Los empresarios y sus asociaciones en la historiografía española.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANZ Departamento de Historia Contemporánea Universidad Complutense de Madrid.
RESUMEN.
Debido a la influencia de las escuelas marxista y de los Annales, el género de la «Historia Social» se ha limitado en la historiografía española casi exclusivamente a la «historia del movimiento obrero», olvidando que existen otros colectivos sociales de igual importancia, o mayor incluso, en la Historia. En este estudio se reflejan las variaciones historiográficas de las últimas décadas, y se expone los diferentes tratamientos sobre un colectivo social (los empresarios y sus organizaciones) y las investigaciones de las últimas décadas sobre el mundo empresarial y su influencia en la economía y en la política de nuestro país. A la vez, se hace un estado de la cuestión acerca de los escritos y publicaciones de los historiadores durante los últimos treinta años sobre el tema de los empresarios y sus «organizaciones patronales».
ABSTRACT.
Due to the influence of Marxist and Annales schools, «Social History» in Spanish Historiography has been devoted, almost exclusively, to Labour Movements history, forgetting that there are another social groups of importance in historic processus. This study intends to reflect the historiographic transformations during last decades, exposing the different treatments of a social group (businessmen and managers and their organizations) as well as last years investigations on business world, and its influence on economy and politics of our country. At the same time there is an approch to historians publications on this matter, all along the thirty last years.
1. LA «HISTORIA DE LOS EMPRESARIOS», ENTRE LA ADULACIÓN Y LA CIENCIA.
En la historiografía del siglo XX, y al calor de los acontecimientos polí- ticos, los historiadores —hombres de su tiempo— fueron influidos por los acontecimientos políticos de su siglo y se dedicaron a investigar y escribir sobre esos hechos y sus causas ideológicas, políticas y económicas. Por eso, uno de los géneros históricos más cultivado era la «historia del movimiento obrero». La caída del comunismo en Rusia durante 1991 ha permitido que nuevos géneros históricos —ya existentes anteriormente— cobrasen mayor impulso dentro del ámbito de la «historia social». Uno de ellos, en contraposición al anterior, es la «historia de los empresarios».
Es sabido que los factores básicos de producción son el capital, la materia prima, y la mano de obra. En las empresas —el «capital»—, la dirección puede ser ejercida por el dueño del capital (el inversor que gestiona su propio negocio) o por un equipo de profesionales asalariados, seleccionados por su capacidad y no por su patrimonio (los cuales forman la «tecnoestructura», según Galbraith). El papel del empresario es importante y decisivo en su empresa, pero es mucho mayor cuando se une a otros para formar una asociación empresarial que defienda sus intereses comunes: su importancia e influencia se proyectan al ámbito nacional e incluso al internacional. Estas páginas se refieren a la investigación histórica sobre las asociaciones empresariales, la cual ha ido creando ese nuevo género histórico llamado «historia de los empresarios», a menudo manipulado o mediatizado debido a la capacidad económica de esos mismos empresarios para impulsar campañas favorables de opinión o estudios laudatorios... con aires de megalomanía o de propaganda.
Como ya señaló Miguel Artola1 —y hablando en general—, este género nació como biografías de los «capitanes de empresa»2, realizado por periodistas o publicistas de fácil pluma y escasa precisión, que animados por suculentos contratos o remuneraciones se orientaban más hacia la anécdota y el halago que hacia el análisis y la interpretación. Posteriormente, después de que los historiadores de la economía o sus sectores constatasen el influjo de determinadas asociaciones empresariales en la producción y en la orientación de la economía, se pasó al estudio de ese colectivo, bien como grupo, bien como personalidades perspicaces y decisivas en sus ámbitos. Este tipo de estudios históricos también llegó a España, donde se ha pasado de libros como el de Estrada Saladich o el de Ramón Garriga sobre Juan March3 a estudios más serios y científicos, como los de Mercedes Cabrera, Rey Reguillo, Torres Villanueva, Coll, Tortella, etc.
Historiográficamente4, en las décadas de los cincuenta y los sesenta de este siglo XX se inició entre los historiadores un retorno a géneros históricos anteriores, desde que Stone recuperase la «historia narrativa»; poco después retornaba la historia de los Estados, la historia política, la historia de las instituciones, la historia militar, la historia de la ciencia, la historia de la cultura, la historia social (entendida como algo más que la mera historia del movimiento obrero, como era estudiada por el influjo marxista), etc., y empezaron a decaer y desaparecer otros tipos o géneros, como la historia de las civilizaciones. En este sentido, y a pesar del menosprecio al que la sometieron los historiadores marxistas, la «historia política» es la que cobró mas fuerza y recuperó su puesto entre los modelos prestigiados por la comunidad científica dominante. Aunque la magna obra de F. Braudel El Mediterráneo $y$ el mundo mediterráneo en la época de Felipe II había creado un modelo estructuralista de hacer historia, René Rémond lanzó la historia política al primer plano de la historiografía cuando en 1988 apareció en París una obra que él dirigía: Pour une Histoire Politique. Pero al margen de la posición hegemó- nica de la historia política, la «historia social» también se ha desarrollado mucho desde entonces: ha ampliado su campo de estudio más allá del movimiento obrero hacia otros colectivos o aspectos, como la vida privada, las mujeres, la infancia, la enseñanza, y otros; y uno de esos sectores sociales es el de los empresarios, por lo que no es extraño que se haya originado el género que llamamos «historia de los empresarios», aunque con mayor propiedad y precisión científicas habría que llamarlo «historia de las asociaciones empresariales» o «historia de las organizaciones patronales».
