Un palacio para la Inquisición de Palermo: espacio urbano, conflictividad y relaciones de poder \*.
A palace for the Inquisition of Palermo: urban space, conflicts and power relationships.
Resumen: El espacio urbano sirvió en el Antiguo Régimen como un “escenario” en el que se expresaban posiciones y tensiones de naturaleza social, económica y política. El análisis de las ocupaciones, desalojos y traslados que experimentó el tribunal de la Inquisición de Sicilia hasta ocupar su emplazamiento definitivo en la ciudad de Palermo, con los agentes y objetivos que los impulsaron y los conflictos y negociaciones que se escenificaron en torno a ellos, se plantea en este trabajo como vía de aproximación a las dinámicas sobre las que se configuró la posición del Tribunal en términos de competencia-cooperación, conflicto-negociación, subordinación y preeminencia, en el espacio político, institucional y jurisdiccional de la ciudad y del reino sicilianos y también de la Monarquía española a lo largo del siglo XVI.
Palabras clave: Inquisición; Espacio urbano; Conflictividad; Palermo; Monarquía española.
Abstract: This article analyses the process of stabilizing the seat of the Spanish Inquisition of Sicily in the city of Palermo. If we consider urban space in the Old Regime as a "scenario" for social, economic and political expressions, the study of the objectives, tensions and negotiations that were staged around the occupations, evictions and transfers experienced by the seat of the Inquisitorial Court in Palermo, allows to specify the dynamics, in terms of competition-cooperation, conflict-negotiation, subordination and pre-eminence, on which the position of the Inquisitorial Court was configured in the jurisdictional, political, institutional and social space of the city, the Kingdom of Sicily and the Spanish Monarchy in the $1 6 ^ { \mathrm { t h } }$ century.
Keywords: Inquisitio; Urban spaces; Palermo; Spanish Monarchy.
Sumario: Introducción; 1. Primera sede del tribunal y primer desalojo de Palermo: entre la estabilización y la incertidumbre; 2. El palacio real y la pugna por la hegemonía en el reino; 3. Inquisición, Compañía de Jesús y el palacio Marchese; 4. Nuevas aspiraciones, idénticos conflictos: el palacio Aiutamicristo; 5. El palacio Chiaramonte, sede definitiva de la Inquisición en Palermo; 6. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
Establecida en Sicilia en 1487, la Inquisición española manifestó muy pronto su preocupación por que el espacio que ocupase su tribunal en la ciudad de Palermo le permitiera no sólo desarrollar adecuadamente sus funciones, sino también exhibir su autoridad y posición preeminentes ante la comunidad sobre la que había de ejercer su jurisdicción, control y ascendente. La plena inserción de la Inquisición en la estructura jurídicoinstitucional del reino siciliano y su aceptación por parte de los grupos dirigentes locales no culminaron hasta la segunda mitad del siglo XVI. La estabilización de su tribunal en el espacio urbano de Palermo conllevó un proceso aún más largo, condicionado por algo más que cuestiones referidas a la adecuación de los edificios a sus necesidades funcionales.
Desde estudios clásicos como los de A. Franchina hasta la bibliografía especializada actual no se ha dejado de hacer referencia a las diversas sedes que ocupó el tribunal en Palermo1 . Algunos de esos traslados han sido ya contextualizados2 , pero aún falta una consideración global de todo el proceso que permita reconsiderar, entre otras cuestiones, si, como afirmase S. Messana, esas mudanzas no constituyeron más que otra evidencia de la arbitrariedad y prepotencia mostrada por la Inquisición siciliana en particular frente a la autoridad virreinal3 .
Lo cierto es que el logro de una ubicación “digna” no dependió sólo de la propia Inquisición. Esa responsabilidad recayó en el monarca, aunque en la concreción de las decisiones adoptadas en el entorno regio serían determinantes las gestiones que se hicieran al respecto en la propia Sicilia. De hecho, ese proceso estuvo mediatizado, por un lado, por dinámicas establecidas en la isla entre la Inquisición y la autoridad virreinal, junto a las demás jurisdicciones y los grupos de poder con los que ambas compartían y disputaban cuotas de poder y espacios de influencia. Asimismo, influyeron las relaciones y confluencias de intereses que en cada momento tuvieran esos actores locales con individuos, grupos y facciones con capacidad de influencia en la corte y el gobierno de la Monarquía hispánica.
A partir de las propuestas planteadas en particular por H. Lefebvre en torno a la articulación entre espacio, configuración urbana y vida social, una consolidada línea de estudios multidisciplinares ha evidenciado la significación de la ocupación de espacios en los procesos de construcción de identidades, en la definición, exhibición y control de cuotas de prestigio social y de poder político en las ciudades, con su consiguiente relevancia en las relaciones, tensiones y conflictos planteados en tales términos a lo largo del tiempo4 . Para la Edad Moderna se ha evidenciado que la entidad de las construcciones arquitectónicas y la planificación urbana, así como determinadas actuaciones de apropiación efectiva o simbólica, coyuntural o permanente, de espacios concretos de las ciudades sirvieron para comunicar, reivindicar, legitimar o fortalecer posiciones y valores de naturaleza política, social, cultural o económica5 . Desde esta perspectiva, el análisis de las ocupaciones, desalojos y traslados que protagonizó la Inquisición de Sicilia hasta lograr su emplazamiento definitivo en el espacio urbano de Palermo, con los agentes y objetivos que los impulsaron y las tensiones y negociaciones que se escenificaron en torno a ellos, se plantea como una interesante vía de aproximación a las dinámicas, en términos de competencia-cooperación, subordinación-preeminencia, conflicto y negociación, sobre las que se configuró la posición del tribunal en el espacio político, institucional y jurisdiccional de la ciudad y del reino sicilianos, y también de la Monarquía hispánica a lo largo del siglo XVI.
1. PRIMERA SEDE DEL TRIBUNAL Y PRIMER DESALOJO DE PALERMO: ENTRE LA ESTABILIZACIÓN Y LA INCERTIDUMBRE.
Aunque las noticias sobre los inicios de la Inquisición en Sicilia son escasas e incompletas, parece que aquella mostró en la isla, como en los demás territorios en los que se fue instalando, una temprana vocación urbana, en correspondencia con su esencial interés original por la comunidad judeoconversa tan vinculada al mundo de las ciudades6 . Así, aun cuando la actividad de los primeros inquisidores estuvo marcada por la discontinuidad, esa incidió sobre todo en las principales ciudades de la isla, en particular en Palermo y Mesina7 .
