Problemas de enfoque en torno a la movilización social en la transición a la democracia en Argentina, c. 1979-1983\*.
Luciano ALONSO Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
Con seguridad que las discusiones sobre la transición a la democracia en Argentina cuentan ya con una literatura especializada, mayormente producida en el campo de la ciencia política y luego ampliada a distintas disciplinas y especialidades1 . Sin embargo, se presentan en esos abordajes una serie de cuestiones que merecen nuevas miradas.
En principio, aquello mismo que recibe el nombre de transición a la democracia es un objeto elusivo, difícil incluso de definir. Y ello no sólo porque, como lo recuerda Dominick LaCapra, toda historia es historia en tránsito –incluso la historia entendida como historiografía– y en eso consiste precisamente la historicidad2 , sino muy particularmente por la identificación de aquello que se denomina democracia y la consecuente definición del momento en el cual se habría llegado a ella. Para la mayor parte de los abordajes politológicos, la salida a ese dilema estuvo resuelta mediante la definición de la democracia como un procedimiento3 . Ello conllevó la postulación de su logro el 10 de diciembre de 1983, cuando asumieron las autoridades gubernamentales de los niveles nacional, provincial y municipal del Estado emergentes de las elecciones realizadas el 30 de octubre anterior. Pueden presentarse variantes, como la consideración preferente de un momento en que hubo elecciones de renovación de
1. V. g. Marcelo CAVAROZZI, Autoritarismo y democracia, Buenos Aires, Ariel, 2006; José NUN y Juan Carlos PORTANTIERO, (comps.), Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur, 1987; Hugo QUIROGA, El tiempo del “Proceso”. Conflicto y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983, Rosario, Fundación Ross/Homo Sapiens, 2004 $( 2 ^ { \mathsf { a } } )$ ; Marcos NOVARO y Vicente PALERMO, La dictadura militar, 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003. La concepción procesual de la transición a la democracia y su carácter incierto ya fue planteada por Guillermo O’DONNELL, Philippe SCHMITTER y Laurence WHITEHEAD (comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario, Barcelona, Paidós, 1994 (primera versión en inglés de 1986).
2. Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 15.
3. Como lo ha demostrado Cecilia LESGART, la propia idea de transición a la democracia y las connotaciones de las nociones de democracia política o democracia representativa se fueron construyendo en procesos intelectuales marcados por la experiencia de la brutal violación de derechos fundamentales y por la revisión de las concepciones progresistas y de izquierda. La revalorización de la democracia política y la producción de la idea de una transición no pueden ser caricaturizadas, pero supusieron en gran medida un cierre de las posibilidades de análisis en el sentido que se apuntará más adelante (“Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del ochenta”, Estudios Sociales, n. 22-23 (2002)).
cargos para dar continuidad a un sistema político (1985) o aquel donde un presidente electo por el voto popular fue reemplazado por otro de igual carácter (1989). Pero en todos esos casos el parámetro para definir la transición es la institucionalidad dada por el texto constitucional y la aplicación de un sistema electoral legalmente consagrado. Hay también debates en función del momento en que puede ser detectado el inicio de la transición, que llegó canónicamente a ser considerada casi unilateralmente un efecto de la derrota del Gobierno dictatorial en la guerra de Malvinas, pero que en los análisis más finos aparece vinculada con el diálogo político abierto con la presidencia de Roberto Eduardo Viola en $1 9 8 1 ^ { 4 }$ . Cualquiera fuese el parámetro que se tome, mientras se piense al objeto transición a la democracia desde los aspectos formales del sistema político, éste aparecerá como un movimiento del Estado entre dos estados, al modo de dos fotos fijas: la institucionalidad dictatorial y la institucionalidad constitucional.
El inconveniente de estos criterios es que suelen ocluir otras dimensiones de análisis. Aun reconociendo el peso de la política institucional para la consideración de la democracia, hay que destacar los inconvenientes que conlleva su definición como un procedimiento de selección de autoridades y no como un régimen de organización de la vida pública5 , no solo en lo que hace al plano ético-político sino incluso en el de los abordajes disciplinares. Todo un complejo de interacciones y conflictos anclados en lo social o en lo cultural queda opacado por esa preponderancia. A su vez, esas restricciones temáticas tienen un correlato en las restricciones temporales. Como lo señala Waldo Ansaldi a propósito de la necesidad de una consideración plural de los procesos de construcción democrática en el Cono Sur, las decisiones categoriales tienen efectos concretos sobre las periodizaciones que pueden proponerse a partir de ellas6 .
Podríamos recordar aquí las palabras de LaCapra: si el desarrollo temporal es un continuo siempre cambiante, si constantemente estamos en tránsito entre momentos que pueden tener mayor o menor significación en función de distintos criterios de clasificación, quizás debamos pensar en procesos no conclusivos, en trayectos de cambio superpuestos, entrelazados y encadenados. Incluso podríamos suponer que más fructífero que pensar en términos de democracia es hacer lo propio en términos de democratización, lo que Charles Tilly concibió como un proceso conflictivo de interacción permanente entre demandantes y contra-demandantes que tiende a ampliar la participación, disminuir las desigualdades categoriales e impulsar consultas con relación a las autoridades y sus políticas públicas7 .
Si estas consideraciones son atendibles, entonces el objeto transición a la democracia en Argentina podría ser trabajado desde distintos enfoques y categorías, que dieran por resultado diversos recortes temporales. En esa senda, el presente texto propone ver a los procesos de movilización social del período 1979-1983 como aspectos capitales de la transición a la democracia desde la última dictadura argentina y a los movimientos sociales –más o menos institucionalizados– como actores políticos en los procesos de democratización. Esta mirada puede además ser congruente con algunas tendencias que actualmente proponen concebir la transición a la democracia como un proceso indeterminado8 , y en consecuencia apreciar la subjetivación política de distintos colectivos en el mismo transcurso temporal.
