Formas de la colonialidad mesocrática: turistas gais en la Costa Brava de los setenta.
Brice CHAMOULEAU Université Paris VIII, Vincennes-Saint Denis.
El turismo ocupa un lugar señalado en la historiografía sobre los cambios socioculturales del segundo franquismo: la industria turística, fuente de cuantiosas divisas desde los años 1950, habría terminado dándole “una estocada liberal a la austeridad nacional-católica” de la dictadura1 . Las experiencias culturales suscitadas por el turismo de europeos a España constituyen en este sentido uno de los primeros y principales espacios de quiebra de imaginarios tradicionales confrontados a la “invasión pacífica” de veraneantes noreuropeos 2 . En el marco del boom económico y la revolución cultural de los sesenta, turismo es sinónimo de europeización, en el sentido de una normalización respecto de formas de vida y costumbres principalmente de Francia, Gran Bretaña y Alemania, y por ahí ha contribuido a transformar la sociedad española bajo Franco en una que aspiraría a un cambio social y cultural que la homologaría con las sociedades de consumo y de amplia clase media de los países del norte de Europa, solapándose las aspiraciones democráticas y la europeización cultural3 . El orientalismo que sería la marca de España vista por los europeos del norte en los setenta, enfoque de larga tradición4 , acabaría afectando al lema franquista del Spain is different, y el desarrollo del turismo de masa elevado a estrategia estatal habría transformado la sociedad española en una comunidad ya no diferente, sino parecida, en sus aspiraciones y hábitos culturales, a las de sus huéspedes en los setenta5 .
Resulta, por otra parte, que desde finales de los años 1950 el propio Estado franquista impulsa la transformación de la sociedad española, en el paso de un modelo de capitalismo industrial a otro de capitalismo de consumo, hacia el desarrollo de una clase media amplia y masificada6 . En este marco, el turismo español, en tanto que sector económico de primer orden, singulariza la economía española, con un temprano desarrollo del sector terciario; consolida la inserción de la España franquista dentro de redes comerciales y diplomáticas internacionales, al tiempo que, a nivel sociocultural, el nuevo sujeto sociológico que va alcanzando hegemonía social simbólica en la España del desarrollismo, las clases medias, consigue gozar a su vez del privilegio reservado a los europeos que viajan a España.
Esta contribución a la historiografía sobre turismo se presenta como un excursus, a partir de una investigación previa sobre formas de individuación en la Transición posfranquista, en la que se ha confrontado la apropiación de lenguajes sobre libertades individuales fundamentales en el constitucionalismo de 1978 con una represión ejercida con la ley de excepción de Peligrosidad Social durante la Transición y posteriormente, en contra de comunidades juveniles gais que extremaron formas de apropiación del cuerpo propio en los setenta y fueron expulsadas fuera de la comunidad ciudadana de referencia estatal. El turismo podría ocupar un lugar significativo en la discusión que acompaña esta reflexión, al postular mayoritariamente la historiografía que las costumbres liberales de los y las veraneantes del norte habrían calado bastante hondo en la sociedad española para transformarla en una europeizada/occidentalizada en materias culturales. La cuestión se plantea también en clave gay: desde 1970, la guía turística Spartacus va constituyendo un mapa de territorios de permisividad y tolerancia en los que la liberación (homo)sexual gestada en los sixties y consagrada en los sucesos del Stonewall Inn en junio de 1969 deviene realizable, incitando formas de turismo más específicamente gay7 . La cuestión estribará aquí en cotejar, a partir de la aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS en adelante) que convierte a los jóvenes gais de los setenta en peligrosos sociales, la diferenciación de tratamiento en la jurisprudencia en casos y expedientes que involucran a hombres extranjeros turistas y españoles; y el tratamiento reservado a extranjeros respecto de una cohorte de españoles que desafió la individuación jurídica que consagraría la Constitución de 1978 y homologaría España con sus vecinos europeos. La actitud del Estado respecto de unos y otros podría invitar a una historia social mal conocida, dentro del relato de la europeización española con el turismo, que sería la del turismo sexual y aquí homosexual; pero sobre todo, invitará a reinterpretar la actitud del Estado español franquista respecto de la liberación de costumbres que simbolizaría el turismo en una España post-autárquica, por cuanto las figuras del ala reformista del franquismo, con Manuel Fraga Iribarne ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969 a la cabeza, apostarían ampliamente por la masificación del turismo, aun considerando los efectos de los llamativos bikinis en las playas. La liberación de las costumbres tal vez acabe siendo subsidiaria en la conformación de la nueva comunidad de referencia estatal, cuando se confrontan los efectos de la modernización de las costumbres en materia de género y sexualidades con las prácticas del Estado español y su rechazo de.
DOSSIER El hombre español frente a sus otros: masculinidad, colonialidad y clase
determinadas formas de vida. En este marco, la cuestión de la colonialidad que se presupone poco relevante en la percepción del turismo en España bajo Franco podría replantearse, desplazando el lugar de la relación colonial.
Turismo y colonialidad: la europeización de las clases medias franquistas.
El turismo agudiza un debate sobre modernización sociocultural de la sociedad civil española que aspira a una libertad política y cultural que las estrecheces de la dictadura no sabría proporcionarle. Si bien se reconoce la permisividad de la dictadura respecto de prácticas importadas por turistas en las playas españolas desde la década de 1950, especialmente para no contrariar los planes de viaje de las masas de turistas, la moralidad constituiría un punto nodal de resistencias frente al desarrollo del turismo en España, tratando las leyes de “impedir terminantemente cualquier extralimitación que, con motivo de baños o de mal entendidas prácticas higiénicas, pueden menoscabar el decoro público o atacar a la raigambre moral del país”8 . Frente a semejantes rigideces, las prácticas culturales, los cuerpos de los y las veraneantes europeos en España concentrarían un capital simbólico fuerte, un nuevo ideal social y cultural que orientaría las aspiraciones democráticas de la sociedad civil. Las consecuencias de una democratización potdictatorial así entendida son ya conocidas: hace de la Transición el momento de construcción de un Estado democrático que traduce en lenguajes institucionales y representa los intereses de una sociedad civil cuyas aspiraciones a la libertad habrían sido insatisfechas por la dictadura franquista, por otra parte desbordada por las demandas culturales y políticas de alineamiento sobre las sociedades del norte de Europa9 . Semejante relato descuida la capacidad del Estado para construir las subjetividades que gobierna, no siendo el Estado traductor, sino actor en la producción de lenguajes políticos.
