Los perdones reales en la confrontación política de la Castilla Trastámara1.
José Manuel NIETO SORIA Universidad Complutense. Madrid
$\ll E$ para mientes al estado que tienes, é después que veas que eres rey $\acute { o }$ emperador, verás é conocerás que tienes logar de Dios;
é pues que el su lugar tienes, has $\acute { a }$ semejar $\acute { a }$ aquél cuyo logar tienes,
é en ninguna cosa non semejarás tanto $\acute { a }$ Dios como en clemencia.»2.
La práctica del perdón y de la clemencia por parte de los monarcas no supuso en el marco de las monarquías occidentales de la baja Edad Media aspecto accesorio o secundario del ministerio real, sino que le aportó un rasgo fundamental que, si bien no era ni mucho menos nuevo3, al hilo del propio desarrollo político y de las transformaciones ideológicas e institucionales experimentadas por dichas monarquías, caracterizaría profundamente el modelo político al que, en cada caso, se fue tendiendo en la evolución de los últimos siglos medievales4.
La habitual plasmación de los perdones reales en documentos de carácter formulario ha contribuido a una minusvaloración de las cartas de perdón como fuente histórica5, por entender que responden, por lo general, a estereotipos cancillerescos repetitivos6. Sin embargo, si tal criterio es, en efecto, aplicable en muchas ocasiones, el caso de los perdones de relieve político, como será el caso de los aquí considerados, al margen de que puedan responder a criterios más o menos formularios, da lugar en los documentos correspondientes a consideraciones que van más allá de los estereotipos cancillerescos, lo que, unido a su contextualización histórica, ofrece posibilidades relevantes de valoración política.
Si con relación a otras monarquías vecinas no ha faltado el interés por este tema7, para el caso castellano-leonés, el enfoque casi exclusivo ha sido de índole predominantemente histórico-jurídica e institucional8, lo que deja pendiente un campo de análisis, como será el que aquí se pretenda abordar, que es el propiamente político, así como el referido a la relación de la práctica del perdón con el profundo debate que caracterizó a la época Trastámara en torno al modelo monárquico, ofreciendo una atalaya de observación, seguramente significativa, sobre las relaciones entre ideología política y práctica gubernativa, cuyo relieve se agranda como consecuencia de su aumentativa utilización durante el periodo considerado.
Desde el punto de vista de las precisiones conceptuales, el perdón real colectivo9, que será el que aquí sea exclusivamente objeto de consideración, es el que, dentro de las distintas modalidades posibles de perdón real, ofrece un perfil más definidamente político, puesto que suele responder a intereses relacionados con la gobernación del reino, pudiendo ser de carácter general, con aplicación para todo el conjunto del propio reino, o, por el contrario, de carácter particular, dirigido a un grupo políticamente significado o, muy frecuentemente, a una ciudad concreta, lo que hace que, por lo común, referirse a estos perdones colectivos implique prestar especial atención a las relaciones políticas entre monarquía y ciudades. En cualquier caso, en la mayor parte de las ocasiones nos encontramos ante manifestaciones que nos aproximan mucho al concepto de amnistía o indulto.
I. EL PERDÓN REAL COMO RECURSO DE GOBIERNO: CRITERIOS INTERPRETATIVOS.
El perdón real fue una de las expresiones más características, acaso la más perceptible, de lo que, en el contexto bajomedieval, se entendió como el ejercicio del gobierno por la gracia10, considerándose que hablar de la gracia real era referirse en primera instancia a la capacidad del rey para perdonar, por lo que resulta comprensible que buena parte de la valoración positiva o negativa que se pudiera hacer de la acción gubernativa de un monarca dependiera precisamente del acierto o desacierto que hubiera mostrado en su aplicación, pudiendo pecar de injusto, bien por la excesiva inclinación a perdonar o a lo contrario, lo que le convertiría en un rey cruel.
Su significado político se acentuaba como consecuencia de la posibilidad de asociación entre perdón y el conocido principio romanista «quod principi placuit legis habet vigorem»11, por cuanto con ello se está apuntando a la estrecha vinculación entre el perdón real y la potestad legislativa del rey y a la idea de supremacía del rey sobre la ley.
La consideración del perdón real en las Partidas otorga a este texto un significado verdaderamene fundacional para lo que será la interpretación de tal función durante el conjunto de la época bajomedieval y, en particular, en el periodo Trastámara, habiéndose destacado la importancia del tratamiento dado en este texto a tal cuestión, al poner de manifiesto la vinculación causal entre poder real y capacidad para perdonar, lo que propiciaba una interpretación del perdón como arma política característica en manos del poder regio12.
Tal como se definía el perdón real en la Partidas13, su práctica adquiría una cierta connotación religiosa acorde con el ideal ético de monarca que se impulsó durante la segunda mitad del siglo $\mathrm { X I I I ^ { 1 4 } }$ , encontrando un desarrollo coherente con el texto legal alfonsino en los Castigos e documentos del rey don Sancho, en donde se abordaba una extensa y prolija caracterización del perdón real, pero ahora no en un plano legal, sino ideológico y acentuando significativamente la dimensión ético-religiosa15.
Sin embargo, según vamos avanzando en la baja Edad Media, y a pesar de que no deje de haber referencias a esa percepción simplemente virtuosa del perdón real, se va haciendo paulatinamente evidente su valor como arma política que ya se apuntaba antes. En este sentido, parece indudable que los monarcas de la dinastía Trastámara tomaron progresiva conciencia de esta utilidad como tal arma política en un contexto de enunciación de rasgos absolutistas de caracterización del poder regio16.
Por comparación con lo que cabe observar para otros reinos occidenta$\mathrm { l e s ^ { 1 7 } }$ , por lo que se refiere a los fundamentos causales sobre los que se justifica la aplicación concreta del perdón real, parece que, en el caso castellano, hay un predominio, como causa esencial directa del perdón, de la posición que el rey reconoce en sí mismo de situarse por encima de todo juicio y sentencia y como expresión de la potestad legislativa que se atribuye, por lo que el acto
16 Esta conexión entre perdón real y concepción absolutista del poder regio ya la abordé en mi artículo «El “poderío real absoluto” de Olmedo (1445) a Ocaña (1469): la monarquía como conflicto», En la España Medieval, 21 (1998), pp. 202-208, algunas de cuyas consideraciones retomo aquí.
del perdón se convierte en una manera de afirmación de la preeminencia real sobre la ley, lo que, en definitiva, según avancemos en la evolución del siglo XV, vendrá a apuntar de manera cada vez más rotunda a un enfoque progresivamente dependiente de la incorporación de una concepción absolutista del poder regio18.
Es por ello que, sobre todo durante el reinado de Juan II, tal como se verá, esta tendencia fue interpretada, con motivo de las reuniones de Cortes, como indicio importante del progresivo desligamiento del rey con respecto a la ley y como manifestación, en definitiva, de unas tendencias absolutizadoras del poder real que todavía estaban lejos de ser plenamente aceptadas, aunque no dejaban de comenzar a ser soportadas en algunas de sus expresiones más tí- picas.
El perdón real acercaba al monarca a un modelo de monarquía en el que el ejercicio de la misericordia actúa como rasgo esencial, por lo que cabe establecer alguna conexión entre el incremento del uso regio de la misericordia como acto de gobierno y la reivindicación de criterios de caracterización de orden teológico del poder regio que se advierte en algunas monarquías occidentales, como es el caso de la francesa19, o de la castellana, a fines del Medievo.
En efecto, el recurso al perdón ofrecía al rey la posibilidad de propiciar la visualización de una tendencia a la teologización del poder regio, por cuanto la justificación última del predominio del criterio de clemencia en el ejercicio del ministerio real encontraba uno de sus fundamentos precisamente en su origen divino, que debía imponer al rey una voluntad de semejanza a Dios mismo, lo que hacía insoslayable la aplicación de la clemencia entre los principios regios de gobierno. Por ello, si absolutización y teologización del poder regio marchaban juntos, la ampliación del recurso regio al perdón en las prácticas gubernativas cotidianas venía a ser un efecto coherente de tal vinculación, contribuyendo a fundamentar más sólidamente una caracterización decididamente teologizante de la función regia desde múltiples perspectivas, que iban de la moral hasta la providencialista, tan relacionada esta última con cualquier proyecto de absolutismo regio20.
Por otra parte, siendo muchos perdones reales la forma de resolver contenciosos políticos resultantes del aprovechamiento de situaciones de debilidad regia que indujeron a la resistencia al rey, cuando no a la directa impugnación del mismo, con el consiguiente alzamiento contra la autoridad real, el cerramiento, aunque fuera con carácter transitorio, de tales contextos de conflictividad por vía de aplicación del perdón real, no dejaba de ser una baza favorable a la afirmación de la exclusiva naturaleza del poder regio y a su caracterización como ubicado por encima del ordenamiento legal vigente, en aras de lo que en cada momento el propio monarca pudiera interpretar como conveniente para la pax et tranquillitas del reino o, en definitiva, para el bien público o pro comunal del mismo. De modo que, mediante la aplicación el perdón real como forma de, al menos, aparente liquidación de los conflictos se ofrecía una notable oportunidad a la transformación de la debilidad regia en una acto de representación de la afirmación su poder, aunque éste, en el plano de las relaciones políticas concretas, pudiera estar sometido a todo tipo de cuestionamientos.
En directa relación con lo que se acaba de señalar, con un carácter general, el perdón real se planteaba desde la preeminencia justificativa de dos objetivos: en primer lugar, corregir las imperfecciones del sistema penal y, en segundo lugar, disponer de un instrumento excepcional para propiciar la paz social. Los perdones colectivos de índole política, como lo fueron los aquí considerados, respondieron preferentemente a las exigencias del segundo de estos dos objetivos. Sin embargo, la relación entre el perdón y tal objetivo de pacificación se producía de una forma bastante compleja, pues el protagonismo del factor paz social o paz política estaba estrechamente compartido con otros menos colectivos y, en cambio, más particulares.
Estos otros intereses más particulares eran, sobre todo, los específicos del monarca reinante y sus sostenedores. Formaban parte inevitable de tales intereses las necesidades de la propaganda regia, la legitimación de la preeminencia regia y de la legitimidad del monarca reinante ante el efecto de consenso que se presuponía con motivo de la concesión de cada perdón, la necesidad de configuración de nuevas alianzas, o la propiciación de una imagen de la monarquía como administradora de una función esencial de vertebración de las relaciones políticas del reino mediante el equilibrio entre su capacidad para premiar, castigar o perdonar, abriendo nuevos contextos de negociación polí- tica. Bajo este prisma, el rey, mediante el perdón, reclamaba para sí una posición eminente como regenerador del reino que daba ocasión al replanteamiento de su futuro político.
En cualquier caso y bajo toda circunstancia, el perdón real siempre tenía el efecto inmediato de recordar que era en el rey donde radicaba el origen último de la administración de la justicia en el reino, actuando como fuente de la legitimidad justiciera en su más elevada expresión. Tal significado no dejaba de tener especial relieve, en un contexto, como el de la época Trastámara, en la que, como consecuencia del proceso de complejización administrativa experimentada por la propia monarquía, estaba teniendo lugar una decidida tecnificación de la administración de la justicia mediante la ampliación del protagonismo de la Audiencia Real21 o, incluso, del Consejo Real22, lo que podía favorecer una sensación de impersonalización de la función justiciera característica de la persona regia que, sin embargo, se contribuía a disipar mediante la intervención directa del rey como dispensador de perdones.
En esta línea de conveniencia del perdón para el fututo político de cualquier proyecto de monarquía soberana, cabe advertir que si muchas de las manifestaciones de resistencia al rey se fundamentaron a partir de la oposición al poderío real absoluto, los perdones generales con los que se dio fin a algunos de estos conflictos se otorgaron en nombre de ese mismo poderío real absoluto, por lo que el inicial acto de resistencia se reconducía hacia un enfoque conveniente a los proyectos regios de plasmación en una expresión bien concreta, como era la exhibición de clemencia real, de su gobierno por vía de gracia.
A partir de tal consideración, no deja de sorprender, tal como se verá, el reiterado empeño, por lo general fallido, de las Cortes de reducir a práctica sometida a normas al perdón real, comprendiéndose tal iniciativa a partir de la constatación de la cada vez más reiterada utilización regia de este recurso. En cierta medida, la posición de las Cortes con respecto al perdón representa una paradoja fundamental, por cuanto si no perdonar podía dar lugar a dificultar la resolución de un conflicto político en curso, su excesiva aplicación podía ser motivo de generación de nuevas tensiones políticas. Por ello, tal como ha sido advertido con acierto para Portugal23 «los capítulos de Cortes son un espejo de esta paradoja, ora solicitando perdones generales al rey, ora criticándole la facilidad en conceder esos mismos perdones». Tal observación es igualmente aplicable a la Castilla Trastámara.
Pero, además, el perdón real no reflejaba sólo un acto de gracia, sino también de prescripción de culpas y penas. Tal prescripción no era debida al paso del tiempo, tal como de ordinario podía suceder, sino al cambio de circunstancias políticas, con la aparición de algunas que hacían conveniente el recurso a la mediación de la gracia real, con lo que se apuntaba a una interpretación cada vez más política del perdón regio, que tendía a convertirse en instrumento imprescindible generador de nuevos escenarios políticos.
Es precisamente por este oportunismo político del perdón, que se producirán las repetidas contradicciones entre los diversos agentes políticos, desde las Cortes a la nobleza, o a los eclesiásticos más influyentes, sobre la idoneidad o no de cada momento para proceder a su concesión, formando parte del debate característico de todo el conjunto de la época Trastámara, hasta el extremo de que la administración que un monarca haya hecho de tal instrumento se convertirá en rasgo decisivo de valoración para su ensalzamiento como rey justo o para su denigración como inicuo.
II. EL PERDÓN REAL COMO DEBATE INTELECTUAL: VALERA, ENRÍQUEZ Y PULGAR.
En los formulismos cancillerescos que quedaban recogidos en los documentos reales en los que se hacía otorgamiento de los perdones quedaba patente el significado del perdón como atributo consustancial del poder regio y su inclusión, en definitiva, dentro de lo que constituían competencias características del señorío natural ejercido sobre el conjunto de los súbditos, tal como se ponía de relieve al afirmar que «a los reyes e príncipes es propio e cosa muy convenible de usar clemencia e piadad con sus subditos e naturales»24.
