La historiografía de la independencia mexicana: una visión regional.
Inmaculada SIMÓN RUIZ (Universidad de Alcalá de Henares) firstname.lastname@example.org.
Recibido: 14 de febrero de 2010
Aceptado: 23 de junio de 2010.
RESUMEN.
En este artículo se presentan las principales tendencias historiográficas que desde mediados del siglo pasado hay sobre el proceso de independencia mexicano. Además se incluye un estudio de caso para ejemplificar las innovaciones que se han producido en la historiografía gracias al interés despertado por la historia local. Concretamente, se estudia el caso de Puebla para demostrar que su participación en el proceso estuvo ligada no sólo a un anhelo de fortalecer su poder local frente a la capital de la monarquía sino también por su rivalidad frente a la capital del virreinato.
Palabras clave: Independencia. México. Puebla. Diputación Provincial. Poder local.
The Mexican Independence Historiography: a regional view.
ABSTRACT.
This article focuses on the main historiographical trends on the Mexican process of independence since the middle of last century. In addition, a study of case is included to show the historiographical innovations because the interest woken up by local history. Concretely, we studied the case of Puebla in order to demonstrate that its participation in the process was tied not only to a longing of strengthening the local power opposite to the capital of the monarchy, but also for its opposition to the viceroyalty.
Keywords: Independence. Mexico. Puebla. “Diputación provincial”. Local Power.
Introducción.
La nueva historia política y la historia local comienzan a cobrar importancia a nivel académico a partir de la renovación experimentada por la historiografía a raíz de la superación de la historia entendida como historia del Estado-Nación y de la revisión de los paradigmas del marxismo a finales de los $8 0 ~ \mathrm { y }$ principios de los 90 del siglo pasado. El “abandono” de lo económico como explicación totalizadora y la superación de las teorías de la dependencia nos llevan a buscar también en las relaciones locales de poder las explicaciones a los acontecimientos históricos.
En estas páginas vamos a analizar brevemente cómo se ha producido este cambio en lo que respecta a la historiografía de la independencia de México. En segundo lugar, veremos cómo se han aplicado estos cambios de paradigma en el estudio de un caso concreto, el de la provincia de Puebla entre 1808, año de la invasión napoleónica de la Península que marca el inicio del fin de la monarquía hispánica, y 1821, fecha en la que la provincia se adhiere al Plan de Iguala.
Tranformaciones en la historiografía mexicanista sobre la Independencia.
En el año 2008, la revista Tiempo de América del Centro de Investigaciones de América Latina de la Universitat Jaume I de Castellón, dedicó un número monográ- fico a la revisión de la historiografía que en los últimos 20 años se había dedicado a la independencia de México. En dicho número aparecían colaboraciones de varios de los principales historiadores mexicanos y mexicanistas, que plasmaban su visión de los cambios sucedidos en los estudios sobre el tema respondiendo a un cuestionario diseñado al efecto.
No es casual que dicha preocupación procediera de una universidad "periférica". Los estudios americanistas en España, hasta hace bien poco, se habían concentrado sobre todo en la capital española. También Sevilla había sido un foco tradicional de producción americanista al calor de la presencia del Archivo de Indias. En ambas capitales, sus departamentos de América y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos habían acaparado el interés por América Latina como objeto de estudio. Bien es cierto que, otra vez, salvo excepciones, la producción tendía centrarse en los estudios relacionados con la América moderna y mucho menos en la América contemporánea.
La apertura hacia esta nueva etapa difícilmente podía salir de estos centros en los que los alumnos proseguían con los intereses de sus maestros en una relación lógica de enseñanza-aprendizaje y de rentabilización del Archivo de Indias. De todas formas, en Madrid destacan en este sentido los trabajos de Pedro Pérez Herrero, Carlos Malamud y Ascensión Martínez Riaza para México, Argentina y Perú contemporá- neos, respectivamente. Los dos primeros —que por otra parte compartieron su formación entre España, México y Argentina—, crearon escuela en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y continúan haciéndolo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la Universidad de Alcalá, y la tercera en la Universidad Complutense de Madrid. Otro foco importante de investigadores madrileños que se han preocupado por los procesos de independencia latinoamericanos y los primeros años de formación está en el Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC, con Mónica Quijada, Marta Irurozqui, Víctor Peralta y Miriam Galante. Y como señalá- bamos arriba, contamos ya con muchos investigadores en universidades y centros de investigación fuera de Madrid que han realizado interesantes trabajos sobre el período tanto en la Universidad Jaume I, como en la de Valencia o las de Santiago, Sevilla y Pablo de Olavide.
Pero, como decíamos, fue en una universidad periférica donde comenzó hace poco más de diez años un proceso interesante de renovación del americanismo en España de la mano de lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico. Y dicho trabajo no lo inició un americanista sino un especialista en historia contemporánea de España, Manuel Chust Calero1 , como resultado de su incursión en la experiencia americana en las Cortes de Cádiz. Es interesante que fuera precisamente un investigador español quien destacara la importancia de los diputados americanos en el primer período constituyente español, si bien su trabajo había sido precedido por el de una historiadora francesa, Marie-Laure Rieu-Millan2 , que previamente había presentado otro con este mismo tema.
Nos encontramos así con que un investigador no especializado en historia de América introduce el interés por estos estudios y además lo hace en una universidad de provincia. Este cambio de perspectiva ha sido muy beneficioso para el americanismo español, pero no ha sido una excepción en cuanto al americanismo en general, y más concretamente con respecto a los estudios sobre México de los últimos años.
Dos de los rasgos principales de la nueva historiografía sobre la independencia de México son precisamente la importancia del regionalismo y la introducción de la emancipación novohispana en el proceso de desmoronamiento de la monarquía española y de las revoluciones atlánticas contemporáneas. Para que esto haya ocurrido ha sido importante que los historiadores mexicanos se hayan desligado de la historia de bronce, de la historia relacionada con los próceres militares y del nacionalismo que la aquejaba (otra vez con muy destacables excepciones) y que se haya comenzado a preocupar por el papel jugado por las diferentes regiones novohispanas en las transformaciones que vivieron durante la primera mitad del siglo XIX. En este cambio han tenido mucho que ver las propias transformaciones de la estructura académica e investigadora mexicana, con el surgimiento de importantes centros en la periferia y la especialización de los archivos locales, y de la archivística como especialidad académica, como señala el propio Manuel Chust3 .
