Pauperismo, protesta social y colapso del sistema asistencial en Madrid (1798-1805) ∗.
Pauperism, social protest and the collapse of the poor relief system in Madrid (1798-1805)
Resumen: La crisis de 1803-1805 en Madrid supuso un revés sin precedentes para las economías de los hogares trabajadores de la capital. Tras un ciclo de crisis sucesivas iniciado a finales del Setecientos, la población laboral madrileña vio reducida su capacidad de consumo a un nivel inferior al mínimo tolerable, como sucedió también con la masa de campesinos pauperizados que desbordó las calles de la Villa y Corte a partir de 1804. La insuficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades ilustradas ante esta situación anunciaba el colapso del sistema asistencial y de control social de la capital.
Palabras clave: Pauperismo; crisis de subsistencias; sistema asistencial; protesta social; control social.
Abstract: The crisis of 1803-1805 in Madrid was an unprecedented setback to the economies of the humble households of the city. After a cycle of successive crises initiated at the end of the previous century, the working population of Madrid saw its consumption capacity reduced to a minimum level, as also happened to the mass of impoverished peasants who overcrowded the streets of the city in 1804. The insufficiency of the measures adopted by the enlightened authorities during the crisis announced the collapse of the poor relief and social control system of the Spanish capital.
Keywords: Pauperism; subsistence crisis; poor relief; social protest; social control.
Sumario: Introducción; 1. Condiciones de vida de las clases populares y conflictividad social; 1.1 El sistema de beneficencia y corrección en Madrid; 1.2. Crisis de subsistencias, represión y protesta social; 2. Crisis de subsistencias y colapso del sistema asistencial; 2.1. La recolección general de mendigos de 1805; Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
La crisis finisecular y la mortalidad catastrófica de 1804, que afectó de manera más aguda al interior peninsular, cuentan con importantes estudios1 . La ciudad de Madrid no fue ajena a las consecuencias que trajo la serie de malas cosechas, el alza del precio del trigo, la escasez de pan, los problemas de abastecimiento y la protesta social que suscitó. El estudio de María Victoria Vara abrió una importante línea de investigación sobre la crisis de 1804 y sus efectos sobre la población trabajadora de la capital de la monarquía, así como las medidas adoptadas por los poderes capitalinos para intentar mantener un abastecimiento fluido de pan que evitase los problemas derivados de su carestía y escasez2 . Lo que aquí proponemos es profundizar más en las condiciones en que los sectores más desfavorecidos de la población laboral encararon la crisis de subsistencia y las soluciones que adoptaron las instituciones benéfico-asistenciales para paliar sus efectos más devastadores. Centramos el análisis en el período comprendido entre 1798, año que en Madrid abre el ciclo de crisis, y 1805, que marca un hito para los inmigrantes que buscaron alivio a su precaria situación en la capital.
Haremos, en primer lugar, un repaso a las condiciones de vida del referido sector de la fuerza laboral, sus estrategias de supervivencia, formas de protesta y recursos asistenciales. En segundo lugar, examinaremos la capacidad y métodos de las instituciones políticas y benéficas para responder a las necesidades más urgentes de la población afectada por los estragos del hambre y la epidemia de 1803-04. Concluiremos con un análisis pormenorizado de la gran redada de mendigos de 1805, que puso colofón al período de crisis. El objetivo es aportar una perspectiva desde la propia base social a la crisis de estos años en Madrid, fenómeno que preludia a nivel general el derrumbe de las instituciones del Antiguo Régimen.
Las fuentes utilizadas en este estudio son tanto primarias como secundarias. Las primeras proceden de la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, las declaraciones de pobre suscritas en el Hospital General y su sucursal femenina de La Pasión, custodiadas en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, y los expedientes de la Diputación Provincial de Madrid del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. La consulta de esta documentación y la bibliografía disponible nos permite sostener las siguientes hipótesis. Primero, la crisis de 1803-1805 puso a la población laboral de Madrid, tanto a la avecidada como a los numerosos pobres llegados de su Tierra y otras partes del reino, en una situación sin precedentes de extrema necesidad. En segundo lugar, los episodios de protesta social, principal preocupación de las autoridades cortesanas, fueron pocos y muy localizados, debido tanto a la situación de inanición y enfermedad de buena parte de la población pauperizada, como a la política represiva de los poderes cortesanos y la abundancia de destacamentos militares en la ciudad. Y, en tercer lugar, la crisis coincidió con una gestión económica y política que propició el deterioro notable de los recursos financieros del sistema asistencial, agudizado en los primeros años del siglo XIX, lo que provocó su completo colapso. De ahí que la respuesta de las autoridades cortesanas se orientara más a la represión que a la asistencia, con la serie de órdenes de expulsión de los pobres forasteros, que culminó en la gran redada de 1805.
1. CONDICIONES DE VIDA DE LAS CLASES POPULARES Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII la economía creció en el interior peninsular y la provincia de Madrid no fue una excepción. Los datos demográficos muestran, de hecho, un cuadro optimista. La tasa de mortalidad descendió incluso en 1798, año de crisis agraria, lo que sugiere una leve mejora en las condiciones de vida3 . Pero la riqueza acumulada estuvo muy mal repartida. Los salarios reales venían descendiendo desde tiempo atrás: aumentaban los precios del trigo y otros mantenimientos básicos, mientras las retribuciones nominales se estancaban4 . La demanda de empleo creció en esta mitad de la centuria debido, entre otros factores, al aumento sostenido de población laboral con la llegada de nuevos contingentes de la zona periurbana, las dos Castillas, Galicia y Asturias, principalmente. Los 156.672 habitantes que registra el censo de Floridablanca de 1787 se convirtieron en 167.607 en el de Godoy de 1797. No obstante, la población real sería probablemente mayor en ambas fechas, dado que la capital contaba con una gruesa capa de población flotante que no queda registrada en los censos, entre ella un importante segmento de trabajadores itinerantes y de migración estacional.
El descenso de los salarios reales afectó especialmente a los trabajadores no cualificados del sector de servicios, el más nutrido de la capital. En el período 1790-99, el poder adquisitivo de estos trabajadores era un 43 por ciento menor que en la década de $1 6 8 0 – 8 9 ^ { 5 }$ . Las dos terceras partes de asalariados ganaban 6 reales o menos al día, y las remuneraciones para una misma categoría ocupacional variaban según la edad, la procedencia del trabajador, o la calidad de su empleador. Así vemos, por ejemplo, que en 1783 el mozo de caballos Francisco Aranda cobraba 6 reales diarios, mientras que en 1799, otro con el mismo título en las Reales Caballerizas ingresaba 5 reales6 . Además, si se era mujer, las oportunidades ocupacionales eran más limitadas y las remuneraciones notablemente más bajas, incluso en los oficios cualificados7 . Esto suponía un problema cuando eran ellas las cabezas de familia o aportaban el ingreso principal por enfermedad o invalidez del esposo8 .
