Los orígenes coloniales del Sahara occidental en el marco de la política española.
Julio SALOM.
La proclamación del protectorado español sobre parte del Sahara Occidental en 1884 constituye una sorprendente excepción expansiva en el conjunto de una política colonial defensiva, lo que se explica por la confluencia de diversos factores nacionales (orientación del grupo africanista; ideas de Cánovas; intereses pesqueros canarios) e internacionales (relaciones con Marruecos; reacción ante el imperialismo europeo; conferencia colonial de Berlín) cuya articulación debe ser precisada por la investigación histórica.
PALABRAS CLAVE.
The proclamation of the Spanish protectorate in the Western Sahara 1884 is a surprising case of conquest in a colonial politic defensive as a whole. It is due to a confluence of factors nationals (ideas of the Áfricanists and Cánovas; fishing interests in Canarias) and internationals (relations with Morocco; reaction to the European imperialism; colonial Conference of Berlin), whose articulation must be determinated by historical research.
KEY WORDS.
SUMARIO Una excepción en la política colonial de la Restauración. Elementos y factores en la cuestión sahariana. El primer quinquenio de la Restauración (1875-1880): la cuestión del Sahara y política del statu-quo. Los primeros años 80: el pensamiento de Costa y el de Cánovas ante la explosión colonialista (1880-1883). La proclamación del protectorado sobre el Sahara occidental (1884). Conclusiones.
Una excepción en la política colonial de la Restauración.
La posición del Estado español ante el gran movimiento de expansión colonial europea que tuvo lugar en el último cuarto del siglo XIX fue fundamentalmente defensiva. Se trataba ante todo de salvar el legado colonial que aún se poseía, tanto en América como en el Pacífico, del peligro que podía representar el nuevo empuje colonial de grandes potencias con gran tradición en este terreno, como Gran Bretaña y Francia, y de otras que se aprestaban ahora a la acción colonial, como era el caso de Alemania y Estados Unidos. También respecto al continente Africano es perceptible esta posición defensiva en el área en la cual la opinión política española encontraba más natural y justificada la intervención, es decir, en Marruecos y lo mismo cabría decir (salvo algunas iniciativas exploratorias) en lo referente a las posesiones y $\ll$ derechos $\gg$ en el golfo de Guinea. Pero es aquí, en África, donde nos encontramos con la excepción a esta situación general, o sea con la única acción expansiva o adquisitiva: la proclamación e instalación, a fines de $1 8 8 4$ , de un protectorado en parte de lo que llegaría a ser el Sahara Occidental Español. El hecho es a primera vista sorprendente, e incluso paradójico, ya que es obra de un gobierno conservador de Cánovas del Castillo, del cual es conocida su pronunciada cautela en toda acción política exterior que implicase riesgos y, en particular, su oposición a las $\ll$ aventuras coloniales». Si esa postura suscitó críticas entonces y después, también en este caso aparentemente contradictorio ha encontrado censuras el hecho de que no se desenvolviese más aquella iniciativa hasta llevarla a una expansión mayor.
Es cierto que los avances últimos de la historiografía han clarificado muchos aspectos de los orígenes coloniales del Sahara español, tema que ha tenido a lo largo del tiempo un desarrollo desigual. Así, después de su inserción puntual en las clásicas obras de Jerónimo Bécker1 , encontró un tratamiento monográfico en el autor más valioso y prolífico del período de pretendido imperialismo de los años 40, Tomás García Figueras2 , y hubo que esperar a los años 70 para que se produjeran los rigurosos estudios de Juan Bautista Vilar3 , y a los siguientes para que encontrase su lugar, con mayor o menor extensión, en las buenas obras de conjunto que se sucedieron sobre el colonialismo español del siglo XIX, primeramente la de Elena Hernández Sandoica, de amplia perspectiva social, y luego la de José Antonio Rodríguez Esteban y la de Azucena Pedraz Marcos4 . El tema sahariano encontró, por otra parte, una explosiva actualidad desde 1975 con la apertura del dramático proceso de descolonización, produciéndose paralelamente al conflicto bélico un debate histórico y una abundantísima bibliografía en la que el aspecto de los orígenes coloniales solía ser tratado marginalmente y con peligrosas connotaciones políticas. Por el contrario, ha mantenido el rigor histó- rico el grupo de investigadores que animaba desde Las Palmas de Gran Canaria el distinguido africanista Víctor Morales Lezcano, que han producido diversos trabajos, entre los que citaremos solamente la importante tesis doctoral de Jesús M. Martínez Milán, junto a otros suyos sobre el tema, y la síntesis de Vicente García Franco5 .
Todo ello constituye una base sin duda importante para la comprensión de esta cuestión histórica si bien no debe olvidarse que en ella juegan, junto a factores mas propiamente coloniales, como fueron el movimiento africanista y los intereses pesqueros canarios, otros no menos influyentes como la posición e ideas de los gobernantes, y la propia coyuntura nacional e internacional. Todos ellos se hacen presentes, con desigual incidencia, en las tres fases que señalamos en una visión necesariamente sucinta, y que aspira más que nada a indicar los problemas que todavía subsisten y quedan abiertos a la investigación histórica.
Elementos y factores en la cuestión sahariana.
Entre estos elementos y factores básicos se hallan, por supuesto, el minoritario pero valioso colonialismo africanista surgido en los primeros años de la Restauración, que es el inspirador y ejecutante del protectorado, y el pensamiento en materia colonial de Cánovas, quien es en definitiva el que decide su creación. Pero dejando para más adelante, a fin de ser fieles al proceso indicado, la atención al desarrollo de uno y otro, conviene sin embargo recordar primeramente cuáles fueron las relaciones entre ambos en los años iniciales de la Restauración, que son aquellos en los que se esboza aquel pensamiento y se plantea el tema sahariano, evitando también con ello una interpretación engañosa sobre los contactos del político con los medios geográficos, estrechamente vinculados al ideal colonial en el seno de la Sociedad Geográfica de Madrid. El fenómeno de la estrecha relación entre ciencia geográfica y acción colonial no es exclusivo de.
España, y ha sido estudiado ampliamente por historiadores y geógrafos, que han constatado que «la geografía se convirtió en la segunda mitad del siglo XIX en una ciencia al servicio de los intereses imperialistas de los países europeos», siendo las Sociedades Geográficas su instrumento en esa actuación6 . Con las connotaciones propias de las circunstancias de nuestro país, el hecho es manifiesto en la Sociedad Geográfica de Madrid, de la que su estudioso J.A. Rodríguez Esteban nos dice que «la acción colonial fue una de las causas de su creación, y a la que dedicó sus más constantes esfuerzos $\gg 7$ . Ahora bien, en el caso de España el fenómeno geográfico-colonialista se nos aparece con un carácter propio, como manifestación que era de una aspiración a superar el atraso cultural y político en que había quedado la nación en relación con otros países, es decir, como un intento de $\ll$ modernización ${ \gg }$ que se daba entre algunos de los sectores sociales más cultivados, según señaló hace tiempo E. Hernández Sandoica8 .
Es en este marco de aspiración al progreso cultural en el que cabe colocar en principio la relación que se dio entre Cánovas y los medios geográficos y colonialistas, si bien su condición de primer ministro le otorgaba una significación especial como posible sostenedor de sus actividades. Como tal gobernante asistió al nacimiento de la Sociedad Geográfica en $\boldsymbol { 1 8 7 6 }$ , y llegó a ser presidente de la misma del 17 de mayo de $1 8 _ { 7 9 }$ al 8 de mayo de $1 8 8 1 ^ { 9 }$ , sin que hasta entonces le hubiera prestado servicio alguno, como él mismo dijo en el transcurso de un acto de celebración del centenario de Juan Sebastián Elcano en $1 8 _ { 7 9 }$ . Sus palabras de entonces tienen el interés de mostrar que compartía el deseo de avance científico de los fundadores de la Sociedad, aunque su realismo le hiciera declarar que no se podía alcanzar de un salto el nivel que tenían otros países en ese terreno sino que se debía trabajar asiduamente para disminuir la diferencia que había entre ellos y nosotros; pero en cuanto a aplicaciones políticas de tales estudios, no fue más allá de señalar que parte de los trabajos de la Sociedad se referían ${ \ll } \mathrm { a }$ algunas regiones interesantísimas para nuestro porvenir comercial y político»10. Dudosas resultan unas supuestas intenciones de utilización política de la asociación geográfica11.
