La historia social de los vencidos.
Julián CASANOVA (Universidad de Zaragoza) email@example.com.
RESUMEN.
La historia de la guerra civil española y de la dictadura de Franco levanta todavía más pasiones que debates históricos y no es sólo el territorio exclusivo de los historiadores. Este trabajo examina las diferentes historias dedicadas a los vencidos en la guerra civil durante los últimos años, resultado de un trabajo arduo realizado por docenas de historiadores que han investigado en archivos, hemerotecas y bibliotecas. Más allá de los testimonios y del relato de quienes sufrieron la violencia política, los historiadores necesitamos seguir las vías abiertas por la historiografía en las últimas décadas, algunas de las cuales aparecen de forma explícita en estas páginas.
Palabras clave: Vencedores. Vencidos. Historia social. Violencia política.
Social History of the Defeated.
ABSTRACT.
The history of the Spanish Civil War and Franco’s Dictatorship still arouses passionate opinions rather than historical debate and it is no longer the exclusive preserve of historians. This article examines the different stories devoted to the vanquished in the War during the last years, the result of painstaking work by dozens of historians who have been conducting constant research in archives, press repositories and libraries. Beyond the testimonial and dramatic recall of those who suffered political violence, we as historians need to follow the path cleared in the last two decades, with serious, well-written and well-distributed studies, and to fight to these views to be heard in.
Key words: Victors. Defeated. Social history. Political violence.
Vencido no fue un término muy utilizado por la historiografía en los últimos años de la dictadura de Franco y en los primeros de la transición a la democracia. Surgió entonces una historia de las organizaciones políticas y de los movimientos sociales que habían luchado en la guerra en el bando republicano, que habían sido derrotados en abril de 1939 y que resistían o se desintegraban en el exilio, envueltos en disputas e incapaces de renacer debido a la larga duración de la dictadura. Junto a numerosas memorias y testimonios de dirigentes políticos y obreros que habían vivido el conflicto, publicados por primera vez en España, aunque algunos habían visto ya la luz en otros países, aparecieron en esos años las primeras historias de la UGT y de la CNT, del socialismo y del anarquismo, elaboradas y difundidas desde las universidades. Cuando se celebró el cincuentenario del comienzo de la guerra civil, el balance que pudo hacerse de esa producción bibliográfica era todavía desigual, reflejo de una historiografía que transitaba desde la historia política y militante a una historia más social y con propuestas más originales1.
Esas propuestas llegaron acompañadas de nuevas preguntas, de una mejora sustancial en la disponibilidad de las fuentes, de más recursos y financiación para la investigación y de la irrupción de una historia local y regional de cierta calidad, que encontraba importantes estímulos y apoyos en las instituciones políticas. Como resultado de todos esos cambios, comenzaron a penetrar en el discurso histórico las clases y sus prácticas, los movimientos populares, los campesinos, las mujeres y otros grupos sociales que hasta ese momento sólo habían servido para rellenar los huecos dejados por los que se suponían los auténticos protagonistas de la historia: los partidos políticos y sus dirigentes. La rectificación que pedían José Álvarez Junco y Manuel Pérez Ledesma en aquel artículo de 1982 tanta veces citado, convertir la historia apriorística y teleológica del movimiento obrero en una historia de los movimientos sociales, es, más de dos décadas después, una realidad. Y esa “segunda ruptura” ha tenido manifestaciones muy claras y reconocidas en la historia de la guerra civil española2.
Pero esa historia de las organizaciones políticas y sindicales que lucharon en el bando republicano, un relato en realidad de sus acciones en la retaguardia, presentaba algunas peculiaridades que merece la pena resaltar. Apenas decía nada de los republicanos, de derechas o de izquierdas, que defendieron la República hasta su derrota, mientras que se centraba bastante en los anarquistas o en sectores de la izquierda socialista y marxista radical que incluso se habían enfrentado por la vía de la insurrección con el régimen republicano antes de la sublevación militar. Y lo más relevante, si se examinan sobre todo los primeros años de la transición a la democracia, pocos historiadores entraron en el análisis de la violencia política, que estalló después del golpe de Estado de julio de 1936 en las dos zonas en que quedó dividida España. Ése es el gran cambio historiográfico de la última década y el que ha incorporado nuevos enfoques sobre los vencidos.
