Concejos rurales y aspectos de gestión en la tierra de Piedrahíta (siglo XV)
Rural communities and management issues in the jurisdiction of Piedrahíta (fifteenth century)
Laura da Graca Universidad de La Plata-Universidad de Buenos Aires firstname.lastname@example.org.
Recibido: 31/10/2014
Aceptado: 26/02/2015.
RESUMEN.
Se analiza el grado de autonomía de los concejos rurales del término de Piedrahíta desde una doble perspectiva: la gestión del espacio jurisdiccional por parte del centro urbano (recaudación de tributos, control de comunales, distribución de funciones coercitivas y de justicia) y la actuación de las autoridades aldeanas a nivel local. Se plantea que la autonomía relativa de los concejos rurales es una aspiración central de la comunidad política aldeana y un rasgo asociado a un perfil de gestión que tiende a delegar la administración interna de la jurisdicción en oficiales de bajo rango y en los canales organizativos fundados en la participación de pecheros. Esta modalidad de gestión favorece el avance de las economías de los líderes aldeanos y la difusión de prácticas contrarias al interés comunitario.
Palabras clave: Concejos rurales, Gestión, Autogobierno aldeano, Autoridades urbanas y rurales, Piedrahíta, Siglo XV.
ABSTRACT.
The degree of autonomy of the village councils in the municipal district of Piedrahíta is analysed from a twofold perspective: the management of the territory by urban authorities (i.e. tax collection, control over common resources, distribution of coercive tasks and justice) and the performance of village authorities at the local level. It is posited that the relative autonomy of the village councils is a core aspiration of the local political community, as well as a feature of a management scheme that tends to delegate the administration of the jurisdiction to lower-ranking officials and to a tax collection system based on peasant involvement. This form of management favours the village leaders’ economies and breeds practices that go against the common interest.
Key words: Rural communities, Management, Village self-government, Urban and local authorities, Fifteenth-century Piedrahíta.
Sumario: 1. Introducción. 2. La relación del centro urbano con los concejos rurales en la comunidad de villa y tierra de Piedrahíta. 2.1. Recaudación de tributos y oficiales subalternos. 2.2. Testimonios de visitas de las autoridades urbanas a las aldeas. 3. Autogobierno y elite dirigente en el concejo rural de Navarredonda. 3.1. El concejo rural y la autonomía aldeana. 3.2. Prácticas agrarias de los oficiales aldeanos: la difusión de cerrados. 4. Conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN.
La comunidad rural como forma institucional es un fenómeno que los historiadores han vinculado a una fase de evolución del feudalismo, con argumentos diversos y evidencia de variaciones regionales respecto a los orígenes, antecedentes, funcionalidad y grados de autonomía de la organización aldeana1 . En este marco, algunos autores han planteado que las instituciones aldeanas responden a la necesidad de gestión por parte del señor, que utiliza en su provecho las formas organizativas preexistentes y otorga nuevas funciones que refuerzan la autoridad de los líderes aldeanos, de entre los cuales se reclutarán agentes de recaudación de rentas y oficiales para los tribunales locales2 . Se ha sugerido también que la aceptación del sistema se apoya en esta forma de articulación, mediante la cual el señor delega en la comunidad campesina funciones coercitivas y reconoce a las instituciones locales la capacidad de regular sus propios asuntos3 . Christopher Dyer es un exponente de esta perspectiva, que plantea para el caso inglés; los rasgos más salientes de la comunidad rural se resumen en su relativa autonomía respecto de la autoridad superior, su funcionalidad para la gestión señorial –aspectos vinculados al desinterés por parte del señor en los asuntos agrarios y a su imposibilidad de ejercer un control efectivo sobre dominios de grandes extensiones–, y en el desarrollo creciente de diferenciaciones internas, que se manifiesta en el control del gobierno aldeano por una elite con capacidad de imponer su interés particular y en el avance de cercamientos sobre el arable en la Baja Edad Media4 . El autor formula esta caracterización en oposición a los enfoques que tienden a idealizar la comunidad rural como entidad cohesionada por una identidad de intereses; Dyer también quiere destacar el protagonismo aldeano frente a los enfoques que postulan la desaparición del campesinado y de sus formas sociales como condición del cambio.
Este tipo de aproximación a la comunidad rural no es habitual en los estudios sobre concejos castellanos. Si bien los historiadores constatan la estratificación social de las comunidades y la participación de pecheros en la gestión del sistema no han jerarquizado estos problemas. Por otro lado, se han producido pocas investigaciones específicas sobre el ámbito aldeano; el concejo rural se ha abordado en clave descriptiva, aisladamente de su inserción en un sistema político5 , o ha sido objeto de análisis desde la perspectiva de la apropiación de términos por parte de otros sectores y de la transformación del sistema agrario6 . La extensión del fenómeno de usurpación del espacio comunal ha estimulado estudios de carácter más general, cuyo objeto es la actuación del conjunto de pecheros y de sus representantes, a quienes se atribuye un ideario legalista opuesto a la violencia de los privilegiados; esta opinión se basa en el desempeño o el discurso de figuras notorias que trascienden los marcos aldeanos7 . En esta perspectiva, que ha desarrollado Monsalvo Antón, el concejo rural se presenta como la pieza menos ilustre de una estructura organizativa pechera que en sus distintas instancias (aldea/ sexmos/ cuadrillas y collaciones/ conjunto de villa y tierra) mantiene vigente la práctica asamblearia, una forma de actuación política alternativa frente al monopolio de los oficios municipales por parte de la oligarquía urbana8 . El autor distingue también el interés de la Tierra en su conjunto del de las aldeas singulares, que defendieron la gestión autónoma de sus comunales en oposición a un derecho comunal generalizado9 . El interés por la conflictividad entre estamentos ha estimulado también la evaluación de la participación política de pecheros en la estructura concejil o el acceso a puestos de poder en el gobierno municipal10. Frente a estos problemas –cuyo estudio privilegia la presencia de oficiales pecheros en instancias de decisión claves o la acción política a escala supralocal– el papel de sectores tributarios en la administración cotidiana del espacio señorial y en la regulación de la vida aldeana se considera un aspecto poco relevante11. Correlativamente, la relación del núcleo urbano con el espacio rural se contempla mayormente en términos de antagonismo y subordinación12, o bien se asume una visión instrumental según la cual el sistema concejil sirve a los intereses de la elite privilegiada13, sin considerar que esta modalidad de gobierno pudo favorecer el desarrollo de procesos acumulativos aldeanos14.
En este estudio se propone que la autonomía relativa de los concejos rurales, que se verifica en el área concejil (es decir, en concejos de realengo y de señorío privado del sur del Duero)15, es un rasgo asociado a un perfil de gestión que tiende a delegar la administración interna de la jurisdicción en oficiales de bajo rango y en los canales organizativos fundados en la participación de pecheros, de los cuales depende la eficacia del sistema para la reproducción social. La actuación autónoma de los concejos rurales, una aspiración de la comunidad política aldeana, favorece el avance de las economías de los líderes locales y el despliegue de prácticas contrarias al interés comunitario.
Analizaremos la situación de los concejos aldeanos en el ámbito de Piedrahíta, concejo de titularidad privada segregado de Ávila.16 Enfocaremos el problema desde la gestión del conjunto por parte del centro urbano y desde el interior de un concejo rural. Examinaremos el modo en que se concreta la articulación del centro urbano con las aldeas de la jurisdicción, atendiendo a la supervisión del ámbito rural por parte de las autoridades urbanas y a la distribución de funciones de gestión y de justicia en términos normativos y prácticos. La participación de pecheros en los mecanismos de gobierno parece asociarse al perfil de las autoridades urbanas, cuya actuación política se concentra en la defensa de la jurisdicción y del interés sectorial del concejo urbano, evidenciándose un muy escaso y poco efectivo control sobre el ámbito rural subordinado. La delegación por parte del señor de funciones coercitivas en instancias intermedias se replica en la actuación del patriciado, que delega aspectos administrativos y coactivos en sectores subalternos; el autogobierno aldeano podría verse como el último componente de esta forma de gestión. Al respecto analizaremos la actuación de las autoridades locales en uno de los concejos rurales del ámbito de Piedrahíta, Navarredonda, donde se puede observar la manifestación práctica de la autonomía aldeana y una operatoria orientada a la privatización del espacio agrario por parte de procuradores, sexmeros y oficiales aldeanos.
