Claves del sistema de pacificación ciudadana desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo (1475-1485)
Keys to the System of Urban Pacification developed by the Catholic Monarchs in Toledo (1475-1485)
Óscar LÓPEZ GÓMEZ.
Universidad de Castilla-La Mancha.
RESUMEN.
Acciones de los Reyes Católicos tendentes a erradicar las luchas de bandos y revueltas urbanas de la vida política toledana en el primer decenio de su reinado: estancias regias, papel del asistente real Gómez Manrique; su relación con jurados y regidores en el marco de un gobierno oligárquico; proscripción de la violencia como medio de acción política; utilización de las movilizaciones para la guerra durante la crisis sucesoria y las campañas contra Granada y, en fin, establecimiento de la Inquisición.
PALABRAS CLAVE: Reyes Católicos. Toledo. Gómez Manrique. Gobierno urbano. Violencia urbana.
ABSTRACT.
Actions of the Catholic Monarchs tending to eradicate factional fighting and urban uprisings from Toledan political life during the first decade of their rule: periods of royal residence, the role of royal asistente (chief magistrate) Gómez Manrique, his relationship to parish councilors and town councilors within an oligarchic government; the proscription of violence as a form of political action, use of mobilizations for war during the succession crisis and the campaigns against Granada and, finally, establishment of the Inquisition.
KEY WORDS: Catholic Monarchs. Toledo. Gómez Manrique. Urban government. Urban violence.
En términos generales, la historiografía española ha estudiado el problema de la pacificación desarrollada por los Reyes Católicos en el interior de Castilla al final del siglo XV, además de según los presupuestos de la historia político-militar tradicional, planteando una triple temática. Desde un punto de vista propio la historia de las instituciones, por una parte, se ha incidido en la importancia que tuvo el aumento del número de corregidores bajo su reinado como síntoma evidente de los esfuerzos centralizadores de la administración central, y por otra, se ha puesto especial interés en el papel desempeñado por la Hermandad establecida en las Cortes de 1476, al considerarla una creación básica a la hora de desarrollar una política de represión de la delincuencia destinada a hacer frente a la supuesta “anarquía” instaurada por culpa de la mala gestión política de Enrique $\mathrm { I V } ^ { \dot { 1 } }$ . Interrelacionado con estos dos temas, el análisis de la función que los nuevos monarcas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, desempeñaron en la secular dialéctica entre la monarquía y la nobleza2 por el control del reino, ha cobrado también especial relevancia.
No obstante, estos enfoques, a pesar de ser válidos y complementarios entre sí, de no ser encuadrados en un contexto político en el que la realeza actúa de forma compleja y, salvo en ocasiones, mediante pautas de acción coyunturales3, adolecen de ciertas deficiencias a la hora de determinar una metodología adecuada para comprender los mecanismos pacificadores puestos en marcha por los Reyes Católicos en relación con los diferentes núcleos urbanos peninsulares4, y más en concreto con aquéllos con cierta importancia política dentro del reino, como eran los que tenían voto en Cortes.
La Hermandad creada en Madrigal en 1476 tuvo un papel destacado a la hora de controlar la delincuencia y mantener el orden público, al menos en teoría, ya que conocemos perfectamente el entramado organizativo que le dio cuerpo, pero no tanto su actividad cotidiana5, su eficacia represiva, el papel político desempeñado por ella en los distintos núcleos poblacionales en los que desarrolló su ejercicio, o la aceptación y el rechazo que tuvo entre las personas que supuestamente se beneficiaron de su labor, y que contribuyeron económicamente en su mantenimiento6. Sin embargo, tenía vetada su actuación en el interior de las grandes ciudades, cuyo poder era determinante, ya que el control del reino se gestionaba en buena medida dentro de los microsistemas sociopolíticos y económicos urbanos7, e incluso surgieron enfrentamientos entre los funcionarios hermandinos y las justicias municipales porque éstas no veían con buenos ojos la actividad de los primeros sobre personas que en teoría estaban bajo la dependencia vasallática de los Concejos8. De esta forma, el papel de la Hermandad de 1476 a la hora de establecer un orden en el interior de las grandes metrópolis, caracterizado por un evidente sentido de sometimiento político a los nuevos monarcas, se muestra cuanto menos bastante reducido, evidenciando una limitación a tener en cuenta en todo lo relativo a su empleo en la pacificación de Castilla que intentó ser ocultada mediante la propaganda monárquica.
En cuanto a los otros temas desde los que se ha enfocado el análisis de la pacificación castellana a fines del siglo XV, la dialéctica monarquía-nobleza y la extensión del régimen de corregidores (relaciones de poder), la problemática parece ser otra. En lo que al primero de ellos respecta, centrándonos en la historia urbana, tal vez el problema principal venga determinado por las carencias documentales existentes que obligan a llevar a cabo investigaciones en las que se privilegia, de forma realista pero un tanto excesiva, la relación reyes-oligarquías, cuando lo correcto sería analizar la acción del poderío regio tanto frente a los que manejaban el poder municipal como frente a los que lo sufrían o lo disfrutaban, es decir, sobre las comunidades urbanas en conjunto, entendidas como núcleos de población englobados, además de por una minoría dirigente, por una mayoría dirigida sin capacidad de gobierno pero sí política _violenta y radical en muchos casos_. Respecto al crecimiento del número de corregidores y a su función, parece ser éste el tema más concluyente a la hora de analizar las medidas pacificadoras desarrolladas por los Reyes Católicos en las ciudades 9. Sin embargo, su estudio debe encuadrarse dentro de una serie de disposiciones políticas que vienen determinadas por el sentido que el corregimiento tenía dentro de los sistemas ciudadanos, y a su vez lo determinan.
Partiendo de estas premisas, en las siguientes páginas analizaremos los mecanismos desarrollados por los Reyes Católicos para alcanzar la “pas e sosyego” en Toledo, mostrando una forma de actuar que refleja una complejidad mucho mayor de la que a menudo se ha venido teniendo en cuenta. En este sentido, la utilización del concepto “sistema” para referirse a las medidas pacificadoras desarrolladas por la administración central de Isabel y Fernando en el interior de los núcleos urbanos debe ser aclarada. No nos referimos a un “sistema político”10 sino a un “sistema de acción política", planteando una visión muy cercana a la que en su día defendió Jacques JULLIARD a la hora de hablar de la Nueva Historia en lo referente a estos temas11. Por sistema entendemos, más allá de las posibles definiciones teóricas de la sociología defendidas por unos autores12 y criticadas por otros muchos, una serie de disposiciones sectoriales desarrolladas para hacer frente a problemas concretos que en conjunto perseguían un mismo objetivo, el establecimiento de una paz sociopolítica en el interior de las ciudades en la que Isabel y Fernando fueran reconocidos, primero, como legítimos herederos del trono castellano, y segundo, como ostentadores de una soberanía no limitada, al menos teóricamente, por ningún núcleo de poder local. Los Reyes Católicos empezaron a actuar pronto, con decisión y en todos los frentes, y no vacilaron en explotar todos los recursos disponibles para solucionar los problemas que existían, conjugando unas acciones con otras con el fin de conseguir sus objetivos 13, no persiguiendo la puesta en práctica de un plan político definido más allá de en su finalidad de permitirles asentarse en el trono y aumentar su poder a ser posible, pero siempre haciendo frente a todas las dificultades, tanto a las heredadas como a las nuevas, poniendo en práctica en la mayoría de los casos medidas de carácter esporádico.
En cuanto a la elección de Toledo como núcleo base a partir del cual estudiar las acciones destinadas a reconstruir la paz que los Reyes Católicos pusieron en marcha, hemos de afirmar, sin lugar a dudas, que el sistema de pacificación urbana desplegado por éstos en la ciudad del Tajo puede considerarse como paradigmático. Toledo fue una de las ciudades más sensibles a los acontecimientos políticos que en el reino produjeron las disputas entre la nobleza y la monarquía a lo largo del siglo XV, y de hecho, el enfrentamiento entre los bandos-linaje de los Silva y los Ayala es un tipo de conflicto entre partidos políticos a finales de la Edad Media prototípico14. Además, era un núcleo urbano en el que el problema converso había jugado un papel mucho más importante que en otras ciudades castellanas, hasta el punto de que la revuelta en contra de los neocristianos que se produjo en 1449 es considerada por muchos como un hito clave en el establecimiento de la maquinaria inquisitorial en Castilla15. Como consecuencia de estas dos problemáticas, a la altura de la década de los 70 del siglo XV Toledo aparece como una de las ciudades con los índices de violencia más altos de toda Castilla16, sobre todo tras su retorno a manos de Enrique IV en 1468, poco antes de la muerte del hermanastro de éste, Alfonso, bajo cuyo control había permanecido desde 1465. La lucha de bandos desarrollada entre 1468 y 1474, manifiesta sobre todo en los enfrentamientos entre grupos armados compuestos por partidarios e integrantes de sectores contrarios en las calles de la ciudad (“ruydos e escandalos”), tuvo como principal consecuencia el desarrollo de un temor, que se extendió a todo el colectivo social, tanto frente a los poderosos y sus acciones como hacia los propios conciudadanos, ante la ausencia de una autoridad política y judicial lo suficientemente fuerte como para impedir y castigar los delitos y los crímenes17. Además, Toledo era la antigua sedes regis de la monarquía visigoda en la Península Ibérica, que a finales del siglo XV, mediante una clara mitificación, se veía como un poder político que había conseguido situar bajo un mismo mando prácticamente todo el territorio peninsular, desarrollando un proyecto de Estado unitario que era compartido tanto por los Reyes Católicos como por las principales monarquías del Occidente cristiano18.
