A hierro morir. La caída del Imperio Mexicano, entre la contrarrevolución española y los pronunciamientos militares (1822-1823)\*.
Death by iron fist. Between the Spanish counterrevolution and military pronunciamientos: the fall of the Mexican Empire (1822-1823)
Joaquín E. ESPINOSA AGUIRRE Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
RESUMEN.
Durante el Trienio Liberal, los pronunciamientos militares fueron una de las prácticas más comunes, tanto en la Metrópoli –donde uno de ellos provocó el restablecimiento constitucional– como en Iberoamérica, especialmente en Nueva España. Ahí se tuvo una de las recepciones más significativas de este fenómeno, pues el modelo de Rafael del Riego fue puesto en práctica a partir de febrero de 1821 por el coronel vallisoletano Agustín de Iturbide, quien propuso la unidad de los diversos sectores novohispanos para conseguir la independencia del Imperio mexicano. Sin embargo, como un mal endémico de su alumbramiento, el nuevo Estado vio la luz con graves problemas para su consolidación, entre la presencia de una serie de intrigantes españoles, que tramarían la contrarrevolución, y el peligroso empoderamiento de la clase militar. Ambos elementos determinarían los escasos meses de existencia del imperio, y aunados a la escasez de recursos y los errores propios del emperador, harían caer en marzo de 1823 el primer gobierno independiente de México.
PALABRAS CLAVE.
Trienio mexicano; Pronunciamientos militares; México independiente; Reconquista; Agustín I;
republicanos.
ABSTRACT.
During the Trienio Liberal, military pronunciamientos were common practice, both in the Metropolis... –where one led to the restoration of the constitution– and in Hispanic America, especially in New Spain. It was in the latter that one of the most significant receptions of this phenomenon occurred, namely, Rafael del Riego’s model was put into practice in February 1821 by the Valladolid Colonel Agustín de Iturbide, who proposed the unification of the various sectors of New Spain in order to achieve the independence of the Mexican Empire. However, as the result of an evil endemic to its conception, the new State was born with serious problems in terms of its consolidation, namely the tensions resulting from the presence of a series of Spanish intriguers who would plot the counterrevolution and the dangerous empowerment of the military class. Both elements were to determine the course of the few months the Empire existed and, together with the scarcity of resources and the errors of the Emperor, would bring down the first independent government of Mexico in March 1823.
KEYWORDS.
Mexican Trienio; Military pronunciamiento; Independent Mexico; Reconquest; Agustín I;
republicans.
El ejército que hoy reclama la libertad de su patria es el mismo trigarante que siguió el pronunciamiento de Iguala […], este mismo ejército no dejará las armas, en tanto que no vea asegurada la independencia y libertad del imperio.
Vicente GUERRERO y Nicolás BRAVO, “Manifiesto a la nación mexicana”, Chilapa, 13 de enero de 1823.
Cuenta José Ramón Malo que en abril de 1823, cuando pasó por Tulancingo con su tío el ex emperador, una serenata que andaba haciendo ronda se presentó frente a su casa para levantar enérgicas voces que “gritaban mueras al Tirano y victoreaban la libertad”; al que llamaban tirano era precisamente Agustín de Iturbide1 . Algo similar narraría otro comentarista anónimo quien, con una postura claramente contrarrevolucionaria, señaló que
los vítores y aclamaciones prodigadas antes a Iturbide se han convertido con exceso en ultrajes, desprecios y repetidos mueras, manifestando hasta el más encuerado lépero que ha sido un tirano, falsario y atropellador de su mismo Plan de Iguala y cómicos tratados de Córdoba, con que alucinó a los incautos mexicanos2 .
El fallido monarca se dirigía al destierro en Europa, pero dejaba detrás de sí un país independiente que ensayaba una monarquía constitucional basada en el modelo gaditano, y que, no obstante, tocaba sus últimas notas para dar paso a la república. Ahora bien, ¿cómo era posible que quien apenas dos años atrás había guiado hacia la independencia a prácticamente todas las fuerzas civiles, religiosas y militares del reino ahora fuera repudiado de tal manera? $\it { i Q u e }$ había sucedido para que toda la euforia y aplausos se convirtieran en condenas y mueras a su persona? $\therefore \mathrm { E n }$ qué había consistido que todos esos sectores, y particularmente el de los hombres de casaca, hubieran volteado la espalda en 1823 a quien habían encumbrado como emperador un año antes?
El nacimiento del Imperio mexicano, así como los primeros años de vida independiente de lo que antiguamente fue la Nueva España, estuvo determinado por el actuar de la casta militar. Ella marcó la pauta de los cambios políticos que se experimentaron a lo largo de la campaña con la que se consiguió la emancipación, así como durante el primer ensayo de gobierno independiente, en el cual tomaron las riendas de la política y la administración, y ejercieron de forma efectiva el poder. Los ejércitos –en plural, pues no siempre existió algo que pudiera llamarse ejército nacional–3 determinaron el ritmo de la aplicación de la violencia, ejercieron una fuerte presión ante los demás sectores y, en pocas palabras, tomaron las decisiones más significativas con respecto al tipo de gobierno a adoptar, a la imposición de algún personaje como su cabeza principal, o inclusive su misma caída, bajo la fórmula exacta sobre la cual lo habían encumbrado.
Este período, que podríamos llamar el Trienio mexicano (1820-1823)4 , tuvo dos características fundamentales que lo enlazan definitivamente con el Trienio Liberal español: en primer lugar, la vigencia de la Constitución de Cádiz, la cual regresó a regir el Virreinato a partir del mes de mayo de 1820, cuando se juró en diversas provincias novohispanas –incluso antes de que las autoridades metropolitanas lo mandaran, o que lo ordenara el virrey Juan Ruiz de Apodaca–, y solo cesó hasta que cayó el Gobierno imperial, que fue el que promovió su aplicación. El segundo elemento tiene que ver con la constante presencia de los pronunciamientos militares, los cuales marcaron la vida política del Virreinato a partir del primero que se presentó en Iguala el 24 de febrero de 1821 –que tanta semejanza guardó con el acontecido en Las Cabezas de San Juan un año antes– y determinarían el rumbo del Imperio a partir de 1822, cuando la suerte de su promotor, y ahora emperador, dio un giro estrepitoso al perder la gracia y complicidad de las fuerzas armadas, su principal fuente de legitimidad y poder. Comenzaba así la era de los pronunciamientos.
Lo que se presenta a continuación es un análisis de los problemas a los que tuvo que hacer frente el Imperio mexicano, tratando de dar respuesta a la interrogante sobre cuáles fueron las formas en que se presentó una oposición contra la independencia, el emperador y la forma monárquica de gobierno durante los años de $1 8 2 2 \mathrm { ~ y ~ } 1 8 2 3$ : por un lado, la contrarrevolución que llevaron a cabo los restos de tropas fieles al monarca español concentradas en la provincia de Veracruz, y por otro, los diversos pronunciamientos militares que se suscitaron a partir de la proclamación de Iturbide como emperador, los cuales tuvieron como principal intención redirigir el destino político del Estado nacional mexicano. En la primera parte se presentarán los pronunciamientos que se encaminaron a fomentar el ascenso del caudillo de la independencia, con una breve revisión de la forma en que las fuerzas armadas se consolidaron como grupo político cuando tuvieron un objetivo común, pero poniendo especial énfasis en el modo en que forzaron la designación del emperador en mayo de 1822. Luego, en la segunda parte, se pasará a los diversos golpes que se ejecutaron en contra del régimen imperial, hasta conseguir que sucumbiera durante los primeros meses de 1823: las intrigas españolas a cargo de José Dávila y Francisco Lemaur y los levantamientos armados que terminarían por acelerar su caída. Sin pretender una idea de unicausalidad, planteo que fueron el apoyo y complicidad, o el rechazo y contrarrevolución de los jefes y oficiales de las fuerzas armadas, los que determinaron la suerte del Imperio mexicano, que fomentaron primero para después provocar su derrumbamiento.
El pronunciamiento independentista
“En masa y con absoluta uniformidad”, así es como la madrugada del 19 de mayo de 1822 el grueso de los regimientos de infantería y caballería del Ejército.
Imperial Mexicano existentes en la capital se pronunciaron en favor de la designación de Agustín de Iturbide como emperador de la América mexicana. Ante las “demostraciones más vivas de alegría y entusiasmo por el pueblo”, tuvieron a bien comunicarle su parecer a la legislatura nacional para que se determinara de una vez por todas a discutir “sobre punto de tanta importancia”5 . Con esta acción, no sucedía otra cosa que confirmarse la coalición tácita que existía entre el Primer Jefe, ahora elevado a la dignidad de emperador, y los generales, oficiales y tropas imperiales que se encontraban en la Ciudad de México. Además, se consolidaba el proceso de politización de las fuerzas armadas, comenzado una década atrás6 .