Esas características se mantuvieron una vez que Fernando el Católico y el Inquisidor general Deza impulsaron la implantación de la institución en el reino a partir del 1500. Se confirmó entonces al dominico Giovanni Sgalambro como inquisidor para área de Palermo y con igual destino se nombró a Reginaldo Montoro, también dominico y obispo de Cefalú. Por su lado, Pedro Ruiz de Vergara y Belorado, previo inquisidor de Sevilla, fue designado arzobispo de Mesina desde donde actuaría como juez inquisitorial8 . Además, en Palermo, tras haber hecho sus autoridades civiles y eclesiásticas el juramento de fidelidad y obediencia a la Inquisición, se inició la búsqueda de un lugar adecuado para acoger al tribunal y a su incipiente organización burocrática9 . En 1501, Fernando el Católico encomendaba esa tarea a su virrey Juan Lanuza10 y, según Burgarella, se alquilaron dos casas, una para acoger al tribunal y otra para sus presos. La disposición se evidenció pronto insuficiente11, pero no fue hasta 1512 cuando el tribunal obtuvo por concesión real su primer espacio propio en la ciudad, el castillo de San Pedro12.
Esa decisión constituyó, sin duda, un hito en el proceso de implantación de la institución en Palermo y en el reino. El antiguo palacio de los reyes normandos era uno de los edificios más representativos de la autoridad regia en la ciudad, de modo que al ubicar ahí al tribunal éste obtenía un reconocimiento simbólico de autoridad y de representación de la Monarquía prácticamente paralelo al virrey 13, instalado entonces en el palacio de los Chiaramonte, otro espacio con fuerte significación política14. Autoridad virreinal e inquisitorial conformaban, de hecho, dos pilares de las políticas fernandinas dirigidas a consolidar la inserción del reino siciliano en el entramado político-institucional de su monarquía. Según un sector de la historiografía, la Inquisición se mantuvo entonces “a la sombra de la autoridad virreinal” que buscó utilizar su jurisdicción independiente para sortear resistencias locales y los límites que la constitución del reino planteaba a los objetivos fernandinos15. Eso no significó, no obstante, que las relaciones entre ambas autoridades estuviesen exentas de tensiones esencialmente generadas, según informaba el virrey Hugo de Moncada en 1512, por las “cosas que facen los oficiales del Santo Oficio (...) que no son de servicio ni de Dios ni de V.A., antes de mucho escándalo y confusión para la buena gobernación y administración de la justicia”, refiriéndose con ello a la protección que el tribunal parece que ofrecía a sus servidores cuando eran implicados en robos y otras violencias16.
Tal comportamiento y el procedimiento irregular de los inquisidores en detenciones, secuestros y confiscaciones realizadas en el marco de una beligerante acción iniciada en 1510 contra la comunidad judeoconversa, dieron lugar a numerosas denuncias ante la corte regia y la dirección inquisitorial por parte de las instituciones y grupos dirigentes insulares. Estas aspiraban a recuperar el modelo inquisitorial dominicano previo y desconfiaban de la Inquisición al “estilo español”, gobernada por jueces no sicilianos, que actuaban con una jurisdicción ajena a la constitución del reino e identificada como instrumento de la autoridad regia para la ampliación de espacios bajo su control17.
En este contexto, la tensión alcanzó su zenit en la complicada coyuntura política que se planteó tras la muerte del rey Fernando, cuando, según Ligresti, “i gruppi dissidenti che l´autoritá e il prestigio di Ferdinando avevano frenato e compresso, riprendono respiro” 18. Se abrió entonces un período de fuerte crisis en la isla que se prolongó hasta mediados de los años $2 0 \mathrm { ~ y ~ }$ que, aun respondiendo a inquietudes internas, se insertaba en una coyuntura de inestabilidad general en la monarquía castellano-aragonesa abierta con la muerte de Isabel en 1504 y agudizada tras la desaparición de Fernando y el problemático traspaso del trono a su nieto Carlos19.
A principios de marzo de 1516 estallaba en Palermo un tumulto popular con tintes religiosos dirigido inicialmente contra la acción anti-conversa inquisitorial, pero que sirvió como marco para un movimiento político de mayor calado, activado por sectores del patriciado urbano y de la nobleza siciliana. El virrey se refugió entonces en Mesina, ciudad que aceptó la sucesión carolina y permaneció leal a su gobierno, y lo mismo hubo de hacer el inquisidor Melchor Cervera. De este modo Palermo se quedó sin gobierno virreinal y sin un tribunal inquisitorial efectivo20. Algunos autores sostienen que la sede inquisitorial fue asaltada durante los tumultos21 ; según Renda, en cambio, la beligerancia palermitana se focalizó en la persona del inquisidor Cervera, por su estrecha vinculación con Moncada, de modo que, una vez que ambos abandonaron la ciudad, “nessuno del tribunale fu torto un capello, come a nessuno dei tumultuanti venne la voglia di rubare né di dare alle fiamme l´edificio o l´archivio”22. Así, según indica La Lumia, el pretor y jurados de Palermo encargaron entonces a “cittadini onorati” la custodia del palacio y de las cosas del tribunal, para evitar robos y violencias23. Siguiendo a Renda, habría sido durante una segunda oleada de tumultos liderados por el jurado Gianluca Squarcialupo en el verano de 1517, cuando la multitud entró violentamente en la sede inquisitorial, asaltando sus archivos y robando “multi altri robbi e beni di esso Sancto Officio et soii officiali”24.
Al igual que la monarquía castellano-aragonesa, la Inquisición atravesó entonces una situación muy delicada. Con su dirección dividida para Castilla y Aragón, la institución fue fuertemente contestada territorios como Sicilia, Nápoles y los reinos peninsulares de la corona de Aragón25. No obstante, a excepción de Nápoles, en los demás territorios el proceso de imposición de la Inquisición no llegó a paralizarse por completo ni siquiera en esa complicada coyuntura. En Sicilia, ya en agosto de 1516 la dirección inquisitorial abrió averiguaciones para aclarar las posibles irregularidades y abusos cometidos por el tribunal presidido por los inquisidores Cervera y Bernal, denunciados ante Carlos de Habsburgo por el embajador enviado a Bruselas por el senado palermitano en marzo de aquel mismo año26. A finales de julio de 1517 se remitieron instrucciones a Cervera para subsanar las graves irregularidades detectadas27. La convulsa situación de la isla impidió en esos momentos cualquier avance al respecto, pero tan pronto como el conde de Monteleone, capitán general del reino y pronto su virrey, logró una inicial recomposición de la situación, la dirección inquisitorial y Carlos I activaron la restauración del funcionamiento tribunal y su retorno a Palermo.
