De los cabildos tradicionales al Congreso del Estado. Prácticas comunicativas y puestas en escena de las instituciones representativas en Yucatán, ca. 1790–1829.
Ulrike BOCK Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Durante los últimos años, una nueva corriente historiográfica ha reevaluado las transformaciones del orden y de la cultura política en el mundo hispanoamericano entre el Antiguo Régimen y la (naciente) Modernidad1 . Entre sus logros cuentan, por ejemplo, el señalar la importancia que tenían tanto los conflictos armados como también los procesos políticos más pacíficos para la transformación del orden, además de subrayar el peso de las entidades políticas regionales en los procesos de la construcción de la nación2 . No obstante de los muchos frutos que han dado estas investigaciones, para varios campos historiográficos todavía queda abierta la pregunta de si prevalecían los cambios o las continuidades.
Una de las aproximaciones teóricas y metodológicas más fructíferas para analizar las dimensiones de la transformación política ha sido el estudio de las representaciones simbólicas y de las prácticas comunicativas3 . Este enfoque parte de la noción de que toda introducción de un nuevo orden implica que se transmiten sus ideas y valores fundamentales y que esta transmisión se da en actos ceremoniales, como por ejemplo las fiestas políticas, pero también en las prácticas comunicativas más cotidianas. En este proceso comunicativo, las instituciones políticas y los mecanismos institucionales desempeñan un papel especialmente importante, puesto que otorgan una dimensión duradera a los conceptos transmitidos y pretenden crear el reconocimiento
2. Véase p.ej., Josefina Zoraida VÁZQUEZ (coord.), El establecimiento del federalismo en México, 1821- 1827, Ciudad de México, El Colegio de México, 2003; ídem y José Antonio SERRANO ORTEGA (coords.), Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835), Ciudad de México, El Colegio de México, 2012.
general del orden4 . En el ámbito regional y local, fueron sobre todo las instituciones representativas in situ las que debían encarnar los principios del nuevo orden, como por ejemplo la soberanía popular y la igualdad política. Por lo tanto, estudiar las prácticas comunicativas y puestas en escena de estas instituciones representativas nos puede dar cuenta de los cambios y de las continuidades de la cultura política en un determinado espacio regional.
En la historiografía actual sobre la Nueva España/México, la formación de la representación parlamentaria y las prácticas de las instituciones representativas en la transición del Antiguo Régimen a la Modernidad todavía cuentan con pocos estudios. En general, hay dos aspectos que ponen de manifiesto esta situación. Por una parte, la mayoría de los trabajos existentes son estudios puntuales centrados en las nuevas instituciones (gaditanas o federales), sin apreciar las experiencias de representación en el Antiguo Régimen5 ; por otra, muchos estudios se limitan al nivel nacional6 . Una de las excepciones, que parte de una perspectiva regional, es el trabajo de Sebastian Dorsch sobre el congreso en Michoacán7 , pero todavía faltan más estudios de caso que puedan servir como base para el análisis comparativo de las prácticas comunicativas de las instituciones representativas in situ.
Partiendo de estas premisas, en este artículo se estudian las prácticas comunicativas de las nuevas instituciones representativas en la provincia (y más tarde estado) de Yucatán ante el trasfondo de las prácticas y los valores tradicionales. Por razones prácticas, el estudio se limita a las instituciones representativas regionales, principalmente la Diputación provincial, el Congreso constituyente y los congresos ordinarios. Como fuentes principales, servirán sobre todo las actas de sesiones de los respectivos órganos, sus informes y publicaciones, además de textos normativos y la prensa regional.
Para entender las prácticas de las instituciones representativas en Yucatán, vale la pena considerar brevemente el contexto histórico regional. Durante el Antiguo Régimen, la representación de la población yucateca se limitaba al nivel local, donde existían dos instituciones: en el ámbito de los españoles había tres cabildos, dos en las ciudades de Mérida y de Campeche y uno en la villa de Valladolid8 ; para el gobierno local de los indígenas, existían más de 200 repúblicas de indios en diferentes lugares de la provincia. Durante los años de los movimientos insurgentes a partir de 1810, la provincia de Yucatán se caracterizó por su relativa estabilidad política y no fue escenario de actividades bélicas. Por el contrario, tanto en 1812 como en 1820, Yucatán fue una de las primeras provincias novohispanas que implementó el nuevo orden político introducido por la Constitución de Cádiz. Durante los dos períodos de vigencia de la Constitución gaditana, se introdujeron la Diputación provincial y los ayuntamientos constitucionales, que debían sustituir a los antiguos órganos locales.
En 1821 se declaró la independencia de México y el año entrante se instaló el Imperio mexicano. Con la caída de Agustín de Iturbide y la desintegración del Imperio a partir de 1823, la importancia de las regiones mexicanas aumentó hasta el punto de formarse congresos estatales incluso antes de la proclamación de la República federada a nivel nacional en 1824. Este también fue el caso en Yucatán: después de haberse proclamado la República federada en Mérida el 29 de mayo de 1823 se instaló una Junta Provisional Gubernativa que convocó a elecciones para un Congreso constituyente yucateco9 . Este se instaló el 20 de agosto de 1823, creó los fundamentos del nuevo orden político del Estado de Yucatán e hizo efectiva la integración de Yucatán al nuevo Estado federal mexicano10. El Congreso constituyente cerró sus sesiones el 31 de mayo de 1825, y a partir del 20 de agosto siguiente el Congreso ordinario funcionó como órgano representativo del pueblo yucateco. Esta situación perduró hasta finales de 1829, cuando un pronunciamiento de las tropas en Campeche destituyó al gobernador y disolvió el Congreso yucateco11.
La Diputación provincial de Mérida: una primera experiencia de cambios y continuidades.
