De Felipe IV a Felipe V. La disolución de algunas jurisdicciones señoriales en Castilla la Vieja.
From Philip IV to Philip V. The decay of some noble jurisdictions in Old Castile.
Resumen: Castilla la Vieja se caracteriza por una especial complejidad jurisdiccional. Entre las jurisdicciones castellanas figuran algunas que ejercían villas importantes y que se extendían a decenas de lugares y villas con jurisdicción parcial, caso de las de Briviesca, Villadiego, Frías, Cerezo de Río Tirón y Belorado, todas de señorío de los duques de Frías. Aquí se estudia la compleja relación entre la Corona, los duques de Frías, las villas, los lugares de las jurisdicciones y las élites rurales que condujeron a la descomposición de la mayor parte de estas jurisdicciones y a la conversión de sus lugares en villas.
Palabras clave: Castilla la Vieja; Absolutismo monárquico; jurisdicciones señoriales; duques de Frías;
villazgos.
Abstract: Old Castile is characterized by a special jurisdictional complexity. The Castilian jurisdictions feature some which were wielded by important towns and were extended to dozens of places and towns with partial jurisdiction such as Briviesca, Villadiego, Frías, Cerezo de Río Tirón and Belorado. What they all have in common is that the leading jurisdictional towns were territorial manors of the Dukes of Frías. This article explores the complex relation between the Crown, the Dukes of Frías, the towns, the jurisdictions and the rural elites led to the decay of most of these jurisdictions and their conversion into towns.
Key words: Old Castile; Monarchical absolutism; noble jurisdictions; duke of Frías; villazgos.
INTRODUCCIÓN.
La Castilla la Vieja del Norte del Duero era un territorio con un régimen jurisdiccional en el que se fueron sobreponiendo diversos ordenamientos desde la Alta Edad Media. A este respecto y con un afán de regularización y de subordinación al poder real se implantó el régimen de merindades en la.
Plena Edad Media. Cada una de estas merindades contaba con una villa que era su cabeza y cuyos alcaldes ordinarios ejercían la jurisdicción sobre todos los lugares que la integraban, ya fueran de señorío laico, de abadengo o de behetría. La Baja Edad Media conoció un proceso de expansión de la nobleza cuyo objetivo fue la señorialización de las villas-cabeza de merindad como forma de extender su poder e influencia a todos los lugares de su jurisdicción y, si se daban las condiciones adecuadas, señorializarlos también. En un paso más, durante el reinado de los RR. CC. esta nobleza logró sustituir a los alcaldes ordinarios de estas villas, de nombramiento concejil, por corregidores o alcaldes mayores, de provisión puramente señorial. Esto supuso una enorme concentración de poder regional en sólo tres linajes: Velasco, sobre todo, Mendoza y Manrique.
La reforma de las alcaldías de los Adelantamientos de Castilla, partidos de Burgos y Campos, y de León por parte de los RR. CC., suprimidas en 1480 y restablecidas en 1499, estuvo precisamente orientada a controlar este proceso de señorialización de la jurisdicción de las merindades castellanas1 .
La enajenación de señoríos y jurisdicciones, intensificada por Felipe III y Felipe IV, se desarrolló localidad por localidad hasta 1660, aunque en ocasiones un mismo comprador adquiriese localidades vecinas a fin de crear todo un estado señorial. A partir de 1660 encontramos como hecho novedoso el que todos los lugares y villas con jurisdicción parcial de toda una jurisdicción compraron su exención conjuntamente obteniendo los correspondientes privilegios de villazgo. Este movimiento, que se prolongó en el siglo XVIII, ha sido tratado en casos concretos por la bibliografía2 , si bien falta un estudio global e integrador en que se contemplen todos los casos, su impacto general y su significado político. Para ello, hemos completado la serie de privilegios de villazgo y la documentación señorial disponible sobre el caso, toda de la Casa de Velasco, sin desdeñar la procedente de otros archivos con el objetivo de multiplicar las perspectivas de análisis y comprender mejor el significado de este proceso. También pretendemos analizar el significado de estos villazgos estudiando su impacto demográfico global con respecto a la provincia de Burgos de acuerdo a los censos más fiables y su impacto económico para los concejos de acuerdo a la carga financiera que hubieron de soportar y que de modo general podemos conocer a través de los datos proporcionados por el Catastro de Ensenada. Todos estos enfoques cruzados han de servirnos para hacer una interpretación de este movimiento de concesión de villazgos que, según lo describimos, alcanza un desarrollo muy importante.
1. LA CONSTRUCCIÓN Y LA EROSIÓN DEL PODER SEÑORIAL: EL CASO DE LA CASA DE VELASCO
1.1. Características de la extensión del poder señorial de la Casa de Velasco en Castilla la Vieja.
La conversión de la Casa de Velasco en una de las más destacadas de la alta nobleza bajomedieval y moderna se asentó en la adquisición de una serie de villas que extendían su jurisdicción a diversos lugares, a algunas villas con jurisdicción parcial y a otras entidades menores (Mapa 1). El proceso ha sido descrito en sus pasos fundamentales, aunque falta una profundización en el verdadero significado de estos señoríos3 . Estas villas principales se distribuyen en dos grupos.
El primer grupo lo forman las villas que contaban con un fuero otorgado en la Plena Edad Media, que las dotaba de un amplio alfoz jurisdiccional. Es el caso de Salas de los Infantes, incorporada a la casa de Velasco en fases entre el siglo XIV y 1413, San Zadornil (1392), Cerezo de Río Tirón (1445), Frías (1446) y Villalba de Losa. Las dos villas con un alfoz jurisdiccional más extenso son las afectadas por estas exenciones:
Cerezo4 ejercía jurisdicción plena sobre siete lugares, la jurisdicción civil sobre 19 lugares y 2 granjas y sobre el Valle de San Vicente, formado por otros 9 lugares que conjuntamente formaban una villa con jurisdicción criminal5 .
Frías6 extendía su jurisdicción al Valle de Tobalina, compuesto por 46 aldeas.

