Los últimos corregidores y alcaldes mayores de Cataluña, 1823-1836.
Manuel Santirso1.
Recibido: 14 de septiembre de 2019 / Aceptado: 25 de julio 2020.
Resumen. El estudio muestra los cambios en la administración territorial de Cataluña durante la crisis final del Antiguo Régimen y la monarquía absoluta. Se ofrecen algunos datos biográficos de sus titulares, los corregidores y alcaldes mayores, y se narran las vicisitudes del sistema en el dominio peninsular de la Monarquía Hispánica donde se registraron las mayores tensiones. Durante la década absolutista de 1823-1833, quedó patente la imposibilidad de mantener la antigua mezcla de justicia, administración y poder militar, por lo que la monarquía isabelina separaría enseguida esas funciones y adoptaría el modelo ideado en las Cortes de Cádiz y desarrollado en el Trienio constitucional de 1820-1823.
Palabras clave: Corregidores; alcaldes mayores; Cataluña; Antiguo Régimen; monarquía absoluta;
revolución liberal.
[en] The last corregidores and alcaldes mayores in Catalonia, 1823-1836.
Abstract. This study shows the changes in the territorial administration of Catalonia during the final crisis of the Old Regime and the absolute monarchy. A biographic overview of its owners, the corregidores and alcaldes mayores, is carried out, and the vicissitudes of the system in the peninsular domain of the Hispanic Monarchy where the greatest tensions were recorded are narrated. During the absolutist decade of 1823- 1833, the impossibility of maintaining the old mix of justice, administration and military power was evident, so that the monarchy under Isabella immediately would separate those functions and adopt the model devised in the Cortes of Cadiz and developed in the Constitutional Triennium of 1820-1823.
Keywords: Corregidores; Alcaldes mayores; Catalonia; Ancien Régime; absolute monarchy; liberal revolution.
Sumario. Introducción. 1. La Restauración imposible (1823-1824). 2. Una falsa normalidad (1825- 1826). 3. La rebelión de los malcontents (1827). 4. La época del conde de España (1828-1832). 5. El tiempo de Llauder (1832-1835). 6. Cierre y conclusiones.
Cómo citar: Santirso, M. (2020). “Los últimos corregidores y alcaldes mayores de Cataluña, 1823- 1836”. Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 42: 151-172.
Introducción.
Algunos trabajos cardinales nos han mostrado el funcionamiento de la administración del rey en Cataluña desde la Nueva Planta de 1716 hasta $1 8 0 8 ^ { 2 }$ . También disponemos de retratos de grupo de los delegados reales: los corregidores y sus tenientes o alcaldes mayores3 . En cambio, sabemos muy poco sobre ellos en el primer tercio del siglo XIX, cuando quedó demostrada la tenacidad de esa red de poder, pero también su obsolescencia y la imposibilidad de su reforma paulatina. Esa paradoja aparente refleja algo más amplio: la crisis terminal del Antiguo Régimen y de la monarquía absoluta en España. Por eso le he dedicado la trilogía de artículos que se cierra con este4 .
El nivel institucional que aquí se analiza ha merecido muy distinta atención por parte de los especialistas en Historia Moderna o Contemporánea, y de los adscritos a la Historia del Derecho5 . En el último caso, se ha seguido una trayectoria de arriba abajo y se han evaluado sobre todo los cambios en esferas superiores6 . Ahora bien, un estudio enfocado en el sentido opuesto, que se ocupe de la administración territorial del rey en un territorio determinado, puede ser fértil si se combinan sincronía y diacronía y se conectan especialidades. También vale como test, por supuesto parcial, de los presuntos logros de un reformismo absolutista que, vistos los resultados, resulta tan improbable como el reformismo ilustrado dieciochesco.
Este texto ofrecerá datos personales sobre esa elite funcionarial, con la esperanza de que los aprovechen los estudios locales y de que prolongue la serie ya establecida para el siglo XVIII. No se ahorrarán los nombres y apellidos, especialmente importantes cuando se trabaja a esta escala7 . Se reseñarán reformas legales, pero sin perder de vista los acontecimientos que a menudo condujeron a ellas. Al menos a este nivel, da la impresión de que muchos artífices de las dos restauraciones absolutistas tenían más claro lo que ansiaban derribar que lo que erigirían en su lugar; en cambio, otros combinaron las dos acepciones de la palabra realismo.
La gran transformación que liquidó el régimen señorial y lo reemplazó por la igualdad ante la ley y la libertad económica trajo también un nuevo diseño del Estado. En él se separaban la justicia y la función militar, ambas ejercidas por funcionarios estatales especializados, y se distinguían estas de la administración, cuya tutela se confiaba a las instituciones representativas. Las líneas maestras de ese modelo, análogo al que se implantó en los otros regímenes liberales europeos y en esencia igual al de hoy, se habían dibujado en el Cádiz de las Cortes, pero su implantación posterior se hizo muy ardua, ya que el absolutismo renegaba de él y, a lo sumo, ofrecía mejoras organizativas del sistema previo.
Cataluña es un buen espacio para abordar esa mutación, y no solo por la abundancia de documentos8 , sino también porque fue el dominio peninsular de la Monarquía donde esa pugna entre el antiguo orden y el nuevo alcanzó mayor intensidad. La secuencia que forman la guerra anticonstitucional de 1822-1823, la revuelta de los agraviados de 1827 y la Guerra civil de 1833-1840 no tiene igual en España. No obstante, conviene señalar que el sistema de poder real en el Principado presentaba ciertas peculiaridades. Por un lado, todos los corregimientos de Cataluña conservaron el carácter estrictamente militar (de capa y espada) original. Por otro, en el Principado nunca hubo alcaldes mayores de señorío, sin perjuicio de que el dominio de los señores laicos y eclesiásticos se mantuviera como uno de los más ostensibles de la Península9 . Esa tensión entre un potente régimen señorial y un poder real solo en apariencia sólido es uno de los rasgos sobresalientes de la crisis del Antiguo Ré- gimen en Cataluña.
1. La Restauración imposible (1823-1824)
Los corregimientos y alcaldías mayores del Principado –todos ellos de nombramiento real– habían exhibido una gran tenacidad en 1808-1814, incluso durante una ocupación napoleónica que impidió la mayoría de las reformas dictadas en Cádiz. Sin embargo, el viejo esquema del poder real mostró grietas al poco de la primera restauración absolutista, de 1814 a 1820. Quizá por ello, sus titulares no manifestaron una oposición perceptible al retorno a la senda constitucional en $1 8 2 0 ^ { 1 0 }$ . La prudencia del Gobierno mantuvo el consenso unos meses, pero la implantación de los juzgados de primera instancia en lugar de las alcaldías mayores, y sobre todo el concurso para sus plazas en 1821, produjeron descontentos. La falta de medios y de coordinación aumentó las tensiones en el sistema, que ya acusaba carencias antes de la rebelión realista de 1822.
Así pues, y a diferencia de 1814, la reacción de 1823 derribó una estructura existente, aunque precaria, y dio paso a una depuración11. También en contraste con 1814, la segunda restauración absolutista de 1823 asumió, velis nolis, algunos cambios de la época constitucional. Aquí cuenta sobre todo el mantenimiento del Consejo de Ministros12, aunque Cataluña también es un caso especial en esto. Desde el XVIII, la separación entre corregidores militares y alcaldes mayores juristas había llevado a una práctica de nombramientos separados, los primeros por el Consejo de Guerra y los segundos por el de Castilla, así que en realidad los nombramientos del Consejo de Ministros consolidaron una práctica previa.
