La Casa de la Misericordia de Palma antes y después de su reforma en 1799.
The ‘Casa de la Misericordia’ of Palma before and after its reform in 1799.
Resumen: Este artículo persigue el estudio de una de las instituciones benéficas más importantes de Mallorca durante el siglo XVIII. Precisamente, aquí se analizarán la evolución de este hospicio y, especialmente, las importantes reformas que sufrió durante el año de 1799, en consonancia con las políticas ilustradas de Carlos III y sus ministros. Asimismo, este trabajo pretende reflexionar sobre el encierro de pobres en la Casa de Misericordia y las problemáticas siempre presentes en torno a esta cuestión.
Palabras clave: Casa de Misericordia, Mallorca, beneficencia, Ilustración.
Abstract: This article pursues the study of one of the most important charities of Majorca during the eighteenth century. The evolution of this hospice and the important reforms it underwent during the year 1799, in line with the enlightened policies of Charles III and his ministers, will be analyzed here. In addition, this paper seeks to reflect on the closure of poor people in the house of Mercy and the problems that are always present around this issue.
Keywords: Casa de Misericordia, Majorca, charity, Enlightenment.
Sumario: Introducción. 1. El tortuoso camino hacia la reforma de la Misericordia. 2. La junta de la Misericordia y la gran reforma de 1799. 3. El recogimiento de pobres: entre el éxito y el espejismo. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
El estudio de las llamadas Casas de Misericordia ha cobrado un enorme interés durante las últimas décadas1 . El desarrollo de nuevas líneas de investigación centradas en el estudio de la pobreza, sectores socialmente marginales e instituciones de beneficencia a lo largo de la Edad Moderna se ha traducido en trabajos realmente interesantes. Sin embargo, en lo que a la Casa de Misericordia de Palma se refiere, todavía queda pendiente un estudio detallado de dicha institución. Durante los últimos años se han presentado algunos trabajos, pero la mayoría se centran en el análisis de la Misericordia decimonónica, es decir, el resultado posterior a las reformas establecidas en 1799.
Actualmente, contamos con fuentes que nos ayudan a perfilar con precisión la evolución del hospicio durante los últimos años del siglo XVIII y su respectiva transformación. Primeramente, el Arxiu del Regne de Mallorca (ARM) conserva las actas de la junta de gobierno desde que esta comenzó a funcionar en 1799. Allí se recogen datos ciertamente interesantes como la vida diaria en el hospicio o las problemáticas relacionadas con las reformas planificadas. Asimismo, las actas municipales conversadas en el Arxiu Municipal de Palma (AMP), como patrón incuestionable de la Misericordia, ayudan a conocer las políticas del Ayuntamiento de Palma en un proyecto por el que tantos esfuerzos dedicó. Pero, además, el Archivo Histórico Nacional (AHN) conserva muchos expedientes de distintas Casas de Misericordia repartidas por todo el territorio español. Se trata normalmente de solicitudes hechas al Consejo de Castilla relativas a permisos de reformas u organización de actos públicos para obtener beneficios económicos.
Por todo ello, lo que aquí se pretende es ofrecer un análisis detallado de la gran reforma que sufrió la Casa de Misericordia de Palma en 1799, muy acorde a los intereses de la monarquía borbónica y en consonancia con otros hospicios que ya sufrieron una transformación similar durante años anteriores. Asimismo, se reflexionará sobre una cuestión inherente a la misma Misericordia: las políticas de encierro de pobres y su ejecución durante las postrimerías del siglo XVIII.
1. EL TORTUOSO CAMINO HACIA LA REFORMA DE LA MISERICORDIA.
A inicios del siglo XVIII, la ciudad de Palma contaba con cinco hospicios. Todos ellos nacidos entre $1 6 4 0 \mathrm { ~ y ~ } 1 6 7 7$ , habían sido fundados por eclesiásticos y se caracterizaban por un asistencialismo caritativo, donde la intervención de las instituciones políticas de la isla era muy marginal2 . El hospicio de Santa Catalina daba cobijo a “doce pobres mercaderes, patrones o menestrales que hubiesen perdido sus caudales”3 , si bien es cierto que, por la cortedad de sus rentas, en 1770 solo mantenía a seis miembros. Nuestra Señora de la Crianza había sido fundada en 1510 por el canónigo Gregorio Genovard y en ella se admitían tradicionalmente jóvenes mozas hijas de caballeros donde eran educadas. A continuación, hallamos la Casa de la Piedad, cuyo uso se reducía básicamente a “encerrar en ella las mujeres sospechosas”4 , y que, durante el Setecientos, pasó a compartir espacio con una comunidad de religiosas que profesaban la regla de San Francisco. Junto a estos hospicios, el de Niñas Huérfanas, proyecto del canónigo Bartolomé Llull, daba cabida a muchachas pequeñas “mal arrimadas o bien privadas de padre y madre”5 . Pero si había un hospicio que refulgía sobre los demás, pese a su precaria situación, era la Casa de la Misericordia.
