Proceso de integración de las redes telefónicas de San Sebastián y Guizpúzcoa en la CTNE\*.
Jaime Gutiérrez Alonso email@example.com.
RESUMEN.
El presente artículo es la síntesis de un trabajo de investigación, que ha recurrido a testimonios directos, fuentes primarias y documentación de especialistas, sobre un aspecto poco conocido de la historia de las telecomunicaciones en España: los orígenes, a comienzos del siglo XX, de una modesta red de telefonía provincial; sus vicisitudes, bajo distintos regímenes políticos, a lo largo de seis décadas, durante las que, emulando a cierta aldea gala que resistía heroicamente al invasor romano, luchó por no sucumbir ante los embates de la poderosa compañía que, con esta excepción, ejerció el monopolio telefónico en este país hasta fechas recientes; el desenlace de este desigual combate, cuando comenzaba a agonizar la dictadura franquista.
Descriptores: Ayuntamiento. Concesión. Concesionario. Explotación. Extraradio. Municipal. Red.
Teléfono.
Integration Process of Telephone Nets into CTNE.
ABSTRACT.
This article is a synthesis of research Work, which is based on direct testimonies, primary sources and specialized documents, on a not very well-known aspect of the history of communications in Spain: the origins, at the beginning of the 20th Century, of a modest provincial phone network; its vicissitudes, under different political regimes, throughout six decades, during which, emulating a certain Gallic village that heroically resisted the Roman invader, it fought not to succumb to the sudden attacks of the powerful company that, with this only exception, exercised the telephone monopoly in this country up to recent times; this unequal battle, lasted until the pro-Franco dictatorship began to weaken.
Key words: Town Council. Concession. Licensee. Explotation. Outlying Area. Municipal. Net. Telephone.
Introducción.
A principios del año 1923, la ITT, por medio de su vicepresidente Lewis J. Proctor, le propuso al entonces Presidente del Consejo de Ministros, Manuel García Prieto, la reorganización del servicio telefónico español. Proctor envió a todas las Diputaciones Provinciales, Corporaciones Municipales, Cámaras de Comercio, Asociaciones Agrarias, Sociedades Económicas de Amigos del País, Círculos Mercantiles y, en general, a cuantas agrupaciones representaban en cada localidad a las fuerzas vivas españolas, un escrito en el que se solicitaba su opinión sobre la necesidad y conveniencia de establecer en España un moderno sistema telefónico1.
Como consecuencia de las primeras gestiones realizadas en el país, la ITT se hizo con el total de las acciones de la Peninsular y sus directivos se incorporaron a los consejos de administración de las empresas del grupo, la Peninsular, la Cía. Madrileña y la Sociedad General de Teléfonos. También consiguieron opciones y otros derechos para la adquisición de las redes telefónicas de Zaragoza, Málaga, Almería, Córdoba, Santander y Granada.
El 8 de abril de 1924, el director de la Red de la Mancomunidad de Cataluña, Sr. Terradas, dimitía de su cargo para integrarse en la ITT. Poco después, según las investigaciones de Josep Nieto, la ITT hacía una oferta de compra al nuevo director de la Red, Alfonso Sala, por un importe de 2.050.000 pesetas. Este intento de compra no prosperaría y habría que esperar a la adjudicación del contrato de la CTNE para que la Red de la Mancomunidad pasase a manos de aquella.
El día 25 de agosto del año 1924, la CTNE obtuvo la concesión para la explotación de la red telefónica nacional. Cuatro días más tarde, CTNE e ITT suscribían un contrato privado2 por el que esta última transfería a la primera la totalidad de las acciones de La Peninsular así como sus opciones de compra, a cambio de 198.800 acciones ordinarias de 500 pesetas nominales cada una. Además, la ITT se convertía en asesora y suministradora exclusiva de CTNE.
Pero la Compañía Telefónica no controlaría la explotación de la totalidad de la red nacional hasta el año 1970, con la adquisición de la Red Telefónica Urbana Municipal de San Sebastián.
Antes de llegar a ese momento y recorrer los jalones que marcan la existencia de la RTUM, parece oportuno trazar un bosquejo de la aparición y primeros pasos de la telefonía en España.
1. Antecedentes.
El teléfono aparece en España en el año 1877 y lo hace en una de sus colonias, en Cuba, en la ciudad de La Habana, donde un tal Musset quería enlazar su casa con los bomberos3. El 30 de diciembre de ese mismo año se realizaba la primera prueba de teléfonos en Barcelona.
A partir de ese momento la telefonía en España se desarrollará de forma descontrolada y será preciso dictar las primeras normativas orientadas a la regularización de su crecimiento.
Desde los primeros instantes las posiciones cristalizaron en torno a dos polos, el de la explotación por los particulares o el monopolio estatal. La primera disposición reglamentaria relativa al teléfono se publica en la Gaceta de Madrid del 18 de agosto de 1882. Se trataba de un Real Decreto, suscrito por Venancio González, ministro de la Gobernación y miembro del primer gabinete liberal de la Restauración, que el Rey había firmado dos días antes en Comillas. La disposición se decantaba hacia la explotación por particulares y compañías mercantiles. Se observa en el R. D. una ausencia total de base jurídica sobre la que pudiera fundamentarse el derecho del Gobierno a decidir el modo de explotación del servicio. Si bien era la Administración la que regulaba el procedimiento para ser operador, lo hacía con un talante liberal, abierto a la concurrencia, y escasas limitaciones a la iniciativa privada. No obstante, el artículo $3 ^ { \circ }$ del R. D. reservaba al Gobierno la posibilidad de administrar las redes por sí mismo:
Las concesiones no constituirán privilegio exclusivo a favor de los concesionarios, quedando reservada al Gobierno la facultad de establecer y explotar por si mismo el servicio telefónico en el tiempo y forma que estime oportuno.
Un dictamen del Consejo de Estado del 16 de mayo de $1 8 8 3 ^ { 4 }$ , modificará la postura del Gobierno, que se inclinará hacia una explotación estatal del servicio telefó- nico, “dada la índole del servicio, y su analogía con el telegráfico”.
Todas las líneas creadas al amparo del R. D. de 1882, eran invitadas, nunca obligadas, a integrarse como abonados en la red general, cuando se estableciera en su población, respetándose en todo momento los derechos adquiridos.
La polémica entre la explotación del teléfono por el Estado o por empresas privadas ya había nacido, y se plasmaba en el enfrentamiento entre los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta. Ambos estaban de acuerdo en que la explotación de los teléfonos iba a reportar beneficios para el Estado, bien por gestión directa o bien por el cobro de un canon del $5 \%$ .
El Cuerpo de Correos se encargó de la instalación de los teléfonos, pero a un ritmo muy bajo que, en ningún caso, les permitió superar los logros de la anterior legislatura. Javier Nadal apunta que, posiblemente, ni el crédito de 280.000 pesetas concedido en el R. D. del 11 de agosto para “los gastos que ocasione el establecimiento de redes telefónicas en las capitales de provincia”, era suficiente por la magnitud de la tarea, ni los recursos humanos lo eran para aumentar el ritmo de esas instalaciones, puesto que estaban dedicados a la ampliación de la red telegráfica. Esto desembocaría en que, quince meses después de la concesión, el número de teléfonos instalados en España era de 797, de los que 517 eran líneas particulares instaladas al amparo del R. D. de 1882.
La dimisión de Sagasta en 1890 traerá de nuevo al poder a los conservadores de Cánovas, quienes nombrarán como ministro de la Gobernación a Francisco Silvela.
