“Sy algunas quiebras en ellas oviese...”: crisis de liquidez y quiebras financieras en Castilla a fines de la Edad Media1.
Pablo Ortego Rico2.
Recibido: 15 de noviembre de 2016 / Aceptado: 4 de abril de 2017.
Resumen. Estudio de las quiebras financieras observadas en las rentas reales ordinarias de Castilla entre 1430 y 1480, con especial atención en los factores políticos y económicos (marco normativo, conflictividad, política monetaria, crisis demográficas, variaciones en el mercado) que incidieron en su desarrollo, y en los mecanismos aplicados por la Real Hacienda y los operadores financieros para limitar su impacto, basados en la negociación.
Palabras clave: Hacienda Real; fiscalidad; quiebras financieras; recaudadores fiscales; almoneda; Juan II; Enrique IV; Reyes Católicos; Castilla; siglo XV.
[en] Sy algunas quiebras en ellas oviese...: Liquidity Crisis and Financial Failures in Castile at the End of the Middle Ages.
Abstract. The Study of the financial failures observed in the ordinary royal incomes of Castile between 1430 and 1480, focused on the political and economic factors (normative framework, conflict, monetary policy, demographic crises, market variations) that affected in its development, and the mechanisms applied by the Royal Treasury and the financial operators to limit their impact, based on negotiation.
Keywords: Royal Treasury; taxation; financial failures; tax collectors; auction; John II; Enrique IV;
Catholic Monarchs; Castile; Fifteenth century.
Sumario. 1. Introducción: agentes fiscales y financiación de la monarquía en la Castilla del siglo XV. 2 Las “quiebras” durante el reinado de Juan II. 2.1 El sistema de arrendamiento de rentas “en masa”: ¿una garantía ante la quiebra? 2.2 Las “quiebras” de 1443. 2.3 Las deudas con la Real Hacienda y la crisis de 1449. 3. Crisis política y quiebras financieras: del reinado de Enrique IV al conflicto sucesorio. 3.1 Las quiebras financieras en la antesala de la Guerra Civil. 3.2 La crisis financiera durante la división de Castilla en dos obediencias (1465-1468). 3.3 Los años finales del reinado de Enrique IV y el conflicto sucesorio (1468-1477). 4. Conclusión.
Cómo citar: Ortego Rico, P. (2017): “Sy algunas quiebras en ella oviese…: crisis de liquidez y quiebras financieras en Castilla a fines de la Edad Media”, en Cuadernos de Historia Moderna 42.2, 411-439.
1. Introducción: agentes fiscales y financiación de la monarquía en la Castilla del siglo XV.
La dependencia que la Hacienda Real castellana tenía de la actividad desarrollada por aquellos agentes en los que delegaba la gestión de los tributos ordinarios percibidos en los diferentes partidos fiscales del reino, previa licitación de su precio en pública almoneda, se convirtió desde al menos la segunda mitad del siglo XIII en una de las características estructurales del sistema hacendístico-fiscal de Castilla, con una proyección evidente hacia los tiempos modernos. Por este motivo, la comprensión de algunos de los límites alcanzados por el poder de los monarcas castellanos durante la baja Edad Media, cuyos éxitos en la ampliación de sus atribuciones fiscales y en la extensión de su capacidad recaudatoria a todos sus súbditos y naturales entre 1252 y 1406 son indiscutibles, tiene uno de sus elementos principales en el análisis de los mecanismos de financiación y obtención de capitales vinculados a la organización de la gestión tributaria, entendida como una actividad cooperativa a caballo entre el negocio privado y el “servicio” al rey, tal y como han puesto de manifiesto las investigaciones más recientes3 .
Ello resulta especialmente relevante en un contexto en el cual la liquidez del fisco dependía fundamentalmente de la capacidad para atraer las inversiones de aquellos agentes interesados en “servir al rey” arrendando sus rentas, habida cuenta de la ausencia casi total de mecanismos de financiación basados en sistemas de crédito estructurado y en formas de deuda “flotante” o “consolidada”, extendidas en Castilla durante los últimos años del siglo XV –régimen de “obligados a guardas”, venta de juros “al quitar”–, anticipando la realidad hacendística de los tiempos modernos4 . Por lo tanto, el objetivo de este estudio es rastrear, mediante un planteamiento general y a través de ejemplos significativos, los límites impuestos a la financiación de la Hacienda Real para un período comprendido entre 1430 y los años iniciales del reinado de Isabel I, en el cual todavía no había tenido lugar la mutación del sistema hacendístico-fiscal derivada de la introducción de sistemas crediticios complejos, en los que las rentas regias actuaban como respaldo de los adelantos y préstamos efectuados. Estos límites, para el período considerado, quedarían particularmente expresados en quiebras y problemas de liquidez, más o menos coyunturales, derivados de la interrupción en los flujos que sostenían, a partir del adelanto de capitales realizado por los agentes fiscales, el régimen ordinario de pagos de la monarquía, bien en forma de gastos fijos o “situados”, bien en forma de libranzas ordenadas por los contadores mayores.
En lo que respecta a la actividad desarrollada por los agentes que tomaban arrendada una renta o partido fiscal, y por las compañías en las cuales se integraban, dichos problemas podían obedecer a dos motivaciones principales. Por un lado, a la ausencia de licitadores que se hicieran cargo de la gestión “por mayor” de una renta, bien porque la subasta quedaba desierta, bien porque el agente que la había “rematado de todo remate” no cumplimentaba en tiempo y forma los trámites requeridos para la expedición de la carta de “recudimiento” que legitimaba su actividad como arrendador o recaudador mayor5 . Ello provocaba la “quiebra” de una renta en la almoneda, lo que generaba una problemática específica, poco deseable para el fisco regio, expresada en la imposibilidad de llevar a cabo el arrendamiento “por menor” de los diferentes “miembros de renta” que componían un partido fiscal al no existir un licitador autorizado y, llegado el caso, en la recaudación del tributo por parte de fieles nombrados por los concejos6 .
Además de la “quiebra” de una renta en la almoneda, o de las dificultades de la Real Hacienda para atraer inversores, existían otras situaciones en las cuales el agente encargado de la recaudación “por mayor” de un partido fiscal se mostraba incapaz de abonar el precio convenido con los contadores mayores y/o las obligaciones contraídas con los beneficiarios de recursos regios en forma de “situado” o “libranza”. En estos casos, las motivaciones solían estar relacionadas con la imposibilidad del arrendador o recaudador mayor para encontrar licitadores en la subasta “por menor” de la renta, celebrada en la cabeza del partido fiscal en cuestión, o con su dificultad para percibir de los “arrendadores menores” que establecían el vínculo efectivo con el contribuyente las cantidades contratadas con el arrendador o recaudador mayor a cambio de obtener el control de un determinado “miembro de renta”. De este flujo ascendente –del arrendador menor al arrendador mayor– dependía, en gran medida, la liquidez de los arrendadores mayores y su posibilidad para afrontar las obligaciones contraídas con la Real Hacienda. Por ello, no es descartable que muchos arrendadores mayores tomaran préstamos privados para sostener su actividad ante una situación coyuntural de falta de recursos, o trasvasaran al negocio fiscal capitales vinculados a otras actividades de carácter mercantil, bancario o crediticio en las cuales tomaban parte. Lo cierto es que si esta situación de falta de liquidez se prolongaba en el tiempo, hasta el punto de limitar la capacidad de un operador para abonar “situados” y libranzas a sus beneficiarios –de cuyo pago el arrendador/recaudador mayor era el responsable último–, se producía la ejecución de las cuantías menoscabadas o impagadas, respaldada por la Corona. Ello se hacía con cargo a la venta de los bienes del arrendador y sus fiadores, de manera proporcional a la cuantía avalada en este último caso, aunque el rey podía autorizar, en ocasiones, una ampliación en los plazos de pago, mediante la provisión de “cartas de espera”7 .
En ambos casos, la problemática asociada a una “quiebra” es necesario relacionarla con una diversidad de factores económicos y extraeconómicos que no solo incidían en el cobro efectivo de tributos al contribuyente y en las posibilidades de obtener crédito, sino también en la percepción del riesgo que entre los financieros podía existir en relación a la posibilidad de invertir en un contexto determinado sus capitales en la gestión de un espacio fiscal, y obtener de ello un beneficio económico y/o político suficiente.
Por lo tanto, a la hora de analizar las quiebras y problemas de liquidez que tuvieron que afrontar en el período considerado tanto la Real Hacienda como los operadores fiscales no solo es necesario atender a los cambios en la capacidad de producción y consumo, o en el desarrollo mercantil, como elementos que afectaban a la actividad económica sobre la que descansaba el sistema fiscal ordinario de la monarquía castellana. Por el contrario, también es imprescindible observar aquellos factores políticos que afectaban a esta percepción del riesgo, y que podían retraer o estimular las inversiones y la demanda de participación en la gestión de las rentas regias. Entre estos encontramos el marco normativo aprobado por la administración hacendística en el cual se insertaba la actividad desarrollada por los arrendadores de las rentas regias; la política monetaria, de especial relevancia en el escenario previo a la estabilización del numerario castellano operada por los Reyes Católicos entre 1476 y $1 4 8 3 ^ { 8 }$ ; y la propia capacidad de la monarquía y de la sociedad política para construir o romper consensos en un contexto, como es el propio de los reinados de Juan II y Enrique IV, marcado por los avances en la idea de “poderío real absoluto”, asumidos –pese a la pugna política– por la nobleza con el fin de apuntalar sus posiciones9 .
En lo que se refiere al marco normativo, la “quiebra” de una renta o partido fiscal asociada a los problemas en su proceso de arrendamiento “por mayor” era una situación prevista en las condiciones de muchos procesos de licitación desarrollados desde la época de Juan $\mathrm { I I } ^ { 1 0 }$ , y se incorporó posteriormente a la legislación hacendística de la segunda mitad del siglo XV. Según recoge el “cuaderno” de alcabalas promulgado en 1462 por Enrique IV, y más adelante los otorgados en 1484 y 1491 por los Reyes Católicos –sancionando lo que constituía una práctica habitual desde al menos la década de 1430–, la renuncia de un arrendador a presentar las fianzas exigidas como aval para la recaudación de una renta y a sacar la carta de “recudimiento”, motivaba el “torno” o devolución de dicha renta a la almoneda. Posteriormente, la ley establecía la necesidad de hacer “quiebra” contra el arrendador por las cuantías menoscabadas en relación al precio de salida –cobradas con cargo a sus bienes por la Real Hacienda–, pasando la renta a manos de la Corona “como sy nunca oviere seydo rematada”, según leemos en el cuaderno de 1491. Una vez “quebrada” la renta, la Real Hacienda podía proceder a un nuevo arrendamiento, o bien tomarla para la Corona por el precio que considerase oportuno, incluso sin realizar quiebra, si así lo estimaban los contadores mayores. En caso de existir un licitador previo, este se responsabilizaría de la gestión por la suma ofrecida, de manera que lo normal era “haser torno de la tal renta de un arrendador o pujador en otro començando desde el postrimero subçesivamente hasia el primero ponedor”, hasta que alguno completase el proceso arrendaticio presentando los avales pertinentes11.
