Un alineamiento para el Movimiento. Rodrigo Fernández-Carvajal y la redefinición del sistema político franquista\*.
Nicolás SESMA LANDRÍN Universidad de Zaragoza.
Anécdota y fotografía son bien conocidas. Una mañana de domingo de mediados de junio de 1959, recién triunfante la revolución cubana, probablemente su figura más icónica, Ernesto Che Guevara, se paseaba por las calles del Madrid franquista y posaba a las desiertas puertas de la ciudad universitaria con el Arco de Triunfo como telón de fondo. A punto de iniciar una larga gira con parada en la mayor parte de los Estados promotores de la conferencia de Bandung –el Egipto de Nasser, la India de Nehru y la Indonesia de Sukarno, entre otros, a los que vino a sumarse la Yugoslavia de Tito–, germen del Movimiento de los Países No-Alineados, así como en la Unión Soviética, el comandante revolucionario había recibido permiso para hacer escala en la capital española a condición de abstenerse de establecer contactos políticos de carácter dudoso. El perfil de sus anfitriones, en todo caso, parecía conculcar cualquier riesgo en ese sentido, pues nada menos que la Secretaría General de Falange corrió con los gastos de su estancia además de proporcionarle una pareja de acompañantes, el reportero gráfico de Europa Press César Lucas y el periodista de Pueblo Antonio D. Olano, que lo había conocido previamente en Sierra Maestra y que, haciendo caso omiso del respeto a los productores que predicaba su cabecera, hizo las gestiones necesarias para que, pese a ser festivo, el Che cumpliera su heterodoxo deseo de adquirir algunos productos, como una máquina de escribir, concretamente en Galerías Preciados.
En apariencia, más allá del vínculo existente en tanto que antigua metrópoli, resultaba sorprendente el interés que un régimen como el castrista, en las antípodas del imperante en aquellos momentos en España, podía despertar no ya en el órgano de expresión de los sindicatos falangistas, sino en la propia Secretaría General de FETJONS. No obstante, como ha señalado recientemente Miguel Ángel Ruiz Carnicer, referencias elogiosas a los acontecimientos en Cuba y a sus protagonistas no fueron en absoluto una excepción en las distintas publicaciones falangistas de ámbito universitario e intelectual1. Y es que, en especial dado que Fidel Castro no había consumado todavía su giro hacia el marxismo, lo sucedido en la isla era interpretado como una revolución de signo nacionalista y popular que había servido para sacudirse el yugo de la tutela de los Estados Unidos, algo que enlazaba a la perfección con el tradicional rechazo a la influencia yanqui sostenido por el falangismo en nombre de la Hispanidad2. Todo ello, lógicamente, a sabiendas de que estas simpatías debían mantenerse en un discreto segundo plano, pues el amigo americano continuaba siendo la verdadera garantía para la aceptación internacional del sistema franquista, como quedó precisamente de manifiesto apenas unos meses más tarde, de nuevo en Madrid, con el recibimiento, este sí publicitado y multitudinario, tributado al presidente Eisenhower.
El falangismo se encontraba todavía convaleciente del reciente fracaso del intento de institucionalización liderado por José Luis Arrese, y tenía bien presente que una de las principales causas del mismo había sido la ausencia de referentes exteriores a los que poder apelar, una carencia que se repetía constantemente desde que los últimos rescoldos de un proyecto fascista global se apagaran en el bunker de Berlín3. De esta forma, desde finales de los años cuarenta se “invocaron con vaguedad los modelos latinoamericanos, porque un sindicalismo estatal ampliado sugería un paralelo con el peronismo, mientras que un partido hegemónico más abierto y representativo […] recordaba al Partido Revolucionario Institucional mexicano”4, incluso, como hemos estudiado en alguna otra ocasión, la nueva República presidencialista impulsada en Francia por el general De Gaulle había inspirado buena parte de las reflexiones falangistas destinadas a tratar de forzar una recuperación de sus ambiciosos planes legislativos5. En esta misma línea, ya en la década de los sesenta, algunos autores del partido fijaron su mirada en los nuevos regímenes surgidos de los procesos de descolonización, agrupados oficialmente en el citado Movimiento de los No-Alineados desde la celebración de la Cumbre de Belgrado en 1961, a la que justamente acudió la Cuba revolucionaria en calidad de invitada y en representación de los pueblos hispanos.
No por casualidad, uno de los mayores focos de interés por esta novedosa corriente tercerista se situaba en el entorno del Instituto de Estudios Políticos (IEP). Sus miembros, a diferencia del grueso del mundo académico franquista, tenían acceso actualizado a la literatura científica internacional, y por lo tanto habían constatado que importantes politólogos estaban planteándose la posibilidad de que estos regímenes pudieran llenar el vacío de nuevas alternativas ideológicas producido con el “hundimiento del nacionalsocialismo” y el desencanto con la Unión Soviética de amplios sectores de la izquierda. Así, tal y como se consignaba en una de las obras de síntesis más difundida en los círculos universitarios,
en África, en Asia y en América Latina aparecen bruscamente, con una amplitud sin precedentes, ideologías nacionalistas de tipo aparentemente nuevo […] se distinguen más o menos claramente de los nacionalismos occidentales del siglo pasado. Queda por saber si estos nuevos nacionalismos darán nacimiento a regímenes dictatoriales de estilo muy clásico o a un nuevo tipo de democracia que pueda, por contagio, vivificar las democracias tradicionales: tal es, en 1967, uno de los mayores problemas que se le plantean a quien debe concluir un libro sobre la historia de las ideas políticas6.
Al hilo de este género de razonamientos, y con ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica del Estado (LOE), que venía a sistematizar el conjunto de Leyes Fundamentales de la dictadura, quedó planteada la opción de presentar al franquismo como el definitivo creador de un sistema institucional y un modelo de participación popular plenamente originales y adaptados a las nuevas realidades socioeconómicas, destinado así a marcar la línea a seguir en vanguardia de las nuevas naciones emergentes. Sin duda, desde el punto de vista del intelectualismo falangista se trataba de una apuesta redonda, puesto que, de prosperar, le podía permitir acentuar el discurso de la singularidad española y relajar la influencia norteamericana, al vincularse políticamente con las áreas geográficas –básicamente, Latinoamérica y el mundo árabe– que había sido necesario priorizar durante el aislamiento diplomático, así como, por mor de las peligrosas amistades filofascistas de buena parte de las elites dirigentes emancipadas y su fuerte componente antiimperialista británico y francés, enlazar de manera suficientemente discreta con su propia tradición doctrinal .
Obviamente, a la hora de analizar esta clase de planteamientos, existen serias dudas de hasta qué punto pueden tomarse en serio las intenciones falangistas o deben interpretarse, por el contrario, como puro cinismo, máxime si, como en este caso, se trataba de una pretensión con muy pocas opciones de llegar a convertirse en una alternativa viable para el régimen. En muchos sentidos, nos encontramos ante un dilema extrapolable a la totalidad de las construcciones teóricas del falangismo, desde la idea de Imperio hasta el sindicalismo vertical, pasando por su supuesta pulsión republicana. A este respecto, hace ya algunos años se señalaba que una de las características principales del debate sobre la naturaleza del franquismo, dominante en la historiografía hasta bien entrados los años noventa, había sido precisamente la falta de atención prestada a las definiciones emanadas de los propios teóricos de la dictadura8. Y si estas eran ignoradas en relación con los estadios iniciales del régimen, cuando muchas cosas eran todavía posibles, qué decir del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando cualquier declaración programática era sencillamente considerada como un nuevo elemento del decorado institucional levantado ante el hostil entorno internacional.