Otro cambio importante que ha experimentado la visión tradicional de la historia de la independencia ha venido de la mano de las transformaciones metodológicas en la nueva historia intelectual. Alfredo Ávila, uno de los principales historiadores mexicanos en este terreno, nos hace notar cómo ha ido cambando dicha metodología y, con ella, la concepción del papel de los intelectuales en la política. Ávila nos indica que a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado, y coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Miguel Hidalgo, se produjo una renovación en los estudios de las ideas, que consistió en ir dejando a un lado el interés por sus orígenes para indagar en el significado que tuvieron dentro de contextos determinados. Así, el documento se contempla no como una fuente sino como objeto de aná- lisis y comienza a interesar tanto su forma como los métodos para su difusión4 .
Los cambios de paradigmas con respecto a los estudios relacionados con la Revolución Francesa y la renovación de la historia intelectual fueron aprovechados por François-Xavier Guerra5 y, aunque ha sido muy cuestionada su utilización del concepto “modernidad”6 , su trabajo dio pie a otros investigadores para considerar 1808 como el principio del cambio político en la América española en lugar de 1810. En este "bienio crucial" se produjo una ruptura que decidió el futuro político de los americanos. La forma en que se gestaron y evolucionaron las nuevas naciones formó parte de un proceso mucho más largo y tuvo más que ver con la manera en la que se reacomodaron los viejos sistemas de poder y de relaciones con los nuevos. Aunque Guerra se preocupa del origen del liberalismo mexicano para localizarlo en la tradición española y en la obra gaditana compartida por americanos y peninsulares, se interesa más por la cultura política y los imaginarios, contribuyendo notablemente al desarrollo de esa nueva historia intelectual a la que se refiere Alfredo Ávila7 .
Resulta interesante contemplar cómo han sido dos perspectivas aparentemente opuestas las que se han unido para conformar la nueva historiografía mexicana en torno a su desvinculación de la Corona española.
Por un lado, nos encontramos con su inserción en el conjunto de las revoluciones atlánticas. De esta forma, la independencia mexicana pierde parte de su supuesta especificidad para incluirse en un movimiento más general, y con ello adquiere responsabilidad sobre su propio devenir, al contemplarse que en este proceso los grupos de poder tomaron decisiones que iban más allá de la mera importación de modelos traídos de fuera, de la revolución francesa o de los nuevos Estados Unidos. Por otro, nos trasladamos a lo particular al incidir en la importancia de la participación local en esta toma de decisiones. Asistimos a la renovación de los estudios regionales y de la participación de los grupos locales en el desarrollo de los acontecimientos. Si en la inserción general tuvo importancia seminal el trabajo de Guerra, en la particular no es menos importante el de Jaime Rodríguez8 , que continuó con el trabajo iniciado por Nettie Lee Benson9 en los años cincuenta del pasado siglo, y el de Virginia Guedea10. Se trata de dos investigadores que iniciaron su vida académica hace ya más de dos décadas pero que han creado a su alrededor un importante núcleo de historiadores que están profundizando y revisando sus afirmaciones continuamente en torno a la importancia de las tendencias autonomistas en el proceso de independencia americano.
La toma de conciencia de la importancia de las actividades y las ideas de los diferentes grupos de poder, tanto en la capital como en la periferia, complejizan el proceso de independencia, que deja de ser un mero movimiento de toma de conciencia nacional, que da paso a la nueva república emancipada, para poner todas las cartas sobre la mesa. Pero hay que señalar que, si bien el bienio de 1808-1810 fue fundamental políticamente hablando, hay que retrotraerse a las Reformas Borbónicas para comprender las transformaciones que estaban sufriendo las relaciones de poder y las relaciones económicas en la Nueva España11, y habría que profundizar en un período relativamente poco estudiado en México, que es el de la Ilustración, y los cambios en la organización académica e intelectual en relación con el proceso de desvinculación de la monarquía española.
Algunos autores como Tutino12, Hamnett13 o Van Young14 han tratado de estudiar desde perspectivas locales el clima de relaciones y tensiones vividas en las áreas rurales mexicanas durante los años previos a la independencia, arrancando del reformismo borbónico. Otros, como el historiador mexicano Florescano15, relacionaron las sequías y la falta de alimentos con la predisposición de la población rural a sumarse a los movimientos insurgentes. Es importante señalar que, en la actualidad, se acepta que las zonas rurales jugaron un papel decisivo en el desencadenamiento de los acontecimientos, pero que éstos no se habrían producido de no haber surgido la crisis de 1808.
Políticamente hablando, el bienio fue decisivo en toda América porque, ante la “vacatio regis”, la asunción del poder por parte de las Juntas Provinciales fue, al igual en España, la primera experiencia estrictamente local de organización política que en muchos casos dio pie a la ruptura con la monarquía. Y uno de los datos más relevantes es que estas Juntas no sólo se organizaron en las antiguas capitales virreinales o en las capitanías, sino que también se erigieron en las capitales de provincias en un gesto de rebeldía hacia los poderes centrales tanto de la Península como de la organización interna en el propio continente americano. En este sentido cabe señalar que el papel de las Juntas es fundamental en el desarrollo del autonomismo, como ha demostrado José María Portillo16.
Otro momento clave fue la convocatoria a Cortes por parte de la Junta Central. Aunque el número de diputados americanos convocados era muy inferior al de los peninsulares, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones americanas con respecto a las españolas (tanto en kilómetros como en índice de población), destaca el que se les convocara y que su participación fuera considerada en pie de igualdad con la de los peninsulares. Los diputados americanos llegaron a la península con mandato representativo, esto es con carácter nacional, y no con mandato imperativo, y por tanto con derecho a discutir todos los temas y a votar en todas las cuestiones que consideraran de interés para el bienestar de todos los habitantes y no sólo de los de las provincias que los habían elegido. Dichos representantes traían, además de los poderes para ser identificados en las Cortes, las Instrucciones que les había entregado o enviado los ayuntamientos provinciales como orientación sobre sus demandas. Se trataba de una suerte de cuadernos de quejas aunque, a diferencia de los franceses, éstos no eran de defensa obligada por parte de los diputados que, como hemos señalado, no tenían mandato imperativo sino representativo.
