Jesús Alonso Carballés (coord.), La Segunda República española: el proyecto modernizador de una democracia reformista, 1931- 1936, Neuilly, Atlande, 2023, 415 págs.
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DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.44.2024.907-912.
La Segunda República española, un periodo clave en nuestra historia contemporánea del que es difícil por ello pensar que vaya a dejar de ser una de las referencias imprescindibles para el historiador que quiera comprender sin maniqueísmos ni fatalismos las raíces de la España del presente, cuenta para ello con una nueva obra. La coordinada en este caso por Jesús Javier Alonso Carballés, catedrático de Civilización española en la Universidad Bordeaux-Montaigne y cuya investigación ha estado centrada en cuestiones como el exilio de los niños vascos enviados durante la Guerra Civil a Francia y Bélgica, las actuaciones simbólicas en relación con las víctimas de dicho conflicto (Memorias de piedra y acero) o las políticas memorialistas puestas en marcha en España desde la Ley de Memoria histórica aprobada en 2007.
El profesor Alonso Carballés ha preparado la edición de esta valiosa obra contando para ello con un buen muestrario de historiadores e historiadoras jóvenes, de solvencia probada, que se han hecho cargo de vertientes imprescindibles para una buena y actualizada comprensión de lo que fue y de lo que supuso la República en el largo y dificultoso proceso de modernización de la sociedad española. Es importante señalar que el coordinador (y se nota en el resto de las colaboraciones) tiene empeño en presentar la Segunda República como un periodo autónomo en el que se puso en marcha un proyecto reformista de gran calado de la realidad española y no como el prólogo o la antesala de la Guerra Civil que vino después. Es decir, a pesar de los desgarros, los intentos, ya fuera de forma solapada o abierta de destruir la República, las contradicciones y rupturas dentro de la coalición que trajo inicialmente el nuevo régimen, el incremento de la violencia política en la fase del Frente Popular, hay una intención muy patente de huir de planteamientos fatalistas y teleológicos que privan de sustancia al periodo republicano y desplazan el foco para su intelección a la Guerra Civil posterior. Puede ser que en ello haya un cierto voluntarismo, pero en términos generales nos parece que ese propósito de estudiar la República por sí misma y de poner en valor el avance social y el salto cualitativo en la democratización del país que supuso es sustancialmente correcto.
Es obvio, por lo que llevamos dicho, que el libro se sitúa en la antítesis del revisionismo historiográfico que está cuestionando, por ejemplo, los resultados de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que busca rescatar a la CEDA y a Gil Robles presentándoles poco menos que como paladines de la democracia o que, al abordar el periodo del Frente Popular carga las tintas contra la izquierda y contra los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga atribuyéndoles la responsabilidad principal o casi exclusiva en que se iniciara la Guerra Civil (aquí habría que hacer entrar ciertos análisis aparentemente objetivos, pero sesgados, de la violencia política en la fase del Frente Popular). Pero eso no quiere decir en modo alguno que este sea un texto partidista o sectario. Los diversos trabajos que lo conforman son ponderados, se basan en una amplia y actualizada bibliografía y no están confeccionados en solitario sin tener en cuenta las restantes aportaciones, sino que, siempre que es necesario remiten a lo que se dice o se explica mejor en otros capítulos, Se podría decir, por tanto, que estamos ante una obra coral, más que ante una suma de contribuciones individuales. La obra se enriquece, además, en su parte final con una buena selección de documentos, de tablas u gráficos, un pequeño repertorio de biografías, una cronología, varias tablas con los resultados de las elecciones, una bibliografía desglosada para cada capítulo, y una breve explicación de la simbología republicana.
El coordinador del volumen, Jesús Javier Alonso Carballés se ha hecho cargo de la introducción, breve, pero sustanciosa en la que explica que el objetivo que han buscado ha sido el de “contribuir a asentar una visión centrada exclusivamente en el estudio de la Segunda República en paz, a emanciparla de su trágico desenlace”, aunque sin por ello olvidarlo ni marginarlo. Es decir, dejar de contemplarla como un preludio de la Guerra Civil y entendiéndola en cambio como “la culminación del proceso de modernización del país del primer tercio del siglo XX”. Y a continuación, en las aproximadamente sesenta páginas siguientes esboza lo que ha titulado como el “Marco referencial” en donde explica de forma sintética la evolución española desde la crisis de la Restauración hasta la primavera del Frente Popular no sin dibujar bien el contexto cultural, económico y político – europeo- en que se desenvolvió la experiencia republicana que no dejó de ser la última democracia que se proclamó en Europa después de la Gran Guerra.
