Gobernar los espacios monetarios: ciudad, grupos de poder y control de la moneda falsa en Galicia al final del Antiguo Régimen \*.
Ruling monetary spaces: city, lobbies, and counterfeit money in Galicia at the End of the Ancien Régime.
Palabras clave: siglo XVIII; Monarquía Hispánica; falsificación monetaria; historia urbana.
Abstract: The quality of coinage was one of the main concerns for European Monarchies during the Early Modern period. Coinage was an exclusive royal prerogative in the theoretical framework of the Crown and coinage counterfeiting was already considered a crime of high treason under royal laws. However, it is important to understand the specific form in witch the Hispanic Crown protected this matter of state. This paper argues that research in the $1 8 ^ { \mathrm { t h } }$ century and the urban context might be a way in to provide some answers.
Keywords: $1 8 ^ { \mathrm { t h } }$ century; Hispanic Monarchy; coinage counterfeiting; urban history.
Sumario: Introducción; 1. Delito, competencia y control monetario; 1.1. La construcción jurídica del delito de falsificación monetaria; 1.2. La competencia judicial; 1.3. Los procesos de falsificación; 2. Los delitos y los delincuentes en perspectiva regional; 2.1. Pesos falsos, soldados y taberneras en Ferrol (1776-78); 2.2. Un nuevo escenario: la falsificación del papel moneda; 2.3. La lesa majestad monetaria; Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
La capacidad efectiva para constituir un sistema monetario completo y complejo ha sido uno de los rasgos distintivos en el surgimiento de las monarquías modernas desde sus raíces medievales. Este modelo de transición monetaria está perfectamente encarnado en la corona de Castilla por la labor legislativa de los Reyes Católicos en la Pragmática de Medina del Campo (1497). Desde este origen institucional homologable al resto de coronas europeas, el sistema monetario castellano tomará un lugar principal en los asuntos de la monarquía y sus reinos, tanto desde un punto de vista interno como externo, habida cuenta de la suerte de los metales americanos. En paralelo a la definición y ejecución del proyecto monetario también fue necesario dotar a la moneda regia de un aparato teórico y legal tendente a su protección de manos propias y extrañas, que si bien partía de una raíz medieval, habría de adaptarse a las modificaciones tanto intrínsecas como extrínsecas de las propias especies monetarias. En este proceso adaptativo, la formulación de mecanismos institucionales –y la coordinación de los mismos– para su persecución judicial tiene una relevancia extrema, toda vez que si bien la moneda era una regalía indiscutible, su producción, circulación y falsificación se daba en el seno de una sociedad estamental y de un territorio fragmentado en diversos señoríos jurisdiccionales1 .
Tras un siglo XVII extremadamente convulso, donde las diatribas en torno a la moneda de vellón habían asfixiado las haciendas públicas y privadas así como inundado de memoriales y escritos la Corte, el advenimiento de los Borbones y sus reformas establecían aparentemente las bases para un largo siglo XVIII en lo monetario. La reforma de 1728-1730 alcanzó razonablemente sus objetivos formales, reinstaurando la acuñación efectiva y retomando proyectos pretéritos como la supresión del vellón y el doble sistema de plata, si bien otros aspectos como la centralización de las acuñaciones y sobre todo el retorno de los oficios y las fábricas de moneda al patrimonio regio hubieron de esperar todavía varias décadas. Dentro del análisis histórico del desempeño monetario del siglo XVIII español, la falsificación monetaria ha ocupado un lugar muy secundario hasta fechas recientes. Sin embargo, es un campo fecundo para observar la efectividad última de un proceso global de política monetaria, pues enfrenta a las monedas, a sus administradores y a los administrados2 .
Por todo lo señalado hasta el momento, en este trabajo pretendemos realizar una pequeña contribución en dos sentidos. Por un lado, al mejor conocimiento de la persecución del delito de falsificación monetaria en la Corona de Castilla durante el siglo XVIII, aspecto que cuenta con escasas aportaciones basadas en fuentes documentales primarias, tal y como ha puesto de manifiesto recientemente la historiografía. Por otro, a los estudios que recientemente se vienen preocupando sobre los mecanismos de control y gobierno de la Monarquía Hispánica sobre las sociedades urbanas3 .
Con este objetivo, proponemos dos líneas de análisis que nos permitirán concluir algunos aspectos relevantes sobre los determinantes en la evolución de las estructuras institucionales y los individuos involucrados a través del nexo monetario adulterado. En un primer apartado, exponemos las circunstancias, inercias e innovaciones que comandaron la configuración del delito monetario, la competencia judicial en esta materia y los mecanismos de control desarrollados a lo largo del siglo XVIII. Para ello nos serviremos de la delimitación jurídica, la tratadística forense y de un destacado caso sustanciado a finales del siglo. En una segunda parte, proponemos un análisis regional que, atendiendo a los casos identificados para el reino de Galicia entre 1720 y 1820 nos permita establecer las variables, estructuras y prácticas cotidianas en torno a la falsificación monetaria y su persecución. Este particular enfoque regional se justifica más si cabe en referencia a los trabajos publicados hasta la fecha. Tanto en la predilección por las fuentes centrales de la monarquía como en otros casos por el cuestionamiento de la capacidad de las autoridades locales para luchar contra el delito monetario, así como por la aparente primacía en la falsificación de otras regiones como las coronas orientales de la península (Cataluña, Aragón y Valencia), la conexión pirenaica (País Vasco y Navarra) y el comercio colonial (Andalucía) frente a la aparente tranquilidad del noroeste y centro peninsular4 .
1. DELITO, COMPETENCIA Y CONTROL MONETARIO
1.1. La construcción jurídica del delito de falsificación monetaria.
La construcción jurídica del delito de falsificación monetaria giró durante todo el Antiguo Régimen sobre dos ejes principales. Por un lado, lo que es en sí la moneda y, por otro, quién es su responsable y de dónde dimana su derecho. A partir de una tradición medieval pretérita, se establecía: i) la división tripartita medieval de la substancia-moneda en metal, peso y figura (S. Isidoro de Sevilla); ii) su encuadramiento dentro de las regalías mayores al operar una igualación con la figura del monarca; iii) su subsecuente clasificación dentro de los delitos de lesa majestad menores o secundo capite5 .
En el caso castellano la identificación monetaria medieval de la lesa majestad estaba muy vinculada a una tradición mucho más centralista y regalista de la moneda como respuesta al contexto histórico de las guerras civiles castellanas y determinaría el espíritu de las Ordenanzas de Medina del Campo de $1 4 9 \dot { 7 } ^ { 6 }$ .
