Con una llaga abierta para regar toda la tierra: financiación, crédito y fórmulas de endeudamiento de la casa de Medina Sidonia (1536-1648)1.
Luis Salas Almela2.
Recibido: 21 de febrero de 2017 / Aceptado: 28 de marzo de 2017.
Resumen. En este texto se analiza el proceso de endeudamiento de la casa de Medina Sidonia tomando en cuenta todos los mecanismos mediante los cuales se produjo, tanto aquellos amparados por el derecho positivo –censos con licencia regia– como aquellos otros que carecían de tal salvaguarda. Este caso de estudio indica que no todas las formas de endeudamiento fueron similares ni respondieron a los mismos parámetros ni tuvieron las mismas causas. En las conclusiones se propone una tentativa de clasificación de tipos de endeudamiento –atendiendo a las causas de fondo y a las justificaciones más inmediatas– así como de tipos de respuesta señorial a los variados problemas financieros.
Palabras clave: aristocracia; finanzas; endeudamiento; censos; deudas; dinero a daño.
[en] “With an Open Sore to Irrigate the whole Land”: Financing, Credit and Indebtedness of the House of Medina Sidonia (1536-1648)
Abstract. This article analyzes the indebtedness process suffered by the Lordly House of Medina Sidonia. We will pay special attention to the mechanisms that produced such a result, some of them protected by positive law –censos with royal license– and some not. According to this case study, not all the forms of indebtedness were equivalent, nor did respond to the same parameters and origins. In the conclusions, we offer an attempt of classification of the different procedures of indebtedness based on the deep causes and the apparent justifications. We also pay attention to the diverse seigneurial response to the financial problems.
Keywords: Aristocracy; Finances; Indebtedness; Censos; Debts; Money on Credit.
Sumario. 1. Endeudamiento, señorío y poder territorial: una aproximación teórica. 2. Deuda bajo amparo del derecho positivo: censos con facultad. 3. Asumiendo riesgos: fórmulas de endeudamiento sin facultad. 3.1. Censos sin facultad regia. 3.2. Tomar dinero a daño. 4. Conclusión.
Cómo citar: Salas Almela, L. (2017): “Con una llaga abierta para regar toda la tierra: financiación, crédito y fórmulas de endeudamiento de la casa de Medina Sidonia (1536-1648)”, en Cuadernos de Historia Moderna 42.2, 585-613.
La historiografía que ha abordado la gestión de las haciendas señoriales salió muy fortalecida del largo y prolífico debate que impulsó L. Stone sobre la que él denominó crisis de la aristocracia de entre mediados del XVI y mediados de la centuria siguiente. Tiempo después, adaptando los esquemas del debate académico anglosajón, Ch. Jago y H. Nader formularon una nueva serie de hipótesis que corregían algunas de las ideas de Stone al dar cabida a ciertas características propias de la relación entre monarca y nobleza en el caso de estudio de la corona de Castilla. Sus planteamientos fueron luego recogidos y discutidos en algunos de sus aspectos por B. Yun, quien aunó la corriente historiográfica anglosajona con la tradición hispana iniciada por A. Domínguez Ortiz, sentando así las bases de una renovación que ha influido mucho en la mayor parte de los trabajos sobre casas señoriales españolas de los últimos años, aunque hay que reconocer que pocos de estos estudios se han interesado directamente por las cuestiones financieras de la nobleza3 .
Ahora bien, con ser indudables estas aportaciones, no dejan de tener ciertas limitaciones debidas tal vez a carencias en las fuentes prioritariamente consultadas. En particular, cabe destacar cierta rigidez en los planteamientos de los mecanismos del endeudamiento nobiliario. Así, en los trabajos que en su día abordaron la financiación señorial –como los del propio B. Yun o M.A. Romero4 – el apego a las fuentes de origen regio limitó la visión del doble problema de la falta de liquidez de la aristocracia y de las soluciones arbitradas por los nobles para hacerle frente, poniendo toda la atención en la relación jurídica y política entre corona y nobleza. De este modo, basaron casi en exclusiva sus aportaciones en las cuentas presentadas por los nobles a las contadurías regias. Incluso admitiendo que estos resúmenes contables pudiesen ser globalmente veraces, parece muy improbable que ofreciesen toda la verdad, es decir, que no hubiese ocultamientos. De hecho, el celo por ocultar información económica y fiscal era norma entre la aristocracia castellana, como es bien sabido.
Vamos a argumentar aquí que, en la medida en que las soluciones al desafío de los problemas financieros desbordaron ampliamente y por diversas vías la normativa aplicable y el amparo regio, la cuestión del endeudamiento adquiere unos matices de mucha mayor riqueza y variedad que el que admite el consenso vigente5 . Pese a lo dicho, es justo señalar que, más allá de que se hayan contrastado suficientemente o no las fuentes regias con las contabilidades señoriales disponibles para otros casos de estudio, la riqueza de la documentación sobre estas materias conservada por la casa de Medina Sidonia no tiene, posiblemente, parangón, al menos para el ámbito de la corona de Castilla. En efecto, la extraordinaria serie de informes técnicos cuantitativos y textos cualitativos relativos a la gestión financiera señorial de los que disponemos para este caso de estudio son de una gran riqueza respecto a las fórmulas de endeudamiento y saneamiento empleadas, tanto bajo el amparo de la corona como sin él.
En 1625, por orden del VIII duque de Medina Sidonia, sus contadores realizaron un examen de las cuentas del mayorazgo con el fin de poner en claro el balance general de ingresos y gastos. Los ministros a los que se cometió esta labor hicieron su estimación a partir de los datos de los años 1620 a 1624 para evitar distorsiones. Los datos globales arrojan un ingreso medio anual de $6 2 . 8 3 0 . 7 2 0$ maravedíes, a lo que sumaban 10.005 fanegas de trigo y 2.444 de cebada. En el capítulo de gastos, la primera partida correspondía a los censos con facultad regia, todos ya establecidos a 20.000 el millar, que alcanzaban los 10.353.045 maravedíes anuales $- 2 7 . 6 0 0$ ducados–, los cuales pesaban sin embargo solo sobre la “ciudad” de Sanlúcar y la villa de Huelva. Además, añadían otros 20.203 maravedíes de tributos perpetuos, asociados a obras de caridad y beneficencia. Por último, en la partida de las almadrabas, la casa entregaba al monasterio de Guadalupe 120 atunes y otros 72 al hospital de San Lázaro de Sevilla. Sobre esta base, para el año siguiente los tesoreros elaboraron una previsión de ingresos y gastos como se recoge en las tablas I y $\mathrm { I I } ^ { 6 }$ .
Tabla I. Ingresos de la casa y estado de Medina Sidonia en 1625 (ducados)

Lugar / Concepto	Cantidad
Rentas de Sanlucar y alcabalade la carne	38.349
Aduana	27.342
Condado de Niebla	32.200
Medina Sidonia	2.420
Vejerde laFrontera	7.181
Conil de la Frontera	2.998
Chiclana de la Frontera	2.311
Jimena de la Frontera y Gaucin	7.681
Casa de Sevilla	208
Almadrabas	46.873
Tercias (expresado en ducados)	5.380
Total	172.944
Concepto	Cantidad
Salarios y otros(*)	23.392
Censos con facultad	27.600
Fabrica iglesia de la Caridad	5.460
Limosnas ordinarias y extraordinarias	6.330
Alimentos conde de Niebla	12.410
Patriarca de las Indias	2.000
Marqués de Fuentes	2.000
Pleitos de Granaday Madrid	4.000
Resto de herencia (por siete anos)	2.000
Bastimentos almadrabas	19.900
Gastos de despensa y botilleria	13.352
Recamara	2.158
Vestimenta criados	7.180
Obras de mantenimiento	3.200
Caballerizas	4.500
Varios (incluye armamento,dotes de hijas de criados, mercedes yviajes)	7.600
Total	143.112

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Tabla II. Gastos previstos de la casa y estado de Medina Sidonia en 1626.
Fuente: AGFCMS, leg. 689, “Certificación dada por los contadores de la Casa de Su Exce
lencia del valor anual del estado de Medina Sidonia y cargas y censos al quitar y perpetuos” $( ^ { \ast } )$ En el resumen de los gastos fijos la cifra que se aporta es 50.992 ducados, correspondiente a salarios, censos y tributos. Nosotros la hemos desglosado en ambos conceptos a
partir de la información que aporta el mismo memorial relativa a censos con facultad, aun
que desconocemos si realmente en ese primer capítulo del gasto se incluían otras partidas además de los salarios.
Según estos datos, la deuda acumulada de censos con facultad apenas rondaba el $1 6 \%$ del ingreso anual. Los agobios generados por la falta de liquidez aún quedaban relativamente lejos en el horizonte de los Medina Sidonia, toda vez que los casi 30.000 ducados de diferencial entre ingresos y gastos suponían bastante más del monto global de ingresos de muchas casas tituladas castellanas. Si embargo, apenas 20 años después, la casa ducal se vio obligada a afrontar ventas masivas de propiedades rústicas con las que cubrir los múltiples agujeros financieros que le habían surgido. El marco del gran endeudamiento de la nobleza castellana en aquellos años lo conocemos ya en sus líneas generales7 . Algo similar podemos decir de las razones particulares que llevaron a la quiebra a los Medina Sidonia. Resumiendo, cabe apuntar en primer lugar al deterioro del comercio atlántico, que mermó los ingresos fiscales procedentes de Sanlúcar de Barrameda. Además, la creación del Almirantazgo de Sevilla en 1625 provocó problemas añadidos a la gestión que los duques hacían en los trasiegos mercantiles en el estuario del Guadalquivir, creando incertidumbre y, probablemente, un nuevo descenso de las operaciones. Para colmo, el estallido de la guerra con Francia en 1635 asestó un durísimo golpe al comercio sanluqueño, donde los mercaderes bretones seguían siendo la comunidad más numerosa. Por otro lado, tampoco este señorío fue inmune al descenso de rendimientos agrarios que se ha descrito para otras casas, como podemos comprobar por las gráficas de las tercias percibidas en algunas de sus villas8 . Por último, la aventura política en la que se embarcó el IX duque –su conjura del verano de $1 6 4 1 -$ se saldó con un castigo financiero, jurisdiccional y de autoridad –empréstito de 200.000 ducados en plata, pérdida del señorío de Sanlúcar y expatriación perpetua del duque de Andalucía– que acabó por hundir el poderío económico de la casa de Medina Sidonia9 .