Sobre el terreno, la represión de la monarquía se vio superada por la del absolutismo local, que desde junio de 1823 contaban con los Voluntarios Realistas. Una marea de Terror blanco anegó el Principado, aunque Barcelona quedó algo preservada gracias a las condiciones de capitulación que Espoz y Mina y el mariscal Moncey habían acordado en noviembre de 1823, entre ellas la ocupación de la ciudad por un ejército francés13. Para Josep Fontana, las presiones internacionales explican que a últimos de ese año la monarquía frenase un poco el castigo y adoptara una línea reformista14. Con todo, el giro también obedeció a causas internas y más pedestres, como el peligro manifiesto de que las instituciones se llenaran de advenedizos ultras y la necesidad ineludible de altos funcionarios, especialmente militares, para apuntalar el Estado.
En Cataluña, volvió a estar a los mandos de la nave el capitán general, quien con la Real Audiencia formaba el órgano supremo de la administración provincial, el Real Acuerdo. En noviembre de 1823, la Capitanía recayó en el antiguo comandante en jefe de las fuerzas realistas, el barón de Eroles, pero en 1824 pasó al marqués de Campo Sagrado, políticamente más neutro. Ni el uno ni el otro –en este primer mandato– tuvieron a sus órdenes el tradicional elenco de trece corregidores más el gobernador del Valle de Aran, sino a los cuatro gobernadores militares de las provincias que la reacción había eliminado: el teniente general conde de Penne-Villemur en Barcelona, los mariscales de campo barón de la Barre en Girona y Blas Fournás en Tarragona y el brigadier Manuel Llauder en Lleida15.
En vez de mantener ese esquema –más sencillo, económico y ajustado al supuesto reformismo absolutista–, se quiso reconstruir la trama de corregidores. Ahora bien, en Cataluña solo el coronel José Olzinellas, el brigadier Juan Antonio de Prat y el mariscal de campo Joaquín Caamaño se habían beneficiado de la Real Orden de la Regencia del Reino (23 de junio de 1823), que autorizaba a Audiencias y Chancillerías para “reponer en calidad de interinos a todos los Corregidores y Alcaldes Mayores que lo eran antes de 7 de Marzo de 1820 y que por su conducta política no hayan desmerecido de la confianza del Rey N. $\mathrm { S } ^ { 1 6 }$ . La purificación de militares por la Real Cédula de 9 de agosto de 1824 demoraría el nombramiento de nuevos corregidores hasta los primeros meses del año siguiente.
Si costó mezclar de nuevo el poder político y el militar, no fue menos arduo refundir la administración y la justicia en el molde de antes de 1820. No bastaban los cuadros ultras, y así lo revela la composición de la nueva Real Audiencia de Cataluña que se instaló el 13 de octubre de 1824: ningún miembro de la Audiencia realista formada el 21 de julio de 1823 en Manresa renovó mandato, ni siquiera el regente José María de Cherif, oidor en Barcelona hasta $1 8 2 0 ^ { 1 7 }$ . Muy al contrario, recobró el cargo Juan José López de Vinuesa, que lo había ocupado durante el Trienio constitucional, así como tres de los doce oidores y alcaldes del crimen: Miguel de Castells, José Víctor de Oñate y Felipe Martín Igual18.
En el nivel inferior, de los alcaldes mayores interinos nombrados para Agramunt, Figueres, Vic y Puigcerdà (Manuel Abad, Felipe Neri Vilamala, Buenaventura Fortuny y Leopoldo Jordana de Eril), solo el primero y el último revalidarían el cargo en 1824; en Camprodon, la purificación a que estaba sometido Estanislao de Olóriz impidió que recobrase la plaza que había tenido hasta 1821, y en Tàrrega el nuevo Ayuntamiento realista se opuso a fines de noviembre a la reposición de Gregorio Sancho “por haber sido adicto al sistema constitucional y promovido la publicación del código en 1820 cuando no tenía orden alguna para ello”19.
Reinaba tal desbarajuste que el 26 de marzo de 1824 la Real Cámara pidió a la Audiencia del Principado una relación de las alcaldías mayores que funcionaban, solicitud que Campo Sagrado repetiría en abril20. Una y otro quisieron poner cierto orden, con poco éxito. Por ejemplo, a inicios de mayo la Audiencia nombró a Agustín de Velasco Calleja para la vara de Granollers a la espera –vana– de que regresase el titular, pero el Ayuntamiento se quejó de los procedimientos de Velasco, quien actuaba “contrariando las disposiciones del Ayuntamiento y aventurando la tranquilidad pública”21. El 10 de julio, el capitán general le destituyó, así como a los alcaldes mayores provisionales de Mataró, Balaguer y Tàrrega, en cuyo lugar se puso a otros interinos. Corría agosto y aún faltaba un alcalde mayor en Vilafranca22. A los huecos en el cuadro tradicional habría que añadir los de las nuevas alcaldías instituidas el 9 de diciembre de 1824: Reus, Cervera y Talarn, las dos últimas situadas en las únicas cabeceras de corregimiento que carecían de ellas.
Ausencias como esas se debieron a menudo a unos enfrentamientos entre autoridades locales que traslucían la gran tensión reinante en el campo catalán después de la guerra realista de 1822-1823. Sirva como ejemplo la recusación del alcalde mayor interino de Agramunt, Manuel Abad Escudero, por parte del Ayuntamiento de La Sentiu a fines de agosto de 1824, fundada en “la distancia y por la intimidad del Juez con los adversarios del Ayuntamiento”. Abad, que ya era titular, acabaría arrestado en febrero siguiente, sin que le sirviera que en 1823 “se presentó al excelentísimo señor Barón de Eroles ofreciendo sus servicios en defensa del Altar y del Trono”23. El caso de Francisco Casas de Galí, alcalde mayor de Figueres depuesto el 24 de noviembre de 1824 por quejas del gobernador de aquella plaza y de autoridades militares francesas, tuvo un final distinto: Casas se fue para Barcelona con cartas de recomendación de los Ayuntamientos y los Voluntarios Realistas de su demarcación, y recobró la vara24.
Los Voluntarios Realistas también exhibían su fuerza al otro extremo del Principado: a fines de diciembre de 1824, el alcalde mayor de Balaguer, Ramón Vilaplana, sugirió en vano el cese o desarme de los más significados25. Más al sur, el Ayuntamiento, el párroco y los prelados de las tres comunidades religiosas de Vilafranca del Penedès se habían quejado a la Audiencia de que el alcalde mayor Armengol Dalmau de Cubells había “dado posesión a José Milá de su empleo de Alguacil mayor, que había obtenido anteriormente y obtuvo todo el tiempo de la Constitución manifestándose de los más exaltados y sirviendo en la Milicia voluntaria”. El 15 de marzo de 1827, el Ministerio exigiría que se dictara sentencia contra Dalmau por abuso de autoridad26.
2. Una falsa normalidad (1825-1826)
Tras dos años de cambios y depuraciones y de la decisiva entrega de la cartera de Guerra al marqués de Zambrano, el cuadro de los corregidores catalanes quedó así:
Tabla 1. Corregidores de Cataluña a fines de $1 8 2 5 ^ { 2 7 }$

CORREGIMIENTO	EMPLEO	NOMBRE
VALLE DE ARAN	Tte. coronel	Angel Pons
CERVERA	Tte. coronel	Manuel Seco de Llanos
MANRESA	Coronel	José Maria Bera
PUIGCERDA	Coronel	Ignacio Sim6
TALARN	Coronel	Juan Antonio de Prat
VIC	Coronel	Domingo Diaz Pérez (interino)
VILAFRANCA PENEDES	Coronel	Josef de Olzinellas
LLEIDA	Brigadier	Luis Maria Andriani
GIRONA	Mcal. campo	Gaspar Rocabruna
MATARO	Mcal.campo	Juan Romagosa Pros
FIGUERES	Mcal. campo	Joaquin Caamano Pardo
TARRAGONA	Mcal. campo	Carlos de Coupigny Macdonnell
TORTOSA	Mcal. campo	Salvador Meléndez Bruna
BARCELONA	Tte. gral.	Conde de Villemur

.
