Las elecciones de 1844: normativa, desarrollo y fraude.
Natividad ARAQUE HONTANGAS Universidad Complutense de Madrid email@example.com.
RESUMEN.
Las elecciones en el reinado de Isabel II se han abordado en numerosos trabajos, aunque sin profundizar en el desarrollo del mecanismo electoral y sus resultados a nivel nacional, que es el objetivo que pretende este artículo respecto a las elecciones de 1844. Para ello se ha utilizado el método histórico, las fuentes documentales del Congreso y de la prensa de la época, que se han cruzado con la bibliografía disponible. Este trabajo muestra unas elecciones viciadas por el retraimiento del partido progresista, el deseo de poder de los candidatos moderados –divididos en dos partidos políticos– y el fraude electoral cometido en todas las fases del proceso –listas electorales, constitución de mesas, etc.– por las Instituciones gubernamentales, y aporta nuevos datos sobre los resultados y composición del Congreso.
Descriptores: Elecciones. Reinado de Isabel II. Siglo XIX. Partidos políticos. Fraude electoral. Congreso de los Diputados.
The Elections of 1844: Norm, Development and Fraude.
ABSTRACT.
Elections in the reign of Isabel II have been often studied. The article deals instead, with the development of the electoral mechanisms and practice at the national level, in the 1844 elections. It is based on documentary sources of the Congress and in the press, plus the available bibliography. This article shows that elections were vitiated by the withdrawal of the Progressive Party personal ambitions of Moderate candidates –divided in two political parties– and by the electoral fraud by the Goverment in all the phases of the electoral process –electoral rolls, polling stations…–. The article provides by new data on the electoral results and composition of the Congress.
Key Words: Elections. Reign of Isabel II. XIX Century. Political parties. Electoral fraud. Congress of the deputies.
Las elecciones de 1844 fueron las primeras que se celebraron durante el reinado efectivo de Isabel II, en un contexto en el que los progresistas agonizaban políticamente, debido a las conspiraciones que urdieron los moderados en los círculos cortesanos para influir sobre las decisiones de la reina. La exoneración de Olózaga, y la posterior dimisión de González Bravo, resultaron suficientes para que el general Narváez se hiciese con la presidencia del Gobierno el 3 de mayo de 1844. El estilo dictatorial de Narváez propugnaba “el orden” mediante la restricción de los derechos fundamentales que se habían alcanzado con la Constitución progresista de
1837. Por ello, la convocatoria de las elecciones de 1844 tenía por objeto la reforma de dicha Constitución, conscientes del debilitamiento del partido progresista y, por tanto, de una falta de oposición que les llevaría a la victoria, a pesar de su división interna y la novedosa presentación en la campaña electoral del partido monárquico, que aglutinó a los miembros de la corriente absolutista.
1. La convocatoria de las elecciones.
La reina Isabel II decretó la disolución de las Cortes el 4 de julio de 1844, en uso de la prerrogativa que le concedía el artículo 26 de la Constitución de 1837, con objeto de que se celebrasen elecciones para renovar el Congreso de los Diputados y la tercera parte de los senadores. Aunque el aspecto más polémico y trascendental era la pretendida “reforma constitucional”, a la que se hacía mención expresa en el preámbulo del decreto de convocatoria.
El decreto fue bien acogido por la prensa moderada, cuyos periódicos trataron de convencer a sus lectores sobre la legalidad de la reforma, en base al principio de soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, según el cual podían alterar la Constitución sin consultar a la nación. El Heraldo adujo la imposibilidad de que la nación fuese la autora de tal reforma, puesto que no se podía reunir, simultáneamente, a todos los individuos que la formaban1. El Pensamiento de la Nación manifestó que los únicos poderes eran la Corona y el Parlamento, y, ambos, de manera conjunta, estaban legitimados para realizar la reforma constitucional2.
Los periódicos progresistas, El Eco del Comercio, y El Clamor Público, lanzaron duras críticas y denunciaron la ilegalidad del fondo del decreto, en base a que la iniciativa de la reforma de la Constitución sólo podía tenerla la nación, de otra manera se conculcaba la soberanía nacional3. De igual manera, la prensa progresista puso de manifiesto los defectos formales del decreto, ya que la parte expositiva contenía la finalidad de reformar la Constitución, cuando debía figurar en la dispositiva, que era la única que adquiría validez con la firma de la reina. Por otro lado, no estaban de acuerdo con la ambigüedad del decreto, que no daba una explicación de la dimensión de la reforma.
El ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal, informó a los jefes políticos de provincias, a través de la orden del 10 de julio de 1844, sobre el número de diputados y senadores a elegir por cada provincia, además de los trámites legales y los plazos que se debían cumplir durante el proceso electoral4. Resulta curioso que la mencionada orden redujese el número de diputados suplentes a 95, es decir 39 menos que los 134 establecidos en la Ley Electoral de 1837. Por otro lado, el número total de 48 senadores elegibles representa un tercio de los 145 senadores que dispuso la ley de 1837, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución, con la salvedad de que la distribución de los senadores por provincias obedeció a criterios arbitrarios del Ministerio de la Gobernación, inspirados en mantener en sus cargos a sus fieles y alejar a sus adversarios políticos.
2. Los distritos electorales.
El amplio margen de libertad que la ley electoral concedía a las Diputaciones Provinciales para dividir las provincias en distritos electorales, descarta cualquier planteamiento de buscar relaciones de proporcionalidad entre el número de distritos y otras variables relacionadas, como podría ser el número de electores. Algunas provincias, con un número de electores muy similar, tenían diferencias notables en el número de distritos. Este era el caso de Sevilla, con 14.970 electores, y Málaga, con 14.984, que tenían $5 5 \mathrm { ~ y ~ } 4 6$ distritos, respectivamente5.
En 1837 la península quedó dividida en 801 distritos electorales, según los datos aportados por Fermín Caballero6, produciéndose un incremento del $9 0 , 6 4 \%$ en 1844. Con la única excepción de las provincias de Guadalajara y Tarragona, que disminuyeron en dos y tres distritos, respectivamente. Navarra registró el mayor aumento, que significó un $4 8 5 , 7 1 \%$ sobre el número de distritos de 1837, año en que la guerra Carlista impidió que se efectuasen las elecciones en gran parte de sus pueblos. Las provincias de Álava, Castellón, Gerona y Guipúzcoa, con un $200 \%$ , y más de incremento, muestran, igualmente, la normalización de la vida política en estas provincias. En 1844 el país quedó dividido en un total de 1.621 distritos electorales, contando Baleares y Canarias, repartidos de manera desigual entre las 49 provincias españolas, siendo Huesca y Sevilla las más fragmentadas, con 55 distritos cada una; a diferencia de Guipúzcoa, que optó por el exiguo número de 9 circunscripciones electorales7.
