La Restauración de Fernando VII: la transformación represiva y autoritaria de la monarquía. Barcelona, de Manuel Casamada a Luis Lacy.
Jordi ROCA VERNET Universitat de Barcelona – Universitat Rovira i Virgili.
La historiografía internacional ha definido la postguerra napoleónica como la época de la Restauración, interpretándola como un tiempo de transacción entre el Antiguo Régimen y la revolución en el que se garantizan los derechos y propiedades adquiridos por los ciudadanos1. El caso paradigmático de la Restauración es el francés, en el que se devuelve el poder a la monarquía borbónica a cambio de establecer un régimen de carta otorgada. La Restauración se produce bajo el amparo de los aliados que habían derrotado a Napoleón Bonaparte. La Restauración en España no tuvo ese carácter porque no se produjo una transacción entre el gobierno constitucional y el monarca a su regreso del exilio. Tampoco se produjo una restitución de la Corona pues el rey, Fernando VII, nunca había perdido la legitimidad y gozaba de una enorme popularidad, sobre la que levantará su autoridad. De acuerdo con Emilio La Parra2, el generalísimo inglés, el duque de Wellington, y el propio Napoleón favorecieron el golpe contrarrevolucionario de Fernando VII, pues el primero quería poner fin al régimen “republicano o democrático”, como definía las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, y al segundo lo único que le importaba era cerrar el frente español para concentrar sus tropas en la defensa de Francia, por lo que le resultaba más cómodo facilitar el retorno del monarca, quien pondría fin al régimen liberal español, que cerrar un acuerdo con la regencia, ya que cabía la posibilidad de que no fuera reconocida por el rey ni por las demás potencias internacionales, con lo que se alargaría el conflicto.
La Restauración en España no significó un retorno a la situación precedente a la Guerra de la Independencia (1808-1814) sino que la monarquía borbónica aprovechó la oportunidad que le brindaban la popularidad del monarca y la debilidad de la iglesia, del ejército y de la nobleza para reforzar su poder, sustentándose en medidas represoras, autoritarias y coercitivas. El proceso de concentración de poder en manos del rey supuso la transformación de la institución en un sentido completamente nuevo sin tener que formular una propuesta alternativa a la monarquía absoluta, lo que desvaneció las expectativas de reforma de los que habían apoyado el golpe de estado del rey, alentando la disidencia entre los reformistas y la proliferación de movimientos revolucionarios clandestinos. La debilidad de la Restauración se basó en la supremacía política de la monarquía, que le impidió hacer concesiones a los sectores reformistas realistas y a los conservadores liberales para que colaboraran en la supervivencia de la monarquía. El análisis del caso de Barcelona demostrará cómo durante los primeros años de la Restauración, conocidos en España como Sexenio Absolutista (1814-1820), se desplegó una política represiva contra cualquier forma de disidencia política que contó con el apoyo de la Inquisición, del sistema judicial y de una parte de la alta jerarquía militar, se impulsó una política coercitiva para eliminar las prácticas políticas consuetudinarias o tradicionales que establecían canales de negociación entre las autoridades monárquicas y las representaciones corporativas tradicionales del espacio local al margen de las instituciones, tan habituales en el último tercio del siglo XVIIII, y se desatendieron las demandas de reforma o apertura del régimen que procedían de los mismos estamentos sociales en los que se sustentaba (militares y eclesiásticos).
La monarquía fernandina fue preventivamente contrarrevolucionaria, lo que le confirió un aspecto nuevo y original en sus formas de represión, en el final de las representaciones corporativas alegales y en la formulación de nuevos discursos y ritos políticos que combatían el liberalismo en el terreno simbólico, en el relato histórico y en los nuevos rituales conmemorativos que pretendían crear un clima de opinión -que no de opinión pública- realista, partidaria de la monarquía absoluta. Durante la Restauración en España se produjo una modernización del discurso y de la práctica política de la monarquía en un sentido realista, con lo que la monarquía distaba de parecerse a la anterior a 1808, y aunque no se formulara una propuesta alternativa entre la monarquía constitucional y la absoluta, se produjo una transformación de esta última basada en el incremento del poder político en manos del rey.
El objetivo de este artículo es demostrar cómo la monarquía incrementó su poder y control sobre la Inquisición, el sistema judicial y el ejército, con lo que se mostró más desafiante con la disidencia política, ya fuera reprimiendo a los liberales revolucionarios, coaccionado a los que se postulaban por una reforma política, una alternativa entre el liberalismo y la reacción, o simplemente desoyendo a aquellos realistas que querían volver a la situación anterior a 1808. La acumulación de poder en manos del rey y su ejercicio arbitrario y coercitivo rompió el juego de contrapesos políticos y sociales que la monarquía tenía antes de la guerra, debilitando así su base social. Para ello analizaremos en primer lugar cómo algunos eclesiásticos como Manuel Casamada aprovecharon aniversarios y conmemoraciones de la Guerra de la Independencia celebrados en 1815 para formular una interpretación de esta en clave de una revolución religiosa de los españoles y de una reforma política de la monarquía, mostrando la presencia pública de una alternativa reformista entre el liberalismo y la reacción. En segundo lugar, nos ocuparemos de cómo la monarquía represalió a los liberales acrecentando la instrumentalización política de la Inquisición iniciada medio siglo antes y de un sistema judicial con múltiples irregularidades procesales, y lo haremos a partir del ejemplo de la causa y procesamiento del teniente general, Luis Lacy, después de su fallido pronunciamiento (abril de 1817). Por último abordaremos la formación de la Junta de Gremios, Colegios y Fabricantes que, amparándose en la representación corporativa y las prácticas políticas precedentes, suplicó al monarca que preservara la vida del antiguo capitán general de Cataluña, Luis Lacy. Estos tres aspectos corroborarán que la transformación del poder monárquico con Fernando VII fue contrarrevolucionaria y aportó numerosos elementos nuevos, haciendo evidente las diferencias con el reinado de su padre, Carlos IV, a la vez que hizo caso omiso a las expectativas que habían depositado en él los sectores reformistas y algunos liberales moderados disconformes con la experiencia gaditana.
La historiografía europea vive un proceso de replanteamiento de la interpretación sobre la Restauración y la define como un “momento de modernización política y económica3” que a la vez pretende limitar la relevancia historiográfica de “la internacional liberal4” de los años veinte. Una mirada transnacional de la historia de las Restauraciones, ya fuera en Europa como en Francia, ha puesto de relieve la circulación de ideas entre monarquías europeas. La renovación de la historiografía política ha considerado que en la Restauración emerge un sentimiento de ruptura compartido por una parte del cuerpo social que percibe que la manera de organizar la vida colectiva y de gobernar a los hombres ya no es “natural” o “divina”, y deviene consciente de que existen otras fuentes de legitimación social que la que prevalece en la lógica de la sociedad de cuerpo y de la monarquía jurisdiccional, lo que conlleva que la ruptura adopte una dimensión europea sin que sea verdaderamente homogénea5. La nueva perspectiva historiográfica insiste en la necesidad de modificar el marco cronológico desvinculando la Restauración de la Revolución, por lo que surgen aproximaciones como las de Pierre Rosanvallon6 o Pierre Karila-Cohen7 basadas en el análisis global del periodo 1814 y 1848, considerado un laboratorio político, en el que emerge una nueva racionalidad donde la opinión deviene el horizonte de la acción gubernamental. Emmanuel Furiex8 apunta, por su parte, que este es un momento político en el que surge una nueva reflexión sobre la opinión pública, como esfera burguesa, que despierta una nueva inquietud sobre los “murmullos” populares y la pluralidad de opiniones. E. Fureix y Judit Lyon-Caen9 aplican la noción de discontinuidad temporal de Christophe Charle10 al bienio 1814-1815 para mostrar cómo las nuevas miradas historiográficas de la Restauración se centran en el tiempo corto en el que la incertidumbre ante el futuro y la experiencia de unos años de encrucijada, permiten la acumulación de experiencias plurales que las narrativas históricas lineales o los discursos dominantes a menudo han olvidado o enterrado.
Para el caso español, las investigaciones recientes de Gonzalo Butrón11 y Emilio La Parra12 han demostrado que se formularon varias alternativas que pretendían conciliar espacios de representación política de las elites con la monarquía, ya fueran propuestas por el liberalismo moderado o por los firmantes del Manifiesto de los Persas. Pero fue la inflexibilidad del monarca, Fernando VII, con el apoyo eclesiástico y de una parte relevante del ejército, lo que llevó a no dar pábulo a la vía transaccional y a abrir la opción del golpe militar. La popularidad del monarca entre los sectores populares que protestaban ante la reforma fiscal del régimen liberal, entre un clero descontento con la norma constitucional gaditana, y entre un ejército receloso del comportamiento político de la autoridad civil, fue lo que cimentó la convicción del rey, que contaba con un amplio apoyo de la población para llevar a cabo su proyecto reaccionario. Las alternativas moderadas o reformistas se difuminaron rápidamente después del golpe de estado de Fernando VII, quien inmediatamente impulsó una campaña represiva contra los afrancesados y los liberales, apoyándose en el ejército y la iglesia que puso al servicio de la causa política el Tribunal del Santo Oficio, que se dedicaría a perseguir liberales y masones durante los años del Sexenio Absolutista (1814-1820).