Los años setenta se ofrecen como un momento histórico de especial relevancia para enfocar las condiciones de posibilidad de expresividad de una liberación moral y de los cuerpos y sexualidades que la dictadura no permitiera, cuando se iría abriendo paso y consolidando el orden democrático; especialmente cuando la invasión pacífica de España por los turistas europeos y los modelos de vida que brindarían a los españoles habría contribuido, in fine, a una transformación política moderada, en vez de conflictiva, por asimilar la sociedad española democracia y europeización en las formas de vida10. Este relato, central, tal vez simplifique la incidencia del turismo en la producción de una España demócrata y europeísta, en varios aspectos: europeización se restringe a un alineamiento sobre formas de vida mesocráticas y consumistas suscitadas por el capitalismo de consumo, y por otra parte, siendo éste el aspecto más importante, no aduce elementos de comprensión sobre el poder infrastructural del Estado franquista en la conformación de las subjetividades mesocráticas que posteriormente pretenderán emanciparse de él11.
El papel del Estado franquista no se limita a incentivar la creación de mercados turísticos entre España y Occidente, aunque como fuente de divisas éste sea elemento sustancial de la participación del Estado en la creación de esas nuevas subjetividades europeizadas. La inclusión de España dentro de la economía europea posterior a la Segunda Guerra Mundial se dejaría fácilmente imaginar, por parte de diplomáticos, economistas españoles y dirigentes de grupos turísticos occidentales, en forma de especialización turística desde finales de los años $1 9 4 0 ^ { 1 2 }$ . La política de industrialización turística de España entra en una lógica no meramente nacional, sino de integración dentro de mercados económicos del bloque occidental y la Ley de Nueva Ordenación Económica de julio de 1959 daría paso a una intensificación del mercado turístico español, incorporando una devaluación de la peseta, coincidente con la desregulación de los vuelos chárter en la Europa occidental, e incentivada por el Plan de Estabilización y liberalización de la economía española aprobado en julio de 1959. Las cifras de la consecutiva invasión pacífica son vertiginosas: “En 1965 los 11,1 millones de turistas extranjeros equivalían al 34,3 por 100 de la población autóctona, en tanto que en 1973 (31,6 millones) al 90,5 por 100.”13 La llegada de quienes tendrían que enseñar a los españoles las formas de la emancipación respecto de los marcos culturales del primer franquismo estaría organizada por el propio Estado español, dentro de mercados internacionales potentes. El considerado primer vector de quiebra de mentalidad entre españoles y cultura nacionalcatólica franquista vendría orquestado estructuralmente por el propio Estado.
Pero la propia revolución cultural que aportarían los turistas europeos a las costumbres españolas no habría pasado desapercibida para el propio Estado franquista, lo cual dificulta el relato según el cual España se habría modernizado con los y las turistas a pesar de Franco. Su participación activa en la modernización sociocultural de la España de los sesenta quedaría patente en la promoción intensa, en particular desde el Ministerio de Información y Turismo al mando de Manuel Fraga Iribarne, de la industria turística, a través de la cual el cambio sociocultural y procesos de mímesis o hibridación culturales no sólo eran intuidos, sino también anticipados como parte de la modernización de España a primeros de los sesenta14. Disensos se manifestarían entre tecnócratas opusdeístas que verían en tamaña empresa una desviación de los intereses principales de la estimulación económica desarrollista; pero el neorregeneracionismo de un Manuel Fraga vislumbraría en la modernización sociocultural de la sociedad española la promesa de una vitalidad económica y social en la que el Estado debería participar, en forma de “revolución controlada desde arriba”15. La premisa de una radical disociación entre un Estado dictatorial que se desentiende del cambio sociocultural y una sociedad civil culturalmente más avanzada difícilmente puede mantenerse intacta desde el momento en que desde el Ministerio de Información y Turismo en la década de los sesenta el discurso institucional no se alinearía con las posiciones de los tecnócratas opusdeístas y optaría por una europeización bajo control de las costumbres16.
Esta cuestión ha recibido tratamiento historiográfico fuera del ámbito temático de la historia del turismo, y tiene que ver con esa sociedad mesocrática que la dictadura crea a partir de los años sesenta, que la desafiaría después con planteamientos demócratas –los “ciudadanos sin democracia”17– y que constituiría también el ideal sociológico de los sectores socialdemócratas de la oposición antifranquista18, reunida también a primeros de los sesenta alrededor de un proyecto europeo en Múnich. Los años sesenta se conciben como una década de transformación sociológica profunda de la comunidad de referencia estatal, en la estela directa de las nuevas orientaciones económicas de la dictadura desde 1959 que apostarían también por el desarrollo de “las clases medias imaginadas como el fundamento sociológico y antropológico de un mundo superador de los conflictos sociales de la España contemporánea”19; unas clases medias que estarían, a primeros de los sesenta, enteramente por construir. Max Aub apuntaría los efectos de esta transformación sociológica, encauzada por el régimen, en ocasión de su breve vuelta a España en 1969: en palabras de Jesús Izquierdo Martín y Patricia Arroyo Calderón que lo recogen,
el gran logro del régimen autoritario salido de la Guerra Civil había sido la construcción de una sociedad donde la mayoría de la generación nacida durante o justo después del conflicto había quedado atrapada en la condescendencia hacia la dictadura, donde la mayoría no pronunciaba “ni una palabra contra el régimen, ni una a favor”, donde no callaban “por callar sino porque no ten[ían] nada que decir”. Y concluía, con su habitual sorna, con la impresión de que aquella generación de los que serían padres de la Transición habitaba el mundo creyéndose “libres porque pod[ían] escoger, el domingo, entre ir a los toros o al fútbol”20.