Metodológicamente, hoy se cuestiona si se puede considerar a los empresarios como una «clase» cuando manifiestan una enorme divergencia de intereses e ideologías; otro problema añadido es que todavía subsiste la visión (heredada de la historiografía marxista) de que políticos y empresarios forman una «clase dirigente» homogénea y dominante: es necesario rechazarlo de plano a la luz de los hechos empíricos, y de los roces o enfrentamientos que se producen entre políticos y empresarios en muchos momentos. Además, no conviene olvidar lo que señalara Wright Mills: «clase» es un término económico, y «dirigente» es un término político, y aceptar mezclar empresarios con políticos equivaldría a afirmar que los grandes hombres del sector económico son quienes toman las decisiones de importancia en la vida polí- tica nacional. Pero, a sensu contrario, la distinción entre políticos y empresarios no significa una separación radical entre ambos, que conceda a los políticos el papel de actores y a los empresarios el de espectadores. Al estudiar una posible interrelación entre ambos grupos, las preguntas a plantear son tres: ¿cómo deciden los políticos? ¿qué grado de importancia tienen las presiones (¿imposiciones?) de los empresarios? ¿se ven afectadas las decisiones de los políticos sólo por intereses nacionales, o responden también a influencias de intereses exteriores?. De todos modos, los historiadores españoles hasta el presente creen —y al parecer, fundadamente— que el peso de las organizaciones empresariales en la evolución política española de la primera mitad del siglo XX ha sido escaso, aunque sus presiones hayan sido notorias en algunos momentos, como en el caso de Santiago Alba.
Por otro lado, a la hora de hacer una «historia de los empresarios» no se les debe estudiar como gentes codiciosas y llenas de ansia de riquezas que buscan a cualquier precio y a costa de los demás, sino como un sector productivo: hay que advertir que contribuyeron decisivamente al proceso general de industrialización, mediante el oportuno cambio tecnológico; que crearon muchos puestos de trabajo, lo que permitió la acumulación de riqueza no sólo en ellos mismos, sino en sus trabajadores como ahorradores modestos; que sus pagos salariales fomentaron el consumo de sus propios productos (el caso de Ford) y con ello auspiciaron la economía moderna; que sus empleados, como pequeños ahorradores, pasarían de ser meros trabajadores de una empresa a ser accionistas de la misma, como ha ocurrido en varios casos en estos últimos años; y que ese ahorro ha entrado en el juego capitalista de la Bolsa, mediante fondos de inversión gestionados por bancos y empresas especializadas.
La interpretación tradicional del empresario en la historia económica se ha basado en los aspectos dinámicos del mismo (el espíritu de empresa). Por el contrario, Pedro Fraile5 aboga por distinguir entre su función privada de búsqueda de beneficio y su función pública como agente social. Y señala que desde que en 1803 J. B. Say calificara al empresario como un «agente económico independiente», o en 1974 lo redefiniera Schumpeter como una «respuesta creativa», se han fundido y confundido ambas funciones; pero son distintas. Sin embargo, un enfoque más original es el que formuló en 1977 el australiano Jonathan Pincus6, al estudiar la política arancelaria de EE. UU. antes de su Guerra de Secesión: describió a los empresarios como «grupos de presión»o lobbies. Al margen de las disquisiciones (bizantinas, aunque se den en los EE. UU.) que diferencian «grupos de presión» de «grupos de interés», se les podría definir como «aquellos grupos que, infiltrados en cualquier instancia política, administrativa o de los medios de comunicación, presionan en beneficio de sus intereses, o repiten machaconamente hasta imponerlas como algo natural las ideas y postulados que favorecen a esos intereses».
Así consiguió Pincus que los historiadores económicos enfocasen sus trabajos hacia el comportamiento de los lobbies como variable determinante de formas diversas de proteccionismo. Esos grupos hablan en nombre del Estado y del bien común, pero su motivo privado es la búsqueda de beneficios. De todos modos, y de cara a justificar los estudios en este género histórico que llamamos «historia de los empresarios» es preciso dejar bien sentado que, para trabajar en este campo o sector de la historia social, no es necesaria ninguna justificación metodológica ni científica, puesto que tiene entidad suficiente; tampoco es necesario acudir como referencia a la libertad del historiador de la que hablaba Veyne7: en nuestros días se encuentra perfectamente establecida como disciplina científica.
2. EMPRESARIOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN LA HISTORIOGRAFÍA HISPANA.
Por lo que se refiere a la historia de los empresarios españoles, ha señalado Mercedes Cabrera en uno de sus trabajos8 más rigurosos y lúcidos que tanto los historiadores marxistas como los partidarios de la teoría de la «modernización»9, observando el atraso del desarrollo económico en la España de la primera mitad del siglo XX, han constatado la errática trayectoria política de este siglo. La teoría de estos autores es que la burguesía española habría visto fracasar sus revoluciones política y económica a lo largo del siglo XIX, por lo que se habrían convertido en una oligarquía o bloque de poder económico y político durante la Restauración (1885-1923); esos burgueses o empresarios —prosiguen— habrían tergiversado el liberalismo decimonónico e impedido una gradual implantación de la democracia en España, por lo que cuando vieron amenazados sus intereses materiales apoyaron las dos rupturas de la democracia española: el golpe de Primo de Rivera en 1923 y la guerra civil en 1936.
Otros historiadores económicos, entre los que hay que citar a G. Torte$\mathrm { { l l a } } ^ { 1 0 }$ , han buscado en esa conducta empresarial de debilidad una de las causas del atraso español a principios de siglo: preferían el amparo del Estado (el proteccionismo) a la libre competencia; en esa misma línea abunda Pedro Fraile. A su vez, Jordi Palafox11 ha señalado que el intento de modernización en 1931 quebró el mecanismo tradicional de beneficios que tenían los empresarios españoles; pronto se vieron los gobiernos republicanos enfrentados con patronos y obreros sin haber establecido firmes apoyos o alianzas con ninguno de ellos. Por el contrario, Cabrera12 se inclina por buscar las razones de la peculiar evolución española en los planteamientos de la política del momento (sin olvidar, además, su contexto internacional), y después situar a los empresarios dentro de esa evolución: Quienes definen la política a seguir —afirma— son los políticos, cuyo objetivo es llegar al poder $y$ mantenerse en él. Para ello varían sus instrumentos, sus estrategias... [...] Las relaciones entre empresarios y clase política no responde a ninguna determinación preestablecida. Son mutuamente instrumentales, $y$ sus acuerdos, cuando los hay, siempre limitados13. Opina esta autora que, entre todos los que fueron apareciendo en la escena política, los empresarios fueron unos actores más, y no determinaron la evolución política que siguió España en cada momento.
Esta interpretación es también defendida en un trabajo muy preciso y matizado que escribió Juan $\mathrm { P r o } ^ { 1 4 }$ : La historia de España, desde el «desastre del 98» hasta el inicio de la transición democrática, está llena —dice— de tensiones de todo tipo, de frustraciones $y$ de enfrentamientos violentos que tuvieron su culminación en la guerra civil de 1936. Y explica que los historiadores, hombres de su dolorido tiempo, se aplicaron a la tarea de buscar las razones del fracaso nacional para repartir las responsabilidades de ese fracaso entre los personajes, grupos, instituciones o intereses considerados culpables del mismo. Pero apostilla que, desde la transición democrática española y su integración en la Unión Europea, el clima de convivencia se ha traducido en una revisión historiográfica más optimista y objetiva, que utiliza conceptos, teorías y modelos de análisis procedente de las ciencias sociales y políticas.
Además, la historiografía española actual tiene una perspectiva comparativa: más que establecer la diferencia o excepcionalidad de la evolución de la historia española, hace más hincapié en el paralelismo de esa evolución con otras experiencias europeas. Evidentemente eso tiene un alto grado de oportunismo o subjetividad, producido por el clima social y de mentalidades que actualmente existe en España; otra cuestión es si este clima refleja la realidad española, o es fruto de un estado de opinión artificialmente creado por unos medios de comunicación que no siempre sirven a intereses nacionales. Al margen de eso, el «estado de la cuestión» en los trabajos de historia de los empresarios ha sido mostrado en recientes artículos15. Señala Pro que ese proceso de enriquecimiento historiográfico ha venido acompañado de la ampliación de los campos de investigación, y así han puesto sus ojos en otros sectores, como los empresarios. El estudio de la organizaciones patronales se había enturbiado durante muchos años por los excesivos estudios sobre el movimiento obrero. En esta evolución, la historiografía española se aleja hoy del modelo marxista de «lucha de clases», así como de la «nueva Historia» propugnada por la escuela de los Annales en los años sesenta y setenta.
