Reformar el corporativismo militar: la acción política del duque de Montemar como ministro de guerra (1737-1741)
Thomas Glesener1.
Recibido: 18 de julio de 2016 / Aceptado: 28 de septiembre de 2016.
Resumen.Este artículo estudia el cargo efímero de ministro de guerra que fue ostentado por el duque de Montemar entre 1737 y 1741. Situándolo en el contexto que atravesó el ejército borbónico desde el final de la contienda sucesoria, y en particular en la difícil gestión de los potentes grupos de poder formados por los veteranos felipistas, particularmente presentes en los cuerpos de la Casa Real, el ministerio de guerra se presentó como una tentativa de centralizar desde arriba los diferentes ramos del ejército. A pesar de estar teóricamente subordinado al secretario del Despacho de Guerra, Montemar actuó de tal forma que provocó la hostilidad de los cuerpos privilegiados del ejército. Ello queda patente en el análisis tanto del conflicto suscitado por el control de la real brigada de carabineros como de la reforma del reclutamiento de los regimientos de naciones.
Palabras clave: Ejército; Casa Real; Felipe V; Secretaría de guerra; reforma; brigada de carabineros reales; José Patiño; Casimiro Uztariz; Sebastián de la Cuadra; Baltasar de Jauche; Flamencos; guardias valonas; naciones.
[en] The reform of the Military Corporatism: the Duke of Montemar’s Political Action as War Ministry.
Abstract. This article examines the ephemeral War Ministry which had been held by the Duke of Montemar between 1737 and 1741. This experience is situated in the political context of the Bourbon’s Army since the end of the War of the Spanish Succession, which was dominated by powerful lobbies of “felipistas” veterans, particularly present in the Royal Guards. Hence, the War Ministry has been an attempt to centralize from above the different branches of the army. Despite being theoretically subordinate to the State Secretary of War, Montemar acted in a way that caused the hostility of the privileged army corps. It is what is studied through the conflict for the control of the “Real Brigada de Carabineros” and the reform of the recruitment of the foreign regiments.
Keywords: Army; Royal Household; Philipp V; State Secretary of War; Reform; Real brigade de carabineros reales; José Patiño; Casimiro Uztariz; Sebastián de la Cuadra; Balthazar de Jauche; Flemish;Walloon Guards; Foreign Regiment.
Sumario. 1. Introduccion. 2. El legado militar del conflicto succesorio. 3. La dificil gestión del generalato y de las corporaciones militares. 4. La creacion del ministerio de guerra. 5. El conflicto por el control de la brigada de carabineros reales. 6. Reformar el ejercito de naciones: la creacion de las brigadas italiana, irlandesa y valona. 7. Conclusión.
Cómo citar: Glesener, T. (2016) Reformar el corporativismo militar: la acción política del duque de Montemar como ministro de guerra (1737-1741), en Cuadernos de Historia Moderna 41.2, 313-335.
1. Introduccion.
En los últimos veinte años la percepción del reformismo militar de Felipe V ha cambiado profundamente siguiendo dos líneas sucesivas: en un primer momento se ha valorado el reformismo del primer Borbón, sobre todo durante la guerra de Sucesión, recalcando, a nivel jurídico, la importancia de las ordenanzas de Flandes de 1701 y 1702, a nivel político, el destacado papel concedido a los militares en el gobierno territorial de la Antigua Corona de Aragón y, a nivel institucional, la profesionalización de la carrera militar que llevó a la creación de un ejército estamental.2 Esta percepción “positiva” del reformismo felipista, en la cual se vieron las primeras etapas de la constitución de un ejército nacional, ha ido paulatinamente declinando a medida que los estudios sobre la venalidad militar iban demostrado la amplitud de los negocios que iban encubiertos. Los anhelos modernizadores, interesados en restaurar la potencia militar de España, iban así a la par con un entramado de servicios y favores que unían a los ministros del rey con sus clientelas de amigos y paisanos.3 Esto no implicaba necesariamente la existencia de prácticas corruptas, pero sí la existencia de potentes intereses particulares vinculados al aparato militar de la monarquía. El enfoque familiar ha permitido ver las relaciones densas que han existido entre el gobierno político, el medio de los asentistas del ejército y el mando militar, demostrando así que la institución militar ha sido un punto de encuentro donde han cuajado los intereses políticos y económicos de una franja importante de las élites del Estado borbónico. Por lo tanto, los estudios actuales ya no separan ni oponen los reinados de Felipe V y de Carlos III, sino que abarcan una cronología amplia que permite ver a lo largo del siglo la continuidad entre los intentos de reforma de la institución y las resistencias que suscitaron.4.
Siguiendo esta línea, nos interesa aquí indagar en un momento clave de transición política en la segunda parte del reinado de Felipe V, que recientemente está recibiendo mayor atención por parte de los historiadores. Se trata del periodo que cubre los años 1736-1741, cuando un equipo de grandes asentistas liderado por el marqués de Torrenueva y Juan Bautista Iturralde aprovechó la muerte de José Patiño para hacerse con el gobierno económico de la monarquía. Gracias al famoso artículo de Pablo Fernández Albaladejo, este periodo se conoce sobre todo a través de la suspensión de pagos de 1739. Considerada como una vuelta atrás en los métodos de gestión de las arcas reales, Albaladejo estimaba que el gobierno de Iturralde había sido un paréntesis conservador entre los gobiernos ilustrados de José Patiño y de José Campillo, que influyeron en la modernización de la administración de la real hacienda. Según el autor, la actuación de Iturralde al frente de la Secretaría y del Consejo de Hacienda supuso un reconocimiento explícito de una concepción de la Hacienda manejada por el negocio privado, con un papel destacado de los Consejos sobre las Secretarías, lo que marcó la diferencia con la prioridad dada por Orry y Patiño a un gobierno ejecutivo y centralizado de las finanzas reales.5 Estudios recientes han ampliado la perspectiva poniendo de relieve las relaciones que tuvo ese programa de gobierno hacendístico en otros ámbitos de la monarquía, como fueron la gestión del asiento de negros o el plan de disminución de gastos de las Casas Reales.6.
Hasta ahora, los cambios introducidos en ese periodo en la institución militar han sido poco estudiados, y se conocen sobre todo a través de la reforma del Consejo de Guerra y el papel que tuvieron los asentistas en la política naval.7 Sin embargo, entre 1737 y 1741 el gobierno militar fue dominado por José Carrillo Albornoz, duque de Montemar, decano del Consejo de Guerra y ministro de la Guerra, un personaje central que aún no ha recibido un estudio pormenorizado.8 Esta figura parece haber impulsado el mayor intento de fortalecimiento de la administración militar, frente al poder de los oficiales y del generalato, llevado a cabo desde el final de la guerra de Sucesión. Su actuación permite arrojar una luz nueva sobre un fenómeno que ha sido poco estudiado hasta ahora, como es el poder de los corporativismos militares constituidos a raíz de los privilegios concedidos a los oficiales felipistas de alto rango durante el conflicto sucesorio. Si la mayoría de las reformas impulsadas por Montemar fracasaron, su gobierno al frente de la administración militar muestra las profundas tensiones que atravesaban la institución militar, en el mismo reinado de Felipe V, entre los veteranos de la contienda y algunos administradores que pretendían uniformizar los modos de gestión de la tropa. En esta aportación no pretendemos cubrir todos los aspectos del problema. Tratamos aquí de contextualizar la creación de la figura del ministro de guerra y analizar su actuación a través de dos casos: la lucha por el control de la brigada de carabineros reales y los conflictos entorno a la reorganización del ejército de naciones.
