Las ciudades de San Luis Potosí y Guanajuato en defensa de su preeminencia, 1786-1821.
Graciela BERNAL RUIZ Universidad de Guanajuato.
Durante los primeros días de febrero de 1821 tuvo lugar una discusión entre los miembros de la Diputación Provincial que, asentada en San Luis Potosí, integraba a esta provincia y a Guanajuato. El punto de discusión era a quién correspondía presidir la institución en ausencia del jefe político. Los representantes de LA última exigían esa preeminencia en tanto tenían mayor número de habitantes, y eso se reflejaba en el hecho de que contaran con un diputado más que San Luis Potosí, mientras que los de aquella señalaban que la categoría de su ciudad había determinado que se instalara en ella la Diputación, y por lo tanto les correspondía ese derecho1 .
Esto no fue más que la continuación de una situación que se había presentado entre 1813 y 1814, cuando los diputados electos por Guanajuato se negaron a trasladarse a San Luis Potosí, como una muestra de rechazo a la decisión tomada por las Cortes de que una de las seis diputaciones provinciales aprobadas para la Nueva España estuviese integrada por esas dos provincias, pero sobre todo que tuviera por nombre San Luis Potosí y se asentara en esta ciudad. Lo anterior se dio a pesar de que Guanajuato tenía mayor número de habitantes y, de acuerdo con ellos, mayor prestigio, lo cual parecía tan claro como que a Guanajuato le correspondían 4 de los 7 diputados, y 2 de los 3 suplentes que integraban ese cuerpo 2 . Ambas provincias contaban con importantes reales mineros y habían presenciado un boom en la producción de plata hacia la segunda mitad del siglo XVIII: San Luis Potosí con Real de Catorce y Guanajuato con las minas de Cata, Rayas, Mellado y Valenciana, además de que formaba parte de un “complejo único de minería, agricultura e industria”3 .
Los actores que se pronunciaron en febrero de 1821 por Guanajuato fueron los diputados electos y el jefe político, pero los cabildos de las dos ciudades involucradas también formaron parte de la discusión, aunque en un sentido distinto: el de San Luis Potosí se negaba a reconocer la instalación de la Diputación argumentando aspectos de protocolo –y, en ese sentido, de preeminencia–, en una clara forma de oponer resistencia a la presencia de una nueva institución que interfería en sus competencias4 . Mientras.
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que el de la ciudad de Guanajuato, en sintonía con quienes se sentían agraviados, aspiraba a tener su propia Diputación, sin manifestar algún problema para convivir con otra institución que, teniendo competencia en toda la provincia, estaría asentada en la capital de la misma, con la que tendrían una relación de todos los días5 .
Estas circunstancias plantean dos escenarios. El primero, muy puntual, evidencia una lucha entre dos provincias por la preeminencia dentro de una institución: los actores que se manifestaron fueron los diputados de cada provincia, aunque también observamos a los jefes políticos y a los cabildos respectivos, todo ello en el marco de la dinámica derivada de la ausencia del rey que, entre otras cosas, había llevado el protagonismo a los grupos de poder local. El segundo, relacionado con esto último, y desde nuestro punto de vista más complejo, muestra las dinámicas prevalecientes hacia el interior de las dos provincias, en donde los ayuntamientos de las capitales reclamaban en un caso, y asumían en el otro, una preeminencia con respecto a otras instituciones internas, y esto tenía historia. La llegada de nuevos actores políticos a raíz de la instalación de las intendencias había provocado reacciones diversas, así como también diversas maneras de adaptarse a las dinámicas marcadas por la creación de poderes regionales, y los consiguientes reajustes en diversos ámbitos de la administración.
En principio, esta nueva dinámica afectaba a las preeminencias de corporaciones como los cabildos, en una sociedad en donde cuerpos y privilegios eran los elementos medulares que constituían el orden de gobierno; se trataba de privilegios que habían obtenido desde su fundación, que en algunos casos fueron aumentando a lo largo del tiempo, y les daban una “particular personalidad jurídica” que, llegado el caso, les permitió sortear algunos de esos embates6 . Consideramos que la defensa que los grupos de poder local hicieron entonces de su preeminencia marcaría significativamente sus reacciones unas décadas después ante los cambios promovidos por el liberalismo gaditano, cuando seguirían luchando por esa preeminencia a pesar de la supresión de privilegios que éste promovía.
En San Luis Potosí, los grupos de poder asentados en la capital manifestaron una abierta oposición a los distintos intendentes que ocuparon el cargo, y aunque la diversidad de intereses con los nuevos actores políticos no evitó que en ocasiones actuaran de manera conjunta, prevaleció la confrontación, incluso entre intendentes y asesores letrados. En gran medida, esa situación se debió a la débil presencia de los titulares de la intendencia. Por su parte, los grupos de poder de la ciudad de Guanajuato tuvieron algunos conflictos con su primer intendente, pero la situación cambió con quien le sucedió en el cargo. Además, identificamos a un cabildo más fuerte, una mayor integración de los grupos de poder local y una colaboración más estrecha con los distintos niveles de gobierno, lo que les dio una mayor capacidad de negociación.
Lo que resulta claro en ambos casos es que, desde el establecimiento de las intendencias en 1786 y hasta 1821, período que abarca este estudio, el cabildo fue una institución clave para oponer resistencia o negociar con los actores que pusieron en marcha la política borbónica, así como para enfrentar los cambios derivados de la crisis monárquica. En ese sentido, la historiografía ha señalado el interés de los grupos de poder por formar parte de esas instituciones, porque a través de ellas controlaban la economía local, situación que la Corona intentó cambiar, principalmente durante la segunda mitad del siglo XVIII. Se ha mostrado y concluido que esas corporaciones lograron sortear algunas de esas medidas. Sin embargo, estos análisis no siempre contemplan la lucha por la preeminencia local, que era inherente a la lucha por sus competencias y privilegios, un aspecto éste de gran importancia que, con sus respectivos ajustes, las corporaciones de Antiguo Régimen pretendieron mantener en las instituciones liberales7 .