Más allá del contexto de este proceso de merma de poder económico y político señorial –que podemos datar entre la fecha de elaboración del informe citado y la ruptura política con el gobierno de Felipe IV en 1641–, de lo que nos vamos ocupar en este artículo es de la vertiente estrictamente financiera de ese proceso y de sus raí- ces, remontándonos un siglo atrás. Como vamos a tener ocasión de comprobar, a lo largo de este amplio lapso de tiempo, la casa ducal hizo uso de prácticamente todas las fórmulas de absorción de ahorro disponibles en aquél tiempo, las cuales se nos presentan como soluciones sucesivas al creciente problema de la falta de liquidez.
1. Endeudamiento, señorío y poder territorial: una aproximación teórica.
A comienzos del siglo XVIII, para teóricos, pensadores y arbitristas estaba claro que el problema de las deudas a largo plazo contraídas por señores de vasallos, instituciones y particulares, arrastradas a través del tiempo, afectaba ya al conjunto de la economía del país. Una cuestión que tenía una innegable dimensión moral, toda vez que implicaba lidiar con el problema de la usura. Movido por ambas consideraciones, Diego de la Serna dirigió hacia 1700 un discurso a Felipe V sobre la conveniencia de reducir los censos consignativos vigentes en Castilla10. Según recordaba, de ello se habían ocupado las últimas cortes del reino décadas atrás, las cuales habían solicitado sin éxito, junto con nobles y ciudades, la extinción o, como mínimo, reducción de los intereses de los censos11. Para Serna, esta forma de deuda caía en la usura por dos vías: o bien por la acumulación de intereses abonados, que multiplicaba varias veces el valor de la inversión inicial; o bien porque la obligación del pago se mantenía independiente de que el bien teóricamente consignado fructificase o no un año dado. De la Serna recordaba que para que se extendiese el sistema de deuda había sido necesario que San Pío V –pontífice entre 1565 y 1572– emitiese una bula fijando las condiciones relativas precisamente a esos dos aspectos, de modo que atenuasen el conflicto moral. Algo que, después de todo, no hacía sino señalar una raíz usuraria en el método de endeudamiento en $\mathrm { s i } ^ { 1 2 }$ . Peor aún, las reservas papales no se cumplían cuando la obligación que adquiría el que tomaba el censo se interpretaba al margen del bien hipotecado, lo que convertía sin duda en usurario el préstamo, dado que el censualista y el principal del censo siempre quedaban indemnes, siendo todo el perjuicio de los accidentes para el censatario13. Serna calculaba que sólo en Andalucía había pendientes en aquel momento más de 3.000 concursos por impagos de censos14.
La opinión de Serna –que se integraba expresamente en la corriente de juristas del XVII como Gregorio López Madera o Mateo López Bravo15– es relevante para nosotros porque ponía el foco sobre la ambigüedad existente entre un modelo de contratos que eran en principio hipotecarios pero que, en la práctica, venían siendo tratados por los tribunales y la sociedad castellana como una obligación personal, desvinculada del bien específico consignado en el acto de fundación. Ese matiz llevaba a que, cuando quien contraía la deuda era un señor de vasallos que lo imponía sobre su estado y mayorazgo, el censo terminara asemejándose a los juros emitidos por las monarquías, al menos en tanto en cuanto dicha deuda pesaba al fin sobre un territorio y la entidad jurisdiccional sobre él asentada. Dicho en otros términos, el respaldo hipotecario pasaba a ser el estado señorial e indirectamente sus habitantes. Ahora bien, existe así mismo en este memorial un silencio muy significativo: Serna omite el hecho de que el propio empeño de los aristócratas generadores de deuda por sostener su fama y crédito fue una contribución decisiva para que el censo mudara su condición hipotecaria original para internarse en la obligación personal, al vincular un intangible como es la fama u opinión a una relación financiera.
En la década de 1620, un autor anónimo, seguramente vecino de Sevilla, remitió al duque de Medina Sidonia una serie de consejos independientes dirigidos al saneamiento de sus finanzas. En uno de ellos, el autor presentaba la dificultad general de la empresa debido a “lo generoso de su mano [del duque], con una llaga abierta que pasa a regar toda la tierra sin poder cerrar el puño; ésta es necesario hoy curarla con el bálsamo y retén de su desvelo”. Desvelo que debía tener dos pilares esenciales: por un lado, sanear los ingresos, sustituyendo a oficiales y arrendadores descuidados por otros que tuvieran amor por la casa del duque; por otro lado, el duque debía reducir también el número de zánganos que vivían y se alimentaban de la generosa y dulce colmena de su liberalidad16. Esta condición del noble como polo de atracción económica nos sitúa ante una de las principales paradojas de la economía señorial: la liberalidad, que pese a ser considerada negativa en términos financieros, no dejaba de nutrir el crédito, tanto social como económico, de quien la practicaba.
A fines de la década siguiente, otro anónimo autor tomó la voz por Sevilla en un breve memorial impreso en el que expresaba las quejas que, según él, eran ya un clamor en la capital hispalense contra los abusos practicados por la corona con respecto a la paga de juros. Entre las muchas pérdidas y daños que señalaba mencionaba una que nos interesa de manera especial: “sigue a esta otra no menor, que es la del crédito con que se vive en las repúblicas para las contrataciones y negocios que se ofrecen en ellas, porque no le tienen de más hacienda que la del valor presente de los juros, de que resulta que muchos que con el crédito de la que tenían en ellos acudían a diferentes negocios y hallaban gruesas cantidades fiadas y las cargaban a las Indias, [hoy] no lo pueden hacer porque no hay quién se las fíe”. Una situación que repercutía al fin en una merma de la actividad mercantil, perjudicando por vía indirecta las fuentes de ingresos de la Real Hacienda17. Este planteamiento nos ofrece una perspectiva de gran interés. Para empezar, la relación entre negocios mercantiles y deuda consolidada desafía la convención historiográfica que percibía las inversiones en deuda, teóricamente seguras, como indicador de un abandono de la actividad mercantil, al situar el juro como elemento importante en tanto que garantía fiduciaria para futuros negocios. No podemos afirmarlo con seguridad, pero cabe suponer que si los juros eran susceptibles de ser usados como garantía por los fiadores, los censos nobiliarios también lo fuesen. Ciertamente, que la deuda nobiliaria competía con la regia por absorber ahorro parece claro si atendemos al hecho de que, en términos globales, se ha calculado que la deuda señorial alcanzó un nada despreciable $20 \%$ del monto que alcanzaron los juros a fines del XVI18. En todo caso, la cuestión del crédito del emisor de deuda amplía mucho su alcance bajo esta perspectiva, al vincularlo con la actividad económica regional. La jactanciosa y halagadora referencia del agente de los Medina Sidonia en Sevilla, formulada en 1633 tras el pago puntual de los censos ducales de aquel año, al decir que “no hay en Sevilla otra hacienda que los tributos de Vuestra Excelencia”, cobra su pleno sentido en este contexto19.
Sea como fuere, el rápido deterioro del mercado financiero de Sevilla en los años siguientes no fue óbice para que Felipe IV y Olivares dejasen de procurar allegar dinero por medio de la venta de más juros. En 1640, cuando se procedió a una nueva oferta masiva a través del Consejo de Castilla, en la que se asignó una cantidad determinada a las diversas poblaciones, a Sanlúcar de Barrameda le correspondieron 29.000 ducados. En su respuesta, el duque puso pegas a esa cantidad por las enormes dificultades de colocación que iba a tener, argumento en el que no deja de percibirse un deseo de evitar que el mercado de deuda de su propia capital señorial se saturase, impidiéndole a él mismo acceder al crédito entre sus vasallos20.
En definitiva, podemos afirmar que los censos señoriales, al transformarse de facto en deuda personal más que hipotecaria, terminaron por implicar en su satisfacción al señorío como entidad territorial. Un espacio cuya actividad económica los señores trataron de proteger de injerencias exteriores para no perder acceso a las fuentes de financiación que ofrecía y sobre las que tenían una gran capacidad de presión. Al mismo tiempo, cabe inferir que el sentido económico de la deuda consolidada no resultó unívoco, sino que a lo largo del XVII fue evolucionando de su condición de renta fija susceptible de ser usada como aval financiero hacia un papel netamente pasivo.
2. Deuda bajo el amparo del derecho positivo: censos con facultad.
A diferencia de lo que sucedía en Inglaterra, la principal vía de acceso de los nobles castellanos al mercado crediticio se basaba en un concepto que, aunque estaba vinculado a la hipoteca, se enfrentaba a la condición jurídica que significaba la garantía del mayorazgo21. De hecho, en Castilla, los censos consignativos –la mayor parte de ellos adjetivados con la conocida fórmula de al quita $^ { \cdot 2 2 } ,$ lejos de ser per sé un problema financiero, fueron la solución que permitió a los nobles acceder al crédito sin arriesgar el grueso de sus propiedades heredadas23. Por su parte, en tanto que defensora y garante del mayorazgo, la monarquía castellana se autoimpuso, con mayor o menor interés, la obligación de evitar la proliferación de censos contra los grandes estados nobiliarios. Las fórmulas de concesión de permisos de fundación fueron evolucionando a lo largo del tiempo desde una estricta protección de la propiedad señorial hacia fórmulas más laxas, adaptando las garantías exigidas a una realidad financiera que demandaba flexibilidad en los mecanismos de salvaguarda del censatario24. De hecho, sin estas facilidades, el desarrollo del mercado de deuda nobiliaria hubiera sido inviable.
Sea como fuere, los censos con permiso regio constituyen un tipo de deuda sujeta a una característica fundamental, como era la de poseer una cierta legitimación. Esto limitaba la inversión resultante del ahorro absorbido a tres casos principales: servicio regio –generalmente como respuesta a una petición de auxilium–; cargas familiares – dotes y otros tipos de concordias entre familias–; o inversión en el propio mayorazgo entendido como unidad de explotación. Vamos a ver algunos ejemplos ilustrativos de los tres tipos relativos a nuestro caso de estudio.