Sin embargo, es conveniente evitar caer en una actitud inversa, que sobrevalore el papel de los agentes colectivos como el movimiento obrero o el movimiento por los derechos humanos, concebidos en ocasiones como motores de la transición más que como actores privilegiados. Para considerar las posibilidades y limitaciones de un enfoque situado en el derrotero de los movimientos sociales, se proponen aquí dos momentos de reflexión sobre el período abierto hacia 1979-1980 que concluiría en 1983 con la debacle del poder militar. Primero, uno asentado sobre fuentes secundarias que da cuenta de las transformaciones de lo que en términos de las teorías de los movimientos sociales se define como la “estructura de oportunidades políticas”9 . Segundo, la fijación a modo de ejemplo en los derroteros del movimiento de derechos humanos en función de estudios particulares sobre su desarrollo, para apreciar sus posibilidades y limitaciones para influir en las agendas pública y, a la postre, en la misma institucionalidad republicana reestablecida el 10 de diciembre de 1983.
Movilizaciones plurales, de las resistencias antidictatoriales a la democratización.
De todas las instancias de movilización social capaces de resistir a las autoridades dictatoriales y a sus políticas de embate contra las clases trabajadoras10, fueron sin dudas las organizaciones sindicales las más poderosas y de mayor impacto11. Se registraron ya intensos aunque también limitados debates entre científicos sociales e historiadores a propósito de la situación del movimiento obrero. Como lo destacara Andrés Carminati, lo que ha quedado en cierto modo saldado es la discusión sobre la supuesta “inmovilidad” de la clase trabajadora:
Prácticamente todos los estudios que han avanzado con evidencia empírica sobre el período han demostrado las múltiples formas de “resistencia” obrera. En todo caso quedaría pendiente el debate sobre su significación e importancia 12.
La colaboración empresarial con las fuerzas represivas, la eliminación de los cuerpos de delegados, la intervención o disolución de sindicatos y la política de terror contra los trabajadores no alcanzaron para eliminar las resistencias obreras. Pero sí tuvieron como evidente resultado la práctica desaparición de un sindicalismo clasista y la necesidad de reinventar los repertorios de confrontación. En fábricas emblemáticas por su posición estratégica en los procesos productivos y por la fortaleza de los representantes obreros, la pauta general fue la de debilitar, cuando no eliminar la organización gremial, disciplinar a la fuerza de trabajo y asegurar el incremento de la productividad. Las empresas dispusieron de un amplio abanico de posibilidades para desalentar los reclamos laborales o incluso desembarazarse de los empleados y delegados que les resultaban molestos13.
En ese contexto, la evolución de los conflictos no siguió una secuencia lineal, sino que se caracterizó por un “curso errático”14. Pero pronto la caída de los salarios reales posibilitó la eclosión de movimientos de protesta, muchas veces carentes de coordinación. Hubo momentos de conflictividad laboral abierta hacia septiembre de 1976 y en junio, septiembre, octubre y noviembre de 1977, destacados por la literatura especializada como oleadas de huelgas desarticuladas o focalizadas de corta duración, pero de importante extensión en cuanto al número de empresas y de trabajadores involucrados. Se desarrollaron también nuevos métodos de lucha que no dieran justificativo al ejercicio de la represión o que resguardaran la identificación de los activistas de empresa15.
Pese al carácter claramente clasista de las intervenciones militares y patronales contra sindicatos y trabajadores, las organizaciones del movimiento obrero establecieron relaciones complejas con las agencias estatales. Así como hubo quienes fueron víctimas del exterminio planificado, hubo también dirigentes y entidades gremiales que establecieron vínculos estrechos con algunos sectores del régimen. Los sindicatos siguieron funcionando, sea como representantes de los trabajadores, sea como administradores de bienes y servicios, y muchos de ellos no fueron intervenidos en todo el período dictatorial16.
Hacia 1977-1979, los alineamientos sindicales culminaron en un escenario en el cual las organizaciones nacionales se agruparon en dos grandes nucleamientos: uno dialoguista o participacionista que llegó a pensarse como la pata sindical del régimen, y el otro más combativo o confrontacionista. El primero se reunió en la Comisión Nacional del Trabajo (CNT), luego transformada en Confederación General del Trabajo (CGT) sector Azopardo. El segundo se organizó en la Comisión de los $2 5 \ \mathrm { y }$ más tarde daría origen a la CGT sector Brasil. Fue este último agrupamiento el que a partir de 1979 impulsó una serie de acciones contra la orientación económica de la dictadura y en reclamo de una apertura política. El 27 de abril convocó a la primera huelga general del período dictatorial, que si bien no tuvo alcances masivos mostró la capacidad de recomposición del sindicalismo justicialista. Para ese año ya se estaban haciendo sentir los efectos desindustrializadores de la política anti-inflacionaria, basada en una liberalización de las importaciones y una apreciación del peso frente a otras monedas, con lo cual se hizo evidente una constante caída del volumen físico de producción y empleo que fue erosionando los consensos, incluso dentro de las clases medias y propietarias.
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Las consideraciones tácticas hicieron prevalecer algunos formatos sobre otros y fue dominante la representación de los trabajadores en el marco de un Estado de conciliación de clases. Por otra parte, se presentó una articulación compleja entre las bases trabajadoras y las dirigencias gremiales: si bien en algunos casos la presión de las primeras impulsó la acción de las segundas, hay que registrar también que algunas conducciones participacionistas o dialoguistas mantuvieron conflictos de importancia con el régimen militar en defensa de un modelo de sindicalismo que manejaba ingentes recursos en concepto de servicios sociales y participaba de los directorios de empresas estatales17.
Desde 1980 y durante todo 1981, el Gobierno dictatorial sufrió un acelerado desgaste, estrechamente vinculado con el desarrollo negativo de la economía. Según los datos que posteriormente daría a conocer el Banco Central de la República Argentina, la inflación acumulada de ese último año llegó al $1 3 0 { , } 3 \%$ –la mayor del mundo–, combinada con una declarada y prolongada recesión. El producto bruto interno cayó un $6 \%$ y el ingreso per cápita fue un $0 { , } 6 6 \%$ inferior al de $1 9 7 0 \mathrm { ~ y ~ } 8 { , } 6 0 \%$ inferior al de 1977. Se retrajo la producción manufacturera en un $1 4 \%$ , mientras la balanza comercial pasó a ser deficitaria. En ese contexto, la CGT Brasil convirtió la tradicional procesión a la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, en una manifestación en contra de la dictadura bajo el lema Paz, pan y trabajo. Aunque no fue la primera reunión pública de importancia en oposición a las políticas del Gobierno militar, el suceso tuvo gran trascendencia por su masividad: no menos de veinte mil personas marcharon por las calles del barrio porteño de Liniers coreando masivamente “se va a acabar/ se va a acabar/ la dictadura militar”.