En este segundo renglón resulta clave un desdoblamiento jurídico, también heredado de la época medieval, por el conflicto entre la noción regalista o cesarista de la moneda con la republicana o colectiva. Desde esta segunda perspectiva, la manipulación y falsificación es también un delito de falsedad (contra la comunidad), es decir de orden positivo, frente a la naturaleza regia del derecho monetario. Este conflicto, que se sitúa en la naturaleza del poder mismo, tuvo su inicio doctrinal en Nicolás de Oresme y su defensor castellano más destacado en el padre Mariana. Este aspecto aparentemente nominalista tiene importantes implicaciones desde la practica forense, como veremos más adelante. Fuera quien fuese en términos absolutos el depositario de la moneda, la aplicación del concepto de lesa majestad deparaba uno de los pocos casos donde, al menos teóricamente, todos los vasallos eran iguales ante la ley –exclusión de las excepciones de fuero y sujetos exclusivamente a la justicia real– y donde tampoco se admitía la apelación a justicias superiores. Desde el punto de vista de la teoría jurídica, solo la gracia de un perdón real particular podía eximir al reo de su sentencia en primera instancia, pues este delito era también incluido sistemáticamente como excepción en los perdones reales generales (indultos). Estas condiciones tuvieron por resultado una compleja configuración del delito, haciendo más precisa si cabe la necesidad del análisis de la doctrina, la jurisprudencia y la normativa7 .
El letrado Vicente Vizcaíno, de origen madrileño pero que desempeñó la mayor parte de su labor jurídica en la Real Audiencia de Galicia, desarrolló una producción destacada sobre asuntos jurídicos y en particular aquellos que entroncaban con aspectos económicos. En su Código y Práctica Criminal, que él mismo indica que es producto de la necesidad que de esta obra advierte en su experiencia como letrado de la audiencia gallega, podemos observar el tratamiento que otorga al delito monetario. Vizcaíno no trata del mismo en el título referente a ‘falsedades’, sino que lo aborda en -lo que ya hemos indicado como- lesa majestad de segunda clase, precisamente en el último subtipo (14º), si bien este rezago viene compensado por un tratamiento a fondo bajo el título moneda falsa:
El que la hace ó acuña, comete una especie de delito de lesa Magestad, consiste en acuñar, fabricar, ó hacer con algun ingrediente que el metal parezca plata, y el cobre parezca oro, ú otro qualquier metal parezca ser otro mas precioso.
La facultad de acuñar, fabricar, y dar valor á la moneda, pertenece privativamente al Rey, por lo mismo está prohibido baxo gravísimas penas el abrogarse semejantes facultades.
Es delito por el qual pierden el fuero los que lo tengan, como los Militares, &c., y se castiga con las penas que imponen las Leyes del Reyno (Ley 9. tit.7. Part.7. y Ley 67. tit. 21. lib. 5. Recop.) á todo aquel á quien se convenciese de fabricante de moneda falsa, ó que era depositario de ella, ó en algun modo era cómplice, y que prestaba auxilio cooperativo para executar dicho crimen.
Las penas que à tales delinqüentes se les imponen, son segun las citadas Leyes, la de muerte, y despues ser quemados, perdimiento de todos sus bienes, que se reparten igualmente entre el acusador, la Real Cámara, y el Juez que entienda en la causa (Ley 11. y 67. tit. 21. lib. 8. Recop.)
Estas penas son extensivas á las mismas casas donde se fabrica ú oculta la moneda, pues caen en decomiso, si fueren del fabricante, ó si el dueño de ellas es sabedor del fin para que sirven sus casas, aunque de estos se exceptuan si fueren de algun menor ó viuda (Ley 10. tit 7. Part. 7.)
Si alguno, sabiendo que la moneda que tiene es falsa, no la denuncia, sino que la retiene, se le impondrá, segun manda la Ley (Ley 64. tit.21 lib.5 Recop.), la pena de destierro del Reyno por quatro años, y pérdida de la mitad de sus bienes8 .
1.2. La competencia judicial.
Por su parte, la competencia judicial en asuntos monetarios recaía exclusivamente en la justicia real, siendo esta disposición general reforzada y regulada por la legislación regia de diferentes maneras a lo largo del siglo XVIII. Esto dista mucho de suponer que todo el entramado de control monetario se estableciese exclusivamente sobre la justicia real ordinaria, pero sí seguiría en buena medida los cauces previstos para asuntos vinculados estrechamente con el monarca. Si bien constatamos un proceso paulatino de tecnificación y ordenación del delito monetario dentro de la práctica ordinaria del entramado judicial, en sintonía con las ideas generales ilustradas, que va trasladando el agravio monetario del monarca a las estructuras de la monarquía9 .
Por ejemplo, sabemos que el Consejo de Castilla conocía sobre delitos monetarios en el siglo XVII, cosa que teóricamente no hará en el siglo XVIII más allá de 1715 aproximadamente. Esta cesura es próxima pero algo anterior a 1730, cuando se decreta que el órgano que ha de conocer de los delitos monetarios de forma exclusiva sería la nueva Junta de Comercio y.
Moneda. Por circunstancias que no están todavía estudiadas, la competencia exclusiva de la Junta duró relativamente pocos años, pues en 1755 se decretó que las causas serían instruidas por la justicia ordinaria, principalmente las Reales Audiencias provinciales y la sala de Alcaldes de Casa y Corte para el caso de Madrid. Además los jurisconsultos se oponían al recurso de apelación procesal para el delito de falsificación monetaria, lo que explica que el papel de las Reales Chancillerías fuese limitado en esta materia, salvo en aquellos casos donde actuaban como primera instancia. Sin embargo, parece que la transición de competencia no fue tan simple, pues existía una Junta Reservada de Moneda que analizaba algunos casos, al parecer aquellos de mayor entidad y relevancia para la monarquía. A todo esto habría que añadir las resistencias e intereses particulares a la aplicación de esta disposición10.
En 1770, la cuestión de la competencia monetaria fue revisada por el Consejo de Castilla a petición de la propia Junta de Comercio y Moneda, que en esencia reiteraba lo expuesto en la Real Orden de 1755. Este segundo proceso de fricción interinstitucional nos es mejor conocido gracias al trabajo de M. A. Melón. Además de las competencias de análisis técnico, que el Consejo no discutía a la Junta, esta demandaba para sí derecho de conocer en apelación de las justicias ordinarias11.
Este modelo de competencia guarda cierta similitud con lo que sabemos sobre Francia, pero se diferencia del existente en otras coronas europeas, como la británica, que durante la mayor parte del siglo XVIII centralizó la competencia judicial monetaria en la figura del Mint Solicitor. Este cargo, asentado en la fábrica de moneda de Londres, experimentó dificultades para seguir materialmente las causas provinciales sobre el terreno y notables restricciones presupuestarias en su desempeño12.
Si bien la competencia jurisdiccional es un asunto sobre el que establecer estructuras de ejecución puede parecer simple en la norma, resulta mucho más complejo desentrañar su funcionamiento práctico a través de la casuística. Con este objetivo hemos tomado el caso instruido contra Ms. Rat (1797-98) como arquetípico en la aplicación de la competencia monetaria a finales del siglo XVIII por una serie de motivos: se trata de uno de los casos de falsificación monetaria mejor documentados del período y muestra la importancia de toda una serie de mecanismos necesarios en el proceso – aunque no siempre previstos en la norma– como los Intendentes provinciales o la propia casa de la Moneda de Madrid (figura 1)13.
