LA LEY DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPANOL COMENTARIOS SOBRE SU APLICACION ARQUEOLOGICA EN CASTILLA Y LEON.
Carlos de la Casa Martinez, Consuelo Escribano Velasco, JoséJavier Fernandez Moreno, Jesus del Val Recio.
RESUMEN.- Se presentan los aciertosylosproblemas que ha tenido laaplicacion en CastillayLeon de la ley 16/85delPatrimonio Historico Espahol en suprimera decada deandadura,analizando los aspectos mds innovadores en cuanto a la estimacion,proteccion y conservacion del patrimonio arqueológico.
ABSTRACT.-Ananalysis is made ofthe successes and failures of the Spanish Historical Heritage Act 16/85,as ithas been practically implemented intheAutonomousCommunityofCastilland Leon during thefirstdecade afteritsapproval.The most innovativeaspects of thelaw,referring totheevaluation,protection and maintenance ofthe archaeological heritage, are examined.
PALABRAs CLAvE: Leyde Patrimonio Historico Espanol, Patrimonio arqueológico,Sistemas de gestion ypro teccion, Castilla yLe6n.
KEY WoRDs: Spanish Historical Heritage Act,Archaeological heritage,Cultural resource management, Castilla and Leon.
1. INTRODUCCION.
En este trabajo se ofrece un breve comentario y analisis de aquello que constituye en alguna medida nuestro trabajo diario: la practica de la arqueologia desde sus aspectos administrativos; esto es,la particular lectura de la arqueologia desde la perspectiva de aplicacion de la norma legal,de los derechos y deberes que implican a la disciplina en un territorio determinado, en nuestro caso,Castilla y Le6n.
No es ajena a esta selecci6n la actualidad del tema.Con la conmemoración del décimo aniversario de la Ley de Patrimonio Histórico Espafiol (ley 16/85), se han publicado muchas y positivas reflexiones.Dado que esta norma es la que ha regido la actividad arqueol6gica en nuestra Comunidad nos parece oportuno valorar su aplicaci6n durante la decada 1985-1995 y, en la medida de lo posible, evaluar sus resultados y meditar algunas conclusiones.Ahora bien,no pretendemos aproximarnos al régimen juridico de la arqueologia,reflexionando y comentando la ley desde un plano puramente te6rico.Bien al contrario,somos partidarios de tratar cómo se ha profundizado en determinados instrumentos que tienen que ver con el patrimonio arqueol6gico,amparandonos,por supuesto,en algunos datos recopilados y,de este modo,ahondar en las inquietudes expuestas,desde hace tiempo,por juristas y arqueólogos sobre el contenido de la Ley.Por supuesto,no eludiremos el comentario de lo sucedido, de lo positivo y de lo que entendemos negativo, con el ánimo de crear interrogantes y con el fin de estimular el debate, habida cuenta que, parece ocioso sefalarlo, resultara extraordinariamente positivo que a traves de estos u otros ejemplos se vayan acumulando y diversificando las opiniones.En suma,al menos en su objetivo,el sentido e intencion de las päginas que siguen es ofrecer una informacion sucinta,esencialmente descriptiva,cuyo fin inmediato es conocer,entender y observar la aplicación de algunos instrumentos de la norma en nuestro espacio geografico y cultural.
Una realidad territorial que entendemos presumiblemente singular,por lo que renunciamos de momento a contrastar la documentación y soluciones con otros lugares,en la idea quizas equivocada de que no faltan rasgos que nos permiten suponer que los resultados obtenidos acerca de la aplicacion de la Ley en Castilla y Le6n hay que formularlos desde ciertas peculiaridades sociales,culturales,administrativas y econ6micas de estas tierras,subrayando con ello que,tal vez, no son precisamente intercambiables con otros lugares.
2. LOS MECANISMOS DE PROTECCION LEGAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
2.1. Los bienes arqueologicos para la Ley del Patrimonio Historico.
Antes de entrar de lleno en el comentario de algunos articulos de la ley del Patrimonio Historico Espanol conviene detenernos,aunque sea brevemente, en conocer que viene a significar el termino arqueol6gico para la Ley,y al mismo tiempo si se advierte, respecto al contenido de la Ley sobre este particular patrimonio,una coherencia con los planteamientos metodol6gicos que en estos momentos inspiran la disciplina.
Casi desde su origen,la vinculacion de la arqueologia con determinados aspectos de la geologia hizo arraigar la idea de yacimiento arqueológico como un lugar en el que se podian recuperar objetos hist6ricos,que eran interpretados por si y por sus contextos estratigraficos.Sin embargo,en nuestros dias esa tendencia ha venido a ser matizada y hoy,por lo general, resulta comuinmente aceptado por los arque6- logos interpretar los “lugares” arqueol6gicos como una sintesis de las aportaciones naturales y humanas en la que ademas se situan en un mismo plano de interés y dedicaci6n las técnicas de recuperaci6n de las evidencias -término que no es equiparable con objetos exclusivamente,el analisis de la cultura material y las interpretaciones contextuales.Las fuentes para la moderna arqueologia, como explica Moure (1994: 40),no son solo las evidencias antropogénicas,sino tambien una amplia informaci6n contextual de tipo climatico, ecol6gico o geografico que actua como marco interpretativo de la cultura material y ayuda a entender las respuestas del hombre ante el medio ambiente.No tememos equivocarnos mucho al afirmar que esa interpretaci6n sobre el entorno,en su sentido mas amplio, como Iugar en el que se desenvuelve el ser humano, va cobrando cada vez más fuerza en la investigación arqueol6gica, lo que probablemente ademas traduzca en el futuro una importancia cada vez mayor del mé- todo de estudio,por encima de los elementos materiales y de las técnicas de recuperacion.
Por otro lado,para comentar la posicion juridica sobre la arqueologia establecida en la Ley 16/85, nos parece prudente traer a colaci6n alguna reflexion previa en el tiempo. Asi, el informe de la llamada “Comisi6n Franceschini”,uno de los fundamentos teóricos para la comprension actual de los bienes culturales,viene a plantear que la cualidad del bien arqueol6- gico deriva de dos criterios,uno cronológico en relaci6n con las civilizaciones del mundo antiguo y otro técnico con referencia a los procedimientos cognoscitivos.
Se trata en cualquier caso de una definicion algo restringida de los bienes arqueol6gicos,lo que no cabe decir tanto de la acepci6n de la Ley 16/85, cuyo articulo 40.l.se orienta hacia la comprensión de bienes muebles e inmuebles, tendiendo por tanto a su delimitación material.Algo que tiene su l6gica,puesto que desde el punto de vista juridico resulta más comprensiva la concepción del patrimonio arqueol6- gico ligado a elementos con una materialidad fisica, eso si, asociados a un concreto sistema de estudio que es el método arqueológico,al que ya aludia el analisis de los juristas italianos.
Del texto legal espanol tambien cabe deducir,que,con independencia del lugar en que se encuentren y su antigiedad -superando incluso ciertos condicionantes cronol6gicos de la doctrina italiana-, lo verdaderamente importante para que alcancen la consideracion de bienes arqueológicos es su peculiar mé- todo de investigación. En el marco de ese planteamiento lo que determina su naturaleza arqueológica es el sistema que se aplica para su estudio.Conviene matizar en este punto que con cierta facilidad desde el mundo juridico se tiende a confundir metodo arqueol6gico con las técnicas de recuperacion de los bienes: excavaciones y prospecciones,abarcando por supuesto aquel término otros aspectos singulares de la disciplina.Del mismo modo cabe reconocer que,desde el punto de vista de los juristas,tambien se afirma que la definici6n,determinacion y explicaci6n del método arqueológico estara siempre ligada a los profesionales de la arqueologia, con lo cual, en definitiva, sera dificil la existencia de discrepancia entre el mundo del derecho y la teoria arqueológica,al menos en la definici6n de aquel, que siempre serä dada por la opinión de los arqueologos.
Cabria preguntarse ahora si todos aquellos bienes que pueden asimilarse a las definiciones dadas en lineas anteriores estan acogidos por la norma legal, o dicho de otro modo: siendo obvio que la condición de bien arqueol6gico nace de las cualidades intrinsecas de los bienes,iello representa que todos los bienes arqueol6gicos importan para el derecho?
Barrero repara en que la definici6n sobre los bienes a los que acoge la Ley l6/85 se elaboraa partir de criterios extrajuridicos,de conceptos que no asumen para el derecho una significaci6n precisa y univoca -recordemos a este respecto que la norma vigente alude en su articulo 1.2.a inmuebles y objetos muebles de interés artistico,hist6rico,paleontologico,arqueol6gico, etnol6gico,cientifico o tecnico-,siendo lo miportante para la cuestion juridica su declaraci6n.En apoyo de esta tesis recoge esta jurista la reflexion de.
Cantucci quecalificaa dicha declaracion“de momentofundamental odeterminantede ladisciplina vigentesobre estos bienes,encuanto viene areconocer el valorde esosbienes enel plano juridico,haciendo operantela tutela prevista porla norma”(Barrero 1990:256).
Quécabe decir,por tanto,de los bienes arqueol6gicos,enlosque estosaspectosextrajuridicos sevenapoyadossobremaneraporciertascaracteristicassingularesypropias:buenapartede los bienespermanecen ocultos,los lugaresno son facilmentereconociblesasimplevistaparalamayoriade losciudadanos;existeuna amplia variabilidad enla extension ysignificado espacial de lasevidencias;o que el interéscientifico sea igual para todos los lugares arqueol6gicos teniendo en cuenta su caracterde unicum.
A juzgar por lo expuesto sobre la probable trascendenciadeladeclaraciondelos bienes habremos deconcluir que,aparentemente,no existe una estrecharelacion entre los supuestos valores arqueologicos ysuamparodesde el ambitodela norma legal.El valorconcedidopor la declaracion,entre otras cosas por lacategoria que adquiere desde el punto de vista juridico,esel que practicamente fundamenta su interés patrimonial.De tal suerte,paralaLey 16/85practicamente losunicos bienes arqueol6gicosa considerar, como tendremos ocasion de comentar masdetenidamente,son aquellos que,mediante losprocedimientos previstos,han sido declarados como tales.En sintonia conesteplanteamientoafirma Alegre(1994:523)que lacualidad depertenencia al Patrimonio Historico Espanol es contrastada en el momento en que se resuelvelaincorporaciondeun determinado bienaalguna delascategorias de protecci6n legalmente establecidas,ladeBienes de InterésCultural y lade bienes inventariados.
Quizáhaya sido una exposici6n demasiado larga para tan corta conclusion,pero se nos antoja que el tema es especialmente atractivo,puesto que la singularidad de estos hienes no vaa derivarunicamente desu protagonismo para la protecci6n que comentaremosmas delante,ya que igualmente se constata su preferenciaenloquerespectaa su investigaci6n,su proyeccion social,etc.,encontrandonospor supuesto, segun los datos que hemoscontrastado para losultimosafiosanalizados-1994y1995-,consuprimacia desdela 6pticade la inversion.Practicamenteel $100 \%$ delainversiondel entoncesvigente ServiciodeMuseosyArqueologia enadecuaciondeyacimientospara su visitapublica(LaminaI)para losultimosaniosanalizadosdeladecada-1994y1995-correspondi6aZonasArqueol6gicas declaradas,pero nos parecemas significativo hacer notar esa prelacion entre las actividades subvencionadas aproyectos promovidos por investigadores en funciondesus hip6tesis cientificas,puesto que las que se desarrollaron en aquellos bienes declarados suponen en su conjunto mas del $80 \%$ del presupuesto destinadoaesta actividad,en los afios mencionados.

Lam.L-Sector excavadoyconsolidadode Numancia,Garrayoria.
Endefinitiva,cabe concluir que ciertos bienesarqueol6gicos gozan de una custodia preferente, unamasdetenida consideracion legal que redunda,de manera consciente o circunstancial,en su orden prioritario en todos los tiposdeactividad.Particularmente paraaquellos inmuebles reconocidos como Bienes de Interés Cultural opara los bienes muebles que se incluyan en el Inventario General.
2.2. Elcomplejo proceso administrativo de declaracion individualizadade bienes inmuebles.
Como argumenta J.L.Alvarez(1989:106), sobre todoapartirdelaLeyde13demayode1933, Sobredefensa,conservacionyacrecentamiento del Patrimonio Hist6rico-Artistico Nacional,lo normal hasido distinguir entre bienes muebleseinmueblesy regular ambos adaptandose a'su distinta naturaleza,y portanto con criterios y normas relativamente diferentes.
Nosreferiremosahora masdetenidamentea lasZonas Arqueologicas declaradasde forma individualizada enlaseguridad deque estos iugares son el masclaro exponente de la filosofiaycontenido dela Ley16/85,enloquerespectaalosbienesinmuebles arqueol6gicos.