En dichas instrucciones no se contemplan demandas autonomistas en sentido estricto, pero sí continuas exigencias para obtener mayor poder local, mayor participación en la toma de decisiones. Se solicitaban nuevos obispados, nuevos consulados, nuevos puertos, aumento en la participación en los cargos concejiles… Una serie de peticiones que fueron tachadas por muchos de “provincialistas” y por otros de “federalistas”. Algunos diputados se unieron para presionar en este sentido en las cortes pero sus propuestas fueron rechazadas. El temor al federalismo dentro de la monarquía española es una constante en las discusiones de las Cortes y esto, sumado a la organización de juntas locales nos lleva, como veremos más adelante, a concluir que la idea de la independencia de las provincias americanas sólo vino después de que fracasaran las propuestas autonomistas.
A continuación, voy a exponer en líneas generales cómo se desarrollaron estas cuestiones desde el punto de vista de los poderes locales radicados en Puebla, México, para demostrar que sus esfuerzos a favor del fortalecimiento local eran tan intensos en relación a sus vínculos con la capital de la monarquía como con respecto a la capital del virreinato.
La Independencia vista desde una perspectiva local: Puebla.
Una de las peculiaridades de México con respecto a otros países latinoamericanos es que sí se aplicó la Constitución de 1812. Tuvo escaso vigor, es cierto, pero simplemente porque fue derogada en 1814 por Fernando VII. En 1820 volvió a aplicarse, aunque otra vez por un breve período de tiempo, pues la declaración de independencia vino a deslegitimarla. En su artículo 325 la Constitución señalaba que debían establecerse diputaciones provinciales en cada una de la provincias y que estarían presididas por su jefe político, que sería designado por el gobierno central. No obstante, para América Latina no se consideraron tantas provincias como intendencias había, sino que se estableció que el virreinato estaba compuesto por Nueva España con Nueva Galicia, Yucatán, Guatemala, Provincias Internas de Oriente y Provincias Internas de Occidente y se establecieron diputaciones provinciales para cada una de ellas. En el artículo 11 se especificaba que más adelante, cuando las circunstancias lo permitieran, se organizaría por ley constitucional una división del territorio más conveniente. Por esta razón, aunque fuera momentáneamente, México, Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tlaxcala quedaban bajo la jurisdicción de una sola unidad político-administrativa: la Diputación de Nueva España. A cada una de las siete provincias le correspondía enviar un diputado a la capital mexicana para que la representara en la Diputación.
Cuando en 1820 fue restituida la Constitución aún no se había modificado dicha división y cuando llegó el momento de elegir representantes en Puebla comenzaron los conflictos en torno a la manera de hacerlo. Para unos, era evidente que las nuevas Cortes concederían una Diputación Provincial a la provincia de Puebla, pero para otros era obligado esperar a que éstas se pronunciaran y, en consecuencia, debían elegirse mientras tanto un representante y un suplente para la de Nueva España. En julio de 1820 el Ayuntamiento de Puebla, y en septiembre del mismo año la Junta Electoral, enviaron a las Cortes sendas solicitudes para que procediera a hacer cumplir el artículo 325 y concediera el derecho a constituir su diputación a los poblanos17, pero las elecciones se celebraron mientras se esperaba la respuesta.
Entre los argumentos que presentaban ambas instituciones destaca el que consideraban que un solo organismo no podría controlar y fomentar el desarrollo en los 3.485 pueblos reunidos entre las siete provincias, no solamente por el gran número de ellos, sino por las enormes distancias que los separaban y las dificultades de comunicación que había debido a lo malo de los caminos y al estado de guerra en que se encontraba el virreinato desde 1810. Además, señalaban que la negativa a concederles el derecho era anticonstitucional y que resultaba algo más que una regresión la agrupación de las siete provincias bajo la de Nueva España, ya que capitales de provincia como la de Puebla quedarían supeditadas a la ciudad de México:
Para que cual una se gobiernen convirtiéndolas en partidos, inutilizando a nuestros intendentes, haciéndolos subalternos del de Mejico, y dando a este autoridad e influjo que nunca ha tenido ni debe tener en nuestras provincias18.
Es importante destacar que ambas solicitudes se publicaron y que la de la Junta Electoral fue distribuida de forma gratuita. De esta forma, la demanda llegó a la opinión pública y no quedó restringida a los sectores en el poder. Aunque en los días previos a las elecciones se discutió sobre si proceder para elegir un diputado y un suplente para la de Nueva España o siete para la de Puebla, finalmente se decidió que se haría lo primero mientras las Cortes no se pronunciaran a favor de la organización de una diputación exclusivamente poblana. Aquellas elecciones se celebraron el 18 de septiembre de 1820 a puertas abiertas, y esto fue también decisivo, puesto que el público pudo ver cómo durante el proceso de votación volvió a plantearse la discusión en torno a la demanda de una diputación para Puebla y cómo el Jefe Político, Ciriaco del Llano, ordenó a las tropas que entraran en el recinto electoral para obligar a que todas las personas que no fueran electores salieran del mismo para continuar con los comicios a puerta cerrada.
Las protestas no se hicieron esperar y de la Imprenta de Pedro de la Rosa volvió a salir un Aviso público que decía así:
este Publico desea con impaciencia y ardor inexplicable que se imprima, publique y circule la Acta de sesión, que el lunes $1 8 ~ \mathrm { d e l }$ corriente tuvieron los electores de partido, congregados en esta ciudad para elegir diputados de provincia… También esperamos no se olviden los ardientes votos del pueblo, el aplauso vivas y universal regocijo con que se oyeron y aprobaron los discursos del cura Troncoso, así como la indisplicencia que le causó lo contrario: que cuando el asunto se estaba ventilando como era debido, se mando salir al pueblo19.
El Aviso continuaba destacando que esperaba que pronto se concediera a Puebla su derecho a erigir su propia Diputación Provincial.
