Solbes Ferri, Sergio y Castillo Hidalgo, Daniel, La diferencia insular. El modelo fiscal de Canarias en perspectiva histórica. El Antiguo Régimen: La Real Hacienda y el proceso de construcción del Estado, circa 1500-1845, Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, 350 págs. ISBN: 9788413979793.
Los profesores Sergio Solbes y Daniel Castillo, del área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos presentan en este libro la primera de las dos entregas previstas de un ambicioso proyecto sobre la historia del modelo fiscal de Canarias. Este primer volumen se centra en una edad moderna de largo recorrido que abarca desde el cierre por los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, de la larga conquista del archipiélago, hasta las puertas de la transición efectiva al estado liberal, emblematizada por la reforma hacendística de Mon-Santillán (1845). El sintético prólogo de Francisco Comín nos permite acercarnos a la trayectoria de estos investigadores, el enfoque del proyecto y algunos de sus principales logros.
Esta larga cronología es, a mi entender, una de las tres virtudes principales de la obra. No sólo permite apreciar los elementos de continuidad a lo largo de todo el periodo, sino que también ayuda a abordar de forma eficaz su pervivencia durante el accidentado proceso de transición hacia el estado liberal. Se salva así la muy artificial frontera entre lo moderno y lo contemporáneo. La segunda de estas virtudes es que, siendo fundamentalmente un libro de historia de las Canarias, desborda con frecuencia el ámbito insular, integrando el análisis local en una perspectiva española. En tercer lugar, resaltaría que, tratándose de un texto de historia de la hacienda, va más allá del estudio de la fiscalidad canaria –en la que Solbes es máximo experto– para entrar de lleno en los procesos de construcción del estado. En este sentido, el libro es fiel a la cita de Fuentes Quintana que encabeza su introducción, y representa un logrado intento de buscar “las fuerzas y tensiones que han determinado el reparto de la carga fiscal”.
Para cubrir este objetivo, este primer volumen de La diferencia insular (que se completará con un segundo que cubre la historia contemporánea) nos presenta cuatro capítulos que definen otros tantos periodos históricos convincentemente diferenciados. El primero, “Un régimen particular en una Monarquía Compuesta”, cubre desde finales del siglo XV hasta el fin de la Guerra de Sucesión en 1715. Este concepto, popularizado por J.H. Elliott, sirve para dibujar las bases sobre las que se construirá en Canarias una versión netamente peculiar de la hacienda castellana. Peculiar, sí, pero también asentada en privilegios de los distintos sectores sociales, instituciones y territorios. En el caso de Canarias tales privilegios se forjan en las últimas décadas del XV y primeras del XVI, en lo que Solbes y Castillo caracterizan como “el tiempo de los señores”. Empezando por el privilegio de 1487, que otorgaba la exención de la mayoría de los tributos propios de la real hacienda castellana. Entre ellos las alcabalas, pechos y servicios que gravaban el consumo o la riqueza. De este modo, el peso de la fiscalidad en esta época descansaba sobre una moderada renta de aduanas (el almojarifazgo, a un tipo del $3 \%$ ). La peculiaridad canaria es que este privilegio, inicialmente concedido por veinte años, acabaría prolongándose, por vía de hecho o de derecho, hasta la primera mitad del siglo XIX. Solo entonces se introducen –y con harta dificultad–, impuestos directos y sobre el consumo. En todo caso, es en este momento fundacional cuando se consolida otro de los rasgos más longevos de la fiscalidad canaria: la muy moderada presión fiscal. Y de ella se deriva otro rasgo perdurable: una insuficiencia del ingreso que se compensa por el lado del gasto con una moderación cercana a la insignificancia (en el siglo XVI, se nos dice, la hacienda real se bastaba con seis empleados en todo el archipiélago). Como resultado, la corona se encuentra con graves dificultades para financiar incluso la defensa del territorio, que se confía a unas milicias costeadas localmente.
