Aproximaciones al estudio de la micropolítica inquisitorial al sur del virreinato del Perú, XVI-XVIII.
Approaches to the study of inquisitorial micropolitics in the south of the viceroyalty of Peru, XVI-XVIII.
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Resumen: En este artículo ponemos el acento en el rol que jugaron los comisarios inquisitoriales en tanto mediadores culturales, situados en la confluencia de distintas jurisdicciones y la intersección de autoridades, en tribunales cuyas jurisdicciones cubrían territorios amplios y difíciles de controlar, como ocurrió con el de Lima. Focalizaremos nuestro análisis en quienes actuaron en los obispados del Tucumán y el del Río de la Plata entre los siglos XVI y XVIII, situados al sur del virreinato del Perú, desde una perspectiva crítica de corte institucional y munidos de fuentes de archivo argentinas y españolas, documentos éditos y bibliografía especializada.
Palabras clave: Micropolítica; Comisarios; Inquisición; Sur peruano.
Abstract: In this article we emphasize the role that inquisitorial commissioners played as cultural mediators, located at the confluence of different jurisdictions and the intersection of authorities, in courts whose jurisdictions covered large territories that were difficult to control, as ocurred with that of Lima. We will focus our analisis on those who acted in the bishoprics of Tucumán and Río de la Plata between the 16 th and 18 th centuries, located south of the viceroyalty of Perú, from a critical perspective of an institutional nature and armed with argentine and spanish sources, publishd documents and specialized bibliography.
Keywords: Micropolitics; commissioners; Inquisition; Peruvian South
Sumario: Introducción. 1. La Inquisición en las provincias del Perú. 1.1Tras los pasos de los comisarios en el sur peruano. 2. Comisarios de un “remoto país”. 2. 1. Francisco Angulo, primer comisario del Tucumán. 2. 2. Un incansable comisario en Buenos Aires: Francisco de Trejo. 2. 3. De comisarios y obispos en la Córdoba dieciochesca. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
La figura del comisario inquisitorial en el espacio peninsular ha pasado con frecuencia inadvertida para los estudiosos del Santo Oficio; sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en América ya que solo una red compuesta por comisarios y familiares podía asegurar la presencia inquisitorial en los extensos y alejados territorios que comprendían las jurisdicciones de los tribunales de México, Lima y Cartagena de Indias.
La coexistencia de comisarios, comisarías, sacerdotes comisionados, comisarios comisionados, comisarios de primer, segundo y tercer lugaren caso de ausencia, muerte o enfermedad-, la presencia de comisarios en ciudades que hasta ahora no teníamos noticias de su existencia, los roles que jugaron en la tramitación de causas, los alcances de sus funciones y las autonomías que gozaron, los documentos con los que gestionaron y los vínculos que entretejieron con otros sujetos históricos, concentran los debates entre quienes trabajan particularmente inquisiciones extra peninsulares o inquisiciones de frontera que se han plasmado en eventos especializados de envergadura celebrados en Argentina (2017), México (2019), Chile (2019), Portugal (2022) y en trabajos especializados1 .
En este artículo ponemos el acento en el rol que jugaron los comisarios inquisitoriales en tanto mediadores culturales, situados precisamente en la confluencia de distintas jurisdicciones y la intersección de autoridades a menudo en conflicto. Por tanto, partimos de la idea que emergían como figuras cruciales en la micropolítica local, con especial relevancia para los tribunales de las América, cuyas jurisdicciones cubrían territorios amplios y difíciles de controlar. De esta suerte, focalizaremos nuestro análisis en las actuaciones de algunos de ellos que intervinieron al sur del virreinato del Perú, más precisamente en los obispados del Tucumán y el del Río de la Plata entre los siglos XVI y XVIII, bajo la dependencia del tribunal de Lima, desde una perspectiva crítica y de corte institucional, munidos de fuentes de archivo argentinas y españolas, documentos éditos y bibliografía especializada.
1. LA INQUISICIÓN EN LAS PROVINCIAS DEL PERÚ.
La instalación de los primeros tribunales de Inquisición en AméricaMéxico y Lima- estuvo vinculada a las reformas del gobierno español y a la consolidación del sistema inquisitorial en la península. El distrito inquisitorial del tribunal de Lima, creado en 1569, coincidió con los límites del virreinato y ambos tenían a la ciudad de Los Reyes como cabecera, ya que se tomó como base la estructura administrativa existente.
Para la cobertura de esa enorme jurisdicción territorial que alcanzaba tres millones de kilómetros cuadrados, la Inquisición previó la designación de comisarios y familiares que debían establecerse en los puertos de mar y las sedes de obispados. La Instrucción 38 situó a un comisario por cada sede episcopal; en tanto que el control en los puertos de mar, respondía a evitar la presencia de extranjeros sospechosos de herejía2 .
Sin embargo, la implementación no fue inmediata, literal ni lineal ya que si bien al momento de establecer la jurisdicción, se aludió de forma genérica a las “Provincias del Perú”, buena parte de ellas no solo eran desconocidas por los españoles o no habían sido conquistadas ni dominadas por la Corona, como ocurrió con las gobernaciones del Tucumán y del Río de la Plata, situadas al sur del virreinato peruano3 .
Tras la puesta en funcionamiento del tribunal en 1570, la estructura establecida en la Corte, lejos de las realidades americanas, resultó interpelada tempranamente nada menos que por el virrey Toledo, -quien jugó un rol esencial por mandato de Felipe II en la instalación del dicho tribunal-; como también por el inquisidor Ruiz del Prado. El primero recomendaba recortar la jurisdicción territorial del tribunal, estableciendo uno más en la ciudad de La Plata en vista a garantizar el control, atendiendo a las grandes distancias que separaba a los comisarios del tribunal de Lima. Y el segundo, planteó hacia 1580 la delegación de las funciones en los obispos más cercanos4 .
Ninguna de estas propuestas llegó a concretarse. Instalado el tribunal, el inquisidor Serván de Cerezuela ordenó que las causas por delitos de fe que habían sido llevadas por los obispos hasta entonces debían ser entregadas y archivadas y comenzaron a nombrarse los primeros comisarios5 .
Pero los nombres de los comisarios al sur del virreinato - más específicamente en las diócesis del Tucumán y del Río de la Plata-, tardaron en desgranarse. Hay que recordar que por ese entonces la diócesis del Tucumán apenas había sido instituida y su primer obispo llegaría en 1582. Por lo tanto, mientras en algunas regiones los comisarios comenzaban a dar sus primeros pasos en la gestión inquisitorial, en el Tucumán y el Río de la Plata fueron llevadas adelante por el mismísimo tribunal de Lima o por algún obispo.