El artículo 19 de la Ley Electoral de 1837 disponía que las Diputaciones Provinciales eran las encargadas de dividir sus respectivas provincias en distritos electorales, en función de la comodidad de los electores, señalando para cabezas de distrito los pueblos donde más fácilmente se pudiese concurrir a votar. Sin embargo, la división de las provincias en distritos respondía a intereses políticos, con el fin de que los jefes políticos ejerciesen un mayor control sobre el proceso electoral, que pudiese llevar al triunfo a la candidatura gubernamental. Al reducir el tamaño de los distritos, y convertir en cabezas de distrito a los pueblos más pequeños, se conseguían varios efectos:
1. Los electores votaban en un pueblo en donde eran conocidos por los componentes de la mesa electoral; esto hacía que las votantes estuviesen sometidos al miedo por posibles represalias de las autoridades locales.
2. Se designaban como distritos electorales pueblos cuyas autoridades eran políticamente afines al Gobierno, y que estaban a una considerable distancia de otras poblaciones, cuyos habitantes eran contrarios a los candidatos gubernamentales, con el objetivo de que la distancia fuese un impedimento para acudir a votar.
3. La división de la capital de provincia en más distritos, o la aparición de más pueblos como distritos electorales, también respondía a la necesidad de contrarrestar las votaciones adversas de los electores de algunos distritos consolidados como tales, y cuyas autoridades locales eran consideradas enemigas del Gobierno.
El considerable aumento del número de distritos en estas elecciones pretendió eliminar la abstención, que se podía producir, debido al retraimiento del partido progresista, y, por otro lado, de los votos que pudiesen dar la victoria a candidaturas fruto de la división del partido moderado, que estuviesen desvinculadas de la opción centrista defendida por el Gobierno, y a la que pertenecían sus dos máximos representantes: el general Narváez, y el ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal.
3. Las listas electorales.
La Ley Electoral de 1837 establecía un sufragio censitario “masculino”, o restringido, a favor de cualquier persona que, además de tener 25 años cumplidos, y estar domiciliado en la provincia donde fuese a votar, se encontrase, en el momento de elaborarse o de rectificar las listas electorales, y con un año de antelación, en el supuesto de contribuyente que pagase 200 reales, como mínimo, de contribuciones directas; en el caso de propietarios de predios propios rústicos o urbanos, de ganados o de establecimientos de caza y pesca, y de profesionales, con estudios exigidos por ley, que tuviesen una renta “líquida anual de 1.500 reales”. Los labradores, que poseyesen una yunta propia para el cultivo de tierras, sin necesidad de justificar el ingreso de renta alguna.
También se incluían a los arrendatarios, o aparceros, que pagasen como mínimo 30 reales por las tierras que cultivasen, incluidos los edificios o “artefactos”, dedicados a la mejora de las mismas, por los ganados o por los establecimientos de caza y pesca de su propiedad. También se incluían a los labradores que tuviesen dos yuntas propias para labrar sus tierras, o las que cultivasen de propiedad ajena en alquiler o aparcería, sin tener que probar el alquiler que pagasen. De igual manera, podí- an ser electores aquellas personas que habitasen una casa, para uso propio y de su familia, cuyo alquiler anual debía ser de 2.500 reales, como mínimo, si estaba situada en Madrid; 1.500 reales, si radicaba en pueblos de más de 500 vecinos; o de 400 reales, en los demás casos. Por último, se ampliaba el derecho al voto a las personas que acumulasen, junto a la renta procedente de bienes propios, lo que pagasen por el alquiler de las tierras que cultivasen de propiedad ajena, computando el precio del alquiler como equivalente a la mitad de una renta de igual valor. Resumiendo, podí- an ser electores los que justificasen ingresar 500 reales de renta propia y pagasen 20 reales de alquiler.
Mediante la Ley Electoral de 1837, los progresistas ampliaron el cuerpo electoral considerablemente, a pesar de seguir limitándose a un sufragio censitario “masculino”. De tal manera, que de los 257.984 electores de la convocatoria electoral de 1837, se pasó a 637.973 personas con derecho a voto en 1844, significando un incremento del $1 4 7 { , } 2 9 \% ^ { 8 }$ .
Las listas electorales elaboradas por las Diputaciones Provinciales debían estar expuestas al público en todos los pueblos de las distintas provincias, por un espacio de quince días antes de cada elección, con la finalidad de garantizar la inclusión de todos los electores que podían recurrir cualquier omisión o error. Sin embargo, la formación y exposición de listas se realizó con las arbitrariedades e irregularidades que, según la prensa9, eran ya costumbre en anteriores campañas electorales. Cobrando especial importancia en estas elecciones, al estar amparado por la disposición tercera del Reglamento para la organización del partido moderado en Madrid, donde se disponía que las comisiones de barrio debían investigar las tendencias políticas de los electores, calificándoles de amigos, dudosos o contrarios, con objeto de procurar su inclusión o exclusión de las listas electorales10.
La prensa progresista denunció cinco tipos de irregularidades cometidas en lo referente a las listas electorales, que se concretan en:
1. Elaboración de algunas listas electorales por los Ayuntamientos. 2. Exclusión de gran número de electores progresistas y monárquicos de las listas. 3. Exposición de algunas listas en lugares que impedían su lectura por los electores. 4. Publicación de las listas en vísperas, o en el mismo período de elecciones, para privar a los electores de su derecho a reclamar. 5. El silencio administrativo de las Diputaciones Provinciales sobre algunas reclamaciones con respecto a la exclusión de las listas.
