La Curia Romana y los obispos españoles ante la libertad de imprenta en el Trienio Liberal (1820-1823)
Roman Curia and Spanish Bishops faced with press freedom during the Liberal Triennium (1820-1823)
Maximiliano BARRIO GOZALO Chiesa Nazionale Spagnola, Roma. Italia.
Resumen.
El Trienio liberal se convirtió en un periodo apropiado para consolidar la revolución iniciada en Cádiz, rescatando la obra perdida tras el golpe de Estado de 1814. Se abolió la Inquisición y se restableció la libertad de imprenta a fin de sensibilizar a la opinión pública y ganar su apoyo a la reforma eclesiástica que se iba a acometer. Teniendo esto presente, en este artículo analizo dos aspectos de la libertad de imprenta: la crítica que la prensa y los opúsculos llevan a cabo contra el clero y las cosas religiosas, y la reacción de las autoridades eclesiásticas, tanto de la Curia romana como de los obispos españoles.
Palabras clave: Curia romana; Obispos españoles; Libertad de imprenta; Trienio liberal.
Abstract.
The Liberal Triennium became an appropriate period to consolidate the revolution started in Cadiz, rescuing the lost work after the coup of 1814. The Inquisition was abolished and freedom of the press was restored to sensitize public opinion and win support for ecclesiastical reform was going to attack. With this in mind, in this article I analyze two aspects of freedom of the press: the criticism that the press and pamphlets held against the clergy and religious things, and the reaction of the ecclesiastical authorities of both the Roman Curia and Spanish bishops.
Keywords: Roman Curia; Spanish bishops; Freedom of the press; Liberal Triennium.
La libertad de imprenta, proclamada por el decreto de las Cortes de 10 de noviembre de 1810, adquirió rango constitucional en marzo de 1812, pues el artículo 131 & 24 de la Constitución protege la libertad política de imprenta, y el 371 declara la extensión de esa libertad, que no es ilimitada sino que se circunscribe a la «libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establecen las leyes». Es, por tanto, una libertad limitada, pues el artículo 6 de la ley dice que «todos los escritos sobre materia de religión quedan sujetos a la previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento». Es decir, se pasa a los obispos las competencias que antes tenía la Inquisición en materia de censura1 . Los reformistas pensaban que dejar la censura en manos de los obispos era un paso importante para proceder a la reforma de la Iglesia, pero, a la hora de aplicar el decreto, se constató enseguida que la mayoría de los prelados estaban más cerca del pensamiento reaccionario que del reformista y no se podía contar con su apoyo. De aquí que, el 10 de junio de 1813, las Cortes aprobaran algunas «Adicciones a la ley de libertad de Imprenta», con el objeto de reforzar el regalismo para acometer la reforma eclesiástica, declarando que los escritos que publicasen los prelados seculares y regulares se tenían que ajustar a los trámites que los de los demás ciudadanos, de tal manera que si contenían afirmaciones contra el código constitucional se mandarían recoger y se podría encausar a sus autores.
«Si alguna vez ocurriese -dice el artículo 32- que las pastorales, instrucciones o edictos que los MM. RR. Arzobispos, RR. Obispos y demás prelados y jueces eclesiásticos impriman y dirijan a sus diocesanos en el ejercicio de su sagrado ministerio, contengan cosas contrarias a la Constitución o a las leyes, el Rey, y en su caso la Regencia, oyendo al Consejo de Estado en el modo y forma que previene la Constitución respecto a los decretos conciliares y bulas pontificias, suspenderá su curso y mandará recoger los impresos. Si además hallare méritos para formación de causa que induzca desafuero contra el autor o autores, pasará a este fin el impreso al Tribunal Supremo de Justicia, siempre que éste sea Arzobispo u Obispo, y a la Audiencia territorial si fuere de alguno de los demás prelados y jueces eclesiásticos»2 .
La libertad de imprenta, por tanto, abrió la puerta para iniciar la reforma eclesiástica, preparando los ánimos con la difusión de las nuevas doctrinas y dejando expedito el camino a los diputados reformistas. Si esto afirmaba el padre Vélez en $1 8 1 4 ^ { 3 }$ , con más razón se puede aplicar a los años del Trienio liberal. Pues, aunque Fernando VII, cuando volvió del exilio en 1814, abolió todo lo que se había dispuesto desde mayo de 1808 hasta su regreso, cuando en marzo de 1820 se vio forzado a jurar la Constitución de 1812 y los liberales accedieron al poder, una de las primeras medidas que tomó la Junta Provisional fue la de abolir la Inquisición y restablecer el decreto de libertad de imprenta4 . La teórica libertad fue complementada con la Ley de Imprenta de 22 de octubre de 1820 y las leyes adicionales de 12 de febrero de 1822 y 22 de julio de 1823.
Teniendo esto presente, en las páginas siguientes analizo dos aspectos relacionados con la libertad de imprenta: la crítica de las personas y cosas religiosas, y la reacción de las autoridades eclesiásticas. Pero, para entender la oposición del nuncio y los obispos a la libertad de imprenta hay que tener en cuenta que el pensamiento reaccionario católico sólo admitía una libertad ceñida al derecho natural y al positivo, de forma que la libertad que defendían los liberales, sólo limitada por la ley civil, se oponía al derecho natural y a la ley divina, y tendía inevitablemente a lesionar la religión católica. Es decir, la libertad conducía a la barbarie y a la anarquía, en cuanto socavaba la religión católica, única base verdadera de la vida colectiva5 .
1. La crítica contras las personas y cosas sagradas.
Abiertas de nuevo las puertas a la libre expresión, los liberales hicieron un gran esfuerzo para divulgar sus ideas entre la población. Al conjunto de la sociedad dirigen manifiestos, hojas volanderas, pasquines, proclamas, folletos, obras de teatro y todo tipo de propaganda oral, como sermones y discursos; y a la población culta los periódicos, opúsculos y libros. La prensa alcanzó un desarrollo espectacular, pues se publicaron más de seiscientos periódicos de todas clases, tamaños y tendencias ideológicas: liberal moderados y exaltados, y absolutistas, y esto hizo que los periodistas jugasen un papel importante en el periodo constitucional. Entre los periódicos liberales de Madrid destacan El Universal, que fue uno de los mejores de la época y una especie de brazo informativo de los gobiernos moderados. El Imparcial se mantuvo en un plano más conservador, al igual que El Censor y el Nuevo Diario. Entre los de tendencia exaltada destacan El Espectador, El Constitucional, La Aurora, El Eco de Padilla, El Zurriago, etc. El Espectador, fundado por Evaristo San Miguel en abril de 1821, se convirtió en uno de los grandes periódicos por razones de oportunismo político y respaldo gubernamental6 . En Barcelona sobresalen El Diario de Barcelona y $E l$ Periódico Universal de las Ciencias, de tendencia liberal moderada; y El Diario constitucional, político, mercantil de Barcelona, la Miscelánea liberal y El Indicador Catalán, de tendencia exaltada. El Indicador, que apareció en 1822, fue uno de los diarios más leído de Cataluña. No es casual el hecho de que periodistas y escritores liberales estén en el origen de determinadas sociedades patrióticas y que la necesidad de potenciar la lectura colectiva las indujera a fundar periódicos y otras publicaciones7 . Además la proliferación de periódicos y opúsculos durante el Trienio se vio favorecida por la renacida curiosidad de leer y adquirir todo escrito que contenía ideas revolucionarias, así como por el cobijo que daba a su autor la facilidad de publicar desde el anonimato.
Los periódicos y los opúsculos sustituyen a los tratados doctrinales y a los libros, porque tratan de sensibilizar a la opinión pública y ganar su apoyo para las reformas eclesiásticas que se iban a acometer, poniéndola en guardia contra el fanatismo de los reaccionarios y dirigiendo sus ataques contra el despotismo absolutista y sus aliados, y de forma especial contra el clero. La sátira festiva y crítica se convirtió en el instrumento más apropiado para ridiculizar a las personas e instituciones eclesiásticas, pues su desenfado, al airear sus defectos reales o imaginados, contribuyó a que el pueblo perdiera el respeto a las personas y cosas hasta entonces consideradas como sagradas. Junto a la crítica burlesca, que tuvo un efecto inmediato y consiguió preparar un ambiente propicio a las reformas, se desarrolló también una crítica más seria de los defectos de la Iglesia, acompañada en ocasiones de orientaciones positivas en orden a la reforma.