Junto con los ayuntamientos constitucionales en el nivel local, la Diputación provincial de Mérida fue la primera institución política formal que se implantó en.
BOCK.
Yucatán en el contexto del nuevo orden gaditano. Anteriormente, con las juntas de autoridades formadas a raíz de los sucesos de 1808, ya se había introducido algunos mecanismos institucionales para atender las necesidades políticas inmediatas, como por ejemplo reconocer la autoridad de la Junta Suprema de Sevilla y de la Junta Central de Aranjuez12. Sin embargo, en el caso de Yucatán estas juntas de autoridades habían sido experiencias efímeras, por lo que su influencia sobre las prácticas comunicativas cotidianas de las instituciones políticas fue limitada. Es por esto que para evaluar los cambios y las permanencias de los elementos tradicionales en las puestas en escena y prácticas institucionales de la nueva Diputación provincial en Mérida, el principal referente sigue siendo la experiencia de los cabildos tradicionales.
En Yucatán, la instalación de la Diputación provincial tuvo lugar el 23 de abril del 1813 en Mérida y se llevó a cabo en presencia de corporaciones como el nuevo Ayuntamiento constitucional y el cabildo eclesiástico tradicional, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas y algunos representantes de la elite regional13. El transcurso de la ceremonia se centraba en la entrada en funciones de los nuevos diputados provinciales, electos popularmente. Después de haberse reunido los representantes de los partidos, se procedió a elegir al secretario de la nueva institución. Luego, los diputados prestaron juramento a la Constitución y con este acto tomaron posesión de sus nuevos cargos. Al final de la ceremonia, todos los presentes emprendieron el camino de las casas de gobierno, el lugar donde se había llevado a cabo la jura, a la iglesia, y fueron acompañados por el “aplauso general del pueblo, repique general de campanas y salvas de artillería”. Así, los diputados provinciales se presentaron por primera vez ante el público como diputados electos popularmente e integrantes de la nueva institución14.
Al comparar la instalación de la Diputación provincial con las ceremonias anuales de los cabildos tradicionales, resalta sobre todo que ya no se tratase de un acto con exclusión del público. Durante el Antiguo Régimen, los cabildos habían sido espacios políticos arcanos que guardaban los privilegios de esta corporación y, por consiguiente, de sus miembros. En consecuencia, la investidura de los alcaldes y del síndico procurador, los únicos oficios concejiles electos anualmente, se había llevado a cabo en la sala de sesiones del cabildo, donde solo asistían los mismos cabildantes, además del gobernador como presidente nato de este cuerpo15. La presencia de representantes de la sociedad regional en la ceremonia de instalación de la Diputación provincial significaba entonces una apertura del espacio institucional, que debía marcar una nueva relación entre el órgano representativo y el pueblo. Al mismo tiempo, el acto central de la ceremonia –la toma de posición de los candidatos electos– no estaba abierto a la población ni a los electores de provincia, que al votar por los miembros de la Diputación provincial en la junta provincial electoral habían representado al pueblo de Yucatán16. Al estar compuestos de cuerpos, autoridades y de la elite social, los representantes regionales que asistían a la instalación de la Diputación provincial reproducían entonces los conceptos tradicionales de una sociedad jerárquica y concebida corporativamente con derechos diferenciados de participación.
La persistencia de los conceptos tradicionales de una sociedad corporativa también se veía cuando la nueva institución aparecía en público, ya que en los actos públicos la Diputación provincial yucateca se presentaba como una corporación tradicional revestida de ciertos privilegios. Por ejemplo, la Diputación provincial tenía su propia banca en la catedral, y la reclamaba con ocasión de fiestas y misas17. De esta manera, la institución hacía visible su destacada posición como corporación privilegiada. Sin embargo, en estas puestas en escena en el espacio público también había un elemento nuevo: a diferencia de los cabildos del Antiguo Régimen, los diputados provinciales no llevaban un traje oficial tradicional. En el Antiguo Régimen, los trajes de las autoridades y corporaciones servían para simbolizar su poder y estatus. Por lo tanto, para hacer visible la posición destacada de la corporación y el rango de la ciudad, los trajes oficiales de los cabildos tradicionales generalmente ostentaban un cierto lujo18. En el caso de los cabildos de Mérida y Campeche, el traje oficial para los días festivos consistía de una “cazaca, y calzón azul turquí, y buelta blanca, chupa del mismo color blanco bordadura de hilo de oro, de dos dedos de ancho” mientras que el “peti uniforme” para las actividades regulares llevaba un “galón de oro, poco menos que el bordado”.19.
Lamentablemente, las fuentes no nos proporcionan informaciones exactas acerca de la vestimenta de los diputados provinciales yucatecos. Sin embargo, en el espacio de la Monarquía española el proceso político a partir de 1808 ya había llevado a algunos cambios al respecto. En marzo de 1811 se había publicado el Reglamento de Provincias, que prohibía a los diputados de las juntas provinciales en España el uso de cualquier tipo de insignia oficial20. En el reglamento de las Cortes de Cádiz de septiembre de 1813, a su vez, se preveía que los diputados “que por su estado o clase no tengan uniforme, o trage particular” debían vestir traje negro para los días de ceremonia21. En muchos sentidos, las Cortes fungían como punto de referencia y ejemplo para las instituciones constitucionales en América22, lo que nos hace pensar que esta norma también se aplicaba en las diputaciones provinciales novohispanas. En este caso, los diputados provinciales yucatecos se habrían presentado en el espacio público en traje sencillo y negro. Esta vestimenta habría contrastado notablemente con el esplendor de los trajes oficiales del Antiguo Régimen, que además en algunos casos se seguían utilizando23. Al mismo tiempo, el color negro enfatizaba una nueva sobriedad, pensada adecuada para los diputados como nuevos representantes del pueblo, y contribuía a disminuir simbólicamente la distancia entre ellos y la población24.