El objetivo de este trabajo es analizar la defensa que los grupos de poder asentados en dos ciudades marcadas por la actividad minera hicieron de su preeminencia en este período tan convulso, y en ese marco se identifican las prácticas que mantuvieron y aquellas de las que abrevaron para mantener esa preeminencia. Los principales puntos de conflicto y negociación se ubican en las competencias institucionales, el prestigio y el uso de los recursos. Partimos del hecho de que el cabildo fue la institución más importante desde la que actuaron esos grupos, pero también buscaron controlar las instituciones creadas por el reformismo borbónico, por las eventualidades de 1808 y por el constitucionalismo gaditano. Observamos que la confrontación fue más utilizada en San Luis Potosí, mientras que en Guanajuato prevaleció la negociación.
El interés por abordar estos casos reside en que ambas poblaciones se originaron como centros mineros, gozaron de sus beneficios y compartieron los altibajos de esta actividad, pero enfrentaron de manera distinta el reformismo de la segunda mitad del siglo XVIII, la crisis monárquica de 1808 y la guerra. Por otra parte, resulta significativo que, si bien los grupos de poder de Guanajuato estaban en buenos términos con las autoridades monárquicas, fuera el escenario en donde surgió el movimiento armado de 1810, mientras que las tropas que encabezaron la contrainsurgencia de manera exitosa contra los primeros cabecillas insurgentes se habían reclutado, mayoritariamente, en San Luis Potosí, en donde los grupos de poder habían mantenido una confrontación con diferentes niveles del gobierno. Consideramos que la decisión de integrarlas en una misma Diputación Provincial obedeció, en parte, a su reacción y participación en la guerra, así como a los esfuerzos de las autoridades por tratar de controlarla.
Los escenarios.
Las ciudades de San Luis Potosí y Guanajuato tuvieron su origen como poblados en el siglo XVI y como resultado del avance hacia el norte novohispano en la búsqueda de minerales. Las primeras minas en ser descubiertas fueron Zacatecas (1547), seguidas por las Salinas de Santa María del Peñón Blanco (1549)8 y Guanajuato (1552). Los yacimientos que dieron origen a San Luis Potosí fueron descubiertos hacia finales de este mismo siglo, aunque en 1573 se había encontrado Charcas, que más tarde atraería hombres de Zacatecas y San Luis. Pero como sucedió con otras minas descubiertas en el norte durante el siglo XVI, su explotación fue interrumpida por el desarrollo de la llamada Guerra Chichimeca, que se extendió de mediados de ese siglo hasta inicios de la década de 1590.9 Una vez concluida la guerra y luego del descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro (1592), que daría origen al poblado de San Luis Potosí, se dio mayor impulso a la explotación de los yacimientos y se crearon complejos económicos por las necesidades propias de la minería, algo que tendrían un máximo desarrollo en Guanajuato.
Erigida como alcaldía mayor hacia 1560, Guanajuato está conectada estrechamente con la economía de una región conocida como el Bajío, que tuvo una primera fase de desarrollo durante ese siglo, pero “adquirió empuje e integración”10 hacia el siglo XVIII gracias al descubrimiento de varios yacimientos en una zona más o menos concentrada en la ciudad y su jurisdicción: entre los más importantes se encuentran Mellado, Sirena, Santa Ana, Cata, Rayas y, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, Valenciana11. Todo ello dio pie al desarrollo de importantes poblaciones y zonas agrícolas, ganaderas y textileras, como León, Silao, Irapuato, Celaya, Salvatierra, Acámbaro, San Luis de la Paz, San Miguel El Grande y Querétaro; casi todas ellas integrarían la intendencia de Guanajuato a partir de 1786.
Este centro económico, que no estuvo exento de altibajos, llevó al surgimiento de importantes grupos de poder, que forjaron su riqueza de la minería, la concentración de tierra y el desarrollo del comercio, aunque durante mucho tiempo estuvieron estrechamente ligados a los intereses de los grandes comerciantes de la ciudad de México pues en gran medida estos financiaron la extracción de metales 12. Esa situación cambió cuando hacia mediados del siglo XVIII los comerciantes locales asumieron esa tarea y comenzaron a invertir en la minería y lograron cierta autonomía económica de los hombres de la capital novohispana13, situación que coincide con el mayor auge minero de Guanajuato y su consiguiente aumento de población, hasta producir una cuarta parte de toda la plata novohispana y una sexta del total de la producción de la América hispana14. Esto fue de la mano con un auge de producción de las haciendas de los alrededores, que abastecían de granos y ganado a la ciudad, pero también a otras regiones del norte y a la ciudad de México15. Como veremos más adelante, estos cambios económicos también se reflejaron en la composición del cabildo.

Elaboró José Luis ALCAUTER GUZMÁN.
San Luis Potosí, por su parte, tuvo un desarrollo con mayores altibajos por varias razones. Una de ellas fue que, a diferencia de Guanajuato, su real minero, Cerro de San Pedro, tenía menor cantidad de minas importantes y éstas no formaban parte del complejo de la ciudad, aunque sí marcarían el desarrollo económico de la zona. La falta de agua en el Cerro obligó a que la población importante se estableciera a 5 leguas de distancia, adonde se trasladaban los metales para beneficiarse16. En los alrededores del real se crearon asentamientos que albergaban a los trabajadores, pero San Luis Potosí se mantuvo como la población principal, en donde residían dueños de minas, no solo del Cerro de San Pedro, sino de otras ubicadas en Charcas o Guadalcázar, que habían logrado erigirse como alcaldías mayores. En la ciudad también residía Silvestre López Portillo, principal promotor de la explotación de las minas del Real de Catorce, descubiertas en la segunda mitad del siglo XVIII.