Ese apoyo no era espontáneo, pues para llegar a tal grado de lealtad entre los soldados mexicanos había tenido que pasar una compleja transición que comenzó con el pronunciamiento independentista de 1821 y el consecuente establecimiento del Imperio mexicano. Esos años cruciales7 reportarían una serie de cambios, cuyo punto medular era el empoderamiento de la clase militar, ya que al tomar el modelo de los liberales rieguistas –práctico, rápido y efectivo–, los trigarantes mexicanos tomaron en sus manos el rumbo de la política, apoyándose en los sectores eclesiásticos y civiles, pero con ellos al mando de las acciones. Así se llevó a cabo la campaña de 1821 que, con un orden y una efectividad quirúrgicos, impuso el proyecto político de las tres garantías –religión, independencia y unión– a los diferentes órganos administrativos de las diversas provincias del agonizante Virreinato8 .
Con el grito de Iguala, que tuvo como su eje articulador el Plan de independencia de la América septentrional, se quisieron resolver algunos de los problemas que el Virreinato de Nueva España experimentaba luego de una larga década de guerra, siendo las fuerzas armadas uno de los sectores que más atacados se sentía, al tiempo de creer que a ellos, y sólo a ellos, se debía la aparente pacificación y tranquilidad del Virreinato. Condiciones internas y externas hacían de los ejércitos novohispanos un polvorín que vino a detonar luego de los sucesos de 1820. Esto sucedió, en primera instancia, por causa del restablecimiento de la Constitución en la.
Península, y la consecuente jura en los diversos reinos ultramarinos, lo que generó un gran desasosiego que la prensa de la época testimonió y del que a su vez fue resultado9 . Esto produjo que muchas de las noticias venidas de España se tornaran en rumores, que lo mismo hablaban de la supresión del fuero militar y eclesiástico que de la posibilidad de que los ascensos entregados durante los últimos años a los soldados americanos pudieran ser puestos a revisión e incluso fueran revocados.
Por otro lado, las medidas que efectivamente se aplicaron por el Gobierno liberal, concretamente la extinción de las contribuciones extraordinarias en materia defensiva, fueron altamente rechazadas por significar una condena indirecta a la desaparición de las milicias urbanas, base de la táctica contrainsurgente en la mayoría de las provincias. Ello repercutió en el ya de por sí desgastado ánimo de los soldados y oficiales, quienes, lejos de ser reconocidos por sus acciones, estaban siendo reducidos en los principales incentivos que habían conseguido en la contienda: ascensos militares, aumento de su influencia regional y pagos oportunos. Todos cejarían. De ahí que el temor a las medidas radicales de los diputados exaltados se aunara al oscuro panorama que vivían en el Virreinato, lo que hacía de ellos un potencial grupo de apoyo que podría llegar a ser muy poderoso. En medio de todo eso, la casta militar vio llegada su gran oportunidad para buscar esas recompensas y premios a que se creían merecedores imitando a sus pares de la Península. También así habían aleccionado los liberales pronunciados a los soldados americanos10.
Durante siete meses de campaña, el pronunciamiento de independencia se fue otorgando a las autoridades de pueblos, villas y ciudades de las provincias donde estuvieron presentes los oficiales y jefes adeptos al movimiento trigarante. Al igual que en la Península, fue desde la periferia, en los núcleos urbanos provinciales, donde se logró el apoyo necesario, convenciendo a las guarniciones de ciertos puntos específicos de gran trascendencia: ciudades como La Coruña, Murcia, Oviedo, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Pamplona, Segovia y Cádiz en el caso español, y poblados menores como Iguala, Sultepec, Perote, Amoles, Zacatlán, Salvatierra, Orizaba, Celaya, Córdoba, Zitácuaro y Maravatío en el novohispano. Las negociaciones se fueron preparando incluso antes de la proclamación del plan, pues Iturbide realizó un intenso cabildeo –similar al que llevaron a cabo Antonio Alcalá Galiano y Juan Álvarez Mendizábal– con muchos de sus futuros colaboradores, convenciéndolos de las ventajas que podrían obtener. A ellos se sumarían antiguos jefes revolucionarios como Francisco Espoz y Mina y Guadalupe Victoria, respectivamente11.
A partir de ese momento, “se formó una facción de oficiales alrededor de Agustín de Iturbide”, como señaló Christon Archer12, una camarilla que el criollo supo capitalizar durante los meses siguientes. Pero no sólo se trató de elementos de las fuerzas armadas, sino que, al alumbrar el Imperio Mexicano, todas las instituciones capitalinas se volcaron a resaltar su figura, ora por un espontáneo entusiasmo, ora por beneficiarse de la luz que irradiaba su investidura. Así se pudo percibir durante la mañana del 28 de septiembre de 1821, cuando se reunió la Junta Provisional Gubernativa para hacer la declaración de independencia y elegir a su presidente, cargo que recayó “con absoluta pluralidad” en Iturbide. Luego se procedió a la elección de los miembros de la Regencia, de la que también quedó encargado como presidente. Las principales magistraturas políticas se las entregaron los miembros de la Junta al Primer Jefe, y lo mismo sucedería con el mando del ejército, puesto que “por aclamación” se decidió nombrarlo “Generalísimo de las Armas del Imperio de mar y tierra” o “Generalísimo y Almirante”13. Como señaló William Roberson, una vez hecha la independencia, “de inmediato Iturbide tomó el timón del barco del Estado” y quedó como la cabeza más visible y aclamada, militar y políticamente14. Los premios y condecoraciones comenzaban a llegar.
La proclamación del militar.
También habría recompensas para el resto de los jefes y oficiales imperiales, quienes no tardaron en cobrar los réditos que la victoria de su pronunciamiento les había generado. Durante los meses posteriores a la declaración de independencia, se otorgaron diversas distinciones a quienes hubieran obtenido alguna victoria para las armas trigarantes en 1821, como por ejemplo la Cruz de Córdoba, entregada a la división que combatió en el mes de mayo en ese sitio; el escudo de distinción por la batalla de “Treinta contra cuatrocientos”, sostenida en Arroyo Hondo en junio; el escudo por “Denuedo en la batalla y piedad con los vencidos a la vista de Toluca el 19 de junio…”, que se otorgó a la división de Vicente Filisola, o la distinción para los combatientes de la batalla de Azcapotzalco, que participaron en el último encuentro bélico en el mes de agosto15.
La comisión de premios y distinciones militares, establecida en la primera sesión preparatoria de la Junta –el 22 de septiembre– fue presionada por el Generalísimo para la entrega de medallas de primera, segunda y tercera clase –en oro, plata y otro material común–, las cuales se otorgarían a “los sujetos que proporcionalmente las merezcan y se han distinguido por sus servicios”. Luego, durante la segunda semana de octubre, el mismo Iturbide dispuso que se grabaran dos medallas de premio y honor “para los que adoptaron el plan y sistema de Iguala”16. Posteriormente, la regencia adoptaría la facultad de entregar grados y ascensos, y por ello el 11 de octubre se promovieron los ascensos de un vasto número de jefes trigarantes, para “dar al mérito su debida recompensa”17.
Pronto cesarían las funciones de la Junta Provisional y darían paso a la reunión del Congreso constituyente que abriría sus sesiones el 24 de febrero de 1822, cuando se conmemoró un año de la proclamación del Plan de independencia. A partir de ese momento, las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo se fueron tensando cada vez más, pues el Congreso no era la Junta, y sus miembros no estarían tan inclinados hacia el reconocimiento del Generalísimo regente, quien dejó de tener el tratamiento acostumbrando: “los actos todos entre el ejecutivo y el congreso [señalaría tiempo después el diputado José María Bocanegra], posteriormente fueron discordes, y casi de continuas y mutuas reclamaciones en todos los ramos de la administración”18. Este fuego se atizaría cuando entró en discusión el tema de la cantidad de efectivos que debía tener el Ejército Imperial. Por un lado, el Generalísimo se inclinaba por un aumento, argumentando que “las naciones extranjeras nos observan cuidadosamente, esperando […] para aprovecharse de nuestra ineptitud”19. No se equivocaba del todo, como se verá más adelante. Por su parte, los diputados veían en ese argumento un falso artilugio para perpetuar la militarización del Imperio, e incluso llegaban a señalar que Iturbide se había encargado de retrasar la salida de los enemigos para probar su punto20.
El 11 de marzo, el Congreso dio un duro revés al regente al aprobar un decreto que, además de disminuir el salario de todos los empleados civiles y militares, otorgaba al legislativo la atribución de determinar “los puntos que conviene tengamos resguardados; el número y clase de tropas con que esto debe hacerse; el total del ejército de línea que sea preciso conservar”21. Con ello, las atribuciones que inicialmente habían pertenecido al Generalísimo ahora se las arrogaban los diputados a su potestad. En respuesta, Iturbide publicó una representación en la que hizo renuncia de la excepción de esa medida a su sueldo y al de su padre como regente honorario, pues “nunca los sueldos del ejército debían esperar”, por ser una total desproporción dejar de reconocer y premiar a los que habían conquistado la independencia: “que mi suerte sea igual con la de mis conciudadanos y antiguos compañeros de armas”22.