Además de los actos ceremoniales, caracterizados por irrumpir en la cotidianidad, también son importantes las prácticas que forman parte de la rutina diaria de las instituciones, y que se refieren al entrar en contacto con la población. En este aspecto, los diputados provinciales yucatecos emprendieron una serie de medidas que contribuyeron a introducir elementos nuevos en el espacio político. Por ejemplo, luego de su instalación, la Diputación provincial elaboró e hizo circular en toda la provincia una proclama a los habitantes de Yucatán. En el texto de esta proclama, los diputados se dirigían de forma directa a la población yucateca25. Además, con el fin de informar sobre los propósitos y las finalidades de la nueva institución, los diputados provinciales buscaron emplear un lenguaje sencillo y lleno de símbolos26. En el Antiguo Régimen, por su parte, la principal forma de dar a conocer noticias y disposiciones oficiales era a través de la publicación de bandos27. Estos se ajustaban a ciertas formalidades: cada bando se iniciaba con una lista de todos los títulos y cargos de la autoridad emitente, y para comunicar las noticias se utilizaba un modo indirecto, como por ejemplo la fórmula “hago saber”28. La forma de los bandos subrayaba entonces la autoridad del emitente y la relación jerárquica entre éste y la población. Aunque se seguían publicando bandos29, con sus proclamas la Diputación provincial fue una de las instituciones que introdujo una práctica que, además de cumplir con el fin pragmático de divulgar novedades, establecía una comunicación directa con la población. De esta manera, las proclamas contribuían a transmitir la nueva importancia del pueblo según el concepto de la soberanía popular.
La nueva posición del pueblo como fuente de la soberanía también se hacía tangible con la apertura de las sesiones de la Diputación provincial al público, una práctica que contrastaba notablemente con las costumbres del Antiguo Régimen. Las sesiones de los cabildos tradicionales se habían llevado a cabo a puerta cerrada y solo el portero y los maceros tenían permiso de estar en la antesala del cabildo30. En cambio, poco después de su instalación, la Diputación provincial de Yucatán empezó a celebrar sesiones “no públicas, pero a puerta abierta”31. Vale la pena mencionar que esta nueva práctica no provenía de la iniciativa de los propios diputados, sino que surgió como reacción a un incidente en el que algunos habitantes de Mérida entraron a la sala de sesiones para seguir la labor de la nueva institución32. En este contexto, la solución de sesionar a puerta abierta cumplía con dos objetivos: por un lado, esta práctica instauraba una nueva forma de transparencia del espacio institucional y del trabajo de los diputados como representantes del pueblo, pero por otro también permitía conservar una distancia entre los diputados provinciales y los posibles espectadores. Estos dos aspectos se acentuarían todavía más a partir de 1820, cuando la Diputación provincial de Yucatán adoptase las prácticas institucionales de las Cortes en España de introducir una diferencia entre las sesiones públicas, que ahora se abrían completamente a la asistencia de los espectadores, y las sesiones secretas, reservadas a los asuntos delicados y con exclusión del público33. Mientras que la transparencia de las sesiones públicas debía fortalecer los vínculos entre el pueblo y sus representantes y aumentar la legitimidad de los diputados, la posibilidad de sesionar en secreto al mismo tiempo le concedía a la Diputación provincial una autonomía institucional, no sujeta a la atención de un posible público, que establecía una clara distinción entre la población y sus representantes.
La transparencia del espacio institucional también se aumentó cuando en junio de 1813 la Diputación provincial de Yucatán consintió publicar las actas de sus sesiones en un nuevo periódico llamado Semanal de la Diputación Provincial34. Sin embrago, los diputados yucatecos no le asignaban prioridades a esta publicación, y durante la primera vigencia del orden gaditano el Semanal solo parece haber salido a la luz por un corto período35. A partir de 1820, la Diputación provincial le dio más importancia a esta forma de puesta en escena institucional. Por ejemplo, en 1820 extractos de las actas de sesiones salían en diferentes periódicos yucatecos, y a principios de 1821 se le encargó a un impresor un periódico que, además de decretos y disposiciones oficiales, también debía publicar los acuerdos más importantes de la Diputación provincial36. Con estas medidas, los diputados contribuían a divulgar la nueva transparencia de la institución y el concepto de la soberanía popular más allá de la esfera pública de la capital.
Al evaluar las prácticas de la Diputación provincial de Yucatán, queda de manifiesto que esta institución introdujo una serie de medidas novedosas, pero al mismo tiempo también reproducía valores y conceptos del Antiguo Régimen. Esta tendencia se puede constatar tanto en sus puestas en escena como en las prácticas más cotidianas de la nueva institución.
Las experiencias de los años en transición: las juntas generales y la nueva apertura del espacio político.
Durante los primeros años después de haberse declarado la independencia surgieron varios conflictos políticos en Yucatán. En esta situación, la Diputación provincial intentó aumentar la legitimidad de las decisiones tomadas al nivel regional mediante las así llamadas juntas generales. Generalmente, el motivo para convocar a estas juntas generales eran decisiones políticas relevantes para toda la provincia, como por ejemplo las consecuencias de la declaración de independencia para las jerarquías político-administrativas regionales o la posición política de Yucatán frente a la desintegración del Imperio mexicano. De esta manera, las juntas generales de los años 1821–1823 se convirtieron en un mecanismo institucional que representaba la máxima instancia de la toma de decisiones al nivel regional.
