Denuncias y escándalos de corrupción en perspectiva comparada: Santa Fe y Entre Ríos (Argentina) a fines del siglo XIX\*.
Denunciations and corruption scandals in comparative perspective: Santa Fe and Entre Ríos (Argentina) at the end of the 19th century.
Romina GARCILAZO CONICET, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Autónoma de Entre Ríos.
RESUMEN.
El presente artículo tiene por objeto analizar, siguiendo los lineamientos teórico-metodológicos de la llamada nueva historia cultural de la corrupción política, las denuncias y los escándalos de corrupción en dos provincias argentinas (Santa Fe y Entre Ríos) hacia fines del siglo XIX. Para ello se exploran, desde una perspectiva comparada, ciertas acusaciones que resonaron con fuerza en el campo periodístico. Algunos de los casos más emblemáticos se refieren a las anomalías en torno al Banco Provincial de Santa Fe y al Banco Provincial de Entre Ríos. El trabajo pretende abordar a la corrupción, en consonancia con los planteos de Jens-Ivo Engels, como un fenómeno de la modernidad. En este sentido, se hace foco en los discursos y debates sobre la corrupción, el uso político de las acusaciones y el vínculo entre denuncias y pujas partidarias e interpartidarias.
PALABRAS CLAVE.
Escándalos políticos; denuncias; corrupción; Argentina; Santa Fe; Entre Ríos.
ABSTRACT.
This article, following the theoretical-methodological guidelines of the so-called new cultural history of political corruption, aims to analyse the political scandals and corruption scandals that took place in two provinces of Argentine (Santa Fe and Entre Ríos) towards the end of the 19th century. For this purpose, certain specific accusations are explored which, at least initially, resounded strongly in journalistic circles Some of the most emblematic cases refer to the anomalies surrounding the Banco Provincial de Santa Fe and the Banco Provincial de Entre Ríos. In line with Jens-Ivo Engels’s approach, the paper aims to address corruption as a phenomenon of modernity. In this sense, it focuses on the discourses and debates around corruption, the political use of accusations and the link between complaints and within-party and inter-party power struggles.
KEYWORDS.
Political scandals; denunciations; corruption; Argentina; Santa Fe; Entre Ríos.
En uno de sus recientes trabajos, Jens-Ivo Engels sostuvo que la historia de la corrupción en la actualidad se presenta como un nuevo campo emergente que aborda el fenómeno, no como una mera cuestión anecdótica, sino que contempla su base teórica y conceptual1 . Este tema, en los últimos años, ha comenzado a reunir adeptos tanto en la historiografía europea y, en menor medida, latinoamericana2 . En lo que respecta al caso argentino, la vacancia de esta área se evidencia en la necesidad de construir una genealogía de la historia de la corrupción en el país3 .
El presente artículo pretende ser una contribución a ese estimulante desafío. En él nos proponemos reconstruir y analizar una serie de acusaciones y escándalos de corrupción ocurridos en las provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos durante las últimas décadas del siglo $\mathrm { X I X ^ { 4 } }$ . A lo largo del trabajo, se tomará un conjunto de hechos vinculados a ciertas anomalías administrativas que involucraron a la clase dirigente, a sectores opositores, a funcionarios oficiales y, en menor medida, al empresariado. Los casos se relacionan, principalmente, con las acusaciones respecto al Banco Provincial de Santa Fe (en adelante, BPSF) y al Banco Provincial de Entre Ríos (en adelante, BPER).
El esbozo de estas líneas se sustenta en una serie de fundamentos teóricometodológicos. En primer lugar, la elección de los espacios responde a una vacancia historiográfica5 . Fundamentalmente, la problemática se ha centrado en lo acontecido en la ciudad capital de la República6 y ha estado vinculada a hechos que involucraron ciertos aspectos de la dinámica política y económica nacional7 .
En segundo lugar, los casos seleccionados resultan prolíficos para estudiar las diversas y complejas vinculaciones entre denuncias, escándalos y corrupción. Si bien, dado el estado de las investigaciones, no podemos aún determinar si estos escenarios tuvieron mayores acusaciones que otros, lo que resulta atractivo de ellos es explorar cómo, en algunos momentos, los cuestionamientos públicos sobre las entidades bancarias derivaron, o no, en verdaderos escándalos8 .
En tercer lugar, el fragmento de tiempo seleccionado coincide con un momento en que las denuncias afloraron con fuerza y convirtieron la corrupción en un tema central de la vida política en la Argentina9 . Los casos analizados se suscitan en ese clima de época que Marta Bonaudo caracterizó como un momento de inflexión en los niveles de tolerancia social respecto a los comportamientos políticos ligados a las prácticas ilegítimas durante el período $1 8 9 0 - 1 8 9 3 ^ { 1 0 }$ .
La historiografía argentina ha sido prolífica en analizar cómo la crisis política y económica del 1890 desató las críticas más exacerbadas en contra de la gestión autonomista11 del presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890)12. Por otra parte, los
8. Respecto a las acusaciones sobre las casas bancarias en la Argentina durante la década de 1890, véase: Sixto QUESADA, Historia de los bancos modernos. Bancos de descuento. La moneda y el crédito, tomo II, Buenos Aires, M. Biedma e Hijo Editores, 1901; LOTERSZTAIN, Los bancos se roban con firmas.
9. BONAUDO “1889/1893 $\it { i } \mathrm { { U n } }$ nuevo umbral…?”; ROJKIND, “El triunfo moral del pueblo.”; ROMERO “El ‘escándalo Magnasco’”; RUDERER, “Corrupción y violencia”; RUDERER, “’Fraude electoral’ o ‘corrupción administrativa’”.
