Provisiones, regalos, cohechos y préstamos: la Informaçion Original de 1588 y la defensa de la \* autoridad virreinal en el Perú del siglo XVI.
Provisions, gifts, bribes and loans: the Informaçion General of 1588 and the defense of viceregal authority in 16th century Peru.
Abstract: Studies on the authority of viceroys in America, their conflicts at the local level, accusations of bad government and the mechanisms to control their performance have shed new light on the nature of viceregal political order, the scope and limits of monarchical power and the dynamics of constant negotiation carried on. This article analyzes the Informaçion Original accomplished in 1588 by conde del Villar, viceroy of Peru, as a strategy to rebuild his authority and image as a legitimate political actor in the Peruvian scene.
Keywords: Viceroyalty, Peru, Politics, Corruption, 16th Century.
Sumario: Introducción; 1. El virrey conde del Villar en el Perú: gobierno, conflictos y crisis de autoridad frente a los grupos locales; 2. La Información Original de 1588 como respuesta política a una crisis de autoridad y legitimidad; 3. Fracaso de la Información Original, desprestigio del virrey y Visita General; Conclusiones; Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
El funcionamiento del gobierno y el orden político de la monarquía hispánica, acorde a la tradición propia de la modernidad temprana, ha sido objeto de permanente estudio. Enfoques en décadas recientes han puesto atención a los límites de la autoridad y poder del monarca en sus territorios, y a la existencia de relaciones dinámicas entre el rey y las instituciones y grupos de poder locales, bajo formas que han sido definidas como propias de monarquías “compuestas” o “policéntricas”1 . Estas aproximaciones nos permiten estudiar un modelo de gobierno complejo tanto en su propuesta jurídica-institucional como en la práctica del ejercicio del poder, que cobró nuevos desafíos y significados a fines del siglo XV, con la expansión y el establecimiento de poblaciones permanentes y sociedades en el continente americano.
Así, resulta un ejercicio fundamental repensar estas dinámicas políticas, los actores y participantes en ellas, los espacios y lenguajes de interacción, así como la verdadera dimensión de la injerencia de la corona española en América. Desde la mirada de la sociología histórica, el gobierno y el orden político podría semejarse más a un escenario simbólico y real en donde la autoridad y legitimidad, en tanto monopolio del monarca, se combina con el ejercicio cotidiano del poder, en tanto acción política ejercida y negociada por diversos actores2 . Así, una monarquía maniobra y participa en alianzas bajo formas patrimoniales y clientelares, promueve protocolos institucionales y ceremoniales, genera balances de acuerdo a la complejidad y multiplicidad de los grupos y relaciones involucradas, y se constituye como referente y garante de un espacio equilibrado de interacción política3 .
En el funcionamiento de este orden político en América y el nombramiento en ellos de autoridades representantes de la monarquía hispánica, la figura del virrey ocupó un lugar fundamental y estratégico en Nueva España y el Perú, en particular dentro de los límites de las audiencias de México y Lima respectivamente. A través del virrey se materializaba la legitimidad de la autoridad del monarca y se constituía la base próxima e inmediata de la acción política de la corona en torno a los miembros de su corte. Más allá de las limitaciones a su poder, producto de la existencia e interacción con otras instituciones y grupos locales, la importancia del virrey no se limitaba a sus funciones administrativas, ya que personificaba la función conciliadora y garantista del orden político monárquico4 . Se entiende así, el cuidadoso proceso de elección y supervisión llevado a cabo por el Consejo de Indias para el nombramiento de virreyes en América5 . Su comportamiento, tanto público como privado, representaba el lenguaje político de la monarquía, como alter ego del rey, y como tal le permitía negociar vínculos y alianzas con instituciones fundamentales del orden político local, como la audiencia, los cabildos de las ciudades y demás instituciones6 . Acciones de confrontación entre el virrey y estos grupos, o inclusive con otras autoridades e instituciones nombradas por el monarca, eran susceptibles de generarle desprestigio y pérdida de legitimidad, y a partir de ello el cuestionamiento de sus actos, el deterioro de su figura como gobernante, y la ruptura del funcionamiento equilibrado del orden político bajo su administración7 .
Con el fin de fiscalizar las acciones de los virreyes y otros oficiales reales, desde el siglo XV la monarquía hispana establece mecanismos de control de las malas prácticas, tales como el juicio de residencia, la visita y la pesquisa. Bien como una medida de carácter ordinario, programada y regular bajo la forma de juicios de residencias llevados a cabo de forma automática al término de las funciones de las autoridades, o como acciones extraordinarias y especiales ante denuncias de malas prácticas y mal gobierno por parte de ciertas autoridades, plasmadas en visitas o pesquisas, estos procedimientos fueron una constante a lo largo de los más de tres siglos del gobierno hispánico en América, lo que ameritó el despliegue económico y logístico para el nombramiento de jueces, y visitadores encargados de ejecutar estos procesos. Como parte de su funcionamiento, participaron en ellos los miembros de las élites locales, en calidad de súbditos de la corona, y víctimas de los abusos o testigos de los actos cometidos por los oficiales bajo investigación8 . Así, estos procedimientos funcionaban como mecanismos de corrección y control de daños a través de los cuales la corona hacía partícipe a la población local del restablecimiento del principio de autoridad y el equilibrio propio del buen gobierno.
La práctica continua de estos procesos, así como la relevancia de la información contenida en ellos ha hecho de estos mecanismos objeto de especial estudio y análisis por parte de los historiadores, quienes se han aproximado a ellos para valorar su relevancia jurídica-institucional, la importancia como medio de obtener información para la corona, su funcionalidad práctica en cuanto a sentencias y castigos promulgados a partir de los hallazgos, así como el simbolismo y lenguaje político detrás de los procedimientos aplicados9 .
Tomando en consideración estos enfoques, la presente investigación se centrará en el análisis de un mecanismo administrativo particular, la Informaçion Original, ordenada y llevada a cabo en el Perú por el virrey conde del Villar, entre marzo y abril de 1588, para averiguar la responsabilidad de los miembros de su familia y casa en acusaciones de cohecho y prebenda. La naturaleza, el contenido y los resultados de esta Informaçion serán estudiados a la luz de la Visita General al Virrey $y$ Audiencia de Lima, ordenada por Felipe II en octubre de 1588, que desarrolló averiguaciones y estableció cargos contra el virrey y su entorno10.
