“Los abades han salido con la suya”: la disputa por los diezmos en el Estado de Capilla durante la Edad Moderna.
Ángel Luis Alonso Prieto1.
Recibido: 15 de julio de 2021 / Aceptado: 15 de marzo de 2022.
Resumen. La disputa entre los duques de Béjar, el Arzobispado de Toledo y los clérigos del Estado de Capilla por la percepción de los diezmos y el derecho a nombrar los párrocos y asignarles el salario, discurrió a lo largo de un siglo y medio, resolviéndose fundamentalmente en la Rota romana con distintas alternativas. Incardinado en este largo proceso, el motín de Capilla en mayo de 1629, cuyo pretexto fue la celebración de unas fiestas de toros, constituyó un grave desafío a la autoridad de los duques, y en él participó una parte importante de la villa. Fue organizado y protagonizado por los clérigos, que unieron sus fuerzas con las de los dirigentes del cabildo de la villa. Este hecho demuestra que la intervención del estamento eclesiástico en los conflictos sociales de la Edad Moderna castellana, no siempre fue la de moderador del conflicto.
Palabras clave: corregidor, motín, congrua, diezmo, Rota.
[en] “Abbots have gotten away with it”: the dispute over tithes in the Manor of Capilla during the Modern Age.
Abstract. The clash between the Dukes of Béjar, the Archbishopric of Toledo and the clergy of the Manor of Capilla for the perception of tithes and the right to appoint the parish priests and assign their wage, ran over a century and half, being resolved fundamentally in the Roman Rota with different alternatives. Involved in this long process, the Capilla riot in May 1629, whose excuse was the celebration of bullfights, was a very serious challenge to the authority of the Dukes, and an important group of neighbors of the village took part in it. It was arranged by the clergy, who joined forces with the leaders of the village council. This fact shows that the intervention of the ecclesiastical establishment in the social conflicts of the Castilian Modern Age was not always that of moderator of the conflict.
Keywords: corregidor, riot, congrua, tithing, Rota.
Sumario: 1. Introducción. 2. Los dominios pacenses de los Duques de Béjar. 3. Los fundamentos jurí- dicos. 4. Del cardenal Quiroga al cardenal-infante. 5. La continuación de los pleitos en el siglo XVII. 6. La reivindicación de las congruas y el final de los pleitos. 7. El motín de capilla de 1629. 7.1. Los antecedentes. 7.2. Los hechos del 4 de mayo. 7.3. El castigo de los amotinados. 8. Conclusiones. Bibliografía.
Cómo citar: Alonso Prieto, Á. L. (2022). “Los abades han salido con la suya”: la disputa por los diezmos en el Estado de Capilla durante la Edad Moderna, en Cuadernos de Historia Moderna 47.1, 157-179.
1. Introducción.
A comienzos del siglo XVII, don Fernando de Ballesteros y Saavedra recordaba a los regidores cristianos que “qualquier sacerdote tiene mayor dignidad que el emperador, i que es más noble que cualquier lego”2 . Y es que los eclesiásticos ocupaban un lugar central en el orden estamental del Antiguo Régimen por su preparación intelectual y su decisiva influencia sobre una sociedad sacralizada.
Por este motivo, desde Granada en $1 6 4 8 ^ { 3 }$ hasta Calahorra en $1 6 6 5 ^ { 4 }$ , las procesiones de clérigos portando la sagrada custodia, para apaciguar a los alborotadores, son una imagen recurrente en el ritual de muchos motines de la Edad Moderna en Castilla. Peña Díaz ha dedicado un trabajo al papel mediador del obispo fray Pedro de Tapia en el motín cordobés de $1 6 5 2 ^ { 5 }$ . Este mismo autor se ha interesado también por la figura de Francisco Martínez de Mata, arbitrista y miembro de la Orden Tercera de San Francisco, alborotador en la Sevilla de los años inmediatamente posteriores al del motín de la Feria6 .
El amplio espectro de las actitudes del clero en los conflictos sociales de la Edad Moderna, deriva del hecho de que el estamento eclesiástico era socialmente transversal. Por este motivo, lo encontramos en todas las trincheras de las alteraciones andaluzas: promoviendo la represión, como el arzobispo Pimentel en Sevilla en 1652; apoyando las reivindicaciones de los alterados cordobeses, como el obispo Tapia en ese mismo año; manteniendo una postura ambigua, como don José de Argáiz, arzobispo de Granada, en 1648; o incitando abiertamente a la revuelta como, Bernabé López Filgueira en el motín de la Feria y Amador de Grecia en Córdoba7 . Negredo del Cerro, analizando las posturas de los clérigos más próximos al monarca –confesores y predicadores reales, miembros de la Real Capilla–, llega a una conclusión semejante: fueron atemperadores del conflicto, pero también agitadores del reino8 .
La actitud de rebeldía del clero no derivaba siempre de una toma de posición moral o política, como en el caso de Martínez de Mata, sino, a veces, de la simple y llana defensa de sus intereses económicos. Este es el caso de los clérigos de Cabra, Montilla y otras localidades andaluzas, que impidieron con las armas en la mano y organizados en cuadrillas, que sus propiedades particulares fueran aforadas por los jueces civiles y eclesiásticos encargados de la recaudación de los millones en los años cincuenta del siglo XVII9 .
En el ámbito de los señoríos, nos encontramos con la misma variedad de posicionamientos clericales, como ha demostrado para el caso de Castilla La Nueva López-Salazar10. Los señores se mostraron generalmente respetuosos con los eclesiásticos de sus dominios, llegando a emplearlos como administradores y consejeros. Sin embargo, algunos clérigos -bien por causa de su temperamento o por su imbricación social- protagonizaron resistencias a la jurisdicción señorial, a su fiscalidad o a sus preeminencias simbólicas. Estas rebeldías alcanzaron especial gravedad en la disputa por los derechos señoriales sobre los diezmos, la asignación de congruas, y el mantenimiento de las iglesias y sus ornamentos.
En el ámbito geográfico de los señoríos andaluces, la disputa por la presentación de los párrocos y la recaudación de los diezmos, en aquellos lugares donde sus titulares habían recibido estos derechos de la Santa Sede, ofrece algunos ejemplos interesantes de cuanto estamos comentado. En Benamejí (Córdoba), sus señores, con el apoyo de los vecinos, disputaron con el Priorato de San Marcos de León desde 1571 hasta el final del Antiguo Régimen, el nombramiento de los párrocos de la localidad, recurriendo en alguna ocasión, los del Priorato, a la coacción armada para defender sus preeminencias11. En Serón (Almería), Julio II concedió, a principios del siglo XVI, a los marqueses de Villena, la percepción de los diezmos, con la condición de que asumieran la construcción y mantenimiento del edificio parroquial. El obispado de Almería discutió siempre esta concesión, alegando el estado ruinoso de la iglesia de Serón. La disputa, que llegó como el caso anterior hasta el siglo XIX, dio lugar a dos episodios violentos en 1627 y 1628, cuando los vecinos se opusieron a que los jueces nombrados por el obispo almeriense se adueñaran de los diezmos12.
