Las Cortes de Cádiz: Nación, soberanía y territorio.
Juan Francisco FUENTES ARAGONÉS (Universidad Complutense de Madrid) firstname.lastname@example.org.
Recibido: 14 de febrero de 2010
Aceptado: 23 de junio de 2010.
RESUMEN.
En este artículo se hace un recorrido completo sobre la historia y vicisitudes de las Cortes de Cádiz, desde su convocatoria y la previa constitución de las Juntas, a la labor legislativa que llevaron a cabo. Se muestran a lo largo del texto los principales logros de aquella asamblea: desde la Constitución de 1812, la sensación de libre albedrío que supuso la libertad imprenta o la creación de los primeros grupos políticos entendidos como partidos, sin olvidar la presencia de diputados provenientes de las colonias americanas, considerados independentistas. Todo ello hace comprender mejor el paso del Antiguo Régimen al Estado liberal, frustrado poco tiempo después por la política de Fernando VII.
Palabras clave: 1808-1812. Cortes españolas. Cádiz. Constitución. Estado Liberal.
The “Cortes de Cádiz”: Nation, sovereignty and territory.
ABSTRACT.
This work aims to be an overview on the history and difficulties of the “Cortes de Cádiz”, from its previous call as well as the constitution of the boards, and the legislative work carried out by this assembly. Throughout the text we can appreciate the main achievements of this parliament: the 1812 Constitution, press freedom, the creation of the first groups understood as political parties and the presence of deputies from the American colonies considered as defenders of independence. This contributes to a better understanding of transition from Old Regime to the Liberal State, which was frustrated shortly afterwards due to Ferdinand VII’s policies.
Keywords: 1808-1812. Spanish “Cortes”. Cádiz Constitution. Liberal State.
El orden de las palabras regularmente manifiesta el que tienen las ideas en la cabeza o en el corazón, y yo aquí he oído en arengas y escritos invertir el orden, diciendo el rey y la nación, cuando se debía decir la nación y el rey, porque la nación es primero que el rey.
Intervención del diputado Domingo Dueñas en las Cortes de Cádiz, Diario de Sesiones, 8 de abril de 1811.
La “Grande Affaire”
No es fácil describir la magnitud del cambio histórico operado en España en los dos años y medio transcurridos desde el 2 de mayo de 1808 hasta la apertura de las “Cortes generales y extraordinarias” en la Isla de León (Cádiz) el 24 de septiembre de 1810. El triunfo parcial del levantamiento antifrancés y el desmoronamiento del Estado borbónico llevaron a la creación de un nuevo entramado institucional que, a través de las juntas, debía llenar, por lo menos provisionalmente, el vacío de poder dejado por los representantes tradicionales de la autoridad, desconcertados por la nueva situación y, en no pocos casos, cómplices del ocupante. Se puso en marcha así un fenómeno que habría de marcar un largo ciclo de la historia de España, en el que la alternancia de crisis y revoluciones solía resolverse mediante ese poder interino constituido por las juntas. En una fase todavía temprana de este proceso, el poeta Manuel José Quintana, testigo y actor de los sucesos iniciados el 2 de mayo de 1808, hizo hincapié en la originalidad y trascendencia de las juntas en la historia contemporánea de España, todavía en sus albores: son, le decía a Lord Holland en 1823, “el método que tenemos en España para hacer las revoluciones”. Su pormenorizada explicación incidía certeramente en la triple dimensión —representación, soberanía y territorio— de un fenómeno sumamente complejo, cuyo verdadero alcance estaba muy lejos de haberse agotado al escribir Quintana estas palabras:
Luego que el punto central del gobierno falta en su ejercicio o deja de existir, cada provincia toma el partido de formarse una junta que reasume el mando político, civil y militar de su distrito, y toma las providencias necesarias para su gobierno y su defensa. Compuesta, como ordinariamente sucede, de las personas más notables del país, o por saber, o por virtud, o por ascendiente, es escuchada y mirada con respeto, y el mismo espíritu que sirvió a crearla sirve también a hacerla obedecer. Entra después la comunicación entre unas y otras para concertar las medidas de interés general; hecho esto, el Estado, que al parecer estaba disuelto, anda y obra sin tropiezo y sin desorden. Esto no es más, según algunos, que organizar la anarquía. Mas llámese como se quiera, lo cierto es que con esta especie de federación la opinión general se explica de un modo harto solemne, y la necesidad del momento queda satisfecha. Porque no es posible imaginarse que una cosa realizada a la vez en tantos y tan distantes parajes, y por personas de clases y costumbres tan diversas, deje de estar en armonía con lo que generalmente todos piensan y desean1 .
Es como si la implosión del Estado tradicional, incapaz de soportar una crisis extrema, diera lugar a la recomposición de sus fragmentos mediante “esta especie de federación” formada por las juntas surgidas de la crisis. Pero el resultado de ese doble proceso, disolvente primero y constituyente después, no sería la reconstrucción, pieza a pieza, del viejo Estado, sino una realidad sustancialmente distinta, representada en toda su pluralidad territorial y humana —“tantos y tan distantes parajes”, “personas de clases y costumbres tan diversas”—, a la postre mucho más parecida a la nación que al Estado. Si la Junta Central Gubernativa del Reino, constituida en Aranjuez en septiembre de 1808, culminaba la articulación territorial de las juntas creadas a partir de mayo de 1808 y encarnaba un precario Estado patriota, su déficit de legitimidad sólo podía subsanarse mediante una apelación a la nación, que debía expresar su voluntad a través de unas Cortes.
