Libertad y orden político en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media\*.
Freedom and Political Order in Late Medieval Castilian Towns.
Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la relación entre los códigos de la libertad y el orden político en las ciudades castellanas del final Edad Media hasta el conflicto comunero. Se argumenta que, si bien la utilización del lenguaje político de la libertad es tardía, un análisis de los procedimientos y lenguajes de la protesta popular muestran la existencia de lo que puede denominarse un paradigma de libertad en la ciudad, vinculado a la construcción colectiva de la ciudad como cuerpo político que integraba una serie de expectativas asumidas respecto del gobierno de ese cuerpo político. Desde este punto de vista, en su última sección el artículo analiza las transformaciones institucionales en las ciudades durante la Guerra de la Comunidades para mostrar sus vinculaciones con ese paradigma de libertad y con las instituciones representativas del cuerpo político urbano.
Palabras clave: Libertad; ciudades; revueltas; Castilla; Baja Edad Media; Guerra de la Comunidades de Castilla.
Abstract: This article analyses the relationship between the codes of freedom and the political order in the late medieval Castilian towns up to the War of the Communities. It is argued that, although the political language of freedom comes at a late stage, the analysis of the procedures and the language of the popular protest reveals the existence of what can be called a paradigm of freedom in the city. This was linked to the collective construction of the city as a political body with a series of shared assumptions about its own government. The last section of the article analyses the institutional changes in the cities during the War of the Communities to show their connections with this paradigm of freedom and with the institutions that represented the urban political body.
Keywords: Freedom; Cities; Political Culture; revolts; Castile; Late Middle Ages; War of the Communities of Castile.
Sumario: 1. Introducción: del lenguaje político de la libertad a la libertad como paradigma. 2. Cuando se grita libertad. La dimensión comunitaria en la cultura política urbana de fines de la Edad Media. 3. La ciudad como cuerpo político. 4. Sobre la naturaleza de los cambios institucionales durante las revueltas: una mirada desde el conflicto comunero. 5. A modo de conclusión.
Summary: 1. Introduction: Freedom as a political language and freedom as a paradigm. 2. Crying for freedom. On the communitarian dimension of urban political culture in the Late Middle Ages. 3. The city as a political body. 4. On the nature of institutional changes during revolts: a view from the War of the Communities of Castile. 5. Conclusion.
0. INTRODUCCIÓN: DEL LENGUAJE POLÍTICO DE LA LIBERTAD A LA LIBERTAD COMO PARADIGMA.
A diferencia de lo que ocurre en otras historiografías, no existe una gran tradición de estudios sobre la libertad en época medieval en la Península Ibérica1 . Más allá de las habituales menciones a libertades, en el sentido de privilegios, la utilización del concepto de libertad cono herramienta política es tardía. Dejando al margen la aparición temprana del concepto de la libertad de la iglesia, las invocaciones a la libertad formaron parte del discurso de los remensas, ya en el $\mathrm { X V } ^ { 2 }$ . En la Corona de Castilla, el concepto de libertad irrumpe en el contexto de las luchas políticas del XV. Si bien las declinaciones del concepto son múltiples, generalmente aparece en un contexto negativo, la falta de libertad, que se asocia a la ausencia de un gobierno que garantice el buen regimiento y la justicia3 . En este sentido, se podría apuntar que el concepto de libertad no era el elemento referencial del sistema político, organizado en torno a las nociones de justicia, bien común, paz y sosiego. Libertad se utilizaba para denunciar una situación consideraba opresiva. Se contraponía a las nociones de sujeción, servidumbre e incluso tiranía, o la propia de opresión4 . En suma, se enunciaba como opuesto a estar sometido a la voluntad de otros, en una acepción muy similar a la que refiere Q. Skinner como tercera noción de libertad5 . En este sentido, el lenguaje de la libertad como herramienta de lucha política bebe claramente de la tradición romanista. Si bien la literatura del XV atestigua su utilización con este sentido, bien en traducciones de obras de autores romanos, como Salustio, Tito Livio o Vegecio, o bien empleada en términos similares por tratadistas castellanos6 , la introducción del concepto con este contenido es anterior, dado que estaba recogido en las Partidas, cuya definición de libertad y servidumbre traduce literalmente las disposiciones del Digesto7 . Interesa señalar que el uso del concepto de libertad con esta connotación, no estaba limitado a la tratadística puesto que formaba parte del lenguaje político ordinario8 . La documentación recoge desde mediados del XV expresiones que identifican el actuar libremente con hacerlo en ausencia de coerción9 . Se documenta, incluso, que la noción formaba parte de la crítica política. Así, en una carta redactada en 1473, los procuradores en Cortes recurrieron a la oposición entre libertad y esclavitud para denunciar la falta de justicia, paz y sosiego en el reino10. Ya en el tiempo previo al conflicto comunero, tal y como recoge el cronista Anghiera, las críticas que circularon después de la convocatoria de la Cortes de Santiago, se estructuraban contraponiendo la noción de libertad y ser tratados como esclavos11. Precisamente fue durante el conflicto comunero cuando la noción de libertad, en este caso la libertad del reino, se utilizó extensivamente, dado que fue el concepto político clave utilizado por una coalición de ciudades para legitimar su rebelión frente al rey12. Aunque el lenguaje de la libertad se utilizó también en otros contextos durante el conflicto, puesto que formó parte de las proclamas que acompañaron a las revueltas populares que se produjeron en numerosas ciudades durante su desarrollo. En la utilización de este tipo de lenguaje en la protesta popular, lo ocurrido en las ciudades castellanas no es distinto de lo que observa en otros episodios de protesta en Inglaterra o en Italia, donde los gritos de libertad se formularon en términos similares y con un contenido parecido, utilizando una contraposición entre las nociones de libertad y servidumbre o esclavitud, si bien sus connotaciones prácticas podían ser diferentes13 .
