Negociación, consenso y comunidad política en la fundación de ciudades en Castilla del Oro en el temprano siglo XVI.
Negotiation, consensus and political community in the foundation of Castilla del Oro’s early Sixteenth century cities.
Resumen: La fundación de ciudades es un tema clásico de la historiografía sobre la América hispánica. Sin embargo, la interpretación se ha movido tradicionalmente sobre los ejes de la centralidad de las normas e instrucciones de la Corona y la importancia de los gobernadores y capitanes en la puesta en marcha de las nuevas ciudades. En este artículo, centrado en la región de Castilla del Oro (actual Panamá) a comienzos del siglo XVI, se ofrece una alternativa a esas narrativas, poniendo el foco en el papel jugado por la comunidad política en la gestión de la legitimidad de las fundaciones. Además, se enfatiza la importancia de las prácticas políticas sobre las teorías y las instrucciones para la negociación con los pueblos indígenas de los lugares de asentamiento y el traspaso de poder. En conclusión, este artículo aspira a construir una narrativa que escape a la dicotomía centro/periferia para explicar la creación de los espacios políticos de la Monarquía Hispánica, para centrarse en las prácticas cotidianas y explorar los límites de la flexibilidad del sistema político castellano.
Palabras clave: ciudad, jurisdicción, poder, práctica política, comunidad.
Abstract: City foundation is a classic topic of Spanish American historiography. However, the approach to this theme has traditionally been focused on the centrality of norms and instructions from the Crown and the main role played by governors and captains in the creation of new cities. This paper, that deals with Castilla del Oro (roughtly present-day Panama) in the early 16th century, offers an alternative to those narratives, by focusing on the role played by political communities in the negotiation of the foundation’s legitimacy. In addition, this work emphasizes the importance of political practices over theories and instruction for the negotiation with the indigenous inhabitants of the settlement places and the transference of power. In conclusion, this article aspires to build a narrative that breaks with the center/periphery dichotomy to explain the creation of political spaces in the Spanish Monarchy and to explore instead everyday practices as well as the limits to the Castilian political system´s flexibility.
Keywords: city, jurisdiction, power, political practices, community.
Sumario: Introducción; Las bases teóricas de la fundación; Negociación y Viabilidad; Legitimación a través del consenso; Conclusiones; Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
En prácticamente cada ciudad de América Latina se puede encontrar una estatua, calle o monumento que recuerda a su fundador, típicamente uno de los primeros conquistadores cuya labor fundamental consistió en asentar una población en un territorio nuevo. La mitificación del fundador individual y heroico ha calado de manera profunda en la memoria colectiva tanto de las ciudades latinoamericanas como en muchas ocasiones también en la Península Ibérica. Esta tendencia ha tenido también el resultado de asentar la importancia de las ciudades como elementos estructurales de la organización territorial y política del Nuevo Mundo. La fundación de ciudades ha sido tradicionalmente interpretada como la labor puntual y casi solitaria de un jefe de expedición quien, siguiendo normas concretas de la Corona -a través de las capitulaciones individuales firmadas entre esta y los respectivos capitanes o de instrucciones emitidas a tal efecto- asentaría sobre el territorio una nueva ciudad1 .
Esta interpretación ha reforzado de manera sistemática el carácter centralizado de la empresa castellana en el Nuevo Mundo y, con ello, la tendencia a considerar las Indias como un espacio de expansión protoestatal de la Monarquía Hispánica2 . Sin embargo, como se verá en las siguientes páginas, la fundación de ciudades conllevó algo más que la mera reordenación de la sociedad y el espacio del Nuevo Mundo3 . La fundación de nuevas villas o ciudades tiene una lectura profunda en clave constitucional en cuanto afectó a la creación, gestión y distribución del poder que permiten exponer una alternativa a la lectura unidireccional y centralizada del poder castellano en Indias4 . De hecho, el propio concepto de ciudad tradicional castellano y europeo se vio alterado de manera profunda en el otro lado del Atlántico para convertirse en una realidad política más dúctil y práctica5 . Por otra parte, la fundación de ciudades no fue un hecho en absoluto individual, si no que requirió de la construcción de una comunidad cuyos miembros se erigían en sujetos políticos cuyas decisiones tenían implicaciones de largo alcance y que afectaban a la propia naturaleza del sistema político. La participación de la comunidad como elemento clave de la fundación, por encima de las decisiones individuales del capitán o el gobernador, es la única manera de que la ciudad pudiese estar políticamente legitimada. De esta forma, las ciudades del Nuevo Mundo alcanzaron un alto grado de independencia y capacidad de maniobra, que desarrollaron muy temprano una gran capacidad para negociar sus privilegios a través del envío de procuradores a la Corte. Estas pequeñas “repúblicas urbanas” - como a menudo se referían a sí mismas en sus comunicaciones con la Corona6 - de pocos vecinos y con apenas capacidad de supervivencia, se convirtieron en los pilares sobre los que se asentaba el poder de la Corona en el Nuevo Mundo durante las primeras décadas de la presencia castellana7 . El poder de las ciudades se justificaba principalmente por su capacidad para extender y ampliar el estilo de vida urbano encapsulado en los principios de la policía y que debía, necesariamente, extenderse hacia los indígenas. No en vano, según los principios que regulaban la acción castellana en el Nuevo Mundo basados en las bulas de concesión, la conversión religiosa debía ser prioritaria, aunque en la práctica esta debía ser precedida de una conversión a la buena policía8 . Además, la fundación no fue un acto puntual que consistió en el levantamiento del acta y el asentamiento en el territorio. En cambio, la fundación fue un proceso en el que se sucedieron diversas fases y que necesariamente contaba con la negociación con las poblaciones indígenas y la adaptación al territorio de las premisas teóricas9 .
Las indicaciones teóricas de la Corona para dirigir la fundación de ciudades no se sistematizaron hasta la emisión de las Nuevas ordenanzas de descubrimiento, población y pacificación de la Indias en 1573. Para entonces, la mayoría de las grandes ciudades del Nuevo Mundo ya estaban fundadas. Lo que esas instrucciones recogían era, por lo tanto, el registro escrito de las prácticas llevadas a cabo sobre el terreno por los protagonistas, adaptando y negociando con los recursos a su disposición. No obstante, esas instrucciones han actuado como un manual sobre el que se han apoyado multitud de estudios clásicos sobre la forma en la que se fundaban y organizaban las ciudades del Nuevo Mundo. Sobre el terreno, sin embargo, la flexibilidad que caracterizaba el sistema político de la Monarquía Hispánica permitía un gran margen de maniobra a los actores implicados en los procesos10. La anteposición de los hechos a la legalidad implicó que el sistema tuviera que adaptarse y readaptarse constantemente. La permanencia del poder castellano en el Nuevo Mundo durante tres centurias se podría explicar a través de esa constante readaptación a las circunstancias, que tiene su origen en las vías de ocupación y creación de los espacios políticos a través de la fundación comunitaria de ciudades. La fundación de ciudades agrandaba el poder real por agregación de jurisdicciones, de manera que cada una de las poblaciones resultaba fundamental para el sostenimiento de la Corona en el Nuevo Mundo. Por otra parte, la recompensa a la que aspiraban los participantes en las fundaciones a través de la presentación de sus méritos para recibir mercedes por parte de la Corona sancionaba el equilibrio en el que se asentaba la Monarquía11. En consecuencia, en la multitud de las ciudades se consolidaba la grandeza de los reyes, pero no sólo de los reyes12.