2. LA RELACIÓN DEL CENTRO URBANO CON LOS CONCEJOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE PIEDRAHÍTA.
Dentro del ámbito concejil, Piedrahíta se considera un concejo mediano; abarca más de $6 0 0 ~ \mathrm { k m } 2 $ y hacia mediados del siglo XV, según surge de los repartimientos de rentas, comprende catorce concejos rurales (Navaescurial, Aldehuela, Santiago, Hoyorredondo, Horcajo, Zapardiel, Navalperal, Navacepeda, Hoyos y Hoyos, Navarredonda, San Martín del Pimpollar, San Martín de la Vega, La Garganta del Villar y San Miguel de Corneja) identificados como sexmos o cuartos y agrupados como “los cuartos y la Sierra” o “La Sierra y Lo Llano”; cada uno de estos concejos rurales comprende varias aldeas17. El concejo de Piedrahíta se encuentra a su vez integrado en el señorío de Valdecorneja, que incluye otras cuatro villas con su tierra (El Barco de Ávila, El Mirón, La Horcajada y Bohoyo) y limita con los concejos de Bonilla de la Sierra, Villatoro, Villafranca, Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda y Mombeltrán. Analizaremos la relación del centro urbano con los concejos rurales en base a la información proveniente del archivo municipal de Piedrahíta18 y del archivo de Navarredonda de Gredos, principal concejo rural de la comarca de La Sierra y el único sobre el cual contamos con documentación local, referida al periodo 1450-149119.
El detalle de los libros de cuentas del concejo de Piedrahíta permite observar cómo se concretaba en la práctica el control sobre las aldeas. Los balances informan los gastos en viáticos que originan los desplazamientos a las aldeas, quiénes los realizan y por qué motivos, de lo cual se puede obtener un panorama de los contactos entre ciudad y tierra desde el punto de vista de la gestión.
2.1. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OFICIALES SUBALTERNOS.
Según los balances de cuentas disponibles sobre el periodo de los años 1434 a 1480 el vínculo del centro urbano con las aldeas se manifiesta principalmente en el envío regular de notificaciones a los concejos rurales para que sus representantes concurran a los repartimientos de rentas, que se realizan en Piedrahíta. Los concejos rurales son convocados a los repartimientos de yantar y chapines, pedido y monedas, servicio y montazgo y alcabala del pan20. La presencia de representantes aldeanos se requiere también para distribuir obligaciones ocasionales como la de aportar veladores o ballesteros21, y se recurre a la reunión de autoridades concejiles y representantes pecheros de los cuatro concejos del señorío de Valdecorneja para abordar el reparto de pedidos extraordinarios y para tratar temas específicos22. Este sistema, que participa de la gestión de la renta a las autoridades aldeanas, resulta en principio eficaz; se comprueba que los sexmeros concurrían a los repartimientos, los cuales raramente mencionan tributos adeudados23. Tampoco hay en los balances de cuentas mayor evidencia de conflicto en relación al pago de rentas concejiles, recaudadas mediante arrendamientos. Los testimonios de insubordinación, en cambio, se concentran en las obligaciones recaudadas de manera informal, como el presente del señor, un tributo de composición diversa exigido regularmente y asociado también a eventos ocasionales (bodas, nacimientos, etc.) y a visitas imprevistas del señor. El incumplimiento reiterado de este tipo de contribución pone en evidencia, por un lado, que la aceptación del vínculo de explotación es relativa, o en todo caso limitada a un conjunto de obligaciones estables24, y por otro, la centralidad de los canales organizativos formales del sistema concejil, por fuera de los cuales la extracción del excedente no puede concretarse de manera regular. Los libros de cuentas atestiguan las dificultades para lograr que los concejos rurales contribuyan al aprovisionamiento de la despensa señorial: en 1436 se notifica a los alcaldes de la tierra que serán prendados porque no han entregado las perdices del presente del señor25, situación que se repite en $1 4 4 0 ^ { 2 6 }$ ; en 1443 se exceptúa a los concejos de La Sierra27, lo que podría interpretarse como la condonación eventual de un tributo resistido. El rechazo a las contribuciones en especie se observa también en otras comarcas: en 1447 el concejo envía cartas “sobre el vino que non querían levar los del quarto de Santiago”28; el mismo año se consigna que este concejo y el de Aldehuela “no traýan las perdizes”29. En 1455 se incluyen en el repartimiento de otras rentas los productos del presente, para los cuales en su momento “non ovo dineros”30.
Probablemente a raíz del reiterado incumplimiento de estas obligaciones por parte de los concejos rurales, los regidores ordenan al mayordomo requerir los productos personalmente31, aunque la medida no resulta efectiva: en 1460 el concejo tiene que enviar un hombre a La Sierra “a façer execuçión de los quesos, que non truxeron al castillo”32; en 1462, el mayordomo y el alguacil deben dividirse la tarea de ir a prendar porque los cuartos de Navaescurial, Santiago y Aldehuela no llevaron los pollos y terneras del presente del señor33. En 1464 se procede al reparto formal de esta obligación; a diferencia de los repartimientos regulares, en éste se establecen penas y se acuerda que para la entrega “llamen un buen omne de Navarredonda e otro de Navaçepeda e otro de Santiago y otro de Navalescorial”34. Estas medidas reflejan el carácter conflictivo del tributo, que se intenta mitigar con la intervención de representantes aldeanos en el circuito de recaudación. En 1465 el mayordomo recorre la comarca para recaudar el dinero de la renta de la cerca, de la cual es arrendador, y de paso “esecutar en los conçejos”35; el mismo año los concejos rurales envían decir al mayordomo “si quería gallinas, que perdizes que non las podían aver”36. Los balances de 1470, 1471 y 1473 sugieren que los concejos rurales siguen faltando a esta obligación37. En 1476 el pregonero es enviado al cuarto de Hoyorredondo “a prendar por las perdizes del conde”;38 en 1477 el mayordomo envía a requerir gallinas para el señor39, con las que éste no contará durante su visita, ya que al año siguiente se notifica a la tierra “para que traxesen las gallinas del presente que se devían para el duque, nuestro señor, quando vyno”40.
La informalidad respecto a la modalidad de recaudación de este tributo redunda en un mayor protagonismo del mayordomo de concejo en la gestión de la renta. En 1478, ante el rumor de la cercanía del duque, el mayordomo se anticipa y requiere perdices a las aldeas, sin esperar notificaciones formales de autoridades superiores41. El ejemplo demuestra la interiorización por parte de los oficiales de menor rango de las funciones coercitivas delegadas por el señor en el concejo urbano, que también se manifiesta en la dedicación servil a las tareas de gestión. Esta actitud probablemente haya sido la condición principal para el desempeño del oficio, el cual no parece asociarse a una cualificación técnica: el mayordomo de 1473, un sastre, lleva consigo un mozo que escribe por $\dot { \mathrm { e l } } ^ { 4 2 }$ , y el de 1476, carpintero, aclara que no sabe leer43. Los regidores, a su vez, se valen de la debilidad de un oficial que no proviene del estrato privilegiado, ordenándole las tareas más penosas, como desplazarse personalmente a las aldeas para requerir tributos de bajo nivel de cumplimiento. El traslado a las aldeas más alejadas, que el mayordomo realiza solo o en compañía de un mozo, supone alrededor de una semana entre viaje y estadía, y ésta puede prolongarse por la inclemencia del clima de la zona: el mayordomo del año 1455, a quien se le ordena requerir a las aldeas los productos del presente, queda en La Sierra veintitrés días a causa de la nieve44; el de 1479, que se ocupa de recaudar la renta de la cerca –para lo cual debe realizar tres viajes anuales de seis días cada uno– reclama sin éxito más dinero en concepto de viáticos45. Enviar notificaciones a los concejos más alejados no ochenta maravedís”, Monsal vo Antón, Las finanzas de un concejo castellano, vol. IV, p. 62.