2. El legado militar del conflicto succesorio.
Las grandes etapas de la labor reformista de Felipe V en cuestiones militares son conocidas. El proceso se inició en Flandes, con la publicación de las ordenanzas de 1701 y 1702 que introdujeron la estructura regimental al estilo francés, mientras que un reglamento de 1707 sustituyo los nombres de los tercios, denominados hasta entonces por sus coroneles, por una serie de topónimos. Por otra parte, entre 1702 y 1707 fueron reformados los antiguos cuerpos de guardias de la Casa real y sustituidos por unidades militares: cuatro compañías de guardia de corps, una compañía de alabarderos y dos regimientos de infantería. Además, en 1704, el escalafón militar fue configurado y reforzado, y la concesión de empleos sería declarada una competencia exclusiva del rey, lo que dio paso a una profesionalización de la carrera militar y a un mayor control de la administración real sobre la oficialidad y los soldados. De hecho, ese proceso coincidió con la creación de una Secretaria de Guerra que establecía nuevos cargos de control de la tropa: en 1704 se crearon las direcciones generales de las armas, cada una con su correspondiente inspector, por cuyas manos iban a pasar todos los asuntos que afectaban a los regimientos. Hubo que esperar el final de la guerra para que esta nueva estructura administrativa se estabilizara y se impusiera al antiguo Consejo de Guerra que quedó, a partir de 1717, relegado al rango de tribunal superior encargado de velar por el respeto del fuero militar. Al mismo tiempo que se creaba una nueva administración militar, la alta oficialidad recibió durante la guerra nuevas responsabilidades en la gestión del territorio. El mando de las tropas estuvo en primera línea a la hora de controlar las ciudades reconquistadas en Valencia y en Aragón. En 1707, los decretos de Nueva Planta de ambos territorios confirmaron el papel político de los oficiales, con la reunión en la mayoría de los nuevos corregimientos del cargo de corregidor con el de gobernador militar. A partir de 1716, con los decretos de Nueva Planta en Cataluña, se fue generalizando la figura del capitán general de provincia, quien presidia también las nuevas audiencias, reuniendo así la dirección de los asuntos políticos y militares.9 Por lo tanto, dejando aparte las milicias provinciales, la nueva organización política y administrativa del ejército de tierra fue creada en quince años. Y, a pesar de varios intentos de reforma de diferente calado, esta estructura no sufrió cambios importantes hasta bien entrado el reinado de Carlos III.
Para entender la estabilidad del aparato militar durante más de medio siglo hay que resaltar dos aspectos políticos que acompañaron estas reformas y que, a pesar de ser sumamente conocidos, no se han considerado a nuestro juicio con la debida importancia. Por una parte, el ejército fue reformado durante una guerra civil con la intención de reforzar la fidelidad de las élites del reino al bando borbónico. Por otra parte, el ejército fue un instrumento de atracción a la Península de los felipistas de toda la monarquía, y después del Tratado de Utrecht, un medio para mantener en España a las familias de esos mismos felipistas exiliados de Flandes e Italia. Estos factores, que vamos a detallar en adelante, explican gran parte de las dificultades que se presentaron a la hora de reformar el ejército.
Muchos estudios han apuntado al proceso de militarización de las élites durante la contienda sucesoria, designando así tanto el alistamiento de gran parte de la nobleza en las filas del ejército como el acercamiento y la superposición de la jerarquía militar y de la jerarquía social para configurar lo que se ha llamado un ejército estamental.10 Es un proceso que ha sido ampliamente descrito para el caso francés durante el reinado de Luis XIV, pero que no se puede aplicar al caso español sin aportar importantes matices. Por un lado, en el contexto de una guerra civil, el proceso de militarización de las élites no ha sido una simple “domesticación” de la nobleza por parte del rey, sino un proceso de fidelización de una facción política por uno de los dos pretendientes al trono.11 No es de extrañar que los momentos clave de ese proceso hayan sido los años 1705-1707 y 1709-1711, es decir las dos grandes fases de derrotas militares que por poco arrebataron la corona a Felipe V. Fue durante esos momentos críticos que se concedieron los mayores privilegios a la cúpula militar formada por los cuerpos de la Casa Real, que se reorganizó la administración territorial para confiarla a la alta oficialidad, y que se vendieron una gran cantidad de empleos militares.12 Analizada desde una perspectiva exclusivamente material, se pierde de vista la dimensión política de la venalidad militar, que no solo es la expresión de una necesidad económica, sino también una manera de reactivar los vínculos de fidelidad a través del do ut des que rige la economía de la gracia.13 Por otra parte, el modelo de la militarización de las élites debe tomar en cuenta la cantidad de empleos que se vendieron, en un plazo muy breve, y en sectores sociales a veces muy alejados de la nobleza tradicional. Así pues, la atracción de las élites al servicio de las armas no concierne solo a la antigua nobleza sino que se trata de un proceso amplio y acelerado de renovación de las élites a través de la concesión de empleos militares y de títulos nobiliarios.14 Esto no fue un daño colateral hecho inevitable por las necesidades económicas de la corona, sino que fue el objetivo de una política deliberada para cubrir las filas del ejército de gente de confianza que, en los momentos de mayor peligro para el rey borbónico, decidieron apostar por él invirtiendo su dinero en empleos militares. Por lo tanto, más que hablar de militarización de las élites, se debería considerar el proceso de politización del ejército que se llevó a cabo durante la contienda sucesoria, puesto que se transformó la institución militar para asegurar el control de los puntos neurálgicos de la monarquía por uno de los bandos en liza en el conflicto sucesorio. El papel de las luchas dinásticas del siglo XVIII en la politización de los ejércitos europeos constituye un asunto pendiente para la historiografía, pero resulta claro que el caso español solo es uno entre tantos.15.
El segundo elemento invita a considerar las consecuencias de ese proceso de politización más allá de las fronteras peninsulares. La dimensión civil de la Guerra de Sucesión no fue tan aguda en los territorios europeos del rey de España. Las reformas del ejército en Flandes o en Milán se hicieron entre 1701 y 1703, es decir antes de la polarización dinástica que se produjo a partir de 1705, así que no fueron procesos discriminatorios comparables al de la Península. Sin embargo, la precoz caída de gran parte de Italia del Norte, de Nápoles y de los Países Bajos a manos de los austriacos y de los anglo-holandeses, aceleró la formación de los bandos dinásticos, obligando a los partidarios de Felipe V a seguir luchando en los últimos recintos o a exiliarse en España o en Francia. Si Luis XIV se mostró muy reticente en acoger entre las filas de su ejército a los vencidos, Felipe V mantuvo una política activa de atracción y de amparo de sus partidarios flamencos e italianos en sus tropas, tanto para ampliar los círculos felipistas en Madrid como para aumentar su capacidad militar. En dos ocasiones, en 1703-1705 y 1710-1711, decenas de oficiales llegaron a la Península procedentes de los ejércitos de Flandes y de Italia. En el primer caso, fue a causa de la creación de la Casa militar y de la formación de las unidades italianas y flamencas que la componían. En el segundo caso, fue la consecuencia de la retirada francesa que obligó a Felipe V a integrar los regimientos valones e italianos en el ejército peninsular para compensar la disminución de sus fuerzas.16 En consecuencia, fueron las circunstancias del conflicto sucesorio las que hicieron que el ejército de las naciones se replegase en los territorios peninsulares y, al final de la guerra, a pesar de haber cedido Flandes e Italia, se conservara como recompensa de los méritos de los oficiales exiliados. Entonces, el otro legado del conflicto sucesorio fue el mantenimiento de un ejército de naciones que ya no reposaba sobre sus respectivas haciendas reales sino en las únicas rentas de los reinos peninsulares. Además, la oficialidad que lo componía, por sus servicios prestados durante la contienda, se consideró en igualdad de derechos con sus homólogos españoles: todos se regían por las mismas ordenanzas, cobraban los mismos sueldos y tenían los mismos canales de acceso a los empleos del gobierno territorial.17 Era una situación totalmente diferente, por ejemplo, de los regimientos suizos en Francia, que tenían sus propias capitulaciones, se beneficiaban de la jurisdicción de sus cantones de origen, y no tenían salida fuera de sus regimientos. El mantenimiento de un ejército de naciones in partibus y el principio del equilibrio entre las naciones fue el precio que Felipe V tuvo que pagar a sus partidarios europeos que se exiliaron en España.