La posibilidad de analizar la Informaçion y la Visita, ambas ordenadas en 1588, resulta valiosa, en la medida que abordan la misma coyuntura de gobierno y representan un intento de dar solución a la crisis política que ponía en riesgo el funcionamiento del gobierno virreinal peruano. Podemos ver cómo, por un lado, en el caso de la Informaçion, en tanto instrumento breve, acotado y muy dirigido, se muestra de forma evidente el uso personal que le da el virrey para restablecer y proteger su legitimidad política. Por otro lado, la Visita mostrará un objetivo más institucional, propio de la recomposición del orden y la autoridad real en el territorio. Su función, a diferencia de la Informaçion, va más allá de velar por la figura del virrey, de allí que retome de forma más exhaustiva las investigaciones contra los familiares y miembros de la casa del conde del Villar, establezca cargos y busque restablecer así el buen gobierno y la autoridad en el Perú11.
En el orden virreinal peruano del siglo XVI, el escenario político se define por un lado en torno a la legitimidad de la autoridad del monarca, representada en sus oficiales reales, y por otro lado en el ejercicio del poder, en donde, además de los oficiales del rey, participan también diversos actores locales. Autoridad, en tanto elemento legitimador, y poder, en tanto práctica y acción, interactúan y dan forma al ejercicio de lo político, en cuyo equilibrio se sostiene el funcionamiento del gobierno. Aspectos como acusaciones de recibir prebendas, dádivas y cohechos cobran un significado particular, no solo por la posible validez objetiva de las denuncias, sino porque aluden a la incapacidad del virrey y a la ruptura de un equilibrio basado en su autoridad. La pérdida de legitimidad del virrey lleva, entonces, a que su accionar político en las redes clientelares existentes sea abiertamente cuestionado, al igual que esa virtud de liberalidad inherente a su capacidad de repartir oficios y mercedes12.
El estudio de esta coyuntura de crisis política sucedida en 1588 permite una nueva mirada y evaluación de las características, utilidad y alcances de diversas prácticas y mecanismos formales de obtención de información existentes en relación al funcionamiento del gobierno virreinal y de las autoridades en torno a él. Bajo formas similares, organizadas a través del planteamiento de un cuestionario y la presentación de testigos, avalados por la corona, en casos como la Visita, se trata de mecanismos fiscalizadores que buscan acceso a información y control administrativo, mientras que otros procedimientos, como la Informaçion, cumplen una función claramente política como estrategia que la propia autoridad, en este caso el virrey, utiliza para protegerse a sí mismo y restituir la legitimidad de su autoridad, en cuyo equilibrio se sostiene el gobierno virreinal.
1. EL VIRREY CONDE DEL VILLAR EN EL PERÚ: GOBIERNO, CONFLICTOS Y CRISIS DE AUTORIDAD FRENTE A LOS GRUPOS LOCALES.
La crisis política durante el gobierno del virrey conde del Villar se inserta en un contexto particular del funcionamiento del gobierno virreinal. La creación del Virreinato del Perú en 1542 correspondió a la decisión de la corona de remediar lo que se entendía como largas décadas de ausencia práctica de la monarquía en sus territorios americanos. El 20 de noviembre de 1542 el rey ordenó que “en las provinçias y reinos del peru resida un visorrey y una audiencia real de quatro oidores letrados y el dicho vissorey presida en la dicha audiencia la qual residirá en la cibdad de los reyes por ser en la parte mas convenible”13.
La promulgación de las Leyes Nuevas y la creación del Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima en noviembre de 1542 se ubica en el medio de una coyuntura en la que la disputa local entre bandos de conquistadores se convertiría luego en un enfrentamiento frontal entre esta élite local y la corona. Encomenderos, autoridades y grupos de españoles asentados en el territorio percibían como intromisión y abuso las nuevas prerrogativas jurisdiccionales que las leyes de 1542 otorgaban tanto al virrey como a la audiencia, quienes asumían las más altas funciones de gobierno, fiscalización y administración de justicia14. Instituciones como el cabildo y la encomienda, actores políticos y económicos fundamentales en ese ordenamiento local, vieron sus espacios de acción afectados. La institución del cabildo, en particular, había logrado desligarse del control jerárquico inicial de los conquistadores, para convertirse en un escenario de representación local bastante integrador, a partir del cual los grupos de poder local lograron construir una tradición de participación activa en la política virreinal, enfrentando incluso a autoridades de la nueva burocracia real, como fue el caso de los corregidores y la propia figura del virrey 15.
Hasta la década de 1560 el accionar gubernativo de los virreyes en el Perú encontró resistencias y fue percibido por los grupos locales como autoritario y poco negociador. Solo a partir de las medidas adoptadas por el Consejo de Indias en torno a un manejo consensuado de la encomienda y su aplicación por parte del virrey conde de Nieva, la función política del virrey tomó un perfil más claro16 y se constituyó como figura fundamental en tanto representante de la autoridad política del monarca en el territorio. El nombramiento de Francisco de Toledo en 1569 significó la implementación de importantes medidas administrativas y gubernativas, con la participación de las instituciones y autoridades reales, las mismas que serían continuadas y replanteadas en las siguientes décadas17.
En noviembre de 1585, al momento de su ingreso en Lima, el virrey conde del Villar tenía frente a sí serios retos a su autoridad: en los 43 años de existencia del virreinato, y en particular en los últimos tres años previos, el territorio había estado gobernado más de la cuarta parte del tiempo por la Audiencia de Lima, a través de su presidente. La realidad política en tanto ejercicio del poder encontraba instituciones sólidas, como es el caso de los cabildos de las ciudades, la propia audiencia de Lima y la Inquisición. Dentro de la dinámica así articulada, importantes espacios de ejercicio y presencia política eran ocupados por los grupos de poder locales, a través de vínculos clientelares que les permitía acceder a mercedes, beneficios y puestos dentro de la burocracia real. La expectativa de mantener el funcionamiento de esas redes se centraba, a fines de 1588, en la figura del recién llegado virrey.