Aunque la crítica alcanzó a todas las instituciones del Antiguo Régimen, el plato fuerte fue siempre el clero y las instituciones eclesiásticas, siendo la mayoría de sus autores eclesiásticos liberales. El canónigo Miñano da la pauta a los escritores anticlericales al explotar las posibilidades de la crítica de los abusos clericales, tanto en sus comportamientos como en su aprovechamiento de los recursos de los campesinos, pues los curas, con el diezmo que exigen, y los frailes, con las limosnas que piden, son «los lechuzos» que esquilman el fruto del trabajador. También critica la ya abolida Inquisición, «un objeto de desprecio, o por mejor decir, un dato histórico para pintar los delirios y extravagancias del entendimiento humano»; el dinero que salía para Roma, la inmunidad eclesiástica, los estudios eclesiásticos, el exceso de conventos, etc. Y lo hace con un lenguaje desenfadado y burlesco que tuvo gran aceptación entre el público y suscitó muchos imitadores8 .
Como dice Manuel Revuelta, «había verdadera manía anticlerical en aquellos periodistas que se las daban de tolerantes e ilustrados en su pasión por acabar con la España negra, que veían atestada de mendigos y frailes»9 . De aquí la inculpación al clero del oscurantismo del pueblo que querían ganar para la civilización, liberándole de la credulidad y de las supersticiones religiosas. Sin embargo, donde se cebó más la sátira fue en la crítica de los frailes, mientras que las monjas fueron compadecidas más que ridiculizadas.
Pero estas sátiras, por picantes que fueran, se pueden considerar como moderadas, en comparación con otros escritos más audaces y desvergonzados en los que no se encuentra ningún afán moralizante o reformador. La parodia anticlerical se manifiesta también en procesiones cívicas para celebrar la apoteosis de la Constitución o el entierro del despotismo. Se organizan al modo de grandes liturgias burlescas que tenían gran éxito en el pueblo. Entre las muchas que se celebraron destacan las que tuvieron lugar en Cádiz el 21 de marzo de 1821 y, sobre todo, las organizadas en Málaga los días 27, 28 y 29, pues sus alusiones al clero eran más claras. Por tres noches consecutivas se hicieron procesiones con muchas personas vestidas con hábitos sacerdotales y otros representando a frailes, monjas, obispos, cardenales y al papa, mientras que los soberanos de la Santa Alianza eran echados al fuego en medio de la plaza.
«Ha habido en Málaga -dice el nuncio Giustiniani- tres noches de funciones satíricas: el martes 27 de marzo llegó la noticia de la conmoción ocurrida en Turín, y de haberse pedido allí la Constitución española. Con esto se alborotó el pueblo, hubo repiques de campanas, dados por orden del alcalde, e iluminación dos noches; y en la de dicho día hicieron un entierro a un muñeco preparado de antemano y puesto en un ataúd le condujeron por toda la ciudad en un carro de policía, cantando responsos y coplas alusivas al asunto. En la noche del miércoles siguiente hubo igual fiesta, colocando un túmulo en la plaza y diciendo eran las hornas del despotismo, se pasearon por las calles con las misas luces y disfraces de vestidos, representando religiosos, monjas, canónigos y obispos echando bendiciones. La noche del jueves se repitió la función, hubo nueva representación compuesta de unas cien personas vestidos como templarios, otros de cardenales y uno de papa, otros de obispos y varios de monjas y frailes, y todos pasearon por el pueblo con las mismas músicas y cantos de las noches anteriores»10.
El cardenal Consalvi, secretario de Estado de la Santa Sede, al conocer las escandalosas celebraciones que habían tenido lugar en Cádiz y Málaga para celebrar los funerales del despotismo, declaró que tales hechos eran preludio de funestas consecuencias y, si el gobierno no podía reprimirlos, triunfaría la anarquía, «al no haber fuerzas suficientes para contener a los pueblos donde no se siente la fuerza de la religión»11.
Junto a la sátira anticlerical apareció también una crítica dirigida a confirmar los anhelos reformistas de los liberales en materias eclesiásticas, y a propagar doctrinas regalistas y galicanas que apoyasen el proyecto de la iglesia liberal. No tratan sólo de establecer principios, sino de aplicarlos y traducirlos en reformas concretas para cambiar muchos aspectos disciplinares y desmantelar la vieja iglesia antiguo regimental. Es verdad que en algunos de estos escritos hubo excesos doctrinales, pero se proponían muchas reformas prácticas acertadas que el nuncio y los reaccionarios no supieron o no quisieron aprovechar para buscar los posibles puntos de encuentro. Por ejemplo, las Cartas de Don Roque Leal de Joaquín Lorenzo Villanueva constituyen una defensa de las reformas eclesiásticas de las Cortes durante la primera legislatura, al sostener que la disciplina externa de la Iglesia competía también al poder civil12. En cambio, Marchena representa una actitud mucho más racionalista y casi arreligiosa que influyó en la crítica despiadada a la Iglesia y al cristianismo, lo que facilitó la difusión de libros extranjeros de cariz naturalista y ateo13.
En suma, el reconocimiento del libre derecho a difundir por escrito las ideas, ya se tratara de planteamientos políticos, de disquisiciones filosóficas o de reflexiones teológicas o religiosas, dio lugar a la eclosión de innumerables folletos, periódicos y libros de todo género, especialmente sobre materias antes prohibidas, así como a la importación o reedición de títulos cuya difusión había sido antes arriesgada, a causa de la proscripción de su autor o en función de su contenido. Así se hace constar en los comentarios de algunos obispos sobre las consecuencias de las medidas establecidas por el nuevo régimen, cuando dicen que se introducían libros del extranjero y no dejaban de aumentar las producciones españolas, o se lamentan de la avalancha de publicaciones contra la fe, costumbres y disciplina, y de multitud de libros de mala doctrina que introducían los impíos14.
2. La reacción de las autoridades eclesiásticas.
Los despachos que el nuncio Giustiniani envía al cardenal Consalvi muestran una preocupación casi obsesiva por utilizar todos los medios posibles para controlar la difusión de los escritos que atacaban y se ensañaban con las personas e instituciones eclesiásticas. En el mes de abril de 1820 ya se lamenta de que los escritos, que atacan al clero y ponen en ridículo la religión, se multiplican cada día. A veces son invectivas generales contra el clero y otras atacan a la Santa Sede, exagerando la suma de dinero que iba a Roma por las dispensas y proponiendo que se diera a los obispos facultad para dispensar. «También se reclama contra los diezmos y se hace un parangón irrespetuoso, casi herético, entre Jesucristo y la Constitución»15. En mayo se queja de la libertad con que circulaban escritos irreligiosos, publicados en la prensa periódica, en libelos y papeles sueltos, e informa que el cardenal de Toledo, consciente de la gran importancia de la censura de libros y escritos de materia religiosa, había establecido dos Juntas de Censura. Una en Madrid y otra en Toledo, compuestas de eclesiásticos doctos y piadosos, para que hicieran el examen previo de los libros impresos que se referían a religión, buenas costumbres y disciplina eclesiástica, y también el examen posterior de los demás libros que, de acuerdo con las leyes, no podían ser objeto de censura previa16. El nuncio alaba esta decisión, pero pide al cardenal que, como presidente de la Junta Provisional de gobierno, tome las medidas pertinentes para mantener la pureza de la fe y las buenas costumbres, sometiendo todos los escritos a censura.
