Enrique IV e inicios de la monarquía isabelina25.
En concejos como Huete, Cuenca, Guadalajara o Alcaraz, se experimenta la intromisión política de esa nobleza territorial tanto en el interior del sistema político-decisional, directamente o a través de sus agentes, como en sus alfoces, mediante ocupaciones de términos y aun de aldeas y vasallos. Décadas de guerra civil hasta la pacificación de 1479, constituyeron el escenario ideal para estas actuaciones. Aunque no siempre la pacificación del reino supuso el fin de estas banderías, como vemos en Alcaraz a fines de la década de $1 4 7 0 ^ { 2 \bar { 6 } }$ . En otros casos, como Guadalajara, la inserción de los linajes nobles –Mendozas de Infantado– se ve facilitada por la división política del colectivo caballeresco, lo que permitió a los Mendoza clientelizar a un amplio grupo de linajes, implementar el control de este espacio mediante la implantación de caballeros foráneos –clientes de la “casa” –, y anular paulatinamente el poder de los restantes caballeros. Cuando la monarquía intentó reaccionar, ocupando la villa por sorpresa en 1459, era tarde. La faccionalización de la vida política era tal, que forzó a Enrique IV a pactar la entrega en la práctica de la ahora ciudad –desde marzo de $1 4 6 0 -$ a los Mendoza, quienes ejercerían su autoridad en ella a través de regidores clientelizados27. También en los concejos sometidos a la influencia o señorío de los Pacheco surgirán parcialidades realistas y pachequistas desde época de Juan $\mathrm { I I } ^ { 2 8 }$ . Y en Madrid la guerra sucesoria hizo aflorar igualmente conflictos por el control del aparato político de la villa, suponiendo el triunfo inicial de los partidarios de la princesa Juana y la colaboración con el marqués de Villena29. En el caso toledano, la violencia se halla internamente “institucionalizada”, ligada a las luchas por el poder que enfrentan a los principales partidos nobles –Silva y Ayala–, a los linajes vinculados a sus “casas”, e incluso al común, en el que no dudan en apoyarse, especialmente los “linajes antiguos”. Unos conflictos que adquieren profundidad hacia mediados del siglo XV, enfrentando los “linajes antiguos” a los “recién llegados”, identificados estos con el doble estigma de su dependencia del valido Álvaro de Luna y de su condición conversa, trasladando el conflicto político al ámbito religioso, especialmente desde 1449 –en Toledo y en Ciudad Real. En Toledo, esta conflictividad se desata nuevamente entre 1465 y 1475, producto de unas luchas banderizas que se benefician del contexto de desorden político del reino, aprovechándose la rebelión toledana contra Enrique IV para generar nuevos enfrentamientos con los conversos, en 1467. Influidos por Toledo, procesos similares se experimentan en Ciudad Real, en 1449 y en 1467, aunque aquí el conflicto gira alrededor de la relación de la ciudad con los caballeros calatravos y en la violenta oposición a éstos protagonizada por los conversos, partidarios del pretendiente Alfonso. Similares conflictos se reproducen en Ciudad Real, en 1474, y en Toledo, entre $1 4 8 8 \ – 1 4 9 5 ^ { 3 0 }$ .