Razón por la cual, no es casual que el primer obispo del Tucumán, el dominico Francisco de Victoria, reclamara ante el tribunal de Lima poder ejercer las funciones de comisario, aunque le fue denegada. En tanto que fray Alonso Guerra, prelado del obispado del Río de la Plata, escribió a.
Felipe II en 1586 para denunciar que el teniente de gobernador Juan de Torres de Navarrete, le había negado colaboración en lo tocante a “cosas de la Inquisición”6 , porque que en muchos casos debía proceder contra amigos suyos y le inquietaba que enviara a los hombres de su entorno a Lima bajo el cargo de luteranismo.
Por su parte, en 1571 el tribunal mandó detener al afamado conquistador de Chile y quien había sido gobernador del Tucumán, Francisco de Aguirre, bajo los cargos de proposiciones y blasfemias- uno de los delitos más comunes juzgado por ese entonces-.
Tras pasar cuatro años detenido en las cárceles de la Inquisición, se ejecutó la sentencia de abjuración el 23 de octubre de 1575, más la prohibición de regresar al Tucumán7 . Su caso disparó otros en paralelo y alcanzó a Luis Román, Francisco de Matienzo, Juan Jofre y Gonzalo Santos, todos partidarios del conquistador, por haber intentado liberarle cuando estaba preso, transitando el proceso. Fueron sentenciados a penas pecuniarias, salvo Jofré, quien, además, fue desterrado de Lima y Cuzco8 .
En este punto, conviene señalar que el mismo año en que comenzó a funcionar el tribunal de Lima, se erigió la diócesis del Tucumán, enmarcada en la gobernación preexistente. Se extendía desde Jujuy hasta Córdoba – abracando una dimensión de 700.000 kilómetros cuadrados -, y su sede fue la ciudad de Santiago del Estero, también capital de la gobernación. Su primer obispo, Francisco de Victoria, designado en enero de 1578, ingresó a la misma cuatro años después, en 1582, tras asistir al III Concilio Limense.
Por ese entonces ya existía la diócesis del Río de la Plata, instituida por Paulo III en 1547 y con sede en Asunción, que abarcaba desde las selvas paraguayas hasta el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego; y a la que unos años más tarde, se sumaría la ciudad de Buenos Aires, tras ser refundada en 1580. Santiago del Estero y Asunción fueron por ese entonces, centros de conquista y madres de ciudades y ambas sufragáneas del arzobispado de Lima hasta principios del siglo XVII.
En 1620 se dispuso la división de la diócesis Río de la Plata, de la cual se desprendió la de Buenos Aires, cuya sede se estableció en la ciudad puerto, por entonces capital de la gobernación del Río de la Plata.
Abarcaba Buenos Aires, la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y la Patagonia. Como consecuencia de dicha división, en la provincia del Guayrá o Paraguay se fijó la diócesis de Asunción, lo que condicionó la salida directa al mar por el Río de la Plata de toda esa región y cuya llave pasó desde entonces a ser Buenos Aires9 .
En definitiva, se trató de diócesis situadas en el espacio peruano, es decir en el marco del conjunto regional que comprendía los actuales territorios del sur de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Sur de Brasil, en las que existieron comisarios de la Inquisición durante el período colonial, como en Buenos Aires, Córdoba, Asunción, La Plata, Santiago del Estero, entre muchas otras, y también contaron con familiares10. Incluso, en el caso de La Plata, Buenos Aires y Córdoba fueron propuestas ante la Corte como posibles sedes de un nuevo tribunal inquisitorial entre los siglos XVI y XVIII.
Ahora bien, como se ha señalado en numerosas contribuciones, los comisarios recibían denuncias, examinaban testigos, practicaban las ratificaciones y remitían los documentos al tribunal para que éste dispusiera la continuidad de un proceso. Y, en caso de ser requerido por el superior, el envío de los y las detenidos a Lima, previo secuestro de sus bienes. Por lo tanto, el expediente de la causa se tramitaba y archivaba en Lima.
A estas obligaciones, debemos sumar la lectura de los Edictos de fe y anatemas, la organización de la supervisión de bibliotecas o de barcos- los que se encontraban en puertos de mar-, y el despliegue de las tareas burocráticas propias del funcionamiento de la institución: llevar libros, preservar el archivo y contestar correspondencia11.
Los comisarios ponían en movimiento la maquinaria procedimental - o lo hicieron siguiendo órdenes del tribunal cuando se ordenaba la búsqueda y captura de alguna persona -; aunque en ocasiones el trabajo que realizaban se agotaba en esta instancia por múltiples razones, pero sus causas no constan de manera explícita en la documentación que ha llegado hasta nosotros.
Al respecto, estudios ya realizados nos señalan que la comisaría a la hora de recibir denuncias sirvió para apaciguar tensiones y pulsiones individuales y colectivas, ya que servían como catarsis. No olvidemos que aun cuando estos documentos descansaran por años bajo una montaña de papeles, también reflejaban otro modo que tenía la Inquisición en contribuir a la estabilidad social12.
1. 1. Tras los pasos de los comisarios en el sur peruano.
No es sencillo seguir las huellas de las Inquisiciones en espacios de frontera, alejadas de los tribunales y en los que las actuaciones estuvieron centradas en el quehacer de los comisarios que debían trabajar junto a otras autoridades reales locales -gobernadores, cabildos, audiencias y obispos. Relaciones que en ocasiones fueron auspiciosas, pero otras, dificultosas.
Lo que nos lleva a realizar algunas reflexiones sobre las fuentes que informan sobre sus quehaceres y los vínculos que tejieron, partiendo de la idea de que fueron productores de documentos, pero también recibieron otros tantos de numerosos actores sociales- el tribunal, los obispos, algún comisario de otro distrito, particulares, etc.-; sin olvidar los registros en los que aparecían mencionados por terceros. Todos ellos inmersos en lo que se ha llamado el gobierno del papel, idea que nos ayuda a comprender las lógicas, pero también las complicaciones administrativas de la gobernanza de los territorios ultramarinos y su posterior impacto en las fuentes históricas13.
Por tanto, se hizo imperioso conocer el camino administrativo de los documentos, la política archivística inquisitorial que se les había destinado y la obligación de resguardar el archivo administrativo; como también, conocer el destino de todos esos documentos cuando se transformaron en históricos y sus posibilidades de acceso.
