El sexenio absolutista, la oscuridad y los años que nunca existieron (1814-1820)\*.
The absolutist sexennium, the darkness and the years that never existed (1814-1820)
Gonzalo BUTRÓN PRIDA Universidad de Cádiz.
RESUMEN.
Este trabajo propone el acercamiento al sexenio absolutista a partir de la relectura de los recuerdos, las memorias y la correspondencia de una serie de protagonistas de excepción, principalmente políticos y militares españoles, contrapesados por la visión externa ofrecida por la correspondencia del todopoderoso duque de Wellington y las impresiones del más anónimo George Ticknor, viajero estadounidense que visitó España en 1818. En conjunto, estos testimonios permiten matizar la visión dominante sobre estos años, de modo que, junto a su identificación como un período ganado por completo por la intolerancia, las represalias, la doblez del rey y el poder de la camarilla, también es posible dirigir la mirada hacia la existencia de otras voces que enriquecen la caracterización del rey y de su entorno más próximo, y que además dan cuenta de los intentos de desarrollo de una política más pragmática respecto a asuntos clave como la represión, las relaciones con América o la solución del grave problema financiero.
PALABRAS CLAVE.
Absolutismo; represión; memoria; Fernando VII; España; América.
ABSTRACT.
This work presents an approach to the absolutist sexennium based on a re-reading of the souvenirs, memoirs and the correspondence of a series of exceptional personalities, mainly Spanish politicians and military officers, counterbalanced by the external view offered by the papers of the almighty Duke of Wellington and the impressions of the more anonymous George Ticknor, an American traveller who visited Spain in 1818. Taken together, these testimonies allow us to refine the prevailing view of these years, so that, along with its categorisation as a period entirely dominated by intolerance, reprisals, the king's double-dealing and the power of the so-called camarilla, it is also possible to consider the existence of other voices that enrich the characterisation of the king and his closest circle, and which also give an account of the attempts to develop a more pragmatic policy on key issues such as political repression, relations with American colonies or the resolution of the critical financial problem.
KEYWORDS.
Absolutism; political repression; memory; Ferdinand VII; Spain; America.
BUTRÓN.
A finales de marzo de 1815, cuando hacía apenas un año que Fernando VII había pisado de nuevo suelo español, Napoleón lograba regresar a París y volvía a agitar a una Europa desgarrada y maltrecha por décadas de desconcierto y convulsiones que parecían no tener fin. Semanas más tarde comenzaba la terrible erupción del volcán Tambora en las lejanas Indias Orientales Neerlandesas1 . Los efectos del importante desajuste climático que provocó terminarían llegando a Europa y ahondando la miseria material y la desesperanza de muchos de sus habitantes. El verano de 1816, especialmente frío y oscuro, inspiró el poema Darkness a un Byron melancólico y apocalíptico. Rendido ante el triunfo de las tinieblas y la floración de las pasiones humanas más salvajes, lamentaba que a la madrugada ya nunca le siguiera el día: “Morn came and went –and came, and brought no day” 2 .
A este clima de desolación y desánimo tuvo que enfrentarse el absolutismo español al abordar el enorme reto de reconstruir una monarquía rota y arruinada, con cada vez menos capacidad de gestionar y mantener unidos los amplios territorios que todavía la componían. La empresa, ya de por sí ardua, se complicaría aún más por la resistencia del rey a emprender las políticas de perdón, silencio y olvido aceptadas aquellos años por otros monarcas en el continente, unas políticas que sirvieron, como fue el caso de Francia y Países Bajos, para conferir orden, estabilidad y legitimidad a sus nuevos regímenes3 .
A diferencia de Luis XVI y de Guillermo I, Fernando VII emprendió un proceso interesado de administración de la memoria del pasado más reciente que buscaba eludir responsabilidades propias y que desplazaba el foco hacia los señalados como cómplices del desafío revolucionario del orden tradicional. En virtud de este planteamiento, el todavía Deseado fiaba todo, tanto al restablecimiento natural de ese antiguo orden idealizado, como al castigo de quienes habían intentado superarlo. Con ello, no solo entorpecía la reconciliación política y social, sino que también renunciaba al concurso de los que, con sus ideas y su experiencia, podían aportar algo de luz para afrontar los profundos problemas del momento. De igual modo, se enajenaba la estima de muchos de sus iguales europeos, que no entendían la contumacia mostrada por Fernando.
Lo errado del planteamiento acabaría pasando factura, y la larga lista de consejeros y ministros que acompañaron al rey desde su retorno no logró sacar a la monarquía del estancamiento, de modo que podemos imaginarla como uno de los barcos evocados por Byron en aquel mismo poema, sin tripulación y en proceso de lenta pudrición, inmóviles en el mar, dormidos en un abismo de calma mientras se desmoronaban inexorablemente: “Ships sailorless lay rotting on the sea […] slept on the abyss without a surge”.
Esta coyuntura tan complicada y decisiva, tradicionalmente conocida como sexenio absolutista, resulta clave para el conocimiento de las trabas a las que la monarquía española se enfrentó en su proceso de obligada adaptación a la realidad post-napoleónica, así como también de las soluciones que pudo plantear. Pese a ello, se trata de un período que apenas ha atraído la atención de la historiografía desde que, hace ahora cincuenta años, Josep Fontana se acercara a él en su espléndido trabajo sobre la quiebra de la monarquía absoluta. Desde entonces, este tiempo ha sufrido una especie de proceso de invisibilización, de modo que a menudo parece que nunca existió y, llegado el caso, su definición se reduce a poco más de las tres o cuatro representaciones básicas que jalonan el relato más repetido: intolerancia, represalias, camarilla y corrupción. Salvo contadas excepciones, como las páginas dedicadas al período por Emilio La Parra en su extraordinaria biografía de Fernando VII, el día después de la guerra no ha vuelto a ser objeto de un estudio y análisis profundo que permita superar la uniformidad en la oscuridad que habitualmente se presupone al absolutismo triunfante en 1814.
En este trabajo acometemos un primer acercamiento a estos años justamente con el objetivo de mirar más allá de esas representaciones. Para ello proponemos una relectura de los recuerdos, las memorias y la correspondencia de una serie de protagonistas de excepción, principalmente políticos y militares españoles, contrapesados por la visión externa tanto del todopoderoso duque de Wellington, como del más anónimo George Ticknor, un viajero estadounidense que se movió entre los círculos de poder, el cuerpo diplomático y la sociedad madrileña de $1 8 1 8 ^ { 4 }$ .