Fundada en 1677 por el jesuita mallorquín Ignacio Fiol, la Misericordia estaba destinada a dar cobijo a personas de muy diversas edades y sexos, todas ellas desamparadas y sin recursos económicos para vivir. Desde su nacimiento, contaba con unas constituciones que “se aprobaron por el Virrey y el Rdo. Obispo de aquella Isla, y que en ella siempre ha habido, como al presente hay, de 120 o 150 pobres de ambos sexos recogidos”6 . Sin embargo, su estado general era decrépito.
El hospicio había quedado olvidado por las instituciones políticas y se mantenía de fondos privados, la mayoría de las veces de obras caritativas de la Iglesia y limosnas aportadas por benefactores. Asimismo, su fama en la ciudad de Palma era más bien la de una prisión, antes que la de un hospicio destinado a ayudar a distintos sectores marginales de la población7 . De hecho, durante la primera mitad del Setecientos, la imagen que desprendían la mayoría de hospicios repartidos por todo el territorio español era la de auténticas cárceles, “con motivo de que en las condenas de los Tribunales se continuaba nombrando el Hospicio como destino de delincuentes”8 . Es por esto por lo que muchos mendigos evitaban a toda costa ser internados allí, precisamente porque la red asistencial existente había adquirido un papel represor, más que integrador9 .
Bajo los Borbones se produjeron importantes cambios en este ámbito10. La nueva dinastía cuestionó las tradicionales políticas de beneficencia, especialmente las de caridad practicadas por la Iglesia11. Durante el reinado de Carlos III, se vivió un creciente intervencionismo estatal en la vida social12. Y en este sentido, uno de los principales objetivos de la Corona fue, precisamente, acabar con una “lacra” siempre presente e igualmente incómoda: los pobres y desamparados13. De ese modo, se pretendía racionalizar y reorganizar las distintas redes asistenciales imperantes en la España del momento14. Frente a los tradicionales sistemas de caridad, algunos intelectuales como el economista Tomás de Anzano, impulsor de la proliferación de hospicios bajo el reinado de Carlos III, ya incidían en las ventajas de estos centros, pues allí “se aprende a expiar las culpas de una prolongada y relajada vida con frecuentes actos de religión y de caridad; y en fin se fertiliza y fecunda el campo erial de sus estériles almas”15. Asimismo, hacia 1798, Pedro Joaquín Murcia hablaba de lo “absolutamente necesaria en el Reino la erección y dotación de no pequeño número de Casas de Misericordia y Hospicios, donde las personas miserables y faltas de recursos sean instruidas y alimentadas”16.
Como consecuencia, el último tercio del siglo XVIII fue el momento álgido de las Casas de la Misericordia17. La idea era, por un lado, regenerar las antiguas Casas construidas durante la centuria anterior, adaptándolas a las nuevas circunstancias y mejorando sus instalaciones; y, al mismo tiempo, dotar de nuevos hospicios a las ciudades que todavía no contaran con ellos18. Indudablemente, se trataba de una campaña nada sencilla, vista la situación general que se repetía en la mayoría de Casas de la Misericordia.
Por ejemplo, la de Valencia, fundada simultáneamente con la de Palma, necesitaba de reformas en sus instalaciones para continuar acogiendo a pobres, pese a que en 1719 ya se habían planificado algunas modificaciones19. Asimismo, la junta de la Misericordia de Barcelona escribió al Consejo de Castilla preocupada porque “aquella dilatada provincia abunda de pobres de ambos sexos, y la Casa se halla destituida de medios para subvenir a las urgencias de su piadoso instituto”20. Y en los Reales Hospicios de Madrid y San Fernando, “no pueden las limosnas y actual consignación sufragar el sustento anual de ellos [los pobres]”21.
Con esto, hacia 1770, muchas ciudades no contaban todavía con hospicios propiamente dichos, subsistiendo con infraestructuras anticuadas. Es en estas circunstancias cuando las nuevas Casas de Misericordia comenzaron a inundar el panorama español22. Muchas veces, sus promotores eran obispos regalistas comprometidos con las políticas ilustradas que irradiaban desde Madrid. Otras tantas, estas infraestructuras surgieron a raíz de nuevos proyectos de beneficencia y salud pública desarrollados por las instituciones municipales, preocupadas por los elevados niveles miseria que se veían en las ciudades23. Hasta tal punto era así que la mendicidad pasó a convertirse en un verdadero problema público24. Contamos con distintos ejemplos de nuevas construcciones que vienen a modificar el panorama asistencialista español. De hecho, el Consejo de Castilla pronto constató los avances que se vivían por aquel entonces, pues se “están promoviendo con la debida actividad los establecimientos de varios hospicios y Casas de Misericordia en todo el Reino”25. En estas circunstancias, hacia 1772, un obispo planificó un nuevo proyecto asistencial en la diócesis de Mallorca.