En cualquiera de los casos, y con independencia de la utilización tardía del concepto para referirse a situaciones consideradas opresivas, las sociedades del último medievo se caracterizaron por disponer de mecanismos variados para resistir la coerción, así como por la existencia de concepciones acerca de la autonomía, la afirmación de la voluntad política y expresiones de reivindicación características de un entramado denso de cultura publica, instituciones y principios comunitarios que funcionaban como un límite a la arbitrariedad en el ejercicio del poder y canalizaban las expectativas políticas de la población. En este sentido, un análisis de las sociedades pasadas en términos de libertad y orden político no tiene por qué limitarse a la genealogía y utilización del concepto de libertad. De hecho, las propias conceptualizaciones sobre la noción de libertad efectuadas por la crítica contemporánea, pueden ser de utilidad para explorar algunas cuestiones centrales acerca de la articulación política de las sociedades del pasado14. En particular, me parece de interés la definición de la libertad como ausencia de coerción, característica de los teóricos del republicanismo, para poner el foco sobre las formas en que se concebía la afirmación de la voluntad y la autonomía política a fines de la Edad Media15, y también sobre el carácter legitimo u opresivo que se otorgaba a determinadas disposiciones políticas. Para desarrollar un análisis de estas características, abordaré en primer lugar algunas dinámicas observables durante la Guerra de las Comunidades. El conflicto es interesante desde varios puntos de vista. Ya he señalado que constituye un escenario de utilización profusa del lenguaje político de la libertad, si bien no me interesa en este momento tanto el uso que se hizo del concepto en los escritos de la Junta comunera, como su aparición como un grito político en la calles, durante las revueltas populares que se produjeron en algunas ciudades, lo que permite tomar estos conflictos como punto de partida para observar algunas cuestiones relevantes sobre el funcionamiento de los sistemas políticos urbanos, en los términos que he descrito anteriormente.
2. CUANDO SE GRITA LIBERTAD. LA DIMENSIÓN COMUNITARIA EN LA CULTURA POLÍTICA URBANA DE FINES DE LA EDAD MEDIA.
Los primeros gritos de libertad durante el conflicto comunero se pronunciaron en Toledo, con una connotación de evidente rechazo de las políticas que el monarca trataba de imponer, consideradas opresivas16. Toledo era un ciudad ampliamente movilizada que trataba de organizar una coalición de ciudades para contrarrestar las disposiciones regias17. En muchas otras ciudades, sin embargo el escenario era más complejo, dado que una parte de las élites locales se mostraba distante de la intensidad con que Toledo trataba de confrontar las políticas desarrolladas por el rey18 . Las dificultades para la conformación de la Junta de Ávila son claramente reveladoras en ese sentido. Ciertamente, durante los primeros años del reinado de Carlos I e incluso con anterioridad, las élites urbanas habían animado una política de oposición al rey y su malestar era patente, pero tomar directamente partido por posiciones políticas que podían ser consideradas un acto de rebelión era una cosa cualitativamente diferente y más peligrosa para sus intereses19. De ahí que las movilizaciones populares en estas ciudades se convirtieran en un factor clave que terminó impulsando su adhesión a la coalición y su integración en la Junta Comunera. Zamora había mandado volver a los procuradores que había enviado a Ávila y solo los volvería a enviar tras la presión del común de la ciudad20. Valladolid y Burgos, en esos momentos, trabajaban para que la reunión de las ciudades tuviera lugar en la propia Valladolid, donde estaban el gobernador y el Consejo Real porque lo que pretendían era más la negociación con el gobernador que la ruptura21. La misma ciudad de Ávila, donde se desarrollaron las primeras reuniones de la Junta comunera ofrece un ejemplo bastante ilustrativo: sin que llegara a producirse una revuelta, la amenaza proferida a los regidores por parte del procurador general de la Tierra de Ávila de inundar la ciudad de labradores armados si no se hermanaba con Toledo fue el factor que termino por condicionar el alineamiento de la ciudad con el bando rebelde22 .
No me interesa tanto analizar en detalle el desarrollo de los acontecimientos durante el conflicto comunero, como ofrecer un contexto en el que situar las distintas movilizaciones populares en las que se profirieron gritos de libertad en los albores del conflicto. Si bien, el proceso posee en cada ciudad sus propios matices y cronología, hay una serie de elementos en común. El primero es que, sin obviar la relación evidente con la situación general del reino, las proclamas de libertad enunciadas durante estas revueltas estaban denunciado una situación considerada opresiva en el marco de la comunidad política local. De ahí, que los principales destinatarios de las iras populares no fueran los representantes regios en la ciudad, sino miembros destacados de la élite local cuyo posicionamiento político era cuestionado. El segundo aspecto revelador es la fuerte vinculación entre las revueltas que se produjeron en algunas ciudades y la noción de traición a la ciudad, cuestión sobre la que la propia semiótica de la movilización es especialmente reveladora, en la medida en que se desarrollaron mediante procedimientos que proclamaban a los afectados como traidores al tiempo que escenificaban su expulsión de la comunidad política.
Las primeras revueltas se produjeron en ciudades como Segovia y Guadalajara y algo más tarde en Burgos y su objetivo principal fueron los procuradores que representaban a las ciudades en Cortes, donde habían aceptado el pago de un nuevo impuesto al monarca. En Segovia se produjo la ejecución de uno de los procuradores reproduciendo exactamente la pena que la justicia regia decretaba para los casos de traición, el arrastramiento y el ahorcamiento invertido23. En Zamora, para apaciguar la movilización popular, el gobierno local despojó a los procuradores de la condición de vecinos. Dado que se encontraban fuera de la ciudad, erigieron unas estatuas que los representaban que fueron arrastradas por la ciudad y posteriormente colgadas24. El ritual se completó en muchas ciudades derribando las viviendas de los considerados traidores, acto con una clara connotación de expulsión de la colectividad, tal y como se recoge todavía en ordenanzas municipales de fines del $\mathrm { X V } ^ { 2 5 }$ .
Algunas revueltas posteriores permiten añadir matices adicionales y aproximarnos al imaginario político que impulsaba estas acciones. En Santiago de Compostela, la revuelta se produjo cuando el concejo trató de hacer efectivo el cobro del servicio aprobado en Cortes. Al conocerse la noticia de la reunión del regimiento, las gentes del común se congregaron en la plaza frente al consistorio. Cuando trascendió que finalmente habían decidido proceder al cobro, comenzaron a apedrearlo gritando ¡libertad! y ¡muerte a los traidores! 26 . . A continuación, atacaron a su propio representante institucional ante el regimiento, el procurador de la comunidad y al letrado que asesoraba a la ciudad. Sólo después trataron de acometer a los regidores y de quemar sus casas porque ¡habían sido traidores a la ciudad! Libertad se formula como un grito de denuncia de una situación considerada opresiva, pero la conexión con la noción de traición a la ciudad parece clara.