La prensa moderada, que en un principio pidió pulcritud en las operaciones electorales, se rindió ante las flagrantes irregularidades cometidas por su partido, de tal manera que ante la imposibilidad de negar la evidencia se decantó por reconocer que las listas electorales se habían hecho mal, aunque intentó justificarlo sobre la base de la escasez de medios que existían para formarlas y a la exclusión de más electores moderados que progresistas11. Esto último era una falsedad, ya que la prensa denunció la intencionalidad de las exclusiones referidas a millares de electores de reconocido talante progresista, ante el temor de que el partido progresista se atreviese a participar en la campaña electoral, reemplazándoles por otras personas que no reunían los requisitos legales12. De igual forma, quedaron eliminados reconocidos monárquicos de las listas electorales de algunas localidades, como fue el caso de Puentedeume (Coruña), privándoles del derecho al voto, aún después de efectuar las oportunas reclamaciones en la Diputación Provincial, que se inhibió de resolver el recurso debido a intereses partidistas13.
4. La campaña electoral.
La campaña electoral se desarrolló a lo largo de los meses de julio y agosto de 1844. El esperado triunfo de los moderados propició, según palabras de Artola14, que el planteamiento público de las discrepancias fuera correcto, tal vez, porque otra postura fuera innecesaria. Sin embargo, la anunciada victoria de los conservadores no fue óbice para que se produjeran prácticas ilegales durante el proceso; como así denunció Valera, al decir que el partido conservador triunfó en virtud de la fuerza, aunque tampoco le hubiese costado mucho trabajo vencer por medios legales15. El Gobierno del general Narváez utilizó los destierros y las deportaciones de algunos progresistas para coaccionar al electorado de la oposición16. Incluso se declaró el estado de sitio en algunas provincias, como fue el caso de Almería, justificándolo por la existencia de conatos de conspiración, aunque más tarde fue levantado el estado de excepción, poniendo en libertad a las personas que habían sido encarceladas por la autoridad civil17.
La reforma de la Constitución de 1837 fue la cuestión más polémica y objeto de debate durante toda la campaña electoral entre las fuerzas políticas, que cuestionaron su legalidad, viabilidad, forma de realizarla y carácter que deberían tener las Cortes que acometieran dicha reforma. Tomás Villarroya señala cómo la prensa progresista criticó unánimemente la decisión de reformar la Constitución, mientras que la prensa moderada era favorable a la reforma18. La prensa progresista y absolutista fueron parte activa del proceso electoral, denunciando las irregularidades y el fraude que se cometió durante todo el proceso electoral, por lo que el Gobierno ejerció represalias y coacciones sobre la prensa contraria a sus intereses. Muestra de ello fue la denuncia del fiscal Menéndez de Araújo contra el periódico progresista $E l$ Espectador, y la del fiscal Joaquín Ramos Queipo de Llano, contra el también progresista El Eco del Comercio, calificando sus artículos de sediciosos, en concreto uno titulado “Si nosotros estuvieramos cerca de su magestad”, que denunciaba el juego sucio de la camarilla de la reina, aunque finalmente fueron absueltos por un jurado, según publicó el mismo periódico19. El periódico más desafortunado fue el absolutista La Monarquía, que resultó cesado después de que el Gobierno denunciase cuatro de sus artículos.
4.1. El partido moderado.
El partido moderado se presentó a las elecciones bajo la denominación de monárquico-constitucional, con objeto de dar una imagen de modernidad, mediante dos premisas defendidas también por el progresismo de la época. Sin embargo, la prensa progresista no tardó en calificar a los moderados de oligarquía de notables desvinculada del pueblo llano, cuya relevancia se debía a la efímera desorganización del partido progresista. Al mismo tiempo que tildaba de “camarilla” al Gobierno, acusándole de actuar dictatorialmente al ordenar, decretar, legislar, procesar, desterrar y condenar a su antojo, sin respetar la justicia, la soberanía del pueblo, las leyes y la libertad20.
El partido moderado se organizó jerarquizadamente a través de órganos colegiados, que debían ser elegidos por los electores. La supremacía en el ámbito nacional era de la comisión central, seguida del comité electoral o provincial, que imponía sus decisiones en la provincia, y en un plano inferior se encontraba la comisión de distritos. En general, la organización del partido siguió las pautas del Manual electoral, que redactó Manuel Borrego, en 1837, constituyéndose en la mayoría de las provincias los comités electorales, que estaban encargados de coordinar la elaboración definitiva de las candidaturas y de la preparación de los programas electorales. Con la excepción de Madrid y Barcelona, que centralizaron su organización en sus capitales, olvidándose de los pueblos de la provincia y desarrollando el modelo impuesto en el reglamento de organización del partido moderado, que establecía unas comisiones similares a las contempladas por Borrego, pero diferentes en cuanto a la composición y funciones que debían desempeñar. Como contraposición a la organización seudo-democrática que propugnaba el partido moderado, algunas provincias, como Ciudad Real, Cuenca y Sevilla, optaron porque fuesen las Diputaciones Provinciales las que dirigiesen la organización electoral; mientras que en Gerona, Guadalajara, Huesca y Valladolid, simplemente, fueron los notables del partido los encargados de la trama electoral.
El control y dirección de la organización del partido moderado a escala nacional se realizó desde Madrid, por medio de la comisión central, que estaba compuesta por 31 personas elegidas de entre un grupo de 60, compuesto por diputados, senadores y algunos electores madrileños que se reunieron en la casa chica de Filipinas, sita en la calle Carretas, de dicha capital, el 17 de julio de 1844. En la misma reunión se designaron, de entre los miembros de la comisión central, a: José María Garelly, Javier de Burgos, Juan Nepomuceno Fernández San Miguel, Joaquín Díaz Caneja, José Primo de Rivera, Alejandro Oliván, Rafael Cavanillas, José de Zaragoza, conde de Pinofiel, Alejandro Llorente, Diego L. Ballesteros, conde de Fontao, Esteban Sayró, marqués de Casa-Irujo, duque de Sotomayor, Rufino García Carrasco, José de Salamanca, Juan Bravo Murillo, Luis Armero, Pedro Sabater, y Gonzalo José Vilches, con objeto de que elaborasen el Manifiesto electoral.