Se ha estimado que, en el Madrid de la segunda mitad del XVIII, en torno al $4 0 \ \mathrm { p o r }$ ciento de la población laboral vivía en el límite de la indigencia, sobre todo si estaban casados y tenían algún hijo, aun cuando a menudo todos los miembros de la unidad doméstica aportaban al presupuesto familiar9 . Entre la población más vulnerable se hallaban las viudas, cuya proporción en Madrid era la más alta de todo el reino, triplicando la de viudos. Y el número de las casadas con marido ausente tampoco era despreciable10. En 1783, Joaquina Andino, casada, trabajaba en una taberna del callejón del Infierno, donde ganaba 40 reales al mes (algo más de un real y medio en cada uno de los seis días laborales), y tenía a sus dos hijas en el hospicio, probablemente porque su marido no ganaba lo suficiente para mantenerlas, o se hallaba ausente11.
Los empleos, en muchos casos, no se ejercían de continuo, lo que explica que el pluriempleo o ciertos mecanismos de supervivencia completasen o sustituyesen, en caso de desempleo, el ingreso salarial. Este, además, a menudo no se pagaba puntual y regularmente. La Casa Real, las casas nobles y los poderes públicos eran especialmente morosos, tanto con sus empleados como con los artesanos a quienes encargaban obras, lo cual ponía en apuros hasta a trabajadores muy cualificados. Por ejemplo, en 1784, el maestro de obras, don Pedro Martínez Morales era acreedor del importe de varios trabajos y tenía embargados los muebles de su habitación por impago de alquileres12. Las deudas por remuneraciones del trabajo podían acumularse durante meses o incluso años, y pasar a los descendientes. En 1797, a Mariana del Mozo, la casa del Infantado le debía 12 años de un legado de 4 reales diarios que aquella le había otorgado a su abuela materna por haber servido en ella13.
Las declaraciones de pobreza suscritas en el Hospital General y su sucursal femenina de La Pasión demuestran que el retraso en el abono de salarios y otras prestaciones fue una tendencia a lo largo de todo el siglo, así como la precaria situación de las viudas, incluso aquellas cuyos maridos habían tenido empleos bien remunerados. En 1783, por ejemplo, María Pierse, era viuda de un capitán del regimiento de Cartagena. Tuvo un hijo cadete, de cuyo sueldo le debían 5 años, y su otro hijo se hallaba al cuidado de un comerciante de la corte14. En el mismo año, a Narciso Díaz, soltero, mozo de tahona, le debían sus salarios de 40 reales al mes. También era acreedor de varios jornales de 6 reales el mayoral de carros Alfonso Rodríguez, viudo sin hijos15. Las personas de avanzada edad solían ejercer ocupaciones por las que percibían remuneraciones exiguas, como declaraba en 1789 Francisco García, viudo en segundas nupcias, con tres hijos, que trabajaba para un calesero y ganaba un real diario, de lo que le debían algunos meses16.
Los bajos salarios, el desempleo periódico en algunos oficios, como la construcción, y la irregularidad de los pagos explican la “economía de la improvisación” a que se veía abocada la fuerza laboral menos cualificada, o incluso parte de la cualificada, como esos oficiales artesanos que ingresaban 6 reales o menos al día17. Para cubrir las necesidades básicas de comida, vestido y alojamiento, o afrontar gastos inesperados, se recurría a un repertorio de prácticas que traspasaban a veces la frontera de lo legal o moralmente lícito: compartir cuarto, muy frecuente entre los mozos y mozas solteros, realquilar habitaciones, alquilar camas, empeñar ropa y enseres, vender parte del propio ajuar en los baratillos o mercados callejeros que se abrieron en la ciudad (plazas de Santo Domingo, del Sol y el Rastro), pedir limosna, prostituirse, amancebarse, poner a los recién nacidos en la Inclusa por falta de medios para mantenerlos, solicitar ingreso en el hospicio, o incluso hurtar dinero, comida o ropa. Pero, junto a la mendicidad ocasional, práctica penalizada, era el recurso al crédito una de las estrategias de supervivencia más extendidas. No era solo que los bodegones, tahonas y otros comercios vendieran al fiado, sino también el recurrente intercambio de préstamos monetarios entre parientes, vecinos, paisanos o colegas de oficio18.
El año 1798 fue muy crítico en Madrid debido a la mala cosecha del año anterior y la subida del precio del pan y otros suministros básicos, incluida la vivienda. Es significativo que, a partir de esta fecha y en los años sucesivos hasta 1804, las últimas voluntades firmadas por los internos del Hospital General y La Pasión comiencen con la frase “por la calamidad e injuria de los tiempos me hallo muy pobre”, repetida de manera estereotipada en muchas declaraciones, que, sin embargo, revelan situaciones que hallamos en décadas precedentes. Por ejemplo, en 1803, Isabel Rubio, casada con dos hijos, vecina de Lavapiés, debe a dos vendedores de las plazas de abastos el importe de canastas de uvas que ha tomado a crédito para su venta ambulante, así como algunos reales a dos vecinas. De la misma vecindad, otras dos mujeres: María Orgaz, viuda, debe tres meses de alquiler (a 9 reales), 16 reales a una tendera, 27 reales a un vendedor del mercado por cuatro libras de hueso de tocino, y tiene empeñadas dos basquiñas. Por su parte, Casilda Murga, soltera, de 71 años, declara que una platera le debe algunos maravedís, y los efectos que hay en su cuarto –“de muy corta consideración”– se los lega a la mujer que vive en su compañía y la socorre19. Por otras fuentes sabemos que veinte años antes, Casilda era lavandera y fue prendida por la ronda de la Superintendencia de Policía bajo el cargo de mendicidad, enviándola al correccional de San Fernando, de donde salió poco después gracias al indulto que le concedieron. Su caso ejemplifica el de las numerosas viudas y solteras pobres que se ayudaban mutuamente compartiendo cuarto y cuidados, así como el de las lavanderas cuyos exiguos ingresos las empujaban a la mendicidad ocasional, por lo que son abundantes en los listados de detenidos por las rondas policiales20.
En resumen, aun cuando Madrid era una ciudad privilegiada, donde el suministro de pan estaba garantizado y su precio tasado, la población trabajadora, incluso una parte de la que gozaba de cierta cualificación, experimentó un deterioro de sus condiciones de vida en la segunda mitad del Setecientos, que se agravó todavía más en los dos últimos años de esa centuria y los inicios de la siguiente. Una buena parte sobrevivía por medio del crédito, el empeño, la ayuda mutua, la mendicidad y otras prácticas ilícitas por las que a menudo eran castigados con la reclusión en los hospicios o cárceles, o con el destino a las armas, la marina o trabajos forzados en las obras públicas.
1.1. El sistema de beneficencia y corrección en Madrid.
Asistencia y represión, caridad y castigo, son aspectos tan contradictorios como difíciles de deslindar en el ordenamiento jurídico de la Edad Moderna, al igual que lo son pecado y delito. La clasificación de los pobres en “verdaderos” u “honrados” y “falsos” o “viciosos” deshace aparentemente la contradicción. A los primeros se le asiste, a los segundos se les castiga. No obstante, la realidad de las condiciones en que se desenvolvían las clases populares hacían saltar estas clasificaciones rígidas, por lo que el pobre que lo era por carecer de medios de subsistencia, aunque se ocupase en algún empleo, a menudo era sometido a métodos de corrección y penalidad si era sorprendido pidiendo limosna sin licencia, sin domicilio fijo o embriagado21.