En lo que se refiere a la «historia de los empresarios» como élite socioeconómica, las obras de Alfred Chandler nos recuerdan que en la norteamericana Business History16 son más importantes las actividades que los protagonistas de las mismas. Además, Pro ha destacado ya el cambio historiográ- fico en los últimos veinte años, visible en especialistas como Cabrera, cuyas posiciones un tanto extremadas en 1977 (y en 1979, año de su tesis doctoral) fueron muy matizadas en $1 9 9 6 ^ { 1 7 }$ : constatando la gran división existente entre los empresarios y la pluralidad de sus posturas políticas, deducía que así se disolvía el concepto mismo de «patronal», que no existía ni como clase ni como grupo con identidad común. Resaltaba Pro Ruiz que en nuestra historiografía española anterior «la patronal» era el lugar común que servía a ciertos historiadores para explicar las cosas más terribles e inexplicables contra el progreso social y político. Acabar con esta aberración ya es todo un éxito de los historiadores actuales, cuyo cambio interpretativo se inscribe en las revisiones que desde los años sesenta hasta los ochenta fueron realizando paulatinamente Edward P. Thomsom sobre la clase obrera inglesa, Albert Soboul sobre los «sans-culottes», Cobban sobre la burguesía revolucionaria en 1789, y otros muchos. Con ello se prosigue la labor de destrucción de mitos infundados, y el conocimiento preciso y serio de la realidad humana del pasado.
Sin embargo, la verdad es que la «historia de los empresarios» como género histórico y trabajo científico, tiene una grave dificultad. Quienes se han dedicado a ella se han encontrado con una realidad de la que hace años se hicieron eco S. Coll y G. Tortella en un acertado artículo18; y es que la historia de los empresarios se escribe con los documentos producidos por sus propias empresas en virtud de imperativos legales (las Memorias para las juntas de accionistas), pero eso no es suficiente: es necesario manejar fuentes internas no publicadas, o acudir a entrevistas personales con los protagonistas de los hechos. Y el remedio a ese problema no es sencillo: La solución radica —dicen Coll y Tortella— en que los empresarios pierdan el miedo al pasado19. En esto los historiadores podemos hacer mucho. Por eso aconsejan a los historiadores que no hagan la «historia empresarial» movidos por el apasionamiento o prejuicio heredado de escuelas anteriores, ni por el exhibicionista deseo de denuncia, ni por el servilismo de enaltecer a quien les subvenciona; con ese propósito, ambos recuerdan las palabras de Cervantes: [Deben] ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, ni el rencor ni la afición no les hagan torcer el camino de la verdad, cuya madre es la Historia.
3. EMPRESARIOS MUY DINÁMICOS E INFLUYENTES.
Conforme ha descrito Pedro Fraile20, la vida política y económica española (como la europea) de finales del siglo XIX y principios del XX constituía un ambiente favorable a los empresarios para la acumulación de capital y para el cambio tecnológico. Todos los países de Europa, incluso los mediterráneos, compartían una actitud favorable hacia el desarrollo y el crecimiento económico. Las ideas de «modernización» y «progreso» eran tan válidas entonces como lo habían sido en el Renacimiento o en cualquier otro momento histórico, generando actitudes empresariales altamente positivas; además, esas ideas pasaron a las mentalidades sociales de la época al ser usadas y difundidas por políticos, empresarios, intelectuales y publicistas. Todo ello explica un tipo de actitudes empresariales, bien estudiadas y formuladas.
En la época de la Restauración (1875-1923), España no era ajena a esas actitudes; por el contrario, el papel de los empresarios españoles en la industrialización de nuestro país seguía la tónica común de búsqueda de los máximos beneficios. Sin embargo, el atraso de la industria española respecto a Europa era tan evidente que ha llevado (incluso a expertos) a interpretaciones extrañas y racistas: así, Eastbrook21 ponía a España como ejemplo del fracaso de los grupos empresariales, refiriéndose concretamente a la industria siderúrgica; pero muchos años después, el filósofo e historiador Gobetti22 decía que los españoles «son incapaces de aprender la tozudez heroica $y$ tenaz de los anglosajones, $y$ la tradición francesa de la habilidad sutil». Y pocos años más tarde, Borkenau23 escribía: España se apartó del progreso de la civilización occidental hacia finales del siglo XVII, y simplemente el pueblo español rechaza de manera profunda e instintiva lo que ésta ha logrado hasta entonces. Este rechazo se hace patente en la aversión por el trabajo en empresas nuevas bajo formas intensivas modernas, y en la incapacidad para el manejo de maquinaria (¡sic!), bien sea ésta industrial, administrativa, militar o de cualquier otro tipo; esto es especialmente evidente en la tenaz resistencia a las innovaciones de la administración de la aristocracia latifundista, e incluso los empresarios, así como los obreros.
Al margen de estos despropósitos, que muestran que la «leyenda negra» se aplica incluso a los empresarios por el hecho de ser españoles, lo cierto es que España tenía un sector empresarial racional y muy dinámico, atento a las oportunidades del mercado y buscando aumentar sus beneficios. En efecto: no sólo no faltaba el «espíritu de empresa», sino que los patronos de Cataluña y del País Vasco habían transformado sus industrias artesanales en centros competitivos y exportadores, adoptando tecnologías similares a las del resto del mundo occidental, y buscando la obtención de beneficios como cualquier otro empresario del mundo. No obstante, recuérdese que siguiendo el enfoque de Pincus, los empresarios españoles del período 1890-1923 deben ser considerados como un sector productivo agrupado en «grupos de presión» (lobbies) frente al gobierno y la administración. Ciertamente, buscaban el proteccionismo arancelario frente al comercio exterior, defendiendo sus intereses privados de tipo económico; pero, a la vez, desarrollaban una importante función en la sociedad como creadores de trabajo y catalizadores de la actividad económica de España.