En este contexto, la conceptualización de una sociedad civil demócrata ante litteram que desearía emanciparse de la dictadura por demasiado estrecha no explica cuáles eran los valores morales que servían de trasfondo y dotaban de significado a las palabras del repertorio democrático que iría calando, confluyendo en las instituciones representativas y democráticas posfranquistas. En este sentido, son los estudios sobre comunidades juveniles de los setenta y ochenta, cuyas vidas dependerían en alto grado de una renovación moral de la comunidad procedente de la dictadura, los que señalan síntomas de los límites, no tanto institucionales, sino morales de la democratización posfranquista. El rechazo de los límites a esta comunidad ética educada bajo –y no necesariamente por– la dictadura se concretaría en el repertorio propio de prácticas culturales que forjaría una cohorte juvenil en ruptura con la educación recibida de sus padres, hijos de esas clases medias y de sectores que no accederían al bienestar de la sociedad de consumo emergente. Considerarían que habrían recibido una educación purulenta y viciada, cuyos valores seguirían constituyendo las orientaciones morales dominantes de la Transición y del repertorio conceptual de la democratización; y en reaccción, constituirían comunidades éticas diferenciadas de aquélla producida bajo Franco21.
Las dimensiones biopolíticas de este disenso moral han sido subrayadas, la desafiliación de la juventud española ha sido analizada como generación diezmada22 : su supervivencia en la democracia dependería de una transformación moral profunda, en forma de ruptura respecto del orden social franquista, y la falta de esta transformación se manifestaría en la radicalización de las luchas, en particular sexuales aunque no en exclusiva, frente a la institucionalización constitucional de la democracia, donde los jóvenes lucharían por mantener sus referentes cívicos dentro de lenguajes de lucha progresivamente penetrados por el imperativo del consenso. Esos sujetos auténticos, profundamente modernos en este sentido, y sus trayectorias biopolíticas –VIH, toxicomanía– serían síntoma de que el corte entre la moral del desarrollismo franquista y la que habitaría las palabras de la democratización no se habría dado, y apenas sobrevivirían una década en la democracia23.
El referente europeo ocupa un lugar central en la selección de las formas de vida que el Estado hará, a la hora de definir los límites de comunidad ciudadana o “sociedad civil”24; pero las representaciones de los turistas emancipados o culturalmente más modernos o liberales nada dice del posicionamiento y de los valores del sujeto que se apropia y mimetiza esas prácticas en la España de los sesenta y setenta, cuando España ha dejado de ser diferente. Más bien, como imágenes que concentrarían un capital simbólico fuerte para las incipientes clases medias españolas, hablarían de la apropiación de determinadas prácticas culturales por una comunidad social que no se extendería al conjunto de la población gobernada, y que los proyectaría como horizonte de espera político posfranquista. Europa, encarnada en sus pacíficos representantes en las playas del Mediterráneo español, contribuiría a consolidar la producción de una nueva comunidad de referencia estatal, mutada sociológicamente en una sociedad de consumo, que sería aquella que garantizaría la moderación y estabilidad en el cambio de régimen, elementos que se asocian con la penetración de las costumbres europeas en la sociedad española. Esta comunidad producida por las políticas de desarrollo económico de los tecnócratas de Franco sería la que Tierno Galván identificaría como el sujeto democrático necesitado de representación, cuando hablase tras la muerte del dictador de la exigencia de una “rebelión de las clases medias”, en $1 9 7 6 ^ { 2 5 }$ . La europeización vehiculada por los turistas y las formas culturales de privilegio que concentran no acaban de especificar con precisión el sujeto que se beneficia de este relato sobre cambio democrático en parte suscitado por la experiencia turística, pero se sabe que este sujeto se constituye primero dentro de los marcos culturales y los lenguajes de la dictadura; sus lenguajes y prácticas se entienden así dentro de comunidades de sentido que son, siguiendo a Wittgenstein, éticamente diferenciadas26.
Dentro de este panorama, el contexto turístico agudiza la violencia simbólica que supone la creación de una nueva comunidad con privilegios sociales antes reservados a una élite, y ahora extendidos a ciertas clases obreras y medias europeas, a las que se van sumando las españolas en vías de consolidación: el amplio sector de los trabajadores subalternos de la industria turística se considerarían indígenas explotados en un sistema neocolonial. Así lo expresan en una carta al Diario de Mallorca reproducida en Triunfo comentando las condiciones indignas de vida de los y las empleadas de la industria turístico27, y el análisis es compartido por otro comentarista que estima que “[b]uena parte del éxito de la industria turística en los primeros años del ‘boom’ se debió a la existencia de una mano de obra indígena muy barata, casi proletarizada. Llega además un momento en que el empresario español se da cuenta de que está en manos de los ‘tour-operators’, quienes, por si fuera poco, han alquilado hoteles que ‘explotan’ directamente. Entonces comienza la subasta a la baja”28. Desde una posición estructural de precariedad y vulnerabilidad laboral, la colonialidad se percibe en la radical desigualdad entre sectores de la población explotados en una industria turística en boga y la consolidación de formas de privilegio social suscitadas por el nuevo capitalismo de consumo. El neocolonialismo no se puede, por tanto, restringir a la ocupación y destrucción del territorio, en forma de ecocidios y especulación inmobiliaria, por centrales que sean estos aspectos29: la huella discursiva enuncia la percepción de una violencia colonial en contra de determinados sectores de la población española, percibida como producto de la acción conjunta del Estado español, de tour operadores extranjeros y del empresariado local a la hora de satisfacer el orientalismo y deseos de sol y playa de los veraneantes europeos.