Probablemente por razones semejantes, o simplemente por la obligación de respaldar, en su calidad de jefe de gobierno, las iniciativas regias, estuvo igualmente Cánovas presente en la reunión presidida por Alfonso XII que tuvo lugar el 16 de febrero de $1 8 7 7$ y en la cual se decidió la creación de una Asociación Española para la Exploración de África como sección en nuestro país de la Asociación Internacional creada con esos fines por Leopoldo II de Bélgica el año anterior, y también lo estuvo en la siguiente reunión, en la que se constituyó su Junta Directiva, se aprobaron sus estatutos y se expuso el plan de acción12.
Este plan de acción quería ser claramente operativo, pretendiendo diferenciarse del carácter de estudio científico, previo a las exploraciones, que se atribuía a si misma la Sociedad Geográfica, idea en la cual insistía el prestigioso geógrafo Francisco Coello, que estaba a la cabeza de ambas entidades13. Pero lo cierto es que la identidad de personas era tanto causa como expresión de la lógica unidad de ideas y programas que se daba entre ambas instituciones del incipiente movimiento colonialista. Este hecho se manifiesta precisamente del modo más claro en la coincidencia que se da en ellas al señalar desde el principio al África Nordoccidental como principal objeto de estudio, exploración y acción colonial. Así lo vemos en los dos documentos que pueden considerarse el punto de arranque de esos proyectos, debidos ambos a Francisco Coello. Por un lado, adelantó éste a la Sociedad Geográfica el 17 de abril de $\mathbf { 1 } 8 7 7$ las posibilidades exploratorias y de estudio que se abrían ante ella, y si bien se extendió sobre las condiciones de las grandes regiones Africanas desconocidas o poco exploradas, ya indicó inicialmente que lo que tenía un interés primordial para España era, por distintas razones, el litoral Africano enfrentado al archipiélago canario14. Y por otro lado, presentaba igualmente Coello (en colaboración con Ibáñez) en la Asociación para la Exploración de África un mes después un preciso informe «sobre la conveniencia de explorar la parte Noroeste de la costa occidental de África», desarrollado desde el triple punto de vista de «los reconocimientos científicos, el establecimiento de factorías, y los parajes que son más convenientes para España»15. Lo más interesante es que las ideas básicas de estos documentos iniciales se refieren ya a otros factores esenciales de la cuestión, que intentamos resumir a continuación.
El factor más antiguo, importante y expuesto de modo más explícito, es el económico, en una doble manifestación: una, muy real, que es la gran riqueza pesquera del banco canario-sahariano, y la actividad a que daba lugar en el archipiélago; otro, sólo como proyecto, referente al comercio que podría crearse mediante la instalación de factorías en aquel litoral Africano. Respecto a la primera, recordemos que, aunque explotada de modo arcaico por los canarios desde tiempos remotos, no se llega a una mayor conciencia de sus posibilidades de explotación hasta mediados del siglo XIX, respondiendose así a una crisis económica y a los temores provocados por la piratería y la seguridad de las islas. Ello dio lugar a un mayor interés del que dan fe la exposición elevada en Canarias a la superioridad en $1 8 4 4$ para fomentar las pesquerías, y el informe de un Comisario Regio de $1 8 5 3$ , con propuestas de mejora en las pesquerías. A partir de $1 8 5 4$ fueron sucediéndose los proyectos de particulares que solicitaban autorización para crear empresas pesqueras, algunas de ellas incluyendo proyectos de instalación de factorías en el litoral Africano con fines comerciales16. En esta situación, animada por informes oficiales, se apoyó sin duda la inclusión del famoso artículo 8.° del tratado de paz de Tetuán de $1 8 6 \mathrm { o }$ por el cual Marruecos cedía a España el territorio para establecer una pesquería en el indeterminado lugar donde estuvo la fortaleza de Santa Cruz de Mar Pequeña del siglo XV. Dejando para más adelante la referencia a la motivación geopolítica que pudo tener originariamente el asunto, conviene resaltar ya los dos aspectos negativos que éste tuvo desde el principio: la difícil localización del lugar en el orden diplomático condicionó en lo sucesivo las aspiraciones tanto económicas como políticas que suscitaría la concesión; y además, la designación que al fin se hizo en la rada de Ifni ni poseía buenas condiciones estratégicas ni la riqueza pesquera que se buscaba17. No obstante, el $\ll$ derecho $\gg$ sobre Santa Cruz, unido al tratado de comercio hispano-marroquí de 1861 y la Real Orden de 1863 (autorizando el comercio en la costa entre el Nun y cabo Blanco) hicieron que prosiguieran, apoyándose ahora en aquella concesión, los proyectos de pesquerías comerciales en los años 60 y 70, la mayoría fracasadas por falta de capitales. Por otra parte, los estudiosos del tema han resaltado la importancia que el asunto de Santa Cruz de Mar Pequeña, ligado al de las pesquerías, tendría en la argumentación del naciente movimiento colonialista. Se había convertido ya, según señala Martínez Milán, tanto en «el pretexto» como en «la punta de lanza $\gg$ de las demandas a los gobiernos, tanto de los africanistas como de la burguesía mercantil y pesquera canaria, para que se ocupase un sector de la costa sahariana. Para Isabel Martín Mediavilla. «el banco pesquero canario-Africano sirvió solo de excusa para la acción colonialista» que llevaría a la posesión de Sahara Occidental18.
Tampoco se materializaron los proyectos y tentativas para generar un tráfico comercial mediante el establecimiento de factorías en el litoral sahariano. Se apoyaban estos intentos en la idea, muy actuante en la época y no sólo entre los españoles, de que se podría atraer a esas factorías el comercio de caravanas que se desarrollaba tradicionalmente desde los puertos marroquíes, sobre todo el de Mogador, hasta la lejana Tombuctú, ruta que había experimentado cambios notables por la penetración de los franceses en el Sahara desde Argelia y por el desarrollo del comercio marítimo19. Coello citaba, por ejemplo, en los documentos a que nos hemos referido, los intentos realizados en ese sentido desde $1 8 7 5$ por el canario Antonio Baeza. Éste se apoyaba, como otros, en una situación sahariana que constituye otro factor no menos importante en la cuestión.
El factor político: las cabilas saharianas y el límite sur del imperio de Marruecos. La independencia de hecho de las cabilas situadas al sur del Anti-Atlas, y en particular las del Nun y Teckna, era cosa conocida de antiguo, y a ella se refería Coello en su informe, así como también a su ya tradicional inclinación al acuerdo con los europeos, ya que la instalación de éstos liberaría a esas cabilas de la teórica subordinación a los sultanes marroquíes y, sobre todo, podría significar la apertura de nuevos puertos donde sus productos encontrarían mayores beneficios que los que recibían desde el exclusivo puerto de Mogador. El caso más notable y citado es el de los jeques de la familia Beiruk, en el Nun, que ya a principios del siglo XIX quisieron establecer alianzas con británicos y franceses, lo mismo que lo intentaron con los españoles en los años 60. Esta posibilidad pareció más cercana a principios de los años 70, cuando se incrementaron los intentos de los europeos, más o menos respaldados por sus gobiernos, para una acción comercial, provocando con ello el temor del gobierno marroquí a que el puerto de Mogador perdiese su valor como cabeza del tráfico caravanero con el Sudan20.