Hemos de dejar claro, sin embargo, que a lo largo de este estudio tan sólo analizaremos las claves de lo que supuso el sistema de pacificación de Isabel y Fernando, el cual englobaría medidas como éstas: hicieron suyas algunas de las propuestas pacificadoras puestas en marcha por Enrique IV (gobernadores19); defendieron la política de prevención de la violencia desarrollada por las autoridades concejiles, basada en el control de las armas, la prohibición del juego y la expulsión de cualquier persona peligrosa a la hora de mantener el orden público; intentaron vincular a la población, dirigida por los jurados, en la defensa de este orden; deshicieron las ligas, confederaciones y cofradías que presentaban un carácter más político que religioso; abogaron en todo momento por la desvinculación de los regidores y jurados de otras personas poderosas con similares intereses políticos; favorecieron al Cabildo de Jurados, convirtiéndole en un elemento de pacificación básico junto al corregidor; otorgaron a los miembros de la comunidad urbana la posibilidad de resolver por vía judicial los abusos que habían sufrido por parte de los Ayala, aunque a éstos también les dieron la posibilidad de defenderse; pusieron en marcha un nuevo funcionamiento de la justicia en la ciudad con el corregidor; dieron licencias para prorrogar las deudas particulares a aquellos vecinos que las necesitaban para no caer en la pobreza, evitando así la delincuencia; protegieron la propiedad privada a aquéllos que temían perderla; pusieron bajo su amparo a los individuos que tenían miedo a ser víctimas de venganzas por acciones cometidas en el pasado; favorecieron la reestructuración de la autoridad jurisdiccional del Concejo sobre su tierra, promoviendo el derribo de las horcas20 que se habían levantado en los años precedentes como símbolos jurisdiccionales por parte de algunos señores21 ; se hicieron con el control de las fortalezas de la ciudad y de sus alrededores y situaron en ellas a alcaides de confianza; prometieron (sin cumplirlo) devolver a la ciudad los territorios entregados por Juan II al conde de Belarcázar; confirmaron los perdones otorgados por Enrique IV tanto a la comunidad urbana en general como a individuos particulares; otorgaron nuevos indultos a aquéllos que les sirvieron en la guerra, a los que abandonaron al arzobispo Carrillo, al rey de Portugal y al conde de Villena, y de forma arbitraria, sobre todo, siguiendo la costumbre del Viernes Santo; persiguieron a los recalcitrantes en su postura contra los nuevos monarcas; reactivaron una polí- tica de privilegios que había quedado obsoleta durante gran parte del siglo XV; recurrieron al argumento de la nobleza y lealtad de la ciudad en un intento de crear una conciencia favorable a las disposiciones regias; etc.
A partir de estas y otras medidas, el sistema de pacificación ciudadana de los Reyes Católicos nos aparece con unos propósitos claros: por un lado, se intentó llevar a cabo una institucionalización de la política municipal que permitiera a los soberanos dominar de forma más eficaz a la comunidad urbana, y para ello se situaron bajo una tutela más directa las estructuras oficiales de gobierno: por otro, se pusieron en marcha una serie de medidas destinadas a despolitizar la violencia con el objetivo de acabar con la conflictividad que se vivía en el núcleo urbano desde
1465, tras el destronamiento de Enrique IV en la “farsa de Ávila". En realidad, la institucionalización política y la despolitización de la violencia aparecen como dos objetivos conectados entre sí; las oligarquías a lo largo del siglo XV en poblaciones como Toledo habían venido desarrollando una serie de mecanismos “políticos” que podríamos considerar alegales, al desarrollarse de forma paralela a las instituciones y utilizando medios de acción violentos, en los que imperaba la ley del más fuerte en su sentido literal. Isabel y Fernando con las medidas desarrolladas al comienzo de su reinado pretendieron convertir la inoperatividad política de las instituciones en inoperatividad política de los bandos, con el fin de convertir a las primeras en lo que teóricamente eran, los foros oficiales del debate político en las ciudades, y conseguir mediante su control una autoridad más eficiente sobre los individuos que les debían apoyar como soberanos.
1. INSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA.
Tradicionalmente se ha venido afirmando que la clave de la pacificación urbana que los Reyes Católicos llevaron a cabo en Toledo está en su acierto a la hora de poner al frente de la misma a Gómez Manrique como corregidor, un hombre con experiencia política y vinculado en cierto modo con la oligarquía toledana, de reconocido prestigio y que además mantenía una clara relación con el asistente anterior en la ciudad, su hermano Rodrigo Manrique, al que había seguido a lo largo de toda su carrera política22. Los nuevos monarcas pretendían que su nombramiento con el cargo de corregidor se viese como una continuación natural del oficio de asistente para evitar cualquier obstáculo, creando, tal y como ha definido BERMÚDEZ AZNAR, un “fenómeno de osmósis”23 institucional, y de hecho, algunos documentos que hacen referencia a Gómez Manrique como el primer corregidor de Toledo se refieren a este título como el mismo que antes habían utilizado otros bajo la acepción de asistentes o adelantados24.
A pesar de que existen dudas sobre el personaje que se mantuvo al frente de la ciudad desde la muerte en noviembre de 1476 de Rodrigo hasta la elección de su hermano como representante regio en Toledo, testimonios indirectos25 señalan que Gómez Manrique recibió en primer lugar el título de asistente y más tarde el de corregidor26. Aparentemente este cambio de título no parecía tener excesiva importancia, ya que cuando Enrique IV designó al doctor Garci López de Madrid como asistente en 1471 le otorgó la facultad de nombrar a los alcaldes y alguaciles que creyera oportunos de forma independiente a la acción del Concejo (algo que se iba a repetir más tarde con otros ocupantes de este oficio), lo que suponía darle de hecho poderes propios del corregimiento27. No obstante, los Reyes Católicos decidieron sustituir este cargo por el de corregidor con el fin de: conceder mayor legitimidad a su representante en la ciudad, evitando la oposición de la oligarquía a los nombramientos de oficiales realizados por los asistentes al considerarlos resultado de una atribución que sobrepasaba las funciones de su cometido; situar bajo un poder más efectivo los principales elementos del control urbano (sobre todo el militar y el judicial); y llevar a cabo una homologación de las estructuras institucionales de la ciudad de Tajo con respecto al resto de ciudades castellanas28.
Gómez Manrique había sido asistente en Burgos y corregidor en Salamanca y Ávila, y contaba ya con una avanzada edad y una carrera de reconocida lealtad a la causa de Isabel y Fernando cuando llegó a Toledo. En 1469 Pedro López de Ayala II (1451-1486), alcalde mayor de esta ciudad, casó a su hija Elvira de Castañeda con su hermano Rodrigo (el anterior asistente, lo que indica que los Reyes Católicos intentaron vincular su representante en la ciudad a la oligarquía urbana para conseguir la obediencia de ésta), de cuyo matrimonio nacería el famoso poeta Jorge Manrique, que a la par se desposaría con Guiomar de Meneses, hija menor del señalado Pedro López, primer conde de Fuensalida, de tal forma que Gómez Manrique en su gestión política al frente de Toledo tendría que tratar con algunos parientes indirectos, con los que, por otra parte, no parece que le uniera ningún otro tipo de vinculación29. A pesar de todas estas precauciones, los Reyes Católicos conocían el rechazo inmediato que podía surgir frente a la creación del corregimiento en una ciudad acostumbrada a los “ruidos” y a los movimientos de oposición a la monarquía ante cualquier intento de imponerla un mandato de este tipo, por lo que decidieron venir a Toledo con Gómez Manrique y asentar la corte en la urbe para que la imposición se llevase a cabo de forma efectiva y no hubiese ningún levantamiento30.
Las negociaciones más intensas con la oligarquía sobre los términos en las que iba a quedar el corregidor en la ciudad debieron desarrollarse entre el día de la entrada de los reyes, el 28 de enero de 1477, y el momento en el que el Gómez Manrique tomó posesión oficial del cargo, el 18 de febrero, aunque éstas se habrían iniciado mucho tiempo atrás, justo después de la muerte del asistente anterior. El convenio acabaría así: Manrique en su gestión como corregidor nombraría a sus oficiales, sería la máxima figura judicial de la ciudad y además tendría el control de todas las puertas y fortalezas31, con el objetivo de garantizar el orden público y evitar los ruidos y la violencia que la ciudad venía padeciendo. El Ayuntamiento, por su parte, no le tendría que pagar ningún salario más que los posibles gastos coyunturales que hiciera por sus servicios a la urbe.
