Documentos de Edad Moderna en el Archivo General de la Administración.
Daniel Gozalbo Gimeno1.
Recibido: 18 de febrero de 2019 / Aceptado: 25 de marzo de 2019.
Resumen. Este artículo tiene como objetivo presentar al público algunas fuentes documentales custodiadas en el Archivo General de la Administración susceptibles de ser utilizadas para la investigación del Antiguo Régimen en España, tanto en su faceta interior como exterior. Se describen en él las características y posibilidades de utilización de varios conjuntos de documentos relativos a la Deuda, la Beneficencia, las representaciones de la Monarquía en el exterior, el Consejo de Guerra, los Corregimientos de Madrid y Alcalá de Henares y algunos otros recursos de información, que son complementarios de los grandes fondos de Edad Moderna conservados en los Archivos Históricos Estatales.
Palabras clave: Archivo General de la Administración; Fuentes; Edad Moderna; Investigación.
[en] Early Modern Documents in the General Archive of Administration.
Abstract. This paper aims at providing the reader with some insights into several record groups located in the General Archive of Administration at Alcalá de Henares that can be used to develop research on the Old Spanish Regime at national or international level. Relevant documentary sources about Public Debt, Private Charity, Spanish Monarchy representations abroad, the Council of War and the Corregimientos of Madrid and Alcalá de Henares are analysed as well as other resources, all them complementary to the great early modern period record groups preserved in the State Historical Archives.
Keywords: General Archive of Administration, Archival Sources; Early Modern History; Research Guides.
Sumario: 1. Preliminar. 1.1. Los expedientes de la Deuda. 1.2. El Archivo de la Beneficencia Particular. 2. Los fondos del Servicio Exterior y el Ministerio de Estado. 3. Los expedientes del Consejo de Guerra (1597-1834). 4. Los fondos de los Corregimientos: Madrid y Alcalá de Henares. Última consideración. Bibliografía.
Cómo citar: Gozalbo Gimeno, D. (2019) Documentos de Edad Moderna en el Archivo General de la Administración, en Cuadernos de Historia Moderna nº 44.1, 205-227.
1. Preliminar.
En 1969 el Archivo General de la Administración fue creado en Alcalá de Henares con el objetivo de recoger, seleccionar, conservar y disponer para información e investigación científica los documentos generados por los organismos centrales del Estado ya carentes de vigencia administrativa. Este hecho no puede ser desconectado de su hilatura histórica, que no es otra que la construcción del aparato burocrático liberal tras el fin del Antiguo Régimen. Este proceso generó a mitad del siglo XIX dos hechos fundamentales: la aparición del Cuerpo Facultativo de Archiveros y la creación en Alcalá de Henares del Archivo General Central, destinado a la custodia tanto de los documentos de las extinguidas Juntas y Consejos del Antiguo Régimen como de los expedientes administrativos que periódicamente remitirían los nuevos Ministerios liberales2 . En 1939 el Archivo General Central desapareció traumáticamente del elenco de archivos estatales, mientras la producción documental administrativa crecía de un modo exponencial y espectacular. Sin archivo intermedio o histórico al que remitir sus documentos, los Ministerios acumularon desde entonces importantes masas documentales, muchas de ellas de notable antigüedad, y que hoy son testimonio de su actividad. Desde que el Archivo General de la Administración abrió sus puertas a principios de la década de 1970 han ingresado 1.163 transferencias procedentes de los Archivos Centrales de los Ministerios Civiles, Empresas Públicas y Organismos Autónomos, y del suprimido Movimiento Nacional, sin olvidar los fondos de las instituciones judiciales radicadas en Madrid.
Así pues, teniendo a la vista la norma y fines de su creación, a nadie pasa desapercibido que los fondos documentales albergados en el Archivo General de la Administración quedan acotados cronológicamente en el período de fundación y desenvolvimiento de las instituciones contemporáneas, desde el segundo tercio del siglo XIX hasta prácticamente la actualidad. Por tanto, con toda seguridad un usuario interesado en acceder a los documentos generados por el Estado en la Edad Moderna no anotará el archivo alcalaíno entre los primeros de su lista, o probablemente nunca lo hará.
No siendo un centro fundamental para ese campo de estudio, con todo, el Archivo General de la Administración custodia algunas fuentes que pueden ser de interés para el estudioso de la Edad Moderna española, tanto a nivel interno como en el marco de las relaciones internacionales o la acción exterior, y que en cualquier caso son susceptibles de convertirse en un útil complemento a las grandes series conservadas en los repositorios de fondos modernos, desde los Archivos Históricos Provinciales, Diocesanos, Universitarios, Municipales o Nobiliarios, hasta los Archivos Estatales como el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo General de Simancas, el Archivo General de Indias o el Archivo Histórico Nacional, por citar sólo algunos.
Pero, ¿por qué custodia el Archivo General de la Administración, un archivo intermedio, documentos de fechas tan antiguas? ¿Pudiera ser, acaso, una anomalía? Quizá se trate de un fenómeno habitual en los archivos centrales e intermedio de la Administración Central, receptores de fondos de instituciones contemporáneas en los que siempre hay cabida para series o agrupaciones documentales históricas. Es sabido que aún a día de hoy no son pocos los archivos públicos de rango central o administrativo que custodian series históricas, por tratarse de expedientes que siguen teniendo activo su valor primario, o por representar su permanencia en la organización productora un timbre de prestigio patrimonial para sus custodios. En otros casos, el desagüe de grandes masas documentales a las que no se podía dar salida durante decenios explica la llegada de documentos de cronología no habitual para archivos de tales características.
Sea como sea, en el Archivo General de la Administración pueden identificarse cuatro grandes fuentes de interés para el estudio de la Edad Moderna. No son las únicas, pero forman conjuntos lo suficientemente coherentes como para exponerlos de forma diferenciada:
1. Para empezar, hay que tener en cuenta las series documentales generadas en período contemporáneo por las nuevas instituciones de la Administración Central liberal que incorporaron en su acervo documentos de siglos anteriores en cumplimiento de sus competencias. Ejemplo de ello lo encontramos en los Expedientes de liquidación y conversión de deudas antiguas y cargas de justicia tramitados en el siglo XIX por la antigua Dirección General de la Deuda del Ministerio de Hacienda, y que suelen incluir títulos de deuda u otros derechos suscritos en el período moderno (y en ocasiones medieval); o en el denominado “Archivo de la Beneficencia Particular” del Ministerio de la Gobernación, que incluye, junto a los expedientes de fiscalización administrativa de las instituciones benéficas de los siglos XIX y XX, multitud de documentos de los siglos XVI al XVIII acreditativos de la fundación o institución de entidades de beneficencia privada. Se trataría de expedientes contemporáneos que incorporan documentos modernos o información sobre entidades originadas y activas en la Edad Moderna.