Asentado sobre el caso concreto de Castilla del Oro (actual Panamá), este artículo aborda la complejidad del proceso del asentamiento de poblaciones en el Nuevo Mundo. En esa región, se fundaron 5 ciudades duraderas en el plazo de 12 años, entre 1510 y 1522. Cada una de ellas - Santa María del Antigua del Darién, Acla, Nombre de Dios, Panamá y Natá13- se fundó de una manera distinta y aplicando medidas diferentes para cada situación particular. Tanto la negociación del asentamiento con los indígenas como la gestión de su legitimidad de cara a la Corona encontró caminos diversos en estos casos, que se alejan tanto de los planteamientos teóricos tradicionales como de una supuesta centralización de las decisiones en manos de la Corona o sus oficiales14. La fundación de ciudades ofrece, en consecuencia, un escenario particularmente rico desde el cual observar la manera en la que se creó y desarrolló una cultura política propia del Nuevo Mundo, heredera de la tradición europea, pero construida a través de experiencias, dinámicas y circulación de información propia15.
Con ejemplos tomados de los casos de Castilla del Oro, en las siguientes páginas se analizará, en primer lugar, la importancia de las ciudades en el entramado de construcción de los espacios políticos a través de la doctrina y la teoría, para explicar, a partir de ahí, cómo se sortearon los presupuestos teóricos a través de la negociación y adaptación sobre el terreno. Las negociaciones con los indígenas para la instalación de los primeros asentamientos garantizarían, por un lado, la viabilidad de los mismos mientras que, posteriormente, la resolución de los conflictos jurisdiccionales entre los castellanos y su apelación a la Corona ofrecerían la legitimidad necesaria para ejercer el poder en el territorio. Por último, se valorará la importancia del acuerdo comunitario para el asentamiento y los juegos de gracia y merced derivados de la participación individual en la empresa colectiva de fundación. Partiendo de estas premisas, en las siguientes páginas se ensayará una aproximación “desde abajo” al fenómeno de la construcción de los espacios políticos en el Nuevo Mundo, previa a la instalación de las audiencias y virreinatos y, en concreto, a la creación del poder a través de la fundación encadenada de comunidades urbanas16.
1. LAS BASES TEÓRICAS DE LA FUNDACIÓN.
La ocupación del espacio americano por parte de los castellanos se produjo a través de la agregación de jurisdicciones. El propio concepto de agregación resulta clave para comprender el equilibrio en el que se fundó el sistema de la Monarquía Hispánica y la lógica que amparaba las acciones de los protagonistas17. En primer lugar, se trataría de construir un espacio político a través de la creación de espacios de poder y, a continuación, cada espacio se agregaba entre sí para configurar un entramado jurisdiccional de rango mayor. Esta es la principal variante que presenta el caso de Castilla del Oro en las dinámicas de agregación a la Monarquía Hispánica. Los espacios que se habían de adherir a la Monarquía debían ser previamente creados y dotados de una entidad jurídica, puesto que previamente no existían como tal, de la manera en que sí lo podían hacer otros como el ducado de Milán o el reino de Nápoles. En el caso de las Indias, los espacios políticos debían ser creados desde cero, a través de la constitución de comunidades políticas cohesionadas que construyeran y ejercieran el poder. Este poder se ejecutaba y defendía a través de la capacidad de las poblaciones para establecer relaciones pacíficas con los indígenas, reconceptualizando con ello el propio concepto de jurisdicción, más allá de la mera ejecución de la justicia hacia un significado de la misma basado en interacciones sociales en el nivel local18. No en vano, al describir el sistema político del Nuevo Mundo, Solórzano y Pereira construyó su discurso sobre la base de los municipios, sobre los cuales el rey tuvo que nombrar un gobernador o corregidor con el fin de que administrase justicia19. El Inca.
Garcilaso, al valorar el gobierno de Gonzalo Pizarro apuntaba que éste sólo se había llegado a ser gobernador porque las ciudades le habían aupado a ello20. La realidad política del Nuevo Mundo, por lo tanto, se había construido desde abajo, a través de la constitución de comunidades urbanas que había asentado el poder antes de la configuración de las instituciones centralizadas de gobierno.
La tratadística de matriz aristotélica había definido ya los principios, tomados de la oeconomía, según la cual la organización política de la sociedad seguiría el mismo patrón que la de la casa y que beben de la misma lógica agregativa21. A comienzos del siglo XVII, Diego Pérez de Mesa describió este proceso de una manera clara, especificando que cada una de las partes no perdería su naturaleza ni su especificidad al integrarse en otra de mayor rango: “cualquier todo que en sí contiene e incluye otros todos, es más principal que ellos, pues los contiene como partes que al todo principal se ordenan”22. Jerónimo Castillo de Bovadilla definiría el escalafón completo de la organización social a finales del siglo XVI “como quiera que juntándose casas con casas, y familias de hombres particulares a otras, vienen por sucesión de tiempo a poblarse y edificarse, y componerse aldeas, villas, ciudades, provincias, reynos e imperios”23. Según estos principios, por lo tanto, la sociedad no sería otra cosa que la agregación de casas y su gobierno debería seguir las mismas líneas básicas. En cuanto a los principios teóricos sobre los lugares más convenientes para fundar poblaciones apenas habían variado desde época romana, cuando fueron descritos por Vitrubio, continuadas en el Renacimiento por Alberti. Buen aire y buenas aguas eran la piedra angular de cualquier nueva fundación urbana, pues afectarían tanto a la sanidad como al carácter de sus habitantes según las teorías arquitectónicas de tradición vitrubiana24.