Una segunda explicación es que el complejo de haciendas y poblaciones que se desarrollaron en los alrededores no logró una integración económica semejante a la del Bajío –que hacia el siglo XVIII era considerado el granero de la Nueva España–, quizá en parte porque contaban con menor cantidad de recursos acuíferos que impulsaran de manera intensiva el cultivo, aunque sí se desarrolló la actividad ganadera. Por otro lado, los grupos que controlaban la minería y las haciendas provenían de diferentes regiones y no solo de San Luis Potosí, y esto se ve de manera clara después del descubrimiento de las minas en Catorce, que inicialmente fueron explotadas por vecinos de San Luis Potosí –aunque con el paso de los años llegaron individuos de otras zonas, como Zacatecas o el propio Guanajuato–, pero no alcanzaron los índices de producción de las minas de esta última17.
Finalmente, la intendencia tenía demasiados contrastes. San Luis Potosí fue la jurisdicción más extensa de la Nueva España y comprendía zonas con dinámicas propias, como Coahuila y Texas, la Colonia del Nuevo Santander y el Nuevo Reino de León, que mantuvieron poca relación con la capital de la intendencia. Por otra parte, la reestructuración territorial también llevó a la conformación de la provincia de San Luis Potosí a partir de la alcaldía mayor del mismo nombre –que se erigió como el centro político–, y las alcaldías de Charcas y Villa de Valles18.
Ambas ciudades también compartieron el origen diverso de su población, que obedeció al tipo de asentamientos previos, a la dinámica de conquista y a la atracción que tenían los yacimientos mineros. Cuando llegaron los españoles, había pocos asentamientos indígenas permanentes en los que posteriormente serían Guanajuato y San Luis Potosí; la primera por encontrarse en la frontera de los mesoamericanos (con estructuras más complejas) y los grupos chichimecas (que vivían dispersos), y el segundo porque estaba inmerso en el territorio en donde estos últimos vivían. Una vez terminada la guerra chichimeca, indígenas de diverso origen que participaron como aliados de los españoles se incorporaron a las poblaciones creadas en los territorios conquistados, a las que después se sumaría la población negra traída como esclava. En términos generales, la población trabajadora mantuvo una movilidad importante, en función de los altibajos de la actividad minera1 .19.
El desarrollo de esta actividad, y en algunos casos también las necesidades de la Corona, influyeron en la categoría de las poblaciones. La elevación de San Luis Potosí a villa no es clara: fundado como pueblo en 1592, enseguida se creó la alcaldía mayor, para mediados del siglo XVII se referían a ella como villa, y adquirió el rango de ciudad en $1 6 5 6 ^ { 2 0 }$ . Por su parte, Guanajuato, como capital de alcaldía mayor desde 1660, obtuvo el título de villa en 1679, y el de ciudad en $1 7 4 1 ^ { 2 1 }$ .
Estas circunstancias elevaron la categoría y el número de integrantes de los cabildos. El de San Luis Potosí se erigió con alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, alcalde de mesta, 10 regidores (alférez mayor, alguacil mayor, alcalde provincial de la Santa Hermandad, depositario general y 6 regidores ordinarios), varios ministros (procurador general de la ciudad, mayordomo de los propios de la ciudad, fiel contraste, dos meceros o porteros y el relojero de la ciudad) y un escribano real y de cabildo22. Guanajuato tenía 8 regidores hacia 1660, y después de que se le otorgara el título de ciudad, además de alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, contaba con 14 regidores (que contemplaban alférez real, alcalde provincial de la Santa Hermandad, alguacil mayor, depositario general y fiel ejecutor) y un escribano de cabildo23.
Estas instituciones eran el baluarte de las elites locales24, y formar parte de un cabildo dotaba de prestigio, sobre todo si se era citadino, además de la posibilidad de participar del control de la economía local, aunque existen matices. Para Guanajuato, José Luis Caño observa un reacomodo de fuerzas tan solo unos años después de que se obtuviera el título de ciudad, pues aunque el sector minero había acaparado los oficios del cabildo, hacia mediados del siglo XVIII el grupo de los comerciantes empezó a tener una mayor presencia y logró una especie de acuerdo que permitió un buen funcionamiento institucional durante la segunda mitad del siglo XVIII; esto marcaría en.
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gran medida sus reacciones al reformismo y a la llegada de nuevas autoridades25. No obstante, algo significativo es que se habían alejado del cabildo los individuos con títulos nobiliarios, como los condes de La Valenciana, Pérez Gálvez, Casa Rul y el marqués de San Juan de Rayas26; esto también sucedió en San Luis Potosí con el conde del Peñasco y sus descendientes. Es probable que estos individuos tuviesen poco interés en formar parte de una institución que podía otorgarles beneficios que ellos ya tenían a través de sus títulos nobiliarios y sus posesiones (haciendas y minas), o en algunos casos también a través de las milicias, como veremos más adelante.
Respecto a San Luis Potosí, desconocemos la dinámica que se estableció en el cabildo una vez que adquirió el título de ciudad más allá del número de integrantes, pero hacia la década de 1760 se observa un desinterés por ocupar los oficios: algunos decían que se debía a que obtenían pocos beneficios, y solo fue hacia principios del siglo XIX cuando se logró crear un cuerpo más o menos compacto27. Esto influyó en la manera como recibieron las disposiciones de la Corona, en la relación que establecieron con los nuevos funcionarios que llegaron a la ciudad y en la defensa de su preeminencia. Como veremos en el siguiente apartado, mientras conformaron un cabildo fuerte pudieron hacer frente de manera más exitosa a las nuevas instituciones y adaptarse mejor a las medidas reformistas.
Reformas de la segunda mitad del siglo XVIII: entre la resistencia y la conveniencia.
La Real Ordenanza de Intendentes de 1786 significó un parteaguas en la relación de la Corona con la Nueva España, al implementar un ajuste importante en la dinámica virreinal con las 12 intendencias en que se dividió el territorio y con las competencias que se dieron a los titulares de ellas en los ramos de hacienda, guerra, policía y justicia. Sin embargo, en algunos temas, como el de la hacienda local, las reformas ya habían avanzado con la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios en 1767, que buscaba “sanear las finanzas en beneficio de la fiscalidad regia”, vigilando los ingresos y egresos de los ayuntamientos28. Estas disposiciones fueron contempladas en la Real Ordenanza y se sumaron a otras que mermaban las competencias de los ayuntamientos. La visita de Gálvez, realizada entre 1765 y 1771, resultó fundamental para la creación de la Contaduría, pero sobre todo para recopilar información que ayudó a diseñar la reestructuración territorial novohispana, teniendo como uno de sus principales cimientos la recaudación; no hay más que revisar los expedientes que se generaron de esa visita para ver que se privilegió este tema29.