10. BONAUDO, “1889/1893 ¿Un nuevo umbral…?”, pp. 35-51.
11. El Partido Autonomista Nacional (PAN) gobernó la Argentina, pese a sus fraccionamientos, resquebrajamientos internos y fuertes críticas opositoras, desde 1880 hasta 1916.
estudios recientes han mostrado que durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-1904) se sucedieron algunos escándalos de corrupción que socavaron la estabilidad gubernamental13.
Finalmente, la opción por una historia comparada, frecuentemente utilizada por quienes se encuadran en la nueva historia cultural de la corrupción política (en adelante, NHCCP) 14, se debe a un intento de bucear, siguiendo los planteos de Marc Bloch, en las similitudes y diferencias del fenómeno en la Argentina decimonónica desde una mirada provincial15. El hecho de explorar dos provincias ubicadas en la zona litoral del territorio resulta oportuno porque, pese a su cercanía geográfica, ambas presentan algunos contrastes y ciertas semejanzas que nos permiten desvelar singularidades que adquirió la corrupción en cada una de ellas16. Entre las similitudes más evidentes sobresale la importancia que alcanzaron las anomalías registradas en el sector bancario y cómo mediante ellas se construyó un discurso que circuló en los medios periodísticos y los ámbitos políticos y tuvo a la corrupción como uno de sus ejes. Indudablemente, ambos casos también comparten la centralidad respecto al uso político de las acusaciones en el debate público. No obstante, existen algunas diferencias. Siguiendo las ideas de Pol Dalmau e Isabel Burdiel17, en uno y otro escenarios las denuncias y los escándalos se convirtieron en componentes nodales de los juegos en torno al poder y fueron parte, retomando a Manuel Balán18, de la fuerte competencia interpartidaria, por lo que adquirieron lógicas divergentes. En Entre Ríos las críticas fueron un eje central de la disputa en el seno de las propias fracciones que constituían el oficialismo provincial, mientras que en Santa Fe, contrariamente, lo acontecido en el BPSF generó acaloradas discusiones y críticas cruzadas entre el autonomismo y la oposición, en la que los sectores radicales adquirieron un rol protagónico. Por otro lado, y a pesar de que el malestar respecto a lo sucedido en las casas bancarias generó profundas críticas en ambas sociedades locales, los hechos no siempre tuvieron el mismo derrotero.
Por último, cabe destacar que la investigación se sustenta en una amplia base documental en la que se distinguen prensa diaria y periódica, principalmente proveniente de las ciudades de Paraná y Rosario19 (El Argentino, El Constitucional, La Capital, El Municipio) 20, documentos bancarios y debates parlamentarios.
Denuncias y escándalos de corrupción: algunas precisiones teóricas.
Los asuntos que dan título de este apartado fueron abordados por los científicos sociales desde distintas perspectivas analíticas21, con lo que se convirtieron en problemas centrales de investigación y en objetos de estudio en sí mismos22.
Aunque denuncia, escándalo y corrupción suelen estar ligados entre sí, su filiación es diversa. Las denuncias no siempre derivan en escándalos –definidos como una reacción de indignación social contra los agentes políticos por considerarlos responsables de conductas abusivas o transgresoras de la confianza social–23: para que ello ocurra deben reunirse una serie de componentes. Entre estos se destacan la transgresión, es decir, la alteración de las normas sociales; la publicidad, que refiere al conocimiento de los hechos; la controversia, que se vincula al sentimiento de desaprobación pública de los acontecimientos aludidos; la degradación, que remite a la deshonra o descrédito social que experimentan los personajes involucrados, y las pruebas que se relaciona a la evidencia empírica reunida en las denuncias24. También debe tenerse en cuenta que los escándalos políticos pueden no referirse a acciones corruptas y relacionarse, entre otros, con motivos financieros o sexuales. A su vez, ciertas prácticas pueden ser aceptadas socialmente y no generar escándalos, mientras que otras logran coagular en este tipo de hechos25.
Por su parte, la corrupción, entendida como un concepto normativo históricamente variable y con fuertes connotaciones ideológicas, abarca una amplitud de comportamientos y de palabras que varían según la época y la cultura en la que se desarrollan26. Si bien desde fines del siglo XVIII e inicios del XIX comenzó a referenciarse con aquellos delitos cometidos por el abuso de una persona en un cargo público para la obtención de un beneficio privado, los estudios recientes han mostrado que esa definición está lejos de contemplar las acepciones utilizadas en la arena política y social27. Por este motivo, uno de los principales objetos de la NHCCP es el concepto mismo de corrupción28.
Además, algunas investigaciones actuales para el caso europeo comenzaron a problematizar la idea de la corrupción como un fenómeno premoderno. Estas han cuestionado ese supuesto y han identificado las vinculaciones que coexisten entre dicho vocablo y la modernidad. En este sentido, las indagaciones se focalizaron en las complejas filiaciones entre la esfera pública y privada y entre el interés particular y el bien común. A partir de ellas, se sabe que esos binomios tensionaron las relaciones políticas en el interior de la clase dirigente y evidenciaron fronteras bastante porosas29.
El contexto político y económico argentino de fines del siglo XIX.
Desde 1880 hasta 1916, los miembros del PAN ocuparon ininterrumpidamente la Presidencia de la Nación. La mayor parte de quienes estaban al frente de las gobernaciones provinciales formaron parte de ese entramado de poder. El PAN, en tanto partido de Gobierno, se caracterizó por aglutinar a distintas coaliciones, sostenidas mediante una serie de pactos, destinados a mantener un férreo control de la arena política nacional30. Ese engranaje político fue bastante eficaz, ya que logró bloquear a sus opositores y sostenerse durante varios años, pese a las notorias disputas evidenciadas en su interior, como fuerza hegemónica31.