El nombramiento de Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, como virrey del Perú generó dudas en el Consejo de Indias porque “aunque el consejo tiene al Conde del Villar por buen cristiano y buen caballero no parecio ser tan a proposito como los que se nombraron a Vuestra Magestad y tanbien porque su edad no es ya para el trabajo de tan larga navegación [...]”18. Su elección se dio el 31 de marzo de 1584, y una vez establecido en Lima, se hizo evidente su particular personalidad, que hacía difícil la fluidez de relaciones y negociaciones políticas, ya que “algunas vezes tomava algunos impetus de colera como tiene dicho no digno de su lugar”19, y en otras ocasiones llegaba a la ofensa, “con palabras maiores por la ynportunaçion con que pedian y les dixo de traidores […] ”20.
Como virrey, se esperaba que pusiera de manifiesto una habilidad política para superar conflictos y establecer acuerdos y negociaciones, y en esa dirección su accionar puso en marcha la construcción de redes clientelares sobre la base del otorgamiento de mercedes y beneficios a criados y miembros de su casa, así como a familiares y criados de altos oficiales del gobierno virreinal y grupos locales. Sin embargo, otras de sus acciones desafiaron el poder y los intereses de poderosos miembros de la élite, convirtiéndose en el blanco de críticas que deslegitimaron su autoridad.
La audiencia de Lima, y en general las demás audiencias que formaban parte del virreinato dieron testimonio de una relación adecuada con el virrey, a lo que el propio virrey contribuyó al otorgarles a familiares de los oidores y oficiales de las audiencias de Lima y Charcas, por ejemplo, diversas mercedes y beneficios21. En el caso de la audiencia de Lima, más allá de conflictos en torno a temas de protocolo y ubicación pública de los sitios a ocupar en ceremonias y procesiones, “no dando lugar a que ninguno de los oydores se le pusiese al lado sino llevandolos como escuderos”22, el trabajo con el virrey era cotidiano y en buenos términos, a través de las reuniones del Acuerdo General, convocado por el conde del Villar para obtener asesoría en temas relativos al gobierno y solución de las diversas crisis enfrentadas durante su gestión23. El único caso de conflicto evidenciado en cartas y en el proceso de la Visita fue con miembros de la audiencia de Quito, en donde el virrey procedió a anular todos los nombramientos hechos por Pedro Venegas de Cañaveral, presidente de dicha jurisdicción en ausencia de la presencia del virrey, por considerarlos una acción ilegítima, amonestando a Venegas de Cañaveral “con palabras pesadas en ella y no dignas de escrivirse a una audiençia como estonçes lo era solo el dicho licenciado pedro venegas del cañaveral”24.
Sin embargo, fueron dos las instituciones con las cuales el conde del Villar tuvo enfrentamientos directos e indirectos, y a través de ellas afectó importantes redes clientelares existentes en el virreinato: el cabildo de Lima y el Tribunal de la Santa Inquisición.
El cabildo limeño era la institución local más importante que agrupaba a miembros de poderosos grupos locales y que en sus cincuenta años de existencia había logrado evitar la imposición de un corregidor25. A los dos meses de su entrada a Lima, el 1 de enero de 1586, el conde del Villar presidió la reunión de regidores de la ciudad y suspendió la elección anual de alcaldes ordinarios y juez de aguas, nombrando en su lugar, y por tiempo indefinido, a Francisco Quiñones como corregidor de la ciudad26. El virrey comunicó esta decisión al rey, en la carta que le enviara el 23 de diciembre de 1586, señalando que “lo mismo entiendo convenia hacerse en todo el Reyno y asi lo entienden los que son ynteresados en ello y particularmente esta Real Audiencia [Lima]”27. Pese a las reiteradas protestas de los regidores, el virrey insistía hacia 1588 que la opción de un corregidor era la mejor opción para Lima “porque quando llegue a esta halle revueltos a los regidores y a sus deudos sobre la eleccion y antes habian sobre otras tenido pendencias y quistiones”28. Las protestas y comunicaciones enviadas por los regidores al propio Felipe II continuaron a lo largo de los años, y no será sino hasta enero de 1589, en la etapa más álgida de la crisis de autoridad virreinal, en que finalmente el rey manifieste su oposición a la medida, considerando que “en cossas semejantes no se deve hazer novedad sin orden mia y ansi quitareis luego el dicho corregidor y bolvereis los alcaldes ordinarios para que aquello ande como antes”29. En octubre de ese año el conde del Villar aprueba un edicto anulando el nombramiento de un corregidor para la ciudad de Lima y convocando a la reunión de cabildo para la elección de sus autoridades, quienes asumieron sus funciones el 1 de enero de 159030.
La relación del virrey con las autoridades de la Inquisición del Perú, fue aún más crítica. El licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa, inquisidor de Lima y cabeza de una red clientelar presente en negocios en torno a la explotación y factoraje del azogue de Huancavelica, se hallaba envuelto en escándalos públicos que motivaron en 1586 el envío del licenciado Juan Ruiz de Prado como visitador de la Inquisición limeña31. La disputa entre el virrey y la inquisición fue indirecta y álgida en temas de intereses clientelares, y directa y notoria en temas jurisdiccionales. Los enfrentamientos en materia de preeminencia y poder político fueron permanentes. El inquisidor Ruiz de Prado dejo en claro al virrey “que el venia a visitar la inquisicion de este Reyno y que avia de mirar mucho por el honor del dicho inquisidor Ulloa [...] y que no avia de dar lugar a que bellacos dixesen contra el dicho inquisidor Ulloa”32. El conflicto involucró aspectos jurisdiccionales en el manejo de prisioneros, nombramiento y autorizaciones a familiares de la inquisición entre otros, y asumió niveles de escándalo público en el auto de fe del 30 de noviembre de 1587, cuando Ruiz de Prado prohibió que el virrey fuera escoltado a la ceremonia y lo desplazó del lugar central que tradicionalmente ocupaba en la ceremonia, junto al inquisidor general, “y como yo quede sin el acompañamiento y autoridad necesaria para virrey sin poderlo representar me parecio yr y fui solo como persona particular y assi lo proteste y me ofreci a hazerlo [...]”33. Este hecho, informado al propio rey en misivas enviadas tanto por el inquisidor Ruiz de Prado como por el propi virrey, fue censurado en la sesión del Acuerdo General, en donde miembros de la audiencia y del cabildo de Lima enviaron una comunicación al inquisidor mostrando su disgusto34.