El último ejemplo que me interesa traer a colación es el de Valladolid, donde la revuelta se produjo cuando se conoció el incendio de la villa mercantil de Medina del Campo por parte del ejercito del rey27 . La revuelta de Valladolid se desarrolló como un recorrido de destrucción de viviendas que comenzó con la del representante institucional del común, el procurador mayor, continuó con la de los procuradores de la ciudad en Cortes y afectó también a algunos miembros de la élite, justamente a aquellos que habían trabajado para que Valladolid se alejara de la coalición de ciudades en rebeldía frente al rey, tal y como refiere en su correspondencia el cardenal Adriano28. Es especialmente conocido el caso del regidor Alonso Niño, aunque el compartimiento de los rebeldes hacía él no ha sido suficientemente explicado. El intento de destrucción de su vivienda y sus propiedades en la villa, se completó posteriormente con la destrucción de la tumba que su familia poseía en una iglesia de la ciudad29 . Precisamente, porque su familia y él mismo habían mantenido durante mucho tiempo una relación de cooperación política con el común urbano. La destrucción del enterramiento familiar suponía la forma más radical de exclusión comunitaria, mediante la erradicación de su memoria en la ciudad. En cualquier caso, el episodio de Valladolid es relevante porque muestra una jerarquización de objetivos. No se planteó como un ataque generalizado a los miembros del gobierno local, ni parece estar vinculado, al menos en este momento, a un intento de transformar la estructura de gobierno local. Fueron atacados únicamente aquellos que habían tomado una posición política al frente de la ciudad considerada ilegítima y aquellos, como el procurador mayor, de los que esperaba que defendieran los intereses de la comunidad y no lo habían hecho.
Una mirada de conjunto a estos acontecimientos muestra que se trataba claramente de revueltas políticas frente al posicionamiento de determinados miembros de la élite gobernante que fueron considerados traidores a la ciudad 30 . Con independencia de que el poder fuera ejercido por una élite, existían una serie de expectativas sobre la orientación de sus decisiones políticas y también unos límites sobre su alcance que no podían ser franqueados, al menos legítimamente. Precisamente las apelaciones a la libertad cobran aquí sentido, en la medida en que proclamaban el carácter opresivo para con la ciudad de determinadas posiciones políticas.
Ciertamente, las revueltas durante el conflicto comunero son el reflejo de una reacción extrema, en el contexto de una crisis política en el conjunto del reino y de una alta movilización. Pero las movilizaciones o concentraciones públicas para mostrar el rechazo o tratar de influir en las decisiones de los gobiernos locales no eran infrecuentes. Ni siquiera el procedimiento de derribar la casa como forma de exclusión de la comunidad política es excepcional, dado que se observa en otras revueltas en la Corona de Castilla. Por ejemplo, así comenzó la conocida revuelta de Toledo en 1449, que luego derivaría en un episodio anticonverso 31 . En todo caso, lo que me interesa señalar es que las reacciones que se produjeron en 1520 están en sintonía con algunas de las movilizaciones urbanas que se observan en las décadas previas, sin que necesariamente se desatara violencia. En ellas lo que se revela es el carácter central de la noción de traición como uno de los elementos estructurales de la protesta popular.
La historiografía dedicada a analizar la actividad política de los sectores subalternos urbanos se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. Para la Corona Castilla, uno de los aspectos reseñables es que el estudio de estas reivindicaciones se ha construido principalmente a partir de un tipo de documentación que posee un elevado grado de elaboración: fundamentalmente peticiones al rey, memoriales de agravio u ordenanzas que reflejan el resultado de procesos conflictivos32. Se trata de documentos que están sometidos a unas condiciones de enunciación particulares33. Seguramente fueron redactados con asesoramiento y se estructuran en torno al que era el lenguaje político de referencia, el del bien común34. En contraste, cuando accedemos a otras formas de protesta más inmediatas y en un contexto de enunciación diferente, como rumores que se difunden por la ciudad o proclamas públicas con las que desea movilizar al auditorio, el lenguaje político cambia y lo que salta al primer plano son acusaciones que remiten al campo semántico de la traición o incluso a la propia noción de perjurio, estrechamente conectada. Como era de esperar, este tipo de acusaciones se documentan ampliamente durante el conflicto comunero35, aunque es posible también encontrar también ejemplos anteriores. Así, en Valladolid, los rumores para desacreditar al Conde de Ribadeo, uno de los regidores, lo tildaban directamente de traidor y alevoso36. En Jaraíz de la Vera, después de una subida de pechos en la localidad un individuo trató de movilizar a la población proclamando que no había alcalde o regidor en el municipio que no fuese perjuro37 . Significativamente, el argumento no se construyó en términos estrictamente políticos, sino que se aludía a su incapacidad para respetar su palabra comprometida. En otras ocasiones, las acusaciones aluden directamente a la falta del cumplimiento del juramento que efectuaban los oficiales locales en el momento en que tomaban posesión de su cargo, mediante el que hacían constar su compromiso de servicio a la villa38 .
Esta centralidad de las nociones vinculadas al campo semántico de la traición y la forma en que se condujeron las revueltas populares durante el conflicto comunero ponen de relieve la existencia de una cierta reciprocidad esperada por parte del conjunto de la comunidad política respecto de la actuación de los gobiernos locales, vinculada a la pervivencia de un componente comunitario en las ciudades de fines de la Edad Media. En otras palabras, un principio de construcción colectiva de la comunidad política. Con independencia de que el sistema político sancionara el gobierno de la ciudad por parte de una élite, existían una serie de expectativas acerca de cómo debía ejercerse el poder local y estas debían de ser tomadas en consideración por los gobernantes.
En las décadas precedentes, la historiografía urbana estudió exhaustivamente el proceso de consolidación de las élites urbanas al frente de los gobiernos locales, y sin embargo prestó menor atención el conjunto de referentes culturales que articulaban la gobernanza local39. Ciertamente, los gobernantes locales adoptaron medidas que tendían a favorecer los intereses de la élite local, pero la política en la ciudad, con independencia de la forma que había adquirido el gobierno local, se sustentaba en un entramado denso de nociones compartidas que no se podían ignorar completamente. En este sentido, las revueltas durante la Guerra de las Comunidades ofrecen evidencias adicionales que me parecen muy reveladoras. Concretamente, los acontecimientos que se produjeron en Burgos. Para sintetizar, señalaré que lo que se produjo aquí fue una revuelta de características similares a las que he descrito anteriormente. La novedad reside en que en una reunión de los procuradores de las vecindades estos justificaron el ataque a los representantes de la ciudad en Cortes, porque no habían respetado la voluntad de la ciudad40. Estaban utilizando una categoría política que apunta a la existencia de una serie de vínculos entre gobernantes y gobernados. Obviamente, la voluntad de la ciudad no dejaba de ser una ficción. La posición política de la ciudad era variada y se construía precisamente a través del enfrentamiento político. Pero el enunciado de este principio traducía que las disposiciones adoptadas no podían estar en contra de un posicionamiento más o menos generalizado.
