El Archivo General de Castilla y León: historia, funciones y fondos documentales.
The Archivo General de Castilla y León: history, functions and documentary fonds.
CARLOS TRAVESÍ DE DIEGO JEFE DEL SERVICIO DE ARCHIVOS Y ARCHIVO GENERAL DE CASTILLA Y LEÓN.
DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.38.2018.539-552.
Resumen: El Archivo General de Castilla y León es la cabecera del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, para gran parte de los historiadores no es muy conocido. A lo largo del artículo se analiza el contexto de creación del archivo, su historia como centro básico del entramado archivístico de Castilla y León, así como sus funciones y sus fondos, con el fin de dar a conocer mejor el lugar donde se deposita la memoria más contemporánea de Castilla y León, la de su historia más reciente como Comunidad Autónoma.
Palabras clave: Archivo General de Castilla y León; Historia Contemporánea de Castilla y León;
preautonomía; Comunidad Autónoma de Castilla y León; Junta de Castilla y León.
Abstract: The Archivo General de Castilla y León is the head of the Archives System of Castilla y León. However, for most historians it is not well known. Throughout the article is analyzed the context of creation of the archive, its history as the basic center of the archival framework of Castile and Leon, as well as its functions and its documentary fonds, in order to better publicize the place where the contemporany memory of Castilla y León is deposited, its most recent history as a Comunidad Autónoma.
Keywords: Archivo General de Castilla y León; Contemporany History of Castilla y León;
preautonomía; Comunidad Autónoma de Castilla y León; Junta de Castilla y León.
Sumario: Introducción. 1. Historia del Archivo General de Castilla y León. 1.1 El archivo inexistente. 1.2. El proyecto de edificio: el Palacio del Licenciado Butrón. 1.3. La sede del Archivo General en la actualidad. 2. El Archivo General como cabecera del Sistema. 3 Fondos del Archivo General de Castilla y León. 3.1. El Ente Preautonómico. 3.2. Los órganos de la administración central autonómica. 3.3. Archivos de asociaciones y fundaciones. Conclusión.
INTRODUCCIÓN.
Para entender mejor el papel del Archivo General de Castilla y León y sus funciones debemos dar un pequeño paseo por el Sistema de Archivos de.
Castilla y León tal y como fue quedando configurado en la legislación autonómica.
La Comunidad de Castilla y León creó en 1986 el Archivo Central de la Administración de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Presidencia. Cinco años más tarde, con la aprobación de la Ley 6/1991 de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León, se creó la estructura del sistema archivístico de las instituciones autonómicas castellano-leonesas que quedaría configurado en el artículo 30 de la Ley 6/1991 de 19 de abril del siguiente modo:
El Archivo General de Castilla y León.
El Archivo de las Cortes de Castilla y León.
Los Archivos Centrales de Presidencia y de las distintas.
Consejerías.
Los Archivos Territoriales. Cualquier otro archivo dependiente de entidades y organismos de titularidad autonómica.
En el tiempo transcurrido entre el Decreto de 1986 de creación del Archivo Central de la Administración y la aprobación de la Ley de 1991, se aprobó la Orden de 14 de enero de 1987, que disponía las medidas reglamentarias relativas a dicho Archivo Central, y cuya Disposición Adicional introducía criterios incongruentes respecto del destino de la documentación generada por las delegaciones territoriales de la Administración castellano-leonesa, incongruencias que, más que resolverse, se incrementaron con las disposiciones contenidas en la Orden de 21 de abril de 1989, que, curiosamente, convertía a los Archivos Históricos Provinciales en “archivo intermedio de segunda fase”, al actuar como depositarios de los fondos que, originariamente producidos por las delegaciones territoriales de la Junta en las provincias y habiendo cumplido cinco años, habrían sido remitidos al Archivo Central de la Administración (en Valladolid) para, una vez cumplidos los veinticinco años, ser transferidos de nuevo a las provincias con el fin de ser depositados en los Archivos Históricos Provinciales respectivos, con excepción de las series incompletas que permanecerían en el Archivo Central de Valladolid.
La Ley de 1991 vino a normalizar esta situación transformando el Archivo Central de la Administración en Archivo Central de la Consejería de Presidencia, uno más de los de las consejerías de la Junta, y creando el Archivo General de Castilla y León como archivo intermedio e histórico del sistema autonómico. Sin embargo, la Ley incluía una disposición transitoria que delegaba las funciones del Archivo General en dicho Archivo Central de la Consejería de Presidencia el cual, para poco después de 1991, estaba colapsado con las transferencias documentales de diversas consejerías, por lo que malamente podía hacer frente a lo dispuesto en la transitoria.
