Niñas pobres, pobres niñas. Menores tuteladas en Lugo durante el franquismo (1945-1960)\*.
Poor girls, girls on poverty. Minors under guardianship in Lugo in times of Franco (1945-1960)
Ana CABANA IGLESIA Tamara LÓPEZ FERNÁNDEZ Universidade de Santiago de Compostela.
RESUMEN.
El propósito de este artículo es acercarse a las condiciones de vida de un grupo social definido por su marginalidad. A partir de los expedientes incoados por el Tribunal Tutelar de Menores de Lugo examinamos la situación de la colectividad tutelada en esa provincia en la década de 1950. Daremos cuenta de la actuación de la institución, tanto en su la facultad reformadora como protectora, y sobre los menores de ambos sexos, pero analizaremos en detalle las problemáticas suscitadas por las menores. Niñas y muchachas expedientadas son un sujeto histórico que ha permanecido al margen del interés historiográfico que sí han merecido otros colectivos marginados. Las fuentes posibilitan una mirada específica a las menores del medio rural y trazar un perfil sobre las familias enjuiciadas. El resultado de este análisis micro es que los ritmos, rutinas y procedimientos del Tribunal demuestran una enorme continuidad con la década de 1940 y que ninguno de los cambios habidos en los discursos internacionales sobre tutela dejó huella en su actuación cotidiana.
PALABRAS CLAVE.
Tribunal Tutelar de Menores; niñas; franquismo; pobreza; prostitución; marginalidad.
ABSTRACT.
The aim of this article is to approach the living conditions of a social group that is defined by its marginality. Based on the files opened by the Tribunal Tutelar de Menores (Juvenile Court) of Lugo, we examine the situation of children and youngsters under guardianship in the province in the fifties. We will give an overview of the institution’s actions in terms of both its reformative and protective powers and with regard to minors of both sexes, but we will analyse in detail the specific problems raised by the treatment/circumstances of underage girls. Criminally sentenced girls and teenage women are a historical subject that has remained outside the historiographical interest that other marginalised groups have been considered worthy of. The sources allow us to take a specific glance at rural minors and to draw a profile of the prosecuted families. The result of this microanalysis is that the rhythms, routines and procedures of the Court show great continuity with the 1940s and that none of the changes in the international discourse on guardianship have left their mark on the Court’s daily activities.
KEYWORDS.
Juvenile Court; Franco’s regime; girls; poverty; prostitution; marginality.
El objetivo de este artículo es indagar sobre las condiciones de vida de las niñas que fueron tuteladas por el Estado franquista entre 1945 y 1960 en la provincia de Lugo. Con ello incidimos en el estudio de grupos subalternos de la sociedad y dentro de estos, en aquellos sectores que hacían su vida “en los márgenes”1 , una corriente que ha contado con aportes de gran calado en los últimos años por parte de la historiografía sobre la dictadura, sobre todo en lo referido a delincuencia y prostitución2 . Nuestra investigación pretende ofrecer una mirada novedosa y para ello se ha escogido un espacio geográfico sin estudios de este tipo y un período de análisis que se aleja de una posguerra que ha ocupado la mayor parte de las pesquisas existentes sobre menores y marginación3 . Nos sumamos a ese inaugurado interés por los años 1950 como década merecedora de análisis pormenorizados desde la perspectiva de la historia social del franquismo, aunque principiaremos el análisis en 1945, cuando el Tribunal Tutelar de Menores (en adelante TTM) aquí estudiado inició su labor4 . La desplegó a partir de las Juntas Provinciales, y por eso se empleará la provincia como espacio de estudio5 . Se ha escogido Lugo, un locus que presenta varios incentivos. El primero es que se trata de un espacio de retaguardia, por lo que la destrucción bélica no podía ser esgrimida como causa deus ex machina de la problemática social, pese a que las diferentes autoridades acudieran a esa justificación6 . El segundo viene dado por su carácter de provincia pequeña (en 1950 contaba con cerca de 509.000 habitantes), eminentemente rural (440.000 habitantes vivían en zonas rurales y 18.600 en zonas intermedias) y con bajos índices de urbanización (la capital estaba habitada por poco más de 53.700 personas)7 . Esos datos la convierten en parangonable con muchas otras provincias de la España del momento, y permiten sopesar la utilidad del estudio de caso más allá del valor intrínseco del mismo. Además, creemos que abordar el análisis de una provincia definida por la impronta rural confiere un incentivo, pues permite indagar en las características específicas, de haberlas, que dicho componente plantea a la actuación de los TTM.
En cuanto al objeto de estudio, hemos elegido examinar la situación de las niñas, un sujeto desatendido historiográficamente. Las ocasiones en las que se ha estudiado la infancia tutelada han sido ellos, los maleantes, golfos y pillos, los que han constituido el objeto de estudio privilegiado: de ahí el interés de visibilizarlas a ellas8 . Las fuentes empleadas serán los expedientes del TTM, cuya misión era, según su propio reglamento, paliar las deficiencias económicas, educativas, morales o religiosas que pudieran haber experimentado esas niñas en sus hogares. Se trata de una fuente de gran riqueza pues, como atinadamente ha apuntado Peter Anderson, autor de alguno de los estudios más ambiciosos sobre la historia de menores afectados por la custodia pública, permite escuchar, en cierta medida (y siempre de manera parcial y mediada), las voces de menores y familias9 . Con su análisis perseguimos conocer las condiciones de vida que provocaron que la institución activara sus mecanismos de protección y acercarnos a los perfiles de las niñas y de sus familiares.
La institución tutelar en España: reformar y proteger durante el franquismo.