La cuestión, sin embargo, no era tan sencilla. Cabían serias dudas, por un lado, de que una institución en desuso, muy mermada en sus viejas atribuciones y cuyo prestigio popular resultaba incierto, llegara a desempeñar el trascendental papel que le correspondía en aquella hora crítica. Por otro lado, no parecía fácil que el proceso conducente a la reunión de Cortes, tan complejo de por sí, pudiera llevarse a cabo en plena guerra, con parte del territorio nacional ocupado por un ejército extranjero. De ahí las dudas sobre su viabilidad, pero también la posibilidad, planteada por los más audaces, de hacer de la necesidad virtud y adaptar su naturaleza a las exigencias de los nuevos tiempos en términos de composición y representatividad, tanto más cuanto que el vacío legal en esta materia daba un amplio margen a la discrecionalidad de las autoridades patriotas. Así lo hubo de reconocer un miembro del Consejo de Estado en 1810 al afirmar en un dictamen sobre las Cortes que
nuestra historia no presenta más que una serie de hechos en materia de Cortes, diferentes entre sí, pero que no hay una ley que establezca la constitución de Cortes, que en nuestras leyes no se conoce la palabra estamentos. (...) Que no tenemos ley alguna que nos ligue a la convocación de los brazos ni constitutiva en materia de Cortes, y que no debían convocarse más de un brazo solo2 .
Tal es la cuestión fundamental que se dirime en la España patriota en los dos primeros años de guerra, eso que Jovellanos y Lord Holland llaman en su correspondencia “la grande affaire”, y que el escritor y político británico, fino observador, desde su atalaya gaditana, de la situación política española, resume en una serie de acuciantes preguntas sobre las futuras Cortes:
$\dot { \zeta } \mathrm { Q u e }$ ciudades, qué provincias, qué distritos han de tener votos? $\it { i Q u e }$ ha de ser el principio sobre el cual se da el derecho de tener voto, esto es, diputado, a una ciudad o provincia? Y ¿cuál será el modo en que se han de tomar los sufragios de los vecinos? $\therefore C$ uántos diputados ha de tener cada provincia y de cuántos vocales ha de ser compuesta la diputación total del reino? Además de esto, ¿cómo ha de ser representada la nobleza? $\it { i } \mathrm { C o m o }$ el clero? Los de la junta, ¿han de ser vocales ex-oficio, o qué? Los consejeros de Castilla, ¿han de asistir con voto o sin él? $\therefore C$ uántas cámaras, una o dos? Y resueltas estas dificultades, ¿cómo se han de proponer las leyes, cómo de conducir las discusiones?3 .
El anuncio de elecciones a Cortes para el año siguiente, realizado por la Junta Central en abril de 1809, llegaba un poco tarde, a juicio de Holland, y, como se ve, no despejaba las muchas incógnitas que planteaba un acontecimiento de tal magnitud. También Jovellanos, en su respuesta al inglés, se mostraba cauto ante las “no pocas dificultades” que habría de superar “la grande affaire” de la convocatoria de elecciones a Cortes, pero “ninguna hay que no pueda ser vencida, si vencerla se quiere”. El escritor asturiano se mostraba, pues, optimista y, en cuanto al carácter de las futuras Cortes, estaba seguro por lo menos de una cosa: que lejos de ajustarse “en todo a la forma antigua”, serían “propiamente las primeras Cortes generales del Reino”4 .
Y así fue, aunque el camino hasta su apertura en septiembre del año siguiente estuvo, como vaticinaba Jovellanos, plagado de obstáculos. A lo largo de esos meses, se decidiría finalmente —no sin polémica— la modalidad de las Cortes y se llevaría a cabo el proceso electoral en un contexto que se había complicado notablemente desde el anuncio de las elecciones, tanto por el imparable avance del ejército francés por la península, como por el comienzo, en abril de 1810, de la insurrección de las colonias americanas, dotadas de representación en la futura asamblea. Con dos años de retraso respecto a lo acontecido a este lado del Atlántico, los sucesos americanos demostraban la existencia de un curioso paralelismo entre los procesos vividos en la metrópoli y en las antiguas colonias. Se trataba, en efecto, de una lucha simultánea por la independencia y por la libertad, expresada a través de un lenguaje compartido —juntas, independencia, soberanía; enseguida, liberalismo y pronunciamiento— que en la metrópoli sirvió como factor de liberación frente al invasor y frente al absolutismo y en las colonias actuó como detonante de la lucha contra la dominación española, sin perjuicio de que, por lo menos al principio, ambos procesos se legitimaran mediante la invocación de los derechos de Fernando VII.
Todo ello estuvo presidido por una extraña mezcla de voluntarismo colectivo y determinismo histórico que nadie expresó mejor que Manuel José Quintana al redactar el manifiesto de la Junta Central de noviembre de 1809 convocando elecciones a “Cortes generales”, es decir, representativas de la nación en su conjunto, sin la tradicional separación por estamentos:
Españoles: Por una combinación de sucesos tan singular como feliz, la Providencia ha querido que en esta crisis terrible no pudieseis dar un paso hacia la independencia sin darlo también hacia la libertad. (...) Pueblo tan magnánimo y generoso no debe ya ser gobernado sino por verdaderas leyes, aquellas que llevan consigo el gran carácter del consentimiento público y de la utilidad común, carácter que sólo puede darles el ser dimanadas de la augusta asamblea que ya se os ha anunciado.
(...) Sí, españoles, vais a tener vuestras Cortes, y la representación nacional en ellas será tan completa y suficiente cual deba y pueda ser en una asamblea de tan alta importancia y tan eminente dignidad5 .