Empezando por la última causa, resulta especialmente interesante la serie de operaciones que se pusieron en marcha entre 1574 y 1578 para afrontar una operación financiera acordada con la corona, por medio de la cual se puso fin a dos complejos pleitos que enfrentaban al VII duque de Medina Sidonia con la fiscalía regia: la compra de unas dehesas en Jimena de la Frontera y la adquisición de un privilegio para labrar hasta 5.000 cahíces de sal libres de cargas para abastecer las almadrabas ducales. El monto que el duque tomaba a préstamo con la garantía genérica de las rentas de su estado ascendió a 300.000 ducados, cantidad que sería entregada al rey. La licencia de imposición especificaba que el duque debía optar entre tres posibilidades: vincular en el mayorazgo las nuevas adquisiciones, redimir el principal del censo o ampliar el mayorazgo con bienes equivalentes a los que se iban a adquirir. De esta forma, los frutos del mayorazgo se hipotecaban para ser invertidos en ampliación del bien hipotecado. La mitad del dinero fue puesta en manos del depositario general de Sevilla, Alonso de Espinosa pero, como en tantas operaciones relacionadas con esta familia sevillana, al quebrar la banca de sus parientes y fiadores –Antonio y Pedro de Espinosa25–, el censo resultó ser fuente de innumerables problemas para la casa ducal, hasta el punto de que el duque llegó a acusar a Espinosa de alzamiento de bienes. En todo caso, esto obligó a imponer nuevos censos con facultad para cubrir lo perdido26.
Un caso de inversión en servicio regio fue la facultad que se concedió, en marzo 1580, al mismo duque por un principal de 50.000 ducados con el fin expreso tanto de reparar las fortalezas del estado señorial en la raya del Guadiana, como de afrontar los gastos en los que iba a incurrir el duque en su jornada al sur de Portugal en el contexto de la conquista y agregación de aquella corona a la corona de Felipe II. Es especialmente interesante la referencia que hace la facultad regia a que se concedía el permiso por la ausencia de bienes libres de don Alonso para afrontar los gastos, aunque no se dejaba de aludir también al hecho de que la inversión redundaba al fin en una mejora de las infraestructuras defensivas del estado. Pese a este argumento, parece claro que se trataba de una inversión en servicio regio consistente en la combinación de intimidación y persuasión que practicó el duque en el Algarve27, acción que tan buenos réditos de reputación le reportó ante algunos de los más destacados secretarios del rey y ante el propio Felipe $\mathrm { I I } ^ { 2 8 }$ . Ahora bien, pese a lo justificados que resultaban a priori los argumentos para solicitar la merced, la facultad expedida incluyó algunas cláusulas incómodas para el duque, sobre todo la obligación de redimirlo en ocho años. Una limitación que a esas alturas del siglo desaconsejó buscar compradores de la deuda en Sevilla y su entorno. En palabras del propio don Alonso, “aquí es gastar tiempo, que no habrá quien dé un real respecto de los aditamentos que trae la cédula”. Ante esas dificultades, que el propio asistente de Sevilla tachó de disuasorias, el duque solicitó a su agente en Madrid que buscase censualistas allí con “la facultad sola, sin la cédula de las adiciones”29. Más allá del evidente desprecio de la salvaguarda regia, interesa también la diferencia entre el mercado financiero hispalense y el madrileño, diferencia que más que implicar una falta de crédito del duque en Sevilla, parece indicar que esta ciudad era una plaza en la que la competencia era mayor que en la corte.
Ahora bien, a medida que se desarrolló la deuda acumulada sobre los señoríos nos vamos a encontrar con otra forma de justificación de los permisos de censo que no encaja exactamente con ninguna de las fórmulas clásicas: el saneamiento financiero. Ejemplo muy claro de ello fue la facultad para imponer censos que concedió un recién ascendido al trono Felipe III, en diciembre de 1598, al mismo VII duque de Medina Sidonia, ya consuegro de su valido, para que la dote íntegra de doña Juana de Sandoval –dote que el rey regaló a Lerma- se invirtiese en la redención de viejas deudas para, en su lugar, fundar nuevos censos a favor de la futura duquesa, aunque manteniendo el tipo original de 14.000 el millar y siendo impuestos sobre los mismos bienes30. Ya en 1600, el duque don Alonso hizo relación a Felipe III de que no había podido encontrar en su estado censos a ese tipo por valor de más de “cincuenta o sesenta mil ducados”, por lo que suplicaba se le permitiese redimir también censos a tipos de interés menos gravosos. El rey lo volvió a conceder, aunque especificando que siempre debían tener prioridad los censos a $1 4 . 0 0 0 ^ { 3 1 }$ . En conjunto, la operación iba a permitir al duque sustituir acreedores externos por su propia nuera, lo que debería haber aliviado mucho una presión financiera todavía no muy elevada.
Los problemas financieros generados por la vinculación de la dote de la duquesa doña Juana con la banca de los Castellanos y sus consecuencias intrafamiliares ya nos son conocidos32. Nos interesa aquí señalar que los nuevos censos fundados pasaron a engrosar los bienes libres de la duquesa doña Juana de Sandoval y Rojas, de tal modo que tras su fallecimiento los beneficiarios pasaron a ser sus herederos: el primogénito –conde de Niebla y futuro IX duque, don Gaspar Alonso– y doña Luisa de Guzmán –futura duquesa de Bragança y reina de Portugal–. El primero recibió como legítima de su madre un total de 3.675.000 maravedíes distribuidos en dos censos. Unos censos cuya historia nos remite a la compra de las dehesas de Jimena y otras operaciones financieras del VII duque, a través de una serie de individuos –incluido el marqués de Guadalcázar, un alguacil de la ciudad y otros personajes sevillanos más o menos conocidos–, deudas que se redimieron total o parcialmente gracias a aquella operación financiada con la dote de doña Juana33. Es decir, se produjo un cambio de naturaleza de los censos, puesto que de ser cargas originalmente impuestas contra el estado se convirtieron en bienes susceptibles de solucionar problemas financieros futuros, en este caso la partición postmortem de bienes de la generación posterior.
Por otro lado, atendiendo a la naturaleza jurídica de los bienes hipotecados, las facultades de censos estuvieron condicionadas a una determinada interpretación de qué era lo que más interesaba al mayorazgo del solicitante. Al menos sobre esa base se fundaron algunas decisiones. Cuando, a fines de 1624, el VIII duque solicitó un censo a Felipe IV para aliviar a su casa de las deudas contraídas por los muchos gastos en que había incurrido en los años anteriores, la respuesta de la corte resultó muy exigente y algo extravagante, ya que se le pedían las máximas garantías –incluido un juramento con pleito homenaje– respecto a la ausencia de bienes libres. La respuesta del duque fue un memorial de alegaciones acompañado del resumen contable que reflejan las tablas I y II. En primer lugar, el duque buscó resaltar cómo la mayor parte de las cargas que se proponía redimir procedían de “particulares servicios [militares] a Su Majestad”, a lo que añadía “las demostraciones públicas y grandes gastos que ha hecho procurando servir a Su Majestad y manifestar la autoridad de su casa”, en referencia a los gastos por la visita del rey a Andalucía o los festejos organizados por el duque cuando el príncipe de Gales estuvo en Madrid, sin olvidar un donativo, y todo ello pese a las deudas pendientes por la herencia de su padre y otros gastos familiares. Una situación tal que “le fue fuerza tomar [dinero] a daño y a crédito, obligando a sus vasallos y por todos los medios que pudo, el dinero que fue necesario para salir de tan grandes ocasiones con lucimiento”. Pedía, en definitiva, “que se averigüe y se entienda, para que de una vez se asiente, el empeño de su casa”. Se trataba así de una suerte de desengaño dirigido al rey respecto a las posibilidades financieras de su casa. No deja de ser paradójico que un gasto afrontado para manifestar la autoridad de un poder señorial tuviese tanto éxito ante el rey que necesitase, menos de dos años después, un memorial para desengañarle del efecto alcanzado. En todo caso, el duque lamentaba la forma en la que se había respondido a su solicitud porque no se ajustaba a los tres usos normales de respuesta a estas peticiones –negación, moderación o aprobación–, siendo el juramento que se le exigía simple descrédito público para él y su casa. Por ello solicitaba que se usasen los medios ordinarios, quedando a cambio adscritas las rentas de dos lugares para el pago de lo que montare la operación34.
Parece que los argumentos del duque surtieron efecto y el 15 de enero de 1625 obtuvo facultad ordinaria para la imposición de un nuevo censo por valor de 100.000 ducados, de nuevo con el objetivo expreso de sanear su hacienda35. Lo curioso es que, después de las trabas de 1624, no iba a ser la única facultad fechada en 1625: el 31 de julio el rey concedió otra facultad para la imposición de 50.000 ducados más a censo, en esta ocasión para la satisfacción del donativo que el propio monarca había solicitado36. Todavía resulta más llamativo si atendemos al hecho de que, justo por esas mismas fechas, estaba procediendo contra el duque un miembro de la cámara del rey, don Luis de Salcedo, a causa del exceso de deudas impuestas sobre el estado señorial, hasta el punto de estimarse que la casa de Medina Sidonia debería redimir hasta 170.000 ducados de principales. Sin embargo, la amplia comisión de Salcedo –concebida como medio de someter a control las finanzas de buena parte de la nobleza castellana– sucumbió a las urgencias provocadas por las amenazas exteriores, en concreto las generadas por la llegada de la armada inglesa a Cádiz. Así, el 27 de agosto de 1625 el duque recibió una moratoria para la aplicación de las medidas que Salcedo había impuesto, moratoria que, hasta donde nosotros sabemos, puso punto final a la prácticamente desconocida comisión del camarista37.
La tensa negociación se repitió con el donativo de 1629 ofrecido por el duque al también miembro de la Cámara don Alonso Cabrera en su gira por Andalucía, dado que la facultad que se remitió desde Madrid incorporaba elementos no contemplados en la negociación entre el duque y el enviado regio, de nuevo referidos a los bienes libres. En palabras del duque, “hallándome con tantos acreedores, no ajustaba mi conciencia a mis obligaciones menos que capitulando que mis bienes libres no han de estar ni quedar sujetos y obligados a la redención de esta partida, sino que ha de quedar sobre el mayorazgo”38. Estas fricciones casan bien con la hipótesis de B. Yun, quien sugería que en los años del gobierno de Olivares se produjo una quiebra del mecanismo tradicional de servicio-concesión en los permisos de censo39. Pero es fundamental, al mismo tiempo, reparar en que la preferencia del duque por hipotecar el mayorazgo frente a hacer lo propio con los bienes libres pone el foco sobre la dimensión menos fiscalizada y menos conocida de la economía señorial. Bajo el punto de vista de la corona, si existían bienes libres no había necesidad alguna de hipotecar bienes vinculados. Para los nobles, por el contrario, los bienes libres tenían infinidad de ventajas financieras, entre las que sobre todo figura su opacidad frente al monarca, lo que abría la posibilidad de emplearlos como garantía para otro tipo de operaciones, además de permitir compensar a los hijos segundones a la hora de testar. En definitiva, la preferencia señorial por salvaguardar los bienes libres tiene mucho de valoración de los costes de oportunidad: perder activos en esta cuenta implicaba perder agilidad en ocasiones que requerían un acceso inmediato al capital.