A la debacle económica se sumaban las disensiones internas de la cúpula castrense, que se saldaron temporalmente con la destitución del presidente Roberto Viola, su reemplazo por Leopoldo Galtieri y la afirmación de una política económica ortodoxa dirigida por Roberto Alemann. La CGT Brasil convocó una manifestación para el 30 de marzo de 1982 a la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, que se replicó en localidades del interior y tuvo un impacto notable en los medios de comunicación. Durante varias horas las columnas obreras confrontaron físicamente con las fuerzas represivas en distintas zonas de la capital, mientras empleados y vecinos de clases medias arrojaban objetos contra los uniformados desde los edificios céntricos. La jornada se saldó con centenares de heridos, un número indeterminado de detenidos que fue ponderado en miles por distintos medios y un muerto en la ciudad de Mendoza. Al día siguiente, la evaluación general era que la dictadura había entrado en su fase final. La toma de las islas Malvinas el día 2 de abril –prevista en una operación iniciada días antes– dio aún aire al régimen, pero como es conocido su derrota militar aceleró el proceso ya iniciado.
Entretanto, los sindicatos reunidos en la Confederación Nacional del Trabajo y otros afines pasaron por distintas instancias organizativas y cultivaron un perfil dialoguista, que evitaba en todo lo posible la realización de huelgas y priorizaba los acuerdos con los interventores militares y las patronales. En 1982 esos sindicatos conformaron la CGT Azopardo, que pudo instalarse gracias al aval dictatorial en el edificio histórico sito en esa calle porteña. En consecuencia, el sindicalismo argentino quedó claramente dividido a nivel nacional en dos grandes agrupamientos, aunque tal diferenciación no se reflejó en un alineamiento estricto de los distintos sindicatos en todas sus sedes. Se dieron casos de gremios nucleados en un agrupamiento a nivel nacional y partícipes de su opuesto en algunas provincias, en función de solidaridades o conflictos locales18.
El incremento de la conflictividad social llevó no solo a una mayor confrontación de la CGT Brasil con las autoridades, sino incluso a la convocatoria de una huelga general por la misma CGT Azopardo para marzo de 1983, la cual tuvo un alto impacto por la importancia numérica de los gremios involucrados y el descrédito general del Gobierno militar para ese momento. En el proceso de transición al régimen constitucional, se fue reagrupando el sindicalismo bajo las tradicionales conducciones peronistas, que ya habían expulsado del partido y de las organizaciones de trabajadores a aquellos que sostenían un credo revolucionario. La posterior confluencia en una única Confederación General del Trabajo de la República Argentina mostraría la unidad del sindicalismo peronista frente al Gobierno del radical Raúl Alfonsín inaugurado en diciembre de 1983, pero a la par se desplegarían nuevas formas de lucha centradas en comisiones de fábrica, como parte de un proceso de (re)democratización de las estructuras sindicales y de la relación entre trabajo y capital.
Es difícil suscribir sin más la lectura de Pablo Pozzi según la cual fue la resistencia de la clase obrera la que determinó el fracaso de la dictadura. Desde ya, habría que discutir si la dictadura fracasó y al menos tener en cuenta la desafección de las clases medias de la mano de la debacle económica. Pero sin dudas la recomposición de una oposición sindical a los planes económicos y a la continuidad política del gobierno militar fue un elemento de principal importancia para abrir la etapa de la transición. La resistencia molecular o resistencia en los lugares de trabajo fue preponderante frente a la represión y la desarticulación institucional hasta 1979-1980, siguiendo luego una oposición más abierta y un mayor recurso a las huelgas sectoriales y generales, aunque en ese proceso se diluyeron las alternativas clasistas a las conducciones justicialistas tradicionales, salvo en escasos lugares de trabajo o delegaciones locales.
La inflexión de las luchas obreras de 1979-1980 fue acompañada de un proceso mucho menos visible y normalmente poco estudiado en el ámbito historiográfico argentino, que fue el de la formación de organizaciones territoriales. En ocasiones asociadas a la influencia de agentes provenientes de sindicatos o de la tradición del movimiento villero predictatorial, aunque quizás más vinculados con un nuevo protagonismo de jóvenes y mujeres y con la incidencia de comunidades eclesiales, esos agrupamientos se orientaron a la toma pacífica de tierras y la erección de asentamientos o urbanizaciones precarias. La política dictatorial de erradicación de villas de los lugares con mayor visibilidad mediática y turística y de la propia ciudad de Buenos Aires creó condiciones de posibilidad para la eclosión de nuevas formas de resistencia, que dos décadas después tendrían importancia en la configuración de nuevos actores.
ALONSO Movilización social en la transición argentina
populares19. Sin embargo, esos nuevos agentes no fueron aún relevantes, en vistas de una correlación de fuerzas en la cual los trabajadores sindicalizados seguían estando en el eje de la puja por la distribución de la riqueza. En ese caso, es difícil pensar en un impacto directo de las acciones colectivas en la estabilidad del poder militar.