En febrero de 1518, se emitían reales órdenes a Mesina y Palermo para que se acogiera a un nuevo inquisidor, Tristán Calvete, enviado para reorganizar el tribunal junto a Cervera, y en junio se publicaba en Palermo un bando para que se restituyeran los efectos y papeles sacados de la sede del tribunal durante los tumultos del año anterior. Por fin, en mayo de 1519, se ordenaba desde Barcelona la libre disposición del castillo de San Pedro para acoger a los inquisidores y sus oficiales. En breve, el senado palermitano reconocería la exención de gabelas a los inquisidores y a sus familiares28, reanudándose la actividad del tribunal desde el palacio normando.
Con todo, ni la situación del tribunal en la ciudad ni su posición en el espacio político-institucional del reino se sustentaban aún sobre bases firmes29. La dirección inquisitorial instaría a que la reactivación de la actividad del tribunal se guiara por la captatio benevolentia con las instituciones y poderes de la isla30, mientras las disposiciones carolinas se dirigieron a favorecer la consolidación del tribunal en el reino. Sin embargo, los parlamentos y las embajadas de las ciudades sículas persistieron en sus denuncias de los abusos inquisitoriales31. Así se hizo en el parlamento celebrado en Palermo en septiembre de 1535 en presencia del propio emperador32, quien a finales de ese año impondría significativas restricciones a la jurisdicción temporal inquisitorial, tanto en materia civil como criminal33. Tal decisión, que colocó al tribunal en una situación muy comprometida, pues siendo “la jurisdicción temporal (…) la que da vigor y fuerza a la espiritual”, sin ella la “jurisdictio spiritualis causarum fidei fuit in suspenso et quasi mortua”34, se explicaría a nivel local en el marco de la puesta en marcha de una reforma de los tribunales del reino, pero también tendría “una dimensione política che fuoriusciva dal quadro isolano”, según señala Renda, estrechamente conectada al objetivo imperial de superar las disensiones con los luteranos y conseguir un restablecimiento de la communitas christiana frente a los turcos35.
El complicado escenario para la Inquisición mutó de nuevo radicalmente a principios de los años 40, tras evidenciarse inalcanzable el acuerdo con los protestantes y descubrirse oportunamente supuestos núcleos luteranos en Sicilia con implicaciones entre miembros de las elites locales. Esto, junto al temor al estallido de revueltas en el reino, habría favorecido la reconsideración del emperador y del príncipe Felipe de la decisión tomada en $1 5 3 5 ^ { 3 6 }$ . En 1543 se restituyeron las atribuciones temporales inquisitoriales, a la vez que se reforzó la posición institucional del tribunal, su organización y su capacidad de acción y control social37. En adelante, la Inquisición, apoyada en su jurisdicción independiente y en un amplio marco de privilegios tutelados por la corona y el Papado, se reivindicaría con fuerza como cuerpo privilegiado de representación y comunicación con la Monarquía en Sicilia. En tal aspiración entró en directa competencia con la autoridad virreinal. Su pugna se planteó esencialmente en el terreno jurisdiccional, pero también se escenificaría en el plano simbólico y de la representación del poder y ahí el espacio físico que ocupaba cada institución en la ciudad de Palermo tuvo un significativo papel.
2. EL PALACIO REAL Y LA PUGNA POR LA HEGEMONÍA EN EL REINO.
El 14 de enero de 1547 se emitía la real designación de Juan de Vega como virrey de Sicilia con las instrucciones para su gobierno. Materias militares y defensivas, de fiscalidad y justicia ocupaban el grueso de un documento que en el apartado CXIX se refería brevemente al Santo Oficio. A su respecto se instaba al virrey a favorecerlo y ayudarlo, porque siendo siempre necesario, lo era entonces más que nunca al estar “las cosas de religión (…) más turbadas”. En particular se confiaba a de Vega el mantenimiento de una buena concordia entre los oficiales inquisitoriales y reales de modo que “los unos no se impidan a los otros”38. Su mandato partió de hecho con un “clima de cooperación” entre ambas autoridades que, no obstante, se vería muy pronto quebrado.
Un punto de inflexión a ese respecto fue la real orden de marzo de 1549 por la que la corte regia quedaba como único espacio de apelación en los conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. Eso suponía la pérdida de una relevante función arbitral del virrey quien, según la pragmática catalana de 1452, era la máxima autoridad judicial del reino, competente para regular conflictos entre la jurisdicción regia y eclesiástica. Cuatro años después, en 1553, Felipe II sancionaba la total independencia de la jurisdicción inquisitorial en materias civiles y criminales respecto a la justicia ordinaria del reino39.
La Inquisición estaba inmersa justo entonces en una profunda reforma con la que se buscaba posibilitarle el desempeño del papel central que le asignaba la política confesional de Felipe II. Uno de los objetivos de tal reorganización fue dotar a la institución de una estructura burocrática eficaz y de una potente red de servidores con la que extender su presencia en el territorio y ampliar su control sobre la población. Con sus servidores se generaría además una base social, alineada en torno a la jurisdicción inquisitorial e identificada con los principios religiosos y políticos sobre los que se definía la Monarquía Católica filipina respecto a los cuales la Inquisición se presentaba como su primera garante y defensora40. En Sicilia, se establecería, de hecho, tras las disposiciones de Felipe II “una forte alleanza tra Sant´Uffizio, baronaggio e ceti mercantili” quienes buscaban protección en el fuero inquisitorial frente a la acción política virreinal dirigida a limitar privilegios particulares y espacios de autonomía locales. Según un amplio acuerdo historiográfico, esa masiva incorporación de miembros de la nobleza y de las oligarquías urbanas respondió en particular a su interés por eximirse del procedimiento ex abrupto aplicado por la justicia regia y del que no habían conseguido librarse, pese a sus insistentes solicitudes al monarca41. El rey, que no concedió nunca lo que desde la isla se reclamaba como un derecho tradicional, propició a cambio vías alternativas de protección a través de otra institución de su monarquía, la Inquisición. Desde entonces, tribunal y autoridad virreinal entraron en abierta pugna, limitándose y reequilibrándose en sus respectivas aspiraciones hegemónicas en el reino.
