El Seguro Escolar (1953-2023): de seguro social para la clase media a fósil en la protección social española1.
Guillermo Revuelta Sierra Universidad de Cantabria, España http://dx.doi.org/10.5209/chco.90266.
Recibido: 3 de julio de 2023 • Aceptado: 22 de noviembre de 2023.
Resumen:El Seguro Escolar es una institución en que están afiliados obligatoriamente todos los estudiantes españoles que cursen estudios oficiales entre los catorce y los veintiocho años. Si el afiliado no tiene más dedicación que el estudio, puede ser beneficiario de sus prestaciones. En idénticas condiciones se encuentran los estudiantes de Estados pertenecientes a la Unión Europea. El Seguro, sin embargo, es un gran desconocido, tanto por lo ínfimo de la cuantía de su prima como por lo paupérrimo de sus prestaciones. En este estudio nos planteamos porqué fue creado y porqué ha acabado adquiriendo un carácter residual en la protección social española. Para responder estas cuestiones cruzamos las disposiciones legislativas del Seguro con las declaraciones de sus creadores y los comentarios de la doctrina coetánea a las mismas. Nuestra tesis es que este Seguro fue creado en 1953 fundamentalmente para proteger el status de la clase media y que fue relegado progresivamente desde los setenta como consecuencia de las nuevas tendencias universalizadoras, en el sistema educativo y en el de la protección social, intensificadas desde los ochenta.
Palabras clave:Estudiantes; Seguro Escolar; Seguro Social; Protección Social; Clase Media.
ENG The School Insurance (1953-2023): from Social Insurance for the Middle Class to Fossil in Spanish Social Protection.
Abstract: The School Insurance is an institution in which all Spanish students who are enrolled in official studies between the ages of fourteen and twenty-eight are compulsorily affiliated. If the affiliate does not have more dedication than the study, he can be a beneficiary of his benefits. Students from Member States of the European Union are in the same situation. Insurance, however, is a great unknown, both because of the negligible amount of its premium and because of the paltryness of its benefits. In this study we consider why it was created and why it has ended up acquiring a residual character in Spanish social protection. To answer these questions, we cross the legislative provisions of the Insurance with the declarations of its creators and the comments of the contemporary doctrine to them. Our thesis is that this Insurance was created in 1953 fundamentally to protect the status of the middle class and that it was gradually relegated from the seventies because of the new universalizing tendencies, in the educational system and in the social protection system, intensified since the eighty. Keywords:Students; School Insurance; Social Insurance; Social Protection; Middle Class.
Sumario: 1. Introducción: proceso de elaboración del Seguro Escolar y sus actores fundamentales. 2. El Seguro Escolar, un seguro social: naturaleza, gestión y financiación (1953-1970). 3. El Seguro Escolar, un seguro social para la clase media: campo de aplicación y prestaciones (1953- 1971). 3.1. Campo de aplicación del Seguro Escolar: las familias de clase media. 3.2. ¿Frente a qué se pretendía realmente proteger con el Seguro Escolar a las familias de clase media? 3.3. Prestaciones del Seguro Escolar: Infortunio familiar, accidente, enfermedad y préstamos al graduado. 4. El Seguro Escolar, 1971-2023: un fósil en el sistema de protección social español. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.
Cómo citar: Revuelta Sierra, Guillermo (2025): “El Seguro Escolar (1953-2023): de seguro social para la clase media a fósil en la protección social española”. Cuadernos de Historia Contemporánea, 47(1), 153-170.
1. Introducción: proceso de elaboración del Seguro Escolar y sus actores fundamentales.
En 1953 se creó en España el Seguro Escolar2 como una iniciativa del Sindicato Español Universitario (SEU). Esta se enmarca en una política más amplia del SEU, encabezado por Jorge Jordana Fuentes, tendente a evitar la ruptura de las nuevas promociones estudiantiles con el franquismo y a reforzar a la familia política falangista, intentando convertir al Sindicato en “la cantera” de los futuros mandos del régimen. Las concreciones de esta política fueron el reforzamiento de los servicios ofrecidos a los estudiantes por el SEU, un aumento de las actividades sindicales, y una mayor actividad política dentro del mismo, que culminó con la celebración del I Congreso Nacional de Estudiantes en abril de 1953. En este empeño, Jorge Jordana contó con el apoyo del Ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz-Giménez, ambos en sus cargos desde julio de 19513.