La participación eclesiástica en las resistencias antiseñoriales resultó especialmente preocupante para los señores cuando los intereses de los clérigos locales confluyeron con los de las oligarquías locales y los de las instancias eclesiásticas superiores. Este fue el caso de las disputas entre los duques de Béjar, el arzobispado de Toledo y los clérigos del Estado de Capilla sobre la percepción de los diezmos, el nombramiento de los párrocos y la asignación de congruas en este señorío. Para su análisis utilizaremos fundamentalmente la documentación conservada en la Sección Osuna del Archivo Histórico de la Nobleza13. Si bien el conflicto discurrió, como fue la norma en la Edad Moderna castellana, por la vía del pleito, dio lugar también a un episodio violento: el motín de Capilla en 1629. Este ha sido tratado desde la perspectiva de la historia de la tauromaquia y sus relaciones con el clero por Díaz Marcilla, que ha transcrito parte de la documentación que se conserva sobre $\mathrm { { \acute { e l } ^ { 1 4 } } }$ . Referencias a dicho motín se encuentran en Jago15 y Mira16.
2. Los dominios pacenses de los duques de Béjar.
Los Zúñiga Sotomayor, duques de Béjar, habían obtenido en la Baja Edad Media, por merced real, el Vizcondado de la Puebla de Alcocer y, por compra, el Estado de Capilla, ambos localizados en la actual provincia de Badajoz. Los dos resultaron importantes fuentes de problemas.
El Vizcondado de la Puebla de Alcocer fue disputado a los duques por la ciudad de Toledo. Otorgado a Gutierre de Sotomayor, maestre de la Orden de Alcántara, por Juan II en 1445, el cabildo de la ciudad del Tajo defendió que este territorio pertenecía a sus dominios de los Montes de Toledo, obteniendo sentencia favorable de la Chancillería de Granada en 1536. Los duques consiguieron el apoyo de Felipe II y apelaron con éxito la sentencia ante el Consejo de Castilla en $1 5 5 5 ^ { 1 7 }$ .
El llamado Estado de Capilla se encontraba en el margen pacense del vértice donde confluyen las actuales provincias de Badajoz, Córdoba y Ciudad Real, extendiéndose por el territorio de los términos municipales de Capilla, Garlitos, Peñalsordo, Zarza-Capilla, Baterno y Risco. Los castillos de Capilla y Garlitos fueron conquistados por la Orden del Temple para el rey Fernando III en 1227, formando una de sus encomiendas hasta principios del siglo XIV18. Tras diversas vicisitudes, fue donado por Enrique II a su Justicia Mayor, Juan Núñez de Villarán, en 1376, que doce años más tarde lo vendería a Diego López de Zúñiga. Esta venta fue ratificada por Juan I en 1382 y por sus sucesores Enrique III y Juan $\mathrm { I I } ^ { 1 9 }$ . Por otro lado, por empeño del arzobispo Jiménez de Rada, los territorios de Capilla fueron incorporados, tras su conquista, a la demarcación eclesiástica de Toledo20, en la que todavía hoy permanecen.
Recientemente, se han estudiado los enfrentamientos mantenidos entre los duques de Béjar y sus vasallos del Estado de Capilla, por las rentas de las dehesas de esta comarca y la autonomía de los gobiernos municipales. La resistencia antiseñorial fue liderada por las oligarquías locales y se prolongó desde mediados del siglo XVI hasta el inicio de la centuria ilustrada. El conflicto se desarrolló fundamentalmente en el escenario judicial -la Chancillería de Granada y el Consejo de Castilla-, pero no faltaron episodios violentos, el recurso a la coacción o el enfrentamiento en el campo de lo simbólico. Finalizó con la concesión, por parte de Felipe V, del privilegio de tolerancia a los duques y la sustitución de los censos enfitéuticos por arrendamientos a corto plazo21.
Si los enfrentamientos entre los duques y la ciudad de Toledo y con sus vasallos de Capilla, se resolvieron favorablemente a la casa de Béjar gracias a la intervención de los monarcas, no sucedió lo mismo cuando sus rivales fueron los clérigos del señorío y el Arzobispado de Toledo.
Los dos conflictos planteados en Capilla, el eclesiástico -los diezmos y la provisión de los curatos-, y el seglar -la disputa por las dehesas y la autonomía municipalconfluyeron en el motín de 1629. Pero antes de atender a este episodio, estudiaremos el desarrollo del pleito judicial.
3. Los fundamentos jurídicos.
El derecho de los duques de Béjar a percibir los diezmos en el Estado de Capilla, nombrar a sus párrocos y asignarles la congrua que consideraran conveniente, en absoluto puede considerarse como algo excepcional en un territorio profundamente señorializado como el extremeño. En 1790 un $72 \%$ de sus collaciones se situaban fuera del realengo y, de estas, la mitad estaban en manos de señores que disfrutaban de los diezmos y controlaban los beneficios curados22. Otra cuestión distinta eran los fundamentos legales de tales derechos. Como ha señalado Marcos Martín23, la inseguridad jurídica de los títulos de concesión derivada casi siempre de su remoto origen, fue un motivo recurrente en los señoríos castellanos. Esta debilidad de los fundamentos jurídicos, cuya defensa se reducía en multitud de casos a la costumbre inmemorial, abría muchas posibilidades para ponerlos en duda por las instancias perjudicadas por la concesión: la Iglesia y la Monarquía como titulares de los diezmos y tercias reales respectivamente.
A lo largo del secular pleito que enfrentó a los duques de Béjar con el arzobispado de Toledo, los fundamentos esgrimidos por una y otra parte se repitieron. Los Zúñiga alegaron que venían ejerciendo estos derechos desde “tiempo inmemorial” como era el caso de otros muchos señores; que la carta de donación de Enrique II hacía referencia a “todos los derechos, rentas y jurisdicciones”, incluyendo, por lo tanto, los diezmos; y, finalmente, que cuando esta carta fue ratificada por Juan I, uno de los testigos fue el arzobispo de Toledo, don Pedro Crespo. Por su parte, los letrados eclesiásticos, bien informados de la historia de Capilla, alegaron que los duques no habían participado en su conquista, por lo que no podían demostrar ningún mérito especial para disfrutar unos derechos que los Sumos Pontífices sólo otorgaban a los adalides de la reconquista. Recordaban que las alteraciones de los reinados de los Trastámara habían sido aprovechados por muchos señores para usurpar derechos eclesiásticos, y este podía ser el caso de los duques de Béjar y Capilla. Finalmente, Enrique II, en su condición de príncipe seglar, nunca podía haber hecho donación de unos derechos espirituales, sino únicamente de las alcabalas y otros derechos temporales24. Según los tiempos, la balanza de la Sacra Rota romana se inclinó hacia uno u otro lado.
4. Del cardenal Quiroga al cardenal-infante.
En el inicio de los pleitos por los derechos eclesiásticos de Capilla, se sitúa la figura del muy poderoso cardenal Gaspar de Quiroga y Vela, Inquisidor General y Arzobispo de Toledo entre 1577 hasta su muerte en 1595, “cuya autoridad en los Reynos de España le permitió turbasse esta justa posesión y despojarse de Béjar de los dos derechos recipiendi et nominandi del dicho Estado de Capilla”25, aunque su arranque fue anterior a su llegada a Toledo. En 1571 el arzobispado había conseguido arrebatar a los Zúñiga el nombramiento de los párrocos26, y en 1577 la Rota le otorgaba el derecho a percibir los diezmos27. Con independencia del papel jugado por el cardenal Quiroga, la recuperación de estos derechos puede inscribirse en las directrices tridentinas encaminadas a reforzar la figura de los obispos.