Antesde nada,cabria preguntarse que tipo decondiciones posibilitan su eleccion frente al conjuntode bienes inmueblesconocidos.Como eshasta ciertopuntol6gico,laLey 16/85no haceunarelaci6n detallada de los factores requeridos,aunque eso sf,se inclina porque deben constituir una seleccion de un conjunto mucho mas amplio,puesto que menciona en su articulo 1.3.que los bienes masrelevantes del Patrimonio Histórico Espanol deberan ser inventariados o declarados de interés cultural. Por descontado que no estaria de mas que la supuesta relevancia de los lugares que comentamos estuviera motivada,conforme a lo que se argumenta en el preámbulo de la Ley, en el interés general que estos bienes detenten.En tal caso,la declaracion seria un acto administrativo de reconocimiento de los valores culturales que un bien tiene en el marco de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la estima que adquiere como referente de identidad cultural merced precisamente a la sensibilidad de los ciudadanos que los han convertido en un importante hito patrimonial. Un proceso en el que la Administracion unicamente se limitaria a certificar el “interés"del bien.
Mas la realidad tiene un signo bien distinto y la preocupación de los ciudadanos sobre los lugares arqueológicos que les rodean es mas bien rala. Ilustra a las claras esta cuestión el hecho de que ni uno s6lo de los expedientes de las Zonas Arqueológicas han partido de una iniciativa particular o de las corporaciones locales en los que se ubican estos bienes,resultando su declaracion exclusivamente de los objetivosy criterios de la Administracion Regional. Ahora bien,quede claro que en la mayor parte de las ocasiones se acompafian de iniciativas,impulsos o refrendos de los profesionales de la arqueologia.
De todos modos la decision administrativa no es discrecional o libre,si no que es un producto necesario de la previa valoración técnica de las caracteristicas del bien (Alegre 1994: 524).De acuerdo con este principio,para determinar la categoria sobresaliente de un lugar arqueológico,segun se desprende del analisis de las Zonas Arqueologicas declaradas en Castilla y Le6n en el decenio,se consideraron diversas condiciones que en buena parte de los casos se concatenan,resultando la suma de una serie de factores,algunos de los cuales se perciben como principales.Tal es el caso de la especial singularidad del lugar desde el punto de vista cientifico, normalmente expresada por la investigaci6n mas o menos continuada,e interesante tambien es el factor de la proyeccion social de los restos que se hallan en estos lugares,es decir la intencion o practica de su visita publica,y no faltan,por uiltimo, Zonas Arqueol6gicas en las que un pormenor igualmente recurrido para la tramitaci6n del expediente como bienes de interés cultural es su necesidad de proteccion frente a alguna amenaza presente o futura.
En Castilla y León contamos con 96 Zonas Arqueológicas con expedientes de declaracion incoados o resueltos.Cerca de un centenar de lugares por tanto merecieron hasta 1995 esa especial distincion en funcion,volvemos a insistir,de su investigacion,difusion o proteccion. No conviene pasar por alto que un buen numero de Zonas Arqueológicas lo fueron con la denominaci6n de Monumento Nacional con anterioridad a la Ley l6/85,sin embargo son varios lo detalles que nos invitan a considerar a todas las Zonas Arqueol6gicas como un supuesto de fechas recientes. Y ello por cuanto para todas ellas,al menos,se ha elaborado una zonificacion de las evidencias y，por supuesto,una propuesta de delimitacion del bien.Una documentacion,esta ultima,que no se contenia en las declaraciones formuladas con anterioridad a la ley vigente y que resulta trascendente,puesto que solo al territorio incluido en al área de afeccion,implica el ordenamiento juridico de la Ley.
Cabe advertir, haciendo una breve historia de la situación reciente, que Ias incoaciones y declaraciones en un numero significativo se producen a partir de 1991,un hecho que hay que relacionar directamente con la publicacion de la sentencia del Tribunal Constitucional 17/199l de 31 de enero,por la que, frente a lo que se indicaba en el articulo 9.1. de la Ley 16/85 de que la declaracion individualizada se haria por Real Decreto,otorgando esa prioridad al Estado,segun el citado tribunal, la potestad para declarar bienes de interés cultural corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma,mientras que el Estado solo es competente para hacer la declaracion de Bienes de Interés Cultural cuando se trata de bienes en los que concurren circunstancias singulares,del articulo $^ { 6 \mathfrak { b } }$.
Estos hechos explican en parte el aumento singular de las declaraciones de la Comunidad Aut6- noma en el aio l991, pero de ese aumento no se benefician de la misma forma todos los tipos de inmuebles,y asi, por ejemplo,se puede referir que en ese ano hay 32 declaraciones de Monumentos frente a 2 expedientes de declaraci6n de Zonas Arqueol6gicas. Una situaci6n que se repite en el ano 1992,con 40 declaraciones de Monumentos frente a 3 Zonas Arqueol6gicas.Por su parte,en el afo l993 es de interés reflejar que se advierten mas declaraciones de Zonas Arqueol6gicas,hasta 8 expedientes,ahora bien,hay que llamar la atenci6n sobre el numero significativo de declaraciones de Monumentos,pues ese ano se elaboran y aprueban 6O expedientes.
Contrastan estas cifras dadas hasta el afio 1993 con lo sucedido en 1994.En ese ano se contabilizaron 21 declaraciones de Monumentos y 7 de Conjuntos Históricos,siendo mas numerosas las declaraciones de Zonas Arqueológicas, que alcanzaron la cifra de 22 expedientes,a los que,además,se deben sumar las 9 que se suceden en ese periodo de tiempo. Ello nos induce a suponer, entre otras cuestiones,que las Zonas Arqueol6gicas a partir de ese momento se prestan a un tratamiento mucho mas intensivo,asf como que desde la Administraci6n parece que se ha resuelto buena parte de las declaraciones pendientes de inmuebles del patrimonio histórico.A ello habia que anadir los datos correspondientes al ano 1995,cuando seresuelven 8 declaraciones y se inician otras dos incoaciones.
No faltan voces que, tras evaluar el procedimiento administrativo de declaraci6n, han puesto de manifiesto su lentitud,propugnando por tanto una mayor celeridad.El sistema de declaracion debe garantizar la informacion y,sobre todo, el acceso al expediente de los afectados,y se convierte por obra y gracia de esta coyuntura en un formalismo excesivamente complejo.En este caso,es mucho mas facil entender el problema que solucionarlo, puesto que no es posible obviamente simplificar un proceso cuyo principal objetivo es el de recabar la opinion de los ciudadanos，garantizando sus derechos constitucionales. No se puede omitir o acelerar ninguno de los tramites a los que estan llamados los ciudadanos: informe de las instituciones consultivas,informacion publica,audiencia al ayuntamiento interesado,etc.； ni tampoco reordenar las actuaciones,necesariamente ligadas entre si,en las que la validez de las primeras supedita el inicio de las siguientes.De tal modo,estan lejos de ser infrecuentes,por ejemplo,las alegaciones a las propuestas de delimitaci6n de las Zonas Arqueol6gicas,alegaciones que aparte de ser tenidas en cuenta deben ser contestadas razonablemente y cuentan con plazos de tiempo dilatados.
2.3. La ausencia de Plan Especial en las Zonas Arqueologicas.
Uno de los logros de la actual norma radica en haber establecido un estrecho vinculo entre la legislaci6n sobre el patrimonio histórico yla legislaci6n urbanistica.Segun glosa el articulo 20.1. de la Ley 16/85,la declaracion de Zona Arqueologica como Bien de Interés Cultural determinarä “la obligacion para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un Plan Espacial de Protecci6n del ärea afectada por la declaraci6n u otro instrumento de planeamiento que cumpla,en todo caso,las exigencias en esta Ley establecidas".Es por tanto un imperativo legal que el patrimonio arqueol6gico,en los bienes inmuebles declarados Zonas Arqueológicas,se someta al amparo de una figura urbanistica.Ahora bien,nos consta que no sera precisamente el Plan Especial la figura urbanistica mas comtin para la citada ordenacion de los recursos arqueol6gicos.
Damos cuenta de que en los primeros diez anos de vigencia de la Ley,desconocemos un solo Plan Especial aprobado o en fase de redaccion que haya tenido por objeto la regulaci6n Zonas Arqueol6gicas y por contra,la redacci6n y aprobación de Planes Especiales abarc6 en aquellos momentos alrededor de un tercio de la cifra de Conjuntos Históricos.De lo cual sin duda se deduce contundentemente que se ha establecido distinto ritmo,cuando no el fracaso de esta obligacion para las Zonas Arqueológicas. El dato además resulta enormemente revelador,pues nos habla bien a las claras de los distintos resultados de la Ley 16/85 segun la clase de Bienes que acoge.Una situaci6n dispar que nos obliga a pensar que bajo la l6gica mision de la Ley de agrupar las soluciones para distintos bienes,la respuesta no siempre es igual,tal vez porque se ha forzado una misma lectura para bienes en realidad muy distintos y que parece que requieren soluciones singulares.
Independientemente del interés de los agentes implicados,la ausencia de esta figura de planeamiento en las Zonas Arqueol6gicas debe,a nuestro entender, explicarse por la escasa capacidad económica de la mayoria de los municipios afectados para abordar esta tarea, teniendo en cuenta ademas que no es precisamente un afán que se encuentre entre sus prioridades urbanisticas,ya que un porcentaje significativo todavia no dispone de un planeamiento adecuado para su término municipal.
Ahora bien, si la Ley se decanta especificamente por la ordenacion de los recursos arqueol6gicos a traves de la citada figura de planeamiento,no es menos cierto que a su vez la norma permite la utilizaci6n de otras figuras urbanisticas que,al menos en lo que respecta a los inmuebles arqueológicos,pueden ser consideradas acertadamente tan utiles como aquella. No es poco ilustrativa en este aspecto la localidad de Roa de Duero en Burgos,que cuenta con Normas Subsidiarias que recogen una normativa para la actuaci6n sobre la Zona Arqueol6gica que comprende buena parte del subsuelo de la actual poblacion y otras zonas inmediatas al casco urbano (Figura l). Situaci6n que se repite en Herrera de Pisuerga,en Palencia,y que traemos a colacion, puesto que,como sucede en Roa de Duero,el caracter urbano de buena parte de la delimitacion de la Zona Arqueol6gica viene a acentuar la problematica de la documentaci6n y gesti6n de los restos arqueol6gicos comprendidos.
No queremos dejar pasar la ocasión de comentar otras cuestiones sobre la relación entre las normas urbanisticas y el patrimonio arqueológico,esté o no declarado Bien de Interés Cultural.Es muy sugerente que a partir de la aprobacion de la norma urbanistica la gestion de los lugares arqueol6gicos pueda tomarse bajo la responsabilidad directa de las corporaciones locales segun el articulo 20.4.,si bien resulta prudente senalar que se trata de una gestion que no abarca en su totalidad la propia actividad arqueol6- gica, ya que queda siempre bajo la responsabilidad de la Comunidad Aut6noma la autorizacion para llevar a cabo en esos lugares prospecciones o excavaciones, conforme se describe en el articulo 42.1. De igual manera,asumir por las corporaciones locales al menos la gesti6n del patrimonio arqueol6gico puede acontecer en aquellos lugares bajo la 6rbita fisica yadministrativa de los Conjuntos Hist6ricos,y de la misma forma, aunque no se trate de yacimientos declarados,si asf se reconoce expresamente en las normas de planeamiento urbanistico del municipio.

Fig.1.-Normas Subsidiariasde Roa, Burgos.Sectores de la Zona Arqueol6gica.
El panorama descrito no es precisamente el que podemos retratar en estas tierras, puesto que si en todos los casos en los que las normas urbanisticas han recogido articulados sobre el patrimonio arqueol6gico,se puede decir que se ha redactado una más o menos adecuada normativa para su protecci6n, son muy escasos los ejemplos de ayuntamientos que hayan previsto la gestion de las intervenciones arqueologicas en el subsuelo de sus cascos urbanos y,por el momento, no hay ninguno que disponga de una adecuada estructura administrativa para hacerse cargo de esta tarea, con arqueologos que formen parte con este cometido de la plantilla de personal de la corporaci6n local.Para que se haya llegado a esta situacion,acontece como factor fundamental, que la arqueologia no ha calado en el tejido social y,acaso sea hora,ademas,de recordar la peculiar estructura del poblamiento de Castilla y León con muchos municipios, pero de escasa poblacion y por tanto con menguada capacidad economica.
Por ultimo,se nos ocurre que no es ajena a esta situación la falta de tradici6n en la arqueologia urbana de Castilla y León,que como tendremos ocasi6n de comentar detenidamente mas adelante,solo alcanza un cierto papel significativo en los uiltimos afios.