La década de 1890 se inició con una crisis económica y financiera que hizo tambalear al Gobierno del entonces presidente Juárez Celman32. Las críticas colocaron en el centro de la escena la corrupción gubernamental en un contexto sacudido por las nefastas consecuencias de la debacle del 1890. En ese escenario, la oposición cobró fuerza y se aunó detrás de las banderas del regeneracionismo político33. Los hechos son bien conocidos: aunque el Gobierno logró contener el alzamiento armado propiciado por los cívicos34, no pudo evitar su propia descomposición35. Finalmente, el presidente presentó su renuncia. El alejamiento de Juárez Celman fue celebrado por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires como un triunfo moral frente a una gestión corrompida que había colocado sus intereses particulares por sobre los de la sociedad en su conjunto36.
En ese contexto, los discursos en contra de la corrupción aparecieron con ímpetu en el Parlamento, el campo periodístico, la novelística y las movilizaciones públicas. Asimismo, los debates sobre el fenómeno irrumpieron en los espacios gubernamentales, gremiales y partidarios, como la Unión Cívica Radical. Incluso desde el interior del PAN comenzaron a plantearse propuestas de reformas electorales, tanto nacionales como provinciales, que pusieron en discusión la representación política37.
Desde los acontecimientos de 1890 hasta el final del segundo Gobierno de Roca, a inicios del siglo XX, transcurrió un período de fuerte fragmentación en el seno de los elencos dirigentes: los discursos, las acusaciones y los escándalos de corrupción se multiplicaban en la escena nacional y local. Un hecho trascendente sucedió en 1901, cuando públicamente fue denunciado, por hechos de corrupción, el ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Osvaldo Magnasco, quien posteriormente dimitió de su cargo. El Parlamento nacional jugó un rol central en el desencadenamiento de los acontecimientos y ofició de órgano de debate a partir del cual se dirimió la moral gubernamental38.
Por otra parte, las acusaciones excedieron el ámbito político y abarcaron otras áreas. Las entidades bancarias, junto a las obras y servicios públicos, fueron algunos de los principales blancos39. Respecto a las primeras, las críticas se orientaron a reflejar la arbitrariedad en el otorgamiento de créditos a políticos, empresarios y funcionarios estatales, así como las irregularidades en la aplicación de la normativa bancaria por parte de las autoridades40. Cabe recordar que la banca argentina se encontraba en una
40. LOTERSZTAIN, Los bancos, pp. 83 y ss.
situación sumamente compleja a principios de la década de 1890. Esto se debió, en parte, al impacto que tuvieron algunas de las medidas implementadas por Juárez Celman, como la Ley de Bancos Garantidos. La normativa se enmarcó en un proyecto político mayor, que tenía por objetivo dotar a las entidades de todo el país de la facultad de emitir moneda a través de la compra de bonos estatales que oficiaran de respaldo. La aplicación desordenada de la reglamentación por parte del Gobierno y de las autoridades bancarias provocó una emisión descontrolada41.
Estos factores, junto a otros de carácter interno y externo, contribuyeron a que el sistema bancario quedase devastado y que muy pocas instituciones se mantuvieran en pie. El Banco Nacional, compañía sobre la cual se estructuró el sistema monetario y crediticio del período y actuó como agente financiero exterior del Estado Nacional, sufrió fuertemente los embates, ya que las reservas en oro de los bancos garantidos –que debían ser depositadas en sus arcas como respaldo de la emisión– fueron notoriamente menores42. Esos acontecimientos generaron la depreciación del papel moneda, el incremento del valor del oro y el desarrollo de un proceso inflacionario ascendente que se intensificó por las conductas especulativas de los agentes que actuaron en el mercado bursátil e inmobiliario43. Paralelamente, los clientes de los bancos provinciales e hipotecarios, inmersos en una situación de pánico, extrajeron buena parte de sus depósitos, hecho que agravó aún más el escenario44.
Santa Fe: entre denuncias y escándalos bancarios.
El Partido del Pueblo –también llamado situacionismo– fue la vertiente del autonomismo en Santa Fe que, pese a sus diferencias, se mantuvo en el poder desde fines de la década de 1860 hasta principios del siglo XX. Desde 1880 formó parte de la coalición gobernante del PAN45.
Los historiadores caracterizaron este espacio político, entre otros elementos, por la preminencia de sus intereses privados sobre los generales, la importancia que en él revistieron las redes parentales y amicales, la presencia de liderazgos políticos entre sus filas, su funcionamiento inorgánico y la utilización de las estrategias de cooptación para la defensa de los intereses del grupo46.
Durante la presidencia de Juárez Celman, al igual que lo sucedido en el plano nacional, la gobernación autonomista de José Gálvez (1886-1890) fue cuestionada por ciertas anomalías administrativas. Una de ellas, quizás la más resonante, se refirió al $\mathrm { B P S F } ^ { 4 7 }$ . La entidad fue una de las instituciones público-privadas más dinámicas de la región. Cabe recordar que Santa Fe jugó un rol directriz en el crecimiento económico de la pampa húmeda a través de su integración en el mercado mundial mediante la exportación de materias primas. El BPSF se fundó en 1874 como una sociedad anónima de capitales mixtos, cuyo mayor accionista fue el Estado Provincial y, en menor medida, los sectores empresariales ligados al comercio, las finanzas y el negocio inmobiliario48. Durante los primeros años, la compañía se proyectó como un banco comercial y de emisión49.