Pese a la rotundidad de estas palabras, la grande affaire no podía darse todavía por zanjada. Los primeros meses de aquel año electoral de 1810 estuvieron llenos de dudas, consultas, dictámenes e intentos de acelerar o retrasar el proceso emprendido. Al final resultó determinante una cierta política de hechos consumados, impuesta más por las circunstancias del momento que por la actuación sibilina de una supuesta minoría intrigante. Frente a la voluntad involucionista de la Regencia que sustituyó en enero a la Junta Central, el Consejo de Estado se inclinó, en fecha tan avanzada como agosto de 1810, por dejar que las cosas siguieran su curso, al entender que la Junta había realizado “una convocatoria general (...) sin distinción de clases o llámense estamentos”, por lo que, “atendiendo el actual estado de cosas, conviene siga la convocatoria conforme está sin hacer alteración de ella”. Se dejaba en todo caso a “la nación” la potestad de decidir, una vez reunida, si se dividía en “brazos” o “cámaras”6 . Razones puramente pragmáticas aconsejaban, pues, resolver el pleito sobre el sistema electoral en contra de los estamentos privilegiados, cuya tradicional sobrerrepresentación desaparecía en las nuevas Cortes generales —es decir, sin distinción de estamentos—, y a favor del pueblo, acreedor por su heroísmo en la guerra a formar parte de las nuevas instituciones a través de sus legítimos representantes. Esta circunstancia, origen de una suerte de legitimidad sobrevenida, ejerció también una enorme influencia en el debate público que acompañó y finalmente decidió el litigio sobre la naturaleza de las Cortes. Frente a la tradición como fuente de privilegios, se alzaba así una concepción meritocrática —más que democrática— de la política, en virtud de la cual el pueblo español, artífice de la resistencia frente a los franceses, no debía ya —como se lee en el manifiesto redactado por Quintana— permanecer sometido a sus antiguos gobernantes, sino regirse por “verdaderas leyes” emanadas de la “augusta asamblea” elegida a lo largo del año 1810.
Una amplia literatura patriota, y luego liberal, justificó este descomunal salto del privilegio al derecho como consecuencia del papel desempeñado por unos y otros ante el invasor y de la quiebra del viejo pacto feudal que obligaba a los señores a proteger a sus vasallos. Así, en la hora crítica de 1808, la mayoría de los señores —se recuerda en un documento de la época—, en vez de “atender la defensa de sus vasallos, ponerse al frente de ellos y acometer al enemigo común”, prefirieron huir del peligro o permanecer en sus casas, “esperando la suerte de la guerra”7 . La Junta de Valencia lo expresó gráficamente en una representación a la Junta Central —“el pueblo quedó abandonado a sí mismo”— y en las deliberaciones del Consejo de Estado sobre la forma en que debían ser elegidas las Cortes, uno de los consejeros recordó “enérgicamente que la revolución ha sido del pueblo”, por lo que “sería muy impolítico citar ahora los brazos que han tenido la menor parte en estos hechos”. Hasta un miembro de la vieja aristocracia como el general Castaños reconoció que, por lo menos al principio del levantamiento antifrancés, las clases privilegiadas “estuvieron pasivas (...), recibiendo y circulando las providencias del gobierno intruso”, y que “sin el infeliz pueblo nada se hubiera hecho”8 . Lo dijo también, entre otros muchos, Bartolomé José Gallardo, bibliotecario de las Cortes de Cádiz: el pueblo “fue quien el Dos de Mayo, desarmado, maldecido y abandonado por el débil gobierno de Madrid, se arrojó a las huestes del pérfido Murat, lanzando el primer grito de la independencia española”. El propio Gallardo señalaba el cambio que la experiencia histórica iniciada en mayo de 1808 había introducido en el significado de la voz pueblo, “fijándolo en dos sentidos”: “En el más alto y sublime es sinónimo de nación, y significa la reunión de individuos de todas las clases del Estado”, mientras que “en sentido más humilde”, se entiende por pueblo “el común de ciudadanos que, sin gozar de particulares distinciones, rentas ni empleos, viven de sus oficios, y aunque no ejerzan los de república, tienen opción a ellos y a los más altos destinos y condecoraciones con que la patria remunera el mérito y la virtud”9 . El nuevo significado de pueblo, en la doble acepción que le atribuía Gallardo, confluía así en una concepción revolucionaria de la soberanía que se vería inmediatamente reflejada en la obra de las Cortes de Cádiz.
Unas cortes soberanas.
Las trabas de todo tipo que la Regencia puso al proceso electoral, de por sí complejísimo, no consiguieron impedir que las nuevas Cortes iniciaran su andadura el 24 de septiembre de 1810. Aquel día, a las nueve y media de la mañana, y entre gritos de “¡Viva la nación!, ¡vivan las Cortes!”, los diputados se dirigieron a la iglesia parroquial de San Pedro, en la Isla de León, Cádiz, para oír misa y prestar juramento. A continuación, se trasladaron al teatro de la ciudad, sede provisional de las Cortes, y allí, a las once de la noche de aquel mismo día, aprobaron su primer decreto, que empezaba con estas trascendentales palabras:
Los diputados que componen este Congreso, y que representan a la Nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional10.
De esta declaración podía deducirse el sesgo reformista —por no decir abiertamente revolucionario— que tendría la actuación de las nuevas Cortes. Era muy aventurado, sin embargo, afirmar que en su interior existían ya mayorías y minorías ideológicamente reconocibles, a falta de grupos parlamentarios formalmente constituidos o de tendencias políticas claras. Añádase la dificultad que para el análisis de su composición representan las constantes altas y bajas de diputados, unos llegados con retraso y otros elegidos con carácter provisional o ausentes temporalmente de Cádiz por tal o cual motivo, una circunstancia tan frecuente que algún diputado protestó por la facilidad con que las Cortes autorizaban las ausencias temporales de sus miembros. En todo caso, la obra constitucional y legislativa de las Cortes de Cádiz sólo se explica por el predominio de una voluntad de cambio sobre las posturas inmovilistas, bien visible por ejemplo en la amplia mayoría —68 votos a favor por 32 en contra, a falta de muchos diputados, todavía de viaje— que aprobó el decisivo decreto de libertad de imprenta, la primera gran reforma introducida por las Cortes y origen en buena medida del clima de libertad que acompañó su actuación. La votación de los artículos de la Constitución, como el 27, que fue aprobado por 112 votos contra 31 y que consagraba el carácter electivo, general y unicameral de las Cortes, indica la existencia de una mayoría clara a favor de las reformas. Ahora bien, ni siquiera aquellos diputados que podemos identificar con la causa reformista se mostraron siempre constantes en la defensa de sus postulados, como demuestra la llamativa tardanza con que en febrero de 1813 se aprobó la disolución de la Inquisición y el hecho de que algunos diputados que votaron a favor de la Constitución en 1812 se opusieran un año después a una medida de esa trascendencia. El hecho mismo de que durante once meses —entre marzo de 1812 y febrero de
1813— la España patriota tuviera al mismo tiempo Constitución e Inquisición revela el carácter contradictorio de un proceso que tuvo que vencer fuertes resistencias dentro y fuera de las Cortes.