45 “Que fuy a coger el terçio primero de La Syerra; estude allá seys días y, para el terçio segundo, otros seys días y en el postrimero otros seys días. Asý que son diez e ocho días, en que montan, a veynte e çinco maravedís cada día, quatroçientos e çinquenta maravedís. Lo que merezco más dexo a vertud e nobleza de los señores”, y escrito al margen: “Esto mandaron lo señores rregidores. Que non se le cuenten a él nin a ningund mayordomo, que de aquí adelante fuere, salvo a veynte maravedís cada un día, como estava ordenado. Asý es una rutina mecánica: el mayordomo de 1465 ofrece a un hombre casi el doble del dinero acostumbrado para que lleve una carta a La Sierra “porque fazía mal tienpo e non fallava quien fuese allá”46. La dificultad que implicaba el desplazamiento a las aldeas se evidencia en el hecho de que el pregonero es uno de los pocos oficiales que percibe un aguinaldo, lo cual sugiere cierta consideración por la tarea que realiza47.
El perfil modesto de los mayordomos se deduce de los gastos que cargan al concejo. Lope García, tejedor, anota 27 maravedíes en concepto de zapatos para su mozo y herraduras para la mula48, lo que también atestigua con qué medios ha trajinado por las aldeas. En 1463 notifica gastos ocasionados por imprevistos: por una desinteligencia en la entrega del presente Lope García debe mantener y alimentar ochenta gallinas en su casa durante tres días49; en 1465 se le ordena hospedar y brindar cuidados médicos a un aldeano que cayó de una torre50. Una de sus obligaciones regulares es comprar besugos para los regidores. Las molestias que se toma Lope García ilustran la posición del mayordomo, tratado a la vez como subordinado incondicional y epicentro de la vida concejil. Los regidores, por su parte, no siempre le comunican los motivos de los gastos que ocasionan al concejo, lo que reafirma la segregación de este oficial con respecto a la oligarquía urbana: según anota el mayordomo de 1445 los regidores enviaron dinero al alcalde “ençeladamente”51; el de 1462 debe destinar más de mil maravedíes del presupuesto para cubrir los gastos de un viaje de las autoridades cuyos motivos ignora52; el de 1455 advierte, respecto a una orden de pago a ciertos sujetos, que “non dize para qué”53; en referencia a un viaje de dos regidores a Mengamuñoz el mayordomo de 1475 escribe: “ellos vos den cuenta qué fizieron allá”54. La exclusión del mayordomo de ciertos asuntos del concejo define también el perfil del oficial que más directamente encarna el nexo entre el concejo urbano y las aldeas.
La dedicación del mayordomo contrasta con el desdén de los regidores hacia las actividades del concejo. Una ordenanza establece descuentos en el salario de los que no concurran a las reuniones del consistorio55; la ineficacia de esta medida motiva una disposición que eleva la pena a dos reales56; otra norma se refiere en su encabezamiento a “la negligençia de los regidores”, que no visitan las cárceles57. El absentismo de los regidores es un rasgo conocido; lo han detectado los historiadores en diversos concejos58. El desinterés por la rutina burocrática, o la tensión entre este aspecto de la función de gobierno y la aspiración a un posicionamiento jerarquizado por parte de los regidores explica su tendencia a delegar tareas de gestión en oficiales subalternos. En otros concejos estos oficiales pertenecen al “segmento modesto” del estamento privilegiado, opuesto al patriciado59; en nuestro caso el desplazamiento de funciones administrativas y de coacción se extiende a sectores excluidos del privilegio y a los propios aldeanos, que son reclutados para actuar en otros lugares, como veremos luego, o convocados como recaudadores aun cuando dilatan la entrega del tributo o “recavdan los maravedíes… e después los gastan en sus neçesidades e faziendas”60. Los alguaciles y recaudadores aldeanos están capacitados para prendar61, y a ellos deben dirigirse las autoridades urbanas para identificar a los que no han pagado62. Con respecto a esta tarea, se prohíbe ejecutar a los deudores cuando éstos concurren al mercado, lo que sugiere que los alguaciles también evitaban desplazarse hasta las aldeas63.
A mediados del siglo XV muchos de los oficiales urbanos son pecheros. Entre los sujetos a quienes se identifica como labradores en el control de cuentas de 1467 figura Alonso Fernández de los Caños el viejo, probablemente padre del mayordomo de ese año, Alonso Fernández de los Caños el mozo64, de lo cual se deduce la condición de este último, que comparte con mayordomos de otros años, cuyo bajo perfil hemos establecido. Sin dudas es pechero Lope García, mayordomo durante casi una década, al igual que el procurador de concejo y el escribano que lo acompañan en su gestión, ya que reclaman y consiguen la exención de obligaciones de hospedaje “por ser ofiçiales”, salvo “en aquellos tienpos que los libres non pueden ser escusados”65. Entre los que controlan las cuentas encontramos también un escribano “por los buenos onbres pecheros”66. La presencia de pecheros en los repartimientos y en el control de cuentas, que se constata en los balances, se establece como obligatoria en 1494, a pedido de los procuradores67.
Aunque las autoridades concejiles deploran el hecho de que muchos oficios, entre ellos los de fiel, “andan abatydos en personas comunes”68, éstas resultan más confiables para las tareas de gestión, al menos a los ojos del mayordomo de 1471, que con respecto al arrendamiento de la renta del río anota al margen: “nunca más se dé a escudero esta rrenta”69. Hay arrendadores que provienen de las aldeas, como los que tienen a cargo la renta de la cerca en 1441, residentes en Navarredonda70. También es vecino de Navarredonda el alcalde de la Mesta de 1467, Alonso Sánchez de los Pinos71. Pedro Sánchez, escribano de concejo, proviene de Hoyos de Miguel Muñoz, aldea del concejo rural de San Martín del Pimpollar, y allí prefiere mantener la residencia, lo que ocasiona un trastorno a las autoridades urbanas, que deben enviar al pregonero cuando requieren sus servicios72. En 1439 se lo conmina, mediante carta del señor de Valdecorneja, a residir en la ciudad si desea mantener el oficio73. Sus servicios, no obstante, debieron ser muy valorados, ya que se desempeña en el puesto durante más de veinte años74.
Se deduce la importancia del estamento pechero en la gestión del espacio concejil, lo que también se comprueba cuando observamos las dificultades que plantea al concejo la recaudación de tributos no sujetos a los procedimientos formales basados en la participación de representantes aldeanos.
Por último, fuera de las notificaciones relativas a repartimientos de rentas y ejecuciones por falta de pago, el centro urbano toma contacto con las aldeas para obtener toros de lidia para las festividades anuales. Los vecinos a quienes el concejo compra toros pertenecen a la elite de las aldeas, según se deduce de la posición que ostentan en las transacciones75 y de los oficios que desempeñan aquellos a quienes podemos identificar, como el caso de Alonso Martínez de Barajas, sexmero por Navarredonda, o el de Alonso Sánchez de los Pinos, alcalde de la Mesta con residencia en esta misma aldea76.
2.2. TESTIMONIOS DE VISITAS DE LAS AUTORIDADES URBANAS A LAS ALDEAS.
Además de garantizar el pago del tributo y la diversión del señor y los pobladores en el día de San Juan y otras fiestas, el concejo urbano debe supervisar el cumplimiento de la normativa general en las aldeas, para lo cual éstas deben ser visitadas regularmente. Las visitas dejan sus huellas en los libros de cuentas debido al gasto que suponen en concepto de viáticos para los oficiales. De acuerdo a la información de los balances del concejo de los años 1434 a 1480, los regidores visitan las aldeas muy esporádicamente; en cambio, suelen movilizarse a los concejos del señorío de Valdecorneja y a otros centros concejiles vecinos, como Villatoro, Bonilla de la Sierra o Mombeltrán, donde celebran reuniones entre pares o con poderes superiores en representación de Piedrahíta77. El control interno de la propia jurisdicción raramente aparece en la agenda concejil. Veamos los testimonios de visitas a las aldeas y otros indicios de actuación por parte del concejo urbano frente a irregularidades en la tierra, sin olvidar que la jurisdicción de Piedrahíta comprende en el período catorce concejos rurales, que abarcan a su vez varias aldeas.