Las instrucciones de la Corona a los primeros capitanes y gobernadores de la región que más adelante se llamaría Castilla del Oro seguían de manera inconcreta estos planteamientos, tanto los referidos a la constitución política del reino como los relativos a la disposición de los asentamientos. En 1508, las capitulaciones firmadas entre la Corona y los capitanes Ojeda y Nicuesa les indicaban que debían fundar, a su costa y misión, dos fortalezas cada uno, “labradas y con los cimientos de piedra y lo otro de tapia, de tal manera que se puedan bien defender de la gente de la tierra”25. Las capitulaciones, por lo tanto, estaban en parte destinadas a la permanencia en la tierra e incluso ofrecían ciertos beneficios fiscales a aquellos que se asentasen en los territorios conocidos entonces como Veragua y Urabá26.
La llegada de la gran armada de Pedrarias Dávila al istmo de Panamá en el verano de 1514, lo hacía acompañada de otra serie de instrucciones, en esta ocasión algo más completas, sobre la necesidad de fundar poblaciones. Tras poner nombre a la tierra, el gobernador debería comenzar a actuar efectivamente sobre ella, eligiendo los asentamientos de acuerdo a una planificación racional y atendiendo a las necesidades básicas que, según las teorías clásicas, debían cumplir las poblaciones de nuevo cuño: “lo primero es ver en cuántos lugares es menester que se hagan asientos en la costa de la mar para se guardar la navegación y para más seguridad de la tierra (...) y que sean de buenas aguas y de buenos aires y cerca de montes y de buena tierra de labranza y de estas cosas las que más pudieran tener”27. Una vez garantizada la salubridad del entorno y su adecuación para la vida comunitaria, el rey encargaba al gobernador que comenzase la construcción y organización de la ciudad. Este proceso debía cumplir con unas pautas racionales. Así lo expresan las instrucciones:
“...escogido el sitio más provechoso y en que incurren más de las cosas que para el pueblo son menester, habéis de repartir los solares del lugar para hacer las casas y éstos han de ser repartidos según las calidades de las personas y sean de comienzo dados por orden, por manera que hechos los solares, el pueblo parezca ordenado, así en el lugar que se dejare a la plaza, como en el lugar en que el hubiere la iglesia, como en la orden que tuvieren las calles, porque en los lugares que de nuevo se hacen, dando la orden en el comienzo, sin ningún trabajo ni costa quedan ordenados y los otros jamás se ordenan”28.
Tanto unas instrucciones como otras se centraban en los aspectos más superficiales de la fundación de las nuevas poblaciones y no atendían a los problemas que estas se podrían encontrar y, sobre todo, a la necesidad de actuar sobre el terreno para asegurar la viabilidad operativa de los asentamientos y la legitimidad de las acciones políticas de las mismas. Ambos procesos estaban relacionados y requerían tanto de un conocimiento de las circunstancias sobre el terreno como de los resortes políticos y jurídicos necesarios para asegurar la legitimidad de las acciones.
2. NEGOCIACIÓN Y VIABILIDAD.
El respaldo, siquiera tácito, de las poblaciones indígenas que habitaban en el territorio resultada imprescindible para la viabilidad de los nuevos asentamientos. Por lo tanto, la presencia castellana y el asentamiento de las poblaciones no se basaba exclusivamente en los recursos tradicionalmente valorados como la lectura del Requerimiento en aplicación de las bulas de posesión o con el cumplimiento del Tratado de Tordesillas. Estos tratados y recursos jurídicos habían regulado la titularidad de los nuevos territorios a gran escala y en un plano teórico, basados principalmente en la responsabilidad de los reyes, delegada del Papa, en la conversión de los indígenas. No obstante, la realidad sobre el territorio obligaba a los actores a tomar decisiones y encontrar soluciones diversas a problemas complejos. Por supuesto, el recurso a la violencia y la guerra estuvo presente en todo momento en las negociaciones, a menudo de forma latente, si bien no fue siempre la única fórmula puesta en marcha por los castellanos para asentarse sobre los territorios de Castilla del Oro. Los debates en torno a la licitud de la conquista desarrollados en Burgos en los años 1508 y 1512 tampoco dejaron cerrada la cuestión de la licitud de la presencia castellana en el Nuevo Mundo29. Tampoco funcionaron los recursos simbólicos de apropiación como el cambio de nombre de los nuevos lugares, con los cuáles se suponía quedarían vacíos y sobre los que se podría construir nuevas realidades30. De hecho, entre los intentos de fundación de los castellanos en Castilla del Oro, de los cinco que se mantuvieron de manera estable, cuatro de ellos -Santa María del Antigua del Darién, Acla, Panamá y Natá- recibieron nombre indígena o, al menos, fueron fruto de una fusión entre ambas tradiciones. Aquellos que no intentaron una fusión, siquiera simbólica, con el nombre original indígena, no tuvieron éxito, como fue el caso de Santa Cruz y de Fonseca Dávila31. La manera de articularse el asentamiento del poder urbano fue a través de múltiples procesos simultáneos a ras de suelo en los cuales se peleó, negoció o transaccionó la posibilidad de crear nuevos asentamientos, a menudo a través de matrimonios mixtos o de la creación de flujos comerciales interculturales32. La destrucción de la villa de Santa Cruz en 1515 había puesto sobre aviso a los castellanos de que, sin granjearse buenas relaciones con los indígenas, no sería posible ni asentar ni mantener ninguna población.
En el caso de Acla, fundada en la costa norte del istmo a finales de 1516, el gobernador Pedrarias Dávila se aprestó a resolver un conflicto entre el cacique Careta y uno de sus indios principales. Uno de los indios principales del cacique Careta estaba “alçado y no quería obedeçer al caçique”. Pedrarias le hizo llamar e intermedió en su reconciliación. Inmediatamente después, “en señal de quedar por verdaderos servidores y vasallos de V. A.”, entregó al cacique un estandarte de los reyes de Castilla que este cogió y, según el relato, “alçó en nombre de todos por verdaderos vasallos”33. De esta forma, el gobernador se mostraba como una autoridad frente a los indígenas y, además, construía el relato de que el traspaso de poder había sido pacífico y no fruto de una conquista violenta. Entre las diferentes vías de agregar un nuevo territorio al cuerpo de la Monarquía, la adhesión pacífica y voluntaria tenía mayor valor tanto legal como simbólico que la conquista por la fuerza34. En este sentido argumentaría años después.