Juan de Vega respondió a la pérdida de sus atribuciones arbitrales con una beligerante actuación frente a los que consideraba usos abusivos del fuero inquisitorial de los que resultaban “grande desreputación y disminución en la autoridad de la justicia seglar y en las personas que la administran” y
“si el virrey no los tuviera [a los miembros del tribunal] tan corregidos y temerosos de la justicia como los tiene, sin ninguna duda se desvergonzarán y tentarán a hacer algún desorden. Porque ya encomenzaban a decir que […] si el inquisidor podía hacer todo lo que quería y se le antojaba, que aquello no era ser inquisidor sino virrey” 42.
Con tal fin, promovió una intensa labor reivindicativa de la legacía apostólica43 con la que se buscaba consolidar el control regio sobre las jurisdicciones eclesiásticas sicilianas, la inquisitorial incluida. La tensión entre las autoridades se extendió también al plano de la reputación y la representación y uno de sus frentes se situó en torno al espacio que físicamente ocupaba y encarnaba a cada una de ellas en la ciudad de Palermo.
En noviembre de 1552, Juan de Vega decidió trasladar su residencia al palacio real de Palermo44, forzando con ello el desalojo de la Inquisición y su paso al Castello a mare, baluarte defensivo situado al otro extremo de la ciudad y residencia virreinal desde las revueltas anti-moncadianas. La apropiación virreinal de los espacios vinculados a la tradición regia normanda supuso, según di Fede, una maniobra de legitimización de tipo ideológico del dominio español en el reino además de un gesto de exhibición y afirmación de la preeminencia de la autoridad virreinal sobre los demás poderes, instituciones y jurisdicciones del reino, en particular la Inquisición. Esta iniciativa estuvo además en sintonía con las expectativas del senado palermitano interesado en reforzar el protagonismo de la ciudad como sede del gobierno y de la corte virreinal45. El desalojo inquisitorial del palacio real se explicaría así a partir de dinámicas establecidas en el ámbito siciliano, si bien la decisión de Vega y la deriva del asunto tuvieron también un escenario privilegiado en la corte regia46.
Parece que el asunto del traslado fue orquestado y ejecutado por iniciativa del virrey, sin el conocimiento ni el consentimiento del emperador o del príncipe Felipe, quienes atendieron rápidamente las quejas de los inquisidores, con Bartolomé Sebastián, juez y obispo de Patti, a la cabeza, por los inconvenientes generados por el cambio de sede al que habían sido forzados47. Así, en febrero de 1553, Carlos y Felipe instaron a Vega a revocar su decisión, considerando que con ella “los negocios de la fe y nuestros” quedaban seriamente comprometidos48. Sin embargo, Vega se resistió, alegando motivos de carácter personal y apelando a sus méritos por los grandes servicios prestados a la corona49. Con esto, el virrey insistiría en presentarse como primer protector de la Inquisición en el reino, reiterando su expreso deseo de favorecerla, tal y como, según él, había hecho con el cambio de sede, pues “está allí mucho más a propósito y con más reputación que no estaba en el de San Pedro y mejor comodidad sin comparación de cárceles y de aposento”50. Explicado eso, Vega se mantuvo firme, desoyendo las solicitudes y órdenes regias de devolver al tribunal su antiguo emplazamiento, lo que intensificó la complicada relación que mantenía con los inquisidores51,. Estos plantearon ya abiertamente el desalojo como una expresión más del maltrato al que les sometía un virrey tan poco dispuesto a ceder en esa cuestión como en todo lo demás que tocase su autoridad y preeminencia en el reino.
La posición del virrey se apoyaría en su confianza en las razones que avalaban su decisión, pero también en su concepción del cargo que ocupaba en el reino, en un momento en el que las iniciativas centralizadoras impulsadas desde la corte regia entraron en colisión con la defensa de la autonomía, la naturaleza y autoridad de las figuras que representaban al rey en los territorios52. La firmeza de Juan de Vega se hubo de sustentar además en sólidos apoyos en el entorno regio. Estaba vinculado a la facción ebolista53 que tomó fuerza en la corte precisamente en 1554, cuando la princesa Juana quedó como regente y, con su círculo de consejeros, mantuvo posiciones contrarias a la facción albista y a las directrices políticas marcadas para el gobierno de la Monarquía por el Inquisidor general Valdés, cuyo ascendente empezó entonces a declinar. En ese contexto de reorganización de los equilibrios entre facciones en la corte podría explicarse la impotencia que mostró la dirección inquisitorial ante la detención del inquisidor Sebastián y el secuestro de las rentas de su obispado de Patti decretados por Juan de Vega, o ante el arresto del visitador enviado por Valdés, Francisco Orozco, junto a oficiales del tribunal siciliano54, e igualmente ante la aspiración inquisitorial de recuperar el palacio real de Palermo.
La Inquisición era una pieza clave del proyecto confesional filipino, pero eso no significó que siempre saliese vencedora frente a las autoridades y jurisdicciones con las que se disputó cuotas de poder y ámbitos de influencia. En el signo de la resolución de esos conflictos influirían poderosamente las coyunturas, los intereses y los apoyos de quienes representaban las autoridades, jurisdicciones y cuerpos en conflicto en los territorios y en el entorno de la corte, cuya centralidad en el diálogo político con los grupos dirigentes locales se potenció tras la erección del Consejo de Italia en $1 \dot { 5 } 5 6 ^ { 5 5 }$ . En marzo de ese mismo año, Felipe II se avocó el conocimiento del proceso incoado por el virrey siciliano contra el obispo de Patti56 y un año más tarde, Juan de Vega, que se había presentado al rey como maltratado y difamado en Sicilia57, abandonaba la isla para ocupar la presidencia del Consejo de Castilla. En paralelo Bartolomé Sebastián dejaba su cargo inquisitorial para continuar con una destacada carrera al servicio de la Monarquía en el ámbito político y en el eclesiástico58. Mientras tanto en Palermo se proseguían los trabajos de adecuación del palacio normando a sus nuevas necesidades como sede virreinal y el tribunal permanecían en la vieja fortaleza de Castello a mare.