Entre 1434 y 1444 la evidencia de actuación de las autoridades ante anomalías en las aldeas se limita a una carta que emplaza al concejo rural de San Martín de la Vega a restituir una tierra concejil78 y a una pesquisa sobre los pinares de San Martín del Pimpollar que se encomienda a un recaudador, probablemente aprovechando sus desplazamientos por la comarca79. El único registro de traslados de los regidores a la tierra es un viaje de carácter ineludible pues lo motiva el hecho de que los lugares del entonces sexmo de Caballeruelos quieren dividirse80. No hay noticias de controles en la tierra hasta 1445, año en que se menciona una pesquisa a La Sierra “sobre las rroturas”81; cinco años después los regidores viajan a La Garganta del Villar “a derribar la casa que aý se faze”82, lo que tal vez alude a las edificaciones de un cercamiento. Al año siguiente se menciona un viaje a Hoyos del Espino que parece responder a un pedido de la propia aldea, ya que los taberneros del lugar solventan los viáticos de los regidores83.
Los libros de cuentas informan sobre una investigación relevante en el concejo de La Garganta del Villar en 1455 “sobre los mojones que se mudaron” y “sobre las derroturas”84, a lo cual siguen tres años sin datos de pesquisas a las aldeas. La investigación más importante que se registra en la documentación disponible, a juzgar por el gasto que ocasiona (700 maravedíes), el tiempo que lleva (17 días) y sobre todo por su reflejo en la documentación local, se lleva a cabo en 1458. Se trata de una pesquisa en La Sierra sobre “las rroturas que teníen tomados los conçejos e prados e otras cosas”, que realizan tres regidores85. Esta pesquisa debió concentrarse en Navarredonda, ya que en el cuaderno del lugar se registran 18 entradas correspondientes a tierras que recupera el concejo rural en el año $\bar { 1 } 4 5 8 ^ { 8 6 }$ . Volveremos luego sobre esta pesquisa desde la perspectiva de Navarredonda.
El siguiente dato relativo a una investigación es una mención en las cuentas de 1462 a gastos en papel “sobre los alijares”. Esta pesquisa incluye una convocatoria a los concejos de Aldehuela, Santiago, Hoyorredondo y Navaescurial para que acompañen a los regidores a Navarredonda, lo que evidencia que éstos reclutan refuerzos en otras aldeas para llevar a cabo operativos de cierta envergadura87. El mismo año las autoridades se reúnen con los regidores de la villa vecina de El Mirón a tratar sobre ciertos agravios relativos a términos que dicen sufrir los “buenos onbres” de Hoyorredondo, que concurren a la reunión88.
La siguiente pesquisa de importancia, semejante a la de 1458 por su duración y costo, se realiza en 1463, y se concentra en el concejo de La Garganta del Villar, al cual se le ordena “no sembrar las derroturas”, lo que sugiere que los aldeanos han tomado tierras de los comunales para labranza89. Dos años después las autoridades se dirigen al concejo rural de Navaescurial, lindero al término de la villa de Piedrahíta, a definir los límites de la dehesa de Navacavera, uno de los bienes de propios de la comunidad de villa y tierra de Piedrahíta90. De acuerdo a la ordenanza que al respecto emite el concejo, se trata de sustraer a los aldeanos derechos colectivos, ya que el monte se acota “para los que biven en el cuerpo de la villa, e non para otros”, estableciendo penas para “los de otra parte” que fueran a cortar leña91. El interés en consolidar una fuente de ingresos para el municipio justifica la movilización de alcaldes, regidores, escribanos, procuradores, labradores, y aun del mayordomo, que debe trasladarse al lugar a cocinar para todo el grupo92. La tarea no llega a concluirse y los regidores vuelven al lugar, ocasionando nuevos gastos en viáticos y en bebida para “çiertos labradores que andudieron con ellos”93. Estos labradores, a quienes evidentemente no les preocupa la suerte de los de Navaescurial, tal vez provienen del concejo rural de Hoyorredondo, ya que un vecino de este lugar aparece como testigo en la ordenanza relativa al caso.
El mismo año las autoridades se dirigen al concejo rural de Santiago, también limí- trofe con la villa de Piedrahíta, a amojonar los montes y “desfazer los çerrados”; podría tratarse, en este caso, de una pesquisa relacionada con el avance de cercamientos, aunque el móvil parece asociarse nuevamente al ingreso derivado de multas y bienes de propios, ya que según la anotación del mayordomo habrían ido “por cabsa de la leña d’esta dicha villa”. El viaje involucra a tres regidores, el alcalde, el escribano, el procurador y tres labradores94. Esta nutrida comitiva podría explicarse, al igual que en el caso anterior, por la localización de los concejos, ambos a poca distancia de Piedrahíta; así parece sugerirlo el hecho de que el mismo año, para prendar en el alejado concejo de Navalperal, las autoridades envíen al pregonero. Los que estaban en falta, esta vez, “avían conprado los bienes de los que se avían ido del señorío”95, contraviniendo una ordenanza dictada por el concejo unos meses antes96.
En las cuentas de 1467 no hay datos de visitas a las aldeas; faltan los balances de 1468, aunque en el de 1469 se mencionan ciertas prendas tomadas el año anterior a “los de Navarredonda”, concejo rural que se perfila entre los de mayor protagonis$\mathrm { m o ^ { 9 7 } }$ . Según el libro de 1470 el único gasto ocasionado por controles en la tierra es una pesquisa al lugar de Navacepeda por ciertas “vacas estranjeras” que llevó a los alijares un sujeto a quien se le incautan cinco animales, de lo cual se notifica a los concejos de La Sierra, tal vez interesados en este problema98. En el balance de 1471 se menciona una deuda del concejo rural de Navarredonda “por çiertos pinos que furtaron”99, probablemente en pinares concejiles de Piedrahíta, de cuyo goce están excluidos los concejos rurales que poseen pinares propios100. El alcalde de Piedrahíta, Martín Fernández Godoy, se dirige ese año a las aldeas a redistribuir términos101. Estos viajes se aprovechan para el desempeño de otras funciones públicas en los lugares visitados, según puede verse en el cuaderno de Navarredonda, donde encontramos a Fernández Godoy confirmando ese año ordenanzas del concejo rural102. El hecho corrobora el carácter ocasional de la presencia de autoridades urbanas en las aldeas; sólo la pesquisa de 1458 y este viaje del alcalde en 1471 han dejado huellas en un documento que contiene información de los años 1450 a 1491.
No hay en los balances otros datos de visitas a la tierra en 1471; en cambio, el concejo urbano interviene frente a disputas que involucran otras jurisdicciones, como el conflicto entre el concejo rural de La Garganta del Villar y el señorío de Villato$\mathrm { r o } ^ { 1 0 3 }$ , o el de los lugares de la comarca de La Sierra con las villas vecinas de Arenas de San Pedro y Mombeltrán104. En el balance de 1472 no hay datos sobre visitas a las aldeas. Las cuentas de 1473 registran en cambio bastante actividad. Las autoridades han tenido que viajar a la villa vecina de Bonilla de la Sierra a negociar con el obispo de Ávila, señor del lugar, de quien obtienen la absolución para los moradores de La Garganta del Villar, que habían sido excomulgados por derribar “unas çerradas”, probablemente de vecinos de Bonilla con posesiones en el lugar105. El mismo año los regidores se dirigen a la zona de Hoyorredondo para “apear e ver las rrecovas que fazía el rrío”106, a la comarca de La Sierra para llevar a cabo una pesquisa “sobre la saca del pan”107, y a otro lugar de la tierra para investigar ciertos pinares que habrían sido quemados108.
Según el balance del año 1474 el único traslado de los regidores a las aldeas por motivos de gestión se debe a un conflicto entre los lugares de Santiago, Aldehuela y Avellaneda con la villa vecina de El Barco109, lo cual confirma que las autoridades urbanas se movilizan preferentemente para misiones políticas exteriores al concejo. En 1475 los regidores realizan una pesquisa en La Sierra relacionada con los pinares110, y en 1476 el alguacil investiga en esta comarca usurpaciones de comunales111. La situación debió desbordarlo, puesto que ya iniciada la pesquisa se ordena a los de Hoyorredondo y Aldehuela que acudan a La Sierra a acompañar a los oficiales urbanos112. Tal vez las medidas del caso requieren de ciertos apoyos, para lo cual las autoridades reclutan personal de otras aldeas –en este caso, cercanas a la villa de Piedrahíta y alejadas de la zona del conflicto.
La siguiente visita de autoridades urbanas a las aldeas se produce cuatro años después a raíz de un problema de términos entre el concejo rural de La Garganta del Villar y el señorío vecino de Villatoro113; nuevamente una disputa entre jurisdicciones ha motivado la intervención concejil.