Tal criterio constituyó por sí mismo un principio ideológico de amplia aceptación. Sin embargo, su valoración concreta no dejaba de estar sujeta a debate, siendo posibles múltiples matizaciones, aunque el criterio general predominante en todos ellos era, tal como rezaban los documentos reales del tenor del citado, la necesidad de prevalencia de la clemencia regia frente al castigo por merecido que pudiera parecer. Así, en efecto, se pondrá de relieve por algunos de los intelectuales de la época especialmente preocupados por la vida política de su tiempo, tal como se podrá comprobar a partir de la consideración de tres ejemplos como fueron Diego de Valera, Diego Enríquez del Castillo y Fernando del Pulgar. No faltaron otros autores con amplia experiencia política que se refirieron igualmente al problema del perdón con relación a contextos políticos concretos, sin embargo, seguramente fueron los tres señalados los que acaso supieron conectar de manera más precisa y directa el significado político del perdón con la exigencia de su aplicación como vía prioritaria, cuando no única, de resolución de conflictos concretos, lo que otorga particular interés a sus reflexiones, plasmadas en diversos escritos, cuyos destinatarios directos, además, fueron preferentemente los propios monarcas.
No está falto el discurso político de Diego de Valera de contradicciones como consecuencia del peso del desarrollo de los acontecimientos sobre la propia articulación de su pensamiento25. Sin embargo, con relación a la clemencia regia, muestra notable coherencia al situarla como instrumento fundamental en manos del rey para la pacificación del reino. A través de su epistolario se constatan algunas aproximaciones directas al problema del perdón real a raíz de la consideración de situaciones conflictivas concretas. Así se reflejará en su carta dirigida a Juan II, estando éste en Avila, en 144126, antes de que se produjeran varias escaramuzas en torno a Medina del Campo de las fuerzas del rey y de don Alvaro de Luna, por un lado, con las del rey de Navarra y el príncipe Enrique por otro. Diego de Valera encarecía al monarca en esta carta que evitase la confrontación bélica, cuyo resultado nunca podía ser seguro, recomendándole que apostase por la negociación y, en definitiva por la benignidad y la clemencia que podía exigir de su perdón.
En cierta medida, las circunstancias superaron las recomendaciones de Valera al rey, pues si desde el lado de éste se habían intentado reiteradas negociaciones a lo largo de aquel mismo año, sus detractores parecían bastante decididos a no cejar en el intento de humillar y derrotar al monarca y al condestable, tal como sucedería poco después de que don Diego redactase su misiva. En ella, no obstante, por el contrario de lo que sucedería en otras ocasiones similiares, no se apostaba necesariamente por una clemencia sin limites, pues no se dejaba de aludir a alguna forma de perdón parcial que permitiese el acercamiento entre las partes, tal como se señala al manifestar que «ni menos el príncipe se puede desir benigno o clemente que las injurias agenas ligeramente perdona, mas solamente aquel lo será, que pugnido y estimulado de sus propias ofensas, usando de clemencia perdona o algo de la pena remitte, siguiendo los passos de nuestro verdadero Redemptor, el qual seyendo en la cruz, rogó por los que lo crucificavan»27.
Si esta recomendación favorable a inclinar el ánimo del rey a tomar la iniciativa del perdón se produce en un contexto desfavorable al monarca, cuando se están recrudeciendo contra él las resistencias, en el mismo sentido se pronuncia, de manera aún más rotunda, cuando, ya después de Olmedo, todo parece mostrarse más favorable a la imposición de la autoridad real, tal como, en 1447, se pone de manifiesto en otra de sus misivas al monarca28, señalando, en primer lugar, cómo son las armas del buen consejo, de la piedad y de la clemencia las que ahora se deben imponer29, para recordar seguidamente la importancia de la clemencia en el ministerio regio30 y terminando por hacer recomendaciones explí- citas sobre los pasos hacia la pacificación del reino que debía dar el monarca y que, en opinión de Valera, deberían tener como expresión última la concesión de un perdón general, vinculada a la liberación de los presos y a la restitución de bienes y dignidades de los caballeros implicados31. Todo ello se aderazaba con múltiples referencias históricas favorables a sus argumentaciones, tal como en relación a esta cuestión se hacía en otros escritos del mismo autor32.
En el caso de Diego Enríquez del Castillo, a partir de su crónica del reinado de Enrique IV, se puede advertir cómo la referencia a las manifestaciones de la clemencia regia actúa como un verdadero hilo conductor de una cró- nica que, por momentos, parece adquitir la forma de todo un espéculo de príncipes.
Seguramente puede considerarse como síntoma que toma perfiles de verdadero enunciado programático, de acuerdo con el relato de Enríquez, tras el primero de los capítulos de la crónica, el referido a describir los rasgos físicos y las inclinaciones del monarca, dedicándose el segundo capítulo, con motivo de la referencia al acto de la jura del nuevo monarca, a recoger lo que presenta como un discurso pronunciado por el propio monarca, en el que se trata del papel esencial que el ejercicio de la clemencia debe tener para el buen rey33, dando seguidamente noticia del perdón que, como acto inaugural de gobierno, otorgó Enrique IV a los condes de Alba y Treviño34, aprovechando el cronista la descripción de estos hechos para mostrar la adhesión que la actitud del monarca levantó entre los presentes35.
Este perdón con el que se abre el reinado tendrá prolongación poco después, ampliándolo a otros caballeros principales, lo que dará la oportunidad para que el cronista ponga en boca del rey nuevas consideraciones sobre el valor político del perdón real, situándolo ahora en una línea argumentativa de orden teológico que le permite establecer la vinculación entre poder regio y poder divino a través del significado que tanto para uno como para otro tiene la clemencia, de modo que a través de la alusión al perdón se sacan consecuencias sobre la dimensión divina del poder regio36, no faltando otras ocasiones para alabar la actitud clemente del rey hacia los que se habían resistido a su autoridad37.
Es, probablemente, en el caso de Fernando del Pulgar donde mejor se percibe cómo el problema del desequilibrio-equilibrio, tensión en cualquier caso, entre justicia-misericordia se convierte en el elemento decisivo a la hora de definir el buen o mal gobierno de un monarca. También es en su caso en el que parece evidenciarse con mayor precisión cómo el ejercicio del perdón real no es un valor absoluto, al tratar de mostrar cómo perdonar en ciertas ocasiones deslegitima al rey, de la misma manera que perdonar, en otras ocasiones, enaltece y justifica el ministerio regio.
En el perfil que ofrece sobre la figura del rey Enrique IV presta especial atención a la magnificencia y misericordia con la que actuó el monarca al principio de su reinado, poniendo de relieve ya no sólo el que el monarca perdonase a los que su padre había castigado, sino que, además, el perdón se hacía con íntegras restituciones de bienes y dignidades38. En ello, precisamente, encontraba Pulgar la causa de las disensiones que caracterizarían buena parte del reinado, interpretando esta inclinación inicial del monarca a hacer remisión de penas de los nobles sublevados en tiempos de su padre el rey Juan II como el fundamento de una imagen de debilidad que propiciaría la desobediencia de muchos de los grandes del reino39.
Sin embargo, la práctica regia del perdón recibe un tratamiento completamente distinto, cuando, en lugar de considerarlo en el contexto del reinado de Enrique IV, lo aborda a principios del reinado de Isabel. En este caso, es precisamente la súplica de un perdón para los habitantes de Sevilla, en 1477, lo que motiva la elaboración de un amplio razonamiento presentado a la reina para exponerle la necesidad de un perdón general40, dándole pie a considerar los múltiples beneficios políticos que puede conllevar tal iniciativa, a fin de propiciar la pacificación del reino. La carta constituye una de las principales apologías del uso del perdón por el rey que podamos encontrar en todo el conjunto de la época Trastámara.
En este razonamiento de Pulgar no falta la valoración que con relación al perdón real hace en la historia castellana reciente, a partir de la consideración de lo hecho al respecto por Juan $\mathrm { I I } ^ { 4 1 }$ y Enrique $\mathrm { I V } ^ { 4 2 }$ , poniendo como ejemplo del perdón justo al primero y del perdón injusto al segundo. Tales referencias tenían su importancia para el objetivo de Pulgar de obtener el perdón real que demandaba, pues, mientras que al aludir a Enrique IV ponía en la dejación de su justicia la causa de las disensiones que habían motivado el que ahora se solicitase el perdón para los habitantes de Sevilla, con la alusión a los necesarios perdones que había otorgado Juan II se venía señalar el camino a seguir para resolver las disensiones más recientes.
Para Pulgar, las circunstancias del reino exigían ahora más de la clemencia regia que de la justicia rigurosa, por lo que aprovecha para recordar a la reina su preeminencia sobre los jueces para sacar a la justicia de sus excesos, que tan perjudiciales consideraba como los propios de la ausencia de cualquier forma de justicia43.
Pero, además de los criterios ya señalados bajo los que se plantea la reivindicación de Pulgar, el argumento predominante es de índole teológica, reactualizando un modelo teocéntrico de realeza del que resulta la equiparación de cualidades entre divinidad y realeza44, lo que fundamenta un principio de monarquía providencial, con todos sus inevitables efectos absolutizadores, a la que la práctica del perdón debe resultar consustancial, ya no sólo por su conveniencia política, sino porque, para Pulgar, en tanto que defensor de esa monarquía providencial, el ejercicio político de la clemencia forma parte de los fundamentos mismos de la legitimidad regia45.
45 «Mire bien vuestra alteza cuántas veces refiere este su nombre de misericordioso; lo que no fallamos veces tan repetidas del nombre de iusticiero e mucho menos de rigoroso en la iusticia, porque el rigor de la iusticia uecino es de la crueldad, e aquel príncipe se llama cruel que aunque tiene causa no tiene tenplança en el punir. $E$ la piadad oficio e continuo de nuestro Redentor, del cual tomando enxemplo los reyes e emperadores, cuya fama resplandece entre los biuos, perdonaron los humildes, e persiguieron los soberuios, por remidar a aquel que les dio poder en las tierras $( \ldots ) E$ vos, reina muy excelente, tomando aquella dotrina mansa de nuestro Saluador e de los reyes santos e buenos, templad vuestra iusticia y derramad vuestra misericordia e mansedumbre en vuestras tierra; porque tanto serés junta con su diuinidad cuanto le remidardes en las obras, e tanto le remidardes en las obras cuanto fuerdes piadosa; e tanto serés piadosa, cuanto os conpadeciéredes e perdonáredes los miserables que llaman e esperan con grand angustia vuestra clemencia e mansedumbre; la cual, muy excelente reina, deue estar arraigada en vuestra memoria, e en los concebtos de vuestra ánima, porque se mienbre Dios de vos e de vuestra mansedumbre e os perdone como vos perdonardes, e os dé vida como vos la diéredes, e perpetue vuestra silla real en vuestros descendientes para siempre, especialmente con los desta.
En definitiva, a partir de los tres autores considerados, parece evidente el oportunismo político desde el que plantearon sus valoraciones sobre las distintas implicaciones y significados del perdón real, constatándose siempre en todos los casos su acuerdo fundamental sobre el relieve esencial para el ejercicio del poder real del perdón regio en sus distintas manifestaciones.
III. LOS PERDONES REALES HASTA LA REGULACIÓN DE 1399.
La época de los primeros Trastámaras tiende a caracterizarse en materia de concesión de perdones por el predominio de una actitud más bien cautelosa. En este sentido, su posición al respecto no se distancia mucho de la que había caracterizado a Pedro I, con respecto al que parecen seguir en este punto una línea de cierta continuidad.
En efecto, a pesar de tópica imagen de «cruel», no habían estado ausentes los perdones reales de la práctica política de Pedro I, de los que se dieron algunas manifestaciones en un año decisivo en la evolución de este reinado como fue el de 1355, que, en muchos aspectos, podría considerarse como un punto de inflexión en la evolución hacia la definitiva confrontación a la que apuntaban los acontecimientos, tal como ponía de manifiesto la propia intervención pontificia por vía de legado46, que tuvo lugar en aquel año, bajo el declarado objetivo de buscar formas de reconciliación entre el rey y parte de la nobleza, así como de proteger los derechos de la reina doña Blanca, en torno a la que comenzaban a reunirse los contrarios al monarca.
Uno de estos perdones de 1355 era otorgado a favor de Diego Arias, arcediano de Toro, «mi vasallo e del mi consejo», según se manifiesta en el documento real, incluyendo en el mismo a todos aquellos familiares y seguidores del arcediano que se habían separado del servicio real47. El perdón incluía restitución de bienes, cargos y fama y, si bien podía considerarse bastante generoso en sus contenidos concretos, resultaba bastante limitado en cuanto a los beneficiarios, puesto que hubiera podido incluir a otros muchos que se hallaban en situación similar.
Las implicaciones restrictivas resultaban mucho más evidentes en otro acto de clemencia regia que, bajo apariencia de perdón general48, se otorgaba a la ciudad de Toledo que se había sublevado recientemente contra el monarca para ponerse del lado de doña Blanca y de sus valedores49, pero que, en la práctica, establecía múltiples exclusiones, tal como sucedió con otros perdones otorgados aquel mismo año, como, por ejemplo, el dado a favor de los que habían tomado partido por doña Blanca en contra del rey en Ciudad Real50 o en Cuenca51. Por el contrario de ser perdones destinados a dejar la puerta abierta para que bajo la atracción del perdón pudieran venir al partido real otros sublevados, a fin de acogerse a sus beneficios, parecía más bien que, con ellos, se quisiera dar el mensaje de que la clemencia regia se planteaba con carácter excepcional y que, en consecuencia, no debía albergarse la esperanza de mayores concesiones graciosas, sirviendo el propio perdón para hacer manifestación de la voluntad del rey de no dar ninguna facilidad de reconciliación para muchos de sus enemigos, algunos de los cuales quedaban enumerados con motivo de la propia emisión de la carta de indulto. Esta circunstancia parecía abocarlos a una condición de irredimibles, en tanto que el rey mantuviera el control del reino, de modo que con ello se limitaba la pretendida eficacia pacificadora de estos perdones.
