Poder señorial, comercio y guerra: Sanlúcar de Barrameda y la política de embargos de la Monarquía Hispánica, 1585-1641.
Luis SALAS ALMELA.
Recibido: 27 mayo 2007
Aceptado: 30 enero 2008.
Tras los primeros e infructuosos esfuerzos militares de Felipe II por acabar con la rebelión de las Provincias Unidas, la Monarquía Hispánica ideó diversas formas de presión económica sobre los territorios rebeldes. Aquella serie de medidas, tendentes a dañar los flujos comerciales que los navegantes de las Provincias Unidas estaban monopolizando, dieron como resultado lo que se ha dado en denominar “política comercial”, pese a que los objetivos y medios que se emplearon entonces disten mucho de lo que hoy entendemos por ese término. Sea como fuere, podemos afirmar que dicha política resultó ser una solución racional a partir de unos medios determinados a un problema estratégico y que, sin lugar a dudas, influyó mucho en la actividad mercantil de media Europa1. En esta línea, Jonathan Israel ha insistido en la importancia de esta forma de guerra dentro del conjunto de la historia europea –tanto en su dimensión diplomática como económica–, frente al acento generalmente puesto en lo bélico2.
La historia de aquella serie de medidas –cuyo máximo exponente fueron los cierres y aperturas del comercio entre la Monarquía y sus enemigos europeos– traza una línea de discontinuidades que no sólo dañó considerablemente a los holandeses, sino que perjudicó así mismo a medio y largo plazo la fluidez del comercio castellano3. De hecho, como ya señalara Domínguez Ortiz, esta forma de guerra era un arma de doble filo que, si bien podía dañar las producciones del enemigo o su papel de intermediario, también generaba desabastecimiento en el propio territorio, lo que favoreció a la larga la complicidad de los castellanos –incluidos los jueces que debí- an hacerlas cumplir– en la burla de las prohibiciones4.
La ciudad de Sanlúcar, como puerto abierto y escala en muy diversas rutas comerciales –no sólo era el puerto de arribada y partida de las flotas de Indias, sino que era escala y destino en vías comerciales que comunicaban el norte europeo, el Mediterráneo y el Magreb–, jugó en todo este proceso un papel capital. Tengamos en cuenta que Sanlúcar no era sólo un activo emporio, sino que además era señorío y sede de la Casa Ducal de Medina Sidonia, no en balde la más opulenta y poderosa de la Corona de Castilla, de forma que el grado de cooperación que los duques mostrasen en el cierre de su puerto podía hacer triunfar o dejar en papel mojado buena parte de lo ideado en la Corte de Madrid o en Sevilla. La creación de la Capitanía General del Mar Océano y Costas de Andalucía en 1588 demuestra que la Corona era consciente de esta situación y que por medio de este cargo trató de aprovechar a su favor aquella autoridad y poder señoriales. La contraprestación fueron nuevas formas de injerencia de los duques en cuestiones comerciales a partir de su recién adquirida jurisdicción militar, con el objeto último –según denunciaron ciertos sectores del comercio indiano de Cádiz y Sevilla– de favorecer a algunos mercaderes protegidos de los Medina Sidonia, tanto ingleses5 y franceses6 como sanluqueños. Debemos tener en cuenta así mismo que las restricciones en que se plasmó la guerra comercial se asociaron, en las costas de la Baja Andalucía, a la más genérica lucha contra el fraude, que también tuvo en Sanlúcar uno de sus puntos más conflictivos. Ambas políticas –fiscal y comercial– compartían en la Edad Moderna la plasmación práctica en la ejecución de embargos, pero existe sin duda una diferencia sustancial en cuanto a las implicaciones estratégicas que las animaban7. Así, mientras la lucha contra el fraude se relaciona con el objetivo esencial de fortalecer las rentas sobre el comercio exterior –muy en concreto los almojarifazgos–, la política comercial desborda con mucho el marco anterior para inscribirse en un plano diplomático más complejo.
Por tanto, vamos a estudiar aquí la implicación de la autoridad de los Medina Sidonia en la política comercial de la Monarquía en dos sentidos: como responsables en la defensa costera de la Baja Andalucía y como poder fiscal que se ubicaba en esa puerta al océano que era Sanlúcar de Barrameda. Dicho de otra forma, en la autoridad de los duques se concitaban dos afanes no siempre coincidentes: el de la propia jurisdicción y el delegado por la Corona. El marco cronológico abarca desde los primeros intentos de Felipe II por asfixiar el comercio bátavo a la caída en desgracia del IX duque de Medina Sidonia en 1641, cuando, tras ser acusado de conjurarse contra Felipe IV, perdió la Capitanía General que habían ostentado su abuelo, su padre y él mismo.
EMBARGOS Y CIERRE DE PUERTOS (1585-1621)
Una de las peculiaridades de Sanlúcar dentro del complejo entramado de la ruta de las Indias era su condición de escala militar, al ser el puerto en el que, por regla general, la parte miliar del convoy recibía sus últimos aprovisionamientos y donde se unía a los buques mercantes para comenzar juntos su singladura. Más allá de la circunstancia geográfica de hallarse en la desembocadura del Guadalquivir, la importancia militar de la capital ducal se debió al esfuerzo iniciado por el VII duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán –evidente desde $1 5 8 0 -$ por asumir tareas de coordinación militar en toda el área. Sin embargo, la autoridad militar de los Medina Sidonia derivó en una sucesión de roces y disputas con ciertos sectores del comercio indiano que no vieron con buenos ojos tal concentración de jurisdicciones en la Casa ducal, ya que permitía al duque intervenir tanto en la guerra comercial como en el control del apresto de los buques militares de la Guarda de la Carrera de Indias.
En todo caso, la decisión de Felipe II de dar entrada a Medina Sidonia en su intento de asfixiar el comercio holandés se ajustó a ciertos antecedentes, sobre todo al primer gran embargo general contra los mercaderes ingleses y holandeses que se ordenó en 1585. Descrito por las fuentes como mal planeado y de poca consecuencia, la más probable explicación de este relativo fracaso –y de la inclusión en adelante del duque de Medina Sidonia entre las autoridades implicadas en los embargos– fue la comprobación de que un asunto tan complejo no podía ser ejecutado por personas de mucha autoridad y poco poder, porque el efecto había sido la huida masiva de los mercaderes extranjeros, alertados por sus contactos castellanos8. Mucho más efectivo, el embargo de diciembre de 1586 –que estuvo coordinado en toda Andalucía por el proveedor general Antonio de Guevara– tuvo unos efectos muy diferentes. Buena parte de su éxito en la Baja Andalucía se lo pudo atribuir Medina Sidonia, a quien le había sido expresamente encomendado que respaldase la operación, apoyo que se plasmó en dos grados de implicación diversos. En primer lugar, en Sanlúcar el duque tuvo plena potestad para realizar el embargo –sin intervención de ninguna otra instancia– y fue efectuado por los ministros de su Casa. Así, tras recibir las órdenes del rey, el duque don Alonso ordenó a sus criados que incautasen las velas y el timón de los 24 barcos extranjeros que había en su puerto, tras lo cual procedió sin prisa a la averiguación de su origen9. Las diligencias consecuentes fueron instruidas por un juez del consejo ducal, el licenciado Diego Méndez Cabrera, según un procedimiento que situaba al duque como instancia decisoria10. En segundo lugar, trascendiendo el espacio de su señorío, el duque recibió comisión para verificar las fianzas que se depositasen en todos los demás puertos de la Baja Andalucía, para lo cual los alcaldes de Sevilla, Cádiz y otros lugares quedaron supeditados a sus órdenes11.
Las reacciones contrarias de ciertos sectores del comercio sevillano al protagonismo que este procedimiento otorgaba al duque no se hicieron esperar. La queja de más calado provino de los arrendadores de los almojarifazgos sevillanos y se fundaba en que los barcos detenidos en Sanlúcar transportaban también mercancías consignadas a otros puertos, de modo que la acción del duque invadía su jurisdicción. El argumento quedó recogido en una cédula de Felipe II dirigida al duque, en la que se reflejaron las quejas de los arrendadores por el mucho daño que recibían en Sanlúcar debido a “las costas que se les recrecen de descargarlas y tornarlas [las mercancías] a embarcar para llevarlas a la dicha ciudad [Sevilla], donde es su derecha descarga”. La queja atañía sobre todo a la materia de los seguros firmados por los mercaderes, ya que, si el embargo o descamino lo hacía una autoridad distinta a la de los almojarifes sevillanos, los seguros contratados resultarían inciertos por la alteración del lugar de desembarco. Por otra parte, según argüían los arrendadores, si la razón del apresamiento de la carga era controlar la entrada de mercancías prohibidas del enemigo, afirmaban que esa vigilancia se haría harto mejor por ministros regios y en Sevilla, justo antes de que las mercancías entrasen en poder de sus dueños. Pese a todo, la cédula admitió la posibilidad de que don Alonso pusiera en cada navío un guarda o dos, a costa de los dueños de las mercaderías consignadas para la aduana ducal, para que asistiese al registro que se había de efectuar en Sevilla por mano del Asistente de la ciudad12. Así las cosas, el precio de la vigilancia en los barcos con mercancías consignadas para Sanlúcar y Sevilla recaería por entero sobre los mercaderes sanluqueños.