La mayoría de estos testimonios cuenta con un fuerte componente autojustificativo de la conducta y acciones de sus autores, si bien no por ello dejan de resultar de interés, dada la riqueza de la información que brindan, la posibilidad de contrastarla desde varios puntos de vista y su propia contribución a la configuración del que derivaría en relato canónico de este sexenio posbélico5 . En algunos casos, no resulta complicado ubicar de forma inequívoca los recuerdos publicados en una de las barricadas ideológicas enfrentadas en el momento. El acomodo es más sencillo cuando se trata de la opinión liberal, generalmente publicada cuando ya había salido de la imprenta la monumental Historia del levantamiento, guerra y revolución de España del conde de Toreno. Esta obra, aunque apenas dedicó una pequeña parte de su capítulo final al retorno del rey y el restablecimiento del absolutismo, marcó ya las líneas de la representación del sexenio como tiempo de persecuciones e intolerancia, contrario a las luces y “el progreso de la razón”6 . En esta línea es posible enmarcar los recuerdos de Evaristo San Miguel, Ramón Mesonero Romanos o Juan Van Halen. En otras ocasiones, las memorias consultadas no evidencian un posicionamiento tan identificable, sino que dibujan un escenario más rico e inclasificable, jalonado de matices y contradicciones, como es el caso de las de Francisco Copons y, sobre todo, las de José García León y Pizarro, que articula un relato crítico del período desde dentro del propio absolutismo.
Entre las ideas fuerza señaladas, abordamos, en primer lugar, el golpe de mayo, normalmente presentado como ejemplo del aplastante triunfo de la ambición del absolutismo de borrar, e incluso reescribir, la historia reciente. Esta ambición ha sido recurrentemente presentada como seña de identidad del período, en alusión a la famosa declaración de intenciones incluida en el decreto de 4 de mayo de 1814: “como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”, convertida en lugar común de toda referencia al sexenio.
En segundo lugar, la gestión de gobierno en el contexto de profunda penuria moral y material que atravesaba España, con un estado sumido en una parálisis producto, en buena medida, del convencimiento y la esperanza albergados por una parte de la clase política de que, una vez terminada la guerra y superada la revolución, era posible aplicar las políticas del pasado y recuperar una supuesta prosperidad ampliamente idealizada. Todo ello estuvo condicionado, además, por el sistema de poder paralelo montado en torno a la camarilla reaccionaria y su influencia sobre la voluntad de un Fernando VII que era más vulnerable de lo habitualmente reconocido y que, en cierto modo, tuvo que recetarse su propia medicina para tratar de laminar el recuerdo de sus propios actos durante su estancia francesa.
En tercer lugar, la insistencia en la univocidad del absolutismo restaurado, que habría opacado la existencia de voces que, conscientes de la gravedad de la situación, reconocían la necesidad de plantear soluciones nuevas. En este sentido, cabe destacar que, pese al deseo manifiesto de castigo y expiación del enemigo político patente desde el retorno del rey, no dejaron de estudiarse distintas vías de perdón, promovidas tanto desde el exterior, por parte de la mayoría de las potencias europeas, como desde el interior, de parte de los círculos más pragmáticos y moderados del absolutismo español. Estos últimos, aunque lejos de aceptar las fórmulas liberales, sí que se avenían a buscar alternativas más allá de los límites del antiguo orden, sobre todo para solucionar problemas tan nodales como el americano y el hacendístico.
El golpe de mayo: propaganda reaccionaria y movilización social.
Las gestiones y los preparativos del retorno de Fernando VII a España fueron objeto de especial atención por parte de las Cortes, que entendieron que el futuro del régimen constitucional estaba ligado a la consecución del respaldo del rey. La tarea era complicada, pues si bien se había gobernado y legislado invocando siempre su nombre, e incluso se había legitimado su forma de acceder al trono en marzo de $1 8 0 8 ^ { 7 }$ , no había seguridad respecto a la determinación que tomaría a su regreso. Esto permite entender las prevenciones adoptadas desde muy temprano. En primer lugar, el decreto aprobado en febrero de 1811 declarando nulos “todos los actos y convenios del Rey durante su opresión fuera o dentro de España”8 , que no resultó controvertido, dadas las circunstancias extraordinarias del momento. Más tarde, con los franceses ya en retirada y con los absolutistas ganando peso y presencia en la esfera pública, las Cortes tomarían dos decisiones que fueron tachadas de menoscabar la figura real: de un lado, la aplicación del citado decreto al tratado de Valençay y, de otro, la regulación, en enero de 1814, del recibimiento del rey, con indicación del itinerario que debía seguir hasta Madrid y con el anuncio de la inexcusable jura de la Constitución de 1812 para su reconocimiento9 .
En esos momentos, la posición de las Cortes era delicada, pues contaban con dos escollos adicionales para imponer su criterio, que fueron señalados en la época por el duque de Wellington: el hecho de haber abandonado la ciudad de Cádiz, donde habían gozado de amplios poderes y su autoridad apenas había podido ser cuestionada, y el deseo generalizado de paz existente tras el conocimiento de la propuesta del tratado con Napoleón, especialmente extendido entre el estamento militar10 .
En adelante, la continuidad del régimen constitucional se fue complicando y el desencuentro con unos absolutistas cada vez más convencidos de tener al rey de su lado no paró de crecer. El combate por la legitimidad, que tuvo un amplio reflejo en la prensa del momento11, fue bien recogido en sus memorias por el general Francisco Copons, encargado por el Gobierno de recibir al rey en la frontera. De su relato caben destacar al menos dos puntos: el papel clave desempeñado por el duque de San Carlos, bien conocido, y la posición de referente aún conservada por la Constitución de Cádiz, menos evidente en un relato canónico que descartaba que tuviera apoyo alguno. En este sentido, y pese a la fuerte campaña de descrédito y deslegitimación padecida en las últimas semanas, el texto gaditano aún se mostraba capaz de inspirar y retener fidelidades. Por ejemplo, el propio Copons, entonces capitán general de Cataluña, no dudó, sondeado por San Carlos tras la llegada del rey a Gerona, en reconocer que acataba la constitución como el referente institucional vigente que era, pues la había jurado bajo el mandato de “un Gobierno legítimo” que actuaba en nombre del rey; eso sí, se abría a la posibilidad de faltar a ese compromiso, pero solo “en virtud de orden expresa del Rey, si no llegaba a jurar la Constitución”12. El caso de Copons no era aislado, pues a esas alturas Wellington situaba del lado de la constitución al príncipe de Anglona y al general Manuel Freire, que comandaban los cuerpos tercero y cuarto del ejército, lo que impedía al rey contar con la seguridad del respaldo unánime de los mandos militares españoles13 .
En las semanas siguientes, las disposiciones de las Cortes demostraron carecer de fuerza para lograr el efecto deseado. Frente a ellas, Fernando VII, rodeado de consejeros absolutistas, advertido y respaldado por Napoleón contra el régimen liberal e informado por el ya mencionado duque de San Carlos de los apoyos que podría reunir para no tener que acatar una constitución que restringía su ejercicio del poder14, pudo emprender una estrategia de resistencia al plan señalado desde Madrid y marcar, desde la ambigüedad y el silencio, los tiempos de su retorno.