Por otra parte, la misma posibilidad de actividades de resistencia inscriptas en el plano cultural y de su consideración como acciones colectivas contenciosas fue motivo de debates en la tardodictadura y en los primeros años del Gobierno constitucional. Contra una visión del campo cultural como tierra arrasada que presentaban algunos intelectuales, emergió la concepción de una lucha soterrada, que se afirmaba en los márgenes para escapar de la censura y crear espacios autónomos20. Con el tiempo, se publicaron estudios sobre los desarrollos literarios y las revistas alternativas, las prácticas en las artes plásticas y en el teatro o las vanguardias artísticas en general, aun cuando esas temáticas están lejos de haberse agotado. Lo que sí es evidente es que la organización de ciertas actividades culturales puede ser comprendida en términos de movilización social en el campo de la cultura, aun con las limitaciones de su accionar en los márgenes del control dictatorial y con la especial fluidez de los colectivos artísticos. Probablemente las palabras actuales de un director y actor de provincias en una jornada de debate sobre el teatro local muestren cabalmente esas tensiones:
yo creo que el teatro, a nivel país, fue de una gran pasión a pesar del proceso militar. Porque nos molestaban pero nos dejaban trabajar. […] Nosotros hacíamos una obra más livianita cuando venía la censura a controlarnos. […] nos juntábamos para hacer festivales de teatro que eran cosas muy peligrosas de hacer, en ese momento. Incluso había algunas obras de teatro en las que nosotros salíamos de la sala de miedo. Porque había grupos –como los tucumanos– que traían obras que eran directamente panfletos en pleno gobierno militar. […] No éramos muy héroes, te digo, porque, en verdad, no corríamos riesgos. Pero no podíamos decir otra cosa en ese momento21.
La consideración de variadas actitudes que no encajan con la representación actual que se tiene de la vida en dictadura puede habilitar la consideración de un distanciamiento entre los agentes del campo cultural y las autoridades dictatoriales. Sin que necesariamente se planteara una política de resistencia ni la conformación de espacios clandestinos, muchas prácticas y discursos presentaron posicionamientos divergentes, disidentes u opositores. Las discusiones sobre la pertinencia de la categoría de resistencia cultural en concepciones como las traídas de la historiografía alemana sobre el nazismo o la matización entre resistencia, oposición y disidencia, muestran las dificultades de ponderar esas actividades22.
Además de la oscilación de algunos agentes entre posiciones adaptativas u opositoras, con o sin el acompañamiento de autoridades a veces más preocupadas por concretar actividades culturales que por las indicaciones de un gobierno de por sí fragmentado, el campo artístico se mostró progresivamente crítico en cuanto a las formas de la censura23. Fue también receptivo a los reclamos pro derechos humanos. El vínculo más evidente con esas luchas se dio en los últimos años de la dictadura, cuando en la ciudad de Buenos Aires se estableció una relación estrecha entre agentes culturales y organismos de derechos humanos. Los ejemplos más acabados fueron las obras de Teatro Abierto desde 1981 o la utilización de medios plásticos para trazar siluetas de cuerpos en las manifestaciones de 198324.
El movimiento por los derechos humanos en la transición.
La más superficial de las comparaciones entre las diversas experiencias dictatoriales latinoamericanas induce a plantear el interrogante relativo a la excepcionalidad argentina de un movimiento social de defensa de los derechos humanos conformado entre el final del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y los inicios de la dictadura militar. Una diferencia sustancial de ese agente colectivo respecto de anteriores experiencias en ese campo fue que, mientras las organizaciones previas estaban vinculadas a partidos políticos o agrupaciones político-militares, las nuevas conformaron una identidad diferente en torno a la noción de derechos universales. En el proceso de confrontación con las agencias estatales y de reclamo de verdad y justicia respecto de los asesinatos, prisiones, torturas y muy especialmente de las desapariciones forzadas, los nuevos organismos de derechos humanos se vieron a sí mismos como un conjunto distinto de otros agentes sociales o políticos25.
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Las primeras acciones conjuntas se limitaron a la presentación de recursos de hábeas corpus, las gestiones ante autoridades gubernamentales y agentes que pudieran mediar para la obtención de datos, la presentación de cartas y petitorios, la circulación de información entre los familiares y la presencia en servicios religiosos en los que se pudiera difundir de alguna manera lo que estaba ocurriendo. En el caso de los detenidos en cárceles de acuerdo con la legalidad dictatorial, hubo una especial preocupación por sus condiciones, la búsqueda de mediadores para gestionar su libertad o la opción de salida al exterior26 y gestiones sobre régimen de visitas, amén de los recursos judiciales usuales y del pedido de intervención de la Cruz Roja Internacional27. Las peticiones de información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos publicadas en la prensa gráfica fueron un modo de alertar sobre la situación, pero no presentaban un reclamo colectivo, que recién sería visible con la publicación de solicitadas en los diarios capitalinos.
Para 1977, Argentina ya era considerada internacionalmente como un país donde se violaban gravemente los derechos humanos, en gran medida gracias a las campañas de denuncias emprendidas por exiliados y por diversas organizaciones políticas28. Al tiempo, varios gobiernos europeos e instituciones internacionales presionaban en diversas formas y grados para obtener respuestas sobre los efectos de la represión. Ni siquiera el alineamiento con los Estados Unidos de América podía evitar las presiones sobre el gobierno militar, surgidas durante la administración Carter, toda vez que su política de derechos humanos se presentaba como un elemento central en la confrontación ideológico-política con el bloque soviético.
El año 1978 fue importante para el movimiento social, pues adquirió visibilidad pública en la zona capitalina, tanto por su mayor capacidad de movilización como por el hecho de que el gobierno dictatorial debiera morigerar la represión de familiares y defensores de los derechos humanos en función del clima de denuncia internacional y de la realización en Argentina del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA29. Las rondas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo cobraron mayor importancia; en mayo los periódicos argentinos publicaban la primera solicitada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Buenos Aires (APDH), con los nombres de
2.500 desaparecidos; y en noviembre se iniciaban las presentaciones colectivas con un reclamo por 1.542 casos ante la Corte Suprema de Justicia30.
Correlativamente fue creciendo en el interior del país una pluralidad de formas de movilización, a veces con notables diferencias respecto de la zona capitalina. Los agrupamientos que se reprodujeron con más asiduidad en función de una organización nacional fueron la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la APDH y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). En cambio, respecto de las agrupaciones de afectados directos la única que tuvo una amplia extensión territorial y se conformó como una gran red de entidades autónomas fue Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Madres de Plaza de Mayo, agrupación emblemática en la lucha frente al terror estatal, no consiguió replicarse más que en escasas localizaciones pese a su política de extensión hacia finales de la dictadura, e incluso tuvo discrepancias locales con sus modos de organización y acción, como las de Madres de Detenidos-Desaparecidos de Tucumán o Familiares de Santa $\mathrm { F e } ^ { 3 1 }$ .