Dado el daño que aquello hubiera supuesto para sus intereses, Medina Sidonia encontró la fórmula para no aplicar de forma muy general la orden, toda vez que en agosto de 1587, según él mismo informó al rey, detuvo tres urcas tripuladas por alemanes que transportaban mercadurías inglesas y bátavas bajo la acusación de contrabando. El duque se amparó para ello en la orden genérica que había recibido para atajar el comercio con los rebeldes, si bien Felipe II matizó que “hasta ahora no está prohibido generalmente el meter en estos mis reinos mercaderías de Holanda y Zelanda”. El rey se atuvo de nuevo a lo dispuesto en la cédula –es decir, la orden de remitir los navíos a Sevilla, con facultad del duque para embarcar en ellos ministros que velasen por sus intereses–, si bien ordenaba que en adelante se cumpliese la prohibición general de no comerciar con los rebeldes, ni aunque fuesen españoles quienes transportasen las mercaderías13. Más allá de la gradación de prohibiciones que esto implica –que pasaron de centrarse, tal como dictaba el embargo de diciembre de 1586, sólo en el origen de los barcos, a abarcar después a tripulantes y carga– lo que esto pone de manifiesto es la voluntad de Medina Sidonia de asumir aquellas competencias desde antes de disponer de un título estable que lo respaldase, interpretando las disposiciones con una libertad de criterio sobre la que desde el principió planeó la acusación de prevaricación14.
Más aún, los procedimientos judiciales de los sucesivos embargos dejaron importantes cabos sin atar. Hacia 1600 el Consejo de Hacienda remitió a un juez de comisión –el contador de resultas Pedro Ruiz de Otalora– para averiguar qué había sido de los bienes de ingleses y flamencos embargados desde 1585. Según se desprende de las cuentas de Otalora, las largas operaciones en que derivaron los embargos –seis meses en 1588, algo más de cinco en 1599– implicaron a un gran número de ministros de todas las categorías en una tupida red en la que la mala praxis judicial era bastante frecuente15. Por lo que se refiere a Sanlúcar, de la data se desprende que los bienes embargados habían sido vendidos en muchas ocasiones a vecinos de la ciudad –muchos de ellos criados del duque– o a instituciones de la misma, que los habí- an adquirido en las almonedas y cuyo precio debían entregar al depositario del embargo, algo que con frecuencia no se había aún efectuado16.
Sin embargo, pese a estos abusos el sistema tenía su compensación. Así, pese a que algunos barcos, tanto ingleses como holandeses, pudieron ocultar su procedencia y seguir comerciando, lo cierto es que el secuestro de 1587 –que se saldó con 94 buques capturados en Andalucía– logró el objetivo básico de dañar el comercio del enemigo17. Por esa razón el procedimiento se repitió en sucesivas experiencias con tanto éxito que el resultado final fue un desabastecimiento muy acusado de ciertos productos de importación, por lo que hubo que reabrir el comercio con Holanda en 1590. Pero sólo se trató de una tregua. Cuando, en 1594, Felipe II remitió a Medina Sidonia una orden sobre el modo en que debía proceder de nuevo en la persecución del comercio holandés, argumentó que aquellos años de apertura habían servido para “probar aún en esto si aquella gente ciega [los holandeses] vuelve sobre sí y a lo que debe”. Pero, visto que los rebeldes perseveraban en su rebeldía –según explicaba, tenía conocimiento de que planeaban ataques conjuntamente con los ingleses–, había vuelto a ordenar el secuestro general de barcos y mercancías holandesas. Es obvio que este argumento expone una parte de la cuestión –aquella que atañe al plano diplomático del conflicto– pero oculta las propias debilidades –la dependencia de las industrias del norte y de la flota bátava. En todo caso, aquel año se optó por volver a presionar a los holandeses. Para llevar a efecto el nuevo embargo en Andalucía se cometió al pagador Martín de Arriaga, que debía actuar colegiadamente y en sintonía con Medina Sidonia –ya con título de Capitán General de la Costa desde $1 5 8 8 -$ para evitar que los sospechosos huyeran antes de que se hiciese pública la orden de secuestro, de modo que ambos debían fijar un día para el secuestro de las velas y timones de los navíos, haciendo creer que se trataba de una pesquisa general y no específica contra los holandeses18. Por esta causa, Medina Sidonia tomó la iniciativa de retener también dos barcos alemanes que de inmediato recibieron el amparo de Felipe II para no disuadir a los de aquella nación a seguir comerciando19. Por otro lado, esto indica que el método se iba sofisticando, adaptando los medios al fin concreto de dañar al enemigo. Más aún, aquel año se procedió a separar la autoridad judicial que debía juzgar los embargos –tarea que se encomendó a don Luis Gaitán de Ayala, del consejo de Hacienda– de la autoridad militar que ejecutaba la detención –encomendada al duque. Ahora bien, Medina Sidonia no era un simple delegado ni su poder e influencia dependían sólo de la Capitanía, sino que el duque trataba de erigirse en sustento necesario de la autoridad regia en Andalucía. Para demostrarlo, sugirió que si se quería dañar de veras el comercio holandés convenía ir más lejos y no olvidar los grandes capitales de aquel origen que había en Andalucía. Apuntaba así a la gran expansión de las redes por las que circulaba un dinero y unas mercancías cuyo origen geográfico trataban de disimular los interesados. Sobre este aspecto Felipe II se mostró más cauto que en el secuestro, toda vez que temía dañar con esta nueva dimensión a sus súbditos obedientes: flamencos. Por tanto, antes de ejecutar lo que proponía el duque, señaló que “será bien desmenuzar, con el gran secreto que la materia pide, qué parte tienen mis rebeldes”, prudencia que, al final, desbarató la iniciativa del duque20.
Además, la prohibición de comerciar con los rebeldes implicaba a múltiples instancias y jurisdicciones a las que era complejo poner de acuerdo en la forma y grado de rigor con los que ejecutar lo dispuesto. Cada cual interpretaba las órdenes con un amplio margen, según convenía a sus intereses. Si en 1599 fue el concejo de Sevilla el que protestó por el daño que la prohibición de comerciar con los rebeldes causaba a su arrendamiento del almojarifazgo, unos años después fue el mismo Medina Sidonia quien lamentó que el cumplimiento de las órdenes fuese menos estricto en ciertos puertos –citaba a Málaga, varios puertos del Algarve y Lisboa21– que en su distrito. En el fondo de este problema subyacen dos cuestiones. Por un lado, la condición de la Baja Andalucía como gran mercado de reexportación para América y objetivo prioritario para buena parte de las manufacturas europeas, por lo que una aplicación muy estricta de la prohibición podía dar lugar a que las redes del comercio holandés buscasen vías alternativas –sobre todo, el contrabando– para introducir sus mercaderías en Indias. Por otro lado, el deseo de atraer comerciantes y consignaciones al propio territorio en detrimento del vecino ejercía de contrapeso al celo con que las autoridades portuarias se interesaban en aplicar los embargos.
Desde otro punto de vista, si atendemos al contexto, las reaperturas del comercio que fueron decretadas a comienzos del XVII tuvieron su letra pequeña. En 1603 se volvió a la carga contra los intereses comerciales bátavos por medio del llamado entonces “nuevo derecho del treinta por ciento”. Según la historiografía, aquel derecho truncó el efecto positivo que para el comercio en general había tenido la paz con Francia (1598) y la que se iba fraguando con Inglaterra (1604)22. Seguramente este arbitrio tuvo su origen en las consultas que en 1602 se elevaron al rey desde varias instancias, en las que se solicitaba la introducción de algún control sobre el comercio con los rebeldes, fruto de las cuales fue la creación de una Junta mixta de consejeros de Estado y Hacienda23. Sea como fuere, el llamado “decreto Gauna” obligó a todos los que comerciaban entre la Península y el norte de Europa a hacer fianzas depositarias por valor del $30 \%$ de lo embarcado, que serían devueltas una vez comprobado que ni su procedencia ni su destino era el enemigo holandés24. Según esperaban Juan de Gauna y sus defensores, tal medida dañaría más a los rebeldes que un nuevo embargo25. Por el contrario, la generalidad de la medida produjo un enorme rechazo en todos los sectores afectados. Publicado por Real Cédula el 27 de febrero de 1603, el cobro de aquella nueva renta se centralizó en Sevilla, al menos en lo tocante a los puertos de la Baja Andalucía26. Consecuentemente, en diciembre se nombró para Sanlúcar a un administrador, Alonso de Curiel, a cuyo cargo se puso la aplicación del nuevo placarte en las aduanas de Sanlúcar, Huelva, San Juan del Puerto, Palos, Ayamonte, Moguer Rota y Chipiona.