Sin embargo, la utilización por los europeos, para sus fines comerciales y políticos, de esa independencia de hecho de las cabilas implicaba que no se reconocía una soberanía marroquí que los sultanes seguían afirmando pese a reconocer que no podían ejercer su autoridad sobre tribus consideradas rebeldes. Se planteaba así, ya en aquellos tiempos, el problema de la fijación de los límites meridionales del Imperio; problema diplomá- tico y político difícil entonces, y que llegó a convertirse, como es bien sabido, en grave cuestión histórico-política desde que comenzó el dramático proceso de descolonización del Sahara español en los años 70 del siglo XX. Y con él, el surgimiento de un debate en el que el valor de las argumentaciones y los datos históricos y jurídicos aportados se ve muchas veces oscurecido por el apasionamiento de las posiciones contrapuestas. No vamos a entrar, lógicamente, en ese debate, y recordaremos únicamente –por lo que puede llegar a afectar a nuestro tema– que se han opuesto esencialmente en él dos concepciones, aplicadas no solamente a lo que se ha llamado «la marca sahárica de Marrue$\cos \gg$ , básicamente la región del Nun, sino a todo el territorio de la excolonia española. Por un lado, una concepción jurídica que, sobre la base de documentación histórica, ha negado la existencia de una soberanía territorial del imperio de Marruecos en ese territorio, y de la que es paradigma el dictámen del Tribunal Internacional de La Haya de 1975, tesis respaldada por testimonios de historiadores apoyados tanto en fuentes marroquíes como en los tratados internacionales de aquella época21. Frente a esta posición, los historiadores que han mantenido la afirmación de la soberanía marroquí han sostenido que se han interpretado mal los datos de los tratados pues en ellos no se habla de $\ll$ soberanía» sino de $\ll$ dominación $\gg$ o $\ll$ autoridad $\gg$ , la cual no podía ser ejercida, o solo pocas veces, en territorios que los geógrafos del país denominaron $\ll$ Bled Siba» o «tierra de insurrectos o disidentes». Dejando aparte las diversas interpretaciones que se han dado a este término y a este concepto, se ha hablado de una concepción islámica de la soberanía territorial fundada en factores religiosos más que en el ejercicio del poder político, lo que habría explicado la falta de unos límites fronterizos en el Sahara, prácticamente imposibles de fijar además por el nomadismo de muchas tribus y la complejidad étnica y sociopolítica de la población. La pretensión de fijar unas fronteras se habría debido, según esto, a los intereses coloniales de las potencias europeas, y el «mito» de que el Sus y el Nun eran estados independientes a que viajeros y exploradores percibían directamente su conducta independiente de los sultanes22.
Ahora bien, son precisamente esas percepciones, y las correspondientes actitudes de unos y otros, las que interesan a nuestro tema estrictamente histórico. Los exploradores españoles constataban «in situ», en efecto, que no había autoridad marroquí en aquellas regiones, y aún en $1 8 8 5$ diría Emilio Bonelli que $\ll$ Santa Cruz de Agadir es el verdadero límite del imperio de Marruecos, tal como en la actualidad se halla constituido»23.
Los gobernantes marroquíes, por su parte, habían sostenido su peculiar interpretación de una soberanía sin autoridad ya en 1860, durante la negociación del tratado de paz con España24, y la siguieron sosteniendo durante las infructosas ocasiones en que se renovó la negociación sobre Santa Cruz de Mar Pequeña en los años 60 y primeros 70. En estos últimos la fundamentación de orden religioso se hizo más explícita y extensiva pues se cifraba en una tradición islámica que habría llevado su soberanía hasta el Sudan, y tal vez más allá25. En cuanto a los gobiernos de Madrid, si bien negaban en principio esta interpretación –que, de hecho constituía también un eficaz instrumento diplomático– la aceptaban ocasionalmente para no dañar la relación con Marruecos, y renunciaron igualmente a negociar directamente con los Beiruk por la misma razón. Esto explica que no se presionase más al Majzén en los primeros años 60, cuando éste se resistió a nombrar miembros para la prevista comisión mixta que debería designar la ubicación de Santa Cruz, aunque también pudo ser causa de ello el que se hubieran llegado a ver como muy problemáticas las ventajas de la instalación, en el litoral sahariano, sobre todo tras los informes desfavorables que dio Joaquin Gatell después de su viaje explortorio por el Sus y el Teckna en 1863. La embajada que en este año hizo a Marraqués el ministro plenipotenciario en Tánger Francisco Merry significó prácticamente el abandono de la reclamación sobre Santa Cruz, y en las que realizó en los años siguientes lo que se dio fue la petición de los marroquiés de una renuncia española al famoso artículo $8 ^ { \circ }$ del tratado de Tetuán. Sin llegar a aceptar esto, sí que parece que los gobiernos españoles de la época participaban de la opinión de Merry de que no se debía debilitar más al imperio moro creándole dificultades por un asunto que juzgaba como de valor muy limitado26. Tampoco respaldaron, por ello, los intentos de los comerciantes andaluces Francisco Puyana y Guillermo Butler de tratar directamente con Beiruk, asunto que terminó con el secuestro de ambos por el jefe cabileño, y dio lugar a un largo, complicado y oscuro proceso de negociaciones que no terminaría hasta $1 8 7 5 ^ { 2 7 }$ . Parece que los gobiernos de los últimos años del reinado de Isabel II consideraban más conveniente para resolver sus dificultades el aceptar la idea de que el sultán podía ejercer alguna autoridad en el Nun, y con mayor motivo se daría esta situación en el siguiente período de inestabilidad política del sexenio $1 8 6 8 \substack { - 1 8 7 4 }$ . El 27 de marzo de $\mathbf { 1 8 7 1 }$ Merry escribió en una Nota dirigida al Majzén que la cuestión del rescate de los cautivos afectaba al Sultán «toda vez que el Uad Nun era parte del imperio marro$\mathrm { \ q u i } \gg { ^ { 2 8 } }$ . En los años inmediatos nuestro plenipotenciario tuvo que luchar a solas en.
Tánger por mantener una influencia española que había entrado en crisis, como demostraba el hecho de que surgiese la idea abandonista respecto a los Presidios Menores, y que el gobierno marroquí renovase su demanda de anulación de la concesión de Santa Cruz de Mar Pequeña29. Se puede pensar, ante este panorama, que se habría renunciado a hacer valer el interés geopolítico o geoestratégico que pudo tener la concesión de Santa Cruz, o incluso que la idea de ese interés no hubiera existido nunca. En realidad, sí que había existido, pero manifestándose en sentido defensivo.
El factor geopolítico se podía hacer valer, por supuesto, en una argumentación propugnadora de la acción en el Sahara como salvaguarda del archipiélago canario, y así se encuentra a veces, aunque menos explícitamente desarrollado que el argumento de los intereses económicos. Incluso cabe pensar que ese sentido pudo ser el originario que le dieron los funcionarios del Ministerio de Estado adscritos al Cuartel General de O’Donell en $1 8 6 \mathrm { o }$ (el Director de Comercio Tomás de Asensi, y el entonces Jefe de Negociado de Política Francisco Merry y Colom) en el informe que prepararon para la negociación del tratado de paz de 8 de diciembre de $1 8 6 \mathrm { o }$ , ya que en él hablaban de «formar un cordón de centros de actividad comercial y de influencia política» tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, proponiéndose para este último ámbito o bien Mogador o bien «Agadir o sea Santa Cruz de Mar Pequeña, que está protegida por un fuerte que ocupó España en otro tiempo». Se tratase o no de un error debido a la denominación de Santa Cruz de Agadir, lo cierto es que se especulaba también con las facilidades que la zona ofrecía $\ll$ para establecer relaciones comerciales con las tribus independientes de los Estados del Sus y Nun para proteger las factorías y pesquerías que se establecieran». Pero las instrucciones finales del gobierno se concretaron en $\ll \mathrm { e l }$ establecimiento de una pesquería en un punto del litoral del Oceano que se determinaría ulteriormente»30.
La consideración geopolítica en relación con Canarias se halla, sin duda, unida a la económica en los dos documentos de Coello que tomamos como punto de partida, diciéndose en uno de ellos que ${ \ll } \mathrm { a }$ nosotros lo que nos interesa principalmente es el estudio y fomento de todas las comunicaciones que terminen en la costa occidental, y sobre todo las posiciones...contiguas a las Islas Canarias», y subrayando en el otro el interés político de actuar en las zonas de los cabos Nun y Juby, «muy próximos a Canarias», y recordando que cerca del primero se encontraba Santa Cruz de Mar Pequeña. También estuvo presente el enfoque geopolítico en la sesión de la Sociedad Geográfica celebrada el 5 de junio de $\mathbf { 1 } 8 7 7$ , en la cual se hizo patente que, al tratar de los aspectos económicos de los problemas geográficos, se entraba inevitablemente en el terreno político. En ella, Francisco M.a Tubino, que ya había tratado estos aspectos en diversas publicaciones, llamó de nuevo la atención sobre «el interés de nuestra influencia en África en relación con las islas Canarias, cuyos habitantes tienen puesta toda su atención en la costa occidental de África»31.