Mapa 1. Jurisdicciones en tenencia de la Casa de Velasco en la provincia de Burgos (ss. XVII-XVIII)
El segundo grupo corresponde a las villas cabeza de merindad que ejercían jurisdicción sobre villas con jurisdicción parcial y lugares de su demarcación. Es el caso de Briviesca (1366), Herrera de Pisuerga (antes de 1379), Villadiego (1411), Belorado (1429) y Santo Domingo de Silos (1445), cabezas respectivamente de las merindades de Bureba, Monzón, Villadiego, Montes de Oca y Silos; caso aparte es Medina de Pomar, que se incorporó a la casa por donación real en 1369, pero convertida en capital de la merindad de Castilla la Vieja en 1470 en que el conde de Haro recibió la alcaldía mayor de la merindad. Nos vamos a detener en las tres que se vieron inmersas en este proceso:
La merindad de Bureba estaba compuesta por tres villas con jurisdicción parcial, 75 lugares y una granja, además de otras dos villas exentas cuyo señorío pertenecía a los duques de Frías; Quintanilla San García, que tenía jurisdicción parcial, era una villa muy especial, pues la jurisdicción era compartida por las villas de Pancorbo7 , Briviesca8 y Cerezo de Río Tirón9 .
La merindad de Montes de Oca comprendía 21 lugares y 5 villas sobre los que Belorado ejercía la jurisdicción civil10, mientras que la jurisdicción criminal correspondía a la villa de Cerezo, de lo que ya se ha hecho referencia.
La merindad de Villadiego11 se extendía a una villa con jurisdicción parcial, 84 lugares, un barrio, tres granjas y cinco ventas, si bien los trece lugares del Valle de Valdelucio eran villa con jurisdicción parcial; además, en una villa, seis lugares y una granja la jurisdicción era compartida con la villa de Amaya, en cinco lugares con la justicia
de La Haza de Siero y en otro lugar con la villa de Becerril del Carpio12.
En todas estas villas la jurisdicción era realenga y sus alcaldes ordinarios administraban justicia en la propia villa y en toda su jurisdicción. En términos estrictos, los Velasco tenían un poder superior sobre estas villas, pero ni tenían la jurisdicción ordinaria en primera instancia, ni aún menos esa misma jurisdicción sobre los lugares que estaban más allá de sus límites y dentro de sus alfoces jurisdiccionales o sus merindades13; aún más, podían reivindicar la jurisdicción en alzada dentro de las propias villas, pero no les pertenecía esa misma jurisdicción de los lugares de sus jurisdicciones que por ser realenga pertenecía exclusivamente a las Justicias del rey. Lo primero se consideraba señorío legítimo, mientras que lo segundo en su versión benévola se tenía por mera tenencia y en la más crítica, como pura usurpación. Evidentemente, el interés fundamental de adquirir el señorío de estas villas era extenderlo a todas sus jurisdicciones y de esa manera consolidar el poder señorial uniendo señorío y jurisdicción.
Tras las Comunidades de Castilla los reyes propiciaron la recuperación de la jurisdicción de las merindades con el fin de reducir el extraordinario poder de los señores en la región, en una primera etapa a través de la acción judicial emprendida por los vecinos de estas villas y apoyada decididamente por el fiscal real14. En 1560 los condestables de Castilla perdieron la jurisdicción sobre las Siete Merindades de Castilla Vieja, para la que nombraban un alcalde mayor con residencia en su villa de Medina de Pomar, creándose entonces un corregimiento realengo con capital en Villarcayo15. Muy poco después se inició un largo pleito por la posesión de la jurisdicción de la merindad de Santo Domingo de Silos, que concluyó con el restablecimiento de los alcaldes ordinarios en la villa de Silos, la pérdida de la jurisdicción por los Velasco, condestables de Castilla y duques de Frías, y finalmente el tanteo de la jurisdicción por la mayor parte de las poblaciones de la merindad que así se convirtieron en villas con jurisdicción plena16.
1.2. Felipe IV y los primeros privilegios generales de villazgo: oposición y resultados.
Aunque la situación más crítica del reinado de Felipe IV corresponde a la década de 1640 en que están abiertos multitud de frentes bélicos y las necesidades financieras de la Real Hacienda son acuciantes, estas enajenaciones llegaron hacia 1660 tras la firma de la Paz de los Pirineos y la intensificación de la Guerra de Portugal a cuyo frente se puso D. Juan José de Austria en 1662.
En 28 de noviembre de 1662 los 80 lugares de la merindad de Bureba obtuvieron un privilegio de villazgo por el que quedaban eximidos de la jurisdicción que en primera instancia ejercían “en encomienda” las justicias de Pancorbo y Briviesca y, en lugares muy concretos, las de Cerezo de Río Tirón (Quintanilla de San García) y Oña (Padrones) y las hacía villas con jurisdicción plena, civil y criminal, y en segunda instancia se eximían de la jurisdicción del Adelantamiento de Castilla, partido de Burgos, quedando las apelaciones para la Chancillería de Valladolid17.
En los años siguientes este afán se contagió a otras jurisdicciones. La Hermandad de Montes de Oca presentó un memorial solicitando el correspondiente privilegio de villazgo para todos sus lugares en la Cámara de Castilla, que en 1664 comisionó al corregidor de Burgos para que hiciese un informe. Del mismo modo a principios de 1664 los lugares de la merindad de.
Villadiego solicitaron que se les hiciese villas exentas “en la forma que se hizo con la merindad de Bureba”.
A ello se opusieron el regimiento de Burgos, pues si no de poco le servía haberse convertido en sede de su partido del Adelantamiento de Castilla, y los propios oficiales y ministros del Adelantamiento, aunque la actuación que resultó determinante fue la del condestable, que veía como su poder sobre Castilla la Vieja podía desmoronarse.
En 1666 el Consejo de Castilla dio un decreto denegando la demanda interpuesta por los lugares de la merindad de Villadiego y cualquier otra demanda que en este sentido se interpusiere contra el condestable mientras “estubiere sirbiendo fuera en Galiçia o en otra parte o yo mandare otra cosa” en atención a sus servicios y a los de su Casa18. En consecuencia, la pretensión de la Hermandad de Montes de Oca tampoco siguió adelante; una providencia dada al informe del corregidor de Burgos decía: “La Hermandad de Montes de Oca: no se haga novedad”.
1.3. Felipe V y la guerra de Sucesión: nuevos villazgos.
Una segunda coyuntura favorable vino propiciada tras la entronización de Felipe V y la Guerra de Sucesión, no sólo por las evidentes necesidades financieras de la Monarquía, sino también por la imposición de un modelo político marcadamente absolutista. Además, aunque el condestable D. José Manuel Fernández de Velasco y Tovar (1696-1713) se mantuvo al lado de Felipe V, su hijo D. Bernardino Fernández de Velasco, IX duque de Frías (1713-1727), había pasado al bando austracista en 1706, por lo que sus estados fueron confiscados19. Entonces sus bienes y señoríos fueron encomendados a la gestión de D. Miguel Núñez de Rojas, caballero de la Orden de Santiago, consejero del de Órdenes y Superintendente General de bienes confiscados y secuestrados, y la maquinaria señorial se paralizó, presentándose la oportunidad para que los vasallos buscaran en la Corona los medios para eximirse de la jurisdicción señorial. En las jurisdicciones de Cerezo y Belorado la aprovecharon la Hermandad de Montes de Oca y.