Para resumir aquí la problemática del caso desde el punto de vista de la competencia, podemos dividir las actuaciones en tres ramos distintos, el político, el judicial y el técnico. En el ámbito político, el Intendente y el Capitán General eran, como en todos los casos, los supervisores generales de las actuaciones en nombre del rey y estaban en contacto directo, por su correspondencia, con el secretario de Estado. Su función era seguir, facilitar y condicionar –en la medida que se les solicitase desde Madrid– todas las actuaciones sobre el terreno de la Audiencia y sus fiscales. Desde el ámbito jurídico, compelía a la Real Audiencia local –en nuestro caso de Galicia– seguir el proceso desde la Sala del Crimen, que designaba a un fiscal. Esta a su vez también comunicaba a la Secretaría de Estado y de Hacienda sus actuaciones. La Secretaría de Hacienda tenía dos funciones: por un lado supervisar la evolución del caso por su preocupación de controlar una posible falsificación masiva que atentase contra la estabilidad económica del reino; por otro, ejercer de interlocutor entre las actuaciones sobre el terreno y el aspecto técnico del análisis. El tercer eje estaba constituido por la Junta de Comercio y Moneda, que tenía en la Casa de la Moneda de Madrid su brazo técnico. A través de las indicaciones del Secretario de Hacienda, la Junta se consideraba el comité experto en asuntos monetarios y, eventualmente, también en cuestiones jurídicas, mientras a la fábrica de moneda -sobre todo tras los desarrollos técnicos borbónicos del nuevo departamento de grabado y del laboratorio- tocaba realizar los ensayes y otros análisis cuando la gravedad del asunto lo exigía. Si bien, en general, los peritajes eran realizados inicialmente in situ por los respectivos fieles contrastes urbanos designados por las salas del crimen, como observaremos más adelante al analizar las propias causas judiciales.

FIGURA 1. MODELO DE COMPETENCIA MONETARIA DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA A FINALES DEL SIGLO XVIII (1797) Fuente: elaboración propia según caso Rat (CEBREIRO ARES, en prensa)
Finalmente, los municipios no tenían en el siglo XVIII competencia jurisdiccional específica sobre la moneda. Como en otras cuestiones, su papel se reducía a la vigilancia y el orden de la moneda, bien actuando como correa de distribución de la justicia real hacia las justicias ordinarias locales, bien en la supervisión cotidiana del mercado. En el primer renglón, contamos con el caso de la ejecución de la Real Pragmática del 2 de mayo de 1716 en A Coruña. Acabada la guerra Felipe V hacía extensivas las normas y leyes sobre moneda falsa a la falsificación de monedas extranjeras. Este punto, que tenía cierto debate entre los canonistas, se justificaba sobre la buena marcha del comercio (propio) y las buenas relaciones con las monarquías (vecinas). El corregidor de la ciudad coruñesa, José de Montes Andrade Tabarís, ordenaba pasar acta notarial de la pragmática a todas las justicias ordinarias dentro del corregimiento a través del sistema de veredas. Por ejemplo, en la jurisdicción del valle de Barcia, los mayordomos de las parroquias de San Román de Encrobas, San Martín de Cerceda y Santa María de Queixas respondían:
(...) que obedecen la dicha orden y real pragmática en ella inserta de su real mano, y que en dicho partido de Encrobas y sus agregados no han visto moneda forera ni ajena de la de las marcas y sellos de nombre Rey y señor natural, Felipe quinto, (...) y no conocen otra ninguna que ellas haiga malicia, ni falsedad ninguna14.
Así mismo, la baja penetración de la moneda extranjera y lo que sabemos de la relativamente escasa incidencia de la moneda falsa colaboraron en este papel secundario de los municipios salvo en periodos excepcionales. Por el contrario, el aspecto quizás más relevante para el siglo XVIII en términos del papel de los municipios en la falsificación monetaria era su vinculación con los fieles contrastes, los cuales eran llamados para los peritajes en los procedimientos sobre moneda, tal y como anunciamos antes.
1.3. Los procesos de falsificación.
En lo que se refiere ya al análisis de los procesos sobre falsificación monetaria en la España del siglo XVIII, podemos tomar como punto de partida la interpretación obtenida a través de los datos aportados por el trabajo de Cruz Valenciano, que basa su estudio en las fuentes de las instituciones centrales de la monarquía. La naturaleza de las fuentes empleadas por el referido trabajo nos permite además contraponer las lógicas de la vigilancia central frente a las de la vigilancia regional, que ilustraremos más adelante15.
Pese a que el análisis de Cruz Valenciano pone el acento sobre la conflictividad monetaria rural, a la luz de sus propios datos no se puede afirmar que exista un dominio rural en la falsificación monetaria a lo largo del siglo XVIII (Tabla 1). El sesgo rural, como intentaremos demostrar en la comparación con los datos gallegos (Anexo 1), se debe a la eficacia de la primera instancia urbana y al interés de mantenimiento del orden público en el campo. Es decir, el modelo de conflicto por falsificación monetaria rural, donde un grupo organizado de manera interclasista establece una red de falsificación o distribución, preocupaba en mayor medida a las altas esferas del gobierno y se situaba lejos de la efectividad de los tribunales urbanos. El centro de esta conflictividad rural o rururbana en muchos casos radicaba en la mitad centro-sur peninsular, con especial incidencia en Castilla la Nueva, Andalucía y Alicante. Resulta extraño la escasa presencia de datos sobre el norte peninsular, en especial de los entornos urbanos de Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco. La ausencia de casos en los territorios vascos pueden deberse al diferente encaje jurídico e institucional16.
TABLA 1. CASOS DE FALSIFICACIÓN MONETARIA ELEVADOS A SECRETARÍAS Y CONSEJOS (1725-1799)
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Cruz Valenciano (1986)

urbano	rural
Corona de Castilla
Madrid C. Vieja	8	1
1	2
C. Nueva	1	4
Andalucia	5	7
Galicia	1	2
Murcia Extremadura	-	2
NavarrayPaisVasco	-	2
Corona de Aragón	1	2

Valencia	1	3
Arag6n	1	1
Cataluna	2	-
Total	20	25

.
Además de esta perspectiva, la base analizada por el referido autor también nos provee de un balance en torno a la incidencia de la pena de muerte sobre los casos totales: nueve casos de un total de cuarenta y nueve procedimientos $( 1 8 , 3 \% )$ . Si tenemos en cuenta la claridad y dureza normativa, así como el hecho de tratarse de los casos que eran considerados como más graves, la incidencia es baja. En este aspecto crucial también tendremos ocasión de detenernos más adelante17.
2. LOS DELITOS Y LOS DELINCUENTES EN PERSPECTIVA REGIONAL.
El balance procesual de los casos de falsificación monetaria en Galicia se nos presenta aparentemente exiguo con solo doce casos documentados entre 1720 y 1820 (Anexo 1). De ellos, nueve pertenecen al siglo XVIII y tres se desarrollan al comienzo del siglo XIX. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el análisis de cerca de mil quinientos pleitos criminales sustanciados ante la Real Audiencia de Galicia entre 1700 y 1834, realizado por Iglesias Estepa, los delitos de falsificación ocupan $0 { , } 6 8 \%$ de la criminalidad auditada y que la referida autora –que se centró geográficamente en los territorios de Santiago de Compostela y Noya– no halló ningún caso de falsificación monetaria en su estudio. Por su parte, de los cuarenta y nueve procesos analizados por Cruz Valenciano, solo tres suceden en territorio gallego. En el mismo sentido de escasez se mueven los trabajos realizados sobre otras latitudes europeas, salvo en periodos políticos y económicos de crisis. En el país del Vaud (Suiza) se registran veinticuatro procesos de falsificación monetaria entre 1715-1750. En Vizcaya son recogidos veintidós casos entre 1551-1796, incluyendo algunos de contrabando de moneda. En Bretaña son treinta y nueve casos para todo el siglo XVIII. Solo momentos de crisis y medidas extraordinarias modifican estas cifras. En el siglo XVII, tenemos el caso catalán que entre $1 6 1 4 \mathrm { y } 1 6 1 8$ registra cuarenta y un casos de falsificación monetaria ante la Real Audiencia, o el caso inglés con más de cien reos en apenas tres años de gestión newtoniana de las competencias monetarias (1696-1699). En la misma línea se puede colocar los frutos de la comisión Municot, que dejaba doscientos procesados por moneda falsa entre $1 7 1 3 \mathrm { y } 1 7 1 9 ^ { 1 8 }$ .