Actitudes como la del Jefe Político, unidas a la arbitrariedad y a la lentitud de las Cortes a la hora de pronunciarse en la materia, fueron las que condujeron a los poblanos a desconfiar del gobierno central y a abrazar la causa de la Independencia entendida, según el cura Troncoso, editor del periódico La Abeja Poblana como:
…el universal deseo, y no el que puedan representar los diputados en el supremo congreso, porque con solo haber observado el desvio de los Ciudadanos para las elecciones al efecto, y que últimamente no hubo un Compromisario de parroquia con cien sufragios en una población como esta de ochenta mil aptos para votar, es preciso confesar que el Pueblo esta muy mal con el gobierno que tan descaradamente quebranta la constitucion20.
La argumentación del periódico, defendida pocos meses antes de la adhesión de Puebla al Plan de Iturbide, era que sólo el incumplimiento de la Constitución obligaba a los poblanos a decantarse por la independencia. Si aceptamos las palabras del editor, el cura Troncoso, estaremos cuestionando la tesis que contempla la adhesión de Puebla a la causa como reacción al regreso del sistema constitucional, como reacción contrarrevolucionaria21. Más bien, comparto la tesis de la elección de dicha opción como “culminación de perturbaciones anteriores” de Anna22. No se trata para nada de una visión teleológica que, a la luz de los resultados, nos lleve a enumerar antecedentes que llevaron irremediablemente a que ocurriera lo que ocurrió sino a preguntarnos por qué ocurrió y por qué en ese momento y no en otro. En este sentido constatamos que fue la rigidez de las Cortes, así como la debilidad del gobierno español, de las instituciones, lo que llevó al éxito de Iturbide. Aunque el gobierno español seguía siendo legítimo carecía de autoridad y fue por eso que el proyecto conciliador de Iturbide invistió a su gobierno momentáneamente de autoridad y todas las fuerzas se unieron en torno al Plan de Iguala (proclamado en Iguala el 24 de febrero de 1821) que defendía: Independencia, religión y unión de todos los mexicanos.
Pero veamos cómo antes de llegar al extremo independentista, los diputados americanos, y con ellos los poblanos, presentaron otras posibilidades ante las Cortes.
No vamos a relatar en estas páginas este otro proceso electoral para la elección de diputados en Cortes ni la peripecia del viaje de los siete diputados electos por Puebla para representar a la provincia en Madrid23. Únicamente quiero destacar que de los siete elegidos sólo dos llegaron a España y pudieron ejercer como diputados: Félix Quío Tecanhuey, antiguo regidor del cabildo de Puebla, e Ignacio de Mora;
otro diputado fue Puchet, quien tuvo un papel importante en las Cortes, pero en calidad de suplente. Los dos últimos solicitaron en las Cortes la destitución del Jefe Político, Ciriaco del Llano, por la actitud agresiva e inconstitucional que había tenido en las elecciones para la Diputación Provincial de Nueva España. Los motivos que alegaron son los siguientes:
…ya por la dureza de su carácter ya por la poco acertada elección de dependientes y ya finalmente porque aunque no sepamos de una prueba positiva de su falta de adhesión al sistema constitucional, no le es favorable en esta parte la opinión pública fundada en la conducta que observo en las pasadas elecciones y en la demora con que comunico a algunos diputados su nombramiento24.
De ambos diputados se puede destacar una importante labor en la defensa de los intereses locales sin caer en el “provincialismo”, apelativo con el que se descalificaba con frecuencia a los diputados (sobre todo, americanos) cada vez que intentaban hacer valer sus intereses contra el centralismo que imperaba en las Cortes.
Ignacio de Mora, coronel del Regimiento de Infantería Fijo de México que había sido comandante militar del Valle de San Martín (vecino de Apan), presentó sus credenciales a finales de marzo de 1821 y el 10 de abril ya estaba dando a las Cortes un informe sobre la situación de Puebla y un plan para lograr la pacificación de Nueva España25. En dicho informe solicitaba que se suprimieran las comandancias militares así como la contribución para mantenimiento de las compañías y cuerpos urbanos realistas, creadas en 1811. Denunciaba el despotismo y la arbitrariedad de los comandantes militares que, a la hora de cobrar dichas contribuciones, tenía a los propietarios sumidos en la pobreza. Añadía que cuando éstos no pagaban eran saqueados de forma brutal y que, a pesar de los intentos del ayuntamiento por aliviar de dicha contribución a los ciudadanos, el virrey la había mantenido en 1814 y que tampoco el regreso al sistema constitucional había hecho que mejorara la situación. Aseguraba que la región estaba pacificada y que, por tanto, era absurdo mantener un cuerpo de 50.000 efectivos y que las comandancias militares siguieran ocupando funciones propias del ayuntamiento. A continuación hacía una serie de propuestas encaminadas a lograr que se calmaran los ánimos independentistas, como dictaminar el cese de las contribuciones realistas y extinguir dichos cuerpos, que debían ser sustituidos por milicias nacionales como en la Península; ordenar la supresión de las contribuciones extraordinarias impuestas en 1810 y 1811; promover la salida inmediata de los cuerpos expedicionarios de Nueva España y la retirada a sus provincias respectivas de los cuerpos provinciales, y proceder a la supresión de las comandancias militares en las zonas pacificadas.
Para sus detractores, medidas como éstas estaban únicamente destinadas a debilitar el poder militar de los peninsulares para favorecer a los independentistas, pero para Mora se trataba de una cuestión de racionalidad y de equiparación con la situación militar de la Península. Su defensa a favor del fortalecimiento militar de las provincias, la separación de poderes y la apología del ciudadano en armas, son medidas acordes con el liberalismo de la época y en ningún momento hablan de deseos de ruptura, sino de autonomía. Únicamente su solicitud de retirada de los cuerpos expedicionarios podría interpretarse como un rasgo de independencia frente a la presencia de cuerpos extranjeros en Nueva España. Sin embargo, su invitación a todos los oficiales que quisieran quedarse en los cuerpos de línea locales a que lo hicieran, habla más de una solución de compromiso mediante la reubicación de las fuerzas, que de una expulsión definitiva del ejército español.