El BPSF, a lo largo de la gestión de Gálvez, fue puesto en tela de juicio por ser uno de los espacios a partir de los cuales los miembros del poder político y económico se beneficiaban50. Si bien la entidad contó con algunas sucursales en el interior de la provincia, tuvo su asiento principal en la ciudad de Rosario. Las referencias a las anomalías a las cuales nos referiremos se vinculan a ella51.
En un primer momento, las acusaciones más exacerbadas provinieron de la prensa opositora al galvismo, como el diario El Municipio52. Incluso buena parte de ellas se desarrollaron durante la gobernación de Gálvez. Las críticas, fundamentalmente, se dirigieron hacia la administración del BPSF –representada por el director Eloy Palacios– y a la gestión del gobernador. Se los responsabilizó durante la crisis por la estrechez de recursos de la entidad53. Los tempranos cuestionamientos por parte del diario no solo deben entenderse en consonancia con la línea editorial mantenida por $E l$ Municipio que, desde sus inicios, se erigió como un defensor de los intereses de la comunidad y de las conveniencias públicas, sino también por el posicionamiento político de su impulsor, Deolindo Muñoz54. Luego del fallecimiento de Simón de Iriondo, máximo líder del autonomismo en Santa Fe, desde fines de la década de 1860 hasta 1883 se produjo una crisis en el seno del partido. Las principales líneas estaban representadas en la figura del gobernador Manuel María Zavalla (1882-1886) y de su vicegobernador Cándido Pujato, que en 1882 asumió la gobernación interina por enfermedad de Zavalla. El primero representaba los intereses de la ciudad capitalina, mientras que el segundo manifestaba la supremacía de los hombres del sur, que tenían en Rosario su máxima expresión. Muñoz, durante la gobernación de Pujato, fue designado en un puesto político clave, el Ministerio de Gobierno, espacio que tenía el control de los funcionarios de los distintos departamentos provinciales. Más tarde, Zavalla retomó sus funciones en la gobernación y reemplazó a Muñoz por Gálvez55. Aunque el periodista, en el momento en que se desarrollaron las denuncias, no ejercía cargos gubernamentales, utilizó las páginas de su empresa editorial como un arma política. En este sentido, y siguiendo los planteos de Balán, interpretamos las primeras acusaciones dirigidas al BPSF como parte de las disputas del autonomismo luego de la muerte del líder Iriondo.
Si tomamos en consideración los componentes del escándalo, desarrollados en los parágrafos anteriores, observamos en esta primera etapa la publicidad sostenida de ciertos hechos vinculados al mal funcionamiento de la entidad. A esos señalamientos le siguieron otros también provenientes de la prensa local. En ese contexto, el diario La Capital56 comenzó a prestarle mayor atención a lo acontecido en el BPSF.
El segundo momento del escándalo se destacó por la difusión de las noticias, en distintos medios periodísticos, sobre la llamada Misión Pillado57. En agosto de 1890, durante la gestión del presidente Carlos Pellegrini (1890-1892), se había enviado un comisionado del Gobierno nacional, Ricardo Pillado, al BPSF para que realizara un informe financiero de carácter exhaustivo. La tarea había culminado con un controvertido escrito que ponía en evidencia una serie de irregularidades. Entre las más resonantes se destacaron la emisión de moneda ilegal, la inexistencia del encaje bancario, la presentación de informes ficticios y el otorgamiento de abultados créditos, superiores a lo establecido por la normativa, de la que resultaron beneficiarios el director general del BPSF, el Gobierno provincial y un conjunto de empresarios. Finalmente, la misión se clausuró con la presentación de una denuncia ante la justicia federal en contra de quienes habían estado al frente de la dirección del BPSF58. En este escenario, la difusión del caso, a diferencia de los años previos, no fue el resultado de disputas políticas, sino de la repercusión generada por la investigación gubernamental llevada a cabo por Pillado.
Un tercer momento del escándalo lo situamos entrada la década de 1890, cuando el enfrentamiento entre autonomistas y radicales adquirió mayores dimensiones59. El Gobierno de Gálvez fue sucedido por el de Juan Manuel Cafferata (1890-1893), del mismo signo político. Como consecuencia del avance de la revolución radical de julio de 1893, este último renunció a su cargo. A principios de agosto, las Juntas Revolucionarias, ubicadas en las ciudades de Santa Fe y Rosario, conformaron un Gobierno provisorio. Finalmente, el Estado Nacional dispuso la intervención federal en la provincia a fin de ese mes. En octubre de 1893, el interventor Baldomero Llerena fue reemplazado por José Vicente Zapata, quien estuvo en ese cargo hasta febrero de $1 8 9 4 ^ { \bar { 6 } 0 }$ . Luego asumió la gobernación, también por el autonomismo, Luciano Leiva (1894-1898).
Algunas de las discusiones más álgidas entre radicales y autonomistas sobre el BPSF tuvieron lugar, en 1894, dentro del recinto de la cámara de diputados. Esos debates se nutrieron de los acalorados discursos del dirigente radical Francisco Barroetaveña y del legislador autonomista por Santa Fe José Llobet61. Paralelamente, durante esos años, se desarrollaron algunas discusiones entabladas por los legisladores provinciales durante el tratamiento de la deuda externa en el BPSF. Además, desde el Estado provincial se presentaron algunos proyectos para la nueva organización de la entidad. También, tal como ocurrió en 1893 durante el Gobierno radical provisorio encabezado por Mariano Candioti, se decidió una nueva intervención en la entidad62. Tiempo después –durante la intervención nacional de Llerena– se nombró una comisión especial en el Departamento de Hacienda de la provincia, destinada a implementar acciones de reestructuración del BPSF63.