El retraso en la formación del elenco, las reincorporaciones y hasta la existencia de un último interino indican un residuo de inestabilidad y un cierto descuido. Éste se confirma con el descenso de graduación militar media respecto a 1820, una magnitud que indica el valor que se concedía a esos destinos y la responsabilidad que se les asignaba. Si se puntúan los empleos en una escala de 1 para teniente coronel y 5 para teniente general, en 1825 suman 41 puntos, uno más que en 1815, pero 3 menos que en $1 8 2 0 ^ { 2 8 }$ . Cataluña no se consideró un destino prioritario, lo que pronto se lamentaría.
En las alcaldías mayores, solo Emeterio López Blanco recobró su vara de Barcelona en 1824, y aun así tras ganar un recurso ante la Audiencia29. Hubo que esperar a 1825 para alcanzar cierta solidez, y por eso la Tabla 2 se remite a esa fecha, aunque los nombramientos para el Valle de Aran y Tortosa no llegarían ¡hasta 1828!
Tabla 2. Alcaldes mayores de Cataluña a fines de $1 8 2 5 ^ { 3 0 }$

ALCALDIA	NOMBRE	NATURAL	NAC.
AGRAMUNT	Nicolas de Malatesta Mayor	Valencia	1768
BALAGUER	Ramon Vilaplana	SOLSONA	1772
BARCELONA 1	Emeterio Lopez Blanco	Najera	1766
BARCELONA 2	Vicente Diez Ruesgas	Palencia	1787
BERGA	Marcos Ant Comajuncosa	TALARN	1781
CAMPRODON	Juan Carrera Carrera	BANYOLES	1789
FIGUERES	Francisco Casas de Gali	TARRAGONA
GIRONA	Miguel de los Santos Pug	BARCELONA
GRANOLLERS	José Matias Cabrera Purroy	Tamarit Llitera	1779
IGUALADA	Agustin Pelaez	Pilofa	1773
LLEIDA	Felix Cuende Vallejo	Madrid	1787
MANRESA	Benito Bonet	Monteagudo	1794
MATARO	José Catala Cruanes	Xabia	1773
MONTBLANC	Andres Masegosa Soriano	Molina Segura	1796
PUIGCERDA	Leopoldo Jordana de Eril	CASTELLARS	1780
TALARN	Manuel Valonga Zaidin	Tamarit Llitera	1771
TARRAGONA	Pedro Hernaiz de Segura	Valdelaguna	1769
TARREGA	Ramón Bernus	Vall d'Uix6	1773
VIC	Manuel Berbiela	Jaca	1788
VILAFRANCA PEN.	Paladio Duran de Julia	CAMPRODON	1774

.
Se escriben con versalitas las localidades catalanas de naturaleza.
La información biográfica disponible para los titulares de las varas, todos ellos juristas, es más abundante y significativa que la referida a los corregidores. En cuanto a la ratio de naturales de Cataluña –un parámetro al que prestan especial atención los estudios citados en las notas 1 y $2 \mathrm { - } .$ , se registra un ligero incremento respecto a 1820. Ya son 7 sobre 20 titulares, un $3 5 \%$ , que subiría al 45 si se incluyese –pronto se verá por qué– a los oriundos de Tamarit de Llitera. Por otra parte, la depuración también inyectó sangre nueva, puesto que la edad promedio descendió hasta los 46 años, frente a los 51 de 1820.
Así pues, no puede decirse que el absolutismo restaurado por segunda vez apostase por una renovación profunda, sino por una parcial, ligada a los méritos acreditados en la victoria realista de 1823. No se puede ir mucho más allá de estas consideraciones elementales: ignoramos la posición política de Vilaplana, Puig, Cuende, Bonet, Bernús y Berbiela, aunque sabemos que a López Blanco, Malatesta y Peláez les avalaba una trayectoria anterior –los dos últimos fuera de Cataluña– compatible con un régimen liberal conservador31. Por el contrario, las relaciones de méritos retratan como absolutistas a Cabrera, Carrera, Casas de Galí, Catalá, Masegosa y Bernús32.
Con todo, el núcleo realista más conspicuo estuvo en Talarn, donde no por azar había caído la única de las tres varas de nueva creación. La rivalidad entre autoridades se mezclaría con la sostenida con Tremp por la preeminencia comarcal, un pleito que iba a durar hasta mediados de la década de 1830. Era de Talarn Joaquín Ibáñez-Cuevas y Valonga, barón de Eroles y líder indisputado del realismo catalán. Aunque el alcalde mayor Valonga provenía de Tamarit de Llitera (a unos $8 0 \mathrm { K m }$ ), se notará que era pariente del barón33. El plan consistía en que colaborase con el coronel José Camarlot, un compañero de armas de.
Eroles desde la Guerra Peninsular para el que había obtenido el nombramiento de corregidor. Sin embargo, Camarlot se encontró con que el titular de 1820, Prat, había recuperado legalmente su puesto y para retenerlo había acudido al capitán general Caro, quien suspendió el juramento del aspirante34. Para colmo, Eroles murió en agosto siguiente y se acabó su influencia, así que Prat se quedó y Camarlot no entró. Aunque fuese igual de absolutista que él, Prat necesitaba aliados contra Valonga, y el principal fue otro talarino, Marcos Antonio Comajuncosa, que había recibido la vara de Berga en propiedad y, en un gesto inhabitual, había renunciado a ella para ejercer como asesor de Prat. Desde 1825, el tándem PratComajuncosa sostendría un pulso con Valonga, con la Audiencia por testigo35.
En otras zonas de Cataluña también hubo choques entre las diversas facciones en el seno del realismo, a veces por razones meramente personales. En marzo de 1825, el gobernador Llauder avisó de que en Lleida se había impreso ilegalmente un panfleto “de una reunión o congregación de fieles realistas que gime las desgracias pasadas y llora las venideras a que su previsión alcanza”, y en agosto Campo Sagrado –de nuevo capitán general– se hacía eco de desórdenes en Balaguer, que atribuía a la “poca firmeza y carácter” del alcalde mayor Vilaplana36. Con todo, esos conflictos no alcanzaron la crudeza del que se vivió en Igualada y tuvo como protagonista al alcalde mayor Peláez, quien sucumbió a la presión de los elementos realistas locales y fue destituido subrepticiamente37.
3. La rebelión de los malcontents (1827)
Incidentes como estos revelan la fractura interna del absolutismo, donde chocaban un sector intransigente, para el que que la victoria en la guerra anticonstitucional autorizaba el retorno a 1814, y uno posibilista, que solo ofrecía soluciones técnicas a problemas de naturaleza política38. No hace falta remitirse al Manifiesto de la Federación de Realista Puros de noviembre de 1826 para explicar las dos rebeliones ultras de 1827 en Cataluña, la limitada de la primavera y la enorme del verano. Contó mucho más la justificada suspicacia respecto a los Voluntarios Realistas y la reforma del Ejército dispuesta por el marqués de Zambrano, que se deshizo de los rudos guerrilleros realistas mediante licencias ilimitadas39.
