La gestión del Patrimonio Arqueológico y el urbanismo en la Comunidad de Madrid.
Archaeological heritage management and town planning at Comunidad de Madrid.
Alicia CASTILLO MENA.
Departamento de Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid. firstname.lastname@example.org.
Recibido: 10-03-2003
Aceptado: 11-06-2004.
RESUMEN.
Este artículo trata sobre las normas de protección para el Patrimonio Arqueológico incluidas en los planeamientos municipales de la Comunidad de Madrid desde 1985 hasta 2000. En él se repasan brevemente las legislaciones de Patrimonio Histórico y del suelo relacionadas con el tema, para después conocer y analizar las medidas específicas sobre Patrimonio Arqueológico recogidas en 105 planeamientos urbanísticos de los 179 que hay en la CM. Con este texto se pretende hacer una puesta al día sobre la situación de la Gestión del Patrimonio Arqueológico madrileño en una de sus facetas más conflictivas, aquella en la que este tipo de Patrimonio se valora en relación con el mundo del suelo y los factores e intereses que a este último afectan.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio Arqueológico. Planeamiento urbanístico. Comunidad de Madrid. Normativa de Patrimonio Histórico.
ABSTRACT.
This paper is about Archaeological Heritage protection rules which are included in the town planning of Comunidad de Madrid from 1985 to 2000. The Historical Heritage and urban legislation related to the subject are briefly reviewed in this article. Specifics measures about Archaeological Heritage, depicted in a 105 local plannings from the 179 ones presents in Comunidad de Madrid, are shown and examined. It is pretended to update the archaeological heritage management situation in one of its most controversial sides, where the heritage is assessed in connection with the land world and factors and interests that affect it.
KEY WORDS: Archaeological Heritage. Planning. Comunidad de Madrid (regional government). Historical Heritage legislation.
SUMARIO 1. Introducción. 2. El marco de estudio: la Comunidad de Madrid (1985-2000). 3. Las normas de protección del patrimonio arqueológico y el planeamiento municipal. 4. Valoración final y algunas propuestas para mejorar la situación.
1. Introducción.
Este artículo es una síntesis de uno de los apartados principales de mi memoria de Licenciatura (Castillo Mena 2001) que trata sobre la gestión del Patrimonio Arqueológico (PA) inmueble en la Comunidad de Madrid. El trabajo de investigación parte del modelo de gestión sobre PA de Mª Ángeles Querol y Belén Martínez Díaz (1996). Como se sabe, estas autoras plantean la gestión del PA como < > }$ (1996: 25). Mi estudio intenta hacer una valoración de algunas de estas actuaciones dentro de un contexto determinado. En concreto, se trata de aquellas que afectan a la protección del Patrimonio Arqueológico inmueble y que están relacionadas con el Urbanismo en la Comunidad de Madrid. En cuanto al período de tiempo, este trabajo abarca 15 años, desde 1985, año en que se promulga la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), hasta 2000.
Para comenzar, habría que recordar brevemente cómo se ha gestionado el Patrimonio Arqueológico de esta Comunidad. El llamado Modelo Madrid (ver p.e. Vázquez 1996 o Velasco 1991b), partió de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de amplias áreas para la protección del PA bajo la figura de Zona Arqueológica. Una vez que estas Zonas eran incoadas, la hoy Dirección General de Patrimonio Histórico (DGPH) de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid redactaba y redacta unas normas para la protección del PA que debían incluirse en los planeamientos urbanísticos de los municipios que tuvieran Zonas Arqueológicas. Pero desde el principio, estas normas también se incluyeron en municipios que no tenían PA declarado como BIC.
El objetivo inicial de mi trabajo era comprobar cuántos municipios madrileños poseían estas normas y desde cuándo, para más tarde investigar las consecuencias prácticas de tales medidas de protección. Para ello, consulté uno a uno los planeamientos municipales de la Comunidad a través de distintas fuentes oficiales, todas ellas provenientes de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (ver Documentación: 2.2). Realizada esta revisión, y por consejo de mi tutora, M. A. Querol, decidí posponer para la elaboración de mi Tesis Doctoral la investigación sobre la puesta en práctica real de estas normas. Aunque los motivos de este aplazamiento son diversos, el fundamental es que conforme iba revisando los planeamientos de los 179 municipios de la Comunidad, encontré un panorama bastante más complejo del que en un primer momento podíamos imaginar. Para conocer y entender esta complejidad, antes debo dar una visión general sobre la Comunidad madrileña y su PA, destacando aquellas facetas que resultan imprescindibles para la comprensión de esta última parte más pragmática de mi investigación.
2. El marco de estudio: la Comunidad de Madrid (1985-2000)
En este apartado vamos a conocer superficialmente el marco geográfico en el que nos movemos. Aunque se parte del año de promulgación de la LPHE, lógicamente existen aspectos, como los fí- sicos y arqueológicos, que no surgen en estos años, pero hay que tener en cuenta, que mi intención es dar una imagen global del presente de la Región, pues en él es donde se desenvuelven los primeros años de política patrimonial.
Igualmente, creo necesario incluir aquí, aunque sea también de una forma sintética, cómo está organizada la Administración de la Comunidad de Madrid con respecto a su responsabilidad sobre el PA. Las relaciones entre ámbitos administrativos, como se demostrará, son una de las claves del buen funcionamiento de la gestión del PA a cualquier nivel, pero en especial para el mundo urbano.
Finalmente, se dará el gran salto a las leyes de Patrimonio Histórico y de ámbito urbanístico que afectan al PA. Este tema, siempre complejo, es el que luego nos permitirá comprender el desarrollo de medidas de protección para PA en el ámbito municipal.
2.1. La geografía madrileña
2.1.1. El espacio natural.
La Comunidad de Madrid no es otra cosa que una de las divisiones políticas en la que se encuentra fragmentada la Península Ibérica. Como sabemos, está situada aproximadamente en el centro de la misma, formando parte de lo que se conoce como la Meseta central y ocupando unos $8 . 0 0 0 \ \mathrm { K m } ^ { 2 }$ como forma geográfica triangular (PRESMA 1998: 4) (Figura 1).

Figura 1.- Red hidrográfica de la Comunidad de Madrid. Fuente: Anteproyecto PRET 1995: 109. Las zonas grises representan las áreas naturales protegidas. Fuente: PRESMA 1998.
Desde el punto de vista geográfico, geológico y geomorfológico, la Comunidad madrileña puede dividirse en dos unidades fundamentales que la enmarcan como ejes paralelos en sentido NoresteSuroeste. Se trata de la Sierra de Guadarrama y de la Depresión del Tajo/Submeseta meridional (Pé- rez et al. 1980: 19-21). Aproximadamente perpendiculares a estos ejes imaginarios, recorren la Comunidad sus principales cuencas hidrográficas. De Suroeste a Noreste, son los ríos Alberche, Guadarrama, Manzanares y Jarama. Y también de una forma aproximada, en paralelo a estas dos unidades principales, están, desde la zona más meridional a la septentrional, los otros ríos importantes de la región; el Tajuña, el Henares y el Lozoya.
En relación con las dos unidades principales definidas, la Comunidad posee una apreciable variedad de fauna y flora. Aunque el medio natural se encuentra muy antropizado, las distintas especies vegetales son numerosas, lo que junto a las otras características comentadas, ha dado lugar a que haya bastantes áreas naturales protegidas en la Región. Concretamente, bajo distintas declaraciones de ámbito estatal y de la propia Comunidad, en 1998 existían 10 grandes zonas naturales bajo protección (PRESMA 1998: 84). Estos espacios protegidos se ubican principalmente en las zonas dominadas por la Sierra de Guadarrama y en el Sudeste de la Comunidad.
2.1.2. El espacio social.
Más interesante para este trabajo resulta la ocupación y actividad humana de la Región, pues es la que afecta directamente al suelo y al PA inmueble. Desde una perspectiva de la Ordenación Territorial y de la protección ambiental, la Comunidad de Madrid se estructura en cuatro grandes unidades morfológicas, paisajísticas y de uso (PRESMA 1998: 4) (Figura 2):
1. La Sierra. Constituida por las estribaciones del Sistema Central y su piedemonte. Presenta usos forestales, ganaderos, recreativos y de segunda residencia. Y aunque es la menos poblada de la Comunidad, recibe fuertes afluencias de población los fines de semana y períodos vacacionales.
2. Las rampas Norte y Oeste. Son las que conectan la Sierra con el centro de la Comunidad. Es un área que aloja al $2 \%$ de la población (200.000 habitantes), y que se encuentra actualmente en proceso de desarrollo urbano. En estas zonas hay también áreas naturales protegidas, como el Monte del Pardo o el Soto de Viñuelas.
3. Las llanuras de transición del Sur y el Este, donde se ubican las vegas del Jarama y Henares, la ciudad de Madrid y los municipios del Sudeste, entre las carreteras de Andalucía y Extremadura. Cerca del $9 1 \%$ de la población se concentra en estas zonas (3.5 millones de habitantes), que presentan un gran desarrollo urbano y de infraestructuras del transporte.

Figura 2.- Suelo urbano y apto para urbanizar de la Comunidad de Madrid en 1994. Fuente: Anteproyecto PRET 1995: 52.
4. La Meseta. Zona Sudeste de páramos y alcarrias, dedicada principalmente a la actividad agrí- cola. En ella aparecen algunos ecosistemas interesantes relacionados con los valles del Tajo y del Tajuña, y con formaciones arbóreas mediterráneas.
A pesar de ser una Comunidad tan pequeña con respecto a la mayoría de las españolas, sus algo más de 5 millones de habitantes la hacen la proporcionalmente más poblada del país. Esta concentración de población crea una gran presión sobre su entorno; exigencias de suelos para residencia, industrias y servicios, con las correspondientes necesidades de materiales de construcción y lugares para depósitos de residuos. Todo ello da lugar a una gran contaminación y deterioro del territorio.
Sin entrar en cifras, es suficiente imaginar lo que supone el desarrollo de la obra lineal en una región con tanta ocupación humana. Están las redes de carreteras nacionales, las regionales y comarcales, los cinturones del área metropolitana, las líneas de ferrocarril tanto regionales como nacionales, la red de metro, el agua, el gas natural, el cableado subterráneo, las cañerías, etc. Gran parte de la Comunidad madrileña se encuentra recorrida por todas estas obras, lo que afecta directamente al suelo y a los yacimientos que puedan existir en él (ver al respecto y por ejemplo, Díaz del Río 1999 o Baquedano y Caballero 1999).
Lógicamente, esa población se ubica en viviendas, compra en grandes centros comerciales, trabaja en áreas industriales, en edificios de oficinas, y utiliza aparcamientos subterráneos... todo ello vuelve a suponer una gran cantidad de obras de excavación en el suelo que ocupan. A su vez, todos estos lugares están vivos y en continuo crecimiento, ampliación y remodelación, necesitando de la explotación de canteras para materiales constructivos... Así, la “locura urbana” desborda el medio en el que se desenvuelve. En la Comunidad de Madrid, el PA corre un gran peligro y se pierde parte de él día a día. Controlar el crecimiento ilimitado y la destrucción de PA ha de ser una meta, pero este crecimiento es hoy una realidad a tener en cuenta a la hora de practicar una Arqueología preventiva.
A pesar de esta primera mala impresión, el $5 3 \%$ del territorio de la Comunidad es forestal (BASES DEL PRET 1996: 128), incluyéndose en él los suelos no urbanizables y las zonas de agricultura marginal (es decir la no rentable y tradicional). Esto supone que todo el PA que se encuentre bajo este tanto por ciento territorial, de alguna manera, está “medianamente” protegido en cuanto a su extracción o eliminación.
Con esto, nos queda un $4 7 \%$ en el que se incluyen las cuencas hidrográficas y los embalses y humedales (pensemos que, por ejemplo, en la zona de la sierra hay 12 presas que abastecen al Canal de Isabel II, PRESMA 1998: 4), las canteras y areneros, las zonas de depósito de residuos, así como los suelos urbanos y los que se consideran aptos para urbanizar. Todos ellos resultan en mayor o menor medida perjudiciales para la protección o conservación del PA. Este porcentaje territorial, exceptuando el que pertenece a los recursos hídricos y las carreteras y líneas de ferrocarril nacionales, se corresponde especialmente con las zonas de mayor densidad de población.
Como ya he anunciado, las zonas más ocupadas por la población están en el centro geográfico de la Comunidad, que viene a coincidir con la Capital de la Región y sus municipios aledaños del Noreste y Suroeste. En esta zona delimitada es donde el PA está siendo más destruido. A su vez, esta área es una de las más ricas en yacimientos arqueológicos por la antigüedad de su ocupación humana.
2.2. La arqueología madrileña.
Aunque este trabajo no tiene un objetivo histó- rico, resulta imprescindible dar una visión general sobre la Arqueología madrileña desde una perspectiva espacial.
La Comunidad de Madrid, como el resto de la Península Ibérica, posee una gran riqueza arqueológica, habiéndose conocido su existencia desde los primeros estudios arqueológicos realizados en España (ver p.e. Maier 2000: 53-65; para síntesis: VVAA 1987, 2000). En cuanto a su historia, los primeros restos de ocupación humana pertenecen al Paleolítico inferior, hace unos 450.000 años (Baena et al. 2000: 87). Desde entonces hasta hoy, Madrid ha ido haciendo su propio recorrido por el tiempo, dejando sus vestigios en forma de lo que ahora denominamos yacimientos arqueológicos.
He querido mostrar estos mapas (Figura 3) siendo consciente de que no reflejan toda la Arqueología madrileña, pues por suerte, en Madrid hay estudios hasta de Arqueología Industrial (ver p.e., Candela et al. 2000: 119-127). Lo que quería expresar con ellos es la distribución espacial de los yacimientos hasta época romana, pues a partir del mundo medieval hay una mayor dispersión, y por supuesto, es a partir de este momento cuando la zona de la hoy ciudad de Madrid empieza a estar más poblada. Pero lo cierto es, como bien reflejan los mapas y los datos anteriormente comentados sobre la ocupación humana actual, que las zonas de los valles donde confluyen el Henares y el Jarama, así como el centro geográfico de la Comunidad, han sido las predilectas para las sociedades humanas. Evidentemente, lo que significa esto es que la mayoría del PA de la Región madrileña se encuentra en grave peligro de extinción.

Figura 3.- Ejemplos de distribución de yacimientos arqueológicos por épocas en la Comunidad de Madrid. Fuente: VVAA 1999-2000 39-40: 100, 160, 189, 394.
2.3. El Patrimonio Arqueológico y su administración.
En este trabajo sólo nos vamos a ocupar del ámbito administrativo de la gestión del PA, pues de él depende principalmente su protección.
El cuadro siguiente pretende mostrar cómo se administra en el momento actual (marzo de 2002) el PA en la Comunidad de Madrid. Aunque no está completamente desarrollado, he preferido esta representación sintética porque es la que da las claves para entender el funcionamiento de esta Comunidad respecto a su PA.
Este esquema recoge las principales administraciones o instituciones que toman las decisiones, o asesoran para tomarlas, sobre PA. Aunque ha habido cambios de nombres y de ubicaciones en estos años, no han variado en esencia sus funciones. Con la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (LPHCM) de 1998, en teoría, se deberían haber creado otras instituciones y acentuado relaciones con otras Consejerías y con los Ayuntamientos de la Comunidad. Pero aún no han sido publicados los reglamentos, por lo que aquí no las vamos a comentar (ver p.e. Querol y Martínez Díaz 1998, Burgos 2000).
Dejando a un lado esta aclaración, es evidente que todos los organismos representados afectan en mayor o menor medida al PA, pero que las responsabilidades o ejercicios más directos sobre él, les corresponden a aquellos que presento con fondos grises. He intentado hacer una gradación de tonos de gris, letra negrita y formas, para mostrar el nivel de responsabilidades y el poder de toma de decisiones sobre PA de cada uno de estos “departamentos”, pero cuanto más se baja en la escala de gradación, menos claras o definidas están las funciones que cumplen (Figura 4).

Figura 4.- Esquema-resumen de principales Administraciones públicas vinculadas con la gestión del Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Marzo de 2002. Fuente: ver Documentación 1. Elaboración propia.
En el esquema, las flechas en doble sentido que unen Consejerías quieren indicar la concurrencia de competencias en las que se encuentra involucrado el PA. En el caso de la Consejería responsable del Urbanismo, tendremos ocasión de conocer sus relaciones con la Administración competente en PA a lo largo de todo este artículo. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente tiene su mayor vinculación en torno al PA en los aspectos relacionados con los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, que requieren el reconocimiento y valoración de dicho Patrimonio. También está vinculada por las áreas naturales protegidas de la Comunidad, que pueden y deben tenerlo en cuenta (ver p.e. el caso del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos Jarama-Manzanares en: Rubio et al. 2000: 68-73).
Si nos centramos en la principal Administración competente en materia de PA, y con una visión general, puede decirse que la responsabilidad más directa sobre el PA recae en la DGPH. En esta Dirección General, dentro del área de Arqueología está el PA, pero también el paleontológico y etnográfico. A pesar de que en la DGPH, al PA no se le divide entre mueble e inmueble, en este esquema yo los he querido separar, pues refleja una realidad existente. Efectivamente, el PA inmueble de la Comunidad de Madrid era y es administrado desde la DGPH, pero es evidente que en muchos casos, sobre todo motivados por las intervenciones realizadas como consecuencia de cualquier remoción de tierras, se “genera” gran cantidad de Bienes muebles que no van a quedar en su posición original. Éstos, desde la creación del Museo Arqueoló- gico de la Comunidad en 1997, han de ser depositados en dicho Centro, que tiene la obligación de conservarlos, catalogarlos y exhibirlos (Art. 4, Decreto 163/1997, BOCM, 298: 4-7), y que en definitiva, una vez concluidas las intervenciones y cerrados los informes arqueológicos que generan, es el que asume la responsabilidad sobre estos Bienes. Evidentemente, en el resto de situaciones, tales como donaciones, recuperación de Bienes muebles depositados en otros centros, etc., la responsabilidad recae directamente sobre este Museo.
Antes de la creación de este Museo, la responsabilidad sobre PA recaía de forma íntegra en la DGPH, y los materiales procedentes de las intervenciones arqueológicas se dispersaba en diferentes “lugares de almacenaje”, desde los propios almacenes de la Comunidad, hasta los del Museo Arqueológico Nacional o las casas de las y los profesionales liberales de la Arqueología. Tras 12 años de traspaso de competencias en PH a la Comunidad, en 1997 se crea por fin un museo para el depó- sito y exhibición de estos Bienes.
También he incluido en el esquema dos instituciones que están relacionadas directamente con los Bienes arqueológicos, pero que tienen representantes de otras administraciones o centros relacionados con el mundo del PH en general; las Comisiones locales de PH y el Consejo Regional de PH de la Comunidad de Madrid. Aunque ambas han sido consideradas en la reciente LPHCM, de alguna manera ya existían anteriormente. De hecho, las Comisiones locales de PH están aún reguladas por normas anteriores (Decreto 100/1988, BOCM, 17 octubre) a la nueva Ley de PH, y aunque el citado Consejo no existía como tal hasta la promulgación de la misma, sí que había y hay un Consejo de Cultura desde 1992 (Ley 6/1992, BOCM, 174). En lo que se refiere a las actuaciones de este último Consejo, dio escasos resultados prácticos para temas relacionados con el PA. Por su parte, el nuevo Consejo Regional de PH, que al igual que el anterior es de carácter consultivo, gana algo más en participación, pues tiene capacidad para emitir dictámenes, pero su conformación aún es muy reciente para hacer una valoración de su trabajo. Aunque aquí no vamos a ver en detalle su forma de funcionamiento y organización (ver p.e. Burgos 2000: 321-322), en lo que respecta a su labor relacionada con el PA, ha emitido dictámenes que han servido para aprobar incoaciones para declaraciones de Zonas Paleontológicas en dos términos municipales (que como se conocerá más adelante, supone la inclusión de normas para la protección del PA en los planeamientos de estos municipios), habiéndose declarado definitivamente una de ellas.
En el caso de las Comisiones locales de PH, estas han de ser conformadas desde la Consejería de Educación (hoy de las Artes) según el Art. 4 de la LPHCM, y aún están por reglamentar. De hecho, como he adelantado, estas Comisiones se regularon en 1988, y en la actualidad siguen funcionando bajo esta configuración. Su característica más importante es que actúan en el ámbito municipal en la mayoría de los casos. En ellas se deciden temas de vital importancia para el PA inmueble, ya que son las que autorizan las licencias de obras en zonas declaradas de máxima protección por la LPHE, pudiendo también redactar Planes Especiales de protección y colaborar en la elaboración del inventario de Bienes del PH (Burgos 2000: 321). Sea como fuere, son las instituciones principales de coordinación entre la Administración de la Comunidad y el municipio en relación con PA, de ahí su gran importancia y la necesidad de que tengan un buen funcionamiento.