La situación subió de temperatura cuando llegó la noticia de la negativa por parte de las Cortes españolas a reconocer el Tratado de Córdoba, bajo el argumento de la falta de facultades del capitán general Juan O’Donojú para entrar en negociaciones sobre la independencia. El 28 de marzo se hizo público en la Gaceta Imperial23. Para el regente, esto hacía más urgente la necesidad de consolidar el ejército mexicano, pues creía que la seguridad del Imperio estaba más amenazada ahora que la alternativa borbonista se había cerrado; entretanto, los diputados desconfiaban cada vez más de él por las sospechas de que planeaba erigirse emperador. Días más tarde, el 13 de abril, una comisión del congreso presentó el “Reglamento provisional para la regencia del Imperio”, por medio del cual se reducían mucho más las atribuciones ejecutivas de Iturbide en cuanto a lo militar y se acotaba su empleo como Generalísimo. Para los diputados, la concentración en unas mismas manos de los encargos de regente presidente y jefe superior de las fuerzas armadas era excesiva e incompatible –en contradicción con lo que había decretado la Junta Provisional meses atrás–24.
En cuanto a la discusión sobre el número de tropas, la regencia promovió una solicitud ante el Congreso para que el ejército imperial fijara su pie veterano en 35.900 soldados y la milicia nacional, en 20.000. La iniciativa comenzó a discutirse el 13 de mayo, y mientras unos diputados consideraban acertadamente que se trataba del asunto “de mayor gravedad que hasta hoy se ha sujetado a su soberana deliberación”, como el diputado José María Portugal, otros aseguraron –también correctamente– que la cuestión era más bien política que militar. De resultas, el día 15 se desechó la propuesta y se determinó que debía mantenerse una fuerza regular de 20.000 efectivos permanentes, dando un mayor peso a la milicia nacional o cívica, que constaría de 30.000. Es decir, se daba preferencia a los cuerpos conformados por ciudadanos, los que eran controlados por los órganos de gobierno civil –ayuntamientos y diputaciones–25.
El Generalísimo, que no dejaría que se soterrara de esa forma a la casta militar, se manifestó ese mismo día ante el Consejo de Regencia para declarar su inconformidad con esa determinación. “Todo lo hecho hasta ahora es perdido”, decía, si no se fortalecía a las fuerzas armadas, y culpaba a los diputados de los males que podían venir. Desafiante, invitaba al Congreso a que nombrara un nuevo “general que mande” y un presidente de la regencia, “pues yo doy por admitida mi renuncia en el mero hecho de no ver el remedio, o de que no se me conteste”. Con una amenaza latente, Iturbide señalaba que él había logrado la independencia, “ayudado sólo de los que callan – refiriéndose a los militares–; pero que yo no sé si callarán por mucho tiempo aún”26. El silencio estaba por terminar.
Quizás como consecuencia de la anterior alocución, el Congreso retomó la discusión en la sesión del día 17, cuando se sugirió devolver el dictamen a la comisión. Los diputados Joaquín Castañeda y Carlos Bustamante argumentaron que las 20.000 plazas existentes ya eran una carga enorme, y que aumentar a casi el doble las fuerzas veteranas llevaría a la Hacienda del Imperio a la ruina. La votación se mantuvo igual: conservar sin modificaciones esos 20.000 elementos permanentes. Sin embargo, se barajó la posibilidad de que la milicia activa (activa, no nacional ni cívica), que ascendía a 30.000 plazas, se completara hasta alcanzar las 35.900, con lo que parcialmente se consentiría la demanda del regente, pero con una supremacía miliciana sobre las fuerzas regulares. Luego de que algunos legisladores se inconformaran, se dejó para la mañana siguiente la discusión del tema27. Los diputados eran conscientes del poder que la casta militar había venido desarrollando, así como del respaldo que continuaba brindando al regente, por lo que difícilmente habrían accedido al aumento del ejército28.
Justamente en medio de esas discusiones, la noche del 18 de mayo se impuso una solución, más bien sostenida por la fuerza que por el convencimiento. En un episodio que sigue pendiente de clarificarse, alrededor de las 10 de la noche “se empezaron a oír varias descargas de fusilería, a las que siguieron gritos de Viva Agustín I, Viva nuestro Emperador”; luego, a medianoche, el pueblo bajo y una parte de la guarnición capitalina “proclamaron emperador al generalísimo Iturbide, formándose una asonada y movimiento estrepitoso en toda la ciudad”, donde se oyó el grito de “Viva Agustín I y mueran los que se opongan”29. En palabras de Timothy Anna, “nada ilustra tan claramente la semejanza de propósito y cercanía de identidad entre el ejército e Iturbide que este episodio”, 30 y tenía razón, pues el matrimonio entre Generalísimo y sus fuerzas armadas fue consumado esa noche. A las pocas horas de esa aclamación, a las 3 de la mañana, un nutrido grupo de militares de alto rango, liderados por Pedro Celestino Negrete, José Antonio Echávarri, Anastasio Bustamante, Luis Quintanar, Manuel de la Sota Riva y el marqués de Vivanco, dirigieron su representación a los diputados para exigirles que nombraran emperador a Iturbide, como ya he referido31. No se trató de una invitación, sino de un aviso, una advertencia.
En las próximas horas, “Iturbide cruzaría el Rubicón” –según palabras de un diputado–, al aceptar la Corona luego de una serie de presuntas negativas. A través de una proclama que circuló en las primeras horas del día 19, explicó que habían tomado partido el ejército y el pueblo de esa capital y que “al resto de la nación”, es decir, a su representación –los diputados–, correspondería aprobar o reprobar su voluntad32. Iturbide, como ha señalado Josep Escrig, se presentaba “como el interlocutor directo del sentir militar y popular”33. Tanto el pronunciamiento de los militares como esta proclama fueron leídas ante el pleno del Congreso, reunido en sesión extraordinaria, rodeado de “un inmenso pueblo que gritaba ¡viva el emperador!”. Debido a ello, se convocó la presencia del Generalísimo y de sus generales para que ayudaran a que los diputados deliberaran libre y tranquilamente.
Fue el diputado Valentín Gómez Farías quien finalmente presentó la propuesta de que se entronizara a Iturbide, haciendo –según él– caso al voto del “pueblo mexicano” y los generales del Ejército Trigarante. La propuesta, firmada por el representante de Zacatecas y otros 46 diputados, se sustentaba en el poder conferido a la sala legislativa por el artículo $3 ^ { \mathrm { { o } } }$ del Tratado de Córdoba. El asunto fue discutido largamente con repetidas interrupciones y murmullos, a lo que Rafael Mangino terminó acotando a una polémica concreta: consultar la voluntad de las provincias o hacer la designación inmediatamente, sin esperar a que aquellas se manifestaran. Los miembros del Congreso se decidieron por la segunda, ciñéndose así a la voluntad de los pobladores capitalinos, del sector militar y de algunos de los legisladores presentes, de lo que resultó una votación de 67 diputados a favor de hacer inmediatamente la designación y de 15 por esperar34. A las 4 de la tarde, Iturbide pasaba a ser emperador constitucional, “por la gracia de Dios y de las bayonetas”, como señalaría alguno de sus contemporáneos.
Dos días después, el Congreso ratificó la elección y circuló una proclama en la que lo llamaban para rendir juramento. Por su parte, el Consejo de Regencia decretó ese mismo día 21 que “oídas las aclamaciones del pueblo conforme a la voluntad general del congreso y de la nación”, los legisladores estaban en libertad de ejercerse el artículo $3 ^ { \circ }$ del Tratado de Córdoba para nombrar emperador35. Al día siguiente, Iturbide se dirigió a los soldados del Imperio para referirles que “el título con que más me honré fue el de vuestro compañero”, y refrendaba el pacto tácito que tenía con ellos al señalar que “el ejército, mientras yo empuñe el cetro, no consentirá malvados: lo exige la justicia, vuestro honor y mi deber”36. La unidad seguía su marcha, pero no sería por mucho tiempo.
“Nuestra nación como protectora de la libertad”: la contrarrevolución española.