A diferencia de los viáticos del mayordomo o los mensajeros, las visitas de las autoridades a las aldeas representan importantes gastos en comidas, cuya composición se detalla en las cuentas del concejo. A pedido de los procuradores, se legisla sobre la cantidad de comida y bebida que pueden requerir los regidores de las aldeas cuando fueran a cumplir tareas de gestión, dado que se les paga para ello un salario114. Se deduce que la práctica del banquete, que remite al desplazamiento señorial antes que a la rutina burocrática, se percibía como un aspecto central de las visitas, lo que a su vez pone en duda la efectividad de estas últimas como instrumento de control. Esto se confirma en otra disposición que prohíbe a los que estuvieran siendo investigados ofrecer “dádivas y presentes”115, un recurso al que también apelan las autoridades; la sofisticación del menú de las reuniones políticas depende del potencial conflictivo del problema a tratar: los representantes de la tierra que en 1475 se movilizan a Piedrahí- ta con motivo de la intromisión de oficiales urbanos en el arrendamiento de las alcabalas son recibidos con pan, vino y queso, la colación habitual para labradores116; los que van el mismo año a denunciar agravios de los oficiales urbanos contra moradores de las aldeas y a advertir que por este motivo la tierra se estaría despoblando son agasajados además de lo básico con una preparación de huevos, asaduras, pescado, sardinas adobadas y de postre higos y peras con miel117. El testimonio de la importancia que dan las autoridades urbanas a esta denuncia es la inclusión en la agenda concejil de una visita a las aldeas para “saber los vasallos que se yva e quántos eran e para fablar con ellos para los sygurar e saber qué synrrazones les eran fechas para los remediar”118. La preocupación por resguardar el volumen de renta explica el intento de contentar a los procuradores con un yantar casi tan bueno como el que reciben los regidores del concejo vecino de Arenas de San Pedro, que comen lo mismo con adición de pulpo, avellanas y castañas119. Hay también testimonios más tardíos de visitas de los fieles a la tierra, referidos a las comidas y pagos que reciben estos oficiales para que den por buenos los pesos y medidas en las aldeas120.
En suma, teniendo en cuenta que muchos oficiales son pecheros y que las autoridades urbanas frecuentemente reclutan aldeanos para realizar pesquisas y amojonamientos o para actuar frente a ocupaciones de comunales en los lugares de la tierra, puede afirmarse que la gestión del espacio concejil se apoya en gran medida en el estamento pechero, lo cual podría expresar, antes que una conquista del sector, un rasgo funcional al perfil político de la oligarquía urbana, que tiende a desvincularse de la supervisión del ámbito rural y a concentrar su actuación en la representación de la jurisdicción frente a otros poderes o en la defensa del interés del concejo urbano121.
3. AUTOGOBIERNO Y ELITE DIRIGENTE EN EL CONCEJO RURAL DE NAVARREDONDA.
Nos concentramos ahora en Navarredonda, el concejo rural más alejado de Piedrahí- ta, y en la actuación de los oficiales aldeanos. Este concejo comprende las aldeas de Navarredonda y Barajas. Si asumimos que las investigaciones que se efectúan en la comarca de La Sierra afectan estos lugares, según los datos de las cuentas de Piedrahíta debemos inferir un total de cinco pesquisas en más de 40 años, de las cuales sólo una se refleja claramente en la documentación local (la pesquisa de 1458).
En Navarredonda el estrato enriquecido domina el concejo rural. Esto se deduce de una ordenanza que el concejo modifica según la cual para ejercer los cargos de alcalde y alguacil era condición ser pechero entero –la nueva disposición limita esta exigencia al oficio de alguacil122. Los aldeanos renuevan anualmente dos alcaldes y dos jurados, y cuentan con un procurador que actúa en representación del concejo rural123. Los actos del concejo se formalizan con la presencia de alguno de estos oficiales, a veces dos o tres testigos y el escribano de los hechos del concejo, que suele ser sacristán o a veces un clérigo que ostenta su rango firmando en latín. La voz concejo, además de designar a la institución concejil aldeana se identifica con el conjunto de vecinos124, con los que concurren a las reuniones abiertas125, y con el grupo de oficiales126. En ocasiones éstos toman decisiones “por el poder que el dicho conçejo les dio”127, guiados por “lo mejor que Dios les diese a entender”128.
El control del concejo rural por parte del segmento acomodado se refleja en la normativa que aquél produce. Una ordenanza de 1472 permite llevar a la dehesa concejil hasta dos pares de bueyes, aunque los que lleven menos podrán también llevar vacas129. La norma parece contemplar el uso más o menos equitativo de la dehesa. Una ordenanza posterior, sin embargo, establece que se podrán llevar hasta tres pares de bueyes y un holgón130, lo que atestigua no sólo que hay vecinos con medios de producción sustanciales sino también la influencia creciente de estos vecinos en la elaboración de las normas locales.
La existencia de ordenanzas locales es expresión del autogobierno aldeano131. Del conjunto de ordenanzas que registra el cuaderno de Navarredonda, además, una sola tiene la aprobación de una autoridad urbana132, que como ya observamos se encontraba en el lugar por otros motivos.
Navarredonda cuenta con pinares propios, lo que atestigua también la autonomía de este concejo rural –cuyo carácter relativo, por otro lado, se evidencia en la imposición de abastecer de madera a la villa133. El concejo rural regula el usufructo local de los pinares aldeanos134 y el trabajo asalariado de los aserradores135, lo cual señala la magnitud y desarrollo de una actividad productiva controlada por las autoridades locales.
De acuerdo a la inclinación a distribuir funciones coercitivas el señor delega en las comunidades rurales el control del conflicto interno. La normativa de Piedrahíta prohíbe a los de la tierra llevar sus casos a los tribunales urbanos, que se ocuparán únicamente de las causas criminales y de las que excedan cierto monto, aunque los aldeanos podrán apelar en esta instancia las sentencias dictadas por los alcaldes locales136. El concejo rural de Navarredonda tiene al respecto sus propias normas: aquel que apelara una sentencia en Piedrahíta sin avisar a las autoridades aldeanas pagará una multa, y si éstas consideraran justa la sentencia local, pagará otro tanto137. Otras dos ordenanzas de Navarredonda penalizan al que llevara sus querellas al tribunal de Piedrahíta sin darlo a entender a los alcaldes de la aldea138, lo que confirma la importancia que conceden las autoridades locales a la regulación autónoma del conflicto interno. Estas ordenanzas no son las mismas que el concejo de Navarredonda envía al conde de Alba cuando en 1459 éste requiere de los lugares de la tierra “las ordenanças todas que tenían fechas en sus conçejos”139. Entre las ordenanzas que envía el concejo de Navarredonda no figura aquella que prohíbe apelar una sentencia en Piedrahíta, dictada un año antes, de lo cual se deduce que las autoridades rurales elaboraban sus leyes sin ignorar que éstas contradecían la normativa emanada del poder superior. El breve corpus de normas enviadas al señor contiene regulaciones ajenas a las ordenanzas locales, lo cual podría sugerir que ese corpus ha sido elaborado para la ocasión: las disposiciones establecen penas para los que jugaran a los dados, fueran a pescar de noche, apuntaran con armas o dijeran “palabras vedadas”, una normativa naïf muy alejada del contenido principalmente agrario del cuaderno. El corpus de normas que el concejo rural envía al conde contiene también una versión edulcorada de las ordenanzas que prohíben llevar acusaciones a Piedrahíta, en la cual se contempla la posibilidad de acudir a un tribunal superior si fracasara el intento de arreglo interno140. La retórica condescendiente del texto, que no obstante mantiene la pena de sesenta maravedíes para el que desconociera a los oficiales del lugar, podría indicar que éstos buscaban legitimar una norma que expresa un principio de autonomía del concejo rural, autonomía que en la práctica se manifiesta en el dictado de ordenanzas independientes de las normas generales. El envío de ordenanzas al señor tiene también el objetivo de validar internamente la actuación de los dirigentes aldeanos; esto se sigue de otra disposición según la cual el conjunto de vecinos aceptará lo que decidan los alcaldes y hombres buenos elegidos en el lugar141, lo que matiza la importancia del concejo abierto. Estas normas son aprobadas por el conde, que emite un texto igualmente formalista que prohíbe al concejo rural dictar nuevas ordenanzas sin consultar a las autoridades urbanas o señoriales142.