Los partidarios del restablecimiento del absolutismo aprovecharon este trance de incertidumbre para preparar el golpe de mano. Contaban con la doble ventaja del amplio crédito labrado en los años previos en favor de Fernando VII y del escaso margen que había tenido el régimen constitucional para asentarse entre la opinión pública conforme la Península se había ido librando de la presencia francesa. Evaristo San Miguel daría buena cuenta de ello: en primer lugar, de la predisposición de la población a aceptar la idea de que Fernando, después de tanto padecimiento, “no podía menos de ser un buen rey”, que además se suponía agradecido por todo lo que debía a la nación, y en segundo, del desconocimiento general del texto constitucional, que hacía a la población más permeable a la doble tacha de impío y antimonárquico que le atribuía la propaganda absolutista:
La muchedumbre no conocía la Constitución; y lo que es peor, la conocía mal […]. Si le habían dicho que era impía, ¿cómo había de amarla un pueblo religioso, tan adicto al culto de sus padres? Si se la pintaban como atentadora a los derechos de su Rey idolatrado, ¿qué simpatías había de sentir en favor de ella, teniendo a este Rey delante de sus ojos?15.
San Miguel corroboraba lo que el duque de Wellington ya había observado recién llegado a Madrid, cuando señaló tanto la popularidad del rey –“Nothing can be more popular than the King and his measures”–, como la futilidad de los apoyos de los liberales, cuyo encarcelamiento, que personalmente consideraba innecesario, parecía aceptado por la mayoría de la población16 .
Apostada sobre esta doble ventaja de partida, la campaña absolutista de descrédito del régimen constitucional, en general, y del liberalismo gaditano en particular, resultó aún más efectiva gracias al modo en que fue planteado el propio traslado del rey. Como ha señalado Jordi Roca, el viaje fue dotado de una fuerte carga simbólica, cimentado sobre el refuerzo de los referentes del poder tradicional y la apropiación del objeto de la resistencia antifrancesa, lo que permitió acentuar la autoridad del monarca frente a la de las instituciones liberales17 .
Buena parte de esta campaña, que adquirió por momentos tintes apocalípticos, tuvo como epicentro la ciudad de Valencia, en coincidencia con la larga estancia de Fernando $\mathrm { V I I } ^ { 1 8 }$ . Por ejemplo, en las páginas de Lucindo, una de las publicaciones salidas aquellos días de las imprentas valencianas, se expusieron de forma bien clara las claves de la propaganda antiliberal, centrada en la denuncia de la pretendida ofensiva emprendida contra el rey. Esta era atribuida al régimen todavía vigente, tachado de republicano y regicida:
le quitasteis la soberanía, primer ataque; le quitasteis el tesoro, segundo ataque; le señalasteis ruta para hacerle entrar en el carril, y conducirle por él al Congreso, tercer ataque; habéis mandado que no se le reconozca por Rey hasta que no jure, cuarto ataque…19 .
Otra de las publicaciones valencianas, El Fernandino, completaría el discurso involucionista con un llamamiento expreso al castigo de los revolucionarios, cuyos delitos no debían quedar impunes tras “abismar la Nación en los horrores de la irreligión y de la anarquía”20 .
La exclusión de la reconciliación con el enemigo político sería trasladada de la propaganda a la acción por unos reaccionarios persuadidos, tras el conocimiento de lo decretado por el rey en Valencia, de la viabilidad de sus planes. Quedó entonces abierto el camino al proyectado escarmiento liberal. Si el diez de mayo el editor de la Atalaya de la Mancha, otro de los puntales de la prensa absolutista, celebraba que los pueblos tuvieran preparados “los patíbulos de la justicia” y se congratulaba de que compitieran por ofrecerse al rey para ayudarle a vengar, con la “inmunda sangre” liberal, los “desacatos” recibidos; pocos días más tarde ya hacía referencia al encarcelamiento de significados representantes de la política y de la prensa, reunidos bajo el calificativo de “verdugos de nuestra patria”, así como al modo en que la lápida había sido despedazada y deshonrada entre gritos de “viva Fernando VII, viva la Religión y muera la Constitución”21 .
La restauración de Fernando VII se construyó, por tanto, a partir de un acto inicial de violencia contrarrevolucionaria que excluía cualquier negociación con el enemigo político22. Además, la furia desatada en Madrid tendría pronto reflejo en el resto de España, donde se repetiría la misma secuencia de acción, esto es, la detención y escarnio de los vecinos más vinculados con el régimen liberal y el ataque y ultraje de la lápida constitucional, lo que, en palabras de Joaquín Lorenzo Villanueva, convertiría “la Península en esa honrosa cárcel, donde yacían en las tinieblas de los calabozos, los más celosos defensores de la religión y de la patria”23 .
Del golpe en Madrid nos han llegado numerosos testimonios. Ramón Mesonero Romanos fue testigo del mismo siendo prácticamente un niño y en sus memorias relataría como, la noche del 10 de mayo, Francisco Eguía, nuevo capitán general de Castilla la Nueva, dirigió la detención de los regentes, así como de diputados, periodistas y literatos conocidos por sus ideas liberales, reducidos todos “a la más rigurosa prisión”, en tanto que el 11, una vez publicado el decreto en la Gaceta, vería ejecutar “la segunda parte del programa”, esto es, la movilización popular contra los tachados de liberales y los símbolos del constitucionalismo24 .
Aunque el objetivo del golpe era claramente político, el relato del escritor madrileño incorpora una serie de expresiones que, como “ínfima plebe”, “hordas salvajes” o “turba desenfrenada”, remiten también a la existencia de un conflicto social de fondo, a un odio de clase que era bidireccional, y que en 1814 fue inteligentemente instrumentalizado por los reaccionarios, hasta el punto de que pesó tanto o más en la movilización antiliberal que la motivación puramente política.
Los recuerdos de Mesonero evocan claramente este choque social, que enfrentaba, en su memoria, el salvajismo de los atacantes con el refinamiento civilizador de las víctimas. Según recordaba, los primeros ataques fueron llevados a cabo por “dos o tres centenares de personas de la ínfima plebe, reclutadas al efecto en las tabernas y mataderos”, que salieron a la calle y atacaron y ultrajaron a los objetos y las personas vinculadas con el Gobierno constitucional. Estas escenas las presenció con once años en la plazuela de Herradores, donde vio cómo “la turba hostil y desenfrenada” se dirigía a la Plaza Mayor, invadía la casa Panadería y arrancaba la lápida constitucional, que, rota en mil pedazos y metida en un serón, fue arrastrada por la ciudad, pasando delante de las cárceles y cuarteles donde se decía que estaban presos los liberales. La “turba” se dirigió luego a las Cortes, donde apedreó y mutiló las estatuas y letreros, e irrumpió en la sala de sesiones “con el encarnizamiento y saña propios de una horda de salvajes”, todo ello en medio de “amenazas de muerte y exterminio” y de intimidación a todo aquel que por “su semblante, su traje y sus modales daba a conocer que no pertenecía a su clase y sentimientos”25 .
El protagonismo atribuido a la “muchedumbre” permitía a la memoria liberal subrayar la necesidad del absolutismo de buscar unos apoyos sociales carentes, según su relato, de verdadero criterio. Así lo advirtieron también Evaristo San Miguel y Joaquín Lorenzo Villanueva. El primero expondría el trabajo realizado durante días por “agentes provocadores” para la movilización de esos apoyos26, en tanto que el segundo recordaría que fue “una facción atizadora” la que incitó a “la incauta plebe”, a la que no reconocía capacidad de discernimiento, lo que le permitía exonerarla de culpa y preguntarse quién “expuso la sencilla muchedumbre a tan horribles atentados”27 .