El Manifiesto electoral se caracterizó por la sobriedad y ambigüedad de la mayoría de sus párrafos, coincidiendo con Tomás Villarroya en que fue “el más sobrio y vago de todos los redactados anteriormente por el partido moderado”21. Sin embargo, tuvo gran trascendencia, porque, además de contener los planteamientos básicos del programa electoral, plasmó lo que se convertiría en doctrina, y sería defendido por los distintos gobiernos durante la década moderada, configurándose un marco de actuación, basado en seis planteamientos básicos: unidad y cooperación de los conservadores; amparo y fortalecimiento de la Corona, con la reina como garante del sistema constitucional; adaptación de la política a las necesidades de la época, mediante la reforma de la Constitución de 1837, la creación de leyes sobre organización administrativa, Hacienda y orden público, considerando a la costumbre como base de la legislación; protección de la religión católica y de sus miembros, indemnizando a la Iglesia por la amortización eclesiástica; se plantea el tema de las cualidades que debían reunir los diputados y senadores electos, y, por último, se abordan los objetivos del partido moderado.
Una parte de la prensa moderada señaló que las tres ideas principales del Manifiesto eran: la monarquía, la religión y la reforma, al mismo tiempo que defendió la idea de reformar la Constitución y de indemnizar a la Iglesia por la enajenación de sus bienes22. Por contra, el también periódico moderado, El Pensamiento de la nación, calificó al Manifiesto de “vago e impreciso”, y criticó la falta de claridad con que trataba la cuestión de la reforma, que impedía al electorado conocer el sentido y el alcance de la misma. También se mostró contrario a la utilización de términos como: paz, libertad legal y orden público, que ya habían sido utilizados por otros partidos, y de frases como “amparar y fortalecer la monarquía”, que el partido moderado había comprometido y puesto en peligro en otras ocasiones23.
Los comités provinciales elaboraron sus propios Manifiestos electorales en las provincias de Alicante, Almería y Córdoba. En ellos se fijaban las líneas programá- ticas que serían defendidas por los candidatos en caso de victoria, coincidiendo en algunos aspectos con el Manifiesto de la comisión central, como eran: la reforma de la Constitución, el trono de Isabel II, el orden público, los intereses sociales, la aprobación de las leyes orgánicas, la defensa de la religión y de la costumbre. Para la composición de los lemas que acompañaban a las candidaturas en provincias como Álava, Murcia y Soria, utilizaron verbos como: edificar, reparar, satisfacer sin ofender; y sustantivos como: calma, conciliación, honradez, ilustración, capacidad, instrucción, desinterés y amor al país, estos últimos con objeto de mostrar las cualidades de los candidatos. En otros casos contenían conceptos a defender por el partido moderado, como eran la religión, el trono, la libertad, la propiedad y los intereses de la provincia. En Badajoz, Cádiz y Granada pusieron de manifiesto a los electores las bases de sus programas políticos, utilizando términos manidos como: reforma de la Constitución, defensa de los derechos de los compradores de bienes nacionales, incluyendo aspectos más novedosos como la abolición del diezmo.
La elaboración de las candidaturas se realizó en la mayoría de las provincias por el comité provincial, que respetó el acuerdo de los miembros de las Juntas directivas de distritos, compuestas por los comisionados de los distritos electorales. La prensa constató la constitución de estos comités y Juntas electorales en las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Coruña, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pontevedra, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo y Valladolid. En algunas provincias intervino activamente el comité provincial, junto con los comisionados de los distritos, para elaborar las candidaturas, como ocurrió en Cádiz y Valencia. Mientras que en la Coruña el comité elaboró directamente la candidatura sin respetar la elaborada por la Junta directiva de distritos, con el objetivo último de que los candidatos fuesen afines al Gobierno. Por el contrario, en Ciudad Real, Cuenca, León, Segovia y Sevilla fue marginado el comité, absorbiendo la facultad de elaboración de las candidaturas la Diputación Provincial.
El partido moderado pretendió que la elaboración de las candidaturas se realizasen en base a unos criterios democráticos, que respetasen los deseos de los electores y que fuesen defendidos por sus representantes en las Juntas directivas de distritos, buscando la masiva participación de un electorado que viese respetado su criterio sobre los candidatos electos. Sin embargo, la división del partido, los intereses personales de los jefes políticos y de otros notables y, en otros casos, la ausencia de unanimidad en la Juntas propiciaron que en provincias como Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Coruña, Málaga, Pontevedra, Segovia y Toledo publicasen varias candidaturas moderadas “monárquico-constitucionales”, hasta el punto de circular hasta tres candidaturas paralelas en algunas provincias. Solamente en Zamora la pluralidad de candidaturas estuvo debida a la falta de organización del partido moderado.
Otro aspecto relevante fue la inclusión de absolutistas “carlistas” en las candidaturas moderadas, a pesar de que se presentaban también como candidatos del partido monárquico en las provincias de Lérida, Lugo, Salamanca, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Zamora y Zaragoza. Estas candidaturas, denominadas mixtas por la prensa, fueron el fruto de una incesante campaña promovida por la prensa moderada a favor de que los monárquicos formasen una “amalgama”, integrándose en las candidaturas moderadas24, aún a pesar de que los candidatos quedasen desprestigiados por el hecho de aparecer en las candidaturas de dos partidos políticos diferentes en la misma provincia.
4.2. El retraimiento del partido progresista.
El partido progresista justificó su retraimiento como una forma de protesta contra el decreto de convocatoria de elecciones y, principalmente, contra la finalidad de reformar la Constitución de 1837, pero también fue una táctica para evitar una clamorosa derrota electoral y, por consiguiente, una pérdida de prestigio político, que tendría su base en el debilitamiento y división del partido provocados por el arrinconamiento político derivado de la política represiva de Narváez, que había encarcelado y desterrado a las personas más influyentes del partido, denunciándoles por conspiradores, sin pruebas suficientes, puesto que no existían delitos, de forma que las causas se prolongaban con lentitud y a través de enredos judiciales25. Algunos periódicos progresistas explicaron que el retraimiento de su partido se debía al falseamiento de las elecciones y los planes insidiosos de la tiranía del Gobierno, además del temor por sufrir vejaciones, encausamientos y otros atropellos de que eran objetos algunos progresistas influyentes en las provincias, como destierros y confinamientos, fruto de la suspicacia y recelos de las autoridades y de los agentes del Gobierno26.
Sin embargo, la prensa progresista tomó las riendas de su partido para conseguir tres objetivos:
1. Atacar al conservadurismo, argumentando la validez de la Constitución de
1837 y la ilegalidad de la reforma. 2. Hacer propaganda política, resumiendo la ideología del partido progresis
ta en esta frase: “Todo para el pueblo y nada sin el pueblo.” 3. Reclamar la abstención de todos los progresistas.