El gobierno de Fernando VII no significó la restitución de la monarquía polisinodial de sus predecesores sino que supuso la mayor concentración de poder en manos del rey y la cuasi exclusión de los estamentos privilegiados del poder político. La historiografía no es unánime en este punto, como lo demuestra José Luis Comella s13, que considera que el rey apremió en varias ocasiones al Consejo de Estado para que preparara un plan de convocatoria de Cortes y que siempre recibió evasivas como respuesta. Por el contrario, P. Rújula14 afirma que el objetivo de los realistas era recuperar el poder que habían perdido con la Guerra de la Independencia y el proceso revolucionario, y que por lo tanto su proyecto político era volver a la situación precedente. Para Rújula15 resulta evidente que el proyecto realista de Fernando VII se fraguó durante la Guerra de la Independencia y que se basó en una propuesta política que se identificaba con el rey que afianzaba su poder en la legitimidad y la providencia, elementos tradicionales, y una popularidad, un elemento nuevo, que se oponía a la representación de la nación, que eran las Cortes. Así pues, el rey combatió al liberalismo con la modernidad de la popularidad y culto al monarca frente a la representatividad nacional de las instituciones. Aquel era un debate moderno que se había producido en Francia cuando Napoleón desafió a las instituciones emanadas de la revolución a través de su popularidad y mediante referéndums.
El monarca Fernando VII había prometido en el Manifiesto de los Persas la convocatoria de Cortes y la formación de una Constitución que ofreciera unas mínimas garantías a la ciudadanía, pero una vez en el poder se negó a desplegar las reformas prometidas. Las promesas de Fernando VII atrajeron a liberales y realistas ante un horizonte reformista que se proyectaría como un régimen transaccional entre la tradición y la revolución. La decisión de Fernando VII de reprimir, y convertida la represión en el eje de su política según Antoni Moliner16, en lugar de generar consensos le convirtió en el rey que más poder político concentraba, pero no se percató de que a la vez debilitaba la base social de su poder y multiplicaba sus adversarios. Ningún otro régimen político dio muestras de tanta debilidad en los años posteriores a la guerra napoleónica como el español, que se enfrentó a la pérdida de su imperio y a las continuas conspiraciones revolucionarias de quienes luchaban por un régimen liberal que no siempre tenía un horizonte político tan revolucionario como el restablecimiento de la Constitución de 1812. Y cuando finalmente triunfó un pronunciamiento liberal, el proceso de ruptura que desencadenó fue mucho más revolucionario de lo esperable, convirtiendo a España en el motor de la revolución en el primer lustro de los años veinte.
A diferencia de lo que ocurre en Francia, apuntado por Emmanuel Fureix17, en España después de la guerra no se mantuvo una opinión pública -entendida como esfera pública burguesa-, sin que se produjera un interés por la pluralidad de opiniones de los ciudadanos, aunque a través de las nuevas prácticas y rituales políticos se rebasaron los límites impuestos por la monarquía. Veremos cómo se produjo un tímido intento de mantener una limitada libertad de expresión, insuficiente para la formación de una esfera pública, que se constriñó completamente a raíz del retorno de Napoleón Bonaparte abanderando un proyecto liberal revolucionario representado por la Carta imperial de 1815 elaborada por Benjamin Constant. La Restauración fue un proceso de modernización política, aunque en España adoptó un sentido más reaccionario y represor que se alejaba de la alternativa de régimen de carta otorgada francesa.
Manuel Casamada: el relato de la Guerra i la renovación de la monarquía.
La producción historiográfica más prolífica sobre la Guerra de la Independencia, como ha destacado Pedro Rújula, se ha centrado de la construcción cultural del conflicto, ocupándose de subrayar su proyección política a través de la historia de los conceptos y de las culturas políticas. También se han privilegiado las representaciones del pasado como “sensibilidades de una época y de su voluntad de configurar a una visión del pasado a medida de los sucesivos presentes18”. Después de que las tropas napoleónicas abandonaran Barcelona el 28 mayo de 1814, se empezó a plantear de qué forma debía celebrarse la victoria en la Guerra de la Independencia. De acuerdo con Stéphane Michonneau19 la memoria de la guerra fue elaborada por los eclesiásticos, quienes fraguaron el mito resistencialista de la ciudad basándose en la exaltación del martirio que sufrieron los barceloneses ejecutados por las tropas napoleónicas, convertidos en los nuevos héroes. Los militares quedaban en un plano secundario por si se atrevían a desafiar la monarquía con sus ideas revolucionarias. Desde septiembre de 1814 hasta octubre de 1815, cuando se produjo el aniversario de la victoria y la conmemoración de las víctimas, se definieron quiénes debían ser considerados los mártires de la patria y se exaltó su recuerdo con el fin de conseguir una amplia movilización social. Estos eran los ocho barceloneses que habían sido ejecutados por las tropas napoleónicas en junio de 1809. La noche de la Ascensión un grupo de barceloneses intentó sublevar la ciudad contra el ocupante con el apoyo de las tropas de migueletes y somatenes del marqués de Coupigny que esperaban al otro lado de las murallas la señal para adentrarse en la ciudad. La policía napoleónica recibió el aviso, consiguió detener la insurrección y capturó a dieciocho conspiradores, de los cuales cinco fueron condenados a muerte. La sentencia se cumplió el 3 de junio de 1809 a pesar de que ese día tres jóvenes intentaron evitarlo tocando a somatén la campana “Tomasa” del campanario de la catedral para movilizar a los ciudadanos contra el ocupante. Las tropas francesas tardaron tres días en localizarlos, pero finalmente les capturaron y fueron ejecutados el 27 de junio de 1809. En el primer año de la Restauración las autoridades de Barcelona exaltaron la memoria de aquellos hechos para identificarla con la resistencia de los barceloneses frente a la ocupación napoleónica.
El análisis del discurso conmemorativo de aquellos hechos revela que la celebración careció de un relato unitario y homogéneo, lo que puso de relieve las diferencias existentes entre los eclesiásticos sobre cómo interpretar lo ocurrido durante la Guerra de la Independencia. Entre los otoños de 1814 y 1815 se publicaron numerosos panfletos que reproducían los discursos pronunciados desde los púlpitos de las iglesias con motivo de la celebración de los actos. El orador más prolífico fue el eclesiástico Manuel Casamada, quien publicó tres de sus discursos declamados entre finales de mayo y mediados de noviembre de 1815. En aquel tiempo Casamada era un mercedario que ostentaba el cargo de regente en el colegio de Sant Pere Nolasc pero que todavía no había mostrado públicamente su fascinación por el liberalismo conservador británico. En su faceta filosófica, estudiada por Ignasi Roviró20, ha sido considerado como el introductor del concepto sublime de Edmund Burke y Hugh Blair en el que se enaltecía el dolor y el terror como emociones excitantes. El contenido de sus discursos deja entrever un relato sobre la guerra en el que se ensalza el triunfo de una alternativa política reformista basada en una renovación de la Iglesia, la conservación de la monarquía y una recuperación de las leyes del reino como fuente de estabilidad. En sus discursos Casamada concibe la guerra como el inicio de un proceso revolucionario mediante el cual la iglesia y la monarquía retornan a sus esencias y recuperan, la iglesia el espíritu de la religión, y la Corona las leyes patrias.
Vosotros oisteis los clamores de la nación en la primera época de nuestra revolución santa. Aquellas tiernas voces de Viva la Religión, Viva el Rey, Viva la Patria, resonaron por todas partes y en todos los ángulos de la Península. Clamábase a la una por los intereses de Dios, por los del Príncipe y por los del Reyno. Las ansias para conservar pura e intacta la religion de Jesu-Christo corrian á la par con los deseos de sostener el trono de nuestro Monarca y la estabilidad de nuestras leyes. Asi es, que nuestros hermanos pudieron ser víctimas de un celo religioso, no ménos que de un celo patriótico .