El proceso de elaboración de la Ley que instituyó el Seguro Escolar en 1953 se puede seguir a través del juego de las declaraciones y respuestas públicas realizadas por el SEU y Ruiz-Giménez. El juego se inició en mayo de 1952, con un artículo publicado en Alcalá, órgano de expresión del SEU “de acuerdo con la Jefatura Nacional del Sindicato, (…) sobre ‘La seguridad social del estamento escolar’”4, que coincidía, además, “con los propósitos culturales de las máximas Jerarquías del Ministerio de Educación”5. El 18 de julio de 1952, Ruiz-Giménez declaró su voluntad de establecer un seguro escolar y expuso unas líneas básicas para su posible articulación6. En septiembre, en la II Reunión Nacional de Mandos del SEU, las líneas se concretaron, destacando la importancia atribuida al Sindicato en la gestión7 . Un mes más tarde, Luis Jordana de Pozas8, Director General del Instituto Nacional de Previsión (INP), la entidad gestora principal de la previsión social española en aquellos momentos, publicó un trabajo en Alcalá. El texto legitimaba, al coincidir con ellas, las líneas aprobadas por el SEU en la II Reunión de Mandos. Planteaba, eso sí, la posibilidad de que el INP, en colaboración del SEU, se integrase en la gestión del Seguro9. A comienzos de 1953, Ruiz-Giménez se comprometió a establecer en ese mismo año el Seguro Escolar10 y en abril, en el I Congreso Nacional de Estudiantes, el SEU perfiló definitivamente la forma que debía tener (Elorriaga, 1953: 60). En mayo Ruiz-Giménez presentó el Proyecto de Ley que recogía todas las reclamaciones del SEU, que ínfimamente modificado, fue defendido en las Cortes el 13 de julio por Jorge Jordana11. El 17, el proyecto dictaminado fue convertido en la Ley que establecía el Seguro Escolar en España, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente12. El 11 de agosto se publicaba una Orden que creaba la Mutualidad, con sus Estatutos, para gestionar el Seguro13.
2. El Seguro Escolar, un seguro social: naturaleza, gestión y financiación (1953-1970)
La característica más importante del Seguro Escolar era su naturaleza social. Se diferenciaba claramente de los seguros mercantiles en tres aspectos: primero, en él no existía el ánimo de lucro; segundo, la financiación no corría únicamente a cargo del asegurado; y tercero, era obligatorio para todos los miembros del colectivo objeto de la protección14. Precisamente, la única cuestión que planteó debates en la comisión de las Cortes que dictaminó el Proyecto fue la naturaleza social o privada del Seguro. Aunque se adujeron argumentos técnicos para rechazar que el Seguro Escolar obligatorio fuese gestionado por compañías aseguradoras privadas (su reducido campo de aplicación y la dificultad de calcular el coste de los riesgos asegurados), fueron determinantes para establecer un seguro social los objetivos de Jordana Fuentes: la formación de las futuras élites del franquismo y ganarse las simpatías de los universitarios para con el Sindicato. Así lo señaló explícitamente:
Especialmente guiaron a la Comisión (…) dos consideraciones: una, la de que era conveniente que el Seguro Escolar fuera, si bien tutelado por el Estado, administrado por los propios estudiantes en régimen de mutualidad, con lo que las futuras minorías dirigentes de España se acostumbran ya en la Universidad a una función que todavía no ha entrado en nuestros claustros (…), que es la Seguridad Social. Otra consideración, de mayor peso si cabe, es la de que el Seguro Escolar obligatorio es, ante todo, y sobre todo, un Seguro Social que ha de escapar a muchas de las características que tienen sus homónimos del.
Derecho Civil o Mercantil. Las tradicionales notas diferenciadoras que los más reputados tratadistas social dan, se encuentran en este Seguro, y, sobre todo, la total ausencia del lucro y el reparto de gran parte de la carga, a través de la participación del Estado sobre el conjunto de la sociedad (Jordana Fuentes, 1953: 8186).
Así se explica la necesidad impuesta por la Ley de que se crease una Mutualidad para la gestión del Seguro. Sin embargo, analiz aremos primero la forma de financiación dado que fue el elemento del Seguro que menos ha variado. La Ley señalaba que la financiación provendría de dos fuentes principales, aportación estatal y cuotas de los asegurados, ya que eran fijas y solo variaban por disposición legislativa. Así, las cargas se distribuirían paritariamente entre el Estado y los asegurados, y el cálculo de la cuantía de sus cuotas sería realizado por el Ministerio de Educación Nacional15. No previéndose otra fuente de financiación, se estableció un período de tres meses desde el inicio de recaudación de las cuotas hasta el del pago de las prestaciones, con el fin de establecer un capital fundacional16. La primera recaudación de cuotas (de 342 pesetas por curso, a satisfacer paritariamente por asegurado y Estado) se realizó en el curso 1954-195517. A pesar de la extensión del campo de aplicación y de las prestaciones, tanto mejorando las existentes como estableciendo otras, la cuota no fue modificada hasta $1 9 8 5 ^ { 1 8 }$ .