«Le he advertido -dice el nuncio- que no bastaba con impedir la publicación de aquellos que expresamente se refieren a la religión, pues el veneno más peligros podía introducirse también en los escritos políticos, y en aquellos que en apariencia pueden parecer indiferentes, de forma que ningún escrito pueda sustraerse de la censura de los ordinarios. En la peor de la hipótesis le he pedido que entretanto, al menos en la Junta de censura establecida por las Cortes, se admita a algunos eclesiásticos designados por los obispos. También he sugerido que la libertad de imprenta sancionada por la Constitución podría interpretarse y modificarse, reduciéndola únicamente a los periódicos»17.
El cardenal Consalvi trasmite al nuncio la satisfacción pontificia por la institución de las Juntas de censura y el deseo de que los demás obispos imiten al cardenal de Toledo; comparte su opinión de que los libros que no tratan directamente de religión también debían estar sujetos a la censura previa en una nación que no reconoce otra religión que la católica y las leyes la protegen, «porque el veneno contra nuestra religión y las buenas costumbres puede igualmenigualmente, incluso con mayor facilidad, insinuarse en los libros que no tratan de materias religiosas, que en los que tratan de religión». La misma Constitución no se opone a la previa censura de estos libros, al menos de las partes que contengan referencias a la religión y buenas costumbres, pues la libertad de publicar escritos sin ninguna revisión previa, que declara el artículo 371, se limita sólo a los escritos de materia política.
«Además -dice Consalvi-, la misma razón que hay para someter a la censura de los ordinarios los escritos que tratan de cosas religiosas, la hay para someter a la censura los escritos de materia política, al menos de aquellas partes que pueden referirse relativamente a la religión. El objeto de la ley que sujeta a la previa censura de los ordinarios los escritos de materia de religión y de conservar la pureza de la fe y de la moral, puede igualmente ser aplicado a aquellos escritos que tratan ex profeso de cosas sagradas como aquellos que tratan ex profeso de cosas políticas»18.
A pesar de estas reflexiones, Consalvi no se olvida del capítulo segundo del decreto del 22 de febrero de 1813, en el que se afirma que los escritos de materias religiosas pueden publicarse a pesar de la prohibición del obispo, dejando al rey el supremo juicio de los escritos que debían prohibirse. Por eso es comprensible el escepticismo del nuncio, cuando dice que, si no había una ley que castigase los abusos de la libertad de imprenta, eran inútiles las reclamaciones que cada día tenía que hacer contra los artículos que vomitaban los periódicos contra la religión. Por ello propone que los obispos escriban pastorales renovando la prohibición de los libros censurados por la Santa Sede y la Inquisición, y que se conteste a las acusaciones más graves en el mismo perió- dico con un nombre ficticio. Por ejemplo: «soy católico y soy amigo de la Constitución. No soy docto y mucho menos teólogo. He leído en ese periódico que la religión católica ha bastado para tranquilizar mi conciencia, pero también he leído que el sínodo de Pistoya fue sabio y santo, y después he visto la bula de Pío VI que lo condena»19.
Algunos obispos, por iniciativa propia o por las insinuaciones del nuncio, publican edictos renovando los índices de libros prohibidos por la extinta Inquisición, enriqueciéndolos a veces con nuevas publicaciones; pues pensaban que seguían subsistiendo «en su fuerza y vigor las prohibiciones de leer y retener libros que por su mala doctrina emanaron de aquel tribunal». El de Segovia manda que se entreguen los libros y papeles comprendidos en dichas publicaciones y se denuncien los escritos que contengan proposiciones contrarias a la doctrina de la Iglesia y a las buenas costumbres20. Otros siguen defendiendo las delaciones secretas, porque sin ellas «apenas tendremos acusadores y testigos que se atrevan a acusar y deponer»; etc. En suma, los obispos no se consideran delegados de la nación, como decía el decreto de las Cortes, sino que se creen investidos de una autoridad propia, hasta el punto de querer convertir al gobierno en un mero ejecutor de sus mandatos21.
La respuesta de los obispos, sin embargo, no fue todo lo rápida y contundente que cabía esperar, y el nuncio se queja de que, aunque la Constitución no autorizaba los continuos ataques que la prensa y los opúsculos hacían contra la religión, si los obispos no comenzaban a usar de la autoridad que les daba la norma constitucional, cada día iría empeorando la situación22. Por su parte, el cardenal de Toledo escribió una pastoral, el 29 de abril, para renovar la prohibición de los libros censurados por la Santa Sede y la Inquisición, así como los que caían bajo las reglas establecidas por Benedicto XIV en la constitución Solicita et provida, en la que se prohibía la publicación de cualquier escrito de materia religiosa sin la previa aprobación del ordinario, y también la introducción de libros extranjeros. El nuncio se congratuló por el gesto del cardenal y pensó que estimularía a los obispos que todavía no habían tomado medidas para poner freno a la licencia de los escritos, que cada día era más necesario, porque en los periódicos aparecían un día sí y otro también acusaciones contra las personas y las cosas religiosas. El cardenal tuvo la precaución de pedir permiso al gobierno antes de distribuirla, pero como incurría en el mismo error interpretativo que otros prelados, al prohibir bajo pena de excomunión la lectura, venta y circulación de casi todos los libros expurgados por los índices de la Inquisición, más los condenados por la Santa Sede y los concilios generales, éste mandó introducir algunos cambios, recordándole que ningún tribunal eclesiástico podía prohibir definitivamente libro o papel alguno, sino solo proponerlo y limitarse a exhortar contra la lectura de los libros que se oponían a la religión y a las buenas costumbres. Ante esta advertencia, el cardenal introdujo las modificaciones necesarias y eliminó toda referencia a la extinguida Inquisición y las ambiguas condenas a los libros contrarios a las buenas costumbres23. Al retrasarse su difusión, el nuncio, enterado casualmente de que no se atrevía a publicar el primer escrito «por temor», se lamenta de su retraso por la necesidad que había «para poner freno a los artículos llenos de veneno que se publicaban contra la religión»24.
Ante esta situación, el cardenal Consalvi pidió al nuncio que hiciera las gestiones necesarias para conseguir que, a tenor de las sanciones canónicas y el espíritu de la Constitución, todos los escritos quedasen sujetos al previo examen de los obispos por la relación que siempre podían tener con la religión, y que de la censura eclesiástica no se pudiese apelar después a la potestad civil. Giustiniani le contestó que haría todo lo posible, aunque era consciente del poco margen de maniobra que tenía porque lo que le pedía iba en contra de la ley de libertad de imprenta25.
El nuncio volvió a denunciar las obras anticatólicas que se estaban difundiendo sobre los abusos introducidos en la disciplina eclesiástica, la jurisdicción de los obispos, la masonería y las ventajas que se habían conseguido con la abolición de la Inquisición, «combatiendo las ridículas pretensiones de la Corte de Roma que tanto han hecho reír al mundo y llorar a la Iglesia». En vista del descaro con que se atacaba la religión y se promovía la herejía, el cisma y la impiedad, y los muchos opúsculos que aparecían cada día, así como los manifiestos que se anunciaban continuamente, reclama la atención del papa, porque la gravedad de la situación requería un rápido remedio. Considera ineficaz la publicación de disertaciones para oponerse a las malas obras que las defendían, por la moderación que debía tener para no exaltar más los ánimos y radicalizar más todavía la situación, y cree necesario que se oiga la voz de los obispos para que enseñen y manden, no para que discutan o entren en conflictos. Pero, como mostraban tanta timidez que parecía que tenían encadenada su palabra y sus insinuaciones no habían tenido el éxito que esperaba, propone que el papa los haga despertar de su letargo con una encíclica, animándoles a vigilar el depósito de la fe y a prevenir a sus feligreses de las perversas doctrinas que se estaban esparciendo, como se podía ver por los libros, folletos y hojas que se imprimían; y también para sofocar al monstruo del jansenismo que estaba renaciendo, que después de infectar a tantas iglesias de Europa, intentaba arruinar la de España, pues «los obispos tenían que estar dispuestos a defender con energía a la Iglesia de los gravísimos golpes que se preparaban en las próximas Cortes».