No obstante, hay unos puntos sobre los que queremos llamar la atención. Cuando Gálvez realizaba su visita a Nueva España, en 1767, tuvieron lugar unos tumultos en zonas mineras como Guanajuato y San Luis Potosí. Si bien en diferentes momentos los trabajadores mineros encabezaron protestas de diversa índole, en 1766 existía un ambiente tenso por los nuevos impuestos a la pólvora y el tabaco, una mayor exigencia en la recaudación de tributos y la intención de crear milicias con trabajadores de las minas. Esto, sumado a la problemática de cada una de esas poblaciones, propició los levantamientos en 1767, que se conjuntaron con la aplicación de la ley de expulsión de los jesuitas. En San Luis Potosí, las protestas se extendieron por algunos barrios de la ciudad, además del Cerro de San Pedro, Venado y Hedionda y Guadalcázar. En Guanajuato se habían concentrado mayoritariamente en la ciudad desde 1766, y en 1767 también hubo levantamientos en defensa de los jesuitas en otras alcaldías mayores que posteriormente integrarían la intendencia30.
Para sofocar los movimientos y restablecer el orden durante los meses siguientes, el visitador contó con el apoyo de hombres poderosos de la zona. Esto permite ver que, pese al ambiente reformista, “el régimen todavía tenía que negociar para gobernar”31. En Guanajuato, por orden del virrey, Juan Velázquez reclutó tropas en lugares como León, Silao, Irapuato, Celaya, Salvatierra y Querétaro32. En San Luis Potosí, Gálvez contó principalmente con el apoyo de Francisco de la Mora, a quien a principios de 1768 se le libró el título de conde de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco33.
Se aplicaron diversos castigos y se crearon cuerpos armados que serían pagados por los habitantes, aunque es importante señalar algunos matices. En Guanajuato se impuso un gravamen al maíz y al trigo, conocido como nuevo impuesto: una parte de lo recaudado sería destinado al pago de una compañía de 46 hombres y otra parte para.
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diversas obras34, pero ese gravamen fue acordado entre el visitador y los grupos de poder local en “Junta de capitulares, de Diputados y Comisaros del comercio y minería”35. Por otra parte, Gálvez impuso a la ciudad el pago de 8.000 pesos como un castigo, cantidad cubierta por el cuerpo de Minería que, como hemos señalado, tenía una importante presencia en el cabildo36. ¿Por qué se castigaba a la ciudad? Es probable que el visitador recriminara al cabildo no haber evitado los levantamientos, aunque al final los grupos de poder local se aliaron a Gálvez y no tardaron en verse fortalecidos, pues pronto se implementaron medidas que redujeron las ganancias de los trabajadores mineros, en un claro beneficio para los dueños de las minas37.
En San Luis Potosí, el visitador tomó otras medidas con respecto al cabildo, quizá porque se trataba de una institución debilitada, además de que poco podía hacer para prevenir los tumultos en los reales mineros, por la distancia a la que se encontraban de la ciudad y porque no todos estaban dentro de su jurisdicción. Gálvez informó que el cabildo tenía varios oficios vacantes, por lo que eligió a seis regidores entre los vecinos más acaudalados de la ciudad; con los dos que en ese momento componían el ayuntamiento (Gregorio Fernández y Juan Antonio Bernardo de Quirós), sumaron ocho capitulares, que el visitador consideraba “indispensables aun por la ley para una ciudad como San Luis Potosí”38, aunque no se alcanzó el número de 10 regidores con el que originalmente se había erigido la ciudad. Los regidores que asumieron el cargo a partir de octubre fueron Miguel de Mier y Caso, Manuel de la Sierra, Juan Ortiz de Salinas, Silvestre López Portillo, Tomás de Braceras y Juan de Argumosa de la Gándara39.
Como señalaba Gálvez, esos individuos se encontraban entre los más acaudalados de la ciudad, con intereses mineros y comerciales en la región, y pronto buscaron obtener ventajas, pues además de las disposiciones tomadas por el visitador
36. Lucio MARMOLEJO, Efemérides guanajuatenses o datos para formar la historia de Guanajuato, facsimilar, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 2015, vol. 1, tomo II, p. 199. El autor señala que este pago se mantuvo hasta 1810, aunque no hemos encontrado documentos que lo corroboren.
37. BRADING, Mineros y comerciantes en el México Borbónico, p. 203; TUTINO, Creando un nuevo mundo, pp. 403-405.
38. GÁLVEZ, Informe sobre las rebeliones populares de 1767, p. 58.
para el fomento de la economía (como la construcción de edificios para almacenar granos y regular su venta al público), el cabildo solicitó autorización al virrey para grabar la introducción de maíz y harina para cubrir los gastos generados por las obras – como en Guanajuato–, aunque en la práctica se utilizó para cubrir los desfalcos anuales40.
Pasado un breve tiempo, el desinterés por ocupar los oficios del cabildo continuó, y se mantendría hasta finales del siglo XVIII. De acuerdo con testimonios de quienes se negaban a incorporarse a este cuerpo, esa situación se debía a que obtenían pocos beneficios y podían garantizar sus intereses económicos de diversas maneras, aunque probablemente también se debía a que no tuvieron mayores problemas con los alcaldes mayores, y por ello no resultaba fundamental tener un contrapeso institucional41. Fue la reestructuración territorial y la llegada de nuevos funcionarios lo que despertó el interés entre algunos de esos individuos por fortalecer el cabildo, y creemos que esto se debió a que era la corporación desde la que podían oponer resistencia al reformismo, aunque también hubo quienes optaron por otras corporaciones de reciente creación o reformadas, como la milicia, lo que reactivó la lucha por la preeminencia, como veremos más adelante.