Vencidos hubo ya, y muchos, antes del 1 de abril de 1939, del fin oficial de la guerra civil. Desde el primer minuto del golpe militar, y bastante antes de desembocar en una guerra abierta y generar el inicio de un proceso revolucionario allí donde fracasó, los sublevados iniciaron una violenta represión que destruyó la capacidad de resistencia de las organizaciones obreras y republicanas, intimidó a sus adversarios menos activos y aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos.
Unas cien mil personas fueron asesinadas en la zona ocupada por los militares rebeldes desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. Son víctimas de la guerra civil, pero muchos de ellos entrarían en la categoría de vencidos, derrotados en la guerra. Los primeros alcaldes, gobernadores civiles o dirigentes de las organizaciones políticas del Frente Popular que sufrieron el terror de los golpistas en provincias como Zaragoza, Salamanca o Sevilla no conocieron la guerra. Pero sí que lucharon en ella, y fueron derrotados, quienes corrieron la misma suerte en Málaga o Vizcaya en 1937 o en Castellón y Lérida en 1938. Todos fueron víctimas de la idea de destruir al adversario que impusieron los militares golpistas en el tránsito de la política, de la República parlamentaria y constitucional, a la guerra.
Las investigaciones aparecidas en los últimos años han rastreado en la identidad política y social de esas víctimas, a partir de los registros de defunciones, los archivos de prisiones y las sentencias militares. Poner cara a la multitud se convirtió a partir de George Rudé en una tarea ineludible de la historia social. Gracias a esos estudios sobre la violencia en la zona ocupada por los militares rebeldes, que sacaron a la luz las listas de asesinados provincia por provincia, conocemos mucho mejor a las víctimas de esa violencia que, por ejemplo, a los manifestantes y huelguistas de los diversos conflictos que salpicaron la historia de España anterior a la guerra civil, que fue durante mucho tiempo la principal línea de investigación de nuestra historia social. Y aunque algunos autores sólo pretendieran al publicar esa relación de víctimas un recuento de muertos o de las barbaridades cometidas por sus verdugos, el historiador social tiene ahora a su alcance un material imprescindible para la identificación del sujeto histórico3.
El principal mérito de esa extensa bibliografía es que ha logrado plasmar una fotografía exacta de la violencia política en las retaguardias de los dos bandos que lucharon en la guerra. Conocemos gracias a ella el origen, los objetivos, los soportes ideológicos, los actores, aunque más a las víctimas que a los verdugos, las diferentes fases por las que atravesó y sus consecuencias. Se ha elaborado un aparato conceptual para definir las diversas manifestaciones del terror y, como resultado de ese diálogo entre las investigaciones empíricas y las principales teorías sobre la violencia política, la historia de la destrucción de contrario que se abrió con el golpe militar de julio de 1936 apenas tiene zonas ocultas. Algo o mucho se ha tenido que mover en la historiografía española para que un buen grupo de historiadores, jóvenes y no tan jóvenes, hayan descifrado la historia, los mitos y las memorias del terror rojo y del fascista, de la violencia de clase y de género, del exterminio del contrario en nombre de Dios y de la Patria y de la cruel y obsesiva persecución sufrida por el clero4.