El 11 de noviembre de 1890 es sancionado por la Reina regente un Real Decreto, del que fue autor el propio Silvela, por el que se intentan conciliar las dos tendencias en la administración de los teléfonos, la privada y la pública. La idea consistía en hacer llegar la telefonía allá donde no llegase la iniciativa privada.
El aspecto más novedoso del Decreto es que por primera vez se clasifican las diferentes actividades telefónicas, conforme lo expresa su artículo $1 ^ { \circ }$ ,
1) Redes telefónicas urbanas
2) Líneas interurbanas a gran distancia
3) Líneas secundarias en comunicación con las estaciones telegráficas estatales, que pueden ser de tres tipos, a) líneas permanentes, de ayuntamientos o particulares b) líneas permanentes de las estaciones de ferrocarril c) líneas temporales de estaciones balnearios
4) Líneas particulares.
Las expectativas generadas de creación de redes urbanas e interurbanas, favorecerán la creación de empresas como la Compañía Peninsular de Teléfonos, fundada el 28 de mayo de 1894, cuyo objeto social era “el negocio de telefonía y telegrafía en todos sus ramos y la explotación en general de cuanto se relacione con dicho negocio (...) arrendar y explotar nuevas concesiones y variar y enajenar las que tuviese en explotación...”5.
Las sucesivas modificaciones que experimenta la reglamentación en materia de teléfonos, en ese turbio periodo de alternancia política, no afectarán en ningún momento al espíritu que infundió Silvela a su Decreto. En una materia nueva, como era la telefonía, era lógico que surgieran cuestiones que, al no haber sido contempladas en origen, requerirían determinadas correcciones a través de distintas normas. Así podemos ver cómo Alberto Aguilera dicta una disposición, el 15 de agosto de 1894, por la que se fija el canon en un $10 \%$ , sin marcar un mínimo, se vuelve al límite de los $1 0 \ \mathrm { \bar K m }$ . de extensión de las concesiones, y no se conceden nuevas líneas particulares en las zonas donde ya existía una red.
El 26 de junio de 1900 se publica un R. D. por el que se prohíben las concesiones de líneas interurbanas, que “habrán de ser propiedad exclusiva del Estado”, previo reintegro de gastos a los constructores. El Reglamento para la ejecución de este R. D. se publicó mediante otro R. D., de 9 de julio de 1900.
Un nuevo Reglamento, del 9 de junio de 1903, modifica el radio de cobertura de las nuevas centrales telefónicas, e introduce una nueva figura, los grupos telefónicos:
GRUPOS TELEFONICOS. Art. 48: Cuando varios pueblos, caseríos, granjas, fabricas, balnearios, etcétera, situados dentro de una misma zona, se enlacen por medio de líneas telefónicas con una estación central, formaran un grupo telefónico. Los grupos telefónicos podrán establecerse y explotarse por el Estado, por Sociedades, Empresas y particulares, previa la concesión correspondiente, en la forma que dispone este reglamento sobre concesiones de redes urbanas.
Durante este período se constituyeron varios grupos telefónicos. En 1904, los de Palamós, Martorell, Berga y Elche; en 1907, el de Olot; en 1908, los de Alcira y La.
Garriga; en 1910, el de Gandía; en 1912, los de Villafranca del Penedés, Torrelavega y Castro Urdiales.
Fue precisamente la creación de este último grupo lo que condicionó la creación de la red provincial de Vizcaya, pero ese es un asunto que no analizaremos ahora.
2. Ley de 1907 sobre telefonía.
La única fuente de derecho administrativo sobre el servicio telefónico la constituyen los decretos que, desde 1882, regirán con carácter de ley hasta que, en 1907, siendo Juan de la Cierva ministro de la Gobernación, se promulga la primera ley, que autoriza al Gobierno a proyectar y desarrollar, mediante entidades nacionales, los servicios de radiotelegrafía, cables y teléfonos. Hasta ese año, por tanto, la regulación del servicio de teléfonos se había realizado a golpe de decretos del poder ejecutivo, sin ningún control por parte del legislativo.
Esta ley cambiará el espíritu mantenido hasta entonces. El ministro De la Cierva defenderá el criterio de que los servicios telefónico y radiotelegráfico tienen que ser encomendados a empresas privadas, que con mayor libertad de acción podrían ser más eficaces que la Administración. Esta postura sería muy criticada y originaría numerosos debates en el Congreso de Diputados6.
En este mismo Decreto se declarará de interés nacional la construcción de cuatro redes telefónicas interurbanas y se dictará el procedimiento de subasta, mediante el arriendo de cada línea a su constructor. De esta manera, la nueva orientación impuesta por De la Cierva no supondrá un giro brusco, sino que generará un estado intermedio, entre el arrendamiento y la explotación directa. El sistema consistía en que el Estado proyectaba las redes pero, al no poder pagar su construcción, las cedía en arriendo a los constructores de las mismas a cambio del abono de un canon fijo. Durante el tiempo de amortización de la obra, los constructores estaban exentos del pago del canon, según se especificaba en las condiciones $1 2 ^ { \mathrm { a } }$ y $1 3 ^ { \mathrm { a } }$ de la Real Orden del 17 de abril de 1908. En la condición $1 4 ^ { \mathrm { a } }$ , el Estado se reservaba el derecho de incautación de las redes en cualquier momento, previo pago de la parte del capital que el contratista no hubiese recuperado, y sin indemnización por el tiempo en que el arriendo resultase disminuido. En la subasta de las cuatro redes interurbanas resultó adjudicataria la Compañía Peninsular de Teléfonos.
3. Creación de la Red telefónica urbana municipal de San Sebastián.
El 17 de septiembre de 1908 se aprobó una disposición por la que los ayuntamientos podían concurrir a las subastas de las redes telefónicas urbanas, con el derecho de tanteo sobre el mejor licitador. En la exposición de motivos de este R. D., Juan de la Cierva decía:
Si se tratara solamente de permitirles concurrir en las mismas condiciones y con iguales derechos que los demás licitadores, tal vez dentro del actual Reglamento de Teléfonos, que no contiene prohibición ninguna para que las Corporaciones municipales puedan obtener la concesión de los teléfonos urbanos, se les habría podido admitir en las subastas; pero ha parecido al Gobierno que aquellos Ayuntamientos que se hallan en condiciones de poder tomar parte a su cargo el establecimiento y explotación de las respectivas redes urbanas deben tener sobre los demás licitadores particulares el privilegio que a la representación del Municipio conviene otorgar. De esta suerte se irá facilitando la natural intervención de los Ayuntamientos en este servicio, que tiene un marcado carácter municipal.
A la empresa de Ildefonso Rebollo, que explotaba la red municipal de San Sebastián desde el 18 de julio de 1888, le caducó el plazo de la concesión en el mes de junio de 1908 pasando a ser gestionada provisionalmente por el Estado hasta nueva concesión.
La R. O. de 25 de septiembre de ese mismo año, anunciaba la pública subasta de la explotación de la red telefónica urbana de San Sebastián. Las condiciones generales del pliego de subasta fijaban el plazo de explotación de la red en quince años, versando la licitación sobre la rebaja de un tanto por ciento concreto e igual en las cinco categorías de tarifas dispuestas por R. D. de 9 de junio de 1903. Las condiciones económicas establecían que el Estado debía percibir un canon del $10 \%$ anual de la recaudación íntegra que por todos los conceptos obtuviera el concesionario. En aquellas fechas existía un proyecto de ley de Administración Local, inspirado en el principio de la municipalización de servicios, que asignaba precisamente a los municipios la facultad de explotar el servicio telefónico urbano, proyecto que estaba pendiente de discusión en el Senado y por el que, una vez sancionado como ley, el servicio telefónico urbano quedaría adjudicado de derecho al Ayuntamiento, evitando las limitaciones que implicaba la adquisición mediante subasta pública. Por ello, el ayuntamiento donostiarra solicitó la suspensión de la indicada subasta hasta que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara Alta, petición que no prosperó.