Sin embargo, como recordaba Ismael Saz, el desarrollo de los análisis sobre las dictaduras fascistas no puede sustentarse sobre modelos metodológicos que ignoran la composición, los objetivos socio-políticos y la ideología del propio “sujeto fascista”9, cuyo redescubrimiento ha protagonizado las más recientes y brillantes contribuciones al estudio del fenómeno desde el punto de vista genérico10. De esta forma, si, como es nuestro caso, aceptamos como supuesto de partida la naturaleza fascista del sistema franquista, no podemos eludir las formulaciones surgidas desde su partido único, incluidas aquellas posteriores a 1945, que, lejos de resultar irrelevantes, tienen el valor añadido de mostrar los intentos de adaptación de una cultura política ultranacionalista una vez desaparecido su marco de referencia originario y fundamental, y sin necesidad de recurrir al ejercicio contrafactual11. A este respecto, buena parte de los preceptos fascistas no sólo seguían vigentes en España en la medida en que eran profesados a nivel personal por un segmento importante de la clase política y cultural del franquismo, sino también porque, pese a que los funerales de Falange habían sido anunciados en multitud de ocasiones, el enfermo continuaba gozando de una mala salud de hierro, como han puesto igualmente de manifiesto nuevas investigaciones12, y seguía siendo el único vehículo de actividad política permitido por la legislación de un régimen que, a fin de cuentas, en el momento de publicarse la LOE cumplía ya treinta años de existencia.
En este mismo sentido, como ha sido también apuntado por distintos autores, ni la definitiva consecución del marchamo exclusivo de la legitimidad por parte de la democracia parlamentaria se produjo nada más terminada la contienda mundial, ni tampoco la praxis de los gobiernos occidentales se ajustaba exactamente a la actual concepción del funcionamiento democrático, pues se encontraba condicionada por valores y personalidades de origen más que dudoso, de tal forma que fue tan sólo en la década de los setenta cuando sus instituciones pudieron consolidarse, se reforzó la defensa de los derechos civiles y se ampliaron sus canales de participación13. Por añadidura, la Guerra Fría y sus particulares exigencias convertían en tolerables a numerosos regímenes que distaban de acomodarse a cualquier clase de canon democrático, en especial en áreas geográficas situadas en los márgenes de la esfera de influencia norteamericana, como iba a comprobarse nuevamente en Grecia con el golpe de los coroneles en ese mismo año de 1967. Tamaña permisividad venía acompañada, además, de una cierta tentación por articular teóricamente una suerte de autoritarismo ilustrado como modelo de Estado intermedio, todavía no completamente asimilable pero en vías de incorporación al ámbito demoliberal, mediante conceptos tales como el de “dictadura de desarrollo”14, al que terminaron por apelar los ideólogos más despiertos del franquismo.
Por último, situándonos más adelante en el tiempo, no debemos tampoco olvidar que la legislación franquista, cuya letra estaba directamente inspirada en la voluntad tercerista del falangismo, quizá fuera papel mojado desde el punto de vista de la realidad socio-económica y cultural del país, incluso de buena parte de la acción de los propios gabinetes de la dictadura, pero fue necesario acomodarse a sus disposiciones a la hora del tránsito institucional a un sistema democrático. Dicha tarea hubo de llevarla a cabo un experto en el Derecho Político del régimen y antiguo secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, y lo cierto es que varios de sus supuestos lograron, de manera consciente o larvada, permear las mentalidades de amplios sectores de la población15. De todo ello no debe inferirse que la ideología falangista dispusiera de exclusividad, ni siquiera que fuera dominante, pero sí que resulta necesario conocer cuáles eran los principales elementos de su discurso, su genealogía intelectual y su intencionalidad política. Y es que, no en vano, el último presidente del gobierno designado por la monarquía preconstitucional y primero de los electos en democracia había sido también secretario general del Movimiento, algo que, por mucho que se pretenda que Adolfo Suárez había entrado en el partido único tan solo para preguntar cómo se salía16, no deja de tener su significado.
Según estas premisas, el presente artículo, inscrito en una reflexión más amplia sobre los procesos de ruptura y continuidad intelectual durante la transición, tiene como objetivo el análisis de la argumentación que, elaborada en el seno del Movimiento, intentaba presentar al sistema franquista como un modelo de participación política alternativo, pero perfectamente legítimo y homologable al existente en los países de Europa occidental a finales de los años sesenta, un ejercicio jurídico cuya meta era hacer posible la pervivencia tanto del régimen como del Movimiento una vez se consumara el hecho biológico de la muerte de Franco. Concretamente, realizaremos una aproximación al pensamiento de uno de los más importantes doctrinarios del falangismo tardío y principal exponente de su progresiva adaptación del lenguaje político democrático, Rodrigo Fernández-Carvajal, a través de su influyente obra de 1969 La Constitución Española.17.
Miembro de la nueva generación falangista.
Al igual que la mayoría de los integrantes de la “generación de Fraga”18, Rodrigo Fernández-Carvajal (Gijón, 1924 - Murcia, 1997) completó un recorrido formativo que comprendía la práctica totalidad de los ritos de iniciación del falangismo: activa estancia en uno de sus colegios mayores, concretamente el Ximénez de Cisneros –donde pudo disfrutar de la biblioteca usurpada a la antigua Residencia de Estudiantes–; la doble licenciatura en Derecho y en Ciencias Políticas, culminadas con la correspondiente perpetración de una tesis doctoral, en su caso sobre “El historicismo jurídico en España $( 1 7 0 0 - 1 8 5 0 ) ^ { 3 }$ ; influyente presencia en las revistas universitarias de línea combativa financiadas por el Sindicato Español Universitario, como Cisneros, de la que llegó a ser director, y especialmente Alférez, que llegó a editar una recopilación de sus columnas de opinión19; una primera oposición de tipo administrativo, que lo llevó a formar parte del Cuerpo Técnico del Ministerio de Educación Nacional desde $1 9 5 0 \mathrm { ~ y ~ }$ , en buena línea con su vocación académica y su incipiente carrera como doctrinario del partido, una rápida presencia en el Instituto de Estudios Políticos, al que accedió como profesor de varios de sus cursos a finales de los años cuarenta.