En los datos que publicamos hace unos años, ofrecíamos una aproximación al proceso de fundación de censos con permiso regio por parte de los Medina Sidonia a lo largo de cerca de dos siglos40. Usando esos datos, podemos ofrecer un cálculo aproximado del ritmo de crecimiento anual de la deuda impuesta sobre el mayorazgo. Nos encontramos así que el VI duque don Juan Alonso, contando a partir de 1536 –cuando obtuvo el control pleno del estado señorial–, incrementó los principales consignados sobre bienes del mayorazgo a razón de 19.212 ducados al año, mientras que su nieto y sucesor –el VII duque don Alonso– lo hizo en 18.101 ducados anuales, reduciéndose la cifra en tiempos del VIII duque –don Manuel Alonso– a 15.100 ducados al año. Aunque tenemos pocas referencias del tipo al que corrían los censos, podemos aceptar que hasta 1615 el más usual sería 14.000 el millar, moderándose a partir de 1621 a 20.000 el millar –equivalente al $5 \% ^ { 4 1 } -$ , lo que nos arroja unas cifras de aumento de la deuda anual contable de 1.372 ducados anuales en tiempos del VI duque, 1.292 para su sucesor y de tan sólo 755 durante el gobierno de don Manuel Alonso. Es importante en todo caso recordar que estos datos son solo una aproximación, ya que el proceso no era linealmente acumulativo sino que parte de la deuda se iba redimiendo42.
Cabe preguntarse, sin embargo, cómo se desarrollaba el proceso de colocación de la deuda y quiénes eran los tomadores de los censos, es decir, de dónde procedía el ahorro que captaban los Medina Sidonia. Una respuesta, siquiera parcial, nos la aporta una minuta o memoria de los censos con facultad regia dedicados al servicio de la monarquía que se recoge en la tabla III. Un primer elemento que llama la atención es el elevado nivel de inversión de los censualistas, con cifras que rondan el millón de maravedíes hacia mediados del XVI, superando con creces los tres millones a comienzos del XVII, para regresar al entorno del millón hacia 1635. Por otra parte, aunque no siempre consta la procedencia geográfica, parece detectarse una tendencia a la inhibición de la financiación señorial, en el sentido de que se fue imponiendo el recurso a la absorción de ahorro del entorno del estado o directamente de vasallos del señorío, algo que a su vez puede explicar la baja de los montantes individuales. Una inhibición tal vez motivada por la saturación del mercado crediticio de Sevilla.

Fecha	Facultad (d)	Tomadores	Cantidad (mrs)
1543	3.000
Juan Aires Burgales	1.000.000
DMaria de Tapia	1.000.000
Francisco Duarte	700.000
Hernan Sanchez de la Barrera	700.000
Isabel Martin	1.050.000
Luis de Ayora	560.000
Juan de Escalante	1.400.000
Pedro de Villareal	1.400.000
Ldo.Pedro de Aral	1.050.000
Alonso Ruiz	525.000
Jacome Berti y hermanos	4.480.000
Total: 26.291
1570	80.000
Luis de Ayora	1.428.000
Garcia Guillada	2.100.000
Diego Garcia de Almonte	3.150.000
Benito Diaz	525.000
Francisco Martinez	3.929.000
Francisco Ruiz (clerigo)	700.000
Mateo Ruiz de Lucena	1.575.000
Francisco de Mariana	7.140.000
Agustin Francisco Aleman	700.000
Francisco de Andrada	393.750
Francisco Vergara	3.591.036
Alonso Caballero	3.193.14
1580	50.000
Juan Ortiz Maldonado y consortes	3.000.000
Pedrode Ceballos	5.400.000
Don Luis de Leyva	3.300.000
Don Francisco Mexia	3.000.000
Cristobal Rodriguez Calvo	3.000.000
Don Pedro de Villacis	1.050.000
1597	18.000
Francisco de la Pasa	6.750.000
1598	16.581
Jorge Bravo	3.187.500
Juan de Andrada Gumiel	3.030.375
1603	20.000
Duquesa de Maqueda (Madrid)	7.500.000
1625	100.000
D.Melchor Manrique de Zuniga	2.099126
Rodrigo Prieto Negrete	1.496.000
Ldo. Antonio Suarez Prieto	1.271.600
Pedro Herrera y Moncada	3.740.000
Casade laMisericordia	5.263.000
Jerónimo Gil Coello	3.740.000
Luis Hurtado de Mendoza	822.800
Dofa Magdalena	1.5000.000
Da Gregoria de Lara y menores	1.870.000
Juan Pérez de Bermudez	627.000
Luis Rodriguez de Andrada	1.122.000
Ldo. Juan Pinco	2.244.000
D Beatriz de Medina	500.000
D Mariana de Taina y Quiroga	3.740.000
Francisco de Encelada	1.122.000
Isabel de Ayala (cvto.de la Guardia deSevilla)	224.400
Mesa arzobispal de Sevilla	283.322
Gabriel Diaz de Herencia	1.632.000
Jerónimo Pérez de Figueroa	202.450
1625	50.000
Dr.D.Pedro de Vargas Porras	2.720.000
Capellania de Leonor Sanchez	1.020.000
Juan Bautista de Luna	244.000
Isabel Maria de Heredia	1.360.000
D Ana Maria de Montejano	5.047.878
Convento de la Concepcion de Cazalla	2.244.000
Licenciado Jorge Barrantes	748.000
D. Juan Ortiz de Zuniga	748.000
Cristobal de Contreras	1.496.000
Jeronimo Nunez Pérez Menaca	1.122.000
1629	16.000
Obras pias de Melchor de Cuellar	4.010.980
Patronato de Fernando Bueno	1.989.020
1632	12.000
Don Alonso Novela (en Madrid)	4.500.000
1633	40.000
Lope de Vega Valdés	4.114.000
Juan Fernandez de Ojeda	822.800
Bartolome Gomez del Castillo	1.921.000
Luis Rodriguez de Andrada	748.000
Martin de Lezcana	680.000
Diego Lorenzo de Paz	1.234.200
Patronato de Diego Orozco (Moguer)	1.220.000
1633	6.000
Patronato de Diego de Tineo (Moguer)	2.244.000
1635	24.000
Patronado de D.Francisco de Mendoza(Madrid)	1.908.828
Dr. Simon Rodriguez (Vejer)	1.496.000
D.Luis de Avila (Sanlucar)	374.000

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Tabla III. Censos con facultad regia impuestos contra la casa y estado de Medina Sidonia para el servicio a la monarquía, 1543-1635. Fuente: AGFCMS, legs. 689 y 794.

D.Diego Ortiz de Abreu (San Juan delPuerto)	374.000
Capellania de Luis Dantes Villalta(Huelva)	1.966.622
Memoria de Luis Dantés (Huelva)	448.800
Convento de las Mercedarias (Cartaya)	374.000
Capt.Alonso Diaz de León (Huelva)	149.600
Capellania de la m. de Ayamonte (San-lucar)	748.000
Memoria de Juan Francisco Alvarado(Sanlucar)	187.000
Capellania del ldo.Diego de Venegas(Sanlucar)	374.000
(17/IX/1641)	Capellania de la m. de Ayamonte (San-lucar)	261.800

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Las cuentas finales de una de las relaciones de censos, elaboradas en la década de 1730, incluyen un comentario que, entre otras cosas, cifra la masa total de deuda contraída por los duques de Medina Sidonia en más de 1.700.000 ducados, de los cuales 747.828 se habrían invertido en servicio regio y el resto en dotes para las señoras de la casa. De este modo, el estado de ahogo en que se encontraba la casa ducal estaría causado por su gran fidelidad y continuados servicios a la corona, todo ello agravado por el hecho de que sus titulares ya no gozasen de encomiendas, que en tiempos habían ayudado a pagar tales créditos43. Ciertamente, el problema financiero a comienzos del XVIII era considerable y la solución se antojaba complicada. Sin embargo, aquellas cuentas, sin duda generadas para ser presentadas a los ministros regios, se basaban sólo en la parte visible de un problema que, para poder comprender en su totalidad, debe tener también en cuenta las fórmulas al margen del amparo del derecho positivo que se comenzaron a usar masivamente desde la década de 1620 y cuya satisfacción consumió enormes cantidades de recursos.
3. Asumiendo riesgos: fórmulas de endeudamiento sin facultad.
En 1586, Felipe II concedió al duque don Alonso facultad para imponer un censo de 30.000 ducados con los que redimir otros tantos que tenía cargados sin facultad sobre un juro que pesaba sobre las alcabalas de Jerez44. Dado que el juro en cuestión no estaba integrado en el mayorazgo de los Medina Sidonia, la operación venía a suponer la transformación de deuda señorial flotante en deuda hipotecaria o consolidada, lo que no deja de ser ilustrativo de lo asumida que estaba por la corona la libertad financiera de la nobleza en la gestión de sus bienes libres. Este elemento es fundamental por las implicaciones que revela respecto a un modo diverso de acceso al crédito por parte de la nobleza. Ahora bien, antes de establecer categorías demasiado tajantes, conviene que recordemos las palabras del VIII duque en su airado memorial de 1624, cuando lamentaba haberse visto obligado a “tomar [dinero] a daño y a crédito” porque ello significaba optar por un sistema que terminaba “obligando a sus vasallos”. Con ello se daba a entender que el endeudamiento sin licencia recaía de modo más gravoso sobre los vasallos que los censos sobre el mayorazgo, pese a que, al basarse estas fórmulas en bienes sin la protección legal del mayorazgo, debería haber existido un mecanismo más ágil de ejecución hipotecaria. Sin embargo, sabemos que esa diferencia no era tal, ya que, como el propio Serna denunciaba, las rentas fallidas –independientemente de su consideración jurídica–, eran cubiertas por otras fuentes de ingresos del mismo titular. De este modo, podemos adelantar que la principal diferencia entre unas fórmulas de endeudamiento y otras radicaba, en primer lugar, en el fin y justificación de la absorción de ahorro y, en segundo, en la fluidez de los mecanismos de asunción de deuda.