El primer ataque a una alcaldía mayor lo perpetró el cabecilla Narciso Abrés (a) Pixola el 2 de junio en Olot, de donde huyó el alcalde mayor Carrera aduciendo razones de salud. La insurrección no presentaba aún las formidables dimensiones de agosto, cuando el alcalde mayor Cabrera rogaría que le dejaran irse, porque el cabecilla Jaime Many quería vengarse de él. Entretanto, Romagosa había abandonado su distrito de Mataró, en teoría para combatir a los alzados en Girona, pero en la prácticas para negociar en la corte el fin de una rebelión que había alentado40.
A fines de agosto, la insurrección dominaba los corregimientos de Figueres, Girona, Vic y Manresa, pero no sus capitales. La última cayó sin resistencia el día 25, y cabe imaginar que su gobernador y su alcalde mayor se habían ido ya; desde luego, eso ocurrió en Vic, que el corregidor abandonó el 29 al frente de unos 350 hombres41. Los alzados tomaron Igualada el 4 de setiembre y Cervera, el 9. El alcalde mayor de Igualada huyó a Vilafranca del Penedès ante el peligro de invasión, aunque se llevó consigo a los presos, mientras que el de Agramunt se había instalado en Barcelona por “las ocurrencias en varios pueblos de la provincia y a fin de evitar el asesinato contra su persona”42. El día 19, el cabecilla Mariano Castells entró en Talarn “con sumo aplauso de todos los naturales y muy particularmente de los Voluntarios Realistas”43. Por fin, el gobierno militar y político de Puigcerdà estaba vacante el 25 de setiembre, cuando cayó la villa, de cuyo alcalde mayor, Jordana, se dijo “que se sometió al cabecilla Vilella y exerció la autoridad superior de Corregimiento sin respeto a las órdenes del Rey, e instituyó una Junta corregimental de que fue presidente”44. En resumen, el otoño de 1827 dejaron de funcionar cinco de catorce cabeceras de corregimiento (Cervera, Manresa, Puigcerdà, Talarn y Vic) y siete de veinte alcaldías mayores (las cuatro últimas, más Vilafranca, Agramunt e Igualada), una proporción similar a la de 1822-1823.
Eso le costó la capitanía a Campo Sagrado, depuesto el 14 de setiembre y reemplazado por el conde de España, que según el rey “será loco, pero para estas cosas no hay otro”. El conde dejaría una profunda huella en el imaginario colectivo catalán, tanto por su represión arbitraria como por su novelesca muerte en 1839, cuando estuvo al frente del carlismo del Principado. Por su parte, Fernando VII viajó a Cataluña para imponer su autoridad. El 3 de octubre, al poco de su llegada, España ordenó que los corregidores y alcaldes mayores permaneciesen en sus puestos, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Que se lo contaran a Malatesta, quien regresó a Agramunt creyendo que se había desarmado a los insurrectos, pero “se presentaron en su casa unos 30 rebeldes y algunos [Voluntarios] realistas tirando piedras a puertas y balcones y después fuego vivo a que contestó y pudo salir por caminos extraviados hasta Cervera”. Se fue de nuevo y no pensaba volver sin escolta armada. El gobernador interino de Puigcerdà, Perales, estaba en Ribes de Freser cuando se presentó el cabecilla Mariano Vilella con 300 hombres, que le persiguieron hasta la frontera con Francia45.
Reforzados por la presencia del monarca, el conde de España y sus subordinados metieron en cintura a las autoridades ultrarrealistas, aunque después prefirieron buscar liberales. La represión de los ultras se detuvo ante la barrera infranqueable del privilegio, que constituía el problema de fondo, y en última instancia la causa de la rebelión. El corregidor Meléndez se cuidó de aclarar que iba a cumplir la orden de recoger las armas “sin exceptuar por ahora las de las personas privilegiadas, a no ser que cualquiera de estos haya estado activamente contra la actual revolución”. A Bretón le constaba que el depurado Ayuntamiento de Sant Cugat servía a los monjes, que “influyen en las elecciones de concejales en sujetos afectos y dependientes”. No estaría tan acabado el régimen señorial en 1826 cuando, según el apoderado del abad de Santes Creus, ese cenobio percibía “varios derechos dominicales, como diezmos, tascas, censos, laudemios” en muchos pueblos del corregimiento de Tarragona. Entre los señores laicos, valga como ejemplo el conde de Solterra, quien en mayo de 1828 reivindicó “el dominio útil de la Escribanía de la Curia, Baylía y Veguería de la Ciudad de Gerona por juro de heredad, con facultad de nombrar personas que la sirvan”. El mismo mes de 1829 nombró escribano en Torroella de Montgrí, y en febrero de 1830 recurriría un nombramiento real para su escribanía de hipotecas de Tortosa46.
El principal obstáculo que se alzaba frente al oxímoron del absolutismo reformista era que la monarquía no iba a alterar las bases del Antiguo Régimen ni a emprender una apertura política que las sacudiese, por más que al mismo tiempo se las viera con unos ultras que tenían muchos apoyos locales. Al rey solo le quedaban los altos mandos militares fieles, que tampoco eran tantos. Por eso, en 1828 se sustituyó a ocho corregidores en Cataluña –una cantidad que habla por sí sola– y su graduación media aumentó a 49 puntos, según el sistema utilizado supra (véase la Tabla 3). En cuanto a su lealtad, baste saber que de los recién nombrados tan solo Ulman tomaría partido por don Carlos en 1833, y en cambio algunos (Sársfield, Cano) ocuparían puestos altos del escalafón isabelino durante la Guerra Civil de los Siete Años.
Tabla 3. Corregidores de Cataluña en $1 8 2 8 ^ { 4 7 }$

CORREGIMIENTO	EMPLEO	NOMBRE
VALLE DE ARAN	Tte. coronel	*Policarpo Vazquez de Aldana
CERVERA	Tte. coronel	Manuel Seco de Llano
PUIGCERDA	Coronel	Ignacio Sim6
TALARN	Coronel	*Miguel Ochoa
vIC	Coronel	*José Celles
MANRESA	Brigadier	*Antonio Cano de Orbaneja
MATARO	Brigadier	*Josef Maria Bonicelli
VILAFRANCA PENEDES	Brigadier	*Carlos Ulman
GIRONA	Mcal. campo	*José Carratala
LLEIDA	Mcal. campo	*Carlos Favre d&x27;Aunois
FIGUERES	Mcal. campo	Joaquin Caamano Pardo
TORTOSA	Mcal. campo	Salvador Melendez Bruna
TARRAGONA	Tte. gral	*Pedro Sarsfield
BARCELONA	Tte. gral.	Conde de Villemur

\*Nuevo titular.
4. La época del conde de España (1828-1832)
En 1828 se emprendió una reforma de las alcaldías mayores catalanas que también quiso afianzar el orden público, al tiempo que se buscaba una mejor administración, aunque una vez más sin tocar los fundamentos del régimen. La comisión pacificadora del Principado formada tras la revuelta había sugerido cambios, y el 17 de diciembre de 1827 el ministro de Gracia y Justicia había pedido al Real Acuerdo del Principado una lista de localidades que sirvieran como nuevas sedes, así como su dotación, los fondos para obtenerla y el territorio que les correspondería. El fiscal Juan de la Dehesa acabó la tarea con excepcional celeridad (o incuria, como se prefiera) y el 3 de enero de 1828 una Orden creó las nuevas alcaldías mayores de Cataluña. Eran nada menos que 20, dotadas con 6.000 rs. anuales cada una: las que figuran en la Tabla 4, que incluye el ascenso de categoría de la bailía real en Vielha. Al poco, la Audiencia ordenó a la Dirección General de Ingenieros del Principado que las demarcara48. Fue tanta la prisa que otra Real Orden de 14 de marzo mandó que se les “expida a unos y otros los correspondientes títulos sin la menor dilación y que a los que no fueren de nuevo nombramiento, se les libren de oficio, sin exigirles derechos algunos”49.