Y esto lo señalamos porque si solo nos centrábamos en buscarlos en una de las actividades más concretas que tenían a su cargo: la confección de una sumaria y el envío de la misma -más el detenido-, a Lima para que se sustanciara un proceso judicial, prácticamente no encontraríamos mencionados sus despliegues cotidianos o los vínculos institucionales de los que se valieron; habida cuenta que de ello no podía quedar rastro alguno de lo actuado en su archivo. Por lo tanto, aun disponiendo actualmente del acceso al archivo de la Comisaría de Córdoba, no hallaríamos esos documentos debido a la política documental y procesal que fue dispuesta por la Inquisición. Pero, además, porque en los asientos de las Relaciones de causas que el tribunal de Lima despachó al Consejo de la Inquisición apenas mencionan sus actuaciones, menos aún aspectos vinculados a la labor realizada por familiares, alguaciles y notarios del Santo Oficio que actuaron en ciudades comprendidas dentro de la jurisdicción de dicho tribunal. Invisibilizaciones que también se extienden a otros actores sociales que colaboraron con ellos14.
Va como ejemplo, la Relación de causa en la que se consignó el proceso llevado adelante entre los años 1790 y 1793 contra el Dr. Gerónimo de Aguirre, natural de Córdoba, clérigo presbítero, por solicitación; en cuyo registro apenas se menciona que las sumarias fueron realizadas por los comisarios de Córdoba y Salta, sin dar cuenta de sus nombres ni del proceder que tuvieron15.
En este punto, cabe señalar que el archivo administrativo de la Comisaría de Córdoba- que en la actualidad se conserva en el Archivo del Arzobispado de Córdoba -, ofrece cuantiosa información sobre el quehacer cotidiano de comisarios, notarios y familiares, sus vínculos con Lima y otros sujetos históricos. La misma se materializa en numerosos tipos documentales tales como denuncias, cartas, autos, notas edictos e inventarios, certificaciones, acuso de recibo de documentos, respuestas de consultas recibidas, nombramientos, pedidos de información, edictos de fe y anatemas e instrucciones para interrogar, entre otros16.
Se trata de un fondo único en Argentina, que tiene sus silencios y vacíos- propios de un archivo sometido a una política documental instituida por la Inquisición-; y que con posterioridad ha sufrido algunas fragmentaciones. Pero necesita ser puesto en diálogo con documentos que se encuentran en unidades de información locales o de otros fondos del.
Archivo del Arzobispado de Córdoba; como también del extranjero, por ejemplo, con las relaciones de causas o la correspondencia tramitada entre Lima y la Suprema que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Por último, no podemos dejar de mencionar la pérdida de la documentación albergada en el Archivo del Arzobispado de Buenos Aires, que fue quemado en los años cincuenta del siglo pasado, y cuya pérdida documental condiciona el estudio de la comisaría de Buenos Aires y la región.
Por todo lo dicho, compartimos lo que ha señalado Carlo Ginzburg, cuando menciona que las lagunas, los obstáculos son elementos constitutivos de la documentación y, por tanto, necesitan volverse parte del relato17.
Otra cuestión de vital importancia es la producción historiográfica proveniente del ámbito confesional, que se caracteriza por la gran cantidad de fuentes consultadas, su cuidadoso trabajo heurístico de los documentos que muchas veces no son accesibles al público académico y que son tratados con rigurosidad historiográfica, aunque por lo general carecen de una crítica a los documentos18. Sin olvidar los aportes del bibliófilo e historiador chileno José Toribio Medina y la reproducción de documentos que acompaña en sus obras19.
Finalmente, un párrafo aparte merece la labor de los copistas de principios de siglo XX, que nos facilitaron el acceso a las fuentes. Como es el caso de José Torre Revello quien fue enviado por la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en 1918 a Sevilla para realizar tareas de búsqueda, análisis, recopilación y copia de documentos vinculados al pasado colonial en el Archivo de.
Indias. Allí trabajó hasta 1935 y muchos de los documentos transcritos se convirtieron en producción propia20.
2. COMISARIOS DE UN “REMOTO PAÍS”21.
Poco a poco los nombramientos de los comisarios destinados a gestionar en los obispados del Tucumán y del Río de la Plata se fueron desgranando a partir de fines del siglo XVI y los primeros años del XVII: Santiago del Estero, Buenos Aires, Asunción y Córdoba estuvieron entre las primeras ciudades que contaron con ellos. La presencia inquisitorial en estas dos últimas ciudades se produjo luego de la información que les hizo llegar por carta Diego de Torres- primer provincial de la Provincia Jesuítica del Paraguay-, a los inquisidores de Lima, tras haber visitado las tres gobernaciones del Río de la Plata, Chile y Tucumán en 1610. En la misma, el jesuita señaló el riesgo que suponía el ingreso permanente por los puertos de Buenos Aires, San Pablo y a la ciudad de Asunción de “gente inficionada de judaísmo y de nación portuguesa tan bien se debe velar y cuidar no pasen otras naciones inficionadas con herejías”. Y acto seguido, propuso el nombramiento de comisarios en Córdoba y Asunción, ya que el de Buenos Aires no podía llegar hasta estas ciudades22.
Dicho esto, focalizaremos nuestro análisis en el desempeño de algunos de ellos situados en diferentes espacios temporales y espacialesque estuvieron atravesados por diferentes ritmos de la actividad del tribunal limeño-, en los que emergieron como figuras cruciales en la micropolítica local, trabajaron situados en la confluencia de distintas jurisdicciones y en la intersección de autoridades; a menudo en conflicto y otras, llevando adelante un trabajo colaborativo23.
2. 1. Francisco Angulo, primer comisario del Tucumán.
Corría el mes de noviembre de 1585 y tras recorrer 500 leguas desde Lima, el jesuita andaluz Francisco de Angulo arribaba a Santiago del Estero, sede del obispado y de la provincia del Tucumán. La ciudad se había convertido en el corazón de la colonización de los territorios, ya que su ubicación central en la red de caminos que conectó el Alto Perú con el Atlántico hizo que al menos durante un siglo las expediciones que partían desde Perú o Chile y quisieran hacia el sur o el oeste del Tucumán, se detuvieran para pertrecharse. Hasta allí habían llegado junto a las primeras expediciones de la conquista, mercedarios y franciscanos que erigieron conventos antes de la creación de la diócesis.
Seguramente aquel primaveral 26 de noviembre Angulo vio con sus propios ojos una tierra pobre en la que muy pocos sacerdotes querían permanecer por la enorme cantidad de trabajo que suponía -debido al gran número de indígenas-, y por los escasos beneficios eclesiásticos derivados de las doctrinas y las limosnas que recibían para el sustento 24.
Una pequeña muestra de la pobreza que sobrevolaba la ciudad fue la modesta catedral que solo tenía una sola nave, sus muros eran de adobe y por suelo, solo tierra apisonada, que muy pronto sería carcomida por el viento y el salitre 25.