El mecanismo de convocar a juntas generales o juntas extraordinarias no resultaba desconocido en Yucatán. Por ejemplo, en la crisis política del año 1808 e inmediatamente antes de reintroducir la Constitución de Cádiz en mayo de 1820, en Mérida ya se había convocado a unas juntas extraordinarias37. No obstante, las juntas generales convocadas a partir de 1821 se distinguían tanto de las juntas de autoridades anteriores como de las puestas en escena y las prácticas comunicativas de la Diputación provincial yucateca. Esto queda claro al presentar algunas características de las juntas de autoridades anteriores a 1821: la composición y las prácticas comunicativas de estas juntas habían reflejado los conceptos tradicionales de la sociedad corporativa. A estas juntas generalmente asistían el cabildo de Mérida, el cabildo eclesiástico, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la provincial y, al igual que en la ceremonia de instalación de la Diputación provincial, algunos miembros de la élite capitalina38. Como ya expresamos, en los conceptos tradicionales esta composición de las juntas equivalía a una representación de la sociedad regional.
Para las juntas generales a partir de 1821, en cambio, ya no se convocaba a representantes de la elite social capitalina como miembros natos de estas reuniones. Además de la Diputación provincial como institución representativa regional, las nuevas juntas solían consistir en el Ayuntamiento constitucional de Mérida, electo popularmente, y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de Yucatán. Al abolir la noción de una representación de la sociedad regional a través de su elite social, la composición de las juntas generales marca entonces una diferencia, tanto con respecto a las juntas anteriores como a la ceremonia de instalación de la Diputación provincial. Además, los asistentes convocados a las juntas generales también variaban. Por ejemplo, fuera de los miembros usuales de estas juntas, para la junta general del 8 de noviembre de 1821, convocada para establecer la autoridad regional del nuevo jefe político y del capitán general, también se había invitado a los suplentes de la Diputación provincial39. En este caso, se buscaba aumentar la legitimidad de la junta al incrementar el número de sus asistentes que habían sido electos popularmente, y de esta manera se le daba más importancia a la representación del pueblo. No obstante, con la presencia de las autoridades tradicionales –aunque, como en el caso del jefe político, ahora revestido con un nuevo título que correspondía al orden constitucional– la composición de las juntas generales todavía seguía comunicando los viejos principios y valores40.
Las juntas antes y después de 1821 también difirieron en sus prácticas comunicativas: las juntas de autoridades después de 1808 y en 1820 habían reproducido los valores del Antiguo Régimen, pues se habían llevado a cabo bajo exclusión del público y sus decisiones se habían comunicado a la población por bando41. Al igual que las sesiones de la Diputación provincial a partir de 1820, las nuevas juntas se celebraban públicamente y de esta manera contribuían a transmitir el nuevo concepto del pueblo como soberano. Además, ante las situaciones políticas controvertidas de los años de transición entre la independencia y la República federada, la opinión y la presencia del público cobraban cada vez más importancia. Por ejemplo, la declaración de la independencia, efectuada por una junta extraordinaria en Mérida el 15 de septiembre de 1821, se justificaba con la “opinión pública” en la provincia42. A las siguientes juntas en los meses de octubre y noviembre del mismo año, en las que se trataba la problemática de remover el jefe político español Echeverri, por su parte, además de las autoridades convocadas también asistieron varios espectadores: en las actas de estas juntas se habla de un “concurso numeroso del pueblo” o de la presencia de un “pueblo inmenso”, que opinaba “con exaltación”43.
Esta última cita alude a un aspecto más allá de la sola asistencia a las juntas, puesto que la presencia de los espectadores también les brindaba la posibilidad de influir en los procesos de toma de decisión. Por ejemplo, en el transcurso de la junta general de 8 de noviembre de 1821 se les dio la palabra a dos “delegados” del pueblo asistente para presentar la propuesta de formar una “Junta provisional de vigilancia y seguridad interior y esterior”44. La junta general del 29 de mayo de 1823, a su vez, abrió su reunión con una propuesta por parte de, entre otros, unos regimientos de las milicias y una “multitud de ciudadanos”, que abogaban a favor de proclamar la república federal45. En ambos casos, la junta general accedió a estas peticiones para hacer caso a la opinión del público. El aspecto de una participación activa de los espectadores en las juntas generales a partir de 1821 constituye una diferencia importante con respecto a las prácticas de la Diputación provincial: mientras que esta institución también estaba abierta a la asistencia de la población, los diputados provinciales generalmente intentaban impedir que el público interviniera en sus sesiones46. Por lo tanto, las prácticas comunicativas de las juntas generales entre 1821 y 1823 contribuían a ampliar la esfera pública y darle una nueva importancia a la opinión pública, no entendida tanto como un concepto abstracto, sino manifestada a través de los espectadores que servían como fuente adicional para legitimar las decisiones de las juntas.
En total, las juntas generales de los años 1821-1823 contribuyeron a una transformación del espacio político in situ. Aunque se siguieron transmitiendo ciertos conceptos tradicionales, las juntas también introdujeron nuevas prácticas comunicativas que incluían (por lo menos de forma simbólica) a una parte de la población.
El Congreso constituyente yucateco: continuidad de los cambios e intentos de canalizar la inclusión de la opinión pública.
El Congreso constituyente de Yucatán sesionó durante los años 1823-1825 y, por su carácter de constituyente, con sus medidas y prácticas en muchos aspectos sentó la base para los futuros congresos ordinarios. A la vez, las puestas en escena y prácticas comunicativas del Congreso constituyente fueron fuertemente influenciadas por las formas y experiencias políticas anteriores a esta institución, no siempre evaluadas de manera positiva.