Solórzano Pereira al calibrar la licitud de la presencia castellana y advertir que “los mesmos indios voluntariamente se allanaron en querer tener, i reconocer por reyes, i dueños soberanos i absolutos suyos, a los de España, i de ello hizieron repetidos geminados, i jurídicos autos en varios tiempos”35. El relato del acuerdo formal entre Pedrarias y el cacique de Acla, durante el cual éste recibió la bandera de los reyes castellanos, establecía una cadena de legitimidad entre el anterior depositario del poder, el cacique, y los nuevos detentadores, los castellanos, que formaba parte de una estrategia habitual para alcanzar el poder de manera pacífica36. Un acto formal –la entrega de la bandera por parte de Pedrarias al cacique- reflejaba de manera simbólica el discurso político con el que los castellanos buscaban apuntalar su legitimidad en el Nuevo Mundo. Este gesto de legitimación venía a reforzar, de manera tangible y sobre el terreno, las bases teóricas originales que se sustentaban en las bulas de Alejandro VI, pero que precisaban de un apuntalamiento continuo sobre el territorio para ser verdaderamente efectivas. A partir del momento en que se produjo la supuesta transferencia de poder, el terreno quedaba libre para la fundación de la nueva villa de Acla. La expedición que acompañaba a Pedrarias había construido una fortaleza, pero sólo después del episodio del estandarte estuvo en condiciones de fundar la “gran ciudad” a la que aspiraba. Para ello envió a Vasco Núñez de Balboa a “acabar e fenecer el pueblo de esta villa de Acla e la fortaleza que yo en él dejé comenzada”37.
La toma de posesión de un nuevo territorio debía ir acompañada de actos de legitimación, entre ellos la fundación de una ciudad. Esos actos debían contar con el conocimiento del territorio y la realidad social y política del entorno. La zona sobre la que se fundó la ciudad de Panamá -la fecha oficialmente reconocida es el 15 de agosto de 1519- se comenzó a explorar en una expedición comandada por Gaspar de Espinosa en los años $1 5 1 5 { \mathrm { ~ y ~ } }$ 1516. Previamente, esa región junto a la de Coiba, le había sido concedida como gobernador a Vasco Núñez de Balboa tras el viaje en el que avistó por primera vez la Mar del Sur en septiembre de 1513. Panamá y Coiba eran descritos de manera vaga como parte de “la Tierra Nueva de aguas vertientes a la Mar del Sur que es desde lo alto de las montañas e sierras que responden a la parte del norte sobre la costa de Veragua y de las vertientes de las dichas montañas y sierras hacia la mar del sur”38.
Ambos, Balboa y Espinosa, habían entrado en contacto con los pueblos indígenas de la zona y tomado conciencia de la realidad de los conflictos locales. En concreto Gaspar de Espinosa, veterano poblador de la región, en su largo viaje por la costa sur el Istmo, pudo participar en los conflictos internos entre los caciques, pactando con unos y mostrándose hostil con otros. En su expedición fue la primera vez que se utilizó el recurso al requerimiento, ideado años antes por Juan López de Palacios Rubios, pero en su viaje no se limitó a cumplir con este protocolo, si no que actuó de manera más imaginativa y tomando decisiones autónomas. Por ejemplo, llegado a los territorios del cacique Chame, cercano al lugar de fundación de Panamá, fue informado de que este había sido colaborativo con una expedición previa de castellanos. En consecuencia, “en remuneración de aquella buena obra, sin embargo de la guerra que les había hecho, di por naborías los indios que allí se habían tomado; e los solté todos e los envié al cacique con una carta e mandamiento mío para que cuando viniesen por allí otros cristianos que habían de venir, mostrando en él, no les harían mal ninguno”39. En contraste, el cacique de Tubanamá fue represaliado por haber participado en la destrucción del fuerte de Santa Cruz unos meses antes. Espinosa, por lo tanto, se había involucrado en los conflictos internos entre los cacicazgos, tomando partido por unos y castigando a otros. Este conocimiento y participación en la realidad social y política de los habitantes de la región permitiría tomar decisiones sobre los lugares más propicios para poblar. La información recogida por Espinosa permitiría a Pedrarias Dávila afirmar, para dirimir su conflicto jurisdiccional con Vasco Núñez de Balboa relativo a la autoridad sobre los territorios de Panamá que “Aquí por provincia”, decía, “entendemos los límites de un cacique” y no algo diferente40.
La ciudad de Panamá, por lo tanto, no se fundó sobre la nada, si no más bien fue una adaptación de lo que se consideraba una provincia indígena. La transformación implicaba la alteración jurisdiccional del espacio y su inclusión dentro de la estructura política de Castilla del Oro. Las fronteras que se fijaron para marcar la jurisdicción de la nueva ciudad y, en general, de todas las ciudades del istmo, reflejaban la adaptación de las estructuras políticas y sociales de los cacicazgos para dibujar sobre ellas el nuevo mapa jurisdiccional de Castilla del Oro.
Tanto el acta de fundación de Natá en 1522 -único que se conserva para una ciudad del Istmo- como los distintos documentos en los que se negociaron los límites jurisdiccionales de cada una de las poblaciones, ofrecen la imagen de la gobernación como un puzle de jurisdicciones en los que cada pieza encajaría con la anterior, sin ningún espacio intermedio entre ellas41. Así, poco después de su fundación, un procurador se aprestó a negociar los límites de la ciudad de Panamá. Estos serían, por el este, “las provincias de Chepavera e Pacora e Chepo hasta donde se parte tierra e términos de la provincia de Chepo con Tubanama”. Por la parte norte “desde la dicha provincia de Chepo toda la tierra e provincyas que son en las aguas vertientes a la mar del sur hasta la provincia del cacique que se dice Atarachirubi”. Como la población de Nombre de Dios estaba hacia el norte, ante su posible crecimiento se debían anticipar los límites que incluirían la partición de las provincias de Juanaga y Pequeamichagre, una mitad pertenecería a los términos de Nombre de Dios y la otra a Panamá, incluyendo así la provincia de Chagre “que los cristianos llaman el caçique Viejo”42. Apenas dos años más tarde esos límites serían refrendados por otros procuradores, reforzando la adaptación -y, en cierto modo, simplificación- de los cacicazgos tradicionales a las nuevas realidades políticas43.