Las ideas de Casamada diferían completamente de la interpretación forjada por los sectores realistas que, como ha explicado J. P. Luis22, narraban la guerra como un episodio dramático pero otorgándole una cierta normalidad en la cadena de sucesos de la historia de los reinos de España, deslegitimando así la excepcionalidad del proceso revolucionario asociado al conflicto. Los discursos de Casamada demuestran la presencia en Barcelona de una alternativa política moderada que rehusaba el marco constitucional gaditano aunque se sentía atraída por la propuesta reformista esbozada por algunos diputados y aceptada por el monarca en el Manifiesto de los Persas. Por esta razón el 28 de mayo de 1815 Casamada advertía desde el púlpito a los barceloneses que rehuyeran los cantos de sirena que llegaban de Francia donde Napoleón Bonaparte había vuelto para instaurar un régimen liberal moderado, regido por el “Acte additionnel aux constitutions de l'Empire” redactada por Benjamin Constant. Como apuntan Emmanuel de Waresqueil23 y Come Simien24 el regreso de Napoleón suponía recomenzar la revolución. Casamada retomaba la desconfianza hacia Napoleón a pesar de que sus palabras apelaran a un liberalismo moderado que pudieran resultar atractivas para algunos españoles:
¡Quien lo creyera! Este monstruo habla ahora el idioma de la moderacion, dice que quiere paz con todo el orbe y que desea vivir tranquilo en el seno de su familia. ¡Fementido! El mundo no puede ser engañado ya. Sobradamente se ha burlado Bonaparte de las leyes divinas y humanas: sobradamente ha violado los juramentos mas 25
sagrados y los contratos públicos y solemnes.
La declamación de Casamada nada tenía que ver con la pastoral del obispo de Barcelona, Pau Sitjar26, quien responsabilizaba del regreso de Napoleón a la decadencia moral de sus feligreses, insistiendo una vez más en la necesidad de reformar el comportamiento de los fieles y conectando con el discurso realista que atribuía la guerra a la crisis moral de la sociedad española de principios del siglo XIX. En España, como sucedía en Francia según Emmanuel Fureix27, el regreso de Napoleón fue concebido como una revolución imaginada o imaginaria, lo que provocó un recarga de la contrarrevolución. Las pequeñas aperturas en el espacio público que se habían producido en los primeros meses de la Restauración, en las que liberales y reformistas suspiraban por un modelo político capaz de conciliar elementos de la revolución y el antiguo régimen se desvaneció por completo por el miedo que supuso el regreso de Napoleón, convertido en un emperador liberal.
La alternativa reformista de Casamada quedó patente con el triunfo del régimen liberal en 1820, cuando pronunció el discurso de homenaje a las víctimas del 2 de mayo de 1808. En este afirmaba que la Restauración fueron “seis años de amargura entre engaños y enredos para que el Monarca conociera la justificación de nuestros deseos y recobrásemos por último la libertad28.” También constaba la desconfianza que le había producido las vagas promesas reformistas de los Persas en 1814 a partir de la convocatoria de las antiguas Cortes de la Corona, por lo que defendía el respeto a la Constitución de 1812 y a las Cortes para garantizar la libertad, ya que no servían “las Cortes antiguas introducidas por la costumbre y la por la Ley29”. Aun así, esta afirmación no era contradictoria con el mantenimiento de la legislación nacional forjada a lo largo de la historia para interpretar la Constitución gaditana30, siguiendo los postulados del liberalismo moderado, como se refleja en ese mismo discurso:
Vosotros que perjuros á la Religion santa asesinasteis los Lacys, los Porliers y los Minas: Vosotros que sedujisteis al incauto Fernando y preferisteis vuestras conveniencias a la felicidad pública: (…) Sabed antes, que los preciosos artículos de nuestra sabia Constitucion fueron tomados de nuestra legislación primitiva; que están arreglados á los preceptos y disciplina de la Iglesia y que son conformes al espíritu de la Monarquia como católica y como política. Sabed, y sepa la Nación y el mundo entero, que las Cortes no hicieron otra cosa que desenterrar de entre el polvo y las ruinas aquellas misma leyes que en los siglos pasados condujeron la España á la cumbre de la gloria y esplendor31.
Casamada concluía su discurso con una apelación a la prudencia y a la moderación, ya que “nos obliga la Religion que profesamos: sus preceptos nos intiman a olvidar las injurias, egercer la paciencia y ser justos con nuestros hermanos32”, palabras que en nada se parecían a las que había pronunciado cinco años antes cuando acusaba a los barceloneses que se habían dejado seducir por el ocupante para traicionar al rey y “desmoronar el edificio santo de la fidelidad y derribar el altar sagrado del patriotismo33”. Para aquellos pedía que sus nombres “queden impresos en nuestra imaginación: no se borrarán jamás para ser el objeto de un eterno oprobio34.” No cabe duda de que aquella petición se enmarcaba en el miedo que despertaba el regreso de Napoleón y el estallido de un nuevo conflicto de imprevisibles consecuencias. La posibilidad de una nueva guerra civil generaba terror entre las elites, por lo que los afrancesados se convirtieron en el blanco político de las autoridades tanto borbónicas como eclesiásticas, sin que los liberales recibieran unas críticas tan furibundas.
Eclesiásticos como José Clemente Carnicero, estudiado por Antonio Calvo Maturana35, consideraban que los liberales eran patriotas “descarriados o equivocados”. El caso barcelonés a través de las conmemoraciones corrobora esta interpretación, mientras el relato de la Guerra de la Independencia era muy enconado con los afrancesados, se omitía el comportamiento de los liberales durante el conflicto, sin duda por una coyuntura internacional y por la popularidad que tenían las ideas reformistas y liberales como las pronunciadas por Manuel Casamada.
De todos modos, no todo el mundo estaba de acuerdo con Casamada. El conocido dietario del realista barón de Maldá, Calaix de Sastre, durante aquellos meses, no recoge ninguna información sobre los discursos de Manuel Casamada, aunque sí reseña los actos de celebración dedicados a los mártires de la patria en los que no participaba el prelado. En una entrada del dietario, el barón anota una reunión preparatoria celebrada en la sede de la Real Audiencia para que los gremios y los colegios profesionales se sumaran a los actos de conmemoración dedicados a las víctimas de la guerra. En la nota el barón describe cómo un representante gremial se quejó al regente de la Audiencia de que no se hubiera convocado antes a los gremios y colegios, por lo que propone se les exima de colaborar pecuniariamente y de participar en las comisiones de celebración. Estas protestas acabaron con la expulsión del representante gremial y el abandono de un grupo de otros representantes en solidaridad con la expulsión de su homólogo:
Lo lliberalista en sa primera proposoció, enfadá de modo al regent que el tragué de la
junta; alguns bé que pocs, lo seguiren i se marxaren ab ell; los demés, en molt major 36
número, se quedaren.
El barón consideraba evidente el vínculo entre algunos representantes de las corporaciones profesionales y las ideas liberales, lo que auspiciaba todavía más la tendencia de la monarquía fernandina a no reconocer el carácter representativo de aquellas corporaciones y eliminarlas gradualmente, como veremos más adelante.
En sus discursos, Casamada empleaba un lenguaje moderno y revolucionario que le diferenciaba de sus homólogos realistas como Josep Casas, José Prats, Josep Avellà o Bruno Bret, quienes publicaron panfletos o discursos durante la conmemoración barcelonesa. La otra voz discordante con los sectores reaccionarios de la iglesia que se escuchó en Barcelona en aquel tiempo era la de Albert Pujol, quien también era conocedor del liberalismo conservador británico y recurrió a la historia catalana para interpretar la Guerra de la Independencia. Stéphane Michonneau37 ha analizado estos textos destacando el carácter clerical de los discursos conmemorativos que consideraban a los ocho barceloneses antes mártires de la religión que de la patria, y el carácter tradicional de los rituales religiosos por la condena explícita que se hacía de los monumentos paganos de la antigüedad. El componente reformista y revolucionario de Casamada emerge en su lenguaje cargado de referencias a la historia clásica de.
