Conceptualizando la corrupción política en la época moderna: una propuesta metodológica a partir del caso catalán \*.
Conceptualising political corruption in the Early Modern Era: a methodology approach from the Catalan Case.
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vocabulario proveniente de diferentes fuentes puede resultar útil a la hora de reconstruir el concepto de corrupción en las sociedades precontemporáneas.
Palabras clave: Historia conceptual, Historia de la corrupción, Metodología histórica, España Moderna.
Abstract: This paper offers a methodology to study the idea of political corruption in Early Modern polities. In doing so, debates a three-dimensional approach to overcome the difficulties of defining historical corruption. A first dimension deals with the geographical perspective, emphasising the importance of a local contextualisation of the language related to corruption practices; a second dimension discusses the existence of divergent Sattelzeiten among different societies and political realities; finally, a third dimension debates how a social history of the analysis of a broad vocabulary trackable throughout a wide range of historical sources can help us reconstruct the concept of corruption in pre-modern societies.
Keywords: Conceptual History, History of Corruption, Historical Methodology, Early Modern Spain Sumario: Introducción. 1. El eje geográfico: la impronta del Ultralocalismo. 2. El eje temporal: ¿Una multiplicidad de Sattelzeiten? 3. El eje políticosocial: hacia una historia social de los conceptos políticos. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
A lo largo de las dos últimas décadas, hemos asistido a un incremento notable de los estudios que han analizado la corrupción desde una perspectiva histórica. A las obras ya clásicas de Jean Claude Waquet1 y Linda Levy $\mathrm { P e c k } ^ { 2 }$ –publicadas a finales del siglo XX– deberían sumársele toda una retahíla de monografías, obras colectivas y artículos científicos resultado de sucesivos proyectos de investigación nacionales3 e internacionales4 que se han ido sucediendo desde 2006.
Grosso modo, estas publicaciones pueden englobarse en cuatro grandes categorías. En primer lugar, aquellas que analizan los sistemas de control –accountability– que existieron en diferentes regímenes políticos, sociales y económicos a lo largo de la historia5 . En segundo lugar, monografías que adoptan una visión de largo alcance, normalmente centrándose en un espacio político concreto6 . En tercer lugar, cabe mencionar los estudios de caso, cuyo objetivo suele ser el análisis de situaciones históricas concretas de manera pormenorizada –a menudo “escándalos de corrupción”– y que permiten iluminar cuestiones como por ejemplo cómo se desarrollaron las prácticas de corrupción en un determinado contexto microhistórico7 , o como se concibió la corrupción en una sociedad en particular8 . Por último, es preciso aludir a los estudios recientes que han subrayado la relación existente entre corrupción y colonialismo ofreciendo con ello resultados prometedores que evidencian como las percepciones, discursos y prácticas corruptas cambiaron entre los distintos territorios que conformaron unos mismos imperios9 .
Sin embargo, a pesar de los avances en la comprensión de la corrupción como fenómeno histórico, existen todavía tres cuestiones que precisan de una mayor atención. En primer lugar, no existe una conceptualización clara de la idea de corrupción política para la Europa anterior a la contemporaneidad. Aunque algunos trabajos recientes han insistido en la necesidad de definir adecuadamente la idea de corrupción en la época moderna10. siguen apareciendo estudios que explican la corrupción en las sociedades del pasado a través de categorias conceptuales presentes, un enfoque que a menudo conduce a identificar erróneamente prácticas socialmente aceptadas dentro del mundo moderno –como podrían ser el patronazgo o el nepotismo– como corrupción11. Esta perspectiva resulta áltamente problemática a la hora de reconstruir fenómenos sociohistóricos complejos porque transfiere la moralidad de una sociedad –en este caso la del presente–, hacia otra –la del pasado–, un error epistemológico del que los antropólogos llevan años avisando12. Asimismo, la ausencia de un concepto claramente definido ha conducido a algunos historiadores a tomar una actitud condescendiente para con las sociedades medievales y modernas como si tal vez sus habitantes no hubieran sido capaces de distinguir entre las esferas pública y privada, reproduciendo con ello de manera totalmente acrítica el discurso contra el Antiguo Régimen forjado durante la Revolución Francesa y el auge del estado liberal del siglo $\mathrm { X I X } ^ { 1 3 }$ –planteamiento que ya ha sido puesto en duda, entre otros, por Otto Ulbricht y Mark Knights14.
En segundo lugar, hay aún mucho campo por recorrer en lo que respecta al análisis de los discursos sobre la corrupción y la anticorrupción y su grado de influencia en el pensamiento moderno. Tradicionalmente, los estudios que se han ocupado de esta cuestión han tendido a focalizar su atención hacia una selección muy limitada de autores en lugar de reconstruir los debates de las sociedades del pasado de manera amplia15. La necesidad de dar voz a los sectores de la sociedad tradicionalmente silenciados ha sido oportunamente destacada por María Ángeles Martín Romera y Hannes Ziegler16.
En tercer lugar, es necesario dilucidar con más precisión hasta qué punto las prácticas de prevención de la corrupción tuvieron influencia en los procesos de construcción estatal. Los historiadores que se han ocupado del estudio de la corrupción en las sociedades contemporáneas han insistido en el papel crucial que jugó el discurso contra las prácticas de corrupción en la conformación del estado liberal durante el siglo XIX. Sin embargo, sorprendentemente estos mismos autores han venido cuestionando la trascendencia de la corrupción en las sociedades medieval y moderna17. A pesar de que hace ya tiempo que autores como John.