En este repaso administrativo, he dejado para el final la DGPH y su área de Arqueología. De ella deriva la elaboración de normas para PA a escala municipal que trataremos en este estudio. Pero además, en esta Dirección General es donde se controlan todas las intervenciones de PA de la Comunidad de Madrid, y donde se planifican las actuaciones a llevar a cabo, además de ser la responsable más directa de la protección del PA inmueble. A pesar de todo esto, en lo que se refiere a especialistas en temas arqueológicos, ha tenido durante todos los años que abarca esta investigación, tan sólo a tres personas. Junto con ellas, y bajo diferentes tipos de contratos, han trabajado más profesionales de la Arqueología o vinculados directamente con ella, pero a pesar de ello, la necesidad de mayor número de personal fijo ha sido reclamada siempre. Con sus escasos medios humanos y también técnicos, esta área de Arqueología ha tenido que luchar contra el destrozo del PA, y ha sido la gran impulsora de la Carta Arqueológica madrileña. También de ella surgió la unificación de los/las profesionales liberales a través del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, y en definitiva, de lo que se conoce como Modelo Madrid de gestión de PA.
Por último, hay que tener en cuenta lo difícil que resulta una valoración adecuada del PA en una Comunidad como la madrileña, donde los recursos en otros tipos de PH o de cultura en general son muy amplios. Así por ejemplo, nada más que en Madrid municipio hay más de cien Bienes de Interés Cultural y que no son Zonas Arqueológicas (Inventario de BIC, no exhaustivo, de la DGPH). Pensemos lo que esto supone a la hora de que la Administración autonómica haga reparto de inversiones o en la elección para su puesta en valor de unos Bienes más espectaculares y apreciados por la sociedad, que los propiamente arqueológicos1 . Pero además, la administración de muchos Bienes históricos no recae en manos de la Comunidad de Madrid, sino que pertenece a otras instituciones, como por ejemplo, Patrimonio Nacional. Esto, que puede parecer poco importante, implica en muchos casos que el PA situado en zonas gestionadas por otras administraciones no pueda controlarse desde la DGPH, complicando la toma de decisiones sobre territorios arqueológicos comunes separados por administraciones actuales.
En definitiva, si la burocracia “invade” al país, la capital del Estado y la Comunidad que la soporta se ve aún más afectada por las “vallas” administrativas que ninguna otra. Lo que implica, entre otros miles de aspectos, una gestión más compleja de los Bienes del PA.
2.4. La legislación sobre Patrimonio Arqueológico y sus relaciones con la urbanística.
Dentro de las relaciones entre leyes de PH y leyes del suelo, podemos diferenciar tres facetas; una primera sería aquella en la que las leyes de PH actúan como normas sectoriales de las del suelo, y que es la más conocida para la mayoría de personas que trabajan con PA, pues se trata de las medidas que se adoptan por la legislación de PH para que sean cumplidas por la urbanística. Otra faceta o tipo de relación es la que emana de las leyes del suelo y que nos va a permitir entender cómo se encajan las medidas a tomar con respecto al PA dentro del mundo urbano. Finalmente, existe un tercer tipo de relación en la que coinciden tanto las leyes del suelo como las de PH, reforzándose unas a otras. Me estoy refiriendo a aquellas facetas que afectan a los derechos y deberes de propietario/as de inmuebles, a las ventajas fiscales, a las medidas de disciplina urbanística y sanciones o las referidas a la expropiación forzosa. Todas ellas son de vital importancia y de alguna manera ambos tipos de normas recogen referencias a las mismas, pero no las vamos a tratar en esta síntesis, sino que nos vamos a centrar en los dos primeros tipos de relaciones, puesto que son las que permiten entender cómo se han ido incluyendo las normas de protección de PA dentro de la normativa urbanística municipal, tema objeto de este artículo.
2.4.1. Las leyes de Patrimonio Histórico como leyes sectoriales del suelo.
Las normas que más directa y explícitamente afectan al PA en la Comunidad de Madrid son tres: la LPHE de 1985, la Orden de 1986 por la que se regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en la Comunidad y la LPHCM de 1998. Se han publicado multitud de artículos acerca de la LPHE, incluso ya hay más de uno sobre la LPHCM y el PA (ver p.e. Querol y Martínez Díaz 1998; Burgos 2000). Por este hecho, y como he adelantado, no voy a insistir en estas normas como algo específico, sino que me limitaré a destacar las facetas que relacionan el planeamiento municipal del suelo y la protección del PA.
Centrándonos en las leyes de PH, hemos de recordar que la LPHE enlaza con la normativa urbanística de una forma directa en la declaración de Bien de Interés Cultural. Con la sola incoación de expediente para declaración del Bien bajo esta figura de protección, quedarán suspendidas todas las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición (LPHE, Art. 16.1). Igualmente, una vez declarado BIC como Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, el municipio en el que se halle el Bien tendrá la obligación de redactar para él un Plan Especial o cualquiera de las figuras de planeamiento que contempla la normativa urbanística (LPHE, Art. 20.1). En el caso de las Zonas Arqueológicas y de los Sitios Históricos, hay otro requisito destacable: siempre que se vaya a realizar cualquier clase de obra, deberá ser autorizada por la Administración competente, que podrá ordenar intervenciones arqueológicas antes de que comience la misma, no pudiendo ser el municipio quien dé los permisos, como sí lo sería para otros tipos de BIC (LPHE, Art. 22.1 y 20.4) (Querol y Martínez Díaz 1996: 277).
Para el resto de Bienes del PA, no incluidos dentro la figura de máxima protección de la LPHE, esta relación con las normas urbanísticas no se encuentra tan claramente definida. Dicha Ley solamente recoge una posibilidad expresa sobre PA, que la Administración competente pueda realizar excavaciones o prospecciones en cualquier terreno siempre que se presuma en él la existencia de restos arqueológicos (LPHE, Art. 43). Esto significa que anteriormente habría que presumir o conocer la existencia de restos, por ello, resulta lógico pensar que el papel del inventariado de yacimientos es fundamental para poder plantear estas intervenciones (1996: 277).
Finalmente, y no menos importante, como protección para todos los Bienes inmuebles que pudieran pertenecer al PHE, aunque no estuvieran declarados, las administraciones competentes podrán impedir un derribo o cualquier clase de obra en ellos, teniendo 30 días hábiles para iniciar los trá- mites para su declaración como BIC o bien suspender la paralización de la obra (LPHE, Art. 37.2). Del mismo modo, con la sola pertenencia al PHE de un inmueble, lógicamente también se podrá suspender su demolición o cambio de uso, dándosele un plazo máximo de 6 meses a la Administración competente en materia de Urbanismo para que decida si aprobar un Plan Especial para el Bien o cualquier otra de las medidas de protección previstas en la legislación urbanística, decisión que se comunicará al organismo competente en PH (LPHE, Art. 25) (Abad 2000: 72-77).
Aunque existen otras medidas que también podrían relacionarse con el mundo urbano en la LPHE (p.e. Art. 22.2 y 32.1.f), casi todas vienen a incidir en la protección para los BIC, por lo que esta es la figura que presenta más posibilidades para la protección del PA en el mundo del suelo.
La LPHE ha sido la norma que ha primado y bajo la que se han elaborado la mayoría de planes urbanísticos que recogen medidas de protección para PA en la Comunidad madrileña en la actualidad. Pero también es cierto que con la publicación de la LPHCM, aunque coincide con la estatal en bastantes puntos, se consigue un avance con respecto a ésta que tarde o temprano será recogido por la planificación urbana. Este cambio es prueba de la importancia del papel del PA en el planeamiento del suelo de la Región durante los últimos años. Por ello, no está de más anotar las novedades que aporta dicha ley.
Lo primero que hay que destacar es que esta ley crea una figura intermedia para la protección de los Bienes inmuebles del PH: Bien incluido en Inventario (LPHCM, Art. 14), que como se recordará, en el caso de la LPHE, sólo cubría a Bienes muebles. Junto con esta novedad, ya recogida en anteriores normas de PH de otras Comunidades Autónomas, lo más significativo que posee la LPHCM en lo que respecta al mundo del suelo, es la obligación de que cualquier tipo de medida que se plantee para un BIC o un Bien Incluido en Inventario, prevalezca sobre las normativas urbanísticas del municipio en que se halle ubicado, e incluso, si es necesario, se modifiquen las mismas (LPHCM, Art. 28). Igualmente, resulta muy interesante que se pueda hacer un Plan Director para los BIC. En este Plan se recogerán diversos datos sobre el Bien, señalándose entre ellos los diferentes usos que se le pueden dar al inmueble (LPHCM, Art. 27.3). Más importante aún es que para los Planes Especiales, se refuerza lo que ya recogía la LPHE para los BIC que sean Zonas Arqueológicas o Sitios Históricos, exponiendo que para cualquier remoción de tierra en la zona circunscrita al Bien y que tuviera un Plan de este tipo, se obligará a la verificación de la existencia de restos arqueológicos (LPHCM, Art. 30e). La novedad es que se implica a todos los tipos de BIC con Planes Especiales, no sólo a los dos que citaba la LPHE en su artículo 22.1. En esta misma línea hay que entender el artículo 32.1.b), donde en los criterios de intervención para cualquier BIC, se estimularán las investigaciones de las características arquitectónicas, históricas y arqueológicas. Luego la protección de PA se amplía de manera explí- cita a más espacios, como pueden ser los Conjuntos Históricos de cualquier ciudad de la Comunidad.
Dentro de este mismo desarrollo, hay que entender el Art. 33, muy parecido al 16.1 de la LPHE, pero más completo, en el que se dice que en los BIC y su entorno no se pueden alterar las alineaciones, rasantes, parcelaciones o edificabilidad características de estos inmuebles, lo que hace aún más difícil cualquier intervención sobre estos Bienes, y en definitiva, si tienen PA bajo ellos, éste se encontrará protegido.
Junto con estas aportaciones, otra importante sería la creación de los cuatro ámbitos de protección que maneja la normativa para la declaración del PA inmueble. Los tres primeros; máximo, especial y específico, se refieren a BIC y Bienes Incluidos en Inventario, y el último de estos ámbitos, el general, recoge la posibilidad de lugares donde pudiera haber restos arqueológicos no declarados bajo estas categorías (LPHCM, Art. 40.1). Lo malo es que no se define en qué consistirán las protecciones en cada uno de ellos, pero haberlos creado permite que puedan contemplarse las zonas de cada categoría en los planeamientos urbanísticos. De hecho, como se verá más adelante, el proceso parece haber sido a la inversa, la idea de los distintos niveles de protección por zonas no es nueva, y en la Comunidad de Madrid hay bastantes planes que las recogen de hace tiempo. En dichos planes sí se describirán en qué consisten las protecciones de cada clase de zona. La LPHCM lo que está haciendo es recoger en su texto algo que ya se practicaba en la Comunidad con anterioridad.
Por otra parte, en lo que se refiere al PA no conocido, está el hecho de que en cualquier obra en la que se hallen restos arqueológicos, se tendrá que parar y esperar a que intervenga la Administración para valorar los Bienes hallados y decidir qué hacer con ellos (LPHCM, Art. 45.1). La LPHE también incluye esta posibilidad de intervención a través del régimen de hallazgos casuales, ya que una vez que se descubra un resto y se cumpla la obligación de comunicación (LPHE, Art. 44.1), se le podrá aplicar el artículo 43 que ya he comentado. Esta forma de intervención es bastante problemática y mucho menos directa que la de la LPHCM (ver p.e.: Bermúdez 1996: 101-103, 109 y 123-125).
Junto con todo lo dicho, y al igual que pasaba con la LPHE, la relación con el Urbanismo se ve afianzada en varios artículos: uno es el del Plan Director, en el que se exige, entre otros documentos, el informe previo de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, antes de ser aprobado por Consejo de Gobierno de la Comunidad (LPHCM, Art. 27.2). Otro es la obligación de un informe de la Consejería de Educación y Cultura (hoy de las Artes) antes de cualquier aprobación de instrumentos de planeamiento (LPHCM, Art. 31), y finalmente, está el intento de homogeneizar los Catálogos de Planeamiento de cada término municipal con el Inventario de Bienes inmuebles de la Comunidad de Madrid (LPHCM, Art. 34).
La nueva legislación autonómica sobre PA apenas se ha desarrollado aún, aunque algunos de los artículos aludidos ya se practicaban con anterioridad a la Ley a través de otras normas, como los niveles de protección de PA.
Como se sabe, los preceptos que establecen las leyes de Patrimonio permiten, por lo menos en teoría, un gran poder de intervención en el planeamiento urbano, sobre todo en los BIC. Como a continuación valoraremos, este hecho genera muchos problemas para el Urbanismo. La paralización de obras, suspensión de licencias urbanísticas y la elaboración de Planes Especiales o Directores implica una coordinación compleja y problemática entre el organismo de Cultura de las Comunidades Autónomas y la Administración municipal (García y Bellido 1988; Parejo 2000: 73-79).
2.4.2. El lugar del Patrimonio Arqueológico en las leyes del Suelo.
Algunas anotaciones previas sobre el derecho urbanístico que afectan al PA.
El planeamiento urbanístico municipal generalizado es muy reciente, pues la primera Ley española que lo contempla es de 1956, y realmente, no será hasta los años 60, y sobre todo a partir de la Ley del Suelo de 1976 cuando tengan algún tipo de normas urbanísticas la totalidad de los municipios madrileños. Pero aunque esto asemeja la legislación urbanística a la juventud de las leyes de PH como abarcadoras de todos los tipos de Bienes que a ellas pertenecen, a diferencia de éstas, la legislación del suelo ha sido revisada y renovada en multitud de ocasiones. Para hacerse una idea basta señalar que nada más que para la realización de este estudio, entre legislación estatal y autonómica, hago referencia a 7 normas urbanísticas (ver Documentación: 1.2.), y sólo incluyo aquellas que existían hasta el año 1998, a pesar de ser consciente de que algunas más modernas pudieran aportar alguna novedad, pero que no afectan en esencia a mi trabajo. Es más, el 17 julio de 2001, la Comunidad de Madrid aprobaba una nueva Ley del Suelo que derogaba parte de los documentos legales que aquí se tratarán. Al ser esta última Ley una novedad más importante, incluiré aquí las aportaciones o artículos que he recogido y que estén relacionados con el objeto de este artículo. Pero advierto desde el principio que no ha supuesto grandes cambios con respecto a la protección del PA y los anteriores textos legales de la Comunidad.
He de recordar también, que al igual que con las leyes de PH, no vamos a ver todas las alusiones, directas o indirectas al PA de la normativa urbanística (por ejemplo, quedarán sin tocar temas tan importantes como la propiedad del suelo). Ni siquiera vamos a explicar el caos en el que se ve sumida la legislación urbana, puesto que en esencia, a través de las distintas legislaciones, la protección y referencia al PA ha sido muy similar. Como se verá en los siguientes apartados, se recogerán con siglas y entre paréntesis algunas referencias a leyes urbanísticas que no han sido nombradas en esta breve introducción al mundo urbano. Mi intención ha sido simplificar al máximo la descripción de este corpus legal, por ello, en los documentos legales que se recogen al final de este artículo, puede consultarse cuáles son esas normas.
Hecha esta aclaración, la más importante consideración a tener en cuenta sobre la legislación urbanística, es que ésta afecta a multitud de campos, puesto que todo lo que está en el suelo debe ser considerado por ella. Este hecho, que en principio parece una obviedad, deja a la legislación de PH como una de tantas otras leyes, consideradas por el derecho urbanístico como sectoriales. Pero además, la evolución de la normativa urbanística ha sido totalmente diferente a la de las leyes de PH, puesto que la primera ha trasladado la mayoría de sus competencias al ámbito municipal, mientras que las leyes de PH, las conservan en el ámbito autonómico. Este hecho ha generado una difícil relación por competencias a distinto nivel, basada en la idea de la incapacidad municipal para administrar los Bienes del PH. A juicio de algunos especialistas, esa idea es un tópico con el que habría que terminar (ver p.e., Parejo 2000: 66-67). Aunque esta apreciación pudiera considerarse acertada, ya que la implicación de los Ayuntamientos favorece la protección del PA, habría que matizarla. Desde este trabajo se apoya la idea de una mayor intervención del Ayuntamiento sobre los Bienes del PA, pero esta delegación de poder a escala local debe controlarse siempre por la Administración autonó- mica. Recordemos que los Bienes del PA tienen que ser tratados de la misma forma como mínimo en toda una comunidad, independientemente de que las políticas municipales participen o colaboren con normas propias en la protección, conservación y difusión del PA ubicado en su territorio.
Otro dato importante a tener presente, es que para las competencias a nivel Autonómico, el Derecho Urbanístico reserva lo que se conoce como Ordenación del Territorio. Esta materia es bastante reciente, y al igual que le pasaba al Derecho Urbanístico, no ha sido definida hasta hace poco tiempo. La elaboración de la Carta Europea de Ordenación Territorial de 1983 es clave en este sentido, y el papel de esta planificación va ganando protagonismo en los últimos años. De hecho, su desarrollo se resuelve en España con las legislaciones autonó- micas, y en el caso de la Comunidad de Madrid, tendrá como resultado el Plan Regional de Estrategia Territorial, que es una novedad prometedora para la protección del PA a nivel de toda la Comunidad.
Aunque el Plan Regional de Estrategia Territorial aprobó sus bases en el mayo de 1997, todavía no se ha aprobado como ley, por lo que de momento se trata de una serie de directrices que han de seguir los municipios. Entre ellas, aparecen medidas para el PA, recogiéndose las Zonas Arqueoló- gicas dentro de él, pero esto es aún futuro, por lo que no lo vamos a contemplar en este artículo. Só- lo he querido destacarlo por la importancia que puede tener una estrategia de protección de PA dentro de la normativa urbanística de ámbito autonómico. Aquí nos vamos a centrar en las medidas tomadas a nivel municipal, que es la faceta más pragmática de momento.
Clasificación y calificación del suelo.
Desde siempre, la legislación urbanística estatal ha definido los distintos tipos de suelo y la Comunidad madrileña se ha adaptado a ella a través de su legislación propia (LSCM/95 y LSCM/01). En concreto, el suelo se divide en tres principales tipos; el Suelo Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable (SNU). Dentro del SNU se ubica un tipo especial de suelo, en el que, teóricamente, deben encontrarse los Bienes que los diferentes planeamientos quieran proteger por sus valores históricos culturales o de otros tipos. Se trata del SNU Especialmente Protegido (SNUEP: denominado actualmente en la Comunidad de Madrid como SNU de protección) (LS/76, Art. 80.b, LS/92, Art. 12.b). En los planeamientos tienen que delimitarse las áreas que abarcan los SNUEP, con la prohibición absoluta de construir y señalando medidas a adoptar con relación a la conservación, mejora y protección de los yacimientos arqueológicos, entre otros de los Bienes considerados como de especial protección (RP, Art. 36.a, de una forma similar en LS/76, Art. 86.2).
La definición de este tipo de suelo fue derogada por la Ley estatal del Suelo de 1998 (Art. 9.1), pero ésta recoge la misma idea, con la ventaja de que ya sí que aparece una referencia directa al PA. Así, actualmente se considera SNUEP aquel que tuviera algún régimen especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo no sólo con los planes de ordenación territorial, sino también con la legislación sectorial (p.e., LPHE/LPHCM), refiriéndose entre los posibles valores de este suelo a los arqueológicos.
La ley urbanística de la Comunidad de Madrid de 1995, también recogía una definición sobre SNU (Art. 49.1), y aunque no hacía referencia directa al PA, éste está considerado. La norma contempla que en este tipo de suelo se incluyen los bienes sometidos a algún régimen especial de protección (Art. 49.1.b), y este es el caso del PA, que tiene un régimen de protección establecido por las LPH. En la actualidad, la nueva Ley del Suelo de la Comunidad se refiere de una forma concreta a la protección del PA (< > { }$ ), de una manera muy similar a como lo hace la legislación estatal de 1998 que acabamos de comentar (LSCM/01, Art. 161.a y b). Además, añade que en caso de pérdida del valor por el que el suelo fue protegido, sean cuales sean las causas que la hayan motivado, se intentará restituir su valor y en todo caso, ese suelo no podrá incluirse como Urbano o Urbanizable en los 30 años siguientes, salvo por Ley aprobada en Asamblea de Madrid, en la que se justifique la imposibilidad de restitución medio ambiental del suelo (LSCM/01, Art. 16. 3.). Aunque es evidente que la nueva ley está pensando más en suelos protegidos por motivos naturales que históricos, no deja de ser importante esta limitación, puesto que permitirá también que en caso de daño parcial al PA se intente recuperar o conservar lo que quede de él.
Evidentemente, en todo el SNU, las antiguas legislaciones estatales prohibían destinarlo a fines que no fueran de tipo agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o no estén relacionados con la utilización racional de los recursos naturales (LS/92, Art. 15). Tampoco se podía edificar, exceptuando algunas construcciones para obras de utilidad pública o para actividades y viviendas agrícolas (LS/92, Art. 16.3). En cuanto al SNUEP, el planeamiento territorial y urbanístico podía delimitar determinadas zonas por su carácter especial en las que estaría prohibida cualquier <> (LS/ 92, Art. 17). La ley de la Comunidad de Madrid de 1995 insistía en los mismos aspectos que las normas estatales para los SNU, pero con determinados matices, siempre salvando el SNUEP de todas las posibles actividades de construcción o instalaciones, a no ser que estas fueran compatibles con el régimen de protección (LSCM/95 Art. 54) (Parejo 1998/9: 311-320). En la actualidad, la nueva ley de 2001 de la Comunidad, detalla un poco más el tipo de actuaciones que pueden realizarse en estos suelos (Art. 28 y 29), de entre ellas destaca para el interés del PA, la posibilidad de construir instalaciones de dominio y uso público para < > { }$ . Aclaran que el espacio que ocupen estas instalaciones será el indispensable (Art. 29. 3.c.). Es evidente que de nuevo, la ley está pensando más en suelos con protección medioambiental que arqueológica, pero no podemos olvidar que parte del PA que queda en la Comunidad se encuentra en ellos, por lo que la ley anima a realizar alguna de estas instalaciones, que serán muy apropiadas para la promoción del PA.