Por otro lado, la Ley estableció la creación de los Archivos Territoriales como archivos intermedios en las provincias cuyos fondos serían transferidos posteriormente a los archivos históricos provinciales, normalizando así la función de éstos con relación a la documentación de las delegaciones territoriales de la Junta que habían distorsionado las disposiciones de la Orden de Presidencia de 14 de enero de 1987 y 21 de abril de 1989.
1. HISTORIA DEL ARCHIVO GENERAL DE CASTILLA Y LEÓN.
Como ya hemos indicado, el Archivo General de Castilla y León nació en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. En concreto en el artículo 31 de la misma que le confería tres funciones específicas:
a) Recoger la documentación producida o reunida por los órganos centrales del Gobierno y de la Administración Autónoma y por los organismos administrativos de ámbito autonómico ya extinguidos.
b) Conservar, organizar y difundir aquella documentación que se determine tras la aplicación de estrictos criterios técnicos de selección en función del valor histórico, legal o administrativo de los propios documentos, realizando cuantos trabajos de descripción, inventario y catalogación sean necesarios a fin de facilitar su consulta para la información legal o administrativa y para la investigación.
c) Llevar a cabo las mismas tareas de recogida, conservación, organización, comunicación y difusión de los fondos documentales históricos de interés general para la Comunidad Autónoma cuya posesión adquiera o le corresponda a ésta en virtud de cualquier título y recibir los que le sean cedidos en depósito, así como los que no puedan ser debidamente protegidos en otros archivos.
1.1. El archivo inexistente.
A pesar de que la Ley describiese qué debía hacer el Archivo General, lo cierto es que en aquella primera etapa el Archivo como tal no existía. Como ya hemos visto, debía hacerse cargo de sus funciones el Archivo de la Consejería de la Presidencia, que no podía. Además, no existía proyecto para el Archivo General, ni se había previsto su futura ubicación, ni disponía de personal alguno.
En estas circunstancias, la Consejería de Cultura y Turismo decidió destinar el Palacio del Licenciado Butrón, comprado por la Junta de Castilla y León en 1988, a futura sede del Archivo General de Castilla y León. Las primeras obras de restauración comenzaron en agosto de 1992, con la intención de consolidar el patio renacentista y las cubiertas del mismo.
Dos años más tarde, en 1994, se presentó el anteproyecto de reforma del Palacio y se publicó el Decreto por el que se establecían la estructura y funciones del Archivo General de Castilla y León. Según este último, el Archivo General quedaba configurado como cabecera del Sistema de Archivos de Castilla y León, “al servicio de las Instituciones Autonómicas y de todos los ciudadanos”. Con categoría administrativa de Servicio, quedaba adscrito a la Consejería de Cultura y Turismo con las funciones básicas de:
Por una parte, recibir, custodiar, organizar y difundir la documentación con valor permanente (histórico) de los organismos centrales de la Administración Autonómica.
Por otra, la coordinación, normalización y asesoramiento técnico de todos los archivos del Sistema, en particular los de la propia Junta de Castilla y León.
De esta forma, el archivo había pasado de ser el archivo histórico de la Junta a ser cabecera del Sistema, con funciones rectoras y reguladoras, al menos en los aspectos técnicos.
1.2. El proyecto de edificio: el Palacio del Licenciado Butrón.
En cualquier caso, lo esencial era dotar de sede al Archivo, pues malamente podía este cumplir parte de sus funciones sin lugar desde el que hacerlo.
El estado del inmueble era ruinoso, por lo cual las obras avanzaron muy lentamente. El arquitecto Juan Carlos Arnuncio Pastor fue el responsable del proyecto que intentaba conjugar la restauración del edifico con las necesidades del archivo, una combinación harto dificultosa.