El 4 de noviembre de ese año el Ayuntamiento de San Sebastián se hizo con la concesión de la red urbana, una vez aplicado el derecho de tanteo que le proporcionó una rebaja del $15 \%$ sobre las tarifas propuestas por la Administración en la subasta. La concesión de la explotación del servicio telefónico era por un período de 15 años, que pasó a ser de 20, al acogerse el Ayuntamiento al Reglamento de 30 de junio de 1914.
4. Red provincial de Guipúzcoa.
En febrero de 1908 comenzaron las gestiones de la Diputación guipuzcoana ante el Gobierno para la obtención de la concesión de la Red Provincial. Mientras éstas se desarrollaban, se sacó a subasta la ampliación y explotación de la red interurbana del Nordeste7, que incluía las centrales de Irún y Tolosa, además de la posibilidad de incorporar en un plazo de seis meses los pueblos de la provincia que se juzgasen oportunos. A esta subasta acudiría, asistiéndole el derecho de tanteo, la Compañía Peninsular de Teléfonos, en virtud de su vigente contrato de explotación, que caducaba el 25 de abril de 1910. Esto venía a truncar los deseos reiterados de la Diputación de abarcar todo el servicio telefónico de la provincia de Guipúzcoa.
El 21 de septiembre de 1908 la Diputación visitó al ministro de Estado y se entrevistó con S. M. el Rey a fin de mostrarle el malestar producido en la Corporación a causa de la desestimación de la solicitud de autorización para el establecimiento del servicio telefónico provincial.
Tres días más tarde, el presidente de la Diputación recibía una nota del ministro de la Gobernación en la que manifestaba no existía inconveniente alguno para que el concesionario del Nordeste diera facilidades encaminadas a que pudiera implantarse el teléfono en Guipúzcoa.
La Compañía Peninsular renunció a incorporar a su red los pueblos de la provincia que la Diputación uniera a la suya hasta el 25 de abril de 1910, reservándose únicamente San Sebastián, Irún y Tolosa y las localidades que en la fecha citada no hubieran sido agregadas a la red provincial. Por otra parte hubo un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián, por el que el Ayuntamiento cedía a la Diputación el extrarradio a que tenía derecho según la condición 15 del pliego de subasta:
El concesionario podrá modificar y extender la red, siempre dentro de los $1 5 ~ \mathrm { k m }$ de radio, y sin perjuicio de los derechos adquiridos, si los hubiera, por concesionarios anteriores, en la forma que estime más conveniente a sus intereses, previa aprobación de la Dirección General del proyecto que al efecto habrá de presentar.
Estas dos circunstancias permitieron que los deseos de ésta última se convirtieran en realidad, aunque no alcanzaron a colmar sus expectativas. (La reversión del extrarradio al Ayuntamiento de San Sebastián, al caducar la concesión de la red provincial, originó diversos conflictos legales entre el Estado y el Ayuntamiento, como ya veremos más adelante).
La concesión de la Red Provincial fue adjudicada por Ley especial de 26 de noviembre de 1908. Se otorgó por un plazo de 35 años, con reversión al cabo de este tiempo, en parte al Estado (red interurbana) y en parte a los municipios guipuzcoanos (redes urbanas).
El proyecto de ley de concesión a la Diputación de Guipúzcoa de la red telefónica provincial fue sometido a deliberación de las Cortes por el ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, el 23 de octubre de 1908. Su artículo $3 ^ { \circ }$ decía así:
Revertirá al Estado la concesión de líneas interurbanas; y en cuanto a las urbanas, cada diez años los municipios que hayan renunciado a establecerlas podrán obligar a la reversión de la red respectiva mediante abono a la Diputación del valor de la misma red en tasación pericial, y a la expiración del plazo de treinta y cinco años las redes revertirán a los respectivos municipios en el caso de que quieran explotarlas, y en caso contrario, al Estado.
Es precisamente en este artículo $3 ^ { \circ }$ en el que se basaron las reclamaciones para que se llevase a cabo la reversión de los extrarradios a la Red Municipal de San.
Sebastián, ya que al extinguirse el plazo de explotación de la Red Provincial las redes municipales de Guipúzcoa pasaron a manos de la CTNE, incluidos los extrarradios de San Sebastián, cedidos en su día a la red provincial.
5. Relaciones de la red provincial de Guipúzcoa con la CTNE.
Con anterioridad a la fundación de la CTNE, la ITT se dirigió, el 7 de mayo y el 7 de junio de 1923, a la Corporación Provincial solicitando conocer la opinión de este organismo sobre las iniciativas que pretendía desarrollar en España. En los mencionados escritos se daba cuenta del proyecto de instalar una Red telefónica general en todo el territorio, cuya explotación se cedería posteriormente al Estado; la red se formaría con la unificación en una sola de todas las concesiones existentes en aquel momento, agregando a ellas las provincias que no tuviesen ese servicio.
Con fecha 19 de junio el ingeniero director de la Red Provincial, Sr. Echaide, le envió a la ITT un folleto en el que se indicaba el grado de desarrollo de la provincia de Guipúzcoa en materia de telefonía, y su capacidad para competir con las naciones mas adelantadas, al tiempo que le manifestaba, por ello, que para su servicio interior no necesitaba colaboración de empresas extranjeras. La Comisión de Teléfonos, en reunión de 28 de junio, acordó contestar a la ITT en parecidos términos.
Como consecuencia de la concesión de los servicios telefónicos a la CTNE, por R.D. de 25 de agosto de 1924, la Corporación Provincial se creyó en el deber de recurrir contra el citado R.D. por cuanto pudiese vulnerar los derechos que le asistían en su condición de concesionaria de la Red Provincial. El director de tráfico de la CTNE, M. Howard Soler, visitó ese mismo año las instalaciones de la Red Provincial y se reunió con sus directivos, con quienes trató de aunar los esfuerzos de ambas entidades en bien del servicio y estudió puntos y formas de enlace entre ambas redes.
En vista de la cordial actitud de la CTNE respecto de la Diputación de Guipúzcoa y de las expresivas manifestaciones que el Marqués de Urquijo, en nombre del Consejo de Administración de CTNE, hizo acerca de la Red Provincial guipuzcoana, en el sentido de que la Compañía nunca intentaría nada en lo que no estuviese de acuerdo la Diputación, ésta acordó retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la concesión de la CTNE.
Durante ese mismo año 1924, se trató de llegar a un acuerdo con la CTNE para la unificación de las bases de percepciones económicas por el intercambio de servicios telefónicos.
6. Evolución de la RTUM.
La red municipal echó a andar con una central para 1.080 abonados que muy pronto quedó agotada, lo que obligó a realizar sucesivas ampliaciones. La evolución del servicio creció de tal modo que en el año 1919 eran 2.720 las líneas que administraba el Ayuntamiento de San Sebastián. Ni remotamente se pensó en llegar a esa cifra en el plazo de la concesión, lo cual nada tiene de extraño, toda vez que la ratio de un teléfono por cada 24 habitantes, proporción existente en San Sebastián, no era superada en ninguna población de España, y posiblemente de Europa.