Del mismo modo, el intelectual asturiano había hecho desde un principio compatible, sin tantos esfuerzos como han querido verse con posterioridad, la militancia azul con su cercanía a los círculos del catolicismo político, lo que viene a abonar la idea de que, tanto la andadura inicial del régimen en general como la del IEP en particular, se construyeron sobre el entendimiento –inestable e interesado, pero entendimiento al fin y al cabo– entre ambas fuerzas, en especial durante el periodo de aislamiento internacional y por mor de la experiencia de guerra compartida en el seno del bando nacionalista. En este último sentido, Fernández-Carvajal buscó siempre en la contienda la justificación de varias de sus diferencias de criterio respecto al ausente y a las “aparentes anomalías” de su obra como jurista, como la preferencia por el modelo kelseniano en detrimento del Derecho natural cristiano. Así, a su juicio,
cuando José Antonio vivía, el catolicismo […] aún no había pasado por los dos fuegos purificadores de nuestra guerra y de la guerra mundial, y, por lo tanto, estaba menos esencializado que hoy […] desde 1936 la evidencia de lo sobrenatural como único principio fundamentador de la vida se nos viene metiendo en el alma a golpes de dolor […] Hoy podemos ser católicos –no sacristanes– y poseer a la par todas aquellas virtudes de gallardía, conciencia viva de lo temporal e intransigencia que hasta hace poco parecían ser monopolio del mal, o cuando menos, difíciles de vivir dentro de una religiosidad cálida20.
Por añadidura, y aquí sí a diferencia de la trayectoria seguida por la mayor parte de sus compañeros de generación, el mantenimiento de la fidelidad a varios de sus preceptos de juventud, no solo ideológicamente sino también desde el punto de vista profesional, le invistieron de una cierta aura de credibilidad personal. Así, a modo de ejemplo, durante su etapa como estudiante siempre defendió la necesidad de que los profesores se implicaran en las universidades de la periferia en las que se conseguía la entrada al mundo académico, y no continuaran con la práctica habitual de tomar esta primera adjudicación como un mero trámite antes de volver a la capital, y lo cierto es que, llegado el momento, cumplió escrupulosamente con lo predicado, pues permaneció desde 1957 hasta su jubilación en la cátedra de Derecho político de la Universidad de Murcia. Avalado por dicha reputación, en 1967 la Editora Nacional le solicitó que compilara una serie de comentarios realizados en distintos medios de la cadena de prensa del Movimiento sobre la recién aprobada Ley Orgánica del Estado, textos que decidió refundir en un nuevo estudio monográfico.
De la cola del león fascista a la cabeza de las naciones emergentes.
Desafiante y contradictorio desde su mismo título, pues trataba de vincular el ordenamiento de la dictadura con el concepto central de los regímenes democráticos al tiempo que apelaba a una legitimidad alternativa, La Constitución Española suponía uno de los mayores esfuerzos de actualización de la cultura política falangista desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo hacía, además, carente de complejos y sin ninguna vocación de presentar la trayectoria del partido como resultado de la acción de una vanguardia selecta, al contrario, buscaba articular un discurso en el que amplios segmentos sociales pudieran reconocerse y justificar su propia experiencia vital. De esta forma, lejos de los ropajes liberales con los que se había intentado vestir al falangismo en la inmediata posguerra, pero también de la reivindicación filonazi de los sectores más ultras, Fernández-Carvajal acentuaba el componente puramente nacionalista del Movimiento y sostenía que su originario alineamiento internacional se había producido no por identificación, ya que ninguna de las opciones disponibles en el periodo de entreguerras se ajustaba exactamente al ideario falangista, sino por aproximación, en vista de que las potencias del Eje eran las únicas, fuera de la órbita comunista, verdaderamente decididas a acometer la profunda revisión que reclamaban los sistemas parlamentarios clásicos.
Lógicamente, tamaña argumentación implicaba la asunción de dos presupuestos de partida. Por un lado, el mito de la excepcionalidad española, de tal forma que, en atención a sus particularismos diferenciadores, al país le correspondían por fuerza unas estructuras políticas originales, ya que al intentar adaptarse a esquemas de participación convencionales se constataba que “la Historia de España […] resulta demasiado singular como para que esta asimilación sea deseable y posible”21. A este respecto, como en muchas otras cuestiones, Fernández-Carvajal mostraba una sintonía absoluta con las estrategias de renovación de la imagen de la dictadura diseñadas por Manuel Fraga, pues sus reflexiones no dejaban de representar una traducción al lenguaje político y legislativo del slogan del “España es diferente” promovido por el Ministerio de Información y Turismo desde el inicio de los años sesenta22.
Por otro lado, en estrecha conexión pero desde un punto de vista técnicojurídico, la idea de que la propia noción de democracia era más un resultado de la propaganda de guerra aliada que una realidad política característica del mundo occidental. Convertida en un ritornello fundamental de la intelectualidad falangista desde finales de los años cuarenta, en especial de la mano de Carlos Ollero, dicha idea se basaba en la teórica existencia, a la altura de los años veinte, de un amplio consenso internacional acerca de la conveniencia de revisar los mecanismos institucionales liberal-democráticos, roto posteriormente al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. Así, en el curso de la misma, la necesidad de contrarrestar la capacidad de atracción del discurso social de las potencias del Eje habría llevado a los países anglosajones a construir su argumentación –cristalizada en la Carta del Atlántico– en torno a la profundización y la defensa a ultranza de los sistemas democráticos, pese a que era precisamente su debilidad la que había propiciado tanto la caída de Francia como sus derrotas iniciales. Tras el fin de la contienda, los vencedores se habrían visto atrapados “en las redes de su propia dialéctica”. La clase dirigente seguía siendo consciente de la urgencia de modificar varios de sus supuestos, y de hecho actuaba al margen de los procedimientos democráticos tanto en el interior como en política exterior, pero formalmente se habría mantenido el paradigma rousseauniano a la hora de reconstruir los regímenes de posguerra, de tal forma que “el nuevo constitucionalismo es aún más viejo que el que comenzó a surgir como consecuencia de esa reacción […] bien puede decirse que significa un retroceso” 23.
Indudablemente, la mejor mentira era la que contenía una porción de verdad. No en vano, resultaba difícil para los Estados europeos sostener un discurso basado en la democracia y la libertad en vista de las políticas que habían desarrollado en sus antiguas posesiones coloniales –con lo que estas denuncias falangistas, continuadoras de las efectuadas a propósito de la crisis de Suez24, podían ser bien acogidas en los círculos intelectuales de los países No-Alineados–, a lo que venía a sumarse la reciente restructuración institucional protagonizada por la V República francesa, presentada una y otra vez por la cadena de prensa del Movimiento como demostración de la vigencia de la necesidad de reformas en los regímenes parlamentarios, en especial en sentido corporativista. Ahora bien, como ya sucediera en los años treinta con el debate en torno a las insuficiencias del normativismo kelseniano señaladas por Carl Schmitt, la veracidad de estas críticas en absoluto implicaba que se realizaran con el propósito de contribuir a mejorar el sistema de representación popular, sino, por el contrario, en nombre de un modelo político infinitamente más incoherente, arbitrario y cerrado a la participación de la sociedad civil25.
En cualquier caso, desde esta doble premisa ideológicamente esencialista y políticamente revisionista, la obra de Fernández-Carvajal quedaba a su vez articulada sobre cuatro ejes temáticos fundamentales.