Aunque la ley estatal de 1998 recoge todos los preceptos de las normas anteriores a ella, e incluso como novedad especifica la prohibición de las parcelaciones urbanísticas para todo el SNU (LS/98, Art. 20.2), ha cambiado su concepción sobre el SNU, y este cambio podemos considerarlo como perjudicial para gran parte del PA no conocido.
Hasta esta ley (LS/98), el SNU era el que más terreno abarcaba de los tres tipos de suelos principales, puesto que en él se incluían los llamados suelos residuales. Estos últimos son suelos no urbanos y que tampoco son aptos para urbanizar (LS/ 76 Art. 80.a y LS/92, Art. 12.a, LSCM, Art. 45.e). Hasta 1998, los suelos residuales se encontraban protegidos por las normas comunes a todo SNU, pero desde entonces han pasado a formar parte del Suelo Urbanizable (LS/98 Art. 10.2). Este hecho generaba un conflicto ínter legislativo entre la Comunidad de Madrid, aún no adaptada a la nueva norma estatal, y el Estado, que se salvaba a través de algunos preceptos que marca la norma de 1998 (Parejo 1998/9: 304-305). Finalmente, esta situación irregular se ha corregido con la Ley del Suelo de la Comunidad de 2001, que ya sí recoge los suelos residuales dentro del Suelo Urbanizable (Art. 13.1.c. y 16. 1.a). En lo que respecta al PA, podemos considerar la nueva situación dañina para aquel patrimonio no conocido y que se halle en suelos residuales. Hay que pensar que el Suelo Urbanizable tiene menos medidas de protección que el SNU, ya que en él se permiten las parcelaciones, edificaciones, etc.
Volviendo al tema principal del apartado, todas las características descritas hasta aquí hacen del SNUEP, y de gran parte del SNU común, que por desgracia desaparecerá, un espacio ideal para la protección del PA inmueble. El problema se presenta cuando se sabe que no todos los yacimientos están en este tipo de suelo, porque; ¿qué ocurre con las ciudades?, son Suelo Urbano y tienen yacimientos bajo ellas, o, ¿qué ocurre con los suelos calificados como urbanizables en los que se descubren yacimientos en el momento que se comienza a remover terreno para la construcción?... Ya se conocen las soluciones que dan las LPH y que las normas urbanísticas tienen que respetar. Sin embargo, hay algunos preceptos en las leyes urbanísticas que pueden ayudar a fomentar la protección del PA en cualquier tipo de suelo, y en consecuencia, en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable.
Una de las medidas que se podían tomar según las leyes del suelo era una norma de aplicación directa. Estas leyes recogían la idea de la adaptación de las construcciones al ambiente que les rodea, entendiendo por este, entre otros, el lugar inmediato o que forme parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional (LS/76, Art. 73. a, RP, Art. 98.2.a y LS/92, lo recogía en Art. 138.a), añadiendo el Reglamento de Planeamiento de la legislación estatal del suelo, que esto debe cumplirse independientemente de que el planeamiento urbanístico esté aprobado o no (RP, Art. 98.3). Pero desde la ley de 1998, aquella norma fue derogada, y sólo mantiene este precepto de adaptación al ambiente para el Patrimonio Natural o Medioambiental (LS/92, 138.b), lo que se ha interpretado por algunos autores como el no reconocimiento del PHE frente al Natural, siendo esto un error, ya que en el ámbito constitucional ambos Patrimonios tiene un valor idéntico en cuanto a su estatus y defensa (Art. 44, 45 y 46 de la Constitución Española) (Abad 2000: 34-35). Lo cierto es que la legislación madrileña la ha tenido presente hasta la Ley de 2001 (LMDUCM, Art. 73), en la que ha sido definitivamente derogada.
Otra posibilidad de defender el PA en Suelo Urbano o Suelo Urbanizable, es que, como es lógico, no todos los suelos son de propiedad privada, sino que muchos serán suelos públicos en los que se podría conservar el PA. Dentro de éstos destacan los que para la ejecución del planeamiento resultan imprescindibles: los llamados terrenos dotacionales públicos. En estos terrenos lo que se ejecuta son las dotaciones públicas de carácter general o Sistemas Generales, que son fundamentales para la ordenación del territorio (RP Art. 25.1), es decir, son los que dotan de infraestructuras y equipamientos a los municipios (viales, espacios verdes, centros pú- blicos, etc.). Estos Sistemas los encontramos en la Comunidad de Madrid o bien incluidos dentro de alguno de los tres tipos de suelos, o bien inscritos en ellos como algo diferenciado (Castelao y Santos 1999: 775-779). Se han de resaltar por la importancia que pueden tener los Sistemas Generales de Equipamiento Comunitario (LS/76, Art. 12.1, b, LS/92 Art. 72.2.d), ya que es un rango que podrán llegar a adquirir yacimientos de la Comunidad si se encuentran en zonas verdes, parques o similares, de manera que se conservarían integrados en estos espacios públicos. De hecho, esta posibilidad se recoge en las normas que ha desplegado la DGPH para proteger el PA de bastantes municipios2 . La nueva Ley del Suelo madrileña (2001), sigue manteniendo este tipo de espacios, pero ahora los denominará Sistema de Redes Públicas en su artículo 36, distinguiendo a los Equipamientos en el apartado 2.b.
Recopilando y concluyendo todo este apartado, hay que decir que los yacimientos “aparecen” en todos los tipos de suelos. Fueron hasta julio de 2001 los SNU y SNUEP, y ahora tan sólo en los SNU de protección, en donde se interviene menos, y en consecuencia, donde menos se destruyen estos inmuebles. Pero en lo que se refiere a los demás suelos, serán los planeamientos de cada municipio con sus normas específicas, los que reflejarán las medidas a tomar sobre los mismos. El papel de la Administración competente en materia de PA estará detrás de los planeamientos para todos los tipos de suelos, pero mientras para el SNU de protección, las leyes urbanísticas complementarían bastante bien las normas dictadas por dicha Administración, en el resto de suelos el PA está más desprotegido por parte de la gestión urbanística, debido a que en la mayoría de ellos las intervenciones o remociones sobre el terreno están permitidas, aunque sea con aviso a la Administración que tutela el PA. Así, las medidas a desarrollar por la Administración competente en PA, serán más importantes y necesarias en los casos de suelos con posibilidades de urbanización, remodelación, rehabilitación, etc.
Planeamiento municipal del suelo.
He analizado primero los distintos tipos de suelo, pero éstos van a ser de una clase o de otra dependiendo del planeamiento, que es donde se decide; de ahí la importancia de conocerlo.
Lo primero que hay que apuntar es que, al igual que pasaba con las leyes de PH, con la sola aprobación inicial de cualquiera de las posibles normas del planeamiento urbanístico, se podrá obligar a la suspensión de licencias concedidas o en trámite para parcelación, edificación, reforma, demolición, o cualesquiera que sean las actividades contrarias a lo que promulgan dichas normas (RP, Art. 117, 118, 119 y 120). Lo que debe ser considerado como un motivo más para apreciar la importancia del Plan urbano, ya que su vigencia es limitada y las valoraciones de los suelos o normas desarrolladas podrían variar de unos planeamientos a otros, deteniendo el destrozo de Bienes que antes no se conocían o simplemente no se incluían.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que todas las leyes del suelo estatales buscan normalizar los tipos de planes para que haya la mayor igualdad en el tratamiento del suelo en todo el país. De hecho, se intenta tener una planificación de ámbito nacional, que hoy día ha quedado relegada a planeamientos sectoriales como puede ser el tan polémico Plan Hidrológico Nacional. También hemos adelantado que hay un planeamiento de Ordenación Territorial que abarca el suelo de toda una Comunidad, y que en el caso de Madrid se denomina Plan Regional de Estrategia Territorial, pero que aún está por aprobarse. Finalmente, hay un planeamiento para el ámbito municipal, en el que nos vamos a centrar a continuación.
En este nivel de planeamiento destacan sus dos figuras esenciales; los Planes Generales Municipales o de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Se anotan aquí sus características de una forma muy simplificada.
Los Planes Generales, que pueden ser de un municipio o de varios, en el caso de la Comunidad de Madrid serán de cada uno. Éstos clasificarán los tipos de suelo en su territorio y establecerán un programa para llevar a cabo su ordenación urbanística (LS/76, Art. 10.1), es decir, también lo calificarán. Dentro de estas actividades, entraría la de tomar medidas para la protección de los conjuntos histó- rico-artísticos (LS/76, Art. 12.1.d). Además, entre la documentación que tiene que recoger un Plan General, en la memoria, deberán aparecer señalados los posibles valores históricos existentes en el terreno que abarcará, así como el análisis de la incidencia que puedan tener las leyes de PH en él (RP, Art. 38.2.g) y h)). Finalmente, se reflejarán en planos los distintos suelos, destacándose entre otros el plano del SNU con sus áreas de Especial Protección (RP, Art. 39.2.E).
Las Normas Subsidiarias servirían para completar los Plan Generales, pero cuando un municipio no tenga el citado Plan serán éstas las que se utilizarán para planificarlo (LS/76, Art. 71.1, RP, Art. 88.3.b). Entre la documentación a aportar, se recoge prácticamente lo mismo que en el Plan General; (que afecte al PA; RP, Art. 92.h, 93.h y 97.3.h). Esto convierte en fundamentales a estas normas, pues su elaboración es más rápida que la de los Planes Generales y recoge las líneas principales de éstos evitando un vacío legal en los municipios (Fernández 1997: 65). De hecho, en la Comunidad de Madrid y en España en general, hay multitud de municipios que funcionan o han funcionado bajo las Normas Subsidiarias. En la actualidad, la nueva Ley del Suelo de 2001 de la Comunidad ha optado por hacer desaparecer la figura de la Normas Subsidiaria, exigiendo para dentro de un par de años desde la aprobación de la Ley, que todos los municipios madrileños posean un Plan General (Art. 41 al 46 y Disp. Trans. 3ª).
Dejando a un margen esta última novedad, lo que se sigue manteniendo prácticamente igual es que dentro de estas normas o planes, la protección del PA podrá ir recogida en diversos lugares. Las leyes del suelo desarrollan algunas figuras orientadas específicamente a proteger Bienes de distinta índole, es decir, que ya no se ocuparían del planeamiento de un territorio en todos sus aspectos. De ellas, se apuntan dos por el interés que para este trabajo tienen, los Planes Especiales de Protección, que son normas de planeamiento y los Catá- logos, que no tendrán carácter normativo, sino que serán instrumentos auxiliares a las distintas normas.
La parte de legislación del suelo de 1976 aún vigente, contempla los Planes Especiales en sus artículos 17 a 24, siendo el artículo 18 el que hace referencia más directa a Bienes del PH. Se pretende con estos planes la conservación y la puesta en valor de los Bienes, creando normas para su protección, restauración y mejora (LS/ 76, Art. 18.2). Aunque en teoría se desarrollaría el Plan Especial para continuar las directrices contempladas por el Plan General o Normas Subsidiaria (LS/76, Art. 17.1), es interesante tener en cuenta que estos planes en el caso del PH, pueden ser aprobados independientemente de que los Planes Generales y Normas Subsidiarias lo estén (RP/78, Art. 76.1.c), pero nunca los sustituirán, como es lógico (RP/78, Art. 76.5. y LS/ 92, Art. 84.5).
Estas características del Plan Especial lo hacen bastante conflictivo, tanto por motivos intra o ínter administrativos como por los intra o ínter sectoriales. Es decir, que aunque sería lógico, desde el punto de vista de las leyes del suelo, que el planeamiento territorial primara sobre el especial, dependiendo de los casos esto no va a ser así, puesto que se permite aprobar un Plan Especial aunque el municipio no tenga Plan General o Normas Subsidiarias. De esta forma, la superioridad con la que se concibe la planificación urbanística como integradora de diferentes intereses sobre el suelo, se ve imposibilitada, como en otros casos, por normativas sectoriales como las leyes de Patrimonio o medioambientales, lo que da lugar a tensiones dependientes de la buena o mala coordinación ínter administrativa o de los informes aprobatorios por parte de las administraciones competentes en el proceso de elaboración de los Planes Especiales. A juicio de algunos especialistas en Derecho Urbanístico, esto hará difícil garantizar la eficacia de dichos planes (Castelao y Santos 1999: 239; Abad 2000: 36 y 37, pies de página 15 y 16, y Fernández 1999: 70-75).
Con los Planes Especiales se podría ir aún más lejos en las críticas. La aprobación de este tipo de Plan, en el caso concreto del PA madrileño no existe, a pesar de la declaración de las Zonas Arqueológicas y de las exigencias de las Leyes de PH. Más adelante conoceremos las medidas que se han tomado para cumplir las LPH sin necesidad de recurrir al Plan Especial. Aquí lo anoto para reafirmar la teoría de su escasa validez para Zonas Arqueológicas3 . Con la nueva Ley del Suelo de la Comunidad, el tratamiento del Plan Especial es prácticamente idéntico al que hace la legislación estatal, por lo que sigue siendo una figura que difí- cilmente podrá ser utilizada para el PA (LSCM/01, Art. 50 al 52).
Finalmente, los Catálogos serían documentos que complementarían los Planes Especiales, recogiéndose en ellos los monumentos, jardines y parques naturales o paisajes que se contemplarán bajo esa figura (LS/76, Art. 25, RP, Art. 86.1, y LS/92, Art. 93), aprobándose a la vez e incluso antes que dichos Planes (Abad 2000: 37 y 38, nota a pie página, 18). Pero también se podrán incluir en los Catálogos Bienes concretos que no tengan ningún Plan o estén situados en cualquier tipo de suelo (RP, Art. 86.2). De hecho, estos Bienes pasarán al Registro Público, realizando este proceso la Comisión Provincial de Urbanismo (RP, Art. 87.1). Igualmente podrán ser objeto de anotación preventiva en el caso de que su Plan Especial este en trá- mite de aprobación, tengan alguna declaración especial bajo otras leyes sectoriales, o se proponga por cualquier persona o entidad (RP, Art. 87.2 y 3). En el caso de que sean BIC, esos Bienes se regirán por su normativa sectorial propia, además de las posibles protecciones que les dé el Catálogo (LS/ 76, Art. 25 y LS/92, Art. 93). Con la nueva Ley del Suelo madrileña, estos Catálogos pasan a denominarse Catálogos de Bienes y Espacios protegidos (Art. 55), y puede que tomen mayor protagonismo, pero aún están faltos de regulación reglamentaria, por lo que de momento son las medidas anteriores a la aprobación de esta Ley las que siguen primando.
Lo que parece claro es que en el momento actual los Catálogos, al no tener carácter de normas, son una especie de inventarios de Bienes. Aunque puedan asumir e integrar medidas de protección sobre ellos, su utilidad hay que entenderla en el sentido de unificar criterios a la hora de valorar inmuebles de distinta índole.
En Madrid se han utilizado bastante los Catálogos de planeamiento, incluyendo en algunos casos el PA. Ello se debe a que a finales de 1989, la Comisión de Urbanismo de Madrid firmaba una instrucción por la que se acordaba la normalización de la redacción de Catálogos de la Comunidad. Las razones-objetivos fundamentales para llegar a este acuerdo eran dos; una, que todos los Bienes comprendidos en los Catálogos de la Comunidad de Madrid tuvieran los mismos criterios de protección -entendiendo por estos Bienes, aquellos que dependen de diferentes competencias administrativas, concretamente de Agricultura, hoy Medio Ambiente (parajes naturales), Educación, hoy de las Artes (Monumentos, entornos y yacimientos arqueológicos), y Política Territorial, hoy de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (patrimonio arquitectónico-urbanístico)- y otra, que se equipararán los derechos y deberes de los/as propietarios/as de Bienes de este tipo (Consejería de Política Territorial 1990: 11-14). Entre los posibles Bienes, como se ha adelantado, se encuentran los yacimientos arqueológicos, que requerirán para su protección la delimitación de las áreas que con carácter precautorio han de someterse a prospecciones en el caso de que se den movimientos de tierra u otros. También se advierte que aparte de las protecciones generales que se les dé desde el Catálogo, compete a la Consejería de Cultura (hoy de las Artes), aplicarles las normas propias que les afecten siendo éstas las prioritarias. Y lo más importante, en el caso de ser un BIC, en el Catálogo sólo aparecerán a modo de anotación, siendo de nuevo la Consejería de las Artes quién dé las normas a seguir (1990: 13, 20 y 48-50). Parece que con la nueva ley madrileña, sí que desde el Catálogo se podrán establecer normas para BIC incluidos en él, pero siempre bajo la supervisión (informe preceptivo) de la Consejería competente (LSCM/01, Art. 60.b).
2.4.3. Recapitulación sobre las relaciones entre el Patrimonio Arqueológico y el urbanismo desde una perspectiva legal.
Después de establecer el complejo legal que afecta a la inclusión de normas del PA en el planeamiento urbanístico, podemos sacar ya unas primeras conclusiones a modo de recapitulación:
1. La complejidad del Urbanismo, que queda demostrada tanto en su legislación como en los contenidos que abarca la materia. Este hecho sitúa al PA en una posición poco destacada frente a otros Bienes o recursos que han de tenerse en cuenta en la planificación urbana. La consideración del PA en planes de ámbito regional, como el Plan Regional de Estrategia Territorial, podría influir positivamente en la conservación de yacimientos, pero esto es todavía futuro. También, a pesar de las dificultades comentadas, la inclusión en Planes Especiales o Catálogos de los Bienes, beneficiaría esa protección, pero luego veremos cómo esto no ha sido fácil de llevar a la práctica. De hecho, ya se ha adelantado que no hay Planes Especiales para el PA en la Comunidad de Madrid.
2. La Leyes de PH, como normas sectoriales, están metidas con calzador para defender sus potestades en el mundo legal urbano, dando lugar a dos tipos de conflictos; el ínter ordinamental y el ínter administrativo. Conflictos que perjudican la labor práctica de la protección del PA, dependiendo su defensa, en muchos casos, de cómo sean las relaciones entre instituciones competentes y no de có- mo se impongan ambos tipos de normas. La evolución de la nueva LPHCM en relación con la implicación de los Ayuntamientos en la protección del PA, puede ser una vía de acercamiento hacia una mejor articulación de las relaciones con la Administración de la Comunidad.
3. Finalmente, queda claro que el esfuerzo de las administraciones competentes en PH a la hora de declarar sólo es realmente útil cuando estos Bienes son recogidos por los distintos planes urbanos, ya que, si no son reconocidos en ellos, la Administración que protege el PA deberá ir a la zaga de las ejecuciones del planeamiento. La inclusión de las áreas con potencial arqueológico en los planes municipales, recogiendo entre sus normas urbanísticas las exigencias de la Administración competente en PH de la Comunidad, será la clave para establecer la protección básica del PA inmueble en Madrid.
3. Las normas de protección del Patrimonio Arqueológico y el planeamiento municipal.
Hasta este momento hemos visto cómo era y es la situación del PA inmueble en la Comunidad de Madrid en cuanto a su grave peligro de destrucción y cuáles son las leyes a las que puede acogerse para ser protegido desde el punto de vista del planeamiento del suelo. Ahora vamos a conocer cuál ha sido la plasmación práctica, desde una perspectiva documental, de estas medidas protectoras.
3.1. Conocer para proteger. La necesidad de una carta arqueológica.
Desde el traspaso de competencias en Cultura en 1983 y especialmente desde que se aprueba la LPHE (1985)4 , la Comunidad de Madrid es consciente de que para proteger el PA inmueble de su territorio, primero debe conocerlo, para posteriormente declarar aquel que considerara más importante, bajo la figura que la nueva Ley creaba: la de BIC-Zona Arqueológica. Así, al igual que otras Comunidades españolas, en la de Madrid se comienza a realizar un inventario de sus yacimientos arqueológicos. La elaboración de la Carta Arqueológica de Madrid, así como los principales datos que aporta, ha sido ampliamente publicada (ver p.e., Velasco 1991a, 2000).
Sea como fuere, en 1986, con la aprobación de la Orden de Excavaciones y Prospecciones, comienzan los trabajos de campo de una manera sistemática, donde se debían prospectar términos municipales completos, siendo la técnica de “cobertura total” sobre el territorio. En 1994 se acabaron los trabajos de campo y gran parte de la información ya había sido informatizada bajo un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.). Los S.I.G. no eran algo novedoso para la Arqueología desde el punto de la investigación histórica, pero sí desde el administrativo (Dávila Serrano y Velasco Steigrad 1996: e.p.). Ahora, la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas lo están utilizando para sus Cartas Arqueológicas.