No todo en el nuevo Imperio era armonía. Mientras que los militares cerraban filas y el Congreso aparentaba uniformar sus opiniones sobre quien debía ser el monarca, en el oriente del territorio avanzaban las intrigas que tramaban los últimos jefes peninsulares para derrocar, o al menos estorbar, al nuevo Gobierno independiente. No obstante, por lo pactado en las diversas capitulaciones firmadas entre mayo y octubre de 1821, los militares fidelistas se habían comprometido a salir ordenada y pacíficamente con rumbo a La Habana en la primera oportunidad. A causa de ello, en el mes de enero de 1822 la regencia recibió una comunicación de Pascual de Liñán, que a la sazón fungía como encargado de la conducción de esas divisiones, para solicitar que las autoridades mexicanas fijaran las cantidades que sus hombres y los civiles que le acompañaban podían conducir en su marcha. La solicitud fue trasladada a la Comisión de Hacienda para que despejara el asunto37. Aprovechando la ocasión, el Generalísimo se había dirigido a los vocales de la Junta para manifestarles su preocupación por el escaso interés en el sostenimiento de las tropas imperiales, así como la urgente situación del pago de las fuerzas expedicionarias que estaban marchando fuera del Imperio, con lo que se faltaba al acuerdo pactado con ellos sobre socorrer su viaje. En enero, la Junta aprobó la propuesta de Iturbide de suspender 3 meses el artículo $1 5 ^ { \mathrm { { \circ } } }$ del Tratado de Córdoba, que permitía a los españoles abandonar el país con todos sus bienes; un mes más tarde, en la sesión extraordinaria del 4 de febrero, la Junta determinó que el monto máximo que se podía extraer era de 4.000 pesos –los oficiales generales– y de ahí hacia abajo, pagando el $3 { , } 5 \%$ de arancel por derecho de extracción38.
En diciembre de 1821, junto al mariscal de campo Liñán, se dirigían al destierro los regimientos de Fernando VII, la Reina, Infante don Carlos, Zamora, Murcia, Extremadura, Zaragoza, Órdenes Militares y Castilla, así como el batallón de Barcelona, y aunque es muy incierto calcular el número de elementos que habrían salido por Veracruz a partir de 1821, es posible que se tratase de un aproximado de 3.700 hombres entre tropa, oficiales, jefes y generales, todos peninsulares, según el cálculo hecho por Liñán en diciembre de ese año, o alrededor de 2.166 si seguimos lo que estimó en febrero siguiente. Todos ellos se mantendrían acantonados en diversos puntos en los alrededores de la Ciudad de México, como San Joaquín, Tacuba y Cuautitlán, o en lugares más alejados, como San Miguel el Grande, Toluca, Puebla y Coatepec. Su salida redituaba en la disminución de las fuerzas con las que contaría el Imperio, pero sobre todo en “un alto costo en términos de experiencia irremplazable y profesionalismo militar”, como sentenció Christon Archer39.
Por su parte, el Gobierno metropolitano, desconfiado ya desde ese mismo mes de diciembre de la “extraña conducta” que había mostrado Juan O’Donojú, había prevenido al mariscal de campo Juan Moscoso para que, “si las circunstancias de la insurrección de aquel país fuesen tales” o continuara el “extravío del general O’Donojú”, tomara el mando del virreinato y asumiera el empleo de capitán general40. Para ese entonces, O’Donojú llevaba muerto más de dos meses. En la misma Gaceta en que se avisó la nulidad del Tratado de Córdoba, el Ministerio de Ultramar ordenaba a José Dávila que mantuviera la fortaleza de San Juan de Ulúa “a toda costa”. Este personaje, que había fungido como gobernador y comandante de Veracruz, representaba la antítesis de O’Donojú, pues a más de condenar su conducta como promotor de la independencia, se había mantenido completamente fiel a las autoridades españolas. Él sería el encargado de oponer resistencia a la salida inmediata de las tropas peninsulares y al absoluto reconocimiento de la separación del Imperio con respecto a la metrópoli. Sin embargo, no podría hacerlo desde el puerto, y el 26 de octubre tuvo que salir hacia el castillo de Ulúa con alrededor de 450 hombres de los cuerpos de Marina y Mallorca, los refuerzos de la isla de Cuba y parte de las milicias de la ciudad41.
Una vez llegando a la fortaleza, Dávila impuso un bloqueo al puerto y se adueñó de los derechos de aduana, con lo que logró una doble consecuencia: obligar a los legados imperiales a obrar bajo sus condiciones y tener a su merced el comercio y todas las comunicaciones con Europa. Con eso, además de dotarse de un arma de negociación, ganaba tiempo para que llegaran noticias de la metrópoli, los agentes negociadores o, en el mejor de los casos, los refuerzos que pensaba que enviarían las Cortes42. Éstas, sin embargo, se habían inclinado por la vía política para tratar de retener a las posesiones americanas por encima de la opción militar43. A Dávila no le quedaba otra que actuar por su cuenta –aunque siempre maniatado por la espera de tener una respuesta de la Península–, razón por la cual intentaría retener a las tropas expedicionarias para emprender con ellas la contrarrevolución.
Según informó al Ministerio de la Guerra, durante los meses de marzo y abril de 1822 Dávila fue “provocado por varios jefes de los mismos cuerpos expedicionarios a volver por el honor de las armas españolas”, pues al igual que él, pretendían evitar una retirada tan indecorosa. El plan consistía en el embarque de los cuerpos expedicionarios de Barcelona, Infante don Carlos, Murcia y dos compañías de la Reina –que sumarían mil hombres aproximadamente–, para que, desembarcando en Tuxpan, avanzaran a unirse en Nopaluca con 300 hombres del regimiento de Zaragoza, al mando del capitán Juan Antonio Galindo; una vez juntos, debían marchar sobre Perote a tomar su fuerte, luego a Jalapa y finalmente al puente del Rey. Simultáneamente, el teniente coronel Francisco Buceli debía maniobrar desde Texcoco con sus hombres y los de Zamora y Castilla –que sumaban $1 . 2 0 0 -$ , en tanto que Dávila esperaría el momento adecuado para atacar Veracruz desde el castillo de Ulúa, una vez que estuvieran acorralados los defensores de la plaza desde tierra adentro.
No obstante, al parecer, las tropas expedicionarias no estaban tan de acuerdo con ejecutar una contrarrevolución, pues muchos jefes y oficiales se negaron a todo lo que no fuera embarcarse a La Habana, urgidos por las carencias que experimentaban. Incluso, algunos de los elementos más comprometidos desde un inicio se negaron a ejecutar el plan y lograron “enfriarme el calor que había en los demás”, según Dávila. La única excepción fue la de los soldados de Cataluña. En su informe a la superioridad, el gobernador del castillo culpaba al coronel de Barcelona José Ruiz, quien se habría saltado su autoridad, escudado en los acuerdos realizados entre las autoridades del Imperio y Liñán, según los cuales las fuerzas expedicionarias debían salir a la primera oportunidad. Dávila tenía esos acuerdos por nulos al considerar que, igual que con el Tratado de Córdoba, todo lo pactado con “los disidentes” sería desconocido por las Cortes y el rey44.
Todo se complicó cuando, efectivamente, las tropas expedicionarias se embarcaron. El lento flujo de las comunicaciones entre los conspiradores no permitió que se evitara que tanto Buceli como Galindo “dieran el grito” en los primeros días de abril. Sin que ellos lo supieran, las circunstancias habían variado drásticamente. Por un lado, aun cuando Buceli se percató de que los cuerpos de Zamora y Castilla no se le unían, decidió marchar de acuerdo con el plan, pero al dar descanso en Juchi a los 400 hombres del Regimiento de Órdenes Militares, fue sorprendido por la caballería enemiga al mando de Anastasio Bustamante. Sus hombres rompieron el fuego y lograron contener el primer arrojo, que se mantuvo durante 4 horas, luego de lo cual el cansancio y la falta de municiones comenzaron a hacer sus estragos: “[a la tropa] la vi rendida al excesivo calor y polvo, la vi repetidas veces sin fuerzas para mantenerse en pie”. A las 5 de la tarde, el enemigo acometió nuevamente, tras lo que se verificó una retirada a lo largo de 4 leguas, pero ya sin armas y con solo 150 bayonetas útiles no quedaba mucho por hacer. Siendo inútil cualquier maniobra, los expedicionarios tuvieron que ceder. Junto a sus oficiales y cerca de 160 elementos de la tropa, Buceli cayó en manos de Bustamante –el héroe de Juchi–, para ser dirigido hacia Puebla y de ahí a la capital del Imperio. “¡Todos me abandonaron con bajeza! –se quejaría acremente el peninsular– ¡otros me delataron infamemente!”. Desde “mi prisión de Méjico”, escribiría a Dávila para pedirle que socorriera a su tropa, y que no preocuparse por él, ya que estaba “conforme a dar a mi patria la última prueba de mi constancia y lealtad como buen ciudadano”45.
Por su parte, Galindo pensaba que “no solo era arriesgada la empresa del fuerte de Perote, sino que la contemplé de absoluta imposibilidad” por la cortedad de tropas, que no ascendían a más de 220 hombres. Sin embargo, y para no entorpecer la ejecución del plan ni la combinación con Buceli, el $1 ^ { \circ }$ de abril salió junto al cura de Nopaluca, José Teodosio Martínez, y llegó a Tlatlauquitepec dos días más tarde; ahí fueron descubiertos por el “pérfido cabecilla Luques”. Cuando el enemigo atacó, los expedicionarios se vieron precisados a entrar en bayonetas con él, se confrontaron desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde e hicieron supuestamente 186 muertos y muchos heridos a las tropas imperiales, a cambio de solo 17 pérdidas fidelistas y 10 heridos. En una carta al gobernador Dávila, ilusamente le pediría que, si no había salido del puerto la tropa que desembarcaría en Tuxpan, lo hiciera inmediatamente, pues había pueblos que estaba seguro se sumarían a su causa y brindarían sus auxilios, pero “no pueden verificarlos, porque como somos tan cortos en número creen que se les engañaría, que los abandonaremos o que se verificará nuestro exterminio”. En la postdata, aseguraba que “la toma de Perote depende solo de que nuestra tropa se deje ver en aquellas inmediaciones”, ignorando que esos cuerpos a los que aguardaba ya se dirigían al Caribe46.