Grecia y Roma que le sirven para enaltecer el heroísmo de los barceloneses y para reclamar que el culto popular derivado de ellos tuviera un panteón de estilo neoclásico “mas magnífico que el de Lacedemonia38” para honrar sus restos y su memoria. En sus discursos, Casamada y Pujol emplearon recurrentemente la comparación entre Barcelona y Jerusalén para demostrar que la capital catalana era tan fiel y heroica como lo era la capital de la cristiandad, y para ello emplearon la historia sagrada a través del Libro Primero de los Macabeos, en el que Antíoco IV de Epifanes conquista Jerusalén y Matatías, sacerdote judío, se rebela junto a sus hijos, los macabeos, contra el ocupante. Aquella elección no era casual, pues la historia de la república de los israelitas se usó a menudo para difundir ideas republicanas y liberales en el mundo hispanoamericano39. Años más tarde, a finales de 1823, los realistas vincularon las trece tribus de Israel con los trece jefes de la masonería, relacionando el fin de masones y judíos con el restablecimiento de la monarquía absoluta40. Otro rasgo moderno del discurso de Casamada es el deseo de incrementar los homenajes, conmemorando nuevas víctimas e incorporándolas al elenco de héroes y mártires de la ciudad, lo que otorgaba al relato de la historia un carácter más colectivo aunque no llegara a ser el enaltecimiento de un colectivo anónimo que, como afirma Michonneau41, no se produjo en España hasta finales del siglo XIX. Casamada se desmarcó de sus homólogos y no tuvo reparos en pronunciar un discurso laudatorio dedicado a las víctimas ejecutadas en Barcelona los días 8 de abril y 23 de octubre de 1811 a las que consideró que “fuéron heroes para proyectar la libertad de la Patria y lo fuéron igualmente para sufrir una muerte injusta en su defensa42”. En sus discursos Casamada, también empleó reiteradamente conceptos con connotaciones modernas y liberales como libertad o revolución, aunque lo hiciera para subrayar el carácter de liberación de la ocupación napoleónica o el carácter de cambio rápido y régimen violento, respectivamente. Aun así resulta sorprendente la profusión de su utilización en unos discursos declamados desde el púlpito y reproducidos por la imprenta:
Emprendámos la libertad de nuestra Patria venguemos la causa del Santuario, formémos una nueva revolucion entre los mismos enemigos, sacrifiquémoslos á nuestra justa 43 venganza y murámos en la simplicidad de nuestros puros sentimientos.
En su análisis, Michonneau se pregunta por la escasa perennidad de estos cultos y conmemoraciones y lo atribuye “tanto a las pretensiones exageradas como al recelo expresado por el culto por el clero44”. La conmemoración también se convirtió en una oportunidad para que sectores eclesiásticos reformistas pudieran proyectar sus ideas hacia un público mayor, lo que generó inquietud e incertidumbre entre unas autoridades temerosas de que eso suscitara el surgimiento de una disidencia política que las desafiara. El relato de la guerra demostró la división de los eclesiásticos, convertidos en guardianes de la memoria, que no fueron incapaces de generar un discurso transaccional entre la revolución y la Restauración.
Manuel Casamada y Albert Pujol fueron los únicos que profesaron ideas liberales en los años del Trienio y desempeñaron una relevante influencia entre las filas moderadas. Casamada pronunció el primer discurso conmemorativo celebrado a las víctimas del 2 de mayo de 1808, convertido en un mito liberal, como apunta Demange45, en el que no hizo ninguna mención a la memoria de los mártires barceloneses y sí la hizo al martirio de Luis Lacy. Durante los años del Trienio en Barcelona no se rememoró ni conmemoró a las víctimas barcelonesas de la Guerra de la Independencia y, como ha subrayado Pierre $\mathrm { G e a l } ^ { 4 6 }$ , hubo un desinterés entre las filas liberales para celebrar su sacrificio. Su memoria había sido apropiada por los eclesiásticos durante los primeros años de la Restauración, lo que dificultó la secularización de su historia y su reivindicación como un legado liberal que no se produjo hasta décadas después. La conmemoración de la Guerra de la Independencia fue una oportunidad para los sectores eclesiásticos reformistas para elaborar un relato moderno y revolucionario de acuerdo con sus propuestas, aunque su discurso clerical y un ritual religioso tradicional le alejaron de las conmemoraciones cívicas del Trienio Liberal. Durante la Restauración se recurrió poco a la memoria de la guerra, pues su celebración reabría los debates sobre cuál era la mejor forma de gobierno. Al mismo tiempo, la unánime legitimidad conferida a la guerra por súbditos y ciudadanos españoles impedía que se utilizara con una finalidad acusadora, como sucedió con la memoria de la revolución en Francia durante el mismo, como bien ha explicado E. Fureix47.
Pronunciamientos fallidos, proceso irregular y sentencia vengativa. Luis Lacy y Gautier.
Los pocos estudios sobre Luis Lacy durante su etapa como capitán general de Galicia ponen énfasis en el hecho de que después de la derrota de las tropas napoleónicas y antes de la llegada del monarca, Lacy participó en una sociedad secreta fundada en A Coruña bajo el nombre “Logia Constitucional de la Reunión Española” junto a otros 23 liberales48. Después de su destitución como capitán general, Lacy se trasladó a Madrid donde participó en julio de 1814 en la tertulia clandestina de Pedro Agustín Girón, sobrino de Francisco Javier Castaños, junto a otros militares liberales como Francisco Espoz y Mina, Francisco Xavier Mina (sobrino del anterior), Juan Díaz Porlier y José Palafox. En la primavera de 1815 se ofreció al monarca para liderar las tropas españolas que se incorporaran a la alianza europea que de nuevo debía luchar contra Napoleón. Pero el rey estaba más preocupado en reprimir a los liberales del interior que en combatir a Napoleón y, como ha explicado Ignacio Lasa49, entre mayo de 1814 y diciembre de 1815, el monarca cada vez interfirió más en la acción de la justicia, nombrando y destituyendo jueces, diciéndoles de qué se acusaba a los reos y trazándoles el camino del castigo hasta llegar, el 15 de diciembre de 1815, a dictar sentencias y desestimar la opinión de los jueces. Las irregularidades procesales se produjeron en un momento en el que en Europa la amenaza del emperador se extendía de nuevo. Ahora Napoleón se presentaba como un liberal revolucionario que desafiaba el orden político y social de Francia y Europa. El pánico de Fernando VII ante un pronunciamiento liberal en sus territorios desencadenó una actividad represiva que subvirtió la legalidad y las funciones de las instituciones del Antiguo Régimen, ya fuera apropiándose de la justicia señorial, que pasó a manos de la real, impidiendo su restablecimiento50 o incrementando el control y la instrumentalización política de la Inquisición.
En diciembre de 1816 Luis Lacy regresaba a Cataluña al mismo tiempo que se propagaban los rumores sobre una inminente conspiración revolucionaria. Le destinaron en el corregimiento de Mataró y pronto volvió a reencontrarse con dos viejos amigos y compañeros durante sus años de capitán general de Cataluña, su antiguo ayudante Francisco Milans del Bosch, y Ramón María Sala. Los tres urdieron la trama del pronunciamiento que estalló en abril de 1817. Milans y Lacy planearon reunir en Arenys las tropas de las guarniciones de Mataró y Arenys para dirigirse hacia Barcelona, donde se unirían a ellos la trama civil de la conspiración51 y los militares insurrectos de la guarnición. La indecisión de algunos oficiales y las delaciones provocaron que la tropa se sintiera engañada y decidiera volver a los cuarteles. Los oficiales sublevados huyeron hacia Francia mientras el capitán general Francisco Javier Castaños ordenaba al comandante de brigada de la reserva de Arenys que los persiguiera. Las órdenes se demoraron demasiado para ser efectivas y fueron las partidas de paisanos las únicas que inquietaron a los insurrectos en su huida. Lacy desobedeció el consejo de Milans y se escondió unos días en Lloret, desaprovechando la ventaja que llevaba a sus perseguidores. Lacy se mostró excesivamente confiado y pensó que su amigo Castaños no organizaría una expedición para capturarlo, y se limitó a esperar que amainara la situación52. Cuando el brigadier Manuel de Llauder lo apresó, consciente de la gravedad de los hechos que le imputarían, le pidió a su captor que le dejara escribir al capitán general y a los ciudadanos Ramón María Sala y Antonio.
Tamaro para que movilizaran a las corporaciones de Barcelona y forzaran su liberación, y Llauder accedió a sus peticiones53.
Las autoridades apenas consiguieron capturar un pequeño grupo de conspiradores que habían participado en el intento de pronunciamiento de Lacy. Los principales cabecillas consiguieron escapar mientras que las redes de apoyo en las unidades del ejército y entre los civiles barceloneses no fueron descubiertas. Por lo tanto, la represión liderada por Castaños tuvo un alcance limitado ya que permanecieron latentes la mayoría de células de la trama conspirativa. El intento de asesinato del capitán general de Valencia, Francisco Javier Elío, convenció a Castaños y al gobierno de la necesidad de acelerar el proceso a Lacy para que se convirtiera en una causa ejemplarizante que desincentivara cualquier nuevo intento de pronunciarse a favor de la Constitución de 1812 o de cualquier cambio de gobierno en un sentido liberal, razón por la cual desestimó las peticiones que le hizo la Junta de Gremios, Colegios y Fabricantes para preservar la vida del teniente general Luis Lacy. Lacy no era un militar cualquiera sino que había ostentado los cargos más altos en la jerarquía militar, como el de capitán general, lo que significaba que su encausamiento y condena debía ser un mensaje inequívoco hacia aquellos militares que tenían veleidades revolucionarias. La decisión de Castaños de procesar a Lacy no fue solo suya sino que detrás de ella estaba el gobierno de la monarquía que quería poner fin a las conspiraciones revolucionarias que se estaban produciendo desde 1815. Prueba de aquella voluntad ejemplarizante fue la proclama publicada por Castaños una semana después de apresar a Lacy, en la que se dirigía a los catalanes para asegurarles que:
se desbarataron en su origen quiméricas maquinaciones de los sediciosos, y acosados por todas partes, están ya en prision casi la mayor parte de los que hasta aqui pueden calificarse como tales; se practican diligencias activas para el descubrimiento de sus cómplices ó cooperadores, y se persigue muy de cerca á los que momentáneamente han podido abrigarse en las montañas54.
