Diego Caro Cancela, Anarquismo, represión y campañas de prensa. Alcalá del Valle (1903–1910), Cádiz, Editorial La Serranía/Centro de Estudios Andaluces, 2019, 275 págs.
DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.41.2021.1448-1453.
Dentro de la notable labor investigadora del profesor de la Universidad de Cádiz, Diego Caro Cancela, el movimiento obrero ha ocupado un lugar muy destacado, figurando entre los libros de que es autor principal o que ha coordinado, La utopía racional. Estudios sobre el movimiento obrero andaluz, 2001; El mundo campesino en la España de los años treinta, 2009 o Cien años de socialismo en Andalucía, 2013. No obstante su investigación ha comprendido también otros temas tales como las elites políticas del liberalismo andaluz, el republicanismo, la violencia política, la represión franquista, sin desdeñar el cultivo de la biografía (la del parlamentario sevillano Manuel Sánchez Silva, por ejemplo) que se reparten en un marco temporal muy amplio y que se enfocan principalmente sobre Andalucía y, muy especialmente la provincia de Cádiz.
Pero, como decíamos, el movimiento obrero ha sido uno de los focos de interés principales para Diego Caro. Y al mismo responde su último libro, centrado sobre un asunto muy concreto como fue el grave suceso ocurrido el $1 ^ { \circ }$ de agosto de 1903 en el pueblo gaditano de Alcalá del Valle –ubicado en la Serranía de Ronda– en que, en el contexto de una huelga campesina, y cuando un número considerable de huelguistas acompañados de mujeres y niños se situó en las afueras del pueblo para controlar que nadie saliera a trabajar, la Guardia Civil arremetió con dureza contra ellos, primero a culatazos y luego, tras la respuesta de los paisanos, haciendo uso de sus armas reglamentarias, del máuser, erigido en la solución suprema de los conflictos por los políticos de la Restauración. El resultado fue un adolescente muerto –no un peligroso anarquista, como dijo en los primeros momentos la prensa provincial– y varios heridos de bala. Con los ánimos muy caldeados, la multitud regresó al pueblo, se apoderó de algunas armas y provocó diversos desmanes que culminaron con la extracción de los papeles del ayuntamiento y juzgado municipal que, apilados un gran montón rociaron con petróleo y quemaron en la plaza.
Con posterioridad a los hechos tuvieron lugar numerosas detenciones y, lo que es más grave, se sometió a torturas a los detenidos para arrancarles confesiones que concordaran con la versión que empezó a construirse en seguida: la de que los huelguistas, provistos de armas de fuego, dispararon primero contra los miembros del Instituto que no pudieron hacer otra cosa que repeler la agresión. Se exageraron también los hechos ocurridos en el pueblo tras el enfrentamiento con la Benemérita. Esta versión, oficial, difundida por medios de prensa conservadores, trataba de establecer como un hecho probado, que los huelguistas hirieron de bala a dos guardas así como que el fallecido era adulto y nada menos que un peligroso anarquista, dirigente de la sociedad obrera local. No obstante, también desde el principio la prensa libertaria ofreció una versión radicalmente distinta de lo ocurrido cargando las tintas sobre la actuación desproporcionada y homicida de los agentes armados. Más tarde, y puesto que los hechos de Alcalá estarían vivos largo tiempo en el debate público, el foco de atención se desplazó a las palizas y vejaciones físicas sufridas por los huelguistas detenidos que las autoridades militares y el gobierno conservador de Antonio Maura se esforzaron por todos los medios posibles por refutar o tergiversar, pero que la prensa, no solo la republicana y obrera, sino también algunos medios afines al liberalismo dinástico, pero contrarios a Maura (caso de El Imparcial bajo la dirección de Rafael Gasset) aireó y profundizó en ellas, aportando testimonios directos, irrumpiendo eficazmente en esta campaña medios periodísticos novedosos, como El Gráfico, que recurría de modo sistemático a la fotografía. Lo más grave para el Gobierno estaba en la repercusión que los tormentos infligidos a los presos de Alcalá tuvo en la opinión pública internacional, no solamente por las protestas orquestadas por el movimiento obrero europeo, sino, sobre todo, porque las denuncias por el retorno de métodos calificados como inquisitoriales encontraron un amplio espacio en las páginas de la prensa internacional, agravando de ese modo la mala imagen que España arrastraba desde los procesos de Montjuich, de 1896. De hecho, muy tempranamente el semanario anarquista Tierra y Libertad no dudaba en hablar de un “Nuevo Montjuich” para condensar lo que estaba teniendo lugar con los detenidos en Alcalá del Valle.