El primer internamiento de carácter civil que surge en Madrid es la Galera de las mujeres. Fundada en la primera década del XVII, se le dio el título de “recogimiento” y se puso bajo dirección de la Real Junta de Hospitales. Su objetivo era castigar a “las mujeres que no quieren someterse a servir y las vagamundas”22. Se trataba, por tanto, de una cárcel, como lo eran las de Villa y Corte, donde había salas femeninas y masculinas. La diferencia es que la Galera se destinaba únicamente a mujeres, a las que por primera vez se aplicó como pena la privación de libertad, mientras que el encierro en las otras cárceles referidas era sobre todo preventivo y, para los varones, provisional, en espera de ser enviados a los otros destinos referidos.
El internado de pobres más importante de Madrid era el Hospicio del Ave María, fundado en 1673, cuando la congregación homónima del convento de la Trinidad inauguraba un edificio construido a propósito en las afueras de la ciudad (actual calle de Fuencarral). A partir de 1712, con la consolidación de la monarquía borbónica, pasó a la jurisdicción civil, y tras un nuevo paréntesis eclesiástico iniciado en 1724, en 1747 se puso bajo la protección directa del rey, administrado por la Real Junta de Hospicios. Acogía a pobres de ambos sexos separados en dos cuarteles. Unos solicitaban el ingreso voluntariamente por hallarse en situación de extrema necesidad, caso de huérfanos, viudas y viudos de edad avanzada y personas físicamente incapacitadas para trabajar. Otros eran forzosos, como, por ejemplo, los jóvenes de ambos sexos que eran encerrados a petición de sus padres, tutores o amos para corregir su conducta, los varones detenidos por las rondas de policía que no podían ser enviados al ejército, la marina o las obras públicas por no dar talla o edad, y las mujeres también detenidas, generalmente por mendicidad. El hospicio tenía, por consiguiente, dos departamentos: los llamados de “misericordia” y de “corrección”23.
En 1766, a raíz del motín contra el ministro Esquilache, se habilitaron unas dependencias en una Real fábrica abandonada en el Real Sitio de San Fernando, para encerrar a las personas prendidas en las redadas efectuadas por orden del conde de Aranda una vez sofocado el motín. Esta institución tuvo desde su inicio un claro carácter penal, como indica que su primera denominación fuese la de “casa de corrección de San Fernando”, aunque posteriormente adquiriese también la denominación de hospicio y se pusiera bajo la jurisdicción del Hospicio del Ave María. San Fernando poseía asimismo dos cuarteles separados para hombres y mujeres. Este último, a partir de 1782, se convirtió en una penitenciaría femenina para todo el reino. En 1801, debido al mal estado del edificio, se trasladó a sus internos al Hospicio de Madrid, donde permanecerían. Este hecho, como veremos más adelante, agudizó los problemas de esta institución.
Fueron también los sucesos de 1766 los que incentivaron a las autoridades cortesanas para la creación en 1778 de las Diputaciones de Caridad en cada uno de los 64 barrios en que se había dividido la ciudad en 1768. Dependientes de la Real Junta de Caridad, estas diputaciones, también llamadas “de barrio”, tenían la misión de prestar ayuda y empleo a los vecinos necesitados de sus circunscripciones. Los fondos provenían tanto de la Junta como de las limosnas que los diputados estaban comisionados a recoger para invertir en los socorros.
La asistencia específica a la infancia desvalida era proporcionada, en primera instancia, por la Inclusa, para niños expósitos, que desde 1579 ocupaba un edificio en la Puerta del Sol, entre las calles del Carmen y Preciados. La proporción de criaturas allí depositadas respecto al número de nacimientos fue del 12,48 por ciento en 1769 y alcanzó el 35,68 por ciento en $1 8 0 4 ^ { 2 4 }$ . El índice de mortalidad en este establecimiento era alto, del 77 por ciento entre $1 7 6 4 \ y \ 1 7 8 7 ^ { 2 5 }$ . Aunque no contamos con estos datos para los primeros años del XIX, es posible que dicha tasa fuese aún más elevada durante ese período crítico. Los niños y niñas que lograban alcanzar la edad de 7 años y no habían sido adoptados eran trasladados al Real Colegio de los Desamparados o al de Niñas de la Paz, que era solo femenino. Existía también otro colegio de huérfanas, el de Santa Isabel, para hijas de funcionarios. Todos ellos dependían de la Real Junta de Hospitales.
Junto a esta red institucional de carácter civil, seguía operando la tradicional caridad eclesiástica, que se distribuía en conventos y parroquias, además de fundaciones de carácter religioso como la Real Hermandad del Refugio. Esta última, fundada en 1618, estaba compuesta por nobles, consejeros estatales y eclesiásticos, comprometidos en obras de caridad para la salvación de sus almas. Contaba con un albergue para pobres sin hogar, un servicio de sillas para transportar a heridos y enfermos a los hospitales capitalinos, y efectuaba rondas y visitas a los pobres enfermos en las calles o sus domicilios 26.
Este entramado asistencial de carácter paternalista convivía con los mecanismos de ayuda mutua organizados por las propias clases populares de Madrid. Las cofradías de los gremios, así como las hermandades de socorro compuestas por trabajadores de diferentes oficios, que proliferaron en el siglo XVIII, cubrían los gastos de entierros y funerales además de prestar ayudas a los hermanos y sus familias en caso de enfermedad, orfandad o viudedad27. Las referidas redes informales de crédito funcionaban asimismo como relaciones de reciprocidad que permitían solventar, al menos temporalmente, situaciones carenciales. También destacable era la acogida de huérfanos y viudas pobres, no siempre parientes, por parte de familias de artesanos y comerciantes. Los libros del Hospital General están llenos de escrituras de prohijamiento suscritas por ese sector del mundo del trabajo que gozaba de una situación económica más desahogada.
1.2. Crisis de subsistencias, represión y protesta social.
Es un hecho ampliamente demostrado que, en las sociedades del Antiguo Régimen, el pan era el alimento básico de la población trabajadora así como el principal motor de la protesta social ante su carestía, escasez o fraude en el peso. En Madrid, mantener este bien básico a precios asequibles era una de las mayores preocupaciones de las autoridades para asegurar el orden social, sobre todo tras la experiencia del motín contra Esquilache y los acontecimientos franceses de 1789. Sin embargo, como vimos en el apartado anterior, la rebaja de los salarios reales y el alza continuada de los precios, especialmente durante los últimos años del siglo XVIII, propició que este alimento representara un porcentaje cada vez mayor de los presupuestos de las familias trabajadoras28.