A finales del siglo XIX, todo un cuerpo de especialistas reflexionó sobre la necesidad de que los infantes descarriados fuesen sometidos a idénticos castigos que los adultos. Consideraban que debían ser reformados y reeducados, una alternativa que, como ha señalado Montserrat González, hundía sus raíces en la teoría positivista y en el pensamiento correccionalista. Se pensaba que las sociedades debían aplicar “medidas curativas y no represivas” y, en este contexto surgió la jurisdicción de menores separada de la ordinaria10. Se hizo en Estados Unidos, y la iniciativa no tardó en replicarse en países como Australia, Inglaterra o Francia11. En España, estas ideas fueron introducidas por el penalista Dorado Montero, quien consideraba que “el derecho tutelar de menores no es penal, propiamente dicho, sino una obra benéfica y humanitaria de la pedagogía, la psiquiatría y el arte del buen gobierno”12. En 1904 se promulgó la primera Ley de Protección a la Infancia y cuatro años después se crearon las Juntas Provinciales y Locales de Protección de la Infancia y el Consejo Superior de Protección de la Infancia y Represión de la Mendicidad. Montserrat González señala que el tratamiento de los menores “desviados” seguía ya desde un inicio una doble vía que se consolidará con el tiempo: “el hospicio, para huérfanos y vagabundos, y la cárcel, para los infractores de las leyes”13. En esa línea, el Decreto-Ley de 3 de febrero de 1929, que les otorga el nombre de Tribunales Tutelares de Menores y adapta la Ley de Tribunales Tutelares al Código Penal vigente (el de 1928), divide las funciones del tribunal en dos: la reformadora y la protectora14.
José Manuel Suárez explica que la II República supuso reformas en el sistema de protección de menores, entre ellas la retirada de prerrogativas a la Iglesia católica en los órganos de beneficencia. Además, los tribunales dejaron de depender del Ministerio de Gobernación para hacerlo del de Justicia (1932). También se desvinculó la facultad reformadora de su carácter punitivo tradicional para adscribirla a una esfera educativa y tutelar, mientras que la función protectora se orientó a la actuación preventiva y la vía represiva quedaba circunscrita a enjuiciamientos de mayores de 16 años.
Durante la Guerra Civil, el sistema de protección de menores se bifurcó: en la zona republicana, el déficit de centros llevó al internamiento de los menores tutelados en reformatorios, a su expatriación o a la dejación de su custodia15; en la España que quedó en manos de los insurgentes se restauró la legislación anterior al lapso republicano y se restablecieron los privilegios de las entidades religiosas.
Durante la dictadura, el mencionado autor diferencia tres etapas en lo concerniente a la protección de la infancia. La primera iría de 1940 a 1954 y se caracterizaría por el revisionismo normativo con vistas a armonizar la legislación de los tribunales al nuevo Código Penal, con sus funciones redefinidas por el Decreto del 11 de junio de 1948. La labor de la institución se fundamentó en los principios político-religiosos del régimen, en virtud de los cuales se recuperaba la pedagogía correccional. La segunda fase se sitúa entre 1954 y 1965. La mejora económica y la entrada de España en la ONU en 1955 permitió el contacto con entidades internacionales (UNICEF), lo que favoreció el acceso de las familias afectadas por la acción del TTM a ayudas económicas o alimenticias vía gestión de Cáritas16. Nuestra investigación se encabalga entre estas dos etapas con la pretensión de calibrar el grado de aplicación de esas innovaciones que se acometieron en las disposiciones internacionales sobre la tutela de menores en la praxis cotidiana. Después de 1965, los modelos de protección a la infancia volvieron a cambiar y se acompañaron de mayor inversión pública. La contratación de personal más cualificado, la mejora de instalaciones y de las medidas asistenciales son los elementos que marcarían este tercer período17.
Los TTM, que dependían de la Obra de Protección de Menores, se fueron instaurando en aquellas capitales de provincia que contaban con “establecimientos especiales consagrados a la corrección y a la protección de la infancia”, léase, reformatorios18. El TTM enjuiciaba a jóvenes de ambos sexos de entre 7 y 16 años19. Desplegaba su labor en función de las dos facultades enunciadas, la reformadora y la protectora. La primera estaba orientada a los menores que cometían un delito o falta contemplada por el Código Penal o por leyes provinciales y municipales, si ejercían la prostitución o si llevaban una “vida licenciosa, fuesen vagos o vagabundos”20. Los métodos de reforma eran coercitivos, pues contemplaban la amonestación, el internamiento y la libertad vigilada. La facultad protectora se desplegó cuando el menor se hallaba “en peligro inminente” para su bienestar físico o moral, lo que suponía, por ejemplo, ser víctima de malos tratos o de abandono familiar o encontrarse en un ambiente de prostitución y delincuencia.
Para los casos considerados de menor urgencia, el tribunal desenvolvió un papel esencialmente preventivo mediante medidas de requerimiento, imposición o vigilancia, mientras que los casos graves implicaron la supresión del derecho de los padres a la guarda del menor21. De darse uno de estos últimos, el infante pasaba a depender del TTM e ingresaba en centros especiales, los mismos para ambas facultades, por lo que cabe esperar que el sistema de tutela fuese idéntico o muy similar, aunque el trato era disímil, pues los menores eran conducidos al centro que el tribunal entendiera que más se adecuaba a sus necesidades. El tribunal podía decretar el cese de la tutela y archivo de expediente cuando entendía que desaparecían las causas que habían motivado su apertura y, en todo caso, la tutela concluía cuando los menores cumplían 16 años. Aquellos que, según criterio del TTM, no lograron ser reformados antes de esa edad acababan en la calle o en instituciones para adultos22.
Menores que habitaban en los márgenes de la sociedad lucense.
Para conocer la situación de los menores tutelados por el TTM en Lugo, se ha analizado la totalidad de los expedientes incoados en tres anualidades: 1945, 1955 y 1965, lo que incluye menores de ambos sexos y las dos facultades tutelares. Esta cata ha supuesto la consulta en detalle de 321 expedientes. La primera conclusión derivada de su escrutinio es que se tutelaban sobre todo varones: 277 niños frente a 44 niñas. Para ellos se abrieron el $8 6 { , } 3 \%$ de los expedientes. El segundo corolario es que la facultad reformadora ocupó los esfuerzos del TTM: un $8 7 , 5 \%$ , de los expedientes (281) respondían a esta facultad. Los datos son parejos a los de la Lleida de posguerra, donde el $80 \%$ de los expedientes se abrieron para varones y el $8 5 \%$ respondieron a la facultad reformadora, según los cálculos de Carme Agustí23. La tercera impresión apunta otra brecha de género: mientras que la práctica totalidad de los niños tutelados ingresaban en virtud de la reformadora $( 9 4 , 6 \% )$ , menos de la mitad de las niñas $( 4 3 , 2 \% )$ hacían lo propio. Al revés, en lo referido a la facultad protectora, serán ellas las que protagonicen la apertura de expedientes $( 6 2 , 5 \% )$ . Podemos mantener que el género marcó el proceder de la institución o, por mejor decir, continuó definiendo su acción, pues esta era la tónica ya en los años veinte en tribunales como el de Zaragoza24.