Pese al apoyo dado al Gobierno militar por la Conferencia Episcopal, en algunos casos el papel de agentes encuadrados en la Iglesia Católica tuvo principal importancia. Sin dudas, la mayor parte de los integrantes de congregaciones católicas o miembros del clero secular perseguidos y asesinados durante la dictadura estaban vinculados a acciones en defensa de derechos conculcados –aunque no necesariamente en coordinación con agrupamientos específicos32. Hubo agentes católicos que brindaron apoyos soterrados y que conjuntamente con las iglesias protestantes tendieron relaciones con los organismos de derechos humanos33.
Hacia 1977-1979 ya existía una red de agrupamientos diseminados en las principales capitales de provincia, que dieron un salto organizativo con la presentación de denuncias ante la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese último año y comenzaron a ganar visibilidad pública a partir del temprano caso de las manifestaciones en Neuquén desde 1980. Por fin, mientras en la zona capitalina cada agrupación mantenía una identidad y un funcionamiento bien diferenciados respecto de las demás, en las localidades del interior lo más frecuente era que todos los organismos trabajaran en conjunto e incluso que compartieran sus sedes. Se daba así la situación paradojal de que en localizaciones en las cuales tenía menor desarrollo, el movimiento de derechos humanos conformaba un agente colectivo más unificado.
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Amén de comenzar a ser escuchado en foros internacionales, el movimiento acrecentaría su impacto con la misión de la CIDH en 1979. Si bien todos los organismos capitalinos participaron de las actividades para garantizar la recolección de las denuncias, la APDH, la Liga y Familiares tuvieron en esa ocasión una destacada actuación al coordinar la asistencia de afectados del interior del país, lo que significó un salto en las capacidades y en las estructuras organizativas del movimiento34. Aunque de parte de la representación de los Estados Unidos hubo acciones de bloqueo o freno de las denuncias y la Organización de Estados Americanos (OEA) no produjo una condena al régimen argentino en noviembre de 1980, al escuchar el informe de la CIDH, tanto esa actividad como las declaraciones ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) habían instalado el problema en los más altos niveles de las estructuras de Estado supranacional y en el centro del sistema mundial. Al tiempo, la denuncia de los crímenes dictatoriales ya permeaba a la misma sociedad argentina.
El Gobierno militar desplegó una serie de estrategias de contención ante el fracaso en controlar las acciones de la CIDH y la posición ambivalente de distintas agencias estatales de los Estados Unidos y de otros países occidentales que ejercían presiones en la materia. Por un lado mantuvo su actitud represiva, claramente ejemplificada con el allanamiento y clausura del local central de la LADH, donde se secuestró la documentación que reunía Familiares y que tenía copia de resguardo. Por otro lado, intentó atenuar las presiones internas e internacionales con la sanción de la Ley 22.068 del 12 de septiembre de 1979, que establecía la Presunción de Fallecimiento por Desaparición y que no solo fue criticada por los organismos de derechos humanos, sino también por la misma OEA. En el mismo mes hizo su aparición en una entrevista con el ministro del Interior Albano Harguindeguy a la que se daría difusión internacional una efímera Liga Argentina de las Víctimas del Terrorismo, representada por Hebe Susana de Berdina, Eduardo Padilla Fox y Rafael La Porta Drago35. Por fin, en el marco del acuerdo logrado por la fracción politicista del régimen para iniciar un diálogo con fuerzas políticas y sociales, el Gobierno presentó el 19 de diciembre de ese año las Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional, intentando en todas las negociaciones que se asumiera a libro cerrado lo actuado en la “lucha antisubversiva” y no se revisaran las violaciones a los derechos humanos36.
Como se ha dicho, para 1980-1981 era visible el desgaste del Gobierno dictatorial, estrechamente vinculado con el desarrollo negativo de la economía y la creciente movilización social y política. La formación en julio de 1981 de la Multipartidaria –concertación de cinco partidos políticos parlamentarios: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y la Federación Demócrata Cristiana– marcó el punto de recomposición de una oposición que abogaba por el retorno al Estado de derecho frente al ensayo aperturista del Gobierno presidido por el general Roberto Eduardo Viola. Pero también es cierto que la dictadura mantenía fuertes apoyos sociales. Un amplio espectro de entidades de distinta índole convalidaba sin reservas lo realizado por las Fuerzas Armadas, como era el caso de la gran mayoría de las cámaras empresariales, el Colegio de Abogados de Buenos Aires y los partidos de derecha. A su vez, un abanico no menos extendido, que iba de la Iglesia Católica a la conducción de la Unión Cívica Radical y a sectores del peronismo, reivindicaba lo actuado, aunque criticaba los excesos y las prácticas abusivas y arbitrarias37. Las fisuras de ese segundo frente, corporizadas en algunos obispos como Novak –de Quilmes–, Hesayne –de Viedma– y De Nevares –de Neuquén– y visibles en las tempranas declaraciones de Raúl Alfonsín –entonces en minoría dentro de la Unión Cívica Radical– fueron de gran importancia para brindar espacio social a las críticas de las organizaciones de derechos humanos y de algunos partidos de izquierda y centro-izquierda, que en el planteo de Hugo Quiroga se corresponderían con un tercer sector claramente posicionado contra la dictadura. La estructura de oportunidades políticas había cambiado en tanto no se abatía una represión de importancia contra los organismos defensores de derechos y en el frente interno crecían los reclamos ante las evidencias sobre la magnitud del exterminio y los métodos utilizados.
Con el otorgamiento en 1980 del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel –responsable del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Argentina y América Latina–, la receptividad de los formatos de organización y acción de Madres a nivel latinoamericano y la consideración que recibía ese organismo en Europa, el impacto de los organismos de derechos humanos fue creciendo. Se coordinaron mejor las acciones de asistencia a detenidos y ex detenidos, así como a las familias de detenidos y desaparecidos, con dotaciones de ayuda económica y legal y la constitución de redes de apoyo. Crecieron las manifestaciones callejeras y las apariciones en prensa. El efecto combinado de las campañas exteriores, el financiamiento de organizaciones internacionales y la mayor apertura política interior crearon un clima propicio para el afianzamiento de las organizaciones.