La Ley fundacional encomendó la gestión del Seguro al INP a través de una Mutualidad adscrita a su “Servicio de Seguros Voluntarios”. Con relación a la estructura de la Mutualidad, únicamente señalaba que, cuando se crease, su dirección se encomendase a un Consejo integrado por representaciones del Ministerio de Educación Nacional, del INP y del SEU19. Asumiendo esto, los Estatutos la domiciliaron en las “Oficinas Centrales” del INP, al que encargaron su gestión y administración con su personal, separación completa de las demás servicios y una contabilidad independiente. La articulación concreta de la Mutualidad fue un Consejo de Administración, cuya Presidencia se atribuyó al Subsecretario de Educación Nacional; una Comisión Permanente; una Dirección, atribuida al Director Técnico del INP; y unas Comisiones Asesoras, establecidas en cada uno de los doce distritos universitarios existentes en aquel momento. El Consejo se componía de trece miembros natos, es decir, que se encontraban en el mismo por ocupar otros cargos dependientes de los Ministerios de Educación Nacional, de Trabajo, y de Hacienda; y de doce consejeros electivos, uno por cada distrito universitario, y elegidos entre los afiliados al SEU y en la forma que este determinase. Su función era aprobar, tras examinarlos, los presupuestos, memorias, balances, y en general los aspectos técnicos que la Dirección le presentase a través de la Comisión. Esta, compuesta de doce de los miembros natos y tan solo tres de los electivos del Consejo, tenía la función esencial de agilizar la ejecución de las funciones de este y de predefinir sus decisiones. El poder efectivo se encontraba en el Director de la Mutualidad, que, entre otras, tenía las funciones de autorizar los pagos correspondientes a la aplicación de los conceptos presupuestarios, resolver los expedientes de prestaciones obligatorias y proponer a la Comisión la resolución de los expedientes de las complementarias; todo ello siendo, uno de los vocales natos del Consejo y la Comisión. Las Comisiones tenían únicamente funciones asesoras, frente a los asegurados, a los que debían acercar las prestaciones que les correspondiesen, y frente a los órganos superiores de la Mutualidad, haciéndoles llegar las reclamaciones y aspiraciones de aquellos. De sus siete miembros, tan solo dos lo eran electivos a través del SEU y siempre que estuviesen afiliados al mismo20.
Así, la administración del Seguro por los propios estudiantes y su componente formativo para los futuros dirigentes del país era poco menos que una ficción. Es más, en el primer curso de funcionamiento efectivo del Seguro, el principal valedor de su función formativa, Jorge Jordana, dimitió de su cargo en el SEU. Ello se debía a desavenencias con Ruiz-Giménez, por los fines políticos últimos de sus actuaciones21. Esto también explica que desde 1955 el Ministro comenzase a potenciar la aplicación de “lo social” desde su propio departamento, con base en el concepto de “protección escolar”, relegando al SEU22. Para ello creó varias entidades, entre las que se encuentra, la Comisaria de Protección Escolar y Asistencia Social (CPEAS) de 1955. Así, las reformas introducidas en la gestión de la Mutualidad desde este momento tuvieron como meta incluir en la misma a consejeros natos por ocupación de cargos en el Ministerio de Educación, diluyendo aún más el papel de los miembros electivos. En junio de 1955 se incluyó al Comisario de la CPEAS en el Consejo y Comisión de la Mutualidad23; en 1958, se modificaron los Estatutos por una reorganización del INP y la extensión del campo de aplicación del Seguro (afectando esto último especialmente a las Comisiones)24; en 1959 se incluyó en el Consejo y la Comisión al Jefe de la Sección de Protección Escolar del Ministerio de Educación Nacional25; y, en 1964, las Comisiones Asesoras pasaron a ser de Provincia, no de distrito universitario, porque el Seguro se había extendido a la enseñanza media. Ahora cabía la posibilidad de que en las Comisiones asesoras tan solo hubiese un representante del Sindicato26. El SEU, definitivamente, había perdido toda relevancia en la gestión de este Seguro27.
3. El Seguro Escolar, un seguro social para la clase media: campo de aplicación y prestaciones (1953-1971)
El campo de aplicación establecido inicial y provisionalmente incluía a todos los estudiantes españoles de educación superior (enseñanzas universitarias y escuelas t écnicas superiores) hasta los veintiocho años28. Se permitía al Gobierno extender este campo de aplicación, tanto a otras enseñanzas como a estudiantes de otras nacionalidades29.