A partir de $1 7 9 8 \ { \mathrm { y } } ,$ , sobre todo, en los años 1801-1804, la ciudad fue testigo de la llegada masiva de pobres procedentes del área periurbana y las dos Castillas en busca de trabajo o asistencia. De hecho, entre 1797 y 1804, la población de Madrid aumentó en 10.000 almas, aunque este crecimiento fue probablemente mayor dado que los censos de esos años no registran a la población flotante. Para evitar la llegada de este “ejército de la miseria”, las autoridades cortesanas optaron por emitir órdenes de expulsión de aquellas personas que no tuviesen domicilio fijo en la ciudad, y de detención de quienes se sorprendiese pidiendo limosna. En 1801, la restablecida Comisión de Vagos, que había sido suspendida el año anterior, detuvo a 1.158 pobres, aunque no todos eran forasteros. De ellos, 499 fueron liberados bajo apercibimiento, 326 desterrados, 112 destinados a las armas, 111 al Hospicio, 58 a la marina, 32 mujeres a la Galera, 10 varones a las obras del Camino Imperial, 7 a presidio y 3 a bajeles29. Las mismas providencias se tomaron en años sucesivos. La de 1802 incluía una orden para que salieran de la ciudad las mujeres casadas con marido ausente30, mientras que, en 1803, las rondas de la Comisión de Vagos prendían a un total de 2.325 pobres, más del doble que en $1 8 0 1 ^ { 3 1 }$ .
Entre el mes de agosto de 1800 y mayo de 1804, el precio de la fanega de trigo aumentó un 237 por ciento. Las autoridades se vieron obligadas a reforzar el intervencionismo para mantener a Madrid abastecida y prevenir una revuelta social en la urbe. No obstante, los grandes esfuerzos desplegados en este sentido no pudieron evitar que las entradas de grano en el Pósito madrileño resultasen claramente insuficientes, y nulas en $1 8 0 4 ^ { 3 2 }$ . En 1801 la escasez de pan ya se hacía sentir en la capital, situación que se agravó durante el crudo invierno del año siguiente. A los fallos en la administración del abasto se sumaron los motines populares que en 1802 estallaron en los sitios productores de Castilla, para impedir la saca compulsiva de trigo con destino a la corte33.
En Madrid, una nueva subida del precio del pan en el mes de marzo de ese año, que pasó de 14 a 16 cuartos, junto a su escasez y las prácticas fraudulentas de los panaderos, prendieron la mecha del descontento social34. El 6 de abril, se produjo un tumulto en la plazuela del Rastro, el segundo mercado de abastos más importante de la ciudad después de la plaza Mayor, en el curso del cual se quemaron los 9 cajones que había de este producto, “acompañado todo de un grande alboroto y algazara”. Ante el temor de que la revuelta se extendiera a otros puntos de la ciudad, las autoridades redoblaron la vigilancia de las rondas durante toda la noche y el amanecer, teniendo prevenida a la tropa para que acudiera en auxilio en caso de necesidad, al tiempo que ordenaban tener provistos los puestos de distribución de pan, sin fraude en el peso, bajo durísimas penas. Un destacamento militar quedó apostado de forma permanente en dicha plazuela. Dos días después, se iniciaban las diligencias para averiguar quiénes habían estado a la cabeza del tumulto. En la noche del 9 al 10 de abril se detuvo a 7 mujeres y 5 varones: Eugenia Reboredo, Manuela Álvarez alias Mariquitis, Bernardo de Castro, Domingo Feyto, Nicolasa García alias la Melonera, Tomasa y Francisca Bardo, Manuela Sánchez, Bartolomé García, Antonio Daroca el Calesero, Juan Antonio Pérez y Ana Sánchez35.
En mayo, 26 personas habían sido encausadas por este alboroto, aunque a dos se las puso en libertad por no haber orden de detención contra ellas, a otras dos se las apercibió y dos más quedaron en la cárcel en calidad de testigos. Al resto se les impusieron diversas penas: destierro, trabajos forzados en el Camino Imperial y diez años de destierro, servicio de armas, y reclusión en el Hospicio por cuatro y cinco años, castigo este último aplicado a las mujeres, que fueron mayoría entre los amotinados, como solía ser la norma en los motines de subsistencias. Se emitió, además, orden de captura contra un prófugo, apodado el Chuli, y se tomaron providencias contra la llamada Casa del Cura, donde vivían 174 vecinos –“todos gente a lo que sale y jornalera”–, que se sospechaba habían participado en el alboroto36.
En el mismo mes de mayo, el monarca pedía explicaciones por la “conmoción de gentes” que se había producido durante tres sucesivos traslados en horas diurnas de varias mujeres al Hospicio, entre ellas las encausadas por el alboroto del Rastro. Estas protestas, protagonizadas probablemente por los parientes y vecinos de las reas, se produjeron a pesar de que se las llevaba en un carro cubierto, y no de pie, “para evitar todo alboroto”, y que las comitivas iban reforzadas con soldados de infantería37.
Para paliar el previsible aumento del hambre durante el invierno de 1803, una Real Orden de 18 de noviembre ordenaba el establecimiento en todas las partes del reino las llamadas “comidas económicas”, versión de las “sopas económicas” del conde de Rumford, cuya obra tradujo la Real Sociedad Económica Matritense. Estos potajes, compuestos de patatas entre varios otros ingredientes, tenían un coste de un real por ración, según cálculo de la Matritense, que, mediante anuncio en el Diario de Madrid, hizo un llamamiento a las clases pudientes para que se adhirieran a la suscripción que abrieron al efecto, con objeto de sufragar este “fin patriótico”. Para el reparto de las comidas, se establecieron cuatro puntos de distribución en la ciudad y un sistema de control para que solo se beneficiaran de ellas “los artesanos y jornaleros honrados” avecindados. Se excluía a los forasteros que no tuviesen residencia en Madrid anterior al mes de agosto de ese año 38.
Este proyecto dejaba desprotegido, por tanto, al ejército de la miseria que ya colmaba las calles de la capital, siendo sus únicas alternativas de alojamiento y asistencia el Hospicio, los conventos, vecinos particulares que ofrecían socorros de algún tipo y la Hermandad del Refugio, cuyo albergue daba alojamiento y comida por tres días. Durante ese crudo invierno, las solicitudes de admisión en él aumentaron sobremanera. El albergue, que tenía capacidad para 24 personas, llegó a acoger a más de cien pobres y enfermos, en unas condiciones de apiñamiento que aumentaban el riesgo de contagio. Al hambre se añadía las epidemias de paludismo y de fiebre amarilla que se había propagado desde el sur peninsular. La desesperación de los pobres que no pudieron ser admitidos en el albergue del Refugio dio lugar a episodios de violencia contra los miembros de la hermandad, que fueron insultados, perseguidos por las calles e incluso amenazados de muerte39.
La situación de penuria se hacía sentir asimismo dentro de los muros de las prisiones, donde las condiciones de reclusos y reclusas venían siendo comúnmente lamentables. Ya en 1794, en la Galera, protestaban las presas por la sed que padecían al haberse secado la fuente de la casa y de que el pan que se les daba era agrio y malo. En 1799, la condesa de Casasola, secretaria de la Junta de Damas, se quejaba de la mala alimentación de las reclusas en esta institución:
Los viernes la pitanza [...] se compone exclusivamente de una sopa de garbanzos en la que nadan algunos trozos de pan, y encima se sospecha que sean las sobras del puchero de las enfermas: En los viernes de cuaresma, la cena se reduce a un caldo de agua con un poco de aceite y pimiento40.