Aunque la corta nómina de casos gallegos no nos permite delimitar un perfil sociológico, sí es posible intuir una serie de rasgos y tendencias. En primer lugar, la falsificación de moneda se nos presenta como un fenómeno urbano. Tan solo dos casos se sucedieron en ámbitos rurales, si bien uno de estos fue el más amplio y punitivo. En este sentido, hay que tener en cuenta que puede existir una desviación por la mayor presencia de la justicia real en las ciudades, pero también los mecanismos de control ordinario de los municipios y de los grupos de "control" informal como comerciantes, colectores de impuestos, y administradores de rentas. En segundo lugar, se nos manifiesta como un fenómeno socialmente transversal, pero con cierta inclinación hacia el mundo militar y extranjero. Observamos como se ven envueltos desde campesinos hasta hijos de grandes hacendados pero se trata de casos puntuales frente a las tendencias señaladas. Este sesgo también podría deberse al hecho de ser estos dos grupos, militares y extranjeros, unos de los más controlados en la España del siglo XVIII19.
En cuanto a las especies monetarias involucradas, se observa una preeminencia del peso fuerte que reflejaría también su lugar central en la circulación monetaria ordinaria, frente a una circulación del oro más restringida a unas clases altas y rentistas, vigilantes de la calidad de la moneda que empleaban. En el aspecto cronológico, se aprecian dos tendencias al final de la centuria y comienzos de la siguiente. De un lado, se asiste a una minoración en la severidad de las penas y a una cierta diplomacia monetaria que refleja el papel de los extranjeros y las circunstancias de la política internacional hispana. De otro, el avance de un nuevo tipo de delito sobre el papel moneda público y privado (Vales Reales y letras de cambio)20.
Teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento, hemos considerado pertinente detenernos con mayor detalle en la descripción de lo aparentemente más usual, para pasar después a aquellos rasgos más novedosos.
2.1. Pesos falsos, soldados y taberneras en Ferrol (1776-1778)
A las nueve de la mañana del 14 de junio de 1776, una mujer llegaba al cuartel del parque de Ferrol y se presentaba frente al cuerpo de guardia, peso fuerte en mano, denunciando que un soldado había ido a cambiar esa misma mañana la referida moneda falsa a su comercio. Los dos sargentos primeros de la compañía $5 ^ { \mathrm { a } } \ : \mathrm { y } \ : 8 ^ { \mathrm { a } }$ del batallón de infantería de Milán, a la vista del peso, daban crédito al testimonio de la mujer, haciendo disponer la tropa en ala para que el soldado fuese identificado. Sin embargo, faltaba uno de ellos. En ese mismo momento, Juan Colombie -que volvía del fumar tras el cuartelera señalado por la tendera -llamada Pascua López- y encarcelado en el calabozo 21.
Según declaraba la tendera ante el juez, Colombie había pasado a su tienda y comprado en ella media libra de tocino por importe de nueve cuartos, solicitado el cambio del peso fuerte. El resto era entregado por la tendera en las siguientes monedas: “dos pesetas columnarias, dos de cuatro reales y ocho cuartos de vellón”. Cuando esta tuvo “el peso perulero” en la mano le pareció ligero y cruzó la calle a la tienda de enfrente donde Pedro Milán y otros clientes confirmaron sus sospechas.
Con la identificación y apresamiento de Colombie, los sargentos pasaron a registrar a otro soldado de la misma compañía, Bartolomé Clapison, “pues estaba en concepto de la tropa por ser monedero falso” al haber sido acusado previamente de forma infructuosa por dicho delito. Tras ser arrastrado de las mesas del rancho por los dos sargentos y negando tener dinero alguno en sus bolsillos, Clapison es forzado a sacarse hasta los calzones:
(...) y en los calzones que tenía puestos (...) solo después de que se los tuvo desnudado, y los sacudió saltaron en el suelo diez y siete reales y cuatro cuartos y medio en plata y vellón (...) y en la faldriquera de la chupa, le encontró un pedacito corto de lima, dos de plomo y uno de vidrio azogado dentro de su mochila, y son los mismos que se entregan; (...) y debajo de la cama del propio soldado halló unos cuadraditos de madera llenos de tierra lomignosa o predosa para trabajar y moldear, cuyos cuadrados de madera puso en la mochila del mismo soldado habiendo arrojado y barrido la tierra que contenían (...)
Así se presentaban ante los ojos de los sargentos las potenciales armas del delito, así como las mismas monedas del cambio de la tendera, salvo una de las dos pesetas columnarias, que junto con la media libra de tocino bien podían importar los honorarios de Colombie por la operación. A mayor abundamiento, un tercer soldado encausado en el proceso –José Dijon– se encerraba en una iglesia cercana tras conocer el apresamiento de sus compañeros. Mientras este último era también arrastrado por sus dos sargentos, afirmaba que él solo había ayudado a Clapison a distribuir los pesos desde hacía cuatro días22.
Se iniciaba de esta manera un procedimiento por parte de Pedro Bayón Ruiz, alcalde mayor de la villa, que parecía del todo resuelto desde el primer momento. Tras las declaraciones resumidas previamente y la negativa de los tres encausados a confesar, se hizo llamar a los peritos que actuaban en substitución de Antonio Espinosa, contraste de la ciudad pues este se encontraba en A Coruña. Domingo Antonio de Castro y Juan Pascual, maestros plateros, declaraban como peritos en el caso describiendo con detalle tanto la moneda como el proceso de falsificación:
Que el referido peso fuerte es falso fabricado de estaño y de cuño perulero, pero dicho peso no es de cuño [acuñado] sino hecho en molde y vaciado: que las dos cajas de madera cuadradas que se le enseñan sirven para vaciar; las dos unidas se hallan puercas y sucias del barro de que se llenaron para vaciar por el agujero que forman en uno de sus extremos dichas dos piezas (...) se pueden vaciar hebillas, medallas y los citados pesos peruanos, (...)
que la lima solo puede servir para limpiar y rebarbar los pesos que se trabajan en dicho molde a fin de que queden mas perfectos; que los dos pedacitos de plomo contienen alguna parte de estaño y son sobrantes de obra que se hizo en el molde, y en el arte de platería tiene el nombre de gito [el agujero del molde], y que el cristal pudo servir para blanquear la moneda, pero este brillo no llega a veinte cuatro horas si se usa de ella.