En primer lugar, como ha quedado indicado con anterioridad, el ajuste con la tradición doctrinal falangista y la propia “legitimidad de origen” del régimen. En esta dirección, y en contraste con los bruscos virajes de discurso a los que se había sometido no solo a la militancia, sino también al conjunto de la amalgama franquista, se reconocía la influencia ejercida en su momento por la doctrina jurídica del fascismo italiano, pero al tiempo que se intentaba integrarla en términos coyunturales, de tal manera que, efectivamente, “la existencia de un Movimiento militante o partido único” tuvo como consecuencia que se buscara inspiración en el Estado mussoliniano, pero su repercusión habría actuado únicamente en la superficie, dejando intacto un núcleo de “singular originalidad nacional” capaz de desarrollarse en una línea evolutiva propia y coherente.
Según el autor asturiano, lo sucedido con el principal mecanismo de participación política puesto en marcha por la dictadura, las denominadas Cortes Españolas, venía precisamente a poner de manifiesto todo este proceso. Así, su creación en 1942 no hacía más que retomar una fórmula organizativa bien arraigada en la historia española y respondía, por consiguiente, tanto al ideario del tradicionalismo como al de la Falange, la cual, en su búsqueda de una lectura modernizada de las antiguas instituciones, había sencillamente optado por introducir en su composición una imitación de la Cámara corporativa fascista –”anterior tan sólo en tres años y medio”–, al recurrir a la incorporación como procuradores de los miembros de su Consejo Nacional. Sin embargo, “el esquema general de las Cortes difiere profundamente de la Cámara fascista […] se adivina una fundamental divergencia en las concepciones constitucionales respectivas. La ideología fascista parte de la identificación entre el Estado y la nación”, lo que abría la puerta a la identificación entre pueblo y Estado, mientras que, “por el contrario, la ideología que se desprende de nuestras Cortes marca una neta distinción entre Estado y pueblo, puesto que las Cortes son “el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado”, y no un órgano más del propio Estado”. De esta forma, la asamblea española nacía de la “yuxtaposición de dos ideologías políticas: una tradicional y otra totalitaria […] se movió efectivamente entre estas dos aguas, aunque nunca haya caído en un totalitarismo estricto”, argumentaba Fernández-Carvajal al amparo de una estrategia de diferenciación respecto al ordenamiento fascista que sin duda conocía bien, pues había sido concebida en un célebre artículo por el primer director del IEP, Alfonso García Valdecasas, en previsión de la derrota militar del Eje26.
Lógicamente, dada la necesaria primacía de los factores endógenos en el discurso, esta última circunstancia era categóricamente negada en la obra, que consideraba que “debe rectificarse la idea –muy repetida en exposiciones extranjeras– de que la Ley de Cortes significó en su momento una ‘democratización’ oportunista del régimen para adaptarlo a las condiciones políticas determinadas por una ya inminente y decidida victoria aliada […] por la sencilla razón de que esa victoria aún no estaba clara en julio de $1 9 4 2 ^ { \circ }$ . En el mismo sentido se refutaba, por añadidura, que el hecho mismo de la articulación de una cámara deliberativa supusiera una concesión de carácter democrático, pues ello, como lo era “rehuir sistemáticamente la expresión ‘partido’ para designar al Movimiento [y] rehuir la expresión ‘dictadura’ era plegarse a los convencionalismos del “Derecho constitucional liberal”, y desconocer que era posible la “maduración, por vías graduales y empíricas, de un pluralismo acorde con la idiosincrasia de cada pueblo y con las exigencias de cada hora histórica”. Con todo, llevado por la técnica de no negar las evidencias más flagrantes y consolidar así una cierta apariencia de credibilidad, se admitía que la retirada de la condición ministerial a la secretaría general de Falange en 1945 sí había venido motivada por causas exógenas:
Este eclipse $- \mathbf { y }$ no la fundación de las Cortes– sí fue, sin duda, un recurso táctico, muy explicable en los primeros años de la postguerra mundial. La derrota de los partidos únicos fascistas y la consiguiente proclamación de la fórmula de pluralismo de partidos propia de los vencedores como fórmula ubicua, presuntamente apta tanto para los Estados ya hechos como para los Estados in fieri, hacía impopular en el extranjero el sistema español, y tanto más cuanto que, no obstante su originalidad indudable, había padecido en estilo y en modos el contagio fascista.
Para cerrar el círculo, Fernández-Carvajal se permitía poner en el mismo plano a esa pasada influencia fascista y a lo que identificaba como presente deseo de mímesis democrática. Ambas no eran sino muestras de desconfianza ante la posibilidad de que el país protagonizara un “proceso de fundación política”, fáciles apuestas por corrientes extranjerizantes, vinculadas incluso por la vía personal, ya que, a su juicio: “una primera pseudomorfosis, la fascista, […] guarda con la pseudomorfosis demoliberal a la que hoy día se inclinan algunos españoles una evidente relación de paralelismo y simetría. No parece por ello reductible a una casual anécdota biográfica el hecho de que algunos de los más dóciles a ésta en su madurez hayan contado en su juventud entre los más entusiastas de aquélla”27. Se trataba, obviamente, de un poco velado ataque a todas aquellas viejas figuras de la intelectualidad falangista y franquista que se habían aproximado a la oposición o el disenso a lo largo de los años sesenta, como los consabidos Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren y José Antonio Maravall, entre otros. De nuevo, esta clase de afirmaciones coincidían con las actuaciones impulsadas por Manuel Fraga desde el Ministerio de Información y Turismo. Así, apenas tres años antes de la publicación de La Constitución Española, en respuesta a los distintos manifiestos y cartas abiertas de protesta –firmadas por varias de estas personalidades– aparecidos en relación con la ausencia de libertad informativa sobre las huelgas asturianas de 1962 y la expulsión en 1965 de tres catedráticos de la Universidad Central, el entonces joven ministro había hecho preparar y distribuir ampliamente un pequeño panfleto anónimo, titulado Los nuevos liberales, en el que se denunciaba la paradoja de la “súbita y ardorosa conversión al liberalismo de quienes fueron los más fervientes campeones del totalitarismo”, a los que se trataba de desacreditar mediante una recopilación de sus combativos escritos filofascistas de años atrás, y a los que se recordaba su “fidelidad al presupuesto”, en referencia a su continua presencia como altos cargos de numerosas instancias oficiales28.