Asegura Giustiniani que este impulso pontificio tendría un feliz resultado y estaría inmune de todo peligro, pero advierte que, si se adoptaba esta decisión, debía mandarse la encíclica directamente a cada obispo por correo, ya que si él hacía de intermediario podía llamar la atención y la suspicacia de muchos que intentarían desprestigiar las exhortaciones del pontífice, atribuyéndolas a sugerencias y maquinaciones del nuncio26.
Éste y otros despachos del representante pontificio fueron examinados por la Congregación para los asuntos eclesiásticos de España, en la sesión del 27 de julio, que decidió que el papa enviase una carta al cardenal de Toledo para felicitarle por la pastoral que había publicado para poner freno a los malos libros que inundaban España y también para que excitase a los demás obispos a que hicieran lo mismo, pues esto equivalía en cierta manera a la encíclica sugerida por el nuncio, ordenando al representante pontificio que sondeara al presidente de las Cortes sobre los peligros que podía acarrear la publicación de los libros que atacaban la religión27.
El 30 de agosto el papa envió al cardenal Borbón la carta sobre los numerosos libros de mala doctrina que se publicaban y distribuían en España, y que podían precipitar las almas de muchos fieles al abismo de la perdición.
«No ignoras, amado hijo -dice el papa-, cuán graves males ha producido en muchas regiones de Europa aquella desenfrenada licencia con que se han esparcido por todas partes los libros de reprobada lectura, frutos en verdad de aquellos hombres de los cuales el apóstol san Pablo, en su segunda carta a Timoteo, manifiesta claramente en qué concepto deben ser reputados. Conoces bien aquella clase perversísima y dañosa de doctrina que por todas partes esparcen estos hijos de perdición, los cuales, aunque quieren ser tenidos por sabios, deben ser no obstante juzgados en realidad como necios. Sabes qué, haciendo un abuso torpe y descarado del nombre de la filosofía, divulgan dogmas impíos, y de tal manera han seducido miserablemente a muchos con la suavidad y elegancia de sus discursos, que los han llevado hasta reducirlos a la pérdida de la verdadera fe (…). Para hacer pues, según nos sea posible, que no trasciendan más las novedades profanas y que se conserve intacto el depósito de la fe, creemos se debe escribir y exhortar a los fieles para defender su fe. Sabemos que has preparado una carta pastoral sobre esto y esperamos que ya la hayas publicado; pero, además, procura amonestar y mover a los obispos del reino para que aumenten su vigilancia pastoral»28.
Aunque el cardenal Borbón consiguió licencia del gobierno para publicar y mandar la carta del pontífice a todos los obispos, a fin de avivar su celo para que escribiesen pastorales contra los libros de mala doctrina, el nuncio duda de sus resultados por dos motivos: porque el cardenal era muy débil, estaba demasiado inclinado hacía el régimen constitucional y era prisionero de los jansenistas más radicales; y también por la insolencia de algunos grupos sociales contra la autoridad eclesiástica que no soportaban ninguna crítica, por justa y moderada que fuera29. A pesar de ello, los obispos tenían que hacer todo lo posible para contener el torrente de licenciosas doctrinas que se estaban esparciendo30.
Sin embargo, ante la decisión de algunos obispos de publicar edictos renovando la prohibición de los libros anteriormente condenados por la el tribunal de la Inquisición, el ministerio de Gracia y Justicia les envió una circular el 5 de septiembre, recordándoles que tenían derecho a juzgar la doctrina que contenían los libros y a prohibir su lectura bajo penas espirituales, pero no tenían facultad para decir qué libros habían sido condenados por la Iglesia31. El nuncio protestó por la medida y el obispo de Segovia publicó un edicto, prohibiendo bajo pena de excomunión mayor las obras impresas o manuscritas que contuvieran proposiciones contrarias y opuestas a la religión católica, condenadas por los concilios generales y los romanos pontífices32. El arzobispo de Valencia también difundió una pastoral para prohibir la retención y lectura de libros irreligiosos; pero, para cubrirse las espaldas, comenzó diciendo que, en conformidad con el artículo 12 de la Constitución y en el desempeño de su ministerio, declaraba prohibidos para sus diocesanos los retratos, estampas y figuras obscenas, y todos los libros, folletos que atacaban a la Iglesia, contenían doctrinas contrarias a la religión católica y todos los que habían sido prohibidos por los Índices publicados por la Inquisición.
«Los libros -dice el arzobispo de Valencia- ya prohibidos por la Sede Apostólica o por los Concilios generales. Las versiones de los libros hechas por herejes o sus secuaces. Todos los libros y papeles impíos, los que tratan de propagar el materialismo, deísmo o cualquier doctrina anticatólica. Cualesquiera libros o folletos que impugnan la jerarquía eclesiástica y el orden fundamental establecido por Jesucristo para el gobierno de su Iglesia. Los que ridiculizan sus usos y liturgia, los que impugnan la autoridad legislativa de la misma Iglesia o el poder de las llaves dado a ella para su uso legítimo, y los que contradicen la disciplina universalmente recibida de la santa Iglesia católica apostólica romana. Todo libro, papel, pintura, medalla o figura obscenos, irrisorios de los santos, o en cualquiera manera escandalosos. Los libros y papeles impresos o manuscritos que contengan máximas contrarias a la pureza de nuestra fe o a la moral del Evangelio, mientras no se expurguen y se declare libre su curso si en lo demás lo merecieren. Por cuanto sería imposible en muchos años examinar todos los libros, folletos y papeles sueltos, que tratando de religión y de moral, o conteniendo errores contra ellas, aunque traten de otras materias, se hallan prohibidos en los voluminosos Índices y frecuentes Edictos que formó al Tribunal de Inquisición por espacio de más de tres siglos, declaramos así mismo prohibidos y prohibimos todos los sobredichos libros, folletos y papeles como opuestos o perniciosos a la pureza de la religión católica»33.
El cardenal Consalvi, al conocer la circular del gobierno sobre los libros prohibidos, afirma que contenía grandes contradicciones y no tenía en cuenta las prerrogativas que las leyes civiles otorgaban a los obispos para prohibir los libros que ofendían a la moral y a la pureza de la fe; pues, al impedirles señalar los libros concretos que contenían malas doctrinas, hacía ilusoria su autoridad de prohibir los libros que atacaban a la religión. Por ello espera que los obispos reclamen de inmediato contra este atentado a su autoridad y exijan que se observen las leyes civiles que la favorecían; pero, si no lo hacían en un tiempo prudencial, el nuncio debía presentar una reclamación ante el gobierno34.
El representante pontificio contestó a Consalvi que la reacción de los obispos ante la circular del 5 de septiembre había sido mínima y confiesa su ignorancia de que hubiese reclamado algún otro prelado, a excepción de los ya mencionado de Segovia y Valencia35. Sin embargo también lo habían hecho los de Zaragoza, Lugo y Oviedo, afirmando que la Inquisición les había exonerado del deber de vigilar las lecturas; pero al suprimirse debían volver a ejercitar sus derechos y obligaciones. Aclaran que los obispos no habían formado los índices y se limitaban a recordar a los fieles que subsistían los que no estaban derogados. Con ello -dice el de Oviedo-, «no han hecho otra cosa que cumplir con una de las primeras obligaciones de su pastoral ministerio, sin excederse de las facultades que por derecho divino les competen»36.
Por su parte, el cardenal Borbón consiguió el beneplácito del gobierno para que las juntas de censura instaladas en su diócesis se extendieran a toda España. Los obispos se acogieron a ellas como a una tabla de salvación, pero las prohibiciones, castigadas sólo con penas eclesiásticas, además de llegar con retraso, no tuvieron mucha eficacia, porque se trataba de prohibiciones en general y las penas espirituales resultaban ineficaces si no iban acompañadas de otras temporales37. Por otra parte, los críticos del clero y de la Iglesia, lejos de sentirse aludidos por las prohibiciones, se consideraban defensores de la sana doctrina y de la reforma que la Iglesia necesitaba. Además, el reglamento de las juntas de censura sólo estuvo en vigor dos meses, pues el 1 de abril de 1821 una nueva orden del gobierno suspendió sus efectos con el fin de acomodarlo a la ley de imprenta sancionada el 12 de noviembre de 1820, que limitaba aún más los temas sometidos a la censura eclesiástica38.