La ceremonia de instalación del Congreso constituyente yucateco, llevada a cabo el 20 de agosto de 1823, se efectuó ante la presencia de las corporaciones y autoridades civiles, militares y eclesiásticas más importantes, tal y como había sido el caso con las juntas generales de los años anteriores. En este sentido, la representación simbólica de una sociedad marcada por la jerarquía entre las autoridades y representantes electos, por un lado, y el pueblo, por el otro, seguía los padrones ya establecidos por las juntas generales. Sin embargo, también se puede observar un elemento nuevo en la ceremonia, pues su acto central, la jura de los candidatos electos, no tuvo lugar en la sala de sesiones de la nueva institución, como por ejemplo la Diputación provincial, sino en la catedral de Mérida. La ceremonia se inició con una misa en la que se imploraron los auxilios de Dios como “Supremo Legislador” y luego los candidatos efectuaron su juramento ante una imagen de Jesucristo y los santos evangelios47. Concluido este acto, y mientras los presentes se dirigían a la nueva sala de sesiones del Congreso constituyente, se cantó el himno Veni Creator, con el que una vez más se imploraron los auxilios del Espíritu Santo y del Dios creador para elaborar la Constitución48.
El lugar de la ceremonia daba al Congreso constituyente una legitimidad sacral más allá del previo traspaso de la soberanía por parte del pueblo que se había llevado a cabo mediante el acto de votar. Además, el implorar los auxilios divinos adjudicaba un carácter trascendente a la tarea del Congreso constituyente. Por lo tanto, en la instalación del Congreso constituyente, la elaboración de la Constitución yucateca no se comunicaba como la labor de los diputados representantes del pueblo, sino como un acto espiritual ante Dios. Esta connotación sacralizada no se limitó a la ceremonia en Mérida: los diputados acordaron que la instalación del Congreso constituyente se debía festejar en todos los pueblos de Yucatán con una misa solemne y un Te Deum, y que en tres días consecutivos se hiciesen rogativas públicas implorando los auxilios divinos para la labor parlamentaria49. De esta manera, antes de representar la voluntad del pueblo, la puesta en escena del Congreso constituyente se basaba en una elevación sacralizada de su tarea principal.
Las pretensiones de subrayar la trascendencia del Congreso también se manifestaban en otros aspectos de su puesta en escena, como por ejemplo en su tratamiento. Una semana después de haberse instalado, el Congreso constituyente determinó para sí el epíteto de “Augusto Congreso”50. Esta fórmula marcaba un cambio con respecto a los tratamientos de las instituciones anteriores: durante el Antiguo Régimen, a los cabildos tradicionales les competía el tratamiento de “Señoría”51. Las.
Cortes gaditanas habían confirmado este tratamiento para los ayuntamientos constitucionales mientras a las Diputaciones provinciales les había adjudicado el epíteto de “Excelencia”52. Con este título se había expresado sobre todo la posición jerárquica de la Diputación provincial como órgano regional. El nuevo tratamiento del Congreso yucateco, en cambio, conllevaba una connotación adicional, pues el título colocaba el Congreso en una línea de tradición junto con los portadores de la soberanía en el imperio español y en México, tal como la familia real española, las Cortes de Cádiz y más tarde el emperador mexicano Agustín de Iturbide53. Al recurrir a las tradiciones monárquicas, el nuevo tratamiento remarcaba la autoridad del Congreso y la distancia entre el pueblo y la institución representativa.
Ahora bien, no todas las medidas del Congreso constituyente fomentaban una mayor distancia a la población. Al igual que en el caso de la Diputación provincial, en muchas de las prácticas comunicativas cotidianas se manifestaba la voluntad del Congreso constituyente de aumentar su transparencia y apertura hacia el público. Un ejemplo fue la publicidad del Congreso constituyente. En un principio, se trataba de una práctica ya iniciada por la Diputación provincial yucateca, pero esta institución no le había asignado prioridades a la publicación de sus actas de sesiones, por lo que los resultados fueron limitados. El Congreso constituyente, en cambio, después de su instalación ya se ocupó de la publicación de los discursos inaugurales54. Dos semanas más tarde, los diputados consintieron en publicar las actas de todas sus sesiones públicas. Para estos fines se fundó un periódico, la Gaceta de Mérida de Yucatán55. A diferencia de los intentos de publicidad de la Diputación provincial, este periódico persistió durante todo el período de 1823-1825 y solo se abolió cuando el Congreso constituyente cerró sus sesiones. Por lo tanto, aunque la publicación de las actas de sesiones no representaba una práctica sin precedentes, el hecho de que todas las sesiones públicas realmente salieran a la luz aumentaba considerablemente el grado de transparencia institucional.
Otra práctica que contribuía a una mayor transparencia del Congreso constituyente fueron las sesiones públicas. En un caso parecido a la publicación de las actas, la apertura de las sesiones al público tampoco era una medida original del Congreso constituyente, pues los diputados solo reafirmaron una norma vigente para todas las instituciones representativas en México56. Además de abrir las sesiones, en la sala del Congreso constituyente yucateco también se instaló una galería con asientos para los posibles espectadores. De esta manera, la asistencia de un público se integró de forma sistemática a las sesiones del Congreso. Al mismo tiempo, los diputados definían en su reglamento interno las expectativas dirigidas al público asistente. Por ejemplo, los espectadores debían comportarse con el mayor respeto, mantener “profundo silencio” y no debían interferir en absoluto en las discusiones del Congreso. Al perturbarse el orden, el presidente del Congreso podía expeler a los espectadores o bien levantar la sesión57. Estas restricciones diferían considerablemente de las prácticas inauguradas por las juntas generales de incluir las manifestaciones inmediatas del público a sus reuniones. En este sentido, por un lado la transparencia institucionalizada del Congreso constituyente daba continuidad a una práctica que, iniciada por la Diputación provincial, había marcado una ruptura con las costumbres del Antiguo Régimen; por el otro, las normas del Congreso a la vez buscaban reducir la nueva apertura del espacio institucional que las juntas generales habían introducido en los años anteriores.