La nobleza no es ni el único ni el principal instrumento de creación, ordenación e influencia de los sistemas de oficios. En el ámbito del realengo, la introducción del regimiento obedece a la voluntad del monarca, generalmente negociada con las elites locales31. Con independencia de su carácter vitalicio y número original, la monarquía impondrá, con mayor o menor éxito, regidurías acrecentadas en beneficio de sus partidarios: oficiales de la corte, vecinos del concejo, miembros de la nobleza. Aunque ciudades y villas mostraron su oposición a estos acrecentamientos, no deben entenderse simplemente como un triunfo de la monarquía. La historia de conflictos entre Toledo y Juan II y Enrique IV, y el acrecentamiento por estos de las regidurías de la ciudad –llegando a veinticinco con Juan II y a cincuenta y dos, con Enrique $\mathrm { { I V } - }$ , y también de las juradurías, lo ilustran bien32. Los acrecentamientos beneficiaban a los sectores favorecidos de las elites urbanas, e incluso a foráneos sin pretensión de incorporarse al sistema urbano, a los que los reyes premiaban así su lealtad. Oponerse a estas concesiones no siempre resultaba eficiente pues los nombramientos no generaban necesariamente conflictos significativos en el interior de las elites que debían controlar los procedimientos de acceso a sus filas. Sí lo era cuando se perjudicaban realmente sus intereses, como sucede en Cuenca con la nominación, en 1467, de Andrés de Cabrera –alcaide de Segovia y futuro marqués de Moya. El rechazo frontal de esta regiduría supuso dos años de conflictos y negociaciones que acabaron, en 1469, con un acuerdo que beneficiaba a ambas partes: el Cabrera no entraría en el regimiento, pero sí lo haría su hermano, Alonso Téllez de Cabrera, quien apenas representó un reto para la autoridad de los linajes regimentales. No fue la primera ocasión en la que Cuenca ejercería su oposición y, además, con una alta tasa de éxito33.
Algo similar cabe observar en áreas sujetas a señorío eclesiástico, caso de Talavera, donde los arzobispos de Toledo se reservan el nombramiento directo de alcaldes y alguaciles mayores, y del corregidor, transigiendo sólo con la designación de los regidores –en caso de vacante, el señor escoge de entre dos candidatos propuestos por el regimiento– y de los escribanos públicos –confirma el nombramiento hecho por el concejo. El resto de oficiales –los dos escribanos del concejo, el procurador general de la villa, los fieles, guardas y demás– son designados por el concejo34.
La promoción de determinados individuos o colectivos podía alcanzar un relativo nivel de formalización, como sucede en las áreas señorializadas de Chinchilla y Albacete con los caballeros de nómina, cuantiosos a los que el señor había concedido una ayuda económica a cargo del concejo con el fin de subvencionar los gastos que les suponía mantener el caballo y armas de guerra. Introducida en Chinchilla por don Juan Manuel en 1336 –en 1442 se regula el servicio de cincuenta caballeros y veinticinco ballesteros de nómina– y en Albacete por Enrique III –en beneficio de veinte caballeros–, la institución beneficiaba a un grupo de caballeros leales al señor, cuyo estatus se ligaba a su servicio y, con el tiempo, al control ejercido por estas familias sobre el ayuntamiento y el procedimiento de asignación de las nóminas. A ello no se llega sin contestación. En 1427, los caballeros de Chinchilla reclamarán ante la Audiencia el respeto de éste y otros privilegios económicos concedidos por don Juan Manuel; años antes, en 1422, los pecheros habían solicitado que los caballeros armados pecharan si antes de recibir la nómina no eran cuantiosos35.
Como ilustra el caso chinchillano, la fiscalidad constituía un caballo de batalla con los pecheros y un instrumento de identificación de los privilegiados. En Toledo, Madrid, Talavera de la Reina, Huete o Cuenca, los caballeros cuantiosos disfrutan de privilegios que, desde el siglo XIII, los acercan a la baja nobleza de hidalgos y caballeros: exenciones fiscales sobre sus heredades en el alfoz, exención del pago de moneda, o concesión de paniaguados. Diferencias que se reducen cuando las exenciones de moneda, servicio y pedido alcanzan a todos los vecinos intramuros, como sucede en Toledo, desde 1303, o en Cuenca desde $1 4 6 5 ^ { 3 6 }$ .
En Alcaraz, hubo que introducir mecanismos de control para evitar la evasión fiscal que suponía declararse falsamente caballero por algunos pecheros, ya desde 1375. En el tránsito al siglo XV, ese colectivo comienza a extender su control no sólo sobre el sistema de oficios sino también sobre el arrendamiento de las rentas concejiles37.