3.1. Campo de aplicación del Seguro Escolar: las familias de clase media.
Precisamente, el campo de aplicación del Seguro le convertía en excepcional dentro del sistema de protección social español y, además, acabó determinando sus prestaciones. La doctrina era consciente del hec ho. Hasta el momento la protección social se había compuesto de tres instituciones diferenciadas: el ahorro y los seguros mercantiles para “los presuntos ricos”, que podían protegerse con sus propios recursos; el seguro social, obligatorio para “los trabajadores asalariados”, que podían reclamarlo como un derecho; y la asistencia pública, destinada al “residuo de los indigentes”, que no la tenían asegurada, pues se consideraba una concesión graciable (Jordana de Pozas, 1961: 289-291). Ya en 1953 se señalaba el carácter problemático de incluir en el sistema de protección social a los estudiantes, no solo por qué no eran asalariados, sino porqué tampoco se incluían en las clases sociales “calificadas de económicamente débiles”, siendo esta última característica hasta el momento determinante para la inclusión o no en aquel (Borrajo Dacruz, 1953: 859)30. La Ley de 17 de julio de 1953 reconocía esta situación y en su exposición establecía la argumentación justificativa para permitir la inclusión de los estudiantes en el sistema de protección social, centrada en tres puntos: primero, doctrinalmente, la función atribuida a la protección social habría derivado de la cobertura exclusiva “a las capas más débiles de la población” a todos aquellos en que “verdaderamente surja una necesidad social”; segundo, se consideraba al estudiante, implícita y falazmente, como un individuo sin apoyo social alguno; y tercero, se señalaba que los futuros asegurados cumplían “una función importante para el bien común”, como “futuros cuadros dirigentes y profesionales del país”31. Los riesgos que podían generar necesidades sociales en el estudiante, tal como planteaba Jorge Jordana, serían los siguientes:
Como hombre, el estudiante puede padecer la enfermedad, ser víctima del accidente, de la invalidez y de la muerte; como profesional, el estudiante va y viene a su trabajo, maneja sustancias tóxicas y mecanismos, se expone al contagio en hospitales y consultas, práctica obligatoriamente ejercicio físico y deportes, y, por tanto, sufre también accidentes que pueden calificarse de profesionales. Iniciados sus estudios pueden faltarle los medios que necesite imprescindiblemente para terminarlos, y una vez concluidos, el paro puede aquejarle quizá con mayor angustia que en otro tipo de profesiones (Jordana Fuentes, 1953: 8184)32.
Este argumento era falaz pues tomaba al estudiante como sujeto aislado de cualquier entorno social. Implícitamente, el propio Jorge Jordana reconocía que el estudiante dependía del apoyo familiar para iniciar sus estudios universitarios. Lo hacía al explicar una de las prestaciones con la significativa denominación de “pensión por infortunio familiar”, que tendría la función de garantizarle “la continuidad de sus estudios en el supuesto de que, en caso de muerte del cabeza de familia o ruina, descienda sustancialmente su nivel económico de vida” (Jordana Fuentes, 1953: 8185). La doctrina lo afirmaba explícitamente: “El problema de los estudios en la Universidad no es problema, únicamente, del joven estudiante. Es un problema familiar” (Borrajo Dacruz, 1953: 852). Sin embargo, era necesario ocultar este hecho para poder justificar doctrinalmente la inclusión del estudiante en el sistema de protección social estatal. Si finalmente se le protegía como a un asalariado, es decir, con el seguro social, y no como a un indigente, con la asistencia pública, era porque se estimaba que el estudiante era un sujeto productivamente útil para la sociedad, y por ello objeto de derechos sociales (Elorriaga, 1953: 57-58; Borrajo Dacruz, 1953: 849 y 864).
Otra peculiaridad de este Seguro dentro del sistema de protección social español es que se planteaba implícita y explícitamente para la clase media. La educación superior, la cubierta inicialmente por el Seguro, pero también la media, a la que se pretendía extender, eran cursadas mayoritariamente por miembros de la clase media. La doctrina era perfectamente consciente de este hecho33. Es más, la apelación a la clase media se encuentra incluso en la exposición de motivos de la Ley del Seguro: “nuestra benemérita clase media lo reclama urgentemente”34. Así, la implantación del Seguro implicaba reforzar a la clase media en cuanto a vivero de “futuros cuadros dirigentes y profesionales”, garantizando a sus hijos la posibilidad de continuidad en los estudios, al tiempo que no se arbitraban medios (becas), para que grupos sociales menos favorecidos pudieran pensar ni tan siquiera en iniciarlos. Con el Seguro para los universitarios se trataba, en definitiva, de garantizar la posición de la clase media35 frente a la evolucion economica que estaba conduciendo a su salarizacion36, hecho conocido doctrinalmente como “la grave crisis económica que viene atravesando en todos los países la clase media” (Fagoaga, 1951: 52) 37.
Establecido así el campo de aplicación, todos sus desarrollos tomaron por eje la protección a la clase media. En febrero de 1956, fue nombrado Ministro de Educación Nacional Jesús Rubio García-Mina, entre cuyos objetivos prioritarios se encontraba reforzar la enseñanza técnica en todos sus grados (Rubio García-Mina, 1957: 12-13). Por ello se entiende que la primera extensión del Seguro afectase a estudiantes de escuelas técnicas de grado medio38. Cinco días antes del establecimiento de un nuevo gobierno en 1962, Jesús Rubio extendió de nuevo el Seguro, incluyendo a los estudiantes de establecimientos de la educación superior antes excluidos (las escuelas superiores de Bellas Artes y los grados superiores de los Conservatorios de Música), y a los estudiantes del curso preuniversitario, realizando así una primera incursión en las enseñanzas medias generales39. La expansión en esta última enseñanza la realizó el nuevo Ministro, Manuel Lora Tamayo, en 1964, cubriendo a los estudiantes del Bachillerato Superior40. Así, se fijó definitivamente el campo de aplicación del Seguro Escolar entre los catorce41 y los veintiocho años que aún perdura en la actualidad, totalmente ajeno a la evolución del sistema educativo y sus grados42.