Esta afirmación tenía su fundamento pues en medios canarios se venía reclamando, lógicamente, la acción sobre Santa Cruz que tanto se hacía esperar. Si ya desde $1 8 _ { 7 4 }$ se pedía su conversión en «un centro comercial» y «un refugio pesquero», se alegará también la necesidad de hacerlo por razones de orden político, sobre todo desde los primeros años 80, cuando ya es patente el peligro de intervención de otras naciones en aquella región africana, al tiempo que surgía otro peligro con la idea del Ministerio de Estado de abandonar «los derechos $\gg$ sobre Santa Cruz a cambio de otros lugares marroquíes en la costa mediterránea. Peticiones para contrarrestar este peligro se elevaron al gobierno por la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas y por el Circulo Mercantil de la misma ciudad, argumentándose en ellas la necesidad de contar con un $\ll$ colchón» Africano que salvaguardase los intereses del archipiélago $\ll$ frente a la creciente voracidad del colonialismo europeo»32. La fundamentación geoestratégica de una acción sahariana se nos presenta las más de las veces no como fruto de una concepción de propia iniciativa colonial sino como una reacción defensiva ante la amenaza de los imperialismos extranjeros en un área de asentados intereses españoles. Ello se advertirá particularmente en la primera de las tres fases que marcamos en el proceso del problema sahariano.
El primer quinquenio de la Restauración $\mathbf { ( 1 8 7 5 ^ { - 1 } 8 8 } \mathbf { \circ } )$ : la cuestión del Sahara y política del statu-quo.
Los elementos y factores que hemos intentado resaltar se hacen presentes, con más o menos fuerza, en este quinquenio en el que se suceden, primeramente, una reactivación de la atención oficial al asunto como consecuencia de la reacción arriba apuntada, y después un condicionamiento del mismo a la nueva política adoptada por Cánovas respecto a Marruecos, acuñada con el nombre de «política del statu-quo». Se partía de una cierta reanimación del interés por la cuestión en $1 8 _ { 7 4 }$ , cuando se logró por fin la liberación de los cautivos del Nun, y uno de ellos volvió con nuevas propuestas de alianzas de los cabileños, sin que el gobierno de Serrano llegase a otra posición en el asunto que a ordenar al ministro en Tánger que renovase las demandas sobre Santa Cruz «en el momento oportuno». Esta línea fue continuada por los gobiernos de Cánovas, quien rechazó otra oferta marroquí de renuncia a Santa Cruz a cambio de ampliaciones de límites de Ceuta y Melilla, más indemnización33, pero sin presionar en sus reclamaciones. Cosa explicable si tenemos en cuenta las dificultades con que luchaba el nuevo régimen restaurador, no sólo por los conflictos carlista y cubano, y los problemas de estabilización institucional, sino por las que encontraba concretamente respecto a Marruecos por el fuerte recelo con que Inglaterra observaba cualquier gestión hacia ese país, llegando a provocar una presión diplomática conjunta de los gobiernos británico, francés, alemán e italiano, sobre el de Madrid a fines de $\boldsymbol { 1 8 7 6 }$ simplemente por incidentes ocurridos en Ceuta y Melilla34. Es lógico que en esta situación se acentuase la prudencia en las cuestiones norteafricanas.
Tuvo que ser el temor a la acción extranjera el que cambió la actitud gubernamental, Concretamente, la empresa del escocés Donald Mackenzie de creación de una factoría en la costa sahariana con los fines comerciales ya conocidos de atraerse el tráfico de las rutas caravaneras. Tras constituir en Inglaterra la $\ll$ North West African Company»,realizó Mackenzie en junio de 1876 un primer viaje exploratorio por aquel litoral, escogiendo un lugar en cabo Juby (Tarfaya) para su factoría. Intentó después obtener del gobierno español la transmisión de los derechos sobre Santa Cruz, pero sólo consiguió despertar su alarma y la de la opinión pública de nuestro país. Cuando volvió, en $1 8 _ { 7 9 }$ , al archipiélago ya no encontró facilidades en las autoridades y los comerciantes canarios, y pese a no encontrar tampoco apoyo oficial del gobierno británico y suscitar, en cambio, la oposición del marroquí, siguió en su empeño, instalándose en cabo Juby y logrando una cesión de terreno por parte del jeque Mohamed Ibn Beiruk35.
La reacción del gobierno español ya había consistido en reactivar la reclamación sobre Santa Cruz mediante el envío del ministro en Tánger, Romea, a Fez (mayo-abril de $1 8 7 7$ ), en donde una dura negociación se centró inevitablemente en los límites meridionales del Imperio. Sólo la amenaza de un entendimiento con las cabilas logró al fin que los marroquíes accedieran a nombrar sus componentes en la comisión mixta que debería recorrer la costa para localizar el lugar de la antigua Santa Cruz. Como es sabido, esa comisión recorrió, a bordo del barco $\ll$ Blasco de Garay», el litoral sahariano en los primeros días de 1878, llegando a la conclusión de que el territorio buscado se encontraba en la ensenada de Ifni, en la que no se pudo sin embargo desembarcar, y sobre cuya identificación manifestaron reservas los delegados marroquíes36. El 2 de febrero de $\boldsymbol { \mathbf { \ell } _ { 1 } } 8 \boldsymbol { \mathbf { \ell } _ { 7 } } 8$ daba por terminada su misión la Comisión pero a ello siguió una serie de acontecimientos que van marcando un cambio de posiciones del gobierno español. Por un lado, el ministerio de Estado pidió al de Marina que abriera una investigación sobre la ubicación exacta de la antigua Santa Cruz de Mar Pequeña, inaugurando con ello una larga y famosa discusión entre geógrafos, marinos y eruditos, que ha sido justamente calificada de $\ll$ estéril $\gg$ para la política española37. Por otro lado, el ministro de Estado Manuel Silvela ya advertía en el Congreso el 7 de mayo que ${ \ll } \mathrm { e n }$ estos asuntos es preciso caminar con mucha prudencia, porque estos establecimientos irrogan gastos de consideración y pueden traer en lo sucesivo complicaciones». Y en junio el gobierno de Cánovas rechazó una nueva oferta de abandono a cambio de indemnización venida del marroquí, pero lo hizo de tal forma que implicaba –más que un «aplazamiento $\gg$ del asunto, como opinó Jerónimo Bécker– la perspectiva de una posible renuncia al enclave sahariano, ya que en la Nota de respuesta se proponía la formación de una nueva comisión que actuase tras una acción preparatoria por vía terrestre, cosa difícil o imposible dada la actitud de las cabilas, y que tras esto se procedería al estudio de la oferta marroquí, sin descartar que pudiera ser aceptada tras su sometimiento a las Cortes38.
Esta respuesta, que testimoniaba un giro político, fue explicada hace ya tiempo por la inestabilidad existente en el Nun y por el deseo de buenas relaciones con Marruecos, cuando no por el propio problema de localización de Santa Cruz39. No hay duda que se encuadraba perfectamente en la reorientación que Cánovas dio aquel año a su política marroquí, adoptando firmemente la defensa del statu-quo y el sostenimiento del Imperio moro ante la grave situación económica y social en que había caído, con alteraciones y disturbios que hacían pensar en un posible descomposición y en la consiguiente intervención de las potencias europeas. En realidad, las maniobras imperialistas de éstas eran una de las causas de la crisis, en particular la abusiva utilización del llamado $\ll$ derecho de protección» sobre súbditos marroquíes, que creaba complicaciones al Majzén y provocaba manifestaciones de xenofobia. Cánovas era consciente del riesgo de una «apertura» de la cuestión marroquí en el escenario internacional, y buscó rebajar la tensión procurando sostener la autoridad del Sultán y la integración del Imperio. Una primera conferencia diplomática celebrada en Tánger en $1 8 7 7$ había fracasado en su objetivo de restringir el uso de «las protecciones», pero el gobierno español se esforzó por mantener el statu quo, llegando con ese fin a establecer una colaboración diplomática con Gran Bretaña en una acción política que tendría su momento más significativo en la Conferencia de Madrid de $1 8 8 0$ .