En los meses siguientes, esta relación se deterioró aún más, al punto de generar amenazas de excomunión contra el virrey y acusaciones públicas y privadas entre ambos bandos, especialmente aquellas en donde se mencionaba los malos manejos por parte del conde del Villar y los miembros de su casa. La comunicación que empezó a llegar al Consejo de Indias mostraba un ascenso en el desconcierto, desconfianza y desacuerdo por parte de las autoridades y la población sobre el manejo del virrey en los asuntos de gobierno y otorgamiento de mercedes. Frente a ello, el conde del Villar aduciría en los primeros meses de 1588 que:
“Es tanta la disolucion que en esta materia tan perniciosa halle en esta tierra de dar dadivas los pretensores a los que les parece o imaginan que son alguna parte para aiudarle a conseguir sus pretensiones que aunque entre en este Reyno diciendo en publico y en secreto […] que entendiesen que hijo ni criado ni ministro mio me habia de tratar de negocios ni yo se lo avia de consentir [...] de que a no tener ellos mucha entereça los ubieran pervertido a todos y al fin lo hicieron a uno de quien nunca yo creyera que tal lo avia de suceder que fue juan bello […]”35.
El virrey informaría al rey cómo el inquisidor general Antonio Gutiérrez de Ulloa y su hermano Juan, fiscal de la Inquisición, presionaban y hacían negociaciones con diversos mineros para obtener la renta real de las minas de azogue Correa de Silva, Santa Inés y Charco en Huancavelica36. El virrey recomienda al rey no dar el factoraje del azogue a los hermanos Gutiérrez de Ulloa:
“creo y se entiende generalmente que la pretension de los referidos es en mucho perjuicio de la Real hacienda de Vuestra magestad y de los indios y de quedar en el arrendamiento por el precio que quisieren por ser uno de ellos yerno de el licenciado Ramirez oidor y que entrara el dicho Juan gutierrez hermano de el dicho inquisidor como lo hizo en el dicho fatorage de açogue y no abra quien les haga contradicion sino se pone en ello remedio […]”37.
El enfrentamiento entre el virrey y los inquisidores era muy complejo, porque su naturaleza trascendía a lo jurisdiccional y funcionaba de una manera más soterrada como una disputa de intereses clientelares enfrentados, con beneficios muy importantes en juego.
2. LA INFORMAÇION ORIGINAL DE 1588 COMO RESPUESTA POLÍTICA A UNA CRISIS DE AUTORIDAD Y LEGITIMIDAD
1588 resultó ser un año crítico para el conde del Villar. En enero surgen acusaciones contra Juan Bello, su secretario personal, por recibir cohecho y prebendas, lo que le llevó a dar la orden de encarcelarlo e iniciar un procedimiento judicial. El 17 de marzo aparecen en diversas plazas y calles de Lima una serie de libelos, en donde “se le abisaba de los cohechos de su hijo y de don diego de portugal”38. Ambos personajes, Jerónimo de Torres y Portugal y Diego de Portugal, hijo y sobrino del virrey respectivamente, eran señalados como líderes de una organización de prebendas y cohechos en torno a la provisión de mercedes, de la cual también formaba parte Juan Bello.
El conde del Villar informaría luego al rey, en abril de 1588, que esas acusaciones eran parte de un plan urdido por los inquisidores, debido al tema del arrendamiento del factoraje del azogue de Huancavelica, “trayendo espias en la casa real de Vuestra Magestad donde entonces yo posava para saver y entender todo lo que passava y se hazia en ello”39. Pero, en previsión al impacto a su legitimidad como gobernante, tomando en cuenta las acusaciones públicas contenidas en los libelos que circulaban por la ciudad, así como los informes enviados al Consejo de Indias por parte de instituciones como el cabildo y la inquisición de Lima, que contenían cuestionamientos a su comportamiento y gobierno, el virrey decide encargar al licenciado Esteban Marañón, alcalde de corte de la Audiencia de Lima y miembro de su círculo cercano de colaboradores, la inmediata realización de una investigación o Informaçion original, sobre si don Gerónimo, don Diego o alguno de los criados de su casa estaban involucrados en el intercambio de dádivas para la obtención de beneficios40. La Informaçion se ejecutó de inmediato y con mucha diligencia, del 21 de marzo al 22 de abril de 1588, y se plantearon tres únicas preguntas sobre las cuales se manifestarían los 70 testigos incluidos en el proceso: si conocen a don Jerónimo, a don Diego, a Pedro Fajardo (contador) “y a los secretarios y gentiles hombres continuos de cassa”; si saben o han oído que don Jerónimo ha recibido cohecho y dádivas de pretensores a mercedes tramitadas con el virrey “o con el mismo don geronimo o de otras personas algunos cohechos dadivas de oro, plata, perlas joyas o presentes […]”; y si saben o han oído que don Diego y otros criados del virrey “aya reçebido los dichos cohechos dadivas de oro plata perlas joyas presentes o otras qualesquier cosas por si o por interpósitas personas y de que personas lo an reçebido y que cosas y en que cantidad y porque causa y razón”41. Entre el 21 y 26 de marzo se reciben los testimonios de los testigos, quienes en conjunto niegan cualquier culpabilidad y responsabilidad de don Jerónimo, don Diego y la mayoría de los miembros de la casa del virrey en situaciones de cohecho y prebenda.
El grupo más importante representado en la lista de testigos es el de los vecinos-residentes-moradores, oficiales de la real audiencia y mercaderes de Lima, que suman el $53 \%$ del total (Gráfico 1). Un segundo grupo está formado por miembros del cabildo de Lima, vecinos-residentes-moradores de otras ciudades y escribanos públicos, que representan juntos el $20 \%$ del total. En general los 70 testigos conforman un grupo de personas de rango variado, con autoridades como Antonio de Ávalos, Tesorero de la Real Hacienda; Francisco Manrique de Lara, Factor y Veedor de la Real Hacienda; 3 abogados y 4 procuradores de la Real Audiencia de Lima. Más de la mitad, sin embargo, estaba representada por mercaderes (12), vecinosresidentes-moradores de Lima (14) y otras ciudades (5), y pretensores (3), que representaban casi el $50 \%$ del total de testigos. Se trata, pues, de personas que de forma cotidiana interactúan con los parientes y criados del virrey, que presentan pedidos de mercedes al conde del Villar, que podrían estar al tanto de los detalles sobre cuál era la dinámica de estas operaciones y ante quienes el virrey buscaría complicidad y reivindicación a través de su silencio.
