El papel de los corregidores en los conflictos políticos en las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI.
The Role of Corregidores in the Political Conflicts of Early Sixteenth-Century Castilian Cities.
Máximo DIAGO HERNANDO.
Instituto de Historia (CSIC- Madrid)
RESUMEN.
Estudio sobre la actividad de los corregidores durante el reinado de los Reyes Católicos, con especial relación a las dificultades con que tropezaron en el período 1505-1520, desde la muerte de Isabel I hasta las Comunidades. El corregimiento no funcionó entonces de manera uniforme en todas las ciudades; diversos casos demuestran que con frecuencia los corregidores actuaron de forma partidista cuando se plantearon conflictos de facciones. Repercusiones que el estallido de las Comunidades tuvo sobre los corregimientos: diversidad de reacciones en unas y otras ciudades, y propuestas que hicieron los comuneros para sustituir a los corregidores.
PALABRAS CLAVE: Castilla. Ciudades. Gobierno urbano. Comunidades (revuelta).
ABSTRACT.
A study of the activities of corregidores (chief magistrates) during the rule of the Catholic Monarchs, especially in relation to the difficulties that they encountered during the period 1505-1520, from the death of Isabel I to the Comunero rebellion. During that time, chief magistracies did not function uniformly in all cities; diverse cases demonstrate that corregidores acted as partisans when factional conflicts arose. Repercussions of the outbreak of the Comunero rebellion on the chief magistracies: diverse reactions in different cities, and the “Comuneros” proposals to replace the corregidores.
KEY WORDS: Castile. Cities. Urban government. Comunero rebellion.
SUMARIO 1. Variantes en el perfil institucional del corregimiento en las ciudades realengas castellanas durante el reinado de los Reyes Católicos. 2. Implicación de los corregidores en los conflictos internos en las ciudades castellanas durante el reinado de los Reyes Católicos. 3. Crisis de la institución del corregimiento tras la muerte de la reina Isabel. 4. Reacciones contra los corregidores en las ciudades castellanas tras el estallido de la revuelta comunera.
Una de las principales novedades que desde el punto de vista de la organización del gobierno de las ciudades realengas castellanas trajo consigo el reinado de los Reyes Católicos fue la regularización de la práctica del envío a las mismas de corregidores1, oficiales nombrados directamente por la monarquía para presidir las asambleas concejiles y que, a diferencia del resto de los oficiales que participaban en éstas, no estaban integrados en la sociedad política local del lugar donde debían ejercer su cargo, sino que por norma debían ser vecinos de otros lugares distintos de éste, para de esta forma evitar que gobernasen e impartiesen justicia con parcialidad2.
Por supuesto, la figura del corregidor, u otras con un perfil muy parecido, aunque con otro nombre, ya venía estando presente en las ciudades castellanas desde la primera mitad del siglo XIV, e incluso tenía precedentes en el siglo anterior, por ejemplo en los llamados alcaldes del rey, contrapuestos a los alcaldes foreros. Pero hasta el reinado de los Reyes Católicos no se regularizó el envío de este tipo de oficiales, y muchos de los que fueron enviados en reinados anteriores tropezaron con fuertes resistencias a ser obedecidos por amplios sectores de las sociedades políticas locales, o no consiguieron imponer su autoridad por encima de quienes ostentaban oficios de la justicia forera, cuando éstos eran miembros de poderosas familias de la alta nobleza.
Un interesante ejemplo de este tipo de situación lo encontramos en la ciudad de Córdoba, donde, durante el reinado de Enrique IV, el dominio de la institución concejil por el corregidor quedó fuertemente relativizado por la presencia de los alcaldes mayores, que ejercieron entonces una notable autoridad, hasta el punto de que uno de ellos, el señor de Aguilar, de la noble familia de los Fernández de Córdoba, consiguió tener sometida a la ciudad a su férrea tiranía entre los años 1464 y 1477. Y este estado de cosas cambió radicalmente tras la consolidación en el trono de los Reyes Católicos, puesto que, aunque a partir de entonces los oficios de alcaldes mayores de Córdoba continuaron formalmente en manos de las mismas familias de la alta nobleza que los habían desempeñado en reinados anteriores, sus titulares dejaron de tomar parte activa en las sesiones del concejo, y ya no pudieron continuar haciendo sombra al corregidor de turno enviado por los monarcas, que pasó a ser el único facultado para designar a los alcaldes encargados de administrar justicia en nombre del rey, y a los alguaciles que debían ejecutar sus sentencias3.
Durante el reinado conjunto de Isabel y Fernando se dieron, por tanto, pasos decisivos para la definitiva consolidación del corregimiento como pieza angular del régimen de gobierno de las ciudades castellanas. Pero lo que no consiguieron estos monarcas fue que tanto ésta como otras de las principales reformas que habían impulsado quedasen hasta tal punto consolidadas que llegasen a parecer irreversibles a los ojos de todos los sectores que conformaban las sociedades políticas locales. Por el contrario, los acontecimientos que se sucedieron en muchas ciudades después de la muerte de la reina en 1504, y hasta el año 1521, pusieron de manifiesto que para amplios sectores de las sociedades políticas urbanas el régimen de gobierno local impuesto después de 1480 no era plenamente aceptable y debía ser sometido a profundas reformas, que afectaban muy en particular a la figura institucional del corregidor. Y, en efecto, de forma transitoria bastantes ciudades dejaron de estar gobernadas en dicho período por corregidores, aunque ciertamente por espacios de tiempo muy breves.
Por ello, desde el punto de vista del análisis del proceso de consolidación de la institución del corregimiento en las ciudades castellanas, el período comprendido entre los años 1504 y 1521 presenta un indiscutible interés, porque fue entonces cuando por última vez se planteó la posibilidad de buscar una alternativa para dicha institución, bien mediante la recuperación o potenciación de figuras tradicionales, como eran las de los oficiales de la justicia foreros, o bien mediante la instauración de otras nuevas, que no llegaron a quedar suficientemente perfiladas. El fracaso de los proyectos políticos que contemplaron estos modelos institucionales alternativos aceleró el proceso de consolidación de la institución del corregimiento durante el reinado de Carlos I, cuando se introdujo incluso en algunas ciudades importantes que no la habían conocido durante el reinado de sus abuelos, como, por ejemplo, Guadalajara. Y a partir de entonces nunca más se volvió a cuestionar la legitimidad de la presencia de estos oficiales regios al frente de los ayuntamientos castellanos. Pero, precisamente por esta razón, interesa mucho detenerse en el análisis de este período que abarca los últimos años del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, por su carácter de fase de transición, en que todavía había lugar para la experimentación y nada estaba definitivamente consolidado.
1. VARIANTES EN EL PERFIL INSTITUCIONAL DEL CORREGIMIENTO EN LAS CIUDADES REALENGAS CASTELLANAS DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS.
Aunque en sus rasgos básicos la figura institucional del corregidor presentó el mismo perfil en todas las ciudades y villas de realengo de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos, lo cierto es que para adaptarse a las estructuras políticas de cada una de ellas en particular adoptó en muchos casos rasgos de fuerte singularidad, y distó por tanto mucho de resultar plenamente uniforme.
Para empezar tenemos que una importante ciudad realenga, que formaba parte del selecto grupo de las dieciocho que tenía derecho a enviar procuradores a Cortes, Guadalajara, no llegó a estar gobernada por corregidores durante el reinado de los.
Reyes Católicos. Y no lo estuvo porque allí los oficiales de la justicia continuaron siendo nombrados directamente por el duque del Infantado, de la poderosa familia de los Mendoza, quien mantuvo este derecho hasta el año 1543, fecha en que, por fin, se introdujo la institución del corregimiento en la capital alcarreña 4.
Pero, dejando a un lado este caso excepcional, y centrándonos en dar cuenta de las diferencias en el perfil institucional del corregidor en el resto de las ciudades, se ha de advertir en primer lugar que algunas derivaron del hecho de que en varias de ellas el desempeño de este oficio llevó consigo adscrito el de otras importantes funciones, lo cual propició que sus titulares concentrasen en sus manos elevadas cuotas de poder en el ámbito local y regional. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Oviedo, donde a partir de la década de 1490 el titular del corregimiento ejerció a su vez el oficio de merino mayor del principado de Asturias, que hasta entonces habían desempeñado habitualmente miembros del linaje de alta nobleza de los Quiñones, quienes, además, habían tenido bajo su control la fortaleza de Oviedo y otras del principado5. Y casos parecidos de concentración de poder en manos de los corregidores se dieron también en algunas ciudades en que estos oficiales tuvieron asignada la tenencia de la fortaleza de realengo de la ciudad sede del corregimiento, como ocurrió, por ejemplo, en Molina de Aragón desde comienzos del reinado de los Reyes Católicos hasta fines de la década de 1480, cuando Don Alfonso Carrillo de Acuña desempeñó a la vez ambos oficios6.
En otras ciudades, por el contrario, los corregidores vieron sensiblemente recortadas sus cuotas de poder debido a la presencia en sus distritos de altos cargos militares que invadían con frecuencia su ámbito de competencias. Y, por poner un ejemplo, así hemos podido comprobar que ocurrió a principios del siglo XVI en las ciudades realengas riojanas, y más en concreto en las de Logroño, Calahorra y Alfaro, que compartían un mismo corregidor, debido a la presencia en la región del capitán general de la frontera de Navarra, que en más de una ocasión trató de inmiscuirse en asuntos de la vida política interna de dichas ciudades, y ejerció una fuerte influencia sobre varios de sus corregidores7. Pero también es cierto que en determinadas ocasiones este capitán asumió personalmente el desempeño de las funciones de corregidor, y entonces se dieron situaciones de concentración de poder semejantes, e incluso mayores, que las producidas en ciudades donde el corregidor fue a su vez tenente de la fortaleza8.