Fue uno de los primeros jesuitas que ingresó a la región, a instancia del obispo Victoria. Por ese entonces tenía 47 años y permanecería en el obispado durante buena parte de su vida. Se desempeñó como superior de la misión de la Compañía de Jesús en el Tucumán, también como rector del colegio del Santo Nombre de Jesús- que él mismo puso en funcionamiento- y fue el primer comisario de la Inquisición de todo el Tucumán, a partir de 1585.
La designación de Angulo se inscribe en el requerimiento fallido que había hecho el obispo Victoria para ejercer el fuero inquisitorial - oportunamente se había desempeñado como consultor del Santo Oficio de Lima-; pero cuando le fue negado por el tribunal, alimentó el nombramiento del jesuita. Al fin y al cabo, él había promovido el ingreso de la orden a la región del Tucumán 26.
En este punto, se ha señalado que la nominación de un teólogo de la Compañía de Jesús era la mejor opción que podía tener el obispo Vitoriaa pesar de haber pretendido el cargo quizás por su condición de dominico y negado por el inquisidor Antonio Gutiérrez de Ulloa, seguramente por su ascendencia judía27. Fue así como Angulo aceptó ser comisario con el beneplácito de sus superiores y se concentró, como ya veremos, “en denunciar la pavorosa corrupción en la que estaba inserto el clero y sobre todo para defender a los naturales de los abusos de los españoles, aunque con el obispo mantuvo cierta sordina que con el tiempo y sus actitudes se volvieron insostenibles”28.
No olvidemos que fue parte del primer grupo de jesuitas que comenzó a construir poder en el Tucumán, cuya orden había sido instituida por la Corona y las autoridades obispales para poner en práctica el Concilio de Trento, por lo que centraron su participación en los concilios y sínodos en las materias de disciplina eclesiástica, reforma de costumbres y formación del clero29.
De esta suerte, este hombre, nacido en Lucena y quien fue definido por sus pares como apocado y de carácter templado, tuvo que interactuar con actores sociales complejos, problemáticos y hasta belicosos, en una región en la que había todo por hacer en materia religiosa y social 30.
En los inicios, la relación que mantuvo con el obispo Victoria fue estrecha. La pobreza de la región era tan grande que junto a los dos jesuitas que lo acompañaron en el ingreso al Tucumán- Alonso de Barzana y Juan Gutiérrez-, fueron alojados en la casa del obispo.
También, fue testigo de los conflictos irreductibles que aquél mantuvo con el gobernador Ramírez de Velazco; incluso, con motivo de estas tensiones lo acompañó a la ciudad de Córdoba para que se alejara por un tiempo de los cotidianos y crecientes conflictos que aquejaban al mitrado en la sede del obispado. Viaje que implicó un continuo trabajo de predicación y evangelización hasta que llegaron a destino, en febrero de $\mathsf { \bar { 1 } } 5 8 7 ^ { 3 1 }$ .
Por aquella época, tribunal de Lima llevaba quince años funcionando y su actividad se había concentrado fundamentalmente en la persecución de proposiciones heréticas, bigamias y una pequeña proporción de judaizantes32.
Antes del arribo de Angulo, los brazos del tribunal de Lima parecían llegar solo hasta la actual Bolivia33. Luego, poco a poco, el comisario comenzó a visitar las ciudades que conformaban el obispado, inició las primeras sumarias y envió numerosos detenidos a Lima donde fueron procesados y sentenciados.
Su primer destino fue Córdoba, donde permaneció un tiempo para ejercer sus funciones de comisario y, luego, hizo lo propio en San Miguel de Tucumán, Salta y Esteco34. Vale recordar que Angulo enfocó fundamentalmente su labor espiritual en el grupo de los españolesquienes, además, estaban alcanzados centralmente por la jurisdicción inquisitorial en América, a diferencia de los indígenas-. En tanto que la evangelización de éstos recayó fundamentalmente en Alonzo de Barzana, por la facilidad que tenía en el aprendizaje de sus lenguas.
Como bien ha señalado el jesuita Pedro Lozano- etnográfo e historiador del siglo XVIII- desplegó su trabajo como comisario en vista a “descubrir los enemigos ocultos, que disfrazados con piel de ovejas, siendo verdaderos lobos, acechaban para entrar á hacer estrago en el rebaño de la Iglesia”35.
La alusión se correspondía con la persecución que llevó adelante fundamentalmente contra sacerdotes solicitantes del obispado que habían requerido innumerables favores sexuales de mujeres indígenas abusando de su posición36. Tarea en la que el tribunal limeño lo sostuvo y acompañó y de quien oportunamente señaló que “era de grande consideración el que le hacia el Padre Angulo en el Oficio de Comisario, avisando fielmente de los enemigos, que pretendían empañar el terso esplendor de la Fé con su nocivo aliento”37.
Sus actuaciones cobraron tal magnitud, que por ese entonces se llegó a afirmar: “en pocos años envió presos a la casa de la Inquisición de Lima las dos terceras partes de los sacerdotes que allí había, por ser sus desafueros tales que pertenecían a aquel santo tribunal”38. Se trataba nada menos que de seis clérigos, más cinco franciscanos y siete mercedarios. Al respecto, el Inquisidor Ordoñez Flores informaba al Consejo de Inquisición en 1599 sobre la frecuencia con la que el delito se cometía en el Tucumán donde “parece que apenas ha habido sacerdote que no haya pecado en esto”39.
Fue así cuando los vínculos de Angulo con muchos sacerdotes del Tucumán se deterioraron, como lo registró la Crónica Anónima de 1600, ya que que el jesuita quedó “muy murmurado y investido de mil ondas calumnias”40.
Entre los casos más resonantes podemos mencionar la autodenuncia que recibió del jesuita Rodrigo Ortiz de Melgarejo, quien ejercía como provisor- por ausencia del obispo fray Alonso-, en el obispado del Río de la Plata. Lo hizo por carta en 1594, en la que le narró hechos que había cometido en Santa Fe, unos años antes. En la misiva también le señaló que su deseo era hacerlo personalmente, pero el gobernador se lo había impedido, ante la falta de clérigos y dado que él era juez eclesiástico y no había obispo.
A inicios del siglo XVII y cuando Angulo planteaba retirarse de su labor como comisario, Ortiz de Melgarejo fue sentenciado en Lima, con la prohibición de confesar mujeres por cuatro años y su destierro del Paraguay, por dos41.
En la capital virreinal, este comisario era considerado un hombre de referencia y consulta. Se mantuvo presente por largos años en el obispado, mientras Victoria estaba ausente fundamentalmente por llevar adelante actividades mercantiles-, ambas cuestiones que reñían con su calidad de obispo-.