Apenas se sintió rey Enrique II, dio lugar al otorgamiento de un perdón real, de manera que pareció entender como manifestación típica de la posición regia el hecho de perdonar, pudiendo pretender acaso transmitir un mensaje de ejercicio pleno de autoridad regia a través de esta iniciativa52. En cualquier caso, tal como se planteó este perdón, tenía implicaciones no poco relevantes, tanto desde el punto de vista de sus posibles efectos de legitimación para el movimiento encabezado por Enrique Trastámara, como para la consideración hacia los perdones reales y su futura evolución.
Desde el punto de vista de sus efectos legitimadores, hay que tener en cuenta que el perdón se otorgaba a los que se habían opuesto a don Enrique, como consecuencia de que se entendía que los que habían adoptado tal posición no lo hacían porque dudaran de sus derechos o considerasen que el rey don Pedro estaba asistido por la razón, sino que lo hacían obligados por éste o por el temor que les inspiraba. Con ello, a la vez que el perdón partía de la supuesta ausencia de responsabilidad y de libertad de los perdonados, venía a transmitir la idea de que la mayor parte de los seguidores de don Pedro lo habían sido forzados por la propia actitud tiránica del monarca53, lo que aportaba un criterio más de deslegitimación del rey precedente.
El perdón tenía carácter general y sólo excluía a aquéllos que habían seguido conspirando en contra de don Enrique tras su proclamación en Bur$\mathrm { g o s } ^ { 5 4 }$ . Por lo que se refería al futuro de los perdones reales, se negaba la posibilidad de otorgar nuevos perdones55. Así, don Enrique parecía plegarse a una demanda de las Cortes que acaso ya percibían que el perdón real no dejaba de ser una forma de excepcionalidad que contribuía a situar al rey por encima de la ley, por lo que, desde la perspectiva de las Cortes, convenía evitar su recurrente utilización. No obstante, si al aceptar el Trastámara tal criterio se producía una evidente claudicación que implicaba el consiguiente recorte del poder regio en una materia bien significativa, por otro lado, no dejaba de obtener un cierto beneficio como era lanzar una especie de ultimátum para los que seguían manteniéndose leales a Pedro I.
Sin embargo, no hubo necesidad de esperar mucho tiempo para que, ya definitivamente entronizado, don Enrique otorgase nuevos perdones, tal como, por ejemplo, el que dio estando en Villarreal el 29 de junio de 1370 a los asaltantes de la judería de Murcia56, valorando para su concesión el poco sólido argumento de que los asaltantes «fizieron el dicho danno con mouimiento $e$ non pararon mientes a lo que fazian». Es posible que fuera este mismo perdón o algún otro de características similares, que, como éste, hubiera sido tramitado tan sólo con el sello de la poridad y no con el sello mayor de la cancillería real lo que motivó la demanda de las Cortes de Toro de 1371, que exigieron para el futuro que el rey no diera cartas de perdón con el sello de la poridad, no debiendo valer en adelante aquellas cartas que no hubieran pasado por el canciller y llevasen el correspondiente sello mayor de la cancille$\mathrm { \ r i a ^ { 5 7 } }$ . Se trataba, en definitiva, de cautelas tendentes a moderar el uso real de las cartas de perdón y, en consecuencia, a evitar una expansión descontrolada de este recurso gubernativo regio en el contexto de unas Cortes, como estas de Toro de 1371, dirigidas a propiciar una reorganización de la justicia y administración regias tendente a definir fórmulas más técnicas y profesionalizadas frente al personalismo característico del reinado precedente.
Con motivo del comienzo del reinado de Juan I, recordando acaso lo que había hecho Enrique II en 1367, se otorgó un perdón general, a petición de las Cortes reunidas en 1379 en Burgos58, concedido «por onrra del comienzo del nuestro rregnado e dela nuestra caualleria e coronamiento», aludiéndose con ello a los actos que habían tenido lugar en los días anteriores, por los que el rey había recibido caballería y corona59, entendiéndose que con ello «nuestros naturales oviesen mas voluntad de nos seruir», no dejando, no obstante, de introducirse exclusiones por decisión regia en su aplicación60. Es decir, que no se trataba de una iniciativa personal del rey, sino que era el resultado de una petición de los procuradores en Cortes, con lo cual, el perdón real se mantenía dentro de lo que los representantes del reino parecían desear; un perdón real, en definitiva, en el que el rey actuaba como instrumento concedente, pero cuya iniciativa le era ajena.
La caótica situación hacia la que se fue deslizando la evolución interna del reino, sobre todo en materia de orden público, daría lugar a que las propias Cortes demandasen del rey un perdón que sirviera de elemento pacificador, pensando sobre todo en homicianos y malfechores que por temor a la justicia, andaban huidos dentro o fuera del propio reino. La aceptación del rey de tal demanda no estuvo exenta de cautelas singulares que supusieron, en la práctica, que no se tratase de un perdón automático, sino sujeto a un proceso administrativo preciso, tal como quedó patente en la respuesta del rey a los procuradores presentes en las Cortes de Segovia de $1 \bar { 3 } 8 6 ^ { 6 1 }$ . Sin embargo, cabe pensar que las cautelas establecidas en su respuesta por el monarca fueron incumplidas, dándose lugar en la práctica a un verdadero perdón general, con el que seguramente se originaron múltiples perjuicios e injusticias de todo orden, tal como el propio rey reconoció un año después, en las Cortes de Briviesca de 1387, lo que fue utilizado para establecer nuevos requisitos en el otorgamiento de los perdones reales62.
El incremento de la inestabilidad política le impuso a Juan I recurrir de nuevo al perdón general al final del su reinado. Así, estando en las Cortes de.
Guadalajara de $1 3 9 0 ^ { 6 3 }$ , decidió otorgar un perdón general en el que quedarían incluidos todos aquéllos que hubieran colaborado con el duque de Lancaster en invadir el reino, excluyendo del mismo al conde don Alfonso, su hermano, que debería permanecer en prisión64. Sin embargo, todo parece apuntar a que la decisión del rey viene sobre todo forzada por su propia posición de debilidad, confiando en evitar nuevas reacciones contra su persona que no parecía seguro de poder afrontar, siendo acaso la concesión del perdón una exigencia del Consejo Real en un contexto de importante intervención en la gobernación del reino.
Con el reinado de Enrique III pareció cerrarse un ciclo en la evolución del perdón real. Durante el mismo, todas las iniciativas en esta materia apuntaron hacia un uso restrictivo y regulado del perdón. Tal planteamiento fue el que se dio cuando se establecieron las condiciones de funcionamiento del Consejo de Regencia durante la minoría de edad del monarca65 y el que, a su vez, inspiró una regulación expedida en $1 3 9 9 ^ { 6 6 }$ llena de cautelas con respecto a posibles excesos regios en esta materia, que repetidamente habría de invocarse en tiempos de Juan II, ante los nuevos rumbos que habría de tomar el perdón real durante su reinado, hasta el extremo de quedar incorporadas al ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1447 como una especie de recordatorio de los términos en que se había pactado el ejercicio de la clemencia regia y que ahora, avanzando el reinado de Juan II, parecía encaminarse hacia otros criterios que suponían, de hecho, el desligamiento del rey respecto de una fórmula de cierto pactismo que, en alguna medida, había predominado en esta materia con los primeros Trastámara, más sujetos al control de las Cortes que sus sucesores, y cuyos efectos prácticos, tal como se verá, parecieron agotarse después de Enrique III, favoreciendo la adquisición por el perdón real de nuevos perfiles.
En definitiva, con los primeros Trastámaras, el planteamiento predominante viene a suponer que el perdón real de carácter colectivo debe ser un hecho excepcional, regulado, sometido a cautelas administrativas precisas, motivado por razones constatables de interés general, habitualmente resultante de la demanda del reino, sobre todo manifestada a través de las Cortes, con respecto a las cuales pareció mantenerse una actitud de consenso en esta materia por parte de los monarcas, y carente de significación, desde el punto de vista de la relación rey-ley, de cualquier forma de pretensión de caracterización absoluta del poder regio conectada con reivindicaciones de superioridad del rey sobre la ley. Todo esto habría de verse rápidamente alterado en el transcurso del reinado de Juan II y de sus sucesores.
IV. EL REINADO DE JUAN II: EL PERDÓN REAL COMO SÍMBOLO ABSOLUTIZADOR.
Tras lo que se podría considerar como una época de contención en la aplicación de perdones reales para la resolución de conflictos políticos, como la que caracterizó a los primeros monarcas Trastámara, el perdón general otorgado por Juan II en 1427-1428 ofrece toda una serie de indicios que parecen indicar el comienzo de una nueva tendencia en la evolución de tal recurso regio. El 1428 puede ser caracterizado como un año de reconciliaciones, un año en el que todo parecía apuntar a una evolución próxima de superación decisiva de las tensiones recientes67, y en este contexto, el perdón general concedido inicialmente a fines de noviembre de $1 4 2 7 ^ { 6 8 }$ , y remitido a diversas ciudades en el transcurso de $1 4 2 8 ^ { 6 9 }$ , supuso un instrumento clave en ese proceso de reconciliación que pronto se comprobaría en toda su provisionalidad70.
Este perdón se otorgaba a resultas de una súplica planteada en el seno de la Corte por algunos de los que estaban allí presentes, pues entre los que se habían reintegrado al servicio real los había que «tuviesen escrúpulo alguno de los yerros pasados que alguno hubiese hecho», resolviéndose previa reunión del Consejo Real que lo respaldó71, alcanzándose acuerdo favorable de todos sus miembros. Se entendió que con él se contribuía decisivamente a la pacificación del reino, aunque quedaban excluidos de su aplicación, además de Juan García de Guadalajara, que se cita explícitamente72, los que ya hubieran sido condenados por sentencia, dejándose a salvo los derechos de parte. En lo formal, se incluían las cláusulas absolutorias que pronto empezarían a multiplicarse en la documentación real, hasta convertirse en inevitables en la concesión de futuros perdones reales, aludiéndose al «motu propio, cierta ciencia, poderío real absoluto», así como a la expresión «aya fuerça de ley asi como sy fuese fecha e promulgada en cortes, e que esto no embarguen, ni puedan embargar qualesquier leies, fueros, o derechos, ordenamientos e estilos, costumbres», con ello, a la vez que se daban evidencias de sujeción del rey a la ley y a una negociación acordada para su concesión, se daban indicios para una futura vinculación entre perdón real y afirmación del poderío real absoluto, que tanto protagonismo habría de tener en el futuro durante este mismo reinado73. Por último, se daba lugar en su texto a una amplia presencia de referencias ideológicas, a fin de dar justificación a la iniciativa de perdón toma$\mathrm { { d a ^ { 7 4 } } }$ , a la vez que se hacía una extensa consideración de los acontecimientos políticos que habían caracterizado las alteraciones que habían conducido a la necesidad del perdón75, lo que convertía el tenor de éste en una oportunidad para el rey de divulgar ante el reino su interpretación de los debates políticos recientes.
En el transcurso de los años 1439 y 1440 se volvió a dar otro de esos recurrentes contextos que parecían favorables a la pacificación del reino gracias a la apertura de diversas vías de negociación, entre las que la convocatoria de Cortes no estuvo ausente. Por ello, a mediados del mes de marzo de 1439, Juan II se dirigió a las ciudades con representación en Cortes para que le enviasen sus procuradores, anunciándoles que la convocatoria tenía el objetivo prioritario de restablecer la paz en todo el reino76.
Lo peculiar, en esta ocasión, es que en ningún momento se planteó, ni por el lado del rey, ni por el de sus detractores, la posibilidad de un perdón. La causa de su ausencia tal vez haya que buscarla en que su concesión habría podido interpretarse de hecho como un reconocimiento de una supremacía regia que, en este caso, hubiera podido dificultar el propio proceso pacificador que, en gran medida, venía favorecido por el predominio militar de los partidarios del rey de Navarra y del príncipe Enrique, que forzaba al rey castellano a negociar77. Esta posición de negociación forzada en la que se veía Juan II que
76 Así, se puede leer lo siguiente en la provisión real enviada al concejo de Madrid para convocarles a dichas Cortes: «Sepades que por algunas cosas muy conplideras a mi seruiçio e al paçífico estado e tranquilidad de mis rreynos, e por algunos escándalos e bolliçios e leuantamientos que algunas personas contra mi seruiçio e contra el bien público e sosiego de mis rreynos han puesto en ellos, e para los quitar e rremediar en ellos commo cumple a mi seruiçio e a execuçión de la mi justicia, e abien de los dichos mis rreynos, es mi merced que çiertas çibdades e villas de los dichos mis rreynos me envíen sus procuradores, por que con ellos yo pueda mandar ver e platicar lo que cumpla a mi seruiçio e a bien de los dichos mis rreynos en todo lo suso dicho». Ángel Pérez Chozas (dir.), Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, segunda serie, tomo II, Madrid,1948, doc. XXXVIII, pp. 193-194 (Roa, 18-III-1439).
daba manifiesta cuando, tal como se describe en la Crónica del Halconero, hacia junio de 1440, refiriéndose a las ciudades controladas por los oponentes al monarca castellano, «fueron dadas cartas para las çibdades e villas del rreyno, que fuesen llanas al Rey aquellas que avían estado por ellos. Oydas asy las cartas, obedeciéronlas e non las conplieron»78.
Bajo estas circunstancias, no es de extrañar que se llegue a un acuerdo de pacificación sin que se recurra para ello al perdón. Por el contrario, a lo que se recurre es a una fórmula de convenio por la que se lleva a cabo la legitimación regia de los levantamientos y disensiones que, lejos de ser interpretados como actos delictivos y de traición, se entendían como aportaciones a partir de criterios diferenciados o incluso contrapuestos al bien común y al servicio del rey y del reino, por lo que no tenía lugar demandar ninguna forma de perdón que hubiera supuesto reconocer el error del partido del príncipe Enrique y del rey de Navarra79. Con ello, siguiendo el punto de vista planteado por los procuradores reunidos en las Cortes de Valladolid de 1440, se hacía inviable la aplicación de cualquier concepto de culpabilidad, con relación a las confrontaciones recientes, por lo que no había lugar para ninguna forma de per$\mathrm { d o n ^ { 8 0 } }$ , quedando bien reflejado tal planteamiento en la primera de las peticiones de dichas Cortes, en la que predomina la valoración del espíritu de concordia entre facciones bienintencionadas, en lugar del perdón del rey como poseedor exclusivo de la razón frente a los que, errados, se le habían opuesto para volver ahora a su obediencia81. Bien, por el contrario, parecía establecerse una especie de pacto de reconciliación entre iguales que, no obstante, no renunciaban a sus razones anteriores.