Gráfico 1. Informaçion, 1588. Naturaleza de los testigos.
Fuente: elaboración propia a partir de la Informaçion original, AGI, Justicia, leg. 481, L. 1.
Más allá de coincidir sobre el comportamiento ejemplar de don Jerónimo y don Diego y de identificar a Juan Bello como el elemento nocivo dentro del entorno del virrey, en los testimonios empieza a construirse una argumentación de honestidad muy útil para los intereses políticos del conde del Villar, pero que al mismo tiempo demuestra la existencia de un espacio enorme de interacción y negociación entre los miembros de su casa y la población interesada en sacar adelante negocios con el virrey. Hay numerosas menciones de pretensores que logran acercarse a don Jerónimo y don Diego, ofreciéndoles dinero, joyas y caballos. En la mayoría de los casos Jerónimo y Diego se muestran indignados y rechazan todo trato, pero en algunas ocasiones ellos mismos intentan formas para aceptar temporalmente esos ofrecimientos, por ejemplo bajo la modalidad de préstamos que restituyen inmediatamente después. También se observa la existencia de grupos de personas dispuestas a facilitar dinero en efectivo, bajo la forma de préstamo, a los miembros de la casa del virrey, con ofrecimientos que se dan incluso antes de la llegada del conde del Villar al Perú, ya que de acuerdo a uno de los testimonios “antes supo este testigo que en tierra firma çierta persona que podia rica le ofreçio tres o quatro mil pesos [a don Jerónimo] y no solamente no los quiso reçebir pero se disgusto mucho”42. Asimismo, resalta la mención constante a la figura del conde del Villar como un gobernante que tiene controlada su casa, “y que por la poca mano que su señoria [el Virrey] a dado y da a los dichos sus criados no ay persona que se quiera baler dellos ni darles cosa nynguna por no tener parte ni mano para podellos ayudar en sus pretensiones”43.
Lo más revelador de la Informaçion gira en torno a la figura de Diego Gil de Avis, de más de 40 años, regidor y depositario general de la ciudad de Lima, quien el 21 de marzo de 1588 respondió de manera escueta a las tres preguntas contenidas en el interrogatorio, reconociendo reconocer a los allegados del virrey involucrados en la investigación, tenerlos por caballeros de buena reputación, y que solo ha escuchado lo que públicamente se dice Juan Bello, secretario del virrey.44 Sin embargo, dos días más tarde, el mercader Baltazar de Lorca testifica señalando que:
“Diego Gil de Avis depositario general libro en este testigo quinientos pesos ensayados los quales este testigo entrego a traves del criado del dicho don geronimo de torres y este testigo a lo que entendio fueron prestados y al contador faxardo a prestado el dicho diego gil de avis cantidad de pesos los quales este testigo lo entrego por librança del dicho diego gil de avis pero que todos los a pagado el dicho contador faxardo a este testigo por el dicho diego gil”45.
Ante esa revelación, el 24 de marzo se vuelve a tomar testimonio a Gil de Avis, quien en esta oportunidad da detalles de las negociaciones llevadas a cabo con Pedro Fajardo, contador del virrey. Gil de Avis indica que Fajardo se presentó ante él en numerosas ocasiones, y que en nombre del virrey y a cuenta de su salario, le pidió plata en dos ocasiones plata para enviar a España y para edificar unas casas debido al terremoto de 1586, por un total de 8,535 pesos ensayados. Gil de Avis enfatizó que él siempre entendió que Fajardo pedía el dinero en nombre del virrey, “porque de otra manera no se la diera parçialmente en tanta cantidad”46. El préstamo fue pagado parcialmente, en tres partidas, con sus respectivos intereses, pero que aún había una deuda pendiente de 523 pesos y 3 tomines ensayados.47 En todo momento, Gil de Avis fue enfático en señalar que los préstamos al virrey los hizo sin ninguna intención ulterior, ya que “no tenia ni a tenido ni piensa tener negocio ni pretension con su sa. ni pretende mas que servir y que esta es la verdad”48.
El siguiente en rendir testimonio, ese mismo 24 de marzo, es Pedro Fajardo, el contador y criado del virrey aludido por Baltazar de Lorca y Gil de Avis. Fajardo da una versión en donde confirma parcialmente la versión de Diego Gil, en relación a haberle pedido plata en préstamo por un total de 8,535 pesos y tres tomines ensayados, en virtud de la gran amistad que les unía, y de tener una deuda con él de 523 pesos y tres tomines, inscrita en una escritura pública. Indica, además, que Diego Gil le ha hecho otro préstamo por 600 pesos corrientes, y que también se los está debiendo. Niega en todo momento haber pedido el dinero prestado a nombre del virrey, y que “nunca su sa. le mando pedir la dicha plata ni tal le a mandado jamas”49.
Es en base a estos testimonios, tomando por ciertas las declaraciones del contador Pedro Fajardo, que el 22 de abril de 1588 el Licenciado Marañón, da el resultado final de la averiguación, indicando que “no resulta contra el dicho don geronimo de torres y portugal culpa alguna de que se deva hazer cargo ni menos contra el dicho don diego de portugal, ni contra ninguno de los demas criados de su señoria”50. Se señala como único responsable a Pedro Fajardo, contador del virrey, por haber recibido el préstamo de Diego Gil de Avis. Pese a lo alto del monto (más de ocho mil pesos) se pretende dejar en claro, pese a que los testimonios no lo avalan plenamente, que Fajardo actuó a título personal, ante lo cual el licenciado Marañón ordenó que:
“dentro de oy en todo el dia traiga ante su merced los dichos pesos de plata para que en su presençia se buelvan y quenten y paguen al dicho diego gil de avis a quien se deven donde no pasado dicho termino se le saquen prendas que valgan la dicha quantia y se vendan para que de su valor y preçio se haga la dicha paga y no hallandole bienes se ponga preso en la carzel real desta corte e asi lo proveyo e firmo”51.