El siglo XVII es caracterizado a su vez como “el tiempo de los poderes locales”, en el que sin embargo se mantienen intactos los rasgos señalados de la hacienda y la fiscalidad insulares, aunque hay incrementos en los tipos del almojarifazgo hasta el $6 \%$ . Es cierto que la monarquía presiona para obtener recursos para las muy agobiadas cajas centrales, pero las élites canarias optan por una solución habitual en otras partes: descargar sobre las instituciones locales la financiación del gasto (incluido el de defensa) y responder a la presión monárquica con donativos extraordinarios. Con ello se garantizan el mantenimiento de los privilegios insulares. En ocasiones, sin embargo, tuvieron que plegarse a estas presiones, como el establecimiento del estanco del tabaco a partir de 1636. Significativamente –porque revela las dificultades de la corona para gestionar sus rentas y lo agobiante de sus urgencias–, el estanco quedó desde 1650 en arrendamiento perpetuo en manos de la familia Acialcazar. A esta renta se añadieron nuevos derechos sobre el comercio de Indias, sobre todo la llamada Tabla Mayor, un $5 \%$ sobre las mercancías importadas de América. Así se consolida para la segunda mitad del XVII un modelo fiscal basado en dos pilares: los gravámenes procedentes del XVI (almojarifazgos y tercias reales sobre todo), más las innovaciones del XVII, que incluyen el arbitrio-donativo, las lanzas y medias annatas, pero entre las que destacan la renta del tabaco y los nuevos derechos sobre la navegación a Indias. Resulta llamativo, sin embargo, que para esta época en la que tanto abunda la documentación hacendística no puedan los autores ofrecer cifras de los distintos rubros del ingreso, como sí hacen en cambio para fines del XVI. El capítulo transmite, en un minucioso relato, la idea de cómo se articula Canarias en esa monarquía compuesta, que comenzará a transformarse en el XVIII, aunque no de forma visible hasta su segunda mitad.
El segundo capítulo, dedicado a las reformas del estado fiscal borbónico, abarca de 1715 a 1770, periodo caracterizado por un notable impulso reformador, que sin embargo afectó más a la superficie que al fondo. Las reformas se centraron fundamentalmente en el ámbito de las instituciones hacendísticas (como parte de las polí- ticas y administrativas en general), pero no llegaron a cuajar hasta el segundo cuarto del siglo. Los autores en todo caso muestran, y subrayan, cómo este impulso es ya bien visible en este período, antes del reinado de un Carlos III al que suele atribuirse casi en exclusiva el papel de gran reformador. También resaltan la fuerte oposición de la sociedad canaria a los cambios, que resultaron incluso en el linchamiento en 1720 de un intendente, Ceballos, que se mostró particularmente diligente en sus labores. Así, es cierto que se avanzó hacia la uniformización derivada de la creación de la Tesorería General, y se introdujo la administración directa –frente a los encabezamientos y arrendamientos anteriores– tanto del estanco del tabaco como de las rentas generales. También se promovieron cambios en la gestión de los distintos territorios insulares. Pero no es menos cierto que el modelo contributivo permaneció casi intacto. Se basaba, de nuevo, en tres bloques: rentas generales, tabaco e Indias. Todo este proceso se nos muestra en el libro con detalle y abundancia de cifras, tanto en lo relativo a los costes de gestión como a los rendimientos de los distintos rubros, sintetizados en el cuadro 2.8. Este permite apreciar no sólo la evolución del ingreso, desde cuantías en torno a 1,5 millones de reales en el quinquenio 1720-1724, hasta los 12,3 de 1775-1779, sino también su estructura, dominada por la renta del tabaco y en menor medida por las rentas generales y los gravámenes sobre la navegación a y desde las Indias. En cuanto al gasto osciló en este periodo entre los 500.000 y los 700.000 reales anuales, lo que dejaba un excedente de casi un millón al año que se enviaba a las cajas centrales. Como era de esperar, tal gasto se destina fundamentalmente a la defensa de las islas.