El Palacio nació a partir de la compra de unas casas en la calle Rosario (hoy San Diego) a las que el Licenciado Butrón añadió otras fruto de la herencia que recibió a la muerte de su esposa, Doña María de Rojas en 1557. Es casi seguro que fue Juan de la Lastra el responsable de la unificación de fachadas, patio y escalera principal, es decir las partes más nobles del palacio, mientras el resto sería una amalgama de edificios con funciones de cocheras o dependencias para la servidumbre. Estas reformas, unificaciones y adaptaciones al gusto manierista terminaron en 1572 y el propio Licenciado las disfrutó hasta 1579, fecha de su muerte. En 1637, el Palacio pasó a ser Convento de Santa Brígida, momento a partir del cual sufrió diversas transformaciones, como la construcción de la Iglesia aneja o su uso como colegio de niñas desde mediados del siglo XIX, que lo dotaron de una apariencia completamente extraña a su concepción original.
La tarea del equipo de responsable del proyecto era doble, por un lado recuperar el Palacio, al menos las partes más notables del mismo, y, por otro, encajar en su interior un archivo con múltiples funciones que, desde el punto de vista del proyectista se dividían en cuatro áreas funcionales: Depósitos, Servicios Internos, Servicios al Público y Áreas Comunes y de Mantenimiento.
Los Depósitos se instalaron fuera del espacio original del Palacio, sobre lo que anteriormente eran las dependencias anejas y el espacio abovedado de la antigua capilla. Los pisos de los depósitos se hicieron en alturas de 2,30 m, con una superficie total de $1 . 1 2 0 \mathrm { m } 2 $ , lo que daba un total, sobre el papel, cercano a los $7 . 0 0 0 \mathrm { m } . 1 .$ . de estantería “compacta”.
Unir los depósitos con las dependencias del Palacio, fue uno de los problemas más importantes que se plantearon el arquitecto y su equipo. La diferencia entre los forjados del Palacio de $5 \textrm { m }$ . y los de los depósitos de $^ { 2 , 3 0 ~ \mathrm { ~ m ~ } }$ , se solucionó encajando “una arquitectura dentro de otra arquitectura”1 con dos puntos de contacto: el muelle de carga y zaguán multiuso, y las escaleras que unen los depósitos de archivo con el Palacio. El primero “se resuelve con una arquitectura manifiestamente abstracta con el objeto de conseguir un espacio con una intensidad que pudiese convivir con el palacio”. El segundo con una escalera que zigzaguea conectando las alturas de los depósitos (seis) con las palaciegas (tres), a través de tramos intermedios y pasillos.
El segundo área era la de Servicios Internos que incluía los locales de recepción de documentos y locales de trabajos especializados (microfilmación, y restauración y encuadernación).
El local destinado a la recepción y clasificación de documentación se encontraba –y se encuentra- junto al zaguán del depósito, que da a la calle San Diego y ocupa una superficie total de $6 4 \mathrm { m } 2$ .
Los locales de reprografía (incluyendo procesado y duplicación), se situaron en el proyecto en la planta baja, con una superficie de $6 0 { , } 5 \ \mathrm m 2$ , evidentemente más reducida de la que proponen las normas de edificación de archivos, pero que se consideró “adecuada a las necesidades de la primera fase del edificio”2 .
Por último, dentro del Área de Servicios Internos, se proyectó la instalación en el sótano del “taller” de restauración, donde se preveía que la reconstrucción de los forjados facilitaría la adecuación del espacio. Sin embargo no llegó a realizarse pues apareció un suelo de canto rodado dispuesto de manera geométrica, y era evidente que la ausencia de luz y ventilación natural en la zona elegida desaconsejaban su uso para tales fines.
1.3. La sede del Archivo General en la actualidad.
La obra de restauración y adaptación al uso de archivo fue terminada en mayo de 1999, pero no inició su andadura como sede del Archivo General de Castilla y León hasta el último tercio del año 2002.
Ni el laboratorio de microfilmación, ni el de restauración han llegado nunca a realizarse porque las estancias que estaban destinadas a dicho uso han sido ocupadas como despachos de oficina para albergar otras unidades de la Consejería de Cultura y Turismo. De hecho, la mayor parte del edificio, aunque sigue siendo nominalmente el Archivo General de Castilla y León, está ocupada por dependencias de la Consejería, como el Servicio de Museos o el Servicio de Protección del Patrimonio.
Esta situación, que empezó siendo temporal, corre el riesgo de convertirse en definitiva y es complicado que el Palacio recupere completamente el uso para el que fue diseñado. Sin embargo, con ser esto un problema, lo es secundario con respecto al hecho de que el archivo en su configuración actual no puede hacer frente a la tarea de recogida de documentación y posterior regularización de los procesos de transferencia de las diferentes Consejerías más allá de los próximos cinco años.