El retorno de los lenguajes sobre colonialidad para calificar el contexto turístico en beneficio de los sujetos privilegiados del norte de Europa hace eco a la misma forma de colonialidad que acompaña el acontecer del sujeto cultural y simbólicamente hegemónico del desarrollismo, las clases medias pacíficas y consumistas: la producción de nuevos marcos de interpretación de la vida bajo la dictadura se hace a cambio de una subalternización de otras voces que no encajan con la representación de la vida mesocrática y urbana, en particular respecto del mundo rural, o como lo indica la carta citada o el ensayo de Mario Gaviria, España a Go-Gó, respecto de la población empleada en condiciones pésimas por la industria turística española30. La cuestión cala tal vez más hondo si no apartamos la mirada del relato de una sociedad española mesocrática, educada y europeizada en el trato con los extranjeros occidentales bajo la dictadura, que homologa después institucionalmente su Estado con sus vecinos europeos: esta colonialidad se proyecta a su vez en una relación entre la comunidad de referencia estatal y sus otros. Dicha relación se fragua en imaginarios éticos coloniales inscritos en la cultura de Estado franquista, que no desaparecen del todo en los setenta, en que las formas de vida mesocráticas, inscritas en la comunidad moral de referencia estatal, valen más que otras y merecen inmunización estatal31. La mimicry de Homi Bhabha, suscitada por el encuentro cultural entre españoles y europeos, encuentra en la España desarrollista una cultura de Estado a su vez cargada de imaginarios coloniales en la fragua de la comunidad de referencia estatal32. En este sentido, la historiografía sobre la generación juvenil de los setenta incide en el carácter profundamente europeísta de la misma33, pero dando al concepto un contenido que no se adecúa forzosamente con la mímesis de las formas de vida medianas del norte de Europa, precisamente porque esa misma juventud absorbería lenguajes y prácticas contestatarias en contra de la misma sociedad de consumo gestada en España, sus desigualdades y las limitaciones que impondrían a la imaginación política y democrática. En esta perspectiva, deviene posible recoger críticas a la colonialidad turística que también en España se han dado, no siendo la europeización y modernización el único significado atribuido al turismo en España, en perspectiva post-mesocrática34.
La cuestión es que estos otros significados no han contado con el respaldo de las instituciones estatales en el cambio de régimen, y la carga de la europeización inspirada en las vidas e imágenes de los turistas se impondría también de manera disciplinaria desde el Estado. La valoración de formas de vida respecto de otras en los setenta, que se agudizaría en una cruda biopolítica en la Transición, “haciendo vivir a unos sujetos y dejando morir a otros”, hace eco a una antropología del sujeto moderno español, en la que la cultura de Estado franquista se inscribe plenamente, y a la que la ausencia de justicia transicional dará paso también para los años de construcción de la democracia35. Desde la historia del Derecho constitucional hispánico y español, se ha remarcado la jerarquización antropológica que se opera, heredada de tradiciones premodernas, entre individuos y personas. Individuos serán “sujetos de derechos absolutos o fundamentales”, “la persona es el hombre (el individuo) considerado en su estado […]. [N]o puede haber persona sin que se considere en uno u otro estado”36, señala Bartolomé Clavero: la histórica diferenciación heredada por el constitucionalismo español desde una antropología iusnaturalista y católica premoderna construye una relación jerárquica entre ambas categorías. Las personas, dependiendo de estados, son, recogiendo la etimología de la máscara, entes de ficción, y no individuos, siendo éstos considerados previos al ordenamiento constitucional. La relación de subordinación entre individuos y personas es, por otra parte, elemento constitutivo del orden colonial: “los individuos, los mismos individuos constitucionales, también dominan a las personas en las colonias”37, donde individuo remite a posición de dominio y a persona le corresponde un sentido no-humano, cualidad que se extiende a pueblos y comunidades enteras dominadas, dentro de la península y en sus colonias38.
La herencia colonial introyectada en España por el golpe de julio de 1936 no es objeto de debate historiográfico: la reivindicación de una nación impolítica agraviada por la democratización de la II República enraíza en imaginarios coloniales. Las transformaciones de objetos que parecerían tan infrapolíticos como las políticas sobre propiedad agraria o igualdad de género afectarían a una concepción naturalizada de una nación compuesta por una subjetividad que se consideraría previa al ordenamiento político y social y que traduciría en las formas modernas de las ideologías sus valores tradicionalistas e impolíticos. La sublevación de los africanistas importa lógicas de administración y jerarquización de las vidas en España, en forma de necropolítica hacia la anti-España esencializada como enemiga39. Se llega a considerar que, en la estela de la guerra civil entendida como guerra de conquista civilizatoria, el tratamiento de los presos del primer franquismo se equipara a formas de tratamiento propias de regímenes coloniales40; y la diferenciación antropológica entre sujetos del Estado y sus enemigos, desde luego, no desaparecería hasta el final de la dictadura, incluso en tiempos de celebración de los XXV años de Paz y de desarrollismo; antes bien, el pensamiento schmittiano que daría cauce jurídico y filosófico moderno a semejantes tradiciones desigualitarias pasaría de las facultades de derecho a sectores de la oposición socialdemócrata española al franquismo41.
En este contexto, si bien el horizonte mesocrático se presentaba con el mérito de reducir los conflictos de clase, reduciendo formalmente la diferenciación antropológica inherente a esta histórica determinación de la nación española y de los miembros que la componen, el orden cultural de los setenta, tardofranquista y posfranquista, no habría.