En esta situación, la cuestión de Santa Cruz de Mar Pequeña, que ya de por sí presentaba no pocos inconvenientes y riesgos, tenía que dejarse más a un lado, por más que no se renunciase a un $\ll$ derecho $\gg$ que podría hacerse valer en futuras coyunturas favorables. Esto repercutía negativamente en los intentos de explotación pesquera y comercial que seguían apoyándose en aquel $\ll$ derecho $\gg$ y en la esperanza de una posible próxima ocupación tras el viaje de la comisión mixta. El gobierno, alegando que la determinación de Ifni como Santa Cruz no era todavía segura, pues seguía el debate, denegó autorización a un proyecto presentado en $1 8 _ { 7 9 }$ para crear instalaciones de secado y conservación de pescado tanto en el archipiélago como en Ifni-Santa Cruz, y lo mismo hizo en $\phantom { + } 1 8 8 1$ para otro que pretendía además establecer una factoría comercial en este lugar40. El impulso para la extensión y modernización de la explotación pesquera seguía vivo –como denota la creación en $1 8 8 0$ de la sociedad anónima Pesquerías Canario-Africanas– pero se cortaban así las posibilidades de la extensión al continente Africano, donde ya estaba la factoría de Mackenzie, y ello a pesar de que había conciencia del peligro de introducción de extranjeros que dañarían los intereses y, a la larga, incluso la seguridad de las islas Canarias41.
Es el caso de la factoría de Mackenzie el que nos termina de definir la postura de la política de Cánovas respecto al Sahara puesto que se liga más directamente con el problema de los límites meridionales del Imperio. El problema se había planteado incluso antes de la instalación del británico en Cabo Juby pues, aunque la empresa no recibió la protección y reconocimiento oficiales que buscaba del gobierno de Londres, sí hubo una petición del ministro Lord Derby al Majzén en $1 8 7 5$ para que le prestase su apoyo. La respuesta marroquí inmediata fue la consabida de que Mackenzie no podía instalarse allí pues era territorio bajo soberanía del Sultán aunque la autoridad de éste no llegaba mas que hasta el Draa. El Foreign Office concluyó, en consecuencia, que $\ll \mathrm { e l }$ Draa es la frontera meridional de Marruecos» y que, por lo tanto, Mackenzie tenía todo el derecho para actuar en un territorio libre, si bien siguió sin concederle su protección oficial, posición que se mantuvo hasta $1 8 9 5 ^ { 4 ^ { 2 } }$ . Pero el gobierno marroquí también mantuvo la suya, y cuando el escocés se estableció en Tarfaya no sólo protestó ante el representante británico en Tánger sino que también advirtió preventivamente al español que no admitía cualquier acción, como la de Mackenzie u otras semejantes, que atentasen contra la prohibición de comercio libre con el exterior que existía en el Imperio. El gobierno español adoptó, en virtud de su nueva política, una actitud conciliadora, no discutiendo la tesis marroquí, e incluso procuró mediar entre Londres y Fez a fin de que no surgiera un conflicto peligroso para el mantenimiento del statu-quo; en este sentido, su postura fue favorable a aquella tesis hasta el punto de que recibió la expresión de gratitud del ministro moro de Asuntos Exteriores43. Ello no impidió que la factoría de Tarfaya se mantuviera, haciendo frente a muchas dificultades, hasta 1895, y que se sucedieran en esos años otros intentos de compañías inglesas y francesas, lo que no dejaba de alarmar a los españoles, que incitaban al Sultán a actuar en su contra44.
Esta política de Cánovas ha suscitado las críticas de diversos historiadores, desde Jerónimo Bécker hasta nuestros días, sobre todo en el sentido de que no se adoptara una actitud análoga a la británica respecto al límite sur de Marruecos, pero no se ha apreciado muchas veces la relación de la cuestión con el conjunto de su política marroquí. Por el contrario, las criticas que suscitó en su tiempo lo eran precisamente más hacía esa política marroquí, y hacia la colaboración diplomática establecida con Inglaterra en particular, que hacia el punto concreto de Santa Cruz de Mar Pequeña, cuyas dificultades se entreveían. En una dura interpelación en el Congreso el 23 de noviembre de 1878 el diputado Alba Salcedo solamente dijo que, en ese punto $\ll$ el ministro de Estado ha conseguido lo que en estos momentos podía conseguir, pero no todo lo que debe lograrse para el porvenir». En cuanto a los ataques parlamentarios a la política respecto a Marruecos que haría el ex ministro republicano Carvajal en julio y noviembre de 1979 y el 13 de febrero de $1 8 8 0$ , contestaría el mismo Cánovas este último día, ya en vísperas de la Conferencia de Madrid, defendiendo una política centrada en la necesidad de la conservación del Imperio moro en razón de la convergencia hacia él de los intereses de las grandes potencias, orientadas últimamente hacia el área mediterránea. De ahí la «polí- tica del statu-quo $\gg$ que $\ll$ no era sino un recurso relativo y tempora $\gg$ pero obligado dada la situación internacional, la de España, y la del propio Estado marroquí45.
Si esa política se centraba de momento en lograr la máxima restricción del peligroso $\ll$ derecho $\gg$ de las protecciones, el deseo de no perturbar más la fuerza del Sultán creándole dificultades con las cabilas del Nun, y de no dañar por ello las relaciones con Fez, fueron sin duda las causas de que no se insistiera en el asunto de Santa Cruz. Pero cabe pensar también en la valoración negativa que pudo hacerse respecto a sus posibles beneficios en relación con sus dificultades de realización. En este punto es interesante conocer la opinión del diplomático al que, como nuevo ministro en Tánger (desde octubre de $1 8 _ { 7 9 }$ ) había confiado Cánovas la ejecución de su política, José Diosdado del Castillo. Buen conocedor de los asuntos marroquíes, y convencido defensor de la defensa del Imperio frente a la amenaza de penetración francesa, escribía el 21 de enero de $\phantom { - } 1 8 8 0$ al jefe de gobierno que, al lado de esto, «la ejecución del artículo $8 ^ { \circ }$ de nuestro Tratado, aún cuando resolviera el establecimiento de una factoría en el Sus, tiene escasa importancia». Compartiera o no por completo Cánovas la opinión de su representante y colaborador, subordinó por completo esa posibilidad a objetivos más importantes. Pero ello no quiere decir que renunciase a «un derecho $\gg$ adquirido, que podría ponerse en juego de un modo u otro en el porvenir, y de ahí que rechazase de nuevo otra propuesta marroquí de renuncia hecha a principios de 1881, poco tiempo antes de que el gobierno conservador dejara paso, por primera vez en la Restauración, a un gobierno liberal46.
Los primeros años 80: el pensamiento de Costa y el de Cánovas ante la explosión colonialista (1880-1883)
La década de los años $8 \circ$ comenzó al tiempo que la gran expansión del imperialismo europeo, de la que fue una de sus primeras manifestaciones la dominación de Túnez por Francia, acontecimiento que causó fuerte impresión en la opinión política española, parte de cuya prensa pidió enseguida mayor atención hacia Marruecos, mientras en el movimiento colonialista aparecían demandas y manifestaciones de un mayor activismo que en el caso concreto de la cuestión canario-sahariana daba lugar a nuevas ideas de las que destacaremos dos. La primera era la de acabar de una vez con el estéril debate sobre la localización de Santa Cruz de Mar Pequeña y de que se ocupase otro lugar considerado favorable, desentendiéndose del Sultán marroquí si fuese necesario, cuestión ligada a la constatación de que la riqueza pesquera que más interesaba se hallaba entre los cabos Bojador y Blanco, donde faenaban los pescadores canarios. La otra idea era la de proceder, una vez comprobado que era prácticamente imposible o muy desventajosa la ocupación de Santa Cruz, a un intercambio de los derechos sobre ésta por la obtención de otra plaza; respecto a la cual pronto surgió el nombre de Cabo de Agua, frente a las islas Chafarinas, lo que poseía la intención política de cortar el paso a una posible extensión francesa desde Argelia. Claro está que esta última solución hubiera implicado una renuncia a la orientación hacia el Sahara en beneficio de la orientación mediterránea a menos que se marcase otro objetivo en aquel ámbito atlántico. Ambas ideas las encontramos ya en un informe presentado en octubre $\mathrm { d e } 1 8 8 0$ por Francisco Cañamaque en la Sociedad Económica Matritense47, y es expresada igualmente por Cesáreo Fernández Duro y Felipe Pérez del Toro en las discusiones sobre el tema desarrolladas en la Sociedad Geográfica en $1 8 8 2 ^ { 4 ^ { 8 } }$ .