2. En segundo lugar encontramos los fondos documentales generados por las instituciones del Servicio Exterior de España, algunos de los cuales tienen fechas iniciales en el siglo XVIII. Estas representaciones, si bien no pueden sustraerse a los cambios estructurales político-administrativos acaecidos en la metrópoli, se mantienen estables funcionalmente a lo largo de los siglos, pues para ellas el final del Antiguo Régimen no supone un cambio significativo en la génesis documental y en la custodia de los documentos, los cuales se acumulan en sus archivos sin cesuras. En estos casos, el factor más importante para la integridad del fondo es la propia evolución política del país en que se sitúa la representación, y el ejemplo más claro se encuentra en las legaciones de la Corona española en los antiguos Estados de la.
Península Itálica previos a la Unificación de esa nación: por ejemplo, en el Reino de las Dos Sicilias, en el Ducado de Parma, o en el Gran Ducado de Toscana, de los que el Archivo General de la Administración custodia fondos diplomáticos de la Edad Moderna y de los dos primeros tercios del siglo XIX. Fuera del ámbito italiano, existen otros fondos diplomáticos que hunden sus cronologías en el siglo XVIII, tales como los de las representaciones de España en Trípoli, Washington o Estambul.
3. En tercer lugar, debe subrayarse la existencia de expedientes generados por el Consejo de Guerra, nacido a principios del siglo XVI dentro de la configuración polisinodial del Estado moderno. Estos documentos forman parte del fondo del Consejo Supremo de Justicia Militar, denominación que tomó a partir de 1939 el antiguo Tribunal o Consejo Supremo de Guerra y Marina, creado en 1834 para sustituir al antiguo Consejo de Guerra. La serie más importante de este fondo, abrumadoramente contemporáneo, es la de “Expedientes de causas, cruces, retiros y casamientos” en la que ha pervivido un número importante de expedientes de los siglos XVII y XVIII creados por el antiguo Consejo de Guerra, en su mayoría relativos a la gestión del personal de la institución y a los méritos y servicios de militares.
4. Finalmente, hay que citar varios fondos judiciales y gubernativos del Antiguo Régimen, de ámbito territorial más reducido, que se interrumpen con la aparición de las correspondientes instituciones sustitutorias liberales. Se trata de los fondos de los Corregimientos de Madrid y de Alcalá de Henares, ingresados como “sedimentos” documentales heredados por sus sustitutos, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
A continuación veremos con algo más de detalle estos documentos, su historia archivística, características descriptivas e instrumentos de acceso, de manera que el potencial usuario pueda calibrar su idoneidad para sus propósitos informativos o de investigación. Y en primer lugar:
1.1. Los expedientes de la Deuda.
En septiembre de 1976 tuvieron ingreso en el Archivo General de la Administración siete remesas de legajos procedentes del Archivo de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos del Ministerio de Hacienda3 . De acuerdo a las relaciones de entrega, conformaban estas transferencias más de 2.800 legajos, de los cuales 1.406 correspondían a “expedientes de subastas y ventas de bienes de corporaciones civiles”, 749 a “expedientes de deudas antiguas” y 717 a “expedientes de cargas de justicia”, incoados y tramitados fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, acompañados de varios centenares de libros registro. Las transferencias fueron completadas con 55 legajos de juros, alcabalas, enajenaciones de oficios y servicios, remitidos por la citada Dirección General en julio de $1 9 7 8 ^ { 4 } \mathrm { \Omega }$ , entre los que se encontraron los documentos más antiguos que hoy custodia el Archivo General de la Administración5 . Esta documentación venía acompañada de unas relaciones de entrega que constituyeron los primeros instrumentos de descripción para su acceso y tratamiento. Recepcionadas las transferencias, pasaron a integrar el Grupo de Fondos de Hacienda, por entonces primera sección del Archivo.
Los expedientes de deudas antiguas y cargas de justicia deben situarse en el contexto histórico-administrativo del arreglo de la deuda que se inicia a mediados del siglo XIX de la mano de Juan Bravo Murillo y que se extenderá hasta bien entrado el siglo XX. En 1850 la deuda pública constituía una verdadera pesadilla para el Gobierno, pues representaba el $91 \%$ del producto interior bruto de la nación6 . Bravo, en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Hacienda, procuró sentar las bases de un sistema que permitiera convertir la deuda gigantesca del Estado en otra que fuera asumible mediante los fondos realmente disponibles en las arcas estatales. Éste es el espíritu de la Ley de 1 de agosto de 1851, que permitía reanudar el pago de los intereses de la deuda, paralizado desde 1836. Durante la segunda mitad del siglo XIX varias disposiciones en forma de leyes, decretos y órdenes regularán este esfuerzo estatal para el arreglo de la deuda, “verdadera transacción entre los derechos de los acreedores y la posibilidad de la nación de hacer frente a sus obligaciones”7 , fielmente documentada en los expedientes de la Dirección General de la Deuda.
Jesús Gaite ya señaló en la década de $1 9 8 0 ~ \mathrm { e l }$ interés que podían suscitar estas series hacendísticas decimonónicas, “que nos permiten mirar con cierto optimismo la historia de nuestra Deuda Pública”. Comparaba las transferencias al Archivo General de la Administración con las realizadas a principios del siglo XX por la Dirección General de la Deuda, cuando remitió al Archivo Histórico Nacional todo el fondo de Juros, poniendo de este modo “a salvo toda la historia de la Deuda de la Corona de Castilla, desde los Reyes Católicos hasta mediado el siglo XVIII”8 . Efectivamente, ambos conjuntos documentales son complementarios, y si bien los expedientes de deudas antiguas y cargas de justicia se inician fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, enraízan con títulos de deuda del período moderno, pues son la base que permite la tramitación de aquéllos.
El arreglo de la deuda secular generó dos grandes series, a saber, los “expedientes de deudas antiguas” y “los expedientes de cargas de justicia”. En el caso de los primeros se trata fundamentalmente de expedientes administrativos incoados de oficio o por iniciativa de las personas físicas y jurídicas que tienen como objeto la liquidación de un crédito contra el Estado mediante su reconversión en un título amortizable, capitalizando la deuda y haciéndola susceptible de pago por parte de la Hacienda Pública. Estas deudas antiguas podían originarse por conceptos muy diversos, de tal modo que es muy difícil en estas páginas explicar la amplísima casuística existente en la serie: así, unos expedientes pueden iniciarse con el objeto de indemnizar a los particulares consignatarios afectados por presas marítimas, como las realizadas por los británicos antes de $1 8 0 8 ^ { 9 }$ ; otros resuelven peticiones de atrasos adeudados a militares veteranos de las guerras contra Napoleón y de independencia americana, o a ciudades y particulares que financiaron el esfuerzo de guerra con contribuciones especiales10. Pero otros muchos se remontan más atrás en el tiempo, a un privilegio que originaba una obligación para la Hacienda Real, por ejemplo en forma de privilegio de juro cuyos intereses percibía el deudor en el “situado” de lugar y tributo que especificara el título correspondiente, y durante el plazo, temporal o perpetuo, que sus cláusulas estipularan. Así pues, son muy abundantes en estos expedientes los privilegios de enajenación de rentas reales (tercias, alcabalas, medios diezmos, etc.) a favor de individuos (con fuerte presencia de aristócratas, como es lógico) y entidades como concejos, colegios, cofradías, conventos, congregaciones, etc.