Valderredoca y el Valle de San Vicente que compraron su jurisdicción, la cual ejercía en tenencia el duque de Frías como señor de la villa de Cerezo.
La Hermandad de Montes de Oca, en la que el duque de Frías tenía la jurisdicción civil y criminal a prevención y otros derechos como señor de las villas de Cerezo y de Belorado, obtuvo dicha jurisdicción por un Privilegio Real en $1 7 1 4 ^ { 2 0 }$ . También se eximía a sus pueblos del merino que ponía el adelantado mayor de Castilla –entonces, el duque de Medinaceli— y a algunas villas y lugares de la jurisdicción civil que también tenían sobre ellas a prevención el alcalde mayor del Adelantamiento, partido de Burgos, (Atapuerca, Hiniestra, Pineda de la Sierra, Villasur de Herreros y Villorobe) y la villa de Lara de los Infantes (Barrios de Colina)21. El privilegio de exención hacía a todas estas poblaciones “villas de por sí y sobre sí con jurisdición civil y criminal, alta y baxa mero mixto imperio (...) en primera instancia” con la facultad de que unos alcaldes residenciasen a otros y a los demás oficiales de justicia igual que se había concedido a la merindad de Bureba por privilegio de 28 de noviembre de 1662. Las apelaciones se harían ante la Chancillería de Valladolid. La hermandad se mantuvo como distrito fiscal y conservó alcaldes, procuradores y juntas de hermandad.
El caso del Valle de San Vicente fue algo diferente. Felipe V vendió en 1720 a los ocho lugares del valle convertidos todos ellos en villas independientes la jurisdicción civil ordinaria, puesto que la criminal ya era suya, eximiéndoles de la jurisdicción de la villa de Cerezo y de la de su alcalde mayor, concediéndoles la facultad de que los alcaldes se residenciasen unos a otros en la misma manera en que se había concedido a las Hermandades de Bureba y de Montes de Oca y Valderredoca. Las apelaciones serían ante la Chancillería de Valladolid y podrían poner horca y picota y usar otras insignias de jurisdicción.
Felipe V recordaba que la jurisdicción civil que la villa de Cerezo y su alcalde mayor habían tenido sobre dicho valle había sido en encomienda por pertenecer a la jurisdicción real; finalmente, el traspaso de esta jurisdicción a los ocho lugares del valle redundaría en su beneficio, pues la distancia a la villa de Cerezo de más de cuatro leguas donde su alcalde mayor conocía los pleitos decían que causaba muchas extorsiones y vejaciones, costas y prisiones que habían provocado la despoblación del valle22.
Aunque en uno y otro caso se efectuaron las correspondientes notificaciones a las partes afectadas por si tenían algo que alegar, el juez conservador que administraba los bienes de los duques de Frías nada alegó, actitud que mostraron también las villas afectadas y el duque de Medinaceli como adelantado mayor de Castilla, excepto la villa de Belorado, que se opuso a ser despojada de la jurisdicción que tenía sobre la Hermandad de Montes de Oca.
Tras el tratado de Viena (1724) el conde de Haro, que recuperó los bienes y señoríos de la Casa de Velasco, se encontró con los hechos consumados y poco pudo hacer. Una Real Provisión del Consejo de Castilla (27-X-1725) y un Despacho del Superintendente General de bienes confiscados y secuestrados (3-XI-1725) mandaban que al conde de Haro y a sus apoderados se les diera la posesión de todos los bienes, efectos, derechos, jurisdicciones, patronatos y demás que le pertenecían por los mayorazgos de la Casa de Velasco en virtud del artículo noveno de dicho tratado.
El 8 de febrero de 1726 D. Juan Baptista de Montoya Salazar, vecino de La Guardia y sustituto apoderado del conde de Haro, notificó y requirió con la Real Provisión y el Despacho antecedentes a los alcaldes, procuradores y diputados de la Hermandad de Montes de Oca, reunidos en Quintanilla del Monte, quienes con acuerdo del Ldo. Felipe López Salazar y Angulo, abogado de los Reales Consejos y beneficiado en la iglesia de Redecilla del Camino, se negaron a darle posesión de los lugares de la Hermandad pretextando que tenían Privilegio Real23. En el Valle de San Vicente la situación fue similar.
1.4. El Valle de Tobalina: el último villazgo (1725)
También durante el secuestro efectuado por Felipe V de los estados del duque de Frías, los procuradores del Valle de Tobalina solicitaron su exención de la jurisdicción de Frías en base a dos argumentos, además de ofrecer 3.500 ducados. En primer lugar, que los abusos cometidos por las justicias de Frías habían producido una fuerte despoblación del valle, tesis que apoyaban presentando dos informaciones de 1709 y 1722 y varias certificaciones de los curas; para probar que estos abusos eran ciertos aducían una ejecutoria de 23 de diciembre de 1568 litigada contra los merinos y escribanos de Frías sobre cobro excesivo de derechos24, otra ejecutoria de la Chancillería de Valladolid de 7 de diciembre de 1593 por la que se condenó a estos mismos ministros a llevar sus derechos conforme al arancel antiguo en las causas civiles y criminales25 y a no llevar más que $6 0 \mathrm { m r s }$ . de cada lugar en las visitas y una reprobación hecha por el condestable en 30 de septiembre de 1609 a los ministros de Frías por incumplimiento de la anterior ejecutoria, pues en las visitas llevaban más de 1.300 rs. –1.500 rs. con los gastos de las comidas—. En segundo lugar, que el Valle de Tobalina y Frías eran concejos separados, pues el primero se gobernaba por un procurador general y dos diputados que se nombraban cada año a los que sólo confirmaba el gobernador de Frías, encabezaba por sí mismo las rentas reales con el recaudador de la ciudad de Burgos y tenía término concejil propio aprovechando sus pastos y prendiendo a los ganados forasteros que entraran en él. Frías defendía su derecho alegando que la jurisdicción sobre el valle le pertenecía en propiedad por distintos privilegios y que los abusos que se denuncian no vienen al caso, pues con las providencias hechas entonces quedaron satisfechas las partes; además, indica que el valle tiene 600 vecinos y no 200. Frías también pide que se cite al fiscal de bienes confiscados para que defienda la causa en lugar de los duques de Frías; sería el procurador del propio duque el que, tras el levantamiento del secuestro, saliese a la causa.