Sin embargo, también se acordó que el pago de su sueldo se realizara, en parte, a costa del propio beneficio económico que hasta ese momento habían reportado sus oficios a algunos de los principales miembros de la oligarquía32 , lo que de alguna forma viene a ser indicio de que la resistencia presentada hasta entonces en Toledo frente al deseo de los monarcas de establecer en ella un corregimiento, no habría que considerarla tanto como una oposición a los esfuerzos centralizadores de la realeza, sino como un intento de evitar el principal objetivo que los soberanos pretendían con la imposición de los corregidores, y que no era otro, según defiende BONACHÍA HERNANDO33, que el de frustrar los intentos llevados a cabo por los oligarcas para acaparar los puestos políticos desde los que controlar la justicia y el propio gobierno y enriquecerse. Cuando los principales dirigentes de la oligarquía toledana llegaron a la conclusión de que la convivencia política parecía imposible entre ellos, como luego veremos, decidieron aceptar la acción mediadora de la realeza y negociar con ella. El establecimiento del corregidor tuvo como principal fin crear un nuevo equilibrio dentro de las relaciones de poder en la ciudad.
Precisamente en esta función de re-equilibrio es en la que juega un papel determinante la otra institución que podemos considerar clave en el sistema de pacificación urbana de los Reyes Católicos, y que actuó en buena medida en connivencia con Gómez Manrique: el Cabildo de Jurados. Tal y como afirma MONSALVO ANTÓN, los reyes repudiaban la anarquía urbana, y preferían neutralizar la conflictividad interna de las ciudades sin llevar a cabo acciones que pudieran producir un enfrentamiento entre sus dirigentes y la propia monarquía, mediante el reconocimiento de las relaciones de poder establecidas34. Esto es lo que hizo Juan II en Toledo en 1422: dio oficialidad a las relaciones de poder que se estaban dando en la ciudad en esos momentos a través de una reforma institucional destinada a consolidar en el centro del poder gubernativo a aquellos individuos que de hecho lo tenían (los futuros regidores), sin quitar la posibilidad de acción política a un grupo social que estaba empezando a adquirir poder en la ciudad y que tradicionalmente no había estado vinculado al gobierno, al que podríamos llamar protoburguesía o segunda nobleza (los jurados). La creación del Cabildo de Jurados se legitimó a través del argumento de la representatividad popular, al ser sus integrantes los defensores de los intereses del común frente al Regimiento, aunque tenía una misión mucho más importante, la de vigilar la acción de los regidores. De esta forma se establecía un equilibrio en la ciudad en el cual el Ayuntamiento se convertía en el marco oficial en el que resolver los enfrentamientos políticos, dando a los regidores el poder urbano, ya que ellos serían los únicos con voto en todas las cuestiones, y a los jurados la posibilidad de intervenir en ese poder, fiscalizando su acción y recurriendo cuando fuese necesario a la institución monárquica, que al ser su principal fuerza política pasaba a convertirse en un árbitro necesario en la vida municipal.
Cuando Isabel y Fernando se hicieron con el trono de Castilla ellos y/o sus colaboradores eran conscientes de la crisis por la que estaban pasando muchas de las instituciones establecidas en las ciudades castellanas, pero también lo eran de la finalidad de sujeción política a la monarquía con la que éstas se habían organizado y de las posibilidades de aumentar el control regio sobre los núcleos urbanos mediante una mejora de su funcionamiento35. Esto explica que uno de los principales objetivos de los nuevos monarcas en Toledo consistiera en lograr que los jurados realizasen la acción que tenían encomendada de forma efectiva (fiscalizando a todos los oficios, incluido el corregidor, y haciéndose eco de todos los problemas que surgieran en la ciudad), y que mantuvieran una relación estrecha con la propia realeza para que ésta pudiese intervenir cuando fuera necesario, por lo que se preocuparon en defenderles a la hora de reclamar frente a los regidores que 12.000 maravedíes de la hacienda del Ayuntamiento quedasen en sus manos para poder enviar los mensajeros que consideraran oportunos a la corte36.
El corregidor supo mantener una relación cordial con los jurados37, colaborando con ellos en la principal misión que los monarcas encomendaron a ambas instituciones, la de acabar con los conflictos banderiles, sobre todo mediante la disolución de las diferentes ligas, confederaciones y cofradías que estaban organizadas con objetivos políticos más que religiosos, y que en muchos casos no eran sino la forma de expresión oficial de las clientelas de los oligarcas38. Los documentos señalan que si bien es cierto que la acción de Gómez Manrique en Toledo fue clave, desde luego no estuvo sólo a la hora de actuar; los jurados le prestaron su apoyo vigilando la acción de los regidores, pero sobre todo desarrollando una de las principales misiones que tenían encomendadas en el núcleo urbano, la de movilizar a la población de las parroquias para que se organizase con el fin de servir a la justicia, perseguir a los delincuentes y, especialmente a principios del reinado de los Reyes Católicos, oponerse a cualquier acción política (casi siempre violenta) que fuese en contra de los nuevos soberanos y sus delegados.
A pesar de todo, este buen entendimiento entre Gómez Manrique y los jurados habría que considerarlo en un sentido de no obstaculización, es decir, como resultado de una forma de actuar paralela entre ellos en una misma dirección: la defensa de los intereses de la monarquía, por un lado, y de la comunidad, por otro. La relación entre ambas instituciones no siempre sería afable, pero su labor política en el seno de la ciudad del Tajo en tanto que dirigida, al menos en teoría, hacia un mismo objetivo creaba una concordia de intereses determinante tanto para la vida urbana como para la relación de la realeza con Toledo.
En cualquier caso, la afinidad entre Gómez Manrique y los jurados no debía repercutir de forma negativa en la autonomía que éstos habían de mantener a la hora de desempeñar su labor fiscalizadora. El 23 de febrero de 1477 los reyes se dirigían al corregidor y a sus oficiales para hacerles saber que el Cabildo de Jurados tenía un privilegio por el cual éste se podía reunir para celebrar sus asambleas en cualquier lugar de la ciudad que quisiera. Según los monarcas, algunos delegados regios en el pasado habían prohibido que hiciese sus reuniones sin su licencia y sin que ellos estuviesen presentes, lo que iba en contra del servicio real, en tanto que la principal misión de los jurados consistía en conocer los agravios que los enviados de los reyes y la justicia cometían. Por esto, se ordenó al nuevo corregidor que le permitiera reunirse donde quisiera y que ni él ni sus colaboradores estuvieran presentes en sus asambleas porque así cumplía a su servicio y al bien de la ciudad39. Además, siguiendo estos planteamientos, desde la administración central en varias ocasiones fueron amonestados los individuos que ocupaban las juradurías ante las quejas que habían llegado a los soberanos refiriéndose al no-cumplimiento por su parte del carácter secreto que debía tener todo lo que tratasen en sus cabildos, lo que había provocado que algunos asuntos llegasen a oídos de personas que no debían conocerlos40.
Gómez Manrique, sin embargo, no respetó estos deseos de autonomía que los Reyes Católicos defendieron en la actuación de los jurados. Es cierto que el corregidor no asistió de forma cotidiana a las reuniones de su Cabildo, pero desobedeciendo la carta de los monarcas sí que lo hizo uno de sus alcaldes, el bachiller Diego González de Montiel, y más tarde otros representantes suyos. De esta forma, se produjo de manera indirecta si no una ingerencia sí al menos una cierta coacción sobre los jurados a la hora de tratar sus asuntos. Por desgracia las actas conservadas del Cabildo no comienzan propiamente hasta 1479, por lo que no podemos conocer su relación con el corregidor en los primeros momentos de su actuación en Toledo ni las causas por las que éste consiguió que un delegado suyo presidiera sus reuniones. Sin embargo, todo parece indicar que la buena conexión que entre Manrique y el cabildo existía posiblemente dependiera de la labor intermediadora del alcalde Montiel, que se encargaría de intervenir en los debates de los jurados para modelar su opinión antes de que pasasen a demandar cualquier cosa directamente ante el corregidor.
Los Reyes Católicos intervinieron además en el control de las juradurías a principios de su reinado con mucha mayor intensidad de lo que lo harían en todo lo que quedaba de siglo, confirmando los privilegios adscritos a estos oficios y otorgando sus traspasos a otras personas, aunque, ante la presión a la que los propios jurados les sometieron, no otorgaron oficios acrecentados, al contrario de lo que había hecho Enrique IV, el cual había provocado un incremento del número de juradurías excesivo que hacía que la principal debilidad del Cabildo a finales del siglo XV fuera su abultada plantilla, que generaba problemas de financiación, a la hora de pagar a todos sus miembros41, y propiamente políticos, cuando había que tomar decisiones (lo que no convenía a la monarquía), si bien éste era un problema más ficticio que real, porque el número de asistentes a las reuniones de la institución era muy bajo, y el incremento de oficios no produjo un aumento espectacular el número de asistentes a sus ayuntamientos. En cualquier caso, los monarcas equipararon la “peligrosidad”42 de la labor de los jurados a la del corregidor en el contexto urbano en el que se movían a finales de la década de los años 70 del siglo XV, y decidieron ponerles bajo su “guarda e seguro e defendimiento real”43 para evitar que pudiesen ser atacados a causa de la labor política que desempeñaban.
Hasta ahora no hemos hablado del verdadero “nervio”44 del Concejo, la institución encargada de tomar las decisiones, el Regimiento, y no lo hemos hecho porque la relación de los Reyes Católicos al principio de su reinado con él dependió más si cabe de la negociación que desarrollaron con los oligarcas urbanos de lo que había dependido su concierto con los jurados, ya que éstos, a pesar de formar parte de la oligarquía al igual que los regidores (bien es cierto que con un origen distinto, al ser muchos de ellos individuos del común, y conversos, que habían hecho fortuna), por sus oficios estaban directamente vinculados a la realeza, creando una dependencia
inexistente en el cargo de regidor.