DOSSIER El hombre español frente a sus otros: masculinidad, colonialidad y clase
puesto fin a esas jerarquías. Más bien, seguirían funcionando a la hora de decidir el acceso a la palabra pública y en la delimitación de los sujetos ciudadanos, incluso por debajo de las gramáticas de los derechos humanos, según las que una diferenciación individuo/persona carecería de legitimidad para enunciarse. El retorno de la colonialidad, en su forma discursiva42, aparece cuando una comunidad histórica, creación de las políticas de desarrollo franquistas, moviliza al referente europeo alimentando fantasías de normalidad nacional, insertando cultural e institucionalmente a España dentro de las naciones europeas, repudiando otras formas de vida que se consideran incompatibles con la vida democrática. Éste sería el caso de la represión ejercida en la Transición y después hacia los sujetos gais que extremarían aquello que se atribuye a la influencia del turismo en España. Su trayectoria biopolítica en la democracia europeísta traduciría la perpetuación de una impolítica orientada hacia la consolidación del homo consumens.
Turistas gais en la Costa Brava y la Ley de Peligrosidad Social.
En el período de aplicación de la LPRS, teniendo en cuenta el relato de una incompatibilidad del régimen franquista respecto de las innovaciones culturales introducidas por los y las turistas europeos en España desde los sesenta, sorprende que escaseen los hombres homosexuales extranjeros en los expedientes. Si la dictadura se hubiese ensañado en la preservación de costumbres anticuadas, esos sujetos y sus prácticas sexuales debieran haberle ocupado mucho más. Antes de entrar en la documentación judicial consultada, la misma ausencia relativa de expedientes abiertos en nombre de hombres extranjeros es llamativa. Una primera respuesta está en la diferenciación entre sujetos nacionales y no nacionales: el régimen tendría poco interés en presentarse, a escala internacional, como un país que reprimiese las prácticas culturales de una juventud occidental que se beneficiaría de las luchas surgidas en la estela de los 68 y encontraría en las ciudades balnearias españolas espacios para realizar sus ansias de sea, sex and sun; menos todavía teniendo en cuenta la importancia económica del sector para el PIB español. De hecho, se ha rescatado recientemente el ejemplo significativo de la redada del 24 de junio de 1971 en el Pasaje Begoña de Torremolinos, donde entre las 139 personas detenidas, varias eran extranjeras, con repercusiones en la prensa internacional, en el alemán Der Spiegel o el británico Sunday Times43. El eco internacional no ascendería ciertamente a las movilizaciones y protestas surgidas fuera de España en contra de las sentencias pronunciadas, por ejemplo, durante el Proceso de Burgos meses antes, pero reacciones internacionales de este tipo podrían haber incitado a no reprimir a las prácticas homosexuales de los turistas. Sin embargo, en la jurisprudencia de la LPRS en Cataluña, no constan hombres cisgénero españoles del mismo estatus económico y simbólico, de clases medias, salvo contados casos44. Por tanto, el criterio nacional no es suficiente para la comprensión del lugar que ocupan los extranjeros en esta represión.
A grandes rasgos, la cohorte que sufre la LPRS en la Cataluña de los setenta se identifica mayoritariamente con los charnegos, que emigran a Cataluña en busca de un trabajo, en particular en el sector terciario (hostelería, restaurantes), pero también en la industria, en busca de autonomía económica respecto de sus familias. Se alojan en pensiones baratas del Barrio Chino y, de manera general, de la Ciutat Vella de Barcelona. 1974 constituye una ruptura en esta represión de los “actos de homosexualidad” que prevé la LPRS: hasta entonces, los inculpados son mayoritariamente hombres cisgénero detenidos por actos de delincuencia, robos contra la propiedad, para quienes la acusación de homosexualidad constituye un agravante; a partir de 1974, la cohorte principal de los acusados se compondrá de sujetos transgénero, que tuercen el género en público, y se transmutan en cuerpos extraños, híbridos, que viven por las calles del Barrio Chino y del Barrio Gótico, mientras el Estado va incorporando en los tribunales, para nombrarles, categorías procedentes de la sexología, distinguiendo a “homosexuales”, “travestis” y “transexuales”45.
En la veintena de detenciones acaecidas en la Costa Brava por “actos de homosexualidad” y que involucran a hombres extranjeros –franceses, holandeses, ingleses principalmente–, dos observaciones se imponen primero: el escenario para todas estas detenciones es uno de los principales centros turísticos de masa de la Costa Brava, Lloret de Mar46. La segunda tiene que ver con la cronología comentada: casi todas las detenciones suceden antes de o durante el año 1974. Ese año, las jurisdicciones de peligrosidad social son sometidas a una reorganización territorial. Hasta 1974, cada una de las provincias catalanas tiene un juzgado de peligrosidad social propio: hasta la modificación de la LPRS, existen los Juzgados Especiales de Peligrosidad Social de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. Tras la reorganización territorial, las competencias judiciales en la materia se concentran en Barcelona, en sus dos Juzgados Especiales de Peligrosidad y Rehabilitación Social47. La policía sexual parece haber desaparecido de centros turísticos, en particular de Lloret de Mar, más allá de 1974. Sin embargo, aunque con menor preeminencia que Barcelona, siguen existiendo casos en otros territorios de Cataluña en materia de delitos sexuales. Por lo tanto, algo más se juega en Lloret de Mar para que allí cese el control de las costumbres y sexuales por parte de policías y jueces de peligrosidad social.