Fue así como el arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo le consultó en 1592, por la ausencia de Victoria de su diócesis. Consulta que pudo estar motivada no solo porque se conocían previamente de Salamanca cuando estudiaron, sino también porque compartieron el viaje hacia América y llegaron juntos a Lima. Ante la solicitud, Angulo respondió que “había pasado el señor Victoria al Brasil, donde estuvo algunos meses despachando mercaderías para esta tierra y para el Pirú, y haciendo un navío y juntando esclavos y negros que supiesen sacar perlas”. Además, lamentaba que con esas prolongadas ausencias, hubiese quedado el obispado “tan infeliz y desamparado de pastor y remedio, y casi de todo bien espiritual”42.
El inicio del nuevo siglo lo encontró desempeñándose como consultor del primer sínodo convocado por el nuevo obispo del Tucumán, Hernando de Trejo y Sanabria. Pero para ese entonces, ya quería dejar atrás sus trabajos como comisario. Con estas palabras se lo comunicaba el provincial Rodrigo al general Aquaviva, a pedido del superior P. Romero “que allí ha exercitado muchos años con gran satisfacción de este santo tribunal, y quiere venirse a morir en uno de los collegios de por acá”43. Finalmente, ya sexagenario, se encaminó a La Plata, donde finalmente falleció en 1611.
2. 2. Un incansable comisario en Buenos Aires: Francisco de Trejo.
Francisco de Trejo fue un activo comisario que inició sus actuaciones durante la primera década del siglo XVII en nada menos que dos ciudades en simultáneo: La Plata y Buenos Aires, que formaban parte de un corredor comercial de envergadura en el Atlántico sur44.
Este hombre, nacido en Plasencia durante en 1554, ya se hallaba en Potosí cuando el comisario Francisco Angulo llegó al Tucumán. Y tras haber sido examinado, quedó habilitado para para adoctrinar y administrar los sacramentos a los indígenas y fue designado cura del pueblo de Caquiabire y de Guachacalla (en la actual Bolivia). En esos años también se desempeñó como comisario para la expedición de los asuntos de la Cruzada en Santa Cruz de la Sierra y San Lorenzo de la Barranca. Llegó a Buenos Aires en 1604 con el nombramiento para efectuar la cobranza de la limosna de la Bula de la Cruzada, para comenzar en 1607 a desempeñarse como comisario de la Inquisición45.
El nombramiento de Trejo para que cubriera el control de ambas ciudades tuvo lugar apenas unos años después que el inquisidor de Lima, Antonio Ordóñez, informara mediante una carta al Consejo de la Inquisición, sobre las graves consecuencias que derivaban de la extensión del distrito del tribunal. Y en la que replanteaba la jurisdicción total del distrito proponiendo la creación de un tribunal en La Plata, ya que según su parecer allí se reunían “todos cuantos hombres facinerosos y de malas costumbres hay en estos reinos”, a lo que añadía, que el puerto de Buenos Aires era “escala por donde entran los portugueses46.
La presencia portuguesa en Buenos Aires a la que aludía Ordoñez coincidía con lo que había apuntado dos años antes el fiscal de la audiencia de Charcas: “que por atender la navegación por el Brasil, [se] permitía ingresar al Perú negros, mercaderías y portugueses, y daba salida sin licencia ni permiso a la plata y a pasajeros”47.
Vale recordar que la Unificación de las dos Coronas había creado nuevas oportunidades para la migración de portugueses que llegaron a los puertos de América. Muchos arribaron a Brasil y se establecieron en Río de Janeiro, Lima, Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, entre $1 5 8 0 ~ \mathrm { y }$ 1640 nunca dejaron de ser para sus detractores cristianos nuevos, judíos o judaizantes48.
Los portugueses supieron aprovechar tanto las vías legales como ilegales para acceder a las riquezas de la región, en particular, la plata potosina y, paulatinamente, se fueron especializando en el comercio negrero. Llegaron a organizar y formar parte de una red que alcanzó niveles internacionales al conectar el Tucumán con Brasil y el Río de la Plata por la incapacidad que tenía de España para satisfacer las necesidades del mercado hispanoamericano, a la distancia que separaba estas provincias radicadas al sur peruano de los puntos habilitados para el comercio con la metrópoli, y su cercanía respecto a los dominios portugueses49.
La peligrosidad de la presencia portuguesa, asociada a la práctica del judaísmo, constituyó un argumento central que fue esgrimido ante la Corte por importantes actores sociales de la época, ya provenientes de la Iglesia como del poder real: el provincial de los jesuitas Diego de Torres, el gobernador Diego Marín de Negrón y el procurador general de las provincias del Río de la Plata, Manuel de Frías. Todos ellos veían en la Inquisición la solución al problema y lo hicieron saber mientras Trejo se desempeñó como comisario. Las mismas discurrieron desde solicitar que se nombraran más comisarios en los obispados del Tucumán y el Río de la Plata para que Trejo concentrara su actividad solo en Buenos Aires, hasta la creación de un tribunal de la Inquisición en dicha ciudad.
El alivio para Trejo llegó con la designación de comisarios en Córdoba y Asunción, pero el tribunal nunca se conformó, a pesar de otras reiteradas solicitudes que se formularon ante la Corte hasta mediados del siglo XVIII50.
A lo largo de más de una década, este activo comisario tejió estrategias relacionales a distinta escala: escribió al rey, al tribunal de Lima, al Consejo de la Inquisición y al visitador de Bahía, Marcos Texeira. Sus consultas, reclamos y preocupaciones sobre la cantidad de portugueses que ingresaban a la región, la falta de colaboración de las autoridades reales, la imposibilidad de visitar los barcos, el problema de la distancia, el intercambio de información; incluso el ofrecimiento de estrategias de control a las autoridades en vista a frenar el ingreso de portugueses por el puerto de Buenos Aires, atravesaron las numerosas cartas que les escribió.
En 1608 Trejo pidió instrucciones a Lima ya que no contaba con la colaboración de autoridades reales para visitar los barcos. Y recibió como respuesta que cuando se produjera algún problema en concreto, informara al tribunal51. En 1610 envió carta Felipe III que se encontraba afincado en Buenos Aires como comisario, “a fin de evitar la permanencia en ella de gente sospechosa”52.
Pero las cosas se complicarían aún más para el comisario: tras la creación del tribunal de Cartagena de Indias en 1610, el puerto de Buenos Aires se potenció como una importante opción de ingreso para los portugueses al virreinato del Perú. A los pocos años, las preocupaciones se acrecentarían, con la llegada al Brasil, de un visitador inquisitorial que había sido enviado desde Lisboa.