La labor de control de los regimientos desarrollada por Isabel y Fernando fue muy intensa en sus primeros años de gobierno debido a la situación política que vivía Toledo. Desde 1468 el enfrentamiento banderil entre los Silva y los Ayala había llegado a una radicalidad como no se recordaba en todo el siglo $\mathrm { X } \dot { \mathrm { V } } ^ { 4 5 }$ . La vinculación de determinados sectores poderosos de la población conversa al conde de Cifuentes, cabecilla de los Silva, permitió a éste crear una cohesión dentro de su clientela de la que había carecido en los años anteriores, algo que le había impedido presentarse como líder de un grupo de oposición política real al monopolio que mantenía en la ciudad Pedro López de Ayala, ejerciéndolo desde su oficio de alcalde mayor. Desde mediados de la década de 1460 existía un apoyo claro de los principales neocristianos a los Silva, y éstos procuraron, vinculándose a la opción política defendida por los partidarios de la infanta Isabel como sucesora al trono de Castilla, hacerse con el control de la ciudad en contra de los deseos de Ayala, partidario de Enrique IV y del gobierno de su hija Juana, a la que la propaganda isabelina tacharía de ilegítima. Entre 1470 y 1474 en Toledo se vivió una situación caótica con continuos enfrentamientos tanto dentro como fuera de la ciudad entre partidarios de ambos bandos. El dominio en el núcleo urbano de unos u otros duraba poco más de un año, hasta que eran derrotados mediante las armas por sus oponentes. Durante el período en el que un bando estaba al frente del gobierno municipal se dedicada a utilizar la labor política en contra de sus enemigos, propiciando su expulsión de los oficios municipales, su destierro e incluso el embargo de las propiedades que poseían.
Cuando Enrique IV murió hacía tan sólo unos meses que el conde de Cifuentes y los suyos habían derrotado a los Ayala (que permanecían desterrados), manteniendo desde entonces la ciudad como partidaria de la opción política de la infanta Isabel. Ellos fueron los que levantaron en el alcázar de la ciudad los pendones por la reina tras la muerte de su hermanastro. La realidad en la que Toledo se encontraba cuando los Reyes Católicos llegaron al trono a finales de 1474 era frágil, y su obediencia justo en el momento de su instauración como monarcas debía ser considerada como un hecho afortunado que podría truncarse si continuaran los enfrentamientos banderiles y los Ayala se hiciesen de nuevo con el poder. Por ello, a pesar de vincularse en principio al partido de los Silva, Isabel y Fernando prefirieron entablar una negociación con los principales cabecillas de ambos bandos para no caer en los errores cometidos por Juan II o Enrique IV anteriormente, al basar su control de la urbe en el apoyo a un grupo político concreto. Lejos de marginar a los Ayala, intentaron reintegrarlos en la estructura política urbana con el fin de dotar a la administración central de una función arbitradora de los conflictos internos de Toledo más directa que la mantenida hasta entonces. Por eso también permitieron a éstos que pudiesen venir a la corte en búsqueda de justicia contra aquéllos a los que considerasen sus agraviadores46, como medida paralela a la desarrollada hacia el conjunto de la comunidad, a cuyos miembros los reyes pusieron bajo su seguro para que pudiesen venir a quejarse de los daños que les hubieran realizado tanto los poderosos u otras personas en general47, como los del bando de los Ayala en concreto48.
Esta labor reconciliadora se completó con el apoyo de los Reyes Católicos al acuerdo al que llegaron en 1475 los dirigentes de ambos bandos49: el conde de Fuensalida, su hijo Pedro López y la mujer de éste, Aldonza Carrillo, por un lado, y el conde de Cifuentes y su tío don Juan de Ribera, por otro. Se concertó un pacto de estabilidad y de renuncia al uso de la violencia entre sí y se acordó que fuese sellado mediante un compromiso matrimonial entre el hijo de Aldonza y Ayala y la hija de Juan de Ribera, ambos menores de edad. El niño quedaría en manos del obispo de Badajoz hasta el momento de desposarse, y el alguacilazgo mayor, cuyo titular era ese muchacho, sería ocupado hasta entonces por su futuro suegro, Juan de Ribera. A cambio éste se comprometía a entregar una dote a su hija de 2.500.000 maravedíes. El 24 de mayo de 1475 se estableció la confederación de amistad definitiva50.
A pesar de estas medidas, un documento de la Real Academia de la Historia señala, desde otro punto de vista, que el hecho determinante de la pacificación desarrollada por los Reyes Católicos en Toledo consistió en “descabezar” a ambos bandos; el conde de Cifuentes fue enviado a Sevilla, donde trabajó el resto de sus días como asistente, y Pedro López de Ayala pasó a desempeñar el cargo de corregidor en Salamanca51. Una vez sin sus líderes, los monarcas desarrollaron una clara labor de control de los regimientos, interviniendo en ellos para expulsar a los seguidores de sus oponentes políticos y poner los oficios bajo el control de individuos afines a su causa52, si bien, al igual que sucedería en el caso de los jurados, se tuvo especial cuidado en evitar la concesión de cargos acrecentados con la finalidad de desinflar la plantilla de los regidores, que también presentaba un número excesivo de miembros.
Fue en 1480, tras la celebración de las Cortes en la ciudad, cuando se pusieron en marcha las dos principales medidas que los soberanos llevarían a cabo con relación a los regimientos. En la reunión de los procuradores urbanos de este año se había decidido que todos los oficios acrecentados desde 1440 desaparecieran cuando muriese el titular de los mismos para que se produjese una estabilización de las plantillas de los Concejos en su número estipulado, de tal forma que la renuncia del oficio fuera imposible. Esta medida en Toledo fue más radical, ordenándose que se eliminasen todos los oficios excedentes tanto acrecentados como antiguos, tanto de jurados como de regidores, pero los monarcas, ante la presión de la oligarquía, establecieron que de igual forma tanto los nuevos como los que no lo fueran pudiesen renunciarse, mediando siempre la licencia real53 .
Junto a ésta, la otra medida, no menos importante, consistió en el aumento del salario que anualmente cobraban los regidores. Éstos se quejaron a los monarcas señalando que cuando Juan II creó el Regimiento dispuso que el sueldo de cada uno de ellos fuese de 2.000 maravedíes pagados en florines, a razón de 50 maravedíes cada florín, lo que venía a ser un total de 40 florines anuales por regidor. Desde entonces, el valor de esta moneda se había multiplicado llegando a valer 265 maravedíes, lo que hacía que los 40 florines valiesen en 1480 un total de 10.600 maravedíes. Para compensar esta diferencia el sueldo nominal de los regidores había bajado considerablemente, de tal forma que cobraban poco más de siete florines y medio. Por otro lado, el precio de todos los productos había crecido de forma paralela al incremento del valor de la moneda mientras sus salarios permanecían congelados y sin ningún tipo de aumento, lo que venia a significar una reducción de hecho de la capacidad adquisitiva que su sueldo les aportaba. La medida tomada por los reyes fue rotunda: el salario de los regidores se aumentó nada menos que en un $50 \%$ pasando de 2.000 maravedíes a 3.000, que serían pagados como hasta el momento se había estado realizando, por tercios anuales y de los propios y rentas de la ciudad54.
Hemos de señalar, para concluir este punto, que los Reyes Católicos, aunque no lo trataremos aquí, también desarrollaron una importante labor de intervención sobre otras instituciones urbanas que podríamos denominar “periféricas”, siempre que tomásemos como núcleo institucional del poder urbano al Ayuntamiento, como eran el Cabildo de la Catedral (bien es cierto que en éste de forma restringida), el Colegio de Escribanos del Número o el Cabildo de la Casa de la Moneda, para eliminar de ellas a personajes partidarios del arzobispo Carrillo o del rey de Portugal, o cuanto menos limitar su acción dentro de la ciudad.
2. DESPOLITIZACIÓN DE LA VIOLENCIA.
Esta labor de control institucional se desarrolló de forma paralela a otra tendente a evitar los cauces de acción política violentos que la oligarquía urbana había venido desarrollando en Toledo desde hacía tiempo. La forma de actuar de los oligarcas básicamente era ésta: si pretendían vengarse por algún tipo de afrenta de un personaje sin ningún poder dentro del ámbito urbano, no perteneciente a la clientela de algún personaje poderoso, salían a la calle rodeados de un grupo de hombres armados, y haciendo ostentación del poder que eran capaces de desplegar en la ciudad, iban a la casa del individuo que les había ofendido, y allí, en público, incluso en domingo en algunos casos para que todos pudiesen verlo, le insultaban, le agredían e incluso intentaban asesinarle55. Por el contrario, si la persona a la que el oligarca quería atacar era un personaje con relevancia social y política, de cuya agresión pudieran derivarse consecuencias negativas para el propio atacante, el modo de actuar era totalmente distinto; se realizaba igualmente a través de un grupo armado, pero los hombres que lo componían actuaban con cautela, procurando cometer su acción sin que nadie se percatase del atentado, e incluso éste tenía una finalidad más cruenta que en el caso anterior si cabe, ya que para evitar posibles imputaciones muchas veces se ordenaba el asesinato de la víctima56 . El oligarca que dirigía desde la sombra el grupo armado procuraba permanecer en un segundo plano, por lo que no siempre es fácil identificarlo a la hora de analizar algunos atentados de este tipo, si bien es cierto que hay indicios que evidencian su dirección del ataque, como, por ejemplo, que un simple yesero saque un grupo armado de más de diez hombres por las calles de la ciudad, burlándose de la justicia, para atacar nada menos que a la mujer de un regidor, y que sin embargo las autoridades judiciales encargadas de castigarle no actúen en su contra posteriormente57.