En efecto, apenas reunidas las Cortes, el 26 de junio de 1820, se nombró una comisión para elaborar una nueva Ley de Imprenta, que se aprobó el 22 de octubre y se promulgó el 5 de noviembre. La ley, de articulado mucho más extenso que la de 1810, representa un esfuerzo en la tipificación de los distintos delitos y en el establecimiento de las penas correspondientes a cada uno de ellos según sus diferentes grados. Los escritos delictivos podían ser subversivos, si atacaban a la Constitución o a la religión; sediciosos, si excitaban a la rebelión; incitadores, si incitaban a la desobediencia de las leyes o autoridades; obscenos, si atentaban contra la moral, e infamatorios, si atentaban contra el honor o buena reputación de las personas particulares. Para velar por la libertad de imprenta, el artículo 78 de la ley disponía que las Cortes nombrarían cada dos años una Junta de Protección de la Libertad de la Imprenta. Sin embargo, lo referente a las obras religiosas se restringía respecto a la anterior ley, pues sólo quedaban sujetas a la licencia previa de los ordinarios diocesanos las que versaban sobre la Sagrada escritura y los dogmas de la religión, con posible recurso ante la Junta de Protección y también ante las Cortes, según se especifica en los cinco primeros artículos39.
«Art. $1 ^ { \circ }$ . Todo español tiene derecho de imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura. Art. $2 ^ { \circ }$ . Se exceptúan de esta disposición general los escritos que versen sobre la Sagrada Escritura y sobre los dogmas de nuestra santa Religión, los cuales no podrán imprimirse sin licencia del Ordinario. Art. $3 ^ { \circ }$ . No podrá negar el Ordinario esta licencia sin previa censura, de la cual se dará traslado al autor o editor, y si éste no se conformase con ella podrá contestar, exponiendo sus reparos para que recaiga sobre el escrito segunda censura. Art. 4. Si ésta fuere contraria a la obra, podrá recurrir el interesado a la Junta de protección de libertad de imprenta, de que se hablará después, la cual pasará el escrito con su dictamen al Ordinario, para que éste con mayor instrucción conceda o niegue la licencia, lo que deberá hacer en el término de tres meses cuando más, contados desde que el autor presente por primera vez la obra. Art. $5 ^ { \circ }$ . En el caso de que el Ordinario rehusase dar o negar la licencia, o faltase de cualquier modo a lo prescrito en los artículos anteriores, el interesado podrá recurrir a la Junta de protección de libertad de imprenta, la que lo elevará al conocimiento de las Cortes»40.
La nueva ley confirmaba los temores del nuncio, pues, aunque garantizaba los derechos de la Iglesia, restringía considerablemente las prerrogativas de la anterior, que concedía a los obispos el derecho de poder exigir que cualquier escrito de tema religioso y eclesiástico, incluso de mera disciplina, contase con la previa censura de los ordinarios diocesanos, mientras que la nueva restringía la censura de libros sólo a los que se referían directamente al dogma y a la Sagrada escritura, y con esto se abrían todavía más las puertas para que se pudiera atacar a la Iglesia con total impunidad41. La nueva ley de imprenta vaciaba de contenido las recién creadas juntas de censura eclesiástica, pues las Cortes exigieron a los obispos que adecuaran su reglamento a la nueva ley.
Algunos obispos, conscientes de que las penas eclesiásticas eran incapaces de cortar la difusión de libros irreligiosos y mucho menos de controlar la nube de escritos anticlericales de rápido y extenso influjo en las masas, hicieron representaciones al rey y a las Cortes para que se tomasen medidas, pero estos documentos no se hicieron públicos hasta que triunfó la reacción en $1 8 \hat { 2 } \hat { 3 } ^ { 4 2 }$ , y los que se atrevieron a expresar públicamente sus ideas contrarias a las Cortes, como hizo el arzobispo de Valencia y el general de los capuchinos, fueron exiliados43. Con estos precedentes los escritos de los obispos quedaron reducidos a la defensa de la fe en cuestiones básicas, sin posibilidad de poder difundir los principios ultramontanos contra las críticas anticlericales o las medidas del gobierno, y siempre expuestos a las réplicas mordaces de los periódicos y las reprimendas del gobierno44.
De todas formas no hay que exagerar sobre la difusión de escritos contra la religión, pues si fue importante en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz o Valencia, en otras capitales de provincia su penetración fue muy escasa y estuvo reducida a un limitado número de personas. El obispo de Ávila, después de aludir al «diluvio de libros nocivos que corrían por la Corte», afirma que no tenía constancia que hubiesen penetrado en su diócesis. El de Córdoba tampoco había encontrado ejemplares de libros prohibidos. El de Jaén, a pesar de que había publicado un edicto sobre los libros prohibidos, sus lamentaciones deben interpretarse en el contexto de desosiego que vivía la Iglesia y el estilo ampuloso de los escritos de esta índole. El de Mondoñedo afirma que en su diócesis no había imprentas ni escritores, y no tenía noticia de que circulasen libros prohibidos. En el mismo sentido se pronuncia el de Osma, que insiste en el desproporcionado esfuerzo que se hacía para vigilar a un enemigo que en muchas diócesis no existía. El de Lérida se felicita porque en su obispado no circulaban estos libros apestados, pero lamenta «que el gobierno no haya tomado medidas eficaces para contener esta peste espiritual que por sí sola basta para arruinar el mismo Estado». El de Santiago de Compostela señala que no había visto folletos ni papeles sobre temas de religión y costumbres, aunque sí que le habían denunciado algunas proposiciones impías. El de Segorbe presenta un cuadro idílico de su diócesis y espera que no lleguen libros y papeles de mala doctrina. El de Teruel se muestra más realista y piensa que la censura o prohibición de cualquier libro solo servía para excitar la curiosidad de leerlo; etc45.
Las quejas del nuncio por los ataques que los periódicos vomitaban contra la Iglesia y la Curia romana siguieron estando omnipresentes en sus despachos, aunque desde mediados de 1821 se centran también en la denuncia de obras concretas. El 2 de julio comunica al cardenal Consalvi que Félix Amat, arzobispo de Palmira y abad de la colegiata de San Ildefonso de la Granja, que fue obligado a renunciar en 1814 por su presunta colaboración con el gobierno de José I, le había enviado dos ejemplares de su obra: Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica, con una carta llena de respetuosas deferencias y adhesión a la Santa Sede, que «quedan desmentidas por las doctrinas y los principios que desarrolla en su libro». Por ello creía que convenía que la viera el papa y la revisara la Congregación del Índice, porque su autor había sido elogiado muchas veces por la Comisión eclesiástica de las Cortes, al apoyar algunas reforma eclesiástica y defender la colaboración pacífica entre ambas potestades46. Unos días después se queja de que se había comenzado a publicar la obra de Eybel, ¿Qué es el Papa?, con una introducción del editor insultante para la Santa Sede y «prueba del celo que se emplea para preparar los espí- ritus a las más peligrosas innovaciones»47. Y denuncia también la aparición de un opúsculo contra los votos religiosos, como contrarios a la razón y a la religión.
«Los errores y la iniquidad -dice el nuncio- que en pocas páginas contiene son innumerables, y por desventura el arte y el estilo en que los presenta no podían ser más acordes para seducir a los incautos, que beben en estas fuentes envenenadas y se persuaden de algo que alienta sus pasiones. Lo peor es que no se pone ningún obstáculo a la propagación de semejantes y malísimos libros, que se multiplican de día en día con notable detrimento de la religión. Además, estos pequeños opúsculos, que corren con mayor facilidad en las manos de todos, son infinitamente más dañosos que los otros. Querría poder contener este abuso, que suele ser la fuente de todos los otros, pero no tengo la oportunidad de hacerlo, cumplo con la obligación de denunciarlo a la Santa Sede»48.