2.4. El desarrollo de la arqueologia urbana en los conjuntos históricos de Castilla y León.
Es de sobra conocido que la mayor parte de las localidades declaradas Conjuntos Hist6ricos contienen interesantes evidencias arqueológicas ocultas en su subsuelo.Esta riqueza hist6rica,alterada substancialmente por la espectacular remodelación de los espacios urbanos en los ultimos aios,ha propiciado que, a la par de la renovaci6n urbana,asistamos a un importante incremento de las intervenciones arqueol6gicas en los cascos urbanos de Castilla y Le6n (Figura 2).Incluso a pesar del retroceso conocido que ha sufrido el sector de la construcci6n en fechas recientes, el numero de excavaciones no ha dejado de aumentar y de las casi de 46o intervenciones comprendidas en el periodo 1985-1995,mas del $50 \%$ se sucedieron en los cuatro ultimos anos.

Fig.2.- Intervenciones arqueol6gicas en solares urbanos entre 1984 y 1995.
No cabe duda de que este tipo de actividades arqueológicas no se puede entender sin compararlo con la evoluci6n del sector de la construcci6n en nuestro pais,pero ademas tiene seguramente algo que ver la revalorizacion de la arqueologia que trata los restos de época medieval, moderna o incluso mas recientes.Esto supone una vision de la arqueologia en consonancia con la estimacion instrumental y técnica que ha venido a consagrarse en los ultimos tiempos y que,como hemos visto anteriormente,participa e impulsaactivamente la Ley 16/85,frentea la prelacion cronol6gica que hasta hace muy pocos anos consintió una atencion privilegiada a la documentaci6n de restos en las ciudades con un notable pasado romano.
No es ajena tampoco a la dinamica creciente de las excavaciones en solares la actitud de la administracion autonómica de promover y garantizar actuaciones arqueológicas alli donde sean mäs precisas, y no podemos nombrar otro lugar en que este mas justificado este criterio de la documentacion de los restos arqueol6gicos que el subsuelo de los solares en construcci6n de nuestras ciudades.No han faltado, con todo, criticas acerca de la supeditación de las excavaciones en los solares a los supuestos intereses de los promotores. Quienes asf opinan olvidan que,a falta de un adecuado marco normativo,la destruccion de restos arqueol6gicos ha sido algo muy habitual, salvo excepciones,en la mayoria de las ciudades, por lo que la excavacion arqueológica, aunque suponga a la postre el vaciado del solar,no deja de ser una situacion parad6jicamente novedosa ypositiva.Pero no quedan ahi las demandas del patrimonio arqueológico en los cascos urbanos y apenas sorprende hoy que,en paralelo a la dinamica de intervenciones arqueol6gicas,se propicien y sefalen en el planeamiento urbanistico los instrumentos de compensacion que faciliten, tras el hallazgo de unas estructuras relevantes,su conservaci6n in situ.Una situacion esta ultima que cada vez va siendo menos rara.
Lasactividades normalmente subvencionadas a profesores universitarios,y con la exclusiva finalidad de resolver una inc6gnita cientifica, que ocupaban, tanto en numero como en inversion,el papel predominante durante los primeros afios de vigencia de la Ley 16/85,no tenian lugar,salvo casos muy aislados -por ejemplo en la localidad leonesa de Astorga (Lamina II)- sobre solares de las ciudades.La situaci6n cambió radicalmente a partir de 1988,a los pocos meses de la creacion de los puestos de Arque6logo Territorial en todas las provincias de la Comunidad,los cuales casi desde su incorporaci6n entran a formar parte de las Comisiones Territoriales de Patrimonio en las que se deciden,conforme a la Ley 16/85, entre otras cuestiones,las condiciones de las obras de los Conjuntos Hist6ricos,hasta tanto no cuenten con una Plan Especial aprobado.

Lam. IL- Proteccion de restos romanos de la Plaza Romana de Astorga, Le6n.
Para comprender el papel que tal tarea esta Hamada a ocupar en la actividad arqueológica en Castilla yLeón, diremos que las intervenciones en solares urbanos han supuesto entre el $30 \%$ y el $40 \%$ de todas las intervenciones que han tenido lugar en el periodo comprendido entre 1988 y 1992,pero es que en 1993 superaron el $40 \%$ y en 1994 y en 1995 alcanzaron casi el $50 \%$ de toda la actividad arqueológica de excavación en la comunidad.Este caracter preeminente no s6lo se determina por su numero,sino también por los recursos que se invierten en ellas, tanto de dinero publico como por parte de los promotores de lasobras. A todo ello hay que sumar un aspecto que nos parece muy importante,como es la entidad y envergadura de la informacion hist6rica que generan,imprescindible para todo aquel que se proponga investigar sobre la evoluci6n hist6rica y extension de muchos nucleos hist6ricos,yque ha permitido, junto a la exitosa recopilacion de datos sobre evidencias prehist6ricas y romanas,una gran informaci6n sobre las caracteristicas de la vida cotidiana en época medieval y moderna. Este aspecto de la informaci6n hist6rica recuperada en condiciones de urgencia nos lleva a reflexionar sobre el modelode intervencionen las ciudades,tras una etapa enlaque ha predominado la contratacion de profesionales o empresas de arqueologia que cumplen un valioso papel en estaactividad.Tal vez,apartir de un determinado momento enel que la intervenci6n seha sistematizado,se hace necesario proponer para determinados nucleos historicos otras f6rmulas de actuaci6narqueol6gica que pasan por la creacion de equipos estables.
Contodos estos fundamentos podemos afirmarquela norma legal,una vezmas,constituye un hito que ha contribuidoaque se amplie notablemente laproteccion ydocumentacion de ias evidenciasarqueol6gicas,diversificando losobjetivosde ladisciplinaypotenciando suacrecentamiento,anadiendo ademasuna interesante labor de difusion,puesto que al desarrollarse las excavaciones en convivencia con losciudadanos se convierten,graciasa esta circunstancia,en garantia de su proyeccion social.
2.5. Larelativa eficacia de la declaracion genéricade los lugares conarterupestre.
EnlaComunidad de Castillay Le6n seconocianhasta 1995un total de121 lugaresconmotivos pintados o grabados-no se incluyen en esta cifra los lugares o conjuntos de abrigos que cuentan con una declaracionindividualizada-yque,por tanto,participande la declaraci6n genérica como ZonasArqueol6- gicasexpresada en el articulo 40.2.No parece necesario extendernos sobre el notable acierto dela norma porlo que significa de situacion cautelar,garantizandoante todo la facultad dela Administracion para ejerceracciones de defensa y proteccion de esos lugares.en cualquier momento y circunstancia.
Si enumeramos las principales caracteristicas delosbienes amparados porla declaracion generica, senos ocurre que existen varias diferencias frente a la declaracion individualizada.Asi,seadviertequehay undesconocimiento por parte delos ciudadanos alos queafectan,o,relacionado conlo ya dicho,tampoco hayun reconocimiento general dela importanciadel hallazgo,al no existir lacondiciondeinformacion publica sobre la nueva situacion de estos bienes.Otra de lasdiferencias principales frentea las Zonas Arqueol6gicas con declaracion individualizadaes laausencia deunadelimitacion del entorno afectadoypor tanto delarealidad fisicayel territorio que estan sujetosa laproteccion.De todo esto se deduce la necesidad de contar con una declaracion individualizada que garantice su proteccion y conviene en su importancia.
Testimonio elocuente de lo que estamos narrando esque,de hecho,por esos yotros factores,disponende una declaracion especifica bastantes de los lugares con arte rupestre mas interesantesde la Comunidad.En buena partede los casos su reconocimientopartede situacionesanterioresala ley 16/85, como lasrepresentacionespaleoliticasypostpaleoliticasdel complejo de Ojo Guarena en Burgosy,en la mismaprovincia;lacueva de Penches olos conjuntos deAtapuerca,entre ellos lafamosaGaleriadel Silex; enSalamancael Canchal de las Cabras Pintadas de lasBatuecas;en Segovia los grabados de San Isidro enDomingo Garcia(Lamina II)yla cueva de los Enebralejos en Pradena;oen Zamora elabrigodeElPedroso,que forma parte deun interesante complejo cultural junto con el poblado calcolitico.Recientemente,ya envigorlaLey16/85,seha dispuesto la incoaci6n yposterior declaracion del emblematico conjuntode pinturas rupestres deValonsadero,en lascercanfasde la capital soriana.Las principalesaportacionesdela declaracion son lasya apuntadas anteriormente:poner de manifiesto ante los ciudadanos larelevancia del conjunto,a la vez que conocer sus posiblesalegaciones,ydelimitar un espacioqueabarcara los abrigos y su entorno con una amplitud espacial suficiente para garantizar su correctaproteccion,contemplaciony visita.

Lam.II.-Grabados rupestres medievales de Domingo Garcia,Segovia.
2.6. Inexistencia dedeclaraciones de bienes muebles inyentariados en Castilla'yLeón.
Tal y como,hemos referido yaantes,enelarticulo1.3.dela Ley se establece que losbienes mas relevantesdebieran ser inventariadosodeclarados bienesde interés cultural.Por su parte,en el articulo 26 ysiguientes se desarrollan algunas condicionesyel procedimiento general queha de regir para lainclusi6nde bienesmuebles-la norma se refiereexclusivamenteaéstos-enel Inventario General.
Dalaimpresion,enlo que respecta concretamentealos bienes muebles del patrimonio arqueol6- gico,que su inclusion en el Inventario General se cine exclusivamente a los bienes,en manos de particulares o de instituciones publicas,que se hayan descubierto con anterioridad a la Ley 16/85,puesto que todos los bienes arqueológicos,desde su entrada en vigor, tienen la consideracion de bienes de dominio publico, una importante novedad respecto a la legislacion anterior.
Tal consideracion posibilita una serie de disposiciones por las que la Administracion adquiere la obligación de conocerlos y ejercer un control sobre su uso y transmision. Una intervencion que,al igual que en los bienes inmuebles,se sostiene juridicamente en que estos bienes ostentan una fruicion colectiva,siendo uno de los mejores ejemplos de la teoria de la Propiedad Dividida. Tomada de J.L.Alvarez (1989:26), esta tesis de la doctrina juridica italiana afirma que el bien cultural es publico no en cuanto bien de pertenencia,sino en cuanto bien de fruicion.Los dos bienes,el bien de pertenencia,propiedad privada,y el bien de fruición, propiedad colectiva,coinciden en el soporte fisico,pero no en la tutela juridica ni en la titularidad,que en un caso se atribuyen al Estado y en otro al propietario.
Puestas asi las cosas,es manifiesto que existen objetos y algunas pequefias,y no tan pequeias,colecciones de bienes arqueológicos en la Comunidad; por contra en Castilla y León no constatamos un s6lo bien mueble arqueol6gico inventariado.iExiste alguna razón que explique esta aparente contradicci6n?
En primer lugar,en cuanto al conocimiento de los bienes,premisa basica para ejercer el control, en la práctica los propietarios y poseedores s6lo están obligados a comunicar su existencia antes de la venta o transmisión a terceros de aquellos muebles que reunan el valor y caracteristicas que se senalen reglamentariamente.Segun el Real Decreto 64/1994 de 21 de marzo,por el que se modifica el Real Decreto l1l/ 1986 de 10 de enero,de desarrollo parcial de la Ley 16/85,el valor económico minimo que obliga a la comunicaci6n se cifra para los objetos arqueológicos en 1.000.OOo de pesetas.Esta supeditaci6n a un montante económico exageradamente alto de los objetos constituye un serio obstaculo para la accion efectiva de su acogida en la norma legal.En modo alguno se comprende,por otro lado,en una Ley en que priman los criterios de indole técnica,que a la hora de tratar los bienes muebles arqueológicos se decante el Real Decreto por una determinación económica,puesto que hay objetos que por otras diversas circunstancias -su notable interés como referentes de la cronologia de un lugar arqueológico,su excepcionalidad, su valor como expresion de una determinada técnica o grupo cultural- hubieran merecido la atencion por parte de la Administracion.
No nos preguntaremos aqui si el criterio económico es también discutible para otros bienes muebles,como pinturas,esculturas,etc.,aunque si podemos afirmar que no resulta, a nuestro entender, el mas adecuado para los bienes arqueológicos,puesto que hay indicios bastante elocuentes de que la generalidad de los bienes arqueológicos en manos de particulares no se adecuan a aquel valor.Del mismo modo, creemos no andar excesivamente desencaminados al sospechar que una de las consecuencias,aun más graves si cabe,sobre lo que ha venido a dictaminar en este punto la norma,abunda indirectamente en cierta falta de legitimacion de la Administraci6n para la inspecci6n,control y seguimiento de aquellas colecciones o de las compraventas que se produzcan de los bienes en los que no concurran las condiciones económicas aludidas. Maxime si tenemos en cuenta que no se dedica en la Ley ninguna referencia a los bienes muebles que no alcancen esa consideracion de Bienes Inventariados.