El repertorio de argumentos, hipótesis, preguntas y hechos probados que han aportado esos estudios es casi definitivo, a la espera de tener un mapa completo de las cifras de la represión, que no cambiaría mucho lo que sabemos. Nada ha quedado fuera de ese análisis, desde las víctimas de paseos y sacas, a los fusilamientos y ejecutados tras sentencias emitidas por tribunales militares, pasando por aproximaciones detalladas al drama de las cárceles y campos de concentración5. El silencio y el olvido cultivado también por la literatura del exilio, escrita normalmente por militantes, que hablaba de sus gestas, de sus divisiones, de sus disputas, de las razones de la pérdida de la guerra, pero nunca abordaba la violencia en la zona republicana, de la que fueron importantes actores o testigos, ha dado paso, no obstante, en los últimos años, a la sobreabundancia, a la multiplicación de estudios pocos relevantes y a la fragmentación de esa “memoria histórica” en cientos de trabajos, asociaciones y opiniones reflejadas en los mal llamados foros de debate en la web, que a menudo se convierten, más bien, en vehículos para el insulto y la calumnia6.
Otra de las características básicas de esa extensa bibliografía es el peso abrumador que en ella ha tenido la historia local y regional, algo que identifica también a la historiografía española en general y que no resulta difícil de explicar. Una buena parte de esos estudios han sido elaborados al margen de las universidades, sin apoyos económicos a la investigación, y el objetivo al que aspiraban, o podían aspirar, era un relato y recuento de las acciones violentas emprendidas por los militares sublevados en sus pueblos o en las comarcas más próximas. Idéntico objetivo han perseguido otros estudios a los que las entidades que los financiaban o las editoriales que los iban a publicar les marcaban el camino: unas páginas en las que se diera cuenta de lo acontecido en el territorio, pueblo, provincia o región, gobernado por quienes daban la ayuda a la investigación. Lo que late en el fondo de la mayoría de esos estudios, además, es que, dado que lo esencial es llegar a conocer la magnitud exacta en cifras de la violencia franquista, no hay mejor vía para ello que la historia local que, sumada a otras historias locales, culminará en el gran cuadro general de esa represión. Las cifras se convierten así en objeto de disputa y de crítica a quienes no han sumado todos los muertos que tenían que sumar. En eso consiste para muchos la recuperación de la memoria histórica, un terreno inabarcable en el que por mucho que se haga, siempre quedará algo por hacer.
A la guerra civil española le siguió una larga paz incivil. La destrucción del vencido, término que en ese caso no necesita ninguna aclaración conceptual, se convirtió en prioridad absoluta y su examen minucioso ha dejado también notables y cuantiosos estudios en los últimos años. La muerte se apoderó del escenario con total impunidad, la misma impunidad que había guiado la masacre emprendida por los militares sublevados desde julio de 1936. Comenzó así un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. No menos de 50.000 personas fueron ejecutadas en los diez años que siguieron al final de la guerra el 1 de abril de 1939. Convendría añadir, además, cientos de casos de muertes violentas debidas a asesinatos arbitrarios, no registrados por orden militar, especialmente en la primavera de 1939, y los miles de fallecidos en las cárceles y campos de concentración, donde se amontonaban en esos meses medio millón de presos7.
La primera característica del terror que se impuso en la posguerra es que estaba organizado desde arriba, basado en la jurisdicción militar, en juicios y consejos de guerra. Tras la típica explosión de venganza en las ciudades recién conquistadas, los «paseos» y las actuaciones de poderes autónomos, como los escuadrones de falangistas, dejaron paso al monopolio de la violencia del nuevo Estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes. Con la jurisdicción militar a pleno rendimiento, se impuso un terror frío, administrativo, rutinario. Los consejos de guerra, por los que pasaron decenas de miles de personas entre 1939 y 1945, eran meras farsas jurídicas, que nada tenían que probar, porque ya estaba demostrado de entrada que el acusado era un rojo, un vencido que no tenía ni derecho a respirar.
Un notable grupo de historiadores ha investigado en las últimas dos décadas el sistema represivo procesal levantado tras la guerra, consistente en la multiplicación de órganos jurisdiccionales especiales y que mantuvo su continuidad durante toda la dictadura. Cuando una ley era derogada, la nueva normativa reiteraba el carácter represor de la anterior. Es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941. Fue derogada seis años después, sustituida por el decreto ley de 13 de abril de 1947 de represión del bandidaje y terrorismo, que mantenía la pena de muerte para diversos y variados delitos. Otro instrumento básico de persecución, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, tuvo todavía mayor continuidad, obsesionados como estaban Franco y los vencedores de la guerra por considerar máximos responsables de todos los males de España a quienes caían bajo ese amplio paraguas de la masonería y el comunismo8.