3. LA CIUDAD COMO CUERPO POLÍTICO.
La noción de que el gobierno de la ciudad debía tener en cuenta el posicionamiento de la comunidad política no era necesariamente novedosa. Para el siglo XV, han quedado registradas en algunas ciudades expresiones de protesta que remiten una concepción semejante. Se trata de afirmaciones mediante las que miembros del común urbano enfatizaron la obligación de los gobernantes respecto del cuerpo político, articuladas generalmente en torno a las categorías políticas del bien de la ciudad, la buena gobernación o el servicio de la ciudad. Así por ejemplo, en Sevilla, en 1454, los vecinos se congregaron a las puertas del ayuntamiento para exigirles que se opusieran a una normativa regia, que concedía el arrendamiento de las rentas de la ciudad a uno de los principales nobles del reino, proclamando a voces que los regidores estaban puestos para la buena gobernación de la ciudad41. La movilización fue efectiva para que el gobierno local articulara una serie de protestas ante el monarca por la nueva medida, que finalmente fue revocada. Si bien no siempre se han consignado discursos similares, este tipo de concentraciones para presionar a los regidores aparecen registradas con alguna frecuencia en otras ciudades. Así, en Palencia, en 1483, numerosos vecinos se acercaron a la reunión del concejo para obligar a los regidores a continuar con el pleito que la ciudad mantenía con el obispo, señor de la ciudad42. En Valladolid, en 1516, en el contexto del establecimiento del ejercito de ordenanza, los vecinos se manifestaron frente a las casas del regimiento afirmando que los regidores no debían consentirlo43. Se trata de prácticas que, en ausencia de discursos expresos, son en sí mismas significativas, aunque ocasionalmente se documentan otras formulaciones discursivas emparentadas con la proclama efectuada en Sevilla en 1454. Por ejemplo, en Burgos en 1493, en el contexto de un conflicto por el mantenimiento del mercado franco en la ciudad, los procuradores recordaron al regimiento que, puesto que tenían cargo de la gobernación, debían actuar como buenos gobernantes. En respuesta, poco tiempo después, el regimiento constataría que, efectivamente, estaba puesto para el bien de la ciudad44 .
Al respecto, me interesa resaltar una cuestión al margen de las reflexiones habituales que resaltan la naturaleza del bien común o la justicia como referentes legitimadores para las élites locales o, desde otro punto de vista, su funcionalidad como retóricas que articulan el discurso político de unos y otros. Detrás de estas invocaciones al buen gobierno de la ciudad se puede percibir un cierto principio de autonomía de la ciudad como cuerpo político respecto al regimiento y una cierta tensión constitutiva entre ciudad y regimiento. Esto es, el regimiento gobierna la comunidad política pero no la suprime. Una cierta voluntad de autonomía de la ciudad respecto del regimiento es perceptible también en determinadas proclamaciones efectuadas por los propios representantes institucionales de la comunidad política. El caso más evidente se documenta también en Burgos, en enero de 1480. Allí, tras la recepción de una carta regia en la que se dirimía una cuestión que concitaba un amplio rechazo en la ciudad, los procuradores de las vecindades reclamaron al regimiento que dado que la carta no iba dirigida al regimiento, sino a la ciudad, la respuesta debía ser consultada con la propia ciudad en concejo general45. Esto fue contestado por los regidores, afirmando que de acuerdo a las ordenanzas de la ciudad, ellos eran concejo46. Más allá de la cuestión concreta que desencadenó este episodio, lo que deja traslucir el enfrentamiento es un conflicto por la representación política. Ya a comienzos del siglo XVI, siquiera por una cuestión de conservación documental, es más fácil observar posicionamientos que remiten a una lógica similar, en los que procuradores de la comunidad actúan en nombre del cuerpo político urbano e incluso manifiestan representarlo. Así por ejemplo en Valladolid en 1503, los cuadrilleros se dirigieron al regimiento para reclamarle que se opusiera a la celebración de una feria en cuaresma en Medina del Campo, en nombre de las quadrillas de la dicha villa e de toda la comunidad e rrepública della47. Unos años más tarde en Ávila, en 1516, los cuadrilleros interpelaron directamente al corregidor para que ordenara cuestiones relativas a la justicia en la ciudad, dejando de lado a los regidores48. En la propia Burgos, en 1517, los procuradores de las vecindades reclamaron a los regidores en nombre de toda la comunidad49. Las apelaciones a la comunidad y república no constituyen una mera retórica. El concepto de comunidad no se formula aquí con un contenido social, como equivalente de común, sino claramente político50 y los procuradores estaban asumiendo la representación del conjunto de la comunidad política frente al regimiento, por más que este fuera quien gobernara la ciudad51 .
Por lo demás, esta serie de apelaciones a la buena gobernación se concretaban en una serie de aspiraciones que, observadas en su conjunto, ofrecen un discurso político estructurado. Proporcionaré dos ejemplos que me parecen relevantes, en la medida en provienen de ciudades que la historiografía ha considerado generalmente poco proclives al activismo político del común urbano: Burgos y Sevilla 52 . En.
Burgos, durante los años centrales del XV los procuradores de las vecindades desarrollaron una notable actividad reivindicativa. Así, por ejemplo, en 1433, cuando el concejo se dirigió a los procuradores reclamando que la ciudad sufragara el pago de treinta hombres armados para asegurar el mantenimiento del orden en la ciudad, estos respondieron que los propios vecinos se encargarían de colaborar con la justicia y argumentaron que la principal amenaza a la paz social residía en los vínculos que los oficiales locales mantenían con distintos nobles 53. Las reivindicaciones en la ciudad se intensificaron en la década de los sesenta del XV. En un contexto de dificultades económicas para la ciudad, el gobierno local debe establecer tasas y requiere el consentimiento de la comunidad política54. La negociación sobre dónde y cómo se deben de cobrar las tasas es paralela a la emergencia de una serie de demandas de los procuradores, relativas a la recuperación de los comunales usurpados a la ciudad, la defensa del espacio público urbano o medidas relacionadas con el buen abastecimiento de la ciudad a precios razonables55 . Las necesidades económicas de la ciudad han permitido la apertura de un espacio político.