2.7. El desamparo del patrimonio arqueologico no declarado.
Como hemos referido,los juristas,inevitablemente, insisten en que el patrimonio histórico contemplado en la Ley es aquél que estä declarado. No obstante,se reconoce al mismo tiempo que,con caräcter excepcional y transitorio,puesto que está subordinado a la puesta en marcha de alguno de esos procedimientos,el no inventariado ni declarado es igualmente objeto de regulacion para el derecho (Barrero 1990: 265-266).En el marco de ese razonamiento existen una serie de disposiciones que tutelan el valor cultural, y asi, legados a la lectura del articulo 37. 2.de la Ley, nos encontramos el precepto que permite a la Administración competente la intervenci6n y protecci6n de lugares arqueol6gicos no declarados ante la amenaza de su deterioro o destrucción. En virtud del texto mencionado en la comunidad de Castilla y León se procedi6 a la paralizacion de obras en 16 ocasiones. $_ { i } \mathbb { S } \mathsf { o n }$ éstos los unicos conflictos durante estos diez anios entre el patrimonio arqueológico y las obras publicas o privadas?Evidentemente no.
Aunque pudiera tratarse sólo de una impresi6n,somos partidarios de explicar la escasa aplicacion de la norma recordando que las distintas soluciones a la afeccion de una determinada obra en un lugar arqueológico se han producido por un inmediato consenso con los responsables de los trabajos,resolviendose la situaci6n sin recurrir al tramite legal de la paralizacion.Eso si,ésta se reserva para ciertas ocasiones especialmente dificiles,en las que no se ha detectado sensibilidad para solucionar el problema por parte del promotor o responsable de las operaciones.
Digamos,pues, que nos encontramos ante un instrumento legal que permite preservar cualquier bien inmueble arqueol6gico de su posible destruccion,si bien nos falta seguridad para afirmar esta cuestión en términos absolutos.Queremos dejar constancia de que en todos los casos en los que se ha procedido a la paralizacion de unas obras aplicando tal articulo,se habia producido ya una destruccion más o menos grave de bienes arqueológicos.Uno de los que tuvieron consecuencias más graves afectó al entorno de la población de Coca en Segovia,donde una zanja de abastecimiento de agua alter6 algunos restos de la antigua poblacion indigena de Cauca; o,por citar otro lugar, los trabajos de extracción de áridos que alteraron el asentamiento romano de Cabezon de Pisuerga,poblacion cercana a Valladolid, con la destruccion de varias estructuras de habitaci6n,y asi podriamos seguir con otros tantos sucesos.
Aunque son ideas ya vertidas hasta la saciedad,no nos resistimos a exponer que la peculiaridad de los bienes inmuebles arqueológicos como patrimonio no renovable les hace especialmente vulnerables e impide que una norma, como Ia que estamos tratando, resulte totalmente eficaz en nuestra disciplina.No sin cierta osadia,nos permitimos,en esta ocasi6n,poner en tela de juicio la existencia de un planteamiento normativo que facilite la conservacion de los yacimientos O sitios arqueol6gicos no declarados e incluso nos atrevemos a sugerir una cierta indefension de los mismos.
Por supuesto que se puede buscar la protecci6n de los lugares arqueológicos no declarados a través del amparo en otras normativas de gran implicación sobre la ordenaci6n del territorio, como las normas de planeamiento urbanistico o aquellas otras sobre los Espacios Naturales Protegidos que se ocupan igualmente de los recursos culturales que acogen en su territorio, pero ello nos es mas que una consecuencia de que en la actual legislaci6n sobre patrimonio hist6rico no se contempla un desarrollo adecuado de la defensa y consideracion del conjunto de sitios arqueol6gicos. Algo que,entre otras consecuencias y repercusiones negativas en el conjunto del patrimonio arqueol6gico, lleva aparejado un extraordinario numero de intervenciones arqueológicas no previstas.
Quizäs sea interesante recordar ahora c6mo algunos diputados pusieron de manifiesto la gran predileccion de la Ley por el patrimonio declarado, del que quedaba fuera buena parte de nuestro legado histórico.Recordemos,siguiendo a de C.Barrero (1990: 268),que el diputado Pérez Royo,en la tramitacion parlamentaria de la Ley,expuso que ésta partia de una idea atomista del patrimonio,mäs propia del pasado, no siendo precisamente buena su concepcion como suma de elementos singulares.Para Pérez Royo lo principal es conservar,proponiendo el citado diputado que se consideraran en principio Bienes de Interés Cultural todos los bienes incluidos en el articulo 1 con mäs de lOO afios de antigiedad.Algo diferente, pero que en esencia participa con la propuesta anterior de un caracter mas globalizador del patrimonio histórico,es la opinion defendida por J.L.Alvarez (1989:1l5),para quien la clasificaci6n de los bienes culturales deberia estar encabezada por los Bienes de Interés Cultural,a los que seguirian los bienes integrantes del Inventario,categoria en la que se incluirian aquellos muebles o inmuebles que no tienen la suficiente entidad para ser declarados Bienes de Interés Cultural,pero a los que debe corresponder cierta proteccion.
En apoyo de las opiniones mencionadas,pensamos que hubiera sido relativamente sencillo determinar,como en el caso de los bienes muebles,la categoria de bien inventariado,una figura administrativa a la que podrian haber accedido aquellos bienes inmuebles no tan relevantes como para ser protegidos con la declaracion de Bienes de Interes Cultural.La situación actual supone un trato discriminatorio con los bienes inmuebles del patrimonio arqueol6gico,si cabe aun más acentuado que con otros bienes,puesto que recordemos que los bienes muebles de carácter arqueológico,aparte de su inclusion en el Inventario General, son considerados todos ellos bienes de dominio publico a partir de la promulgacion de la Ley.
En definitiva, suponemos que la Ley nació con el propósito del amparo de los bienes arqueol6gicos,pero esta soluci6n de todo el conjunto del patrimonio histórico,va a ser,en palabras de Barrero (1990:259),debilitada,cuando no contradicha, por el conjunto del texto legal, del que se deriva una estrecha vinculaci6n con los procedimientos formales de la declaracion.De poco o nada sirve,concluye esta jurista,en el ámbito normativo afirmar que un bien posee tal cualidad,si no se ve sometido paralelamente a una regulacion juridica que lo preserve.
2.8. Los bienes arqueológicos son ahora bienes de dominio publico.
No podemos por menos de aseverar que uno de los dictados mas ejemplares de la Ley ha sido concebir todos los restos arqueológicos como bienes de dominio publico a los que puede y tiene la obligación de acceder la Administracion competente. Se ratifica, en efecto,la titularidad publica de estos bienes,una peculiar situacion juridica que adquieren desde su descubrimiento,y que sin duda alguna tiene la intenci6n de concentrar la riqueza arqueol6gica en manos de la Administracion.
$i Q \mathfrak { u } \bar { \mathfrak { e } }$ administracion es la implicada? Resulta extremadamente dificil sintetizar en pocas lineas la extensa argumentación juridica de Alegre (1994:351 y ss.)，que considera los bienes arqueológicos como bienes de dominio publico estatal, basandose en que, segun el articulo 132.2.de la norma constitucional, el mar territorial y la plataforma continental son de dominio estatal por lo que cabe entender que de la misma forma lo son el subsuelo y la superficie,los otros dos lugares mencionados en el articulo 40 de la Ley de Patrimonio Hist6rico Espanol. Si bien nos hacemos eco de esta interpretacion juridica, no nos parece principal, en estos momentos,entrar a discutir si existe un problema competencial entre las distintas administraciones sobre los hallazgos,ya que hasta ei momento no se ha dado nunca una situación de estas caracteristicas y ciertamente en el dia a dia siempre ha sido la Comunidad Aut6noma la que se ha encargado de la recuperación y gestion de todos los hallazgos producidos.Nos apuntamos interesadamente por tanto a la opinion de Sainz Moreno (1992: 40),para quien, pese al silencio legal, la interpretacion mas razonable es la que atribuye la obligacion de la gestion y por tanto la titularidad de los bienes a la Comunidad Aut6noma en donde se produce el descubrimiento.
De hecho,son ciertamente numerosas las colecciones y objetos que en los ultimos afios han ingresado en los museos provinciales en funci6n de la filosofia expuesta en la Ley de Patrimonio Histórico Espanol, variando substancialmente una cierta tendencia,no especialmente feliz,de los primeros afos de la década de los 8O,cuando predominaba el sentido privado de las colecciones,lo que llego a provocar,incluso,significativos reveses en alguno de los intentos de recuperar esos objetos.
Asi,se tiene conocimiento de que al realizar unas obras en un solar,en el ano 1984,que afectaron a la muralla de la ciudad de Salamanca,aparecieron varias estelas romanas que fueron recogidas por el promotor de las obras,de quien se supo entonces que disponia,desde 1970,de otra decena de estelas romanas halladas en un solar de su propiedad.Se requiri6, en aquel momento a través de la Direccion General de Patrimonio de la Junta de Castilla y Le6n,la entrega de las estelas citadas al museo correspondiente,y al no obtener resultados positivos se efectu6 denuncia por el director del museo por apropiaci6n indebida, siendo sobreseidas las actuaciones por estar prescrita la acci6n. Con posterioridad,que por intentarlo no quedara,se ideó otra forma de recuperar las piezas denunciando la desobediencia del ciudadano por negarse a entregar las estelas a requerimiento de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.En un auto de 2 de julio de 1985 se sobreseieron las actuaciones por falta de pruebas y haber prescrito la acci6n.
El mismo ano y curiosamente por un numero y tipo de material arqueol6gico idéntico,trece estelas de época romana,tuvo lugar una sentencia de 21 de septiembre de I985 del Juzgado de primera Instancia de Vitigudino,en la que se admitia el recurso y se absolvia al procesado de una falta de desobediencia interpuesta por una sentencia previa dictada por el Juez de Distrito de la citada localidad salmantina. Curiosamente,este ultimo habia sentenciado dos meses antes al poseedor de las estelas-halladas en distintas faenas agricolas en el castro de Yecla de Yeltes- por una falta de desobediencia al requerimiento hecho desde la Junta de Castilla y Leon a instancia del director del Museo de Salamanca,para la entrega de las piezas en el Museo Provincial.
Con independencia de que se pueda hacer una rigurosa valoraci6n de los posibles defectos administrativos que a la postre condujeron a que los halladores se quedaran con las piezas en litigio, para que esto sucediera asi cabria vincular estos sucesos a la ausencia de un instrumento legal tan clarificador como el que se instaura en la Ley 16/85 sobre los hallazgos casuales,que permite atisbar una nueva argumentacion,sobre todo en ciertas operaciones especialmente conflictivas de las que son protagonistas destacadas las Fuerzas de Seguridad del Estado.
A modo de simple ejemplo podemos narrar la actuacion de la Policia Nacional de la ciudad de Valladolid,que a requerimiento del Servicio Territorial de Cultura,al conocer de la existencia de distintas piezas romanas,entre ellas una litigatio,en poder de un ciudadano,procedi6 al registro domiciliario y decomisó varias piezas que se depositaron en el Museo Provincial de Zamora,puesto que procedian de yacimientos de esta provincia.
Entre las numerosas actuaciones de la Guardia Civil en la recuperaci6n de bienes arqueol6gicos hemos seleccionado algunas no precisamente sencillas.Conocida la existencia de un torques prerromano de oro hallado en Le6n,se solicit6 su entrega a los halladores,no obteniendo el Arque6logo Territorial ningun resultado positivo en estas gestiones al manifestar los poseedores la pérdida del objeto.Puestos estos hechos en conocimiento del Gobierno Civil de León,la Guardia Civil se hizo cargo de las actuaciones y recuper6 de forma inmediata la pieza en cuestion.Por otra parte,un vecino de la localidad de Arrabalde,en Zamora, comunicó a los representantes de la Junta de Castilla y León en esta ciudad que se habian producido interesantes hallazgos en el castro de Arrabalde por unos ciudadanos de poblaciones próximas. Tras recabar la mayor informacion posible por la Arqueóloga Territorial, se comunicaron los hechos al Gobierno Civil y el 14 de mayo de 1987 se entreg6 en dependencias de la Junta de Castilla y León un lote de objetos intervenidos el dia anterior.Lo mas sorprendente del caso es que una de las personas,inculpada por la Guardia Civil en las excavaciones, entregó solicitamente un tesoro compuesto por 18 piezas de oro y plata,todos ellos elementos de adorno personal y de cronologia prerromana, unos sucesos que dieron lugar a un juicio que comentaremos mas adelante.