El periódico progresista El Eco del Comercio publicó un contra-Manifiesto, como censura al Manifiesto electoral del partido moderado, calificando de error la audacia de denominarse Monárquico-Constitucionales, cuando sus actos reflejaban un abuso de su ambición encubierta, cercenando el prestigio real y un deseo de modificar la Constitución basado en una actitud represiva e ilegal.
4.3. El partido monárquico.
El partido monárquico hizo su aparición, por primera vez en estas elecciones, con una concepción política radicalmente opuesta a la progresista, y diferente en muchos aspectos de la moderada. Este partido tenía sus raíces ideológicas en el partido absolutista, que comenzó a forjarse en los debates de las Cortes de Cádiz, y cuyas intenciones políticas plasmó en lo que se conoció como Manifiesto de los persas, donde los absolutistas criticaron los artículos de la Constitución de 1812, expresando sus ideas a favor de la monarquía absoluta, de la religión, y de una sociedad y Cortes Estamentales27.
Los monárquicos, liderados por el marqués de Viluma, pertenecían a la vertiente absolutista del partido moderado, aunque fueron tildados de “carlistas” porque algunos de sus componentes, como el marqués de Cerralbo, mantenían estrechos lazos de amistad con el pretendiente Carlos de Borbón. El diputado por Álava, Pedro Egaña, criticó que la prensa denominase “carlistas” a los monárquicos, al decir que se trataba de súbditos sumisos, obedientes a la Reina Isabel II, personas respetables y dignísimas que siempre habían pertenecido a la “comunión liberal”, incluso alguno era consejero de la Corona28.
Este partido limitó la presencia de sus candidaturas a las provincias de Ávila, Burgos, Castellón, Guadalajara, Lérida, Madrid, Navarra, Palencia, Salamanca, Santander, Teruel, Valencia y Zaragoza. En estas provincias pretendió imitar el formulismo organizativo del partido moderado, constituyendo su comité central en Madrid con personas ligadas al periódico La Monarquía, cuyos trabajos dieron como fruto dos circulares informativas y el Manifiesto monárquico del 11 de agosto de 1844, que consideró vital la salvaguarda de los intereses de la Iglesia y la Monarquía. En la primera circular quedó plasmada la ideología absolutista de este partido, que pretendía el esplendor del culto religioso, la desaparición de la nomenclatura de partidos por considerarla “sinónimo de pasiones”, y la independencia y el dominio del Trono, sin distinguir “colores políticos”, poniendo como ejemplo los reinados de Felipe V y Carlos $\mathrm { \bar { I I I } } ^ { 2 9 }$ .
5. La constitución de las mesas electorales.
La importancia que tenía el control de las mesas sobre el resultado electoral quedó constatada en los comentarios de los corresponsales de la prensa moderada, que consideraron como una primera victoria de su partido el que hubiese obtenido la mayoría de las mesas electorales del país. Por este motivo, se produjeron gran número de denuncias relativas a la constitución de las mesas, que se pueden englobar en estas cuatro genéricas:
1. Se nombraron presidentes de las mesas a personas con menos votos que los secretarios escrutadores, como fue el caso del distrito de Molina (Guadalajara), cuya acta fue declarada nula, por unanimidad, en la Junta de escrutinio general30.
2. Los alcaldes pertenecientes al partido moderado ejercieron toda su influencia para constituir las mesas a su gusto, sin respetar los preceptos legales, como ocurrió en El Vendrell (Tarragona), donde quedó constituida la mesa con la reunión de siete u ocho personas, sin echar las papeletas en la urna, figurando el alcalde, como presidente, y, como escrutadores, algunas personas que se encontraban ausentes del pueblo31.
3. Los jefes políticos coaccionaron a los electores para requerir su presencia, acudiendo a los domicilios y enviando circulares para que los funcionarios concurriesen con sus subordinados a votar para constituir la mesa electoral32.
4. Las personas notables o instituciones, que tenían unos intereses partidistas dentro de las provincias, procedieron a la compra de las mesas electorales, utilizando todos los medios a su alcance para conseguir el triunfo de su partido. En Toledo se detectó la compra de mesas electorales por el Cabildo, con el objetivo de que obtuviesen la victoria los monárquicos33.
6. La participación electoral.
La participación media nacional fue del $6 5 , 7 1 \%$ , desglosada en un primer bloque de 25 provincias, con una participación por debajo de la media, como eran: Álava, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Lérida, Logroño, Madrid, Navarra, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. Y otro bloque formado por las 24 provincias restantes, con una participación superior a la media, entre las que se encontraba Soria, cuyos electores fueron mayoritariamente comerciantes y empleados en la capital, y labradores e inquilinos en zonas rurales34.
La elevada participación en Granada, con un $8 8 , 4 0 \%$ , contrasta con la mínima participación del $1 8 { , } 2 3 \%$ , en Guipúzcoa. Evidentemente, algunos datos se manipularon, como demuestran las denuncias de la prensa y las protestas que se realizaron en las actas de escrutinio, bien por la influencia directa o indirecta de los agentes del Gobierno. Aunque el $6 5 , 7 1 \%$ de participación media demuestra que en algunas provincias, a pesar de las arbitrariedades puestas en juego, no pudieron evitar los bajos índices de participación, que correspondían principalmente a la masiva abstención de los progresistas. En este sentido, la alta participación registrada en Murcia, con un $8 2 , 8 9 \%$ , quedó en entredicho después de que se denunciasen ciertas irregularidades cometidas durante las votaciones por la mesa electoral, que no dudó en utilizar cualquier medio para ampliar el número de votantes35.
Las elecciones de León, cuyo porcentaje de participación fue del $8 6 , 0 2 \%$ , también estuvieron salpicadas por las resoluciones partidistas de la Junta de escrutinio general de votos36. La alta participación del $^ { 8 7 , 4 5 \% }$ , que se asignó a Lugo, quedó ensombrecida por las denuncias sobre coacciones del jefe político y de los alcaldes sobre los electores37. La participación del $^ { 8 8 , 4 0 \% }$ del electorado en Granada, también resulta dudosa, máxime cuando hubo denuncias sobre la coacción ejercida por los agentes del Gobierno sobre el electorado y sobre el falseamiento de las listas de votantes38. Por último, el mayor índice de participación que registró Pontevedra, con el $9 2 { , } 5 6 \%$ , también reflejó la intervención coactiva, partidista e ilegal de los agentes del Gobierno en algunos distritos39.