No cabe duda de que la proclama pretendía comunicar a la población que el pronunciamiento había sido abortado y los conspiradores habían sido detenidos o estaban a punto de ser capturados, dando a entender que el pronunciamiento tenía un alcance muy reducido. Nada más lejos de la realidad, pues la red de conspiradores estaba prácticamente intacta y su penetración en el ejército y la sociedad barcelonesa era muy relevante. Las palabras de Castaños querían transmitir orden, seguridad y control a la sociedad catalana para evitar que los partidarios del pronunciamiento recabaran apoyos entre una ciudadanía que ante una sensación de debilidad del poder político y militar pudiera sentirse atraída todavía más por la alternativa revolucionaria.
Antes de que comenzara el consejo de guerra y cuatro semanas después del fallido intento que hicieron la Junta de Gremios, Colegios y Fabricantes de salvar la vida de Lacy, el ejército recibió una delación que le puso en aviso de la conspiración que trataba de liberar a Lacy y proclamar a continuación la Constitución de 1812, desencadenando un pronunciamiento en Barcelona. Detrás de la trama estaba la misma red de militares y civiles que habían proyectado el pronunciamiento de abril. Después del fracaso de abril, los cabecillas de la rama militar del pronunciamiento se refugiaron en Reus y Tarragona, donde un pequeño grupo de comerciantes les dieron cobijo y les sufragaron el intento de liberar a Lacy y proclamar la Constitución. El capitán José Rodríguez, artífice del plan de fuga, relató en 1820 quiénes participaron y lo que acaeció en aquellos días:
En la misma noche de mi arribo (a Reus) dicho Bartolí me facilitó una conferencia larga con el benemérito General D. Francisco Milans, que en unión de D. Francisco Mancha Comandante del Regimiento Murcia, D. Antonio Comes primer Ayudante del de Bailén, D. José Quer Teniente Coronel del de Tarragona y D. Francisco Oliver capitán del mismo los cuales errantes, prófugos, faltos de medios y huyendo con precipitación; tuvieron la felicidad de que los dichos Bartolí, Gaya, Molins, Sans y Canals, los abrigasen dándoles los tratamientos correspondientes a su heroísmo55.
La rama civil del complot revolucionario se extendía más allá de Tarragona para contar con el apoyo de ciudadanos de Barcelona, como el fabricante Josep Bracons, quien había prometido al capitán Vidal que cuando se produjese el pronunciamiento en la Ciudadela él sacaría un numeroso grupo de “paisanos” a las calles de Barcelona para proclamar la Constitución56. Aunque la red de conspiradores había sobrevivido a las detenciones de abril, no ocurría lo mismo con el apoyo de los oficiales de algunas unidades militares que estaban acuarteladas en Barcelona. Por un lado, algunos batallones como el Tarragona o el Hostalric estaban fuera de la ciudad, y por el otro, el control y la vigilancia sobre cualquier movimiento sospechoso se había incrementado muchísimo. Por todo ello, el intento de liberar a Lacy y pronunciarse de nuevo estaba condenado al fracaso si no conseguían que el pronunciamiento estallara simultáneamente en otras ciudades. Los conspiradores aprovecharon que el batallón Hostalric estaba en Torredamabarra, a pocos quilómetros de Tarragona, para proyectar la extensión del pronunciamiento más allá de Barcelona. Cuando los oficiales del batallón recibieran el aviso se trasladarían a Reus, donde se proclamaría la Constitución con el apoyo de “los patriotas” reusenses57. La delación de Escobar, sargento primero del batallón Infante Carlos, la noche del 11 de mayo, víspera del día acordado para que llegaran los insurrectos a Barcelona, abortó tanto el intento de liberar a Lacy como la revolución consiguiente. Las autoridades capturaron al capitán Rodríguez junto a “D. Francisco de Paula Vidal, D. Joaquín Velzunce, y los sargentos Hernández, Navarro, Perotín, Lázaro, Ferrer, Sánchez, Suárez, y Martínez58”, pero los líderes del pronunciamiento, el general Milans, el comandante Mancha, el primer ayudante Antonio Comes y el teniente coronel José Quer, consiguieron escapar de nuevo, pusieron rumbo a Salou i se escondieron en casa del comerciante Josep Gayà59. El fallido pronunciamiento aceleró el enjuiciamiento del general Luis Lacy y al mismo tiempo convenció al capitán general Castaños de la necesidad de dar un golpe de fuerza para demostrar su autoridad sobre los catalanes.
En la causa contra Luis Lacy se consiguieron muy pocas evidencias para desenmascarar la trama y ni siquiera los testimonios verificaron que el líder de la conspiración fuera el general. En opinión del historiador coetáneo Bayo el motivo fue que los testigos “no quisieron descubrirlo para salvar al que con tanto brio habia peleado en defensa de la patria60”. A pesar de la falta de pruebas y las numerosas irregularidades procesales, el consejo de guerra condenó a Lacy, y en la sentencia Castaños alegó que aunque este no fuera ni el instigador ni el líder de la conspiración se hallaban en posesión de tener “indicios vehementes de haber tenido parte en la conspiración, y sido sabedor de ella, sin haber practicado diligencia alguna para dar aviso a la autoridad mas inmediata que pudiera contribuir a su remedio”, por eso lo condenaban a “la pena de ser pasado por las armas61”. Antes de que el consejo de guerra se pronunciara, Castaños, previendo un posible altercado en Barcelona cuando se hiciera pública la sentencia de muerte, se puso en contacto con el gobierno a través del secretario de Estado y del despacho de la Guerra, Francisco Ramón de Eguía para conseguir que trasladasen al reo a Mallorca para ejecutarlo. El gobierno acordó con el rey que en caso de que Castaños tuviese “fundado recelo de que se pudiese alterar la tranquilidad pública, se le traslade con reserva y seguridad a la isla de Mallorca 62” y en la misma carta el monarca ratificaba la sentencia de muerte de Lacy.
La madrugada del 30 de junio de 1817 Castaños ordenó trasladar al condenado a Mallorca a bordo del falucho de guerra El Catalán acompañado del fiscal de la causa, Vicente de Algarra, quien tenía el cometido de entregar al prisionero al capitán general de las islas Baleares, el marqués de Coupigny, junto con la sentencia y la carta en la que Castaños le reproducía la correspondencia mantenida con el gobierno sobre la sentencia y el traslado a Mallorca. El capitán general también había ordenado al coronel Algarra a “disponer sea muerto Lacy, si tuviera fundado recelo de que violentamente intentase libertarlo63”. Castaños había recibido del gobierno la ratificación de la sentencia y a pesar de sus vanos intentos de confundir a los barceloneses con el fin de aplacar sus ánimos, no tuvo más remedio que ordenar el traslado del teniente general Luis Lacy. Las estratagemas del héroe de Bailén y amigo del reo llegaron hasta al punto de gestar en el condenado “la dulcísima esperanza del perdon y caminaba á Mallorca alegre y sereno, mostrando á sus verdugos una gratitud que no merecian64”.
Cuando triunfó la revolución liberal, las opiniones de escritores y compañeros de Lacy subrayaron las irregularidades de la sentencia y su ejecución65, y algunos como el literato e historiador Miguel Agustín Príncipe apuntó directamente a F. J. Castaños para negarle la gloria de las victorias militares “al contemplarle asociado á la tiranía de una manera tan repugnante66”. La muerte del teniente general conmocionó a la ciudad y garantizó que sus compañeros revolucionarios no cumplieran su condena en ninguna otra prisión que no estuviera en Barcelona. Las autoridades habían hecho la demostración de fuerza más imponente cuando más débiles eran. Los oficiales revolucionarios cumplieron sus condenas en los calabozos de la Ciudadela de Barcelona mientras los cabecillas del pronunciamiento se refugiaban en Francia y preparaban nuevas tentativas revolucionarias. Con la muerte del antiguo capitán general de Cataluña, Lacy, Castaños había conseguido que la ciudad se sumiera en el letargo y decayera la actividad conspiradora, manteniéndose latente la presión represora.