Ahora bien, antes del nombramiento de Curiel, Medina Sidonia había cubierto el vacío en el nuevo cargo situando como ejecutor del placarte a Cristóbal Bilbao, escribano sanluqueño de su confianza27. Poco después de su llegada a Sanlúcar a fines de año, Curiel recibió el encargo del Consejo de Hacienda de investigar la gestión de todos los que le habían precedido en los diversos puertos de su distrito. De dicha investigación resultó que las mayores irregularidades las había cometido precisamente Bilbao. Curiel informó de que durante el ejercicio de este escribano se había producido el embarque de mucha cantidad de mercancías sin registrar –entre ellas, decía tener constancia de la salida de 9.000 cahíces de sal–, así como la entrada de muchos productos prohibidos en el nuevo placarte. Habiendo hecho tanteo, Curiel estimaba en más de siete cuentos lo que había perdido el rey en derechos. Según su relato, los bienes de Bilbao quedaban embargados, mientras él procedía a subastarlos en almoneda. Con respecto al propio escribano, que había desaparecido de Sanlúcar al llegar Curiel, fue detenido poco después en Sevilla. Sin embargo, Bilbao encontró en Sevilla “tales amigos y de aquí [Sanlúcar] le fue tanto favor” que, pese a las estrechas diligencias enviadas a la Audiencia, había sido puesto en libertad.
De Medina Sidonia, Curiel afirmaba que, si bien al principio había colaborado tibiamente, más tarde se había sentido ofendido por las acciones emprendidas contra Bilbao, por lo que dejó de prestarle ayuda en sus pesquisas. Para entonces la defensa de Bilbao, apoyada en documentos que decía poseer el duque, se basaba en que su nombramiento por el duque no databa de abril, como sostenía Curiel, sino de octubre, por lo que los fraudes no eran tales, ya que antes no había habido nadie ejerciendo el cargo. Curiel reconocía que era negocio difícil el que se le presentaba, añadiendo en posdata:
“Mucho se me trasluce, y aún téngolo por cierto, que del descargo de Cristóbal Bilbao ha de resultar cargo al duque de Medina Sidonia y así vuestra merced me haga merced de hacer relación de esto a los señores del Consejo para que manden si procederé en lo que de esto resultare contra el dicho duque o cómo me tengo de gobernar, y sea con brevedad”28.
En efecto, como se temía Curiel, había tropezado con obstáculos muy serios. De hecho, la intervención del duque modificó el curso que hasta entonces llevaban las gestiones de Curiel en Sanlúcar29.
En cambio, las acusaciones de Curiel contra el duque se iban haciendo cada vez más amplias, al menos en la estimación numérica de lo que podía ganar la Real Hacienda si se entrase de lleno en la averiguación. Sin embargo eran poco concretas, ya que las pesquisas se habían detenido por falta de respuesta y resolución en Madrid, de donde no llegaban a Curiel los poderes especiales que necesitaba para proseguirlas. En alusión a las dificultades que esperaba encontrar, Curiel lamentó que “no es de gusto lidiar con el duque”. En consecuencia, a medida que el silencio de Hacienda hacía más difícil su trabajo, las opiniones de Curiel se fueron enconando. A fines de mayo, decía que “esta tierra está llena de malintencionados”, de los que ninguna colaboración esperaba, salvo por venganza entre unos y otros30. En junio mostró su sorpresa por haber recibido respuesta del Consejo sobre algunos asuntos menores y no tenerla, ni en un sentido ni en otro, sobre la prosecución de la causa contra Cristóbal Bilbao. Para entonces, Curiel suponía que el escribano no había estado oculto en una iglesia,
“sino que ha ido, según se dice, a esa Corte. No dudo yo que esto no sea y a vuestra merced sé decir de cierto [que] con sabiduría del señor duque de Medina Sidonia, cuya causa, aunque enmascarada, es ésta y así la favorece en cuanto puede”.
Así las cosas, según Curiel, para prender a Bilbao no quedaba más remedio que publicar su persecución por edictos y pregones. Terminaba afirmando que, si por el contrario, al Consejo no le parecía tratar de ello, al menos él había ya cumplido con su conciencia31.
De una manera muy oportuna para los intereses de Medina Sidonia, al mismo tiempo que Curiel le denunciaba, la posición del ministro regio ante el Consejo de Hacienda se estaba viendo minada. Así, un comerciante flamenco, Joaque Rodrí- guez, denunció en dicho tribunal los excesos de rigor de Curiel, que le había descaminado sus mercancías sin probar la acusación. Aquella dureza de trato contrastaba, además, con la voluntad del monarca, por entonces empeñado en reactivar el comercio exterior32. Fuese a instancias del duque o no –aunque todo apunta a que así fue–, lo cierto es que la acusación del flamenco favoreció la causa de Bilbao, al enfrentar a Curiel con la estrategia general de la Corona. Para mayor escarnio, en octubre, Cristóbal Bilbao –que en efecto estaba en Madrid– denunció a su vez ante el Consejo de Estado el rigor que con él usaba Curiel, fruto de lo cual obtuvo una cédula que impedía a Curiel tomarle cuentas. Ante aquella nueva traba, Curiel afirmó que la única solución para llevar adelante el “negocio” –que ya entonces calculaba en unos 15.000 ducados para la Real Hacienda– consistía en que la Contaduría Mayor de Cuentas emitiese una provisión ordenando a Bilbao rendir cuentas en persona o por delegado. Aunque no nos constan las respuestas del Consejo, parece que el alto organismo se mostró conforme con la iniciativa, por lo que Curiel aún mostró su mayor extrañeza en que se dilatase tanto la puesta en ejecución33.
Sin embargo, todo el asunto se detuvo bruscamente cuando el propio Consejo de Hacienda se pronunció con toda claridad contra los efectos que el cobro del $30 \%$ estaba teniendo en el comercio. La soledad de Curiel se debía también al abandono del proyecto auspiciado por el Consejo de Estado y plasmado en el decreto Gauna. La combinación de oposición en Andalucía, presión de Francia e Inglaterra –cuyos mercaderes se vieron muy perjudicados– y la comprobación del daño que causaba al maltrecho tejido comercial castellano movieron al abandono de una medida que, al fin y al cabo, sólo favorecía al comercio de los Países Bajos leales34. Con respecto a la posición de Medina Sidonia ante aquella medida, es bien significativa del límite hasta el cual estaba dispuesto a participar activamente en la política comercial de la Monarquía. Así, frente a la ejecución de embargos bajo su tutela, que le dejaba un amplio margen de maniobra para favorecer a sus protegidos, una medida tan general y por cuenta de delegados regios fue vista como una intervención nada prometedora en su espacio fiscal.
En consecuencia, la vuelta al cierre del comercio holandés por los métodos clá- sicos fue muy bien acogida por el duque. Tanto es así que, cuando en 1605, Felipe III adujo la carestía general de trigo en Andalucía para abrir el comercio de grano a los rebeldes35, Medina Sidonia se opuso, recomendando que el rigor no cediese a aquel accidente. En el Consejo de Hacienda fue el conde de Olivares quien defendió, aunque sin éxito, la opinión de Medina Sidonia. En carta al duque, Olivares lamentó que pesase “más el remedio de la hambre”36. Pese a la oposición de don Alonso, aunque con algún retraso en la publicación, la real orden sobre la permisión del comercio de cereales se aplicó también en Andalucía, quedando cometida al duque la vigilancia de que lo transportado por los holandeses no fuese más que trigo37. Desde luego esto indica que la opinión de Medina Sidonia tenía partidarios en Madrid, como el secretario Andrés de Prada, que se solidarizó con el duque al criticar la errática política de embargos de la Monarquía y al lamentar que la prohibición se hubiera levantado con la vana esperanza, según él, de atraerse a los católicos holandeses. Eso sí, afirmaba que “no tendrá Vuestra Excelencia parte en este daño, pues no sé que ninguno haya dicho ni hecho lo que Vuestra Excelencia, aunque le ha estado peor que a todos”38. Esta clara alusión al perjuicio que causaban a la aduana del duque ciertas formas de embargo no buscaba sino resaltar la fidelidad que Medina Sidonia plasmaba en sus propuestas y acciones.
Por su parte, la permisión de traficar con los rebeldes venía de más atrás y traía causas bien distintas al hambre. Cuando en 1606 Felipe III volvió a ordenar a Medina Sidonia aplicar con pleno rigor el embargo contra los bátavos, lo hizo señalando que para entonces había cesado el arrendamiento de los almojarifazgos hispalenses antes vigente, en cuyo contrato se establecía la tolerancia de dicho comercio. Concluido el arrendamiento, pues, el rey conminaba al duque a actuar con todo rigor39. De este modo se deduce que la disimulación había quedado pactada como merced incorporada a las condiciones del arriendo de aquellas rentas y no se debía sólo a razones estratégicas. De forma similar, el rigor que reclamaba el duque no puede ser interpretado fuera del contexto de disputa fiscal con los almojarifes de Sevilla. Bajo este punto de vista, una vez más, parece que el fin último de Medina Sidonia era proteger su espacio fiscal.