El despojo por parte de Roma de estos derechos no era una cuestión baladí. Al perder la Casa de Béjar la capacidad de nombrar los párrocos, se veía privada de un elemento de primer orden para, a través del púlpito y el sermón, disponer de un cierto control ideológico sobre los vecinos28. Por otro lado, el menoscabo económico era relativamente importante, ya que los diezmos del Estado de Capilla representaban, en las primeras décadas del siglo XVII, unos ingresos de algo más de 26.000 reales anuales, según el desglose que se presenta en la Tabla $\mathrm { n } ^ { \circ } \ 1$ . Pero más allá de estas razones pesaba, sobre todo, el valor simbólico que representaban estos derechos, ya “que el duque no tiene más empeño que de conservar el honorífico e indisputable privilegio, y defender la possesión inmemorial de decimador universal”29. El despojo era una pérdida de un derecho inmemorial, de una porción del patrimonio de prestigio acumulado por la familia Zúñiga a lo largo de los siglos, una traición a su memoria, y daba pábulo al rumor de que dichos derechos se habían conseguido con malas artes. Es más, si decaían los diezmos podía empezarse a poner en duda los derechos seculares como las alcabalas, el control sobre el gobierno de los pueblos y, en definitiva, la jurisdicción, dando al traste con el andamiaje del señorío.
Por lo tanto, los Zúñiga no se quedaron cruzados de brazos y recurrieron ambas sentencias, hasta obtener en 1581 una bula que les restituía su derecho “para que puedan quitar y poner curas en el Estado de Capilla, y darles el salario que bien visto les fue$\mathrm { \Delta } \mathrm { r a } ^ { \circ 3 0 } .$ , reservándose la autoridad eclesiástica el examen y aprobación de los candidatos presentados por los duques, estableciéndose así un mecanismo que tenía evidentes paralelismos con el derecho de presentación de los obispos por los reyes españoles en Roma.
Tabla $\mathrm { n } ^ { \circ } \ 1$ . Diezmos del Estado de Capilla en los años 1630 y 1631.

N°unidades	r/unidad	Reales
Dineros (r)	37.189
Trigo (f)	284	17	4.828
Cebada (f)	1.033	9	9.297
Centeno (f)	62	12	744
Linaza (c)
Becerros (ud)	2	30	60
Lino (@)	38
Lechones (ud)	2	11	22
Enjambres (ud)	5	12	60
Tejas (ud)	476
Ladrillos (ud)	440
Total	52.200

.
Fuente: Rentas adeudadas al duque de Béjar, Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPB), Ayuntamientos, Capilla.
En cuanto a la sentencia referida a los diezmos, fue recurrida tres veces y otras tantas confirmada por la Rota, por lo que el arzobispado no tomó posesión efectiva de estas rentas hasta 1592, año en el que empezaron a ser asentadas en sus libros31. Hasta esa fecha, don Francisco Diego, V duque de Béjar, que había vuelto a recurrir a la Rota, continuó cobrando “pacíficamente” los diezmos. Su intento de prorrogar esta situación, le costó ser excomulgado por el cardenal Quiroga en $1 5 9 4 ^ { 3 2 }$ . La Monarquía, que hasta el momento no había visto un maravedí procedente de los diezmos de Capilla, aprovechó la iniciativa del arzobispado toledano para reclamar las tercias reales, que se incorporaron a la Real Hacienda a partir de 1593, de resultas de una cédula de Felipe II del año anterior33.
En 1591, el Consejo del Cardenal Arzobispo de Toledo decidió que el reparto de los diezmos de Capilla se ajustara al siguiente esquema: 3/9 para el arzobispo y la mesa capitular; 3/9 para la congrua de los párrocos, repartidos a partes iguales entre el curato de Capilla y su anexo de La Zarza, el curato de Peñalsordo y su anexo del Risco, y el curato de Garlitos y su anexo de Baterno; los 3/9 restantes se dividirían entre 1/9 para las fábricas de las iglesias y 2/9 para las tercias reales34. La distribución resultaba claramente beneficiosa para los curatos. Atendiendo a las cifras de la Tabla $\mathrm { n } ^ { \circ } \ 1$ , cada uno de ellos pasaba a percibir 2.900 reales anuales que, repartidos entre el cura titular y su auxiliar en el lugar anexo, suponían 1.450 reales para cada clérigo. Alternativamente, permitían asegurar las congruas de un número mayor de beneficiados en cada iglesia. De cualquier manera, se trataba de cifras notablemente superiores a los 30.000 maravedís anuales, algo más de 880 reales, que el duque asignaba como salario a estos mismos oficios35. Por lo tanto, no debe extrañar que los clérigos del Estado de Capilla apoyaran decididamente al arzobispado frente a sus señores seculares, aunque debieran a estos sus cargos.
El hipergarantista sistema judicial de la Sacra Rota, permitió a don Francisco, IV duque de Béjar (1544-1591) plantear juicio contradictorio contra la sentencia que asignaba los diezmos del Estado de Capilla al Arzobispado de Toledo. El pleito fue continuado por don Francisco Diego, V duque de Béjar (1591-1601) y don Alfonso Diego, VI duque de Béjar (1601-1619). Este último consiguió finalmente una ejecutoria que declaraba “tocar y perteneçer al duque y a los subçesores en su Casa y Estado, por justos y canónicos títulos, los diezmos del dicho Estado de Capilla, y el derecho de perçivirlos y cobrarlos con exclusión del arçobispado de Toledo”, siendo este condenado a restituir las rentas injustamente percibidas36.
La llegada en 1620 a la mitra toledana de otro poderoso personaje, don Fernando de Habsburgo, hermano menor de Felipe IV, prestó alientos para que el arzobispado recurriera la sentencia favorable a los Zúñiga. Entre otros motivos, se alegó que los ciento treinta testigos que habían declarado a favor de la Casa de Béjar, eran falsos y perjuros, porque habían afirmado que Capilla había sido conquistada de los moros por los duques37.
5. La continuación de los pleitos en el siglo XVII.
El 26 de noviembre de 1629, la Rota se pronunciaba a favor del duque en la apelación presentada por el Cardenal Infante38. El arzobispado reaccionó presentando un recurso de fuerza ante la Chancillería de Granada, que fue resuelto a su favor. En mayo de 1631, el Contador Mayor de Rentas Decimales del arzobispado, a través de su mayordomo, reclamaba los diezmos a los recogedores nombrados por el duque, requiriendo a los curas del Estado de Capilla para que excomulgaran a los que se mostraran opuestos. También se pidió la devolución de las tercias reales a su arrendador. Por su parte, el duque alegó la mayor fuerza de la resolución de la Sacra Rota frente a la de la Chancillería de Granada, y requirió a los curas para que no molestaran a sus recogedores. Los párrocos de Capilla y Peñalsordo respondieron eludiendo pronunciarse “que a los susodichos no les toca averiguarlos”39. Como consecuencia del embrollo causado por las dos sentencias contradictorias, los diezmos de 1630 y 1631 no fueron entregados ni al mayordomo de los Zúñiga ni al del Contador Mayor. En septiembre de 1631, el duque nombró un juez de comisión con vara alta de justicia que pudo recuperarlos40.
Detenido el recurso de fuerza, el arzobispado volvió a la carga en la Rota con una nueva demanda. El duque escribió, en junio de 1639, a Urbano VIII quejándose de que el Cardenal Infante apelara sobre cuestiones ya juzgadas41, sin obtener resultado alguno, porque en febrero de 1641 sus agentes en Roma daban cuenta de la prodigalidad que mostraba don Fernando con los auditores de la Rota42.