La idea del trueque de Santa Cruz fue adoptada temporalmente por el ministro de Estado del nuevo gobierno liberal presidido por Sagasta (desde febrero de 1881), el marqués de la Vega de Armijo, que se presentaba como ejecutor de una política exterior y colonial más activa y contraria a la anterior canovista. La reacción parecía especialmente necesaria en el área nordoccidental africana, donde era cada vez mayor la presencia de compañías comerciales francesas, británicas y de otras nacionalidades, algunas apoyadas por agentes consulares49, en tanto que la $\ll$ North West African» seguía en cabo Juby y sus dirigentes, que ya eran aceptados por el Majzén, llegaban a pedir al gobierno de Londres que ocupase toda la costa desde Uad Draa hasta más al sur de cabo Blanco50. Ante esta situación, la política de Vega Armijo va a experimentar variaciones. Aunque rechazó inicialmente una nueva propuesta marroquí de renuncia de Santa Cruz, no pensaba en una ocupación que ocasionaría $\ll$ dispendios y gastos positivos e inmediatos a cambio de ventajas lejanas y problemáticas ${ \gg } 5 ^ { 1 }$ , pero la noticia de que una nueva compañía británica se disponía a actuar en la zona de Ifni le hizo volver a las reclamaciones a Fez. En $\phantom { + } 1 8 8 2$ , en medio de una situación difícil en el Imperio, el Sultán emprendió una expedición militar contra las cabilas rebeldes del sur, y prometió que, tras ella, cumpliría el compromiso de Santa Cruz, pero ahora Vega Armijo abrió una negociación para intercambiar el «derecho $\gg$ sobre esa plaza por la obtención de Cabo de Agua, sin resultados52. Se volvió a formar entonces otra Comisión Mixta hispano-marroquí que de nuevo recorrió el litoral sahariano sin llegar tampoco a una opinión concorde sobre la localización de la antigua Santa Cruz. Sin embargo, el Sultán creyó oportuno admitir al fin la tesis española de que el lugar buscado era Ifni, y éste fue el único éxito que pudo apuntarse Vega Armijo cuando llegó a su fin, en octubre de 1883, el gobierno liberal de Sagasta.
Este fracaso gubernamental era especialmente sensible porque en estos tres años las condiciones de la cuestión sahariana habían evolucionado notablemente tanto en el campo de las iniciativas pesqueras como en el de la transformación del movimiento africanista. En el primer aspecto, una Sociedad de Pesquerías Canario Africanas actuó –de mayo a septiembre de $\mathbf { 1 8 8 1 - }$ en la zona de Río de Oro, y llegó a obtener cesiones de territorio por parte de los jefes locales53. En cuanto al movimiento colonialista, su nuevo activismo se vió reforzado y renovado de modo decisivo con la incorporación de Joaquín Costa, que lo encaminaría por vías de mayor ambición y eficacia. El 11 de marzo de $1 8 8 2$ pronunció Costa su resonante conferencia en el Círculo Mercantil de Madrid abogando por una gran acción comercial y colonial en África, tanto mediante la creación de factorías como por adquisiciones territoriales, y en la primavera siguiente se integraba en la junta directiva de la Sociedad Geográfica. En su seno expondría su conocida invitación a que «se diera por terminado su período de iniciación y de propaganda teórica, y se entrara en un nuevo período de vida menos especulativo y más en armonía con las exigencias de la opinión, despierta ya, por fortuna, para los problemas de exploración y de colonización en el vecino continente», lanzando ya la idea básica de que no debía esperarse ni pedir la acción colonial de los gobiernos sino presionarlos y orientarlos por movimientos de la opinión e iniciativas particulares hacia una política de protección y estímulo a la expansión colonial y comercial54.
Las ideas de Costa encontrarían su mejor expresión en el célebre Congreso de Geografía Colonial y Mercantil celebrado del $4$ al 10 de noviembre de 1883, que ha sido calificado como «el gozne de transición» o «punto de inflexión» de la evolución al colonialismo organizado55. Tras sus debates, se llegaron a fijar como áreas de interés prioritario las del Sahara y Guinea, adoptándose por unanimidad respecto a la primera la siguiente conclusión: $\ll$ Urge sobremanera la fundación de uno o dos establecimientos nacionales en la costa de las pesquerías españolas canario-Africanas, como elemento esencial e indispensable para el desarrollo de la industria pesquera, y el envío de un buque de guerra que reconozca los bancos de pesca y proteja a los pescadores». Pero Santa Cruz seguía siendo apreciada como base de la acción sahariana según se ve en esta frase del discurso de Costa: $\ll$ Sería una insigne torpeza renunciar a Santa Cruz de Mar Pequeña, dejando libre el campo a Inglaterra en la costa de Berbería, a cambio de un establecimiento o de un territorio en Cabo de Agua, bajo pretexto de contener los avances posibles de Francia sobre Marruecos»56.
En las intervenciones que tuvieron lugar en el Congreso se evidenció el eco que habían tenido las ideas de Costa sobre la necesaria intervención de elementos particulares dejando a los gobiernos sólo la función protectora de las mismas, especialmente frente a las potencias extranjeras, pero la aplicación práctica se dio en otro momento que es el más significativo e importante del nuevo rumbo colonialista: el de la creación –durante el mismo congreso pero como iniciativa particular y autónoma de Costa y los más caracterizados colonialistas– de la nueva Sociedad Española de Africanistas y Colonistas. Puesto que no cabía confiar en los gobiernos ni en entidades comerciales carentes de preparación y de capitales, el único camino posible era que la Sociedad Geográ- fica suscitase la creación de compañías mercantiles como las formadas en los países occidentales en los siglos XVII y XVIII, es decir, «instituciones semi-privadas, semipúblicas, con todas las ventajas de la acción oficial, y sin embargo, con atributos de soberanía... ${ > } 5 7 $ . Pero, conscientes de la falta de medios y apoyos que había para esas creaciones en el mundo empresarial, vieron aquellos colonialistas la necesidad de una nueva asociación, que fue esa Sociedad de Africanistas y Colonistas, constituida formalmente el 26 de diciembre de 1883. Aunque sus fundadores estaban pensando en aquellos momentos sobre todo en Guinea, su acción será decisiva en la creación del protectorado en el Sahara.
Precisamente en el congreso de 1883 en el que Costa había expuesto su vasto y ambicioso plan de acción colonial, expuso también Cánovas –en el discurso de clausura del congreso, del que había sido nombrado presidente– del modo más claro y coherente cuál era su pensamiento sobre la gran expansión que en ese terreno dibujaban ya las naciones europeas y sobre la función que en ella podía y debía jugar España. Respecto a la primera, ya había expresado en otra ocasión anterior (en su conferencia de $\phantom { - } 1 8 8 2$ en el Ateneo de Madrid sobre el concepto de nación) su apreciación de aquel proceso como fenómeno histórico civilizador, sin desconocer sus fundamentos económicos58; pero será en el discurso del congreso donde caracterice mejor el movimiento expansivo europeo, del que España no podía estar ausente, aunque sin pensar –dijo– que se pudiera confiar en «la próxima resurrección de nuestra antigua y perdida iniciativa nacional». La razón de este hecho se hallaba en su mismo análisis de los factores principales de aquel movimiento, es decir, de la búsqueda de mercados y de materias primas por las naciones industrializadas, cosa que no podía darse en nuestro país dado su grado de desarrollo económico. El corolario respecto a la posición que debía adoptar el.
Estado era el siguiente: puesto que lo prioritario era que existiese un desarrollo industrial y comercial que impulsase y justificase la acción colonial, el gobierno debería abstenerse de cualquier iniciativa propia en ese ámbito, por más que diese protecciones y facilidades, como es lógico, a las fuerzas sociales e individuales de la nación que se hiciesen presentes y actuantes en él59. A esta argumentación basada en los factores económicos, se agregaba otra de orden político apoyada en la consideración de la situación y escasa potencialidad de España así como en el riesgo existente en implicarse en áreas que se estaban convirtiendo en escenarios de enfrentamientos entre las grandes potencias. La conclusión de todo ello era el consejo a los colonialistas de que actuasen con extremada prudencia, limitándose a empresas que estuvieran al alcance de sus medios y que no ofreciesen riesgos.