Brewer o Thomas Ertman demostraron la existencia procesos de construcción estatal divergentes en el transcurso de la modernidad18. la asunción por parte de otros historiadores de un camino revolucionario hacia la contemporaneidad ligado a una burocratización weberiana del estado habría alimentado la identificación de las sociedades modernas con sistemas políticos en los que solamente habría existido una noción difusa entre lo público y lo privado. Consecuentemente, en estas sociedades la corrupción no habría sido percibida como una práctica contraria a los intereses de la comunidad sino como un defecto, un error, en todo caso individual, mientras que la lucha contra estas prácticas –cuando existió– no habría conducido a reformas de tipo sistémico. No obstante, Mark Knights ha asegurado que este enfoque puede llevar a conclusiones erróneas. En el caso de las Islas Británicas los cambios acerca del concepto y las prácticas de corrupción se fueron sucediendo desde la época moderna, por oleadas y como resultado de una amalgama de factores a corto, mediano y largo plazo, con períodos dónde la corrupción era percibida con preocupación y debía combatirse por todos los medios possibles, seguidos de épocas dónde los cambios fueron mucho más lentos19. Más aún, otros elementos que tradicionalmente se habrían asociado con los estados liberales del siglo XIX como podrían ser el del uso de los escándalos de corrupción para desacreditar oponentes políticos y la retórica de la anticorrupción a la hora de introducir reformas legales fueron recurrentes en la Monarquía Hispánica de los Austrias20 e incluso existieron en la Corona de Aragón bajomedieval21.
El objetivo de este artículo es el de proponer una metodología para el análisis del concepto de corrupción política en la época moderna. Tomando como punto de partida las aproximaciones metodológicas de la Begriffsgeschichte y la historia intelectual de la Escuela de Cambridge, se plantea como hipótesis la necesidad de acometer el estudio de la idea de corrupción moderna a partir de tres grandes ejes: el eje geográfico, puesto que los estados-nación del presente, sus culturas y sus fronteras pueden diferir de manera sustancial respecto de los del pasado. Es por ello que se prima un enfoque local a la perspectiva global. El segundo eje es el temporal, porque el desarrollo del universo conceptual de cada sociedad en un determinado momento histórico pudo tener cronologías divergentes: por ejemplo, mientras que en Alemania y Francia el período comprendido entre $1 7 5 0 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 5 0$ fue importantísimo para el desarrollo de los nuevos conceptos ligados a la contemporaneidad, en Inglaterra el período decisivo empezó en 1600 y se alargó por lo menos hasta 1850. El tercer eje es el socio-económico, ya que no todos los actores presentes en una misma sociedad tuvieron la misma perspectiva sobre una determinada problemática, en el caso que nos ocupa, la corrupción. Es por ello que se hace necesario el análisis de un ámplio abanico de fuentes primarias con el objetivo de obtener el máximo número de puntos de vista posibles, siguiendo la estrategia apuntada hace ya algunos años por el Early Modern Research Group de la Universidad de Warwick22.
La metodología que se presenta será examinada a la luz del caso de la Cataluña de los Austrias. Sin embargo, es preciso emfatizar que ha sido diseñada para que sea útil en cualquier otro entorno histórico, especialmente en aquellos lugares en los que un análisis cuantitativo a través de las Humanidades Digitales no sea factible debido a la digitalización irregular de sus fuentes manuscritas e impresas23.
1. EL EJE GEOGRÁFICO: LA IMPRONTA DEL ULTRALOCALISMO.
A la hora de tratar de reconstruir la idea de corrupción de una determinada sociedad un primer elemento primordial a tener en cuenta no es otro que el que podemos denominar como eje geográfico. Aunque bien es cierto que algunos trabajos recientes como la Intellectual History of Corruption de Bruce Buchan y Lisa Hill han analizado el concepto de corrupción en un contexto occidental “amplio”, otros autores como Carlos.
Garriga24 o Mark Knights25 han insistido en las limitaciones intrínsecas de dicho enfoque. Es más, en el caso del historiador británico ha rechazado explícitamente la posibilidad de extender las conclusiones de su reciente monografía –centrada en el Imperio Británico y sus colonias– hacia cualquier otra sociedad, argumentando que la percepción de las prácticas de corrupción en una determinada comunidad estaba fuertemente vinculada a su contexto político, social, económico y religioso.