Al final de la guerra, ninguno de los privilegios concedidos a la cúpula militar felipista fue reducido. La gran reforma que llevó a cabo Alberoni en 1715 y 1716 no llegó a arrebatar al mando militar el poder adquirido, que estaba todavía en manos de los veteranos de la Guerra de Sucesión.18 Queda aún por aclarar el papel que tuvo el generalato en la decisión de emprender la conquista de Cerdeña en 1717, y desde una perspectiva general, en el inicio de las guerras de Italia. En todo caso, el belicismo hispano posterior al Tratado de Utrecht merece ser revisado porque implica a grupos de poder mucho más amplios que el círculo italiano próximo a la reina Isabel Farnesio.19 A nivel organizativo, el poder adquirido por el mando militar provocó el debilitamiento del aparato administrativo de control sobre la tropa, creado en los inicios del reinado. De hecho, la estructura regimental salió reforzada del conflicto y, en vez de unificar la institución militar bajo el control de la administración, se produjo una profusión reglamentaria que intentaba preservar los privilegios adquiridos durante el conflicto por los distintos ramos del ejército. La constitución de auténticas corporaciones militares privilegiadas es emblemática en ese proceso, tal y como son los cuerpos de la Casa Real, los regimientos del rey o de la reina, o el cuerpo de ingenieros.20 Por ejemplo, los privilegios de la guardia real –que concentraba las familias felipistas más próximas al rey– permitieron controlar a un número reducido de oficiales $( 8 \% )$ prácticamente el $40 \%$ del generalato y el $30 \%$ de las capitanías generales de provincia. Además, por su estatuto, los comandantes tenían jurisdicción sobre sus unidades, eran directores e inspectores de sus cuerpos y controlaban los oficios a sueldo, mientras que el reclutamiento de los cadetes se decidía “a boca”, en una entrevista personal con el rey o con su secretario de guerra.21 A la inversa de lo que se suele pensar, muchos de estos privilegios no fueron una mera transposición de lo que existía en Francia, sino que fueron concedidos durante y después de la guerra como recompensa a la fidelidad política del primer círculo felipista.22 Es cierto que la tensión entre las lógicas corporativas y las lógicas administrativas ha sido un fenó- meno común en los ejércitos de la época moderna. Sin embargo, en el contexto de la postguerra, en España recobró una dimensión específica. El corporativismo militar no era, en este caso, una condición privilegiada reivindicada por el estamento de la antigua nobleza, se trataba de unos privilegios recién adquiridos por una élite de extracción social y geográfica muy heterogénea y que los poseía por su alistamiento en el bando borbónico. Así pues, los privilegios del mando militar no se podían reducir sin que el rey aceptara marginalizar a los grupos que le habían mantenido a su costa en el trono, lo que explica las dificultades de gestión de la cúpula militar en las décadas posteriores al conflicto.
3. La dificil gestion del generalato y de las corporaciones militares.
A partir de 1715, la proliferación de los reglamentos particulares fue sintomática de la dificultad de ordenar y jerarquizar los distintos ramos de un ejército cuya oficialidad velaba por sus derechos y privilegios. En las provincias donde la presencia militar era mayor, la conflictividad institucional no oponía solamente a las jurisdicciones ordinarias y militares, sino que fue hasta más elevada dentro del propio estamento militar. Las disputas entre el mando militar, los gobernadores de plaza, los inspectores y comisarios, los capitanes generales y los intendentes de ejército obligaron al secretario de guerra a hacer arbitrajes permanentes, y al rey a publicar nuevas reglas.23 De allí surgió rápidamente la necesidad de recopilar, y aún más de codificar, la multitud de reglamentos para dar una mayor coherencia organizativa al ejército y facilitar su administración. En ese sentido, las ordenanzas generales de 1728 fueron un hito importante que inició un proceso de uniformización y ordenación reglamentaria que culminó en 1768. No obstante, estas ordenanzas no introdujeron ninguna novedad, lo que demuestra también la cautela de la Secretaría de Guerra, ocupada entonces por Baltasar Patiño, a la hora de trastocar los privilegios de los diferentes grupos de poder que conformaban el ejército.24 Entre estos, los oficiales de la Casa Real fueron probablemente los que pusieron más empeño en preservar sus prerrogativas, y hacia los cuales la actitud de Baltasar y José Patiño fue más ambigua durante los años que ocuparon la Secretaría de Guerra entre 1721 y 1736.
Se sabe que José Patiño fue un feroz opositor a la autonomía de los cuerpos privilegiados de la Casa Real cuando tuvo que disputar con ellos en las plazas de Cataluña mientras estaba en la superintendencia del ejército de aquella provincia.25 Además, como iniciador de la reforma de las milicias provinciales, Patiño tenía una visión de lo que debía ser un ejército en las antípodas de lo que eran los cuerpos de la guardia real.26 Sin embargo, su gobierno al frente de la Secretaría de Guerra ha dejado pocas huellas explicitas de hostilidad hacia los privilegios de la alta oficialidad, probablemente porque estos mismos oficiales eran los que estaban al servicio de su política de reconquista en Italia. También hay que tomar en cuenta que tenía que contar con la opinión, al menos hasta 1734, de Juan Bautista Orendain, marqués de la Paz, que ocupaba la Secretaria de Estado, y que por sus vínculos con el grupo de vascos y navarros siempre veló por los privilegios militares que muchos de sus parientes y paisanos disfrutaban en el regimiento de guardias españolas.27 Así, la política de los hermanos Patiño hacia el mando militar solo se puede apreciar a partir de algunos indicios de su actuación como secretarios de guerra; indicios que demuestran la voluntad de ambos por controlar el corporativismo militar sin con ello perjudicar demasiado los privilegios del generalato.
Entre 1730 y 1731, un primer elemento se deduce de la creación de dos nuevas unidades –la brigada de carabineros reales y los granaderos a caballo– encargadas de apoyar al cuerpo expedicionario en Italia y que recibieron el privilegio de pertenecer a la Casa Real. Estas levas fueron encargadas y financiadas por oficiales de la mayor confianza de José Patiño: en el primer caso se trataba de Jacques Eustache de la Viesville, natural de Flandes y oficial en el regimiento de las guardias valonas, y en el segundo caso de Bernardo Marimón, un felipista catalán.28 Fue la primera y única vez, desde 1707 y hasta 1793, que la guardia real creció mediante la creación de nuevas unidades, así que el asunto no tiene nada de anecdótico. De hecho, la ampliación del fuero de la Casa Real a otros cuerpos, dirigidos por hechuras del ministro, encontró oposición entre los jefes de la guardia real –y notablemente entre los capitanes de la guardia de corps– que veían con recelo otras unidades de caballería que disfrutaban de sus mismos privilegios.29 En particular, la brigada de carabineros reales tenía que ser declarada el primer cuerpo de caballería, y su comandante disfrutar de las mismas prerrogativas que los demás jefes de la Casa Real, en particular en lo referido al acceso al rey y la relación directa con la Tesorería General. Creada en 1730, la brigada tardó más de dos años en recibir su ordenanza a causa de la oposición continua de los capitanes de la guardia de corps a diferentes puntos. Al final, la brigada recibió su ordenanza, donde constaba que no servía en la Corte en la guardia del rey, y que sería explícitamente subordinada en todo a las compañías de la guardia de corps. Solo fue por las quejas de Viesville que la brigada tuvo derecho como los demás cuerpos de la Casa Real a tener un comisario propio y poder ajustar sus cuentas directamente con el tesorero general.30 Con este episodio, se ve como Patiño intentó colocar a gente suya dentro de la cúpula militar, sin menoscabar con ello los privilegios del resto de la oficialidad de la guardia real.