El sesgo social del golpe volvería a ser referido por Mesonero Romanos al rememorar la entrada del rey en Madrid, cuando puso de nuevo de manifiesto que el absolutismo se nutría del apoyo de los sectores más pobres de la sociedad, representados por las manolas de Lavapiés y los chisperos del Barquillo y Maravillas, convertidos en entusiastas defensores del retorno al antiguo orden:
no habré de negar que el concurso era numeroso y, en general, simpático al monarca en la ocasión solemne de su llegada; que la parte más humilde y bulliciosa de la población se había asociado con entusiasmo al movimiento, y que las autoridades, con sus disposiciones previas, habían cuidado de revestir el acto de modo que pudiera aplicársele la frase sacramental de un entusiasmo imposible de describir28 .
Frente a los excesos de la intervención popular, el relato liberal destacó las dificultades legales encontradas por los tribunales para condenar a los detenidos con la ejemplaridad deseada por el rey29. De hecho, el que Villanueva recordaba como el “embarazo de los jueces por no hallar sobre qué fundar los procesos”30 llevó a Fernando VII a implicarse directamente en la causa e intervenir y firmar, el 15 de diciembre de 1814, un real decreto que, según San Miguel, imponía su visión de la causa agravando las penas de los ya sentenciados y condicionando la de los que aún estaban pendientes de resolución31 .
Bajo estas circunstancias, las promesas de moderación y cortes que habían sido incluidas en el decreto de 4 de mayo fueron relegadas al olvido, pese a que algunos creyeran inicialmente que serían cumplidas por el rey e incluso confiaran en la concesión de algún tipo de Constitución; como también fue anulada y descabezada cualquier opción de resistencia liberal, lo que, en una fecha tan temprana como el 25 de mayo, permitiría a Wellington afirmar que daba por cumplida su misión en Madrid, convencido de que no habría guerra civil32 .
BUTRÓN.
Gobierno y camarilla: planificar, improvisar, corromper.
Logrado el objetivo de derribar al liberalismo, el absolutismo fernandino demostró carecer de un plan racional de gobierno y se aferró a la idea de que el retorno a las prácticas del pasado bastaría para lograr la progresiva recuperación del apoyo de los españoles de uno y otro lado del océano, así como para abordar la reparación del maltrecho estado. Esta falta de visión de país fue pronto detectada y criticada por el duque de Wellington, desencantado por la inoperancia del Gobierno, la falta de hombres con conocimiento de los puntos prioritarios de actuación y la continuación de las detenciones de liberales33 .
La realidad política, social y económica de España era verdaderamente complicada, y vivir de las rentas del alivio resultante del fin de la guerra y del impulso emocional producido por el retorno del rey no tardó en mostrar su insostenibilidad. Todo ello vino agravado por la quiebra de la unidad manifestada en la oposición al liberalismo gaditano, que había congregado desde partidarios del inmovilismo más reaccionario a pragmáticos conscientes de la gravedad de la situación y de la necesidad de aceptar reformas y hacer concesiones en unos momentos en los que el antiguo orden se jugaba su supervivencia.
Todos estuvieron en algún momento cerca de los círculos de poder y participaron en los procesos de toma de decisiones, si bien siempre se vieron mediatizados por la opinión última del rey, cuyo favor basculó a menudo entre unos y otros. En este punto, las memorias de José García León y Pizarro son especialmente útiles para conocer cómo se desenvolvía el juego político en la España fernandina. Por un lado, permiten valorar los esfuerzos realizados por aquellos ministros convencidos de que era necesario dotar de un orden y un fin a la política española, como era el caso, por ejemplo, del propio Pizarro en Estado y de Martín de Garay en Hacienda, en cuyo nombramiento intervino precisamente el primero, que reconoció haberlo propuesto al rey por sus conocimientos, experiencia y honradez34; por otra parte, definen el modus operandi y el sistema de poder paralelo articulado por la famosa camarilla, que el autor padeció en primera persona, y finalmente ofrecen algunas pinceladas sobre el carácter y la forma de obrar del rey.
Juan Van Halen, activo liberal y una de las víctimas de la represión, describiría en sus memorias a la camarilla como la aglutinadora del “nublado de solicitantes inextinguibles en Madrid”, capaz de reunir a “la tertulia de frailes, inquisidores, togados, militares, poetas de musa elástica, y algunos americanos nada afectos a la independencia de su país”35. Por su parte, Pizarro responsabilizaría a la camarilla de mantener al rey alejado de la realidad y de inducirlo al ejercicio de su poder absoluto al margen del Gobierno36. Ahora bien, el ministro de Estado, que no tenía una imagen del todo negativa del rey, se abonaría en sus memorias al recurso clásico de culpar de sus errores a la malicia, la estolidez y la falta de escrúpulos de quienes lo rodeaban:
luego venían los hálitos pestíferos de esa nube de estúpidos maliciosos, y sus alarmas enlutecían el ánimo de S.M.; las sospechas, incertidumbre e inquietud estrechaban su corazón y alteraban su semblante; pero, repito, jamás oí cosa dura de su boca37.
Recientemente, Emilio La Parra ha terminado de perfilar la naturaleza de la camarilla como conjunto de individuos de distinto origen social que ejerció una fuerte influencia sobre el rey gracias a la intriga y la adulación, si bien quedaban lejos, precisamente por la referida heterogeneidad de sus integrantes, de actuar como un equipo cohesionado y coordinado38 .
Si apenas hay dudas respecto a la naturaleza reaccionaria y el protagonismo de la camarilla, sí que falta unanimidad en cuanto a su relación con Fernando VII. Por ejemplo, mientras Pizarro entendía que eran sus miembros los que intrigaban y se aprovechaban del rey, para Mesonero Romanos era producto de la voluntad del monarca, que “deseando disponer de otra fuerza que le pudiera auxiliar en sus combinaciones estratégicas, había establecido una especie de contra-ministerio”. Para ello se apoyó en personas de muy distinta extracción social, incluidas las de “las más bajas categorías de su propia servidumbre”, a quienes confió la vigilancia de la acción de los ministros y a los que habría utilizado sin problema, puesto que, si los cogía en un renuncio “o se cansaba de verles fantasear demasiado con su favor”, enseguida les señalaba su retiro a una cartuja o los destinaba a un empleo subalterno. En su opinión, aunque el rey no gobernara ordenadamente, sí que seguía unas pautas de inteligente contrapeso y control de sus apoyos que anulaban la posibilidad de que cualquiera de ellos se convirtiera en esencial. Este proceder le permitía evitar verse:
dominado por una influencia superior; pues que con cierta agudeza y sagacidad sabía desbaratar las intrigas y manejos de sus aduladores y amigos, y también las de los amigos de sus enemigos; oponiéndolos unos contra otros, alzando a estos, abatiendo a aquellos y empuñando con fuerte mano, no las riendas del Estado […], sino las del tiro que bajo su dirección arrastraba el carro del Estado; y enarbolando con la otra la fusta, advertía con ella al que intentaba descarriar, o le remudaba con frecuencia a la primera parada39.