En el año 1921, el Ayuntamiento donostiarra hubo de enfrentarse a la ampliación de la central, que se encontraba a punto de saturar su capacidad, para poder atender las numerosas peticiones de nuevos abonos; pero se encontró con que la central solamente era ampliable en 880 abonados más, cantidad insuficiente para cursar las nuevas peticiones durante los ocho años que restaban de concesión.
En estas condiciones se estudió la instalación de una nueva central, semiautomá- tica, para 5.000 abonados, ampliable a 10.500, al objeto de poder asegurar al público el mejor servicio posible.
Además era necesario ampliar en 2.100 líneas la red subterránea de la central existente. El estudio realizado estimaba en un millón de pesetas la inversión que debía efectuar el Ayuntamiento a tal fin. Es decir, que si el Ayuntamiento quería atender las peticiones de abono para la red telefónica urbana durante el plazo que restaba de concesión, debía gastar una cantidad de dinero que en ningún caso podría amortizar en un plazo tan corto.
Únicamente sería amortizable una inversión de tal magnitud si la RTUM pudiese explotar la red durante más tiempo. Las gestiones tendentes a conseguir una ampliación de esos plazos se basaron en dos líneas de actuación, a) el proyecto de Administración local, que estaba discutiéndose en las Cámaras en el año 1908 y que autorizaba la municipalización del servicio telefónico urbano; y b) la Ley de 26 de noviembre de 1908 por la que se otorgaba a la Diputación de Guipúzcoa la explotación de la red telefónica interurbana de la provincia. En virtud de esta ley, de la que no estaba excluido el Ayuntamiento de San Sebastián, se concedió a todos los Ayuntamientos de Guipúzcoa el derecho a explotar a perpetuidad, siempre que así lo deseasen, el teléfono urbano. Como se ha comentado anteriormente, de la lectura del artículo tercero, se deduce que todos los ayuntamientos de esa provincia podían explotar a perpetuidad el teléfono urbano en su término municipal.
El hecho de que el Ayuntamiento de San Sebastián se adelantase a la Diputación, en menos de un mes, para obtener la instalación y explotación de su red urbana no podía ser circunstancia que le obligase a la pérdida de un derecho que tenían reconocido los demás ayuntamientos de la provincia, ya que cuando la Ley quiso hacer alguna excepción lo consignó expresamente, como sucede en los casos de Irún y de Tolosa.
Pero esta argumentación del Ayuntamiento de San Sebastián tropezaba con los intereses del Cuerpo de Telégrafos, que tenía la aspiración de que las redes telefónicas urbanas pasasen a su poder, con el fin de poder apropiarse de las comunicaciones interurbanas y urbanas.
En el asunto de San Sebastián el Cuerpo de Telégrafos movió todos los resortes necesarios para evitar que la concesión se llevase a efecto. No se contentó con que todos sus informes fueran desfavorables, sino que llevó a cabo una labor intensa, basándose en el incumplimiento del contrato por parte del Ayuntamiento como concesionario del centro telefónico, para lo que instruyó un expediente en el que se obligaba a la Corporación municipal a atender, en un plazo de dos meses, todas las peticiones pendientes. Ante este expediente, el Ayuntamiento presentó las alegaciones pertinentes en su defensa, para que no se le aplicase el artículo 50 del Reglamento de 30 de junio de 1914. Una de las argumentaciones aducidas por el Ayuntamiento para eludir la penalización era que “...cuando se hizo cargo de la red en 1908 había 390 abonados, siendo de 2.700 en el día de la fecha (marzo de 1923) siendo la primera de España con un teléfono por 22 habitantes seguida de Bilbao con un teléfono por 28 habitantes”. Por todo ello, la Corporación solicitaba la no imposición de sanciones.
Todas las gestiones fueron inútiles. La Dirección General de Telégrafos impuso una multa de 250.000 pesetas al Ayuntamiento de San Sebastián. Contra esta Resolución se interpuso el Ayuntamiento el correspondiente recurso de alzada en el que reiteraba la imposibilidad de cumplir el plazo previsto. Alegaba en su defensa que: “[…] Buena prueba de la imposibilidad a que me refiero, la constituye lo que está sucediendo en Barcelona, donde se hizo cargo del servicio el Estado, hace mas de dos años y aún están sin atender varios miles de peticiones.”
Felizmente, y poco antes de que Primo de Rivera se hiciese con el poder, el Ayuntamiento de San Sebastián consiguió el derecho a explotar a perpetuidad la Red Telefónica Urbana, según R. O. de 27 de octubre de 1923. Dicho de otra manera, consiguió que se le reconociesen los mismos derechos que el resto de los municipios.
Esta Orden suponía un alivio para las finanzas municipales ya que a partir de entonces podrían afrontar nuevos proyectos sin el agobio de los plazos de amortización de los créditos precisos para esas inversiones.
Muy pronto se hicieron las primeras gestiones para la automatización de la red. A partir de 1926 se pone en funcionamiento el servicio automático, corriendo a cargo de la Diputación, simultáneamente, la automatización del extrarradio. En el período 1926-1931, el número de abonados alcanzó la cifra de 5.300, pasando a 6.800 en 1941; a 8.300 en 1947; a 10.300 en 1955; a 15.300 en 1961; a 17.300 en 1966 y a 20.300 en 1968.
7. Los extrarradios de la RTUM.
Próxima la fecha de caducidad de la concesión del Servicio Provincial Telefónico, el Ayuntamiento de San Sebastián adoptó diversas resoluciones solicitando la reversión del extrarradio que en su día había cedido a la Diputación Provincial. Se constituyó una ponencia, en agosto de 1939, y una Comisión Mixta, en diciembre de 1942. Conjuntamente con la Diputación y restantes ayuntamientos de la Provincia, se emprendieron a este fin diversas gestiones, tales como el escrito dirigido al ministro de la Gobernación el 22 de julio de 1943 notificando su propó- sito de ejercitar el derecho a revertir a su Red Urbana la zona del extrarradio; o la reiteración de la misma petición, refrendada por acuerdo municipal de 14 de julio de 1948, y el acuerdo refrendado el 4 de mayo de 1949, a raíz de los Decretos de 11 de marzo y 14 de abril de ese mismo año.
Los Ayuntamientos comprendidos en el extrarradio – Hernani, Andoain, Urnieta, Rentería, Lezo, Usurbil, Astigarraga, Oyarzun y Pasajes– reconocieron explícitamente el derecho del Ayuntamiento de San Sebastián, mientras que el Consejo de Estado emitió un informe favorable. Sin embargo, a partir del año 1944, comenzarí- an los pleitos y avatares para la RTUM, puesto que la Diputación, transcurridos los
35 años de su concesión, no tramitó una demanda de prórroga amplia para la explotación de la red provincial, sino que se limitó a pedir, por conveniencias estatales, una moratoria de tres años. Al haber continuado en la prestación del servicio, aunque fuera con carácter interino, la Diputación se hizo acreedora a una indemnización por hacerse cargo del personal de teléfonos:
En una última reunión de la Diputación provincial, se ha hablado de la Red Telefónica Provincial, a propósito de un problema de clases pasivas que databa desde 1944 y que ha sido resuelto ahora por la Compañía Telefónica Nacional de España, que además de hacerse cargo del personal pasivo abonará a la Diputación los tres millones y medio de pesetas desembolsados por ésta en los últimos veintinueve años, en concepto de gratificaciones8.