Sin embargo, una política de vacantes en los grandes empleos militares deja entrever otro aspecto de la acción de Patiño hacia el alto mando militar. En efecto, en 1733, a la muerte del duque de Osuna, coronel de las guardias españolas, y en
1734, cuando murió el marqués de Risbourg, coronel de las guardias valonas, los empleos quedaron sin cubrir. En ambos casos la comandancia recayó en oficiales de segundo rango que no tenían el prestigio de los grandes linajes felipistas que los solían ocupar. Además, Patiño se opuso rotundamente a la petición de la viuda del duque de Osuna, quien pretendía que el regimiento recayera sobre su heredero, en ese entonces un niño de apenas cinco años, que fue recibido en 1735 como simple cadete.31 El significado exacto de esta decisión resulta complejo puesto que en esos años un rumor decía que la vacancia de la coronelía de las guardias españolas era una manera de reservar el empleo hasta la mayoría de edad del joven duque de Osuna.32 Así que Patiño, al menos de boca, no parecía opuesto a velar por los intereses de las familias felipistas, sin permitir con ello una apropiación pura y simple de los altos empleos de la cúpula militar. Otro ejemplo se encuentra en la guardia de corps donde, en marzo 1736, Patiño ordenó retirarse del servicio a los más viejos oficiales. Fue la ocasión de una hornada de promociones que permitió a los comandantes colocar sus parientes en los empleos claves de las compañías: el duque de Bournonville y el duque de Atri, capitanes de las compañías flamenca e italiana, colocaron así a un sobrino y a un hijo en la primera tenencia de sus respectivas compañías.33 Mientras tanto, a pesar de facilitar el relevo generacional, Patiño se opuso en varias ocasiones a acceder a la demanda del duque de Bournonville para que su sobrino obtuviese la futura de su empleo de capitán.34 Esta gestión ambigua de las políticas familiares del alto mando militar deja entrever, sino ya un malestar del equipo de gobierno, al menos la búsqueda de un frágil equilibrio entre la preservación de los intereses del rey y la concesión de facilidades en la reproducción social del generalato.
Hay que tomar en cuenta que la política de la silla vacía en la guardia real tuvo su prolongación en los empleos de las capitanías generales de provincia. Gracias al estudio prosopográfico de Didier Ozanam, se puede observar cómo, a partir de 1726, los titulares de los grandes gobiernos provinciales, en su mayoría veteranos de la Guerra de Sucesión, fueron paulatinamente alejados de sus cargos y reemplazados por comandantes interinos. En Navarra, el conde de Torres, un felipista de primera hora, era titular del virreinato desde 1723 pero residía en la Corte desde 1726.35 Pasó lo mismo en Aragón, donde el virrey, el conde de Siruela, nombrado en 1722, dejó su cargo en manos de interinos a partir de 1726.36 Fue también en 1726 cuando el capitán general de Mallorca, Patricio Laules, y el capitán general de Galicia, el marqués de Caylus, dejaron de ocupar el mando efectivo de sus cargos, el primero por motivos de salud, y el segundo por recibir la autorización para residir en Francia.37 Cataluña y Valencia cayeron también en régimen de interinidad a partir de 1734, tras la muerte del marqués de Risbourg en el primer caso, y tras el alejamiento del príncipe de Campoflorido en el segundo.38 En Ceuta, el envío del conde de Charny a Nápoles en 1731 dejó probablemente también el cargo vacante, mientras que las carencias documentales que señala Ozanam para las capitanías generales de Castilla y Extremadura hacen pensar que los empleos estuvieron igualmente vacantes en ese periodo.39 En cada caso, confiriendo el mando a oficiales de segundo rango, los hermanos Patiño tuvieron una mayor libertad para controlar la administración militar provincial.
Una última línea directriz se deduce de las medidas tomadas hacia las naciones que componían el ejército durante las campañas de Italia. Los intentos de reconquista de las posesiones italianas fueron una oportunidad para que el rey de España pudiera evidenciar el apoyo que tenía de sus antiguos súbditos, dando una visibilidad particular a las naciones del ejército español. En 1731, cuando el infante Don Carlos salió hacia Italia, estaba acompañado por tres exentos de las guardias de corps: un español, el marqués de Villarreal, un italiano, el conde de Candell, y un flamenco, el marqués de Croix, los tres miembros de familias felipistas que habían apoyado indefectiblemente la causa borbónica durante la contienda sucesoria.40 Además de prolongar los méritos de sus parientes en torno a Don Carlos, estos oficiales también simbolizaban la continuidad de los privilegios de las tres grandes naciones que sostuvieron a la dinastía, a la cual se añadió la cuarta –la irlandesa– que también quedó representada durante el viaje con un cuerpo de guardia que desfiló en Parma al sonido de los oboes.41 Luego, el embrión del ejército de Don Carlos fue constituido a partir de las tropas de nación que servían el rey de España: en 1731, se sacaron treinta guardias de la compañía italiana para formar su guardia personal y en 1734 se cedieron tres regimientos valones (Hainaut, Namur, Amberes) al ejército napolitano. Estas medidas pudieron ser consideradas como una demostración de confianza de Felipe V hacia las familias exiliadas en España, pero también pudieron encubrir la voluntad de aliviar la hacienda y el ejército español del cargo que suponía su mantenimiento. No hay que olvidar que, en 1734, poco tiempo antes de pasar los cuerpos valones a Nápoles, Patiño decidió contratar tres nuevos regimientos de suizos.42 Ahora bien, desde 1724, cuando llegó el primer regimiento suizo a España, los oficiales flamencos siempre consideraron los suizos como competidores, tanto en la recluta como en la preeminencia.43 Por otra parte, este traspaso se produjo en un momento donde el gobierno dio síntomas de querer eliminar algunas comunidades de exiliados presentes en su territorio. En 1732, tras la conquista de Orán, dos regimientos fijos fueron levantados y dados a los oraneses exiliados en España para que repoblasen la plaza, pero también para que alivien la hacienda española de las pensiones que les fueron concedidas.44.
No se sabe hasta qué punto estos elementos pudieron dar a los oficiales flamencos el sentimiento de que sus privilegios en España estaban amenazados. En todo caso, hay que notar que la toma de Orán fue una de las raras ocasiones en la que unos oficiales promocionaron por sí mismos una campaña de prestigio para resaltar la participación de las naciones en los sucesos de España en el Mediterráneo. En Barcelona, el conde de Lalaing, capitán de las guardias valonas, financió a su costa grandes festividades en la ciudad durante las cuales fueron celebradas las acciones de los cuerpos de la guardia real.45 Ese mismo año, 1732, el poeta militar Eugenio Gerardo Lobo, publicó un elogio de los sucesos militares de Orán dedicados a los oficiales de las guardias españolas y valonas. Panegírico de los valores militares, el opúsculo era también un homenaje a los cuerpos que participaron en la victoria sobre los musulmanes. Fue la ocasión de celebrar los servicios de las “cuatro naciones”, y de recordar los méritos de los “Iberos invencibles”, de los “Belgias ilustres” y, a través de los nombres de los regimientos, de mencionar a Ultonia “la provincia santa perseguida en dura esclavitud” y a la “mavorcia Flandes, con la fuerza unida de Henaux, Namur [y] Amberes”.46.
A la espera de un estudio pormenorizado, estas pinceladas permiten ver que el sistema militar heredado del conflicto sucesorio ya estaba cuestionado desde finales de la década de 1720. Sin embargo, por ser una pieza clave de la política mediterránea, por el peso político de las grandes familias felipistas, probablemente por la protección de Juan Bautista Orendain, no hubo ninguna reforma de amplitud que reconsiderase la organización del ejército antes de la muerte de José Patiño y del nombramiento del duque de Montemar como ministro de guerra.
4. La creacion del Ministerio de guerra.
José Carrillo Albornoz, conde y luego duque de Montemar, era en ese entonces uno de los militares de mayor rango y prestigio. Nacido en Sevilla en 1671, veterano de la Guerra de Sucesión al frente de un regimiento de caballería, nombrado gobernador político y militar de Barcelona en 1715, se había distinguido durante las campañas mediterráneas participando en la conquista de Cerdeña y Sicilia.47 Fueron sus servicios al mando del cuerpo expedicionario que conquistó Orán en 1731 y luego del ejército español en Italia en 1733, los que lo hicieron llegar a la cumbre del generalato, siendo nombrado capitán general de los ejércitos en 1732, virrey de Sicilia en 1734 y creado duque por el rey de Nápoles. Un aspecto destacado de su trayectoria fue su implicación en el reforzamiento de la administración militar sobre la tropa. En 1718 publicó en Palermo un tratado militar titulado Avisos militares sobre el servicio de infantería e guarnición y en campaña, donde apuntaba por primera vez a la desorganización suscitada por las rivalidades entre los distintos ramos del ejército y defendía la autoridad de los comandantes de plaza sobre las tropas acuarteladas.48.