Bajo mi punto de vista no sólo considero acertados los planteamientos de estos autores sino que pienso que incluso deberíamos ir más allá y adoptar un enfoque ultralocal a la hora de estudiar prácticas socialmente complejas en la época moderna como lo es la corrupción. El concepto de ultralocalismo, usado por primera vez por Salvador Dalí y recientemente recuperado por Oscar Jané y Xavier Serra, situa las narrativas locales en el centro de cualesquier enfoque global26. Por lo que al estudio de la corrupción en la época moderna atañe, adoptar una metodología ultralocalista implica usar el análisis microhistórico para navegar entre las aguas de una de las características centrales de sus sistemas políticos, esto es, su pluralidad jurisdiccional27. En el caso concreto de Cataluña, la historiografía actual parece estar de acuerdo con respecto al fuerte carácter jurisdiccional de su sistema político entre 1350 y la introducción del Decreto de Nueva Planta en 1716. A grandes rasgos, los poderes político, legal y económico en la Cataluña moderna se los repartían entre cuatro grandes actores: la Diputació del General (o Generalitat), la Monarquía, las villas y ciudades y los señores jurisdiccionales (eclesiásticos y laicos). Consecuentemente, en vez de presentar una estructura de poder claramente definida, centralizada y ejecutada por una burocracia profesionalizada, deberíamos entender sus relaciones de poder como una continua negociación entre los distintos actores jurisdiccionales que se disputaban la autoridad entre $\mathrm { s i } ^ { 2 8 }$ . En definitiva, deberíamos preguntarnos: ¿Qué implicaciones tiene este sistema político a la hora de emprender el análisis de sus prácticas de corrupción?
En la Cataluña bajomedieval y de los Austrias, diversas jurisdicciones desarrollaron sistemas de rendición de cuentas privativos, de modo que no resultaba del todo inusual que las fechorías perseguidas por una determinada jurisdicción, fueran ignoradas en otra. Los naturales tenían que adaptarse a este ecosistema variable y diseñar estrategias legales dependiendo de cuál fuera la institución ante la que estuvieran litigando. Estas diferencias entre los distintos mecanismos de control de los oficiales públicos se explican a partir de las particularidades históricas de su creación, asentamiento y evolución dentro de cada jurisdicción.
En el caso de la jurisdicción de la Diputació del General, la institución que se encargó del escrutinio de sus oficiales fue la Visita del General. El de la Diputació del General es un ejemplo interesante, no sólo porque las Cortes Catalanas ensayaron diversos mecanismos de rendición de cuentas entre $1 4 3 1 \mathrm { ~ y ~ } 1 5 9 9 ^ { 2 9 }$ , sino porque además desde las Cortes de 1413 en adelante los estamentos aprobaron de manera recurrente leyes que afectaban el funcionamiento de la Diputació del General y el comportamiento de sus oficiales públicos30. Como resultado, cuando los visitadores tenían que justificar legalmente sus sentencias contra los oficiales díscolos tendían a usar el Derecho Municipal –la normativa específica aprobada en el seno de las Cortes Catalanas– en vez de el supuesto más general proporcionado por el Ius Commune. A modo de ejemplo, el soborno se prohibió en las Cortes de 1431-1434, cuando los estamentos certificaron una ley que estableció que los oficiales de la Diputació del General no pudieran recibir ni donativos ni «subornacions» durante el ejercicio de su cargo, siendo la única excepción la comida y bebida que pudiera consumirse en poco tiempo31. Ello permitió combatir los eventuales casos de soborno sin tener que forzar la aplicación del supuesto legal del Iudex Corruptus típico del derecho común en aquellos oficiales que no impartían justicia, como por ejemplo los recaudadores de impuestos de la institución32. Es preciso apuntar, además, que las Cortes Catalanas otorgaron un amplio márgen a la Visita del General a la hora de perseguir malas conductas de los oficiales públicos en general, identificados con las palabras “excessos y desordes” en la legislación de $1 5 9 9 ^ { 3 3 }$ .
Precisamente, adaptar la figura del Iudex Corruptus fue el camino adoptado por los legisladores que diseñaron el procedimiento de la Visita del Consell de Cent de Barcelona, que estuvo en funcionamiento entre $1 5 6 4 \mathrm { ~ y ~ } 1 7 1 4 ^ { 3 4 }$ . En este sentido, limitaron los supuestos por los que un oficial podía ser procesado a los de “dol y frau manifest e, o, barataria”35 y “mala aministració en llurs officis y càrrechs”36, todos ellos delitos previstos por el Derecho Común, aunque alteraron ligeramente su significado y aplicación para hacerla extensiva para aquellos actos más allá de la administración de la justicia. Así, el “dol y frau manifest” se consideraban probados por todo aquello que un oficial público “farà scientment en dany notable de la present ciutat”, mientras que por “baratería” se entendía:
tot allò que los consellers o persones visitades hauran fet per haver rebut diners o altres dàdives per via directa o yndirecta, axí per ynseculations y provisions de officis com per altres qualsevol coses, encara que de aquell tal fet no·n resulta dany algú a la present ciutat37.
Finalmente, se insistía en el hecho de que cualesquier pruebas que se presentaran en el marco del juicio de Visita solamente podían ser las aceptadas por el Derecho Común y Canónico38.
En el caso de los oficiales sujetos a la jurisdicción del rey, durante la época moderna coexistieron dos sistemas de rendición de cuentas: el Judici de Taula y la Visita Real39. En ambas instituciones, el Ius Commune resultó esencial puesto que la legislación catalana acordada en las sucesivas Cortes relacionada con las obligaciones de los oficiales reales y, sobre todo, las prácticas que debían evitar, era un tanto limitada. La legislación sobre los oficiales reales se recogía en las Constitucions y altres drets de Catalunya, la compilación de las leyes promulgadas por las sucesivas Cortes Catalanas. En total, comprendía los roles y atribuciones de un total de veintiséis oficiales40. En comparación, la legislación tocante a las atribuciones de los oficiales de la Diputació del General era concreta a la vez que muy extensa. Ello contribuyó a que, con el objetivo de sistematizar la ristra de leyes que afectaban a centenares de oficiales hacia finales del siglo $\mathrm { X V I ^ { 4 1 } }$ , los visitadores del General publicaran tres compilaciones sobre estos durante las tres primeras décadas del siglo XVII42. En definitiva, la extensión limitada del Derecho Municipal con respecto a los oficiales reales explicaría el motivo por el cual la mayoría de las acusaciones de corrupción estuvieron protagonizadas por oficiales que impartían justicia –básicamente jueces y bailes– englobadas por el supuesto del Iudex Corruptus43. Ello no quiere decir que no se formularan acusaciones menos concretas tales como “crims y excessos”, sino que, lisa y llanamente, no fructificaban44.