Por decreto de 14 de mayo de 1725 se concedió la exención, aunque antes de resolver el Consejo de la Cámara, Frías recurrió pidiendo que se llevase el caso ante la Sala de Justicia del Consejo de Castilla para que retuviese la merced, pero por auto de dicha Sala de Justicia de 25 de junio de 1726 se declaró que no debía retenerse y en resolución de una consulta de 15 de julio se concedió la exención. Aún apeló el duque de Frías, pero por auto de revista de 16 de diciembre de 1727 se aprobó la exención.
En consecuencia, en 8 de enero de 1728 se despachó privilegio a favor del Valle de Tobalina eximiéndolo en primera instancia de la jurisdicción de la ciudad de Frías y del juez de apelación de la misma Frías y en segunda instancia de los alcaldes mayores de Briviesca puestos por los duques de Frías26. En este caso el privilegio de villazgo era para todo el valle, pues cada una de las poblaciones que lo formaban tenía el estatus de aldea y, por tanto, no tenía término concejil amojonado y separado sobre el que ejercer jurisdicción por lo que no procedía conceder el referido villazgo a cada una de ellas. Otra diferencia importante es que se reconoce el señorío de los duques de Frías sobre todo el valle, igual que sobre Frías, y por tal razón sigue quedando al señor el derecho de nombrar a los dos alcaldes ordinarios de todo el valle, que ha de presentarle candidaturas dobladas para ello.
2. LA TASACIÓN DE LAS VENTAS
2.1. El número de los vasallos de jurisdicción.
Hecha la venta, era preciso hacer nuevo vecindario para determinar el importe total de la misma. Contamos con el realizado en el Valle de San Vicente27. Para valorar el grado de exactitud del número de vecinos manejado en las exenciones hemos tomado el censo de 1591 y el de Ensenada de 1752, un tanto alejados en el tiempo y en épocas de plenitud demográfica, pero fiables, y el censo de Campoflorido de 1714-1715, próximo en el tiempo a las exenciones, pero para el que hemos estimado una ocultación media en torno al $50 \%$ de los vecinos28 (Tabla 1).
Cuando conocemos el número de vasallos de jurisdicción que se estimó para los villazgos, éste resulta claramente inferior al número de vecinos de los censos realizados para otros fines, incluso del de Campoflorido (1714-1715). Así, en el Valle de San Vicente se censó un $18 \% 5 \%$ de vecinos menos que en el censo de Campoflorido y en el Valle de Tobalina se estimó un $47 \%$ menos. Teniendo en cuenta que éste infravalora el vecindario en torno al 50 $\%$ , resultaría que el Valle de San Vicente tendría unos 200 vecinos y el de Tobalina unos 785 –el duque de Frías decía que tenía 600 vecinos—, por lo que se habrían hecho las exenciones con vecindarios un 60 y un $74 \%$ inferiores respectivamente con respecto a los reales.
Tabla 1. La vecindad de las jurisdicciones eximidas

localidades	1591	1714-1715	privilegios	1759
MerindaddeBureba	77	2.406&x27;5	1.457&x27;5	1.500&x27;0	2.951&x27;5
Hermandad de Montes deOca	24	892&x27;0	392&x27;5	375’0	611&x27;5
Valle de San Vicente	8	296&x27;0	96&x27;5	78&x27;5	473&x27;5
Valle de Tobalina	46	1.306&x27;0	382&x27;5	200&x27;0	805&x27;5
Total (A)	151	4.900&x27;5	2.329&x27;0	2.153&x27;5	4.842&x27;0
Provincia de Burgos (B)	54.089	56.642
% de A con respecto de B	9&x27;06	8&x27;55

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Fuentes: MOLINIE BERTRAND, Annie, Censo de Castilla de 1591, Madrid, INE, 1984. Censo de Campoflorido, 1712. Vecindario general de España. INE, 1995. ADPBu, Catastro de Ensenada. Los totales homogeneizados de la provincia de Burgos en ABARCA ABARCA, Vanesa, Campos conocidos, senderos nuevos. Población y producción agraria en Burgos, 1540-1865, (Tesis Doctoral inédita), Universidad Complutense de Madrid, 2016, cuadro 2.5, p. 69.
Si estos cálculos son correctos, se había ocultado buena parte del vecindario y defraudado a la Real Hacienda, como denunciaba el duque de Frías. Es más, conocemos el padrón nominal de vecinos del Valle de San Vicente; D. Manuel Eugenio García, juez de comisión, acompañado de Félix Pérez Alonso, escribano receptor, y con la asistencia del alcalde ordinario y el regidor de cada una de las nuevas villas del valle, hizo padrón nominal “calle hita” entre el 20 y el 23 de marzo de 1720 por el que resultaba haber 10 clérigos, 79 vecinos y 4 viudas vecinas contadas cada una por medio vecino, es decir, 91 vecinos en total29, más cerca de lo computado en el Censo de Campoflorido y claramente por encima de los 78,5 vecinos que figuran en el privilegio de villazgo.
Por otra parte, si consideramos la población de la actual provincia de Burgos según los censos más fidedignos, es decir, el de 1591 y el de Ensenada, estos villazgos afectaron respectivamente al 9 y al $8 \%$ de su población, con lo que se evidencia la importancia de estas exenciones.
2.2. Coste y financiación de los privilegios de villazgo.
Felipe V legalizaba la venta de la jurisdicción del Valle de San Vicente y la del Valle de Tobalina recordando que seguían en vigor las condiciones de los Servicios de Millones concedidos a Felipe IV por las Cortes de Madrid de 1655-1658, todo para hacer frente a los gastos extraordinarios de las guerras, situación reproducida ahora con la Guerra de Sucesión, lo que justificaba continuar con este tipo de expedientes. A Felipe IV se le había concedido en tres ocasiones consentimiento para la venta de hasta 40.000 vasallos30. Como las ventas bajo estas licencias se habían completado más que sobradamente, en 23 de diciembre de 1656 las Cortes dieron consentimiento para que pudiera vender jurisdicciones y oficios hasta en la cantidad de 1,5 millones de ducados de vellón31, que es en lo que se amparan todos los villazgos de que tratamos.