Hay que añadir que en la Carta no sólo se contemplan los yacimientos arqueológicos, sino que también se han documentado los paleontológicos, e incluso se ha incluido el patrimonio etnográfico, todo contemplado bajo criterios similares, lo que luego se reflejará en las protecciones para las zonas, encontrándose igualmente protegido por ejemplo, un bien del PA que se encuentre en “Zona Paleontológica”, que si estuviera en una Arqueológica. En lo que ser refiere a este último aspecto sobre la protección del Patrimonio Paleontológico, hay que recordar que las Zonas Paleontológicas no aparecen recogidas como tales en la LPHE, pero sí en la LPHCM (Art. 1.3, 9.2.h y capítulo VI), donde ya representan una figura independiente de la Zona Arqueológica. Esto es importante anotarlo, ya que algunas Zonas Arqueológicas se han declarado o incoado pensando en la protección de Bienes paleontológicos más que en los arqueológicos, aunque las medidas tomadas para ellos sean las mismas que para el PA. A pesar de que se sabía que entre sus competencias, la DGPH sólo debía ocuparse de aquellos restos paleontológicos relacionados con la < } >$ (LPHE, Art. 40. 1.), haciendo una “amplia” interpretación de estos “antecedentes” y pensando en el vacío legal que existía con respecto a los restos paleontológicos, decidió hacerse cargo de ellos, pero curiosamente, no se pensó lo mismo con respecto a los restos geológicos, que bajo esa libre interpretación del citado artículo, se hubieran podido también considerar de su competencia. A pesar de esto, lo cierto es que desde 1989, con la promulgación de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, en su Art. 16.2. se contempla a los yacimientos paleontológicos (como Monumentos Naturales), y tal y como también se desprende de esta Ley, su responsabilidad debía haber recaído, por lo menos desde entonces, en la hoy Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad (Querol 1995; Querol y Martínez Díaz 1996: 302-303). Por extraño que parezca, con la nueva LPHCM la responsabilidad de protegerlos recae sobre Educación.
Dejando a un margen este inciso sobre el Patrimonio Paleontológico, en lo que a este estudio respecta, la aplicación de un S.I.G. a la Carta Arqueológica permite tener controlados los yacimientos arqueológicos inventariados desde distintos puntos de vista, siendo esencial para su protección su ubicación geográfica, teniendo en cuenta los términos municipales, las vías de comunicación, polígonos urbanos, la red hidrográfica y el estado de conservación del Bien (Velasco 2000: 386-388). Además, también contiene datos de tipo arqueológico: cronologías, clases de yacimientos, materiales, etc., aquellos que recogían las fichas de campo de las prospecciones (Velasco 1991a: 273-276). En el año
2000 la Carta incluía 3.624 sitios arqueológicos, un $8 0 \%$ del inventario obtenido en las prospecciones (Velasco 2000: 388).
El S.I.G. utilizado ha servido también para la declaración y delimitación de las Zonas Arqueoló- gicas, pues éstas no han incluido todos los yacimientos conocidos de la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, y como dije al principio de este artí- culo, el modelo seguido por Madrid, implica la declaración de amplias zonas y no de yacimientos concretos. Por esto, es importante recordar cuál fue el sistema de selección de estas áreas como BIC. En concreto, hubo tres criterios básicos, aunque sabiendo que eran variables según el interés específico de cada zona (Blasco et al. 1995: 160-161):
- El arqueológico, la más discutible de las tres premisas, pues el qué se entiende por yacimiento se presta a muchas opiniones. Aquí se prefirió un criterio amplio, en el que se abarcaba más de un yacimiento y las zonas de alrededor, incluso en alguna publicación se llega a afirmar que sólo entre un 5 o $1 0 \%$ de la superficie protegida es arqueoló- gica (Velasco 1991b: pto. 1). También se podían descartar Bienes protegidos por otros tipos de BIC, así como los hallazgos aislados o descontextualizados, a los que se les daba menos importancia que a los yacimientos más evidentes.
- El geográfico; en él se intentan contemplar aquellas zonas con mayor posibilidad de haber tenido ocupación humana. Son los valles, terrazas etc., y por supuesto, los núcleos urbanos.
- El administrativo; son las posibles limitaciones que se pongan desde este ámbito. Por ejemplo, la obligación de ceñir las declaraciones a los límites municipales. De hecho, sólo hay una Zona Arqueológica que ocupa partes de más de un término municipal, concretamente 3: la Ciudad Romana de Complutum, situada entre Alcalá de Henares, Villabilla y Torres de la Alameda.
Finalmente, una vez seleccionados los Bienes, se incluyen dentro de unas áreas con radios desde 100 hasta $4 0 0 \mathrm { m }$ de distancia del yacimiento. Luego, las áreas se uniforman despejando espacios intermedios entre ellas y bajo los criterios anteriormente expuestos. De todo esto saldrán polígonos ajustados a los yacimientos y a los ítems geográficos (Blasco et al. 1995: 161-162). Se consiguen así las Zonas Arqueológicas para declarar, que hasta el año 2000, entre incoaciones y declaraciones eran 40 (ver nota 6).
Además de para la declaración de Zonas Arqueológicas, la Carta Arqueológica tiene otras muchas utilidades (consultas para las evaluaciones de impacto ambiental, proyectos internos de la Dirección General, etc.), entre ellas, por la que más nos interesa aquí es por ser el instrumento ideal para incluir mapas con delimitación de áreas con potencial arqueológico junto con las normas para su protección. Esta última faceta es el tema central del artículo y la trataremos a continuación.
3.2. Normas de protección para el Patrimonio Arqueológico.
Como explicaba al comienzo de este artículo, cuando inicié mi trabajo de investigación, pensaba que en la Comunidad de Madrid sólo existía un modelo de normas para la protección del PA incluidas en los planeamientos municipales. Pero la sorpresa vino cuando descubrí que además de ellas, existían otras que yo no conocía. A modo de síntesis, podemos anotar que en los planeamientos municipales madrileños se encuentran estas distintas situaciones con respecto a la protección del PA:
$1 ^ { \circ }$ . Planeamientos municipales que presentan el modelo de normas para protección de PA que reconoce haber dado la DGPH. Normas que a partir de este momento denominaremos bajo el nombre de “Modelo Base”.
$2 ^ { \circ }$ . Planeamientos municipales que presentan modelos de normas de protección del PA que la DGPH de la Comunidad de Madrid no reconoce haber facilitado. En concreto, se trata de tres tipos de normas que he denominado con los siguientes nombres: “Modelo de Protección de Interés Cultural”, “Modelo Catálogo” y “Modelo de Hallazgos de Interés”.
$3 ^ { \circ }$ . Planeamientos municipales que presentan algún tipo de normas o referencias particulares sobre el PA de su municipio.
$4 ^ { \circ }$ . Planeamientos municipales que recogen en sus Catálogos yacimientos arqueológicos denominados bajo la categoría de Elemento de Catálogo, detallando la ubicación exacta del Bien.
$5 ^ { \circ }$ . Planeamientos municipales que presentan una o más de las posibles referencias o modelos de protección del PA expuestos en los puntos anteriores.
Antes de cerrar este apartado introductorio, quiero advertir que esto no significa que anteriormente a la inclusión de estas normas en los planeamientos municipales, incluso en aquellos municipios que en la actualidad no las poseen, no se hayan realizado intervenciones arqueológicas en estos territorios o en algún caso no se haya considerado la protección de algún Bien del PA allí ubicado. Pero estas medidas para con el PA pueden considerarse esporádicas o no generalizables para todo el territorio municipal, y quiero recordar que aquí se está intentando valorar la normalización de la protección del PA en la Comunidad de Madrid a nivel municipal y no los casos excepcionales o privilegiados.
3.2.1. Los modelos de normas y referencias a la protección del Patrimonio Arqueológico.
El Modelo Base
a) Características generales del Modelo:
Estas normas de protección elementales para el PA, tienen su origen en el año 1984, cuando son recogidas por primera vez en las Normas Subsidiarias de Alcalá de Henares (Méndez 1991: 267-90).
La importancia de este hecho radica en que estas normas han sido adaptadas a la LPHE pero no han variado sustancialmente en sus contenidos. Los motivos de que Alcalá de Henares sea más avanzada que otros lugares son dos: el primero es que al igual que Madrid capital, su tradición arqueológica se remonta bastantes años atrás, y el segundo y más importante, es la implicación del Ayuntamiento, que tuvo gran interés por salvaguardar su PA (ver p.e.: VVAA 1987).
Este hecho es bastante curioso si lo comparamos con Madrid municipio, ya que a pesar de tener también una gran tradición arqueológica que se remonta al siglo pasado y, sobre todo, a partir de la creación del Instituto Arqueológico Municipal en la década de los cincuenta (ver p.e.: Quero 1995/6: 93-200; Carrera y Martín 1996), no será hasta marzo de 1985, eso sí, un poco antes de la aprobación de la LPHE, cuando el Plan General de la Capital recoja normas referentes al PA (Mena y Nogueras 1990: 223-228). Pero estas normas resultan más pobres de contenido que las pioneras alcalaínas, ya que son bastante menos detalladas. Aún así, ambas normas recogen medidas similares de protección.
De cualquier manera, hay otro aspecto que hace especialmente interesante estos dos textos antecesores del Modelo Base, y es que han sido los más importantes de los que han funcionado durante los primeros años de gestión de la Comunidad de Madrid, manteniéndose en el caso de Alcalá de Henares hasta 1991, pero en el de Madrid municipio lo será hasta el año 97, es decir, durante casi todo el período de estudio considerado. Este hecho también hay que relacionarlo con las áreas que protegían dichas normas, ya que aumentan considerablemente su tamaño con las revisiones de los planeamientos. Si para Alcalá de Henares con el Plan General del 91 se habían incluido algunas zonas más y delimitado mejor otras (ver Méndez 1991: 273, 282-283)5 , en el caso de Madrid, será aún mayor el crecimiento de la superficie de protección. Hasta 1997, el municipio de la capital de España sólo consideraba protegido bajo estas normas lo que era el centro histórico, incluyéndose con el nuevo Plan las tres Zonas Arqueológicas que estaban incoadas desde 1989 (Mena y Nogueras 2000: 328).
La evolución de estas normas es un buen ejemplo del desarrollo de las medidas de protección de PA a nivel municipal en la Comunidad madrileña. De hecho, nos sirve de antesala para comprender su complejidad y lo que cuesta llevar a la práctica y coordinar intereses de distintos ámbitos para proteger el PA.
En este artículo no voy a describir en detalle el Modelo Base, puesto que como he expuesto para otros temas, estas normas, tanto las pioneras alcalaínas como el propio Modelo, han sido publicadas (Méndez 1991; página Web 3). En cambio, sí que haré un resumen y análisis sobre el mismo, puesto que es el más importante y el que sigue utilizando la Comunidad de Madrid en el presente.
Lo primero que hay que recordar es que las normas del Modelo Base serán dadas exclusivamente por la hoy DGPH de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias al respecto. Así, la tramitación normal de este texto, sería la siguiente: el municipio que está elaborando o revisando su planeamiento solicita, o bien a través de alguien del cuerpo técnico del Ayuntamiento o de la ingeniería o empresa similar que lo esté efectuando, saber si hay alguna zona a proteger por parte de dicha Dirección General. Así, una vez conocido el municipio y consultada la Carta arqueológica, desde la Consejería de las Artes se emiten estas normas adjuntando planos y coordenadas de la ubicación exacta de las áreas a proteger. Finalmente, el Ayuntamiento las recoge junto con el resto del planeamiento revisado, que tiene que ser informado favorablemente por la Comisión de Urbanismo de la Consejería competente en estos temas.
Dicho esto, del Modelo Base podemos destacar las siguientes características que lo sintetizan:
1ª. El objeto de estas normas será la protección y conservación del PA, pero incluso se plantean su exploración y puesta en valor. En este sentido, consideran que el planeamiento urbanístico debe contemplar la situación de estos Bienes para incluirlos en la planificación global del crecimiento urbano. Igualmente, se anota que la clasificación de estas áreas de interés que se van a señalar no debe considerarse inmutable, sino que podrá corregirse y ampliarse.
2ª. Con la inclusión de estas normas dentro del planeamiento municipal, se da por cumplida la obligación exigida por la LPHE y la de la Comunidad de Madrid de que en el caso de que sean Zonas Arqueológicas, se redacte un Plan Especial o cualquier otro de los instrumentos que recoge el planeamiento urbanístico para proteger este tipo de BIC. Esto último es prueba de la no utilización de los Planes Especiales para el PA incoado o declarado BIC en la Comunidad de Madrid.
3ª. Las normas definen el “valor arqueológico”, al que aluden como algo independiente del valor económico, urbanístico, social o estético de un resto o pieza. También señalan que los restos arqueológicos pueden pertenecer a cualquier época, incluso ser contemporáneos. Esta redacción es idéntica a la de las normas de Alcalá de Henares de 1984.
4ª. Definen y señalan en un mapa adjunto una serie de “áreas de interés arqueológico”, que podrán ser hasta cuatro dependiendo del municipio. La área A es la que tiene presente las zonas más importantes, sean BIC-Zonas Arqueológicas o no, la B es la que presenta “amplias superficies” con existencia probada de restos arqueológicos, la C son zonas con alta probabilidad de tener restos arqueológicos o conociéndose éstos, se encuentran muy deteriorados o su ubicación no es exacta, y D, en la que la importancia del PA allí ubicado es menor o sólo se conjetura su existencia.
$5 ^ { \mathrm { a } }$ Dan unas “normas de actuación y protección” para cada una de las áreas. En ellas, ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo se emitirá un informe precedido de una intervención arqueológica (para A, excavación, para B y C, exploración y catas de prospección, para D, sí se considera oportuno, se hará la misma intervención que para B y C). Será una tramitación con carácter urgente; la intervención e informe lo hará $\mathrm { { u n / a } }$ especialista en Arqueología que esté colegiado/a y necesitará un permiso previo de la DGPH, que en un plazo de un mes, siempre que el solar no supere los $5 0 0 ~ \mathrm { m } ^ { 2 }$ , hará la intervención y presentará rápida y seguidamente un informe a dicha institución. Ésta intervención podrá ser costeada o bien por el contratista o promotor, siendo el plazo máximo para iniciarla de 15 días, o bien por la DGPH, teniendo que esperar en caso de la segunda opción, a la tramitación de la subvención oficial de la misma. Éste último trámite, como ya se sabe, atrasaría la intervención bastante más en el tiempo, y en realidad, es la “trampa” que pone la Administración para que pague la persona interesada en realizar la obra.
Sea como fuere, el Ayuntamiento no puede dar licencia de obra hasta que se cumplan estas obligaciones. Es más, una vez presentado el informe arqueológico a la DGPH, se podrán dar tres situaciones; dar por terminada la intervención y que se pueda conceder la licencia de obra, que se considere necesario intervenir más, continuándose los trabajos durante 6 meses como máximo, y que se continúen los trabajos durante ese período de tiempo, pero además, se advierta de la existencia de restos que deben conservarse en su emplazamiento original.
En el caso de que se dé la última de las tres situaciones descritas, implicará otras dos posibles; una primera que permita seguir con la obra planeada en el lugar, pero adaptándose a los Bienes que en ella aparecen. Una segunda situación sería que por la relevancia de los Bienes no pueda llevarse a cabo la obra. De cualquier forma, en ambas situaciones, las normas prevén unas compensaciones en caso de pérdida de aprovechamiento urbanístico. Las compensaciones variarán según cada caso concreto, pero en esencia pueden ir desde la expropiación forzosa, valorándose los terrenos según su aprovechamiento urbanístico, hasta premios de afección o permutas de terrenos.
$6 ^ { \mathrm { a } }$ . Redactan unas normas generales de “inspección y conservación” para todas las áreas, en las que se insiste en las labores de inspección sobre cualquier zona protegida en la que se hagan obras, y en que se conserven los yacimientos más relevantes en la medida de lo posible, no utilizándose estas zonas con usos que puedan implicar el deterioro del PA allí ubicado, como por ejemplo verter escombros o grandes cantidades de tierra.
De entre estas medidas destaca la referencia a la obligación de estudios de impacto ambiental previos a cualquier obra que suponga movimiento de tierras en las zonas con yacimientos conocidos.
Estas últimas normas generales resultan algo complejas, ya que a veces son repetitivas, como por ejemplo con el tema de los vertidos, e incluso imprecisas, sobre todo en los yacimientos de especial relevancia, a los cuales no se les añade ningún criterio más a la hora de definirlos. Lo cierto es que hay municipios, como el pionero alcalaíno, donde se pueden considerar varios yacimientos protegidos en este sentido, como son los romanos de Complutum y la Villa de El Val.
Por último, dentro de estas normas generales, el Modelo Base anota algo que ya se adelantó con el tratamiento de la legislación urbanística, y es que en el caso de que el yacimiento se ubique en zonas verdes, parques o similares, se integrará como Museo Arqueológico al aire libre dentro del Sistema de Equipamientos Generales del municipio.
Recopilando todo lo visto sobre este Modelo, quisiera puntualizar algunos aspectos importantes. El primero es que en este Modelo se acogen y respetan las legislaciones sobre PA que hay en la Comunidad, pero lo cierto es que hasta el año 2000, y gran parte de 2001, el modelo no había recogido la referencia concreta a la LPHCM, que se aprobó en 1998. Este retraso en la inclusión de la LPHCM dentro del planeamiento municipal aprobado en años posteriores a la promulgación de la misma, es en cierta medida lógico, puesto que hay que tener en cuenta que la revisión de un Plan General o Normas Subsidiaria y su aprobación puede tardar a veces unos años, y la solicitud de normas a la actual Consejería de las Artes pudo producirse antes de la aprobación de la nueva Ley, con lo cual, incluso en el planeamiento aprobado en el 2000 o en el 2001, puede no aparecer y no aparece en la mayoría de los casos, la referencia a la LPHCM.
Otro detalle importante a tener en cuenta, es que durante algún tiempo, existió en el Modelo Base un apartado que hacía referencia a la creación de un Instituto Arqueológico Municipal desde el que se podían realizar todas las actividades para conservar, proteger y estudiar la riqueza arqueológica. Este texto también lo recogían las antiguas normas de Alcalá de Henares. De hecho, en el caso alcalaíno, la creación de este Instituto, ahora llamado Servicio de Arqueología, ha sido finalmente concretada en 1998. Aunque es el único municipio que posee está institución intermediaria entre el Ayuntamiento y la Comunidad, es interesante resaltarlo porque más tarde dicho Servicio se solicitará para otros municipios de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, podemos decir que este Modelo, como cualquier otro, es susceptible de cambios o mejoras. Entre ellas, hay una que parece elemental. Se trata de la posibilidad de que haya yacimientos intocables, es decir, aquellos en los que no se pueda siquiera intervenir o musealizar, zonas de reserva para “el futuro”. Hemos visto que el Modelo presenta la posibilidad de que una vez excavado un yacimiento, éste pueda conservarse en su posición original, pero siempre podrá ser intervenido, y por supuesto, en la mayoría de los casos, eliminado. Es cierto que se conservan yacimientos excavados o partes de Zonas Arqueológicas, como son los casos ya comentados de algunos de Alcalá de Henares, pero que exista en las normas, en todas las áreas contempladas, la posibilidad de intervención y consecuentemente de destrucción o eliminación, es muy grave. De hecho, se corre el peligro de que el Modelo Base pase de ser de protección a ser de desalojo o extracción de PA; máxime cuando es el utilizado para las Zonas Arqueológicas, la figura que presenta más posibilidades para que un yacimiento pueda ser conservado, en la legislación de PH.
Sólo he encontrado un planeamiento municipal en el que el Modelo Base recogía lo que se puede llamar una zona de reserva arqueológica. Es el caso de Titulcia, que tiene esta zona desde 1993, manteniéndola en su revisión de Plan General del año 2000. Junto al resto de áreas A y B, aparece una zona denominada RA (Reserva arqueológica) y que es intocable. Se trata de un yacimiento cuya delimitación es muy evidente. Las normas dicen que si en ellos se realizaban actividades agrícolas, éstas se van a seguir permitiendo, pero sin que se pueda profundizar más de $5 0 ~ \mathrm { c m }$ en el terreno. Cuando pregunté en la DGPH por este caso, se me dijo que era un área de protección que se estaba intentando incluir en municipios con yacimientos “fácilmente delimitables” (p.e. poblados celtibéricos), pero no la he encontrado en ningún otro plan municipal.
A día de hoy, va a ser la ubicación que se le dé a las áreas arqueológicas dentro de las normas urbanísticas la que permita que existan yacimientos “intocables” de una forma normalizada, como por ejemplo, si se encuentran las áreas protegidas para el PA dentro de los SNUEP. Pero no es el Modelo Base el que hace que esas zonas no puedan ser intervenidas, puesto que en él siempre se admite la posibilidad de realizar actuaciones sobre cualquiera de ellas.
b) La plasmación del Modelo Base en el planeamiento municipal de la Comunidad de Madrid:
La posición del Modelo Base dentro de las normas urbanísticas va a variar entre aparecer en el.
Figura 5.- Normas de planeamiento municipal que incluyen el Modelo Base y zonas arqueológicas en la Comunidad de Madrid.
Catálogo, como anexos a Normas Generales de Protección del municipio o como normas para SNUEP (hoy SNU de protección). Igualmente, en algunos planeamientos no se recoge todo el Modelo, aunque como mínimo aparecerán algunas de las áreas de protección definidas. De hecho, en la actualidad parece no incluirse el área D, que según me informó la DGPH se utilizaba ante la necesidad de proteger gran cantidad de espacios dentro de algunos municipios, lo que hacía necesario llegar a consensos con los Ayuntamientos para que aceptaran tomar medidas de protección para todo el PA ubicado en su territorio.