Son, pues, las intervenciones en la Cámara y sobre todo las sucesivas votaciones las que permiten situar políticamente a sus miembros y vislumbrar, desde el principio, una mayoría reformista. Hay, además, algunos datos objetivos sobre su composición que resultan del mayor interés. Ramón Solís sitúa su media de edad en torno a los 45 años11, relativamente alta, por tanto, aunque es muy probable que la media de los diputados liberales fuera inferior; así, en 1810, Agustín de Argüelles tenía 34 años; el conde de Toreno, 24 —no cumplía, por tanto, la edad mínima de 25, por lo que fue necesario un dictamen justificando su caso como excepcional12-; Mejía Lequerica, 25; Evaristo Pérez de Castro, 32, y José María Calatrava, 29. Desde el punto de vista territorial, la principal línea divisoria la constituía el océano Atlántico, que dividía a los diputados en representantes de la península o de las provincias americanas, todos ellos “españoles de ambos hemisferios”, según la fórmula recogida posteriormente en el artículo $1 ^ { \circ }$ de la propia Constitución. De los 300 diputados que llegaron a componer las Cortes, 63 lo hicieron en representación de las provincias americanas, con una fuerte vinculación, por lo general, a su territorio originario, lo que llevó a los diputados americanos a constituir un grupo relativamente diferenciado, más proclive al cambio que al inmovilismo. Su mayor proximidad a los diputados reformistas de la península contribuyó a conformar la mayoría parlamentaria que impulsó y aprobó la nueva Constitución, aunque uno de los diputados de Ultramar, el clérigo peruano Blas de Ostolaza, se convirtió desde el principio en cabecilla del absolutismo gaditano. En el grupo o partido americano —así denominado en ocasiones— tuvo especial importancia el sistema de suplencias arbitrado por las autoridades patriotas para cubrir provisionalmente las vacantes forzosas, impuestas por la imposibilidad de que determinadas provincias enviaran a tiempo a sus representantes, ya fuera por su lejanía o por la situación militar en que se encontraba una buena parte de la península. En tal caso, los originarios de tales provincias residentes en Cádiz elegían a sus representantes en calidad de suplentes, en tanto pudieran llegar a la ciudad los diputados efectivamente elegidos en sus circunscripciones de origen. Es muy posible que el sistema de suplencias, al crear un microcenso electoral muy sesgado, con fuerte presencia de refugiados y comerciantes, favoreciera a los candidatos más combativos y reformistas. Y, en efecto, a la categoría de diputados suplentes pertenecieron, en palabras de Miguel Artola, “algunos de los nombres más representativos del liberalismo”13, aunque hay que insistir en que todas estas consideraciones deben situarse dentro de una amplia casuística político-territorial. El deán Blas de Ostolaza, diputado suplente por Perú y furibundo absolutista, es, de nuevo, una flagrante excepción a lo que aquí se apunta como tendencia general.
Podría pensarse también que la mejor comunicación con Cádiz de las provincias periféricas, con mayor tradición comercial, facilitó la orientación de las Cortes hacia una política reformista de base mesocrática. La procedencia socioprofesional de sus miembros, bien conocida, aunque ofrezca algunas variantes según los autores, no abona en absoluto la idea de que la revolución liberal española surgió de unas Cortes burguesas (véase Cuadro adjunto). Su composición, por el contrario, es más propia de una Asamblea de notables14, en la que el clero constituye el grupo socioprofesional más numeroso, con un tercio de los diputados que llegaron a tener asiento en las Cortes15. Podría pensarse, a tenor de este dato, que la aplicación del innovador sistema electoral adoptado por la Junta Central le había dado la vuelta, en la práctica, a la idea de unas Cortes generales que representaran a la nación en su conjunto. El resultado en cuanto a su composición socioprofesional, por lo menos en lo tocante al clero, se parecía mucho al de unas Cortes tradicionales, haciendo estéril a la postre la gran batalla librada a lo largo de 1810 por los patriotas más avanzados. Ya veremos que no es exactamente así. En cuanto a la baja presencia de la nobleza, conviene tener en cuenta que, además de los ocho nobles titulados que figuran en el cuadro adjunto, no pocos diputados incluidos en otras categorías, como los abogados, los altos funcionarios y desde luego los militares, pertenecían también a la nobleza, aunque no ostentaran título o hicieran prevalecer su condición profesional sobre la estamental. Había, en todo caso, dos diferencias importantes entre unas hipotéticas Cortes estamentales y las que fueron elegidas en 1810. Era difícil, en primer lugar, que clérigos y nobles titulados pudieran formar una mayoría de bloqueo frente a las aspiraciones reformistas de los diputados pertenecientes al estado llano, y, en segundo lugar, y tal vez más importante, el hecho de que unos y otros hubieran sido elegidos por el conjunto de los electores y no por los miembros de su estamento favoreció probablemente la elección de un grupo de eclesiásticos y nobles liberales que difícilmente hubieran llegado a las Cortes como representantes de su propio estamento. Clérigos como Joaquín Lorenzo Villanueva, Diego Muñoz Torrero o Antonio Ruiz de Padrón son una buena muestra de ese clero liberal, sin duda minoritario, pero que tanta influencia tuvo en la actuación de aquellas Cortes y en la historia del primer liberalismo español.