Con carácter excepcional, por fin, en alguna ciudad el corregidor vio sensiblemente limitada su cuota de poder por el hecho de coexistir con él otro oficial, el alguacil mayor, que asumía el desempeño de muchas de sus competencias. Y así ocurrió en concreto en Jaén, donde por decisión de los Reyes Católicos el oficio de alguacil mayor, desempeñado habitualmente por la misma persona que tenía asignada la tenencia de la fortaleza realenga de la ciudad, no fue dejado en suspenso desde el momento en que se regularizó el envío de corregidores, como ocurrió en el resto de las ciudades, en su mayoría andaluzas, donde existió esta figura institucional de origen foral, sino que se permitió que coexistiesen ambos oficios independientemente el uno del otro9. Para ser más precisos conviene recordar que en otras ciudades donde el envío de oficiales de la justicia de fuera no conllevó la suspensión inmediata de los oficiales de la justicia foreros, tanto alcaldes como alguaciles, los primeros no asumieron habitualmente el título de corregidores, sino el de asistentes, oficio que según Bermúdez Aznar estaba dotado de facultades menos lesivas para la autonomía concejil, y que a lo largo del siglo XV está constatado en Sevilla, Jaén, Murcia, Madrid, Guadalajara, Toledo y Burgos10 . A partir del reinado de los Reyes Católicos, sin embargo, en la práctica los asistentes, donde los hubo, asumieron en plenitud el ejercicio efectivo de todos los oficios de la justicia, en igualdad de condiciones que el resto de los corregidores. Y por tanto desde este punto de vista, por lo que hasta ahora sabemos, sólo la ciudad de Jaén representó durante este reinado un caso excepcional, máxime si tenemos en cuenta que allí ni siquiera se respetó la formalidad de denominar asistente al oficial de la justicia de fuera, habida cuenta de que su presencia no dejaba en suspenso las atribuciones de un importante oficial de la justicia forera, el alguacil mayor11 .
Al margen de estos fenómenos de acumulación de mayor o menor cuota de poder, por efecto de la agregación o desagregación de oficios, otro factor que también contribuyó a que el perfil institucional del corregimiento variase sensiblemente de unas ciudades a otras durante el reinado de los Reyes Católicos fue la frecuencia con que se procedió a la renovación de los titulares del oficio. En principio la ley disponía que los nombramientos de corregidor se efectuasen para un período máximo de un año, y que a los designados se les pudiese conceder una prórroga para continuar ejerciendo el oficio por un año más. En la práctica, sin embargo, esta norma se dejó de aplicar en numerosas ciudades, en las que determinados individuos permanecieron como titulares del oficio de corregidor durante prolongados períodos de tiempo.
Desde esta perspectiva llama en primer lugar la atención la situación verdaderamente singular que se vivió en la ciudad de Soria, donde durante todo el reinado de los Reyes Católicos, hasta después de la muerte del rey Fernando, el corregimiento estuvo en manos de la influyente familia cortesana de los Velázquez de Cuéllar. En efecto, ya en septiembre de 1474 consta que el licenciado Gutierre Velázquez de Cuéllar era corregidor o justicia mayor de esta ciudad 12 , y lo continuó siendo hasta el final de sus días, aunque nunca llegó a desempeñar de forma personal el oficio, puesto que fue un oficial absentista que delegó sus funciones en lugartenientes y alcaldes, mientras él permanecía la mayor parte del tiempo en Arévalo, donde estaba al cargo de la reina viuda Isabel, madre de la Reina Católica, y señora de Soria y su Tierra. Al producirse su muerte en el año 1492, no por ello tuvo lugar, sin embargo, una renovación del personal al frente del gobierno de Soria, sino que entonces su propio hijo el contador Juan Velázquez de Cuéllar pasó a asumir el control de los oficios de la justicia en esta ciudad, el cual mantuvo hasta comienzos del año 1517, cuando el cardenal Cisneros decidió cesarle. Pero para aquella fecha este otrora influyente cortesano, que había tenido el honor de ser designado en su día como testamentario por la propia Isabel la Católica, acababa de ser protagonista de un episodio de rebelión al frente de la población de Arévalo contra Carlos I, por negarse a admitir la concesión de esta villa en señorío a Germana de Foix, y, por consiguiente, su carrera política ya se encontraba irremisiblemente arruinada13. Tampoco Juan Velázquez de Cuéllar desempeñó en persona las tareas propias del corregidor en Soria, ciudad de la que se mantuvo ausente durante los cerca de 25 años en que fue titular de dicho oficio, pero a pesar de ello ejerció una notable influencia en esta ciudad a través de sus lugartenientes, y consiguió imprimir su marca a la vida política local, en alianza con algunos regidores con los que mantuvo una estrecha relación de afinidad, como, por ejemplo, Juan Morales, quien, significativamente desempeñó durante varios años el oficio de corregidor de Arévalo, villa abulense donde Juan Velázquez de Cuéllar controlaba la tenencia de la fortaleza y estuvo al cargo de la custodia de la reina viuda, Isabel de Portugal, hasta su muerte en 1496.
La confluencia de estas circunstancias de sistemático absentismo, presencia continuada durante varias décadas de un mismo corregidor, y sucesión directa en el ejercicio del oficio de padre a hijo, confiere a la institución del corregimiento soriano durante el reinado de los Reyes Católicos un perfil de extrema singularidad. El hecho de que inicialmente esta ciudad formaba parte del señorío de la reina viuda, Isabel de Portugal, puede contribuir en parte a explicar tal singularidad, pues no debemos olvidar que los Velázquez de Cuéllar, padre e hijo, fueron guardianes de esta desgraciada reina, afectada por una enfermedad mental durante gran parte de su viudedad. Mientras ella vivió podría por tanto considerárseles formalmente como representantes del poder señorial en Soria, pero a partir de su muerte en el año 1496 esta ciudad pasó a quedar de nuevo incorporada a todos los efectos al realengo, y a pesar de ello Juan Velázquez de Cuéllar se mantuvo durante mucho tiempo como su corregidor. Por ello entendemos que su posición privilegiada como corregidor “cuasi-perpetuo” de Soria la debió al gran favor que le dispensaron los Reyes Católicos, que, en este punto como en tantos otros, no supieron ser totalmente consecuentes con su política reformadora, y toleraron la pervivencia de prácticas del pasado cuando les interesó.
La permanencia durante un prolongado período de tiempo de un corregidor en el desempeño de su oficio no fue un fenómeno exclusivo de la ciudad de Soria durante el reinado de estos monarcas, sino que también está constatada en otras muchas ciudades, algunas de ellas de gran relevancia política. Y así, en Sevilla el conde de Cifuentes, Juan de Silva, lo fue durante ocho años, entre $1 4 8 2 \mathrm { ~ y ~ } 1 5 0 0$ , en Jaén Francisco de Bovadilla durante diez, desde 1478 hasta 1488, en Toledo Don Pedro de Castilla desde 1490 hasta 1506, y en Molina de Aragón Alfonso Carrillo de Acuña durante unos catorce, desde el comienzo del reinado hasta que fue sustituido por Diego Mudarra en 1488.
Pero, además de estos casos de presencia continuada de un mismo individuo en el ejercicio del oficio de corregidor durante muchos años, también hay que tener en cuenta algunos otros, más infrecuentes, de presencia intermitente de varias personas en el corregimiento de una misma ciudad durante prolongados períodos de tiempo. En concreto, ésta es la situación que se dio en Arévalo durante las dos primeras décadas del siglo XVI, cuando se alternaron en el ejercicio del oficio de corregidor el regidor soriano Juan Morales, por un lado, y el licenciado Bernal Yáñez de Lobón, por otro14. Se trató, sin duda, de una situación bastante singular, para la que no hemos encontrado ningún otro paralelo, pero, además, esta singularidad resulta todavía más llamativa si tenemos en cuenta que durante este período de tiempo el hombre fuerte de la escena política en Arévalo fue el contador Juan Velázquez de Cuéllar, tenente de la fortaleza realenga de la ciudad, que era además corregidor de Soria, ciudad en la que estableció una estrecha relación de afinidad política con el regidor Juan Morales 15. La política de nombramiento de corregidores que pusieron en práctica los Reyes Católicos en Arévalo entendemos por tanto que también entró en abierta contradicción con los principios reformistas que en teoría informaban la institución del corregimiento, pues hizo prevalecer los intereses partidistas sobre los del bien público, y favoreció el que en el ámbito local se tendiese a considerar el ejercicio del poder como una potestad susceptible de convertirse en un bien patrimonial.
En cualquier caso, situaciones como la de Soria o la de Arévalo no se generalizaron, y por ello, a la hora de hacer balance, hemos de tener en cuenta que en la mayoría de las ciudades el ritmo de renovación de los corregidores fue mucho más rápido, y por lo tanto se dieron muchas menos oportunidades para que proliferasen los abusos. Pero hemos querido referirnos a ellas para poner de manifiesto hasta qué punto la institución del corregimiento no llegó a ser todavía totalmente homogénea durante el reinado de los Reyes Católicos.
Otros muchos factores contribuyeron, por otra parte, a provocar esta falta de homogeneidad. Por ejemplo uno muy importante fue el del absentismo, dado que, por razones comprensibles, no podía funcionar del mismo modo un corregimiento en que el titular era residente, que otro en que era absentista. Y, aunque sin llegar a situaciones tan extremas como la vivida en Soria, que fue gobernada por corregidores absentistas durante más de cuarenta años, no resultó inhabitual que algunos corregidores, que desempeñaron sus oficios por períodos más cortos de tiempo, no hiciesen acto de presencia en la ciudad donde debían ejercer, ni siquiera una sola vez para tomar posesión. Y como ejemplo ilustrativo recordaremos el caso de Gómez de Santillán, vecino de Granada, quien continuó residiendo en esta ciudad durante los dos ejercicios en que desempeñó el oficio de corregidor de Jaén, en los años 1511 y 1512, pues delegó sus funciones en distintos lugartenientes, algunos de los cuales fueron de hecho vecinos de Jaén, a pesar de prohibirlo la ley16.
