Mujeres, vestido y justicia. El caso de un “dress code” con pena de cárcel (1724) \*.
Women, dress and justice. The case of a “dress code” with a prison sentence (1724)
MARGARITA TORREMOCHA HERNÁNDEZ.
Universidad de Valladolid.
firstname.lastname@example.org
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9868-9632.
Cómo citar/How to cite: TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “Mujeres, vestido y justicia. El caso de un “dress code” con pena de cárcel (1724)”, en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, Extraordinario II (2024), pp. 201-216. DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.O.2024.201-216.
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Resumen: A través de un suceso concreto, la puesta en prisión de una madre embarazada y de dos de sus hijas, una de ellas menor, analizamos la actuación de la justicia con ellas en 1724. La fuente no es un relato sino una alegación jurídica. Un escrito de defensa de unas mujeres agraviadas por el proceder del alcalde que les puso en prisión. Tratadas como delincuentes por no cumplir con una Pragmática sobre trajes o por hacer de esta norma una interpretación más “sostenible”.
Palabras clave: Edad Moderna, Castilla, alegaciones fiscales, justicia, trajes.
Abstract: Through a specific event, the imprisonment of a pregnant mother and two of her daughters, one of them a minor, we analyze the relationship of justice with women in Castile in 1724. The source is not a story but a legal claim. A statement of defence of some women injured by the actions of the mayor who put them in prison. Treated as criminals for not complying with a Pragmatic about suits, or for making a more "sustainable" interpretation of it.
Keywords: Modern Age, Castile, fiscal allegations, justice, suits.
Sumario: Introducción; 1. Las Pragmáticas, las telas y los lujos; 2. La actuación de la justicia;
Conclusiones.
INTRODUCCIÓN.
Este trabajo descansa sobre dos fuentes documentales precisas y complementarias. Una es una breve alegación jurídica que se da a la imprenta1 , si bien no con la forma propia de los llamados “porcones”2 . La promueve como “suplicante” el marido y padre de las afectadas, pero no aporta los datos de la autoría, es decir, del jurista que la fundamenta, ni la de la fecha concreta en que se redacta. El otro documento, centro de la exposición, es la Pragmática de 15 de noviembre de $1 7 2 3 ^ { 3 }$ . Lo mandado en ella origina la detención de unas mujeres el 14 de enero siguiente. Por lo tanto, el alegato, aunque no cuente con fecha forzosamente ha de ser posterior a los hechos, pero quizás de ese mismo año. El lugar si se concreta, situando los sucesos en el Toboso.
La cuestión que se recoge es la puesta en prisión de tres mujeres: doña Catalina Martínez Benita y sus hijas legítimas, doña Teresa y doña Francisca Sánchez Márquez. El alcalde mayor de la villa las apresó cuando iban desde su casa a la iglesia parroquial de su localidad, con el fin de oír misa: “las processó criminalmente, como a quebrantadoras y contraventoras de la Pragmatica que para el uso de trages … se expidió por su Magestad en 15 de noviembre del año pasado de $1 7 2 3 ^ { \circ }$ . Teniendo en cuenta que los sucesos eran de mediados de enero, la normativa que habían incumplido era reciente, pero se entendía que no desconocida. De hecho, en el texto de su promulgación se decía: “para que no se pueda tener ignorancia de lo contenido en ella, … se acordó la debía mandar guardar, y observar, según y como irá expressado, queriendo tenga fuerça de Ley y Pragmática sanción, como si fuera hecha y promulgada en Cortes”.