Pese al escrito dirigido al ministro de la Gobernación solicitando la reversión del extrarradio, el Decreto de 8 de septiembre aprobaba las bases que regulaban y permitirían que la CTNE gestionase la explotación de las redes telefónicas de los municipios guipuzcoanos que lo deseasen, con excepción del de San Sebastián. Según este Decreto se entendían incluidos en un régimen de cesiones, compensaciones, mejoras y agrupación en áreas de comunicación urbana, todos los Ayuntamientos que no expresasen en el plazo de 20 días, a partir de la publicación del Decreto en el BOE, su disconformidad con las bases acordadas:
Base $1 ^ { \mathrm { a } } . -$ Autorizada para hacerlo, la Comisión Guipuzcoana, representativa de las Corporaciones Municipales de toda la provincia, excepto de la de San Sebastián, cede a favor de la CTNE todos los derechos que le asisten o que le puedan asistir como consecuencia del derecho concedido a los Ayuntamientos de Guipúzcoa, a la reversión de las redes municipales respectivas, según el artículo $3 ^ { \circ }$ de la Ley de Concesión, de 26 de noviembre 1908.
En la Base $2 ^ { \mathrm { a } }$ se establecían áreas o zonas de comunicación urbana, que tenían la misma consideración que los centros telefónicos urbanos actuales de la Compañía, aplicándoseles el régimen establecido para éstos en el contrato de Concesión vigente.
La zona 14 era precisamente la formada por los ayuntamientos del extrarradio de San Sebastián a los que la Compañía reembolsaría las cantidades invertidas por la Diputación como costo de los equipos automáticos. A tal efecto se calculó en 388,77 pesetas el costo de cada línea de equipo, con un total de 1.020 líneas en dicha zona. La Compañía renunciaría a percibir las tarifas interurbanas relativas al servicio entre los abonados comprendidos en esta zona y los del Ayuntamiento de San Sebastián.
Por un acuerdo municipal del día 11 de agosto de 1959, se dirigió un escrito a la CTNE solicitando el reconocimiento del derecho a la percepción y fijación del porcentaje, en las tasas por conferencias interurbanas e internacionales. La CTNE contestó el 19 de noviembre alegando que no existía razón jurídica que abonase la pretensión aducida. El 11 de marzo de 1960, se eleva nuevo escrito al ministro de la.
Gobernación insistiendo en el derecho a la participación en las tasas por conferencias y adjuntando el dictamen emitido por los letrados municipales que respaldaba la procedencia de dicha percepción.
En fecha 12 de febrero de 1965 insistió el Ayuntamiento en sus exposiciones al ministro de la Gobernación sobre sus derechos a la reversión del extrarradio y a la participación en las tasas por conferencias; de la exposición del Ayuntamiento surgía una posible base de transacción consistente en la renuncia a la reversión de la zona del extrarradio siempre y cuando fuera reconocido el derecho del Ayuntamiento a participar en las tasas por conferencias.
El 9 de marzo de ese mismo año, el ministro de la Gobernación comunicaba que había dispuesto “que se emitan los informes reglamentarios para la ulterior tramitación de la posible transacción que se propone”. Prosigue la Corporación municipal con sus gestiones hasta que el ministro dicta la Orden de 23 de julio de 1966 por la que se constituye una Comisión para llegar a fórmulas transaccionales con la CTNE. Con fecha 18 de julio de 1968, el diario Unidad publicaba un artículo en el que se decía que “...la Municipal exige unas tasas interurbanas a las que es muy problemá- tico que tenga derecho. Pretende cobrar unas tasas por un transporte fuera del terreno de su actuación; lo único que puede cobrar es el transporte desde el domicilio hasta los enlaces interurbanos de la nacional...”.
Esto suponía en la práctica que un abonado de cualquier parte de España podía llamar a un abonado de San Sebastián, haciendo uso de las dos redes (la RTUM y la de CTNE); pero por este servicio sólo cobraba la CTNE, mientras que la Red Municipal no percibía retribución alguna por el uso que se hacía de sus líneas. Por ejemplo, si un abonado de Tolosa se comunicaba con un abonado de San Sebastián, tenía que hacer uso de la red telefónica nacional, gestionada por CTNE, y de la red municipal RTUM y de sus extrarradios, lo que implicaba que el recorrido de cable gestionado por la RTUM era superior al que gestionaba la CTNE. Sin embargo la RTUM no cobraba dinero alguno de CTNE por el uso de su infraestructura. En cambio, si la comunicación se establecía en sentido inverso, es decir entre San Sebastián y Tolosa, CTNE cobraba como conferencia.
8. Compañía de Teléfonos de San Sebastián.
El día 23 de diciembre de 1966 el Consejo de Administración de la CTNE adoptó un acuerdo que se sometió a la Comisión Municipal. Una parte sustancial de este acuerdo consistía en que ambos concesionarios del teléfono llegasen a un entendimiento, antes del 1 de julio de 1967, para lograr un plan de mejora y expansión del servicio telefónico urbano9. Se proponía también la constitución de una sociedad anónima, “Compañía de Teléfonos de San Sebastián”, cuya aportación de capital correría a cargo de CTNE, conservando el Ayuntamiento la titularidad de la concesión y la propiedad de todos los elementos, inmuebles e instalaciones afectos a la red municipal, cediendo únicamente en arriendo, por un tiempo mínimo que se estipulase y sin perjuicio de la posible resolución o prórroga del contrato, la explotación de la red, abonando un canon que se pactase.
La propuesta de la CTNE tenía cuatro puntos:
$1 ^ { \circ } . -$ Pleno respeto a la titularidad del Ayuntamiento como concesionario del servicio telefónico urbano y garantía del desarrollo y mejora sustancial de las comunicaciones telefónicas de San Sebastián, congruentes con la primacía que en esta actividad ha ostentado la ciudad.
$2 ^ { \circ } . -$ La Compañía de Teléfonos de San Sebastián percibiría por su servicio las mismas cantidades que resultasen de aplicar en San Sebastián las mismas tasas y cuotas de la CTNE para el resto de España por los mismos servicios. La nueva compañía satisfaría los tributos que correspondan a la explotación de la Red Municipal. También satisfaría al Ayuntamiento, como precio de arriendo, un canon fijo, valorado en función de las instalaciones y rendimientos actuales, así como una participación proporcional en los beneficios, en la medida que se acordase.
$3 ^ { \circ }$ .– Las ampliaciones y nuevas instalaciones que realizase la nueva compañía se financiarían en su totalidad por la CTNE y quedarían de su propiedad. En caso de resolución del convenio, o expiración del mismo, el Ayuntamiento resarciría a la CTNE, de acuerdo con las reglas de valoración que se estableciesen, quedando seguidamente dichos bienes de propiedad municipal. Con este motivo, los nuevos bienes que se fuesen incorporando serían objeto de contabilidad separada.
$4 ^ { \circ }$ .– La CTNE se comprometía, por último, a asumir la plena continuidad de las relaciones laborales con el personal de la RTUM, tanto en sus remuneraciones como en la promoción social, aplicando criterios semejantes a los que rigen para la CTNE. En la nueva compañía el Ayuntamiento contaría con el correspondiente número de representantes en el Consejo de Administración.
Si bien estas propuestas pudieran parecer muy generosas por parte de la CTNE, no se hablaba para nada de la reversión del extrarradio, reconocida por dos sentencias del Tribunal Supremo y cuya ejecución había solicitado el Ayuntamiento; ni se aludía tampoco a la participación en las tasas por el servicio interurbano, que es lo que más dinero producía a la nacional. Es por ello por lo que fueron rechazadas.