A diferencia de San Luis Potosí, Guanajuato fue más constante en el funcionamiento de su cabildo. Como se ha referido, cuando tuvieron lugar los tumultos ya había sufrido un proceso de reacomodo de fuerzas, y hubo un respaldo a las medidas aplicadas por Gálvez contra los tumultuarios, tanto del cabildo como de los gremios del comercio y de minería. Este último no tardó en verse beneficiado: poco después de estos sucesos, la actividad minera se vio favorecida con la creación del Tribunal de Minería en 1776, una institución que se convirtió en un mecanismo más de los grupos de poder local para acrecentar sus beneficios, al mismo tiempo que influían en las directrices de la actividad minera novohispana. Contó con ordenanzas propias desde 1783. Hacia 1794, la intendencia de Guanajuato tenía un solo distrito minero, pero de gran importancia, mientras que San Luis Potosí tenía tres: San Luis Potosí, Catorce y Charcas, algo que refleja la concentración de minas en el primer caso, y una especie de dispersión en la segunda, además de que, como señala Brading, los mineros de Guanajuato tuvieron mayor injerencia en el Tribunal de Minería42.
Estas dinámicas estaban en proceso de reacomodo cuando se implementó el régimen de intendencias. Ya mencionamos que la de San Luis Potosí fue demasiado compleja y no logró una integración, pero sí dio pauta a la formación de la provincia de San Luis Potosí, que fue en donde principalmente fincaron sus intereses los grupos de poder de la capital de la intendencia. Estos mismos se convirtieron en un firme obstáculo para que los nuevos funcionarios ejercieran sus atribuciones. Esto se manifestó desde la llegada del primer intendente, Bruno Díaz de Salcedo (1787-1799), quien a través de un informe que envió al virrey en 1792 recordaba que a su llegada a la ciudad de San Luis Potosí había sido recibido como un “simple alcalde mayor”, y unos.
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le miraban “con compasión y otros como momentáneo transeúnte por las vivas impresiones que habían concebido de su corta duración”43. Los puntos de conflicto fueron, como era de esperarse, el tema de los propios y arbitrios, pues el cabildo se negaba a entregar las cuentas, lo que propició la intervención del virrey a favor del intendente44.
La fuerte oposición que mostró el cabildo, a pesar de que no logró fortalecerse como corporación sino hasta finales del siglo XVIII, nos indica que los intentos por regular los ingresos y egresos previos a la creación de las intendencias no habían tenido efecto. Es decir, hasta ese momento había logrado sortear las medidas reformistas y luchaba contra lo que consideraba una injerencia en sus competencias. Su postura contra el intendente se vio favorecida porque éste abrió otro frente contra los hacendados, algunos de los cuales formaban parte del cabildo. Díaz de Salcedo quiso aplicar el artículo 61 de la Real Ordenanza, que le daba atribuciones para repartir tierras realengas o de “privado dominio”45, pero no logró su objetivo y se ganó la animadversión de diferentes sectores, que no dudaron en promover diligencias en su contra. Con todo, resulta significativo que al mismo tiempo que opuso resistencia a los intendentes, el cabildo aprovechó la categoría que tenía la ciudad como capital de intendencia para buscar beneficios económicos y erigirse como un cuerpo de mayor prestigio. Esto queda de manifiesto cuando, en medio de diversas disputas con Díaz de Salcedo, al promover la venta de regidurías para fortalecer el cabildo, indicaba que el valor de éstas había aumentado porque ahora eran más honoríficas. Asimismo, promovió el establecimiento de una fábrica de puros y cigarros y retomó la solicitud de un obispado (que había sido solicitado en 1776), porque decía que “nunca ha habido tanto ni tan grande en esta ciudad como al presente”46.
Por su parte, los grupos de poder local encontraron en el proyecto de milicias provinciales otro medio para ganar prestigio, aunque también generó diferencias entre ellos por su participación en el proyecto: los hacendados aportaron las sumas más importantes de dinero, además de caballos, y el cabildo sería el encargado de proporcionar los recursos para las Asambleas, para lo que podía proponer arbitrios, y además también proponía ternas para la sustitución de oficiales47. Esto generó algunos conflictos, porque varios hacendados formaban parte del cabildo, pero no así otros que contaban con gran poder, como el conde de Peñasco o el marqués de Jaral de Berrio.
Los individuos que sucedieron a Díaz de Salcedo tampoco lograron establecer buenas relaciones con los grupos de poder local, sobre todo porque al iniciar el siglo XIX este cuerpo se hallaba fortalecido y porque hacia 1805 logró establecer alianza con el teniente letrado Joseph Ruiz de Aguirre, un individuo que ocupó de manera interina la intendencia prácticamente desde su llegada hasta 1810.
En Guanajuato, la documentación indica que el primer intendente, Andrés Amat de Tortosa, tampoco fue bien recibido, y que al igual que Díaz de Salcedo en San Luis Potosí, intentó seguir al pie de la letra la Real Ordenanza de Intendentes, con las diferencias de que Amat se separó del cargo en 1790 por problemas de salud y de que el cabildo de Guanajuato era una corporación sólida en donde estaban representados los intereses de los dos grandes grupos de poder local: mineros y comerciantes. En un informe que Amat de Tortosa envió al virrey a finales de 1788, decía que se hallaba solo y con pocos en quien confiar48. La situación fue distinta con Juan Antonio de Riaño, quien asumió la titularidad de la intendencia a inicios de 1792. Riaño había sido intendente de Valladolid de Michoacán de 1788 a 1791, y una vez en Guanajuato apoyó de diversas maneras a los mineros, ya fuese para controlar a los trabajadores y limitar sus ingresos, ya con disposiciones sobre el uso de bosques, aunque esto último fue en atención a una solicitud del virrey Branciforte49. Si bien se registran algunas diferencias entre el cabildo y el intendente, éstas no impidieron la buena relación entre ellos, y lo mismo sucedió con los poderes virreinales50. En ese sentido, es de resaltar la visita de Iturrigaray a Guanajuato en 1806, lo que en términos de preeminencia debió de resultar significativo para la ciudad y sus corporaciones51.