Tuvo que transcurrir casi otro medio siglo para que el emperador Leopoldo I, en cuyo servicio en el sitio de Buda el X duque de Béjar había fallecido en 1686, intercediera ante el papa Inocencio XI y este expidiera unas bulas favorables a los derechos de los Zúñiga a percibir los diezmos de Capilla43. La ejecución de esta sentencia fue encargada al Nuncio en España, que se encontró con la oposición del arzobispado de Toledo, ocupado por el influyente cardenal Portocarrero, y de los curas de Capilla. Se planteó por su parte un nuevo recurso de fuerza, esta vez ante el Consejo de Castilla. En junio de 1690 lo desestimó, y el Nuncio accedió a levantar la excomunión que había impuesto a los clérigos de Capilla a cambio de que no volvieran a estorbar la percepción de los diezmos a los duques44.
Este triunfo fue aprovechado por doña Teresa Sarmiento de la Cerda, madre del héroe de Buda, para reclamar, en noviembre de 1691, las tercias reales que desde 1593 eran recaudadas por la Real Hacienda. El fiscal del Consejo se opuso por dos veces alegando que el derecho fiscal de la corona a las tercias era independiente de la reclamación sobre los diezmos, y que los duques no presentaban ningún título que legitimara su derecho sobre los mismos. A pesar de la oposición del fiscal, el Consejo de Hacienda dictaminó un auto favorable a las pretensiones de los duques en febrero de 1692 y, finalmente, una carta ejecutoria de 29 de marzo de ese mismo año ratificó tal decisión45.
6. La reivindicación de las congruas y el final de los pleitos.
Sin embargo, la victoria de los duques de Béjar no sería completa. En 1656 se había abierto un nuevo frente judicial, el pleito de las congruas, en el que los curas del Estado de Capilla reclamaban a la Rota percibir el tercio de los diezmos, de acuerdo al reparto hecho por el cardenal Quiroga en $1 5 9 1 ^ { 4 6 }$ . A finales del siglo XVII este pleito era sostenido por Ana de la Calle, madre y heredera del párroco de Peñalsordo, Alonso Velasco, párroco de la villa de Herrera y que lo había sido antes de la de Garlitos, José Suárez, cura de Garlitos, y don Francisco Gómez, heredero del cura de la parroquial de Capilla47.
Los litigantes obtuvieron tres sentencias favorables en la Sacra Rota y, el 6 de julio de 1722, una ejecutoria les puso en posesión del derecho a percibir un tercio de los diezmos a partir del primero de enero del año siguiente48. El XI duque de Béjar siguió disputando su derecho a asignar libremente la congrua de los curas del Estado de Capilla. No se trataba ya de una cuestión económica, sino de puro prestigio, como demuestra que en diciembre de 1728 llegara a ofrecer “señalar tantos efectos fructí- feros propios y libres, y de igual y de mayor renta de la tercera parte de los diezmos, y señalarlos irrevocablemente a los curas por su salario”49. Se volvió a recurrir a la memoria del heroico X duque de Béjar y el emperador Carlos VI intercedió ante la Santa Sede en 1730 y 1732 a favor de los Zúñiga. Todo fue inútil, los clérigos no volvieron a ser turbados en su posesión del tercio de los diezmos50.
7. El motín de capilla de 1629.
7.1. Los antecedentes.
El pleito entre la casa de Béjar y el Arzobispado de Toledo por la provisión de los curatos y la percepción de los diezmos, ventilaba una cuestión que, al margen de su significación económica, suponía, fundamentalmente para las partes implicadas, la defensa de su capital reputacional, de prestigio y de preeminencia social. Por el contrario, para el proletariado51 clerical que atendía las necesidades espirituales de los fieles de Capilla, se trataba de un asunto que, por un lado, repercutía directamente en sus condiciones materiales de vida que, lógicamente, aspiraban a mejorar y, por otro, le planteaba la disyuntiva entre obedecer a los señores, a los que debían su nombramiento, o a sus superiores eclesiásticos. La elección estaba clara y, en 1629, no dudaron en descargar todo el poder que les daba su condición y su elevada implicación en el medio social en el que desarrollaban sus labores espirituales, para poner en jaque a la máxima representación de la jurisdicción señorial en Capilla: el corregidor. Para ello aprovecharían la celebración de una festividad trufada de elementos religiosos y seculares, episodios que rompían la cotidianidad y que, pensados inicialmente como reafirmadores del orden social, constituían una oportunidad para el alboroto y la transgresión52.
A principios del mes de febrero de 1629, fallecía la duquesa de Mandas, esposa de don Francisco Diego, VII duque de Béjar53. Don Francisco decretó el correspondiente luto y honras fúnebres en todos los lugares de sus estados, incluyendo en ellos Capilla. Aquí, desde hacía unos veinte años, coincidiendo con la efervescencia del culto del Rosario54, se celebraban unas fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario, promovidas por la cofradía de la misma advocación, que en ese año debían tener lugar el día 4 de mayo. El cabildo de la villa pidió autorización para celebrarlas, y su señor accedió a que tuvieran lugar las comedias y danzas que formaban parte de ellas, pero no las corridas de toros. La decisión del duque de Béjar fue aceptada por el cabildo de la villa de manera unánime a finales de febrero55.
No existía en aquel momento ninguna legislación que prohibiera las fiestas de toros o las representaciones teatrales. En 1596, a ruegos de Felipe II, Clemente VIII había levantado la pena de excomunión para los organizadores y asistentes a los espectáculos taurinos establecida por Pío V en 1567, aunque mantuvo la prohibición de la presencia en ellos del clero regular56. En cuanto al teatro, el reglamento de 1615, preocupado fundamentalmente de la moralidad de las obras, prohibía la asistencia del clero regular y las representaciones profanas en templos y conventos57. A pesar de la ausencia de prohibiciones formales, en ciertos círculos, los toros se consideraban incompatibles con momentos de especial devoción58, y la asistencia del clero a estos festejos, o a las comedias, resultaba algo especialmente escandaloso59.
El duque no debió quedar demasiado convencido de que sus órdenes fueran a cumplirse en Capilla, seguramente porque era consciente de que, como decía el tratadista Argote de Molina, los toros eran “la más apacible fiesta que en España se usa: tanto que sin ella ninguna se tiene por regocijo”60. A principios de marzo, el licenciado Miguel Naharro de Aguilar y Salas, corregidor y justicia mayor del condado de Belalcázar y estado de Capilla, acudía a la villa para vigilar el cumplimiento de las honras y funerales de la difunta. En la visita trataría también de “cosas tocantes al vien de la república”, dictando un auto de buen gobierno para enmendar las irregularidades de los oficiales del cabildo, alcaldes ordinarios y regidores61. Y es que las relaciones entre el cabildo de Capilla y su señor estaban presididas por la desconfianza: no en vano en 1610 se acababa de cerrar en falso la disputa por las dehesas con una concordia favorable a los duques de Béjar62. En unas advertencias para el oficio de alcaide y teniente de corregidor dirigidas al duque hacia 1625, se hablaba de la “libertad y desvergüença en que están puestos los oficiales del cabildo de aquella villa”63.
En el mes de abril, el cabildo de Capilla tomó la iniciativa de suplicar al duque de Béjar que autorizara los toros64. Sin esperar respuesta, la Cofradía obtuvo mandamiento del cabildo para traer los toros a la villa el dos de mayo. Al día siguiente, llegó la respuesta del duque que no hacía más que reiterar la anterior: “se hiçiesen las fiestas del Rosario, y que por ser cosa de deboçión Su Excelencia no las quería quitar”, pero “auía de ser solo haciendo comedias y juyzas, pero que por este año no daba lizencia para que en sus estados se corriesen toros”65. Ese mismo día, los diputados de la Cofradía solicitaban a Martín Fernández de Soto, Teniente de Vicario de la Puebla de Alcocer66 que, teniendo en cuenta el carácter devocional de las fiestas, diera un mandamiento con censuras y excomuniones para todos aquellos que se opusieran a su celebración67.