Los títulos originales o sus copias autenticadas ante los negociados del Ministerio de Hacienda están presentes dentro de los expedientes o fuera de ellos, como en el caso de los centenares de títulos del Antiguo Régimen que ingresaron en 1978 fuera de sus expedientes, quizá porque en un momento determinado se identificó un alto valor diplomático en estos documentos y se decidió formar un colección separada, hoy accesible a través del inventario IDD (01)008.000, que es un clásico catálogo documental11. Otros dos inventarios dan acceso a la serie de deuda antigua: el IDD (01)007.003, para la deuda antigua “cancelada”, y el IDD (01)007.004, para la deuda antigua “pendiente”, como así se distinguió en la antigua Dirección General de la Deuda, por llevar estampado el sello “cancelado” en la guarda de pergamino del título original o en la portada del expediente.
En el caso de los expedientes de “cargas de justicia” nos encontramos fundamentalmente ante procedimientos incoados de oficio o por las personas físicas o jurídicas perceptoras de rentas procedentes de tales obligaciones. El objetivo perseguido era la declaración de caducidad de la carga o, en caso contrario, la obtención de una indemnización, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en concepto de liquidación de un derecho originado generalmente en un privilegio por el que la Corona enajenaba oficios o rentas en favor de una persona o entidad a cambio de una cantidad12. La indemnización adoptó la forma de una conversión de la renta heredada en deuda corriente del Estado, y requería la comprobación administrativa de que la carga de justicia no había caducado y que por tanto era perpetua y subsistente, circunstancias que se investigaban y sustanciaban en los expedientes con prolijidad, exigiendo para ello los títulos originales. Como en el caso de los expedientes de deuda, presentan un carácter diverso y complejo, siendo así que los propios archiveros de Hacienda reconocían en 1951 la dificultad de distinguir entre un procedimiento administrativo de liquidación de deuda de otro de cancelación de carga de justicia13.
En los expedientes de cargas de justicia originadas en la Edad Moderna, cuyos títulos o certificaciones se adjuntan a los expedientes o forman, como ya hemos visto, serie aparte, predomina el objetivo de liquidación y capitalización de juros por alcabalas, los más abundantes, pero también por conceptos fiscales tales como lanas, salinas, millones, mesa maestral de órdenes militares, puertos secos, venta de esclavos y negros, diezmos de mar; o por enajenación a favor de particulares de oficios públicos como, por ejemplo, el de fiel medidor de líquidos de Málaga, el de prebostad de Bilbao, el de escribano del servicio de millones de Paredes de Nava (Palencia), el de alguacil mayor de la Audiencia de Sevilla o el de regidor perpetuo de Toledo, citando algunos casos. Los centenares de privilegios conservados fueron expedidos por las cancillerías de todos los soberanos titulares de la Monarquía de España, desde los Reyes Católicos hasta Carlos IV. La carta de privilegio es por antonomasia el documento representativo del Antiguo Régimen, ya que es justamente el privilegio la piedra basilar de su estructura sociopolítica.
La diversidad de privilegios y títulos expedidos por la Hacienda Real, sobre los conceptos más diversos y a favor de un mundo social heterogéneo, hace de estas series un conjunto documental a tener en cuenta para la investigación de la fiscalidad, la deuda pública y la administración de la Monarquía Hispánica y el Estado Liberal, en combinación con los fondos hacendísticos conservados en el Archivo General de Simancas y en el Archivo Histórico Nacional. Además, ofrece a estudiantes e investigadores una panoplia de tipos documentales de gran interés para el análisis diplomático-paleográfico y para la historia de la cultura escrita. Por otra parte, en estos expedientes no cuenta únicamente la existencia de los títulos originales de derechos constituidos en los siglos modernos, sino también la información acerca de las personas físicas y jurídicas que deciden convertirse en acreedores del Estado en ese período. Para cobrar/convertir la deuda, era esencial que tales entidades dieran prueba de su existencia y continuidad ante los negociados de Hacienda decimonónicos, y para ello constan también en los expedientes las correspondientes certificaciones de los hechos fundacionales. Podía tratarse de fundaciones pías como el Colegio de la Encarnación, vulgo “Casa de Recogidas”, de Salamanca, fundado en 1648, cuyo patrón era el cabildo de la Catedral, y que había quedado exento de desamortización14. En este sentido, los expedientes de deudas antiguas y cargas de justicia proveen de información notable sobre el origen y vicisitudes de estas instituciones tan propias del Antiguo Régimen.
1.2. El Archivo de la Beneficencia Particular.
Si los expedientes de deudas antiguas y cargas de justicia nos hablan del esfuerzo del Estado liberal por identificar, comprobar y tratar de liquidar y consolidar las obligaciones contraídas por la Corona siglos atrás, aliviando a las arcas públicas de tan pesada rémora, los documentos del llamado “Archivo General de la Beneficencia Particular” ilustran sobre la función de control y fiscalización que ese mismo Estado liberal extendió a las entidades asistenciales privadas, muchas de ellas fundadas en los siglos modernos y pasadas por el tamiz del proceso desamortizador. El Archivo General de la Beneficencia Particular ingresó en el Archivo General de la Administración en diciembre de 1976, mediante transferencia de 1.373 cajas que se encontraban en el edificio que fue sede de la Junta Provincial de Asistencia Social de Madrid, cajas que iban acompañadas de 569 legajos y 123 libros del Archivo de la Junta Provincial de Beneficencia de Madrid15. Es fundamental recalcar, como hace Juan José Villar Lijarcio16, que el Archivo de la Beneficencia Particular siempre tuvo una ubicación y un tratamiento diferenciados respecto al Archivo Central del Ministerio de la Gobernación, así como una relación especialísima con la Junta Provincial de Beneficencia de Madrid, en cuya sede de la calle Amor de Dios $\mathrm { n } ^ { \mathrm { o } } \ 6$ fueron constituyéndose tanto el fondo del Archivo General como el de la Junta Provincial.
Este conjunto documental, cuyo productor fue la Sección de Beneficencia Particular de la Dirección General de Beneficencia (y en ocasiones la de Administración) del antiguo Ministerio de la Gobernación, alberga informaciones esenciales para la acción del Protectorado del Gobierno en este ramo, esto es, “la ordenación, fiscalización y alta inspección de las obligaciones, bienes y recursos adscritos a fundaciones benéficas particulares” en aplicación del marco normativo establecido por la legislación decimonónica de Beneficencia17, que tenía como objetivo asegurar que las entidades privadas cumplieran la voluntad de sus antiguos fundadores y no desviaran sus recursos hacia fines distintos a los de su creación. Así pues, las series de este fondo se inician administrativamente en la década de 1830 y finalizan un siglo después, cuando se aprecia una decadencia de la beneficencia privada de origen religioso o testamentario al extenderse progresivamente la acción asistencial estatal. En cualquier caso, contienen tipologías diversas y ricas: expedientes de declaración y clasificación de fundaciones, expedientes de investigación de su estado, estadística, cuentas y presupuestos de las mismas, correspondencia con las Juntas Provinciales de Beneficencia, etc. Por lo general, el tratamiento archivístico que recibió cada fundación fue la apertura de un legajillo o expediente general en el que se iban incorporando todos los documentos relativos a la institución a medida que se iban produciendo o recibiendo.