Lam.IV.-Atesoramientoceltiberico recuperado en Padillade Duero,Valladolid.
Enalguna ocasion ni siquiera las accionesde laGuardia Civil fueron suficientes,como sucediocon el hallazgodeun tesoroceltibéricoen PadilladeDuero,enValladolid(Lamina IV）,suceso que traemosa colacion pues ciertamente,en el aspectoque estamos tratando,constituyeuna prueba de lacontundencia de laLey.En junio de 1985,enunasobras sedescubrieronalgunas joyas celtibericas,de las que se apropiaronal pareceralgunos operarios.Porparte delaadministracion,tras conocer los hechos,se requiere laentregade los objetos,con resultados infructuosos,al igual que sucede con las gestiones de la Guardia Civil.Puestas asf las cosas,se inicio un expediente sancionadorpor no comunicar el hallazgo casual,proponiendose una multa cuantiosa.El efecto fue inmediato pueslos implicados,nada mas tener conocimientode iniciodel expediente sancionador,entregaron tres torquesde platay otros tantos brazaletes espiraliformes.
Enterminos generales,la redaccion del artfculo 44.1.yel conceptodebienes dedominiopublico instaura la concepcion publica del patrimonio arqueol6gico.Bastantes experiencias,mucho mas que las comentadasde formaanecdotica lineasatras,ratifican loadecuadodel propositoylavalidez del texto legal. S6lo cabe enunciar un problema menor,que no ensombrece la eficacia de la norma.Radicaaquel enque lainterpretacion juridica del término de dominio publico,o mejor dicho la sanci6n administrativa contra lo dispuesto sobre esta cuestion en la Ley,no se puedeaplicar sobre hechos que hayan tenido lugar con anterioridadalapromulgaci6n dela propia Ley,es decirdela fechaconcretadel25dejuniode1985,ya quesegunla norma constitucional,en concreto elarticulo 25.3.,nadie puede ser sancionadopor accionesu omisiones que enel momento deproducirse no constituyerandelito,faltaoinfraccionadministrativasegun lalegislacionvigenteenaquel momento.Noespor tantobaladi la obligacion de la Administracion de asegurar que el hallazgo de unos restos en litigio se hayaproducidocon posterioridad alafecha senalada.
3. CONLALEY ENLAMANO:SENTENCIASJUDICIALESYEXPEDIENTESSANCIONADORES
3.1. Las escasas sentencias jtdiciales.
Con independencia de si estan declaradas o no Zonas Arqueol6gicas,laLey regula lasposibles actuacionessobre los bienes inmueblesde caracter arqueol6gico,enumerando una serie de condiciones que sedeben cumplir para accederalaautorizacionyhaciendo especial referencia a que las actividades no autorizadas seransancionadas por la via penal o administrativa.
No es este el lugar para detenerseaenumerar yanalizar la evolucion de lasactividades arqueol6gicasautorizadas,niparatratarelcaracterineludiblede laautorizaci6nadministrativa, sobre todo,como medio desuperarla lacra dela destruccionde losyacimientosarqueol6gicos por acciones,no precisamenteinfrecuentes,dedesaprensivos.
Enlos primeros anios que han transcurrido desdeque la Comunidad Aut6noma tienecompetenciassobre el Patrimonio Arqueol6gico,contabilizamos catorce actuaciones judiciales sobre presuntas actividades ilegales queafectarona este tipodepatrimonio. Deellas,la mitad seresolvi6 con la absolucion delos inculpadosoel sobreseimiento de la causa penal.La cifraes enormemente reveladora de que en las actuaciones judiciales,en los que enla mayoriade los procesosmencionados quedaron probados los hechos,no se encontr6 justificada la faltaodelitopor las prospecciones o excavaciones arqueologicas sin autorizacion.
Como ejemplo,podemos felatar que unade lassentencias,fechadael15de juliode1985,conden6a los dos procesados a dos diasde arresto menor poruna falta de hurto en lasruinas del campamento romanodeRenieblas,enSoria.Yenlamismafecha yjuzgado,el numero1dela AudienciaProvincial de Soria,tuvo lugar ota'sentencia en la que porunos hechos similares se absolvi6alos procesadosde lafalta dehurto en el citado campamento de las cercaniasde Numancia.
Podemos tambien mencionar la sentencia incriminatoria del Juzgadode Instruccion del Burgo de Osma,acerca de unas personas sorprendidas con un detectorde metales en un lugar arqueol6gico con el significativo eponimo de“Los Ladrillejos",en el entorno de la ciudad celtibero-romanade Uxama,que se resolvi6conla condenaalos infractores,como autoresdeunafaltadehurto,alapena de15diasde arresto menor,al pago de una indemnizacion no superior al millón de pesetas a la Junta de Castilla y León,decretändose ademas el decomiso de los detectores de metales y las monedas que portaban. Con todo,esta sentencia fue posteriormente revocada en la Audiencia Provincial de Soria,absolviendo en ultimo término a los procesados,aludiendo a que se trataba de una actividad que debia inscribirse en la via administrativa,por lo que la comunic6 a la Junta de Castilla y León por si estimara conveniente reabrir el expediente sancionador en su dia paralizado por la actuacion penal.Eso si, puso a disposicion de la Junta de Castilla y León las monedas y demas objetos incautados.
Nos detendremos,aunque sea brevemente,en los fundamentos de derecho de esta sentencia, ya que en ellos gravitan las razones que explican la situacion exculpatoria de varias de las sentencias judiciales.En su fundamento tercero se indica:“Por lo que se refiere a los pequenos agujeros alli realizados y que pueden ser calificados de prospeccion y que no gozaban de la correspondiente autorizacion,nos encontramos con una actividad enmarcada en el articulo 42.3. de la Ley de Patrimonio Artistico y que debe ser corregida en su caso administrativamente, decidiendo en lo dispuesto en el articulo 76.1.de la referida Ley".Y en el fundamento cuarto sigue:“En consecuencia nos encontramos con una actividad,la desarrollada por los denunciados,que debe inscribirse en la via administrativa y que carece de relevancia penal".
Una excepcion, como no podia ser menos,a esta situacion general la representan las actuaciones judiciales que tuvieron lugar en la provincia de Zamora.Una sentencia del Juzgado de distrito de Benavente condenó al infractor a la pena de multa de 15.000 pesetas con un dia de arresto sustitutorio por cada 5.000 pesetas por carecer de autorizaci6n para realizar excavaciones en el lugar arqueológico de La Dehesa de Morales en Fuentes de Ropel,y a la pena de 15 dias de arresto menor y pago de las costas por una falta de hurto.En el mismo juzgado tuvo lugar otra sentencia sobre unos hechos acaecidos en el campamento romano de Petavonium,en Rosinos de Vidriales,donde se sorprendió a dos personas con detectores de metales que portaban varios objetos arqueologicos; éstos se depositaron en el Museo de Zamora,una vez realizado el pertinente atestado de la Guardia Civil. La sentencia en cuesti6n condenó a los dos infractores por una falta de hurto a la pena de 7 dias de arresto menor.
Entre todas las sentencias acaecidas en el Juzgado de Benavente resulta emblematica la que aconteci6 sobre unos hechos mencionados anteriormente, el hallazgo de un tesoro celtibérico en el castro de Las Labradas en la localidad de Arrabalde,que fue entregado por sus descubridores al Museo Provincial, despues de diversas gestiones dirigidas por la Arque6loga Territorial y la Guardia Civil de Benavente.La sentencia conden6 a los dos infractores a penas de $5 \ : \mathrm { y }$ 6 meses de arresto mayor y al pago de las costas procesales por una falta de hurto.A tenor de esto podemos suponer que el juez si advirtio que estas acciones sobre el patrimonio arqueológico debian ser severamente castigadas desde su ämbito competencial.
Aunque la mayor parte de las sentencias judiciales que han tenido lugar sobre atentados al patrimonio arqueol6gico se refieren a prospecciones o excavaciones sin autorizacion,nos resistimos a pasar por alto que las sentencias emanadas de los juzgados han sido igualmente exculpatorias por la realización de obras en los lugares arqueológicos. Sirva como referente de estas situaciones la destrucci6n parcial del dolmen de Galisancho en Salamanca,alterado substancialmente por una maquina excavadora con el objeto de extraer tierra para una obra particular, e igualmente la voladura de un panel con grabados rupestres en el sitio arqueológico de Domingo Garcia,en Segovia; en ambos casos el juez no encontró punibles las acciones.
3.2. La positiva via administrativa de los expedientes sancionadores.
Mucho mas fecundos en numero y resultados han sido los expedientes administrativos sancionadores que al amparo de la Ley l6/85 se han resuelto en nuestra Comunidad Aut6noma sobre hechos que afectaban al patrimonio arqueológico.Hasta un total de sesenta y cinco expedientes sancionadores se iniciaron en la década que nos ocupa.De ellos quince tuvieron como fundamento la realizacion de obras que afectaban a bienes arqueol6gicos,mientras que el resto se instruyeron por la realizaci6n de prospecciones o excavaciones arqueologicas sin disponer del oportuno permiso.De este ultimo conjunto de expedientes unicamente diez fueron sobreseidos,por tanto una primera valoracion que cabe hacer es que,al contrario que con las sentencias judiciales,una mayoria de los expedientes se han resuelto con multas a los infractores. La cuantia de las multas difiere en los distintos casos, atendiendo a las condiciones y fundamentos que se expresan en la Ley 16/85.Si podemos decir que la media se situ6 en torno a las 200.0oo pesetas,aunque no faltan multas de superior cuantia,como la que se estableció por la excavacion ilicita en el yacimiento de“Augustobriga”,en Muro de Agreda,en el que la Guardia Civil sorprendi6 a dos personas con detectores de metales y portando algunas monedas,a los que se les impuso una multa de 75o.0oO pesetas a cada uno.En la misma poblacion,el 22 de septiembre de 1991 la Guardia Civil sorprendi6 a dos personas realizando excavaciones arqueol6gicas auxiliados de detectores de metales,siéndoles incautados los citados detectores,dos monedas y otros 9 objetos arqueol6gicos.Los autores fueron sentenciados,en un juicio de faltas celebrado en el Juzgado de Instrucci6n numero 1 de Soria, a cinco dias de arresto menor por dano a la propiedad yal pago de las costas procesales,sentencia que no llevó aparejada que los hechos no fueran considerados desde el punto de vista administrativo. En esa linea se resolvi6 un expediente sancionador por carecer de la correspondiente autorizaci6n para realizar excavaciones arqueol6gicas,siendo sancionados los dos encartados a una multa de 6oo.0oo pesetas,en un ejemplo de expediente administrativo que contesta satisfactoriamente a la posibilidad de confluencia de objetivos,tal y como iban sugiriendo las sentencias judiciales,de la via penal yde la via administrativa.
No dejaremos,con todo,de mencionar algun revés a la utilizacion de la via administrativa,como fue la resolucion dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n al recurso interpuesto por unos ciudadanos que habian sido sancionados con una multa de 150.ooo pesetas por realizar prospecciones arqueológicas en el paraje de “Las Quintanas",en la localidad soriana de Quintana Redonda, sin el preceptivo permiso.El juez, en la estimacion del recurso y exculpacion de los supuestos infractores, valor6 la falta de objeto alguno en su poder, pese a que la Guardia Civil los sorprendi6 con una piqueta y un detector de metales.
Contrariamente hay que sefialar que hubo casos en los que la Administracion de Justicia desestim6 los recursos interpuestos contra la sanci6n administrativa,como en el caso de varias personas sorprendidas por la Guardia Civil en la localidad de Villavieja del Muno en Burgos,provistos de un detector de metales,portando uno de ellos dos trozos de cerá- mica.Abierto el correspondiente expediente sancionador,resolvio éste con una multa de 100.000 pesetas a cada uno de los autores. Presentado el Recurso Contencioso Administrativo,el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n lo desestim6 teniendo en cuenta que“Cabe concluir que indiciariamente realizaba prospecciones no autorizadas,y por lo tanto itfcitas,con un aparato ‘ad hoc',lo que les hace merecedores de las correspondientes sanciones".
Aunque parezca prematuro concluir sobre los efectos que la imposicion de las sanciones administrativas puedan tener sobre las actividades ilicitas, lo menos que se puede admitir es que,de entrada, suponen un cierto freno a este tipo de lacra,evitando que adquiera mayores proporciones.
Por si fuera poco,en apoyo de estas medidas coercitivas que reprimen las prospecciones y excavaciones ilegales,la Comunidad cuenta con un decreto que regula en su territorio el uso y publicidad de los detectores de metales,el Decreto 58/l994,de 11 de marzo,sobre prospecciones arqueológicas,utilizacion y publicidad de aparatos detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio Arqueol6gico de Castilla y Leon.