La idea de pedir el auto de excomunión había partido del doctor Gaspar de Cubilla, cura párroco de Capilla, en cuyo poder se encontró, después del motín, el mandamiento original de Martín Fernández de Soto, la petición y las notificaciones68. Cubilla era natural de Frías (Burgos). En 1621 había obtenido el grado de doctor en Teología en la universidad de Alcalá69, donde en 1619 había opositado a una cátedra de Artes70. En mayo de 1622 había tomado posesión del curato de Capilla, consiguiendo, con el apoyo de otros clérigos, eludir el reconocimiento del derecho de los duques de Béjar a los diezmos71. No obstante, en 1629 se le consideraba “uno de los hombres más doctos que ay en España”, tenía “en el dicho lugar mucha auctoridad”, y era apreciado por el duque que “le quería y estimaba”72, todo lo cual no le impidió erigirse en cabeza rectora del motín. Fue él quien aconsejó que se pidiera el mandamiento de excomunión en forma general para celebrar las fiestas sin aludir al festejo taurino, “porque viniendo el auto general, en virtud dél se corriesen”. La correa de transmisión entre el párroco y los diputados de la cofradía fueron los presbíteros de Capilla Sebastián Gómez, Juan Fernández Calderón y Francisco Pérez, que protagonizarían los hechos del 4 de mayo73.
El Teniente de Vicario se negó a atender la petición de los diputados de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Estos, aconsejados por los clérigos de Capilla, redactaron una segunda petición en la que se acusaba al escribano del cabildo y al corregidor de querer impedir unas fiestas aprobadas por el Arzobispado y que venían celebrándose desde hacía más de veinte años, reclamando: “Otro sí, pedimos segunda y tercera vez mandamiento de excomunión, compeliendo a que las dichas justicias o corregidor de dicho estado no nos estorben la dicha fiesta de Nuestra Señora”.74 Esta vez la solicitud fue atendida, y el 3 de mayo el Teniente de Vicario dictó un auto que no dejaba lugar a dudas:
Que ninguna justiçia, assí corregidor como las demás del estado de la villa de Capilla, ni otra ninguna persona inquieten, ni estorben, ni impidan el lidiar y correr los toros y hacer las demás fiestas de Nuestra Señora del Rosario […] so pena que el que lo contrario hiziere incurra en pena de excomunión, que desde luego aquel o aquellos que lo estorbaren los excomulga por este escrito, y manda que el cura de la dicha villa o su teniente los ayan por tales excomulgados, y los publiquen en la yglesia della por tales a las misas mayores, y eviten de los dichos officios hasta que merezcan absolución75.
La decisión de la autoridad eclesiástica suponía un espaldarazo formidable para los diputados de la Cofradía y para todos aquellos que en Capilla estaban empeñados en la celebración completa de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, desafiando las órdenes del duque de Béjar y gustosos de poner en aprietos a su delegado en Capilla. A partir de este momento, contaban con una herramienta muy poderosa. La excomunión no solo tenía consecuencias en el ámbito religioso, al excluir de la Iglesia, de sus sacramentos y celebraciones al réprobo, sino que también tenía efectos civiles: un corregidor excomulgado carecía de cualquier tipo de autoridad para ejercer su cargo76. Al licenciado Naharro se le presentaba una disyuntiva difícil: intentar hacer cumplir las órdenes de su señor y enfrentarse a la excomunión, o condescender con la celebración de los toros y caer en desgracia ante el duque de Béjar. Eligió la primera de las dos opciones con las consecuencias que veremos a continuación.
7.2. Los hechos del 4 de mayo.
Juan Fernández Calderón, acompañado de otro presbítero de Capilla, Francisco Pé- $\mathrm { r e z } ^ { 7 7 }$ , se apresuró a notificar el auto a los miembros del cabildo a primera hora del sábado 4 de mayo, que lo acataron y obedecieron. El corregidor dictó un auto recordando una vez más las órdenes del duque, y los clérigos siguieron adelante con sus planes78.
Mientras tanto iba a comenzar el programa festivo: representaciones teatrales, procesión, misa mayor, corrida de toros, y como colofón una misa ordinaria concelebrada. Cada acto civil, posible origen de irreverencias y licencias perniciosas, se compensaba inmediatamente con un acto religioso purificador. Un plan destinado a conseguir el efecto barroco de la convivencia en armonía de lo profano y lo divino, y a manifestar la unión en un solo cuerpo de los vecinos del lugar en torno a sus devociones. La fiesta, en un principio, estaba abierta a la totalidad de la villa: clérigos, pueblo llano, cabildo, y justicia. Los eclesiásticos se encargarían de los actos religiosos, sin que esto supusiera su exclusión de los profanos. Los seglares serían participantes activos o pasivos en ambos tipos de celebraciones. Los jóvenes, protagonizarían la corrida, por sus mayores exigencias físicas, y los viejos animarían desde detrás de las barreras. Y todo ello debía ser presidido por el corregidor, suprema representación del duque de Béjar. Además, a la fiesta asistirían vecinos de otras poblaciones del Estado de Capilla: Juan Nieto Cumplido, alcalde de Garlitos, Francisco Martín, vecino de Peñalsordo, igual que el licenciado Jacinto de Móstoles, hermano de uno de los implicados en la toma de posesión de Cubilla, y el presbítero Juan Sánchez del Moral. Por lo tanto, lo que acaeciera en las fiestas iba a tener repercusiones en todo el Estado de Capilla.
Las celebraciones se iniciaron con la representación de dos comedias, acompañadas de bailes y entremeses, en el interior de la iglesia parroquial, con la autorización y presencia del doctor Cubilla. Desconocemos qué compañía se encargó del espectáculo. Posiblemente se trataría de uno de tantos grupos de cómicos que recorrían la geografía española del Siglo de Oro sin una ruta planificada, al albur de los contratos que pudieran salirle al paso, “en una carreta descubierta al cielo abierto, sin toldo ni zarzo”, como la protagonista del episodio del “Carro de la Muerte” del Quijote79.
Conocemos los títulos de las obras representadas80: Palabras $y$ plumas se las lleva el viento, de Tirso de Molina81, y Más vale salto de mata que ruego de buenos, de autoría incierta82. La segunda merece la lectura atenta y sin prejuicios, que recomienda Sanz Ayán para acercarse a nuestro teatro clásico83. Una pareja de jóvenes nobles enamorados, don Carlos y Estela, se ven obligados a huir de la ira del Conde de Barcelona y, disfrazados, esconderse entre villanos. Próximo al desenlace de la obra, don Carlos recuerda al conde:
Mirad aquí entre los dos, lo que se dize de vos, y advertid desengañado, que el vulgo os ha condenado, y el vulgo es la voz de Dios84.
La voz del pueblo, identificada con la de Dios, tenía derecho a condenar los actos injustos derivados de la autoridad del rey. La estrofa no pudo pasar desapercibida a los asistentes a la representación porque el paralelismo saltaba a la vista: si el pueblo unánime se rebelaba contra la prohibición del duque, lo haría arropado en su condición de depositario del juicio de Dios. La justificación moral se unía de esta manera a la religiosa, puesta en marcha por el doctor Cubilla y sus acólitos.