El Congreso constituyente también previó incluir la opinión pública a la esfera institucional. Para esto, los diputados se sirvieron de prácticas comunicativas que debían canalizar esta inclusión. Por ejemplo, el Congreso constituyente dispuso que todas las imprentas en Yucatán tenían que entregar dos ejemplares de cualquier impreso que saliera a la luz para que los diputados se pudiesen mantener informados sobre la opinión pública58. Al mismo tiempo, se dejaba claro que las manifestaciones de la opinión pública debían entrar en los debates del órgano representativo solamente a través de los representantes, y que el derecho de presentar propuestas se reservaba a los diputados59. La inclusión de la opinión pública a través de canales de comunicación establecidos por el Congreso también se nota en otro ejemplo. Una vez concluido el primer proyecto de Constitución, los diputados encaminaron un proceso de consulta a la población yucateca. Para ello, el Congreso constituyente mandó imprimir 300 ejemplares del proyecto y hacerlos circular “a todas las autoridades y corporaciones con el objeto de que éstas o cualquier particular hagan las observaciones que crean convenientes”60. En un manifiesto adjunto, los diputados invitaron a la población a transmitir posibles modificaciones para así llegar a una versión “purificada” del código fundamental61. Un mes después, los diputados empezaron a discutir las propuestas para modificar el proyecto62. Este proceso de consulta terminó cuando los diputados firmaron la Constitución política del Estado libre de Yucatán63.
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El dirigirse a la población mediante un manifiesto no representaba una práctica nueva, puesto que la Diputación provincial ya se había servido de esta forma. Sin embargo, la consulta en sí marcaba otra dimensión de una inclusión simbólica del pueblo. En este caso, no solamente se transmitían noticias, sino que se trataba de un llamado a participar activamente en el proceso de elaborar la Constitución estatal. Al mismo tiempo, sin embargo, la consulta del Congreso constituyente también abarcaba elementos que contribuían a reducir los espacios de inclusión abiertos por las experiencias anteriores. Por ejemplo, el texto del manifiesto no se dirigía directamente a los “yucatecos”, como había sido el caso de la primera proclama de la Diputación provincial64, sino a “las autoridades y ayuntamientos del estado” y a “todos los sabios amantes de su país”65. De esta forma, el Congreso constituyente sugería que solo una parte de la población debía participar en la consulta. Por lo tanto, se comunicaba una jerarquía entre el pueblo en general y las autoridades, los representantes políticos y los letrados. Además, el proceso indirecto de una consulta por escrito encauzaba la participación del pueblo y subrayaba la autoridad superior del Congreso constituyente. En este sentido, en vez de una participación inmediata en las sesiones, como en las juntas generales de los años anteriores, los diputados del Congreso constituyente implantaron un procedimiento regulado y fijado anteriormente para mantener el control de cuándo y cómo se incluía la opinión pública.
En muchos aspectos, el Congreso constituyente yucateco seguía e incluso ampliaba las tendencias hacia una apertura y transparencia del espacio institucional, ya introducidas por la Diputación provincial, pero al mismo tiempo los congresistas también instauraban puestas en escenas y prácticas comunicativas que debían canalizar la participación de la población y que ponían énfasis en la autoridad del Congreso antes que subrayar la posición del pueblo soberano.
El Congreso del Estado de Yucatán, 1825–1829: Modificaciones de las nuevas prácticas y autonomía institucional.
Tras haberse proclamado la Constitución política del Estado libre de Yucatán, el Congreso constituyente yucateco cerró sus sesiones el 31 de mayo de 1825. El 20 de agosto del mismo año se inauguró el primer Congreso ordinario. Para evaluar las puestas en escena y prácticas comunicativas del Congreso yucateco, vale la pena recordar que en muchos aspectos fueron las normas del Congreso constituyente las que determinaron las prácticas de los congresos ordinarios y, por lo tanto, garantizaron una cierta continuidad entre estas dos instituciones. Este fue el caso, por ejemplo, del epíteto de “Augusto Congreso” y de la apertura de las sesiones al público, aunque no todas las normas establecidas por el Congreso constituyente preveían una continuidad con las prácticas anteriores, como queda de manifiesto en la instalación del Congreso ordinario.
El ceremonial para la instalación de los congresos ordinarios se había fijado en la nueva Constitución de Yucatán, y según las actas de sesiones de los congresos, la práctica no discrepaba mucho de las normas66. El día 20 de agosto de cada año, los candidatos electos debían reunirse en la sala de sesiones, donde prestaban su juramento ante el presidente de la diputación permanente que había formado el Congreso anterior. Luego, los diputados procedían a elegir entre ellos el nuevo presidente, vicepresidente y dos secretarios. Aunque con este acto el Congreso ya quedaba constituido, la ceremonia concluía con el aviso formal de su instalación al Gobierno67. A continuación, tanto el presidente anterior como el nuevo presidente del Congreso solían pronunciar un discurso68.