2. EL EJE TEMPORAL: ¿UNA MULTIPLICIDAD DE SATTELZEITEN?
Delimitar correctamente el contexto cronológico de cualquier investigación histórica resulta clave a la hora de garantizar su éxito, siéndolo aún más en el caso que dicha investigación se centre en el análisis de los conceptos históricos. En el caso del estudio de la idea de corrupción en las sociedades del pasado, de nada serviría acercarse a las categorías conceptuales de esas comunidades a través de las ideas de nuestro presente. A modo de ejemplo, el caso del proceso y condena a Guillem Pujol, conseller quinto de la ciudad de Barcelona durante los años consulares de 1618-1619 y 1638-1639 resulta paradigmático de hasta qué punto puede ser problemático el uso del concepto de nepotismo en sociedades de corte corporativo como lo era la catalana de principios del siglo XVII. Guillem Pujol fue procesado y condenado por la Visita del Consell de Cent de 1619-1620 por haber vendido el oficio de encargado del libro del Molino de San Pedro, propiedad de la ciudad. Lo interesante del caso es que en su veredicto, los visitadores condenaban la venalidad pero permitían el nepotismo45. Más aún, años más tarde, en el interrogatorio de la Visita de 1639-1640, en la que Pujol fue procesado por acusaciones similares pero finalmente absuelto, el ex-conseller no tenía problema alguno en afirmar que todas las provisiones de vacantes que había realizado en virtud de su cargo lo habían sido por la amistad que le unía a los agraciados46. Por lo tanto, lo que para nosotros resultaría una actitud nepótica y por ende relacionable con las prácticas de corrupción, para los barceloneses del siglo XVII se trataba de un acto social y legalmente aceptado47. La explicación respecto a esta disimilitud reside, principalmente, en el hecho de que el universo conceptual y los valores de los habitantes de la edad moderna se empezaron a constituir en un momento anterior a este periodo, del mismo modo que el nuestro se construyó durante el transcurso de la modernidad a la contemporaneidad.
En este sentido, tanto la aproximación a la historia conceptual planteada por Reinhardt Koselleck y su idea de Sattelzeit como el enfoque contextualista de la escuela de Cambridge liderada por Quentin Skinner y.
John C. Pocock resultan súmamente útiles para cualquier historiador que busque una base sólida desde la que abordar un análisis conceptual más profundo. La metodología de la escuela de Cambridge, cuya finalidad última –especialmente en el caso de Quentin Skinner– persigue comprender el significado de cada declaración como una acción realizada con el objetivo de certificar las acciones del agente que la ha pronunciado, permite situar las intenciones de los autores analizados en su contexto histórico y comprender hasta qué punto la acción de un determinado autor resulta original o convencional en su contexto gracias al estudio de autores considerados como secundarios. Dicho de otra manera, para Skinner los conceptos son herramientas que permiten realizar actos –políticos, para el caso que nos ocupa. Es por ello que considera que no existe la historia de los conceptos como tal, sino que deberíamos hablar de una historia del uso de estos conceptos dentro de las argumentaciones que quieren conducir a unos determinados hechos48. Por su parte, la Begriffsgeschichte alemana además de compartir la preocupación por el contexto de los conceptos, pretende reconstruir el viaje de estos conceptos desde mediados del siglo XVIII (en algunos casos incluso antes) hasta nuestra actualidad, insistir en la importancia de la historia de las estructuras sociales en relación con la evolución de los conceptos y el establecer una clara distinción entre palabras y conceptos. Respecto a esta última idea, en su introducción al diccionario histórico Geschichtliche Grundbegriffe Reinhart Koselleck remarcó que mientras que las palabras podían poseer distintos significados, los conceptos siempre aparecían como contenedores en los que estaban presentes una multitud de ideas, lo que los hacía de por sí ambiguos. Junto a estas premisas, los conceptualistas han venido remarcando también la importancia de los momentos acelerados de cambio en tanto que permiten un análisis diacrónico de la evolución de los conceptos. En este sentido, para el transcurso de la modernidad a la contemporaneidad Koselleck planteó la existencia de un lapso temporal (ca. 1750-1850) que se caracterizó por un rápido cambio conceptual y aceleración del tiempo que, a su vez, fueron vitales para el desarrollo de nuevas ideas políticas, sociales y económicas que germinaron en el seno de las nuevas sociedades contemporáneas, período que bautizó como Sattelzeit49.