Mientras transcurrían las representaciones teatrales, los clérigos Juan Fernández Calderón y Juan Sánchez del Moral, se encargaron de que los vaqueros que habían contratado trajeran y encerraran los toros, amenazando de muerte al alguacil mayor Juan Pérez de León y sus ministros cuando intentaron desencerrar los toros. A la vista de esto, el corregidor mandó echar un pregón para que nadie fuera osado de asistir a los toros ni ayudar a que se corriesen, so pena de seis mil maravedís y vergüenza pública85.
Finalizadas las comedias, se formó la comitiva de la procesión, momento que el doctor Cubilla aprovechó para advertir al licenciado Naharro que si no obedecía el auto del Teniente de Vicario de la Puebla de Alcocer, se vería obligado a excomulgarle86. Terminada esta y vueltos a la iglesia, el escribano del cabildo notificó al doctor Cubilla la respuesta del corregidor al auto del Teniente de Vicario de la Puebla de Alcocer87. El párroco de Capilla se dirigió a este diciéndole que “estava excomulgado y que se podía yr con Dios de la yglesia, porque no le diría missa”88, y le obligó a abandonar el templo desposeído de su autoridad. Por si quedaba alguna duda, durante el ofertorio el doctor Cubilla, desde la tribuna de la iglesia, dijo a voces que se encontraban excomulgados todos aquellos que impedían las fiestas de Nuestra Señora del Rosario.
De vuelta a su residencia, el corregidor intentó deshacer las barreras del improvisado ruedo, recibiendo un bastonazo de los clérigos que vigilaban el encierro, viéndose obligado a abandonar la plaza entre burlas y amenazas de muerte89.
Tras el final de la misa mayor, el presbítero Juan Fernández Calderón, vestido de soldado90, portando una bandera y un bastón, y llevando tras de sí un tambor, recorrió la villa al grito de “que havía de haver toros aunque pesase al rey y al duque”, y acompañado por Juan Sánchez del Moral, comunicaron casa por casa que se debía asistir a los toros si no se quería incurrir en pena de excomunión. No contentos con esto, pasaron dos o tres veces por delante de la casa del corregidor, haciendo tocar la caja y voceando “esta es mi fiesta y se ha de hacer, aunque pese a quien pessare”.
Calderón y Sánchez del Moral retornaron a su puesto de guardia en el toril. Allí se presentó el licenciado Naharro con la reiterada intención de deshacer la barrera que separaba el toril de la plaza. Nada más tocar los maderos, los clérigos le amenazaron de muerte “porque no era corregidor y estaua excomulgado”91. Naharro recogió velas y volvió a su posada.
Para complicar aún más la situación, se sumó otro incidente. Antes de comenzar los toros se produjo una pendencia en la que un mozo sacó a relucir un cuchillo jifero92, lo que comprometía la quietud de las fiestas. Uno de los alguaciles de la villa, Alonso Sánchez Redondo, pretendió detenerle. Al encuentro acudió, ¡cómo no!, Juan Sánchez del Moral que detuvo al alguacil a base de empujones en el pecho, mientras que, por detrás, Juan de Mora le daba puñadas93, con lo cual el mozo acabó huyendo y la justicia quedó burlada. Los eclesiásticos se habían adueñado de Capilla e imponían su justicia.
Todos los esfuerzos del corregidor resultaron inútiles, y la corrida tuvo lugar. En ella participaron los clérigos, Juan Sánchez del Moral, Sebastián Gómez y Juan Fernández Calderón94. El doctor Gaspar de Cubilla no se privó del espectáculo, al que asistió acompañado por el presbítero Juan de Mora.
Terminados los toros, el corregidor hizo cabeza de proceso y mandó al alguacil mayor, Juan Pérez de León, prender a cuatro seglares, los que más se habían destacado en el motín hasta el momento y los únicos que estaban al alcance de su jurisdicción. Cuando la noticia de las prisiones llegó a los presbíteros, montaron en cólera. Otra vez fueron Sebastián Gómez, Juan Fernández Calderón y Juan Sánchez del Moral los que tomaron la iniciativa, tocando a rebato las campanas de la iglesia para convocar al pueblo, acompañados en esta ocasión de otro presbítero, Francisco Pé- rez. De esta manera se formó una turba que, pidiendo “favor al Papa” y gritando que el corregidor había hecho el “prendimiento de Judas”, alcanzó la cárcel, forzó sus puertas y liberó a los presos. El corregidor, acompañado de un alcalde ordinario, del alguacil mayor y algunos otros ministros, trató de oponerse pidiendo “favor al Rey”. Los clérigos le rodearon, diciéndole que “no era corregidor ni calabaça”, y dándole de empellones, “le derribaron al suelo y le pisaron y arrastraron, y dixeron feas y afrentosas palabras, y finalmente le mataran si no fuera defendido de las personas que le assistieron y faboreçieron”95. Los presbíteros habían vencido, y la multitud gritaba “los abbades han salido con la suya y con victoria”96.
7.3. El castigo de los amotinados.
La jurisdicción del duque de Béjar había quedado literalmente por los suelos, y los clérigos habían transgredido todo “lo dispuesto por derecho, sacros cánones y leyes municipales y synodales”97. Dicho de otra manera, habían atentado contra todo derecho humano y divino: contra el derecho canónico al haber favorecido y asistido a la fiesta de los toros; contra las leyes generales del reino al hacer pregones por su cuenta, tocar las campanas a rebato, amotinar al pueblo, forzar las cárceles y librar los presos; y contra las particulares del señorío al haber atacado a los representantes del duque de Béjar en Capilla, al alguacil mayor al que se había impedido detener a un delincuente y al corregidor, al que habían derribado en el suelo y apalizado. Todo esto no podía quedar impune, so pena del descrédito del duque de Béjar y una grave quiebra del ordenamiento social en Capilla.
El apaleado corregidor dejó pasar el domingo y, el lunes 6 de mayo, pidió al escribano público y del número de Capilla, Juan Sánchez Peña, que le entregara los originales de los autos que tenía en su poder sobre los hechos del sábado anterior, con intención de hacérselos llegar al Duque de Béjar98. A pesar de la amenaza de prisión y de diez mil maravedís de multa, el escribano, al que habían “amenazado con el Bicario de Toledo algunos sacerdotes desta villa”99, se negó a entregar los originales, teniéndose que conformar finalmente el corregidor con un traslado de los mismos. El poder de los clérigos alcanzaba también a los escribanos.
El licenciado Naharro dio los primeros pasos para querellarse a título particular con los clérigos y seglares participantes en el motín, “ante Su Magestad y su Real Conçejo de Gobierno, y ante Su Alteza, el Serenísimo Infante Cardenal de la ciudad de Toledo y su arçobispado, sus gobernadores y justicias eclesiásticas”100. No conocemos en qué paró esta iniciativa, pero sí que Naharro no acabó el año sin volver a verse en la tablilla de excomulgados. Esta vez fue en Hinojosa, lugar del condado de Belalcázar, donde el párroco, Melchor de Morales, salió a la defensa de un clérigo que el corregidor había tomado preso por haberle hallado en casa de una mujer soltera101.
El duque encargó la instrucción del proceso contra los seglares implicados al teniente de corregidor de Capilla, el licenciado Pedro de Lorbide y Olivares, que no se había encontrado presente en el motín. Por su parte, el procurador del duque, Luis Muñoz, fue el encargado de presentar en Toledo la querella contra los eclesiásticos implicados.