Sin embargo, la escasa eficacia de aquellos esfuerzos de pacificación, con la consiguiente reanudación de las tensiones, ofrecería pronto nuevas ocasiones para la reaparición del perdón real en todo su protagonismo polí- tico. Así sucedería a raíz de los enfrentamientos habidos en el reino y ciudad de Sevilla, como consecuencia de la llegada en 1444 de fuerzas encabezadas por el infante don Enrique, entre los partidarios de éste, entre los que destacaban los Ponce de León, los señores de Marchena y los condes de Arcos, y los defensores de los intereses de Juan II, entre los que se contaban los Guzmán y los condes de Niebla82. Estas tensiones, darían lugar a que la restauración de la paz, a partir de 1445, pasase por el otorgamiento de un perdón real dado aquel mismo año, a todos los que habían tomado el bando del infante Enrique83. Este perdón que el propio monarca declaraba haberlo concedido por súplica de su hijo el príncipe don Enrique, por lo que cabe situarlo como una consecuencia de los acuerdos que siguieron a la batalla de Olmedo, se aplicaba a todos los moradores y vecinos de la ciudad de Sevilla y de todas sus villas y lugares, refiriéndose tanto a la exención de las penas de cualquier calidad en las que hubieran podido caer, como a la salvaguarda de sus bienes84.
En las Cortes de Valladolid de 1447 los procuradores manifestaron su inquietud por la discrecionalidad con la que el rey venía concediendo su perdón, entendiendo que tal procedimiento iba en perjuicio del bien común del reino, exigiéndole que sometiese su uso a los límites que imponían al respecto leyes que venían de reinados anteriores85. Aunque el rey reconoció la existencia de esa legislación que limitaba la aplicación del perdón real, tal como se había contemplado en las Cortes de Briviesca y en la ordenanza que sobre este asunto había dado Enrique III en 1399, en la que, tal como se vio, se establecían especiales cautelas, en particular, en lo que se refería a la intervención del.
Consejo Real en la tramitación de los perdones86, su respuesta fue bastante evasiva. En efecto, Juan II se comprometió a sujetarse a estas normas, pero recordando las especiales necesidades que, como rey, podía tener para ejercer perentoriamente esta facultad, aceptando, no obstante, no ampararse en las cláusulas derogatorias vinculadas al «poderío real absoluto» para evitar su cumplimiento87.
Sin embargo, bien pronto, dio ocasión para comprobar que no se sentía demasiado comprometido con lo otorgado ante las Cortes, tal como sucedió con motivo del perdón general de 145088. En este caso, por el contrario del perdón dado en 1428, ya aludido, fue el rey el que tomó la iniciativa de otorgarlo, sin que mediara súplica previa89, resolviendo personalmente su aplicación, no señalándose razones de exclusión, aunque, en cambio, no se contemplaba la remisión de bienes para los perdonados, a la vez que el ámbito temporal de aplicación iba hasta los veinte años anteriores, estableciendo, por tanto, un periodo excepcionalmente largo90.
Por otra parte, en este perdón general de 1450 se hacía alusión al «poderío real absoluto» para obviar cualquier contraposición con disposiciones legales previas especialmente referidas a las restricciones y cautelas que debían tenerse en cuenta para la concesión de perdones91. Cabe encontrar en todo ello un cambio enormemente significativo, que apunta en el sentido de que, para cuando Juan II otorga el perdón de 1450, tal instrumento ha entrado de lleno en el ámbito de aplicación del poderío real absoluto, lo que, en cambio, no parece claro que sucediera cuando se concedió el de 1428, en el que todo parecía más sujeto a la observancia de las restricciones legales en materia de exención de penas, dejando bien patente que el monarca se sentía muy poco concernido por las quejas de los procuradores, que tan sólo tres años antes llamaban su atención sobre el inmoderado uso regio del perdón. Del mismo modo, la tendencia a la politización del perdón es evidente. Así, para el de 1450, cabe encontrar una relación verdaderamente exhaustiva de las razones políticas que justificaban al rey en su decisión de otorgarlo, incidiendo en los efectos beneficiosos que cabía esperar de ello por parte del rey y del reino.
Entre los perdones colectivos otorgados por Juan II en los últimos años de su reinado alcanzaron un cierto relieve aquéllos que iban dirigidos a los habitantes de una determinada ciudad o villa. En tales casos, la inmediatez de la necesidad política de su aplicación se hace particularmente evidente. En ellos, tal como es posible constatar en los remitidos a Lorca92 o Murcia93, en 1450; Toledo, en $1 \bar { 4 } 5 1 ^ { 9 4 }$ , o a los vecinos de Escalona95 que habían respaldado a doña Juana Pimentel en 1453, en su resistencia al monarca tras la detención y ajusticiamiento de don Alvaro de Luna, se puede comprobar la omnipresencia del «poderío real absoluto» como fundamento jurídico-político a partir del cual actúa el rey con entera libertad, en cuanto a la amplitud y características concretas de los perdones concedidos, a la vez que parece hacer exhibición del personalismo y discrecionalidad con los que el rey parecía otorgarlos. Esos mismos criterios se extendieron por aquellos años, así como en los comienzos del reinado de Enrique IV, a los perdones individuales de interés político96.
Tal circunstancia no era impedimento para que el monarca en algunas ocasiones concediese estos perdones a suplicación de parte, como en el caso del dado a Toledo en 1451, con motivo de las alteraciones que habían tenido como protagonista destacado a Pero Sarmiento, habiendo sido suplicado por el príncipe don Enrique97, favoreciendo acaso esta mediación en la incorporación de derechos particularmente beneficiosos para los perdonados que no siempre se contemplaban, como era la renuncia del rey a cualquier intento de recuperación de los bienes robados por los sublevados98, así como la revocación y total nulidad de las sentencias preexistentes que se hubieran dado contra ellos con motivo de los bullicios recientes99.
A partir de la transformación del perdón real, tal como acaece durante el reinado de Juan II, en un instrumento al servicio de los intereses del rey que lo administra por la aplicación de su poder absoluto, al margen de cualquier control y por su propia iniciativa, sin límite preciso alguno, se fue percibiendo cada vez más como indicio importante del progresivo desligamiento del rey con respecto a la ley, confirmándose como un síntoma del protagonismo que iban adquiriendo las tendencias absolutizadoras del poder real, incluso en contextos de profunda crisis política.
V. ENRIQUE IV Y EL DECISIVO PROTAGONISMO POLÍTICO DEL PERDÓN REAL.
Ya se puso de relieve páginas atrás la destacada importancia que otorgó el cronista real Diego Enríquez del Castillo a la recurrencia regia al perdón, no limitándose en su crónica a señalar las repetidas ocasiones en que Enrique IV lo utilizó como baza política que se pretendía decisiva, sino aprovechando también estas ocasiones para argumentar sobre su valor simbólico a la hora de fundamentar determinados enfoques propios de la apología del monarca reinante. El que otros cronistas menos afines100, o incluso francamente opuestos a este rey101, aludan también a su frecuente utilización del perdón de significado más político, a la vez que asegura la fiabilidad del texto de Enríquez del Castillo en lo que es la descripción de hechos concretos, aunque la interpretación de los mismos sea divergente, hasta considerar los reiterados perdones enriqueños como uno de los rasgos más negativos de su reinado y de efectos más nefastos, nos sitúa ante un escenario caracterizado por una clara tendencia a la potenciación del perfil político del perdón real.
Lo cierto es que el reinado de Enrique IV, tal como pusieron de relieve los distintos cronistas, tuvo como acto prácticamente inaugural la concesión de algunos perdones a favor de algunos nobles102. Lo que tuvo continuidad en algunos perdones en los años que siguieron al comienzo de su reinado103, por lo que las Cortes no tardaron en dar síntomas de inquietud.
En efecto, con ocasión de las Cortes de Toledo de 1462, los procuradores mostraron con toda exactitud las implicaciones más negativas que percibían en la amplitud con la que el monarca dispensaba sus perdones. Por un lado, llamaban su atención sobre el menoscabo de la justicia que podía suponer el que la prestación de servicios en castillos fronteros pudiera conllevar la anulación de penas, demandando del monarca restricciones para esta práctica que, tal como se comprobará, se vería confirmada y, de hecho, intensificada con los Reyes Católicos104. Pero, por otro lado, si esta casuística se refería preferentemente a delitos comunes, no dejaban de tener presentes los procuradores aquellos perdones que pudieran tener un perfil más específicamente polí- tico105. Respecto a esto, denunciaban varias anomalías:
• La facilidad con la que ganaban el perdón106. • Los perdones reales no se limitaban a delitos menores, sino que también se daban con gran facilidad para los delitos más graves107.
• Se les concedía el perdón, a pesar de no haber sido perdonados por los perjudicados por sus delitos108.
• No estaban obligados a restituir lo robado109.
• Se derogaban leyes a fin de asegurar la firmeza de los perdones110.
• Se forzaba la inhibición de la justicia111.
• No se cumplían las condiciones de procedimiento referentes a los perdones que había dado Enrique III y habían sido confirmadas, aunque frecuentemente también incumplidas, por Juan $\mathrm { I I } ^ { 1 1 2 }$ .
• Se daba lugar a un inevitable efecto de perjuicio de parte113.
La contienda civil que dividió a Castilla durante los años 1465 a 1468 entre los partidarios del príncipe don Alfonso y el rey don Enrique vino, en gran medida, marcada, en lo que a su definición temporal se refiere, por el uso real del perdón, pues fue con un perdón cómo el rey trató inútilmente al principio de evitar el desencadenamiento del conflicto, siendo con otros varios perdones cómo se formalizó la liquidación del mismo.
En efecto, el perdón prometido por Enrique IV en 1465 puede considerarse como el último recurso utilizado por la monarquía por evitar el conflicto abierto con los partidarios de don Alfonso114. Es por ello que este perdón presenta algunos rasgos característicos que lo diferencian con respecto a la mayor parte de los concedidos hasta entonces. El fundamento político de este perdón, a partir de criterios eminentemente propagandísticos115, se hallaba en la distinción entre los que eran instigadores de la conspiración y simples seguidores. Entre los primeros, estaban el almirante don Fadrique, el marqués de Villena don Juan Pacheco, el arzobispo de Toledo y los obispos de Burgos y Coria, los condes de Plasencia, Benavente y Paredes, y los maestres de Calatrava y Alcántara. Eran éstos, según se afirmaba, los que habían promovido los «bullicios y escándalos», utilizando para ello la figura del príncipe don Alfonso y convenciendo con engaños a los que les seguían, quienes ahora podían acogerse al perdón real por haber sido, en cierta forma, según el planteamiento del texto regio, víctimas manipuladas e inocentes116. Por el contrario de otros perdones, éste no era resultado de un juramento o compromiso de reintegración al servicio real, sino que, en este caso, el proceso era el inverso del habitual, pues se trataba de un perdón para aquellos que retornasen a la obediencia del rey en el plazo de diez días. El perdón no se limitaba sólo a anular los delitos cometidos117, sino que daba lugar a la restitución de los bienes, oficios y rentas que tuvieran asignados los beneficiarios en los libros del rey, así como de todo aquello que, durante las recientes alteraciones, se les hubiera tomado por cualquier forma118, comprometiéndose, además, el monarca, a mantenerles todos los acostamientos y sueldos que les hubieran prometido los sublevados, no desechando la posibilidad de otorgarles nuevas mercedes119. Sin embargo, el perdón no se presentaba como una posibilidad más, sino como un ultimátum que, de no aprovecharse en los diez días señalados, daría lugar al castigo real en todas su formas posibles120. El tiempo demostraría, sin embargo, que la posibilidad de un nuevo perdón estaba, en realidad, siempre abierta.
Del mismo modo, el final del conflicto comenzó a apuntarse, en lo que a los gestos políticos se refiere, mediante otro perdón, como el que tuvo como destinataria a la ciudad de Toledo121, en el que tenía presencia relevante el compromiso real al mantenimiento de los cargos concejiles tal como se hubieran ido cubriendo durante el periodo en el que la ciudad se había mantenido separada de la obediencia real122, así como la alusión a la fuerza derogatoria del perdón otorgado frente a cualquier ordenamiento legal que lo contraviniera123, aceptando, en definitiva, el rey la aparente contradicción de que los mismos que habían levantado la ciudad contra el rey podían haber tomado decisiones convenientes para su gobernación.
Pero el protagonismo político del perdón real no se mostraría con toda su intensidad, y también con todas sus contradicciones, en cuanto que instrumento sujeto a diversos intereses contrapuestos, hasta que llegase el año decisivo en el proceso de pacificación pactada del reino tras los cuatro últimos años de tensiones generalizadas, de 1469.
Ya he señalado en otro lugar cómo las Cortes de Ocaña de 1469, las primeras que se celebraban tras la finalización de la guerra civil y el acuerdo sucesorio entre Enrique IV y su hermana doña Isabel, representaron desde muchas perspectivas una especie de contrapunto con respecto a las de Olmedo de 1445, de tan relevante aportación en el proceso de legitimación de un modelo de monarquía absoluta, al presentar los procuradores una especie de alternativa sistemática a dicho modelo, dentro del cual se concedía lugar especialmente relevante al ejercicio de la justicia dentro de las funciones gubernativas típicas del rey124. En ese contexto, planteaban un criterio restrictivo del uso regio del perdón, al que, de hecho, se aludía bajo la referencia a la relación que debía producirse entre justicia y misericordia, defendiendo la supremacía de la primera sobre la segunda a partir de la consideración del ejemplo divino y bíblico125.