El acta de fundación de Natá, por su parte, incluía desde el comienzo los límites que esta ciudad debía tener. En este documento se recogían referencias de los cacicazgos indígenas para sus límites. Por el oeste hasta la provincia “que se dize de Güera y Tuclagala, Tanguria” porque esos términos se reservaban para la posible nueva fundación en la provincia de Chiriquí. Dentro de los límites de Natá por el oeste quedaban, sin embargo, “la provincia de Pera, Churuta, Cutay, Pacate, Tebasara y Terenza”. La parte sur quedaría marcada por la inclusión de la provincia de Chirú pero la exclusión de la de Güera aunque sí se incluían 50 leguas de mar del norte “con todas las islas y puertos que se incluyeren”. El límite por el este lo marcaría la provincia del cacique Chacome o, lo que era lo mismo, “los términos de la ciudad de Panamá”. El texto del acta insistía en considerar que, si alguno de los cacicazgos atravesase los términos que se estaba definiendo para las nuevas poblaciones, “en tal caso la provincia y cacique quede por términos de la ciudad (...) partiéndose de la manera y por el paraje que dicho estuviere”44. Los castellanos, al definir los límites de sus poblaciones, contribuyeron a reedificar las estructuras de los cacicazgos y sus propias fronteras, interpretándolas como jurisdicciones estables y soslayando los movimientos regionales y el dinamismo de muchos de los grupos indígenas. En todo caso, sin un cierto interés y adhesión tácita de ciertos sectores de la sociedad indígena en el istmo, no habría sido posible la definición de unos límites jurisdiccionales que, si bien contestados sistemáticamente, comenzaban a definir un espacio político mixto – castellano e indígena- en Castilla del Oro.
3. LEGITIMACIÓN A TRAVÉS DEL CONSENSO.
La legitimidad de las fundaciones, una vez decidido y negociado el espacio frente a las poblaciones indígenas, pasaba por encontrar las fórmulas para garantizar la continuidad de la comunidad política en el territorio. Como ya se ha mencionado, capitanes y gobernadores cargaban con la autoridad concedida por la Corona y con una serie de instrucciones a menudo imprecisas sobre la forma de llevar a cabo las fundaciones. Sin embargo, esa autoridad no resultaba suficiente crédito y era necesario generar consensos que emanasen de la acción de la propia comunidad, constituida en cuerpo político a través de la creación de regimientos y cabildos. La legitimidad emanada de la comunidad política local sería, posteriormente, acatada por las autoridades intermedias y, a su vez, por la Corona.
Vasco Núñez de Balboa llegó a la costa norte del istmo de Panamá como polizón en la expedición comandada por el bachiller Enciso en busca de los supervivientes del viaje de Alonso de Ojeda por aquellas costas45. Al desembarcar en la región, Balboa se hizo con el control de la situación -en base a su conocimiento previo del territorio y la región- y, desobedeciendo las órdenes de Enciso, ordenó desembarcar. La lógica de Balboa era que, desaparecido Ojeda, las capitulaciones por él firmadas habían dejado de tener efecto y Enciso no podía reclamar su autoridad. La legitimidad del desembarco ya no recaía en la figura de Enciso pues su autoridad había cesado y se requería de una nueva legalidad que debería emanar de los hechos y no de las normas. Un grupo de 20 miembros de la expedición hizo “monipodio” en contra de Enciso para apresarlo con el plan de acomodarlo en el primer barco que pasase hacia La Española46. Este vacío de autoridad fue rápidamente llenado por la constitución de la villa de Santa María del Antigua del Darién cuyo primer regimiento nombró por alcalde mayor y capitán al propio Vasco Núñez de Balboa. De esta manera, Vasco Núñez de Balboa se sometía formalmente a la autoridad del cabildo, que pasaba a ser el único órgano capaz de tomar decisiones en ese terreno, sustituyendo la autoridad emanada de las capitulaciones y dando arranque a una nueva legalidad cuya autoridad principal era el cabildo. La creación del cabildo y la sustitución de la autoridad de Enciso por la del nuevo pueblo ha sido descrito de manera anacrónica como un “golpe de estado” pero que fue considerado por la Corona como un acto de rebeldía sin precedentes4.
Sin embargo, consciente de la dudosa legalidad de sus acciones, el cabildo de Santa María decidió ampliar su base de legitimidad a través de diversos hechos que pudiesen servir como justificación. En primer lugar, ante la insistencia de un grupo de vecinos en hacer llegar a Diego de Nicuesa como gobernador en virtud de su propia capitulación, la mayoría del pueblo se reunió y ejecutó un pacto en la iglesia de la población para no recibirle como gobernador48. El pacto tuvo éxito y a su llegada a Santa María de la Antigua del Darién, Nicuesa fue “recibido como hombre extranjero” y pronto tuvo que salir de la villa49. Nicuesa acató formalmente la voluntad popular, pues “que estáis aquí todos, como me enviasteis a llamar e vine a vuestra petición, y me tornáis a decir que me torne, y luego me volveré”50.
Fue en ese contexto en el que se planeó y ejecutó el tránsito a través del istmo para el avistamiento y toma de posesión simbólica de la Mar del Sur, el Océano Pacífico, en septiembre de 1513. La consecución de un deseo largamente deseado por la Corona iba a resultar un acicate fundamental para legalizar la supuesta usurpación del poder por parte de Balboa. Tras este hecho, en el que participó un grupo numeroso de vecinos de Santa María, la situación volvió a cambiar. Pocos meses más tarde, en julio de 1514, llegaría a la población la gran armada comandada por Pedrarias Dávila como gobernador. Éste llevaba orden de apresar a Balboa tras las denuncias que Enciso había emitido contra él en la Corte y se le acusaba de traición y motín. Sin embargo, las noticias del descubrimiento de la Mar del Sur habían ya llegado a la Corte y Pedrarias había sido informado de la revocación de los cargos. En cambio, Pedrarias debería continuar con los descubrimientos hechos por el alcalde mayor de Santa María y “que le tratéis muy bien y favorezcáis” consultándole como experto “por la mucha experiencia que dello alla tiene”51. La Corona reconocía, a su vez, en la misma fecha, la labor de la comunidad y despachaba una cédula dirigida a los “alcaldes, regidores y omes buenos de la villa de Santa María de la Antigua del Darién” y, por tanto, promovía que a “los que aveys travajado con la obligacion y en lo del descobrir con Vasco Nuñez de Valvoa seays remunerados e gratificados e reçibais por ello mercedes”52. Pocos meses más tarde, Balboa sería a su vez nombrado adelantado de la Mar del Sur y gobernador, como ya se mencionó, de las regiones de Panamá y Coiba. Finalmente, las actuaciones sobre el terreno habían tenido el refrendo de la legalidad, pero había sido el ejercicio directo del poder sobre el territorio el que había ampliado esa legitimidad. La legalidad había sido posible gracias al ejercicio de la autoridad que la creación de un cabildo había hecho posible, ampliando con ello la legitimidad de las acciones sobre el terreno de los actores a través de la colectividad que fueron sancionadas, a hechos consumados, por la autoridad de la Corona.