Sin embargo, las metodologías contextualista y conceptualista no están exentas de limitaciones. En el caso de la metodología de la escuela de Cambridge, se ha venido criticando su excesiva focalización en autores canónicos, la identificación de estos con tradiciones políticas opuestas – como por ejemplo en el debate entre absolutismo y republicanismo– y la escasa cobertura de textos legales e institucionales50. Por lo que respecta a los conceptualistas, tanto la idea de Sattelzeit Koselleckiana como la metodología de la Begriffsgeschichte presentan un contratiempo notable para el caso que nos ocupa, esto es, su marcada agenda contemporaneísta –en el sentido de que buscan reconstruir el iter de los conceptos en su viaje hacia la época contemporánea–51.
Es por ello que es preciso buscar una tercera vía metodológica a la hora de afrontar el estudio de los conceptos del pasado. Por lo que respecta al eje temporal, deberíamos preguntarnos: ¿Qué sucedió antes del Sattelzeit? ¿Es posible que otro periodo de cambio conceptual, caracterizado por la aparición de nuevos conceptos políticos, sociales y economicos, así como instituciones y prácticas políticas sucedieran en otros lugares y cronologías antes de 1750? En caso afirmativo, $\it { i C o m o }$ deberían llamarse estos otros momentos de cambio conceptual acelerado?
Partiendo otra vez del caso catalán, no parece descabellado hipotetizar que las sociedades modernas habrían experimentado un período previo de cambio conceptual acelerado que habría ido de la mano de la expansión de sus sistemas políticos, sociales y económicos. Por ejemplo, la terminología usada en el discurso contra la corrupción política en la baja Edad Media alcanzó una coyuntura decisiva entre 1350 y 1500. Tres serían las razones que ayudarían a explicar esta situación: en primer lugar, el desarrollo del sistema político bajomedieval catalán, centrado en la administración del rey y que abandonó paulatinamente la organización feudal previa. En segundo lugar, la incorporación del universo político y conceptual del Ius Commune, que aportó nuevas ideas tales como la distinción entre lo público –identificado con la administración del monarca– y lo privado – equiparado con la administración de los señores feudales– y reforzó el auge de las instituciones de corte representativo –como las Cortes Catalanas y la Diputació del General– que potenciaron el desarrollo de una práctica política caracterizada por el objetivo del bién común. Finalmente, el hecho de que pensadores políticos como Francesc Eiximenis realizaron contribuciones vitales en el debate teórico y político durante estas décadas –incluyendo discusiones acerca de la misma idea de corrupción así como de corte organizativo de lo público (cosa pública)–52.
Dicho esto, ¿Cómo deberíamos llamar a los períodos caracterizados por la aparición de nuevos conceptos y realidades políticas antes de la Sattelzeit? A mi modo de ver, estos umbrales epocales53 que no coinciden cronológicamente con el período descrito por Reinhardt Koselleck pero que a su vez presentan características similares podrían denominarse de manera análoga, esto es, Sattelzeit. Así, se trataría de entender la idea de Sattelzeit no tanto de manera literal sino como un tipo ideal weberiano, como un recurso conceptual genérico y generalista a la hora de identificar contextos históricos de cambio54.
3. EL EJE POLÍTICO-SOCIAL: HACIA UNA HISTORIA SOCIAL DE LOS CONCEPTOS POLÍTICOS.
En un sugerente ensayo, Helge Jordheim ha insistido recientemente en que los conceptos pueden presentar “asincronías de uso”, esto es, que los individuos y las comunidades utilizan ideas y palabras diferentes en un mismo contexto histórico dependiendo de sus objetivos particulares55. Es por esta razón que cualquier análisis conceptual del pasado debería tratar de incorporar la metodología de la historia social del lenguaje y discursos políticos desarrollada por el Early Modern Research Group de la Universidad de Warwick, que trata de reconstruir cómo una variedad de individuos a lo largo de una misma sociedad “used and engaged with –as well as being moulded by– words, vocabularies and concepts, which of course they might also reject”56. Para alcanzar este objetivo resulta imprescindible congregar el máximo número de testimonios posibles en un momento histórico determinado, porque los conceptos –tanto en el pasado como hoy en día– siempre han estado en disputa, siendo ello especialmente cierto por lo que respecta al concepto de corrupción política57. Asimismo, este método plantea el uso de una gran variedad de fuentes primarias, tales como manuscritos, impresos, obras de arte y otras evidencias no textuales, siempre teniendo en cuenta que resulta imposible aunar todas las fuentes de un determinado momento del pasado y, por consiguiente, nuestra interpretación siempre será selectiva, tal y como ha recordado recientemente Javier Fernández Sebastián58.
El caso catalán ofrece un buen universo documental a la hora de probar la metodología propuesta por el Early Modern Research Group de la Universidad de Warwick. Gracias a ello, nos podemos acercar a las prácticas y discursos acerca de la idea de corrupción política a través de fuentes variopintas como pueden ser registros judiciales, literatura de corte político, obras jurídicas, egodocumentos, legislación o debates parlamentarios. A lo largo de los siguientes párrafos ofreceré una breve muestra de ellos.