Por otra parte, las milicias también representaron un mecanismo para obtener prestigio, aunque en la ciudad de San Luis Potosí, más que en la de Guanajuato, representaron un poder alterno. En cualquier caso, el cabildo debió de defender su preeminencia en diferentes momentos, aunque se tratara de poderes diferentes, civil y militar. En la primera se estableció el Regimiento de San Luis, financiado por los hacendados más importantes de la zona y algunos personajes poderosos que hacía tiempo habían dejado de interesarse en el cabildo52. Por su parte, Guanajuato y su jurisdicción fueron sede del Regimiento del Príncipe, que sumó prestigio a los grupos de poder local, aunque el que se convertiría en un poder alterno sería el Regimiento de la Reina, que se estableció en San Miguel El Grande, pues parece haber sido una condición del cabildo de esa villa para contribuir a su formación, y obedeció a los intereses de esa jurisdicción53. Con ello se marcaron diferentes polos de poder dentro de.
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la provincia que el cabildo de Guanajuato supo manejar bien en términos generales, al menos hasta $\dot { 1 } 8 1 0 ^ { 5 4 }$ .
Los individuos que aportaron mayor cantidad de dinero formaron parte de la plana mayor, pero el personaje que sobresale en el proyecto de milicias de nuestras zonas de estudio es Félix María Calleja, al mando de la Décima Brigada Militar. Luego de ciertas diferencias con los grupos de poder local, logró pactar con ellos, estableciendo redes de colaboración, lealtades, así como negocios, que se afianzarían hacia 1807 al casarse con la sobrina del alférez real de San Luis Potosí, Manuel de la Gándara, uno de los hombres más poderosos de la región55. Para estos momentos, el cabildo veía poco cuestionada su preeminencia: se había consolidado, contaba con ordenanzas propias (elaboradas en 1806), tenía buena relación con el intendente interino y con el comandante de la Brigada militar más reconocida de la Nueva España.
En este marco, resulta significativo que justamente de estos cuerpos proviniera parte importante de la dirigencia de los bandos enfrentados en la guerra iniciada en 1810. Varios milicianos asentados en San Miguel El Grande lucharon con los insurgentes, mientras que los regimientos al mando de Calleja encabezaron la contrainsurgencia. Estos hechos requieren un estudio más amplio que escapa a los objetivos de este trabajo: solamente señalamos que, si bien en Guanajuato los grupos de poder estaban en buenos términos con los diferentes niveles de autoridad, en otras zonas de la intendencia había focos de descontento de diversa índole, que lograron conjuntarse en un movimiento en el que participaban algunos milicianos del Regimiento de la Reina, además de que no había un mando fuerte que aglutinara a todos estos cuerpos en Guanajuato, como sí lo hubo en San Luis Potosí con Calleja.
Las tropas insurgentes tomaron ambas ciudades, pero a pesar de que hubo sospechas de que hombres de importancia simpatizaran con la dirigencia, una vez que fueron recuperadas por los realistas se mantuvieron leales a la Corona. Sin embargo, creemos que el origen de la guerra en Guanajuato y la importancia de hombres en San Luis Potosí para derrotar a los primeros insurgentes fueron factores que influyeron en la creación de una nueva institución, la Diputación provincial. Como veremos en el siguiente apartado, la crisis monárquica iniciada en 1808 y el desarrollo de la guerra marcó una nueva etapa en la lucha por la preeminencia, tanto por el constitucionalismo como por el enfrentamiento entre el poder civil y militar derivado del conflicto.
Constitucionalismo y guerra.
Cuando a mediados de 1808 llegaron a América las noticias de lo acontecido en la Península Ibérica unos meses antes, no hubo duda en apoyar al rey cautivo. Como sucedió en otros lugares, las muestras de lealtad de Guanajuato y San Luis Potosí fueron inmediatas; diversas corporaciones encabezaron procesiones y desfiles espontáneos, además de participar en la jura oficial organizada por las instituciones de gobierno56. Ello contrastaba con la cautela mostrada respecto a la destitución del virrey Iturrigaray y el nombramiento de Pedro Garibay: las sesiones de cabildo no registran nada sobre estos puntos, más allá de acusar recibo de la noticia.
Meses más tarde, llegó la Real Orden de 22 de enero de 1809, que otorgaba a cada virreinato y capitanía general un diputado para la Junta Central recién instalada y pedía a las provincias que elaboraran instrucciones en donde plasmaran las peticiones más urgentes para su prosperidad. En las ciudades con derecho a voto se procedió a realizar las elecciones correspondientes: cada una de estas debía elegir a un representante, y de entre todos ellos se formaría la terna para nombrar al diputado por Nueva España. Las instituciones encargadas de elaborar instrucciones y realizar elecciones fueron los cabildos, algo que les daba un protagonismo en las eventualidades que se presentaron.
Respecto a las elecciones, el cabildo de San Luis Potosí, sin hacer referencia a otra corporación, propuso a individuos vinculados con la intendencia, a curas y funcionarios reales, un total de 13 individuos. Una vez formada la terna, la suerte recayó en Félix María Calleja. El cabildo de Guanajuato “en su propio nombre y representando” a los demás cabildos de la intendencia, nombró su terna, y el sorteo favoreció al regidor y minero José María de Septién y Montero, perteneciente a una de las familias más importantes de la región57. El cabildo de San Luis Potosí asumía su preeminencia en estas acciones, el de Guanajuato consideró importante enunciarla.