Cuadro 1. Expedientes abiertos por el TTM de Lugo distribuidos según sus dos facultades y el sexo de la población tutelada (1945, 1955 y 1965)
F.: AHPL, FTTM, Facultad Protectora y Reformadora, años 1945, 1955 y 1965.

MENORES TUTELADOS	NINOS	NINAS
FACULTADES	Reformadora	Protectora	Reformadora	Protectora
1945	84	7	3	11
1955	72	8	2	8
1965	106	0	14	6
TOTAL	262	15	19	25

.
El número de expedientes tramitados nos acerca a una realidad bastante diferente a la que podría esperarse (Cuadro 1).1945 no marca su máximo (107), sino 1965 (126). Resulta insólito a tenor de lo sabido sobre el ansia de control social del régimen y sobre la penosa situación económica vivida por la población y por las clases menesterosas en particular, durante la larga posguerra25. Un notable despliegue de la facultad reformadora sobre menores varones explica la elevada cifra de 1965. El número de expedientes iniciados en 1955 (90) es claramente inferior al de las otras dos anualidades, un diferencial que se explica por el descenso del recurso a la facultad reformadora. A tenor de los datos, se puede concluir que el TTM de Lugo tuvo una baja actividad en los años 1950, la aplicación de la facultad reformadora sobre varones marcó mínimos y la protectora se mantuvo en unas cifras muy modestas, lo que refleja una tendencia decreciente en el caso de los varones que caracteriza todo el período de análisis y unos guarismos parecidos a los de posguerra en el caso de las niñas, lejos de la inactividad de los años 1960.
Con el objetivo de conocer la situación de las niñas tuteladas, hemos consultado todos los expedientes que se les abrieron en el período 1945-1960 en función de la facultad protectora (Gráfica 1). Se trata de un total de 57 expedientes, lo que corrobora la baja actividad apuntada por las catas. La única salvedad son los 12 expedientes abiertos en 1945, casi el doble de los 7 que se incoaron en 1959, que marcan la máxima actividad del TTM en los cincuenta.
Gráfica 1. Expedientes abiertos a niñas en función de la facultad protectora del TTM de Lugo (1945-1960)
F.: AHPL, FTTM, Facultad Protectora, años 1945-1960.
La elevada cifra es enteramente achacable a la diligencia del personal del tribunal lucense. Ellos realizan las denuncias que inician la mitad de los expedientes abiertos en el año de estreno del TTM. Lo mismo acontece en 1955 y 1959, años que marcan los picos (siempre modestos) de incoación de expedientes en la década de 1950.
Gráfica 2. Origen de las denuncias iniciadoras de expedientes de tutelaje del TTM en Lugo (1945- 1960)
F.: AHPL, FTTM, Facultad Protectora, años 1945-1960.
A tenor del origen de la denuncia (Gráfica 1), el personal del TTM se convirtió en el segundo grupo denunciante, por detrás del compuesto por las autoridades del momento, cargos institucionales (alcalde, gobernador civil, cargos militares, etc.) y fuerzas del orden (Guardia Civil y miembros del ejército), así como aquellas mujeres a las que se confería potestas como maestras y madres superioras. Se trata de personas que participaban $\mathrm { y } / \mathrm { o }$ cooperaban con diferentes instituciones del régimen para garantizar el control social que estas pretendían y que conformaban las redes de poder en la provincia. Junto al personal del TTM, promovieron el $70 \%$ de las interpuestas durante todo el período analizado. Este porcentaje refleja de por sí lo reducido del predicamento social que pudiera tener la institución, pues dependía del escrutinio de la gente de orden para principiar su actuación. Las familias habrían iniciado el $1 9 \%$ de las denuncias y personas del entorno de las menores el $1 1 \%$ restante26. Detrás de estas denuncias se encuentra una preocupación sincera, como la manifestada por el jefe de Concepción, quien supo del maltrato al que la sometía su padre, pero también las desavenencias intracomunitarias y familiares, como la existente entre Isaura y su nuera, a quien acusó de ser muy severa con su nieta27.
Cabe apuntar que ya desde la interposición de denuncias se atisba el intenso vínculo entre este tribunal lucense y la Iglesia. Eclesiásticos forman parte del TTM, están implicados en las denuncias que inician los expedientes, son habituales en la elaboración de informes sobre la situación de las menores para aconsejar o no su tutelaje, tutelaje y son religiosas la totalidad de las instituciones en las que las menores serán custodiadas28. La Iglesia, y de su mano la impronta del discurso y la moral propia del nacionalcatolicismo, se advierten como una fuerza centrípeta en la labor del TTM en los años $1 9 5 0 ^ { 2 9 }$ .
Cuadro 2. Apertura de expedientes del TTM en su función protectora según ámbito de residencia de la menor

LUGAR DE RESIDENCIA	RURAL	VILLAS	URBANO (ciudad de Lugo)
EXPEDIENTES	15	9	33

.
F.: AHPL, FTTM, Facultad Protectora, años 1945-1960.
Teniendo en cuenta que Lugo era una provincia eminentemente rural, no deja de llamar la atención el escaso número de casos tramitados a las niñas de las aldeas (Cuadro 2), puede que por tener el TTM sede en la capital y ser sus miembros de extracción urbana y clase alta30. Bien es cierto que de sus miembros y delegados31 y de las autoridades (gobernador civil y alcaldes) dependió la práctica totalidad de las denuncias (6 y 5 respectivamente), seguidos de lejos por los padres de las menores (2). El medio rural no marca, por tanto, especificidad alguna en lo referido al perfil de los denunciantes. El goteo de expedientes iniciados en los pueblos se interrumpe sin razón aparente durante la primera mitad de la década de $1 9 \bar { 5 0 } ^ { 3 2 }$ .
Para explicar la baja presencia de casos de niñas rurales, cabe aludir a que los delitos relacionados con la prostitución o la mendicidad, que tuvieron gran presencia en el quehacer del tribunal, se movían en parámetros distintos a los urbanos, lo cual los hacía menos visibles a ojos escrutadores de fuera de la comunidad. También, históricamente se mantenían fórmulas de soporte e inclusión para colectivos que, según el TTM, rompían los códigos morales franquistas. Se trata de prácticas propias de la economía moral campesina (como la cesión a las caseteiras o bodegueiras –mujeres normalmente solteras o viudas con uno o más hijos–, de terneros para su venta o fórmulas de aprovechamiento del comunal) que paliaban situaciones de miseria de muchas familias, sobre todo monoparentales, además de normalizar socialmente estilos de vida que el franquismo señalaba y perseguía, y con ello mermaba esa marginalidad que sancionaba este tribunal33.