En Barcelona, como corregidor y gobernador político y militar, tuvo la ocasión de experimentar sus teorías y llevó una lucha implacable contra los privilegios de los batallones de la guardia real alojados en la capital catalana. Fue un combate que perdió y por el que fue alejado del principado tras su nombramiento como capitán general de la Costa de Granada.49 Finalmente, en 1732, su designación como director general de la caballería lo elevó a la cúpula de la administración militar, de la cual tomó la dirección efectiva con su nombramiento como ministro de guerra.
El cargo de ministro de guerra ha pasado hasta ahora muy desapercibido, cuando no se ha confundido con el de secretario del Despacho de Guerra.50 Sin embargo, se trata de la mayor novedad que se produjo en el gobierno de la guerra tras la muerte de José Patiño, el 3 de noviembre de 1736. Como se sabe, entre las varias atribuciones que ostentaba Patiño la Secretaría de Guerra pasó de manera interina a Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarías, que recibió a la vez la Secretaria del Despacho de Estado. En la mayoría de los asuntos, fue Casimiro Uztariz, su oficial mayor, quien tuvo a su cargo la dirección efectiva del ramo de la guerra.51 Tres meses más tarde, el 18 de marzo 1737, el duque de Montemar fue nombrado decano del Consejo de Guerra con el título de ministro de guerra.
Considerado erróneamente como una revitalización del gobierno polisinodial, el ministro-decano debe ser analizado como una tentativa de crear un jefe de la administración militar subordinado al secretario. Se trataba de una suerte de director general de las fuerzas armadas que estaba secundado por un consejo que debía ser un tribunal superior, formado por oficiales generales, encargado de toda la jurisdicción militar.52 Así que no se trataba de un desdoblamiento de las competencias del secretario, que conservaba la dirección política de la guerra, pero sí de una centralización de los distintos ramos de la administración militar. El cargo no era totalmente inédito, puesto que entre 1709 y 1714 el marqués de Bedmar ya había ostentado un puesto similar cuando la secretaría estaba entre las manos de José Grimaldo. En teoría, Bedmar estaba encargado de aconsejar al secretario sobre los nombramientos y las promociones, así como de gestionar los problemas logísticos del ejército en campaña, aunque en la práctica sus competencias recordaban en varios aspectos las del secretario de guerra.53 En 1737, el nombramiento de Montemar hizo referencia a ese precedente, pero la novedad residía en la asociación entre el cargo de ministro y el de decano del Consejo de Guerra.
Esta situación se entiende mejor si se la compara con el gobierno de la marina, para el cual se dispone de estudios más detallados. Durante la Guerra de Sucesión, cuando el marqués de Bedmar fue nombrado ministro de guerra, se creó también un ministerio de marina confiado al duque de Veragua. De igual manera se trataba de dotar a la armada de una dirección administrativa y logística bajo el mando de la dirección política del secretario. En esa época, esos cargos se justificaban por ser una secretaria única la que se ocupaba de la guerra y de la marina. La idea volvió a reaparecer el 14 de marzo de 1737, cuando un decreto creó el cargo de almirante en la persona del infante Don Felipe. La función de almirante era una reactivación de la figura del ministro de marina, pero con competencias ampliadas puesto que presidía una Junta de Marina formada por oficiales generales de la armada. Esta junta no solo dominaba el aparato administrativo de la armada sino que llegó a tener competencias políticas amplias que llevaron a marginalizar la Secretaría de Marina, por aquel entonces fusionada con la de Indias y ostentada por el marqués de Torrenueva. De hecho, el almirante tuvo un acceso directo al rey a través del secretario de la Junta de Marina (el marqués de la Ensenada), lo que no llegó a tener el ministro de guerra.54 Por lo tanto, comparándolo con el almirantazgo, el ministerio de guerra de Montemar supone una copia imperfecta, creada cuatro días después, sin instrucción precisa ni verdadera autoridad sobre un Consejo de Guerra controlado por los togados del Consejo de Castilla. A pesar de sus esfuerzos, Montemar no llegó a militarizar el Consejo ni tampoco a transformarlo en una suerte de estado mayor del ejército, equivalente a la Junta de Marina, que tuviese acceso directo al rey.55 De hecho, apenas nombrado, Montemar solicitó poder despachar los asuntos directamente con el monarca, pero la petición fue denegada y tuvo que remitir sus informes al secretario.56 Así pues, por ordenanza, Montemar pudo centralizar y dirigir la administración militar sin conseguir una ampliación consecuente de su espacio de competencia. Por lo tanto, su jurisdicción cubrió básicamente las direcciones e inspecciones de armas, las comisarías de guerra y los regimientos de línea, además de tener una participación consultativa en los nombramientos de los empleos del mando territorial.57 Los cuerpos privilegiados de la Casa Real y de los ingenieros quedaron fuera de su ámbito, con la excepción notable del cuerpo de artillería, que fue puesto de forma interina bajo su mando.58.
Esta relativa debilidad del ministro de guerra respecto al almirante da una idea de la resistencia del ejército a tener una dirección única. Venían tanto de los cuerpos privilegiados como de la misma Secretaría de Guerra, que no quiso abandonar el control sobre el aparato militar. Así, el marqués de Villarías, secretario de guerra, mantuvo un peso político importante. Como vizcaíno, cercano al lobby de los norteños felipistas, prolongó la actuación de Orendain velando por los privilegios de la cúpula militar. De hecho, entre sus primeras medidas tras la muerte de José Patiño, estaban el restablecimiento o proveimiento de las capitanías generales de provincia que habían quedado vacantes o con interinos. Entre agosto y noviembre de 1737, en Andalucía, Valencia, Galicia, Granada, Extremadura, Castilla, Navarra y Cataluña, concluyó el gobierno de los interinos.59 Además, entre los promovidos, hubo un nú- mero muy importante de oficiales flamencos y franceses, ya que recibieron seis de las ocho capitanías. El conde de Roydeville, el conde de Glimes, el conde de Itre o el marqués de Caylus eran todos felipistas procedentes del ejército de Flandes e histó- ricamente vinculados con la fundación de la guardia real, así que sus nombramientos pueden ser considerados como una reacción de la facción militarista contra las medidas tomadas por Patiño. Además, permitían también renovar los derechos de acceso de los oficiales de la nación flamenca a los privilegios del generalato y compensar así la perdida de los tres regimientos pasados al reino de Nápoles.
Sin embargo, desde el ministerio de guerra, y aunque su posición fuera teóricamente subordinada al secretario y sin jurisdicción sobre los cuerpos privilegiados, el duque de Montemar encontró los medios de aumentar su poder y de actuar para limitar la autonomía del alto mando militar.
5. El conflicto por el control de la brigada de carabineros reales.
Tras la muerte de José Patiño, Jacques Eustache de la Viesville, comandante de la brigada de carabineros reales, quedó sin protector. Su regreso a España después de la campaña de Italia fue aprovechado por el nuevo equipo administrativo para hacerse con este cuerpo de creación reciente. Por una parte, la facción militarista liderada por Villarías siempre había visto en esta unidad una tentativa de Patiño de entrometerse en la guardia real y amenazar la supremacía de la guardia de corps sobre el resto del ejército. Por la otra, el duque de Montemar no podía ejercer por su cargo ningún control sobre la Casa Real, pero veía en la brigada el eslabón frágil de la institución que le permitiría extender el control administrativo sobre los cuerpos privilegiados. Esta conjunción de intereses estuvo probablemente en el origen de la licencia que recibió Jacques Eustache de la Viesville, el 1 de abril de 1737, para pasar al servicio del rey de Nápoles. El 9 de abril siguiente, la brigada pasaba bajo el control del ministro de guerra “por no considerarse como parte de la Casa Real”.60 Esta situación abrió un conflicto de dos años entre el comandante interino de la brigada, Fernando de la Torre, y el duque de Montemar, en torno a la gestión del cuerpo, que revela la tensión creciente entre la secretaría y el ministerio de la guerra.