Mora también se sumó a la defensa que los diputados hicieron a favor de la Diputación Provincial para Puebla en las Cortes. Al restablecerse la Constitución y mientras se procedía a la elección y emprendían viaje los diputados americanos, en la Península se designaron al azar una serie de personajes para que funcionaran como suplentes. En desigualdad de condiciones con respecto a los peninsulares, los americanos sólo contaron con 30 representantes de los cuales correspondieron a Nueva España únicamente 7. De entre ellos, Ramos Arizpe, recién liberado de la prisión en que había sido confinado desde el regreso de Fernando VII, y José María Couto fueron designados para representar provisionalmente a la provincia de Puebla.
El primero, junto a Michelena, había participado activamente en la revolución liberal y desde el principio fue clara su adhesión al partido “exaltado” (o exagerado). El resto de los novohispanos también se unieron, según la opinión de Alamán,
…al partido exagerado, que vino á ser con este refuerzo muy pujante, y era lo más extraño ver á muchos eclesiásticos, unir sus votos á los de los hombres que iban mas adelante en punto á innovaciones y reformas, por la esperanza con que estos los atraían, de declarar la independencia de América, lo que iban alargando según convenía á sus miras26.
La primera misión que recibió Ramos Arizpe del Ayuntamiento de Puebla fue iniciar los trámites para lograr que, en cumplimiento de la constitución de Cádiz, se estableciera una Diputación Provincial en cada una de las antiguas intendencias. Hasta mayo de 1821, Ramos Arizpe presidió en las Cortes la comisión encargada del tema y a partir de entonces la designación recayó en Puchet quien, probablemente, tendría también instrucciones de Puebla muy precisas al respecto. A pesar de que no existe evidencia de un documento escrito en el que el ayuntamiento presentara al diputado los puntos que debería defender en las Cortes, hay constancia de que éste les escribió solicitando las “instrucciones oportunas” para el desempeño del cargo, dado que carecía de “los conocimientos necesarios de las necesidades y recursos peculiares de la provincia” por haberse ausentado de ella desde que era un niño27. Es más que probable que en algún momento se le enviaran, al igual que a Mora y a Tecanhuey. Aunque no hay constancia de la posible intervención de Puchet en las Cortes sobre el tema de la organización de una diputación provincial en Puebla, su designación el 9 de mayo de 1821 como presidente de la comisión encargada del asunto en sustitución de Ramos Arizpe, coincidió con la redacción del decreto que las establecía formalmente en todos los territorios que habían sido intendencias durante la etapa preconstitucional. Sin embargo, para cuando la noticia llegó a América y se hizo pública, Puebla ya había obtenido de su adhesión a Iturbide en agosto de 1821 el reconocimiento de su tan demandada Diputación Provincial independiente de la de Nueva España28.
José María Puchet y Labastida, relator de la Audiencia de México, había presentado juramento en las Cortes en abril. Su experiencia en la Sala de lo Criminal le hizo muy proclive a intervenir en los asuntos referentes a la reforma del código penal.
En un tono bastante moderado, también presentó sus opiniones en torno a las relaciones de las provincias americanas con la Península y criticó la propuesta de algunos diputados que defendían la permanencia de misiones dirigidas por españoles en América. Para Puchet, suponía “un gasto inútil”29 enviar misioneros desde España sin haber ningún motivo que señalara a los peninsulares como más aptos para dirigir estas misiones, pues consideraba que había “muchos párrocos indios muy aptos y beneméritos”. Pedía moderación a los diputados a la hora de hacer valoraciones que no podían “servir mas que para encender la hoguera de la discordia, echando aceite sobre el fuego”.
En esta misma línea, insistió en numerosas ocasiones en la necesidad de aceptar la legalidad del voto de los suplentes en las Cortes. Los enemigos de la propuesta alegaban que estos suplentes americanos no debían tener derecho a voto ya que no habían sido elegidos según las leyes constitucionales. En este caso, Puchet, si bien reconocía que su nombramiento no había sido constitucional, se mostró algo más radical al expresar abiertamente la negativa a aceptar que ese mecanismo no era más que “un ardid para dejar en minoría a los diputados americanos”30. Si en su momento, decía, se había reconocido como legal su nombramiento, ahora debía, igualmente, “aceptarse su derecho a voto en todas las cuestiones que se avecindaban y eran tan importantes dado el carácter extraordinario de las Cortes”.
No era la primera vez que protestaba contra el trato dado a los diputados americanos. Ya el 10 de mayo había denunciado el abandono en que los habían tenido y la falta de ayuda para el viaje que había llegado, incluso, a costarle la vida a algún diputado31. Permitir votar a los diputados suplentes sería una manera de compensarlos por la desigualdad en el número de representantes y por la demora que habían sufrido a la hora de incorporarse al Congreso, cuando ya se habían iniciado multitud de asuntos de los que aún no habían podido ponerse al día. Varios diputados americanos lo secundaron en aquella ocasión, sobre todo Lucas Alamán, diputado por Guanajuato, para quien era importante delimitar responsabilidades en el asunto de la demora del viaje de los diputados americanos que había sido tanto más peligrosa en cuanto que había sido motivo de sospechas. Según Alamán, fueron tantas las veces que el capitán del navío escolta, la fragata Pronta que habría de acompañar al barco en el que viajarían los diputados novohispanos, había anunciado la inminente partida rumbo a España para luego desmentirla, que entre la población, descontenta por el escaso número de diputados que tenían en las Cortes, comenzó a circular el rumor de que era el propio gobierno quien estaba interesado en evitar que los representantes americanos llegaran a su destino.
Si había algo que el gobierno central quería evitar a toda costa era que los americanos reunieran suficientes votos como para obtener la autonomía. Aún a pesar de los hechos consumados en algunas colonias americanas, de los intentos por dialogar de los delegados de Bolívar en Madrid y del lanzamiento del Plan de Iguala en México, todas las propuestas realizadas en esa dirección eran desestimadas.