Esta anomalía administrativa fue duramente criticada por Pizarro en octubre de 1816, nada más hacerse cargo del Ministerio de Estado, cuando mostró su descontento por la desorganización encontrada. En concreto, denunció que los oficiales no siguieran un patrón común de trabajo y carecieran además de coordinación, lo que redundaba negativamente en la fijación de un plan de política general y en la definición del modo de llevarlo a la práctica. Todo ello sucedía en medio de numerosas intrigas que entorpecían su propósito de reorganizar el ministerio sobre unas bases más prácticas y metódicas: “así envenenan los perversos las cosas más sencillas”, se quejaba. Con todo, y en ese panorama de desorden general, el nuevo ministro admitía la existencia de excepciones, y salvaba de la crítica, significativamente, a algunos oficiales que ocuparían, con el tiempo, la propia secretaría de Estado, como Narciso Heredia, futuro conde de Ofalia, o “el joven [José María] Pando”, así como otros que harían luego carrera en el cuerpo diplomático, como Mariano Carnerero o Joaquín de Anduaga40 .
La apuesta por el orden administrativo le valdría las críticas de los reaccionarios más cercanos al monarca, entre ellos el intrigante Antonio Ugarte, que había pasado de ser “mozo de carga o lacayo de baja esfera” de la embajada rusa a pieza clave de la camarilla tras ser introducido en palacio por el embajador, Dimitri Tatischeff41. Si hemos de creer a Pizarro, Ugarte no logró imponer su influjo a los ministros que podríamos llamar moderados o reformistas, pero sí que entorpeció sobremanera su labor con la ayuda de sus colaboradores, como Mariano Rufino González, que también tendía a sortear el curso legal de las causas de Estado42 .
Estrechamente vinculado a Ugarte se encontraba su mentor, el también influyente embajador ruso. Según el estadounidense George Ticknor, que lo calificaría de descuidado y caprichoso, Tatischeff gozó, hasta la compra de la malograda escuadra rusa, de una extraordinaria influencia sobre el rey, tan grande que incluso podía nombrar o destituir ministros a su antojo43. Además, compartía la forma de actuar de Ugarte, concretada en la búsqueda sucesiva de asuntos que manejar para sacar ventaja de ellos:
unas veces la exterminación de los liberales; otras la conquista de la América; otras un plan de Hacienda misterioso y de contrabando, en fin, una continuación de empresas, sustituyendo una nueva cuando la anterior se había agotado o perdido su eficacia. Bajo de esa égida conservaban su influjo prepotente; quitaban y ponían empleados, y se procuraban anchurosas ventajas pecuniarias por negociaciones, privilegios y aun con más descaro44 .
Sin embargo, no se trataba solo de la camarilla: era el funcionamiento en sí de los órganos de gobierno el que estaba encallado por la dinámica dominante, en la que las rivalidades y las luchas de poder internas neutralizaban la toma de decisiones políticas. De ello también daría cuenta Ticknor, que destacaba, en primer lugar, la extraña disputa entre el rey y los ministros; en segundo lugar, la confusión reinante, pues el sistema se sustentaba sobre una corrupción sistemática que daba lugar a todo tipo de abusos e irregularidades, de modo que todo se podía conseguir mediante sobornos, y finalmente, los obstáculos existentes para hacer cumplir los decretos, como si hubiera un acuerdo tácito entre el Gobierno y la población para obviarlos a través de una especie de desobediencia tolerada, lo que, por otra parte, creía que evitaba que se rompiera la paz social: “If, however, on the contrary, the king should attempt to execute even one half of the decrees that are nominally in force, he would, I am persuaded, raise a rebellion in a fortnight” 45 .
El problema trascendía la labor de los ministros y se reproducía en el Consejo de Estado, atascado entre rivalidades y desconfianzas, e incapaz de avanzar en el desarrollo de políticas de solvencia. El modo en que se abordó un tema de tanta trascendencia como el americano es buena muestra de ello. En junio de 1815, Pizarro había presentado al Consejo de Estado una Memoria sobre la pacificación de América que, aunque no descartaba por completo el uso de las armas, sí que alertaba de la imposibilidad de recuperar el dominio completo de los territorios americanos y del riesgo de llegar a perderlo todo. En consecuencia, recomendaba encauzar la situación a través de concesiones que, como la libertad de comercio y una amplia amnistía, prepararan el terreno a una reconciliación. A cambio, España mantendría una posición de privilegio en América y no tendría que afrontar el coste de armar nuevas expediciones46 .
Una vez al frente del Ministerio, Pizarro comprobó las dificultades de promover su programa, dada la negativa del rey, y de buena parte de la corte y del Gobierno, a suscribirlo. Según admitiría, el problema se hallaba “en el peor estado posible”, complicado por las malas decisiones adoptadas, ya no solo en cuanto a la apuesta por el uso de las armas, sino también respecto al sistema organizativo, al destino de las expediciones y a la falta de un patrón de acción, pues ni se había asociado una salida política a la militar, ni existía una unidad de actuación dentro de lo militar. Este escenario le exasperaba y en 1817, convencido de que la pérdida de América era irreversible –como también lo creía Luis de Onís desde la embajada española en Estados Unidos–47, apostaba por “sacar partido de una separación que era ya inevitable”.
El problema residía, como ya hemos avanzado, en la dificultad para encontrar apoyos en un Gobierno y en una corte en los que pesaban la opinión y los informes “de cuatro aventureros que, aparentando celo, no hacían más que atizar el fuego”. Según Pizarro, estos eran quienes, con su desconocimiento de la gravedad de la situación, enturbiaban la perspectiva de una salida al oponerse a cualquier transacción con los americanos, de forma que en el ambiente no se respiraba “sino odio, suplicios y guerra contra aquellos”. No ha de extrañar que el voluminoso expediente al que dio lugar la propuesta de Pizarro terminara languideciendo hasta entrar en un bucle paralizante que lo desesperaba, pues “cada individuo hablaba y razonaba como si empezara el negocio entonces, porque el gran defecto del Consejo de Estado es no llevar el hilo de los negocios”. La apertura del comercio americano, uno de los puntos fuertes del plan, despertó gran oposición entre los más reaccionarios, entre los que Pizarro situaba a Francisco Eguía, Lozano de Torres y Guillermo Hualde, este último con “más talento y redoblada malicia” que los anteriores, a quienes “ni la América ni la España importaban nada, y sólo pugnaban por arrojarnos del Ministerio”. Su oposición trató de ser contrarrestada, sin éxito, por otro consejero de Estado, Anselmo Rivas, que expuso con claridad las claves del plan:
que las Américas harto perdidas estaban; que en las costas Oriental y Occidental de nuestras Américas el único pabellón que no flotaba era el nuestro, y que así no se trataba de ceder, sino de convertir en algún provecho lo que habíamos perdido, interesando a las Potencias en nuestro favor48 .