La Hermandad de Montes de Oca pagó por la merced de su jurisdicción 225.000 mrs., de los que 56.250 eran del derecho de la media annata, que representaba el $2 \%$ del importe de la venta32, y los 168.750 restantes correspondían a tres quindenios que debían pagar de quince en quince años y que se les cobraba por adelantado. El Valle de San Vicente compraba su jurisdicción en 16 ducados por cada uno de los 78,5 vecinos que se contaron en los ocho lugares del valle y que sumaban 1.265 ducados de vellón; se pagaron 11.775 mrs. por la media annata, cantidad que habría de satisfacerse a la Real Hacienda de nuevo cada quince años en concepto de quindenio para que la merced siguiera vigente. El Valle de Tobalina pagó la media annata con el importe de la venta y quedaba obligado a pagar en el futuro los correspondientes quindenios.
El precio por vecino parece haber sido el mismo hasta 1720, en que se vendió el villazgo del Valle de San Vicente, es decir, el de $6 . 0 0 0 \ \mathrm { m r s }$ . por vecino o 16 ducados, precio que se había mantenido intacto para los privilegios de villazgo desde mediados del siglo $\mathrm { X V I } ^ { 3 3 }$ . En cambio, en 1728 se elevó el precio del villazgo del Valle de Tobalina a 6.562,5 mrs. por vecino o 17,5 ducados.
Tabla 2. El importe económico de los villazgos

jurisdiccion	ano	vecinos	precio(duc./vec.)	importe(duc.)	mediaannata(mrs.)	total(mrs.)
Bureba	1662	1.500*	16*	24.000	224.400	8.976.000
Montes de Oca	1714	375*	16*	6.000	56.250	2.244.000
Valle de San Vicente	1720	78.5	16	1.265	11.775	473.110
ValledeTobalina	1728	200	17,5	3.500	32.725	1.309.000
Total	2.153,5	34.765	324.750	13.002.110

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Notas: \* Vecindad estimada al precio ordinario de 16 ducados o $6 . 0 0 0 \ \mathrm { m r s } .$ . por vasallo. La Hermandad de Montes de Oca pagó 168.750 mrs. por tres quindenios, por lo que quedó exenta de pagarlos en el futuro. Fuente: Privilegios de villazgo.
Siete pueblos de la Hermandad de Montes de Oca tomaron a censo el dinero necesario, en abril y mayo de 1713, del convento de la Encarnación Trinitaria, mientras otros cuatro lo hicieron después del cabildo de la iglesia de San Esteban (Villalmóndar), de la fábrica y del cabildo de la iglesia de San Nicolás (barrios de Colina y Santiago) y del convento de San Francisco (barrio de Milanes), instituciones todas de la ciudad de Burgos (Tabla 3).
La cuestión clave es poder valorar si el coste de los villazgos supuso una grave carga para los concejos. Los duques de Frías insistirían en que los villazgos se habían concedido por poco dinero; de los lugares de la merindad de Bureba dirá que fue por “vna cantidad moderada” y, aunque no alega nada al respecto en la Hermandad de Montes de Oca, en el Valle de San Vicente y en el de Tobalina denunciará que se ha ocultado una parte del vecindario. En estos dos últimos casos los villazgos aparentemente se concedieron de forma más rigurosa, pues, antes de determinar el importe total, se procedió a hacer vecindario34. Sin embargo, esto no pasa de una apariencia de rigor, pues, como ya hemos indicado, los vecinos empadronados son significativamente menos de los reales, por lo que el coste real se quedó el 60 y $74 \%$ por debajo del que hubieran tenido de haber hecho vecindarios completos, es decir, entre 2.400 y 1.600 mrs. por vasallo.
Tabla 3. Censos tomados por algunos concejos de la Hermandad de Montes de Oca

fecha	concejo	capital(rs.）	reditos(rs. mrs.)	referencia(leg.)
1713,IV,12	Santovenia de Oca	3.500	105-00	6.931/1, ff.159-162 vo
1713,IV,23	Villorobe	2.200	66-00	6.931/1,ff.171-174 vo
1713,IV,23	Pineda dela Sierra	5.200	156-00	6.931/1,ff.183-186 v
1713,IV,25	Uzquiza	6.160	184-27	6.931/1,ff.193-196 v
1713,V.3	Villalbos	5.500	165-00	6.931/1,ff.217-220 vo
1713,V,3	Villansur Rio de Oca	4.000	120-00	6.931/1,ff. 233-236 vo
1713,V,8	Ages	12.300	369-00	6.931/1,ff. 251-254 vo
1713,V.3	Villalmondar	2.420	72-20	6.811,ff. 161-164 vo
1713,V,20	Colinay Santiago	1.100	33-00	6.811,ff.208-211 v
1713,VI,13	Colina y Santiago	1.650	49-17	6.811,ff.249-252 vo
1713,VII,17	Milanes	3.300	99-00	6.811,ff.280-285 vo

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Nota: Agés tomaba el censo también para reducir otros censos anteriores a menor interés. Los barrios de Colina y Santiago y de Milanes no señalan motivo. Fuente: AHPBu, Protocolos Notariales (ver referencia).
En la mayor parte de los archivos municipales o bien no se conservan libros de cuentas de propios o las series son sumamente incompletas y de finales del siglo XVIII. En las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada se preguntaba qué cargas había contra el concejo y a favor de quién y por qué se habían impuesto35. Dado el carácter general de esta fuente podría ofrecernos una información completa al respecto permitiéndonos comprobar si algunas décadas después los concejos habían sido capaces de redimir los censos o arrastraron la carga censal correspondiente durante generaciones y si los villazgos generaron una carga inasumible o bien tuvieron un peso menor para los concejos. Lamentablemente son muchos los pueblos en los que se deja la expresión de los censos para el memorial presentado por su procurador general en el que nunca se indica la razón por la que se impusieron; en otros casos se detallan todos los censos y al final se indica conjuntamente para qué se tomaron, lo que no nos permite diferenciar la parte que corresponde a los villazgos y la que pertenece a otros motivos.
Tabla 4. Censos al quitar contra los concejos de las nuevas villas (1753)

jurisdiccion	consta finalidad	para villazgos	censostotales
n	capital (rs.)	n	capital (rs.)	n	capital (rs.)
Bureba	120	649.638	10	20.400	162	919.465
Montes de Oca	8	30.210	7	29.040	77	220.369
Valle de San Vicente	33	76.314	3	5.600	34	76.809
ValledeTobalina	42&x27;3	125.533	0	0	58&x27;3	246.241
Total	203&x27;3	881.745	20	55.040	331&x27;3	1.462.884

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Fuente: Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, respuesta 26. URL: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo $_ { \mathrm { = 0 } }$ . Consultado en 8-10 de mayo de 2019.