En el caso español, la investigación sobre los empresarios como grupo de presión ha dado origen a muchos estudios y trabajos de calidad, que han permitido enfocar mejor la industrialización y el desarrollo de España. También en España, como en el resto de Europa, la tendencia al proteccionismo arancelario puede ser considerada como un elemento normal dentro de las circunstancias concurrentes en aquella economía capitalista y en aquella situación de la política española: frente a los intentos librecambistas de los políticos, los empresarios preferían la seguridad y comodidad de su oligopolio lanzado a la búsqueda del beneficio inmediato. Hace medio siglo ya, Heinrich Liepmann lo formuló con precisión: en mayor o en menor medida, los europeos buscaban incrementar la protección a la industria del propio país. Los empresarios españoles, ante este contexto y a pesar de la dificultad e incertidumbre de los mercados exteriores, no tenían una desventaja comparativa que les impidiese seguir compitiendo internacionalmente. Por tanto, su reorientación hacia los mercados internos españoles durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX no se debió a quedar «fuera» de los mercados internacionales, sino a una respuesta racional a los incentivos de una búsqueda de rentas en el mercado nacional. Hasta la crisis de los años treinta, también en España se mantuvo la tendencia general de incremento de la demanda y de los precios, que fue aprovechada por los empresarios metalúrgicos y textiles, como ocurría en otros países con economía similar.
La historia industrial contemporánea de España parece caracterizarse por la búsqueda de rentas o beneficios mediante el control monopolístico24 en casi todos los sectores. Incluso en las industrias nuevas se dieron intentos de coalición redistributiva al igual que en otros sectores productivos más grandes, a la búsqueda de protección estatal: de esta forma, su actividad como «grupo de presión» se extendió desde los empresarios de un sector a los de otros sectores industriales, e incluso agrarios, de modo que una buena parte del sistema productivo español estuvo basada en mercados oligopolísticos con fuertes barreras a a competencia exterior. Este proteccionismo fue haciéndose gradualmente más extenso hasta llegar a ser casi exhaustivo y total con la Dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, a veces el egoísmo y la codicia se vuelven contra sus adeptos: tanta protección retrasó la industria española respecto a los progresos industriales en Europa. y EE.UU.
4. COMPORTAMIENTO ASOCIATIVO DE LOS EMPRESARIOS.
Según Pilar Calvo25, las asociaciones empresariales tienen en su conducta asociativa una «lógica de acción» que es diferente a la de otros grupos de interés; a la vez, hay distintas lógicas entre esas asociaciones en función del tipo de bienes que produce cada una. Hablando de forma genérica, podría decirse que las asociaciones empresariales, en cuanto grupos de presión, producen bienes políticos; como organizaciones gestoras, producen servicios y defensa para sus miembros; en tanto que élites o grupos exclusivos, generan sociabilidad de clase (similis similem quaerit); y como asociaciones paraestatales, ayudan y refuerzan la autoridad establecida.
• Como grupos de presión, las asociaciones empresariales no solo representan a sus asociados, sino que coordinan y controlan las acciones empresariales, a la vez que actúan conjuntamente ante del Estado o ante otros interlocutores políticos. Lo que se conoce como «patronal» no es un conjunto de empresarios más o menos semejantes: hay diferencias entre «patronos», «capitalistas», «directivos», «propietarios», etc., según el poder real que tengan en las decisiones que se toman en las empresas y en la vida económica y política de un Estado. Entre las causas del asociacionismo empresarial, señala Calvo que la primera causa se da cuando los mecanismos del sistema capitalista desembocan en una situación adversa para los empresarios (por saturación del mercado, competencia extranjera, baja de precios, etc.), y su actuación individual sobre el mercado se hace inútil: entonces emerge la necesidad de asociarse para formar un grupo de presión que pida medidas... aunque sean contradictorias con la lógica capitalista (así, el proteccionismo). Por eso surgieron más asociaciones en momentos de dificultades y crisis económicas: la crisis agrícola-pecuaria finisecular, la pérdida de Cuba, la filoxera de finales de siglo, caídas del precio del trigo por la competencia exterior, la saturación del mercado de harinas, etc.
Una segunda causa de asociacionismo es la de hacer frente a una intervención estatal que se traduce en una legislación económica y social: así, los aranceles a productos extranjeros, los tratados internacionales de comercio, la Ley de Alcoholes, la del descanso dominical, las contribuciones e impuestos, la ley de la jornada de 8 horas, etc. Una tercera causa ha sido la de formar un bloque sólido frente a las exigencias del movimiento obrero, sobre todo cuando éste revistió especial virulencia o encarriló su fuerza en actos terroristas, en los años posteriores a la I Guerra Mundial. Además, a veces se produce un tipo de asociación de empresarios contra otros empresarios por conflictos de intereses.