Sin embargo, estas Cortes de Ocaña fueron tan útiles desde el punto de vista de la exposición de un modelo de monarquía acorde con un cierto modelo de monarquía populista proyectada desde las ciudades, como inútiles desde el punto de vista de dar pasos significativos en el orden práctico para llevar a cabo su efectiva aplicación. No podían ser las cosas de otra manera, teniendo en cuenta que la acción regia venía ya muy predeterminada por los acuerdos a los que, por aquellos mismos días de la primavera de 1469, llegaba el propio monarca con los personajes políticos más influyentes del reino y, en especial, con el marqués de Villena, el obispo de Sigüenza Pedro González de Mendoza y don Pedro de Velasco126, siendo realmente estos acuerdos los que definieron para los últimos años del reinado los principales criterios gubernativos a seguir127.
En efecto, nada resultaba más contrario a las propuestas formuladas por las ciudades en las Cortes de Ocaña que la decisión real de dejar en manos de algunos grandes, bajo el excepcional título de virreyes, el gobierno y la justicia del reino, mientras él marchaba a pacificar las ciudades andaluzas, que todavía estaban lejos de retornar a la plena obediencia regia128. Además, contrariamente a la voluntad expresada por las ciudades de limitar el ejercicio del perdón real, apenas unas semanas después de acabadas las Cortes de Ocaña, con una decisión bastante excepcional, delegaba tal función sobre algunos de los nobles más influyentes, al encargar a don Rodrigo Pimentel, a don Beltrán de la Cueva y don Pedro de Velasco que se ocupasen de retornar al servicio regio a ciudades, villas, lugares, fortalezas y personas, ofreciéndoles el perdón o, en caso de resistirse, reprimiéndolos129.
Mientras tanto, el propio monarca se reservaba para sí la pacificación, mediante el otorgamiento de nuevos perdones, de focos de conflicto que se revelaban como especialmente importantes, tal como, por ejemplo, Córdoba. Era Córdoba una de las ciudades andaluzas cuya pacificación parecía ofrecer más dificultades, debiendo ser una de las ciudades andaluzas aludidas por Enríquez del Castillo en su Crónica que no acudieron al llamamiento regio con motivo de la convocatoria de las Cortes de Ocaña130. Se hallaba esta ciudad bajo el control de don Alonso de Aguilar, quien, de acuerdo con el marqués de Villena, mantenía la ciudad sublevada contra el rey, que acudió personalmente a dar término a esta situación. Tras alcanzar un acuerdo con don Alonso de Aguilar, con la mediación de Juan Pacheco131, obtuvo la obediencia de Córdoba, para lo que el monarca hizo concesión de un perdón general para todos sus vecinos y moradores132.
Aún en los pocos años que restaron de su reinado Enrique IV haría utilización ocasional de sus perdones para apaciguar nuevos brotes de conflictividad, tal como se ejemplifica en una intervención suya de esta índole con relación a la ciudad de Zamora, en $1 4 7 4 ^ { 1 3 3 }$ , tratando de evitar que algunos de sus vecinos se incorporasen al movimiento iniciado en la tierra de Zamora contra el monarca por don Alfonso, hijo del conde don Enrique, tal como se
133 «E si con él estades, que luego vos apartades del e lo non sigades más, non embargante que tengades del tierra o acostamiento, commo qualesquier seades obligado por debdo o por criança o confederación, o en otra qualquier manera, nin qual quier juramento o pleito omenaje que dello le agades e ayades fecho, ca yo por la presente vos alço e quito el juramento e pleito omenaje e vos do por libres e quitos dello a vosotros e a vuestros linajes e quiero que por lo así fazer non cayades nin yncurrades en pena nin calonia ni en otro caso alguno». Archivo Municipal de Zamora, leg. XIX, n.° 16 (Mérida, 25-VIII-1474).Ver Apéndice documental, doc. IV.
dice en el documento real, para referirse a don Enrique Enríquez, conde de Alba de Liste134.
En definitiva, a lo largo del reinado de Enrique IV se había confirmado una relación consustancial entre conflicto político y perdón real, suponiendo un rasgo muy característico de la mecánica política de aquel tiempo, hasta convertirse a lo largo de dicho reinado el perdón real en un instrumento básico y esencial de las formas gubernativas que caracterizaron a aquella monarquía a la hora de influir en el desarrollo de los conflictos más relevantes, e intentar hacer variar en un sentido favorable a sus intereses la mecánica generada por la reiterada conflictividad política en curso.
VI. LA TENDENCIA A LA SISTEMATIZACIÓN DEL PERDÓN REAL COMO RECURSO DE GOBIERNO (1475-1480)
Apenas se produjo la entronización de Isabel se dieron indicios de que el recurso al perdón real iba a formar parte de los instrumentos típicos de intervención regia en los contextos de conflicto político. Es por ello que, ante las dudas que surgieron en algún caso sobre el mantenimiento de la vigencia de perdones concedidos por Enrique IV, Isabel y Fernando se apresuraron a manifestar el mantenimiento de los compromisos adquiridos por su predecesor con determinadas ciudades que se habían visto beneficiadas por alguno de estos perdones generales, como era el caso de Toledo, a la que los reyes, tras haber recibido su obediencia y homenaje135, hubieron de enviar su carta ante la difusión de la noticia, al parecer infundada, de que los monarcas tenían intención de anular la remisión de penas otorgada por Enrique IV tras la guerra civil136.
Esta sensación de continuidad se manifestó incluso en lo que, ya en su momento, se consideró como medida excepcional practicada por Enrique IV, como fue la de delegar en algún noble o eclesiástico de relieve para que, según su criterio, aplicase el perdón real a determinados lugares o personas. Así sucedió, en efecto, cuando el 8 de noviembre de 1475 delegaron en el conde de Alba de Liste, don Enrique Enríquez, la facultad de conceder el perdón real en Galicia para todos los que se reintegrasen al servicio real tras las últimas alteraciones que habían tenido allí lugar137.
Las propias circunstancias políticas del comienzo del reinado potenciaron la evidente tendencia a la expansión del perdón real exigiendo su aplicación a fin de obtener una rápida pacificación del reino tras las tensiones políticas y enfrentamientos internos a las que se vieron sometidas muchas ciudades en los años que siguieron al comienzo del reinado, tras la extensión del conflicto sucesorio y la consolidación en muchas urbes del partido encabezado por Alfonso V de Portugal de los seguidores de los derechos sucesorios de doña Juana. Es por ello que, sobre todo en el transcurso del año
1477, en el que muchas de las ciudades del reino que se habían visto afectadas por este conflicto volvieron a la obediencia regia, se vieron beneficiadas por la obtención de alguna forma de indulto. En unos casos, como en Jerez, los monarcas, con motivo de su entrada real en esta ciudad, alegaron como fundamento de su decisión su voluntad de pagar la tradicional lealtad mostrada por la ciudad138, que no debía verse empañada por los acontecimientos recientes, mientras que, en otros casos, se trató de valorar la contribución del perdón que se otorgaba a la pacificación general del reino, como en Baeza139 o en Cáceres140.
No faltaron, sin embargo, en este mismo contexto de los perdones de 1477, manifestaciones más peculiares, como, por ejemplo, la acaecida en la ciudad de Cuenca141, donde el perdón real se otorgó a resultas de la súplica de su concejo, actuando la intervención real como una especie de ratificación de una situación de hecho promovida por la propia ciudad, puesto que los propios vecinos habían procedido a perdonarse entre sí por los perjuicios causados entre ellos a raíz de la división de la ciudad en distintas facciones, de modo que nos hallamos ante un caso singular de un perdón real colectivo impulsado por la iniciativa de remisión tomada por los propios vecinos de la ciudad.
Precisamente en esta línea de perdones a ciudades otorgados a resultas de la suplicación presentada a los reyes por el propio concejo, tendría significación destacada aquel año de 1477 la súplica presentada por Fernando del Pulgar en nombre de la ciudad de Sevilla, que daría lugar a una amplia reflexión teórica por parte del cronista sobre el lugar de la práctica del perdón en la caracterización del poder regio142. En este contexto de extensa aplicación del perdón real a diversas ciudades en el transcurso de aquel año, resulta llamativo el que Pulgar haga manifestaciones de queja sobre el rigor de la justicia regia143. Por otra parte, su habilidad argumentativa se pone de manifiesto al transferir a la falta de justicia de Enrique IV el origen de los delitos para los que ahora se solicitaba perdón para los sevillanos implicados, motivados, principalmente, según su exposición presentada a la reina, por la lucha de bandos entre los seguidores del duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz144.
No faltaron nuevas motivaciones políticas145 para esta continuada presencia del perdón real hasta la definitiva liquidación del conflicto con Alfonso V de Portugal, que generaría uno de los escenarios más amplios y complejos para su aplicación dentro de todo el conjunto de la época estudiada146.
En efecto, desde el comienzo de las negociaciones que desembocarían en el tratado de Alcaçobas y en las Tercerías de Moura, la exigencia portuguesa de un perdón para todos los castellanos que habían estado con el rey de Portugal se presentaba como una reivindicación irrenunciable147. Sin embargo, factores como su inserción en un complejo proceso de negociación política, de pacificación del reino y fundamentación de una sólida y duradera alianza con Portugal, la amplitud de la aplicación temporal para la remisión de delitos, que se remontaba hasta el 15 de septiembre de 1464, y el compromiso regio de llevar a cabo la plena restitución de bienes y honores para los beneficiarios de la clemencia regia dio lugar a un complejo proceso de aplicación que llevó varios años y que estuvo sobre todo dificultado por la reclamación de bienes y derechos por los perdonados. De este modo, en este caso nos hallamos ante una expresión singular de la práctica del perdón148 que, por otra parte, vino a confirmar el relieve político alcanzado por tal instrumento a fines del siglo XV, proyectándose ahora también su elevada significación en el ámbito de las relaciones internacionales.
Mientras tanto, en el plano legislativo, con motivo de las Cortes de Toledo de 1480, con las que se pretendió llevar a cabo la implantación de las medidas necesarias para la pretendida «reformación» del reino, se confirmaron las formalidades que, más en la teoría que en la práctica, se hallaban vigentes desde tiempos de Juan II, sin adoptarse, de hecho, iniciativas innovadoras en esta materia149. Precisamente en esta línea de continuidad, también se dieron síntomas de viejos criterios desde el lado de los procuradores en Cortes, al demandar, como sucediera con todos y cada uno de los reyes Trastámaras, la limitación de los perdones reales150, pensando en este caso en los que se podían alcanzar por ir a servir a los castillos fronteros los llamados «homicia${ _ { n o s } } { } _ { \gg } 1 5 1$ . Sin embargo, las nuevas necesidades militares a las que habrían de hacer frente los reyes, con motivo de la guerra de Granada, les inclinarían, como ya antes sucediera con sus predecesores en el trono, en contra de lo acordado en Cortes, favoreciendo la extensión de esta expresión peculiar de la misericordia regia.
VII. CONCLUSIONES: EL PERDÓN REAL EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA MONARQUÍA TRASTÁMARA.
Según hemos ido avanzando en la evolución de la dinastía Trastámara, no sólo se constata una multiplicación del número de perdones reales, sino que, por el contrario de las restricciones con que se otorgaron al principio del periodo, tanto en lo formal, como en las materias de aplicación, tendiéndose entonces a exceptuar determinados delitos, como aleve, traición y lesa majestad o muerte segura, desde el poder regio se tendió a evitar esas restricciones. Así, con bastante frecuencia, los perdones reales de contenido más político, como era el caso de los estudiados, se refirieron precisamente a este tipo de causas. En definitiva, frente a una limitada utilización inicial entre los primeros trastámaras, la intensificación del perdón real y el consiguiente aumento de su relieve político constituyó un rasgo muy característico de la época, cuyos múltiples significados no dejan de tener interés para la propia caracterización del modelo monárquico.
En buena medida, la valoración de los perdones reales, desde esa perspectiva de caracterización del modelo monárquico es sobre todo posible gracias a que, al margen de la presencia en los documentos, mediante los que se lleva a cabo su otorgamiento, de los inevitables formulismos cancillerescos, no están ausentes elementos argumentativos que permiten la clara individualización de cada perdón, propiciando en cada caso un perfil político concreto. Entre estos elementos de individualización cabe destacar como los más relevantes los siguientes:
• Si se da por suplicación, lo que impone la consideración de quiénes sean los suplicantes, o por propia iniciativa real.
• Si tiene lugar mediación de consejo, siendo este institucional, el Consejo Real o las Cortes, tal como suele suceder comúnmente, o, por el contrario, se trata de un consejo informal, no vinculado a la mediación de una institución concreta.
• Si el perdón se ajusta a las leyes vigentes en tal materia o, por el contrario, hace expresión manifiesta de su incumplimiento o, aun dándose tal incumplimiento, lo oculta.
• Si da lugar a la anulación de sentencias ya pronunciadas.
• Qué sea lo afectado por la remisión: fama u honra, dignidades, penas, bienes, actuaciones administrativas, etc.
• Cuál sea el ámbito de aplicación temporal.
• Cuál sea el ámbito de aplicación territorial.
• Cuál sea el ámbito de aplicación personal
• Cuáles sean las exclusiones específicas de aplicación.
Ya con la sola valoración de todos estos criterios, situados en el contexto concreto de una dinámica conflictiva concreta, tal como es consustancial a este tipo de intervenciones regias, nos encontramos ante una amplia disponibilidad de componentes interpretativos a la hora de definir unos significados políticos concretos.
Un factor no poco relevante fue el elevado número de beneficiarios que tuvieron estos perdones regios colectivos. Tal circunstancia adquiere especial relieve desde el punto de vista de las consiguientes invalidaciones de actuaciones jurídicas y de aplicación de las leyes a las que inevitablemente daban lugar, generando un contexto de excepcionalidad jurídica y legal de amplia dimensión, afectando en muchas ocasiones al conjunto del reino y a un extenso periodo de tiempo, a veces, con una retroactividad de varias décadas, lo que podría implicar un cierto efecto de paralización y restricción para las instancias sobre la que descansaba la administración del principio de autoridad en todo o parte del reino152.