La legitimación del poder provenía del consenso de todo el pueblo, ya fuera más o menos manipulado por el propio Balboa a su conveniencia53. En este sentido, lo que se estaba reactivando eran principios de gobierno tradicionales de la ciudad a través del “consensus populi”, que aparecía como uno de los resortes fundamentales de la práctica política desde tiempos medievales54. La Glosa de Gregorio López a las Partidas que, en el comentario a la segunda ley del segundo título de la primera partida, afirmaba que “el uso, para que de él pueda deducirse la costumbre, debe ser público. Se requiere, pues, que venga en su apoyo el consentimiento tácito del pueblo (tacitus consensus populi)”55. En un contexto de lejanía del monarca, la fuente más estable del poder debía ser la comunidad local, que se convertía en ostentadora de una serie de privilegios y guardiana de información clave para la Corona. Frente a la acusación de Enciso de haber usurpado las órdenes de la Corona, Balboa sólo podría responder con la legalidad que le había concedido el cabildo de Santa María. En el contexto de este pleito, Gaspar de Espinosa había salido al paso de las acusaciones hechas a Balboa frente a Enciso y Nicuesa aludiendo precisamente a que no había sido él, sino la colectividad, la que había decidido actuar. En carta al rey en noviembre de 1514, asegura que en lo de Nicuesa “todo el pueblo es culpante, pues le llamaron” y, por tanto, “de haber culpa no era únicamente de Vasco Núñez, sino de todo los que en ellos tomaron parte, constituyendo notoria injusticia que a él solo se le procesase por ellos, en tanto que a los demás se les honraba y favorecía”56.
El acuerdo comunitario en el Nuevo Mundo era la autoridad de la que provenía esa nueva legalidad. En la base de ese acuerdo, como se ha expresado, se encontraba la gestión de la información sobre el terreno y las posibilidades que esta abría para la gestión del poder. De esta manera, en función de la acumulación y la capacidad de manejar la información relativa a los pueblos indígenas y la geografía se reactivaba otro principio clave de la tradición política castellana, enunciado como “acátese, pero no se cumpla”. La lógica que se encierra detrás de este recurso era que, en situaciones de ausencia de un poder claro y contundente, los actores podían tomar una decisión basada en la información de la que dispusieran, aunque esta contraviniese las instrucciones expresas de la Corona o sus oficiales57. La toma de posesión del Pacífico actuó como un acicate fundamental para la legalización de la actuación previa de la comunidad de Santa María del Antigua y del propio Balboa, porque prometía un bien superior a lo que cancelaba. Frente a las posibilidades, políticas y económicas que abría para la Corona un nuevo océano, el incumplimiento de los contratos firmados previamente significaba un mal menor. De esta manera, al legalizarse formalmente la actuación del cabildo de Santa María, se daba pie también a la sucesión del resto de fundaciones del istmo y a la homogeneización del espacio político de Castilla del Oro, puesto que de esa primera fundación se desgajaron el resto. En palabras del hijo del bachiller Enciso, Rodrigo de Rebolledo, de la fundación de Santa María de la Antigua del Darién “ha rredundado la poblaçion deste reyno”58.
El atesoramiento de información de los individuos y su participación como miembros de una comunidad política con capacidad de decisión sobre el terreno aseguraba a estos la posibilidad de reclamar a la Corona mercedes y privilegios por su presencia en ellos. La acumulación de información y experiencias y la posibilidad de transmitirla a la Corona ofrecía a los individuos la posibilidad de mantenerse y asegurarse un status social59. Por su parte, la Corona al mostrarse graciosa ante las demandas de los actores, garantizaba la lealtad de estos. No es, por lo tanto, sorprendente que muchos individuos presentasen en sus relaciones de méritos como principal reclamo el haber participado en la fundación de una o varias poblaciones en el istmo. Por ejemplo, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, tras su llegada en 1513 junto a Pedrarias Dávila, “le ayudaron a descubrir y conquistar la tierra desde el pueblo de Santa María del Antigua del Darién hasta los pueblos de Acla y el Nombre de Dios y de allí fueron en el descubrimiento de la Mar del Sur y allí ayudaron a poblar la ciudad de Panamá y la villa de Natá”60. Por su parte, Hernán Sánchez de Badajoz recibió un escudo de armas en 1540 por acreditar, como Pizarro y Almagro, haberse encontrado presente desde la llegada de Pedrarias Dávila a Castilla del Oro y haberle ayudado a “conquistar y pacificar y poblar la ciudad de Panamá y Natá y en Nombre de.
Dios y la villa de Acla”61. Los ejemplos se suceden, tanto de individuos que habían participado en la propia fundación como de aquellos que habían contribuido a que esta se mantuviese en el tiempo. Casarse en la población, llevar una vida maridable y mantener una casa poblada, lo cual solía llevar aparejada la gestión de una encomienda, contribuyendo con ello a la cimentación de la comunidad, se consideraba un mérito reseñable Gonzalo de Palma acreditaba en los años 70 del siglo XVI tener, desde finales de los años 40, “casas pobladas en la ciudad del Nombre de Dios y en esta de Panamá”, con los que contribuía a la supervivencia de ambas poblaciones62.
Estos hechos no sólo acreditaban a estos individuos como miembros de la Corona en tanto estaban agrandando la jurisdicción -y, por ende, el poder real- si no que también les ameritaba como piezas fundamentales para el mantenimiento de esas poblaciones. Su presencia experta y su voluntad de permanencia en esas ciudades mantenía con vida esos nuevos espacios políticos de reciente creación. La aparición de las fundaciones en las Relaciones de Méritos que se conservan relativas a Castilla del Oro contribuye a desdibujar la imagen mítica del fundador solitario y heroico e incide tanto en el carácter comunitario de las mismas como en la importancia que los individuos concedían a su participación en una empresa de ese calibre. El equilibrio del sistema se basaba en los resortes de flexibilidad con los que el propio sistema se había creado y que dependían, en última instancia, de la capacidad de los individuos para transmitir y ameritar el manejo de información y de la Corona con saber valorar y premiar esos méritos y fomentar que se continuasen realizando.
CONCLUSIONES.
A lo largo de estas páginas se ha intentado demostrar que la fundación de ciudades no fue un acto puntual llevado a cabo en exclusiva por un individuo que ostentaba el poder. En cambio, se ha mostrado que la fundación forma parte de un proceso complejo de ocupación del espacio en el cual participaron muy diversos actores. El peso de las instrucciones y las premisas teóricas en torno a los nuevos asentamientos era muy limitado y el resultado de los procesos dependía en gran medida de la capacidad de negociación y conocimiento del terreno de los protagonistas. La fundación, en consecuencia, en escasas ocasiones fue una renovación completa del espacio en el que se asentaba, más bien cabría hablar de una adaptación de referentes anteriores que daba lugar a unos espacios políticos de naturaleza híbrida. Tantos los nombres de las ciudades de Castilla del Oro como los referentes que delimitaron sus jurisdicciones ofrecen evidencia de esa necesidad de hibridación para conseguir la viabilidad de las nuevas fundaciones.