La parte más extensa del libro es la que ha titulado “Problemáticas”, en donde además del coordinador, que firma uno de los capítulos, los restantes han sido escritos por cinco especialistas. Lo referente a la Constitución de
1931 y a las políticas de orden público ha corrido a cargo del profesor de la Universidad de Sevilla, Rubén Pérez Trujillano, que efectúa un análisis muy sólido y competente de ambos aspectos, sobresaliendo quizás el análisis que lleva a cabo de la Constitución de 1931 de la que explica muy bien su inserción en el constitucionalismo de entreguerras, su naturaleza jurídiconormativa que hacía que sus preceptos se desplegaran en todas direcciones, abarcando incluso la esfera privada, la buscada racionalización del poder político, limitándolo, mediante su subordinación al derecho. Destaca asimismo su alejamiento, tanto del unitarismo como del federalismo, el compromiso con la paz, su carácter marcadamente igualitario, del que derivaba un programa reformista en lo social, político y económico, el carácter unicameral del poder legislativo o, en fin, el poder “ingente” atribuido al presidente de la República, lo que condicionaría su vida institucional (entre otros aspectos realmente interesantes).
Pérez Trujillano atiende también a las políticas de orden público, ofreciendo un análisis matizado y en su conjunto, positivo, de normas que han sido muy criticadas en la literatura sobre este periodo, como la Ley de Defensa de la República o la de Orden Público de 1933. De la primera dice que contribuyó al desenvolvimiento del proceso constituyente en un momento crítico y de la segunda que acuñó un nuevo paradigma de orden público, afín al enfoque constitucional, social y democrático de entreguerras. Cosa muy diferente fue lo que ocurrió en el segundo bienio en que “se abogó por un uso torticero y políticamente reaccionario de los resortes coactivos del Estado”. Ya el modo como se abordó la huelga insurreccional de octubre de 1934, sobre todo en su concreción asturiana, tradujo la desnaturalización del concepto constitucional de orden público.
Las reformas militares son estudiadas por Alberto Guerrero, director de la revista Atenea. En su texto describe la situación anticuada y disfuncional en que se hallaba el ejército español antes de 1931 y lo necesario que era acometer una reforma en profundidad, como la que emprendió Manuel Azaña, aupado al Ministerio de la Guerra –luego, del Ejército- por sus estudios sobre las fuerzas armadas francesas. A pesar de las críticas que pronto le llovieron de que estaba procediendo a su “trituración” (él negó siempre haber dicho tal cosa), su decreto de retiros se hallaba plenamente justificado. Otras medidas que impulsó se refirieron a la revisión de los ascensos por méritos de guerra, la supresión de la Academia general militar, dirigida por Franco y que se había convertido en un reducto de africanistas, la eliminación del grado de capitán general, sustituyéndolo por el de general de división, con competencias exclusivamente militares, la creación del cuerpo de suboficiales del ejército o la reorganización militar del territorio en ocho divisiones orgánicas. También fue suprimida la polémica ley de jurisdicciones y se derogó el Consejo supremo de guerra y marina.
El autor admite, apoyándose en Fernando Puell, que Azaña pudo estar obsesionado con destruir lo existente o que pudo abusar de un lenguaje hiriente y mordaz que molestaba especialmente a los numerosos oficiales de fidelidad monárquica, pero en su haber está el hecho de que llevó a cabo la labor más eficaz de racionalización de la estructura militar desde hacía más de cien años. Bien es cierto que sus sucesores en el cargo (Diego Hidalgo y, sobre todo, José María Gil Robles) revisaron o diluyeron sus reformas.
Sofía Rodríguez Serrador, profesora en la Universidad de Valladolid se ocupa de otras dos importantes vertientes de la problemática republicana: la cuestión religiosa (relaciones Iglesia-Estado) y las políticas puestas en práctica en los terrenos educativo y cultural. La primera problemática es estudiada de forma muy solvente por la autora que explica muy bien sus antecedentes, los modelos laicistas y secularizadores ofrecidos por la República portuguesa y, sobre todo, la francesa, el rearme católico del primer tercio del XX (con un especial impulso durante la Dictadura de Primo) frente al avance de la secularización y del anticlericalismo que había devenido un punto central del programa y de las señas de identidad del republicanismo y del socialismo. Entrando ya en la Segunda República explica tanto las divisiones y matices que existían en el lado católico como también en el republicano, la posición de la jerarquía y del Vaticano, proclive en un principio a llegar a un acuerdo, la inflexión que supuso la discusión de algunos de los artículos del proyecto constitucional, o el conjunto de medidas laicistas y secularizadoras que se adoptaron y que culminaron con la ley de confesiones y congregaciones religiosas de 1933. Explica, por último, la intensa movilización llevada a cabo por la Iglesia, sus organizaciones y partidos afines que fortaleció una identidad y un concepto de la ciudadanía antitéticos a los que Azaña y los republicanos quisieron asentar en España, con una cierta ingenuidad ya que no fueron capaces de prever la envergadura y profundidad de la reacción que iban a suscitar.