En el caso de las fuentes de corte judicial, el primer punto de vista que puede extraerse acerca de la corrupción es el del Estado y los juristas a su servicio. Tal y como ya apuntó en su día Josep Maria Pons Guri, aunque en la Cataluña moderna el Ius Commune se consideraba como supletorio al Derecho Municipal –el Derecho Público Catalán– el alcance un tanto reducido del segundo hacía indispensable el primero59. En este sentido, las constituciones catalanas –el núcleo de la legislación del Principado de Cataluña promulgado en el marco de las Cortes Catalanas– se interpretaban de acuerdo con el Derecho Común y, consecuentemente, lo mismo ocurría con los procesos conducidos ante las instituciones de rendición de cuentas de los oficiales públicos presentes en el Principado. Es por ello que a la hora de estudiar las prácticas corruptas destapadas por estos mecanismos de control resulta súmamente útil trazar una división entre el lenguaje y discursos usados por el Estado (incluyendo sus operadores jurídicos) por un lado, y los usados por el “hombre común” que participó en ellos por el otro. Esto es debido al hecho de que los primeros tenían que adaptar sus discursos a las categorías legales vigentes para con ello tratar de harmonizar su realidad con la abstracción legal necesaria para proseguir con la causa judicial. Como resultado, mientras que los operadores legales tendieron a usar tecnicismos precisos tales como “barateria”60, “dol”, “collusió”61, “escàndol”62, “interès particular”, “interès públic”63, “frau”, “extorsió”64, y “composició”65, el hombre común tendió a expresarse usando sintagmas como por ejemplo “haver diners de”66 o “prendre diners de”67 y eufemismos como “no se’n haya posat res en bolsa”68 para referirse al soborno; expresiones como “y donchs, no·y haurie per un dinar?”69 para denunciar las extorsiones de los oficiales públicos; y apreciaciones más extensas tales como “si no fora lo càrrech que té del General, no tindria pa per a menjar ni cera en les orelles, perquè se és aprofitat y aprofita de dit offici”70 para describir el proceso de enriquecimiento ilícito de los servidores de la Generalitat.
El punto de vista del hombre común puede hallarse más allá de los registros judiciales. En este sentido, la poesía popular puede resultar en algunas ocasiones muy esclarecedora acerca de qué comportamientos debían evitar los oficiales públicos, tal y como demuestra una composición que circuló durante la Revuelta de los Barretines (1687-1690)71. En ella, los ministros del rey y los “menjayres de ciutat” son acusados de “composar” las villas y ciudades “Sols per afartar sas casas // y tenir sobrat diner”72. Otro ejemplo magnífico por lo que respecta a la poesía satírica son las décimas dedicadas al conseller de Barcelona Onofre Vila, que condujeron a su procesamiento en el marco de la Visita del Consell de Cent. En su defensa, Vila sugirió que la práctica de desacreditar los servidores públicos pegando “cartells per los cantons y pasquins, paperades, almangarades y altres brutícies a las portas” durante los períodos electivos era una práctica común en la Barcelona moderna. Según Vila, los responsables de estas campañas de descrédito eran aquellos que aún pretendiendo un oficio en el organigrama de la ciudad no lo habían conseguido, puesto que:
és tant gran la passió y malícia consebexen las personas que pretenen ser insiculats y no·u són contra dels qui no·ls han insiculats que encontinent los llevan la salut o no·ls saludan quant los vehuan, y·ls fan lo bot y murmuran d·ells y publiquen que per dinés han insiculat als altres y·ls ho han llevat a ells y dient altres insolències y falsos testimonis.
Baste como muestra un extracto de una de las composiciones dirigidas contra Vila en la que se le acusaba de haber aceptado dinero a cambio de insacular a un conciudadano: “En Dalmau no pot dormir // En brassol ni en cadira // Per noranta-un trantí // Que ha donat a misser Vila”73.
Sin embargo, el principal problema de esta tipología documental –que según los estudios más recientes hay indicios para afirmar que fue muy prolífica–74 es su carácter efímero, lo que explicaría que la gran mayoría de documentos no hayan pervivido hasta nuestros días. En este sentido, la querella contra Onofre Vila arroja un poco de luz acerca de los motivos por los que, probablemente, muchos papeles satíricos no se conservaron. En su defensa, el conseller pidió explícitamente que las composiciones se eliminaran del proceso y que sus autores fueran perseguidos y condenados en aras de preservar el honor de la ciudad de Barcelona y sus servidores públicos. La única razón por la que las décimas han llegado hasta nuestros días es porque las demandas de Vila no fueron aceptadas por el tribunal de la Visita. De hecho, las pruebas contra el conseller eran tan evidentes que los visitadores terminaron condenándole. Aún así, es bastante probable que el caso de Onofre Vila fuera más la excepción que la norma y que documentos similares desaparecieran de los registros cuando los procesados eran lo suficientemente poderosos75.