El licenciado don Ignacio Gutiérrez de Cavides, promotor fiscal de la causa, acusará a los tres soldados de monederos falsos pese a que Bartolomé Clapison -de cuarenta años y oficio de fundidor además de soldadoafirmará a lo largo de todo el proceso que él solamente fundía medallas y hebillas para sus compañeros de tropa, ante lo cual, la decisión del alcalde mayor pasó por el ingenio de situar a los maestros plateros en la tesitura de repetir las labores de monederos falsos:
(...) para experimentar si se podría formar otro peso falso igual después de haber llenado dicho molde de arena correspondiente colocaron dicho peso fuerte falso en medio para que sirviese de molde y habiéndolo sacado y quedando las dos cajas de madera unidas con su gito abierto para recibir el material que se le echase derritieron un poco de estaño y hasta la tercera operación, no salió formado dicho nuevo peso, el cual no corresponde enteramente con el moldeado por ser este mas perfecto en sus cuños y acaso procedería de que dichas cajas, que son de poca consistencia y ser regular no salir cualquiera obra igual en todo a su molde.
La falsificación de pesos a través de este método de fundición en molde de dos piezas era casi universal en el siglo XVIII. Desde Nueva York (1745) a Caravaca (1776) contamos con descripciones similares del mismo proceso23. Sin embargo, sorprende que ninguno de los presentes alegue lo que en el mundo numismático actual es bien conocido: el hecho de que cuando se produce un molde para reproducir una moneda por fundición se ha de realizar a partir de una moneda original, como probablemente se habría hecho para producir la moneda que se estaba presentando como prueba. Si por el contrario, como estaban ejecutando los plateros, se toma una moneda ya falsificada por fundición, la segunda reproducción sumará a las imperfecciones del primer producto las de la segunda fundición, al ser producida falsa de falsa.
Más allá de la mayor o menor pericia de los dos plateros ferrolanos para fundir pesos, el alcalde mayor dictará una leve condena en un caso aparentemente claro. Pedro Bayón Ruiz sentenciaba el 20 de enero de 1777 a los tres soldados a cumplir seis años más de servicio en su propio batallón de los que hubiesen previamente acordado, si bien los amenazaba en futura condena a otros tantos de presidio en África. En último término, también se prohibía a Clapison volver a fundir metal bajo ningún concepto.
Si bien un letrado actual podría alegar cierta circunstancialidad en la concatenación de los actos encausados, así como el intento del abogado de Colombie de desautorizar la declaración de la tendera por carecer de testigos, lo cierto es que nos encontramos ante una sentencia que solo se puede entender en el marco de una relajación de las penas por falsificación. Otrora, hubiesen llevado, al menos a Clapison, directo al cadalso.
Antes de que terminase el año, el día 16 de diciembre de 1777, el Auditor de Guerra y Marina de la misma ciudad –José Lavandeira– iniciaba una causa con ciertas similitudes. El oficial de guardia del presidio había colocado a uno de los reos en el cepo por haber dado un peso, que resultó ser falso, a una mujer para que le trajese vino. Bernardo Antolín, sujeto en el cepo, afirmaba ser natural de León y de oficio zapatero.
Según sus palabras, a las once de la mañana del día nueve se había presentado en el presidio un compatriota leonés, amigo de la infancia, llamado José Álvarez, conocido por el mote de “Ojones”. Álvarez, que afirmaba ir de camino a A Coruña y estar de posada en Canido, le invitó a tomar un vino y una tortilla, tras lo cual le pidió que le cambiase un peso duro. El declarante había accedido al cambio por unas monedas que había ganado como zapatero. El referido peso sería entregado por Antolín la misma noche a una mujer que solía auxiliar la tahona de enfrente del presidio, con el fin de que le trajese medio azumbre de vino y cuatro cuartos de guisado. Por su lado, “Ojones” había huido tras saberse de su suerte en el cepo24.
Tras tomar declaración también a otros presidiarios que confirmaron la declaración de Antolín, así como la malicia del “Ojones” al no permitirle a los demás compañeros tener en la mano el peso en el momento del cambio, Lavandeira trasladaba el pleito a la justicia real ordinaria, por lo que nos encontramos de nuevo ante el Alcalde Mayor Pedro Bayón Ruiz.
Bayón, que instruía así su segunda causa de moneda falsa -si bien no sería la última- llamaba de nuevo a declarar a Antolín. El presidiario ampliaba ahora su declaración con el nombre de la mujer –Florentina, que auxiliaba la taberna de Juana Lema– junto con un testimonio en el que afirmaba que el alabardero del presidio –llamado Nunes– le había dicho que un soldado de Milán comentaba como el mismo "Ojones" le había colado una peseta falsa jugando a las cartas. Este testimonio era a renglón seguido confirmado por el propio Francisco Nunes, de nacionalidad portuguesa. La siguiente en declarar fue la tabernera Florentina Blanco, quien dijo que una vez que Antolín le puso en su mano el peso para irle a buscar "dos cuartillos de vino de Málaga y cuatro cuartos de guisado":
(...) lo miró con atención, le pareció dudoso, y para informarse lo experimentó con los dientes y viendo la facilidad con que con ellos lo penetró hizo juicio era falso, y por ello reconvino en aquella actualidad al referido Antolín (...) acercándose a un capataz que hizo llamar al oficial de guardia"25.
La perspicacia de Florentina y su joven dentadura habían de esta forma trasladado a Antolín al cepo del presidio. Mientras tanto, las pesquisas por encontrar a su compadre eran del todo infructuosas, hasta que días más tarde era detenido en su ciudad natal de León al darse a la fuga de los guardas, blandiendo cuchillo y pistola. De nada serviría a la postre tanto al juez como a Antolín, la detención del “Ojones”, pues este será “extraviado” en su traslado desde León a Ferrol -entre los pueblos de Villadangos y Órbigo- por las justicias locales que, como si de una película de humor se tratase, se turnaban en la entrega del preso al fin de cada jurisdicción. Sin embargo, el alcalde Bayón no cejaría en su empeño por encontrar a “Ojones” hasta bien entrado 1781. La espera de juicio movió a Antolín a perpetrar una fuga de la cárcel militar junto a otros cuatro presos en noviembre de 1779, si bien, sería detenido y conducido de nuevo a prisión poco después.
La fortuna ha permitido que la prueba del delito alcanzase nuestros días y sirva para ilustrar la descripción que ahora sí, el titular del contraste de la villa Antonio Espino ya regresado de A Coruña, hacía de la moneda (Imagen 1):
(...) declara ser fabricado todo el de estaño fundido contrahecho de la nueva moneda que se cuña en la Real Casa de Moneda de Madrid como se evidencia de la señal que tiene al lado de las armas, y por el otro en que esta retratado el busto de SM (...)/ también esta figurado en guarismo el año de mil setecientos setenta y tres, por cuyo lado lo señaló el declarante con una cruz que le hizo con una navaja y un agujero a fin de que pueda unirse con seguridad a estos auto s26.
IMAGEN 1. CUBIERTA DE LA CAUSA CONTRA BERNARDO ANTOLÍN (1777) QUE CONSERVA EL PESO FALSO ANUDADO.
Fuente: ARG, Alcaldía Mayor de Ferrol y de Graña, Causas, 4976/5. Imagen facilitada por el Archivo del Reino de Galicia (A Coruña).