La situación, en el contexto tan embrollado ya señalado, se atrancaría, fruto del entrecruce de influencias, poderes y contrapoderes creados en torno al modo de entender el gobierno que se había impuesto desde el retorno de Fernando VII a España, y que, parafraseando de nuevo a Byron, implicaba el triunfo de la oscuridad al impedir que se arrojara luz sobre ninguna cuestión clave.
En este punto, resulta obligado abordar la figura del rey, responsable último de esta forma de gobernar que resultó tan extremadamente condicionante y que convirtió en determinante la búsqueda de su favor. Sobre el carácter y la personalidad del rey se ha escrito en abundancia. El retrato canónico de Fernando VII como déspota egoísta, intolerante y sanguinario fue perfilado precisamente en estos años, y buena muestra de ello son las caricaturas satíricas difundidas desde el Reino Unido, donde su crédito se agotó mucho antes que en España, en un proceso inversamente proporcional al crecimiento de la simpatía por los emigrados políticos españoles, de lo que avisaba el conde de Fernán Núñez desde la embajada en Londres49. Ya en 1815 fue representado por el afamado George Cruikshank como cegado por el fanatismo y guiado por los clérigos y el salvajismo oscuro del monstruo de la inquisición50, aunque quizás el ejemplo más claro lo encarne la estampa satírica La maldición de España (The Curse of Spain), que representaba al monarca español semianimalizado, con orejas de burro y pezuñas por pies, sentado sobre el trono de la tiranía, coronado por la superstición y aconsejado por un clérigo, identificado como el padre Cirilo, y un monstruo semihumano que apelaba al castigo sin piedad contra los liberales, con las torturas de la Inquisición y las ejecuciones de Porlier y Richard de fondo51 .
Desde entonces, la historiografía decimonónica se encargaría de mantener, prácticamente hasta nuestros días, esta imagen, tan negativa, de tirano oscuro y felón52 , sometido a la constante influencia de consejeros fanáticos y corruptos. Sin embargo, y pese a la falta de escrúpulos y el exceso de ambición que se le atribuye, el perfil de Fernando VII admite matices cuando se consultan algunas de las impresiones dejadas por los contemporáneos.
En general, sería presentado como suspicaz y receloso, así como vulgar en sus expresiones y en su trato, tanto con sus empleados, como con los ministros53. Por ejemplo, a Van Halen, que definió al rey como débil e irresoluto y fácilmente influenciable, lo trató con cierta familiaridad, y lo recibió desde luego de manera muy informal, impropia de la majestad que se presuponía a un monarca, esto es, “en un traje tan familiar, que hasta se le descubrían los tirantes de sus pantalones y el botón del cuello de su camisa”54 .
Mesonero Romanos, aunque coincidió en el retrato crítico del rey, incorporaría cierto tono exculpatorio en su relato, atribuyendo su carácter, en primer lugar, al entorno familiar en el que había crecido, dada la especial relación de confianza mantenida por Godoy con sus padres, en segundo lugar a la experiencia de Valençay, y finalmente a la nefasta influencia de la camarilla, “la osada y agresiva falange de sus interesados aduladores y consejeros”, que se habría aprovechado de su supuesta inocencia a su regreso a España, lo habría conducido hacia un despotismo resentido y habría hecho “nacer en él un espíritu de saña vengativa contra todos los que se le designaban como enemigos personales o de la majestad de su corona”55 .
El origen de este proceder desconfiado lo explicaba Pizarro aludiendo a un tercer factor: la propia vulnerabilidad del rey, vinculada con los escollos encontrados para abordar la deseada reescritura de la historia de su cautiverio francés, una tarea que se revelaba imprescindible a la hora de proteger la imagen de inocente y deseado que tanto había costado forjar. El ministro de Estado referiría, en este sentido, el chantaje practicado al Gobierno español por Francia durante su mandato, cuando fue amenazado con sacar a la luz una serie de documentos autógrafos del rey que exponían seriamente su honor y su decoro. Por ello, y con el respaldo del propio Fernando, fue necesario pagar para retirar de la circulación unos papeles que podían desencadenar un importante escándalo. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, los relativos “a la boda con la hija de Luciano”, a los sucesos del Escorial y a las relaciones del rey con Napoleón en Valençay, es decir, todo lo que Fernando deseaba borrar de en medio de su propio tiempo, de ahí que fuera preciso “recoger por mil medios cuanto hubiese diseminado de su Real puño, dentro y fuera del reino, y destruirlo, pues sólo servía para escudar intrigas y garantir abusos”. De hecho, una vez recuperados, el propio monarca se encargó de quemarlos, y según Pizarro “pasó este suplicio con una admirable naturalidad, y sin embargo, con dignidad”56 .
Pizarro no solo conoció a un Fernando VII vulnerable, sino también, por momentos, afable, sobre todo cuando se sentía seguro y confiado, pues entonces “se dejaba ir a su temple natural, era muy amable, naturalísimo y bondadoso”57. Esta impresión la corroborarían tanto el duque de Wellington, que a finales de mayo de 1814 trasladó a su Gobierno una opinión muy favorable del rey, que contrastaba con la muy negativa que tenía de sus ministros58, como el estadounidense Ticknor, conmovido por el interés que le mostró en un besamanos en palacio por conocer cómo estaba y cómo vivía el rey padre en Roma59 .
La matizable univocidad del absolutismo.
La ya citada presencia de absolutistas moderados y pragmáticos en las distintas instancias de poder fue señalada por Josep Fontana en La quiebra de la monarquía absoluta, donde explicaba que Fernando VII, guiado por el miedo, habría contado con ellos con el fin de evitar una dependencia excesiva de cualquier bando o tendencia60 .
Fuera este el único motivo de esta política o intervinieran también otras variables, lo cierto es que pone de manifiesto la complejidad del panorama político de la primera restauración española y permite cuestionar su representación unidireccional como meramente contrarrevolucionaria. Estos ministros, aunque no lograran imponer sus políticas, sí que plantearon alternativas a la oscuridad y al inmovilismo, patentes, por ejemplo, en sus propuestas de amnistía, de reforma hacendística o de política americana, lo que permite encuadrarlos dentro de la categoría de conservadores moderados estudiados por Matthijs Lok, que los definió como aquellos claramente opuestos a la revolución, pero temerosos por igual del radicalismo de un lado y de otro, de modo que renegaban de la intransigencia contrarrevolucionaria si esta suponía revivir los antiguos abusos y despojar a la nación de los legítimos derechos y privilegios que las constituciones históricas les reconocían61 .
Pedro Cevallos, en Estado, y el marqués de Campo Sagrado, en Guerra, fueron de los primeros en mostrar una actitud pragmática. Sin embargo, el momento más favorable para el reformismo absolutista cuadró entre 1816 y 1818, cuando coincidieron en el Gobierno José García de León y Pizarro en Estado, Martín de Garay en Hacienda, y José Vázquez Figueroa en Marina. Si hemos de creer al primero de ellos, no trabajaron de manera independiente, sino que, desde sus carteras, se propusieron “sacar en lo posible la nación del estado de desorden moral, atraso y decaimiento en que se hallaba por las desgracias pasadas y la falta de un sistema de administración”. Para ello contaban con un plan, pues, conscientes de la necesidad de afrontar reformas, intentaron promover “un sistema de economía general, una buena administración de Hacienda, un arreglo de los ramos respectivos, una incorporación de la Confederación europea”62 .