Estas reflexiones, fruto de un frío realismo, contrastaban llamativamente con el ardiente alegato colonialista del anterior discurso de Costa, pero lo más interesante es que ambos nacían de concepciones radicalmente distintas del fenómeno colonial y su posible manifestación en España. Para Costa ese fenómeno está esencialmente ligado al comercio. «Antes que las armas y la diplomacia conquisten un país –dirá en su conferencia de $\phantom { 0 } { 1 8 8 2 - }$ , toman posesión de él y sus riquezas los industriales por el medio lento, pero irresistible, del comercio». Este debería el gran instrumento de una acción colonial que, en su concepción regeneracionista, sería la base de un progreso econó- mico que llevase a España a niveles semejantes al de las grandes naciones europeas entregadas a la expansión colonial y mercantil. Pero se ha hecho notar el error de los que pensaban $\ll$ que el colonialismo era causa y no consecuencia del poder o riqueza de los países europeos»60, y de los que cifraban en el mercantilismo colonial el progreso español sin advertir que las verdaderas causas del imperialismo europeo se encontraban en el hecho de que el desarrollo capitalista en otras naciones –muy superior al de nuestro país– había originado que para ellas la acción colonial «fuese una necesidad vital e inmediata»61. En este sentido, no hay duda que el análisis de Cánovas era más riguroso, aunque puedan criticarse aspectos de las consecuencias que extraía en el orden geoestratégico o de otro tipo.
Pero lo más notable de la cuestión es que, partiendo de concepciones tan diferentes, las conclusiones en el orden operativo llegaban a una verdadera coincidencia, es decir, en poner el peso inicial de una acción colonial en el terreno de individuos o asociaciones particulares, dejando para el Estado la función posterior y eventual de una protección según aconsejasen las circunstancias. En este coincidencia de dos de los factores que jugaban en el asunto sahariano –el pensamiento y decisiones de los gobernantes, la acción de los africanistas– se halla una causa importante del protectorado.
La proclamación del protectorado sobre el Sahara occidental (1884)
Otras causas, más o menos estimables, se han pretendido encontrar en la decisión de Cánovas de proclamar el protectorado sobre el Sahara. Es difícilmente aceptable que esa decisión se debiera sin más al contacto del jefe de gobierno con los africanistas y a su percepción de la fuerza que iba adquiriendo su movimiento, como afirmaría Gonzalo de Reparaz62, pues la primeras peticiones que le hicieron los colonialistas fueron rechazadas de un modo que mostraba que sus ideas no habían cambiado. Esas peticiones estaba contenidas en una larga exposición que le fueron presentadas por los directivos de la recién nacida Sociedad de Africanistas y Colonista el 31 de enero de $1 8 8 4$ , a los pocos días de formarse el nuevos gobierno conservador, y en ella se hablaba entre otras cosas de instalar barcos-pontones en Río de Oro y otros puntos de aquel litoral, de la construcción de un fortín y del envío de un destacamento de soldados; todo ello apoyado en consideraciones sobre la riqueza pesquera de la zona $\ll$ desde el cabo Bojador a la isla de Arguin $\gg$ , las necesidades de la población canaria, el riesgo de ocupaciones extranjera y, en fin, que ello no produciría complicación diplomática alguna por no haber soberanía alguna de otros Estados en aquellos lugares63. La respuesta negativa de Cánovas se apoyaba en su conocida idea de que la ocupación $\ll$ ofrece dificultad por falta de empresas que lleven a aquel suelo nuestra colonización y comercio», lo que –expresado con sentido más práctico en el Boletín de la Sociedad Geográfica– quería decir: «principien los particulares por crear intereses en la costa del Sahara, y el Gobierno pensará entonces cómo ha de proteger$\mathrm { l e s } \gg { ^ 6 } 4$ . Los africanistas, preocupados entonces sobre todo por la extensión francesa en Guinea, se dedicaron en los meses siguientes a desarrollar su campaña de captación de la opinión pública, destacando en la misma el famoso mitin del teatro Alhambra y las peticiones elevadas a las Cortes, entre las cuales figuraba la ocupación de Ifni.
Podían contar ciertamente con el hecho de que la opinión política se fijaba ahora más en África, pero ello se debía sobre todo a la alarma que provocaban las maniobras francesas en Marruecos65, llevadas a cabo por el ministro plenipotenciario de la Repú- blica en Tánger, Ordega, lo que suscitaba el recelo de las cancillerías. En esta situación, aunque Cánovas mantuvo la reclamación sobre Ifni, lo hizo de tal forma que, según lo expresaba el Mensaje de la Corona, condicionaba esa reclamación a la relación con Marruecos: «Ya depende sólo de nuestras propias resoluciones, teniendo en cuenta la conveniencia nacional, el que ocupemos terreno suficiente para establecer una pesquería en la costa de Ifni, con lo cual no tan solo quedan al pie de la letra cumplidas las estipulaciones de Guad Ras, sino libres de toda mira encontrada nuestras relaciones con el Imperio Jerifiano...cuyo porvenir, por muchas razones, nos debe siempre interesar, y aun preocupar». Esta preocupación se advirtió pocos meses después, cuando el Sultán, agobiado por los problemas interiores, con sublevaciones de cabilas en distintas partes del Imperio y que estaban relacionadas en parte con las maniobras francesas, solicitó del gobierno español un aplazamiento en el tratamiento del asunto de Santa Cruz (Nota del 14 de septiembre). Cánovas accedió a ello, y se esforzó por contrarrestar la acción de Ordega en Marruecos, lográndose al fin que fuese relevado de su puesto por el primer ministro Jules Ferry, e incluso que se estableciese un colaboración diplomática con éste sobre los asuntos marroquíes.
Este abandono de hecho de la cuestión de Ifni-Santa Cruz sería, según Jerónimo Bécker, la causa del apoyo de Cánovas a las demandas sobre Río de Oro de los Africanistas, a los cuales habría querido compensar por la decepción causada en el primer caso66. Pero, sin descartar por completo la influencia que el grupo colonialista pudo tener en el gobernante, creemos que lo decisivo en su conducta fueron sus propias convicciones sobre los asuntos coloniales, que no eran contrariadas en este caso, puesto que en él se daban, con más o menos fuerza, unos intereses particulares representados por las entidades pesqueras, en tanto que la misma ocupación de territorio la iba a realizar la Sociedad de Africanistas, presentándose como obra suya aunque hubiese contado con el acuerdo previo del gobierno. Si todo esto ya eran condiciones suficientes que nos explican la ayuda del gobierno a la empresa, el motivo inmediato de la iniciativa de los Africanistas, y sin duda también del gobierno, fue la ya conocida reacción al peligro de la acción extranjera.
El origen de este peligro nacía de la evolución experimentada en las pesquerías de Río de Oro. La compañía Pesquerías Canario-Africanas, que venían actuando allí desde 1881, llegó a la quiebra en los primeros meses de $1 8 8 4$ . Como la conciencia de la riqueza pesquera de la zona ya estaba bien afirmada, otra compañía anteriormente asociada con aquélla, la Comercial Hispano-Africana, se quedó con las factorías y barcos pontones instalados en Río de Oro y Cabo Blanco. Sin embargo, la escasez de capital le obligó a considerar la oferta de una fusión con los ingleses de Tarfaya, negociándose la constitución de una nueva sociedad anglo-española pero bajo bandera británica67.
La conciencia de peligro no había desaparecido desde la llegada de Mackenzie a Cabo Juby, ya que no era aún segura la posición del gobierno británico respecto a las peticiones de protectorado que le venían desde allí, y ello explica lo rápido de la reacción. Llegada el 10 de octubre la noticia de que salía de Tarfaya un vapor para instalar a la nueva compañía en Río de Oro, ya el 15 de octubre se enviaba una expedición dirigida por Emilio Bonelli en la goleta $\ll$ Ceres», la cual tomó posesión, en nombre de la Sociedad de Africanistas y Colonistas, del litoral situado entre los cabos Bojador y Blanco. Se montaron unas primeras instalaciones en Río de Oro, en la bahía de Cintra y en Cabo Blanco, y en este último lugar se firmaron pactos con una cabila local. La acción de una entidad $\ll$ particular $\gg$ como era la Asociación permitió la ayuda del gobierno con cierta aportación pecuniaria (que se agregó a las de otras instituciones y personas) y facilitando medios a la expedición de Bonelli68.