7. El fraude electoral.
La existencia de fraude electoral quedó plasmada en la prensa a través de diversas denuncias testimoniadas por los corresponsales destinados en diferentes localidades del país, las cuales se pueden englobar en los siete apartados siguientes:
1. La manipulación interesada de las listas de votantes por parte de las mesas electorales. 2. Los despliegues militares con los que se intentaron atemorizar al electorado. 3. La expulsión de sus distritos y privación de libertad de algunos progresistas. 4. La coacción y el soborno del Gobierno mediante sus autoridades civiles y militares, jefes políticos, capitanes generales, etc.
Cuadro nº 1. La participación electoral

PROVINCIAS	Electores	Votantes	%Participacion	%Abstencion
Alava	8.453	1.779	21,05	78,95
Albacete	11.437	7.552	66,03	33,97
Alicante	9.446	6.275	66,43	33,57
Almeria	10.546	9.220	87,43	12,57
Avila	5.124	3.765	73,48	26,52
Badajoz	13.962	8.645	61,92	38.08
Baleares	7.302	2.618	35,85	64,15
Barcelona	20.122	7.148	35,52	64,48
Burgos	14.332	10.569	73,74	26,26
Caceres	11.195	4.761	42.53	57,47
Cadiz	13.538	8.508	62,85	37,15
Canarias(1)	5.355	3.306	61,74	38,26
Castell6n	8.159	4.953	60,71	39,29
Ciudad Real	9.763	8.389	85,93	14,07
C6rdoba	16.798	13.602	80.97	19,03
Coruna	23.749	18.304(2)	77.07	22.93
Cuenca	9.923	7.029	70,84	29,16
Gerona	9.714	2.803	28,86	71,14
Granada	17.928	15.849	88.40	11,60
Guadalajara	5.592	3.052	54,58	45,42
Guipuzcoa	9.789	1.785	18,23	81,77
Huelva	7.190	5.051	70,25	29,75
Huesca	22.049	17.020	77,19	22,81
Jaen	13.093	9.171	70,05	29,95
Le6n	23.782	20.458	86,02	13,98
Lerida	10.856	6.496	59,84	40,16
Logrono	8.534	4.436	51,98	48,02
Lugo	29.195	25.531	87,45	12.55
Madrid	15.320	7,556	49,32	50,68
Malaga	14.984	11.014	73,51	26,49
Murcia	11.014	9.130	82,89	17,11
Navarra	19.060	7.979(3)	41,86	58,14
Orense	16.969	14.213	83,76	16,24
Oviedo	24.515	18.979	77,42	22,58
Palencia	13.455	10.144	75,39	24,61
Pontevedra	26.393	24.430	92.56	7,44
Salamanca	11.099	4.911	44,25	55,75
Santander	12.206	9.385	76,89	23,11
Segovia	3.668	2.618	71,37	28.63
Sevilla	14.970	8.845	59,08	40,92
Soria	4.948	3.297	66,63	33,37
Tarragona	7.220	1.893	26,22	73,78
Teruel	8.149	3.349 (4)	41,10	58,90
Toledo	12.695	7.725	60,85	39,15
Valencia	21.385	11.937	55,82	44,18
Valladolid	9.034	5.642	62.45	37,55
Vizcaya	10.235	4.895	47,83	52,17
Zamora	12.214	7.618	62,37	37,63
Zaragoza	11.514	5.581	48,47	51,53
Totales	637.973	419.216	65,71	34,29

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Fuente: Archivo de las Cortes. Actas de Juntas de escrutinio general de votos de todas las provincias. Legajo 24, núm 21 hasta 66. (1) Las elecciones en Canarias fueron declaradas nulas el 16 de enero de 1846. (2) D.S.C., 17-10-1844: El Congreso aprobó las actas de Coruña y Puentedeume, anulados por la J.E.G., elevando el número de votantes a 19.437. (3) D.S.C., 21-10- 1844, El Congreso aprobó el acta de Pamplona, anulada por la J.E.G.; elevando a 8.683 el número de votantes. (4) D.S.C., 2-11-1844, El Congreso aprobó las actas Alfambra y Burbáguena, anuladas por la J.E.G. , elevando a 3.456 los votantes.
5. La coacción de algunos jueces de primera instancia sobre los alcaldes, para que interviniesen activamente a favor de la candidatura del Gobierno.
6. La coacción y el soborno de los alcaldes para que los electores votasen la candidatura del Gobierno.
7. Las protestas infundadas que se hicieron constar en las actas de Pamplona y de Estella, por los moderados, para, a través de la anulación de dichas actas, eliminar los votos en contra.
Las protestas contenidas en las actas de escrutinio no reflejan, en su totalidad, el fraude que denunció la prensa, por lo que se deduce que muchas personas perjudicadas no usaron su derecho de protesta ante las Juntas de escrutinio por el temor a las posibles represalias de unas autoridades que no dudaron en utilizar los despliegues de la fuerza pública, los destierros y encarcelamientos de algunos progresistas, y las separaciones de empleados públicos contrarios al Gobierno. Una prueba de ello fue el fraude denunciado por la prensa en las provincias de Badajoz, Granada, Huelva, Logroño, Lugo, Pontevedra, Santander, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora, en cuyas actas no se reflejó protesta alguna. Por otro lado, aún cuando algunos electores se atrevieron a protestar ante las Juntas de escrutinio, se encontraron con que dichas protestas fueron omitidas en las actas, según consta en algunas reclamaciones examinadas por la Comisión del Congreso.
El cuadro estadístico número 2 muestra 16 provincias en las que hubo protestas sobre fraude electoral. En 27 actas de escrutinio de algunos distritos de las provincias de Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Guadalajara, León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Oviedo, Palencia, Salamanca, Sevilla y Teruel se protestaron 30 irregularidades, aunque sólo se anularon 4 actas, que respresentan sólo un $1 4 { , } 8 1 \%$ , un exiguo porcentaje que pone de manifiesto cómo el control del Congreso de los Diputados era un mero trámite burocrático, generalmente ineficaz, y guiado por una actitud benévola de la comisión de actas que, lejos de examinar minuciosamente la veracidad de las protestas, mantuvo el criterio general de aprobar las actas por falta de pruebas.