3.2. ¿Frente a qué se pretendía realmente proteger con el Seguro Escolar a las familias de clase media?
Aunque el Ministro Joaquín Ruiz-Giménez apelaba a ella y la doctrina era consciente del hecho de que copaba la práctica totalidad de la educación media y superior, el concepto de clase media se daba por supuesto, es decir, no se definía. Tan solo se señalaba el proceso de salarización que estaba afectándola y que se percibía como una crisis pues la hacía vulnerable a las coyunturas económicas y riesgos personales que afectasen a sus cabezas de familia.
En el órgano de expresión del Ministerio de Educación Nacional, Revista de Educación, la primera definición concreta que hemos encontrado sobre la clase media se insertaba en un estudio sobre la “estructura social y coste de enseñanza”. En el mismo se sostenía que la estructura social española se dividía en cinco clases: pobre, baja, media, media alta y alta. Para la categorización se tomaban en consideración tanto aspectos cualitativos (fundamentalmente un catálogo de ocupaciones laborales para cada una de las clases), como cuantitativos (la horquilla de ingresos atribuidas a tales clases). La clase media se compondría de titulados superiores en especialidades técnicas y profesiones liberales que trabajaban por un salario, empleados administrativos y obreros especializados muy cualificados de empresas de la industria y los servicios, propietarios de negocios modestos y oficiales del ejército, cuyas rentas económicas se encontrasen entre las 5.000 y 10.000 pesetas mensuales (entre 60.000 y 120.000 anuales). Por su parte, la clase media alta se compondría de titulados superiores, especialistas técnicos o profesionales liberales, cuyo prestigio les permitía vivir de sus honorarios, los funcionarios de la administración pública, en cualquiera de sus niveles, jefes del ejército, altos cargos administrativos y técnicos de empresas privadas, y empresarios de la agricultura y la industria, todos los cuales tuviesen unos ingresos entre las 10.000 y 16.000 pesetas mensuales (entre 120.000 y 190.000 anuales) (Lorenzo Gelices, 1959-1960: 121-122). Así, lo que trasluce la caracterización cuantitativa es que, efectivamente, la salarización estaría afectando a la clase media y contribuía a una estratificación dentro de la misma. Ahora bien, como recordaba el autor del estudio, e iba implícito en su categorización, la clase social no se definía solo por el volumen de los ingresos, sino también por “el nivel de vida y el modo de vida”, cimentados en “una serie de prácticas y de instituciones” que son los que “dan a la clase social su realidad objetiva” (Lorenzo Gelices, 1959-1960: 121). Precisamente, otro efecto de la salarización de la clase media era que estaba acabando con el profesional, técnico o liberal, que podía determinar independientemente sus condiciones de trabajo y vivir de los honorarios que estipulase por sus servicios43. En definitiva, la salarización estaba acabando con un elemento determinante del status de la clase media, es decir, con su propia existencia objetiva. De ahí que fuese fundamental para las familias de clase media garantizar que su progenie pudiese finalizar sus estudios universitarios y cumplir las expectativas sociales que se le atribuían44.
Así, el Seguro Escolar estaba planteado, aunque sus impulsores no fuesen capaces de expresarlo, para proteger a la clase media y garantizar su status en el proceso de su integración en una economía plenamente capitalista, que en España comenzó a desarrollarse en la década de los cincuenta y se intensificó especialmente durante los sesenta45. La clase media, en cualquier caso, acabó encontrando el acomodó dentro de la nueva economía y con ella su status: de la “clase media tradicional” apegada a sus despachos, talleres y factorías propias, se pasó a una “nueva clase media”, cuya ocupación se encontraba en la gestión y dirección de grandes empresas46.
3.3. Prestaciones del Seguro Escolar: Infortunio familiar, accidente, enfermedad y préstamos al graduado.
Respecto de las prestaciones, la Ley de 1953 señalaba que el Seguro serviría cuatro: “infortunio familiar”, “accidente”, “enfermedad” y “ayuda al graduado”. Sin embargo, preveía también que se establecerían por etapas y que las dos servidas inicialmente serían infortunio familiar y accidente47. Los Estatutos venían a reafirmar esto, estableciendo una diferencia crucial: habría dos tipos de prestaciones, las obligatorias y las complementarias. Prestaciones obligatorias serían accidente, infortunio familiar y enfermedad, siendo complementaria la ayuda al graduado48. Dado que el Seguro era para la clase media, sus prestaciones respondían a sus problemáticas. Como hemos dicho, la causa fundamental de que comenzase a percibirse la necesidad de extender la protección estatal para la clase media era la salarización de “sus cabezas de familia”. La prestación por infortunio familiar, precisamente, tenía el fin de garantizar que la quiebra económica de la familia no tuviese como corolario la imposibilidad para sus hijos de culminar los estudios una vez iniciados (se exigía para causar derecho a ella el haber cursado al menos un curso). Esto quedaba claro en los Estatutos, repitiendo lo dispuesto en la Ley, al establecer que la prestación de infortunio familiar trataba de
asegurar al estudiante la continuidad de sus estudios ya iniciados hasta su término en el caso de fallecimiento del cabeza de familia y otra circunstancia que ocasione una absoluta imposibilidad de terminar sus estudios, como consecuencia directa de la situación econó- mica sobrevenida en su hogar.