La insuficiencia de espacio del Palacio para desarrollar las tareas que por Ley tiene asignadas el Archivo, obliga a la búsqueda de una ubicación con suficiente espacio y capacidad de crecimiento como para poder hacer frente a largo plazo a la realidad del incremento exponencial de los documentos producidos por la administración autonómica de Castilla y León, de cara a la conservación de aquellos que sean declarados de valor permanente.
Algunos de los responsables de los archivos comentan que dicha necesidad no es muy perentoria toda vez que las administraciones públicas, la de Castilla y León también, están procediendo a automatizar los procedimientos administrativos y la denominada “administración electrónica” se impondrá en breve. Hasta la fecha, los augurios sobre la desaparición del papel en las administraciones se han mostrado, como poco, exagerados y, me temo, quedan muchos años de producción en soporte papel hasta que la administración electrónica sea una realidad total en la administración autonómica.
2. EL ARCHIVO GENERAL COMO CABECERA DEL SISTEMA.
El Archivo General inició su andadura a finales de 2002 con muy poco personal y con un panorama poco halagüeño. Hacía varios años que no se hacía nada relevante en el Sistema de Archivos, la coordinación del mismo era meramente nominal y muchos de los proyectos iniciados habían sido abandonados.
Ante dichas circunstancias tan poco favorables se decidió dar preferencia a la reanimación de un Sistema que había dejado de serlo. Dos fueron los primeros pasos. Por un lado, establecer vínculos con los archivos de titularidad o gestión autonómica. Por otro, reactivar la Comisión Calificadora, cuyos inicios se remontaban a 1997, pero cuyas actividades no habían pasado de la fase constitutiva.
Como ya se ha señalado, los archivos centrales y territoriales habían sido creados por efecto de la Ley de Archivos de Castilla y León, pero pocos había en funcionamiento a finales de 2003. En lo tocante a los archivos centrales de las consejerías, se remitió una carta del entonces Consejero de Educación y Cultura, y Vicepresidente de la Junta, a todos los Secretarios Generales de las restantes Consejerías, cuya consecuencia inmediata fue que en el plazo de pocos meses las Consejerías eran conscientes de la existencia del Archivo General, de sus funciones rectoras como cabecera del Sistema, de la necesidad de dotar o cubrir las plazas de sus archivos, de contar con espacio para la documentación estante en depósitos, de las funciones de esos archivos, para muchos desconocidos, etc.
Más difícil fue la creación de los Archivos Territoriales, que tardó bastante más, pero que acabó, en el plazo de varios años, creando una sección de archivo en cada Delegación Territorial.
De esta forma, el Sistema comenzó a dinamizarse, se formaron grupos de trabajo, se retomaron las reuniones periódicas y se relanzaron los planes aparcados durante los últimos años.
Por otro lado, también en 2004, se impulsaron las funciones de la Comisión Calificadora, se nombraron nuevos miembros, se constituyeron como tal y comenzaron sus tareas al tiempo que un grupo de trabajo conjunto de distintos archiveros de los archivos centrales y territoriales, coordinados desde el Archivo General, iniciaba los trabajos de definición de los procedimientos para la elaboración y aprobación de los calendarios de conservación.
Esta tarea se ha continuado hasta el día de hoy y arroja un balance muy positivo. La metodología de trabajo para la aprobación de los calendarios de conservación ha ido evolucionando gracias a la experiencia adquirida a través de los años. Hasta 2012, las propuestas eran presentadas de forma individual por cada archivo, afectando sólo a la documentación del órgano administrativo del que dependieran. Pero, desde esa fecha se puso en marcha un nuevo método para la aprobación de reglas de conservación comunes a varios órganos administrativos. De acuerdo con este método, para cada serie documental será el Director General o Jefe del Servicio central competente en razón de la materia quien informe la propuesta como órgano productor y el Secretario General de la Consejería correspondiente quien lo haga como titular de la misma, haciendo posible su aplicación en todos los órganos de la Administración de Castilla y León, consiguiendo así mayor agilidad y eficiencia en la gestión documental. Así, hasta el año 2012, se aprobaron un total de 257 Reglas de Conservación. Desde 2013, el número de reglas aprobadas es de 636.
A día de hoy hay 893 reglas aprobadas, de las cuales el $1 1 \%$ son de Conservación Total (toda la documentación tiene valor permanente), el $1 5 \%$ de Eliminación Parcial (parte de la documentación de la serie se considera de valor permanente y se conserva) y el $7 4 \%$ restante son de Eliminación Total (todas la documentación se elimina, excepto una muestra de la serie).