ALONSO Movilización social en la transición argentina.
El fin del período más brutal del terror de Estado y la aparición de nuevas modalidades políticas todavía no estaba tan claro para algunos de los actores, aunque la misma participación en las organizaciones de derechos humanos otorgaba cada vez más un sentimiento de protección:
para 1980, 1981, hay una situación que ahora uno conociéndola a la distancia parece como que ya era tranquila. Sin embargo uno en 1980 todavía no sabía si estaba muy tranquila o muy segura. Digamos que había un margen de riesgo. No éramos suicidas; sabíamos que esto en otros lados se estaba haciendo y que no los mataban a los que se ponían a hacer esto. No es que uno se salió a jugar la vida ciegamente. Pero existían siempre algunas prevenciones. […] El hecho de estar organizados en un movimiento de derechos humanos a uno le daba cierta tranquilidad... no sé si era real o uno se lo imaginaba… pero... alguna realidad habrá tenido, ¿no es cierto? Porque había relaciones internacionales, la dictadura ya venía en descenso, ya en esa época38
1981 fue el año de despegue y ocupación de las calles por los organismos de derechos humanos a nivel nacional39, cuyas acciones culminaron en Buenos Aires con la primera Marcha de la Resistencia, el 9 de diciembre. La consigna convocante de ese acto fue la de Aparición con Vida de los detenidos-desaparecidos y los organismos de la zona capitalina manifestaron durante 24 horas con el acompañamiento de agrupaciones políticas, gremiales y estudiantiles.
La caída de Viola y la asunción de la presidencia por Leopoldo Fortunato Galtieri representaron para los organismos de derechos humanos un freno momentáneo. A la mayor represión de las movilizaciones convocadas por ellos y por el movimiento obrero a inicios de 1982, se sumó una nueva situación con la ocupación de las islas Malvinas y la subsiguiente guerra con Gran Bretaña. Compelido a presentar la cuestión de los desaparecidos desde una óptica forzadamente nacionalista para tratar de inscribir un reclamo parcial en la legitimidad de la empresa colectiva de todo el país40, el movimiento por los derechos humanos perdió bruscamente posiciones en el espacio público. Pero también es correcto advertir que el conflicto armado permitió a los organismos presentarse opuestos al recurso a la violencia, enfatizando el carácter de la nueva narrativa que difundían. Así, Madres Buenos Aires publicó pocos días después del hundimiento del crucero General Belgrano –cuando comenzó a percibirse a nivel de la opinión pública que la reacción británica tenía consecuencias en términos de vidas humanas– una solicitada en la cual afirmaban conocer “el dolor en profundidad por la ausencia de nuestros hijos ‘detenidos-desaparecidos’” y exhortaban “a los gobiernos responsables” a buscar una solución pacífica para evitar nuevos derramamientos de sangre 41.
El fin del conflicto bélico no solo clausuró las posibilidades de recomposición del poder militar frente a la resistencia de múltiples agentes, sino también relanzó al movimiento de derechos humanos. El carácter de la acción había cambiado en el proceso de estructuración del movimiento, de tal modo que si las acciones iniciadas en los momentos más terribles del terror de Estado eran puramente reactivas, su carácter se tornó cada vez más proactivo. En la tardodictadura, hacia inicios de 1983, el eje de los reclamos seguía lógicamente orientado a reparar las ofensas sufridas y retornar a un estado previo al daño, y el movimiento en su conjunto reclamaba por la “aparición con vida de los detenidos desaparecidos”, la “la restitución a sus legítimas familias de los niños secuestrados y nacidos en cautiverio” y la “inmediata libertad de todos los detenidos por razones políticas y gremiales”42. Pero los organismos iban progresivamente por más y exigían una reparación a sus ofensas. Ese traslado de los reclamos a materias cambiantes, que inicialmente estaban fuera del alcance del movimiento, se podía apreciar en la secuencia de consignas que vertebraban los discursos; a la inicial “Con vida los llevaron, con vida los queremos”, le había seguido la de “Aparición con vida”, para llegar en las postrimerías de la dictadura a “Juicio y castigo a todos los culpables”43.
Sin dudas, para fines de $1 9 8 2 \mathrm { ~ e ~ }$ inicios de 1983 el movimiento de derechos humanos se erigió como un símbolo de resistencia. Había logrado una importante centralidad y efecto, pese a ser integrado por relativamente pocas personas en comparación con otros agentes colectivos –como el movimiento obrero o los mucho más difusos y amplios agentes colectivos del campo cultural– y a estar muy desigualmente distribuido al interior del territorio nacional. La problemática que lo ocupaba se instaló ampliamente en el ámbito público, sus demandas iban a ser cada vez más escuchadas entre amplios grupos sociales y recogidas profusamente en los medios de prensa –aunque muy especialmente en los capitalinos, siendo mayoritariamente en los medios del interior reproducción de la información de agencias nacionales. Asimismo, se presentaba ante la sociedad y ante las autoridades unificado en sus reclamos y manifestaciones. Como lo ha destacado María Olga Ruiz, “sus diversos logros y el alto nivel de legitimidad y poder de convocatoria alcanzado, ofrecieron una imagen homogénea y uniforme del movimiento que logró disimular por algún tiempo las profundas diferencias existentes en su interior”44.