El primer asalto de la violencia vengadora de los vencedores contra los vencidos, sobre la que se asentó la dictadura de Franco, empezó, sin embargo, el 9 de febrero, cuando ni siquiera había acabado la guerra, con la Ley de Responsabilidades Políticas, uno de los fenómenos mejor investigados en los últimos años. La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos y los rojos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Hasta octubre de 1941 se habían abierto 125.286 expedientes y unas 200.000 personas más sufrieron la “fuerza de la justicia” de esa ley en los años siguientes. La ley, modificada parcialmente en 1942, quedó derogada el 13 de abril de 1945, pero las decenas de expedientes en trámite siguieron su curso hasta el 10 de noviembre de 1966.
Los tribunales regionales y juzgados instructores más activos fueron los que actuaban en el territorio que había permanecido hasta el final de la guerra al lado del Gobierno republicano, pero la ley también alcanzó a decenas de miles de personas que se habían librado del asesinato en el territorio ocupado por los militares insurgentes desde julio de 1936. Caer bajo el peso de esa ley significaba, en palabras de Marc Carrillo, “la muerte civil”. Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria9.
Hundidos quedaron también cientos de miles de hombres y mujeres que sufrieron detenciones, humillaciones y torturas. En los meses posteriores al final oficial de la guerra, España entera era una cárcel, aunque las cifras exactas nunca se podrán conocer porque las fuentes no incluían los destacamentos penales ni las colonias penitenciarias militarizadas. En 1943 había todavía más de 100.000 presos y 15.947 personas purgaban en ese mismo año sus penas en los 121 destacamentos penales que, desperdigados por todo el territorio español, empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción, en carreteras o pantanos. El número de presos descendió por los fusilamientos, la muerte por enfermedad y los indultos forzados por el “colapso administrativo”, pero en 1946 las prisiones tenían cifras de reclusos superiores en tres o cuatro veces la capacidad prevista.
Entre las mujeres hubo también vencedoras y vencidas. En 1940 había en España más de veinte mil presas políticas. A comienzos de ese año, la cárcel de mujeres de Las Ventas de Madrid, construida para albergar a quinientas presas, tenía entre seis mil y ocho mil. En Barcelona, la cárcel de Les Corts, con capacidad para cien reclusas, tenía una población estable cercana a las dos mil. Los casos de tifus y tuberculosis abundaban y los niños, encerrados con sus madres, morían de meningitis, de hambre e incluso asesinados, si creemos los estremecedores relatos que transmiten los libros de Tomasa Cuevas o Juana Doña10.
Los niños formaban parte del mundo interno de las cárceles de mujeres. Muchos de los que sobrevivieron a la cárcel, tras cumplir los tres años de edad, fueron separados de sus madres e ingresados en centros de asistencia y escuelas religiosas al amparo del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, llamado de Nuestra Señora de la Merced. En 1942 estaban tutelados por ese Patronato 9.050 niños y niñas. En 1943, 10.675. Como señala Ricard Vinyes, había muchas más niñas que niños bajo tutela, internadas en centros religiosos con normas austeras y rígidas, la educación ideal que muchos franquistas reservaban para las mujeres. Castigo y miseria para las madres rojas y más de lo mismo para sus hijas11.
Como demuestran, por lo tanto, todos estos análisis históricos, los vencedores en la guerra decidieron durante años y años la suerte de los vencidos a través de diferentes mecanismos y manifestaciones del terror. En primer lugar, con la violencia física, arbitraria y vengativa, con asesinatos in situ, sin juicio previo. Se trataba de una continuación del «terror caliente» que había dominado la retaguardia franquista durante toda la guerra y desapareció pronto, aunque hay todavía abundantes muestras de él en los años 1940 a 1943. Dejó paso a la centralización y control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado. Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas coercitivas y de castigo. Quedarían, por último, lo que Conxita Mir denomina los «efectos no contables» de la represión, el miedo, la vigilancia, la necesidad de avales y buenos informes, la humillación y la marginación. Así se levantó el Estado franquista y así continuó, evolucionando, mostrando caras más amables, selectivas e integradoras, hasta el final. La represión, como han demostrado sólidos y variados estudios, no fue sólo un fenómeno de la posguerra o de los primeros años de la dictadura franquista12.