Es interesante detenernos en algunos aspectos de los acontecimientos descritos. Por un lado, las denuncias sobre el BPSF pueden ser leídas como parte de las luchas interpartidarias entre autonomistas y radicales. Un fragmento del discurso del legislador.
Llobet pone sobre el tapete que las acusaciones de la que era blanco el oficialismo, según él, en realidad involucraban a un espectro político más amplio. Sobre este tema, el diputado sostuvo:
al partido al que pertenezco partido que no puede hacerse responsable de todos los hechos y actos producidos por la administración que han actuado en la provincia de Santa Fe, quince años antes de 1885, que es la época en que ese partido se constituyó con el triunfo de la candidatura de José Gálvez. Y lo voy a probar […] los hombres más importantes que habían formado en las filas del partido iriondista, partido cuyo nervio, cuyo jefe era el ilustre, inteligente y valeroso caudillo doctor Iriondo […] los hombres que formaban ese partido, digo eran los jóvenes de Iriondo que hoy son conspicuos radicales64.
Por otro lado, el legislador también señalaba que, en lo referente a la administración del BPSF, los radicales habían integrado la dirección de la entidad y por lo tanto habían tenido, de algún modo, responsabilidad en lo ocurrido. Respecto a esta afirmación, Llobet expresó:
El Banco de la Provincia se manejó, durante muchos años antes de subir el doctor Gálvez al gobierno, por un director, una junta consultiva y la asamblea de accionistas […] Y aquí es el caso de manifestar que desde antes del gobierno de Gálvez ya figuraban en el directorio del banco hombres que pertenecen actualmente al partido radical –y son los más conspicuos– que allí iban en representación de los accionistas […] sin embargo ninguno de ellos tienen responsabilidades!65.
Si tomamos en consideración la defensa de Llobet, advertimos que la oposición al autonomismo forjó una crítica táctica66. Los sectores del radicalismo, en ese contexto de gran confrontación y de reorganización partidaria, buscaron, mediante un conjunto de acusaciones, disputar la arena política67. Esta actitud también se había observado en los sucesos de 1893. En el manifiesto de la Junta Revolucionaria se hacía referencia, de manera directa, al BPSF como “un gran teatro de inmoralidades” en lo concerniente al manejo de los dineros públicos68. Sin embargo, en esta oportunidad las denuncias fueron acompañadas por una crítica más estratégica, es decir, que, pretendían introducir cambios institucionales69. Durante el período revolucionario se tomaron algunas medidas significativas, entre las que se destacaba la intervención e investigación de las entidades bancarias provinciales. En lo que respecta estrictamente al BPSF, una de las primeras decisiones fue el nombramiento de un directorio de siete miembros70. En el decreto que fundamentó esa determinación se aludió a los perjuicios generados por la administración bajo una dirección única, la cual había vulnerado la ley orgánica y sus lineamientos para la conformación de un directorio71.
Finalmente, resulta pertinente analizar algunos discursos que sintetizan los usos del término corrupción a lo largo de las distintas etapas del escándalo aquí abordado. En las acusaciones se vislumbra el supuesto daño económico que las acciones indebidas generaron a las arcas del Estado72. En este sentido, resulta elocuente una nota aparecida en El Municipio en la que se exigió que los responsables reparasen el perjuicio ocasionado. El diario, desde sus columnas, sostuvo:
es necesario que se castigue con verdadera y ejemplar justicia á los culpables de esa hecatombe de aquella institución del crédito; es urgente, en fin, que se responsabilice á los ladrones públicos, que se obligue a los grandes deudores á garantir los pagos y que se exija por igual el servicio de los intereses y la satisfacción de las amortizaciones […] la corrupción fue inmensa73.
También en otra parte de la misma noticia se utilizaban dos vocablos ligados a la corrupción: agio y abuso. El matutino, en relación al BPSF, afirmó:
Antes de la inspección llevada a cabo por el señor Pillado, se habían cometido infinitos agios, después de la inspección han continuado los abusos por medio de los convenios, prácticas y cancelaciones indecorosas y a todas luces ilegales. 74.
Respecto a la primera expresión, y a partir del razonamiento de Gemma Rubí y Lluís Ferran Toledano, este fue uno de los términos usados para aludir a la corrupción en España durante el siglo XIX. Hacía referencia a un mecanismo mediante el cual las personas se enriquecían sin esfuerzo de trabajo75. Más bien, para el caso del BPSF, el agio se había producido como resultado de la arbitrariedad con la que se había administrado la entidad.
En relación al vocablo abuso, y continuando con el argumento de los mismos historiadores, también se correspondió con las acepciones que para ese período circularon en el Viejo Continente. La corrupción fue asociada con la violación de la ley76. En lo que respecta a las acusaciones del BPSF, se hizo referencia a la transgresión de la normativa bancaria vigente en ese momento.
Entre Ríos: acusaciones bancarias y escándalos en suspenso.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la provincia de Entre Ríos fue escenario de un proceso de crecimiento económico y poblacional acorde con la transformación que la región pampeana experimentaba por entonces77. En consonancia con el contexto nacional, desde principios de la década de 1880 hasta 1912 las distintas facciones locales ligadas al PAN ganaron las elecciones en el espacio provincial de manera sistemática. En esos años, la dirigencia política estaba integrada por una elite notabiliar sostenida por vínculos familiares, amicales, económicos, sociales y profesionales78. A diferencia de las etapas previas, la mayoría de los gobernantes provenían de la costa del Paraná 79 .