En todas estas presiones y luchas, los empresarios se han servido de los medios a su alcance, y los instrumentos utilizados se han ido perfeccionando y empleando progresivamente de manera más consciente y deliberada: desde granjearse el apoyo de instituciones locales —Diputaciones sobre todo— hasta campañas organizadas en la prensa (casi siempre lideradas desde el norte) con el objeto de producir un gran impacto en Madrid; para ello se consigue el apoyo de un sector de la prensa no-gubernamental que, junto a la prensa específica de estas asociaciones, se constituyen en una tribuna desde donde se dirigen las campañas contra el gobierno, a la vez que manipulan la opinión pública a favor de sus intereses. A esa labor hay que añadir la actividad maratoniana de telegramas y visitas a ministros del gobierno, la presión sobre los representantes en Cortes, cartas y mensajes a la Corona, y populosas manifestaciones o concentraciones, donde se expresan sus opiniones y en los que se fijan las conclusiones-objetivos que pretenden conseguir. Y así, estrechando el cerco al gobierno, buscan hacerle desistir de los proyectos que consideran negativos para sus intereses económicos personales.
Esta actuación como grupo de presión constituye el esfuerzo principal de las asociaciones empresariales: tales objetivos no se pueden conseguir a través del comportamiento del mercado, sino de la acción política de los patronos asociados. Por ello, es de gran interés estudiar la presencia de lobbies al servicio de estas asociaciones en las Cortes y en la prensa.
• A esa actuación como lobby parece conveniente añadir otra función de las asociaciones empresariales: como grupo de defensa. La asociaciones procuran la mejora de imagen o del papel social de los empresarios, así como la organización de su defensa legal ante las instituciones, los tribunales y las leyes: así, en el caso de las Mutuas patronales de Accidentes de Trabajo. Las diversas formas de defensa de los intereses mutuos constituye, en general, el esfuerzo principal de las asociaciones empresariales, y en buena medida ese esfuerzo resulta complementario de las demás funciones de cada asociación de empresarios. Es tan importante esa función que, a veces, se ha producido la unión de asociaciones de intereses diferentes o contrapuestos.
• Además, a todo ello hay que añadir que las asociaciones empresariales, en mayor o menor medida, actúan y producen unos servicios $y$ bienes a sus socios que explican las ventajas del «asociacionismo patronal»: cohesión de clase, refuerzo de autoridad, bienes políticos, servicios y amparo.
\* La cohesión de clase se produce en aquéllas asociaciones que reúnen a sus socios ofreciéndoles tanto un prestigio social y un clima en el que se sienten integrados en la «clase patronal» como algunos componentes lúdicos: así, los Círculos de Labradores y Ganaderos, Círculos Mercantiles, Industriales y Agrícolas, Sociedades Económicas de Amigos del País (destacaron por su vigor las de Palencia y Segovia), incluso clubes o casinos un tanto elitistas y exclusivos.
\* El refuerzo de su autoridad paraestatal tiene sus mayores exponentes y ejemplos en los cauces que les ofrecen las Cámaras de Comercio, Industria y las Cámaras Agrícolas, de tanta importancia en el pasado e incluso hoy.
\* Los grupos de presión que contaban con lobbies entre los políticos fueron las asociaciones agrarias y harineras, las textiles y las metalúrgicas. Entre las agrarias o «trigueras» destacó el Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola de Valladolid, que mostró durante la crisis del 98 (movimiento patronal 1899-1901) una vitalidad sorprendente; entre las mineras, el Círculo Minero de Bilbao, o el Fomento entre las textiles y las metalúrgicas deCataluña.
• Finalmente, a lo largo de los dos últimos siglos se han producido circunstancias que han favorecido (y, a veces, forzado) alianzas empresariales, e incluso «solidaridad» entre patronos que habitualmente competían entre sí:
las asociaciones abundaron cuando se hacía frente a un peligro común, o cuando la alianza producía beneficios mutuos.