Tras más de dos años de instrucción judicial y contando con la prueba del delito, testigos, una confesión ab ignorantia y una fuga de la cárcel, Antolín salía sin pena. Bayón continuaba su línea al ordenar que se le devolviese al presidio, librándolo de la cárcel, para que cumpliese su condena original por robar un pellejo de vino.
Unos meses después de haberse iniciado el segundo litigio, el día 28 de enero de 1778, se detenía a dos militares que habían pagado en las tabernas de los catalanes sus caldos con un peso falso, "cuño de España y año de 1774". Los soldados eran Manuel Esles y Francisco Sánchez. El segundo afirmará que iban de taberna en taberna bebiendo un cuartillo de vino para cambiar los pesos fuertes por moneda menuda para la tropa. Tras registrar los baúles de ambos no se les encontró más moneda falsa ni instrumentos, si bien al final el total de los pesos que se habían entregado falsos eran tres, uno de ellos "de columnas del año de 1775". Una vez que se dio la voz de alarma, los catalanes dueños de las tabernas –Jaime Fluxa, Francisco Escofet y Antonio Tajonera– habían ido a repasar las cajas de los días anteriores, encontrando algunos pesos más y reprendiendo violentamente a sus mujeres que regentaban las tabernas el haberlos aceptado. La furia de estos mismos taberneros había hecho que varios de los pesos falsos acabasen en el fuego de las tabernas, con la subsecuente merma en el probatorio judicial27.
Desconocemos más detalles de este pleito por hallarse en un penoso estado de conservación. Si bien, sirve para confirmar y ampliar la "plaga" de pesos fuertes que sufrió la ciudad entre esas fechas. En un periodo de tiempo muy corto se ventilaron hasta tres pleitos que tenían en común el entorno militar, nada extraño en la ciudad ferrolana, con el tampoco ajeno binomio de tabernas y taberneras. Esta visión muy estereotípica no debe hacernos ignorar una serie de elementos destacados que se han puesto de manifiesto. En primer lugar, la homogeneidad de las monedas y métodos de falsificación: se trata de pesos fuertes, peninsulares o coloniales, hechos en estaño/plomo por fundición casera pero de cierta calidad, con la fortuna de contar con uno de ellos anudado al segundo proceso. En segundo lugar, el cumplimiento de la mecánica del proceso judicial, el detalle y lo garantista del procedimiento, a lo que se une una cierta disposición del juez a aminorar las penas de un delito tradicionalmente considerado como de extrema gravedad. Esto pensar que se trataba de una delincuencia normalizada, usual, aunque de baja intensidad a estas alturas del siglo.
2.2. Un nuevo escenario: la falsificación del papel moneda.
Según encaramos el cambio de siglo la circulación monetaria en términos de papel tiene una importancia cada vez mayor. Este proceso europeo no fue homogéneo y España en particular se caracterizó por la entrada en los mecanismos del dinero-papel fiduciario de manera más tardía que Francia o Inglaterra28.
Por su parte, la letra de cambio tiene una historia muy dilatada y por ello distaba mucho de ser una novedad. Si bien, hay que considerar que la paulatina disminución de moneda en circulación a partir de los años ochenta y sobre todo noventa del siglo XVIII hizo que cada vez grupos más amplios de la sociedad se acercasen a un uso más o menos cotidiano de la letra. Estas circunstancias finiseculares cambiaron las ‘reglas del juego’ con las letras, superando los estrictos límites corporativos (consulados) a los que se habían restringido hasta la fecha. Por otro lado, hacen su aparición los Vales Reales, que si bien no pueden ser directamente igualados a lo que hoy es un billete, tuvieron un curso cuasi forzoso, o mejor dicho, tuvieron curso y uso como medio de pago bajo determinadas condiciones. Sí podremos considerar como billetes las breves emisiones posteriores a 1799, que no tendrán cobro de intereses y que son claramente denominados en la documentación como ‘billetes de banco’, apelación que nunca se dará en las fuentes a los Vales Reales29.
Sin embargo, sabemos poquísimo sobre casos de falsificación de letras de cambio y Vales Reales. En lo que se refiere a las letras de cambio, no conocemos ningún estudio sobre su falsificación en la España del dieciocho. Algunas búsquedas archivísticas nos llevan a pensar que los procesos debieron de ser escasos, pero esto no quiere decir que no se sucediesen. En lo que respecta a Vales Reales, tampoco contamos con ningún estudio por el momento, si bien podemos aportar noticias sobre cuatro casos: uno en Madrid, del que desconocemos su fecha y solo sabemos de su existencia por la recompensa otorgada a su descubridor, Esteban Narice; dos en Barcelona –uno de 1796, que conocemos por un edicto impreso en Valencia que daba cuenta de los vales que se buscaban y otro de 1800, siendo el único del que estamos bien informados gracias a la acusación fiscal dada a la imprenta de Antonio Sastres– y por último, uno en A Coruña de $1 7 9 5 ^ { 3 0 }$ .
La correspondencia del factor del Banco de San Carlos en A Coruña nos permite conocer un caso de falsificación de Vales Reales en 1795 (asunto Ugarte) y otro de falsificación de la firma del propio director del banco en las letras de cambio emitidas en 1798. En la primera carta sobre el asunto Ugarte, Francisco Marcial del Adalid - contador y encargado de la oficina en ausencia de su director Pedro María de Mendinueta- relata las primeras informaciones que se tienen sobre la cuestión. Se trata de un sujeto que dice llamarse Rafael de Ugarte, natural de La Habana, que había llegado en el último paquebote inglés y que había sido arrestado con un baúl lleno de vales falsos de a trescientos pesos de la creación del $1 ^ { \circ }$ de febrero. Adalid describía para los directores en Madrid las primeras diferencias que se hallaban entre los auténticos y los falsos: mientras los falsos tenían el papel algo azulado y de 18 rayas, los auténticos eran más blancos y de 19 rayas3 .
La segunda carta recibida en Madrid el día 26 de septiembre estaba dirigida no solo por Adalid, sino también por Manuel Diez Tabanera, Fabián López Sagastizabal y Benito María de Rivas, actuando probablemente estos en representación del consulado coruñés. El objetivo era ampliar y detallar la noticia anterior, sobre todo en los aspectos formales de los vales falsos. Podemos observar aquí la organización corporativa del comercio coruñés actuando en colaboración con el Banco de San Carlos para atajar el problema de falsificación en la ciudad.
El nombre completo del reo era D. José Rafael de Ugarte, confirmando su procedencia cubana pero añadiendo que su familia era "de distinción". Ugarte había llegado el día 14 de septiembre al puerto y empezado a negociar los vales desde su posada, siendo descubiertos por Salvador Fullós –comerciante establecido en el puerto gallego, de origen catalán y consiliario de la Junta del Gobierno del Consulado– quien daba parte al Intendente para arrestar a Ugarte. En el registro del equipaje de Ugarte se hallaron dos mil vales de a trescientos pesos de la creación del $1 ^ { \circ }$ de febrero de 1795, la lámina para falsificarlos y la correspondencia que incriminaba a otros sujetos. Los firmantes resumían las diferencias entre estos fraudulentos y los originales en cuatro:
1ª. Que el papel es algo azulado y más terso que el legítimo. $2 ^ { \mathsf { a } }$ . Que en lugar de diecinueve nominillas o líneas en blanco del papel verdadero, estos (los falsos) solo tienen dieciséis. [En este punto se diferenciaba en la primera noticia de Adalid que afirmaba tenían dieciocho]. $3 ^ { \mathrm { a } }$ . Que las cifras con que está señalado el papel de los vales legítimos son más oscuras y menos comprensibles que las de los falsos. [Es decir, que son de más clara impresión los falsos que los auténticos]. $4 ^ { \mathrm { a } }$ Que las dichas cifras en los verdaderos están colocadas en cada medio pliego entre dos líneas que las cierran, y en los falsos están dichas cifras solo sobre una línea como la que va figurada de puntos, y son la $4 ^ { \circ }$ y $1 3 ^ { \mathrm { a } }$ .32.