Además, era totalmente imprescindible para una correcta gestión de la Beneficencia Particular disponer de los documentos que efectivamente acreditaran el origen, desarrollo y vigencia jurídica de la fundación benéfica, así como de los bienes y rentas sobre los que se sustentaba. Dada la existencia plurisecular de una buena parte de las fundaciones, es posible encontrar como cabecera de los expedientes generales un buen número de títulos originales de fundación a partir del siglo XVI, en forma de escrituras notariales, capítulos, actas de patronazgo y rendición de cuentas, que alcanzan hasta siglo $\mathrm { X I X ^ { 1 8 } }$ . En ocasiones se trata de libros registro encuadernados en pergamino que se inician con el documento original de creación de una memoria u obra pía, seguido de los asientos que de forma cronológica y sistemática van dando cuenta de los distintos actos jurídicos de voluntad y patronazgo que determinan las condiciones de desenvolvimiento de la institución, tal y como puede observarse en el caso de la memoria fundada en 1590 por Juana del Monte para dotes de huérfanas y limosnas, con sede patronal en la hoy desaparecida iglesia de San Miguel de los Octoes de Madrid19. En otras ocasiones, pueden encontrarse ejemplares impresos de las ordenanzas o reglamentos de las instituciones, como la segunda impresión, de 1712, de los estatutos de la Santa Capilla y Obra Pía para casar huérfanas y vestir pobres fundada en 1512 en la parroquia de San Andrés de Jaén por el protonotario apostólico Gutierre González Doncel20.
O puede tratarse de certificaciones, testimonios y copias autorizadas de los documentos fundacionales y su normativa interna, expedidas contemporáneamente a los procedimientos administrativos decimonónicos de comprobación y fiscalización, como podemos observar nuevamente en el caso de la Casa de Arrepentidas de Salamanca, arriba citada, y que reaparece ahora en el Archivo de la Beneficencia Particular con su legajillo específico, y donde nos volvemos a topar, en traslado de 1841, con la escritura de fundación de 1648, esta vez in extenso, acompañada de la relación de fincas y rentas que los fundadores y patronos destinaron para su dotación21. En este caso, las comprobaciones del Ministerio de la Gobernación tienen como objetivo verificar la legalidad de la obra pía y la correcta administración y asignación de rentas y bienes. Finalmente, pueden existir informaciones contemporáneas que resumen la historia de la institución benéfica desde su creación, a efectos de identificar su titularidad jurídica, siendo habitual que los expedientes se abran con una “reseña histórica de su fundación”, de gran interés para aquéllas de las que ha quedado escaso rastro documental22.
En complemento a los fondos que sobre beneficencia privada custodian los Archivos Históricos Provinciales, de Diputaciones Provinciales, Municipales, Notariales Eclesiásticos y privados, el Archivo General de la Beneficencia Particular aporta datos sobre hospitales, cofradías, casas de huérfanos, escuelas de párvulos, ollas de pobres y platos de pobres vergonzantes, casas de desamparados, memorias y obras pías para la dotación de huérfanas, doncellas y arrepentidas, etc., etc., en un extenso arco temporal. En la actualidad este fondo ocupa el tramo de cajas comprendido entre la signaturas 44/05000 y 44/07613. Es accesible a través de 51 inventarios mecanografiados, IDDs (08)005.001-(08)005.051, correspondiendo cada uno de ellos a una provincia23, donde cada página ejerce la función de ficha descriptiva del contenido documental de una institución benéfica.
2. Los fondos del Servicio Exterior y el Ministerio de Estado.
Otro vivero documental de interés para el modernista es el constituido por los archivos de legaciones y consulados de España en distintos puntos del planeta, existiendo varios en el Archivo General de la Administración que arrancan su andadura en el siglo XVIII. Su correspondencia con las instituciones centrales de Madrid, con las representaciones de que dependían y con las autoridades de las naciones en que se radicaban, sus expedientes y registros de asuntos comerciales, judiciales, notariales y de navegación, por citar algunos de tantos, aportan información para el estudio de la actividad exterior española en el período final del Antiguo Régimen, tanto en la esfera pública como privada, en lógico complemento a los fondos generados por la Primera Secretaría de Estado y del Despacho, por el Consejo de Estado y por otras representaciones diplomáticas, conservados hoy en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Simancas. De manera habitual, se trata de agrupaciones documentales de muy larga duración, pero que generalmente son de volumen discreto, al ser su contenido el material superviviente a multitud de contingencias, selecciones y mermas intencionadas y naturales sucedidas hasta el momento de su envío a la metrópoli.
Así, el 30 de abril de 1973, con las obras del archivo prácticamente terminadas, tuvo ingreso, entre un conjunto diverso de fondos del Servicio Exterior procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, uno del Consulado de España en Burdeos24, cuya documentación más antigua, la correspondencia con el Secretario de Estado Ricardo Wall sobre apresamiento de buques por corsarios franceses, databa de mayo de 1756. Sin embargo, va a destacar por su importancia, número y volumen el conjunto de archivos formados por las legaciones y consulados de España en los estados italianos durante el siglo XVIII y buena parte del XIX, los más numerosos a causa de las estrechas relaciones mantenidas entre los territorios de ambas Penínsulas desde tiempos medievales, territorios que en muchos casos estuvieron bajo dominio directo de la Monarquía Hispánica, como Nápoles y Sicilia. Así, junto a los documentos de.
Burdeos (1756-1900), ingresaron en la citada transferencia un fondo del Consulado en Palermo (1766-1948)25 y otro del Consulado en Trieste (1725-1938)26; y en abril de 1974, con las obras ya terminadas, tuvo ingreso un importante fondo del Consulado de España en Génova (1756-1939)27. Como es natural por su función tradicional, los fondos consulares abundan en asuntos comerciales y de navegación, sanidad, asuntos judiciales, protección de súbditos y demás circunstancias de los españoles en el exterior, pero también la política se trasluce en sus series de correspondencia.
Estos fondos consulares serían completados en abril de 1984 con la llegada de 131 cajones que, sin relación de entrega alguna, contenían en gran mezcla y desorden los fondos de representaciones diplomáticas de España en diversas capitales de Italia, que habían sido concentrados en nuestra Embajada en Roma (Quirinal)28. Abiertos los sellos diplomáticos y los del servicio aduanero italiano en junio de 1985 en presencia de los archiveros Elio Lodolini y Luigi Londei, se descubrió una amalgama desordenada de documentos, algunos en lamentable estado de conservación, pertenecientes a representaciones diplomáticas de España ante los Estados italianos y, en menor número, de algunas representaciones italianas ante otros Estados de la misma Península Itálica. A partir de 1989 se iniciaron los trabajos de identificación y descripción, hallándose conjuntos relevantes de los Archivos de la Legación de España ante el Reino de las Dos Sicilias (Nápoles, 1756-1863), la Legación de España ante el Ducado de Parma (1740-1805), la Legación de España ante el Gran Ducado de Toscana (Florencia, 1711-1798), la Legación de España ante el breve Ducado de Lucca (1818-1842) y la Legación de España ante el Reino de Cerdeña-Saboya (Turín, 1814-1865), además de una parte relevante del fondo documental de la primera representación diplomática española ante el nuevo Estado Italiano asentado en Roma tras la unificación del país. Como es natural, los asuntos diplomáticos, protocolarios y de alta política son más abundantes en los documentos de estas legaciones que en los consulares29.