Fuera de esa mayoría relativa, nada homogénea políticamente, constituida por el clero, emerge una amplia amalgama de clases medias y propietarias, entre las que predominan las profesiones liberales y el funcionariado civil y militar16. Desde el punto de vista social, la columna vertebral de nuestro primer Parlamento moderno la formaba una alianza de abogados y servidores del Estado —funcionarios, militares y catedráticos— que, más allá de su indudable importancia numérica (como mínimo el $54 \%$ sobre el total de diputados17), aportaba una actitud similar hacia los grandes problemas nacionales, abordados desde la primacía del derecho sobre el privilegio, de lo general sobre lo particular y del Estado sobre el estamento. Si en las reformas ilustradas de la segunda mitad del siglo XVIII se reconoce fácilmente la impronta de una “Ilustración de funcionarios”, según la fórmula acuñada por Franco Venturi para el caso español, esta radiografía social de las Cortes de 1810 permitiría hablar de un “liberalismo de funcionarios” —incluidos los militares— como nota distintiva del proceso histórico inaugurado en $1 8 0 8 ^ { 1 8 }$ . El problema del Estado sería, pues, para esa legión de servidores suyos que tomaba asiento en las Cortes, el principio y el fin de una crisis nacional provocada por el derrumbe de las instituciones tradicionales y superada con la aprobación de la nueva Constitución. De ahí el ingenuo voluntarismo que presidió a menudo su política reformista, lastrada por la sobrevaloración de la capacidad transformadora de la ley, cuando no por una manifiesta falta de realismo. De ahí también la importancia que revestirá la funcionarización de la política en la historia de nuestro liberalismo, una tendencia perniciosa que dejó muy pronto su huella en uno de los términos más populares del vocabulario político español del siglo XIX: la “empleomanía”.
La expresión, que llegará a ser muy frecuente a partir del Trienio liberal, alude a la apetencia desaforada de un cargo o empleo público —Lo que puede un empleo será el título de una celebrada comedia del joven Martínez de la Rosa estrenada en Cádiz en 1812— y lleva implícito un reproche social hacia aquellos que, invocando los derechos de la nación, se acaban apoderando de los resortes y los recursos del Estado. Aún estamos muy lejos, sin embargo, de una crítica al liberalismo que llegará a ser muy común a lo largo del siglo XIX en las más diversas ideologías y que reduce su significado real a una simple rotación de personas y partidos en la administración de la cosa pública. El liberalismo como “símbolo y verdadero emblema del movimiento continuo”, según la definición de un escritor satírico de mediados del siglo $\mathrm { X I X } ^ { 1 9 }$ . De momento, las palabras emblemáticas del moderno vocabulario político, la mayoría recién estrenadas, conservan intacta su carga emotiva y su capacidad de movilización. Incluso viejos términos, como patria, nación, pueblo y soberanía, aparecen dotados de un prestigio nunca visto, tal vez incluso de un nuevo significado. “Dadnos una patria”, pedía un español anónimo en carta a las juntas provinciales en 1808. Tres años y medio después, el diputado Agustín de Argüelles presentaba ante las Cortes el texto de la nueva Constitución política de la Monarquía española con unas palabras que no tardaron en hacerse célebres: “Españoles, ¡ya tenéis patria!”20. “¿Habéislo oído, españoles? —preguntará a sus feligreses un clérigo liberal tras leerles la emotiva exclamación de Argüelles—. Libres, sí; libres seréis bajo la salvaguardia de esa gran carta de vuestros derechos y vuestras obligaciones. Ya tenéis una patria, sois ciudadanos y ciudadanos españoles”21. Patria y ciudadanía, soberanía y nación, pueblo e independencia, libertad y constitución, constituyen de esta forma conceptos que, en su nueva acepción, se explican y legitiman mutuamente hasta adquirir un significado inédito. Todo ello comportaba una jerarquía precisa e inalterable de palabras, instituciones y personas en el orden constitucional y exigía un rápido aprendizaje de las nuevas reglas del lenguaje de la soberanía, para evitar que “la rutina antigua”, como la llama el diputado Domingo Dueñas, impusiera su tiranía sobre las ideas y las palabras, cuando tan necesaria resultaba la capacidad de unas y otras para acabar con el viejo despotismo. Por eso mostró tanto empeño este diputado, en la intervención en las Cortes citada al principio, en recordarles a las autoridades patriotas que en los documentos oficiales, proclamas y discursos se debía desterrar de una vez la fórmula “el rey y la nación” y “decir la nación y el rey, porque la nación es primero que el rey”.
Organizar el pluralismo.
En sus tres años de historia, las Cortes de Cádiz llevaron a cabo una extraordinaria labor legislativa en multitud de ámbitos de la vida pública, desde la regulación de la “libertad política de la imprenta” hasta la abolición de la Inquisición, desde la fijación del nuevo sistema de contribuciones hasta la supresión de los señoríos jurisdiccionales. La Constitución de 1812 dio cima a las reformas emprendidas en los años anteriores y esbozó un ambicioso modelo jurídico-político, cuyo pleno desarrollo quedaba supeditado, en algunos casos, a una legislación ulterior. Sus 384 artículos la convierten en la Constitución más larga, con gran diferencia, de la historia constitucional española, lo que da idea de la magnitud del proyecto reformista contenido en su articulado. Cuestiones esenciales como la soberanía nacional, la unidad religiosa, las Cortes (título III), el sistema electoral (artículo $3 4 ~ \mathrm { y }$ siguientes), la inviolabilidad del rey (artículo 168), el Consejo de Estado, la administración de justicia, la administración local, la instrucción pública, la milicia nacional, la libertad de imprenta o el sistema contributivo figuran a lo largo de su articulado con un tratamiento por lo general acorde con el espíritu liberal de la Constitución. Incluso el polémico y nada progresista artículo 12 consagrando la unidad religiosa, considerado como una concesión a los más conservadores, abría la puerta a una política regalista de gran alcance, al facultar a “la nación” a proteger a la religión católica “por leyes sabias y justas”.