Hemos elaborado la Tabla 4 tomando en consideración aquellas villas en las que se declara claramente qué censos están impuestos contra los propios del concejo y con qué finalidad, lo que nos permite indicar en una segunda columna los censos tomados para el pago del villazgo, y añadiendo en una última columna el total de censos tomados por todos los concejos de cada circunscripción como referencia.
Pues bien, los villazgos representan apenas el $10 \%$ de los censos impuestos contra los concejos cuya finalidad consta y el $62 4 \%$ de su capital; esto es especialmente relevante en los casos del Valle de Tobalina y, sobre todo, del Valle de San Vicente donde la información es sumamente completa y donde se adquirieron los villazgos más tarde. Como en la provincia de León en general36 y en la Montaña de esta provincia en particular37, nuestros concejos están poco endeudados y la adquisición del villazgo tuvo sólo importancia de forma puntual38. Por contra, Olmedillo de Roa cayó en concurso de acreedores a causa de la compra de su villazgo y su exención de $\mathrm { R o a } ^ { 3 9 }$ . Igualmente, en Extremadura las exenciones y compras de jurisdicciones, proceso que arranca también de las últimas décadas del siglo XVII, fueron el principal capítulo del endeudamiento concejil40.
3. LAS NUEVAS VILLAS TRAS LA EXENCIÓN JURISDICCIONAL
3.1. Nueva jurisdicción y viejos señoríos.
Todas estas jurisdicciones englobaban poblaciones con una situación señorial heterogénea y, además, con un origen mucho más antiguo que la jurisdicción que se abolía. Así, encontramos behetrías, señoríos solariegos y abadengos. Tras la concesión de los villazgos se suscitarán nuevos pleitos con los titulares de esos señoríos para delimitar lo que era jurisdicción realenga en tenencia ejercida por las villas cabeza de jurisdicción y lo que era jurisdicción señorial derivada del señorío y vasallaje. La jurisdicción realenga en tenencia era la que se concedía a las nuevas villas, mientras la jurisdicción señorial seguía perteneciendo a los antiguos señores41.
Las behetrías, desde principios del siglo XVI, habían sido asimiladas al realengo toda vez que sus concejos se habían encomendado al rey, a otros miembros de la familia real o al corregidor de realengo más cercano42 de modo que, concluido el reinado de Carlos I, no es fácil encontrar referencias a los señores de las behetrías. Esto evitó que se suscitasen nuevos conflictos tras los villazgos.
Los señores laicos consiguieron en la segunda mitad del siglo XVI y primera del siglo XVII redondear sus señoríos comprando la jurisdicción correspondiente a la Corona y eximiéndolos así de las villas cabeza de jurisdicción43. No obstante, esta evolución dependerá de la solidez económica o, al menos, capacidad de endeudamiento de sus titulares, por lo que no fue regla universal. Un caso especial es el de aquellos lugares en los que el señor solariego era el mismo que el de la villa cabeza de jurisdicción de la que se eximían, en este caso los duques de Frías.
Los duques de Frías eran señores solariegos del Valle de Tobalina, razón por la cual conservaron el derecho de elección de dos alcaldes ordinarios entre candidaturas dobladas que les presentara el concejo. Tras la exención de la jurisdicción de Frías, el valle continuó reconociendo la dependencia señorial sin, al parecer, mayor problema. En 1741 el duque Bernardino Fernández de Velasco tomó posesión del valle44 y los vecinos de Quintana Martín Galíndez en la segunda de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada declararon que “este pueblo y los demás de este valle son de señorío, perteneze al Exzelentísimo Señor Duque de Frías quien como tal elixe dos alcaldes hordinarios y perzibe el derecho de alcabalas”.
También eran señores solariegos en el Valle de San Vicente, pero aquí los concejos y vecinos mostraron una resistencia tenaz a darle la posesión tras el Tratado de Viena. En respuesta el duque de Frías presentó un escrito al Consejo de Castilla en el que denunciaba que se había ocultado parte del vecindario del valle defraudando a la Real Hacienda, lo mismo que habían ocultado que legítimamente le pertenecían distintas rentas solariegas que desde la concesión de los villazgos habían dejado de pagarle por lo que solicitaba la retención de las gracias concedidas y el destierro de los cabecillas por 30 días y hasta más de diez leguas del valle45. Agustín Fernández de Velasco, X duque de Frías, ganó Provisión del Consejo para hacer nuevo apeo de los derechos que tenía en el valle, pero tras su muerte, ocurrida en 1741, ya no se efectuó, los derechos se fueron oscureciendo y Fernando Rubio y Medina, que los percibía por orden del alcaide de Belorado, “dejó de cobrarlo por estar vien con la jente a vista del desapropio de S. E. en querer perder vn derecho de señorío tan notorio”46 en casi todos los pueblos, aunque, según muestra el Catastro de Ensenada, algunos pueblos seguían pagando algunas urciones. Del mismo modo, el X duque de Frías dejó de nombrar los dos escribanos de lo criminal del valle, pues al intentar seguir proveyéndolos, éste le puso demanda y el duque no quiso salir a la causa47. Una nueva oportunidad pareció presentarse precisamente al redactar el Catastro de Ensenada; en los memoriales que se presentaron en nombre del duque de Frías se hacían constar los derechos señoriales, negándoles después vigencia peritos y concejos; el caso más contundente fue el de Pradoluengo donde se reclamaba no sólo el pago de urciones, sino también la toma de residencia, el nombramiento de los dos escribanos del valle y el cobro de las penas de Cámara, derechos todos que fueron negados por esta villa y no dados por buenos por el juez subdelegado a la vista del privilegio de villazgo. Es evidente que, aunque los duques de Frías habían perdido jurisdicciones extensas, éstas tenían poco valor económico.
Los abadengos eran el conjunto más importante entre las nuevas villas. Comprendían varios lugares de la merindad de Bureba, señoríos del monasterio de San Salvador de Oña, y casi todos los lugares de la Hermandad de Montes de Oca, señoríos del monasterio de Las Huelgas de Burgos.