En algunos corregimientos la ausencia prolongada del titular del oficio, que no ha de ser confundida con el absentismo puro, era consecuencia necesaria del hecho de que varias ciudades realengas compartían un mismo corregidor. Y en estos casos lo habitual era que el titular fijase su residencia en una de las varias ciudades que debía gobernar, y que en las otras designase lugartenientes, aunque de vez en cuando se desplazase a ellas, bien en visita rutinaria, o bien porque se hubiese planteado algún problema especialmente grave que requiriese urgente solución. Así hemos comprobado que se solía proceder en uno de los dos corregimientos que hubo en La Rioja en época de los Reyes Católicos, el que abarcaba las ciudades realengas de Logroño, Calahorra, Alfaro y, en algunos momentos al menos, también La Guardia. En efecto, en este distrito el lugar de residencia habitual del corregidor fue entonces Logroño, y, a través del análisis de los libros de actas del concejo de Calahorra, hemos podido comprobar que en esta otra ciudad, que era sede episcopal, designó regularmente un lugarteniente, que presidía las sesiones concejiles. En contra de lo que disponía la ley, sin embargo, muchos de los lugartenientes de corregidor que se sucedieron en Calahorra durante las dos primeras décadas del siglo XVI fueron vecinos de la ciudad, y, además, personas destacadas por su intensa participación en la vida política local, que desempeñaron otros muchos oficios de gobierno en el concejo, y no pudieron ejercer, por tanto, con suficiente eficacia la función moderadora que de su oficio se esperaba17. De momento, a falta de investigaciones monográficas, no sabemos cómo se procedió en Alfaro y La Guardia, pero la situación de Calahorra consideramos que resulta suficientemente ilustrativa para hacerse cargo del modo como podía afectar a la vida política de una ciudad la ausencia casi permanente del corregidor, cuando estaba justificada por el hecho de que éste debía ejercer su cargo en varias ciudades a la vez.
Por regla general fueron las ciudades de menor rango político las que compartieron corregidor en las últimas décadas del siglo XV y primeras del XVI, pero también incluso algunas de las que formaban parte del selecto grupo de las dieciocho que enviaban procurador a Cortes debieron hacerlo, como es el caso de Jaén, que lo compartió con frecuencia con Andújar, y de Cuenca, que regularmente compartió el suyo con Huete. Y en este último caso llama la atención que, a pesar de ser Cuenca la ciudad de mayor rango, por ser la que enviaba procurador a Cortes, el corregidor no siempre optó por fijar en ella su lugar de residencia principal, sino que a veces escogió por el contrario Huete, como ocurrió, por ejemplo, en los años previos al estallido de la revuelta comunera, y en el transcurso de la misma, ya que en esta crí- tica coyuntura el titular del oficio del corregimiento se mantuvo ausente de la capital conquense, haciéndose representar por un lugarteniente.
2. IMPLICACIÓN DE LOS CORREGIDORES EN LOS CONFLICTOS EN LAS CIUDADES CASTELLANAS DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS.
Constituye un lugar común presentar a los corregidores como agentes del poder central en los ámbitos locales, encargados de hacer cumplir en ellos las decisiones políticas de las instituciones centrales de gobierno de la monarquía, al modo como lo hicieron después los gobernadores civiles en el nuevo marco institucional del estado liberal centralizado. No obstante, a fines de la Edad Media ni la monarquía castellana aspiraba a imponer un modelo de gobierno centralizador semejante al que propició la monarquía constitucional del siglo XIX, y que sólo parcialmente logró implantar, ni contaba tampoco con los medios necesarios para imponerse en los ámbitos locales, y vencer las fuertes resistencias que ofrecían sus sociedades políticas.
De ahí que los corregidores no actuasen siempre como los eficaces agentes del poder central que habría cabido esperar de tales oficiales. Y desde este punto de vista sus limitaciones se hicieron especialmente evidentes en su falta de capacidad para imponerse como instancias de poder neutrales sobre las facciones en que solían estar divididas las sociedades políticas locales, y para impartir justicia con imparcialidad, sin inclinarse a favor de ninguna de dichas facciones. A veces la propia política de nombramiento de estos oficiales puesta en práctica por los Reyes Católicos fue la principal responsable de que no se diesen las condiciones óptimas para que los corregidores y sus oficiales subordinados actuasen con imparcialidad a la hora de impartir justicia. En concreto así lo podemos constatar en primer lugar en ciudades como Soria o Arévalo, donde durante el reinado de los Reyes Católicos se produjeron fenómenos de inusual presencia continuada de las mismas personas en el corregimiento.
En Soria, en efecto, esta institución estuvo controlada, como hemos visto, entre 1492 y 1517 por el contador Juan Velázquez de Cuéllar, quien había accedido al oficio a raíz de la muerte de su padre, que a su vez lo había desempeñado ininterrumpidamente desde antes de acceder al trono la reina Isabel la Católica. Y esta situación propició que durante tan prolongado período de tiempo se impusiesen prácticas de gobierno decididamente partidistas, que favorecieron los intereses de unos determinados individuos bien relacionados con el corregidor, en detrimento de los del resto de la sociedad política local. La movilización de un sector de esta última en 1513 para tratar de conseguir el cese como corregidor de Juan Velázquez de Cuéllar vino a poner de manifiesto que existía un profundo descontento por la gestión que estaba llevando a cabo éste en colaboración con algunos regidores sorianos, a los que se acusaba en concreto de haber cometido graves delitos de corrupción con ocasión de la empresa de la conquista de Navarra en 151218. En aquella ocasión los sectores opuestos al corregidor no lograron su propósito, y éste pudo continuar en el cargo cuatro años más. Pero, cuando en 1517 se volvió a plantear otra vez la posibilidad de sustituirle, las críticas contra su gestión se hicieron mucho más radicales por boca del procurador del Común, Bartolomé García platero, quien insistió en recordar a las instituciones de gobierno central de la monarquía la necesidad que tenían los pecheros sorianos de ser “favoresçidos en justicia”, debido a que habían estado oprimidos durante mucho tiempo por el desgobierno habido en la ciudad como consecuencia de haberse puesto los oficiales de la justicia por mano de Juan Velázquez de Cuéllar. Y más adelante estas críticas fueron ratificadas por el nuevo corregidor enviado por el cardenal Cisneros a Soria, Fernán Arias Dávila, quien en un memorial reconoció explícitamente que:
“antes en la dicha çibdad se proveía el corregidor por mano de Juan Velasques que tenía en la çibdad mucha parte, a causa de lo cual no se solía administrar en la çibdad mucha justiçia y Juan Morales no solía pagar las deudas que devía ni se las osaban pedir los acreedores por el mucho favor que tenía”19.
Para advertir el verdadero alcance de estas acusaciones, interesa recordar que este mismo regidor Juan Morales a quien se acusó de aprovechar su buena relación con el corregidor Juan Velázquez de Cuéllar para eximirse de pagar las deudas contraídas con sus acreedores20 , fue durante muchos años, como hemos visto, corregidor de Arévalo, villa donde este último ejerció como máxima autoridad desde la tenencia de su fortaleza hasta 1517. Además la gestión de Juan Morales como corregidor en Arévalo, fue en más de una ocasión cuestionada, acusado de ejercer su oficio de forma partidista, por nombrar para alcaldes y alguaciles vecinos de la propia villa, que tenían allí muchos parientes, amigos y enemigos, y por lo tanto no podían desempeñar sus funciones con imparcialidad21. Ciertamente no fue Juan Morales el único corregidor acusado de no observar la ley que prohibía nombrar como alcaldes o alguaciles a vecinos del lugar donde debían ejercer el cargo. Pero, teniendo en cuenta la singularidad de su relación con Juan Velázquez de Cuéllar, tenente de la fortaleza de Arévalo y a la vez corregidor de la ciudad de origen del propio Juan Morales, el hecho de que no observase esta norma revestía, sin duda, mayor gravedad.
El análisis comparado de los conflictos políticos planteados en Arévalo y Soria durante las primeras décadas del siglo XVI nos pone bien de manifiesto, por tano, cómo incluso cuando un corregidor era forastero en una ciudad podía ejercer de forma partidista su oficio, como consecuencia de haber establecido previamente vínculos de afinidad política con miembros destacados de la sociedad política a la que había de gobernar. Y, por supuesto, las consecuencias derivadas de estas situaciones eran especialmente negativas cuando dichos corregidores conseguían mantenerse en el desempeño de su oficio durante prolongados períodos de tiempo, por más que periódicamente se les sometiese a los reglamentarios juicios de residencia.
Pero si el peligro de hacer un uso partidista del oficio de corregidor se daba entre los individuos de origen foráneo que no tenían establecidos vínculos de parentesco con miembros de las sociedades políticas sobre las que debían gobernar, era mucho mayor en aquellas ocasiones en que eran designados como corregidores individuos emparentados con familias del grupo oligárquico de la ciudad donde debían desempeñar el cargo. Ciertamente estos casos no se dieron con mucha frecuencia, pero sí fueron denunciados varios. Y como botón de muestra recordaremos el problema planteado en la ciudad de Toledo en 1517, cuando un sector de la sociedad política local, encabezado por Hernando de Silva, denunció que el corregidor nombrado por el cardenal Cisneros, el conde de Palma, D. Luis de Portocarrero, debido a que estaba emparentado con algunos destacados miembros de la oligarquía toledana, y en particular con D. Pedro Laso de la Vega, que era su cuñado, había actuado con gran parcialidad en el desempeño de su oficio y tratado de defender por todos los medios a su alcance los intereses de sus parientes22.
