Roque Moreno Fonseret y Pedro Payá López (eds.), Memoria y justicia transicional en Europa y América Latina, Granada, Comares, 2018, 237 págs.
DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.38.2018.570-574.
Hablar de justicia transicional y de la recuperación de la memoria supone entender que cada sociedad tiene el derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos sucedidos en el pasado, en relación con los crímenes y las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas, a la perpetración de estos crímenes, así como el deber a la memoria con el fin de evitar la repetición de este tipo de violaciones. A tal fin, en septiembre de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el mandato de Relator Especial como cargo para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, porque la preocupación es prevenir cualquier repetición de violaciones de los derechos humanos, para asegurar la cohesión social, la construcción de la nación, la implicación en el proceso y la inclusión nacional y local, con el fin de promover la reconciliación.
Este libro, coeditado, por los profesores Roque Moreno y del Pedro Paya, ambos de la Universidad de Alicante, forma parte de la literatura historiográfica contemporánea referida a un tema tan polémico como interesante de dos conceptos: memoria y justicia transicional. El libro analiza las distintas experiencias de justicia transicional llevadas a cabo después de 1945 en tres escenarios geográficos: un primer bloque dedicado a España, “De la Dictadura a la democracia: violencia depuradora, justicia transicional y políticas de la memoria en España”; un segundo bloque, dedicado a Europa, “Violencia política, violencia de guerra y justicia transicional en Europa”, con los casos particulares de Portugal, Francia e Italia; y un tercer bloque, dedicado a América Latina (Cono Sur y América Central), bajo el título de “Justicia Transicional y postconflicto en Latinoamérica”. En todos ellos, si cabe algún elemento común, destaca la excepcionalidad de cada caso dentro de parámetros recurrentes en el momento de tomar decisiones en cuanto a castigar u olvidar. En efecto, por un lado, se dice que para reparar un orden moral descompuesto es necesario hacer justicia con el fin de consolidar el Estado de derecho y respetar los derechos humanos. Sin embargo, por otro lado, existen otras voces que sostienen que no habrá paz buscando lo nocivo de una sociedad porque pueden poner en peligro la transición hacia la democracia. De este modo, las particularidades de cada escenario se van a mover en torno a estas dos variables, como se verá a continuación.
Los dos primeros bloques se enmarcan dentro de esa oleada a favor de la Justicia Transicional después de la Gran Guerra, cuyo precursor fue el proyecto de Luc Huyse, con la ayuda de la división para el Desarrollo de la Paz del Servicio Pública Federal Belga de Asuntos Exteriores y el Centro para la Investigación y la Documentación Histórica sobre la Guerra y la Sociedad Contemporánea de Bélgica (CEGES/SoMA). Dentro de este interés, se hace referencia a tres oleadas de intento de reparación nacional: por un lado, Bélgica, Francia, Holanda y Alemania (Occidental) dentro del contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial; por otro lado, Portugal, España y Grecia, la segunda ola de transiciones democráticas; y, por último, Alemania del Este, Polonia y Hungría, que cubren las transiciones posteriores a 1989.
La particularidad española viene del propio silencio y pacto político llevado a cabo desde la Transición que, a raíz de la sentencia legislativa de la Ley de Amnistía de 1977, ha marcado las actitudes políticas de impunidad durante toda la trayectoria política democrática del país, independientemente del color político. Incluso cuando, a expensas de las demandas sociales de recuperación de la memoria histórica por parte de las asociaciones de la víctimas, se consiguió, primero, la condena benévola del franquismo por parte de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en noviembre de 2002 y, segundo, la publicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, se ha optado por pasar página y no buscar responsabilidades individuales ni responder moral y judicialmente a los afectados del franquismo con el fin de no desestabilizar la institucionalidad del país, como bien expone el profesor Glicerio Sánchez Recio, en su estudio “El debate político sobre la violencia de la Guerra Civil y la represión franquista en la democracia española (1975-2008)”. Un ejemplo de este clima de tensión es el proceso del juez Garzón, detallado y estudiado por Ignacio Tébar en “El caso Garzón y sus repercusiones”. Por su parte, Pedro Payá, en el capítulo “Después de la victoria: la represión judicial franquista tras la Guerra Civil”, destaca la dinámica de institucionalización del régimen dictatorial basada en la construcción penal y propagandística de un enemigo común, y asentada sobre las bases de una sociedad dividida por el odio y el ansia de venganza personal y local, que ha servido para mantener esa división y temor civil, que explica la inexistencia de una justicia transicional española, y que los desaparecidos, aún hoy, no hayan encontrado una respuesta democrática acerca de lo que pasó.
En el escenario europeo, los procesos de Nüremberg y Tokyo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial suelen citarse como el origen del concepto actual de justicia transicional, aunque seguramente existiera antes. En los años ochenta del siglo XX, con los juicios de los miembros de las juntas militares de Grecia y Argentina se contribuyó a desarrollar la idea de justicia transicional con el propósito de establecer una concepción universal de los derechos humanos e impartir una justicia hacia las víctimas. Este apartado dedicado a Europa empieza con el caso portugués, que analizan los autores Filipa Raimundo y António Costa Pinto en el capítulo “Las víctimas de la dictadura en la democracia portuguesa. Memoria y reparación” donde se analiza la reparación y el reconocimiento de las víctimas del Estado Novo desde 1974 hasta el presente. La nota sobresaliente es que, aunque a nivel legislativo y/o como política de Estado, se haya manifestado una voluntad y unanimidad en cuanto a la reparación moral y política de las víctimas, la percepción de esta política nacional de reparación está lejos de ser suficiente como forma de reconocimiento por su lucha por la democracia y la libertad, en voz de los propios afectados.