En el aspecto institucional, parece que a la altura de 1605 las atribuciones sobre materias de política comercial que ejercía el duque habían alcanzado una forma de normalidad basada en la aceptación general de las mismas. En conjunto, tales atribuciones aumentaban el margen potencial de arbitrariedad de la autoridad ducal, de tal forma que Medina Sidonia podía castigar con suma severidad a ciertos comerciantes y favorecer a otros en unas causas que implicaban una capacidad de sancionar que llegaba a la pena de galeras. Así, por ejemplo, en el embargo general de 1605, ordenado como represalia por las conquistas bátavas en Asia40, el secretario Andrés de Prada, tras informar al duque del envío de comisión específica “con cláusula de poder subdelegar” en quien le pareciera, animaba al duque a castigar a los miembros de las tripulaciones cuyo testimonio no fuese necesario para ulteriores pesquisas –según sus términos, “podrá Vuestra Excelencia muy sin escrúpulos mandar que se pongan en las galeras al remo”–, mientras que los capitanes serían ahorcados41. En Sanlúcar, Medina Sidonia ejecutó el embargo sobre ocho navíos holandeses cargados con trigo. De las cuentas que se pidieron al duque en 1613 del dinero procedido de aquel embargo se desprende que, siguiendo la letra de la orden recibida, el procedido debía repartirse por igual entre el rey y los denunciadores, descontadas las costas judiciales42, por lo que no es ocioso señalar que los seis denunciadores fueron criados del duque43. Sin duda, esto ilustra otra parte importante del interés de Medina Sidonia en estas operaciones, por medio de las cuales gratificaba a sus ministros, tras haber decidido sobre qué naves actuaba.
Sin embargo, la combinación de las paces con Inglaterra de 1604 y la firma de la Tregua de los Doce Años en 1609 –precedida por el alto el fuego de $1 6 0 7 -$ produjeron la práctica desaparición en aquellos años de los grandes embargos estratégicos de la actividad cotidiana de la Capitanía General y un paralelo repunte del comercio44.
EL REPLIEGUE INSTITUCIONAL (1621-1641)
Al coincidir el fin de la Tregua con las Provincias Unidas con un momento en el que los almojarifazgos sevillanos estaban puestos en administración por cuenta de la Corona –bajo la responsabilidad de Manuel Pantoja y Alpuche–, la disyuntiva entre dar prioridad al beneficio de la Real Hacienda o emplear la guerra comercial con criterios de táctica global atañía, en las ciudades realengas, en exclusiva a la Corona. Desde muy pronto, Felipe IV optó por una política dura inspirada en la geoestrategia que proponían los Consejos de Estado y Guerra, si bien, como siempre, suavizada por medidas que evitasen la asfixia comercial –tales como impulsar la llegada de las flotas mercantes hanseáticas, que a lo largo de la década de 1620 llegaron a alcanzar un volumen notable de comercio, en especial con Sanlúcar45. En este contexto, en 1622, el rey rechazó las quejas de Pantoja sobre ciertas fianzas exigidas en Sanlúcar, las cuales eran exigidas no sólo a los sospechosos de comerciar con los rebeldes. En efecto, Medina Sidonia, que era quien había exigido tales garantías, no había dudado en hacerse de nuevo con las riendas de la política comercial en su distrito. En una consulta elevada al rey por el Consejo de Hacienda, a instancias de Pantoja, se vio también una carta de Medina Sidonia en la que alegaba “que al administrador de los almojarifazgos no le toca entremeterse en lo que se ordena por la vía del dicho Consejo [de Estado]”. La respuesta de Felipe IV fue concisa: “El continuar los holandeses el trato en España tiene muy grandes inconvenientes y así es necesario que en los puertos haya mucho cuidado, como le tiene el duque de Medina Sidonia, y le habrá en guardar justicia a las partes”46.
Esta confianza mostrada por Felipe IV en el buen hacer del duque se vio confirmada en el embargo general en toda la Península al que se procedió en 1623 contra los navíos de fabricación holandesa. En la costa andaluza fue encomendado de nuevo a Medina Sidonia, esta vez con la colaboración del secretario Pedro de Arce47. En una relación enviada desde Sanlúcar, cuando el embargo aún estaba en proceso –en noviembre de 1623–, la cifra de barcos detenidos alcanzaba por entonces los 52 sólo en Sanlúcar y la parte del Guadalquivir que era jurisdicción de la Capitanía del duque, aunque también daba cuenta de los problemas que había generado el embargo. Para empezar, 26 de los navíos hubieron de ser desembargados al ser considerados por los tres expertos nombrados por el rey –Diego de Castro, Andrés Mor y Juan Person– como fabricados fuera de las Provincias Unidas o cuyos maestres se podían acoger a uno de los dos supuestos que eximían de la orden: que la compra del navío fuera previa a la expiración de la Tregua o que sólo hubieran comprado el navío y que con él nunca se hubiera comerciado con holandeses. Por otra parte, viendo el gran daño que se hacía al comercio en general reteniendo tanto capital en especie, Arce y el duque estimaron oportuno reconocer la ropa que transportaban los buques detenidos y, sin abrir los fardos, dejar libre aquella que no procediese de Flandes, que era la más sospechosa, de modo que procedieron a remitirla a las diversas aduanas para las que estaba consignada. El resto de lo incautado se cargó en cinco barcos para ahorrar costes a los dueños y facilitar la vigilancia. Todo el procedimiento quedó pendiente de ciertas resoluciones del rey referentes sobre todo al coste de las guardas, las diligencias y el lugar de registro de la mercancía retenida48.
Sin embargo, según denunciaron los cónsules flamenco y alemán en Sevilla –Guillermo Béquer y Guillén Clut–, aquel embargo, en el que los de su nación habí- an sido los más perjudicados, se había basado en denuncias formuladas con “siniestra mano”, con las que se trató de dañar a los mercaderes leales y beneficiar a los rebeldes. Denunciando a los ministros que se amparaban en el Consejo de Guerra y a un alcalde de Casa y Corte –Miguel de Cárdenas–, los cónsules afirmaban que de continuar aquel proceder “justo es que dé causa y temor bastante para que las palomas del palomar vuelen huyendo de las torres tan peligrosas”. Esta amenaza de los comerciantes flamencos de abandonar Sevilla abría un sombrío panorama al porvenir de los Países Bajos leales, que hubieran perdido así otro vínculo más con Castilla. Béquer y Clut cargaron, de paso, contra los abusos que se cometían en la saca de moneda, cuyas licencias afirmaron que se vendían en pública subasta. Dado que sus denuncias afectaban a muy poderosos rivales, los cónsules se acogieron a la protección de un hombre que parecía gozar de la plena confianza de Olivares: Gabriel de Roy49. Así, gracias al efecto que produjo el “escándalo” del embargo de 1623, se procedió a introducir una novedad sustancial en el control del contrabando en Andalucía.
En efecto, el 4 de octubre de 1624 se creó el Almirantazgo de los Países Septentrionales, cuya sede inicial se fijó en Sevilla y en cuyo proyecto intervino de forma muy directa de Roy, con la colaboración de dichos cónsules. La nueva institución tenía dos cometidos: la persecución del comercio con los holandeses, materia en la que asumió las competencias de embargos de todas las autoridades locales; y la creación de un sistema de comercio en convoy entre Flandes y la Península Ibérica. Desde el comienzo fue, la nueva institución apoyada por la colonia hispalense de mercaderes flamencos, que además convenció a Olivares y a Felipe IV de su potencial para sustituir la dependencia que se padecía en el abasto de ciertos productos del norte respecto a las flotas extranjeras50. Según Girard, la nueva institución dañó de inmediato el comercio intermediario con sede en los puertos atlánticos franceses, sobre todo bretones, en cuyos barcos muchas veces se ocultaban mercaderías holandesas51. Sin embargo, lo que no se ha puesto aún de manifiesto es que en el origen de esta institución estaba la pugna entre las colonias mercantiles extranjeras en Sevilla, dañadas de forma muy desigual por los embargos realizados hasta entonces. Hay que recordar en este punto la especial protección que Medina Sidonia dispensaba precisamente a los bretones.
Así mismo, como buenos conocedores del mercado y de sus usos ilegales, los promotores del arbitrio solicitaron con insistencia que se les otorgase jurisdicción extraterritorial para poder cortar el contrabando que entraba por Portugal, tráfico que, según afirmaban, controlaban los cristianos nuevos de aquel reino, quienes mercadeaban con sus correligionarios en las Provincias Unidas52. En consecuencia, el Almirantazgo fue dotado de competencias similares a las de la Casa de la Contratación en cuanto a jurisdicción civil y criminal. En el plano organizativo, se constituyó en congregación de mercaderes matriculados, reservada a los miembros de la colonia flamenca residente en Castilla, quienes además obtuvieron el perdón general de cualquier delito en materia de contrabandos cometido con anterioridad53. Aunque la escasez de documentación sobre esta institución dificulta su comprensión cabal, lo que resulta evidente es la vocación del Almirantazgo de ser un arma de guerra, muy por encima de su condición de compañía comercial, aunque su estructura dual –llegó a tener dos sedes, en Dunquerque y Sevilla– cumpliese también parcialmente tal objetivo54.
Según parece, el Almirantazgo dispuso en algunos momentos de toda una red de agentes en los puertos ibéricos y, más tarde, en el Mar del Norte55. Gelabert señala el antecedente del desastroso “decreto Gauna” de 1603, que sin embargo no fue recordado en esta nueva iniciativa de guerra comercial contra Holanda56. En todo caso, en la Corte el apoyo al proyecto no fue unánime. Desde muy pronto el Consejo de Guerra mostró su insatisfacción, por lo que ya en 1624 elevó un memorial sobre los puntos oscuros del proyecto57. Los primeros problemas concretos provinieron de la forma de financiación de la escolta a quienes comerciaban con Flandes, que se preveía por dos vías: por una parte, a través del procedido de las confiscaciones que realizase el Almirantazgo en la persecución del comercio holandés –por merced de Felipe IV les pertenecería el total de las condenaciones–; por otra, cobrarían el uno por ciento en concepto de avería de todo lo que se embarcase en el convoy que escoltaban con destino a Flandes58. Desde luego no fueron menores las resistencias en Andalucía, donde el difícil acomodo institucional del Almirantazgo tuvo dos expresiones fundamentales: por un lado, los problemas generados por las cuestiones hacendísticas de los embargos; por otro, la vertiente militar de los convoyes provocó problemas de delimitación de autoridad y justicia. Una de las primeras jurisdicciones andaluzas en plantear agravios fue la de Medina Sidonia, que veía recortadas sus competencias en materia de embargos y vigilancia del fraude y, por todo ello, una amenaza para sus rentas. Así, desde muy pronto, los miembros del Almirantazgo en Sevilla enviaron a la Junta de Madrid quejas por las actuaciones del duque59.