Pero, al margen de que en determinados corregidores se diese una fuerte predisposición a actuar de forma partidista por tener ya previamente establecidas relaciones de afinidad política o de parentesco con miembros de las sociedades políticas locales sobre las que debían gobernar, cuando tal predisposición no existía, la propia mecánica del funcionamiento de la vida política en las ciudades castellanas de esta época les llevó a hacer un uso manifiestamente partidista de su oficio. En efecto, el análisis particularizado de los conflictos políticos que se plantearon en las ciudades castellanas durante las dos últimas décadas del siglo XV y las dos primeras del XVI nos proporciona un buen arsenal de noticias que demuestran que con bastante frecuencia los corregidores no supieron entonces actuar como un poder moderador, capaz de imponer soluciones conciliatorias a las facciones enfrentadas en cada ciudad, sino que, por el contrario, gobernaron con el exclusivo apoyo de una de dichas facciones en detrimento de los intereses de la contraria, a la que sólo le quedó abierto el camino del recurso a las instituciones centrales de gobierno y administración de justicia de la monarquía.
Por ejemplo en Oviedo en estos años los corregidores fueron frecuentemente acusados de gobernar con “parcialidad”, y de favorecer en sus actuaciones a uno de los dos bandos que se disputaban la primacía en la ciudad, el de los de la Rúa o el de los Argüelles, los cuales estaban a su vez vinculados con los bandos nobiliarios que se disputaban dicha primacía en el conjunto del principado de Asturias23.
Otra ciudad en la que se presentaron graves denuncias contra corregidores por este mismo motivo fue Logroño, donde en concreto alguno fue acusado de tomar decididamente partido por el estamento de los ciudadanos en contra de los intereses de los otros dos estamentos en que se dividía la población laica de la ciudad, el de hidalgos y el de labradores. Y como consecuencia de este ejercicio partidista del oficio se plantearon situaciones como la vivida en 1509, cuando el capitán de la frontera de Navarra, Juan de Silva, apoyado por el estamento de los ciudadanos de Logroño, se movilizó para solicitar al rey una prórroga en el ejercicio del oficio de corregidor de esta ciudad para el bachiller Peñalver, provocando así una airada reacción de los otros dos estamentos, el de hidalgos y el de labradores, que presentaron un escrito de réplica en la Corte, en el que, además de denunciar la mala gestión del bachiller Peñalver y solicitar el envío de un juez de residencia, descalificaron como falsarios a quienes habían otorgado la carta de solicitud de prórroga para el corregidor en nombre del concejo, pues éste no se había reunido para otorgar tal carta. Y, en efecto, terminó probándose que los oficiales que habían secundado la iniciativa de Juan de Silva habían cometido delito de falsificación de documento público, y en castigo se les impuso como pena la inhabilitación para ejercer en el futuro oficios públicos en Logroño24. Pero no fue ésta la única ocasión en que al capitán general de la frontera, Juan de Silva, y al corregidor de turno a él vinculado, se les acusó de tomar partido abiertamente por el estamento de los ciudadanos, pues, por ejemplo, ya en 1505, cuando el corregidor era un yerno del primero, el mariscal Mateo de Ribadeneira, ambos fueron acusados de interferir en el proceso de elección de los oficiales de la ciudad en provecho del estamento de los ciudadanos, causando un grave perjuicio a los otros dos estamentos25.
En otras ciudades los corregidores, por su parte, fueron acusados de sustentar su acción de gobierno sobre la alianza con algún miembro del grupo oligárquico local, en concreto algún regidor. Y ejemplos bien documentados de esta práctica los hemos encontrado en época de Reyes Católicos en Molina de Aragón. Allí, en efecto, el regidor Hernando Alonso fue denunciado en numerosas ocasiones por haber establecido alianzas ilícitas con los corregidores para controlar en su propio beneficio el ejercicio del poder local26, mientras que, en contrapartida, nos consta que reaccionó de un modo radical e intransigente cuando no lo pudo conseguir, por no haber alcanzado un entendimiento para atraérselos a su causa, como ocurrió durante los mandatos de Diego Mudarra en 1489, y del bachiller Juan Gómez de Valladolid en 149327.
El arraigo de los enfrentamientos banderizos entre las principales familias que conformaban el reducido grupo oligárquico de Molina de Aragón probablemente planteó un desafío de tal envergadura para los corregidores que desfilaron por esta villa fronteriza a partir de la década de 1490 que éstos no supieron encontrar otra alternativa para sustentar su acción de gobierno que apoyarse en alguna de dichas familias en concreto, aun a costa de provocar así una fuerte animadversión hacia ellos no sólo en el resto de familias de la oligarquía, sino también en amplios sectores de la sociedad política local. Porque varios de los corregidores de Molina que en estos años fueron acusados de actuar de forma abiertamente partidista en connivencia con algún regidor en particular consta que, debido a ello, se vieron abocados a mantener una relación sumamente conflictiva no sólo con otros regidores sino también con otros sectores sociopolíticos, como, por ejemplo, los campesinos de las aldeas de la Tierra, que tenían su principal órgano de representación en el llamado Común.
En efecto, así ocurrió durante el mandato del corregidor Avellán, acusado en el año 1500 de tener “parcialidad” con el regidor Hernando Alonso, pero que mantuvo sus enfrentamientos más virulentos con la institución del Común de la Tierra, que como reacción a sus intentos de someterla a un férreo control envió un procurador a la Corte para denunciar los presuntos abusos cometidos por este corregidor en el ejercicio de su oficio, contribuyendo así a envenenar aún más las relaciones entre ambas partes. Y el conflicto alcanzó tal grado de encono que el doctor Avellán llegó a ordenar el apresamiento de cerca de setenta labradores que se habían reunido para examinar y aprobar las cuentas presentadas por los oficiales del Común. Pero es muy probable que dicho enfrentamiento no hubiese alcanzado tales dimensiones si al frente del Común no se hubiese encontrado entonces uno de los miembros más influyentes del grupo oligárquico noble, el regidor Juan de Aguilera, quien no hay que descartar que actuase movido por animadversión hacia un corregidor que había optado por buscar apoyos en otro regidor en lugar de en él, y utilizase la institución campesina como plataforma para la persecución de objetivos personales, pues en otras ocasiones consta que mantuvo relaciones muy tensas con esta misma institución, que siguió pleitos contra él acusándole de ocupación de términos comunes28.
No fue el doctor Avellán, por lo demás, el único corregidor que chocó frontalmente en estos años con la institución del Común de la Tierra en Molina de Aragón. Poco después García de Alcocer, en 1507, y el licenciado Antonio Criado, en 1515, corrieron la misma suerte que $\dot { \mathrm { e l } } ^ { 2 9 }$ , pero en estos casos no tenemos constancia de que los enfrentamientos entre ambas partes guardasen algún tipo de relación con conflictos de facciones dentro del grupo oligárquico noble.
De cualquier manera, los ejemplos aducidos bastan para demostrar que las actuaciones partidistas de los corregidores en su acción de gobierno en las ciudades castellanas en las últimas décadas del siglo XV y primeras del XVI pudieron adoptar múltiples variantes, en gran parte como consecuencia del hecho de que la forma en que estaban estructuradas las sociedades políticas locales variaba apreciablemente de unas ciudades a otras, y, por tanto, también el equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos sociopolíticos en cada una de ellas. Pero, independientemente de por dónde transcurriese la línea divisoria de las sociedades políticas locales en facciones, lo cierto es que siempre que los corregidores se dejaron arrastrar en su acción de gobierno por estas divisiones, adoptando una actitud partidista al apoyarse en una facción en detrimento de la otra, se plantearon enconados conflictos que alcanzaron la máxima virulencia en el momento en que se había de proceder a la renovación de los cargos en el corregimiento. Entonces, los representantes de las facciones aliadas con el corregidor en activo solieron movilizarse, enviando emisarios a la Corte para solicitar la concesión de una prórroga que permitiese a aquél continuar en el ejercicio de su oficio al menos un año más. Y los representantes de las otras facciones hicieron todo lo posible para evitar que tales prórrogas se concediesen, bien solicitando en la Corte el envío de jueces de residencia, o bien desautorizando a quienes acudían a la Corte a solicitarlas, haciendo ver que no podían hablar en nombre del concejo, pues no habían recibido poder para ello.
En líneas generales la actuación partidista de los corregidores en muchas ciudades castellanas en el período que precedió al estallido de la revuelta comunera contribuyó mucho al desprestigio de la institución. Y, sin duda, fue un factor importante que en bastantes casos alentó la predisposición a la rebelión de amplios sectores de la población urbana, pues fueron muchos los corregidores que en el transcurso del año 1520 se vieron forzados a cesar en el ejercicio de sus cargos, y a abandonar apresuradamente las ciudades donde los ejercían, por haberse convertido en el blanco principal de las iras populares. En varios casos consta que la animadversión hacia estos oficiales no se debió tanto a que fuesen los representantes del poder monárquico, sino más bien a otras causas relacionadas con la forma en que habían ejercido su cargo.Y, por poner un único ejemplo, así nos lo sugiere lo que sucedió en Cuenca en julio de 1520, cuando el teniente de corregidor se vio forzado por la presión popular a dimitir de su cargo y abandonar la ciudad, y a las pocas horas el concejo conquense decidió enviar una carta al corregidor titular, que residía en Huete, solicitándole que acudiese personalmente a Cuenca a hacerse cargo del desempeño de su oficio.
3. CRISIS DE LA INSTITUCIÓN DEL CORREGIMIENTO TRAS LA MUERTE DE LA REINA ISABEL.
Muchos de los logros alcanzados por los Reyes Católicos durante sus años de gobierno conjunto se vieron repentinamente amenazados a partir de 1504, al producirse la muerte de la reina Isabel en un momento crítico, cuando la heredera llamada a sucederle, su hija Juana, acababa de dar muestras evidentes con su comportamiento público de no estar capacitada para asumir en persona el gobierno del reino. En efecto, como consecuencia se planteó entonces un enconado conflicto entre el marido de ésta, el archiduque Felipe de Habsburgo, declarado francófilo, y su padre, Fernando el Católico, por hacerse con el control efectivo de las instituciones de gobierno de la Corona de Castilla, que provocó una generalizada desestabilización de la vida política castellana en todos sus niveles, que aún se agravó más al producirse pocos meses después la imprevista muerte de Felipe, ya rey de Castilla, en un momento en que su suegro Fernando se encontraba ausente del reino, camino de Nápoles.