Con anterioridad a la Ley l6/85 existia ya una notable preocupacion por la proliferación de la busqueda de objetos arqueológicos con la ayuda de detectores de metales,constituyendo esta una de las causas mas frecuentes de deterioro o destrucci6n de lugares arqueológicos.La situacion era tan grave que incluso fue objeto de un debate en el Consejo de Europa,recogido en la Recomendación 921 de 1981.Teniendo en cuenta precisamente esta conciencia general sobre el problema que supone la utilizacion indiscriminada de detectores de metales en lugares arqueol6gicos,no hubiera estado de mas quizás una referencia explicita en la Ley del Patrimonio a este tipo de actividad ilicita en la rebusca de materiales arqueol6- gicos.Para hacerse una idea de como influye en la actividad ilicita,sirva el dato de que en los cuarenta y nueve expedientes sancionadores por prospección o excavaci6n sin autorizacion,en todos ellos los supuestos infractores portaban detectores de metales.
A modo de compendio de todo lo expuesto en los epigrafes anteriores,nos viene a la memoria la reflexion, quizas exageradamente negativa,de Manuel Fernändez-Miranda a propósito de la protecci6n del patrimonio arqueol6gico. Decia el arqueólogo: “desgraciadamente los resultados en la practica no son muy halagienos. Sanciones o procesos por delitos contra el patrimonio siguen contandose con los dedos de una mano,porque ni las fuerzas de Orden Publico,ni los jueces hacen cumplir la ley con el rigor necesario". Estas carencias se completan con la imposibilidad de la Administraci6n de vigilar los lugares arqueologicos y la“justificada”desidia ciudadana (Fernandez-Miranda 1994:80).
Un comentario el anterior con el que coincidimos solo en parte,puesto que es manifiesto que los expedientes sancionadores,provocados en muchos casos por la accion de vigilancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado,no son excepcionales en nuestra Comunidad y que pueden ser una excelente via para solucionar a la postre el problema que nos acontece. Por contra, coincidimos con el insigne arqueologo en que la erradicacion de las acciones furtivas solo vendra de la mano del apoyo a la proteccion de los lugares arqueol6gicos que obtengamos de Ia poblacion civil. No es posible concebir la proteccion eficaz del patrimonio arqueológico si los ciudadanos en su conjunto no participan de esa filosofia,algo que estä aun lejos de suceder.
4. LAS ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS AL AMPARO DE LA LEY DEL PATRIMONIO
4.1. Definicion de las actividades arqueoligicas.
Junto a las tareas de conservacion y protecci6n que hemos visto,la legislacion actual senala otros cometidos que sin duda merecen, por su importancia, nuestra atención.Tal es el caso de del enriquecimiento del legado histórico cultural y artistico de los pueblos de Espafa que se establece en el articulo 46 de la Constituci6n.Fiel a dicha obligaci6n,la ley 16/85 se detiene en este aspecto estableciendo las técnicas o procesos necesarios para alcanzar tal objeto en el ámbito del patrimonio arqueológico,entendiendo que tal acrecentamiento se posibilita con el descubrimiento de los bienes y de su analisis para el conocimiento de la historia del hombre,cuestiones ambas ligadas en buena parte a las dos actividades arqueologicas que la Ley se detiene en definir: la prospeccion y la excavacion.
A juzgar por como ha evolucionado la arqueologia en estos ultimos tiempos,habrä que convenir que se trata de los dos pilares en los que se fundamenta buena parte de la disciplina. Un rango sobresaliente que ha sido aceptado,e incluso potenciado,en los analisis de la arqueologia realizados por experimentados juristas.Asf,Barrero (1990: 649) viene a senalar que prospecciones y excavaciones son el elemento instrumental o medial del patrimonio arqueol6- gico,y base para su propia definicion.Ademas se pretende,para ambas,una normalizacion notoria,ya que no s6lo se definen, sino lo que es aun mas importante, se regula su puesta en practica, los requisitos para obtener su autorizacion,asi como las obligaciones en cuanto a su desarrollo,resultados finales y deposito de los materiales hallados.
Como no podia ser de otra forma,estas actividades arqueol6gicas por excelencia han experimentado una constante evolucion en cuanto a sus métodos y objetivos.Por mencionar estos ultimos,diremos que las excavaciones y prospecciones arqueologicas hasta la decada de los 8O estaban organizadasen torno a los intereses exclusivamente cientificos de los arqueólogos.El procedimiento mas comun se basaba entonces en ligar estrechamente la actividad arqueologica a las propuestas casi siempre individuales de la investigaci6n.
Este panorama ha sufrido un cambio muy importante en nuestros dias.Por supuesto que no ha desaparecido la propuesta de prospeccion o excavaci6n subvencionadas a equipos de investigaci6n,promovidas principalmente por arque6logos o equipos integrados en departamentos universitarios y en menor medida en museos, pero es de notar que las excavaciones o prospecciones subvencionadas permanecen en un segundo plano.Desde mediados de los anos 80,fecha que coincide con el traspaso de competencias en materia de arqueologia a la Comunidad Autó- noma de Castilla y León,se produce una diversificación de los objetivos por los que se realizan las excavaciones y prospecciones,primando sobremanera las que tienen lugar alli donde se supone que mas se precisan. Este no ha sido un hecho aislado en nuestra Comunidad,si bien es cierto que la inversi6n se produce inmediatamente despues del traspaso competencial y la integracion de arque6logos en la estructura administrativa.En efecto,se detecta un acrecentamiento tanto en su numero como en la inversión publica y privada de las prospecciones relacionadas con el Inventario Arqueológico de la Comunidad (Figura 3) o aquellas otras,mas extendidas,que hacen posible una politica preventiva,al lograr una minima afeccion de las obras publicas sobre los recursos arqueológicos. Por su parte,entre las actividades de excavacion van siendo cada vez mas numerosas las empenadas en documentar los restos arqueol6gicos en los solares urbanos previamente a la remoci6n de los terrenos.

Fig.3.-Campanas de prospeccion e inversiones para la consecucion del Inventario Arqueol6gico de Castilla y León.
La multiplicación de excavaciones y prospecciones,en funcion de los objetivos aludidos,no ha sido en ocasiones bien recibida, criticándose su excesivo numero y,sobretodo,el escaso aprovechamiento cientifico de sus resultados.Con cierta frecuencia se alude a que muchas de las excavaciones de los ultimos tiempos se aleja de su fin,que es el conocimiento de la historia del hombre.Pese a todo,no es menos cierto que cada dia más estas intervenciones necesarias han supuesto una notoria contribucion a la arqueologia,tanto por el rigor de los trabajos como por los datos que han aportado,unos datos que se recogen ampliamente en la bibliografia cientifica reciente.
Pero lo que nos importa aqui no es alentar una polémica sobre la trascendencia de la actividad arqueol6gica actual, sino preguntarnos acerca de la relacion y vinculaci6n entre la Ley l6/85 y la practica arqueológica en Castilla y León.Pensamos en una serie de cuestiones a debatir sobre estos aspectos: en lo relativo a las actividades ihay una valoracion principal de la prospeccion?ien que forma puede la Ley haber contribuido a la proliferacion de excavaciones demandadas o promovidas por la Administracion?;o ligado con este aspecto existe responsabilidad de la Administracion en el apoyo de las excavaciones con fines exclusivamente de investigacion?y,finalmente,en lo que respecta a la metodologia de los trabajos,iexiste el suficiente rigor en la Ley para el control y el mejor desarrollo de aquellas?
4.2. La prospeccion arqueologica, actividad prioritaria para la proteccion e investigacion del patrimonio arqueol6gico.
El reconocimiento de la prospección es una auténtica novedad en la legislacion del patrimonio histórico en nuestro pais.Ello sin duda no es gratuito y nos habla del valor sobresaliente que va asumiendo esta actividad arqueológica en el descubrimiento e investigacion del patrimonio arqueol6gico,asi como su contribución a su proteccion.
Esta actividad arqueológica se ha convertido en los ultimos tiempos en un metodo y un fin en si mismo,ademas de ser una interesante técnica para la investigación arqueol6gica,merced a su trascendental aportacion en lo que atafe a la evolucion y los factores de desarrollo del poblamiento de una zona,y de la misma forma por lo que supone para la comprension de muchos de los aspectos socioeconómicos que les suceden, superando felizmente aquella etapa en la que la prospeccion era solo un instrumento para localizar yacimientos $\mathbf { y }$ ayudar a seleccionar aquellos en los que excavar.
Por desgracia, la situacion que cabe relatar en nuestro territorio en la actualidad evidencia que los proyectos de investigacion que tienen como practica de campo fundamental la prospección son aun minoritarios,contabilizandose escuetamente seis proyectos en los diez anos de referencia.
Nos parece aun mas sugerente fundamentar la preocupacion de la Ley 16/85 por la prospecci6n arqueol6gica por lo que supone de descubrimiento de los lugares arqueol6gicos,que inevitablemente conduce a la confecci6n de un catalogo de yacimientos arqueol6gicos,y por tanto de un instrumento bäsico para su proteccion e investigacion.
La comisión Franceschini, entre otras de sus brillantes conclusiones,relacionaba la ineficacia de las situaciones de protección,vigentes en aquel momento,con el insuficiente conocimiento del mismo patrimonio que habia de ser protegido (Alegre 1994: 254), una situacion que con creces cabe dibujar para el patrimonio arqueológico.Esta deficiencia ha pretendido ser corregida en Castilla y León durante estos anos, dedicando una parte importante del esfuerzo a obtener,a través de la prospecci6n,una informacion basica sobre los bienes arqueol6gicos de la Comunidad. Algunos datos pueden ayudarnos a situar estas afirmaciones.Después de unos afios en que las prospecciones se llevaron cabo solo en algunas provincias de la comunidad y con metodos y objetivos diferentes,a partir de 199l se acomete en la totalidad de las provincias al menos una campafa anual de prospección con una metodologia comun para todo el territorio.Del esfuerzo económico sirva relatar que se trataba de la segunda actividad en inversion del entonces Servicio de Museos y Arqueologia, sólo superada por los trabajos de adecuacion y difusion de los lugares arqueol6gicos.

Fig.4.- Prospecciones arqueol6gicas relacionadas con grandes obras publicas o privadas autorizadas entre l985 y 1995.
Por su parte,la necesidad del descubrimiento y catalogación de los bienes arqueológicos se convierte en imprescindible en el caso del territorio que puede verse afectado por las grandes obras publicas o privadas:autovias,gasoductos,oleoductos,diversas obras de infraestructura agraria,etc... En este sentido, desde i986 se han promovido y autorizado más de ciento cincuenta trabajos de prospeccion. El $90 \%$ de los trabajos de busqueda y catalogaci6n de lugares arqueol6gicos en relacion con grandes obras publicas o privadas se han llevado a cabo en el periodo comprendido entre $1 9 9 0 \mathrm { ~ y ~ } 1 9 9 5$ ,lo cual resulta l6gico en el proceso evolutivo que venimos comentando (Figura 4).
4.3. Excavaciones convenientes y excavaciones de interés cientifico.
Deliberadamente no utilizamos algunos términos al uso entre los arque6logos,como Arqueologia de Gestion o Arqueologia de Investigacion,que bien pudieran haber servido para enriquecer nuestra terminologia,pero que dado el caracter peyorativo de su uso en una gran parte de las ocasiones,no contribuyen precisamente a tender puentes de cohesión entre los distintos colectivos profesionales.Nos parece más oportuno,a la hora de manifestarnos sobre la motivacion y alcance de las actividades arqueol6gicas,detenernos en la terminologia de los aspectos que recoge la ley l6/85 para conceder la autorización administrativa.El articulo 42.1. viene a senalar que toda excavación debe responder a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia,profesionalidad e interés cientifico. Sabiamente,a nuestro juicio,la norma auna la necesidad de la intervenci6n con su proyeccion cientifica, sin que sean excluyentes ambas cuestiones.

Fig.5.-Actividades arqueol6gicas autorizadas entre 1985 y 1995.
Ahora bien,si hay que poner por delante alguno de estos criterios,entendemos razonable que la Administración en los ultimos tiempos se haya decantado preferentemente,al igual que hemos visto con las prospecciones,por promover y financiar las excavaciones alli donde son mas convenientes o necesarias para contrarrestar actuaciones de cualquier tipo que supongan eminente peligro de destruccion o alteracion del patrimonio arqueológico (Figura 5).Algo que no tiene porque llevar aparejado, segun el espiritu de la Ley,el que no se contemple adecuadamente la interpretacion hist6rica de los resultados y por tanto su investigacion. Otro caso es la pobreza o ejemplaridad de esa interpretaci6n,y su proyección sobre el conocimiento del devenir del ser humano.Sobre este particular,mas allä de las opiniones encontradas,no parece muy temerario asegurar que la calidad y trascendencia de la interpretacion historica resulta independiente de que la excavacion haya partido de una propuesta de investigacion,para resolver exclusivamente una hipotesis cientifica,o que la intervencion fuera necesaria por otras circunstancias.