1. LAS PRAGMÁTICAS, LAS TELAS Y LOS LUJOS.
En las Partidas se dice: “vestiduras fazen mucho conoscer a los omnes por nobles o por viles”4 . Aunque su fin es proteger a las personas de los rigores del clima, siempre se ha tenido el vestido como una manifestación externa que en la sociedad define e indica la posición que cada uno tiene. El carácter identificador de la vestimenta fue indiscutible a lo largo del Antiguo Régimen marcando a los diferentes grupos sociales, profesionales (“para que el vestido diga su profesion, y no se confundan los nobles con los plebeyos, ni los grandes con los medianos”), religiosos, hombres y mujeres (virtuosas y deshonestas), incluso como distintivo infamante. Esta determinación busca que lo que se aparenta y lo que se es esté en consonancia5 y, “se ha creído neciamente que el exterior adorno constituye el verdadero mérito de los hombres”6 . Marca las distinciones de esa sociedad estamental y, por ello, el vestido fue elemento definidor y diferenciador7 . Con los trajes se podía no obstante parecer lo que no se era, intentando imitar a los que estaban por delante en aquella sociedad jerarquizada y, quizás demostrar prosperidad y bonanza8 . Así el Diccionario de Autoridades define trage, en una de sus acepciones, como “el vestido que se usa para disimular o desmentir la Persona”9 .
Los trajes se regularon en su uso, más que en su forma y patronaje, en el material y calidades de las telas, estableciéndose contrastes entre unas personas y otras, según su sexo, condición y oficio. En 1626, Fernández Navarrete evidenciando el fracaso de las pragmáticas, decía: “es justo que los trajes de los nobles se diferencien de los que han de permitirse a los plebeyos”10.
El vestido -sobre todo el de las mujeres- fue discutido por los predicadores desde el púlpito y analizado por los moralistas11, que mayoritariamente en el Antiguo Régimen fueron de la opinión que “la superfluidad y exceso notable en las galas es pecado mortal”12. Incluso, como decía Belluga, aun las que pensaban que el demasiado ornato no era más que pecado venial, no por ello se debían despreocupar, porque del mismo modo era un mal13.
Pero no solo la Iglesia atiende al vestido sino también el derecho y en esta materia casi la totalidad del ordenamiento legal va dirigido a aspectos morales y éticos y al control de las economías familiares y del reino a través de corregir el lujo14.
Se ha considerado que las pragmáticas reales sobre esta materia han de ser vistas como “herramientas de control”15. Un control que, sin duda, encontró gran resistencia en la sociedad, a juzgar por la reiteración de estas disposiciones, con contenidos muy similares.
Sempere y Guarinos nos ha proporcionado la historia del vestido y la atención que el derecho prestó a esta materia16. Desde el reinado de Isabel17, tanto los austrias como los borbones no descuidaron la regulación de las telas y los lujos. Si nos remitimos justo solo a un siglo antes, el 10 de febrero de 1623 se aborda la materia en los Capítulos de Reformación. Y, en el Seiscientos también el 11 de septiembre de 1657, el 8 de marzo de 1674, en el pregón de 6 de agosto de 1677, el 9 de octubre de 1684 y el 28 de noviembre de 1691.
Aun así, el siglo XVIII también generó en Castilla una abundante lista de disposiciones legales18, acompañadas de toda una literatura moral, económica y satírica19. La pragmática de 15 de noviembre de $1 7 2 3 ^ { 2 0 }$ es la primera, conocida como “contra el abuso de trajes y otros gastos superfluos”, que recupera mucho de lo dicho en la legislación anterior y añade detalles nuevos. A ella concierne la alegación fiscal que estudiamos, que se renovó y amplió por auto acordado de 3 de octubre de 1729. Los añadidos correspondían a uso de coches, dotes y bodas, tema ya visto en 1691, si bien, “hallando relajada su observancia” era necesario reiterarla21. En el reinado de Carlos III se continuó la regulación con las pragmáticas prohibiendo el uso de las muselinas y obligando a usar mantos y mantillas de seda y lana, ambas de 1770, y un año más tarde otra prohibiendo la introducción de tejidos de algodón, culminando con la Real cédula de $1 7 7 9 ^ { 2 2 }$ .
El rey dejaba una parte de su responsabilidad en el cumplimiento de lo mandado en la Iglesia, encargando a obispos y prelados su colaboración, aunque no en el caso de telas o lujos, sino de decencia.