Entre ellos, quien ocupó una posición de mayor responsabilidad fue Pizarro, de quien contamos con una descripción neutral realizada por Ticknor, asistente regular a las tertulias madrileñas, entre ellas las organizadas por el ministro en su casa. Las reuniones eran frecuentadas por altos funcionarios, por los que aspiraban a serlo y por los que temían dejar de serlo, así como también por el cuerpo diplomático, con la particularidad de que Pizarro no siempre asistía por falta de tiempo. Según el visitante estadounidense, el ministro de Estado era honorable y honesto, y estaba dotado de talento, firmeza y perseverancia, si bien a menudo resultaba un poco desagradable por su gran vanidad personal63 .
Uno de los puntos en el que coincidían los reformistas era en la conveniencia de adoptar una política de perdón y olvido, una medida reclamada desde un principio desde el exterior; de hecho, incluso antes del retorno del rey, Wellington ya la había considerado imprescindible64. A principios de 1816 el contexto de las bodas reales resultó propicio para la discusión del tema en el Consejo de Estado. La idea de partida era que la amnistía afectara tanto a afrancesados como a liberales, de modo que se pudiera poner fin, en palabras de José Ibarra, presidente de la Junta de Hacienda, a “una desunión que nos devora y desacredita”. Pedro Cevallos, entonces ministro de Estado, llegó a redactar una propuesta de decreto de amnistía, pero la negativa del rey a que fuera amplia y generosa aparcó momentáneamente la iniciativa65 .
Poco más tarde, ya con Pizarro al frente del Gobierno, fue recuperada la idea de evitar el castigo indiscriminado al enemigo político, entre otros motivos por el coste que tenía como pérdida de talento. El nuevo ministro se resistió a considerar a los afrancesados responsables en masa66, como también a los liberales y, por ejemplo, aplicó este principio a Evaristo Pérez de Castro, desterrado por constitucional, a quien consiguió que se nombrara ministro residente en Hamburgo67. Pizarro compartió con Garay esta actitud diferente frente al vencido, como se advierte en el trato dado por unos y otros a la madre del encarcelado Van Halen con motivo de su solicitud de audiencia al rey, pues mientras que Francisco Eguía la escuchó con indiferencia y Lozano de Torres ni siquiera la recibió, ellos dos fueron los únicos que le dispensaron “cierta acogida y consuelo”, en especial Garay, que “la recibió con todo agasajo y bondad” y le aseguró que no formaba parte de aquellos que disponían al rey contra su hijo68 .
De acuerdo con estos principios y actitud, el grupo reformista volvió a promover una ley de amnistía que creía viable y segura si se combinaba con una buena “policía preventiva”69. El rey aceptó que fuera estudiada, pero el intento, como es conocido, no prosperó por la oposición de la parte más reaccionaria del Gobierno, que no tardó en obstaculizarlo. Según los apuntes de Vázquez Figueroa, “todo lo desconcertó y descompuso este ser maléfico que se introdujo entre nosotros [Lozano de Torres] y, seguidamente, el brusco y también ignorante D. Francisco Eguía”70. Pizarro apunta esa responsabilidad en sus memorias, al situar a Lozano de Torres, ministro de Gracia y Justicia, como responsable de las intrigas que empantanaron el proceso. Junto a él, colocaba a Ugarte y Tatischeff, así como a Eguía, que en una de las juntas dio un puñetazo en la mesa y exclamó: “Son traidores los que proponen una amnistía”. En opinión del ministro de Estado, fue una oportunidad perdida, pues de haberse aprobado incluso habría contribuido a evitar la revolución de $1 \bar { 8 } 2 0 ^ { 7 1 }$ . El abandono del proyecto no solo frustró cualquier perspectiva de perdón y olvido, sino que cegó y ensombreció el horizonte de los vencidos, que vieron cómo se endurecía la respuesta del régimen a los responsables de los sucesivos intentos de derribo del absolutismo.
Prácticamente la misma oposición barrenó otro de los proyectos de este grupo de ministros: el plan de racionalización y modernización de la hacienda pública española. En este punto el protagonismo fue de Martín de Garay, a quien Figueroa describiría como “una de las cabezas más bien organizadas o un talento de los más claros y despejados que he conocido, conocida honradez, mucha lectura y, consiguientemente, mucha ilustración sobre diversas materias”72. Su plan de Hacienda le ocupó desde su entrada en el Ministerio, pero tropezó, como la mayoría de propuestas de reforma, con el Consejo de Estado. Allí, el informe favorable de Pizarro no fue suficiente para contrarrestar la oposición de Lozano, Infantado y Eguía, incapaces de presentar objeciones serias, pero con poder suficiente para obstaculizar su avance pese a que contaba con otros apoyos al margen del de los autodenominados “tres ministros honrados”: “En una palabra, toda la gente antigua, amante del bien público y desapasionada, era por nosotros, y sólo en contra una pandilla de intriga, capitaneada por Lozano y Eguía”73 .
La idealización de Garay y su plan por parte de Pizarro y Figueroa contrasta con la imagen más mundana y simplificada ofrecida por George Ticknor, que si bien reconocía la voluntad de acabar con el caos y las irregularidades imperantes, consideraba que el plan solo suponía, en la práctica, una especie de regularización de la corrupción, pues transformaba los sobornos en impuestos74 .
En fin, una pieza clave para la recuperación de la estabilidad y la prosperidad de la monarquía española era la reconciliación con la España americana, una aspiración que implicaba a los tres ministerios citados, pues sin diplomacia, recursos financieros y una marina al día difícilmente sería realizable.
La cuestión había sido abordada de forma muy temprana, pues una vez retornado el rey a Madrid, el Ministerio de Ultramar (Marina) había aprovechado la remisión de la circular que anunciaba la nulidad de “la pretendida constitución política de la monarquía, promulgada en Cádiz”, para hacer pública la voluntad conciliadora del rey. Sin embargo, la solución fernandina adolecía de falta de concreción y caía en la misma trampa analítica que atribuía los problemas a “la ausencia y cautiverio del padre”, de modo que fiaba todo a que, retornado este, sería posible encontrarles solución. La circular admitía, al menos, la existencia de agravios y anunciaba la intención de solicitar informes para conocerlos en profundidad y disponer el modo de “enmendarlos”, si bien la única medida anunciada, la “próxima convocación de las Cortes”, que habrían de estar compuestas de procuradores de las provincias de Europa y América, nunca llegó a ponerse en práctica75 .