Por ser el oficial y más importante, expongo a continuación un mapa con la distribución espacial de este Modelo. En él se tienen en cuenta los años de revisión de los planeamientos municipales -y en consecuencia de inclusión del Modelo Base- y las Zonas Arqueológicas declaradas o incoadas hasta el año 2000 en la Comunidad de Madrid (ver Tabla 1; Figura 5).
Aunque en este artículo no vamos a entrar en detalle a valorar las Zonas Arqueológicas madrileñas, se hace inevitable incluir algunas referencias sobre ellas, ya que se supone que son las más importantes en cuanto a la protección y riqueza del PA de un territorio. Como he adelantado, de 1988 a 1994, la Comunidad de Madrid incoa un total de 40 Zonas Arqueológicas, las cuales serán incluidas en ámbitos municipales. Esto no quiere decir, como podemos apreciar en el mapa, que existan 40 municipios que tengan estas Zonas, ya que algunos de ellas tienen más de una. En concreto son 27 términos municipales los que las poseen. Igualmente, hay que recordar que aunque todas las áreas se hayan declarado como Zonas Arqueológicas, en el año 2000 existían tres de índole paleontológica6 . (Ciudad Pegaso- O’Donnell- Cantera del Trapero y Paracuellos de Jarama I y II). Pero lo cierto es que como dije anteriormente, las medidas de protección que se toman para las áreas arqueológicas son las mismas que para las paleontológicas. Con lo cual, el PA que esté en ellas se ve igualmente protegido.

MUNICIPIO	ANO
AJALVIR	1991
ALCALA DE HENARES	1991
ALCOBENDAS	1999
ALCORCON	1999
ALDEADEL FRESNO	1997
ALGETE	1999
AMBITE	1995
ARANJUEZ	1996
ARGANDA DEL REY	1999
ARR0Y0MOLINOS	1995
BATRES	1994
BELMONTE DE TAJO	1999
BOADILLADEL MONTE	1991
EL BOALO	1998
BRUNETE	1979
BUSTARVIEJO	1995
CAMARMADE ESTERUELAS	1997
CAMPO REAL	1999
CANENCIA	1996
CASARRUBUELOS	1998
CIEMPOZUELOS	1994
COBENA	1995
COLMENAREJO	1996
COLMENAR VIEJO	1987
CORPA	1997
CUBAS DE LA SAGRA	1992
CHAPINERIA	2000
CHINCHON	1985
DAGANZO DE ARRIBA	1995
EL ESCORIAL	1997
FRESNODETOROTE	1991
FUENLABRADA	1999
FUENTE EL SAZ DE JARAMA	1988
FUENTIDUENA DE TAJO	1994
GARGANTA DE LOS MONTES	1982
GASCONES	1997
GETAFE	1995
GRINON	1994
GUADALIX DE LA SIERRA	1998
LEGANES	1999
LOECHES	1997
MADRID	1997
MAJADAHONDA	1998
MECO	1997
MEJORADA DEL CAMPO	1997
EL MOLAR	1991
LOS MOLINOS	1969

.
Tabla 1.- Modelo Base informado hasta junio de 2001 según la Dirección General de Patrimonio Histórico. Año: Año de planeamiento actual (junio de 2001).

MUNICIPIO	ANO
MOSTOLES	1999
NAVACERRADA	1999
NAVALAFUENTE	1975
NAVALAGAMELLA	1976
NAVALCARNERO	1991
NUEVO BAZTAN	1987
ORUSCODE TAJUNA	1997
PARACUELLOSDEL JARAMA	1987
PARLA	1997
PERALES DE TAJUNA	1992
PEZUELA DE LAS TORRES	1988
PINTO	1990
POZUELODEL REY	1975
PRADENA DEL RINCON	1994
QUIJORNA	1998
RASCAFRIA	1985
RIBATEJADA	1991
RIVAS-VACIAMADRID	1993
SAN AGUSTIN DE GUADALIX	2000
SANFERNANDO DEHENARES	1988
SAN LORENZO DEL ESCORIAL	1999
SANMARTINDELAVEGA	1997
TORREJONDELACALZADA	1993
TORREJON DE VELASCO	2000
TORRELODONES	1997
TORREMOCHADEL JARAMA	1997
TORRES DE LA ALAMEDA	1993
TRES CANTOS	1987
VALDEAVERO	1996
VALDELAGUNA	1999
VALDEMANCO	1997
VALDEMAQUEDA	1996
VALDEMOR0	1999
VALDEOLMOS-ALALPARDO	1997
VALDEPIELAGOS	2000
VALDETORRES DEL JARAMA	1997
VELILLA DE SAN ANTONIO	1995
EL VELLON	1976
VILLA DEL PRADO	1997
VILLALBILLA	2000
VILLAMANTA	1995
VILLAMANTILLA	1997
VILLANUEVADE LACANADA	1999
VILLANUEVA DEL PARDILLO	1998
VILLANUEVA DE PERALES	1994
VILLAREJO DE SALVANES	1986
VILLAVICIOSADE ODON	2000

.
Sea como fuere, lo importante aquí es ver qué planeamientos municipales tienen recogidas normas para el PA (ver Figura 5) y desde cuándo, pues este es sin duda el paso más importante para que pueda haber una protección real. Es evidente que cuanto antes se señalen estas áreas protegidas, más posibilidades hay de que se incluyan en SNUEP (hoy SNU de protección), de manera que recurrir a la intervención, tal y como la plantea el Modelo Base, sea siempre excepcional.
Hay que pensar que actualmente el Ayuntamiento suele consultar a la DGPH antes de decidir las clasificaciones y calificaciones de los suelos en la revisión de planeamientos. Pero anteriormente, según se me informó desde el Área de Arqueología de la Dirección General, no fue siempre así. Que se diera esta situación es bastante peligroso, pues, como he comentado, las divisiones de los tipos de suelos son muy conflictivas y rectificarlas una vez aprobadas es más complicado que si se hicieran de una forma consensuada con la Administración competente antes de ser aprobadas por el Ayuntamiento. Con esto se entienden mejor los recursos que se utilizaban desde la DGPH, como el área D, para intentar proteger lo máximo posible al PA de cada término municipal.
En cuanto a la distribución geográfica de las Zonas Arqueológicas, se aprecia muy bien en el mapa que es en la corona metropolitana sur y este donde hay una mayor concentración, concretamente son 14 de los 27 municipios que tienen esta figura (ver Figura 6). Este hecho lo resalto porque en el área de alrededor de la capital es donde más se construye o destruye y en consecuencia, donde las probabilidades de intervenciones arqueológicas son mayores. Evidentemente, la necesidad de unas normas para el PA en estos municipios de los alrededores de la metrópoli, al igual que pasaba con la propia Madrid, es más urgente que en otras zonas de la Comunidad. En la Figura 5 vemos cómo en el año 2000, 9 de los términos municipales que tienen Zonas Arqueológicas en la corona de la metrópoli recogen el Modelo Base. Pero la mayoría de veces que se ha incluido este Modelo es después de 1995, casi todas en 1999.
Si le echamos otra mirada al mapa (Figura 5), salta a la vista que hay más normas municipales que recogen el Modelo Base y que no tienen Zonas Arqueológicas que las que tienen este tipo de BIC. En concreto existen 39 municipios sin Zonas Arqueológicas y que tienen estas normas, frente a los 14 de 27 (en el año 2000) que sí tienen y las poseen. De estos 39, 29 son posteriores a 1995. Aún así, existen 10 municipios con normas anteriores o de 1995, que están también mostrando lo ilógico de que términos municipales con Zonas Arqueológicas incoadas entre 1990 y 1994 y con revisiones de planeamiento entre 1991 y 1995 no posean el Modelo Base, y en cambio estos 10 sí. De los 10, hay 2 planeamientos municipales que según mi investigación recogen el Modelo Base y según la información pública que da la DGPH no lo tienen. Son los casos de Buitrago de Lozoya y de Santorcaz, que presentan otras normas para el PA desde 1991 y 1994 respectivamente. Aunque estas dos normas no son idénticas a las del Modelo Base, son muy similares en cuanto a áreas y medidas a tomar con respecto al PA, dando siempre la responsabilidad sobre los yacimientos arqueológicos a la hoy DGPH. Por esto los he considerado como tales. Aún así, siguen existiendo 8 municipios que no tienen Zonas Arqueológicas y que tienen incluido el Modelo Base por revisiones de planeamientos entre 1994 y 1995.
Las excepciones de estos dos municipios, me dan pie a comentar otro aspecto sobre la inclusión del Modelo Base en los planeamientos municipales por parte de la DGPH. Esta Dirección tiene hecho público desde finales de la primavera de 2001 y a través de su página Web (ver Documentación: 1. Página Web 1), que existen un total de 86 municipios que presentan el Modelo Base y en consecuencia las áreas de protección arqueológica (Tabla 2). Además, plantean que hay 16 municipios informados en los que no se ha considerado necesario incluir estas normas de protección.
En lo que aquí nos interesa, que es cuántos términos municipales tienen normas de protección para el PA dadas por la Administración competente, he localizado 35 que hasta mayo de 2001 no las tenían. Evidentemente he contrastado esta información, y en la mayoría de los casos la explicación es sencilla: los planeamientos de gran parte de estos municipios no han sido revisados anteriormente a la culminación de la Carta Arqueológica en 1994, con lo que resulta difícil, y como hemos ido viendo a lo largo de este estudio, que el Modelo Base con sus áreas de protección definidas a través del S.I.G. haya sido incluido en estos planes urbanísticos. Con esto no estoy diciendo que la DGPH no haya dado estas normas, sino que simplemente no han sido recogidas en los planes urbanísticos

s.IC.	BIC	MUNICIPIO	DOCUMENTOS	ANO	NORMAS PA	POSICION	A.P/NPA	ANO
LA ACEBEDA	NS	1992	MPIC	SNUEP
x	D	ALCALADE HENARES	PG	1991	MB	OTROS	MB	1984
×	ALCOBENDAS	PG	1999	MB	NGP
x	ALCORCON	PG	1999	MB	ANEXOS
ALDEADEL FRESNO	NS	1997	MB	ANEXOS	MHI	1986
×	ALGETE	PG	1999	MB/MHI	NGP/C	OTRAS	1988
ALPEDRETE	NS	1994	MC	NGP:ESC URB/C
AMBITE	NS	1995	MB/MC	NGP:PEDIF/C
ANCHUELO	NS	1990	MC	C
ARANJUEZ	PG	1996	MB	OTROS
x	ARROYOMOLINOS	NS	1995	MC/E/OTRAS	C	OTRAS	1986
EL ATAZAR	NS	1992	MC/MPIC	SNUEP/C
BATRES	NS	1994	E/OTRAS	SNUEP/C	E	1987
BELMONTE DE TAJO	NS	1999	MC	NGP:PEDIF
BERZOSA DEL LOZOYA	Ns	1992	MPIC	SNUEP
X	EL BOALO	NS	1998	MB	NGP
x	BRAOJOS	NS	1992	MPIC	SNUEP
x	BUITRAGO DEL LOZOYA	NS	1991	MB/OTRAS	NGP
x	BUSTARVIEJO	NS	1995	MC	C
X	LA CABRERA	NS	1996	MC/E	NGP:PEDIF/C
CAMARMADE ESTERUELAS	NS	1997	MB	C	OTRAS	1986
CASARRUBUELOS	PG	1998	MB/MC	C/ANEXOS
CENICIENTOS	NS	1991	MC	C
x	CERCEDILLA	NS	1985	E/OTRAS	SNUEP/C
CERVERA DE BUITRAGO	NS	1993	MC/MPIC	SNUEP/C
CIEMPOZUELOS	NS	1994	MB/E	NGP/C	MHI	1987
COLMENAR DEL ARROYO	NS	1988	MHI	NGP:ESC URB
COLMENAREJO	NS	1996	MB/MC	NGP/C/ANEXOS	MHI	1987
×	COLMENAR VIEJO	PG	1987	MC/OTRAS	SNUEP
COLLADO MEDIANO	NS	1990	MHI	NGP:ESC URB
×	COLLADO VILLALBA	NS	1986	OTRAS	OTROS
CORPA	NS	1997	MB	C/ANEXOS
CUBAS DE LA SAGRA	NS	1992	MPIC	NGP
×	CHAPINERIA	Ns	2000	MB/MC	NGP:PEDIF/C/ANEXOS	MC	1990
CHINCHON	NS	1985	MHI	OTROS
x	DAGANZO DE ARRIBA	NS	1995	MB	C	MHI	1987
EL ESCORIAL	NS	1997	MB/MC	NGP:PEDIF/C
ESTREMERA	NS	1988	MHI	OTROS
x	FUENLABRADA	PG	1999	MB	NGP/C
FUENTE EL SAZ DE JARAMA	NS	1988	MHI	NGP:ESC URB
FUENTIDUENADE TAJO	NS	1994	MB	ANEXOS	MHI	1985
GARGANTILLA DE LOZOYA	NS	1986	MHI	NGP:ESC URB
×	D	GETAFE	PG	1995	MB/E/OTRAS	SNUEP/OTROS
GUADALIX DE LA SIERRA	NS	1998	MB	NGP
LA HIRUELA	Ns	1992	MPIC	SNUEP
HORCAJUELO DE LA SIERRA	NS	1992	MPIC	SNUEP
x	LEGANES	PG	1999	MB	SNUEP
x	LOECHES	Ns	1997	MB/MC	NGP/C	MC	1988
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS	NS	1996	MC/E	C	MHI	1990
sIC	BIC	MUNICIPIO	DOCUMENTOS	ANO	NORMAS PA	POSICION	A.P/NPA	ANO
MADARCOS	NS	1993	MPIC	SNUEP
X	D	MADRID	PG	1997	MB/OTRAS	OTROS	OTRAS	1985
区	MECO	NS	1997	MB	NGP
×	MEJORADA DEL CAMPO	PG	1997	MB	OTROS
MIRAFLORESDE LA SIERRA	NS	1997	MHI	NGP:ESC URB	MHI	1987
×	EL MOLAR	NS	1991	MPIC	NGP
MONTEJO DE LA SIERRA	NS	1989	MHI	NGP:ESC URB
MORALEJADE EN MEDIO	NS	1993	MC	NGP:PEDIF
MORATADETAJUNA	NS	1993	MC/MPIC	SNUEP/C
×	MOSTOLES	PG	1999	MB	OTROS
NAVARREDONDA	NS	1986	MHI	NGP:ESC URB
ORUSCO DE TAJUNA	NS	1997	MB/MC	NGP:PEDIF/SNUEP
×	I	PARACUELLOS DEL JARAMA	PG	1987	OTRAS	SNUEP
×	PATONES	NS	1993	MPIC	SNUEP
PELAYOS DE LA PRESA	NS	1988	MHI	NGP:ESC URB
PERALES DE TAJUNA	NS	1992	MC/E	SNUEP/C
PINILLA DEL VALLE	NS	1985	OTRAS	SNUEP
PINUECAR	NS	1994	MPIC	SNUEP
PRADENA DEL RINCON	NS	1994	MPIC	SNUEP
RIBATEJADA	NS	1991	MC/E	NGP:PEDIF/C
ROBLEDILLO DE LA JARA	NS	1992	MPIC/E	SNUEP/C
ROBREGORDO	NS	1992	MPIC	SNUEP
×	SAN AGUSTIN DE GUADALIX	NS	2000	MB	SNUEP	MHI	1987
SAN LORENZO DEL ESCORIAL	NS	1999	MB	C	OTRAS	1986
×	SAN MARTIN DE LA VEGA	Ns	1997	MB	NGP/C	MPIC	1987
区	SAN MARTIN DE VALDEIGLEISIAS	NS	1999	MB/MC	NGP/C
SANTORCAZ	Ns	1994	MB	NGP/C
区	LOS SANTOS DELA HUMOSA	NS	1998	MB	NGP/C/ANEXOS	MHI	1988
LA SERNA DEL MONTE	NS	1992	MPIC	SNUEP
区	SERRANILLOS DEL VALLE	NS	1995	MB/MPIC	NGP/SNUEP
SEVILLALANUEVA	NS	1994	MC	C
SOMOSIERRA	NS	1993	MPIC	SNUEP
SOTO DEL REAL	NS	1987	MHI	NGP:ESC URB
TALAMANCA DEL JARAMA	NS	1987	MHI/E	NGP:ESC URB/C
×	TITULCIA	NS	2000	MB/E/OTRAS	NGP:PEDIF/C	MHI/OTRAS	1993
×	TORREJON DE VELASCO	NS	2000	MB/MC	NGP
TORRELODONES	NS	1997	MB/MC	NGP:PEDIF/C
区	TORREMOCHA DEL JARAMA	NS	1997	MB/MPIC	SNUEP	MHI	1986
区	D	TORRES DE LAALAMEDA	Ns	1993	MB/MC	C/ANEXOS	MHI	1987
VALDEAVERO	NS	1996	MB	C
区	VALDELAGUNA	NS	1999	MB/MC	NGP:PEDIF/SNUEP/C
VALDEMORILLO	NS	1987	MHI	NGP:ESC URB
×	D	VALDEMORO	PG	1999	MB	C	MB	1995
×	VALDEOLMOS-ALALPARDO	NS	1997	MB/MC	C/ANEXOS	MHI	1987
区	VALDETORRES DEL JARAMA	NS	1997	MB/MHI/E	NGP:ESC URB/C	MHI	1987
VELILLADE SANANTONIO	PG	1995	MB	ANEXOS	OTRAS	1991
区	VILLA DEL PRADO	NS	1997	MHI	C	MHI	1987
×	D	VILLALBILLA	NS	2000	MB	NGP/C
VILLAMANRIQUE DETAJO	NS	1986	MHI	OTROS
s.LC.	BIC	MUNICIPIO	DOCUMENTOS	ANO	NORMAS PA	POSICION	A.P/NPA	ANO
VILLAMANTA	NS	1995	MB	SNUEP/C
区	VILLAMANTILLA	NS	1997	MB/MC	C/ANEXOS
区	VILLANUEVA DE LACANADA	PG	1999	MB/MHI	NGP:ESC URB/C	MHI	1987
VILLANUEVA DEL PARDILLO	PG	1998	MB	NGP
VILLANUEVA DE PERALES	NS	1994	MB/MC	C/ANEXOS	MHI	1987
x	I	VILLAVICIOSA DE ODON	PG	2000	MB/MC	NGP/C
VILLAVIEJA DE LOZOYA	NS	1993	MHI	NGP:ESC URB

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Tabla 2.- Normas para el Patrimonio Arqueológico recogidas en 105 de los 179 planeamientos municipales de la Comunidad de Madrid hasta junio de 2001.
S.I.C.: Información contrastada en el Servicio de Información Cartográfica de la Consejería de Obras Públicas Transportes y Urbanismo. El resto se consultó en los Discos compactos de planeamiento que genera y actualiza anualmente dicha Consejería (Ver documentación:3.2).
BIC: Bien de Interés Cultural. D: Declarado. I: Incoado.
INCIDENCIAS: Todos los términos están revisados, menos el de Villavieja de Lozaya que es original.
AÑO: Año del planeamiento actual (junio de 2001).
NORMAS PA. TIPO: MB (Modelo Base), MPIC (Modelo de Protección de Interés Cultural), MHI (Modelo de Hallazgos de Interés), MC (Modelo Catálogo), E (Elemento de Catalogo).
POSICIÓN. Dentro de las normas urbanísticas: NGP (Normas Generales de Protección: ESC.URB: Protección del Paisaje y de la Escena Urbana/PEDIF: Protección del Patrimonio Edificado). C: Catálogo.
AP/NPA: Antiguo Planeamientos/ Normas de PA. Son las que tenían algunos municipios, hoy están desfasadas. En la columna siguiente se recoge el AÑO del antiguo plan.
por falta de revisiones7 , de hecho es muy probable que cuando se revisen se recoja por fin el Modelo Base. De estos 35 municipios, hay 6 con Zonas Arqueológicas que se encuentran en esta situación de planeamientos antiguos. Pero también existen otros 9 municipios con revisiones de planeamiento entre 1994 y 1999 que tampoco han recogido este Modelo, para los que no tengo una explicación tan clara.
Lógicamente, esto no quiere decir que no se hayan realizado intervenciones arqueológicas controladas por la DGPH en estos municipios. Pero, como he anotado en más de una ocasión, lo que aquí estamos intentando es ir más allá de la intervención esporádica o coyuntural, es conocer si existe una protección normalizada del PA en esos términos municipales. Lo importante es que se recoja un mapa con las áreas protegidas y se obligue a intervenir arqueológicamente en caso de que los movimientos de tierras o similares fueran inevitables.
Finalmente, otro dato importante y que no aparece en la Figura 5, es que hay municipios que recogen en sus normas la necesidad de que exista un Servicio de Arqueología municipal. Además de Alcalá de Henares, se ha localizado en las normas urbanísticas de Villamanta, Meco y Orusco de Tajuña. Dos de estos municipios, tienen la inclusión en sus normas urbanísticas del Modelo Base desde 1997, y Villamanta lo recoge desde 1995.