Un ejemplo muy significativo y temprano se produjo en 1625. Según relató Felipe IV a Medina Sidonia, Francisco Smith y Guillen Clut –visitadores en Sanlúcar por cuenta del Almirantazgo– habían sido apresados en Sanlúcar con ocasión de una “pendencia” a la que acudió el duque en persona
“con mucha gente y soldados, de quienes recibieron algunos agravios en la hacienda y barcas que tenían en tierra, pegando fuego a una de ellas y por causa tan leve que fueron dados por libres de ella”.
Por el contrario, según el duque, cuando los del Almirantazgo debían estarle agradecidos por las comodidades con las que les facilitaba su labor, ellos “deben de seguir otros motivos”. En cuanto a su aparición personal en la escena de la pendencia, afirmaba que había sido para aquietar la provocación hecha por los ministros del Almirantazgo, que habían matado a un español y herido a otros, además de incurrir en un desacato a las guardias del fuerte de San Salvador. Pese a todo, se declaraba dispuesto a facilitarles la labor, “pues al paso que ellos cumplieren la obligación en que se han puesto de servir a Vuestra Majestad, me tendrán a mi más obligado”. Este ofrecimiento condicionado implica una poco velada acusación respecto a que el interés último de los flamencos era muy otro que el declarado en la fundación del Almirantazgo. Por el contrario, el duque dejaba ver que encontrarían su cerrada oposición en todo lo que excediera de lo que él entendía como intereses regios60. De este modo, Medina Sidonia, más allá de negar ciertos extremos, derivó la pugna hacia una competencia con la nueva institución por demostrar su mayor celo en el servicio al rey. Es obvio que la interpretación por parte del duque o del Almirantazgo de cuáles eran los intereses regios tendería a hacerlos coincidir con los propios. En todo caso, es significativo que cuando se tuvo más información en la Corte sobre lo sucedido en Sanlúcar se produjese una rectificación de Felipe IV en una breve misiva, en la que agradecía al duque precisamente que hubiese acudido en persona a calmar los ánimos en aquel altercado61.
Sin embargo, poco después el solapamiento de jurisdicciones militares fue nuevo motivo de disputa. Tras haber impedido Medina Sidonia a los del Almirantazgo echar ciertos bandos en Sanlúcar, Felipe IV pidió al duque que le aclarase si aspiraba a tener mando sobre las tropas del Almirantazgo, como éstos denunciaban. El duque tardó casi un mes en firmar su respuesta, pero cuando lo hizo aprovechó la ocasión para exponer cuánto le agraviaban las quejas y acusaciones de que era objeto. Negaba, en primer lugar, el extremo planteado por el monarca, afirmando que no era
“tan ambicioso de jurisdicción que me entremetiera en ésta. Pero quizá de aquí ha resultado que ellos se hayan atrevido a perder el decoro a la mía, pretendiendo echar bandos en tierra en su nombre, cosa que totalmente es prohibida a donde están Capitanes Generales de Mar, a quien se debe acudir para que se publiquen en su nombre y en el de Vuestra Majestad”.
Esta actitud del Almirantazgo, según el duque, era tan nueva que no lo habían pretendido ni los generales de armadas ni la Casa de la Contratación. Por ello, solicitaba al rey que le excusase de aquellos lances poniendo a cada uno en su sitio62. La averiguación puso de nuevo de manifiesto una gran distancia entre el alcance de las acusaciones vertidas por los del Almirantazgo y su base real, lo cual estaba comenzando a proyectar una extensa sombra de sospecha sobre las intenciones de los flamencos.
Con respecto al conflicto fiscal con el Almirantazgo, fundado sobre la vigilancia del comercio en el área, también provocó resistencias. Ya en el primer año de vida de la institución, Antonio Carnero suplicó a Medina Sidonia que no mantuviese los embargos de ciertas mercaderías pertenecientes a diputados del Almirantazgo, prendidas por venir en buques que transportaban mercaderías de franceses, contra las cuales se había decretado embargo general. El problema concreto, una vez más, había sido la imposición por parte del duque de fianzas depositarias para permitir la recuperación de lo descaminado63. En este aspecto de la cuestión, pese a que la opinión del duque fue abiertamente opuesta a la existencia misma del Almirantazgo, Medina Sidonia prefirió mantener en los primeros momentos una actitud respetuosa con la voluntad regia. Así, su agente en Madrid, Pedro Vallejo, escribió a su señor aludiendo a la respuesta del duque a la última cédula del rey sobre la materia, diciendo que
“verdaderamente que todos los que saben se conforman en que esta gente [del Almirantazgo] se ha de perder y han de hacer notables daños en los comercios y contrataciones y que todo ha de ser contra el servicio del rey y sus vasallos, pero hasta que se desengañe con efectos y sucesos visibles nadie se atreve a hablar, viendo al conde [de Olivares] y a don Diego Messía y a otros embarcados y empeñados en lo que se han prometido por este medio. Y así Vuestra Excelencia dejará correr, como lo ha hecho en otras cosas tan prudentemente, que el mismo tiempo y ocasiones los desengañará aprisa”.
No menos interesante es la repuesta al margen del duque a esta mención:
“Mucho deseo que esos señores [Olivares y Messía], estando entendidos de mi respuesta y de lo que se me ofrece con los del almirantazgo, se hallen obligados a darme muchas gracias y a conocer que en mis principios está proceder y perder mucho de lo mío, y cuando no se juzgara más para conocer mi trato, sino que no me ha pasado por la imaginación estorbar (como el vulgo lo sabe) este arbitrio, creyendo que, pues ahí será aprobado, será del servicio de Su Majestad. Bastante prueba es de que no me he varado en impedillos, sino a hacelles todo favor y ayuda”64.
Esto contrasta agudamente con la impresión que los ministros del Almirantazgo transmitían a la Junta de Madrid, que no era ni mucho menos la de esta colaboración tan cordial que transmitía el duque. En todo caso, a medida que el fracaso del Almirantazgo se hacía esperar, es decir, ante el mantenimiento del apoyo de Olivares al proyecto, los problemas se fueron enconando.
Cuando, ya en noviembre de 1625, se decretó la prohibición total de comerciar con Inglaterra, las mercancías incumbidas por esta orden abrieron un enorme campo para el ejercicio de la jurisdicción y, por ende, para las disputas. Así, por ejemplo, según relataría Medina Sidonia, cuando recibió aviso de que en Salé se cargaban mercancías de origen inglés, cuyo destino era con toda seguridad Puerto Real –en el golfo de Cádiz–, el duque remitió al capitán Pedro Suárez de Deza a descaminar tales mercadurías. Sin embargo, el Almirantazgo se había adelantado, pretextando que eran mercancías de aliados de los holandeses. Esto suponía una clara extralimitación, en opinión del duque, por no ser de su incumbencia el comercio con Inglaterra, menos aún cuando procedían de Berbería y máxime en un momento en el que ese comercio con Marruecos estaba abierto por expresas órdenes del rey en los presidios castellanos. También lamentaba el duque que la intromisión del Almirantazgo hubiera salpicado a ciertos comerciantes “españoles” que le habían ayudado a aliviar las necesidades de los presidios bajo su mando –Larache y Mamora65. Por todo ello, Medina Sidonia sugirió que, bajo su responsabilidad, se custodiase lo procedido del embargo en un arca de tres llaves a la espera de las actuaciones judiciales, ofreciendo remitir las ropas procedentes de Holanda al Almirantazgo66.
Para los ministros de esta institución, en cambio, se trataba de una intolerable injerencia por parte de Medina Sidonia, ya que Suárez de Deza, alegando actuar en nombre del rey y pese a las protestas del Almirantazgo, “se llevó los dichos barcos a Sanlúcar, diciendo lo hacía para visitarlos, impidiendo con esto al Almirantazgo proceder a la averiguación de los contrabandos, como les toca”. La respuesta regia fue hacer un requerimiento al duque sobre la materia, si bien, dado que el asunto preocupaba a un nivel estratégico mayor, antes de haber obtenido respuesta, Felipe IV volvió a escribir al duque consultándole lo que supiera sobre el comercio inglés con Salé y el papel de los vasallos castellanos en esas operaciones. Según el rey, la preocupación provenía de que “se ha reparado en el daño que puede resultar de que los moros tengan trato y comercio con mis reinos y puedan dar la mano para que por su medio le tengan los rebeldes, haciéndose con esto más poderosos”67. La disputa quedó pendiente de decisión en Madrid, donde unos y otros trataban de presionar al valido para inclinar la decisión a su favor de sus competencias. En una carta a su agente en Madrid, el duque dejó traslucir el resentimiento que sentía ya a esas alturas al afirmar que deseaba el buen resultado de aquellas gestiones para que Olivares tomase una resolución satisfactoria “con estos ruines del Almirantazgo, puesto que yo la tengo de mudar de estilo con ellos, con que creo nos entenderemos mejor”68.