La institución lucense tuteló a menores de entre 2 y 15 años, pero sobre todo de 12 a $1 4 ^ { 3 4 }$ . Algunas familias cayeron en comportamientos delictivos a raíz de situaciones inesperadas (desempleo, enfermedad o muerte del ganapán, etc.), pero la mayor parte de los expedientes nos sitúan ante escenarios de penuria económica crónica. Son tan malas las condiciones de vida descritas en algunos casos que sorprende que hermanas mayores de niñas expedientadas no hubieran sido tuteladas antes, e incluso que se hubiera esperado a que la expedientada cumpliera 12 años para intervenir, una edad avanzada si se tiene en cuenta que a los 16 concluía la potestad de custodia del tribunal. Se abrieron expedientes
30. Los requisitos que debían cumplir los miembros del TTM se recogen en el Decreto del 11 de junio de 1948, “Ley de Tribunales Tutelares de Menores”, BOE, n. 201, del 19-7-1948, p. 3.306. Sobre das designaciones del Ministerio de Justicia, ver BOE, Ministerio de Justicia. Órdenes del 27-3-1943; de 14-2- 1947; de 28-1-1944; del 28-1 y del 5-6-1944 (AHPL, FTTM, exp. 1945-1960).
31. Bajo la autoridad del TTM aparecen los delegados “técnicos” o “de vocación social”. Decreto del 11- 6-1948, “Ley de Tribunales Tutelares de Menores”, BOE, n. 201, del 19-7-1948, artículo 11, p. 3.309. En Lugo solo hay una delegada, una celadora del Patronato para la Protección de la Mujer (AHPL, Fondo del Patronato de Protección a la Mujer. Antecedentes sobre constitución de las Juntas Locales en la Provincia (1943)).
32. En 1945 se abrieron 3 expedientes a niñas rurales, cifra sin parangón durante la década de 1950.
33. José María CARDESÍN DÍAZ, “Mercado, estado e aldea a construción do campesiñado en Galicia”, en Marcial GONDAR PORTASANY (coord.), Galicia fai dous mil anos: o feito diferencial galego, vol. 3, tomo 1, Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, 1999, pp.131-153, p.138; Ana CABANA IGLESIA y Tamara LÓPEZ FERNÁNDEZ, “Fuera de toda moral. La prostitución en tiempos de Franco”, en Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO y Francisco LEIRA CASTIÑEIRA, Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras: La construcción sociopolítica de la dictadura franquista (1936-1960), Valencia, PUV, 2023, pp. 357-374, p. 363.
34. Niñas menores de 7 años eran enviadas a la Casa Cuna, dependiente de la Diputación (AHPL, FP, exps.
23 y 75 (1955)).
sobre todo a hijas de “gente de vida modestísima” y “pobres de solemnidad”35. Pertenecer a clases menesterosas parece una condición sine qua non para entrar en el radar del TTM, aunque no fue suficiente. La miseria moral también hubo de estar presente. El TTM de Lugo apreció que la desviación moral, manifiesta o potencial, era exclusivamente cosa de pobres36.
El TTM y su actuación: enjuiciar la miseria moral como método de control social.
Los motivos para iniciar un expediente estaban tipificados en seis categorías que agrupaban diferentes infracciones de la legalidad y la moral vigente. Todas tienen presencia en el TTM de Lugo, si bien es cierto que destacan dos, “ejemplos corruptores” y “peligro de corrupción”. Ambas categorías motivaron el $50 \%$ de los encausamientos de niñas en la provincia.
Gráfica 3. Causas de apertura de expedientes de la facultad protectora sobre niñas por parte del TTM de Lugo (1945-1960)
F.: AHPL, FTTM, Facultad Protectora, años 1945-1960.
El TTM determinó la existencia de “ejemplos corruptores” cuando en el núcleo familiar se ejercía la prostitución. La “conducta disipada” o “vida licenciosa” de la madre fue el motivo recurrente para custodiar a las menores. El perfil que dibujan las fuentes es el de una niña cuya figura materna, víctima de una situación económica definida siempre como “precaria”, “mala”, “muy pobre” o “estrecha”, recurre al meretricio para sobrevivir37. Es el caso de Alicia, de 12 años. Su tía denunció a su madre. Afirmó que ejercía la prostitución en la casa donde ésta residía con sus cuatro hijos menores. Según su testimonio, “pernoctaba con distintos individuos a los que diariamente admite en su domicilio, así como a muchachas cuya prostitución favorece, en repugnante promiscuidad, por no disponer más que de un catre y una cama en una sola habitación”. Alicia, en un intento por salvar a su madre, señaló que era con su hermano con quien hacía meses que iba “a dormir a su casa un limpiabotas”. La acusación, por supuesto, empeoró la situación, y provocó que ambos menores pasaran a la custodia del TTM de inmediato. Alicia fue ingresada en el Hospital de Mondoñedo en 1945 y, un año después, enviada al Colegio de las Hijas de $\mathrm { M } ^ { \mathrm { a } }$ Inmaculada. La niña declaró ante el tribunal que su madre “no trabaja en nada” y que contaba como única fuente de ingresos “el importe de una pensión que cobra del Ayuntamiento de Lugo”, que no les alcanzaba para el alquiler. La rumorología pública no secundó la versión de la denunciante, aunque sí apuntó a que la madre no se preocupaba por “darles educación ni instrucción alguna y teniéndolos casi todo día completamente abandonados”38. Interesa señalar que las indagaciones del TTM tampoco confirmaron que María fuera una prostituta, pero no por ello se dejó de considerarla como tal: “¿Prostitución? Se puede decir que sí, ya que todos los hijos son de padres distintos y está haciendo vida marital con un limpiabotas”. Apuntes como este y otras actuaciones implican que el tribunal insistió en borrar los límites entre ejercer la prostitución y vivir fuera de los cánones morales exigidos.