La prestación se estableció en 8.000 pesetas por curso, hasta que el estudiante acabase la carrera, sin rebasar, en cualquier caso, la edad de veintiocho años. La prestación se revisaba anualmente ponderando el aprovechamiento en los estudios del beneficiario, su continuidad y la persistencia de la situación económica que motivó su concesión49. La prestación fue revisada en 1958, cuando se elevó a las 12.000 pesetas por curso50; en 1963, cuando alcanzó las 14.400 pesetas por curso51; y en 1971, cuando se incrementó para los miembros de familia numerosa52.
El accidente remitía a la causa que originaba tres prestaciones distintas. Se hablaba del accidente pues las prestaciones derivaban del riesgo definido como toda la lesión corporal de que fuese víctima el estudiante por la realización de actividades organizadas o autorizadas por los centros de enseñanza o el SEU. En función de las consecuencias del accidente para la víctima, se conceptualizaba una de las tres prestaciones mencionadas. Si la lesión se curaba completamente en el plazo de un año, y el estudiante podía continuar sus estudios normalmente, se trataba de una incapacidad temporal; si la lesión, una vez curada, dejaba alguna secuela que impedía la continuación de los estudios iniciados, se trataba de una incapacidad permanente y absoluta; y, si, además de lo último, la víctima quedaba incapacitada para “los actos más necesarios de la vida”, se catalogaba como inválido. En todos los casos, el Seguro estaba obligado a prestar la asistencia médica por sus propios medios hasta que la lesión quedase curada y en la incapacidad permanente y absoluta y la invalidez debía también pagar una prestación econó- mica. En el caso de la prestación por incapacidad permanente y absoluta, adoptaba la forma de una indemnización entre las 25.000 y las 100.000 mil pesetas, en función del tipo de estudios realizados y la disminución de la capacidad para una actividad profesional. En el caso de la invalidez, la prestación adoptaba la forma de una pensión vitalicia de 12.000 pesetas anuales. Existía también una prestación por muerte del asegurado, consistente en el pago de los gastos del sepelio por la Mutualidad, en cantidades variables en función del número de habitantes de la población del finado53. En 1956, las prestaciones de invalidez y muerte fueron aumentadas. La primera fue doblada hasta las 24.000 pesetas anuales, mientras que la indemnización por gastos del sepelio fue unificada en 5.000 pesetas, que podían elevarse hasta las 20.000, si el fallecimiento se producía en lugar distinto al de la residencia familiar del finado. Además, en atención a los estudiantes con familiares dependientes, se estableció para estos una indemnización de 50.000 pesetas54. Así, la prestación por accidente no solo afrontaba el efecto que sobre la familia de clase media suponía cargar con una persona inválida e incapacitada, sino que también afrontaba el hecho de que el accidentado podía serlo como consecuencia de una obligación impuesta por los planes de estudio55.
La Ley prometió el establecimiento futuro de la prestación de enfermedad que habría de consistir en la “asistencia médica completa” y el pago del $60 \%$ de los costes farmacéuticos ocasionados al asegurado. La prestación se serviría durante nueve meses al año, coincidentes con el curso escolar, salvo en el caso de la prestación por tuberculosis, que se prestaría por tres años ininterrumpidos56. Sin embargo, el desarrollo posterior del Seguro limitó la prestación por enfermedad a ciertas especialidades que exigían hospitalización. Cuatro fueron las prestaciones de enfermedad finalmente cubiertas: tuberculosis, psiquiatría, cirugía general, y, como desarrollo de esta última, la tocología. La forma de prestar todas estas prestaciones tenía varias características comunes: se establecieron en dos fases, una de implantación en que se prestaban los servicios más básicos de la contingencia tratada, y otra en que se incluyeron también los servicios complementarios, aunque, tanto en la primera como en la segunda fase existían estrictas limitaciones temporales para su prestación57; para servirlas se autorizaba al Seguro a concertar los servicios con los establecimientos y facultativos que considerase oportuno; el Seguro se hacía cargo completamente de los gastos médicos y farmacéuticos; y se prestaban a todos los asegurados siempre que lo fuesen con un año de antigüedad. Además, el establecimiento de todas ellas se justificaba por la existencia de excedentes en el Seguro y por su fuerte coste económico para los estudiantes, explicitándose en la prestación por tuberculosis que su “gravosidad” afectaba fundamentalmente a “la economía familiar del estudiante”58.