1974 es también año que abre un bache en los ingresos relativos al turismo en España, etapa que se cerraría en $1 9 8 2 ^ { 4 8 }$ . En particular, la crisis del petróleo que afecta la producción en los países europeos reduciría drásticamente el crecimiento económico, menguando la capacidad de consumo de los turistas que viajarían a España, así como su número, en particular para la etapa $1 9 7 4 - 1 9 7 6 ^ { 4 9 }$ . El número de extranjeros turistas en España no deja de crecer, ascendiendo, con un incremento de 6 millones de turistas entre $1 9 7 0 \mathrm { ~ y ~ } 1 9 7 5 ^ { 5 0 }$ . Cabe dudar, con todo, de que menguara tanto como para que desapareciera definitivamente el orientalismo sexual, de modo que los tribunales de peligrosidad social ya no tuvieran función que cumplir en la ordenación moral comunitaria, mientras la seguirían cumpliendo con otros sujetos y en otros territorios –la Ciutat Vella de Barcelona principalmente– hasta mediados de los ochenta: estos tribunales especiales mantuvieron efectivamente capacidad coactiva, al desplazar el objeto de la ley de la represión de los malos pobres homosexuales hacia las prácticas subversivas de una juventud crítica con los valores heredados.
Los expedientes que implican a hombres cisgénero extranjeros con jóvenes nacionales en delitos de homosexualidad hasta 1974 manifiestan una notoria relación colonial con una población obrera española en busca de trabajo, atraída por la necesidad de una mano de obra barata en las zonas balnearias durante las temporadas turísticas. Los jóvenes españoles enjuiciados trabajan en hoteles, son camareros o friegaplatos de las cocinas de los restaurantes de Lloret de Mar y proceden de otras regiones españolas, Andalucía para muchos de ellos. Esta emigración territorial se añade a un desarraigo comunitario y familiar previo, en el caso de hombres homosexuales. En el contexto turístico, esos adultos jóvenes faltos de dinero acceden a las propuestas sexuales de los turistas.
La relación colonial se pronuncia. En Lloret de Mar, los hombres extranjeros se autorizan prácticas que no tendrían en sus comunidades sociales de procedencia. Así lo explicita, a modo de ejemplo, la declaración de un extranjero sorprendido por la Guardia Civil en la playa de Lloret de Mar, de noche, en junio de 1974, en el siguiente fragmento:
manifiesta que es invertido sexual, que [en] el hotel donde se hospeda conoció a un empleado llamado [...] que es de la misma condición, que después de dar de mano de su trabajo este empleado, quedaron en común acuerdo de que se marcharían a la playa a ejercer el acto carnal, ya que allí a esas horas no les podría ver nadie, que este empleado también llevó a un amigo suyo llamado [...] que también es invertido, por lo que unidos los tres mutuamente en el lugar citado se despejaron de los pantalones, y se dedicaron a cometer actos sexuales, los cuales para satisfacer sus apetitos deseados. Preguntado si había cobrado algún honorario de los españoles, dice que no, que él fue el que le entregó 500 pesetas a uno de ellos para que se convidaran. Preguntado si reconoce que es invertido, dice que él no lo había hecho nunca, pero que por hallarse de vacaciones y.
CHAMOULEAU Turistas gais en la Costa Brava
por pasarlo bien, decidió probar el acceso sexual con estos amigos, que cuando se encontraban ejerciéndolo, fueron sorprendidos por la Guardia Civil51.
Las referencias a la prostitución juvenil y masculina con hombres extranjeros no escasean en la jurisprudencia. El caso siguiente, que involucra a un joven español y un inglés es buen ejemplo de ello en el contexto turístico:
Preguntado donde dormía [el joven español expedientado], manifiesta que en la casa de un inglés en los apartamentos Platajamar, que es invertido sexual y como necesitaba dinero y lugar donde dormir, consintió que lo utilizara para satisfacer sus necesidades homosexuales pero que [a é]l no le gusta esto que el inglés le hacía pero que agu[a]ntaba por lo antes expuesto52.
La colonialidad norte/sur, que ha sido señalada para otros contextos de turismo sexual y gay en tanto sintomática de una orientalización de los cuerpos de las poblaciones locales y mediterráneas53 queda manifiesta en estos ejemplos. En Lloret de Mar, los hombres europeos de viaje encuentran una disponibilidad de cuerpos para su consumo sexual, como realización del horizonte de un turismo sexual en el que quedan desinhibidas las trabas morales imperantes en sus contextos de origen. Mas esta observación viene acompañada de una clara asimetría en la exposición a la ley española: los expedientes se abren al nombre de los españoles y, salvo contados casos de causas abiertas en nombre de individuos extranjeros54, los hombres noreuropeos suelen no estar sometidos a pena alguna. Esos expedientes se abren cuando hay violencias o robos dando lugar a denuncia particular del agredido o por denuncias de los hosteleros de las pensiones en que suceden los encuentros sexuales. Un ejemplo claro sería el de un francés que acaba no pagando a un joven tras mantener con él una relación sexual, siendo posteriormente retribuido con una esperable agresión física: el joven indica que estaba por la zona de la Estación de Francia “con intención de ofrecerse a algún extranjero para realizar actos homosexuales a cambio de dinero”; el francés, religioso por más señas, señala que “ignora las causas que tendría dicho individuo para querer dormir en su misma habitación, no siendo posible haber conseguido una individual”. Éste es soltado por la policía, mientras que al español se le abre expediente que dará lugar a las habituales penas de cárcel entendidas como “internamiento en establecimiento de reeducación” y destierro fuera de la provincia de Barcelona durante dos años, bajo vigilancia policial, duración media que, en otros casos, asciende a hasta cinco años, amén de pagar los costes de la causa55. En cambio, en los tres ejemplos en que los expedientes se abren al nombre de un extranjero reconocido como homosexual, la condena es siempre la misma: la expulsión del territorio nacional por una duración de tres años.
Así rastreada la relación entre extranjeros y españoles en los expedientes, se complejiza una conceptualización de una LPRS que protegería a una comunidad.