El 24 de marzo, poco antes de regresar a la corte, Fernando VII nombró a 18 de los nuevos alcaldes mayores del Principado (ver de nuevo Tabla 4), a los que se sumarían los de Banyoles y Vielha las semanas siguientes. El difícil puesto de Reus, pendiente de provisión desde 1824, le había sido confiado en junio de 1827 a Antonio Chamochín de Castro, pero el Ayuntamiento envió una representación contra él por no reunir “las calidades de adhesión a los Sagrados derechos del altar y el trono que son menester”. El nombramiento recayó en Antonio Ambrosio de Eguía, un ex corregidor de realismo comprobado50.
Tabla 4. Nuevas alcaldías mayores de Cataluña en $1 8 2 8 ^ { 5 1 }$ .

ALCALDIA	NOMBRE	NATURAL	NAC.
BANYOLES	Manuel Calvache Moya	Laujar	1798
BESALU	Alejandro Martinez Azpeitia	Calahorra	1775
BISBAL D'EMPORDA	Bvtura.Portola de Villalonga	BALAGUER	1787
BLANES	Isidoro Santiago de las Cuevas	Castroponce	1768
CAMPRODON	Felipe Vilamala Franquesa	GIRONA	1782
CAPELLADES	José Maria Carrogio	Sevilla	1801
CASTELLO D'EMPURIES	Honorato Ma de Muro Cote	Trigueros	1781
CERVERA*	Dionisio Marin Ruiz	Ocon	1796
FALSET	Lamberto. Casanova Arnuero	Soria	1790
GANDESA	Gabriel Ga de Ga Caballero	Madrid	1801
REUS	Antonio Ambrosio de Eguia
RIPOLL	Joaquin Ferrando Candel	Elda	1772
S.FELIU DE GUIXOLS	Estanislao Sanchez Puy	Tudela	1800
SANTPEDOR	Bartolomé Bosch Borras	BELLvis	1798
Sa COLOMA FARNERS	Felix de Alquezar	Barbastro	1770
SEU D'URGELL,LA	Agustin Pelaez	Pilofia	1773
SITGES	Francisco Domingo Aunes	Armillas	1797
SOLSONA	Antonio Pardo Vara	Benavente	1777
TERRASSA	Manuel Frutos	Rueda	1771
TORROELLA MONTGRI	Francisco Taltavull Torrent	Ciutadella	1778
VALLS	Restituto Aliaga	REUS	1783
VIELHA	Francisco de Miguel Capdet	VILAC	1780
VILANOVA GELTRU	Magin de Grau Pujadas	BARCELONA	(1799)

\* Creada en 1824, pero sin titular desde entonces. Se escriben con versalitas las localidades catalanas de naturaleza.
También revestía novedad la baja proporción de catalanes, un $2 6 \%$ (6 de 23), no solo alejada del $3 5 \%$ de 1825, sino inferior al $2 9 \%$ de 1820 y el $3 8 \%$ de 1816. La edad promedio se situó en los 43 años, porque seis titulares tenían 30 o menos. Estos jóvenes no podían exhibir experiencia, una laguna que Sánchez Puy quiso colmar con méritos políticos: “fue perseguido por los constitucionales exaltados en la ciudad de Tudela, en términos que en la noche del quince de mayo de mil ochocientos veinte y dos le dispararon varios tiros con objeto de matarle”. Los más veteranos sí acreditaban estancias en los mismos puestos o equivalentes, algunos incluso antes de la Guerra Peninsular, y en conjunto presentaban un perfil más profesional, aparte de las obligadas adhesiones “a la justa causa”. Es más, cuatro de ellos habían ejercido cargos durante el Trienio, aunque no quepa llamarles liberales: Muro; De Miguel; Peláez, rehabilitado tras el conflicto de Igualada, y Portolà, que había sido alcalde constitucional de Balaguer.
Tabla 5. Renovación de las alcaldías mayores tradicionales de Cataluña en $1 8 2 8 ^ { 5 2 }$

ALCALDIA	NOMBRE	NATURAL	NAC.
BARCELONA 1	Emeterio Lopez Blanco	Najera	1766
BARCELONA 2	Vicente Diaz Ruesgas	Palencia	1787
GRANOLLERS	José Matias Cabrera Purroy	Tamarit Llitera	1779
TARRAGONA	Pedro Hernaiz de Segura	Valdelaguna	1769
TARREGA	Claudio Merino Barriocanal	Montes de Oca	1798
TORTOSA	Jaime Eugenio Beltran	Chiva	1771
AGRAMUNT	Rafael Larraz	Belchite	1777
BALAGUER	Vicente Asensi	Xixona	1772
BERGA	José Ramón Dominguez	Madrid	1768
FIGUERES	José Maria Aguilar Oviedo	Sevilla	1786
GIRONA	José Ignacio Barber	Altea
IGUALADA	Benito Velez de Hoyos	Cabuerniga	1783
LLEIDA	Tiburcio Asiain	Fitero	1778
MANRESA	Vicente I. Morales Engo	Xativa	1803
MATARO	Antonio Galiana	Orihuela	1775
MONTBLANC	Antonio Becerril Hinojosa	Teruel	1785
OLOT	Ildefonso Ruiz de Lobera	Aguilar Campoo	1797
PUIGCERDA	Juan Manuel Matute	Soria	1772
TREMP	Agustin Medina Lavalle	Mérida Yucatan	1777
vIC	Pascual Maximo Lagrava	Pina	1792
VILAFRANCA PEN.	Placido de Otal Costas	Huesca	1794

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Si la cantidad de nuevos nombramientos era inusitada, resultó inédita la remoción general mediante traslados del decreto de 24 de marzo, completada más tarde con nombramientos para Agramunt y Berga. Casi puede hablarse de una renovación total, porque solo seis conservaron la vara (los primeros de la tabla), dos la sostenían desde 1827 (Hernáiz y Merino) y uno desde enero de 1828 (Beltrán).
Parece claro que se quiso extirpar cualquier complicidad con los alzados de 1827 y cortar los vínculos del ultrarrealismo (el partido furibundo) con las instituciones. Esa, y no una voluntad de centralización o de castigo a un improbable provincialismo, es la causa de que, por primera vez desde la Nueva Planta de 1716, ni un solo catalán figurase en las alcaldías mayores tradicionales y de que la proporción sobre el total cayera hasta un insólito $1 1 \%$ . La edad promedio en las antiguas alcaldías es asimismo más elevada, 46 años (con solo dos de 30 o menos), que en las nuevas, con la experiencia que eso implica. Los nuevos tenedores de varas tradicionales también mostraban menos ardor realista que los antiguos: a lo sumo, Lagrava había procurado “vivir aislado de toda sociedad” durante el Trienio, lo que palidecía frente a los meses de prisión que había purgado Díez Ruesgas o “las vejaciones” sufridas por Hernáiz a manos de “los constitucionales exaltados”.