En estas circunstancias las instituciones de gobierno central y territorial de la monarquía castellana no pudieron cumplir sus tareas con normalidad, y en concreto fue la del corregimiento una de las que se vio más afectada en su funcionamiento, aunque no en todas las ciudades con semejante intensidad. En efecto, los continuos cambios de personas al frente de las instituciones centrales de gobierno de la monarquía que se sucedieron a partir del año 1504 propiciaron que esta institución se adentrase en un período de enorme inestabilidad, que en muchas ciudades fue aprovechado por determinadas instancias de la sociedad política local para hacerse con el control de los principales resortes del poder, con frecuencia enlazando con precedentes sentados durante el reinado de Enrique IV.
La frecuencia con que a partir de 1504 el gobierno de Castilla vivió situaciones de interinidad propició que en muchas ciudades se volviesen a poner en práctica entonces los procedimientos consuetudinarios de elección de los oficiales de la justicia contemplados en los fueros, que habían caído en desuso durante el reinado conjunto de los Reyes Católicos como consecuencia de la sistemática regularidad con que entonces se estuvieron enviando corregidores a las principales ciudades del reino. Y esta circunstancia entendemos que favoreció un cierto cambio en la forma en que la institución del corregimiento pasó a ser percibida por las sociedades polí- ticas locales, para las que de nuevo dejó de representar un elemento consustancial al régimen de gobierno urbano para el que no existían alternativas válidas.
Para el normal funcionamiento de la institución del corregimiento resultaron sobre manera nefastos los años 1506 y 1507, especialmente debido a las consecuencias que trajo consigo la inesperada muerte del rey Felipe de Habsburgo. En efecto, éste, durante el breve período de tiempo que había tenido en sus manos las riendas del gobierno de Castilla, había procedido a renovar los cargos de corregidor de numerosas ciudades, destituyendo a los designados con anterioridad por el rey Fernando. Pero, tras su muerte, se desencadenaron en varias de esas ciudades violentos conflictos entre sectores que trataron de aprovechar esta circunstancia para mantener la obediencia a los corregidores que había designado el rey Fernando, y quienes abogaron por que se acatase a los recién nombrados por Felipe, en la esperanza de que se pudiesen hacer con el control del gobierno de Castilla los sectores contrarios al regreso del Rey Católico, que entonces buscaron el apoyo del emperador Maximiliano, abuelo de Carlos, el primogénito de la reina Juana, llamado a heredar los reinos de ésta.
Éste es el problema que se planteó en Cuenca, que había quedado temporalmente sin corregidor en 1506, cuando abandonó Castilla Fernando el Católico, puesto que quien había estado ejerciendo el oficio hasta entonces, Mosén Fernando de Rebolledo, decidió marchar también en compañía de este monarca, a quien le unían fuertes lazos de afinidad política. El vacío de poder al que dio lugar esta marcha voluntaria del corregidor titular fue aprovechado por varios regidores y caballeros conquenses, encabezados por el guardamayor Diego Hurtado de Mendoza, para apoderarse por la fuerza de las varas de la justicia, con el argumento de que la ciudad se encontraba mal gobernada por los oficiales que el corregidor ausente había nombrado como sus lugartenientes30. Entre tanto, sin embargo, el rey Felipe de Habsburgo procedió a designar nuevo corregidor para Cuenca en la persona del regidor leonés Martín Vázquez de Acuña, y además envió a esta ciudad como pesquisidor al licenciado Cristóbal de Ávila, para que hiciese averiguaciones sobre los sucesos de la toma de las varas a los lugartenientes del corregidor Rebolledo, por si hubiesen constituido delito de rebeldía contra la autoridad regia, y para que al mismo tiempo impusiese el orden en la ciudad, en tanto se hacía cargo de su gobierno el nuevo corregidor.
Desconocemos la fecha exacta en que este corregidor llegó a Cuenca, pero lo cierto es que la prematura muerte del rey Felipe a fines de septiembre de 1506 le colocó en una situación sumamente precaria, pues una parte importante de la sociedad política conquense se negó a prestarle obediencia, aprovechando que había dejado de contar con su principal apoyo, es decir, la persona del rey. Y de nuevo entonces el guardamayor Diego Hurtado de Mendoza encabezó un movimiento de oposición y desobediencia a este corregidor, justificando su actitud con el argumento de que defendía los intereses políticos de los Habsburgo, y más en concreto del emperador Maximiliano, y estaba obstaculizando el retorno al poder de Fernando el Católico31. En concreto entonces se apoderó por la fuerza de las puertas de entrada a la ciudad, que hizo en adelante custodiar por hombres de su confianza, y a continuación lanzó todo un desafío al corregidor comenzando a llevar con ostentación en público varas de la justicia, con la excusa de que estaba legitimado a hacerlo por su condición de alcalde de sacas del obispado. Poco después sus criados se enfrentaron de forma violenta con el alguacil Juan Ordóñez, a quien causaron la muerte, y por fin dirigió de forma abierta sus ataques contra el corregidor en persona, poniendo primero cerco a la posada donde residía, y obligándole después por la fuerza a salir de la ciudad.
Una vez expulsado el corregidor, el propio guardamayor pasó a erigirse en máxima autoridad en la ciudad de Cuenca, aunque para conferir cierta apariencia de legalidad a su “dictadura” dispuso que se procediese a la elección de oficiales ordinarios de la justicia conforme al procedimiento que se contemplaba en el fuero. En la práctica, sin embargo, a tenor de las denuncias contra él presentadas, forzó la designación para el desempeño de estos oficios de las personas que él quiso32, y se entrometió a dictar personalmente autos de justicia, extralimitándose así en el ejercicio de sus funciones como alcalde de sacas.
Durante varios meses tras la muerte del rey Felipe la ciudad de Cuenca estuvo, pues, en abierta rebelión contra la autoridad monárquica establecida, llegándose incluso a ofrecer desde ella resistencia armada a un juez pesquisidor enviado por el Consejo Real, el bachiller Salcedo, quien no pudo llevar a cabo la misión pacificadora para la que había sido nombrado, puesto que se le impidió la entrada en la ciudad. Las instituciones centrales de gobierno de la monarquía procedieron entonces a solicitar apoyo militar a concejos y nobles de la región conquense para intentar someter por la fuerza de las armas al rebelde guardamayor, contra quien decretaron la confiscación de todos sus señoríos y oficios. Pero con ninguna de estas medidas se alcanzó el objetivo de doblegarle, lo cual demuestra hasta qué punto los representantes de la autoridad monárquica eran incapaces de hacerse respetar y obedecer en aquellos difíciles primeros meses del año 1507. Y fue por tanto este vacío de poder en las instancias centrales de gobierno del reino el que hizo posible que la que hasta entonces parecía sólida institución del corregimiento quebrase de forma estrepitosa en algunas ciudades antes los embates de ambiciosos miembros de la alta nobleza, como bien testimonia el ejemplo de Cuenca que acabamos de analizar.
También en otra de las principales ciudades de Castilla, Toledo, la institución del corregimiento atravesó momentos difíciles en aquellos meses que siguieron a la muerte del rey Felipe. En efecto, entonces tuvo lugar un nuevo recrudecimiento del conflicto de bandos nobiliarios que desde el siglo XV venía asolando la ciudad, y el factor que lo desencadenó fue precisamente una disputa por determinar a quién se debía obedecer como corregidor de la ciudad. El origen del problema estuvo en que nada más acceder al trono el rey Felipe destituyó a Don Pedro de Castilla, quien venía ejerciendo de corregidor en Toledo desde el año 1490, y designó para sustituirle un nuevo corregidor, a quien dio precisas instrucciones para que buscase la colaboración del conde de Fuensalida en el ejercicio del oficio. Y además el nuevo monarca, en su afán de colmar de mercedes al conde, ordenó el 11 de junio de 1506 al concejo de Toledo que le admitiese a sus reuniones con voz y voto en calidad de alguacil mayor. Esta concesión generó profundo descontento en los miembros del bando de los Silva, liderado por el conde de Cifuentes, y por ello, nada más producirse la muerte del rey Felipe, éste y sus partidarios, entre los que destacaba Pedro López de Padilla, se apresuraron a negar la obediencia al corregidor designado por el difunto monarca, y a proclamar como corregidor al destituido Don Pedro de Castilla. Inmediatamente las posturas de ambos bandos se radicalizaron y en varias ocasiones se estuvo a punto de llegar al abierto enfrentamiento armado, aunque finalmente se impuso la solución pacífica, al acceder las dos partes a firmar una concordia y consentir que los dos corregidores en liza fuesen relevados por uno de nueva designación33.
En este caso, por tanto, no se llegó a poner en cuestión la continuidad de la institución del corregimiento, como ocurrió en Cuenca cuando el guardamayor arrebató primero sus varas a los lugartenientes del corregidor ausente, y después se negó a reconocer al nuevo corregidor designado por el rey Felipe. Pero sí conviene tener en cuenta que el conde de Fuensalida trató de aprovechar la coyuntura favorable que para él representó el acceso al trono de Felipe de Habsburgo para incrementar su capacidad personal de ejercicio del poder mediante la obtención del oficio de alguacil mayor, del cual se quiso servir para poder traer vara de justicia en la ciudad y designar personalmente a los alguaciles “menores”. De forma que, de haber conseguido ver realizadas estas aspiraciones, la institución del corregimiento habría sufrido en Toledo una apreciable merma en sus atribuciones, reproduciéndose allí la situación que se venía dando desde hacía tiempo en Jaén, donde un alguacil mayor vitalicio privaba al corregidor de una parte importante de sus competencias en el ámbito de la ejecución de la justicia.