Si este esfuerzo por normalizar la trayectoria del falangismo se orientaba de cara al exterior, de tal modo que la pervivencia del partido no interfiriera a la hora de intentar que el régimen franquista fuera, en su singularidad, reconocido como un igual por sus homólogos occidentales, Fernández-Carvajal no olvidaba que el Movimiento debía también asegurarse de que su existencia no fuera cuestionada en el interior, para lo que abordaba la principal controversia que podía empujarlo extramuros del sistema: el debate en torno a la forma de gobierno que debía adoptarse a la muerte de Franco. A este respecto, y sin ocultar su preferencia por una fórmula de regencia –con lo que se mantenía fiel al teórico republicanismo joseantoniano de primera hora–, se alejaba de los tintes dramáticos tan habituales en otros autores del intelectualismo azul para apostar, una vez más, por trasladar una sensación de ordenado “contraste de pareceres” y normal funcionamiento de las instituciones arbitradas al efecto. Se trataba, a fin de cuentas, de que
el problema sucesorio deje la esfera astral y se reduzca a su verdadera dimensión: un problema entre otros, y seguramente no el más grave […] Si las nuevas Cortes que configura la Ley Orgánica resultan auténticamente representativas poco a poco irán fortaleciéndose, y haciéndose, por tanto, capaces de asumir con plena autoridad y respaldo social la función que la ley les asigna dentro de la mecánica sucesoria; esto es, capaces de imponer la forma de Jefatura de Estado más conforme con las necesidades de la nación […] debemos esperar que la ‘solución regia’ y la ‘solución regencialista’ compitan sin demasiado estrépito, en un proceso de captación de voluntades que es de desear vaya madurando insensiblemente, al hilo de otros problemas sociales y económicos de resolución lógicamente previa y como subproducto y decantación de ellos29.
Como puede comprobarse, Rodrigo Fernández-Carvajal trataba de impedir que el hipotético nombramiento de un sucesor real supusiera un punto de ruptura entre el régimen y los grupúsculos falangistas más radicalizados –cuya vertiente más moderada aspiraba a liderar intelectualmente–, a los que recordaba la importancia del resto de batallas de la revolución pendiente. Por añadidura, matizaba, aunque fuera a darse el caso del retorno de la corona –algo que, al contrario de lo defendido por la mayoría de comentaristas, no consideraba establecido automáticamente por la LOE–, iba a tratarse de una designación realizada en virtud del ordenamiento franquista, una monarquía del 18 de julio, y no una restauración conforme a derechos dinásticos: “el Rey que venga (si viene) a su llamamiento no podrá invocar ninguna otra legalidad extraña a la ley misma […] alguien motejará de ‘amadeísmo’ a la sencilla interpretación que propongo […] no está hoy día la tradición monárquica en condiciones de esgrimir legitimismos, y tanto más en un país de escisiones dinásticas como el nuestro”. No obstante, esta explicación significaba, en la práctica, una preparación del terreno para que dirigentes y doctrinarios falangistas pudieran excusar su conformismo frente a las bases llegado el momento de la verdad, y sobrevivir así a su enésimo fracaso maximalista sin por ello dejar de formar parte del mínimo común denominador de la dictadura, tal y como publicitadas declaraciones y escritos pusieron de manifiesto apenas unos meses más tarde30.
El segundo eje temático principal de la obra era la búsqueda de una definitiva definición para el régimen, una nueva etiqueta capaz tanto de reflejar el grado de institucionalización que se consideraba alcanzado gracias a la LOE como de reubicarlo dentro del renovado contexto internacional. Para dicha tarea, llevado por su voluntad de cultivar una imagen de asepsia científica, en coherencia con las estrategias desarrolladas en el seno del Instituto de Estudios Políticos –donde se habían modulado las sucesivas caracterizaciones del franquismo, desde la de Estado unitario hasta la de democracia orgánica–, Fernández-Carvajal se servía de los últimos estudios de sociología y politología, con lo que conceptos acuñados para el análisis académico –si bien, como apuntábamos anteriormente, en absoluto carentes de funcionalidad ideológica– se veían elevados a la altura de categorías políticas estatales.
Antes de decantarse por una fórmula concreta, el autor falangista llamaba la atención sobre una doble condición necesaria para llevar a buen puerto la atribución de naturaleza política a un determinado régimen. Por un parte, despojarse de “la película de conceptos sobrepuesta por las democracias liberales del hemisferio norte”, lo que provocaba que ciertos términos fueran evitados al no adecuarse al rígido léxico impuesto al resto del mundo por los aliados en 1945. Por otra parte, ser conscientes de encontrarse ante un proceso abierto, en constante actualización –lo que no dejaba de ser un intento de justificar la táctica de la legitimación a posteriori, tan socorrido para las dictaduras de corte fascista–, pues “la realidad política de una gran parte del mundo actual no está debidamente ‘mentalizada’, traspuesta a conceptos, y como ocurre que el hombre no puede actuar sin conceptos, pues tanto son necesarios para guiar la acción antes de acometerla cuanto para esclarecerla y razonarla después de cumplida, el resultado de esta deficiencia es extraordinariamente grave”31. Era precisamente esta ausencia de teorización la que había provocado la inicial adscripción internacional del franquismo al ámbito de los regímenes totalitarios, “por mala suerte, nuestro combate coincidió con la gigantomaquia entre las ‘democracias’ y los ‘fascismos’“, lo que unido a la inadecuada respuesta oficial, que osciló entre el sentimiento de inferioridad política y el intento de sacralizar la guerra civil como Cruzada –recurso que el autor juzgaba equivocado, con lo que trataba de enlazar con la tradición intelectual falangista simbolizada por la revista Escorial, muy crítica en su momento con esta denominación32–, había llevado al país a la marginalidad diplomática. En este sentido, y al margen de la propuesta finalmente lanzada al público, Fernández-Carvajal dejaba entrever su deseo de que la dictadura franquista fuera incorporada en futuros análisis al grupo de los autoritarismos, para lo que deslizaba una de las primeras referencias aparecidas en España al famoso estudio de Juan José Linz –no por casualidad, otro antiguo colaborador del IEP– que le atribuía dicha caracterización33.
En vista de todas estas circunstancias, en La Constitución Española se apostaba por la definición del franquismo como una “dictadura constituyente y de desarrollo”. Dictadura, sin temor al vocablo, pues “sólo el carácter peyorativo que a este término suele atribuir el Derecho constitucional ortodoxo nos impide llamar a las cosas por su nombre”, en este caso una figura jurídica históricamente contemplada por el derecho para las situaciones de emergencia nacional, ya fuera –siguiendo la tipología enunciada por Carl Schmitt– de naturaleza “comisaria”, es decir, temporal y meramente circunstancial, o “soberana”, como la encabezada por Franco, empeñada en la creación de un orden nuevo34. Constituyente, precisamente en tanto detentadora de la soberanía, en cuyo uso, y sin atenerse a las metodologías canonizadas por la teoría democrática, había conseguido generar una forma política propia e inédita e investirla de una normativa de rango constitucional. De desarrollo, por último, según la clasificación establecida por los politólogos Gwendolen M. Carter y John H. Herz35, porque había traído consigo la expansión económica e industrial del país, con lo que se conseguía incorporar a la definición del régimen esa legitimidad de ejercicio consagrada por Manuel Fraga con la celebración de los llamados 25 Años de Paz y que constituía un elemento clave en los intentos de renovación de su imagen en el exterior36. En esta línea, Fernández-Carvajal trataba de hecho de ir un paso más allá, y reclamaba la realización de estudios que, de la misma forma que se había teorizado el desarrollo económico gracias al modelo de crecimiento por etapas descrito por Walt Whitman Rostow37, conceptualizaran la idea del desarrollo político38. De este modo, la definición propuesta en la obra habría pasado a incluir igualmente la doctrina falangista del mismo título, eje ideológico de la Secretaría General de José Solís.39.