Lo mismo hace con la Apología católica del proyecto de Constitución religiosa de Llorente, que el obispado de Barcelona había censurado, «como conjunto horrendo de iniquidad y herejías, tendente a destruir la religión en sus fundamentos», mientras que Llorente niega que contenga nada contrario a la doctrina de la Iglesia y acusa a los censores de que, acostumbrados al tiempo de la Inquisición, se habían dejado llevar de la rutina de calificar de heréticas muchas proposiciones del libro, sin hacer un examen lógico del mismo, «de forma que califican de herejía una proposición que aquél no afirmó y de la que huye expresamente»49. El nuncio también emite un juicio negativo sobre la Historia de Constitución de España de Sempere y Guarinos, a la que califica de «digna de toda animadversión y de la más justa censura»50.
Al mismo tiempo dice que los periódicos atacaban cada día con más violencia a la Santa Sede y sus acusaciones eran de tal naturaleza «que tengo pena de someterlos a su consideración, pues las frases son altamente ofensivas». El Universal reduce la potestad pontifica a una simple prerrogativa de honor y denigra a la persona del papa, rechaza toda idea de conciliación y, usando palabras que atribuye a Melchor Cano, pide la ruptura, pues «es necesario cortar el mal de raíz, porque la amigable composición que apoyan hoy la rechazan mañana. Mal conoce Roma el que pretende sanarla, curavimus Babylonem et non est sanata. Enferma de muchos años y, ya en el último periodo de enfermedad, tísica, con la fiebre en los huesos, ha llegado a un término que no es susceptible de remedio». Y concluye diciendo que el poder de Roma no podía conciliarse más que con los gobiernos absolutistas y despóticos, pidiendo la vuelta a la antigua disciplina y la devolución a los obispos de sus derechos originarios, usurpados por Roma. En un sentido similar se expresa el opúsculo: Si los diputados de nuestras Cortes son inviolables respecto a la Curia romana?, reclamando el cisma como algo indispensable, ya que Roma no iba a renunciar jamás «a sus extravagantes pretensiones, incompatibles con el sistema constitucional adoptado en España». El nuncio protestó por estos escritos, pero reconoce que no lo tenían en cuenta, «porque después de mil protestas se me responde siempre que la libertad de imprenta impide tomar cualquier medida»51.
El Universal siguió criticando los derechos de la Iglesia, y recuerda el ajusticiamiento del obispo de Zamora por Carlos V, sin que la Santa Sede protestase por la violación de la inmunidad eclesiástica. El Eco de Padilla denigra la disciplina vigente y clama por el restablecimiento de la antigua, a la vez que aplaude el restablecimiento de la colegiata de San Isidro de Madrid para que «resurja el semillero de los nuevos apóstoles que deben reconducirla por los caminos primitivos». Los periódicos de Cádiz, sigue diciendo el nuncio, lanzan atroces calumnias contra el gobierno pontificio por las detenciones que había hecho en la Romagna, y El Diario Gaditano, cuyo redactor «es un franciscano apóstata, que ha desertado del claustro y se ha despojado de cualquier hábito eclesiástico y vive en escandaloso concubinato con una mujer, a la que llama su mujer», lanza graves acusaciones contra la Santa Sede52.
Un mes después se queja de la publicación de dos opúsculos. El fanatismo $y$ la religión, publicado en la Revista de Política Eclesiástica, que es una diatriba contra la religión católica; y Las Ruinas de Palmira, mucho más peligroso, porque el veneno estaba más oculto y sólo lo insinúa con apariencias engañosas y un estilo elocuente, queriendo demostrar que, a pesar de la revelación, el hombre había vuelto a las tinieblas y Dios lo había abandonado. «La revelación -dice el nuncio-, la providencia, la divinidad y la espiritualidad del alma son artificiosamente atacadas y destruidas por el autor, que para engañar y seducir a los inexpertos se sirve de un lenguaje religioso, lleno de moralidad exterior»53.
Al poco tiempo anuncia la aparición de un nuevo periódico: Crónica religiosa, que salía una vez por semana y tenía tres objetivos fundamentales: explicar los puntos de la disciplina eclesiástica que las opiniones ultramontanas habían tratado de falsear para corromper la sana doctrina; ofrecer un extracto, análisis y valoración de las mejores obras que se publicaban en Europa en defensa del dogma, la disciplina y la moral, conforme al verdadero espíritu de la Iglesia; e informar de las noticias concernientes al régimen de la Iglesia, errores, acontecimientos que interesaban a la religión y concordatos entre la Santa Sede y los gobiernos de las naciones cristianas. Sin embargo, cuando salió el segundo número, se queja de que atacaba directamente a la potestad pontificia y censuraba ásperamente la bula del papa contra los carbonarios54.
Ante este panorama, el nuncio declara que España estaba llena de perniciosos escritos contra los dogmas fundamentales de la religión, entre los que menciona tres libros55: El Nuevo Citador, que era una continuación del «horrible» libro $E l$ Citador, que había sido condenado por Congregación del Índice56; Dios y los hombres, que se había publicado como si fuera del barón de Holbach, aunque, a su juicio, era «un libro enteramente nuevo, que debía su vida a un oscuro e inmoral sofista español y parece impreso en Madrid»57; y el Diccionario crítico burlesco de Gallardo, publicado en Cádiz, en 1811, en respuesta al Diccionario razonado, que defendía el absolutismo y los privilegios de la Iglesia. El nuncio critica nueva la edición de 1821 «por la semilla del materialismo y del ateísmo que aparecía en varios artículos, como fruto de una deplorable libertad de imprenta58.
A finales del año, el arzobispo de Granada publicó un edicto sobre el daño que causaban a la Iglesia y al Estado los libros contrarios a la religión católica, condenando y prohibiendo la lectura de cinco como escandalosos, heréticos, blasfemos e impíos,
«y algunos de ellos también obscenos, injuriosos a todos los ministros sagrados de la Iglesia y a los príncipes y demás autoridades seculares que han establecido como religión de sus estados la católica, apostólica y romana; destructivos asimismo de las principales máximas de la moral cristiana, de los dogmas de nuestra santa fe, y aun de los más sólidos fundamentos y seguros motivos de credibilidad de la divina religión revelada»59.
Y termina el año con un edicto del obispo de Orense, ordenando al clero que predique y se oponga a las doctrinas reprobadas que contenían los libros prohibidos, y las que se hallaban en los periódicos y hojas sueltas; y además los recoja y envíe al obispado, advirtiendo a los fieles que no podían leer, adquirir ni retener los libros y papeles de esta clase, ni propagar su doctrina, bajo las censuras y penas establecidas por el derecho60.
En 1822 la prensa liberal radicaliza su postura en las materias eclesiásticas. El Espectador recomiendan volver a la práctica de los primeros siglos del cristianismo, suprimiendo todo culto exterior y pomposo que se rendía al Señor, y reducir todos los ministros del altar a la misma dignidad. El Imparcial critica a la Santa Sede, sostén de los viejos abusos y de la ignorancia, por su oposición a las Sociedades bíblicas, que ofrecían a los miembros de las comunidades cristianas las verdades bíblicas; pues esto molestaba a los ultramontanos, «que gritan contra lo fácil que se ha hecho la lectura de la Biblia, y llevan a mal que se familiaricen todos los hombres con la palabra de Dios». Y El Noticioso arremete contra Roma porque el papa no había aceptado el decreto de las Cortes acerca de la gratuidad de la expedición de las bulas, dispensas y breves pontificios61.