El alcalde de Viveiro fue quien denunció en 1955 la conducta moral de Dolores, madre de cuatro niñas de edades entre 3 y 11 años y padres desconocidos. Según su criterio, dicha mujer era “reprobable en todos los conceptos ya que se dedica a la prostitución, con el daño irreparable que supone para sus hijos”. El escrito apunta a que la denunciada había cometido previamente algún hurto famélico por el que había sido procesada por la justicia ordinaria. Sus ingresos, según el párroco, “dependían de lo que pudiera sacar con su vida licenciosa y de la reventa de pescado por las aldeas y de algún que otro trabajo”. Tras la denuncia, Dolores trató de reconducir su vida según las expectativas de sus censores para no perder la custodia de sus hijas de forma definitiva, así que se casó con un hombre “que prometió cuidarlas y educarlas como si fueran de su familia”. Dolores terminó siendo víctima de malos tratos por parte de su cónyuge y ello provocó que el TTM se hiciera de nuevo con la guarda de su prole. En 1968, su marido la apuñaló. Murió muy poco después de ingresar en el hospital “por enfermedad”.
Lo acontecido en este caso ilustra bien cómo era la situación de las menores que pasaban a depender del tribunal: primero, separación; después, desarraigo. Las más pequeñas ingresaron en la Casa Cuna de Lugo; las mayores fueron separadas, Carmen fue conducida al Colegio de Religiosas Oblatas de Ferrol y Ana, al de las Hijas de $\mathrm { M } ^ { \mathrm { a } }$ Inmaculada de Lugo. El ingreso en instituciones de ciudades distintas anulaba las posibilidades de relación entre hermanas y de ellas con su comunidad de origen. Ana falleció poco después de su ingreso sin que se estableciera la causa en la documentación. En 1964, la mayor de las hermanas, Carmen, fue “colocada en familia” con unos parientes residentes en Lugo, a quienes también se cedió la tutela de las otras menores años más tarde. Carmen emigró a Barcelona en 1965 y desde allí inició los trámites para hacerse con la custodia de sus hermanas, “para iniciar una vida nueva todas juntas y labrarse un provenir […] más fácil aquí”. Ella les había encontrado trabajo a todas. La institución aceptó y declaró el cierre del expediente una vez que sus hermanas cumplieron la mayoría de edad39.
Casos como los descritos, relacionados con la prostitución, aparecen a lo largo de toda la década de 1950 en Lugo sin que se perciba cambio alguno en su intensidad, algo reseñable en tanto que el franquismo pasó de una política reglamentista a una abolicionista en 1956, lo que implicó un mayor celo en su persecución40.
Por estar en “peligro de corrupción”, el TTM abrió expedientes con motivos mucho más plurales que la anterior categoría delictuosa, centrada en la protección de las hijas de prostitutas o mujeres tenidas por tales. Hacer vivir a las niñas en un ambiente considerado depravado, en una atmósfera de delincuencia o frecuentar malas compañías son las causas que más se repiten en Lugo dentro de esta categoría, junto con obligar a las menores a mendigar o tenerlas desatendidas41. En esta categoría delictiva también están muy presentes las acusaciones relacionadas con el incumplimiento de los códigos e ideales de género impuestos por el régimen, por lo que, de nuevo, el perjuicio fue mayor para las madres42. En un expediente abierto en 1951, un vecino de Mondoñedo denunció que una niña de 12 años, “por sus malas inclinaciones” y por vivir con su padre “se encuentra expuesta a una caída grave”. Los informes proporcionados por las autoridades locales, más allá de resaltar su situación de enorme estrechez económica y que la niña mendigaba “pidiendo limosna y pan”, se contradicen en algunos puntos y no concluyen si la mendicidad se realiza por mandato paterno o a espaldas de su progenitor. Según la Guardia Civil, lo hacía “sin consentimiento de su citado padre”, mientras que el Ayuntamiento no supo concretar si lo hacía al “verse acosada por el hambre” o “siguiendo instrucciones de su padre o madrastra”. El informe del cura hizo extensiva esta actividad a sus cinco hermanos sin especificar nada más43. María respondió en el interrogatorio que sí acudía a la escuela y al catecismo, pero que mendigaba “con bastante frecuencia […] para el sostenimiento de la familia por mandato paterno”. La decisión final del tribunal fue devolver a la niña a su casa, dejando sin efecto el internamiento provisional y archivando su expediente. El fallo es revelador: podría deberse a que los informes recabados no fueron coincidentes en su valoración, pero un análisis atento del conjunto de las causas apunta a que veredictos como estos están condicionados por los estereotipos de género. La postura del TTM se muestra mucho menos benevolente cuando la cuestionada es la figura materna. Se reprobaba como conducta inmoral grave que la madre de la menor fuera soltera, que no conviviera con el progenitor de esta, que cohabitara con otra pareja o esta no fuera estable, pero no cuando se trataba del padre. Todas estas situaciones rompían con el ideal de familia vigente, que implicaba la unión de una mujer y un varón en matrimonio canónico y la educación de la prole bajo los principios religiosos, morales y políticos del régimen, pero si la acusada era la madre a mayores se quebraba el ideal de género. Ejemplo de ese trato diferencial hacia las mujeres que protagonizaban fórmulas afectivo-sexuales no normativas son los expedientes tramitados contra la madre de Carmen, una viuda de 42 años acusada de “vivir en concubinato público” con un hombre, aspecto connotado como más grave que sus antecedentes por robo famélico, y contra la de Pilar, “madre soltera” de quien se dice que compartía domicilio con personas de “conducta moral muy baja y relajada”44.
El análisis estadístico corrobora la apreciación cualitativa: un exiguo $8 , 9 2 \%$ de las tuteladas habitaba solo con su padre (5 niñas), el $23 \%$ con ambos progenitores (13 niñas), mientras que el $6 2 { , } 5 \%$ lo hacían con su madre (35 niñas). Las cifras prueban que la institución lucense en los años 1950 colaboró en la tarea de reafirmar el principio de que el cuidado de los hijos y la ejemplaridad de la buena moral era un asunto intrínsecamente femenino. Carlos Álvarez ha señalado que el TTM de Bilbao había hecho una década antes idéntica tarea al imponer unos determinados valores de género “por medio de la definición estricta de los ideales y prácticas de feminidad aceptables”. Según el citado autor, a principios de la década de 1950 se consolida la “auténtica feminidad católica”, una reconfiguración de los múltiples ideales de feminidad que el régimen convirtió en hegemónicos según el equilibrio interno de poderes y la evolución de sus intereses, y claramente el TTM de Lugo fue uno de sus garantes durante toda la década45.