“Se ruega, y encarga a los Obispos, y Prelados, que con zelo, y discrecion, procuren corregir los excesos de las modas escandalosas en los trages de mugeres, recurriendo, en caso necesario, al Consejo, al qual se manda, que les dé todo el auxilio conveniente”.
Pero, como hemos señalado, la Iglesia no estuvo al margen de esta preocupación. De hecho, un año antes de la publicación de esta pragmática apareció la obra del Cardenal Belluga, Contra los trages, $y$ adornos profanos23, que abordaba una cuestión que ya había tratado antes en su Carta pastoral, …para que todos concurran á que se destierre la profanidad de los trages, y varios, è intolerables abusos24. Desde su ministerio fue consciente de que, aunque eran muchos los edictos que él mismo había publicado, la resistencia de sus fieles a cumplirlos era clara y debía renovar las advertencias25.
El caso que analizamos demuestra que, frente a la idea generalizada del incumplimiento de la norma sobre los lujos en los trajes y la necesidad de que las telas utilizadas fueran las del reino (tanto de antes como después de 1723), se persiguió a los contraventores. La acción se mantenía, ya fuera en favor de la economía particular (ahorro) o de la del reino (mercantilismo), aunque parecía imposible acabar con la vanidad y la ostentación de los castellanos.
En este suceso eran mujeres que gastaban ropas y unos guantes bordados con hilo de plata. Eso llevó al alcalde a actuar contra ellas. Si bien el alegato jurídico presentado al Consejo quita sentido a su proceder. La pragmática tenía a su juicio una interpretación clara y doble: la prohibición, por un lado, pero ésta marcada por la vigencia de uso que se les podía dar a las ropas en tiempo posterior a su publicación. Así, por tanto, se entendía que se podían gastar los vestidos ya hechos, aunque no mandarlos hacer nuevos. Y, esta deducción se podía basar en que según la Recopilación (libro VII, tit. 12, ley I) esto es lo que se había aplicado en lo concerniente a las libreas de los pajes: “que las puedan traer libremente, hasta que las rompan, sin limitación alguna de término”. Todo propietario de ropas no admitidas por la pragmática podía contar con tiempo para gastarlas, pues sino se verían muy perjudicados, y por ello se dio un plazo de cuatro años en ropa masculina y seis en femenina. De esa manera se tendía a un consumo que hoy calificaríamos de “sostenible” y, en aquellas mentalidades, en busca de “la virtud”26.
Las pragmáticas siempre plantearon el problema de si los trajes estaban hechos antes o después de su publicación y, determinarlo fue problema para la justicia y los particulares.
Si el espíritu de la ley era evitar “superfluidades” por el uso de las telas y que, por ello, se empobreciesen, mucho más lo harían si teniendo telas y trajes los dejaran de usar estando decentes. Y las ropas de estas mujeres no eran nuevas pues las tenían desde hacía una década, por lo menos, como los guantes, que llevaban guarnición y bordadura. No eran pues de aquellas que vestían por encima de lo que podían y se gastaban lo que en la familia debían ahorrar, estando su consumo suntuario adecuado a sus posibilidades. Pero, se podían seguir aprovechando y no tendrían que ocasionar más gastos. Esa era su versión y no la que hizo el alcalde, que suponía “o no comprehender que lo que mira a evitar gastos, no puede entenderse de modo, que los ocasione, causando perjuicios”. En caso de conflicto jurídico el juez debía decidir cuál de los intereses en pugna debía proteger el derecho en primer lugar, considerándose que estos eran resguardar de la climatología, la honestidad, el adorno y la definición de la persona o el linaje27.
2. LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA.
La pragmática establecía que, a pesar de la multiplicidad de jurisdicciones existentes, en esta materia solo entendiera la jurisdicción ordinaria. La actuación del alcalde mayor fue rápida, dura y, además, procedió con escándalo. Este modo de operar estaba desaconsejado en cualquier caso fuese con varones y, sobre todo con mujeres. No se recomendaba nunca a aquellos que eran agentes de la justicia, como recogió Jerónimo Castillo de Bovadilla, tanto para corregidores como para alguaciles28. Y, posteriormente, a otra escala se les advierte de lo mismo a los alcaldes de barrio en el último tercio del siglo XVIII29.
Si el acto delictivo no había provocado escándalo, la justicia, fuese cual fuera su representante, debía evitarlo. Y, sin embargo, el alcalde mayor de la villa del Toboso, “llevado de otros fines particulares”, había actuado con gran aparato y con parcialidad30. Una arbitrariedad que las perjudicadas y, el marido y padre que es el que presenta este recurso, saben bien donde tiene su origen, pues
“es nacido del encono, que en el ha causado contra los suplicantes, el aver estos (en cumplimiento de los cargos, que han exercido en aquella República) procurado contenerle en otros excessos, de lo que puede estar el Consejo bastantemente enterado, convenciéndose claramente, no tener su odio mas fundamento, que el expressado”.
Y, además no era la primera vez, pues ya habían soportado parcialidades antes, por lo que: “a ser en otra materia, lo contuvieran en su sentimiento, como hacen, y han hecho en distintas sinrazones, que ha practicado aquel Alcalde Mayor con los suplicantes”. Pero, en esta ocasión había ido muy lejos.
El alcalde procedió contra unas mujeres. Ellas son las denunciadas y las contraventoras de la pragmática. Ellas eran las que centraban el debate legal, moral y teológico en el asunto de las galas y los lujos. La diferencia de género es determinante31 y se argumenta en el alegato, pues “por su sexo, siempre se reputan por menores, y la una de ellas en realidad lo es […] estando a su favor la presumpcion de derecho, que las considera assi ignorantes de la ley, y sus circunstancias”. Si las mujeres no eran denunciadas por ir contra otras pragmáticas como, por ejemplo, las de contrabando, si no se contrastaba su malicia, ¿cómo se podía probar en este caso? ¿cómo, si no les había advertido antes? Si, además, lo hicieron sin ningún “embozo” y podían haber usado otros atavíos mucho más lujosos y nuevos, con guarniciones de oro y de plata, pues “no les faltaban otras ropas de telas más estimables”. “No se presume dolo, antes bien sinceridad que, las escusa”, decían sus defensores.
Comenzó actuando en plena calle, de día, y de camino a la Iglesia. Su proceder estaba por otra parte justificado, pues la pragmática no permitía a los ministros de la justicia entrar “en las casas a buscar, e inquirir, y hazer otras diligencias en ellas para buscar si trae vestidos prohibidos […] y que solo se puedan hacer las denunciaciones en las personas que contravinieren, y anduvieren con dichos vestidos prohibidos por las calles u otras partes públicas”. Si esto lo establecía así la norma “para evitar molestias, vejaciones e inconvenientes”32, el resultado fue que actuar en la calle ocasionó una ofensa para su reputación.
Siguió por ponerlas presas, “en su misma casa”. No significaba eso una consideración hacia ellas, sino que probablemente responda a que la localidad del Toboso no dispusiera de una cárcel o no la tuviera de manera que se pudiera mantener la separación por sexos y, tampoco, según su condición. Sin embargo, aunque les diera su casa por cárcel, se excedió, ya que desde las Partidas esta medida se limitaba para las mujeres que por el delito cometido pudieran tener un alto castigo:
“La muger presa por delito que merezca pena de muerte ú otra corpora, no la deben poner con los hombres en la cárcel, sino llevarla à algún monasterio de dueñas, si lo hubiere, y meterla en prision con custodia de mugeres buenas, hasta qu el Juez disponga de ellas con arreglo a las leyes”33.