El análisis del proceso judicial a Luis Lacy pone al descubierto que una parte significativa de los oficiales de los regimientos acuartelados en la ciudad estuvieron implicados en los intentos de pronunciamiento67. El capitán general Castaños intentó paulatinamente renovar la guarnición de Barcelona y expurgó de las unidades militares los mencionados en la causa. De todos modos, tres años después, durante el estallido revolucionario del 10 de marzo de 1820, dos regimientos en los que había oficiales implicados en el intento de pronunciamiento de Lacy salieron a las calles de Barcelona para apoyar a los insurrectos liberales que se pronunciaron a favor de la Constitución de $1 8 1 2 ^ { 6 8 }$ . Junto a Lacy también habían sido procesados treinta y tres militares acusados de haber participado en el pronunciamiento y otros nueve en el intento de liberación posterior69. De aquellos cuarenta y dos militares, tres (Francisco Díaz Morales, Florencio Ceruti y Gabriel Flugier) habían sido acusados previamente por delitos de francmasonería en el Tribunal del Santo Oficio de Barcelona70. Por otro lado, la red de civiles del intento de pronunciamiento fue muy relevante aunque sea menos conocida; solo se han identificado veintitrés personas y aunque tengamos poca información sobre ellas, la mayoría no fueron represaliadas71. El gobierno autoritario de Fernando VII desplegó una actividad represiva con la colaboración de la Inquisición que nunca como entonces se había mostrado tan complaciente con la voluntad política de la monarquía. Las principales víctimas de la represión fernandina fueron los militares revolucionarios, tenazmente perseguidos y duramente represaliados, lo que debilitó profundamente el ejército, uno de los pilares sobre los que se sustentaba el poder autoritario de la monarquía fernandina.
Represión inquisitorial. El tribunal al servicio de la monarquía.
En la historiografía moderna sobre la instrumentalización política y la abolición de la Inquisición fueron pioneros el hispanista Henry Kamen y el historiador de la iglesia Francisco Martí Gilabert. A partir de los datos de la Historia crítica de la Inquisición de J. A. Llorente, Kamen afirma que durante los reinados de Carlos III y Carlos IV la Inquisición declinó y redujo espectacularmente el número de sentencias condenatorias y de autos de fe que por entonces se celebraban en secreto. Kamen define las condenas de los reinados de Carlos III y Carlos IV como persecuciones políticas al considerar que la Inquisición había adoptado un papel predominantemente político72. Martí Gilabert comparte la opinión de Kamen de que “la autoridad que había ejercido [la Inquisición] en otros tiempos había quedado reducida a muy estrechos límites” durante el reinado de Carlos IV y considera que el Tribunal del Santo Oficio pretendió acotar el proselitismo revolucionario procedente de Francia actuando como una institución política, lo que supuso su revitalización a finales del siglo XVIII73. Según Martí, en tiempos de Carlos III la Inquisición perdió su carácter apostólico mientras la monarquía aumentaba el control sobre ella, y durante el reinado de Carlos IV dejó de servir a la defensa de la doctrina y cayó en manos de los eclesiásticos tildados de Jansenistas74. La desnaturalización de la Inquisición en manos de los eclesiásticos heterodoxos afianzó todavía más el componente político de la institución. De acuerdo con Ricardo García Cárcel y Doris Moreno, fue promocionada por la monarquía a través del conde de Floridablanca con la operación del cordón sanitario frente a la contaminación francesa derivada de la Revolución, y como contrapartida pudo represaliar a algunos de los principales ilustrados que la habían despreciado (Francisco Cabarrús, Gaspar de Jovellanos o Pedro Rodríguez de Campomanes)75. Martí se hace eco de la opinión de Antoni de Capmany en sus años en las Cortes de Cádiz, para quien la Inquisición se había convertido en una “Inquisición de Estado” con el fin de asegurar su supervivencia, lo que la había transformado en un “cuerpo contemplativo, [y] de temible pasó a tímido”76. Kamen apunta que la Inquisición fue declarada “incompatible con la Constitución (1812)” por las Cortes gaditanas y que simultáneamente se devolvió a los obispos toda la jurisdicción en materia de fe y herejía, medida reclamada por el alto clero77. En opinión de Miguel Jiménez Monteserín78, la abolición de la Inquisición tuvo escaso alcance y, según García Cárcel y Moreno, la restauración con Fernando VII se produjo con un deseo ineluctable de reforma regalista y no episcopalista, en el sentido de que ahora no se quiso devolver la Inquisición a los obispos, como se había intentado en las décadas finales del siglo XVIII, sino incrementar el control que sobre ella tenía la monarquía79. Por otro lado, Kamen advierte de que la restauración de la Inquisición no supuso ni la recuperación de sus bienes ni de su autoridad80.
El restablecimiento de la Inquisición se llevó a cabo mediante el decreto de 21 de julio de 1814 con el objetivo de mantener la religión católica y evitar los enfrentamientos entre españoles por “disensiones intestinas”. Los historiadores Emilio.
La Parra y María Ángeles Casado81 han analizado el decreto y han sintetizado sus argumentos en los siguientes tres puntos: la difusión de opiniones “perniciosas” debido a la presencia de tropas extranjeras de varias sectas; el desorden general asociado al conflicto; la crítica radical a las autoridades constitucionales a las que se las acusaba de desatender los asuntos religiosos. En su opinión, la vuelta de la Inquisición se justifica en el carácter político de la institución y no en la argumentación histórica de su utilidad para mantener el catolicismo en España.
La restaurada Inquisición española, de acuerdo con La Parra y Casado, era vieja en cuanto a sus objetivos y estructura, pero nueva en la forma de actuar, pues se convirtió en un elemento fundamental para imponer el orden y reprimir la disidencia religiosa y sobre todo política82. La Parra y Casado hacen hincapié en que son pocos los estudios dedicados a la actividad inquisitorial durante el Sexenio, pero que estos demuestran el relajamiento procesal y de las penas puesto que la mayoría de los inculpados por algún delito eran absueltos, amonestados o se les imponía una penitencia espiritual83. Sin embargo, la moderación en los procesos relativos a la fe no se percata en los que se instruyeron contra los escritos en defensa de la Constitución de 1812, de las ideas liberales, de las reformas religiosas de las Cortes de Cádiz o contrarios a la Inquisición84. Los masones y los conspiradores liberales se convirtieron en la auténtica obsesión de la Inquisición, que instó a la población a la delación prometiendo ganancias económicas a quien aportara pruebas, lo que en opinión de José Antonio Ferrer Benimeli generó un gran número de denuncias85. El Santo Oficio devino un instrumento político fundamental para perseguir la disidencia política representada por los masones y a través de ellos conocer los planes insurreccionales de los liberales comprometidos en pronunciamientos86. Un testimonio coetáneo como el septuagenario barón de Maldá nos cuenta en su dietario que la persecución de los delitos de francmasonería, que según él tenían su origen en la ocupación napoleónica, era una tarea exclusiva del Santo Oficio por desafiar la doctrina religiosa con sus prácticas y ritos, y no los vinculaba a los sediciosos o liberales que desafiaban la monarquía. Aunque resultara evidente para esta que la francmasonería era la forma de acercarse a las sociedades secretas que conspiraban para pronunciarse en favor de un régimen liberal:
tenim ja lo Sant Tribunal de la Inquisició que es desvetlla arrencar-la [francmasonería], se va fent aquesta obra insensiblement ab maduresa i prudència, i cauen los francmaçons en ses mans com menos ells pensen. Aixís acaba de succeir, segons escriuen, en Madrid, aon trobant-se juntants uns cent vuitant-dos d’esta malvada secta en casa del senyor principal, que diuen haver servit en lo Real Cos de Guardias Españolas, anà en persona S.R.M. i allí, in fraganti, los collí se’ls emportà custodiats sent regular estiguen ja en poder de dit tribunal87.