Por ello, probablemente habría que dar alguna valoración a los efectos que la reiterada concesión de perdones reales de extensa aplicación temporal, tal como sucederá sobre todo a partir de 1450, pudo tener a la hora de producir un efecto estructural de inseguridad jurídica, con la consiguiente desconfianza, tal como se muestra reiteradamente en Cortes, en la administración de la justicia misma. Tal perspectiva se hace más evidente si tenemos en cuenta que la mayor parte de estos perdones, más allá de lo que serían solamente los contenidos propios de un indulto político, referido, por tanto, a los hechos delictivos relacionados con objetivos políticos, solía conllevar la remisión de otros tipos de delitos de carácter común de diversa índole.
Desde la perspectiva de la evolución de las tensiones políticas, los perdones reales toman significado propio, al poder ser considerados como hitos útiles de acotación del tiempo político, al ser frecuentemente utilizados como instrumentos al servicio de un intento regio de evitar los conflictos en curso, marcando así con claridad momentos decisivos en la apertura de los mismos, o como instrumentos al servicio del cierre de esos conflictos, tras el desarrollo de sus consiguientes confrontaciones.
Sobre los perdones políticos trastamaristas pesó, por lo común, una evidente contradicción, pues a la vez que fueron utilizados como mecanismos de pacificación que contribuyeron a marcar ese tiempo político al que se acaba de aludir, también pudieron contribuir, dada su generosa utilización, a fomentar la inestabilidad política protagonizada, sobre todo, por los grandes del reino que, a pesar de sus reiteradas deslealtades y desafecciones con respecto a los monarcas reinantes, casi siempre pudieron albergar esperanzas sobre la benevolencia de la clemencia regia como criterio que se acababa imponiendo al final, como formando parte de una lógica conflictiva de cuya inercia el recurso al perdón regio parecía formar parte esencial.
Pero, a la vez que el perdón resultaba útil para marcar un cambio sustancial en la escena política, a veces sólo para intentarlo infructuosamente, también ofreció al monarca la posibilidad de definir, con motivo de su concesión, los que podrían entenderse como diversos niveles de responsabilidad, siendo un rasgo característico de estos perdones la distinción entre instigadores interesados y simples seguidores engañados, de la misma manera que, en otros casos, patentizaron el esfuerzo regio por afirmar la bondad de dos actitudes políticas contrapuestas en virtud de un supuesto objetivo compartido de servicio al bien común, al reino y al estado real, evitando todo lo que pudiera tener de paradójica tal pretensión. En cierta medida, se favorecía así la visualización de que muchas de las formas de conflictividad política que caracterizaron la monarquía Trastámara eran consustanciales al propio sostenimiento del sistema político imperante del que formaba parte, lo que podría entenderse en términos de pacto tácito nobleza-monarquía, compatibilizándolo con el fomento de una imagen del poder real como integrador y negociador, a partir de su caracterización soberana.
Parece evidente que el recurso regio al perdón contribuyó a la consolidación de unas opciones absolutistas de la monarquía. Tal conexión tiene lugar no sólo por el hecho de que el perdón supusiera una de esas expresiones características de la gracia real que favorecía la discrecionalidad del poder regio, lo que supondría el aspecto esencial de la relación perdón-absolutismo regio, sino también por cuanto, en lo formal, fue consustancial a la aplicación del perdón la reivindicación regia de su capacidad para crear marcos de excepcionalidad legal, afirmando así, con toda rotundidad, la falta de sujeción del rey a la ley.
Desde esta última perspectiva, más tocante a lo formal, habría que tener en cuenta que la progresiva presencia de la vía de la suplicación como forma de demanda de perdones, hasta convertirse en el procedimiento más característico, ya con los Reyes Católicos, favorecería la generalización de este uso de la súplica como la fórmula más característica de relación entre rey y reino para todo tipo de asuntos, lo que, en el transcurso de la época Trastámara, fue tomando carta de naturaleza como procedimiento de demanda característico en las relaciones institucionales del rey, ya no sólo con particulares, sino con los distintos órganos de gobierno, tal como se dio buen ejemplo en la práctica cotidiana de las Cortes153.
A este protagonismo de la suplicación como coadyuvante del perdón real a la afirmación de una monarquía de pretensiones absolutistas debe unirse el fracaso de los reiterados intentos de someter el perdón regio a unas pautas reguladoras objetivas que, aunque existieron y fueron repetidamente confirmadas, tendieron a obviarse, a lo que se añadió igual fracaso para una voluntad normativa que, aunque las Cortes expresaron insistentemente, conoció igual frustración.
En definitiva, la intensa conflictividad política, en la que actuó repetidamente como un instrumento más de resolución el socorrido perdón, bien fuera suplicado de la clemencia regia, u otorgado por propia iniciativa de ésta, contribuyó, en cierta medida, a que la intervención del gobierno por la gracia en manos del rey, que suponía en este punto el recurso a la discrecionalidad legal resultante de su poderío real absoluto, se transformase de excepcional en un instrumento político profundamente caracterizador del ejercicio del poder regio, propiciando la consolidación del propio gobierno por la gracia como un mecanismo particularmente típico de la relación rey-súbditos que, a veces, se identificaría como instrumento único posible de resolución de conflictos.
De este modo, lo que en principio evidenciaba una posición de debilidad del poder regio, tal como sucedía con motivo de las distintas sublevaciones, movimientos, bullicios, alteraciones... acaecidos durante el periodo, mediante el recurso al perdón como instrumento de pacificación, acababa derivando en lo que, cuando menos, era una imagen o una apariencia, ya no sólo de soberanía regia, sino también de cómo ésta encontraba uno de sus rasgos más característicos en su falta de limitación por el ordenamiento legal.
En consecuencia, y para terminar, en esta relación entre conflicto político y aplicación del perdón como forma de pacificación se podría encontrar una línea de evolución que, junto a otros factores, contribuye a explicar, salvando algunas de sus contradicciones inherentes, no poco aleccionadoras por sí mismas, tal como ya se ha puesto de relieve, la compatibilidad característica de la época entre recurrentes crisis políticas y solución absolutista del modelo monárquico, contribuyendo así a elevar a categoría el protagonismo político de los juegos de apariencias presentes en determinados actos, como era el caso de los perdones regios, que nos recuerdan, en este caso, a partir de una experiencia concreta, como fue la de la dinastía Trastámara, la capacidad transformadora de ciertas prácticas representativas en el cambio paulatino de los escenarios políticos.
APÉNDICE DOCUMENTAL.
I
1399, octubre, 11. Sin lugar.
Albalá de Enrique III por el que establece diversos supuestos en los que los cancilleres y escribanos del rey no deben aceptar como válidas las cartas de perdón obtenidas del rey154.
BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, Ms. 13.259, fols. 258v.
BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, Ms. 9.551, fols. 219rv.
Yo, el Rey, mando a vos el mi chanciller mayor, e el chanciller del sello de la poridat, e al que tiene el registro, e a qualquier escribano de mi Cámara. Que non pasedes carta ninguna que sea de perdón que yo ficiere, salvo exceptados los casos acostumbrados fasta aquí, et demás estos, si el maleficio de que demanda perdón fizo en la mi Corte, o si mató con saeta, o con fuego, o si después que el dicho maleficio fizo entró en la mi Corte, la qual Corte declaro que sea con cinco leguas en derredor, segunt es costumbre, et si en qualquier destos casos aya caído, non vala la carta que levare nin le sea guardada. Et non fagades ende al, sopena de la mi merced.
Fecha once días del mes de octubre, año del nacimiento del nuestro salvador Jesucristo de mill e trescientos e noventa e nueve años. Yo el Rey. Yo Juan Alfonso la fize escribir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada. Este albalá vimos librado del señor rey don Enrique los que aquí escribimos nuestros nombres. Relator Alfonso Fernández.
II
1428, abril, 14. Tordesillas.
Perdón general de Juan II a los que hubieran participado, ayudando a los infantes de Aragón, en las recientes alteraciones habidas en el reino, haciéndolo especialmente extensivo a ciertos vecinos de la ciudad de Zamora.
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ZAMORA, leg. XIX, n.° 5155.
Don Juan, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo... a vos el rey don Johan de Navarra, mi muy caro e muy amado primo, e a los infantes, mis primos, e a los duques, condes, rico omnes, maestres de las órdenes, priores e a los del mi consejo, e al mi justicia mayor e oidores de la mi abdiençia, e a los alcaldes, e alguaciles e otras justicias quales quier de la mi corte e chancellería e a los adelantados e merinos e a los comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e otros aportellados quales quier, e a todos los concejos e alcalldes e alguaciles e merinos, regidores, caballeros e escuderos e omnes buenos de todas las çibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, asy realengos como abadengos e órdenes e behetrías e otros señoríos quales quier, e a todos los otros súbditos e naturales de qualquier estado, condición, preheminençia o dignidad que sean, e a qualquier o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escribano público, salud e graçia.
Sepades que yo, considerando commo es propio de los reyes de usar de clemencia e piadat, e entendiendo que cunple asy a serviçio de Dios e mío e a bien e paz e sosiego de mis regnos e señoríos, fise perdón e indulgencia general a todos los de los mis regnos, el qual yo mandé pregonar en la çibdad de Segovia en veynte e ocho días de noviembre del año que pasó de mill e quatroçientos veynte e siete años, estando ende comigo el dicho rey don Johan de Navarra, mi primo, e el infante don Enrique, mi primo, maestre de Santiago, e el duque don Fadrique, mi tío, el almirante don Alfonso Enriquez, mi tío, e los arzobispos de Toledo e Santiago e el conde de Castro, mi adelantado mayor de Castilla, e el conde de Benavente, e los maestres de Calatrava e Alcántara, e los obispos de Cuenca, e Palencia, e Avila, e León, e Ruy Dias de Mendoça, mi mayordomo mayor, e Pedro de Astúniga, mi justicia mayor, e Pedro de Velasco, mi camarero mayor, Pedro Manrique, mi adelantado mayor del reyno de León, e Iñigo López de Mendoça e Diego de Ribera, mi adelantado mayor de la frontera, e don Fadrique, e el mariscal Iñigo de Stúñiga, e Fernand Alvares de Toledo, e Fernando Pérez de Ayala, mi merino mayor de Guipúzcoa, e Mendoça, mi guarda mayor, e Pedro López de Ayala, mi aposentador mayor, e Pedro Carrillo de Toledo, mi copero mayor, e los doctores Per Yanes, e Diego Rodríguez, e Fernando Gonçales, e el deán de Santiago, e Francisco Velásquez, el mi capellán mayor, todos del mi consejo, e otros muchos caballeros e grandes de los mi regnos e señoríos. Su tenor, del qual dicho perdón e indulgencia, es este que se sigue.
Por quanto al tiempo quel rey mi padre, mi señor, de esclarecida memoria, cuya ánima Dios aya, pasó desta presente, yo regné en muy tierna hedad, por lo qual, así sobre la mi tutela, commo sobre la tenençia de mi persona ovo muy grandes debates e contiendas después de la dicha tenençia e tutela concordadas ovo openiones entre la reyna, mi señora e mi madre, e el rey don Fernando de Aragón, mi tío, entonçe infante, que aya santo pareyso, mis tutores e regidores que fueron de mis regnos e se ovieron de partir los grandes de mis regnos, así prelados como cavalleros, los unos aviendo adhesión a la opinión de la dicha señora reyna mi madre, los otros a la opinión del dicho rey de Aragón, mi tío, de lo qual se siguieron muchos inconvenientes e divisiones e escándalos e bullicios en mis regnos, e después que los dichos mis tutores fallescieron, se continuaron e se fesieron sobre ello para lo levar adelante entre ellos ligas e confederaciones, so grandes firmezas de juramentos e votos e pleitos e omenajes e penas, lo qual duró aún después que yo tomé el regimiento e gobernación de mis regnos e señoríos fasta aquí.
E por que a los reyes pertenece paçificar e sosegar sus regnos e dar paz e tranquilidad en ellos, por ende, entendiendo que cumple asy a serviçio de Dios e mio, ordeno de mi propio moto e çierta çiençia e de mi poderío real absoluto que todas e quales quier personas de qual quier estado, condiçión, dignidad e preeminencia que sean, asy prelados, como cavalleros, e religiosos e otras quales quier personas que desde el día que yo regné fasta oy cometieron fesieron, perpetraron o machinaron en qualquier manera e por qualquier cabsa o razón, asy contra la my persona e estado real, commo contra mi seruiçio e mis regnos e señoríos, como contra el bien bien común, paz e sosiego e tranquilidad dellos, o fueron en fazer o cometer o perpetrar o a machinar lo sobredicho, con qualquier cosa o parte dello, o dieron favor, consejo e ayuda en ello, en qualquier manera, que sean perdonados, libres e quitos de todo ello e de cada cosa e parte dello, ellos e sus linajes, para siempre jamás, ca yo los perdono e los do por libres de todo ello e de cada cosa e parte dello, e restituyo a todos e cada uno dellos en sus bienes, estados e famas, como mejor e más complidamente los havian e tenían antes de todo lo susodicho.
E otrosí perdono e do por libres e quitos a todos los dichos mis reynos e señoríos de el caso e crimen mayor fasta el menor inclusive, e los restituio como dicho es, quedando a salvo las partes a quien pertenece todo su derecho para la demandar e acusar e proseguir así en lo cevil e criminal. E quiero e mando que esto aia fuerza de ley, así commo si fuese fecho e promulgado en Cortes, e que a esto no embarguen ni puedan embargar qualesquier leies fueros o derechos, ordenamientos e estilos, costumbres e usos, ni otra qualquier cosa que contra ello sea o ser pueda, e lo podiese embargar en qualquier manera, ca yo de todo ello, seiendo cierto e certificado e savidor, dispenso con ello e con cada cosa e parte deello del dicho mi poderío real absoluto.
E es mi merced e voluntad que esto sea firme, e estable, e valedero para agora e para siempre jamás, salvo de todo aquello de que yo e fecho merced a quales quier personas que por esto non las entiendo revocar, ni perjudicar en cosa ni en parte, antes quiero e es mi merced e voluntad que queden firmes e estables en su fuerza e vigor. Otrosi quiero que non entre en este perdón Juan García de Guadalajara. Yo el Rey.