El éxodo que emprendió la población vencida dejó también huella. “La retirada”, como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista. De ese gran destierro a Francia, el norte de África, la Unión Soviética, México o los restantes países de Latinoamérica, han dado constancia en los últimos diversos estudios, en los que, como ha ocurrido con los estudios sobre la violencia franquista, la historia y la memoria, los análisis de las fuentes documentales y los testimonios, se han dado la mano para trazar un extenso panorama de libros, documentales, material fotográfico y exposiciones de recuerdos. La cultura en el exilio, la vida cotidiana en los campos de refugiados y la participación de cientos de españoles en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, hombres que perdieron dos guerras en unos pocos años, han sido algunos de los temas privilegiados por esas investigaciones13.
Vencidos fueron, por último, los que se quedaron en España y resistieron con armas a la dictadura de Franco, los llamados maquis o guerrilleros. Su origen está en los “huidos”, en aquellos que para escapar a la represión de los militares rebeldes se refugiaron en diferentes momentos de la guerra civil en las montañas de Andalucía, Asturias, León o Galicia, sabiendo que no podían volver si querían salvar la vida. La primera resistencia de esos huidos, y de todos aquellos que no aceptaron doblar la rodilla antes los vencedores, dio paso gradualmente a una lucha armada más organizada que copiaba los esquemas de resistencia antifascista ensayados en Francia contra los nazis. En esa década de los cuarenta, unos siete mil maquis participaron en actividades armadas por los diferentes montes del suelo español. Sin la ayuda de las potencias democráticas, poco pudieron hacer frente al poder militarizado y absoluto de los vencedores franquistas14.
En conclusión, muchas y diferentes historias se han dedicado en los últimos años a los vencidos. Excluidos durante mucho tiempo de la historia que se enseñaba e investigaba en las universidades, el relato de la violencia que los militares rebeldes primero y la dictadura después descargaron sobre ellos se ha hecho un importante hueco en las librerías y en los medios de comunicación e incluso en los debates polí- ticos. La intención de algunos de los que empezamos esos análisis era revisar la historiografía franquista, ampliar el campo de estudio e introducir la historia social desde abajo en la guerra civil y en la posguerra. Pocos podrán dudar de los importantes logros conseguidos.
El territorio del historiador se ha ensanchado, pero al mismo tiempo se ha visto sometido a una invasión de información y opinión difícil de controlar, alejada de la construcción teórica y metodológica que debe guiar nuestra interpretación de las fuentes y de los hechos históricos. Por ese camino, el del recuerdo testimonial del drama de los que sufrieron la violencia política de los vencedores, no quedan demasiadas cosas nuevas que ofrecer. Faltan, no obstante, estudios detallados sobre los tribunales de responsabilidades políticas en algunas zonas muy significativas para examinar ese engranaje represivo, como Madrid y el País Vasco, lo cual permitiría establecer un buen análisis comparado con lo ya investigado para otras zonas, como Cataluña, Aragón o Andalucía. Los archivos militares apenas han sido rastreados. Y hay que recuperar la mejor tradición de historia oral, esa que combina la comprensión de la memoria y las experiencias del sujeto de la historia con un análisis social más amplio. Lo logró Ronald Fraser para la guerra civil, pero nadie ha sabido hacer lo mismo para los años de la posguerra, con voces de vencedores y vencidos15. En el fondo, se trata de continuar las principales vías abiertas por la historiografía en los últimos treinta años. Cerrar temas y abordar sus conclusiones en un buen trabajo de síntesis.