El duque de Wellington, tan influyente en España en aquellos momentos, acababa de advertir a Fernando VII, en un memorándum de principios de junio de 1814, del riesgo de perder las colonias, dado el lamentable estado de las finanzas y la marina españolas, y le había propuesto, como solución, realizar concesiones para mantener los vínculos con ellas. El noble inglés creía incluso que las colonias debían ser reconocidas como estados dependientes o federados, para lo que ofrecía el apoyo británico, pues entendía que esta medida no solo favorecería un arreglo entre los españoles europeos y americanos, sino que obstaculizaría la expansión de los Estados Unidos, presentados como la principal amenaza para los intereses españoles en aquel continente76 .
Ni la declaración inicial de intenciones, ni la opinión de Wellington serían tenidas en cuenta y pronto se impondría el recurso al empleo de la fuerza, de forma que la política americana fernandina acabó paradójicamente denominada por el oxímoron de guerra de pacificación. Sin embargo, como los ministros reformistas no estaban convencidos de que este planteamiento fuera capaz de resolver el problema, propusieron una política más pragmática. Entendían, como Pizarro, que América estaba prácticamente perdida, que los esfuerzos que se realizaran para su posible recuperación serían vanos y que la reconciliación no sería posible sin concesiones. Malogrado su plan inicial, llegó a dar algunos pasos más, como tantear al Gobierno británico sobre la posibilidad de abrir una mediación internacional en el conflicto, y como promover, incluso, el establecimiento de contactos con algunos líderes americanos, pero no logró imponerse a los partidarios de enviar una gran expedición al Río de la Plata77. También Luis de Onís, embajador en los Estados Unidos, presentó en 1817 un memorial, junto a José Álvarez de Toledo, en el que planteaba, entre otras opciones, el reconocimiento de los territorios americanos como parte integrante de la monarquía en igualdad de condiciones, superando, como en la Constitución de Cádiz, la consideración de colonias78 .
Poco más tarde fue Narciso Heredia, futuro conde de Ofalia, que había sido apoyado en el Ministerio por Pizarro, quien defendió la idea de negociar. Lo hizo en una memoria dirigida al rey con motivo de la inminente reunión de las potencias europeas en Aquisgrán, prevista para el otoño de 1818, en la que admitía la incapacidad española de poner freno a la rebelión, recomendaba asumir que la pérdida de una parte de aquellos territorios era un escenario factible a no ser que se lograra ayuda europea, y proponía que, llegado el caso extremo, lo más inteligente sería establecer unas relaciones que fueran recíprocamente beneficiosas:
si nuestros colonos, Señor, no pueden ya ser españoles, que sean por lo menos americanos […], y merezcamos más bien la gloria de haber fundado naciones libres, que la infamia de haber vendido nuestros hermanos al extranjero79.
La visión más pragmática de Pizarro, Onís y Heredia nunca llegó a prosperar, en buena medida por el peso de las intrigas de Tatischeff y Ugarte que, en una de sus más sonadas tramas, truncaron la suerte de la nueva expedición preparada para América. Aunque Pizarro entendía que Rusia podía ser un buen aliado como contrapeso a Inglaterra, se mostró muy crítico con la negociación para la compra de barcos rusos emprendida por la camarilla al margen del ministro de Marina, y señaló el camino de corrupción elegido como responsable de la frustración de las bases de una necesaria e, incluso, deseada colaboración:
Tatischeff planteaba con su fidelísimo Eguía, su sapientísimo Ugarte y demás, una intriga de las más sucias y criminales que se pueden imaginar. Con motivo de la expedición a América, propusieron la adquisición de buques de guerra rusos por no sé cuántos millones; todo secretamente y a espaldas de los Ministerios de Estado, Hacienda y Marina. Si las cosas hubieran ido por estos trámites, se hubiera ahorrado mucho gasto, y, sobre todo, la parte ridícula y vergonzosa que reflejó sobre los dos Gabinetes, ruso y español80 .
La compra irregular de la escuadra rusa sería el detonante, según Pizarro, de la destitución de los tres ministros reformistas, afectados por las componendas de la camarilla, a la que se referiría, en términos muy duros, como la “canalla tan villana” que imposibilitó la aplicación de políticas racionales: $^ { 6 6 } \mathrm { { \dot { \zeta } } , Y }$ un país donde tales bichos viven y medran, se quiere que prospere? No, no es posible, no será”. El resultado fue, en su opinión, el triunfo del desorden y de la corrupción bajo el mando de Eguía y Ugarte, que “eran los verdaderos ministros de Hacienda, Marina, Estado y Guerra” y hacían uso de los fondos nacionales con codicia81. Fontana no compartiría esa explicación autojustificativa, pues aunque reconocía la influencia de la presión ejercida por sus enemigos, vinculaba su salida del Gobierno al fracaso en sus respectivos ministerios, en parte porque el encargo que habían recibido del rey era imposible de desempeñar dentro de los límites del absolutismo82 .
Conclusiones.
Los años que nunca existieron se presentan, a la luz de los recuerdos y testimonios de la época consultados, algo menos oscuros y uniformes en la mediocridad de lo que el relato canónico había fijado. Este logró imponer la definición del sexenio como la personificación del fanatismo, la corrupción, el desorden y la parálisis, con la consiguiente desacreditación de los que habían fracasado al afrontar la ardua tarea de reconstruir, en lo material y en lo político, una monarquía profundamente maltrecha tras años de guerras, enfrentamientos y divisiones.
En general, los escritos de los autores vinculados al liberalismo son los que mejor se alinean con esta visión unívocamente oscura del período, en tanto que los que quedan fuera de la órbita estrictamente liberal dan cuenta de la existencia de un contexto más disonante, en el que cabían posicionamientos menos rígidos. Entendemos que el recurso a unos y otros es el que permite redimensionar el período a partir del reconocimiento de su enorme complejidad.
En este sentido, hay que valorar la existencia y el trabajo de los moderados conservadores que, desde las distintas instancias de poder que ocuparon, buscaron salidas pragmáticas y ordenadas a la crisis de la monarquía. Frente a las anomalías asociadas a la forma de entender el gobierno de Fernando VII quien, amparado en un crédito que no terminaba de agotarse, acabó tejiendo una malla irregular de influencias, intereses, poderes y contrapoderes, estos conservadores apostaron por la imposición de un orden que frenara la descomposición de la monarquía y prestaron especial atención al arreglo de la cuestión americana y de la Hacienda.
Alejada del relato canónico se encuentra también su defensa de las políticas de perdón y olvido, en línea con lo practicado por otras monarquías europeas restauradas y con lo demandado por Inglaterra. Por una parte, entendían que estas políticas conciliatorias debían facilitar la concurrencia del talento de muchos de los españoles que se habían visto denostados y perseguidos desde mayo de 1814, en tanto que, por otra, creían que ayudarían a escapar de la dependencia de los apoyos sociales populares que habían sido movilizados por los más reaccionarios con el fin de descabezar al liberalismo y que temían, no sin razón, que algún día se rebelaran contra el orden que habían contribuido a restaurar.
A pesar de que no lograran fructificar, el estudio de estas vías abiertas, de estas alternativas más pragmáticas, permite acercarse a estos años tan complicados con una mirada más rica, cargada de matices que resignifican un tiempo tan marcadamente cincelado por las representaciones e imágenes definidas por el relato partidista difundido desde tan temprano.