DOSSIER El hombre español frente a sus otros: masculinidad, colonialidad y clase
nacional frente a los peligros procedentes de la comunidad de turistas: más bien informan estos datos sobre la organización estructural de una apropiación de los cuerpos de esos jóvenes económicamente vulnerables en el contexto turístico, donde la prostitución forma parte de una economía política mayor que los subalterniza: a propósito de un hombre suizo del que la policía sospecha que mantiene relaciones sexuales pagadas con jóvenes españoles, la policía indica en su acta declaratoria que a su casa van muchos jóvenes sospechosos, vale decir “de baja extracción social”56. La caracterización sociológica que delata la equivalencia entre ser sospechoso e identificación de clase confirma el objetivo represivo clasista de la LPRS57. Más aún, las contadas excepciones de los extranjeros detenidos y condenados confirman la regla de que está permitido usar los cuerpos locales dentro de la economía turística. En cambio, una vez detenidos y juzgados, los jóvenes pierden posibilidad de encontrar trabajo en la costa catalana durante dos a cinco años, amén de estar expuestos al deshonor y a la injuria, conceptos radicalmente desvinculantes. La dimensión de tales penas se suma, por otra parte, a trayectorias de desarraigo comunitario en el caso de quienes huyen de sus familias y dejan de tener acceso al trabajo en redes ya establecidas, contando con las precarias posibilidades de empleo eventual que ofrece el sol mediterráneo en verano.
Erróneo sería considerar que la LPRS considera a los hombres homosexuales extranjeros como una amenaza explícita para la comunidad nacional. Antes bien, en el horizonte biopolítico de la España del tardofranquismo, los turistas se incluyen dentro de la comunidad que la Ley se propone defender e inmunizar. Se desactiva el cleavage nacional/extranjero en la identificación de los sujetos de protección de la Ley franquista, señal de una reconfiguración de la comunidad de referencia estatal en los setenta y que obliga a no dejarse llevar, en la interpretación de la LPRS, por una comprensión literal del texto desvinculada de su propia jurisprudencia. La LPRS es adaptación a los nuevos tiempos de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, y el cambio se justifica por las nuevas costumbres que conoce España a raíz del desarrollismo de los años sesenta: reza el texto que “los cambios acaecidos en las estructuras sociales, la mutación de costumbres que impone el avance tecnológico, su repercusión sobre valores morales, las modificaciones operadas en las ideas normativas del buen comportamiento social y la aparición de algunos estados de peligrosidad social característicos de los países desarrollados”58 constituyen los principales motivos de modificación de la ley de 1954 y dan lugar, en particular, al artículo específico para condenar los “actos de homosexualidad”, inexistente como tal en las versiones anteriores de la ley. La juventud es en ciernes el sujeto peligroso que cabe vigilar con la LPRS, sus sexualidades, sus hábitos, el uso de drogas. Pero la aplicación de la ley señala contornos más precisos a la hora de dibujar los límites de la comunidad que necesita ser inmunizada. Las prácticas de la juventud extranjera no vienen sancionadas con la misma severidad que las de la juventud gay crítica con la moral de la nueva sociedad de consumo. Pero más aún, las propias masas turistas parecen ser objeto de protección policial respecto de la peligrosidad moral que.
CHAMOULEAU Turistas gais en la Costa Brava
encarnan esas nuevas subjetividades juveniles rompedoras. En el sintomático verano de 1974 en Lloret de Mar, una huella es significativa de ello: se trata de la declaración de la Guardia Civil tras la detención de dos personas identificadas como “invertidos sexuales disfrazados de mujer”,
[q]ue a las 18'00 horas del día 22 de Julio de 1974, cuando se encontraban prestando los servicios propios de su clase, [la patrulla policial] tuvo conocimiento de que por la calle San Pedro de esta localidad circulaban dos invertidos sexuales disfrazados de mujer llamando la atención a cuantos hombres se encontraban, fueran españoles o extranjeros, haciendo muchas posturas femeninas y produciendo un fuerte escándalo público, ya que el público de buenas costumbres que a esa hora de la tarde paseaba en compañía de sus hijos por la calle se escandalizaba debido al mal ejemplo que recibían, ya que igualmente empleaban palabras malsonantes y hacían mostraciones señalándose los órganos genitales, por lo que acompañado del Cabo $1 ^ { \circ }$ [...], se procedió a detenerlos . 59.
Si los turistas forman parte de esta comunidad que el Estado se propone inmunizar respecto de las nuevas partes violentas que desordenan el género y las sexualidades a mediados de los setenta, cabe preguntarse sobre el valor de lo extranjero en la represión que se organiza desde el Estado –especialmente si coincide el final de la exposición de los hombres extranjeros a la LPRS con la emergencia de subjetividades queer en las calles y tribunales, y la permanencia de una intensa actividad turística en la Costa Brava. Rematando la inhabilidad del criterio nacional en la definición de la comunidad de referencia estatal de la que da cuenta esta aplicación de la LPRS, un caso adquiere cierta relevancia y concierne el caso de otros individuos extranjeros y europeos, tres portugueses, que sí sufrirán la LPRS. En 1975, estos tres portugueses nacidos en 1953, 1956 y 1957 en Lisboa y Mozambique, es decir incluidos en la cohorte generacional de los jóvenes rupturistas españoles, intentan cruzar la frontera francoespañola por Port-Bou. Una vez detenidos, cuentan a la Guardia Civil que Francia les parece un país más libre que el suyo y por eso pretendieron pasar clandestinamente la frontera. Se puede sospechar que esos jóvenes pretendieran en particular escapar de las guerras coloniales portuguesas que, aunque finalizándose, no pusieron fin en 1975 a la conscripción militar en África. Uno de ellos tiene pasaporte con nombre de mujer. Son lo que la policía, siguiendo a la medicina forense, entiende como “travestis”: “delincuentes que hacen ostentación de homosexualidad”. El tribunal los suelta al poco tiempo y les deja en libertad provisional, y desaparecen; en marzo de 1976, el individuo del expediente disponible en el fondo catalán es declarado rebelde por no haberse presentado en el juzgado cuando se le requería; año y medio después de la detención, en octubre de 1976, está de vuelta en España, donde le roban la cartera. Un policía le recomienda declararlo en comisaría; allí le detienen e ingresan en el Centro de Detención de Hombres de Barcelona por un día y es condenado el día 8 de marzo de 1977, constando en la sentencia lo siguiente: “Que [el expedientado] no acredita trabajo o actividad alguna, practica actos de homosexualismo por ser invertido por condicionamiento de la infancia. CONSIDERANDO que permanecer en España sin trabajo o actividad lícita conocida y practicar actos de homosexualismo revelan una conducta [peligrosa] para la comunidad que debe declararse por vagancia habitual e inclinación delictiva”, se le expulsa por una duración de 3 años del territorio nacional. La pena impuesta en sentencia se parece a la de los otros escasos extranjeros condenados –la expulsión del territorio nacional–, con una diferencia mayúscula: a.