En este sentido, cabe destacar igualmente el fondo de la Legación de España en Suiza (Berna-Lucena, 1769-1917), formado por unas escasas 21 cajas, pero que contienen abundante correspondencia diplomática de la segunda mitad del siglo XVIII, siendo de especial interés para la historia militar de España la documentación relativa al reclutamiento y formación de los regimientos suizos que estuvieron al servicio de la Corona hasta la década de $1 8 2 0 ^ { 3 0 }$ . Otro fondo diplomático importante es el de la Legación de España en Washington (1778-1981), que inicia sus series en fechas próximas al nacimiento de los propios Estados Unidos; además, su correspondencia con la Secretaria de Estado y con las autoridades gubernativas de la América y Filipinas españolas tiene un volumen suficiente como para ser tenida en cuenta en investigaciones sobre las primeras relaciones diplomáticas hispanoestadounidenses y el fin de nuestra presencia colonial en el continente americano31.
En relación a África se encuentra disponible el fondo del Consulado General de España en Túnez (1796-1920), cuyas tres primeras cajas abarcan el período 1786- 1832, con muy escasos testimonios del siglo XVIII32. Seguidamente contamos con el fondo del Consulado General de España en Trípoli (1779-1932)33. De sus escasas 19 cajas, las siete primeras contienen correspondencia diplomática oficial, expedientes de navegación, de corsarios, desertores, etc., para el período 1779-1828; las cajas se complementan con otros 19 libros, entre los que destaca un tomo del protocolo notarial consular de los años 1784-1814, de interés para el estudio de la vida cotidiana de los españoles en las llamadas “Regencias de África”. No en vano, la paz con estas Regencias y con el Imperio Otomano era un objetivo perseguido por la diplomacia española, tal y como se declara en diversos puntos de la Ynstrucción dada por el Rey a la Suprema Junta de Estado34 en 1787, de modo que el fondo de la Legación de España en Constantinopla (1777-1905) también puede ser relevante para iluminar este punto de la política exterior de la Monarquía hacia la Sublime Puerta. En el orden cultural, los testimonios de la labor de los dragomanes para hacer posible la comunicación diplomática son otra parte destacable de este conjunto documental35.
Este repaso por los fondos diplomáticos más antiguos no quedaría completo si dejáramos de citar la existencia de pequeños grupos documentales de Edad Moderna en el fondo del Ministerio de Estado custodiado en el Archivo General de la Administración. En efecto, una parte del llamado “Archivo Histórico” del Ministerio de Asuntos Exteriores fue transferida a Alcalá en abril de $1 9 7 3 ^ { 3 6 }$ . Fueron remesadas entonces algunas series relativas a las secciones ministeriales de Subsecretaría, Contabilidad, Interpretación de Lenguas, Relaciones Culturales, Comercio y Asuntos Judiciales, arrancando algunas de ellas en tiempos de la antigua Primera Secretaría de Estado y del Despacho, en el siglo XVIII o incluso antes. No es posible detenernos en todos los testimonios de Edad Moderna que se espigan en este fondo del Ministerio de Estado, pero desde luego merece la pena hacer mención a algunos, y el primero de ellos es el denominado “Expediente general sobre organización del Ministerio de Estado”, que reúne documentos datados entre 1707 y 1922, en tres cajas, 54/00039 a 54/00041. En la primera de ellas, albergando los documentos más antiguos, se reúne información de interés sobre la planta de la Primera Secretaría de Estado y del Despacho, las normas de procedimiento y gobierno interior, reparto de negociados37, honores de los Secretarios del Despacho y dignidades y cargos anejos al oficio, asuntos de personal, retribuciones extraordinarias y gastos secretos del real servicio, del período 1707-1839.
Entre los expedientes que hemos tenido a la vista también habría que destacar uno procedente de Sección de Contabilidad (edificios de representaciones en el extranjero) del año 1747 relativo a la posible instalación de los pensionados de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el edificio de nuestra Embajada ante la Santa Sede, en la Piazza di Spagna, que incorpora unos magníficos planos y alzados del palacio adquirido por el VIII Conde de Oñate en $1 6 4 7 ^ { 3 8 }$ . Al lado de este expediente, en la misma caja, se halla el Discurso sobre los Archivos, y expecialmente del Archivo de Su Magestad Cathólica en la Corte de Roma, de José García del Pino, secretario de la Real Casa de Santiago de los Españoles de Roma y archivero de la Embajada de España ante la Santa Sede. Redactado hacia 1716, es de gran interés para los archiveros por las consideraciones teóricas y prácticas que aduce en el diseño de los requisitos de un archivo diplomático y las condiciones de su responsable a principios del siglo XVIII39.
No falta tampoco la tradicional agrupación documental de “Varios” donde encontramos una colección facticia de normativa impresa de la Edad Moderna compilada probablemente en la misma Primera Secretaría de Estado y del Despacho. Se trata de impresos de Reales Cédulas publicadas por el Consejo de Castilla, así como Reales Provisiones, Reales Resoluciones, Reales Órdenes, Pragmáticas y otros textos normativos datados e impresos entre 1600 y 1833. Su número supera ampliamente el millar, si bien no se dispone por el momento de un inventario detallado de documentos40.
Este corpus documental del Ministerio de Estado cuenta para su acceso con los instrumentos de descripción mecanografiados IDDs (10)003.001 a (10)003.010, a disposición en Sala de Consulta, que ofrecen al investigador una descripción somera de series, asuntos, fechas extremas y países. Ante la todavía escasa profundidad de la descripción disponible para estas series, es de prever que en el futuro puedan salir a la luz un mayor número de referencias documentales de interés para el modernista.
Finalmente, es necesario mencionar los documentos de origen diplomático que heredó la Presidencia del Gobierno al asumir en 1925 los asuntos coloniales y de protectorado en África a través de la Dirección General de Marruecos y Colonias41. Bien temprano llegaron al archivo de ese centro directivo todas las series documentales generadas por la antiguas Secciones de Marruecos y Colonias del Ministerio de Estado, y desde la Presidencia del Gobierno fueron transferidas al Archivo General de la Administración en enero de $1 9 8 1 ^ { 4 2 }$ . Forman los testimonios más antiguos del llamado “Fondo Histórico de Marruecos” expedientes y correspondencia de la Secretaría de Estado sobre asuntos relativos al Norte de África desde el último tercio del siglo XVIII, sobre todo del Imperio Jerifiano y Berbería, pero también sobre Gibraltar y las islas de Fernando Poo y Annobón y su toma de posesión por España en $1 7 7 9 ^ { 4 3 }$ . Destaca especialmente la correspondencia diplomática del Conde de Floridablanca con el Consulado en Tánger y otras autoridades. Como es natural, los temas de navegación, comercio y piratería son predominantes en esta documentación sobre las relaciones internacionales en el Mediterráneo Occidental, muy aprovechable en unión de otros fondos ultramarinos custodiados en el resto de Archivos Estatales.