Quizá por ello, el proyecto presentado por los americanos en junio de 1821 apareció disfrazado como medida de pacificación antes que como una propuesta de gobierno, que era de lo que realmente se trataba32. El texto, que fue firmado por todos los diputados americanos (incluidos los tres poblanos), solicitaba el establecimiento en América de tres secciones de Cortes, una de ellas en Nueva España. Cada una tendría capacidad para proponer, decretar, interpretar y derogar leyes, si bien, obedeciendo a las correcciones presentadas por Ramos Arizpe y José María Couto (ambos, como Puchet, diputados suplentes por Puebla), no podrían actuar por su cuenta en cuanto al juramento, sucesión y limitación del poder real o decidir sobre la educación del príncipe de Asturias. Igualmente, en cada una habría una delegación del ejecutivo que depositaría su poder en un individuo designado por el rey33. Para la organización del gobierno contarían con cuatro ministerios, un Tribunal Supremo y una sección del Consejo de Estado. El libre comercio y la igualdad de acceso a los cargos para americanos y peninsulares eran dos requisitos considerados indispensables.
Como es sabido, nada de esto se llevó a la práctica y apenas fue motivo de discusión en las Cortes. Sólo a partir del 24 de agosto de 1821, cuando O’Donojú firmó los Tratados de Córdoba con Iturbide reconociendo la independencia de México y comenzó a verse en la práctica que el Plan de Iguala era “especialmente seductor”
porque resultaba “muy distinto del de sangre y horror con que aparecía en el año 10”34 , dos diputados, Paul y el Conde de Toreno propusieron la organización de una comisión especial para que se encargara de la pacificación de América. A esas alturas ya había, sin embargo, muchos diputados que consideraban que se debían tomar medidas mucho más radicales. Entre ellos Alamán, apoyado por Puchet (y 75 votos más a favor frente a 78 en contra) se quejaba de que de nada habían servido los trabajos de las Cortes ni los esfuerzos de los diputados americanos para estimular al gobierno a tomar medidas. Denunciaban que éste se había limitado a esperar sin hacer nada, de manera que presentarle nuevas propuestas parecía poco menos que absurdo cuando aún no había atendido a las anteriores.
En aquel momento, era evidente para todos los diputados novohispanos que la situación había cambiado en la región con el plan de conciliación de Iturbide, y responsabilizaban al gobierno central por haber dejado que las cosas llegaran a tal extremo. Seguir discutiendo planes de pacificación no llevaría a nada. Sin embargo, la votación fue favorable a la organización de una Comisión de Ultramar que presionaría al gobierno para tomar medidas. La propuesta de la comisión pasaba por la selección por parte del gobierno de una serie de delegados que se encargarían de escuchar las peticiones de las colonias para remitirlas a la Península con el fin de que fueran discutidas en Cortes. Para muchos diputados ésta fue la “gota que colmaba el vaso” y se hicieron eco de la opinión de Cabrera de Nevares35, quien aseguraba que dicha propuesta no sólo era ineficaz sino perjudicial. A su juicio, era evidente que lo que las colonias querían era independencia, de manera que resultaba innecesario hacer semejante consulta. Si hasta entonces no se había escuchado a los americanos, carecía de sentido designar nuevos delegados con ese mismo fin. Y la medida, continuaban, no sólo era ineficaz sino peligrosa por cuanto se continuaba perdiendo el tiempo y con él la oportunidad de aceptar la evidencia y proceder a articular condiciones de trato ventajosas con los futuros nuevos países mientras otras naciones se apresuraban a reconocer y apoyar los movimientos independentistas y a firmar tratados comerciales. La propuesta de Cabrera pasaba por la organización de una “Confederación Hispano-Americana” compuesta por todas las antiguas colonias y España y a cuya cabeza estarían Fernando VII y sus sucesores. Cada año se organizarían reuniones con representantes de cada Estado de la confederación para discutir los temas generales. Los lazos políticos de unión quedaban, por tanto, mucho más laxos que los de la primera propuesta americana. Por supuesto que la mayoría de los diputados peninsulares no quiso ni oír hablar del tema y se procedió a discutir las ventajas e inconvenientes de la solución de la Comisión.
Los defensores de la Comisión, encabezados por Lucas Alamán, contemplaban como buena la posibilidad de enviar delegados porque la aceptación de la independencia debería pasar por la firma de un tratado que no podría cerrarse sin un entendimiento previo, para cuya consecución resultaría ventajoso el diálogo con los delegados. Atendiendo a las palabras de Puchet, conforme con la propuesta de la Comisión, se percibe cómo la opinión respecto a las posibilidades de mantener el statu quo anterior se había debilitado al máximo. Sin embargo, aún no se habían perdido las esperanzas de llegar a algún acuerdo:
Cuando en Junio del año próximo pasado tuve el honor de firmar, en unión con otros 48 diputados de Ultramar, las proposiciones que creímos convenientes, no fue persuadido de que serían capaces por sí de conciliar la perfecta tranquilidad de aquellos países: tratamos, o a lo menos traté yo, solamente de destruir en la medida de lo posible los motivos de las quejas y de los males é infortunios que de tiempo inmemorial sufren mis desgraciados compatriotas36.
Continuaba señalando que no debía discutirse en aquellos momentos el reconocimiento de la independencia, sino las condiciones de los americanos para lograr el establecimiento de relaciones ventajosas para ambas partes. Seguidamente, hacía una dura crítica a la actitud mantenida hasta entonces por el gobierno, desaconsejando:
...seguir la política que se ha observado hasta aquí en los negocios de América, política que en mi concepto no merece este nombre, política que no ha contribuido sino a hacer que las pasiones recién abortadas ó nacidas vayan adquiriendo creces y raíces que no se pueden destruir; política que ha disgustado a todos los partidos, porque a los adictos á España les ha incomodado que se olviden sus servicios, y á los adictos a América no les ha acomodado tampoco que sus reclamaciones se contesten con el desprecio37.
Continuaba diciendo que las causas de la emancipación de Nueva España eran “muy antiguas y consolidadas, y humanamente imposibles de reformar”. A su juicio se trataba de defectos de legislación, abusos de poder, desigualdad en la distribución de empleos...; en resumen: “mal gobierno”. Todo esto podría solucionarse mediante el diálogo y por eso aceptaba como válida la propuesta de la Comisión.