Una situación muy semejante a la vivida en Toledo se planteó en Oviedo, donde el rey Felipe nombró como nuevo corregidor en julio de 1506 a Enrique de Acuña, conde de Valencia de Don Juan, sin haber finalizado el mandato de su antecesor nombrado por el rey Fernando. Tras la imprevista muerte del rey, muchos vecinos se resistieron, sin embargo, a admitir al nuevo corregidor por él designado, y en consecuencia éste terminó optando por recurrir a la vía de la fuerza para tomar posesión de su oficio. Así el 7 de enero de 1507 entró en secreto en Oviedo, acompañado de gente armada, y apoyado por uno de los bandos que se disputaban la primacía en la ciudad, el de los Argüelles, fue recibido como corregidor en una sesión extraordinaria de concejo. Pero los partidarios del corregidor cesante, designado por el rey Fernando el Católico, no aceptaron la validez de este acto de toma de posesión, y a partir de entonces se planteó una abierta lucha armada entre partidarios de uno y otro corregidor, a la que no se logró poner fin hasta que a fines de marzo de ese mismo año se designó un nuevo corregidor en la persona del licenciado Francisco de Cuéllar34.
Mucho más complejo fue el proceso que se inició en Córdoba en 1506, el cual presenta notables paralelismos con el que por las mismas fechas tuvo lugar en Cuenca, puesto que en ambos casos destacados miembros de la alta nobleza castellana trataron de obstaculizar el funcionamiento de la institución del corregimiento para hacerse con el control de los resortes del poder local. En efecto, en Córdoba en el transcurso del año 1506, estando ausente el corregidor, el procurador mayor del concejo, Gonzalo de Hoces, solicitó formalmente que se diesen las varas a los oficiales a los que por la norma consuetudinaria local les correspondían, el alcalde mayor y el alguacil mayor, que eran el marqués de Priego y el conde de Cabra. Así se hizo y ambos volvieron a ejercer las prerrogativas correspondientes a sus cargos, que desde el comienzo del reinado de los Reyes Católicos habían pasado a ser meramente honoríficos, hasta la llegada a la ciudad a mediados de agosto de 1506 del nuevo corregidor nombrado por el rey Felipe, Don Diego Osorio. Probablemente por haber tomado posesión en fecha tan temprana, este corregidor pudo mantenerse en su puesto tras la muerte del rey, e incluso más adelante consiguió que se le concediese una prórroga para continuar ejerciendo el oficio un año más, la cual fue presentada en el cabildo por un representante suyo en la sesión de 25 de agosto de 1507. Entonces, sin embargo, el marqués de Priego, se negó a obedecer la provisión, con el argumento de que el corregidor no se encontraba presente en el cabildo, y además obligó a los oficiales que ejercían como lugartenientes de éste a que hiciesen entrega de sus varas, para a continuación volver a retomar la suya de alcalde mayor. Y de este modo el funcionamiento de la institución del corregimiento volvió a quedar de nuevo en suspenso durante varios meses, hasta que el día 17 de diciembre llegó a.
Córdoba un nuevo corregidor designado por Fernando el Católico, Diego López Dávalos, quien ya había ejercido como tal en esta ciudad con anterioridad.
En esta ocasión el marqués de Priego no tomó ninguna iniciativa para oponerse a la toma de posesión del nuevo corregidor, entre otras razones porque el argumento que había empleado en agosto ya no era válido, pues ahora acudía el designado en persona al cabildo para que se le diese posesión. Pero, en cualquier caso, su actuación de agosto había sentado un mal precedente, puesto que había conseguido su objetivo de impedir la toma de posesión de un oficial regularmente designado por el rey. Y quizás por ello, animado por el buen resultado entonces alcanzado, de nuevo en junio de 1508 volvió a auto-proclamarse alcalde mayor, en un acto de desafío a la autoridad del rey Fernando el Católico, que reaccionó enviando inmediatamente a Córdoba un alcalde de Corte, a quien, no obstante, el marqués hizo arrestar. La actitud desafiante del rebelde fue por lo tanto radicalizándose de forma progresiva, y, como consecuencia, cuando el rey finalmente consiguió someterle por la fuerza, el castigo que le impuso fue en extremo severo35.
No en todas las ciudades castellanas en las que en los años 1506 y 1507 tuvo lugar una crisis en el regular funcionamiento de la institución del corregimiento fueron los principales responsables de la misma miembros de la alta nobleza impacientes por recuperar cuotas de poder perdidas en ciudades realengas que querían mantener en su ámbito de influencia. En otras ciudades, generalmente de segundo rango, la crisis transcurrió por otras sendas, y para demostrarlo nos referiremos a algunos ejemplos tomados de la región riojana. Así, en primer lugar, sabemos que en Santo Domingo de la Calzada hacia mayo de 1506 el corregidor y otros oficiales del concejo se ausentaron de la ciudad sin dejar a nadie al cargo del gobierno, por miedo a la peste. Entonces, para hacer frente al peligro de que el desgobierno se impusiese en la ciudad, los vecinos se reunieron en concejo general y acordaron requerir a los oficiales huidos para que regresasen. Éstos no atendieron, sin embargo, el requerimiento, y sólo entonces, como solución extrema, procedieron los vecinos reunidos en asamblea general a elegir los alcaldes ordinarios y los otros oficiales concejiles conforme al procedimiento consuetudinario observado con anterioridad a la reciente implantación de la institución del corregimiento en la ciudad36.
En un contexto diferente también tuvieron lugar en otra ciudad riojana en estos años actuaciones orientadas a revitalizar los procedimientos consuetudinarios de elección de alcaldes ordinarios, en detrimento del normal funcionamiento de la institución del corregimiento. Se trata de Calahorra, donde en sesión de concejo de 19 de septiembre de 1507 se obligó al teniente de corregidor, bachiller Lobera, a hacer entrega de la vara de la justicia, con el argumento de que había cumplido el período del año para el que se le había proveído del oficio. A continuación se procedió a nombrar tres alcaldes ordinarios y un alguacil, y a éstos se les hizo entrega de las varas para que usasen de sus oficios “según uso y costumbre antigua”, hasta que la reina proveyese lo que conviniese a su servicio. Y, en efecto, éstos estuvieron presidiendo las sesiones concejiles durante aproximadamente un mes, hasta que a finales de octubre se presentó con una provisión real el bachiller Gregorio Orihuela, para desempeñar el oficio de teniente de corregidor en nombre de Alonso de Sarabia, corregidor titular.
Al otoño siguiente, sin embargo, volvió a procederse de la misma manera, y en sesión de concejo de 8 de octubre de 1508 el letrado de la ciudad requirió al teniente de corregidor que hiciese entrega de las varas de la justicia, por haber concluido el período de tiempo por el que se había nombrado corregidor a Alonso de Sarabia. Éste accedió a lo solicitado, y de nuevo se procedió a nombrar tres alcaldes y un alguacil, para que ejerciesen sus oficios hasta que llegase un nuevo corregidor37.
Fuera de estas dos ocasiones en ningún otro momento de las dos primeras décadas del siglo XVI tenemos constancia de que el concejo de Calahorra asumiese por su cuenta la elección de alcaldes y alguacil para que se hiciesen cargo de las varas de la justicia en sustitución de los oficiales del corregimiento. Explicar por qué se procedió así en estos dos años a partir del análisis de la información que proporcionan los libros de actas resulta muy difícil, pero no deja de resultar sintomático que estas actuaciones se produjesen en el mismo período de tiempo en que en otras muchas ciudades castellanas se trató de revitalizar los procedimientos de elección de oficiales de la justicia foreros, para que éstos ofreciesen una alternativa, aunque sólo fuese temporal, al sistema de corregimiento.
Por lo demás, los ejemplos aducidos han podido dejar suficientemente puesto de manifiesto que los intereses políticos que estuvieron detrás de estas actuaciones orientadas a revitalizar los oficios de la justicia foreros no fueron los mismos en todas las ciudades, puesto que junto a casos como los de Cuenca, Córdoba y Toledo, en que claramente aparecen miembros de la alta nobleza como directos inspiradores y beneficiarios de las mismas, tenemos otros como los de Santo Domingo de la Calzada o Calahorra en que fueron apoyadas por un amplio espectro social. Y otro aspecto que conviene tener en cuenta es que con estas actuaciones se sentaron importantes precedentes a los que se pudieron remitir las ciudades castellanas durante el año 1520, cuando en muchas de ellas la institución del corregimiento quedó suspendida tras ser cesados y expulsados los oficiales que desempeñaban el oficio en nombre del rey Carlos. En qué medida ocurrió así lo trataremos de comprobar en el siguiente epígrafe.
4. REACCIONES CONTRA LOS CORREGIDORES EN LAS CIUDADES CASTELLANAS TRAS EL ESTALLIDO DE LA REVUELTA COMUNERA.
En las ciudades castellanas en las que en el transcurso del año 1520 se produjeron revueltas populares de signo comunero, y éstas resultaron triunfantes, una de las primeras consecuencias del cambio político operado fue el cese y expulsión de los corregidores o sus lugartenientes. La ciudad que, en éste como en otros muchos terrenos, marcó la pauta fue Toledo, donde ya a partir del 31 de mayo de 1520 las reuniones de concejo dejaron de estar presididas por el corregidor, que además fue obligado a marcharse. Y, siguiendo este temprano ejemplo, poco a poco se fueron tomando decisiones semejantes en otras muchas ciudades, tanto de las que tenían voto en Cortes como de las que no lo tenían, en especial a raíz de difundirse la noticia del episodio del incendio de Medina del Campo38.