El autogobierno aldeano no es un aspecto menor. Al contrario, aparece como una de las principales aspiraciones de las comunidades rurales en la Baja Edad Media, como lo ejemplifica una de las demandas del levantamiento inglés de 1381, referida al control aldeano de las funciones de justicia y policía143. Al respecto se ha sugerido que los rebeldes habrían concebido la posibilidad de una confederación de aldeas autogobernadas como alternativa al orden feudal144, y se atestigua también la conformación de tribunales campesinos durante la revuelta145, lo que confirma la importancia del reclamo de autogobierno. Tomando en cuenta esta perspectiva, la defensa de la autonomía aldeana que observamos en Navarredonda podría comprenderse como expresión de un anhelo general del campesinado (o de sus líderes), con independencia del formato señorial específico en el que se encuadre.
Las autoridades rurales procuran resolver internamente el conflicto interaldeano. El cuaderno de acuerdos registra el compromiso del concejo de Navarredonda y el de San Martín del Pimpollar con dos vecinos de Navadijos, aldea del concejo rural de La Garganta del Villar, por un problema de términos que afectaba sus posesiones particulares; estos vecinos habían llevado antes su caso al corregidor de Piedrahíta y quieren ahora llegar a un acuerdo. Por haber salido el caso del ámbito aldeano, el acuerdo se suscribe a condición de que los afectados ignoren la sentencia del corregidor, si éste impusiera penas a los concejos146. Este caso motiva una nueva ordenanza del concejo de Navarredonda, que considera delatores a los que acudieran a las autoridades urbanas para resolver disputas internas: el que “mesturare a otro” pagará una multa, a menos que el daño afecte los pinares aldeanos, en cuyo caso será sancionado el que “encobriere” al infractor147. Significativamente, el resguardo de la autonomía aldeana, sustancia de esta ordenanza, se expresa como prohibición o deber, según se trate del interés individual o comunal, de dar a conocer un secreto, lo que descubre el valor primordial que tiene el autogobierno para los dirigentes aldeanos. Por otro lado, la diferencia entre el vocabulario de uso interno y el de las ordenanzas que se envían al conde revela la adaptación del discurso a la audiencia de la cual depende la afirmación de la autonomía aldeana, autonomía que implica no sólo la actuación independiente con respecto al señor o al centro urbano (consumada de facto o eventualmente avalada por el poder superior) sino también el disciplinamiento del conjunto de moradores.
Algunos de estos moradores tienen posesiones en lugares vecinos, según lo atestigua un acuerdo sobre pastos entre Navarredonda y la aldea vecina de Hoyos del.
Espino148; lo mismo se confirma en un acuerdo de vecindad entre Piedrahíta y El Bar$\mathrm { c o } ^ { \bar { 1 } 4 9 }$ . La dispersión de bienes en distintos concejos implica no sólo niveles de riqueza que podrían ser significativos sino también posibilidades de evasión tributaria, que en este caso redunda en una redistribución de la renta. Una ordenanza del concejo urbano se refiere a los que se empadronan en el lugar donde tienen menos posesiones, aprovechando la ausencia de restricciones a la movilidad dentro de un mismo señorío (en este caso, el señorío de Valdecorneja)150. La difusión de esta práctica motiva la convocatoria a una junta para tratar el problema, a la que deben concurrir procuradores y autoridades de los concejos de Valdecorneja. En el caso de esta junta en particular, que involucra a los concejos de Piedrahíta y El Barco, los regidores se ausentan, lo que podría señalar su desinterés por un problema que concierne a los que tributan, o bien afinidades subterráneas con los pecheros evasores151. La falta de pesquisas a las aldeas por parte de las autoridades urbanas podría también comprenderse desde esta perspectiva.
3.2. PRÁCTICAS AGRARIAS DE LOS OFICIALES ALDEANOS: LA DIFUSIÓN DE CERRADOS.
Al igual que en otros concejos en Navarredonda las tierras de diverso tipo están sujetas a sistemas de aprovechamiento específicos. Los linares, en los que se cultiva trigo, centeno y lino, se abren al uso común en julio, el día de Santiago; los prados, en junio, el día de San Juan, y en las tierras de cereal, abiertas desde marzo, rige un sistema de cultivo a tercio, por el cual la tierra se cultiva un año y descansa dos, convirtiéndose en pasto común152. Existen además heredades cercadas, en las que el titular goza los
150 “E qualquier pechero que fuere a morar de un lugar a otro, quel conçejo a do fuere a morar el tal pechero que lo cargue en su cabeça que toviere, e sea descargado el conçejo do salió (…) Esto por razón de las ynfurtas que se fazen, cohechándose los pecheros por los conçejos. E esto se debe entender quando el tal vezino se fuere del lugar del mesmo señorío, pero, sy fuere a otro lugar de otro señorío, que peche por los bienes que dexare, en el lugar de donde se fue, segund las leys de estos reynos”, Ibidem, doc. 65 (1499).
derechos de pasto de manera exclusiva, sustrayendo su parcela del uso colectivo de manera permanente. Estos “cerrados”, a los que hacían referencia los balances de cuentas, se atribuyen a los descendientes de los vecinos más antiguos153.
El cuaderno de Navarredonda registra un conjunto de compras, trueques y arreglos efectuados por el concejo rural. El análisis del conjunto de transacciones y el seguimiento de la actuación patrimonial de algunos sujetos revela que los sectores destacados de la aldea (generalmente oficiales y sus allegados y parientes) realizan arreglos que implican alteraciones en los usos colectivos y una merma del pasto común; con la mediación del concejo rural estos sectores cambian de cultivo, reagrupan bienes dispersos mediante trueques y tras amalgamar posesiones las cierran al aprovechamiento común en forma permanente, privando a los demás vecinos de las prácticas que contempla el sistema de campo abierto en las heredades particulares. Las heredades cerradas, antiguas o de reciente conformación, tienden a ampliarse mediante la incorporación de terrenos concejiles de los alrededores, lo cual se consigue cediendo al concejo rural bienes en otro lugar154. Este proceso (el reagrupamiento y posterior vallado de la heredad por parte de campesinos prósperos) ha sido descrito por Tawney para la Inglaterra de 1381-1489, periodo que supone un debilitamiento de los vínculos coercitivos155. En nuestro caso, el proceso tiene como condición básica la capacidad de disposición patrimonial y la laxitud de los controles que caracteriza la gestión del señorío concejil.
Los cerrados (principalmente prados) se dedican a la producción ganadera, aunque se observa también la expansión del cultivo de lino, probablemente asociado al desarrollo de la nueva pañería en Piedrahíta. Esta especialización se consigue cediendo al concejo tierras a cambio de linares156, o negociando el permiso para cambiar la dedicación productiva y singularizar la explotación157. El procurador Alonso Fernández de la Calleja, por ejemplo, intercambia con el concejo ciertas porciones de tierra por una parcela lindera a su linar, obteniendo además dinero158; este linar ampliado aparece después como cerrado y como punto de referencia, lo que sugiere dimensiones significativas159.
Nuestro procurador ha sido testigo de la ampliación de un cerrado, como veremos luego, y en 1466 contribuye con el concejo para que el alcalde de ese año reagrupe bienes, proporcionando al concejo la tierra que el alcalde necesitaba160. Veamos la actuación de este alcalde, Alonso García de la Calle. Durante su mandato debe ocuparse de las maniobras que está realizando uno de los vecinos más poderosos del lugar, Alonso Martínez de Barajas, que figura como propietario de varios cerrados y que está ampliando uno de ellos a costa de tierras concejiles161. Se trata de un personaje destacado que en 1465 actúa como sexmero por Navarredonda162, ha vendido toros de lidia al concejo urbano163 y frecuenta el concejo vecino de Arenas de San Pedro, donde es conocido y al parecer, temido164. Es también uno de los afectados por la pesquisa de 1458, lo cual no le ha impedido continuar su política de apropiación del espacio en los años siguientes. En 1466 este sexmero ofrece al concejo aldeano tierras en otra zona a cambio de mantener “lo que tenía tomado de lo de conçejo e metido en su çerrada”. Allí se dirige el alcalde, junto con otros oficiales; Alonso Martínez “dióles tierra con que ellos fueron agradados”. Las tierras ofrecidas se describen sin embargo como bastante modestas, y el arreglo incluye un pago de cuarenta maravedíes al usurpador165. El caso ilustra la subordinación del concejo rural a los intereses de los sectores acomodados, a la sazón representantes pecheros.