En este sentido, la Hacienda Real castellana siempre trató de establecer unos marcos jurídicos de seguridad que limitaran al máximo cualquier menoscabo en sus rentas derivado del proceso de licitación, independientemente de su posible justificación por parte de los agentes fiscales en causas fortuitas (guerras, epidemias, crisis coyunturales...) o de su vínculo con las diversas formas de especulación puestas en práctica en el “estrado de las rentas” donde tenía lugar la almoneda12. Del mismo modo, la legislación también se mostraba taxativa al impedir la posibilidad de que los recaudadores o arrendadores mayores que ya habían obtenido su carta de recudimiento pudieran solicitar a posteriori descuentos en los precios concertados con la Real Hacienda por las rentas arrendadas. Estos descuentos estaban completamente prohibidos “aunque dapno o mengua o perdida venga en las dichas rentas por fuego o guerra, o por agua o piedra o niebla, o por otro casso fortuyto”, tal y como señala el “cuaderno” de alcabalas de 1462, y recoge de nuevo –ampliando la casuística de posibles desastres– el “cuaderno” de alcabalas de 149113. Pese a que estas disposiciones legislativas trataban probablemente de trasladar al ámbito financiero la idea de que el resultado del proceso arrendaticio sería irrevocable, el avance desde el reinado de Juan II de la idea de “poderío real absoluto”, que permitía al monarca desligarse del cumplimiento de la ley, abrió un espacio de negociación entre la Real Hacienda y los agentes financieros afectados por una crisis de liquidez en el cual tenía cabida, tal y como veremos, la aceptación de descuentos en los precios de arrendamiento.
2. Las “quiebras” durante el reinado de juan II
2.1. El sistema de arrendamiento de rentas “en masa”: ¿una garantía ante la quiebra?
El marco de regulación específico a partir del cual se llevaron a cabo los arrendamientos de las rentas ordinarias entre 1432 y 1465 también reportó al fisco regio unos cauces de seguridad ante la posibilidad de quiebra financiera en un contexto político de enorme complejidad del que aquí apenas podemos hacernos eco. En este sentido, el régimen de gestión fiscal “en masa” implantado desde 1432 por iniciativa de don Álvaro de Luna supuso toda una novedad en su momento, al permitir arrendar, para un período de entre dos y cuatro años mediante una única operación, la totalidad de las rentas ordinarias del reino a un gran conglomerado financiero que establecía, mediante repartimiento, los precios mínimos de las rentas “por mayor” de cada partido, que posteriormente podrían ser sobrepujados por otros grupos financieros. Más allá de que este sistema facilitara a grupos de poder reducidos –como el liderado por el mismo Álvaro de Luna– la posibilidad de ejercer un estrecho control sobre la gestión tributaria, el arrendamiento “en masa” también mostraba una excelente operatividad al garantizar, por un lado, unos ingresos mínimos a la Real Hacienda dentro del mismo ciclo arrendaticio, y por otro, un crecimiento sostenido en sus precios nominales que, sin embargo, no permitió compensar la caída en los precios reales –expresados en moneda de oro o plata– motivada por la progresiva devaluación del maravedí14.
Del mismo modo, el arrendamiento “en masa” también podía limitar el impacto de coyunturas adversas sobrevenidas en el sistema hacendístico, ya que en el caso de que un arrendador o recaudador mayor no pudiera afrontar las obligaciones contraí- das o renunciara a “contentar” de fianzas el partido fiscal licitado, los arrendadores de la “masa” respaldaban un precio mínimo para cada renta y partido durante el período de arrendamiento. No obstante, según especificaban las condiciones de la “masa” del trienio 1432-1434, podrían devolver las rentas afectadas a la almoneda y hacer “quiebra” contra dicho agente por la cantidad menoscabada. Igualmente, en caso de que los arrendadores mayores de la “masa” renunciasen a “contentar de fianzas” una determinada renta en el precio repartido, y esta fuese rematada posteriormente en la almoneda por otro operador en un precio menor, la diferencia sería contabilizada como “quiebra” y percibida por la Real Hacienda, bien mediante su cobro directo, bien descontando la cantidad menoscabada del “prometido” otorgado a los arrendadores de la “masa”15.
2.2. Las “quiebras” de 1443.
Pese a la estabilidad que el régimen de arrendamiento “en masa” procuró al sistema hacendístico ordinario desde 1432, conocemos algunos importantes episodios de crisis financiera coyuntural, cuyas posibilidades de estudio resultan limitadas en lo que se refiere al reinado de Juan II. Uno de los más significativos tuvo lugar en 1443, cuando al menos 23 partidos sufrieron quiebras en sus precios de arrendamiento como consecuencia de la renuncia de los financieros responsables de su gestión a ratificar sus fianzas o a sacar “recudimiento” para ese año. Probablemente, esta situación haya que vincularla con dos factores complementarios: por un lado, el impacto en la recaudación de tributos y en el desarrollo mercantil de las medidas de política monetaria adoptadas por la monarquía en 1442, en pleno triunfo del infante Juan, rey de Navarra, y de la liga que le apoyaba, con las que se trató de paliar, con escaso éxito, la carestía de metales preciosos y la necesidad de contar con más moneda circulante, así como de dar solución a los problemas provocados por la acuñación de moneda de vellón de baja ley en la década de $1 4 3 0 ^ { 1 6 }$ ; por otro, la crisis política abierta tras el golpe de Rámaga de julio de 1443, que permitió a los infantes de Aragón tener bajo su control a Juan II en Tordesillas hasta mediados de julio de 1444, desatando la hostilidad de sus adversarios políticos17.
En aquel turbulento contexto, dos financieros –Fernán Gómez de Bonilla y Pero Gómez de Sevilla– ofrecieron, mediante sendas posturas, “sanear” para el bienio 1444-1445 los partidos afectados por quiebras en 1443, a cambio de sustanciosos beneficios en forma de “prometido”, y de la percepción de un salario del $1 { , } 5 \%$ sobre el precio de arrendamiento en aquellas rentas que sobrepasasen el millón de mrs, y de 15.000 mrs en las circunscripciones fiscales cuyo precio se situase por debajo de esta cantidad.
En el caso de la postura presentada por Pero Gómez de Sevilla en Tordesillas el 14 de noviembre de 1443, que afectaba a doce partidos (tabla 1), se ofrecía un sobreprecio de 3.855.000 mrs en los partidos “quebrados” a cambio de un “prometido” de $\mathrm { \bar { 8 } 3 7 . 5 0 0 ~ m r s }$ que se añadiría a los “prometidos” y dádivas autorizados por los arrendadores mayores de la “masa” en dos de los cuatro años del arrendamiento de 1440-1443. Gómez de Sevilla se comprometía, asimismo, a presentar repartimiento de su postura, para que otros agentes realizasen, si así lo deseaban, pujas sobre los precios de salida señalados para cada partido. No obstante, en aquellas rentas que fuesen sobrepujadas Pero Gómez seguiría cobrando una dádiva de 20.000 mrs anuales, siempre y cuando el precio final sobrepasase el millón de mrs.
Quizás una de las cláusulas más favorables a los intereses de este financiero, en la cual se ponen de manifiesto las dificultades por las que atravesaba en aquel momento la Real Hacienda, sea la referida a la posibilidad que tendría Pero Gómez de renunciar, en un plazo de 20 días después del remate, a ejercer la recaudación y dejar las rentas que considerase oportuno “en las personas que las tienen puestas en presçio”, es decir, en los agentes que no las habían “contentado” de fianzas previamente dando lugar a la quiebra. Si esta renuncia se producía, estos operadores se harían cargo de la recaudación en los precios establecidos en origen, teniendo en cuenta que si eran menores a los incluidos en el repartimiento de la postura presentada por Pero Gómez la diferencia sería descontada a este último en las dádivas reconocidas en las restantes rentas a su cargo, y sumada en los partidos “que en él quedaren”. Del mismo modo, en el supuesto de que alguna de estas doce rentas permaneciese finalmente en manos de “los que las tienen puestas en presçio”, y se verificase su renuncia a “contentarlas” de fianzas, Pero Gómez podría tomarlas para sí junto a sus recaudamientos con las dádivas prometidas inicialmente. Por el contrario, en caso de negativa de Pero Gómez a hacerse cargo de su recaudación, los contadores podrían devolver las rentas afectadas a la almoneda y rematarlas en el postor de mayor cuantía, realizándose “quiebra” por las sumas menoscabadas contra los antiguos postores y sus fiadores, siempre que el precio alcanzado quedase por debajo del precio de partida. Si, por el contrario, el precio de remate de estas rentas en el “torno de almoneda” se estableciera por encima del precio de remate inicial, la diferencia entre ambas sumas sería descontada a Pero Gómez en los restantes partidos situados bajo su control18.
Más allá de la gran complejidad de las cláusulas asociadas a esta operación, la postura de Pero Gómez de Sevilla constituye un magnífico testimonio de la fragilidad de la Real Hacienda, aprovechada por el financiero para tratar de extraer de un escenario de inseguridad enormes ventajas que, no obstante, podrían llegar a compensar a los infantes de Aragón en un contexto de polarización política y contracción de las inversiones. La misma sensación traslada la postura presentada por Fernán Gómez de Bonilla en Tordesillas el 4 de diciembre de 1443 para el saneamiento de otros once partidos quebrados en 1443 (tabla 1), en los cuales se ofrecía a ejercer como recaudador mayor. En este caso se iba más allá, ya que frente al incremento en el precio ofrecido por Pero Gómez en su postura, la oferta lanzada por Gómez de Bonilla implicaba una rebaja de 1.500.000 mrs sobre el precio anual conjunto que habían alcanzado estos partidos para el período 1440-1443, así como un incremento de 400.000 mrs en el “prometido” reconocido previamente, que se vería reducido a 200.000 mrs anuales en el caso de que las rentas le fueren sobrepujadas. De todo ello daría igualmente repartimiento, por partidos y rentas, para facilitar que otros operadores pudieran presentar en el plazo habilitado para ello nuevas pujas antes del remate final.
Al igual que Pero Gómez de Sevilla, Fernán Gómez de Bonilla también incluyó en su postura otras cláusulas muy ventajosas para sus intereses, que se sumaban a las anteriores. Entre ellas la posibilidad de mantener el oficio de recaudación de los partidos cuyas tercias reales le fueran sobrepujadas; y, especialmente, la posibilidad de eludir responsabilidades futuras en caso de que otros agentes rematasen alguno de los partidos afectados por su postura, y posteriormente se verificase su renuncia a “contentarlos” de fianzas.
No obstante, la postura sobre estos once partidos fue sobrepujada el 5 de diciembre de 1443 por Pero Gómez de Sevilla, que ofrecía una mejora anual de 300.000 mrs en el precio señalado por Fernán Gómez de Bonilla. A cambio, mantendría las mismas condiciones y dádivas reconocidas a este último, a las que se añadía un nuevo “prometido” de 200.000 mrs anuales –cuyo cobro no se llevaría a efecto en caso de que su oferta fuese sobrepujada–, además del compromiso de abonar los 200.000 mrs anuales reconocidos a Gómez de Bonilla como “prometido”. Pese a la mejora en el precio global que suponía esta postura si la comparamos con la de Fernán Gómez de Bonilla, una vez descontado el “prometido” de 200.000 mrs de este último, la bajada en las rentas afectadas se cifraba en $1 . 0 0 0 . 0 0 0 \mathrm { m r s ^ { 1 9 } }$ . Sin embargo, la operación podía resultar interesante para la Real Hacienda, pues era mejor cobrar una suma menor que exponerse a mantener estos partidos en fieldad.
Aunque desconocemos el resultado final de estas operaciones, el repartimiento presentado el 11 de diciembre de 1443 por Pero Gómez de Sevilla del 1.055.000 mrs “abaxado” en los precios anuales repartidos en estas rentas durante el cuatrienio 1440-1443 –resultado de añadir al 1.000.000 mrs señalado anteriormente otros $5 5 . 0 0 0 ~ \mathrm { m r s }$ pujados posteriormente en “lo realengo” y “abadengo” de la merindad de Santo Domingo de Silos–, permite tener una idea aproximada de los partidos que atravesaban por mayores dificultades recaudatorias –en su mayoría situados en la franja central del reino–, o considerados menos propicios para realizar una inversión (tabla 1)20.

Alc.y ter. saneadas por Pero Gomez de Sevilla21	Alc.y ter. saneadaspor Fernan Gomez de Bonilla	Cantidad anual "abaxada"2
1.	Ciudadde Toledoy supartido	1. Ob.Salamanca	149.250
2.	Arced. Guadalajara	2. Ob.Segovia	39.805
3.	Infantado del ob. Cuenca	3. Sacadas de Coria y Caceres	92.550
4.	Merindad de Cerrato	4. Ob.Plasencia	198.500
5.	Senorios y behetrias Sto.Domingo	5. Partido de Huete	51.782
6.	Merind. Campos con Palencia	6. Partido de la orden [de Santiago]	64.798
7.	Partido de la ciudad de Cuenca	7 Ob. Ciudad Rodrigo	98.015
8.	Arcedianazgo de Madrid	8. Ob. Osma	209.500
9.	Merind.Allende Ebro	9. Ob.Badajoz	116.550
10.	Infantado de Valladolid	10. Realengo de la mer. Santo Domingo de Silos	0
11. Ob.Zamora	11. Partido de Atienza	34.250
12．Merindad de Asturias de Santillana	TOTAL CANTIDAD “ABAXADA”	1.055.000

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Tabla 1. Lista de partidos “quebrados” incluidos en las posturas de Pero Gómez de Sevilla y Fernán Gómez de Bonilla presentadas para el bienio 1444-1445, y cantidades “abaxadas” en los 11 partidos repartidas por Pero Gómez de Sevilla.
2.3. Las deudas con la Real Hacienda y la crisis de 1449.
Las operaciones de saneamiento de los partidos quebrados llevadas a cabo en 1443 se enmarcan en un contexto de evidentes dificultades financieras, consecuencia de la división política del reino, pese a las medidas arbitradas por los infantes de Aragón para solucionar los problemas de liquidez y, quizás, apartar del negocio fiscal a aquellos operadores alineados con el bando lunista. El 6 de febrero de 1444, el rey ordenaba mediante albalá dirigido a los contadores mayores pregonar en Tordesillas la obligación de todos los tesoreros, recaudadores y arrendadores de sacar en un plazo máximo de treinta días los “libramientos” para la gestión de sus oficios, a fin de que los contadores mayores de cuentas pudieran fiscalizar su actividad. Según el albalá que contiene el mandato regio, algunos agentes habían alegado para no rendir sus cuentas la existencia de embargos en sus oficios y la negativa de los oficiales de la contaduría a autorizar la expedición de los mencionados “libramientos” sin antes percibir ciertas sumas que, según señalaban, se les adeudaban. El mismo día, Juan II prohibía a los contadores mayores librar cantidad alguna en los oficios de depósito, recaudación y tesorería gestionados por el obispo de Osma, el tesorero Juan Ramírez de Toledo, el tesorero de las albaquías Abrahem Bienveniste, el tesorero de la casa de la moneda de Sevilla Alfón González de Medina, y los restantes tesoreros de las casas de la moneda del reino. Esta última medida, que suponía apartar del primer plano de la gestión fiscal a algunos de los financieros que desde 1429 venían desempeñando de la mano de don Álvaro de Luna un papel central en el sistema hacendísticofiscal de la monarquía, era justificaba por el monarca como mecanismo para facilitar la toma de sus cuentas y, posteriormente, recaudar las sumas que adeudaban “para me socorrer d’ello para las cosas cosas nesçesarias e conplideras a mi serviçio”23.
El fin del “secuestro” de Juan II a mediados de julio de 1444 no terminó con la problemática asociada al impago de rentas atrasadas, probablemente favorecido por el estado de anarquía y confrontación política que asolaba el reino, y por las dificultades de los operadores financieros para recaudar las sumas que se les adeudaban y generar la liquidez suficiente en este contexto. El rey volvía a recordar a comienzos de 1445 que muchos tesoreros, recaudadores y arrendadores de rentas regias se habían negado a “fenecer” sus cuentas “por se escusar de pagar los mrs de sus alcançes e otras debdas que me devían e avían a dar e pagar”, motivo por el cual había ordenado limitar la expedición de cartas de recudimiento únicamente a los agentes que presentasen una fe de los contadores mayores de cuentas haciendo constar la rendición de su contabilidad. Sin embargo, esta decisión podía comprometer la correcta financiación del fisco, pues muchos agentes “non podrían asy prestamente dar las dichas cuentas de los años o año pasados”, lo que podía llevar a que muchas rentas se recaudasen en fieldad “de lo qual se podría recresçer grant mesnocabo en ellas”. Por ello, pese a las instrucciones dadas, el 8 de enero de 1445 Juan II autorizaba la expedición de cartas de recudimiento en favor de todos aquellos arrendadores y recaudadores mayores que se comprometiesen, bajo juramento, a presentar sus cuentas atrasadas en el plazo establecido para ello, bajo amenaza de embargo en sus oficios de recaudación24.
De esta forma, la monarquía transigía ante la realidad de los hechos, explicitando su dependencia de los grupos financieros –incluso de aquellos que no ejercían sus funciones correctamente–, aunque ello no fue óbice para que se adoptaran medidas contra el patrimonio de aquellos operadores ya fallecidos que acumulaban deudas de importancia. Así, sabemos que el 28 de agosto de 1445 Juan II ordenaba al corregidor de Ávila embargar los bienes dejados por el difunto Zulema Abenaex, arrendador y recaudador de ciertas rentas regias en los años pasados de las cuales no había dado “cuenta e razón” “nin pagado los mrs que d’ello devía”. Meses más tarde, en marzo de 1446, el monarca conminaba a su escribano de cámara Álvaro Romero, a hacer una pesquisa sobre las personas obligadas como fiadores por el mismo Zulema Abenaex, con el objetivo de embargar sus bienes, al tiempo que ordenaba un nuevo arrendamiento de las rentas abulenses25. Del mismo modo, en diciembre de 1446 Juan II entregaba a don Álvaro de Luna los bienes y deudas incautados tras la muerte del tesorero Juan Ramírez de Toledo pues “non fenesçió sus cuentas de los cargos que en su vida por mí tovo”26.
La nueva crisis abierta en 1449 tras la revuelta toledana encabezada por Pero Sarmiento contra el poder de don Álvaro de Luna, volvió a poner a prueba la resistencia del sistema hacendístico castellano ante una coyuntura política conflictiva, y tuvo una evidente plasmación en las dificultades de gestión que se observan en muchos partidos durante el bienio 1449-1450. Sirva como ejemplo la renuncia del recaudador mayor del obispado de Sigüenza a “contentar” de fianzas las rentas del partido durante el bienio 1449-1450 y a sacar recudimiento. Ello facilitaría su “torno” a la almoneda donde “non se falló quién diese por ellas preçio alguno ni d’ellas se quisiese encargar por ser todo señoríos, [e] por las guerras e frontera continua de Atiença”, plaza rebelde a Juan II cuyas rentas también regresaron a la subasta tras la renuncia de su recaudador mayor a hacerse cargo de ellas27. La misma circunstancia se observa en las salinas de Espartinas, en las alcabalas del arcedianazgo de Madrid y en las tercias de Guadalajara del bienio 1449-1450. Para la gestión de los dos últimos partidos, una vez realizadas de las preceptivas “quiebras” contra sus arrendadores, fue necesario nombrar receptores encargados de llevar a cabo las tareas de recaudación en nombre del rey. Con ello se ponían de manifiesto las dificultades del sistema de arrendamiento de rentas ordinarias “en masa” en coyunturas claramente adversas, motivo que –junto a otros– llevó a los procuradores del reino a solicitar a Juan II en las Cortes de 1451 su supresión –quizás operativa durante el bienio 1451-1452–, aunque a partir de 1453 el sistema volvía a estar vigente28.
3. Crisis política y quiebras financieras: del reinado de Enrique IV al conflicto sucesorio
3.1. Las quiebras financieras en la antesala de la guerra civil.
El acceso al trono de Enrique IV en julio de $1 4 5 4 ^ { 2 9 }$ se inauguraba, en lo que a aspectos hacendísticos se refiere, con una importante operación de arrendamiento de la “masa” para el período 1455-1458, que permitió incrementar el precio de las rentas ordinarias hasta los 68.234.797 mrs anuales para el trienio 1455-1457, y 68.024.797 mrs para el año 1458. De nuevo, se procedió a dos nuevos arrendamientos de la “masa” para 1459-1462 y 1463-1465, que parecían constatar la estabilidad del sistema en un contexto expansivo30. No obstante, ya en enero de 1462 los contadores tuvieron que realizar en Madrid “quiebras” en doce partidos fiscales, tornados posteriormente a la almoneda en los precios establecidos por la Corona, como consecuencia –una vez más– de la incomparecencia de sus licitadores para “contentar” sus rentas de fianzas en el plazo asignado para ello. En conjunto, estas “quiebras” suponían una reducción de casi 1.500.000 mrs $( 2 0 , 7 \% )$ en el precio de arrendamiento concertado para estos partidos inicialmente.
Tabla 2. Quiebras de 1462 en las rentas regias (mrs).31

Renta	Precio remate	Precio en el que setoman para el rey	Quiebra
Alc.Asturias de Santillana	267.500	150.000	116.500
Alc.merindad de Allende Ebro	658.000	500.000	158.000
Alc. y ter. merindad de Carrion	450.000	280.000	170.000
Alc.obispalia de Avila	102.000	80.000	22.000
2/3 alc.y ter.ob.Salamanca	1.400.000	1.200.000	200.000
Alc.Le6n	459.000	280.000	179.000
Alc.obispado Astorga	237.000	200.000	37.000
Ter. obispados Leon y Astorga	57.000	50.000	7.000
Alc.y ter. obispado Plasencia	1.752.616	1.300.000	452.616
/ alc.y ter.ob.Coriay Caceres	708.600	650.000	58.500
/ alc.obispado Badajoz	742.000	700.000	42.000
Alc./4 del aceite de Sevilla	404.125	350.000	54.125
TOTAL	7.237.841	5.740.000	1.496.741

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Pese a esta aparente estabilidad, las perturbaciones desarrolladas desde 1461, cuyo impacto se dejó notar en el ámbito comercial, provocaron una nueva crisis de confianza en el sistema de percepción de tributos, en virtud de la señalada dependencia directa de la mayor parte de las rentas regias ordinarias (alcabalas, aduanas y almojarifazgos) de la realidad en la que se movían los intercambios comerciales en sus escalas local, regional e internacional, muy condicionada por una diversidad de factores. Entre ellos, las situaciones de violencia urbana que asolaron Castilla entre 1463 y el final del conflicto sucesorio en 1479/1480, las crisis demográficas, y las medidas de política económica adoptadas por la monarquía, particularmente las alteraciones en el curso legal y ley del numerario.
Ya el profesor Ladero se encargó de resaltar los perniciosos efectos –particularmente notorios en el área andaluza– que la nueva “tasa de moneda” aprobada en mayo de 1462 por Enrique IV tuvo sobre aquellos agentes económicos que basaban su negocio en la inversión de oro y plata –cambistas y banqueros, grandes mercaderes y arrendadores de rentas, entre otros– como consecuencia de la devaluación o “baja” de las monedas de oro y plata en relación al maravedí, de en torno al $2 5 \ \%$ sobre el valor previo, aunque más acusada en el oro. Se trataba, fundamentalmente, de una medida deflacionista que buscaba impedir que continuara la tendencia a la depreciación de la moneda de vellón y el consiguiente aumento de los precios nominales32. El impacto de esta decisión sobre la actividad mercantil se sumó a los efectos de la crisis frumentaria que desde 1461 afectó a regiones como la hispalense, lo que generó, por ejemplo, problemas para los licitadores de la alcabala del “pan” de Sevilla de 1461 y 1462, al decretar el concejo la suspensión del cobro de la renta con el objetivo de reducir el precio del cereal33. A ello habría que añadir el incremento de la conflictividad política desde 1463. A la postre, la “tormenta perfecta” desatada en aquellos años en el suroeste castellano terminó provocando la quiebra de cambistas y de algunas grandes compañías financieras, producto en el último caso de la imposibilidad de afrontar los pagos a los cuales estaban obligadas como consecuencia de una crisis coyuntural en el comercio exterior –a la que quizás también contribuyó la regulación o “coto” de precios que acompañaba la tasa de moneda–, que debió situar el rendimiento fiscal extraído del tráfico mercantil muy por debajo de los precios concertados con la Corona para las rentas que lo gravaban34.
El caso más sonado fue el del almojarifazgo mayor de Sevilla, cuyo precio de arrendamiento para el período 1461-1466 (7.160.000 mrs anuales) fue acordado antes de la promulgación de la tasa de moneda en $1 4 6 2 ^ { 3 5 }$ . En este sentido, los inesperados cambios en las condiciones económicas provocaron durante el bienio 1462- 1463 la quiebra de los arrendadores encargados de gestionar la renta durante todo el período36 al no poder hacer frente al precio convenido en 1461, una vez que los efectos de las medidas monetarias adoptadas por el rey comenzaron a repercutir sobre la actividad comercial, también afectada por la situación de violencia banderiza que en 1463 asoló Sevilla (lucha entre los partidarios de los dos Fonseca que se disputaban la sede hispalense, expulsión del asistente real)37. Así lo denunciaron en 1464 los arrendadores de la renta, que después de haber sufrido penas de cárcel y pérdidas notables en sus patrimonios, solicitaron al rey un descuento en el precio de arrendamiento del bienio 1462-1463 y el cese del contrato durante el último trienio (1464-1466) “porque non valía [la renta] con grand parte los mrs por que la avían arrendado”38.
Las medidas de corrección aprobadas por la Corona a comienzos de 1464 –derogación de la tasa y “baxa” de las monedas de oro y plata, castigo de los disturbios de Sevilla, Carmona y Utrera– no llevaron aparejada una recuperación inmediata de la actividad comercial en la zona, ni tampoco mejoraron la confianza de los inversores en el negocio establecido en torno al almojarifazgo hispalense39. Así se deduce de hechos como la falta de licitadores que pusieran precio a la renta durante los más de cuatro meses (octubre de 1463 a finales de enero de 1464) que estuvo en la almoneda –tanto en la feria de Medina del Campo de octubre de 1463 como en la corte– tras la renuncia de los arrendadores a gestionarla; el remate de la renta para la Corona en 6.000.000 mrs, mitad en dineros “contados” y mitad en fianzas de tierras y mercedes, lo que implicaba una reducción de su precio nominal en un $16 \%$ ; la posterior quiebra, una vez tomada para el rey la renta, realizada contra los agobiados arrendadores, que carecían de bienes suficientes para afrontar su pago; y, finalmente, el descenso en su rendimiento derivado del régimen recaudatorio $- \mathrm { e l }$ almojarifazgo estaba en manos de fieles que, según afirmaban los arrendadores, “comían de lo que rendía”–, de los fraudes y encubiertas que realizaban los encargados de la vigilancia aduanera, y de la falta de incentivos fiscales basados en el reconocimiento por parte de los gestores de la renta de “sueltas” a los comerciantes en los derechos arancelarios que debían abonar.
El acuerdo al que llegaron finalmente, tras arduas negociaciones, los arrendadores del almojarifazgo de Sevilla con los comisionados nombrados por el rey incluía, como compensación por los “dapnos e pérdidas recreçidas en la dicha renta en los dichos dos años”, una quita de 2.500.000 mrs en el precio de arrendamiento del bienio 1462-1463, a deducir de los mrs que debían pagar en “dineros contados” en 1463, y otra de 600.000 mrs en la cuantía que debía ser abonada en concepto de tierras y mercedes el mismo año. Ello suponía una reducción anual en el precio nominal de la renta de casi el $22 \%$ (1.550.000 mrs anuales), que repercutiría únicamente en el precio de 1463. Por otro lado, inicialmente los arrendadores ofrecieron hacerse cargo para el trienio 1464-1466 de la recaudación de la renta en el precio concertado para el período previo a su arrendamiento (4.938.676 mrs anuales entre 1456 y 1460), contentándola con las fianzas que ya tenían dadas pese a las dificultades económicas para hacer frente a esta obligación derivadas del “poco trato e meneo” existente en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz.
Sin embargo, los agentes fiscales finalmente alcanzaron un pacto con los comisionados del rey que incluía las siguientes cláusulas: cada arrendador quedaría encargado de su fracción de la renta; se reconocería un descuento anual de 1.125.000 mrs en la parte en “dineros contados” que debían abonar del total del precio de arrendamiento; se aceptaría una reducción del $80 \%$ en la cuantía a la que ascendían las fianzas de tierras y mercedes pagadas anualmente por los arrendadores, pues estos solo deberían abonar $3 0 0 ~ \mathrm { { m r s } }$ por cada $1 . 5 0 0 \ \mathrm { m r s }$ de lanza; por último, la parte del pago correspondiente a las fianzas de tierras y mercedes, una vez descontada la quita del $80 \%$ , se sumaría al precio de la renta en “dineros contados”, haciéndose de todo un solo cargo40.
Los elementos perturbadores en la actividad económica que se aprecian en la quiebra del almojarifazgo sevillano durante el bienio 1462-1463 no están documentados para la mayor parte de las compañías encargadas de la gestión “por mayor” de alcabalas y tercias del reino durante el trienio 1463-1465, quizás porque el rendimiento de la alcabala dependía en mayor medida del comercio al por menor –mucho más vinculado al vellón– y de la capacidad de consumo de los grupos asalariados, acaso incentivada por las medidas deflacionistas adoptadas en 1462, o porque directamente en muchos lugares la tasa no se cumplió en los términos dispuestos41.
No obstante, en el caso de las rentas que gravaban la comercialización de productos “al por mayor” –o cuyo elevado precio exigía de inversiones y pagos en moneda de oro o plata–, o en el de aquellos agentes que tenían en su poder florines, doblas o reales procedentes de la recaudación en el momento de producirse la “baja” de la moneda, el impacto pudo ser mayor y dar lugar a la petición de descuentos. Por ejemplo, Fernando de las Casas, gestor de la mitad del partido de la madera de Sevilla entre 1463 y 1465, logró que el Consejo Real autorizara una “baxa” de $9 2 . 0 0 0 ~ \mathrm { { m r s } }$ anuales en el cargo del partido durante el bienio 1464-1465 –suponía el $7 \%$ del precio de arrendamiento anual (1.207.400 mrs)– como compensación por los problemas que habían generado las “tasas e baxa de moneda qu’el dicho don Enrique mandó fazer”42. Del mismo modo, Juan de Oviedo, recaudador mayor de las rentas, pechos y derechos regios en el Principado de Asturias entre 1453 y 1465, afrontó pérdidas en su oficio como consecuencia de la “baja” de la moneda de oro, evaluadas en $1 5 0 . 0 0 0 \mathrm { m r s }$ , a razón de 3 mrs por florín y 5 por dobla. Según declaró en el transcurso del proceso de fiscalización de sus cuentas, a esta suma se añadieron otras pérdidas, hasta un total de 1.677.000 mrs, motivadas por el estado de guerra civil, la apropiación de rentas por parte de algunos caballeros sin contar con carta de libramiento, y la intervención de otros agentes fiscales en el Principado43.
Al margen de las dificultades provocadas por la devaluación monetaria de 1462, los problemas de liquidez relacionados con factores de índole política también afectaron por los mismos años a otros agentes. Por ejemplo, Fernando de San Pedro, recaudador mayor de las alcabalas y tercias de los arcedianazgos de Madrid, Toledo y Guadalajara, y de las salinas de Espartinas en 1463, denunciaba el impago de las sumas que le adeudaban los arrendadores menores, así como los impedimentos puestos por “personas poderosas” a la hora de cobrar las cuantías reclamadas. A todo ello se sumaban los vínculos familiares y de amistad sostenidos en muchas localidades entre los deudores y sus fiadores, por un lado, y los alcaldes y jueces ante los cuales se reclamaba la ejecución de los impagos, por otro44. En este sentido, las dificultades para crear un marco de seguridad jurídica efectivo que amparase las demandas de los operadores situados en la cúspide del sistema, se vieron amplificadas durante el reinado enriqueño por el creciente protagonismo alcanzado en muchos espacios por los grupos nobiliarios y sus redes clientelares. A esto habría que añadir la incertidumbre generada por la continuidad en las “tomas” realizadas por la nobleza y otros grupos sobre el producto de la recaudación45.
Todo ello podía contribuir a disipar la confianza depositada por muchos financieros en el funcionamiento de un sistema de gestión carente de garantías suficientes en la práctica, pese a la incorporación de medidas como el descuento de los mrs correspondientes a la “tasa de señoríos” del precio de arrendamiento de cada partido –vigente desde 1453–, o la renovación de la normativa hacendística. De hecho, el “cuaderno” de alcabalas de 1462, mucho más detallado que los anteriores en sus cláusulas, reconocía explícitamente la posibilidad de aceptar el descuento de las cuantías tomadas o embargadas por “cavalleros e perlados e otras personas” en cualquier renta regia, previo testimonio del concejo y autoridades del lugar al que afectara dicha toma. En caso de negativa de las autoridades locales a colaborar, bastaría con que el arrendador afectado prestase juramento ante cualquier justicia o ejecutor regio informando de la toma, cuyo pago –costas incluidas– se ejecutaría entre los vecinos y moradores del lugar en cuestión46.
3.2. La crisis financiera durante la división de Castilla en dos obediencias (1465- 1468)
El comienzo de los “tiempos rotos” en septiembre de 1464, y la posterior guerra civil en la que se vio inmerso el reino entre 1465 y 1468, prolongada con altibajos hasta el final del conflicto sucesorio entre los partidarios de Isabel I y su sobrina Juana en 1479/1480, tuvo una evidente traducción en la situación de crisis hacendística observada durante más de una década, cuyas consecuencias retroalimentaban, a su vez, la posición de debilidad de la monarquía al verse privada de los recursos económicos que garantizaban el sostenimiento de sus fines y red de alianzas. Pese a su importancia para el conocimiento de muchos de los aspectos internos de la crisis castellana, lo cierto es que la historia de la Real Hacienda entre 1465 y 1480 es un campo apenas explorado, salvo en lo que se refiere a algunos elementos parciales –por ejemplo, la enajenación de buena parte del tesoro real custodiado en el alcázar de Segovia realizada por Enrique IV a partir de 1465, y de nuevo por su hermana Isabel desde $1 4 7 5 ^ { 4 7 }$ , o las dificultades afrontadas en la gestión de las rentas del Principado de Asturias48–, significativos de los problemas de liquidez afrontados por la monarquía a lo largo de aquellos años. Así pues, todavía ignoramos en sus detalles la dinámica de funcionamiento de las dos Reales Haciendas –la de Enrique IV y la del infante-rey don Alfonso– que coexistieron desde la proclamación de este último como monarca en Ávila (5 de junio de 1465) hasta su muerte en julio de 1468, y el impacto concreto que esta situación de duplicidad tuvo en el mundo financiero49.
No se pretende cubrir este vacío, salvo para apuntar algunos elementos referidos a la quiebra de la confianza en el sistema de gestión de los recursos fiscales –fundamentalmente de los de Enrique $\mathrm { I V } -$ que la escasa documentación permite apreciar. En este sentido, la crisis política desatada en 1465 supuso ante todo el abandono del sistema de arrendamiento “en masa”, vigente desde 1432 de forma prácticamente continuada. De esta forma, una vez concluido el período de arrendamiento de la “masa” del trienio 1463-1465, no tenemos constancia de que las rentas regias ordinarias de Castilla volvieran a arrendarse “en masa”, lo cual era lógico si se tiene en cuenta la incertidumbre política en la que se movió el reino desde septiembre de 1464. ¿Quién, en aquellas circunstancias, habría estado dispuesto a garantizar con sus recursos un precio mínimo por las rentas de la totalidad de los partidos del reino?
Por otra parte, ya en el momento inmediatamente posterior a la división de Castilla en dos obediencias se produjeron las primeras alteraciones en el normal funcionamiento de algunas rentas, tanto regias como concejiles. El 8 de octubre de 1465 Enrique IV comunicaba que el arrendador del servicio y montazgo de los ganados del reino desde San Juan de 1465 a San Juan de 1466 no había “contentado” la renta de fianzas, ni había sacado su recudimiento, por lo cual había ordenado la recaudación de dicha renta en régimen de fieldad50. De igual forma, durante 1465 fueron frecuentes las peticiones de ayuda por parte de los arrendadores de la renta de la “barra” de Burgos –principal ingreso ordinario del concejo–, así como de los agentes encargados de gestionar algunas sisas concejiles, a raíz de las pérdidas sufridas durante la estancia de ciertos caballeros en la ciudad con ocasión de elaborar y firmar un manifiesto contra Enrique $\operatorname { I V } ^ { 5 1 }$ . Ello permite constatar –aunque sea a través del ejemplo de la fiscalidad concejil burgalesa– las consecuencias en el plano financiero derivadas del conflicto político. Esta circunstancia, reproducida probablemente en otros espacios, explicaría la desconfianza que en 1466 mostraron algunos operadores ante la posibilidad de sufrir pérdidas como resultado de las fluctuaciones observadas en la obediencia regia, evidenciada en la negociación con la Real Hacienda de cláusulas muy ventajosas destinadas a limitar los efectos de la inestabilidad política en los beneficios derivados del arrendamiento52.
Los autos de “torno de almoneda” conservados y las relaciones elaboradas por los oficiales regios en las que se hacían constar los partidos licitados, pero no “contentados de fianzas” por los agentes que habían rematado “de todo remate” sus rentas durante el plazo estipulado para ello, permiten profundizar en la retracción de las inversiones a la que se tuvo que enfrentar la Hacienda enriqueña, probablemente como consecuencia de la escasa rentabilidad que los operadores fiscales esperaban obtener en aquel contexto, y de la ausencia de un control efectivo por parte de Enrique IV sobre amplios espacios de Castilla. Así, sabemos que el 10 de marzo de 1467 –cuando el reino ya llevaba casi dos años de división– un número importante de los agentes que tenían licitadas rentas regias todavía no había acudido a la corte a “contentarlas” de fianzas ni a sacar sus recudimientos. Ello pese a que ya en noviembre de 1466 se habían realizado los tres pregones preceptivos en los cuales los contadores mayores instaban a todos los arrendadores y recaudadores del rey que tuvieran arrendadas rentas para el bienio 1466-1467 a cumplir antes del 1 de diciembre de 1466 con esta obligación, amenazando con realizar la consecuente “quiebra” en caso de no hallarse licitadores tras la renuncia implícita de estos agentes53.
En este sentido, conviene recordar que los oficiales hacendísticos del infanterey don Alfonso se mostraron muy activos desde el primer momento en atraer a los operadores fiscales que hasta 1465 venían participando al servicio de Enrique IV en los arrendamientos “por mayor” de rentas regias. Así lo constata el reconocimiento que los contadores alfonsinos hicieron de los arrendamientos concertados con Enrique IV antes de su deposición en efigie (caso del partido de la madera de Sevilla en 1465); la formalización de nuevos arrendamientos para el bienio 1466-1467 en aquellos partidos situados bajo la obediencia alfonsina, según se ordenaba en un albalá de noviembre de 1465; o la concesión de oficios de recaudación, sin pasar por la subasta de rentas, a agentes que venían desempeñando sus funciones al servicio de Enrique IV en determinados espacios desde el trienio 1463-1465 (caso del arcedianazgo de Talavera para $1 4 6 6 ) ^ { 5 4 }$ .
Otros documentos elaborados por los contadores de Enrique IV en los primeros meses de 1467 permiten completar el panorama de incertidumbre, derivado de la fuga del capital financiero y de sus gestores hacia la facción alfonsina, o simplemente de la retracción de los agentes fiscales en los espacios controlados por don Enrique. Las dificultades para encontrar licitadores que arrendasen “por mayor” las rentas de algunos partidos eran evidentes a comienzos de 1467. Por ejemplo, el 19 de enero de 1467 el rey autorizaba a Diego López del Arroyo para que “hiciera” y arrendara “por granado” las alcabalas y tercias de Sigüenza, Atienza y las otras villas y lugares de sus partidos del período 1465-1467, síntoma de que ningún financiero había estado dispuesto a hacerse cargo del arrendamiento “por mayor” de este espacio durante los años anteriores55.
Del mismo modo, una relación elaborada por los contadores a comienzos de 1467 incluye entre las “rentas arrendadas e non contentadas del año de LXVI e d’este de LXVII” las alcabalas de la merindad de Rioja, y las alcabalas y tercias de la obispalía de Segovia, y de los lugares del priorazgo de San Juan situadas en los obispados de Salamanca y Zamora. El mismo documento incorpora un listado de “rentas no contentadas d’este dicho año [1467]”, cuyos precios ascendían en total a 4.559.760 mrs–, así como otro con las rentas tomadas “para el rey” por un precio total situado muy por bajo del rendimiento ofrecido en años anteriores (1.180.000 mrs). En la relación se especifica, además, que las rentas no arrendadas ni “contentadas” de fianzas de 1466 y 1467 serían rematadas “para el rey” en el estrado de las rentas el 10 de marzo de $1 4 6 7 ^ { 5 6 }$ . Todas ellas –con la excepción de las salinas de Atienza– se localizaban en la Castilla de las merindades y en el reino de Galicia, inmerso desde abril del mismo año en las vicisitudes de la revuelta Irmandiña57.
Tabla 3. Rentas de 1467 no “contentadas” (mrs).

Renta	Precio	Recaudador/es mayor/es
Alc.y ter. merindad de Bureba	657.418	Pedro Gonzalez del Castillo
Alc.y ter. merindad de Carrion	483.866	Garcia Gomez de Cumel
Alc.arz. Santiago con el ob.de Tuy	1.000.000	Fernan Gutiérrez de Valladolid
Diezmos y alfolies reino de Galicia	1.004.088	Fernan Gutiérrez de Valladolid
Salinas de Atienza	1.414.388	Alfon de VillarrealMose Zaragoza
TOTAL	4.559.760

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Tabla 4. Rentas de 1467 “que se toman para el rey” (mrs).

Renta	Precio
Candemuno	100.000
Cerrato	80.000
Santo Domingo	50.000
Rioja	50.000
Bureba	100.000
Santiago	200.000
Diezmos yalfolies	200.000
Salinas de Atienza	300.000
Carrion	100.000
TOTAL	1.180.000

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Otra relación, mucho más completa que la anterior, permite seguir la dinámica en la que se movió la almoneda hasta finales de marzo de 1467. En este documento interno, los oficiales regios anotaron en primer lugar las rentas de 1467 arrendadas que se tornaron a la almoneda “porque los arrendadores no contentan de fianças nin sacan sus recudimientos” (alcabalas y tercias de las merindades de Bureba y Carrión, alcabalas del arzobispado de Santiago con el obispado de Tuy, diezmos y alfolíes del reino de Galicia y salinas de Atienza). A ellas se sumaban las “rentas no contentadas de ningund año” (alcabalas de la merindad de Rioja, alcabalas y tercias de la obispalía de Segovia, alcabalas de las villas y lugares del priorazgo de San Juan en los obispados de Salamanca y Zamora, y diezmos de la mar de Castilla). Todos estos partidos fueron teóricamente devueltos a la almoneda el 20 de enero de 1467. A continuación los oficiales regios elaboraron un listado de las rentas “arrendadas e non rematadas” –con indicación marginal de las fechas establecidas para los remates primero y “postrimero”–, que debemos deducir lograron atraer el interés de los agentes financieros, aunque en muchos casos desconocemos si se llegaron a “contentar” de fianzas tras cumplirse la fecha de su “remate postrimero”.
Tabla 5. Rentas arrendadas y no rematadas en 1467 (mrs).59

Renta	Ano/s	Precioanual	Remateprimero	Rematepostrimero
Alc.ob.Zamora	1466-67	1	一
Servicio y montazgo	1467-68	1.850.000	1467-7-15	1467-7-20
Alc.ciudad de Mondofedo y suscotos y feligresias,con alc., diezmosy alfolies de Vivero	1467-68	230.000	1467-2-10	1467-2-20
Diezmos,aduanas,pesquisas,penasyachaques de las cosas debidas delobispado de Cuenca,sin las villasde Huete,Moya y Requena con sustierras,y sin las villas y lugares delmarquesado de Villena en el dichoobispado	1466-67	60.000	1467-2-28	1467-3-31
Alc., ter.,pechos,derechos y senoriode Casarrubios	1467-69	81.00058
Alc.ciudad de Guadalajara	[i1467?]	430.000	1467-3-15	"dendeadelante"
Ter.Monterrubio,Canales,。villade Layo,Mansilla,Viniegra deYuso y de Suso,Ventosa,Briegay Montenegro，lugares de CincoVillasy Valdecanales,situados en lamerindad de Candemuno,con las ter.de Valdevadillo del Pez,Villamiel yMazariegos	1467	25.200	1467-2-8	1467-2-18

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Por último, y lo que resultaba más grave, a la altura de marzo de 1467 había un total de 23 “rentas no arrendadas”, distribuidas por todo el reino, aunque de nuevo con un predominio de las percibidas en partidos situados al norte del Duero, especialmente en Galicia y la Castilla de las merindades. No obstante, las rentas cobradas en los territorios donde los partidarios del infante don Alfonso –principalmente el marqués de Villena don Juan Pacheco y el arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo de Acuña– contaban con una posición de fortaleza –caso de los partidos situados en la región sureste de Castilla, próxima a los territorios señoriales del marqués de Villena– tampoco fueron licitadas, quizás porque ningún operador estaba dispuesto a asumir el riesgo de gestionar el producto de la fiscalidad de unos territorios ajenos a la obediencia enriqueña60. Máxime si tenemos en cuenta situaciones como la de las rentas del Principado de Asturias, cuyo recaudador mayor Juan de Oviedo, perteneciente a la parcialidad de Enrique IV, se vio imposibilitado para ejercer su oficio desde 1466 hasta 1470 pese a haberlo licitado –ni siquiera llegó a obtener la carta de recudimiento durante el período–, después de la toma de partido de este espacio por don Alfonso en noviembre de 1465, y del nombramiento de nuevos recaudadores afines a la obediencia proclamada61.
Pese a la carencia de datos cuantitativos, cabe suponer que la falta de licitadores para muchas de estas rentas, así como la imposibilidad de percibir recursos fiscales procedentes de los espacios situados bajo la obediencia alfonsina, llevó a la Real Hacienda de Enrique IV a una situación de quiebra, lo que concordaría con los apuros por los cuales pasó en 1467 el propio monarca para encontrar –tal y como reconocía en un documento– “quien se encargue por mayor de las dichas rentas e recabdamiento dellas”, o para financiar los gastos de la cámara regia62. Es posible que muchos tributos pasaran a cobrarse en régimen de fieldad en los territorios controlados por don Enrique con las implicaciones tan graves que ello tendría a la hora de afrontar el pago de un creciente situado, y de librar dinero desde la corte. Por otro lado, la situación relativa a los partidos arrendados y no “contentados” de fianzas seguía en unos términos semejantes el 10 de marzo de 1467, momento en el que probablemente se elaboró una nueva relación de las rentas “tomadas para el rey” en la cual figuran once partidos fiscales, la mayor parte de los cuales ya se incluía en las relaciones anteriores.

Rentaypartido	Ano/s	Precio anuallicitado	Precio anual en elque se toman parael rey
Alc.merindad Rioja	1466-67	50.000
Alc.merindad Allende Ebro	1466-67	985.329	300.000
Alc.obispado de Zamora	1466y1468	1.672.000	200.000
Alc. mer. Carrion y ter. arcedianazgo	1467	483.000	100.000
Alc.mer.Bureba y ter.arcipr. Briviesca	1467	751.518	100.000
Alc. mer. Candemuno y ter. arced.Lara	1467	二	100.000
Alc. mer. Cerrato y ter. arced.Palenzuela	1467	二	80.000
Alc.merindad Santo Domingo de Silos	1467	1	50.000
Alc.arzob. Santiago con el ob. Tuy	1467	922.000	200.000
Diezmos yalfolies del reino de Galicia	1467	902.988	200.000
Salinas de Atienza	1463-67	1.414.364	300.000

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Tabla 6. Rentas no “contentadas” de fianzas en 1467 y “tornadas” a la almoneda (mrs).63.
En este sentido, resulta sintomático observar cómo los contadores asignaron un nuevo plazo adicional antes de ejecutar el “torno” de almoneda y la “quiebra” de estos 11 partidos, que teóricamente debía haber sido realizada el 1 de diciembre de 1466. Con ello quizás trataban de ganar tiempo para facilitar que los agentes afectados finalmente se decidieran a hacerse cargo de la gestión, lo que constituiría un indicio de la debilidad financiera por la que atravesaba Enrique IV. La impresión se confirma si tenemos en cuenta que el 14 de marzo de 1467, una vez aprobado el “torno” de estas rentas a la almoneda y las preceptivas quiebras, los oficiales regios acordaron conceder un nuevo plazo hasta finales de marzo del mismo año, con el compromiso de que si en este tiempo.
Los dichos arrendadores e recabdadores venieren o enbiaren a contentar de fianças las dichas rentas ${ < } \ e$ las contentasen>, e sacar d’ellas recudimientos, que les tornarían las dichas rentas e darán por ningunas las dichas quiebras64.
3.3. Los años finales del reinado de Enrique IV y el conflicto sucesorio (1468- 1477)
La muerte del infante-rey don Alfonso el 5 de julio de 1468, y la posterior firma del acuerdo de Guisando entre Enrique IV y su hermana Isabel en septiembre del mismo año terminó momentáneamente con las hostilidades, aunque de nuevo ello no supuso el fin de las dificultades financieras. En primer lugar, porque la política de fidelización a partir de la entrega de mercedes seguida por Enrique IV y don Alfonso, particularmente en lo referido a la concesión de ferias y mercados exentos del pago de tributos regios, provocaba menoscabos en las rentas regias, tal y como se constata en el caso de las alcabalas de la ciudad de $\operatorname { L e o n } ^ { 6 5 }$ , y denunciaba con carácter general un memorial redactado hacia $1 4 6 9 ^ { 6 6 }$ . Por otra parte, continuaron los problemas de la Real Hacienda para concluir con normalidad el proceso de arrendamiento como consecuencia de la renuncia de muchos agentes a hacerse cargo finalmente de las rentas licitadas. Así lo confirma una nueva relación de las “rentas para el año LXXI que se han de tornar a la almoneda por no sacarse recudimiento de dicho año”. En ella figuran un total de 18 partidos de rentas ordinarias, cuyo precio estipulado para 1471 ascendía teóricamente a 19.847.292 mrs. De nuevo, encontramos partidos situados en el norte peninsular –con especial incidencia en el territorio gallego, apenas recuperado de los efectos de la guerra irmandiña–, pero también otros en la baja Andalucía donde la situación política distaba de encontrarse normalizada.
Tabla 7. Rentas ordinarias de 1471 “tornadas” a la almoneda por no haber sacado recudimiento sus recaudadores mayores67.

Partido	Recaudador	Cuantia(mrs)
Alc.y ter. Laredo y su “vecindad"	Juan Ruiz de la Hedilla	266.000
Alc. merindad de Saldafia con la villade Sahagun, sin los arciprestazgos	Juan de Valverde	331.112
Alc.y ter. obispado de Osma	Fernando de Palencia y don Yucaf Levi	1.553.698
Alc.obispado de León	Yucaf Soriano	495.613
Alc. diezmos y alfolies de Betanzos yBayona	Juan Fernandez de Betanzos	356.260
Alc.obispado de Orense	Diego Fernandez y Juan de Ferrera	320.000
Alc.y ter.de los lugares de lascuadrillas y montes de Toledo	Alonso de Rueda	50.000
1/3 partido de la alhondiga de Sevilla	Gonzalo Gonzalez de la Puebla	328.333
Alc. partido del aceite de Sevilla	Juan Gonzalez de Palma,Fernan Nunez de ToledoAlonso Gutiérrez de SevillaFernando de Alcala	2.314.000
Alc. partido de la madera de Sevilla	Fernando de las Casas y GonzaloGonzalez de la Puebla,“por mitad”	1.378.333
Alc. partido del condado de Niebla	Aleman Pocasangre	865.666
Alc. ciudad de Ecija	Fernando de C6rdoba	800.000
Alc. partido de Ecija	Gonzalo Gonzalez de Sevilla y GuillénBernal,“por mitad"	1.300.000
Alc. partido de Jerez de la Frontera	Aleman Pocasangre	3.312.500
Diezmos y alfolies del Reino de Galicia	Diego Gonzalez de ValladolidAlonso de CuellarJuan de[.]	606.377
Diezmo de la tierra que se coge enVitoria yen Salvatierra de Alava	Alonso Rodriguez de Santa Cruz	12.900
Almojarifazgo de Cordoba	Don Abrahem Bienveniste	1.000.000
Almojarifazgo de Sevilla (mitad)	Pedro Gonzalez de BahamonJuan Gonzalez de PalmaPedro Gonzalez de Segovia	4.556.500
TOTAL	19.847.292

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Al margen de la persistencia de la conflictividad política –más o menos latente, según regiones–, y de sus efectos sobre la confianza en la actividad económica y la percepción del factor “riesgo”, las nuevas medidas en materia monetaria adoptadas por Enrique IV para tratar de devolver la estabilidad quebrada en los años de la guerra civil también se dejaron sentir en las transacciones llevadas a cabo en los mercados locales, gravadas por la alcabala, y por consiguiente en los niveles de recaudación de esta renta lo que, en parte, podría explicar los problemas para licitar algunos partidos. En esencia, las disposiciones monetarias adoptadas en 1471 y 1473 perseguían una reducción o “baja” del curso legal de la mala moneda, especialmente de la de vellón –“cuartos” y “blancas” de escasa ley– acuñada en los años anteriores, profusos además en falsificaciones. Estas medidas estabilizadoras provocaron la confusión inicial en los pagos, un nuevo incremento de los precios nominales y una retracción en la actividad mercantil como consecuencia de los problemas que afrontaron los pequeños comerciantes y los encargados del abasto urbano que basaban su negocio en el vellón, y del contagio de la incertidumbre económica sobre toda la sociedad –MacKay habla incluso de una grande peur en 1473 hacia las monedas en circulación–, amén de que estos hechos también pudieran contribuir a agravar la situación de descontento social68. De nuevo, como en 1442 o 1462, las disposiciones en materia monetaria se sumaban al estado de conflictividad endémica en que vivían algunas ciudades del reino, y a los episodios de crisis demográfica sucedidos en aquellos años, facilitando nuevas quiebras en las rentas vinculadas a las transacciones económicas.
El ejemplo mejor documentado de esta situación, en la que se combinan todos los factores demográficos, económicos y políticos reseñados, lo encontramos en Toledo, aunque no debió tratarse de un caso excepcional. Ya en 1472 los arrendadores que se habían hecho cargo de la recaudación de las alcabalas y otros “pechos” y derechos toledanos69 solicitaron a Enrique IV una prórroga en el plazo de pago de sus obligaciones –fundamentalmente referidas al abono del “situado” y “salvado” que pesaba sobre cada “miembro de renta”– “en que puedan buscar de qué pagar lo que deven”. El motivo de tal demanda no era otro que las enormes pérdidas y menoscabos que sufrían las rentas que tenían arrendadas como consecuencia de la “grand pestilençia e mortandad que en la dicha çibdad de Toledo e su tierra e comarca este dicho año ha avido”. Una vez visto el caso en el Consejo Real, el rey informaba el 30 de noviembre de 1472 a las autoridades toledanas de la concesión a los arrendadores de un plazo de espera de un año contado desde el 1 de enero de 1473 “en que pudiesen pagar lo que deven e han a dar del dicho situado e salvado este dicho año”. En la misma orden se prohibía la aplicación de penas de prisión sobre sus personas y sobre los fiadores presentados como garantía –tampoco se podrían embargar sus bienes–, y se especificaban los nuevos plazos en los cuales los agentes deberían abonar, por mitad, a sus beneficiarios las cantidades adeudadas (30 de junio y 31 de diciembre de 1473)70.
Al impacto coyuntural de la epidemia de 1472 sobre el mercado toledano, consecuencia de la reducción en la demanda y el consumo provocada por las pérdidas demográficas, y de la contracción en la oferta que generaban las medidas de aislamiento que se solían adoptar en estos casos, se sumaron al año siguiente nuevos motivos de incertidumbre económica y política, que contribuyeron a agravar la situación de los financieros encargados de la recaudación de las alcabalas. El elevado nivel de violencia interna existente en la ciudad –relacionado con las luchas por el control urbano entre los partidarios y detractores de don Juan Pacheco y de su aliado el conde de Fuensalida71– y la inseguridad que esta circunstancia generó, se tradujo probablemente en un incremento del “factor riesgo” y en la quiebra de la confianza de los grupos financieros en el sistema recaudatorio. Tal y como relataron al rey ciertos vecinos de Toledo interesados en el negocio fiscal, “segund las alteraçiones en esta çibdad acaesçidas non querían arrendar las dichas mis alcavalas”. Al parecer, la posterior concesión de cartas de seguro por parte del monarca y del asistente regio logró calmar momentáneamente las aguas, mejorando los niveles de confianza, pues finalmente estos agentes “ovieron de tomar e encargarse de la dichas mis alcavalas”72.
La situación empeoró nuevamente a raíz de la aplicación de las medidas monetarias ordenadas por Enrique IV en mayo de 1473 –que implicaban una importante reducción en el curso legal del vellón, que se sumaba a la ya acordada en $1 4 7 1 - \quad$ , y del agravamiento del estado de guerra que asolaba la comarca toledana73. Todo ello provocó una parálisis casi total en el trato comercial, desabastecimiento, y un incremento de los precios que contribuyó a retraer todavía más la demanda interna, y a limitar la posibilidad de que los arrendadores obtuvieran un beneficio suficiente como para cubrir el precio concertado por cada renta y/o afrontar las obligaciones contraídas74. Ante el escenario de crisis económica y fiscal descrito, los operadores afectados no hallaron otra salida que solicitar a Enrique IV un descuento en el precio de las alcabalas que hiciese viable el abono de las cuantías impagadas al rey y a los beneficiarios de juros, de manera que “ellos non oviesen de quedar perdidos”.
Resulta especialmente relevante que, tanto en la petición del plazo de espera realizada en 1472, como en la solicitud de descuento presentada en 1473, los agentes fiscales toledanos recurrieran en su exposición de motivos al perjuicio que su quiebra provocaría en los perceptores de juros de la Real Hacienda75. Pese a que el cuaderno de alcabalas aprobado en 1462 era taxativo en lo que se refiere a la imposibilidad de solicitar descuentos en los precios de arrendamiento concertados, la Corona, aplicando unas fuertes dosis de realismo, transigió en ambos casos tratando de buscar una situación de equilibrio al entender que las circunstancias exigían del apoyo de toda la sociedad política –y ello incluía tanto a los perceptores de juros como a los propios agentes fiscales–, susceptible de verse mermado en caso de impago total de las cantidades adeudadas a los primeros, o de actuación contraria a los intereses de los segundos. En un documento de 1473, remitido al asistente real de Toledo, el rey aceptaba la petición de descuento solicitada por los arrendadores para evitar, en primer lugar, su ruina, pero fundamentalmente
porque las dichas mis rentas adelante non ayan de quedar en tan grand menoscabo que las personas e órdenes que en ellas tienen mrs, pan e otras cosas no se pudiesen sostener, de lo qual a mí se seguiría grand deserviçio e amenguamiento de las dichas mis rentas.
Para ello se ordenaba al asistente realizar una pesquisa a fin de averiguar el alcance exacto de la quiebra (alcabalas concretas afectadas y cuantía menoscabada en cada renta), y aplicar posteriormente en los tercios segundo y tercero de 1473 el descuento correspondiente en cada renta, prorrateado “segunt la pérdida e daño que en la tal renta falláredes que vino”. Y lo que era más importante: el monarca ordenaba a los beneficiarios de privilegios –bajo pena de pérdida de los mismos– recibir “en cuenta” a los arrendadores afectados “los mrs que así vos [el asistente real de Toledo] echáredes e repartiéredes de rata en cada millar”, lo que implicaba una reducción en cada juro situado proporcional al descuento en el precio de la renta acordado76.
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Tras la muerte de Enrique IV en diciembre de 1474 Castilla se vio inmersa en las vicisitudes del conflicto sucesorio, marcado en el plano financiero por nuevos problemas en la recaudación explicitados fundamentalmente durante el trienio 1475- $1 4 7 7 ^ { 7 7 }$ . En este sentido, pese a los intentos del bando isabelino por mostrar desde el inicio una apariencia de normalidad hacendística, quizás destinados a generar un marco de confianza y atraer la inversión –el 24 de diciembre de 1474, por ejemplo, se pregonaba en Segovia la apertura de la almoneda de rentas para $1 4 7 5 ^ { 7 8 } - ,$ las dificultades impuestas por el inicio de la contienda terminaron llevando a la Real Hacienda isabelina a entregar la gestión de muchos partidos a receptores nombrados por los reyes a cambio del cobro de un salario, aunque algunas circunscripciones fueron arrendadas siguiendo los cauces habituales, con relativo éxito79.
Por ejemplo, sabemos que en diciembre de 1475 se realizaron en Valladolid los tres pregones preceptivos para que aquellos operadores que tenían licitadas las rentas de 1476 acudiesen a “contentarlas” de fianzas y sacar sus recudimientos, bajo amenaza de “quiebra”. En efecto, el 9 de enero de 1476, y pese al estado de confrontación, se ejecutaban “quiebras” únicamente en ocho circunscripciones (tabla 8), aunque algunos agentes –concretamente los encargados de gestionar las alcabalas y diezmos de la mar de Asturias de Oviedo, y las alcabalas y tercias de Baeza– acudieron posteriormente a cumplimentar los trámites en el plazo extraordinario que ofrecieron los contadores, consumido el 31 de enero de $1 \bar { 4 } 7 6 ^ { 8 0 }$ . Del mismo modo, en noviembre de 1477 se realizaron “quiebras” en cuatro partidos no “contentados” de fianzas (tabla 9), aunque dos de ellas fueron sobreseídas tras la asignación de un nuevo plazo, concluido el 10 de diciembre de $1 4 7 7 ^ { 8 1 }$ .
En definitiva, pese a las dificultades, el bando isabelino pudo mantener con cierto éxito unos niveles de confianza suficientes como para atraer inversiones, lo que indica que a la altura de 1477 buena parte de los grupos financieros ya se había decantado por esta opción política, a pesar de que la situación de incertidumbre todavía llevara a algunos operaciones a solicitar cláusulas muy ventajosas y descuentos ante la posibilidad de impago que abría la situación de conflicto abierto vivida en algunas regiones82.
Tabla 8. Rentas tornadas a la almoneda en 1476 (mrs).

Renta	Anos	Precio anual	Quiebraanual
Alc.y diezmos de la mar del Principado de las cuatrosacadas de Asturias de Oviedo,con el alfoli y salinde Llanes	1476-77	1.062.500	250.000
Alc.montes de Toledo	1476	60.027	10.000
Alc. y ter. Baeza con el "pan"	1476	1.116.000	124.000
Alc.y ter. Jaén y su tierra, sin el“pan”	1476	925.322	103.000
Alc.y ter. obispado de Cartagena con el reino deMurcia	1476	700.000	70.000
Almojarifazgo de Cartagena con el reino de Murcia	[1476?]	183.750	30.000
Ferreriasde Vizcaya	1476-78	115.000	15.000
Servicio y montazgo de los ganados del travesio dela ribera de Allende Ebro	1475	55.000	15.000
[TOTAL]	[4.217.599]	[617.000]

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Tabla 9. Rentas tornadas a la almoneda en 1477 (mrs).

Renta	Ano	Precio	Precio en el quetoman la renta losreyes	Quiebra
Alc.y ter. Avila y su tierra83	1477	1.050.000	1.000.000	50.000
Alc.y ter. Alcaraz y su tierra	1477	1.000.000	950.000	50.000
Alc.y ter. Ubeda, su tierra yarcip.84	1477	962.550	62.550	900.000
Mon. forera arz. Sevilla y ob. Cadiz	1476	400.000	390.000	10.000
[TOTAL]	[3.412.550]	[2.402.550]	[1.010.000]

4. Conclusión.
Más allá de los diferentes contextos y coyunturas, los ejemplos de quiebra financiera analizados permiten identificar algunas características generales para el período
1430-1480. Ante todo, la magnitud económica de muchas de las quiebras descritas, exceptuando las referidas al período de división del reino en dos obediencias entre 1465 y 1467 –con una proyección en los años finales del reinado de Enrique IV–, es modesta en relación al conjunto de las rentas castellanas, pese a su continuidad en el tiempo. De esta forma, no hay nada que permita contradecir la imagen general de consolidación del sistema antes del reinado de Isabel I, pese a los problemas políticos del período y las contradicciones entre la política hacendística y la política monetaria, evidenciadas en casos como el de la quiebra del almojarifazgo de Sevilla85. Por otra parte, pese a las disposiciones tendentes a responsabilizar exclusivamente a los agentes fiscales del cumplimiento de sus obligaciones financieras frente a cualquier eventualidad “fortuita”, la Real Hacienda optó habitualmente por mantener de facto con los operadores una actitud basada en el pacto y la negociación. El objetivo no era otro que limitar al máximo los efectos de las quiebras, especialmente en la financiación de la red de fidelidades que sostenía el poder regio, tratando de recuperar la liquidez del sistema y de restaurar los márgenes de confianza en el mismo. Ello evitaría frenar la inversión “privada”, aún a costa de reconocer pérdidas económicas parciales y demoras en los pagos o en la gestión, derivadas de la aceptación de descuentos y ampliaciones en los plazos para pagar una renta o “contentarla” de fianzas.
Tras el final del conflicto sucesorio y la restauración de la autoridad monárquica operada por Isabel y Fernando esta línea de actuación política no experimentó grandes alteraciones, pese a que la pacificación del reino durante el bienio 1479/1480, las nuevas medidas en materia hacendística adoptadas en las Cortes de Toledo de 1480 –declaratorias de juros, reducción del situado...– y la estabilización monetaria operada entre 1477 y $1 4 8 3 ^ { 8 6 }$ , sentaron las bases de una nueva etapa de crecimiento, no exenta de episodios de quiebra puntuales que, en la década de 1480, solo afectaron a espacios muy acotados, sin que se observe una proyección generalizada en todo el reino. De nuevo, muchos de estos episodios de quiebra puntual se vinculaban con crisis demográficas locales o regionales87 y, lo que podía resultar novedoso, con las nuevas medidas en materia de política religiosa adoptadas por la monarquía que, no obstante, no llegaron a frenar el crecimiento de las rentas en un ciclo expansivo desarrollado hasta los años finales del reinado isabelino88. Entre estas últimas habría que destacar el establecimiento de la Inquisición, y su impacto inicial entre los financieros judeoconversos allí donde tenían un mayor peso89; las medidas destinadas a limitar el arrendamiento de rentas “por menor” por parte de judíos, autorizadas en el cuaderno de alcabalas de $1 4 8 4 ^ { 9 0 }$ ; y finalmente, la expulsión de la minoría hebrea decretada en marzo de $1 4 9 2 ^ { 9 1 }$ .
En este sentido, los nuevos fenómenos de quiebra general del sistema hacendístico –bien conocidos en sus detalles– tuvieron lugar durante la década de 1490, y fueron fundamentalmente consecuencia de la inmadurez de los primeros ensayos de centralización de los pagos efectuados con cargo a la fiscalidad ordinaria (“receptoría y pagaduría” general de rentas de los años 1491-1494, quebrada en 1494 con una deuda de más de $2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 \mathrm { m r s } ) ^ { 9 2 }$ y extraordinaria (tesorería general de la Hermandad, quebrada en $1 4 9 8 ) ^ { 9 3 }$ , hasta ese momento en manos de los diferentes arrendadores-recaudadores mayores que ejercían sus funciones en cada partido fiscal. Ambos casos, que guardan paralelismos evidentes, ponían de manifiesto la fragilidad de las bases sobre las cuales se sustentaba el crédito de las compañías financieras responsables de los pagos ordenados por la monarquía, ya observada para el período 1430-1480. Con ello se anticipaban los problemas que de nuevo hubo de afrontar la Hacienda Real tras la muerte de Isabel I en 1504, evidenciados en las quiebras de rentas del período 1505-1508 ocurridas en un nuevo contexto generalizado de crisis política y depresión demográfica y económica94.