En cambio, el caso galo e italiano, en cuanto a materia de justicia en favor de las víctimas y la búsqueda de la verdad judicial e histórica, hay que entenderlos dentro de la lógica internacional del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero con una diferencia sustancial entre ambos. En Francia, como bien examina Olivier Wieviorka en su trabajo “La depuración en Francia”, la depuración judicial fue masiva, incluso desde la instauración del gobierno provisional de 1944 por esa necesidad compartida de castigar a los colaboradores y al régimen de Vichy. En Italia, como expone Paolo Pezzino en “Crímenes fascistas y crímenes alemanes en la Italia ocupada: el difícil camino de la justicia penal (1945-2015)”, el proceso estuvo primero quizás más enmarcada por el propio proceso de la guerra fría, lo que llevó a que el Estado italiano, por un lado, no pidiera la extradición de oficiales alemanes y, por otro lado, silenciara los crímenes de guerra cometidos por los italianos, sobre todo hasta el descubrimiento en 1994 de expedientes judiciales relativos a crímenes de guerra cometidos contra la población italiana archivados ilegalmente por el fiscal general militar Enrico Santacroce en 1960, depositados en un archivo del Palazzo Vechi, en Roma.
Por último, el tercer escenario, Latinoamérica, muestra un continente pionero en la aplicación de la justicia transicional desde los años 80, ya que varios países han decidido establecer comisiones de verdad, posibilitar las reparaciones a las víctimas e, incluso, juzgar a quienes violaron los derechos humanos. De hecho, la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP) Argentina es la primera comisión oficial de la verdad oficial en el mundo, con su informe de “Nunca Más”. Una característica común en el Cono Sur, América Central y Colombia es cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, dentro del contexto de guerra fría, la Doctrina de Seguridad Nacional condicionó las experiencias de dictaduras, las violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, alentados por el espíritu anticomunista bajo la instauración de dictaduras militares. Además, el gran reto de esta región, sobre todo en la actualidad, es lidiar a su vez con conflictos armados, criminalidad organizada, impunidad y debilidad de un Estado de derecho, lo que dificulta la construcción de una memoria histórica compartida, la reparación de las víctimas, las responsabilidades individuales y la reforma de sus instituciones.
Empezando por el Cono Sur, Julián Chaves Palacios, en su estudio “Memoria y tribunales en las dictaduras del Cono Sur: los casos de la Argentina y Chile”, determina como característico en ambos casos que han sido las asociaciones de víctimas e instituciones en defensa de los derechos humanos quienes han llevado a cabo el rescate de la memoria: para el caso chileno, la particularidad fue que la denuncia al propio dictador, el caso Pinochet, con el auto procesal tramitado desde España en 1998, posibilitó un consenso en cuanto al esclarecimiento de la verdad mediante la creación en 2003 de una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. En Argentina, aunque incluso desde los primeros años del régimen militar instaurado en 1976 se exigía justicia y reparación por parte de la población civil ante la masacre de los derechos humanos cometidos por el gobierno peronista, con la creación, por ejemplo, de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Presos por Razones Políticas y la escena asociativa de las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, estas iniciativas asociativas solo tuvieron realmente respaldo cuando se instauró el sistema constitucional en 1983 y, sobre todo, con el gobierno de Nestor Kirchner.
Para el caso de América Central, el profesor Roque Moreno, en su trabajo “Verdad e impunidad en América Central” analiza los casos de Centroamérica, en concreto Guatemala, Nicaragua y El Salvador, resaltando el hecho de que se trata de espacios donde, condicionados por las masacres de las guerras civiles vividas, la reconciliación nacional dependió de negociaciones influidas por la condena internacional, la regionalización del conflicto que llevó a un agotamiento de los contendientes y la población civil, y por la incapacidad militar de los bandos de acabar con el enemigo.
Efecto colateral fue, con el pretexto de conseguir la estabilidad política para la instauración y consolidación democrática, la inaplicación de la justicia o la imposición de la amnistía total o parcial de los responsables.
Por su parte, el profesor Arcos Criado de Diego, en “Hacer la paz en los lugares del conflicto. La paz territorial como eje central del proceso de paz en Colombia”, lo que vislumbra para el caso colombiano es la propia territorialidad del conflicto como elemento que ha condicionado la búsqueda de la reconciliación nacional llevada a cabo a través los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno y las guerrillas de las FARC-EP. La existencia del conflicto armado local requiere, por tanto, de una política de Estado, que lleve a cabo la paz territorial mediante la institucionalización y articulación política de estos territorios marginales, con el desarrollo de prácticas que regulen la vida pública a través de alianzas entre las instancia gubernamentales y las comunidades, para dar con ello legitimidad a los Acuerdos de Paz y al desarrollo integral de estos espacios.
Ante este panorama, hoy en día resulta absurdo obviar la necesidad de una reconciliación nacional en todos los lugares que han sufrido procesos de represión civil, amparados por la legalidad de cada momento. Por ello, es de obligatorio cumplimiento y compromiso por parte de la academia, en concreto de los historiadores, como se defiende en el último capítulo y como conclusión del libro, en el trabajo del profesor Joan del Alcázar, en “El papel del historiador en la justicia transicional: Pinochet en Londres”, de establecer un reconocimiento y deseo de reparación moral importante, de reencuentro, en las sociedades que han vivido procesos dictatoriales y se enfrentan al proceso de construcción democrática a través de la enseñanza y aplicación de la justicia en favor de la defensa de los derechos humanos.