Imponer pena de prisión para las mujeres no era habitual, haciéndolo solo en casos extremos. Además, como se establecía en las Leyes de Toro y, sus comentarios posteriores, se podía jugar con la doble posibilidad de dar la casa por cárcel y la cárcel o galera propiamente dicha:
“…y así por punto general en todo delito y deuda que descienda de delito, las mugeres pueden ser presas en su casa por cárcel; pero para la prisión en cárceles se necesita la prudencia que encargan las nuevas leyes; y cuando no se teme la fuga, como sucede en todas las causas livianas de que no puede resultar pena corporal, no deben las mugeres ser encarceladas, a no ser que la prudencia en las circunstancias dicte que si para escarmiento de la que ya sea incorregible, y así la primera vez en las causas criminales livianas de ningún modo se debe decretar prisión en la cárcel; pero si es en el caso de ser incorregible la muger ó ser el delito de aquellos por el que se la pueda imponer pena corporis aflictiva, y siempre con separación de hombres”34.
Sin embargo, el alcalde actuó como si el delito fuera grave y las causantes reincidentes. Hevia Bolaños, también aclara cuándo se puede apresar a la mujer:
“La muger no puede ser presa por ninguna deuda, aunque sea fiscal, u de tutela, sino es que proceda de delito, ó quasi delito, ó haya ocultado sus bienes, ó es conocidamente mala de su cuerpo […]; y aun la muger noble luxuriosa no puede ser presa por deuda, porque aunque siéndolo pierde el privilegio de el sexo mugeríl, no pierde el de la nobleza, sino es que es infame. Y este privilegio del sexo no puede ser renunciado…”35.
Posteriormente, Álvarez de Posadilla, en sus Comentarios, precisaba también que solo se apresaría mujeres en causas criminales:
“Hoy cuidarás de no meter a muger alguna en la cárcel por deuda o causa civil, sea quien fuere […]; y puede decirse que ninguna muger puede ser presa por causa civil”36.
Pero si en asuntos penales, aunque en estos se veían implicadas con menor frecuencia que los hombres. No obstante, ellas también sufrieron prisión procesal y prisión por sentencia. De hecho, la reclusión fue una condena femenina, así como el destierro, mientras que los varones tenían castigos diferentes y alternativos, como eran galeras, minas o presidios en el norte de África. Incluso, los jueces recurrían a veces en demasía a la cárcel, o así lo entendían los juristas. En fechas posteriores, Álvarez de Posadilla, atendiendo a la real Orden de Carlos III de 1784 (cap. 5º), deja claro que la cárcel femenina se utilizó más de lo deseado:
“«Para evitar la facilidad y el abuso de los procedimientos y arrestos contra las personas de otro sexo, castigaré a los jueces que careciesen de fundamentos prudentes y probables para haber procedido hasta con la privación de oficio, y otras penas mayores, según la calidad de su abuso y exceso». No puede estar más fuerte contra la ligereza de los jueces en el arresto de mugeres, y con ello no prohíbe que se las arreste con prudentes fundamentos” 37.
Tal disposición es posterior a la alegación, pero expresa la arbitrariedad que sufrieron Teresa y sus hijas. Y el espíritu está en consonancia con sus argumentos: “Se hallan textos y Autores que sentaron se castigasse con pena capital al Juez que hiciesse prender a muger por causa civil”, aunque ya esa disposición estuviera derogada por otra posterior, se podía seguir castigando al alcalde, “a vista de averse procedido por una causa tan leve, a prender unas mugeres tan principales, hallándose preñada una de ellas, y siendo menor la otra”.