El término X significa que se produjo una protesta relacionada con el título de la columna a la que pertenezca.
En total se protestaron 32 hechos fraudulentos cometidos en las 16 provincias (incluido Canarias), que se desglosan en: 5 coacciones del Gobierno y sus agentes; 11 falseamientos de las listas electorales y de las actas de escrutinio; 1 división ilegal en distritos electorales; 3 privaciones de derechos y 12 irregularidades cometidas por las mesas electorales con ánimo de fraude. En la provincia de Córdoba se cometieron fraudes por los Ayuntamientos y Diputaciones en relación con la publicación fuera de plazo de las listas electorales y al erróneo contenido de las mismas. A este respecto, “las listas se publicaron oficialmente el 4 de septiembre, un día después de comenzadas las votaciones en los distritos, de tal manera que nadie pudo reclamar inclusiones o exclusiones debido a la evidente falta de tiempo”40.
Las únicas elecciones que anuló el Congreso fueron las de Canarias, a partir de una protesta realizada por Manuel Verdugo –miembro de la mesa electoral del distrito de.
Cuadro nº 2. Las protestas contenidas en las actas de las Juntas de escrutinio

Provincias	Actas de distritos quecontenian protestas	CoacciondelGobiernoysusagentes	Falseamientode datos enactas y listaselectorales	Divisionindebidaen distritos	PrivaciondeDerechos	Ilegalidadescometidas por lamesa o por otros enel momento de lavotacion	Resolucionesdel Congreso
Burgos	Belorado	X	Aprobadas
Canarias	Acta del escrutinio General(48 distritos)	X	X(*）	Anuladas
Ciudad Real	HerenciaTomellosoVillahermosa	XX	X	Aprobadas
Cordoba	Priego	X	Aprobadas
Coruna	CorunaPuentedeume	XX	Aprobadas
Guadalajara	Molina	X	Aprobadas
Leon	Ponferrada-VillafrancaLaguna de NegrillosGalleguillosSahagun	X	XX	X	Aprobadas
Madrid	Alcala de Henares-Torrejon	X	X	Aprobadas
Malaga	Malaga	X	Aprobadas
Murcia	Murcia	X
Navarra	PamplonaEstella	X	X	AprobadaAnulada
Oviedo	Soto de la Ribera	X	Anulada
Palencia	Palencia	X	Aprobadas
Salamanca	CalzadaValdumielCantalapiedra	X	X	AnuladaAnulada
Sevilla	Coria del RioOsunaSan Lucar La Mayor	X	XX	Aprobadas
Teruel	AlfambraBubarguena	XX	Aprobadas
TOTALES	27 actas de distritos1 acta escrutinio gral.	5	11	1	3	12

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Fuentes: — Las actas de las Juntas de Escrutinio General de Votos que obran en el A.C.D. Leg. 24, desde el núm. 24 hasta el 69. — D.S.C., 12 al 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre de 1844 y 14 y 16 de enero de 1846.
Las Palmas-, en la que justificaba que de 11 actas $^ { - 7 }$ originales y 4 en testimonio– que acompañaba a su reclamación, 9 actas no se habían tenido en cuenta en el escrutinio general. En el mismo escrito denunció que el intendente de la provincia intervino en beneficio propio, valiéndose de uno de sus subordinados para que solicitase votos a favor de su hijo Ignacio Berriz, según se desprendía de las cartas adjuntadas a la protesta. Vicios e irregularidades que también cometieron las autoridades superiores, polí- tica y militar de las islas, e, incluso, la Diputación Provincial, que amañó el censo electoral. Evidentemente, se puede comprobar que el acta general de Canarias sólo reflejaba la asistencia de los comisionados de un limitado número de distritos, omitiendo todo lo relativo a la ausencia del resto. Por tanto, sólo se efectuó el escrutinio de votos de las actas de los distritos que figuraban representados, omitiendo, voluntariamente, que existiesen otros distritos no representados, con el consentimiento del presidente de la junta general de escrutinio, que era el jefe político de Canarias41.
La denuncia de Manuel Verdugo ridiculizó el primer dictamen de la comisión de actas del Congreso, que fue favorable a la aprobación de las actas de Canarias y, además, obligó a dicha comisión a realizar un examen más riguroso –solicitando antecedentes al Gobierno y reclamándole todas las actas de distritos de Canarias– que dio lugar a la anulación de las elecciones de Canarias. No obstante, las actas de otras provincias contenían idénticas omisiones, por ejemplo, el acta de la junta de escrutinio de Toledo sólo constató la presencia de comisionados de 31 distritos, sin mencionar el motivo por el que no habían concurrido los comisionados de los tres distritos restantes. En realidad, el presidente de la junta –jefe político– era consciente de que la omisión de información sobre las actas desfavorables para el partido moderado podrían facilitar la elección de los candidatos gubernamentales, sin que la comisión de actas del Congreso pudiese notar la existencia de ese vicio en el acta de escrutinio general.
8. Los resultados electorales.
En algunas provincias se tuvieron que celebrar segundas elecciones, como fue el caso de Salamanca, Teruel, Toledo, Zamora y Zaragoza, porque algunos candidatos no obtuvieron suficientes votos en la primera elección para poder cubrir las plazas de diputados propietarios, o para componer las listas triples de senadores. También se procedió a segundas elecciones cuando no hubo suficiente número de candidatos electos para el Senado, o de diputados suplentes para reemplazar a los propietarios, habiendo sido nombrados senadores, o que, por cualquier causa, no tomasen asiento en el Congreso, como ocurrió en León y Navarra. Las vacantes producidas después de haber tomado asiento en las respectivas Cámaras se cubrieron mediante elecciones parciales y sucesivas, denominadas “nuevas elecciones”, que se celebraban siguiendo el mismo formulismo de las elecciones generales, como fue el caso de Almería, Coruña, Granada, Lérida, Logroño, Lugo, Oviedo, Santander, Soria y Tarragona.