Los paralelismos con los requerimientos efectuados por los jurados sevillanos al regimiento desde mediados del XV son muy significativos, y su contenido no difiere en demasía del conjunto de reclamaciones que los propios jurados efectuaron a la monarquía a comienzos del $\mathrm { X V I } ^ { 5 6 }$ . El tipo de demandas que formularon al regimiento tienen que ver con la existencia de una cierta equidad fiscal, la obligación por parte del concejo de garantizar el abastecimiento a precios razonables, incluyendo medidas destinadas a evitar la especulación, la conservación de los bienes comunales, frente a los adehesamientos y privatizaciones, la defensa del espacio público urbano o la denuncia de abusos en los cobros de las rentas de la ciudad, amén de la denuncia de los acostamientos que los gobernantes de la ciudad reciben de algunos grandes57. Sabemos que este tipo de demandas se generalizan en otras ciudades a partir de la década de los ochenta cuando se institucionalice en buena parte de ellas la figura de los procuradores del común58 . Incluida la denuncia de los vínculos de los regidores con algunos grandes, probablemente porque se consideran contrarios al servicio a la ciudad, cuestión que se manifestará abruptamente en algunas ciudades en los albores del conflicto comunero59. En realidad, todo esto remite a un sustrato ideológico similar. La buena gobernación, o si se quiere, el bien común, no sólo se vincula a la concordia en la ciudad sino que tiene para buena parte de sus habitantes implicaciones materiales muy concretas60 . Adicionalmente, los ejemplos de Sevilla y Burgos son también relevantes porque muestran evidencias tempranas de este tipo de reclamaciones, en la medida en que para estas ciudades se conservan actas municipales anteriores a la mayoría de ciudades castellanas. Sin duda, la institucionalización de representantes reconocidos de la comunidad política, cristalizada en muchas ciudades en las últimas décadas del XV y a comienzos del XVI, ofreció cauces adicionales para la expresión de estas demandas y la propia conservación documental es un factor a tener también en cuenta. Pero los ejemplos tempranos deberían hacernos precavidos a la hora de interpretar estas reclamaciones únicamente como el correlato político de una evolución socioeconómica que terminaría por estallar a fines del XV y se proyectaría durante las Comunidades.
La historiografía de los conflictos ha interpretado generalmente este tipo de demandas bajo el prisma de las luchas del común por la inclusión política. Uno de los presupuestos no explicitados de la historiografía sobre los conflictos sociales, desde sus trabajos seminales, es que los enfrentamientos traducían en esencia posiciones de clase 61. En otras versiones se ha enfatizado el protagonismo en estos enfrentamientos de una élite del común, considerada como una clase en formación62. Como resultado, los conflictos se han interpretado mayoritariamente en clave de oligarquía versus común, asumiendo muchas veces que tendrían su correlato en la construcción de discursos antitéticos. Algunos analistas recientes inciden en la importancia de los referentes comunitarios en la articulación del discurso político del común63 , si bien, generalmente, el análisis se sigue realizando en términos de interés de un segmento social y referentes legitimadores de su discurso. Lo que se ha tomado menos en consideración, con independencia de los intereses o aspiraciones de determinados sectores del común urbano, es la existencia de una gramática política compartida vinculada a la construcción colectiva de la comunidad, a su propia existencia como cuerpo político.
Las evidencias aportadas sugieren con fuerza que el cuerpo político urbano se concibe también como un conjunto de reciprocidades esperadas. Evidentemente, no es el único discurso político que circula en la ciudad, en la que convive y pugna con otras categorías. Es bien conocido al respecto que las elites gobernantes desplegaron discursos y prácticas tendentes a legitimar su posición de privilegio64, pero la cultura política urbana estaba impregnada de un componente comunitario, que no podía ser completamente ignorado y que daba sentido a las protestas65. Constituían una parte de lo que podríamos denominar una ideología urbana, no necesariamente formalizada, que contribuía a establecer parámetros de legitimidad de las decisiones políticas. Esto es precisamente lo que podemos denominar como una forma de libertad en la ciudad, vinculada a la propia noción de pertenecer al cuerpo político urbano, a una cierta idea de ciudanía66. Con independencia de la forma de gobierno existente en la ciudad, existía una serie de asunciones compartidas sobre la forma en que ésta debía ser gobernada. Funcionaban en un orden político jerarquizado, coexistían con la desigualdad social, y constituían una suerte de límites implícitos, siempre puestos a prueba, a la actuación de los gobiernos locales. Las protestas en la calle reclamando libertad a gritos estaban denunciando la transgresión de esos límites.
4. SOBRE LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES DURANTE LAS REVUELTAS: UNA MIRADA DESDE EL CONFLICTO COMUNERO.
Me interesa detenerme en abordar la naturaleza de los cambios institucionales que se pueden observar en los momentos de crisis política. La historiografía reciente ha enfatizado la capacidad de los grupos sociales situados en posición subordinada para influir en las decisiones políticas e incluso para impulsar agendas políticas propias, mostrando en definitiva su carácter constitutivo del propio sistema político67. Sin embargo, tal y como muestra un estudio comparado reciente sobre las revueltas en la Europa medieval, los casos en que se produjeron transformaciones de orden institucional fueron escasos y su duración efímera68 . Precisamente uno de esos escenarios excepcionales que permite analizar estas cuestiones lo constituye el conflicto comunero. La cuestión a resolver es a qué obedecen estas transformaciones y qué tipo de relación guardan con el entramado de nociones de cultura política al que acabo de hacer referencia.
Las transformaciones institucionales que se produjeron durante el conflicto comunero han sido interpretadas mayoritariamente desde dos puntos de vista. Autores como J. Pérez aludieron de manera cauta a una amalgama de influencias: la persistencia de ideas democráticas de origen medieval o la influencia de modelos de las ciudades italianas, sin descartar la difusión de ideas políticas desde ámbitos letrados tal y como había apuntado en su momento J. M. Maravall69. Otro de los historiadores clásicos del movimiento comunero, S. Haliczer, no consideró detenerse excesivamente en el análisis de los cambios institucionales operados a escala local, quizá porque otorgaba un protagonismo importante a las oligarquías urbanas en el impulso del movimiento y, pese a detectar las tensiones que se produjeron en el interior de las ciudades, no evaluó en su justa medida la pluralidad de agentes implicados en el conflicto y el peso que tuvieron desde un primer momento en las distintas ciudades70 .
De ahí, que la interpretación más transitada haya sido la que impulso Maravall en su día, la que concibe los cambios como el resultado de la difusión desde arriba de formas novedosas de pensamiento político, esto es, como una aplicación práctica de esquemas de pensamiento vinculados al humanismo cívico71. La segunda línea, plantea que estas transformaciones son la plasmación de nuevas formas de identidad colectiva, surgidas durante el desarrollo del conflicto comunero72 . Lo que tienen en común estas interpretaciones es que generalmente interpretan que el conjunto de cambios experimentados obedece a un mismo impulso, como expresión de un sujeto comunero unificado.