Después de una larga discusión en la que los diputados peninsulares reprochaban a los americanos su insistencia en denunciar el trato de la metrópoli a las colonias considerado ya como una cosa del pasado, el 30 de enero se llegó a una solución tras una votación muy reñida en la que Puchet se inclinó a favor de la Comisión, mientras que el otro diputado por Puebla que aún quedaba en Madrid, Mora, lo hizo en contra. Se aceptaría el envío de delgados a las colonias pero bajo la condición, incluida a instancias del Conde de Toreno, de que dicha medida no se entendería en ningún caso más que como “una medida de pacificación”.
A partir de aquellos momentos, Ignacio de Mora dio por perdida la posibilidad de sacar nada en claro en las Cortes y pidió licencia para regresar a México el 11 de febrero de 1822. Por su parte, Puchet, alentado ante la posibilidad de que el gobierno comenzara a tomar decisiones a partir de la puesta en práctica de la propuesta de la Comisión, decidió quedarse hasta agotar la legislatura.
La iglesia de Puebla y la Independencia.
Mientras los diputados poblanos hacían su trabajo en las Cortes y Puchet luchaba entre otras cosas, junto a Michelena y Ramos Arizpe, por la consecución de una Diputación Provincial para Puebla, para el Gobierno y el Consejo de Estado era evidente que la revolución de Independencia había tomado fuerza debido a las “providencias tomadas con respecto a los diputados persas”38. Así lo había expresado el Fiscal de la Audiencia, José Hipólito Odoardo, en su informe al ministro de Gracia y Justicia el 24 de octubre de 1820, al comunicar que una de las posibles mechas que harían exitosa la revolución sería prendida por el clero “a la sombra del R. Obispo de Puebla, que tiene gran influencia en su diócesis”39.
En contra de esta opinión, Lucas Alamán asegura que la revolución se había iniciado mucho tiempo atrás y que involucraba demasiados intereses en contra de la continuidad como para reducirlo a ese simple esquema. Sin embargo, al gobierno le resultaba más fácil responsabilizar a los contrarrevolucionarios que procurar encontrar soluciones para evitar lo que, por otra parte, cada vez parecía más inminente.
No obstante, no hay que despreciar el peso que tuvo el influjo de la Iglesia sobre la población (no sólo a nivel ideológico, sino también económico), pues su adhesión a la Independencia prestó al movimiento la fuerza necesaria para culminarla con éxito. Iturbide supo verlo a tiempo y de ahí que entre sus tres garantías incluyera a la Iglesia Católica. En todo este proceso, la figura del obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, fue decisiva.
Una de las primeras disposiciones lanzadas por las Cortes nada más volverse a reunir en 1820 había sido someter a juicio a los 69 diputados, conocidos como los “Persas”, que en 1814 abominaron de la Constitución y pidieron el restablecimiento del absolutismo bajo la figura de Fernando VII. Entre estos diputados estaba el que por aquel entonces había sido presidente de las Cortes, Antonio Joaquín Pérez. Cuando la noticia de la rebelión de Riego llegó a México, el obispo intentó justificar su actitud de entonces de todas las maneras posibles, queriendo hacer ver que él mismo había pertenecido a la comisión encargada de redactar la Constitución, y que si llegó a firmar el documento de adhesión al absolutismo lo hizo sólo forzado por las circunstancias una vez que había recuperado el poder absoluto el monarca. Para obtener el perdón, movilizó a los miembros del clero regular y secular. El cabildo eclesiástico y diversas autoridades eclesiásticas escribieron al virrey rogando que intercediera por el prelado, alegando en su defensa el esfuerzo que estaba realizando por pacificar a la población. Pero mientras se tramitaba el indulto40, la noticia llegó a la ciudad, coincidiendo con una serie de circunstancias que hicieron creer a los ciudadanos que el obispo sería apresado por la fuerza y llevado a la Península para ser juzgado. Ante la convocatoria eclesiástica buena parte de la población de la ciudad de Puebla se manifestó en las calles para evitar la salida del obispo y, ante la amenaza de disturbios, todas las fuerzas civiles y del orden le ofrecieran garantías de que continuaría en su puesto y bajo protección. Me interesa destacar en estos momentos la amenaza velada presentada por el Cabildo Eclesiástico al virrey al momento de insistirle en la labor de pacificación realizada por el obispo, pues de lo que está hablando precisamente es de la capacidad de convocatoria del prelado: la fuerza de los acontecimientos demostró que se trataba de algo más que de meras palabras. Sin embargo, hay que evitar aceptar, sin más, que ese influjo fuera fruto exclusivo de la religiosidad reinante en la ciudad. La cuestión religiosa fue utilizada para movilizar a la gente, pero fue necesario añadir al discurso ciertos componentes que lograron aglutinar a la población en torno a su defensa. El día que se desató el motín en defensa del Antonio Joaquín Pérez, se oían gritos de “mueran los gachupines” y vivas a la independencia. Para que las cosas llegaran a ese extremo se había hecho necesaria una campaña de propaganda en contra del sistema que estuvo orquestada por el obispo y su provisor, Manuel Posadas41, en la que participaron el Cabildo Eclesiástico de la catedral, los párrocos y demás individuos del clero, los miembros de las órdenes religiosas y hasta las monjas42.
La razón de la movilización del clero regular y secular en contra de los diputados mexicanos en las Cortes estaba centrada en el radicalismo de las medidas anticlericales tomadas por éstas y el papel desempeñado por los diputados mexicanos. En agosto de 1820 se discutió y aprobó la re-expulsión de los jesuitas sin que ningún diputado americano participara en las sesiones; al mes siguiente le tocó el turno a la abolición del fuero eclesiástico, que fue aprobado el día 25 sin contar más que con la participación de Ramos Arizpe y Couto (ambos pertenecientes a la comisión eclesiástica), quienes sólo se opusieron a su aplicación en los delitos que implicaran pena de muerte o cualquier tipo de castigo corporal. Los americanos votaron también a favor de la desvinculación de los bienes raíces eclesiásticos y seculares y de la reforma de las órdenes religiosas que limitaba el número de conventos y los sometía al poder de los obispos.