3.1 Censos sin facultad regia.
Como muestra la tabla VI, la frecuencia del recurso al crédito al margen del derecho positivo no fue ninguna excepción. Hemos contabilizado 84 referencias de censos de diverso tipo impuestos contra la casa de Medina Sidonia recogidas en un libro de cuentas elaborado a comienzos del XVIII. Como parte del mismo estudio, otro documento recoge 17 censos más, también señalados como carentes de facultad regia, en este caso cargados sobre la dote de la duquesa doña Juana de Sandoval y Rojas45. El ritmo de incremento de esta deuda, sin embargo, dista mucho de ser homogéneo. Sólo tomando en consideración los censos de los que tenemos constancia del principal, en tiempos del VII duque de Medina Sidonia se incrementó la deuda del estado en unos modestos 1.413 ducados anuales. La cifra se dispara en tiempos de su hijo y sucesor, alcanzando los 4.272 ducados de principal, mientras que en los cinco años de gobierno del IX duque previos a su conjura se mantuvo la tendencia alcista hasta alcanzar los 4.796 ducados de principal anuales.
Aunque no podemos aportar mucha precisión numérica, sabemos que buena parte de los censos sin licencia se impusieron sobre bienes libres. Por ejemplo, en 1584 nos consta que el duque don Alonso invirtió una importante suma $- 1 . 0 0 0$ escudos de oro– para la adquisición de unas casas situadas en la calle Bretones de su villa de Sanlúcar, propiedad sobre la que inmediatamente impuso un censo de 400 ducados de principal, deuda que pronto se negoció y redimió parcialmente. No tenemos constancia de cómo se produjo, pero podemos aventurar que parte de los censos registrados en la contabilidad ducal –y que aparecen en la tabla IV con la referencia a este año $1 5 8 4 -$ estaban impuestos sobre esta propiedad46. Lo que sí nos consta es la permanente participación de los duques de Medina Sidonia en el mercado inmobiliario de Sanlúcar, tanto por medio de compras como por la ejecución de impagos de deudas de arrendadores de rentas o sus fiadores. Unas propiedades sobre las que, como en este ejemplo, se solían imponer censos sin licencia, aunque tampoco era infrecuente la venta.
Por otra parte, la caracterización de estos censos debe tener en cuenta su duración y la forma de asunción por la contabilidad ducal. Por lo que atañe al primer aspecto, sabemos que solían ser redimidos con mayor celeridad que los que tenían facultad, pese a que los tipos de interés no divergían en apariencia, no siendo frecuente que los censos sin facultad alcanzasen los 10 años de vigencia. Por ejemplo, un censo aceptado en 1606, del que resultaba beneficiaria una obra pía –por un principal de 700 ducados que producían, a 20.000 el millar, 13.145 maravedíes de renta anual– se redimió el 27 de junio de 1614. Es un caso interesante porque sabemos que la obligación provino del hecho de estar impuesto sobre unas casas que se traspasaron al duque47. Este método de asunción de deuda no fue un caso único: en 1622, por ejemplo, el concejo de Vejer de la Frontera se convirtió en acreedor del duque, su señor, por valor de 300.000 maravedíes al año como resultado de una transacción que no hemos podido determinar48. Es decir, en ambos casos las propiedades pasaron a manos del duque con sus cargas censales incorporadas, pero sabemos que, así mismo, eran susceptibles de engrosar el mayorazgo señorial en sucesivas ampliaciones. Algo que de nuevo hace menos tajante la división conceptual entre censos sobre propiedades libres y amayorazgadas49. Por otro lado, este reconocimiento por la casa ducal de las cargas asociadas a nuevas adquisiciones indica que el endeudamiento era, desde el punto de vista de las contadurías señoriales, un problema unitario, por mucho que cada fórmula tuviese respuestas diversas.
Por lo que respecta a los censos sin facultad de nueva constitución, poseen unas justificaciones y usos centrados en el ámbito familiar, lo que en cierto modo los aproxima a una de las justificaciones de los censos con facultad. Algunos constituían una forma de situar un gasto fijo anual, como ocurrió con los que fundaron el VIII y IX duques para sostener a familiares directos, caso por ejemplo de los alimentos del Patriarca de las Indias, don Alonso Pérez de Guzmán, que en algún momento llegó a recibir 5.700 ducados anuales50. Igualmente, el marqués de Villamanrique –hermano del VIII duque– percibió 2.000 ducados situados contra la casa ducal hasta su fallecimiento en $1 6 3 9 ^ { 5 1 }$ . En estos casos, la fundación del censo, en lugar de por medio de la entrega de un principal, se producía a través de una renuncia a reclamar la legítima a cambio de una asignación fija sobre la contabilidad de la casa, contando eso sí con el mayorazgo como respaldo último del compromiso. Una fórmula que, no podemos dejar de señalar, buscaba de nuevo mantener a salvo los bienes libres.

Fecha	Principal	Tipo	Anual	Censualistas	Periodo
1580	417.250	14	1.600	Catedral de Cadiz	Perpetuo
1580	112.500	14	8.036	Francisco de Siesa	1629
1581	187.500	14	13.395	Merced de Sanlucar	1605
1582	711.804	14	Concejo de Villarrasa	1606
1582	698.605	14	49.900	Concejo de Niebla	1583
1584	400	Iglesia Mayor de Sanlucar	Mudo a pesar sobre lascasas de F.Novela
1584	187.500	14	13.397	Merced de Sanlucar	1605
1584	262.500	18.750	Da Leonor de Sotomayor	1604
1586	85.106	6.079	Dofia Ana de Mendoza	1661
1588	150.000	14	10.720	Merced de Sanlucar	1604
1589	1.125.000	14	80.257	Ldo. Melchor de Arce	Redimido, s/f
1590	1.575.000	112.500	Ldo. Melchor de Arce	Redimido 1590
1590	1.575.000	14	112.500	Ldo. Melchor de Arce	Redimido en los here-deros,s/f
1590	227.428	14	16.244	Herederos de Fco.Del Corral	Redimido, s/f
1593	4.488.000	14	320.571	Real Hacienda	Cedido a Pedro Alva-rez Pereira, portugues
1594	225.000	16.710	Da Catalina y Da Magdalena deAguilar	Redimido parte,1597;mas tarde el resto
1595	6.800	Duque de Arcos
1595	51.500	11.000	San Isidoro del Campo	1614(？)
1595	1.000	Confradia del Stmo. Sacra-mento
1597	375.000	14	26.785	Juan Cristobal de la Puebla	1602
1599	4.500.000	14	321.428	Francisco de Leyva	1612
1601	750.000	49.900	1606
1603	22.400	1.000	Iglesia Mayor de Sanlucar	Vendida la propiedad
1605	37.500	858	Sor Catalina Pimentel
1610	49.974	Capellania Caridad
1611	1.496	Perpetuo
1612	150.000	Capellania Ines de Montes-deoca	1613
1613	187.500	20	9.375	Da Maria de Rivera/beneficia-do Antonio Suarez
1613	14	8.250	Capellania de Pedro Montero	1614
1614	75.000	Ldp. Gaspar Fernéndez deCarvajal	1614
1614	187.500	20	9.375	D Mariade Rivera /beneficia-do Antonio Suarez	1622
1614	187.500	20	9.375	1663
1614	7.500	Capellania Caridad
1615	25.000	Capellania sr. D. Alonso Pérez
1618	24 f. trig	Monjas de Almonte
1618	224.400	20	11.200	Capitan Alonso de Le6n
1618	7.510.274	375.500	Sr. D. Juan de Guzman	1626
1618	11.220.000	20	561.000	Conde de Saltes	1625
1620	525.000	26.180	Iglesia de la Caridad
1621	408	Hospital de Vejer	Perpetuo
1622	74.800	3%）	2.244	Capellania Medina Sidonia
1622	1.700	Cvto.Victoria de Conil
1623	56.097	23	2.439	Patronato Ma de las Cuevas,Huelva
1623	178.000	23	8.130	Capallania Moguer	Redimido s/f
1623	74.800	20	3.740	Patronato Andres Quintero	Redimido s/f
1623	74.800	3.252	Capellania Da Leonor Enriquez
1623	149.600	6.504	Iglesia San Jose,Moguer
1623	374.000	20	18.700	Capellania Gaspar Ramirez
1623	748.000	20	37.400	D. Juan de Flores Taboada	Cambio a dote DaFrancisca
1623	374.000	20	18.700	Beatriz Gonzalez
1624	374.000	20	18.700	Rodrigo de la Barrera	Luego Patronato Gas-par Ramirez
1625	287.980	14.399	Juan de Bolanios
1626	375.000	20	206.250	Capellania Damian Delgado	1628
1626	374.000	20	18.700	Baneficiado Antonio JuarezPrieto
1626	562.500	20	28.050	Alonso Ramirez
1626	2.141.250	20	106.776	Capellania Fernando Ramirez,Gibrale6n
1626	486.200	23	21.139	Cristobal Jurado Prieto
1626	493.680	20	Ldo. Blanco del Alamo
1626	374.000	20	18.700	Cipriano de la Cueva	Redimido s/f
1627	748.000	23	32.521	D.Juan de Flores Taboada	Dote en 1643
1627	375.000	20	18.7550	Da Maria Ana Ramirez	Modificado a 23.000 elmillar en 1628
1627	374.000	20	18.700	D.Luis Davila	Vendido al ldo. Anto-nio Juarez Prieto en1635
1627	224.400	20	11.220	Patronato del ldo.DiegoMunoz
1629	374.000	20	18.700	Merced de Gibraleon
1629	204.000	18.200	Melchor de Villalar	1660
1629	448.800	20	22.440	Capellania de Pedro de Oci-naga
1629	375.000	20	18.750.	Beneficiado Antonio JuarezPrieto
1629	170.000	20	8.500	Capellania de Pedro de Oci-naga
1629	336.600	20	16.830	Patronato de Alonso Garcia deCuenca
1629	112.200	20	5.610	DFrancisca Maldonado	Reconocida en 1639
1629	748.000	37.400	Juan Ventura
1630	67.320	3.366	Iglesia de San Jorge, Palos
1630	374.000	20	18.700	Capellania de Da LeonorEnriquez
1630	187.000	20	9.350	Capellania de Isabel de Vargas
1630	112.200	20	5.610	Capellania de Francisco Rodri-guez Cancino
1631	317.900	20	15.895	Patronato de Alonso RamirezCancino
1636	504.900	20	25.245	Capellania de Juan Enriquez,Moguer
1637	3.740	Francisco Gonzalez Miguel
1637	934	Diego Garcia Carvajal
1637	112.200	D Luisa Avellan
1637	60.000	2.000	San Jerónimo de Sanlucar
1639	748.000	20	37.400	San Jeronimo de Sanlucar	Hipoteca ejecutada porel convento
1640	88.000	13.600	Melchorde Villarrasa	1660
1640	7.480.000	20	374.000	Contador Felipe Guerrero	1647

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Tabla IV. Censos sin facultad regia impuestos contra la casa y estado de Medina Sidonia, 1580-1640. Fuente: AGFCMS, leg. 2.426. Nota: Tanto la columna de principal como la de pago anual están expresadas en maravedíes.