Al respecto, convendría efectuar algunas prevenciones. La primera tiene que ver con la propia definición del conflicto en términos de revolución, asumida mayoritariamente por la historiografía al menos desde la aparición de los trabajos clásicos de J. M. Maravall y J. Pérez. Más allá de discusiones que hoy parecen superadas en torno a qué constituye una revuelta o qué una revolución 73 , y con independencia de la valoración del carácter de las transformaciones políticas impulsadas durante la Guerra de las Comunidades, me interesa señalar que el efecto historiográfico implícito de definir el conflicto como revolución ha sido la búsqueda de un agente privilegiado del cambio, al que en numerosas ocasiones se considera depositario de un nuevo ideario que tendría su correlato en las transformaciones institucionales observadas. A partir de aquí, tal y como se ha apuntado de manera análoga para la historiografía sobre los Ciompi florentinos, descrito el conflicto en estos términos, su evolución se suele analizar como un enfrentamiento entre radicales entre moderados, en función del grado de transformación política pretendida74. Uno de los problemas de esta perspectiva es que no permite contemplar la posibilidad de que las tensiones observadas en el campo comunero fueran representativas de aspiraciones y legitimidades políticas distintas, traducidas en concepciones diferentes sobre las posibles modalidades de organización política. La cuestión de fondo, sin embargo, es más compleja y remite a la dificultad para explicar el cambio dentro de un orden que se pretende completamente constituido y cerrado. En consecuencia, una de las respuestas más transitadas ha sido interpretarlo como el resultado de la aparición de nuevos agentes, en ocasiones mediante narrativas explícita o implícitamente funcionalistas que relacionan el cambio político directamente con la emergencia de nuevos actores económicos y sociales75. Una forma alternativa de enfocar el problema tiene que ver con plantear que las revueltas reflejan de manera abierta una complejidad constitutiva que en momentos de ausencia de conflicto resulta más difícil de percibir, asumiendo que lo que se observa durante su desarrollo, al menos en un primer momento, es el funcionamiento o la intensificación de estructuras previamente existentes, con independencia de que existiera o no la intención de transformar esas estructuras76 .
En segundo lugar, hay que poner en relación estas interpretaciones con el conocimiento del lenguaje político, poco desarrollado cuando se efectuaron los análisis seminales sobre el conflicto. Esto es particularmente claro en la interpretación que se ha hecho del término comunidad, más concretamente en el presupuesto de la existencia de un sujeto político comunero reconocible a través del concepto de comunidad, que tendría su reflejo en una nueva institucionalidad. En realidad, el concepto de comunidad ni fue una novedad introducida durante el conflicto comunero, ni trasluce necesariamente una nueva institucionalidad. Estudios recientes han puesto de manifiesto la polisemia asociada al término comunidad, su significación diversa en distintos contextos e incluso su carácter opaco en algunas ocasiones, de modo que su aparición en la documentación no permite identificar en muchas ocasiones dinámicas políticas o institucionales específicas77 . Uno de los ejemplos más evidentes es la descripción que efectuó el bando realista del movimiento como comunidad, utilizando el término con una connotación muy específica, como equivalente de sedición. Esta denominación ha coloreado el movimiento desde el mismo momento de constitución del archivo documental, lo que ha contribuido a solidificar la ficción del sujeto comunero unificado. Pero este es sólo uno de los ejemplos que podrían traerse a colación respecto de las dificultades para la asignación de significados precisos al término comunidad, que necesariamente debe ser contextual y muchas veces es problemática.
En realidad, una mirada atenta a los cambios experimentados en las ciudades castellanas que participaron en el campo comunero refleja que se produjeron dos tipos distintos de transformaciones en las instituciones de gobierno, que parecen obedecer a lógicas diferentes. El primero, caracterizado por la apertura de las instituciones locales de gobierno mediante la incorporación a la gobernación de representantes de los distintos cuerpos políticos presentes en las ciudades. Un segundo modelo, en que el protagonismo corresponde directamente a los representantes de las collaciones, vecindades o cuadrillas, se documenta sólo para algunas ciudades, si bien la ausencia de documentación para el análisis del conflicto en numerosos lugares impide efectuar precisiones adicionales.
El más generalizado fue la apertura parcial de los gobiernos locales a miembros de la comunidad política. Se trata de cambios que se documentan en la mayor parte de ciudades comuneras. En primer lugar en Toledo y posteriormente en Ávila, Salamanca, Valladolid, León, Cuenca o Jaén78. Surgieron instituciones que sustituyeron a los tradicionales órganos de gobierno mediante la incorporación al regimiento, o junto a algunos regidores, de representantes de la comunidad política elegidos por cuadrillas o collaciones y también de representantes de las instituciones eclesiásticas prominentes en las diferentes ciudades. De manera claramente reveladora estas instituciones se denominaron Congregaciones o Juntas, puesto que integraban a los distintos estados de la ciudad. En realidad, hay evidencias de que el modelo fue adoptado automáticamente por algunas villas que se adhirieron al Campo comunero, como fue el caso de Dueñas79, probablemente a imitación de lo que estaba pasando en Valladolid, después de producirse la sublevación contra el señor de la localidad, el conde de Buendía80 .
Lo que resulta más complicado es afirmar que estos cambios obedecieran al influjo de un nuevo ideario político o que fueran el resultado de una transformación radical del sistema político. En realidad, un mecanismo similar es observable en ciudades como Burgos, Cuenca o Valladolid en plena guerra civil del XV, o incluso en la propia Valladolid, sólo unos pocos años antes del inicio del conflicto comunero81. La cuestión clave es observar que tipo de reacciones se producen en las ciudades en contextos de crisis política generalizada. Para el siglo XV, el ejemplo mejor documentado es el de Burgos, en 1465, dado que las actas municipales se han conservado. En el preludio de la guerra civil castellana del XV, los regidores decidieron que prestar obediencia al nuevo rey Alfonso requería del acuerdo necesario del común de la ciudad82 . No sólo fueron llamados miembros del común, elegidos por parroquias, para participar en el reconocimiento del nuevo rey, a partir de entonces los procuradores de las vecindades asistieron a las reuniones del concejo. Se trata de cambios que obedecen a la necesidad acrecentada de garantizar el consentimiento en un momento de crisis generalizada en el reino, mediante la incorporación de representantes de la comunidad política.