Los oligarcas actuaban mediante la violencia tanto por motivos políticos como con el objetivo de mantener su honor como elementos destacados dentro de la sociedad urbana 58. Los miembros del común lo hacían, siempre que no “trabajaran” al servicio de algún oligarca, e incluso también en este caso, movidos por intereses económicos (robos, herencias, ocupaciones de tierras o de casas, deudas) y por la defensa no tanto de su posición social como en el caso de los poderosos sino de su “fama”, es decir, de su consideración como personas respetables entre la comunidad social59. Sólo teniendo esto en cuenta se puede interpretar en todas sus dimensiones el conflicto banderil que se vivió en Toledo sobre todo antes de la llegada de los Reyes Católicos, en el cual las luchas de los grupos armados de los oligarcas, e incluso los enfrentamientos más o menos cotidianos de miembros concretos de sus clientelas verticales entre sí, contribuyeron a quebrar la sociabilidad urbana.
En este sentido, sobre el ataque a los conversos del verano de 1467 hemos encontrado nuevos documentos reveladores que señalan hasta donde fue importante en él no sólo el enfrentamiento banderil entre los Silva y los Ayala, sino además entre los miembros del Concejo y el Cabildo de la catedral de Toledo. El altercado que explotó el 19 de julio de 1467 estuvo a punto de hacerlo en el mes de marzo de ese año, y así hubiese pasado de no ser por la intermediación de los miembros del Consejo Real del rey Alfonso que estaban en la ciudad. En esos momentos, los miembros del clero catedralicio sufrían continuas “injurias” por parte de algunos miembros del Ayuntamiento, sobre todo reprochándoles su estatuto privilegiado, e incluso uno de ellos, Payo de Ribera, llegó a amenazarles diciendo que haría “que diesen las canpanas e llamasen las parrochas et fuesen contra los clerigos”60. De igual modo, en varias ocasiones los canónigos expresaron sus “temores grandes del rey nuestro sennor don Alfonso et de los cavalleros desta çibdat e de aquel liçençiado Juan Dias de Alcocer (representante del soberano en Toledo)61.
Esta situación vivida a finales de la década de 1460, el ambiente anticonverso que se respiraba en la ciudad y los conflictos desarrollados entre los Silva y los Ayala, explican la “peligrosidad” de la ciudad del Tajo, la más peligrosa, contabilizando los delitos de sangre, desde un punto de vista estadístico de todas las ciudades castellanas entre 1475 y 1485 según los datos del Registro General del Sello del Archivo General de Simancas62, si bien hay que tomar esta información con mucha cautela. Por un lado, la violencia que en este fondo documental aparece no es ni mucho menos la que realmente existía, y en cualquier caso los análisis cuantitativos sobre este tema a fines de la Edad Media son meros falseamientos de la realidad63. Por otro, de indicar algo estos datos, sería la violencia reprimida por la monarquía, de tal forma que sí que podríamos concluir, por el contrario, que la acción represiva de la violencia desarrollada por Isabel y Fernando en Toledo al principio de su reinado tuvo una incidencia mayor que en otras ciudades castellanas, especialmente en lo que se refiere a las heridas y, sobre todo, a los homicidios.
Para acabar con esta situación lo primero que los nuevos monarcas hicieron fue otorgar plenos poderes al conde de Cifuentes y a su tío, Juan de Ribera, dirigentes de los Silva, concediéndoles los oficios de gobernadores64 , cargos que podrían considerarse homólogos del de corregidor en tiempos de inestabilidad65, aunque es cierto que la faceta militar estaba más acentuada en ellos y en teoría no tenían una misión propiamente judicial, por lo que se entregó el título de alcalde de alzadas al conde de Cifuentes para suplir esta falta66. A pesar de ello, los Reyes Católicos pusieron bajo su amparo a las personas que quisieran venir a buscar justicia a la corte, lo que indica una cierta desconfianza ante la labor judicial que los Silva pudie
ran desarrollar en Toledo.
El problema radicaba en que esta última disposición tan sólo podría ser efectiva en la medida en la que las autoridades judiciales de los reyes (el Consejo Real) permanecieran en la ciudad, e incluso así tampoco lo sería. Los gastos en los desplazamientos a la corte, más teniendo en cuenta el carácter itinerante de la misma, al igual que los producidos en los procesos tratados por sus jueces requerían un potencial económico en los demandantes del que carecían la mayoría de los toledanos. Por otro lado, esta resolución se basaba en el presupuesto de que aquellos individuos que hasta ese momento habían desarrollado enfrentamientos tomándose la justicia por su mano, integrados en algunos casos en clientelas políticas, decidirían dejar de enfrentarse para pasar a resolver sus problemas por vía judicial. Nada hacía garantizar a los monarcas que los caballeros de Toledo iban a respetar el amparo puesto a sus vecinos, como de hecho no lo habían respetado anteriormente durante el reinado de Enrique IV67. Es más, los propios toledanos dudarían de la efectividad de este seguro si nos atenemos a la propaganda antimonárquica que algunos oponentes a Isabel y Fernando estaban desarrollando en la ciudad del Tajo68.
Esta situación generaba incertidumbre a los nuevos monarcas: resultaba imposible hacer frente a todos los delitos cometidos en Toledo por las instancias judiciales de la corte, debido incluso a la lentitud del mecanismo procesal, que iría en aumento69; y nada podía garantizar a los reyes que las autoridades locales realizarían una acción “justiciera” equitativa70. Sin embargo, la ciudad del Tajo era la única gran ciudad castellana (excepto Sevilla) que a esas alturas no contaba con la máxima figura judicial del corregidor. Esto hacía que la creación del corregimiento en Toledo se viera como una necesidad imperante si se quería que la justicia local fuese administrada de forma correcta.
Parece claro, por tanto, que podemos hablar de dos etapas en lo que se refiere a la administración de justicia en Toledo en estos primeros años de gestión política de los Reyes Católicos: una anterior a la imposición del corregidor y otra posterior. En la primera las medidas adoptadas fueron de carácter coyuntural, la solución “menos mala”, ateniéndose al contexto que se vivía en la ciudad y en toda Castilla. La entrega del control de la justicia al dirigente de los Silva no se veía desde la administración central con buenos ojos por dos razones: porque se temía que se usara de forma ilegítima en busca del propio beneficio y en contra de los rivales establecidos; y porque se pretendía emprender una política nueva en la que los monarcas no aparecieran vinculados a un bando concreto. La segunda etapa, la del corregimiento, se inició precisamente como resultado de la utilización de los cargos que Isabel y Fernando habían concedido a los Silva de forma ilegítima en un escenario que evidenciaba el fracaso de las primeras medidas desarrolladas por los nuevos monarcas para pacificar la ciudad.
A finales de 1476, poco antes de que Gómez Manrique llegara a Toledo, estaba empezando a darse una situación parecida a la que se había vivido en los momentos anteriores a la muerte de Enrique IV. Un pregón publicado por esas fechas71 nos muestra un ambiente preocupante para los reyes; en él se hacía saber al conjunto de la comunidad urbana cómo algunos vecinos de la ciudad y de su tierra se habían quejado en el Ayuntamiento diciendo que cuando venían “seguramente” por los caminos a Toledo con mercancías para el abastecimiento de la urbe, sin ninguna causa, a pesar de que ellos estaban “en serviçio de los Reyes” y bajo su amparo real, algunos criados, familiares y continos de Pedro López de Ayala, conde de Fuensalida, y de sus aliados que estaban desterrados, les habían atacado. Según el pregón el ataque se había realizado “sobre acuerdo et deliberaçion y confederaçion de los dichos sennores cavalleros, queriendo syn cabsa justa nin razon alguna dar guerra a esta çibdad [...] sabiendo et conosçiendo quanto sus altezas [eran] deservidos dello”. Los Silva, “de comun acuerdo”, ordenaron que todos los bienes, rentas y beneficios que tuviesen en la ciudad los caballeros desterrados que actuaban de esa manera fueran embargados y que con ellos se satisficiesen los agravios que recibieran o que hubiesen recibido los vecinos de la urbe y su tierra, aduciendo como argumento legitimador que el conde de Fuensalida había reunido en Torrijos a toda su gente para hacer daño a Toledo. Los bandos habían resurgido72.
La llegada de Gómez Manrique y la obediencia que recibió desde el comienzo de su corregimiento vinieron determinadas por la propia concienciación de los principales dirigentes de la oligarquía urbana, cansados de una situación de enfrentamiento que parecía insostenible y que no les llevaba más que a un debilitamiento continuo. Esto permitió al corregidor actuar con una cierta seguridad a la hora de cumplir las disposiciones de las misivas reales, que una y otra vez señalaban la necesidad de mantener el orden público, la “pas”, en la ciudad. Para este fin el Ayuntamiento toledano, como prácticamente todos los de las ciudades castellanas, había adoptado una doble estrategia, desde el siglo XIV al menos; existían unas medidas preventivas y otras represivas de la delincuencia, en su más amplio significado, para mantener el orden dentro de las murallas.