Las similitudes con lo acaecido a los procesados en la capital catalana siete años antes o más atrás, con los detenidos por los oscuros sucesos de la Mano negra contribuyen a entender por qué lo de Alcalá del Valle que en sí mismo, en lo que respecta a los hechos que dieron lugar a la formación de una causa, revestía quizás menos gravedad que otros sucesos contemporáneos que fueron también resueltos por la Guardia Civil con resultados letales (incidentes estudiantiles en Salamanca: dos muertos;
protestas en Infiesto, Asturias, tras el “pucherazo” en unas elecciones: 11 muertos; represión de una manifestación vecinal en Jumilla: 4 muertos...) adquirió tales dimensiones en el debate público y devino en un problema muy grave para el ejecutivo encabezado por Maura y, más tarde, por Fernández Villaverde. Hasta el punto de que el joven monarca, Alfonso XIII se sintió obligado a tomar cartas en el asunto, haciéndose eco del clamor popular. El crédito internacional de España estaba en juego.
La dimensión singular que pronto adquirió lo acaecido en este pueblo gaditano ha sido uno de los estímulos que han llevado al profesor Caro Cancela a acometer esta investigación y para ello ha procurado mostrarnos las diferentes facetas, interrelacionadas, que permiten al lector alcanzar una comprensión muy completa de los hechos que trasciende ciertamente lo puramente local, aunque en el libro se dibujan con precisión aspectos tales como una estructura de la propiedad caracterizada por una marcada desigualdad, por un caciquismo asfixiante y provocador, encarnado en la familia de los “Gavilanes” que retenía en sus manos la alcaldía empleando su poder para poner mil trabas y vetos a la sociedad obrera local, de ideología anarquista (aunque su refundación reciente la había hecho un republicano) como se puso de manifiesto en los meses anteriores a los sucesos. El miembro de la familia que desempeñaba el cargo de alcalde entonces, Bartolomé, desempeñó un papel principal tanto en la represión como en la intencionada tergiversación de lo ocurrido el $1 ^ { \circ }$ de agosto. En la obra se dibuja asimismo la hegemonía anarquista en el obrerismo organizado de Alcalá, que, pese a las prohibiciones de celebrar actos públicos (y hasta de cantar himnos anarquistas) y no obstante el cierre de su local societario, acordaría unirse, el $1 ^ { \circ }$ de agosto, a un paro de solidaridad con los obreros presos en otras localidades de la provincia.
La represión que se abatió sobre los huelguistas de Alcalá no era sino el trasunto de la manera de abordar los conflictos sociales por parte del Estado de la Restauración, si bien la dureza pudo extremarse durante el mandato de políticos como Antonio Maura, ministro de la Gobernación en el gabinete Silvela y responsable, por esa razón, del orden público. El desenlace sangriento de los sucesos ya citados de Salamanca, Infiesto, Jumilla y otros con los que enlaza el acaecido en Alcalá parece connotar de un modo singular la gestión de Maura al frente del ministerio. Pero no hay que engañarse, esa opción por la represión sanguinaria, por la política del máuser se podría considerar como un elemento constitutivo del sistema restaurador. Es decir, el problema no era tanto Maura, como el carácter militarizado del orden público, tal y como el autor se cuida de explicar en detalle antes de entrar en la cuestión de los malos tratos recibidos por los obreros detenidos en Alcalá a cuenta de su participación en los sucesos y cuya realidad el gobierno se negó de forma reiterada a reconocer, pese a las denuncias de la prensa. El ámbito jurisdiccional, además, en el que se dirimió la presunta culpabilidad de los detenidos, la justicia militar, no fue tampoco el más idóneo para que se esclareciera de un modo objetivo lo sucedido (el propio capitán general de Andalucía, el general Luque tomó partido desde el inicio por la versión “oficial” de los hechos, que cargaba las tintas sobre los procesados y exculpaba a la Guardia Civil).
Lo cierto es que la justicia, no solo la militar, sino también la civil, no sale demasiado bien parada por lo que hace al tratamiento que recibieron los procesados que vieron como las sucesivas vistas en lugar de exculparles y de tener en cuenta la realidad de unas torturas generalizadas, se reafirmó en las condenas (aunque con algunos cambios entre unas sentencias y otras) y no dio crédito a la versión de los obreros. Como tampoco lo hizo el juez especial nombrado para esclarecer los hechos, Felipe Pozzi, muy próximo al Partido conservador.