Tras la expedición de Bonelli, el gobierno español declaró, mediante el Real Decreto de 24 de diciembre de $1 8 8 4$ , que tomaba bajo su protección los territorios de la costa occidental de África comprendida entre los cabos Bojador y Blanco, «sin perjuicio de los derechos subsistentes de tercero que puedan probarse», y lo comunicó a los gobiernos extranjeros, todo ello de acuerdo con las normas que se estaban fijando en el coetáneo Congreso de Berlín celebrado del 15 de noviembre de $1 8 8 4$ al 26 de febrero de $1 8 8 5$ sobre los problemas coloniales en África. Nos encontramos, con esto, ante otro factor no menos importante en el pensamiento de Cánovas como era la buena coyuntura en el orden internacional en este aspecto de las competencias coloniales, que precisamente se procuraba evitar o paliar con la reglamentación que se estaba implantando. La importancia que la conferencia berlinesa iba a tener, aunque su objetivo declarado era la cuestión del Congo, para el conjunto de los problemas Africanos, lo percibieron pronto tanto los colonialistas como el gobierno español. En la Sociedad Geográfica, Coello alertó el 25 de octubre sobre la necesidad de que se defendiese allí nuestros derechos en la costa occidental de África (sin sospechar que sería nombrado poco después delegado técnico en la conferencia), y «La Época» del 15 del mismo mes anunciaba que el objetivo de la reunión era fijar las reglas por las que debían regirse en lo sucesivo la ocupación de tierras aficanas. En un Consejo de Ministros del 18 de diciembre el ministro de Estado informaba de cuáles eran estas reglas, que se ha supuesto contribuyeron en mayor o menor grado a la decisión de Cánovas de proclamar el protectorado69.
Se ha afirmado, por otra parte, que esta declaración también obedeció a que se temía. –equivocadamente– que el gobierno británico llegara a anexionarse la factoría de Tarfaya, extendiéndose luego hacia el sur. No sabemos si fue así, pero hay que pensar que la posición de ese gobierno en ese punto nunca fue segura dada la persistente demanda de protección oficial que provenía de la North West Áfrican. Ante la comunicación española del protectorado, Granville sólo la aceptó tras consultar al Almirantazgo70, y después de recibir la promesa española de que se gozaría de libertad comercial en el territorio del nuevo protectorado. Además, los hermanos Lee, que eran los capitalistas británicos que entonces dirigían la factoría de Cabo Juby, consiguieron que se instruyese al delegado británico en la conferencia de Berlín para que se opusiese a cualquier intervención española que pudiera ir contra su empresa. Joseph Lee se lamentaba de que los españoles se hubieran anexionado $\ll$ nuestro Río de Oro», e instaría en lo sucesivo a su gobierno a que ocupase el litoral que quedaba libre, desde Cabo Bojador al Draa, en el norte, y desde Cabo Blanco hasta muy al $\mathrm { { s u r } ^ { 2 1 } }$ . Si a estas actitudes británicas agregamos el recelo español hacia recientes actividades de compañías francesas72, se comprende que Cánovas accediese esta vez rápidamente a las peticiones de los Africanistas, percibiendo el riesgo real que entrañaba la extensión de las actividades de los ingleses de Tarfaya.
La conferencia de Berlín fijó, además, la noción de «protectorado $\gg$ de modo que correspondía muy bien a sus deseos en cuanto que no implicaba una ocupación efectiva por parte de la nación protectora, tal y como se reflejaba en el capítulo VI del Acta sobre las «formalidades de ocupación». Este punto fue muy discutido ya que Gran Bretaña se enfrentaba en él con otras naciones, pero al fin un cambio de opinión de Bismarck llevó a que se aceptase para la proclamación del protectorado solamente la notificación del mismo a las demás potencias73. Cánovas tuvo además ocasión de puntualizar la condición y caracteres del protectorado que había creado con motivo de unos desgraciados sucesos que tuvieron lugar en Río de Oro pocos meses después de la proclamación del protectorado. Este parecía haber comenzado con buen pie, con construcciones de la Compañía Comercial Hispano-Africana y con cierta actividad comercial y marítima, pero el 9 de marzo de $1 8 8 5$ la factoría fue atacada por moros armados que mataron y secuestraron a varios españoles, aparte de destruir parte de las instalaciones74. El hecho provocó críticas en la prensa y en la oposición, a las cuales respondió el jefe de gobierno en el Congreso el 28 de marzo, comenzando por decir que su respuesta se reduciría «principalmente, si no casi exclusivamente, a fijar el concepto de protectorado en general» y el que se había dado en este caso. Precisó, desde luego, que el gobierno nunca hubiera aceptado la idea de crear colonias, con plazas fuertes y guarniciones, en la costa sahariana ya que tenía $\ll$ más cerca intereses mayores para la Nación y a los cuales no puede satisfacer cuanto quisiera por el estado general del país». Lo que se había hecho era otorgar a las factorías la protección $\ll$ en su relación comercial», darles «toda la ayuda moral necesaria para que con sus propios capitales y con sus propias fuerzas se desarrollaran esas empresas comerciales». La responsabilidad directa de la defensa en establecimientos de esta clase debía ser suya pues tenían que ser mixtos, mercantiles y armados para la defensa. No obstante, se mostró dispuesto a enviar fuerzas a la factoría, como se hizo, reorganizando su administración y gobierno75. Pero, con ello, habían quedado bien marcados los límites de la acción del Estado en la única acción que había emprendido en el área sahariana.
Conclusiones.
Hemos intentado acercarnos a la comprensión del protectorado de $1 8 8 4$ a través de la evolución de un haz de factores de distinto signo que inciden sobre la relación saharianoespañola en el siglo XIX. La certera orientación hacia el Sahara hecha en 1860, que respondía a claras exigencias geopolíticas y económicas, fue realizada sin embargo con la mala elección de la imprecisa Santa Cruz de Mar Pequeña. Se convirtió a ésta en un obsesivo punto de referencia para la acción sahariana siendo así que los factores aparentemente positivos –la posición independiente de las cabilas del Nun, el $\ll$ derecho» diplomático– eran realmente negativos dadas la política del statu-quo con Marruecos y la concepción político-religiosa de la soberanía del Imperio. Junto a ello, la apreciación desfavorable de las condiciones de Santa Cruz-Ifni por los gobernantes españoles y por sus más calificados agentes (Merry, Diosdado) llevó a la idea abandonista, pues ésta era en realidad el proyecto de trueque por Cabo de Agua. Que no saliera adelante en $1 8 8 2$ resulta oscuro, pues la postura marroquí parece era propicia, en tanto que en $1 8 8 9$ , cuando Vega Armijo quiso renovarlo, ya era imposible por la actitud de las potencias en la cuestión marroquí76.
Sin embargo, en $1 8 8 4$ se llega a crear una coyuntura favorable para la acción sahariana en virtud de la evolución de los factores determinantes en la cuestión: presencia del nuevo activismo africanista y su convergencia operativa con el pensamiento canovista; las propias iniciativas de las empresas pesqueras canarias en el litoral africano; una agudización de la siempre latente preocupación geopolítica defensiva ante el empuje del imperialismo extranjero; una oportuna adecuación a la reglamentación diplomática del reparto colonial europeo en África; y, sobre todo, una acertada reorientación en el objetivo territorial. El protectorado sobre el Sahara occidental debería haber sido, desde entonces, la base de una verdadera acción económico-colonial si los sucesivos gobiernos españoles hubieran aplicado, con la prudencia exigida por la limitación de medios, pero con continuidad y previsión, las ideas y consignas del grupo colonialista. No fue así, ni en el terreno del desarrollo económico, como demuestran las demandas y críticas que se dieron en los años 90 sobre la situación en Río de Oro77, ni en el de la necesaria expansión hacia el interior, como lo demuestra la inoperancia de los gobiernos liberales al no reconocer formalmente logros como los conseguidos por la expedición Álvarez-Quiroga-Rizzo en 1886.