Cuando en la DGPH pregunté por los motivos de la necesidad de que estos municipios presentaran Servicio de Arqueología, se me contestó que al principio se consideró como algo necesario para la mayoría de términos municipales con áreas protegidas, pero que los Ayuntamientos no estaban de acuerdo con crearlos. Por ello, se decidió retirar su sugerencia dentro del Modelo Base. Sea como fuere, prueba de lo difícil que resulta la creación de un órgano de este tipo dentro de los Ayuntamientos, es que sólo se ha conseguido en un caso, en Alcalá de Henares, y aún así, como he adelantado, no es hasta diciembre de 1998 cuando se instituye oficialmente.
Como se podrá imaginar, lo que ha permitido la creación de este Servicio, ha sido la ya citada buena relación que existe entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Consejería de las Artes a través de la DGPH. Pero en definitiva, es la implicación municipal, considerando al PA como un bien imprescindible a proteger y como un elemento más que ayuda al desarrollo económico y social del municipio, lo que ha hecho posible el nacimiento del Servicio. Muestra de ello han sido los años de apoyo al funcionamiento de la Escuela Taller de Arqueología y que ésta, a su vez, ha prestado servicios más allá de la propia excavación del yacimiento de Complutum en la que se ubica, o de sus publicaciones difundiendo los conocimientos obtenidos. De hecho, ha sido lugar de asesoramiento de otros yacimientos o descubrimientos de restos arqueológicos del municipio, ha tenido el depósito de gran parte de los materiales arqueoló- gicos de excavaciones de la Comunidad de Madrid hasta hace muy pocos años y ha realizado algunas otras intervenciones arqueológicas en el término municipal. Todo ello y otras actividades relacionadas con la Arqueología, es lo que ha hecho necesaria y justificado la creación de este Servicio en Alcalá de Henares.
Los otros tres modelos de protección.
Lo mismo que ocurre con el Modelo Base, las normas que vamos a conocer a continuación, probablemente sean también anteriores a la LPHE, pero no de mucho tiempo atrás, pues los primeros planeamientos en que se encuentran registrados son del mismo año 85; eso sí, van a llegar hasta los planes más actuales. Algunas veces incluso aparecerán junto con el Modelo Base en un mismo planeamiento. Ya hemos dicho que se trata de tres modelos, y dos de ellos hacen referencia a la Consejería de Cultura.
a) El modelo de Hallazgos de Interés:
Por orden de antigüedad, el Modelo de Hallazgos de Interés fue el primero de los tres en incluirse en las normas urbanísticas municipales madrileñas. En él se expone que cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico, se deben comunicar al Ayuntamiento en las 24 horas siguientes, el cual podrá suspender las obras total o parcialmente, según considere el interés del hallazgo. Si se llega a suspender la obra, en caso de querer volver a iniciarla, se dará una licencia especial por parte del Ayuntamiento, que recurrirá a los asesoramientos que considere necesarios. Igualmente, dicha entidad podrá expropiar la finca si lo considera oportuno, o buscar la colaboración de cualquier $< < D$ epartamento Estatal o Regional correspondiente o subrogarse a $e l { > } >$ . Finalmente, se pondrá especial atención en aquellas obras de recalzo, pocería, demolición o de reforma interior que se realicen en lugares en los que pueda presumirse la existencia de hallazgos arqueológicos.
Como se puede apreciar, este modelo se limita a nombrar las posibilidades de intervención que puede tener el Ayuntamiento sobre cualquier terreno en el que aparezca PA, pero a falta de otro tipo de protección no deja de ser interesante. Lo que se está defendiendo es el hallazgo casual y el presumible. En cambio, nada se expone sobre el Bien arqueológico conocido. Es decir, no va a haber planos con yacimientos o referencias a PA. Es por esto que estas directivas aparecerán casi siempre dentro de las Normas Generales de Protección que desarrolla el municipio.
Otro detalle a tener en cuenta es que este modelo hace responsable al Ayuntamiento del PA que se descubriera. Por esto último, y por las referencias que se dan a “departamentos estatales o regionales”, suponemos que es anterior a la LPHE. Algo que resulta irónico, pues no ha evitado su difusión hasta nuestros días. La explicación podría estar en que el modelo se haya copiado de unos planes urbanísticos a otros, puesto que las facetas de protección generales a todos los suelos son muy similares en la mayoría de planeamientos que lo recogen.
Aunque actualmente sólo esté presente en 19 municipios, hay 12 municipios más que en sus planeamientos, realizados entre 1985 y 1990, tuvieron el Modelo de Hallazgos de Interés, y al revisar sus normas urbanísticas a partir de 1995 (excepto en 2 casos revisados en 1993 y 1994), lo eliminaron. Esto lo hace objeto de especial atención, pues ha sido el más extendido durante el período considerado en este trabajo.
Este modelo en muy pocas ocasiones aparece acompañado por otros tipos de normas. Sin embargo, en aquellos municipios que lo poseían y han revisado sus planeamientos, suelen sustituirlo por el Modelo Base. Concretamente, de 29 municipios con normas de PA en sus planeamientos desfasados, 16 recogían el modelo de Hallazgos de Interés, y 13 de ellos lo han sustituido en sus nuevos planes por el Modelo Base, aunque tres de estos municipios mantienen ambos modelos.
La lectura que se puede sacar de esta sustitución es que los municipios con este modelo se han sensibilizado más rápidamente con el PA que otros de la Comunidad de Madrid. Lo que ha permitido que en las posteriores revisiones de planeamientos consultaran a la Consejería de las Artes las medidas a tomar con el PA de su territorio.
b) El Modelo Catálogo:
Este modelo se ha denominado así porque se refiere a Bienes catalogados. Como ya se comentó anteriormente, se limita a exponer que los yacimientos arqueológicos que se incluyen en el Catá- logo tendrán unas áreas delimitadas en las cuales cualquier movimiento de tierras necesitará una prospección especial previa. Se advierte también que la identificación, delimitación y redacción de normas de protección para estos Bienes le corresponde a la Consejería de Cultura.
Realmente, este Modelo lo que hace es cumplir los preceptos que le exige la legislación del suelo. Por esto lo valoramos en relación con el resto de normas o referencias al PA. De hecho, esta sería la más engañosa de las normas consideradas, pues puede que aparezca este texto en el Catálogo y luego no se recoja ninguna referencia a Bienes concretos del PA. Lo cierto es que sólo en 7 ocasiones aparece solo, en el resto irá acompañado por otros modelos o algún elemento individualizado dentro del Catálogo (Tabla 1).
c) Protección de Interés Cultural:
En este último modelo, se dice que se preservan aquellas zonas en que existan posibilidades de hallazgos de interés arqueológico o de otra índole, y en cuanto a medidas a tomar, se regirán por las normas sectoriales que les correspondan.
El modelo añade un segundo apartado que denomina de protección cautelar, por si en algún lugar del término municipal aparecieran restos arqueológicos. En ese caso, se delimitaría un área circular con un diámetro de $1 0 0 \mathrm { m }$ alrededor del hallazgo, se protegería de cualquier movimiento de tierras, incluso de las agrícolas que supongan cavar en profundidad o si se quieren hacer cambios de vegetación en el lugar. Las únicas actividades que se permiten son las ligadas a la investigación científica. Para cualquiera de estas actividades, se necesitará el permiso de la Consejería Cultura que tendrá que delimitar la zona de “interés científico”a proteger y desarrollar unas medidas para la misma, pasando así a ser un lugar de protección.
A diferencia de los otros dos modelos, éste se recogerá, excepto en dos ocasiones, dentro de las normas para SNUEP, lo que ya sí supone una protección directa de zonas delimitadas a través de planos en los planes urbanísticos municipales.
Tampoco en este modelo se aportan muchas normas, pero al igual que para el de Hallazgos de Interés, su importancia viene dada por la existencia de una sensibilidad con el PA. También es importante su referencia a la Administración autonómica como responsable de estos Bienes. Recordemos que desde la DGPH no se reconoce este modelo ni ninguno de los otros excepto el Base, pero está claro que la referencia a la Administración autonómica, como responsable del PA, hace pensar que haya sido dado desde la Comunidad de Madrid, aunque puede que desde otra Administración que no sea la competente en PA.
Lo cierto es que la mayoría de los planeamientos municipales que recogen este modelo se encuentran concentrados en parte de la sierra norte madrileña. Concretamente, en 16 de las 20 ocasiones aparece incluido en planeamientos de municipios de esta zona (los otros cuatro están dispersos por varias normas urbanísticas de la Comunidad, y en San Martín de la Vega que fue en el que se incluyó por primera vez en 1987 y que hoy día ya no lo conserva), por lo que es evidente que su aplicación se hizo de una forma consciente para ella. Esta hipótesis se ve reafirmada por otra cuestión, y es que a finales de los 80 y principios de los 90, la Dirección General de Urbanismo con el Patronato de Alta Montaña y junto con los Ayuntamientos de 18 municipios de esta zona, decidieron revisar sus Normas Subsidiarias y sus Catálogos, siendo 16 de ellos los que incluyen el modelo. Luego es muy probable, y si tenemos en cuenta que los años de implantación de este modelo fueron, entre $1 9 9 0 \ \mathrm { y }$ 1995, que sea la propia Dirección General de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes quien los inventara junto al resto de instituciones nombradas. Además, recordemos que este Consejería fue la que en los primeros años del traspaso de competencias a la Comunidad se encargó de realizar el inventario de Bienes del PA (ver nota 4).
Las normas particulares y los elementos de Catálogo:
En lo que se refiere a las normas particulares que adoptan algunos municipios, no vamos a verlas aquí en detalle, puesto que se trata de casos excepcionales. En la actualidad, hay 11 municipios que las recogen (ver Figura 9 y Anexo: Tabla 1), pero hasta hace unos 6 años, existían 4 municipios más con este tipo de referencias especiales al PA. La mayoría de estas normas singulares son más escuetas e incompletas que los anteriores modelos valorados, pero no dejan de ser significativas de una sensibilidad por parte de los Ayuntamientos con respecto a su PA. Además, en algún caso se trata de municipios que tienen Zonas Arqueológicas y que no presentan ningún tipo de medidas recogidas en el planeamiento para el PA excepto éstas singulares (concretamente los casos de Paracuellos del Jarama y Collado Villalba). Algunas de estas normas se caracterizan por darle potestad en la toma de decisiones sobre un hallazgo arqueológico al Ayuntamiento, otras, incluyen la protección del PA a través de medidas provenientes del Medio Ambiente, como puede ser su inclusión en un parque natural. También encontramos algunas que se parecen mucho a los tres modelos no dados por la DGPH, o que hacen referencia a ésta a la hora de tomar medidas con respecto al PA. En fin, un elenco de posibilidades que en muchos casos muestra el desconocimiento de las LPH, rozándose la ilegalidad o limitándose a las protecciones que provienen de las legislaciones urbanísticas.
Al igual que para estas normas particulares, aquí no vamos a describir uno a uno los planeamientos municipales que recogen yacimientos concretos en su Catálogo, sólo vamos a explicar cómo los exponen. Son un total de 13 municipios los que poseen uno o varios yacimientos arqueológicos bajo estas condiciones (Tabla 1).
Anteriormente he planteado que los Catálogos de planeamiento tenían ante todo una utilidad como informadores de Bienes a proteger. Es más, si el PA inmueble de un municipio se cataloga como yacimiento arqueológico, será de aplicación el que hemos llamado modelo Catálogo; es decir, será principalmente una anotación preventiva, en la que ante cualquier intervención habrá que recurrir a la Consejería de las Artes. Pero a pesar de esto, como he adelantado, algunos municipios se han tomado la libertad de catalogar yacimientos como elementos individuales, y una vez bajo esta definición, sí se les podrá dar una protección más específica dentro del Catálogo. Concretamente se les va a dar la llamada protección integral, que supone que deben ser Bienes en los que sólo se pueden hacer actuaciones para conservarlos, recuperarlos o consolidarlos, pudiéndose también acondicionarse para visitas, pero no se podrán hacer en ellos obras de reestructuración, ampliación o demolición (Consejería de Política Territorial 1990: 53-62).
Hay que advertir que la protección de elementos individualizados es una de las más utilizadas en los Catálogos madrileños, y hay muchos Bienes de los que se incluyen que podrían considerarse pertenecientes al PA. Pero aquí sólo se han valorado aquellos Bienes que llevan una referencia explícita a la Arqueología o a lo arqueológico, o por tener alguna declaración significativa, como en cuatro casos de Monumentos Históricos Artísticos anteriores a la LPHE8 .
Sobra decir que la situación de estos yacimientos es excepcional, y seguramente consecuencia de descoordinaciones entre administraciones. De hecho, la Comunidad de Madrid se acoge a la medida de no facilitar la ubicación de aquellos yacimientos que no estén abiertos a la visita pública. Los motivos que se alegan desde la Administración para no facilitar esta información son esencialmente dos; primero los derechos de los propietarios según la LPHE (donde no constan), y segundo, que si se da la localización de los yacimientos en las publicaciones científicas se “incentiva” al expoliador e incluso al promotor de la obra que intenta esquivar sus obligaciones con el PA (Velasco 2000: 389). Al igual que otras personas del mundo de la investigación (p.e. Querol y Martínez Díaz 1996: 216- 217), no comparto la teoría de la bondad o ventaja de la ocultación de yacimientos arqueológicos a la sociedad.
Pero lo más irónico y contradictorio de los yacimientos incluidos como Elementos de Catálogo, es que algunos de estos yacimientos aparecen junto con la contemplación de las áreas del Modelo Base dado por la DGPH, pudiendo aparecer marcados sobre plano incluso dentro de alguna de ellas. Por lo que no se entiende esta política de ocultación de yacimientos (no abiertos a la visita pública) para unos casos y para otros no.
3.2.2. Recapitulación sobre los modelos de normas y referencias a la protección del Patrimonio Arqueológico.
Llegados a este punto, no creo que haya nadie que dude de la existencia de un gran caos normativo en lo que se refiere a la protección del PA a escala de planeamiento municipal en la Comunidad de Madrid. En realidad, la lectura general que se le puede sacar a todo ello, es que los comienzos de cualquier aplicación legal o los nuevos repartos de competencias necesitan su tiempo para madurar y por eso se generan todo tipo de normas o protecciones “intermedias”. Igualmente, en la ejecución de los planeamientos, los equipos técnicos que los realizan se suelen basar en otros Plan Generales o Normas Subsidiarias que ya estén elaborados, de manera que, muchas veces, lo que hace que se extiendan estos modelos no dados por la Administración competente es el desconocimiento de los Bienes arqueológicos de un lugar, y simplemente se copia lo que ponen otros planes. En este sentido, se ve claramente la importancia de la información de la Carta arqueológica, que por lo menos, y de una forma generalizada a toda la Comunidad desde el año 1994, está permitiendo que se señalen zonas con gran potencial arqueológico.
Antes de pasar al siguiente apartado, habría que apuntar una primera recapitulación sobre las formas de protección de PA aquí valoradas, que se podría resumir en varios puntos:
1º. La Comunidad de Madrid, a partir de 1984, en sus planeamientos municipales recoge diversos modelos de protección para el PA. De entre ellos, la hoy Consejería de las Artes básicamente ha implantado el Modelo Base y en todo caso, puede que en un principio, desde otra Administración de la citada Comunidad, se incluyera el de Protección de Interés Cultural. Los municipios por su parte, han utilizado estos modelos u otros dos, el que he llamado de Hallazgos de Interés y el Modelo Catálogo. Este último se acoge a la legislación del suelo y si no aparece acompañado por otra norma o por elementos individualizados de Catálogo, no es vá- lido para la protección real de PA.
2ª. Hay una serie de planeamientos municipales que presentan alguna originalidad o característica individual a la hora de proteger el PA. De ellos se han anotado algunas de sus protecciones, como pueden ser las indirectas provenientes de las propias normas urbanísticas, tales como las zonas no urbanizables, o medioambientales, como los parques naturales y similares. En muchos de ellos, aunque en este artículo no se ha descrito, se puede intuir cuáles han sido las causas para incluir este tipo de medidas (por ejemplo que haya áreas con declaración bajo otro tipo de BIC que no sean Zonas Arqueológicas), para otros en cambio no es tan fácil indagar los posibles motivos de su singularidad a la hora de proteger el PA.
$3 ^ { \mathrm { a } }$ . La inclusión de yacimientos en Catálogo, aunque sea tan sólo en 13 municipios, es ante todo una prueba de la descoordinación que existe entre ámbitos administrativos. Se supone que la localización de los lugares exactos donde se encuentran los yacimientos no se puede dar a conocer, y aquí se hace. Es cierto que algunos de estos yacimientos aparecían ya localizados en bibliografías o documentos antiguos que eran públicos, pero otros no son tan conocidos. De cualquier forma, lo que esto está mostrando es la diferencia de valoración de unos Bienes del PA frente a otros, independientemente de las consideraciones que les den las leyes de PH.
4ª. En algunos de los municipios contemplados aparece más de uno de los modelos descritos, incluso en aquellos que tienen normas particulares o elementos del PA en el Catálogo. Este hecho se valorará seguidamente para todos los municipios madrileños que presenten normas, pero lo que está quedando claro es la complejidad de organizar una protección igualitaria para el PA, debido a la multitud de factores que influyen en ella.
3.3. La protección del Patrimonio Arqueológico en el planeamiento municipal.
Hasta este momento hemos descrito y valorado las normas o referencias al PA que presentan los planeamientos municipales madrileños. Veamos ahora de una manera conjunta cómo se han plasmado espacialmente y desarrollado todas estas normas en el urbanismo de la Comunidad de Madrid hasta el año $2 0 0 0 ^ { \mathrm { { g } } }$ . Para ello, se hará una breve referencia a la evolución histórica del planeamiento municipal, pues en ella están las claves del desarrollo normativo, y así podrá entenderse con más detalle cómo se han ido incluyendo las alusiones al PA en los municipios de la Comunidad.
3.3.1. La formación del planeamiento urbanístico actual.
Como comenté cuando valoraba la legislación del suelo, el planeamiento urbanístico municipal generalizado es muy reciente, y realmente, no será hasta los años 60, y sobre todo a partir de la Ley del Suelo de 1976, cuando tengan algún tipo de normas urbanísticas la totalidad de los municipios madrileños (Figura 6).
En lo que se refiere a las revisiones de los primeros planeamientos, será durante la década de los 90 cuando se cambien muchas de las normativas municipales. Concretamente, 95 planeamientos urbanísticos fueron revisados desde 1992 hasta 2000 (PUR 2000: 8 y 9).
Pensemos que en septiembre de 2000 sólo conservaban su plan original 15 municipios de los 179 que componen la Comunidad de Madrid. De ellos, 10 tienen planes bajo la legislación urbanística del año 1956, pero el resto recogen las reformas de la Ley de 1976. Incluso hay algunos que han tenido por primera vez normas en esta última década.

Figura 6.- Mapa municipal de la Comunidad de Madrid. La zona rodeada en negrita del centro del mapa se corresponde con el área metropolitana. Fuente: Instituto de Estadística 1996: 35-37. Elaboración propia.
A pesar lo reciente de las revisiones, el tiempo medio de los cambios de planes urbanísticos municipales, concretamente es de ocho años. Esta media temporal se debe a algunos Plan Generales que son muy antiguos (uno tiene más de 30 años), y a que cerca de 60 planeamientos tenían en el 2000 más de 10 años. También hay que tener en cuenta que, en total, 75 municipios han superado este tiempo medio sin revisión (2000: 8 y 9), lo que perjudica la inclusión de normas para el PA, pues aunque desde la publicación de la LPHE han pasado 17 años, la revisión general de la Carta arqueológica se acabó tan sólo hace 8, con lo cual, cuando se elaboraron esas 75 normas urbanísticas que han superado los 8 años de vigencia, es probable que se supiera muy poco o nada del PA de muchos de estos términos municipales sin revisión.
Sea como fuere, en el 2000, la Comunidad de Madrid tenía 35 municipios con Plan Generales, uno con Proyecto de Delimitación de Suelo Urba$\mathrm { n o } ^ { 1 0 }$ , y los 143 restantes con Normas Subsidiarias.
En lo que a este estudio concierne y como he ido mostrando, no basta con la situación del “presente” (año 2000), sino que debemos remontarnos 15 años atrás, a la entrada en vigor de la LPHE y ver el desarrollo normativo urbanístico desde entonces hasta ahora, para así poder valorar la progresiva inclusión de medidas de protección del PA en los municipios de la Comunidad. Y es prácticamente este período, desde el traspaso de competencias a la Comunidad (1983), lo que desde el Urbanismo se considera como la etapa del “moderno planeamiento municipal”.
Aunque, como hemos dicho, el moderno planeamiento se desarrolla a partir de 1983, ya en 1980, por Real Decreto se planteaba la revisión del área metropolitana de Madrid para adaptarla a la nueva Ley del Suelo de 1976. Así, se aprobaban las directrices para los 23 municipios que conformaban dicha área, a los que poco después se añadirí- an 4 más (son todos los contemplados en la Figura 6). Desde ese momento, el área metropolitana va a ser la primera en revisarse, y la que presenta planes más actualizados en casi todos sus municipios. Este hecho, como he comentado en varias ocasiones, es de vital importancia, pues esta área es de las más complicadas para la protección del PA.