Las memorias personales, y egodocumentos en general también deberían tenerse en cuenta a la hora de reconstruir el concepto de corrupción en la época moderna. Afortunadamente, en el caso catalán un gran número de esta clase de documentos han llegado hasta nuestros días, y cabe decir que algunos de sus autores fueron comentaristas políticos muy incisivos. Baste como muestra el testimonio de Miquel Parets, zurrador barcelonés que escribió durante las décadas centrales del siglo XVII. Parets tenía muy clara la distinción entre lo público y lo privado cuando acusaba a los consellers de Barcelona que gobernaron la ciudad entre 1642 y 1643 de no cuidarse “gaira del bé comú sinó del particular” a la hora de proveer el trigo de la ciudad76. Asimismo, usaba terminología variada para referirse a los sobornos que ofrecían aquellos sectores de la ciudad que querían entregarla a los ejércitos de Felipe IV en 1645: según el zurrador barcelonés querían convencerles “ab diner ho ab amistats y ab promeses”77. Parets también dejó constancia escrita acerca de otras ideas como el abuso de poder, la mala administración y las fechorías cometidas por los oficiales públicos en general, conceptos todos ellos a los que se refería usando vocablos menos concretos como podían ser “grans maldats”78, “regiren molt mal la ciutat”79, o “se aprofità moltíssim [de su oficio]”80. A su vez, Miquel Parets también era capaz de utilizar toda una batería de contraconceptos diametralmente opuestos al lenguaje de los abusos y corruptelas. Un magnífico ejemplo de ello resultan ser los calificativos que dedica a Francesc de Tamarit, uno de los miembros del consistorio de la Diputació del General entre 1638 y 1641 y que terminó preso en la Cárcel Real de Barcelona al cuestionar la política catalana del Conde Duque de Olivares. El zurrador barcelonés describía a Tamarit como un “omo prudent y de bones pars, y amador de la pàtria y del bé comú”81, todas ellas cualidades que, bajo su punto de vista, lo hacían el candidato perfecto para liderar el tercio de la Diputació durante la campaña para la recuperación de la fortaleza de Salses en 1639.
A diferencia de Miquel Parets, Jeroni Saconomina, miembro de las elites urbanas de Girona parece haber poseído un vocabulario más concreto a la hora de describir prácticas corruptas. En este sentido, en sus memorias acusaba a los consellers de Barcelona de aceptar “presens” y “sotamans” –esta última una manera sutil de referirse al acto de recibir dinero a través del hueco existente entre la mano y la manga del vestido– por parte de la comunidad genovesa residente en la capital catalana para evitar tomar represalias contra ellos después que las galeras de Andrea Doria hubiesen mostrado una actitud irrespetuosa ante las murallas de la ciudad82. Sin embargo, el memorialista más cáustico de la Cataluña del siglo XVII no fue otro que el jurista Jeroni Pujades83. Ello se debe no tanto a la precisión del lenguaje utilizado a la hora de referirse a las fechorías perpetradas por los oficiales públicos, sino a las descripciones, a menudo hirientes, sobre algunos de los oficiales de más alto rango de la Monarquía Hispánica. Por ejemplo, al comentar la noticia de la muerte de Josep Mur, juez de las Audiencias de Cataluña, Mallorca y Cerdeña, Pujades se refería cínicamente a su carrera y enriquecimiento meteóricos recordando que “de pobre advocat era pujat a assessor de la Ballia General, jutge de cort de la tercera sala y fet cavaller, y a regent y a noble, y no se és poguda tenir la roda”84.
Cabe la pena remarcar que no todos los dietarios fueron escritos en entornos urbanos. Así, es posible encontrar referencias escuetas acerca de los abusos cometidos por los servidores públicos en los escritos de campesinos como Bernat Puigcarbó y Joan Guàrdia. Ambos usaron la palabra “composició” para referirse a las extorsiones cometidas por individuos instituídos con autoridad pública. A veces estos ejercían como oficiales del rey, aunque en la mayoría de las ocasiones formaban parte de las compañías de soldados bien presentes en las zonas rurales del noreste catalán durante las décadas centrales y la segunda mitad del siglo XVII85. En cualquier caso, parece claro que tanto en el mundo urbano como el rural existió una repulsa generalizada hacia las malas prácticas de los oficiales públicos, perfectamente sintetizada por Jeroni Cros, cirujano de Perpinyà, que consideraba que los dirigentes de la ciudad “governàran molt dolentament” siendo el motivo que “a ells se donava la culpa de moltas cosas”86.
Otra fuente de información imprescindible a la hora de analizar la idea de corrupción y los debates a su alrededor en la Cataluña bajomedieval y moderna són los processos de Cort –actas de las Cortes Catalanas–87. Entre otras muchas cuestiones, estos contienen debates explícitos sobre la organización de la comunidad política, los roles y atribuciones de los oficiales públicos y la idea del bién común en general. A modo de ejemplo, todos los asistentes a las Cortes tanían que jurar dar “bo e leal concell a son millor enteniment e bé públich de tota la present Cort de Cathalunya”88. Esta idea del bién público a veces se relacionaba con el origen geográfico de los asistentes a las Cortes. Por ejemplo, según el noble Baltasar d’Oms aquellos individuos nacidos fuera de Cataluña que querían participar en las Cortes “sols serquen interessos particulars y entreduir coses noves” mientras que los nativos “sols entenen en lo bé públich de la terra y servey de sa magestat”89.
Las dinámicas parlamentarias también ayudaron a definir lo público y lo privado. En este sentido, cuando alguien usaba el dissentiment –el mecanismo a través del cual cualquier miembro de las Cortes podía detener su avance formal para forzar la discusión de un tema en concreto– todos los asistentes tenían muy clara la diferencia entre los dissentiments individuales que sólo afectaban a un individuo o grupo reducido y los dissentiments generales que incumbían a todo un estamento o a la totalidad de las Cortes. Como bién apuntaba Bernat Abella i de Guimerà, los dissentiments podían provocar un “gran dany” a las Cortes, especialmente aquellos que eran:
molt voluntaris [...] y quisà per particulars respectes posat[s], los quals, parant he interrompent lo progrés de aquelles, han causat que fins ara no se ha donat assiento algú, ni presa resolució en lo que a la bona administració de la justícia en lo present Principat y Comptats [respecta].