Juan Díaz de la Guerra (1772-1777), recién llegado desde la Santa Sede como auditor de la Rota, se reunió con el Cabildo catedralicio y con algunos representantes del Ayuntamiento de Palma para adecuar un nuevo hospicio destinado a reducir los niveles de mendicidad en la ciudad de Palma26. El edificio debía dar cobijo al número cada vez mayor de indigentes que recorrían las iglesias y casas de la capital pidiendo limosnas para su supervivencia27. Una vez con el consentimiento de canónigos y regidores municipales, únicamente quedaba por decidir cuál iba a ser el emplazamiento del futuro edificio. Y desde el principio, los regidores de la capital apostaron por la Casa de la Misericordia, que “está fundada en el sitio más saludable de toda la ciudad, porque está en alto y recibe puros aires”28.
Todavía instalándose en el palacio episcopal, el obispo dio su beneplácito para rehabilitar la Misericordia y envió al canónigo Jaime Oliver para que procediese a realizar las mediciones y valorar las posibles reformas y ampliaciones necesarias29. Sin embargo, pronto se produjeron disputas que entorpecieron el proyecto. En enero de 1773, mientras se preparaban los planos para la reforma de la Misericordia, el prelado y el Ayuntamiento tuvieron un serio enfrentamiento por una cuestión en apariencia insignificante: la dotación de unas becas para la Sapiencia, un colegio del cual obispo y regidores eran copatrones y estaba destinado a la formación de presbíteros entre muchachos sin recursos30. Sin conseguir llegar a una solución, Díaz de la Guerra rompió relaciones con el Cabildo municipal y se decidió a implantar las ansiadas reformas por su cuenta31.
Primeramente, interrumpió toda idea de dotar la Casa de la Misericordia y consideró alternativas para la fundación de un hospicio en Palma. Obcecado en cumplir con su propio proyecto asistencial a espaldas del Ayuntamiento, consideró seriamente hacerse con el control del colegio de la Sapiencia y escribió a Madrid proponiendo el traslado de sus colegiales al Seminario de San Pedro –institución directamente controlada por el prelado–. Y junto a esto, propuso a Carlos III aprovechar el edificio vacío para reconvertirlo en un hospicio32, tirando por tierra la propuesta inicial de la Misericordia. Las protestas fueron muchas, especialmente por los colegiales, que debían pasar a vivir sus días en el Seminario de Mallorca33. Pero más elevadas fueron las protestas del Consistorio, que se sentía insultado y despreciado.
Una vez con las llaves en su poder, las obras para ampliar y remodelar el colegio vedado se pusieron en marcha. Sin embargo, empezaron mal desde el principio. En primer lugar, regidores y canónigos escribieron reiteradamente al Consejo de Castilla denunciando los procederes episcopales, precisamente porque el obispo había clausurado un colegio centenario cuando la Misericordia podía convertirse en un hospicio modélico, “en donde ciertamente no se habría necesitado molestar ningún vecino, ni precisarle a salir de su propia casa”34. Al mismo tiempo, muchos inquilinos que habían sido expulsados de sus casas para ampliar el colegio protestaban diariamente ante las puertas de la Sapiencia, lo que llevó al maestro de obras a informar al prelado que “se han terminado precisamente a retardar [las obras], y aún a imposibilitar la piadosa erección de hospicio”35. Finalmente, el capitán general de Mallorca, consciente de las crecientes disputas en torno al proyecto asistencial, consideró más prudente detener las obras hasta que la Corona hubiese tomado una determinación. De modo que, en 1774, colocó alrededor de la Sapiencia un piquete de soldados y ordenó también a los mayordomos del gremio de albañiles y canteros “que con cautela previniesen a todos sus maestros y oficiales que, sin su orden, nadie se atreviese por ningún motivo a tocar el edificio”36.
A partir de ese momento, el asunto del hospicio cayó en una nebulosa y se postergó durante muchos años. Incluso cuando el obispo Díaz de la Guerra fue trasladado finalmente a la diócesis de Sigüenza en 1777, la élite civil y religiosa de la isla continuó sin reconsiderar la necesaria reforma de la Casa de la Misericordia. Ni siquiera la reapertura del colegio de la Sapiencia en 1781 les hizo cambiar de idea. Y mientras tanto, los niveles de mendicidad continuaron creciendo en la ciudad de Palma.
2. LA JUNTA DE LA MISERICORDIA Y LA GRAN REFORMA DE 1799.
Durante la década de los ochenta del siglo XVIII, el problema de los pordioseros seguía muy presente. En 1769, una Real Orden había regulado la demanda de dádivas, ordenando “que dentro del preciso término de ocho días cesen de pedir dicha limosna y se retiren a sus casas, o a la de la Misericordia”37. Junto a esto, únicamente se permitía la petición de limosnas a distintas instituciones benéficas y lugares autorizados, como era la misma Casa de la Misericordia. Pero lo cierto es que esta práctica continuó intacta, hasta el punto de que muchos mendigos habían conseguido librarse de ser internados en hospicio alguno y “permanecer en las capitales con la vida holgazana y vagante”38. Y mientras el Ayuntamiento de Palma eludía cualquier iniciativa de colaborar con la jerarquía eclesiástica, seguramente como consecuencia de las disputas vividas con el obispo Díaz de la Guerra, la Casa de la Misericordia continuaba en un estado deplorable.