En Albacete, los cuantiosos se encuentran exentos de repartimientos y sisas, como los hidalgos –aunque éstos contribuyeran en algunas derramas concejiles. Junto a ellos, los oficiales de cada año y sus familiares, los caballeros de la sierra y ciertos oficios –escribanos, médicos, pregoneros y otros– quedaban excusados de pechar por el concejo. Aquí, los dos únicos requisitos exigidos para el servicio de los oficios –poseer caballo y armas de guerra y ostentar la condición fiscal de postero– no suponían un cierre social, conociéndose regidores menestrales e hijos de menestrales. Lo mismo se observa en Chinchilla, menestrales, comerciantes, pequeños propietarios de tierra o ganado sirviendo oficios, y, con el tiempo, también arrendando rentas, o como prestamistas y oficiales de la casa del señor. En Alcaraz sí se introducen límites vedando el trabajo manual; lo que no debió suponer un obstáculo a la promoción de estos individuos pues es probable que algunas familias hidalgas de la villa procedan de la caballería villana de fines del siglo $\mathrm { X I V ^ { 3 8 } }$ . En el resto de las ciudades y villas de nuestra área de estudio, la ligazón de los miembros de estas elites con las actividades productivas se matiza, prohibiéndose el desempeño de oficios manuales y en algunos casos incluso la simple titularidad del negocio, caso de los carniceros en Cuenca, donde disponemos de un conjunto de ordenanzas –1417, 1432, 1440, 1468, y 1479– que regulan con gran detalle las condiciones de acceso a los oficios públicos y las situaciones indignas de servirlos39. Se trata de ciudades y villas de mayor entidad, en las que las actividades económicas de las elites se vinculan con mayor decisión a las industrias de transformación –especialmente la textil–, el comercio y mercadeo, el arrendamiento de rentas reales y concejiles, los préstamos, y las medianas y grandes propiedades agrícolas y ganaderas. Las conexiones que surgen con la monarquía y la nobleza regional –y los altos representantes de la Iglesia–, les proporcionan también palancas de promoción que ejemplifican las concesiones de regidurías, de otros oficios concejiles, reales y señoriales –escribanías, mayordomías, Casa de la Moneda– y su capacidad para patrimonializar el oficio a través de la obtención de licencias de traspaso40. Promoción que implica progreso sociopolítico dentro y fuera de la agencia urbana, y capacidad de transformación de la condición social de origen, como demuestran las constituciones de mayorazgos, la erección de pequeños señoríos y castillos, de casas-palacio y casas-fuerte en las ciudades y villas y en sus jurisdicciones, o el mecenazgo, y el patrocinio religioso –fundación de capellanías y lugares de entierro “linajístico”–, el mantenimiento de lanzas para el rey o un señor, el reconocimiento de la hidalguía y el acceso a la caballería stricto sensu, quedando el salto a la nobleza titulada para la segunda mitad del siglo XVI y siempre para un número ínfimo de individuos en el conjunto del área de estudio, como sucede en Madrid, Cuenca, o Toledo41.