3. Los expedientes del Consejo de Guerra (1597-1834)
Aunque el Archivo General de la Administración fue creado para serlo exclusivamente de la Administración Civil del Estado, y no de la Militar, que siempre ha contado con su propio sistema de archivos, con todo, en los años 1994, 1995 y 1998 el Archivo General del Ministerio de Defensa remitió en sendas transferencias 3.540 cajas, contenedoras de más de 196.000 expedientes integrantes de una serie denominada de “Causas, cruces, retiros y casamientos” de personal militar, con fechas extremas situadas entre 1597 y 1965, cuyo último productor había sido el Consejo Supremo de Justicia Militar (1939-1987), pero que sorpresivamente también albergaba documentos del antiguo Consejo de Guerra nacido con los Austrias, y que son suplementarios de los albergados en el Archivo General de Simancas y en el Archivo General Militar de Segovia.
Como es conocido, no existe una fecha exacta de arranque de esta institución, que en sus orígenes se confunde notablemente con el Consejo de Estado, pero en cualquier caso puede reconocerse desde al menos la década de $1 5 8 0 ~ \mathrm { u n }$ Consejo de Guerra plenamente formado dentro del marco del sistema polisinodial y con competencias delimitadas, consistentes en el apoyo consultivo al monarca en materias militares, la gestión administrativa de la Armada y el Ejército, la selección de los cargos militares y la impartición en última instancia de la justicia referente al fuero militar, tarea ésta que con el paso del tiempo se iría convirtiendo en preponderante. Dotado de una sola secretaría o de dos, de Mar y de Tierra, sus integrantes eran expertos militares y diplomáticos, togados y de capa y espada, repartidos en dos salas, muchos de ellos miembros del Consejo de Estado, pues hasta 1714 lo fueron también del de Guerra. La denominación escueta de Consejo de Guerra llega hasta el año 1714, en que pasa a denominarse Consejo Supremo de Guerra, y en 1834 es suprimido junto al resto de Consejos del Antiguo Régimen. Con todo, las altas competencias judiciales en el fuero militar son de alguna manera recogidas por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, creado por Real Decreto de 24 de marzo de ese mismo año; desde 1878 y hasta 1931 continuará como Consejo Supremo de Guerra y Marina, sufriendo diversos cambios de adscripción y denominación que desembocan en la franquista de Consejo Supremo de Justicia Militar, en título último44.
En la serie de “Causas, cruces, retiros y casamientos” del Consejo predominan en número los expedientes contemporáneos. Su denominación, una yuxtaposición de asuntos, aglutina en realidad diferentes series generadas por las Salas del Consejo en función del negocio jurídico tratado, de modo que los expedientes vistos por la Sala de Justicia versan sobre causas judiciales incoadas a personas sujetas al fuero militar y el resto, esto es, los vistos por la Sala de Gobierno, son expedientes relativos a la concesión de cruces y recompensas, permisos de matrimonio y clasificación de pensiones de retiro a favor del personal militar o sus familiares. Con todo, tuvieron un tratamiento archivístico unificado, pues en un mismo expediente podían acumularse subexpedientes sobre negocios diversos, desde causas judiciales hasta pensiones de retiro u orfandad. En definitiva, evidencian estos expedientes las competencias del Consejo a partir de 1834.
$\mathrm { \Omega } _ { \dot { 6 } } \mathrm { Y }$ qué ocurre con los expedientes de época anterior, de los siglos XVI al XVIII? Aunque todavía no conocemos con detalle todas las tipologías o subseries, dado que el instrumento actualmente disponible para acceder a este conjunto documental es un simple índice onomástico desprovisto de cualquier calificador o dato adicional que pueda dar luz sobre el asunto de cada unidad, las catas hasta ahora efectuadas permiten identificar expedientes relativos al nombramiento de Consejeros de Guerra, memoriales y hojas de servicios de militares, expedientes de concesión de pensiones y cédulas de preeminencias militares y expedientes personales de oficiales y empleados del Consejo. Cuando se complete la descripción precisa de cada unidad documental, que en marcha está, podremos presentar una tipología detallada de las distintas subseries identificadas. En cualquier caso, sí es posible afirmar que todos los expedientes tienen un denominador común: versan exclusivamente sobre personal, bien sean integrantes del propio Consejo, bien militares que se dirigen al mismo para resolver algún negocio o consignar sus servicios.
Los expedientes de nombramiento de Consejeros de Guerra suelen ser muy breves, destinados a testimoniar documentalmente la incorporación del nuevo miembro a la institución colegiada y la notificación de la merced real al interesado, siendo fundamentales el real decreto original y el testimonio de juramento del cargo. En ocasiones superan la formalidad burocrática y nos acercan a las realidades sociales del Antiguo Régimen, como ocurre en el expediente de nombramiento del Conde de Morata45, que nos incluye un interesante relato de lo que ocurrió el 8 de enero de 1623 con motivo de su juramento como Consejero de Guerra. Estando reunido el Consejo, el de Morata tuvo que esperar en la puerta, “a la lumbre”, junto a los porteros y pajes, a que llegara el Duque del Infantado46. En el ínterin iban entrando los consejeros, y entre ellos cambiaban impresiones sobre la indecencia de la compañía y el lugar en que quedaba el conde. No llegando finalmente el del Infantado, y no sufriéndose más la situación, se le hizo entrar para verificar el juramento, ante el Marqués de Villafranca. En cualquier caso, los expedientes de nombramiento son de gran interés para el interesado en los procedimientos y prosopografía de la institución.
Otros expedientes nos hablan de los méritos de guerra y servicios de los militares, generalmente expresados en forma de certificación expedida por los mandos de las unidades u otras autoridades y remitidas al Consejo de Guerra en orden a lograr la concesión de una pensión, remuneración o ayuda de costa. Estos documentos “biográficos” adoptan en ocasiones rasgos dramáticos, como en la carta fechada en Orán el 15 de enero de 1710 dirigida por el artillero José Agustín Pardo de Buenrostro a su esposa Beatriz Quintero, dando cuenta del naufragio de la saetía en la que había zarpado desde Málaga con bastimentos y presidiarios para Melilla, y que dio de través por “tormenta grande”, arrojando a sus supervivientes a las costas de Berbería, donde fueron hechos cautivos. La carta forma parte de una información sobre el suceso instruida ante el alcalde mayor de Málaga con objeto de solicitar ayuda para el rescate del militar, perteneciente a la Compañía de Artilleros con sueldo de esa ciudad47.