La inquietud y malestar entre las internas de esta cárcel se hace notar a partir de 1801, cuando se producen una serie de conatos de fugas y alborotos, que no han dejado mucho rastro documental. Sabemos que, en enero de 1805 se produjeron “desórdenes”, que se repitieron de forma intermitente, hasta que “el motín de San Joseph” de 1808 excarceló a las que había presas en ese momento41.
2. CRISIS DE SUBSISTENCIAS Y COLAPSO DEL SISTEMA ASISTENCIAL.
Desde comienzos de 1804, el número de mendigos en las calles de Madrid alcanzó un volumen alarmante para las autoridades capitalinas. Según señalaba el gobernador de la Sala de Alcaldes:
Por el mes de febrero de este año, se notó en esta corte un crecido número de pobres mendigos de ambos sexos a quienes la miseria obligó a abandonar los pueblos y buscar socorro en los poderosos y en las limosnas de la corte. Los más de ellos estaban enfermos por la falta de alimento, no tener donde albergarse, y dormir juntos y hacinados en distintos parajes de la población, especialmente en los Portales de la Plaza Mayor42.
Los casos particulares de individuos durmiendo o deambulando por las calles en condiciones de extrema miseria se multiplican en la documentación relativa al año 1804. A este respecto, son relevantes los datos que ofrece la Mesa de Madrid de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Castilla, donde se recogen cientos de testimonios de la situación que se vivía en Madrid:
El 2 de este mes [de enero] a las diez de la noche [...] recogió un muchacho de doce años en cueros sin arbitrio para alimentarse y recogerse [...] yerto de frío y extenuado de necesidad [...] Se recibió declaración al muchacho que dice llamarse Santos Gómez, edad de doce años, natural del lugar de Ara del Rey a ocho leguas de Segovia, pobre de solemnidad, que se mantiene de limosna, hijo de Ramón Gómez y de María ya difuntos, y que había venido a esta corte con el objeto de buscar un Maestro que le enseñe oficio43.
En efecto, el grueso de esta inmigración de la miseria llegaba a la capital con el fin de buscar empleo o, al menos, lograr mantenerse al amparo de la red asistencial:
Manuel Chicote, vecino de la villa de Villarrubio [...] hace presente [...] que con motivo de hallarse con la edad de cerca de 60 años y con dos criaturas de tierna edad y huérfanas, [...] suplica se digne el providenciar para meterlos en el Santo Hospicio para que [les] enseñen alguna educación y donde no espera merecer algún socorro de la inalterable piedad de V. E para conducirse a la referida villa $[ . . . ] ^ { 4 4 }$ .
La llegada de representantes de la inmigración de la miseria no era novedad en la capital, como tampoco lo había sido a lo largo del Setecientos. Sí lo era, empero, el excepcional número de mendigos que a comienzos de 1804 inundaba las calles. Para entonces, los mecanismos de control de la corte muestran serios problemas para dar una respuesta eficaz a la afluencia de inmigrantes, y sus actuaciones se reducen al envío de los menesterosos a instituciones como el Hospicio y otros centros asistenciales, recurriendo incluso a recogerlos en los cuarteles de Inválidos de la capital.
Una de las razones del hacinamiento de pobres en los portales de la franja central de la Villa era la incapacidad del Hospicio de acoger al creciente número de migrantes que llegaba a Madrid. Sin embargo, no eran solo la extrema pobreza y el desbordamiento de los mecanismos de asistencia los causantes de que los recién llegados durmiesen a la intemperie, sino también el grave problema de alojamiento que existía en la capital, donde la subida de precios del alquiler de habitaciones había llevado a que muchos fueran incapaces de “pagar el hospedaje en algunas que hay en esta corte para esta clase de necesitados”, ya que los dueños habían “aumentado su alquiler en proporción del crecido número de pobres que las pretenden”45.
Con el objetivo de frenar la avalancha de mendigos que afluían desde los diferentes puntos de la geografía peninsular se recurrió, al igual que en años anteriores, a disposiciones como la Real Cédula de 25 de marzo, que ordenaba “a todas las personas y familias [...], de cualquiera estado, calidad y condición [...], y se hallen en Madrid sin oficio ni domicilio verdadero [...] salgan de la corte y se restituyan a sus respectivos Pueblos y Provincias”. Ello implicaba que los alcaldes de los diferentes cuarteles de la ciudad debían perseguir a quienes contravinieran la norma, pero la imposibilidad de enviarlos al Hospicio –por su situación de desbordamiento– o repatriarlos a sus lugares de origen –por falta de fondos para llevarlo a cabo– reducía el margen de acción de los magistrados.
A comienzos de abril, la concentración de mendigos en los portales de la Plaza Mayor, de la Provincia y Santa Cruz, además de la calle Mayor, Toledo y aledañas, llevaron a los más señeros representantes del capital mercantil a ofrecer al gobernador del Consejo la estimable suma de 5.000 reales para que las autoridades procediesen a retirar a los mendigos. Este fue el caso de Francisco Antonio de Bringas, miembro de los Cinco Gremios Mayores, que había visto cómo a las puertas de su establecimiento “continúan los pobres recogiéndose a pasar la noche en el Portal de Paños y sus inmediatos; que se ha muerto alguno allí mismo, y que se experimenta una especie de mal en los mancebos de las tiendas [...] que indica mal carácter”, entre otras razones por miedo a que “se propagasen por desgracia los males de que adolecen algunos, o tal vez todos los expresados necesitados”46.
A la Sala de Alcaldes llegaban también quejas de la cantidad de mujeres que dormían a la intemperie por falta de albergue donde pernoctar, junto a peticiones de algunas, como María Torrejón y “compañeras”, que solicitaban permiso para recoger trapo y papel de los basureros, a pesar de la prohibición del gremio de traperos, porque “no hallan otro modo de huir de la miseria”47. La Sala les concedió licencias temporales, y ordenó a los alcaldes de cuartel abrir albergues en distintas zonas de la ciudad, donde a los pobres no se les darían camas por temor a que se las llevasen a la mañana siguiente. Fue entonces cuando, empleando el dinero del referido Bringas, se habilitó una nueva sala en el Departamento de Corrección del Hospicio para dar alojamiento a mujeres con hijos. Las acogidas únicamente podrían pasar allí las noches, teniendo que salir por la mañana a buscar su sustento ante la incapacidad de la institución para mantenerlas. En el caso de los varones, la falta de espacio en el establecimiento llevó a su director a alquilar un antiguo obrador de coches en la cercana calle de la Palma para alojarlos. La misma solución había sido tomada por el Juez de Policía en el número 12 de la calle Mira el Río Alta48.