A pesar del fiasco de esta tentativa, que Dávila achacaba a la desobediencia de Liñán, las intrigas continuarían. No se puede comprobar que hayan provenido de plumas españolas, pero por esos mismos meses, y sobre todo desde que Iturbide fue proclamado emperador en el mes de mayo, comenzarían a circular diversos panfletos y hojas sueltas que buscaban quebrantar la de por sí lastimada unidad mexicana. Lo que sí hicieron gustosos Dávila y los promotores de la contrarrevolución fue darle circulación y realce a los elementos que esos papeles ponían en discusión, atizando más el fuego intestino que ya se sentía entre las filas del ejército imperial y de toda la sociedad mexicana. Un par de ejemplos significativos son el folleto “Consejo prudente sobre una de las garantías”, que conminaba a los españoles para que salieran inmediatamente del territorio y no se expusieran a lo que las autoridades mexicanas pudieran hacerles, así como el impreso “Ya la hambre [sic] a los militares obliga a dejar la empresa”, que pretendía dar cuenta del estado lamentable en que se encontraba el ejército imperial. Ambos causarían un grandísimo revuelo en la corte mexicana47.
Entre las sombras del castillo de San Juan de Ulúa, Dávila continuaría maquinando la contrarrevolución frente a la independencia mexicana, tratando de tejer las redes que le permitieran vulnerar a la autoridad imperial sin comprometerse, ni a él ni a los miles de españoles que seguían residiendo en las provincias del Imperio, como lo había apurado Liñán. Sin embargo, la espera de tropas de refuerzo se hacía larga, y ningún buque peninsular o cubano arribaba. Durante el último tercio del año, quien finalmente llegó fue el general Francisco Lemaur, nombrado por el rey en lugar de Moscoso –quien evitó el envío a Veracruz a toda costa– para fungir como gobernador del castillo de Ulúa y capitán general interino de la ya inexistente Nueva España. El 21 de octubre de 1822 se realizó la sucesión de mando entre Dávila y él.
La imperiosa ley de la fuerza: los pronunciamientos contra el monarca.
Las dificultades propias de la situación en que había nacido el Imperio mexicano hacían muy complicado su funcionamiento, incluso sin las conjuras que se gestaban en las provincias o los errores de la administración del emperador. Por un lado, la casi nula estrategia de acercamiento hacia la metrópoli, que limitó las relaciones exteriores del imperio a simplemente “esperar pasivamente la ratificación del Tratado de Córdoba por España”48, provocó la falta de reconocimiento de las naciones europeas, lo que se vio agravado por la falta de una flota naval que pudiera dar certidumbre en cuanto a la resistencia de Ulúa. Tampoco se había asegurado la completa fidelidad de la antigua Capitanía General de Guatemala, por lo que desde fines de 1821 se había enviado allí al napolitano Vicente Filisola con una expedición militar49.
Entre las carencias del Erario nacional, la inexperiencia del monarca y la constante pugna que se mantuvo entre éste y el cuerpo legislativo, lo que se atizaba subrepticiamente por la resistencia española; todo convergió en el rápido paso hacia el rechazo al monarca, e incluso hacia el sistema monárquico. Poco a poco se fue erosionando la situación política del Imperio, y el pacto entre la clase militar y su comandante en jefe se comenzó a diluir. La amenaza no estaría ya en el exterior, sino dentro del Imperio mismo. Asi lo muestran los sucesos que empezaron a presentarse desde finales de 1821, cuando se comenzó a conspirar contra el que sería emperador, o incluso contra la forma de gobierno monárquica. La contrarrevolución interna se dirigiría sobre ellos.
El primer momento de tensión vino cuando, en noviembre de 1821, se elevó una queja a la Junta Provisional sobre una supuesta conspiración en la que estaban comprendidos individuos como Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, Miguel Borja, Miguel Barragán y los eclesiásticos Felipe Carvajal e Ignacio Ximénez, quienes se siguieron reuniendo en la capital del Imperio hasta caer en prisión el día 26. Acusados del delito de lesa majestad por determinarse en las averiguaciones que sus planes consistirían en arrestar a Iturbide para evitar que interviniera en la reunión de un congreso constituyente conforme a la Constitución de Cádiz, al menos 27 individuos fueron procesados y encarcelados, temerosas las autoridades de que se tratara de un plan tramado por partidarios de los intentos de reconquista española50.
Luego, en el mes de mayo, y en vísperas de la proclamación del Generalísimo como emperador, un grupo de militares protagonizaría una primera llamada de atención ante el Congreso, al que le manifestó “que el voto de la oficialidad que la subscribe no está por la monarquía moderada sancionada por Su Majestad, sino por la forma republicana o gobierno democrático” –usando ambos términos como sinónimos–. Este señalamiento causó acaloramientos entre los diputados, quienes se debatieron sobre si debía o no continuar su lectura; finalmente, con reservas de algunos, se permitió que terminara. Los elementos del regimiento número 11 de caballería argumentaban que “la América del septentrión detesta a los monarcas, porque los conoce, y que debe seguirse en el sistema de gobierno que ha de instalarse el de las repúblicas de Colombia, Chile y Buenos Aires”. Según una nota publicada en el Diario de Veracruz, al llevar al pleno legislativo la discusión sobre la forma de gobierno “más análoga” al país, los oficiales del regimiento 11 habían entrado en un tema que no les competía, debiéndose “mirar este hecho como el atentado mayor que se puede cometer contra la Soberanía de la Nación”, pues desde la reunión del Congreso se había establecido el gobierno de una “monarquía moderada constitucional”, lo que juraron las corporaciones eclesiásticas, civiles, militares y aun el pueblo.
“El ejército de una nación debe únicamente emplearse en sostener el gobierno que se establezca”, señalaba la misma nota, “pues de lo contrario, es decir, si el ejército se mete a deliberar, faltará la libertad necesaria para la más acertada deliberación en los asuntos de mayor importancia, en cuya resolución está estrechamente vinculada la suerte de toda una Nación”. Curioso es que esto pasara menos de dos semanas antes de que ese mismo sector mostrara su poderío colocando a Iturbide en la primera magistratura: $^ { 6 6 } \mathrm { { \dot { \langle } } ^ { Y } }$ cuál será la que tenga el soberano Congreso si la fuerza misma que debía emplearse en sostener su libertad es quien se la quita? Se puede decir que hará lo que quiera el ejército a una sola insinuación”. ¡Vaya augurio! Finalmente, los diputados señalaron que era lícito discutir sobre la forma de gobierno que debía regir al país, pero siguiendo el protocolo, es decir, por medio de una consulta a la opinión general51.
Semanas más tarde, con beneplácito, Dávila informaría al ministro de Ultramar que el 2 de junio “gritó república el pueblo de Coatepec”, y que una vez yendo a sujetarlos Santa Anna, que era comandante militar de Jalapa, esperaba que éste “tenga algún descalabro, porque el espíritu republicano crece y tiene particular abrigo en las tres villas de Jalapa, Córdoba y Orizaba”. La conmoción provocada por el grito de Coatepec se extendería a otros puntos cercanos, y “va haber [sic] una pronta explosión, siendo lo más sensible el riesgo más eminente de las personas y propiedades europeas”. Según se informaba al general español, había una general apertura para hablar sobre el tema de “declarar guerra a la España como el medio más eficaz para reunir partidos –tal como en 1821 sucedió con los trigarantes– y acabar de echarse sobre los caudales de aquellos”. En cuanto a la prohibición de la salida de caudales españoles no había variación alguna, e incluso a la esposa de O’Donojú se le había hecho “alguna insinuación sobre que se vaya, y ella está pronta si le pintan por delante, lo que se verificará si hay con qué”52. Así, todo se complicaba para la resistencia española, que tendría que jugar muy bien sus cartas para seguir en el juego.