La Informaçion General ordenada por el virrey conde del Villar no parecía cumplir plenamente y, sin embargo, su función como instrumento estratégico del virrey en el escenario político. Los 70 testigos en líneas generales parecían exculpar a los familiares y al propio virrey de cualquier delito de cohecho, y eso podía significar un éxito a futuro, de cara a posteriores pesquisas y averiguaciones en donde el testimonio de los testigos de la Informaçion tendrían que ser consecuentes a lo declarado anteriormente, pero las declaraciones del mercader Baltazar de Lorca, del depositario general Diego Gil de Avis, y la del propio contador Pedro Fajardo, daban cuenta de transacciones que parecían encubrir tratos y favores negociados en la persona del virrey, de dominio público más allá de lo admitido por el grueso de los demás testigos . En el escenario de lo político, la autoridad del virrey permanecía así cuestionada y generaba cada vez más comentarios entre los grupos locales, en gran parte azuzados por el conflicto con la Inquisición, sobre su legitimidad, afectando así la validez de toda acción en torno a su gobierno en el Perú (Tabla 1).
Tabla 1. Virrey conde del Villar. Cronología de la crisis en su gobierno en el Perú

1584	Nombrado virrey del Peru (marzo); partida hacia América (noviembre).
1585	Llegada al Peru (Paita, junio); conflicto en provision de corregimientos con la Audiencia de Quito y su presidente, Lic. Pedro Venegas de Canaveral (julio); entrada a Lima (noviembre).
1586	Intervencion al cabildo de Lima y nombramiento de un corregidor para la ciudad(enero 1586, hasta enero 1590); reordenamiento del corregimiento, asiento yfactoraje de Huancavelica (mayo); problemas con las minas y envio de Pedro deCordova Mejia como visitador de la Audiencia de Charcas (mayo 1586); terremotoy tsunami de Lima (9 de julio).
1587	Thomas Cavendish en el Mar del Sur y conflicto jurisdiccional con la Inquisicionpor presos ingleses y movilizacion de soldados al Callao, auto de fe y amenazas deexcomunion en su contra (noviembre).
1588	Acusaciones de cohecho y prebenda y prision del secretario personal del virrey,Juan Bello (enero-febrero); libelos con denuncias de cohecho y prebenda contraJerónimo de Torres y Portugal, Diego de Portugal y la casa del virrey (marzo);Informacion Original (marzo-abril); conflicto con la Inquisicion ydesaparicion/secuestro de Juan Bello (junio-octubre); Felipe II ordena la VisitaGeneral (octubre) y nombra un nuevo virrey (noviembre).
1589	El rey ordena el restablecimiento de las elecciones anuales de alcaldes ordinarios y juez de aguas en el cabildo de Lima, y suprime el nombramiento de un corregidorpara la ciudad (enero); Epidemia de viruela (marzo); llega la noticia delnombramiento del nuevo virrey (julio); conflicto con Inquisicion (Juan Bello yDiego de Salinas) y excomunion (octubre)
1590	Entrada del virrey Hurtado de Mendoza a Lima (enero); partida conde del Villar(mayo); llegada del visitador Alonso Fernandez de Bonilla a Lima (agosto)

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Fuente: elaboración propia a partir de AGI, Contaduría, leg. 2976; AGI, Contratación, legs. 725 y 5229; AGI, Indiferente, legs. 606 y 740-742, AGI, Lima legs. 1, 29, 32, 93, 108, 127, 209 y 217; AGI, Justicia, legs. 480-485.
3. FRACASO DE LA INFORMAÇION ORIGINAL, DESPRESTIGIO DEL VIRREY Y VISITA GENERAL.
El 18 de octubre de 1588, sin que haya evidencia de que el Consejo de Indias haya recibido traslado de los resultados de la Informaçion llevada a cabo meses antes en Lima, Felipe II nombra al licenciado Alonso Fernández de Bonilla para que lleve a cabo una Visita General a la Audiencia de Lima y virrey conde del Villar52. Se trataba de una decisión sustentada en una serie de comunicaciones e informes recibidos por el Consejo de Indias desde Lima, que reflejaban tensiones en torno al gobierno del conde del Villar, así como de medidas adoptadas en los meses anteriores y siguientes por la corona que parecían indicar la decisión de intervenir y restablecer el principio de autoridad en el territorio. En primer lugar, la cédula real del 30 de julio de 1588, en donde se nombra y da instrucciones a García Hurtado de Mendoza, IV marqués de Cañete, para que asuma el cargo de virrey del Perú, en reemplazo del conde del Villar53. En segundo término, la amonestación y orden enviada por Felipe II al conde del Villar en una carta del 10 de enero de 1589, para que restablezca las elecciones de alcaldes ordinarios y juez de aguas en el cabildo de Lima y cancele el nombramiento de un corregidor para la ciudad54.
Para 1589, la pérdida de autoridad del virrey generaba complicaciones en sus funciones de gobierno. Los miembros del cabildo de la ciudad y la audiencia de Lima guardaban distancia sin tomar partido, pese a trabajar de forma eficiente y coordinada con el virrey para hacer frente a la epidemia de viruela que azotaba al virreinato y amenazaba a la ciudad de Lima hacia marzo de $1 5 8 9 ^ { 5 5 }$ .
Hacia julio de ese año llega la noticia a Lima del nombramiento de García Hurtado de Mendoza como nuevo virrey del Perú56. De manera coincidente, surge una nueva crisis entre el virrey y los inquisidores, ante acusaciones hechas por el conde del Villar por el secuestro de su secretario Juan Bello de la cárcel real en la que estaba preso desde enero de $1 5 8 8 ^ { 5 7 }$ . Enfrentado con las redes clientelares de los inquisidores en relación al factoraje del azogue de Huancavelica, desprestigiado públicamente por acusaciones de prebenda y cohecho, y anunciado el nombramiento de un nuevo virrey, el conde del Villar se encontraba cerca de su momento político más vulnerable. En octubre de 1589 la inquisición finalmente lo excomulga58, debido a haber actuado de forma ilegítima e indecorosa al haber tomado preso y ordenado torturar a Diego de Salinas, abogado criollo, familiar de la inquisición, involucrado en el caso Bello59.