Dado que el corregidor era el principal representante del poder regio en las ciudades se explica fácilmente que desde el primer momento se convirtiese en el blanco preferido de las iras de los rebeldes. Pero lo cierto es que también en Guadalajara, ciudad realenga en que no se había introducido todavía en 1520 esta figura institucional, y los oficiales de la justicia eran nombrados no por el rey sino por el duque del Infantado, el estallido de la revuelta comunera dio como resultado el cese de estos oficiales y su sustitución por otros designados por una asamblea popular39. Y, por el contrario, en varias importantes ciudades en las que triunfó la rebelión, las cuales enviaron procuradores a la Junta de Tordesillas, no llegó a producirse ninguna interrupción en el regular funcionamiento de la institución del corregimiento, y los oficiales designados por la autoridad real pudieron permanecer en sus puestos, mientras otras instituciones de gobierno local experimentaban radicales transformaciones.
Éste fue el caso, en primer lugar, de Murcia, donde el estallido de la revuelta comunera tuvo como consecuencia inmediata el cese y expulsión de todos los regidores, mientras que el teniente de corregidor, licenciado Bomaitin, pudo continuar ejerciendo su oficio sin ningún inconveniente, presidiendo un cabildo radicalmente renovado en su composición40. Y tampoco en Soria tenemos noticia de que se llegase a deponer al corregidor para sustituirle por otros oficiales de la justicia que no fuesen de designación regia41.
El caso de Burgos resulta bastante más complejo porque, aunque los graves disturbios que vivió la ciudad durante el mes de junio de 1520 no dieron lugar a una suspensión formal de la institución del corregimiento, sí que forzaron sucesivas dimisiones de los titulares del oficio en un breve espacio de tiempo, de forma que en una semana se sucedieron tres corregidores, dos de los cuales accedieron al oficio de forma irregular. Así, el 10 de junio de 1520 una revuelta popular depuso al corregidor, que fue sustituido por Diego Osorio, hermano del obispo de Zamora. Y poco después éste, al perder el control político de la situación, abandonó a su vez la ciudad, cediendo el poder al Condestable, quien se hizo cargo del corregimiento el día 15 de junio42.
Y otro caso peculiar de pervivencia de la institución del corregimiento en una ciudad transformada en su régimen de gobierno local por la implantación de la Comunidad lo podemos constatar en Cuenca, donde, no obstante, llegó a quedar suspendido por espacio de algo más de una semana43. En efecto, tras haber triunfado un levantamiento comunero en el mes de julio de 1520, el teniente de corregidor, licenciado Juan de Montiel, quien representaba en Cuenca al titular del corregimiento, Rodrigo de Cárdenas, residente entonces en Huete, presentó la renuncia a su cargo ante el consistorio el día 20 de julio, justificando su decisión con el argumento de que deseaba contribuir a la pacificación de la ciudad y a “quitar el alboroto que en ella había”. Además, se negó a subdelegar su oficio en ninguna otra persona, por lo cual hizo entrega de las varas de la justicia a los regidores Andrés Valdés y Gregorio de Chinchilla, para que ellos las diesen a quien correspondiese. Y, acto seguido, éstos las entregaron a Rodrigo Manrique, comendador de Zalamea, quien en aquellos momentos, en ausencia de su hermano el guardamayor Diego Hurtado de Mendoza, que acompañaba al rey Carlos en su viaje a Flandes y Alemania, era la persona a quien se reconocía mayor autoridad en la ciudad.
De hecho estos dos regidores decidieron entregarle a este poderoso caballero las varas de la justicia para que pudiese con ellas sosegar a la Comunidad. Pero Rodrigo Manrique no las retuvo en su poder sino que las entregó a su vez al licenciado Miguel de Cuéllar, quien presumimos que debía ser persona de su plena confianza, puesto que había servido como letrado a su hermano el guardamayor. Y éste, porque así lo quiso la Comunidad, las compartió con el regidor Don Alonso Carrillo de Albornoz. Al día siguiente, 21 de julio, en el transcurso de una reunión extraordinaria del consistorio, a la que acudieron once diputados de la Comunidad, tanto el licenciado Miguel de Cuéllar como D. Alonso Carrillo declararon, no obstante, que la Comunidad les había hecho tomar a la fuerza las varas, y que sólo por tratar de sosegarla ellos las habían retenido hasta entonces. Pero, dado que entre tanto la situación se había tranquilizado bastante en la ciudad, y porque entendían que ellos no tenían autoridad para continuar llevando las varas, se las devolvieron al comendador Rodrigo Manrique. Y éste, en atención a que la ciudad ya se encontraba “sosegada”, procedió a su vez a devolverlas al regidor Gregorio de Chinchilla, para que éste hiciese entrega de ellas a la ciudad, depositaria de los oficios de la justicia en ausencia de los oficiales del rey.
Y sólo entonces se trató de reconducir la situación por los cauces legales, al poner en marcha el consistorio los procedimientos contemplados en los privilegios de la ciudad para nombrar alcaldes ordinarios y alguacil, cuando no había en ella justicia del rey. Se efectuó, por tanto, un sorteo entre las personas designadas como candidatos por las collaciones a las que por turno correspondía, y por esta vía resultaron elegidos como alcaldes Luis de Chinchilla, Don Alonso Carrillo y el licenciado Miguel de Cuéllar, y como alguacil Juan de la Bachillera. Pero, teniendo en cuenta la identidad de los elegidos, hay motivos más que suficientes para sospechar que el proceso electoral pudo estar amañado, pues parece demasiada casualidad que entre los cuatro oficiales designados estuviesen precisamente las dos personas que horas antes habían tenido las varas en nombre de la Comunidad. Y, además, los diputados y procuradores de ésta que asistieron a aquel consistorio presentaron un requerimiento para que se hiciese constar que todo este proceso de designación de nuevos oficiales de la justicia se realizaba en nombre de la Comunidad, lo cual confirma que, aunque formalmente se estaba recuperando un uso constitucional del pasado, en la práctica muchos presionaron para que se le confiriese a éste un nuevo significado, que podía llegar a ser “revolucionario”.
Los sectores más influyentes de la sociedad política conquense no eran, sin embargo, partidarios de que la vida política de la ciudad comenzase a transcurrir por estos senderos de la experimentación de nuevas fórmulas constitucionales, y buena prueba de ello es que el mismo día en que fueron nombrados los tres alcaldes ordinarios y el alguacil, se celebró por la tarde una asamblea en la catedral, a la que asistieron los regidores, el teniente de guarda mayor, Rodrigo Manrique, los alcaldes, el alguacil, y otras muchas personas de la Comunidad, con objeto de tomar un acuerdo sobre el envío de una carta al corregidor Rodrigo de Cárdenas, para solicitarle que acudiese personalmente a Cuenca a hacerse cargo del desempeño de su oficio.
La respuesta de éste se hizo esperar unos cuantos días, durante los que la ciudad vivió momentos de gran inestabilidad e incertidumbre, porque los alcaldes ordinarios no consiguieron hacer que su autoridad fuese respetada por todos los sectores de la población44. A fines de julio Rodrigo de Cárdenas manifestó que no estaba dispuesto a regresar a Cuenca para ejercer en persona su oficio, pero en cambio accedió a designar un nuevo lugarteniente en la persona del licenciado Luis Pérez de Palencia, quien ya había ejercido esta función con anterioridad cuando era titular del corregimiento Don Antonio de Córdoba. Y en esta ocasión éste sí fue aceptado por la sociedad política conquense, pudiendo tomar posesión de su cargo el día uno de agosto de 1520. Pero antes de hacerlo, y de serle autorizada la entrada en la ciudad, se le obligó a jurar en el monasterio de la Fuensanta, extramuros de la misma, unos capítulos que le fueron presentados por la Comunidad. Y, por tanto, con su toma de posesión no se puede considerar que se produjese una simple restauración de la situación política previa al estallido de la revuelta comunera.
De hecho durante varios meses el nuevo teniente de corregidor tuvo que presidir una asamblea concejil con una composición muy diferente de la que ésta había tenido en los años previos al estallido de la revuelta comunera, porque incorporó a numerosos representantes de los sectores populares tradicionalmente excluidos de la misma. Y, además, su presencia en la ciudad no impidió que ésta continuase manteniendo una ambigua actitud hacia la autoridad regia, como bien lo demuestra el hecho de que a fines del mes de septiembre la asamblea concejil decidiese, con evidente retraso respecto a la mayoría de las ciudades rebeldes, enviar procuradores a la Junta de Tordesillas. Pero bastante antes de tomarse esta decisión, a principios de agosto esta misma asamblea sí había puesto cierto empeño en presentar la restauración del corregimiento como prueba irrefutable de la voluntad de la ciudad de continuar acatando la autoridad del rey Carlos. Y por ello el día 9 de agosto había decidido enviar una carta al cardenal gobernador, en la que le aseguraba que Cuenca continuaba en el servicio del rey y que, si allí había habido alguna alteración en las semanas pasadas, la causa había sido la enemistad que muchos de sus vecinos tení- an con el anterior teniente de corregidor, el licenciado Juan de Montiel.
Los ejemplos de Murcia, Burgos, Soria y Cuenca, demuestran en cualquier caso que la introducción de importantes reformas en los regímenes de gobierno local, en respuesta a la presión política ejercida desde los sectores populares organizados en Comunidad, e incluso la participación más o menos decidida en acciones de rebelión contra las instituciones de gobierno central de la monarquía, eran posibles en ciudades que continuaban estando gobernadas por corregidores de designación regia, a los que a lo sumo se exigió en algunas ocasiones que accediesen a desempeñar su oficio bajo ciertas condiciones fijadas por la Comunidad45. Pero no deja de ser cierto que todas las mencionadas ciudades adoptaron una postura muy ambigua en su relación con las instituciones de gobierno de la monarquía, y, aunque estuvieron representadas en la Junta de Tordesillas, pusieron gran cuidado en todo momento en evitar que la presencia de sus procuradores en esta asamblea de ciudades rebeldes se interpretase como prueba de su desobediencia al rey Carlos.