En cuanto a las instrucciones, existe un contraste entre los documentos presentados por ambas corporaciones. El cabildo de San Luis, en palabras de uno de los individuos consultados para su elaboración, “buscaba abarcar todas las partes del gobierno en sus principales clases generales de Justicia, Hacienda y Policía”, y esto se plasmó en 12 puntos que fueron antecedidos por una presentación en donde reconocían el interés de la Junta Central por el fomento de estas provincias, por seguir los principios de equidad y justicia y por haber declarado que América era parte esencial de la Monarquía58. Mientras que Guanajuato, retomando esta última declaración, pedía al diputado novohispano que promoviera los medios a su alcance para “consolidar, establecer y confirmar” que se considerara a Nueva España igual a “la antigua” y dejaba para un “tiempo oportuno” el estado político de la provincia59. Las prioridades eran distintas.
San Luis Potosí pretendía legitimar sus peticiones consultando a distintas voces de la ciudad, a quienes llamaba “sujetos de experiencia y letras”, sin considerar a individuos de otros puntos de la provincia que decía representar, y señalaba que todos habían “convenido con uniformidad” en las necesidades de esta provincia60. Guanajuato insistía en que hablaba “por sí y en representación de los demás cabildos sufragáneos de las ciudades, villas y lugares comprendidos en su demarcación” y mostraba una mayor preocupación por dejar clara su lealtad al monarca; por ello hablaba de la “pompa y magnificencia nunca antes vista” con que distintas corporaciones de la ciudad habían celebrado ceremonias de jura a Fernando VII, a pesar de la premura61.
La sustitución de la Junta Central por la Regencia del Reino a finales de enero de 1810 trajo una mayor apertura política al ampliar el número de diputados. San Luis Potosí, con derecho a un representante, eligió a José Florencio Barragán, del oriente de la provincia, aunque vinculado a Calleja. Guanajuato eligió a Octaviano Obregón, residente en la ciudad y emparentado con el conde de la Valenciana. Sin embargo, el inicio de las sesiones de las Cortes el 1 de septiembre de ese mismo año impidió que los diputados electos pudieran llegar a la Península, y el panorama cambió en Nueva España, y de manera particular en estas dos provincias, por el inicio de la guerra.
Como es sabido, el levantamiento se produjo en el pueblo de Dolores, subdelegación de la intendencia de Guanajuato, y rápidamente se extendió por el Bajío. A los insurgentes comandados por el cura Hidalgo y milicianos del Regimiento de la Reina como Ignacio Allende y Juan Aldama les llevó 12 días tomar la capital de la intendencia, no sin antes reclutar un numeroso contingente por varias poblaciones de esta jurisdicción. Las noticias del levantamiento llegaron rápidamente a San Luis Potosí, porque los insurgentes enviaron emisarios para reclutar hombres y porque tanto Riaño como el recién llegado virrey Venegas pidieron apoyo a Calleja para sofocar la rebelión62. Éste último salió con sus tropas a finales de octubre y dejó a un pequeño contingente en San Luis Potosí, que no pudo impedir que la ciudad fuera tomada por simpatizantes de los insurgentes que habían sido encarcelados, a los que se sumaron otros provenientes de Zacatecas.
Las tropas de Calleja recobraron el control de Guanajuato entre noviembre y diciembre de 1810 y persiguieron a Hidalgo hasta su derrota en Puente de Calderón a principios de 1811, para luego regresar a San Luis Potosí, ciudad que recuperaron a principios de marzo de este año. A partir de esas fechas, si bien hubo amenazas, los insurgentes no volvieron a ocupar estas dos ciudades, pero fue justamente después de que las tropas del Gobierno recuperaran su control cuando tuvo lugar una serie de acusaciones a ciertas figuras políticas porque, se decía, habían permitido la entrada de los insurgentes. En San Luis Potosí, Calleja acusó al intendente Manuel Jacinto de Acevedo, que recientemente había asumido el cargo63; en Guanajuato, donde Riaño había muerto defendiendo la ciudad, el cabildo elaboró un documento que tituló “Pública vindicación” para limpiar la imagen de la ciudad ante las acusaciones que se le hicieron de haber colaborado con los insurgentes; en ese documento, que tenía el apoyo de nuevo intendente, se exaltaba el buen comportamiento del cabildo y sus vecinos principales64.
A partir de lo anterior y de los hechos ocurridos en los años siguientes, observamos que la situación se polarizó en San Luis Potosí, pero no en Guanajuato. Nuevamente, vemos que en esta última se estableció una colaboración entre las diferentes fuerzas, aun cuando se sospechaba que personajes importantes como el marqués de Rayas eran simpatizantes de la insurgencia. Un hecho que quizá contribuyó a afianzar la colaboración fue el nombramiento como intendente de Fernando Pérez Marañón, quien había formado parte del cabildo. En San Luis Potosí se observa un enfrentamiento entre el poder civil y militar, algo que evidenciaría el Ayuntamiento en 1812, cuando elaborase unas adiciones a las instrucciones de 1809; en este documento instruía a su diputado a Cortes para que pidiera
las justas gracias que merezca esta ciudad por haberse organizado en ella y con gente de su territorio mucha parte del ejército que triunfó en Aculco, Guanajuato, Calderón, y demás puntos en que han sido derrotados los insurgentes, y manifestará a Su Soberanía el celo patriótico y fidelidad de cada uno de los individuos de este Ayuntamiento, como también los buenos servicios, integridad y justificación de su digno presidente Manuel Jacinto de Acevedo65.
Se buscaba el reconocimiento del poder civil: intendente y Ayuntamiento, quienes habían sido agraviados por el poder militar, Acevedo por Calleja y el Ayuntamiento por el comandante de armas local, quien en 1811 tomó atribuciones de ese cuerpo para garantizar la seguridad. Esa corporación no tardó en luchar nuevamente por la preeminencia, pues la Constitución de Cádiz contemplaba la creación de ayuntamientos constitucionales en poblaciones de más de mil almas, y Diputaciones provinciales: como hemos referido al inicio de este artículo, una de ellas se integró con las provincias de Guanajuato y San Luis Potosí.
Sobre el primer tema, el ahora Ayuntamiento constitucional de San Luis Potosí pretendía que se reconociera su preeminencia por ser el de mayor antigüedad de la.