Debido a las repetidas evocaciones republicanas, y buscando retomar la armonía entre diputados, emperador, fuerzas armadas y el sector español, el 24 de agosto el Congreso decretó un perdón general a todos los que estuvieran relacionados con acusaciones de desafección al gobierno desde el 18 de mayo en que se proclamó al emperador. Sin embargo, la situación se volvió a tornar crítica cuando los rumores ligaron a algunos diputados con una conjuración contra el monarca, por lo que la noche del 26 de agosto éste determinó apresar a varios de los sospechosos, incluidos Carlos Bustamante, José Fagoaga, Joaquín de Herrera y Servando Teresa de Mier. Estas aprehensiones se vieron respaldadas por ciertos grupos populares de la capital, y se prestaron para la aparición de una inscripción que rezaba “por la religión y el emperador, la muerte”; no obstante, como bien acertó Robertson, el acto, lejos de beneficiarle, “aumentó el número y el encarnizamiento de los enemigos del emperador”53. En días posteriores, se eligió desde el seno del congreso un comité que investigara los cargos contra los acusados; entretanto, el Consejo de Estado realizó sus propias indagaciones y concluyó que la conspiración tenía planeado aprehender por mano del ejército a la familia imperial, declarar nula la elección del monarca y fomentar que el Congreso estableciera una república54. Se trataría de la tercera llamada que evocaba una aspiración republicana, y la primera que abiertamente se oponía al monarca55.
Ya enfrentados a una realidad que obligaba a las autoridades imperiales a lidiar con una desafección cada mes, durante septiembre se presentó una más, encabezada por el brigadier Felipe de la Garza. Este jefe, que ya se había manifestado en el mes de mayo a favor de las ideas republicanas, ahora dirigiría una representación al emperador desde la jefatura del Nuevo Santander en la que se quejaba por las tendencias despóticas del Gobierno y demandaba la inmediata liberación de los diputados aprehendidos el 26 de agosto. Exigía la libertad de todos los sospechosos que tuvieron la misma suerte que los diputados y que luego se permitiera al Congreso instalarse en el punto que mejor le pareciera para deliberar “con absoluta libertad”. Tal y como se lo confesaría a Carlos Beneski más tarde, “desde la hora en que él [Iturbide] aceptó la corona, e hizo posible que varios diputados provinciales fueran arrestados, lo aborrecí”56. La amenaza de Garza era clara:
hemos tomado las armas, no para dirigirlas contra Vuestra Majestad, sino contra los que abusando de su nombre quieren esclavizarnos con cadenas muy más pesadas que las que acabamos de romper; y no las dejaremos de la mano hasta haber conseguido libertad al Congreso57.
El momento de inflexión llegó a finales de octubre, cuando el emperador ordenó la disolución del cuerpo legislativo y lo sustituyó por una Junta Nacional Instituyente que tomaría en sus manos el asunto de crear la Constitución. La suerte de Iturbide estaba echada, pues si bien ya se habían presentado manifestaciones de descontento contra el Gobierno y particularmente contra su persona, ahora brindaba la excusa perfecta para que se presentaran nuevos pronunciamientos, republicanos o no, pero todos dirigidos a condenar la violación de la voluntad nacional con la revocación del Congreso. La suma de todos ellos provocaría la caída del Imperio.
El primer levantamiento armado tendría a su frente precisamente a Antonio López de Santa Anna y se presentaría en el puerto de Veracruz. Durante el mes de noviembre de 1822, en su visita a esa provincia, el emperador se había acercado a conferenciar con él, pero lo destituyó en los días siguientes. Esto habría motivado que, apelando a la “unánime voluntad de los pueblos”, el orgulloso brigadier proclamara la república en el manifiesto a sus compatriotas del 2 de diciembre. Cuatro días después, en ese mismo sitio y ya junto con el ex insurgente Guadalupe Victoria, ambos habrían de promover un plan de acción, que ahora reconocía al Congreso la facultad de constituir la nación de la manera que considerara más conveniente, en tanto que desconocía al emperador por el “atropello” de su proclamación y le demandaba la reunión del legislativo. El día que se proclamó el Plan de Veracruz, Santa Anna señalaría que “mi idea es que se reúna un Congreso […] para que libre y espontáneamente constituyan la forma de gobierno más conveniente y análogo a estos dominios”, y que luego formase sin restricciones una Constitución “bajo las apreciables bases de la Religión, Independencia y Unión”58.
Para velar por el cumplimiento de estas demandas, se crearía un ejército libertador compuesto de todos los cuerpos veteranos, así como por las milicias nacionales que se adhirieran “al sistema de libertad verdadera”. Entretanto, en la decimoctava aclaración del plan se reprochaba a los jefes fieles al emperador porque, “despreciando su honor y haciéndose sordos e insensibles a los clamores de su propia conciencia [… trataban] de batir y destruir a sus propios hermanos”. Por su parte, Santa Anna ofrecía que sus hombres se comportarían con moderación y buscarían economizar la sangre de sus hermanos59. Con este episodio comenzaba a agravarse la escisión interna del ejército imperial y se rompía por primera vez el pacto que habían sellado en Iguala, por más que se siguiera manifestando que “su Religión, su Independencia y la Unión, serán sostenidas con inviolabilidad, como bases fundamentales”60. A pesar de ello, el Gobierno imperial declaró traidor a Santa Anna.
Además, y como un punto fundamental, los pronunciados se comprometían a conservar la unión con los españoles y todos los extranjeros residentes en el país. Con ello, se volvían a mover las piezas entre el puerto de Veracruz y el castillo de San Juan de Ulúa, pues Lemaur buscaría atizar hasta donde fuera posible las discordias e impulsar el movimiento veracruzano. Al tiempo de librarse del bombardeo de los enemigos, que estaban ocupados atacándose entre sí, había logrado fijar dos elementos mínimos para comprometer su neutralidad: el cese a las hostilidades del puerto sobre la fortaleza y la detención de las “medidas opresivas para los españoles”, relacionadas con la restricción de sus bienes y el cobro de aranceles61. “Es mi objeto –señalaba Lemaur–, por el contrario, que este odio [contra los españoles] se extinga, al tiempo que el de los partidos unos contra otros se vaya aumentando”; es decir, que la aversión por España se distribuyera entre los opositores, especialmente sobre el emperador, separando de su obediencia a Echávarri –encargado de combatir la rebelión– y fomentando el rencor contra los imperiales, “el que se irá creciendo con las ofensas que de ellos reciban los republicanos y las que estos les hagan”. Así, Lemaur buscaba encender la discordia entre Santa Anna y Echávarri, al tiempo que presentaba “nuestra nación como protectora de la libertad”.62.
Echávarri, que si bien mostraría una cierta simpatía por Lemaur, relacionada sobre todo con su propio origen español, dio cuenta de su entera fidelidad por el emperador, así como su repudio a Santa Anna, ese “corifeo desnaturalizado” a quien acusaba de que su verdadero móvil era “una ambición sin límite y el deseo de vengarse del emperador”. Decía que, habiendo perseguido a los republicanos, era absurdo que ahora se asumiera como el director de su partido, siendo de presumir que “la mayor parte de los que Santa Anna cuenta por partidarios ha sucumbido únicamente a la imperiosa ley de la fuerza, disimulando sus sentimientos ínterin se les presenta una coyuntura favorable para segregarse”. Además, apuntaba que se había sumado a los defensores de Ulúa con engaños: era un “espurio americano” que se había hecho nombrar general del ejército republicano y jefe superior político. El propio Lemaur desconfiaba de Santa Anna de la misma manera, pues al comunicarse con las autoridades españolas lo describiría como “siempre inquieto, ambicioso, inobediente en su carrera militar” pero, por lo tanto, también susceptible de ser manipulado63. Como ha señalado Juan Ortiz, el levantamiento de Veracruz no fue sino el pequeño triunfo que consiguieron Lemaur y los intrigantes españoles de Ulúa, que se habían empeñado en fomentar la división al interior de las tropas imperiales. Lo estaban logrando64.
El emperador dejó las acciones militares contra el pronunciamiento de Victoria y Santa Anna en manos de José Antonio Echávarri, quien se movilizó rápidamente para atacar el puerto junto con jefes como Luis Cortazar, José María Lobato, José María Calderón y Palacios Miranda, quienes lograron victorias importantes frente a los levantiscos. Estas derrotas y el efectivo sitio establecido sobre el puerto neutralizaron rápidamente su levantamiento, y para el mes de enero estaba prácticamente contenido. El plan no logró establecer la red de apoyo necesaria para triunfar, pues al parecer el partido republicano aún no se generalizaba, y ni siquiera las intrigas de Lemaur evitarían que fracasara, al menos inicialmente. Sin embargo, como bien acertó a vaticinar Lemaur, “en vano pues quedaría por ahora oprimido Santa Anna; otro ciento, sin tardar mucho, se levantaría por otras partes”65. Así sucedió, pues hubo algunos otros jefes que aprovecharían la oportunidad para escindirse de las filas iturbidistas66.
En otros puntos del Imperio también se comenzaron a aliar algunos antiguos insurgentes que siempre habían tenido suspicacias respecto a la entronización de Iturbide. Ahora llegaba el momento de levantarse contra su Gobierno. Al comenzar el año de 1823, serían Vicente Guerrero y Nicolás Bravo los que desde Chilapa dieran a conocer su plan subversivo. “Con las armas en la mano”, declaraban luchar por la restitución de la libertad que Iturbide –el que se nombra emperador– había violentado, no mediante el establecimiento de una república, sino por la simple aspiración a que se restableciera el Congreso. Sin un plan concreto, “el ejército que hoy reclama la libertad de su patria”, no deseaba un cambio radical que modificara el sistema monárquico ni a su primera autoridad, sino simplemente que se le devolviera “una representación nacional libre y sin trabas”. Se seguía respetando todo lo establecido por el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba67.