El tercer supuesto delictivo en importancia en la apertura de expedientes en Lugo fueron los “malos ejemplos”. Supusieron el $1 9 \%$ del total de los incoados. Bajo esta categoría se registran casos variopintos, que incluyen el abandono de los menores, el alcoholismo de convivientes o el ejercicio inducido de la mendicidad de la prole. Aunque la mendicidad ejercida por niños caía habitualmente dentro de la facultad reformadora del TTM, la de niñas dependía de su criterio46. En Lugo, pedir limosna parece el recurso más socorrido para que las niñas pobres se hicieran con algún dinero, y es habitual que el resto de su unidad familiar también mendigara por no contar con otros ingresos o porque estos no eran suficientes para la supervivencia del grupo47.
Un hecho destacable es que dentro de esta categoría delictiva de malos ejemplos cayeron las hijas de las víctimas de la represión franquista. Si el análisis de los expedientes incoados por el TTM en Lugo remite al control social y moral ejercido sobre familias pobres que se desvían de los cauces morales impuestos por el régimen, también posibilita evidenciar los vínculos entre la acción del tribunal y la represión política, un nexo ya apuntado por Peter Anderson48. El caso lucense permite aseverar la continuidad de dicha relación en el tiempo, más allá de los años de la guerra y la posguerra. A Josefa y a Manuela, de la aldea de Montefurado (Quiroga), se les abrió expediente cuando contaban 13 y 14 años. En 1949, ambas hermanas fueron separadas de su madre, viuda de un fusilado “en los primeros días del Movimiento Nacional por sus ideas marxistas”49. El denunciante fue el capitán jefe del sector interprovincial de Lugo-Monforte, quien puso en conocimiento del gobernador civil que la madre había sido detenida. Se la acusaba de ser enlace de las “partidas de bandoleros”, haciendo “partícipe a sus hijas”. La madre fue tildada, como era norma, de “amante de los bandoleros” y de tener una “pésima conducta moral” para desvirtuar su actividad política50. Ella negó las acusaciones, pero su alegato no impidió su inculpación y encarcelamiento ni la ulterior pérdida de la custodia de sus hijas. El trato que se dispensó a las menores fue disímil al de otras tuteladas, pues ingresaron en el Colegio de las Hijas de María Inmaculada de Bañobre (Miño, A Coruña) en calidad de detenidas de la Guardia Civil. Ambas estuvieron internadas 4 años, hasta que la madre salió de prisión y solicitó la devolución de su custodia. Su conducta, “excelente” y la de sus hijas “irreprochable a todos los niveles”, permitió la reagrupación familiar en $\dot { 1 9 } 5 3 ^ { 5 1 }$ .
Del examen de todos los expedientes se advierte una característica de las familias con menores tuteladas: las separaciones conyugales formaban parte de la cotidianeidad. Las ausencias del padre o la madre respondían a varios factores, como la viudedad de uno de los cónyuges, la soltería femenina o el abandono del hogar del pater familias, pero abundan sobremanera los casos en los que el matrimonio ha tomado la decisión de poner fin a la convivencia.
El destino de las menores internadas lucenses fue similar al de las tuteladas zaragozanas de los años $1 9 2 0 ^ { 5 2 }$ . En la década de 1950, entregar la guarda de las menores a parientes resultó el modus operandi más habitual del TTM (14 casos). Hermanos y hermanas mayores suplieron la patria potestad perdida por los padres, pero también tíos y hasta algún vecino aparecen designados como responsables de su educación y bienestar. La situación económica de los familiares que acogieron no era mejor que los progenitores: lo que cambia es la opinión sobre su conducta moral. Así sucedió con Fe, expedientada en 1951, cuando contaba 15 años. Unos vecinos denunciaron ante la policía que la menor vivía “en un ambiente de inmoralidad que indudablemente originaría su corrupción y que se halla en peligro de extraviarse y prostituirse, si no se adopta alguna medida de regeneración” porque su madre y su tía eran prostitutas. En su caso se dispuso que su guarda pasase a otra hermana de su madre y su marido, que “nunca aprobó la conducta de sus hermanas estando en la actualidad reñida con ellas por la vida licenciosa que llevaban” pese a que, según el informe del presidente del tribunal,
la situación económica del matrimonio es muy precaria, no se le conocen otros ingresos que los que aporta el marido como peón, sin colocación fija, y su esposa de mandadera, viviendo a cuenta de este jornal, con dos hijos pequeños, una vida modestísima53.
Cuando la menor fue enviada con familiares o se le permitió volver con los progenitores tras el internamiento (13 casos), el TTM escogió a un agente (delegado del TTM, maestro, religiosa, etc.) para que vigilase la conducta de la menor y los tutores. Se mantuvo una estricta supervisión de la familia hasta que al tribunal ya no le compitió su guarda. A diferencia del proceder del TTM de Zaragoza durante la dictadura primorriverista, en el que María Pilar Rodrigo no ha detectado interés alguno por la labor de inspección, el tribunal lucense acumuló informes de los agentes, lo que reafirma el afán de control de la institución y el alto nivel de intervención al que quedaban expuestas estas menores y sus familias de acogida54. Hubo niñas (9 casos) que permanecieron internadas en instituciones religiosas hasta la mayoría de edad, porque el tribunal no encontró ni un familiar que se responsabilizara de su custodia ni una colocación en el servicio doméstico, alternativa empleada para reeducar a algunas menores (4 casos), igual que acontecía con las mujeres adultas dependientes del Patronato de Protección a la Mujer55.
Calibrar y valorar miserias: los informes sobre moralidad y conducta del TTM.
Cuando se desplegaba la facultad protectora, a la interposición de una denuncia seguían, además de las declaraciones de los padres y de la menor, el requerimiento formal de informes de moralidad, conducta pública y privada de alcalde, párroco, Guardia Civil y maestro/a. A estos los acompañaban una serie de cuestionarios que detallaban aspectos socioeconómicos de la familia. Esta documentación reafirma lo indicado por los expedientes del TTM: que la pobreza fue la tónica habitual que marcó las vidas de las menores desde su nacimiento o más tierna infancia. Los expedientes registraron que el
$93 \%$ de las tuteladas vivían en la pobreza, lo que se reflejaba en múltiples aspectos, desde su físico y vestido hasta su higiene56.