E agora sabed que mi voluntad es que el dicho perdón e indulgencia suso encorporada (roto) del dicho Johan Ferrández de Çamora156, vecinos de la çibdad de Çamora, e sus bienes non enbargante qualesquier acusaçiones e denunciaciones contra él puestas, e procesos contra cada uno dellos fechos en qualquier manera, e qualesquier sentencias contra ellos dadas por qualquier crímenes e maleficios e casos, desde el caso mayor fasta el menor inclusive, fasta el día que yo fize e otorgué el dicho perdón suso encorporado. Por que vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e complades e fagades guardar e cumplir el dicho perdón e indulgençia suso contenido a los dichos Juan Ferrández e Johan e a cada uno dellos bien e complidamente, segunt que en él se contiene, e que les non vayades, nin pasedes, nin consintades yr nin pasar contra él, nin contra parte del en todo nin en parte por gelo quebrantar o menguar agora ni algún tiempo por alguna manera que sea o ser pueda, que les fagan dar e tornar qualesquier bienes que por la dicha razón les están enbargados todavía, quedando su derecho a salvo a las partes a quien pertenece para lo demandar, acusar e perseguir, segunt que en el dicho perdón e indulgencia suso encorporado se contiene, e guardando el tenor e forma de lo en él contenido.
E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, sopena de la mi merced e de dies mill maravedíes a cada uno de vos para la mi cámara por quien fincare de lo así faser e conplir, e demás por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo así facer e conplir mando al omne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte donde quier que yo sea del día que vos enplasare fasta quinse días primeros siguientes, so la dicha pena cada uno de vos a desir por qual razón non cunplides mi mandado. E mando so la dicha pena a qual quier escribano público que para esto fuer llamado que dé ende al que vos la mostrara testimonio signado con su signo, por que yo sepa en commo cunplides mi mandado.
Dada en Tordesillas, catorse días de abril, año del nacimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e ocho años. Yo el Rey.Yo el doctor Fernando Díaz de Toledo, oidor e relator del rey e su secretario la fise escribir por su mandado.
III
1469, 2 de mayo. Ocaña.
Perdón general otorgado por Enrique IV a los vecinos y moradores de la ciudad de Córdoba que hubieran participado en las alteraciones que habían tenido lugar en esta ciudad y su tierra, dando su apoyo a los partidarios de su hermano, el príncipe don Alfonso.
ARCHIVO MUNICIPAL HISTÓRICO DE CÓRDOBA, C-10, n.° 7.
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León... Por quanto vos, el concejo, alcaldes, alguacil, veinte e quatros, caballeros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos e vesinos e moradores de la muy noble çibdad de Córdova, catando la lealtad e fidelidad que me devedes como a vuestro rey e señor natural, vos reducistes a mi servicio e obidiençia, e me fesistes juramento e pleyto omenaje dende aquí adelante, bien e lealmente me servir, por ende e por que a los reyes e príncipes es cosa propia usar de clemencia e piadad con sus súbditos e naturales, e por vos faser vien e merced, queriendo con vosotros usar de la dicha clemencia e piedad, segund que a mí, como rey e señor pertenece de lo faser, por esta mi carta, de mi propio motu, e çierta ciencia e poderío real absoluto de que en esta parte, commo rey e señor, quiero usar e uso, vos perdono e remito del crimen mayor al menor, inclusive de todas las cosas e fechos causados por vosotros en mi deservicio, e fueron fechos e cometidos al dicho conçejo, alcaldes, alguazil e veynte e quatros, cavalleros, jurados, escuderos e qualesquier omes buenos, vesinos e moradores de la dicha çibdad de Cordova e a cada uno de vos, todo lo que a mi deserviçio e contra mi persona e estado real perdono de la cosa pública de mis regnos.
E porque vosotros vos oviesedes revelado con esa dicha çibdad contra mí e vos aver puesto en la obidiençia del prínçipe don Alfonso, mi hermano, que Dios aya, commo por aver alçado pendones por él e lo aver yntitulado, llamado e obedeçido por rey, commo todas e qualesquier muertes de omes e quemas e (tomas) de villas e lugares e fortalesas e çercas e ynçendios e rebelión e rebeliones e alçamiento e alçamientos e todos e qualesquier crímenes e delitos o çensos que por vosotros o por qualquier de vos por cabsa dello en mi deserviçio fueron fechos e cometidos, de qualquier gravedad e ynormedad o calidad que sean, aunque sean crimen ligi magestati o de otro derecho, e en otro qualquier grado o ygual destos de que aquí se deviesen faser espresa e espeçial minçión a qualquier rebelión en que avedes estado e permanesçido después de la muerte del dicho prínçipe mi hermano acá, e todas e qualesquier penas e casos en que por ello caystes e yncurristes.
E toda la mi justiçia, así çevil como criminal, que yo por ello e por cada cosa dello contra vosotros e contra vuestros bienes e contra cada uno e qualquier de vos general e particularmente he e podría aver en qualquier manera e por qualquier rasón e alço e tiro de vosotros e de cada uno de vos e de vuestros linajes, general e particularmente, toda mácula e ynfamia en que por ello ayades caído e yncurrido, e vos restituyan todas vuestras buenas famas yn entregum, según e en el primero estado en que estávades antes, que por vosotros fuesen fecho e cometido.
E por esta mi carta o por su traslado signado de escrivano público sacado con abtoridad de jues o de alcalde mando a mi justiçia mayor e a los mis alcaldes e alguaziles e otras justiçias qualesquier de la mi casa e corte e chançillería, e a todos los corregidores, alcaldes, merinos e otras justiçias qualesquiera que asy desa dicha çibdad de Córdova, commo de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, e a cada uno dellos que agora son e serán de aquí adelante, que vos guarden e vos fagan guardar este perdón e remisión que vos yo fago de lo susodicho en todo e por todo, segund que en esta mi carta se contiene, e que por cabsa e rasón dello non proçederé contra vosotros nin contra alguno de vos, nin contra vuestros bienes de cada uno de vos, general e particularmente, en cosa alguna, non embargante qualesquier abtos e pregones e proçesos que por ello contra vosotros o qualesquier de vos sean fechos, nin qualesquier sentençias que ayan dado, que por la presente desecho, de mi propio motu los revoco e caso e anullo todo, e do por ninguno e de ningunt efecto e valor.
E por esta mi carta vos confirmolos e apruevo e retefico e he por firmes e valederos todos vuestros privillejos franquezas e libertades e buenos usos e costumbres e ofiçios e merçedes, asy de maravedíes, de juro de heredad, como de por vida e centençias (sic) e otras qualesquier mercedes que vosotros o qualesquier de vos, general o particularmente, tenyades, asy de los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, commo de mí, fasta el tiempo que esa çibdad se alçó por el dicho prínçipe, mi hermano, e quiero e mando que vos valan, e vos sean guardados, agora e daquí adelante, por siempre jamás, en todo e por todo, segund que en los previllejos e cartas e provisiones que dello tenedes se contienen e como vos heran guardados en el tiempo de los dichos reyes mis progenitores e en el mío fasta el dicho tiempo que la dicha çibdad se alçó por el dicho príncipe mi hermano.
E si por la dicha rasón avedes perdido o vos están entradas vuestras villas e logares e tierras e vasallos e heredamientos, e bienes, e tenençias e lugares e bienes muebles e rayzes e ofiçios e maravedíes de juro de heredad o de merçed de por vida, e otros qualesquier de los que en mis libros avedes avedes (sic) perdido, e vos están entrados e tomados e ocupados, por esta mi carta vos restituyo en todo ello, e mando que luego vos sea tornado, segund e por la forma e manera que antes de los movimientos de mis regnos lo teníades e poseyades, non embargante qualquier secresto o secrestos e embargos que por mis cartas o mandado o en otra qualquier manera en ello o en qualquier cosa dello vos estén puestos, nin qualquier merçed o merçedes que yo dello o de qualquier cosa dello a qualquier persona o personas aya fecho, e yo por esta mi carta o por el dicho traslado signado, como dicho es, alço e quito la tal secrestaçión o secrestaçiones, enbargo o enbargos e revoco, caso e anullo e do por ningunas e de ningunt valor, efecto la tal merçed e merçedes, e quiero que syn embargo alguno vos sean restituido e tornado, e mando a los mis contadores mayores que si algunos de vuestros ofiçios e maravedíes de juro o de por vida e tenençias e pagas e libranzas e otros qualesquier maravedíes vos están tomados que luego tiesten e quiten de los mis libros a qualquier persona o personas que las tengan, e vos los pongan e asienten para que los tengades segunt e commo los teníades antes de los dichos movimientos en que pongan e asiente el traslado desta mi carta, e vos den e tornen el original por que virtud de ella vos sea guardado lo susodicho.
Lo qual todo quiero e mando que asy sea conplido e guardado, non enbargante las leyes que el rey don Johan fizo e hordenó en las cortes de Briviesca, en que se contiene que las cartas e alvalaes de perdón non valan, salvo si son o fueren escriptas de mano de mi escrivano de cámara, e refrendadas en las espaldas de dos del mi consejo o de letrados, e las leyes que dizen que las cartas dadas contra ley, fuero o derecho deven ser obedeçidas e non complidas e que los fueros e derechos valederos non pueden ser derogados, salvo por cortes, nin otras qualesquier leyes, fueros e derechos e ordenamientos e usos e costunbres e premáticas sançiones de mis regnos e señoríos que en contrario sean, ca yo, del dicho mi propio motu, aviéndolo aquí todo por ynserto e incorporado, commo sy de palabra a palabra aquí fuese puesto, dispenso con ello, e lo abrogo e derogo en quanto a esto atañe.
E quiero e es mi yntinçión e deliberada voluntad que syn enbargo alguno este dicho perdón e remisión que vos yo fago en todo vos sea complido e guardado, e por esta mi carta o por el dicho su traslado, signado como dicho es, vos seguro e prometo por mi fe e palabra real, commo por rey e señor de vos guardar e faser guardar este dicho perdón que vos yo fago en todo e por todo, segunt que en ella se contiene, e de vos non yr, nin venir, nin pasar, nin permitir, nin consentir yr, nin venir, nin pasar contra ello, agora nin de aquí adelante en tiempo alguno, nin por alguna manera, e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, sopena de la mi merçed, e de privaçión de los ofiçios, e de confiscaçión de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizierdes para la mi cámara, e demás, mando al omne que vos esta mi carta mostrare que vos emplase e parescades ante mí, en la mi corte, do quier que yo sea, del día que vos emplazare, fasta quinse días primeros siguientes sola dicha pena, sola qual mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cumple mi mandado.
Dada en la villa de Ocaña, a doss días de mayo, año del nasçimiento del Nuestro Señor Ihesus Christo de mill e quatroçientos e sesenta e nueve años. Yo el rey. Yo Johan de Oviedo, secretario del rey, nuestro señor, la fise escribir por su mandado.
IV
1474, agosto, 25. Mérida.
Perdón de Enrique IV para los vecinos y moradores de Zamora que hubieran acompañado y ayudado a don Alfonso, hijo de don Enrique Enríquez, conde de Alba de Liste, que se había sublevado contra el rey, haciéndole la guerra en la tierra de Zamora, siempre que le abandonasen y se reintegrasen a la obediencia regia, retornando a dicha ciudad.
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ZAMORA, leg. XIX, n.° 16.
Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León... a qualesquier cavalleros e personas, vezinos e moradores de la noble e leal çibdad de Çamora e de su tierra a quien atañe o atañer puede lo en esta mi carta contenido, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta dicha mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano público, salud e gracia.
Sepades que yo soy ynformado que vosotros, o algunos de vos, vos avedes ayuntado con don Alfonso, fijo del conde don Enrrique, e le tenedes enviado servir para faser guerra e mal e daño a esa çibdad e su tierra e vesinos della, e por que lo tal es en deservicio mio e en daño de la dicha çibdad, mandé dar esta mi carta para vosotros, por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que de aquí adelante vos non ayuntedes con el dicho don Alfonso, nin enbiedes gente, nin dedes favor nin ayuda alguna, para faser guerra nin daño a la dicha çibdad e su tierra, e sy con él estades, que luego vos apeades dello, non sygades más, non enbargante que tengades del tierra o acostamiento, nin commo quier que le seades obligado por debdas o por criança o confederaçión o en otra qualquier manera, nin qualquier juramento o pleito omenaje que dello le agades o ayades fecho. Ca yo, por la presente, vos alço e quito el tal juramento e pleito omenaje, e vos do por libre e quitos dello a vostros e a vuestros linajes, e quiero que por lo asy faser, non ayades nin yncurrades en pena, nin calonia nin en otro caso alguno.
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, sopena de la mi merced e de privaçión de los ofiçios e de confiscaçión de los bienes de los que lo contrario faseredes para la mi cámara, e demás perdiesen e que ayades perdido todos e qualesquier maravedíes que asy de tierra e acostamiento e merced de por vida e juro de heredad, commo otros qualesquier que en qualquier manera en mis libros tengades, lo qual todo vosotros lo contrario fasiendo, yo por el mismo fecho desde agora confisco e aplico para la mi cámara e fisco, syn otra senia nin declaraçión alguna, e demás, mando al omne que vos esta carta mostrare que vos enplase que presentades ante mí en la mi corte, do quier que yo sea, del día que vos enplasare fasta quinse días primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que yo sepa en commo se cumple mi mandado.
Dada en Mérida a veynte e çinco días de agosto, año del nascimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e setenta e quatro años. Yo el Rey.Yo Iohan de Oviedo, secretario del rey, nuestro señor la fise escribir por su mandado.
1475, abril, 25. Valladolid.
Confirmación por Isabel y Fernando del perdón otorgado por Enrique IV a la ciudad de Toledo, en respuesta a los rumores que corrían en esta ciudad sobre la anulación de dicho perdón.
BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, Ms. 9.554, fols. 237r-238r.
Don Fernando et doña Isabel, por la gracia de Dios rey et reyna de Castilla, de León... a vos los alcalles, alguasil, regidores, cavalleros, jurados et escuderos oficiales et homes buenos et vesinos et moradores et personas singulares de la muy noble cibdad de Toledo, salud et gracia. Sepades que nos somos informados que algunas personas, a fin de vos alterar de faser apartar de nuestro servicio et poner en escándalos et bollicios en esta cibdad han dicho et divulgado et disen et dibulgan que como quier que el señor rey don Enrrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, vos perdonó et remitió las cosas pasadas en esa cibdad acaescidas, que nos queríamos mandar proceder contra vosotros et vuestros bienes por causa dello, et por que lo tal non pasó, nin consiste en verdad, antes nuestra voluntad ha seydo et es de mirar por esa cibdad et vesinos della, et vos guardar las mercedes quel dicho señor rey, nuestro hermano, vos fiso, e vos faser otras de nuevo.