El ejemplo de Valladolid, en 1517, parece remitir a un escenario similar. El contexto es nuevamente de una crisis política. En este caso, la villa está movilizada militarmente a la espera de posibles represalias después de rechazar las peticiones para la recluta del ejército de ordenanza 83. Las actas municipales de esta villa muestran que, si bien el regimiento siguió funcionando y tomando decisiones84, algunas cuestiones relevantes se debaten en una suerte de asamblea ampliada85. En concreto se presentan las cartas enviadas por el rey o sus embajadores a la villa y se discute la respuesta que se ha de dar a las mismas. B. Majo, reciente analista del conflicto comunero en la ciudad, interpreta la aparición de esta asamblea en el marco del enfrentamiento del común con la oligarquía de la villa y apunta que es este organismo quien de facto gobierna la ciudad en sustitución del regimiento86. Lo cierto, es que las actas municipales refieren la presencia en esta asamblea, junto al corregidor, de la mayor parte de los regidores, los procuradores de las cuadrillas, representantes de instituciones eclesiásticas y varios notables de peso en la ciudad, algunos de ellos nobles, además de otros vecinos sin especificar87 . La ciudad en un contexto de crisis ofrece su respuesta en una suerte de reunión ampliada en la que, ciertamente, los sectores populares de la ciudad han ganado capacidad de interlocución e incluso podría pensarse que el peso político suficiente para condicionar las decisiones, pero no parece que el tipo de transformación institucional operada obedezca a una sustitución traumática del regimiento por una institucionalidad nueva, impulsada por el común.
El anuncio del perdón del gobernador del reino a Valladolid llevó aparejada la desmovilización y el cese de la convocatoria de esta Junta, de cuya celebración no hay más rastro en las actas municipales. Las siguientes menciones a la Junta, poco tiempo después, se encuentran en una petición efectuada al regimiento por mucha gente del pueblo88. Solicitaron que la villa volviera a armarse y la Junta se convocara de nuevo, hasta que llegara el perdón89 . La vinculación entre la celebración de estas asambleas y el estado de alarma y movilización en Valladolid parece clara.
En realidad, estamos muy poco informados de cómo reaccionan las ciudades en contextos de crisis política. Sólo para algunas ciudades disponemos de actas municipales para periodos de conflicto político generalizado durante el XV. Es más, para muchas ciudades se conservan esencialmente para el periodo de relativa estabilidad que corresponde al periodo de los Reyes Católicos. Por lo demás, la historiografía urbana estuvo durante mucho tiempo centrada en analizar el control político ejercido por las oligarquías sobre la ciudad, lo que alejaba el foco de estas cuestiones. Pero en esencia lo ocurrido en 1520 en numerosas ciudades parece reproducir el mismo modelo: la necesidad de incorporar a representantes del conjunto de la comunidad política para dotar de legitimidad a las decisiones en momentos de crisis intensa, en los que incluso se puede contemplar la movilización en armas de la ciudad. De hecho, la creación de la Congregación en Toledo, se produjo poco después de afirmarse la rebeldía de la ciudad frente al rey, sin que el común urbano hubiera tomado los resortes del poder local90. En Ávila, la creación de la Congregación tuvo lugar tras la adhesión de la ciudad al campo rebelde, episodio en el que, si bien la amenaza de movilización popular tuvo un peso relevante, no se produjeron revueltas en la ciudad91. En Salamanca, este modelo organizativo caracterizado por la incorporación de representantes de las parroquias se mantuvo durante todo el conflicto comunero, sin que el protagonismo en la dirección de una parte de la élite local fuera cuestionado92 .
Ni siquiera la aparición de estas instituciones supuso en muchas ciudades una modificación de las tradicionales relaciones de fuerza, al menos inicialmente. El ejemplo de Valladolid es ciertamente revelador al respecto. La creación de la Junta local, qué no Comunidad, se produjo en 1520, tras la revuelta popular acaecida después del incendio de Medina del Campo, a la que he aludido anteriormente, con una clara intención de restaurar del orden, para lo que contaron con el apoyo del Conde de Benavente93. Se trataba de un organismo controlado por las élites locales y concebido como una emanación del regimiento94, cuya práctica política fue más bien conservadora95 . Si bien envió sus procuradores a Tordesillas, esta Junta mantuvo una actitud ambivalente respecto de la Junta comunera y en ningún caso parece que se tratará de una institución revolucionaria surgida al calor de la revuelta popular.
Una cuestión diferente y que no conviene confundir, es que estas instituciones tuvieran que convivir con una intensificación del activismo político popular y con una mayor actividad del papel político de las collaciones o cuadrillas. Respecto de Valladolid, señala Martir de Anglería, que en la villa hai trece parroquias y se juntan todos los días 96. Claro que esto no difiere mucho de lo que ocurría en Toledo, sobre la que un observador de los hechos en la ciudad relataba que desde el mismo momento en que la ciudad se declaró en rebeldía las reuniones se efectuaban a diario en las parroquias97. En realidad, esta intensificación de la actividad política del común se observa ya desde el mismo momento de la convocatoria de Cortes en Santiago, en la propia Valladolid98 o en ciudades como Murcia99. Si en los momentos de estabilidad política en las ciudades las movilizaciones fuera del regimiento eran un factor a tener en cuenta por los gobernantes, en los momentos de crisis política el activismo popular se multiplicaba100 .
Y fue precisamente esta actividad política la que terminó por inducir cambios importantes en la organización política local que obedecen a una lógica diferente. Ciertamente, no se produjeron en todas las ciudades y tanto el alineamiento de las élites locales con la rebelión que la Junta encarnaba, como la capacidad de actuación del resto de la población en las distintas ciudades fueron factores clave.
Esto es evidente en Burgos, donde tal y como refieren las actas municipales, a mediados del mes de agosto la ciudad pasó a ser gobernada por los procuradores mayores y menores y diputados de vesindades, a los que se añadió algún representante de la iglesia local101 . Lo significativo es el protagonismo que adquieren en la gobernación las instituciones representativas de la ciudad. No se trata de una cuestión que se dirima en términos de radicales o moderados, y de hecho la posterior trayectoria de Burgos durante el conflicto así lo demuestra, sino que lo que se revela es una lógica diferente de organización política.