Los líderes de las expediciones o los cargos -gobernadores y capitanesnombrados por la Corona acumulaban mucho poder oficial. Sin embargo, este poder se debía ver respaldado por la comunidad política inmediata -es decir, por la comunidad local- para ser efectivo. La importancia de la proximidad era clave porque eran los actores más cercanos a la actividad política local aquellos que se relacionaban con las poblaciones indígenas y, en consecuencia, acumulaban y gestionaban más información acerca de las estas, los espacios naturales y sus formas de vida. El poder político, por lo tanto, se sostenía en la capacidad de los actores individuales de interactuar y negociar con las poblaciones indígenas. El sistema político de la Monarquía Hispánica, basado en última instancia en el flujo y el equilibrio de méritos y mercedes, se mostró en el Nuevo Mundo particularmente flexible para ser capaz de asentar y mantener el poder en muy poco tiempo y con pocos efectivos. La aplicación sistemática de los principios que permitían esa flexibilidad -singularmente el enunciado en la frase “acátese, pero no se cumpla”- es claro ejemplo de la capacidad de adaptación que permitía el sistema. La labor de Vasco Núñez de Balboa, por lo tanto, no se podría calificar de golpe de estado en tanto jugaba con los recursos que ofrecía el sistema y oponía a una legitimidad basada en las instrucciones oficiales una que se asentaba en las prácticas políticas, el manejo de la información y la legalidad emanada del consenso de la comunidad. La adaptación de estrategias, conceptos y categorías políticas tradicionales a las nuevas circunstancias -como el pacto político, el consenso o la flexibilidad jurídicageneró una cultura política nueva, que bebía de las fuentes tradicionales pero que contribuía a la generación de nuevas realidades políticas y escenarios de creación y mantenimiento del poder.
La legitimidad de la presencia castellana en el Nuevo Mundo no emanaba, por lo tanto, simplemente del centro de la Monarquía. En realidad, la Corona sancionaba y legalizaba a posteriori la legitimidad y el poder que surgía desde abajo a través de negociaciones e interacciones colectivas, tanto entre los propios castellanos como de estos con los pueblos indígenas. La Monarquía Hispánica, en conclusión, se puede entender como una agregación de ciudades, que a su vez formaban espacios políticos híbridos, que construían y, hasta cierto punto, compartían el poder político con el Monarca en sus territorios.
BIBLIOGRAFÍA.
AGUILERA ROJAS, Javier, Fundación de ciudades hispanoamericanas, Madrid, Fundación MAPFRE, 1994.
ALTOLAGUIRRE, Ángel, Vasco Núñez de Balboa, Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1914.
ÁLVAREZ RUBIANO, Pablo, Pedrarias Dávila. Contribución al estudio de la figura del ‘gran justador’, gobernador de Castilla del Oro $y$ Nicaragua, Madrid, CSIC, 1944.
ANDAGOYA, Pascual de, Relación y documentos, ed. Adrián Blázquez, Madrid, 1986.
ARAM, Bethany, Leyendas negras y leyendas doradas en la Conquista de América. Pedrarias y Balboa. Madrid, Marcial Pons, 2008.
BENTON, Lauren y STRAUTMANN, Benjamin, “Acquiring Empire by Law: From Roman Doctrine to Early Modern European Practice”, en Law and History Review, 28, 1, 2010, pp. 1-30.
BRENDECKE, Ardnt, The Empirical Empire. Spanish Colonial Rule and the Politics of Knowledge. Berlín, De Gruyter, 2016.
BRUNNER, Otto, “La ‘casa grande’ y la Oeconomía de la vieja Europa”, en Prismas, 14, 2010, pp. 117-136, (ed. or. 1956)
BÜHRER, Tanja, EICHMANN, Flavio, FÖRSTER, Stig y STUCHTEY, Benedikt (eds.), Cooperation and Empire. Local Relatities and Global Processes. Nueva York, Berghahn Books, 2017.
CAÑEQUE, Alejandro, “The Political and Institutional History of Spanish Latin America”, en History Compass, 11, 4, (2013), pp. 280-291.
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge, “The ‘Iberian’ Justifications of Territorial Possession by Pilgrims and Puritans in the Colonization of America”, en Idem (ed), Entangled Empires. The Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2018, pp. 161-177.
CARDIM, Pedro, Portugal y la Monarquía Hispánica (ca. 1550-ca. 1715), Madrid, Marcial Pons, 2017.
CASTILLERO, Alfredo, “«La ciudad imaginada» Contexto históricoemblemático y funcionalidad. Ensayo de interpretación de la ciudad colonial”, en Revista de Indias, vol. LIX, n. 215, 1999, pp. 143-169.
CASTILLERO, Alfredo, Sociedad, economía y cultura material. Historia urbana de Panamá la Vieja. Panamá, Patronato de Panamá Viejo, 2006.
CASTILLO DE BOVADILLA, Jerónimo, Política para corregidores $y$ señores de vasallos en tiempos de paz y de guerra. Ed. facsímil centro de estudios constitucionales, 1978 (or. 1597)
DE BENEDICTIS, Angela, Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna. Bolonia, Il Mulino, 2001.
DE BENEDICTIS, A.: Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna. Bolonia, Il Mulino, 2013.
DÍAZ, Jorge, “La configuración de la red urbana de Castilla del Oro, 1508- 1522”, en Mantecón, Tomás y Rey, Ofelia, (eds.), Identidades urbanas en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII). Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, 2015, pp. 45-66.
DÍAZ, Jorge, “New World Civitas, Contested Jurisdictions, and Intercultural Conversation in the Construction of the Spanish Monarchy”, Colonial Latin American Review, 27, 1, 2018, pp. 31-50.
DOMÍNGUEZ COMPAÑY, Francisco, Estudios sobre las instituciones locales hispanoamericanas, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1981.
ELLIOTT, John, Imperios del mundo Atlántico: España y Gran Bretaña en América (1492-1830). Madrid, Taurus, 2006.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, “Imperio y administración bajo Carlos V: una reevaluación”, en AA.VV., Hernán Cortés y su tiempo. Vol. II. Editora regional de Extremadura, 1987, pp. 520-527.
GARCÍA-GALLO, Alfonso, “La ley como fuente del derecho en Indias en el siglo XVI”, en Idem., Estudios de historia del derecho indiano. Madrid, Instituto nacional de estudios jurídicos, 1972, pp. 169-285.
GARCÍA DE CASTROJERIZ, Juan, Regimiento de príncipes. Sevilla, 1494.