Años después, camino de regreso a España, el conde del Villar escribiría al rey reflexionando sobre las razones de su excomunión, indicando que “los dichos inquisidores procuraron denigrar con palabras que decian y por escripto en auctos y notificaciones que me mandaron hazer […] notandome de yndevoto y desafficionado al santo officio y odioso a él y a sus ministros […]”60.
La excomunión fue levantada a los pocos días de su anuncio, pero el daño a la autoridad del virrey fue irreparable. Los meses siguientes su ausencia pública fue notoria. El 6 de enero de 1590 hizo su ingreso a Lima el nuevo virrey García Hurtado de Mendoza. Junto a él, en una litera al lado de la virreina, el conde del Villar y su hijo don Jerónimo hicieron su última entrada y presentación pública en la ciudad. En los meses siguientes, junto con miembros de su casa, se retiraría al monasterio franciscano ubicado en el pueblo indígena de la Magdalena, “para vençer la ygnorançia y simpliçidad de todos y apartarse algo del trafago de la çibdad y obligaciones”61. El 2 de mayo de 1590 partiría del Callao rumbo a España62.
El licenciado Fernández de Bonilla haría su ingreso a Lima el 2 de agosto de 1590, tres meses después de la partida del conde del Villar. El 11 de octubre presenta una lista de 126 preguntas que habrían de ser planteadas a los 67 testigos provenientes de distintas zonas del virreinato, un número menor a los 70 testigos incluidos en la Informaçion de 1588. Treinta de las preguntas hacen mención a las sospechas sobre sus deudos y criados, pero la pregunta 117 en particular resulta reveladora:
“Item si previniendose el dicho visorey de culpa que se le pudiese imputar en esta razon hizo o mando hazer informaçiones en contrario en descargo de los de su casa con que testigos y ante que juez y scrivano a cuia instançia o por cuia comisión”63.
La alusión a la Informaçion de 1588 es directa, y la mayoría de testigos menciona estar al tanto de ella, pero desconocen los resultados. Se podría pensar que el fin de la Informaçion había sido ser enviada al rey para disipar cualquier duda ante los informes llegados a la metrópolis sobre el comportamiento del virrey y los miembros de su casa, y no una reivindicación pública en el propio territorio peruano. La rápida sucesión de los hechos y la toma de decisiones por parte de la corona entre 1588 y 1589, sin embargo, generaron un resultado diferente64.
La lista de testigos incluidos en la Visita entre noviembre de $1 5 9 0 ~ \mathrm { y }$ octubre de 1592 incluía, a diferencia del caso anterior, a figuras políticas de gran importancia, como el licenciado Cristóbal Ramírez de Cartagena, el doctor Alonso Criado de Castilla y el licenciado Alonso Maldonado de Torres, todos ellos oidores de la audiencia de Lima; el doctor Manuel Barros de San Millán, presidente de la audiencia de Quito; Juan de Cepeda, presidente de la audiencia de Charcas; los licenciados Jerónimo Calderón y Juan Díaz de Lopidana, oidores de la audiencia de Charcas; y el Secretario de gobernación Alonso Ruiz de Navamuel65.
Esta Visita, en tanto mecanismo de control administrativo, no solo buscaba obtener información sino también resolver la crisis política generada durante el gobierno del conde del Villar, y restablecer y confirmar el equilibrio y legitimidad de la autoridad monárquica, ahora representada en la figura del virrey García Hurtado de Mendoza. Solo seis testigos que declaran en la Visita están presentes también la lista de la Informaçion de 1588, entre ellos Diego Gil de Avis, antiguo depositario general y ese entonces regidor del cabildo de Lima66. La declaración de Gil de Avis es interesante, por haber sido él quien dio el préstamo a Pedro Fajardo, contador de la casa del conde del Villar y único sancionado en la Informaçion. Al momento de dar su largo testimonio para la Visita, Gil de Avis destacó las virtudes del conde del Villar como buen gobernante, atento a castigar los posibles malos comportamientos de miembros de su casa, hábil e inteligente en el manejo de los asientos y factoraje de Huancavelica, y que si bien al virrey “lo tuvo por limpio en materia de intereses”, no podía decir lo mismo de su hijo don Gerónimo, quien llegó a deberle más de 30.000 pesos a diversas personas67. Y sobre el caso de Pedro Fajardo, ratifica que el préstamo se lo dio a título, pese a que el propio Fajardo le había señalado que actuaba por encargo del virrey68.
Hacia marzo de 1593 Fernández de Bonilla presenta 108 cargos contra el conde del Villar, 45 de ellos exclusivos a su desempeño político y administrativo: conflicto con instituciones como las Audiencias de Quito y Lima, Inquisición y Cabildo de Lima; malas decisiones en la defensa y reconstrucción de Lima; maltrato y gobierno de los indígenas; mal carácter y falta de interés para escuchar a los pretensores. Los otros 63 cargos estuvieron vinculados directamente al comportamiento de don Gerónimo, don Diego y a otros familiares, sirvientes y amigos (miembros de su casa) 69.
Resulta especialmente interesante el cargo 106, directamente vinculado a la pregunta 117 del cuestionario antes mencionado, relativo a las razones que tuvo para ordenar la Informaçion de 1588:
“Ytem se le haze cargo que aviendo havido en la çiudad de los reyes y en muchas partes del reyno publica murmuraçion y libelos de que el dicho geronimo de torres y portugal su hijo y don diego de portugal su sobrino y otros de su casa reçivian dadivas y cohechos de personas que por estos medios salian con sus pretensiones el dicho virrey previniendo la culpa mando hazer informazon dello y la cometio al Licenzdo marañon Alcalde de corte y con esto se impidieron setenta testigos que en ella declararon y espeçialmente mando reçivir las personas que se entendiese que lo podian saber los quales por faltarles libertad no lo dirian estando el en el gobierno y la verdad con esto se oscureçeria quedando prendados los que lo savian para no podello dezir como de los dichos de algunos reçividos despues en esta visita consta”70.