No todas las Reglas aprobadas son de la Administración General de la Junta de Castilla y León. 4 son del Consejo Consultivo de Castilla y León, 24 son municipales (ayuntamientos de Burgos y Valladolid), 13 de universidades (Burgos y Valladolid), 1 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid y 15 de la Fundación Siglo.
Junto a estos dos líneas básicas, iniciadas hace 15 años, se iniciaron otras paralelas y en los que, hasta 2009, se avanzó a una velocidad aceptable. Por una parte, se mejoró el proceso de normalización descriptiva. Por otra, se establecieron diferentes estándares de funcionamiento que se plasmaron, en la publicación de un Manual de archivos de oficina o en la edición y mantenimiento de la web de Archivos de Castilla y León. Desde el momento de la crisis de 2010, las cosas comenzaron a ralentizarse y muchos de los proyectos no tuvieron posterior continuidad.
Un tercer elemento a destacar en la labor coordinadora del Archivo General ha sido la de continuar, especializar y mejorar la formación del personal del Sistema.
La última de cuestiones en la que se insistió desde el Archivo General, especialmente en aquellos años críticos de la primera década del siglo XXI, fue la del personal. Si en el año 2002 un $4 5 \%$ de las plazas existentes estaban vacantes, en 2008, mediante una continuada oferta de empleo público de archiveros y ayudantes, dicha vacancia redujo al $1 1 \%$ . Después, como en otros ámbitos, la crisis paralizó la oferta de empleo público, y salvo dos plazas de facultativo ofertadas en 2016, se pararon las oposiciones y la situación ha empeorado, aunque no tanto como se encontraba en 2002.
3. FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE CASTILLA Y LEÓN3.
Como se ha señalado al principio, además de ser la cabecera del Sistema de Archivos de Castilla y León, otra de las funciones esenciales del Archivo General es, por resumir, la recepción, custodia, organización y servicio de la documentación con “valor histórico” producida por los departamentos centrales de la Administración Autonómica (en todas sus ramas, sociedades, entidades, etc.). Esta idea de “valor histórico” es una vulgarización de cuestiones más técnicas que no parece pertinente explicar aquí, pero que sirve como acepción común.
Conviene recordar que en los archivos públicos conservan, principalmente, los fondos de las instituciones que “deben” depositar sus documentos en tales centros. Por tanto, no es una selección miscelánea, caprichosa, temática, cronológica o elaborada en función del valor contrastado o la importancia histórica subjetiva de la documentación. Es una acumulación “natural”, el resultado de un proceso que tiene su origen en las funciones desarrolladas por determinadas instituciones, aquellas que “deben” transferir sus fondos a estos archivos, y cuya plasmación –la de la función o competencia desarrollada- es un conjunto de documentos coherente. En nuestro caso, el de los órganos centrales de la Administración Autonómica.
3.1. El Ente Preautonómico.
Con la aprobación de la Constitución de 1978 comenzó una nueva etapa en la vida político-administrativa en España, caracterizada, entre otras cosas, por la progresiva transferencia de las competencias de la Administración Central a las diferentes autonomías que se iban creando. Sobre este mismo proceso de creación de las autonomías, anterior incluso a la difusa definición del Estado de las Autonomías por la Constitución, contamos, para el caso de Castilla y León4 , con el fondo generado por el denominado “Ente Preautonómico”. El Consejo General de Castilla y León5 fue el organismo que llevó el proceso de creación de la región de Castilla y León hasta la aprobación del Estatuto de 1983. Incluye, además, otras cuestiones como las relacionadas con el intento de Segovia de formar una Comunidad “uniprovincial”, o las de debate y aprobación del Estatuto. Las primeras transferencias competenciales fueron a parar a las Consejerías de este “Ente”, cuyos nombres abarcaban más materias que aquellas sobre las que realmente tenía capacidad rectora o reguladora.
3.2. Los órganos de la administración central autonómica.
A partir de la aprobación del Estatuto para Castilla y León comienza a conformarse una auténtica Administración Autonómica, cuyo crecimiento competencial ha sido proporcional a la creación y multiplicación del número de Consejerías responsables de los distintos asuntos o materias7 .