Fue así como en diciembre de 1618, Trejo escribió a Lima para comunicar que con el arribo del visitador Marcos Texeyra a la ciudad de Bahía de Todos los Santos, muchos portugueses habían huido a las regiones del Plata53. Pero no cesó en sus empeños y tejió relaciones con Texeira, para articular medidas de control. En abril de 1619, éste le contestaba el comisario de Buenos Aires que le agradecía las advertencias que le había formulado en su carta del 7 de febrero y, además, se ponía a sus órdenes54.
Durante ese año nuestro hombre no cesó de dar aviso al tribunal de Lima de los continuos ingresos al puerto de portugueses provenientes del Brasil –a quienes siempre vincula con el judaísmo-, y de judíos de España55.
Mientras tanto, el procurador Manuel de Frías ese mismo año hacia 1619 señalaba ante la Corte en su memorial los avatares que debía sortear el comisario en el ejercicio de sus funciones, ya que ya que no tenía autonomía suficiente para actuar y las respuestas que podía necesitar de una consulta formulada al superior debía recorrer 1500 leguas que separaba Buenos Aires de Lima56.
En abril de 1620 llegó otro informe al Consejo de Indias, proveniente del tribunal de Lima, en el que se señalaba:
El comisario del Santo Oficio de Buenos Aires nos ha escrito en diferentes tiempos, las muchas personas sospechosas de diversas naciones que entran por aquel puerto a estos reinos del Perú, y en particular de la nación portuguesa, cristianos nuevos, pidiendo se le diese orden para el remedio dello57.
Fue entonces cuando solicitaron autorización para que el comisario visitara los navíos recién llegados- ya fuere antes o junto con los oficiales reales-, con el objetivo de impedir desembarcos. El Consejo dio crédito a este informe por el “muy grande y conocido daño” que podían resentir “las cosas de nuestra santa religión, mayormente en plantas tan nuevas”58. Sin embargo, el asunto quedó sin resolver.
Finalmente, en 1622, Trejo escribió al Consejo de la Inquisición para ofrecer una estrategia en vista a evitar el constante flujo de portugueses.
Para lo cual propuso “que las informaciones que daban éstos a Lisboa para embarcarse fueran hechas ante testigos cristianos viejos, conocidos”59.
Por ese entonces, y mientras también ejercía como provisor de la diócesis del Río de la Plata, los portugueses continuaron ingresando e integrándose a la sociedad rioplatense, sin tener contratiempos con la Inquisición, hasta que el viejo comisario finalmente falleció en Buenos Aires probablemente en $1 6 2 4 ^ { 6 0 }$ .
2. 3. De comisarios y obispos en la Córdoba dieciochesca.
Corría el siglo XVIII y la Comisaría de Córdoba llevaba casi un siglo funcionando, en una ciudad que formaba parte de la gobernación y obispado del Tucumán, situada al sur del virreinato peruano. Desde principios del XVII contaba con una universidad gestionada por los jesuitas -la única en toda el área después de La Plata-, y tenía una activa vida social y cultural en relación con los parámetros regionales, marcada por la presencia de numerosas iglesias, conventos, y monasterios. A partir de 1699 se había convertido en la sede del obispado del Tucumán y luego, acogió en su sede al Seminario de Loreto. Por tanto, los vínculos que se pudieron tejer entre comisarios, obispos y provisores que vivían en la misma ciudad – y no ya en Santiago del Estero-, es un punto interesante para trabajar, porque que algunos también integraron la audiencia episcopal o el cabildo eclesiástico61.
Los rastros documentales que han quedado sobre casos de bigamia en los que intervinieron unos y otros, hoy albergados en el Archivo del Arzobispado de Córdoba, dan cuenta de los puntos de puntos de contacto que existieron y constituyen disparadores para analizar alguna arista de encuentros y desencuentros62. Como también, nos develan la intervención de otros actores cuyas actuaciones quedarían completamente invisibilizadas, ya sea porque la causa no avanzó o porque- aunque llegara a tramitarse en Lima-, las relaciones de causas no hablan de ellos63.
Como ha señalado Nelson Dellaferrera los casos de bigamia en la extensa región del Tucumán se iniciaban con denuncias interpuestas directamente al obispo o al comisario, y en la campaña o lugares alejados de la ciudad de Córdoba, las recibía el vicario foráneo, el juez eclesiástico o el cura y vicario que allí se encontraba. En algunas ocasiones, el comisario designaba al cura o al teniente de cura del lugar para que iniciara la sumaria; pero también ocurrió que los curas intervenían directamente ni bien recibían la denuncia, interrogaban al denunciante y algún testigo y remitían a la persona y las actuaciones generalmente al obispo, quien luego se la pasaba al comisario. Sin embargo, esta suerte de praxis judicial trazada, no siempre siguió esos carriles y se produjeron tensiones, aunque no llegaron a desembocar en conflictos de competencia64.
Durante el mes de julio de 1747 don Antonio Suárez, cura y vicario de Río Cuarto-situada en la frontera sur de la provincia de Córdoba-, recibió una denuncia por bigamia.
La misma involucraba a José Franco Añasco, vecino de Córdoba pero nativo de Asunción del Paraguay, quien al parecer se había casado con Francisca esclava de doña Claudia Gómez, tras enviudar de su primera esposa, Victoria, esclava de Don Josef Bracamonte.Acto seguido Suárez puso por escrito el interrogatorio que hizo al denunciante y a un testigo, dispuso la detención de Añasco y envió la sumaria y el detenido al provisor y vicario general en sede vacante del obispado del Tucumán, Dr. Pedro Rodríguez, también por entonces arcediano de la catedral.
La noticia del caso llegó hasta el comisario Joseph de Arguello e inició sus actuaciones, de las que dejó constancia por escrito, aunque no mencionó cómo obtuvo dicha información65. Añasco, preso en la Real cárcel del Cabildo informó al comisario, que se le había detenido por “presunta causa contra mí ha actuado sin facultad ni jurisdicción que para ello tenga, imputándome ser yo casado en dicha ciudad del Paraguay” y ofreció pruebas para demostrar su inocencia66.
Arguello reaccionó rápidamente e interpeló a Rodríguez, primeramente, de manera verbal y luego, librando un oficio en el que le señalaba que en casos de bigamia no podía actuar “no perteneciendo esta materia al juzgado de vuestra merced por tocar privativamente su conocimiento al tribunal del santo oficio”67. A lo que añadió, manifiestamente molesto:
Y asimismo previne a $\mathrm { V m }$ que nada de lo actuado por Don Antonio Suarez tenía valor ninguno según la instrucción del Santo Oficio. Y teniendo después noticia de que mantenía en la prision enbie recao $\mathrm { V m } .$ , con el Maestre de Campo Luis Echenique alguacil Maior del Santo Oficio para que se mandare dar soltura: lo que también dije a $\mathrm { V m }$ cara a cara68.