Sobre la evidente inclinacion, cada dia mas clara,por las excavaciones que podriamos llamar convenientes,puede resultar suficiente prueba el que las excavaciones en solares urbanos son,de lejos,las mas numerosas.Entre 1986 y1990 sumaban 158,algo mas dei $27 \%$ de todas las actividades de excavacion, y entre 1991 y 1995 fueron alrededor de 310 excavaciones $\mathbf { y }$ supusieron casi el $50 \%$ del total de las excavaciones.En segundo lugar entre las excavaciones necesarias cabe asignar a las intervenciones relacionadas con la restauraci6n de monumentos,pues entre $1 9 8 6 \textbf { y }$ 1990 hay constatadas 117,algo menos del $20 \%$ del total, mientras que entre 1991 y 1995 suponen ya el $2 5 \%$ ， cifrandose en alrededor de 18o las excavaciones.Parece fuera de toda duda que las excavaciones promovidas por investigadores han sufrido un cierto retroceso al menos en el porcentaje que suponen en la actividad de excavacion. Con todo,cabe matizar que en lo que respecta a la financiacion de este tipo de proyectos,en el primer periodo aludido antes de 1986-1990 se invirtieron 15O millones de pesetas,mientras que en los cinco afios siguientes la cifra fue mayor,alrededor de 190 millones de pesetas, lo que demuestra una financiación mayor de los proyectos subvencionados.

Fig.6.- Excavaciones arqueologicas subvencionadas e inversión en este capitulo entre 1985 y 1995.
Estos ultimos datos parecen dignos de comentario,y nos alertan acerca de no caer en el error de obviar el papel importante en la actividad arqueol6gica que han tenido en estos afios las excavaciones subvencionadas (Figura 6), hasta el punto que se puede afirmar que el aumento evidente de las excavaciones promovidas no ha supuesto la desaparición de una orientacion de la disciplina de larga tradicion,como es el apoyo económico a los proyectos en los que prevalece unicamente el interés cientifico. Si bien no hay una referencia expresa en la Ley que ampare este tipo de actividad arqueol6gica,ni por supuesto se explica cual es la Administracion y departamento que debe asumir su financiacion,no conviene olvidar,como hemos apuntado anteriormente,que el acrecentamiento del patrimonio,uno de los objetivos principales de la Ley,en nuestra disciplina viene de la mano de la profundizaci6n en el mismo conocimiento de esos bienes.
En definitiva, teniendo en cuenta los criterios que debe contener una intervención arqueol6gica, como son la conveniencia e interés cientifico,parece que solo hay una f6rmula para ejecutar las excavaciones: aglutinando los dos objetivos.Unicamente cabe apreciar ciertas diferencias en la motivacion principal por la que se acometen, siendo l6gicamente prioritarias aquellas mas necesarias.
4.4. Normas para la ejecucion de excavaciones yprospecciones.
Como paso previo a una excavacion o prospeccion,la ley 16/85 exige que éstas dispongan de una autorizacion administrativa expresa,una norma que sin duda trata de erradicar los efectos negativos de la rebusca de materiales arqueológicos por individuos con ánimo de lucro o por afan de coleccionismo, pero también sirve al propósito de un control más efectivo de las actividades de campo dirigidas por arqueólogos.Estos suelen poner especial énfasis en el carácter especial del patrimonio arqueol6gico,particularmente en su gran fragilidad.Resulta por tanto l6- gico que la Ley vele porque las actividades arqueol6- gicas se hagan con todo el rigor posible,para lo cual establece,incluso de forma previa,una serie de condiciones para conceder la autorizacion.
Ya hemos hablado de los criterios de conveniencia e interés cientifico,por lo que unicamente recordaremos aqui nuestra opinión sobre la justificación de ambas para abordar cualquier tipo de intervención y,aunque prime el valor de la necesidad, esto no debe excluir que todas dispongan de una suficiente documentacion cientifica.
Y qué decir del criterio de profesionalidad tambien mencionado en el texto legal. No se trata de un vocablo excesivamente clarificador,pero tiene la virtud de incidir en la situacion un tanto peculiar en la que estamos inmersos.En efecto,se exige por todos los colectivos de arque6logos que esta actividad nuestra esté vinculada a un grupo profesional homogéneo, pero a nuestro pesar hemos de tener presente que no existe,ni ha existido,en la universidad espanola la titulación en arqueologia.Esta y no otra es la razón principal por la que para dirigir una actividad de prospecci6n o excavaci6n sólo cabe exigir la titulaci6n universitaria superior en la materia comun de historia y que se valoren otros méritos,como la experiencia en intervenciones,publicaciones,etc.(Querol y Martinez Navarrete 1994:188).
Una reflexi6n sobre el significado y alcance de los criterios de profesionalidad,interés cientifico y conveniencia,nos sugiere que asistimos a un cierto grado de indefinici6n juridica en lo que respecta a los titulares de los permisos,asi como a las razones por las que se puede conceder una autorizacion, pues, segun palabras de Sainz Moreno (1992:59),estos requisitos dejan un amplio campo de actuación a la Administraci6n,algo que no debe resultar del todo extrafo en una Ley en la que son abundantes los recursos a la discrecionalidad tecnica.
Una definicion mas concreta adopta la Ley 16/85 en lo que respecta a las obligaciones de los arqueólogos una vez concluido el trabajo. El articulo 42.2.proclama la exigencia de la entrega de los materiales hallados,en estricta correspondencia con la filosofia de que todos los restos arqueológicos son bienes de dominio publico,pero ademas se requiere una relaci6n y descripcion de aquellos,asi como de los resultados de Ia actividad.Poco o nada que comentar a esta positiva instrumentaci6n legal que,entre otros aciertos,ha permitido la normalizacion en la documentacion de las excavaciones y prospecciones o el destino de los materiales,y cuyo cumplimiento en Castilla y Le6n es practicamente total. Hay ciertamente algunos casos excepcionales,si bien estas situaciones parecen afectar mas al ritmo del depósito de los materiales y de la documentacion generada,indudablemente mas lento de lo preciso,que a un deseo manifiesto de incumplir la norma. Recordemos a este respecto que la Ley,en su articulo 42.3., senala que el incumplimiento de las obligaciones contraidas supone una grave falta regulada en el correspondiente régimen sancionador.
Entre otras ideas podemos enunciar,como conclusion, que la Ley ha permitido un mayor control de las actividades arqueológicas por parte de la Administracion al fijar su labor de inspeccion y control,un riguroso ejercicio en su ejecucion al exigir un programa,y sobre todo disefiar un adecuado marco para el seguimiento de los resultados,tanto desde el punto de vista de la entrega de los materiales hallados como del analisis técnico y cientifico,ya que toda intervenci6n requiere de una memoria que debe relatar la ejecucion y resultados del trabajo.Un requisito que,con mejor o peor fortuna en cuanto a su trascendencia cientifica, al menos se cumple en todas las intervenciones autorizadas,conformando una situacion que, no se podrä negar,es infinitamente más positiva que la registrada con anterioridad a la norma actual, en la que practicamente desconocemos los datos de numerosas excavaciones realizadas.
4.5. Los hballazgos casuales.
Buena parte de lo expuesto al tratar el concepto de dominio publico de los objetos arqueol6gicos,estaba directamente relacionado con los hallazgos casuales, por los que es nuestra intenci6n extendernos ahora brevemente solo sobre el supuesto al que alude el articulo 44.3.
En los anios en los que la Comunidad Aut6- noma ha disfrutado de plenas competencias sobre el Patrimonio Arqueologico, se ha procedido al pago de 12 premios en metalico por otros tanto hallazgos, con caracteristicasmuy distintasyencircunstancias tambiendispares.En lo querespecta al valor economico del hallazgo,destaca el conjunto de monedas encontrado,el11deenerode 1995,enun solarde lacalle Mirandade la ciudaddeBurgos.Se trata deun lote demonedas,en concreto 337,tresextranjerasy334 escudosymedios escudosde oro,que abarcan desde FelipeIV hasta Fernando VII,para el quese establecio una tasacion de 8.ooo.0oo depesetas,de los que corresponden2.0oo.0o0al halladoryotros2.000.000 al propietario del terreno.Gran analogia tiene con estecaso el que seprodujo en 199O enun solarde la localidad dePenafiel,enValladolid.Enesta ocasion se localizaron 280 realesdeplata de CarlosII,Carlos IV,Fernando VIIyJosé Napole6n,pagandoseal propietarioyal hallador,enconjunto,1.325.0o0pesetas.

Lam.V.-Bustos romanosde BecerrldeCampos,Palencia.
Con el afan exclusivo de mencionar otro tipo debienes hallados,mencionaremos el descubrimiento de dos bustos de epoca romana encontrados casualmente,tras un desmonte de tierras,en la localidad palentina de Becerril de Camposyque dieron lugaraun premio enmetalico de 60o.0oo pesetas (Lamina V).
En ciertas ocasiones la entrega de los materialesno ha llevadoaparejado el pago del premio, puesno se daban todas las condiciones expresamente mencionadas en la norma legal.Tal esel caso del hallazgo de un torques de oro en una poblacion cercana aLaBaneza,en Leon,mencionado paginas atras,cuyos halladores en principio ocultaron el descubrimientoyluego se negarona entregarlo.Recuperada lapieza,se pag6 el premio exclusivamentea los propietarios del terreno,un $2 5 \%$ del valor tasado.
Apartede los sucesos ya mencionadosal tratarel conceptodedominiopublicode losbienesarqueol6gicos,quizas el mas relevante jurfdicamente, puestoque fue objetode una sentencia del Tribunal SuperiordeJusticiadeCastillayLe6nde1Odeabril de1991,fueelcorrespondienteal hallazgodel tesoro celtiberico enPadilladeDuero,Valladolid.Los hechos se situanen 1984,con lo que son anteriores ala Ley16/85basandosela Juntade CastillayLeonpara susactos administrativos en la legislacion vigente en aquelmomento,esdecirla leyde13demayo de 1933,Sobre defensa,Conservaciony acrecentamiento delPatrimonio Historico-Artistico Nacional.
No insistiremos mucho en su comentario, puesya ha sido analizada con detenimiento por Sainz Moreno (1992:52),pero sf nos parece importante recordarque la sentencia se resolvio en favorde la Administracion,que no habia considerado el pago del premio en metalicoa los halladoresdel tesoro,entre otrasrazones por considerarque el hallazgo se produjo no casualmente sino por personas que buscaban objetos,con intencionalidad manifiesta.Contrariamente,con respecto al propietario del terreno donde sehall6 el atesoramiento,que fueajeno al descubrimiento ya la posterior ocultacion del hallazgo,se establecio el pago de laparte que le correspondia,es decirel $2 5 \%$ ,que supuso 1.00o.00o.de pesetas.
Sin duda los,hechos mencionados indican unacierta efectividaddela norma legal,pero,con todoy con eso,se nos ocurre que el numero de'expedientesesciertamente‘reducido,yesmas,nosasalta laduda dequela ocultacionyventade los objetos que se hallan por casualidad sea mucho mas importanteque la cantidad de los entregados.Una de las posibles razones para que asf acontezca podria residir enel desconocimiento de la norma,pero tambien en lacuantia econ6mica para el premio en metalico,estrictamente el $50 \%$ del valor,quedebe repartirse ademasapartesiguales entreel halladoryel dueno del lugar,una gratificacion tal vez escasaque no parece que favorezca precisamente la comunicacion del haliazgo y la entrega voluntaria de los objetos.
Una cuestion esta de la comunicacion inmediata del descubrimiento que se convierte por el texto legal en una importante obligacion para el hallador y responsable de las obras,si el hallazgo se produjo en estas circunstancias.Sirva de muestra la sancion de 100.000 de pesetas impuesta a una empresa de construccion en la localidad segoviana de Cuellar por continuar las obras y destruir un silo aparecido fortuitamente durante la extraccion de tierras,sin que ello fuera comunicado a la Administracion,hecho que constituye una infracci6n administrativa de acuerdo a lo establecido en el articulo 76.la., por incumplimiento del articulo 44 de la Ley l6/85. Una resolucion que fue posteriormente ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n,que confirma en todos sus términos la resoluci6n administrativa de la Junta,indicando que la empresa deberia haber impedido la continuacion de la extracci6n de tierras y haber comunicado a la Administraci6n,tal y como se prevé en el articulo 44.1.de la Ley de Patrimonio Hist6rico Espafol, sin que se pueda admitir que la destrucci6n se hizo ignorando que se trataba de silos.