El partido moderado, denominado en estas elecciones “monárquico-constitucional”, obtuvo el triunfo después de que sus candidaturas fuesen mayoritariamente votadas en todas la provincias. Todos los diputados que ocuparon los escaños del Congreso eran moderados, a excepción de 18 pertenecientes al partido monárquico, que fueron elegidos por su inclusión en las candidaturas moderadas de Almería, Barcelona, Lérida, Lugo, Salamanca, Santander, Soria, Tarragona, Toledo, Zamora y Zaragoza42. Por otro lado, el retraimiento del partido progresista en estas elecciones, con la excepción de la provincia de Teruel, no fue óbice para que el progresista José María Orense se incluyese en la candidatura moderada por Palencia, y ejerciese su cargo de diputado en el Congreso, oponiéndose a las corrientes más conservadoras. Por tanto, esos 20 tránsfugas tuvieron una actitud maquiavélica, basada en dejarse incluir en las candidaturas gubernamentales con el fin de ocupar un escaño en el Congreso, a pesar de ser contrarios a los planteamientos programáticos del partido moderado.
Los diputados moderados fueron agrupándose, según sus distintas ideologías, en tres fracciones, percibiéndose la división del partido en los debates sobre la reforma de la Constitución, en que la fracción puritana –ala izquierda del partido moderado, representada por Francisco Javier Istúriz, Joaquín Francisco Pacheco, Nicomedes Pastor Díaz, Cándido Nocedal, entre otros, y a la que se unió José María Orense, se opuso abiertamente a la reforma de la norma suprema, por considerar que no podía ser el resultado del programa de un partido político, ni existía una razón lógica que defendiese tal modificación. La fracción centrista estaba compuesta, principalmente, por los miembros del Gobierno, y liderada por Ramón María Narváez, con Pedro José Pidal, como principal inspirador; además de otras personalidades, como Alejandro Mon, Luis José Sartorius, Antonio Alcalá Galiano, Juan Donoso Cortés, Luis Mayans, Luis González Bravo, Ramón Santillán, etc.
La fracción más a la derecha estuvo representada por 19 diputados absolutistas, de los que 18 pertenecían al partido monárquico, y habían accedido al Congreso por su inclusión en las candidaturas moderadas de algunas provincias, constituyendo el grupo denominado vilumista, que, en el proyecto de ley de dotación del culto y clero presentaron una enmienda solicitando la devolución de los bienes no enajenados al clero secular, la cual fue descalificada por el ministro de Hacienda, Alejandro Mon, provocando la renuncia, el 28 de diciembre de 1844, de Francisco Taboada, Manuel López Arruego, marqués de Viluma, Ramón Saavedra y Pando, Francisco Trespalacios, barón de Velasco, José Isla Fernández, Ignacio María Sullá, Domingo de Gomar, José Antonio Alós, Agustín María Saco, marqués de la Roca, Francisco Javier de León Bendicho, José Eugenio Eguizábal, Cristóbal Rodríguez Solano, Mariano Camps y Francisco Perpiñá. El 7 de enero de 1845 presentaron su dimisión Ventura Cerrajería y el duque de Veraguas.
El Congreso de los Diputados quedó formado por un $42 \%$ de diputados propietarios de bienes inmuebles, que les proporcionaban importantes rentas, al mismo tiempo que satisfacían las contribuciones correspondientes. El $2 9 { , } 9 \%$ tenían estudios superiores, mayoritariamente eran juristas –abogados, fiscales y magistrados-, que representaban el $2 8 { , } 2 \%$ , y el $1 , 7 \%$ restante estaba compuesto por médicos. El tercer bloque estaba constituido por altos cargos de la Administración, cuyo porcentaje era del $1 7 { , } 9 \%$ . El $8 , 5 \%$ eran militares de alta graduación, y otro $1 , 7 \%$ lo formaban banqueros, comerciantes y hombres de negocios que invertían su dinero en títulos del Banco de Isabel II o del Banco de San Fernando.
9. Conclusiones.
En resumen, se puede decir que estas elecciones estuvieron viciadas desde su comienzo por el retraimiento del partido progresista, el cual quedó arrinconado por la fuerte presión de la política conservadora –incluida la camarilla de la Reina– que, después de la “cuestión Olózaga”, no dudó en utilizar el aplastamiento manu militari contra todo aquello que se opusiese al Gobierno presidido por Narváez, el cual tenía bajo su control todos los resortes del poder. Los moderados, ante la ausencia de una oposición progresista, se presentaron a estas elecciones divididos en dos partidos políticos: el “monárquico-constitucional”, cuyo programa defendía promulgación de una nueva Constitución, y el “monárquico”, cuyos miembros propugnaban la vuelta a la monarquía absoluta y a dotar de mayor poder a la Iglesia. El ansia de poder y la ambigüedad política de algunos candidatos les llevó a su inclusión en las candidaturas de ambos partidos, como fue el caso del marqués de Viluma. Inclusive, el progresista José María Orense se presentó dentro de la candidatura monárquico-constitucional.
Las elecciones de 1844 quedaron sumidas dentro la política de represión ejercida desde el Estado, las Diputaciones y los Ayuntamientos, para conseguir el triunfo de los candidatos gubernamentales a través de la manipulación torticera del censo electoral, listas de electores, constitución de las mesas y listas de votantes, para lo cual no dudaron en utilizar las coacciones al electorado afecto a los candidatos de oposición. Estas elecciones muestran el mecanismo electoral utilizado durante el reinado de Isabel II, máxime cuando se disputaron el poder los dos grandes partidos: el moderado, a veces llamado monárquico-constitucional, y el progresista.
Finalmente, los resultados electorales dieron el triunfo a los candidatos monárquico-constitucionales, a excepción de 18, pertenecientes al partido monárquico, que fueron elegidos por su inclusión en las candidaturas moderadas. La mayoría de los diputados eran propietarios de bienes inmuebles, $42 \%$ ; juristas –abogados, fiscales y magistrados–, $2 8 { , } 2 \ \%$ , y funcionarios, $1 7 { , } 9 \%$ . Por último, es importante redundar en que los debates del Congreso dieron lugar a la división de los moderados en: la fracción puritana –ala izquierda del partido moderado–, representada, entre otros, por Francisco Javier Istúriz; la centrista, compuesta principalmente por los miembros del Gobierno, y liderada por Ramón María Narváez; y la vilumista, formada principalmente por monárquicos, a cuya cabeza se encontraba el marqués de Viluma.