En cuanto al alcalde García de la Calle, ha realizado un trueque similar diez años atrás para mantener los terrenos concejiles incorporados a su cerrado, lo que demuestra la continuidad de esta práctica166. Otros miembros de la familia han actuado también contra los intereses comunitarios: su padre tiene un cerrado en otro lugar167, y su primo, Juan Redondo, tal vez con menos influencia, ha esperado diez años para reagrupar la tenencia. Este caso ilustra el intento de convertir tierras de cultivo en prados. La preferencia de este sujeto por la ganadería queda sugerida en los libros de cuentas de Piedrahíta, donde se lo menciona como vendedor de toros (junto a Alonso Martínez de Barajas) en 1457 y en $1 4 6 0 ^ { 1 6 8 }$ , actividad que retomará su yerno en $1 4 6 2 ^ { 1 6 9 }$ . Según los datos del cuaderno de Navarredonda, en 1464 Juan Redondo ha enajenado tierras170. En 1467 debe afrontar un pleito a raíz de una tierra que posee en otra zona, El Fortigal, por explotarla como prado y no observar el régimen de aprovechamiento colectivo. Este pleito es promovido por el procurador Fernández de la Calleja ante el flamante alcalde de la Mesta, residente en Navarredonda171, lo que podría explicar la falta de apoyos al apropiador Juan Redondo, que pierde el caso tras las declaraciones desfavorables de dos titulares de cerrados, entre ellos su tío172. No obstante, pasado el pleito Juan Redondo persevera. En 1470 el concejo compra una tierra en la zona del conflicto, lindera a sus posesiones173; dos años después Juan Redondo obtiene por trueque con el concejo la parcela objeto de la anterior operación, lindera a la suya174. Con la mediación del concejo rural Juan Redondo ha logrado reagrupar sus bienes, condición necesaria para privatizar la tenencia, una práctica sobre la cual ya ha mostrado antecedentes. Estos no le impiden desempeñarse como alcalde unos años después175.
Las tierras enajenadas sirven a otras transacciones dentro del círculo acomodado: el que obtiene una de las tierras de Juan Redondo, Diego Sánchez de Barajas, la entrega al concejo a cambio de mantener los terrenos concejiles incorporados a su cerrado176. Este sujeto participa activamente de la vida política local: aparece como testigo en dos acuerdos con aldeas vecinas, y diez años después de la operación en la que consolida un cerrado se desempeña como alcalde177. Antes ha sido jurado, al igual que sus tres hermanos, que también han ejercido distintos oficios; uno de ellos fue alcalde y se ha apropiado las tierras de los alrededores178, y otro además de jurado es carnicero y aparece reagrupando posesiones con ayuda del concejo179. El mismo perfil se observa en la familia de los Fernández Buenadicha, que detenta cerrados y proporciona a Navarredonda alcaldes, jurados, escribanos, testigos, sacristanes, procuradores y sexmeros. Esta última función no es incompatible con la apropiación del espacio comunal; hemos observado ya la actuación de Alonso Martínez de Barajas; otro sexmero de Navarredonda, Fernán Sánchez de los Pinos, negocia la ampliación de un cerrado a costa de tierras concejiles180, y su vecino, un alcalde que actúa después como testamentario suyo181, transmite al hijo no sólo este oficio sino también la práctica de cercar182.
Estas operaciones se formalizan con la presencia de unos pocos testigos, que, por otro lado, han realizado también cercamientos: el análisis de los casos revela que las mismas personas intercambian roles, actuando como testigos unos de otros. Por ejemplo, en 1450 Alonso Martínez de Barajas hace un arreglo que tiene como testigo al procurador Alonso Fernández de la Calleja, y en 1457 actúa como testigo de Alonso García de los Pinos; este último es testigo del cercamiento que realiza Alonso García de la Calle, quien siendo alcalde en 1466 contribuye a la ampliación de un cerrado del ya sexmero Alonso Martínez de Barajas; en esta última operación participa como testigo Juan Martín de Navadijos, que ha obtenido un cerrado dos años antes con Alonso Martínez de Barajas como testigo. En las operaciones de 1457 figura como testigo Pedro Alonso, que vuelve a cumplir esta función para Diego Sánchez de Barajas en 1464; en 1470 un cerrado de Pedro Alonso aparece como lindero, y en 1472 Pedro Alonso es alcalde. En cuanto a Diego Sánchez de Barajas, será testigo junto a Alonso Martínez de Barajas de arreglos similares en 1474 y $1 4 8 5 ^ { 1 8 3 }$ .
Debe valorarse el contraste respecto a la modalidad de las operaciones. En el caso de una venta efectuada mediante pregón se aclara: “non posimos testigos, que todo el conçejo estava ayuntado”184, lo cual sugiere que las operaciones detalladas –que a diferencia de esta venta implican una negociación con las autoridades concejiles– se llevan a cabo sin publicidad y dentro de un grupo pequeño de personas, y que las tierras objeto de intercambio no están disponibles para todos los vecinos. Se confirma, en suma, un funcionamiento cerrado de la comunidad política de la aldea paralelo al funcionamiento abierto del concejo rural.
En el cuaderno de Navarredonda se cuentan, en total, 22 cerrados. Entre sus titulares figuran tres sexmeros, tres alcaldes, un procurador, tres parientes de oficiales, un jurado y un carnicero; los demás han actuado reiteradamente como testigos, lo que confirma su residencia en el lugar185. Algunos de estos cerrados aparecen en los deslindes a lo largo de un extenso periodo de tiempo, lo que prueba que se consolidan, y constituyen además puntos de referencia, como en el caso del cerrado de Juan Martín de Navadijos, al que se alude para identificar un camino186. Este cerrado, conformado para que el titular “goze del fruto e de la pastura” en forma exclusiva187, ha pasado a sus herederos, al igual que el cerrado del sexmero mencionado antes.
Las heredades cerradas se atribuyen a privilegios antiguos. Esta temprana concesión por parte del señor pudo ser un mecanismo de reconocimiento y reafirmación de los líderes aldeanos, a partir de los cuales se constituye institucionalmente el concejo rural. El hecho de que los cerrados que se atestiguan en el siglo XV sean detentados por sujetos vinculados al gobierno local confirma la continuidad de esta elite, lo cual se expresa en la existencia de familias de oficiales. La consolidación del estrato enriquecido de la aldea se manifiesta en la ampliación de los cerrados ya existentes y en la proliferación de nuevos; la repetida alusión al reagrupamiento de la heredad es testimonio de esta evolución188.
La entrega de pequeñas parcelas al concejo para mantener terrenos usurpados pudo representar, en principio, una forma de compensar daños ya consumados, tal como ocurre tras la pesquisa de 1458: según se observa en el cuaderno de Navarredonda, dos de los sujetos que están en falta mantienen sus explotaciones ilegales cediendo tierras al concejo rural. Esta pesquisa, la más importante para el concejo de Piedrahíta por el tiempo y costo que supone, afecta cinco tierras que recuperan su condición concejil189, diez parcelas labradas en los comunales190, dos linares creados en prados191 y dos cerrados extendidos sobre tierras concejiles192. Uno de los linares vuelve a constituirse mediante la entrega de tierras al año siguiente193, y en cuanto a los cerrados ampliados, su titular es el sexmero Alonso Martínez de Barajas, que legaliza sus emprendimientos unos años más tarde negociando con el concejo rural194. La pesquisa, en suma, además de expresar un acontecimiento excepcional, afecta centralmente tierras labradas en los comunales antes que cercamientos de heredades, los cuales se consolidan poco tiempo después.
Por otro lado, el mismo tipo de arreglo se reitera a lo largo de cincuenta años, y asistimos hacia el final del período a la formación de nuevos cerrados. Esta evidencia demuestra que la cesión de tierras al concejo es el mecanismo habitual para amalgamar posesiones y constituir o ampliar bloques cercados, lo cual indica el avance de la elite aldeana antes que el intento por parte del concejo rural de moderar sus prácticas acumulativas. Vale la pena entonces detallar la negociación de un cerrado a finales del periodo comprendido en el cuaderno de Navarredonda.