La actuación de las Cortes se vio acompañada, y en parte impulsada, por el clima de libertad y pluralismo creado por el decreto de libertad de imprenta de 1810 y refrendado por la Constitución. La explosión publicística —libros, folletos y sobre todo periódicos— que vivió la España patriota no tiene parangón ni en el bando josefino ni en la etapa anterior a la Guerra de la Independencia, ni siquiera en el primer despertar de la prensa de opinión durante el Despotismo ilustrado. Así lo indican los datos aportados en su día por Claude Morange: los 279 periódicos que, según este autor, vieron la luz en la España no ocupada entre 1808 y 1814 superan con creces la producción periodística de todo el siglo XVIII español22. La amplia libertad de imprenta establecida por las Cortes, frente al dirigismo periodístico que imperó en el bando contrario, y la existencia de una opinión pública libre y plural explican la importancia que alcanzó la prensa en el territorio nacional gobernado desde Cádiz —279 periódicos frente a 25 editados en la España ocupada—, sobre todo en Andalucía y en particular en Cádiz, donde en 1811 se publicó un periódico de título bien expresivo: La Diarrea de las imprentas.
Frente a la rapidez y diligencia con que las Cortes regularon la libertad de imprenta, sorprende el vacío legal referente a la libertad de asociación y el recelo que producía entre los liberales el pluralismo político expresado a través de grupos o partidos. Lo mismo podría decirse del derecho de reunión, pues, “mientras de la libertad de imprenta se habló mucho en la primera época constitucional —recordaría mucho después Antonio Alcalá Galiano—, en la de reunión apenas hubo quien pensase”23. El liberalismo español tardó mucho tiempo en superar sus prejuicios y resquemores hacia los derechos de reunión y, especialmente, de asociación, este último incorporado por primera vez a una Constitución española en 1869. En la segunda etapa constitucional (1820–1823), se produjo un avance considerable en el ejercicio del derecho de reunión a través de las llamadas sociedades patrióticas, surgidas por toda la geografía nacional, sobre todo en la España urbana, como cauce del sentimiento liberal del país, pero también como órganos de creación de opinión24. Contaban con el antecedente de las sociedades económicas de la época ilustrada —alguna de ellas denominada patriótica—, que coexisten con las nuevas sociedades liberales, pero ya en franca decadencia. Concebidas como clubes de discusión relativamente abiertos a la participación popular, instaladas normalmente en algún café, las sociedades patrióticas del Trienio aprovecharon el entusiasmo liberal de la Revolución de 1820 y el vacío legal sobre los derechos de reunión y asociación para convertirse en una realidad política de primera magnitud, expresión de una opinión pública dinámica y exigente, en permanente vigilancia ante la actuación de las instituciones liberales. De ahí la desconfianza hacia ellas de las autoridades y de las propias Cortes, cuya legitimidad parecía cuestionada por la existencia de esa suerte de liberalismo asambleario representado por las sociedades patrióticas. La respuesta de las autoridades constitucionales fue un decreto presentado en las Cortes en octubre de 1820 y aprobado por amplia mayoría. Aunque la medida no fue del todo efectiva y las sociedades patrióticas continuaron de una u otra forma su actividad, como la célebre sociedad madrileña de La Fontana de Oro, la actitud adoptada por el gobierno y por las Cortes del Trienio muestra a las claras la fuerte oposición que el pluralismo político, encauzado a través del derecho de reunión y asociación, encontró en el primer liberalismo español. Las únicas asociaciones legí- timas eran las instituciones del Estado constitucional (Cortes, gobierno, tribunales): “asociaciones de otra especie”, dirá un ministro liberal en 1820, sólo podían ser “excrecencias o verrugas del cuerpo político”25. Los mismos motivos llevaron a la mayoría de los liberales a rechazar la existencia de partidos políticos. Un diputado de aquella etapa, y de los más avanzados, Juan Palarea, expresó en términos inequí- vocos la hostilidad que la voz partido producía entre los liberales de toda condición:
Me he admirado mucho de oír al Sr. Moreno Guerra llamar partido a los liberales: los serviles son un partido; los afrancesados son un partido, pero los liberales es toda la Nación; los liberales no son, ni han sido nunca, un partido; son, lo repito, toda la Nación26.
Es la idea predominante ya en las Cortes de Cádiz, con más motivo si cabe en aquel momento, por el valor que los patriotas gaditanos atribuían a la unanimidad nacional como factor esencial de legitimación de su lucha contra los franceses y sus cómplices españoles27. De estos últimos sí se podía decir —como hará Palarea diez años después— que formaban un partido, entendiendo por tal una parte o facción desprendida de ese todo indivisible que constituye la nación soberana. Si la unanimidad era el rasgo distintivo de una verdadera nación y el origen de su legitimidad, un partido, facción o parcialidad —términos intercambiables—, al representar una opción particular alzada frente a la voluntad general, tenía en sí mismo un carácter subversivo e ilegítimo. De ahí la paradoja de que las libertades consagradas por las Cortes y por la propia Constitución se conciban como un instrumento para encauzar la voluntad general hacia su única y legítima expresión posible, y nunca como origen de un pluralismo de partidos que se considera radicalmente contrario a la verdadera libertad. Se explica así que faccioso sea desde fecha muy temprana —por lo menos desde el Trienio— el nombre que utilizan los liberales para descalificar a sus adversarios. En cierta forma, el liberalismo nace, pues, como una ideología de la unanimidad. De ahí, en definitiva, el rechazo a la idea de pluralidad política y a su materialización en forma de asociaciones libres y diversas, que derivarían inevitablemente en un desorden inadmisible; lisa y llanamente, en una vuelta al estado de naturaleza. En efecto, como ha escrito el mejor especialista en la materia, interpretando el sentir de los primeros liberales españoles, “el principio asociativo era una necesidad (no un derecho) del estado de naturaleza que no podía reproducirse una vez constituida la sociedad (donde esta necesidad ya se había paliado) sin peligro de que esta última se descompusiese”28.