Mapa 1 RONDAS DE LOS ALCALDES DE CUARTEL EN LAS AFUERAS DE LA CORTE LA NOCHE DEL 10 DE JUNIO DE 1804.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en AHN, Consejos, lib. 1.394, ff. 820-ss.
El hacinamiento en el interior de la cerca y la presión ejercida por las instituciones cortesanas sobre los inmigrantes provocaron que muchos menesterosos buscasen cobijo en tejares y otras instalaciones de los alrededores de la capital, en algún tipo de infravivienda improvisada o que incluso –ya en junio de $1 8 0 4 -$ terminaran pernoctando al raso aprovechando el calor de las fechas veraniegas. Advertida la Sala de Alcaldes al respecto, la noche del 10 de junio se llevó a cabo un “reconocimiento de los tejares, ventorrillos, lavaderos y demás casas de las afueras de esta corte”49. Los ocho alcaldes de cuartel cuyas demarcaciones delimitaban con la cerca (además del alcalde de San Martín) se distribuyeron por el territorio circundante acompañados de sus rondas –compuestas por alguaciles, porteros y escribanos–, los alcaldes de barrio de su circunscripción y vecinos convocados por estos. Las rondas se dotaron además con varios destacamentos militares (véase Mapa 1).
Desde el establecimiento de la Corte en Madrid, el crecimiento urbanístico había quedado delimitado por los palacios reales en su eje esteoeste, por lo que fueron los arrabales septentrional y meridional los que acogieron al grueso de los mendigos instalados en las afueras de la ciudad. Asimismo, fueron las rondas de alcaldes de los extremos norte y sur las que tuvieron un mayor alcance y abarcaron mayor superficie. El reconocimiento de las afueras tuvo como resultado “la aprehensión de un crecido número de personas, entre hombres, mujeres y niños”, a quienes se condujo a los calabozos de vivac y a la Cárcel de Corte “por no tener domicilio unas, otras por abandonadas y otras por mendigar”. Al día siguiente se formó la sumaria con el fin de destinarles lo antes posible a las armas, la Marina o el Hospicio, o bien restituirles a sus lugares de origen.
Como señalamos anteriormente, el Hospicio de Madrid albergaba desde 1801 a los reclusos y reclusas procedentes del Correccional de San Fernando, cuyas instalaciones se cerraron definitivamente ese año por el mal estado del edificio. Hacia 1804 el Hospicio arrastraba una deuda de cuatro millones de reales, y sus graves problemas de financiación apenas le permitían alimentar a la familia de pobres alojada en sus dos filiales: el Departamento de Misericordia, que contaba con 891 pobres de ingreso voluntario, y el Departamento de Corrección, cuya población reclusa condenada por diferentes delitos alcanzaba los 429 internos. A ellos se sumaban cuarenta individuos dependientes de la institución50. La documentación relativa a la visita de hospicios de septiembre de ese año nos ofrece un perfil de los reclusos de San Fernando, correspondiente al de un varón joven cuyo delito era carecer de residencia, no estar sujeto a un oficio o la autoridad de un adulto, o simplemente pedir limosna; es decir, las prácticas asociadas a la pobreza que las autoridades ilustradas criminalizaban. Estos jóvenes aparecen a su vez ligados a unidades domésticas en situación de necesidad, acuciadas por la enfermedad o viudedad de los progenitores u otras contingencias51.
La Junta General de Caridad, por su parte, se vio asimismo afectada por una grave crisis financiera. Sus fondos ya comenzaron a experimentar una espectacular caída durante los años críticos de 1797-1798. En los primeros del XIX se hallaban totalmente agotados debido a que el Estado dejó de contribuir las subvenciones y la Junta dependía cada vez más de la partida de limosnas, siempre imprecisa y difícil de engrosar. Esta situación repercutía en las Diputaciones de Caridad de los barrios, que se vieron desprovistas de los medios financieros para socorrer las necesidades más urgentes de los vecinos52. Un diputado escribía al Diario de Madrid el 13 de marzo de 1804 exponiendo los apuros por los que estaban pasando estas instituciones: “experimento lo poco que se recoge pidiendo limosna por las casas, ya porque todos dicen tienen pobres a quienes socorrer por su mano, y ya porque dudan de su legítima inversión”53. Esto lo expresaba en respuesta a los muchos proyectos de suscripciones caritativas que se proponían en las páginas de los periódicos, sin que ninguno se materializara. Por eso el diputado concluía: “más fácil sería [...] que se inventase [la moda] de encargarse cada pudiente de hospedar en su casa, u otra que tomase, alimentar y vestir [...] a uno, dos o más pobres o familias”.
Lo cierto es que el fallo de los mecanismos de asistencia abandonó a los pobres desvalidos a su suerte. Esto, junto a los estragos de la epidemia, explica las más de 11.300 personas que fallecieron en Madrid en 1804, doblando la cifra del año anterior54. Un pico de mortalidad que no se superaría en todo el siglo.
2.1. La recolección general de mendigos de 1805.
El 5 de enero de 1805, el director del Hospicio Luis García Puerta recibe orden del conde de Montarco, a la sazón gobernador del Consejo de Castilla, por la que le comunica el plan diseñado para expulsar definitivamente a los mendigos de la capital. La misiva comenzaba así:
Los mendigos vagos y pordioseros que inundan esta corte se han desordenado ya en tales términos que exponen la salud pública, además de ofender las costumbres, perjudicar a la seguridad, incomodar continuamente al vecindario, en las calles, en los paseos, en las iglesias, y en todas partes ofreciendo en espectáculo su asquerosidad, miseria y falta de pudor para excitar la caridad pública55.
El plan ideado por Montarco y Godoy contaría con la financiación de este último para cubrir los primeros gastos de su ejecución. Se designaba también a un individuo de su confianza para llevarlo a cabo, el antiguo general de la Armada y canónigo de Valencia Juan Vicente Yánez, que serviría de enlace con el director de los hospicios. En su carta, Montarco ordenaba llevar a cabo una centralización de las limosnas en el Hospicio de Madrid, ya que las subvenciones de particulares se consideraban fundamentales para arrostrar los gastos de la recolección. La búsqueda de fondos se realizó incluso a través un artículo de varias páginas publicado en el Diario de Madrid, y entre los primeros contribuyentes aparecen una vez más los miembros de los Cinco Gremios Mayores, como Santiago Larramendi, quien concede un préstamo en vales por valor de 120.000 reales56. Montarco buscó también financiación estatal con la que ejecutar el plan, intercediendo para la remisión de fondos al Hospicio desde la Colecturía General de Expolios.
Asimismo, los conventos serían obligados a entregar al Hospicio las limosnas y raciones que se venían repartiendo a sus puertas desde hacía siglos, en un ejemplo claro de la secularización del sistema asistencial preconizada por las autoridades ilustradas. A mediados del mes de enero los religiosos de Santa Bárbara, Carmen Descalzo, Recoletos, Santo Tomás, Salesas Nuevas, Jesús, San Francisco el Grande, Capuchinos de la Paciencia y Capuchinos del Prado ya remitían las sobras de sus comidas a la institución, donde a duras penas se lograba suministrar una ración diaria a los internos. El mismo procedimiento comenzó a observarse en las fondas:
el 17 de enero, el alcalde del cuartel de Lavapiés Tomás Moyano detiene a 18 mendigos que estaban tomando caldo en la de los Milaneses de San Sebastián. Tres días más tarde aprehende a otras 23 personas que esperaban el reparto de comida que Francisco Pic ofrecía en su carnicería de la Plaza Mayor, advirtiendo al dueño que si quería repartir carne debía llevara al Hospicio.
Finalmente, el plan incluía la reducción de la cifra de internos del Departamento de Corrección de San Fernando, con el fin de acoger a un mayor número de mendigos.
La recolección daba comienzo la noche del 5 de enero, y durante los meses en que duraron las redadas se llegó a internar a 3.468 pobres57. Tras su detención, los mendigos eran enviados al Hospicio, donde se anotaba su filiación y eran reconocidos por el médico y el cirujano de la institución, distinguiendo entre enfermos y sanos. La evaluación positiva de estos últimos resolvería su remisión al Ejército o la Marina. El total de detenidos se contabilizaba dos veces al día, enviando informes puntuales a Montarco y Godoy. Disponemos de datos diarios de la recolección entre los meses de enero y mayo, incluyendo el sexo, la edad, el número de los destinados a los hospitales de la corte, los fallecidos allí y en el Hospicio, los remitidos a sus obispados de origen y los puestos en libertad.

Mapa 2 CUARTELES EN QUE FUERON DETENIDOS 1.482 MENDIGOS ENTRE EL 5 DE ENERO Y EL 28 DE MARZO DE 1805.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en AHN, Consejos, leg. 9439.
Es significativo que el grueso de las detenciones entre los meses de enero y marzo se efectuaran en los cuarteles populares de la capital, como muestra el Mapa 2. A pesar de las referencias contemporáneas a la concentración de individuos en los portales de la franja central de la ciudad, fueron las rondas de los cuarteles periféricos las que recogieron un mayor número de mendigos. La documentación alude a grupos de individuos sin domicilio, sin oficio o mendigos recogidos en fondas, en las posadas de la calle Toledo o en los cobertizos de Las Vistillas de San Francisco, pero estas cifras probablemente incluyan también las rondas que los alcaldes llevaban a cabo en las afueras de la corte, a las que nos hemos referido anteriormente. A este respecto cabe destacar la creación de una ronda específica en las afueras septentrionales de la cerca, que ya por entonces se denominaba “Cuartel Alto”. La concentración de mendigos en la zona y el reconocimiento de ese espacio como una entidad diferenciada del resto de la ciudad llevó a las autoridades capitalinas a otorgar a Livinio Stüyck funciones similares a los alcaldes de cuartel en materia de recolección de mendigos58.

Figura 1 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LOS MENDIGOS RECOGIDOS ENTRE EL 6 DE ENERO Y EL 20 DE MAYO DE 1805.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en AHN, Consejos, leg. 9439.
En lo referente a la distribución por sexo y edad, los registros de entrada y los recuentos diarios del Hospicio demuestran una proporción ligeramente superior de varones frente a las féminas, así como un mayor protagonismo de los adultos respecto a niños y adolescentes, tal y como podemos observar en la Figura 159.
El elevado número de individuos remitidos cada día al Hospicio de Madrid obligó a restructurar la administración de la institución mediante la creación de un nuevo Departamento denominado “de mendigos”, dotado de un administrador independiente y oficinas propias para su gestión60. La llegada de este nuevo contingente de internos supuso un revés casi definitivo para las maltrechas arcas de la institución, incapaces ya de asegurar los mantenimientos básicos de los cientos de hospicianos que diariamente eran admitidos en el nuevo departamento (véase Figura 2).

Figura 2 ENTRADAS DIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MENDIGOS DEL HOSPICIO DE MADRID ENTRE EL 5 DE ENERO Y EL 15 DE MAYO DE 1805.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en AHN, Consejos, leg. 9439, expresados en escala logarítmica.
Durante las primeras semanas, las condiciones de encierro fueron realmente lamentables. Los testimonios del director del Hospicio hablan de cientos de individuos hacinados en salas sin camas ni jergones, vestidos con los harapos que portaban y sin apenas posibilidad de ser alimentados. A este respecto son bastante elocuentes las cifras que proporciona el estado diario de internos recogidos en el nuevo departamento del Hospicio. Si el conjunto de hospicianos encerrados en las salas de Misericordia y Corrección había alcanzado a finales del Setecientos la cifra máxima de 2.439 individuos, a mediados del mes de febrero de 1805 solo el de Mendigos rozaba los 2.000 internos (ver Figura 3)61. La dirección de la institución debió hacer frente entonces al mantenimiento de aproximandamente el doble de internos que hasta entonces había alojado, precisamente en el momento en el que su situación financiera se había tornado insostenible por las causas ya señaladas.

Figura 3 ESTADO DIARIO DEL NÚMERO DE INTERNOS EN EL DEPARTAMENTO DE MENDIGOS ENTRE EL 6 DE ENERO Y EL 20 DE MAYO DE 1805.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en AHN, Consejos, leg. 9.439.
El problema del hacinamiento se vio agravado por la precaria salud que muchos internos padecían en el momento de su detención. El director Luis García Puerta señalaba el 10 de enero la necesidad de “desnudar de las miserables ropas infectas a los mendigos”, pues muchos de ellos eran portadores de enfermedades contagiosas que encendieron las alarmas de los administradores. Sin embargo, los enfermos no fueron derivados a los hospitales General, de La Pasión y San Juan de Dios hasta días más tarde, por temor a que se pudieran escapar en el traslado o tras su ingreso en el hospital. En el de San Juan de Dios –dedicado a enfermos venéreos– se ordenó la ampliación del número de camas para dar cabida a los enfermos remitidos desde el Hospicio, donde se comenzaba ya a desalojar la sala de soldados Inválidos inhábiles (cuerpo de seguridad de la Corte), para disponer de un mayor número de plazas62.

Figura 4 NÚMERO DE FALLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE MENDIGOS DEL HOSPICIO DE MADRID ENTRE EL 11 DE ENERO Y EL 15 DE MAYO DE 1805.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en AHN, Consejos, leg. 9439.
Ante la imposibilidad de los hospitales de absorber el flujo diario de enfermos (ver Figura 3), los administradores del Hospicio procedieron a fumigar las salas de la institución con cloro, a hacer riegos de vinagre y mantener constantemente ventiladas las estancias63. Pero, a pesar de las medidas adoptadas, en las comunicaciones entre el administrador del Hospicio y Montarco no cesan las referencias a los fallecidos en las hacinadas dependencias de la institución (ver Figura 4), a las múltiples enfermedades y a la debilidad que sufrían los pobres remitidos al departamento recién creado. A mediados de enero se informaba del caso de dos ancianos “cuya debilidad senil, desnudez y estación rigurosa han producido una muerte repentina”, así como de diarreas, cólera, enfermedades venéreas, catarros, reuma y un largo listado de dolencias que sufrían los recién llegados. Muchas de estas enfermedades estaban ligadas a la desnutrición sufrida por los inmigrantes, quienes se habían desplazado a Madrid con la esperanza de aliviar su hambre al cobijo de la red asistencial madrileña. Sin embargo, la dieta de los mendigos recogidos en el Hospicio se basaba principalmente en lo remitido por las comunidades religiosas de la capital, y la guiropa que se repartía solo alcanzaba a una parte de los necesitados, mientras que el resto debía conformarse con potajes y menestras condimentados con los mendrugos de pan que llegaban a la institución.