Este caso es el único que se describe extensamente en el cuaderno, lo cual se explica por ser también el único que se trata en una reunión abierta de concejo. La reunión se celebra en 1483 a raíz de una grave falta que cometió un vecino: tras haber acordado con el concejo en 1482 la entrega de una tierra para obtener un cerrado recurre al alcalde de Piedrahíta para recuperar la tierra cedida al concejo. Este es el hecho que acaba dando lugar a una reunión abierta:
e syn lo fazer saber al conçejo fuése a Piedrafita e truxo carta del alcalde que le tornasen lo suyo e que lo que le davan que lo entendía de fazer suyo. Y entonçe el conçejo, mirando sus ordenanças, fallaron que tenía pena de sesenta maravedís por aver ydo su parte a demandar la dicha carta, e mandaron taner la canpana e fuéronlos abener195.
El vecino en cuestión, Juan Sánchez, es pariente de oficiales. Su hermano fue jurado y procurador196 y sus cuñados son miembros destacados del concejo; uno fue sexmero197, y otros dos han sido alcaldes: se trata de la familia de los Fernández Buenadicha, a la cual pertenece el sacristán de la aldea, que relata el caso. Este relato es el registro de la reunión abierta del concejo de 1483 y de los sucesos acaecidos en 1482, que no fueron anotados en su momento y que ahora salen a la luz. Según el relato del sacristán, en 1482 Juan Sánchez había cedido al concejo una tierra a cambio de un prado lindero a otro suyo y el permiso para cercar el bloque, que incluía otro terreno de las inmediaciones, al parecer de condición concejil; para evitar un pleito, este vecino habría propuesto ceder más tierra198, el concejo le habría exigido ceder un poco más y Juan Sánchez, aunque en desacuerdo, habría aceptado199. El problema surge al año siguiente, cuando Juan Sánchez reclama la devolución de lo que cedió al concejo avalado por una carta del alcalde de Piedrahíta –lo que también demuestra la complicidad de las autoridades urbanas con los sectores acomodados aldeanos. Aquí es cuando el concejo rural, en resguardo de su autonomía, le impone la multa por haber llevado el caso a una instancia superior incumpliendo las ordenanzas locales. El desafortunado intento de recurrir a un contacto en Piedrahíta desconociendo a las autoridades aldeanas lleva a que el acuerdo previo tome publicidad, lo que explica su descripción detallada en el cuaderno. Finalmente los prestigiosos parientes de este vecino aseguran el acuerdo y el concejo, que ahora estaría expresando una reunión ampliada, por la mediación de estos personajes destacados olvida la multa y convalida el arreglo por el cual un particular obtiene un cerrado cediendo tierras al concejo rural200.
Este desenlace pone en evidencia el dominio incontestado de los notables locales, por cuyo ascendiente los que están “ayuntados a canpana rrepicada” aceptan un cercamiento. También demuestra la importancia que otorgan los dirigentes aldeanos al acuerdo interno, cuya base es el reconocimiento del concejo rural como autoridad suficiente, es decir, que puede prescindir de poderes superiores para gobernar. Puesto que éste también es el criterio práctico de las autoridades urbanas, la autonomía de la comunidad depende en gran parte del disciplinamiento de sus miembros individuales, a lo cual apuntan las ordenanzas en cuestión –vigentes por otro lado durante más de treinta años.
La proliferación de cerrados, aun cuando éstos se conformen mediante la entrega de tierras al concejo, afecta la reproducción de los sectores más débiles, que pierden el acceso al pastoreo en las tierras que se sustraen del régimen de campo abierto y en terrenos comunales. Las parcelas que obtiene el concejo rural, por otro lado, lejos de consolidarse como bienes concejiles aldeanos sirven a las estrategias de los que intentan amalgamar posesiones, lo cual favorece una dinámica orientada a la privatización de la tenencia. Esta dinámica supone la libertad de fragmentar y enajenar tierras, lo que confirma la centralidad de los contenidos específicos del dominio político sobre la persona en el análisis de las condiciones de desarrollo de procesos acumulativos201.
Se trata, por último, de una dinámica propia de las aldeas: si bien se constata la existencia de cerrados en el término de la villa de Piedrahíta202 se deduce también que este espacio político, sujeto naturalmente a mayor supervisión, resulta menos propicio para el desarrollo de este tipo de prácticas. Un ejemplo de ello es la importancia que parecen dar las autoridades urbanas a ciertos cercados realizados por un cura, sobre los cuales el concejo traba embargo en 1475 con la asistencia de los regidores, el alcalde, el procurador, el escribano, un escudero, cuatro hombres buenos y “otros de la villa”203, un despliegue de personal político que no se observa en los escasos operativos que se realizan en las aldeas.
El problema de la multiplicación de cerrados es objeto de la normativa de Piedrahíta a fines del siglo XV. En respuesta a una petición del concejo se concede en 1488 que no se penalicen daños ya consumados, a condición de que en adelante se envíen una o dos personas al año a controlar las aldeas, dado que el problema se atribuye al “aver dexado tanto tiempo denviar a visitar e requerir la tierra”204, lo que confirma que el perfil de gestión descrito facilita estos emprendimientos. Once años después una petición de los procuradores deja ver qué intereses defienden los representantes de la tierra: en vista de ciertas leyes del reino relativas al problema los procuradores solicitan que se respete aquello de no penalizar a los que ya han realizado cercamientos argumentando que “la pérdida de los muchos edefiçios sería muy grande”, y que de estos espacios también se beneficia “su señoría”, quien “con condiçión de un çerrado está en la tierra e viene a ella con sus ganados”205. Se deduce que los procuradores y sexmeros, que en Navarredonda detentan cerrados, actúan amparados no sólo por el concejo aldeano y el concejo urbano sino también por el señor, con quien comparten intereses ganaderos y espacios apropiados.
En una recopilación de ordenanzas de 1499 se describe el daño que han causado los cerrados: han reducido los pastos de las aldeas y han disminuido el sustento ganadero de los vecinos, lo cual confirma el efecto de la apropiación del espacio sobre la reproducción de una parte de la población206. La difusión de cerrados, por último, habría sido un fenómeno generalizado en el ámbito de Piedrahíta, según las ordenanzas mencionadas antes, y se habría desarrollado también en los concejos vecinos del señorío de Valdecorneja207. Fuera de Navarredonda lo hemos verificado en el concejo rural de La Garganta del Villar, en el de Santiago y en el de Hoyorredondo (en este caso propiedad de un regidor, lo cual confirma la confluencia de las prácticas de la elite aldeana y la oligarquía urbana)208.
4. CONCLUSIONES.
La gestión del espacio jurisdiccional, delegada en el concejo urbano, resulta efectiva en la medida en que se apoya en los canales organizativos basados en la participación de pecheros, cuyo protagonismo, por otro lado, es funcional al perfil del sector gobernante, desvinculado en términos prácticos del control del ámbito rural. Este aspecto de la actuación política de las autoridades urbanas –que también se explica por la familiaridad del sector con las prácticas que debe reprimir– redunda en una mayor libertad de acción en las aldeas, cuyo alto nivel de autonomía hemos comprobado. Los historiadores han asociado este rasgo a la evolución del feudalismo; en nuestro caso la autonomía relativa de los concejos rurales se deriva de una forma específica de gestión, susceptible de oponerse a modalidades patrimonialistas en las que la administración se lleva a cabo mediante clientes y allegados del señor.
El autogobierno aldeano, una aspiración de la elite campesina, se manifiesta en el dictado de ordenanzas independientes, en la regulación interna del conflicto aldeano e interaldeano y en la capacidad de disposición sobre bienes particulares y concejiles, que posibilita alteraciones en los usos agrarios y favorece la tendencia a la privatización de pastos. Esta orientación, que tiene su punto de partida en los privilegios otorgados a los líderes aldeanos cuando se constituye institucionalmente la comunidad, expresa el perfil de las autoridades rurales en la Baja Edad Media. El protagonismo de la elite aldeana y la constante afirmación de la autonomía del concejo rural son aspectos consistentes con un criterio de gestión que descansa ampliamente en sectores pecheros y que privilegia la percepción de cierto volumen general de renta y el resguardo de la jurisdicción por sobre el control interno.
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