Finalmente, cabe mencionar la prestación de ayuda al graduado, en tanto que la Ley y los Estatutos la incluían entre sus prestaciones. Ahora bien, mientras que las otras prestaciones trataban de garantizar la condición de estudiante a quienes hubiesen podido acceder a los estudios superiores, esta trataba de ayudarlos en la “salida de la Universidad o, mejor, entrada (…) en la sociedad” (Borrajo Dacruz, 1953: 867). De ahí que fuese una prestación complementaria. Nuevamente, se trataba de asegurar la posición de las familias de clase media, garantizándolas un empleo para sus hijos acorde con sus expectativas sociales, es decir, su status59. Precisamente por su carácter diferenciado, la prestación, cuando se estableció en 1956, adoptó la forma de préstamos. Los había de dos tipos, los pensados para ayudar a preparar una oposición, en este caso de 15.000 pesetas anuales, que se podrían otorgar durante tres años, por lo tanto, de hasta 45.000 pesetas, y que se efectuaba por mensualidades, como si de una pensión se tratase; y los pensados para establecerse permanentemente en una profesión, en cuyo caso el préstamo sería de 25.000 pesetas y se pagaría en una vez. Los préstamos no devengaban intereses y debían ser amortizados a los diez años de su concesión, como tope máximo, iniciándose su devolución a los cinco años de esta60. Como esta prestación caía por su naturaleza dentro del ámbito de la protección escolar, en 1961, el Ministerio de Educación se arrogó la posibilidad de establecer una ayuda semejante, a través de la CPEAS61. Por ello, en 1963, se legisló que los préstamos, elevados a las 108.000 pesetas totales en el caso de la preparación de las oposiciones y a las 100.000 en el supuesto del primer establecimiento profesional, serían concedidos por la Mutualidad y pagados a través de un fondo específico creado dentro de ella con fondos, que ya no provenían de la cuota del Seguro, y siguiendo las normas del concurso para su concesión establecidas por la Comisaría62. Sin embargo, era evidente que los préstamos constituían “una forma específica de protección escolar”. Consecuentemente, en 1966, se estableció definitivamente que sería la CPEAS la que definiese las normas para el concurso y decidiese sobre su concesión. La función de la Mutualidad se redujo a efectuar las tareas de pago de las prestaciones y recaudación de las amortizaciones63. Así, la prestación de ayuda al graduado quedó definitivamente excluida del Seguro Escolar.
4. El Seguro Escolar, 1971-2023: un fósil en el sistema de protección social español.
En los setenta se iniciaron tendencias hacia la universalización, tanto en la protección social, como especialmente en el sistema educativo, que fueron firmemente asentadas en los oche nta. Una de las consecuencias de tal universalización fue el abandono progresivo del Seguro Escolar por parte del Estado. El primer hito en este proceso, y también el más importante a nuestro parecer, fue la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa de 1970, impulsada por el Ministro de Educación y Ciencia José Luis Villar Palasí. El Ministro, amparado en “el clamoroso deseo popular”, pretendía garantizar, obligatoria y gratuitamente, la Educación General Básica hasta los trece años y planteaba como objetivo, una vez alcanzada esta pretensión, la gratuidad, también, del Bachillerato, hasta los dieciséis años. Es más, pretendía hacer efectivo definitivamente el “principio de igualdad de oportunidades” para la educación superior con las ayudas necesarias para que pudiese ser accesible a cualquier alumno con independencia de sus medios económicos64. Aun tendencialmente, esto suponía acabar con el carácter clasista de la educación media y superior, y, por lo tanto, del Seguro Escolar65. Por su parte, y en un proceso de reorganización más amplio del sistema de protección social español, el INP fue extinguido en 1978, y con él la Mutualidad del Seguro Escolar. Desde este momento, el Seguro sería gestionado directamente por el recién creado Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)66.
El Seguro en sí mismo solo sufrió tres modificaciones más. En 1985, la cuantía de su cuota se elevó a las 374 pesetas, pagada paritariamente por el asegurado y el Estado. Además, se determinó que las prestaciones del Seguro Escolar solo se servirían a los asegurados cuya única dedicación fuese el estudio, es decir, que no tuviesen derecho a prestaciones del sistema de seguridad social en concepto de trabajadores67. En 1990, se incluyó en su campo de aplicación a los miembros del resto de países miembros de la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), que estudiasen en España y cumpliesen los otros requisitos que imponía el Seguro68. Finalmente, consecuentemente con la regionalización de la sanidad, desde 2006, se ha iniciado el traspaso de la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar desde el INSS a las Comunidades Autónomas (CC.AA.)69.