Pese a su amenaza, Medina Sidonia respondió a lo concreto del caso diciendo que había actuado con acuerdo del Almirantazgo y que le correspondía a él entender del embargo de mercancías de ingleses, al estar prohibido generalmente su trato69. Con respecto al trato con Salé, en un borrador de carta, el duque recapitulaba sobre ciertas aprobaciones que el rey había hecho, en enero del año anterior, de la apertura del comercio con Marruecos de materias primas y productos agrícolas. Recordaba así que el rey llegó incluso a instruir a los gobernadores de presidios sobre cómo comerciar con infieles, materia que tenía en el rescate de cautivos una justificación moral capaz de salvar cualquier escrúpulo. En todo caso, aseguraba el duque que el mantenimiento de ese flujo estaba permitiendo la supervivencia de los presidios y redundaba por ello en beneficio de la Real Hacienda, ya que aquellas mercancías generaban rentas en la aduana de Mamora. En tales condiciones, Medina Sidonia fijaba de nuevo la cuestión como un dilema por el mayor servicio al rey70.
Vista la complejidad del asunto, al año siguiente fue el fiscal del Consejo de Guerra –don Juan de Palafox y Mendoza– quien propuso que se reuniesen todas las ordenanzas relativas a las competencias de la jurisdicción militar en materias de contrabando para poder observar las que estuviesen vigentes y derogar las superadas, evitando la gran confusión que existía, dado que ahora no sólo eran los Consejos de Estado, Guerra y Castilla los implicados, sino también el Almirantazgo71. Aquello era el síntoma de la profunda desconfianza que empezaba a generar la nueva institución. De hecho, los Consejos comenzaron a dar curso a las denuncias sobre los abusos del Almirantazgo, que se fueron extendiendo a partir de $1 6 2 6 ^ { 7 2 }$ . También el Consulado de Sevilla advirtió de que dificultar en exceso el comercio a través de Sevilla no servía más que para fomentar el peor de los escenarios posibles: el contrabando directo entre los productores europeos y América73. En una consulta de Estado se comenzó a cuestionar que el Almirantazgo estuviese cumpliendo los principios inspiradores del proyecto. El Consejo, que reconocía la utilidad teórica de la institución por la falta de vocación mercantil de los castellanos –tanto que obligaba a disimular con el tráfico de holandeses para cubrir la demanda de ciertos productos–, señaló que el problema surgía al comprobar que los responsables del Almirantazgo eran también mercaderes y que, por tanto, se erigían en jueces y parte de la contratación, favoreciendo a sus deudos –exonerándoles de dar fianzas para el transporte– en perjuicio de los castellanos y los ajenos a sus redes. En consecuencia, votó de forma unánime por el cese de la cédula “que obliga a dar estas fianzas, diciendo que por ahora no se ejecute, pues en el tiempo que puede durar esta suspensión no será considerable el perjuicio”. El rey se conformó por el momento, atendiendo a la inminencia del despacho de las flotas74.
Con respecto a la Capitanía General de Medina Sidonia, salvo en lo tocante a Holanda, sus competencias en materia de vigilancia sobre el comercio no se vieron alteradas, de modo que el duque las siguió desarrollando con relativa normalidad, como sucedió en los embargos especiales decretados contra el comercio francés en represalia por los apresamientos realizados contra súbditos de Felipe IV. Así, tras la captura en 1625 por parte del duque de Guisa de un buque genovés, Medina Sidonia recibió la orden de secuestrar mercancías francesas hasta alcanzar un valor que igualase el tesoro perdido. En vista de que los primeros embargos no llegaban a alcanzar el monto esperado, se acabó decretando, en mayo del mismo año, el secuestro general de todos los bienes de franceses, medida ésta que tuvo ya peor acogida por parte del duque. En efecto, cuando Medina Sidonia recibió la primera orden, la obedeció sin entusiasmo y tratando de hacer diversas excepciones75. Muy distinto fue, por el contrario, el trato que Medina Sidonia dispensó a unos mercaderes de Saint Malo, cuya valiosa mercancía –unos 1.200 fardos de ropa– fue embargada, con gran contento de ciertas instancias madrileñas. La suerte de estos últimos, comparada con las dilaciones aplicadas a los franceses avecindados en Sanlúcar, es bien elocuente respecto a la conveniencia de gozar de la protección del duque. En todo caso, Medina Sidonia no era el único que veía con escrúpulo aquel nuevo perjuicio al comercio, sino que hubo voces que fueron más allá y se alzaron contra lo que él ya había ejecutado. Entre ellas la del Consulado de Sevilla, que unió sus protestas a las del comercio francés alegando que las mercaderías secuestradas eran necesarias para el avío de la flota, opinión con la que se conformó además el Consejo de Indias76.
En consecuencia, Felipe IV ordenó al duque admitir fianzas depositarias para el desembargo de aquella parte de la mercancía necesaria para la flota. La Casa de la Contratación, por su parte, lamentó el rigor del duque en la ejecución de las fianzas por lo elevadas y por haber ordenado que las recibiese el depositario general de Sanlúcar con supervisión del asistente de Sevilla. El Consejo de Indias opinó, con aprobación de Felipe IV, que, en efecto, las fianzas pedidas por el duque eran tan altas “que esto es negar el desembargo”. Además, opinó que se debían remitir a Sevilla a manos del administrador general del embargo, quien se ocuparía de recibir las fianzas, lo cual significaba retirar a Medina Sidonia del embargo77. En respuesta dirigida al secretario Losada, Medina Sidonia se defendió recordando que cuando se le dio la orden de embargar, él pidió que se buscasen medios que no dificultasen la salida de la flota “ni yo me encargase de fianzas, que no conozco en Sevilla ni es ministerio que podía tener por mi mano el cobro que tendrá por el administrador de los almojarifazgos”. La cuestión no pasó a mayores porque, unas semanas más tarde, Felipe IV remitió aviso a Medina Sidonia de que cesaba la orden de embargo general, si bien se debían mantener los realizados hasta entonces78. Aún en 1627 se seguía sin tener claro qué hacer con los restos de la hacienda procedentes del mismo embargo perteneciente a franceses, toda vez que se había producido una nueva presa por parte en Francia contra vasallos de su Católica Majestad. La orden de Felipe IV a Medina Sidonia, fue retener hasta 150.000 ducados de aquella hacienda si bien, para suavizar la negociación, se encargó al duque que no se hiciera “a título de detención, sino diciendo que Su Majestad se ha valido de ello para cosas de su servicio […] en orden a que no se pueda entender que la ha habido de Su Majestad para esta detención”79. Se pretendía con ello, por una parte, evitar nuevos daños al comercio y, por otra, no agudizar la tensión con Francia.
De hecho, el punto débil de toda aquella política seguía siendo el riesgo de asfixia comercial de Castilla, por lo que al mismo tiempo había que proseguir con la polí- tica de atracción de flotas de aliados o neutrales. Así, cuando se reanudó la guerra con Inglaterra en 1624 y se volvió a decretar el embargo contra esa nación, Felipe IV trató de eximir del mismo tanto a los irlandeses como a ciertos escoceses a los que se esperaba en Sanlúcar. Con respecto a éstos últimos, el rey advirtió a Medina Sidonia que “sin hacerles vejación, los detendréis hasta avisarme de su llegada y tener respuesta mía”, todo lo cual se debía ejecutar con gran secreto80. Ahora bien, distinguir entre un buque mercante inglés y otro irlandés o escocés, o dirimir la diversa procedencia del pasaje y la carga podía dar lugar a equívocos, sobre todo si el juez no tenía mucho celo81. Ya a principios de 1627 Felipe IV advirtió a Medina Sidonia que se había sabido en el Consejo de Castilla que por medio de los irlandeses entraban muchas mercancías de origen inglés, por lo que le pedía que siguiese atendiendo esta vigilancia y denunciando la entrada de mercaderías prohibidas, aunque la transportasen irlandeses. Según el duque, esta disposición añadida al embargo decretado contra los ingleses causaba novedad respecto a la anterior orden, en la que se podía interpretar que sólo se embargaba lo trasportado por los ingleses, de modo que los irlandeses solicitaron a Felipe IV una moratoria hasta que la noticia de la nueva prohibición llegase a los puertos de origen82. Este tipo de problemas pone de manifiesto las enormes dificultades que llevaba aparejada la política comercial de exclusión de las potencias navales, debido a lo lucrativo del contrabando y al amplio margen de maniobra del que gozaban las autoridades responsables de la vigilancia, muchas de las cuales precisamente recibían serios daños de la política de embargos.