Por último, los expedientes personales de empleados del propio Consejo de Guerra nos presentan a la mano de obra, más humilde, que permitía el funcionamiento cotidiano de la maquinaria burocrática, desde porteros y mozos de “estrados” hasta relatores. En este artículo no puede dejarse de destacar el expediente de José Rodríguez Argüelles, archivero del Consejo de Guerra entre 1777 y 1820, pues los datos que alberga no son únicamente los biográficos de este funcionario, sino también los que permiten dar luz sobre el Archivo General del Consejo de Guerra a fines del Antiguo Régimen. Las consultas que en él se hallan permiten saber que en noviembre de 1773 Carlos III ordenó al Consejo arbitrar los medios para ordenar el Archivo de la institución comisionando a tres miembros, “quienes, después de haber examinado el estado del antiguo Archivo expusieron que en el quarto de la Casa de los Consejos se hallaban varios legajos de papeles y expedientes sin inventario ni coordinación, unos en estantes y otros en tierra, que unos y otros contenían muchos documentos correspondientes a los antiguos Consejos de Estado48 y del de Italia, y que consideraban precisa su traslación a este Consejo”, lo que se hizo. Más documentos de este expediente personal permiten reconstruir las metodologías de trabajo, los inventarios e índices elaborados, las dificultades materiales y presupuestarias, las incidencias durante el gobierno josefino y la restauración borbónica hasta el año 1820, en que falleció el archivero, sin dinero alguno que permitiera costear su entierro. Este funcionario comenzó su carrera de archivero en 1777 como escribiente “entretenido” (esto es, meritorio, sin sueldo), ascendió a oficial del mismo en 1787 y finalmente fue elevado en 1791 a “archivero general”, sustituyendo tras su muerte al mismo Tomás de Iriarte, quien reconocía en el mismo expediente que no pudo dedicar mucho tiempo a las tareas archivísticas49.
Quien desee adentrarse en los filones informativos de esta serie de personal del Consejo de Guerra tiene a su disposición en la Sala de Consulta un instrumento en forma de base de datos, IDD (02)078.001, que permite la localización de expedientes por criterio onomástico. La información cronológica disponible permite atisbar los siguientes volúmenes de expedientes para el período de existencia del Consejo de Guerra hasta 1834, a saber: 1 para el siglo XVI; 172 para el siglo $\mathrm { X V I I } ^ { 5 0 }$ ; 527 para el siglo XVIII; $\mathrm { y 8 0 7 }$ para el período 1801-1834. Aunque minoritarios respecto a los expedientes de militares contemporáneos, constituyen un volumen no desdeñable para todos los interesados en la carrera militar en la Edad Moderna y el personal del Consejo, o en la mera recuperación de datos biográficos de antepasados. A fecha de hoy se encuentra iniciado el proceso de descripción y digitalización completas de esta serie con el objetivo de que tanto los registros descriptivos como las imágenes de los expedientes sean accesibles en el Portal de Archivos Españoles (PARES).
4. Los fondos de los Corregimientos: Madrid y Alcalá de Henares.
Aun no existiendo en el Decreto 914/69 de creación del Archivo General de la Administración referencia alguna a la incorporación de fondos generados por la Administración de Justicia, lo cierto es que, al igual que ocurre en los Archivos Históricos Provinciales, son multitud los fondos del poder judicial que han ingresado en el centro alcalaíno. Los hay de alcance nacional, como los del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el extinguido Juzgado de Delitos Monetarios; de alcance provincial como los de la Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Tutelar de Menores de Madrid o los Juzgados Especiales de Vagos y Maleantes y Peligrosidad y Rehabilitación Social de Madrid; de alcance territorial intraprovincial, como los Juzgados asentados en las cabezas de partido; y de alcance local, como los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de la capital madrileña y Juzgados Municipales.
Como hemos podido comprobar en otros grupos documentales, también en este caso ingresaron junto a los fondos contemporáneos testimonios de períodos más antiguos. Algunos restos del fondo documental del Corregimiento de Madrid ingresaron en las transferencias de legajos procedentes de los Juzgados de la capital verificadas a lo largo del año $1 9 8 5 ^ { 5 1 }$ . Los documentos de esta institución gubernativa y judicial fueron identificados, reinstalados y descritos en 2015, resultando un total de 974 unidades documentales instaladas en 61 cajas (signaturas 81/18969- 81/19029), con fechas extremas situadas entre 1568 y 1931, si bien predominan los testimonios de los siglos XVIII y XIX. Lamentablemente, más de la mitad de este conjunto documental presenta un estado de conservación regular o malo, debido a la humedad del local de custodia previo a su traslado a Alcalá, por lo que la posibilidad de acceso está lógicamente limitada a este condicionante material. En cuanto a sus tipologías documentales, se trata mayormente de pleitos criminales y civiles y documentos aportados a ellos, informaciones, declaraciones, curadurías, súplicas y peticiones y testamentarías, esto es, asuntos que testimonian la función del Corregimiento de Madrid, sobre todo en su vertiente jurisdiccional, con alcance a la propia Villa y Corte y al territorio de su partido. Actualmente es accesible a través del inventario IDD (07)042.011, que desciende hasta el nivel de unidad documental, estando prevista la disponibilidad de los registros descriptivos correspondientes en el Portal de Archivos Españoles (PARES). Complementa sin duda a los 632 legajos del Corregimiento custodiados en el Archivo General de la Villa de Madrid52 y, dada su especial conexión jerárquica con el Consejo de Castilla, al fondo documental de dicha institución albergado en el Archivo Histórico Nacional.
Más relevante en su volumen y mejor conservado es el fondo del Corregimiento de Alcalá de Henares (1524-1870), ingresado el 30 de junio de 1980 junto a las series contemporáneas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad53. De los
650 legajos originales, los documentos del Juzgado alcalaíno de los siglos XIX y XX se agrupaban en series de diligencias, sumarios penales, pleitos civiles, expedientes sociales, subastas de bienes nacionales y expedientes del ramo gubernativo, acompañados de los correspondientes libros registro; pero junto a ellos se descubrió un importante conjunto documental procedente del período anterior a la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, que fue adscrito al Corregimiento de Alcalá de Henares, y que fue heredado al asumir el nuevo Juzgado las funciones jurisdiccionales en el ámbito local y en el partido judicial a partir del segundo tercio del XIX. Las primeras actuaciones fueron realizadas por la primera y segunda Escuela-Taller de Archivos entre 1991 y 1993, y dieron a lugar a la identificación, organización y primera instalación del fondo, surgiendo dos inventarios someros, el IDD (07)041.001, propio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y el IDD (07)042.002, para el Corregimiento y otros organismos relacionados con el Juzgado de Alcalá, como el Juzgado Mixto de la Propiedad Rústica (1929-1937), el Juzgado Municipal de Canillas (1895-1906), el Juzgado Municipal de Torrejón de Ardoz (1900-1902), el Juzgado Municipal de Vallecas (1922-1923) y el Tribunal de Subsistencias (1937-1939), junto a entidades no jurisdiccionales como la Comisión de Pósitos (1771-1831), el Ayuntamiento de Camporreal (1907) y la Casa de Comercio de Juan de Lezameta (1835-1849). El fondo fue reinstalado, convirtiéndose los 650 legajos en 1.542 unidades normalizadas de instalación. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI se ha trabajado en colaboración con el Taller de Empleo de Archivos de la Universidad de Alcalá de Henares para la descripción integral del fondo del Corregimiento hasta el nivel de unidad documental, de cara a su próxima puesta a disposición al público en el Portal de Archivos Españoles (PARES), donde también podrá accederse a buena parte de las imágenes digitales.