Como medidas preventivas destacarían el control de las armas, la prohibición del juego y la expulsión de los vagabundos y rufianes. Dentro de éstas habría que incluir también las distintas ceremonias que el Ayuntamiento preparaba para ensalzamiento de la monarquía y de los propios miembros de la Corporación municipal frente al resto de los ciudadanos73, e incluso algunas actuaciones policiales concretas como eran las que se llevaban a cabo en las murallas74, desde las cuales grupos de parroquianos reclutados por sus jurados, sobre todo en tiempos de inestabilidad política, vigilaban el perímetro de muro que se les asignaba y tenían la misión de acudir a cualquier llamada de socorro. Los mismos jurados también organizaban patrullas en momentos en los que se temían posibles altercados, como por ejemplo durante las noches vísperas de fiestas en la ciudad, sobre todo en torno a la catedral75.
Dentro de las actuaciones más propiamente represivas habría que encuadrar tanto la acción de la justicia urbana como la “actividad policial” que todos los ciudadanos estaban obligados a desarrollar ante cualquier solicitud que se les hiciese. Esta labor de policía que los habitantes de la ciudad tenían encomendada es esencial para explicar el sistema de pacificación, porque tenía dentro de los muros de la urbe una finalidad muy parecida a la que la Hermandad perseguía en el ámbito rural. El corregidor, los jurados y sobre todo los reyes insistieron una y otra vez a la población para que se implicara en el mantenimiento del orden público, y para que no tomase una actitud favorecedora ni neutral y pasiva ante los atentados y los “ruidos” con carácter político que las diferentes clientelas de los oligarcas desarrollaban. El mantenimiento del orden en el interior de la ciudad y la lucha contra la delincuencia estaban en buena parte en manos de los propios vecinos de Toledo actuando bajo las órdenes de los jurados, y en menor medida de la pequeña tropa establecida en el alcázar, bajo la dependencia directa del corregidor una vez llegado a la urbe. Los toledanos eran los integrantes de lo que hoy denominaríamos las “fuerzas del orden público” de su propia ciudad, salvando claro está las diferencias, destinadas a reprimir los delitos, algo que desde nuestro punto de vista es determinante para entender tanto la actitud rebelde que el común mantuvo durante el siglo XV, como la propia organización que la ciudadanía desarrolló durante la revuelta de las Comunidades de Castilla76.
Sin embargo, parece evidente que existía un cierto temor por parte de la población a enfrentarse a delincuentes cuyas intenciones desconocían, algo que sólo podía ser paliado basándose en la esperanza de que se recibiría la ayuda de los propios parroquianos para hacer frente al malhechor, o en el deseo de conseguir un cierto reconocimiento social en caso de capturarlo. Este temor sería mucho más acusado en épocas en las que el ambiente que se respirara en la ciudad fuese especialmente violento, como la fue la de finales del reinado de Enrique IV, lo que hizo que los toledanos se negaran a acudir a las solicitudes de ayuda, desestructurándose así el mecanismo policial. La población tenía miedo. Sin embargo, la reina, sobre todo, en sus misivas ordenó a todos los ciudadanos que cuando fueran llamados por los jurados se les unieran para hacer las velas, las guardas y todo lo que fuera menester para el “paçifico estado” de la urbe, bajo las penas que ellos les quisieran poner de su parte77. ¿Fue efectiva esta orden?. La respuesta afirmativa es bastante dudosa, aunque lo fue en tanto que la medida de reactivación del aparato policial urbano se enmarcaba dentro de un conjunto de disposiciones con carácter pacificador que sí tuvieron un éxito reconocido en la vida de la ciudad.
En cuanto a la otra acción propiamente represiva, la judicial, baste tan sólo con señalar que tras su nombramiento como corregidor, una ingente cantidad de causas fueron encomendadas a Gómez Manrique, actuando tanto como máxima figura de la justicia toledana como a través de comisiones encargadas de dilucidar sobre los asuntos más arduos.
Hemos de tener en cuenta no obstante que las medidas represivas dependían y estaban en total relación con las propiamente preventivas: cuando éstas últimas fallaban se incidía en las primeras y viceversa. Así, cuando los reyes o las propias autoridades urbanas eran conscientes de la falta de efectividad de las acciones “policiales” y de la justicia, se llevaba a cabo una reactivación de las medidas preventivas del orden, es decir, de las actuaciones destinadas a evitar que las armas se sacaran por las calles, que se jugase a juegos que pudiesen generar peleas, o que en la ciudad permanecieran individuos sin “identidad comunitaria”, vagabundos y rufianes que al ser desconocidos entre el pueblo podían actuar con cierta impunidad en sus delitos tanto por su propio beneficio como sirviendo a los miembros de la oligarquía que los utilizasen para cometer sus acciones78. En los últimos años del reinado de Enrique IV cobraron especial importancia las medidas preventivas. Estas disposiciones en el gobierno de los Reyes Católicos, a medida que se fue creando una cierta estabilidad, dejaron de tener tanta consideración, aunque no dejaron de tomarse durante todo su reinado cuando fue necesario.
Por otro lado, al menos durante los primeros diez años de reinado de Isabel y Fernando en Toledo jugó un papel también destacado una actividad preventiva que no se incluye dentro de estas tres, y que no por ello dejaba de ser igualmente determinante: nos referimos al adoctrinamiento ideológico mediante la celebración de fiestas reales. Ateniéndonos a los datos que Rumeu de Armas da en su itinerario de los Reyes Católicos, podemos observar cómo durante la primera década de reinado de éstos, y gracias a su estancia en Toledo para la celebración de las Cortes de 1480, esta ciudad fue el núcleo urbano con voto en las asambleas de procuradores ciudadanos en el que los monarcas permanecieron durante más tiempo, tan sólo por detrás de Sevilla, donde los soberanos tuvieron su residencia más estable durante su primer lustro de gestión en el trono, y de Córdoba, urbe que cobró un protagonismo especial debido a la guerra de Granada. Las tres ciudades en las que más delitos de sangre se daban según los datos aportados por el Registro General del Sello fueron en las que Isabel y Fernando permanecieron más tiempo79. Esto no quiere decir que los monarcas acudieran a las ciudades más violentas para mejorar su situación, sino que la labor represiva lanzada por la monarquía de los Reyes Católicos, al menos en sus primeros años, estaba directamente relacionada con la permanencia de los soberanos en una ciudad concreta u otra, lo que, de alguna forma, viene a mostrar una limitación notable de la supuesta capacidad de gestión del poder por la realeza de forma centralizada, característica que ha venido siendo definida como una de las más determinantes a la hora de comprender lo que supuso el Estado moderno.
En cualquier caso, la ciudad castellana con voto en Cortes visitada con más frecuencia por los Reyes Católicos durante su primera década de gobierno, y por tanto aquella en la que a priori hicieron un mayor número de entradas, con todo lo que ellas conllevaban, fue Toledo. Entre 1475 y 1484 tan sólo en 1476 y 1481 los monarcas no estuvieron en el núcleo urbano: durante el resto de los años, ya fuese Isabel o Fernando por separado o juntos, fuesen estancias fugaces o permanentes, de forma frecuente la ciudad fue visitada por los soberanos. Esto se podría explicar recurriendo a la propia ubicación espacial de la urbe, considerando a Toledo como un hito de comunicaciones básico asentado en el centro de Castilla. Posiblemente esta explicación sea correcta, pero entonces nos surgiría otra cuestión: ¿por qué los monarcas tras su fugaz estancia en 1484 no vuelven a Toledo hasta 1498?. Durante ese período de tiempo, casi quince años, los reyes sólo estuvieron en la ciudad del Tajo 3 días a mediados de febrero de 1487. Desde entonces no volverán a la urbe hasta la celebración de las Cortes de 1498. Esta ausencia de los monarcas habría que ponerla en relación con el intento de crear una imagen mítica de los reyes, inculcando en la población la idea de la existencia de una monarquía poderosa que velaba en todo momento por sus intereses luchando contra los musulmanes y descubriendo nuevas tierras, en un momento en el que la pacificación ciudadana parecía asegurada.
La permanencia de la corte en la ciudad durante la primera década de gobierno de Isabel y Fernando habría que interpretarla en el sentido contrario, como un mecanismo de pacificación destinado a recordar constantemente a la comunidad urbana la existencia de un determinado régimen político sustentado por unos monarcas poderosos, justicieros y “cristianísimos”. Durante sus primeros cinco años en el trono los Reyes Católicos tan sólo dejaron de visitar la ciudad en 1476, lo que indica de forma clara el recurso a la presencia de los monarcas como un mecanismo pacificador. De hecho, el cronista Fernando del Pulgar pone en boca de Isabel una frase que denota todo esto que hemos señalado, refiriéndose de manera metafórica al objetivo que ella perseguía con sus desplazamientos por el reino: “Yo _dijo la reina_ sienpre oy decir que la sangre como buena maestra va naturalmente a remediar las partes del cuerpo que reçiben alguna pasión80...” .