El análisis de las causas instruidas en fase sumarial por el tribunal de la Inquisición de Barcelona revela un incremento significativo de las causas durante el Sexenio. Entre 1790 y 1808 se instruyeron cuarenta y ocho causas, promediándose dos causas y media por año, mientras que entre 1815 y 1819 el tribunal instruyó treinta y seis causas, lo que significa un promedio anual de un poco más de siete causas. Los datos recogidos por el historiador de la iglesia catalana Joan Bada revelan algo más: así, en los años 1818 y 1819 se instruyeron anualmente once causas, cifra superada únicamente en 1797, en pleno fervor contra la revolución francesa, con doce causas88. Si nos preguntamos por qué en aquellos dos años que precedieron al triunfo del pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego (1820) se juzgaron tantas causas en el tribunal de Barcelona, encontramos la respuesta en la represión posterior al fallido pronunciamiento de Lacy de abril de 1817 y al fracasado intento de liberarlo en mayo de 1817. Ambas conspiraciones suscitaron un clima de persecución hacia cualquier forma de disidencia política que hizo reverdecer también los procesos contra la heterodoxia religiosa. La información de Bada es muy detallada, recogiendo los motivos de la introducción de la causa para ambos periodos, y si los comparamos observamos que en los años del Sexenio se produjeron más causas por proposiciones heréticas (diecinueve frente a dieciocho), por posesión de libros prohibidos (seis frente a tres) o por francmasonería (dos frente a una) que en las dos décadas que precedieron a la Guerra de la Independencia. En el periodo anterior a la guerra hubo más causas por motivos de superstición (también entre curas), por solicitaciones o por malas costumbres que en la etapa posterior89. No obstante, resulta revelador que en tan solo cinco años (1815-1819) se encausaran más ciudadanos por delitos vinculados a la libertad de expresión, de pensamiento, de religión y de asociación que en los diecinueve precedentes (1790-1808). Estos datos demuestran que el tribunal barcelonés puso especial ahínco en la persecución de la disidencia política y la heterodoxia religiosa, que a menudo iban de la mano, mientras que las conductas y comportamientos de los feligreses merecieron menos interés.
El descubrimiento de la conspiración del teniente general Luis Lacy despertó los miedos de las autoridades civiles y eclesiásticas, que se mostraron más celosas ante cualquier forma de disidencia o heterodoxia para evitar que se reprodujera un nuevo intento de pronunciamiento. En su estudio Bada, también apunta que en el archivo episcopal constan seis causas instruidas en 1817, más allá de las recogidas en el archivo nacional con las que elaboró los datos precedentes, en las que se procesa a cinco individuos por posesión de libros prohibidos y a una mujer que es acusada de delito de francmasonería90. En el apéndice de su investigación, Bada aporta más datos sobre los procesos incoados por el Tribunal de Barcelona durante aquella época, sin precisar la fecha: recoge doce acusaciones por delitos de francmasonería y doce acusaciones de proposiciones. La mayoría de estas causas procesaban a militares de alta graduación, lo que presupone que los procesos se iniciaron durante los años del Sexenio precedentes a la conspiración de Lacy, pues la mayoría de los procesados fueron también acusados posteriormente de participar en el intento de pronunciamiento del teniente general de abril de 1817, y procesados por ello91. Por lo tanto, a la luz de estos datos deberíamos interpretar que el número de procesados por delitos de francmasonería, entendida como participación en una sociedad secreta de carácter revolucionario que conspiraba para suscitar una subversión del orden político absolutista en un sentido liberal revolucionario, pasó de uno entre 1790 y 1808 a catorce durante los años del Sexenio. Estos datos ratifican una vez más la tesis de que se produjo un incremento de la represión sobre los ciudadanos de Barcelona a raíz del descubrimiento del fallido pronunciamiento de Lacy y de la intentona insurreccional para liberarlo un mes después.
El análisis sobre la Inquisición en Valencia demuestra que el carácter político y reaccionario del tribunal se exacerbó tras el fracasado intento de asesinato del capitán general Francisco Javier Elío el 18 de febrero de 1817, en el que los inquisidores complacieron las peticiones de la política represora de la principal autoridad de la monarquía, el capitán general92. La persecución consiguió descubrir la conspiración de Joaquín Vidal el 2 de enero de 1819, que acabó con su ajusticiamiento e intensificó todavía más la represión contra los sospechosos de formar parte de logias masónicas o compartir las ideas liberales. En Valencia, como en Barcelona u otras ciudades españolas, la Inquisición ligó su supervivencia a la monarquía, por lo que cuanto más amenazada se sentía esta por las conspiraciones liberales, más activamente colaboró la Inquisición en la oleada represora contra liberales y masones. A partir de 1817 el Tribunal del Santo Oficio se convirtió en un órgano represor con finalidades eminentemente políticas al perseguir a les redes de conspiradores revolucionarios que profesaban ideas liberales, acusándoles de francmasonería, y se les procesaba por considerarlos enemigos de la monarquía absolutista fernandina. Los ejemplos de los tribunales de Barcelona y de Valencia demuestran que la Inquisición adoptó una proyección política y se convirtió en una pieza clave de la represión fernandina contra la disidencia política, representada por las conspiraciones liberales.
La vinculación de la Inquisición a la represión política incrementó el odio que los ciudadanos sentían hacia ella. Prueba de ello fue el asalto a las sedes locales del tribunal que se produjo durante los pronunciamientos locales, o las insurrecciones urbanas que se sumaron al pronunciamiento de Rafael del Riego. En Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma, Santiago de Compostela, Valencia o Barcelona se reprodujo un ritual revolucionario similar, en el que la multitud asaltaba el palacio de la Inquisición para liberar a los prisioneros y, lo que era más relevante, buscar evidencias que ratificaran la popular leyenda negra de la institución, que había aumentado considerablemente durante el Sexenio93. Así pues, los asaltantes registraban el tribunal en busca de instrumentos de tortura o de las causas abiertas a los ciudadanos para exponerlos públicamente antes de quemarlos. El objetivo era destruir la Inquisición para que nunca más pudiera restaurarse. A pesar de aquella descarga de ira popular hacia el lugar y los objetos del Tribunal del Santo Oficio, la violencia no se extendió a sus miembros, quienes durante los asaltos en pocas ocasiones fueron objeto de agresiones por parte de la multitud. La obsesión por liberar a los pocos prisioneros cautivos que había en los calabozos de la Inquisición, y la obstinación por mostrar públicamente el instrumental de tortura así como por destruir las causas y expedientes del tribunal, eran totalmente inéditas hasta ese momento, pues durante la Guerra de la Independencia la población nunca dirigió su ira hacia a la Inquisición, ni siquiera en los episodios de revuelta social que se produjeron en territorios como Cataluña. El Tribunal del Santo Oficio se convirtió en el principal blanco del gentío en 1820, lo que demuestra que había aumentado el resentimiento social hacia la institución y su identificación con el Antiguo Régimen fruto de la subyugación del Tribunal a los intereses políticos de la monarquía durante el Sexenio. El incremento de la actividad represora dirigida hacia la persecución de ideas y prácticas asociadas al liberalismo sentenció una Inquisición decadente, obsoleta e incapaz de despertar los miedos de antaño. La reacción absolutista de Fernando VII después de la Guerra impidió que los liberales retomaran la idea de restablecer los Tribunales de Fe, una suerte de tribunales eclesiásticos bajo el control del poder legislativo, aprobados por las Cortes de Cádiz. La práctica inquisitorial durante el Sexenio demostró que un tribunal eclesiástico en manos del poder político podía convertirse en un instrumento represor de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El final de la representación corporativa: Junta de Gremios, Colegios y Fabricantes (1817)
El fracaso del pronunciamiento de Luis Lacy y la noticia de su encarcelamiento en los calabozos de la torre Sant Joan de la fortaleza de la Ciudadela corrió como la pólvora entre los barceloneses. Luis Lacy se dirigió a su amigo Ramón Sala para que movilizara el patriciado barcelonés con la finalidad de presionar al capitán general y al gobierno para conseguir su liberación o al menos una pena menor. La noticia había producido un fuerte malestar social en la ciudad, a lo que también contribuyó la petición de Lacy. Algunos miembros del patriciado de Barcelona solicitaron al capitán general permiso para que los representantes tradicionales de las clases populares (gremios, colegios profesionales y el cuerpo de fabricantes) se reunieran en la sede del gremio de los tejedores de velos94 en forma de Junta para dirimir cómo podían colaborar en aplacar los ánimos de la ciudadanía. Las sesiones de la Junta iniciaron el 16 de abril de 1817 con la presencia del alcalde mayor de la ciudad. Ese día los responsables del gremio de los sastres y el de los sombrereros entregaron en nombre de los allí reunidos una declaración de intenciones al alcalde en la que agradecían al capitán general que les hubiera permitido reunirse “para que éstos contribuyesen a la tranquilidad pública95” y se ponían a disposición del gobierno para encontrar una solución satisfactoria. Para ello solicitaban que les autorizaran a nombrar unos comisionados que representasen a todas aquellas corporaciones96. Con la debida autorización, se escogió a los cuatro representantes de la Junta97, a los que se les otorgaba autoridad para “auxiliar y cooperar a las disposiciones y operaciones del gobierno, empleando y gastando para ello cuanto consideren necesario, repartiéndolo proporcionalmente entre dichos colegios, gremios y fábricas98”. La Junta hizo público el motivo de su reunión, que era el de “hacer un sacrificio digno de las mismas, a favor del teniente general D. Luis Lacy. No ignoran Vds. que Cataluña debió su salvación al heroísmo de este guerrero99.” Los representantes dejaron claro que su objetivo no era poner en duda la causa abierta contra el general, pues se lo impedía la ley, pero sí acordaron dirigirse al monarca para “implorar su benignidad de que el caso sea susceptible100”. Esa misma tarde la Junta mandó una súplica como representantes “de cuarenta mil almas” para conseguir del rey “la primera gracia que le piden perdonando la vida al teniente general D. Luis Lacy, si resultase que con ella debiese expiar su extravío y error101.”