Los pleitos más prolongados fueron los sostenidos por los lugares de señorío del monasterio de Oña en la merindad de Bureba que interpretaban que el villazgo adquirido era una exención completa que también afectaba al señorío y vasallaje. Entre 1678 y 1686 se sentenció que en las villas de Bentretea, Castellanos, Pino, Cornudilla, Solas y Tamayo el señorío y vasallaje y la jurisdicción civil y criminal privativamente pertenecían al monasterio, mientras en Padrones, Quintanavides y Altable el monasterio sólo tenía el señorío y vasallaje48. Un nuevo capítulo se desarrolló durante el reinado de Felipe V y en una nueva coyuntura favorable, pues en 15 de febrero de 1739 Bentretea, Castellanos, Pino, Cornudilla, Solas y Tamayo obtuvieron un nuevo privilegio de villazgo que ahora les eximía de la jurisdicción del abad del monasterio de Oña pagando 7.500 mrs. por vecino; de nuevo recurre el monasterio ante el Consejo de Castilla que en 8 de junio de 1740 sentenció reconociendo al monasterio el señorío y vasallaje y como derechos pertenecientes a él el nombrar alcaldes entre candidaturas dobladas presentadas por los concejos, nombrar a los demás oficios de concejo y poner escribanos, aunque la ejecución de la sentencia se retrasó hasta 1745 y la resistencia de los concejos a su cumplimiento fue bastante persistente y dio lugar a algunos tumultos, en particular, en lo que respecta al nombramiento de alcalde de Hermandad, ya que la sentencia no distinguía entre alcaldes ordinarios y alcaldes de Hermandad y los vecinos interpretaban que el nombramiento de éstos últimos era prerrogativa exclusivamente concejil49.
3.2. Las consecuencias de los villazgos: la oligarquización de los concejos.
R. Kagan señala que la decadencia de la justicia real durante el siglo XVII supuso, entre otras consecuencias, una redistribución del poder especialmente en favor de “las grandes familias con cargos importantes en las ciudades castellanas”50. Pero no sólo fue en su favor, sino que este proceso de oligarquización descendió algún escalón más y benefició a los grupos familiares de hidalgos rurales y, también, de labradores.
Para muchos individuos, hidalgos o no, con una fortuna consolidada y convenientemente emparentados en las localidades donde residían el objetivo inmediato fue el del monopolio de la vida política local anulando de hecho y de derecho, si era posible, la capacidad de actuación de los delegados señoriales que fiscalizaban la vida local. El primer paso fue el de la conversión de muchos lugares en villas reales con jurisdicción por sí y sobre sí, en general mediante la compra del privilegio de villazgo a la Corona.
El duque de Frías insistiría en las respuestas a los sucesivos privilegios de exención jurisdiccional en que los promotores eran vecinos muy concretos cuyo fin era dominar al resto de los vecinos. Así, en su oposición a la exención del Valle de Tobalina decía que era perjudicial a sus vecinos, pues “los empleos andarían regularmente entre tres o quatro vezinos que son los solicitadores de esta novedad por sus fines particulares”51. Del Valle de San Vicente denunciaba que era cosa de cuatro vecinos de Pradoluengo, uno de Valmala, dos de Villagalijo y dos de San Vicente a los que consideraba cabecillas52. En fin, no debemos pasar por alto que el poderhabiente para actuar, tanto en nombre de la Hermandad de Montes de Oca como en nombre del Valle de San Vicente ante el Consejo de Castilla, fue D. Juan Gómez de la Fuente, vecino de Pineda de la Sierra y ganadero trashumante.
Como en la Cantabria de la primera mitad del siglo XIX, aunque anticipándose en el tiempo, el poder de la alta nobleza fue sustituido por algunas familias hidalgas que asumieron la aplicación de las medidas puestas en marcha por el poder central, aunque éste no fuera el de los primeros gobiernos liberales, sino el de la monarquía absoluta53. Y como ha interpretado J. L. Gómez Urdáñez, con la política de Fernando VI y el Catastro de Ensenada nacía la consideración del vasallo como “un sujeto de producción de renta”, origen de la posterior figura del “contribuyente”, que sería el único con derecho a “decidir sobre el Estado”54.
4. LA CONCESIÓN DE VILLAZGOS: INTERPRETACIÓN Y CONTEXTO.
R. Kagan sostiene que durante el siglo XVII se produjo un debilitamiento de la jurisdicción de los tribunales reales en favor de la justicia municipal, marcada por sucesivas cesiones al ritmo de la renovación de los millones en las Cortes, proceso que habría culminado en la década de 1630. A este respecto cita la presión de la ciudad de Burgos para la incorporación de la vara de alcalde mayor del Adelantamiento de Castilla, partido de Burgos, a la de su alcalde mayor que solicitó por primera vez en 1617 como una forma de reactivar la vida urbana, que había entrado claramente en decadencia, aunque para los opuestos a esta medida eso aumentaría el poder de los señores55. Todo fue cuestión de tiempo. Felipe IV finalmente efectuó la agregación.
El mismo autor cita un informe de Antonio de Mixangos dirigido a Felipe IV (1634) en el que lamentaba que la escasa cuantía de muchos pleitos civiles hacía que muchos campesinos de la región no acudieran a demandar justicia a Burgos o Valladolid y culpa a los señores de que en ausencia de los alcaldes de los Adelantamientos atropellaban los derechos y privilegios de los vasallos56. A este respecto hay que recordar que la administración de justicia en los señoríos y behetrías había sido encomendada desde la plena Edad Media a los alcaldes ordinarios de las villas-cabeza de merindad, que puntualmente a lo largo del siglo XV la Corona había enviado corregidores a estas villas, igual que a otras ciudades y villas de realengo, para hacer frente a distintas contingencias, que los principales linajes nobiliarios (Velasco, Manrique, Mendoza) se hicieron con el señorío de casi todas estas villascabeza de merindad desde el reinado de Enrique II, que algunos señores lograron eximir sus merindades de la jurisdicción del Adelantamiento de Castilla (merindades de Castrojeriz, Castilla Vieja, Campoo) y que durante el reinado de los RR. CC. todos los señores empezaron a poner corregidores para ejercer la jurisdicción ordinaria en las villas-cabeza de merindad, los cuales asumieron las varas de los alcaldes ordinarios nombrados hasta entonces por sus concejos. La reforma de los Adelantamientos introducida por los RR. CC. venía a poner coto a la señorialización de la justicia en las merindades de Castilla la Vieja.
Ahora bien, el mismo Felipe IV que había incorporado las varas de los alcaldes mayores de los Adelantamientos a las de los corregidores de Burgos, Palencia y León, probablemente porque ya no fueran eficaces, dio un fuerte impulso a la disolución de la jurisdicción de merindad y, con él, al poder de los señores de las villas-cabeza de merindad.