Desvaneciéndose ya la centuria, los fondos para el mantenimiento del edificio eran claramente insuficientes para alimentar al elevado número de pobres que allí vivían39. A esto se le sumaba el hecho de que las condiciones higiénicas del hospicio parecían tremendamente infrahumanas. De hecho, entre los años 1793 y 1799, muchos de los pobres que entraron en la Misericordia, murieron a las pocas semanas40. Esto se explica, en parte, por la mala distribución del edifico, pues parece ser que “es muy necesario se haga un cuarto para separar los muchachos enfermizos de los sanos”41. El contagio de enfermedades parecía cosa común aquellos días.
Pero llegando todavía más lejos, faltaban habitaciones suficientes para instalar al crecido número de residentes que vivían allí. Igual que ocurría con la Casa de Barcelona antes de su definitiva reforma, “los recogidos están sumamente incomodados, durmiendo de dos en dos, y a veces en mayor numero de que se siguen aquellas consecuencias que sin repetirlas prevería el Consejo”42. En efecto, la heterogeneidad de internos podía traducirse en escenas terribles, como es el caso de abusos sexuales a mujeres y niños. De modo que, en 1799, la élite civil y religiosa de Mallorca terminó por considerar como algo más que prioritario retomar el proyecto de una reforma para la Casa de la Misericordia. Y para tal fin, el Ayuntamiento de Palma se decidió, de una vez por todas, a formar una junta de representantes que iba a gestionar las reformas del hospicio.
El 6 de agosto de 1799, en una de las habitaciones de la Casa de la Misericordia, se reunieron por primera vez los quince miembros que componían la nueva junta de gobierno43. La integraban representantes de todos los estamentos de la sociedad mallorquina, pues, como consideraba Anzano, “un Hospicio, especialmente si es mixto, requiere un gobierno muy exquisito. […] Por tanto, merece mucha atención la importancia de elegir sujetos competentes a lo delicado del objeto”44. A la cabeza estaba el corregidor del Ayuntamiento, acompañado de dos regidores. Junto a ellos, el arcediano de la Catedral, un canónigo y dos curas párrocos representaban al brazo eclesiástico. Dos caballeros acudían en nombre de la nobleza mallorquina. A continuación, había dos comerciantes; y un hornero y un mantero representaban a los gremios. Finalmente, un abogado y un médico venían a completar la junta, participando activamente en las cuestiones administrativas e higiénicas que atañían a la institución45.
La composición de las juntas de gobierno variaba de una localidad a otra46. Entre las divergencias estaba la presencia mayor o menor de miembros del clero. Mientras las Casas de la Misericordia de Palma, Barcelona, Oviedo o Cádiz contaban con una junta mayoritariamente formada por personas seculares, otras como la de Tolosa, en Guipúzcoa, se componían de “cinco eclesiásticos y cinco seglares, incluyendo precisamente al señor vicario entre las primeras, porque por su ministerio sabe mejor que otro alguno las necesidades del Pueblo”47. En el caso mallorquín, esto se explica, principalmente, por las discordias vividas entre el Ayuntamiento de Palma y el prelado durante los años setenta del siglo XVIII. De hecho, la participación del obispo de Mallorca tras las reformas de 1799 iba a centrarse, principalmente, en incentivar la recolección de limosnas que se destinasen a la Casa, sin intervenir directamente en las cuestiones que se debatían sobre dicha institución48.
Pese a que la junta de gobierno tomaba todas las decisiones con respecto al hospicio, el día a día estaba bajo la firme autoridad del prior49. En 1799, la nueva junta consideró que, “asegurada del celo y desinterés con que ha administrado hasta aquí los caudales de dicha casa [el prior], se le debe conservar en el mismo encargo”50. A partir de ese momento, el prior gobernó la institución, vigilando estrechamente el porvenir espiritual y moral de los pobres allí residentes. A él se le encargaba la celebración de oficios religiosos, la confesión y el mantenimiento del orden y buen celo tras los muros de la Misericordia. Y es aquí donde surge una cuestión difícil de resolver. ¿Hasta dónde llegaba la autoridad del prior? Es cierto que estaba obligado a consensuar sus decisiones con el presidente de la junta, pero teniendo en cuenta que esta se reunía semanalmente y era él quien convivía con los internos, su opinión no solo era respetada, sino que la mayoría de las veces resultaba determinante. Veamos algunos ejemplos.