En 1883 se abrió un nuevo escenario político. La crisis en la que se encontraba sumida la provincia, como consecuencia de la inestabilidad desatada por la muerte del líder Justo José de Urquiza (1801-1870), se estaba desvaneciendo. Ese año, Eduardo Racedo logró triunfar en la gobernación. Durante su mandato se adoptaron una serie de medidas de alto impacto entre las que se destacaron las siguientes: la reforma constitucional, el traslado de la capital provincial a la ciudad de Paraná, una nueva administración de la justicia y la sanción de la ley de tierras públicas80.
Hacia 1887, Racedo abandonó el ejecutivo al ser designado por el presidente Juárez Celman como ministro de Guerra y Marina. Al poco tiempo, en la provincia resultó triunfante la fórmula Manuel Crespo-Clemente Basavilbaso, que nucleaba a sectores opositores a Racedo. Más tarde, el gobernador Crespo dimitió por cuestiones de salud y lo sucedió su vicegobernador81. Durante su Gobierno se produjeron importantes disputas en el ámbito político, especialmente por el enfrentamiento entre dicho líder y el exgobernador Racedo. Desde 1888, las diferencias entre ambos políticos se hicieron evidentes mediante las intensas campañas de desprestigio emprendidas por los sectores racedistas en contra del entonces mandatario82.
Por otra parte, durante la gestión de Basavilbaso ocurrieron los estallidos revolucionarios que derivaron en la renuncia de Juárez Celman. Si bien en el territorio entrerriano no hubo levantamientos armados, por lo menos significativos, el complejo clima del 1890 impregnó la escena local. El gobernante fue cuestionado, al igual que su par santafesino, por algunos de sus comportamientos en el plano financiero, político y administrativo83. Las críticas, principalmente, se difundieron hacia el mal manejo del BPER y a la situación económica en la que se encontraba la provincia, producto del proceder gubernamental. Las acusaciones se inscribieron en un clima de profunda rivalidad política entre los grupos autonomistas ligados a las figuras de Racedo y Basavilbaso.
A diferencia de lo ocurrido en el BPSF, en la casa bancaria entrerriana las irregularidades adquirieron menores dimensiones. Cabe recordar que la compañía había tenido su origen en 1884, aunque debido a las dificultades en el inicio de su funcionamiento comenzó a operar tiempo después. Su principal accionista fue el Estado provincial y, en menor medida, un conjunto de empresarios. El Gobierno local hizo varios esfuerzos para aumentar el capital social del banco. En 1888, el BPER fue incorporado, gracias a esas gestiones, al sistema de Bancos Garantidos84.
Las acusaciones en contra de la entidad se iniciaron en 1889. Provinieron de una información difundida desde la vecina provincia de Córdoba y luego se extendieron a la ciudad capital del país. Mas tarde, las noticias fueron desmentidas por el periódico de Paraná El Argentino, alineado con la política oficial85. Los fundamentos que se utilizaron para desmontar la acusación hicieron alusión a que los billetes, supuestamente adulterados, no se encontraban en circulación86. El BPER, al igual que el BPSF, sirvió a los opositores de Basavilbaso para cuestionar la propia administración provincial. $E l$ Constitucional87 de Paraná, defensor de Racedo, criticó lo sucedido durante la gestión de Basavilbaso con estas palabras:
El señor Steward hizo mucho, es cierto; pero se retiró precisamente cuando no pudo sostener los cortesanos de Basavilbaso que sangraban rápidamente las cajas del Banco88.
Si bien no son muchas las precisiones que brinda la prensa al respecto, a partir de esta información se desprende que, al igual que lo sucedido en el BPSF, la entidad sirvió a los sectores ligados al poder para satisfacer beneficios particulares. Con posterioridad, esos datos periodísticos fueron corroborados en la investigación llevada a cabo por el economista Sixto Quesada. En ella se sostuvo que.
Este Banco, con el exceso de capital y de emisión, entró también de lleno en los negocios de la época, fomentando especulaciones y toda clase de negocios incorrectos89.
Por otra parte, durante los primeros años del siglo XX, El Argentino defendió un proyecto de liquidación del BPER por sus notorios inconvenientes para cubrir los gastos generales esgrimiendo similares argumentos:
Cabe la honra de esa iniciativa progresista al gobierno del General Racedo, quien supo defender al alcance de sus facultades, la integridad de su tesoro, organizando una administración honrada y competente […]. Entonces era próspera y benefactora la marcha del Banco; pero los que lo sucedieron á aquel en el mando, hicieron tabla raza [sic] de la institución, convirtiéndola en un elemento de la política, de halagadoras seducciones90.
Sin embargo, otras denuncias periodísticas hicieron foco en que las dificultades del banco provenían de la incapacidad del Estado provincial para obtener empréstitos en el exterior. Esa incompetencia se atribuía a la política “corruptora” del Gobierno. En una nota publicada, en mayo de 1890, El Constitucional aseveró:
Así se explica que Basavilbaso no haya podido colocar el empréstito de los once millones para aumentar el capital del Banco hasta veinte millones, lo que hasta cierto punto es una suerte, porque se los hubiera devorado su política corruptora, en vez de emplearlos como en la anterior administración en obras de valor reproductivo.
Recordemos que, en tiempos de Racedo, la casa Baring Brother decía en una carta que “Entre Ríos podía disponer de todo el oro de sus cajas. Es que la probidad en el gobierno dignifica al pueblo y hace cotizar su crédito al alto tipo de las más ricas sociedades”91.