Luis Muñoz, en una fecha anterior al 25 de mayo, presentó ante el Cardenal-Infante querella y pedimento de penas contra los presbíteros Sebastián Gómez, Francisco Pérez, Juan de Mora, Juan Fernández Calderón y Juan Sánchez del Moral, contra el Teniente de Vicario de la Puebla de Alcocer, Martín Fernández de Soto, y contra el doctor Gaspar de Cubilla. Además de la petición general de condenación en costas para todos los implicados, se pedía la pena de muerte para Francisco Pérez, Juan Fernández Calderón, Sebastián Gómez y Juan Sánchez del Moral. Se encontraban presos en ese momento Francisco Pérez, Juan de Mora, Martín Fernández de Soto y el doctor Gaspar de Cubilla, el resto de los procesados estaban ausentes.
Don Fernando de Austria remitió la querella al cardenal don Antonio Zapata, Inquisidor General y Gobernador del Arzobispado de Toledo, que avocó para sí la causa, inhibiendo a los jueces eclesiásticos del arzobispado. Se evitaban así las influencias que los acusados tenían en Toledo, algo que había puesto de manifiesto una carta encontrada en el registro del domicilio de Francisco Pérez. La misiva iba dirigida a su hermana, y en ella “se alaba del delicto, refiriendo en ella que avía llegado a Toledo y avía negociado bien, y que quando el corregidor le huvieran dado cinquenta palos, viniendo él a Toledo, avían de ser bien dados”102.
El 25 de mayo don Antonio Zapata dio comisión al licenciado don Alonso Navarrete, protonotario apostólico, para que fuese a la villa de Capilla e hiciese información y averiguación del caso. Se le otorgaba poder suficiente para prender y embargar a los que resultaran culpados y traerlos presos a la cárcel arzobispal. El juez iría, como era la norma en estos casos, acompañado por un notario y un alguacil que actuaría también como fiscal de la causa103. A finales de octubre de 1629 se dictaba sentencia en ausencia contra Juan Calderón, Sebastián Gómez y Juan Sánchez del Moral. Se daban por probadas las siguientes culpas: oponerse a las órdenes del duque y sus justicias, tocar al arma, amotinar a la plebe, echar bandos, maltratar al corregidor y sacar los presos de la cárcel. No fueron condenados a muerte, tal como pedía el duque, sino a diez años de suspensión de oficio, otros tantos de destierro de las tierras del duque y del arzobispado de Toledo, tres años de prisión, 50.000 maravedís y costas104. Se trataba de una sentencia dura para lo que estilaba la justicia de la Iglesia para los reos del estamento eclesiástico. Otra cuestión es si llegó a aplicarse en todo su rigor, ya que, en marzo de 1635, el licenciado Juan Calderón ejercía como arrendador de los diezmos del grano en Garlitos105.
En cuanto a los otros clérigos implicados en el tumulto, sabemos que avanzado junio se encontraban presos el doctor Cubilla, el Teniente de Vicario de la Puebla de Alcocer, y los presbíteros Francisco Pérez y Juan de Mora. En un auto de Andrés Almena, agente general de Duque de Béjar, sin data, se da cuenta de que el doctor Cubilla y sus consortes, habían pedido “soltura en fiado”. El duque, cuya jurisdicción no alcanzaba a los eclesiásticos, la concedió106. Cubilla siguió ocupando el curato de Capilla107.
El alguacil mayor, Juan Pérez de León, fue condenado el 25 de agosto en dos mil maravedís y suspensión de oficio por el tiempo que fijara el duque de Béjar108.
La sentencia fue apelada ante el duque de Béjar109. En mayo de 1631 Pérez de León había recuperado la confianza de su señor, que le encargaba requerir los diezmos que se le adeudaban en el Estado de Capilla110. Fernando Ramírez, uno de los diputados de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, se encontraba preso en la cárcel de la villa el 31 de mayo111. Se le tomó declaración el 20 de junio112, sin que conste cual fue su sentencia.
En cuanto a los vecinos que habían participado en el motín, un “traslado de las prisiones hechas por Juan Pérez de León, alguacil mayor de Capilla”, datado el siete de junio, contiene un listado con el nombre de catorce presos, sin ningún otro dato adicional113. No se les menciona para nada en los pedimentos de culpas, por lo que parece que el duque no quiso hacer sangre entre los hombres del pueblo, que habían sido utilizados por los clérigos y los miembros del cabildo como punta de lanza de sus inquietudes.
Más duro se mostró con los oficiales del ayuntamiento que habían autorizado la traída de los toros y acatado el auto de excomunión, prestando su colaboración a los clérigos urdidores del motín. Los alcaldes y regidores fueron condenados el 21 de agosto, en 20.000 maravedís, suspensión de oficios por el tiempo que fuera voluntad del duque, y costas. Recurrieron sin éxito la sentencia ante el duque114 y, posteriormente, a la Chancillería de Granada115, sin que sepamos cómo se resolvió.
La Tabla $\mathtt { n } ^ { \circ } 2$ muestra el listado completo de los implicados en el motín, un total de veintiocho personas, una cifra elevada si se tiene en cuenta la escasa población de Capilla116.
Terminaba así el motín de Capilla, un eslabón más dentro de un largo y complejo conflicto que, iniciado en la segunda mitad del siglo XVI, no se resolvería hasta bien entrada la centuria Ilustrada, cuando los abades se salieron definitivamente con la suya.
8. Conclusiones.
A lo largo de la Edad Moderna, los vasallos de los duques de Béjar en el Estado de Capilla lucharon por mantener unas condiciones ventajosas en el arrendamiento de las dehesas y la autonomía de sus cabildos. Los derechos de presentación de los curatos y la percepción de los diezmos detentados por los Zúñiga sobre la base de unos títulos de dudosa legalidad, fueron reclamados judicialmente por el Arzobispado de Toledo. En este caso, se trató de una disputa más reputacional que económica, que dio lugar a una maraña de sentencias y apelaciones sucesivas y contradictorias, salpicada de choques entre jurisdicciones, expresión de lo que recientemente se ha denominado “paradigma jurisdiccionalista”117. Un sistema hipergarantista permitió que el proceso pasara de generación en generación y tuviera como beneficiario último a la Rota romana, donde fueron a parar “los grandes thesoros que en la serie de casi dos siglos se han embiado a Italia por ambas partes litigantes”118. Si para los duques de Béjar y el Arzobispado de Toledo se trató de una cuestión fundamentalmente reputacional, para el bajo clero de Capilla estuvo en juego la mejora de sus condiciones materiales de vida a través de un reparto más favorable de los diezmos.
Todos estos conflictos convergieron en 1629 cuando los clérigos del Estado de Capilla encontraron en el licenciado Gaspar de Cubilla, un personaje de sólida formación y dotado para la intriga, un líder que aprovechó la celebración de unas fiestas para hacer una demostración frente a los duques de Béjar. Los clérigos utilizaron el poder que les daba disponer de las llaves de acceso a la salvación, su imbricación en el orden social, la popularidad de los festejos taurinos, el descontento de las minorías rectoras de Capilla con los duques de Béjar, y el convencimiento de algunos de que la “voz del vulgo es la voz de Dios”, para provocar un motín en el que la jurisdicción de los Zúñiga quedó en entredicho. Tras el apaciguamiento de la alteración, los clérigos mostraron una gran tenacidad en el frente judicial y, el hecho de que sus intereses coincidieron con los del Arzobispado de Toledo, les ayudó a obtener finalmente el triunfo en los tribunales romanos.
El estudio de este caso particular reafirma que, en la Castilla moderna, el estamento eclesiástico, en algunos casos, lejos de actuar como moderador del conflicto social, fue su promotor, imponiéndose la defensa de sus intereses materiales sobre cualquier otra consideración de orden espiritual.