5. UN EJEMPLO DE LA PRESIÓN EMPRESARIAL: EL CASO DE SANTIAGO ALBA.
Ya quedó dicho que el concepto mismo de «patronal» es equívoco, y que ha sido mal utilizado; también quedó señalado que no puede considerarse a los empresarios como «clase dirigente», porque una cosa es la labor económica y otra la política, aunque en muchas ocasiones vayan de la mano. En la historia de España hay en este siglo XX un caso muy conocido, que ilustra sobre la enorme fuerza que en momentos puntuales ejercen las organizaciones empresariales. Refiere García Delgado26 que, durante la I Guerra mundial, Santiago Alba y Bonifaz (a la sazón Ministro de Hacienda del gabinete de Romanones) presentó en el Congreso un Proyecto de Ley en 1916, al que se llamó «Impuesto de Beneficios Extraordinarios»: establecía una contribución directa obligatoria para aquellos empresarios que hubiesen obtenido beneficios extraordinarios en sus exportaciones, puesto que habían aprovechado una coyuntura internacional tan favorable como la que supuso la Gran Guerra. Con ello, el ministro tan sólo pretendía introducir aquí un impuesto extraordinario cuya aplicación ya era general en toda Europa, ya fuesen países neutrales — como España—, ya fuesen beligerantes. Aquel gravamen había sido elaborado por un equipo de expertos y profesores universitarios dirigidos por Flores de Lemus; contó también con la colaboración de Joaquín Chapaprieta, entonces Subsecretario de Hacienda, y podría ser considerado como uno de los intentos reformistas de la Hacienda española en la primera mitad del siglo XX.
Como recogía el preámbulo del proyecto, el inicio y desarrollo de la Guerra europea había supuesto una drástica reducción de la renta de Aduanas que recibía el Estado, que entonces tenía un grave déficit presupuestario27 y una expansión del gasto público. En el marco de la economía española, la guerra había configurado un nuevo diseño de la demanda exterior, que generó ingresos y beneficios extraordinarios en diversos sectores económicos españoles:
navieras, minería, textiles, químicas, calzado, etc. Su misma presentación en el Congreso, recogida en la Gaceta de Madrid de ese día (3-junio-1916) ya fue escandalosa: la mayoría de los diputados abandonaron el hemiciclo mientras se procedía a su lectura28. En los días siguientes, todos los periódicos recogían las «quejas unánimes» de los sectores posiblemente afectados, especialmente La Veu de Catalunya: ya señaló Pabón29 que la minoría regionalista catalana, dirigida por Francesc Cambó, fue la que hizo una campaña más activa contra el proyecto albista.
En efecto: en la periferia estalló una verdadera lucha en los medios de comunicación, oponiéndose al proyecto. Así, en la La Veu de Catalunya30, uno de los líderes de la Lliga, Ventosa y Clavel, decía: El proyecto no pasará. Nosotros nos opondremos a él con toda energía, y el gobierno ya sabe lo que significa $y$ vale nuestra oposición. E igual ocurría en el País Vasco: en las páginas de Euzkadi31 se afirmaba con toda rotundidad que el proyecto era «indefendible $y$ funesto». García Delgado señala que en revistas tan influyentes como la Revista de Economía $y$ Hacienda, El economista, España econó- mica $y$ financiera, la Revista nacional de economía, y periódicos como el Diario de Barcelona, la Veu de Catalunya, y Euzkadi, el proyecto de Alba fue duramente criticado y acusado de inoportunidad (pues detendría iniciativas y crecimiento en las sociedades mercantiles e inversiones), de ambigüedad en su redacción (pues no quedaban claramente determinados ni el sujeto ni la base imponible), de injusticia en la diferenciación entre «beneficio normal» y «beneficio extraordinario», de inaceptable (pues se hacía con efecto retroactivo), de intolerable (por las facultades concedidas a los inspectores gubernamentales para el examen de la contabilidad de las empresas), y de imposibilidad de su aplicación, pues no había en la Administración medios para examinar y evaluar a todas las empresas.
Sin embargo, las posiciones más duras serán adoptadas por los grupos empresariales. Ya el 6 de junio, a los tres días de ser anunciado, surgió la fuerte oposición de la Asociación de Navieros de Bilbao, que pidió al gobierno la retirada del proyecto. Al día siguiente, y con la misma dureza, manifestaban su oposición la Agrupación de Sociedades Anónimas del Norte de España. De igual modo se expresaron los asistentes a la «Asamblea de las fuerzas viva»32 reunida en la Cámara de Comercio de Bilbao el día 8. Entre las organizaciones que se opusieron al proyecto de Alba estaban el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, de Madrid; el Fomento del Trabajo Nacional, de Barcelona; la Cámara de Comercio, de Zaragoza; la Unión Gremial, de Valencia; la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, de Sevilla, etc.
Por el contrario, en Hacienda se recibieron también telegramas de felicitación al ministro Alba, así como telegramas de adhesión de distintas organizaciones obreras. Una de ellas fue la que envió la Casa del Pueblo de Madrid, que pedía «que el gobierno no desmaye en esta línea de conducta esbozada en el proyecto de ley [...] ni ceda ante las amenazas y propósitos de aquellas entidades puramente burguesas que, atentas solamente a los dividendos de sus accionistas o a los intereses particulares de sus componentes, han iniciado una protesta injustificada $y$ que lesiona visiblemente los intereses de la nación»33. Poco después, El Socialista34 denunciaba que las compañías habí- an ideado una estrategia que consistía en disolverlas (en Bilbao ya se pensaba hacerlo con dos muy importantes) para restablecerlas después con nuevas formas, lo cual impediría las investigación de los beneficios obtenidos, y burlaría la futura ley del Impuesto Extraordinario35. Precisamente para evitar la burla de la ley se estableció un R. Decreto de 21 de junio de 1916 poniendo en vigor el artículo 16 del Proyecto, con alcance preventivo, haciendo a los administradores legales de esas Sociedades responsables de las cantidades exigibles a las mismas. Como es de suponer, la medida desencadenó una nueva oleada de protestas y presiones de los intereses afectados: el mismo día en que se publicó el R. D. en LA GACETA (el 23 de junio) apareció un editorial extraordinariamente significativo en el diario conservador La Época, que se titulaba «Desconsideración al Parlamento: dictadura inadmisible». Por su parte, en el Congreso de los Diputados, Bugallal y Cambó atacaron con virulencia la medida.