Desconocemos cómo avanzaron las actuaciones en torno a este destacado caso de falsificación pues se habían hallado las planchas para imprimir los vales y dos mil vales impresos de 300 pesos, es decir, por valor de unos nueve millones de reales de vellón. Una serie de documentación fragmentaria nos informa de que don José Rafael habría salvado su vida, pasando diez años en el Castillo de San Antón, e incluso vuelto a su patria donde se haría famoso por inventar la llamada píldora de Ugarte, aunque podría tratarse de dos sujetos diferentes. La Real Audiencia y el Intendente mandaron incautar sus bienes en 1796, entre ellos el ingenio llamado Nuestra Señora de Aránzazu, alias "el Plátano" y la herencia de sus padres don Domingo de Ugarte y doña María de Jesús "segunda" de Aróstegui, de casi 35.000 pesos. Se resolvía en la misma documentación dejar a la mujer de José Rafael una pensión sobre el ingenio de cincuenta pesos mensuales para su sustento. Ugarte se había casado en 1791 con María de Jesús Montalvo, hija de Don Rafael de Montalvo y Bruñón de Vértiz, teniente de navío y alcalde ordinario de La Habana. En 1801 sus bienes también eran secuestrados por orden de la Real Compañía de la Habana33.
Probablemente su posición social así como la posibilidad de indemnizar al Erario o delatar a otros implicados en Londres o España pudieron remar en favor de lograr su supervivencia en un caso donde claramente le hubiese tocado en suerte la horca, como le ocurrió a los comerciantes catalanes y franceses involucrados en la falsificación homóloga del año 1800. Tal y como hacía recordar el fiscal de la Real Audiencia de Barcelona en ese segundo caso, el artículo 12 de la RC del 20 de septiembre de 1780 sujetaba la falsificación de los Vales Reales a las penas de monederos falsos. No se puede descartar que otros factores colaborasen para la supervivencia de Ugarte, tales como la mayor o menor publicidad que hubiese tenido el caso entre la población, y también la propia posición monetaria de la Real Hacienda, mucho más positiva en 1795 que en 1800.
2.3. La lesa majestad monetaria.
El 12 de noviembre de 1763 el decano de la Real Audiencia de Galicia, Juan Luis Ximénez, remitía al marqués de Esquilache el detalle de las penas ejecutadas por la Sala del Crimen coruñesa en el pleito seguido contra treinta individuos por falsificar e introducir moneda falsa en las jurisdicciones de Deza y Orcellón (actualmente en las provincias de Pontevedra y Ourense).
Ximénez informaba de que, habida cuenta del número y magnitud de las penas, había sido necesario hacer llamar al verdugo de Santiago de Compostela y el Capitán General había dispuesto la tropa "de forma que se practicó la justicia con todo el respeto que pedía tan grande ejemplar". El decano de la Real Audiencia consideraba muy conveniente la extrema dureza del auto por el hecho de la multitud de cuadrillas de ladrones que infestaban el territorio –"efecto de la guerra pasada"– y de las carestías de granos que pasaba la provincia. Así constatamos cómo el caso de falsificación de moneda sobrepasaba la cuestión monetaria hacia un castigo ejemplarizante, de carácter político y militar, contra una serie de bandas que se estaban persiguiendo en las mismas fechas. Sin embargo, el balance era desolador y la escenificación, que debió a todas luces llevarse a efecto, entroncaba con la tradición medieval e inquisitorial arquetípica. En total la Sala del Crimen encontraba culpables a treinta individuos, pero solamente contaba con diecisiete presos, pues los otros trece se hallaban fugados. De entre los presos, seis eran mujeres y once hombres. De los once hombres, cinco fueron sentenciados a pena de muerte en las condiciones siguientes:
(...) uno en la de Garrote. Dos en la Horca, y quemados después de muertos con las monedas, cuños, polvos y más fragmentos, con que se les aprendió, y aplicada la casa en que se fabricaba al Real Fisco. Dos en la de horca igualmente y después descuartizados, y sus cuartos puestos, dos a la salida de esta ciudad [A Coruña] en el sitio acostumbrado, dos en el camino Real de Madrid a la inmediación de la ciudad de Betanzos, dos en los sitios acostumbrados de la ciudad de Santiago y otros dos con sus cabezas en las Jurisdicciones de Deza y Orcellón donde se cometían los delitos, y de donde son naturales la mayor parte de los reos $\left( . . . \right) ^ { 3 4 }$ .
El auto era un ejemplo de la aplicación canónica más rigurosa. La pena de muerte ejemplarizante se reservaba a quienes atentaban contra el Rey y la incautación de los bienes de los reos al fisco del agraviado. El desparramamiento de la carne, y con ella la justicia, desde A Coruña hasta Orcellón, con especial referencia a las ciudades importantes como Santiago y Betanzos, cubre más de un tercio del territorio gallego. Si bien el origen de los presos era aparentemente rural, la pedagogía se centraba en las ciudades. Para el resto de los presos varones se disponían penas de azotes y presidio: tres de ellos se saldaban con doscientos azotes y diez años de presidio en África; otro en ocho años; otro en cinco y el último en cuatro de presidio en la propia ciudad de A Coruña. Por su parte, las seis mujeres eran castigadas a destierro perpetuo del Reino, dos de ellas también con pena de vergüenza pública35.
Si realizamos un balance de lo que la historiografía europea conoce sobre la aplicación de la pena de muerte en el delito de falsificación monetaria, observaremos que si bien su precepción era ordinaria, su efectiva imposición era del todo extraordinaria y eminentemente política. El decano de la Real Audiencia resulta muy ilustrativo en su misiva a Esquilache: la cuestión monetaria no es citada en toda la (informal) iustificatio de la pena; lo importante es lanzar un mensaje explícito a los bandidos. Es más, el orden público que preocupa no es la honestidad del comercio y el buen curso de los cambios -siempre aludidos en normas y códigos monetarios- sino el desequilibrio básico: la carestía de los granos.
Frente a esta escena dantesca, Ferrol sufría pocos años más tarde una plaga de pesos falsos que tenían, con bastante seguridad, los cuarteles por paritorio y el Regimiento de Milán por parteras. Un caso claro desde la misma mañana de su inicio, como el de Clapison, termina en una absolución de facto. El resto de actuaciones del mismo fiscal, como vimos, también se saldaron con penas leves. Más grave parece a nuestros ojos el caso de Ugarte, que ponía en jaque la estabilidad de los Vales Reales y de las operaciones de la propia Real Hacienda con un montante elevado, de proporciones industriales.