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provincia66. En Guanajuato no hubo una declaración en ese sentido, quizá porque el Ayuntamiento no sintió una amenaza directa de los poderes de las demás regiones de la intendencia, pero sobre todo por la oposición efectiva del intendente para crear una gran cantidad de ayuntamientos constitucionales y la continua amenaza de la guerra67. Sin embargo, la apertura política generada por la crisis monárquica se reprodujo hacia el interior de las provincias por la creación de ayuntamientos, pero también porque los integrantes de la Diputación Provincial debían elegirse a través de electores de partido de toda la provincia. Lo que hizo complicada su instalación fue la inconformidad de Guanajuato y San Luis Potosí de formar una sola Diputación.
Si bien ésta no se instaló en el primer período gaditano, ambas provincias eligieron a sus diputados: Guanajuato a Matías Antonio de los Ríos, José María de la Canal, Julián Obregón y Mariano Marmolejo, y como suplentes Ramón de Lexarza y Mariano de Septién; San Luis Potosí, a Antonio Frontaura y Sesma, Ildefonso Díaz de León, Jacobo María Santos, y como suplente Andrés Pérez Soto. Estos individuos eran vecinos de diferentes puntos de sus respectivas provincias y representaban a las familias más importantes, pero nuevamente el Ayuntamiento de San Luis Potosí opuso resistencia, ahora tratando de invalidar esas elecciones68, mientras el jefe político reclamaba a su homólogo de Guanajuato la presencia de sus diputados69.
El regreso del monarca, que no tardó en abolir las Cortes y los decretos emanados de ellas, interrumpió esta disputa, que sería retomada en 1820 cuando se reinstalase el constitucionalismo. En este momento, la postura de Guanajuato no había cambiado: aspiraba a que se aprobara su Diputación, y con ese fin se unieron distintas voces de la ciudad, y quizá de la provincia; mientras tanto, se realizó la elección de sus diputados para que marcharan a San Luis Potosí. Por su parte, el Ayuntamiento de esta ciudad mostró inicialmente menos resistencia hacia la Diputación que en 1813-1814, pero no tardó en cuestionar la legitimidad de su instalación, al tiempo que defendía sus competencias en el ámbito fiscal. Reclamaba, cada vez de manera menos convincente, su preeminencia frente a una institución provincial y el jefe político; señalaba que solo reconocería la instalación de la Diputación y se sujetaría a ella si el jefe político –como su presidente–, y no los diputados, le notificaba oficialmente el haber formado cuerpo, “por la consideración que se merece este ayuntamiento como el primero de la provincia”70.
Las pretensiones del Ayuntamiento de San Luis Potosí prolongaron los conflictos que se habían presentado en el primer período gaditano con la nueva institución y su presidente, al que se habían aliado en los primeros años de la guerra contra el poder militar. El enfrentamiento por la preeminencia pasó a segundo plano cuando llegaron las noticias de la promulgación del Plan de Iguala, que declaraba la independencia de México, y disminuyeron aún más cuando algunos individuos del Ayuntamiento empezaron a formar parte de la Diputación. Por su parte, Guanajuato logró su propia Diputación en 1822, aunque se había retirado de San Luis Potosí hacia mediados del año anterior.
Reflexiones finales.
Los casos presentados muestran algunas respuestas de los grupos de poder americanos cuando, a través de sus corporaciones, vieron en peligro su preeminencia. Esta última era un elemento fundamental en las sociedades de Antiguo Régimen, donde esas corporaciones tenían personalidad jurídica fincada en privilegios y competencias que las dotaban de poder. Por tal razón, era de esperarse que recurrieran a diferentes estrategias para defenderla. La historiografía ha señalado que la respuesta no fue uniforme por las características de cada caso, y este trabajo, que analizó dos espacios con personalidad minera, muestra la complejidad de dinámicas y respuestas, incluso dentro de ciudades que compartían una actividad tan importante como la minería.
Centramos nuestro análisis en un período de cambios medulares, que muestra momentos en que esa preeminencia fue cuestionada, ya fuese dentro del propio régimen que la había otorgado y pretendía debilitarla o en el marco de acción de unas instituciones liberales que buscaba suprimir privilegios. Esto permite ver la dificultad de establecer cambios y continuidades. En ese sentido, observamos ensayos y errores, tanto de quienes diseñaron las reformas, porque éstas se aplicaron a realidades distintas, como de aquellos a quienes iban dirigidas, porque debieron buscar la manera más efectiva de hacer frente a esas reformas. En los casos analizados, encontramos confrontaciones y negociaciones, y si bien en San Luis Potosí se observan más las primeras y en Guanajuato las segundas, lo cierto es que eso dependió de la personalidad de las autoridades recién llegadas (intendentes, tenientes letrados y comandante militar), y de la fuerza de las instituciones locales (sobre todo los cabildos).
Los intendentes de San Luis Potosí tuvieron mayores dificultades para ejercer sus funciones. Un reflejo de ello fueron los constantes enfrentamientos con los actores locales y los cambios de titular en la intendencia luego de la muerte de Díaz de Salcedo, cuya administración resultó sumamente conflictiva. Mientras tanto, en Guanajuato hubo una mayor constancia en la titularidad de la intendencia, y el intendente Riaño, que estuvo en el cargo de 1792 a 1810, logró establecer diferentes redes de colaboración.
Por otra parte, es importante señalar que los grupos de poder local, ya fuese que optaran por la confrontación, la negociación o ambas, encontraron algunos elementos positivos en las medidas que pretendían mermar sus competencias. Creemos haber mostrado que cuando los cabildos analizados se enfrentaron a situaciones desventajosas, optaron por una estrategia más o menos constante, a la que trataron de incorporar algunos elementos que les brindaron la política reformista, los eventos de 1808, las disposiciones de Cádiz y la guerra insurgente. Es decir, buscaron mantener y defender esa preeminencia dentro del reformismo y, sobre todo, del ambiente liberal, recurriendo.
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incluso a argumentos y derechos que habían ganado dentro de un sistema que se pretendía cambiar.