Entre los criterios a la hora de elaborar estos nuevos planes, cobraban una especial importancia los aspectos relativos a la conservación y recuperación del PH y del Medio Ambiente, buscando también la resolución a problemas de falta de equipamientos, zonas verdes e infraestructuras. A partir de entonces se potenciarían los convenios entre Administración y particulares, para asegurar una mejor gestión (Dirección General de Política Territorial 1992: 4-5). Estas nuevas consideraciones afectan directamente al PA, en la medida que su contemplación es cada día mayor. En este sentido, se evidencia que desde las políticas urbanas hay una preocupación más temprana por la protección del PH en general que desde la propia Consejería de Cultura (hoy de las Artes), donde apenas se estaba comenzando a desarrollar. Este hecho se ve confirmado por otros dos ya comentados; uno es que el primer inventario de yacimientos de la Comunidad se realizaba desde la Consejería de Política Territorial (ver nota 4), y otro, que las primeras Zonas Arqueológicas propuestas desde la Consejería de Cultura (hoy de las Artes) no serán incoadas hasta el año 88.
De la misma manera que esto ocurría para el área metropolitana, el resto de municipios de la Comunidad de Madrid también se iban a ver afectados por la nueva situación. Hasta entonces, la mayoría de ellos sólo poseían Normas Subsidiarias o Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano que fueron redactados por procedimiento de urgencia entre 1974 y 1976. La extinta COPLACO11 fue la encargada de realizarlos (1992: 4-5).
También debían actualizarse todos estos antiguos planes, como mínimo con unas nuevas Normas Subsidiarias que calificaran los tres tipos de suelo, poniendo especial hincapié en la protección de zonas ecológicas, culturales e históricas, etc., incluidas en los SNU (1992: 4-5).
Ante esta situación favorecedora para la protección del PH, parece lógico que las referencias al PA aparezcan recogidas en muchos municipios y justificaría de alguna forma la existencia de los diversos modelos comentados anteriormente.
3.3.2. Una valoración de conjunto de las normas para el Patrimonio Arqueológico recogidas en los planes municipales.
Cómo ya se ha adelantado, no todos los municipios madrileños presentan normas de protección del PA. De los 179 municipios que hay, 105 tienen alguna referencia al PA. Y como también se ha dicho, puede haber más de un tipo de medidas para el PA en cada uno de ellos. En el cuadro siguiente, vemos las distintas coincidencias entre modelos o normas particulares y elementos de Catálogo (Figura 7).
En la representación se observa que el Modelo Base es el que más veces aparece, y está acompañado en muchas de ellas por el Modelo Catálogo. Así, tras el Modelo Base es el del Catálogo el que más se repite, pero no se puede olvidar que este último aparece 7 veces solo, y que en realidad no refleja la protección de PA. Por su parte, el modelo de Protección de Interés Cultural es el siguiente en cuanto a apariciones, seguido muy de cerca por el de Hallazgos de Interés. Estos dos últimos modelos aparecen solos en la mayoría de las ocasiones, a diferencia de las normas particulares y de los elementos de Catálogo, que como vimos, casi nunca lo estarán.
Si nos acercamos a la visión temporal, valorando la inclusión de los tipos de normas por años, el diagrama de columnas que expongo a continuación (Figura 8), nos permite ver el cambio en el tiempo en cuanto a la aparición de unos modelos u otros.
Figura 7.- Representación cuantitativa de normas sobre protección del Patrimonio Arqueológico en los municipios de la Comunidad de Madrid en el año 2000. Fuente: Normas de planeamiento municipal de la CM. Elaboración propia.

MODELO	Base	Proteccion deInteres Cultural	Hallazg0 5de Interes	Catalogo	N ormaspatirulare	Elemento s deCatalo go	N	Nsolos
Base	2	3	16	4	4	53	27
Protec cion deInterés Cultural	2	0	3	0	1	20	14
Hallaz gos deInteres	3	0	0	0	2	19	15
Catilogo	16	3	0	2	5	32	7
NormasParticulares	4	0	0	2	5	11	3
Eementos deCatalogo	4	1	2	5	5	13	0
N=ndemmicipiosenqueapaecerecogido elmodeloslos=nde vces que aparecen solo elmodelo enmicipio

.
Para comenzar a comentar estos datos, hay que decir que Alcalá de Henares y Madrid han sido incluidas dentro del primer lustro con el Modelo Base, de ahí que este aparezca, pues sí no, no lo haría, ya que estos 2 municipios, como sabemos, han revisado posteriormente sus normas volviéndolo a recoger.
El diagrama de columnas refleja la evolución e importancia de los distintos modelos. Lo primero que salta a la vista es la tendencia hacia una homogeneización de las normas sobre PA. En el primer lustro contemplado domina claramente el modelo de Hallazgos de Interés, siguiéndole en importancia las normas particulares. Ambos tipos casi se han extinguido en cuanto a su inclusión en planeamientos en los últimos cuatro años. Con los elementos de Catálogo pasa algo similar. Aunque durante los segundos cinco años contemplados, domina claramente el Modelo de Protección de Interés Cultural, ya hemos dicho que se trata de un caso coyuntural de extensión por una zona concreta de la Comunidad madrileña. De hecho, como vimos anteriormente, desde 1996, no se ha vuelto a incluir en unas normas urbanísticas. Por su parte, todo lo contrario ocurre con el Modelo Base, que tiene un crecimiento vertiginoso y se ha multiplicado por casi 8 veces en el último grupo de años considerado. El modelo Catálogo es el que lleva una evolución un poco más irregular, pues para mediados de los 90 crecía, pero ahora parece haberse estancado. Este último hecho responde probablemente a dos motivos ya comentados, uno es su inutilidad si no va acompañado de otras normas, y otro es que la normalización de los Catálogos en la Comunidad de Madrid se inició a partir de 1990, probablemente por eso se repite tanto en esos primeros años de aplicación.

Figura 8.- Inclusión de normas sobre Patrimonio Arqueológico en los planeamientos municipales por años. Fuente: Normas de planeamiento municipal de la CM. Elaboración propia.
En definitiva, las presentaciones expuestas no hacen más que reafirmar el hecho que hemos comentando anteriormente, el caos de los primeros años de aplicación de la LPHE, junto con el desarrollo, no menos complejo, de las normativas municipales, lo que da como consecuencia que hasta estos últimos años, la normalización en cuanto a la protección y control del PA en la Comunidad de Madrid no haya sido posible. Esta normalización vendrá con el Modelo Base, que muestra un mayor control y eficacia por parte de la hoy Consejería de las Artes en el último período de tiempo valorado. Son estos años finales en los que se están empezando a recoger los frutos de la labor del inventariado de yacimientos de principios de los 90, pues cada vez se incluyen más zonas con PA a proteger en los planes municipales.
Para terminar de entender el proceso de la inclusión de normas, vemos dos mapas (Figura 9) que muestran cómo estaba el planeamiento hasta $1 9 9 0 ^ { 1 2 }$ en cuanto a referencias al PA y cómo estaba en el año 2000. De ellos también se pueden sacar con
clusiones interesantes.
Lo primero que salta a la vista cuando se miran los dos mapas, es el aumento de normas habido en los últimos 10 años considerados en este estudio. Concretamente, frente a los 105 planeamientos que en el 2000 recogen alguna referencia al PA, están los 48 que en 1990 la tenían. Pero hay un detalle que no se debe pasar por alto, y es que aunque estos mapas son como fotografías de la situación en dos años concretos, la realidad es que la inclusión de normas para PA ha sido continuada durante todo este período de tiempo. Si volvemos a la gráfica con la referencia cronológica, prácticamente se han incluido el mismo número de normas entre 1991 y 1995 que después; en concreto son 44 para el primer grupo de años y 45 desde 1996 hasta 2000. Hay que recordar que el mapa de 1990 están representados los 5 primeros años de inclusión de normas de PA, pues exceptuando el caso de Alcalá de Henares (de 1984), todas son posteriores a 1985. Así se confirma que las diferencias entre los grupos de años no son importantes en cuanto a la cantidad de normas. Por el contrario, va a ser la visión cualitativa la que sí presenta cambios significativos con el paso del tiempo.
En cuanto a la dispersión de las referencias al.
Figura 9.- Comparación de normas de Patrimonio Arqueológico incluidas en el planeamiento municipal de la Comunidad de Madrid en los años 1990 y 2000.
PA, se aprecia algo de vital importancia, y es que el centro de la Comunidad, el área más poblada y en consecuencia con mayores índices de actividad constructiva, presenta muchas más normas de protección actualmente que hace una década. En cuanto a los tipos de modelos, el de Protección de Interés Cultural y el de Hallazgos de Interés, que son los primeros que se implantan y se desarrollan en las zonas exteriores al área metropolitana. En consecuencia y por extraño que resulte, hay que decir que al principio hubo una mayor preocupación por el PA en aquellos municipios donde había menos problemas en cuanto a su destrucción, exceptuando claro está, Madrid y Alcalá de Henares. Así, y como ya hemos dicho, el centro de la Comunidad, donde los movimientos de tierra estaban y están a la orden del día, deberá esperar principalmente a la implantación del Modelo Base en los últimos 4 años para que se proteja su PA. En el caso de la corona metropolitana, concretamente 12 de los 27 municipios que la conforman recogen hoy día este Modelo (Figura 9).
3.4. Conclusiones sobre las normas de protección.
Con todo lo comentado, se puede hacer la siguiente recapitulación de ideas:
1ª. La complejidad de aplicación de la LPHE en el planeamiento municipal, de manera que durante los primeros años se van a desarrollar diferentes modelos o normas para proteger el PA de una forma incontrolada por la Administración competente, y no se empezará a regularizar la protección hasta mediados de los 90, acentuándose actualmente, pues con la nueva LPHCM se obliga a que todos los municipios incluyan informes de la DGPH en sus planeamientos.
2ª. La implantación de los modelos de Hallazgos de Interés y de Protección de Interés Cultural en las zonas más periféricas de la Comunidad, frente al Modelo Base, que se instaura en el centro, y en consecuencia, en las zonas más conflictivas. La experiencia y el mejor conocimiento del PA gracias a la Carta arqueológica, es la clave para entender la nueva y mejor difusión de las normas de protección por la geografía madrileña.
3ª. La escasa validez práctica que parece tener la figura Zona Arqueológica para la protección del PA en la Comunidad de Madrid. Es cierto que al principio esta figura permitió que se incluyeran normas en municipios que no las poseían, pero también hemos visto cómo muchas Zonas Arqueológicas siguen sin Modelo Base, y en cambio, municipios que no las tienen lo recogen. Además, la no diferenciación entre los distintos Bienes es intencionada, pues la DGPH parte del criterio de que todo el PA es igual de importante. En este sentido, recordemos la definición del “valor arqueológico” en el Modelo Base, algo que también se afirma en las publicaciones realizadas sobre el tema (ver p.e., Velasco 1991b: apart. Arqueología preventiva). Pero en las LPH se diferencian a los Bienes “más relevantes”.Y no nos podemos olvidar que hasta desde el punto de vista de la investigación unos yacimientos son más valiosos o interesantes que otros en cuanto a la aportación de conocimientos históricos. Luego habría que cuestionarse hasta qué punto es bueno “desvirtuar” el valor de la figura de BIC.
4ª. El Modelo Base presenta un error ya comentado, que es que no hay áreas de protección “intocables”. Error que parece que se estaba intentando subsanar con una “nueva” área RA, pero que todavía no está extendida. Eso no implica que a través de otras protecciones, como las medioambientales, se hayan protegido otros yacimientos. Pero el hecho es que no se protegen por sus características intrínsecas como PA, sino por “haber caído” en un lugar a proteger por otras normas sectoriales más respetadas social y políticamente. En esta misma línea, otro problema de la inclusión de este modelo es que hasta hace poco tiempo, rara vez se adelantaba en su inclusión a la calificación y clasificación de los suelos, con lo cual, el PA estaba condenado a la “suerte” de encontrarse o no en los SNUEP. Prueba de esta “desconsideración” es que en muchos municipios, el Modelo Base se incluye como un anexo o en SNU refiriéndose a Suelo Urbano o Suelo Urbanizable, etc. Lo que muestra la “escasa importancia” que se le da por parte de algunos Ayuntamientos al PA, que dificulta el conocimiento y respeto a las normas dadas por la DGPH.
$5 ^ { \mathrm { a } }$ . La descoordinación ínter administrativa que existe entre Ayuntamientos y Consejería de las Artes. Prueba de ella es que hemos visto un modelo de protección que hoy día aún se mantiene y en algún caso se sigue incluyendo y que es ilegal porque da al Ayuntamiento el poder sobre decidir qué hacer ante un hallazgo casual. Aunque parece que cada día mejoran las coordinaciones (según la.
DGPH), aún no se refleja en actos, pues como he comentado, existen 31 municipios que están informados de normas para el PA, y que aún no las tienen recogidas en sus planeamientos, algo que difícilmente hará posible el cumplimiento real de las obligaciones que exige la Administración competente.
$6 ^ { \mathrm { a } }$ . La importancia de la implicación de los Ayuntamientos y de su sensibilidad con el PA. Hay 53 municipios que no tienen el Modelo Base, pero que presentan otras normas o referencias para proteger el posible PA que haya en su territorio. Estas iniciativas han valido probablemente para que en revisiones posteriores de documentos de planeamientos se incluya ya el Modelo Base, pues se ha solicitado la información a la DGPH. A su vez, estos modelos o normas especiales han intentado proteger el hallazgo casual y en algunos casos yacimientos concretos o zonas con PA.
7ª. Las estrategias “oficiosas” que sigue la DGPH para intentar mejorar las protecciones del PA en los Ayuntamientos, lo que es de vital importancia. Por ejemplo, no recargar de protecciones restos arqueológicos descontextualizados (puentes, fuentes, etc.) que ya se incluyen en el Catálogo, o intentar consensuar con el Ayuntamiento las áreas a proteger, intentando valorar otros posibles intereses sobre terrenos, etc. Aquí, al igual que en la intervenciones arqueológicas, el papel del cuerpo técnico de la Dirección General y de las y los profesionales que las realizan, es fundamental, así como también lo es la sensibilidad de la empresa o particular encargado de la obra.
8ª. El error de estrategia en cuanto a la supresión de la necesidad de los Servicios de Arqueología municipales que son de vital importancia para la gestión del PA. Aunque me consta que desde la DGPH se quiere potenciar la figura de la o del arqueólo$\mathrm { g a } /$ o municipal, en la práctica está resultando muy complejo conseguir profesionales de este tipo a caballo entre el Ayuntamiento y la Comunidad. A su vez, renunciar a incluir en unas normas la posibilidad de existencia de dicho Servicio municipal, no parece muy acertado, ya que ayudaría a la concienciación de esa necesidad por parte del Ayuntamiento.
$9 ^ { \mathrm { a } }$ . La atomización de la Comunidad de Madrid respecto a la protección del PA inmueble. Da la sensación de que durante los 10 años comprendidos entre $1 9 8 5 \mathrm { ~ y ~ } 1 9 9 5$ la inclusión de normas de protección del PA en los planeamientos municipales haya dependido de cuestiones caprichosas como el nivel de las discusiones o negociaciones, el interés personal de instancias en principio ajenas como Medio Ambiente, la presencia o no en las discusiones de la persona encargada del PA en la Dirección General, etc.
Sólo a partir de 1995, con la finalización de la Carta arqueológica y la implantación mayor del Modelo Base en las normas municipales, se inicia un intento de unificación que puede ser una promesa de futuro pero al que aún le queda bastante para ser una realidad evidente.
4. Valoración final y algunas propuestas para mejorar la situación.
En cualquier estudio sobre Gestión del PA, se defiende como imprescindible para la protección de este Bien su consideración dentro del mundo urbano y sobre todo, dentro de la planificación municipal. Una vez analizado el caso madrileño, podemos concluir para él que:
$1 ^ { \circ }$ . No hay una adecuación a la realidad urbana municipal. Aunque es cierto que existe una descoordinación legal que hace muy difícil las relaciones ínter administrativas y el cumplimiento de la normativa sectorial sobre la urbana, también hay una falta de control real de cómo se imponen las normas desarrolladas por la Administración competente en PA sobre el planeamiento urbanístico.
$2 ^ { \circ }$ . El motivo de la no adecuación al mundo urbano se justifica principalmente en que la gestión del PA de una forma generalizada para todos sus Bienes es relativamente reciente. Algo que queda demostrado con hechos como que la Carta arqueológica se acabara en 1994, que las normas para PA se extiendan a partir de entonces, que existan normas contradictorias con las LPHE, que se tomen medidas de protección o soluciones inmediatas a problemas que genera el PA sin una planificación adecuada que se adelante a ellos, que haya pocos especialistas en PA dentro de la Administración autonómica, etc.
$3 ^ { \circ }$ . El valor de los bienes del PA es proporcional a la importancia que le dé la ciudadanía y no a la que le gustaría que tuviera la persona especialista en la materia. Es más, los especialistas deben buscar la forma de adecuar sus apreciaciones y conocimientos al mundo que les rodea, en este caso el urbano, y no al revés. Y esta falta de visión con respecto a la realidad social es el mayor motivo de pérdida del PA, y de esto sí que debemos sentirnos responsables todas y cada una de las personas que nos dedicamos a trabajar en PA.
Estas conclusiones no pretender dar una visión negativa de la gestión del PA en la Comunidad de Madrid. Quieren ser realistas y probablemente sean generalizables en muchos aspectos a otras Comunidades Autónomas. Quince años de gestión de PA son pocos y hay que resaltar todo lo que se ha conseguido hasta este momento. Recordemos que hay unas medidas de protección que se van generalizando, que el municipio de Alcalá de Henares es un buen ejemplo de inversión y apuesta por el PA, que desde la Dirección General hay proyectos de Parques Arqueológicos, de desarrollar nuevas medidas de protección, de buscar consensos con Ayuntamientos, de no intervenir arqueológicamente siempre que pueda evitarse. Además, también es cierto que existe una mayor sensibilización social con respecto al PA que hace unos años. Y en definitiva, que la experiencia empieza a dar sus frutos y a corregirse situaciones cuya mejora era antes impensable.
Y es justo la experiencia que me ha dado el estudio realizado, lo que me permite sugerir unas propuestas que se sustentan en tres premisas elementales:
1ª. Las LPH son el hilo conductor y referente principal de cualquier forma de protección del PA. 2ª. El PA debe ser protegido, según emana de las propias LPH, en dos vertientes esenciales; la gené- rica y global y la específica y concreta. $3 ^ { \mathrm { a } }$ . La multidisciplinaridad en el sentido urbanístico, por el cual se tienen en cuenta todas aquellas facetas que afectan al suelo, es clave para poder ubicar al PA inmueble dentro de una planificación urbana que realmente lo proteja.
Partiendo de estas premisas, se me ocurren algunas soluciones o ideas que en muchos casos compartimos la mayoría de las personas que intentamos buscar una mejor situación para la protección del PA inmueble:
Dentro del mundo del suelo, hay una jerarquización en cuanto a la actuación sobre el mismo. Así, el PA inmueble, como parte del suelo que es, también debe adaptarse a ella aportando sus singularidades provenientes de las LPH, de manera que exista una planificación a escala regional y una a escala municipal.
En este sentido, nada hay que objetar en cuanto a cómo se han hecho las declaraciones de Zonas Arqueológicas teniendo en cuenta los limites municipales, lo que luego facilita una coordinación a otros niveles, como es el caso del Plan Regional de Estrategia Territorial que aquí no hemos explicado en detalle, pero donde se recogen adecuadamente estos tipos BIC contemplando sus singularidades con respecto a otros. Visto así, a nivel regional puede ser exitosa la aprobación de este Plan con la inclusión de las Zonas Arqueológicas y relacionándolo con el Medio Ambiente.
Pero las pegas surgen cuando bajamos a la escala municipal. De hecho, las normas de planeamientos municipales son distintas de unos municipios a otros, pero no sólo en cuanto a las clasificaciones o calificaciones de suelos, que es donde se quedan las normas del PA, sino que las normas urbanísticas también planifican cómo va a ser la ejecución de las actuaciones, siendo ésta diferente por cada tipo de suelo e incluso por cada solar en el que se interviene (p.e. los PAU: Planes de Actuación Urbanística o los PERI: Planes Especiales de Reforma Interior).
De esta manera, seria muy interesante que cada municipio tuviera su parte de Carta Arqueológica. De hecho, esta posibilidad de tener estos documentos en los municipios fue adoptada desde 1992 por Cataluña (Querol y Martínez Díaz 1996: 214-215) y más recientemente lo están haciendo otras Comunidades españolas. Un ejemplo es el caso de la Junta de Andalucía, donde algunas corporaciones locales están subvencionando lo que se ha llamado la Carta arqueológica de riesgo (ver p.e. Servicio de Protección y Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico 1998). Otro ejemplo reciente lo representa la Carta arqueológica de Murcia, de la que también se están dando a los Ayuntamientos discos compactos con documentación digitalizada sobre la Arqueología y el PA ubicado en su municipio (Montes 2000).