Directamente relacionados con el carácter propagandístico de las ceremonias regias están los perdones concedidos por los monarcas durante todo este período. Durante sus primeros cinco años de gobierno Isabel y Fernando indultaron al menos a 44 toledanos condenados a muerte según nuestros datos: casi 9 personas por año. A partir de 1480 el número de perdones concedidos se redujo de forma drástica. La relación de indultos que otorgaron en esta época fue de 17 perdones de guerra (14 por la guerra civil y 3 por servicios en la frontera granadina), 24 perdones de Viernes Santo y 3 por la propia caridad regia. Evidentemente estas cifras no son absolutas, ya que desde luego los reyes otorgarían muchos más perdones81 de los que tenemos documentados, sobre todo de guerra, aunque en todo caso son bastante significativas a la hora de valorar la labor pacificadora desarrollada por los soberanos a través de la concesión de indultos, como medida complementaria y equilibradora de la acción represiva desarrollada mediante los mecanismos punitivos de la justicia. El año en el que los monarcas otorgaron más perdones de guerra fue 1475, el primero de la guerra civil, mientras que en 1477 el volumen total de indultados sería el más amplio, debido a la incidencia que tuvo el perdón de Viernes Santo. Durante este año la estancia de los monarcas en la ciudad abarcó desde el 28 de enero al 26 de febrero, 30 jornadas contando el día de su entrada y de su salida. Tenemos documentados un total de 19 perdones otorgados durante este tiempo, una media de más de un indulto de una condena a muerte cada dos días, lo que da buena cuenta del carácter propagandístico que conllevaba esta forma de actuar, más si tenemos en cuenta que la creación del corregimiento se realizó precisamente en esas fechas.
En lo que respecta a los perdones de guerra, la clásica interpretación de los conflictos bélicos contra enemigos externos como mecanismos utilizados por las fuerzas estatales para conseguir la pacificación en el interior de su territorio82 encaja de forma paradigmática en el sentido que las guerras tuvieron en el reinado de los Reyes Católicos. Tanto la guerra civil como la posterior contra el reino Granada 83 se desarrollaron de forma paralela a una política pacificadora en el interior de Castilla que permitió a Isabel y Fernando ser reconocidos como legítimos sucesores en el trono, aunque el significado de ambas contiendas fue totalmente distinto84 . Mientras que la primera fue interpretada por los nuevos soberanos como una guerra necesaria si querían hacerse con un control efectivo de sus territorios, la segunda se concibió como el resultado de una política de agresión al Islam que todos los reyes medievales castellanos admitieron como un objetivo básico de la esencia de su poder en tanto que monarcas cristianos. Mientras que la pacificación interna desarrollada durante el primer conflicto fue mucho más contundente que durante el segundo y estuvo encaminada a garantizar la sumisión de todos los territorios bajo el poder de los nuevos monarcas, y en especial de aquellas plazas con un importante interés estratégico, como Toledo, la guerra contra el reino nazarita se concibió como una necesidad histórica85 que permitiría a Isabel y Fernando poner bajo su control a todas las fuerzas políticas y militares del reino unidas en una empresa común.
Los Reyes Católicos pronto observaron el carácter estratégico que en la guerra civil podía tener Toledo. Los principales aliados del rey portugués estaban en el valle del Duero y en la zona andaluza, lo que hacía pensar que éste se dirigiría en principio a uno de esos territorios, de tal forma que la ciudad del Tajo se convertiría en una base de operaciones determinante para impedir las comunicaciones entre los dos ámbitos geográficos más peligrosos para sus intereses. Además la zona de La Mancha, las tierras de las órdenes militares y el área fronteriza con el reino de Valencia estaban controladas por el arzobispo toledano y el marqués de Villena, y suponían la base de las fuerzas políticas opuestas a los isabelinos. Con el viaje que Isabel hizo a Toledo entre el 10 y el 28 de mayo de 1475 pretendía informarse de la situación en la que estaba la urbe y asegurar su control ante la guerra que se avecinaba. El 27 de mayo de ese año se entregaron las fortalezas de la ciudad al conde de Cifuentes y a su tío, don Juan de Ribera, y se les dio licencia para expulsar a aquellas personas que fuesen sospechosas de actuar en contra de los intereses de la reina86.
En esos momentos Toledo no estaba ni mucho menos totalmente pacificada a favor de Isabel y Fernando, sin embargo, ya unos meses antes, el 18 de febrero de 1475, los monarcas habían escrito a sus dirigentes haciéndoles saber que Alcaraz87 se había levantado en su nombre contra Martín de Guzmán, que hasta ese momento la había mantenido en manos de sus oponentes políticos, y sus habitantes le tenían cercado en el castillo de esa ciudad, aunque algunos caballeros de la zona habían acudido a deshacer el asedio. Los reyes les comunicaron que habían mandado a otros caballeros y a algunos Concejos de aquella comarca que fuesen a defender el cerco, pero sus fuerzas militares no eran suficientes. Por ello ordenaron a los toledanos que acudieran en su auxilio. Esta es la primera llamada a participar en un enfrentamiento armado de las realizadas por los nuevos monarcas. Los dirigentes municipales, sin esperar otra carta, debían partir hacia Alcaraz con el pendón de la ciudad y con toda la gente de a pie y de a caballo que pudieran reunir para juntarse con los que iban a favorecer el sitio de la fortaleza88. A partir de este momento las llamadas a las autoridades toledanas para que enviasen sus tropas a luchar a favor de la monarquía se darían de forma continua en los momentos en los que los reyes las necesitaran. Estos llamamientos tenían una función pacificadora evidente; los diferentes grupos políticos urbanos debían dejar de luchar entre sí y contra los reyes para guerrear a favor de éstos.
Los últimos compases de la guerra civil en el territorio toledano se produjeron en 1479, unos pocos meses antes de la llegada de los monarcas a Toledo para el desarrollo de las Cortes. Desde luego su celebración en esta ciudad no fue casual: aparte de por los motivos ideológicos que llevaba implícita su elección, desde la trama desarrollada por el arzobispo Carrillo en 1478 con el fin de entregar la urbe al rey portugués, propiciando su segunda entrada en Castilla, las tierras toledanas (la zona de Maqueda) habían pasado a la primera escena del conflicto armado y se habían convertido en el campo de batalla en el que se dirimían los últimos coletazos del enfrentamiento tras la victoria de Isabel y Fernando en la batalla de Peleagonzalo89.
Las solicitudes de tropas que los monarcas realizaban a los dirigentes toledanos eran llevadas a cabo por éstos mediante un llamamiento público a la población de la ciudad para alistarse en ellas de forma voluntaria, aunque a veces las autoridades municipales ordenaban la participación obligatoria en las acciones bélicas de todos los varones en edad de empuñar un arma. Esta orden de alistamiento obligatorio se solía dar en los momentos en los que la seguridad del núcleo urbano estaba en juego, tal y como sucedió durante algunos episodios de la guerra civil90. Se disponía así la creación de un ejército municipal en permanente situación de ataque financiado por sus propios integrantes, los mismos que conformaban la policía urbana encargada de mantener el orden público, de tal forma que el carácter de defensa contra el delito que tenía el mecanismo policial integrado por todos los miembros de la comunidad adquiría, además, un sentido claramente ofensivo, de lucha contra los enemigos políticos de la monarquía.
Los llamamientos a la población para la guerra de Granada no tuvieron un carácter de “necesidad” política y militar como el que habían tenido los realizados durante la guerra civil. En ella no participó el conjunto de ciudadanos varones en edad de empuñar un arma. La participación en la tropa enviada por la ciudad era libre y voluntaria, podía ir quien quisiera. Esto dio una oportunidad a los que veían en la guerra un mecanismo para mejorar su situación personal, tanto a los más pobres, que podían ganar un buen sueldo con el que sostenerse durante una temporada, como a aquéllos que hubiesen cometido un delito y desearan conseguir una remisión de su pena por sus servicios militares. De esta forma se permitía que aquellos individuos que conformaban el principal “grupo de riesgo” para el mantenimiento del orden público y el control de la delincuencia91 (vagabundos, rufianes, personas sin amo conocido, etc.), según las autoridades municipales, se pudieran alistar y marcharse de la ciudad.
CONCLUSIÓN.
En 1478 se produjo el momento de mayor tensión, cuando el arzobispo de Toledo movió a algunos miembros de la oligarquía para levantarse contra el corregidor, aunque fracasó92 . Una de las víctimas de su conspiración fue Juan Rótulo. Cuando este mercader genovés estante en Toledo dijo algunas palabras en contra de la preeminencia de los monarcas fue apresado por el alcalde de la justicia de la ciudad y se le condenó a muerte y a la pérdida de todos sus bienes. La crítica pública a los reyes era considerada como un delito, y por ello Juan Rótulo fue ahorcado, para que todos viesen el castigo que recibían aquéllos que hablaban mal de los nuevos soberanos. Lo difícil de este caso es valorar el carácter del cumplimiento estricto y expeditivo de la ley en él, ya que al producirse a mediados de julio de ese año, en el momento de más inquietud política en la urbe desde la llegada al trono de Isabel, cuando se descubrió la conspiración del arzobispo, tal vez se tratase de una forma de represión extrema con carácter coyuntural. Lo cierto es que el 30 de julio los monarcas escribían al corregidor agradeciéndole la labor pacificadora que estaba dirigiendo y otorgándole 150.000 maravedíes en recompensa, obtenidos de los bienes que habían sido confiscados a Rótulo93.