El peso que tenían los jefes pronunciados en el Sur y el arraigo entre sus tropas resultó fundamental para que tuvieran un mayor apoyo que los veracruzanos, lo que dificultó su rápida eliminación. Sin embargo, el jefe imperialista Gabriel Armijo, encargado ahora de la Comandancia del Sur por abandono de Guerrero, sería quien intentaría acabar con el pronunciamiento junto con 700 hombres. En la segunda quincena de enero se suscitaron una serie de encontronazos entre sus hombres y los rebeldes del sur, de los que destaca el de Ojo de Agua el 23 de enero –donde cayó muerto Epitacio Sánchez– y el del día 25 en Almolonga –en el que Guerrero fue herido de gravedad–. Luego de esto, ambos disidentes huyeron a Puebla y a Oaxaca, respectivamente, con lo que la rebelión no quedó sofocada del todo y se mantuvo como un tema de inquietud para la corte imperial, aunque la emergencia había sido sorteada oportunamente68.
De poco sirvió que Junta Instituyente y Consejo de Estado declararan que los conspiradores contra la independencia, la forma de gobierno monárquica y la persona del emperador eran enemigos a los que se debía girar orden de aprehensión y sujetarlos a juicios sumarios, pues la disidencia no se apaciguaría y las críticas contra el régimen en los diversos niveles de gobierno continuarían presentándose en varias provincias69.
El acabose se veía venir. Esos primeros pronunciamientos ciertamente habían amainado la fidelidad de las fuerzas armadas hacia el emperador, roto su armonía y el pacto de fidelidad comenzado en Iguala en 1821, pero lo que realmente hirió de muerte al Imperio vendría desde lo más recóndito de sus filas. El $1 ^ { \circ }$ de febrero sería proclamado el Plan de Casa Mata por el hombre de máxima confianza del emperador: José Antonio Echávarri.
En la exposición que acompañó al plan, el comandante de Veracruz y Puebla dijo hablar en nombre de los 35 “señores generales de la división, jefes de cuerpos sueltos y oficiales del estado mayor, y uno por clase del ejército”, que se habían reunido para tratar sobre la toma de Veracruz y “los peligros que amenazan a la patria por la falta de representación nacional, único baluarte que sostiene la libertad civil”. Explicaban que el voto general estaba por la instalación de un Congreso en el cual pudieran reinstalarse los antiguos diputados –si es que sus provincias así lo determinaban–, los cuales deberían elegir el sitio más adecuado para deliberar con libertad, lejos de la potestad del emperador. Igual que sucedió en el Plan de Iguala, el ejército pronunciado y los que se agregaran a él sostendrían la representación nacional, por medio del ejército libertador, en tanto que los jefes, oficiales y tropa que se opusieran al Acta podrían trasladarse a donde mejor les conviniera, fueran nacionales o extranjeros, ya que esta vez no sólo se les hablaba a las fuerzas expedicionarias sino también a los jurados imperialistas que no aceptaran este viraje en el gobierno.70.
El vínculo de fidelidad entre Echávarri y el emperador se había quebrado, y Lemaur se anotaría esa victoria. Según señaló, se había encargado de persuadir al primero “a que se alzase contra Iturbide, proclamando el restablecimiento del Congreso, estando yo seguro que Santa Anna abrazaría este partido y le cedería el mando [… pues] reuniría en él, contra Iturbide, un partido más poderoso y de más crédito que el capitaneado por Santa Anna”. El gobernador de Ulúa había triunfado en sus intrigas, al convencer a Echávarri de que, antes que establecer un sitio al puerto, y afectar a la población civil, se intentara atraer a Santa Anna y los conjurados bajo el objetivo común que tenían respecto a la restitución del Congreso. Así se evitaría la efusión de sangre, pues “derramarla, ofendiendo así a un partido, para atacar después al contrario, me parecía inconcebible”71. Ya a mediados de enero, Echávarri había intentado convencer al Ministerio de Guerra y Marina de que se esperara la llegada de los comisionados peninsulares en nombre de la $3 ^ { \mathrm { a } }$ garantía –unión–, pero poco o ningún caso se le hizo72.
Las desafecciones contra el emperador habían permeado, no sólo a la casta militar, sino también a las autoridades civiles de diversas provincias, consecuentes con el llamado que se hizo en el artículo $9 ^ { \circ }$ del Plan de Casa Mata: “en el ínterin contesta el Supremo Gobierno de lo acordado por el ejército, la diputación provincial de esta provincia será la que delibere en la parte administrativa, si aquella resolución fuese de acuerdo con su opinión”. Fue un elemento clave para que diversos gobiernos provinciales se adhirieran al nuevo pronunciamiento, pues les entregaba de facto el supremo gobierno de sus territorios, en detrimento de las autoridades imperiales. Triunfaba el estado federado, y por tanto republicano, y afloraban los intereses regionales por encima de los capitalinos73. Incluso la coyuntura se prestó para que en Centroamérica se reevaluara la anexión al Imperio y se decidiera por su separación, no obstante los intentos de Filisola y Codallos por mantenerla unida74.
Al iniciarse el mes de marzo, el emperador ordenó la liberación de los diputados presos y reinstaló el Congreso, con lo que trató de hacer una concesión a los pronunciados, quienes avanzaban en los diversos territorios del país. En opinión de Timothy Anna, Agustín I pensó que la inminente convocatoria de un nuevo congreso que preparaba la Junta Instituyente era la solución que satisfacía las demandas de los pronunciados, pero los militares habían hecho su parte. Entretanto, el monarca, que se trasladó a Ixtapaluca el 19 de febrero, aseguró tener “fuerza y concepto” suficientes para hacerse obedecer. Corría el rumor de que estaba armando a los léperos para preparar “una conmoción”, y que si se verificaba la “descoronación” se arrojarían a “proclamar por segunda vez y absoluto al monarca”75. Sin embargo, esto no era así. Muchas unidades habían abandonado la Ciudad de México y se habían dirigido a Toluca y otras zonas aledañas, en detrimento de la fuerza armada capitalina. Mientras tanto, los pronunciados se acercaban peligrosamente.
Al llamado de Echávarri habían respondido los pronunciados de Veracruz, a los que se sumaron Santa Anna y Victoria; luego vendría la desafección del secretario de justicia José Domínguez, y finalmente sería con la reunión de generales en Puebla cuando se daría su estocada final. Ahí, a inicios de marzo, acudieron, entre otros, el marqués de Vivanco, José Antonio Echávarri, Pedro Celestino Negrete, Mariano Paredes y Arrillaga –todos ellos firmantes del pronunciamiento de la madrugada del 19 de mayo–, además de Joaquín de la Sota, José María Troncoso, Gregorio de Arana, Manuel Mier y Terán y otros más. La presencia de Negrete representó un duro golpe para la legitimidad del emperador, ya que aquel era uno de los cinco comisionados que había mandado para negociar con la dirigencia del movimiento76.
En el nuevo pronunciamiento que resultaría de la reunión celebrada ahí el 9 de marzo, además de reconocer a Vivanco como “jefe superior político, capitán general de esta provincia y jefe del ejército libertador” –y ya no Echávarri–, se discutió sobre la circular emitida por el Gobierno de México acerca de la reunión del Congreso disuelto en octubre anterior, así como la orden de que los diputados de las provincias se dirigieran hacia allá para comenzar las sesiones. Los asistentes acordaron, en primera instancia, desconocer esas órdenes por estar firmadas por Manuel de la Sota Riva, quien estaba acusado de alta traición al haber sido el que comunicó al congreso el decreto de su disolución, además de que el restablecimiento del congreso de 1822 contradecía lo ordenado por el Plan de Casa Mata, que mandaba reunir a uno nuevo: “no porque cohonesta la extinción del antiguo, sino para que la Nación le purgue de los pocos cómplices del Gobierno para hacerla traición, y de los que en la Junta instituyente se hayan corrompido o no hayan obrado con la firmeza y carácter”.
Según el acta de Puebla, si el emperador desobedecía ese mandato no era por otra razón que el hecho de que “siempre se juzga intérprete de la voluntad de los pueblos”, y si bien “ahora dice que procede a restablecerle porque es el voto de las provincias; mas no lo determina a dar este paso el deseo de respetar la voluntad de la Nación, sino la fuerza”. Por tanto, “la palabra del emperador ya no es garantía para que la nación descanse en sus promesas”, y menos porque las circunstancias hubieran variado mucho en marzo de 1823 con respecto a un año atrás, pues los electores se hallaban en una condición
muy distinta de aquella situación pasiva que tuvieron cuando se convocó el congreso, y se entregaron ciegamente a la buena fe del Primer Jefe del Ejército Trigarante, que entonces representaba un papel diversísimo del que han visto después desempeñar a Agustín I.