De la comparación global de los censos con y sin licencia regia podemos extraer algunas conclusiones. Lo más evidente es la aparición más tardía del recurso al cré- dito sin facultad, algo que, más allá de crecientes problemas de liquidez, apunta hacia la mayor sofisticación de la economía señorial, implicada en multitud de operaciones económicas y necesitada de mecanismos ágiles de financiación. Así mismo, es muy notable que el incremento global contraste con la estabilidad del ritmo de creación de deuda con licencia regia. No obstante, a la hora de comparar numéricamente ambas realidades, nos encontramos con la enorme dificultad de la limitada duración de los censos sin permiso, asunto sobre el que sólo tenemos información muy parcial. Por otro lado, de forma más marcada que en el caso de los censos con facultad, se detecta una tendencia clara a recurrir al crédito interior del señorío, con una fuerte presencia de instituciones eclesiásticas. Llama también la atención la menor cuantía media de las cantidades comprometidas, aunque sin olvidar su fuerte variabilidad. Por último, el abrupto final de este recurso crediticio prueba que la contabilidad señorial de los Medina Sidonia tras la conjura estuvo durante algunas décadas bajo supervisión real, al tiempo que demuestra que recurrir a estas fórmulas precisaba de una fluidez de ingresos y de un horizonte de crecimiento de los que los Medina Sidonia carecieron desde 1641.
3.2 Tomar dinero a daño
“No sé cuándo se ha de acabar con esas deudas, pues corriendo a daño no puede ser mayor a la hacienda de Su Excelencia”52. Con estas palabras dirigidas al agente de Medina Sidonia en Sevilla a principios de 1641, lamentaba el también agente y contador ducal en Madrid los enormes problemas que a uno y otro les estaba suponiendo hacer frente a las duras condiciones de satisfacción de las deudas de este tipo contraídas por el duque. Ese dinero a daño responde a una fórmula de préstamo caracterizada por carecer de licencia regia, por sus elevados intereses y por su corto periodo de satisfacción53. Hasta donde sabemos, aparece a comienzos del XVII, tal vez como adaptación simplificada al ámbito señorial de una formula crediticia usada en las transacciones marítimas, muy extendida en la financiación de la Carrera de Indias: la toma de dinero “a riesgo”54.
Apenas cinco años atrás, en verano de 1636, justo cuando el premio oficial de la plata se situó en un mucho más realista –pero perjudicial para la nobleza55– $20 \%$ , y muy poco después de haber abandonado la corte madrileña para hacerse cargo de su herencia, el IX duque de Medina Sidonia, don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, remitió poder a uno de sus contadores –don Lorenzo Dávila– para que procediese a obtener liquidez por medio de esta fórmula en Sevilla o en Madrid. El modelo documental de estas tomas de dinero a daño –al menos las que entonces se pusieron en ejecución– consistía en la firma de contratos que eran registrados ante notario. En aquella ocasión se incorporó el poder dado por el duque, en el que se especificaba que Dávila quedaba facultado para tomar préstamos con objeto de satisfacer deudas contraídas por su señor, misión que se expresó con la fórmula “componer y pagar las deudas que yo debo”. La confianza del señor en su enviado era total, dado que Dávila podía tomar de quien estimase oportuno “todas y cualesquier partidas de maravedíes y ducados que quisiere con los intereses que le pareciere y se concertare, los cuales pueda recibir; y no siendo la paga ante escribano que de ello dé fe, se dé por contento y renuncie las excepciones de los dos años y leyes de la pecunia, embargamiento, prueba y paga”. Hay que hacer notar que la posibilidad de excluir incluso al escribano en el traspaso de dinero implicaba una menor protección para el prestamista, para quien la única salvaguarda pasaba a ser la palabra del duque, posiblemente a cambio de un mayor interés. Hasta qué punto se usó esta posibilidad no podemos determinarlo, pero parece claro que en la medida en que el crédito de un señor como pagador decayese, resultaría mucho más difícil ponerla en práctica. Por otro lado, el duque decía que se obligaba a sí mismo y a los “bienes y rentas de mi casa, estado y mayorazgo por mí sólo o con otras personas que fueren mis fiadores y de mancomún y a voz de uno y cada uno por sí y por el todo y insolidum”, renunciando a todas las leyes a su favor e incluyendo la posibilidad de la ejecución de la deuda contra todos sus bienes, corriendo todos los gastos de la reclamación por su cuenta. Además, Dávila quedaba facultado para negociar y traspasar las deudas de su señor como estimase oportuno56.
En otro de estos contratos, escriturado en diciembre de 1636, Dávila decía que en virtud del poder recibido “obligo a Su Excelencia como principal deudor, cumplidor y pagador”, quedando obligados su hermano, don Pedro Dávila –vecino de Madrid– y él mismo como fiadores del duque. La cantidad adeudada eran 18.645 reales en moneda de vellón que prestaba Francisco Martínez de Uriarte, residente en Madrid, el cual lo entregaba “por hacer amistad” a Su Excelencia con el fin de pagarlos a Domingo Sáenz de Viteri, mercader de sedas de la corte, como adelanto de una mayor cantidad que el duque le debía por tejidos adquiridos en su tienda. Las condiciones estipulaban la devolución en el plazo de un año, puesto el dinero en su tienda a costa de la parte deudora, incluyendo el salario de los enviados a hacer las gestiones. Como garantía, más allá de la mención a los bienes del duque y sus fiadores, se establecía una hipoteca especial sobre “un juro de 32.000 ducados de principal en plata doble que Su Excelencia tiene situado en el estanco del aguardiente de Sanlúcar, Jerez y El Puerto [de Santa María] que vale 3.000 ducados de renta cada año, libre de vínculo, mayorazgo y otra restitución, y sobre las dehesas de Jimena”. Unas propiedades que expresamente el duque no podría vender ni enajenar mientras no se hubiese satisfecho la cantidad ahora adeudada57. Aunque no podemos fijar una cantidad siquiera aproximada del dinero que se tomó a daño entre septiembre de 1636 y febrero de 1637, sí que tenemos constancia de otras escrituras de formato muy similar por valor de entre 15.000 y 35.000 reales, todas ellas firmadas en Madrid58.
Resulta evidente que estas escrituras nos esconden el tipo de interés aplicado, que al parecer solía ser muy alto, dado que a tenor de lo que se expresa la cantidad a reembolsar sería la misma que se recibía. Sólo cabe pensar en una de dos posibilidades: o bien que la cantidad efectivamente prestada fuera menor que la reflejada en la escritura, de modo que ahí quedase la ganancia del prestamista; o bien que la escritura pública fuese –como en el caso de las anulaciones incorporadas en un tipo de crédito común entre la nobleza inglesa59– tan sólo una parte del acuerdo, de modo que otras adiciones no recogidas en ella, quizá por contravenir las leyes contra la usura, sí que estableciesen porcentajes.
Sea como fuere, aquella primera búsqueda desesperada de dinero estuvo destinada a pagar las deudas que don Gaspar había contraído en Madrid durante sus años cortesanos, pero no fue un caso aislado, dado que el nivel de gasto del IX duque en sus primeros meses de gobierno se mantuvo muy alto. De hecho, Dávila no fue el único criado enviado a buscar dinero, sino que también lo hicieron don Fernando de Montesdeoca Dávila, don Fernando de la Oliva y don Miguel Páez de la Cadena Ponce de León, centrándose éstos en el entorno de Sevilla. Entre los prestamistas allí captados encontramos personajes muy conocidos, como Antonio María Bucarelli (32.000 reales), Tomás Mañara (familiar del Santo Oficio, 22.000), Antonio del Castillo Camargo (miembro del consulado de Indias, 11.000), Juan de la Fuente Almonte (alcalde mayor, 22.000), don Andrés de Madariaga (prior del Consulado, 22.000) o Francisco Díez de Velasco (veinticuatro de Sevilla, 22.000), entre otros, todos los cuales prestaron reales de plata doble y con la obligación de devolución en el plazo de un año60.
La larga comisión de Dávila $^ { - 0 }$ la sucesión de ellas– entre 1636 y 1637 es muy rica en detalles cualitativos. El enviado del duque, por ejemplo, daba cuenta de lo que hacían otros “señores de esta corte” para obtener liquidez. Mencionaba así la posibilidad de arrendar señoríos enteros –Medina Sidonia, de hecho, estaba ya barajando la posibilidad de arrendar el condado de Niebla– o la de empeñar la plata –que igualmente estaba en estudio–. En todo caso, la solución al hecho de tener “tanto tributo que pagar y tanto acreedor quejoso”, pese a “las diligencias que hago en Sevilla y ahí [Madrid] por tomar cualquier asiento y por vender lo que tengo”, quedaba en buena medida fiada a la habilidad de los ministros ducales para absorber ahorro privado61. Por otra parte, Madrid era donde el duque esperaba encontrar mejor acomodo para tomar dineros –“de verdad ha de ser de menos intereses y daño lo de allí”, según sus palabras–, pese a lo cual era Sevilla “adonde me importa más conservar el crédito para lo que se pueda ofrecer”. De hecho, el dinero a daño tomado ya en Sevilla era por entonces “lo que más aprieta y más cuidado nos debe dar”. Descartada la opción de arrendar el condado –porque no se iba a obtener el permiso regio–, Dávila propuso como garantías alternativas para alcanzar un gran asiento, bien usar la facultad ya concedida para tomar 20.000 reales en plata en Sevilla, bien recurrir al privilegio de la renta del aguardiente o, por último, usar unos juros sobre los millones de Granada y el almojarifazgo de Sevilla62. Sin embargo, sabemos que ese gran asiento no llegó a firmarse y que todavía en diciembre de 1639 estaba el duque buscando un medio para vender tanto el juro granadino como la renta del aguardiente63.