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diferencia de los demás y contados individuos extranjeros condenados a ser expulsados del territorio nacional, la sentencia que se pronuncia en contra de éste se homologa perfectamente con las de los demás expedientados por prácticas transgénero, españoles, considerados “travestis y transexuales”, “de marcada y profunda homosexualidad”. Se reconoce en este individuo portugués la subversión antropológica identificada por el Estado entre la juventud española y catalana que le disputa a la policía el acceso al espacio público. La designación de la peligrosidad de este sujeto portugués puede tener menos que ver con el estatuto nacional que con la expresión controlada o disfuncional del yo en público.
Yoes subversivos y comunidad mesocrática posfranquista.
De lo que cabe inmunizar la comunidad mesocrática es de la subversión antropológica que encarna la expresividad de determinados yoes en público, cuando van creciendo las demandas de democracia y de derechos civiles en España. En la ingeniería de la ciudadanía posfranquista, esta expresividad de yoes no autorizados plantea serios problemas al Estado, hasta considerarles peligrosos sociales. La condena en contra del individuo portugués detenido travestido y con documentación femenina encaja perfectamente en esta encarnación colectiva que otros jóvenes españoles están elaborando y que lucha contra la perpetuación de la rigidez del binomio heteronormado y la identificación que supone con la comunidad de referencia estatal. En la aplicación de la LPRS, este portugués, como la mayoría de los de su misma cohorte generacional española, no tiene buen control del yo en público, según una jurisprudencia que se nutre de antiguas tradiciones sobre humores60; es un nervioso más, según las categorías de caracterología usadas por médicos forenses entonces61. El nervioso no sólo rompe con la frialdad emocional exigida por la promoción de una cultura nacional-católica durante décadas y que el Estado transicional hereda directamente; sobre todo es calificativo para designar a sujetos que recurren a formas de liberación de cuerpos y sexualidades creando comunidades éticas conflictuales con aquella otra, mesocrática, también permeable a las formas nuevas de liberación individual pero dentro de un marco moral que no rompería con la herencia dictatorial desarrollista.
Otro tratamiento judicial reciben quienes no politizan esos yoes subversivos para la antropología del tardofranquismo. Buen síntoma de ello es el caso de un holandés cisgénero detenido en marzo de 1974, de 37 años, por mantener relaciones homosexuales con jóvenes, justo cuando el Estado empieza a intensificar su contención y represión de las subjetividades gais radicales. Este individuo trabaja desde hace cinco años en Lloret de Mar, con trabajo fijo en los sectores del turismo y es políglota. Es condenado en junio de 1974 por el Juzgado de Peligrosidad Social de Gerona a ser expulsado del territorio nacional. Sin embargo, lo que distingue al individuo de los jóvenes gais, es que en palabras del médico forense, en abril de 1974, “[es] probable que rehúya la promiscuidad” y, más aún, según aclara la sentencia condenatoria en junio del mismo año, tiene “buen control del yo”. Este individuo cisgénero segmenta lo sexual y lo social, de modo que la masculinidad performada en el espacio público, que privatiza la sexualidad torcida, no deje sospechar una subversión respecto de las normas del orden comunitario. Más aún, esta capacidad que tiene este individuo va siendo compartida por una población homosexual más amplia, heteronormada, que no conectaría la lucha sexual con una lucha ética, sino que buscaría reconocimiento institucional y estatal.
La confrontación de turistas y españoles en la documentación judicial es aquí exploratoria. Una exploración mayor de este fenómeno, a partir de otros fondos judiciales, de autorizarse su consulta, abriría perspectivas significativas sobre la promoción y defensa de formas de vida procedentes de los países del norte de Europa, modélicas para unas clases medias, y simultáneo repudio de otras formas de vida que desafiarían no las legítimas aspiraciones dominantes a la liberación de los cuerpos y de las sexualidades, sino el hecho de que sólo fueran autorizadas para los sujetos de la comunidad de referencia estatal, volcada hacia el consumismo y las fantasías de normalidad nacional posfranquista. Este estudio invita así a reinterpretar, de manera más local y precisa, el metarrelato sobre la europeización de la sociedad española, enfocándola en clave comunitaria, donde el Estado se implica activamente, especialmente a la hora de constituir la comunidad ciudadana posfranquista. En particular, en la emergencia y consolidación de un nuevo sujeto con fuerte capital simbólico, otras desigualdades se concretarían, que tendrían señaladas repercusiones sobre las posibilidades efectivas de realización de esta liberación individual y colectiva, y sobre futuros fracasados a la hora de imaginar una democratización del acceso no sólo a prácticas culturales liberales sino a la ciudadanía neutralizando el mismo legado moral impolítico de la dictadura.