Pero el provisor Rodríguez no liberó a Añasco, a pesar de los reclamos de Arguello. Fue entonces cuando el comisario dispuso el envío del alguacil para que le leyera de manera solemne un exhorto en el que “le mande dar soltura y lo cumpla dentro de veinte y cuatro horas de la notificación, pena excomunión maior”69, más el pago de mil pesos para gastos del Santo Oficio.
Finalmente, y tras escuchar la notificación, Rodríguez intentó justificarse inculpando al mismísimo comisario; y es justamente en esta instancia en la que tomamos conocimiento que el provisor:
sin dilación ninguna le habían remitido las diligencias que el maestro Don Antonio Suarez le había enviado para que su merced actuase en ello lo que tuviere conveniente. Por cuya virtud debía su merced haber dispuesto la soltura del dicho y que en ello no había pasado de su parte la dilación ninguna de sus actuaciones70.
Y la cuestión se torna aún más interesante cuando entre los documentos sueltos vinculados al caso, encontramos una carta sin fechar, destinada al comisario que lleva la firma de Añasco pero cuya letra es idéntica a la de notario del Santo Oficio, Jerónimo Luis Echenique. Su contenido desgrana cuestiones procedimentales tan específicas que parece haber sido confeccionada por éste: alude a la falta de jurisdicción con la que había procedido Antonio Suárez, solicitó formalmente estar bajo la jurisdicción de la Inquisición con el objetivo de facilitar las pruebas de su soltura al momento de casarse por segunda vez; y peticionó que se castigue a quienes procedieron contra $\dot { \mathrm { e l } } ^ { 7 1 }$ .
Este caso nos revela el celo del comisario que no dudó en usar todos los elementos procesales y de coerción para interpelar al provisor y defender su jurisdicción que consideró vulnerada. Sin dudas, aunque se nos escapan detalles que los documentos no nos anotician, tal vez la existencia de tensiones previas entre los actores, terminaron por repercutir en la tramitación de estas actuaciones.
Más allá de lo sucedido en este caso, el trabajo conjunto de un comisario y el obispo de turno, en la preocupación por la represión de la bigamia por los casos que quedaban sin resolver y la complicación que significaba sustanciar sumarias y enviar detenidos hasta Lima desde obispados tan lejanos, podemos evidenciarla en dos cartas de autoría del obispo del Tucumán Pedro Miguel de Argandoña (1748-1762)72.
Una de ellas, está dirigida al rey Carlos III y la otra, al inquisidor general Manuel Bonifaz, en las que dio cuenta de la compleja tarea que llevaban los comisarios en la persecución del delito, las complicaciones que sucedían para que arribaran al tribunal tanto la documentación como reos - atendiendo a la distancia que los separaba-, para terminar reclamando la instauración de un tribunal en Buenos Aires, como oportunamente se había dispuesto para Cartagena de Indias.
En la misiva que remite a Carlos III, fechada el 3 de noviembre de 1755, señala que ha recibido varias denuncias sobre doble matrimonio, pero que no puede intervenir por ser competencia de la inquisición. Indica que se ha dirigido:
al comisario del partido [Josep de Arguello, aunque no lo menciona] para que corrija tan enorme delito, y aunque actúa las diligencias con lentitud y mesura de sus limitadas instrucciones, dando cuenta al tribunal superior del reino”, pero que no llegan a proceso ni sentencia. Y centra su argumento en la distancia de mil leguas que separa a Córdoba de Lima, en cuyo trayecto las providencias se perdían, extraviaban “o se demoran tanto que cuando se reciben, ya los reos han hecho fuga, mudando de país o reincidiendo en ese crimen con la seguridad de no ser castigados73.
Las preocupaciones de Argandoña se inscriben en su actividad incansable en lo tocante a las múltiples incumbencias episcopales de las que se ocupó durante su administración, entre ellas, la organización del obispado y la disciplina eclesiástica74.Y transitó sus días junto a un comisario que recibió numerosas denuncias por bigamia, hechicería y solicitación, pero que no llegaron a tramitarse75.
Tres años después, escribió al Inquisidor general y arzobispo de Farsalia, Manuel Bonifaz, en la que repitió similares argumentos, al que le sumó el pedido de que instaure un tribunal en Buenos Aires76.
No era la primera vez que autoridades de Córdoba interpelaban a la Corte sobre los inconvenientes que surgían, tras la redacción de la sumaria y el envío de los reos al tribunal. Apenas unos años antes de que Argandoña tomara su pluma, el procurador de la gobernación ante la Corte, Gregorio Arrascaeta, señaló en un memorial -fechado en 1752- que numerosas sumarias tramitadas por la comisaría de Córdoba contra esclavizados hechiceros, no eran proseguidas en el tribunal. Razón por la cual, pidió que autorizada a los jueces ordinarios a intervenir en las mismas77.
En este punto, y para finalizar nos interesa dar cuenta de un caso que si bien no escapa al marco temporal propuesto para este trabajo, tuvo lugar cuando el obispado del Tucumán ya formaba parte de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, y más precisamente del virreinato del Río de la Plata. Pero lo consideramos interesante ya que revela ciertas artistas sobre los vínculos entre comisario y provisor que salieron de lo habitual en la práctica judicial de ese entonces.
El día 20 de noviembre de 1780, un desconocido compareció ante la justicia episcopal y denunció por bígamo a Juan Francisco Castaño- alias Juan Muchila- mulato libre, de oficio carpintero que residía en Río Segundo78. Según este informante, Juan Francisco había contraído matrimonio con Margarita Zelis, en la Estancia jesuítica de Jesús María – antes de la expulsión, aproximadamente en 1760-; en tanto que su segundo matrimonio con Antonia Casas tuvo lugar en Río II el 14 de octubre de 1778. Luego de la realización de la sumaria, de oficio se dio traslado a la Inquisición.
Sin embargo, el comisario de entonces, Pedro Josef Gutiérrez declinó hacerse cargo del caso por “hallarse tan enfermo y el notario en actual y grave ocupación” y suplicó al Obispo- por entonces el nuevo obispo del Tucumán fray Antonio de San Alberto-, que por sí o por el Provisor y Vicario general, Dr. Mariano Calvo “conociese en esta causa que es también de la jurisdicción ordinaria de los Ilustrísimos señores Obispos”79.
Tras la delegación, la continuó el provisor. Castaño fue detenido en Río II a instancia del cura y vicario del partido Martín Olmos, para lo cual había solicitado el auxilio de la justicia real. Y luego de labrar la sumaria información, los envió a Córdoba.