Sea como fuere, en 1627 las prohibiciones –contra los productos ingleses– y embargos –la represalia contra los franceses– se acumulaban y solapaban entre sí y, además, cada una con sus excepciones. Medina Sidonia, tras afirmar que no había tenido más que noticias indirectas –procedentes de embargos ejecutados en El Puerto de Santa María y Cádiz– de casos de contrabando en buques irlandeses, decía tener constancia de que don Fadrique de Toledo disponía de permisos para hacer sus bastimentos valiéndose de mercancías de franceses. Solicitaba así instrucciones sobre lo que debía hacer en caso de que los buques franceses trajesen
“maderas para pipas y cecina, sebo y otros géneros necesarios para las armadas y sustento de los presidios de Vuestra Majestad, habiéndolos comprado a irlandeses e ingleses, porque lo que yo juzgo por conveniente al servicio de Vuestra Majestad [es] que se remedie la falta que hay y se dé permisión a las personas que los trajeren de cualesquier partes, pues demás de la conveniencia del socorro de la necesidad que hay de ellos, lo es también quitar a los enemigos de nuestra religión las fuerzas de que necesita este reino, sin consentirles que junto con estos géneros traigan otras mercadurías”.
De este modo, por la vía del agravio comparativo, Medina Sidonia introducía también su crítica a una política que perjudicaba sin lugar a dudas el comercio y, por ende, sus intereses fiscales. No obstante, al día siguiente de la fecha de esta carta, se remitió desde Madrid la orden de levantamiento del embargo contra las haciendas de franceses83. Esto dilató la plática sobre una cuestión que, no obstante, dejaba entrever la diferente perspectiva con la que se podían entender las cuestiones del comercio oceánico. La respuesta de Felipe IV, atendiendo al caso de las mercancí- as inglesas traídas por irlandeses, recordó al duque que la prohibición era total, salvo que mediase licencia expresa, eludiendo así responder a la cuestión de los permisos de que gozaba don Fadrique de Toledo para la preparación de la armada a su cargo, si bien se insinuaba que el procedimiento seguido por este general había sido el de solicitar tal permisión84.
Sea como fuere, pese a las críticas por sus efectos sobre el comercio en general, la política de embargos proseguía, incluso endureciéndose en aspectos tales como la restricción de gracias. La voluntad de mantener la prohibición de comerciar bajo cualquier forma posible con los ingleses llevó incluso a desautorizar, en 1630, la concesión de ciertos salvoconductos expedidos por el entonces embajador en Londres, don Carlos Coloma, si bien se procuró no agraviar en exceso a los afectados. En aquella ocasión Medina Sidonia dilató la retirada de los pasaportes mediante una réplica dirigida a don Jerónimo de Villanueva, quien por toda respuesta comunicó al duque que debía seguir aplicando el cierre del comercio inglés85. Por entonces, el objetivo regio no era otro que presionar al monarca británico para que suscribiese las paces de 1604, como en efecto hizo, lo cual trajo la reapertura del comercio entre ambas monarquías. En sí misma aquella paz era un logro que podía ser interpretado en Madrid como demostración de que, pese a lo errática, aquella polí- tica no era tan descabellada86.
Visto en perspectiva, la participación de Medina Sidonia en la vigilancia del fraude y el contrabando se producía bajo el amparo de la jurisdicción militar en todo el distrito de la Capitanía, respaldada y subordinada al Consejo de Guerra. Este respaldo se mantuvo sin aparentes fisuras –aunque con puntuales discrepancias– hasta fines de la década de 1620. En cambio, en 1627, Felipe IV remitió al duque por medio del Consejo lo más parecido que hemos encontrado a una inspección general de su actividad como autoridad encargada de embargos y descaminos. Según rezaba la real orden,
“por algunas consideraciones de mi servicio he resuelto que enviéis relación de los pleitos, denunciaciones y contrabandos y otros cualesquier [casos] que se hubieran tratado y trataren ante vos que tocaren las apelaciones al mi Consejo de Guerra de cuatro años a esta parte y las condenaciones que se hubieren hecho y en poder de qué personas han entrado. Y así os encargo y mando deis para el cumplimiento de lo referido las órdenes necesarias, así a los escribanos del distrito de vuestro cargo como a todas las demás personas que conviniere y todo lo enviaréis a manos de mi infrascrito secretario, usando de la mayor brevedad que se pudiere”87.
Aquello fue el primer paso de un intento de estrechar el control sobre la jurisdicción militar en materia de embargos que se concretó, menos de tres meses después, en una cédula de Felipe IV por virtud de la cual prohibía en adelante a todos los Capitanes Generales que tomasen las tercias partes que les correspondían de las condenas sin que se feneciese antes la causa, debido a que en ocasiones el culpado en primera instancia resultaba absuelto en instancias superiores pero, al haber sido cobrada la parte de las justicias militares, no se le podía devolver lo incautado88. Es decir, se limitaba la independencia jurisdiccional de la que habían gozado las autoridades militares como instancias con capacidad de sentenciar en primera instancia. Hay que señalar que, frente a lo que parece haber sido el modo de actuación de los generales de mar –sin jurisdicción territorial–, cuya participación en la vigilancia del comercio pasaba por la captura física del infractor en esporádicos encuentros, las Capitanías de tierra se erigían en cabeza de un distrito regular que avocaba sobre sí denuncias. En este contexto no es de extrañar que precisamente por aquellos años el duque don Manuel Alonso crease un órgano asesor al que denominó consejo de guerra. En todo caso, Medina Sidonia respondió al recorte de competencias dándose por ofendido de la medida, diciendo que no entendía que fuese “lenguaje de los Capitanes Generales (que sirven a Vuestra Majestad no sólo con desinterés, sino con empeño de su propia hacienda [interlineado: como yo]) aplicarse a materias y aprovechamientos tan menudos”89.
Sin embargo, aquel edificio jurisdiccional se había tambaleado con la irrupción del Almirantazgo, que sembró la desconfianza entre el régimen de Olivares y la Casa de Medina Sidonia. Si en un primer momento fue la competencia en la persecución del contrabando holandés lo que le fue retirado al duque, el Almirantazgo acabó suplantando la jurisdicción militar de Medina Sidonia en todos los casos de fraude o contrabando en buques mercantes de cualquier procedencia. Aunque no nos consta cuándo se produjo oficialmente tal retirada de competencias, ya en 1632 el duque don Manuel Alonso se lamentaba de llevar años apartado de aquellos asuntos. Con seguridad debió ocurrir poco después de la petición de información de 1628, que en sí misma ya había supuesto una intervención judicial del cargo. En todo caso, el duque no se encontraba sólo en su oposición al Almirantazgo, cuyo crecimiento había afectado a otras importantes instituciones del comercio hispalense, aunque en terrenos diferentes. En efecto, las críticas de los comerciantes se centraron en la utilización del Almirantazgo por parte de la colonia flamenca para hacer una competencia desleal a los demás, lo cual poco tenían que ver con los objetivos iniciales.
Pero la cosa podía ser aún peor para los intereses de Medina Sidonia: en 1631 Felipe IV dio comisión en Sanlúcar para ejecutar un embargo extraordinario contra unos mercantes de Dunquerque al veedor de las galeras, Jerónimo de Espinosa. Aquella muestra de desconfianza se producía, además, apenas iniciada la experiencia fiscal del tributo único de la sal –que tanto dañó al duque $^ { 9 0 } -$ , por lo que la combinación de presión en materia fiscal e innovaciones de procedimiento hizo que el duque reaccionase con especial contundencia. En carta al rey de mayo de aquel año, don Manuel Alonso lamentó que sus muchos servicios en materia de contrabandos desde el fin de la Tregua de los Doce Años se vieran ahora puestos en entredicho. Argüía que su desvelo en esta materia había tenido “tan lucidos efectos y extraordinarias averiguaciones y medios que ha importado a la Real Hacienda grandes sumas de ducados”. Refrescaba así mismo la memoria sobre las últimas comisiones que se le habían encargado hacía muy poco o sobre el gran embargo realizado en la Baja Andalucía el año anterior. La novedad que entonces se introducía perjudicaba, según se lamentaba el duque, a su autoridad, porque producía la sensación de que se dudaba de su puntualidad y limpieza, pese a que él no tenía mayor aspiración que la satisfacción con la que el rey recibiese sus logros91.
A pesar de esta protesta de fidelidad, ante el alarmante decaimiento del comercio en Andalucía, Felipe IV se preocupó poco después por conocer el procedimiento ordinario seguido en las visitas a los mercaderes. Más en concreto, el rey encargó al duque que detallase el procedimiento seguido en las visitas y registros en el distrito de su Capitanía, indagando sobre los salarios de ministros y los cuestionarios que debían responder los comerciantes. Por supuesto no debían quedar fuera
“los derechos que se llevan, así por ellos como por escribanos y otras personas y lugares; y con qué órdenes se ejerce cada cosa, las alteraciones que hubiere habido en ellas y en qué tiempos; los despachos que se dan a la entrada y salida, carga y descarga, y para pasarlas por los puertos y aduanas; las extorsiones que se hacen a los maestres y marineros, así extranjeros como naturales, por qué ministros y demás personas, ora sea por darles licencias para embarcar o por otra causa; y los fraudes que se hacen contra los derechos pertenecientes a mi Real Hacienda y contra los dueños de las mercaderías, tasándolas a más bajos precios para tomarlas por ellos”.