El nuncio continuó denunciando la publicación de libros impíos, destinados a pervertir y extraviar a la opinión pública y preparar el triunfo del libertinaje y de la irreligión, envió algunos a Roma para que fueran examinados por la Congregación del Índice y emitió su opinión sobre dos: La Colección de cánones de la Iglesia de España del siglo séptimo, «destinado a proponer el restablecimiento de los cánones que la Comisión de las Cortes juzgue compatibles con las actuales circunstancias, pues los enemigos de la Iglesia tratan de colorear el cisma con los cánones de la antigüedad para engañar y seducir al crédulo vulgo, aunque espero que no puedan conseguir jamás sus intereses infernales». Y la Historia de las rentas eclesiásticas en España, discurso muy crítico con las instituciones eclesiásticas por la extensión que alcanzaba la amortización eclesiástica e impedía la modernización del país62.
A pesar de la ley adicional a la ley de libertad de imprenta de 1820, que se aprobó el 12 de febrero de 1822, en la que se definían con mayor precisión los abusos, se aumentaban las penas por las injurias y se prohibían los ataques indirectos por medios alegóricos o elementos gráficos63, sus efectos fueron nulos y la licencia fue en aumento, como afirma el nuncio y lo atestiguan los infinitos libelos sediciosos y los artículos del Zurriago64. Por su parte, El Espectador hace una apología de la libertad de prensa y pide que se anulen las medidas represivas que todavía existían, afirmando que el abuso de este derecho no hacía su uso menos útil y justo que lo que se abusaba de la religión y del tribunal de la penitencia, «que turba la paz y oprime el corazón de este pueblo tan simple y crédulo»65.
Con el cambio de gobierno que se produjo a consecuencia de los sucesos del 7 de julio, se hicieron con el control del poder los exaltados y la poca armonía que existía entre Roma y Madrid se vio amenazada, ya que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Evaristo San Miguel, «de exterior poco agradable y de maneras bruscas», se negó a tratar con el nuncio de materias eclesiásticas66. El clero se convirtió en el principal objetivo de las acusaciones y calumnias de la prensa por su participación en la insurrección de Cataluña. El Espectador del 31 de agosto de 1822, haciéndose eco de lo publicado en la prensa catalana contra los curas y frailes anticonstitucionales, los llama «ministros de guerra, fanatizadores y sublevadores de los pueblos, banderizadores de forajidos», y les dirige estas jugosas palabras.
«Es un principio admitido por los grandes políticos -dice El Espectador-, y por desgracia realizado en la práctica, de que entre todos los perturbadores del orden público ninguno hay más díscolo e irrefrenable que el fanático religioso. Vosotros, perversos ministros, partiendo de este principio habéis logrado la guerra inhumana e impía que en el día está devastando la constitucional Cataluña. Parece increíble, pero lo cierto es que en todos los tiempos esta guerra cruel de fanáticos rabiosos ha producido los mayores estragos (…) ¡Bárbaros ministros! Si vuestra predicación y acero, si vuestro influjo y osadía son suficientes para alzar a pueblos enteros, sabed también de que al empeñarse más la causa, saldrán en la lid una porción de hombres libres capaces de hacer sucumbir no solo a vosotros y secuaces, sino también a las misma superstición y fanatismo (…). Pueblos, estos curas y frailes son unos asesinos, ellos no respetan leyes, ni obedecen autoridades. La religión no los contiene, ni el temor de la pena los intimida, faltan a sus deberes de la virtud y por consiguiente son enemigos declarados de Dios y de los hombres»67.
Unos meses después El Nuevo Diario publicó un duro artículo contra la Santa Sede, acusándola de que, en vez de ser ejemplo de moderación y de paz, estaba actuando como enemiga y provocando el disgusto del gobierno; pues procedía abiertamente contra la ley, cuando su única norma debía ser el evangelio. Desde que se restableció el régimen constitucional manifestó su disgusto, y su policía, que sin ningún miramiento expulsaba de Roma a cualquier extranjero que fuera sospechoso, permitía residir al antiguo embajador Vargas, que no había reconocido el nuevo régimen y conspiraba contra él con el apoyo del representante francés, estimulando a su gobierno para que pusiera dificultades al régimen constitucional español y alentase la intervención de la Santa Alianza. Dice el periódico que el responsable de esta situación era el propio gobierno español, porque si hubiese desarrollado la revolución por medio rápidos y legales, no habría que soportar a la Corte romana que, durante siglos había abusado de los españoles y se había llevado su dinero con las reservas, dispensas y otras muchas granjerías. Reclama el restablecimiento de la antigua disciplina, que había estado en vigor trece siglos, aseguraba la autonomía de la iglesia española y devolvía a los obispos las prerrogativas usurpadas por Roma. Y se pregunta ¿por qué no se había restablecido para mostrar a Roma que eran inútiles sus intervenciones y que el papa solo podía exigir aquel respeto que se le debe tributar como el primero de los obispos?68.
Ante estas y otras acusaciones contra la Iglesia, el nuncio siguió protestando ante el gobierno por los continuos ataques contra la religión, favorecidos, no por la libertad, sino por la desenfrenada licencia de imprenta, que parecía destinada a descarriar la opinión pública, seducir a los incautos y alucinar a los ignorantes con perversas doctrinas.
«Los libros más irreligiosos y obscenos -dice el nuncio- circulan libremente y se venden en todas partes. El genio de la impiedad parece haberse apresurado a ofrecer a la España el mortífero don de cuanto puede haber en este género más nefando y más apto para borrar todo vestigio de moral y religión. De aquí es que las monstruosas producciones que en otras partes huyen el día de hoy la luz pública y se esfuerzan a envolverse y esconderse en densas e insidiosas tinieblas, roto aquí todo freno, corren con la más impudente ostentación reimpresas en varias formas y traducidas, si los originales son extranjeros, al idioma castellano, preparando así con la pérdida de la religión la entera disolución de los vínculos sociales»69.
El nuncio es consciente que no faltaban leyes que condenasen estos abusos y que la Constitución, al proclamar la libertad política de imprenta, no había aprobado la religiosa; pero ve que no se cumplían y no se ponía remedio. Al contrario, observa que a los medios impresos se añadían otros, como el teatro, en el que se representaban escenas que la religión y el pudor no podían observar sin estupor en un país católico. Y concluye diciendo que, con estos espectáculos, la licencia de imprenta y el comercio de malos libros, «la civilización y la verdadera libertad, inseparable de la virtud y la religión, retrocedían de forma incesante». Y, al igual que se despreciaba la religión, se hacía con sus ministros, convirtiéndolos en blanco de injurias y persecuciones70.
Una vez que las excomuniones resultaban ineficaces y el poder doctrinal de la autoridad eclesiástica estaba coartado para atajar los escritos que criticaban al clero y a la Iglesia, la solución habría estado en una labor publicista más ágil e incisiva, respondiendo a un periodismo con otro, como se hizo o intentó hacer durante la Guerra de la Independencia. Pues, como afirma el padre Traggia, la lucha de la religión y la defensa de los valores tradicionales debían trasladarse al terreno de la prensa, porque España estaba inundada de periódicos políticos y militares, pero no había uno que tuviera por objeto la piedad y la religión católica.
«Es cierto -dice Traggia- haberse publicado algunas exhortaciones religiosas, y en los púlpitos se han tratado puntos de religión que influyen en el día para tener de nuestra parte a este gran Dios de los ejércitos que adoramos; mas yo creo que se necesita algo más para imprimir en los corazones ciertas verdades religiosas que son de la mayor importancia. Un periódico de piedad es el medio más sencillo y eficaz. La doctrina de los sermones, no es más que una voz que pasa, y se olvida con facilidad. Ni todos pueden, ni quieren asistir a estas instrucciones largas, y a determinadas horas. No así el periódico, que es breve, sencillo, y deleitable al oído por la variedad de sucesos, máximas y doctrina. Corre por las calles y plazas; se lee en los concursos, y en el seno de las familias. Pasa de mano en mano, se puede meditar, se repite a toda hora, y se conserva cuanto se quiere»71.