9. Negociaciones entre la CTNE y el Ayuntamiento de San Sebastián.
En el verano de 1969 fue nombrado director de Información y Relaciones Sociales de la CTNE Santiago Herrero Galindo, periodista que había realizado las prácticas en el diario Unidad de San Sebastián. Con fecha 2 de agosto de 1968 se publicaba en ese mismo diario una carta remitida por Herrero en la que decía:
El tema de la Red Urbana Municipal merece la máxima atención de todos los responsables de la Compañía Telefónica Nacional de España, dispuesta en todo momento a colaborar a la solución del problema telefónico donostiarra, reconociendo, como es lógico, la concesión a favor del Ayuntamiento, los derechos de este sobre sus instalaciones, y, también, decidida a respetar una autonomía del servicio telefónico...
En ese mismo escrito incluía Herrero el acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica, del que ya hemos hablado, de fecha 23 de diciembre de 1966, en el que, entre otros asuntos, se proponía la constitución de una empresa denominada “Compañía Telefónica de San Sebastián”.
Como consecuencia del referido escrito del jefe de Información y Relaciones Sociales de CTNE, la prensa donostiarra se preguntaba por las razones que tenía la Telefónica para realizar esa oferta, si es que tenía algún problema con el Ayuntamiento o, pura y simplemente, si se trataba de un deseo de arreglar las cosas.
La Compañía Telefónica precisaba de un permiso de construcción, dependiente del Ayuntamiento, en la Avenida de España. Esto proporcionaba una buena baza al Ayuntamiento a la hora de cualquier negociación. Por otra parte el Ayuntamiento tenía a su favor las sentencias del Tribunal Supremo, referentes a la reversión de las líneas de extrarradio que en aquella época explotaba la CTNE. Pero el Ayuntamiento tenía en su contra la urgente necesidad de automatizar su teléfono con la provincia y las capitales españolas mas importantes. Sobre la base de estas premisas se reunirían Elósegui, Alcalde de San Sebastián, con Barrera de Irimo, presidente de la CTNE.
Oficialmente, el diálogo debía girar en torno a los trabajos técnicos que se estaban llevando a cabo para establecer la comunicación automática de San Sebastián con el resto de la provincia, como medida de reciprocidad respecto de la que se adoptó en el año 1954 gracias a las facilidades proporcionadas entonces por la RTUM. Pero extraoficialmente se trataron también los litigios existentes entre las dos entidades, sobre todo la solicitud que la Corporación Municipal había elevado al Tribunal Supremo para que fuesen ejecutadas las sentencias que le eran favorables en relación con los extrarradios.
En vísperas de la reunión, el ingeniero de la Municipal, Sr. Avendaño, y el jefe administrativo que lo acompañaba, hicieron entrega al Alcalde de un informe sobre la problemática del teléfono municipal. De llegarse a un acuerdo, la CTNE montaría una central interurbana en Bidebieta, logrando San Sebastián la tan ansiada automatización de las conexiones interurbanas. En caso de no alcanzar un acuerdo, la CTNE montaría su central en Azpeitia, quedando San Sebastián condenada al aislamiento telefónico. La reunión se celebró en San Sebastián el día 31 de agosto de 1968. No se llegaron a acuerdos definitivos, quedando emplazados para otra reunión a celebrar en la primera quincena de enero de 1969. En estas negociaciones jugaba con ventaja la CTNE, pues cualquier demora en la consecución de resultados conseguía inquietar tanto a la prensa donostiarra como a los abonados de la RTUM y a los peticionarios de nuevas altas, cuyo número iba creciendo de manera imparable, que veían que San Sebastián permanecía ausente en el concierto de las mejoras de sus comunicaciones telefónicas. Para la reunión de enero se apuntaba como una solución viable, la constitución de una empresa mixta, con aportación de capital a partes iguales, un $40 \%$ ó $45 \%$ para cada una de las entidades y el resto para el pueblo donostiarra.
Esta solución presentaba el inconveniente que la empresa más fuerte, en alguna ocasión, adquiriese las acciones privadas, a un precio interesante para su propietario, lo que ocasionaría un problema al colocarle como accionista mayoritario. Este problema se podía eludir haciendo constar que el Ayuntamiento de San Sebastián continuaba siendo, a perpetuidad, con plena responsabilidad, el propietario absoluto de la concesión de la RTUM. Por otro lado, el Ayuntamiento podía ejercer la acción del artículo 111 de la Ley de Servicios Municipales, que se refiere a las empresas mixtas y a su reversión al Ayuntamiento, transcurridos 50 años de actividad.
Mientras proseguían las negociaciones, la CTNE puso en marcha el servicio que permitía a los abonados de Ermua (Vizcaya) hablar con los de San Sebastián y la red automática de Guipúzcoa, marcando directamente el número deseado. Este acontecimiento desató de nuevo los comentarios de la prensa donostiarra que no podía entender cómo una pequeña localidad vizcaína podía comunicarse automáticamente con la provincia guipuzcoana y con la capital de la provincia mientras que esta última debía hacerlo a través de operadora marcando el 07; ya se comenzaba a apuntar la posibilidad de la venta de la Red Municipal a la CTNE:
Si desde Ermua pueden hablar directamente con San Sebastián, ¿cabe hacer lo mismo desde la capital donostiarra a la industriosa villa vizcaína? No, no se puede. Como tampoco es posible telefonear directamente a cualquier pueblo de la provincia guipuzcoana, mientras que ellos sí pueden hacerlo directamente a la capital, sin pedir conferencia... El problema de la RTUM de San Sebastián, no habrá que decir que sigue en pie, sino que quien sabe si no se habrá agravado hasta el extremo de que cualquier día nos informaremos de que la CTNE ha absorbido a la Red Municipal, sin más explicaciones, aunque en la calle se rumoree la cifra que han pagado por la operación y que con esa calderilla se van a tapar, por ejemplo, algunos de los innumerables baches que hay en las calles de la ciudad, gracias al Ayuntamiento, naturalmente10.
En ninguna de las negociaciones que mantuvo el Ayuntamiento de San Sebastián con la CTNE, ésta quiso entrar a debatir el asunto de la reversión de los extrarradios. En realidad no era de su incumbencia, pues existiendo una sentencia del Tribunal Supremo, era el ministerio de la Gobernación quien debía ordenar que se ejecutase. Mientras el ministerio se desentendía del asunto, la CTNE siguió explotando una red que no le correspondía.
10. Coyuntura favorable para la negociación.
Siendo ministro de la Gobernación Blas Pérez, el 10 de julio de 1956 el Tribunal Supremo declaraba nulo el Decreto de Gobernación de 8 de septiembre de 1950 por el que se aprobaban las bases acordadas entre los representantes de los ayuntamientos de Guipúzcoa (excepto el de San Sebastián) y la CTNE. El expediente se reponía al trámite de someterlo al Consejo de Estado para que informara sobre el derecho del Ayuntamiento de San Sebastián a la reversión de los servicios telefónicos del extrarradio para incorporarlos a la Red Municipal, una vez terminada la concesión, en 1944, de la Red Provincial a la Diputación de Guipúzcoa.
A propósito de este asunto, el Consejo de Estado ya había emitido dictamen en diciembre de 1944, favorable al Ayuntamiento, que en esa fecha actuaba, no sólo en defensa de sus derechos sino también en la de los ayuntamientos de los extrarradios de San Sebastián, aunque las corporaciones de Oyarzun y Pasajes revocasen posteriormente unos acuerdos que no serían reconocidos por el Tribunal Supremo.
En consecuencia, la explotación del extrarradio por la CTNE no tenía ninguna apoyatura legal, y el expediente había de volver, tal y como señalaba el Tribunal Supremo, al trámite de pasarlo a informe del Consejo de Estado. Pero si Blas Pérez (“Franco cambia la mayoría de su gobierno en julio de 1951. Ha aguardado a la fecha simbólica del 18 para dar forma y vida al equipo de Gobierno que cree más oportuno en esa coyuntura […] un gobierno en el que solo continúan cuatro hombres del anterior; son Martín Artajo, orfebre del vasto plan diplomático; Blas Pérez, que ha conseguido montar una policía política tan dura como eficaz...”)11 tampoco quiso acatar la sentencia, sí lo hizo su sucesor, Camilo Alonso Vega, compañero de Franco en la Academia Militar y antiguo Director de la Guardia Civil, quien estuvo al frente de la cartera de Gobernación desde el 10 de julio de 1962 hasta el año 1969 (“las consecuencias en la interacción polémica gobierno-patronal-obreros fueron de signo distinto, en los medios gubernamentales prevalece un criterio de doble actuación; por un lado, reforzar los medios represivos y la entrada de Camilo Alonso Vega en Gobernación, varios meses después, no es ajena a ello”)12.
Fue Garicano Goñi, bien porque la situación social en 1969 así lo aconsejaba o por interés personal, quien decidió tomar cartas en este asunto de la Sentencia, asunto en el que sus predecesores pusieron todo tipo de cortapisas y desinterés:
En el Ministerio de la Gobernación la petición del Supremo no sólo no tuvo eco sino que, “según parece”, a alguna gestión que hizo el alcalde Elósegui, cumpliendo la voluntad corporativa plenaria, se contestó diciendo que se había perdido el expediente, por todo lo cual o sin perjuicio de ello el mismo alcalde tuvo algunos contactos personales con el presidente de la Nacional que fueron posteriormente reanudados, sin éxito, por el alcalde Muñoa durante su breve mandato...13.
El Diario Vasco publicaba una noticia sobre el teléfono en la que se podía leer:
Interpretamos como un buen síntoma cuanto se ha encarrilado en torno del Teléfono Municipal, anuncio de superiores realizaciones, máxime cuando el actual ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, es conocedor de excepción de nuestro problema, en todos sus detalles.
En agosto de 1969 estalla el caso MATESA y Juan Vila Reyes es detenido. Tal y como apunta Juan Pablo Fusi, el escándalo, ampliamente aireado por la prensa, era una bomba política con la que los hombres del Movimiento, apoyados por Fraga Iribarne, quisieron hacer saltar del gobierno al Opus Dei, dos de cuyos ministros estaban implicados en el asunto.
La maniobra no tuvo los resultados esperados, Franco resolvió el asunto con uno de su usuales juicios salomónicos, destituyendo a los dos ministros responsables (García Moncó, de Comercio y Juan José Espinosa, de Hacienda) y a los instigadores (Fraga, de Información y Turismo y Solís, de la Secretaría General del Movimiento).
Con el Gobierno que Franco formó el 29 de octubre de 1969 se procedía al más amplio cambio de Ejecutivo de su dilatado mandato. Siguiendo con el estudio de Fusi, con el nuevo gabinete, Franco restablecía la unidad de poder en su persona; Carrero podía echar a andar entonces por la senda que conduciría a la Monarquía conservadora, desarrollista, cristiana y tecnocrática que él, y Franco con él, había proyectado. No podía sospechar que sus proyectos acabarían en la cornisa de un edificio.
En ese nuevo Gobierno fue nombrado ministro de la Gobernación Tomás Garicano Goñi, un viejo militar del Cuerpo jurídico que ya había sido gobernador de Guipúzcoa. Estas dos condiciones del nuevo ministro, la de jurista y la de conocedor de la problemática de la provincia guipuzcoana, fueron decisivas para la marcha de las negociaciones de la CTNE con el Ayuntamiento de San Sebastián. Al poco tiempo de ponerse al frente de la cartera de Gobernación, Garicano cursó la solicitud efectuada por la Alcaldía, en demanda de ejecución de las ya referidas Sentencias del Tribunal Supremo, al Consejo de Ministros, que acordó el cumplimiento del fallo. El asunto del extrarradio de San Sebastián adquirió notoriedad en todo el país. El Noticiero Universal de Barcelona14 publicaba una gacetilla sobre el asunto, haciendo un breve resumen histórico del contencioso entre las dos entidades telefónicas, y terminaba diciendo:
Han pasado muchos años para que se ejecutara la sentencia en cuestión en notable detrimento de los intereses de San Sebastián. La declaración del Gobierno – cuyo titular del Ministerio de la Gobernación, Sr. Garicano, conoce bien el problema y parece patente su intervención que ha dado curso al fin a la decisión del más alto Tribunal – hace pensar en una reconsideración del problema...
11. Bases previas para el convenio con la CTNE.
El 27 de agosto de 1970 la prensa donostiarra se hacía eco de las bases que la Corporación Municipal había acordado establecer para el inicio de las negociaciones con la CTNE y que eran las siguientes,
• Integración de la RTUM en el servicio telefónico nacional. Aceptación con la CTNE de una compensación en metálico por las instalaciones y derechos municipales de 950 millones de pesetas, fijada por la representación del ayuntamiento como base inicial para reanudar las conversaciones.
Compromiso por parte de la CTNE de efectuar unas inversiones mínimas de mil millones de pesetas para:
— Atender a la demanda pendiente del servicio telefónico urbano.
— Acelerar al máximo la ejecución prevista de las obras de conmutación automática interurbanas, perfeccionando las centrales y medios de transmisión y conexión de San Sebastián.
— Procurar, en el más breve plazo posible, la automatización del servicio internacional con las zonas limítrofes de Francia.
Reponer los equipos que por su grado de antigüedad necesitan rápida sustitución.
• Dentro de estos compromisos iría incluido el de la instalación en un plazo de 24 meses de 20.000 líneas telefónicas en el término municipal, utilizando calidades y criterios técnicos de continuidad y homogeneidad con los equipos actualmente utilizados por la Red Municipal.
• Asegurar por la CTNE, con carácter preferente, la satisfacción de la demanda telefónica que en el futuro se produzca en la ciudad, aceptando, a tal fin, la intervención del Ayuntamiento de San Sebastián en sus planes quinquenales.
• Implantar en San Sebastián, también con carácter preferente, todos aquellos servicios auxiliares y complementarios del teléfono que puedan redundar en beneficio de la industria, del comercio y del turismo de la ciudad, tales como transmisión de datos, servicios informativos y de avisos, hilo musical y cuantos en lo sucesivo se presten por la CTNE.
• Garantizar a todo el personal afecto a la plantilla de la Red Telefónica Municipal su integración en la CTNE de manera que ocupen en ella los puestos que mejor correspondan con las actividades respectivas.
En todo caso serán respetadas las condiciones más ventajosas que eventualmente resultasen en su favor al realizarse el nuevo encuadramiento hasta que dichas condiciones sean absorbidas por ulteriores mejoras en el seno de la Compañía15.
También se consideró pertinente poner de relieve que, a través de estas bases, podrían conseguirse unas inversiones en la ciudad de 1.950.000.000 de pesetas, de los que mil millones serían destinados a servicio telefónico en la población, liberando al Ayuntamiento de agotar, en el más favorable de los supuestos, su capacidad crediticia.