Por último, el rey pedía al duque que acompañase la información con su parecer y el de las personas “inteligentes y celosas” de las que se debía valer para la averiguación92. En el contexto en el que fue expedida, esta petición da a entender que Felipe IV, empeñado en fiscalizar el comercio, creía que la mayor parte de culpa del mal estado del comercio se debía a los abusos de los jueces locales, juicio que eludía el daño que la pesada fiscalidad, los constantes embargos –de buques y mercancías– y las prohibiciones estaban causando.
La información remitida por Medina Sidonia resultó ser un catálogo de los abusos cometidos, según él, por las justicias reales en el puerto de Sanlúcar, aunque incluía algunas menciones a lo que se hacía en Cádiz. Pero ante todo, el duque volvió a lamentar su alejamiento de estas cuestiones en beneficio del Almirantazgo.
Ahora, a él no le quedaba otra ocupación que recibir a los maestres de los buques que entraban en el puerto sanluqueño para tener avisos y noticias de la costa y del mar, con objeto de hacer prevenciones en caso de que hubiese noticias de armadas enemigas. A continuación, describía el procedimiento normal de visita y las faltas que se cometían. Los primeros que entraban en un buque al surgir en un puerto eran los ministros del Santo Oficio, cuya obligación era hacer el registro en el propio barco, si bien, según el duque, se conformaban con recibir las declaraciones en tie$\mathrm { \ r r a } ^ { 9 3 }$ . Aún peor, a veces recibían a los maestres en sus casas y exigían “regalos”. Medina Sidonia, que no ponía en duda la bondad de la finalidad de estas visitas inquisitoriales, negaba que, practicado de aquella forma, fuese de alguna utilidad. Sugería, en cambio, la conveniencia de que el Santo Oficio asistiese en las aduanas a los despachos y recepciones de mercancías.
En segundo lugar, correspondía el turno de registro al Almirantazgo, que debía remitir factor, veedor, escribano y alguacil. En buena ley, nada más subir al barco debían cerrar las escotillas con candados y sellos, dejando a bordo una guarda, cuyo sueldo pagaría el maestre. El duque recordaba que este sueldo antes era pagado por el Almirantazgo, por lo que ahora se generaba una situación tan injusta como hacer pagar costas a todos los comerciantes, aunque no se les encontrase culpa alguna. Aparte del guarda, el único que llevaba salario era el escribano, que de un tiempo a esta parte parecía que iba cobrando excesos por las licencias, sobrepasando los 40 reales fijados por cada navío al percibir otros seis reales por cada declaración. Según el duque este doble abuso, que ya había sido denunciado por él mismo y reformado por el rey –que mandó que no se cargase con costas a los maestres que no se hallasen culpados–, se había vuelto a introducir desde hacía un cierto tiempo. Otro problema esencial se refería a que, de seis años a aquella parte, se habían comenzado a multiplicar las barquetas –pequeños buques de registro en los que se desplazaban los oficiales a las naves antes de permitir el atraque. Si tradicionalmente había habido una sola de la aduana, entonces se contaban la de la sal, la de sacas, la de cochinilla y tabaco, la de sedas y la del Almirantazgo. Cada una implicaba a cuatro personas que “hacen achaques, rigores y miedos a los extranjeros”, estafándoles, por lo que proponía reducirlas a una en la que acudiesen juntos los ministros de las diversas jurisdicciones. Como colofón, denunciaba el cobro del llamado “buen viaje”, especie de tasa estipulada entre 24 y 30 reales por barco, que se exigía antes del desatraque, al que aún se sumaban los “regalos, que ya son fuerza y llaman derechos, lo que tuvieron principio por cortesía”94.
Aquel desolador panorama –aunque tal vez exagerado y con una referencia poco creíble a las exquisitas prácticas que el propio duque había utilizado cuando corría por su mano– no hacía sino transmitir la sensación de que el comercio legal estaba trabado de mil modos y, por ello mismo, pese a los grandes beneficios que reportaba, impelido a buscar vías al margen del sistema. De hecho, en 1634 Olivares pudo comprobar que, pese a la eficacia de los embargos, en el balance de daños de una década de guerra comercial el resultado global favorecía a los holandeses, conclusión a la respondió con una ofensiva a la antigua usanza, es decir terrestre, bajo el mando del cardenal-infante don Fernando95. Por su parte, el estallido de la guerra con Francia en 1635 supuso la apertura de un frente prioritario que lastró la ofensiva terrestre en las Provincias Unidas. La prohibición de comerciar con Francia, pese a alguna discusión, fue cometida al Almirantazgo, según Felipe IV por ahorrar sueldos de ministros, aunque lo requisado a los franceses debía ser remitido a una Junta de Represalias96. En todo caso, significó un duro golpe para el ya maltrecho comercio en la Baja Andalucía. Según Girard, la colonia de comerciantes franceses en Castilla fue advertida a tiempo de la inminente declaración de guerra de Luis XIII, de modo que pudo escapar al previsible embargo, lo que supuso una salida de capitales muy perjudicial para la Monarquía97. Además, la amenaza del desabastecimiento total de ciertas materias vitales obligó a reactivar la desesperada búsqueda de navíos para suplir a los enemigos, incluyendo ahora, junto a los hanseáticos e irlandeses, a suecos y noruegos. Sin embargo, después de 1635 el protagonismo comercial correspondió a los ingleses, cuyo control del abastecimiento en Andalucía no fue contestado hasta $1 6 4 7 ^ { \dag 8 }$ . Parece claro que el bloqueo a los productos franceses nunca fue completo, como prueban las denuncias de contrabando, que fueron inmediatas y muy generalizadas en toda la costa andaluza99. Sin embargo, la nueva prohibición repercutió de forma inmediata sobre las rentas del duque, al afectar a la colonia comercial más activa de Sanlúcar.
Tan es así, que el nuevo duque, don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán (que reinó entre 1636 y 1664), distó mucho de cumplir las órdenes al pie de la letra. Para empezar, en el contexto de la actuación de la Junta de represalias contra los bienes de franceses100, nombró a un nuevo cónsul galo en Sanlúcar –Jorge Vernal– cuyo nombramiento mantuvo la fórmula tradicional, que entre otras cosas aludía al “beneficio del comercio, correspondencia y buena acogida a la nación francesa”101. Y no era simple retórica: ya en 1638 el duque tomó la defensa de algunos mercaderes franceses residentes en Sanlúcar, encausados por el veedor del Almirantazgo de El Puerto de Santa María que les había embargado una partida de ropa, frente a lo que el duque seguía argumentando a favor del bien del comercio en general102. Así las cosas, en junio de 1640, el veedor del contrabando de Sanlúcar de Barrameda escribió a la Junta de Ejecución denunciando la gran cantidad de franceses que allí había contraviniendo abiertamente las órdenes reales. La consulta pasó al Consejo de Estado, en el cual sólo constan los votos del Inquisidor General y del marqués de Santacruz, que se limitaron a expresar la aséptica opinión de que dichos franceses debían ser prendidos, como en cualquier puerto103. En cierto modo, Medina Sidonia actuó no dándose por enterado del estallido de la guerra con Francia, tal vez confiado en que la atención que se prestaba al frente bélico y la confusión que producía el gran número de franceses naturalizados en Sanlúcar alejasen las amenazas directas.
CONCLUSIÓN.
La implicación en 1641 del IX duque de Medina Sidonia en la famosa conjura que protagonizó junto a su pariente, el marqués de Ayamonte, alteró sustancialmente el orden jurisdiccional en la Baja Andalucía, plasmado en la incorporación de Sanlúcar al realengo en 1645. Esta alteración, que suponía la desaparición de una frontera interior muy difícil de controlar para la Monarquía, quizá por las brumas que rodean al episodio de la conjura –que, en todo caso, no pasó del grado de tentativa–, ha sido prácticamente ignorada por la historiografía. Sin embargo, y aunque del análisis de las circunstancias de la Casa ducal en su conjunto nos ocupamos en otro lugar, no podemos dejar de señalar aquí que la incomodidad que el poder de los Medina Sidonia generó en muchas instancias regias fue una fuente permanente de conflictos. La presencia de una jurisdicción señorial de tanta autoridad en un punto tan sensible para la economía de la Monarquía, nos induce a interpretar el cambio en la titularidad de Sanlúcar bajo el prisma de la redistribución de las prioridades fiscales. Sin embargo, afirmar que Felipe IV tenía aquel objetivo antes del verano de 1641 supone ignorar la condición de los Medina Sidonia de aliados firmes, por más de medio siglo, de las políticas regias en la Baja Andalucía.
Como hemos visto, los límites entre la autoridad delegada y la propia se hacían casi imperceptibles en la aplicación en Sanlúcar –y en la Baja Andalucía en general– de las políticas comerciales diseñadas en Madrid como parte de una guerra comercial que ha sido calificada como la primera “guerra global”104. El problema deriva de que las estrategias adoptadas a fines del XVI y principios del siglo XVII por la Corona como parte del conflicto bélico con las potencias marítimas atlánticas no tenían porqué coincidir a largo plazo con los intereses de los Medina Sidonia –ni con los del comercio en general $^ { 1 0 5 } -$ , lo que sin duda está en el origen de muchas fricciones. Entre la abierta colaboración del VII duque en las década de 1580 y la inobediencia puntual de su nieto medio siglo después media el deterioro del tejido comercial de la Baja Andalucía y el alejamiento de la Casa de Medina Sidonia de los objetivos y prioridades de la Corona.