Un punto clave de las políticas republicanas que tocaban al plano religioso fueron las educativas ya que el control de la educación, bien por parte del Estado y de la corriente laicista que lo inspiraba o de las órdenes religiosas y de las asociaciones católicas se situó en el centro de la batalla cultural de aquel quinquenio. En el capítulo se contextualiza muy bien el conflicto y se detallan las medidas adoptadas por la República en este terreno, que fueron especialmente eficaces durante el Primer Bienio. Se señala también cómo la Iglesia, durante el periodo radical-cedista, recuperó buena parte del terreno perdido, aunque no dejaron de registrarse durante el mismo medidas positivas como las tomadas por Villalobos en relación con la segunda enseñanza. Y se explica también la política cultural, con realizaciones tan originales y genuinamente republicanas como las Misiones pedagógicas.
Alonso Carballés reaparece en esta parte sobre las problemáticas haciéndose cargo del capítulo dedicado al Estado integral, fórmula adoptada en el proyecto constitucional inspirado por Jiménez de Asúa para evitar imprimir al nuevo Estado un sesgo unitario, pero tampoco federal (se tenía muy presente el desenlace de la I República) y dejando muy claro que la soberanía seguiría correspondiendo al Estado. Obviamente el peso del catalanismo político en sus variadas concreciones (además del de otros nacionalismos periféricos como el vasco o el gallego) gravitó desde el principio mismo de la República con la proclamación hecha por Francesc Maciá de la catalana dentro de un marco federal, aunque luego el Gobierno Provisional lograra reconducir la situación. Y. también con la puesta en marcha de su proceso estatutario, antes de que la Constitución hubiera sido promulgada. En su texto, el autor explica muy bien como se diseñó el Estado integral, la apelación al principio de voluntariedad, los requisitos para iniciar un proceso autonómico, la obligada discusión y aprobación de los estatutos regionales por las Cortes españolas y, por último, su plasmación concreta en el devenir de la República que solo se llevó a cabo en Cataluña e, in extremis, cuando la Guerra Civil ya había comenzado, en Euzkadi.
Rocío Negrete Peña, investigadora postdoctoral “Margarita Salas” firma un capítulo atinente a los derechos civiles y la igualdad jurídica de las mujeres. Ha de tenerse en cuenta que era en este plano del género, donde España iba más retrasada en el primer tercio del siglo XX, a pesar de algunas medidas como el acceso de las mujeres a la Universidad o el reconocimiento limitado del voto femenino –no aplicado-, durante la Dictadura Primorriverista. Por eso la legislación republicana, derivada en buena medida del principio igualitario en lo político (el sufragio) y en lo civil (la familia, el divorcio) prescrito por la Constitución supuso un paso tan importante para las mujeres españolas, pese a que no se reformó el Código Civil y a que, en otros planos, como el laboral, la igualdad estuvo lejos de conseguirse (así, en las Bases de Trabajo). La discusión del voto femenino en las Cortes Constituyentes, la controvertida tesis de que dicho voto iba a beneficiar a las derechas, la eclosión de organizaciones que pretendían encuadrar políticamente a la mujer (católicas, en buena medida) o las organizaciones femeninas antifascistas surgidas o potenciadas con el Frente Popular, concediendo una particular trascendencia a Mujeres Libres, figuran entre los aspectos abordados por la autora.
La Reforma Agraria, por último, es estudiada por el investigador predoctoral Adrián Sánchez Castillo. Su inclusión resulta lógica en este volumen dada la trascendencia de la “cuestión agraria”, pero también porque muy recientemente se han publicado obras muy ambiciosas en torno al reformismo en este plano que revisan en buena parte el estudio canónico de Malefakis y que amplían también lo que se entendía por reforma agraria, incluyendo dentro de ella la legislación projornalera del Primer Bienio.
Sánchez Castillo explica bien la sucesión de proyectos hasta que la ley fue aprobada en septiembre de 1932, el clima político en el que se preparó la norma o empezó a aplicarse con episodios recurrentes de violencia política (Castilblanco, Casas Viejas) o de aguda conflictividad –la huelga general campesina de junio de 1934- y que en parte estaban o estarían ligados a las limitaciones de aquella; así como el recurso a otras vías para mitigar el problema social, como los asentamientos de yunteros en Extremadura. Se explica por último la contrarreforma de Velayos, en 1935, y la presión ejercida desde abajo a la que los gobernantes del Frente Popular se acomodaron, legalizando ocupaciones, sobre todo en el campo extremeño (“primero el hecho, luego el derecho”) y dando un impulso mucho más decidido a la aplicación de la ley de 1932.