La instalación de los congresos ordinarios difería en varios aspectos de las experiencias anteriores. Por ejemplo, tanto en el caso de la Diputación provincial como en el del Congreso constituyente, una parte de la ceremonia se había llevado a cabo en la iglesia. En este aspecto, la instalación del Congreso constituyente yucateco, que en un todo había tenido lugar en la catedral de Mérida, forma una excepción que se puede explicar por su tarea de elaborar los fundamentos del nuevo Estado de Yucatán. La ceremonia de instalación de la Diputación provincial, en la que el juramento de los diputados se había efectuado en la sala de sesiones, también había concluido con una misa de gracias y Te Deum en la catedral69. En el caso del Congreso ordinario, en cambio, las actas no mencionan tal práctica70. De esta manera, la instalación del Congreso se reducía a los elementos centrales de su entrada en funciones. Además, en vez de efectuar la ceremonia de instalación ante la presencia oficial de las corporaciones y autoridades yucatecas, las actas de los congresos ordinarios solamente mencionan a los diputados electos y el presidente de la diputación permanente del Congreso anterior como asistentes de la instalación71. Esto no significa necesariamente que no haya habido espectadores que asistían a la ceremonia, pero al contrario que en los casos de la instalación de la Diputación provincial y el Congreso constituyente, no constituían un elemento integral de la instalación, y al no mencionarse en las actas, claramente no se les adjudicaba mayor importancia. En todo caso, en vez de poner en escena la jerarquía entre las autoridades y la población en general, como había sido el caso de las instituciones anteriores, la ceremonia de instalación del Congreso ordinario se enfocaba
71. BY, libro 107, fs. 1-3v, “Copiador de actas del Congreso del Estado de Yucatán”, 21-8-1829 a 8-11-
1829.
en los mismos diputados como representantes del pueblo. Por lo tanto, las modificaciones en la instalación del Congreso contribuían a aumentar la autonomía de esta institución.
Estas modificaciones no fueron las únicas medidas nuevas. Dos meses después de haberse instalado el primer Congreso ordinario, los diputados abolieron la práctica tradicional de aparecer en cuerpo en las funciones públicas. De esta manera, en los actos oficiales para celebrar las fiestas cívicas nacionales solo debían participar el gobernador, los miembros del Senado, los magistrados de segunda y tercera instancia y su fiscal, el Ayuntamiento de Mérida y los miembros de la Universidad72. Esta medida marcaba una ruptura con las costumbres tradicionales del Antiguo Régimen, que todavía habían prevalecido en la puesta en escena como corporación privilegiada de la Diputación provincial73. Al mismo tiempo, esta práctica implicaba que la presencia física del Congreso en el espacio público ahora se limitaba al recinto de su edificio oficial. Con ello, el Congreso ordinario una vez más subrayaba su trascendencia y autonomía institucional, no sujeta a las jerarquías de las demás autoridades y corporaciones del estado. Además, con esta práctica también se transmitía la noción de una institución menos tangible, lo que contribuía a aumentar la distancia entre el Congreso y el pueblo. En este sentido, la abolición de las prácticas tradicionales no siempre garantizó que se fortaleciera la comunicación simbólica de los nuevos principios de la soberanía popular.
La tendencia de imponer una mayor distancia entre la institución representativa y la población también se manifestaba en las prácticas comunicativas del Congreso ordinario. Como vimos, el Congreso constituyente había publicado las actas de todas sus sesiones públicas en la Gaceta de Mérida de Yucatán. El Congreso ordinario, a su vez, no estableció un periódico similar ni recurrió a otras opciones para publicar regularmente sus actas de sesiones74. Por lo tanto, y a diferencia por ejemplo del estado de Michoacán, donde se publicaron las actas tanto del Congreso constituyente como del Congreso ordinario75, en Yucatán la publicidad institucionalizada del Congreso ordinario se limitó a las leyes y los decretos. Esta práctica reducía un grado de transparencia institucional ya establecido por el Congreso constituyente. Además, al dejar de informar sobre el trabajo cotidiano de la institución para solamente presentar los resultados de su labor legislativa, en vez de fortalecer la función de representar al pueblo, el Congreso ordinario transmitía un concepto de una institución representativa distante y revestida de una autoridad superior.
Un aumento de la distancia entre el Congreso ordinario y el pueblo también se registra en las prácticas de entrar en comunicación con la población. Durante el período de 1825-1829 y con una sola excepción, el Congreso ordinario no se dirigió al pueblo de forma directa76. Por un lado, este comportamiento difería de las prácticas anteriores que habían entablado tanto la Diputación provincial como el Congreso constituyente, pero por el otro, el ejecutivo seguía publicando discursos y manifiestos dirigidos a la población yucateca, lo que acentuaba todavía más la falta de una comunicación directa por parte del Congreso. Además, en septiembre de 1826, los diputados dispusieron que las autoridades, cuerpos y funcionarios del estado solo se debían dirigir al Congreso en caso de posibles infracciones a la Constitución, mientras que cualquier otra correspondencia debía mandarse al Gobierno77. Aunque en un principio esta norma se refería a las autoridades del nivel local, dejaba la impresión de que el Congreso quería reducir todo contacto directo con el pueblo a un mínimo. Con estas prácticas, los diputados yucatecos daban a entender una vez más que la legitimidad del Congreso ordinario no dependía de una inclusión simbólica del pueblo, sino que emanaba de su autoridad institucional.
Antes de dar continuidad a las prácticas comunicativas del Congreso constituyente, el Congreso ordinario modificó en muchos aspectos las puestas en escena y las prácticas anteriores, en un sentido que debía remarcar su autonomía institucional y aumentar la distancia entre esta institución y el pueblo.
Consideraciones finales.
A lo largo de este trabajo hemos analizado las prácticas comunicativas de las instituciones representativas en Yucatán para aportar al debate sobre las formas simbólicas y la comunicación de conceptos políticos y valores sociales en una época marcada por la transformación del orden. En este contexto, vimos que la Diputación provincial yucateca estableció una serie de prácticas que diferían considerablemente de las costumbres de los cabildos tradicionales como cuerpos representativos del Antiguo Régimen. De hecho, en muchos aspectos, como por ejemplo la apertura de sus sesiones o la publicación de sus actas, esta institución contribuía a sentar las bases para las futuras prácticas de los órganos representativos del nuevo orden. Sin embargo, la Diputación provincial mantenía al mismo tiempo ciertas formas simbólicas tradicionales, como sus privilegios al aparecer en público, una de las características de la sociedad corporativa. Además, las puestas en escena y las prácticas comunicativas de la Diputación provincial de Yucatán a menudo seguían transmitiendo principios y valores tradicionales. Esta coexistencia de viejas y nuevas formas y conceptos muestra el esfuerzo de interpretación que requería la introducción de un nuevo orden ante el trasfondo de los valores sociales tradicionales.