El Congreso creó una Comisión parlamentaria que debía abrir un plazo de información pública del Proyecto, y después de estudiar y debatir todas las propuestas recogidas, emitir su dictamen. García Delgado denomina «la gran ofensiva patronal»36 a la «Información escrita relativa al Proyecto de Ley «recogida por la Comisión, distinguiéndose singularmente por su volumen e importancia las enviadas por las Cámaras de Comercio y otras agrupaciones empresariales de Cataluña, País Vasco, Madrid, Asturias, Valencia, Alicante, y Andalucía.
A raíz de esto se produjo el primer dictamen de la Comisión (17 de junio), en el que se recogían varias modificaciones a la redacción original del Proyecto; pero éstas no satisficieron a los intereses de los grupos empresariales afectados, por lo que —a iniciativa de los catalanes— se convocó la conocida como «magna» Asamblea del Palace Hotel, de Madrid: aunque quel 28 de junio estuvieron presentes allí representantes de los núcleos más importantes del empresariado español, los delegados que mayor participación tuvieron fueron los vascos y catalanes. Allí mismo formaron un Comité que al día siguiente se entrevistaba en el Congreso con diversos representantes de los partidos y grupos políticos: un naviero bilbaíno (probablemente, Ramón de la Sota) propuso que entre lo empresarios se consiguieran los 200 millones que se suponía necesitaba recaudar Alba, con el fin de que el ministro retirara el Proyecto y redactase otro más equitativo; pero los representantes catalanes lo rechazaron. La prensa se hizo eco de todo el asunto con un verdadero alarde tipográfico.
A partir de aquel momento se inició lo que García Delgado ha llamado «la obstrucción parlamentaria», un período de debates que abarcaría de junio a diciembre de 1916. En los periódicos37 la campaña fue tan fuerte, machacona y virulenta que García Venero escribiría: «El plutócrata republicano Horacio Echevarrieta adquirió el diario EL LIBERAL, de Bilbao, para que combatiera al Ministro de Hacienda»38; esta idea la recoge también Torres Villanueva39. En ningún momento cedieron los empresarios, que aprovechaban el tiempo para acumular argumentos de todo tipo contra el Proyecto: Cambó se reafirmaba en su propósito de combatir al Proyecto «tan fieramente como fuera necesario»40. Con todo lo actuado, la Comisión emitió su segundo dictamen el 20 de diciembre, con nuevas modificaciones.
Sin embargo, es preciso señalar una conferencia de Cambó en el Coliseo Albia, de Bilbao, el 26 de enero de 1917, tres días antes de que las Cortes reanudasen de nuevo su actividad. En ella se dieron cita no sólo los representantes de los grupos de interés más fuertes de España, sino también los del los dos nacionalismos periféricos más fuertes del siglo XX, cuya expresión fueron las palabras de Echevarrieta al presentar al conferenciante catalán: «Lo único que se ha conseguido con ese proyecto de ley es dividir a los españoles en dos castas: de un lado, los agricultores; de otro lado, los industriales y comerciantes»41. Evidentemente, estas palabras eran muy significativas; además, si aquella asamblea representaba la unión de los industriales y comerciantes, servía de estímulo para la unión de los agricultores en defensa de sus intereses propios.
La pugna acabó en la sesión del 10 de febrero de 1917, al votarse nominalmente si se debía seguir debatiendo el proyecto: 169 votos contrarios (es muy significativo que entre ellos estaba el voto del mismo Alba), frente a 12 a favor42. A partir de entonces no se volvió a plantear en la Cámara ninguna cuestión relacionada con el Proyecto, sobre el que cayó una consigna de silencio cumplida por todos los diputados. Años después, el propio Santiago Alba escribiría: Las clases conservadoras, como tantas otras veces en España, no supieron ver a distancia. Encastilladas en sus rutinas y sus comodidades del momento, no quisieron adquirir aquella «prima de seguridad» que yo les brindaba a costa de un sacrificio soportable43. Recordando aquellos hechos, Salvador de Madariaga44 mostró la ceguera egoísta de los grupos más caracterizados del capitalismo español, que en aquella ocasión se rebelaron contra lo que él llamaba irónicamente «el odioso crimen de haber presentado un proyecto de ley para que el Tesoro participase en los fuertes beneficios que los industriales hacían a favor de la guerra».