Hasta el momento se ha recibido documentación relacionada con las funciones ejercidas por la Junta de Castilla y León en materia de gobierno de la Comunidad Autónoma, contabilidad pública, medio ambiente y urbanismo. Destaca, por su importancia institucional e histórica, el Acta de Constitución del primer Gobierno de la Junta de Castilla y León, de 3 de junio de 1983, tres meses después de la aprobación del Estatuto de Autonomía. El total de esta documentación abarca desde 1983 hasta 2011 y consta de 4.626 unidades de instalación.
3.3. Archivos de asociaciones y fundaciones.
En 2005 la Unión Regional de CCOO de Castilla y León entregaba en depósito al Archivo General de Castilla y León sus fondos documentales (que incluyen, además de la propia documentación administrativa, la hemeroteca del sindicato y una colección de carteles cuyas fechas extremas van de 1978 a 2001). Junto con esta documentación ingresó en el Archivo el fondo del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (1972-1977) y el fondo del despacho laboralista José $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Alonso Franch (1972-1979).
El fondo de la Unión Regional de CCOO de Castilla y León está compuesto por 141 cajas y 17 carpetas, y abarca la documentación producida, acumulada y recibida por esta organización sindical en el ámbito geográfico de la región castellano y leonesa, lo que incluye documentación procedente de la Confederación Sindical de CCOO, así como de las Uniones Provinciales y de organismos de representación obrera en las empresas (Jurados de Empresa, Comités de Empresa, Asambleas de representantes en las empresas y otros órganos de representación). Igualmente, se encuentran documentos de la Delegación Provincial de la Organización Sindical (AISS) de Valladolid (en concreto, de los Sindicatos de Banca, del Metal y de la Construcción) y otros documentos –en su mayoría notas sindicalespertenecientes a organizaciones políticas, a asociaciones y movimientos sociales que muy posiblemente fueron cedidos o donados al Sindicato por alguno de sus afiliados o militantes.
Se trata de un fondo muy importante para la investigación histórica y el estudio del movimiento obrero y la conflictividad social en nuestra Comunidad Autónoma. Pese a su limitado volumen documental y a que mucha de la documentación está compuesta por duplicados, copias administrativas o fotocopias, la información contenida en ellas resulta fundamental, más aún teniendo en cuenta la escasez de archivos del ámbito sindical que hay en nuestra Comunidad.
Los fondos procedentes del Partido de la Nueva Izquierda de Castilla y León (10 cajas) ingresaron junto con la documentación transferida al Archivo General por la Unión Regional de CCOO de Castilla y León. Es probable que alguno de los afiliados al Sindicato fuese miembro del Partido Democrático de la Nueva Izquierda de Castilla y León, y esa sea la razón accidental de su presencia en el fondo de CCOO. El fondo incluye la documentación de esta organización política desde el año 1998 hasta el año 2001, cuando se produjo su integración en el seno del PSOE. Contiene, además, documentos pertenecientes a Nueva Izquierda de Valladolid y al Partido Democrático de Nueva Izquierda Confederal.
Para contextualizar la presencia del fondo del despacho laboralista José $\mathbf { M } ^ { \mathbf { a } }$ Alonso Franch en el de CCOO, hay entender el momento histórico en el que surgieron este tipo de despachos en los años finales del franquismo. Hasta la Ley de Procedimiento Laboral de 1958, los Servicios Jurídicos de la Organización Sindical monopolizaban la representación y asistencia letrada de los trabajadores en los procesos contenciosos-laborales. Esto significaba, de hecho, la complicidad de los mismos con la patronal y su sometimiento a la línea política de la Organización Sindical. A partir de ese momento, los trabajadores podían acudir a despachos particulares en busca de apoyo, asesoramiento y representación ante las Magistraturas de Trabajo. Por ello, a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, comenzaron en todo el país a instalarse despachos de abogados vinculados al movimiento obrero.
La documentación (8 cajas) está formada, fundamentalmente, por expedientes de defensa de trabajadores ante la Magistratura de Trabajo, en su mayoría por despidos o sanciones improcedentes, durante la época franquista y la Transición. La documentación de los expedientes de demandas ante la Magistratura de Trabajo incluye datos que aportan información sobre la situación salarial, sanciones y reglamentos de las diferentes empresas que reflejan el marco de las relaciones laborales, además de los modelos y pautas de conflictividad registrados en diversos sectores.