La coexistencia de viejos y nuevos elementos también se puede constatar en el caso de las puestas en escena y prácticas comunicativas de las juntas generales de los años 1821-1823. Sin embargo, el mecanismo institucional de las juntas se caracterizó por introducir medidas importantes que contribuían a transmitir la importancia del pueblo como fuente de la soberanía. Entre otros, destaca la inclusión de la opinión pública, y a veces hasta una participación directa de la población en las reuniones de estas juntas. Aunque las formas de esta participación no obedecían a los conceptos modernos de una representación a través del voto, estas prácticas contribuían a una nueva apertura del espacio político.
Ante este trasfondo, el Congreso constituyente introdujo varias prácticas que debían canalizar la nueva inclusión del pueblo e imponer la autoridad superior del Congreso. Por un lado, en sus puestas en escena se transmitía la noción del Congreso constituyente como autoridad sacrosanta. Para ello, los diputados se servían de formas del repertorio simbólico tradicional, que antes de comunicar la nueva posición del pueblo soberano remitían a ideas y valores del Antiguo Régimen. Por el otro lado, con sus prácticas comunicativas, el Congreso constituyente continuaba las nuevas tendencias de aumentar la transparencia de su trabajo y fomentar la inclusión de la opinión pública, pero al mismo tiempo, con los intentos de controlar el grado y las formas de inclusión de la población, transmitía la idea de una jerarquía entre las autoridades e instituciones representativas por un lado y el pueblo en general por otro.
El Congreso ordinario, a su vez, modificó en muchos aspectos las prácticas introducidas por sus antecesores institucionales. En el caso de sus puestas en escena, los diputados abolieron algunos elementos que habían marcado una continuidad de los valores tradicionales, como por ejemplo los privilegios de la sociedad corporativa, y acentuaron la autonomía del Congreso como institución representativa. Las prácticas comunicativas del Congreso ordinario, en cambio, representaban un retroceso con relación a las experiencias institucionales anteriores. Mientras se mantuvieron ciertas medidas como la apertura de las sesiones, que a estas alturas se había vuelto una norma general, las nuevas prácticas del Congreso limitaban las interacciones con la población y comunicaban una mayor distancia entre la institución y el pueblo. En este sentido, en vez de acentuar el pueblo como fuente de la soberanía, el Congreso ordinario transmitía sobre todo su autoridad como receptor de ésta.
En conjunto, el estudio de las prácticas comunicativas de las instituciones representativas en Yucatán muestra un proceso de transformación en el que, no obstante las continuidades simbólicas con el viejo orden, paulatinamente se establecieron unas prácticas institucionales muy distintas a las vigentes durante el Antiguo Régimen. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones generales que podemos sacar del caso yucateco para los estudios de la transformación entre el Antiguo Régimen y el nuevo orden político?
Un primer punto importante es que muchas veces se asume un desarrollo lineal en las transformaciones de las prácticas políticas. El estudio de las instituciones en Yucatán muestra, en cambio, que en las puestas en escena y las prácticas comunicativas de los órganos representativos no existió un proceso lineal. Un ejemplo, para la tendencia de abrir y cerrar el espacio político según ciertas coyunturas políticas, son las medidas que tomaron las instituciones yucatecas para llegar a una mayor transparencia institucional. Además, el cambio de las prácticas políticas no siempre coincidía con una transformación de los valores del Antiguo Régimen. Sobre todo en el caso de las primeras instituciones representativas del nuevo orden, observamos una multitud de prácticas muy diferentes a las formas comunicativas anteriores que, sin embargo, seguían transmitiendo conceptos tradicionales. Esto nos lleva a concluir que los cambios de las formas y prácticas políticas por un lado y el proceso de una transformación de los valores sociales, por otro, pertenecían a dos temporalidades distintas.
Un segundo punto se refiere al estudio de los actos simbólicos. Con el auge de los trabajos sobre la comunicación simbólica, se ha dado la tendencia de enfocar sobre todo en las grandes ceremonias y fiestas políticas. Sin embargo, el ejemplo de Yucatán demuestra que, para analizar la relación de las instituciones representativas con el pueblo, también vale la pena estudiar las prácticas comunicativas más cotidianas. Por un lado, la mera frecuencia de estas formas de comunicación advierte que las prácticas comunicativas cotidianas probablemente influían más en la relación entre las instituciones políticas y la población que las puestas en escena ceremoniales; por el otro, las experiencias yucatecas indican que a menudo existía una diferencia entre estas dos formas. Al parecer, las formas ceremoniales tenían una mayor tendencia a reproducir los valores sociales tradicionales, mientras que las prácticas cotidianas se adaptaban más rápidamente al nuevo orden. Por lo tanto, para evaluar la relación entre las instituciones políticas y la población, nos parece importante estudiar una amplia gama de actos comunicativos e incluir tanto las experiencias cotidianas como las no cotidianas.
Por último, vale la pena resaltar la importancia que tiene el lado de la recepción de los actos comunicativos por parte de la población. Esta importancia radica en el proceso de comunicación en sí, pues toda comunicación está sujeta a la interpretación. Por lo tanto, para evaluar los cambios y las continuidades de los conceptos políticos en una sociedad, además de analizar los actos con los que las autoridades se dirigían al pueblo, también habría que estudiar las diferentes formas de recepción por parte de la población. Por razones de espacio, en el contexto de este artículo no nos fue posible añadir esta perspectiva, por lo que queda pendiente para futuros trabajos.