La cuestión aquí es dilucidar si el aminoramiento de las sentencias es un factor personal, dependiente del arbitrio de un juez como Pedro Bayón Ruiz, o bien, como hemos argumentado, depende de las condiciones económicas y sus implicaciones políticas. Cuando estas condiciones materiales son positivas, la pena de muerte es un recurso que desaparece del arsenal judicial. En este sentido, durante el periodo estudiado, cuando se quería aplicar algún castigo, el preferido era siempre el trabajo forzado. Sin minimizar el impacto que estas tareas forzosas tenían sobre la vida del individuo, tanto de manera tangible como simbólica, están muy lejos de los derivados de la pena de muerte. Por otro lado, el avance de los preceptos ilustrados entre los ministros de las audiencias reales asentadas en las provincias de la corona tampoco se puede descartar como un factor a la hora de ponderar las actuaciones de Bayón Ruiz.
Estos correctivos eran incluso revisados a la baja en la Sala del Crimen cuando pasaban a ser votadas de forma colegiada. El 25 de junio de 1790 la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Galicia emitía un nuevo fallo contra dos encausados por uso de moneda falsa. Gregorio Fernández era condenado a diez años de presidio en Orán, doscientos azotes y escarnio público en las calles de esta ciudad, mientras se ordenaba cortar y quemar públicamente por medio de verdugo las tres adjuntas monedas falsas. A Juan Valiñas –el segundo encausado– se le desterraba por dos años a seis leguas de distancia de la ciudad. Este auto de fe, que trasladaba la mortificación del cuerpo del reo al cuerpo de delito, nunca llegó a ejecutarse pues el día uno de febrero de 1791 se volvían a mandar los autos a la misma Sala del Crimen que resolvía nueva sentencia que ya nada disponía sobre Juan Valiñas –y tampoco sobre los azotes y escarnio público– reduciendo la condena solamente a los diez años de presidio en Orán y dando mejor destino a los pesos falsos al mandar se remitiesen al Intendente, quizás para cumplir como en otros casos con la precepción de la Real Orden y destinarlos a la Junta de Comercio y Moneda36.
CONCLUSIONES.
La imagen de la falsificación monetaria en el siglo XVII es transversal a los diversos estamentos sociales y sus espacios. Entronca a comerciantes con nobles, a monjas con herreros y a ricos con pobres, sembrando dudas incluso entre la probidad de miembros del Consejo de Indias. Los espacios predilectos para la falsificación eran por un lado los naturales –cuevas y montes– y por otro, los estamentales –castillos, iglesias y monasterios–. Las clases privilegiadas de cada una de las localidades o entornos donde se desataba la falsificación monetaria tenían una gran relevancia en el asunto y cada operación de represión contra este delito era, en realidad, una dialéctica encaminada a la imposición de la autoridad regia37.
Si bien esta modalidad de conflicto monetario se mantuvo esporádicamente a lo largo del siglo siguiente, la visión general de la falsificación monetaria y su represión en el siglo XVIII es diferente. Desde el punto de vista sociológico se tratan de casos aislados y mucho más polarizados. Por un lado, un mundo relativamente marginal de presidiarios, militares y tabernas; por otro, el bien relacionado mundo internacional, consular y político. En el mundo urbano del siglo XVIII, la justicia real se presenta plenamente asentada, con todas las reservas que se puedan hacer a esta afirmación. Además, la existencia de grupos organizados de control y encuadramiento monetario informal entre los profesionales del dinero hacen que las intervenciones directas del poder real sean menos frecuentes y menos traumáticas. Estos grupos de administradores, comerciantes y funcionarios, todos ellos más o menos rectores en sus respectivos entornos urbanos cotidianos, parecen en mayor medida proclives a vigilar sus intereses monetarios y los del monarca, que a colaborar con pequeños o grandes falsarios. Por su parte, los depositarios titulares de la justicia, fiscales y jueces observaban –acertadamente, en nuestra opinión– la pena de muerte no como un instrumento judicial, y por ello de su competencia, sino como un instrumento maximalista para el afianzamiento simbólico del poder real, y por tanto fuera de sus competencias cotidianas. Solo en un contexto donde se quebrase el orden público general podría tener cabida.
La majestad monetaria era ahora un concepto en mayor medida exterior que interior, lo cual no excluía el hecho de que cuando esta estuviese en peligro, el derecho monetario fuese otro mecanismo a emplear con su máxima dureza. El principal enemigo durante el siglo XVII, el falsificador noble en su castillo o la justicia local cómplice, parecía un reducto del siglo pasado, y la mayor preocupación era ahora la falsificación industrializada auspiciada por las potencias extranjeras. Si bien, es cierto que esta segunda modalidad ya había hecho su aparición con fuerza en el siglo anterior durante la crisis del vellón de mano de los holandeses, instaurando quizás el origen de este topos entre las élites políticas castellanas, que ahora señalaban a Francia o Inglaterra, según con quien se estuviese en guerra. En grandes rasgos, el monarca hispano había logrado la lealtad monetaria de sus súbitos, al menos en lo que a falsificación se refiere38.
La falsificación, o mejor dicho, lo que conocemos de los procesos de represión, sigue reflejando la división estamental de los metales. En primer lugar, no se relacionan casos de falsificación de la moneda de cobre. Otrora gran problema y preocupación de las élites hispánicas del XVII, la moneda de cobre tiene en el siglo XVIII un papel mucho menos preponderante. Los posibles argumentos para explicar esta ausencia son múltiples: el descenso de los volúmenes acuñados; el mejoramiento de la propia producción de estas monedas; el escaso margen de beneficio que podría dejar su falsificación bajo las nuevas condiciones; la transformación de las redes y circunstancias que habían explicado su falsificación en el XVII; la diferente posición de la Real Hacienda frente a los absentistas; la menor vigilancia sobre estas especies monetarias y los grupos sociales que las empleaban de manera cotidiana, etcétera.
La moneda de plata es la que parece atraer cierto grado de falsificación. Los pesos fuertes, pesos de columnas, y pesetas son los que aparecen bien detallados en los procesos judiciales recolectados. De uso transversal, y de falsificación relativamente simple con calidad suficiente, como quedó comprobado en el caso de Clapison, permitían además eludir las penas más graves cuando se descubrían, quizás fundado en la justificación de los canonistas de la menor gravedad del delito cuando este se realizaba con metales secundarios como el estaño. La moneda de oro no debió ser falsificada con mucha frecuencia a lo largo de este período, reflejando una circulación socialmente superior, bien instruida y vigilante.
Finalmente, el papel moneda falsificado se nos presenta como un fenómeno más próximo al siglo XIX que al XVIII. Si bien es muy probable que existieran letras falsificadas desde sus orígenes, las reglas del juego cambiario del Antiguo Régimen eran diferentes, eran personales. Para la falsificación efectiva era necesario una demanda universal de la letra, no una demanda personal, puesto que esta segunda condicionaba una serie de relaciones concretas para la aceptación de la letra. Una versión adaptada de esta explicación sirve para los Vales Reales: su alto poder liberatorio, su negociación y descuento muy fluctuante, reducía su empleo a comunidades cerradas y muy bien informadas –por la cuenta que les traía– de lo que pasaba por sus manos.
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