Finalmente, fruto de un depósito temporal particular, el Archivo dispone del Fondo Víctor Arbe, compuesto por 6 álbumes de pegatinas, 5 carpetas de carteles de cine y de propaganda política y 3 cajas de documentación política diversa. Víctor Arbe Díez (1961- ), afiliado al sindicato de CCOO desde el año 1984, comenzó a recopilar pegatinas (de significación política y sindical) hacia 1974-75. Con el principio de la Transición, las pegatinas servían para condensar las posiciones políticas de los partidos y movimientos sociales. Además, según sus propias palabras, pensó que en algún momento las pegatinas de aquella época llegarían a ser históricas por lo que representaban. Más allá de esta justificación, Víctor Arbe considera que son una especie de "literatura" efímera, de la que no se guardaría ningún ejemplar en ninguna parte y, por tanto, alguien debería conservar alguna, aunque fuera una parte muy pequeña.
En cuanto a los carteles, manifiestos y hojas informativas, etc., las razones de su recopilación son similares a las ya expuestas. También reflejan la forma que tenían los partidos de ver y entender los problemas sociales, políticos y económicos, en un momento en que tenían escasos medios para difundir sus propuestas.
CONCLUSIONES.
Aunque el Archivo General de Castilla y León nació con una doble misión, la de cabecera del Sistema de Archivos de Castilla y León, y la de archivo histórico del Gobierno y las Consejerías de la Junta de Castilla y León, la actual configuración de la Consejería de Cultura y Turismo, órgano máximo rector de la política archivística en la Comunidad Autónoma, ha consolidado el ejercicio de estas funciones. Durante bastantes años se dio la dificultosa circunstancia de la existencia de un Servicio de Archivos y Bibliotecas que acumulaba entre sus funciones también las rectoras del Sistema de Archivos. Durante esos años, el solapamiento entre el Archivo General y el Servicio de Archivos y Bibliotecas fue constante y muchas veces origen de problemas de funcionamiento. En la actualidad, se han unificado el Servicio de Archivos, despojado ya de lo relativo a las bibliotecas, y el Archivo General bajo una misma dirección. De esta forma, la distribución de funciones es más clara y se evitan los problemas derivados de la doble cabecera sobre el Sistema de Archivos.
Dentro de esta nueva configuración rectora del Sistema, el Archivo General busca impulsar su vocación como archivo histórico, tanto por sus obligaciones para con la documentación de valor permanente o histórico generada por los órganos centrales de la Junta de Castilla y León, así como por organismos autónomos, entes públicos de Derecho Privado y empresas públicas. Pero además, como demuestra la existencia de otros fondos recibidos desde otras instituciones o particulares, el Archivo General busca servir como referencia para la historia de la Comunidad Autónoma en todos los ámbitos historiográficos. De hecho, recientemente se ha firmado un comodato con la Fundación Fermín Carnero para recoger la documentación procedente de la UGT regional. Dicha documentación comprende aspectos directamente relacionados con la historia de la propia UGT, del sindicalismo y de los movimientos sociales de Castilla y León desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, elaborados desde la óptica sindical pero también por otras muchas instancias de tipo asociativo, institucional, académico, etc. Este depósito de documentación de la Fundación Fermín Carnero, procedente de las diversas Federaciones Provinciales de la UGT, aún no se ha sustanciado pero cuando lo haga, convertirá al Archivo General, junta con la ya existente de CCOO, en referente ineludible para el estudio sobre la historia del sindicalismo y del movimiento obrero en Castilla y León. Este es el tipo de depósitos y donaciones que, junto con la documentación de la Junta de Castilla y León, puede poner al servicio de la investigación el Archivo General de Castilla y León.
Sin embargo, existe una limitación para poder alcanzar ese objetivo y es la falta de espacio a largo plazo. Es de esperar que los responsables políticos sean conscientes de la importancia de esta situación para la conservación de la historia contemporánea de Castilla y León, y en unos años el Archivo General pueda ofrecer, a cuantas instituciones y particulares lo deseen, un espacio suficiente donde albergar, custodiar y poner al servicio de la sociedad su memoria como Comunidad Autónoma.
BIBLIOGRAFÍA.
TRAVESÍ DE DIEGO, Carlos, “Fondos para la Historia Contemporánea en los archivos de Castilla y León”, en Alcores: revista de Historia Contemporánea, 2 (2006), pp. 275-309.
TRAVESÍ DE DIEGO, Carlos, “El Palacio del Licenciado Butrón: sede del Archivo General de Castilla y León”, en Archivamos: boletín de ACAL, 55-56 (2003), pp. 13-20.