Según El Constitucional, la corrupción estaba asociada al mal uso de los dineros públicos. Este hecho generaba un perjuicio económico para el Estado, ya no como consecuencia de un beneficio particular, tal como lo refirieron las acusaciones sobre BPSF, sino como un impedimento para la obtención de financiamiento externo por parte del Estado provincial. En este sentido, el vocablo, siguiendo el razonamiento de Rubí y Toledano, se vinculaba, al igual que en la España contemporánea, con el uso incorrecto de las facultades públicas92.
A partir del fragmento citado es interesante detenerse en otro aspecto de la denuncia, puntualmente en la expresión “obras de valor reproductivo”. Esa idea parece estar vinculada a la utilización de los dineros públicos para el desarrollo de obras de infraestructura necesarias para el crecimiento económico de la provincia. Los seguidores de Basavilbaso la emplearon para acusar a sus contrincantes políticos. Sobre este tema, El Argentino afirmó:
El Gobernador Clemente Basavilbaso no ha hecho lo que el Gefe de la cuadrilla opositora.
Es decir, aquel cuando era gobierno contrató un ferrocarril en $2 8 ~ \mathrm { { m i l } }$ pesos en kilómetro, cuando había quien lo hiciera por $2 2 ~ \mathrm { { m i l } }$ , pero en cambio se asegura que los empresarios le dieron un $1 5 \%$ como un regalo.
Ese mismo Gefe contrató una línea telegráfica, en la cual uno de los contratistas le regaló una casa, y otro le hizo obsequiar por el valor de $1 2 \mathrm { m i l }$ pesos.
Que hubo un empréstito, en el cual percibió el $5 \%$ de utilidad y más las diferencias de cambio.
Eso no ha hecho ni hará jamás el tirano Basavilbaso.
El cual puede decir con entero orgullo: no he hecho una administración lujosa, pero sí un gobierno honrado93.
La cita resulta interesante, en tanto que permite observar que las prácticas ilegítimas, en esta oportunidad, aparecieron asociadas a la idea de soborno o cohecho, entendidos como la obtención de regalos o dádivas por parte de los políticos94.
Sobre las denuncias del BPER también existieron críticas a la gestión del directorio. Contrariamente al caso santafesino, donde se colocó el foco en la transgresión a ciertas normas bancarias sobre el otorgamiento de créditos, aquí su falta de cumplimiento derivó en las medidas llevadas a cabo por el Gobierno provincial. Estas contrastaban de manera directa con las disposiciones acordadas en la entidad. Uno de los puntos más controvertidos se refirió al proyecto de creación de un Banco Hipotecario que, según una parte de la prensa, perjudicaba al BPER. El Constitucional, en febrero de 1890, sostuvo en relación con este tema:
El gobierno de la provincia es accionista por casi la totalidad del capital del banco, y bajo sus inspiraciones y responsabilidades se había sancionado la ley que creara aquella sección hipotecaria que era urgentemente reclamada por el desenvolvimiento de nuestras riquezas […]. Bien pocos días después de aquel mensaje, el P.E de la provincia pasaba al Poder Legislativo un mensaje acompañando el proyecto de creación del “Banco Hipotecario de Entre Ríos” propuestos por el Sr. Llambí Campbell y se sancionaba definitivamente como ley de la provincia, no obstante de herir de muerte a los derechos acordados por la ley anterior al banco Provincial […]. Desde ese momento fue totalmente abandonada la sección hipotecaria de este banco, y varios empleados que se habían nombrado, cesaron de serlo […]. Queremos tan solo imputar al directorio del banco del delito que ha cometido, no defendiendo los derechos que le dio la ley de creación de aquella sección hipotecaria, y haciendo un total abandono de la misma95.
La palabra delito, en esta oportunidad, estaba vinculada al incumplimiento de una normativa y a la promoción de un proyecto bancario que competía de manera directa con los servicios brindados por el BPER.
Durante los primeros años del siglo XX, según los datos proporcionados por Quesada, la compañía se encontraba casi inmovilizada. Las mayores dificultades que afrontaba se derivaban de sus compromisos en el exterior y de las obligaciones mantenidas con el Banco Nacional producto de la emisión. En relación con la primera, se llegó a un acuerdo entre la entidad y el Estado nacional que emitió títulos para la cancelación de la deuda. Respecto al segundo punto, el BPER acordó con el Gobierno nacional la devolución de los fondos públicos que se adeudaban como garantía de las emisiones realizadas durante la vigencia de la Ley de Bancos Garantidos96.
El BPER presentó algunas diferencias notorias en relación con el caso santafesino. Las acusaciones sobre las anomalías sostenidas por la prensa local, pese a desarrollarse en un escenario de fuerte conflictividad en el seno del autonomismo provincial, no derivaron en escándalos. Aunque puede observarse, a través de la documentación consultada, un conjunto de transgresiones en la compañía y su publicidad en la prensa local, los sucesos estuvieron lejos de provocar la reacción de la clase política, tal como ocurrió con el BPSF. Esta situación se explica por varios factores. En primer lugar, las supuestas irregularidades en el BPER no generaron, en contraposición a lo sucedido en el BPSF, la intervención y posterior investigación del Estado nacional. Si bien la situación en la que se encontraban ambas casas era ruinosa, la gravedad de los hechos las diferenciaba. En segundo lugar, uno de los componentes esenciales para el desencadenamiento de los escándalos refiere a las pruebas reunidas en las acusaciones. En relación con el BPER no se obtuvieron evidencias, directas o contundentes, de las críticas periodísticas, incluso alguna de ellas, como en el caso de la falsificación de billetes, fueron rebatidas en sus argumentos centrales. En el BPSF, de manera opuesta, la documentación reunida por Pillado y su pedido de intervención por parte de la justicia federal demostraron que las acusaciones eran concluyentes. En tercer lugar, el BPER presentó un menor desarrollo y dinamismo económico que el de su par santafesino. Asimismo, los entramados político-empresariales que sustentaron las denuncias periodísticas en el BPER, contrariamente a lo sucedido en el BPSF, fueron menos visibles.