Es decir, que los pronunciados discernían entre el Iturbide libertador, al que guardaban alguna consideración, y el Iturbide emperador, a quien condenaban por sus pésimas decisiones en el uso del cetro. Con ello, la figura de Iturbide, que se había mantenido ambivalente entre sus fieles defensores –que se fueron diluyendo con el paso de los meses– y sus férreos opositores, quedaba determinada en favor de los segundos. El pronunciamiento, ahora sí, atentaba contra la cabeza del cuerpo social –a diferencia de los de Riego en 1820 y el propio Iturbide en $1 8 2 1 -$ , y si bien el Plan de Echávarri se había mostrado más conciliador, ya que en su $1 0 ^ { \mathrm { { o } } }$ punto aseguró que “el ejército nunca atentaría contra la persona del emperador, pues le contempla decidido por la representación nacional”, ahora la situación se radicalizaba al ser desplazados él y los iturbidistas del liderazgo del movimiento. Los opositores a su reinado habían triunfado.
La respuesta que emitió la Junta consistió en hacer saber a las autoridades capitalinas que no reconocerían ese Congreso como legítimo por no encarnar la representación nacional ni actuar libremente, al encontrarse varios de sus diputados proscritos por la nación por haber sido partícipes de la Junta Instituyente. Además, se avisaba de que el ejército se aproximaría a la capital y se intimaba al emperador para que la abandonase, dejando que el Congreso sesionara en libertad, o en caso contrario que los diputados se reunieran en el sitio que consideraran adecuado77. Así, los militares abandonaban al emperador. La preeminencia la tendría el legislativo, a favor del que se habían movilizado por su propia voluntad y, por primera vez desde la coyuntura trigarante, sin la intercesión de Iturbide. Ni el Primer Jefe, ni Generalísimo ni Almirante, sino el Congreso, era la voz que le había dado unidad al ejército en la nueva coyuntura. Aquél se encargaría de determinar en el futuro la forma de gobierno más adecuada para el país. Entretanto, la presión obligaba a Agustín I a abdicar la corona. Como recuperaría Robertson, “así como Fernando VII había sido despojado de su colonia por el Plan de Iguala, Agustín I era depuesto por el Plan de Casa Mata”, y por el pronunciamiento de Puebla, y con estos últimos se consolidaba el modelo que aquél había importado78. El Imperio mexicano terminaba como había comenzado: con los militares pronunciándose.
“…a hierro muere”. Conclusiones.
Es cierto que “había una simbiosis tan compleja entre el ejército e Iturbide, entre criatura y creador, que funcionaban como una unidad orgánica”, tal como sentenció Timothy Anna, razón por la cual se puede explicar que la historia de Iturbide a partir de 1821 es también la del ejército mexicano, tanto para su bien como para su mal, para su encumbramiento como para su ruina79. Fueron los hombres de casaca los que acompañaron al Primer Jefe a la campaña Trigarante y consiguieron en tan solo siete meses la suspirada independencia que durante una década se había negado; luego, una vez vedada la posibilidad de que llegara un miembro de la familia Borbón a gobernar el Imperio, y en medio de la desgastante lucha entre Regencia y Congreso, esos mismos soldados ayudarían a elevar a su Generalísimo y Almirante para ocupar el trono del Imperio mexicano. Pero luego, y a la luz de las malas decisiones del monarca, de las intrigas planeadas desde San Juan de Ulúa y de la erosión de la lealtad hacia el emperador por parte de la casta militar, comenzaron a cundir los pronunciamientos armados que buscaban, antes que otra cosa, restablecer la soberanía nacional, representada por el Congreso constituyente que Iturbide disolvió en octubre de 1822, pero también subsanar algunas otras deficiencias del régimen, que lo acompañaron desde su nacimiento. De ahí se desprende que, incluso antes de la disolución del Congreso, ya se hubieran presentado algunas muestras de desafección.
El 19 de marzo abdicó Agustín I, quien aseguró que no lo había hecho antes por no encontrarse reunida la representación nacional. Su futuro debía estar en una nación ajena a la suya, por lo que decidió expatriarse en Europa. Abandonaría el país el 11 de mayo. Por su parte, el restituido Congreso nacional –aquél que el ejército libertador se había negado a reconocer–, dio el golpe mortal al imperio el 29 de marzo, cuando lo declaró inexistente y determinó la creación provisional del Supremo Poder Ejecutivo, compuesto de tres miembros que ocuparían la presidencia rotativamente cada mes80. La contrarrevolución estaba consumada. La legión española había logrado poner en entredicho la independencia, al evitar su expulsión del territorio mexicano y aprovecharse de ello para promover intrigas que debilitaran al régimen recién establecido. Luego, los opositores contra el emperador lograron, ayudados por sus pésimas decisiones, que se desconociera su Gobierno y quebraron completamente su legitimidad, hasta llevarlo a la inminente renuncia de su cargo. Finalmente, ambas contrarrevoluciones confluyeron en la disolución del sistema monárquico –aunque no sin pesar de los peninsulares–, renegando de él y volcándose sobre la vía republicana, aunque quizás sin una idea clara de lo que representaba y –sobre todo– lo que implicaba. No fue el ansia de república la que derrocó al Imperio, sino que lo primero fue resultado de lo segundo.
El establecimiento del Imperio mexicano demostró, entre otras cosas, los profundos cambios que la sociedad había sufrido durante la última década, no solo por pasar de un reino sujeto a la Corona española a ser un estado monárquico constitucional independiente, sino por el gran poder e influjo que la lucha armada había otorgado a los protagonistas del conflicto: los militares. De la mano de las transformaciones que se vivieron a partir del estallido de la revolución, y sobre todo en la coyuntura del año Veinte en que la casta militar se había rebelado en la Península, los soldados mexicanos habían comenzado un proceso de empoderamiento, al apropiarse de las decisiones políticas en los diversos espacios regionales y locales que, si bien fueron acompañándose del surgimiento de instituciones de participación popular (como las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales), pondrían su mayor peso en la corporación armada. Así se mostró en el proceso final del conflicto bélico, y así también durante los escasos meses que duró en pie el Imperio, cuando tuvieron el peso específico en la toma de decisiones políticas. Esas y otras consecuencias de la guerra civil serían heredadas por el Gobierno imperial mexicano, convertidas en un problema de difícil solución para un cuerpo legislativo que pugnaba por un gobierno más civilista –de frente a la profunda militarización que imperaba– y lo mismo para un emperador que, si bien contó con el apoyo inicial de ese sector, pronto lo vería voltearle la espada y determinar la vertiginosa caída de su reinado.
En sus memorias desde el destierro, Iturbide señalaría que su error había consistido en no tomar él mismo el mando del ejército para oponerse a los pronunciados, pensando seguramente en que su sola presencia en los campamentos o los campos de batalla bastaría para influir a los soldados a su favor y para hacer desistir a sus rivales, como sucedió en 1821. Sin embargo, esta idea le llegó demasiado tarde, y su relativa pasividad lo precipitó hacia el final de su Gobierno en 1823. Quizás una actitud más agresiva no hubiera cambiado su suerte, que ya estaba echada en su contra, pues el ejército ya había cerrado sus filas, como lo hizo durante la trigarancia, o aquella noche de la proclamación imperial, ambas sucedidas cuando formaban una misma identidad junto con Iturbide. Esto no varió mucho en los meses siguientes, cuando, casi en bloque, los militares siguieron dirigiéndose hacia unos mismos objetivos –en esta ocasión, el restablecimiento de la representación nacional–, salvo que ahora no sería ya Iturbide quien los dirigiera, sino que los pronunciamientos serían en su contra. Los militares se dejaron guiar por él y promovieron su elevación, pero en un momento determinado avanzaron hacia su emancipación, cortaron el hilo que los unía y entonces lo llevaron a su caída. La historia del emperador Agustín I, y del régimen imperial mexicano, revalidó la vieja máxima de que “el que a hierro mata, a hierro muere”.
Esto sería una constante a partir de entonces. El sistema que se importó y develó en 1821 sería el favorito de los militares desde ese momento, y no cejarían en las próximas décadas, máxime cuando los problemas que dejó el extinto Imperio mexicano –heredados de tiempos del virreinato novohispano– serían los mismos y se agravarían con el paso del tiempo. Así se lo consignó Lemaur al secretario de la Guerra unos días antes de que Iturbide abandonara el país: “aún no se había expulsado del país al usurpador, y apenas nombrado el que se llama Poder Ejecutivo, comenzaba este Congreso sus deliberaciones, cuando aparecieron síntomas de división por todas.
ESPINOSA
partes”.81 El mal no se había ido, y el remedio, aunque malo, ya se conocía. Los militares ya sabían el camino para imponerse, y en los tiempos futuros no dudarían en andarlo una vez más.