Tres años después, con el triunfo del liberalismo y cuando empezaba a configurarse una opinión pública desde las páginas de los periódicos favorable a la disolución de los gremios, los comisionados de aquella junta relataban a las Cortes las consecuencias que habían sufrido por firmar la súplica dirigida al monarca: el gobierno había ordenado que se les interrogara para que se averiguase “cuales eran las circunstancias y relaciones de los que habían firmado la representación y las del autor de ella” y también habían recibido insultos en “parajes públicos de esta ciudad por personas de mucha distinción, diciéndonos, que debíamos sufrir igual castigo al que se daría al general Lacy102”. Los comisionados resolvieron resignarse ante aquella situación y atribuyeron su fracaso a la incapacidad de los gremios del resto de ciudades de la monarquía para organizarse y oponerse a la política represora de Fernando VII. Aquellos representantes afirmaron durante los primeras semanas del Trienio liberal que si el movimiento juntista se hubiera extendido a las demás provincias, hubieran puesto freno al “crimen ministerial de aquellos tiempos” y “no habrían perecido tantos guerreros en el suplicio, ni habrían sido tantos los dignos diputados de Cortes que lanzados en los presidios y en reclusiones horrorosas, han estado sufriendo hasta ahora todo el peso de la barbarie103”. La formación de la junta demuestra que en Barcelona todavía se mantenía vivo el recuerdo de la práctica política tradicional de representación de las clases populares a través de los gremios y colectivos profesionales. La formación de juntas de esta índole era una práctica política que se remontaba a mediados del siglo XVIII y había llegado a su cúspide en los primeros años de la Guerra de la Independencia, cuando esta forma de representación consiguió encauzar los conatos revolucionarios de las clases populares, integrando a sus representantes en las juntas locales.
Aquel abril de 1817 la junta era una práctica política consuetudinaria que ofrecía un canal de negociación entre los representantes tradicionales de las clases populares y medias, y las autoridades borbónicas104. Pero el gobierno de Fernando VII se negó a reconocer a la junta como órgano representativo de aquel mundo barcelonés alejado de las instituciones, por lo que eliminó una forma de gestión tradicional del conflicto que se remontaba a mediados del siglo anterior. Durante el Sexenio, Fernando VII se convirtió en el monarca que más poder concentró en sus manos, eliminando cualquier posible intermediario entre él y sus súbditos. El rey gobernó con mano de hierro y la concentración de poder en su figura, lo que le permitió acabar con los resquicios de representación política tradicional que habían sobrevivido en los reinados de sus predecesores. Fernando VII había considerado que aquellas prácticas políticas estaban en el origen de la revolución que se había desencadenado en sus territorios durante la Guerra de la Independencia, por lo que no estaba dispuesto a permitir su continuidad. Por otro lado, el fracaso de la Junta barcelonesa se basó en su incapacidad para que otras juntas se sumaran a su petición y en la dificultad de movilizar a las clases populares para que desafiaran abiertamente al gobierno. Aquella primavera de 1817 los gremios ya no tenían la autoridad sobre las clases populares de antes de la guerra, pues la revolución política precedente les había desautorizado como espacios de representación política de una parte de la ciudadanía. Como apuntaban los mismos agremiados, apenas representaban un tercio de la población de Barcelona. La mayoría de la sociedad barcelonesa no se sentía representada por los gremios, colegios y fabricantes, considerándolos formas anacrónicas, y abogaba por formas de representación política modernas como las postuladas por los liberales. De este modo, la creación de la junta barcelonesa fue el canto del cisne de la capacidad movilizadora de los gremios y demás corporaciones profesionales. Los barceloneses no se conformaban en temperar los efectos de la represión monárquica y querían asaltar el poder. Para ello eran necesarias las nuevas prácticas políticas como el pronunciamiento y la formación de juntas que representaran al conjunto de ciudadanos sin que se les segmentara socialmente. En los meses que precedieron el triunfo de este, el capitán general Castaños intentó resucitar la Junta de Gremios, Colegios y Fabricantes para que le aseguraran la tranquilidad pública, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues la mayoría de los representantes tradicionales había abrazado la causa liberal105. Durante los años de la Restauración se reforzó el autoritarismo monárquico sobrepasando los límites establecidos en los reinados borbónicos precedentes, lo que comportó la eliminación de la representación corporativa de los grupos sociales sin presencia en las instituciones borbónicas, lo que supuso el fin de los canales de negociación tradicionales entre las autoridades y aquellos colectivos.
Conclusiones.
La Restauración en la monarquía española significó una mayor concentración de poder en manos del rey, quien subvirtió el orden legal anterior a la Guerra de la Independencia con la finalidad de establecer un régimen contrarrevolucionario que se reafirmaba a través de su capacidad represora. La modernización de la monarquía en un sentido reaccionario se basó en el incremento de la instrumentalización política de la Inquisición, en la uniformización legal de la justicia, en la eliminación de las formas de representación corporativa, en la ruptura de todo el sistema de lealtades y legitimaciones vinculadas al monarca de Antiguo Régimen106, y en el mantenimiento de un residual espacio público con la finalidad de afianzar y perpetuar la popularidad de la monarquía y el rey. Por todo ello, durante la Restauración se transformó la monarquía española, aunque no lo hizo como en otros países europeos como Francia mediante la configuración de un régimen político que pudiera ser interpretado como una transacción pactada entre reaccionarios y revolucionarios.
La celebración del primer año de la victoria contra las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia y la conmemoración de las víctimas, convertidas en mártires de la resistencia, abrieron el espacio público a los eclesiásticos, erigidos en forjadores de la memoria la de guerra. La proliferación de discursos entre marzo y diciembre de 1815 puso de manifiesto la aspiración de una parte de los súbditos de Barcelona, representados por Manuel Casamada, de que la monarquía y la iglesia impulsaran una serie de reformas basadas en el retorno a las leyes o constituciones de la Corona y el espíritu primitivo del catolicismo. Aquellos discursos cargados de retórica religiosa que incitaban a la reforma desaparecieron gradualmente en 1815, en la medida que resurgía la amenaza del liberalismo revolucionario a través del regreso de Napoleón Bonaparte a Francia con el Imperio de los Cien Días.
Las esperanzas depositadas en Fernando VII por los reformistas o los liberales moderados se disiparon en los primeros años del Sexenio Absolutista, cuando se incrementó la persecución y represión de los liberales en el ejército, y se eliminaron las oportunidades en las que los eclesiásticos pudieran manifestar su discrepancia o heterodoxia con el reaccionario y represor régimen monárquico de la Restauración. El autoritarismo de Fernando VII se sustentaba en su enorme popularidad107, que amagó la debilidad de un régimen absoluto que destruyó los canales de negociación de la política tradicional sin ofrecer una alternativa institucional que permitiera resolver los conflictos sociales que surgían en el espacio local y provincial. El gobierno absoluto del rey acrecentó la represión contra los militares que profesaban ideas liberales, lo que debilitó el régimen absoluto a raíz del rápido aumento del número de desafectos en el estamento militar. La extensión del descrédito del gobierno quedó patente en las continuas conspiraciones del Sexenio, que estuvieron lideradas por los escalafones más altos de la jerarquía militar que pocos años antes habían sido consagrados como héroes en el altar de la patria. La impopularidad del gobierno fue en aumento y se reflejó en la pluralidad ideológica y social de sus desafectos, pues los intentos de pronunciamiento cada vez tenían tramas civiles más extensas y, como ha explicado Claude Morange, algunos conspiradores como los del plan Beitia prefirieron abandonar la reivindicación de la Constitución de 1812 para proponer una “Acta Constitucional” más moderada basada en el liberalismo doctrinario con la finalidad de conciliar el liberalismo moderado y alos antiguos josefinos108, partidarios de José Bonaparte109. La intransigencia del absolutismo monárquico debilitó el régimen de la Restauración y cimentó la unión de acción entre los liberales, lo que aseguró el triunfo del régimen liberal a través del pronunciamiento de Rafael del Riego.