Siempre que un pobre deseara abandonar la Misericordia, por las razones que fuese, la junta consultaba al prior sobre la conveniencia o no de su salida. Por ejemplo, cuando una interna solicitó permiso para ir a comer a casa de su madre todos los domingos, “cerciorada la Junta por el Sr. Prior de que sería esto de muy mal ejemplo para las demás pobres de esta casa que tendrían iguales solicitudes, […] se acordó que nada se altere sobre este particular”51. Asimismo, cuando el prior recomendó a la junta mantener encendidas las lámparas por las noches para evitar distintos desórdenes, “habiendo oído al Sr. Prior sobre el particular, [se] acordó que las lámparas ardan toda la noche, y que las haya en todas las piezas y salas en que las concediese precisas el mismo Sr. Prior”52. En estas circunstancias, los pobres de la Misericordia sabían que era el prior quien verdaderamente gobernaba sus destinos, pues sus recomendaciones a la junta decantaban claramente la balanza.
Una de las cuestiones prioritarias de la junta era el mantenimiento mismo de la Misericordia. Teniendo en cuenta el precario estado en que se hallaba la Casa y la falta de dinero para poder mantenerla, se consideró este asunto como una cuestión de primer orden53. Y para tal fin, la junta preparó un ambicioso plan de recolección de limosnas, plenamente consciente de que iba a ser “abundante si se asegura al.
Público que se quitarán todos los mendigos de ella [la ciudad]”54. En efecto, era imprescindible concienciar a los vecinos de la capital que las calles iban a quedar desiertas de indigentes si la participación era activa.
Lo primero que hizo la junta fue confeccionar una lista de contribuyentes que iban a participar activamente en la donación de limosnas. Al mismo tiempo, sus representantes consideraron una buena iniciativa organizar una rifa para obtener fondos rápidos con los que poner en marcha las obras de ampliación del edificio. Distintas Casas de Misericordia programaron eventos similares con este fin, como es el caso de la de Barcelona, que en 1775 recibió permiso expreso del Consejo de Castilla para “rifar algunas alhajas, cuyo producto sin duda dará lo preciso para hacer las cuadras y oficinas necesarias, y recoger en ellas la inmensidad de mendigos que abruman el estado”55.
Pero sin duda alguna, las limosnas eran la fuente de ingresos más importante, o ese era el plan de origen. Para contribuir en las reformas de la Misericordia, el obispo Bernat Nadal mandó “una exhortatoria a los curas párrocos y justicias de los pueblos respectivamente para que auxilien las miras y operaciones de esta Junta”56. Fue así como surgieron las llamadas juntas de caridad57. Nacidas precisamente con el fin de obtener limosnas que iban a enviarse directamente al hospicio, se situaban en distintos puntos de Palma, siendo las juntas de las parroquias de Santa Eulalia, San Nicolás y San Jaime las más importantes.
Estas juntas de caridad seguían el esquema corporativo de la junta de gobierno de la Misericordia, precisamente para llevar un control más firme de las dádivas recibidas y evitar así fraudes mayores58. Las componían el cura párroco, su vicario, dos beneficiados, “dos caballeros en las parroquias que los haya, y en las que no les tenga, dos de la primera distinción”, dos facultativos, dos comerciantes y cuatro artesanos59. Además, era esencial que las juntas, y en especial el sacerdote, tuviesen un control pormenorizado “de los pobres necesitados, de la clase de vergonzantes, y jornaleros necesitados de la parroquia”60. Pero más importante aún era que cumpliesen con su objetivo de recaudar limosnas, pues pronto se demostró que la Casa de la Misericordia no podía funcionar sin las recaudaciones hechas por estas juntas de caridad, que con el tiempo empezaron a repartirse por todo el territorio mallorquín.
Una cuestión clave a la hora de implantar la reforma era la ampliación del edificio de la Misericordia. Si como quería el Ayuntamiento, el hospicio debía acoger en su seno al elevado número de pordioseros y mendigos que recorrían las calles de Palma, sin distinción de edad o sexo, es lógico pensar que necesitase una remodelación arquitectónica61. De tal modo, parecía crucial el ensanche del edificio y la construcción de nuevas dependencias para un mayor control de los allí internos, evitando las tradicionales escenas de violencia física y abuso que se habían vivido en épocas pasadas. Hacia 1799, unas cuarenta viviendas rodeaban el espacio de la Misericordia, y como la junta no disponía todavía de recursos suficientes para comprar toda la manzana y desalojar a los vecinos, consideró más conveniente “que se alquilen por ahora respecto de que se necesita dónde colocar la gente que vaya entrando, y no hay caudales para comprarla”62.
Finalmente, la junta reflexionó profundamente sobre cuáles iban a ser las ocupaciones de los pobres que iban a pasar a vivir en la Misericordia. Una de las ideas por las que apostaban las reformas carolinas era, precisamente, el aumento de la producción nacional63. La visión de los pobres como elementos “inútiles” al Estado hacía precisamente que las Casas de Misericordia fuesen concebidas como fábricas, donde los internos trabajasen64. Por eso mismo, durante los últimos meses de 1799, los miembros de la junta demandaron al prior un informe de las ocupaciones y trabajos que habían empezado a desarrollarse dentro de la Misericordia. Como informaba el mismo prior, “los hombres se ocupan en la construcción de sogas de esparto cuya obra da algún lucro a la casa. […] Las mujeres trabajan en hilar lino, cáñamo, algodón y lana, y hacen calcetas y cintas”65. En cuanto a los niños, se les otorgaban distintas ocupaciones: algunos salían del hospicio para servir en algunas casas; otros eran enviados a formarse a los gremios, muchas veces con la oposición de los mismos maestros. Sin embargo, parece ser que la Misericordia no contaba todavía con una infraestructura suficiente para producir beneficios, “lo que se mira algo distante por faltar en la isla fábricas, y las urgencias del día son poco favorables para el establecimiento de ellas”66.