En las ciudades más comprometidas con la rebelión, que fueron a la vez aquéllas en que más se avanzó en la transformación de los órganos de gobierno urbano, y donde mayor protagonismo alcanzaron en la vida política local los sectores radicales comuneros, la institución del corregimiento fue, sin embargo, sometida a ataques mucho más contundentes, y terminó por ser suspendida. Pero en la mayor parte de las casos en que esto ocurrió las autoridades urbanas actuaron luego con notable indecisión y falta de imaginación cuando se trató de buscar una alternativa para la figura institucional suprimida. Y, con frecuencia, se limitaron a restablecer los antiguos procedimientos previstos en los fueros para designar a los oficiales ordinarios de la justicia, que habían quedado en suspenso después de la consolidación de la institución del corregimiento, aunque, como hemos visto, habían vuelto a ser aplicados de nuevo en diversas ciudades en el turbulento período que siguió a la muerte de la reina Isabel la Católica.
En efecto, en los pocos textos programáticos de carácter general que se conservan de los comuneros no encontramos incluida ningún tipo de medida original para la reforma de los oficios de la justicia en las ciudades. En concreto en los capítulos para la reforma del reino, que la Santa Junta trató sin éxito de hacer llegar al rey a Flandes, se propuso que en adelante no se proveyese de corregidores a las ciudades, a no ser que éstas solicitaran expresamente su envío. Pero, como alternativa, simplemente se limitaron a recomendar que las ciudades pusiesen sus alcaldes ordinarios “que sean suficientes”46.
Nada se precisaba, por tanto, sobre el sistema que se había de aplicar para la designación de estos alcaldes ordinarios, y en la práctica en muchas ciudades comuneras lo que se hizo en el transcurso del año 1520 fue restablecer los antiguos procedimientos de designación previstos en los fueros, con la consecuencia de que los oficios de la justicia adoptaron unos perfiles muy dispares de unas a otras.
Así, en primer lugar, hay que destacar los casos de Salamanca y Valladolid, ciudades donde fueron los linajes de caballeros hidalgos los que recuperaron su antiguo derecho de elegir a los alcaldes ordinarios. En concreto en Salamanca sabemos por las declaraciones del licenciado Lorenzo Maldonado que, tras ausentarse el corregidor D. Juan de Ayala, se reunieron los dos linajes de Santo Tomé y San Benito “para nombrar alcaldes ordinarios según la costumbre inmemorial”, y aquél había resultado elegido por el de San Benito, habiendo llevado la vara de la justicia durante ocho meses en que, según sus propias palabras, “se hizo odioso y sospechoso a la Comunidad”47. Y en Valladolid, según nos informa Gutiérrez Nieto, basándose en la Crónica atribuida a Gonzalo de Ayora, al parecer los comuneros locales, una vez cesado el corregidor, se plantearon la posibilidad de que el pueblo, organizado en cuadrillas, procediese a nombrar los alcaldes ordinarios. Pero esta propuesta fue desestimada por la propia Junta, que ordenó que se observasen los privilegios de la ciudad que disponían que fuesen los linajes de Tovar y Reoyo los que nombrasen a dichos oficiales48. De modo que en dos de las principales ciudades comuneras castellanas la supresión del corregimiento no fue acompañada de una profunda reforma de los órganos de la justicia local que favoreciese los intereses de los sectores populares, sino que, por el contrario, se restablecieron los usos antiguos, que en este caso resultaban favorables sólo para el grupo privilegiado de la población laica, el de los caballeros hidalgos.
También en Segovia, otra de las ciudades con más activa participación en la rebelión, el temprano cese del corregidor y de sus oficiales subalternos abrió el camino para que se procediese a nombrar alcaldes ordinarios “al modo antiguo", según noticia que proporciona Colmenares 49. Y otro ejemplo interesante de esta forma de proceder lo encontramos en la ciudad de Jaén, que, por el contrario, destacó por su escaso entusiasmo en el apoyo a la causa rebelde. En efecto, allí tras la proclamación de la Comunidad el día 19 de agosto de 1520, se retiraron acto seguido las varas de la justicia a los oficiales que las tenían por designación del rey, es decir, el corregidor y el alguacil mayor. Y a continuación fueron designados para sustituirles cuatro alcaldes ordinarios y un nuevo alguacil mayor, todos ellos elegidos por el pueblo, los cuales permanecieron en el desempeño de sus oficios hasta el mes de marzo del año siguiente, cuando los gobernadores enviaron como nuevo corregidor a la ciudad a Francisco Sedeño50 .
De forma bastante más confusa se reaccionó tras la destitución de los corregidores en algunas otras ciudades comuneras, que ni se limitaron a una simple restauración de los oficios de la justicia foreros, ni consiguieron implantar nuevas figuras institucionales, con perfiles bien definidos. En concreto en Toledo el 2 de junio de 1520, pocos días después de haber marchado el corregidor, cuando ya se habían incorporado a los sesiones de ayuntamiento buena parte de los diputados, éste procedió al nombramiento de justicias comuneras, que fueron el alcalde mayor, el alcalde de las alzadas y el alguacil mayor51. Pero, aunque estos oficiales llevaban los mismos nombres que los de la época forera, no cabe duda de que presentaban un perfil muy diferente, ya que quienes tradicionalmente habían desempeñado dichos oficios en Toledo habían sido miembros de la alta nobleza. Y, por lo demás, las informaciones de que disponemos sobre la denominación de los oficiales de la justicia de Toledo en estos años de rebelión resultan contradictorias, puesto que a los nombres ya indicados habría que añadir, por ejemplo, el de “alcaldes de Comunidad", que según Gutiérrez Nieto se aplicó en esta ciudad a unos oficiales de nueva creación que asumieron las funciones del corregidor52.
Situación igualmente confusa nos encontramos en Madrid, ciudad que en muchos aspectos trató de seguir los pasos de Toledo en estos cruciales meses de mediados del año 1520. En concreto el alzamiento comunero que allí tuvo lugar el día 17 de junio conllevó la inmediata suspensión de sus funciones para el corregidor real, y la proclamación como sustituto suyo de Juan Zapata, a quien se aplicó la denominación de corregidor-justicia. También entonces fueron nombrados dos alguaciles, Fernando Arias y Ruiz Díaz. Pero poco tiempo después se produjo un simulacro de intento de devolución de las varas de la justicia al suspendido corregidor real, que no siguió adelante.
Y a raíz de ello, con el argumento de que no había justicia ordinaria, se procedió a designar “en nombre de todo el pueblo” al licenciado Castillo como alcalde mayor, en espera de que el rey nombrase un nuevo oficial de la justicia. De modo que formalmente la institución del corregimiento no fue suprimida sino sólo dejada en suspenso53.
Y un tercer ejemplo de confusión lo encontramos en Zamora, donde el corregidor pudo continuar en el ejercicio de sus funciones hasta el día 13 de septiembre. Poco después, sin embargo, fue expulsado, y ya el 20 de septiembre celebró sesión un nuevo ayuntamiento plenamente comunero que fue presidido por Francisco Docampo, identificado como alcalde de la ciudad por la Comunidad, el cual, no obstante, debió permanecer muy poco tiempo en el cargo puesto que la sesión de 9 de noviembre fue presidida por otra persona, el licenciado Luis Gómez de Villaverde54.
Ciertamente en el estado actual de la investigación quedan todavía muchos interrogantes sin resolver sobre cómo evolucionó la organización institucional de las ciudades comuneras en los años 1520 y 1521, y de ahí que el panorama que hemos ofrecido resulte bastante confuso e incompleto. Pero, a pesar de todo, estimamos justificado concluir que, aunque los comuneros manifestaron una cierta aversión a la institución del corregimiento, en unos casos por entender que limitaba la capacidad de autogobierno de las ciudades, y en otros por meras diferencias políticas con las personas que desempeñaron el oficio, no llegaron a definir una alternativa viable para la misma, y se limitaron a salir del paso aplicando diversas fórmulas improvisadas, que con frecuencia se sucedieron en una misma ciudad en espacios muy breves de tiempo.
La derrota impuesta por las tropas realistas a las ciudades rebeldes acabó, por otra parte, con toda posibilidad de consolidar cualquier tipo de reforma en los órganos de gobierno local en Castilla, ya que tras la misma se impuso la plena restauración de la situación vigente antes del estallido de la revuelta, incluso en aquellas ciudades que se habían mantenido fieles al rey. Y, como consecuencia, el corregimiento pasó a quedar consolidado y convertido en el elemento clave que aseguró el funcionamiento de los aparatos de gobierno local castellanos hasta comienzos del siglo XIX. La gravedad del desafío que en los años 1520 y 1521 llegaron a plantear determinados sectores sociopolíticos de las ciudades castellanas a sus oligarquías debió hacer tomar conciencia a éstas de la necesidad de reforzar su alianza con las instituciones centrales de gobierno de la monarquía para evitar ser desplazadas de su posición privilegiada en el seno de las instituciones de gobierno local. Y una pieza clave para asegurar esta alianza fue la figura del corregidor, que por este motivo pasó a quedar considerablemente reforzada.
Por otro lado, diversos indicios sugieren que después de 1521 la monarquía se esforzó por no volver a cometer de nuevo muchos de los errores que en momentos anteriores habían contribuido a desprestigiar la institución del corregimiento. Y este giro se manifestó, por ejemplo, en un apreciable incremento del número de corregidores letrados, y en la desaparición de los casos de prolongada permanencia de una misma persona en el desempeño del oficio en aquellas ciudades en que los Reyes Católicos habían tolerado esta irregular situación55. Pero no cabe duda de que queda todavía mucho por investigar para conocer en detalle la política de nombramiento de corregidores puesta en práctica durante los reinados de Carlos I y Felipe II, y los desafíos a los que éstos tuvieron que hacer frente en cada una de la ciudades donde gobernaron. Y, por consiguiente, estas conclusiones que estamos aquí anticipando han de ser tomadas como provisionales, pues tienen más bien el carácter de hipótesis de trabajo que de constataciones positivas.