GIL PUJOL, Xavier, “Spain and Portugal” en Lloyd, Howell, Brugess, Glenn y Hodson, Simon, (eds.), European Political Thought 1450- 1700, New Haven, Yale University Press, 2007, cap. 12.
GIL PUJOL, Xavier, “Concepto y práctica de república en la España moderna. Las tradiciones castellana y catalano-aragonesa”, Estudis, 34, 2008, pp. 111-148.
GIL PUJOL, Xavier, “Integrar un mundo. Dinámicas de agregación y de cohesión en la monarquía de España”, en Ruiz Ibáñez, Jose Javier y.
Mazín, Oscar (eds.), Las indias occidentales. Procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas. México, Colegio de México, 2012, pp. 69-108.
GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel, “Hernán Cortés y su revolución comunera en la Nueva España”, Anuario de Estudios Americanos, 5, 1948.
GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, “La fórmula ‘obedézcase, pero no se cumpla’ en el derecho castellano de la baja edad media”, en Anuario de historia del derecho español, 50, 1980, pp. 469-487.
GREENBLATT, Stephen, Marvelous Possessions. The Wonders of the New World. Chicago, The University of Chicago Press, 1991.
GUARDA, Gabriel, “Tres reflexiones en torno a la fundación de la ciudad indiana”, en Revista de Indias, XXXII, 127-130 (1972), pp. 89-106.
HERRERO, Manuel (ed.), Republicas y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII). Madrid, FCE, 2017.
HERREROS, Benita y DÍAZ, Jorge, “Interculturalidad y dinámicas comerciales: interacciones entre indígenas y españoles en la América colonial hispana”, en Mundo Agrario, 14, 27, 2013.
HERZOG, Tamar, “La política espacial y las tácticas de conquista: las «Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias» y su legado (siglos XVI-XVII)”, en Román, José Francisco, Ruiz Martín, Enrique y González, Jaime. (eds.), Felipe $I I y$ el oficio de rey: la fragua de un imperio. Madrid, Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 293-303.
HESPANHA, Antonio Manuel, La gracia del derecho. Economía de la política en la edad moderna. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
HOLESTEIN, André, “Introduction: Empowering Interactions: Looking at Statebuilding from Below”, en Blockmans, Wim, Holenstein, André y.
Mathieu, Jon (eds.), Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900. Surrey, Ashgate, 2009, pp. 1-31.
INCA GARCILASO, Comentarios Reales de los Incas, Madrid, 1829.
LAS CASAS, Bartolomé de, Historia de las Indias. 3 Vol. Madrid, Alianza, 1993.
Los diez libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polion. Según la traducción castellana de Lázaro de Velasco (ca. 1571). Cáceres, Cicón, 1999.
Los diez libros de arquitectura (Madrid, Alonso Gómez, 1582). Valencia, Albatros Ediciones, 1977.
LUCENA GIRALDO, Manuel, A los cuatro vientos. Las ciudades de la América hispánica. Madrid, Marcial Pons, 2006.
MENA, Carmen, El oro del Darién. Entradas y cabalgadas en la conquista de Tierra Firme (1509-1525). Madrid, CSIC, 2011.
MORSE, Richard, El proceso de urbanización en las Américas desde sus orígenes hasta nuestros días. México, Siap-Planteos, 1981.
NADER, Helen, Liberty in Absolutist Spain. The Habsburg Sale of Towns, 1516-1700. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1990.
NADER, Helen, “The more the communes, the greater the king’ Hidden Communes in Absolutist Theory” en Blickle, Peter (ed.), Theorien kommunaler Ordnung in Europa. Munich, Oldenbourg, 1996, pp. 215-223.
NIETO SORIA, Jose Manuel y Villarroel González, Oscar (coords.), Pacto y consenso en la cultura política peninsular. Siglos XI al XV. Madrid, Sílex, 2013.
OSORIO, Alejandra, “Of national boundaries and Imperial Geographies. A New Radical History of the Spanish Habsburg Empire”, Radical History Review, 1, 30, 2018, pp. 100-130.
PAGDEN, Anthony, Señores de todo el mundo. Ideologías del imperio en España, Inglaterra y Francia (en los siglos XVI, XVII y XVIII). Barcelona, Península, 1997.
PAGDEN, Anthony, “Introduction” en Idem (ed.): Hernán Cortés. Letters from Mexico. New Haven y Londres, 2001.
PÉREZ DE MESA, Diego, Política o razón de estado. Madrid, CSIC, 1980.
PHELAN, John Leddy, “Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureaucracy”, en Administrative Science Quarterly, 5, 1 (1960), pp. 47-65.
PIETSCHMANN, Horst, El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América. México, FCE, 1989.
PIETSCHMANN, Horst, “Los principios rectores de Organización Estatal en las Indias”, en Annino, Antonio, Castro, Luis y Guerra, FrançoisXavier, De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica. Zaragoza, Ibercaja, 1994, pp. 75-103.
QUIROGA, Vasco de, La Utopía en América. Ed. Paz Serrano Gassent, Madrid, Dastin, 2002.
RESTALL, Matthew, Seven Myths of the Spanish Conquest, Oxford, Oxford University Press, 2003.
RODRÍGUEZ GIL, M.: La incorporación de reinos: notas y textos doctrinales de derecho común. Badajoz, Universidad de Extremadura, 2002.
RUIZ IBÁÑEZ, José Javier, Felipe II y Cambrai: el consenso del pueblo. La soberanía entre la práctica y la teoría política (1595-1677). Madrid, Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999.
SANZ CAMAÑES, Porfirio, Las ciudades en la América Hispana, siglo XV al XVIII. Madrid, Sílex, 2004.
SEED, Patricia, Ceremonies of Possession in Europe’s Conquest of the New World, 1492-1640. Cambridge University Press, 1995.
SOLANO, Francisco, (ed.), Estudios sobre la ciudad iberoamericana. Madrid, CSIC, 1975.
SOLANO, Francisco, Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana, 1492-1600. Madrid, CSIC, 1996.
SOLÓRZANO y PEREIRA, Juan, Política Indiana. Madrid, 1647.
TODOROV, Zvetan, La conquista de América. El problema del otro. Madrid, Siglo XXI, 2010 (or. 1982)
TORRE, Angelo, “Empowering Interactions and Intertwining Jurisdictions”, en Blockmans, Wim et. al.: Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900. Londres, Ashgate, 2009, pp. 319-326.
ULLMANN, Walter, Principios de gobierno y política en la Edad Media. Madrid, Alianza, 1985.
VELASCO MURILLO, Dana, “Modern Local History in Spanish American Historiography”, en History Compass, 15, 2017.