3. INQUISICIÓN, COMPAÑÍA DE JESÚS Y EL PALACIO MARCHESE.
La llegada al reino del duque de Medinaceli en mayo de 1557 no modificó esencialmente la posición virreinal respecto a la Inquisición59. De hecho, aunque la historiografía ha considerado tradicionalmente que la Inquisición vivió su “edad de oro” durante el gobierno de Juan de la Cerda60, autores como M. Rivero han cuestionado esa visión, planteando que, a pesar del indiscutible fortalecimiento de la autoridad inquisitorial en ese período, esta se encontró “con la firme oposición del virrey (…) que obstaculizó resueltamente la pretensión de superioridad jurisdiccional que se pretendía para el Santo Oficio”. Lo que es más, a partir de 1564, último año del gobierno de Medinaceli cuando las crispadas relaciones entre ambas autoridades se habían apaciguado, esas estuvieron “lejos de establecerse bajo un signo hegemónico de la Inquisición”61.
En el asunto de la sede del tribunal, el duque mantuvo igualmente la situación establecida por Juan de Vega. Se instaló en el palacio real62, mientras los inquisidores continuaron quejándose y solicitando una ubicación que los representase más dignamente. La respuesta a esa demanda llegó a principios de los años 60, con la real disposición de adquirir el palacio de Bartolomé Marchese en Palermo “a spese regie per conto dell´Inquisizione”63. Ahora bien, si el tribunal llegó a trasladarse allí, su estancia hubo de ser muy breve64. Sus intereses tropezaron esta vez con los de la Compañía de Jesús, orden en cuya impetuosa penetración y rápida consolidación en Sicilia habían desempeñado un papel central Juan de Vega y su esposa Leonor Osorio65. Según Ligresti, durante su gobierno en Sicilia Juan de la Cerda favoreció más a los teatinos que a los jesuitas66, pero eso no fue óbice para que cuando el provincial de la Compañía, Pedro Ribadeneyra, puso en su conocimiento el interés de la orden por el mismo edificio que acababa de cederse a la Inquisición, el virrey apoyase la iniciativa jesuita67.
Sobre las relaciones de la Inquisición y Compañía de Jesús en Sicilia un amplio acuerdo entre los autores apunta a que se articularon sobre la base del “massimo rispetto”68. Ambas instituciones compartían el objetivo de impulsar el programa de renovación moral y disciplinaría de la Iglesia católica que acababa de formalizarse en Trento, aunque fuese bajo concepciones y métodos en muchos sentidos divergentes. Esto último precisamente explicaría que en el marco de Sicilia hubiera también en sus relaciones “non poche ricadute”. Bien conocido a este respecto es el encontronazo mantenido entre inquisidores y jesuitas en el estreno en Palermo de la tragedia Santa Caterina vergine e martire en el otoño de 1569, que algunos autores consideran como expresión de la pugna por la autoridad y supremacía moral y jurisdiccional mantenida entre ambas instituciones69.
Con todo, las fricciones más fuertes de la Inquisición siciliana eran con la justicia y autoridades regias. Precisamente a principios de los años 60, ambas jurisdicciones estaban enzarzadas en una disputa por el conocimiento de la causa de Juan del Águila, en cuyo asesinato sospechaban las autoridades reales que habían estado implicados miembros de familias nobles de la isla adscritas a las filas inquisitoriales. En ese contexto los informes virreinales enviados a corte sobre los agravios infringidos por la Inquisición a la justicia regia adquirieron un nivel de beligerancia tal que el provincial de la Compañía de Jesús decidió intervenir en el asunto. El padre Rivadeneyra buscó, en realiad, colocarse en una posición mediadora entre ambas autoridades, procurando mantener el favor del duque de Medinaceli para no lastimar sus propios objetivos en la isla, pero sin dejar de recriminarle, primero en un tono suave, sus denuncias y actitud con los inquisidores, para recordarle después, ya con mayor firmeza, la prevalencia sobre cualquier otra consideración del central papel confesional del tribunal en el reino, apelando a la obligación de la autoridad virreinal de apoyarlo siempre en el cumplimiento de su misión superior. Frente a las tendencias regalistas virreinales se apelaba así a la teoría del poder indirecto defendida por las dos instituciones eclesiásticas70.
Al fin, el conflicto acabó resolviéndose en la corte madrileña en 1564, con la ratificación de una real cédula de mayo de 1558 que vetaba a la jurisdicción inquisitorial conocer causas de sus servidores laicos por delitos castigados con pena de muerte71. La Inquisición siciliana veía de este modo sancionada una importante limitación en las preciosas atribuciones en materia criminal que habían recuperado pocos años atrás. En breve perdería también la oportunidad de abandonar para siempre Castello a mare.
El 12 de octubre de 1568 el palacio Marchese pasó por real concesión a la Compañía de Jesús de Santa $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ de la Grotta. El tribunal notificó entonces a la Suprema qué obras habrían de efectuarse en Catello a mare para adecuar definitivamente la sala del secreto, asumiendo que seguirían en ese ingrato emplazamiento72. Justo un año después, el inquisidor Juan Becerra, que había sido uno de los principales apoyos de la Compañía de Jesús en la gestión en corte regia de la cesión a su favor del edificio Marchese73, provocaba el incidente del estreno de la obra Santa Caterina vergine e martire. Así, como bien indica Scalisi, este suceso podría considerarse una llamada de atención por parte de la Inquisición frente a los “tentativi di alterare equilibri consolidati e preesistenti” fruto de “le naturali affinità che legavano i rappresentanti del potere civile e della classe dirigente municipale agli esponenti dell´ordine”74.
4. NUEVAS ASPIRACIONES, IDÉNTICOS CONFLICTOS: EL PALACIO AIUTAMICRISTO.
Tras casi cien años en Sicilia la Inquisición no había conseguido una residencia en Palermo cuya significación le permitiera satisfacer su aspiración de potenciar y visibilizar su autoridad y prestigio ante la comunidad. Si, como señala Rivero, “prestigio significaba reconocimiento de poder, desprestigio, por el contrario, minaba la posición y la utilidad de un cargo o institución” 75, se entiende que, según refería el virrey Marco Antonio Colonna en 1579, para la Inquisición fuera más importante mantener su reputación que dedicarse a la represión de los delitos; de ahí que la cuestión de su sede no dejase de ser motivo de inquietud e insatisfacción.
Precisamente entonces los inquisidores habían puesto sus ojos en el palacio de los Aiutamicristo como posible nueva ubicación para su sede. Descrito por Pitrè como “una sede addirittura principesca”76, la categoría de aquel edificio se ajustaba perfectamente a los propósitos inquisitoriales, pues como reconocían los inquisidores, sus casas “son buenas y tienen más aposentos, mejor presencia, prospectiva y autoridad para la Inquisición”77. Además, allí se habían alojado las más altas dignidades de la Monarquía que habían pasado por Palermo, desde el emperador en 1535 a D. Juan de Austria en $1 5 \dot { 7 } 6 ^ { 7 8 }$ . La culminación de las expectativas inquisitoriales dependía, no obstante, no sólo de las decisiones que fuesen tomadas al respecto en la corte regia, sino también -y de modo fundamental- de las gestiones que se hiciesen en la isla. Aquí el signo de las relaciones entre el virrey y los inquisidores no era precisamente halagüeño para las propósitos de esos últimos.
La ya tradicional rivalidad entre ambas autoridades se concretaba entonces en una notable falta de entendimiento y un clima de conflictividad en cuyas causas y efectos, según Rivero, participaban de pleno intereses y fuerzas de naturaleza faccional tanto en el reino, en torno al partido inquisitorial o el virreinal, como en la corte regia79. El bloqueo jurisdiccional que provocaba esa situación de continuo desencuentro llevaría a Felipe II a promover una Junta en 1578, integrada por miembros del Consejo de Italia y de la Suprema, para negociar el marco sobre el que se articularían en adelante las relaciones de la Inquisición con las demás jurisdicciones del reino. El resultado de esa junta fue la primera Concordia para la Inquisición de Sicilia emitida en julio de 1580. En ella se reconocía la independencia jurisdiccional inquisitorial respecto al virrey y sus tribunales, al tribunal de la Monarquía –cuyo funcionamiento estaba a punto de ser definitivamente regulado por las cortes de Madrid y Roma– y a la jerarquía eclesiástica. Se sancionaban además la capacidad inquisitorial de emitir censuras eclesiásticas contra ministros regios y su exclusiva atribución para levantar las impuestas. El conjunto de disposiciones suponía, sin duda, un importante espaldarazo para la institución inquisitorial en el reino y así fue presentado públicamente por los inquisidores80. Sin embargo, el mismo hecho de que se regulara formalmente el espacio jurisdiccional inquisitorial conllevaba una limitación a la discrecionalidad de la que hasta entonces había gozado en materias temporales81. Además, su triunfo “en lo jurisdiccional” fue, en realidad, de corto recorrido. El virrey Colonna desarrollaría una notable acción de hostigamiento al fuero y los privilegios inquisitoriales, apoyado en distintas órdenes reales y en la reafirmación de la autoridad regia sobre las instituciones eclesiásticas del reino a través de la regia Monarquía, lo que le permitía minimizar los efectos de las penas canónicas inquisitoriales impuestas a los ministros regios82. En esa estrategia virreinal tuvo también un significativo papel la esfera de la representación y el reconocimiento público de cada autoridad, terrenos en los que el tribunal había quedado, según la Concordia, oficialmente relegado ante el virrey, reconocido como máximo representante de la autoridad regia en la isla83.
En este complicado contexto tuvieron lugar a las primeras tratativas sobre el posible traslado del tribunal fuera del Castello a mare. Llamativamente, tanto Colonna como los inquisidores coincidieron en la necesaria salida de allí de la Inquisición, aunque por motivos distintos. Los del tribunal no eran nuevos, el desdoro, las incomodidades y la falta de independencia y de secreto que sufrían en la vieja fortaleza militar; los del virrey se referían, en cambio, a la necesidad de “reducir el castillo al término que conviene para fortaleza que sirva de freno a esta ciudad”84. Con ese inicial consenso, la perspectiva de una rápida conclusión del traslado del tribunal al palacio Aiutamicristo parecía firme, tanto que en la primavera de 1580 los inquisidores Ahedo, Peña y Corrionero fueron “a besar las manos al señor Virrey y le dijimos como habíamos visto y reconocido la dicha casa y sitio, y que era a propósito para estar en ella el Santo Oficio y Su.
Excelencia respondió mostrando mucha voluntad y que lo escribiría a Su Majestad, como lo hace”85.
Colonna efectivamente puso el tema en conocimiento de los Consejos de Estado y de Italia86, siendo el cardenal de Granvela87 quien negoció con la dirección inquisitorial cómo efectuar el paso del tribunal al palacio Aiutamicristo, lugar “más cómodo y sabroso y con mayor comodidad de cárceles”, en palabras de Perrenot88. Sin embargo, el asunto que no había planteado grandes obstáculos en Palermo ni en el Consejo de Italia encontró su primer escollo en el Consejo de Inquisición al presentar su presidente, Jerónimo de Manrique, una propuesta de la ciudad de Mesina para acoger la sede del tribunal siciliano89.
La oferta mesinesa se inserta en el proyecto de la ciudad del Estrecho de avanzar en su disputa con Palermo por la preeminencia en el reino90. De hecho, según Garufi, ya en 1577 el inquisidor Ahedo habría planteado la posibilidad de implantar una sede fija del tribunal en Mesina, aunque sin abandonar Palermo, bajo razonamientos muy similares a los que se presentarían por parte de Mesina a la Suprema tres años más tarde: ser aquella una ciudad muy poblada, alejada y mal comunicada con Palermo, lo que dificultaba el traslado de los reos de fe, a lo que se añadía la proximidad del puerto mesinés a Calabria donde múltiples herejías amenazaban con contagiar la isla a través del continuo tráfico comercial que unía ambos lados del Estrecho. Siempre según Garufi, la propuesta de 1577 fue frenada por Colonna91, la planteada tres años después fue también rechazada por iniciativa del Inquisidor general Quiroga. El tribunal se quedaría en Palermo, lo que mantenía la necesidad de su salida de Castello a mare que, aun siendo “de la importancia que es”, debido a los inconvenientes que presentaba, “viene por esta vía a ser como casa llana”92.
En septiembre de 1580, Felipe II encargaba a Colonna la compra y adecuación del palacio de Aiutamicristo para que el tribunal “esté con la decencia y autoridad que su cualidad requiere y el castillo con la guarda y seguridad necesaria”, dando así satisfacción a los objetivos de ambos institutos93. Inquisidores y virrey iniciaron entonces las gestiones para la compra y la planificación de las obras a realizar94 y fue aquí donde se planteó un nuevo escollo a la aspiración inquisitorial. La compra del palacio ascendía 15.000 escudos que con la estimación de 20.000 ducados más para la obra suponían cantidades que el virrey dijo no estar dispuesto a asumir. Los inquisidores, seguramente ansiosos por conseguir su objetivo, barajaron la posibilidad de no construir por el momento ni cárcel de familiares ni de penitentes, pero Colonna les ofreció una solución alternativa que resultó no ser nada inocente. Propuso así a los inquisidores que colaborasen a costear la obra, sugiriéndoles como vía para obtener recursos la imposición de penas pecuniarias al barón de Castania y al conde de Comiso, ambos familiares y con procesos criminales abiertos en el tribunal tras habérselos sustraído a la justicia regia. Colonna sugirió incluso la cantidad de la composición, unos 6.000 ducados cada uno, cifra que, según él, ya había ofrecido el conde cuando fue detenido por la justicia regia. Ante tal propuesta, los inquisidores agradecieron “la voluntad que tiene el señor Marco Antonio de favorecer este particular”, aunque, añadieron, la decisión sobre la composición de penas con los reos quedaba fuera de sus facultades, requiriendo la autorización de la dirección inquisitorial95.
La respuesta de la Suprema a tal iniciativa fue en forma de enérgica repulsa a la propuesta del virrey y, sobre todo, a la actuación de los inquisidores. Se les reprendió duramente tanto por haber establecido conversaciones con Colonna sin su conocimiento ni consentimiento como, en particular, por haber tenido en consideración las indicaciones virreinales sobre la composición de condenas, calificándolas de “perjudicial al honor, autoridad y reputación del Santo Oficio y la buena administración de justicia”. Se advirtió además que, si en algún momento “las culpas de los reos mereciesen ser condenadas en penas pecuniarias, las apliquen para gastos del Santo Oficio y no para otra cosa alguna, como está proveydo”. En este punto la posición de la dirección inquisitorial fue firme: el erario regio debía asumir las responsabilidades derivadas de la dotación de un espacio digno para el tribunal, descartando cualquier cooperación económica por parte inquisitorial. En consecuencia, sentenciaban los consejeros, “si se ha de pasar el Santo Oficio a las dichas casas, ante todas cosas se han de dar edificadas y acomodadas y puestas en perfección y la forma que se ordenare, y que no siendo así, no habrá para qué tratar de mudanza”96. Y eso fue lo que ocurrió. El proyecto de traslado al palacio de Aiutamicristo quedó suspendido en septiembre de 1581. Los inquisidores se excusaron con sus superiores por sus tratos con Colonna, a la vez que expresaban su pesar “si en esto hemos recibido engaño”97 y su decepción al constatar que el deseado traslado no se produciría, de modo que “habiendo de permanecer aquí [en Castello a mare] la Inquisición, conviene se hagan algunas cárceles secretas, aunque fuese saliendo a vivir algunos oficiales fuera”98.
En adelante Colonna mantuvo una estrategia de “calculada desobediencia y desprecio a los requerimientos del Santo Oficio”, mientras “los inquisidores perdían fuerza y autoridad y eran incapaces de poner freno al virrey”99. Los apoyos del virrey en la corte le permitieron mantener esa línea mientras el Inquisidor general Quiroga era “relegado al ostracismo” por su vinculación con Antonio Pérez. El regreso de Quiroga a la corte en 1582 modificaría esa situación. En Sicilia, el inquisidor Peña con sus dependientes y el visitador Gregorio Bravo se coaligaron con el principal grupo opositor a Colonna en la isla y en la corte madrileña para desarrollar una intensa campaña denigratoria contra el virrey que acabó por erosionar su inicial posición de fuerza100. A principios de 1583 Colonna se ofrecía para reactivar el asunto del traslado de las casas del tribunal en un intento quizá de reconducir sus deterioradas relaciones con la Inquisición101. Sin embargo, ya era demasiado tarde para todos. El virrey dejaba Sicilia ese mismo verano para morir en extrañas circunstancias antes de llegar a España, mientras el tribunal palermitano seguía padeciendo las incomodidades del Castello a mare.
5. EL PALACIO CHIARAMONTE, SEDE DEFINITIVA DE LA INQUISICIÓN EN PALERMO
visto potenciada con las reestructuraciones del espacio urbano acometidas desde mediados de siglo, el lugar no desagradó a los inquisidores104.
En agosto de 1591, Felipe II avisaba al virrey de su intención de conceder al tribunal el palacio con “el jardín que tienen las dichas casas, con el agua y lo que más convenga de manera para se acomoden convenientemente”105. Sin embargo, ni Alba de Liste ni su sucesor el conde de Olivares avanzaron en el asunto. Ni siquiera se hizo algo después de que el 19 de agosto de 1593 explotasen dos de los tres polvorines que había en Castello a mare y buena parte del espacio que ocupaba la Inquisición quedase prácticamente inutilizado106.
Tras la tragedia, el inquisidor Páramo pasó a una casa propiedad de Ottavio Bonetta107, mientras que los otros dos jueces se reubicaron en las habitaciones asignadas al cardenal de Terranova en la iglesia de la Maggione y en la casa del conde de Buscemi. Los presos del tribunal permanecieron en precarias condiciones en el castillo arrasado por la explosión y también ahí, en un “rincón que quedó sano cerca de las cárceles”, se continuó procediendo en las causas pendientes, mientras la audiencia de afuera se ubicó en el monasterio de San Francisco108. Así, disgregado por la ciudad y padeciendo no solo graves inconvenientes para el desarrollo de su actividad ordinaria, sino también un fuerte y público menoscabo en su autoridad y reputación109, se encontraba el tribunal a finales del siglo XVI, justo cuando se redefinía su reivindicada posición preeminente e independencia en el reino.
Una Pragmática de marzo de 1591 había sancionado ya la subordinación inquisitorial a la autoridad virreinal, ratificada como máxima representante de la Monarquía en el reino, a la vez que se había revalidado la prohibición dada por real decreto de diciembre 1590 de conceder familiaturas a titulados y barones, lo que suponía la quiebra de los vínculos inquisitoriales con la que hasta entonces había sido una de sus bases de apoyo social más potentes. Se eliminó también entonces el homicidio de la jurisdicción temporal inquisitorial, avanzándose con estas y otras medidas restrictivas del fuero inquisitorial la que sería la nueva Concordia de 1597.
En esos momentos reapareció Mesina con su ofrecimiento para acoger un tribunal permanente. La ciudad había conseguido en 1591 la importante concesión regia de ser sede oficial de la corte con los tres altos tribunales del reino durante dieciocho meses del trienio virreinal110, lo que junto a la penosa situación que travesaba el tribunal en Palermo, podría favorecer sus expectativas. Los motivos presentados por el senado mesinés a la dirección inquisitorial entre 1594 y 1595 fueron muy similares a los dados en 1580: la necesidad de proteger el área occidental de la isla de herejías provenientes del exterior, a lo que se añadió el ser ciudad “tan principal y cabeza de dicho reino”, lo que le hacía merecedora de tener la sede del tribunal o al menos de contar con un inquisidor permanente, lo que en la práctica significaba contar con su propio tribunal independiente de Palermo111. La propuesta fue acogida con cierto interés por la dirección inquisitorial y también por los inquisidores de Palermo, aunque su opción no planteaba un traslado, sino la duplicación de las sedes. Finalmente, el asunto fue desestimado ante la evidente “falta de renta para sostenerse [en Mesina], sin perjudicar al de Palermo”. La Inquisición mantenía así su preferencia por Palermo, a pesar de la falta de predisposición virreinal para solventar su traspaso a “las casas del Hostier con las vecinas del Patrimonio, donde al presente están las aduanas”, tal y como había quedado dispuesto en $1 5 9 1 ^ { 1 1 2 }$ .
En septiembre de 1598 moría Felipe II y el tribunal seguía padeciendo “mucho de reputación y de causas en estar como estamos y hemos estado después de la ruina del castillo”113. Cierto es que el duque de Maqueda había empezado a dar pasos al respecto, tras haber ordenado el traslado al palacio real del tribunal del Patrimonio que hasta entonces ocupaba un espacio del palacio Steri114. Con todo, no fue hasta noviembre de 1600 cuando el virrey dio aviso del recibo del real despacho “para dar casa a la Inquisición” e iniciar las obras necesarias para acomodarla en el palacio Steri115.
Tan ansiada noticia fue agridulce para el tribunal que no consiguió un espacio absolutamente propio, al continuar la Aduana, su personal y archivos en una parte del edificio que se les había concedido116. Aun así, la urgencia por efectuar el traslado explicaría que se aceptase tal situación y que la toma de posesión de la que iba a ser su nueva y definitiva sede en Palermo, a finales de julio de 1601, se hiciera sin haberse concluido las obras de adecuación del edificio a las necesidades básicas del tribunal. De hecho, los reos permanecieron en Castello a mare al menos hasta $1 6 0 9 ^ { 1 1 7 }$ , mientras se construían los nuevos espacios carcelarios en el recinto del palacio Steri: una cárcel de la penitencia, que sería también de familiares, y las cárceles secretas “fabricadas en parte que solía ser jardín”118. Desde el “corredor de abajo” de ese último recinto se tendría acceso a una escalera que llegaba hasta el archivo del secreto en el edificio del palacio y también hasta la torre que los inquisidores denominaban de Esther, donde se dispondría de otro espacio para “cárcel de este tribunal que también sirve para las causas de fe, cuando no bastan los dos corredores de las cárceles secretas”119. Ese ámbito de la torre podría corresponderse con el que distintas fuentes denominan como cárceles filipinas al haber quedado dispuesto por real orden que algunas de las celdas que se construyesen en el palacio, en concreto aquellas situadas “in alto, accanto all´orologio del Vochi”, fuesen destinadas a reos de estado120. El palacio inquisitorial serviría, de hecho, para retener a reos de lesa majestad y a partir de la década de los 80 también de reos del Tribunal de la Monarquía que por orden virreinal cumplirían sus sentencias en las cárceles de la penitencia121.
CONCLUSIONES.
La Inquisición solo consiguió un palacio en Palermo cuyo prestigio se adecuase a sus expectativas de dignidad y reputación tras un periplo de desalojos y reubicaciones que se inserían en conflictos y negociaciones directamente relacionados con los procesos de definición y reconfigurando de las posiciones de autoridad y preeminencia de los ámbitos políticoinstitucionales de la ciudad, del reino de Sicilia y de la Monarquía. La competición por determinados edificios en el espacio urbano palermitano se evidencia así como una expresión más de las controversias sostenidas por la representación pública del poder y la jerarquía entre autoridades y grupos de poder locales y supralocales. Una pugna que tensionó a la sociedad urbana y en la que se proyectaron no solo dinámicas entabladas en la isla sino también en la corte regia.
Justo cuando la Inquisición de Sicilia lograba su residencia definitiva en Palermo, su posición era definida como “di grandissima autorità, confidenza et grandezza, poi che non riconosce per superiore il vicerè”122. Sin embargo, el jurisdiccionalismo inquisitorial que había impulsado el proyecto confesional filipino había entrado en declive frente a una nueva concepción de gobierno apoyada en “instrumentos de articulación del poder real más flexibles, más políticos, por tanto, menos judicialistas y más informales”. Así, “los Inquisidores generales quedaron a la sombra del valido colegiado - las juntas-, mientras que en los ámbitos locales los tribunales del Santo Oficio fueron desplazándose a una posición subordinada, situándose como un instrumento de las autoridades de la corona”123. En el caso de Sicilia, la Concordia de 1597 podría considerarse expresión de tales concepciones, como también la real disposición de mantener espacios a disposición de la autoridad regia en el palacio Steri, donde se ubicó definitivamente al tribunal inquisitorial de Palermo.
Perdida la batalla por la preeminencia, la Inquisición siciliana se concentró en la defensa del marco jurisdiccional y los privilegios que sustentaban su autonomía y reivindicada centralidad en la Monarquía “no sólo en lo principal de mantener la pureza de la fe, sino que de aquí resulta por un modo harto exquisito mantener también la paz del Estado y la subordinación debida al príncipe y magistrados”124. En idéntico sentido, el tribunal defendería su imprescindible presencia en Sicilia por ser
“tan provechosa y útil cuanto ha mostrado la experiencia en muchos casos y especialmente en las conmociones populares, en la última ya se sabe y es notorio que en este rincón se trazó el remedio y que estas cuatro paredes fueron sólo seguro asilo a los leales y de aquí salieron capitaneados de un inquisidor a destruir los traydores, como se consiguió con tanta felicidad como justicia…” 125.
Se referían con esto los inquisidores a su protagonismo en la resolución de los accidentes de Palermo en 1647, para añadir que “el fundamento de este muro de la fe es el respeto, veneración y temor de los súbditos y esto se conservaba con la autoridad de los ministros que lo componen y si ésta no se la dan los que gobiernan –cuyas acciones son ley para todos- flaqueará el edificio por el fundamento” 126.
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