El fondo del Corregimiento de Alcalá (1524-1870) está formado en la actualidad por un total de 172 cajas normalizadas, goza en general de buen estado de conservación (con las salvedades habituales) y se estructura en cuatro divisiones de fondo: Gobierno, Justicia, Jurisdicción eclesiástica y Fe pública notarial. Las tres primeras testimonian la función del Corregidor como máxima autoridad gubernativa y judicial en la demarcación del partido. Las funciones gubernativas se plasman en expedientes sancionadores en el ámbito del concejo (infracciones por asuntos de pastos, precios, compraventas, etc.) y, en el ámbito del partido judicial, en forma de expedientes sobre pósitos de abastecimiento, entre otros asuntos. Las funciones judiciales tienen su expresión material, en el orden penal, en las tradicionales causas criminales; en el ámbito civil, en cuentas de curaduría, concursos de acreedores, testamentarías, pleitos de cuentas, pleitos ejecutivos, pleitos ordinarios e informaciones; y en el ramo judicial gubernativo, en expedientes de variada índole, muchas veces diligencias previas a la apertura de un procedimiento penal o civil. La división que concierne a la jurisdicción eclesiástica es testimonio de la presencia de una potente autoridad religiosa en Alcalá de Henares, como no podía ser de otro modo al estar la ciudad bajo el señorío del Arzobispo de Toledo y ser la sede de su vicaría general, además de acoger la Universidad y sus colegios y conventos. Todo ello se evidencia en forma de pleitos, autos y otros documentos judiciales, que se complementan con los fondos del Archivo Histórico Nacional y el Archivo.
Municipal de Alcalá. Es excusado enumerar todas las posibilidades que ofrecen a la investigación estas series gubernativas y judiciales, con el aliciente de tener su data en un espacio social y cultural donde confluyen cuatro grandes poderes: el real, el eclesiástico, el universitario y el municipal.
Finalmente, la división correspondiente a la fe pública notarial engloba un pequeño conjunto de protocolos notariales y escrituras públicas de la Edad Moderna que ya fue detectado en la década de 1990 y que han sido objeto de descripción precisa en los últimos años. La pregunta es, ¿por qué aparecieron estos documentos notariales mezclados con los papeles judiciales del Corregimiento? Desde luego parece haber sido el resultado de la concentración física de los protocolos históricos en el edificio del Juzgado y Prisión de Partido de Alcalá de Henares (hoy Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid). Los protocolos notariales del partido alcalaíno anteriores a 1832 fueron trasladados provisionalmente al vecino Archivo General Central entre junio y julio de 1932 a la espera de su traslado definitivo al Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, cosa que no pudo verificarse al ser pasto de las llamas el primero el 11 de agosto de 1939. La pérdida fue inconmensurable, pues esos 2.300 legajos, calificados de “relicario nacional” y fuente para “una verdadera renovación de la historia social de España”54, testimoniaban las transacciones y disposiciones de los habitantes de Alcalá de Henares durante la Edad de Oro de la localidad, en que estuvieron activas las facultades y colegios de su Universidad. Sus famosas imprentas, que dieron a la luz la Biblia Políglota Complutense o La Galatea de Cervantes, carecen hoy de estas importantes fuentes. Los escasos protocolos alcalaínos conservados en el Archivo General de la Administración permiten recuperar una pequeña muestra de ese universo editorial, como el poder otorgado el 11 de noviembre de 1556 por Francisca de Angulo a favor de su hermano Andrés para hacerse cargo de la imprenta de su marido, el difunto Juan de Brocar, hijo del impresor de la Biblia cisneriana, Arnao Guillén de Brocar55.
Así pues, los documentos notariales que han sobrevivido en el fondo del Corregimiento, probablemente albergados en las oficinas del Juzgado y salvados por no haberse incluido en la fatídica remesa de 1932, tienen el triste valor añadido de la rareza y excepcionalidad de su conservación hasta nuestros días. Se trata de registros de escrituras públicas de los escribanos Juan Ferrández (1558-1565), Pedro de Madrid (1575-1580), Antonio de Madrid (1575), Eugenio de Villalba (1594), Pedro de Cuéllar (1597), Gabriel López de la Flor (1597-1609), Salvador Fernández (1597-1609), Juan de Quintarnaya (1601), Jerónimo Ceballos (1617-1618), Juan de Medina (1626), Manuel de Hita (1658), Juan Antonio de la Torre (1675), Roque Rodríguez Morcillo (1706-1735), Eugenio Martínez de Ayuso (1712-1721), Jerónimo de la Oliva (1752), Tomás Dorado, Nicolás Azaña y Francisco de Huerta (1776-1804), José Castellano (1823) y Urbano de Soria (1832-1833)56, a los que se deben añadir 164 escrituras sueltas otorgadas entre 1542 y 1870. Los protocolos notariales del distrito alcalaíno de más de 100 años de antigüedad y posteriores a 1832 se encuentran hoy depositados en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares, donde también existen unos pocos registros de Edad Moderna.
Última consideración.
No podemos poner punto final a este viaje por los documentos más antiguos del Archivo General de la Administración sin hacer mención a un último conjunto documental, éste procedente del Archivo Central del Ministerio de Educación. Se trata de la serie de Asuntos Generales de Establecimientos Culturales y de Enseñanza. Está constituida por expedientes “generales” (con este nombre se suele hacer referencia a la reunión, año a año, de documentos sobre un mismo asunto) que aglutinan los antecedentes documentales de creación y desenvolvimiento de múltiples instituciones culturales y docentes, sean escuelas de primera enseñanza, institutos, universidades, archivos, bibliotecas, museos, academias y sociedades científicas. Algunos de estos expedientes se remontan al siglo XVIII, como es el caso de la Escuela de Bellas Artes de Segovia, la Escuela de Veterinaria de Madrid, la Escuela de Matemáticas de Murcia o la Real Academia Española57.
Finalmente, debemos considerar las posibilidades que ofrecen los documentos contemporáneos para la investigación de aspectos de la Edad Moderna. A la mente acuden los datos que pueden aportar los proyectos liberales de carreteras para la indagación sobre el sistema viario del Antiguo Régimen, sobre el que se superpone frecuentemente el nuevo trazado, o los proyectos de restauración de monumentos para la compilación de datos sobre la arquitectura de los siglos XV al XVIII, especialmente en los casos de inmuebles ya desaparecidos. Así, terminando donde se empezó, cabe decir que habría sido muy difícil reconstruir la traza renacentista original del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, sede del Archivo General Central entre 1859 y 1939, sin recurrir a los proyectos y expedientes de restauración y conservación generados en los siglos XIX y XX por los Ministerios de Fomento e Instrucción Pública y Bellas Artes que se custodian en sus correspondientes fondos58.
Valga este informe para la conmemoración en este año 2019 del medio siglo de existencia del Archivo General de la Administración y el reconocimiento a las personas que han integrado su plantilla desde su creación.
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