Las posibilidades que proporciona un sistema de promoción social tan “abierto” conducen a plantearse el alcance real que pudo tener, aunque no es tarea fácil. En el caso de Cuenca, apenas tres linajes de la alta-mediana nobleza sirve oficios forales y únicamente por un corto período de tiempo, al inicio del siglo XV –integrándose en el regimiento al final del período estudiado–; el grueso de la participación política se distribuye entre veintiún linajes de regidores y ciento quince linajes no regimentales que integrarían la denominada elite de participación, caracterizada por un acceso privilegiado al sistema de oficios forales y rentas de la ciudad –la elite de poder, los linajes regimentales, controlaría el acceso al aparato de dominación y un tercer escalón, el segmento bisagra, actuaría como conector de ambas elites y el común. Algo similar sucede en Toledo, en tres escalones que integran a los ricoshombres, los caballeros insertos en el regimiento, y el resto de caballeros e hidalgos, de más limitado potencial político y socioeconómico –y también en un nivel inferior, los pecheros. En Albacete, no más de treinta a cuarenta familias habrían accedido al sistema de oficios. Un cierre similar se observa en Alcaraz en el tránsito al siglo XV. En Chinchilla, a mediados del siglo XV, el grupo dominante incorpora a unas ochenta familias que tienden a monopolizar las caballerías de nómina, contra lo dispuesto en la ordenanza de dichos oficios. Esa presencia se reafirma, al menos para los oficios regimentales y las juradurías vía la patrimonialización del oficio en el linaje por su transmisión de padres a hijos, aunque en algunos casos –sobre todo al final del período considerado– esas cesiones se realizarán fuera del linaje y seguramente por precio. En Talavera, donde el poder está controlado por los privilegiados, el colectivo pechero representaría el $90 \%$ de la estructura social –aunque para un período muy posterior, las Relaciones topográficas de Felipe II hablan de doscientos caballeros hidalgos en la villa frente a unos 2.000 vecinos. Además, en Talavera sabemos de otros colectivos privilegiados, como los caballeros de alarde, colmeneros, cuadrilleros de la Hermandad Vieja, y algunos paniaguados, lo que aumentaría el potencial numérico de este colectivo42. Algo similar sucede en otros concejos, donde se constata la presencia de excusados y de otros “oficiales” privilegiados, como los monteros en Madrid y Cuenca; los obreros y monederos de la Casa de la Moneda de Cuenca; o los escribanos públicos, en Ciudad Real43.
5. Conclusiones.
Como ilustra el caso chinchillano, la participación política en el proceso de toma de decisiones en el mundo urbano en la Castilla bajomedieval no puede equipararse automáticamente al disfrute de un estatuto privilegiado, por limitado en su alcance que pudiera resultar. Aunque el caso de Chinchilla resulte excepcional –forzando a pechar a todos los interesados en servir oficios, pecheros y privilegiados–, la mayoría de concejos analizados matiza notablemente lo que participar políticamente significa e implicaba44. Salvo en Toledo, donde destaca la dominación ejercida por linajes de la alta nobleza y de hidalgos y caballeros; en la generalidad de concejos el ejercicio del poder se articula en diferentes escalones que manifiestan distintos grados de apertura a una participación vecinal que no se funda en el disfrute de un estatuto privilegiado –hidalguía o caballería– o privilegiador –montería, oficios en la Casa de la Moneda–, sino especialmente en la superior capacidad para contribuir a la descarga de las necesidades económicas de la comunidad urbana. Capacidad que tampoco suponía ni un alto nivel de exigencia material ni de su justificación –salvo en Guadalajara o Talavera, expresión del poder alcanzado en algún momento por los pecheros. Junto a esta caballería de cuantía, que se define por el control del servicio de los oficios forales, habría que considerar el papel jugado por un amplio espectro de familias pecheras que, desde posiciones económicas inferiores, también se insertaron en áreas menores de la dominación, aunque fundamentales como instrumento de promoción sociopolítica de estos actores y como representación de los intereses del colectivo pechero –y resultar su participación imprescindible en ámbitos como los relacionados con la fiscalidad y las cuentas de la ciudad.
De esta manera, la noción de participación política se amplía más allá de los linajes de regidores y de las condiciones sociopolíticas privilegiadas. Una proyección que, con carácter general, alcanza a unos procedimientos de promoción social, económica y política –también fuera del sistema urbano pero conectadas con él– a los que una parte significativa de linajes no privilegiados pudo acceder sin excesivas limitaciones –cierto, hubo otras áreas de promoción limitadas a unos pocos, como la erección de señoríos, la constitución de mayorazgos o el acceso al oficialato regio o señorial.
Hay, sin duda, muchas otras cuestiones que deberíamos haber analizado, como la presencia de oficiales regios $^ { - 0 }$ señoriales– en la ciudad y su conexión con los diferentes colectivos, o el papel de la Iglesia como instrumento de participación política y de promoción socioeconómica, pero las necesidades de espacio nos han forzado a centrarnos en los aspectos más declaradamente urbanos del problema.
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