Las nuevas alcaldías mayores produjeron una montaña de representaciones municipales, que demoró mucho el trazado de los nuevos distritos y a veces condujo a la parálisis53. En otros casos, se produjeron las resistencias previsibles ante una nueva administración: las de algunos bailes a entregar las causas a los titulares recién llegados o las de los pueblos a pagar los señalamientos. Los alcaldes mayores de Capellades, Valls y Santpedor se quejaron a fines de 1828 y comienzos de 1829 de que no tenían ni verederos, esto es, oficiales para entregar sus órdenes. Los oficios de hipotecas también fueron un quebradero de cabeza después de que en diciembre de 1828 se mandase trasladarlos a las cabeceras de las alcaldías mayores, donde no se supo qué hacer con ellos.
A todo esto, la supremacía que mantenían los señores, laicos y eclesiásticos, sobre los delegados del rey queda patente en la reyerta de setiembre de 1828 entre el obispo de Urgell, Simón de Guardiola (que se señalaría años más tarde por su carlismo), y el nuevo alcalde mayor de Tremp, Medina. El prelado protestó ante la Audiencia porque Medina había impedido que se cerrasen las puertas en una confirmación en la colegiata de Tremp, para la que no se había contado con él; después, el obispo y el alcalde mayor disputaron a gritos en la calle. De nada le serviría al último alegar que los feligreses habían protestado: el 11 de noviembre de 1829, una Real Orden le destituyó, le obligó a resarcir al obispo, le expulsó del Principado, le inhabilitó y le prohibió “pasar a la corte y sitios Rs. en treinta leguas del contorno”54.
Intervino en el negocio el conde de España, cuyo mando refleja muy bien las contradicciones del absolutismo de la época, como sucedería en su etapa final de mando carlista en 1838-1839. Leal al rey, pero absolutista extremado, en mayo de 1829 declaró que “en su estada en el Ampurdán se le refirieron quejas infinitas sobre la relajada conducta, poco decoro, mal comportamiento y exacciones arbitrarias” del alcalde mayor Muro, quien ante la presión combinada del conde y del corregidor de Figueres se ausentó unos meses y después pidió licencia por salud. España usó a menudo la táctica de presentar ante el Real Acuerdo quejas de Ayuntamientos dominados por los ultras contra los nuevos agentes del rey: en setiembre de 1829 contra el alcalde mayor de Falset, Casanova, y en junio de 1830 contra el de Cardona, Almiñana, este último por motivos tan peregrinos como no asistir a la procesión del Corpus y no ocuparse de los perros rabiosos… o tan verdaderos como ser ecuánime con ex milicianos nacionales. El conde repetiría la jugada avalando las protestas de los clérigos de Valls contra el alcalde mayor Aliaga por incompetencia y asociación con elementos criptoliberales, hasta conseguir su cese55.
El interés de este caso no reside tanto en la intervención del conde como en que la presión del clero y la sola mención de un presunto delito político lograsen lo que no había obtenido meses antes las denuncias por incompetencia del abogado Francisco Riumort y del propio Ayuntamiento. Los ultras dominaban el campo de Tarragona, como iba a comprobar en Reus Ambrosio de Eguía, tenedor de una nueva vara creada para contenerles. El 5 de diciembre de 1830 “fue insultada su autoridad en la Casa Teatro en la persona de Juan Pamies, Alguacil”, a quien golpearon los Voluntarios Realistas comandados por José Miró. Eguía no osó detener a este poderoso personaje, cerró el Teatro y prohibió toda función pública, pero eso no evitaría que “en la noche del 20 [de abril de 1831] se cometieron insultos en dicha Villa por los Voluntarios Realistas burlando la vigilancia de las patrullas”56.
El capitán general continuó su campaña en 1831. A fines de mayo, una Real Orden fulminó a Almiñana por su “apatía” contra los liberales y por haber “dispensado protección a los más marcados constitucionales”, quienes elevarían una representación anónima para reponerlo, contra los deseos del interesado. En junio, el conde destituyó –in situ, según su estilo– al alcalde mayor de Solsona, Pardo, “por la desfachatez de los revolucionarios reuniéndose públicamente, asociándose con ellos el Alcalde mayor”, y además le prohibió residir cerca de Barcelona57.
Si las nuevas alcaldías mayores se toparon con esta enemiga de los ultras y del capitán general, se imaginará la viabilidad del proyecto de nuevas provincias catalanas que inició su andadura en 1829 y quedaría varado en 1832. El Ministerio de Gracia y Justicia había declarado en marzo del primer año algo que ya había visto el fiscal De la Dehesa cuando la reforma de alcaldías mayores, a saber, que “la actual distribución de los distritos, así de los tribunales como de los juzgados inferiores hecha sin relación al todo de la Monarquía ni aun a las provincias, presenta desde luego irregularidad y con anomalías las más perjudiciales”. En consecuencia, se comisionó al Real Acuerdo para que formase “el plan de división y arreglo de las Alcaldías reales y Ayuntamientos de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona”, las del Trienio, y que aprovechara “la división de partidos verificada en las dos épocas del sistema revolucionario”. Se encargó una delimitación a los arquitectos Pedro Serra y Tomás Soler, que al parecer elaboraron, aunque hoy no se la localice. Así se deduce de otra orden ministerial de 11 de setiembre de 1830, que oponía algún reparo a su labor y mandaba pagar sus honorarios. En abril de 1832, se facultó para que dictaminaran el proyecto a los oidores Miguel Bataller y Vicente Ruiz Morquecho, a Dehesa y más adelante a Juan Nepomuceno Hernández de Alba y Buenaventura Calvo y Pando, pero en setiembre todo estaba parado y los arquitectos no habían cobrado más que 3.200 reales de los 22.040 convenidos58.
5. El tiempo de Llauder (1832-1835)
Como se sabe, la transición al régimen liberal no comenzó con la muerte de Fernando VII en setiembre de 1833, sino un año antes y como reacción a la conjura de La Granja. Con el rey recuperado casi por milagro y la Pragmática Sanción de nuevo en vigor, se destituyó o trasladó a los delegados regios de quienes se suponía connivencia con el infante don Carlos y el partido ultra. En Cataluña, el relevo más importante se verificó en octubre de 1832 al frente de la Capitanía, donde Manuel Llauder reemplazó al conde de España. Llauder encarnaría como nadie el pragmatismo de la nueva fase, el uso hábil de la autoridad en pro de la sucesión isabelina y la regencia de María Cristina, así como la sintonía entre el poder político y las fuerzas económicas y sociales del Principado, de las que él mismo formaba parte. Carecía de programa, pero no de instinto.
El 21 de diciembre de 1832 Llauder trasladó a la Audiencia para su cumplimiento una Real Orden que confirmaba en sus destinos a corregidores y alcaldes mayores, pero en los meses siguientes realizó la cuidadosa selección de corregidores que muestra la Tabla $6 ^ { 5 9 }$ . En consecuencia, dos meses después de que muriera Fernando VII, solo mantenían su puesto cinco de ellos: Favre, Vázquez de Aldana, Cano, Boniceli y el incombustible Caamaño.