Tabla $\boldsymbol { \mathrm { n } } ^ { \circ } \boldsymbol { 2 }$ . Relación de implicados en el motín de Capilla (1629).

Nombre	Condicion	Condena
Juan Fernandez Calderón	Presbitero, vecino de Capilla	10 afos de suspension deoficio y destierro,3 de pri-sion y 50.000 maravedis
Sebastian Gomez	Presbitero,vecino de Capilla	10 anos de suspension deoficio y destierro, 3 de pri-sion y 50.000 maravedis
Juan Sanchez del Moral,alias el Gordo	Presbitero,vecino de Penal-sordo	10 afos de suspension deoficio y destierro, 3 de pri-sion y 50.000 maravedis
Francisco Pérez	Presbitero, vecino de Capilla	Preso.Libre con fianza
Juan de Mora	Presbitero,vecino de Capilla|	Preso.Libre con fianza
Gaspar de Cubilla	Parroco de Capilla	Preso.Libre con fanza
Martin Fernandez de Soto	Teniente de Vicario de laPuebla de Alcocer	Preso.Libre con fanza
Juan Pérez de León	Alguacil mayor de Capilla	Suspension de oficio y 2.000maravedis
Fernando Ramirez	Labrador. Diputado de laCofradia de Na Sra. del Ro-sario	Preso
Diego Velez de Capilla	Alcalde de Capilla.	Suspension de oficioy20.000 maravedis
Juan de Mora	Alcalde de Capilla	Suspension de oficioy20.000 maravedis
Juan Donaire	Regidor de Capilla	Suspension de oficioy20.000 maravedis
Luis de Morales	Regidor de Capilla	Suspensiondeoficioy20.000 maravedis
Juan Martin Galicueta	Preso
Alonso Ramirez el mozo	Preso
Juan Riazo	Preso
Francisco Pérez el mozo	Preso
Rodrigo Alvarez	Preso
Pedro,hijo de Pedro Ruiz	Preso
Juan Fernandez del Aguila	Preso
Rodrigo, hijo de Pedro	Preso
Juan Blasco el mozo	Preso
Juan Sanchez Mazo	Preso
Sebastian Sanchez Pizarroso	Preso
Juan Ramirez, el mozo	Preso
Francisco de Santa Maria, elmozo	Preso
Juan Sanchez Espartero	Preso
Luis de Soto	Preso

.
Fuente: AHNOB, Osuna, C. 356, D. 39 – 40.
Bibliografía.
Alonso Prieto, A. L.: “‘Antes muertos que rendidos’: pleitos y alteraciones en el Estado de Capilla durante la Edad Moderna”, Tiempos Modernos, 43, (2021), pp. 128-148.
Andrés Robres, F., Benítez Sánchez-Blanco, R. y Ciscar Pallarés, E.: El monasterio rebelde. Monarquía y poder monástico en el Reino de Valencia (1665-1670), Madrid, Marcial Pons, 2020.
Atienza Hernández, I.: Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987.
Badorrey Martín, B.: “Principales prohibiciones canónicas y civiles de las corridas de toros”, Provincia, 22 (2009), pp. 107-146.
Ballesteros y Saavedra, F. de: El regidor cristiano. Introducción, edición y notas de F. Javier Campos y Fernández de Sevilla, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2012.
Cossío, J. M. de: Los toros, volumen 4, Madrid, Espasa Calpe, 2007.
Díaz Marcilla, F. J.: “Toros en Capilla, tradición y poder en un pueblo pacense del siglo XVII”, Revista de Estudios Taurinos, 37, (2015), pp.177-204.
Domínguez Ortiz, A.: Alteraciones andaluzas, Madrid, Narcea, 1973.
Gelabert, J. E.: Castilla convulsa (1631-1652), Madrid, Marcial Pons, 2001.
Gil Albarracín, A.: El templo parroquial de Serón en los territorios almerienses del marqués de Villena, Almería y Barcelona, Griselda Bonet Girabet, 1995.
Gómez Vozmediano, M. F.: “Fiesta, religión y transgresión en la Castilla barroca”, Dimensión Antropológica, 55, (2012), pp. 151-180.
Jago, C.: “La ʽcrisis de la aristocraciaʼ en la Castilla del siglo XVII”, en Elliot, J. H. (ed.): Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, Crítica, 1982, pp. 248-286.
Labarga, F.: “Historia del culto y devoción en torno al Santo Rosario”, Scripta Theológica, 35 (2003), pp. 157-176.
López-Salazar Pérez, J.: “Clérigos y resistencias antiseñoriales en Castilla La Nueva”, en García Fernández, M. y Sabaler Seco, M. A.: Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2004, vol. I, pp. 223-244.
Lop Otín, M. J.: “Un ejemplo del proceso señorializador extremeño: El Señorío de Capilla (siglos XIII-XVI)”, En la España Medieval, 13 (1990), pp. 207-232.
Lorenzo Cadarso, P. L.: Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid, Siglo XXI, 1996.
Marcos Martín, A.: “Los señoríos palentinos en el siglo XVIII: en torno al carácter y composición de la renta señorial en Castilla la Vieja a finales del Antiguo Régimen”, en Marcos Martín, A.: De esclavos a señores. Estudios de Historia Moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1992, pp. 313-396.
Mira Toscano, A.: “Levantamientos populares en el marquesado de Gibraleón: el tumulto de Cartaya en 1696”, Aestuaria. Revista de Investigación, 12 (2015), pp. 59-98.
Morán Martín, R.: “Derechos de patronato y movimientos populares en el sur de Córdoba durante los siglos XVI al XVIII”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 4 (1989), pp. 425-450.
Negredo del Cerro, F.: “Confesores y propagandistas. Eclesiásticos, conflictos y poder en el reinado de Felipe IV”, en Lozano Navarro, J. J y Castellano, J. L. (eds.): Violencia y conflictividad en el universo barroco, Granada, Comares, 2010, pp. 67-93.
Owens, J. B.: “El largo pleito entre Toledo y el Conde de Belalcázar. La investigación histórica en el Archivo Municipal de Toledo y la aplicación del concepto de ‘Poderío Real Absoluto’”, Archivo secreto: revista cultural de Toledo, 3 (2006), pp. 18-31.
Peña Díaz, M.: “El ʽcanonizadoʼ motín cordobés de 1652: tensiones cotidianas y poder de negociación”, en Betrán, J. L., Hernández, B. y Moreno, D. (eds.): Identidades y fronteras culturales en el mundo ibérico en la Edad Moderna, Barcelona, Universidad Autónoma, 2016, pp. 315-332. Historias cotidianas. Resistencias y tolerancias en Andalucía (siglos XVI-XVIII), Granada, Comares, 2019.
Pérez Jiménez, N.: Historia del Estado de Capilla, Cáceres, Tipografía encuadernación y librería Jiménez, 1906.
Sánchez Rubio, M. R.: “Instituciones y poderes eclesiásticos en la Extremadura de finales del siglo XVIII”, Norba. Revista de Historia, 6 (1985), pp. 113-126.
Sanz Ayán, C.: “Felipe IV y el teatro”, en Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, J. (coord.): Felipe IV. El hombre y el reinado, Madrid, Real Academia de la Historia y Centro de Estudios Europea Hispánica, 2005, pp. 269-289.
Saracino, M. A.: “Teatro y poder en el Madrid barroco: algunas observaciones en torno a la normativa teatral durante el reinado de Felipe III”, eHumanista, 37, (2017), pp. 440-457.