Por ende, vos mandamos que a las tales cosas de aquí adelante non dedes crédito nin fe, et que todos miredes por nuestro servicio et por la buena guarda desa cibdad, según vuestra lealtad e fidelidad lo requiere, et de vos confiamos et a vos por la presente, por que más ciertos et seguros seades, vos confirmamos el dicho perdón et remissión quel dicho señor rey, nuestro hermano, de las cosas pasadas en esta dicha cibdad acaescidas a esa dicha cibdad et vesinos et personas singulares fiso, et queremos que en todo vos vala et sea complido et guadado. Et por esta nuestra carta, o por su traslado signado de escrivano público, mandamos al nuestro justicia mayor et a los del nuestro consejo, et oydores de la nuestra abdiencia, et a los alcalles, et otras justicias qualesquier de la nuestra casa e corte et chancellería, et a todos los corregidores, alcalldes et alguasiles, merinos et otras justicias qualesquier ordinarios, et de la hermandad, assí desa dicha cibdad, como de todas las otras cibdades et villas et logares de los nuestros reynos et señoríos, et a cada uno dellos que agora son o serán de aquí adelante, que vean la carta de merced et perdón et remissión quel señor rey, nuestro hermano, de las cosas pasadas en esta cibdad acaescidas vos dio e vos la guarden et fagan guardar agora et de aquí adelante en todo et por todo, segund que en ella se contiene, et que contra el thenor et forma della vos non vayan nin pasen nin consientan ir, nin pasar.
Et los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, sopena de la nuestra merced et de dies mil maravedíes para la nuestra cámara, et demás mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que parescades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del día que vos emplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano pú- blico que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
Dada en la muy noble villa de Valladolid a veinte y cinco días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro Señor Iesu Christo de mil et quatrocientos et setenta et cinco años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Gaspar Dariño, secretario del rey et de la reyna, nuestros señores, y del su Consejo, la fise escribir por su mandado. Alonso Uría, chanciller. Registrada. Alonso Mesa.
VI
1477, marzo, 9. Madrid.
Perdón general de los reyes Isabel y Fernando a los vecinos y moradores de la ciudad de Cuenca para los delitos cometidos con motivo de los enfrentamientos habidos entre los partidarios de Enrique IV y del príncipe don Alfonso.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Registro General del Sello, 9-III-1477, fol. 185.
Don Ferrando e doña Ysabel, etc., por quanto nos somos informados que dies años antes quel rey don Enrrique, nuestro hermano, que santa gloria alla, pasase desta presente vida, en la çibdad de Cuenca ovo algunos vandos, peleas e ruidos e otros escándalos, asy a causa de los movimientos pasados entre el rey don Enrrique, e el rey don Alfonso, nuestros hermanos, commo por otras causas e rasones, entre los vesinos della, de lo qual resultaron algunos robos, quemas, muertes e prisyones e otros ynsultos de que en la dicha çibdad se siguieron grandes daños. E porque la nuestra merçed e voluntad es por que las dichas cosas pasadas fueron generales en que entendieron todos los vesinos de la dicha çibdad o la mayor parte dellos, por manera que por los dichos crímenes, excesos e delitos, nos oviésemos de mandar, esecutar en los tales nuestra justicia, sería causa que la dicha çibdad se despoblase e perdiese, e muchos de los vesinos della se absentasen, e porque a nos, commo a rey e reyna e señores pertenesçe usar de preeminençia157 e piadad en lo tal.
E porque segund paresce por una escriptura que ante nos fue presentada que muchos de los vesinos de la dicha çibdad se perdonaron e remitieron todas las cosas susodichas entre ellos pasadas e aconteçidas, los unos a los otros, e los otros a los otros, e nos suplicaron les quisiésemos perdonar nuestra justicia. Por quanto por la presente, de nuestro propio motu e çierta çiençia e poderío real absoluto de que en esta parte queremos usar e usamos, por dar pas e sosiego en la dicha çibdad, commo rey e reyna e señores perdonamos e remitimos a los dichos vesinos della que así fueron en lo susodicho todos e qualesquier robos, quemas, fuerças, muertes e prisyones e otros qualesquier malefiçios que en qualquier manera ayan fecho e cometydo, perpetrado desde el dicho tiempo de los dichos dies años antes quel dicho señor rey don Enrrique, nuestro hermano, pasase desta presente vida fasta el día que falleçió.
Et toda la nuestra justiçia, asy cevil, como criminal, que contra ellos e contra sus bienes avríamos e aver podríamos en qualquier manera e por qualquier rasón por causa de los dichos robos, quemas fuerças, muertes e prisyones e otros ynsultos que en el dicho tiempo cometieron e fisieron e perpetraron en qualquier manera, e los damos por libres e quitos de todo ello para que non puedan ser nin sean agora nin en ningund tiempo demandado criminalmente, salvo solamente seais tenudos e obligados las tales personas incluidos en esta carta de perdón de restituir e tornar todo lo que asy los unos a los otros se tomaron, e levaron injustamente, cevilmente, sin pena nin calonnia alguna. E alzamos e quitamos dellos toda mácula e infamia e reproche que por causa de lo susodicho les es o podría ser puesto, e los restituimos en toda su buena fama in intergum, segund e en el primero estado que estaban antes que lo susodicho por ellos fue fecho e cometido e perpetrado.
E por esta nuestra carta, o por su traslado signado de escrivano público, mandamos al nuestro justiçia mayor e a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte, e chançillería e a todos los corregidores, alcaldes, alguasiles e otras justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos, por cada uno de ellos que agora son o serán de aquí adelante, que guarden o fagan guardar este perdón e remisión, que nos de lo susodicho a los vesinos de la dicha çibdad fasemos en todo e por todo, segund que en esta nuestra carta se contiene, e en guardándolo e cumpliéndolo, que non procedan contra ellos, nin contra sus bienes por causa de los dichos crímenes, exçesos e delitos, quemas, fuerças e otros insultos de qualquier calidad e gravedad e ynormidad que sean, a pedimiento de parte nuestra del nuestro promotor fiscal e promotor de la nuestra justiçia, nin en otra manera, non embargante qualesquier querellas e denunçiaçiones e pedimientos e requerimientos que les sean fechos, nin qualesquier proçesos e encartamientos que çerca de lo susodicho se ayan fecho, nin qualesquier sentençias se ayan dado, aunque las tales sean mologadas e pasadas en cosa judgada, ca nos, del dicho nuestro propio motuo e çierta çiençia lo revocamos e casamos e anulamos todo e damos por ninguno e de ningund efecto e valor, e queremos que los susodichos crímenes non puedan ser nin sean demandados criminalmente, salvo çevil, syn pena e syn caloña alguna.
E sy, por la dicha rason, algunos de sus bienes les tyenen entrados e tomados e ocupados, por esta nuestra carta le mandamos que luego vos los den e tornen e restituyan bien e complidamente, syn dilaçión alguna, lo qual queremos e mandamos que se faga e cumpla asy, salvo si en las dichas $( - )$ ovo aleve o trayçión o muerte segura que a estos $( - )$ es nuestra merçed de perdonar, lo qual mandamos que asy faga e cumplan, non embargante las leyes en que se contiene que las cartas e alvalaes de perdón non valan, salvo sy son o fueron escriptas de mano de nuestro escrivano de cámara e refrendadas en las espaldas de dos de nuestro consejo o de letrados, nin las leyes que disen en la faser e ordenar que las cartas de perdón se han de dar en los casos que en ellas han de yr espeçificados, e asy mismo (non) embargante las leyes que disen que las cartas dadas contra ley o fuero o derecho deben ser obedeçidas e non complidas, e que los fueros e derechos valederos non pueden ser derogados, salvo por Cortes, nin otras qualesquier leyes, fueros e derechos e premáticas sanciones de nuestros reinos que en contrario de lo susodicho sean o ser puedan, con lo qual todo el dicho nuestro propio motu e çierta çiençia dispensamos e lo abrogamos e derogamos en quanto a esto atañe, e queremos e mandamos que es nuestra merçed e voluntad que este perdón e remisión que de lo susodicho fasemos que todo sea cunplido e guardado.
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, sopena de la nuestra meçed e de dies mill maravedíes para la nuestra cámara, e demás mandamos al omne que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplase que parescades ante nos en la nuestra corte del día que vos emplasare a quinse días primeros siguientes, sola dicha pena, sola qual mandamos a cualquier escrivano público que para esto fuere llamado que do ende a quien os la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandato.
Dada en la villa de Madrid, a nueve días del mes de março, año del nasçimiento de nuestro Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e syete años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros señores, la fise escribir por su mandado. Registrada. Diego Sánches.
VII
1477, diciembre, 2. Sevilla.
Perdón general de los Reyes Católicos a los caballeros, vecinos y moradores de Jerez de la Frontera, otorgado con motivo de su entrada real en dicha ciudad.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Registro General del Sello, 2-XII-1477, fol. 408.
Don Fernando e doña Ysabel, etc., porque a los reyes e prinçipes es propio e cosa muy conenible de usar de clemençia e piadad con sus súbditos y naturales, espeçialmente con aquellos que bien e lealmente los syrven, por ende, nos aviendo consyderaçión a los muchos e buenos y lelales servicios que los cavalleros e vesinos e moradores de la muy noble e leal çibdad de Xeres de la Frontera nos han fecho e esperamos que nos farán de aquí adelante. E porque de los dichos servicios quede memoria e resçiban alguna remuneraçión, nos, por la presente, de nuestra çierta çiençia e propio motu e poderío real asoluto, remitimos e perdonamos a todos los dichos vesinos e moradores de la dicha çibdad de Xeres e de sus arravales que han estado e están en nuestro serviçio la nuestra justiçia çevil e natural que nos avemos e podríamos aver e nos pertenesçe en qualquier manera por causa e rasón de todos e qualesquier términos, excesos e delitos que ellos e cada uno dellos han fecho e cometido en qualquier manera e de qualquier calidad que sean en los tiempos pasados, fasta syete días andados del mes de octubre primero que pasó deste presente año de la fecha desta carta, en el qual dicho día nos fuymos e entramos en la dicha çibdad de Xeres, excepto aleve o trayçión o muerte segura e crimen de falsa moneda e la saca della fuera de nuestros reynos.
Pues es nuestra meçed e voluntad que sy algunos de los sobredichos tomaron o robaron injustamente bienes e algos en los dichos tiempos pasados, que sean tenidos a la restituçión dellos çevilmente, syn pena e syn caluña alguna. E por esta nuestra carta, alçamos e quitamos dellos e de cada uno dellos toda málcula (sic) e ynfamia en que por lo suso dicho avyan caydo e yncurrido, e los restituymos en toda su buena fama in integrum, segund e en el primero estado en que estavan antes que lo susodicho por ello e por cada uno dellos fuese fecho e cometido.
E por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escrivano público, sacado con actoridad de jues o de alcade, mandamos al nuestro juesticia mayor e a los de nuestro consejo e a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e chançillería e a todos los corregidores, alcaldes, alguasyles e otras justiçias qualesquier, asy de la dicha çibdad de Xeres, commo de todas çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e a cada uno dellos, que agora son e serán de aquí adelante, que los guarden e fagan guardar este perdón e remisyón que nos de lo susodicho les fasemos en todo e por todo, segund que en esta nuestra carta se contyene.
E en guardándola y cumpliéndola non proçedan contra ellos nin contra sus bienes, nin contra algunos dellos por causa e rasón de las sobredichas muertes e robos, crí- menes e delitos que fasta aquí ayan fecho o cometido, nin los fieran, nin maten, nin lisien, nin prendan, nin proçedan contra ellos nin contra sus bienes, nin cosa alguna, aprocurando de nuestro procurador fiscal y procurador de la nuestra justiçia, nin de su ofiçio nin de otra manera, salvo a lo contenido e la restituçión çevilmente, commo dicho es, e los otros casos suso (açitados) non enbargante qualesquier proçesos que contra ellos o contra qualesquier dellos se ayan fecho, nin qualesquier sentençias e mandamientos que se ayan dado a causa de lo susodicho.
Ca nos por la presente, de nuestro propio motu e çierta çiençia y poderío real casamos, revocamos e mandamos que asy sea complido e guardado enteramente, non enbargante las leyes que de la orden e forma en que las cartas de perdón sean dadas en los casos que en ellas están dyr espeçificadas, nin asy mismo enbargante las leyes qualesquier las cartas y alvalás de perdón non valgan, salvo sy son o fueren escriptas de mano de nuestro escrivano de cámara e libradas en las espaldas de dos del nuestro consejo o de letrados, nin asy mismo enbargante las leyes que disen que las cartas de perdón dadas contra ley o fuero o dicho deven ser obedesçidas y non complidas y que los fueros e derechos valederos non pueden ser derogados, salvo por cortes, nin otras qualesquier leyes e ordenanças y premáticas sançiones de nuestros reynos generales o espeçiales fechas en cortes o fuera dellas, ca nos del dicho nuestro propio motu y çierta çiençia y poderío real asoluto de que queremos usar e usamos en esta parte, dispensamos en todo ello e lo abrogamos e derogamos en quanto a esto atañe. E queremos y es nuestra merced que en todo e por todo este perdón le sea guardado y cumplido.
E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera, sopena de la nuestra merced e de privaçión de los ofiçios e de confiscaçión de los bienes de los que lo contrario fisyeren por la nuestra cámara, además mandamos al omne que les esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que los enplase que parescan ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del día que los emplasare fasta quinse días primeros siguientes, sola dicha pena, sola qual mandamos a cualquier escrivano pú- blico que para esto fuere llamado que dé ende a quien os la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandato.
Dada en la muy noble y leal çibdad de Sevilla, a dos días del mes de disyembre, año del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e syete años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alonso de Avila, secretario del rey e de la reyna, nuestros señores, la fise escrevir por su mandado. Rodericus, doctor. Iohannes, doctor. Registrada. Diego Sánchez.