Las tres condenadas no responden al perfil de malas mujeres con las que la justicia podía proceder de manera diferente. “Son de la primera distinción en aquella villa”. No teniendo en cuenta el alcalde “los privilegios que por derecho común y Real están concedidos a las mugeres, y mas quando son de la clase y estimación de estas”. En definitiva, el delito cometido no merecía prisión. Su acción fue “tal excesso” que, además, no accedió a la solución que las mujeres le dieron “allanándose a satisfacer qualquier multa pecuniaria en que hubieran incurrido”, y procedió a requisar las casacas y guantes que llevaban para su reconocimiento. Su delito estaba en su atuendo y se lo llevó como prueba. Por ello, solicitaron en su defensa en este alegato jurídico “una satisfacion correspondiente, con qué sino queden del todo desagraviadas del escándalo que ha causado semejante hecho en aquel País, estén a lo menos, para en adelante defendidas, de que, o la malicia, o la poca reflexión de los Juezes, use con ella otros tales atropellamientos”.
Los excesos del alcalde “fueron los mas crasos y notorios” y se querían resarcir, o más bien, que no pudieran dejar mancha sobre las mujeres.
Su primer atropello fue fomentar “sobre materia tan leve, una causa criminal a mugeres de su estimación, con escándalo, no solo en el pueblo, pero en los demás de su contorno, ofensa y ajamiento de su calidad”. Afectando también al padre y esposo (“suplicantes”), como ellos mismos dicen.
En segundo lugar, no atiende a que la madre se encuentra embarazada y, no haber operado con “la lentitud, y madurez con que deben proceder los jueces con las mugeres en estos casos, porque qualquiera alteración del ánimo puede motivar el aborto”. La justicia debía tener especiales prevenciones en estas circunstancias. Desde luego, siempre evitó dar tormento y, en las cárceles el alcaide debía procurarles asistencia de comadronas si era preciso38.
Su apresamiento fue castigo sobre su fama y la de toda la familia. Por ello fue mayor que la que podía haber puesto la pragmática si la hubiera establecido, pues nada se precisa en este aspecto, dejando como era propio de esta etapa de “justicia de jueces” la decisión al arbitrio judicial.
“No pudiendo ser iguales las penas a los contraventores, por deberse considerar para la imposición, la calidad con que se hallare el transgresor, se dexan al arbitrio del Consejo, y Jueces, que conocieren de las causas”39.
A ellas se les puso en reclusión, pero se entiende que en prisión procesal. No obstante, su delito era leve, eran mujeres (embarazada y menor), “y es claro que el proceder a la prisión lo hizo solo con el animo de injuriarlas con el mal sonido de hallarse presas”. La infamia social que suponía esta medida era quizás la más dura para la familia, y lo hizo “por vexarlos con el sonrojo que era preciso les causasse el ajamiento de su estimación”. Pues, además, la reclusión les hacía pensar que hubiera llegado a plantearse “imponerlas alguna pena corporal”.
Después se las condenó “en el perdimiento de las casacas y guantes, y en una multa de quarenta ducados”. Aun siendo dura la pena se considera “que es lo menos entre los excessos cometidos por el juez”.
El padre y marido eleva una solicitud al Consejo, “por ser mugeres de distinción las agraviadas, y el ofensor un Juez, que, a la sombra de la jurisdicion, ha querido persuadir en el modo de administrarla, desconoce la justicia los fueros mas respetosos del sexo, y de la nobleza”.
CONCLUSIONES.
Este debate sobre si el castigo por desobedecer una pragmática sobre trajes es o no exagerado nos permite realizar un análisis de historia social, con múltiples y varias referencias: preñez, matrimonio, vestidos, modas, cultura material, ética y virtud. Pero también, y como consecuencia del carácter de la fuente utilizada, la relación de la mujer con la administración de justicia y sus agentes, así como el tratamiento en un caso concreto ante la denominada en la historiografía “justicia de jueces”, en la que el arbitrio judicial tiene un peso significativo. Nos presenta una cara de la prohibición, que queriendo evitar despilfarros podía ocasionarlos al impedir que se utilizasen ropas confeccionadas con anterioridad a su proscripción. Sin embargo, la dificultad para conocer si eran nuevas o de uso era grande y se podía solucionar solo en contacto con los fabricantes, que también eran castigados por haberlo hecho y, en consecuencia, renuentes a declarar la verdad.
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