En estas circunstancias, llegado enero de 1800, la junta de la Casa de la Misericordia había ya apostado mucho en aquel proyecto. La reforma parecía plasmarse en un hospicio acorde a las directrices que Carlos III y sus ministros habían planificado desde Madrid. Sin embargo, muy pronto comenzaron a hacerse evidentes distintos obstáculos. Porque lo cierto era que, aun con las reformas del edificio ya en marcha, los pobres continuaban mendigando en las calles y eran muchos los que seguían dando limosnas al margen de lo dispuesto por la Corona. De ese modo, durante los primeros meses de ese año, la junta escribió al Ayuntamiento de Palma alarmada. La situación se estaba tornando muy delicada y los regidores parecían haber olvidado su compromiso de auxiliar a la Misericordia. De modo que, lo que la junta de gobierno les suplicaba ahora era, precisamente, “acallar la murmuración que ha empezado a cundir entre los mismos que creen y sienten haberse frustrado el proyecto”67.
3. EL RECOGIMIENTO DE POBRES: ENTRE EL ÉXITO Y EL ESPEJISMO.
Cuando se programó la reforma de la Misericordia en 1799, el objetivo último y prioritario era, precisamente, el internamiento de pobres en el hospicio, liberando las calles de gentes ociosas y poco “útiles” al Estado68. Incluso los considerados por los ilustrados como “verdaderos pobres”69 debían ser también recluidos, pues –consideraba Tomás de Anzano– “su deteriorada naturaleza resiste poco a las inclemencias, […] todo es más a propósito para extinguir aquella deleznable humanidad, que para vigorarla”70. Estos discursos cargados de caritativo celo y preocupación disfrazaban, evidentemente, la necesidad tan propia del siglo XVIII de eliminar todo elemento inútil o incontrolable, como eran los mismos pobres71. El modelo social que proponían aquellos hijos de la Ilustración seguía patrones represivos que priorizaban el aislamiento de todo elemento marginal o “inútil” a los intereses estatales. Los pobres fueron únicamente uno más de los sectores perseguidos por aquellas reformas. Por tanto, la idea que subyace aquí es que daba igual la tipología de aquellos pobres, si fingían o si realmente eran sinceros. Lo importante, en última instancia, era “la recolección de varias clases de pordioseros, unos que lo son de verdad y otros que con el efugio y arrimo de semejante vida cometen muchas insolencias”72. A esto se le sumaba la difícil situación económica y social que vivía la isla en los últimos años del Setecientos73. Una serie de apuros financieros, en gran parte producto de las malas cosechas, generó mayores niveles de pobreza74. Así que mientras el número de mendigos crecía, la renovada Casa de Misericordia se proponía certificar los éxitos que se esperaban a raíz de su reforma.
Sin embargo, tras las ilusiones que siguieron a la reunión inaugural de la junta en verano de 1799, llegaron las primeras decepciones. En diciembre de ese año, con las juntas de caridad proyectadas y las obras ya en marcha, la junta de gobierno convocó una reunión extraordinaria para reflexionar sobre “la lentitud con que se ejecuta esta orden [de internar a todos los pobres], sea porque los alguaciles no celan su cumplimiento como debieran o porque los mendigos la eluden huyendo de que estos les encuentren”75. Por aquellas fechas, solo diecisiete personas habían acudido voluntariamente para ingresar en la Misericordia. Y, de hecho, su número continuaba siendo muy crecido en la ciudad de Palma, hasta el punto de que “siguen pidiendo limosna con tal cuidado de noche, que nunca ha creído menos el Público que se establezca según plan que le anunció en sus cartas esta Junta”76. Finalmente, el Ayuntamiento de Palma se decidió a intervenir en el asunto, considerando necesario recompensar a los alguaciles para que cumpliesen más diligentemente su trabajo de perseguir mendigos, “dándoles por cada uno la gratificación de dos reales de vellón que satisfará la misma casa”77.