Varios indicios señalan que tras las entradas de los monarcas en la ciudad se llevaron a cabo algunas de las acciones represivas más violentas en contra de los opuestos al gobierno de Isabel y Fernando. Juan de Córdoba era un regidor que, según Diego de Valera, había cometido graves “crímenes y excesos". Fernando le mandó prender y fue degollado junto con un sobrino suyo. Todos aquéllos que les habían favorecido fueron desterrados94. Según el cronista, el rey ordenó que su hacienda fuera embargada y que de ella se pagasen los daños realizados por él a todos los que los hubiesen sufrido: lo que sobrara sería repartido entre los pobres. Curiosamente Juan de Córdoba era converso. ¿Estamos ante una víctima de la comunidad urbana que, dado sus sentimientos anticonversos, fue ejecutada por el monarca para ganarse su apoyo?. No podemos responderlo con rotundidad, pero desde luego esta posibilidad es factible.
El mismo castigo sufrió Hernando de Alarcón, un seguidor del arzobispo toledano que tras confesar “aver movido muchos escándolos en el reyno e [que] avia estorvado la paz” fue degollado públicamente95, y su cabeza se tiró a una espuerta de paja con el fin de atemorizar a la población para que no actuase en contra de los monarcas96 . Aunque no conocemos otros casos particulares, las acciones represivas seguramente no quedaron en éstas, ya que como Fernando del Pulgar indica: “mandaron asimismo façer en aquella çibdad [Toledo] justiçia de muchos onbres criminosos e rovadores que en los tienpos pasados avian cometido algunos delictos e crimenes”.
La represión violenta lanzada por los Reyes Católicos o por el corregidor quedó justificada atendiendo a las coyunturas políticas en las que se mostró una mayor oposición hacia los nuevos ocupantes del trono. Durante los primeros años de gobierno de Isabel y Fernando en Toledo se pronunciaron durante distintas etapas sermones en su contra. Poco después de hacerse con el poder, a principios de 1475, sus oponentes políticos comenzaron a difundir que los soberanos no estaban dispuestos a cumplir el perdón otorgado a la comunidad urbana por Enrique IV en $\dot { 1 } 4 6 8 ^ { 9 7 }$ . La divulgación de este tipo de comentarios obligó a los monarcas a intervenir confirmando el indulto concedido por su antecesor, a pesar de lo cual la propaganda en su contra se seguiría dando en la urbe, aunque de forma velada.
Esta oposición se hizo pública el domingo 11 de marzo de 1481 (¡después de la celebración de las Cortes en la ciudad!). Gómez Manrique no estaba en Toledo en esos momentos. El 19 de enero de ese año Isabel le había escrito solicitándole de su puño y letra su presencia inmediata en la corte para atender a su esposa, Juana de Mendoza, que estaba gravemente enferma98. El corregidor abandonó la ciudad. La situación de Juana era tan grave que la reina tuvo que escribir a los dirigentes toledanos el 22 de febrero haciéndoles saber que había prorrogado la estancia de Manrique en la corte durante esa semana y la siguiente para que pudiese atender a su mujer, y mandándoles que mientras tanto mantuviesen la ciudad en paz99. Las circunstancias fueron aprovechadas por los opositores políticos de los monarcas para divulgar unos “sermones escandalosos” en la catedral, en San Francisco y en San Pedro Mártir el domingo 11 de marzo.
Los jurados celebraron un Cabildo extraordinario al día siguiente: en él se acordó requerir al Ayuntamiento para que procurase que no se produjeran este tipo de manifestaciones en contra de los monarcas, al igual que al Cabildo de la catedral, mandándole que siguiera a la reina (¿fueron los sermones promovidos por los canó- nigos de la catedral?100) y la hiciesen saber todo lo ocurrido101. Los jurados también mandaron notificar al corregidor que a pesar de que los miembros del Regimiento habían decidido enviar a un mensajero para comunicar lo sucedido a los reyes, ellos habían diputado a su compañero Rodrigo del Castillo para que llevase su propia carta a los monarcas y les informase de todo lo necesario. El 22 de marzo la reina escribía a las autoridades municipales agradeciéndoles la “pacificaçion” realizada y haciéndoles saber que había ordenado a Manrique que partiese para la ciudad con las órdenes oportunas para llevar a cabo el castigo de tales actos, y les solicitaba que se conformaran con él en todo lo que les mandase por la “paçificaçion e sosiego” de la urbe102 .
Así se pondría fin al penúltimo episodio de oposición a los Reyes Católicos desarrollado durante los primeros años de su gestión en el trono. Tras él la ciudad de Toledo parecía por fin pacificada, pero los tremendos esfuerzos realizados para conseguirlo y las continuas tensiones que se habían producido, en 1475, en 1476, en 1478, en 1481, o la que se daría más tarde en 1485 con la llegada de la Inquisición a la urbe, no permitían a las autoridades monárquicas relajarse lo más mínimo. A pesar de ello, el nulo efecto que en la población tuvieron los sermones que se publicaron en 1481 hicieron aumentar la confianza de los monarcas: seis años después de su llegada al trono una prédica que en los años finales del reinado de Enrique IV hubiese acabado seguramente en un gran escándanlo, pudiendo llegar a provocar una sublevación armada de la ciudad contra los soberanos, no había tenido ningún efecto. Además, la realización de un acto subversivo como este, aprovechando la ausencia de Gómez Manrique de la urbe, venía a refrendar el éxito que los reyes habían conseguido al implantar el corregimiento en Toledo como mecanismo pacificador. Gracias a su labor política y judicial, y de prevención de la violencia, y a la colaboración que con él estaban llevando a cabo los regidores y especialmente los jurados, los índices de violencia urbana se habían reducido, y lo que es más importante, se habían despolitizado, de tal forma que los temidos “ruidos” de carácter político prácticamente habían desaparecido103, y la población parecía mucho más obediente a los monarcas que en el pasado.
La llegada de la Inquisición a Toledo en 1485 supuso la puesta en marcha del último y definitivo elemento pacificador de la ciudad. La inestabilidad sociopolítica existente hasta entonces recomendaba que los monarcas no se enfrentasen de forma directa al principal problema que en ella se había manifestado durante el siglo XV, el converso. A la altura de 1485 todo parecía indicar que la llegada de la maquinaria inquisitorial a Toledo podía llevarse a cabo con garantías, si bien un nuevo intento de conspiración hizo saltar la alarma, aunque no consiguió su propósito.
APÉNDICE DOCUMENTAL.
Documento 1º Los jurados comunican a la reina Isabel el desacato a la realeza acaecido el domingo 11 de marzo de 1481, cuando en varias iglesias de la ciudad, aprovechando la ausencia del corregidor, se predicaron unos sermones en su contra.
A.M.T., A.C.J., “Actas capitulares (1470-1487). Cuentas, cartas, varios”, caj. 23, reunión del lunes 12 de marzo de 1481, fols. 115 r-v.
“Muy esclaresçida, alta e muy poderosa Reyna nuestra Sennora. El cabilldo de los vuestros jurados de vuestra muy noble e muy leal çibdad de Toledo vesamos vuestras Reales manos e nos encomendamos en vuestra merçed, a la qual fasemos saber que en esta vuestra çibdad son senbradas algunas discordias e nasçidas algunas sysannas por presonas poco selosas al serviçio de dios e del Rey nuestro Sennor e de vuestro esclaresçimiento, e muy dapnosos a la pas e sosyego desta vuestra çibdad, lo qual nosotros nos juntamos para que la çibdad lo supiese e remediase e vuestra altesa lo fisiese saber, la qual juntamente con nosotros ha dado el mejor remedio que por el presente se pudo e debyo dar, e enbian un regidor a vuestra altesa. E porque de nuestro ofiçio es las semejantes cosas notyficallas a vuestra realesa, enbiamos a nuestro hermano el jurado Rodrigo del Castillo para que de todo informes (sic), porque es uso a vuestra real sennorya, a la qual suplicamos le guarde creer e dar fe. Nuestro Señor vuestro real estado acresçiente con mucha pas e perpetuidad de vuestros regnos. De lo qual enbianos a vuestra altesa la presente fyrmada de nuestro escribano y sellada con el sello de nuestro cabilldo, fecha a 13 de marzo de 1481 annos”.
Documento $2 ^ { \bullet }$.
Noticia sobre un ruido. En una de sus reuniones semanales, el sábado 31 de agosto de 1482, ante el ruido acaecido en el barrio del Alhandaque (actual plaza del Andaque, situada entre las calles del Barco, de la Prensa y la plazuela de San Pablo), los jurados deciden que se comunique lo sucedido al corregidor para que él se encargue de remediarlo.
A.M.T., A.C.J., “Actas capitulares (1470-1487). Cuentas, cartas, varios", caj. 23, reunión del lunes 31 de agosto de 1482, fol. $1 8 0 \mathbf { v } .$ .
“Dixose como por el roydo de los del halhandaque se avian desterrado los del roydo e otros pregonados, e en espeçial de un alfon de çamora que avia seydo en culpa, salvo que por quitar la quistion [...]que a todos paresçia ser grande agravio, mandaron que Pero de la Fuente e Diego de Rojas vayan sobre ello al sennor corregidor para que lo remedie”.