A comienzos de 1639 la deuda contraída con Francisco Pérez de Salinas era una de las que más acosaban al duque. Según se desprende de las palabras de don Gaspar Alonso, el interés de aquél préstamo estaba en un $6 \%$ –cifraba en 3.000 reales su ganancia sobre un préstamo de $5 0 . 0 0 0 -$ . Por entonces el duque confesaba a su agente que para componer los daños de Sevilla “no sólo se busca de mi hacienda, sino prestado en todo mi estado, aunque sea partidas de treinta ducados, porque con todas [las] ayudas aún no sé si se podrá aplacar todo aquello y más a los tributarios, aunque lo deseo infinito”64. Así, cualquier alivio era una victoria, como cuando pudo librarse de algunas de las deudas que más le apremiaban. En carta a uno de sus agentes, don Gaspar aseguraba que sólo esperaba que la llegada de la flota de galeones le permitiese salir también de la deuda contraída con Pérez de Salinas, de modo que ya sólo le quedarían las deudas de Sevilla y algunas otras sueltas, aunque advertía que hasta que pudiesen liquidar esas no llegaría la quietud. De no poco alivio debió ser también la venta por anticipado de la pesca de atunes de aquel año a ciertos asentistas, dada la fuerte inversión que requería poner en marcha la almadraba65, de modo que don Gaspar ordenó a sus contadores que tratasen de repetirlo en los años venideros66. Una vez hubo llegado la flota, el dinero fluyó en el entorno de Sevilla lo suficiente como para ir dando satisfacción a algunos prestamistas, hasta el punto de que el duque afirmaba que lo importante era “si los dejamos contentos y obligados”67.
En septiembre de 1639 el duque don Gaspar remitió a Sevilla al licenciado Alonso Sánchez Asensio “a hacer mis negocios tocantes a hacienda” con cargo de tesorero y funciones de agente, aunque no en lo político68. Su primera misión fue reunirse con el tesorero del duque en la ciudad para poner en claro los ingresos de ciertas encomiendas que disfrutaba su señor y cuyo cobro se realizaba en Sevilla. De la reunión entre ambos criados esperaba el duque obtener una cifra clara “de lo que estoy debiendo así de deudas sueltas como de corridos de tributos”. Una vez en su poder la relación definitiva de la deuda legítima, Asensio debía proceder a darle satisfacción, pero distinguiendo bien las deudas sueltas “de que se pagan intereses”, dado que era el mayor quebradero de cabeza del duque por entonces, por lo que dispuso que a medida que fuera recibiendo partidas de dinero debía ir satisfaciendo los intereses hasta que pudiera devolver el principal, “todo esto con buen agasajo y maña”. Por otro lado, quedaba prohibido realizar gastos salvo que hubiese libranza expresa del duque69.
La orden de ir entreteniendo con maña y haciendo ver a los acreedores que el dinero fluía, dados los pocos recursos disponibles, debía resultar una tarea ardua. Una de las formulas de entretener a los acreedores que se empezó a poner en práctica por entonces fue remitirles a diversas tesorerías y cajas de contabilidad diferentes a Sevilla, sobre todo las del condado de Niebla –Niebla, Trigueros o Huelva–70. Un recurso desesperado que generó un problema adicional a los ministros ducales consistente en que las partidas prometidas como seguras por uno de ellos a algún acreedor podían resultar fallidas, bien porque hubiese problemas con las cuentas de los tesoreros, bien porque otro ministro hubiese tomado ese dinero antes. De hecho, en un comportamiento similar el descrito por Stone para la Inglaterra de la época, esto afectaba ya de lleno no sólo al crédito del duque, sino al de sus propios criados, que en muchos casos cubrían descubiertos de su señor o aportaban su propio crédito como pagadores71. De este modo, surgió entre ellos una especie de solidaridad para sostener la palabra dada por ellos mismos, incluso frente a órdenes directas de su señor72.
En septiembre de 1640 el duque remitió a Sevilla al capitán Juan Jiménez Lobatón, su contador mayor, con unas nuevas instrucciones con objeto de lograr que “el crédito se conserve”. En opinión del duque, eran dos géneros diferentes de deuda los que le daban especial cuidado. Por una parte, “unas sueltas de que se pagan daños e intereses”, deudas de las que, sin embargo, se hizo cargo don Fernando Novela, comerciante oriundo de Cádiz que terminaría siendo ministro del duque y su apoyo financiero en los años venideros. También como sueltas, don Gaspar añadía que ya sólo quedaban otros 15.000 ducados, obtenidos mediante el ofrecimiento de “prendas de oro y plata mías que tienen en empeño estos acreedores”, las cuales le urgía recuperar. El segundo tipo de deuda eran los corridos de tributos que tenían principales muy seguros. A este respecto, señalaba que siempre se habían pagado con escrupulosa puntualidad, por lo que temía que “echaran [de] menos que en mi tiempo no se haya continuado [esto] sin reparar en los grandes empeños con que sucedí en ella [mi casa]”, claro está, por servir al rey y a pesar de la “falta de comercio”. No obstante, proseguía asegurando el duque que esperaba poder acabar con las deudas, restaurando a su casa en el crédito y puntualidad tradicionales. Esta declaración de intenciones debía exponerla Lobatón a los tributarios para, a continuación, ofrecerles fórmulas de satisfacción tales como cesiones de rentas –al estilo de Novela– o el pago contra letras que llevaba consigo el contador mayor. De una u otra forma, el objetivo era “contentar proporcionadamente según su necesidad”, pero también según la antigüedad de la deuda. Con todo ello se esperaba que los acreedores “excusen el descrédito a mi hacienda, enviando ejecutores cuando está imposibilitada de acaballes de pagar”. Para colmo, el duque advertía de la posibilidad de que se generasen dos gastos más o menos imprevistos. Por un lado, la venta de los derechos acrecentados de aduana –que el duque planeaba comprar por mano interpuesta en lo tocante a Sanlúcar–; por otra, “que se ofrezca ocasión del servicio de Su Majestad en los accidentes de guerra que están pendientes”. Para afrontarlos, decía no tener ya otra posibilidad que la venta de algún cortijo de los que tenía en Trebujena73. Sólo en mayo de 1641 llegó una forma de alivio gracias a la facultad que Felipe IV concedió al duque para introducir 40.000 ducados de ropa de contrabando74. Sin embargo, la abrupta salida del duque de su casa aquél verano tras el descubrimiento de su conjura alteró definitivamente todo aquel laberinto financiero en que se había convertido la gestión de sus estados.
Ya detenido Medina Sidonia, en 1643, el licenciado Alonso Sánchez Asensio, por entonces su agente en Sevilla, presentó unas cuentas “de las deudas que se tomaron a daño”, cuyos datos se recogen en las Tablas VII, VIII y IX.
Tabla V. Cuentas generales de cargo $y$ data del agente del duque Medina Sidonia en Sevilla (21 de septiembre de $I 6 3 9 a$ 30 de abril de 1642). Fuente: AGFCMS, leg. 3.163. $( ^ { * } )$ Partida desglosada en detalle en el cuadro siguiente.

Cargo	Reales vellon	Reales plata
Procedido de la almadraba (1640)	154.339
Procedido de la almadraba (1641)	163.613 (de 1/4)
Frutos y rentas de la encomienda	52.757 (de 1/2)
Letras recibidas
Sumatorio parcial	1.172.981	50.017
Data
Corridos de tributos	170.768
Gastos matrimonio ducal	134.804
Principal e intereses de las deudas a dano (*)	210.314	30.301
Reparos de las casas de Sevilla	33.860
Enviosa MadridyV.deAlcantara	237.785
Gastos menudos por orden del duque	381.108	19.716
Sumatorio parcial	1.168.650	50.017
Alcance
4.331

Prestamista	Periodo	Finiquito	%	Ppal. (d)	Paga (r)
Ldo. Alonso Ramos	11/1639	3.000	17.202
Ldo.Alonso Ramos	01/01/39 a31/10/39	3.850
Obra pia Luis de Monsalves y elldo.Fernando de Anguita	01/01/39 a30/01/39	600 (plata)	558
Obra pia Luis de Monsalves y elldo.Fernando de Anguita	01/07/39 a31/12/40	12/09/41	12	600 (plata)	11.471
Francisco Pérez de Menaca (1)	01/07/39 a31/03/40	4.000	5.491
Francisco Perez de Menaca	02/09/40	4.000	31.960
Francisco Perez de Menaca	08/08/41	4.000	40.300
Francisco Pérez de Menaca	01/01/41 a08/08/41	13	4.000	3.168
Contador Francisco de Vilches	24/07/37 a31/12/39	22/03/40	14	15.675 (r)	5.485
Contador Francisco de Vilches	01/01/40 a31/12/41	14	15.675(r)	4.388
Gaspar Rodriguez Pasavino	01/09/38 a01/03/40	08/04/40	12	2.000	5.068
Teodosio de Montiel (2)	18/02/39 a30/06/40	2.000	4.886
Teodosio de Montiel	16/07/41	2.000	35.640
Teodosio de Montiel	24/07/40 a11/07/41	12	2.000	4.526
Herederos del cpt. Alonso PérezRomero	6/04/41	2.000	31.874
Alonso Ramirez de Utrera (3)	16/07/41	14	3.000	4.857
Andres de Madariaga (5)	28/11/41	4.000	18.957 (p)
Andres de Madariaga	(hasta)31/12/40	4.000	11.344 (p)

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Tabla VI. Cuentas finales del agente del duque de Medina Sidonia en Sevilla (21 de septiembre de 1639 a 30 de abril de 1642): deudas a daño. Fuente: AGFCMS, leg. 3.163. Nota: Según las operaciones, el cambio de plata a vellón tenía un premio de $62 \%$ -caso de los finiquitos de Montiel y Pérez de Meñaca-, $44 \%$ -obra pía de Monsalves-, $41 \%$ , $3 6 \%$ $28 \%$ ; (1) Mañara había aceptado la deuda del duque con Juio Civoli de 79.155 reales de plata que el duque invirtió en su boda; (2) tomados de Andrés de Madariaga; (3) para dar por liquidada la deuda, se añadieron las siguientes partidas: 13.531, 1.241, 200d y 15.798; (4) se finiquitó por medio de la venta de un juro de 88.101 reales que se vendió al capitán Juan Muñoz Tenorio sobre las alcabalas de Sevilla. El sumatorio de la cuenta arrojó un total de 210.324 reales de vellón y 30.301 reales de plata.