La dimensión de estrategia política en torno al uso de un mecanismo administrativo queda manifiesta en la Informaçion de 1588, ordenada por el conde del Villar para contar con un documento en donde se mostrara al rey y al Consejo de Indias que los rumores sobre cohechos y dádivas recibidas por miembros de su casa no solo eran infundadas, sino que estaban bajo control y resueltas, con el culpable identificado y castigado. Al mismo tiempo, se buscaba inhabilitar el uso de testigos para posibles acciones a futuro, de cara a un juicio de residencia o una visita, como finalmente sucedió.
Los cargos de la Visita fueron leídos y trasladados el 26 de marzo de 1593 a don Diego de Portugal y al doctor Alberto de Acuña, en su calidad de procuradores del virrey, iniciándose así un largo proceso de vetos, descargas y entrega de evidencias que duraría algunos años más. El 15 de marzo de 1595, el visitador Fernández de Bonilla escribe una carta a Felipe II en donde resalta los resultados de su visita, pese a la muerte del virrey, ocurrida el 15 de octubre de 1592:
“y aunque el Conde sea muerto importara verla para intelligençia de este gobierno y endereçarlo en lo que convenga pues como scrivi a los quinze de maio de noventa y tres dexadas aparte las cosas personales y particulares en lo general los abusos se prosiguen con exçeso […] y dexado aparte lo que della resulta y lo que la gente de su casa infamo el gobierno del Conde no podria juzgar de su persona cosa que desdiga de las obligaçiones de cavallero buen christiano limpio y de buena intençion y de verdadero trato”71.
CONCLUSIONES.
Los instrumentos de fiscalización utilizados como parte de la administración del gobierno virreinal en América deben ser estudiados en sus respectivas dimensiones y coyunturas políticas, en la medida que en ellos se reflejan las interacciones, negociaciones y conflictos clientelares propios del ejercicio del poder entre autoridades representantes de la corona y grupos locales. La función administrativa es solo un aspecto de mecanismos que por su naturaleza representan en sí mismos espacios políticos de encuentro y disputa.
Las autoridades locales encargadas de llevar a cabo estos métodos de control, podían poner en marcha otros tipos de indagaciones, más específicas y acotadas, controladas por ellos mismos, dadas a cumplir no un rol fiscalizador en sí, sino una función política, como es el caso de la Informaçion elaborada durante el gobierno en el Perú del virrey conde del Villar. Estas indagaciones cumplían la formalidad en cuanto al nombramiento de una autoridad reconocida que debía ejercer la función con rigurosidad, elaboración de un cuestionario, construcción de una lista de testigos relevantes, distribución de las acciones en un cronograma planificado. Formalmente dirigidas a garantizar el buen gobierno en los temas y personas hacia las cuales iban dirigidas, generaban un producto e instrumento útil en lo político, más allá de todo posible uso administrativo.
El perfil de los testigos que participaban en estos tipos de instrumentos es especialmente importante de ser tomado en cuenta, por su naturaleza funcional local, por las implicancias directas inmediatas de su ejecución, y por las posibles repercusiones a futuro en cuanto a métodos precisos de fiscalización que pudieran darse más adelante por orden de la corona, en la medida que podían comprometer el valor y utilidad de sus testimonios.
En el caso específico del virrey conde del Villar, la Informaçion llevada a cabo en 1588 estuvo dirigida más como producto futuro a mostrar al Consejo de Indias y al rey, en el escenario de posibles acciones a su gobierno, sea a través de un juicio de residencia o una visita, como finalmente sucedió. Además, al construir una lista de testigos claves en la naturaleza de las acusaciones, generó un universo de testimonios difíciles de replantear o contradecir en posteriores procesos. De acuerdo a eso, la Informaçion fue claramente un producto a ser utilizado en una estrategia política por parte de un virrey que se sabía cuestionado en su autoridad y quería formalmente controlar los daños de cara al monarca y al Consejo de Indias.
Más allá de la finalidad política de la Informaçion de 1588, el hecho de convocar un número significativo de testigos, todos ellos del entorno limeño en el que interactuaba el virrey conde del Villar y su casa. Eso permitió el hallazgo de información comprometedora en relación al accionar del virrey y sus criados en cuanto a préstamos y acceso a dinero facilitado por autoridades de la ciudad y mercaderes, como en el caso de Diego Gil de Avis, depositario general del cabildo de Lima, y Baltazar de Lorca, ambos involucrados en transacciones económicas entendidas como propias del virrey, las mismas que fueron convenientemente resueltas exculpando de toda responsabilidad al conde del Villar, y colocando la falta en su contador Pedro Fajardo. Más allá de lo resuelto en la Informaçion, esta hizo evidente que era de dominio público el comportamiento del virrey y su casa en temas económicos y en sus vínculos con ciertos personajes locales, tal cual lo demuestran las declaraciones de muchos de los testigos. Este tema será retomado luego en la Visita ordenada por la corona en 1588 y puesta en marcha en Lima a partir de 1590, en donde Gil de Avis fue uno de los seis testigos de la Informaçion que volvió a dar su testimonio, matizando en parte su testimonio, pero reconociendo que su impresión en el momento fue que el virrey estaba detrás de los requerimientos de préstamos hechos por Fajardo.
Así, la Visita llevada a cabo en Lima por el licenciado Alonso Fernández de Bonilla, y que en 1593 dio como resultado 108 cargos contra el conde del Villar y su casa, tuvo su motivación en los informes que autoridades locales de instituciones como el cabildo y la inquisición de Lima enviaron previamente al rey y al Consejo de Indias, dando cuenta de los excesos en el gobierno del virrey. Del mismo modo, la propia Informaçion de 1588 aportó evidencia no solo de una intención de encubrir y entorpecer futuras indagaciones, sino también de actos que apuntaban al recibo de cohecho y prebenda por parte del virrey y sus allegados. Todo eso quedó de manifiesto en las declaraciones de algunos de los testigos, y el conocimiento público que podían reflejar, de allí que tanto la pregunta 117 del cuestionario elaborado, y el cargo 106 contra el virrey dieran cuenta de la existencia y accionar detrás de la Informaçion.
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