La revolución liberal, tanto en España como antes en Francia —especialmente en su fase jacobina—, descansa sobre una lógica férreamente unitaria en lo político y, como veremos más adelante, en lo territorial. Los particularismos, los privilegios, los fueros, se identifican con el mundo del Antiguo Régimen que se trata precisamente de abolir, como ocurre, por ejemplo, con los viejos gremios, extinguidos por decreto de las Cortes de junio de 1813. El hecho de que, a uno y otro lado de los Pirineos, el proceso revolucionario coincidiera con una guerra en defensa de la independencia y la integridad del territorio nacional añadía un plus de legitimidad a esa visión marcadamente holista de la nación. Si su soberanía era indivisible, lo eran también las instituciones que la encarnaban; por eso costaba creer, afirmaba en 1811 Agustín de Argüelles, que “en las Cortes se formen esos partidos o facciones que tanto se abultan para emprender reformas perjudiciales”29. Frente a otras constituciones de la época, como la francesa o la sueca, obra de tal o cual facción, la española de 1812 era la expresión, al decir de un diputado de aquellas Cortes, de la voluntad nacional en su conjunto, sin desviaciones antinaturales y perniciosas, que no podían tener cabida en un Estado debidamente constituido: “Uno es el interés, uno el partido, una, pues, la opinión”30. Tal fue la tónica dominante en las primeras décadas del siglo XIX, mientras que la posición contraria, finalmente avalada por la experiencia de la libertad, se encontraba de momento en franca minoría. Como excepcional cabe considerar, por ello, el parecer manifestado al final de la Guerra de la Independencia por un periodista anónimo, consciente de que su opinión a favor de los partidos, fundada en poderosas razones, iba claramente contracorriente:
Los partidos no son tan perjudiciales en política como algunos suponen. Donde hay libertad es indispensable que haya partidos, y sólo cesan cuando el férreo cetro de un tirano cierra los labios de los ciudadanos. (...) Los partidos hacen que siempre dirijan al bien sus operaciones los que gobiernan. (...) En los tiempos del despotismo no había partidos. ¡Desgraciada nación si vuelve a no haberlos!31.
El problema del federalismo.
Si grandes eran los recelos que provocaban los partidos en todos los sectores de opinión, mayor aún era el temor a los efectos disgregadores del federalismo, uno de los pocos ismos políticos modernos de uso relativamente común en la época. Expresión de conflictos políticos de distinta naturaleza, los partidos y el federalismo confluían, sin embargo, en la amenaza que para la unidad nacional representaba la existencia en las Cortes del llamado partido americano, al que inevitablemente se identificaba con la causa de la independencia de aquellas provincias. Pero la España patriota tenía planteado además un doble problema territorial en la península, que podía afectar seriamente a la estabilidad del nuevo modelo político consagrado por las Cortes: por un lado, el legado territorial del Antiguo Régimen, caracterizado por la permanencia de fueros, privilegios y particularismos de toda índole, y, por otro, el riesgo de que las juntas creadas en 1808 conservaran un depósito de legitimidad y prestigio que limitara el poder de las instituciones patriotas con sede en Cádiz. “En vuestras manos está la soberanía”, leemos en una proclama dirigida a las juntas en junio de $1 8 0 8 ^ { 3 2 }$ . A ese peligro se refería ya Quintana en el manifiesto de la Junta Central de noviembre de 1809 convocando Cortes, cuya existencia habría de servir para restablecer $\mathbf { \omega } ^ { \mathsf { c c } } { } _ { \mathrm { e l } }$ principio esencial de la Monarquía, que es la unidad”, ante la cual se alzaba la “hidra del federalismo”, con sus “cabezas ponzoñosas”, en espera de una ocasión propicia para imponer “la disolución” y “la anarquía”33. Pero si la nueva realidad creada por el levantamiento antifrancés favorecía el desarrollo de la lógica particularista representada por las juntas, titulares de una suerte de soberanía originaria de la insurrección popular contra el invasor, la situación preexistente, identificada con la antigua Monarquía, podía entrañar igualmente “peligrosas resultas”, si se mantenían, leemos en un documento de la Regencia, “unas leyes particulares para cada provincia”34.
El futuro modelo territorial fue motivo de frecuentes deliberaciones y disputas en las Cortes de Cádiz y en la publicística de la España patriota. Un año antes de la aprobación de la Constitución, Valentín de Foronda, en sus Cartas de Mr. de Fer, optaba por una drástica alternativa, entre geométrica y cabalística, a los problemas político-territoriales heredados del pasado:
Yo dividiría la España en 18 secciones cuadradas, que se nombrarían: número 1, número 2, etc. Quitaría los nombres de Vizcaya, Andalucía, etc., como origen de disputas crueles, pueriles y funestas, pues los españoles debemos ser todos unos y así deben desaparecer las contiendas de qué provincia se ha distinguido más y hecho proezas que asombran35.
Sin llegar a esos extremos, otros liberales de la época se decantaron por atajar sin contemplaciones el doble desafío que el federalismo representaba para la viabilidad territorial de la nueva nación soberana, ya fuera en su versión moderna, por la que abogaban algunos diputados americanos, o en esa suerte de “federalismo retro” que defendían los diputados serviles de las provincias forales. Es el caso del alavés Trifón Ortiz de Pinedo, temeroso de que la nueva Constitución liberal afectara a los derechos de las provincias exentas y destruyera “de raíz toda la Constitución alavesa”36. La respuesta de los liberales no deja lugar a equívocos:
Estamos hablando —afirmó el diputado Diego Muñoz Torrero— como si la nación española no fuese una, sino que tuviera reinos y estados diferentes. Es menester que nos hagamos cargo que todas estas divisiones de provincias deben desaparecer, y que en la Constitución actual deben refundirse todas las leyes fundamentales de las demás provincias de la Monarquía, especialmente cuando ninguna pierde. La Comisión [constitucional] se ha propuesto igualarlas todas; pero para esto, lejos de rebajar los fueros, por ejemplo, de los navarros y aragoneses, ha elevado a ellos a los andaluces, castellanos, etc., igualándolos de esta manera a todos para que juntos formen una sola familia, con las mismas leyes y gobierno. Si aquí viniera un extranjero que no nos conociera, diría que había seis o siete naciones. La Comisión no ha propuesto que se altere la división de España, sino que deja facultad a las Cortes venideras para que lo hagan, si lo juzgaren conveniente, para la administración de justicia, etc. Yo quiero que nos acordemos que formamos una sola nación, y no un agregado de varias naciones37.