El 10 de enero, el director del Hospicio señalaba los problemas financieros que estaba teniendo para asistir a los pobres recogidos, solicitando “entre otros, lienzo para camisas, forros, mil pares de zapatos, de alpargatas, medias y calcetas, juegos de tablas y banquillos, jergones de cáñamo y estopa y paja para rellenarlos, lienzo para sábanas, etc.”. Sin embargo, Montarco insistía en que el plan únicamente concebía la remisión de los pobres a sus lugares de origen, quedando en el Hospicio únicamente aquellos cuya situación así lo requiriera. Esto haría que los caudales necesarios no fuesen tantos como se solicitaban, recordando además que –a pesar de no haber encontrado Yáñez fondos suficientes– el plan diseñado entre Godoy y él debía observarse inviolablemente. Los pobres debían entregarse a las Justicias de sus lugares de origen, advirtiendo que si los mendigos volvían a Madrid las mismas Justicias arrostrarían los costes de su envío.
García Puerta decide, empero, financiar a crédito propio los géneros necesarios para confeccionar camisas, sábanas y vestidos, organizando cuadrillas de muchachas y sastres del vecino Departamento de Misericordia para tal fin. Asimismo, el director provee también la compra del calzado necesario para los internos64.
Mapa 3 DIÓCESIS DE ORIGEN DE 1.160 INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE MENDIGOS DEL HOSPICIO DE MADRID, 4 DE FEBRERO DE 180565.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en AHN, Consejos, leg. 9439.
Finalmente, el 13 de febrero de 1805 Godoy daba la orden de enviar a los mendigos a sus diócesis de origen. Conocemos la vecindad de 1.160 de ellos. Solo de la vasta diócesis de Toledo procedían 473 individuos, mientras que los representantes del obispado de Cuenca alcanzaban los 115, si bien las cifras globales demuestran que el grueso de la inmigración de la miseria llegada a Madrid provenía de ambas Castillas (76,29 por ciento), regiones especialmente castigadas por la crisis de 1803-1805 (ver Mapa 3).
La remisión de pobres a sus respectivos obispados se iniciaba el día 19 de febrero, con la conducción de cerca de un centenar de individuos a Valladolid y otros 70 a Sigüenza. Los envíos se sucedieron periódicamente hasta el 20 de marzo, llegándose a transportar más de medio millar de mendigos. Para el acarreo de los detenidos se emplearon los carros de pan del Pósito, conducidos por los mismos capataces que se encargaban del abasto de Madrid. Las cuentas del administrador del Departamento de Mendigos, Pedro Pablo Abad, muestran una relación detallada del coste de cada caravana y la composición de las comitivas, que constaban de 6 a 12 carros repletos de mendigos conducidos por los citados capataces, un número variable de comisionados encargados de la entrega en el obispado de origen, una escolta de 6 a 12 soldados con sus respectivos cabos y sargentos, y la ayuda de un hospiciano encargado de tareas auxiliares como el reparto del pan, etc. Durante los viajes, que variaban entre los 7 días que tardaron las caravanas a Cuenca y los 12 empleados en llegar a León, algunos mendigos llevaban a cabo las tareas de cocina a cambio de unas exiguas adehalas o gratificaciones, preparando el arroz, patatas y pan provistos en Madrid66. Solo las primeras cinco caravanas que salieron entre el 19 y el 28 de febrero de 1805 supusieron un dispendio de 65.773 rs. y 22 maravedís a las arcas del Hospicio67.
CONCLUSIONES.
La crisis de 1803-1805 en Madrid puso de manifiesto que los mecanismos de asistencia y control de la población pauperizada, que habían sido objeto de especial atención por parte del Estado desde la década de 1770, dejaron de ser una prioridad para el gobierno de Godoy. Los enormes fondos que detrajeron las guerras, primero con Francia y después con Inglaterra, no constituyen el único factor explicativo del desinterés de dicho gobierno por dotar de recursos suficientes a las instituciones asistenciales. Estas fueron, de hecho, abandonadas a su suerte por quien sería también llamado, irónicamente, “Príncipe de la Beneficencia”, en una coyuntura de ingresos decrecientes ya notable en los últimos años del XVIII. Un declive que se agudizó tras el proceso desamortizador de Godoy, que golpeó uno de los puntales sobre los que se habían apoyado unas instituciones de beneficencia paternalistas, que se hallaban en un rápido proceso de secularización.
Para la mayoría de la fuerza laboral de Madrid, que venía arrastrando una vida al límite de la subsistencia desde tiempo atrás, la crisis finisecular y los catastróficos primeros años del XIX pusieron esa vida por debajo de dicho límite, en el hambre, la desnudez y la enfermedad, al igual que a ese ejército de campesinos despojados que llegaban a la capital buscando medios de supervivencia. Pero la crisis también puso al descubierto la incapacidad de la arruinada red asistencial para hacerle frente, así como el desafío que aquella supuso para un sistema de control social desbordado, que optó por la represión y la militarización del orden público. Las rondas policiales de vigilancia se reforzaron con los contingentes militares acantonados en la ciudad para redoblar la labor represiva y prevenir conatos de motín, como el acaecido en el Rastro en 1802. Esta labor parece que cumplió en gran medida sus fines: si las fuentes dejan entrever un mar de fondo de agitación e inquietud social, en Madrid, la población pauperizada no levantó olas de protesta masiva como lo hizo en otros lugares de las dos Castillas.
Para la creciente marea de mendigos, hambrientos y enfermos, los magistrados de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte reservaron la reclusión, el alistamiento forzoso y el destierro, como respuesta de urgencia al colapso del sistema asistencial y de control social, que anunciaba una crisis política de mayor calado. No obstante, si la respuesta de las instituciones fue tardía y en gran medida ineficaz, la acción colectiva de las clases privilegiadas y acaudaladas de la capital no parece que estuviera, en general, a la altura de las circunstancias, salvo algunas excepciones. Hubo quien donó gruesas sumas, pero para limpiar de pobres sus portales, como hicieron algunos miembros de los Gremios Mayores. Otros, desde las sociedades patrióticas, participaron en esa “caridad bien entendida”, que preconizaban los políticos ilustrados, organizando recogidas de fondos para subvencionar comidas económicas de las que solo podían ser beneficiarios los pobres de “honradez” certificada. Sobre la insuficiencia de estas y otras medidas tomadas por las clases dirigentes, la cifra de muertes en Madrid en 1804 habla por sí sola.
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