La segunda ciudad en la que es posible constatar una transformación del orden político en términos similares es Valladolid. El contexto, bien conocido y referido por varios autores, es el de la reconstrucción del ejercito realista en octubre de 1520. Iniciado el mes de noviembre, la Junta local de Valladolid, que no compartía las posiciones de la Junta Comunera, trató de llevar a cabo una mediación y envió unos delegados para que se entrevistaran tanto con el gobernador del reino como con la propia Junta102. A su regreso a Valladolid, el 8 de noviembre, los miembros de esta comisión fueron forzados a rendir cuentas ante las cuadrillas de la ciudad, cuyos integrantes se habían enterado del intento de mediación. La documentación conservada sobre el conflicto en Valladolid para este momento, básicamente la copia resumida del libro de actas de la Junta local, no detalla este acontecimiento, que sin embargo si ha quedado recogido en la crónica que relata el movimiento en la ciudad. De acuerdo a lo consignado en la crónica, el común proclamó que se avían excedido e que la villa ni el común gelo avían mandado y, en consecuencia, una movilización provocó la destitución de la Junta local103. Los cambios subsiguientes si quedaron reflejados en el libro actas de la Junta local, que consigna que a la reunión del 14 de noviembre, tal y como sucederá en adelante, sólo acudieron ya los diputados de las cuadrillas, en lo que supuso una transformación en el mecanismo de gobierno104. Se trataba de un cambio político de calado, dado que la representación de la villa no correspondía ahora al regimiento o una suerte de institución derivada, por más que fuera más inclusiva, sino al conjunto de la comunidad política encarnada en las cuadrillas de la ciudad. El término diputados de la comunidad, que aparece en las actas de la Junta local, y que da cuenta de este cambio no está haciendo referencia a una institucionalidad nueva ni a una nueva identidad surgida al calor de la revuelta, está sencillamente designando a los representantes de las cuadrillas de Valladolid, a la honrada comunidad, tal y como son denominados en el mismo documento con anterioridad105. En definitiva, al gobierno de la villa por las cuadrillas, de manera semejante a como se había producido en Burgos106 .
El proceso significó la sustitución de unas estructuras institucionales por otras ya existentes, las de la propia comunidad política, tradicionalmente subordinadas al regimiento. El juramento efectuado en las cuadrillas de Valladolid cuando se produjeron los cambios es especialmente revelador de la nueva legitimidad sobre la que se sustenta el nuevo orden político local. Mediante el juramento, los residentes en las cuadrillas se comprometían a seguir el propósito de la Santa Junta en conformidad y unión con ella, y particularmente a cumplir lo por ellos otorgado en su cuadrilla107 , lo que resulta claramente revelador del desplazamiento de la legitmidad política.
Ciertamente, Valladolid y Burgos proporcionan los ejemplos más acabados, o al menos los mejor documentados, de sustitución de una lógica de representación por otra, aunque existen suficientes evidencias para señalar que esta tensión se manifestó asimismo en otras ciudades. Es el caso de Zamora, donde la integración definitiva de la ciudad en la Junta comunera se había producido por la irrupción en el regimiento de los procuradores de la comunidad 108. La comunidad era un organismo ya existente, formado por dos procuradores y ocho cuadrilleros109, que desde octubre de 1520 estaba funcionando ya de manera autónoma y tomando decisiones sobre la gobernación de la ciudad al margen del regimiento110. Aunque sin duda fue en Madrid donde esta confrontación entre dos lógicas distintas de organización política se observa con más claridad: en noviembre de 1520, el procurador del común requirió al regimiento en nombre desta villa y los diputados de sus parroquias111. En su respuesta, uno de los regidores se mostró claramente consciente del alcance y las implicaciones de esta formulación, al contestar que el tiene a la justicia y regidores por villa112 . Se trataba, en definitiva, de un enfrentamiento por la representación política.
Una mirada de conjunto sobre la naturaleza de estos cambios muestra que se estaba produciendo un intento de sustitución de las instituciones locales de gobierno por estructuras que ya estaban funcionando, manifestando su pretensión de representar al conjunto de la comunidad política. En paralelo, se observa que emergen fuentes alternativas de legitimidad de la acción política, reflejadas en expresiones que circularon durante el conflicto, que se proclamaron en alta voz y que remiten claramente a este esquema: nociones como la concordia del pueblo, el parecer unánime, o incluso la voluntad de la ciudad a la que he aludido anteriormente 113.
Claro que el cambio sustancial no se produjo en términos de oligarquía versus común. El enfrentamiento que se observa durante el conflicto comunero no es el de un sujeto constituido en torno a un somos el común, sino más bien en torno a un somos la ciudad, o para referirlo en términos más precisos, la comunidad política. Se trata, en definitiva, un cambio político relacionado con la persistencia de la comunidad política y su coexistencia en tensión con el regimiento. Pero también con la configuración de la propia comunidad política como un entramado de reciprocidades esperadas, factor que en último terminó desencadenó la deslegitimación de las instituciones locales de gobierno en las ciudades en las que se observan estas tensiones. La adhesión o no de las élites locales a los postulados de la Junta comunera y las expectativas de reparación depositadas en ella por una parte muy significativa de las poblaciones urbanas se habían convertido en factores determinantes.
5. A MODO DE CONCLUSIÓN.
El lenguaje de la libertad como herramienta de lucha política en la Corona de Castilla aparece de forma tardía. Se utilizó en diferentes contextos para denunciar situaciones consideradas opresivas. En este sentido, la libertad no aparece como algo a conquistar, sino más bien como la defensa de un orden político organizado en torno a los principios de justicia y buen gobierno, si bien sabemos que la atribución de significado a estos conceptos era contenciosa y de hecho se convirtió en objeto de enfrentamientos discursivos y políticos. En todo caso, un análisis detallado de las formas de protesta popular en las ciudades y los distintos lenguajes políticos utilizados, permiten atisbar la existencia de lo que podríamos denominar un cierto paradigma de libertad en la ciudad, constitutivo del orden político, con independencia de que el lenguaje de la libertad se utilizara o no en su expresión. Más allá de la forma de adquirida por el gobierno en la ciudad y su monopolización por una élite local, el cuerpo político urbano existía como construcción colectiva e integraba expectativas respecto de las formas de gobierno legítimo de la comunidad política, por más que fueran constantemente puestas a prueba por los gobernantes locales. Es precisamente esta constatación la que permite entender mejor las transformaciones que se producen excepcionalmente durante las revueltas y los cambios institucionales ocurridos en algunas ciudades durante el conflicto comunero son reveladores en ese sentido. Las transformaciones operadas en las ciudades no tienen tanto que ver con la difusión de ideas políticas nuevas, sino con la irrupción al primer plano de la comunidad política en momentos crisis. En unos casos, los más, mediante mecanismos integradores; en otros, mediante la sustitución de las tradicionales instituciones de gobierno por estructuras que ya estaban funcionando, aquellas que representaban al conjunto de la comunidad política en diálogo/tensión con los gobiernos locales.
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