Ante la amenaza que suponían estos cambios para la Iglesia y la escasa participación que los diputados y el Ayuntamiento de Puebla habían demostrado en todo lo referente a los asuntos eclesiásticos, la Iglesia estableció su propia estrategia defensiva. Primero intentó enviar a las Cortes diputados afines (no se puede obviar que la gran mayoría de los electores de partido fueron curas locales), y después se dedicaron, como hemos visto, a realizar una labor de acoso y derribo, más que contra el sistema constitucional, contra el gobierno y su incapacidad para aplicarlo; y más que contra el sistema representativo, contra las irregularidades cometidas al repartir el número de diputados americanos/peninsulares en las Cortes.
Resulta fundamental destacar este aspecto: el discurso liberal había calado tan hondo en la opinión pública que se hacía necesario recurrir a él para movilizar a la población. Igualmente, la defensa del obispo o la indignación ante la expulsión de los jesuitas no se presentaron exclusivamente como defensas de la Fe o la Religión, sino como cuestiones de protección de la soberanía ante la intromisión de los españoles.
Los propios responsables de La Abeja Poblana, los hermanos Troncoso, tuvieron una participación activa, a nivel individual o haciéndose eco de las opiniones vertidas en su periódico, en la ampliación del espectro liberal en Puebla. Como hemos visto, actuaron como defensores del establecimiento de una diputación provincial para Puebla en la acalorada discusión mantenida en la Junta de Partido de la que tan mal parado salió el delegado del gobierno central en Puebla, Ciriaco del Llano; participaron en las denuncias contra la desigual repartición de diputados peninsulares y americanos en el Consejo de Estado y en las Cortes pasadas (incluida la legislatura que sancionó la Constitución de 1812), cuestión que llegó a sentirse bien pronto en Nueva España como una seria amenaza a la continuidad del siste$\mathrm { m } \mathrm { a } ^ { 4 3 }$ ; protestaron contra la negación de la ciudadanía a las castas presentándola como burdo ardid para reducir el número de diputados; rechazaron el mantenimiento de la concentración de poderes en la figura del jefe político... Todo ello para terminar concluyendo, de una manera más radical que en las Cortes, que la Independencia debía ser considerada como “el universal deseo” de los poblanos “y no lo que puedan representar los diputados en el Supremo Congreso”44. Igualmente, hicieron circular panfletos en los que se hacían críticas como la que a continuación se reproduce:
Ya no es la ignorancia de los verdaderos principios de la economía civil y política, la que nos prohibe cultivar nuestras pingües tierras; ya no es un ministro absoluto y despota el que olvida al buen americano; ya no es un gobierno estupido y tirano, el que nos sujeta á vivir perpetuamente sin representacion nacional. Se presentó la libertad, y el despotismo huye despavorido de los hogares de la madre Patria; aparecio ya la luz benéfica y consoladora para todos los habitantes de la peninsula, y repentinamente se han fugado de alli todas las tinieblas; solo para nosotros, americanos, solo para la infeliz America no ha otra cosa que tirania, obscuridad y tinieblas; y jamas, jamas habrá ni libertad ni luz, porque se nos oprime por sistema, y se nos tiraniza por interés45.
Mientras en Madrid se agotaban los recursos a favor de la autonomía, en Puebla se radicalizó el discurso pero, insisto, siempre en defensa del liberalismo y en contra del despotismo, no en busca de la restitución del antiguo orden de cosas.
Fue entonces cuando Iturbide encontró en Nueva España quien publicara su Plan de Iguala. Y fue en Puebla, no en la capital novohispana, donde fue acogido por la Imprenta de Joaquín Furlong, prepósito de la Congregación de San Felipe Neri (conocida en Puebla como la Concordia).
Conclusiones.
La rivalidad tradicional de Puebla con la capital mexicana fue la razón de que esta ciudad se empeñara en la defensa de una diputación y un consulado propios. El objetivo de los actores políticos poblanos no sólo estaba en conseguir cierta autonomía con respecto a Madrid, sino también en relación con la capital novohispana. La lucha contra el centralismo, ya sea mexicano o peninsular, debe interpretarse, así, como dos caras de una misma moneda: el esfuerzo de los grupos locales por consolidar su poder en sus provincias. Tener en cuenta los acontecimientos de Madrid y en México es importante, pero también lo es observar lo que pasaba en las otras ciudades de la monarquía. Gracias a esto, vamos dejando a un lado la vieja idea de que lo que sucedió en 1821 fue una reacción al retorno del liberalismo en España.
La continuidad de las demandas americanas, que fueron sistemáticamente desatendidas desde 1812, culminó en una postura bastante radical entre los grupos de poder político poblanos, tanto civiles como eclesiásticos, que cristalizó en la defensa de la autonomía y de la confederación mientras continuó la unión con la Península, y en la del federalismo una vez consumada la independencia.
En esta lucha contra el centralismo, los principales argumentos fueron el liberalismo y el sistema representativo propugnados en Cádiz y, por eso, cualquier intento por volver al antiguo estado de cosas se consideró, a partir de entonces, un atentado contra los poderes locales, ya fueran seculares o eclesiásticos, y la lucha a favor del federalismo se convirtió en sinónimo de defensa de ambas cuestiones. Como hemos visto en la campaña de la iglesia católica en Puebla, este discurso valía tanto para los independentistas como para los enemigos de la separación; para los liberales y para los defensores del Antiguo Régimen. El nuevo lenguaje político había calado en el discurso y ya no era posible desprenderse de él.
Como última reflexión, creo que es importante destacar que, a la luz de las investigaciones realizadas en torno a los poderes regionales, se percibe una historia más compleja que la simplista oposición entre españoles y americanos o entre liberales y absolutistas. Al cambiar la perspectiva del análisis, comprobamos que la Nación mexicana aún no existía en 1808-1821, y que han sido necesarios dos siglos de enfrentamientos y negociaciones para su consolidación. Es más, ahora que se están celebrando los bicentenarios, constatamos a través de los hechos y de las revisiones historiográficas que hay grandes grupos, como los indígenas, que en la práctica aún no tienen una papel claramente definido dentro de dicha Nación por mucho que el discurso nacionalista emanado de la Revolución los haya querido incluir en ella. También comprobamos que España tuvo su responsabilidad en la ruptura y que, en este sentido, tampoco tiene nada que celebrar.