La entrada en escena de este magistrado ocurría ya un año después de los hechos y se puede interpretar su nombramiento como un efecto de la campaña periodística que con sus denuncias de las torturas sacaba los colores al Gobierno. El autor entra así en otro plano de su investigación, consistente en analizar el papel tan importante desempeñado por la prensa: los semanarios libertarios Tierra y Libertad y El Productor que fueron los primeros en denunciar los hechos equiparándolos tempranamente a los de Montjuich, o el republicano El País, cuya entrada en escena haciéndose eco de “lo de Alcalá del Valle” preocupó ya seriamente al gobierno. El órgano republicano llegaba a poner en paralelo lo ocurrido con la situación de las aldeas macedónicas bajo el dominio turco (“Como en Macedonia”). Pero las denuncias llegaron también a la prensa extranjera que rápidamente invocó a la Inquisición a la hora de enfocar lo ocurrido: $L$ ’Homme libre, Les Temps Nouveaux, o, más aún, L’Aurore, que insertó un artículo de Georges Clemenceau, Der freie Arbeiter así como algunos periódicos anarquistas estadounidenses. Se formaron comités internacionales para denunciar a “los inquisidores de España” y el movimiento obrero europeo se movilizó, celebrando mítines, apoyando el boicot a los productos españoles o enviando escritos de protesta a las embajadas...
Este relevante papel desempeñado por la prensa entró en una fase más incisiva al involucrarse Rafael Gasset, dueño de El Imparcial ya que, dentro de su dinastismo era un decidido opositor de Maura, en parte por motivos crematísticos (la supresión del “fondo de reptiles” del que supuestamente salía muy beneficiado el periódico de Gasset) aunque quizás la razón principal era un modo muy distinto de concebir las políticas regeneracionistas. El ariete no obstante para cargar contra el estadista mallorquín fue el citado El Gráfico, aparecido en Madrid en junio de 1904 y cuya dirección se confió al avezado periodista Julio Burell. Estaba inspirado en el periódico berlinés Der Tag y a base de entrevistar a los presos y de incluir por vez primera fotografías, desarrolló una campaña muy eficaz sobre la cuestión de las torturas que sería seguida por otros medios entre los que sobresaldría El Pueblo, de V. Blasco Ibáñez, muy experimentado en la agitación periodística. Como señala el autor, su campaña no iba a ser una más ya que envió a un periodista a Alcalá, y, en lugar de seguir con denuncias genéricas sobre los malos tratos, optó por centrarse en los casos más elocuentes por su crueldad y emotividad. Mientras tanto El Imparcial, con un tono más circunspecto, apelaba a la intervención del monarca –quien en diciembre de 1904 forzó la dimisión del gobierno Maura y que se abriera una información imparcial sobre los sucesos–.
A estas alturas, y puesto que los delitos que se imputaba a los presos estaban comprendidos dentro de la jurisdicción militar se celebraron no ya uno, sino dos consejos en el verano-otoño de 1904, con una actuación contradictoria: el primero elevó incluso las penas, mientras que el segundo, que juzgaba los presuntos insultos a fuerza armada las rebajó sustancialmente (los presos de este segundo juicio fueron puestos en libertad, a diferencia de los del primero). El gobierno de Maura, entre tanto, accedió a lo que se le reclamaba desde el foro periodístico: el nombramiento de un juez especial, provisto de plenos poderes pero cuyo ámbito de actuación no debería solaparse con el castrense, cosa problemática. Para cumplir esa tarea la Audiencia de Sevilla designó al ya citado Pozzi cuya actuación fue claramente decepcionante. No cabía esperar otra cosa dado los antecedentes y el perfil netamente conservador del magistrado que se atuvo al guión que desde el gobierno se esperaba de él: que desmontara las denuncias por malos tratos.
Los condenados por el primer Consejo de guerra siguieron pues en prisión, pero la polémica por lo ocurrido en Alcalá del Valle no se desvaneció sin embargo entrando en una nueva fase gracias en un primer momento al periodista y republicano blasquista Félix Azzati que desde $E l$ Pueblo haría ahora campaña en favor de su indulto (los presos, además, habían sido trasladados a un penal valenciano) y en una segunda gracias al pedagogo librepensador Ferrer Guardia desde el verano de 1908 y a través de medios como Solidaridad Obrera o Tierra y Libertad suscitando una nueva movilización que, igual que años atrás, trascendió las fronteras españolas explotando más aún que la clave de las injusticias sociales la condición de mártires de una Inquisición rediviva, como aconsejaba Ferrer. Finalmente, y a cuentagotas, los presos acabaron siendo liberados, en una secuencia que solo se cerraría en junio de 1910.
Es obvio, como señala D. Caro en su epílogo, que lo ocurrido en Alcalá del Valle puso de manifiesto la incapacidad del Estado español todavía a comienzos del siglo XX, para afrontar con medios no cruentos las protestas de un mundo del trabajo excluido de la vida política oficial dominada por el caciquismo. Y también, que, en este contexto el único medio al alcance de los correligionarios o simpatizantes de los presos consistía en poner en marcha campañas de prensa a las que se sumaron otros medios ajenos a la ideología libertaria, pero que acabaron por incidir en la agenda política gubernamental, lo cual constituye otra de las aportaciones de este libro que presenta, como se ve, varios planos de lectura diferenciados aunque complementarios.