Por otro lado, la situación interna en el hospicio tampoco era sencilla. Conforme iban ingresando pobres en la Misericordia, se experimentaban escenas muchas veces alarmantes, que llevaban al prior a tomar medidas correctivas contumaces78. Por ejemplo, se dio el caso de una mujer que “siempre que se halla tomada del vino, desboca en liviandades, habla deshonestamente, y hace acciones torpes no bastando para contenerla amenazas, encierros, ni grillos”79. Asimismo, el prior debía vigilar de cerca las relaciones entre internos de distintos sexos, especialmente adolescentes que galanteaban a muchachas. El peligro de agresiones sexuales estaba muy presente y, de hecho, se tenían documentados ya algunos casos. De modo que, cuando dos jóvenes deseaban hablar, debían pedir permiso expreso al prior y este autorizaba su charla, siempre que hubiese con ellos una anciana80. Pero el gran problema a solucionar eran los olores e insalubridad del edificio81. Muchas veces, las condiciones en las que llegaban los pobres eran muy precarias. Además, la mayoría de habitaciones donde dormían los internos no contaban con puerta, especialmente la de los jóvenes, por lo que, “temiendo que el olor que despide pueda ser perjudicial y motivo de salud, propusieron la necesidad de hacerse la puerta que falta”82.
Conforme pasaron los meses, surgieron nuevos contratiempos que hacían cada vez más inviable el recogimiento de pobres en la Misericordia. Pronto, las juntas de caridad empezaron a dar problemas a la hora de recaudar limosnas. Eran muchos los que creían que el gran proyecto del hospicio había sido un fracaso y no merecía la pena continuar ofreciendo tantos esfuerzos en balde. Primeramente, algunos gremios no respondieron a la llamada que hizo la Misericordia para auxiliarla económicamente. Seguidamente, distintos curas párrocos de Palma se desentendieron de su promesa de contribuir en la recogida de limosnas. Y por si esto no fuese suficiente, suscriptores benéficos “miran ya con desconfianza un establecimiento que consideraban efectivo”83. Todo esto tuvo una traducción directa en la gestión económica de la Misericordia y en febrero de 1800 se hicieron evidentes las primeras deudas. La urgencia de este asunto llevó a los miembros de la junta a buscar dinero rápido con el que paliar los atrasos y el gasto de los víveres con que mantener a los allí internos84. Y para tal fin, organizaron la rifa de un cordoncillo de oro donado por Don José Desbrull, aristócrata y miembro de la junta, que se promocionó por toda la isla85.
Cuando llegó verano de 1800, parece ser que el compromiso entre las élites para la “caza” de pobres finalmente parecía dar ya sus primeros frutos. Además, la propaganda pública que recibió la organización de la rifa había sido un éxito a corto plazo, pues fueron muchos los que participaron. El mismo 30 de junio, la junta de gobierno escribió al obispo Nadal y al Cabildo para informarles de que “han aumentado desde el año inmediato 114 pobres en esta casa, y que apenas se ve uno ya que pida limosna, por haberse mandado recoger”86. Aunque esta noticia no parecía del todo exacta y más bien se tratara de un modo de reforzar la confianza de las autoridades eclesiásticas, lo que sí es cierto es que el proyecto continuaba adelante. De hecho, la junta incrementó sus esfuerzos para conseguir el recogimiento total de pobres, lo que tuvo una traducción directa en su actuación frente a aquellos pordioseros que se obcecaban en continuar pidiendo limosna en las calles tras abandonar el hospicio.
El tiempo de internamiento en la Misericordia variaba dependiendo de las circunstancias de cada pobre. Algunos, desesperados por mantenerse encerrados allí, hicieron lo imposible para que se les permitiera salir, prometiendo, por supuesto, que jamás volverían a pedir limosna. Pero la cuestión no era tan sencilla. La junta de gobierno había estipulado ya los castigos propios para aquellos pobres que, una vez libres, reiterasen en sus prácticas de caridad. Cada vez que un interno obtuviese el permiso de poder abandonar el hospicio, “deba dar fianza por un duro, y además el mismo pobre sufrirá ocho días en cárcel en caso de contravención”87. Y como las autoridades civiles se habían esforzado por borrar la imagen de prisión que había pesado sobre la Misericordia durante tantos años, eran enviados directamente a la prisión. A pesar de todo, la gran persecución de pobres que se vivió durante los últimos años del siglo XVIII, obligados muchas veces a mendigar de noche y esconderse de los alguaciles que recorrían la ciudad, fue precisamente la causa mayor de que el hospicio de la Misericordia continuase siendo vista, en muchos sentidos, como una auténtica prisión disfrazada.
CONCLUSIONES.
La Casa de la Misericordia de Palma fue fundada en 1677, coincidiendo con la proliferación de hospitales y hospicios en toda la Península. Sin embargo, estas instituciones benéficas se habían caracterizado durante todo el Seiscientos, por un asistencialismo caritativo dirigido por la misma Iglesia, así como una atención marginal de las instituciones civiles. Es por esto por lo que, llegado el siglo XVIII, el estado de aquel hospicio mallorquín era casi ruinoso. Su infraestructura era ineficaz para cumplir su objetivo de mantener internas a gentes pobres y sin recursos suficientes para sobrevivir: el edificio no contaba con estancias preparadas, sobre el hospicio pesaba una enorme deuda, y las limosnas recaudadas eran insuficientes. De ese modo, eran muchos los que creían que la Misericordia exigía de una reforma urgente.