5. LAS MEDIDAS DE FOMENTO
5.1. El"1 $\%$ cultural"
Se trata de uno de los instrumentos de la Ley que a priori podria haber sido muy importante para el acrecentamiento de los materiales y datos arqueol6gicos,pero no es menos cierto que esta f6rmula no se ha utilizado salvo en contadas y excepcionales ocasiones.Hasta tal punto es asi que cabe aseverar que no ha constituido precisamente ningun revulsivo para la Arqueologia. Una vez mas echamos mano de la opinión de Manuel Fernández-Miranda (1994: 80) quien puso las cosas en su sitio al tratar del $1 \%$ cultural sobre el patrimonio arqueol6gico:“su aplicacion ha sido ciertamente escasa, cuando no confusa y hasta contraproducente".
Si contabilizamos el numero de actividades relacionadas con el patrimonio arqueol6gico con cargo al $1 \%$ Cultural,resulta que unicamente podemos mencionar,en estos diez anos,seis proyectos.Incluso de ellos no termina de parecernos acertado interpretarlos como un conjunto,pues responden a motivaciones bien distintas,y asf algunos no dejan de ser intervenciones arqueol6gicas de prospeccion o excavación de lugares que iban a ser afectados directamente por las obras, hasta tal punto que era imprescindible acometer las prospecciones o excavaciones senaladas.
A modo de ejemplo,en el yacimiento de “Reguero Seco”en Vidanes (León),tras una primera campaiia de excavacion con cargo al presupuesto de la obra yante la necesidad de seguir los trabajos,en un ärea posiblemente marginal del yacimiento pero que iba a ser afectada notablemente por las obras,se acometió una segunda campana de excavación, igualmente financiada por el MOPTMA,pero esta vez con cargo al $1 \%$ cultural. Aunque no sea totalmente identica la situaci6n,si encontramos cierto paralelismo en los trabajos de prospeccion y excavacion de varios yacimientos arqueol6gicos afectados por el “Proyecto de acondicionamiento de la zona regable de la margen izquierda del Tera"en la provincia de Zamora.En este territorio la prospeccion arqueol6gica ocup6 un area que no se identifica totalmente con la superficie afectada,y los yacimientos excavados_lo fueron porque podrian ser en algun modo alterados por las obras, aunque a la postre las excavaciones se extendieran por un espacio mucho mayor con el claro objetivo de conseguir una mejor documentación cientifica de los lugares (Larrén 1996). En parecidos términos podemos citar la prospeccion intensiva del término municipal de la Vidola en Salamanca,con cargo al $1 \%$ Cultural, financiada igual que la anterior por el Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentacion,con cargo en este caso al “Proyecto de infraestructuras de concentracion parcelaria de la zona de La Vidola"(Benet 1996).
Tal vez convenga hacer ahora un inciso para matizar que los proyectos del $1 \%$ cultural no son el procedimiento habitual de las intervenciones arqueol6gicas relacionadas con las grandes obras publicas o privadas.En éstas,cumpliendo con la normativa sobre Impacto Ambiental, siempre se contempla una prospecci6n previa intensiva del área afectada con cargo al promotor de las obras,proponiendose en ese momento las medidas correctoras,que,por supuesto, se inclinan siempre por la afeccion nula de los bienes arqueológicos,aunque bien es verdad que ello no se consigue en todos los supuestos.En aquellas ocasiones,afortunadamente cada vez mäs raras,en las que resulta imprescindible acometer una intervencion arqueológica sobre un yacimiento que va a ser posiblemente afectado,se contempla el presupuesto de la intervención en el contrato de obras,superandose en algunas ocasiones el montante econó- mico que hipotéticamente corresponderia al $1 \%$ cultural.
Tal fue el caso de una de las primeras actuaciones,entre 1987 y l989,sobre grandes obras de infraestructuras: la realizada ante la construcci6n de la autovia A-II a su paso por la provincia de Soria (Fernández Moreno 1990: 315;Arlegui 1992),donde despues de la excavacion de una superficie ciertamente considerable,cerca de $2 0 0 0 ~ \mathrm { { m } } ^ { 2 }$ ,se consiguio modificar la traza para conservar la mayor parte de las espectaculares construcciones celtibéricas de habitacion ydefensivas que habian aparecido.Debemos destacar otros casos,entre los que sobresalen los de la provincia de Zamora,donde se ejerce un control riguroso sobre las obras publicas y privadas minimizando al mäximo la afeccion de los lugares arqueol6gicos, siendo excepcionales las excavaciones debidas a estas obras,y cuando se acometen exceden con mucho el área afectada. Este es el caso de la excavación arqueol6gica que tuvo lugar en el castro de San Esteban en la localidad de Ricobayo,donde se excavaron tambien mas de $2 0 0 0 \mathrm { m } ^ { 2 }$ del área que va a quedar principalmente bajo un terraplenado de la carretera efectuado expresamente para no alterar los restos arqueol6gicos,y cuya inversion,de varias decenas de millones, es superior al presupuesto del $1 \%$ Cultural que corresponderia del presupuesto dei proyecto de construccion del puente sobre el embalse del Esla (Larrén y Dominguez 1993:70).
Continuemos pues relatando tras este paréntesis lo acaecido con los proyectos del $1 \%$ Cultural constatados en nuestro territorio. Descontados aquellos cuyo paradigma era solucionar ciertas problemäticas singulares,contamos en nuestra Comunidad con solo tres proyectos en los que el objetivo principal haya sido el enriquecimiento del patrimonio arqueológico.En el norte de la provincia de Burgos,concretamente en la localidad de Presillas de Bricia,existe un complejo eremitico muy interesante que estaba sufriendo un deterioro notable por los agentes naturales a los que se sumaban las acciones de desaprensivos.Para evitar su destruccion a corto plazo se procedió a limpiar y adecentar la iglesia rupestre de San Miguel y el conjunto conocido como Cueva Vieja,dotandolos ademas de unas verjas de protecci6n.
Puentes y calzadas,asi como algunas fuentes de las comarcas zamoranas del Sayago y Aliste,se han beneficiado del proyecto presentado con cargo al $1 \%$ cultural del plan de mejoras territoriales de la zona fronteriza,actividades que han sido objeto incluso de su correspondiente publicaci6n (Larrén 1995).
Por ultimo, citaremos entre estas operaciones de enriquecimiento del Patrimonio Arqueol6gico la excavaci6n del yacimiento de“El Cantarill6n",en Mambrillas de Lara,Burgos,relacionada con el acondicionamiento de una Carretera Nacional en la que se localizaron algunas evidencias de época romana.El proyecto de excavacion arqueológica en un ärea cercana al trazado actual de la carretera fue financiado con cargo al $1 \%$ Cultural, descubriendose una ocupación del periodo denominado Proto-Cogotas y unos singulares hornos de elaboracion de Terra Sigillata, fechados entre las postrimerias del siglo III y fines del siglo IV d.C.
En conclusión,al amparo del $1 \%$ cultural se han financiado actividades que no tenian otra finalidad que solventar la problematica de algunas obras publicas,y aquellos otros proyectos que responderian sin ambages a lo que entendemos que pretendia la Ley,el enriquecimiento del patrimonio hist6rico,en nuestro caso del patrimonio arqueol6gico, no son precisamente sobresalientes ni por su numero ni por su proyeccion economica.Por todo ello,y siguiendo la argumentacion negativa,nos invade la sensación de que existe un cierto fracaso en la aplicaci6n para el patrimonio arqueol6gico del programa disenado en el Titulo VIlI de la Ley de las medidas de fomento,al menos en lo que corresponde al estimulo de la actividad arqueol6gica.
5.2. La promocion y el disfrute de los bienes arqueologicos.
En el preámbulo de la Ley se menciona que ésta tiene como objetivo ultimo el acceso a los bienes por parte de los ciudadanos.Las medidas de protección y fomento “solo cobran sentido si,al final, conducen a que un numero mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo.Porque en un estado democratico estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad....
A pesar del texto citado,no encontramos en la Ley los instrumentos que se adecuen eficazmente a los fines senalados.No se recoge en el articulado ninguna definici6n o amparo de las actividades de promoción social del patrimonio arqueológico,e igualmente faltan referencias concretas para su impulso desde el punto de vista administrativo o economico. Es cierto que en el articulo 13 se obliga a los propietarios ya los titulares de derechosreales a permitir el acceso a la visita publica de los bienes declarados de Interés Cultural, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente,al menos cuatro dias al mes,en dias y horas previamente seialados. Nada que objetar a una norma que permite el acceso publico a los bienes,ahora bien, quizás se olvida de promover ese acceso y de impulsar que estos bienes, segun parece que se proponia en el preämbulo,“estén adecuadamente puestos al servicio de la colectividad".
No podemos por menos de observar en la balanza de Ia Ley su enorme inclinacion hacia Ia conservación y protecci6n de los bienes que acoge,eludiendo fomentar su disfrute,un aspecto si cabe más grave en nuestra disciplina pues este problema supone su desconocimiento por la sociedad y por tanto su escasa aceptacion social.Y es este un estado de cosas al que, por cierto,hemos contribuido notablemente los arqueólogos.La difusion de los resultados de las actividades arqueol6gicas rara vez traspasa el conocimiento de los profesionales,cuando no nos hemos preocupado de ocultar la ubicacion y trascendencia de los yacimientos con la idea equivocada de que con ello contribuiamos a su preservaci6n.

Fig.7.-Inversiones del Servicio de Museos y Arqueologia entre 1985y 1995.
La Ley se entiende como el principal instrumento de promoci6n cultural de nuestro patrimonio hist6rico,y por tanto del patrimonio arqueol6gico, alentando la conciencia global sobre el tema,pero toda la intencion de desarrollo de una funcion social de la ley de patrimonio hist6rico se ha quedado en papel mojado.Puesto que ciertamente no se detecta inquietud en la sociedad civil sobre el tema, hemos de deducir que ha fracasado la utilizacion, no de la Ley,pero si de todo el complejo normativo y politico que se desarrolla a partir de ella para crear la conciencia social.
Este es un dato,por tanto,para la reflexion. El desarrollo de la legislacion no tiene porque suponer un aumento de la estima y el mayor disfrute del patrimonio arqueol6gico.Disfrute, estima y acci6n social son elementos comunes al espiritu que subyace en la Ley,pero el problema es que no se dice como se llegarä a ello; al no establecerse los cauces concretos, no se trata más que de meros propósitos (Benitez de Lugo y Salas 1994:11).Lo anterior no impide observar c6mo la Administracion esta progresivamente interesada en promocionar el patrimonio arqueol6gico, y en Castilla y Le6n la partida presupuestaria de este apartado ha aumentado durante los ültimos anos (Figura 7).
6. CONCLUSION.
Terminaremos diciendo que,aunque del uiltimo comentario y de las päginas que lo anteceden se pueda desprender un cierto desasosiego acerca de los resultados de la aplicacion de algunas formulas de la Ley,no esta en nuestro ánimo poner especial énfasis en la critica hacia la Ley de Patrimonio Hist6rico Espaiol,a la que en su conjunto es de justicia valorar como muy positiva para nuestra actividad arqueol6gica.Ello sin olvidar que no seria muy honesto cargar las tintas sobre la norma legal, puesto que para su beneficio o perjuicio hay muchos otros protagonistas, implicados en su ejecución präctica,y, sin ir más lejos,parece obvio que los resultados están en buena parte de los casos mediatizados por las carencias u objetivos de las administraciones que concurren en su puesta en practica.
Como hemos ido relatando,hay ciertos datos sobre la practica de la Arqueologia que nos permiten sugerir que ésta se saida con grandes aciertos.Se ha consagrado,por ejemplo,el concepto de“dominio publico”para los bienes del patrimonio arqueol6gico; se observa un adecuado marco normativo para la conservaci6n de los lugares arqueológicos mas sobresalientes y,aunque en menor medida,también para los lugares que contengan arte rupestre; se concibe y obliga a la relacion entre el patrimonio arqueol6gico declarado y las normas de planeamiento urbanistico; existe ademas un marco legal definido que alude a los objetivos,control y ejecucion de las actividades de prospeccion o excavacion; y se establece por primera vez una adecuada via administrativa para sancionar con firmeza ciertas acciones que afectan al patrimonio arqueol6gico.
En el lado negativo hay,a su vez,ciertas dudas sobre la proteccion de los bienes inmuebles no declarados Bienes de Interés Cultural,y,mas importante a nuestro entender,observamos la ausencia de mecanismos para ello en la Ley,además del escaso desarrollo de los previstos en beneficio de la difusi6n social y del acrecentamiento del patrimonio arqueol6- gico,en particular la ausencia de inversi6n del $1 \%$ cultural.
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