Para finalizar este apartado creemos que es importante detenernos en algunas acusaciones desarrolladas en 1896, momento de fuerte faccionalismo en el propio elenco gubernamental97. En esta ocasión, las disidencias internas tuvieron como principales protagonistas, por un lado, al primer mandatario, Salvador Maciá (1895- 1899), y por el otro, a su vicegobernador Francisco Gigena (1895-1896). En el referido año, ambos fueron víctimas de la presentación, por separado, de dos pedidos de juicio político en su contra por parte de la legislatura provincial. Si bien existían algunas similitudes en las solicitudes, había divergencias en los móviles de las acusaciones. Mientras que a Gigena se lo hizo responsable de incitar a una serie de levantamientos armados en contra de Maciá, se culpó al gobernador de sustraer sumas de dinero del tesoro provincial mediante un sistema de vales de los empleados de la administración. La legislatura habilitó el proceso en el primero de los casos y obturó el procedimiento en el segundo. Lo interesante de los hechos en cuanto a los objetivos del artículo es que, si bien el Parlamento hizo caso omiso a una solicitud vinculada a la corrupción en su variable moderna, es decir, según los planteos de Sandra Gayol como falta de transparencia en el manejo de los dineros públicos, los hechos desencadenaron un importante repudio de distintos sectores periodísticos y políticos opositores al gobernador98. Aunque los acontecimientos escandalosos se produjeron como consecuencia al rechazo de ambas conductas gubernamentales, las acusaciones en contra de Maciá, referidas al uso de los dineros públicos, tiñeron buena parte de las discusiones parlamentarias durante el proceso judicial contra Gigena. Aquí la filiación entre denuncia y escándalo fue más estrecha en comparación con lo sucedido en el BPER99.
Consideraciones finales.
A partir del análisis de los casos abordados en Santa Fe y Entre Ríos nos hemos acercado al fenómeno de la corrupción en la Argentina hacia fines del siglo XIX. La primera conclusión que se desprende es que las denuncias, al igual que lo suscitado en el plano nacional para este período, tiñeron buena parte de las disputas en torno al poder. En ese escenario, las acusaciones vinculadas a las anomalías en las entidades bancarias estatales adquirieron un rol medular. Sin embargo, los discursos que las circundaron fueron diferentes. Los hechos referenciados como corruptos abarcaron un amplio espectro e hicieron foco principalmente en el comportamiento de la clase dirigente y de los funcionarios estatales (mal manejo de los dineros públicos, abuso e incumplimiento de la normativa, beneficios económicos, aplicación de medidas perjudiciales para la entidad, etc.), y en menor medida en el empresariado. Las críticas en torno a la corrupción se extendieron y propagaron, para el caso santafesino, en la arena política, periodística, estatal y judicial, mientras que para Entre Ríos tuvieron anclaje únicamente en las dos primeras de esas esferas. El vocablo, al igual que algunos de los usos extendidos para la época, se asoció a términos como agio, abuso e incumplimiento de la norma.
En relación con el BPSF, las acusaciones de corrupción derivaron en escándalos, mientras que las referentes al BPER no coagularon en este tipo de hechos. Esa variación, tal como se indicó más arriba, se debió a múltiples factores (magnitud de las trasgresiones, contundencia de las pruebas presentadas por la prensa, intervención de la justicia, etc.). En la primera de las compañías mencionadas, las denuncias inicialmente se generaron como consecuencia del derrotero respecto a las controversias en el seno del autonomismo después de la muerte del líder Iriondo y estuvieron protagonizadas por el gobernador Gálvez y el periodista Muñoz. Más avanzada la década de 1890, los enfrentamientos más álgidos respecto al tema provinieron de las disputas entre oficialismo y oposición. En este sentido, un rasgo interesante es que el radicalismo no solo utilizó como bandera la lucha contra la corrupción, sino que una vez en el ejercicio provisorio del Gobierno tomó medidas concretas frente a las anomalías registradas en el BPSF.
Respecto al BPER, las denuncias sobre las irregularidades se convirtieron en un elemento de acusación política en las propias fracciones que constituían el oficialismo, representadas por las figuras de Racedo y Basavilbaso. Con posterioridad, ese resquebrajamiento de la clase dirigente, más notorio con la llegada de Maciá al poder, habría generado un clima propicio para el desencadenamiento de hechos escandalosos, tal como ocurrió con los pedidos de juicio político. Esto demuestra que, a diferencia del caso de Santa Fe, en Entre Ríos las pujas entre las distintas facciones del autonomismo durante la década de 1890 se dirimieron, en ciertas circunstancias, a partir de las repercusiones que generaron las críticas sobre las anomalías administrativas.
Hace un tiempo las historiadoras Peña Guerrero y Bonaudo introdujeron en una de sus investigaciones una pregunta más que sugerente: “¿Es el uso político, la denuncia o el escándalo, lo que le da entidad al hecho corrupto al interior del contexto social dentro del cual se desarrolla?”100. Si retomamos esas inquietudes y las leemos a la luz de lo acontecido en los dos escenarios provinciales analizados, podemos decir que para el caso santafesino lo que dio entidad al hecho corrupto fueron esos tres componentes mientras que en Entre Ríos lo que primó fue la utilización política de las acusaciones y la sistematicidad de las denuncias.