Tabla 6. Corregidores de Cataluña en noviembre de $1 8 3 3 ^ { 6 0 }$

CORREGIMIENTO	EMPLEO	NOMBRE	ENTRA
VALLE DE ARAN	Tte. coronel	Policarpo Vazquez Aldana	1828
CERVERA	Coronel	Juan Sabartes	1833
PUIGCERDA	Coronel	Rafael Maria de Sarralde	1832
TALARN	Coronel	Juan Domech (int.)	1833
GIRONA	Coronel	Pedro Nolasco Bassa	1833
VIC	Coronel	Pedro Maria Munt	1833
MANRESA	Brigadier	Antonio Cano de Orbaneja	1828
MATARO	Brigadier	Josef Maria Bonicelli	1828
VILAFRANCA PEN.	Brigadier	Juan de Sandoval	1833
LLEIDA	Mcal. campo	Carlos Favre d&x27;Aunois	1828
FIGUERES	Mcal. campo	Joaquin Caamano Pardo	1823 (1815)
TARRAGONA	Mcal. campo	José Carratala	1833
TORTOSA	Mcal. campo	Manuel Bretón del Rio	1833
BARCELONA	Tte. gral.	Fco. Javier Fernandez	1833

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Por otra parte, veteranos y noveles se libraron de la presión de los Voluntarios Realistas el 25 de octubre de 1833, ya que el estallido oficial de la Guerra Civil llevó a disolver un cuerpo que podía proporcionar muchos efectivos al carlismo. Poco después, los corregidores vieron cómo sus cargos eran suprimidos de facto por el Real Decreto que instituyó la división en provincias y firmó el ministro Javier de Burgos61. En efecto, tras años de trabajo y aprovechando la situación, el 30 de noviembre se recuperó la estructura territorial ya perfilada durante el Trienio, aunque con ligeros cambios62. Lo importante aquí es que con ella, y de un golpe, se volvía a separar el poder civil, encomendado a los subdelegados de Fomento –después gobernadores civiles–, del militar.
Los corregidores permanecerían casi como un vestigio hasta su supresión definitiva mediante otro Real Decreto, de 23 de julio de 1835, pero en Cataluña su carácter totalmente militar y la situación de guerra les reservaron mucho de su poder. Recuérdese que todas las cabeceras de corregimientos catalanes eran plazas fuertes (más las de Cardona, La Seu d’Urgell, Berga, Roses y Hostalric), lo cual sirvió para mantenerles como gobernadores militares de sus respectivos territorios63.
Ni el Gobierno de Cea Bermúdez ni el ministro Burgos llevaron las reformas hasta las alcaldías mayores, que subsistieron unos meses. El elenco de las catalanas en ese momento se resume a continuación:
Tabla 7: Alcaldes mayores de Cataluña a finales de $1 8 3 3 ^ { 6 4 }$ .

ALCALDIA	NOMBRE	NATURAL	NAC.
NOMBRADOSANTESDE1829
BALAGUER	Vicente Asensi	Xixona	1772
BERGA	José Ramón Dominguez	Madrid	1768
BESALU	Alejandro Martinez Azpeitia	Calahorra	1775
BISBAL D'EMPORDA	Baventura Portola Villalonga	BALAGUER	1787
CAPELLADES	José Maria Carrogio	Sevilla	1801
CERVERA	Dionisio Marin Ruiz	Ocon	1796
LLEIDA	Tiburcio Asiain	Fitero	1778
MANRESA	Vicente I. Morales Engo	Xativa	1803
MOIA	Bartolomé Bosch Borras	BELLViS	1798
MONTBLANC	Antonio Becerril Hinojosa	Teruel	1785
OLOT	Ildefonso Ruiz de Lobera	Ag. Campoo	1797
S.FELIU DE GUIXOLS	Estanislao Sanchez Puy	Tudela	1800
Sa COLOMA FARNERS	Felix de Alquezar	Barbastro	1770
SITGES	Francisco Dominguez Aunés	Armillas	1797
TERRASSA	Manuel Frutos	Rueda	1771
ALCALDIA	NOMBRE	NATURAL	NAC.
NOMBRADOS ANTES DE 1829
TORROELLA MTGRI	Francisco Taltavull Torrent	Ciutadella	1778
VIELHA	Francisco de Miguel Capdet	VILAC	1780
VILAFRANCA PEN.	Placido de Otal Costas	Huesca	1794
VILANOVA GELTRU	Magin de Grau Pujadas	BARCELONA	(1799)
NOMBRADOS DE 1829 A SETIEMBRE DE 1832
BARCELONA 1	Mateo Cortes de Zalón	Albarracin	1766
BARCELONA 2	Pedro Pumarejo Valverde	Santona	1783
CAMPRODON	Benito Bonet Cebrian	Monteagudo	1794
FIGUERES	Pascual Maximo Lagrava	Pina de Ebro	1792
GIRONA	Blas Peinador Pino	Ribadavia	1783
GRANOLLERS	José Fernandez de la Auja	Cudillero	1792
SEU D'URGELL,LA	José Corbi Marc6
TALARN/TREMP*	J. Eladio Garces Marisanchez	Chiloeches	1780
TARRAGONA	Manuel Calvache Moya	Valdelaguna	1769
VALLS	José Romero Ortega	Valladolid	1797
vIC	José de Balmaseda Rodrigo	Moya	1778
NOMBRADOS DESPUES DE SETIEMBREDE1832
AGRAMUNT	Pascual Estruch Mayor	Millena	1787
BANYOLES	Ramón Simón Corrido	Canizar	1803
BLANES	Gil Fabra (int.)	BARCELONA	1807
CARDONA	Francisco Corral	Talavera Reina	1802
CASTELLO EMP.	Casimiro Hernandez	Belmonte	1789
FALSET	Antonio Pardo Vara	Benavente	1777
GANDESA	Cayetano Arrea	Granada	1803
IGUALADA	Blas Damian de Vega Velasco	Valladolid	1774
MATARO	José Antonio Bayarri	(Benicarl6)	1800
PUIGCERDA	Francisco Manes	Anin6n	1785
REUS	J. M Montemayor Gumucio	Sevilla	1803
RIPOLL	Mariano Burillo Delgado	Villarejo Ftes.	1774
SOLSONA	Manuel Albornoz Rocamora	Orihuela	1805
TARREGA	Jaime Prenafeta (int.)	VILOSELL,EL	1785
TORTOSA	R.Menéndez Maltemplado	Cangas Tineo	1794

infra, se escriben con versalitas las localidades catalanas de naturaleza.
Aunque el reemplazo fue menos drástico en este nivel –solo 15 de las 45 varas fueron otorgadas después de los sucesos de La Granja–, si se le añaden los 11 traslados y nombramientos de los tres años anteriores, se percibe una considerable inestabilidad65. Hay que saber que los mandatos de los alcaldes mayores eran sexenales, y ninguno de los reseñados estaba próximo a cumplirlo. En cuanto a experiencia, Bonet, Lagrava, Calvache y Pardo ya habían desempeñado otras alcaldías catalanas, así como Blas Damián de Vega, de trayectoria peculiar. No obstante, eran excepciones en un grupo poco bregado, cuya media de edad descendió hasta la cifra récord de 45 años (con 6 de 30 o menos). La proporción de catalanes siguió en mínimos: solo 6 de 45 $( 1 3 , 3 \% )$ , y de ellos 4 databan de antes de 1829.
Sin embargo, la intervención de Llauder incrementaría esta ratio en pocos meses; también en esto empleó todos los medios a su alcance, legales y no tanto, para tejer una trama de poder provincial al tiempo que sostenía a las dos reinas. Tal era la influencia del pachá de Cataluña que las reales órdenes ratificaban sus decisiones: así, la de 22 de enero de 1834, que facultaba a los capitanes generales para deponer a desafectos, en realidad refrendó los reemplazos dictados pocos días antes para Falset, Camprodon, Olot y Mataró66.