La documentación que se adjunta en los expedientes sirve para acercarse al perfil de las familias sancionadas y para tener una imagen más clara de cómo transcurría la vida cotidiana de las menores. Tres espacios se aprecian como fundamentales: uno al que parecen haber estado especialmente sujetas, su vivienda, y dos a los que fueron mayoritariamente ajenas, la escuela y la iglesia. La cuestión de la (infra)vivienda preocupó especialmente al régimen franquista en el plano del discurso, aunque la instauración de políticas de vivienda no atajó la situación de las clases más empobrecidas57. Los informantes del TTM lucense mostraron una gran preocupación por describir el aspecto de los domicilios, su distribución y equipamiento. Diferenciaron entre las casas situadas en el “campo” y las del “casco urbano”, e incluyeron la categoría de “suburbios”, más propia de grandes ciudades que de una pequeña ciudad de provincias, donde toma el sentido de “afueras”. La documentación indica que las familias expedientadas en el medio rural residían en casas unifamiliares, con una vivienda situada en el piso superior y cuadras para el ganado en la planta baja, que habitualmente habían sido de su propiedad durante generaciones. En esa descripción se reconocerían la práctica totalidad de las viviendas de las clases populares del campo gallego a esa altura, por lo que solo una mirada urbanocéntrica identificaría de por sí el espacio en términos peyorativos58. En claro contraste, entre las familias expedientadas en la ciudad proliferaba el alquiler de cuartos y de pisos pequeños. Los precios de los arriendos oscilaron entre las 50 pesetas mensuales para habitaciones y para pisos situados en las afueras y las 250 de una vivienda “modesta” que actuaba como prostíbulo “de tapadillo” en pleno casco histórico y que contaba con “dos habitaciones y cocina”59.
Con independencia de su condición de rurales o urbanas, todas las casas son descritas como espacios carentes de las más mínimas comodidades a partir de un único elemento de juicio: el número de habitaciones y camas. Siguiendo criterios de higiene y división del espacio, las viviendas fueron encasilladas dentro de un amplio abanico de posibilidades, siendo “buena” la máxima categoría registrada y “miserable” la peor. Esta última fue la más repetida en la documentación. Solo dos viviendas fueron descritas como “de buen aspecto”: una en la villa de Monforte de Lemos y otra en las afueras de la ciudad de Lugo60. Se trató, en ambos casos, de los domicilios con menor ratio entre cuartos y residentes de todos los escrutados61. De calificar las moradas se ocupaba por norma general un agente del tribunal, pero los informes de los curas también prestan atención a este particular. El párroco de la aldea Santa María de Galdo entró en el domicilio de los abuelos de una menor e informó al tribunal de que $\mathrm { ^ { 6 6 } \vec { \Omega } \vec { C } u \vec { a } l }$ sería mi admiración al contemplar que todos moraban y vivían en una misma habitación, que esa es toda la casa, en su piso primero!”62. Se consideraba muy positivo que la niña contara con un cuarto propio “para salvaguardar su intimidad y pudor”, y se penalizaba expresamente la “aglomeración o promiscuidad de sexos en los dormitorios” que provocaba que las menores compartieran habitación y/o lecho con sus padres, hermanos o algún otro conviviente. La reprobación, realizada con la plantilla de los valores de la moral nacionalcatólica, chocaba en Lugo, no solo con la pobreza de las familias urbanas, incapaces económicamente de poder alquilar pisos más amplios con un mayor número de habitaciones y aun de comprar más camas para un cuarto, sino con fórmulas habitacionales y de cohabitación tradicionales en los pueblos. Dado que la fórmula de habitar era la usual en la época salvo para familias muy pudientes, puede alegarse que el clasismo está tan presente como los prejuicios morales.
Otra situación que subrayan los informes era el analfabetismo de las menores. Teodora tenía 14 años y mendigaba en la ciudad de Lugo. Se le instruyó expediente en 1946 por malos tratos. Se explica que la menor era obligada a mendigar y a vender “baratijas por las calles” por su padre y su esposa y, cuando no obtenía de sus operaciones el rendimiento económico que aquellos deseaban, “era maltratada”. En su documentación quedó anotado que “sus padres no la mandaron jamás al colegio por dedicarse durante el día al cuidado de los niños de su hermano”, motivo por el que “no sabía leer ni escribir”63. Esa situación, la de una niña que se ausenta de la escuela y cuida a parientes de menor edad que ella, se repite en Lugo durante toda la década de 1950 sin que se aprecien cambios. En 1952, alrededor de un $32 \%$ de niños estaban sin escolarizar en España, una situación derivada principalmente de dos factores: el absentismo escolar y la falta o la desatención en la que estaban las escuelas64. El porcentaje ascendía notablemente en el caso de las lucenses tuteladas. A la pregunta de si “acudían a escuela o taller”, se respondió afirmativamente en el $1 9 { , } 3 \%$ de los casos. En el $5 0 { , } 9 \%$ la contestación fue “no”. A esta cifra probablemente pudiera unírsele otro $30 \%$ , el de aquellos en los que el agente no registró el dato. Si analizamos las tasas de escolarización en función del espacio de residencia, los resultados son esclarecedores: prácticamente el $70 \%$ de las expedientadas en contextos rurales no acudía a la escuela, solo el $1 5 { , } 4 \%$ lo hacía (se desconoce la situación del $1 8 { , } 2 \%$ restante). En la ciudad, el absentismo baja al $5 2 { , } 9 \%$ y la asistencia llega al $2 5 { , } 4 \%$ (casi a la par que los casos sin datos, $2 3 , 5 \% ) ^ { 6 5 }$ .
Las razones para no asistir a la escuela vuelven a subrayar la pobreza en la que vivían estas familias, al tiempo que inciden en el género como condicionante de la vida diaria de las menores. Los progenitores reconocían, y lo alegaban ante el TTM con el ánimo de que este aceptara su argumento como eximente, que las niñas debían quedar al cuidado de hermanos menores u otros familiares y encargarse de las tareas domésticas, debido a que ellos $\mathrm { ( e l l a / \acute { e } l ) }$ tenían que ausentarse de casa para trabajar66. En los expedientes de niñas rurales, a las tareas domésticas se les añaden las faenas agrícolas. Como manifestaba el párroco de la aldea de Remedios, “se necesitaban sus brazos en casa”67.