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Hacia 1982-1983, el movimiento en su conjunto se orientaba claramente a apoyar las presiones colectivas para dar fin a la dictadura y restaurar la democracia, con el horizonte de satisfacción de sus reclamos en el marco institucional republicano. Sobre todo a partir de la labor del CELS y de otros organismos se fueron ubicando fosas comunes y enterramientos individuales sin identificación, que prontamente pasaron a ser llamados tumbas NN en los medios de comunicación, y se individualizaron centros clandestinos de detención. Se debatía públicamente la necesidad de esclarecer el destino de los desaparecidos, sobre los cuales los políticos tradicionales de orientación derechista –como Víctor Martínez y Juan Carlos Pugliese– comenzaron a sugerir que debían estar muertos, y crecía la confrontación ante las declaraciones del general retirado Ramón Camps en enero de 1983 en el sentido de que no había desaparecidos con vida. Las exhumaciones, testimonios y declaraciones tuvieron un fuerte impacto en muchos de los integrantes de los organismos de afectados.
Además de atender a los elementos que comenzaban a fisurar la unidad del movimiento, también hay que observar que su centralidad política era relativa. Los partidos políticos parlamentarios, que habían participado de la construcción no sólo imaginaria sino incluso legal de la noción de un enemigo subversivo en el anterior Gobierno constitucional, criticaban la guerra sucia y reclamaban el esclarecimiento de las desapariciones, pero no hacían suyo el discurso de los agrupamientos de derechos humanos –con la excepción del Partido Intransigente–. A su vez, la exteriorización de un clima social de apoyo a sus demandas acompañaba a los organismos en una proporción y cantidad mucho menor que lo que suele suponerse. Hay que recordar que las movilizaciones cuantitativamente más importantes del período transicional no fueron las del movimiento de derechos humanos, sino por muy lejos las de los partidos políticos en la campaña electoral de 1983 e incluso las anteriores de la Multipartidaria y el movimiento obrero45. En ese sentido, es difícil sostener la idea de una “absoluta preeminencia”4 6 de las acciones del movimiento, aunque lograra una visibilidad privilegiada en el espacio público.
Hugo Quiroga ha sintetizado con precisión los hechos más importantes del acelerado impulso hacia un régimen político constitucional, que se había lanzado claramente con el levantamiento de la veda política en julio de 1982, la sanción del Estatuto de los Partidos Políticos y el llamado a elecciones de febrero de 1983:
un agitado clima antidictatorial que despierta fuertes reproches en las Fuerzas Armadas, el impacto que produce (en la sociedad, pero particularmente en sectores del peronismo y en el frente militar) la denuncia de un pacto militar-sindical formulada por Raúl Alfonsín, la concreción de dos paros generales, las divergencias militares por el tratamiento de la deuda de las empresas estatales y la ley de amnistía47.
La simple mención de esos problemas muestra que el peso que adquiría la cuestión de la violación a los derechos humanos por parte de la dictadura era creciente. Las exhumaciones de cadáveres, las primeras identificaciones de niños apropiados y los relatos de torturas dieron pie a una sucesión de publicaciones sobre el particular, mayormente censuradas por el Gobierno militar. Comenzaron a registrarse las primeras convocatorias judiciales a militares en causas referidas a desaparición de personas y para junio ya se había dictado prisión preventiva contra un personaje tan importante como el almirante retirado Emilio Massera. La promesa del Gobierno dictatorial de un informe sobre la lucha antisubversiva y la discusión sobre la posibilidad de una ley de amnistía pautaron la actividad de los organismos de derechos humanos en el transcurso de 1983, ya que involucraban directamente su reclamo de verdad y justicia. El 28 de abril se conoció el muy criticado Informe Final de la Junta Militar, mientras la Iglesia Católica llamaba a la “reconciliación” y los choques verbales con los organismos de derechos humanos crecían, en especial con la Asociación Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y La Plata. El problema de una posible amnistía fue un tema de discusión pública que se puso en el centro del debate electoral: mientras el candidato justicialista a la presidencia Ítalo Luder declaraba que si el Gobierno militar sancionaba una ley sus efectos serían probablemente irreversibles, el candidato radical Raúl Alfonsín, que había sido uno de los fundadores de la APDH nacional, endurecía su discurso con la denuncia de un “pacto militar-sindical” y la exigencia de aplicación de justicia. A fines de agosto de 1983, el Gobierno dictatorial promulgó la llamada Ley de Pacificación Nacional número 22.924, prontamente apodada ley de autoamnistía, que sería luego abolida por el Congreso Nacional, y en noviembre se anunciaba que por Ley número 22.967 se disponía la derogación de la ley de ausencia con presunción de fallecimiento, que anteriormente había sido el instrumento normativo con el cual se había intentado ocluir los reclamos judiciales por desaparición forzada.
El fracaso de una concertación entre el Gobierno militar saliente y la dirigencia política para cerrar la revisión de los crímenes de la represión abrió la puerta para la discusión sobre los niveles de responsabilidad y la posibilidad de condenas judiciales48. El resultado electoral del 30 de octubre echó por tierra definitivamente los intentos de cerrar las “cuestiones pendientes de la lucha antisubversiva”, en un marco en el cual los organismos de derechos humanos presionaban en pro de un informe verídico sobre lo ocurrido y exigían saber $\ " \langle \mathrm { C o m o }$ y dónde votarán los detenidos-desaparecidos?”49. Sin embargo, ya se presentaban fisuras de importancia en un agente colectivo plural. Es difícil plantear que todos los organismos de derechos humanos participaran para ese entonces de una cultura política compartida de modo monolítico. La eclosión de un discurso oculto en las postrimerías del régimen militar y la temprana recuperación de una memoria de las militancias y de un lenguaje de contenidos izquierdistas por algunos sectores del movimiento, o las derivas hacia nuevos campos semánticos con la ampliación de agenda de otros, muestran que la forma general de hacer política y de comprender la relación sociedad/Estado era variable al interior del espacio social que podemos identificar con el movimiento de derechos humanos50.
Decidida a legitimarse sobre las instituciones estatales y sus estructuras partidarias, una dirigencia política en rápida (re)configuración asumió frente a las presiones del movimiento social la necesidad de dar una respuesta a las violaciones a los.