Aunque Llauder no era ningún liberal, su manifiesto de diciembre de 1833 hizo caer al Gobierno de Cea y favoreció el advenimiento de Martínez de la Rosa67. El 21 de abril de 1834, el Gobierno presidido por éste liquidó las alcaldías mayores de forma encubierta y de nuevo sin debate parlamentario, porque los estamentos previstos en el Estatuto Real no se abrirían hasta julio. La creación de los nuevos partidos judiciales supuso más la continuidad del despotismo ilustrado de Cea y Burgos que la llegada del justo medio. Además, la norma era un prodigio de ambigüedad: retiraba toda potestad judicial a los alcaldes ordinarios, pero solo si había juez nombrado (art. $3 ^ { \circ }$ ); confirmaba en sus puestos a los corregidores y alcaldes mayores de las nuevas cabezas de partido (art. $5 ^ { \circ }$ ), pero dejaba actuar a los de sedes extintas (art. $4 ^ { \circ }$ ), y posponía “fijar las atribuciones propias y exclusivas de los jueces de partido; sus relacıones con las otras autoridades; su rango, prerrogativas y distinciones, y sus clases, sueldos y responsabilidad” (art. $6 ^ { \circ }$ )68.
La nueva división ratificó como cabezas de partido a 27 antiguas alcaldías, eliminó 17 (Agramunt, Banyoles, Besalú, Blanes, Camprodon, Capellades, Cardona, Castelló d’Empúries, Moià, Puigcerdà, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Tàrrega, Torroella de Montgrí, Valls –recobrada en $1 8 3 5 -$ y Vilanova i la Geltrú), implantó cinco nuevas (Sort, Vendrell, Ribes de Freser, Arenys de Mar y Sant Feliu de Llobregat) y duplicó la cantidad de juzgados en el partido de Barcelona, que pasaron a 4. Aun así, el cambio produjo mucho menos desconcierto que en 1821 y en 1823-1824. Pudo deberse a que la reforma de las alcaldías mayores de 1828 había anticipado la nueva planta, pero sobre todo a que ésta no se levantó de inmediato. Valga como indicio que en mayo de 1834 aún se nombrase a Antonio Enciso para la extinta sede de Blanes.
En otoño, el capitán general trasladó a dos interinos de alcaldías mayores desaparecidas (Prenafeta, de Tàrrega a Valls; Fabra, de Blanes a Manresa), algunos titulares las abandonaron (los de Camprodon, Sant Feliu de Guíxols y Vilanova i la Geltrú), pero otros no cesarían hasta 1835 (los de Capellades y Banyoles). A fines de 1834, los nuevos juzgados estaban vacantes, aunque los de Barcelona serían provistos el 3 de enero de $1 8 3 5 ^ { 6 9 }$ . De creer a los anuarios, faltaban gobernadores militares en Girona, Tarragona y Tortosa, pero Llauder había llenado el primer hueco con el coronel Jaime Carbó el 22 de noviembre, antes de partir para la corte como ministro de la Guerra, y ya en ese puesto tapó el segundo con el brigadier José María Colubi70.
Llauder duró muy poco en el Ministerio, del que dimitió después de que se urdiera en su contra el pronunciamiento encabezado por Cayetano Cardero el 18 de enero de 1835. Regresó a su Capitanía, pero los aciertos se trocaron en errores y el apoyo popular, en repudio. Volvió a nombrar alcaldes mayores interinos como si nada hubiera pasado: a principios de abril, para Tarragona, La Seu d’Urgell y hasta para la sede inexistente de Tàrrega. A inicios de junio, para Balaguer. Su desconfianza aumentó en vísperas de la revolución del verano de 1835, que a la postre le expulsaría del cargo y del país: a fines de junio destituyó al alcalde mayor de Figueres, Lagrava, por creerle “en comunicación con los emigrados que desde Francia siguen conspirando para sublevar el Ampurdán” y a mediados de ese mes pidió el cese del de Valls, Prenafeta, que había gozado de su confianza y ahora le “parecía absolutamente inepto para el desempeño de su encargo”71.
El capitán general se engañaba. Plácido de Otal sería el único alcalde mayor de Cataluña en ejercicio que se pasaría los carlistas, y aun así en 1836; también lo hicieron Comajuncosa y Jordana de Eril, citados supra, pero habían cesado hacía tiempo72. Como en 1820, la inmensa mayoría de sus colegas aceptaron de buen grado el régimen liberal en ciernes, y esta vez contribuyeron a su consolidación. Quedaban más de cuatro años de guerra civil por delante, pero el Real Decreto de 6 de enero de 1836 completó la obra cubriendo los juzgados pirenaicos mediante traslados y nombrando procuradores fiscales para toda Cataluña73. Provincias y partidos judiciales habían llegado para quedarse.
6. Cierre y conclusiones.
En la práctica se había completado el tránsito a una nueva planta judicial, mientras que a escala provincial y local se habían disociado para siempre la justicia y la administración, el poder político y el militar. Si se atendiera tan solo a ese nivel inferior, se creería que el paso de la monarquía absoluta al régimen liberal durante la minoría de Isabel II se ajustó al patrón ideal de reforma desde arriba. Desde luego, la cautela y el escarmiento presidieron la transición iniciada en 1832, en la que colaboraron por necesidad los liberales históricos y los absolutistas moderados que apoyaban la sucesión isabelina. Gracias a ese trato de mutua conveniencia, los primeros acabarían consiguiendo un régimen acorde a sus principios y los segundos, la permanencia en los altos cargos civiles y militares. En otros términos, se siguió el ejemplo de los primeros meses de 1820 y se descartaron concursos como el de 1821 o depuraciones como la de 1823-1824.
Ahora bien, ese acuerdo tácito no provino del buen sentido o del patriotismo, sino de la comprobación reiterada de la inviabilidad de la monarquía absoluta, por más que se la hubiera querido actualizar con parches técnicos. Su principal enemigo no fueron ya los liberales, doblegados por la represión y el exilio, sino los ultrarrealistas, que llegarían a alzarse en armas contra el rey legítimo. De hecho, todas las remociones masivas de corregidores y alcaldes mayores de Cataluña que se han descrito aquí respondieron a ofensivas ultras y no a proyectos reformistas: la de 1824, al Terror blanco de 1823; la de 1828, a la rebelión de los malcontents de 1827, y la de 1832-1833, a los sucesos de La Granja. En las dos últimas, se aprovechó para ensayar reformas administrativas en un Principado convertido en el mayor foco realista: la de las alcaldías mayores, realizada a toda prisa en 1828, y la de las provincias, truncada en 1832. Con ellas se buscó un mayor control del orden público, pero también y sobre todo reforzar el poder monárquico en detrimento de los señores, laicos y eclesiásticos, inmersos en una reacción económica que a menudo se valió de los Voluntarios Realistas y otras formas de encuadramiento. La crisis del Antiguo Régimen no fue solo política.
Ahora bien, que la fórmula reformista funcionara para la administración territorial no implica que también valiese para el ámbito estatal ni para las relaciones socioeconómicas, en las que se siguió la vía revolucionaria. Sin la oleada antiseñorial de 1835, de la que Cataluña fue también el escenario principal, quizá hubiera vuelto a pasar como en 1823 y las reformas se hubiesen revertido una vez más. Al menos, eso buscaban los carlistas con una guerra civil de dimensiones aún mayores que la de diez años antes. Ni la Carta Magna de 1812 ni la legislación emanada de las Cortes de Cádiz permanecerían tras el verano de 1836, y no solo porque esa herencia se recibió a beneficio de inventario, sino porque la Pepa sería reemplazada en pocos meses por una Constitución doctrinaria como las que regían en Europa Occidental. Sin embargo, durante muchas décadas se mantendrían sin apenas cambios las provincias y partidos fijados en 1833-1834 y las autoridades a su frente, con nombres también rescatados de anteriores etapas liberales: jefes políticos o gobernadores civiles, gobernadores militares y jueces de primera instancia.