En el caso de la Comunidad de Madrid, por lo menos se podía haber intentado el traspaso de información sobre PA a nivel municipal con la terminación de la Carta Arqueológica en 1994. Aunque hoy día esto ya no pasará, pues como se apuntó, hay obligación expresa por la nueva LPHCM de que se consulte a la Consejería de Educación (hoy de las Artes) antes de la aprobación de cualquier planeamiento (Art.31). Sigo considerando que sería más efectiva una relación directa en la consulta de la Carta arqueológica por parte de los Ayuntamientos. Pero desde la DGPH se alegan dos motivos para no proporcionar la Carta arqueológica a los municipios. Uno es que dichas instituciones no pueden tomar decisiones en materia de intervención en PA sin permiso de la Administración Autonómica; así que qué más da que posean o no la información si siempre se tiene que recurrir a la Consejería. Algo que yo no comparto, pues creo que la sensibilidad o el interés por conservar las cosas sólo lo genera su conocimiento. El segundo motivo para no facilitar la información es que los equipos de gobierno de los Ayuntamientos varían, y que con ellos también lo hace su intención con el PA. Aunque por desgracia esto sea cierto, sigo sin entender el motivo, pues si de cualquier forma, con posesión de información detallada o no, hay que recurrir siempre a la DGPH antes de intervenir en lugares con yacimientos, la posesión por parte del Ayuntamiento de esta información, “si está por la labor”, sólo agilizaría las cosas. De ahí la propia intención primera en el Modelo Base de crear Servicios de Arqueología en los Ayuntamientos.
Por otra parte, no digo nada nuevo cuando comento que uno de los principales problemas del Modelo Madrid es que no hay proyecto de ciudad (ver p.e., Domínguez et al. 1993 o Fernández Ochoa y Querol 2000: 17-18), es decir, y quizás exceptuando el caso de Alcalá de Henares o de Madrid capital, el resto de ciudades de la Comunidad carecen de una visión de conjunto de la Arqueología que en ellas se desarrolla, con lo cual, las excavaciones arqueológicas de los solares se vuelven inú- tiles en la mayoría de las ocasiones, ya que no generan conocimiento histórico sobre la ciudades y sirven de meras liberalizadoras de suelos (ver p.e. Riera i Frau 1993).
El desarrollo de estos proyectos-ciudad, lógicamente, debe ir acompañado de la persona o personas que se encarguen de ello, de ahí la necesidad de que exista un Servicio de Arqueología municipal que canalice todas las intervenciones y que a su vez haga de intermediario con la Administración de la Comunidad. Pero aunque esto sería lo ideal, es por ahora utópico. Por ello creo que sería suficiente que existiera una persona responsable o gestora del PH en general, de manera que este proyecto-ciudad abarcara más facetas que la puramente arqueológica considerando todos los Bienes que conforman el PH de la ciudad. Su formación no debería ser tan especializada, sino más genérica para poder realizar actuaciones de conjunto. Los especialistas deberían estar a otro nivel, que es el de la intervención directa sobre los Bienes. La persona que gestionara debería conocer cómo son estas intervenciones y supervisarlas, pero también debería delegar competencias a quienes las realizan y confiar en su actuación como se confía en los/las arquitectos/as que realizan edificios o de los/as obreros/as que colocan las cañerías. Es cuando existe esta cadena de delegación de competencias cuando realmente funcionan las actuaciones. De hecho, y como he dicho en más de una ocasión, es imposible que el escaso número de técnicos/as en Arqueología de la DGPH controlen directamente todas estas intervenciones.
Pero no me gustaría quedarme en los núcleos urbanos, no podemos olvidar que la obra lineal también hace tanto o más daño al PA en las zonas rurales que en las urbanas. Si protegemos yacimientos en zonas rústicas, no nos podemos quedar en la mera prohibición de remoción de tierras. Estas protecciones hay que justificarlas de alguna manera, y desde luego, la ocultación de estos Bienes no favorece su protección. En este sentido, hay que valorar el proyecto de rutas y Parques Arqueológicos que quiere llevar a la práctica la DGPH y en el que se incluyen también yacimientos de estas zonas (ver p.e. Méndez 2000: 374-384). Pero mientras se desarrolla dicho proyecto, resulta necesaria una gestión preventiva para el PA considerado en él.
Es aquí donde creo fundamental que se difundan cuanto antes cuáles van a ser los yacimientos a musealizar, dónde están, qué ventajas generan para las personas propietarias de los solares donde se ubican, a qué tipo de acuerdos o qué participaciones pueden tener los Ayuntamientos de esos municipios, cómo se puede beneficiar la ciudadanía local del proyecto, etc. Todo ello pasa sin remedio por la publicación de la existencia de estos lugares privilegiados, para así generar una sensibilización y respeto hacia realidades palpables. De hecho, en la actualidad se puede consultar una página Web (2) de la DGPH que da información general sobre estas futuras rutas y Parques Arqueológicos. Esta medida, puesta en práctica recientemente por la Dirección General, servirá para beneficiar la marcha hacia delante de sus planes con respecto al PA, y por ello espero que se amplíen y concreten las informaciones conforme vayan avanzando los trabajos al respecto.
En esta misma línea, la nueva figura del Plan Director desarrollada por la LPHCM (Art.27) puede ser aprovechada en todos estos aspectos. Los Planes Directores exigen una descripción técnica del estado de conservación del Bien, una propuesta de actuaciones a llevar a cabo y un presupuesto aproximado, pero además, habría que ubicarlos dentro de los planes urbanísticos, como parte de ellos, pues en realidad se trata de actuaciones sobre Bienes que están en el suelo. De hecho, me consta que se tiene intención de realizar este tipo de planes para algunos yacimientos de la Comunidad, como por ejemplo el yacimiento celtibérico del Llano de la Horca en Santorcaz (aún por incoar como BIC) y otros del citado municipio de Alcalá de Henares.
En este sentido, creo que la figura del Catálogo de planeamiento podría servir como canalizadora de estos planes. Pero no sólo de los que afectan a yacimientos rurales, sino también del Plan Director que debería tener cada yacimiento-ciudad. Las normas que desarrolla el Modelo Base deberían acompañar a todas estas otras actuaciones de Arqueología preventiva. De hecho, hemos visto cómo el Modelo Base en muchas ocasiones se incluye en los Catálogos, pues estos son los informadores de los Bienes protegidos. Así, también se superarían las barreras de las clasificaciones de suelos, ya que el PA no siempre está en el SNUEP (hoy SNU de protección).
Igualmente, habría que estar presente desde el principio del proceso de planificación urbana para poder luchar por futuras clasificaciones y calificaciones de suelos adecuadas para esos yacimientos que no pueden ser intervenidos o destruidos, y que el uso del suelo donde se ubiquen ya esté determinado por planes directores que han de acatarse por la normativa urbanística y no al revés, esperar a que se planifique el suelo y entonces tomar medidas; hay que adelantarse a las propuestas de revisiones de los planeamientos, el consenso con el Ayuntamiento debe partir de un estudio detallado del PA del municipio en cuestión. Esto es lo que hará que meras coordenadas UTM delimitando zonas se conviertan en recursos y valores a proteger por la política municipal.
Finalmente, y aunque aquí no he tratado esta faceta en detalle, creo que el PA madrileño ha de ser reclasificado. No puede ser todo Zona Arqueológica o nada. Los nuevos Bienes Incluidos en Inventario de la LPHCM dan salida a inmuebles del PA que no son tan valiosos, que no pueden ser presentados de una forma comprensible para la sociedad, o que no hay recursos para estudiarlos o conocerlos con detenimiento. Esa es la realidad, hay que elegir y dejar que la figura de máxima protección de las LPH sea eso, de máxima protección. Si ni las personas responsables más directas del PA la tratan como tal, qué podemos esperar del planeamiento urbano o de la sociedad en general.
Ojalá esta puesta en conocimiento de la situación incentive a la búsqueda de nuevas alternativas, a la crítica y a la reflexión, ya que la gestión del PA tiene que estar viva y en continuo reciclaje, adaptándose a la sociedad a la que pertenece. Sólo así sobrevivirá el PA.
NOTAS
1. Por ejemplo, entre 1997-2000, la Comunidad de Madrid junto con las corporaciones locales, aprobó en Asamblea y Consejo de Gobierno de Madrid, un Programa Regional de Inversiones y Servicios, donde la Comunidad aportaba 62.000 millones de pesetas y los Ayuntamientos 30.000 millones. Se pretendía con ellos realizar inversiones de conjunto en toda la Comunidad para elevar la calidad de vida de la ciudadanía, queriendo, entre otros, dotar de servicios culturales a la Comunidad (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 1997: 1). Para ello, cada Consejería y sus Dirección Generales, propusieron cuáles eran las prioridades en su materia de trabajo y cuál iba a ser su inversión. Así, durante estos cuatro años la Dirección General de Patrimonio Cultural (hoy DGPH) destinó 2.000 millones de pesetas a este programa. Este dinero se invertiría en actividades dirigidas a la puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico y monumental, en especial a los Bienes declarados y a los Conjuntos Históricos de las ciudades. Aunque se detallan algo más el tipo de actuaciones a realizar, no hay una sola palabra ni intención dedicada al PA (1997: 186-187). Igualmente, el área de Arqueología de esta Dirección General, durante tres de esos años, ha tenido un presupuesto para actuaciones de distinta índole sobre Bienes del PA de la Comunidad (intervenciones arqueológicas, documentación y protección de yacimientos, etc), de tan sólo 130 millones de pesetas, en partidas de 40 y 40 millones en 1997 y 1998, y 50 en 1999 (Servicio de Actuaciones Administrativas de la DGPH).
2. Un ejemplo de aplicación de esta norma es la recuperación y restauración de la noria del S. XVII y de otras instalaciones hidráulicas de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro (S. XVIII). Hoy día se pueden visitar en el “Huerto del Francés” del Parque del Retiro (Madrid ciudad) (Mena 2000: 58-59).
3. Aunque aquí se haya recogido la crítica de aplicación de los Planes Especiales para cualquier BIC, el caso concreto de su elaboración para las Zonas Arqueológicas ha sido muy cuestionado, puesto que no es un Plan pensado para Bienes del PA. Es más, en el anteproyecto de la LPHE de 1981 no se preveía la utilización de la figura del Plan Especial para estas Zonas (Rodríguez 1998: nota 16).
4. Aunque en un primer momento la realización del inventario de yacimientos fue llevada por la Consejería de Política territorial (hoy Obras Públicas, Urbanismo y Transportes), bajo un proyecto denominado ECA 84, realmente será con la creación de la Sección de Arqueología dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura (hoy DGPH de la Consejería de las Artes) de la Comunidad madrileña, en el año 85, cuando se continúe el proyecto hasta el presente. Antes del traspaso de competencias a la Comunidad existen algunos intentos de inventario, como los promovidos por el Ministerio de Cultura (P.I.C.), o el inventario del Instituto Arqueológico Municipal (ver p.e. Velasco 1991a: 259-261, nota al pie, 1. y 2000: 386).
5. Incluso posteriormente a la aprobación del último Plan General de Alcalá de Henares, se han vuelto a ampliar zonas de protección arqueológica, concretamente una franja de $1 0 0 \mathrm { m }$ alrededor del Casco Histórico. Esta nueva área se ha podido incluir con la aprobación del Plan Especial del Conjunto Histórico de la ciudad en 1998 (Méndez 2000:93).
6. En la actualidad existen dos nuevas Zonas Paleontológicas bajo la LPHCM, que son: “Cerro de los Batallones”, en Torrejón de Velasco (BOCM, 93. 9/0/2001) que está incoada y la declarada de “El Soto”, en Móstoles (BOCM, 276. 20/09/2001), siendo para este último municipio su segundo BIC, pues tiene una Zona Arqueológica incoada desde 1991. Dado lo reciente de estas Zonas Paleontológicas, no se han incluido en este trabajo nada más que a modo de anotaciones.
7. Existen mecanismos para incluir el Modelo Base posteriormente a la aprobación del planeamiento, como pueden ser modificaciones parciales de las Normas Subsidiarias o Plan Generales. Pero al tratarse de áreas protegidas tan amplias, estas modificaciones afectarían a todos los tipos de suelos y requerirían el consenso de muchas entidades públicas y privadas. Evidentemente conseguir la inclusión del Modelo en estas condiciones es muy complejo, de hecho, he consultado las modificaciones a la mayoría de planes que aquí se recogen y nunca he encontrado referencia alguna al PA como causa de las mismas.
8. Los municipios con PA incluido como elemento de Catálogo y declarados Monumentos Nacionales Históricos Artísticos son: cuevas neolíticas de Perales de Tajuña, ruinas de Talamanca del Jarama (declaración en 1931, $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ }$ registro en Catálogo de la Dirección General de Bellas Artes: 674 y 676 respectivamente), Villa romana de Valdetorres del Jarama, (declarada el 24/11/1980), y la calzada y puente romano de Cercedilla (incoada desde 1981).
9. Es posible que de los 179 municipios consultados, haya algún error de información, debido a que, en ocasiones, las referencias al PA pueden aparecer en lugares insospechados. Intenté ser lo más exhaustiva posible en la búsqueda de referencias al PA, pero es relativamente fácil haber equivocado algún dato de los que expongo. Eso sí, los datos sobre los 40 municipios con Zonas Arqueológicas están más que contrastados, pues además de la consulta de los discos compactos de planeamiento, aquellos municipios que no tenían referencia al PA los revisé sobre el papel y para asegurarme, en el Servicio de Información Cartográfica de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. Por lo menos en otros 30 casos de municipios sin Zonas Arqueológicas también recurrí a esta contrastación (bien porque en los discos compactos no estaban los Catálogos de algunos de ellos o porque sus revisiones eran del año 2000 y no se encontraban en ese momento editadas en disco compacto, etc.).
10. Por distintas circunstancias, puede no haber planeamiento en algunos lugares. Esta falta se resuelve de varias maneras. Para empezar están las normas de directa aplicación, por ejemplo, en ausencia de plan o norma urbanística no se puede edificar más de tres alturas (LS/76, Art.74). También están las normas sectoriales como las de carreteras, aguas o las de PH, y por último, están los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, que abarcan el ámbito municipal y que se redactarán en ausencia de Plan General (LS/76, Art.81, y RP, Art.101) (Castelao y Santos 1999: 179-184 y 226).
11. Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, dependiente del entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Esta comisión desaparecerá poco después del traspaso de competencias en materia de Urbanismo a las Comunidades Autónomas y los municipios.
12. Se ha elegido como fecha divisoria 1990 intentando abarcar el máximo posible de municipios que presenten revisiones de su planeamiento y que tengan en sus normas desfasadas algún tipo de referencia al PA, para así poder ver si en las nuevas recogen ya el Modelo Base. De hecho, al hacer esta partición se han tenido que omitir los datos de tres municipios que entre 1991 y 2000 habían cambiado 2 veces de planes y tenían referencia en ambos al PA. Se trata de Titulcia (1993- Revisión, 2000) y Valdemoro (1995-Revisión, 1999), que tenían el modelo de Hallazgos de Interés, y Velilla de San Antonio (1991- Revisión, 1995) que es uno de los que tenía normas particulares. Los tres presentan actualmente el Modelo Base y aparecen recogidos en el mapa del año 2000.
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DOCUMENTACIÓN
1. PÁGINAS Web:
1. Municipios de la CM con Modelo Base según DGPH: http://www.comadrid.es/dgpha/informacion/municplanurbanistico.htm
2. Información sobre rutas arqueológicas: http://www.comadrid.es/dgpha/politica/politica.htm
2. LEGISLACIÓN:
2.1. LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Estatal:
- Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE, 155, de 29 de junio de 1985.
- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. BOE, 24 de 28 de enero de 1986.
- Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. BOE, 52, de 2 de marzo de 1994.
Legislación propia de la Comunidad de Madrid:
Regulación del PA:
- Orden de 24 de junio de 1986, de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la Comunidad de Madrid. BOE, 180, de 29 de julio de 1986. - Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. BOCM, 206, de 28 de agosto de 1998.
Regulación de administraciones y organismos:
- Decreto 100/1988, de 29 de septiembre, por el que se regulan las Comisiones Locales de Patrimonio Histórico. BOCM, de 17 de octubre de 1988.
-Ley 6/1992, de 15 de julio, de Creación del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. BOCM, 174, de 23 de julio de 1992.
- Orden 80/93, de 8 e febrero, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. BOCM, 45, de 23 de febrero de 1993.
- Decreto 163/1997, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, como órgano de gestión sin personalidad jurídica propia, adscrito a la Consejería de Educación y Cultura (BOCM, 298, de 16 de diciembre de 1997).
- Decreto 56/1998, de 16 de Abril, por el que se modifica el artículo 7 del Decreto 163/1997, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, como órgano de gestión sin personalidad jurídica propia, adscrito a la Consejería de Educación y Cultura.
- Decreto 18/1999, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de composición, organización y funcionamiento del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. BOCM, 36, de 12 de febrero de 1999.
- Orden 176/2000, de 26 de enero, por la que se nombra a los vocales del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. BOCM, 27, de 2 de febrero de 2000.
- Orden 1184/2001, de 29 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería. BOCM, 80, de 4 de abril de 2001.
2.2. LEGISLACIÓN DEL SUELO (Con referencia a siglas utilizadas en el artículo)
Estatal:
Legislación plena y básica:
- Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por el RD 1/1992, de 26 de Junio. BOE, 156, de 30 de junio de 1992. Correcciones y erratas en BOE, 177 de 24 julio y BOE, 38 de 13 de Febrero de 1993. (LS/92). - Ley, 6/98 sobre Reforma de Régimen del Suelo y Valoraciones, de 13 de abril de 1998. BOE, 89 de 14 de Abril. (LS/98).
Legislación supletoria general:
- Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por el RD1346/1976, de 9 de Abril. BOE, 144 y 145, de 16 y 17 junio de 1976. (LS/76). Planeamiento urbanístico:
-Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la LS/76, RD 2159/1978, de 23 de Junio. BOE, 221 y 222, de 15 y 16 de Septiembre. (RP).
Legislación propia de la Comunidad de Madrid:
- Ley 4/1984 sobre Medidas de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, de 10 de Febrero. (LMDUCM).
Derogada por LSCM/01.
- Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. (LSCM/95). Derogada por LSCM/01, excepto títulos II; III $\mathbf { y }$ IV.
- Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 17 de Julio de 2001. BOCM, 177, de 27 de julio de 2001. (LSCM/01).
3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
3.1. CONSEJERÍA DE LAS ARTES. DGPH:
- Normas para la protección del Patrimonio Arqueológico del municipio de XXX. Página Web 3: http://comadrid.es/dgpha/ información/proteccionpatrimonio.htm
-. Normas para la protección del Patrimonio Arqueológico del municipio de Madrid.: \*PG 1985, Título Octavo, Capítulo IV, Art. 8.4.1 al 8.4.7. Desfasadas. \* PG 1997, Título 4, Capítulo 4.2, Sección Cuarta (Art. 4.2.8. al 4.2.14)
- Normas para la protección del Patrimonio Arqueológico del municipio de Alcalá de Henares. PG 1984. Apéndice 4. (205- 213). Desfasadas.
3.2. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES. DG URBANISMO Y PLANIFICACIÓN REGIONAL. COMUNIDAD DE MADRID (2000):
- PUR. Planeamiento Urbanístico. Planes Generales y Normas Subsidiarias. Planificación Regional de Madrid: 13 pp. y 24 CD. (1999).
- Bases de Plan Regional de Estrategia Territorial (1996).
-Anteproyecto del PRET (1995).
- PRESMA. Plan Regional de Estrategia Territorial. Plan Sectorial de Medio Ambiente, (1998).
3.3. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES:
- (1998) Decreto de Creación del Servicio de Arqueología del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Resolución de alcaldía 533.
3.4. LOS TRES MODELOS DE NORMAS MUNICIPALES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO NO DADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO (Ver: Tablas, su localización en planes urbanísticos).
4. FUENTES ORALES:
Además de los textos escritos, este trabajo esta completado por toda una serie de conversaciones con profesionales que trabajan a diario en PA. La incluyo entre la documentación porque me ha resultado tan valiosa como la bibliografía citada. A su vez, aprovecho para agradecer a estas personas su ayuda en mi investigación.
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid: Enrique Baquedano (Director), Antonio F. Dávila (Jefe del Área de Conservación), Enrique de Álvaro (entonces Jefe del Área de Difusión) y Antonio Esteban (Jefe del Área de Administración).
Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid: Jorge Morín de Pablos (Presidente), Elena Gómez (Vicepresidenta) y Eduardo Penedo (Tesorero).
cuela Taller de Arqueología de Alcalá de Henares: Ana Lucía Sánchez (Directora).
rvicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares: Sebastián Rascón (Jefe del Servicio).
Área de Arqueología, Paleontología y Etnografía de la Dirección General de Patrimonio Histórico: Antonio Méndez, Pilar Mena y Fernando Velasco (técnicos/a arqueólogos/a).
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid: Rosa Martínez, Maria Méndez y Mª José Laviña (bibliotecarias), Felipe Prieto (Jefe de Servicio de Arquitectura y Patrimonio, DG de Arquitectura y Vivienda), y Rodolfo García (Entonces Jefe de Servicio de la DG de Planeamiento Regional).
Y: Mª Ángeles Querol (Profesora del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid), Ana Yáñez (Profesora de Derecho de la UCM), Ignacio Rodríguez Temiño (Técnico arqueólogo de la DG de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía), Javier Baena (Profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid).