Oligarquías concejiles y prácticas señorializadoras en el territorio de Ávila a fines de la Edad Media.
Municipal Oligarchies and Manorialisation Practices in Late Medieval Avila.
Octavio COLOMBO
Doctor en Historia, Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 25 de mayo 217, $1 ^ { \circ }$ piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
C. e.: email@example.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3565-2140.
Recibido: 12/04/2018. Aceptado: 06/09/2018
Cómo citar: Colombo, Octavio, «Oligarquías concejiles y prácticas señorializadoras en el territorio de Ávila a fines de la Edad Media», Edad Media. Revista de Historia, 2019, $\boldsymbol { \mathrm n ^ { \circ } } 2 0$ , pp. 215-243.
DOI: https://doi.org/10.24197/em.20.2019.215-243.
Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar las formas que adopta el proceso de señorialización irregular del realengo en la Baja Edad Media. Basándonos en el estudio del concejo de Ávila, se analizan las estrategias de las oligarquías locales para establecer relaciones de dominación informales sobre las aldeas y sus pobladores. Se enfatiza especialmente la vinculación entre esas formas señoriales irregulares y las formas legítimas de propiedad de la tierra de las oligarquías. El análisis apunta a destacar la importancia de las relaciones de dominación de los productores como elemento inseparable del desarrollo de la propiedad territorial privilegiada.
Palabras clave: Oligarquía; señorialización; concejo; Ávila; Baja Edad Media.
Abstract: The objective of this essay is to analyze the different forms taken by the process of irregular manorialisation of the land under royal domain (realengo) in the late Middle Ages. Drawing on the case of the concejo or municipality of Avila, an analysis is carried out of the strategies employed by the local oligarchies in order to weave informal relations of dominance over the aldeas (villages) and their settlers. The link between these irregular manorial forms and the legitimate forms of oligarchical land ownership is particularly emphasized. This analysis aims to stress the significance of dominance relations over the producers as inseparable from the development of privileged landed property.
Keywords: Oligarchy; Manorial Tenure; Concejo; Ávila; Late Middle Ages.
Sumario: 0. Introducción. 1. Las usurpaciones como prácticas señorializadoras. 2. Heredades y términos redondos como base de la señorialización. 3. Conclusiones.
Summary: 0. Introduction. 1. Land Usurpation as a Practice of Manorialisation. 2. Heredades (allods owned outright) and términos redondos (fenced single-owned estates) as a Basis for Manorialisation. 3. Conclusion.
0. INTRODUCCIÓN.
El objetivo de este trabajo es investigar el proceso por el cual la propiedad privilegiada de las oligarquías concejiles tiende a dar lugar a formas espurias de señorialización del realengo en la Baja Edad Media, basándonos para ello en la documentación abulense del siglo $\mathrm { X V } ^ { \mathrm { \bar { 1 } } }$ . La inspiración del enfoque que adoptamos proviene de las numerosas investigaciones que se refieren a las estructuras de poder y dominación social del mundo concejil tardomedieval. Estos estudios plantean, por un lado, la tendencia a la oligarquización de la elite de los caballeros que controla el gobierno de las ciudades, estamento que por entonces cristaliza su posición de poder y privilegio2 . Este sector aparece como el principal responsable, por otro lado, de las usurpaciones de tierras comunes y de otras innumerables formas de violencia tendientes a la monopolización de recursos en perjuicio de los pecheros3 . Por último, las investigaciones han puesto de relieve la importancia del proceso de señorialización de porciones del realengo concejil, no sólo a manos de la alta nobleza sino también -lo que nos interesa ahora- en beneficio de las oligarquías locales de caballeros4 .
Partiendo de estos aportes, en este trabajo se encara el estudio de las prácticas señorializadoras de los sectores dominantes urbanos, con el objeto de destacar la estrecha relación existente entre las formas de propiedad privada privilegiada que caracterizan a las oligarquías y las formas señoriales socialmente reconocidas, en especial la llamada «señorialización menor»5 . Utilizamos la expresión «prácticas señorializadoras» en el sentido de un conjunto de prácticas de dominio sobre las poblaciones que exceden los atributos que corresponden a las propiedades privadas de los caballeros, pero que no llegan a ser formas señoriales legítimas y desarrolladas. Es decir, las prácticas señorializadoras que estudiaremos se traducen en formas híbridas y no cristalizadas de poder que se ubican en el espacio social que existe entre la propiedad privada privilegiada y el señorío «menor», y que suelen operar como transición entre una y otro, en un proceso de reconversión que supone tanto rupturas como continuidades6 . Esa es, de hecho, la ventaja que encontramos en la expresión «prácticas señorializadoras»: que permite percibir una realidad dinámica y, por lo tanto, superar la imagen dicotómica excluyente entre propiedad privilegiada y forma señorial, identificando vasos comunicantes que permiten comprender mejor la eventual transición entre una y otra7 .
Nos proponemos, entonces, aportar algunos elementos para exponer de un modo más explícito la naturaleza de estas formas, que otros autores también han identificado como señorialización de facto o «preseñorialización»8 . Al tratarse de modalidades que aparecen en el proceso de construcción de relaciones de subordinación, estas formas carecen del grado de objetivación que caracteriza a la señorialización social y legalmente reconocida. Esto provoca que tales prácticas se presenten en el registro histórico como «abusos» o transgresiones9 que, más allá de su frecuencia, sólo afectarían marginalmente la estructura «normal» de las relaciones sociales. Intentaremos mostrar, por el contrario, que esas formas responden a una lógica que impregna la estructura social y que, además, esa falta de cristalización expone de modo más claro los mecanismos por medio de los cuales se construyen las relaciones de dominio social10.
En lo que sigue procedemos del siguiente modo. Comenzamos analizando las usurpaciones de tierras, una de las prácticas de dominio de los caballeros mejor conocidas. Veremos cómo esas apropiaciones tienden a convertirse en relaciones de dominio social explícito sobre los aldeanos, dando lugar a formas señoriales espurias de explotación. Luego veremos cómo esas prácticas se conectan con las formas socialmente legítimas de propiedad de la tierra de las oligarquías concejiles, en una simbiosis positiva que no es estructuralmente inevitable, pero que tiende a imponerse como más probable (en el sentido de una realización de posibilidades latentes), en la media en que se consolida el poder social, político y territorial de la oligarquía urbana.
1. LAS USURPACIONES COMO PRÁCTICAS SEÑORIALIZADORAS.
Las usurpaciones de comunales, como se sabe, han sido estudiadas en una gran cantidad de excelentes investigaciones11. La información al respecto indica que, en muchas ocasiones, se trata de lo que podríamos considerar ocupaciones de tierra en sentido estricto. Esto es especialmente cierto cuando el objetivo de la usurpación es, de modo exclusivo o principal, el acceso a pastos para el ganado. Gil González, por ejemplo, acusado por la usurpación de Vacacocha, reconoce que teniendo unas vacas suyas, que mandara tomar a sus pastores en la syerra conҫejil donde paҫiesen sus vacas12. En la prolongada ocupación de ciertos términos por parte de Sancho Sánchez y sus antecesores, se presenta la forma progresiva en que se va realizando esta privatización del prado comunal, primero ocupando el lugar con rebaños propios pero no de modo exclusivo, luego impidiendo la entrada de ganado de los vecinos, y por último tomando prendas a estos13. El objetivo de Sancho.
Sánchez parece ser asegurarse los pastos para los ganados de su villa de San Román. Dicho caballero también impide a los vecinos que entren con sus ganados $a$ paҫer e bever en la Laguna de Concejo, presumiblemente para aprovechar el término con sus rebaños14. En el mismo sentido puede mencionarse el fallo contra Rodrigo de Vivero, señor de Castronuevo, que establece que los prados de Galingalíndez no los pueda guardar luego de San Juan, sino que se abran al uso común15. Incluso hay situaciones en que el usurpador modifica la dedicación productiva de todo un término: tierras que antes se sembraban pasan a usarse como pastos16. La modalidad de invadir los comunales de una aldea con un número desmesurado de ganados, si bien no es una usurpación en el sentido clásico, supone en el fondo la misma lógica de apropiarse por la fuerza de pasturas cuyo usufructo pertenece al conjunto de los aldeanos del lugar17. En síntesis, la ocupación de pastos por parte de la oligarquía es sin duda muy habitual. El concejo lo expresa diciendo que los usurpadores non los han dexado nin dexan libremente thener e pastar a esta ҫibdad e pueblos della18, aunque debe recordarse que esta acusación no sólo está dirigida contra las ocupaciones de los caballeros ganaderos, sino también contra las pequeñas roturaciones de los comunales por parte de los campesinos19.
Las grandes usurpaciones de tierras con fines ganaderos son una forma de ampliar los prados acotados que disfrutan por privilegio los caballeros, a los efectos de garantizarse el usufructo exclusivo de las pasturas. Desde el punto de vista de su racionalidad económica, esta extensión ilegal de la propiedad privilegiada de la oligarquía concejil puede considerarse una alternativa al arrendamiento de los prados, sea porque los costos de esto último sean mayores a los de la ocupación ilegal, o sea por la inexistencia de una oferta adecuada de tierras para alquilar. Ninguna de estas motivaciones es desdeñable en sí misma y es probable que ambas tuvieran una influencia real, en el caso de aquellos caballeros ganaderos a quienes les resultaran insuficientes tanto los prados propios, como el usufructo de comunales que les correspondía en su calidad de vecinos de la ciudad y de herederos en las aldeas. Probablemente la viabilidad económica de estas ocupaciones tuviera también relación con la naturaleza material de la actividad ganadera, un tipo de producción que requiere relativamente poca mano de obra y donde el resultado económico no depende de la realización de una inversión previa de trabajo en la tierra, como sí ocurre en la agricultura. Por lo tanto, el control directo de un término resulta condición suficiente para el pastoreo.
Ahora bien, como es sabido, ésta es sólo una modalidad, y no necesariamente la más importante, entre las que pueden adoptar las usurpaciones. En muchos otros casos es claro que la ocupación de tierras no consiste en una mera ampliación de los pastizales poseídos de forma privada, sino que involucra la formación de relaciones sociales más complejas, donde el acento pasa del control de la tierra al control de las personas20.
Veamos algunas situaciones ilustrativas. Ocasionalmente nos enteramos que poderosos personajes usurpan pastos para sembrarlos, un cambio de dedicación productiva inverso al que veníamos analizando21. La introducción de criados y renteros supone una operación más delicada que el pastoreo: ya no se trata de la mera ampliación de prados privados, sino de controlar la tierra como medio para instalar agricultores sobre los que pesa una extracción. Otra modalidad de imposición sobre los aldeanos practica Diego González del Águila al usurpar un término en Regajales, donde ha fecho más daño prendando a los vezinos de la comarca que quatro tanto de lo que vale la dicha heria22. El eventual provecho ganadero se combina en este caso con las ganancias obtenidas por las prendas tomadas a los vecinos, que dado su monto pueden considerarse una suerte de imposición cuasi-tributaria23. El interés de Diego González en estas fuentes de ingresos se revela más claramente en su usurpación del término de Gallegos, que no utiliza para sus propios rebaños sino que arrienda e vende la yerva del dicho término a los vezinos de la dicha Gallegos 24. Aquí la ocupación del comunal se traduce simplemente en la imposición de un tributo regular a los aldeanos, a cambio del acceso a las mismas tierras que antes usufructuaban libremente.
Estas formas de arrendamiento espurio se repiten con frecuencia: es el caso de ҫierto contrabto impuesto por Nuño y Gil Rengifo a los pobladores de San Bartolomé de Pinares, a quienes cobran por el uso de los prados y pastos de la Casa del Porrejón, término usurpado por los primeros25. Pedro de Barrientos también arrienda al concejo de Zapardiel los términos que tiene usurpados en el lugar, incluso después de la sentencia judicial en su contra26. Pedro de Ávila hace lo mismo en el Burgo27. Tales ejemplos sirven para recordar que las menciones a arrendamientos y contratos no necesariamente se corresponden con la existencia real de un acuerdo económico entre partes, sino que bien pueden encubrir meras imposiciones de rentas basadas en el ejercicio de la fuerza28.
La extracción puede pesar colectivamente sobre el concejo aldeano, como en los ejemplos anteriores, pero también es habitual la práctica de acordar una renta por el uso de la tierra usurpada con los campesinos de forma individual. Diego González de Contreras ocupó el término concejil de la Garganta de Gallegos y no permite a los vecinos cortar nin paҫer... salvo que se avienen con él o con su mayordomo29. Lo mismo hace Sancho Sánchez de Ávila al arrendar a diversos vecinos de San Pascual la tierra que tiene ocupada en la Laguna de Montalvo30.
El objetivo de imponer extracciones sobre los aldeanos es también evidente en los casos en que la usurpación no afecta, o no afecta principalmente, a pasturas, sino a otros bienes. Sancho Sánchez tiene ocupados molinos comunales que pertenecen a la jurisdicción de Ávila31. En el conflicto del concejo abulense con Rodrigo de Vivero por el monte de Castronuevo, el motivo central en disputa es quiénes entran a cortar leña al dicho monte32. En ocasiones la apropiación afecta a bienes de algún individuo. Juan Vázquez Rengifo, acompañado por hombres armados, ocupó unas casas y heredades que un vecino de Medina del Campo tenía en la aldea abulense de Ximarrendura, expulsando a su rentero y apropiándose también de los maravedís que le correspondían en la renta de una dehesa33. Un comportamiento análogo es el de Diego del Águila, que tiene ocupadas ҫiertas heredades de dos hermanos vecinos de Ávila34. Estos casos, obviamente, ya no pertenecen al fenómeno clásico de las usurpaciones de comunales, pero responden a la misma lógica de imposición de rentas y apropiación violenta de recursos por parte de las oligarquías concejiles.
El interés no exclusivo en la apropiación de pastos se revela también cuando la usurpación afecta a poblados enteros. Gil Gómez Rengifo, perteneciente a un linaje prolífico en usurpaciones, tenía ocupado el lugar de El Hoyo, las heredades e labranҫas e las casas de él, como suyas35. Nuño Rengifo y Francisco de Soto tienen ocupado por la fuerza a una viuda de Salamanca y sus hijas el lugar de Pelmaza, en tierra abulense, habiéndose apropiado del dicho logar e los vasallos dél... e les avedes levado e levades los frutos e rentas de todo ello36. En Bóveda, Gil González de Ávila tiene ocupados términos e corralizas e prados e tierras e molinos e otras cosas, es decir, todo lo que puede controlar en el lugar37. Por ello, cuando una disposición regia denuncia que los usurpadores llevan todo lo que rentan e han rentado los términos que ocupan, podemos entender que no se trata de una expresión que se restrinja al aprovechamiento privado de pastos comunales, sino a un fenómeno mucho más amplio, que incluye de modo habitual y sin solución de continuidad la imposición de rentas y tributos sobre los aldeanos38.
Estos casos, entonces, tienden a alejarse del paradigma de la ocupación de tierras con fines ganaderos, para introducir elementos que ponen más de relieve la conexión entre las prácticas usurpadoras y el dominio directo sobre los productores. Cuando un poderoso toma el control de un término concejil para luego cobrar por su uso a individuos o comunidades que teóricamente podrían usufructuarlo libremente, o instala labradores en las tierras usurpadas, o se apropia de heredades, tierras de labranza, molinos u otros bienes, o incluso se apropia de aldeas enteras, el objetivo buscado es imponer coactivamente una extracción sobre los productores39. Aquí estamos ante las prácticas señorializadoras queremos destacar, entendidas como la construcción de una relación de explotación de facto. Ya no se trata simplemente de apropiarse privadamente de un recurso natural colectivo para ampliar la riqueza personal, sino de tejer relaciones de dominio directo, informales pero efectivas, sobre los aldeanos de la tierra. El caso de Pedro de Ávila, que impone una detallada lista de tributos a los vecinos de Navalmoral40, no debe considerarse una excepción sino, por el contrario, la manifestación más desarrollada de una tendencia que es similar en la mayor parte de las «violencias», «abusos» y «usurpaciones» de los caballeros.
Esta tendencia permite comprender que, en el extremo, la usurpación de términos sea relativamente indistinguible de la usurpación de jurisdicción, en el sentido del dominio político-administrativo propiamente dicho41. No es casual que ambos fenómenos sean solidarios; aunque sean material y conceptualmente distintos, hay una tendencia a que uno se siga del otro42. El vocablo aparece ya en la Ley de Toledo de 1480, donde se habla en distintas oportunidades de la restitución de lugares e jurisdiҫiones e términos, prados e pastos e abrevaderos e otras cosas, expresión de tal amplitud que da cuenta de las diversas modalidades que presenta el fenómeno43. Más precisa al respecto es una conocida carta de Isabel de 1479, donde se presenta un cuadro detallado de las formas en que los caballeros abulenses dominan a los aldeanos de la Tierra. Se denuncia allí que los poderosos actúan como encomenderos de los pueblos, tienen mayordomos que mandan en ellos, dictaminan en los pleitos sin dejar a los vecinos acudir a la justicia concejil y se apropian se las tasas e derramas e repartimientos que corresponden a la Corona. En síntesis, tyenen sojuzgados los pueblos e vezinos e moradores de ellos, conmo sy fuesen sus vasallos44. Algunos lugares parecen resignarse a este dominio como forma de hacer frente a las exigencias de la ciudad45; esto indicaría que el señorío colectivo de la elite regimental urbana induce como respuesta el desarrollo de estas formas señoriales embrionarias y espurias. Como sea, el resultado de tales prácticas de dominio es enagenar los dichos lugares e se apartar de la mi juridiҫión regia46. Los grandes caballeros abulenses, como Pedro de Ávila, Fernando Gómez y Sancho Sánchez, compran casas y heredades de poca quantýa en los pueblos, no para acceder a los comunales de aldea (como sería de esperar según el modelo de aprovechamiento ganadero), sino por tener la mano en el tal lugar o conҫejo, y de ese modo tomar las rentas de las alcavalas e terҫias para sý e a su cargo47. Del mismo modo, Ferrand Gómez tiene ocupados términos en los alrededores de Mengamoñoz, cobrando portazgos y tratando a los aldeanos conmo vasallos, estando conmo están poblados en tierra de Ávila, conmo si non estoviesen en ella48.
El caso más paradigmático y mejor documentado del ámbito abulense en este sentido son sin duda las usurpaciones de Pedro de Ávila. Acabamos de mencionar las imposiciones de tipo señorial que realiza sobre los aldeanos de Navalmoral, donde también toma prendas y no permite acudir a la justicia de Ávila, usurpando la jurediҫión de la dicha ҫibdat, al punto que los aldeanos dicen no conocer otro rey ni otro señor syno a Pedro de Áuila49. No son, por cierto, los únicos que experimentan tal situación. En Quemada, pequeño poblado de una veintena de vecinos, Pedro les faze pechar para sý en sus lugares [es decir, en los señoríos de Pedro] e que no les dexa pechar ni contribuyr en la dicha ҫibdad50. En Hoyoquesero se manda que Pedro deje de exigir los dichos ҫensos e tributos [...] nin exerҫiesen juridiҫión alguna en el dicho lugar como veía haciendo y como, de hecho, se resiste a dejar de hacer a pesar de la sentencia en contrario51. La situación es similar en el concejo del Burgo, con el agravante de que en este caso el Consejo real anuló a petición del usurpador las sentencias en su contra, volviendo el caso virtualmente a foja cero (lo que muestra de paso que la política regia es menos unívoca de lo que parece)52. También los pobladores del Quintanar pagan renta y acuden a los alcaldes del señorío de Las Navas, a pesar de ser jurisdicción abulense53. Como señala el procurador concejil en un pleito por varios lugares usurpados, Pedro se había valido de su preeminencia política y la de su linaje en la ciudad para apoderarse de muchos lugares de la Tierra54.
Estas situaciones se alejan decididamente de un modelo de apropiación de pastos con fines productivos, para ubicarse claramente en el terreno de las formas de señorialización de facto que han identificado distintos investigadores55. La diferencia entre ambas prácticas, que sin duda existe, no niega el estrecho parentesco que las vincula: privatización ilegal de pastos, imposición de prendas arbitrarias y «arrendamientos» espurios, usurpación de aldeas, de la justicia local y de las rentas regias, son elementos progresivos de una misma lógica de dominación social. Distinguibles como tipologías ideales, los límites entre estas prácticas pueden llegar a ser borrosos en situaciones concretas. Toda usurpación supone, por definición, la puesta en práctica de una capacidad coactiva, que contiene de modo potencial la posibilidad de su ampliación, es decir, la posibilidad de aplicar esa coacción al sometimiento más amplio de los aldeanos. Se trata de una suerte de efecto dominó56, donde el control sobre la tierra usurpada habilita un potencial despliegue de formas de dominio social sobre las poblaciones, que eventualmente conducen a la instauración de formas señoriales irregulares e incompletas. La utilización de clientelas armadas, las agresiones arbitrarias, la construcción de casas fuertes y la erección de horcas, prácticas habituales de los poderosos, tienen la doble función de imponer y a la vez escenificar la nueva relación de subordinación57. Sin duda, esta reproducción ampliada del dominio de las oligarquías podría alcanzar distintos grados en casos particulares, condicionada por la relación de fuerzas existente en cada situación concreta, pero es importante tener presente el fundamento común que caracteriza a esa amplia variedad de prácticas.
2. HEREDADES Y TÉRMINOS REDONDOS COMO BASE DE LA SEÑORIALIZACIÓN.
Hasta aquí hemos comentado las formas más visibles de la señorialización de facto, aquéllas que se presentan en la documentación como actos ilegales disruptivos del orden social, aunque no por ello menos constantes y reiterados. Como hemos mencionado, sin embargo, estos actos no son solamente anomalías frecuentes (aunque así tienden a aparecer en la documentación), sino que se conectan estructuralmente con las formas más legítimas y reconocidas del dominio social, y en especial con las condiciones de realización de la propiedad privilegiada de los caballeros. En efecto, las oligarquías concejiles detentan propiedades privadas en sentido estricto, jurídicamente reconocidas en sus privilegios estamentales. En sí mismas, estas propiedades están despojadas de atributos señoriales, y como tales sólo les permitirían ejercer un poder económico sobre las poblaciones, sea atrayendo mano de obra en forma de asalariados o sea tentando a individuos y comunidades con deficiente acceso a la tierra a arrendar esas heredades58. Se pueden interpretar estas situaciones como formas de explotación económica de la tierra y el trabajo, en sentido estricto.
Pero también es importante destacar que propiedad privada privilegiada y dominación cuasi-señorial son formas sociales fuertemente emparentadas. Existen, de hecho, innumerables vasos comunicantes que lleva a la transformación y entrelazamiento mutuo entre ambas. Para empezar por lo más elemental, es un hecho conocido que las heredades propias son la base de las usurpaciones que hemos analizado más arriba; en este sentido, puede decirse que la propia práctica de los poderosos nos indica la vinculación entre ambas59. Veamos algunos ejemplos. En Gotarrendura, Juan de Cordobilla y otros caballeros abulenses que están heredados e tienen bienes en el dicho lugar, ocupan los términos, toman prendas y tienen el dominio de la aldea, poniéndoles grandes miedos a los campesinos60. En El Atizadero ocurre lo mismo con algunos vecinos poderosos que a cabsa de alguna heredad que allý tienen diz que se an tanto señoreado en el dicho lugar61. La base de la usurpación del concejo rural de Bóveda por parte de Gil González son ҫiertas heredades que dicho caballero posee en el lugar62. También es un recurso habitual correr los mojones de las tierras propias para ocupar tierras concejiles, como había hecho Urraca González, viuda de Pedro García de Contreras, en el término de San Miguel de Serrezuela, uno de los casos más tempranos que registra la documentación del Asocio63. Un ejemplo adicional de esto son las sucesivas ampliaciones de tierras ocupadas realizadas por el linaje de Pedro de Ávila, partiendo de una tierra propia llamada Navasauce, en sí misma adquirida de modo dudoso64. Caso análogo, en esencia, es la declaración ilegal como «término redondo» por parte de un propietario principal en lugares donde sin embargo existen otros herederos, como hace la mujer de Nuño Rengifo en Las Vecedas65.
Es, por lo tanto, realmente excepcional una usurpación como la de Gonzalo de Ávila en el término de Artuñeros, donde non tiene heredad... nin otro título alguno66. Por norma general, por el contrario, las sentencias contra las ocupaciones ilegales siempre reconocen la propiedad legítima de casas, heredades y tierras de pan llevar que los usurpadores poseen en el lugar en cuestión67. Y con ese reconocimiento, de hecho, dejan intactas las bases materiales «legítimas» desde las cuales los poderosos reinician de modo recurrente sus apropiaciones68. Eso es lo que hizo Pedro de Barrientos, que tenía arrendado a ҫiertos rrenteros el término del dicho lugar de Ҫapardiel por término rredondo suyo de modo ilegal69. Luego de la sentencia en su contra, que negaba su condición de único heredero pero pulcramente resguardaba sus eventuales propiedades legítimas, Barrientos siguió con su política de compra de tierras en el lugar por les fazer mal e daño, reiniciando sus agresiones, prendas y demás formas de dominación sobre los pobladores70.
Esto último indica que no sólo se usurpan los términos en que se tienen heredades propias, sino que también se adquieren heredades propias para usurpar los términos en que éstas se encuentran. Hay una retroalimentación mutua y positiva entre una y otra forma de apropiación71. A tal punto es así que toda compra de heredades por parte de sujetos poderosos pasa a ser considerada un intento embrionario de usurpación. Por ello es que una carta regia de 1489 denuncia que cavalleros e personas poderosas intentan comprar propiedades en la Tierra de Ávila, lo que daría lugar a que los términos se enajenen en poder de personas de quien esa ҫibdad puede reҫibir daño. La situación es tan preocupante como para justificar la adopción de una drástica medida: Isabel dispone que la Corona comprará, tanto por tanto, las tierras que se ofrezcan a la venta, prohibiendo su adquisición por parte de los particulares72. A pesar de su carácter contradictorio desde el punto de vista puramente económico73, la norma desnuda el peligro que supone para la organización social y política concejil el crecimiento del patrimonio rústico de los poderosos, aunque ese incremento fuera legítimo y se realizara de modo legal. Sabemos que la disposición se intentó aplicar con cierta seriedad: todavía cinco años después, la monarquía daba autorizaciones puntuales para enajenar tierras, siempre y cuando no se vendieran a Fernando Gómez Dávila ni a Pedro de Ávila, los más poderosos caballeros74. En 1496 volvía a pregonarse por las calles de Ávila que nadie pudiese comprar término nin términos redondos algunos en su jurisdicción75. La misma carta se intentó utilizar para bloquear las compras que, según vimos, realizaba Pedro de Barrientos para relanzar su ofensiva en Zapardiel, luego de la sentencia judicial en su contra. Por cierto, el concejo local ya había ofrecido a Barrientos comprar sus heredades tanto por tanto, a lo que obviamente éste se había negado, dado que para él, el valor de las mismas no consistía en su precio de venta sino en la posibilidad que le brindaban de dominar la aldea entera76.
Las mismas razones que llevan a la monarquía a prohibir las compras de tierras por parte de los caballeros abulenses más poderosos, la llevan también a mandar revocar la ordenanza del concejo que establecía el derecho de los propietarios a declarar como término redondo cualquier lugar donde otro no tuviese más de media yugada de heredad77. Los privilegiados locales, beneficiarios del derecho establecido por la ordenanza, protestaron ante la Corona por su derogación, lo que dio lugar al inicio de un proceso de averiguaciones a cargo del corregidor de Arévalo78. Más allá de su dudosa efectividad, la disposición de la monarquía revela su preocupación en cuanto a cómo el perfeccionamiento de las formas de la propiedad privada premoderna, lejos de limitarse al ámbito de lo económico, constituye una amenaza a la integridad jurisdiccional del realengo. Como señala acertadamente Monsalvo Antón, el régimen de término redondo es «un fenómeno diferente pero a veces paralelo, previo o concomitante a la señorialización»79.
La íntima relación existente entre las propiedades privadas privilegiadas y la dominación señorial embrionaria, e incluso el carácter difuso de los límites que pueden llegar a existir entre ambas en ciertas circunstancias, queda también en evidencia en el argumento de la supuesta propiedad de la tierra al que recurren los usurpadores cuando ven cuestionado su dominio ante la justicia. Los poderosos argumentan habitualmente que tienen las tierras por compra o herencia80. De por sí, esto indica que la dominación cuasi-señorial podía camuflarse como dominación económica legítima. Sancho Sánchez, por ejemplo, en el pleito por la Laguna de Montalvo, presenta testigos que declaran que las tierras son suyas y de sus antecesores, y que en virtud de ello cobra rentas en el lugar81.
La usurpación de Navalmoral por parte del linaje de Pedro de Ávila, que ya hemos mencionado, es muy ilustrativa en este sentido. La ocupación del lugar data al menos de principios del siglo XV; ya en 1436 una sentencia mandaba devolver el término a la jurisdicción abulense, aunque dando protección expresa a las heredades e casas e tierras de pan llevar e dehesa adehesada que el usurpador.
Diego de Ávila, abuelo de Pedro, pudiera tener allí82. No sabemos si esa sentencia no se ejecutó, o si los usurpadores, preservada su presencia patrimonial en el lugar, volvieron a instaurar su dominación en el mismo, como solía ocurrir. Lo cierto es que a fin de siglo se desata una prolongada disputa legal por el término. En ella, y más allá de otros aspectos que ya hemos mencionado, Pedro de Ávila presenta como argumento jurídico principal que su actuación en Navalmoral obedece pura y simplemente a su condición de propietario. Mientras los aldeanos denuncian que les avían levado ynpusiҫiones por paҫer e cortar e arar la tierra de sus altezas83, Pedro sostiene que él tenía numerosas propiedades en el lugar y que los pobladores, teniendo nesҫesidad de todo ello, se lo habían tomado a censo84. El mayordomo de Pedro incluso había dado instrucciones precisas a los campesinos sobre qué debían responder a las preguntas del corregidor, para que dixesen cómo todas las tierras de este Navalmoral heran de Pedro Dáuila que las avía él conprado, aunque ellos en realidad sabían que no conpró nada de todo esto que tenía ocupado, syno poca cosa y de mala ventura85. Finalmente, la sentencia en contra de Pedro es confirmada por el rey, ecҫebto en quanto a la propiedad de todo lo contenido en la dicha sentenҫia, en que se reserva el derecho del usurpador a proseguir la demanda según crea conveniente86. En esencia, por tanto, la misma resolución que ya se había tomado (inútilmente) en 1436: al sentenciar en contra de la usurpación del lugar pero dejar asentada la legalidad de unos indeterminados derechos de propiedad del usurpador, se deja de hecho intacto, no su poder, pero sí los fundamentos del mismo. Es decir, se anula la ocupación ilegal, pero se preservan las condiciones que llevan a ella. Aunque los aldeanos, como acabamos de ver, afirmaban que Pedro apenas había comprado «poca cosa» en el lugar87, el poderoso caballero dispone de recursos para imponer otra interpretación de los hechos. Apenas unos meses después de la sentencia en su contra, Pedro ya está pleiteando nuevamente, victimizándose ahora al denunciar que los aldeanos le queredes ocupar todos los dicho sus heredamientos88, e iniciando un nuevo juicio basado en la vía argumental de la propiedad que la sentencia anterior le había dejado abierta: dado que sus antepasados y él mismo adquirieron todas las casas, tierras e heredades que diz que son en el dicho logar e sus términos, él tiene por tanto derecho a tener e poseer el dicho logar e los términos dél por logar e término redondo89.
Esta vía argumental irónicamente «moderna», según la cual el apropiador sostiene tener sólo la propiedad estricta de la cosa, despojada de atributos políticos o jurisdiccionales, es interesante en un doble sentido. Por un lado, porque señala que, como es sabido, existe una diferencia formal entre uno y otro tipo de propiedad, esto es, que efectivamente los caballeros y poderosos tienen heredades, o términos enteros, despojados de atribuciones de mando o de autoridad política alguna90. Esta es la diferencia real en que se basa el argumento y también las sentencias, cuando anulan las usurpaciones pero reconocen la legalidad de las propiedades inmuebles del usurpador. Esto revela la no identidad entre el estamento de los caballeros y la clase feudal en sentido estricto91. Por otro lado, sin embargo, el uso de tal argumento de la propiedad en los juicios por usurpaciones señala la existencia de márgenes borrosos entre esos derechos diversos. Esta proximidad entre una forma de propiedad privada premoderna y una forma de control cuasiseñorial sobre las personas explica que el argumento fuera verosímil desde un punto de vista formal, e incluso que sea difícil establecer en condiciones concretas cuál es el límite entre una y otra forma de poder. En el pleito por la usurpación de Quintanar, un proceso muy similar al de Navalmoral que acabamos de reseñar, Pedro de Ávila defiende que el lugar es su propiedad y término redondo, comprado por justo título por sus antecesores y heredado por él, en virtud de lo cual estaba poblado por renteros e caseros del dicho su parte, quienes le pagaban renta por lo que senbravan e cogían en el dicho lugar, dado que era cosa propia del dicho su parte. El argumento está hasta aquí basado en la lógica de la propiedad a secas. Sin embargo, a renglón seguido, el propio Pedro reafirma su posición diciendo que también se demostraba que el lugar era de su propiedad porque los renteros llevavan [la renta] a la dicha villa de Las Navas, el señorío colindante de Pedro, y además dichos renteros yvan a los llamamientos y emplazamientos que les heran fechos por los alcaldes de la dicha villa de Las Navas. Dichos alcaldes señoriales, de hecho, avían usado e exerҫido su jurediҫión en el dicho logar e término del Quintanar, lo que en definitiva demostraba que los pobladores de este último lugar eran personas sujetas a la jurediҫión de la dicha villa de Las Navas92. Como puede verse, aquí el argumento pasa indistintamente y sin solución de continuidad de los atributos económicos de la propiedad pura a los atributos jurisdiccionales del dominio señorial. El caso es especialmente emblemático, además, porque Pedro reconocerá explícitamente que posee el lugar en calidad de término redondo, y su parte no pretendía tener juridiҫión ҫevil nin criminal en los dichos términos, nin negava que es dentro del término e juridiҫión de la dicha ҫibdad de Ávila93.
Estas contradicciones argumentales son difíciles de comprender desde una lógica que postule la distinción tajante entre propiedad privada sobre la tierra y poder de coacción sobre las personas. Como decíamos antes, la distinción entre una y otro no debe llevar a ocultar las estrechas relaciones que los vinculan y dan lugar a formas híbridas, según las circunstancias y las relaciones de fuerzas entre los sujetos involucrados. Pedro de Ávila es un ejemplo extremo, como ya dijimos, pero por eso mismo revela de forma más clara las tendencias que subyacen en otros casos similares.
El entrecruzamiento entre propiedad y dominio que caracteriza a la propiedad privada premoderna también se revela en la continuidad que existe entre una renta «económica» y una imposición cuasi-señorial. En ausencia de un mecanismo mercantil desarrollado que determine el nivel de la renta de la tierra, la diferencia entre una extracción económica y otra extra-económica se torna una distinción cuantitativa, imposible de establecer con precisión. Es lo que ocurre en el caso ya mencionado de Diego González del Águila, acusado de usurpar tierras de la aldea de Gallegos. Como suele ocurrir, Diego era legítimo propietario de dos prados en el lugar. El concejo aldeano decidió tomarlos en arriendo para evitar la introducción de ganados de afuera. Diego se los dio por 50 maravedíes, pero después de cada año que les fuera subiendo la rrenta hasta alcanzar los 1500 maravedíes, que los aldeanos pagaban para evitar que les tomara prendas y les hiciera otros agravios94. En una situación como ésta, donde la renta se multiplica por 30, es evidente que en algún punto los campesinos empezaron a pagar, no ya por el mero uso de la tierra, sino un tributo de facto, sostenido por el uso real o potencial de la fuerza por parte del caballero. La metamorfosis de una forma de extracción en la otra es tan evidente en los extremos como imposible es determinar con certeza en qué momento se produce. Es decir, en qué momento Diego del Águila pasó, de ser un propietario privilegiado que daba en arriendo sus prados, a imponer a los aldeanos una extracción de excedentes que puede catalogarse como un tributo ilegal.
Casos como éste, en rigor, ni siquiera suponen una usurpación de tierras en sentido estricto. Por el contrario, lo que ponen en evidencia es que la propiedad privilegiada legítima de los caballeros adquiere su connotación específica en relación con el poder social y político del propietario, esto es, como instrumento de las prácticas señorializadoras informales de la oligarquía. En un mundo de relaciones sociales no cosificadas, no sólo las tierras apropiadas por la fuerza, sino también la propiedad privada de los dominantes se asienta en el dominio social implícito sobre quienes la trabajan y tiende a convertirse en una forma extraeconómica de control sobre los productores95. La situación es visible en el conflicto entre el regidor Francisco de Ávila y el lugar de Riofrío, en cuyo término el primero tenía dos dehesas que solía arrendar al concejo aldeano. Esto podría considerarse a priori como una forma típica de propiedad privada de la oligarquía y de contrato económico de aprovechamiento de la misma por parte de los productores. En algún momento, sin embargo, surgió una desavenencia sobre el monto de la renta: no es improbable que Francisco pretendiera iniciar una escalada de incrementos como había hecho Diego González del Águila en Gallegos. Lo cierto es que, ante la negativa del concejo a pagarle lo que exigía, Francisco desató una ola de violencia sobre la aldea, tomando prendas desmesuradas, degollando el ganado de los campesinos, impidiendo la caza, mandando encarcelar a los vecinos porque la justiçia faze lo que él quiere, dando palizas a algunos y mandando abofetear las mugeres casadas, e otras muy muchas synrrazones e agravios96. Todo ello porque el dicho conçejo de Rriofrío non le da por ellas [las dehesas] lo que él quiere97. El conflicto revela lo que permanece larvado en tiempos de paz social, esto es, el carácter relativamente ficticio de la propiedad de la tierra por parte de los caballeros como atributo económico despojado de otra cualidad, y también el carácter igualmente ficticio del contrato de arrendamiento como acuerdo económico entre dos partes formalmente libres. Lo que vemos, por el contrario, es que la renta de las dehesas, lejos de ser el precio por el uso de la tierra, expresa la relación de fuerzas entre los actores involucrados o, dicho de modo más específico, la capacidad relativa del propietario para apropiarse, por medios coactivos (en potencia o en acto), de una fracción determinada del plustrabajo de los productores. Téngase en cuenta además que si los aldeanos se hubieran sometido y hubieran pagado lo que pedía Francisco por temor a las represalias, se hubiera perpetuado la ficción contractual y seguramente no hubiéramos tenido noticia alguna del caso: no es inverosímil pensar que esto es lo que ocurría en muchas otras situaciones análogas98.
Por lo tanto, incluso cuando no hay una ocupación ilegal de tierras ni denuncia de usurpación alguna, la capacidad coactiva del propietario interviene en la determinación de la rentabilidad «económica» de sus propiedades. Luis de Valderrábanos, propietario por compra del lugar de Martín Domínguez, utiliza las mismas estrategias que cualquier usurpador en su relación con los campesinos de las inmediaciones99. Lo mismo podemos intuir en alguna denuncia sobre la relación individual de los propietarios con los campesinos. La viuda de un rentero de Gil González, usurpador de Bóveda, por ejemplo, señala que por la carestía de los primeros años del siglo XVI su marido no había podido pagar la renta, y aunque ella y sus bienes no están obligados como garantes, le han tomado ilegalmente unas casas de su propiedad e la echaron dellas e le tyenen tomado todo quanto tenía100. Tanto en calidad de usurpador, como siendo parte en un contrato de alquiler de una propiedad legítima, Gil González se comporta de un mismo modo: aquél en que poder, propiedad y coacción se combinan de modo indisociable como fundamento de la dominación.
La analogía en las prácticas y formas de reproducción de los caballeros en tanto usurpadores y en tanto grandes propietarios se manifiesta también en que, tanto en uno como en otro papel, aspiran a establecer una relación de dominio exclusivo con los campesinos sometidos a su poder. Ya vimos que las usurpaciones pueden derivar en apropiaciones de la jurisdicción y las rentas regias; otro tanto tiende a ocurrir con los arrendatarios de los poderosos. Los propietarios privilegiados intentan sustraer a sus dependientes del pago de rentas regias, para convertirse en los únicos detentadores del excedente producido por estos; es decir, para convertirlos en sus renteros e tributarios, como dice una denuncia que utiliza ambos términos como sinónimos101. Rodrigo de Valderrábano, regidor, impide la recaudación de alcabala en varias aldeas abulenses donde él y su mujer son grandes propietarios, diciendo a los labradores, que son sus renteros, que non pagasen cosa alguna de lo que deviesen102. La situación es tan generalizada que en 1491 los monarcas establecen un modelo de juramento para nobles, caballeros y escuderos, en que se comprometen a no entorpecer la actividad de los recaudadores regios, lo que ocurre tanto en los señoríos como en las propiedades privilegiadas no señoriales103.
Las actuaciones de Juan de Herrera, vecino de Ávila y morador en Cantaracillo, revelan lo esencial de estas formas de propiedad y de su construcción como mecanismos de dominio social. En 1480 este hidalgo10 presenta una demanda contra los vecinos de dicha aldea, donde posee diversas tierras y heredades, acusándolos de querer usurparle sus propiedades, derribar sus construcciones, pacer el ganado aldeano en sus prados, y otras prácticas de apropiación campesina del espacio. Más aún, denuncia que los aldeanos fazen ligas e munipodio para que nadie compre el vino y el grano que él vendiese, ni trabaje para él. Juan dice que incluso lo han acusado falsamente de tener tierras usurpadas, por lo que él, a fin de evitar problemas con los pobladores, cedió terrenos propios en una concordia para que se guarden como comunales105. De conjunto, la denuncia revela la debilidad que presentan las formas de propiedad privada cuando los campesinos deciden atentar contra ella; dicho de otro modo, revela la fragilidad de las relaciones sociales cuando éstas se construyen sobre la mera propiedad de la tierra. Es evidente que Juan de Herrera no puede garantizar la rentabilidad económica de sus heredades (en rigor, ni siquiera puede garantizar su propio usufructo de las mismas), en un contexto donde el acceso campesino a los recursos debilita el efecto de la coacción económica derivada de la propiedad de la tierra106. Lo interesante del caso es que Juan comprendió perfectamente la situación y la afrontó de la única forma racional para sus intereses, esto es, organizando exitosamente los mecanismos de una dominación violenta que le permitieran alterar la relación de fuerzas en su favor. Casi una década y media más tarde, en 1494, la situación se ha invertido completamente: la denuncia la realizan ahora los aldeanos, frente a las violencias y agravios del hidalgo y su hueste de onbres estranjeros que prenden e ultrajan a los labradores con todo tipo de atropellos. Han pasado los tiempos en que Juan penaba por la inseguridad de sus propiedades; respaldado por un poder explícito y tangible, ahora se comporta conmo sy fuese señor de la dicha tierra 107.
Ello no implica, por cierto, que todo gran heredero siguiera necesariamente el recorrido de Juan de Herrera. No sería adecuado buscar un derrotero predeterminado en un universo que justamente se caracteriza por formas híbridas, no cristalizadas, y donde por lo tanto predomina la diversidad. De hecho, en el caso recién analizado, la evolución está fuertemente influida por la lucha campesina: la transformación en la naturaleza del poder social de Juan de Herrera en Cantaracillo aparece, en rigor, como respuesta a una ofensiva campesina que revela la fragilidad de su condición de gran propietario. Juan podría haber optado, de hecho, por la estrategia opuesta: esto es, por (mal) vender sus propiedades a los aldeanos, reconociendo su propia incapacidad para explotarlas. En otros casos, sin duda, podría mantenerse una situación intermedia, un equilibrio precario entre herederos privilegiados y aldeanos, donde eventualmente los primeros (en especial si no eran vecinos del lugar) se conformaran con beneficios mediocres, mientras que los segundos respetaran a grandes rasgos la integridad de sus propiedades. La impresión que brindan los casos analizados, sin embargo, es que el incremento del patrimonio de un poderoso en un lugar determinado tornaba más probable, e incluso más necesario, el despliegue de formas directas de dominio sobre los pobladores.
En este sentido, podría pensarse que Juan de Herrera expresa el extremo opuesto de la misma lógica que hemos visto en las acciones de Pedro de Ávila. Este último, con su cristalizada posición nobiliaria y patrimonial, despliega una lógica indubitablemente señorial en todas sus prácticas, sea que se trate de usurpar aldeas del realengo o de administrar heredades propias. El primero, en cambio, un ignoto personaje del estamento privilegiado local pero sin rango señorial ni participación política conocida, debe construir una posición de dominio físico y social en Cantaracillo para salvar sus heredades de la depredación de los aldeanos. Pedro de Ávila actúa como señor, incluso frente a quienes no son sus vasallos, porque es la única lógica social que admite y en la que se reconoce. Juan de Herrera, en cambio, se ve impelido a desplegar un abanico de prácticas señorializadoras informales, porque es el único modo en que puede protegerse como propietario. En un extremo, toda propiedad aparece inmediatamente como señorío; en el otro, la construcción de un dominio cuasi-señorial aparece como la única vía de realización de la propiedad. Como casos extremos, ninguno de ellos es representativo; pero al mismo tiempo, por ser casos extremos, delimitan el abanico de posibilidades en que la propiedad privada premoderna y el dominio coactivo sobre los productores pueden combinarse para definir la forma real y efectiva que adquieren las relaciones de apropiación.
La variabilidad de derechos de propiedad aparece así como expresión de la variabilidad de posibilidades de apropiación del trabajo de otros, según las relaciones de fuerzas existentes en cada situación concreta108. La concepción moderna, cosificada y homogénea de la propiedad está interferida por la realidad de la propiedad como relaciones no objetivadas de dominio y apropiación, donde el vínculo con la cosa todavía no ha mistificado completamente el vínculo entre las personas109. Un documento muy singular, que en su momento analizara Monsalvo Antón en un brillante artículo, brinda elementos que permiten aproximarse a esta complejidad110. Nos referimos al amojonamiento del término de Zapardiel de Serrezuela realizado luego del conflicto con Pedro de Barrientos. El deslinde se realiza a petición del procurador de los pueblos, Juan González de Pajares, por que fuese conosҫido lo que cada un heredero tenía en ese dicho conҫejo e lo que era pasto común e conҫegil, de modo tal que cada uno conozca lo suyo e dello libremente se pueda aprovechar y así prevenir nuevas usurpaciones111. Como se deduce de esta última expresión, hasta entonces las heredades no sólo no se encontraban deslindadas, sino que los aldeanos no disfrutaban sus derechos de apropiación en la forma de un fraccionamiento del espacio que implicara la asignación fija de parcelas a los pobladores. En rigor, por lo tanto, no es que las heredades no estuvieran deslindadas, sino que no había heredades en tanto tales.
El deslinde, de hecho, sólo pudo ser realizado a medias a causa de esta contradicción de criterios: se deslindaron las hojas de labor y las tierras comunales, pero no las parcelas de cada heredero, de hecho inexistentes. Todos los testimonios confirman la situación: un testigo afirma que nunca oyó dezir que persona alguna tudiese heredad conoscida en el dicho lugar, otro dice que ninguna tierra non tenía conosҫida, un tercero que non sabe tierra señalada de ninguna persona112. En esas condiciones, cada uno labrava por donde quería, quedando mucha tierra sin cultivar para el pastoreo comunal113. Lo interesante del caso es que este régimen de propiedad es incompatible con las compras de heredades que presuntamente habría realizado Pedro de Barrientos para convertirse en propietario principal y poder declarar el lugar como término redondo. Barrientos no construye su posición dominante en el lugar por medios económicos que eran de hecho inviables en esa estructura de propiedad. Cuando un testigo dice que los de Barrientos se apoderaron desta tierra et lo arrendó a los de Ҫapardiel por término rredondo114, debemos concluir que estamos ante un acto de imposición política de extracción de excedentes sobre los pobladores, aunque el usurpador usara luego ante la justicia el argumento de la propiedad. El supuesto arrendamiento no es más que la imposición de un tributo colectivo, que obliga a los aldeanos a labrar toda la tierra para pagar: lo araron todo como rrenteros de los de Barrientos... por sacar la rrenta que avían de dar115. Son renteros, entonces, porque están sometidos al pago de tributo, no de una renta económica que tenga por condición lógica anterior la propiedad privada de la tierra. La relación de causalidad es, de hecho, inversa: como se desprende de la última cita, no pagan renta para poder acceder a la tierra, sino que labran la tierra para poder pagar la renta. Barrientos se transforma efectivamente en propietario, pero no porque un derecho económico de apropiación exclusiva sobre la tierra le permita cobrar por su usufructo a terceros interesados en ella, sino porque impone su dominación social a los campesinos que la trabajan116. Estas prácticas señorializadoras pueden no llegar a convertirse un señorío formal o reconocido, pero no por ello pueden considerarse derechos emanados de la propiedad de la tierra. Tal alternativa dicotómica no funciona en estos casos117.
Aclaremos para finalizar que con ello no queremos dar a entender que no existieran situaciones en que el contenido económico de la propiedad o del arrendamiento pudiera prevalecer de modo mayoritario. Nuestra intención es, por el contrario, destacar que el alcance efectivo de los derechos de propiedad se encuentra condicionado por las relaciones de fuerzas existentes en cada caso y que, en el caso de las propiedades de los sectores dominantes de la sociedad concejil, existe una fuerte tendencia a que la consolidación de su situación patrimonial en un lugar se oriente a establecer formas de dominación directa sobre los productores, que exceden los atributos derivados de la propiedad de la tierra. No se trata de una vinculación accidental o meramente derivada del comportamiento autoritario y abusivo de los caballeros, sino de una tendencia objetiva cuyas principales limitaciones probablemente fueran la competencia intra-estamental118 y, sobre todo, las distintas formas de la resistencia campesina.
3. CONCLUSIONES.
En las páginas anteriores hemos intentado presentar de un modo más explícito las formas concretas en que la propiedad privilegiada premoderna puede devenir en una forma cuasi-señorial, como consecuencia de las prácticas de dominación que despliegan los caballeros más poderosos del concejo abulense. No hemos dado, ni podemos dar, una definición indubitable de esas formas híbridas, salvo por la negativa: no son propiedad privada pura, no son señorío propiamente dicho (ni siquiera «menor»). Por el contrario, hemos apelado al análisis de su existencia y su dinámica práctica, dado que se trata de relaciones en proceso de construcción, en cuyo análisis es necesario intentar dar cuenta de la fluidez del proceso. En definitiva, la transformación del gran propietario en pequeño señor de facto supone a la vez un salto y una continuidad; es difícil comprender la dinámica concreta del espacio social si se destaca unilateralmente uno u otro de dichos términos. Las prácticas señorializadoras que hemos analizado permiten aprehender mejor lo que de otro modo aparecería como una dicotomía excluyente entre control de la tierra y control de los productores. Dicho de otro modo, se trata de las formas expansivas que caracterizan a la reproducción de las oligarquías urbanas, para quienes ampliar su dominio económico y territorial es simultáneamente y de modo indisoluble ampliar su dominio político y social. Como hemos señalado, esta evolución no es inevitable, pero ciertos balances locales de fuerzas la tornan altamente probable. El ideario estamental de los caballeros, de hecho, con todos sus elementos de superioridad y reminiscencias nobiliarias119, prefigura y anticipa esas prácticas, en las que los caballeros se presentan como lo que aspiran a ser y que los miembros más destacados del estamento efectivamente realizan en la práctica.
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