La etapa –y el capítulo– siguiente se centra en las repercusiones en Canarias, ahora sí, de la construcción de un estado fiscal-militar entre 1770 y 1790. A continuación aborda la crisis del cambio de siglo, hasta 1808. Lo más notable del primer periodo es el incremento sustancial de la presencia de tropas regulares en las islas, y por tanto del gasto militar, lo que acaba con las transferencias a la península, el llamado caudal del rey. Con todo, el ingreso sigue descansando sobre los mismos tres pilares básicos: aduanas, tabaco e Indias. La crisis del Antiguo Régimen, por su parte, tiene una bien conocida faceta hacendística, propiciada por el creciente gasto y endeudamiento derivados de los conflictos bélicos (incluyendo los vales reales). En Canarias, sin embargo, se salda sin grandes reformas del ramo: aunque se introducen nuevos arbitrios, bien explicados por Solbes y Castillo, tienen escaso impacto y pobres rendimientos. Solo la desamortización de Godoy generó caudales significativos, aunque no alcanzaban el equivalente a dos años del producto de las rentas en las islas, y se estiman en un $0 { , } 6 \%$ de los producidos a escala española. De este modo, el estado fiscal-militar apenas representa en el caso canario un breve interludio entre la insuficiencia previa y el posterior colapso.
El cuarto y último capítulo se dedica a la accidentada transición hacia el estado liberal, entre 1808 y 1845. De forma mucha más marcada que en capítulos anteriores, razonablemente equilibrados, el grueso de la explicación se centra aquí en los procesos a escala nacional, y sólo en menor medida en sus efectos en el archipiélago. En ese sentido, aunque tenga interés como síntesis, es el que menos elementos novedosos aporta. No deja de señalar, eso sí, cómo los planteamientos del liberalismo introducen elementos de tensión en las islas, en concreto los derivados del afán de supresión de los privilegios fiscales territoriales y de los cambios en la organización político-administrativa de las islas. Pero, de nuevo, las reformas aparecen más sobre el papel que sobre el terreno, y aun en 1827-1844 volvemos a ver (cuadro 4.5) una hacienda que se sostiene sobre las rentas de aduanas, las del tabaco y ya no las de Indias, sino las contribuciones eclesiásticas. El capítulo se cierra con una exposición de la normativa de la reforma Mon-Santillán de 1845, muy basada en Vallejo Pousada, pero deja para el siguiente volumen su análisis en términos organizativos y recaudatorios.
La obra se cierra con unas breves y útiles conclusiones, una completa bibliografía y unos oportunos apéndices, en los que se agradecería, eso sí, un cuerpo de letra más legible.
En suma, Solbes y Castillo nos ofrecen un exhaustivo y muy documentado aná- lisis, denso y de lectura exigente, de la hacienda canaria en la edad moderna y de su tránsito a la contemporánea, que refleja la configuración del estado en todo el periodo. En este sentido es una obra valiosa en una línea de investigación –la de las haciendas territoriales– postergada en los últimos tiempos. Nos muestra como rasgos generales de esa “diferencia insular” la ausencia de impuestos sobre el consumo y la riqueza, la muy moderada presión fiscal incluso en momentos de crisis, y la dificultad de implantar reformas en un territorio que acabaremos caracterizando como ultraperiférico. Menos diferencial resulta la permanente negociación entre el estado y las élites locales en materias fiscales. Queda por ver hasta qué punto estos rasgos son útiles como modelo para otras haciendas territoriales, y por tanto ayudan a explicar la evolución de la hacienda real en este período.
No habrá por tanto que esperar a ese prometido segundo volumen para apreciar la imprescindible aportación de este trabajo a la historia canaria. Aun así, lo esperamos con interés y sabiendo que el listón queda fijado a una altura notable.