En mayo de 1737, un primer conflicto estalló cuando el duque de Montemar pidió al comandante las cuentas y las revistas de la brigada durante el tiempo del mando de Viesville.61 Torre se negó a obedecer considerando que la inspección y el control de las cuentas, como cuerpo de la Casa Real y por ordenanza de la brigada, eran privativas de su comandante. Según Torre, solo podía entregar los documentos con una orden directa del rey o si Montemar los solicitaba directamente al secretario de guerra.62 La resistencia del comandante incitó al ministro de guerra a quejarse al secretario de la insubordinación de Torre, solicitando que el rey declarase que “debo tener conocimiento de cuanto obrare esta brigada, sin faltar a las exenciones que Su Majestad le hubiese concedido”.63 El secretario no accedió a la demanda pero comunicó un resumen de la revista donde constaba que faltaban 37 carabineros en la brigada, pidiendo a Montemar que hiciese lo necesario para sacar remplazantes de los regimientos de caballería.64 La decisión del monarca demuestra el difícil equilibrio que se estaba buscando entre el fortalecimiento del control administrativo y las prerrogativas de los cuerpos privilegiados. Aunque la brigada hubiese perdido la protección que beneficiaba durante el ministerio de Patiño, Villarías se dio pronto cuenta de que tampoco podía abandonarla por completo.
De hecho, el duque de Montemar no tardó en alzarse de nuevo contra los privilegios de la brigada. El 23 de junio se quejaba del hecho que la inspección sea privativa de su comandante porque, según él, se daba pensiones de inválidos a carabineros que aún eran aptos a servir, mientras se sacaba a los mejores soldados de los regimientos de caballería para cubrir las plazas vacantes. Desde 1735, un tercio de la brigada había sido renovado sin que nadie hubiese controlado la condición de los carabineros reformados, así que, para el ministro, un sistema en el cual el comandante fuese juez y parte era perjudicial a la hacienda real, así como a todo el cuerpo de caballería.65 A mediados de 1738, el conflicto se reanudó cuando Torre solicitó 51 nuevas sacas de la caballería para cubrir las vacantes. Montemar denunció de nuevo un sistema poco regular que había permitido a la brigada sacar 280 hombres de la caballería desde su creación, habiendo muerto solo 4 en la campaña de Italia. Esta vez, el ministro tomó la iniciativa de expulsar de la Corte a los dos agentes que la brigada mantenía en la Tesorería General.66 En efecto, era uno de los privilegios de los cuerpos de la Casa Real poder tratar directamente con la Tesorería para ajustar las cuentas de las tropas, a espaldas de la administración militar. Esta medida fue denunciada como injusta por el comandante interino, quien se quejó a Casimiro Uztariz, que hacía las funciones de Secretario de Guerra bajo el control de Villarías. Por lo visto, Uztariz intentaba defender los derechos del comandante ante Villarías redactando una consulta sobre los privilegios de la brigada y recomendando que el rey nombrase cuanto antes un propietario al cargo, con grado de oficial general, “para que cese el motivo de encargar a otro como se propone lo que pertenece al régimen de este cuerpo”.67 En varias de las cartas que le mandaba, Torre lo designaba como “mi protector”, comparándolo con Patiño que “franqueaba con su instancia las gracias de Su Majestad”. Frente a los ataques de Montemar, Torre pedía a Uztariz que el rey aclarase la situación de la brigada y que “lo quite todo o nos conceda seguir los negocios de la brigada por la oficina de guerra, pues por la vía del ministro de ella, este cuerpo no tiene recurso”.68 Frente a la ambición creciente de Montemar, el 3 de agosto de 1738 se restableció la secretaría del Consejo de Guerra, suprimida desde 1717, que fue confiada al mismo Uztariz, quien podía así controlar más estrechamente la actuación del ministro y del Consejo.69.
Sin embargo, Montemar pudo contar con una baza de gran peso cuando, el 12 de octubre 1738, a instancia suya, el sargento mayor de la brigada, José Torres, presentó una denuncia contra Fernando de la Torre por mala gestión de los caudales. En un informe incendiario, el oficial se quejaba de que el comandante interino no ingresaba en la caja de la brigada el dinero de la gran masa y de las gratificaciones que percibía mensualmente de la Tesorería, sin que el sargento mayor pudiera averiguar el estado real de las cuentas. Estimaba que Torre utilizaba el dinero de su compañía como “dinero propio”, se reservaba los mejores caballos para sí mismo y solo los cedía a los carabineros en los momentos en los que pasaban revista. También insinuaba que había malversaciones en la remonta de caballos, puesto que por un gasto de más de 14.000 pesos, es decir un año de gratificación, el comisionado había entregado 44 caballos, de los cuales 31 potros eran muy jóvenes para servir. Con todo, José Torres, que decía ser “la primera vez en cuarenta años que sirve que toma la pluma para escribir contra superior suyo”, consideraba ser una suerte “tener a [Montemar] a la cabeza del ministerio de la guerra”, y le suplicaba que “consuele a los oficiales de este cuerpo que absolutamente viven disgustados”.70.
Frente a tal acusación, el 23 de noviembre el rey accedió a la demanda de Montemar de que el inspector de caballería, el marqués de Villadarías, pudiese pasar la revista de la brigada, a lo que ni Uztariz ni el comandante interino pudieron oponerse. El 19 de febrero 1739, el marqués de Villadarías propuso un nuevo reglamento para la gestión de la brigada según el cual el comandante seguía ocupando la inspección del cuerpo, pero el ministro de la guerra era declarado como su director, lo que otorgaba a Montemar el control directo sobre las cuentas y las remontas de los carabineros.71 El mismo día, los capitanes de la brigada manifestaron su apoyo al inspector de caballería contra la mala gestión del comandante interino, solicitando el nombramiento de un propietario en el cargo.72 Entre tanto, Montemar había entregado al secretario de la guerra una reseña de las cuentas de la brigada, apuntando a un agujero de más de 500.000 reales entre el dinero ingresado por la Real Hacienda y lo realmente gastado. En consecuencia, proponía retener el dinero en la Tesorería y disminuir los sueldos y las gratificaciones a la brigada para ajustar su gasto a los de los regimientos ordinarios de caballería.73 El 1 de junio de 1739, el rey aprobó la proposición de Montemar dejando a la brigada de carabineros bajo su entero control. Las quejas de Fernando de la Torre74 a Villarías y Uztariz no sirvieron de nada. El 6 de agosto, el rey proveía el cargo de comandante de la brigada a propuesta del duque de Montemar, que postuló en primer lugar al marqués de Villadarías, inspector de caballería. Cuando este tomó posesión de su cargo solicitó la promoción de Fernando de la Torre fuera de la brigada por las tensiones que mantenía con el cuerpo de capitanes.75.
Este episodio demuestra cómo el ministro de la guerra pudo en el espacio de pocos meses ir aumentando sus prerrogativas a expensas de un cuerpo privilegiado, pero también evidencia las facultades del secretario de la guerra para mantener a Montemar en una posición claramente subordinada. Sin embargo, la resistencia del mando militar obligó al ministro a apoyarse sobre los oficiales para sacar a la luz unas denuncias que fueron decisivas. No era la primera vez que un ministro actuaba de esa forma: la autonomía en la gestión financiera concedida a los comandantes de la Casa Real –un privilegio clave de su condición– siempre creó resentimiento en el seno de la oficialidad. En 1716, Alberoni ya se había apoyado en los oficiales de los regimientos de las guardias reales canjeando su apoyo a la reforma contra un aumento de su capacidad de control sobre los caudales del regimiento.76 Así que si bien hubo por parte de Montemar una ambición de reformar unos cuerpos privilegiados que pesaban demasiado en las arcas reales, se trataba también de rebajar el poder del alto mando militar colocándole bajo el control de las oficinas de la administración militar.
6. Reformar el ejercito de naciones: la creacion de las brigadas italiana, irlandesa y valona.
Otro aspecto desconocido de la actuación política de Montemar fue su intento de reformar la organización de las naciones en el ejército. Como ministro de guerra, tenía la facultad de proponer lo que fuera conveniente para la gestión de los regimientos de línea, de los cuales formaban parte las unidades italianas, irlandesas y valonas, así que fue el ámbito donde Montemar desarrolló la mayor actividad. Hasta ahora, a excepción de la amplia labor de jerarquización de las unidades según su antigüedad, confiada al fiscal del Consejo de Guerra, Juan Antonio Samaniego, poco se sabe de los objetivos perseguidos por el ministro de guerra. La reforma de las naciones permite arrojar luz sobre un intento de organizar los regimientos de manera más efectiva, y en particular el sistema de recluta, que se topó con los intereses de los altos oficiales de esas mismas naciones.