Fue precisamente bajo los Borbones cuando se potenció esta preocupación por la beneficencia pública. Especialmente durante el reinado de Carlos III, distintos ministros y economistas escribieron sobre la necesidad de ampliar y reformar la red de hospicios existente en España, dotándolos de nuevas infraestructuras, sometiéndolos a la dirección de juntas de gobierno y, lo más importante, alejándolos de la tradicional supervisión de la Iglesia. El problema de los pobres no era propio de aquel período. Todo lo contrario, habían sido muchos los que habían escrito sobre la necesidad de ponerle remedio. Pero fue en el siglo XVIII cuando se convirtió en un problema público. La cuestión ahora era encerrar a todos los pobres en estas infraestructuras, reeducándolos y ofreciéndoles un servicio útil al Estado. Los hospicios dejaban de asumir, por lo menos a ojos de la Corona, ese papel represor de épocas pasadas, para convertirse en instituciones benéficas que ofrecen un servicio público.
Es en estas circunstancias, cuando la Misericordia de Palma comienza a sufrir importantes transformaciones. El Ayuntamiento de Palma –apoyado por el obispo y el Cabildo– asumió un mayor protagonismo en el gobierno de la Misericordia, proyectando una verdadera reforma en el año de 1799, con un gran atraso con respecto a otras Casas de Misericordia como fueron las de Valencia, Barcelona, Oviedo, Cádiz o Madrid. Para tal fin, como se ha comprobado, se creó una junta de gobierno formada por todos los estamentos, que iba a dedicarse por entero a la transformación de la Misericordia en un hospicio acorde a los intereses de la monarquía carolina.
Tres eran los principales objetivos de la junta para conseguir este propósito. En primer lugar, la confección de distintas vías de financiación para el mantenimiento del edificio y sus internos. Surgieron aquí las juntas de caridad, las listas de contribuyentes y la organización de eventos públicos que ayudasen a este propósito, como pueden ser las rifas. A continuación, se preparó un ambicioso plan de ampliación y reforma del edificio de la Misericordia. No solo era necesario el ensanche del hospicio, sino también una remodelación de sus infraestructuras, combatiendo los tradicionales problemas de salubridad y mala higiene. Asimismo, la necesaria compartimentación y diferenciación entre sexos pretendía combatir el siempre presente peligro de abusos sexuales entre internos, sobre todo hacia mujeres y niños.
Sin embargo, el más importante de los objetivos, en última instancia y la misma razón de ser de la Misericordia, era el encierro de todos los pobres que, día a día, recorrían las calles de Palma suplicando limosnas. Esta política de persecución pública y “eliminación” de elementos incontrolables e inútiles a los intereses del Estado borbónico no fue privativa de Mallorca. Todo lo contrario, observamos estas dinámicas en todos los territorios españoles. Se da, por tanto, una campaña represora, que tiene por objetivo internar a los pobres, forzándoles a ingresar en el sistema mediante una reeducación o vivir recluidos allí.
Así, mientras la Corona destacaba la faceta más positiva de las Casas de Misericordia, fueron muchos los que las vieron como verdaderas prisiones disfrazadas. Precisamente porque, en paralelo al ingreso voluntario existía también un internamiento forzoso, pues fueron muchos los que acabaron allí entregados por los alguaciles de la ciudad. De ese modo, se muestra aquí una doble realidad inherente a las Casas de Misericordia. Por un lado, ofrecían allí cama, comida y sustento, así como una formación laboral que permitiese a los internos abandonar la pobreza y la caridad. Por otro lado, estas infraestructuras, pese a que intentó evitarse, ejercían también pautas carcelarias, incluso teniendo presente que los allí internos podían volver a salir. El prior supervisaba la estancia de los pobres, su evolución, y era él, en esencia, quien estipulaba la conveniencia o no de su salida. Por tanto, fueron muchos los que se sintieron privados de libertad y obligados a vivir una vida que no deseaban. De aquí se deduce la dificultad por descifrar la verdadera utilidad o no de las Casas de Misericordia.
En el caso de Palma, la Casa de Misericordia jamás llegó a considerarse un verdadero éxito en ciernes. Es cierto que las reformas consiguieron una remodelación importante del mismo edificio, mejoraron las condiciones higiénicas y se dotó a los internos de un modo de vida decente, dándoles comida diaria y ofreciéndoles la oportunidad de un trabajo. Pero al mismo tiempo, la Misericordia que renació de la reforma de 1799 también se vio aquejada de deudas, problemas para su mantenimiento, y dificultades para ofrecer a los pobres allí internos una verdadera nueva vida. A lo largo del siglo XIX, se constataron distintas crisis que amenazaron con convertir a la Misericordia en la ruina que había sido durante el Seiscientos. Los llamamientos de la junta de gobierno a las instituciones civiles de Mallorca fueron continuos, y la ayuda, muchas veces, inexistente. Pero si algo se puede constatar claramente es que su reforma de 1799 fue un proyecto ambicioso y nacido con unos fines sociales considerados “positivos” para sus precursores, solo entendibles en la mentalidad tan propia del llamado Siglo de las Luces.
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