Pero como hemos anticipado, ésta no era una política nueva, sino que tenía una larga trayectoria al hilo de las demandas y pleitos promovidos por las propias élites de las merindades. Por supuesto, respondía a una política mantenida por los reyes que procuraban imponer su poder sobre cualquier tipo de instancia señorial. Por poner un ejemplo de un ámbito completamente distinto podemos recordar el caso de la Orden de Montesa, donde Carlos V y, sobre todo, Felipe II sostienen una estrategia general orientada a controlar su territorio por medio de su capacidad jurisdiccional imponiendo siempre la supremacía de la jurisdicción real sobre la jurisdicción señorial de la orden, situación que se mantiene incluso después de la incorporación de la orden a la Corona en 1592 y durante el reinado de Felipe III y las dos primeras décadas del de Felipe $\mathrm { I V } ^ { 5 7 }$ .
Como ha sido ampliamente explicado, la Monarquía de los Austrias hizo compatible “el poder supremo y absoluto del monarca” con el “respeto a las jurisdicciones privativas” en el que el poder del monarca es un poder soberano en cuanto es un poder superior que se ejerce sobre el poder señorial58. La política de enajenación de jurisdicciones de Felipe IV se mantiene dentro del marco conceptual. El rey se considera sólo titular de las regalías de la Corona, entre las que figura la administración de Justicia. Ahora bien, en unos casos la Corona sigue siendo la titular de esa administración de Justicia y en otros no. Así, se reconoce como legítimos propietarios de la jurisdicción tanto a las villas a las que se les concedió en el pasado mediante carta de fuero o privilegio, como a los señores, que la recibieron de la misma forma. De este modo y según se venía admitiendo desde la Baja Edad Media, en Castilla la Vieja sólo la jurisdicción de merindad era propiedad de la Corona y los alcaldes ordinarios de las villas-cabeza de merindad la ejercían fuera del término de estas villas en nombre de la Corona, como mera tenencia; los señores de estas villas, que asumieron esta jurisdicción a través de los corregidores que pusieron en ellas, simplemente habían incurrido en la usurpación de esa jurisdicción.
La situación es aún más compleja, pues dentro de las merindades habían convivido lugares de behetría, lugares de señorío solariego y abadengo y villas de señorío sólo con jurisdicción civil a prevención con las justicias de las villas cabeza de merindad y con las justicias señoriales. Las exenciones que ahora concedía la Corona correspondían sólo a la jurisdicción de las villas cabeza de merindad, pero no a la jurisdicción señorial. Los señores seguían siendo legítimos propietarios de los derechos jurisdiccionales correspondientes al señorío, como el ejercicio de la jurisdicción civil en primera instancia, la confirmación de alcaldes ordinarios y oficiales concejiles y la visita. La doctrina jurídica en este punto era absolutamente clara y fue aplicada siempre de este modo por la Chancillería de Valladolid en todos los pleitos59. Los privilegios de villazgo despachados a lo largo del reinado de Felipe IV se despacharon siempre salvando la jurisdicción señorial, por lo que “sin perjuicio de tercero alguno” se emitió el privilegio a favor de los ochenta lugares de la merindad de Bureba60. Sin embargo, fueron muchos los casos en que esos derechos de un tercero a los que se alude no se precisan, por lo que los privilegios de exención se emiten en su sentido más amplio y se deja para posteriores pleitos la delimitación de la jurisdicción de los señores y la de las nuevas villas; así sería también en las villas del monasterio de San Salvador de Oña sitas en la merindad de Bureba.
Felipe V introdujo una reafirmación de la naturaleza absolutista de la Monarquía. E. Giménez López habla al respecto de la Nueva Planta de que Felipe V representa “la culminación de un proceso secular de racionalización y concentración del poder en la que triunfa la tesis política caracterizada por la concepción de la Monarquía como dominio directo, frente a la que la concebía como dominio útil, con fueros y constituciones limitativas de las regalías”61, lo que se evidencia en el decreto por el que se abolieron los fueros de Aragón y Valencia que situaba “al príncipe por encima del derecho”62.
Ahora bien, también hay que considerar la casuística particular. La muerte del condestable y el paso de su hijo, el conde de Haro, al bando austracista63 hicieron de esta casa señorial objetivo de una política de represalias en sus bases de poder, además del secuestro de sus estados. En 1708, al establecerse el plan para implantar el mapa de corregimientos en el Reino de Valencia se señalaron “aquellas villas que por su infidelidad podían quedar reducidas a aldeas” frente a las que por su fidelidad a Felipe V debían ser premiadas; del mismo modo las poblaciones de señorío pertenecientes a austracistas se incorporaban a la Corona64.
Naturalmente, este intenso proceso se inscribe en otro más amplio, el de la construcción del Estado moderno, asunto que ha dado lugar a debates complejos. A este respecto C. J. de Carlos Morales recoge la idea de que este proceso estuvo relacionado con la revolución militar; los ejércitos permanentes se sustentaron en una combinación del desarrollo de las instituciones y la fiscalidad con “la cooperación de las élites locales y territoriales” a cambio de su fortalecimiento socioeconómico. Aunque se trata de un enfoque militar, puede ampliarse para tratar de comprender el desarrollo de la Monarquía en los tiempos modernos65.
CONCLUSIONES.
La intensificación de la concesión de villazgos que comentamos aquí la interpretamos como fruto de una reconfiguración de las relaciones de la Monarquía con la aristocracia y los concejos rurales. R. Kagan sostiene que a lo largo del siglo XVII la Corona devolvió el poder judicial a los municipios como consecuencia de una redistribución del poder66. Los reyes asumieron sin el menor problema que las élites rurales serían las principales beneficiarias de los villazgos, porque eran ellas las encargadas de la recaudación de los tributos reales y de los alistamientos de soldados. La aristocracia, que no tenía ningún papel en la recaudación de los impuestos reales, estaba perdiendo su función de intermediaria como reclutadora de tropas67. J. Guillamón Álvarez, ofreciendo una contextualización explicativa lo más amplia posible a las reformas administrativas de Felipe V, entiende que “habían comenzado en términos de reparto social del poder desde mediados del siglo XVII”, apoyando su tesis en medidas fiscales, comerciales y militares adoptadas antes de 1700, lo que le permite concluir que los castellanos aceptaron las reformas borbónicas porque se profundizaban reformas anteriores impulsadas por la necesidad de la guerra68.
Nos interesa especialmente esta perspectiva “castellana” porque da completa coherencia a los procesos de que aquí tratamos de concesión de villazgos a las jurisdicciones completas que aquí comentamos.
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