Pero los eclesiásticos no estaban preparados para esta labor y los pocos periódicos que se atrevieron a criticar a la prensa liberal más radical no tuvieron mucho éxito y en algunos casos fueron censurados. En Barcelona se publicaron dos semanarios en defensa de la religión: El Amigo de la Religión y El verdadero Amigo de la Religión. El primero defiende la compatibilidad entre la religión y la Constitución, y recalca la importancia de la religión para la vida, rechazando las ideas que la relegaban a un segundo plano:
«Filósofos despreocupados -dice el semanario-, meditad la religión, pues en ella es donde encontrareis la razón de los acontecimientos más importantes de la sociedad. Los pueblos encontraron en ella los más poderosos motivos de su obligación, siendo ella suficiente para arreglarlos, defenderla e ilustrarlos con la salvaguardia más segura de sus derechos, el más claro conocimiento de lo que más les importa conocer, un Dios fuente de toda verdad, de toda existencia, lo qué es el hombre, su naturaleza y su último fin»72.
En cambio, el segundo defendía ideas ultramontanas y tuvo una existencia efímera73. Ante las precariedades de la prensa religiosa y la necesidad de improvisar respuestas rápidas, se reeditaron algunos escritos publicados durante las Cortes de Cádiz, como los tratados de Iguanzo sobre la confirmación de los obispos y los bienes eclesiásticos74. De todas formas, si exceptuamos a Iguanzo y algún otro escritor, cuyo estilo es más flexible y llano, el de los demás no puede ser más inadecuado, pues sus producciones son escritos sermonarios de retórica pasada. Les faltó el sentido del humor para contrarrestar tantas sátiras mordaces, y su cometido se redujo a una postura defensiva, que los hizo batirse en retirada o sostener las exenciones y privilegios del clero.
A finales de 1822, al negarse la Corte romana a conceder el placet a Villanueva, que había sido nombrado ministro plenipotenciario en Roma, la prensa liberal comenzó a verter insultos contra la política romana y a pedir la expulsión del nuncio, acusando al gobierno de indolente por no haberla decretado todavía75. A partir de aquí, y hasta la caída del régimen, los ataques a la Santa Sede son cada vez más frecuentes y groseros, y se acentúa la represión contra cualquier escrito que critique las reformas eclesiásticas.
Pero, cuando el régimen ya estaba agonizando, los obispos españoles exiliados en Francia comenzaron a criticar la libertad de imprenta, que había permitido la difusión de ideas contra las personas y cosas sagradas, y presentado al estado eclesiástico como enemigo del nuevo régimen. Es decir, además de la circulación impune de libros prohibidos, los periódicos, folletos y otros escritos ligeros habían vertido sarcasmos contra el culto y el clero, calumnias contra la Santa Sede y denuncias contra los bienes eclesiásticos, como algo contrario al espíritu del evangelio.
«Semejantes escritos -dicen los obispos- han corrido por todos los rincones de la Península, sin que haya estado al alcance de los obispos el remedio, pues por haber algunos alzado la voz contra este desorden se comunicó una Circular en 5 de septiembre de 1820, manifestando que la autoridad de la Iglesia en este punto estaba reducida a juzgar la doctrina que se contenía en determinados libros y a prohibir su lectura con penas espirituales, pero de ninguna manera se extendía a la prohibición de la impresión ni a su circulación»76.
El obispo de Zamora, Iguanzo, emite un juicio todavía más duro sobre la libertad de imprenta, que permitía injuriar y criticar de forma impune a las personas y cosas sagradas, mientras que los que se oponían eran acusados de faná- ticos y enemigos del régimen constitucional.
«La libertad de imprenta -dice Iguanzo-, desde que se estableció entre nosotros, fue lo que todas las decantadas libertades de nuestros demagogos: libertad para la facción sola; libertad para injuriar, para desmoralizar, para desacreditar y destruir todo cuanto hay más santo y respetable entre los hombres, como todo el mundo ha visto por tantos abortos de este desgraciado tiempo. Para los demás, para todos los que escribían en sentido contrario, en defensa de la razón, candados, prisiones, expatriaciones, iras, persecuciones por fanáticos, conspiradores, enemigos del sistema; y el sistema era éste»77.
Ante estas afirmaciones no es extraño que, cuando el ejército francés ocupó Madrid, los realistas más reaccionarios salieran de su escondrijo y se dedicasen a saquear el edificio donde se reunían las Cortes, las casas de los liberales más representativos y las librerías, «donde se vendían estampas, papeles y libros revolucionarios»78; y que los obispos comenzasen a pedir el restablecimiento de la Inquisición.
A modo de conclusión.
Si tenemos en cuenta que, tanto la Curia romana como la mayoría de los obispos españoles compartían la condena que Pío VI hizo en 1793 de la libertad proclamada por la Revolución francesa, porque podía socavar los fundamentos de la religión católica, es fácil comprender su actitud ante la libertad de imprenta durante el Trienio liberal.
En primer lugar, la revolución de 1820 puso a prueba el rumbo moderado que el cardenal Consalvi, secretario de Estado de la Santa Sede, había impuesto en la Curia romana. Pues, aunque no simpatizaba con los liberales, no se oponía a las novedades del mundo moderno, siempre que no pusieran en peligro los principios de la religión y los derechos de la Iglesia. Es decir, Pío VII y su secretario preferían el absolutismo y la intolerancia católica, pero eran pragmáticos y, en la medida de lo posible, hicieron una política de realismo político. En cambio el nuncio Giustiniani, que había llegado a Madrid en 1817, se integró en el ambiente conservador y reaccionario, e inclinó a los obispos al sostenimiento del absolutismo. Se equivocaron los liberales que pensaban que la política vaticana, dirigida por el experimentado y hábil Consalvi estaba preparada para convivir con el régimen liberal, y creían que por su trayectoria procuraría que la tierna planta de la libertad constitucional echase raíces sanas y fuertes que no perjudicasen a la Iglesia. Roma no condenó la revolución española, se limitó a tolerarla como un mal menor, pero trató de desgastar su autoridad con las continuas protestas y notas del nuncio, movilizando al episcopado en su contra, aunque sin mezclar al papa en la batalla.
En segundo lugar, los obispos españoles, salvo alguna excepción, no estaban preparados para asimilar el cambio de régimen y las reformas liberales, porque estaban demasiado comprometidos con el absolutismo. En los primeros momentos, a pesar de los mutuos recelos, la mayoría aceptó el cambio y se mostró dispuesta a colaborar con el nuevo régimen; pero cuando los medios de comunicación comenzaron a verter críticas contra los derechos y privilegios de la Iglesia, y las Cortes iniciaron las reformas eclesiásticas, el recelo se convirtió en abierta oposición, y sólo unos pocos siguieron apoyando a un gobierno que estaba desmontando las estructuras de poder de la vieja Iglesia antiguo regimental. La mayoría se limitó a publicar edictos recordando que la supresión de la Inquisición no significaba la derogación del Índice de libros prohibidos, que mantenía todo su vigor. Pero la prensa liberal se mofaba de tales prohibiciones y, además, resultaban ineficaces, porque el Índice de la extinguida Inquisición no incluía las últimas publicaciones heterodoxas ni los ataques de la prensa diaria. En consecuencia los edictos episcopales quedaron reducidos a la defensa de la fe en cuestiones básicas, sin posibilidad de difundir masivamente los principios ultramontanos contra las críticas liberales. Habría sido necesario responder a un periodismo con otro periodismo, pero los eclesiásticos no estaban preparados para esta labor. Faltaban plumas ágiles para llegar al pueblo con gracia y convicción.
Y por último no hay que olvidar que los absolutistas y reaccionarios culpaban a la Revolución francesa de intentar llevar a cabo la secularización de la sociedad, e interpretaban las revoluciones liberales como los últimos coletazos que intentaban liquidar toda forma de presencia social de la Iglesia, lo que provocó un choque radical entre los dos poderes que se disputaban el control de la ciudad terrena: el catolicismo y la revolución; pues, a juicio de los reaccionarios, los católicos debían luchar para restablecer el papel directivo de la Iglesia y restituir al Papado la suprema función reguladora de la vida social.