El periodista del diario donostiarra Unidad, Díaz de Rada, escribía el 27 de agosto en ese periódico que uno de los escollos primordiales que había que superar en las negociaciones entre el Ayuntamiento y la CTNE, era el del material Ericsson utilizado por la RTUM de San Sebastián y que la CTNE repudiaba en beneficio del material de la Standard: “Sabemos que de ahora en adelante, la Nacional será también importante cliente de la casa sueca Ericsson que durante tantos años sirvió a la Red Urbana de San Sebastián”. El 18 de noviembre se hacía pública una nota oficial de la Alcaldía sobre la operación de compraventa, en la que se advertía de las nuevas concesiones que debían aprobarse antes del día 20 de diciembre, fecha tope impuesta por la CTNE para que se le diese una contestación.
Entre las bases previas, contenidas en la nota de la Alcaldía del 26 de agosto, se descartaba la fórmula de la creación de una compañía mixta sobre la que se había negociado en 1966, rechazándose cualquier tipo de compensación vinculante, como pudiera ser una participación representativa o un paquete de acciones. En las nuevas bases se introducían ciertas concesiones, en lugar de los 950 millones de pesetas por traspaso de servicios e instalaciones se pasaba a mil millones –como dato comparativo diremos que el presupuesto general del Ayuntamiento para ese año, fue de 375 millones de pesetas–, y del compromiso de instalar 20.000 líneas en dos años se pasaba a instalar 40.000 líneas en cinco años. Con estas nuevas bases quedarían contenciosos pendientes sobre propiedad y reversión de extrarradios.
Por otro lado el Ayuntamiento debía ceder unos terrenos a la Compañía para la construcción de nuevas centrales, uno en Amara, otro en Gros y otro en el Antiguo, así como un terreno en Alza, estimándose en 100 millones el valor total de los mismos. El Ayuntamiento debía afrontar el pago de 10 millones de pesetas para determinados conceptos de previsión social a favor del personal municipal que pasaba a la Nacional. También se informaba de la interconexión de la capital con la provincia para enero de 1971. Por último, en la nota oficial, se recogía que la CTNE adquiriría el compromiso de mantener en San Sebastián una calidad de servicio congruente con la categoría de la ciudad.
A principios del año 1970 el Ayuntamiento había aprobado un anteproyecto de ampliación de 14.000 líneas presupuestado en 320 millones de pesetas, que debería financiar en condiciones poco favorables para las arcas municipales. Con la operación que se firmaría con la CTNE no sólo se evitaba esa financiación sino que las arcas municipales se verían incrementadas con 1.000 millones de pesetas que se utilizarían en la resolución de problemas pendientes en el municipio.
12. Venta de la RTUM de San Sebastián a la CTNE.
El día 19 de diciembre de 1970, por el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, y el 16 de diciembre de 1970, por el Consejo de Administración de la CTNE, se aprobaron las bases por las que el Ayuntamiento de San Sebastián cedía, en favor de la CTNE, todos los derechos como concesionario par la explotación de los servicios telefónicos de la red municipal.
Esta transferencia se enmarcaba dentro de la base $4 ^ { \mathrm { a } }$ del Contrato de la CTNE con el Estado de 21 de diciembre de 1946:
La Compañía queda autorizada para adquirir por medio de negociaciones directas la explotación de servicios telefónicos, con sus correspondientes instalaciones y propiedades de todos o de cualesquiera de los concesionarios telefónicos clasificados en el art. $2 ^ { \circ }$ del Reglamento telefónico de 30 de junio de 1914, modificado en 12 de agosto de 1920, o en cualquiera otra disposición legal sobre telefonía, teniendo en cuenta para la valoración que los concesionarios actuales son los usufructuarios de las propiedades que explotan....
El precio que se fijó para esta transferencia fue de mil millones de pesetas que se pagaron de la siguiente manera: 600 millones en el momento de ser aprobadas las bases, por lo tanto, de transferencias de la concesión; en los cinco años sucesivos, 70 millones cada año, en la misma fecha en que se efectuara el primer pago; y los 50 millones restantes, el sexto año.
En el precio se incluían todos los derechos, bienes e instalaciones objeto de la transferencia, incluyendo un solar de $9 6 8 ~ \mathrm { m } ^ { 2 }$ edificables en la calle de la Sagrada Familia; otro de $4 4 { \dot { 7 } } \mathrm { m } ^ { 2 }$ en la calle Maestro Guridi, Polígono 5, en el $\mathbf { B } ^ { \circ }$ del Antiguo;
un tercer solar en el $\mathbf { B } ^ { \circ }$ de Gros, Manzana 26, de $2 1 \times 2 7$ metros; y un terreno en Alza de $5 0 0 \mathrm { m } ^ { 2 }$ . Todos estos terrenos se cedían adjuntándose las condiciones de edificabilidad de los mismos.
En estas bases la CTNE asumía una serie de compromisos, dirigidos a agilizar las conexiones de la red municipal con el resto del Estado y atender la gran cantidad de peticiones de altas de abonados no atendidas por la RTUM, para lo que se comprometía a poner en funcionamiento la CAI (Central Automática Interurbana) de Bidebieta para mediados de 1972 y construir una nueva central en el solar de La Sagrada Familia con 10.000 líneas disponibles dos años después de producirse la transferencia y otras 10.000 líneas, 6 meses más tarde. También se comprometía a ampliar la red interurbana de Guipúzcoa en la medida precisa para cursar el tráfico que pudiese generar el aumento de abonados.
En la base $4 ^ { \mathrm { a } }$ se recogía el reconocimiento de la primacía que en el asunto del teléfono siempre tuvo la red municipal de San Sebastián, mostrando la CTNE su voluntad de mantener la calidad de servicio que esa ciudad requiere, para lo que se fijaron las preferencias respecto al establecimiento de los servicios telefónicos auxiliares y complementarios, así como de las mejoras generales, que se interpretarán del modo siguiente,
a) Los ya implantados en otras capitales españolas se instalarán de inmediato b) Los futuros que puedan establecerse en cualquier otra, lo serán también en San Sebastián de modo inmediato y a petición del Excmo. Ayuntamiento, previos estudios conjuntos de éste con la CTNE. c) Cuanto antecede no será obstáculo para que, también a petición del Excmo. Ayuntamiento y siempre que sea posible, pueda un servicio peculiar ser instalado en San Sebastián, aún cuando no exista con anterioridad en otra ciudad atendida por la red nacional.
La CTNE se obligaba a hacerse cargo de la plantilla de la RTUM integrándola en la suya de manera que “ocuparan en ella los puestos que mejor se correspondan con las actividades que vengan desempeñando”.
También el personal funcionario que desease incorporarse a la CTNE lo podía hacer equiparándose al no funcionario de la red municipal. Las condiciones en las que se debía integrar este personal se especificaban en un documento aparte de las bases, incorporándose a la Institución Telefónica de Previsión con la antigüedad correspondiente a sus años de servicio en la RTUM. Como aportación al fondo de la ITP en concepto de cuotas correspondientes al período de antigüedad que se reconoce, el Ayuntamiento pagó a la ITP la cantidad de 10 millones de pesetas, de las que cinco millones correspondían al personal laboral y los otros cinco a las cuotas del personal funcionario. Del mismo modo, se convino que, funcionarios o laborales que lo deseasen, y cumpliesen las condiciones exigidas, podían incorporarse al Seguro Colectivo que tenía convenido la CTNE en favor de su personal.
Es a partir de entonces cuando la CTNE tuvo la totalidad de las redes telefónicas estatales bajo su administración.