En la Real cárcel del cabildo, Juan Francisco declaró que después de haberse casado en Jesús María, vivió con Margarita algunos años en la ciudad; pero cuando le planteó mudarse al fuerte del Tío –situado en la frontera sur de Córdoba-, ella no quiso seguirlo. A lo que añadió: “posteriormente supo que se había ido a la ciudad de Buenos Aires y pasados cinco o seis años vino a saber que su mujer, era muerta en dicha Cuidad”80.
Si bien la causa quedó inconclusa ya que el último acto procesal está fechado el 29 de marzo de 1781, nos deja una serie de reflexiones, porque reconoce la posibilidad de que el obispo o su provisor pudieran ejercer la jurisdicción ordinaria, ante la imposibilidad de que el comisario tramitara el caso personalmente, por razones de salud. Una cuestión que muy discutida, fundamentalmente a inicios del funcionamiento del tribunal y cuando los obispos aun eran reticentes a perder la jurisdicción como ordinarios, aunque como es sabido, los conflictos de competencia sobrevolaron los siglos que duraron las actuaciones de la Inquisición.
Cabe señalar asimismo, que por ese entonces, el Dr. Pedro Joseph Gutierrez, “canonigo magistral, comisario de la santa ynquisicion”, conformaba el cabildo eclesiástico del Tucumán desde hacía varios años y, efectivamente, estaba enfermo porque en el acta labrada por el cabildo el 30 de octubre de dicho año que fue labrada con motivo de la recepción del obispo San Alberto, no aparece su nombre ni su rúbrica.
Tampoco hemos encontrado otras actuaciones en el archivo de la comisaría, hasta que reapareció el 10 de enero de 1781 en dicho cabildo81.
Dada la posición que ocupaba y la cercanía que tenía con las autoridades que podían llevar adelante el caso, tal vez decidió delegarlo para que no dejara de tramitarse.
Todas las actuaciones a las que nos hemos referido y aun cuando la Inquisición tenía competencia privativa, nos muestran -como ha señalado Mazzoni-, que las audiencias episcopales junto a la Inquisición complementaron el accionar de la Corona y la Iglesia, con el objetivo de “implementar, transmitir y mantener un orden social y político basado en la obediencia de las leyes e instituciones hispanas y, en última instancia, al rey”82.
CONCLUSIONES.
En este trabajo nos concentramos en el rol que jugaron los comisarios inquisitoriales que emergieron como figuras cruciales en la micropolítica local, con especial relevancia para un tribunal como el de Lima, cuya jurisdicción territorial era inconmensurable en vista a ser controlada. Y focalizamos nuestro análisis en las actuaciones de algunos de ellos que intervinieron al sur del virreinato del Perú, más precisamente en los obispados del Tucumán y el del Río de la Plata entre los siglos XVI y XVIII, que estuvieron atravesados por diferentes ritmos de la actividad del tribunal limeño-, pero también por las propias realidades políticas, sociales y religiosas de las jurisdicciones en las que actuaron.
A lo largo de estas páginas dimos cuenta de algunas estrategias relacionales que construyeron a distinta escala dentro del aparato estatal colonial, que ya fueron presentadas en otras contribuciones, pero de manera dispersa. Así, nos avocamos a estudiar las actuaciones de hombres con perfiles muy distintos, que transitaron espacios mayormente conflictivos y dieron inicio a procesos fundacionales, como Francisco de Angulo y Francisco de Trejo, en el Tucumán y el Río de la Plata, respectivamente.
Angulo, primer comisario de todo el Tucumán, se desempeñó en un obispado recientemente fundado, alejado de Lima y atravesado por múltiples conflictos entre el obispo y el gobernador y que necesitaba ser organizado.
Fue, además, uno de los tres primeros jesuitas que ingresó a la jurisdicción, lo que explicaría que sus actuaciones estuvieran centralmente focalizadas en la persecución de solicitantes, y que su labor como comisario también pudo ser un modo de contribuir a la organización de dicho obispado en el que imperaba un gran desorden institucional.
Los esfuerzos del comisario Trejo por controlar el ingreso de portugueses -a los que vinculaba con el judaísmo-, en la ciudad puerto de Buenos Aires- que estaba situada en un corredor comercial rebosante, heterogéneo y poco dominado por las autoridades reales-, son presentados en este trabajo de manera integral, fundamentalmente dando cuenta de las estrategias de comunicación que desarrolló a distinta escala con diferentes autoridades de la época. El estudio se acompaña de un coro de voces que por ese entonces, también operaban ante la Corte o frente a instancias inquisitoriales superiores y que veían en el afianzamiento institucional de la inquisición a nivel local, una solución a los problemas del ingreso y permanencia de extranjeros sospechados de herejía.
El entretejido de localización de fuentes que ha sido necesario realizar nos ha llevado a encontrar en las causas de bigamia, el punto de contacto de comisarios, obispos y provisores que actuaron durante la segunda mitad del siglo XVIII, en tiempos en que tanto la comisaría como el obispado gozaban de organización institucional.
Los casos expuestos no solo dan cuenta de cierta praxis judicial, sino también que los vínculos previos e institucionales que tenían los actores y repercutieron en la tramitación de las sumarias. Asimismo, nos hablan de la presencia y colaboración que prestaron hombres de la iglesia de la campaña, lo que interpela la idea de que en América se estableció una Inquisición fundamentalmente urbana. Lo clave de este apartado fue el cruce de documentos de la comisaría de la Inquisición, con los legajos de los juicios criminales de la justicia episcopal, todos albergados en el Archivo del Arzobispado de Córdoba y, por lo tanto, ofrece una mirada de conjunto entre la administración diocesana y la inquisitorial.
A lo largo de estas páginas también se ha querido demostrar que la instauración y la apropiación del control del territorio por parte de la Inquisición de Lima, no fue inmediata ni lineal y que, además, la estructura concebida desde la Corte fue debatida por numerosos actores sociales de la época, desde principios del siglo XVI hasta mediados del XVIII.
Por todo lo dicho, estamos ante la presencia de las actuaciones de Inquisiciones en plural, que adquirieron dinámicas propias dentro del entramado político, social y religioso en los que se desenvolvieron; en las que se entretejieron vínculos no exentos de tensiones y conflictos, pero también de colaboraciones. Incluso, podríamos pensar en una suerte de.
Inquisición de “tanteo”- algo similar a lo que se ha planteado sobre el dictado y vigencia de la normativa colonial-, cuyas autoridades centrales tomaban decisiones a partir de los reclamos, consultas e informaciones que les llegaban desde el Tucumán, el Río de la Plata o desde Lima. Cuestión que requiere seguir siendo profundizada en futuros estudios.
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