Otros cualificados representantes del liberalismo gaditano se expresaron en parecidos términos al refutar el modelo federal propuesto por los diputados americanos. Al discutirse en enero de 1812 los artículos constitucionales relativos a la administración local y provincial, el conde de Toreno expuso sin ambages el propósito de los constituyentes de evitar por todos los medios el peligro del “federalismo, puesto que no hemos tratado de formar sino una nación sola y única”. Y añadía:
Lo dilatado de la nación la impele bajo un sistema liberal al federalismo; y si no lo evitamos se vendría a formar, sobre todo con las provincias de Ultramar, una federación como la de los Estados Unidos, que insensiblemente pasaría a imitar la más independiente de los antiguos cantones suizos, y acabaría por constituir estados separados38.
En el mismo debate intervino el diputado Agustín de Argüelles para advertir de los peligros del federalismo y de la necesidad de evitar a toda costa el modelo de “federación anglo-americana”39. Un diputado de Ultramar, el mexicano Mariano Mendiola, adujo la imposibilidad en el caso español de un federalismo como el de Estados Unidos, que sólo podía darse “entre potencias iguales o de un mismo orden”, porque “los distritos de las Españas están sujetos en lo ejecutivo a la acción del Gobierno supremo y en lo legislativo a las Cortes”, y hasta las ordenanzas municipales debían ser aprobadas por los representantes de la soberanía nacional. ${ } ^ { \circ \mathfrak { c } } ; \mathrm { Y }$ aún se teme al federalismo?”, concluía el diputado por Querétaro40. Lo cierto es que el liberalismo español de primera hora se mostró inflexible ante cualquier riesgo de disgregación territorial, como el que entrañaba una descentralización del poder polí- tico en las provincias, dotadas así de “pequeños gobiernos”. “La representación nacional”, en palabras del diputado Fernández Leyva, “no puede ser más que una, y ésta está refundida solamente en las Cortes”41. En consecuencia, la Constitución de Cádiz, que dedica su Título VI al “gobierno interior de las provincias y de los pueblos” (artículos 309-337), resolvió la cuestión territorial, concluye un especialista, “en una clave fuertemente nacional”42.
La disolución de las cortes.
Promulgada la Constitución el 19 de marzo de 1812, los diputados gaditanos continuaron su labor legislativa hasta la disolución de la Cámara en septiembre de 1813, tras haber aprobado medidas de tanta importancia como la abolición de la Inquisición (febrero de 1813), la libertad de trabajo (junio de 1813) o la reforma de la Hacienda mediante la instauración de una contribución única (septiembre de $1 8 1 3 ) ^ { 4 3 }$ , tema de enorme trascendencia y gran recorrido histórico, pues marcó la pauta del modelo tributario hacia el que se orientó la España del siglo XIX. El 14 de septiembre, un día después de la aprobación del “Nuevo plan de contribuciones públicas”, cerraban sus sesiones las Cortes extraordinarias para dar paso a la nuevas Cortes ordinarias elegidas en los meses anteriores. Mucho habían cambiado las cosas en los tres últimos años, desde que los diputados reunidos en la Isla de León se declararon constituidos en Cortes generales y extraordinarias y representantes de la soberanía nacional. La guerra contra Napoleón se encontraba en su última fase, tras las derrotas francesas en Vitoria y San Marcial, José I había abandonado para siempre el territorio español y el ejército aliado a las órdenes de Wellington nombrado por las Cortes “generalísimo”— tardaría apenas unos días en cruzar el Bidasoa en persecución de los restos del ejército napoleónico. Las Cortes extraordinarias habían completado mientras tanto una inmensa obra reformadora, simbolizada en la propia Constitución. La inminente victoria militar, más los estragos de la epidemia de cólera en Cádiz, llevaron a trasladar a Madrid la sede de las nuevas Cortes, en las que, por lo demás, el partido liberal parecía tener una representación menos nutrida que en las constituyentes de 1810.
La última sesión de las Cortes extraordinarias resultó altamente emotiva. Así se desprende del relato de uno de sus miembros más ilustres, Agustín de Argüelles, que recordaría años después los aplausos y las aclamaciones del público que abarrotó las tribunas, como había hecho hasta entonces, aquel 14 de septiembre de 1813. La emoción se apoderó inmediatamente de los diputados, que al levantarse de sus escaños por última vez no pudieron evitar, en palabras de Argüelles, “un movimiento irresistible, deponiendo toda animosidad que pudiera haber engendrado la deliberación continua de tres años, después de estrecharse unos a otros con lágrimas de ternura y de la más afectuosa cordialidad”. En ese clima de reconciliación, bien efímera, por cierto, “dieron fin a su carrera las Cortes generales y extraordinarias, a cuyo seno se había refugiado, como a último baluarte que le quedaba ya, la esperanza nacional”44.
Cuadro: Origen socioprofesional de los diputados de las Cortes de Cádiz45

Profesion o grupo social	Numero deDiputados	Porcentajesobre el total
Eclesiasticos	97	31,5
Abogados	60	19,5
Funcionarios	55	17,9
Militares	37	12.0
Catedraticos	16	5,2
Propietarios	15	4,9
Noblestitulados	846	2,6
Comerciantes	547	1,6
Escritores	4	1,3
Medicos	2	0,6
Otros	9	2,9
TOTAL	308	100