Y es que dentro de este rebautizado integral del conjunto del régimen, también el Movimiento veía normalizadas sus coordenadas políticas. Así, lejos de la etiqueta de partido único, de evidentes reminiscencias totalitarias, el asturiano invocaba la noción de “partido dominante”, acuñada en 1951 por otro de los grandes nombres de la ciencia política, el francés Maurice Duverger. Pensada fundamentalmente para describir la situación en la que quedaban los sistemas de partidos de las antiguas colonias tras los procesos de autodeterminación, generalmente caracterizados por la presencia de una poderosa fuerza de coalición protagonista de la independencia –caso del Congreso Nacional Indio, aunque el Partido Revolucionario Institucional mexicano también se ajustaba a la definición–, el concepto de “partido dominante” resultaba perfecto para los propósitos de Fernández-Carvajal. Por un lado, a nivel interno, le permitía presentar la unificación decretada durante la contienda en clave de concentración motivada por un proceso de liberación nacional, al tiempo que le servía para justificar el escaso grado de implantación real del Movimiento en los sectores populares, pues Duverger establecía que “un partido puede convertirse en dominante, sin haber sido jamás mayoritario y sin llegar a serlo jamás […] un partido es dominante cuando se identifica con una época;
cuando sus doctrinas, sus ideas, sus métodos, su estilo en cierta forma, coinciden con los de la época”.40 Por otro lado, a nivel externo, parecía alentar su pretensión de identificar la experiencia política española con la de los países No-Alineados, con los que compartía asimismo la previsible evolución de esta clase de partidos de concentración hacia un “pluralismo ordenado”, con un Movimiento “ordenador de la concurrencia de criterios […] un permanente regulador de la competencia política destinado a evitar la inflación de las Asociaciones y su consiguiente degeneración en partidos”.
Bajo la presencia de todo este nuevo catálogo de autores, con los que se quería trasladar una imagen de actualización y modernidad, latían no obstante los viejos referentes predilectos del intelectualismo falangista, tales como el decadente Oswald Spengler, el Ortega y Gasset más vulgarizado y, por encima de todos, Carl Schmitt. Y es que, por mucho que el propio Rodrigo Fernández-Carvajal quisiera minimizar con posterioridad el ascendiente sobre sus planteamientos del jurista de Plettenberg, su sombra planeaba sobre la totalidad del libro, desde la misma noción de Constitución, pasando por el tipo-ideal de “dictadura soberana”, hasta la potestad de “defensor de la constitución” atribuida al titular de la jefatura del Estado41.
Un tercer eje temático, configurado en íntima relación con el apartado anterior, era el posicionamiento de la dictadura franquista dentro del escenario internacional. Como ha quedado señalado a lo largo del texto, Fernández-Carvajal no dudaba en situarlo en las filas de las naciones emergentes, ligado por tanto al Movimiento de los Países No-Alineados, de los que habría sido, incluso sin saberlo, un intrépido adelantado a su tiempo42.
Efectivamente, la España franquista se habría enfrentado al problema de que, a la altura de los años cuarenta, nadie podía imaginar que el nacimiento de nuevos Estados como resultado de la descolonización iba a modificar un escenario jurídico internacional dominado por la dicotomía entre regímenes democráticos y totalitarios, abriéndose así una tercera y original vía política, todavía por transitar desde el punto de vista teórico. A ello venía a sumarse además la localización geográfica de España, emplazada en el viejo continente aunque ajena a su trayectoria última, ya que “no atravesó los procesos de secularización y de industrialización propios de los demás pueblos de Occidente, y padeció una tremenda erupción de guerras civiles en los siglos XIX y XX”. A pesar de todo, en el resto de Europa “no se detecta su singularidad política” y fue obligada a inclinarse por alguno de los modelos existentes. Entonces, “al no encontrar una teoría política exactamente adecuada a su precoz situación de “Developing Nation” […] hubo de acudir a la combinación y atemperamiento recíproco de dos teorías políticas”, las consabidas opciones tradicionalista y totalitaria, una conducta que, razonaba el profesor falangista, resultaba “formalmente comparable a la de los actuales países en desarrollo posteriores a la segunda guerra mundial, que entremezclan invocaciones socialistas con invocaciones a la democracia liberal, exponiéndose con ello a que les arguyan de insinceridad desde uno y otro bando”. Era en este sentido en el que la experiencia española, que había roto definitivamente las cadenas institucionales establecidas merced a la aprobación de la LOE, podía servir de guía al resto de jóvenes naciones:
Los Estados nuevos que empiezan a surgir después de 1947, y adelantándose a todos la España que trata de renovarse desde 1936, tenían ante sí problemas profundamente distintos de los propios de las democracias vencedoras; problemas no de mantenimiento y conservación, sino de fundación original […] El primer hecho que deben visualizar las naciones en desarrollo es que su problema político no consiste en mantener ni en perfeccionar un orden preexistente, sino en construirlo desde los cimientos. Todas y cada una de ellas tienen ante sí una tarea de desarrollo político estrechamente involucrada con la tarea de desarrollo económico.
De esta manera, conforme a los cánones habituales del acomplejado nacionalismo españolista más ultramontano, obsesionado con demostrar su condición pionera en el ámbito ideológico –así, de la misma forma que había intentado presentar en su día a la guerra civil como precursora de la causa del Eje, lo que a su juicio le confería una posición de igualdad respecto a Italia y Alemania, se autoproclamaba ahora como vanguardia de la doctrina del no-alineamiento–, su ascendiente moral sobre las repúblicas iberoamericanas y sus lazos con el mundo árabe –desprovistos ya de la mácula de las posesiones coloniales–, la relativa modestia a la hora de situarse con respecto al resto del viejo continente –”España ha sido, y es aún comparativamente al resto de Europa, una Developing Nation”– quedaba ampliamente contrarrestada por su vocación ecuménica, puesto que “el proceso político español trasciende su significación particular para adquirir una significación mundial”43.
La razón de tamaña proyección, y su descripción constituía el cuarto y último eje temático de la obra, era la acabada y compleja estructura de representación y participación popular cuya construcción se había iniciado treinta años atrás y que ahora se veía culminada con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado. Siempre modesto, Fernández-Carvajal consideraba que “no ha existido hasta la fecha en ninguna parte del mundo nada comparable”.
Por encima de la concreta exposición de tan magno ordenamiento, nos interesa señalar aquí una doble característica relativa a su fundamentación doctrinal y a su hipotética evolución. Así, por una parte, se hacía especial hincapié en que el llamado proceso de autoeclipse de las prerrogativas concentradas en la persona de Franco no respondía a la progresiva implantación de la máxima de la separación de poderes, pues ello habría supuesto una concesión a la ortodoxia rousseauniana, sino a la coordinación en base al “principio de la unidad de poder”, la particular pirueta conceptual con la que se pretendía poner coto a cualquier forma de pluralismo político. Según esta innegociable premisa, las Cortes, nutridas hasta entonces, tal y como reconocía el autor buscando una vez más fundar su argumentación en el reconocimiento de ciertas carencias, “por un personal político seguramente demasiado ‘gubernamental’ y aquiescente”, pasaban a componer un fiel reflejo del conjunto del país, al integrar en su seno a procuradores extraídos o elegidos desde el ámbito de lo social, de lo económico y de los consumidores, de la sensibilidad territorial y, también, de tipo ideológicopolítico. Así, “asentadas sobre una especie de cuadrilátero representativo: el grupo sindical […] el grupo familiarista […] el grupo local […] y el Consejo Nacional” actuarían como “vasos comunicantes, y existirá entre ellos algo así como un constante drenaje recíproco”, lo que haría posible una auténtica asamblea corporativa capaz de sustituir “la presencia enfrentada de varias ideologías políticas divergentes por el contraste entre varios pareceres que acepten un mínimo de presupuestos comunes”.
Por otra parte, continuaba el intelectual falangista, los distintos países parecían haber tomado por fin conciencia de la necesidad de una síntesis entre representación orgánica e inorgánica, como ponía de manifiesto la red de “órganos de carácter profesional y económico que hoy día se está tejiendo en todas las sociedades occidentales y que ya no admite la tutoría de los partidos políticos, entretela que apunta en organismos extraparlamentarios por el estilo de las Comisiones Reales inglesas, las Comisiones de la Corona Suecas, el Consejo Económico-social de Holanda” y, ante todo, “el nuevo Consejo o Senado corporativo que será, sin duda, una de las piezas claves de la política de ‘participación’ que propugna hoy el general De Gaulle”. Una corriente que alcanzaba incluso las orillas contrarias del telón de acero, como demostraba la existencia del Consejo de Productores de Yugoslavia. En razón de este fenómeno global, y en lo que no dejaba de ser una reedición, adaptada a la década de los setenta, de la teoría del tinte orteguiana44 –con mención incluida, para que no faltara nadie, a una célebre imagen de Ramiro de Maeztu–, la obra planteaba que la sociedad internacional, con España a la vanguardia, por supuesto, se encontraba en la antesala de una confluencia de formas de gobierno:
el fracaso de la unificación de ambos campos intentada en el periodo de entreguerras por los regímenes fascistas no habría radicado en el esfuerzo unificador mismo, sino en su pretensión totalitaria, esto es, en su atropello de las unidades sociales inferiores y en su reducción de la participación popular a la mera aclamación irracional de un dictador. La hiedra –el totalitarismo– acabó ocultando y desacreditando al árbol –el impulso unificador– y de aquí que desde 1945 en adelante no se distinguiera aquél de éste […] Es posible que la flexibilización española de nuestro antiguo partido único y la creciente “juridización” extranjera del sistema de partidos múltiples caminen hacia un punto ideal de convergencia45.
Y de la imposibilidad a la persistencia.
Más allá de la evidente imposibilidad de que una parte significativa de sus planteamientos fueran atendidos, el objetivo fundamental de la obra era situar, en la medida de lo factible, a la dictadura en pie de igualdad jurídica con sus homólogos europeos. Ser reconocido como un interlocutor plenamente legítimo era una necesidad sentida tanto por un sector de la intelectualidad franquista como por aquellos miembros del gobierno conocedores de los mecanismos de funcionamiento de la comunidad internacional. No por casualidad, gran parte de uno y otro grupo de personalidades procedía del Instituto de Estudios Políticos, que desde su creación se había marcado como una de sus actuaciones prioritarias conseguir esa mimetización del régimen con su entorno –primero, bajo la dirección de Alfonso García Valdecasas, en relación con sus alianzas fascistas, a continuación, desde finales de los años cuarenta y comandados por.
Francisco Javier Conde, respecto a las potencias aliadas occidentales–, y no solo a nivel político, sino también cultural y científico. Del centro falangista procedían igualmente Fernando María Castiella y Manuel Fraga Iribarne, ministros de Asuntos Exteriores e Información y Turismo, respectivamente, y los integrantes del gabinete más conscientes de la necesidad de normalizar la posición exterior de la dictadura. Además de la ya citada con el incombustible gallego, Fernández Carvajal mantenía vinculación con todos ellos, puesto que había entrado en su día al IEP de la mano de Castiella, Conde fue su mentor universitario y director de tesis y con Valdecasas mantuvo una importante relación académica. Los tres habían sido en su momento pensionados de la Junta para Ampliación de Estudios, y sabedores de la importancia de incorporarse a determinadas redes científicas y corrientes institucionales multilaterales, habían transmitido estas claves tanto al centro como a los cuadros formados en el mismo.
La seriedad del intento contenido en La Constitución Española se dejaba notar en la constante búsqueda de equivalencias entre el ordenamiento de la dictadura y la legislación de los países del occidente europeo –que, como apuntábamos en la introducción, adolecían en ocasiones de inercias jurídicas poco acordes con una estructuración estatal democrática46–, una táctica ya utilizada anteriormente por los autores del IEP, en particular en la contestación que elaboraron como respuesta al informe elaborado en 1962 por la Comisión Internacional de Juristas a propósito de $E l$ Imperio de la Ley en España47. Así, a modo de ejemplo, cuando se abordaban las críticas que había suscitado el hecho de que los Principios del Movimiento fueran declarados “por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”, se recordaba el “frecuente uso de las disposiciones intangibles en el Derecho Constitucional […] han sido y son frecuentes las prohibiciones de revisión sin límite temporal, […] referidas a la forma republicana de gobierno […] actual Constitución francesa […] italiana […] Ley Fundamental de Bonn […], a la estructura federal del Estado […] Constitución del Brasil de 1946, […] a la no reelegibilidad del Presidente (diversas constituciones hispano-americanas)”. En el mismo sentido, y de nuevo en línea con una iniciativa similar emprendida por Fraga en el Ministerio con la creación de una sección especial de Estudios sobre la Guerra Civil, se llegaba al punto de invocar como antecedentes del Derecho Político franquista, con vocación de normalidad histórica, a disposiciones de la Constitución republicana de 1931 y la Constitución alemana de Weimar48.
El esfuerzo de Fernández-Carvajal, no obstante, contaba con toda una serie de debilidades e incoherencias de partida –que comenzaban, obviamente, con el propio título de la obra– que hacían muy difícil sostener su argumentación, a lo que vino a sumarse una inmediata catarata de acontecimientos de signo sustancialmente contrario a lo pronosticado en sus páginas.
De este modo, a nivel interno, apenas unos meses después de su publicación en enero de 1969, a lo largo del verano, se produjo la entronización del príncipe Juan Carlos como sucesor a título de rey, lo que no por contemplado dejaba de suponer un varapalo para el programa de máximos del Movimiento. Asimismo, estalló el conocido como caso MATESA, que conllevó finalmente la salida del gabinete de José Solís, Manuel Fraga y Fernando María Castiella y la formación de un gobierno monocolor de signo tecnócrata, con lo que tanto el proyecto de desarrollo político del falangismo como su apuesta por un cierto alineamiento alternativo y más independiente en el ámbito internacional quedaron definitivamente enterrados, máxime cuando los Acuerdos militares bilaterales con los Estados Unidos fueron, en primer lugar, prorrogados por dos años más ese mismo mes de junio y, en agosto de 1970, renovados en un nuevo Acuerdo ejecutivo de cinco años de duración49.
A nivel externo, por su parte, las apelaciones a la evolución neocorporativa de la Francia de la V República tuvieron que frenarse en seco en abril de 1969, toda vez que, tras la convocatoria de un referéndum para, justamente, aprobar la fusión entre el Senado y el Consejo Económico y Social, así como para introducir representantes de las organizaciones profesionales y sindicales en los consejos regionales, la respuesta negativa de la población provocó la dimisión del presidente De Gaulle. Y es que, pese a las recurrentes acusaciones de bonapartismo y al abuso de las consultas directas de tipo plebiscitario, el país vecino continuaba siendo portador de un sistema democrático basado en la celebración de elecciones libres, la separación de poderes y la responsabilidad del ejecutivo frente al parlamento50. De igual forma, inmerso en el primero de sus periodos de impasse, tampoco el Movimiento de los No-Alineados lograba consolidarse como una verdadera alternativa en el marco internacional, socavado por la falta de continuidad geográfica, la dependencia económica de las antiguas metrópolis y, especialmente, sus propias divisiones ideológicas, pues en su seno convivían desde las monarquías más conservadoras, cercanas a los Estados Unidos, hasta varios regímenes nacionalistas que coqueteaban con el bloque socialista51. Así las cosas, el escenario planteado por Carvajal, más que a una doctrina exterior plausible para el régimen, parecía cercana a la denominada politique de grignotage seguida durante los años cincuenta, es decir, una “madeja de iniciativas grandilocuentes, sobre un discurso de férreo anticomunismo como base, que se combinaban con bandazos estilo ‘Tercera Vía’ (derivados del nacionalismo falangista y del resentimiento generado por el aislamiento), siempre sobre el cimiento de la confianza generada por los Pactos de 1953”52.
Ahora bien, la evidente inoportunidad y falta de capacidad profética de este manifiesto falangista no significaba, como apuntábamos igualmente en la introducción, que la totalidad de sus planteamientos cayeran en el más absoluto de los olvidos. De hecho, y sin que podamos detenernos aquí con la necesaria amplitud, resulta posible identificar en la argumentación de Fernández-Carvajal toda una serie de elementos que iban a convertirse en lugares comunes de la percepción más conservadora del franquismo, tanto durante la transición como una vez ya restablecida la democracia parlamentaria. Así, la idea de la autolimitación voluntaria de las prerrogativas del dictador, de la independencia de actuación en cada uno de sus ramos disfrutada por los ministros franquistas, de que sus vinculaciones con el fascismo italiano y el nazismo alemán habían sido únicamente fruto de las circunstancias y no se correspondían con la verdadera naturaleza del régimen, del éxito en la creación de una clase media en España como consecuencia de su apuesta por el desarrollo económico, así como que el conjunto de toda esta evolución política, socioeconómica y legislativa no respondió a una sucesión de estrategias oportunistas dictadas por el afán de supervivencia, sino a un plan preconcebido desde sus comienzos y perfectamente ejecutado en el tiempo. Toda esta serie de afirmaciones, junto a las numerosas apelaciones al “sentido común” y a las mayorías sociales de “equilibrados y silenciosos”, pasaron a formar parte del libro de estilo del espectro político derechista.
Del mismo modo, más allá de su transferencia a la mentalidad de importantes segmentos de la población, también los sectores académicos y de la alta política se vieron afectados por la persistencia de esta clase de construcciones doctrinales. Con seguridad, en esta línea deba leerse la obsesión por la supuesta ausencia de originalidad jurídica de la Constitución de 1978 demostrada por numerosos de sus comentaristas53, mientras que es probablemente a la luz de los posicionamientos falangistas que puedan llegar a comprenderse mejor los coqueteos de Adolfo Suárez y varios miembros de su entorno cercano con el Movimiento de los No–Alineados, que llevaron a la asistencia de España como invitado a su VI cumbre, celebrada precisamente en La Habana castrista en 1979, veinte años después de la visita a Madrid del Che, y todo ello al tiempo que un importante núcleo su propio partido, la Unión de Centro Democrático, propugnaba la entrada del país en la OTAN54.
A modo de conclusión.
Como hemos tratado de poner de manifiesto en las páginas precedentes a través del caso concreto de Rodrigo Fernández-Carvajal, en contraste con la imagen habitual de una Falange reducida a un “estado gaseoso” durante el segundo franquismo55, y pese a que efectivamente sus sucesivos fracasos legislativos habían minado su cuota de influencia en el seno del régimen, el Movimiento todavía seguía contando, a la altura de finales de los años sesenta y principios de los setenta, no solo con un proyecto político propio, sino también con los intelectuales necesarios para acometer su fundamentación en el plano del derecho y la teoría políticas.
Indudablemente, dada la ausencia de una corriente ideológica de carácter transnacional a la que poder adscribirse desde la caída del Eje, el principal obstáculo para el relanzamiento del partido, así como para la renovación de importantes aspectos de su cultura política, pasaba por encontrar un nuevo acomodo en la comunidad de naciones que terminara de librarlo del estigma de su naturaleza y sus antiguas alianzas fascistas. En este sentido, la oleada de descolonizaciones y el auge inicial del Movimiento de los Países No-Alineados fue percibido por autores como FernándezCarvajal como una oportunidad de poder acceder al escenario internacional sin tener que hacerlo por la puerta de atrás proporcionada hasta entonces por los Acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Lógicamente, las balanzas comerciales y la existencia de las bases norteamericanas indicaban la irrealidad de dicho propósito, pero a nivel de discurso podía facilitar una actualización de contenidos e incluso una ganancia de apoyo popular dado el creciente rechazo a la presencia militar de la superpotencia occidental, a imagen y semejanza de los que sucedía en varios de estos nuevos Estados, geográficamente situados además en las regiones donde se habían buscado apoyos diplomáticos durante el periodo del aislamiento.
Por añadidura, las formulaciones del autor falangista no quedaban únicamente referidas al ámbito exterior, pues contaban con una fuerte vertiente interna portadora de una voluntad de futuro nada despreciable. Así, siempre con la vista puesta en la situación del país tras la muerte del dictador, Fernández-Carvajal pretendía, por un lado, garantizar la supervivencia del partido merced al desarrollo de “la fuerza atractiva que el Movimiento puede llegar a ejercer sobre la gran masa de españoles en situación de disponibilidad, en politización todavía gaseosa”, y, por otro, contribuir a evitar la posibilidad de una ruptura completa a la hora del tránsito hacia un sistema más participativo, para lo que se proponía convencer a “muchos españoles sencillos […] que para el viaje al que les invita la oposición no hacen falta alforjas; que puede llegarse más fácilmente a la meta de un sistema representativo moderno desbastando y autentificando el actual”. Unas intenciones que, si bien cosecharon un sonoro fracaso en el primer supuesto, para el segundo no cayeron completamente en saco roto56.