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derechos humanos. La construcción republicana se realizaba sobre bases endebles, en un proceso casi caótico en el que el triunfo de la democracia era más la debacle del poder militar y sobre todo el resultado de las presiones de la sociedad civil que un logro de los partidos políticos51. Por ello, la distinción dictadura/democracia funcionó como una clave imaginaria fundamental y en su seno adquirió relevancia el problema de los derechos fundamentales. El nuevo sentido común de la política republicana se asentó en una construcción imaginaria maniquea, en la cual el poder militar aparecía como la suma de todos los males y el reverso de la perversidad guerrillera, frente a una sociedad que habría desconocido los crímenes que ocurrían ante sus ojos, en clara oposición a la concepción del conflicto de la mayor parte del movimiento de derechos humanos. Mientras tanto, el Gobierno constitucional aparecía no sólo como un Estado de Derecho, sino además como único reaseguro del respeto de los derechos humanos, en su acepción más básica de libertades negativas frente al poder estatal. Esa representación implicó también la instalación del concepto restringido de democracia, que se identificó pura y simplemente con la vigencia de las instituciones republicanas y la periodicidad del voto, que supuestamente asegurarían por sí solas la satisfacción de las expectativas sectoriales. El proceso de ampliación de las demandas y de la participación en materia de defensa de los derechos humanos fundamentales llegaría a un máximo con el enjuiciamiento de las Juntas Militares, pero en paralelo ya se percibiría la primera de las crisis del movimiento social y de su relación con los agentes políticos partidarios52.
Conclusión: una transición de variadas dimensiones.
El repaso por el panorama de los principales movimientos sociales con impacto nacional nos permite afirmar que el clivaje a partir del cual se produce la erosión del poder militar se encuentra entre los años de 1979 y 1980. Si desde la fijación en las formas del sistema político hay que esperar a la debacle de Malvinas en 1982 para asistir a la eclosión de la puja interpartidaria de cara a la salida electoral –que por otra parte tardó más de un año en concretarse–, o desde la falta de perspectivas de continuidad del poder militar hay que atender a la apertura del gobierno de Viola en 1981 y al cambio de las formas del diálogo político, los inicios del proceso de democratización pueden encontrarse antes. Es claro que 1979-1980 es un período bisagra desde la perspectiva de las configuraciones de fuerzas en torno a la movilización social, de las estructuras de oportunidades políticas para las agrupaciones y colectivos movilizadores e incluso para la ampliación de los espacios de debate en los medios de comunicación o las actividades culturales. Aunque para ese momento todavía las fuerzas represivas produjeran asesinatos y desapariciones –en alta proporción para ese entonces vinculadas a la desarticulación de las fallidas contraofensivas de la Organización Político-Militar Montoneros–, ya se puede percibir un cambio profundo.
Pensar la democratización en términos de Charles Tilly –como lo ha ensayado Mónica Gordillo a propósito de los procesos sindicales de la época que nos ocupa– provee una prevención contra la noción simple de una transición dictadura-democracia asentada solamente en las formas legales del régimen político. Correlativamente y en no menor importancia, permite apreciar la erosión del poder dictatorial como un proceso complejo en el que fueron instalándose las disidencias, oposiciones y alternativas al Gobierno militar. Si es correcto sostener que la dictadura consiguió desarticular las configuraciones de fuerzas sociales preexistentes al golpe de Estado y las formas de la movilización popular que ya venían siendo objeto del terror de Estado instalado hacia 1974-1975, también es pertinente observar que emergieron de su seno nuevos agentes contestatarios. En ese sentido, la ampliación de los márgenes de acción y de reclamo estuvo íntimamente ligada a los procesos de movilización social más que al posicionamiento o a los discursos de los partidos políticos.
Y si esta concepción es admisible, entonces se facilita además la comprensión de la transición a la democracia en distintos niveles. Es posible considerar la fluidez de las nuevas dinámicas de conflicto marcadas por oposiciones plurales y entrecruzadas que se fueron produciendo entre por un lado las burocracias estatales –militares, judiciales, administrativas– y sindicales, por otro los partidos políticos de distinto signo y finalmente por agentes con menor grado de institucionalización como los colectivos vecinales, territoriales, culturales, de derechos humanos o los cuerpos de delegados de empresa. Asimismo, pueden ser atendidos los cambios micropolíticos en los espacios laborales y sindicales, en el ámbito de las actividades artístico-literarias o en las mismas relaciones al interior de los agentes colectivos movilizados, como es el caso de los organismos de derechos humanos. Transformaciones estas últimas muy distintas de la aplicación de los procedimientos constitucionales para la elección de cargos de gobierno, pero cargadas de nuevos sentidos sobre lo político y sobre las relaciones entre demandantes y autoridades.
Esa constatación no puede llevar a sobrevalorar los impactos de cada movimiento social en particular y a ocluir especularmente la importancia de las oposiciones político-partidarias o de la deslegitimación del poder militar post-Malvinas. Como lo demuestran la misma variedad del movimiento obrero y de los procesos de movilización en el plano de la cultura, o la especial situación del movimiento por los derechos humanos, en todos los casos hubo vaivenes, tensiones, indefiniciones e incluso limitaciones o bloqueos. Sería abusivo entonces asignar a una región determinada de la movilización contenciosa la deslegitimación y fractura del gobierno militar. Claramente, las agendas de los movimientos sociales y sus posibilidades de incidencia en la esfera institucional estuvieron restringidas por mutuas interacciones y conflictos.
Pero un enfoque que incorpore esas variables y aprecie los lugares sociales de la democratización puede sugerir la idea de una larga transición, que hundiría sus raíces en un momento de incremento de las luchas sociales a partir del cual comenzaría a desgranarse el control del gobierno dictatorial. Pensar las distintas temporalidades operantes en la transición a la democracia en Argentina nos permitiría eludir tanto las narrativas centradas en la evidente fractura del 1982-1983, como las que asignan a la resistencia antidictatorial de uno u otro agente colectivo las razones profundas del fin de la dictadura. Quizás en ese punto es donde la idea de Dominick LaCapra de una historia continuamente en tránsito nos permita no solo apreciar la falta de certezas de los agentes individuales y colectivos en el proceso de cambio socio-político, sino también apreciar sus estrategias variables y los modos en los cuales se fueron construyendo –y siguieron.
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transformándose luego– las nuevas relaciones de fuerza que se sancionaron bajo la denominación de un régimen político democrático.