Los regimientos de naciones que se unieron al ejército español a comienzos del siglo XVIII no lo hicieron por la simple continuidad de la antigua fidelidad de los italianos, irlandeses y flamencos a la Monarquía Hispánica. Prácticamente todas las unidades que sirvieron a los Borbones españoles fueron creadas o reformadas durante el conflicto sucesorio, y lo fueron por empresarios militares que estuvieron estrechamente vinculados a la dinastía, muchos de ellos a través de su participación en las clientelas cortesanas de Versalles. Esto se vio de manera muy clara en el caso de la infantería valona, que fue totalmente reorganizada durante la reforma del ejército de Flandes de 1701 con el dinero de las élites flamencas partidarias del bando borbónico y el apoyo financiero de la hacienda militar francesa. En 1710, cuando Luis XIV decidió ceder lo que quedaba de los Países Bajos al Elector de Baviera, y dejar de financiar la infantería valona, más de veinte regimientos se pasaron a España.77 Otro tanto sucedió con los regimientos irlandeses formados en 1709 por oficiales irlandeses que servían en los ejércitos franceses y que pasaron a España cuando Francia rompió su alianza con el pretendiente Estuardo al trono británico e intentó conseguir una paz separada.78 Recordar estos datos es importante porque significa que la supervivencia del ejército de naciones en la España borbónica tuvo tanto que ver con el interés que tenía Felipe V en mantener vínculos con cada uno de los territorios como con la protección que quería dispensar a las facciones borbónicas de cada nación que fueron abandonadas por Luis XIV en el transcurso de la guerra. Después del conflicto, al mantener un ejército de naciones, Felipe V podía proyectar una imagen de continuidad con los católicos irlandeses, así como con sus antiguos súbditos flamencos e italianos. Igualmente, esta acción significaba que el rey de España sustituía al fallecido Luis XIV, frente a la hostilidad del Regente, en el liderazgo de la causa dinástica en Europa. Por lo tanto, las naciones militares en tiempos de los Borbones adquirieron una dimensión política nueva, que no tenían en el siglo anterior, y que las relacionaban directamente con la contienda sucesoria y los privilegios concedidos a los felipistas.
Sin embargo, los regimientos de naciones nunca tuvieron las prebendas que disfrutaban los cuerpos de las mismas naciones en la Casa Real. En 1714 se intentó brevemente darles un régimen administrativo propio con la creación de un inspector particular de la infantería extranjera de España, puesto concedido al conde de Soupat. El cargo no duró más que unos meses, antes de que se volviese a una organización territorial de la inspección en la cual cada inspector tenía jurisdicción sobre los regimientos españoles y extranjeros de su distrito. No se conocen las circunstancias de la creación efímera de un inspector particular, y solo se sabe que Soupat únicamente tuvo tiempo de pasar revista a las tropas y de empezar a reformar los regimientos para crear unidades homogéneas de la misma nación.79 En el caso de los regimientos de infantería valona, la ausencia de una inspección particular dejó estas unidades en una dependencia más o menos fuerte hacia los oficiales del regimiento de las guardias valonas, sobre todo en cuanto al reclutamiento. Por una parte, las familias de oficiales solían colocar a sus vástagos de forma temporal en los regimientos de línea hasta conseguir un empleo en la guardia real y, cuando vacaba la coronelía de uno de los regimientos, el rey solía proveerla a un exento procedente de la compañía flamenca de la guardia de corps. Por otra parte, en cuanto a las reclutas de soldados, los oficiales flamencos del ejército estaban pendientes de los asentistas de soldados de la corona en Italia, pero sobre todo de las partidas de reclutamiento instaladas en la frontera francesa y de las levas clandestinas organizadas en Flandes e Italia. Tanto las partidas como las levas eran financiadas por los oficiales de la guardia valona, que daban la prioridad a sus propias compañías antes de vender las reclutas de peor calidad a los regimientos de línea, lo que explica la rápida decadencia de la infantería valona, que pasó en veinte años de 27 regimientos a 2.80.
En dos informes, Montemar constataba el estado de decadencia del ejército de naciones, apuntando a que la infantería valona había quedado reducida a dos unidades tras la cesión en 1734 de cuatro regimientos al rey de Nápoles. En otro orden de cosas, deploraba que los regimientos estaban compuestos de una mezcla de naciones, sobre todo en los irlandeses y valones. Solo los tres regimientos de italianos se mantenían en el pie de su nación con oficiales nobles, pero había que prevenir para que se mantengan en su “recluta nacional”.81 La restauración del ejército de naciones tuvo también su origen en la voluntad de contrarrestar la política llevada a cabo por José Patiño de contratar a regimientos suizos. Las capitulaciones de los suizos funcionaban como un auténtico sistema de arrendamiento de tropas, mientras que, con el ejército de naciones, Montemar pretendía restaurar un cuerpo de tropas extranjeras controladas por la administración militar del rey. Así, el 4 de julio de 1737, Montemar propuso el nombramiento de tres inspectores, uno para cada nación, que fueron Andrés Benito Pignatelli para la italiana, Guillermo Lacy para la irlandesa y Baltasar de Jauche para la valona.82 Esta fue la primera etapa de un proyecto que tenía dos vertientes: se trataba, en primer lugar, de constituir tres brigadas de tres regimientos bajo el control de su inspector particular. Por lo tanto, Montemar se empeñó en establecer las brigadas con tres regimientos de dos batallones cada uno, lo que suponía el aumento de un batallón de irlandeses a partir del regimiento de Toscana y la reforma del regimiento de Córcega para ponerlo sobre el pie valón con el nombre de Bruselas.83.
Cuadro 1. Organización de las tres brigadas con su contribución a la partida de Génova (1737-1739).

BRIGADAITALIANA	BRIGADAVALONA	BRIGADAIRLANDESA
Inspector	Andrés Bonito Pignatelli	Baltasar de Jauche	Guillermo Lacy
Regimiento(1.400 hombres porregimiento)	MilanNapolesParma	BrabanteBruselasFlandes	HiberniaIrlandaUltonia
Partidade Génova	3 capitanes6 oficiales54 sargentos y cabos	3 capitanes6 oficiales54 sargentos y cabos	3 capitanes6oficiales54 sargentos y cabos
Depósito deBarcelona	1 capitan2 oficiales15 sargentos y cabos	1 capitan2 oficiales15 sargentos y cabos	1 capitan2 oficiales15 sargentos y cabos

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En segundo lugar, consistía en crear partidas permanentes de reclutas en Italia, controladas por los inspectores de brigada, para asegurar el abastecimiento de soldados. Se trataba de que cada brigada pudiese tener una partida en los puertos de Génova con un depósito en Barcelona que recibiese las reclutas. Este proyecto era un intento de rebajar el precio de la recluta creando un sistema estatal de reclutamiento que no pasase por los asentistas de soldados de la Corona. La Hacienda Real debía financiar directamente la recluta a través de remesas en Génova, facilitar el transporte semanal de las reclutas en los pingües del correo, y contar en Barcelona con un lugar donde alojar a los hombres hasta que se incorporasen a los regimientos. El objetivo, como escribía el inspector Pedro Vargas Maldonado, era que los oficiales de los regimientos de naciones pudieran “hacer sus reclutas sin más costa que la de los cuerpos españoles”.84 La elección de Génova era facilitada por la decisión de la República de permitir en adelante que solamente los reyes de España y de las Dos Sicilias pudiesen reclutar en su territorio. Así que mantener una presencia visible era también una manera de controlar que ese derecho se respetara, incluso por parte de los mismos regimientos suizos al servicio de España que, en teoría, debían hacer sus reclutas en los cantones y embarcarlas en Génova, pero que en la mayoría de los casos reclutaban directamente en los puertos genoveses.85.