Según el TTM, a la preparación académica debía acompañarla la formación moral, entendida como principal vía de adoctrinamiento, tanto religioso como de roles de género, y por ello la asistencia a catecismo y misa constituían un parámetro a evaluar68. Los testimonios de los progenitores buscaban justificar su buen hacer como educadores aludiendo a que sus hijas habían sido instruidas en la fe cristiana y la practicaban regularmente, un discurso interiorizado por aquellas niñas con la edad suficiente para saber lo que era conveniente responder para no ser alejadas de sus familias. Una niña de Palas de Rei de 9 años así lo hizo constar ante el tribunal añadiendo que, además de ir “al colegio y a la misa”, se había “confesado varias veces”69. Sin embargo, sus declaraciones rara vez se sostenían, porque el informe de los párrocos contradecía las respuestas de padres y menores. El cura de Pantón escribió en un informe sobre una joven de 13 años expedientada que “nunca pudo conseguir que los padres de estos infelices asistieran una sola vez a la Santa Misa, ni cumplieran los preceptos de la confesión y comunión, ni que los hijos asistieran a catequesis, ni a la escuela, pese a las amorosas y repetidas reconvenciones”. Manuela, del ayuntamiento de A Fonsagrada, tenía 13 años cuando se le instruyó un expediente porque en 1956 había sido objeto de “abandono” por parte de sus progenitores, “un alcohólico” y una “prostituta”. Ellos recurrían a “la mendicidad para procurarse el sustento diario”, el propio y el de sus cinco vástagos, todos menores. El informe del cura describe la moral de la niña como “lamentable […] un constante mal ejemplo para sus hermanos más pequeños, todos completamente abandonados sin escuela ni catequesis”. El cura se negó a que ella y sus hermanos hiciesen la comunión “por no haber forma de prepararlos al no saber leer”70. El párroco de Mondoñedo escribía apenas unos años antes sobre otra muchacha de 14 años en términos similares:
En repetidas ocasiones he intentado que acudiese al catecismo con objeto de prepararla para la primera comunión y no lo he conseguido. De su boca solo salen palabras indecorosas y blasfemas. Dado el medio de miseria absoluta espiritual y material en que ha vivido y sigue viviendo, y la mala inclinación de la niña naturalmente mal indomada, es muy de temer por el futuro próximo de la misma71.
Se confirma, pues, que los criterios de la moral nacionalcatólica eran fundamentales para los encausamientos y que la ruptura en público de los estereotipos de género era el detonante de las denuncias que iniciaban la actuación del tribunal. En las evaluaciones habitacionales o dotacionales, era el número de cuartos y camas y no la situación de cocinas o despensas lo que se describía con desasosiego y reprobación. En el caso del analfabetismo la situación no era diferente. No saber leer y escribir se volvía un inconveniente adicional cuando impedía o dificultaba a la menor cumplir con los preceptos religiosos y rompía el modelo de feminidad pretendido, en el que la honra, pero también la docilidad y sumisión, eran ejes rectores72.
A modo de conclusión.
Los expedientes e informes del TTM de Lugo dibujan la situación en la que vivía un colectivo de menores antes de que la institución decidiera intervenir y hacerse o no con su tutela. Esa documentación, pensada para señalar las vergüenzas de las familias que no cumplían con los estándares morales del régimen, desvela que el tribunal colaboró con control social y moral de la población lucense en los años 1950. La facultad protectora podía ser utilizada por diversos motivos que no tenían por qué presuponer la precaria situación económica de las familias de las menores, pero del análisis de la documentación generada parecería desprenderse que no cabía escrutar la moral de familias de clase media o alta. La práctica totalidad de las menores sancionadas pertenecían a familias pobres con proles numerosas, progenitores con incapacidades físicas o psíquicas, con trabajos ilegales y/o mal pagados que no permitían sacar las familias adelante pese a las jornadas infinitas y con un analfabetismo severo que los apartaba de cualquier posibilidad de mejora. En muchos casos, situaciones sobrevenidas arrojaron a las familias y, por extensión a sus vástagos, a una situación de irremediable marginalidad en la que el ejercicio de la prostitución para ellas y de la mendicidad para los y las menores aparecía como la única salida para una maltrecha supervivencia, como si de la posguerra se tratara.
De las niñas tuteladas se reprueban características y condiciones de vida que eran comunes a otras que nunca fueron tuteladas. Como otras tantas niñas de su edad, muchas expedientadas ayudaban en las tareas domésticas y/o agrarias y en los trabajos de cuidado y por ello no acudían a la escuela. Igual que otras, habitaban casas que podían considerarse infraviviendas por su tamaño o por la falta de servicios conceptuados por ellos como básicos (baño), y porque tenían costumbre o necesidad de compartir cuartos y camas. Lo que distinguió a las menores tuteladas fue, sobre todo, que eran las hijas de las prostitutas y mujeres que no cumplían con los estándares del arquetipo de feminidad fijado por el régimen ni en su proceder público ni en sus relaciones sexoafectivas. El sexismo es achacable a la moral nacionalcatólica que defendían todos aquellos que participaban en el proceso de información y enjuiciamiento y que, en el caso lucense, no parece haber mostrado grieta alguna, a pesar de las fluctuaciones y la evolución que el propio nacionalcatolicismo vivió a lo largo del período analizado.
En la documentación del TTM de Lugo hay una sola anotación sobre percepción de subsidios, pero ni una referencia a UNICEF o a Cáritas. Tampoco se halla en el atado de expedientes posteriores a 1960 que se custodia en el Archivo, pese al giro social de Cáritas y a los cambios en el discurso internacional sobre intervención y tutela. A partir de nuestro análisis micro no es posible dar cuenta de la incidencia de esos nuevos postulados, como tampoco del giro en la política sobre prostitución acontecida en 1956. La continuidad en los ritmos, modos y procederes instaurados en la posguerra parece total en estos aspectos. La década de 1950 no trajo vientos nuevos en lo concerniente a la actuación del TTM, que siguió siendo un recurso en manos de la gente de orden de la provincia para encauzar a las menores de las clases populares hacia el modelo de feminidad y los valores morales pretendidos mediante su paso, más o menos prolongado, por instituciones religiosas.