En el momento de redacción de este estudio, el Seguro Escolar sigue funcionando en el sistema de protección social español, como una institución anacrónica con unas protecciones residuales (estancadas sus prestaciones económicas70), y limitadas las sanitarias (asistencia completa en tocología, y hospitalaria en la tuberculosis pulmonar y ósea, en las enfermedades neuropsiquiátricas, y los tratamientos quirúrgicos genéricos). La causa última de este proceso es el hecho del establecimiento del Estado del bienestar en España, cimentado en la universalización de los derechos sociales a todos sus ciudadanos. Desde 1970, la educación en todos sus grados ha ido universalizándose, gracias a la disminución del precio de las matrículas y el sistema de becas estatal; la protección social ha terminado por incluir a la totalidad de la población necesitada71, y la sanidad desde 1990 es un derecho efectivo para todos los ciudadanos españoles72. La clase media, en tanto que compuesta de ciudadanos del Estado español, ha sido incluida indistintamente con el resto de contingentes poblacionales en los servicios públicos. El Seguro Escolar desde los noventa simplemente ha perdido su razón de ser73.
5. Conclusiones.
El Seguro Escolar fue creado en España en 1953 como consecuencia de la iniciativa política de Jorge Jordana Fuentes. Como Jefe Nacional del falangista SEU, pretendió atraerse las simpatías de los estudiantes de educación superior al Sindicato por medio de su inclusión en la protección social, al tiempo que los formaba en aspectos técnicos por medio de la gestión del Seguro Escolar. El Jefe Nacional contó con el apoyo del Ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez. Entre las preocupaciones del Ministro se encontraba la cuestión de la clase media, afectada por el desarrollo económico que conducía a su salarización. Cada vez eran menos los profesionales que podían determinar sus condiciones laborales y los honorarios por sus servicios, lo que era percibido como un peligro. Así, el Seguro se vio determinado en todos los aspectos por las preocupaciones de estos dos personajes. Por Jorge Jordana adoptó la naturaleza social (esto es, sin ánimo de lucro y financiado en buena parte por el Estado) y la gestión a través de una Mutualidad; por Joaquín Ruiz-Giménez, su campo de aplicación se circunscribió a la etapa educativa copada por la clase media (la superior) y sus prestaciones se enfocaron bien en garantizar que su progenie culminase su formación funcionarial o profesional, técnica o liberal (infortunio familiar, incapacidad temporal, enfermedad y ayuda al graduado), bien en compensar a las familias que por hechos catastróficos fuesen afectadas por una carga económica vitalicia en forma de hijo que nunca podría emplearse ni en función de sus expectativas de clase (incapacidad permanente y absoluta para los estudios iniciados) ni en cualquier ocupación retribuida (invalidez).
Aunque impulsado por Jorge Jordana, lo realmente determinante del Seguro Escolar era la cobertura de la clase media. Mientras que en los sesenta el campo de aplicación del Seguro continuó extendiéndose (hasta incluir a todos los estudiantes de educación superior y media) y sus prestaciones fueron mejoradas por nuevos Ministros de Educación (Jesús Rubio García-Mina y Manuel Lora Tamayo), ni siquiera en sus orígenes la gestión por sus asegurados pasó de ser una ficción, que, además, fue intensificándose según el SEU perdía cualquier relevancia política hasta desaparecer. Como una cáscara vacía, la Mutualidad del Seguro fue suprimida en 1978 por el régimen político sucesor al franquista. Precisamente, aún bajo este último, se hizo evidente que el proceso de desarrollo económico y sus consecuencias eran inevitables. Los planes educativos vigentes hasta el momento simplemente ya no eran funcionales. Esta constatación, junto con la de que existía un deseo popular y generalizado de su modificación, movieron al Ministro de Educación José Luis Villar-Palasí a la modernización y universalización de todo el sistema educativo en 1970. Desde este momento, al menos tendencialmente, el sistema educativo sería provisto económicamente para extenderse a toda la población y en todos los grados y, por lo tanto, perdería su carácter clasista. La tendencia a la universalización educativa fue acompañada también por procesos semejantes en los sistemas sanitario y de protección social. Estas tendencias fueron intensificadas en los ochenta. Así, en los noventa, la universalización en todos estos ámbitos era ya un hecho y desde este momento el Seguro Escolar ha ido perdiendo toda relevancia, pues sus funciones son prestadas por los sistemas sanitario y de protección social y su finalidad última carece de sentido cuando, ni la educación superior ni la media (ahora secundaria) son ya un coto exclusivo de la clase media. El Seguro Escolar ha sido olvidado por el legislador y la sociedad por las importantes necesidades (técnicas, planificadoras y de recursos) requeridos por los sistemas sanitario y de protección social universales, así como sus relevantes beneficios.
Con unas prestaciones sanitarias cubiertas con mayor amplitud y generosidad en el sistema universal y unas prestaciones económicas ancladas en unos valores de la década de los sesenta, ajenas a toda evolución económica, hoy en día el Seguro Escolar no es más que un fósil en el sistema de protección social español.
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