Tabla VII. Cuentas parciales del agente del duque Medina Sidonia en Sevilla, entre $I 6 3 9 y$ 1643: deudas a daño. Fuente: AGFCMS, leg. 3.188. Nota: $\mathrm { E l } \%$ corresponde al premio de la conversión de la plata en vellón.

Prestamista	Condiciones	Plata	Vellon (%)
Pedro de Segura	12.399	20.086 (62)
Pedro de Segura	13%: Intereses de 4.000 ducados (3 anos,cinco meses y 12 dias)	19.731	31.966 (62)
Francisco Pérez deManara	Resto de los 4.000 ducados	31.601	51.193 (62)
Francisco Pérez deManara	Intereses de los 31.601	1.151
Julio Civoli	Resto de deuda de 79.155 reales	35.155	56.218 (60)
Julio Civoli	Intereses (3 anos)	13.710	21.936 (60)
Francisco Vilches	Intereses de 15.675	1.145

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De los diversos dineros tomados a daño que recogen estos cuadros, sólo de algunos poseemos una información seriada como para permitirnos seguir la evolución del préstamo. Tal es el caso del de Francisco Pérez Meñaca, cuyos 4.000 ducados de vellón, recibidos en julio de 1639, terminaron por costar a la agencia del duque 7.356 ducados hasta agosto de 1641, es decir, que el interés final rondó el $2 5 \%$ anual. Un altísimo interés que responde sin duda a la penalización que tenían los retrasos sobre la fecha de devolución.
4. Conclusión.
Estando ya Medina Sidonia expatriado de Andalucía y habiendo padecido todas las formas de castigo por su conjura, incluida la financiera –ante todo, el servicio al rey de 200.000 ducados–, el pago de la deuda se hizo insostenible. Así, sólo cabían dos posibilidades: o la venta autorizada por parte del rey de bienes integrados en el mayorazgo o el concurso de acreedores. Felipe IV no tuvo mayor inconveniente en propiciar lo primero –que se materializó sobre todo en forma de venta de fincas rústicas–, pero, aún así, el agujero financiero siguió estando presente y la amenaza del concurso público de acreedores no se disipó al menos hasta comienzos de la década de 1660. Sin embargo, que el concurso no llegase a producirse por los cauces habituales –es decir, con el carácter de público– no significa que el señorío no estuviese intervenido.
En algún momento posterior a 1648, un anónimo autor imprimió un memorial en el que, sin mencionarla, hablaba de los problemas financieros de la casa de Medina Sidonia. Ante todo, cifraba la deuda acumulada en 46.000 ducados anuales, “a cuya seguridad se hipotecaron todas sus rentas […] con la condición ordinaria de poder ejecutar en todas y cualesquier de las dichas rentas”, aunque con preferencia por las alcabalas. Sin embargo, recordaba también cómo el fiscal del Consejo de Hacienda había puesto pleito a principios del XVII sobre todas ellas y, de nuevo, otro fiscal lo intentó tras la conjura. En esa situación, el duque hubo de llegar a un acuerdo con la.
Real Hacienda para el cese de la causa a cambio de una elevada suma –los 200.000 ducados del préstamo al rey–, para lo cual se suscribió un nuevo contrato con un asentista, cuyos réditos anuales cifraba en el $10 \%$ . Un asiento que, sin embargo, no descuidaba a los acreedores antiguos, sino muy al contrario. En aquella situación, tan parecida a un concurso de acreedores, era el asentista –Alejandro Palavesín– quien actuaba de forma equiparable a un juez concursal, teniendo que vigilar que todas las rentas se dedicasen al pago de deuda, a excepción de las señaladas para los alimentos del duque. Sin embargo, según el autor del memorial, el descuido o desorden del asentista había dado lugar a que los acreedores actuasen por su cuenta tratando de ejecutar hipotecas, provocando tantas costas a la casa ducal que era esa la razón de no poderse afrontar las deudas. Así las cosas, la solución aplicada hasta ese momento consistía en dividir la hacienda ducal en tres partes: una para Palavesín –las alcabalas–, otra para los acreedores antiguos –que sumaban los 46.000 ducados mencionados– y el resto para los alimentos. La propia corona, por su parte, había interpuesto su autoridad para controlar el pago a los acreedores, pero con un sistema de ministros con salarios tan altos que, sumado a la miseria de los tiempos, estaba provocando mayores apuros. En definitiva, el texto buscaba convencer a los acreedores de las ventajas que tenía para ellos mantener la situación actual frente a un concurso propiamente dicho, en el que Palavesín sería declarado acreedor preferente, al duque se le señalarían alimentos más elevados y ellos perderían un porcentaje de sus capitales. Por el contrario, consideraba que el único medio para salir del aprieto consistía en que se permitiese al duque administrar de nuevo el tercio de renta destinado a los acreedores, para que con su autoridad no hubiese pérdidas75.
No fue esta opinión, tan favorable a los deseos del duque, la única que se imprimió por entonces. Otro memorial similar, que se refería al duque como “mi señor”, se articuló como una serie de consejos prácticos que, ante todo, sugerían a Medina Sidonia que solicitase al rey la designación de un juez administrador de todos sus estados, como se había hecho con otros grandes, el cual se alzaría como la autoridad máxima del estado a excepción del propio duque y que contaría con una tesorería propia para llevar las cuentas de los pagos76.
La casa de Medina Sidonia se encontraba en un callejón financiero sin salida por la combinación del préstamo realizado a la Corona con una deuda acumulada de enormes dimensiones. Una situación que ni siquiera la fórmula concursal parecía poder resolver. Resulta desde luego muy tentador suponer que el proceso de endeudamiento de los años previos a la conjura fue el resultado del desmedido despilfarro del IX duque, de su falta de pericia financiera o, usando las palabras que Stone dedicó a un noble inglés coetáneo, de sus “deficiencias personales de carácter y de inteligencia”. El propio don Gaspar ya fue descrito en su día por Luisa Isabel Álvarez de Toledo como poco brillante. Medina Sidonia pudo ser algo así como –citando de nuevo a Stone– un Thomas de Arundel castellano, aunque no parece que su capacidad de presión sobre los mercaderes de la corte fuese tal que, como propuso el historiador británico para su caso de estudio, pudiese obligarles a prestarle contra su voluntad. De hecho, como hemos visto, solo sobre los propios vasallos podía aspirar el duque a ejercer un cierto grado de presión77. Ahora bien, siendo la posibilidad de las carencias intelectuales o falta de habilidades del duque factible, aunque improbable de demostrar, lo más relevante a nuestro juicio es poner el foco en la relación concreta que este caso de estudio sugiere entre quiebra y abuso de los mecanismos financieros sin supervisión regia. Sin embargo, no podemos olvidar que, según nos ha descrito la historiografía, es así mismo probable que la obligación de la corona respecto a los mayorazgos fallase en ocasiones por múltiples causas, provocando la quiebra de estados señoriales que entraron en concurso público de acreedores solo por acumulación de censos autorizados. Es decir, en la medida en que desconocemos el alcance que llegaron a tener en otras contabilidades señoriales formas tan onerosas de deuda como los censos sin permiso y las tomas de dinero a daño, no podemos determinar si el modelo de quiebra financiera de los Medina Sidonia fue excepcional o un caso del que, simplemente, disponemos de más y mejor información.
Para concluir, conviene señalar que no hemos prestado todavía la suficiente atención a la existencia de dos modelos de endeudamiento nobiliario basados en una motivación diferente y que, con seguridad, dieron lugar a respuestas teóricas igualmente diversas. Para empezar debemos reparar en la muy obvia premisa que establece que a la quiebra se podía llegar o bien por merma de ingresos o bien por aumento del gasto. Las situaciones a que una y otra daban lugar no eran idénticas: la primera cabría catalogarla como endeudamiento deshonroso, mientras que la segunda representaba exactamente lo opuesto. De este segundo tipo podrían ser los casos de los condes de Monteagudo y los condes de Aguilar, ambos sometidos a concursos de acreedores en el siglo XVI, ejemplos en los que el crecimiento del gasto provino de la decidida y arriesgada apuesta de casas relativamente menores para hacer méritos en el horizonte políticamente ampliado de los dos primeros Austrias78. Como ha sido señalado, el desastre financiero resulta aquí muy matizable por cuanto se podía ver compensado por un aumento del crédito político, del que se solían derivar múltiples formas de alivio financiero e incremento patrimonial79. Sin duda, los Medina Sidonia buscaron presentar su caso bajo el amparo de esa lógica antidoral. Así, en memoriales e instrucciones a sus ministros, los duques recalcaron la idea que debían hacer llegar tanto a sus acreedores como al rey: que la mayor parte del endeudamiento heredado o contraído se debía al servicio regio. Sin embargo, por mucho que los duques insistiesen en ello, el endeudamiento de su casa, que empezó su escalada a fines de la dé- cada de 1620, no respondía tan sólo a la partida del gasto en servicio al rey, sino que la merma de ingresos se unió al mantenimiento del estatus y la magnificencia como motivos principales del recurso al crédito. En este sentido, este modelo de endeudamiento llevaba aparejada como mínimo una sombra de mancha de mala gestión, lo que suponía a su vez un descrédito financiero agravado porque, al no caber aquí reclamación antidoral al rey, se hacía mucho más remota la esperanza de mejoría.
La hipótesis más plausible es, por tanto, que los Medina Sidonia fundaron su estrategia financiera para evitar el descrédito en la convicción de que la crisis del comercio atlántico sería pasajera y no duraría más de lo que lo hiciesen las guerras de Felipe IV. El cálculo, ahora lo sabemos, era erróneo, pero la opción por el mantenimiento a ultranza del crédito político-financiero responde sin duda a una lógica económica señorial que no cabe catalogar de otra forma que racional.