Según Abella, ello afectaba “la pública utilitat, bon govern y administració dels dits Principats y Comptats” puesto que el monarca había convocado a los estamentos con esta finalidad90.
Para concluir esta sección, me gustaría insistir en el hecho de que muchas de las expresiones, discursos y prácticas acerca de la idea de corrupción tuvieron influencia en la legislación aprobada por las Cortes Catalanas bajomedievales y modernas. Así, el desarrollo de la noción de corrupción fue de la mano con el proceso de construcción estatal. Por ejemplo, desde el 1301, el procedimiento del Judici de Taula, persiguió las categorías delictivas del “frau”, “corruptió” y “gran culpa” típicas del Ius Commune91; a lo largo del siglo XV los debates parlamentarios sobre el estado de la Diputació del General comportaron también reformas, que entre otras cuestiones prohibieron a los oficiales de la institución recibir regalos o sobornos92; y en el siglo XVI se crearon diversos mecanismos de control de los oficiales públicos de las tres principales jurisdicciones seculares catalanas, esto es, la de la Diputació del General, la de la monarquía y la de la ciudad de Barcelona. Como corolario, a lo largo del siglo XVII estas mismas instituciones de control crearon nuevas normas a partir de las sentencias que promulgaron, contribuyendo con ello a la construcción del estado. El objetivo de estos reglamentos no era otro que el de corregir y mejorar el comportamiento de los oficiales públicos. Sirva de ejemplo el compendio de normas publicado en 1621 por los visitadores de la Generalitat tocante a los oficiales de la Esquadra de Galeres del General. Consideraban que la obra era del todo indispensable para corregir los “notables descuyts y errors” que habían cometido algunos de los oficiales, “per rahó dels quals la Generalitat ha patit molt gran dany”. Con la nueva normativa, fruto de su zelo por el “bé comú de la Generalitat”, aseguraban que los oficiales serían capaces de administrar “sos officis ab la perfectió convé al bé públich y utilitat de la Generalitat”93.
CONCLUSIONES.
A lo largo de las páginas precedentes he presentado una propuesta metodológica para estudiar el concepto de corrupción en las sociedades modernas. Para ello he destacado la importancia de reconstruir una suerte de tipo ideal para cada sociedad estudiada a partir de un análisis documental basado en tres grandes ejes: el eje geográfico, el eje temporal y el eje políticosocial.
Tomando como ejemplo el caso catalán, he subrayado como la pluralidad jurisdiccional típica de las sociedades del Antiguo Régimen requiere que cualquier acercamiento a su realidad conceptual tenga en cuenta la multiplicidad de contextos que se podían dar en su seno, puesto que en cada comunidad política podían existir ideas divergentes acerca de qué se podía calificar como abuso cometido por los oficiales públicos. Más aún, cabe insistir en el hecho de que antes y después del decisivo período bautizado por Reinhardt Koselleck como Sattelzeit parecen haber existido cesuras temporales que habrían favorecido la aparición de nuevos universos conceptuales, puesto que, como he apuntado, el de las sociedades modernas parece haber surgido durante el período bajomedieval. Finalmente, a la hora de enriquecer nuestro conocimiento acerca de como se concebía y debatía la corrupción en las sociedades del pasado parece del todo necesario acceder a un variado elenco de fuentes primarias para observar como los diferentes actores sociales usaron distintos vocabularios para referirse a unas mismas prácticas.
En definitiva, ¿Cómo concibieron la corrupción los catalanes de la época moderna? El concepto de corrupción por aquel entonces dependió de una multiplicidad de factores tales como el origen social de la persona que hacía referencia a él, la institución ante la que se denunciaba esta mala praxis o la posición de los actores dentro de una determinada disputa legal. El motivo de esta complejidad estribaría en el hecho de que, como hoy en día, el concepto de corrupción estaba en disputa. Sin embargo, contamos con algunas certezas: en primer lugar, parece evidente que existía una clara distinción entre las esferas pública y privada, que eran invocadas según convenía a los coetáneos; en segundo lugar, mientras que algunas prácticas corruptas parecidas a las de hoy en día eran claramente condenadas –como podría ser el caso del soborno– otras eran socialmente aceptadas –como por ejemplo el nepotismo–; finalmente, cabe destacar que en la Cataluña de los Austrias no se usaba el término “corrupción” como una palabra comodín para hacer una referencia genérica a prácticas corruptas como lo hacemos en la actualidad: cuando se quería aludir a las fechorías cometidas por los oficiales públicos se preferían otras palabras tales como “excesos”, “abusos”, “desórdenes” o “composiciones”. Si bien es cierto que la explicación detallada sobre este fenómeno sobrepasa los objetivos de este artículo, bajo mi punto de vista no resultaría descabellado afirmar que los catalanes de antaño utilizaran otros vocablos porque el término “corrupción” era una categoría legal claramente delimitada dentro de la cultura jurídica del Ius Commune. Una expresión que se vinculaba al ejercicio de la justicia y que, por lo tanto, era de poca utilidad cuando se trataba de describir los abusos y excesos de aquellos oficiales públicos que no la impartían.
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