Sin embargo, al poco tiempo, una queja llegada a la mesa del ministro de guerra dejaba entrever que los intereses de la creación de la partida de Génova estaban peligrando. En un memorial fechado en septiembre de 1738, Edmundo Tobin, oficial de la guardia valona, advertía de lo “inconveniente [de] enviar a la república [de Gé- nova] los oficiales de los cuerpos extranjeros que hay en España”. Contra la gestión directa de la recluta, defendía el sistema de los asientos que se apoyaba en los “ganchos”, es decir los reclutadores locales, que “son los que siempre han reclutado y hecho este comercio”. Según él, si los oficiales pretendían reclutar por ellos mismos, los ganchos se empeñarían en llevar todas las reclutas hacia los asentistas del rey de Nápoles, dejando poca gente disponible para salir hacia España. Renovando la practica antigua, Tobin solicitaba para él mismo la autorización de ir a levantar reclutas para las guardias valonas y los regimientos extranjeros contra un grado de coronel para su hijo y una patente de capitán para él que le ayudase a reclutar en Génova.86 Por lo tanto, con este memorial se ve claramente cómo los oficiales de guardias valonas estaban completamente involucrados en el comercio de soldados a través de los asientos, y cómo veían con recelo una gestión estatal de la recluta llevada a cabo a través de oficiales de infantería ordinaria. Esta iniciativa no solo ponía en peligro un negocio sino que también invertía la jerarquía entre los oficiales de la Casa Real y los de la infantería de línea en el manejo de un asunto tan importante.
Se produjeron las mismas rivalidades internas con la creación del cargo de inspector de la brigada valona. El grupo familiar del conde de Jauche apoyó firmemente la política de Montemar porque el nombramiento como inspector les daba un poder del que no disfrutaban antes. Su sobrino, el marqués de Croix, quien era a la sazón coronel del regimiento de Flandes, escribía que ese cargo “contribuirá bastante a que haga su camino”, y que la decisión del rey de aumentar la infantería valona “hará un bien considerable entre nosotros porque permitirá promover de golpe a muchos oficiales que no lo hubieran sido sino”.87 Para el conde de Jauche, que añadía a este cargo una capitanía de guardias valonas, el nombramiento como inspector le permitía de repente gozar de una importante proyección política como cabeza de la nación flamenca, facilitar la llegada de jóvenes oficiales de su región de origen en la Flandes francesa, y competir así con el duque de Bournonville quien, como capitán de la compañía flamenca de la guardia de corps, pretendía ejercer el papel de único protector de los oficiales flamencos.88 De hecho, en el transcurso de los años 1737-1738, la colaboración entre el marqués de Croix y el conde de Jauche permitió conseguir empleos en los regimientos valones a quince jóvenes oficiales originarios de Lille y de su región, en su mayoría parientes y aliados de su propia familia.89 Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar pues el duque de Montemar tenía una idea muy diferente de lo que debía ser la inspección de la brigada valona.
La reforma del regimiento de Córcega en el pie valón fue un ejemplo de las tensiones que surgieron entre el ministro de guerra y su inspector. Mientras que Jauche se aprovechaba de su cargo para traer gente nueva para ocupar los empleos vacantes, Montemar tuvo que establecer las reglas. Según él, la reforma de las naciones debía permitir en prioridad sacar oficiales y soldados de los regimientos españoles para crear cuerpos homogéneos de naciones.90 Por otra parte, cuando había de recibir a algún oficial procedente del extranjero, había que controlar sus cualidades y sobre todo que procediese de los Países Bajos austriacos y no franceses.91 A la hora de ejecutar las órdenes, Jauche propuso sacar la mayoría de los cabos y oficiales subalternos de la compañía flamenca de la guardia de corps, lo que fue considerado por el duque de Bournonville como una afrenta a la cual se opuso firmemente.92 La actitud de Jauche levantó recelos entre los cuerpos flamencos de la Casa Real que vieron de repente la inspección valona como una amenaza a sus privilegios, mientras que el duque de Bournonville no podía aceptar la emergencia de una segunda cabeza de la nación.
El desencuentro entre Jauche y Montemar se debió a dos concepciones diferentes tanto de lo que debía ser la función de inspector como de lo que eran las naciones. El conde de Jauche quería actuar como un nuevo patrón, usando su posición para traspasar a la infantería ordinaria modos de gobierno que eran característicos de la Casa Real. Es decir que los empleos debían ir a parar en prioridad a los familiares de los oficiales sin que se tuvieran que realizar indagaciones de su procedencia o sus cualidades. Todo un sistema basado en la confianza que el rey había concedido desde su fundación a sus comandantes de la guardia real, y que Jauche pretendía reproducir entre él y el ministro de guerra. Sin embargo, Montemar no concebía las brigadas como un estatuto de privilegio sino como una simple organización destinada a hacer más eficaz el abastecimiento de soldados extranjeros, garantizando que los repartimientos por naciones fueran respetados. Mientras que Jauche consideraba su función como la prolongación de los privilegios políticos concedidos a la nación por sus servicios, Montemar solo la consideraba como una pieza de una maquinaria administrativa.
7. Conclusión.
En febrero de 1741 la destitución de Fernando Verdes Montenegro de la Secretaría de Hacienda y su sustitución por José Campillo marcó el final del periodo en el cual los asentistas habían ocupado el poder. El 12 de octubre, el duque de Montemar fue nombrado coronel de las guardias españolas, una salida honorable para un capitán general de setenta años, pero algo paradójica si se considera la trayectoria política del personaje. En realidad, Montemar salió como jefe del cuerpo expedicionario a.
Italia, en el cual marchaba la mayoría de los batallones de guardias, así que la coronelía iba aneja al mando para asentar su autoridad en campaña sobre los cuerpos de la Casa Real. Con ello, el cargo de ministro de guerra fue suprimido y, el 17 de octubre, cuando José Campillo asumió la Secretaría de Guerra, se empezó a deshacer lo que Montemar había construido. El 27 de noviembre se suprimieron los inspectores de naciones con sus respectivas brigadas, y se volvió al sistema de organización territorial de la inspección de tropas.93 La recluta permanente en Génova tampoco llegó a realizarse, y hubo que esperar hasta 1769 para que un sistema comparable se hiciera efectivo, pero esta vez mediante la intermediación de los oficiales de las guardias valonas y no de los regimientos extranjeros de línea.94 Del mismo modo, se restablecieron las prerrogativas de la brigada de carabineros reales: el 4 de enero de $1 7 4 2 ~ \mathrm { u n }$ decreto reafirmaba su pertenencia a la Casa Real; el 24 de abril se le garantizaba su autonomía respecto a la administración militar, y un decreto del 3 de septiembre anulaba el reglamento de gestión de la gran masa redactado por el marqués de Villadarías.95.
El ministerio de guerra de Montemar quedó sin embargo como el primer gran intento de centralización de los diferentes ramos del ejército bajo una dirección administrativa única. Aunque esta medida no concernió a los cuerpos de la Casa Real, la actuación de Montemar acabó por trastocar la organización corporativa del ejército y llegó a constituir una amenaza para la cúpula militar constituida por las familias felipistas. Además, en la línea de las ciencias camerales en auge en aquella época, Montemar concebía el poder administrativo como una razón autónoma que podía regir la institución militar en relación directa con el rey, sin la necesidad de ser mediatizada por la dirección política del secretario de la guerra. Por lo tanto, su actuación, a pesar de haber sido eminentemente política, no se concebía como tal sino como la mera aplicación de un elenco de reglas racionales. A pesar del fracaso de esa experiencia, la búsqueda de un jefe militar capaz de realizar desde arriba la unificación del estamento militar no despareció. Volvió a surgir en los reinados de Carlos III y Carlos IV, ya fuera a través del conde de Aranda y de la capitanía general de Castilla la Nueva, o a través de Manuel Godoy y del intento de crear un estado mayor del ejército.96 Al igual que Montemar, ambos tuvieron también que enfrentarse con los cuerpos privilegiados de la Casa Real, que recelaron de que una autoridad cualquiera pudiera inmiscuirse entre ellos y el rey. Así pues, el paréntesis del ministerio de guerra merece ser considerado en la larga duración como un hito importante en los intentos ilustrados de reformar el ejército borbónico.